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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 30, de 24/05/2004
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2004 VIII Legislatura Núm. 30
INTERIOR
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARMEN HERMOSÍN BONO
Sesión núm. 2
celebrada el lunes, 24 de mayo de 2004
ORDEN DEL DÍA:
Ratificación de la celebración de las comparecencias acordadas por la Mesa de la Comisión en su reunión del día 18 de mayo de 2004 ... (Página 2)
Delegación en las Mesas de las Comisiones de la competencia de éstas de adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento, concordante con la resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983. (Número
de expediente 042/000005.) ... (Página 2)
Comparecencia del señor ministro del Interior (Alonso Suárez) para informar sobre:
- Las líneas generales de la política de su departamento. A petición propia. (Número de expediente 214/000009.) ... (Página 3)
- La política que piensa desarrollar en el Ministerio. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000007.) ... (Página 3)
- Las prioridades y políticas que piensa impulsar en relación a las materias vinculadas a esta Comisión durante la presente legislatura. A solicitud del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 213/000026.)
... (Página 3)
- El nombramiento de un militar como director de la Guardia Civil. A solicitud del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 213/000020.) ... (Página
3)
- Facilitar la información de la que disponga sobre las filtraciones del sumario del atentado terrorista del 11 de marzo. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000039.) ...
Se abre la sesión a las cinco de la tarde.
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Señoras y señores diputados, iniciamos la primera reunión de la Comisión de Interior en esta VIII Legislatura.
El orden del día fijado por la Mesa, oídos los portavoces de la Comisión, que se reunió el pasado día 18, está constituido, primero, por dos asuntos de carácter técnico que vamos a ver a continuación, previos al desarrollo del resto del
orden del día que consiste en la comparecencia del ministro del Interior a petición propia, a la que se han acumulado todas las demás iniciativas: una solicitada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; otra pedida por el Grupo
Parlamentario Catalán (CiU), para informar sobre las prioridades y políticas que piensa impulsar el Ministerio del Interior; una cuarta petición de comparecencia del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds, para que el ministro informe sobre el nombramiento de un militar como director de la Guardia Civil y una última comparecencia planteada por el Grupo Parlamentario Popular, solicitada inicialmente como una comparecencia aparte, pero que, como
me acaba de comunicar su portavoz, también se puede acumular a las demás.
RATIFICACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LAS COMPARECENCIAS ACORDADAS POR LA MESA DE LA COMISIÓN EN SU REUNIÓN DE 18 DE MAYO DE 2004.
La señora PRESIDENTA: Señorías, como he dicho anteriormente, con carácter previo tengo que plantear dos cuestiones de índole técnico-parlamentaria.
Como saben, al no estar todavía delegadas las competencias en esta Comisión -que se reúne
hoy por primera vez- relativas a recabar la presencia de los miembros del Gobierno, según el artículo 44 del Reglamento del Congreso de los Diputados, en su Mesa, procede la ratificación del acuerdo de celebración de las comparecencias adoptado por
la Mesa de la Comisión en su reunión del pasado día 18 de mayo, es decir, las que hoy vamos a celebrar en esta sesión. Por ello, pregunto si se puede entender aprobada la ratificación por asentimiento, según establece el artículo 82.1 del
Reglamento. (Asentimiento.) Así se acuerda.
Por tanto, queda ratificada la decisión tomada por la Mesa, oídos los portavoces.
DELEGACIÓN EN LAS MESAS DE LAS COMISIONES DE LA COMPETENCIA DE ÉSTAS DE ADOPCIÓN DE LOS ACUERDOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO, CONCORDANTE CON LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1983. (Número
de expediente 042/000005)
La señora PRESIDENTA: En segundo lugar, procede, si la Comisión así lo estima, delegar las competencias previstas en el artículo 44 del Reglamento y resolución de la Presidencia del Congreso de 2 de noviembre de 1983 en la Mesa de la
Comisión. Dicha delegación se realizaría de forma condicionada, de manera que el rechazo de una solicitud de comparecencia requeriría la unanimidad de los miembros de la Mesa de la Comisión, quedando abocada la decisión por la Comisión en caso
contrario.
Eso responde a la resolución y al artículo a los que he hecho referencia anteriormente. Así pues, ¿podemos entender aprobada esta delegación por asentimiento, según establece el artículo 82.1 del Reglamento? (Asentimiento.)
Así se acuerda.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR (ALONSO SUÁREZ) PARA INFORMAR SOBRE:
- LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO. A PETICIÓN PROPIA.
(Número de expediente 214/000009)
- LA POLÍTICA QUE PIENSA DESARROLLAR EN EL MINISTERIO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000007)
- LAS PRIORIDADES Y POLÍTICAS QUE PIENSA IMPULSAR EN RELACIÓN A LAS MATERIAS VINCULADAS A ESTA COMISIÓN DURANTE LA PRESENTE LEGISLATURA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 213/000026)
- EL NOMBRAMIENTO DE UN MILITAR COMO DIRECTOR DE LA GUARDIA CIVIL. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 213/000020)
- FACILITAR LA INFORMACIÓN DE LA QUE DISPONGA SOBRE LAS FILTRACIONES DEL SUMARIO DEL ATENTADO TERRORISTA DEL 11 DE MARZO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000039)
La señora PRESIDENTA: Sin más, pasamos a la comparecencia del ministro del Interior que, como he dicho, no solamente responde a la que había solicitado el propio ministro del Interior, sino también a las de los distintos grupos
parlamentarios que hemos acumulado.
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Alonso Suárez): Antes de nada quiero empezar mi intervención haciendo expresión, no sólo formal sino sustancial, del talante con el que me gustaría encarar, a mí mismo y a mi equipo, esta etapa al frente del
Ministerio del Interior. Será un talante -y así espero acreditarlo en el futuro- de absoluta colaboración, de diálogo e incluso de una buena relación personal que entiendo indispensable para el ejercicio de la a veces dura y áspera tarea política.
Por lo tanto, al frente de mi actuación -y así se lo ofrezco a SS.SS.- estará ese talante al que me refiero. Estoy seguro de que contaré con la colaboración de todos ustedes, señoras y señores diputados, en la misma senda de colaboración, de
diálogo y de búsqueda de consenso en un apartado político, el del Ministerio del Interior que, como ustedes saben, es de una complejidad objetiva extrema y en el que se necesita el consenso de todas las voces, de todos los pensamientos, de todos los
talantes y de todas las voluntades posibles.
Mi exposición estará articulada en una serie de puntos, el primero de los cuales es, como pueden imaginar, la lucha contra el terrorismo, prioridad que el propio presidente del Gobierno señaló como máxima en su discurso de investidura y que,
desde luego, este ministro tiene como máxima en su tarea política al frente del Ministerio del Interior. En segundo lugar me referiré a la seguridad ciudadana, uno de los núcleos esenciales de la tarea del ministerio, donde expondré los proyectos
que en unos casos culminan los iniciados por quienes me han precedido en el cargo y que en otros representan la puesta en marcha de un sistema público de seguridad ciudadana que genere confianza en los ciudadanos y la modernización suficiente como
para que la seguridad alcance su status de auténtico valor constitucional que es indispensable para el adecuado y buen ejercicio de los derechos y las libertades fundamentales. La política penitenciaria ocupará la tercera parte de mi intervención.
Como pueden imaginar, nos proponemos hacer realidad, en la medida de lo posible, los principios constitucionales que van más allá del aspecto retributivo de la pena y que inciden en la rehabilitación y reinserción social del delincuente, mandato o
criterio constitucional del artículo 25 de nuestra Ley fundamental, como ustedes saben muy bien. En cuarto lugar, me referiré a la política en materia de seguridad vial. En este campo saben que somos partidarios de la implantación de un carnet de
conducir por puntos y por la reducción, a través de una serie de actuaciones consecuentes, de la siniestralidad vial, una de las auténticas lacras de nuestra sociedad. Finalmente, hablaré de la política de protección civil y de emergencias, en la
que impulsaremos la colaboración y coordinación con las comunidades autónomas y la Unión Europea, así como los proyectos, generalmente de contenido normativo, que pretendemos impulsar desde las competencias referidas a política interior.
Sin más, señoras y señores diputados, paso a exponer las líneas que les he comentado. La primera de ellas pasa por reafirmar nuestro compromiso con el cumplimiento escrupuloso y estricto en materia de terrorismo del Pacto por las libertades
y contra el terrorismo, suscrito entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular y el Gobierno de la nación. El mantenimiento y vigor de dicho pacto han de constituir el instrumento fundamental para la derrota de ETA, sin perjuicio
de que se exploren otras formas para adaptarlo a los nuevos desafíos que plantea el terrorismo internacional, al que también me referiré posteriormente.
Compareceré en el Parlamento para informar a los grupos parlamentarios -esta va a ser una de
las líneas estratégicas de mi actuación política- del estado de la lucha contra el terrorismo, con el fin de buscar estrategias comunes en
las que también se incluyan iniciativas concretas para asegurar el derecho a la vida y a las libertades de cuantas personas estén o se sientan amenazadas por la lacra del terrorismo. El Ministerio del Interior se esforzará, por otra parte,
en explicar a los ciudadanos el sentido y la necesidad de las medidas antiterroristas adoptadas, especialmente respecto a los nuevos riesgos y amenazas del terrorismo internacional, mostrándose abierto a las reflexiones y sugerencias que en esta
materia provengan de la sociedad civil. Mantendremos con absoluto convencimiento y total determinación el apoyo moral y material a las víctimas del terrorismo. El pasado 28 de abril mantuve mi primer encuentro -quise que el primero fuera dedicado
a ellas- con las víctimas y con sus familias; en definitiva con los representantes de las asociaciones de víctimas del terrorismo, como expresión clara del pleno apoyo que el Gobierno tendrá para quienes más directamente han padecido esta barbarie.
Durante la presente legislatura se evaluarán y analizarán posibles mejoras en este ámbito, al objeto de optimizar los recursos y facilitar a las víctimas y a sus familias el acceso a las ayudas y a la asistencia prestada a través de los órganos
competentes del Ministerio del Interior.
En cuanto al plan operativo de la lucha antiterrorista, debemos impulsarla mediante el establecimiento de un plan que se convertirá en prioridad de este ministerio. En lo que respecta a la violencia terrorista etarra, insistiré en el camino
emprendido en los últimos años, centrado en una intensa lucha de carácter integral contra la organización terrorista ETA en todos sus frentes, insistiendo básicamente en el aspecto operativo pero sin olvidar otros apartados, como los referidos a los
entramados financieros, políticos, internacionales, etcétera, relacionados con la propia banda armada. En segundo extremo, para enfrentarnos a la amenaza del terrorismo radical de raíz islámica prestaré especial atención al fenómeno -la otra faceta
de desafío terrorista- que, como pusieron trágicamente de manifiesto los atentados del 11 de marzo, tiene ante sí la democracia española al igual que toda sociedad abierta y plural. El planteamiento general del problema español ante este tipo de
terrorismo pasará por los siguientes puntos. En primer lugar, por un doble planteamiento territorial y funcional. Desde el punto de vista territorial y en el ámbito rural y de las ciudades de menor población, la estrategia debe consistir en la
creación de unidades mixtas que contemplen la realidad de este tipo de nuevo terrorismo desde una doble perspectiva: en primer lugar, la delincuencia relacionada con extranjeros y vinculada al terrorismo, real o potencialmente y, en segundo lugar,
el análisis y la presión sobre el radicalismo cuando esté asimismo conectado con el terrorismo. En el conjunto nacional el objetivo es llegar a triplicar los recursos humanos y técnicos de las unidades centrales de la Policía y de la Guardia Civil
encargadas de la lucha contra el terrorismo internacional. Y, en tercer lugar, en el ámbito internacional, es fundamental conseguir para ambos cuerpos, o extender a aquel que aún no lo tenga, lo siguiente. Primero, el acceso a las bases de datos
del Grupo de cooperación policial sobre terrorismo, del sistema Interpol, de la red Bureau des liaisons, del tercer pilar de la Unión Europea y a cualquier otra que se considere de relevancia. El segundo extremo es la incorporación de la Guardia
Civil a los siguientes grupos de trabajo de la Unión Europea: al grupo de terrorismo de cooperación policial, al grupo multidisciplinar, a Europol, a la Task Force y al comité del terrorismo, el llamado segundo pilar de la Unión Europea.
Desde el punto de vista funcional, quiero decir lo siguiente. Es un ámbito en el que hay que tener en cuenta, por un lado, las medidas privativas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, por otro, aquellas que complementariamente
deben ponerse en marcha desde otros poderes del Estado. Por lo que respecta al Ministerio del Interior, queremos y vamos a crear un centro contraterrorista en el que intervenga la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Centro Nacional de
Inteligencia en las condiciones a las que luego me referiré. Este centro no va a asumir tareas operativas, que están en manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino que se encargará de captar la información ya existente en las bases
de datos y en los servicios de información de cada uno de los cuerpos y en las bases internacionales a las que he hecho referencia. Tratará, en segundo extremo, de analizar, y analizará la misma y, en tercer lugar, hará evaluación o evaluaciones
periódicas de los riesgos del terrorismo, en particular del terrorismo internacional, para, finalmente, coordinar la operativa de la Policía y de la Guardia Civil que conservarán, como ustedes ya sabrán porque lo he dicho anteriormente, su autonomía
operativa. Además, debemos y vamos a potenciar los grupos especializados en financiación y ciberterrorismo, medida que está en relación con el papel del uso de la tecnología de la información en las sociedades modernas. Hay otra serie de medidas a
las que comprenderán que no me refiera, porque estoy en el ámbito competencial del Ministerio del Interior, que tienen que ver con la creación y puesta en marcha de un órgano judicial y/o fiscal especializado en la materia que constituirá en esos
niveles, en el nivel del sistema judicial, el primer nivel de coordinación, prevención e investigación.
Las medidas a adoptar sobre los medios y por lo que hace a los recursos humanos consisten, en primer lugar, en la potenciación de las actuales estructuras operativas. En segundo lugar, en la enseñanza especializada.
En tercer lugar, en la
incorporación progresiva de traductores. En cuarto lugar, en la captación de efectivos de las etnias relacionadas y su recluta para la Policía y la Guardia Civil en la medida de lo posible. Y, en quinto lugar, las medidas de motivación del
personal, con una especial incidencia en la mejora y en la especificidad
retributiva. En cuanto a los recursos materiales, queremos mejorar las infraestructuras, adquirir los necesarios medios tecnológicamente avanzados y potenciar la inversión en inteligencia, desarrollo e innovación de los servicios de
Inteligencia del Estado.
Por lo que hace a las redes de información nacionales e internacionales, vamos a conseguir que haya acceso a bases de datos dentro de la ley, con todas las garantías judiciales sobre su uso, tanto en las policiales -acceso compartido de
ambos cuerpos- como a las bases de datos públicas, mediante una regulación legal específica al respecto y las de datos personales dentro de las previsiones y con pleno respeto a la Ley orgánica de protección de datos de carácter personal. Además,
trataremos y vamos a conseguir regular la información de organismos y empresas privadas. Vamos a tratar de mejorar este aspecto en lo que hace a la descripción de los pasajeros de vuelos, vehículos transportados por barco, seguros obligatorios de
vehículos, compañías de telecomunicación, etcétera. Igual que en el caso anterior, y como ustedes comprenderán, con las máximas garantías y respeto a la Constitución y a las leyes que regulan estas materias.
Las iniciativas legislativas, señoras y señores diputados, van a pasar por otra línea estratégica que ya he adelantado al principio de mi intervención. Queremos que cualquier reforma legal en materia de lucha contra el terrorismo, contra
cualquier tipo de terrorismo y específicamente contra el terrorismo internacional, sea objeto del mayor grado de consenso entre todas las fuerzas políticas democráticas representadas en el Parlamento. Queremos y vamos a realizar en el curso de la
legislatura iniciativas legislativas sobre bases de datos, en desarrollo del artículo 11 de la Ley orgánica de protección de datos de carácter personal, para posibilitar el acceso a datos necesarios para la seguridad del Estado, y en especial para
la lucha contraterrorista, desde luego y de nuevo con las garantías jurídicas suficientes y con pleno respeto a los derechos constitucionales. En segundo lugar, queremos dar soporte jurídico a la gestión de la información y a la relación de la
Secretaría de Estado de la Seguridad con los órganos de colaboración policial internacionales a través de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. En tercer lugar, queremos posibilitar el control de envíos de fondos y transferencias electrónicas
para evitar la utilización de organizaciones como fuente de financiación del terrorismo, ampliación del fichero de la central de riesgos del Banco de España, que permite identificar a los titulares de productos financieros potencialmente peligrosos
para la seguridad del Estado. En cuarto lugar, queremos desarrollar la Ley de Telecomunicaciones, exigiendo colaboración a las operadoras y posible identificación en las tarjetas prepago. En quinto lugar, queremos un mayor control en materia de
hospedajes, alquiler de vehículos o confección de placas de matrícula. En sexto lugar, queremos instar a la regulación, en el nivel territorial de la Unión Europea, sobre cooperación penal y policial y su posible extensión a toda la zona del
Magreb. En séptimo lugar, queremos mejorar la legislación sobre el control de explosivos, en particular sobre el control en el momento del consumo de explosivos. Y, en octavo lugar, queremos poner en marcha medidas legislativas que permitan el
control de la actividad radical conectada con el terrorismo internacional, dentro del pleno respeto a los derechos y libertades constitucionales. Para ello vamos a tener una serie de necesidades de personal que estimamos necesario incrementar,
personal dedicado a las unidades centrales, a la lucha contra el terrorismo internacional. Serán unas 600 unidades más, entre la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, incluyendo las unidades específicamente policiales y los elementos o
personas que van a pertenecer a la estructura administrativa de apoyo.
Por lo demás, a partir de la creación del comité ejecutivo del mando unificado, al que me referiré más adelante, una de las primeras medidas ha sido la constitución del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, al que antes me refería,
que mediante el análisis de la información proporcionada por los servicios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con la cooperación estable y permanente del Centro Nacional de Inteligencia, perseguirá lo siguiente. Uno, disponer de una
valoración de la amenaza terrorista permanentemente actualizada. Dos, mantener la iniciativa en la lucha antiterrorista. Tres, identificar los posibles escenarios estratégicos e incluso tácticos de intervención. Y cuatro, planificar la respuesta
estratégica. Del mismo modo abordaré en la coordinación y colaboración de los organismos dependientes del Ministerio del Interior con los de otros departamentos, como el Ministerio de Justicia o Defensa, al igual que con los de otras
administraciones públicas, en el marco de una política antiterrorista integrada y sostenida. ... (Página ) investigaciones realizadas y en curso evidencian que el problema del terrorismo internacional tiene en España una
dimensión importante.
Ustedes lo saben tan bien como el que les habla. Esta problemática creciente se abordará con la mayor profundidad y desde diferentes frentes para que la conjunción de todos ellos pueda redundar en una mayor eficacia
preventiva y reactiva. La evolución tecnológica del mundo en el que vivimos, su aprovechamiento por los grupos terroristas, unida a la estrecha relación internacional que mantienen con otros grupos de su misma ideología, hace preciso que los
miembros que conforman los servicios y unidades de información tengan que poseer una formación muy cualificada y estar en constante proceso de especialización.
En lo que respecta a los servicios de información de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se considera imprescindible la potenciación de las medidas,
tanto preventivas como de investigación, a través de las siguientes líneas principales. Reforzar, en primer lugar, las estructuras disponibles de lucha contra este tipo de terrorismo en cuanto a recursos humanos y técnicos, en ambos casos
de carácter especializado, principalmente en aquellos puntos de la geografía nacional más sensibles en esta materia, en concreto en Madrid, en Cataluña y Levante, en Murcia, La Rioja, Navarra y Andalucía, mientras que en el resto de las comunidades
deberemos contar, al menos, con antenas regionales. Y, en segundo extremo, aumentando el personal de traducción e interpretación, principalmente de lengua árabe. Se estudiará, con el fin de hacer de la información una actividad atrayente para los
funcionarios policiales, rentabilizar la elevada especialización que se pretende de sus miembros con la asignación de un status específico, igual al que ostentan otras especialidades policiales como los GEO, los TEDAX, etcétera.
En cuanto a la colaboración policial internacional, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista operativo, queremos mantener la colaboración existente en el seno de la Unión Europea, especialmente con Francia y desde
luego con los países del Magreb y especialmente con Marruecos, tanto -insisto- a nivel político como a nivel operativo. Los programas de cooperación policial de la Unión Europea deberán ser extendidos a las zonas geográficas que resulten de interés
para la lucha contra el terrorismo de Al Qaeda. Estas son las líneas básicas políticas que nos proponemos mantener en materia de lucha contra el terrorismo de cualquier tipo, tanto del terrorismo de ETA, al que me he referido menos, como verán,
porque está en mejor condición desde el punto de vista la respuesta del Estado, como al terrorismo de base internacional en el que tenemos que mejorar y vamos entre todos a mejorar en lo posible.
La segunda de las líneas de mi intervención, como les decía, tiene que ver con la seguridad ciudadana. A este respecto trataremos de poner en marcha un plan operativo para mejorar la seguridad ciudadana, en primer lugar mediante la
coordinación y colaboración entre las diferentes policías del Estado. Aquí es de especial interés la previsión normativa, puesto que la formalicé en una orden ministerial que ustedes conocerán, sin duda alguna, del mando unificado de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado. El mando unificado tiene por sentido político y operativo el reforzamiento de la coordinación entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, que exige perfeccionar los mecanismos que permitan ejercer una
mejor coordinación entre ambos cuerpos. A tal fin, en el ámbito del Ministerio de Interior se ha creado ese comité ejecutivo cuya finalidad es garantizar de una manera permanente esa actuación coordinada. Los objetivos prioritarios del comité
ejecutivo para el mando único son los siguientes: en primer lugar, la creación de unidades especiales conjuntas sobre criminalidad organizada, inteligencia e investigación, terrorismo, intervención policial y desactivación de explosivos; en
segundo lugar, la creación y gestión de una base de datos policiales común; en tercer lugar, la creación de un organismo con competencias en materia de Policía científica que garantice que la suma de los esfuerzos de ambas Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado sea de sinergia; en cuarto lugar, auspiciar la creación de un centro de estudios en materia de seguridad ciudadana para conseguir el perfeccionamiento de los conocimientos y la formación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado; en quinto lugar, la creación y organización de salas únicas de atención a los ciudadanos; en sexto lugar, la profundización en las diferentes instancias de cooperación policial internacional.
Las actuaciones inmediatas pendientes de realizar en el programa estadístico de seguridad, otra de las grandes patas de nuestros propósitos, son: la integración de la Policía autónoma vasca en este plan estadístico para que proporcione
datos estadísticos no sólo sobre actuaciones, ya que ahora no proporciona el grado de esclarecimiento, localización y detenidos, para que con la integración total proporcione también datos de víctimas y la integración de la Policía autónoma catalana
que hasta la fecha no proporciona ningún tipo de datos al sistema.
En cuanto a los proyectos normativos vamos a establecer un protocolo con la autoridad judicial para la aplicación y cumplimiento de las órdenes de protección de violencia de género. Vamos a realizar y a poner en marcha criterios para la
práctica de diligencias por la Policía judicial en aplicación de los juicios rápidos. Asimismo, pondremos en marcha el reglamento de constitución y funcionamiento de las juntas locales de seguridad. Para la elaboración de esta última norma está
constituida una comisión mixta integrada por representantes del Ministerio del Interior y de la Federación Española de Municipios y Provincias.
En cuanto a los proyectos operativos, con fecha 25 de marzo se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la constitución de un registro en el que se recogen las órdenes de alejamiento dictadas como consecuencia de la violencia de género.
Para poner a disposición de todos los funcionarios pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las órdenes de alejamiento vigentes, al objeto de mejorar la protección de las víctimas, la Secretaría de Estado de Seguridad acordó
introducir dicha información en la base de datos de señalamientos nacionales que permitirá, cuando se realice una consulta por cualquier miembro de la Policía o de la Guardia Civil, determinar inmediatamente si para dicha persona se ha dictado, y en
qué condiciones, la orden de protección. En segundo lugar, se implantarán nuevas medidas tendentes a prevenir la comisión de delitos de violencia en el ámbito familiar analizando el impacto de las medidas introducidas por la reforma penal de 2003
para plantear las pertinentes
modificaciones y, en su caso, tratar de mejorarlas, aquí también dentro de ese escenario de consenso al que antes me refería. Además, queremos establecer en las principales ciudades con los índices de delincuencia más elevados planes
específicos en los que intervengan efectivos de proximidad de las plantillas apoyadas por personal especializado de las áreas de Policía judicial, seguridad ciudadana y extranjería y documentación. Queremos potenciar, además, el servicio de
atención al ciudadano y revisar el programa de dirección por objetivos implantada en la Dirección General de la Policía, así como los servicios extraordinarios. Además, vamos a intensificar las líneas de investigación en materia de redes de tráfico
de personas, tanto en su vertiente de explotación sexual como la de explotación laboral apoyando y coordinando las investigaciones acometidas por las unidades periféricas de extranjería. Pondremos en marcha, por unidades de fronteras, atención y
documentación de extranjeros de la aplicación nacional de fronteras a través de una serie de instrumentos técnicos, OCR, SIAP, Control, que están o van a estar disponibles para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Realizaremos las actuaciones y estudios técnicos y jurídicos de implantación de un DNI electrónico para que, la adecuación del tradicional documento nacional de identidad a las características avanzadas que demandan los ciudadanos y a las
propias exigencias tecnológicas del mundo en el que vivimos, permita a sus titulares contar con un documento identificativo que incorpore un certificado de firma electrónica avanzada equivalente a la firma manuscrita. Además, queremos desarrollar
plenamente el sistema de identificación Eurodac, es decir, del banco de datos de huellas de solicitantes de asilo que está ya en vigor en la Unión Europea.
En cuanto a los proyectos organizativos queremos desarrollar definitivamente la brigada central de crimen organizado; queremos desarrollar definitivamente la unidad central de inteligencia criminal; queremos impulsar definitivamente la
brigada de investigaciones tecnológicas y ampliar y potenciar las unidades de prevención, asistencia y protección a las mujeres y niños víctimas de los delitos de malos tratos en el ámbito familiar. Además, como saben, se está trabajando con el
Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía del Estado para elaborar un protocolo de lucha con la máxima eficacia en el tema de la violencia de género. Finalmente, y desde este punto de vista, queremos poner en marcha una nueva brigada central
de expulsiones con sede en Madrid y secciones provinciales en aquellas zonas del territorio nacional en donde exista una gran incidencia en materia de extranjería ante la necesidad de coordinar y unificar criterios respecto de las expulsiones,
viajes, permisos de tránsito aeroportuario, comunicaciones, logística, seguridad y escolta policial de los viajes.
En cuanto a la colaboración internacional en materia de seguridad ciudadana crearemos en la Guardia Civil una unidad especialmente dotada y preparada para participar en operaciones internacionales policiales.
Tendrá una organización y
estructura que asegure su disponibilidad permanente para el cumplimiento de esas misiones y además que le permita actuar, tanto en apoyo de las unidades territoriales en tareas de seguridad ciudadana como para hacer frente en su caso a situaciones
de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública y en servicios que requieran el empleo de una unidad con especial encuadramiento y preparación.
Además, inauguraremos en julio de 2004 el centro de cooperación policial y aduanera de Irún;
estableceremos el proyecto de convenio sobre centros de cooperación policial y aduanera con Portugal inaugurando la comisaría conjunta de Ayamonte a finales de mayo de 2004; pondremos en marcha el memorando con Marruecos sobre repatriación asistida
de menores no acompañados, un problema muy serio como ustedes sabrán, señoras y señores diputados, y finalmente desarrollaremos los equipos conjuntos de investigación con Marruecos, así como las patrullas marítimas mixtas.
En cuanto a las operaciones de seguridad ciudadana previstas a corto plazo me tengo que referir a las siguientes: En primer lugar, a la exigida por las elecciones europeas de 13 de junio. Se ha confeccionado una instrucción del secretario
de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior sobre la seguridad de las elecciones europeas a partir del próximo 13 de junio. Para efectuar la coordinación en materia de seguridad se constituirá un centro de coordinación de la seguridad,
aprovechando los medios humanos y materiales del centro permanente de información y coordinación CPIC que depende, como saben, de ese gabinete. En segundo lugar, la operación verano de 2004. Se va a crear un grupo de trabajo para el estudio de las
medidas a adoptar solicitando la colaboración de las embajadas y consulados de los países con más ciudadanos visitantes en España. Asimismo, se coordinará la asignación de zonas de responsabilidad a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado tanto en labores de seguridad ciudadana como en puntuales diferentes especialidades. La tercera de las operaciones tiene que ver con el paso del Estrecho. El otro día respondía a una pregunta parlamentaria y muchos de ustedes
conocerán, supongo que todos los diputados y diputadas presentes, el contenido de la respuesta. Esta operación paso del Estrecho es una operación solidaria, es una operación indispensable, para permitir el tránsito por nuestro territorio y la
llegada a sus lugares de destino de aproximadamente 662.000 vehículos y unos 2.800.000 ciudadanos magrebíes durante la época vacacional. Ha sido reforzado este plan, como se pueden imaginar, con medidas adicionales después del 11 de marzo. Existen
unos 11.000 efectivos disponibles de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para incrementar los controles fronterizos, dar fluidez a la circulación e intervenir ante cualquier incidencia que
se pueda presentar en el ámbito de su competencia. Por último, para intensificar las labores de detección de explosivos y vigilancia de personas, el Ministerio del Interior ha ordenado la intervención del personal necesario de los servicios
de información de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Finalmente, y en lo que hace a la seguridad privada, queremos desarrollar el programa de integración efectiva del personal y medios de la seguridad privada en la prevención del delito
mediante la implantación del sistema de información geográfica en todas las comisarías.
Me tengo que referir ahora, señoras y señores diputados, a las innovaciones tecnológicas que se propone abordar el Ministerio del Interior y que consisten en lo siguiente. En primer lugar, el proyecto SIS II, sistema de información Schengen
II, ya que las carencias del sistema de información Schengen I respecto del número de países que pueden integrarse en la nueva tecnología son evidentes. La tecnología utilizada, además, puede y debe ser mejorada y las nuevas necesidades detectadas,
consecuencia precisamente del rendimiento óptimo del sistema, hacen que los Estados Schengen se planteen la puesta en marcha de este SIS II. El sistema deberá integrar, como saben, más del doble de países que hay en la actualidad, incluyendo las
organizaciones Europol y Eurojust. La base de datos deberá poder manejar imágenes, impresiones dactilares y fotografías, tanto almacenándolas como habilitando los adecuados procedimientos para la realización de consultas. Respecto de las nuevas
funcionalidades, el SIS II estará preparado para almacenar aquellas sobre las que ha habido acuerdo a nivel técnico, pero sobre las que aún deben debatirse los aspectos jurídicos. En segundo lugar, el sistema de radiocomunicaciones digitales de
emergencia del Estado. El programa tiene por objeto la implantación de un sistema de radiocomunicaciones digitales de emergencia del Estado en todo el territorio nacional, para dar soporte de comunicaciones de voz y datos a los servicios y unidades
de la Policía y de la Guardia Civil. El programa fue diseñado para ser desarrollado en dos fases y así fue contemplado en el contrato de referencia. La segunda fase está previsto que se desarrolle en las anualidades de 2004 y 2005, a cuyo efecto
con fecha 30 de diciembre pasado fue formalizada la primera prórroga para la presente anualidad por un importe total de 86,7 millones de euros. Va a implicar ello la adquisición de 7.845 nuevos terminales y el despliegue de la red en las
comunidades autónomas del País Vasco, La Rioja, Baleares y Castilla-La Mancha. La segunda prórroga se ha de formalizar en el último trimestre del presente año y dará lugar a la finalización del despliegue, que requerirá una financiación de 102,8
millones de euros, con la que se atenderá al suministro de 8.478 nuevos terminales y a la prestación del servicio de los adquiridos a 31 de diciembre de 2004. En tercer lugar, el sistema integrado de vigilancia exterior, que ustedes, señorías,
conocerán bien, que trata de reforzar la vigilancia en la frontera sur de la Unión Europea, Mediterráneo e islas Canarias, ante la entrada ilícita de personas y sustancias prohibidas. Se inició, como sabrán, en el año 2000 y aborda, por un lado,
soporte técnico consistente en la creación de centros de mando y control en los que se reciben las señales captadas por las estaciones sensoras fijas y móviles ubicadas en su zona de influencia, y en la zona de influencia de las comandancias de las
que dependen mediante un complejo sistema de comunicaciones, amén de la potenciación de las unidades con el equipamiento técnico necesario capaz de dar respuesta inmediata a las alarmas recibidas.
Las actuaciones acometidas, con una inversión total de 202.706.881 euros, son fundamentalmente las siguientes. Primero, despliegue en Algeciras, centro prototipo, con un centro de mando y control de tres estaciones sensoras; despliegues en
Fuerteventura y Málaga, despliegues en Cádiz, Ceuta y Granada, en cada uno de los sitios con los centros y estaciones de control respectivos, despliegue en Almería, con la misma dotación, dotación de 14 unidades móviles de vigilancia, dotación de
cuatro patrullas de altura de 30 metros y dotación de dos aviones de ala fija, que por cierto nos van a costar 48 millones de euros, que se inicia en 2004 y finalizará en 2007; el sistema integrado, por su parte, de interceptación legal de
telecomunicaciones, que se utilizará para comunicaciones de voz, datos, fax y mensajes cortos, tanto en telefonía fija básica y RDSI como móvil digital GSM 900 y DCS 1800.
En cuarto lugar, el sistema automático de identificación dactilar, utilizado por la Policía científica del Cuerpo Nacional de la Policía y la Guardia Civil, para la investigación, desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías en el
ámbito lofoscópico, así como para la elaboración de informes periciales sobre dicho ámbito que pudieran ser de interés policial o judicial. En el año 2003, según me informa la Policía, por necesidades de ampliación del número de estaciones
operativas de este sistema y para ampliar éstas de 59 a 109, se adjudicó el correspondiente contrato por importe de más de 269 millones de euros. En quinto lugar, el sistema de reseña de detenidos, como auxiliar del anterior y, finalmente, el
sistema automático de identificación balística, cuya base de datos está actualmente en proceso de desarrollo y de ampliación, con carácter internacional, para poder intercambiar información on line con las demás policías científicas de la Unión
Europea.
La modernización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, señoras y señores diputados y diputadas, debe pasar por una serie de acuerdos de formación general y, por lo tanto, por la celebración de las jornadas de formación, con la
Federación Española de Municipios y Provincias, sobre colaboración policial, juicios rápidos y violencia de género, algo que nos interesa especialmente dada la indispensable necesidad de que se activen las policías locales en
estas materias, optimizándolas y capitalizándolas lo más y lo mejor posible; en segundo lugar, realizando, con el Consejo General de la Abogacía, unas jornadas que se van a desarrollar en Madrid durante el mes de noviembre, dirigidas a
responsables de las unidades de la Policía judicial, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil; tercero, en colaboración con la Cruz Roja, se impartirá el curso de derecho internacional humanitario y, finalmente, sobre asistencia
letrada a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que también tendrá lugar en el mes de noviembre en Madrid.
En cuanto a la Guardia Civil, tiene como proyecto organizativo la adaptación y aprobación del plan de recursos humanos 2004-2008, para hacer frente a las nuevas necesidades de personal de la Guardia Civil originadas por las nuevas misiones o
ampliación de las anteriores, que prevén un aumento de 3.000 plazas anuales. Simultáneamente desarrollaremos un plan de racionalización de recursos humanos para incrementar el número de guardias civiles en la calle y reducir los efectivos dedicados
a tareas burocráticas, que deberán ser sustituidos por funcionarios civiles. Señoras y señores diputados y diputadas, debemos caminar en la modernización del funcionamiento de la Guardia Civil implantando un nuevo sistema de información y
comunicaciones que abarque todos los aspectos del cuerpo, tanto en la gestión de recursos humanos como en la gestión de recursos materiales. Deberemos atender a las demandas del propio personal para mejorar su situación, potenciando los mecanismos
para que sus propuestas, sugerencias e inquietudes puedan ser analizadas y valoradas por el consejo asesor de personal. En esta línea, se están preparando las próximas elecciones para renovar el 50 por ciento de sus miembros, que tendrán lugar
próximamente. Potenciaremos, además, la acción social con que cuentan los miembros de la Guardia Civil, tanto en la situación de activo como en la de reserva, con la finalidad de mejorar su calidad de vida. Acometeremos, señorías, la modificación
de la Ley de régimen disciplinario de la Guardia Civil, procediendo a su modernización y diferenciando las actuaciones de los guardias civiles como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de las desarrolladas en cumplimiento de
misiones militares.
Actualmente se encuentra en fase de constitución un grupo de estudio, ampliamente representativo, que elaborará las directrices del anteproyecto de la nueva ley; redactaremos un anteproyecto de ley orgánica reguladora de los
derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil; impulsaremos la aprobación de un proyecto de real decreto por el que se regula la aplicación al Cuerpo de la Guardia Civil de la normativa sobre prevención de riesgos laborales;
estableceremos un real decreto en el que se regulen las misiones de la Guardia Civil en colaboración con las Fuerzas Armadas, pendiente en estos momentos de elaboración final y aprobación, y continuaremos el desarrollo normativo de la Ley 42/1999,
de régimen del personal del Cuerpo de la Guardia Civil, y en concreto la regulación reglamentaria del derecho de petición, las aptitudes psicofísicas y bajas temporales, evaluaciones de ascensos, formación interna, etcétera.
En lo que hace a la Dirección General de la Policía, los proyectos organizativos son los siguientes. En cuanto al plan de ingresos en el Cuerpo Nacional de Policía, con el horizonte de alcanzar a medio plazo una plantilla sostenida de
53.000 policías en activo, se trabaja en la elaboración de un plan de ingresos que recoja las ofertas de empleo público para el periodo 2005-2009, con un total aproximado de 30.000 vacantes de ingreso libre para dicho periodo, así como una
programación de las actuaciones administrativas que se requieran para la ejecución de dichas ofertas. De forma coordinada con las previsiones del plan de ingresos, se van a desarrollar estudios de necesidades y de distribución actual de efectivos
del Cuerpo Nacional de Policía por plantillas, con el fin de realizar propuestas para la aproximación gradual de los efectivos reales de cada unidad al dimensionado idóneo de las correspondientes plantillas, tanto respecto del personal en activo
como del personal en segunda actividad con destino. El plan de destinos para el personal en segunda actividad con destino está de la siguiente manera. Al día de la fecha se encuentran en situación de segunda actividad 16.254 efectivos del Cuerpo
Nacional de Policía, que se verá incrementada para los próximos años en una media de 2.000 efectivos por año. En estos momentos ocupan destino en segunda actividad 2.450 funcionarios, es decir, sólo el 15 por ciento del total de efectivos en esa
situación, por lo que debemos potenciar un aumento de esta cantidad. Para ello es necesario diseñar los puestos y definir nuevas tareas, por ejemplo, el control de las órdenes de alejamiento en materia de violencia de género, debemos cuantificar y
distribuir los puestos y estimar el personal en activo a recuperar para tareas operativas y debemos realizar una formación específica de reciclaje de este personal para adaptación a las nuevas tareas. Queremos, por último, crear nuevas comisarias
de policía en las localidades de más de 30.000 habitantes, además de potenciar los cauces de participación de los representantes sindicales de los funcionarios policiales y del resto del personal adscrito al centro directivo en la determinación de
las condiciones sociolaborales de uno y otro personal.
En cuanto a los proyectos normativos de la Dirección General de la Policía para avanzar en el desarrollo de las políticas de prevención de riesgos laborales y para la mejora de las condiciones socioprofesionales de las policías y del resto
de personal destinado en la Dirección General de la Policía, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: propuesta de real decreto por el que se establecen normas de seguridad y salud laboral en el ámbito de la actividad de los funcionarios del
Cuerpo Nacional de Policía, desarrollo del servicio de
prevención de riesgos laborales, elaboración de estudios sobre evaluación de riesgos y sus correspondientes planes de prevención. Partiendo de las propuestas ya elaboradas e informadas favorablemente por los sindicatos, se impulsará la
revisión del régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía y además iremos a la configuración de un documento nacional de identidad electrónico.
En cuanto a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado -GIESE-, que como saben es un organismo autónomo adscrito al Ministerio del Interior y que depende directamente de la Secretaría de Estado de la Seguridad,
con funciones como la de construir o adquirir bienes inmuebles, infraestructuras, armamento y material para el uso por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, permuta o venta de inmuebles, adquisición de efectivo y, en general, medios
materiales, en ejecución de los proyectos de inversión y a través de los acuerdos de colaboración con ayuntamientos iniciará en el presente ejercicio actuaciones necesarias para la construcción de edificios para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado en diferentes provincias.
Entrando en concreto en el análisis de los proyectos, tengo que decirles, primero, que se pondrá en marcha el plan Sur de inmigración, centrado fundamentalmente en la construcción de centros de internamiento de extranjeros, en particular el
centro de Carabanchel, a construir sobre el antiguo hospital penitenciario; las obras del nuevo centro de internamiento de extranjeros de Valencia, con 250 plazas; las obras del centro de extranjeros de Barcelona y en proyecto las de Baleares,
ampliación del de la isla de Las Palomas, Tarifa, Murcia y Vigo para completar la red nacional. Segundo, un plan especial de seguridad para el archipiélago canario, que pretende potenciar las infraestructuras y equipamiento a poner a disposición de
ambos cuerpos de seguridad para el mejor cumplimiento de sus obligaciones. Para la Dirección General de la Guardia Civil se realizan obras de reforma y acondicionamiento en una serie de 15 a 20 acuartelamientos, desde Agaete a Arucas hasta
Garachico, Granadilla o Santa Cruz de Tenerife, y diverso equipamiento de telecomunicación, armamento y automoción. Con cargo al ejercicio 2005 se abordará la construcción del acuartelamiento de Corralejo, en Fuerteventura. Para la Policía -y
siempre en el archipiélago canario- se efectuarán obras de reforma y acondicionamiento de las comisarias de Maspalomas, Santa Cruz de la Palma, Telde, La Isleta y de los distritos Centro y Santa Catalina de Las Palmas, la nueva de Arrecife, en
Lanzarote, y el centro de internamiento de extranjeros del Matorral, en Las Palmas, así como el centro de internamiento de extranjeros en Hoya Fría, en Tenerife. Por último, hay que significar que, en colaboración con la Dirección de la Policía, se
está elaboración un programa plurianual de renovación y ampliación de helicópteros policiales con el objetivo de alcanzar en un periodo de 10 años una flota operativa de 20 helicópteros ligeros, 4 medios y 3 para enseñanza. El programa comportará
no sólo la adquisición de aparatos básicos, sino también la biónica necesaria para usos policiales, dotación de equipamientos opcionales específicos y mantenimiento y formación de los aparatos.
En cuanto al plan plurianual de Infraestructuras que debemos impulsar en esta legislatura, comprenderá los siguientes aspectos. Vamos a inventariar los edificios e instalaciones, vamos a identificar y priorizar las necesidades de
sustitución, reforma o ampliación de los mismos, vamos a hacer un programa de actuaciones de inversión y valoración económica y vamos a realizar la gestión necesaria para la contratación y ejecución del gasto en orden a llevar a buen fin el plan a
que me estoy refiriendo.
Finalmente, en cuanto al programa de seguridad y protección técnica de edificios, pretendemos dotar las instalaciones de modernos sistemas técnicos de protección y vigilancia, cámaras de circuitos cerrados, sistemas de detección y alarma,
etcétera, que permitan mejorar su seguridad y, al mismo tiempo, lo que es muy importante, reducir los efectivos personales dedicados a estas tareas.
El tercer punto de mi intervención pasa por la descripción de nuestras actuaciones en materia de política penitenciaria. La política penitenciaria se va a centrar, señoras y señores diputados, en la consecución de los siguientes objetivos.
En primer lugar, hacer realidad el criterio constitucional de que el sistema penitenciario sirva no sólo para atender aspectos retributivos de la pena, sino también y muy fundamentalmente para atender a la rehabilitación y reinserción social de los
delincuentes. En segundo lugar, si el sistema penitenciario no es eficaz, si no rehabilita y reinserta, no va a ser un buen instrumento en la lucha contra la delincuencia, y queremos que lo sea. Los objetivos se alcanzarán a través del desarrollo
de las siguientes acciones prioritarias. En primer lugar, impulsar y desarrollar de manera específica programas de actuación y de lucha contra las drogas en las cárceles, cuyo consumo constituye una problemática específica en el sistema
penitenciario. En segundo lugar, introducir una dinámica ocupacional activa en los centros penitenciarios. En tercer lugar, elaborar un plan de prevención de riesgos laborales. En cuarto lugar, descongestionar los centros penitenciarios, en
particular algunos que sufren una saturación importante. Para ello se va a revisar el plan de infraestructuras penitenciarias y a tomar medidas urgentes para afrontar la masificación que representan en este momento. Para una población de 50.800
internos -hay que sumar los 8.000 de Cataluña- el sistema dispone en la actualidad de poco más de 40.000 celdas. En cuarto lugar, vamos a trabajar con el objetivo de un interno por celda. Fenómenos que empiezan a ser alarmantes, como la
masificación o la falta de ocupación
de los internos en tareas productivas o formativas, dificultan extraordinariamente el desarrollo de programas de tratamiento penitenciario individualizado. En quinto lugar, realizaremos infraestructuras penitenciarias en zonas en las que
las ya existentes están claramente obsoletas. Nos preocupa a corto plazo la situación de Canarias, donde es necesario un nuevo emplazamiento penitenciario y donde estamos teniendo problemas para encontrar incluso terrenos, con el fin de evitar que
se produzca el traslado de presos canarios a la Península.
Además, nos preocupa también la situación de determinadas infraestructuras penitenciarias en el País Vasco y Navarra. Hemos celebrado reuniones con el consejero competente en Navarra para
analizar los posibles emplazamientos de un nuevo centro. También se ha celebrado por parte de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias reuniones con el Ararteko del País Vasco para estudiar la situación de los centros penitenciarios y
ver qué posibilidades hay de renovar las infraestructuras penitenciarias. Queremos además plantear la transferencia del servicio sanitario a las comunidades autónomas, de manera que a los reclusos se les atienda en condiciones y se les integre en
los programas de servicios de salud de las comunidades autónomas, en particular estableciendo un programa concreto de atención psiquiátrica.
Debemos completar en pocos meses el proceso de traspaso de maestros a las comunidades autónomas, abrir los
centros de inserción social de Salamanca y Jerez, previstos para antes del verano, así como los de Zaragoza, Ciudad Real y Córdoba, previstos para antes de que acabe 2004.
Finalmente, debo insistirles en que es prioridad nuestra combatir el tráfico
de drogas, no sólo el consumo, sino sobre todo el tráfico de drogas en los centros penitenciarios, para lo que ya se ha puesto en marcha un grupo de trabajo de cuyas conclusiones y recomendaciones les daré cuenta en cuanto las tengamos elaboradas.
La cuarta línea de mi intervención es la política de seguridad vial. La Unión Europea, en su libro blanco del transporte, establece como objetivo prioritario reducir las víctimas de accidentes en un 50 por ciento en el periodo 2001-2010.
Nuestro objetivo es reducir en el plazo de 5 años, es decir, no de 10, hasta un 40 por ciento el número de fallecidos en accidente de circulación. No es un objetivo abstracto, es una necesidad ineludible a partir de la contemplación de uno de los
problemas más sangrantes de la sociedad en la que vivimos. A corto plazo, en primer lugar, organizaremos el permiso de conducción por puntos. A tal fin pondremos en marcha un conjunto de medidas que pasan por el establecimiento central de este
permiso de conducir por puntos y por la mejora y renovación de la red viaria, además de la renovación y reforma de la conducta de los usuarios de las vías públicas. Estén seguros, señoras y señores diputados, que la implantación del sistema de
conducir por puntos, como estrategia que permite un mayor grado de responsabilidad y autocontrol de los conductores en la utilización del permiso de conducir, ayudará significativamente al objetivo de salvar vidas. Su adopción conllevará, entre
otras actuaciones, la modificación de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos de Motor y Seguridad Vial.
También queremos establecer un permiso de conducir en tarjeta plastificada y sustituir el documento existente por otro más manejable y
que contenga mucha más información. En tercer lugar, queremos reformar el reglamento general de vehículos. En cuarto lugar, queremos modificar el reglamento de conductores para elevar la edad exigible para el acceso al permiso de conducir de
ciclomotores de 49 centímetros cúbicos de los 14 a los 16 años y, en concordancia, elevar de 16 a 18 años la edad mínima para llevar un segundo pasajero en tales ciclomotores. Para comprender la importancia de esta medida, señoras y señores
diputados, baste indicarles que el año pasado fallecieron por accidente de ciclomotor 20 jóvenes comprendidos en los topes de edad que ahora se pretenden elevar y otros 350 resultaron heridos graves. Además, estableceremos un plan de actuación
sobre tramos y puntos negros de accidentalidad, de acuerdo con los convenios suscritos con las diputaciones y cabildos insulares y en colaboración con el resto de las direcciones generales competentes de los departamentos ministeriales del Estado.
Reforzaremos diversas instalaciones y medios para aumentar las garantías de seguridad vial.
Vamos a instalar 315 estaciones de toma de datos de circulación de vehículos en las carreteras. Adquiriremos 208 motos y 356 automóviles para la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil.
La política de protección civil y de emergencias, que es el quinto aspecto de mi intervención, tiene como objetivos prioritarios garantizar la eficaz protección de los ciudadanos ante emergencias y catástrofes, así como las adecuadas
condiciones de prevención de riesgos. Durante la presente legislatura, la actuación del Ministerio del Interior en esta materia tendrá los siguientes objetivos prioritarios: tomar, realizar o establecer las acciones oportunas para prever y
prevenir los riesgos en las emergencias; mejorar la capacidad operativa y la coordinación entre los servicios públicos estatales implicados; impulsar y estrechar la colaboración y coordinación entre las comunidades autónomas, los ayuntamientos y
el Estado, de manera que pueda construirse un sistema nacional de protección civil más eficaz y solidario; impulsar las actividades dirigidas a la formación especializada de los servicios de emergencia en las diferentes administraciones públicas,
así como la información, aspecto este esencial, de los ciudadanos sobre estas materias; apoyar decididamente las acciones de nivel internacional para la mejora de la cooperación y asistencia mutua en materia de protección civil, sobre todo, en el
seno de la Unión Europea, sin perjuicio de su extensión solidaria a países del Tercer Mundo.
Como actuaciones de carácter preferente quiero destacar, primero, y ante la necesidad de actuar frente a nuevos y determinados riesgos, la aprobación por el Gobierno de la normativa necesaria para reordenar las actividades de la
Administración General del Estado en materia de protección civil y emergencias. Estrecharemos la colaboración con el resto de los Estados miembros de la Unión Europea a través del mecanismo comunitario que se formalizó como Decisión del Consejo, de
octubre de 2001, para la mejora y cooperación, en este ámbito, contra las catástrofes naturales y de origen humano. Facilitaremos la cooperación en la gestión de emergencias con otras administraciones públicas e impulsaremos las actividades de la
Escuela Nacional de Protección Civil, a fin de que pueda servir lo más eficazmente posible a los requerimientos formativos del sistema. Además fomentaremos la investigación aplicada a la protección civil, tanto en el ámbito universitario como en
centros especializados de investigación, y realizaremos los programas de información a los ciudadanos acerca de los riesgos que les afectan, en colaboración con otras administraciones y de acuerdo con la normativa de la Unión Europea. Queremos
destacar el establecimiento de un programa de educación para la prevención en centros escolares, en colaboración con las autoridades competentes en materia educativa.
Dentro de los diversos proyectos normativos, señoras y señores diputados, vamos a establecer un plan básico de emergencia nuclear y a modificar el Real Decreto 1254/1999 para mejorar las medidas de control de los riesgos inherentes a los
accidentes graves en los que intervengan o cuya causa sean las sustancias peligrosas y estableceremos las directrices básicas de planificación ante los riesgos sísmicos y radiológicos.
Finalmente, en sexto y último lugar, quiero referirme a la política interior. Saben que tenemos una serie de ofertas programáticas en esta materia. Por tanto, en materia electoral, se impulsarán, entre otras, las reformas que tiendan a
garantizar, en primer lugar, la paridad de sexos en la composición de listas electorales. En segundo lugar, la elección directa de los alcaldes en votación diferente pero simultánea a la de los concejales, en un sistema de doble vuelta que refuerce
la gobernabilidad de los ayuntamientos y en el que se reconozca el derecho de sufragio a todos los que residan legalmente en España. En tercer lugar, la celebración obligatoria de debates electorales entre los principales candidatos a las
elecciones generales europeas, buscando reducir los gastos, pero respetando los criterios de pluralidad y proporcionalidad.
En cuarto lugar, la regulación legal de la publicidad institucional, especialmente la destinada a dar a conocer los logros o
los proyectos de los poderes públicos, que será prohibida durante los períodos electorales con el fin de garantizar el principio de neutralidad de los poderes públicos.
En materia de legislación sobre partidos políticos, debemos destacar lo siguiente: promoveremos una reforma que garantice un modelo de financiación de partidos que responda a los principios de suficiencia, transparencia, publicidad y
control; impulsaremos la articulación de un plan especial de contabilidad, igual para todos los partidos, para poder efectuar el control necesario con criterios homogéneos que permita ofrecer una mayor transparencia de sus cuentas y, en tercer
lugar, estudiaremos las medidas normativas necesarias para profundizar en la democracia interna de los partidos políticos. Señorías, con respecto a la reforma de la gestión de los procesos electorales, las líneas de actuación serán las siguientes:
en el plano económico, procederemos a realizar un estudio sobre aquellas medidas tendentes a reducir el coste de los procesos electorales y, en el plano de la gestión, procederemos al estudio de la implantación de nuevas tecnologías en el proceso
con el objetivo de lograr un proceso electoral más eficaz, transparente y seguro. Además tenderemos a popularizar nuestro proceso electoral, como instrumento básico de nuestra democracia, ante la población más joven a través de diferentes
actuaciones divulgativas y continuaremos las líneas de cooperación con los diferentes organismos internacionales de carácter electoral, así como el apoyo y asesoramiento a los países que lo soliciten y, en especial, a los países iberoamericanos.
Por último, por lo que se refiere a la política interior de la Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos, se intensificará la vigilancia y aplicación de sanciones en los aspectos más reiterados cada temporada, como son la
exhibición de símbolos que incitan al odio y a la violencia y la introducción de bebidas alcohólicas y de drogas en los estadios.
Señoras y señores diputados, he tratado de resumirles, de la manera más rápida posible en el curso de la hora que más o menos me había propuesto y que había acordado con la señora presidenta, las líneas programáticas de la tarea que
encaramos desde el Ministerio del Interior con toda la ilusión y estoy seguro que con toda su colaboración. Insisto en el talante que queremos imprimir a la gestión política del ministerio: talante de absoluta buena fe, de comprensión, de
colaboración entre todas las fuerzas políticas democráticas y de diálogo, que estoy seguro ayudará a que aquello en lo que todos los ciudadanos y ciudadanas de este país estamos interesados vaya lo mejor posible.
Me voy a referir a las otras dos comparecencias que me han traído aquí. En cuanto al nombramiento del director general de la Guardia Civil, le tengo que decir al grupo que me hace el requerimiento, que es el Grupo Izquierda Unida-Los
Verdes, aunque no sé dónde está su representante.
La señora NAVARRO CASILLAS: No es Izquierda Unida-Los Verdes, sino Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Todo eso y más.
Los nombres, además de los contenidos, son importantes, por lo que la próxima vez que me refiera a ustedes lo haré como Izquierda Verde.
Las razones son francamente claras. En primer lugar, la persona designada es española y está en pleno ejercicio de sus derechos políticos -esto es lógico- y en segundo lugar, y esto es lo importante, acredita una objetiva y evidente
competencia profesional para el puesto para el que se le designa y además tiene una confianza específica por parte del Gobierno que le nombra. Es una persona que tiene una importante proyección internacional, que está acostumbrada al mando de
unidades de esta naturaleza y, por tanto, está perfectamente cualificada para dirigir la Guardia Civil. El hecho de que sea militar de carrera no es más que la expresión de lo que debe ser la normalidad democrática. Un militar de carrera, como
cualquier otro funcionario público, puede ser director de la Guardia Civil o cualquier otra cosa, siempre que acredite personalmente esas condiciones de competencia, profesionalidad, lealtad y confianza al Gobierno que le nombra, lo que en este caso
está acreditado por el nuevo director general de la Guardia Civil. Por tanto, esto es expresión de esa competencia, de esa lealtad y de una absoluta normalidad en la gestión de la cosa pública.
Por lo que se refiere a las filtraciones sumariales, cuestión por la que me pregunta el Grupo Parlamentario Popular, le tengo que decir dos cosas.
En primer lugar, una cuestión genérica. Yo me propongo conseguir en este ministerio con su
colaboración, señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Popular y de los demás grupos parlamentarios, una información política amplia y exhaustiva que debe estar de cargo y de cuenta de los políticos. En cuanto a la información operativa
debe ser filtrada y controlada por los profesionales, de modo que sean estos los que nos digan, frente a un determinado fenómeno en el que obviamente esté interesada la sociedad española, qué es lo que se puede contar y qué no se puede contar. De
manera que espero que establezcamos en un futuro próximo protocolos de actuación que hagan posible que fluya con total normalidad toda la información posible, tanto la información de contenido político o programático, que es responsabilidad de la
parte política del sistema, del ministerio, como la operativa.
En punto a las filtraciones del sumario, creo que debe haber habido cientos, miles de informaciones desde la tragedia del 11 de marzo relacionadas con investigaciones del 11 de marzo. Francamente, señora y señores diputados, el sumario,
como usted muy bien sabe, es competencia exclusiva de los jueces. Este ministro ni conoce el sumario ni va a conocerlo en el futuro ni va a hacer ningún esfuerzo, porque hay que respetar la independencia judicial. Por tanto, eso está en el terreno
de competencias constitucionales de los jueces y este ministro no va a entrar a analizar si ha habido o no filtraciones sumariales porque, insisto, pertenecen a la parte judicial del sistema democrático. Ignoro de todo punto si ha habido algún tipo
de filtración sumarial, para eso tendría que conocer el sumario y poder compararlo con las informaciones periodísticas y no tengo sumario ni lo voy a tener ni tengo ningún interés porque respeto la independencia de los jueces.
La señora PRESIDENTA: Finalizada esta primera intervención, voy a dar la palabra a los grupos parlamentarios en el orden que han solicitado la comparecencia del ministro, empezando por el Grupo Parlamentario Popular, seguido por los demás
solicitantes y a continuación el resto de los grupos que no la han solicitado, empezando por el Grupo Mixto y continuando de menor a mayor.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular, señora Sánchez-Camacho.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Muchísimas gracias, señor ministro, por la intervención y por la presentación hoy aquí de las líneas generales de su departamento ministerial. Le debo decir, señor ministro, que agradeciendo esta
intervención -que además es casi imperativa en todos los departamentos ministeriales- para informar a la Cámara que representa a los ciudadanos de este país, a este grupo parlamentario le hubiera gustado que se hubiera realizado con anterioridad
dicha intervención, teniendo en cuenta que había temas de gran interés, temas de actualidad.
Este grupo parlamentario entendía que la comparecencia del ministro debía ser inmediata, de ahí la solicitud adjunta a su comparecencia general relativa a
las filtraciones. Luego entraremos a precisar más el contenido y la información, ya que nosotros creemos que es de extrema gravedad lo que se ha publicado en los medios de comunicación y que de alguna manera requiere la respuesta del ministro.
En segundo lugar, señor ministro, con respecto al talante con el que usted iniciaba su intervención -es ya muy recurrido y recurrente esto del talante en su grupo parlamentario-, agradecemos que hoy manifieste su talante de esta manera,
porque nos venía preocupando el talante que S.S.
estaba ejerciendo con anterioridad a su intervención en esta Cámara. Se lo decimos desde mi grupo con absoluta sinceridad y buena fe porque creemos que un ministro del Interior no debía actuar con
la locuacidad, con la ausencia de prudencia con que S.S. se condujo en algunas intervenciones, sobre las que usted ha pasado hoy muy de puntillas en su exposición general y a las que nos referiremos en la intervención de mi grupo, como pueden ser
las declaraciones que usted realizó respecto al control de los imanes y al resto de los cultos, alguna que otra información y declaración que usted realizó con respecto a la lucha antiterrorista y con respecto a lo ocurrido en la matanza del 11 de
marzo.
Usted ha manifestado como prioridad de su Gobierno la lucha antiterrorista. Sabe muy bien que el Grupo Parlamentario Popular ha tenido siempre en los ocho años de Gobierno esa prioridad frente a muchas otras. La lucha antiterrorista, y
sobre todo la lucha contra el terrorismo de ETA y contra todo tipo de terrorismo, es una prioridad no sólo para nuestro partido sino que nos congratulamos que también lo sea para su Gobierno, y lo sabe usted muy bien, y para todos los ciudadanos.
En encuestas realizadas anteriormente los ciudadanos han manifestado que actualmente su mayor preocupación es, frente al paro, el terrorismo.
Nosotros nos congratulamos por sus palabras textuales de cumplimiento estricto del pacto firmado entre su
partido y el Partido Popular, nos congratulamos de ese cumplimiento estricto. Además le decimos que nuestra política y lo que deseamos que sea la política antiterrorista tiene que enmarcarse en ese acuerdo que los dos partidos mayoritarios firmaron
y que ha sido tan útil en la operatividad de la lucha contra el terrorismo.
Quiero decirle por ello que su intervención, aunque parezca por el tiempo utilizado muy minuciosa, nos ha parecido generalista porque no ha ido más allá de muchos de los
aspectos operativos, policiales, organizativos e incluso de formación que ya se estaban realizando con el anterior Gobierno y nos tendrá a su lado en todos esos aspectos, señor ministro.
Ahora bien, usted ha dejado de precisar en la mayoría de esas
ocasiones cómo lo va a realizar, con qué presupuesto y de qué forma, y entraremos en las particularidades del mismo.
Señor ministro, nosotros queremos ir a los grandes temas que suponen y han supuesto incumplimiento del programa electoral y sobre los que usted hoy no se ha manifestado en modo alguno en su intervención. La primera prioridad que aparecía
para su Gobierno, y así se establecía en el programa electoral del Partido Socialista Obrero Español, era el llamado Ministerio de la Seguridad. Nos sorprende que usted ni tan siquiera lo haya mencionado en tanto en cuanto era una promesa, y además
el excelentísimo señor presidente del Gobierno dijo en todo momento que era una cuestión de fondo y de forma prioritaria para la seguridad de los ciudadanos, de los pueblos, de los barrios, para la seguridad de todos y cada uno de los ciudadanos ese
Ministerio de la Seguridad. Usted rápidamente pasó a anunciar que el coste del mismo hacía imposible el cambio de denominación. A nosotros nos preocupan dos cosas, señor ministro, en primer lugar, ¿ustedes estaban realizando promesas electorales
cuyo coste no estaba precisado y a partir de ahí se realizaron muchas promesas electorales y, a lo mejor, pensando que no se iba a gobernar, una vez llegan ustedes al Gobierno, ese coste no puede ser asumido? Creo que esto es de una extrema
gravedad y estoy segura que usted nos sacará de dudas. Pero como queremos que usted nos obvie esa respuesta, nuestro grupo parlamentario le pregunta ahora si usted descarta denominar ese ministerio como de la seguridad por su coste, ¿cuál es el
coste que usted precisó? ¿Cuáles son los sumandos a los que usted se refería? ¿Por qué no se llevó a cabo ese cambio de denominación porque no se podía asumir ese coste presupuestario teniendo en cuenta, señor ministro, que usted se ha dedicado a
anunciar la creación de diferentes órganos que seguro tendrán un coste presupuestario que S.S.
habrá previsto y del que hoy no nos ha informado en esta comparecencia inicial?
La segunda cuestión por la que S.S. ha pasado hoy casi de puntillas ha sido otra de las promesas electorales incumplidas de su ministerio y de este Gobierno socialista. Nos referimos al mando único, señoría, que ustedes anunciaron durante
toda la campaña electoral que iba a recaer en una persona física que iba a ostentar el tradicional nombramiento que hasta ahora llevaban los dos directores generales, el de la Guardia Civil y el de la Policía Nacional. Eso no lo digo yo, señor
ministro, lo ha dicho el presidente del Gobierno, lo ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, incluso anunciándose nombres. Pues bien, ese nombramiento único no se produce y, como todos conocemos, usted nos anuncia un órgano colegiado, órgano
colegiado sobre el que nosotros le queríamos preguntar, ya que seguro que usted conocería con exactitud la creación de una mesa de coordinación en la legislatura anterior, qué diferencia sustancial tiene con esa mesa de coordinación. Además, señor
ministro, vuelvo a repetir que en esta comparecencia plagada de datos no ha precisado las grandes cuestiones que afectan a su departamento. Da la impresión de que ese comité ejecutivo de mando unificado está formado única y exclusivamente por
políticos. Se lo digo sinceramente. Seguro que hoy usted disipará cualquier duda al respecto y nos dirá cuáles son las competencias y capacidades de los profesionales en ese mando unificado, en ese comité ejecutivo. Pero me gustaría que nos
dijera por qué no forma parte de ese comité ejecutivo el subdirector general operativo del Cuerpo Nacional de Policía o el comisario general de Información del Cuerpo Nacional de la Policía o, a su vez, el general jefe de Operaciones de la Guardia
Civil y el general jefe de Información de la Guardia Civil. ¿Por qué está usted creando órganos de políticos sin los profesionales, sin los policías, incluyendo además a su jefe de gabinete, que seguro que será un buen asesor para SS pero que no
creemos que sea de especial importancia en las competencias y capacidades de este órgano, además de un director general de Infraestructuras, que SS hasta la fecha no ha nombrado aún? Se lo decimos porque no queremos que se repitan errores
anteriores, señor ministro. No creemos órganos políticos en sustitución del trabajo que deben realizar los policías. Además, una cuestión primordial son las competencias de éste órgano, señor ministro. Hasta ahora, la coordinación de esas
competencias, a no ser que usted nos explique lo contrario, estaba siendo llevada a cabo por el secretario de Estado de la Seguridad,
presente en esta sala. Usted conoce muy bien que es indiscutible que estas organizaciones, singularmente jerárquicas tienen una cadena de mando y están coordinadas a través de, hasta ahora, el secretario de Estado para la Seguridad. No
sabemos si este comité ejecutivo del mando unificado va a distorsionar esa realidad, señor ministro, usted no lo ha explicado; usted se limita hacer anuncios propagandísticos, a decirnos que va a crear ese órgano colegiado para disimular, yo creo,
su incumplimiento electoral, pero no nos dice los problemas que eso puede generar. Le pregunto, señor ministro, ¿qué competencias de coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado va a sumir el secretario de Estado, una vez
constituido este comité ejecutivo? Sabe muy también que, sobre todo en política de seguridad, hay necesidades perentorias inmediatas, que deben tomarse decisiones inmediatas en determinados momentos. ¿Las podrá tomar de forma autónoma el
secretario de Estado, sin la previa reunión de ese comité ejecutivo para el mando unificado? En el caso de que haya distorsión de una y otra, ¿el secretario de Estado tiene que someter las decisiones a ese comité ejecutivo de mando unificado? No
son cuestiones baladíes, señor ministro, son cuestiones que usted, con ese mando unificado y su ministerio, están incorporando en la nueva creación de ese órgano.
Señor ministro, ha contestado al Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds a una pregunta que nosotros también queríamos formularle, y era su política de nombramientos. Después de que nos hayamos
encontrado con que ese mando único no recae en una única persona, sino que recae en dos, los nombramientos han sorprendido. Nos gustaría que diera una explicación al respecto. El director general de la Guardia Civil ha tenido que ser ascendido
para poder acometer las responsabilidades que competen a la Dirección General de la Guardia Civil. El señor don Carlos Gómez Arruche (que además, señor ministro, parece ser que sigue sus pasos, porque en una entrevista hoy, también con excesiva
locuacidad en un medio de comunicación, explica muy bien algunas de las cosas que usted ha dicho) anticipa algunas de las cuestiones, sobre todo en cuanto a régimen disciplinario y modificación de retribuciones, que usted acaba de anunciar. Antes
que de usted nos informe en la Cámara los responsables políticos nos enteramos por los medios de comunicación. Nos dice también que usted interviene en las decisiones y en los nombramientos, pero después vemos que la persona que iba a ser el
director general de la Guardia Civil no es ni el que anunció la señora vicepresidenta ni el que anunció el Partido Socialista Obrero Español, sino que es aparentemente quien designa el ministro de Defensa. Le quería preguntar, señor ministro ¿de
verdad la política de seguridad de este Gobierno en los nombramientos realizados, tanto del director general de la Guardia Civil como del Centro Nacional de Inteligencia, las va a determinar el ministro de Defensa? Nos gustaría que no fuera así;
en todo caso, ¿nos puede decir si era su candidato a ser director general de la Guardia Civil? Y, sobre todo, nos tranquilizaría mucho el hecho de que tenga competencias mayores que el conocimiento de idiomas, porque suponemos que en la Guardia
Civil hay muchos generales y gran parte de oficiales que sí poseen esas competencias y capacidades y seguro que usted las conoce y las tiene en cuenta.
Respecto a otro de los centros que usted ha creado en esta dinámica de creación de centros, y éste, además, al Grupo Parlamentario Popular le preocupa en gran medida, es el Centro Nacional Antiterrorista, al que usted acaba de hacer alusión.
La primera crítica que nuestro grupo parlamentario debe realizar al respecto es que, tratándose de un centro que está dedicado a la lucha antiterrorista, y podemos compartir con usted las competencias y la adecuación del mismo, usted no ha
consultado ni ha dialogado con nadie en la creación de ese centro. Nosotros nos hemos enterado por una nota periodística en la cual usted anunciaba la creación de ese centro. Si no es así, señor ministro, seguro que tendrá a bien dar información a
este grupo parlamentario de cómo se realizó la creación de dicho centro. En la única nota que nosotros conocemos se nos anuncia que va a tener una sede física y no sabemos ni cuál va a ser el rango jurídico ni la norma que lo va a crear, etcétera.
Nos gustaría que respecto a este tema nos pudiera aclarar las competencias y el mando último de dicho centro. Señor ministro, ¿ha evaluado el coste de este centro? ¿Se lo puede anticipar a esta Cámara? ¿Cuál es el coste presupuestario de este
centro, la necesidad real de la creación de este centro? Nos preocupa que el crear organigramas ex novo, como está usted haciendo en este poco tiempo de gestión, pueda suponer costes presupuestarios que no están previstos y de los que no ha
informado a esta Cámara. Nos preocupan también los posibles solapamientos o disfuncionalidades, porque la formación de este Centro Nacional Antiterrorista puede crear disfuncionalidades con el Centro Nacional de Inteligencia. Nos gustaría que
precisara cuáles van a ser las relaciones y las funciones de ese Centro Nacional Antiterrorista. Además, le preguntamos de buena fe, ¿existe ya acuerdo entre el Ministerio de Interior y de Defensa sobre la creación de ese centro? Se lo digo, señor
ministro, porque es sobradamente conocido que está habiendo desencuentros manifiestos en algunos temas importantes relativos a nombramientos y a derecho de asociación profesional. Queremos saber si en la creación de este centro hay acuerdo por
parte de ambos ministerios. ¿Qué criterio se va a seguir para la selección del personal que figura adscrito al mismo? Nos gustaría que SS nos lo pudiera explicar.
Señor ministro, se ha referido sobradamente al ámbito de seguridad ciudadana, y a ese ámbito también nos vamos a referir nosotros. Ha afirmado, según las notas que hemos tomado, que va a poner en marcha un plan
operativo de delincuencia, muchas de cuyas medidas ya habían sido tomadas y llevadas a cabo por el anterior Gobierno. Seguro que usted compartirá muchas de esas medidas legislativas, aunque su opinión previa -y ya se lo manifestamos en el
Pleno de esta Cámara- era manifiestamente contraria a algunas de esas decisiones, como las relativas a prisión provisional y al endurecimientos de penas. Seguro que su responsabilidad como ministro del Interior le han clarificado esas opiniones y
opciones, absolutamente respetables; como vocal del Consejo General del Poder Judicial sería lo lógico, pero no como ministro del Interior, en tanto en cuanto la seguridad ciudadana es una de las preocupaciones de los españoles.
Nos ha hablado también de las medidas y de los programas operativos que va a realizar en materia de seguridad ciudadana. Debo avanzarle, señor ministro, que muchos de ellos los conoce usted porque ya estaban en marcha; muchísimos se
estaban llevando a cabo y muchas de las unidades funcionales, tanto las UDYCO como las EDOAS, estaban ya en funcionamiento. Pero vamos a hablar del modelo policial al que usted ha hecho alusión, señor ministro. Se ha referido a la creación de
32.000 nuevas plazas, tanto del Cuerpo Nacional de la Policía como de la Guardia Civil. Usted sabe que la herencia que usted ha recibido del anterior Gobierno difiere en gran parte, yo diría que sustancialmente, de la que recibió el Gobierno del
Partido Popular. Usted sabe que ahora tiene un Cuerpo de la Guardia Civil absolutamente motivado y con una serie de modificaciones y mejoras, tanto retributivas como en acuerdos, y una gran paz social que ha recibido en el Cuerpo Nacional de la
Policía. Nos gustaría saber (y compartimos con usted aspectos a los que se ha referido de mejora en la formación, de mejora en las inversiones y mejora en los programas) cuál es el coste previsto para esas inversiones que quiere hacer el señor
ministro. Le pondremos un ejemplo. Seguro que usted recuerda el pago de la hora extraordinaria en la Guardia Civil. Ahora está en unas 900 de las antiguas pesetas, y usted conoce muy bien que en 1996 la hora extra se pagaba a cero pesetas.
Ustedes hablan de la homologación de las retribuciones y de las medidas y condiciones del Cuerpo de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Nos gustaría saber cuáles son esas medidas, aparte de la asimilación del sueldo base que, como todos
saben, ya se ha llevado a cabo.
Respecto al tema de la asociación profesional, nos gustaría saber -porque no se lo hemos oído a usted, sí se lo hemos oído al ministro de Defensa, pero nos gustaría oírlo de SS- cuál es la opinión que le merece el cumplimiento o no del
programa electoral en los artículos 22 y 104 de la Constitución tal y como constan en su programa electoral. Además, nos consta que a miembros de la Asociación Unificada de la Guardia Civil su grupo parlamentario ya les ha contestado que el
programa se va a cumplir.
Señor ministro, ¿usted nos puede contestar si se va a cumplir? Seguro que nos puede dar respuesta a esa inquietud.
En política penitenciaria nos satisface oír que sus previsiones van a ser crear más centros, que su intención va a ser cumplir el programa electoral y que además habrá un preso por celda. No sé, señor ministro, si usted ha escuchado o ha
leído algunas de las intervenciones de su actual directora de Instituciones Penitenciarias, doña Mercedes Gallizo, porque parece inviable, al menos en sus declaraciones, el cumplimiento de esa promesa electoral. Le recuerdo, y seguro que usted lo
sabe, que actualmente el índice de incidentes en las cárceles es prácticamente nulo. En el año 2002 el índice de incidentes tanto en fugas como en conflictos internos fue muy bajo. Es decir, actualmente la situación de la política penitenciaria
está en muy buenas condiciones y nos gustaría saber cómo pretende usted cumplir esa promesa electoral.
Con respecto a la otra solicitud de comparecencia por parte de nuestro grupo, antes de finalizarla le queremos decir lo siguiente.
La señora PRESIDENTA: Señora Sánchez-Camacho, le comunico que está a punto de haber usado sus veinte minutos como doble ración de diez minutos por comparecencia. Se lo digo porque debe usted de ir terminando.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Termino rápidamente.
La respuesta que usted ha dado en un tema de absoluta gravedad como es para nosotros el hecho de que se filtre a los medios de comunicación los días 6 y 7 de mayo las informaciones del secreto sumarial respecto a la matanza del 11 de marzo,
ha sido absolutamente insatisfactoria, señor ministro. Usted, como muy bien conocemos los diputados de esta Cámara, no puede ni debe conocer el sumario, pero sí debe responder sobre lo que está ocurriendo o al menos si usted tiene alguna
información. Don Enrique López, que es el portavoz del Consejo General del Poder Judicial, afirma contundentemente que esas filtraciones no salen de la Audiencia Nacional.
Por tanto, señor ministro, nos gustaría saber si usted ha realizado alguna
actuación, si tiene algún conocimiento sobre esas filtraciones, porque son de una gran gravedad. El Grupo Parlamentario Popular entiende que los medios de comunicación no pueden estar conociendo reiteradamente esas informaciones y nos gustaría que
con exactitud nos contestara al respecto. Además, hay otra cuestión sobre la que no ha respondido a esta Cámara, relativa a los confidentes. El día 7 de mayo salió una información en los medios de comunicación referente a los confidentes de la
matanza del 11 de marzo. Usted hizo unas declaraciones diciendo que daría rápida respuesta de lo ocurrido y si esas personas eran realmente o no confidentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Usted no ha dado información al
respecto, nosotros no hemos
escuchado respuesta alguna y esperábamos conocerla en esta Cámara.
Señor ministro, esperamos que la irresponsabilidad de algunas de sus declaraciones y de sus actuaciones hasta ahora sean enmendadas, porque la seguridad ciudadana y la confianza de los ciudadanos en el Ministerio del Interior exigen la suma
prudencia, la eficacia y la responsabilidad en su gestión.
La señora PRESIDENTA: A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, señora Navarro Casillas.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor ministro, por su exposición y, aprovechando su comparecencia, le felicito también por el nombramiento.
En primer lugar, quiero decirle que me hubiera gustado el cambio del nombre del ministerio, pero desde luego entiendo que implica un serio coste. Si hacemos hincapié en el contenido del cambio, en el enfoque, y convertimos el Ministerio del
Interior en un ministerio por la seguridad de los ciudadanos, en un ministerio que intente garantizar la seguridad como valor instrumental para la libertad, desde luego este grupo se sentirá satisfecho aunque no se cambie el nombre.
Es necesario un cambio legislativo. La verdad es que estamos muy esperanzados, señor ministro, con el cambio que ha habido en el Gobierno y esperamos que se traduzca en una democratización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En ese sentido, la policía debería dejar de ser un cuerpo represivo y pasar a garantizar la defensa del ordenamiento democrático. Para ello las medidas que han sido expuestas nos resultan desde luego absolutamente insuficientes, esperamos que no
sean más que un borrador de lo que se piensa hacer durante estos cuatro años y se afronte realmente este reto que es, como vengo diciendo, la democratización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Hoy en día no tenemos una seguridad que
intente buscar la defensa de los intereses generales y lo que tenemos que hacer es cambiar el modelo policial. Desde luego, me gustaría saber específicamente si existe ese objetivo en su mandato, si piensa realmente cambiar el modelo policial como
se está reclamando desde los sindicatos, desde todas las asociaciones profesionales, desde todas las voces autorizadas, porque es necesario para que funcione correctamente la seguridad ciudadana. Para ello, como es natural, habrá que abordar
profundos cambios legislativos.
Sería mucho más cómodo no hacerlo, pero sería más eficaz para todos que sí se hiciera. En definitiva, para nosotros el objetivo es la seguridad ciudadana como garantía del libre ejercicio de los derechos ciudadanos
y sus libertades. Además, la policía como servicio público debe apostar por crear las condiciones necesarias para evitar las infracciones y los delitos. Por eso, señor ministro, debe usted hablar más de prevención, de políticas sociales, que en
definitiva es uno de los fundamentales orígenes de la inseguridad ciudadana. Si no hay políticas preventivas del delito, si no se fomenta el desarrollo social, no desaparecerán las causas sociales y económicas que originan la delincuencia. ¿Qué va
a hacer al respecto durante estos cuatro años? La prevención, señor ministro, no es aumentar el número de efectivos policiales, aunque en algunos casos sea necesario, y desde el Grupo de Izquierda Verde no entendemos que sea su objetivo primordial.
Otro objetivo fundamental para nosotros es la lucha contra el terrorismo, un gran reto, pero para abordarlo es fundamental que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado funcionen mejor. Para ello nosotros entendemos lo mismo que todas
las asociaciones y sindicatos que le he expuesto, es decir, la simplificación de la estructura, que no se ha abordado, y la rentabilización de los recursos, que en gran medida vendrá como consecuencia de esa simplificación estructural. Volvemos de
nuevo al modelo policial. Usted ha hablado en lo que se refiere al Plan de lucha contra el terrorismo de una unificación, pero es que esa unificación debe hacerse en todos los ámbitos y no sólo en el ámbito del terrorismo, como por ejemplo cuando
se ha hablado del banco de datos común y centralizado.
Ese banco de datos es necesario, pero no sólo para la lucha contra el terrorismo, sino para todo tipo de delincuencia. Igual que sería estupendo que en los diferentes mandos se pudiera dar una
coordinación en la lucha contra el terrorismo, pero, ¿no sería mejor que esa coordinación se diera en todos los ámbitos? Porque además toda la delincuencia va relacionada con el terrorismo, como se ha visto muy claramente en el análisis previo al
11 de marzo, donde la pequeña delincuencia iba directamente ligada al terrorismo a gran escala.
El problema de la seguridad en España es de raíz. Nos encontramos con muchos cuerpos descoordinados, como se sabe muy bien. ¿Se va a seguir intentando, como ha sido expuesta esa famosa coordinación, o se va a superar esta etapa que ya es
estéril de la coordinación y se va a pasar a la verdadera integración, a la unificación de los cuerpos, que es lo que hay que hacer? Es necesario hablar de ello y abandonar los conceptos tanto de incremento simple de número de efectivos, como de
coordinación, porque la coordinación ya se ha intentado y no se ha logrado nunca.
Hablemos de unificación. Por cierto, también es fundamental que se haga hincapié en si se va a cesar en el aumento de la seguridad privada, como venía haciendo el
Partido Popular, que incrementó en cuarenta puntos la seguridad privada, mientras que la pública descendió en cinco puntos.
Espero, señor ministro, que el camino que usted siga no sea precisamente ése.
La proliferación de cuerpos de policía y, por cierto, la elevada ratio de policías por habitante que tenemos denota que no es garantía de seguridad ciudadana, como ya he expuesto, porque hay falta de eficacia, de
coordinación y desigualdad en el servicio al ciudadano. Es evidente que debe abordarse el debate sobre el modelo policial. No me gustaría irme de aquí sin un compromiso, por lo menos, sobre si se va a abordar ese debate por su ministerio.
Nosotros lo tenemos muy claro, entendemos que el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil deben ser unificados y, por supuesto, la Guardia Civil debe ser absolutamente desmilitarizada.
También consideramos que debe haber un único servicio de
policía autonómica cuyas competencias después se distribuyan entre las corporaciones municipales y los gobiernos autonómicos. Por ello sentimos cierta desilusión -y de ahí la pregunta formulada previamente y que ha sido contestada- respecto al
nombramiento del director general de la Guardia Civil. La contestación que me ha dado me parece totalmente insuficiente, puesto que en esa famosa entrevista a este director general que publica hoy El País él dice que cuando se le propuso ser
director general de la Guardia Civil le contestó a usted, señor ministro, que él sabía muy poco de la Guardia Civil y que sólo podía ofrecer su buena voluntad. Pues bien, me parece estupendo que este hombre tenga muy buena voluntad, pero yo
prefiero que quien dirija la Guardia Civil la conozca bien y espero que se esté poniendo al día muy rápidamente. Cuando usted me ha contestado que esta persona está acostumbrada a dirigir unidades de esta naturaleza está poniendo dentro de la misma
naturaleza a la Guardia Civil y a los militares. Por tanto, estamos dando un paso atrás en la desmilitarización que pretendemos abordar desde mi grupo y por la que vamos a trabajar durante esta legislatura. Lo cierto es que un militar impone su
manera de actuar, desarrollando esos esquemas de jerarquía y obediencia en el desempeño de su trabajo. De esa manera nos alejamos de la pretensión de conjugar precisamente estos principios con la necesaria democratización que ha de llevarse a cabo
en la Guardia Civil.
Respecto al mando único, nosotros queremos un mando único pero con repercusión operativa, no sin ella. Es necesario -y yo se lo he expuesto- abordar la realidad actual, y la Guardia Civil y el Cuerpo de Policía Nacional deben ser
unificados. Sobre la anunciada creación de la brigada especial para operaciones en el exterior, cuando leí esta noticia me pregunté si eso supondría seguir con la política mediática y efectista del Partido Popular, porque me resultaba bastante más
urgente que surgieran declaraciones sobre las condiciones de trabajo que padecen los guardias civiles, que en algunos casos son infrahumanas, y sobre la necesidad de cubrir esas 2.500 plazas de agentes que son precisos en la calle. Ya se ha
adelantado que, efectivamente, las funciones burocráticas van a ser cubiertas por personal civil y que esos agentes saldrán a patrullar, hecho que aplaudo. Vuelvo a hacer hincapié en si vamos a abordar los problemas de los trabajadores, porque ha
pasado de puntillas sobre ello cuando es una cuestión preocupante y sobre la que seguro que los guardias civiles estarán a la expectativa de esta comparecencia para ver si surge algún compromiso por su parte.
No se ha hablado tampoco de los derechos sindicales de la Policía Nacional, de la prohibición del derecho de huelga o cualquier acción sustitutiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, del hecho de que las retribuciones de los
guardias civiles sean inferiores a las de los policías nacionales, de que el 10 por ciento de la plantilla de la Guardia Civil esté de baja por depresión, de las casas cuartel donde viven los guardias civiles y sus familias y que están en muchos
casos en estado de ruina inminente, de unos horarios inhumanos y además de que no puedan quejarse de nada de esto. Señor ministro, esperamos que haga alguna alusión a una necesaria puesta en marcha de medidas para mejorar las condiciones de
trabajo, escuchando siempre a las asociaciones expertas en estas materias porque, efectivamente, los guardias civiles sufren una absoluta falta de derechos. Esperamos que haga algo sobre esto pero también sobre la desmilitarización total de la
Guardia Civil y la regulación de las asociaciones profesionales. Nosotros creemos que los guardias civiles deben tener derecho a sindicarse y aplaudiríamos enormemente una medida en este sentido. Usted ha dicho que va a escuchar a los sindicatos.
Esperamos que sea algo más que lo que se suele escuchar cuando los ministros están recién nombrados y se habla de la concertación social y de que se escuchará mucho a los sindicatos. Deseamos que esto sea una realidad y que se creen vehículos para
poder recibir las demandas de los agentes sociales para que sus voces sean realmente escuchadas y las aportaciones se lleven a cabo, porque son quienes más saben de estas cuestiones.
En cuanto a la formación, de la que también se ha hablado, no me ha quedado claro si la formación que pretende abordar el señor ministro son más cursillos y más jornadas o si realmente se va a desarrollar una formación inicial única en la
que todos los cuerpos se formen en los mismos centros y después se especialicen según su cometido, que es lo que desde mi grupo reivindicamos. También defendemos el reconocimiento de la carrera policial como titulación y la regulación de un sistema
de acceso y ascenso. Asimismo deseamos establecer criterios comunes de conocimientos mínimos para acceder a las academias. De esa manera sí se estaría dando una verdadera formación y no con el aumento del número de cursillos, como suele hacerse,
que no lograr otorgar formación y llevan, por ejemplo a los policías del ámbito del País Valenciano, a quejarse de que no podían dar buen cumplimiento a sus funciones porque tienen una seria carencia formativa. Esperemos que se aborde una cuestión
tan fundamental como es que los encargados de garantizarnos la seguridad ciudadana estén bien formados. Además, entendemos que es muy importante formar a los policías incentivándoles
en la asunción de valores éticos, cosa que hasta ahora no se ha hecho.
La señora PRESIDENTA: Señora Navarro, le ruego que vaya terminando su intervención, por favor.
La señora NAVARRO CASILLAS: Sí.
En cuanto a la política penitenciaria, ha sido descrita la saturación de las prisiones, pero no se ha mencionado los necesarios cambios políticos para que las prisiones dejen de estar tan saturadas. Ciertas medidas tomadas por el Gobierno
del Partido Popular como el endurecimiento de las penas y su cumplimiento íntegro, y problemas como el de los presos preventivos -entre un tercio y un cuarto de los presos son preventivos- propician la saturación de nuestras prisiones. Las
políticas de reinserción y rehabilitación descritas de manera genérica por el señor ministro nos resultan absolutamente insuficientes. Los recortes presupuestarios que se han venido sufriendo han supuesto parte de ese deterioro de las
infraestructuras descrito, la no reposición del material y la infradotación de personal de la que no se ha hablado. Es necesario aumentar el personal de los centros penitenciarios, negociar las RPT y los horarios, de manera que no sean tan
abusivos.
Señor ministro, si se trabaja en ese camino estaremos a su lado para que se desarrollen esas políticas y, si no, iremos denunciando en cada momento su incumplimiento.
La señora PRESIDENTA: A continuación toma la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán, señor Guinart Solá.
El señor GUINART SOLÁ: Nuestro Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) quiere iniciar su intervención agradeciendo la presencia del señor ministro del Interior en esta Comisión para informarnos, como lo ha hecho exhaustivamente,
de las líneas directrices de su departamento, ya desde los primeros pasos de su andadura al frente del mismo, no sólo para cumplimentar y facilitar la preceptiva tarea de este Congreso de los Diputados de control al Gobierno sino para asentar desde
un principio las bases comunes y las posibles coincidencias o divergencias, encuentros o desencuentros que desarrollen la tarea legislativa a lo largo de los próximos cuatro años.
Vaya de entrada el reconocimiento a la compleja y siempre discutible, o al menos matizable, definición de las políticas públicas y desarrollo de actividades de gestión ligadas a la seguridad ciudadana: la lucha contra la delincuencia, el
terrorismo, la institución penal, la circulación de vehículos, la protección civil, la persecución y represión del tráfico de drogas, la extranjería e inmigración -al menos en las materias que siguen siendo competencia de este ministerio-, el
control de fronteras y tantas otras que incumben al Ministerio del Interior. Estos temas los he abordado en paralelo desde un ayuntamiento, que ha sido el nivel de la Administración desde el que he estado acumulando experiencia política como
alcalde los últimos nueve años y continúo haciéndolo. Nosotros declaramos un buen comienzo y gran respeto por el desarrollo de esas materias y las decisiones que les son parejas, que han de estar siempre inspiradas en el principio del imperio de la
ley, especialmente respetuosos con los derechos individuales, imbuidos de prudencia y de sentido del equilibrio y proporcionalidad, así como de una buena dosis de discreción y reserva. Nuestra actitud es, en principio, abierta a esta nueva etapa
que nos ha descrito el señor ministro con sus nuevas ideas e iniciativas y que confiamos sea eficaz en el momento de su puesta en práctica y su desarrollo legislativo. Damos, pues, como no podía ser de otra manera, un amplio y sincero margen de
confianza al nuevo equipo, al mismo tiempo que le pedimos una actitud reflexiva y ponderada en la valoración de las políticas aplicadas por el equipo anterior que, como es lógico, cometió errores, pero también actuó con acierto en algunos aspectos,
como así sucederá con el actual equipo ministerial, sin ningún género de dudas. Desde nuestra actividad parlamentaria intentaremos, mirando al futuro, minimizar o evitar los posible desaciertos y sugerir, acompañar y matizar aquello que deberá
percibirse y, si es posible, ser acciones francamente positivas. Vaya también por delante en este capítulo introductorio nuestra más sincera felicitación -es un buen inicio- por cómo se han desarrollado los aspectos ligados a la seguridad durante
el complejísimo, multitudinario y no exento de riesgos, acontecimiento del sábado pasado con motivo de la celebración de la boda real. Por la información de que disponemos el dispositivo de seguridad ha funcionado correctamente y la imagen
transmitida al mundo sobre la organización del evento ha sido positiva y ha hecho olvidar, en parte, el desprestigio o el desvalor que otros acontecimientos recientes habían provocado de nuestra imagen colectiva en cuanto a la seguridad ciudadana.
Entrando más en materia, nuestro grupo quiere someter a la consideración del ministro y de la Comisión de Interior la petición de que sea en el seno de la comisión permanente específica de seguridad vial -que se constituirá próximamente-,
precisamente presidida por el experimentado miembro de nuestro grupo parlamentario, señor Jané, donde se traten y discutan todos los aspectos relacionados con el tráfico y la seguridad vial, sin menoscabo de que bajo la consideración del Gobierno y
de la Comisión de Interior, sean también estudiados y discutidos en esta sede, pero como bastante trabajo tendrá esta Comisión, será bueno que sea la comisión de seguridad vial la que trate con toda profundidad, intensidad y extensión las amplias
cuestiones que le competen, entre otras, el tan traído y llevado carné por puntos y otros aspectos que el ministro ya ha comentado.
Para nuestra formación política -y coincidimos con su exposición- la seguridad vial en sus muchos aspectos, pero concretamente en lo que se refiere a reducir las muertes y lesiones graves consecuencia de los accidentes de tráfico, la sangría
de las carreteras, es una de las prioridades a destacar en nuestro programa y, por tanto, de nuestros anhelos futuros. Señor ministro, a título personal, me complace que haya depositado su confianza, como responsable de la Dirección General de
Tráfico en don Pere Navarro i Olivella, gobernador civil de Girona durante más diez años y con quien tuve ocasión de coincidir en mi etapa de delegado de Justicia de la Generalitat y con quien me une una sincera amistad. Por su experiencia,
capacidad y dinamismo, entre otras virtudes, es una buena elección. Antes de terminar los temas de circulación y como cuestión singular y simbólica, nuestro Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene interés en conocer cuál es la opinión del señor
ministro ante la posibilidad de replantear la cuestión de los símbolos o distintivos de las comunidades autónomas en las placas de matrícula, siempre dentro de la normativa europea. Recordará, señor ministro, que en su día en la anterior
legislatura, el Grupo Parlamentario Socialista votó a favor de esta posibilidad ante una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que se perdió a causa de la negativa de la mayoría absoluta del Grupo Parlamentario
Popular. Hoy, el cambio de mayorías, de mantenerse las voluntades de entonces, permitiría dar salida a aquella propuesta y con ella se percibiría un gesto de respeto y convicción hacia nuestra realidad plurinacional. ¿Cuál sería ahora la posición
del Gobierno y del Grupo Socialista ante aquella eventualidad?
En otro orden de cosas, según los sondeos de opinión el tema que más preocupa a los españoles es el terrorismo, sin epítetos. Por ello, nuestro grupo quiere seguir insistiendo -y así lo haremos siempre que tengamos ocasión- en la necesidad
de abrir el Pacto antiterrorista, llamado Pacto por las libertades y contra el terrorismo a todos los grupos de la Cámara, plasmando en su formulación y pronunciamientos, en su filosofía, los retoques necesarios, sin que pierda su esencia, para que
todas las opciones políticas y democráticas puedan integrarse en sus trabajos, decisiones y acuerdos y más ahora, cuando el terrorismo actual, después del 11 de marzo, ha añadido otras características a su conformación, lo cual hace imprescindible
el consenso y la unidad de todas las opciones democráticas para que la lucha contra el objetivo de erradicar esa práctica inhumana del terror tenga un éxito definitivo.
Entendemos que así nos los demanda mayoritariamente la ciudadanía. Hay que
recuperar el consenso y el diálogo en la lucha contra el terrorismo y hay que abstraerlo del ámbito partidista. Estaremos a su lado, señor ministro, apoyando todas sus decisiones conducentes a dotar a los órganos judiciales y a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado de todos los instrumentos necesarios para garantizar la eficacia en la lucha contra esta lacra, reforzando especialmente -ahora más que nunca- las medidas de cooperación internacional en los ámbitos policiales y
judiciales. También en materia de terrorismo reafirmamos la validez de las medidas de reinserción como un instrumento eficaz de lucha por su erradicación. En ese sentido creemos necesario profundizar en todos aquellos mecanismos que reconozcan un
arrepentimiento sincero, serio y expreso, manifestado a través de actos de colaboración con la justicia o el Estado de derecho.
Con ese objetivo de reinserción defendemos una política de traslados penitenciarios sin una excesiva concentración.
Finalmente, en lo que se refiere a terrorismo, al que ahora, como a la medusa mitológica, le han aparecido nuevos rostros monstruosos, posiblemente formalizaremos la petición de que se constituya una subcomisión para la evaluación de las medidas
contenidas en la Ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo, así como la formulación de propuestas de modificación de su texto y su aplicación, con el fin de mejorar la protección y amparo de todas aquellas personas que han sufrido actos
terroristas, solidarizándonos con ellas.
Respecto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, coincidimos en la urgente necesidad -manifestada por varios portavoces y por usted mismo- de mayores dotaciones de efectivos para que puedan desarrollar sus tareas con mayor eficacia
y una acción más intensa contra la delincuencia, especialmente, aunque no solo, la de bagatela y la multirreincidente, que sin ser importante en cuantías, sí crea alarma social y percepción de inseguridad, a fin de que permita recuperar índices y
estadísticas de otros tiempos en los que este problema aparecía menos preocupante de lo que es en la actualidad. En este ámbito reclamamos la atención del ministerio a la realidad del despliegue de las policías autonómicas, Mossos d´Esquadra en el
caso de Cataluña, y la necesaria coordinación entre las Fuerzas de Seguridad, especialmente en aquellos territorios en los que el despliegue de los mossos coincide necesariamente con el repliegue de la Guardia Civil y la Policía Nacional debiéndose
mantener estos últimos con suficiente dotación y plenamente operativos hasta que se haya efectuado el relevo completo, circunstancia que en muchos casos no se ha producido en perjuicio de la seguridad integral de estas zonas. El ministerio debería
dictar instrucciones y fijar objetivos para el traslado interno y cobertura de vacantes en Cataluña de los efectivos que ya han sido sustituidos y mantener así un nivel de operatividad razonable en los territorios donde siguen actuando Policía
Nacional y Guardia Civil, todo ello bajo la supervisión de la Junta de Seguridad de Cataluña y con el cumplimiento escrupuloso de las competencias que en materia de seguridad tiene transferidas y asumidas la Generalitat de Cataluña, circunstancia
que no siempre se ha observado.
Nuestro grupo parlamentario, por el contrario, no se posiciona en relación a la polémica -entendemos que bizantina- del mando único o a la condición militar del responsable de la Guardia Civil, ya que anteponemos criterios de eficacia,
resultados contrastados, confianza, fiabilidad, responsabilidad, honestidad, a los criterios más formales de unidad de mando, superable con una buena coordinación, o el precedente o condición de carrera profesional de un determinado responsable.
Permítame, señor ministro, por otro lado, insistir en la necesidad de poner atención en las policías locales, con efectivos cada vez más numerosos, mejor formados y más experimentados, cuyo concurso es del todo imprescindible para avanzar hacia los
más altos niveles de seguridad, convivencia y bienestar y a los que hay que considerar e integrar en los planteamientos, estrategias y políticas públicas de seguridad ciudadana.
Para acabar con el tema de la Guardia Civil quisiera recordarle, señor ministro, el compromiso adquirido por el anterior Gobierno, en la sesión de enero de 2002 de la Conferencia sectorial de la vivienda, de transferir los inmuebles de la
Guardia Civil, los cuarteles en desuso, a las administraciones locales, las cuales en su día habían cedido el suelo para su construcción, como lo han hecho también recientemente para las comisarías de Mossos d'Esquadra, con el fin de dedicar
aquellos inmuebles una vez rehabilitados a viviendas sociales. Comprobará usted, y disfrute la referencia personal, que no estoy pidiendo para mi municipio donde el cuartel, a pesar ser zona donde se desplegó hace tiempo la policía autonómica,
sigue siendo utilizado por la Guardia Civil del Mar, en este caso, en lo cual no tenemos ningún inconveniente.
Señor ministro, los sucesos del 11 de marzo han marcado un antes y un después en los temas de seguridad en este país. Nuestro grupo parlamentario quiere ofrecerle, como he manifestado al principio de mi intervención, nuestra colaboración
más sincera y más abierta en todos los temas que se traten en esta Comisión para que entre todos logremos un nivel de bienestar para los españoles superior al actual.
La señora PRESIDENTA: Si el resto de los grupos parlamentarios no tiene ningún inconveniente, voy a suspender por cinco minutos la reunión de la Comisión. (Pausa.)
A continuación tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, señora Lasagabaster Olazábal.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Quisiera dar la bienvenida al ministro en su comparecencia ante esta Comisión, donde nos ha explicado cuál es su filosofía. Señor ministro, nos ha enumerado un elenco de medidas que tengo que decirle que
tendré que releer un par de veces, porque han sido muy detalladas y no he captado en conjunto exactamente a dónde va la filosofía del departamento que usted dirige. Se trata de un elenco amplio de medidas muy concretas que releeré y en su caso
preguntaré de distinta forma en esta Cámara, para conocer su contenido y su concreción.
En primer lugar, quiero referirme a lo que usted ha manifestado en primer lugar: el talante y el consenso. Usted ha hablado del Pacto antiterrorista, en la medida en que el Gobierno fue también firmante y, al parecer, sigue siendo firmante
este nuevo Gobierno de ese Pacto antiterrorista. La verdad es que consenso y Pacto antiterrorista a mí me resulta una contradicción desde mi propia filosofía, mi propia ideología, por cuanto precisamente ese mismo pacto, en su preámbulo, alude
negativamente más veces a mi formación política, como a la formación política del señor Olabarría, que a la propia ETA. Por ello, dada la ecuación consenso de todos los pensamientos y Pacto antiterrorista a mí se me hace muy difícil cuando trato de
saber cómo acertar en ese tema, porque precisamente se nos critica y se nos alude negativamente en ese preámbulo que me parece absolutamente arcaico y de otra época.
Usted hablaba también respecto al objetivo de prevención y lucha contra el terrorismo. Estamos totalmente de acuerdo, no hay ningún problema, siempre hemos estado de acuerdo. En este caso, siempre hemos señalado que tiene que ir acompañado
de la segunda parte del binomio que es seguridad y libertad. Evidentemente, objetivo, lucha contra el terrorismo, acompañado de seguridad y libertad.
Ha hablado usted de la cooperación internacional y ha centrado gran parte de su intervención en esa materia, especialmente en lo que se refiere a la Unión Europea, como es lógico por otra parte. Quizás no nos ha hablado tanto de los grupos
de trabajo y de los comités que, aunque ya estaban creados, se desarrollaron en la sede de Naciones Unidas como consecuencia del 11 de septiembre y querríamos saber -si no en ésta, sí en otra ocasión- cómo se van desarrollando todas estas
cuestiones, no solamente a nivel europeo sino también de Naciones Unidas, porque evidentemente no es una cuestión exclusiva de la Unión Europea sino del mundo entero.
En materia de cooperación internacional, y específicamente a nivel europeo, hemos echado en falta una cuestión que para nosotros es muy importante porque afecta a la eficacia del objetivo a perseguir, que es la incorporación de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, otras que no sean Guardia Civil y Policía Nacional como, por ejemplo, las policías integrales, en este caso la Ertzaintza o los Mossos D'Esquadra, en los foros operativos policiales europeos. No le estoy hablando de la
participación en el Consejo de Ministros JAI, que también podría darse.
Por ejemplo, el ministro escocés de Interior acompaña a la delegación del Reino Unido en los consejos JAI. No le hablo de esto, me refiero a los foros operativos policiales
europeos. Y no es un problema de cambio de la legislación europea. Sabemos perfectamente que una notificación del Gobierno
del Estado sería suficiente para que la Ertzaintza o los Mossos D'Esquadra pudieran participar en Schengen I, Schengen II, Europol, Orden europea de detención y entrega, etcétera. En su momento hubo pequeñas dificultades pero, a raíz de
modificaciones que se realizaron tanto en Europol como en Schengen I y sobre todo en Schengen II, se estableció esa posibilidad. No hay ningún problema, sólo es necesario notificar cuáles son las policías que pueden intervenir. Es una cuestión de
mera voluntad política, como lo es también lo que se refiere a la comisaría conjunta, por ejemplo, de Biriatu, en la que no creo que hubiera ningún problema en esa participación. Y hablamos en términos de eficacia, porque el objetivo a perseguir
-también es el nuestro- es el control, la prevención y la lucha contra el terrorismo. Parece que no concuerda el objetivo a conseguir con no poner todos los medios al alcance y que una policía, que es policía integral, esté ausente o cuando menos
alejada de los foros en los que pudieran tener acceso a más información para llevar cabo su actuación.
En lo que se refiere a la Ertzaintza como policía integral, nos hubiera gustado que el ministro hubiera dado su conformidad a la ampliación de su dotación. Sabe S.S. que por razones de intercambios financieros económicos esto forma parte
de la negociación del cupo, pero nos gustaría que en esta Comisión S.S. dijera que está de acuerdo en que ese aumento, que se sitúa en unos 500 efectivos más, es una cuestión rápida que se realizará sin ningún obstáculo, porque esto es importante.
Usted ha hablado de mayor dotación de Guardia Civil o de Policía Nacional y parece lógico pensar que otras policías integrales puedan tener semejante necesidad a la que usted ha señalado. Lo mismo ocurre en el caso de las policías integrales como
la Ertzaintza y los Mossos D'Esquadra, en seguridad vial en lo referente a la materia sancionadora, donde lo correspondiente a las multas es competencia de la Ertzaintza o de los Mossos D'Esquadra, pero lo que se refiere a retiradas de permisos de
conducir forma parte de la competencia de su departamento, con lo que -y ya no hablo en términos públicos sino en términos de seguridad jurídica al ciudadano- se crea una gran incertidumbre porque el ciudadano cree haber cumplido todas sus sanciones
habiendo pagado la multa y al cabo de meses y meses se le comunica la retirada del permiso de conducir. Creo que es una disfunción que debiera subsanarse rápidamente.
Entro en otra materia, para atenerme a los minutos que me da la presidenta, en Instituciones penitenciarias. Siempre hemos pensado que Instituciones penitenciarias debiera estar en el Ministerio de Justicia.
Parecería más razonable en la
medida en que trata de conseguir la rehabilitación, reeducación y reinserción de cualquier persona que esté cumpliendo una pena, dado que la obligación de cualquier actuación pública es reeducarlo, reinsertarlo y, por tanto, rehabilitarlo.
Parecería más razonable que estuviera en Justicia que no en la parte política represiva de internamiento. Siempre lo hemos dicho así. En la ideología del Partido Popular podía tener cierto sentido pero nos sorprende que el Gobierno socialista lo
siga manteniendo en Interior. Es una crítica que siempre hemos hecho y la seguimos manteniendo.
Aquí hay cuatro cuestiones que quiero sólo enunciar. Primero, la transferencia de la competencia en esta materia al Gobierno vasco, en cumplimiento del artículo 10.14 del Estatuto de Gernika, el Estatuto de Autonomía del País Vasco. Se lo
dice una diputada de una formación nacionalista, pero, en la época más reciente, quien inicia esta petición es don Ramón Jáuregui, consejero de Justicia en el año 1996-1997, a través de una petición de transferencia de esta competencia. Parecería
razonable que cumplieran algo que ya han pedido como miembros del Gobierno vasco, cuando ven la posibilidad de hacerlo. En todo caso lo que no parece razonable es que ni se haga la transferencia de la competencia ni se lleve a cabo una política
para conseguir unos establecimientos penitenciarios acordes con lo que manda la normativa europea y la Ley General Penitenciaria y el Reglamento penitenciario. Navarra y la Comunidad Autónoma del País Vasco -usted lo ha señalado- tienen una
situación totalmente deficiente. Esta diputada lleva preguntando al Gobierno, en los últimos ocho años, cómo está esta situación. Por darles un dato -podría estar aquí más de media hora hablando de esta materia-, no hay unidad de madres, hay
muchas deficiencias; en noviembre se acaba el presupuesto para gasoil y ya no hay más calefacción. Esto es una pequeña muestra de lo que está pasando, por no citar informes de la universidad, que se han realizado recientemente y que señalan que no
pasarían el filtro de cualquier establecimiento penitenciario, no ya de la Unión Europea sino de ningún otro lugar. Una de dos: o transfieren la competencia y las instituciones encargadas se ponen a trabajar en ello o, si no transfieren -a
nosotros nos gustaría que se transfiriera la competencia para cumplir la ley-, se hacen cargo de dar una vida digna a las personas, que estarán privadas de libertad pero tienen que tener una vida digna.
Hablaré también de una cuestión que hemos suscitado, incluso, con unanimidad. Era otro momento, había una situación muy positiva porque era el momento de la tregua, pero le recuerdo que en noviembre de 1998 hubo una moción unánimemente
consensuada -son cosas parecidas pero no iguales- y firmada con mucho cariño político por todos los partidos políticos, pidiendo una nueva orientación penitenciaria para propiciar el fin de la violencia. Es verdad que era un momento determinado,
pero no hace más que cumplir el artículo 12.1 de la Ley General Penitenciaria, que es evitar el desarraigo familiar y social de las personas privadas de libertad, independientemente de la razón por la que lo hayan sido, y proceder a reincorporarlas
a una cercanía de arraigo familiar y social. Lo establece la ley, es una doctrina europea penitenciaria, lo señala el reglamento
y no vemos obstáculos para que no se cumpla, sin ningún problema de otra índole que no existe en estos momentos.
Paso a referirme a lo que usted ha llamado Centro Nacional Antiterrorista, si no recuerdo mal, donde quieren agrupar todos los servicios de inteligencia de algunas Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Nos preocupa la parte del control
judicial en esta materia, si se va a realizar algún cambio que afecte al control judicial o no. Es una cuestión clave. Hace unos años aprobamos una ley en relación con esta cuestión, que tiene muchas lagunas que debemos subsanar.
El tema de asilo y refugio no ha sido suscitado en su intervención y nos preocupa porque en los últimos años ha habido una reducción de las concesiones, mientras que desgraciadamente no se han reducido los conflictos internacionales. Si no
recuerdo mal, la reducción podría ser de un 8 por ciento a nivel europeo y, curiosamente, la reducción de las concesiones de asilo y refugio en el Estado español va más allá del 50 por ciento. Es un dato a tener en cuenta porque la situación es
realmente preocupante. En cuanto a la Ley de Víctimas del Terrorismo, nos ha creado una gran preocupación las dos intervenciones que ha tenido sobre esta materia, porque no nos ha clarificado en absoluto si las víctimas del 11 de marzo son
cubiertas o no por la Ley de Víctimas del Terrorismo del año 1999. Lo decimos claramente, nos ha creado gran preocupación tanto su contestación a las preguntas en la sesión de control la semana pasada, como hoy cuando nos habla de que va a haber un
reconocimiento, evidentemente moral, también económico, pero nos gustaría que nos aclarara esta materia. Es un tema de una gran entidad, como lo es también ampliar los supuestos. En este sentido, en la anterior legislatura el grupo parlamentario
que apoya a su Gobierno estaba de acuerdo en que así fuera. El señor Pérez Rubalcaba así lo dijo en los supuestos relativos a la muerte o asesinato de cinco obreros el 3 de marzo de 1976 en Gasteiz.
Hubo una aceptación de esta cuestión en la
Comisión parlamentaria y nos gustaría que nos dijera si están de acuerdo o no, así como con otra serie de casos que afectan a lo que nosotros llamamos actuaciones de represión policial en la época de la transición.
Eusko Alkartasuna ha pedido que se cree una subcomisión sobre víctimas del terrorismo en esta misma Comisión de Interior. Lo hemos pedido ya (curiosamente siempre se nos critica que no damos suficiente apoyo a las víctimas del terrorismo)
para continuar lo que no se pudo terminar en la anterior legislatura, porque desgraciadamente nunca se terminará con el reconocimiento a estas personas o a otras que no se incluyen aquí, porque también ha habido víctimas de violencia en la época de
la transición, en el franquismo o en la propia dictadura; aunque ese es otro tema, también hay que decirlo. Queremos que haya esta subcomisión, porque en la anterior legislatura los miembros de aquella subcomisión -no sé si algunos de los que
estaban en aquel momento seguirán estando aquí- recomendamos que la nueva composición del Congreso de los Diputados retomara la cuestión y que se creara otra vez esa subcomisión.
Evidentemente, después del 11 marzo este Parlamento tiene que oír a
las víctimas y es una cuestión clave en la que todavía desgraciadamente tenemos mucho que hacer. Ojalá no tuviéramos que hacer nada más nunca.
La señora PRESIDENTA: Señora Lasagabaster, le ruego que vaya terminando, por favor.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Termino.
Modificaciones legales. Nos ha hablado de un elenco de modificaciones legales que me ha preocupado. Comprendo que algunas puedan ser eficaces para la prevención del terrorismo y estamos totalmente de acuerdo, pero habrá que ver cómo se
realizan esas modificaciones porque se habla de bases de datos -artículo 11 de la Ley Orgánica de Protección de Datos-, transferencias electrónicas, datos prepago, Banco de España, hospedaje, etcétera, y tendrán que ser muy cuidadosos con la
protección de la intimidad de las personas. Esperamos que así lo hagan, y si no, haremos de contrabalanza en ese binomio. Ustedes pongan la seguridad, y si no lo hacen con la libertad, ya lo pondremos nosotros en nuestras enmiendas, pero le
rogaría cuidado en esa materia.
Nos habría gustado que hubiera hablado de modificar el cumplimiento íntegro de penas, el Juzgado central de Vigilancia Penitenciaria, la responsabilidad de menores, etcétera. En todo caso la Ley de Partidos, no. Me ha sorprendido
terriblemente. Yo creía que la Ley de Partidos, que aprobamos, y con la que nosotros no estuvimos de acuerdo, hacia referencia a una ley general de partidos políticos y que lo que pretendía de manera general, no una ley ad hoc, era establecer un
funcionamiento democrático en el régimen interno de los partidos políticos y cuál es mi sorpresa que usted nos dice que nos presenta otra ley precisamente para esto. Sorprendente. O era una ley general que regulaba aquello o ahora nos dice que
aquello fue una ley ad hoc y que, por tanto, era excepcional.
Última cuestión: sumarios judiciales. Esto es un mal endémico, señor ministro. Se decía que la cooperación judicial francesa no se llevaba a buen término porque no se fiaba mucho por las filtraciones de sumarios judiciales. Esto era algo
que se decía.
Por último, haberlas haylas; no generalmente, pero haberlas haylas, torturas y malos tratos. Esta debiera ser la última vez que habláramos en esta Cámara de este tema. Esto ha sido objeto de muchas comparecencias.
Hablamos ahora de las
torturas en las cárceles o establecimientos penitenciarios de Irak, pero es un tema del que se viene hablando en The Washington Post, en The Economist, en The New Yorker que se ha suscitado varias veces en esta Cámara por cuestiones
que han tenido más eco mediático, como por ejemplo el director de Egunkaria, pero como se producen, no diré sistemáticamente porque no es así pero sí esporádicamente, hay que erradicarlas.
Recientemente, ha habido varios informes del Comité de prevención de torturas de Naciones Unidas, el último en marzo de este año, y no solamente hablo de las personas que han sido detenidas bajo la Ley antiterrorista, sino también por
razones de índole racista, donde hay informes de multitud de organizaciones no gubernamentales en esta materia. Habría que reformar los artículos 509, sobre prisión provisional, y 520 y 527 sobre incomunicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
y ampliar el delito de torturas con una enunciación más ajustada. No nos llevemos luego sorpresas cuando aparezcan fotos, que no han aparecido. Es un tema que hay que tener muy presente. El señor Theo van Boven lo decía en marzo de este año, lo
dicen muchas veces, y es un asunto del que no tendríamos que hablar nunca.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones Sevilla.
El señor MARDONES SEVILLA: Sean mis primeras palabras de bienvenida para el señor ministro del Interior ante esta Comisión. Le deseo el mayor éxito en la tremenda responsabilidad que tiene su departamento. Hacia su propia persona
Coalición Canaria quiere ofrecerle su máxima cooperación y colaboración y de perfecto entendimiento para resolver temas comunes.
No se le oculta, señor ministro, en los días que lleva al frente de su departamento, que Canarias genera una problemática que hace que su interlocución y apelación al Ministerio del Interior para que se le suministren los recursos de muchos
de los aspectos que usted ha tocado en su exposición y que llevados al ámbito de nuestra región insular canaria se matizan de una manera muy evidente. Paso seguidamente a hacer una serie de reflexiones a la intervención del señor ministro. En
primer lugar, se ha referido a la creación del centro nacional de coordinación antiterrorista. Mi grupo da un apoyo total y absoluto a la lucha antiterrorista, tanto en los principios de inspiración legal o jurídica, nacional o internacional, como
operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sobre el funcionamiento de este centro nacional de coordinación antiterrorista, dado que usted ya ha señalado que van a estar los máximos responsables de la Guardia Civil y del Cuerpo
Nacional de Policía y del Centro Nacional de Inteligencia, quería preguntarle si va a haber alguna dependencia o coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, regulado por la Ley 11/2002, que creó la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos de Inteligencia, comisión delegada que tiene que ser presidida por uno de los vicepresidentes del Gobierno. Suponemos que será por la vicepresidenta primera, dado que la otra área es de economía y no parece que se puede ensamblar un
vicepresidente económico con la Comisión Delegada del Gobierno para asuntos de Inteligencia y Seguridad Nacional.
Se ha referido S.S. a que van a establecer un nuevo formato de documento nacional de identidad. Quería saber si está previsto que hagan un nuevo pasaporte, dentro de las normas que la Administración norteamericana viene exigiendo con
pasaporte digitalizado y con una serie de datos de quien ostente la titularidad para la contención de posibles entradas en España, en el bien entendido de que mientras esté en vigor el acuerdo de Schengen el pase por fronteras es libre. Nos
gustaría conocer, si se toman medidas de excepcionalidad en la exigencia del pasaporte a ciudadanos no de la Unión Europea sino de terceros países y si está previsto adoptar medidas técnicas de control.
En cuanto a seguridad ciudadana, sabe el señor ministro que es una de las sensibilidades de demanda mayores que en este momento la Comunidad Autónoma de Canarias tiene para el Ministerio del Interior. Tenemos una infraestructura basada en
el turismo con un gran tráfico internacional, puesto que es la comunidad autónoma con mayor número de aeropuertos y puertos de toda España. Al mismo tiempo es una comunidad autónoma con una desproporción entre el censo de población de derecho, del
orden actualmente de 1.900.000 ciudadanos, frente a los 12 millones de turistas anuales que la visitan. Es un lugar muy atractivo para la delincuencia internacional y para que puedan operar las mafias de todo tipo, lo que requiere unas dotaciones
policiales suficientes. Incluso el actual delegado de Gobierno ha dicho que se van a proveer, dentro del catálogo de puestos para la Guardia Civil y Policía Nacional, un poco más de 1.000 efectivos humanos. No sé si puede confirmarlo aquí y decir
con qué expectativas y con qué calendario se pueden cubrir. No hablo de nuevos aumentos de plantilla, sino de los que figuran en el actual catálogo de puestos de trabajo de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en el archipiélago canario. El
señor ministro se ha referido de una manera especial a lo que significa para Canarias la inmigración clandestina procedente de África, del Magreb porque, junto a Andalucía, tenemos lamentablemente una gran llegada de inmigrantes, la mayoría de los
cuales proceden de las mafias que operan en territorio marroquí o saharaui, lo que está exigiendo la potencialidad de los medios técnicos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, sobre todo, a través del SIVE, y que tenga las dotaciones
pertinentes. En este momento siguen llegando pateras y no sé qué juicio tiene el señor ministro de las patrullas conjuntas hispano-marroquíes que actúan sobre las lanchas y patrulleras de la Guardia Civil y si está dando resultados o no. Nos
convendría saber si el señor ministro tiene algún juicio objetivo.
En cuanto a las cuestiones que ha planteado sobre la Guardia Civil en la prevención de riesgos laborales,
nos parece una idea muy afortunada. También apoyamos lo que nos ha comentado sobre una nueva situación del estatus porque significa una modernización. Pero dentro de la Guardia Civil hay algo que se copió de la Ley Militar, que son los
consejos asesores de personal. Hemos de darle salida vía asociaciones profesionales -no hablo de sindicatos, sino de asociaciones-, que no enturbien ni solapen determinados derechos constitucionales a los que los miembros de la Guardia Civil tienen
perfecto derecho dado y que, en otro orden de cosas, están disfrutándolos otras Fuerzas de Seguridad del Estado, como son la Policía Nacional.
Señor ministro, por las peculiaridades del archipiélago canario, tendrá nuestro apoyo en cuanto a
dotaciones de infraestructuras, desde casas-cuartel hasta material de tráfico, de transporte o de telecomunicaciones de las Fuerzas de Seguridad del Estado, que son imprescindibles en este momento.
En cuanto a la seguridad vial, nos parecen acertadas las medidas que ha expuesto el señor ministro, pero desearía saber si vamos a tener ocasión de participar en esta Comisión, con usted o con los altos cargos del Ministerio del Interior, en
la clasificación de las penalizaciones del permiso de conducir por puntos y si van a diferenciar a sectores que utilizan el automóvil o cualquier vehículo sólo como un instrumento de desplazamiento personal no vinculado a ninguna actividad comercial
o mercantil de aquellos otros que utilizan el vehículo, camiones, furgonetas, camionetas, etcétera, como un medio de trabajo. Porque no es lo mismo no disponer del permiso de conducir para un ciudadano que no utilice el vehículo, con fines
mercantiles o comerciales, del que lo tenga que utilizar para su propio trabajo.
Finalmente, sobre las prisiones, sabe el señor ministro que en Canarias hay problemas de ubicación. Le pediría la máxima diligencia e intensidad en el tema por lo que afecta a los penados que son inocentes, porque como las prisiones
canarias en todas sus islas y, fundamentalmente en las grandes, como Tenerife 2, en la isla de Tenerife, y el Salto del Negro, en la Isla de Gran Canaria, están saturadas se obliga al desplazamiento de los penados a la Península, con lo que la
penalización económica para sus familias es evidente, porque no es lo mismo visitar a sus familiares utilizando un transporte en territorio peninsular que un transporte aéreo entre las islas Canarias o entre los presidios que existen en la
Península.
Termino con algo que me ha llamado la atención, que es el planteamiento administrativo de los centros penitenciarios. La ubicación de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias -anteriormente de prisiones- siempre estuvo vinculada
al Ministerio de Justicia. Cuando entra el Gobierno del señor Aznar, y concretamente, cuando entra como Ministro del Interior, el señor Mayor Oreja, es cuando se decide incluir la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en el Ministerio
del Interior y sacarla del área de Justicia. Muchas veces hemos tenido debates sobre la idoneidad de esta medida, sobre todo, cuando entramos en el capítulo de los jueces de vigilancia penitenciaria. Mi grupo siempre ha estimado que sería más
racional volver a la dependencia jerárquica y orgánica anterior a 1996, cuando dependía del Ministerio de Justicia y no del Ministerio del Interior. Nos gustaría saber si piensa mantenerla en su ministerio, aunque veríamos más racional el sistema
anterior, porque el problema no es de quién dependa, sino de la capacidad presupuestaria y orgánica de aumentar la plantilla del personal de Instituciones Penitenciarias. Como las prisiones están saturadas, la atención que está realizando el
personal es verdaderamente encomiable, pero necesita reforzarse. Cualquier aspecto que traiga usted a esta Cámara, tanto de ámbito presupuestario como legislativo, tendrá el mejor grado de entendimiento, de racionalidad y de apoyo por parte de
Coalición Canaria, porque para nosotros el Ministerio del Interior es un auténtico ministerio de Estado con una proyección hacia la sociedad civil y, por obvio, no es necesario decir nada más.
La señora PRESIDENTA: A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Olabarría Muñoz.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor ministro, gracias por su intervención.
Permítame que inicie mi intervención felicitándole por su nombramiento y no intuya ninguna expresión irónica en esta manifestación, porque ya sabe usted que le aprecio. Seguro que esta selección no puede ser más acertada. Nosotros nos
hemos caracterizado tradicionalmente por mantener una postura de flexibilidad política proactiva hacia el diálogo, hacia los acuerdos y hacia el consenso y nos vamos a mantener en esta actitud, señor ministro. Lo que no quiere decir que ni en la
política antiterrorista ni en la política criminal ni en la política de interior ni en ninguna política sectorial se pueda realizar alguna manifestación como la que he oído de adhesión incondicional o poco menos, porque la adhesión incondicional no
está en la naturaleza de las cosas en el ámbito político. Es imposible. Hay algunas cuestiones que me han llamado la atención de su exposición y se las voy a comentar, señor ministro, sucintamente y con brevedad. Para su tranquilidad, señora
presidenta, va a ser una intervención breve, casi de cortesía. Respecto a algunas cuestiones de política criminal las tendremos que releer, como decía la señora Lasagabaster, porque ha sido una exposición tan abrumadora y con tanta aportación de
datos que uno requiere un cierto tiempo para metabolizar sobre qué estamos hablando. Si hablamos de algo realmente diferente a lo anterior, lo que nos complacería notablemente, o de algo similar a lo que hemos vivido hasta el momento.
Hay una primera expresión que no me ha terminado de convencer, sobre la que seguramente usted me
puede tranquilizar en su intervención posterior, que es la exclusividad del pacto antiterrorista limitándolo otra vez -me parece haberlo entendido así- a dos partidos, al Partido Socialista Obrero Español y al Partido Popular. Si esa es la
intención del ministerio, consideraremos que se mantiene una verdadera atrofia democrática, por dos razones fundamentalmente. En primer lugar, porque estos dos partidos no representan a la totalidad de la ciudadanía del Estado español. Hay otros
partidos que representamos a un volumen importante de ciudadanos, más que estos dos partidos conjuntamente. Además hay algunos partidos que tendríamos cosas importantes que decir, desde una perspectiva pragmática, respecto a la resolución de
algunos problemas, particularmente los atinentes a determinadas manifestaciones del terrorismo. Me gustaría que no fuera así. Me gustaría que el pacto, no sé si la expresión correcta es que se abra, se modifique, por no utilizar una expresión más
virulenta que no voy a usar en este momento; que se modifique, que se flexibilicen sus posicionamientos porque es una atrofia democrática, primero, por su carácter limitativo, por estar legitimado sólo por dos partidos; es una atrofia democrática
también porque de él han nacido normas jurídicas que han constituido una verdadera regresión democrática en el Estado español y le podría citar muchas: la primera reforma del delito de apología, en primer lugar; la reforma de la tipificación del
delito de colaboración con banda armada; la creación de un juzgado único de vigilancia penitenciaria, lo cual vulnera un principio constitucional, que es el derecho al juez natural, predeterminado por la ley; los periodos de incomunicación de
detenidos que vulneran ampliamente, y se ha hecho con una parsimonia que a nosotros nos llena de perplejidad, los límites máximos establecidos por la propia Constitución española en materia de detención preventiva y otras leyes, citaría la de
partidos políticos que, en nuestra opinión, a pesar de la convalidación parlamentaria amplia y de los posicionamientos del Tribunal Constitucional, entendemos que vulnera numerosos principios constitucionales propios o convencionales de cualquier
país democrático. Por no hablar de esas ilegalizaciones en cascada que, mediante ese artilugio de la sucesión fraudulenta de la organización originariamente declarada ilegal, se está produciendo por una sala especial, también vulnerando el derecho
al juez natural predeterminado por la ley que no posee competencias jurisdiccionales, como usted sabe mejor que nadie. Luego no queremos continuar con esta atrofia democrática. Queremos que se amplíe y que se incorporen consensos, ideologías,
sensibilidades nuevas al Pacto antiterrorista porque, si no, nos vamos a ver con los mismos vicios que hemos tenido que soportar muchos en la anterior legislatura, donde ha habido no sólo un proceso de ilegalización de determinadas organizaciones
políticas, sino de criminalización simbólica de otras, y me estoy refiriendo a la que representa la señora Lasagabaster, la que representa mi propio partido político, Aralar, otras organizaciones nacionalistas democráticas, Esquerra Republicana, y
ya ha empezado a tocar esta criminalización simbólica la punta de los pies de algunos partidos, como el Partido Socialista catalán, sólo por la circunstancia de haber pactado con Esquerra Republicana. Esto es particularmente peligroso y es algo que
en el Pacto antiterrorista tienen que superar, tienen el deber democrático, ético y moral de superar. Desde esa perspectiva nosotros hacemos una apelación a que el Pacto antiterrorista no se mantenga en sus propios términos, tal como estuvo
configurado en la anterior legislatura, que le den una impronta nueva, un mecanismo nuevo, que lo modifiquen, que lo democraticen, si se puede utilizar esta expresión.
En segundo lugar, a mí me place mucho, señor ministro, y le felicito por ello, que haya empezado su exposición hablando de las víctimas. También sobre las víctimas se ha practicado mucha mitología y demagogia. Vengo del Parlamento vasco,
como sabe usted perfectamente, y en el Parlamento vasco pertenecía a una ponencia específica creada para atender las necesidades de las víctimas. He atendido a 200 comparecientes representantes de organizaciones de víctimas y víctimas concretas del
terrorismo. Hemos podido desmontar algunos mitos y algunas estrategias políticas interesadas que consistía fundamentalmente en atribuir la victimología, la responsabilidad de las víctimas, no a los victimarios, sino a otras organizaciones
políticas, como el Partido Nacionalista Vasco, y estamos hablando de las mismas de antes, mediante una estrategia partidaria bastarda absolutamente, perversa en su concepción, atribuyendo falta de sensibilidad, falta de compromiso presupuestario,
injusto cuando se hacía alusión al Gobierno vasco, donde sabe que incluso hay una dirección para la atención de víctimas del terrorismo, dirección que en este momento está ocupada por una víctima del terrorismo, la viuda del señor Jaúregui, como
usted sabe perfectamente. No sería malo que piensen ustedes también en su esquema, en su estructura orgánica crear una dirección para la atención de víctimas del terrorismo, pero la mitología ¿de dónde viene? La mitología viene, y lo dijo el
letrado que representaba Covite en esta ponencia parlamentaria del Parlamento vasco de la siguiente cuestión. Nos comentó el letrado de Covite -ya sabe usted que en Covite no abundan los afiliados al Partido Nacionalista Vasco, ni a EA, no creo que
haya ninguno, para empezar- que en este momento esta organización, Covite, tiene planteados 700 recursos contencioso-administrativos con la Administración central del Estado.
Algo estaba fallando en la política de víctimas de la anterior
Administración central y ninguno con la Administración autonómica vasca.
Cuando hablamos de víctimas y de determinadas repercusiones o direcciones que pretendían también esta criminalización simbólica a la que yo me refería, en este caso desde la
perspectiva de
la falta de atención, de sensibilidad, de solidaridad con las víctimas, tengamos en cuenta también datos objetivos. De todas formas, me comprometo a colaborar con ustedes en todo lo que se pueda hacer con las víctimas, porque las víctimas
son deudoras todavía de algo que la sociedad y los partidos políticos y las instituciones no han sido capaces de hacer que es una verdadera reparación, reparación que hace referencia a la memoria, a lo indemnizatorio y a la reinserción, porque esto
sí que necesitan los familiares de las víctimas, una verdadera reinserción social de quienes han sufrido un trauma de esta naturaleza.
Ha seguido hablando de las policías autonómicas, de las relaciones con otros cuerpos diferentes a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, pero lo ha hecho de forma muy tangencial. Por aquí si que ha pasado, parafraseando a la portavoz del
Partido Popular, de puntillas prácticamente y aquí hay cuestiones muy relevantes que resolver, señor ministro. En este momento la mitad de los efectivos de la Ertzaintza se está dedicando a tareas de escolta, de protección de personas amenazadas,
lo cual provoca importantes problemas de atención a las funciones propias de una policía, en este caso una policía integral, como es la Ertzaintza, tal como establece el artículo 14 del Estatuto de Autonomía de Gernika.
La mitad de los efectivos de
la Ertzaintza están realizando labores de escolta. Y no parece desorbitada la pretensión de un incremento de 500 efectivos, que es un incremento que el consejero de Interior del Gobierno vasco ya le ha dirigido, me da la impresión de que de forma
oficial, que ya ha protocolizado la petición, cuando estamos hablando de incremento de miles de efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que probablemente serán necesarios, indubitadamente serán necesarios para atender a los problemas
policiales del Estado español, incluso los de la protección, pero no es tanto pedir el incremento de 500 efectivos de la Ertzaintza, que es un problema que está absolutamente obturado y que no deriva de problemas derivados de su financiación, como
usted sabe, porque ya en la última aprobación del concierto económico, la financiación de la Ertzaintza se desvinculó del concierto económico del cupo y el cupo queda afectado en tanto en cuanto automáticamente se incrementan los efectivos de la
Ertzaintza, o se decrementan, pero no afecta a la negociación del cupo en su esencia, en su contenido material, en su contenido de relaciones de flujos financieros entre las dos administraciones y, como usted sabe que no hay problemas económicos, es
un puro problema de voluntad política. Y eso le pedimos: voluntad política, porque la Ertzaintza necesita esto, un incremento de 500 efectivos y sobre todo para cumplir las funciones que son exigibles a una policía integral necesita información.
Y para tener información tiene que ser considerada como una policía europea, como lo son la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía. Tiene que tener acceso a las distintas instituciones y organismos europeos que usted ha citado, al Europol,
Eurojust, puede participar en la orden de captura europea, puede participar o debería participar en la Task Force, incluso en aquellos organismos donde haya presencia policial, donde se proporcione información relevante para afrontar un fenómeno,
particularmente el terrorista, cada vez más complejo y poliédrico, ahí tendría que estar la Ertzaintza porque es una policía integral. Yo matizaría, por no discrepar y no hacer un turno de alusiones, alguna reflexión que ha hecho la representante
de Izquierda Verde que es la siguiente: la Ertzaintza es una policía como las demás.
No. No es como las demás, porque la Ertzaintza deriva de un derecho histórico, consagrado por la disposición adicional primera de la Constitución, única del
Estatuto y el artículo 14 y, como tal derecho histórico, tiene una consideración especial estatutaria, como policía absolutamente integral, sin ningún tipo de limitación. Las competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Euskadi
hacen referencia a competencias transnacionales o competencias supracomunitarias, como la expedición de ciertos documentos oficiales, etcétera, pero las policiales, las atinentes a la política criminal corresponden todas a la Ertzaintza y aquí sí
que quiero denunciar a la Audiencia Nacional, ya sé que esto no es una competencia suya, que es una competencia de esta Comisión, pero a nosotros nos preocupa terriblemente cómo, desde la Audiencia Nacional, que es una intersección extraña, un
cuerpo extraño desde una perspectiva del funcionamiento de la Policía judicial en relación tanto con la Ertzaintza como con los demás cuerpos de seguridad del Estado, determinados jueces centrales de instrucción utilizan la Ertzaintza para
determinadas operaciones particularmente impopulares en Euskadi y utilizan a la Policía Nacional o a la Guardia Civil para otras operaciones bastante más populares. Léase detención de comandos, en un caso, léase cierres de sedes de partidos
políticos en otros. Y esto hay que ordenarlo y con esta perversión también hay que acabar, señor ministro.
En la política penitenciaria, señor ministro, y voy terminando con rapidez, no sé hasta que punto, sé que usted es un hombre de luenga vocación y de acendrada vocación progresista, puede aceptar algunas de las reformas que se acometieron en
virtud de acuerdos en el Pacto antiterrorista en la legislatura anterior. ¿Usted cree que es posible cumplir los principios axiológicos, el mandato del artículo 25 de la Constitución en materia de reinserción de internos de población reclusa,
exigiéndoles el cumplimiento efectivo de 40 años de privación de libertad? ¿Físicamente, cronológicamente, temporalmente es posible con 40 años de cumplimiento efectivo de la pena, de internamiento, reinsertar a un interno por un delito terrorista
o por alguno de los demás delitos que se incorporaron para edulcorar o por no dar la impresión de que era una medida vinculada exclusivamente al fenómeno terrorista? Usted sabe que esto es materialmente imposible. Usted sabe que eso es
contrario a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ya establece como una pena penosa, contraria a la Convención Europea de Derechos Humanos, el cumplimiento de una pena efectiva de privación de libertad de más de 20
años. Incluso usted sabe perfectamente cómo en países como Italia y Alemania, donde la cadena perpetua está constitucionalizada, ningún preso cumple más de 25 años de cumplimiento efectivo de privación de libertad. Me gustaría que me explicara
cómo es concebible que con 40 años de privación efectiva de libertad se pueda reinsertar a un preso de ETA o a un preso que ha cometido alguno de los otros pocos delitos que se consignan, a efectos del cumplimiento de una pena tan dilatada y
seguramente tan inconstitucional y contraria a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No creo que usted pueda compartir intelectualmente este tipo de inquietudes. Me gustaría oír alguna manifestación en relación a esta
cuestión.
La dispersión penitenciaria. ¿No es ya hora de afrontar el problema de la dispersión penitenciaria que está, no sólo castigando o no sólo está penando a aquellos que han cometido gravísimos delitos, sino que está castigando a sus
familiares, obligándoles a desplazamientos durante los fines de semana verdaderamente desproporcionados, provocando accidentes de tráfico, provocando un sufrimiento incorporado a las familias, que además crea un ambiente de tensión y de crispación
en esos ambientes que impide una solución razonable del problema violento? Además, contradice la Ley General Penitenciaria y el reglamento de desarrollo de la citada Ley, que establece como criterio de política penitenciaria el cumplimiento de las
penas de privación de libertad en el centro penitenciario más próximo al domicilio del detenido.
La señora PRESIDENTA: Señor Olabarría, le recuerdo que debe ir finalizando su intervención.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo ya, señora presidenta. Por último, en materia de víctimas, hago mías las palabras de la señora Lasagabaster.
Tenemos una legislación absolutamente insuficiente, incluso para cubrir el luctuoso suceso del 11
de marzo de Madrid. Cuando la legislación de víctimas establece que la pretensión del comando terrorista, no tan durmiente como se ve (ya hablaremos sobre estas cuestiones de medidas preventivas sobre el terrorismo fundamentalista islámico, porque
no se pudo prever cuando había conocimiento de células que llaman durmientes), cuando se habla en la legislación de indemnización de víctimas, de que el objetivo tiene que ser desestabilizar el orden constitucional y algunas otras menciones, hasta
qué punto esto puede posibilitar indemnizaciones a los que han sufrido este atentado y, sobre todo, por qué no a todas las víctimas. Ya se ha referido la señora Lasagabaster a las del 3 de marzo de Vitoria, víctimas provocadas por una acción
policial absolutamente criminal, que no han tenido acogimiento en esta legislación.
Por último, y con esto acabo de verdad, señora presidenta, es una promesa que hago solemnemente, con relación a las torturas, no creo que sea una cuestión baladí hablar de torturas. Yo sé que el tema no es políticamente correcto en
determinados ámbitos, pero nosotros tenemos, no voy a decir fehaciencia, pero sí documentos de organizaciones internacionales acreditadas, como Amnistía Internacional, por ejemplo, donde se denuncia al Estado español por la comisión, más o menos
esporádica, más o menos probada, de torturas. Hay fotos espectaculares que apelan profundamente a la conciencia. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la foto de un preso rumano, un preso de Vitoria de ETA, absolutamente desfigurado. El
departamento de Interior del Gobierno vasco acaba de aprobar un protocolo para la prevención de la tortura. Me gustaría que utilizasen como referencia ese protocolo que posibilita la atención permanente, no sólo mediante un sistema casi de
videovigilancia permanente, no han llegado a tanto, pero sí la atención de un médico forense permanente y un médico de la elección del detenido permanentemente, para conseguir que estas prácticas puedan ser erradicadas, cualquiera que sea su
dimensión. Ya no sólo la práctica de torturas perversas. Un protocolo de estas características no sería malo.
En todo caso, señor ministro, y a pesar de esta apariencia un tanto crítica de mi intervención, sabe que cuenta con la colaboración de nuestro grupo para la tarea que le han encomendado y que no es fácil.
Desde una perspectiva personal
tiene que asumir retos importantes y no es fácil porque el mundo, desgraciadamente, está cambiando también en esto a peor. El fenómeno del terrorismo es cada vez más complejo, es más transnacional. Los esfuerzos de imaginación, los esfuerzos de
consenso político, los esfuerzos informáticos, los esfuerzos de nuevos fenómenos terroristas como la violencia de género, a la que ya tenemos que empezar a calificar como un fenómeno terrorista, por ejemplo la violencia doméstica, obligan, no sólo a
innovar legislativamente. Se está innovando normativamente de forma permanente y la violencia de género sigue creciendo. Hay que hacer otras cosas. Y para hacer esas otras cosas, puede contar con nuestro grupo.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra, a continuación, el portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señor Cerdá.
El señor CERDÀ ARGENT: Señor ministro, tengo que decirle que su estrategia no la hemos visto clara. La estrategia de su ministerio no nos ha parecido demasiado clara. Tiene algunas concreciones y muchas indefiniciones. En mi intervención
no querría adolecer de su misma estrategia expositiva. Por tanto, procuraré ser concreto en todo aquello que le pregunte y ceñirme al tiempo dado.
En el último año se han incrementado notablemente en materia de seguridad ciudadana los delitos contra la propiedad, mayoritariamente localizados en barrios periféricos de la mayoría de nuestras ciudades, golpeando de una manera importante a
las clases medias y bajas de la sociedad. Una de las preguntas es qué dotaciones tiene previstas el ministerio para paliar los efectos de este tipo de delincuencia, si tiene previsto un plan de choque especialmente para la zona del País Valenciano
donde este tipo de delincuencia se ha incrementado de una manera sustancial y notable.
Igualmente, qué estrategia de coordinación se aplicará entre los diferentes cuerpos policiales para garantizar a la ciudadanía su seguridad cotidiana, y muy
especialmente en el caso de Cataluña con el despliegue de los Mossos D'Escuadra. Igualmente, sabe usted que en toda la zona de Cataluña, País Valenciano y las Islas Baleares, con la llegada del verano y el turismo viene mucha gente. Le preguntamos
si tiene previsto algún plan para la seguridad ciudadana, especialmente en estas épocas del año.
En otro bloque, queríamos preguntarle sobre el tema de instituciones penitenciarias. Me remito al informe del año pasado del Defensor del Pueblo en el que se reflejan alrededor de 500 denuncias referidas a la población reclusa. Mis
preguntas también van a ser concretas. Qué medidas tiene previstas el ministerio para erradicar la situación de hacinamiento que sufre la población penitenciaria y que sabe que son caldo de cultivo para agresiones entre los propios internos.
Paralelamente, quería preguntar si hay un plan de medidas de mejora de las infraestructuras penitenciarias que también redundan en lo mismo. Querría preguntarle, como lo han hecho otros diputados anteriormente, qué medidas piensa tomar el
ministerio contra las torturas y los malos tratos que, año tras año, vienen siendo denunciadas, tanto en las comisarias como en los centros penitenciarios. Igualmente, quisiera preguntarle qué piensa hacer para que el artículo 25.2 de la
Constitución, que dice que las penas privativas y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social deje de ser poco más o menos que una homilía. Por último, en este bloque de preguntas, qué medidas piensa
tomar para terminar con el problema de los presos preventivos que tantos problemas acarrea, tanto a los presos como a muchas de sus familias.
En otro apartado, querría preguntarle también sobre una violencia no suficientemente tipificada, pero que cada vez crea más alarma social. Me estoy refiriendo a la violencia racista, xenófoba, homófoba, que desgraciadamente se va
produciendo con más frecuencia en nuestras poblaciones. Los sucesos de violencia neonazi han llevado a los medios de comunicación numerosas agresiones, generalmente en grupo, navajazos y palizas a jóvenes, agresiones con móviles xenófobos,
apaleamiento a homosexuales y quema de mendigos. También han aumentado los ataques a sedes de partidos políticos y ONG, punto al que me referiré posteriormente con un poco más de concreción. Además, se ha producido una proliferación significativa
de armas blancas que implicó poner en marcha operaciones policiales como Luna y Búho, realizadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil, durante las cuales se incautaron miles de armas prohibidas. Se han realizado operaciones similares por
parte de las Fuerzas de seguridad del Estado en otras ciudades importantes de nuestro país. Durante este tiempo ha sido notoria la actividad de grupos neonazis y racistas en los fondos de los estadios de fútbol, en algunos barrios, en internet y en
sus conciertos de rock xenófobos. Sus pintadas, la profusión de banderas neonazis y anticonstitucionales y la edición de panfletos y textos antisemitas, aunque constituyen delitos según el Código Penal, por su incitación al odio y a la violencia,
no han contado con una respuesta adecuada desde las instituciones, a nuestro modo de ver, y así igualmente lo interpretan las víctimas de la intolerancia y probablemente la mayor parte de la ciudadanía. Un informe del Ministerio de Justicia e
Interior anterior sobre la violencia de este movimiento, hecho público en septiembre de 1995, contabilizaba 2.500 skin nazis en España. Cinco años más tarde, informes policiales sitúan la cifra en torno a los 10.000. Esto nos hace pensar que ese
incremento sustancial se deduce de las pocas medidas que se han tomado desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado respecto a este tipo de violencia. Igualmente, nos parece que el nuevo Código Penal aporta los elementos necesarios para la
persecución y sanción de delitos que son reprobados por la sociedad en todos los órdenes, pero resulta llamativa su falta de aplicación a las conductas componentes de estos grupos de odio y violencia, que acaban beneficiándose de una impunidad
manifiesta. El Código Penal, en sintonía con las reclamaciones ciudadanas europeas para luchar eficazmente contra el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, la intolerancia, la violencia y la discriminación, tiene previsto toda una serie de
artículos, el 22.4, 510.1, 502, 511, 607.1, 607.2, 521, 563, en fin, no me alargo más.
Realmente, con la batería de tipos delictivos que existen en el Código Penal, ¿no es posible actuación más eficaz de persecución y sanción de la violencia y del
crimen racista? ¿Realmente la policía no puede hacer más? Hay quien opina, como la jueza Beltrán, y explica que hay ideologías que son de por sí violentas. En todo crimen hay violencia, pero junto a la violencia, cuando se busca un control de la
sociedad o de una parte de ella en barrios o sobre grupos de inmigrantes, quizás estemos ante otro fenómeno, el terrorista. A lo mejor habría que redefinir este concepto y no entenderlo simplemente como una banda armada orgánicamente estructurada,
puede ser algo más inorgánico -sigo la cita-, incluso más coyuntural, y que sea suficiente que exista una integración personal con este fin último de buscar el control social por el terror que evidentemente lo puede sembrar en un momento determinado
cualquier grupo.
¿Tiene previsto el ministerio aplicar a los miembros de estos grupos la legislación antiterrorista?
Desde Esquerra Republicana nos parece que el Estado de derecho tiene que afrontar lo que es una amenaza para la sociedad, especialmente para los colectivos más vulnerables. Por tanto, le tengo que preguntar, señor ministro, si tiene
previsto el ministerio algún plan de ayuda a las víctimas de esta violencia, si existen medidas específicas de observación, seguimiento, control y análisis de estos grupos, y si piensa el ministerio elaborar un plan integral de prevención de la
violencia xenófoba y homófoba.
Por otro lado, como le he dicho al principio de mi intervención, en el caso de ataques a las sedes de partidos políticos y ONG me gustaría hacer un especial hincapié en el tema de Valencia, que le vengo a relatar para su conocimiento. Desde
el año 2001 se tiene conocimiento de la interposición de 23 denuncias sobre ataques, pintadas y daños a las diferentes sedes de la reconocida asociación Acció Cultural del País Valencià. A estas denuncias cabe añadir la del pasado domingo 16 de
mayo, en la que además de las pintadas se reiteraban explícitamente amenazas.
Todos los ataques denunciados tienen conocida identidad desde hace años, identidad de objetivos (sedes de la anunciada asociación, de partidos políticos como el PSOE y el
Bloc Nacionalista Valencià, de sindicatos, como el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza del País Valenciano), identidad de hechos y acciones, identidad del tipo de pintura, identidad de frases de amenazas e identidad de firma: Grup Vinatea.
De estos hechos punibles que desde hace tiempo se están realizando con total impunidad, se hace eco, pudiendo hacer incluso apología de ellos la revista Som que edita el Grup d'Acció Valencianista. Cabe resaltar que es frecuente también la
aparición de pegatinas de este grupo en los lugares de los hechos y la asociación por todos conocida entre el Grup Vinatea y el Grupo d'Acció Valencianista, dado que ésta es la firma que usa el mencionado grupo para actuar con total impunidad.
Querría preguntar, señor ministro, en qué estado se encuentran las investigaciones de todas las agresiones y ataques que se están realizando a diferentes sedes de asociaciones, partidos y sindicatos firmadas por el Grup Vinatea, la última es
reciente, es del 16 de mayo de este año.
También me gustaría saber si hay registrada alguna asociación o partido con el nombre Grup Vinatea; si se ha investigado la vinculación del Grup Vinatea y el Grup d'Acció Valencianista; si se ha
investigado el contenido de los comunicados del Grup Vinatea y de la apología de sus acciones en la revista Som que edita el Grup d'Acció Valencianista, sin perjuicio de la libertad de expresión. Igualmente, querría preguntarle si se ha investigado
la relación de las personas identificadas en las diferentes acciones y el Grup d'Acció Valencianista; si se ha investigado la financiación de este grupo; si sabe el señor ministro si ha podido recibir subvenciones públicas el Grup Vinatea o la
asociación a la que pueda representar el Grup d'Acció Valencianista, y en que caso afirmativo, qué medidas piensa tomar. Por último, me gustaría saber si se dará protección a las sedes de asociaciones y partidos valencianos que han sido objeto de
reiteradas agresiones por el Grup Vinatea o el Grup d'Acció Valencianista.
La señora PRESIDENTA: A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Señor ministro, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista le doy la bienvenida a esta Comisión y le felicito por el nombramiento en la seguridad de que su aportación y la de su equipo, enmarcada en la política
del presidente del Gobierno, don José Luis Rodríguez Zapatero, van a ser útiles para mejorar la seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos de este país.
Quiero trasladarle en esta comparecencia, como lo han hecho otros grupos parlamentarios, nuestra felicitación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por el magnífico trabajo realizado estos días pasados, junto con las Fuerzas
Armadas, Policía local de Madrid, otros organismos de Protección Civil, así como otros colectivos, en esta operación magna de seguridad que ha terminado con un gran éxito, esfuerzo que se añade adicionalmente al desarrollado por las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado después de los tristes acontecimientos y que siguen trabajando después del 11 de marzo en el esclarecimiento de dichos acontecimientos.
Igualmente, quiero aprovechar esta comparecencia para trasladar nuestra
condolencia por el triste acontecimiento acaecido hoy en un funcionario de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ocurrido en El Prat de Llobregat, en el que ha fallecido en acto de servicio, como anteriormente falleció un GEO y que parece
que siempre nos acordamos de los 192 muertos y no nos acordamos a veces de los representantes de las fuerzas de seguridad. Señor ministro, esta felicitación no solamente es una felicitación formal, sino que es la constatación, desde nuestro punto
de vista, que acredita una eficacia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el cumplimiento de las tareas de mantener la seguridad y la lucha contra todo tipo de terrorismo, el conocido y el no tan conocido, como el terrorismo
internacional. Los acontecimientos producidos este fin de semana ponen en evidencia la alta preparación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo cual me recuerda las palabras que decía el señor Rajoy en el Pleno del Congreso al señor
Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno, que era una frivolidad no haber defendido plenamente la firma de la Constitución europea en Madrid, porque así nos evitábamos prácticamente un problema de seguridad. Pues yo creo que lo que ha acontecido
este fin de semana nos avala de forma suficiente para seguir defendiendo lo que es la
profesionalidad de las Fuerzas de seguridad del Estado y desde luego la candidatura olímpica de Madrid. Creo que hemos pasado con nota gracias a un trabajo coordinado y eficaz.
Señor ministro, valoramos muy positivamente su oferta de diálogo y consenso político para luchar juntos contra este enemigo de la democracia y de la convivencia, como no podía ser de otra manera al formar parte de un Gobierno socialista cuyo
presidente impulsó y suscribió el Pacto por las libertades y contra el terrorismo cuando estábamos en la oposición y que ahora, como es notorio, queremos fortalecer y ampliar. El hecho de que se haya reunido ya la Mesa del pacto y que S.S. haya
comparecido una vez constituida la Comisión de Secretos Oficiales en el Congreso de los Diputados, creo que son un buen aval en la política de diálogo y acuerdo para avanzar en la lucha contra todo tipo de terrorismo. Además, señor ministro, sus
primeros pasos de acercamiento entre la Administración del Estado y la Administración del País Vasco en materia de seguridad refuerzan la buena dirección de la política del Gobierno de sumar voluntades y no practicar la exclusión de nadie, empeñado
en dar respuesta al mayor y más importante problema para los españoles como lo demuestran la vida cotidiana, las encuestas recientemente conocidas.
Desgraciadamente, esto también lo demuestra la realidad cotidiana.
Concretamente ayer, el entorno
del terrorismo de Eta atentó contra la sede de los socialistas vascos en Iurreta; acto que condenamos y que nos hace seguir apostando permanentemente por trabajar día a día y codo a codo entre todos para acabar con este tipo de violencia. En
definitiva, diálogo político, cooperación nacional e internacional -con Francia, Marruecos, los países árabes- y nuevos medios e instrumentos serán claves en el éxito en la lucha contra el terrorismo. En esa línea de diálogo y de acuerdo también
está el Grupo Socialista, como lo está en la defensa de la libertad y de la ley como garantía para alcanzar una sociedad más segura y más garante de los derechos de la ciudadanía.
Señor ministro, estamos convencidos de que su formación y la de su equipo más próximo, su historia y su estilo, sus convicciones políticas e intelectuales son garantía para hacer posible esa política de diálogo, de consenso y de eficacia
contra la inseguridad ciudadana. Lo digo porque usted conoce bien que no siempre esto ha sido así. Otros predecesores suyos hablaron de diálogo en muchas ocasiones -no solamente en materia antiterrorista, sino en la articulación de políticas
contra la inseguridad ciudadana- y no lo practicaron ni con la oposición ni con las fuerzas de seguridad. A veces fue más fácil instalarse en la propaganda, en el marketing y en la publicidad que en el diálogo eficaz. Señor ministro, se encuentran
usted y el Gobierno con el hecho objetivo e indiscutible, a pesar de lo que diga el grupo parlamentario de la herencia recibida, con que la criminalidad, tanto de tipo tradicional como la organizada, ha alcanzado niveles históricos en España. Se ha
cerrado así el ciclo que en materia de seguridad siempre recorren los conservadores: cuando están en la oposición fustigan a los gobiernos progresistas y socialistas -lo va a ver usted posiblemente en su actuación diaria- y, por el contrario,
prometen a la opinión pública que acabarán con la delincuencia cuando lleguen al Gobierno, pero cuando han llegado las políticas antisociales y las normas ineficaces no solucionan el problema sino que lo agravan. Así, al final, buena imagen, pero
responsabilidad cero, transparencia cero y eficacia cero. Espero de su ministerio que pueda practicar la responsabilidad total, la transparencia plena y la eficacia máxima.
Señor ministro, no se asuste ni se asombre de la política de algunos consistente en rebuscar en su pasado y tergiversar sus opiniones -reflexiones jurídicas- para descalificar su política. Ya sabe que para algunos la libertad y la
discrepancia intelectual a veces es sinónimo de estar en el otro lado de la raya que algunos unilateralmente dibujan.
Estoy convencido de que usted y su equipo, que siempre han estado en el lado de la democracia y la libertad y en contra del
dogmatismo y el sectarismo intelectual, en el lado de los que no creemos en el pensamiento único, van a impulsar políticas eficaces en pro de la seguridad y los derechos de la ciudadanía en una sociedad con tantos problemas y con absoluto respeto a
la ley y a los derechos humanos, cuya falta de cumplimiento algunas veces se amplifica por criterios fundamentalmente políticos y no siempre ajustados a la realidad. Para los socialistas la seguridad es una condición necesaria para el desarrollo
del ejercicio de la libertad y de los derechos de la ciudadanía. No hay democracia sin libertad y es imposible la libertad sin seguridad. Por ello nuestro compromiso es que ningún ciudadano, sea cual sea su situación social o económica o el
territorio en el que viva, quede privado del derecho a estar y a sentirse seguro y, por lo tanto, a ser y sentirse libre. Señor ministro, para nosotros la seguridad es un derecho fundamental en el que deben implicarse todas las administraciones:
la estatal, la autonómica y la local. Un sistema como el español necesita estructura políticas de coordinación para el diseño y armonización de políticas y planes de seguridad pública y cauces que garanticen un alto grado de cooperación operativa.
Señor ministro, el impulso del Consejo de Política de Seguridad como órgano de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas; el impulso de las juntas de Seguridad autonómicas y locales; la potenciación de los consejos de Seguridad
Ciudadana, donde los ciudadanos y las fuerzas de seguridad promuevan la cooperación y la corresponsabilidad, junto con alcaldes y policías locales, deben ser piezas importantes en la mejora de los mecanismos de la coordinación en pos de una mejor
seguridad. Lo defendimos en la subcomisión que estudió el modelo policial, lo defendimos en los ayuntamientos y lo plasmamos en el programa electoral que usted nos ha presentado ahora como programa
de Gobierno para mejorar la eficacia. De la misma forma, la creación del mando unificado y del Centro Nacional de Lucha Antiterrorista para garantizar de forma permanente y continuada la actuación conjunta, en el primer caso del Cuerpo
Nacional de Policía y la Guardia Civil y, en el segundo, además con el Centro Nacional de Inteligencia, deben ser piezas fundamentales para el cumplimiento de estos objetivos. Algunos, incluso no creyendo en ello, señor ministro -lo digo con esa
franqueza-, se han quedado en el aspecto puramente nominalista del concepto del mando unificado, criticándolo sin entrar a analizar su función y su misión.
Nosotros vamos a lo que nos interesa y lo que nos preocupa y realmente mi grupo
parlamentario coincide con los objetivos de ese mando unificado de mejorar la coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a partir de la creación de esas unidades especiales conjuntas sobre la criminalidad organizada, la
inteligencia e investigación, terrorismo e intervención policial y desactivación de explosivos. Creemos que será positiva también la creación y gestión de una base de datos común, lo mismo que un organismo con competencias en policía científica, la
mejora de la coordinación del modelo policial actual y una mejor especialización de los actuales cuerpos, unido al aumento considerable de plantillas en los términos en que el señor ministro nos ha anunciado, tanto en la Policía como en la Guardia
Civil, junto a una mayor financiación de sus medios operativos y técnicos, además de una mayor participación y democratización de los actuales marcos normativos en Policía y Guardia Civil acordes con los tiempos, lo que será una mayor garantía para
la mejora de la eficacia de las políticas tendentes a lograr una mayor seguridad.
Para nosotros, además de todos estos medios de carácter técnico, de mejoras operativas, de órganos de coordinación y de aumento de medios, la mayor garantía de seguridad, señor ministro, debe ser el impulso desde el conjunto del Gobierno y
desde las demás administraciones de un abanico de políticas integradas de solidaridad y de cohesión social dirigidas a impedir la aparición de situaciones y factores que propician la comisión de muchos delitos. Políticas transversales de prevención
de la delincuencia en materias como la educación, el empleo, el ocio, la cultura, el asociacionismo juvenil, la integración de los colectivos, la rehabilitación de toxicómanos, la actuación urbanística en zonas degradadas deben ser la base
fundamental de una mayor integración social y preventiva del delito. Acabar con la espiral de: más número de marginados aumento del número de delincuentes, va a ser el eje de nuestra actuación política en esta legislatura y coincidente -estoy
convencido- con la política del Gobierno y de su ministerio. Creemos con usted, señor ministro, que la política del ministerio debe ir orientada a profundizar una nueva cultura de seguridad que haga de la misma un servicio próximo al ciudadano,
participado por éste, que se integre en el conjunto de las políticas de bienestar para prevenir, erradicar o mitigar los factores que están en la base de la delincuencia. Pero para que sea también eficaz en la coerción de todas las formas de
criminalidad -sobre todo de las más organizadas, como mafia, blanqueo de capital, tráfico de drogas, etcétera- y para que responda de manera ágil y eficaz, asistencial y solidariamente a todas las necesidades de seguridad que los ciudadanos tienen
planteadas, van a contar con el apoyo de nuestro grupo. Creemos que existen problemas nuevos y amplificados como consecuencia de los últimos acontecimientos y de la violencia de género que reciben las mujeres de una forma especial. Lo ha
denunciado usted pero creemos que es necesario un esfuerzo adicional de medios para evitar el peligro. Nuestro grupo no le va a regatear esfuerzos, señor ministro, para luchar contra esta lacra social. Pero, dicho esto, señor ministro, nuestra
política se sustenta también en dos principios básicos. En primer lugar, nuestra solidaridad, ayuda y apoyo para todo tipo de víctimas -las de actos terroristas y las de la violencia callejera; las de los malos tratos y las de robos en domicilio-,
para lo que tendrá nuestro apoyo en la potenciación de oficinas de asistencia a las víctimas, en una mejor formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en unas mejores instalaciones y en el mantenimiento de nuestros principios
fundamentales en la época anterior a la que estábamos en la oposición para mejorar y ampliar la asistencia a las víctimas de todo tipo de delitos. Y en segundo lugar, defendemos nuestro principio de ninguna impunidad con el delito. Lo apoyamos en
su día y lo queremos seguir haciendo ahora con los juicios rápidos, la proximidad de la justicia -sobre todo en el medio urbano-, con más medios y con la aplicación coherente y justa de medidas coercitivas proporcionales al daño causado.
Pero
también, y sobre todo, a través de respuestas rehabilitadoras a los delincuentes primarios, especialmente a los más jóvenes, a través de medidas alternativas al internamiento en prisión, previstas en el Código Penal y, más que nada, a partir de una
política penitenciaria orientada a la reeducación y a la reinserción social. Nos consta, señor ministro, la sensibilidad en la materia de su colaboradora, y compañera nuestra en la anterior legislatura, Mercedes Gallizo. Estamos convencidos de que
potenciará no sólo las mejores condiciones vitales y laborales de los reclusos y de los empleados de prisiones, sino los programas rehabilitadores, en sus vertientes médica, laboral y social, programas que serán el eje de esta nueva política
penitenciaria. Somos conscientes de que partimos de una difícil situación -lo decía usted en su primera intervención-: 51.000 internos en territorio común, dependiente del Ministerio del Interior, y 40.000 celdas. El objetivo no puede ser más que
descongestionar y crear nuevos centros y nuevos centros de inserción social. Voy concluyendo, señora presidenta, porque aunque ahora debiera referirme
al tema de la seguridad vial, mi grupo parlamentario prefiere hacer esa intervención, y lo hará, una vez constituida la Comisión de Seguridad Vial, como han anunciado otros grupos parlamentarios.
Quiero terminar hablando de la protección civil, último tema que nos relataba el señor ministro en su primera intervención. Es verdad que la semana pasada me contestaba en el Pleno con relación a una de las operaciones más importantes en
materia de protección civil, como es la operación paso del Estrecho, que suele ser, y estoy convencido de que será, un gran éxito, pero la situación de la protección civil en España ha quedado en evidencia en demasiadas ocasiones y tuvo su punto de
inflexión con ocasión de la catástrofe del Prestige, que puso al descubierto las graves carencias que tenemos en cuanto a competencias estatales en materia de protección civil. Debemos aprender de los errores que se cometieron, de la falta de
medios y de la descoordinación para mejorar en el futuro. Por eso, coincidimos en la necesidad de reformar la actual legislación de 1985 y dar, por los principios de cooperación, formación e información, cumplimiento a una proposición no de ley
aprobada en esta Comisión en la anterior legislatura. A través de la proposición no de ley se instaba al Gobierno a realizar una política de concertación para le mejora de la protección civil en España.
Señor ministro, seguridad en la vida cotidiana, seguridad en los mares, seguridad en el mundo laboral, seguridad en la carretera, seguridad para ser ciudadano, seguridad para ser libres. Esa es nuestra petición y nuestra oferta de
colaboración al Gobierno de España y al ministro del Interior.
La señora PRESIDENTA: A continuación, tiene la palabra el señor ministro, para responder a los grupos parlamentarios.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Muchas gracias a todos los señores y señoras diputadas que tan amablemente han replicado mi intervención.
Empezaré esta segunda intervención reiterando mi oferta sincera y absolutamente tajante de consenso, de buena fe y espero que de fecunda relación política y personal con todos ustedes. En cuanto a las felicitaciones que he recibido de
algunos de ustedes por la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la prevención y cuidado del último gran acontecimiento que ha habido en este país, la boda real, las trasladaré gustosamente a esos miembros de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado.
Empiezo contestando a la representante del Partido Popular. Trataré de hacerlo punto por punto y siguiendo el orden que ustedes mismos han utilizado en sus intervenciones. En primer lugar, la representante del Grupo Popular ha aludido a un
par de supuestos incumplimientos electorales. El primero, el cambio de nombre. Yo no sé si las cuestiones nominales importan en la vida política más que las cuestiones de programa, las cuestiones de prácticas políticas y, sobre todo, las
cuestiones de resultados, de eficacia. Yo creo que no; la verdad es que el Ministerio del Interior va a ser también, y se lo digo para su seguridad, el ministerio de la seguridad y, además, de un sentido integral de la seguridad. Se llame como se
llame, va a ser el ministerio que tenga entre sus prioridades políticas garantizar una seguridad global no sólo desde el punto de vista de la seguridad ciudadana como valor que viven cotidianamente los ciudadanos y ciudadanas de este país, sino
también la seguridad vial, la seguridad frente a las catástrofes, la seguridad en ese sentido integral que queríamos que se visualizara cuando hablábamos de cambiar el nombre de Ministerio del Interior a Ministerio de la Seguridad. La falta de
cambio no es importante; la razón es conocida, usted la ha puesto encima de la mesa: el coste era de miles de millones de pesetas, había que cambiar demasiadas denominaciones y, por el momento y mientras no mejore la situación financiera de este
país, esos miles de millones de pesetas están mejor invertidos en soluciones alternativas que tengan que ver con la eficacia; por tanto, con la cosa y no con el nombre; con el discurso político, que tiene que ser un discurso de realidades, y no
con nominalismos más o menos consecuentes. Con esos miles de millones de pesetas vamos a mejorar la formación de los policías, vamos a tratar de mejorar sus retribuciones, vamos a tratar de mejorar todas esas magnitudes que tienen que ver con un
sentido real y no puramente formal o nominal de la seguridad ciudadana.
El segundo extremo tiene relación con el tan traído y llevado mando único.
Yo comprendo que al Partido Popular le interese mantener vivo un debate que apela fundamentalmente a la estructura orgánica del Ministerio del Interior, que es una
estructura de la que debe disponer el ministro porque, evidentemente, el responsable o los responsables políticos del Ministerio del Interior sabrán cómo organizan la casa para que produzca los resultados deseados desde el punto de vista de las
prioridades políticas: lucha contra el terrorismo, lucha contra la delincuencia organizada, lucha a favor de una mejor, más cabal e integral seguridad ciudadana para este país. Por tanto, nosotros tenemos en principio -hemos recibido la
legitimación democrática en las últimas elecciones- deberíamos tener el derecho a organizar nuestra casa para cumplir como mejor podamos esos objetivos políticos. De todas manera, no me importa explicar que aquí no estamos ante una cuestión de
jerarquía. Ya es conocido, y eso no lo vamos a tocar, que el Ministerio del Interior, cuando nosotros llegamos, estaba estructurado con un ministro y un secretario de Estado del que cuelgan -hablo del núcleo duro de la seguridad- un director
general de la Policía y otro de la Guardia Civil, y de aquí cuelga a su vez la parte más profesional o más operativa, si quiere decirlo así, del sistema policial o del sistema integrado
de interior. Pero a esa jerarquía, que vamos a respetar, le faltaba una cosa, en la que coincide todo el mundo y en primer lugar los propios profesionales de la Policía y de la Guardia Civil: coordinación. Lo que falta no es jerarquía,
sino coordinación, y lo que tenemos que hacer es no sólo respetar la jerarquía política, que por supuesto, ahí está y se va a respetar, sino generar un órgano de coordinación que pueda hacer frente a ese principalísimo problema de funcionamiento del
Ministerio del Interior. ¿Cuál ha sido la manera de hacerlo? Una manera bastante razonable, bastante sensata: he creado mediante orden ministerial una estructura política donde, a diferencia de lo que ocurría anteriormente, se obliga a
determinados responsables políticos del Ministerio del Interior -y luego le hablaré del tema- a reunirse con una periodicidad determinada y a llevar a cabo objetivos políticos -no estrictamente profesionales, sino políticos- que tienen que ver con
ese intento de mejorar la coordinación dentro del Ministerio del Interior. Le resumo la orden ministerial: el Comité Ejecutivo para el Mando Único va a ir a la creación de unidades especiales conjuntas sobre criminalidad organizada, inteligencia,
investigación, terrorismo, desactivación de explosivos.
Dos: Creación de una base de datos policiales común. Tres: Creación de una institución u organismo, con competencias en materia de policía científica, que sume las capacidades de ambos
cuerpos. Cuatro: Creación de un centro de estudios, muy importante en materia de seguridad ciudadana porque, en nuestro sistema policial, el elemento analítico es, desde mi punto de vista, muy deficitario. Cinco: Creación y organización de salas
únicas de atención a los ciudadanos, esas a las que usted y yo llamamos cuando hay algún problema. Eso también hay que coordinarlo. Y, sexto: Profundización en otro extremo esencial y donde yo encuentro que nuestro país es deficitario, y no le
echo la culpa a ningún gobierno, sino a la evolución de este país en los últimos 20 ó 25 años de democracia.
Hemos conseguido muchos éxitos a la hora de integrarnos en la Unión Europea y jugar en muchos escenarios internacionales. Pero el análisis estratégico de cuáles deben ser las políticas en el escenario internacional no está ni muchísimo
menos bien hecho. Por tanto ese es el sentido de un Comité ejecutivo para el mando único, del que a su vez ha nacido como primera iniciativa -me referiré a ello después- el parece que ya famoso Centro Nacional Antiterrorista, que aunque suena muy
rimbombante es un centro nacional de coordinación que creo que le hace mucha falta a este país. Pero vayamos por partes.
Apela en tercer lugar al nombramiento del director general de la Guardia Civil. No puedo dar más explicaciones que las que daba al representante de Izquierda Verde respecto de la competencia profesional y de la confianza que el Gobierno
tiene en esa competencia profesional y, desde luego, la lealtad del señor Gómez Arruche, a la sazón general del Ejército del Aire, como podría ser cualquier otra cosa; muy legítimamente, general del Ejército del Aire. Lo único que le puedo decir,
señora Sánchez Camacho, es que el nombramiento del director general de la Guardia Civil es un nombramiento del Gobierno. Nada más que decir. Y el Gobierno, es decir todos los señores que están en el Gobierno con el presidente a la cabeza, realizan
ese nombramiento porque en Consejo de Ministros se discute lo que yo le he dicho: la competencia, la lealtad, si tiene proyección exterior y, por supuesto, si habla idiomas, porque este país es muy deficitario en la escena internacional en ese
tema, como usted bien sabe, y necesitamos gente que hable idiomas porque la relación personal que se crea en el exterior es insustituible y desde luego difícilmente suplantada a través del uso de traductores. También el hecho de que haya vivido en
el Magreb y haya estado destinado allí y, desde luego, la capacidad que tiene para mandar determinados tipos de colectivos como el de la Guardia Civil, que la tienen otras personas que no son generales, pero que también las tiene el general que
hemos designado director general de la Guardia Civil. Por tanto, es un nombramiento coherente que efectúa, como es lógico, en el uso legítimo de sus competencias constitucionales el Consejo de Ministros, todo el Gobierno y no sólo parte del
Gobierno. Lamento decepcionarla si a través de esta respuesta le dejo entrever que no hay ningún problema entre un ministro y otro ministro del Gobierno sino justo todo lo contrario.
Entramos ya en la cuestión del Centro Nacional de Inteligencia. Verá, señora diputada, puedo asegurarle que, al margen de otras consideraciones -y lo digo con absoluta seriedad y con absoluta buena fe-, nosotros somos gente sensata. Cuando
llegamos a un ministerio de la complejidad objetiva del Ministerio del Interior lo primero que hacemos como gente sensata que somos, es preguntar a los profesionales. Y cuando llegamos al Ministerio del Interior les dijimos a los profesionales de
los servicios de información de la Policía y de la Guardia Civil: tenemos un serio problema como es el del terrorismo islámico, el terrorismo de Al Qaeda o terrorismo internacional de nuevo cuño, ¿tenemos medios suficientes? ¿Tenemos una
estructura orgánica suficiente? Ellos nos hicieron un par de informes, que ustedes recibieron hace semana y media o dos semanas, donde los propios profesionales perfilan cuáles son las necesidades y por qué es necesario tener una especie de cabeza
pensante, analítica si quiere, que es en lo que consiste el Centro Nacional de Inteligencia. Básicamente lo que nos dicen los servicios de información de la Policía y la Guardia Civil (de ahí la reunión del comité ejecutivo, del comité político
para el mando único que crea este centro, que es puramente profesional, como le indicaré) son dos cosas. Una, que hay que potenciar claramente en medios y personal las unidades de información exterior, es decir las unidades
de la Policía y de la Guardia Civil dedicadas al terrorismo internacional.
Dos, también nos dicen que es conveniente la creación de una estructura profesional que pueda recibir información, analizarla, evaluar los riesgos del terrorismo de
nuevo cuño y por tanto hacer recomendaciones operativas a los propios policías y guardias civiles. Y eso es lo que hace el equipo actual del Ministerio del Interior y lo que espera es que dé resultados. Lo que me asombra es que antes de ponerse en
marcha el Centro Nacional de Inteligencia (La señora Sánchez-Camacho Pérez: Antiterrorista.) ya se le esté criticando, incluso al margen de los resultados objetivos que pueda ofrecer en el futuro e incluso al margen de la constancia de que casi
todos los países que tienen un poco de sensibilidad, que ya son muchos, como es obvio, con este tema de nuestro entorno geográfico y político tienen centros de esta naturaleza de un modo o de otro; metidos en un sitio o en otro de sus niveles
orgánicos, pero los tienen. Este va a ser un centro sobre todo antiterrorista, un centro que va a tener una estructura y una inteligencia que tiene que ver con el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, como le indicaré.
Va a ser un centro
que va a tener claramente, primero, una estructura profesional, es decir no va a ser un centro de políticos sino donde se realice una tarea profesional por profesionales de la Policía y la Guardia Civil y, como le indican, desde el Centro Nacional
de Inteligencia. Segundo, va a ser una estructura estable, no una simple reunión periódica a la que vaya gente de la Policía y de la Guardia Civil, sino estable. Tercero, no va a ser un tercer cuerpo o fuerza de seguridad del Estado y por tanto no
va a tener funciones operativas.
Cuarto, vamos a respetar en sus términos, como hasta ahora la autonomía operativa de la Policía y de la Guardia Civil. Ya le he hablado del sentido del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista: recabar
información no sólo de la Policía y la Guardia Civil, sino también la que le pueda aportar el Centro Nacional de Inteligencia, la que le pueda aportar el acceso a las bases y las relaciones internacionales; evaluar, como le digo, esa información y
hacer recomendaciones operativas que creo que van a mejorar objetiva y sustancialmente la lucha contra el terrorismo internacional en nuestro país.
¿La participación en el Centro Nacional de Inteligencia? Por supuesto que no se va a discutir su dependencia orgánica, es del Ministerio de Defensa, y ahí se va a quedar, por supuestísimo. Lo que pasa es que el propio Ministerio de Defensa
y el Gobierno en su conjunto, que es quien debe tomar estas decisiones, no sólo el Ministerio de Defensa, va a ir a una adscripción funcional de la gente del Centro Nacional de Inteligencia que pueda sacar, meter flujos de información, que sean
hábiles para la coordinación de la lucha antiterrorista, que es de lo que se trata. Por tanto queremos un órgano que sea estable, muy profesional, que sea un órgano razonable, manejable, que podamos ir desarrollando en el futuro, nosotros o el
Gobierno que sea, a medida que vayamos viendo cuáles son las necesidades de análisis, de evaluación y de recomendaciones operativas en lo que todos prevemos que va a ser ardua lucha contra el terrorismo internacional. Terrorismo de nuevo cuño que,
como destacaba no sé si era el señor Olabarría -da igual quién fuera-, es un terrorismo de base global, de morfología muy complicada y al que verdaderamente vamos a tener que prestar muchísima atención en el futuro, entre otras cosas precisamente
por su imprevisibilidad y por la falta de coordenadas políticas y culturales en las que nos movemos y por la falta de conocimiento en general que las sociedades occidentales tienen de este nuevo tipo de terrorismo. Yo creo que esto va a mejorar la
coordinación y la lucha contra ese terrorismo. Vamos a respetar lo que hay y el trabajo hecho en las brigadas y unidades de información exterior de la Policía y la Guardia Civil y vamos a tratar de sumar esta especie, por así decirlo, de centro de
análisis o, si lo quiere con sus siglas, de Centro Nacional de Coordinación. Hay dos cosas que tienen que ver con la lucha contra el terrorismo internacional, contra todo tipo de terrorismo pero contra éste que nos preocupa ahora especialmente, una
es la potenciación de lo ya existente. Por ponerle un ejemplo, la Policía Nacional nos pide 150 hombres más, tres brigadas, una de análisis y otras dos operativas; la Guardia Civil nos pide una serie de medios que ya se irá descubriendo si es
posible hacerlo, porque en estas cosas la reserva a veces es necesaria. Se irán contando y yo tendré mucho gusto en contárselo a usted misma y a cualquier otro diputado o diputada en el futuro. Y la segunda es, respetando la existencia de esos
servicios de información exterior, de lo que ya tenemos, mejorarlos con ese Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista. Un centro, insisto, que queremos que sea profesional, con las constantes profesionales que le he referido de una manera creo
que bastante amplia; un centro que va a nacer como centro delegado, es decir no queremos crear grandes estructuras ni grandes farfullos organizativos.
Queremos un centro de un máximo, al principio, de 30 personas que pueda dar comienzo a lo que le
definía antes como la alta tarea de la lucha contra el terrorismo de nuevo cuño.
Espero haber respondido a su pregunta, a sus inquietudes y a las de algún otro diputado o diputada sobre la idea básica que tenemos en torno a este Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista. Tampoco queremos hacer demasiado énfasis en
el nombre, nos interesa más tener la cosa. De nuevo aquí nos interesa más la cosa, que funcione, que sea eficaz y que permita que la sociedad española se sienta más segura en el futuro y progresivamente poder ir desarrollándolo con más vigor y con
más talento, si es posible; insisto, sea este Gobierno el que haya de hacerlo o sea cualquier otro Gobierno en el futuro.
Insiste en quinto lugar -lo he recogido por puntos- la señora Sánchez-Camacho en mis opiniones cuando era vocal del Consejo. Fuera lo que fuera, yo, desde luego, soy una persona que siempre he opinado libremente, allá donde he estado;
siempre lo he hecho dentro de las coordenadas -como creo que decía el otro día en el hemiciclo del Congreso- propias del Estado de derecho y de la sociedad democrática y, por tanto, siempre con opiniones legítimas. Como ministro del Interior sólo
puedo tener, respecto al panorama español, una opinión: el absoluto respeto a la legalidad vigente, nada más; absoluto respeto a la legalidad vigente. Lo mismo, por si quiere saberlo, que tuve cuando era juez, yo siempre apliqué la legalidad
vigente. Eso es lo que debe hacer un ministro del Interior, sin que creo que haya ninguna duda al respecto.
En sexto lugar me habla del modelo policial. No son 32.000, sino que, entre Policía y Guardia Civil, la oferta electoral del Partido Socialista es de 36.000 nuevas plazas. En lo que no puedo estar de acuerdo con usted es en que le demos
esta situación idílica a la Guardia Civil. Por la parte izquierda de la sala, según estoy mirando, había algunas serias discrepancias. La verdad es que lo que hemos detectado en la Guardia Civil es una fuerte sensación de descontento a varios
niveles, que son cuestiones que no se le escapan: retributivas, de horario, de racionalización del régimen de vacaciones; en fin, una serie de reivindicaciones que entran, además, dentro de lo previsible y sobre las que yo tampoco quiero hacerle
ningún ajuste de cuentas al anterior Gobierno. Yo creo que un colectivo complicado, un colectivo plural y con una naturaleza compleja, mixta, como éste, tiene problemas específicos a los que hay que atender con toda la responsabilidad posible.
Dentro de esa responsabilidad está la puesta en práctica de un régimen de asociación profesional de la Guardia Civil que, efectivamente, no sea un sindicato encubierto. No son posibles los sindicatos en la Guardia Civil porque la naturaleza legal
-y yo como ministro del Interior tengo que respetarla, como acabo de decirle- lo impide. Lo que pasa es que la Guardia Civil, como colectivo, tiene una serie de reivindicaciones que entran dentro de lo puramente humano (le he hablado de algunas:
viviendas, educación de sus hijos, régimen de vacaciones, régimen horario, etcétera) y a las que hay que dar cauce porque es algo que va a redundar en el bienestar de gente que está prestando un servicio esencial para la seguridad de este país y,
por tanto, va a redundar en la mejora de la seguridad y en la mejora del status de la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas de este país; tratar bien a la Guardia Civil va a ser tratar bien a este país y dentro de este trato se incluye darles a
los guardias civiles un cauce de diálogo, de interlocución e incluso de reclamación con la Administración para mejorar toda esta serie de cosas.
Me pregunta también sobre el tema de la política penitenciaria. Aquí me gustaría detenerme porque he creído ver de un modo más que implícito, de un modo bastante explícito, en su intervención cierto escepticismo respecto de nuestra oferta
electoral: un preso por celda. Déjeme que le diga una cosa, francamente, señora Sánchez-Camacho. Creemos que un preso por celda es a lo que tiene que ir cualquier sistema penitenciario con una dosis mínima de humanidad; cualquier sistema
penitenciario que, además de respetar los derechos humanos de los reclusos, quiera conseguir una eficacia objetiva del sistema penitenciario en orden a rehabilitar y, por tanto, a evitar que el recluso que sale de la cárcel por haber cumplido la
condena privativa de libertad vuelva a delinquir. Se lo he dicho antes y se lo repito ahora. Pero es que, señora Sánchez-Camacho, el criterio de un preso por celda no es sólo un criterio político, es el criterio de la Ley Orgánica General
Penitenciaria, y usted debería saberlo y, por tanto, debería estar de acuerdo con él. El artículo 19 de la ley dice que los internos se recogerán en celdas individuales. Por tanto, el Gobierno del Partido Socialista, respetuoso con la ley, no sólo
tiene que ir a un interno por celda por un criterio político, sino también por un criterio legal. Déjeme que le diga una cosa, cuanto mejor y más caminemos a favor de esa ratio, mucho mejor para todo el mundo, por la razón que le apuntaba, porque
será más eficaz el sistema penitenciario y, por tanto, se podrán reducir objetivamente las altas cotas o dosis de inseguridad ciudadana que soporta este país.
Respecto a las filtraciones a la prensa, me remito a la respuesta que ya le di. Aquí introduce un elemento novedoso que es la intervención del portavoz del Consejo del Poder Judicial. Ya sabe que nosotros somos partidarios, habrá que verlo
en el futuro hablando de futuro, de traer aquí a la gente de todas las instituciones del Estado, sobre todo -como es el caso obviamente-, cuando entran en determinadas afirmaciones que, desde luego, puedan hacer colisionar determinados poderes del
Estado. Se lo digo por una razón. Si trajéramos aquí al portavoz del Consejo -que igual es lo que hay que hacer en el futuo- habría que preguntarle si cuando habló lo hizo en nombre de todo el Consejo y con una decisión formal del mismo o hablaba
a título individual. (La señora Sánchez-Camacho Pérez pronuncia palabras que no se perciben.) No me lo diga por la prensa, porque eso es lo que dice él y lo que le digo yo es que conozco muy bien el Consejo, como podrá comprender, porque he estado
muchos años de juez y algunos años en el Consejo y sé de qué van las cosas. Y le digo que si hablaba como portavoz del Consejo, porque la llamada minoría progresista, es decir, los vocales elegidos a propuesta del Partido Socialista, de Izquierda
Unida y también de Convergència i Unió, dijeron que no hablaba en nombre del Consejo, sino a título individual. Pero, al margen de eso, que no entro en esa pelea, lo que habría que preguntarle igualmente es si las afirmaciones que hacía las hacía
después de que el Consejo hubiera abierto alguna investigación al
respecto de las filtraciones. No voy a entrar tampoco más en el tema, pero creo que la respuesta que le he dado es sensata. Los sumarios pertenecen a los jueces y si hay filtraciones sumariales es algo que tienen que investigar los jueces
o, eventualmente, el Consejo del Poder Judicial.
Quiero recalcárselo y subrayárselo: si hay filtraciones sumariales; si hay otro tipo de cosa, ya le dije que la información policial pretendo que sea una información protocolizada y profesional en
la que lo que es puramente operativo, nos digan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los que están al mando de las operaciones, qué es lo que se puede decir o qué es lo que no se puede decir. Lo que no se puede hacer en ningún caso es
hurtar a la ciudadanía información básica sobre lo que está ocurriendo. Imagínese que, a día de hoy, los ciudadanos no supieran nada, absolutamente nada de lo que ha pasado el día 11 de marzo; eso no es posible. Por eso le digo que hay que
conjugar y respetar el ejercicio de las libertades de información con el ejercicio de otros derechos constitucionales y hay que respetar el status de los medios que están por esencia en la llamada sociedad, con el estatuto, con la respuesta de las
instituciones del Estado y, dentro de éstas, cada uno dentro del marco de sus competencias constitucionales.
Luego me pregunta sobre los confidentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Yo insisto en que en este país tenemos una cosa muy buena, y me referiré luego a ella a preguntas de algún otro portavoz de esta Comisión -no recuerdo
ahora mismo quién-; me habla de informaciones periodísticas sobre confidentes, gente del 11-M que tenían las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En España tenemos una cosa muy buena, que es una investigación judicial absolutamente
racionalizada; es decir, que el sistema judicial funciona en España y se investiga bien. Me remito -y respeto absolutamente las conclusiones del sistema judicial- a lo que diga la administración judicial y luego -aunque no voy a entrar- me
remitiré también a lo que en su día diga la comisión de investigación política, en este caso. Son ambas investigaciones racionales, institucionales y creo que todos debemos confiar en la tarea de las instituciones del Estado porque son
instituciones sanas y merecen que se confíe en ellas.
Señora diputada de Izquierda Verde, muchísimas gracias también por su intervención. Apela a una discusión que es culturalmente muy interesante pero que realmente yo, que llevo muchos años pensando en ella, no puedo reproducir aquí. Creo
que no lo podemos reproducir aquí porque precisamente su sesgo tan cultural le quitaría fuerza política a mi comparecencia en esta Comisión. Me refiero a cuando usted habla de las causas de la inseguridad ciudadana y de las respuestas sociales, más
allá de las respuestas represivas, a la inseguridad ciudadana. Creo que lo que sí podemos decir aquí es que la inseguridad ciudadana, los aumentos del nivel de criminalidad, obedecen a un conjunto plural de causas entre las cuales, también y de un
modo muy decisivo, están las malas prácticas en materia de seguridad ciudadana. La falta de respuesta adecuada del Estado o del poder público en general a los retos y a las exigencias de la seguridad ciudadana; esa también, junto con otras causas.
Pero yo me tengo que dedicar, como ministro del Interior, al análisis de las causas que tienen que ver con las políticas policiales, políticas criminales en general o políticas de seguridad ciudadana, como quiera llamarlas.
Creo que aquí sí es cierto lo que se decía antes. El Ministerio del Interior tiene que desarrollar políticas de represión cuando es necesario -hay que detener a los delincuentes, evidentemente-, pero tiene que desarrollar también políticas
de prevención y tiene que hacerlo -y ahí estoy completamente de acuerdo con usted- en los segmentos de la población de clase media o de clase baja, las clases más populares que son las que han sufrido la progresiva descapitalización de la seguridad
pública que ha sufrido a su vez este país en los últimos años a favor de la seguridad privada. En eso estaremos. Creemos que debe haber más policía en la calle y justamente en aquellos sitios en los que la gente no se puede pagar una seguridad
privada. Es prioritario que la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de este país tengan tan buena seguridad ciudadana como la inmensa minoría que se puede pagar una seguridad privada. Eso lo tenemos muy claro.
No vamos a integrar los cuerpos policiales, sino que va a seguir existiendo la Policía Nacional y la Guardia Civil y no vamos a discutir la naturaleza legal que en estos momentos tiene la Guardia Civil. En cuanto al nuevo director general
de la Guardia Civil, insisto en que es un error objetivo vincular el nombramiento de Arruche a la militarización, a la desmilitarización o a otras discusiones más o menos aproximadas que pueda haber en torno a este instituto armado de naturaleza
militar, que es lo que dice la ley. Ya digo que Arruche es sobre todo un buen profesional, una persona que, si usted repasa su intervención cuando tomó posesión de la Dirección General de la Policía, le convencerá. Se trata de alguien que tiene
muy buen buena cabeza, muy buen talante y además muchísimo talento, y eso va a ser muy bueno para todos, en principio para la propia Guardia Civil y, desde luego, para los ciudadanos de este país. Por lo que respecta a la sindicación de la Guardia
Civil, ya le he dicho a su compañero del Grupo Popular que no es posible y he manifestado en qué términos queremos encauzar el problema de las reivindicaciones de los miembros de la misma. Y finalmente, en cuanto a la formación integral y
continuada, se trata de un reto de los policías y de los guardias civiles que este ministro del Interior va a tener encima de la mesa permanentemente, con iniciativas como las que le referí antes y algunas otras. Señor diputado, muchas gracias por
su intervención.
Señor diputado de Izquierda Unida, también le doy las gracias por su intervención. No tengo ningún inconveniente, sino que estoy a lo que me diga, en que las cuestiones relativas al tráfico y a la seguridad vial se desvíen a una comisión
específica, la cual creo que ya está creada, y que allí se discuta todo lo referente al carnet por puntos, se analicen los puntos negros existentes en el tráfico, las cuestiones derivadas de la limitación de la velocidad electrónica, etcétera, temas
en los que tenemos mucho que mejorar, así como algunas propuestas de reforma legal que trataremos de traer al Congreso de los Diputados, al Parlamento en general, en el plazo de tiempo más corto posible.
En cuanto a lo que me ha planteado relativo a la sustitución de las policías autonómicas, en particular de los mossos d'esquadra, he de manifestarle que el otro día estuve hablando con la consejera catalana de Interior y tenemos una
discusión pendiente al respecto, un estudio complejo al que ya le daré respuesta. Ya sé que esa reivindicación está pendiente y encima de la mesa, pero comprenda que nosotros tenemos pendiente una tarea ingente y que sólo llevamos veintitantos o
treinta y tantos días en el cargo. No sé exactamente de cuánto tiempo se trata, pero en todo caso el suficiente poco tiempo como para hacer otra cosa que tomar nota y dejar pendientes de estudio y desde luego de resolución este tipo de asuntos.
La señora Lasagabaster me ha planteado algunas cosas que yo comprendo que lo haga, pero que más bien son propias de lo que ocurriría si usted y no yo fuera la ministra del Interior, lo cual por el momento no parece que vaya a producirse.
(Risas.) Digo esto porque ha formulado algunos juicios de intenciones y ha hecho referencia a algunas políticas que, más que con Interior, con esta institución del Gobierno del Estado, tienen que ver con instituciones del sistema político, con
acuerdos que se producen más en el sistema político parlamentario que en el Poder Ejecutivo del Estado. Ha hablado fundamentalmente de dos cosas y le voy a contestar lo mismo que a su compañero de Convergència i Unió. Se trata de la integración de
las policías integrales en los fondos europeos y de la ampliación de la dotación de la Ertzaintza. El otro día hablé con Balza, el consejero vasco de Interior, y tomé nota de estas dos reivindicaciones, las cuales quedaron pendientes para ser
estudiadas.
Dénnos tiempo para que podamos estudiar el problema y así ofrecerles una respuesta racional y sensata, sea la que sea.
Por lo que se refiere al tema de las instituciones penitenciarias en Justicia, ello obedece a un viejo prejuicio a la hora de considerar el Gobierno del Estado, según el cual Interior sería algo así como un ministerio demasiado cercano a la
oportunidad que necesitaría el contrapeso de un ministerio mucho más cercano a la legalidad, que sería Justicia. Creo que no, porque, en los tiempos en los que vivimos, el Gobierno del Estado es un conjunto de ministerios muchísimo más integrado
-por lo menos así lo estoy viviendo desde que estoy en este- en el que no funcionan prejuicios de este estilo, sino en el que todo el mundo aporta su opinión. Seguramente que, cuando se ha tenido que nombrar director general de la Guardia Civil, la
ministra de Fomento o la de Cultura también han dicho algo; por qué no, porque cuando ellas plantean sus cuestiones penitenciales específicas, el ministro del Interior también trata de intervenir. Por tanto, el Gobierno, como indica su propio
nombre, es una institución colegiada en la que no debe de funcionar ese prejuicio.
En cuanto a las cuestiones relacionadas con el País Vasco y Navarra, me remito a mi intervención, porque realmente estamos preocupados por el estado de algunos centros penitenciarios.
Respecto al control judicial del centro nacional de coordinación antiterrorista, ya dije que no tenía carácter operativo. Se me antoja difícil que sea necesario un control judicial, pero si fuera necesario lo habría en la misma medida en la
que en un Estado de derecho hay un momento de control judicial, entre comillas, sobre cualquier actividad de cualquier departamento ministerial del Gobierno del Estado.
En cuanto al asilo y refugio, permítame que le diga una cosa, porque usted me apela a datos puramente estadísticos. Ciertamente, en la última reunión del Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea, celebrada en
Luxemburgo aproximadamente hace un mes, comprobé clarísimamente que el problema del asilo es sobre todo un problema de los países del centro y del este de Europa. Nosotros más bien tenemos un problema de inmigración. Por eso, no haga mucho caso a
las estadísticas que registra España en materia de asilo, porque las respuestas que está dando este Gobierno a las demandas de asilo están siempre ajustadas y pegadas a la ley. El asilo tiene una naturaleza jurídica y unos objetivos precisos que
este ministerio, en todo caso, está respetando desde que empezó a funcionar. No sé si se refiere a la gestión de otros ministerios, sobre los que evidentemente no puedo responder.
En relación con el tema de las víctimas del 11-M y de la Ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo de 1999, sabemos cuál es el problema conceptual, pero hay una interpretación clara, porque es perfectamente posible interpretar
-aunque no me quiero meter en jardines propios del sistema judicial del Estado, lo dejo como idea- que los autores de la tragedia del 11-M también podían tener finalidades precisas más que evanescentes. En todo caso, la Ley de 1999 nace en un
momento político e histórico preciso. Es una ley contra el terrorismo que hay en ese momento. Ahora tenemos un terrorismo de nuevo cuño sobre el que antes le he empezado diciendo que desconocemos sus coordenadas políticas y culturales y su
morfología. Tenemos que hacernos cargo de ese problema.
Probablemente necesitaremos otros instrumentos normativos para dar asistencia a las víctimas, pero, incluso aunque no los haya,
las víctimas del 11-M y sus familias van a estar perfectamente atendidas por este Ministerio del Interior.
En cuanto a las modificaciones legales que me ha planteado, ya he dicho que todas las que puse encima de la mesa las ofrezco bajo el signo del consenso. Por tanto, me remito a ese consenso. Cuando se presenten dichas iniciativas, estaremos
abiertos a discutirlas con todo el mundo.
Me habla de las torturas y malos tratos. En primer lugar, como ya le he dicho a usted, o a no sé quién, este ministerio va a ajustar su actuación al principio de legalidad estricto, es decir, está claro que no va a tolerar ilegalidades. En
segundo lugar, quiero decirle que este ministro confía plenamente en las instituciones de este Estado. En tercer lugar, si de un modo excepcional hay problemas como los que usted ha descrito, el sistema siempre ha respondido. Insisto en que
tenemos un sistema judicial independiente que sí que responde, señora Lasagabaster. Lo que no se puede hacer, desde mi punto de vista, es extender sospechas genéricas no apoyadas en hechos. Si usted tiene conocimiento de que se han producido malos
tratos o torturas tiene que denunciarlo. Porque decir que se conocen o tal no se puede hacer, francamente, porque no es razonable, señora Lasagabaster. En todo caso, insisto en que confío en la solidez democrática de este Estado y confío en la
solidez de la respuesta en las instituciones de este Estado frente a cualquier problema que pueda haber, porque esto es algo que hemos demostrado a lo largo de los últimos años.
El señor Mardones me plantea -lamento ir tan rápido pero creo que no tenemos tiempo para más- un problema con el centro nacional antiterrorista, pero como no está no tengo que responderle.
Señor Olabarría, en cuanto al pacto antiterrorista me remito literalmente a lo que dije, es decir, vamos a respetar el pacto antiterrorista y compareceré, como dije también, oportunamente en el Parlamento a fin de dar cuenta a todos los
grupos, como hice el otro día en la Comisión de Secretos Oficiales, del estado de la lucha antiterrorista en todo lo que se pueda contar.
En cuanto a las víctimas del terrorismo, sí hay un organismo en el Ministerio del Interior específicamente encargado de la asistencia, que es una subdirección específica que está en el organigrama de la Subsecretaría de Estado y que está
haciendo una buena labor. Insisto en que desde esa subdirección se va a tratar, además de los organismos que tiene la administración local y autonómica de Madrid, de amparar en todo lo posible a las víctimas y a las familias del trágico 11 de
marzo.
Respecto a policías autonómicas, ya he contestado a su compañero de Convergència i Unió, y en cuanto a la dispersión penitenciaria ya sabe que la política penitenciaria tiene que tener el objetivo que usted dice, pero dentro de un marco
general de rehabilitación y reinserción, de tratamiento individualizado y de todas las demás cosas que dice la Ley Orgánica General Penitenciaria. Creo que el sistema penitenciario español, el de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias, que manejará el Gobierno del Partido Socialista, hará todo lo posible por rehabilitar y reinsertar siguiendo un tratamiento individualizado, implique lo que implique eso. Eso es poner en marcha y activar una ley progresista y
decente, que es la Ley Orgánica General Penitenciaria, a cuyos criterios yo me voy a remitir en cualquier caso.
El señor Cerdà me dice que he sido genérico. Esta es una comparecencia para explicar las líneas programáticas, no para explicar demasiadas cosas en concreto, cosas demasiado puntuales, las líneas políticas de Gobierno para todo el
territorio y no sólo para parte del territorio, y usted sólo se ha referido a parte del territorio. Quiero decir que la lógica de las políticas del Ministerio del Interior es una lógica que habrá que ir aplicando en todos y cada uno de los momentos
a todos y cada uno de los territorios de este país.
Me he referido específicamente al turismo, al hacinamiento de las cárceles, y también he hablado de cuáles son los problemas puntuales y cuál es nuestra vocación general de mejorar las infraestructuras y de ir a una aplicación puntual y
exacta de los criterios de la Ley Orgánica General Penitenciaria: tratamiento individual, cumplimiento progresivo y el resto de los criterios de la ley orgánica, que sin duda mejorarán el sistema penitenciario, el hacinamiento y además, y de un
modo muy destacado, estoy seguro, la seguridad ciudadana.
La violencia racista, por la que también indaga, va a ser objeto de una atención prioritaria por este Gobierno y vamos a ser extremadamente duros con esta gente dentro del ámbito de nuestras competencias, extremadamente duros con actividades
que son objetivamente intolerables, sean las que sean, no debe haber lugar en este país para la violencia racista, xenófoba u homófoba. En la policía, que es un cuerpo urbano, porque este es un problema básicamente urbano, aunque no solamente, ya
existen grupos especiales que vamos a tratar de potenciar.
Luego me pregunta por un grupo, Vinatea, que la verdad es que no conozco.
Yo creo que puede ser objeto de un tratamiento más específico a través de una pregunta parlamentaria o algo por el estilo.
Finalmente, agradezco al señor Martínez Sanjuán su amable intervención y le hago la misma oferta que al resto de los grupos políticos, aunque sea quien primordialmente apoya al Gobierno, pero esa oferta está presente para todo el mundo, la
oferta de consenso, de diálogo y de tener las mejores relaciones que podamos tener para lo que ustedes saben que es una tarea muy complicada, que es la de dirigir este Departamento de Interior.
La señora PRESIDENTA: Entiendo que todos los portavoces han hecho uso de la palabra por encima del
tiempo que está permitido en el Reglamento para este trámite de comparecencia, pero en cualquier caso si los grupos parlamentarios me piden un turno de réplica lo voy a dar, en este caso sí, limitando a dos o tres minutos el tiempo de esta
réplica. ¿Algún grupo parlamentario quiere hacer uso de la réplica? (Pausa.) Entonces voy a aplicar la norma de menor a mayor, si les parece. En este caso tiene la palabra la portavoz del Grupo Mixto señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Confío en que en las cuestiones relativas a la integración en los foros operativos policiales europeos, en la ampliación de la dotación de la Ertzaintza, se pueda encontrar una solución, porque es una
cuestión de voluntad política, como decía antes, no cuestiones operativas de índole de modificación legal; en definitiva, es una cuestión de eficacia. Por tanto, no tiene que haber ningún resquemor en relación a la Ertzaintza o a los mossos
d'esquadra, o en su caso en el caso de Navarra, si aceptasen utilizar la posibilidad de que tengan también policía integral.
Me centraré en dos clarificaciones a dos temas uno, el tema de las víctimas del terrorismo. Permítame que le haga una pregunta concreta porque a lo mejor yo lo entiendo mal. Considero que una víctima del terrorismo, sea cual sea su origen
y causa -el terrorismo de cualquier índole-, lo que hace es acudir precisamente al Gobierno, a la subsecretaría correspondiente y solicitar la aplicación de la ley. Es decir, que ahí no interviene el órgano judicial en ningún caso. Sólo si el
Ministerio del Interior en este caso deniega la solicitud se produce la intervención del órgano judicial. Lo que le estoy preguntando, señor ministro, es si ustedes en primera instancia van a aplicar si o no esa ley a las víctimas del 11 de marzo.
Si me dice: sí, no habrá ninguna demanda ante los tribunales de justicia. Si me dice: tenemos dudas, no sabemos, hay que interpretarlo, es difícil, o tenemos dificultades de cualquier otra índole, es cuando interviene ya el órgano judicial y la
interpretación que en algunos casos en materia de esta ley ha llevado a la propia Audiencia Nacional a admitir determinados recursos que nos parecían con mucho sentido que el propio Ministerio del Interior en su momento no había admitido. Pero en
primer caso hay una primera posición, que es la del Gobierno, y es la que le estoy preguntando a usted.
Segunda consideración, el tema de las torturas. He querido hacer una intervención en este tema bastante controlada en el sentido de atenerme a determinadas políticas. No denuncio por denunciar, cuando hemos tenido información concreta
nuestros compañeros de partido, yo misma, lo hemos llevado a los tribunales. Eso es evidente. Pero hay tres políticas en este caso: primero (y no es una cuestión que diga Begoña Lasagabaster, o Eusko Alkartasuna, esto se lo están recomendando los
organismos especializados derivados del Consejo de Europa y de Naciones Unidas), actuaciones políticas y modificaciones legales que eviten la posibilidad de que se pueda cometer ningún tipo de actuación que vulnere los derechos fundamentales de las
personas detenidas; es decir, recomendaciones legales, que es a donde yo voy y le he preguntado: ¿qué recomendaciones legales están haciendo en este momento el comité de prevención de la tortura del Consejo de Europa y el comité de Naciones
Unidas, Amnistía Internacional, y así podría seguir continuamente. Por ejemplo, artículo 509. Trece días puede estar una persona incomunicada en prisión provisional. Eso dice todo el mundo que es una posibilidad demasiado grande, por no decir
inmensa, para que se puedan producir estas actuaciones. Artículo 520 y artículo 527 bis, si no recuerdo mal, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Además, del protocolo del médico forense continuamente cambiando, e incluso cámaras de vídeo de
vigilancia para que incluso se puedan defender las personas que custodian a los presos de cualquier acusación falsa. Por tanto, recomendaciones legales.
La señora PRESIDENTA: Le ruego vaya terminando.
La señora LASABABASTER OLAZÁBAL: Termino.
Segunda consideración: denuncias. Evidentemente, cuando las ha habido hemos ido a los tribunales. Tercera cuestión, que ha sido muy común en la política gubernamental en los últimos años: los indultos a las personas condenadas por
delitos de malos tratos y torturas. Lo que le estoy diciendo es que no se puede reproducir lo de los mil y pico indultos que se concedieron hace apenas dos o tres años, que tuvimos que repasar el BOE, semana tras semana, día tras día, porque nadie
nos dijo que habían indultado a muchísimas personas, funcionarios públicos condenados por tortura. Le ruego no vuelva a hacer este nuevo Gobierno lo mismo que hizo el anterior. Eso también es una actuación política. Por tanto, tres campos de
actuación: denuncia judicial, modificaciones legales y evitar este tipo de cuestiones. No son cuestiones baladíes.
El señor PRESIDENTE: ¿La portavoz de Izquierda Verde-Izquierda Unida, quiere hacer uso de este turno de réplica?
La señora NAVARRO CASILLAS: Muy brevemente.
Me sorprende, cuando estoy aquí en el Parlamento, que se diga que a lo que se va a dedicar el ministro es al cumplimiento estricto de la legalidad.
Sí porque es Poder Ejecutivo, pero como el Parlamento es Poder Legislativo, la legalidad se
cambia para mejor. Lo intentaremos entre todos, sobre todo en esta Comisión. Por eso mantengo todas las propuestas que he hecho.
Respecto a no discutir la naturaleza legal de la Guardia Civil, señor ministro, entiendo que es necesario, bueno y supondría el reconocimiento de la realidad
existente. Dadas las funciones que mayoritariamente desempeña la Guardia Civil lo lógico es que no fuera un cuerpo militar, y la consecuencia sería el reconocimiento de todos esos derechos que están reclamando.
En cuanto a los presos preventivos no se ha dado una contestación que sea la solución, porque además requiere también modificaciones legales. En este país tenemos una legislación que fomenta los presos preventivos y ello supone un
incremento de personas que están en la prisión, que viene a ser entre un tercio y un cuarto, según las temporadas se va incrementando o disminuyendo, lo que se podría evitar. De esa manera tendríamos a menos gente en la cárcel, que además después
puede ocurrir que sea declarada inocente y no tendría que haber estado en prisión.
La señora PRESIDENTA: Señor Mardones, le pregunto: ¿Quiere hacer uso de este turno de réplica?
El señor MARDONES SEVILLA: Pido disculpas, señora presidenta, porque estaba interviniendo en la Comisión de Cultura, ya que tengo que hacer doblete, como los grupos pequeños. (Risas.) No sé si el señor ministro me ha contestado o no,
aunque simplemente fuera para que quedara constancia en el 'Diario de Sesiones'. Le agradezco su benevolencia, señora presidenta. Ruego al señor ministro que responda a algunas de las cuestiones planteadas, pero no haría uso del turno de réplica
una vez recibida la información.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Vasco, señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor ministro, no ha entrado en algunas de las cuestiones de más nervio político que le he planteado, y le alabo el gusto. Quizá no sea esta comparecencia el foro idóneo para entrar en cuestiones particularmente
delicadas. Hay preguntas específicas sobre las que no me ha contestado, a las que yo he intentado dar este tono concreto meritorio de una respuesta específica, y particularmente dos, que relato inmediatamente, señora presidenta.
¿Usted cómo puede concebir que en 40 años de cumplimiento efectivo de privación de libertad se pueda reinsertar a un preso, cualquiera que haya sido el delito cometido? Además por qué existe esta previsión para la comisión de unos delitos y
no para la comisión de la generalidad de los delitos previstos en el Código Penal. ¿Hasta qué punto no se resiente el principio de igualdad ante la ley? No le pido que entremos en un sofisticado debate jurídico sobre esta cuestión, pero ¿es que en
40 años de cumplimiento efectivo de privación de libertad, una ley tan progresista, como usted la ha calificado, la Ley Orgánica General Penitenciaria, aplicando incluso los componentes más progresistas de la ley, es posible resocializar a un preso?
Es una cuestión que requiere una respuesta específica, sí o no.
En relación a las torturas voy a reproducir un poco lo que ha dicho la señora Lasagabaster, que son abrumadoras las denuncias de organismos internacionales, y le voy a dar un dato objetivo: hay 87 policías nacionales y guardias civiles
condenados por sentencias firmes por prácticas de torturas en los últimos tiempos. Estamos hablando de hechos que incluso han sido objeto de depuración jurisdiccional, señor ministro, no estamos hablando de una cuestión baladí, porque la práctica
de la tortura, sea grande, pequeña, esporádica o no, deslegitima el sistema penitenciario, deslegitima la política criminal. Todavía sigo sin comprender cómo existen períodos de retención o de detención que superan el límite constitucionalmente
consagrado por la propia Constitución y a nadie se le rasguen las vestiduras por esto. Esos espacios de impunidad y de oscurantismo son los que pueden propiciar prácticas de malos tratos, que usted debería prevenir, y por eso le he preguntado si
está dispuesto a afrontar o a estudiar un protocolo de control en esos momentos de detención o retención de una persona similares a los que ya tiene aprobados el Gobierno vasco mediante la asistencia de médicos forenses, la asistencia de familiares,
o la asistencia permanente de médicos de libre elección del detenido. Me gustaría saber si está entre las políticas de su ministerio estudiar un protocolo que pueda erradicar o prevenir una práctica tan aberrante como esta.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el portavoz de Esquerra Republicana.
El señor CERDÀ ARGENT: Siento discrepar un poco. No he focalizado mi intervención en una zona concreta del Estado español, sólo al final, y me parece que lo he hecho entre otras cosas porque desde el advenimiento de la democracia este tipo
de violencia es demasiado frecuente en la vida política y social del País Valenciano. Por tanto, después de diferentes gobiernos que no han hecho absolutamente nada por erradicar este tipo de violencia, casi como amparo, me remito a usted para que
tome cartas en el asunto y podamos tener en el País Valenciano una convivencia política sencillamente pacífica y estable, como es deseable en otras partes del Estado, sin que sea por la especificidad territorial, ya que este problema puede ser
exportable, como ha pasado otras veces, a otros territorios del Estado y me parece igualmente grave. Por ello, aunque parezca anecdótico, estaremos dispuestos desde nuestro grupo a colaborar al máximo nivel con el Ministerio del Interior para la
erradicación de estos grupos ultraderechistas.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Guinart.
El señor GUINART SOLÁ: Muy brevemente, dos o tres comentarios finales. Uno de ellos es una cuestión que no ha suscitado ningún tipo de debate y hemos
pasado muy por encima de ella, que es la política de Interior sobre la modificación de la Ley electoral, relativa a plantear listas abiertas, elección directa de alcaldes, la prohibición de publicidad institucional en los períodos previos a
las elecciones, o el voto de residentes. Son cuestiones que me sorprende que se planteen en el seno de esta Comisión y no en otros ámbitos, como en Administraciones Públicas. No es sólo la cuestión técnica de Interior, sino que afecta a un
planteamiento político de mayor calado.
Por otro lado, quería comentar que desde la óptica de Cataluña muchas de las competencias del Ministerio del Interior están transferidas, como son los temas de seguridad a través de las tareas de los Mossos d´Escuadra que, por cierto, no
tienen la polémica de mando único porque es una policía integral, temas de tráfico y de prisiones, única comunidad autónoma en la que han sido transferidos o Protección Civil, que se desarrolla desde la Generalitat, con lo cual muchas veces no se
plantean problemas a nivel de todo el Estado español. Queremos pedir la sensibilidad y el esfuerzo del ministerio para coordinar todas las decisiones o acciones en este ámbito, para que haya una política coordinada entre todas las zonas del
territorio español.
No me ha contestado a la propuesta de la apertura, entiendo que es un tema más profundo, aunque no sea la formulación más afortunada del Pacto antiterrorista, aceptando planteamientos que puedan dar cabida a otros grupos políticos. Han
quedado pendientes otras cuestiones que he planteado, pero entiendo que por la brevedad del tiempo no ha habido ocasión de responderlas. No obstante, me gustaría que tras la lectura más detallada del 'Diario de Sesiones', se puedan facilitar las
respuestas pertinentes.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señora Sánchez-Camacho.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Señor ministro, acudíamos con cierta expectación a su comparecencia, y le puedo decir que ha cubierto algunas de ellas, pero de forma sorpresiva. Le diré por qué. Ha ido usted contestando a cada uno de los
planteamientos que le ha hecho este grupo parlamentario, pero sorprendentemente debo decirle que de forma insatisfactoria en muchos de ellos. En el primer punto usted se refiere a que es una cuestión nominal el hecho del ministerio de la seguridad
y que son más importantes las cuestiones de fondo que de forma. Lo podemos compartir, ya que es mucho más importante gastarse el dinero en medidas operativas y policiales tendentes a la eficacia, a la formación y a la mejor operatividad de nuestras
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Lo compartimos, señor ministro, pero sorprende que usted lo diga, porque da la casualidad de que quienes hicieron el programa socialista fueron ustedes y quienes lo pusieron fueron ustedes. ¿Me está usted diciendo
que hace propuestas puramente nominalistas en su programa electoral? Porque este grupo parlamentario no consideró esa importancia. La consideró su gobierno y lo dijo su presidente del Gobierno. Por eso queríamos precisarle ese aspecto.
Respecto al mando único, señor ministro, dice usted que tienen derecho a organizar esa casa. ¡Faltaría más, es usted el Poder Ejecutivo y el responsable en esa materia! En modo alguno esta diputada y este grupo parlamentario ha atentado, ni
muchísimo menos, contra esa capacidad, pero sí que hemos criticado la ineficacia, la inoperatividad y lo que creemos que es el aumento de organismos y de cuerpos que únicamente usted ha intentando hacer para disimular reiteradamente, le hemos dicho,
su incumplimiento electoral, el suyo, el del presidente del Gobierno, el de la vicepresidenta, que hablaron de una única persona física que sería la que sustituiría a los tradicionales directores generales de la Guardia Civil y de la Policía
Nacional. No lo dijo este grupo parlamentario, señor ministro, lo dijeron ustedes. Que me diga, señor ministro, que esto se hace por coordinación y que no es tan importante la jerarquía como la coordinación y el acceso a esa coordinación con las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo compartimos, pero además me sorprende que usted diga que había una falta de coordinación y una mayor sensibilidad en determinados países. Señor ministro, no sé a qué países se está refiriendo usted. Lo
ha dicho usted en su exposición y hemos tomado nota.
Los éxitos de la política antiterrorista del anterior Gobierno son manifiestos, creo que los puede compartir usted y me gustaría que incluso pudiera exponerlos. Son sobradamente conocidas la lucha contra ETA, la desactivación de comandos,
las medidas legislativas, operativas y policiales y la eficacia que esa coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha tenido a lo largo de todo este tiempo.
Me habla usted del centro nacional de coordinación y me dice que este centro nacional de coordinación antiterrorista -no sé si es un lapsus de su subconsciente, señor ministro, pero ha estado usted aludiendo al Centro Nacional de
Inteligencia, que usted lo integra en este centro de coordinación antiterrorista- es un instrumento y que será un instrumento eficaz de coordinación. No dude usted de que este grupo parlamentario y este portavoz estarán a la espera de que usted
pueda ir cumpliendo ese compromiso que ha manifestado aquí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que usted entiende que antes no existía esa coordinación? ¿Está usted dando por supuesto eso? Le puedo leer lo que ha dicho hoy su director general de la Guardia
Civil en relación con la importancia de este centro nacional antiterrorista que usted nos ha expuesto aquí muy claramente, aunque parece ser que él no piensa lo mismo. Dice que no va a ser un mando operativo y que el proyecto es ambicioso, que se
realiza para que sea de verdad y funcione que la Guardia Civil y la Policía se lleven bien en casi todo. ¡Hombre!, si la verdad es que haya química entre el
director de la Policía y que con este centro antiterrorista ustedes intenten superar las llamadas malas relaciones que pueda haber entre los dos cuerpos, no se lo dice este grupo, lo dice su propio director general de la Guardia Civil hoy
mismo en declaraciones a los medios de comunicación. Nosotros compartimos muchas de las cosas que ha dicho usted sobre la lucha antiterrorista. Evidentemente ahí nos va a tener y ahí ha estado en todo momento el Grupo Parlamentario Popular.
Con respecto a algunas medidas a las que usted ha aludido, que dice que han tenido cierto eco en el Grupo Socialista cuando hemos aludido a la situación de la Guardia Civil, se lo vuelvo a reiterar, señor ministro, usted lo conoce muy bien y
sabe muy bien en qué condiciones estaba ese cuerpo, anímica y organizativamente hablando, en el año 1996. No hace falta que le recuerde de qué veníamos en esos años. Usted sabe muy bien la paz social y los acuerdos que se han llegado a acometer
con el Gobierno del Partido Popular. ¿Que sin duda falta mucho por hacer? Es evidente y en ello estábamos en el Plan de lucha contra la delincuencia, entre los que teníamos la modificación de sus regímenes horarios, pluses de productividad, pluses
de destino, etcétera, algunas de las cosas a las que usted ha aludido.
Cuando se refiere a la claridad explícita y no implícita, señor ministro, de la que he hablado en política penitenciaria, le tengo que decir que ha sido explícito, pero parece ser que usted no me ha debido entender bien, porque la
apreciación subjetiva que usted ha exteriorizado respecto a que este grupo parlamentario desconocía la ley es una apreciación suya. Le hemos dicho y le hemos repetido que su grupo ha manifestado y recoge en su programa electoral lo que nosotros
entendemos que debe ser así y que establece la ley vigente, pero le hemos pedido que repase usted las intervenciones de su directora de Instituciones Penitenciarias, porque en algunas de ellas manifiesta que hay imposibilidad de cumplimiento de esa
ratio. Por tanto, la intervención a la que hemos aludido iba en esa línea y no en la que usted ha manifestado.
La señora PRESIDENTA: Tiene que ir acabando, señora Sánchez.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Acabo muy rápidamente, señora presidenta.
Respecto a sus opiniones cuando usted era vocal del Consejo General del Poder Judicial, le hemos dicho en la intervención anterior que son absolutamente respetables, como no puede ser de otra manera, aunque no fueran compartidas. Lo que nos
preocupa, señor ministro, es que ahora usted tiene capacidad de reformar, tiene capacidad legislativa, tiene capacidad de presentar proyectos de ley a esta Cámara y, evidentemente, capacidad de intentar modificar la legislación vigente. Lo que nos
sorprende es que usted diga con ese rubor que usted se somete a la legalidad vigente. Nos sometemos todos, señor ministro, el Estado de Derecho es para todo el mundo. Los que hemos actuado como jueces y como miembros de ministerios nos hemos
sometido siempre a la legalidad vigente. Esa no es una respuesta, señor ministro, eso es salirse de estudio y la verdad es que sorprende su frivolidad.
En cuanto a las filtraciones, me dice que respeta los secretos de sumario pero a la vez me dice que los ciudadanos tienen derecho a saber lo que ocurrió con el 11 de marzo. Totalmente de acuerdo. Sabe usted que hay una comisión de
investigación solicitada por este grupo con amplitud, así como por otros grupos, para conocer esa información. Pero sorprende, señor ministro, que un juez diga que el secreto de sumario es la única respuesta que usted me puede dar frente a las
filtraciones en los medios periodísticos. Que el secreto de un sumario aparezca en los medios de comunicación y que cuando el juez instructor del mismo dice que requiere ayuda a instancias de los medios que tiene, tanto de la fiscalía como del
Consejo General del Poder Judicial, yo le vuelvo a reiterar, señor ministro: ¿usted está haciendo alguna actuación por si hubiera sido o hubiera podido provenir del ministerio algún tipo de filtración? ¿Usted está haciendo alguna actuación?
Porque yo no le pregunto por el respeto que usted tiene a los órganos judiciales, que lo conozco por su propia experiencia y la mía propia, sino qué está haciendo usted, señor ministro. No responda con la frivolidad conocida de la legislación que
todos sabemos. Responda con las actuaciones que usted está llevando a cabo, que piensa llevar a cabo o que entiende este ministro que es un tema menor y que a lo mejor en su ministerio no las tiene que acometer.
La señora PRESIDENTA: El señor Martínez Sanjuán tiene la palabra.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: A los efectos puramente sobre alguna fijación de mi grupo parlamentario sobre algunos conceptos para que queden absolutamente claros en el 'Diario de Sesiones'.
A mi grupo parlamentario lo que le sorprende es la interpretación de la realidad pasada a beneficio de inventario, buscando a veces tres pies al gato sobre las declaraciones del ministro de acuerdo con el interés de algún grupo parlamentario
de arrimar el ascua a su sardina. No se puede hacer referencia al programa electoral del Partido Socialista -por lo menos este grupo parlamentario tiene algo que decir y además, me imagino, que también el señor ministro-, sin entrar en el fondo de
la política que está haciendo el ministerio, tanto en la política del mando unificado como en la búsqueda de elementos de coordinación en la política antiterrorista, con un criterio puramente nominalista del nombre, de si es una persona o es un
equipo por una interpretación a beneficio de inventario. Esos incumplimientos que el Partido Popular desde la primera semana de gobierno del Grupo Parlamentario Socialista, del Partido
Socialista, lleva denunciando, sea en esto o sea en otra serie de cuestiones, es algo que verdaderamente es chocante, máxime cuando no creen en ellos, según ha dicho el señor Rajoy, no creen en los elementos que por lo menos mi grupo
parlamentario llevaba en el programa electoral, y que el objetivo fundamental lo está cumpliendo en materia de coordinación y en materia de política contra la inseguridad ciudadana. De la misma manera que ni la directora general de Instituciones
Penitenciarias ni el ministro pueden venir a esta comparecencia a decir que ya han cumplido el objetivo al que hacía referencia S.S. en materia de lo que es la ratio entre reclusos y celdas, puesto que como no ha sido el Partido Socialista el que
ha gobernado en los últimos ocho años, no ha podido llevar a cumplimiento la Ley General Penitenciaria, como decía S.S., para hacer realidad el principio efectivo de un recluso en una celda. Estoy convencido de que ni usted, ni mi grupo
parlamentario, ni el Gobierno, se podrían inventar desdoblamiento de celdas en prisiones donde no las hay, pero desde luego no se puede decir que está habiendo casi incumplimientos políticos, como se dijo el otro día en el Pleno del Congreso y se ha
repicado en todas las circunscripciones electorales, simplemente por una política de desgaste del Ministerio del Interior y del Gobierno socialista. Señor ministro, en el cumplimiento del programa, de los principios básicos, nos va a tener al Grupo
Parlamentario Socialista como un solo hombre y como una sola mujer.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra para cerrar este turno de la comparecencia, el señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): En cuanto a la diputada señora Lasagabaster, le diría lo mismo que en algunos aspectos al señor Olabarría, la naturaleza de esta comparecencia es la que es. Si quieren hablamos de todo lo que
ustedes quieran, pero aquí se trata de plantear las líneas programáticas del gobierno del Ministerio del Interior y no sobre lo que le parece o no le parece al ministro esta ley o aquella ley o sobre este o aquel otro aspecto del sistema
penitenciario. Estamos hablando de las líneas programáticas y, por tanto, de las líneas de gestión política del Ministerio del Interior.
En cuanto a las... no sé cómo decirlo, señora Lasagabaster y señor Olabarría, cuando se habla del tema de la estructura me remito a lo que ha dicho el señor Olabarría, han sido hechos objeto de depuración jurisdiccional. Quiero decir, él
mismo me expresa una confianza en las instituciones del Estado que celebro. En todo caso, creo que son hechos cuando los ha habido excepcionales y han sido depurados por el sistema institucional de este país convenientemente. Por tanto, las
instituciones han funcionado e insisto, por lo menos a este ministro no se le pueden hacer imputaciones genéricas de que hay denuncias genéricas, porque no se han concretado, de no se sabe qué instituciones internacionales en no se sabe qué momentos
o referidas a qué acontecimientos, que pueden extender una sospecha que, de verdad, no es razonable, ni sensata ni puede ser tolerada por las instituciones de este Estado.
En cuanto al representante de Esquerra Republicana, tomo nota de la violencia de tipo racista, xenófobo y homófobo, a la que usted hace referencia. Acepto y le agradezco la colaboración que nos ofrece en esta materia.
En cuanto a Convergència i Unió, cuando hablaba de política interior y de las reformas de la legislación electoral o de la legislación de partidos políticos, tiene usted toda la razón, me refería a que la articulación técnica, de donde nacen
todas estas reformas, viene de la Dirección General de Política Interior, aunque, por supuesto, la concreción de los criterios políticos y la formalización legal se aprueba en esta casa y en el Senado.
En cuanto a la apertura del Pacto antiterrorista, me remito a lo que ya le respondí al señor Olabarría anteriormente, donde a su vez me remití a lo que dije al comienzo de mi intervención. Respecto al Pacto antiterrorista firmado,
comparecencia en la Comisión parlamentaria oportuna a fin de explicar el estado de la lucha contra el terrorismo a todos los grupos políticos con representación parlamentaria.
Finalmente, me dirijo a la diputada, señora Sánchez-Camacho, del Grupo Popular. En primer lugar, el comité ejecutivo del mando único, al margen de que usted esté de acuerdo o no -puede estar en desacuerdo, como es lógico-, lo cierto es que
no lleva gasto alguno -estamos dispuestos hasta pagarnos el café-, y corresponde cuando hay una reunión del comité ejecutivo del mando único. No lleva gastos, simplemente.
En cuanto al centro nacional de coordinación antiterrorista, es decir, la parte operativa no política del sistema, lleva gasto, como es lógico, porque la definición y la mejora de la lucha contra el terrorismo, sobre todo el de base
internacional, lleva gasto.
Me ha comentado varias veces la gestión de anteriores gobiernos. El problema que tiene este Gobierno, como le indiqué el otro día, es gobernar el presente para mejorar el futuro, no hacer oposición a la oposición. Lo que hizo o dejó de
hacer el anterior Gobierno o el anterior del anterior, fueran del signo que fueran, empieza a estar en los canales de la historia y personalmente no me preocupa. Los problemas que tengo son los que están encima de la mesa y a ellos me atengo.
Cuando digo que la coordinación se puede mejorar me refiero a algo que he analizado y he descubierto personalmente en el tiempo que llevo aquí, pero sobre todo me han transmitido los propios profesionales, que llevan mucho más tiempo que yo.
Hay que mejorar esa coordinación y es perfectamente posible lograrlo con soluciones razonables como las que les expuse a propósito del centro nacional de coordinación antiterrorista. El Centro Nacional de Inteligencia lo que tiene es una
adscripción funcional al centro de coordinación antiterrorista,
en ningún caso orgánica, decidida por el ministro de Defensa. La aportación del Centro Nacional de Inteligencia va a ser una aportación importante, la suya a este centro, que depende del Ministerio de Interior, y la nuestra al Centro
Nacional de Inteligencia, que depende del Ministerio de Defensa, porque la lucha contra el terrorismo, sobre todo contra el terrorismo de base global, va a ser una lucha en la que hay que sumar todos los esfuerzos posibles del Gobierno. Yo estoy
encargado de la tarea del Ministerio del Interior y, por tanto, de la gestión política de este centro.
No recuerdo qué me dijo del año 1996, cómo recibió la Guardia Civil.
¿Quiere que nos sigamos remontando en la historia? Si lo hacemos, ¿dónde la detenemos?
En cuanto a la política penitenciaria, no sé qué reproche hizo a la señora Gallizo, pero ha sido una diputada competente, es una mujer que conoce muy bien este tema y que en ningún caso dijo que el objetivo de preso por celda fuera
renunciable sino todo lo contrario. Dijo que era un objetivo en el que había que empeñar el máximo esfuerzo posible y por supuesto que no era realizable a medio plazo, porque con la población penitenciaria que tenemos, el nivel de hacinamiento de
las cárceles, ir a un objetivo de preso o presa por celda implica un gasto financiero importante y un gran esfuerzo del Estado que vamos a hacer a toda costa, porque queremos llegar al final de la legislatura al preso por celda, que es lo que
predica nuestro programa, y que fija como criterio el artículo 19 que le citaba de la Ley Orgánica General Penitenciaria.
Por más que se empeñen, el ministro del Interior no tiene capacidad legislativa, la tiene el Gobierno. En todo caso, cuando yo hago una expresión formal y sustancial de respeto a la ley estoy diciendo una obviedad que es que en el marco de
las relaciones entre los diferentes poderes del Estado, el Poder Legislativo tiene una función, el Ejecutivo otra y el Judicial otra. Cuando uno está en el sistema judicial aplica leyes o emite informes sobre las leyes si está en el Consejo General
del Poder Judicial, igual que si está en el Consejo de Estado; cuando uno está en el Ejecutivo no le queda más que aplicar las leyes y hacerlo con pleno respeto a sus prescripciones.
Finalmente, en cuanto a las filtraciones, le he respondido por activa y por pasiva, sólo déjeme que le haga una precisión. El derecho de todo ciudadano a saber es un derecho constitucional con mayúsculas, es un derecho que tiene un encuadre
social -de ahí las libertades de prensa y de información- y es un derecho que tiene un encuadre institucional, como todos los derechos; en el encuadre institucional la satisfacción de ese derecho la dan las investigaciones judiciales o las
investigaciones políticas. En torno al tema del 11 de marzo, me remito de nuevo a ellas porque son investigaciones, cada una en su campo y dentro del poder del Estado que representa, perfectamente racionales y perfectamente solventes en un país con
una estructura institucional estable y sana como es este.
Igual ocurre con las informaciones periodísticas que tienen su campo -social, no estatal-, y son absolutamente respetables. Ignoro por completo cuáles son las fuentes de información de los
periódicos y no voy a tratar de hacer ninguna interpretación porque supondría invadir desde el Estado un poder de la sociedad. Esa es una cuestión harto complicada en un sistema democrático.
El señor MARDONES SEVILLA: No he utilizado la réplica para que no quedara constancia en el 'Diario de Sesiones', pero quisiera que diera respuesta a mis preguntas.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Alonso Suárez): Sí, con mucho gusto, señor Mardones.
Trataba de responder a nuestra compañera y diputada, señora Sánchez-Camacho, en relación con la Comisión delegada del Gobierno para asuntos de inteligencia, que el Centro nacional de coordinación antiterrorista es una estructura que depende
directamente del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior tiene que coordinar la lucha antiterrorista; no se encarga de gestionar otros extremos relativos a la inteligencia del Estado, de los que se encargan otros ministerios, o la
Presidencia del Gobierno o el Gobierno en su conjunto como marco de referencia. En cuanto a la configuración del pasaporte, nos atendremos a las normas de la Unión Europea. Se está pensando seriamente en incorporar determinados datos biométricos y
en todo momento le mantendré informado, por lo que a mí respecta, de lo que se diga desde la Unión Europea.
En lo referente a la seguridad ciudadana de Canarias, el esfuerzo expositivo que he realizado aquí ha sido claro. Ha sido a la Comunidad Autónoma de Canarias a la que más parte de mi intervención he dedicado.
He hablado de qué mejoras de
infraestructuras queremos introducir en cada una de las Islas Canarias y le puedo facilitar gustosamente el texto de mi intervención. Sí queremos mantener las patrullas conjuntas con Marruecos e incluso queremos profundizar en ellas. Estas
patrullas son esenciales porque, como bien sabe, de Marruecos salen los flujos de inmigración ilegal que, sobre todo en estos momentos, compuestos por personas procedentes del África subsahariana llegan a las costas de Canarias en condiciones
lamentables y, efectivamente, manipuladas por las mafias, algunas de las cuales tienen su asiento en Marruecos. Según nos han expresado en las últimas reuniones que hemos mantenido con ellos, el Reino de Marruecos tiene un interés específico en
luchar contra la inmigración ilegal, tanto la que se dirige hacia Marruecos como la que se origina desde Marruecos hacia España. A esa voluntad política, que estoy seguro de que en el futuro va a ser traducida en datos de eficacia puntual, nos
atenemos.
En cuanto al carnet de conducir por puntos, tenemos una idea bastante aproximada de cómo va a ser, pero me permitirá que guarde reserva de ello. En todo caso,
sí tengo que significarle que la legislación en materia de tráfico y seguridad vial normalmente endurece las respuestas cuando se trata de conductores que utilizan el vehículo de una manera profesional. Cuando en el futuro presentemos el
anteproyecto en la Comisión de tráfico y seguridad vial se lo explicaré muy gustosamente y de modo mucho más amplio. En cuanto a las prisiones de Canarias, me remito punto por punto a la intervención que he realizado. Nos preocupa, sobre todo -y
usted mismo lo ha dicho-, el estado de esa cuestión en Las Palmas de Gran Canaria, donde es realmente seria. Trataremos de ponerle coto en cuanto nos sea posible.
La señora PRESIDENTA: Hemos sustanciado el orden del día de esta reunión.
Antes de levantar la sesión me gustaría dar las gracias a todos los portavoces, a todos los miembros de la Comisión y muy especialmente al señor ministro, por sus
largas, extensas e intensas explicaciones sobre su ministerio.
Se levanta la sesión.
Eran las nueve y treinta minutos de la noche.