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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 28, de 20/05/2004
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2004 VIII Legislatura Núm. 28
MEDIO AMBIENTE
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOAN PUIGCERCÓS I BOIXASSA
Sesión núm. 2
celebrada el jueves, 20 de mayo de 2004
ORDEN DEL DÍA:
Ratificación de la celebración de las comparecencias acordadas por la mesa de la Comisión en su reunión de 12 de mayo de 2004 ... (Página 2)
Delegación en la mesa de la Comisión de la competencia de ésta de adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del reglamento, concordante con la resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983. (Número de
expediente 042/000005.) ... (Página 2)
Comparecencia de la señora ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz) para informar sobre: ... (Página 2)
- Las líneas generales de la política de su departamento. A petición propia. (Número de expediente 214/000007.) ... (Página 2)
- La política que piensa desarrollar en el Ministerio. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000017.) ... (Página 2)
- Las prioridades y políticas que piensa impulsar en relación a las materias vinculadas a esta Comisión durante la presente legislatura. A solicitud del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 213/000036.)
... (Página 2)
- Las líneas generales de la política a desarrollar, durante esta legislatura, por parte de su Ministerio, con especial incidencia en las actuaciones a llevar a cabo en Aragón. A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de
expediente 213/000038.) ... (Página 2)
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
RATIFICACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LAS COMPARECENCIAS ACORDADAS POR LA MESA DE LA COMISIÓN EN SU REUNIÓN DE 12 DE MAYO DE 2004.
DELEGACIÓN EN LA MESA DE LA COMISIÓN DE LA COMPETENCIA DE ÉSTA DE ADOPCIÓN DE LOS ACUERDOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO, CONCORDANTE CON LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1983. (Número de
expediente 042/000005.)
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señoras diputadas, señores diputados.
Al comenzar la sesión es preceptivo un primer trámite, que es someter a la consideración de la Comisión el orden del día y la ratificación de las comparecencias que se establecieron para hoy. Después votaremos un segundo punto, que es la
delegación de esta función a la Mesa y portavoces para no tener que ratificarlo en las comisiones subsiguientes.
¿Están de acuerdo los miembros de la Comisión en ratificar el orden del día, las comparecencias, tal como está establecido? (Pausa.) ¿Hay alguna objeción? (Pausa.) Queda ratificado el orden del día.
En segundo lugar, someto a la Comisión la posibilidad de delegar, como decíamos antes, en la Mesa de la Comisión, las facultades a que se refiere el artículo 44 del Reglamento del Congreso, de conformidad con lo dispuesto en la resolución de
la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983. Dicha delegación se realizará de forma condicionada, de modo que el rechazo de una solicitud de comparecencia requeriría la unanimidad de los miembros de la Mesa de la Comisión, quedando
avocada la decisión a la Comisión en caso contrario.
¿Hay alguna objeción? (Pausa.) ¿De acuerdo? (Asentimiento.)
COMPARECENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (NARBONA RUIZ) PARA INFORMAR SOBRE:
- LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente 214/000007.)
- LA POLÍTICA QUE PIENSA DESARROLLAR EN EL MINISTERIO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000017.)
- LAS PRIORIDADES Y POLÍTICAS QUE PIENSA IMPULSAR EN RELACIÓN A LAS MATERIAS VINCULADAS A ESTA COMISIÓN DURANTE LA PRESENTE LEGISLATURA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 213/000036.)
- LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA A DESARROLLAR, DURANTE ESTA LEGISLATURA, POR PARTE DE SU MINISTERIO, CON ESPECIAL INCIDENCIA EN LAS ACTUACIONES A LLEVAR A CABO EN ARAGÓN. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de
expediente 213/000038.)
El señor PRESIDENTE: Comenzamos con las comparecencias. La primera es a petición de la señora ministra. Después hay tres peticiones de comparecencia del Grupo Popular, del Grupo Catalán (Convergència i Unió) y del Grupo Mixto. A partir
de ahí, los que no han solicitado la comparecencia intervendrán de menor a mayor, como indica el Reglamento.
Por este orden, comenzaría Coalición Canaria y seguirían los grupos de Izquierda
Unida, Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Republicana y cerraría esta primera intervención el Grupo Socialista.
Acumularemos las intervenciones de los miembros de la Comisión, responderá la señora ministra y a partir de ahí abriremos un último turno sobre el que la Mesa decidirá a partir del tiempo de que dispongamos.
Tiene la palabra la señora ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, ante todo quiero decir que es para mí un honor comparecer hoy como ministra ante esta Comisión de Medio Ambiente, a cuya creación como Comisión separada de la Comisión de Infraestructuras contribuí hace dos
legislaturas, separando las cuestiones ambientales de las relativas a infraestructuras. Una Comisión de Medio Ambiente que creo está llamada a jugar un papel político creciente dentro del Parlamento como reflejo de una preocupación también
creciente por parte de la ciudadanía en las materias que la ocupan.
Entre los retos que abordará el Gobierno destaca el de situar a España en una senda en la que la economía y la innovación tecnológica avancen en paralelo con la cohesión social, con el uso racional de los recursos naturales y con la
reducción de la contaminación. Una senda hacia un desarrollo más sostenible y por ello más duradero, más justo y más saludable. Con estas palabras concretas el presidente del Gobierno introducía en su discurso de investidura la apuesta por la
sostenibilidad entre las prioridades de la presente legislatura. Por tanto, a todo el Gobierno, y en particular al Ministerio de Medio Ambiente, le corresponde actuar de acuerdo con ese reto en el ámbito de sus respectivas competencias. Pero en el
caso del Ministerio de Medio Ambiente le corresponde además una tarea de impulso y de concertación con el resto de los ministerios, y en general con el conjunto de las administraciones, así como una tarea de información y de concienciación de la
ciudadanía para garantizar avances reales hacia pautas de mayor sostenibilidad, es decir de mayor responsabilidad en la producción y en el consumo.
En el propio discurso de investidura del presidente se han fijado dos ámbitos prioritarios de actuación en los que el Ministerio de Medio Ambiente debe asumir sus responsabilidades, sea de forma directa o mediante el fomento de actuaciones
correspondientes a otras administraciones. En primer lugar, la reorientación de la política del agua, competencia exclusiva del Ministerio de Medio Ambiente, que de acuerdo con el contenido del discurso de investidura debe propiciar una ordenación
del territorio más equilibrada, propiciar también un desarrollo rural basado en la agricultura familiar y en la competitividad de la industria alimentaria, una reorientación que debe tomar en consideración tanto el valor económico como el valor
social y el valor ambiental del agua, con el objetivo de garantizar su disponibilidad y su calidad, optimizando su uso y restaurando los ecosistemas asociados, según las palabras literales del presidente José Luis Rodríguez Zapatero.
En el discurso de investidura aparece además el compromiso de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, de acuerdo con el protocolo de Kioto, lo que exige una reorientación de la política energética, dando prioridad real al
ahorro y a la eficiencia energética y a las energías renovables en un horizonte de reducción gradual del uso de la energía nuclear. Es evidente que la responsabilidad directa de la reorientación de la política energética no corresponde al
Ministerio de Medio Ambiente, pero este ministerio tiene la obligación de favorecer y de garantizar que el modelo energético español cumple con las exigencias ambientales derivadas de nuestra pertenencia a la Unión Europea. Por ello hemos impulsado
un acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno por el que se ha constituido un grupo de trabajo interministerial de alto nivel, presidido por el Ministerio de Economía, cuyo secretariado corresponde al Ministerio de Medio
Ambiente y sobre cuya tarea volveré más adelante.
Los objetivos del Ministerio de Medio Ambiente en esta legislatura es obvio que no se agotan en esas dos grandes cuestiones enunciadas, pero me detendré inicialmente en las mismas dado su alcance y la importancia de decisiones de carácter
inmediato del Ejecutivo.
En cuanto a la política del agua, los criterios para su reorientación coinciden, como no podría ser de otra manera, con los de la directiva marco europea aprobada en el año 2000, de la que por cierto el anterior Gobierno llevó a cabo una
trasposición precipitada e incorrecta, aprovechando un procedimiento inédito para las trasposición de directivas, a través de una enmienda del Grupo Popular en el Senado a la Ley de acompañamiento de los presupuestos de 2004, algo que requerirá la
oportuna corrección.
El objetivo principal de la política del agua será por tanto la promoción del uso sostenible de la misma en la cantidad y calidad adecuadas para garantizar la protección a largo plazo de los recursos hídricos. Ello exige incorporar, en
primer lugar, racionalidad económica en la obra hidráulica y en la gestión del agua, conforme al principio de recuperación de costes establecido en la directiva marco y conforme también al equilibrio presupuestario con el que este Gobierno está
plenamente comprometido.
En segundo lugar, la racionalidad económica está estrechamente vinculada al uso de las mejores tecnologías disponibles y a la existencia hoy día de un mayor número de opciones técnicas viables, tanto para obtener agua como para mejorar su
calidad. No sería entendible que se pretenda abordar hoy la política del agua como si sólo existieran las obras hidráulicas convencionales, mucho menos si se apuesta, como apuesta este Gobierno, por un desarrollo económico más duradero y basado en
la innovación tecnológica y en el uso eficiente de los recursos.
En tercer lugar, la política del agua tiene que incorporar la variable ambiental, pero desde el inicio de cualquier proceso de toma de decisiones, y no como lamentablemente ha sucedido a menudo al final de dicho proceso de la toma de
decisiones, como un elemento corrector y en muchos casos más ornamental que efectivo.
En base a las anteriores consideraciones, el Gobierno descarta la realización del trasvase del Ebro y anuncia también el análisis, con los mismos criterios, del resto de las actuaciones previstas en el anexo de la Ley del Plan Hidrológico
Nacional, en el contexto del debate que tendrá lugar en la Conferencia sectorial del agua de próxima creación. En concreto, en lo relativo al trasvase del Ebro, tanto la mayoría de la comunidad científica como de las organizaciones sociales
manifestaron su oposición desde el momento mismo de la presentación del anteproyecto en el año 2000. Así lo hizo también el Grupo Parlamentario Socialista, que defendió en esta Cámara una enmienda de totalidad con texto alternativo a la Ley del
Plan Hidrológico Nacional.
Desde luego, la oposición al trasvase del Ebro nunca ha significado la ausencia de propuestas específicas para los territorios destinatarios del agua a trasvasar, y esa posición crítica, pero constructiva, se ha mantenido e incluso reforzado
en los años siguientes, en particular a la vista del contenido de la declaración de impacto ambiental del trasvase, en la que las carencias económicas, técnicas y ambientales del proyecto quedaron nítidamente de manifiesto. Así se plasmó, el pasado
mes de marzo, en los informes claramente desfavorables de las direcciones generales de Política Ambiental, de Mercado Interior, de Política Regional y de Agricultura de la Comisión Europea, durante el trámite de consultas correspondiente a la
petición por parte del anterior Gobierno de fondos europeos para cofinanciar el trasvase. Tales informes señalan, entre otras cuestiones: la infravaloración de los costes de la obra y la sobrevaloración de sus supuestos beneficios; la
inexistencia de una estructura conocida de las futuras tarifas del agua trasvasada, y por tanto el desconocimiento sobre la demanda efectiva de la misma; el elevado coste energético de los bombeos necesarios para trasladar el agua durante más de
900 kilómetros, similar a desalar un volumen equivalente de agua de mar; el desconocimiento del caudal ecológico necesario en el delta del Ebro, y por tanto del volumen real de agua a trasvasar, y el impacto ambiental efectivo del trasvase sobre el
delta del Ebro pero también sobre las cuencas receptoras y sobre los diferentes ecosistemas afectados por el trazado.
El conocimiento de esos impactos, según la declaración de impacto ambiental, quedaba postergado a la realización de numerosos estudios, cuyos resultados podrían haber estado disponibles incluso con posterioridad a eventuales efectos de
carácter irreversible. Todo ello conduce, como ya se anunció en el propio debate de investidura, a la derogación de los artículos de la ley del Plan Hidrológico Nacional, que se refieren al trasvase, derogación que se producirá mediante un
decreto-ley que incorporará, como medidas urgentes, los proyectos alternativos al trasvase. Tales proyectos han sido ya presentados a los responsables autonómicos de Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía, así como al comisario responsable de los
fondos europeos. Hoy hago también entrega de los mismos a los portavoces de los grupos parlamentarios. Esta mañana se ha iniciado, además, la tramitación del decreto-ley, con su presentación y análisis a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos
del Gobierno. En síntesis, con el conjunto de proyectos alternativos al trasvase, que suponen una inversión de 3.747 millones de euros, inferior por tanto a los 4.200 millones de euros previstos para el trasvase del Ebro, se conseguirá, durante la
presente legislatura, incrementar en 1.058 hectómetros cúbicos anuales la disponibilidad de agua en Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía. Con menor coste, por tanto, se podrá garantizar más agua que la que razonablemente cabría esperar del propio
trasvase del Ebro (éste, a causa de su deficiente planteamiento, apenas hubiera podido aportar una media de 620 hectómetros cúbicos anuales), y desde luego se tratará de una aportación de agua de calidad, no como la que se hubiese obtenido en la
desembocadura del Ebro, totalmente inadecuada para el consumo humano y para determinados cultivos. Con menor coste que el previsto para el trasvase se podrán, además, acometer numerosas actuaciones que contribuirán a mejorar la calidad del agua y
la gestión del recurso, así como a restaurar valiosos ecosistemas.
La propuesta del Gobierno, prevé, por otro lado, el uso inmediato de los centros de intercambio de derechos del agua previstos en la legislación vigente y que serán transformados en auténticos bancos públicos de agua en un inmediato futuro,
así como un intenso trabajo para mejorar el diagnóstico existente de los problemas en las cuencas mediterráneas; diagnóstico lastrado hoy por la muy escasa capacidad de análisis de las confederaciones hidrográficas. Al cabo de un año, el
ministerio se compromete a estudiar en conferencia sectorial posibles actuaciones en estas cuencas complementarias de las que ahora se aprobarán con carácter de urgencia. Las razones de urgencia que explican la próxima aprobación del decreto-ley,
la principal no continuar con una obra inadecuada de enorme coste presupuestario e iniciar de inmediato actuaciones sustitutorias de la misma, eximen de informes preceptivos, pero a pesar de ello el Ministerio de Medio Ambiente escuchará la opinión
del Consejo Asesor de Medio Ambiente y del Consejo Nacional del Agua.
La reorientación de la política del agua requiere una profunda reforma de las confederaciones hidrográficas para que estén en condiciones de cumplir con los objetivos que establece la Directiva marco. Para ello, hay que conocer con el
máximo rigor el contenido de los derechos del agua, cuánta agua se usa, quién la usa y
para qué, quién y cuánto contamina el agua, qué costes se repercuten a sus usuarios, elementos esenciales que no han sido objeto de una auténtica voluntad política a la vista de la situación de caos administrativo que el Gobierno hereda y
que había sido diagnosticada ya en 1998 por el propio Ministerio de Medio Ambiente en el Libro Blanco del agua, que señalaba que apenas se conocía con rigor el contenido del 25 por ciento del total de los aprovechamientos de agua.
La situación
desde luego no ha mejorado desde ese momento en absoluto. Al respecto puedo anunciar que agilizaré al máximo el programa Alberca, un programa ya iniciado que debería permitir en cuatro años la plena actualización de los registros de aguas, así como
la modernización de los trámites administrativos relativos a las concesiones. Ello permitirá también la plena operatividad de los bancos públicos de agua, que serán creados por ley aprovechando la necesaria revisión de la legislación vigente para
incorporar correctamente la directiva marco, así como para incorporar elementos de la propia reforma de las confederaciones hidrográficas. Asimismo, se establecerán programas específicos para revisar tanto las 8.500 autorizaciones de vertido
consideradas hoy definitivas, como para superar la situación de provisionalidad de otras 9.000 autorizaciones provisionales de vertido, de acuerdo con un nuevo reglamento que incorpore las actuales exigencias de calidad correspondientes a la
legislación europea.
En cuanto a la delimitación del dominio público hidráulico, la extraordinaria lentitud con que se ha desarrollado durante los últimos años el programa denominado Linde, iniciado en 1993, ha conducido a que a la fecha de hoy sólo se
encuentren delimitados 3.864 kilómetros de cauce de los 65.559 kilómetros existentes, sin que además esa determinación haya comportado todavía deslinde administrativo más que en 651 kilómetros, es decir apenas al 1 por ciento del total. Considero
imprescindible comenzar a actuar ya en el escaso dominio público ya delimitado, así como agilizar el deslinde en aquellos tramos identificados, donde resultan mayores los riesgos por ocupación indebida de cauces.
Paso a la segunda actuación prioritaria contenida en el discurso de investidura en cuanto a la lucha contra el cambio climático. El actual Gobierno deberá superar con la máxima rapidez los efectos negativos de la desidia de anteriores
gobiernos en esta materia, y es que si España se ha situado a la cabeza de la Unión Europea en cuanto al incumplimiento de los objetivos del Protocolo de Kioto, ello se debe fundamentalmente a la apuesta de los gobiernos del Partido Popular por un
modelo de crecimiento económico muy intensivo en energía, frente al que no ha habido ninguna medida real de apoyo al ahorro y a la eficiencia energética, es más se eliminaron en 1997 los programas de gestión de la demanda existentes en la anterior
legislatura. Ha habido ausencia además de una voluntad real de agilizar la sustitución de combustibles fósiles más contaminantes por el propio gas natural, y sobre todo por energías renovables. De hecho el marco normativo actual resulta
insuficiente para la energía solar y completamente inadecuado para otras fuentes energéticas renovables, como las correspondientes a la biomasa, en particular para los residuos del olivar y para los purines.
La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero es sin duda un enorme reto para la economía y para la sociedad española, un enorme reto como lo han sido en el pasado otros cambios tecnológicos y sociales que hoy día establecen
requisitos en cuanto a la calidad de los productos y a las condiciones laborales de los trabajadores, que nadie entiende ya como un obstáculo a la competitividad de las empresas, sino todo lo contrario.
Hacer un uso más eficiente de la energía y
reducir la contaminación tendrá ventajas económicas y sociales para un país como España pues disminuirá la elevadísima dependencia energética exterior de nuestro país, que incluso ha aumentado durante los gobiernos del Partido Popular y que coloca
hoy a España en una situación de extrema vulnerabilidad ante cualquier aumento de precio del crudo. Ello reducirá también los costes derivados del impacto de la contaminación sobre la salud y podrá generar empleo asociado a nuevas tecnologías. Con
este convencimiento está trabajando ya el Gobierno para recuperar el tiempo perdido por quienes han considerado con extraordinaria miopía que el crecimiento económico de España debía basarse en empleos precarios, especulación inmobiliaria,
despilfarro energético y contaminación creciente. (Rumores.) Eso explica la resistencia a asumir compromisos efectivos con el cumplimiento del Protocolo de Kioto, ignorando además que dicho protocolo es solamente un primer paso de un proceso
ineludible de disminución gradual en el uso de los combustibles fósiles más allá de cualquier obligación de carácter internacional.
El grupo creado por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, en el que se incorporan el Ministerio de Economía, el de Medio Ambiente, de Industria, de Trabajo, de Agricultura, de Fomento, de Vivienda y de Asuntos Exteriores, debe abordar
durante los próximos meses tres cuestiones estrechamente interrelacionadas: la inexistencia de una estrategia nacional para el cumplimiento del Protocolo de Kioto en todos los sectores económicos, algo de lo que disponen desde hace años muchos
países europeos y que el anterior Gobierno no llegó siquiera a aprobar, a pesar de la existencia de un documento con dicha denominación aprobado por el Consejo nacional del clima, que hoy día consideramos como una base técnica de referencia para
iniciar la elaboración de una auténtica estrategia. En segundo lugar deberá abordar la trasposición de la Directiva sobre comercio de emisiones, que debía haberse aprobado antes del 31 de diciembre del año pasado, y el Plan nacional de asignación
de derechos de emisión, que debería haberse remitido a la Comisión Europea antes del pasado 31 de marzo y del que el anterior Gobierno
no disponía ni siquiera de un borrador. De hecho en estos momentos sólo Grecia y España, de los quince países miembros sin contar los que acaban de adherirse, son los únicos países que ni siquiera han presentado un borrador. La tarea es,
pues, extraordinariamente compleja y no se trata, desde luego, de cumplir ahora apresuradamente con las fechas sólo para evitar las consecuencias del expediente de la Comisión Europea, se trata más bien de aprovechar la exigencia europea para
identificar potencialidades de la economía española no aprovechadas hasta la fecha.
Eso lo saben bien empresas muy competitivas como las del sector de la tecnología solar que venden en los mercados internacionales casi el 90 por ciento de su
producción por la ausencia en España hasta ahora de una voluntad política real como la que existe en otros países. Por otro lado, la urgencia en la elaboración del Plan nacional de asignación responde también a la oportunidad de dar certidumbre a
los sectores empresariales de cara a la planificación de su actividad. Por todo ello espero poder ir informando en las próximas semanas a esta Cámara sobre los resultados del trabajo ya iniciado.
Una vez comentado lo relativo a la política del agua y al cumplimiento del Protocolo de Kioto, paso a informar a esta Comisión del resto de las principales prioridades del Ministerio de Medio Ambiente en la presente legislatura. Como
cuestión previa, y aunque parezca algo obvio, quiero señalar que el Ministerio de Medio Ambiente asume plenamente su responsabilidad conforme al mandato constitucional que exige a los poderes públicos garantizar el derecho de todos los ciudadanos
españoles a un medio ambiente adecuado en términos de salud y de calidad de vida, así como a un uso racional de todos los recursos nacionales. El ministerio asume esa responsabilidad más allá de la complejidad del Estado español, que ha sido excusa
durante estos años para eludir responsabilidades del Gobierno central. (Rumores.) Para hacer frente a dicha responsabilidad se adoptarán las siguientes decisiones: en primer lugar el ministerio actuará directamente y con decisión en todo el
territorio físico que le corresponde como dominio público y zona de influencia y de servidumbre del mismo. Estoy hablando de nuestra responsabilidad en materia de dominio público hidráulico, de dominio público marítimo-terrestre y de parques
nacionales. Todo ello, señorías, significa casi 2 millones de hectáreas del suelo de España que dependen de una actuación eficiente del Ministerio de Medio Ambiente, y para ello se fortalecerán los medios públicos y materiales del ministerio
necesarios para el adecuado control y vigilancia de estos dominios públicos.
En la indiscutible defensa de nuestro patrimonio ecológico hay que pasar de una vez de las retóricas declaraciones de principios a favor de la importancia de nuestra biodiversidad a actuaciones concretas, y lamentablemente la prueba de la
ausencia de una voluntad real de defender la biodiversidad en nuestro país es la evolución registrada durante los últimos años, en los que se han reducido drásticamente los medios públicos de las confederaciones hidrográficas. Entre 1997 y 2004 ha
habido una disminución de 319 empleados; en las demarcaciones de costas, 39 empleados menos en igual periodo; así como la disminución del número de efectivos por kilómetro cuadrado en parques nacionales y también en los ecosistemas forestales
estatales. Mientras esto se producía, aumentaba de manera exponencial el gasto del Ministerio de Medio Ambiente en asistencias técnicas, asociadas además en su mayoría a tareas correspondientes a los servicios centrales del ministerio, cuya
plantilla, mucho mejor dotada que la correspondiente a las confederaciones y a costas, ha asistido con estupor y con indignación al vaciamiento injustificable de la Función Pública, indignación sentida en particular por los empleados de las
confederaciones hidrográficas ante la creación y el posterior funcionamiento de las sociedades estatales de agua. Me comprometo por tanto a cambiar radicalmente esta tendencia de vaciamiento de la Función Pública absolutamente irresponsable por
parte del Gobierno central. Esa irresponsabilidad explica en gran medida la ocupación indebida de cauces de nuestros ríos, origen a menudo de graves consecuencias en momentos de avenidas, la contaminación y la degradación de los cauces y de nuestro
litoral, el uso privativo inadecuado de nuestras costas o la insuficiente aplicación de los planes de uso y gestión de los parques nacionales. Para empezar, a partir del presente ejercicio se cubrirán 173 puestos de trabajo de carácter técnico en
las confederaciones hidrográficas, lo que permitirá dotar adecuadamente las tareas de control de la calidad del agua y de gestión del dominio público hidráulico. Asimismo está ya prevista una convocatoria para contratar otros 554 efectivos de
personal laboral para la vigilancia del dominio público en las confederaciones, en las demarcaciones de costas y en los parques nacionales. Se llevarán a cabo también cursos específicos sobre vigilancia del dominio público para todo el personal
laboral, se extenderá la figura de los agentes ambientales, creada inicialmente sólo para los parques nacionales, y se reforzará el carácter pluridisciplinar del ministerio, facilitando a personal con formación en materias ambientales y de
conservación de la naturaleza el acceso a puestos de trabajo hasta ahora reservados para determinadas disciplinas técnicas.
En segundo lugar, implantación de una política de compras públicas basada en criterios de sostenibilidad de forma inmediata en el Ministerio de Medio Ambiente.
Se elevarán a continuación propuestas para su extensión al resto de los
ministerios conforme a las recomendaciones por parte de la Comisión Europea y a las experiencias concretas ya existentes. Con ello se promocionará desde el sector público la responsabilidad social corporativa de las empresas, así como por ejemplo
las tecnologías más avanzadas en materia energética y el uso de materiales reciclados. El ministerio convocará a las empresas que ya cotizan en índices específicos de sostenibilidad para
establecer conjuntamente una estrategia que favorezca la progresiva implantación en nuestro país de criterios ambientales en el ciclo de vida de los productos y en la propia gestión de las empresas.
En tercer lugar, elaboración urgente de un anteproyecto de ley de responsabilidad por daños ambientales, en el que se establecerá la obligatoriedad de una garantía financiera para hacer frente a eventuales impactos negativos de determinadas
actividades. La reciente aprobación de una directiva europea en esta materia, que reduce la exigencia de responsabilidad al ámbito administrativo, no puede convertirse en una excusa para España -como parecía entender el anterior Gobierno- para
eludir la necesidad y la oportunidad de un marco normativo más exigente como el que ya existe en esta materia en otros países europeos. Estamos convencidos de la certeza de que si se causan daños a la calidad de las aguas, al aire, al suelo, a los
ecosistemas, ello conllevará un coste económico y supondrá sin duda un avance sustancial en el comportamiento de aquellas empresas que hoy día siguen considerando más barato contaminar que hacer frente a las más que improbables y reducidas sanciones
de carácter administrativo o a la insuficiente aplicación del Código Penal en materia de delito ecológico.
En cuarto lugar, reforzamiento de la concertación y coordinación entre el ministerio y las comunidades autónomas. Esto es absolutamente imprescindible para avanzar en toda España, con independencia de quién tenga determinada competencia, y
como digo de forma conjunta para acabar con la excusa de que la complejidad del Estado español es el origen de las numerosísimas quejas que sitúan a España en el primer lugar de la lista europea de infracciones de las directivas ambientales. Para
reforzar esa concertación y coordinación con las comunidades autónomas, además de crear la Conferencia sectorial del agua para lo que tiene que ver con la política del agua, se fortalecerá la Conferencia sectorial de Medio Ambiente en sus
contenidos. Será, sin duda, el foro permanente de debate y cooperación que permitirá por ejemplo que se aprueben las prioridades y los instrumentos de una auténtica estrategia de desarrollo sostenible, anunciada hace años por el anterior Gobierno y
de la que nunca más se supo, todavía inexistente.
Con carácter inmediato, la Conferencia sectorial ha sido convocada para el próximo 27 de mayo para evaluar la situación actual de medios públicos para la prevención y la lucha contra incendios antes del comienzo de la campaña de este año,
así como para comenzar a analizar propuestas de mejora en la coordinación interadministrativa en esta materia. En esa línea quiero anunciar en esta Comisión que trasladaré a los consejeros mi intención de modificar la vigente Ley de Montes, para
mejorar su eficacia, y entre otras cosas para mejorarla a efectos de prevenir y combatir los incendios. Para ello, considero imprescindible que la legislación estatal prohíba durante al menos treinta años la recalificación de terrenos objeto de
incendio, evitando así desde la raíz cualquier motivación ligada a la especulación inmobiliaria.
La Conferencia sectorial deberá convertirse también en el ámbito de debate y de propuestas para la correcta aplicación de las diferentes directivas europeas en materia ambiental, que deben ser conocidas por las comunidades autónomas antes de
llegar a su aprobación Para ello, la Conferencia sectorial tendrá ocasión de debatir las líneas básicas de tales futuras directivas, de forma que la posición española ante la Unión Europea en esta materia se configure desde el respeto y el
reconocimiento a las competencias autonómicas correspondientes al desarrollo reglamentario en materia de medio ambiente y a la aplicación y gestión del control ambiental. En particular, en la Conferencia sectorial se procederá a la reordenación de
la política de residuos, excesivamente fragmentada hoy día en numerosos planes nacionales de dudosa eficacia y carentes de mecanismos efectivos de evaluación. En este ámbito se atenderá al enfoque integral del ciclo de vida de los productos
defendido por la Comisión Europea, de forma que se dé auténtica prioridad a la prevención, que concentrará además el esfuerzo presupuestario del Ministerio de Medio Ambiente en materia de política de residuos. Dentro de las diferentes tipologías,
el Ministerio dará absoluta prioridad en los próximos meses a la elaboración de un nuevo Plan de residuos peligrosos, del que España carece desde el año 2001, sin que se conozcan, por cierto, los resultados del anterior Plan 1995-2000, iniciado por
el último Gobierno socialista.
La Conferencia sectorial será asimismo el ámbito de debate para reorientación de la política de costas; política de costas en la que también anuncio nuestra intención de culminar a lo largo de esta legislatura el deslinde del dominio
público marítimo-terrrestre -en estos momentos el deslinde alcanza el 65 por ciento de los kilómetros de costa existentes- y daremos prioridad en ese deslinde a la incoación de los expedientes relativos a los tramos con mayor presión sobre el
litoral.
Para que la política de costas sea en el futuro una auténtica política de conservación y uso sostenible del litoral, es precisa la máxima corresponsabilización de todas las administraciones, y por supuesto también de las comunidades
autónomas, dada la incidencia sobre la costa de determinadas competencias autonómicas y también de competencias de otros departamentos del Gobierno central. Por último, la Conferencia sectorial será también el ámbito de debate sobre la
actualización de la estrategia de biodiversidad, aprobada en 1998 y desarrollada solo en parte durante los últimos años.
En quinto lugar, quiero señalar como prioridad inmediata la elaboración de la legislación sobre evaluación ambiental estratégica de planes y programas. España tiene fecha límite, el próximo mes de julio, para la trasposición de la directiva
y el nuevo equipo del Ministerio no ha encontrado ni siquiera un borrador para comenzar a trabajar en una legislación, cuya trasposición es urgente pero además es absolutamente
necesaria, por ejemplo, para abordar de manera correcta la evaluación ambiental estratégica que llevaremos a cabo sobre el futuro nuevo Plan director de infraestructuras y de servicios del transporte.
En sexto lugar, implicación del conjunto de la sociedad en el avance hacia un desarrollo más sostenible. Solo se puede mejorar aquello que se conoce con rigor, y sobre todo aquello que se puede medir. Por ello me propongo, en primer lugar,
mejorar el acceso de los ciudadanos a la información ambiental, conforme al contenido del Convenio de Aahrus que va a requerir una modificación de la legislación vigente en España, pero sobre todo y más importante aún que la modificación de la
legislación, va a requerir una respuesta bien diferente de las administraciones. Me comprometo asimismo a fomentar la máxima difusión de la información ambiental, sintetizada en indicadores de sostenibilidad, tanto a nivel nacional como autonómico
y local, como herramienta imprescindible y básica para la participación ciudadana. Anuncio también que hemos comenzado ya a trabajar en el diseño de un observatorio de la sostenibilidad, cuyo trabajo permitirá una evaluación independiente y
objetiva sobre la evaluación de los diferentes indicadores. Revisaremos todos los órganos de consulta y participación que dependen del Ministerio de Medio Ambiente, comenzando por el Consejo asesor de Medio Ambiente y por el Consejo nacional del
agua, para que se conviertan en cauces efectivos para la implicación de los ciudadanos, concediendo especial importancia en todos ellos a la comunidad científica, a los agentes sociales y a las organizaciones comprometidas con el desarrollo
sostenible, y reduciendo en estos órganos la presencia excesivamente numerosa en estos momentos de representantes de la Administración. Queremos así superar el modelo de órganos tutelados y profundizar en la democracia deliberativa. Deseo también
la máxima implicación de esta Comisión de Medio Ambiente, y por supuesto de todo el Congreso y del Senado, en lo relativo a los grandes problemas ambientales. En ese sentido, recibiré con mucho agrado cualquier propuesta que surja de comisiones
específicas sobre estos grandes problemas ambientales. Creo que el Parlamento -lo señalaba al principio de mi intervención- debe reflejar en esta legislatura -y cada vez más- la creciente preocupación en estas cuestiones que tiene la ciudadanía y
también la creciente capacidad de la sociedad para hacer frente a los nuevos retos.
Como dice con acierto uno de nuestros mejores filósofos contemporáneos, razonar no es algo que se aprende en soledad, sino que se inventa al comunicarse y confrontarse con los semejantes. Toda razón es fundamentalmente conversación.
Debate, pues, entre ciudadanos cada vez más y mejor informados; más responsables y más exigentes; capaces así de sentirse protagonistas del esfuerzo colectivo para avanzar hacia un desarrollo más sostenible y máxima corresponsabilización de todos
los poderes públicos, impulsada por el Ministerio de Medio Ambiente, comenzando por el propio compromiso de este departamento para preservar la calidad de los grandes bienes públicos, nuestras aguas, el aire, nuestros ecosistemas y para favorecer un
uso más racional de los recursos naturales y la generalización de tecnologías cada vez menos contaminantes. Un reto apasionante, señorías, que afrontaremos en el ministerio con realismo y con ambición, con los pies firmes en el suelo, pero con la
vista dirigida al mismo tiempo hacia un horizonte de auténtico progreso.
Muchas gracias por su atención.
El señor PRESIDENTE: Voy a conceder la palabra por orden de solicitud de comparecencia. Por el Grupo Popular tiene la palabra doña María Teresa de Lara Carbó.
La señora DE LARA CARBÓ: Señora ministra, bienvenida a esta Comisión de Medio Ambiente en la cual, como usted ha dicho, espero que durante esta legislatura debatamos temas de gran importancia para todos los españoles.
Coincido y comparto la apuesta que usted ha hecho al principio de su intervención por el desarrollo sostenible, como no podía ser menos, pero realmente comparto muy pocas cosas de todas las otras que usted ha mencionado. En primer lugar
usted ha dicho que va a reorientar la política del agua, que quiere dar al agua una variable medioambiental. Yo tendría que indicarle, señora ministra, que la variable mediomabiental se introdujo ya cuando la política de aguas se incluyó en el
Ministerio de Medio Ambiente y que la componente medioambiental se ve reflejada precisamente en el Plan Hidrológico Nacional, donde el 84 por ciento de las obras contempladas en el anexo de inversiones son obras que suponen ahorro, uso eficiente de
agua, y por consiguiente tienen en cuenta la componente ambiental.
Usted nos ha hablado aquí de reorientar la política del agua y, realmente, a lo que se ha referido más es a derogar el trasvase del Ebro. Nosotros, señora ministra, por supuesto, no podemos estar de acuerdo; y no podemos estar de acuerdo
por varios motivos. En primer lugar, usted nos ha hablado estos días -hoy no lo ha dicho usted, o no lo he oído yo- de la alternativa del Partido Socialista. Efectivamente, ustedes presentaron aquí un proyecto llamado alternativo, y lo hicieron
como enmienda a la totalidad con texto alternativo al proyecto de ley del Plan Hidrológico Nacional. No lo ha dicho, pero seguramente lo recordará, que este proyecto alternativo del Partido Socialista fue rechazado en el Congreso por todos los
grupos parlamentarios; todos los grupos parlamentarios, señoría, que parece que le van a apoyar ahora a usted: el de Convergencia, el del Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Republicana de Catalunya, Izquierda Unida, todos rechazaron el plan
hidrológico alternativo, que hacía una apuesta por la desalación masiva. Entonces, yo creo que esto no es la prueba del talante del señor Zapatero, del talante
que quieren todos ustedes: ahora nos van a imponer su plan alternativo, por no sabemos qué pagos que tienen que hacerles sus socios en Cataluña o sus socios en el Gobierno actual.
Decía usted ayer a una compañera de mi partido que nos quedábamos solos en la votación de la moción del Plan Hidrológico; y dijo que nos quedábamos solos porque no teníamos razón. Yo le digo a usted lo mismo: se quedaron solos con su
alternativa al Plan Hidrológico porque no tenían razón; y, por mucho que nos dé usted aquí datos y vaya por ahí dando cifras -por cierto, sin contrastar-, sabe que es incierto tanto el coste de la desalación como el coste del agua del trasvase que
da usted. Ustedes han dicho que iban a dialogar y, desde luego, tras los primeros días, lo único que podemos saber es que va a reorientar todo y lo va a poner todo en duda; incluso en el anexo de inversiones, va a mirar con lupa las obras, para
ver qué obras se hacen y cuáles no. Están ustedes sembrando incertidumbre en todas las comunidades autónomas. Están sembrando incertidumbre en todas las comunidades de regantes, que han hecho cuantiosas inversiones en modernización de regadíos.
Creo, señora Narbona, que esto no es bueno; no es bueno para los regantes y no es bueno para los españoles. Parece que todo lo que ha hecho el Partido Popular está mal, y creo que, si se pone usted a hablar conmigo sinceramente, estará de acuerdo
en que habremos hecho unas cosas que les gustan y otras que les gustan menos, pero nadie se cree que el Partido Popular lo ha hecho todo mal durante estos ocho años.
Han dicho ustedes que van a revisar las obras del anexo de inversiones, y nos ha quedado la duda, porque no las ha nombrado, de las obras del Pacto del agua de Aragón, que también están en el anexo de inversiones. No sabemos si las obras
del Pacto del agua de Aragón, que por supuesto apoyamos, las van a defender porque don Marcelino Iglesias es quien le está imponiendo a usted cómo tiene que ser su alternativa al trasvase del Ebro; nos ha quedado esta duda.
Ha dicho usted que van a dialogar. No sé si llama diálogo a lo que tuvo usted con el presidente de la Comunidad Valenciana o con el presidente de la Comunidad de Murcia. No sé si llama diálogo a presentarles una serie de proyectos de
inversión, todos ellos incluidos en el anexo de inversiones del Plan Hidrológico Nacional, excepto estas desaladoras con las que usted quiere repoblar todo el literal mediterráneo. Nosotros no consideramos que esto sea diálogo; ni siquiera es
diálogo la carta que ha mandado al presidente de Murcia, en la que le pide su alternativa al Plan Hidrológico Nacional. Lógicamente, el presidente de Murcia no tiene una alternativa al Plan Hidrológico Nacional. Nosotros creemos que la única forma
de que llegue el agua al levante y al sureste español es por medio del trasvase del Ebro.
Aquí se han dicho muchas cosas, pero creo que algunas de ellas son especialmente graves, señora ministra. Usted ha dicho que existen informes desfavorables de la Comisión Europea, del mes de marzo. Creo que es vergonzoso que la ministra de
Medio Ambiente venga aquí a hablarnos de estos informes desfavorables, cuando sabe que son filtraciones que se han producido; esas filtraciones que la señora ministra se complace en llevar siempre y que siempre dice a la prensa, aunque sabe que
está mintiendo. Y prueba de que la señora ministra ha mentido es la carta que le voy a leer, del comisario Barnier, deplorando las filtraciones que se han producido. En esta carta que no sé si tiene la señora ministra -si no la tiene, yo se la
pasaré; prefiero suponer que no la tiene y que no ha venido aquí a mentir, así que se la pasaré luego para que la lea-, el comisario de Política Regional lamenta las filtraciones producidas, (Un señor diputado: Sí la tiene.) y dice que, en este
momento, los distintos servicios de las comisiones europeas dan apreciaciones, dan puntos de vista, que se recogen en notas y que son documentos de trabajo; y que hay notas que van en un sentido y notas que van en otro. Usted tiene la
particularidad, señor Narbona, de dar todo lo que sea contrario a lo que ha hecho el Partido Popular pero no como una filtración o como la nota de un señor que es muy dueño de hacerla, sino como garantía de que la Comisión Europea ha dicho que no al
trasvase; y esto, señora Narbona, es mentira, y es vergonzoso que una ministra esté mintiendo a la Comisión de Medio Ambiente. (Rumores.) Luego le daré a usted la carta, les daré a todos la carta en la que hay una disculpa de la comisaria europea
de Medio Ambiente, que le pide a la señora ministra disculpas por las filtraciones que se han producido y le dice que no prejuzgan nada acerca de la decisión final de la Comisión Europea. (Un señor diputado: ¡Muy bien, Teresa!)
Nos ha dicho usted que la calidad del agua del Ebro es mala -sobre todo, en su desembocadura-, y que la mala calidad del agua del Ebro hace inviable, por supuesto, el trasvase. Por mi parte, estoy sorprendida por esta aclaración, puesto que
los habitantes del delta del Ebro la utilizan para beber y para regar 27.000 hectáreas de arrozales. Los ciudadanos de Tarragona y de Reus la utilizan para beber, desde que se aprobó el minitrasvase en 1981. Luego si la calidad del agua es tan
mala en la desembocadura del Ebro, ¿qué pasa en Cataluña? ¿Por qué el Gobierno de Cataluña, del que ustedes forman parte, no hace algo para solucionar la calidad de las aguas? Realmente, este es un dato importante: que ustedes permitan que los
ciudadanos de Tarragona y de Reus beban agua de mala calidad.
Ha dicho usted también que no hay agua suficiente en el Ebro para garantizar un trasvase de 1.000 hectómetros cúbicos/año. En cambio, dice que sí la hay para garantizar un trasvase de 650 hectómetros cúbicos/año.
Lo dice usted, y se queda
tan tranquila; usted siempre da datos, pero no dice de dónde salen. Entonces, señora Narbona, yo le digo que, como parece ser que la Generalidad de Cataluña ha anunciado que renuncia
a los 180 hectómetros cúbicos que le correspondían, si a 1.000 le restamos 180 nos quedan ya solamente 820 hectómetros cúbicos. Por consiguiente, si usted nos dice de dónde salen estos 650 hectómetros cúbicos que cree que se pueden
garantizar, lo más probable es que nos podamos poner de acuerdo.
También nos habla de que el coste del agua trasvasada no sería de 0,34 euros, como decía el Gobierno del Partido Popular, sino de 0,91 euros.
Como supongo que dice usted esto con datos fundados, me gustaría que nos explicase en su
intervención de dónde sale el precio de 0,91 euros del agua trasvasada. Si no lo sabe, en la réplica le diré de dónde me sale a mí el precio de 0,34 euros; le daré todos los costes que componen el precio. Dice que el coste de la desalación es más
barato que el del trasvase, que se puede desalar agua en España a 0,30 euros por metro cúbico, y que hay precedentes como el de la desaladora de Carboneras.
Efectivamente, la desaladora de Carboneras, aunque no sale a un precio de 0,30 sino mayor,
tiene peculiaridades que usted conoce: tiene una central térmica de carbón justo al lado, que funciona 24 horas al día durante todos los días del año, lo cual rebaja el precio del coste energético.
Como estoy segura de que usted me va a dar los
datos, hablaremos de todo esto en la réplica de la señora ministra.
Me ha hablado también usted de los centros de intercambio de usos de agua, que, por supuesto, ya existen, porque se crearon en la Ley de aguas, que modificó la antigua Ley de aguas de 1985, y que ha hecho efectivos el Reglamento del dominio
público hidráulico. Usted está de acuerdo con los bancos de agua, que creo el Partido Popular y nosotros aplaudimos la idea. De todas formas, nos gustaría saber el agua que va a tener el banco de agua de la cuenca del Segura. Esperamos su
respuesta: de dónde va a sacar el agua el banco de agua de la cuenca del Segura.
Ha dicho también que van a esperar un año y que, dentro de un año, ya pensarán de dónde puede llegar agua a Murcia. No entiendo, señora Narbona, que, después de ocho años en la oposición y después de presentar en 2001 un plan hidrológico
alternativo, no hayan estudiado de dónde se puede llevar agua a la cuenca del Segura. Realmente, en la cuenca del Segura hace falta agua; creo que en esto sí que nos pondremos de acuerdo.
En cuanto al coste energético de la desalación, usted no
habla de ello, pero indudablemente es mayor que el coste energético del trasvase.
Respecto a las tan denostadas sociedades estatales, lo que usted afirmó el otro día, hoy no lo ha repetido aquí, afortunadamente. Creo que no lo ha repetido, porque ha visto que en la Comisión de Medio Ambiente estamos presentes una serie
de diputados que creemos en el medio ambiente y porque tampoco se pueden decir las cosas por decir. Usted decía que lo que hacen es quedarse el dinero de las privatizaciones. Señora Narbona, le voy a facilitar los datos. A fecha 31 de marzo del
año 2004, las sociedades estatales han licitado por valor de 3.078 millones de euros; han adjudicado por 2.523 millones de euros; han ejecutado obras por 1.500 millones de euros y la obra certificada es de 1.300 millones de euros.
Sepan ustedes
que un tercio de las inversiones de estas sociedades estatales tan denostadas por ustedes proceden de fondos europeos -le he oído decir a usted que nunca llegarían fondos europeos a las sociedades estatales y lo afirmaba con rotundidad, por tanto,
afirma lo que sabe que no es cierto-, un tercio proceden de la Administración General del Estado y un tercio de otras administraciones y de entidades privadas. Por consiguiente, es bueno poner al alcance de la sociedad los recursos de los que esta
dispone. También quiero decirle, señoría -no tiene más que ver los presupuestos de los años 1995 y 2004- que en estos ocho años se han triplicado las inversiones en obras hidráulicas en los Presupuestos Generales del Estado, teniendo en cuenta las
inversiones de la Dirección General de Obras Hidráulicas, de las sociedades estatales y las inversiones de las confederaciones hidrográficas.
En cuanto a la calidad de las aguas, usted habla siempre de que la calidad de las aguas es mala. Realmente siempre puede ser mejor y apostamos por una buena calidad de las aguas en España, pero donde mejor podemos ver la calidad de las
aguas es en la ejecución del Plan nacional de saneamiento y depuración. El Plan nacional de saneamiento y depuración tenía unos compromisos para el Estado de unos 500.000 millones de pesetas, que están ejecutados al cien por cien. A esto hay que
sumarle las ejecuciones en saneamiento y depuración que ya están contempladas en el anexo de inversiones del Plan Hidrológico Nacional. Por consiguiente, decir que no se ha hecho nada por la calidad de las aguas es otra de las afirmaciones de la
señora ministra que habrá gente que se la creerá, pero que con un poco de seriedad veremos que es imposible hacerlo. Repito, usted lo verá en los papeles del ministerio: cien por cien de ejecución de la Administración General del Estado en el Plan
nacional de saneamiento y depuración. Bien es cierto que las comunidades autónomas también tienen su cuota de responsabilidad. Habrá que ver qué comunidades autónomas no han invertido lo que debieran, pero en cuanto a la Administración General del
Estado, cien por cien de las inversiones.
Ha hablado de los problemas de calidad del agua y de la contaminación por nitratos. Hable con su compañera de Agricultura de la salinización de acuíferos, porque se han explotado demasiados, pero hay un parámetro que seguramente la señora
ministra conocerá, que es el grado de conformidad de la carga contaminante, que mide el porcentaje de vertido correcto a los cauces. En el año 1995 el grado de conformidad de la carga contaminante era de un 41 por ciento. En el año 2002 el grado
de conformidad de la carga contaminante es del 67 por ciento y el grado no conforme un 16 por ciento. Todavía queda trabajo por hacer, esto es indudable,
pero decir que no ha mejorado la calidad de las aguas en España es algo completamente absurdo.
Usted decía que no se ha hecho nada en estos años y que si hubiéramos querido ya estarían resueltos los problemas de agua en muchas comunidades con las obras del Plan Hidrológico Nacional. El 47 por ciento del anexo de inversiones del Plan
Hidrológico Nacional ya está en marcha.
Concretamente, está en marcha el 70 por ciento del Plan de restauración hidrológica forestal; el 56 por ciento del saneamiento y depuración; el 56 por ciento del control de calidad de las aguas; el 46 por
ciento de modernización de regadíos; el 40 por ciento de prevención de avenidas; el 36 por ciento de regulación y el 34 por ciento de mejora del abastecimiento. Se ha hecho mucho en estos años y esperemos que ustedes sigan haciendo todas las
obras del anexo de inversiones, porque estas obras pretenden solucionar los problemas del agua en todas las comunidades autónomas, señora Narbona, en todas y cada una de las comunidades autónomas españolas.
Ha hablado usted de la reforma de las confederaciones y, desde luego, estamos de acuerdo en que falta personal. Por supuesto que sí, siempre falta personal en todas las partes, pero en las confederaciones hidrográficas se ha impulsado el
programa Alberca, que usted dice que va a finalizar. Esperemos que así sea, porque este programa Alberca, puesto en marcha por el Gobierno del Partido Popular, pretende poner al día todos los registros de agua en todas las cuencas hidrográficas
cuya gestión depende de la Administración General del Estado.
No ha dicho usted nada del Plan integral del delta del Ebro, no sabemos si es que también lo quiere usted revisar, por lo que nos gustaría saber si tiene usted interés en seguir con el mismo, ya que nosotros lo apoyamos completamente, porque
con o sin trasvase el delta del Ebro está mal por la regresión que está sufriendo y porque ha cesado el aporte de sedimentos, señora Narbona. Por consiguiente, aunque usted no lo haya nombrado, espero que no se olvide de él y que haga las obras
necesarias para recuperarlo.
También desearíamos saber si usted mantiene unas declaraciones suyas, que recorté, en las que sostenía que el caudal ecológico del Ebro tenía que ser de 350 metros cúbicos por segundo. Usted hizo unas declaraciones en las que decía que
apoyaba al profesor Narcís Prat, que sostenía que el caudal ecológico tenía que ser de 350 metros cúbicos por segundo.
Desearíamos saber si usted sigue apoyando este caudal ecológico que pone en peligro todo el desarrollo de Aragón. Es bueno que
nos lo diga usted ahora.
La señora Narbona decía que el segundo gran aspecto era la lucha contra el cambio climático que el Partido Popular en el Gobierno no había hecho nada para combatirlo y decía que había tenido un crecimiento económico desordenado o no sé que
palabra ha empleado. Efectivamente, el crecimiento económico que ha experimentado España desde el año 1996 hasta el año 2004 no tiene precedentes en su historia y de ello nos enorgullecemos muchísimo. Indudablemente este crecimiento económico y
este mayor consumo energético ha originado una mayor emisión de CO2 que hay que controlar. En esto estamos de acuerdo. Este crecimiento económico que usted tanto desprecia, señora Narbona, ha creado cuatro millones y medio de puestos de trabajo;
ha hecho que la Seguridad Social tenga 17 millones de afiliados; ha conseguido un equilibrio presupuestario; ha conseguido que los tipos de interés sean los más bajos de la historia de España, lo que nos ha colocado como la octava economía mundial
y hemos conseguido seguir creciendo cuando la Unión Europea estaba en recesión.
Este es el crecimiento económico que usted ha despreciado.
En cuanto a los contratos precarios de los que usted ha hablado, sepa que los inventaron ustedes. Ustedes inventaron los contratos basura, haga un poquito de memoria, señora Narbona. Usted y yo nos acordamos porque estábamos en política
cuando el Gobierno socialista inventó los contratos basura. Nosotros queremos que los contratos sean fijos, cómo no, por supuesto que sí, pero creemos que es mejor tener contratos temporales a tener parados, como todos los parados que consiguió el
Gobierno socialista después de 13 años, cosa que por supuesto esperamos que no se repita.
En cuanto a la reducción de emisiones del dióxido de carbono, compartimos su inquietud, porque creemos que es fundamental reducirlas. Pero podemos estar muy orgullosos porque se ha hecho mucho durante toda esta etapa para intentar reducir
las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera.
Entre alguna de las iniciativas, le puedo hablar de las medidas de liberalización del sector eléctrico, que fomentan la eficiencia y la competitividad con primas a las energías renovables; del
Plan de fomento de energías renovables, con el objetivo de que en el 2010 el 12 por ciento de la energía primaria sea renovable; del fomento del uso del gas, la apuesta por el ciclo combinado y la mejora de la calidad de los combustibles; de la
mejora de las infraestructuras de transportes; del fomento del ferrocarril, de los transportes públicos, de los trenes de cercanías y de las líneas de metro. Precisamente la comunidad y la ciudad de Madrid, gobernadas por el Partido Popular, son
un ejemplo de fomento del transporte público. Lo que se ha hecho en la ciudad de Madrid en relación con el metro merece la admiración de todos los que defendemos el medio ambiente. (Rumores.) Se ha elaborado un Plan nacional de residuos que prevé
la eliminación de emisiones de metano de los vertederos para el año 2010; se han fomentado actividades de reforestación; se ha aprobado la Ley de Control Integral de la Contaminación que esperemos que empiece a dar sus frutos en un plazo corto;
la aplicación de la Directiva de techos nacionales de emisión, de grandes instalaciones de combustión; la puesta en marcha del mercado de derechos de emisión de gases de efecto invernadero; y
el Plan Nacional Forestal. Considero que se ha hecho mucho por reducir las emisiones y que, indudablemente, lo que queda por hacer también es mucho.
Siempre quedará mucho en este sentido.
Tendrá nuestro apoyo en todas las medidas que tiendan a reducir las emisiones del dióxido de carbono, pero no olvide, señora ministra, que las competencias de medio ambiente -repito- están transferidas a las comunidades autónomas. Porque
usted ha dicho aquí alguna cosa que me ha inquietado. Usted decía uno de estos días: exigiremos el cumplimiento estricto del Protocolo de Kioto. Señora Narbona, nosotros deseamos reducir las emisiones y, a ser posible, el cumplimiento estricto
del Protocolo de Kioto, pero nosotros creemos que Kioto no puede convertir a España en un cementerio de empresas. No creo que usted pueda admitir esto, porque un cementerio de empresas haría que la economía en España se hundiera y crearía paro.
Por consiguiente, sí al pacto, porque es conveniente para reducir las emisiones de dióxido de carbono, pero verá, señora Narbona, que esto no es tan fácil, y usted aquí parece que nos dice que no hemos hecho ninguna cosa.
También le quería preguntar, señora Narbona, si piensa negociar con la Unión Europea ayudas para nuestras empresas como estaba haciendo el señor Rato, sobre todo para reducir las emisiones de las empresas eléctricas.
No vamos a entrar aquí
en la gran lucha que se ha destapado entre las empresas eléctricas, pero indudablemente unas y otras no estaban en el mismo caso, porque unas eran estatales y se les decía que tenían que tener empresas de carbón para salvar la minería española, y su
situación no era la misma que la de otras empresas que tenían saltos de agua. Esto habrá que tenerlo en cuenta al asignar los derechos de emisión. Esperemos que estos derechos sean los más justos del mundo y que a la vez cuenten con ayudas de la
Unión Europea.
Ha dicho usted que va a hacer que la gestión de todo aquello que sea responsabilidad del ministerio sea correcta, lo cual nos parece perfecto, pero usted, señora Narbona, tendrá que ceñirse a lo que es del ministerio, porque los parques
nacionales antes sí eran gestión del ministerio, pero ahora, desde que modificamos la Ley de Preservación de la Naturaleza, son cogestión con las comunidades autónomas. Por consiguiente, en su afán de gestionar, no se meta usted en las competencias
autonómicas, porque ha dicho varias cosas que nos han hecho pensar que a lo mejor se va a meter en otros asuntos que no son de su competencia. Los parques nacionales no son de su competencia exclusiva, son cogestión; lo eran cuando ustedes
gobernaban y creaban los parques nacionales por decreto, sin tener en cuenta a las comunidades autónomas.
Afortunadamente todo esto ha cambiado, señora Narbona, y esperamos que siga cambiando.
Ha hablado del proyecto de responsabilidad medioambiental. Estamos totalmente de acuerdo en que es necesario. Usted sabe perfectamente que el anteproyecto que se ha encontrado en el ministerio y que posiblemente utilizará -lo cual nos
parecerá muy bien- estaba pendiente de que se aprobara la directiva europea, porque no entendíamos que se aprobara un proyecto de ley para tener que modificarlo posteriormente.
Ha hablado usted de coordinación con las comunidades autónomas y nosotros lo compartimos. Le apoyamos en la coordinación y esperamos que usted tenga más suerte, porque le aseguro que el ministerio intentó impulsar y coordinar muchas
acciones competencia de las comunidades autónomas y se encontró con una cerrazón absoluta por parte de las comunidades gobernadas por el Partido Socialista. Le aseguro que esto no pasará, porque nuestras comunidades autónomas son tan celosas de los
aspectos ambientales que están dispuestas a coordinarse con el ministerio y a recibir todas las ayudas que el ministerio les va a dar, porque, señora ministra, en todas las intervenciones del portavoz del Partido Socialista, fuera cual fuera la ley
que se estaba tramitando, se pedían ayudas del ministerio a las comunidades autónomas, demostrándonos su talante abierto a que el ministerio ayudase a las comunidades autónomas en todo. Esperamos que este talante se mantenga y usted conceda
cuantiosas ayudas económicas a las comunidades autónomas para que efectúen programas que son de su competencia. Esperamos que usted mantenga su palabra, mejor dicho, la palabra de su partido, porque era el portavoz del Partido Socialista el que se
refería a ello.
Ha hablado usted de crear la conferencia sectorial del agua. Esta es una reivindicación suya por decir algo, supongo yo, porque la conferencia sectorial de medio ambiente ya existe, y si en dicha conferencia usted convoca a los consejeros
que llevan la política de aguas, ya tenemos la conferencia sectorial del agua. Por tanto, no se trata más que de cambiar el nombre o cambiar un consejero por otro. Bueno, usted puede modificar lo que quiera, porque lo que está claro es que usted
piensa modificarlo todo.
Dice usted que quiere modificar la Ley de Montes, porque quiere incluir un plazo de 30 años para que no se puedan recalificar los terrenos. Estamos de acuerdo con que no se puedan recalificar ni en 30, ni en 50, ni nunca, pero sepa usted,
señora Narbona, que el plazo de 30 años no se introdujo y se dejó que lo hicieran las comunidades autónomas a petición de tres comunidades, dos de ellas gobernadas por el Partido Socialista, que se lo dirán a usted cuando quiera modificar el
proyecto de ley. Ya veremos si usted modifica el proyecto de ley y pone los 30 años, porque son dos comunidades autónomas que tienen mucha fuerza en las decisiones del Partido Socialista, señorías, y nos pareció justo que ya que la competencia
inicial era suya, fueran ellas las que decidieran los años en que podían volver a reordenarse.
Ha dicho que quiere reordenar la política de residuos. Solamente quiero decirle que no olvide que está transferida, que es de las comunidades autónomas. Por tanto,
en su afán de reordenar, no reordene lo que no es de su competencia. En cuanto a la política de residuos, la prevención es el aspecto que se contempla como prioritario: prevenir es lo mejor en la política de residuos.
Termino, señoría. Apostamos por esa estrategia de desarrollo sostenible que efectivamente inició el Partido Popular y no se ha finalizado, porque la estrategia de desarrollo sostenible implica cambiar los modos de producción y consumo, y
cambiar los modos de producción y consumo de los ciudadanos españoles es una cosa que hay que hacer con el acuerdo de todos los sectores, de todos los ciudadanos y de todas las comunidades, porque estamos hablando de algo muy importante, por eso se
ha avanzado mucho en ella, pero todavía no se ha aprobado. Apostamos porque llegue la estrategia de desarrollo sostenible y, por supuesto, apostamos por el diálogo. Señora ministra, apostamos por todo lo que favorezca el medio ambiente, pero
vuelvo a decírselo: no convierta usted a España en un cementerio de empresas con esa aplicación estricta del Protocolo de Kioto que usted quiere hacer.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guinart Solá.
El señor GUINART SOLÁ: Señora ministra, quiero empezar agradeciendo su comparecencia ante esta Comisión, felicitándola por la actitud y el interés de su exposición en el inicio de la andadura de su gestión como ministra.
Hemos escuchado con atención las líneas básicas de su actuación para esta legislatura que usted ha ido desarrollando, y nos parece que en términos generales coinciden -habrá que mirarlo con más detalle- con los planteamientos que nuestro
grupo defendió en su propuesta electoral. Le haré llegar hoy mismo la copia de nuestro programa electoral para que pueda comprobar en cuantos aspectos y términos hay coincidencia, lo cual puede facilitar una colaboración en el futuro, un diálogo
intenso y la llegada de nuestro grupo a determinados consensos -espero que también de otros grupos- que hagan fácil y agradable su gestión frente al ministerio.
No obstante nos interesaría puntualizar algunos ejes, algunas pautas de nuestro posicionamiento político que van a inspirar la presente legislatura. En términos generales, coincidimos con esta conciencia del nuevo modelo de desarrollo que
se va extendiendo cada vez más. No hay que renunciar al crecimiento, ni al progreso social, ni a las mayores cotas de bienestar, pero no hay que conseguirlos a cualquier precio, no hay que conseguirlos sea cual sea su coste, sino haciéndolos
compatibles con la preservación del medio ambiente. Ese desarrollo llamado sostenible ha de ser además integral. En este sentido, el Ministerio de Medio Ambiente tiene ante sí el reto de ser especialmente activo en la coordinación de sus
actuaciones de forma transversal con los otros ministerios, pues casi todos están implicados en aspectos medioambientales. Tanto el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, como el de Agricultura, Pesca y Alimentación, como el de Interior deben
colaborar con los planteamientos, objetivos y políticas del Ministerio de Medio Ambiente. Seguro que para usted es un reto intentar convencer a sus compañeros ministros, sin vencer sus posiciones -a veces oposiciones-, de que las políticas de los
otros ministerios deben tener siempre el filtro de los objetivos medioambientales. Yendo incluso más lejos, no sólo debe circunscribirse al ámbito interno del Estado español, sino que debe pensar también en el resto de la aldea global del mundo,
pues algunas políticas ambientales internas egoístas de algunos Estados e incluso de algunas comunidades de Estados como la Unión Europea, si no son sensibles, pueden perjudicar a otros Estados y, después, al medio ambiente global de todo el
planeta.
Por esta razón, hay que ser muy cuidadosos al hacer los planteamientos globales.
No vamos a negar que en anteriores legislaturas se han logrado avances, se ha trabajado y se ha mantenido una filosofía medioambiental del desarrollo, pero el ritmo de avance no ha sido el adecuado, ha sido lento y en exceso cauteloso, y en
el tema medioambiental hay que tener una cierta valentía, porque los rechazos a menudo son importantes. En este caso, le pedimos que incremente el ritmo y que lo haga con la sensibilidad necesaria hacia las comunidades autónomas, como se comentaba
hace un momento, para superar ciertos episodios en los que se han conculcado competencias autonómicas que no detallaré porque están en nuestro programa.
Le pedimos que sus actuaciones tengan un amplio espectro en cuanto a sus destinatarios, que se hagan pensando en las diversas administraciones públicas a todos los niveles (en Cataluña incluso algunas tienen competencias en actuaciones
medioambientales, sobre las cuales son muy sensibles, como los consejos comarcales), pero también pensando en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, en las diputaciones y también en todo tipo de personas, tanto los mayores como menores
como los que están en diversas situaciones económicas (todos ellos deben colaborar en la concienciación y en la gestión de los aspectos medioambientales), y también pensando en las empresas, tanto las más afectadas (a veces las contaminantes son las
más implicadas en el tema medioambiental) como las más distantes en temas de responsabilidad social de las empresas.
Usted ha comentado la voluntad del estricto cumplimiento de los compromisos internacionales. Desde el Grupo Parlamentario Catalán le pedimos que lo haga especialmente en relación con el mar Mediterráneo, que es un mar mucho más frágil en
estos aspectos dada su condición de mar cerrado en el que los impactos negativos medioambientales tienen un efecto muy superior y difícilmente solucionable si no es a nivel de prevenir
y evitar esos impactos. Respecto a las directrices europeas quiero recordarle que Cataluña ha sido pionera en su estricto cumplimiento, lo cual, si el resto de las comunidades autónomas no actúan de la misma manera, nos sitúa en una
posición de competencia desleal en tanto en cuanto hay mayores costes de producción cuando nuestras empresas son escrupulosas en la contemplación de las medidas medioambientales. Además, lógicamente, si no hay una actuación armónica en todo el
Estado en el rigor de su cumplimiento, hay un efecto global negativo que sería deseable evitar.
Es especialmente importante que se profundice en los planes contra la contaminación marítima desde tierra ya que, como decía, el mar Mediterráneo es un mar muy sensible. Podría poner como ejemplo el desarrollo que ha habido en Cataluña de
cantidad de depuradoras de aguas residuales que se han ido implantando a lo largo de la costa, que pensamos que dan un índice de depuración de aguas muy importante que habría que acabar de complementar, pero estamos llegando casi al cien por cien de
depuración. Ahora estamos ante el reto de la reutilización de esta agua. Por otro lado, entendemos que también sería necesario llevar a cabo planes de lucha contra los derramamientos de hidrocarburos en el Mediterráneo, puesto que sus
consecuencias serían todavía más graves que las del derramamiento que hubo en el Atlántico, en el caso del Prestige.
Nosotros vamos a propiciar que exista una única autoridad ambiental en las comunidades a este nivel. Entendemos que el principio de subsidiariedad debe actuar con fuerza por la proximidad, por la sensibilidad y por la eficacia que las
decisiones que se tomen a este nivel pueden tener sobre el medio ambiente, que es un aspecto muy sensible. En este sentido, vamos a realizar una acción conjunta con otros grupos parlamentarios catalanes para completar los traspasos pendientes en
materia de medio ambiente.
Además, le anticipo que vamos a trabajar políticamente, a través del diálogo y del consenso si es posible, en la modificación de la Ley de costas con el fin de que sus contenidos de gestión sean transferidos a las
comunidades autónomas, en nuestro caso a la Generalitat de Cataluña, pero lo deseamos para todas las comunidades autónomas.
Aparte de los aspectos de prevención, de compartir buenas prácticas, de la educación y de la información ambiental que ya se han comentado y que están recogidas en las pretensiones del ministerio -y adelanto que apoyaremos todas las
iniciativas que nos parezcan razonables-, no podemos olvidar el impulso al desarrollo -en el que creo que no se ha puesto demasiado énfasis- de nuevas tecnologías ambientales que permitan abaratar los costes de la desalación de las aguas, que se ha
reducido en un tercio por efecto de las mejoras tecnológicas. Seguramente, si se siguiera en esta línea, algún día se acabaría con la famosa frase de que el agua es un bien escaso, porque el agua del mar seguro que nunca la vamos a acabar y si el
método para hacerla útil para el uso humano es la desalación, ahí hay un depósito sin fin de agua que podremos utilizar para las necesidades humanas.
En relación con las competencias del ministerio en las obras de infraestructura en el litoral, vamos a defender que el reparto de los fondos de cohesión provenientes de la Unión Europea a las comunidades autónomas sea proporcional a la
problemática ambiental. No vamos a defender otro tipo de criterios de reparto, pero sí habrá que plantearse la fórmula para cuantificar esa problemática ambiental.
Apoyaremos las iniciativas en relación con las actuaciones en contra de los excesos de contaminación y, por tanto, la producción de energías limpias que generan menos restos en la atmósfera, incluso actuaciones de otros ministerios como es
el tema del transporte público o el tema de los edificios sostenibles o inteligentes con elementos que tengan el marchamo medioambiental, la reducción de misiones de gases, las energías renovables, las no contaminantes, etcétera. Esperemos que,
aparte de la sensibilización, todo ello se apoye con incentivos fiscales que se puedan instrumentar a través de las comunidades autónomas o de los propios ayuntamientos.
Finalmente, en este primer bloque, también nos parece interesante -y así se recoge en nuestro programa- toda la política de reutilización de residuos, de reciclajes, de recogida selectiva. Aquí querría apuntar cuál debe ser el papel que
deben jugar los ayuntamientos en esta acción, la necesidad de establecer beneficios fiscales a las empresas para que desarrollen esas políticas y ayudas financieras a los ayuntamientos, a través de subvenciones, para que colaboren en la recogida
selectiva y en la reutilización y reciclaje de los residuos.
Respecto a la política de costas, aparte de lo que ya he comentado en relación con la voluntad de nuestro grupo político de trabajar en la línea de conseguir la transferencia de esa competencia a las autonomías, quiero decirle que hablo
desde el conocimiento directo después de nueve años de ser alcalde, y siéndolo todavía, de un municipio de la costa, de la Costa Brava en este caso, que ha sido sufridor de la gestión de los servicios de la Dirección General de Costas o del
Ministerio de Medio Ambiente en este aspecto. Sin denostar la buena acogida y la amabilidad con la que siempre hemos sido atendidos los alcaldes de la Costa Brava por parte de los responsables del ministerio a los que hemos visitado para
reivindicar cuestiones pendientes, la verdad es que, más allá del buen talante, que también lo había, los resultados han sido muy pobres, muy limitados. Esperemos que se mantenga este buen talante que ahora todos compartimos, pero que la escasez de
resultados no se contagie al actual grupo responsable de la Dirección General de Costas.
En cualquier caso, continuaremos el debate sobre el tratamiento de las costas y actuaciones necesarias en cuanto a regeneración de playas, en cuanto a la polémica
de la financiación de la pérdida de arenas por la construcción de puertos deportivos, en cuanto a las soluciones a los desprendimientos de zonas de la costa o a los movimientos de arena del fondo marino o en superficie, o todo lo relativo al
replanteamiento de la actuación en los paseos marítimos con la intención -al menos así lo defenderemos- de ir retirando paulatinamente los vehículos de la primera línea de mar con la construcción de aparcamientos subterráneos, poniendo énfasis en
una visión diferente del litoral. Celebramos que hace nueve años -y usted lo comentaba- se separara del Ministerio de Obras Públicas o de Fomento la visión medioambiental, y esto debe tener su efecto en la costa, en donde ya no debe primar el hecho
de construir paseos marítimos o caminos de ronda, sino más bien una visión medioambiental de esta zona litoral.
Desde la óptica de los principios turísticos esto será de agradecer más allá de abrir el debate sobre la degradación de ciertos ámbitos
y zonas de la costa debido a un exceso de construcción.
En cuanto al tema del agua ya marcamos nuestra posición cuando se discutió la moción en relación con la paralización del trasvase del Ebro. En cualquier caso sólo quiero insistir en nuestra demanda, que coincide con la del Grupo Popular
acerca de actuaciones para garantizar la estabilidad del Delta del Ebro, para evitar la intrusión salina y para consolidar esa zona tan interesante medioambiental y ecológicamente. Pasaré por encima de todas las propuestas, que discutiremos con
interés, en relación con el medio natural, las zonas rurales, el papel de la agricultura, también necesitada de incentivos económicos y fiscales para que se mantengan en el campo actividades tradicionales que tienen un efecto medioambiental
importante. Asimismo no abordaré las gestiones relativas a la protección de los animales, al buen trato con los animales domésticos y salvajes en espacios naturales, etcéreta, y la cogestión de los parques naturales.
Estas cuestiones nos parece
que pueden ser desarrolladas con objetivos positivos y que serán coincidentes con nuestra posición, especialmente para dar importancia y sustentar la biodiversidad con que cuenta España.
Finalizaré con tres preguntas concretas de las cuatro que tenía porque una ya la ha contestado. En primer lugar, en relación con el cumplimiento del Protocolo de Kioto cómo se plantea el Gobierno la asunción de los costes que este
cumplimiento va a generar. El ministro de Economía en su comparecencia no lo dejó claro y parece que una pretensión es que sean las empresas las que íntegramente asuman estos costes. Nosotros pensamos que esto puede tener efectos muy negativos
sobre el dinamismo económico del país. Queremos saber si la ministra ha pensado ya en alguna fórmula para que sea compatible el cumplimiento del Protocolo de Kioto con un coste que no sea demasiado importante para las empresas y que sea
desmotivador de su actividad. En segundo lugar quería preguntarle acerca de algo que usted ha citado por encima: cuál es o será la política del ministerio en relación con la utilización de los purines. Cataluña es una de las zonas en que hay más
cantidad de ese producto, desecho o residuo utilizado para la cogeneración energética. Actualmente la existencia del Real Decreto 436/2004 hace inviable las empresas dedicadas a la cogeneración a base de purines que hacen una función verdaderamente
importante como es generar energía que pueda salir al mercado. De esta forma probablemente en poco tiempo tendrán que cerrar su actividad lo que redundaría en la acentuación de los problemas ambientales que provocan los purines. En tercer lugar
querría conocer el capteniment -lo decía ayer el señor Mas-, es decir, la posición o predisposición del Gobierno en relación con el posible traspaso o transferencia de las competencias del litoral y costas a las comunidades autónomas. Acabo
reiterando nuestro espíritu de colaboración, la ilusión que nos hace el participar en esta Comisión y en los trabajos legislativos en torno a temas de medio ambiente. Esperamos que todas las premisas y compromisos que hoy hemos oído se cumplan y
que en ese aspecto no nos defrauden. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por Chunta Aragonesista (Grupo Mixto), tiene la palabra el señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Agradeciendo su exposición, señora ministra, y compartiendo la decisión de este Gobierno de dar por cerrada la cuestión del trasvase del Ebro; felicitándonos casi todos por ello porque ahora sí que ganan la
racionalidad, la sensatez y la sostenibilidad en materia hidráulica, queremos plantear una serie de propuestas, dudas y alternativas sobre los ámbitos de su competencia para conocer la opinión de la señora ministra al respecto. Como no podía ser de
otra manera empezaremos por el agua. En este punto disponemos de toda una serie de criterios expuestos por la Fundación Nueva Cultura del Agua, presidida por Pedro Arrojo, y diversas consideraciones de colectivos y asociaciones como Río Ara, que
vienen trabajando en defensa del Pirineo.
A) Creemos necesario establecer nuevas prioridades desde el diálogo y el consenso. Uno, es muy importante insistir en que la modificación de la Ley del Plan Hidrológico Nacional debe contener la modificación del anejo de acciones, el
conocido anexo de inversiones, que precisa de una revisión a fondo y de una oportuna clasificación de las actuaciones. Debe dejar de ser el desastre actual, todo mezclado y sin matices ni orden.
Dos, de este modo, y como ejemplo evidente de lo
necesario que es modificar las prioridades hasta ahora planteadas, el Pirineo aragonés es la zona más afectada por las nuevas presas del anexo del Plan Hidrológico Nacional, ya que de las más de 120 nuevas presas más de 30 serían realizadas allí.
Obras como el recrecimiento de Yesa (inundando parte del Camino de Santiago, declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, y de algunas poblaciones), la obra de Biscarrués, que también inunda poblaciones y un precioso patrimonio natural y de disfrute, son dos de las obras más conflictivas y de mayor contestación social. Tres, resulta básico retomar el
diálogo como instrumento, eliminar las amenazas que, como las expropiaciones asociadas al recrecimiento de Yesa, pesan sobre los habitantes de Artieda y poner el debate científico y técnico por delante de los intereses sectoriales. ¿Cuál es la
estrategia que desde su ministerio se piensa seguir al respecto y en concreto qué piensa sobre la necesidad de paralizar los proyectos de embalses más conflictivos? ¿Piensa ser la ministra tan audaz para paralizar esos desmanes como lo ha sido, y
nosotros lo alabamos, para paralizar el trasvase? ¿Piensa que sería bueno por su importancia considerar la cuenca del Ebro zona piloto para aplicar de forma efectiva la nueva cultura del agua? Cuatro, en esta misma línea de diálogo pedimos
atención especial a los convenios firmados desde el Ministerio de Medio Ambiente con ayuntamientos del Pirineo, bajo coacción muchos de ellos, en materia de depuración y suministro de aguas. Hay que explicar lo hecho hasta ahora y racionalizar y
dar transparencia a lo que se vaya a hacer. Cinco, también hay que recordarle que existen obras hidráulicas en Aragón sin conflicto alguno que están paradas, ralentizadas o sin uso aparente, que debe identificarlas con precisión y proponer
soluciones urgentemente. Queremos hacer referencia al Plan de riberas en Zaragoza, necesario para recuperar el Ebro a su paso por esta ciudad. Sexto, otro tema importante para nosotros y no sólo sentimental es la devolución de los derechos,
patrimonios, culturas y sentimientos expoliados y destrozados, cuyo ejemplo es Jánovas. Creo que es preciso que el ministerio diseñe una política cuidadosa de reparación de afrentas y atropellos históricos y actuales. Hay que recordar que hay
muchos ciudadanos que han perdido parte de su vida en batallas por defender sus haciendas, patrimonio y dignidad sin apoyo alguno, y esto exige alguna forma de reparación, y me refiero a todos los afectados por grandes embalses y trasvases. Debería
elaborar también un catálogo de ríos y tramos de ríos en buen estado ecológico, así como una ley de ríos escénicos y salvajes que permita protegerlos.
B) Garantizar el imperio de la ley acabando con el desgobierno existente.
Uno, reforzar las fiscalías de Medio Ambiente y Anticorrupción con la encomienda de investigar las sistemáticas irregularidades existentes en materia de gestión de
aguas en nuestro país, de forma que la justicia pueda aplicarse de forma eficaz y rigurosa acabando con las situaciones de desgobierno existentes en materia de explotación de aguas subterráneas, control del dominio público y gestión de vertidos, con
una petición fundamental: la creación de una fiscalía en Aragón, donde, pese a su gran extensión de territorio y zonas de interés ambiental extraordinario, no existe ningún fiscal adscrito a tal menester. Dos, otro tema es el uso de las aguas
subterráneas. La naturaleza ya ha resuelto en casi todos los lugares el problema del almacenamiento del agua con los acuíferos. Es preciso utilizar mejor los acuíferos y abandonar la política de embalses destruyendo ríos y culturas. Yo creo que
es preciso diseñar una política muy fina para la explotación de los acuíferos y para ordenar los actualmente sobreexplotados con riesgo evidente y los contaminados, en especial por nitratos, un problema muy grave. Precisamente la fundación que
preside el profesor Llamas, la Fundación Botín, tiene un estudio perfecto de todas las aguas que existen en España y él mismo se queja del poco caso que en el Ministerio de Medio Ambiente siempre le están haciendo nunca.
C) Abordar una profunda reforma institucional. Uno, poner en marcha una profunda reforma de las confederaciones hidrográficas, como usted ha dicho, cambiando sus tradicionales prioridades y funciones de fomento de obras hidráulicas por las
de gestión ambiental de los ecosistemas hídricos en coherencia con los objetivos marcados por la directiva marco, lo que exigirá un nuevo enfoque interdisciplinar, transparencia y participación ciudadana. En esta línea la participación ciudadana
proactiva que exigen las directivas ambientales europeas demanda la puesta a disposición de los colectivos sociales de los medios económicos pertinentes.
D) Trasponer de forma eficaz y rigurosa la Directiva marco del agua. Uno, derogar el texto reformado de la Ley de Aguas, aprobado en la Ley de acompañamiento de los Presupuestos de 2004, que trasponía la Directiva marco del agua para
aprobar una trasposición rigurosa de dicha directiva acorde con su espíritu y objetivos. En dicha trasposición deben asegurarse reformas que garanticen la recuperación del buen estado ecológico de los ecosistemas hídricos, un régimen
económico-financiero de la gestión de aguas basado en el criterio de recuperación íntegra de costes y un nuevo enfoque de participación ciudadana proactiva. Dos, abrir procesos de revisión de los planes hidrológicos de cuenca y del Plan Hidrológico
Nacional bajo una amplia participación ciudadana y científico-técnica con el fin de adecuar la planificación hidrológica a los objetivos y criterios de gestión de la Directiva marco del agua.
Tres, promover una política de sensibilización y
educación en materia de aguas desde las nuevas perspectivas y objetivos establecidos por la Directiva marco, fomentando los valores de la nueva cultura del agua.
Entrando en cuestiones que también son competencia del Ministerio, pasamos a la biodiversidad. La estrategia forestal y la estrategia de biodiversidad deben aclarar la relación de jerarquía vulnerada por el Grupo Popular a favor de la
forestal y considerar la estrategia forestal como una herramienta técnica para gestionar los bosques, que no son elemento de la biodiversidad. En este sentido se debe retomar la política de aplicación de las directivas de hábitat y aves y hacerla
creíble
con medidas legislativas, acuerdos entre comunidades autónomas para su aplicación -no existen fronteras administrativas para los sistemas biológicos- y un plan de financiación claro y preciso para la red Natura 2000 que debe articularse este
año 2004 y negociar con la Comisión Europea. Aragón tiene mucho peso en este asunto de la biodiversidad y su uso sostenible, por lo que debemos exigir claridad y buen trato. Creemos necesaria una revisión total de la política de incendios
forestales, reforzando la prevención, como usted ha dicho, frente a la extinción, en un proceso de contrapeso diseñado en el tiempo, para que no ocurran contratiempos, e introducción de la ecología forestal en el diseño de este programa frente al
peso excesivo y dominante de la ingeniería forestal y del papel decisivo de la propiedad forestal. Habría que proponer una revisión a fondo de la Ley forestal aprobada por el Grupo Popular, con la que mostramos nuestra disconformidad. Ahora la
gestión es totalmente opaca.
Cambio climático y energía. Señora ministra, dé prioridad a la política frente al cambio climático y a sus efectos, porque no habrá quien pare en los próximos veinte o veinticinco años en las zonas semiáridas, y casi un 30 por ciento de
Aragón está en esa calificación climático-biológica.
Fomente la participación de comunidades autónomas en el diseño del mercado de emisiones y en el diseño final y aplicación de la estrategia o plan frente al cambio climático pendiente de concretar
en objetivos, plazos, medidas y financiación. Cierre de inmediato de las centrales nucleares obsoletas y en concreto la de Santa María de Garoña, que pone en peligro a casi todo el río Ebro. Política energética para los ciudadanos y no para las
grandes compañías del petróleo y de la electricidad.
También queremos una ley y una política para las zonas de montaña, casi el 50 por ciento del territorio de Aragón y de España, y una de las zonas con más efectos inmediatos del cambio climático y de abandono rural y actualmente de la presión
urbanística que hay que tratar antes de que sea tarde. Atención especial a la política turística especializada en la nieve. Tratamiento integral de los recursos para evitar que la nieve sea considerada la única posibilidad de desarrollo en zonas
de montaña. Aquí llamada de atención a la integración ambiental de los proyectos turísticos impulsados desde el ministerio especializado. Especial atención a los importantes ambientes biológicos de los Pirineos y de las sierras del sistema ibérico
(Gúdar y Jabalambre, siempre olvidadas frente a otras zonas de montaña mediterránea de menor interés ambiental).
Parques nacionales. Exigir la transferencia ordenada del de Ordesa, previa su ampliación, que incluye Bujaruelo, La Solana y el río Ara, y que conecte con el Posets, y conseguir la declaración de un parque nacional representativo de las
zonas de estepa y páramos de Aragón en esta legislatura.
Asesoría científica. Ampliar el papel de los científicos y de la ciencia en decisiones ambientales -parece que su idea fundamental es quitar a funcionarios y poner a científicos-, construyendo un comité asesor científico del ministerio y
reformando todos los sistemas de participación de los científicos en órganos consultivos, y que además sean de verdad, que no sean como los anteriores, cuando se consultaba y luego las obras que escribían se guardaban en un archivo. Su opinión debe
ser considerada de manera diferente a la de otros intereses. Hay que ampliar la dotación de I+D+I en medio ambiente.
Evolución, impacto y autorización ambiental integrada. Vamos a exigir que se apruebe la legislación correcta y que asegure rigor y transparencia.
No hay que olvidar la nefasta experiencia de los procedimientos de evaluación de impacto
ambiental de muchos embalses y del Plan Hidrológico Nacional; quiero recordarle que está con quejas en Bruselas y con alegaciones en el ministerio con respuestas que fueron una burla. Se debe diseñar, de acuerdo con comunidades autónomas, un
órgano de evaluación y autorización ambiental que asegure la publicidad, transparencia, el rigor técnico y científico, participación ciudadana y, por tanto, que sea el reverso de lo que hizo el Grupo Popular. Estamos especialmente sensibilizados
ante modelos como el INAGA, que su partido ha aplicado en Aragón, y que vulneran todos los criterios de las directivas y normas internacionales europeas, incluso las propias normas españolas de la Administración pública.
Tóxicos y residuos. Queremos también, finalmente, que se modifique la Ley de Residuos en todos aquellos aspectos en que se reconozca ineficaz. El Estado no puede dejar a los municipios solos con este problema. Política decidida de
reducción en origen y de reciclaje racional. Separación en hogares y establecimientos de orgánicos: compostaje para uso agrario y forestal. Precios disuasorios para vertedero. Atención a los residuos peligrosos y prioridad de la política de
control y reducción de tóxicos.
Señora ministra, gracias por la esperanza que nos da a muchos de los que estábamos bastante desesperanzados.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Desde el Grupo de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, queríamos trasladar a la señora ministra nuestra sincera felicitación por las medidas anunciadas, por la actitud, por el
conocimiento, por lo que nos anuncia y, sobre todo, por lo que puede venir; incluso iría más lejos, por el rol que puede jugar el Ministerio en el Gobierno, porque creo que desde el ministerio se liderará una postura en la defensa del medio
ambiente y del territorio; un Gobierno en el que harán falta -como en todos los gobiernos- ministerios, y ministra en este caso, que tengan voluntad de que el territorio
y el medio ambiente sean una prioridad. Se han producido reuniones con diferentes representantes de diferentes gobiernos autonómicos, también con don Salvador Milà, Conseller de Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña, y en todas las
reuniones, también en las de primer orden, ha habido una muy buena colaboración.
Quisiera dividir mi intervención en cinco bloques que desde nuestro punto de vista creemos que deberían ordenar lo que tiene que ser la actividad del ministerio. Nosotros creemos que, en primer lugar, tiene que afrontar el reto de la nueva
cultura del agua, al albur de lo que tiene que ser la revisión del PHN. El segundo bloque es cómo afrontar el reto energético, y aquí no sólo tenemos el reto del cumplimiento del protocolo de Kioto que no es un problema sino una oportunidad, sino
que además está el reto de las nucleares, algo que en los países de nuestro entorno está en las agendas para estudiar su cierre. El tercer bloque es el reto de la salud ecológica asociada a la seguridad alimentaria y al efecto de los pesticidas
sobre la población. El cuarto bloque es el reto del nuevo modelo de ocupación del territorio, que es mucho más transversal. Y el quinto bloque son los instrumentos para llevar a cabo todo lo anterior.
¿Cómo concretamos hoy la nueva cultura del agua? Sin duda, el anuncio más esperado de esta legislatura, como mínimo para grupos ecologistas y sobre todo para toda la gente que defendía una nueva cultura del agua en Aragón, pero también en
tierras del Ebro, era que el trasvase no se produciría y que mejoraría la situación del Ebro, pero también del delta, de sus aguas, que sería la solución, en definitiva, de los ríos como espacios de vida propia. Esta, repito, sin duda era una de
las noticias más esperadas. Una vez anunciada la buena nueva, celebramos haber entrado en materia, que nos traslade este real decreto y que pueda aprobarse de forma definitiva. En la nueva cultura del agua deberíamos afrontar el reto más sobre la
cultura de la demanda, de las necesidades reales, incluso de necesidades que pueden minimizarse, que no tanto sobre lo que se entiende por la oferta. Desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde valoramos muy negativamente el disparate de los
trasvases y no sólo desde un punto de vista económico sino también desde un punto de vista ecológico. Queríamos plantearle algunas dudas para que nos las aclare. En el campo de la desalación, que tendremos que administrar con prudencia y siempre y
cuando no haya más opciones, queremos saber qué tipo de energía se va a utilizar. Sabemos que la propuesta concreta en el área de Barcelona va asociada al impulso de energías renovables que no supongan, por tanto, un mayor incumplimiento del
Protocolo de Kioto. Nos gustaría saber la tecnología que se va a utilizar no sólo en las de Barcelona sino en las que están en el conjunto del litoral mediterráneo; qué se va a hacer con la salmuera, ya que depende del uso que se haga y de dónde
se deposite puede tener un efecto ambiental y ecológico terrible, dramático para determinadas zonas marítimas; y concretamente dónde se van a instalar las desalinizadoras debido a los problemas que tienen de contaminación acústica. Ante estos
interrogantes y ante los costes económicos le planteamos, y creemos que va a ser así, hacer esta opción para reducir el consumo. Le voy a poner un ejemplo que seguro que usted conoce mucho mejor que yo, en la zona de Daimiel ha habido una reducción
de la demanda en un 30 por ciento, los costes del metro cúbico son de 8 céntimos de euro y la opción no ha sido sólo más eficaz que otras vías alternativas sino que incluso se ha ido a rescatar derechos de agua y se ha reducido de forma voluntaria
el regadío. Hay un tópico que es que ampliar zonas de regadío siempre es bueno y positivo; pues no, en un país como el nuestro, en un país mediterráneo, quizás tengamos que empezar a hacer el debate de cómo pasamos zonas de regadío a zonas de
secano. Eso es mucho más eficaz desde un punto de vista ecológico y, por supuesto, desde el económico. Se trata, pues, de introducir la ecoconvencionalidad en las subvenviones, y eso significa rescatar derechos de agua, poner en orden -y usted lo
planteaba- derechos consolidados pero muy mal usados y, por supuesto, no legalizar aquello que no es legal; tan simple y tan sencillo como esto.
En la línea del ahorro valoramos bien la propuesta que hace de bancos de agua, si bien entendemos que tienen que ser bancos de agua intervenidos de forma muy activa -y así sé que lo plantea- por la Administración.
Entendemos positivamente
que pueden racionalizar los usos y hacer que haya un intercambio fluido entre aquellos usos más eficientes hacia aquellos usos que no lo son tanto. Supongo que en esta comparecencia o con posterioridad detallará el plan de inversiones para evitar
que España esté a la cabeza en un porcentaje elevadísimo en pérdida de agua por malas canalizaciones.
Quisiera plantear algunas propuestas y dudas. En cuanto al Plan Hidrológico Nacional desde el ministerio plantean hacer una evaluación de impacto ambiental estratégica conjunto del PHN. Queríamos saber cómo plantean hacerlo y con qué
participación activa de los agentes sociales.
Aparte de lo que mencionaba José Antonio Labordeta en cuanto a la Ley de Aguas y a su última reforma, ¿vamos a continuar construyendo la política del agua en torno a la Ley de Aguas de 1999 o desea el
ministerio hacer una reforma global en esa materia? ¿Cuál va a ser la política en cuanto a las especies autóctonas de nuestros ríos? Le pongo un ejemplo que afecta mucho al Ebro, que es el mejillón cebra; tenemos que afrontarlo si no queremos que
pase como ha ocurrido en Estados Unidos, que cuando quisieron afrontar la plaga del mejillón cebra ya era tarde y no había mecanismos técnicos para erradicarlo. Hoy en territorio español aún estamos a tiempo de erradicar el mejillón cebra, que
podría acabar siendo una plaga en el conjunto de nuestros ríos.
Tenemos unas preguntas concretas sobre trasvases previstos. ¿Qué va a pasar con el trasvase previsto del
Júcar-Vinalopó? Nuestro punto de vista es que no sería muy razonable planificar el trasvase de un río que la mayor parte del año no lleva agua, ni tan siquiera una gota, al mar. Ante esto, no nos gustaría que el Júcar-Vinalopó pasase de
río a lo que entendemos en Cataluña por riera o en castellano por rambla. Debería haber hoy una paralización cautelar de las obras del trasvase y hacer un plan de recuperación integral del Júcar, así como afrontar la sobreexplotación de los
acuíferos en La Mancha oriental. ¿Qué pasa con Castrovido en Burgos, con Yesa, Torre del Comte, Biscarrués, con La Breña en Córdoba o con tantos proyectos de trasvase que, si bien no tienen el carácter extraordinario que tenía el trasvase del Ebro,
sí pueden tener un impacto territorial importante? Queremos saber si va a haber una actualización del convenio de Albufeira, firmado con Portugal, a la luz de la directiva marco. Este es un elemento importante para los ríos que compartimos con
Portugal.
Nuestra propuesta en materia de agua, en términos generales, va sobre la base de la demanda y no de la oferta; no intentemos caer en las trampas que puso el anterior Gobierno situando una oferta excesiva, sino afrontemos el debate del agua
a partir de una demanda que tiene que disminuir. El regadío no siempre es mejor. Tenemos que empezar a discutir en torno a máximas que, como decía el señor Zaplana hace apenas una semana, duran ya cien años. Es hora de que revisemos estas máximas
y que las superemos.
Segundo bloque: el reto de cumplir el Protocolo de Kioto en un país que ha destacado por su incumplimiento. No voy a decir que el Protocolo de Kioto sea un problema. El Grupo Parlamentario de Izquierda Verde entiende que es una
oportunidad para hacer nuestra economía mucho más eficiente cuando si por algo se destaca este país es por altos grados de ineficiencia también en lo energético; de hecho, valoramos positivamente el anuncio de la Comisión Delegada de Asuntos
Económicos. Entendemos que es un reto que tiene que ser transversal a todo el Gobierno. Al igual que en la política del agua, creemos que la política energética tiene que fundamentarse en la demanda. Le sonará a tópico, pero sabe muy bien que no
lo es. En el reto energético la política tiene que fundamentarse mucho más en la demanda que en la oferta y, lamentablemente, en todas las zonas de España, también en el litoral catalán, la política energética se ha basado en la cultura de la
oferta, cuando de lo que se trataba era de reducir precisamente el consumo allí generado.
En la estrategia del Consejo Nacional del Clima se establecían bases, calendarios y financiación para nosotros insuficientes, pero en cualquier caso como punto de partida, para empezar a caminar sería positivo. Sería bueno que las casi 400
medidas, 388, aprobadas se empezasen a implementar desde el punto de vista presupuestario. Sabiendo que es insuficiente, estas medidas se deberían compartir en el Consejo de Ministros y que se asuman como punto de partida. Se deberían revisar a
fondo los planes existentes, y eso significa revisar el plan de estrategia de ahorro y eficiencia energética, el Plan de energías renovables y el Plan de redes de transporte eléctrico y, por supuesto, hacer frente al Plan de asignación de derechos
de emisión, plan al que, como usted explicaba, llegamos tarde. En cualquier caso, no tenemos que afrontar el Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión con excesivas urgencias.
Sin prisas pero sin pausa; en todo caso sin prisas, porque
podríamos cometer algún error. Me refiero a que se infravalora el peso que debe tener el sector eléctrico en este Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión. A nuestro entender debería tener una mayor corresponsabilidad, que no se preveía;
por tanto, le transmitimos nuestra voluntad de que el sector eléctrico, principal responsable del desbarajuste que tenemos en España en cuanto al incumplimiento del Protocolo de Kioto, sea quien asuma mayormente las responsabilidades. Por último,
le planteamos en este bloque -no es lo último, es lo penúltimo- un plan de movilidad sostenible, atendiendo a que precisamente son las emisiones del sector del transporte las que más participan del incumplimiento del Protocolo de Kioto (más de una
cuarta parte de las emisiones totales) y, sobre todo, con un incremento notable. En definitiva, hay que hacer frente a la necesidad de que el transporte de mercaderías por carretera pase a ser transporte de mercaderías ferroviario, hay que hacer
frente a un plan de infraestructuras diferente. Tendría que haber este plan de sostenibilidad, que hiciese de nuestro modelo territorial y, sobre todo, de nuestro modelo de movilidad un modelo diferente y sostenible. Hay quien celebra muy
positivamente el incremento en la venta de coches. Esta noticia evidencia lo que hoy en España está pasando, que no hay una política eficaz en materia de movilidad.
Finalmente, quisiera hacer referencia a la necesidad que existe de introducir la fiscalidad de la eficiencia (digo de la eficiencia porque va mucho más allá de la fiscalidad de lo ecológico o de la ecotasa); fiscalidad poniendo énfasis en
ahorro, en eficiencia y en impulso de energías limpias y renovables y en que haya también un sistema de ayudas económicas que permita en este sentido desarrollar una planificación y una intervención sobre el sector eléctrico que posibilite la
participación de particulares, de cooperativas, en definitiva, de gente que quiera impulsarlo. De hecho, podemos cambiar de una economía de alta intensidad en carbono a una economía de alta intensidad en eficiencia y sostenibilidad. Quería añadir
en esta materia, para finalizar, el reto nuclear. En un contexto como el europeo, en el que a las energías nucleares se les está poniendo fecha de caducidad, el Gobierno español tendría que poner un horizonte, si quieren, situado en el año 2025,
que represente el cierre de las nucleares y en el que realmente se descarte esta vía. Hay elementos urgentes -Zorita y Garoña son dos de ellos-, pero debería ir acompañado además de otras políticas como la transparencia en el Consejo de Seguridad
Nuclear -transparencia que no
ha existido, no permitiéndose acceder a la información no tan sólo a diputados, sino también a agentes sociales; hay una resolución de hace pocos días en torno a una demanda de Greenpeace, en la que se le ha dado la razón- y también
deberían implementarse impuestos sobre energía eléctrica de origen nuclear precisamente para garantizar esta transición.
Tercer reto, la salud ecológica asociada a la seguridad alimentaria y al grave efecto sobre la población de los pesticidas y, a su vez, el tratamiento de residuos. En cuanto a los organismos modificados genéticamente, la inocuidad de los
alimentos transgénicos, como sabe usted, está basada en el principio de la equivalencia sustancial, que consiste en la comparación de un elemento modificado genéticamente con su homólogo natural a partir de una serie de características similares.
No se analizan a fondo, partiendo de las características similares, las consecuencias de los elementos transgénicos. Aparte de que científicamente significa que no se respete el principio de precaución, nos encontramos con que tiene efectos
gravísimos sobre el territorio; tiene efectos medioambientales en cultivos de organismos modificados genéticamente resistentes a herbicidas (el uso excesivo de pesticidas en cultivos tradicionales contaminan los acuíferos), y además tiene problemas
sociales, ya que los cultivos transgénicos aumentan la dependencia de los agricultores. No me extenderé en nuestros argumentos contrarios a los organismos genéticamente modificados. En cualquier caso, ante la duda, principio de precaución.
Creemos que en estos años no ha habido ni mucho menos, principio de precaución. Estamos a la cabeza en el desarrollo del maíz Bt, por lo tanto, tendríamos que empezar a explorar una moratoria de dos años, de tres años, de cinco años, que, en
cualquier caso, permitiese ordenar el sector. Debería existir la prohibición, por supuesto, de plantas transgénicas que otorgan al organismo una protección contra los biocidas y control sobre los cultivos farmacéuticos, ya que estos cultivos,
aparte de causar un grave daño a los cultivos colindantes, pueden causar un grave daño también a la salud de las personas.
En cuanto a las sustancias peligrosas para la salud, contaminación química o ambiental no me extenderé en las consecuencias sobre la salud, por lo tanto, me saltaré una parte de mi intervención, porque el señor presidente ya me está instando
a que vaya cortando. Existe el programa europeo REACH, donde el sector de la industria farmacéutica ha limitado sus exigencias. Planteamos que el Gobierno se alinee con el llamamiento de París que pretende precisamente que haya mayores exigencias.
Segundo elemento: Convención de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes. España lo había ratificado, pero quisiera saber las medidas que se van a adoptar para cumplir el acuerdo. En materia de pesticidas, simplemente le plantearía lo
de PAN Europe, la asociación Pesticide Action NetWork, que propuso en el año 2000 la adopción de la Directiva PURE sobre medidas para la reducción de impactos en la salud y el medio ambiente, sobre pesticidas, y se basa en tres grandes principios:
precaución, sustitución y prevención. En Suecia y en Dinamarca ha tenido éxitos notabilísimos, con reducciones de pesticidas entre un 30 por ciento y un 40 por ciento. En España, seguramente el territorio con mayor impacto por pesticidas de la
Unión Europea, podríamos también adoptarlo.
Otro interrogante en materia de salud: propuestas en materia de contaminación electromagnética. ¿Qué propuestas se van a hacer cuando hay elementos preocupantes sobre la materia? En materia de residuos, ¿qué va a pasar con el Plan
Nacional de PCB? Celebro el anuncio que ha hecho la ministra respecto al Plan Nacional de Residuos Tóxicos. Una duda: ¿qué va a pasar con la Ley de Envases? ¿Tienen prevista alguna modificación sobre la materia?
El señor PRESIDENTE: Señor Herrera, le ruego vaya concluyendo.
El señor HERRERA TORRES: Me dejo el modelo territorial para una próxima comparecencia de la ministra, si bien este es un elemento fundamental.
Por último, pregunto por los instrumentos para llevarlo a cabo. Nosotros planteamos simplemente
una agenda estatal, una agenda XXI, como documento marco que defina objetivos, estrategias, caminos hacia la sostenibilidad mucho más ambiciosos que los que se planteó el anterior Gobierno.
Valoramos, y se debería crear, un consejo económico social
pero también ecológico y, por tanto, que la sostenibilidad pasase a formar parte del consejo. A su vez, el observatorio libre de la sostenibilidad que la ministra ha comentado y nosotros también, como propuesta, debería tener algún tipo de vínculo
asociado al Congreso. Estamos abiertos a las propuestas, pero precisamente por sus características, en este caso debería ir más ligado al Parlamento que al Gobierno. Quiero reiterar las peticiones sobre las transferencias en materia de litoral,
costas, etcétera.
El reto del ministerio pero también del Gobierno es para ganar en calidad y no continuar por la senda de la cantidad. A lo que usted ha planteado, también podemos ayudar los grupos parlamentarios, sobre todo agentes sociales, porque esta
nueva mayoría puede empezar a hacer lo que no ha hecho el Gobierno anterior y veníamos posponiendo durante tantos años, como es situar al Estado español en la senda de sostenibilidad, y de acuerdo no sólo ya con lo que se está haciendo en Europa,
sino incluso yendo más allá.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Bonás, del Grupo de Esquerra Republicana.
La señora BONÁS PAHISA: Muchas gracias, señora ministra, por su comparecencia.
Nuestro grupo escuchó con atención al señor presidente en su discurso de investidura y nos alegró
escuchar que el nuevo Gobierno va a revisar el Plan Hidrológico y que va a desarrollar una nueva política del agua sin trasvases entre cuencas.
Coincidimos plenamente en que los trasvases son actuaciones de elevado coste y efectos
devastadores en los ecosistemas. En este sentido, nos tranquilizaría saber y también a los habitantes de las terras del Ebre, cuándo finalmente se van a derogar los trasvases del Ebro. Decimos los trasvases porque se habla sólo de un trasvase y en
el Plan Hidrológico hay otro trasvase hacia el norte. Y el trasvase del Xúquer-Vinalopó que, como ya se ha dicho, el Xúquer no vertió agua a la mar durante 219 días el año pasado. El agua salada penetra profundamente en su cuenca y en noviembre,
después de las lluvias, en el puente de la N-332 el agua tenía una salinidad de 30 gramos por litro. Este trasvase supondría la desaparición definitiva del Xúquer.
Aplaudimos la derogación de los trasvases del Ebro, pero esto, como usted sabe, no significa la degradación del delta del Ebro. Todos convenimos en que el delta es un paraje único en Europa y nuestro compromiso es conservarlo. Los
problemas del delta vienen de río arriba, de los embalses de Mequinenza y Ribarroya. Quisiéramos saber si la nueva ministra va a elaborar un plan que afecta a las actuaciones a lo largo de la cuenca del Ebro para controlar el impacto que pueden
tener en el delta, como pueden ser los regadíos de Aragón. Nos gustaría saber si va a elaborar un plan especial de recuperación de los sedimentos del río Ebro.
También nos gustaría saber si existe un programa de inversiones para recuperar los
cauces, las riberas y los acuíferos de los ríos Llobregat, Tordera, Xúquer, Segura, Vinalopó y Turia. El caso del Llobregat es crucial. Este río tiene los sedimentos de unas minas de sal de la comarca del Bages. Si se recuperase el agua del
Llobregat, sería innecesario el trasvase del Ebro hacia el norte. Respecto al Llobregat había un compromiso del anterior Gobierno de restaurar su ecosistema, destrozado por las obras de la autovía de Igualada a Barcelona. Este compromiso no se
cumplió. Ahora existe el compromiso de recuperarlo cuando se acaben las obras del tren de alta velocidad. Nos gustaría sabe si la nueva ministra va ratificar este compromiso.
También en temas del agua, nos gustaría saber si su ministerio va a realizar un estudio sobre un posible canon para el envase comercial del agua para beber. Asimismo, nos gustaría saber si piensa redactar y aprobar una ley que regule el
consumo hídrico del sector agrario, que establezca pautas de ahorro y programas de reinversión a sistemas de riego más eficientes. También nos gustaría saber qué piensa hacer en los apartados del Plan Hidrológico Nacional que intentan inundar
valles pirenaicos de gran valor etnicocultural.
Respecto al cambio climático, queríamos conocer cuáles son las últimas información sobre el Plan nacional de asignación de derechos de emisión de dióxido de carbono, pero tengo entendido que no hay ni borrador de este plan. En este aspecto
le tengo que formular muchas preguntas. ¿Cómo van a participar las comunidades en el Plan nacional de asignación? ¿Cómo se van a repartir las cuotas de emisión entre las comunidades autónomas? Del objetivo total asignado a los sectores incluidos
en el sistema, quisiéramos saber cuánto se atribuye a cada sector y, dentro de cada sector, cuánto se atribuye a cada instalación, etcétera. Creemos conveniente la comparecencia de la ministra para una sesión monográfica sobre estos temas.
He entendido que su Gobierno va a elaborar un plan de ámbito estatal para afrontar los posibles efectos del cambio climático. Es un problema muy complejo y esta Comisión debería tratarlo profundamente en una sesión monográfica. En la misma
línea de la política del agua, pedimos a su ministerio que elabore un plan energético. La energía debería gestionarse con los mismos principios que la política del agua: gestión de la demanda y de la oferta, basada en el ahorro de la energía, en
el uso de energías renovables y en un plan que contemple el cierre progresivo de las nucleares. En este sentido solicitamos derogar el proyecto de conectar las Islas Baleares con Valencia y Tarragona para obtener energía no renovable. Ello va en
contra de la política de cierre de las nucleares y fomenta en consumo indefinido de energía, favorece el turismo de masas, insostenible ecológicamente, que aporta beneficios a las grandes empresas hoteleras, pero que a la larga será el fin de las
Baleares como centro turístico de calidad. Las islas necesitan una política de cualidad y de valor añadido y no de cantidad.
Solicitamos un programa de inversiones en investigación y desarrollo de fuentes de energía alternativas y renovables. Nuestro deseo es un compromiso de este Gobierno en el sentido de que los fondos que habían sido previstos para el ITER
sean destinados al futuro instituto de energías renovables que la Generalitat creará en Vandellós. ¿Cómo piensa la señora ministra impulsar las fuentes de energía renovables? España, que debía ser un país líder por su situación geográfica en
energía solar, como usted ha dicho, está en la cola de Europa. Hay experiencias de municipios con ordenanzas solares que obligan a la instalación de placas solares en todos los nuevos edificios. Las viviendas de protección oficial debían ser un
modelo de ecosostenibilidad.
Paso al tema de las costas. Nuestro grupo aspira al traspaso de plenas competencias a la Generalitat en la gestión del litoral y la protección de los habitat marinos. Hasta que ese traspaso no se produzca, querríamos conocer los
principales ejes de su política de protección de costas. La señora ministra recientemente ha hecho unas declaraciones en el sentido de que el ministerio no piensa seguir regenerando las playas maltrechas por los temporales, ya que no es una
solución viable ni ecológica ni ambientalmente. Nuestro grupo coincide con sus apreciaciones, pero no estamos de acuerdo en que se prive a una comunidad del disfrute de la playa para
satisfacer otros intereses. La desaparición de las playas no es solo un problema cultural; la desaparición de la arena pone al descubierto colectores de agua residuales y altera el funcionamiento de las estaciones de bombeo. Estamos de
acuerdo en que la técnica de regeneración de playa no es una técnica ecológicamente sostenible, pero debería encontrarse una solución estable, de hecho hay proyectos pendientes de ejecución en algunos puertos deportivos como by pass de arenas. En
este caso, recordamos que fue el ministerio el que dio en su momento permiso para estas instalaciones y debe velar por la ejecución de estos proyectos. RENFE también efectúa operaciones de urgencia a lo largo de la línea de la costa, sin permiso de
Costas y estas actuaciones son también la causa de la desaparición de arena. En estos casos el ministerio debe adjudicar responsabilidades y velar por el mantenimiento de las playas. Pedimos la elaboración del plan especial de protección de los
espacios mejor conservados del Mediterráneo.
En la Albufera de Valencia hace diez años que están proyectadas cuatro depuradoras. En este momento sólo hay una en funcionamiento. Totalmente insuficiente. ¿Cuándo piensa la ministra que se pondrán en marcha las otras depuradoras? Sabe
la ministra que la ampliación de los puertos de Altea y Jávea gozan de un estudio de impacto ambiental. A raíz de la Copa América se han proyectado distintas actuaciones. En la costa de Valencia ¿se revisarán los estudios de impacto ambiental?
Nuestro objetivo es el traspaso de las competencias en la gestión del litoral y en la protección de habitat marinos. Mientras no sea así, nos gustaría saber, ante el desarrollo urbanístico del litoral, si se va a tomar algún tipo de medidas para
resolver esta situación y promover un desarrollo sostenible del litoral. ¿Qué actuaciones se están llevando a cabo en el Estado español para luchar contra la erosión y la desertización? ¿Piensa la ministra aplicar criterios de sostenibilidad en la
pesca marítima?
Respecto a las zonas de interés ecológico, ¿piensa su ministerio potenciar la creación y coordinación de grandes espacios a ambos lados de la frontera con estrategias de acción consensuadas? ¿Piensa destinar recursos para la cogestión de
los Parques Naturales de Aigüestortes, Sant Maurici, la isla de Cabrera, para que tengan las dotaciones económicas y humanas necesarias y los usos adecuados para su pervivencia? ¿Piensa aplicar los convenios internacionales para la protección de
las zonas húmedas? ¿Tiene intención el ministerio de proceder a la ratificación del Convenio Europeo del Paisaje? Una vez ratificado, ¿qué mecanismos se contemplan para desarrollarlo en el marco de las competencias que tiene atribuidas el Estado y
que puedan tener incidencia sobre el territorio?
Respecto a la biodiversidad, ¿piensa prohibir o controlar la introducción de especies alóctonas y fomentar la reintroducción de especies extinguidas? ¿Piensa incrementar las dotaciones presupuestarias para salvar las especies en peligro?
Respecto a las infraestructuras de fuerte impacto ambiental, en la isla de Mallorca se han proyectado una serie de infraestructuras que han provocado las protestas de numerosos colectivos. Nos gustaría saber si se ha evaluado el impacto
ambiental de la autopista Inca-Manacor, de Inca-Sa Pobla y del segundo cinturón de Palma.
También queríamos saber si su ministerio piensa permitir la ampliación de los aeropuertos de Menorca, de Palma de Mallorca y de Castellón. Estas ampliaciones se proyectan para satisfacer picos de demanda en temporada alta. Estas
inversiones no facilitarán las condiciones económicas de los residentes, sino que permitirán una presión enorme en fines de semana para la que la isla no está preparada. Otra vez se está pensando en un modelo de turismo de gran consumo y de poca
calidad.
¿Va a elaborar la ministra una nueva ley de impacto ambiental que contenga la trasposición de las directivas y recomendaciones de la Unión Europea, con especial atención a la evaluación ambiental de planes y programas y a las grandes obras
de infraestructuras? Ha hablado usted del convenio de Aarhus, según nosotros entendemos aún no está ratificado por el Estado español. ¿Piensa introducir exigencias ambientales y de comercio justo en los tratados comerciales firmados por el
Gobierno español?
Respecto a la política de residuos, solicitaríamos el traspaso de la capacidad normativa en la reducción de envases y residuos de envases, porque consideramos que es un instrumento fundamental para aplicar la directiva europea en esta
cuestión. Se están haciendo esfuerzos desde municipios y entidades supramunicipales para gestionar los residuos, promover la selección y posterior reciclaje o tratamiento en ecoparcs y plantes de compostaje. Todos ellos son tratamientos muy
costosos. Hay que ir a la raíz del problema y se debe avanzar en la política de reducción de residuos. Actualmente podemos incidir en la reutilización, el reciclaje, pero no en la reducción y el control de la puesta en el mercado de los envases.
Esto es competencia del ministerio.
Por último, ¿cuál va a ser la disposición del Gobierno en cuanto a la derogación de todas las disposiciones del Gobierno español que recortan las competencias reconocidas de los gobiernos autónomos en materias de planificación territorial,
ambiental y energética? ¿Va a retirar su Gobierno los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno del Estado contra cualquier decisión soberana de los parlamentos autónomos? Este es un resumen de nuestras aspiraciones, señora
ministra.
Debemos decir que nos ha gustado su filosofía y que tendrá nuestra colaboración para ponerla en práctica.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Bonás.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Colldeforns.
La señora COLLDEFORNS I SOL: Buenas tardes.
Señor presidente, señora ministra, señoras y señores diputados, quiero resaltar que la exposición de la
señora ministra nos devuelve la ilusión para trabajar durante cuatro años en esta Comisión del Congreso de los Diputados por la nueva senda que se abre en España hacia un desarrollo sostenible. Me gustaría resaltar dos cosas, sobre todo,
aunque parezcan obvias. Una es que a lo largo de toda la exposición hay un elemento común que los une a todos: el de que no son sólo palabras, sino que se ponen además hechos y actuaciones detrás, que demuestran que no se habla por hablar sino
porque de verdad se cree en lo que se dice. El segundo aspecto que me parece que une todos los elementos que la ministra nos ha expuesto está en la frase final de que conversando se razona: la necesidad y la práctica real de integrar a todas las
administraciones, a todas las personas, a todas las instituciones y a todas las empresas.
Aparte de estos temas generales, que me ha parecido muy importante resaltar, pondré ejemplos: ayer, en el Pleno, el ministro de Industria hablaba ya de la necesidad de integrar en la política industrial un desarrollo sostenible; el hecho
de que el plan de asignaciones de Kioto ya está trabajando; o el hecho de que la conferencia sectorial está ya convocada para la semana que viene, para el próximo jueves. Todo esto no son solamente frases, sino hechos que demuestran que vamos en
serio.
Además, aparte de que esto es tarea de todos, necesitamos un impulsor y tenemos la satisfacción de oír que el ministerio va a tomar este rol. Se necesita señalar el camino, se necesita concertar intereses a veces contrapuestos y se necesita
alguien que facilite información. Este es un trabajo muy largo, muy pesado; solo con información se puede tener conocimiento y sólo con conocimiento se pueden tomar decisiones y se pueden intercambiar con el contrario los porqué de estas
decisiones. En definitiva, se trata de promover un entorno jurídico e institucional adecuado para que de verdad funcione esta idea de que el medio ambiente es problema de todos. Si solamente lo decimos, pero no se ponen los mecanismos
institucionales necesarios para que esto sea así, de nuevo se quedará en palabras.
Para mencionar los dos ejes prioritarios, no voy a hablar más de agua.
Sólo quiero decir dos cosas: una, quiero recordar a la diputada portavoz del Grupo Parlamentario Popular que 11 millones de españoles respaldaron la nueva política del
agua; y quiero recordar también que su política del agua no es una solución para el agua y, además, están buscando el enfrentamientono sólo político, insultando y descalificando, sino el enfrentamiento entre las personas. La convivencia es un bien
muy preciado. Lástima que no oiga esto, pero ella se lo pierde. (Rumores.)
Con relación al cambio climático, quiero decir que por fin tenemos una visión global y a largo plazo. No porque el cambio climático sea en sí mismo un problema global -que lo es-, de todo el planeta y a largo plazo, sino porque tenemos la
visión de que solventar el problema energético necesita de la solución a nuestra dependencia energética exterior, de la solución al impacto ambiental de nuestras soluciones nucleares, etcétera, porque dotarnos de fuentes de energia suficientes,
estables, duraderas, es crucial para el desarrollo económico del país. Ambas prioridades responden a visiones amplias, de calado político, y, por tanto, también me gustaría señalar que, a diferencia de los que prometen todo, saber escoger, marcar
prioridades, es señal no sólo de entender los problemas sino también de decisión de actuar.
Cabe subrayar la decisión de actuar con una medida muy importante que quizá otros compañeros portavoces no han resaltado: el hecho de dotar a las confederaciones hidrográficas y al Ministerio de Medio Ambiente con recursos humanos y
materiales para llevar a cabo las actuaciones que se quieren llevar. Cualquiera que conozca un poco de cerca lo que supone el deslinde del dominio público hidráulico o del dominio público marítimo-terrestre sabe que es una tarea larga, ardua, que
necesita efectivos y que necesita decisión. Esta es una decisión muy valiente del ministerio. Se había empezado y si se ha ralentizado es porque no se ha querido hacer frente a los problemas de todo tipo que suscita. Hay que poner recursos
humanos formados y estar decidido a llevarlo hasta el final. Sabemos que en una legislatura quizá no se pueda terminar, pero sí se puede dar el cambio de tendencia que la señora ministra nos ha prometido. Estamos convencidos de que lo vamos a
conseguir.
En cuanto al aspecto concreto energético, que se centra en hacer frente, de momento, a las obligaciones que tenemos por el incumplimiento de la trasposición de la Directiva de emisiones y del Plan de emisiones de Kioto, estamos de acuerdo
con el portavoz de Izquierda Unida en que Kioto es una oportunidad. Kioto es una solución también no sólo del problema del cambio climático, sino también del desarrollo económico y del futuro de la competitividad de nuestras empresas.
Quizá valdría la pena recordar, por si queda algún compañero del Grupo Popular que quiera escuchar, que la razón de estar donde nos encontramos es la actitud que ha alentado el Gobierno durante todos estos años pasados en las propias
empresas haciéndoles creer que esto era algo que no se debía cumplir y que cuando llegara el momento se conseguiría una prórroga. Como decimos en catalán: qui dia passa, any empeny, que quiere decir: no hagas nada que a lo mejor algún día las
generaciones futuras se lo van a encontrar. Precisamente consideramos que lo que hay que hacer es hacer frente a esta actitud, marcar las reglas del juego y tener muy claro -que es lo que está haciendo el ministerio- que queremos cumplir con Kioto.
También me gustaría señalar la combinación inteligente -por decirlo así- entre medidas voluntarias relativas a la empresa, como el fomento de la responsabilidad social corporativa -que me gustaría que se extendiera no sólo a las grandes
empresas que cotizan en los índices de sostenibilidad, sino también
a las pequeñas y medianas empresas; y hay bastantes precedentes sobre esto-, y la Ley de Responsabilidad Ambiental. La combinación de medidas voluntarias y medidas obligatorias son instrumentos eficientes que nos llevan al objetivo
buscado. Un ejemplo muy concreto es el tema de las compras públicas, en el que se tendrían que introducir criterios ambientales, no sólo por dar ejemplo, no sólo por quedar bien, sino porque realmente es efectivo por el porcentaje de compras
públicas que hacen todos los sectores públicos. Si realmente todos los sectores públicos europeos, incluidos los españoles, incorporaran criterios ambientales en sus compras los resultados serían bastantes notables.
Como desearía dar paso a la señora ministra, no me alargo más, pero no me resisto a comentar la última frase final de la portavoz del grupo Popular, porque me ha llamado la atención, en la que decía a la señora ministra: nosotros apostamos
por el medio ambiente, pero por favor no convierta a España en un cementerio de empresas. La verdad es que cuando lo he oído me ha recordado aquello que los psicólogos llaman deseo fallido, a lo mejor no lo digo bien, pero todos me entienden,
porque en el fondo lo que estaba expresando la portavoz es la verdadera política del Partido Popular: el medio ambiente es contrario al desarrollo. No, el medio ambiente es precisamente la condición necesaria para el desarrollo económico, para el
bienestar de todas las personas y para la verdadera calidad de vida que queremos para nosotros y para las generaciones futuras. Por eso creo que debemos felicitarnos otra vez por el gran cambio en la política ambiental que nos ha expresado la
señora ministra esta tarde aquí.
El señor PRESIDENTE: Se suspende la sesión durante 10 minutos para que todos podamos atender las situaciones límites que se están generando en esta sala y para que la señora ministra pueda preparar la respuesta.
(Pausa.)
Vamos a comenzar la cuenta atrás.
Para ordenar esta segunda fase del debate, después de la exposición de la señora ministra, cada grupo dispondrá de cinco minutos, no más, para posibles aclaraciones o réplicas.
Tiene la palabra la señora ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Me dicen que me tengo que concentrar en quince minutos más o menos y sé que eso es completamente insuficiente para contestar a muchos de los temas que han sido planteados por los
portavoces, a quienes agradezco el enorme detalle de sus intervenciones. Tengan la seguridad de que me van a ser de mucha utilidad y que los tendré muy en cuenta en el desarrollo de mi tarea.
A lo largo de sus intervenciones también se me ha pedido la acción del ministerio -al menos la responsabilidad del ministerio- en cuestiones que corresponden a Industria y Turismo, a Agricultura, a Vivienda, a Agricultura y Pesca, etcétera.
Recibo el reto en la línea que he comentado al principio de mi intervención. Hace unos años -tampoco hay que irse muy atrás-, quien fuera ministro de Economía en cualquier Gobierno de un país desarrollado no tenía ni mucho menos el papel que tiene
hoy. ¿Por qué? Porque la acción pública no se sujetaba a una disciplina presupuestaria, se entendía que lo que había que gastar se debía de hacer, porque había unas prioridades por el papel que se entendía de lo público en el desarrollo económico,
y eso significaba que al ministro de Economía le tocaba hacer las cuentas, pero no imponía una disciplina presupuestaria. A lo que yo aspiro en esta legislatura es a que se entienda que cualquier ministro de Medio Ambiente tiene que cumplir frente
a los demás ministerios en el Consejo de Ministros un papel de disciplina ecológica; es decir, lo mismo que se hace desde el Ministerio del Economía cuando los demás ministros pedimos más capacidad de gasto y en un momento determinado se nos dice:
aquí hay que priorizar o, en cualquier caso, no puede uno pasarse de aquí, poco a poco tendrá que ser normal que un ministro de Medio Ambiente, ante la acción del ministro de Industria y Turismo o de Agricultura y Pesca, tenga la capacidad política
en un Gobierno de decir: Todo eso está muy bien, pero tú no puedes usar redes ilegales para la pesca; tú no puedes seguir contaminando como lo estás haciendo. Ese es un papel ciertamente complicado, es un trabajo de largo recorrido. En esta
legislatura espero poner las bases de ese proceso. Hay un proverbio chino que a mí me gusta mucho recordar, y es que hasta el camino más largo empieza por un paso pequeño y que lo importante es saber hacia qué dirección caminamos. El camino va a
ser largo y complicado, pero tomo muy buena nota de todas las peticiones que se han formulado por los portavoces, porque todas ellas de alguna forma tienen que ver con la voluntad que quiero manifestar desde aquí que ejerceré en el Consejo de
Ministros. Eso en sí mismo es un cambio en este país, no sólo porque hace algunos años no hubiera un Ministerio de Medio Ambiente y a partir del año 1996 lo hay, sino por el papel a jugar por este ministerio, que es en lo que creo sinceramente que
hay que tener mucha más ambición que en el pasado. Dicho esto, contestaré en la medida de lo posible en este tiempo algunas de las cuestiones planteadas.
La señora De Lara ha defendido -como no puede ser de otra manera- la gestión del anterior Gobierno. Me parece que está exactamente en su papel. Entre otras cosas ha dicho: Nosotros no lo hicimos todo mal, algo habremos hecho bien. Por
supuesto, señora De Lara. Nadie va a decir que todo lo hicieron mal durante ocho años. Hay muchas cuestiones que nosotros no vamos a cambiar. De la Ley del Plan Hidrológico Nacional sólo vamos a derogar unos pocos artículos relativos al trasvase
del Ebro. Por lo que se refiere al texto del articulado -después comentaré el anexo de
inversiones-, en ese texto hay muchas cosas absolutamente correctas. El problema es que muchas de ellas no se han desarrollado, no se han llevado a la práctica. Una Ley aprobada en el año 2001 preveía toda una serie de hitos en materia de
la gestión del agua, en materia del control de su uso; incluso se había aceptado una enmienda -la única enmienda que se aceptó al Grupo Parlamentario Socialista en la tramitación de aquella Ley- por la cual se instaba al Gobierno a que de forma
inmediata iniciara los estudios para ver la repercusión en los distintos colectivos de usuarios del agua del principio de recuperación de costes previsto en la Directiva marco, porque nos parecía que aunque ese principio sea de plena aplicación el
año 2010, este país debe ser capaz de aproximarse al cumplimiento de la directiva haciéndolo no en el último minuto, no precipitadamente, no cuando ya hemos terminado nuestros tiempos, sino a lo largo de un periodo extenso. Pues ese, por ejemplo,
es uno de los artículos de la Ley de Plan Hidrológico Nacional del que no hemos encontrado nada hecho. Por supuesto que recibimos una herencia, y como toda herencia podemos estar en parte de acuerdo y en parte en desacuerdo, pero yo quiero señalar
a la representante del Grupo Parlamentario Popular que no me voy a dedicar a mirar hacia atrás; quiero explicar lo que nosotros vamos a hacer, y como algunas de las cosas que vamos a hacer son distintas de las que el anterior Gobierno había
decidido, ahí es donde tengo la obligación de explicar nuestra posición.
En ese sentido, señora De Lara, yo le recomendaría vivamente que todo lo que se ha escrito desde el año 2000 sobre el Plan Hidrológico Nacional, y en particular sobre el trasvase del Ebro, lo lea usted con atención, con honestidad
intelectual, olvidando durante un rato que su papel es defender la gestión del anterior Gobierno, porque si usted hace eso, encontrará muchas respuestas a las preguntas que me sigue planteando.
¿Por qué usted dice que no son 0,39 euros el metro
cúbico del agua trasvasada? Señora De Lara, tiene usted explicaciones en centenares y centenares de páginas, de personas expertas en materia de economía del agua de este país, que pueden darle una respuesta, como nos la han venido dando a todos
aquellos que hemos escuchado a la comunidad científica y a los expertos, para aproximarnos con rigor a la racionalidad o no del trasvase del Ebro. Por eso, cuando decimos que difícilmente se hubieran podido superar los 600 hectómetros cúbicos, por
supuesto no es algo que nos estamos inventando ahora, es el resultado de casi cuatro años de análisis sistemático de todos los fallos que tenía ese proyecto de trasvase, comenzando por fallos de pura concepción hidrológica e hidráulica del trasvase.
Respecto, por ejemplo, a cómo se pensaba utilizar el sistema Mequinenza-Ribarroja con una hipoteca de ese sistema del 70 por ciento para permitir el almacenamiento de un agua que, por cierto, cuando hubiese llegado a las cuencas receptoras se
hubiese encontrado exclusivamente con el embalse de Azorín -100 hectómetros cúbicos de capacidad-, cuando para poder utilizar el agua trasvasada en la cuantía prevista por el proyecto se hubieran necesitado cuatro embalses como el de Azorín.
Hay fallos tan garrafales que por eso le pido, señora De Lara, que más allá de lo que usted ahora me volverá a decir, con toda honestidad intelectual se aproxime usted al análisis de una obra que este Gobierno no va a hacer, pero no por
capricho ni por peaje a nadie, sino porque durante casi cuatro años hemos estado analizando su contenido, su viabilidad, como nosotros lo han hecho muchos, por supuesto, si hemos conocido los informes de la Comisión Europea por una filtración, la
filtración nos ha hecho conocer cosas, no maten ustedes al mensajero, porque lo que decían esos informes está negro sobre blanco. También le invito a que vea que esos informes, tal como yo he sintetizado en mi exposición, dicen claramente lo que ya
veníamos diciendo muchos: Que ustedes no se atrevieron a explicar a los usuarios del agua el régimen tarifario de esa agua trasvasada. Eso dicen los informes de la Comisión Europea, no lo decimos nosotros solamente, sino que es el contraste de
algo que a lo largo de estos años de relación entre el Gobierno y la Comisión Europea el Gobierno español no aclaró. Es más, yo he escuchado a la anterior ministra decir que el régimen tarifario del trasvase se conocería cuando estuvieran
terminadas las obras, unas obras de 4.200 millones de euros de coste como poco. Ahí es donde efectivamente queremos llamar la atención sobre la necesidad de la racionalidad cada vez mayor del gasto público, igual que sobre la necesidad del
componente ambiental, cada vez mayor, del gasto público. Ambas cuestiones tienen que ir de la mano y no lo iban en el caso del trasvase del Ebro.
Como he dicho, en la Ley del Plan Hidrológico Nacional hay muchísimos artículos que no vamos a tocar en absoluto. Por ejemplo, el artículo por el que se crea el Consorcio para la protección integral del delta del Ebro. Lo que tiene detrás
es un objetivo que asumimos plenamente: la conservación y restauración del delta del Ebro como un ecosistema de extraordinario valor. Es más, en las inversiones que han sido ofrecidas a la Generalitat de Cataluña en lugar de las inversiones
destinadas a hacer el trasvase del Ebro ya hay actuaciones que se refieren a la restauración y a la preservación del delta del Ebro. Otra cosa será que habrá que recomponer una relación institucional rota por el Gobierno anterior, que ha tenido
como consecuencia, por ejemplo, el disparate de que ese consorcio no llegase a definir un caudal ecológico en el delta del Ebro.
Una cosa, señora De Lara, que ha causado estupor en la Comisión Europea, que se hubiera hecho una declaración de
impacto ambiental del trasvase del Ebro sin haberse fijado el caudal ecológico en el punto de toma del agua a trasvasar.
En fin, hay cuestiones que, como digo, basta dedicar unas horas a recuperar el esfuerzo de muchos colectivos,
de muchos profesionales, de muchos expertos en torno a una obra que ha sido, sin duda, una obra conflictiva al máximo en nuestro país y esa conflictividad ha ido derivando, efectivamente, a que esta Cámara haya cambiado de posición respecto
a la que tenía el año 2001. No tiene que extrañar esto, no tiene que extrañar que los grupos parlamentarios puedan cambiar de opinión porque cambiar de opinión muchas veces es de sabios, significa haber visto más claras cosas que seguramente no
habían sido suficientemente explicitadas en la etapa anterior.
En este momento estamos iniciando la tarea en el Ministerio, llevamos exactamente un mes, los principales miembros de mi equipo se han incorporado de forma inmediata, pero por ejemplo los presidentes de las confederaciones hidrográficas y la
cúpula de cada una de las confederaciones hidrográficas están en este momento en fase de configuración, y por ello no puedo avanzar demasiado en respuestas a actuaciones del anexo de inversiones que pueden ser conflictivas. Lo que sí quiero decir
es que allí donde haya un conflicto, el Ministerio de Medio Ambiente no va a eludir abordar ese conflicto, escuchar a las partes y ver si hay alternativas que pueden reducir el espacio del conflicto. Eso, evidentemente, tiene que ver con algunas
obras que todavía no se han decidido, que todavía no se han iniciado y quizá con algunas incluso iniciadas, pero yo estoy convencida de que va a triunfar la razón sobre las decisiones que vienen de muy atrás y que muchas veces se corresponden con
decisiones que se tomaron hace muchas décadas por parte de los responsables de la administración del agua en España, cuando se entendía la obra civil como la única respuesta ante los problemas del agua. Como algún portavoz ha señalado, la política
del agua se tiene que abordar cada vez más desde la demanda, y si no lo hacemos así seguiremos haciendo disparates, seguiremos haciendo obras con un coste incalculable para no se sabe qué demandantes finales, a qué costes y con qué repercusión de
esos costes. Eso tiene que cambiar. Eso evidentemente no va a cambiar de un día para otro, se trata de un proceso lento en el que me siento plenamente comprometida porque creo que hay que introducir racionalidad económica en la obra hidráulica.
Además nos lo exige nuestra condición de país miembro de la Unión Europea. Me parece que ha llegado el momento también de superar la autosatisfacción de formar parte de la Unión Monetaria y de la convergencia en términos de déficit público o de
otras variables económicas, y tener el valor de decir: queremos converger también en lo social y en lo ambiental. Eso significa no plantear las directivas europeas como restricciones al desarrollo económico sino como una oportunidad para aumentar
la calidad de nuestro desarrollo económico.
Señora De Lara, el cementerio de empresas en parte nos lo estamos encontrando también ahora, como bien saben los ciudadanos, porque lo que está sucediendo con los astilleros en estos momentos -los astilleros de Izar, por si no se me ha
entendido- tiene que ver con una irresponsable huida hacia adelante de anteriores responsables públicos, con intentar seguir dando ayudas prohibidas ya por la Unión Europea para mantener una actividad económica que lamentablemente tiene que ir por
una vía de reconversión conforme al contexto internacional en que nos encontramos.
No se puede estar permanentemente ocultando la realidad sobre cuestiones que van mucho más allá de la voluntad de un Gobierno nacional en un mundo globalizado. El
cementerio de empresas y de empresas deslocalizadas que evidentemente tiene que ver con la competitividad de nuestras empresas desde luego no se podrá decir a estas alturas de nuestra historia que las empresas se marchan de España o tienen problemas
por las grandes exigencias ambientales del Reino de España. Será por otras cosas; será por otras cosas pero no porque seamos un país que expulsa a las empresas porque estamos exigiéndoles quién sabe qué tremendos sacrificios para cumplir con las
normas ambientales europeas. Luego creo que en esto también tenemos que introducir la visión de la competitividad arrancada desde el Consejo de Lisboa en lo que es la Agenda Europea, donde se incorpora lo económico, lo social y lo ambiental de
forma coordinada y articulada como el camino que tiene que recorrer este país. Eso significa innovación tecnológica, y en ese sentido me comprometo a apoyar la innovación tecnológica también directamente desde mi ministerio, no sólo fomentando que
lo hagan los demás, que también. En ese sentido, como ya se ha señalado pretendemos apoyar la desalación con energías renovables y tendré en las próximas semanas ocasión de comprobar la capacidad -que estoy segura existe- por parte de nuestro
tejido empresarial, por parte de nuestros investigadores y también por parte de nuestros responsables políticos para dar un salto cualitativo en la búsqueda de soluciones ambientalmente cada vez más correctas para la desalación. Quien siga creyendo
que en el futuro van a ser las aguas continentales, las superficiales o las subterráneas las que van a poder atender una demanda creciente de agua en nuestro planeta, creo que debe ir siendo superado y entender que efectivamente, como ya nos dice la
comunidad científica, buena parte de la solución vendrá del agua del mar, y eso sí con técnicas de aprovechamiento cada vez más sostenibles. Por eso además de experiencias como la que espero que hagamos en Cataluña y también en Andalucía, donde hay
una buena disposición del Gobierno andaluz para avanzar en experiencias de asociación de energías renovables con la desalación, espero poderlo hacer y tener una respuesta análoga por parte de los gobiernos de Valencia y de Murcia. En cualquier
caso, por lo que se refiere a las salmueras, evidentemente las tecnologías que se han usado hasta ahora no son suficientes para evitar ese problema pero ya hay tecnologías viables en el diseño de los colectores
que a lo largo de colectores paralelos a la costa en lugar de colectores verticales que concentran al final del tubo la salmuera pueden diluir mucho más la aportación o reaportación de sal al mar evitando el daño de las salmueras. Estoy
hablando de innovación tecnológica asociada a tecnologías del agua en nuestro país; pero estoy totalmente de acuerdo en que el gran reto lo tenemos en la demanda. Por eso una vez más, insisto, el proceso gradual de recuperación de costes de la
obtención y el tratamiento del agua tiene que ser la guía que nos permita que hablemos de demanda de agua, porque hoy día es bastante difícil salvo para algunos usos, para algunos cultivos, para algunos usuarios hablar de demanda en un sentido
económico. Podemos hablar de otra cosa pero no de demanda.
Por lo que se refiere a algunas de las actuaciones que antes se han señalado como conflictivas quiero reiterar la voluntad del ministerio con los nuevos responsables de las confederaciones hidrográficas, de analizar aquellas obras que son
objeto de conflicto, y por supuesto de dar la máxima agilidad a aquellas que no son objeto de conflicto. Es verdad que en los últimos años, a pesar de la aparición de las sociedades estatales de agua, ha caído la inversión estatal en materia de
agua en nuestro país. Estamos empezando a analizar las sociedades estatales porque en algunos casos no nos parece que sean precisamente un ejemplo a seguir, señora De Lara. Acusur, por ejemplo, está prácticamente en quiebra contable en estos
momentos. ¿Y qué ha hecho Acusur desde el año 1998? Pues mire de 38 proyectos que estaban previsto la mayoría están sólo en realización, en estadios muy incipientes; eso sí con muchísimos estudios; estudios hay cantidad de ellos asociados a cada
uno de esos proyectos; pero Acusur ha entrado en determinadas prácticas, por ejemplo de planteamientos de préstamos que no le correspondían, que la han llevado a que ahora encontramos la sociedad prácticamente en quiebra contable.
Veremos qué hay
que hacer con las sociedades estatales. Cuando nosotros nos preocupábamos de lo que significaba la aplicación de la legislación europea respecto de esas sociedades, señora De Lara, no nos equivocábamos porque hay un expediente abierto contra
Trasagua por incumplimiento de la contratación europea en materia de contratos públicos; incumplimiento de la legislación de contratos públicos que no se tuvo en cuenta por parte de Trasagua para toda una serie de licitaciones. Crear estas
sociedades de alguna manera llevaba detrás una voluntad posiblemente de agilizar las cosas; pero una velocidad quizás más allá de las condiciones mínimas de rigor.
En materia de agua creo que he hecho planteamientos bastante amplios que irán teniendo concreción en las próximas semanas y en los próximos meses.
Nadie duda de que se haya hecho un esfuerzo en materia de depuración de aguas residuales en
nuestro país, faltaría más que no lo hubiéramos hecho. El año 1995 pusimos en marcha el Plan nacional de depuración, y como la propia portavoz ha reconocido todavía queda por hacer y quedan por hacer obras correspondientes al Gobierno de la nación
por ejemplo en la Costa del Sol. Hay una situación en las depuradoras de la Costa del Sol que también es necesario corregir; pero en cualquier caso es evidente que en lo que es la depuración de aguas residuales hemos avanzado, pero no en otros
focos de contaminación difusa que tienen que ver, por ejemplo, con los purines -que han salido a colación- desde el punto de vista de su uso energético y desde el punto de vista de su problema ambiental y por eso ese decreto que presentó el anterior
Gobierno como un granito para cumplir un Plan de energías renovables que no se estaba cumpliendo y que al paso que iba hubiera tardado 100 años en alcanzar sus objetivos -y si no ahí están los datos del IDAE- pues efectivamente ese decreto no me
corresponde a mí pero bien procuraré que el ministerio competente lo revise con criterios que permitan un uso mucho más intensivo de energías renovables y muy en particular de aquellas que además van asociadas a problemas de contaminación muy
serios.
Se ha planteado por parte de algunos portavoces la transferencia de las competencias ligadas a la costa, la aplicación de la Ley de Costas que establece un dominio público hidráulico competencia de la Administración general del Estado.
Quiero avanzar aquí que no tengo ningún prejuicio en cuanto a quién ostenta determinadas competencias. Lo que sí creo es que este tema no se puede resolver de un día a otro sin analizar la implicación que sobre cualquier territorio tiene el
conjunto de las administraciones, y desde luego como he dicho al principio de mi intervención plantearé con carácter inmediato a las comunidades autónomas que avancemos hacia una política integral de la costa sea la competencia de quien sea. Lo
contrario sería seguir manteniendo, aunque hubiera cambios en la delimitación competencial, resultados que creo no son de recibo.
Por parte del Ministerio de Medio Ambiente en estos momentos ya se ha hecho la incorporación de determinadas condiciones cuando se hacen puertos, cuando hay ampliaciones de puertos, actuaciones portuarias. El Ministerio está incorporando en
muchos casos la exigencia de un 'by pass' de las arenas a que antes se hacía referencia, y es la comunidad autónoma la responsable de exigir que el puerto cumpla con ese compromiso. Podría comentar otras muchas cuestiones como ésta, en las cuales
creo que las administraciones tenemos que ponernos de acuerdo para que, como se ha dicho aquí, cada uno asuma su responsabilidad frente al litoral. También señalaba yo que esto no es sólo un problema de las comunidades autónomas sino también de
otros departamentos de la Administración general del Estado, como es el caso de RENFE, como comentaba correctamente la portavoz de Esquerra Republicana. Por tanto, política integral. De momento cada uno con las responsabilidades y las competencias
que tiene, y como digo abiertos por supuesto a analizar qué es preferible
desde el punto de vista de la conservación de nuestros ecosistemas litorales. De momento, desde luego yo no moveré nada en esa dirección, porque creo que en esto, igual que en la gestión de los parques nacionales, lo que tenemos que hacer
es evaluar con todo rigor cuáles han sido los resultados de los modelos existentes. En parques nacionales tenemos dos modelos: el modelo correspondiente a Aigües Tortes y el modelo correspondiente al resto de los parques nacionales, donde como
bien se ha señalado hay un modelo de cogestión pero con una dirección y una responsabilidad muy específica del Ministerio de Medio Ambiente.
Desde luego no haremos ningún cambio sin haber tenido ocasión de evaluar con mucho rigor cuáles son los
resultados de los distintos modelos de gestión del territorio cuando implican, como son estos casos, una incidencia sobre los ecosistemas especialmente valiosos.
Por lo que se refiere a residuos peligrosos, he señalado en mi intervención que va a ser una prioridad, porque desde el año 2001 no tenemos un plan nacional en España como otros que existen, sin que esto signifique ningún atraco a la
competencia autonómica de nadie, sino precisamente con la voluntad de que se cumplan en todo nuestro territorio los compromisos y las exigencias ambientales que existen.
Por lo que se refiere a la Convención de Estocolmo, el anterior Gobierno no había depositado el instrumento de ratificación. Precisamente hemos pedido al Ministerio de Exteriores esta semana que comience los correspondientes trámites y que
lo haga a la mayor brevedad, porque por las razones que sean el anterior Gobierno no ha debido considerar que la Convención de Estocolmo tenga la importancia que nosotros creemos que tiene. Lo mismo por lo que se refiere al trabajo que nos queda
por hacer respecto a la Convención de Aahrus, que está asociada a tres directivas europeas, dos de ellas están siendo ya objeto de trabajo en el Ministerio de Medio Ambiente y la tercera tiene que ver con el Ministerio de Justicia. Sinceramente no
he podido ir más allá en cuanto a conocer su estado en el Ministerio de Justicia, sí en el nuestro donde se está avanzando en lo que será la trasposición de la directiva necesaria para el cumplimiento de la Convención de Aahrus.
En relación con la reforma fiscal, en varias intervenciones se han mencionado los instrumentos fiscales o la búsqueda de una fiscalidad más eficiente. Forma parte de nuestro compromiso electoral, dentro de un proceso que el presidente ha
marcado en el tiempo en un período aproximado de dos años, permitir que haya una reforma con visión integral de la fiscalidad en nuestro país. Desde luego nuestro compromiso es que este país deje de ser el único país europeo donde no hay impuestos
con una orientación ecológica a nivel nacional. Nos parece que esto también forma parte de la exigencia de un país que dentro de la Unión Europea se había situado el más lejano de todos respecto del Protocolo de Kioto.
Señorías, en el año 1997, cuando por parte del Gobierno español se ratifica el Protocolo de Kioto en el marco del compromiso de la Unión Europea, España tenía un nivel de emisiones de gases de efecto invernadero superior exactamente en un 15
por ciento al nivel de 1990; es decir, en 1997 -si nos hubiéramos quedado ahí- España cumplía el protocolo de Kioto, pero es que desde 1997 hasta este momento ese nivel ha seguido subiendo hasta el 40 por ciento por encima del nivel de 1990.
Evidentemente eso tiene que ver con dos cuestiones: ausencia de voluntad política real y modelo de crecimiento económico muy intensivo en energía.
Esas no son afirmaciones gratuitas, los datos están ahí, los tenía ya el IDAE en el anterior
Gobierno, simplemente no parecían importarle mucho, y mientras los demás países de la Unión Europea han ido reduciendo la intensidad energética de su producto interior bruto, en España nos hemos permitido el lujo, con el protocolo de Kioto
ratificado, de ser el país que aumenta en intensidad energética en su producto interior bruto.
Indudablemente esto requiere una gestión de la demanda de energía y un planteamiento vigoroso por parte del Gobierno. Efectivamente hay muchísimas
medidas en ese documento que el Consejo nacional del clima planteaba como estrategia, aunque nosotros pensábamos que para ser estrategia le faltaban plazos y le faltaba financiación; pero es verdad, el Gobierno ha recogido ese documento como
documento de referencia con el que empezar a trabajar desde ahora mismo. Tampoco hace falta llegar a aprobar una estrategia de cambio climático con todos sus detalles para que si hay voluntad política el Gobierno no revise el Plan nacional de
energías renovables, no se tome en serio la estrategia de ahorro y eficiencia energética, no revise el decreto del mes de marzo; es decir hay cosas que se pueden hacer incluso sin tener un documento aprobado por el Gobierno y nos gustaría llega a
él con las mejores condiciones en el escenario de financiación y de compromisos. Es verdad que ahí tenemos suficiente material como para trabajar desde los distintos ministerios: desde el Ministerio de Fomento hasta el Ministerio de la Vivienda,
al de Industria, Comercio y Turismo, o el de Agricultura. Eso es lo que hemos comenzado a hacer en ese grupo creado por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.
También se ha preguntado por el convenio del paisaje. Es un convenio que vamos a ratificar. La próxima semana hay una reunión con las comunidades autónomas, es una reunión que se celebra en Barcelona a instancias o por impulso de la
Generalitat de Cataluña, y que va a ser un momento de contraste para ver efectivamente qué podemos hacer desde cada una de las administraciones para desarrollar de forma correcta este convenio del paisaje.
Hay asimismo una voluntad -aunque no he tenido ocasión de comentarlo- en relación con la tarea que corresponde a los ayuntamientos en este país.
Aquí se
ha hablado de estrategia de desarrollo sostenible, de Agenda XXI y viene a coincidir en lo que queremos decir con esas expresiones. Es verdad que quienes han hecho agendas XXI en este país han sido sobre todo los ayuntamientos. Muchos de
ellos están ya implicados en esa forma de gestionar lo local que nos parece tiene que ser incentivada y de acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias veremos cómo promover y llevar a cabo desde el propio Ministerio de Medio
Ambiente esas estrategias locales de sostenibilidad que creo son fundamentales, como lo son evidentemente también a escala autonómica, si de lo que se trata es de que en todas las administraciones se apliquen los mismos criterios de agenda XXI a la
hora de ordenar sus prioridades de gobierno y a la hora de incorporar nuevos objetivos. Quería señalarlo porque efectivamente no había mencionado a los ayuntamientos y no ha sido en absoluto porque no los considere importantes, sino porque mi
intervención -como va a tener que ser ahora finalizando esta intervención- por fuerza tenía que ser muy sintética.
Entiendo que entre los portavoces ha habido muchas coincidencias en cuanto a los planteamientos que se han hecho esta tarde en esta Comisión por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Con la portavoz del Grupo Popular hay una discrepancia
evidente en cuanto a la derogación por decreto-ley del trasvase del Ebro. Como digo, espero que poco a poco la razón, con mayúscula prevalezca sobre otro tipo de razones con minúscula, y vayamos en España hacia una política del agua donde podamos
encontrarnos todos los grupos políticos en torno a esos criterios que la Fundación nueva cultura del agua y todos los que han trabajado en esa materia han ido definiendo en los últimos años de manera acorde con lo que a nivel internacional son las
orientaciones de los principales organismos y de la propia comunidad científica. Por tanto, habrá una aproximación. Sé que no va a ser inmediato, pero para los ciudadanos de Murcia y de Valencia, y especialmente para los agricultores de esas
regiones, la buena noticia es que hay un Gobierno que quiere resolver rápido y a un precio adecuado sus necesidades y que eso no tiene nada que ver con otras expectativas que he visto hoy en un artículo del Financial Times, sino que tiene que ver,
por ejemplo, con el abandono del señor Julio Iglesias de algunos escenarios de inversión en el litoral valenciano. Tenemos ahora mismo una situación de suspensión de pagos de Terra Mítica en el litoral valenciano. Espero que vaya triunfando la
razón respecto al modelo de desarrollo turístico de nuestro país y que no nos sigamos embarcando en operaciones que pueden generar mucho beneficio privado a corto plazo pero que están claramente en contra del interés general.
La desalación, que ha sido tan criticada por el Partido Popular estos días, no será tan mala cuando el señor Matas la ha defendido con ardor en las Islas Baleares nada más convertirse en presidente de las islas, incluso en operaciones
llevadas a cabo por el Gobierno del Partido Popular en Almería, cuando de los folletos que se hicieron públicos sobre las bondades de la desalación quedaba claro lo que es obvio, y es que es una opción más. No es ninguna panacea, tiene sus
incidencias ambientales, hay que trabajar para reducirla, pero hablar de que nos vamos a cargar el litoral por poner 20 unidades de desalación, francamente, me parece una exageración, porque una vez más hay que recordar que para llevar el agua desde
el Ebro hasta Almería la cantidad de energía que se tendría que haber consumido es equivalente a la de desalar 1.050 hectómetros cúbicos, y nosotros no vamos a desalar más allá de 600; además, vamos a intentar incorporar energías renovables que
difícilmente hubieran podido servir para proveer de energía el trasvase en sus conducciones.
Sé que no he podido contestar a todos, pero he tomado muy buena nota de lo que se me ha pedido, así como de las exigencias muy concretas y puntuales de los grupos. Como volveré a la Cámara con la regularidad que se me pida, podré ir dando
cuenta de otras actuaciones. Para llevar un mes en el ministerio, como ustedes saben, algo hemos intentado hacer para arrancar con fuerza en esta legislatura y espero tener el apoyo de todos los grupos para reconducir en un sentido muy positivo el
esfuerzo por la sostenibilidad de nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Vamos a dar paso al turno de réplica de cinco minutos. Intentaremos que se acabe la sesión antes de las ocho, por lo que les diré que los cinco minutos los vamos a cronometrar.
Tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario Popular, la señora De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Voy a hacer unas precisiones a lo que ha dicho la señora ministra.
En primer lugar, la ministra habla siempre en nombre de la comunidad científica; le agradecería que fuera más precisa y hablase en nombre de una parte de la comunidad científica, que no se atribuya que toda la comunidad científica está de
acuerdo con sus teorías.
En segundo lugar, ha dicho que en el trazado del trasvase del Ebro no hay capacidad de almacenamiento, solamente el embalse de Azorín. Le quería aclarar que está el de Cuevas del Almanzora, con capacidad de 300 hectómetros cúbicos, y varias
balsas a lo largo de todo el trazado; además, querría recordarle que el agua es fundamentalmente para abastecimiento y para riego.
En tercer lugar, señora ministra, yo no mato al mensajero. Repito que la filtración que usted ha dado como un hecho cierto aquí es una nota de las decenas de notas internas que circulaban por la Comisión Europea, concretamente por el
Comisariado de Política Regional; una nota de los centenares de notas internas. Y aquí, el propio comisario regional indica que esta nota es negativa pero, indudablemente, hay otras notas que dicen lo contrario. Simplemente le digo esto, señora
Narbona.
Ha dicho que no está fijado el caudal ecológico del Ebro. Esto es falso, señora Narbona. El caudal ecológico del Ebro está fijado en el Plan de la cuenca del Ebro, que se aprobó por unanimidad: 100 metros cúbicos por segundo, corríjame si
no es cierto. ¿Qué ocurrió? Que posteriormente, en la proximidad a las elecciones autonómicas, Convergència i Unió, de pronto, sin presentar ningún estudio serio, dijo: no, 135 metros cúbicos por segundo. Los señores que están aquí de Cataluña
saben que digo lo cierto. Y usted, señora Narbona, que no me ha contestado, dijo: no, 350 metros cúbicos por segundo. No me ha contestado a la pregunta de si sigue manteniendo este caudal ecológico para que mi compañero, Ángel Pintado, pueda ir a
Aragón y decir que usted mantiene este caudal ecológico y que quiere impedir el crecimiento de Aragón. (El señor Labordeta Subías: ¡Otra vez!)
También querría que me indicara, señora Narbona, cuáles son los aspectos ambientales que usted ve en los astilleros de IZAR que ha sacado aquí. No he entendido lo de los colectores paralelos a la costa. Si me puede explicar cómo van a ser,
porque en desalación he estudiado bastante el tema y no sé a qué se refiere usted con los colectores paralelos y el beneficio respecto a otros colectores. Ha vuelto a hablar de la contaminación difusa que se da en la agricultura. Le repito, tiene
a la ministra de Agricultura en la sala de al lado; dígale que se ponga a trabajar en ello.
Nosotros contemplamos desaladoras en el Plan Hidrológico Nacional. Para nosotros la desalación es un complemento al trasvase. En cuanto a que el señor Matas en Baleares quiere desaladoras, le agradecería que me dijera otra alternativa para
conseguir agua en Baleares. Sé que usted ha estado recientemente en Formentera y en Ibiza y le pido por favor que me diga una alternativa en dichos sitios para conseguir agua que no sea procedente de la desalación. Quiero recordarle, señora
Narbona, que sus socios de Gobierno en Baleares, en los cuatro años que fueron socios, se opusieron a la desalación. Usted sabe perfectamente que esto es cierto.
No me ha dicho nada sobre el impulso que piensa dar al plan forestal y por parte del Grupo Parlamentario Popular, mantenemos que el efecto de los sumideros de la política forestal es extraordinario. Querríamos saber cuál es su toma de
decisión. También quería recordarle, ya que usted ha hablado de que en el Ministerio de Medio Ambiente con el Gobierno del Partido Popular había muchas asistencias técnicas, que fueron ustedes quienes inventaron las asistencias técnicas en el
ministerio, concretamente en el ministerio del señor Borrell, donde, por cierto, las asistencias técnicas eran teledirigidas, y usted lo recordará porque en aquella época estaba en el ministerio con el señor Borrell. También quería preguntarle si
ha estimado el coste económico de las indemnizaciones que tendrá que pagar el Ministerio de Medio Ambiente a los adjudicatarios de unos tramos del trasvase.
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que se ha referido a mí cuando no estaba, ha dicho que 11 millones de españoles respaldaban la política de agua del Partido Socialista. Supongo que es una broma; si quiere hablamos aquí de lo
que ocurrió el día de las elecciones, los días antes y del vuelco electoral que se produjo. (Rumores.) Creo que es mejor dejar estos temas. Decir que respaldan su política del agua..., dejémoslo.
También ha dicho, porque o no me ha escuchado o no ha leído los diarios de sesiones -que no tiene por qué hacerlo- de la pasada legislatura, que el Partido Popular no ha hecho nada por reducir las emisiones de CO2. Esto es completamente
absurdo y ni siquiera se lo voy a aclarar porque en las comisiones tiene una lista de todo lo que ha hecho el Gobierno del Partido Popular en colaboración con las comunidades autónomas para reducir las emisiones de dióxido de carbono. Un dato
simplemente. Aquí no se trata de que haya buenos y malos que produzcan emisiones de dióxido de carbono o no. La señora Narbona ha hablado de un crecimiento inadecuado porque se ha producido un gran consumo energético. Le voy a poner el ejemplo de
la industria cementera. La industria cementera ha atendido una demanda en expansión ininterrumpida desde 1990 por el gran desarrollo de las infraestructuras que ha tenido lugar en España. Estamos todos de acuerdo en que son necesarias. Pues bien,
el dióxido de carbono expelido a la atmósfera procede, a partes iguales, del combustible que se quema en los hornos y del que se libera por la descarbonatación de la piedra caliza. Explíqueme usted qué hará para evitar que la descarbonatación de la
piedra caliza emita dióxido de carbono o si va a parar la producción de cemento o de infraestructuras.
Nosotros estamos por cumplir el Protocolo de Kioto, en la medida de lo posible, por reducir las emisiones, pero hay que ser sensatos, no podemos hablar de temas que no se pueden generalizar. ¿Sabían ustedes que la reducción de azufre de los
combustibles impuesta en la legislación española provocará en la industria de refino la emisión añadida de 1,9 millones de toneladas de dióxido de carbono de aquí a 2010? Las emisiones de dióxido de carbono se producen en muchísimos procesos,
muchos de ellos necesarios. Por consiguiente, quiero que quede claro que el Grupo Parlamentario Popular apuesta por los procesos de desarrollo limpio y que supongan un proceso inversor en tecnología; nuestra apuesta decidida en ellos. Pero
también quisiera remarcar aquí que más del 50 por ciento de las emisiones proceden del sector transporte, y poco o nada se ha dicho aquí de este sector, que desde luego no estará sujeto al comercio de emisiones pero es el causante del 50 por ciento
de las mismas. Hemos demostrado nuestra apuesta decidida, concretamente en la Comunidad de Madrid, por el transporte público y por el ferrocarril.
Creemos que no se pueden plantear acciones que provoquen pérdida de competitividad o retrocesos en
el proceso de convergencia real de las empresas y debemos evitar tanto que se produzca la deslocalización de empresas como su cierre, porque la deslocalización y el cierre producen paro y descenso económico, y con el descenso económico no
hay desarrollo sostenible.
El señor PRESIDENTE: Cedería la palabra al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor don Josep María Guinart.
El señor GUINART SOLÁ: Señora ministra, quería agradecerle que haya empezado su respuesta haciendo referencia a mi alusión a la transversalidad que debe tener su ministerio, a las relaciones constantes, a la negociación permanente, al
convencimiento de los demás ministerios de que deben tener esa visión medioambiental en sus decisiones. Nuestro grupo apoyará su negociación con el señor presidente del Gobierno para que, siguiendo el ejemplo del Ministerio de Economía que usted
comentaba, la ministra de Medio Ambiente pudiera llegar a ser vicepresidenta tercera del Gobierno y así imponer esa visión medioambiental a todos los ministerios. También le agradezco que haya matizado que los trabajos del anterior Gobierno han
sido positivos y que ha hecho avances en esta materia, aunque no los suficientes, entre otros que en el año 1996 creara el Ministerio de Medio Ambiente, que antes no existía, y que le permite a usted ahora ser ministra del ramo, de lo cual entiendo
que se siente muy orgullosa.
En relación con la desalación, que también ha sido objeto de comentario, mantenemos el apoyo a la investigación y profundización de esas técnicas como elemento de futuro. Incluso desde la óptica del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió) nos planteamos la defensa del trasvase del Ródano como elemento subsidiario para poder conseguir la suficiente agua por vía de la desalación y descartar, si fuera el caso, este proyecto.
Permítame una broma publicitaria. En cuanto a la
reutilización de la salmuera, propongo que sea utilizada en parte, no toda, por descontado, como materia prima para las anchoas de la Escala, precisamente el pueblo de donde yo soy alcalde. Ya lo hacían los griegos y los romanos, hace mucho tiempo.
Es una broma.
No me ha contestado a la pregunta sobre la financiación para el cumplimiento del Protocolo de Kioto y si existen ayudas públicas para este objetivo.
Finalmente, le agradezco el talante, el tarannà que decimos en catalán -lo digo para que vayan acostumbrándose a palabras en catalán, es una dosis, gota a gota, de vocabulario- en relación con la transferencia de las competencias en costas y
en litoral a las comunidades autónomas. El hecho de que no tenga prejuicios en este aspecto nos permite trabajar desde cero y con espíritu abierto, y le ruego simplemente que lo haga con la colaboración de las comunidades autónomas, por descontado,
de la Generalitat y especialmente de todos los ayuntamientos a los que ha hecho referencia al final de su intervención, lo cual me parece que es de justicia. También le quiero decir que muchos de los ayuntamientos, especialmente los de Cataluña y
los de Gerona que conozco bien, hace tiempo que trabajan con una metodología, que es la confección de los PALS, planes de acción local para la sostenibilidad, que precisamente persiguen este objetivo.
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra el Grupo Mixto, Chunta Aragonesista, señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Voy a ser muy escueto y muy estricto.
Aquí se está continuamente hablando del Pacto del agua en Aragón y que si el trasvase no se hace, se pierde el Pacto del agua. Recordaría, y además siento que se haya marchado el señor Pintado que es de esa zona, que el Plan Hidrológico
Nacional preveía 30 pantanos precisamente en la provincia de Huesca, provincia que ya está destrozada por los antiguos pantanos, por la famosa política hidráulica que se llevó a cabo durante unos años, y no entiendo cómo se habla del Pacto del agua
cuando hay mucha gente que está en contra, porque sería uno de los puntos que acabaría con el delta del Ebro. Si ponemos en regadío todos los secanos de Aragón, primero, el Ebro no nos da para tanto y, segundo, desde luego, no llega ni a Mequinenza
ni a Ribarroja ni al pantano de Caspe.
Hemos hecho una serie de preguntas que supongo que las ha tomado en cuenta, son preguntas que nos afectan de una manera muy clara. Está la cuestión de la devolución del patrimonio, de la cultura, sobre todo por esa política brutal que se
hizo durante el franquismo de destrozar valles y destrozar ríos, como en el caso de Jánovas, que es un pueblo precioso del Pirineo. Parece ser que Iberdrola o Iberduero decidió expropiar aquello y la propia Guardia Civil estalló las casas para que
no pudieran vivir los últimos habitantes. Ahora, con el tiempo, Iberdrola o Iberduero, ya no sé cuál, me parece que Iberduero, ha decidido que no hace el pantano. El pueblo está destrozado y yo creo que a esta gente habría que hacerle un homenaje
por su resistencia a la brutalidad del cemento, del cemento y del cemento.
Hemos pedido también la creación de una fiscalía de medio ambiente en Aragón. En su último discurso, el Fiscal General del Estado, felizmente desaparecido de las primeras páginas de los periódicos, no habló para nada del fiscal de medio
ambiente, de la fiscalía existente para el medio ambiente. Nos gustaría, como aragoneses, que se creara allí esa fiscalía.
Supongo que es problema del Ministerio de Justicia, pero usted también lo puede plantear.
Hemos planteado que hay muchas obras que nos afectan de una manera muy directa en este momento, que son los pantanos de Yesa y Biscarrués. Son obras hidráulicas brutales que se van a hacer, no se sabe muy bien para qué ni por qué. Yo
querría recordar aquí que
algunos de los miembros del Partido Popular que han estado embarcados en estas obras están en este momento procesados y para algunos de ellos el ministerio fiscal está pidiendo en este momento 18 años de cárcel. No creo que se cumpla, pero
ahí están esos pantanos con antiguos miembros de la Administración española, alguno de ellos alta jerarquía de la Administración.
También le hemos pedido el cierre inmediato de Santa María de Garoña, y el representante de Iniciativa per Catalunya también lo ha dicho. Cuando todo el mundo pregunta por qué las aguas del Ebro son imbebibles, una de las razones es que
precisamente refrigeran una central nuclear y encima atraviesan áreas industriales que no tienen todavía zonas de recuperación del agua, y nos llega a Zaragoza todo lo que viene desde arriba. Sería bueno empezar a parar esas zonas.
Es importante una ley de defensa de las montañas. En este momento, y lo he dicho anteriormente, hay una presión urbanística de la gente que se marcha de la ciudad a la montaña, que están creando un destrozo tremendo.
Además, quienes
defienden el medio ambiente y el paisaje en esas zonas son los pequeños ayuntamientos, que nada pueden hacer contra los grandes especuladores que llegan allí. Yo creo que es importante hacer una ley en defensa del medio ambiente, en defensa del
paisaje, tal como ha dicho usted. Hay otro problema también en nuestra zona que es la nieve. La nieve resuelve muchos problemas, pero como no se tenga cuidado, se acabará y se destrozará la gallina de los huevos de oro con esta historia.
En los próximos meses iremos viendo si realmente ha tomado nota de las cosas que hemos dicho y se van resolviendo para nuestra tranquilidad.
El señor PRESIDENTE: Le corresponde el turno ahora al Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds.
El señor HERRERA TORRES: Señora ministra, voy a ser muy breve, entre otras cosas, porque tengo un acto en Barcelona, al que ya llego tardísimo, y si me tengo que ir antes es precisamente por eso.
Quiero advertir al señor Guinart que si utiliza la salmuera para las anchoas de la Escala va a bajar mucho la calidad. (Risas.) Por tanto, no se lo recomiendo.
Nuestra postura es clara en cuanto a los trasvases. Yo creo que tenemos que tener una actitud negativa hacia la política del trasvase, y para nosotros afecta al Xuquer-Vinalopó. Entendemos que su ministerio esté estudiando el tema, pero
también queremos transmitirle nuestra sensibilidad como grupo que ha prestado apoyo al Gobierno y la sensibilidad de la mayoría del movimiento ecologista, sensibilidad que se amplía también a otros posibles trasvases.
Sería contradictorio decir no al trasvase del Ebro y continuar manteniendo el trasvase del Ródano. Los trasvases no son buenos o malos en función del territorio en que se dan; simplemente hay una concepción negativa desde el punto de vista
ecológico que hacen absolutamente insostenibles los trasvases y más todavía los trasvases de larga distancia, como ocurriría con el trasvase del Ródano. Por tanto, quiero transmitirle esta opinión en materia de política de aguas.
Segundo elemento: Infraestructuras y cumplimiento del Protocolo de Kioto.
La infraestructura no es buena en sí misma. Durante muchos años se vendía el concepto de que la infraestructura tenía un valor positivo añadido en sí misma. No
siempre. Le voy a poner un ejemplo con el AVE y el tren de alta velocidad. Sé que aquí ha habido un gran consenso transversal entre el Partido Popular y el Partido Socialista, pero lo cierto es que el tren de velocidad alta tiene un coste un
tercio menor que el del AVE, tiene un impacto ecológico menor y permitiría liberar recursos para hacer trenes de cercanías. No me digan ustedes que ha habido una gran inversión en materia de movilidad de trenes de cercanías y de transporte de
mercancías por vía ferroviaria, porque no la ha habido. Tenemos multitud de ejemplos, como en el tramo de Puigcerdá, en donde la velocidad es menor a la que había en los años 1940 y 1950. Por tanto, la inversión es, desde nuestro punto de vista,
elitista, con un alto impacto ecológico y hace que hoy España, junto con el Reino Unido, seamos los únicos países en los que sube el transporte de mercaderías por carretera, sube el uso de transporte privado y no se consigue que estos niveles bajen.
Este es el gran problema que ha habido. Por tanto, no más infraestructuras; infraestructuras mejor pensadas y que no tengan tanto impacto.
Segundo elemento: Hay que bajar el gasto de cemento. La construcción española gasta un 40 por ciento más de cemento que lo que gasta la construcción alemana. Quizá tendrían que haber hecho un plan de choque en el campo de la construcción,
para que el cemento, que tiene ese impacto ecológico tan extraordinario, disminuyese. No lo hicieron. Si no lo hicieron es porque había mucho negocio la industria del cemento mueve mucho dinero.
Tercer elemento y voy concluyendo. Entiendo que las prioridades hoy son el Plan Hidrológico Nacional y el desarrollo de la nueva cultura del agua.
Entiendo también que quieran hacer del cumplimiento del Protocolo de Kioto una oportunidad,
no para cerrar empresas, sino para que las empresas sean más eficientes. Porque el problema es que la economía española compite con Europa con productos de poco valor añadido. En política laboral sería otro debate, pero también en materia
energética.
Nosotros quisiéramos transmitirle la necesidad de que se abra un tercer bloque en lo que se refiere a la seguridad alimentaria, que afecta a la agricultura, al consumo de bienes básicos, de alimentos y que afecta también al desarrollo
de los organismos genéticamente modificados, a la implantación de pesticidas, a todo aquello que le he planteado. Entiendo que los tiempos, los problemas de agenda, marcan las prioridades del ministerio y que
tan solo llevan un mes en el Gobierno. Sin embargo, le quiero transmitir nuestra actitud positiva. Para nosotros esta va a ser una prioridad. En España se tienen que empezar a dar los debates que se están dando en el resto de Europa y
aquí vamos muy lejos, no solo de lo que se hace, sino de lo que se discute. Por tanto, nos gustaría que esta fuese la legislatura en la que todo el debate sobre la seguridad alimentaria -donde estamos tan atrasados- empezase a ser agenda y
prioridad del Gobierno y debate del Parlamento.
El señor PRESIDENTE: Quiero disculpar al señor Txueka, del Grupo Vasco, que ha tenido que ausentarse para asistir a la Comisión de Agricultura.
Por el Grupo de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Bonás.
La señora BONÁS PAHISA: Me ha gustado la exposición de sus grandes directrices. Es muy interesante el tema de la disciplina ecológica, aunque en estos momentos tengo mis dudas sobre qué instrumentos se podrán utilizar para llevarla a la
práctica.
En el tema relativo a los trasvases me he quedado con la duda de si realmente van a derogar todos los trasvases. Le ruego, señora ministra, que considere el trasvase como una desgracia ecológica. Y hablo de todos los trasvases, el del
Ródano, el de Xuquer, el del Ebro hacia el norte, etcétera. Hay que buscar soluciones alternativas, como usted ha manifestado. No todas las infraestructuras son necesarias. Algunas, si, pero todas, no. Ya sé que es muy pronto, que no ha podido
responder a todas mis preguntas, pero en las acciones que sean irreversibles, le ruego, por favor, que estudie el impacto ambiental porque luego es demasiado tarde para realizarlo. Y es mejor pagar una indemnización que dejar un desastre ecológico
en el territorio.
Si queremos cumplir con Kioto hay que reducir el transporte de mercancías por carretera. El Ministerio de Medio Ambiente debe imponer esta teoría.
En infraestructuras hay que potenciar el transporte de mercancías por ferrocarril; hay que
potenciar el ferrocarril del arco mediterráneo hacia Europa. Hasta que no hagamos esto, no bajaremos las emisiones de dióxido de carbono. Es muy importante.
Ruego a la portavoz del PP que deje de hablar del pasado, que hable de futuro y de nuevas soluciones. El pasado se ha terminado. Me duele mucho que me pongan el modelo de Madrid, yo sé que para el PP el Estado español se reduce a Madrid,
pero a las comunidades que no hemos gozado de inversiones nos duele mucho saber que allí se ha invertido mucho en transporte público, cuando en Cataluña no hemos podido hacerlo porque no hemos gozado de las inversiones que realmente deberíamos haber
gozado, como nos corresponde por habitante y por territorio.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Colldeforns.
La señora COLLDEFORNS I SOL: Sólo emplearé un minuto por alusiones.
En primer lugar, cuando la portavoz del PP ha dicho que habría que investigar lo que ocurrió del 11 al 14 de marzo, he de decirle que pongo toda la confianza en la Comisión que hemos aprobado en el Pleno. No le quiero decir nada más. En
segundo lugar, de nuevo me ha dado un ejemplo de cuál es la visión de la política ambiental del PP cuando dice que las desaladoras son las únicas fuentes de agua posible en una isla, aparte de la recogida de lluvia, evidentemente. De nuevo sirve
para contraponer la vieja cultura del agua que solamente piensa en la oferta, que ya ve el mar con deseos, como la fuente inagotable de agua dulce y de consumo eléctrico, etcétera, y la nueva cultura del agua que actúa sobre la demanda, que tiene
una visión integral del territorio, que tiene en cuenta el impacto ambiental de la ordenación del territorio y de sus formas de ocupación. Y, en tercer lugar, lo más importante es agradecer a la ministra su presencia aquí. Reafirmamos nuestro
interés en trabajar durante toda esta legislatura para que todo su programa sea posible.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Señor presidente, intentaré aprovechar este último turno para contestar a alguna de esas preguntas que se habían quedado sin respuesta en mi anterior intervención ante el cúmulo de
cuestiones concretas que se me demandaban.
La señora De Lara me preguntaba si hemos hecho el cálculo de las indemnizaciones que comporta la paralización de las obras del trasvase del Ebro. Por supuesto, señora De Lara, hoy he tenido ya ocasión de informar a la Comisión delegada para
asuntos económicos del Gobierno sobre la evaluación económica de esta decisión y ahí está analizado el coste de las indemnizaciones, que resulta infinitamente inferior; la diferencia que hay entre 4.200 millones de euros y 1.747 millones de euros,
no para pagar indemnizaciones, sino, espero, para hacer otras cosas desde el Gobierno de la nación, además de aportar 1.058 hectómetros cúbicos y atender problemas, de manera inmediata, de calidad del agua y de restauración de los ecosistemas y la
gestión del propio agua. Por tanto, las indemnizaciones están ya calculadas, forman parte de la memoria económica que tendrá, como es lógico, el decreto-ley.
Por lo que se refiere a la opinión de la comunidad científica, yo en toda mi intervención creo que he usado sistemáticamente la expresión la mayoría de la comunidad científica. Evidentemente, la comunidad científica es muy plural y hay
opiniones, por supuesto, distintas.
Ustedes han contado con algunos apoyos de la comunidad científica, pero yo me refiero a la mayoría, cosa casi cuantificable desde el momento inicial, cuando el propio ministerio solicitó determinados dictámenes,
los
pagó con dinero público y después no se hicieron públicos porque sólo se pretendía enseñar aquello que podía significar un apoyo. Esos apoyos cada vez son menos frecuentes; y hasta una persona que no creo que usted tache de radical ni
partidaria, como don Manuel Toharia, director del Museo de las Ciencias de Valencia, ha hecho manifiesta su visión negativa del trasvase por su irracionalidad económica. Quiero decir que esto tampoco es una cuestión de color político; en la
comunidad científica cada uno tendrá la opción ideológica que quiera. Yo he hablado de mayoría y me ratifico en esa expresión. Si en algún momento no he dicho la palabra mayoría, pido que el 'Diario de Sesiones' sea corregido y que diga, cuando yo
hablo de comunidad científica, la mayoría; porque, por supuesto, respeto la pluralidad de opiniones como no podía ser de otra manera. Lo que pasa es que la mayoría ha tenido esa opinión, que se ha ido reforzando con el paso del tiempo y con el
análisis concretamente -como he destacado en mi intervención- de los fallos, de las carencias, que tenía la declaración de impacto ambiental del trasvase.
A usted le preocupa el caudal ecológico del Ebro; del Ebro y de otros ríos, señora De Lara. Cuando se dice que se había aprobado un caudal ecológico del Ebro de 100 hectómetros cúbicos en el Plan de la cuenca del Ebro, tenemos que
reconocer todos -y yo formo parte de la historia de este país y, por tanto, también lo asumo- cómo hemos hecho en el pasado los planes hidrológicos de cuenca: nada tienen que ver esos planes hidrológicos de cuenca, en sus contenidos y en su rigor
en materia ambiental, con los que vamos a tener que hacer como compromiso derivado de la directiva marco en el año 2006. De hecho, es una tarea que tenemos que empezar de inmediato, y eso nos permitirá entre otras cosas ir avanzando en una
evaluación estratégico-ambiental de cada una de las cuencas -que era una pregunta que alguien me formulaba antes- para ir incorporando de aquí en adelante aquellos aspectos ambientales importantes en el inicio del proceso de toma de decisión. Por
desgracia, en este país -insisto en que estoy asumiendo en estos momentos la responsabilidad que me pueda corresponder- el caudal ecológico no era una variable de importancia en los planes hidrológicos de cuenca. En muchos casos se calculaba como
un porcentaje y nada más, pero hoy día el caudal ecológico tiene que responder a lo que nos pide la directiva marco. Por eso evidentemente 100 hectómetros cúbicos no era suficiente. Se pone en cuestión la opinión del profesor Narcis Prat, que me
parece que es la persona más cualificada en los estudios sobre el río Ebro, por lo que reitero que se trata de la opinión de la mayoría de la comunidad científica. En algunos casos las poquísimas personas dentro de la comunidad científica que han
trabajado en los aspectos ambientales de nuestros ríos deben inspirarnos cierto respeto. En estos momentos no tengo ni idea de cuál debe ser el caudal ecológico del Ebro, pero es una de las cuestiones que me toca realizar ahora como ministra de
Medio Ambiente, en esa evaluación estratégica que pretendemos hacer de cada una de las cuencas y, por cierto, también de la del Ebro. Serán los hectómetros cúbicos que sean, y evidentemente tendremos en cuenta la opinión de los científicos y
tendremos en cuenta también el desarrollo económico y sus contenidos a lo largo de toda la cuenca del río Ebro, porque no todo desarrollo económico tiene los mismos contenidos, como creo que ha quedado claro en el debate de esta tarde.
Fíjese, señora De Lara, en que otro de los trasvases que ha salido a relucir esta tarde en varias intervenciones, el del Xucar-Vinalopó, es un trasvase que lo plantea el Gobierno de España ante la Unión Europea sin estar fijado el caudal
ecológico del Júcar. Bien, ¿qué dice la Unión Europea? Forzando las cosas -como bien sabemos que se ha hecho-, le dice al Reino de España: Haga ese trasvase, pero primero a ver qué pasa y dónde está el caudal ecológico del Júcar. Simplemente no
está calculado, y tenemos una situación de degradación en el Júcar, que, como muy bien han señalado en esta sala algunos portavoces, es dramática en su evolución. Luego, más allá de que uno entienda que trasvases cuantos menos mejor, se trata de
que veamos sobre qué ríos estamos actuando.
Evidentemente, si uno sigue diciendo que el Ebro tira muchísima agua al mar y que como es posible que, tirando tanta agua al mar, no se puedan trasvasar 1.000 hectómetros cúbicos, nos olvidamos de ese
aspecto fundamental que es la fijación correcta de los caudales ecológicos. Es una asignatura pendiente, y tenemos que reconocerlo así. Evidentemente cuando se hicieron los planes de cuenca en este país ese no era un tema fundamental. El tema
fundamental era hacer todas las obras que estaban concebidas desde hacía 100 años por las distintas generaciones de ingenieros que habían trabajado en obra hidráulica en España. Muchas de esas obras se han hecho y es muy importante que se hayan
hecho pero quizá este país tenga que plantearse para el futuro si eso tiene que seguir incrementándose sin ningún límite, quedando los ríos convertidos en puros cauces vacíos, como lamentablemente les pasa ya a algunos de ellos. La política del
agua tiene que cambiar, y mucho; y tiene que cambiar respecto de lo que ha hecho el Partido Popular y de lo que hizo el Partido Socialista cuando gobernaba. Creo que es de sabios ir incorporando en la acción política los avances de la mayoría de
la comunidad científica y del conocimiento en general.
Por lo que se refiere al Protocolo de Kioto evidentemente nadie va a obligar a nuestras empresas a que hagan esfuerzos que no sean asumibles, pero creemos que hay margen. En cuanto a ese margen -contestando al portavoz de Convergència i
Unió- tenemos que tener cuidado en no incurrir en el incumplimiento de los criterios europeos de ayudas de Estado. Las ayudas de Estado tienen que quedar muy claramente acotadas.
Sería ir contra nuestros propios intereses hacer lo que está haciendo algún país europeo al presentar planes nacionales de asignación de derechos de emisión, que entrañan ayudas encubiertas, como ha pasado en el caso de Italia, cuyo Gobierno
ha presentado un plan nacional que la Comisión no puede aceptar porque, de hecho, hay todo un proceso de ayudas encubiertas. Eso no quiere decir que en estos momentos, en que el grupo de trabajo está analizando ya la situación, no veamos que
existen márgenes importantes, y posiblemente más en el sector energético que en otros sectores industriales; eso vamos a tenerlo en cuenta, sin ninguna duda. Aquí no se trata, como digo, de exigir a ningún sector que haga esfuerzos que no sean
asumibles. Además, eso tiene que hacerse en el contexto de medidas que se emprendan para todos los sectores que no forman parte de la Directiva de comercio de emisiones. Por eso es tan importante que existan medidas ya identificadas respecto del
transporte, respecto de la agricultura, respecto de la vivienda, etcétera, y lo que hace falta es que haya voluntad política efectiva para ponerlas en marcha. Tampoco serviría de nada hacer un plan nacional de asignación de emisiones sobre seis
sectores productivos que tienen sus limitaciones, su comportamiento y su posibilidad de avance tecnológico y, mientras tanto, este siguiera siendo el país donde se hace el uso más irracional de toda la Unión Europea del automóvil privado.
Evidentemente, no podemos tratar de poner a las empresas determinadas condiciones de desarrollo productivo mientras dejamos que nuestro modelo de consumo energético siga siendo absolutamente disparatado.
Por supuesto que lo que estamos analizando ahora mismo deberá llevar a decisiones de carácter político, en las que se tendrá en cuenta la situación y las posibilidades de cada uno de los sectores industriales afectados por la directiva.
Aunque tengamos que hacerlo de forma rápida en este momento, habrá contacto, por supuesto, con las comunidades autónomas. Algunas comunidades, como es el caso de Cataluña, han hecho ya un esfuerzo dentro de su territorio, para ver cómo pueden
incluirse los sectores industriales en la evolución planteada del comercio de emisiones. Es bueno que se haya dado ya en un territorio; lo ideal sería que fuera más generalizado, pero desde luego el Gobierno lo va a tener en cuenta. Habrá, pues,
contactos, lo que no significa que podamos llegar a hacer un reparto de cuotas por territorios, porque sería muy difícil, pero en la medida que haya un liderazgo del conjunto de las administraciones nuestros sectores industriales podrán abordar este
reto con mucha más certeza para sus inversiones de futuro. Lo malo es que arrancamos de donde arrancamos y ciertamente haremos lo que podamos hacer, como hará la ministra de Agricultura con la situación que se acaba de encontrar. Usted decía que
le diga a la ministra de Agricultura que disminuyan los pesticidas; no se preocupe, señora De Lara, que es mi deber decirle a la ministra de Agricultura que se tome las medidas agroambientales mucho más en serio de lo que nos las hemos tomado en
este país durante los últimos años.
Por lo que se refiere al esfuerzo por una desalación ligada a la innovación, me alegra que haya un apoyo explícito de los portavoces que han intervenido. Señor Labordeta, he tomado muy buena nota de lo que significa un deber de los poderes
públicos hacia ciudadanos afectados por procesos expropiatorios absolutamente no reproducibles en una sociedad democrática. Estamos hablando de cuestiones ocurridas bastantes años atrás que tienen que ir desapareciendo. No voy a decir aquí, ni
mucho menos, que no vamos a hacer ningún embalse más en este país. Ni siquiera voy a decir que no haremos ninguna transferencia, porque de momento las que hay las hemos aparcado, pero no quiere decir que a lo mejor en algún momento sea una
alternativa que haya que valorar. No es sólo las cosas que se hacen, sino cómo se hacen. Por eso el señor Labordeta tiene toda la razón para reivindicar el respeto, el reconocimiento y la restauración en lo posible de los patrimonios afectados por
decisiones del pasado que debemos ser capaces de incorporar ahora como una pauta de trabajo cuando planteemos obras hidráulicas. En ese sentido tomo muy buena nota de su observación sobre Jánovas.
También quiero aprovechar, porque no lo he dicho antes, para recordar que nuestro programa electoral especifica la voluntad de crear una fiscalía especializada en delitos ecológicos y contra el territorio a nivel nacional, o el
fortalecimiento de las fiscalías existentes, pero con una coordinación que hoy día no existe. En el caso de Aragón ni siquiera hay un fiscal especializado. En otros territorios sí que lo hay, pero ciertamente lo que no ha habido en los últimos
años es la menor voluntad desde la Fiscalía General del Estado de que haya un fortalecimiento de los medios a disposición de las fiscalías especializadas ni una coordinación en sus criterios. Esto ha llevado a paradojas absolutamente indeseables en
un país moderno como que los fiscales de medio ambiente han tenido que ir a preguntar al contaminador cuánto contaminaba, porque la confederación hidrográfica de turno no era capaz de decirle lo que había pasado con un vertido. Este es el tipo de
cosas que podemos corregir. El ministro de Justicia conoce perfectamente desde la elaboración del programa electoral esa voluntad de avanzar hacia una fiscalía especializada o hacia fórmulas equivalentes en sus resultados.
Desde luego, espero que
durante esta legislatura podamos dar respuesta también a la preocupación que manifestaba cuando hablaba de la escasa eficiencia de la consideración del delito ecológico en nuestro Código Penal, que está siendo aplicado pero con enormes limitaciones.
Por lo que se refiere al portavoz de Izquierda Verde, que se ha marchado, tomo nota del reto de la seguridad alimentaria como una de las cuestiones en las que este país tiene que entrar de una vez. Todos los países europeos
ya han entrado en ese debate, porque la salud y el medio ambiente son sin duda debates necesarios para la ciudadanía, lo que no significa crear alarmas innecesarias, sino aumentar el grado de responsabilidad de todos nosotros, tanto de quien
produce como de quien distribuye o consume productos. Esto estará en la agenda de nuestro trabajo.
Para terminar, en cuanto al Plan forestal, señora De Lara, no lo vamos a derogar, obviamente. El Plan forestal, la estrategia forestal, la estrategia de biodiversidad son avances. Como se ha señalado por parte del señor Labordeta, lo que
habría que hacer es que la estrategia forestal, el propio Plan forestal y la Ley de Montes quedasen supeditados a los criterios que en materia de defensa de la biodiversidad quedaron muy bien recogidos en el año 1998 en una estrategia aprobada por
la ministra de Medio Ambiente de entonces, doña Isabel Tocino. Lo que tenemos que hacer ahora es, recogiendo lo que allí se había establecido, impregnar más de defensa de la biodiversidad nuestra política forestal, nuestra Ley de Montes y nuestro
Plan forestal. De todas maneras, escucharemos a los consejeros en esta materia, porque creemos que las leyes existentes se pueden mejorar con la aportación de todos nosotros.
Por último, como Baleares ha salido a colación en más de una intervención, considero que en Baleares como en cualquier otro lugar, a pesar de que sea una isla, cabe optimizar el uso de los recursos que tiene. Esto se puede hacer. Hace
falta un control mucho más estricto del uso de los acuíferos que hay en esa isla (quizás usted no lo sepa, pero en lugar de utilizarse la desaladora que hay en Palma se siguen utilizando acuíferos, que deberían estar reservados), porque, si no, para
qué hacemos desaladoras si seguimos incidiendo sobre los acuíferos de la isla.
También quiero recordarle, señora De Lara, que en Baleares había actuaciones previstas desde la etapa del último Gobierno socialista, como el aprovechamiento de los
manantiales de la Sierra de Tramontana, cuya actuación se está empezando a llevar a cabo ahora. Habrá que desalar, pero insisto en que lo primero es optimizar el uso de los recursos que existen en cada cuenca o en cada territorio, aunque sea una
isla, porque en algunas islas llueve más que en otras. Canarias y Baleares tienen características distintas; ciertamente en Baleares llueve más y se puede aprovechar mucho más el agua de lluvia, porque al menos lluvia hay.
Sigo sin haber contestado a todo el mundo, pero creo que he ganado un poquito de espacio en esta última intervención para que me queden menos temas sin haber atendido con el respeto que se debe a las preguntas e intervenciones de todos los
portavoces. Espero poder tener una próxima ocasión para seguir contestando e informando sobre lo que el ministerio va a ir haciendo en esta legislatura.
Muchas gracias a todos por su presencia y por sus intervenciones.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Antes de levantar la sesión, quiero notificar que esta Presidencia ha ofrecido hoy una tregua a los diputados y diputadas en el tema del fumar.
Ya advertí en la primera reunión de Mesa y Portavoces que no es porque sea la Comisión de Medio
Ambiente, pero lo lógico es retrasar el cigarrillo y el cigarro -lo especifico, porque en la pasada legislatura hubo un debate sobre los mismos- para cuando estén fuera de la Comisión.
Hoy era una sesión compleja; se me ha requerido por parte de
algunos diputados y diputadas permiso para fumar, porque había que estar mucho rato escuchando las intervenciones, pero avanzo que para la próxima sesión va a estar prohibido fumar en esta Comisión.
Muchas gracias.
Se levanta la sesión.
Eran las ocho horas de la noche.