Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 25, de 20/05/2004
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2004 VIII Legislatura Núm. 25
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ PLIEGO CUBERO
Sesión núm. 2
celebrada el jueves, 20 de mayo de 2004
ORDEN DEL DÍA:
Ratificación de la celebración de las comparecencias acordadas por la Mesa de la Comisión en su reunión del día 12 de mayo de 2004 ... (Página 2)
Delegación en las Mesas de las Comisiones de la competencia de éstas de adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento, concordante con la resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983 (Número
de expediente 042/000005.) ... (Página 2)
Comparecencia de la señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (Espinosa Mangana) para informar sobre: - Las líneas generales de la política de su departamento. A petición propia. (Número de expediente 214/000002.) ...
- La política que piensa desarrollar en el Ministerio. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000012.) ... (Página 2)
- Las prioridades y políticas que piensa impulsar en relación a las materias vinculadas a esta Comisión durante la presente legislatura. A solicitud del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 213/000031.)
... (Página 2)
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
- RATIFICACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LAS COMPARECENCIAS ACORDADAS POR LA MESA DE LA COMISIÓN EN SU REUNIÓN DE 13 DE MAYO DE 2004.
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Procede, en primer lugar, de acuerdo con el orden del día, la ratificación de la comparecencia que vamos a celebrar hoy, en este caso de la señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, en consonancia con el acuerdo tomado por la
Mesa de la Comisión el pasado 13 de mayo. Al no tener delegada todavía la competencia corresponde pronunciarse al Pleno de la Comisión sobre el tema.
¿Entiendo que se acepta por asentimiento? (Asentimiento.)
Gracias, señorías.
- DELEGACIÓN EN LA MESA DE LA COMISIÓN DE LA COMPETENCIA DE ÉSTA DE ADOPCIÓN DE LOS ACUERDOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO, CONCORDANTE CON LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1983. (Número de
expediente 042/000005.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al primer punto del orden del día. Se trataría, para comparecencias sucesivas a lo largo de la legislatura, de delegar en la Mesa de la Comisión, de acuerdo con lo establecido en la resolución de la Presidencia
del Congreso de 2 de noviembre de 1983, el acordar las comparecencias que fueran oportunas. Hay que indicar que esta delegación es condicionada, en tanto que cualquier comparecencia tiene que ser aprobada por unanimidad de los miembros de la Mesa;
en caso de que así no fuera, sería al Pleno de la misma Comisión al que correspondería tomar la decisión definitiva.
¿Se considera aprobada esta decisión por asentimiento? (Asentimiento.)
Muchas gracias, señorías.
- COMPARECENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (ESPINOSA MANGANA), PARA INFORMAR SOBRE:
- LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente 214/000002.)
- LA POLÍTICA QUE PIENSA DESARROLLAR EN EL MINISTERIO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000012.)
- LAS PRIORIDADES Y POLÍTICAS QUE PIENSA IMPULSAR EN RELACIÓN A LAS MATERIAS VINCULADAS A ESTA COMISIÓN DURANTE LA PRESENTE LEGISLATURA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 213/000031.)
El señor PRESIDENTE: El punto siguiente del orden del día es la comparecencia de la excelentísima señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, a petición propia, también a petición de los grupos parlamentarios Popular y Catalán
(Convergència i Unió). Lógicamente se produce el agrupamiento de estas comparecencias.
Me gustaría darles a conocer cuál fue el acuerdo unánime de Mesa y Portavoces con respecto al procedimiento de esta Comisión. En primer lugar, intervendrá la señora ministra por el tiempo que considere oportuno; después, los grupos
parlamentarios, empezando por el grupo mayoritario, el Grupo Popular, de mayor a menor, y cerrando el grupo que apoya al Gobierno, el Grupo Socialista por un período de quince minutos.
Así ha sido como tradicionalmente se han hecho las
intervenciones de los grupos en las comparecencias
del Gobierno en esta Comisión. Ruego a SS.SS. que sean exquisitos en el tiempo, toda vez que tuvimos la prevención de acordar, no de manera obligatoria -y apelo a ello- sino voluntariamente, si hubiese que matizar o aclarar algún tema, una
segunda intervención, turno de réplica, por un máximo de cinco minutos, insisto, no preceptiva, como no puede ser de otra manera, y solamente en el bien entendido de que sea para aclarar algún tema que pudiera ser de interés.
Con ese sistema, tiene la palabra la excelentísima señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Señoras y señores diputados, comparezco ante esta Comisión con el objeto de exponerles las líneas generales de actuación que desde el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación me propongo llevar a cabo.
Deseo comenzar señalando la profunda satisfacción que siento al estar aquí y el honor que supone poder formar parte de esta nueva etapa que comenzamos. El presidente del Gobierno en su debate de investidura afirmó que el Parlamento se
convertiría en esta legislatura en el centro de la política del Estado. Por ello, y consciente del reto que significa, quiero adquirir ante ustedes mi primer compromiso, que no es otro que el de que compareceré ante esta Comisión siempre que sea
necesario.
Considero que es prioritario facilitar su labor como diputados y diputadas. Sé que nos enfrentamos a una tarea harto difícil, que exigirá trabajo, ideas y creatividad. Tengan la absoluta certeza de que desde el Ministerio no se
ahorrarán esfuerzos para lograr responder a las necesidades y expectativas de las gentes del campo y del mar.
En las pasadas elecciones generales la ciudadanía nos transmitió un mensaje claro, el de que se conformase un nuevo modelo basado en el diálogo y no en el enfrentamiento. Es, pues, necesario que desde nuestra responsabilidad de Gobierno se
articulen los medios que lo hagan posible.
Tendremos que contar con las ideas y aportaciones de otros grupos políticos, de las comunidades autónomas, de las organizaciones profesionales agrarias, de los sectores específicos, así como también de la
industria agroalimentaria. Deberemos, además, estar muy atentos a las demandas de los hombres y mujeres del campo y del mar, gobernar con ellos y para ellos, que es hacerles partícipes de las decisiones.
Señorías, solicito de todas y todos ustedes colaboración para que podamos aunar voluntades. Nuestra acción conjunta redundará en poder responder de forma más satisfactoria a todos los retos y nuevas situaciones que plantean los sectores
agrario y pesquero.
La política agraria y pesquera que vamos a presentar se enmarca en el programa con el que comparecimos a las elecciones y que el presidente del Gobierno planteó en su discurso de investidura, lo que, por supuesto, no puede significar
imposición, sino búsqueda de acuerdos para llevarlo a la práctica. Se enriquecerá y será viable si contamos con su colaboración, si lo coordinamos con las comunidades autónomas, si damos participación real a los municipios y escuchamos y trabajamos
con todos los sectores implicados.Comenzaré señalando que el Gobierno considera que el futuro de la España agraria y rural pasa por apostar de forma decidida por el desarrollo rural, la viabilidad de la agricultura familiar y por la competitividad
de la industria alimentaria. Señorías, hablar de desarrollo rural es hablar de desarrollo territorial. Debemos contemplarlo en el conjunto de las áreas del Gobierno, desde las infraestructuras viarias, la sanidad, la educación y la formación
continua, hasta la diversificación de actividades y el desarrollo de zonas rurales. Deberíamos realizar una evaluación del impacto rural que con carácter transversal se aplique a todas las actuaciones del Gobierno que tengan un contenido de mejora
social para garantizar su aplicación en el medio rural.
Las explotaciones agrarias familiares conforman un tejido imprescindible para la agricultura sostenible, la protección del medio ambiente, la calidad y la seguridad alimentaria, frente a la desertización y el despoblamiento, y son, además,
la base del modelo agrario español y europeo. Apostaremos por explotaciones rentables y modernas. Ya les anuncio que el Ministerio va a trabajar en el desarrollo de una Ley básica de ordenación agraria como instrumento de una agricultura
sostenible basada en el modelo de agricultura familiar, partiendo del respeto al marco competencial, y que haga de los instrumentos institucionales de coordinación y cooperación la base de una política agraria del Estado de las autonomías. Esta ley
permitirá adaptar a cada territorio los instrumentos de modernización de las explotaciones y valorizar los servicios generados por la agricultura multifuncional a través de los llamados contratos territoriales de explotación.
Señoras y señores diputados, nuestra prioridad tiene que ser que las personas que viven y trabajan en el medio rural puedan hacerlo realmente.
Porque son las personas del campo nuestro principal interés, quiero detenerme en algo que
considero prioritario para garantizar la vitalidad del mundo rural: la elaboración de un plan de modernización coordinado con las comunidades autónomas, para fomentar la incorporación de jóvenes a la actividad agraria. El rejuvenecimiento de los
activos agrarios no puede ser, ni lo es, el fruto de una línea específica de trabajo, sino más bien del conjunto de medidas estructurales que tendremos que orientar en esta dirección. El rejuvenecimiento ordenado de este capital humano es una de
nuestras primeras preocupaciones. Impulsaremos programas específicos de incorporación de jóvenes y, junto con la aplicación prioritaria de otras medidas, pretendemos mejorar sustancialmente las cifras de incorporación.
Por otra parte, difícilmente se puede entender un desarrollo íntegro del mundo rural sin propiciar la plena incorporación de la mujer rural. Mi sensibilidad sobre esta cuestión es muy alta. Pondremos en marcha, en colaboración con otros
departamentos del Gobierno y con las comunidades autónomas, todas aquellas medidas que faciliten el reconocimiento del papel de la mujer en el campo y su plena integración, atendiendo a sus singularidades en los planos laboral, formativo y social.
Para ello, trabajaremos conjuntamente con los colectivos que se ocupan de esta problemática. Además, somos conscientes de que la agricultura familiar, los empresarios agrarios profesionales del campo, hombres y mujeres, aun teniendo un régimen
especial de la Seguridad Social que les es propio y siendo, por otro lado, trabajadores-empresarios de carácter autónomo, deben paulatinamente tener acceso a los beneficios que propicia la legislación laboral para otros sectores. Por supuesto,
debemos poner un especial énfasis en los elementos de seguridad en el trabajo, además de fomentar programas específicos de acogida para la inmigración en el mundo rural.
Para hacer posible que los hombres y mujeres del campo puedan mirar al futuro con esperanza, tenemos que garantizar la sostenibilidad económica de la agricultura familiar. Será necesario crear el marco legal adecuado que permita que
nuestras explotaciones agrarias tengan una dimensión económica suficiente. Tanto la reforma de la PAC como el imparable proceso de globalización económica obligan, en la medida de lo posible, a buscar explotaciones agrarias competitivas por sí
mismas. La explotación familiar sigue siendo, en este sentido, un elemento clave del desarrollo agrario, sin que ello sea óbice para potenciar también aquellas otras empresas llevadas por profesionales del campo que generan riqueza y trabajo.
Deberemos alcanzar esta dimensión económica suficiente para las explotaciones por diversos caminos convergentes, entre los que se encuentran los siguientes. La posibilidad de aumentar la superficie de las explotaciones, facilitando, al tiempo, la
incorporación de jóvenes a la actividad agraria. Debemos dinamizar el mercado de la tierra en coordinación con las comunidades autónomas a través de la creación de bancos de tierra en el marco legal vigente. Además, modificaremos también la actual
Ley de arrendamientos. Tal y como nosotros la entendemos, debe orientarse básicamente hacia los actuales profesionales del campo y debe posibilitarles el acceso a la tierra en un marco de seguridad, revisando aspectos como la duración mínima de los
contratos, la profesionalidad, los límites de extensión, los derechos de tanteo, retracto y adquisición.
La dimensión económica de la empresa agraria puede propiciarse también con la intensificación de los cultivos mediante las mejoras tecnológicas, y entre ellas tenemos como instrumentos fundamentales la planificación, modernización e
incremento de nuestros regadíos. Señorías, la modernización y creación de nuevos regadíos, en el marco de una agricultura sostenible, es un objetivo prioritario de este ministerio, en coordinación con otros departamentos. Para hacerlo efectivo es
imprescindible contar con la cooperación y el acuerdo con las comunidades autónomas. Cada territorio tiene su problemática específica y debe ser tratada de manera singular. Si nuestras preocupaciones abarcan a todas las zonas del país, permítanme
señorías que exprese una especial sensibilidad por lo regadíos del arco mediterráneo. Grande, igualmente, es la preocupación por los problemas de salinización de algunos regadíos de la zona de Almería. Somos conscientes del alto valor que tienen
las producciones agrarias del arco mediterráneo y de ahí, lógicamente, nuestro esfuerzo. El agua es un bien muy preciado y pasar de canales abiertos a conducciones cerradas, junto a las mejoras tecnológicas de aplicación, nos van a permitir un
importante ahorro de agua que puede llegar al 30 por ciento.
Tampoco quisiera eludir otra cuestión que nos ocupa y nos preocupa, como es la aplicación forzosa de las medidas de ecocondicionalidad y las consecuencias que tiene su aplicación en la actividad productiva de nuestros regadíos. Algunas de
estas exigencias están íntimamente ligadas a la rentabilidad de los cultivos y a su capacidad productiva; por otro lado, nuestra enorme variedad de suelo, clima y técnicas de regadío convierten esta casuística en un problema de gran complejidad,
pero que es necesario solucionar y que tendremos que abordar en colaboración con todos los organismos e instituciones pertinentes y, por supuesto, con las comunidades autónomas. En todo caso, entendemos que el coste del agua deberá ser coherente
con las necesidades de cada cultivo.
Permítanme, señorías, detenerme ahora en el movimiento cooperativo, otro de los ejes centrales de la política de modernización agraria y mantenimiento de la riqueza en el sector agrario y en el medio rural. El cooperativismo es un elemento
fundamental de la vertebración económica y social del sector agrario y por ello es uno de los aspectos más importantes del desarrollo rural. Es el eje alrededor del cual se teje gran parte de la actividad económica del sector agrario. La
cualificación empresarial de este sector es alta, pero aun así debemos propiciar un marco de formación continua que permita que los cuadros de gerencia y dirección de las cooperativas tengan el nivel profesional necesario para poder dirigir la
compleja actividad económica que la cooperativa agraria implica. Vamos a elaborar un plan estratégico de cooperativismo que se basará en el apoyo a la concentración de cooperativas agrarias para aumentar su peso en el sistema agroalimentario, así
como aquellas modificaciones jurídicas y fiscales que requieran las características propias de las cooperativas.
No quiero terminar este apartado sobre las medidas a favor del modelo de agricultura familiar sin referirme a nuestra voluntad de potenciar un sistema de seguros agrarios orientado al mantenimiento de las rentas.
Para su gestión será
necesario elaborar un registro de explotaciones prioritarias a las que ofrecer un seguro de explotación que garantice un marco de seguridad y sostenibilidad adaptado a sus necesidades, como elementos integrantes de los referidos contratos
territoriales de explotación. En cualquier caso, las reformas que deben introducirse en la cobertura de los riesgos agrarios se concentrarán a lo largo de toda esta legislatura contando con la participación de todas las instituciones y
organizaciones que intervienen en su desarrollo, dado que el futuro de este sistema tendrá que ser el resultado del máximo consenso entre los representantes de los agricultores, las entidades aseguradoras y las administraciones públicas.
Señorías, este Gobierno tiene un compromiso con la España rural.
Desarrollaremos una política rural de Estado con la participación y cooperación entre Gobierno central, comunidades autónomas y ayuntamientos locales que, integrando los
programas de la Unión Europea y con la participación de las redes asociativas del desarrollo rural, fije unas acciones públicas prioritarias e incentive las acciones privadas a favor de la diversificación de actividades y la convergencia entre el
mundo rural y el mundo urbano. Si realmente queremos consolidar un desarrollo rural de carácter permanente e irreversible, tenemos que hacerlo forzosamente desde el mismo entorno rural, con los propios ciudadanos de las comarcas y de los municipios
y con los agentes públicos y privados que puedan posibilitar este desarrollo desde las iniciativas locales.
También debemos conseguir la colaboración de los agentes económicos y sociales y una mejor y más eficaz aplicación de los fondos económicos
existentes. Un grado importante de medir la eficacia de las medidas propuestas será el número de nuevas iniciativas empresariales que impulsaremos, respondiendo así a nuestro compromiso político con el mundo rural. En este contexto, los programas
de servicios múltiples son, sin duda, un modelo a desarrollar en colaboración con las comunidades autónomas.
Les decía al inicio de mi intervención que el Gobierno pretende mirar al futuro. El futuro del mundo rural pasa también por fomentar la industria alimentaria en el contexto de una política de desarrollo sostenible.
Nuestras prioridades en
materia de industrias y alimentación responden a tres objetivos básicos: la generación de valor añadido sobre las producciones agrícolas, ganaderas y pesqueras; un valor añadido que beneficie a los productores al ampliar y mejorar las condiciones
de comercialización de sus productos; la contribución del tejido agroindustrial a la fijación de la actividad económica de la población en el medio rural, en el contexto de una agricultura multifuncional y del desarrollo sostenible y la aplicación
de una oferta diversificada en la que las garantías de calidad y de seguridad alimentaria respondan a la demanda de los consumidores.
El desarrollo de una política agroalimentaria eficaz ha de tener presente los condicionantes del consumo. El mercado alimentario español responde a lo que se viene considerando un mercado maduro en el que las necesidades básicas están
cubiertas. Este es el principal condicionante en el que tiene que desarrollarse nuestra política agroalimentaria, lo que nos obliga a preocuparnos especialmente por una mejora continua de la calidad, una garantía en materia de seguridad alimentaria
y la consolidación y apertura de mercados exteriores para nuestros productos.
Una de las necesidades fundamentales para mejorar la competitividad de nuestro sistema agroalimentario es conseguir una mayor transparencia en los diferentes mercados y
una mejor vertebración del sector. Unas relaciones interprofesionales más transparentes y estables y en las que los contratos agrarios tengan protagonismo se convierten así en el pilar sobre el que se asiente la vertebración del sector. Debemos
fomentar la constitución y el reconocimiento de nuevas organizaciones interprofesionales agroalimentarias para abarcar los sectores de interés que todavía no gozan de la constitución de una organización de este tipo.
Igualmente, debemos asegurarnos
del buen funcionamiento de las organizaciones ya existentes. Otros elementos complementarios que también deberán contribuir a la transparencia de los mercados y en las que las organizaciones interprofesionales tienen un papel muy importante que
jugar son la elaboración de censos y estadísticas, así como la creación de una red de difusión de información que garantice su utilización por parte del sector interesado.
También en el marco de la transparencia y eficacia de los mercados, debemos tener en cuenta la promoción de las relaciones contractuales entre producción, transformación y comercialización, donde todas ellas juegan un papel fundamental. Los
contratos homologados son un instrumento que ha demostrado su eficacia en este terreno, pero debemos potenciar que las organizaciones interprofesionales soliciten la homologación y debemos cubrir con ellos nuevas áreas, tales como la agricultura de
calidad, la agricultura ecológica o los biocarburantes. La trazabilidad de los productos perecederos acogidos al sistema contractual podría ser también un nuevo elemento a integrar en la homologación de estos contratos.
Tradicionalmente, cada uno de los eslabones de la cadena agroalimentaria se han considerado de una manera independiente; hoy no se puede entender cada eslabón de forma aislada, todos están y forman parte de un sistema interrelacionado.
Esta visión de conjunto es clave para poder entender el complicado entramado agroalimentario, que abarca desde la producción de base, pasando por la transformación industrial y los diversos formatos de distribución, hasta llegar al consumidor
final. Este Gobierno hará todo lo posible por garantizar la transparencia y la competencia del mercado, buscando un mayor equilibrio en las relaciones entra la industria agroalimentaria y la gran distribuidora de la que es proveedora.
Estas actuaciones estarán acompañadas de un seguimiento de precios, que confieran una mayor transparencia en los distintos eslabones de la cadena y que permitan detectar posibles desviaciones o comportamientos anómalos en el marco de la legislación
en materia de competencia.
En cuanto a la preparación de planes estratégicos para la apertura de mercados exteriores, una vez caracterizados los principales sectores, y conociendo cómo se ven influenciados por el contexto internacional, podemos llevar a cabo
estrategias de exportación, tanto comunitarias como extracomunitarias, que permitan mejorar el posicionamiento de los productos agroalmientarios españoles en el extranjero. En esta línea, se realizarán actuaciones con vistas a la
internacionalización de las cooperativas y de las pequeñas y medianas empresas, empezando por sectores estratégicos, pero siempre teniendo en cuenta la viabilidad y la adecuación de los proyectos que se apoyan.
Señorías, mi departamento pretende desarrollar una estrategia global de calidad, seguridad y trazabilidad como base de nuestra política alimentaria, en estrecha colaboración con las comunidades autónomas, en un marco competencial compartido,
en el que la coordinación ha de jugar un papel determinante. Vamos a dar un fuerte impulso a las medidas en favor de la producción ecológica como uno de los ejes de esta estrategia de calidad agroalimentaria, con el objetivo de aumentar su
producción de forma equilibrada con la evolución de la demanda. Este impulso incluye un plan de medidas frente a factores que frenan su desarrollo y con objetivos específicos en la producción, comercialización y transformación de estos productos.
De forma complementaria, daremos un impulso a la agricultura integrada, en coordinación con las comunidades autónomas, como instrumento básico para una política agroalimentaria armonizada y para el aseguramiento de estándares mínimos de trazabilidad
y seguridad.
En el mismo contexto de estrategia de calidad agroalimentaria, es fundamental el desarrollo y protección de las indicaciones de calidad diferenciada. Se considera necesario y oportuno regular un procedimiento nacional previo que agilice la
inscripción en el registro comunitario de las denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones geográficas protegidas.
No podemos limitar la mejora de la calidad a las llamadas calidades diferenciadas, sino que hemos de extenderla al conjunto de la industria alimentaria, primando los esfuerzos de las empresas en innovación tecnológica y en investigación y
desarrollo de nuevos procesos o de nuevos productos, para dar respuesta a los diferentes segmentos de los consumidores.
Las crisis alimentarias de los últimos años nos obligan a prestar especial atención a los aspectos relacionados con la seguridad alimentaria. El rigor en la normativa alimentaria y la coordinación y el control preventivo serán instrumentos
básicos para seguir el objetivo de unos niveles razonables de seguridad alimentaria. La extensión del concepto de trazabilidad a toda la cadena alimentaria, contribuirá, sin duda, al objetivo de la seguridad, proporcionando, además, una mayor
información al consumidor, facilitando sus posibilidades de libre elección. En este sentido, las decisiones y posiciones que serán defendidas por mi departamento en lo referente a los organismos modificados genéticamente estarán basados en la
transparencia, en el derecho de los consumidores y de los agricultores y ganaderos a elegir lo que consumen o producen y en el trazabilidad plena de estos productos, incluida la identificación de los campos de cultivo. La integración en los planes
de control de respeto de las disposiciones específicas para estos productos, así como la obtención de un consenso para garantizar la compatibilidad entre los cultivos ecológicos, convencionales y los organismos genéticamente modificados, serán
líneas de trabajo importantes para el Ministerio de Agricultura, en coordinación con las administraciones competentes. Por último, en cuanto a la calidad y seguridad alimentaria, el ministerio no ahorrará esfuerzos, junto con los sectores
interesados, para adaptar, en la medida de lo necesario, las normas técnicas y de calidad de los productos, respetando la legislación en vigor, la libre competencia y los intereses generales de los consumidores.
Señorías, quiero dar repaso ahora a los trabajos que tendremos que realizar en el marco del desarrollo de la política agraria común, tanto en sus aspectos horizontales de ayudas directas, como en los de los sectores agrícolas y ganaderos,
sin ánimo de ser exhaustiva en los sectores abordados. Una de las principales prioridades del departamento, a corto y medio plazo, es la puesta en marcha de la última reforma de la PAC, aprobada en el Consejo de Agricultura de Luxemburgo de junio
del año 2003. La aplicación de esta reforma de la PAC supone un gran giro en la política agraria comunitaria y, en los próximos meses, España deberá comunicar a la Comisión su intención de acogerse al período transitorio hasta enero del 2006. La
decisión más importante por adoptar gira en torno al grado de desacoplamiento de una serie de ayudas, pero también habrá que desarrollar la ecocondicionalidad, integrar las nuevas medidas del desarrollo rural y decidir el uso de los fondos derivados
de la modulación. Aunque con carácter general, ustedes conocen que desde el Gobierno no apoyamos el desacoplamiento de pagos directos. En el futuro, el pago único será, con diferencia, el mayor mecanismo de apoyo a nuestro sector agrario, lo que
hace de él una herramienta básica, que nos ofrece, además, un amplio margen de maniobra en las decisiones de política agraria nacional. Aprovecharemos este año
de margen para adoptar las decisiones, desde el diálogo con las comunidades autónomas y las organizaciones agrarias y sobre la base de garantizar el equilibrio y la cohesión territorial, así como la sostenibilidad económica, social y
ambiental de la agricultura, de forma que el esquema final sea de los mejores posibles y el más satisfactorio para todos, de acuerdo con nuestros objetivos.
Paso por alto, señorías, la presentación de los resultados de la reciente negociación de las reformas para los sectores mediterráneos, que ya fue objeto de mi intervención ante el Pleno de esta Cámara la pasada semana.
Como ya les dije
entonces, los resultados de la negociación han sido los mejores que se podrían obtener con el margen de que disponíamos, pero no estoy dispuesta a abundar más aquí en esta cuestión, sino centrarme en el futuro de estos tres sectores.
En el sector del algodón, estamos trabajando ya para impulsar mejoras tecnológicas y organizativas que permitan reducir costes y asegurar la continuidad del sector, en cooperación estrecha con las entidades representativas de los productores
y de los sectores vinculados, así como de las comunidades afectadas. En este contexto, estamos avanzando en la definición de orientaciones para la reestructuración del sector desmotador, que debe realizarse con una reflexión del conjunto del sector
en el marco de la interprofesión. Por otra parte, en el caso de que alguna comunidad autónoma decida promover actuaciones judiciales en defensa del sector, el Gobierno facilitará que estas iniciativas lleguen a buen término.
Con respecto al sector del aceite, a partir de septiembre, junto con las comunidades autónomas y las organizaciones representativas, estudiaremos las diversas opciones de vinculación de las ayudas que garanticen la estabilidad del sector,
bajo el objetivo de equilibrio territorial y de mantenimiento del empleo en las zonas rurales más desfavorecidas.
Para el tabaco, vamos a impulsar todas las medidas que permitan mantener el tejido social de las zonas de producción más allá del período transitorio. Queremos impulsar una interprofesional fuerte para el tabaco, en la que la industria
adquiera compromisos de futuro con los cultivadores para el mantenimiento de las zonas tabaqueras.
Seguiremos trabajando en defensa de nuestros intereses, de cara al próximo planteamiento de una futura reforma de la OCM del azúcar por la Comisión Europea. Esta reforma tendrá que asegurar la viabilidad de la producción comunitaria del
azúcar, con los recursos financieros necesarios y sin que ello implique reducciones para otros productores. Por otro lado, el sector industrial azucarero en España ha experimentado durante estos últimos años importantes transformaciones.
Actualmente, y debido a la necesidad de ganar en competitividad, existe la oportunidad de aprovechar el momento para abordar una reestructuración del sector industrial de manera pactada entre todas las partes implicadas.
La apertura de nuevos mercados en determinados sectores, como es el de las frutas y hortalizas, exige dar soluciones a los problemas derivados de cuestiones de carácter fitosanitario, utilizados en muchas ocasiones como verdaderas trabas al
comercio. En cuanto al debate previsto sobre la OCM de frutas y hortalizas, la potenciación de las organizaciones de productores y de los fondos y programas operativos como instrumentos fundamentales, serán nuestros puntos básicos de trabajo, así
como el aprovechamiento máximo de los recursos financieros asignados al sector.
Por otra parte, se están desarrollando programas de adaptación al mercado en determinados productos mediante reconversiones varietales que se podrían extender a otras
producciones.
En cuanto a la próxima reforma de la OCM del plátano, se plantean tres problemas básicos: el incremento de contingentes anuales para la importación de países terceros durante el año 2005 con motivo de la ampliación de la Unión Europea; la
determinación del nivel del derecho arancelario, que debe sustituir a los actuales contingentes como único elemento de protección exterior, y la reforma del régimen de ayudas a este sector. El Gobierno español tratará de recoger el compromiso de
adoptar las medidas pertinentes que aseguren el futuro del plátano comunitario en el caso de que el arancel acordado en la Organización Mundial del Comercio sea insuficiente. También estudiaremos la petición del sector sobre el cambio en el sistema
de ayuda actual del plátano comunitario, sustituyéndola por una ayuda fija y una posible ayuda variable en función de los precios de mercado.
En lo relativo al uso de medios de producción agrícola, se abordarán estrategias de carácter horizontal para mejorar el uso de los medios de producción agrícola, con el objetivo de mejorar la calidad de la producción, reducir costes,
disminuir los riesgos ambientales y aumentar la seguridad en el trabajo. En particular, se abordará un plan de acción sobre el uso de productos fitosanitarios con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las buenas prácticas en el uso de estos
productos mediante acciones de formación, información y control. La renovación del parque de maquinaria agrícola, la actualización de la normativa sobre abonos y los programas nacionales de lucha contra plagas son otras tantas líneas de actuación
relativas a los insumos que afectan a las producciones vegetales.
Señoras y señores diputados, abordaré ahora otro aspecto del ministerio, como es el ámbito ganadero.
Con carácter general, consideramos prioritaria la consolidación de la actividad ganadera sobre bases sólidas, en particular propiciando que el desarrollo de la ganadería se produzca sobre modelos sostenibles que tengan muy presentes las
preocupaciones de los ciudadanos respecto de las condiciones en que se desarrolla
esta actividad. En este sentido, me gustaría mencionar tres proyectos concretos. El establecimiento de una estrategia medioambiental para la ganadería que integre los condicionantes medioambientales en todas las políticas hacia el sector.
Para ello se impulsará una política activa de diálogo con las comunidades autónomas y el Ministerio de Medio Ambiente; el establecimiento de un marco legislativo para el desarrollo de la producción ganadera integrada, y el bienestar animal, que
constituirá un aspecto clave en la política ganadera del departamento. Se impulsará la realización de estudios de investigación que reflejen las condiciones productivas de ganadería a tener en cuenta en el desarrollo del marco legislativo
comunitario.
Desde el punto de vista de los mercados ganaderos, debemos señalar que la mayor parte de nuestros sectores ganaderos son hoy claramente exportadores y en este mercado exterior se fundamenta buena parte de su éxito presente y futuro. Debemos
marcarnos la consolidación de este comercio como uno de nuestros principales objetivos. Por ese motivo, será necesario tener en cuenta esta realidad a la hora de diseñar todas nuestras políticas y medidas de gestión.
Con el fin de prestar una especial atención a la proyección de los productos de origen animal en los mercados internacionales, será preciso abordar un plan de medidas para mejorar el acceso a los mercados exteriores, y esto a través del
acuerdo y la coordinación con otros departamentos ministeriales. Asimismo, debemos intensificar determinados programas sanitarios en la ganadería española, dado que algunas patologías animales representan actualmente un factor que actúa como
barrera a la exportación. Queremos avanzar en la trazabilidad para responder a las necesidades de información del sector y confianza de los consumidores.
En materia de ordenación de las explotaciones ganaderas, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación avanzará en la introducción y en la aplicación de los programas relativos a trazabilidad. Con el objeto de extender los principios
de la trazabilidad a todas las producciones ganaderas, se modificarán los actuales sistemas de identificación y registro del ganado ovino, caprino, porcino y equino, para aumentar su fiabilidad y uniformidad, y se introducirá la identificación
electrónica.
En este ámbito, en colaboración con las comunidades autónomas se pondrá en marcha el Registro General de Movimientos de Ganado, con el que se pretende crear un sistema nacional en el que queden registrados todos los movimientos de
ganado, con independencia de la especie de que se trate.
Estableceremos una nueva red de información de explotaciones ganaderas que sea complementaria de las actualmente existentes y dirigida fundamentalmente a la construcción de modelos que nos
permitan simular los cambios, tanto en el marco económico como en el de las políticas, por tanto, anticiparnos a los problemas y prever soluciones.
Por otra parte, la entrada en vigor del Reglamento 1774/2002, sobre subproductos animales, ha ocasionado a los sectores ganaderos inquietudes no sólo de tipo sanitario, sino también económico. La aplicación efectiva de estas normas
comunitarias exige costosas inversiones tanto para los productores como para las autoridades encargadas de la gestión. Pensamos que es imprescindible la búsqueda de soluciones que traten de compatibilizar las exigencias sanitarias y
medioambientales con la viabilidad económica de las explotaciones. Por ello, es preciso el diseño de un Plan Nacional de residuos ganaderos que aborde esta cuestión de una manera definitiva, mediante enfoques que incluyan el diseño de sistemas de
gestión con vocación de permanencia que se incorporen a la lista de servicios que se prestan a los ciudadanos.
En primer lugar, es necesario insistir en que, para que esta nueva legislación pueda ser aplicada con éxito, es necesario que todos los ministerios implicados -Medio Ambiente, Sanidad y Consumo, y Agricultura- así como comunidades autónomas,
municipios con competencias y sector trabajen coordinadamente en el marco de la comisión nacional de subproductos que constituiremos de manera efectiva. En segundo lugar, creemos importante apuntar algunas acciones que deben ser emprendidas por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para poder afrontar la situación creada por la legislación comunitaria y que podrán integrarse después en el seno de este plan. Hablamos de la guía de buenas prácticas sobre seguridad en la recogida
de cadáveres; potenciar el esquema de seguros agrarios y la búsqueda de técnicas y métodos alternativos de destrucción de cadáveres en las propias explotaciones también debería ser un tema importante a considerar. Para este último punto es
inminente la suscripción de un convenio entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Educación y Ciencia y las asociaciones más representativas de los sectores.
En el caso del sector lácteo se evaluará la situación actual y la posible simplificación de algunas normas conjuntamente con las organizaciones profesionales y las comunidades autónomas. Asimismo, se potenciará el diálogo interprofesional.
Además, debemos progresar en la reordenación de este sector con el diseño de planes de abandono inteligentes combinados con jubilación anticipada, orientados a aquellos ganaderos que tomen esta decisión, y con incentivos para la mejora de las
explotaciones ganaderas y la distribución de la cuota láctea que pueda existir en la reserva nacional. El objetivo no es otro que hacer más eficaces las medidas para la mejora de la calidad de la leche cruda. El ministerio estudiará la
simplificación de las normas aplicables y el apoyo a las inversiones orientadas a este fin.
En el caso del sector porcino, consideramos prioritario el establecimiento de un marco de diálogo con los agentes que lo integran con el fin de diseñar una estrategia
de futuro que permita su desarrollo y consolidación sobre bases sólidas y equilibradas.
En el ámbito de la alimentación animal nuestras prioridades se centran en el desarrollo y aplicación del Programa Nacional de Controles en Alimentación Animal. Este programa, elaborado en coordinación con las comunidades autónomas,
establece los principios generales de los controles en el ámbito de la alimentación animal y contiene varios subprogramas, entre los que destaca el referente al control para la verificación del cumplimiento de la prohibición de uso de proteínas de
origen animal en la alimentación animal en general y muy especialmente de los rumiantes, por su repercusión en relación con la EEB. Asimismo, vamos a implementar tres nuevos reglamentos comunitarios que constituyen el nuevo enfoque de la
alimentación animal, basado en los principios generales de la seguridad alimentaria.
Para terminar con lo referente a los sectores ganaderos, me gustaría mencionar que estamos diseñando un nuevo programa nacional de ordenación y fomento de la conservación y mejora del conjunto de las razas ganaderas españolas.
Señorías, les he presentado las líneas generales de actuación de mi departamento en materia de política ganadera, agrícola, agroindustrial y de desarrollo rural. Me voy a centrar ahora en otro ámbito de la política de mi departamento.
Quisiera presentarles lo que van a ser las líneas maestras de la política pesquera que va a aplica este Gobierno en el ámbito de sus competencias a lo largo de esta legislatura. No quisiera empezar mi intervención sin poner de manifiesto, por su
importancia, la enorme velocidad a la que se están produciendo los cambios en el sector pesquero mundial, cambios que se iniciaron a partir de la creación de las zonas económicas exclusivas en el año 1977, que continuaron con la Convención de
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en 1982, que afectaba tanto a la pesca en las zonas económicas como en alta mar, hechos estos que, unidos a la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea en 1986, no han dejado de influir a lo
largo de los últimos años en todos los ámbitos de la actividad pesquera de nuestro país. Estas modificaciones de la Convemar propiciaron el nacimiento del Código de Conducta para una pesca responsable, del Acuerdo de cumplimiento y de multitud de
planes de acción propiciados por la FAO que han modificado profundamente las relaciones entre los Estados con recursos y los Estados con capacidad excedentaria. Pero mi presencia no tiene como objetivo mirar al pasado y sí explicar a SS.SS. cuál
va a ser la política que mi departamento va a desarrollar para defender y mejorar la actividad y la competitividad del sector pesquero español en todos los ámbitos en los que este lleva a cabo su trabajo.
La ordenación y regeneración del caladero nacional, el desarrollo ordenado de la acuicultura, la elaboración y puesta en marcha de planes de recuperación del litoral y de los stocks de determinadas especies, en colaboración con la Comisión,
las comunidades autónomas y los representantes del sector pesquero, es uno de los objetivos que se ha marcado este Gobierno. Intentaremos contar para ello tanto con instrumentos novedosos que se están desarrollando como con otros que han demostrado
su utilidad en el pasado, medidas de paralización temporal de la actividad, desarrollo de nuevas políticas de ajuste de capacidad, renovación de la flota artesanal, aplicación de medidas socioeconómicas que intenten paliar los ajustes pesqueros que
haya que realizar, así como una mayor diversificación de la actividad para que con ello disminuya de manera real el esfuerzo sobre nuestros caladeros. Estas medidas que estamos negociando con la Comisión intentaremos que vayan acompañadas de fondos
específicos, que en estos momentos ya se han planteado a la Comisión y sobre los cuales estamos trabajando.
La globalización de la economía mundial plantea también unos retos impensables hasta hace pocos años y la comercialización de los productos de la pesca no podía ser ajena a estas exigencias. La calidad, la trazabilidad, el comercio
responsable y el respeto al medio ambiente marcan el camino que deben seguir nuestros empresarios y que debe apoyar la Administración pesquera para mantener lo mucho conseguido y para alcanzar nuevos objetivos en un comercio mundial cada vez más
competitivo. En el marco de este comercio pesquero cada vez más liberalizado, menos proteccionista pero también más exigente, tenemos que encontrar caminos que permitan a nuestras industrias transformadoras realizar sus inversiones en países que, a
la vez que exigen una liberalización absoluta de los mercados para sus productos, plantean un proteccionismo feroz ante nuestras inversiones.
La deslocalización creciente de las industrias y de las empresas para determinadas fases de su producción debe justificarse en beneficios claros para el mantenimiento de su actividad en las empresas matrices y del empleo e ir acompañada de
contrapartidas que aseguren la expansión de las mismas en otros países. Este Gobierno, con pleno respeto al marco de juego que nos marcan la OCDE y la OMC, diseñará líneas de apoyo a nuestros empresarios para que puedan conseguir sus objetivos,
incrementar la competitividad de sus empresas y para que puedan mejorar los aspectos higiénico-sanitarios y de seguridad alimentaria que afectan a la producción y a la comercialización. También es intención de esta Administración desarrollar, en
colaboración con todas las comunidades autónomas, protocolos de colaboración en materia de control para luchar contra la comercialización de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y contra la pesca de inmaduros, haciendo bueno el aforismo
de lo que no se puede pescar no se puede comercializar.
La finalización de las ayudas del IFOP en el año 2006 y los recortes en su reglamento para las sociedades mixtas y para la renovación de buques de más de 400 GT nos obligan a buscar y a articular medidas complementarias a estos incentivos,
tales como el establecimiento de sistemas de garantías, la utilización de elementos de ingeniería financiera, la utilización de sociedades de garantía recíproca o la potenciación de la innovación y del desarrollo tecnológico como instrumentos
adecuados para que nuestro sector pesquero pueda pasar de una política generalizada de subvenciones a otra mucho más restrictiva.
En relación con el futuro de los fondos estructurales, se espera mantener en el próximo reglamento un nivel similar a los asignados en el actual IFOP, que irán dirigidos principalmente al desarrollo integral de la pesca en las regiones
costeras menos favorecidas, desarrollo que se llevará a cabo mediante una mejor regulación del esfuerzo, una mejor adaptación de la capacidad existente, la adopción de medidas innovadoras, la aplicación de medidas socioeconómicas y la renovación de
la flota artesanal. Todas estas medidas tienen como objetivo final mantener el empleo diversificando la actividad, no descartando este Gobierno ninguna actuación que posibilite y determine todo tipo de medidas estructurales, incluso las descartadas
hoy en día por la Comisión. Para conseguir estos fines, representantes de mi departamento participan activamente en la próxima reunión de la Comisión Europea en relación con el futuro de los fondos estructurales. La Administración velará para que
la aplicación de estos fondos y de estas medidas mejore sustancialmente las condiciones de trabajo de los pescadores y su formación y les ayuden a diseñar modelos óptimos de representación sindical. La mejora de la seguridad a bordo y también en
las habilitaciones de los buques, la búsqueda de actividades alternativas en el marco de la actividad pesquera, el apoyo a proyectos colectivos promovidos por los pescadores, las ayudas a los jóvenes pescadores para el acceso a la propiedad de sus
embarcaciones y el fomento de la vocación, conseguido con políticas de dignificación de su actividad, son objetivos prioritarios para este Gobierno.
Por otra parte, la flota de larga distancia tiene características claramente diferenciadas entre sí, por lo que analizaremos la política que quiere desarrollar mi departamento en este campo en dos áreas distintas: la de los acuerdos
pesqueros y la de las sociedades mixtas.
Quiero expresar claramente que esta Administración pesquera seguirá defendiendo la actividad de los aproximadamente 600 barcos de pabellón español que faenan según los acuerdos internacionales de pesca
negociados con la Unión Europea, acuerdos que, como saben SS.SS., comportan un pago por un acceso al recurso, pero también defenderemos, apoyaremos y participaremos en todos aquellos acuerdos desarrollados en el marco de las organizaciones
regionales de pesca. Igualmente quiero manifestar que esta Administración está abierta a las posibilidades que pueden ofrecer los nuevos acuerdos de asociación pesquera que quiere desarrollar la Comisión, que son mucho más amplios en sus fines que
los acuerdos tradicionales y que tienen un componente claro de cooperación y de ayuda al desarrollo pesquero integral del país con el que se firmen. La Administración pesquera está llevando a cabo un seguimiento minucioso de la génesis de estos
acuerdos sobre cuyo diseño está trabajando la Comisión, ya que pueden ofrecer, además, la posibilidad de constituir nuevas aunque distintas, formas de sociedades mixtas.
Las empresas pesqueras españolas en terceros países, agrupadas recientemente en un cluster de carácter nacional, concentran a más de 220 empresas radicadas en 35 países que administran en su conjunto más de 500 buques de mediano y gran porte
y un número importante de industrias transformadoras y de acuicultura que abastecen a la Unión Europea con más de 400.000 toneladas y que son el soporte de la actividad de los más importantes puertos pesqueros españoles. Este es un activo que
ningún país del mundo podría desdeñar y que la Administración pesquera española quiere potenciar apoyando su mantenimiento y desarrollo mediante la creación de diversos instrumentos que permitan la renovación de sus flotas y la creación de
industrias en tierra. Mi departamento apoya como organismo protector la actividad de este cluster y el mantenimiento, la expansión y la deseada comunitarización de estas empresas, muchas de las cuales se han constituido con fondos comunitarios,
estando trabajando en estos momentos la Secretaría General de Pesca Marítima en un plan de acción que comprende la utilización por parte de nuestras empresas de créditos del Banco Europeo de Inversiones, de subvenciones del Fondo Europeo para el
Desarrollo y de los múltiples instrumentos comunitarios diseñados para ayudar a los países en vías de desarrollo, en los cuales parte del capital de numerosas empresas pesqueras es, no lo olviden, español.
En resumen, señorías, la política que quiere seguir mi departamento en relación con el sector pesquero tiene tres objetivos claramente definidos: recuperar nuestros caladeros, mantener la plena actividad de nuestras industrias
transformadoras y comercializadoras y posibilitar el mantenimiento y la dignificación del empleo, garantizando la plena actividad de la flota, adaptándonos a las tendencias y cambios que está experimentando la pesca mundial.
Señorías, para terminar no me queda más que reiterarles la voluntad de este Gobierno de gestionar las políticas agraria y pesquera desde el diálogo y el consenso, al que les invito una vez más en esta comparecencia. Ello nos obligará a
abrir foros de colaboración y corresponsabilidad con las comunidades autónomas y con todos los sectores implicados. Este es el objetivo
más importante que yo me planteo. Sé que si lo conseguimos seremos capaces de responder a todos los retos que tenemos planteados en beneficio de todos.
Por último, quiero agradecerles, señoras y señores diputados, la atención que me han prestado y asegurarles que estoy a su disposición para todas aquellas cuestiones que consideren de interés para su labor como parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo con lo establecido, y por un tiempo de 15 minutos, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Madero.
El señor MADERO JARABO: Quisiera solicitar de S.S. dividir el tiempo de que disponemos en el grupo para utilizar yo una parte y otra quien va a llevar la portavocía en los temas de pesca.
El señor PRESIDENTE: No hay ningún problema, señor Madero. Adelante.
El señor MADERO JARABO: Quiero que mis primeras palabras, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, señora ministra, sean de cordial bienvenida a esta Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados. Créame, señora ministra, que
deseamos lo mejor en esta legislatura a S.S. y a los componentes de su equipo, algunos viejos conocidos de esta Comisión y amigos entrañables del portavoz que les habla. Les doy la bienvenida a esta Comisión, repito, les deseo éxito en su gestión
y además le agradecemos la información que nos ha facilitado en la tarde de hoy, una información, señora ministra, que -me consta que le interesa la música igual que a mí- es una especie de partitura con su música y letra, en la que hay partes con
las que estamos de acuerdo con lo que S.S. ha señalado, en otros puntos estamos en desacuerdo y en otros aspectos encontramos carencias. Quizás en ese pantagrama ideal del que estamos hablando faltan algunos compases que pudieran ser de interés.
Trataré de señalarlos con la brevedad que imponen las circunstancias.
En general, S.S. no ha sido muy valiente para mojarse en plazos y cantidades. Ha expresado buena voluntad en cantidad de cosas y ha expuesto los mejores deseos, que queremos que se hagan realidad, pero para eso hay que mojarse un poco más,
hay que hablar de plazos, de cantidades y quizás en algunas cosas, no digo en todo, podía haber sido un poco más valiente. No tenga miedo, sea valiente, pues en esta Comisión somos comprensivos, no nos enfadamos, aunque a veces votamos lo
contrario, porque -se lo digo de verdad, señora ministra- se ha creado en esta legislatura una especie de furor consensual, de que votemos todos lo mismo, y mi grupo unas veces vota lo mismo que otros y otras no, pues para eso somos oposición. El
hecho de que nos opongamos no quiere decir que seamos malos ni cosas de esas, sino que pensamos de otra manera y nos oponemos porque estas paredes ya hace décadas que dejaron olvidadas las unanimidades a la búlgara. Aquí vamos a otra cosa. Y hay
cosas, repito, que nos han convencido de lo que S.S. ha dicho y otras no. Cuando se concreten en esta Comisión o en el Pleno iniciativas puntuales, votaremos a favor, en contra o nos abstendremos. En lo que sí estoy seguro que coincidimos, y es
con lo que me gustaría completar la partitura metafórica de la que hablaba en esta primera sesión, es en que hay unos parámetros generales en los que nos tenemos que mover todos, S.S. desde el Gobierno y nosotros desde el Parlamento, tanto desde la
mayoría como desde la oposición: por ejemplo, la estructura financiera, la estructura humana y la estructura social del campo.
En cuanto a la estructura financiera, partimos -y no es tema menor- de más de 7.000 millones de euros de aportación europea. Nos gustaría -y lo deseamos- que al final de la legislatura se hubiera mejorado esa cifra, como también los 6.000
millones de euros que el déficit agrario de la Seguridad Social aporta como beneficio del sector. Todo lo que sea beneficiar al sector, por la propia naturaleza y escatalogía social del colectivo agrario, bienvenido sea. Pero además hereda -y no
es mala herencia- de los Gobiernos anteriores más de 4.000 millones de gasto fiscal, prueba de la solidaridad de otros sectores con el sector primario, que de alguna manera ha administrado, tutelado y conducido el Gobierno anterior. Eso en cuanto a
estructura financiera. Le decimos además que sería ideal -y lo reconoceríamos- una mayor aportación de la Tesorería nacional. El Ministerio de Hacienda suele ser, con Gobiernos de un signo o de otro, roñoso hasta límites increíbles con el sector
primario. Si S.S. consigue una mayor aportación nacional, le aseguro que mi grupo lo reconocerá, porque lo está necesitando por lo que veremos después, que en definitiva son los niveles de renta y de bienestar.
Le voy a decir desde qué principios actúa mi grupo en cuanto a estructura social como fines primarios. En el campo, la agricultura, la ganadería y la parte que corresponda al sector forestal el fin fundamental es producir alimentos en
cantidad y calidad que la población demanda, mantener el medio ambiente y fijar la población en el medio rural de los 10 millones de habitantes que el señor presidente mencionaba en la constitución de esta Comisión. Merece la pena hacer el esfuerzo
para eludir la tentación que, con ejes o sin ejes, desde Europa a veces a la parte mediterránea de la Unión nos imponen en el sentido de que hay que diversificar y dedicarse en vez de a la producción pura y dura de alimentos, en vez de a la fijación
de población y en vez de al mantenimiento del tejido social y económico del medio rural, a ciertas actividades que son importantes como complemento, cuando lo fundamental, repito, es la producción. De esta manera -y con esto termino mi
introducción- debemos tratar de mejorar el 65 por
ciento de renta en que se encuentra el sector respecto a los sectores primario y secundario. Recordemos que no hace tanto, en el año 1996, partíamos de unos niveles del 50 por ciento. Se ha mejorado bastante y deseamos que su gestión sea
incentivadora de una mejoría más notable.
Respecto al desarrollo rural, quiero que transmita nuestra felicitación y nuestros mejores deseos a quien ostenta esa Dirección General, el señor Amarillo, componente de esta Comisión durante tantos años, con quien hemos tenido coincidencias
y discrepancias en abundantes ocasiones, lo que no quita para que le reconozcamos sus méritos, por lo que le deseamos suerte. Algo ha esbozado S.S., pero me gustaría insistir en que sería deseable que diera un impulso auténtico a las iniciativas
Leader y a los programas Proder, y que además sean unos impulsos sin partidismo, porque a veces desde el ministerio, según el signo de que se trate, en las comunidades autónomas se incide de manera más o menos negativa. La anterior Administración
lo sufrió por parte de alguna administración regional socialista, que enredó e impidió estos programas Proder y estas iniciativas Leader, por lo que no deseamos que se entorpezca esa labor, sino que, al contrario, S.S. y sus colaboradores la
desarrollen adecuadamente.
En el caso de los regadíos, que S.S. ha citado, quiero expresar mi sorpresa. Cuando hablamos de regadíos hay bastante acuerdo en muchas cosas. Es más, todas las comunidades autónomas han firmado un acuerdo sobre el Plan Nacional de
Regadíos. El Plan Nacional de Regadíos es exactamente el 82 por ciento del Plan Hidrológico Nacional, ya que utiliza ese porcentaje del volumen de agua del que se habla en el Plan Hidrológico Nacional. Es curioso que, estando todos de acuerdo en
el 82 por ciento, surjan las discrepancias que surgen en las pequeñas cantidades, que, por cierto, tampoco nadie discute, que es el agua de uso consuntivo para ciudades o industrias. No ha dicho nada S.S. sobre las seiasas. Me parece que son un
instrumento adecuado y nos gustaría que siguieran con su cometido, incluso perfeccionándolas y dotándolas de más recursos, a pesar de que entendemos que están aceptablemente bien dotadas. Sin embargo, como estamos oyendo -fuera de esta Comisión-
que va a haber cambios en el Plan Hidrológico Nacional, nos gustaría saber -si ahora no es posible, cuando se pueda-, porque tenemos una duda importante, cómo van a afectar estos cambios al Plan Nacional de Regadíos. Si vamos a disponer de menos
agua o si vamos a disponer de agua en otras condiciones, nos gustaría saber, cómo nos van a afectar estos cambios, sobre todo en la cuenca mediterránea, que S.S. ha citado.
Señora ministra, ahora me gustaría manifestarle -estoy mirando continuamente el reloj, señor presidente, y espero no pasarme ni medio minuto- que en el aspecto legislativo -y estamos en el Congreso de los Diputados- va a contar con nuestra
colaboración total. A lo mejor no existe acuerdo, pero deseamos que exista y aceptamos el ofrecimiento de diálogo para la ley básica de la agricultura. Es más, creo que la confección del libro blanco de la anterior Administración fue un buen
instrumento que puede servir de plataforma para la realización y sentar las bases, valga la redundancia, de una ley básica de la agricultura.
Usted la ha denominado de forma distinta, lo tengo apuntado por aquí, yo la he denominado ley básica, pero
es igual porque los dos sabemos de lo que estamos hablando. No ha dicho nada respecto a una ley de calidad alimentaria. Le manifestamos nuestra predisposición para que tal ley vea la luz en esta casa y en el Senado. No acabo de entender por qué
quieren modificar la Ley de Arrendamientos Rústicos, porque realmente todavía no sabemos si va a ser buena o mala. No ha dado resultados ni se la ha dejado fructificar, y tampoco existe una oposición tan frontal. Recuerdo que al final de la
legislatura pasada, cuando se aprobó la Ley de Arrendamiento Rústicos, el argumento de autoridad más importante que se oyó al entonces portavoz, compañero y amigo, señor Cuadrado, que me parece que está asistiendo a esta sesión en la sala, es que si
viviera su abuelo no le gustaría esta ley. A mí me parece que lo que hubiera dicho el abuelo del señor Cuadrado no es un argumento importante -digo esto porque consta en el 'Diario de Sesiones'- ni un dato relevante, con todo el cariño al señor
Cuadrado, por supuesto. Señora ministra, cuenta con nosotros para tomar las medidas legislativas y económicas que sean necesarias para el reconocimiento de la formación en general y de la mujer del mundo rural en particular, así como al
cooperativismo, que apoyamos también. No solamente hay que apoyar con más medios financieros, sino con una mejor formación de cuadros y de cooperativistas.
En esta especie de tótum revolútum que podemos plantear en un par de minutos nos parece adecuado que en el tema de la ganadería, y concretamente hablando de residuos, no solamente se hable de los MERC, sino también de purines y de orujos.
Aquí hay que colaborar efectivamente con otros ministerios y comunidades autónomas, y es urgente una normativa que se ha intentado varias veces aprobar y que en administraciones anteriores tuvieron oídos sordos quienes debían colaborar. Señora
ministra, nos tiene aquí para colaborar en un tema que es importante.
Además, yo no conozco ninguna ganadería en la que en los últimos meses se haya muerto ni un solo animal. No sé adónde van, no sé que hacen. Si S.S.
o su equipo lo saben, me
gustaría que nos lo comunicase para tener alguna idea de por dónde van algunos de estos residuos, porque entiendo que hay que tomar una medida urgente al respecto. No solamente apoyaremos las medidas que se tomen, si son racionales, sino que en
esto y en general en la sanidad animal nunca actuaremos como actuó el PSOE cuando haya una crisis de este tipo. No quiero ni recordar la actuación de cada uno respecto a las vacas locas.
Señora ministra, le he oído hablar poco en cuanto a energía, igual para biodiesel que para gasolina. Hay una normativa que se está quedando corta. Aquí sí que la colaboración con las comunidades autónomas es esencial, y sobre todo hay que
ver cómo podemos -con S.S. a la cabeza- entrar en el inexpugnable criterio del Ministerio de Hacienda, porque todos sabemos dónde está el problema en este tema. El biodiesel y las gasolinas podían ser la solución de grandes áreas para los cultivos
herbáceos de buenas zonas de España.
Respecto a los seguros agrarios le he visto poco entusiasmo, señora ministra. Créame que entendemos que está bastante bien enfocado el tema, y lo que hay que hacer es crear nuevas líneas cada año. Le voy a poner un reto: que cada año
aumente el presupuesto al menos lo que ha aumentado en la última legislatura. Esto sería suficiente para abrir nuevas líneas de seguros y para aportar nuevos recursos. En definitiva, se trata de potenciar de manera importante un arma moderna de
desarrollo agrario en la Unión Europea que, por cierto -como sabe S.S., y si no se lo digo yo-, están copiando o tratando de copiar otros países porque los seguros agrarios están bastante bien desarrollados en España.
No ha dicho ni una sola palabra de la investigación agraria, aunque ya sé que está fuera del marchamo presupuestario de este ministerio. Le pido que por lo menos eche un vistazo permanentemente a la cuestión de los investigadores agrarios
porque lo necesitamos, así como lo relativo a de seguridad alimentaria, trazabilidad, análisis, etiquetado, OMG, etcétera.
En todos estos temas cuenta con nuestro apoyo.
Finalmente -y le prometo, señor presidente, que acabo de verdad-, respecto a la política agraria común, la señora ministra ha dicho que pasa por alto y que se ha conseguido lo máximo posible. Yo también paso por alto, pero le reitero mis
palabras de hace unos días: el resultado ha sido un desastre y un fracaso. ¡Qué le vamos a hacer! Me gustaría felicitarle, pero no puedo. Usted expresa buena voluntad, pero lo cierto es que ha empezado mal y además ha continuado mal porque
nosotros ofrecimos la posibilidad de aprobar aquí una iniciativa parlamentaria para aportar fondos nacionales en el caso del olivar, y se votó también que no. Yo creo que se avecinan malos tiempos para el olivar, lo dije entonces y lo reitero
ahora, porque en general se está pidiendo del orden de 300 euros por hectárea en el olivar de baja producción, y a este portavoz no le salen los números. No sé de donde va a salir. En todo caso, en la reunión con los representantes de las
comunidades autónomas supongo que empezarán a buscar la solución que, repito, este portavoz y mi grupo no ven por ningún sitio. Tampoco veo de dónde van a salir los fondos, salvo que S.S.
en una segunda intervención nos sorprenda agradablemente
con los fondos que hacen falta para la reestructuración de las desmotadoras fundamentalmente en los pueblos andaluces.
En cuanto a la aplicación de la reforma de la PAC -sigo su metodología y es con lo que termino-, existe inquietud en el campo porque se sabe que hay que hacer un pago único con un nivel de desacoplamiento que todavía no sabemos cuál es,
tanto para herbáceos, como para vacuno, etcétera.
Pero es que además existe una inquietud política ante las manifestaciones de algún consejero -concretamente quien lleva estos temas en la Comunidad Autónoma vasca- respecto a que no se acepta la
aplicación uniforme de la reforma de la PAC. En este sentido, también en Cataluña se ha dicho algo respecto a separarse de la normativa común. En este momento este portavoz y mi grupo tenemos que estudiar a fondo los reglamentos comunitarios para
ver si se permite regionalizar la PAC o si no se permite, y, por tanto, actuar en consecuencia mi grupo como tal, apoyando a S.S. en aquellas decisiones que entendamos que son oportunas. Porque para esto y para la condicionalidad ya está próximo
el 1 de enero de 2005, lo otro ya sé que es el 1 de enero de 2006, y también hay que ver qué se hace con la modulación del 3 por ciento y cómo empieza a tomar acuerdos la Conferencia sectorial, en la que le deseamos suerte y éxitos. Es más, en este
tema de la aplicación de la reforma de la PAC ofrece S.S. un diálogo en esta Cámara. Aceptamos el diálogo, para opinar igual o distinto, para llegar a acuerdos o no, pero, señora ministra, cuenta con el Grupo Parlamentario Popular para ese diálogo
en el Congreso y estoy seguro de que en el Senado, porque entendemos que es un tema importante donde se juega el futuro de la agricultura para los próximos años. Es más, le ofrecemos la posibilidad de hacer un grupo de trabajo, una subcomisión o
cualquier otro tipo de actividad parlamentaria para que sus acuerdos sean no sólo -y los deseo- con las comunidades autónomas, sino también con quienes representamos la voluntad popular. Repito, en el fondo lo que queremos es que el 66 por ciento
de la renta en el que está ahora el sector agrario respecto a los otros sectores, los niveles de empleo y los niveles de ingresos mejoren, es decir, que cumplamos el artículo 130 de la Constitución, que dice lo que dice y que nosotros apoyamos sin
reservas porque deseamos lo mejor para el campo, y en ese sentido le deseamos lo mejor para su gestión.
Mi compañero quisiera hablar en una breve intervención sobre el tema de la pesca, ya que este portavoz, natural de Cuenca y de tierra tan adentro...
(Rumores.)
Señor presidente, he terminado mi intervención.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, ha sido usted respetuoso con el tiempo, solamente se ha pasado cuatro minutos de los quince que le correspondían. Espero que el probado talante y talento del señor García Díez le haga exponer su posición
sobre el tema de pesca en el menor tiempo posible.
El señor GARCÍA DÍEZ: No voy a replicar a ningún comentario, sino a aprovechar el breve tiempo que me queda, felicitando, como ha hecho mi compañero, a la señora ministra y a todo su equipo, dándole igualmente la bienvenida y deseándole
toda clase de éxitos porque, como usted sabe, señora ministra, sus éxitos serán los de este importante sector al cual yo hoy quiero representar modestamente.
Como gallego también, igual que usted, señora ministra, voy a creerme ciegamente, al menos ahora al principio, las palabras que el señor Rodríguez Zapatero pronunció en su discurso de investidura cuando replicaba o contestaba a uno de los
portavoces del Grupo Mixto: Estoy convencido de que me creerá si le digo que tanto la agricultura como la pesca y la ganadería van a tener en la titular del Ministerio de Agricultura del Gobierno de España una buena conocedora y una buena defensora
de la realidad de aquella tierra. Se estaba refiriendo a nuestra tierra, señora ministra. Yo quiero igualmente pensar hoy esas mismas palabras. También suscribo las palabras del señor Madero, mi compañero, y hago mías sus palabras de ofrecimiento
y de diálogo, de transparencia y de colaboración como oposición, pero también anuncio una oposición no sólo constructiva sino también firme con los intereses de los marineros y de todos los afectados por el sector pesquero en general.
Usted sabe
mejor que yo probablemente que la importancia del sector pesquero es vital no solamente para Galicia sino también para toda España. Es el único sector español que ocupa el primer puesto en Europa en el ranking de los distintos sectores económicos,
por encima de la industria naval, que está en segundo puesto, y por encima de la agricultura, que está en el quinto puesto. Es el primero. Lo habitual en estas comparecencias es expresar la política que se recoge, como usted dijo al principio, que
se enmarca dentro de un programa con el que se concurre a unas elecciones y también aquellas ideas que se plasman en el discurso de investidura del candidato a la Presidencia de Gobierno. De aquel día y de hoy me queda una misma preocupación, y es
que no hubo ni una sola mención a la palabra pesca. En el discurso de investidura del presidente del Gobierno no aparece la palabra pesca en ninguna de las líneas que conforman ese discurso y durante una hora y pico que habló el presidente del
Gobierno no mencionó la palabra pesca ni una sola vez. De ahí la inquietud que se me pudo haber generado y que espero que se pueda despejar. Además, en ese debate se deberían haber conocido los elementos que fijan su política y también las
prioridades dentro de este sector, y cuando en más de una hora no ha habido ni una sola mención, permítame que tenga la obligación de manifestar mi preocupación. Mejor dicho, para ser más fiel a la verdad, es cierto que si en el discurso de
investidura no se pronunció ni una sola vez, en la sesión de la tarde, cuando se contestaba a la intervención de los distintos portavoces, en la contestación a un portavoz del Grupo Mixto, también paisano nuestro, se le dijo: Le diré además que el
Gobierno hará todos los esfuerzos por buscar nuevos espacios para el fortalecimiento y la recuperación de la actividad pesquera que afecta a Galicia y alguna otra comunidad autónoma.
Pues uno de esos esfuerzos, señora ministra, le rogaría que se
hiciera en una dirección, en la de buscar en la negociación importante, a la que me referiré muy brevemente al final, de asumir el proceso de acuerdo sobre la adopción de la Constitución europea que se mantenga el mismo poder de decisión y bloqueo
que se alcanzó con el Tratado de Niza. Créame que para el sector pesquero eso es no solamente fundamental sino también vital para su mantenimiento.
De su programa y del discurso de investidura ya he hecho alguna mención, pero sobre esta comparecencia quisiera decir brevemente que no hemos escuchado compromisos concretos. Sólo he escuchado reiteradamente la palabra impulsar, la palabra
apoyar y la palabra dialogar, que no es poco, pero no he escuchado ningún compromiso concreto. Y de su programa electoral, que he leído -y espero que todos los que somos nuevos en esta Cámara leamos todo porque para eso somos nuevos y nos tenemos
que empapar de todo para participar activamente en todas nuestras actividades-, le puedo asegurar que no he visto nada de lo que ustedes recogían para reforzar el papel de España en la política pesquera común en relación con la pesca ilegal, en
relación con los recursos, en relación con la política de investigación y en otra serie de aspectos bastante importantes. Espero que tengamos ocasión de escuchar algo más sobre estos temas. Y hoy aquí la señora ministra ha realizado una
declaración de intenciones, como no podía ser de otra manera, además de buenas intenciones, que es como debe ser. Sin embargo, tenga presente que en los temas que afectan al sector pesquero no se deben practicar nunca golpes de efecto ni
demagogias. No se puede jugar con miles de personas que viven de este sector porque, con independencia del peso que yo citaba al comienzo de mi intervención del factor económico, de su peso en el PIB, para la sociedad española, cuando se habla de
pesca, se habla de algo muy imbricado en su cultura, de algo que yo diría que tiene un componente emocional. Por ello le pido, señora ministra, que fomente y busque la política de acuerdos. Usted nos ha dicho en su primera intervención que
interpretó que los resultados electorales traían consigo -y así lo ha dicho- un nuevo mensaje de la sociedad española en el que, decía, debe practicar un modelo no basado en el enfrentamiento. Empecemos por buscar ese acuerdo y ahora de manera
inmediata en el tema al que me refería hace breves instantes. Cuando se alcancen los acuerdos necesarios para la adopción de la Constitución europea, busquen por encima de otros intereses que España mantenga el mismo poder de decisión y bloqueo que
alcanzó con el Tratado de Niza. En ese campo, que es auténtica política de Estado,
se negocia sin debilidad. Si buscan la unanimidad de la Cámara y con la requerida prudencia, que también hace falta y mucha, y con unidad política, tendrán un éxito del que, además de todos nosotros, se va a congratular todo el sector
pesquero. Para el Partido Popular los armadores y marineros constituyen el núcleo social de un sector básico para la economía de numerosas comarcas costeras españolas. En el anterior Gobierno del Partido Popular se negaron siempre a considerar a
la pesca como un sector marginal, como en gran medida se pretendía desde Bruselas.
Le pedimos esa misma actitud.
Termino ya, si me lo permite, formulándole un ruego y cuatro preguntas muy breves para las que rogaría respuesta, si es posible, en su segunda intervención. Tema Marruecos. Ha habido unas declaraciones que es bien cierto que se han ido
matizando y corrigiendo, pero la señora ministra anunció ayer -dice el periódico que tengo a mi vista y como en él en muchos otros- que se ha puesto en contacto con su homólogo marroquí para retomar las negociaciones en materia pesquera, de acuerdo
con el acercamiento emprendido con la visita al país magrebí del presidente del Gobierno. Yo le pregunto: ¿han solicitado ya el mandato de negociación a las autoridades comunitarias? Segunda pregunta: ¿piensa mantener su departamento, señora
ministra, la política estricta de tallas que está recogida en los reglamentos comunitarios? Tercer tema, que hoy está de actualidad, el del gasóleo: ¿apoyará la señora ministra la adopción de medidas conducentes a paliar los efectos negativos para
el sector pesquero causados por las importantes subidas del gasóleo de estas últimas semana, medidas como -le apunto tres- el establecimiento de bonificaciones en las cuotas empresariales en la Seguridad Social, la apertura de líneas de préstamos
con interés bonificado a los armadores y, finalmente, medidas que permitan la mejora de la fiscalidad directa? La última pregunta: ¿piensa impulsar la modificación de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, conocida como de pesca marítima del Estado? Sólo
le pido un sí o un no, y si es un sí, en qué aspectos la piensa modificar y en qué plazos.
El ruego es reiterativo al ya formulado, y estas si que son ya mis últimas palabras: le pido que su Gobierno y usted, como miembro de él, apoyen en el proceso de acuerdo sobre la adopción de la Constitución europea que mantengamos el mismo
poder de decisión y el mismo poder de bloqueo que alcanzamos con el Tratado de Niza. Fíjese en lo que le digo, si es importante para España, lo es todo para el sector pesquero.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Grau.
El señor GRAU BULDÚ: Al igual que los anteriores intervinientes, doy la bienvenida a la señora ministra a esta Comisión porque, además, se suma a su voluntad de estar presente en ella una petición de comparecencia por parte de nuestro
grupo. Entendemos que es conveniente una exposición general de la voluntad del Gobierno al inicio de la legislatura para conocer las grandes líneas de actuación que va a tener su departamento durante esta legislatura.
Nos ha gustado mucho oír a la señora ministra que su voluntad era de diálogo, así como también que en esta Cámara tuviera vida la legislación sobre temas agrarios. Aunque el talante resultante de las últimas elecciones sea de apertura al
diálogo, con un mayor debate de todos los temas para que todas las partes implicadas puedan dar su opinión en la elaboración de leyes de consistencia para el futuro, me permitirá que nuestra posición sea desde un prisma más nacionalista, ya que
nuestro grupo representa una parte del territorio español con una especificidad propia. Nosotros queremos participar en ese diálogo y en ese debate que nos lleve a conseguir leyes válidas para todos. Nos ha gustado su propuesta porque nos ha
hablado de responsabilidad, nos ha hablado de agricultura familiar, nos ha hablado de modificación de la Ley de Arrendamientos, nos ha hablado de nuevas relaciones interprofesionales, nos ha hablado de transparencia y de trazabilidad, que
prácticamente eran los temas que este portavoz tenía preparados para la réplica a su exposición.
Quería comenzar aludiendo, aunque usted lo ha pasado por alto, a su intervención de la semana pasada relativa a los acuerdos del Consejo de Ministros de Luxemburgo en relación con las ayudas de la PAC para el algodón, el tabaco y el aceite
de baja producción. Nuestro grupo siempre ha defendido que sean las propias comunidades autónomas las que, en un momento determinado, actúen como portavoces del Estado español en determinados problemas. Los catalanes no tendríamos ningún problema
en que Andalucía y Extremadura fueran las representantes del Estado español (usted ha dicho que defendería los recursos que presentaran estas comunidades ante Europa si se sentían afectadas por esas resoluciones), y de la misma forma entendemos que
Cataluña puede ser un buen portavoz en los temas de frutos secos. Creemos que en el tema del aceite podríamos participar con Andalucía desde un prisma diferente, pero desde el consenso de dos comunidades que tienen una problemática distinta: una,
de producción; otra, de baja producción.
Esa corresponsabilidad que usted ha mencionado entre el ministerio y los consejeros de agricultura de las diferentes comunidades autónomas es lo que crea una visión general del Estado español frente a Europa. Por ello, me gustaría conocer
las previsiones del Ministerio de Agricultura ante la reciente ampliación a 25 miembros de la Unión Europea; querríamos saber si ya tiene hechas esas previsiones o si esta Cámara, junto con el ministerio, tendrá que llevar a cabo las acciones
necesarias para las nuevas ayudas agrícolas que vengan a
partir de 2006-2010, marcando unas pautas de actuación con las comunidades autónomas para obtener una política común frente a la Unión Europea.
El portavoz de nuestro grupo en la anterior legislatura insistió en la necesidad de la territorialización en las ayudas de la PAC porque las comunidades autónomas tienen que ser corresponsables. En el tema del arroz, por ejemplo, Cataluña
ha sido corresponsable, limitando producciones para que no hubiera excedentes a fin de evitar penalizaciones de la Unión Europea. Tendrían que ser las comunidades que no tienen esta previsión las penalizadas, o al menos las perdedoras de
determinadas ayudas. ¿Por qué no puede el ministerio forzar, o al menos entender, que esa corresponsabilidad de producciones que evitan excedentes, o la territorialidad de las ayudas de la Unión Europea, no se puede hacer con una doble base, la de
corresponsabilidad entre todas las comunidades autónomas respecto a las producciones? De esta forma, el Estado español tendría menos problemas de discusión en la Unión Europea y por otra parte las comunidades autónomas no establecerían una lucha
entre ellas, o al menos no se forzaría la penalización de unas y otras en virtud del hecho de que una no ha cuidado la producción o al menos no ha corregido los excedentes, porque una vez producido ese excedente se produce la penalización por parte
de la Unión Europea y la reducción de las ayudas.
Me ha gustado mucho oír que usted está por la producción agrícola, ganadera y pesquera. Ha hablado de transparencia, ha hablado de seguridad alimentaria, y yo lo aplico directamente tanto a la ganadería como a los productos del campo. Creo
que la transparencia es muy positiva y realmente habrá que ahondar en esta ley que usted nos ha propuesto para crear una confianza en los servicios, para que se puedan evitar enfermedades en la ganadería, para que se produzcan controles efectivos
entre las distintas comunidades y no exista la necesidad de transferir cadáveres de una comunidad a otra o que haya tratamientos distintos, como pasó con las vacas locas. Valorar la calidad, en definitiva, es una forma de garantizar que el
consumidor tenga más confianza en los productos.
La trazabilidad en esta seguridad de la producción agraria creo que tiene que forzar a las comunidades autónomas a cumplir las normas. En este caso volvería al tema de la administración única, porque hay veces que, por ejemplo, se produce
la inspección de una barca en un mismo día por parte de la Guardia Civil y de los Mossos d´Esquadra o los representantes del Departament de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat. ¿Por qué no se puede establecer una transferencia total de
estas actuaciones? O, cuando sean transferidas a una comunidad, que sea una transferencia total, sin existir reparos para que se hagan dos inspecciones distintas sobre un mismo hecho. Esto genera presión sobre el productor y molesta o al menos
complica la gestión tanto de unos como de otros. Yo le insto a que se revisen los traspasos hechos a las diferentes comunidades autónomas y donde haya responsabilidades de una comunidad autónoma se instrumente la transferencia total y paralelamente
se evite una doble actuación tanto de la Administración del Estado como de la comunidad autónoma.
Ha hablado usted del Plan Nacional de Regadíos. También desde el prisma territorial le hablaría de la incidencia básica del plan Segarra-Garrigues y los canales que están afectos al Plan Hidrológico Nacional. Básicamente en el canal
Segarra-Garrigues me gustaría, si no hoy al menos lo más pronto posible, conocer una manifestación más clara de la posición del Gobierno, porque también habrá que continuarla con la Generalitat. La Unión Europea nos ha marcado la revisión de las
zonas esteparias y reconducir un poco el proyecto general, y ello ha frenado el proyecto de Segarra-Garrigues; no hay coste total; no hay plazo de ejecución determinado, y en el momento en que la Confederación Hidrológica del Ebro, a través de
Casega, ha solicitado la cesión de los agricultores ha generado que menos de un 8 por ciento se hayan adherido al tema porque es un cheque blanco, sin fecha, sin costes, sin nada. Y esto nos lleva a un tema que me ha quedado pendiente de su
intervención, y es que ha vinculado los riesgos al coste del agua. Me gustaría si pudiera al menos aclarar este tema del coste del agua, porque como usted sabe el canal Segarra-Garrigues tiene una doble zona: una, de riego intensivo; otra, de
riego complementario, riego de soporte. Posiblemente esto ha generado uno de los problemas de este plan de riegos del Segarra-Garrigues, y quisiera saber sobre esta indefinición o este costo del agua cuáles son las políticas o qué es lo que le ha
hecho decir que el coste del agua se definirá en función de los cultivos.
También desde Cataluña tenemos un programa para el plan de choque de rehabilitación de las Garrigues, donde se han producido unas heladas desde el año 2001, que generaron rápidamente una actuación por parte de la Generalitat de Cataluña, que
se complementó con un acuerdo del entonces Conseller, señor Grau, con el ministerio de un plan de choque o de rehabilitación de los cultivos que necesitaban un apoyo de Bruselas.
Este tema tiene un cierto retraso y me gustaría que lo tomara en
consideración para que este programa mantuviera una de las premisas que usted ha dicho en su discurso, que era la de los agricultores fijados en la tierra y el equilibrio medioambiental.
Esto lo ligo a estos complementos de ayudas en los que posiblemente degenere el programa de la PAC para los agricultores de baja producción y que en un acuerdo hecho prácticamente a nivel de todo el Estado español precisaba la posibilidad de
que las ayudas para dichos agricultores se agruparan en un pago único al mínimo de 300 euros por hectárea. Esto posiblemente dará lugar a una negociación más adelante. Le admito que hoy no estamos aquí para resolver este tema, sí para tomarlo en
consideración, ya lo fue la semana pasada en el Pleno, y
dijimos en nuestra intervención que era necesaria una interprofesional importante en la que todos los sectores implicados y todas las comunidades afectadas pudieran participar para que tuviéramos estas ayudas en cada una de las comunidades
afectadas.
A nivel de frutos secos el señor Moraleda, secretario General del MAPA, dijo hace unos días, y así nos lo solicitaba el colectivo de Tarragona, que la Orden ministerial 717, del 2004, que establecía una ayuda de 24l,5 euros por hectárea, en
total, sumada la ayuda de la Unión Europea con la de la Generalitat, que se establecía en 60,37 euros por hectárea, si era voluntad del Ministerio aportar la misma cantidad de 60,375 para que se diera esta ayuda pactada con los agricultores.
Respecto al tema de la pesca, debería reducirse el impacto de la doble inspección. Nosotros entendemos, desde la vertiente mediterránea, que es preciso unificar la legislación sobre las áreas de pesca, y sobre todo asegurar una pesca
mediterránea, que al menos nos permita en Cataluña que las paradas biológicas o las vedas biológicas que se realicen sean de cumplimiento general. Existen problemas en este momento de pescadores de otras áreas que, como no tienen obligación de
respetar convenios que las propias cofradías establecen de no pescar, incumplen estas vedas y vienen a pescar en zonas determinadas. Por ello creo que faltaría un complemento, y en esto ya incidiremos más adelante, en el sentido de que se respeten
estos derechos de los pescadores.
También es lógico que se organice de alguna forma, en zonas límites sobre todo, una gestión territorializada de la pesca, marcando una regulación de horarios y también que se respeten estas vedas. Nuestro grupo propondrá más adelante una
subcomisión para un estudio en profundidad de la pesca española, para revisar lo que es la flota y seguir en la línea que usted ha dicho de asegurar la trazabilidad de toda la pesca que se haga de acuerdo con tamaños, en zonas protegidas y en épocas
permitidas.
Por ello, y termino ya, señor presidente, dándole las gracias por su amabilidad, pedimos para Cataluña una competencia exclusiva en agricultura y ganadería en los temas traspasados; una asunción más completa en competencias de sanidad
alimentaria y medioambiental.
Entendemos que esto tiene que ser fruto del acuerdo del consejo que he dicho antes.
Igualmente nos gustaría saber cuál es su posición sobre una posible cesión de la gestión del catastro rústico a la Generalitat de Cataluña y, como le he dicho antes, a la regionalización de las producciones.
Nada más, reiterando mi agradecimiento y a la espera de que los buenos deseos de la señora ministra se cumplan en esta legislatura y podamos llevar adelante muchos proyectos, sea mi bienvenida a esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Torres.
El señor RAMÓN TORRES: Permítame, en la intimidad de estas comparecencias en sesiones, primero, que la felicite por su nombramiento como ministra de Agricultura y, después, que tenga un gran éxito en esta legislatura, porque de lo que se
desprende de su primer discurso en esta Comisión creo que van a salir beneficiadas, primero, las familias agrarias que hacen de este sector su forma de vida; segundo, el medio ambiente, porque creo que ha especificado claramente que éste también ha
de ser un sector importante en este tipo de actividades; y, tercero, el país en general y el Estado español para que esto pueda seguir adelante.
Esta tarde en mi primera intervención en esta Comisión quería establecer un poco cuáles van a ser las prioridades o los principales criterios que va a seguir mi grupo en esta Comisión de Agricultura en esta legislatura.
Le voy a especificar
en cinco grandes ámbitos cuáles van a ser estas prioridades: en primer lugar, creo que sería importantísimo reconocer la especificación de la actividad agraria. Por eso quiero sumarme al portavoz de Convergència i Unió sobre la importancia que
tendría la regionalización de las ayudas a la PAC para que cada territorio pueda potenciar sus necesidades básicas, ya que cada autonomía del Estado español tiene sus necesidades propias.
También me sumaría al ejemplo que ha especificado el portavoz de Convergència i Unió sobre el arroz. El sector del arroz tiene una cota máxima de superficie para ser cultivado de unas 107 hectáreas en todo el Estado español y Cataluña y
Valencia no suelen pasar de las extensiones que les corresponden. Extremadura, Sevilla o Aragón suelen sobrepasar estas extensiones máximas y esto produce que Cataluña o Valencia reciban menos subvenciones de las que deberían. La penalización en
estas ayudas supone un agravio para el sector. Me gustaría que en su segunda intervención nos expusiera cómo prevé solucionar este tipo de problemas que surgen en las penalizaciones y que sufre según la zona a la que se pertenezca, por culpa de que
se exceda en las extensiones agrarias.
Igualmente le instaría a superar el actual sistema de ayudas proporcionales al volumen de producción o a la dimensión de las explotaciones. Los recursos públicos tienen que ser reorientados progresivamente
hacia los productores que suscriban un contrato con la sociedad. Este contrato, que tendría que pasar por la administración agraria, debería contener las condiciones de producción que han de respetar los agricultores y ganaderos para preservar,
sobre todo, los recursos naturales, el espacio agrícola, el paisaje y la prestación de unos servicios comunes para este tipo de sector. En este primer grupo de peticiones me gustaría solicitarles una implicación máxima al ordenar la actividad
ganadera intensiva con criterios de sostenibilidad y territorialidad. En este contexto, quiero hacerle mención especial a la gestión de los residuos del sector porcino. El Real Decreto de 23 de diciembre de 1998 hizo posible la instalación de
plantas de tratamiento de purines con generación en Cataluña. En este período se ha constatado que mejora la gestión de los purines de las explotaciones ganaderas y que respetan claramente el medio ambiente.
Señora ministra, la experiencia
ha sido, a mi entender, un éxito. Pero la propuesta del nuevo real decreto que establece la metodología y la sistematización de este tipo de producción de energía eléctrica no establece un precio estable para la producción, con lo que las plantas
se convierten en insostenibles. Me gustaría que su departamento, junto con el de Medio Ambiente y el de Energía, replantearan este nuevo real decreto y no bajaran las primas a este tipo de energías porque estas plantas -según se ha demostrado y
claramente en la zona de la que soy natural, Lleida- son una salida muy viable al problema que padecen estos sectores debido al excedente de purines. Creo que tendríamos que intentar que estas plantas fueran cada vez más viables porque, aparte de
que nos ayudan a gestionar el excedente de residuos, han hecho que en estos sectores los agricultores formen cada vez más cooperativas y busquen un plan común de gestión de estos residuos. Ya que usted ha comentado que le gustaría que el sector de
las cooperativas siguiera adelante, este ha sido un ámbito en el que el sector ganadero de Lleida ha llegado a generar cooperativas, lo que es una buena manera de intentar paliar el problema de los residuos de purines.
También nos interesa asegurar la transferencia tecnológica. El gran crecimiento y desarrollo de la tecnología en el ámbito de la producción agraria hace necesaria una rápida adaptación de los cambios del sistema de producción. Otro factor
limitativo del desarrollo agrario, que se suma a los anteriores, es que la estructura de unidades empresariales agrarias no puede dedicar por sí mismas los recursos necesarios a R+D. Quisiera que también pudiéramos dar un impulso a este factor. Por
consiguiente, como le decía, su ministerio, debería potenciar y finalizar medidas para posibilitar el acceso a la transferencia tecnológica. Es también importante -dentro de este primer grupo de cuestiones- promover al agroturismo como actividad
turística que ofrezca a los profesionales de la agricultura un complemento de su renta. Hace falta también diferenciar esta actividad del resto de actividades turísticas que operan en el mundo rural. Creo también imprescindible diversificar la
actividad agraria, potenciando los productos tradicionales. Asimismo, le pediría que se aplicase una fiscalidad diferente adaptada al sector agrario catalán.
El segundo grupo de cuestiones que deseo tratar con usted esta tarde es la producción de alimentos de calidad o de potenciar la calidad de los diferentes alimentos. En contraposición a la creciente liberalización de los mercados y para
garantizar la seguridad de los alimentos, una política de diferenciación, certificación y control de los productos de calidad nos permitiría, primero, sumar un valor añadido a unos productos sometidos a una creciente competitividad y, segundo,
asegurar a los consumidores una calidad y una seguridad alimentarias en el nivel de exigencias. Debido a recientes escándalos, como el denominado de las vacas locas o de las dioxinas, entre otros, que han ocasionado perjuicios a personas pero
también a los productores del sector, es necesario encontrar un método para garantizar la seguridad y la calidad de los alimentos. Los alimentos son vistos por los productores como un elemento de salud, es decir, que tienen que ser seguros.
Asimismo, en Cataluña hay unos hechos alimentarios y gastronómicos que están profundamente arraigados en la sociedad y que son definitorios de nuestra identidad como cualquier otro hecho cultural diferente. Los objetivos a potenciar en este tema
tendrían que ser los siguientes, señora ministra. Primero, garantizar la trazabilidad del mayor número de alimentos, cosa que usted ya ha comentado en su intervención, lo que le agradezco. En segundo lugar, diversificar y consolidar la industria
agroalimentaria, lo que tendría que ser una salida lógica a la viabilidad del sector y de las zonas rurales. En tercer lugar, fomentar y promover las producciones de calidad ecológicas y tradicionales. En cuarto lugar, organizar interprofesionales
que agrupen a todos los agentes encargados de la producción, comercialización y distribución.
En otro ámbito, quisiera destacar la necesidad del equilibrio territorial en el sector de la agricultura. Es importante el reconocimiento de la multifuncionalidad agraria; dotar de infraestructuras agrarias necesarias para el desarrollo de
la actividad agraria. También es importante el acceso a las nuevas tecnologías en el mundo rural. En muchas ocasiones las zonas rurales se ven excluidas de la implantación de las nuevas tecnologías. Este es un importante problema que para la
industria alimentaria y para la competitividad del mercado sufren estas zonas. Me gustaría que el Ministerio de Agricultura pudiera potenciar sistemas o medidas para que las nuevas tecnologías pudieran llegar cada vez más al mundo agrario. Es
necesario también proteger los territorios agrarios para evitar la especulación inmobiliaria. El despiadado intrusismo especulativo ha hecho desaparecer muchos agricultores de las zonas agrarias. Gentes con grandes rentas utilizan la tierra como
simple hecho especulativo, generalmente pagando precios desorbitados, mientras que el agricultor que hace de ella su forma de vida no puede pagar los precios que antes ha pagado alguien ajeno al sector. Una buena solución sería la creación, como ha
dicho usted, de un banco de tierras para asegurar la continuidad de las empresas familiares agrarias y para que los jóvenes que quieran crecer no tengan que pagar esos precios que a veces son abusivos. Le insto también a que, en el marco de una
política agraria, interfiriera para que la Generalitat de Cataluña tuviera acceso directo a las instituciones europeas y que se hiciera una revisión exhaustiva de las leyes estatales que afectan a las competencias catalanas en el sector agrario.
En lo referente al sector de la pesca, creemos que es indispensable garantizar la sostenibilidad de la explotación pesquera a largo plazo, en un marco de respeto de la naturaleza. Es básico crear un marco de discusión entre el sector, las
administraciones y la comunidad científica donde se lleve a cabo el análisis del problema y la búsqueda de soluciones. También es imprescindible incorporar las herramientas de gestión reconocidas y recomendadas internacionalmente como, por ejemplo,
un código de conducta de pesca responsable, medidas técnicas, gestión del esfuerzo pesquero, un enfoque ecológico de la actividad, el impulso de planes de recuperación, áreas protegidas y el principio de precaución.
En esta primera intervención también me gustaría decirle, señora ministra, que Cataluña debe asumir, de una vez por todas, las competencias en materia de pesca para incrementar la eficacia de la gestión pesquera.
Algunos de los problemas
pesqueros en Cataluña se derivan de la imposibilidad de hacer una política propia. La Generalitat de Cataluña sólo tiene competencias en aguas interiores, lo que en el caso de Cataluña representan poco más de 2.300 kilómetros cuadrados -sólo el 15
por ciento de sus aguas jurisdiccionales- y menos del 10 por ciento de las aguas donde normalmente pesca la flota catalana. Esto hace que la Generalitat de Cataluña no pueda hacer una política pesquera propia, ya que fuera de las aguas interiores
puede pescar cualquier otra flota proveniente de los puertos españoles, sin que la Generalitat pueda decir nada a esto.
Estos han sido, señora ministra, mis primeros planteamientos en esta Comisión. Más adelante, me gustaría ir tratando los temas que importan al Grupo de Esquerra Republicana, en los que nos gustaría llegar a acuerdos con su ministerio para
sacar adelante este sector. También me gustaría sumarme a la petición hecha a su ministerio por el portavoz de Convergència i Unió, para que colabore, como ya le dije en la intervención de la proposición no de ley que discutimos en Pleno la semana
pasada, en la financiación del plan de recuperación de las heladas de los olivos que sufrió el sector el año 2000. Es un sector que está sufriendo el problema de las heladas y la Generalitat tiene muchos problemas para la financiación de este plan
de recuperación. Me gustaría que el ministerio ayudara a este plan, impulsando alguna medida que consiguiera una solución.
Quisiera volver a reiterar que me gustaría que esta fuera una legislatura de gran éxito para su persona y que, de esta manera, se vieran potenciados el sector agrícola, ganadero y pesquero de nuestro país, de este Estado y de Cataluña.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Bienvenida y buenas tardes, señora ministra. Le deseo sinceramente un Gobierno eficaz y acertado. Se lo deseo como grupo, sinceramente, se lo deseo como diputado y se lo deseo también como agricultor.
Me ha parecido la suya una exposición muy bien intencionada y me permitirá que, dada la premura del tiempo que nos ha concedido la presidencia, trate de concretar y, sobre todo, de ceñirme a la materia que más nos afecta, fundamentalmente a
Euskadi y, por extensión, a la cornisa cantábrica. Le voy a plantear dos temas de carácter genérico. El primero de ellos sería el de las normativas de carácter básico. Nosotros solicitamos un cambio sustancial en la actuación normativa del MAPA
en agricultura y pesca, donde se ha estado legislando en estos últimos cuatro años de manera generalizada, con normas a las que se les confería carácter básico, en la mayor parte de los casos, en aplicación del famoso artículo de interés económico,
soslayando de facto las competencias estatutarias en materias de las comunidades autónomas. Esta forma de gobernar, que nos ha llevado a esta involución autonómica, no es de recibo. Las materias, como sabe la señora ministra, están transferidas y,
por lo tanto, se ha de ser coherente con el Estado que en estos momentos tenemos.
La segunda cuestión, de tipo genérico, que me gustaría plantearle, es la presencia en los foros comunitarios decisorios en materia de agricultura y pesca. Reclamamos presencia con voz en los foros decisorios comunitarios, fundamentalmente
en los consejos de ministros de Agricultura y Pesca, donde se debatan asuntos importantes que afecten a nuestro ámbito de gestión. Se debe regular la composición de las delegaciones estatales en estos foros, con criterios acordes a la estructura
autonómica del Estado y para ello tiene usted modelos en Alemania, Bélgica y Austria, de acuerdo a las capacidades competenciales de las comunidades autónomas en esta materia. En estos momentos el MAPA prepara los consejos de ministros de Bruselas
con el resto de las comunidades autónomas, a través del llamado Consejo Consultivo para Asuntos Europeos, pero parte del hecho de la presencia exclusiva del MAPA en la delegación estatal representando a las comunidades autónomas.
Respecto a la participación en el Consejo de Ministros, en concreto en el asunto de la pesca, hasta la fecha, la involucración en las decisiones que se adoptan en los consejos de la Unión Europea en materia pesquera se traduce únicamente en
la información que SG-pesca transmite de forma previa y posterior a dichos consejos. No hay intervención, ni en la definición de las posiciones ni en las estrategias de negociación ni tampoco en apoyo técnico y de conocimiento. En lo que debería
ser algo lógico y natural, como es la participación de las comunidades autónomas en aquellos aspectos que nos afectan de manera directa, se ha tomado hasta la fecha un exquisito celo, precisamente, para todo lo contrario.
Es un profundo error, ya
que con el
actual procedimiento de actuación, al final, salimos todos perjudicados, incluyendo el propio sector pesquero. Un ejemplo reciente es el acuerdo que se alcanzó entre España y Portugal para la pesca, dentro de la CEE portuguesa, relativa a
varias especies en general y a los túnidos en particular. Se alcanzó un acuerdo para los meses de julio a septiembre, justo en el momento en que las capturas de túnidos se realizan en otros caladeros, ello a pesar de que, con anterioridad, se le
había indicado al MAPA que el período de interés era desde mediados de septiembre hasta mediados de diciembre. Este error, afortunadamente, fue subsanado posteriormente, mediante acuerdo de la comisión de seguimiento. Con respecto a la presencia
en los consejos de ministros de pesca, proponemos nuestra participación y presencia activa directa dentro de la delegación del Estado. Con el actual modelo de Estado, la participación de las comunidades autónomas, señora ministra, se debería hacer
de un modo natural.
Me referiré después a temas concretos de pesca, pero continuo ahora con temas concretos de agricultura, refiriéndome a los siguientes puntos. El primer punto sería la aplicación de la reforma de la PAC. Me expresaré en la misma
terminología en que lo ha hecho el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, diciendo que nosotros, desde el Gobierno de Euskadi, desde el Partido Nacionalista Vasco, no asumimos una aplicación nacional de la reforma de la PAC. Creemos necesario
reabrir con el MAPA el debate de la aplicación regional, y dejar constancia clara de nuestra voluntad y, además, de nuestro derecho a ejercer esta posibilidad que nos brinda la reforma de la propia PAC. En este sentido, señora ministra, nuestras
argumentaciones se basan en los siguientes puntos. La no vinculación de nuestra comunidad autónoma al acuerdo de la conferencia sectorial el pasado día 3 de octubre, por el que se establecía una aplicación nacional de la reforma de la PAC en el
Estado español, en virtud del propio reglamento interno de la conferencia sectorial, que en su artículo 15.2 establece la vinculación a un acuerdo sólo si se vota favorablemente al mismo, caso que no se dio en nuestro posicionamiento sobre este
asunto en la conferencia sectorial.
En segundo lugar, nuestra capacidad jurídica de decisión, basada en nuestra capacidad competencial en esta materia, como en la jurisprudencia constitucional ligada a la potestad autonómica de poder actuar hasta un Estado miembro. El
espíritu del reglamento horizontal del Consejo, abierto plenamente a la actuación regional, en el que tienen perfecto encaje aquellos Estados de carácter federal y autonómico, con gran peso de sus regiones. Otro argumento sería la mayor capacidad
de aplicar políticas activas desde la aplicación regional y, por tanto, defender los intereses sectoriales, instrumentos como la reserva de derechos regionales, la posibilidad de modular hasta el 10 por ciento de los límites regionales y la
posibilidad de elegir los tipos de desacoplamiento sectoriales más convenientes.
Resulta muy poco convincente el argumento utilizado en defensa de la aplicación nacional por el MAPA y otras comunidades autónomas de que dicha aplicación asegura un trato igualitario y homogéneo, también, son palabras textuales, en todo el
Estado. ¿Cómo se puede defender a estas alturas, preguntamos, el mismo tratamiento para realidades estructurales tan distintas y tan distantes, para agriculturas, para climatologías y para estructuras tan diversas? ¿Desde cuándo la agricultura
española es igual y homogénea en toda su extensión? Finalmente, no es de recibo que una cuestión de tanto calado como esta, que va a condicionar la política agraria de todo un Estado, se despache con una simple votación en la conferencia sectorial,
sin un serio debate a fondo. El propio libro blanco que aquí se ha mencionado, ha tardado casi dos años en elaborarse.
En este tema coincidimos con el propio portavoz de agricultura del Partido Socialista Obrero Español, que en la legislatura
anterior, en el Congreso de los Diputados, y ante la enmienda del señor ministro a la Ley de acompañamiento a los presupuestos, mantuvo esta misma posición.
El siguiente tema que nos preocupa, y nos preocupa profundamente, pues afecta a todo la cornisa cantábrica, fundamentalmente, y a otras áreas del Estado, lógicamente, es el sector lácteo. Señora ministra, usted es consciente que el sector
lácteo se encuentra, como mínimo, en una situación tremendamente delicada. No voy a plantear aquí el número de explotaciones que en los últimos 10 años han dejado de existir. Existe leche fuera de cuota, mucha leche fuera de cuota, y existe leche
fuera de calidad, mucha leche fuera de calidad. El efecto de esto usted sabe cual es: el agricultor que está produciendo esa leche está recibiendo unas cantidades irrisorias por ella. Las industrias transformadoras y lácteas que están
comercializando dicha leche están haciendo una competencia desleal grande a los que están actuando dentro del marco de la ley. Esta situación tiene que ir acabándose. Es una situación enormemente delicada, enormemente preocupante y que incide
enormemente sobre la triste realidad del sector productivo lácteo. Otra cuestión, quizá menor pero también importante, son las relaciones comerciales respecto a la producción láctea entre el Estado español y el Estado francés. Señora ministra,
usted es consciente de que la producción láctea en el Estado francés cuesta entre un 20 y un 30 por ciento más. En el mercado francés, los precios están entre un 20 y un 30 por ciento más altos que en el Estado español; no hay manera de exportar
leche al Estado francés, no se manda apenas leche al Estado francés y, en cambio, viene leche francesa al Estado español. Hable usted con las industrias lácteas de esta situación, porque no puede seguir así. Usted debe saber que en estos momentos
existe normativa estatal en proceso de impugnación, los reales decretos 347, 271 y 291 del año 2004; yo les pido que
presten a ello la máxima atención teniendo también la máxima flexibilidad.
Cuestiones que, a nuestro juicio, se deben resolver en relación con las cuotas lácteas son: La salida de cantidades de referencia de leche de vaca de las comunidades autónomas se debe renegociar. Se debe permitir la compensación, en primer
lugar por comprador y, posteriormente, a escala estatal. Se debe dar mayor relevancia a las actuaciones, decisiones e informes de las comunidades autónomas en materia de transferencia de cantidades de referencia de leche de vaca desvinculadas de la
explotación, además asumiendo en los distintos casos los informes, tanto favorables como desfavorables, de las propias comunidades autónomas; y lo mismo para la gestión de la tasa láctea, la inspección, la autorización o denegación de los
compradores, el registro de los compradores, la recaudación de la tasa láctea en periodo voluntario o en vía ejecutiva y compensaciones de cantidades de referencia. Otra cuestión. Se debe dar mayor protagonismo a las comunidades autónomas en los
sistemas de trazabilidad de la leche (letra Q) y en el establecimiento de mecanismos de control, constitución y llevanza de registros. En esta línea solicitamos una serie de modificaciones de la normativa estatal, como el propio Real Decreto
347/2004, en el sentido de limitar las transferencias de cantidades de referencia o de leche de vaca desvinculadas de la explotación, autónomas, a una determinada cantidad; por ejemplo, les proponemos un 1 por ciento de la suma de cuotas de los
ganaderos de dicha comunidad, que es como volver a la normativa anterior del año 1998.
También, condicionar las transferencias de cantidades de referencia de leche de vaca desvinculadas de la explotación al cumplimiento de determinados requisitos y
condiciones, lo que también sería una vuelta al real decreto del año 1998. Asimismo proponemos que se modifique el Real Decreto 299, en el que regula el régimen de la tasa láctea. Permitir la compensación, en primer lugar, al comprador y,
posteriormente, a escala nacional. Autorizar la inspección de la tasa láctea a las propias comunidades autónomas. Autorizar la recaudación de la tasa láctea en periodo voluntario y vía ejecutiva a las comunidades autónomas. Permitir la
autorización o denegación de compradores a las comunidades autónomas así como su registro. Dada la premura de tiempo, seré muy esquemático.
Solicitamos la transferencia de la competencia en seguros agrarios y la supresión de las cámaras agrarias
así como la modificación de la Ley de Arrendamientos Rústicos. También, que se proceda a la elaboración de una ley básica de agricultura.
Respecto a la pesca, comenzaré por las demandas financieras de los fondos IFOP. Como consideraciones previas, me gustaría señalar lo siguiente. El DOCUP, desde el 2000 hasta el 2006, fuera del Objetivo 1, en el Estado español está
integrado por el País Vasco, Cataluña, Baleares, Madrid, Aragón, Navarra y Rioja. En el DOCUP anterior, nuestra comunidad autónoma tenía una asignación inicial del 60 por ciento de los fondos IFOP de las comunidades autónomas -exceptúo la
asignación del MAPA-. Resulta que Euskadi fue la única comunidad autónoma que ejecutó plenamente su asignación; al final, se le ha reconocido oficialmente una ejecución del 63 por ciento, aún cuando acreditó una ejecución del 66 por ciento. En el
DOCUP 2000-2006, la dotación de fondos IFOP se ha incrementado en un 67 por ciento respecto a la dotación del programa anterior, pero en el reparto de fondos entre comunidades autónomas, aunque parezca increíble, el País Vasco es la única comunidad
autónoma que ve reducida, a pesar de ese aumento, su participación en dicho DOCUP; sólo tenía una asignación inicial del 57 por ciento, mientras que otras comunidades autónomas tienen una asignación inicial superior a la que pedían. Por otra
parte, durante el año 2003 se ha realizado y enviado a Bruselas la evolución intermedia de eficacia de dicho DOCUP. Este informe, en su apartado de conclusiones sobre la eficacia financiera y eficiencia del DOCUP, señala que la gestión realizada
por nuestra comunidad autónoma ha sido el motor principal de dicho DOCUP. De hecho, los pagos que ha realizado el País Vasco suponen el 68 por ciento. Basándose en esta evaluación, la Unión Europea ha decidido conceder una cantidad adicional de
fondos IFOP, 9,1 millones de euros, retenidos como reserva de eficiencia para primar positivamente la eficacia de dicho DOCUP. Por tanto, se debería reestudiar el planteamiento realizado y, en su caso, abonar al País Vasco los fondos IFOP 2000-2006
que le corresponderían, al menos en el mismo porcentaje de reparto que tenía asignado en el programa anterior. Podría materializarse reasignando los remanentes que le he comentado o distribuyendo la reserva de eficacia comunitaria exclusivamente a
quien haya cumplido con sus compromisos y redistribuir entre las comunidades autónomas los fondos IFOP ya asignados en funciones de criterios de eficacia.
Otro asunto que quiero plantearle, señora ministra, y en el que ya han incidido otros portavoces, es el relativo a la inspección pesquera, el problema que se está presentando de doble inspección. Las competencias transferidas corresponden a
la pesca en aguas interiores, marisqueo y acuicultura, así como la ordenación del sector pesquero sólo en lo que respecta al desarrollo legislativo y ejecución de la legislación básica del Estado. Como materia susceptible de traspaso se encontraría
la vigilancia e inspección pesquera en aguas jurisdiccionales. Tiene ahí un amplio abanico de posibilidades para flexibilizar, para acordar con las comunidades autónomas. Este abanico va, desde el máximo, que sería la transferencia a las
comunidades autónomas -y en este caso a Euskadi- de la pesca marítima en las aguas correspondientes al litoral, hasta la modificación del concepto de aguas interiores o el establecimiento de una encomienda de gestión. Nosotros le proponemos que lo
estudie para poder negociarlo.
Cuestiones que consideramos importantes respecto a la flota de altura: La actual normativa imposibilita la acumulación de días de esfuerzo por unidad pesquera más allá de los 315. Debido a la compartimentación de las áreas de pesca, este
límite es absolutamente insuficiente. Asimismo está impidiendo procesos de reestructuración de empresas, cuyo objetivo sería concentrar dicho esfuerzo en un menor número de unidades pesqueras, haciéndolas más competitivas. Es fundamental que el
real decreto sobre la eliminación de los límites de acumulación de los derechos de pesca salga con la mayor rapidez posible. Es esencial programar y diseñar las concentraciones oportunas, a fin de asegurar una flota competitiva. El reglamento de
esfuerzo en aguas occidentales contempla una sensible reducción del esfuerzo de la zona octava. Se han mantenido encuentros con el sector y parece que se está proponiendo corregir esta reducción; nosotros apoyaríamos dichos acuerdos.
La flota de bajura. Señora ministra, el famoso acuerdo de Arcachon.
Negociado en su día por el Partido Socialista -reconozco que con un desconocimiento de todos de cómo iba a evolucionar- y reeditado en el año 2003 ha supuesto unas
condiciones de absoluta discriminación hacia la flota de bajura del Cantábrico, especialmente la vasca. El ministerio despreció la opinión unánime del sector y de las administraciones del Cantábrico, que inicialmente se planteó, tras un pacto entre
el ministro Arias Cañete y el consejero de Agricultura y Pesca del Gobierno vasco, que había liderado la definición de una propuesta de escenario de concesiones máximas y contrapartidas mínimas, escenario absolutamente equilibrado y que permitía
algo que parece fundamental y es que reinvierta un mínimo beneficio en aquellos que son detraídos de cuota, es decir, la bajura del Cantábrico. El ministro se desentendió de dicho pacto y, después de dejar escenificar durante meses al sector
pesquero una negociación ficticia con el sector francés, alcanzó un acuerdo en el que cede la cuota -la bajura es la que sale perjudicada- y no han conseguido nada para este sector que no sea la parada primaveral, que es una parada forzosa para la
flota francesa. Es necesario replantear las contrapartidas ofrecidas y esta negociación se puede hacer anualmente; nosotros le propondremos en una próxima reunión las contrapartidas que a nuestro juicio se deberían considerar para la flota de
bajura.
Hay algunas cuestiones sobre cebo vivo en Burdeos o sobre autorización de túnidos en todos los caladeros. Como usted sabe, desde hace décadas también, la flota, una vez terminada la campaña de túnidos en el golfo de Vizcaya en septiembre u
octubre, tradicionalmente acude a diferentes caladeros. Pues bien, el año pasado se adoptaron una serie de decisiones que se encaminaron a entorpecer esta extensión de campaña. Estas situaciones no se pueden reproducir. En el caso de los túnidos,
y dado su carácter migratorio, sería conveniente que existiera una única autorización para todas las zonas y en el caso de las zonas de terceros países se debería facilitar al máximo la tramitación del PTP, lógicamente siempre que existan acuerdos.
Recientemente, como usted sabe, se ha publicado en todos los periódicos, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un conflicto positivo planteado por el anterior Gobierno del Partido Popular respecto a un conflicto de competencias de
acuerdos con Mauritania. Pues bien, el señor Fischler, personalmente, ha dicho que este acuerdo ya está plenamente solventado y que está en pleno vigor, incluso indicó que se ha visto reforzado por el interés que han mostrado empresas pesqueras en
ampliar el marco de cooperación. Señora ministra, la admisión a trámite de estos viejos residuos jurídicos no es admisible, sobre todo, porque una orden del nuevo Gobierno podría suspender perfectamente dicha tramitación.
Voy a terminar, señor presidente, y le agradezco su buena voluntad.
Me referiré al tema del Prestige, que colateralmente le afecta. Hubo una clara voluntad política ante la situación y ante el dramatismo que se produjo en toda la costa gallega inicialmente; el resto de las comunidades autónomas tuvimos
tiempo para poder actuar y recoger la mayor cantidad de fuel en el mar aunque dicha competencia fuera del Estado central. Las instituciones vascas han gastado más de 55 millones de euros en esta cuestión. 215 barcos con más de 1.000 pescadores han
recogido 21.100 toneladas. Señora ministra, la flota vasca ha recogido más del 60 por ciento de todo el fuel emulsionado que se recogió en la mar, incluyendo las costas gallegas, cántabras, asturianas y vascas. En estos momentos, los marineros que
intervinieron en dichas actuaciones -me estoy refiriendo a la recogida del fuel en alta mar- no están pudiendo acceder a las ayudas por el tiempo que no pudieron faenar en la mar en las mismas condiciones que el resto de las comunidades autónomas.
Por tanto, le solicito -y con esto finalizo, señor presidente- que trate de que se pague a estos marineros las indemnizaciones como al resto de los marineros por los periodos en que no pudieron acceder a dichos trabajos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, el señor Pérez Martínez tiene la palabra.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Quiero unirme a las felicitaciones ya manifestadas a la señora ministra y a su equipo y desearle lo mejor para esta legislatura. Su intervención nos suena bien y en muchas de sus partes tiene bastante que ver con
cuestiones que nosotros también nos planteamos como preocupaciones. Nos agrada oír hablar de la agricultura familiar, de diálogo con las organizaciones de profesionales, nos agrada todo eso, pero también subrayaría una palabra que usted ha dicho
y que creo que es el reconocimiento de una realidad: la palabra dificultad. Nosotros pensamos que el momento en el que se encuentra la agricultura española en el marco de la política agraria comunitaria, con los últimos gobiernos que han
mandado en nuestro país, no es desde luego el mejor. Lo cierto es que en las últimas legislaturas se ha producido un fuerte retroceso de la actividad agraria en su conjunto y de la calidad de vida en el medio rural. Los datos indican que en los
últimos cuatro años ha descendido el valor de la renta agraria en valores constantes, justamente en un sentido contrario al de la economía en su conjunto y en comparación con el resto de los sectores productivos. También se ha reducido la
aportación de la actividad agraria al producto interior bruto. Sin duda, el comportamiento más negativo de esa realidad se da en el caso del empleo, donde hay un descenso fuerte en la ocupación y principalmente entre los autónomos del sector, que
eran titulares de explotaciones familiares en un número aproximado de 750.000 en 1996 y menos de 550.000 a día de hoy. El indicador más relevante de esa situación es que el descenso progresivo de los presupuestos del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación entre 2001 y 2004 se sitúa en torno al 11 por ciento a precios constantes. Por tanto, para nosotros la primera conclusión es evidente: si no hay recursos, no es posible llevar a cabo ninguna política, y tampoco la política
agraria.
Como usted conoce seguramente, nuestra opinión en lo que se refiere a la reforma de la Política Agraria Comunitaria es negativa. Se trata de un cambio histórico muy perjudicial para la mayoría social del sector agrario en nuestro país y la
llamada reforma intermedia de esa política es en realidad un cambio en el modelo de apoyo a la agricultura europea y que representa un paso previo a su desmantelamiento. Las verdaderas razones de esa reforma intermedia son de carácter
presupuestario y así lo viene demostrando el desarrollo de los diversos consejos que se dan en el ámbito europeo. En el Consejo de Copenhague se establecieron unas condiciones leoninas para la adhesión de los nuevos miembros, cuyas consecuencias
sin duda se van a hacer notar a largo plazo. En la cumbre de Bruselas, con el acuerdo del Gobierno español, se adoptaron nuevos límites para el gasto agrícola hasta el 2013. Se decidió la congelación del gasto agrario con incrementos de un 1 por
ciento. Esto quiere decir que por el simple hecho de la inflación y hasta 2013 evidentemente se disminuirá en términos reales el gasto agrario en Europa. Queda por financiar la parte de la Organización Común de Mercado del sector lácteo decidida
en la Agenda 2000 y que aún no ha entrado en vigor. No obstante, creemos que los mayores problemas pueden residir en la ampliación europea. Se ha congelado el gasto que se efectúa para 15 países y evidentemente hay que satisfacer ahora las
necesidades de 25 y después de la adhesión de Rumania y Bulgaria, de 27. Por tanto, cuando usted emplea la palabra dificultad nosotros tenemos que decir que coincidimos, que no va a ser fácil y que nos hacemos cargo de lo valiente que en algunos
momentos es su discurso. Hay dos grandes tareas. Por una parte, instrumentar las medidas necesarias para que el campo español pueda hacer frente a esos desafíos que plantea el siglo XXI y, por otra parte, deshacer -desfacer que diría el clásico-
los entuertos de la anterior legislatura. Que España disponga de un medio rural vivo, con un sector agrario respetuoso con el medio ambiente, dinámico, competitivo y basado en el modelo europeo de agricultura, es decir, el de la explotación
familiar agraria, nos parece un reto no pequeño.
En el capítulo de enmendar errores, nos alegra coincidir con algo que usted ha dicho en esta comparecencia, que la reforma de la actual Ley de Arrendamientos Rústicos debe hacerse y además en los aspectos que usted ha señalado, en la
capacidad de contratar exclusivamente a los profesionales, la duración de los contratos en cinco años y los derechos de tanteo, retracto y adquisición preferente. Como me parece que esas son prácticamente las palabras que usted ha dicho, no tenemos
sino que ponernos muy contentos por coincidir con usted. De otra parte, la obligación que tiene el Gobierno, creemos nosotros, para hacer una política social y de verdadero progreso en el campo y que no es otra que la reforma en profundidad de la
Seguridad Social agraria, una reforma que evidentemente debe contar con la participación de los agentes sociales del sector, con las organizaciones profesionales agrarias, las organizaciones sindicales y las cooperativas. Y hay otra cuestión, por
citarle tres en un tiempo que evidentemente no puede ser muy amplio, y es que nosotros pensamos que no hubo una buena gestión en la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina, la EEB, más conocida como el mal de las vacas locas. En aquellos
momentos, quien hoy es secretario general de Agricultura dijo que no había vacas locas sino hombres estúpidos. Y nosotros creemos que habrá llegado el momento de recuperar la cordura para, entre otras cosas, que el Gobierno solucione los problemas
originados a los ganaderos por el Gobierno anterior en esa crisis, eliminando de forma inmediata el certificado veterinario, que entendemos como un engaño a los consumidores, como papel mojado e inservible para los ganaderos, y que supone costes
importantes para el sector. No hablamos de otros aspectos que nosotros consideramos fracasos también, de políticas concretas, como el Plan Nacional de Regadíos o la ordenación del sector lácteo, problemas que sin duda tendrán su solución hablando y
sentándose con los afectados, con el sector.
Pensamos que es necesaria una estrategia que marque otros objetivos y nosotros propondríamos una ley-marco de agricultura y de desarrollo rural, que desarrolle el concepto de multifuncionalidad de la actividad agraria, que impulse un modelo
de agricultura familiar, sostenible y social, adaptado a las nuevas demandas que la sociedad hace del sector agrario y del medio
rural y que tenga al agricultor profesional como protagonista. Usted ha hecho referencia a una ley básica que reordene la dispersión del marco legislativo actual y que haga frente a esos retos del siglo XXI y, como estamos absolutamente de
acuerdo, no podemos sino manifestar esa coincidencia y hacerlo con agrado. Nos agrada mucho oír hablar de la incorporación de agricultores y de agricultoras jóvenes, creemos que ese debe ser un objetivo prioritario de las políticas agrarias para
esta legislatura y nos hubiera gustado algún compromiso en cuanto a cuantificación a la hora de hablar de esas incorporaciones, teniendo en cuenta la crisis por la que pasa el medio rural en nuestro país. Nosotros creemos que debe reconocerse -me
parece que también ha dicho algo de eso- a la mujer agricultora, para que tenga su propio protagonismo dentro de las políticas agrarias. Y hablaríamos de desarrollar un estatuto jurídico de la agricultora, legislando la titularidad compartida de la
explotación familiar agraria.
En otro orden de cosas, como usted conoce, el 80 por ciento de la superficie española es considerada zona desfavorecida y se trata de evitar el despoblamiento de estas zonas, para que no se conviertan en auténticos desiertos en lo que se
refiere a presencia humana. Eso hace necesario el mantenimiento de la actividad productiva agraria con medidas como el incremento de la indemnización compensatoria, inscrita dentro de las medidas de acompañamiento de la política agraria
comunitaria, y reguladas en el reglamento de desarrollo rural, que está aprobado en el marco de la Agenda 2000. Y debería hacerse no sólo como una mera ayuda a la renta, sino, por qué no decirlo, como una forma de recompensar ese aspecto
multifuncional de la actividad agraria en los territorios menos productivos. El medio rural vivo es esencial para la agricultura y la agricultura evidentemente lo es para que exista aquél, el medio rural.
Por eso entendemos que es necesario
aplicar una política de desarrollo rural integrada, en el sentido de mejorar la capacidad competitiva, asegurar la rentabilidad económica, social y medioambiental de la explotación agraria e incidir en medidas de fomento de la calidad de los
alimentos, de la industria agroalimentaria, la agricultura sostenible y la creación de empleo a los habitantes del medio rural.
Pensamos que es necesaria la mejora del actual Plan Estratégico de Agricultura Ecológica, especialmente en lo que hace referencia a las ayudas específicas así como a la contaminación con cultivos transgénicos, control y certificación y los
llamados falsos bio. Cada vez se evidencia más el papel que la producción ecológica juega en nuestro campo, no sólo por su beneficio ambiental, sino también por el papel social y de conservación del saber tradicional. La calidad alimentaria que
lleva consigo es demandada cada vez más por los consumidores más informados.
Recientemente, el ministerio ha publicado su plan estratégico, con fecha 19 de enero de 2004, y nosotros entendemos que faltan algunos pilares fundamentales, que no pueden
quedar sin resolver en esta legislatura.
Entre ellos destacamos la cuestión referente a las ayudas que no dependen de las comunidades autónomas, las ayudas que proponemos y que podrían ser equiparables a las que se conceden en otros países
comunitarios, en función de criterios de reequilibrio, del tipo de producción, de la generación de empleo, del rescate de técnicas artesanales, el beneficio ambiental, etcétera.
No nos olvidamos del peligro de los cultivos transgénicos. Nosotros pensamos que se tienen que aplicar medidas de protección de las producciones ecológicas, que sean de obligatorio cumplimiento y sin cargo a los productores ecológicos.
Ayer mismo, la Comisión Europea aprobaba la comercialización de un tipo de maíz, el Bt-11, concretamente, y por lo que yo sé por la prensa -es la única información que tengo-, la señora ministra de Medio Ambiente se ha sorprendido de esta medida y
hasta donde sabemos usted se ha abstenido. Nos gustaría un pronunciamiento, si me lo permite, más atrevido que el de la abstención, una explicación, que nos pudiera ayudar a comprender mejor su posición.
En lo relativo al control y certificación públicos, estamos sufriendo un fenómeno de privatización del control y de la certificación de las producciones ecológicas por medio de entidades con ánimo de lucro.
Creemos que ha de reforzarse el
papel y la gestión de los consejos reguladores de producción ecológica y fomentar su acreditación como corporaciones de derecho público. Evidentemente, la certificación para nosotros ha de ser pública, gratuita y participativa. No puede coexistir
la denominación bio para cultivos no ecológicos y ecológicos, sobre todo los que vienen de otros países, como Italia o Francia. Entendemos que ha de derogarse el Real decreto 506/2001 que lo permite y cumplir con el derecho comunitario, que protege
este término para las producciones ecológicas. Son necesarias políticas efectivas de calidad y seguridad alimentaria, mediante el desarrollo de una ley de calidad, que facilite la armonización en materia de calidad, que se agilicen los controles y
se establezcan sistemas de trazabilidad. Se ha de intensificar la persecución del fraude y el control en frontera. La persecución del fraude entendemos que reclama la intensificación del control, porque creemos que son preocupantes los productos
contaminados provenientes de terceros países, que ejercen una competencia desleal con nuestra producción y que suponen un agravio para la salud del consumidor. Además, cada vez son más los aspectos que han de controlarse, por lo que las
administraciones públicas han de dotarse de más personal y con formación especializada para llevar a cabo los controles.
Aunque pensamos que no afecta directamente a su departamento -y yo anteayer decía en la comparecencia del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales que los grupos pequeños que tenemos la oportunidad de estar
en muchas comparecencias ante distintos ministros tenemos la ventaja también de escuchar al mismo tiempo a muchos responsables del Gobierno-, con permiso del señor Solbes, nosotros creemos necesario hablar de la fiscalidad para el agricultor
profesional, en el sentido de establecer la eliminación de la normativa que habla de la definición de ganadería independiente y el establecimiento del gasóleo profesional. Les anuncio la iniciativa que Izquierda Unida presentará en breve para el
establecimiento del gasóleo profesional así como para la implantación de un sistema estadístico fiable sobre los aspectos económicos de nuestras explotaciones. Hay que incentivar las inversiones medioambientales, en investigación, desarrollo, en
innovación. Al objeto de poder instaurar ese gasóleo realmente profesional, reclamamos la necesidad de reducir considerablemente la tributación que grava el gasóleo agrícola, mediante la aplicación del tipo reducido del IVA y, al mismo tiempo, la
aplicación de un tipo equivalente a 3 pesetas/litro en el impuesto especial sobre hidrocarburos, en sustitución del tipo actual.
Respecto a la implantación de la Red Natura 2000 sabemos que la inclusión de territorios en esta red ecológica va a condicionar y a regular la acción humana en estos espacios y queremos expresar nuestra preocupación ante la incertidumbre
para el sector agrario en relación con la red, ya que desconocemos cómo va a verse afectada a la actividad agrícola y ganadera en estas zonas protegidas. Por tanto, es de esperar que existan unas compensaciones por los costes adicionales y por las
pérdidas de rentas que los profesionales agrícolas sufran en sus explotaciones.
Como veo la luz roja y quiero ser lo más respetuoso posible con el tiempo termino diciendo algo en relación con la industria agroalimentaria y con los problemas que se han puesto de manifiesto el pasado verano en cuanto a los excesivos
márgenes comerciales en productos alimenticios, tanto frescos como transformados. Creemos que es necesario un plan estratégico en defensa de los precios justos para los productos agrícolas y ganaderos; creemos que es necesario un seguro de
explotación gestionado por los propios agricultores con el objetivo de estabilizar las rentas agrarias; creemos necesario la creación del consejo agrario, destinado a funciones de consulta, asesoramiento, asistencia en materia agraria; creemos que
hay que potenciar el I+D+I agrario con una mayor participación de los agricultores y ganaderos en todo el proceso; creemos que es necesaria una nueva ley de semillas y variedades vegetales que debe recoger los nuevos condicionamientos, la
producción y materias como conservación de la biodiversidad, variedades de transgénicos y exigencias sanitarias; creemos que los organismos modificados genéticamente y su impacto en el mundo agrario representan un riesgo para la biodiversidad y
para la producción agrícola variada y que no es posible su coexistencia con los no transgénicos sin contaminación cruzada, por lo que la moratoria debería continuar; creemos que hay que establecer un plan integral de sanidad vegetal, cuyo objetivo
debe ser una producción más respetuosa con el medio ambiente y con la salud de los trabajadores; creemos que es necesaria la planificación y gestión del agua y los regadíos como una cuestión esencial para una agricultura competitiva, y creemos que
hay que incrementar los esfuerzos en la prevención de los riesgos laborales.
Señora ministra, no insistiré en otros temas en relación con la pesca, como han hecho otros portavoces, excepto nuestra manifiesta preocupación, de la que sí quiero dejar constancia, en lo que se refiere al abuso de la inmigración en un
marco difícil, desde el punto de vista legal, por no hablar de ilegalidad y de sobreexplotación de la inmigración, de la precarización del empleo de los trabajadores del mar. Sí quisiera preguntarle cómo prevé su ministerio la incorporación, la
participación de los agentes sociales, en los comités regionales de pesca de la Unión Europea que se van a constituir. Le repito que nos gusta la música, nos gusta oír hablar de ley básica, nos gusta hablar de plan de modernización, de la
incorporación de los jóvenes, del papel de la mujer, del modelo europeo de agricultura, nos gusta todo eso, pero pensamos que el problema de los recursos es un problema importante que habrá que solventar evidentemente con el ministerio responsable.
Y nos agrada que usted reconozca desde el principio que tiene por delante una tarea difícil, porque así se lo han dejado.
El señor PRESIDENTE: Correspondería el turno al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, pero no veo a ningún miembro del mismo en la sala y por tanto, pasamos al Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra la señora Fernández Dávila.
La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: En primer lugar, y ya que no pude hacerlo, por falta de tiempo, cuando dirigí una pregunta a la señora ministra en Pleno, quiero aprovechar la oportunidad para felicitarla por el cargo que le fue encomendado y
desearle muchísimos éxitos, en la medida en que serían también éxitos de los sectores que el ministerio en sí mismo tiene que administrar. Repito mis felicitaciones, además porque somos paisanas.
He estado atenta a su intervención y en principio tengo que manifestar que efectivamente usted ha dicho cosas que nos ha agradado oír. Nos ha agradado oír que tiene previsto comparecer en esta Comisión todas las veces que los diputados y
diputadas consideremos necesario interpelarla, además de por voluntad propia; también que tiene usted pensado hacer en los próximos años una serie de aportaciones legislativas para mejorar la situación agraria y pesquera. Por lo tanto, aunque
nuestra actitud sea reconocer que la serie de medidas que usted acaba de decir son positivas, tendremos que
esperar el tiempo necesario, ya tendremos bastantes oportunidades durante esta legislatura para analizar si efectivamente estas políticas se desenvuelven. Lo mismo ocurre, en lo que se refiere al apartado legislativo, en el debate de las
leyes que ustedes presenten. En principio entendemos que es importante algo que usted ha comentado al respecto de crear un marco legal para las explotaciones familiares; cuestión que como usted sabe en Galicia es muy importante porque la mayoría
de las explotaciones son pequeñas o medianas y prácticamente todas son familiares.
Algo que nos preocupa, que usted ha comentado, es el régimen especial agrario, que en los últimos tiempos ha tenido un proceso muy negativo en lo que se refiere a la cobertura social de los trabajadores agrarios, ya que se convirtió el
régimen especial en un régimen de autónomos. Nosotros en su momento entendimos que no debía ser así y esperamos que ustedes, a partir de ahora, modifiquen, si no la derogan, aquella ley que modificó este régimen especial, que nosotros entendemos
que tenía que tener modificaciones, pero no las que tuvo. Concretamente me estoy refiriendo a modificaciones que permitan que más de una persona de la misma familia pueda formar parte o pueda adscribirse a ese régimen especial. En el sector
agrario de Galicia, quizás porque son muchas las mujeres que están trabajando en él, el hecho de que el marido fuera la parte correspondiente de adscripción al régimen especial agrario imposibilitaba que las mujeres pudieran ser también
beneficiarias de este régimen especial; incluso, si el marido era autónomo, las mujeres no podrían adscribirse al régimen especial agrario.
Existe una cuestión que nos parece importante y que tiene que ver con lo que usted ha planteado sobre políticas que impulsen la incorporación de los jóvenes al sector agrario; nos parece imprescindible. Aunque lo recibimos con optimismo,
como le decía anteriormente, ese optimismo no está exento de cautela porque evidentemente esto tendremos que verlo en el futuro; esas políticas que usted acaba de comentar se harán en combinación y consensuando con las diferentes comunidades
autónomas y en este caso, con la Comunidad Autónoma de Galicia. Nos parecen importantes las políticas de incorporación de los jóvenes al sector agrario porque realmente es una forma, quizás la única, de asentar las poblaciones en el sector rural en
un momento en que la despoblación es evidente y alarmante.
Señora ministra, dentro del optimismo y dentro de que valoramos, como ya dije, positivamente las medidas que usted acaba de comentar aquí, permítame que le diga que esto contrasta mucho con la realidad que existe y sobre todo con la realidad
que emana de la política agraria común. No sé yo si realmente por parte del Gobierno va a existir la voluntad política necesaria para modificar todos aquellos aspectos negativos que la política agraria común tiene en sí mismo, particularmente en
los acuerdos que se aprobaron el año 2003. Su intervención ha sido muy general, y entiendo que tiene que ser así, pero nosotros no podemos menos que estar interesados en hablar de particularidades, sobre todo porque son aquellos problemas que en
estos momentos están afectando al sector y a las personas que en él trabajan y a la economía que estos sectores generan.
La incongruencia que yo mencionaba o el contraste entre lo que usted acaba de comentar y la política agraria común está relacionada con problemas que hoy nos afectan. Usted sabe que la reciente reforma, que fue apoyada por el Gobierno
anterior, se hizo sin contar con los sectores implicados, sin un diálogo necesario para considerar, de alguna manera, las repercusiones que estas medidas iban a tener en el sector agrario en general en el Estado español y en particular en Galicia,
que es lo que yo conozco más profundamente.
Desde nuestro punto de vista, los acuerdos del año 2003 suponen continuar una política de modelo agrario a nivel europeo caracterizada por potenciar la agricultura comercial favorecedora de las grandes explotaciones relacionadas con mercados
internacionales en detrimento de la agricultura tradicional, conformada por pequeños y medianos agricultores, que propicia el mantenimiento de la población en el medio rural. Como usted decía en su intervención, y yo he comentado, hay una
incongruencia entre lo que emana de esta política común y lo que usted dice de potenciar la agricultura familiar, de potenciar los asentamientos, por tanto las políticas territoriales agrícolas, etcétera, porque esta política agraria común no va en
esa dirección. La política agraria está por decidir en Europa, pero los Estados tienen mucho que decir de la política que se acuerda y eso tiene que ver con la voluntad política que cada Estado exprese en la Unión Europea. Esperamos que la
voluntad política de este Gobierno sea distinta a la de los últimos años, que se pueda modificar y hacer algunas de las cosas que usted dice, por lo menos algunas de ellas.
Respecto a esta política y más en concreto, se está viviendo en el sector lácteo en España en general, y en Galicia en particular, las consecuencias de los decretos del 12 de febrero de este mismo año, los decretos 291 y 217 que fueron
aprobados y elaborados por el Gobierno anterior sin contar con las organizaciones sectoriales representativas, por tanto sin analizar las consecuencias y sin tener unos análisis previos de lo que significarían los problemas que generaría a sus
destinatarios el desarrollo de estos decretos. Estos decretos significan que existe una intención (lo decimos así por la forma en cómo fueron aprobados incluso antes de que la Unión Europea aprobara su propia reglamentación comunitaria) de avanzar
en la reconversión del sector lácteo. Avanzar en la reconversión del sector lácteo en Galicia en estos momentos significaría acabar con el sector lácteo porque la reconversión ya se hizo hace tiempo. En realidad, las pequeñas o medianas
explotaciones tuvieron que agruparse para poder estar dentro de los parámetros que la Unión Europea exige para la producción lechera. Repito que seguir avanzando en una reconversión en el sector lácteo sería acabar con el sector. Me
preocupa una cosa que dijo en su intervención cuando se refirió al abandono inteligente de explotaciones. Eso me preocupó porque lo asocié inevitablemente con el problema que estamos viviendo en este momento.
Los decretos a los que estaba haciendo referencia se justifican para mejorar la trazabilidad y la transparencia en la comercialización de los productos lácteos. Lo que pasa es que nosotros, esa es la práctica, vemos que este decreto sólo
exige el control de la producción lechera a los productores, no se exige en los decretos control al sector transformador.
Por tanto, no hay posibilidad de transparencia cuando menos en lo que se refiere a cómo llegan esos productos al mercado,
porque el control que la reglamentación de estos decretos exige va dirigido a los productores, pero no a los transformadores y tampoco a los comercializadores de los productos lácteos. Ni siquiera se puede saber si se pueden poner en el mercado
productos lácteos compuestos de leche o de polvos, etcétera, que no son los controlados por los productores de leche en este momento en el Estado español y concretamente en Galicia. Queremos saber si, este Gobierno, si su ministerio, tiene la
intención de modificar o derogar esta normativa. Es necesaria una normativa que mejore la transparencia en la comercialización de los productos que llegan al mercado, usted lo dijo. Es necesario cuando menos que se modifique la normativa que
existe y que fue elaborada en estos últimos meses, porque no recoge en absoluto nada de lo que se pretende, solamente crea dificultades al sector, ya que se incrementa la burocracia de manera excesiva sin que, por otro lado, la Administración cree
ningún tipo de medidas de apoyo para que el sector pueda resolver estas dificultades administrativas y de excesiva burocracia que plantea llevar a cabo lo que se exige en los decretos.
Hay otro problema que nos preocupa y tiene que ver también con el sector lácteo y que va en la misma dirección. Se refiere a la cuota láctea y concretamente a las exacciones a los productos de la tasa suplementaria, no solamente en lo que
se refiere a las posibles modificaciones de la tasa suplementaria, sino a la revisión de las sanciones que hay en este momento. El Gobierno debería no solamente revisarlas, sino de condonarlas, en definitiva, eliminarlas como tales, para crear una
situación en el sector lácteo que posibilite la viabilidad futura y unas mejores condiciones.
En el sector agrario dos aspectos nos preocupan, junto con otro que en este momento se está viviendo de manera intensa y al que usted se refirió diciendo que hay que crear legislación a este respecto. Se trata de los transgénicos,
concretamente del etiquetado de los productos que se usan para la manutención de los animales. Se sabe que todos los productos están etiquetados como transgénicos, por lo que si algún ganadero no quiere utilizar los transgénicos como tales y quiere
utilizar otro tipo de productos no es posible porque, al parecer, no existen en el mercado porque las etiquetas están en todos.
Como en el futuro podremos hablar de muchas más cuestiones referidas al sector agrario, voy a entrar en el sector de pesca sin más porque a Galicia el sector pesquero le preocupa muchísimo. Usted sabe que desde la posición de nuestra
formación política y del propio sector de pesca, que usted conoce tan bien como yo, existe la consideración de que la pesca dentro de la política estatal ocupa un lugar residual, por lo menos hasta ahora fue así. De hecho, siempre pensamos que es
necesario crear un ministerio de pesca y creo que en esta ocasión se perdió la oportunidad de que se constituyera. No sabemos por qué no se ha hecho, porque entendemos que existe la suficiente materia que administrar como para que el Gobierno
hubiera tenido en cuenta la creación de este ministerio.
Somos conscientes de que la importancia de este sector en Galicia es mayor porque, aunque digamos que muchas zonas costeras del Estado español tienen importantes flotas pesqueras, la flota
pesquera de Galicia es mayor y, por tanto, es de entender que tengamos también una mayor preocupación por este sector, sobre todo por lo que representa económicamente el sector pesquero no solamente en lo que se refiere a las capturas, sino todo el
complejo mar/industria que es generador de una importante economía, sobre todo, de creación de puestos de trabajo.
Usted, en su exposición, habló de planes de regeneración pero no mencionó ninguno en concreto, por lo que entiendo que tengo que hablar de algunas de las consecuencias de la catástrofe del Prestige. Sólo voy a hablar de algunas porque,
emocionalmente, aún no estoy en condiciones de hablar demasiado del tema. Es cierto que a estas alturas aún no está elaborado (el Gobierno anterior no lo hizo y usted no lo comentó en su intervención) ningún plan de regeneración de la costa que
resuelva, o cuando menos palie, aquellos problemas generados por la catástrofe. Las aportaciones científicas oficiales (en un principio no lo parecía, ahora, prácticamente, sí) aseguran que los próximos años, sobre todo para la pesca de litoral y
el marisqueo, van a ser los más dificultosos porque va a haber menos posibilidades de captura por los problemas de falta de plancton, etcétera, y por toda la contaminación que el Prestige generó en las costas. Nosotros entendemos que debería ser
una prioridad del Gobierno elaborar ese plan de recuperación del litoral y de la costa gallega porque es algo urgente, ya que se ve afectado no solamente el sector del marisqueo sino también el sector de pesca de litoral, que en Galicia quizá sea
tan importante o más que los sectores de pesca de altura.
En cuanto a las ayudas, en Galicia hay 2.000 personas afectadas sin cobrar y pensamos que sería conveniente que el pago de las indemnizaciones que ya se hizo a otras personas se hiciera también a éstas a la mayor brevedad posible, e incluso
que este Gobierno revisara lo que dicen los decretos que regulan las ayudas acerca de que las personas que se adhirieron a estas ayudas (sobre todo al adelanto de esas ayudas) no pueden presentar otro tipo de reclamaciones en el futuro, porque
vuelvo a repetir que las consecuencias del Prestige se van a ver más en el futuro que en el presente. A mí me gustaría saber si su ministerio tiene entre sus prioridades no solamente el plan de regeneración sino también el pago de las ayudas y la
consideración de que las personas afectadas puedan solicitar más ayudas o indemnizaciones según se vaya agravando la situación y por tanto las consecuencias negativas para la actividad que realizaban.
El señor PRESIDENTE: Le ruego vaya concluyendo, señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: Voy concluyendo, señor presidente.
Hay una cuestión que usted anunció en los medios de comunicación y que a nosotros nos interesa mucho, que son las negociaciones con Marruecos.
Usted sabe que la flota pesquera era muy importante y la falta de acuerdos con Marruecos
significó el desguace y muchísima emigración de personas de esas localidades que faenaban en ese caladero. Estamos muy interesados por saber cuál va a ser la postura de su Gobierno en la política de NAFO, en un momento en que hay acuerdos de
reducción de las capturas a un 62 por ciento en un plazo de dos años. Los estudios son controvertidos pero sabemos que el señor Fischler, hasta ahora, no tuvo una actitud decidida en defensa de los intereses de la pesca española, y la gallega en
particular, pero hace pocos días tuvo una actitud diferente en lo que se refiere al caladero del noroeste, donde se consiguió incrementar el TAC de la captura de bacaladilla. Es curioso que algo que era conveniente hacer con anterioridad se acaba
de hacer justamente ahora. No sé si el señor Fischler quiere dejarnos un buen sabor de boca porque hasta ahora no nos ha dejado más que amarguras.
En lo que se refiere a la flota de cerco, ya me contestó el otro día.
Espero que estas entrevistas, si no las tuvo ya, las tenga a la mayor brevedad posible y se pueda llegar a acuerdos beneficiosos para todas aquellas personas y empresas
afectadas, en definitiva para la economía de Galicia.
El señor PRESIDENTE: Para concluir este turno de intervenciones, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Díaz.
El señor DÍAZ DÍAZ: En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, quiero dar la bienvenida a esta Comisión a la señora ministra y desearle suerte y acierto en la resolución de los muchos y diferentes problemas que tiene que
afrontar. La señora ministra sabe muy bien, al igual que todo su equipo, que para este trabajo cuenta con el apoyo incondicional del Grupo Socialista.
Consciente de las circunstancias políticas y también de la dificultad de los problemas que hay que resolver, aprovecho la ocasión para ofrecer al conjunto de los grupos parlamentarios la colaboración del Grupo Socialista para trabajar en
positivo por la agricultura de los diferentes pueblos de España en colaboración y con respeto a las diferentes comunidades autónomas. Señor Txueka, nosotros creemos que el día 14 de marzo comenzó una nueva etapa y queremos que también se vea en
este campo. El tono positivo de todas las intervenciones nos dice que estamos en el buen camino y, sinceramente, yo les digo que el Grupo Socialista y el Gobierno no quieren fallar. En este trabajo queremos contar con la colaboración de todo el
personal de las administraciones del Estado, que trabajan para mejorar las condiciones de vida de trabajadores y empresarios agrarios y del mar.
Queremos comenzar siendo rigurosos y, para planificar con rigor a dónde queremos ir, parece necesario saber dónde estamos y por qué. En un primer análisis, coincidiremos en que una parte importante de lo que en otro tiempo fueron tierras
agrarias, como consecuencia de problemas estructurales, productivos y de mercado, son hoy zonas en declive, con una caída continuada de empleo sin alternativa en el mundo rural, lo que acarrea el consiguiente despoblamiento y abandono de muchos
pueblos y tierras de España, todo ello consecuencia del fracaso de una política que en España y en la Unión Europea debe ser revisada.
Con respecto a la herencia de la que nos hablaba el señor Madero (hablaré hoy de herencia pero no quiero hablar nunca más de ello), he de decir que hay otra herencia, hay una herencia más real y quizá menos aparente que la herencia de la
financiación. En primer lugar, un cambio radical en las políticas de la Unión Europea se aprueba en el año 1983. Esa herencia condiciona todas las políticas que podamos llevar a cabo a partir de ese momento, y hay otra herencia que afecta al
sistema de financiación. Sin incrementar los fondos comunitarios, la Unión Europa se ha ampliado a 25 países, hay 10 países nuevos; es decir, 25 países a repartir una misma tarta que cada vez es más pequeña. Esto es así, señorías, porque en la
Unión Europea está nuestro principal campo de juego. Las condiciones de la adhesión -hay que decirlo- pudieron ser mejores, pero en los últimos años, ya como miembros de pleno derecho, no se aprovecharon las oportunidades. La tarea no era fácil,
pero el Gobierno o bien no puso los medios o no acertó. Un gran país con un gran potencial alimentario, líder en varias producciones, no puede limitar su política en los consejos de la Unión Europea a reivindicaciones
puntuales, muchas veces improvisadas. El resultado último de esta política son los acuerdos globales del año 2003, la mayor reforma de la PAC en los últimos 50 años, que hipotecan en cierto modo el futuro de una parte importante de nuestra
agricultura.
La reforma de 2003 supone un cambio sustancial en la forma de apoyar al sector agrario. En el nuevo marco se sustituyen las ayudas a la producción por un pago único por explotación, como ayuda indirecta desacoplada total o parcialmente de
la producción. Esta medida, que será calculada en función de derechos históricos, estará desvinculada de la actividad productiva. Con ello se consolida una institución de fondos FEOGA-Garantía sumamente desigual y regresiva, tanto en el plano
social, pues beneficia principalmente a grandes explotaciones, como en el territorial, pues favorece a los territorios más desarrollados. La nueva PAC consolida y agrava un reparto injusto. Le doy algún dato. De una parte, el 3,3 por ciento de
los agricultores reciben el 32,2 de las ayudas, y en el otro extremo está el 82 por ciento de los agricultores que sólo reciben el 24 por ciento. Esta situación en España, en concreto en la cornisa Cantábrica, es más grave que en otros territorios.
Esta medida, señorías, forma parte de la herencia recibida, y fue vendida como algo positivo por el señor Arias Cañete. La verdad es que para entender dónde estamos y a dónde podemos ir en agricultura y pesca es necesario repasar el
inmediato pasado. En los últimos años el señor ministro de Agricultura aceptó siempre el juego del señor Fischler, entrando primero en la provocación de tomar como base de partida una oferta siempre inaceptable para, al final, aceptar como menos
mala una oferta lesiva para nuestros intereses. El resultado es que tanto la reforma de la PAC de 2003, que ahora está finalizando, como la reforma de la Política Común de Pesca del mismo año fueron perjudiciales para nuestra economía. A nivel
agrario porque se impuso el desacoplamiento de las ayudas y un recorte drástico en la financiación a partir del 2005 al destinar, como decía anteriormente, a 25 miembros lo que antes se detinaba a 15. Quiero decirles aquí que hay algo que no
entendí, y es que el señor Arias Cañete tiró cohetes con este acuerdo y la verdad uno no sabe por qué. A nivel pesquero la reforma no tuvo en cuenta la realidad de nuestra flota, ni a la hora de respetar y favorecer la modernización de la misma, ni
su expansión exterior en aguas de la Unión Europea. Una vez más el anterior Gobierno también en el tema pesquero se apuntó el mal menor como éxito, cuando sabía que era un varapalo para el sector, un sector puntero en Europa, el pesquero, que tiene
además en España su principal mercado, y es un dato fundamental. No se quiso o no se supo defender a nuestros sectores primarios. Por ello la herencia recibida no es buena. Señor García Díez, si la herencia fuera buena, posiblemente la señora
ministra no sería ministra ni yo estaría hablando aquí como portavoz del grupo mayoritario. Si en el campo y en el mar sus trabajadores estuvieran satisfechos con sus políticas, posiblemente los Gobiernos hoy serían diferentes, pero tampoco ahí
había entusiasmo con las políticas.
Señorías, no vamos a mirar atrás. La herencia es un dato de partida. El Gobierno, a través de la señora ministra está ofreciendo un programa de futuro que con realismo, sin obviar la realidad, no siempre es favorable; no se resigna y
apuesta por el futuro en dos sectores primarios básicos de nuestro sistema alimentario: agricultura y pesca. Son dos sectores básicos también a nivel económico y social en amplias zonas de nuestro territorio, en algunas aún hoy de forma
excesivamente independiente, pero la señora ministra se comprometió también hoy aquí a apostar por la diversificación productiva en los programas llamados a favorecer la incorporación de la mujer y los jóvenes al mundo rural.
Los compromisos que adquiere hoy el Gobierno son importantes para impulsar nuestra agricultura y favorecer el asentamiento en el mundo rural de la gente joven y de las mujeres, y en esta línea está la apuesta por modificar la Ley de
Arrendamientos Rústicos para favorecer que la gente del campo se pueda incorporar a los trabajos agrarios; apuesta por los bancos de tierra para favorecer el redimensionamiento de las explotaciones, que las viabilice; apuesta por el apoyo a la
industrialización agraria que permita diversificar las oportunidades de trabajo en el mundo rural, por el apoyo al sector cooperativo para aumentar su peso en el sector agroalimentario, etcétera. Son todas ellas medidas tendentes a potenciar un
sector, el alimentario, que para nosotros no es residual ni por su impacto económico, ni por su impacto social.
Hecho el paréntesis de situarnos sobre el terreno, reafirmamos nuestro compromiso con el Gobierno y con la mayoría de los grupos que lo deseen a trabajar por sacar adelante una política agraria común que permita mejorar la calidad de vida de
los hombres y mujeres que viven de su trabajo en el campo y al mismo tiempo conservar nuestro medio natural rico y diverso. Para ello, señorías, creemos que hay que liderar propuestas, hacer ver razonablemente nuestros problemas y llegar a acuerdos
dentro y fuera del Estado español, para así poder entrar en el núcleo decisorio de las políticas comunitarias. Es una tarea difícil, mucho más cuando implica un giro radical a nuestra política, pero creemos que hay que hacerlo y el Gobierno de
España lo va a intentar sabiendo que las reformas de 2003 son obstáculo de futuro que va a ser difícil de mover, pero contra el que hay pelear.
Como está establecido un pequeño turno de réplica, voy a permitirme algunas matizaciones a otros grupos y en especial al Grupo Parlamentario Popular. El señor Madero se reafirma en que el Consejo de Agricultura de Luxemburgo fue un fracaso
para España, que el Gobierno no supo defender nuestros intereses. Lo hizo en un tono positivo, que valoro, pero quiero preguntarle al
señor Madero qué Gobierno fue el que consintió que se unieran en un mismo paquete negociador tres productos tan sensibles para nuestra agricultura como el algodón, el tabaco y el aceite de oliva. Recuerde, señor Madero, que nunca en la
historia de la Unión Europea se dio un caso similar.
Perdón, se dio en el tema de la pesca, un consejo de pesca celebrado en España donde la Unión Europea y concretamente el señor Fischler le hizo al país anfitrión la oferta más inaceptable que se
recuerda en la historia de los consejos de pesca de la Unión Europea. También le pregunto qué Gobierno fue el que durante nueve meses de negociaciones no consiguió ningún avance en estos temas, o el que sacrificaba el algodón a cambio de nada.
Señor Madero, yo creo que usted está conmigo en que no se puede responsabilizar a la señora ministra por no dar la vuelta en cuarenta y ocho horas a un problema que tiene su origen en una mala negociación de ocho meses atrás. Además en este tema yo
creo que tenemos que hablar todos positivamente. La señora ministra no se arruga y asume en estos temas nuevos compromisos a desarrollar con el sector y con las comunidades autónomas.
En cuanto a los arrendamientos rústicos, yo pasaba por aquí cuando se discutió ese tema y le puedo decir que se opusieron a dichos arrendamientos propuestos por el Partido Popular el abuelo del señor Cuadrado y además ASAJA, COAG, UPA, la
Confederación Nacional de Cooperativas, todos los grupos parlamentarios, o sea, todos menos ustedes.
Por lo que se refiere a la representación institucional -y no escapo de ningún tema-, hay un acuerdo en esta Cámara, que yo creo que fue de ayer, que tenemos que desarrollar, que apunta en el camino que anunciaba el señor Txueka y algún
grupo más. Estamos en el camino, y ese tema tenemos que resolverlo todos con lealtad y con eficacia, pero sabiendo que tenemos que avanzar.
Retomando la exposición de la señora ministra, que nosotros calificamos (y creo que todos los que están aquí lo pueden hacer sinceramente) de clara, valiente y brillante, desde el Grupo Socialista nos felicitamos de la nueva orientación
aportada por la ministra sobre las relaciones y el papel de la agricultura en el conjunto de la cadena alimentaria, así como de sus propuestas sobre el desarrollo rural, sobre las que querríamos aportar unas consideraciones, pero antes me interesa
también reiterar que los acuerdos de 2003 siguen siendo un elemento condicionante. No hay que olvidar, como decíamos, que el resultado de los acuerdos de 2003 condiciona la PAC en los próximos años y esto incide en nuestra agricultura, pero hay
posibilidades de adecuación en su aplicación a España que se tendrán que ir elaborando en los próximos meses, aunque el reparto de una tarta tan pequeña, por mucha voluntad e intención de una distribución más equilibrada, sólo va a servir para unas
mejoras reducidas aunque no por ello menos necesarias. El diálogo que ofrece la señora ministra va a ser una baza muy importante en la aplicación de estas políticas. Concordamos con la señora ministra en su definición de la agricultura como una
actividad integrada en lo que respecta a la gran mayoría de sus producciones, en el conjunto de la cadena alimentaria, con unas actividades integradas e interrelacionadas entre sí que producen y distribuyen alimentos, donde la agricultura aporta
sobre todo las materias primas que son transformadas por la industria alimentaria. Por otra parte, sabemos que la competitividad final de los alimentos en el mercado de consumo en términos de precio, condiciones de seguridad y calidad de los
productos no es otra cosa que el resultado de la operatividad de la cadena en su conjunto. En este sentido, señora ministra, nos interesan sus referencias a la necesidad de la mejora de las relaciones interprofesionales, incluyendo condiciones de
acuerdo de precios entre las partes y de seguimiento en la formación de precios, que tendrán, seguro, operatividad en relación con el Observatorio de precios establecido por el anterior Gobierno y del que nunca entendimos sus resultados.
Compartimos su inquietud sobre el futuro del sector lácteo, y en este sentido podría ser un ejemplo de ese nuevo enfoque integral de la cadena alimentaria que fueran estudiadas las normas establecidas en relación con el mercado de la leche para su
hipotética revisión. Nosotros sabemos que en este momento el Gobierno está en ello, pero por el interés del sector le pedimos que no desmaye en ese tema.
Apreciamos también una preocupación clara del equipo del Gobierno por el mundo rural y la fuerte interrelación del mundo rural con la actividad agraria. Siempre entendimos -está en nuestro programa electoral y en lo expuesto por la señora
ministra- que no puede haber desarrollo rural sin actividad agraria. Sabemos que la actividad agraria es el soporte principal de gran parte de las zonas rurales y que, a la inversa, tampoco hay desarrollo rural en la práctica totalidad de los casos
sin el desarrollo de la agricultura. También es básica la vitalidad de las zonas rurales para ofrecer condiciones de vida aceptables para nuestros agricultores y para la gestión y el buen estado de bienes públicos como los recursos naturales, el
medio ambiente y el paisaje. Por todo ello es necesario reformular de modo más integrado y realista, como anuncia el Gobierno, las medidas que tratan de promover la diversificación de actividades y de las rentas generadas en el medio rural, por
medio de la estrategia anunciada de desarrollo rural, en colaboración con las comunidades autónomas, la administración local y, en especial, con los habitantes de las zonas rurales.
Por lo que respecta a la pesca, la herencia recibida condiciona la nueva política. Nos pedía el portavoz popular que dijésemos qué compromisos contraemos. El compromiso es sacar adelante un sector hoy claramente en crisis. Como todos
sabemos, en los últimos años no ha habido más que malas noticias para el sector:
perdimos caladeros internacionales básicos, Marruecos, Argentina, etcétera, también perdimos capacidad de extracción en aguas NAFO, etcétera, y ahora, terminado el período transitorio, seguimos teniendo acceso limitado a importantes
caladeros comunitarios. El plan de recuperación del caladero Cantábrico noroeste tiene plazo de elaboración, pero aún no hay nada hecho, y es un plan que debe consensuarse con las autonomías y con el sector. Algo que es grave en el tema pesquero
es que en la Unión Europea son conscientes de que España, pese a ser el primer mercado en la Unión Europea, pese a tener la mejor y más equipada flota y la mejor tecnología y el mejor personal capacitado, hace años que renunció a liderar la política
pesquera europea. Es por ello por lo que no será fácil conseguir que nos vuelvan a respetar y que nos entiendan y nos atiendan. En todo caso, confiamos, al igual que la mayoría del sector, en el nuevo equipo ministerial para conseguir nuevos
caladeros para nuestra flota, para recuperar los caladeros nacionales -incluidos los del Prestige, pero también los mediterráneos y los del Cantábrico- y para tener una mayor presencia en las organizaciones regionales de pesca y, al tiempo, mejorar
las condiciones de vida y de trabajo de los hombres y mujeres que trabajan en el mar. Todo ello en el marco de una política de continuo diálogo con el sector y con las comunidades autónomas afectadas. El sector espera -las comunidades espero que
también-, y nosotros no vamos a fallar. Hay que empezar a zanjar con rigor lo relacionado con el Prestige, cerrando bien lo que se pueda cerrar y contemplando las consecuencias futuras de esta catástrofe, como se recogía en nuestro programa
electoral.
El señor PRESIDENTE: Señor Díaz, debe terminar, por favor.
El señor DÍAZ DÍAZ: Termino.
Señorías, el panorama es difícil y requiere el esfuerzo y la colaboración de todos para resolver los problemas del sector alimentario, que dentro de la España plural que defendemos tiene matizaciones diversas y acentos y perspectivas
diferentes que ahora nosotros debemos compatibilizar en beneficio de todos.
El señor PRESIDENTE: Correspondería y corresponde a la señora ministra dar respuesta a las cuestiones planteadas, pero al objeto de que algunos miembros de esta Mesa -entre ellos la propia señora ministra y yo mismo- podamos atender a las
necesidades que sabiamente la biología nos impone, suspendemos por cinco minutos exclusivamente la sesión. (Pausa.)
Señorías, reanudamos la sesión.
Tal como indicaba, producido este turno con intervención de todos los grupos parlamentarios, corresponde a la señora ministra dar respuesta a las cuestiones planteadas.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Señoras y señores diputados, quiero agradecerles, en primer lugar, el tono de la intervención de todos los grupos políticos aquí presentes que creo que nos da una
pauta del comportamiento que debemos seguir todos a partir de este momento. Comparto muchas de sus preocupaciones y creo que durante esta legislatura debemos hacer un importante esfuerzo para responder a todas las cuestiones que me han planteado.
Creo que la respuesta a todos y cada uno de los temas planteados por ustedes sería prácticamente imposible, salvo que todos estemos dispuestos a quedarnos aquí durante más de 24 horas. Por supuesto, les ofrezco mi disponibilidad para venir aquí
cuando ustedes lo necesiten y tratar de enfocar los temas de una manera más sectorial para tener un debate lo más amplio posible. Insisto en que quedo a su entera disposición. En cualquier caso, intentaré dar algunas respuestas para que tampoco
ustedes se sientan defraudados por mi presencia aquí. Solamente quisiera hace un análisis breve sobre el sector agrario y el sector ganadero, al que en algún momento y por varios de los grupos aquí presentes se hizo referencia, y señalar un único
dato: la renta agraria en la que nos encontramos situados hoy, en comparación con otros sectores, es inferior a la del año 1996. De ahí la dificultad y el esfuerzo que tenemos que hacer todos juntos para tratar de que estos sectores se sitúen en
la posición que realmente les corresponde.
El señor Madero dice que he hecho una declaración de intenciones en mi exposición. Sí, señorías, esa era en realidad la finalidad de esta comparecencia: exponerles las líneas y las políticas generales que iba a aplicar el ministerio
durante esta legislatura. Estas son nuestras propuestas, y lógicamente también he venido a escuchar las aportaciones que ustedes han hecho y que agradezco. Con las aportaciones recibidas por todos ustedes trataremos de enriquecer el programa que
teníamos previsto.
Insisto en que este diálogo y esta colaboración tienen que seguir a partir de ahora, pues es la única vía que nos va a permitir dar solución a todos y cada uno de los problemas.
Respecto a los seguros, en relación con la intervención del señor Madero, posiblemente haya habido una mala interpretación de lo que he dicho. En ningún momento hemos hablado de cambiar el tema de seguros agrarios, sino de potenciarlo
orientándolo al mantenimiento de las rentas. Ruego me disculpe si no se me había entendido. Quisiera hacer otra aclaración al señor Madero respecto al tema de la innovación y a lo que se conoce tecnológicamente como I+D+i, investigación más
desarrollo más innovación.
Lógicamente, esto afecta a todos los sectores del ministerio, la agricultura, la pesca, la ganadería y la industria agroalimentaria, aunque en algunas ocasiones, y posiblemente por deformación profesional, pensemos mucho
más en el tema de I+D+i aplicable sólo a la industria agroalimentaria.
Esto no ha sido así en ningún momento, y quiero que también quede mi aclaración al respecto. Ustedes saben que parte de esta labor se desarrolla en colaboración con otros ministerios, con los que en los últimos días hemos tenido
conversaciones para potenciar lo relativo a investigación en las áreas que afectan al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
El señor García hacía referencia a la política de tallas mínimas. El ministerio les va a asegurar un control exhaustivo del cumplimiento de la normativa pesquera. Creo que solamente de esta forma podremos proteger los recursos, y de nada
servirían las medidas de conservación si no se respetan. Es más, en alguna reunión celebrada con las comunidades autónomas que tienen sector pesquero se les ha transmitido que esto no sólo debía ser una política del ministerio con las comunidades
autónomas, sino que se rogaba a las comunidades autónomas que tuvieran un tratamiento igualitario con los ayuntamientos que pertenecían a cada una de ellas. Esto se he hecho en una reunión celebrada esta semana. Entrando ya en las competencias que
nos afectan, nos proponemos pedir en todos los foros internacionales, lógicamente incluida la Unión Europea, que no se puedan comercializar en España productos que vengan procedentes de otros países que no cumplan las tallas o las condiciones que
nosotros exigimos a nuestros pescadores y a nuestro sistema extractivo pesquero.
Próximamente se va a proceder a la firma, de la que se les informará oportunamente, con la Federación Española de Municipios de un convenio con la Secretaría General
de Pesca para reforzar -y esto enlaza con lo que ya le había dicho anteriormente- la lucha contra la comercialización de productos pesqueros que no alcancen los tamaños mínimos que se establecen en la legislación vigente.
Otro tema planteado por el señor García, que también ha sido puesto de manifiesto por algún otro diputado, es el de Marruecos, respecto al que es posible que algún medio de comunicación no recogiera exactamente lo que estábamos hablando.
Desde el ministerio, y a fecha de hoy en concreto, nos referíamos a las relaciones de cooperación en los ámbitos competenciales que tenemos como Estado miembro, porque creo que es de todos conocido que en temas de acuerdos pesqueros, en lo que se
refiere al sector extractivo exclusivamente, las competencias son de la Unión Europea. Pero nos estábamos refiriendo concretamente a formación de técnicos, a acuicultura y a investigación científica. La Comisión conoce estos proyectos de
cooperación y reconoce que España dispone de capacidad para realizarlos. Con todo ello estamos creando un ambiente propicio a inversiones españolas en Marruecos en el sector pesquero y contribuyendo a que las relaciones en todo el sector sean lo
más transparentes posible.
Respecto al gasoil, tenemos que ser cautos. Hay que esperar, aunque la evolución puede no ser favorable, pero me gustaría que analizaran datos históricos. Si estamos hablando de incrementos porcentuales del gasóleo, hablamos de incrementos
porcentuales bastante altos al coger tasas anuales. ¿Por qué? Porque recordarán que en año 2003 se produjo una baja de los precios del petróleo, con lo que en estos momentos estamos haciendo comparaciones del precio actual respecto a unos precios
que eran muy bajos en aquellos momentos. Por otra parte, en el precio del crudo está influyendo también el cambio dólar/euro, que no tiene nada que ver con el que teníamos en épocas históricas. Esto lo planteo como situación de partida, es decir
que muchas veces no tenemos que alarmarnos tanto por los incrementos porcentuales, sino que tenemos que analizar cifras históricas y hacer comparaciones. Dicho esto, también hay que ser realistas y nosotros vamos a estar a la expectativa de cómo
evoluciona el precio del combustible, y en próximas semanas, conjuntamente con otros ministerios, se estudiará qué medidas se pueden adoptar. Aquí se han propuesto algunas ayudas que no podríamos refrendar porque serían cuestionadas por la Unión
Europea. Me refiero en concreto a parte de las ayudas recogidas en el decreto a que hacían referencia del año 2000.
Insisto en nuestra disposición a estudiar el problema con otros ministerios, pero no se puede seguir en la línea que recogía el
decreto del año 2000.
Respecto a lo comentado por el señor Madero en relación con los arrendamientos rústicos, tengo que decir que proponemos la modificación de la ley actual porque no estaba consensuada con el sector y en algún momento iban a surgir problemas;
alguno ya nos ha sido comunicado, aunque sólo sea de forma verbal. Por otra parte, en la ley aprobada se disminuía de cinco a tres años la duración mínima de los contratos de arrendamiento, lo que da más poder al propietario sobre el arrendatario y
dificulta el acceso de los jóvenes a planes de inversión, que deben cubrir, como mínimo, una expectativa de cinco años. De ahí nuestra intención de modificar la ley que hoy está en vigor. De todos modos, más adelante podré darles más detalles.
Quiero hacer una aclaración al señor Grau porque es posible que no se me haya entendido. Respecto al coste del agua y los regadíos, lo que he querido transmitir es que este coste de agua debe ser coherente con las necesidades de cada
cultivo. A lo mejor se ha entendido que había una vinculación entre el coste de infraestructura y el coste del agua. No; me refería a que el coste debe ser coherente con las necesidades de cada cultivo. Creo que no hace falta ser más explícito.
También quiero decir al señor Grau, respecto a la reforma del aceite de oliva, que nuestro objetivo, como le he indicado, es aplicar la reforma de manera que garantice la estabilidad del sector y el equilibrio territorial. En este
planteamiento den por supuesto que el olivar de baja producción encontrará una respuesta que garantice su mantenimiento, respuesta que no se limitará únicamente a la aplicación de la OCM, sino que podrá incluir medidas de acompañamiento en el marco
del desarrollo rural, así como en el fomento de la calidad y mejoras a la comercialización. Como ya le he dicho en otras ocasiones y tampoco quisiera reiterar demasiado, aquí hay que establecer un diálogo con el sector y con las comunidades
autónomas para determinar el grado de desacoplamiento de las ayudas que mejor se adapte a los sistemas productivos, siempre bajo la premisa del equilibrio territorial. Se ha dejado para después del verano el inicio de estas conversaciones dado que
disponemos de un plazo suficientemente amplio, más de un año, para presentar los acuerdos ante la Unión Europea.
El señor Grau y el señor Torres han hablado de los frutos secos y del olivar. Las heladas registradas en la presente campaña han hecho que las plantaciones de almendra hayan sido afectadas, esperándose una sensible disminución de la
producción, y una situación similar se ha producido en el olivar, situación conocida en campañas anteriores. La normativa vigente establece ciertas incompatibilidades entre la posibilidad de cobertura de riesgos dentro del sistema de seguros
agrarios y la aplicación de medidas especiales de apoyo para los mismos siniestros; no obstante, el Gobierno está dispuesto a estudiar modificaciones en la normativa actual que puedan cambiar las condiciones de seguro de manera que estén cubiertas
las emergencias que puedan poner en peligro los ingresos de los agricultores por causas ajenas a su voluntad.
Otro de los asuntos planteados por el señor Grau es la normativa comunitaria armonizada, sin excepciones para todos los Estados miembros, y la adopción de normas internacionales equivalentes para los países no comunitarios que pescan en el
Mediterráneo. Lógicamente, la intención del Gobierno es que todos cumplan las mismas normas y las mismas condiciones.
Y en el contexto de la recuperación del caladero nacional, le diré que se va a elaborar un plan de gestión para todo el
Mediterráneo, asegurando que las medidas de conservación sean generales y no particulares de cada zona, para evitar problemas como los que su grupo ha citado.
Otro asunto planteado por el señor Torres, también respecto a la zona del Mediterráneo, es el del objetivo de gestión sostenible a largo plazo, que, lógicamente, tiene que ser el mismo que el Gobierno utilice para todos los instrumentos que
usted mismo ha citado. Ahí no podemos hacer discriminaciones y, lógicamente, parte de los instrumentos que usted ha mencionado en su intervención serían los utilizados por el Gobierno. En concreto, en el marco de la recuperación del caladero
nacional, esos aspectos se regularán, como le he comentado antes a su compañero de Convergència i Unió.
El señor Torres, el señor Grau y el señor Txueka han hablado de la regionalización de ayudas y cuotas de producción. Consideramos que estos son temas que deben plantearse en la Conferencia sectorial. No les engaño si les digo que
necesitamos unas dosis de imaginación para llegar al consenso en este sentido porque no podemos olvidar que en ese consenso tenemos que incluir una serie de elementos como la regionalización, el grado de desacoplamiento y el uso de los fondos de la
modulación. Son tres elementos que tienen que ir absolutamente coordinados, y el resultado de esa negociación, que se efectuará en el marco de la Conferencia sectorial, debe garantizar el equilibrio territorial de todo el país.
El señor Txueka planteó si el Gobierno consultaría a las comunidades autónomas sobre materias pesqueras. Tengo que informarle que se ha celebrado un consejo consultivo de pesca el lunes de la presente semana en el que, entre los distintos
temas que se han tratado, se han puesto de manifiesto dos puntos importantes que van a un consejo de pesca de la Unión Europea y, lógicamente, se trataba de conocer cuál era la postura de todas las comunidades autónomas afectadas. Hemos iniciado el
trámite de los consejos consultivos, que es el mecanismo legal del que disponemos, para recoger las opiniones relativas al tema de pesca y para intercambiar todo tipo de cuestiones que se pongan sobre la mesa para tener una postura lo más unificada
posible ante la Unión Europea. Tengo que informarle que ya está en el Consejo de Estado el real decreto que permitirá acumular también más días en un solo buque y que se aprobará próximamente, que era otro de los temas planteados por ustedes.
Con respecto a la evolución positiva del reglamento de aguas occidentales que se aprobará próximamente en la Unión Europea, les mantendremos también informados, aunque de momento tampoco creemos que haya ningún avance significativo que yo
pudiera adelantarles. Hemos recibido algunas consultas por parte del Gobierno vasco, sobre alguna de ellas se les ha respondido verbalmente, porque estábamos con plazos un poco ajustados y, en cualquier caso, están siendo sometidas a estudio.
Tengan la seguridad y la garantía de que escucharemos todas las opiniones y que intentaremos consensuar todos los intereses de todas las comunidades autónomas.
El señor Txueka también planteaba algunas cuestiones relacionadas con demandas financieras y con reserva de eficacia. Precisamente hoy se ha celebrado una reunión con las comunidades autónomas y con todos los directores generales y hay un
acuerdo para que los criterios de aplicación sean sencillos. Algunas comunidades autónomas, como Cataluña, Baleares y Madrid, han pedido la flexibilidad. Estamos en contacto con el viceconsejero de Pesca del País Vasco y confiamos en alcanzar una
solución satisfactoria en este sentido.
Se ha puesto de manifiesto por el señor Txueka y por la señora Fernández temas relacionados con el Prestige. Como usted sabe, la Comisión del Prestige está adscrita a la Vicepresidencia del Gobierno y la nueva comisionada está manteniendo
reuniones con la finalidad de analizar la situación actual y valorar las medidas
a aplicar. Por la parte que afecta al ministerio, he de señalar que el buque que tiene la Secretaría General de Pesca Marítima, El vizconde de Eza, va a hacer prospecciones para conocer con el mayor rigor científico las consecuencias que
hasta la fecha ha supuesto el Prestige.
Hay otro tema que creemos que ya ha sido atendido en una reciente gestión que ha realizado el secretario general de Pesca Marítima interesándose sobre este asunto ante la comisionada del Prestige, acerca de todos los temas que habían estado
paralizados por la situación administrativa y política que se había producido a raíz de las elecciones, y están informados los consejeros de las comunidades autónomas, en un caso el consejero de la comunidad autónoma y en otro caso el viceconsejero
de Pesca en el caso del País Vasco.
El señor Pérez Martínez ha hablado de temas de desacoplamiento y modulación. Comparto la preocupación y la opinión de aquellos que no están satisfechos con la reorientación profunda de los mecanismos de ayuda que supone la reforma de la
PAC, adoptada en junio pasado. En efecto, el desacoplamiento de las ayudas no debería convertirse en un dogma aplicado de manera uniforme ni al conjunto de las producciones ni a las diferentes zonas de producción. Por otro lado, esta reforma ha
supuesto perder la oportunidad de introducir una auténtica modulación de las ayudas directas, pero lógicamente, como ya he dicho, no vamos a mirar hacia atrás y vamos a buscar mecanismos de cara al futuro. Estos mecanismos, como ya he dicho en
reiteradas ocasiones a lo largo de mi intervención y de las respuestas, sólo se pueden hacer con el mayor consenso posible y haciendo uso de los márgenes de flexibilidad que nos deja la reglamentación comunitaria para asegurar el mantenimiento de la
renta de los agricultores, pero también de la actividad productiva, que sigue siendo la base del tejido socioeconómico de las zonas rurales. La agricultura sostenible, el modelo de explotación familiar, el equilibrio y la cohesión territorial son
elementos básicos de la política que queremos desarrollar y también serán los ejes de las decisiones que debemos adoptar en esa materia. Para la toma de estas decisiones necesitamos un conjunto de elementos técnicos en cuanto a la gestión de las
ayudas y pagos directos, en cuya preparación se está trabajando ya en el departamento y en la medida que vayamos avanzando les iremos informando.
Otro tema que ha puesto de manifiesto el señor Pérez Martínez es el de los bio. Supongo que ustedes conocerán que aquí hubo una pequeña problemática con los términos bio y eco. En concreto, el Consejo de Ministros de la Unión Europea
celebrado el 24 de febrero de 2004 presentó una declaración a este respecto modificando un artículo concreto donde se recoge de forma expresa los términos biológico, ecológico y orgánico y sus derivados habituales bio y eco, solos o en combinación
con otros términos, en toda la comunidad y en todas las lenguas comunitarias para los productos e ingredientes destinados a la alimentación humana obtenidos según el método de producción ecológico. A lo largo de mi intervención he hablado también
de la agricultura ecológica y de la posibilidad de alcanzar unos mayores porcentajes de este subsector -por llamarlo de alguna forma- dentro de la agricultura que conocemos hoy, y que coincido con usted que no tiene por qué pensarse que es la
agricultura tradicional o la agricultura clásica.
Tanto el señor Txueka como la señora Fernández pusieron sobre la mesa temas referentes a la leche. En relación con el sector lácteo, este Gobierno se ha marcado como una de sus prioridades el diálogo con este sector. Estamos dispuestos a
establecerlo de un modo serio y profundo con todos los sectores implicados para analizar la situación del sector y la aplicación de la normativa recientemente publicada. Habrá que esperar al resultado de este debate para conocer si es necesario
simplificar, y en qué medida, la legislación actual, en particular en lo referente a las normas de calidad de la leche cruda. Además, la transparencia del mercado de leche será una preocupación permanente en mi departamento.
Ya les he indicado mi intención de abordar una reestructuración de este sector orientada a la vez a la viabilidad de las explotaciones y a la incorporación de jóvenes ganaderos. El Gobierno se acerca a este diálogo con la mente abierta y
dispuesto a escuchar a todas las partes y desde luego dispuesto a cambiar todo aquello que se demuestre innecesario o perjudicial, aunque siempre teniendo en cuenta que estamos obligados a aplicar la legislación comunitaria sobre distintas materias.
En lo referente a precios, saben SS.SS., que en los meses de marzo y abril se presentaron tensiones en el mercado con la pretensión de las industrias de reducir el precio de la leche entre dos y tres pesetas por litro, anticipando la
modificación de los precios institucionales. Esta tensión en los precios fue general en toda Europa y tuvo su inicio en Alemania con posibles excedentes de producción que no encontraba un mercado. Al final, se ha impuesto el mercado y las
industrias se han visto obligadas a dar marcha atrás en su intención de bajada de precios, hablándose incluso de posibles subidas. Se confirma así que el control de la producción favorece la estabilidad del mercado.
Con respecto a la leche, debo informarles que en relación con alguna comunidad autónoma que había interpuesto un recurso ante el Tribunal Constitucional y otro ante el Económico-Administrativo se ha abierto la vía de la negociación política
y no la continuación del trámite legal.
Otro de los temas puestos sobre la mesa por parte de la señora Fernández ha sido el de NAFO. Debo informarle que, sobre la revisión del apoyo de los acuerdos de NAFO para el año 2004, a la vista del informe del
consejo científico que se va a elaborar en el mes de junio, el Gobierno tiene previsto reunirse y discutirlo con las comunidades autónomas y con el sector pesquero afectado y posteriormente con la Comisión, para adoptar una posición común,
que se defenderá en la reunión anual de NAFO.
En lo relativo a la controversia científica sobre los acuerdos NAFO, le diré que el Gobierno está promoviendo la celebración de una reunión científica interna, anterior a la anual del consejo científico, en la que se pretende contar con la
participación de científicos europeos, al objeto de realizar diferentes ensayos previos, recogiendo aportaciones de los informes independientes, para conseguir la evaluación más completa posible y presentarla ante el consejo científico de NAFO. El
Gobierno cree que se debe continuar realizando una política de investigación científica que sustente la actividad de la flota y seguir impulsando campañas experimentales, orientadas a la diversificación de las actividades pesqueras.
Señora diputada, con respecto a la pesca de cerco deseo informarle que la semana pasada se produjo la reunión que habíamos anunciado en el Pleno de la Cámara con el sector de cerco en Galicia, y el secretario general de Pesca adquirió el
compromiso de estudiar la situación y buscar las medidas adecuadas para dar respuesta a la demanda suscitada, tras la aportación, por parte del sector del cerco, de una información más actualizada y como se dice en estos momentos en tiempo real, que
consideraban debería disponer el ministerio. A partir de ahí se buscarán los instrumentos que permitan mantener la flota pesquera de cerco en la mejor situación posible.
No quisiera extenderme mucho más y lógicamente estoy dispuesta a que si algún tema puntual me he dejado sin responder, puedan preguntar.
Quisiera finalizar este segundo turno de intervención agradeciendo a don Ceferino Díaz sus amables palabras. Espero, señor diputado, que ese apoyo incondicional que me ofrece y que valoro sirva para poder mejorar la vida de los hombres y
mujeres que viven en el campo y en el mar. Estoy segura de que esta es la atención que nos mueve a todos. Le aseguro, señor diputado, que daremos fiel cumplimiento al programa del Gobierno que hemos ofrecido.
Decía usted en su intervención que nos encontramos frente a retos difíciles. Es cierto. Pero lo es también que desde la política tenemos la obligación de darles una respuesta. El Gobierno apuesta decididamente por dar un fuerte impulso al
desarrollo rural, por crear los instrumentos que permitan la viabilidad de la agricultura familiar y por desarrollar los mecanismos que hagan competitiva nuestra industria agroalimentaria.
Tenemos que crear un entorno que haga posible la sostenibilidad de la agricultura, la ganadería y la pesca. Lo lograremos si aunamos voluntades y la colaboración y la corresponsabilidad de las instituciones y los sectores afectados. El
mundo rural y pesquero así nos lo demandan.
No me queda nada más que agradecerles el buen talante a todos los grupos parlamentarios, la colaboración que nos han ofrecido y reitero mi disposición para cualquier tema que quieran tratar.
El señor PRESIDENTE: Dada la naturaleza de esta primera comparecencia del Gobierno, en la que se expone el plan de actuación para la legislación y por tanto son múltiples los temas a tratar, la Mesa consideró por unanimidad, con buen
criterio a mi juicio, prever una breve réplica para exponer algún aspecto puntual en el que se quisiera insistir, matizar o precisar. Por tanto, con esa característica que de manera singular hemos previsto en esta comparecencia y por el tiempo de
cinco minutos que ruego a ustedes respeten, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular señor Madero tiene la palabra.
El señor MADERO JARABO: Agradezco nuevamente a la señora ministra que complete algunos aspectos que los distintos grupos parlamentarios le hemos planteado, en concreto el del mío. Lo que ocurre, señor presidente, es que a veces uno se
queda un poco descolocado, y yo lo tengo que decir, porque no sé si es que el señor Díaz esperaba que aquí viniera Júpiter Tonante a decir alguna historia rara. Yo no he dicho nada de todas esas cosas que ha estado diciendo el señor Díaz Díaz. Yo
simplemente he nombrado la palabra herencia, y si es preciso la retiro. He dado cifras de rentas, de Seguridad Social Agraria, de gasto fiscal, del FEOGA -no las voy a repetir ahora porque las he dicho a las cinco y cuarto-, que son cifras de 2004
y que mejoran sensiblemente las de 1996. Lo digo y lo mantengo. Es más, señor Díaz, los fondos están garantizados hasta el año 2013, y si quiere le traigo fotocopia de la ficha financiera del gasto agrícola de la adhesión, de la Unión Europea a
25; no estamos hablando del pasado, como decía la señora ministra. Algunos somos especialistas en mirar para el futuro y en esto también. Es más, la reforma hasta puede ser buena o por lo menos neutra. Será mala si se negocia mal lo que haya que
negociar, señor Díaz. Le recuerdo que el señor Fischler vino a explicar la reforma a este Congreso de los Diputados y el único portavoz que le dijo que era un disparate, una barbaridad y que se oponía frontalmente a ella fue el del Grupo
Parlamentario Popular. Por el contrario, el Grupo Parlamentario Socialista dijo que lo comprendía, que estudiara la situación y que no le parecía tan mal.
Finalmente, señor Díaz, en esta breve incursión que ha hecho a mis palabras, que me ha sorprendido, mantengo que el Consejo de Luxemburgo de 21 de abril, que acabó el 22, fue un fracaso para España. Lo pienso, lo he dicho y no me gustaría
decirlo más veces. Es más, se apunta el tanto, para bien o para mal -en este caso
para mal, según mi opinión- quien negocia. El Gobierno que estaba es el que está. El representante del Gobierno, la señora ministra. Entiendo que los resultados obtenidos van en su debe. Dato objetivo, que no me invento yo: es la
primera vez en la historia de la Unión Europea que el CEA rectifica un acuerdo del Consejo de Ministros. En este sentido, quien conozca a don José María Silva que le dé recuerdos de mi parte.
Dicho esto, señora ministra, vuelvo a mis palabras, un poco genéricas, de la primera intervención: nos gustaría escucharle cuáles son los esquemas de una política agraria nacional, muy condicionada, indudablemente, por la Unión Europea,
pero no le he oído ni una sola palabra en cuanto a estructura de política agraria nacional, incluido aportación de fondos nacionales, que sustentan esa forma de hacer esa política.
Seguimos insistiendo que en el caso de la aplicación de la reforma de la PAC existe inquietud en el campo. Créame, señora ministra, existe inquietud en el campo sobre todo por el pago único, con un nivel de desacoplamiento hasta ahora
desconocido y esto está generando incertidumbre. Como están generando incertidumbre y desasosiego todos los temas de condicionalidad, sobre los que no nos ha aclarado gran cosa esta tarde; modulación, que tampoco nos ha aclarado nada, o la reserva
nacional, que ni siquiera se ha nombrado.
Sí hay una cosa, señora ministra, con la que cuenta con nuestro beneplácito y nuestro acuerdo: estos temas y tantos otros deben ser resueltos -al menos se debe intentar- oída la conferencia sectorial. Ahí entendemos que S.S. debe
establecer los primeros escalones de unos acuerdos. Aquí ha habido peticiones claras de algunos grupos parlamentarios que quieren otra cosa. El Grupo Parlamentario Popular lo ha hecho antes, cuando estaba en el Gobierno, y ahora en la oposición.
Su señoría debe utilizar este instrumento de la conferencia sectorial, porque entendemos que es el adecuado, así como para cualquier otra cuestión en forma de grupos parlamentarios -y nos abrimos a todos-, de reuniones bilaterales, subcomisión o
cualquier otra fórmula. Desde el ámbito parlamentario mi grupo le ofrece la colaboración. Nos decepciona no oír ni un solo plazo ni cantidad. Esperemos que pronto se produzca esa fijación de plazos y cantidades.
Como ya se ha encendido la luz roja, señora ministra, quiero expresarle en nombre de mi grupo cierto miedo. El miedo es libre y, como me siento muy libre, siento mucho miedo de que antes de que S.S. comparezca nuevamente en esta Comisión
haya habido que hacer alguna excursión a Bruselas para los temas de la remolacha, del plátano, de las frutas, de las hortalizas o del vino, del que por cierto no hemos dicho ni una sola palabra -ya lo he dicho y ya me quedo tranquilo- y para el que
ahora tenemos fondos para la reconversión y para la destilación. Pues bien, ante el precedente, tenemos miedo de que en cualquiera de estos temas las cosas puedan no salir bien. En cualquiera de estos temas o en cualquier otro le deseo éxito por
el bien del Gobierno en nombre del cual negocia y, en definitiva, por el bien de los agricultores.
Aquí, señora ministra, no haremos lo que en años anteriores ha estado haciendo el Partido Socialista desde la oposición. El Grupo Socialista exigía al ministro, cuando se sentaba donde está sentada S.S., que explicara lo que iba a hacer, lo
que iba a decir y la estrategia negociadora; le exigía que descubriera las cartas que llevaba a las negociaciones del Consejo de Ministros o a las negociaciones con la Comisión en Bruselas. Nunca le exigiremos eso a priori. Podrá haber críticas
tan fuertes como quieran y felicitaciones cuando se vuelva con un buen resultado, pero mi grupo jamás exigirá al Gobierno que enseñe aquí las cartas, porque es la mejor garantía de que allí va a perder, cosa que sin embargo sí le hacían al Gobierno
anterior.
Le reitero mi agradecimiento. Estamos dispuestos a colaborar en todos los aspectos que le he dicho. Como se dice estos días de forma tan manida, estamos dispuestos al diálogo y con buen talante. Por lo demás, le reitero mi bienvenida a la
Comisión.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Grau.
El señor GRAU I BULDÚ: Gracias por su respuesta, señora ministra. Se trataba de abrir líneas de trabajo, de ver los aspectos programáticos de cada uno de los grupos y, sobre todo, de ver los planteamientos del Gobierno en este tema.
Me ha gustado la respuesta que me ha dado sobre el agua, porque en definitiva el tema ha quedado claro. Había entendido mal lo del coste del agua, pero la explicación ha sido suficiente.
Ha quedado pendiente de responder -mi grupo insistirá y presentará alguna iniciativa en este sentido- el tema de los regadíos. He hecho una mención especial al Segarra-Garrigues, pero también he hablado de pasada de los riegos en el delta
del Ebro y del Xerta-Xenia, que realmente tienen una buena conexión con el Plan Hidrológico Nacional y que forman parte de la recuperación del delta. Vista la transversalidad de este tema, quizás no sea hoy el momento de verlo, pero sí de
recordarlo para que sea tratado en su momento.
Me ha gustado oír que usted propondrá un plan de gestión del Mediterráneo.
Si hay una ponencia de estudio sobre el tema de la pesca nosotros nos apuntamos inmediatamente. Además, todos los grupos nacionalistas, el Grupo Vasco, Esquerra
Republicana, etcétera, coincidimos plenamente en el respeto a las normativas pesqueras, cuyo cumplimiento debe extenderse a todas las cofradías y a todas las comunidades autónomas. También nos apuntamos a la conferencia sectorial para obtener los
repartos y defender las políticas o los planteamientos que habíamos presentado por acuerdo los
tres partidos nacionalistas que estamos en la Comisión, en el sentido de la territorialización de las ayudas de la PAC. Su propuesta es aceptable y estamos dispuestos a buscar el consenso y el acuerdo de todos para que la corresponsabilidad
de las comunidades autónomas y, en definitiva, del Estado español sea una suma de buenas voluntades y de eficacia en el cumplimiento de las normas.
Finalmente, me queda una asignatura pendiente, que es una recomendación del Pacto de Toledo en la anterior legislatura sobre el régimen especial agrario de la Seguridad Social. Usted ha valorado mucho la familia y el mantenimiento del
Estado del bienestar y de un Estado de derecho potente para la agricultura. El futuro del régimen de la Seguridad Social para la agricultura son los autónomos. El Gobierno ha reabierto la Comisión del Pacto de Toledo para que tengan entrada las
recomendaciones que se generen a partir de las conclusiones de la pasada legislatura. Nuestra Comisión alguna cosa tendrá que decir sobre este tema. Solamente cito esto para que de alguna forma podamos preservar en la agricultura, en turismo o
desarrollo rural una fórmula de revisión de estas ayudas que involucre de una forma más eficiente a la mujer en el trabajo, en la formación y lógicamente, en la cotización, así como en la protección social y sanitaria. Realmente la antigua fórmula
del REA, con una base liquidable de 300 ó 400 euros, hay que olvidarla. Hay que buscar nuevas fórmulas que permitan que se subsume toda la historia de cotización de un sistema a otro y se encuentre una solución.
Por último, quiero reiterar mi agradecimiento a la señora ministra. Espero que en las próximas comparecencias tengamos ocasión de desarrollar todos estos temas con mayor profundidad.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, señor Ramón Torres.
El señor RAMÓN TORRES: Intervendré brevemente, señor presidente.
Señora ministra, por lo que he entendido de su segunda intervención, quizás el tema que nos traerá más debate o más discordancia entre su grupo y el nuestro sea el tema de la regionalización de las ayudas de la PAC. Sin embargo,
aprovechando el diálogo y el talante que estos días se ha puesto de moda por los grupos mayoritarios del Congreso, creo que podemos llegar a acuerdos que sean beneficiosos para el Estado español y, sobre todo, para las comunidades autónomas a las
que representamos los partidos nacionalistas.
Estoy gratamente sorprendido del resto de la intervención. Me gusta que se haya posicionado claramente en la defensa de la agricultura familiar y en unas políticas sociales importantísimas en la agricultura. Quiero que sepa que en estos
temas Esquerra Republicana de Catalunya siempre estará a su disposición para ayudarla en lo máximo posible. También me ha gustado mucho que potenciara una apuesta clara para un producto de calidad, para un producto ecológico, para una
responsabilidad importante del sector de la agricultura y para el respeto del medio ambiente, tanto en agricultura como en pesca. Le reitero que en estas políticas más sociales y más ecológicas tendrá a su disposición a este diputado, para ayudarle
en todo lo que sea posible. Espero que podamos aprovechar en esta legislatura este talante, este diálogo y esta buena predisposición de la señora ministra. Reitero las felicitaciones y espero que esta sea una buena legislatura para este sector,
porque como he dicho al principio la gente que se dedica a esto, la gente que hace de este sector su forma de vida, necesita que esto salga adelante.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Señora ministra, reconozco que la extensión de los temas hace difícil tanto las exposiciones como los debates consiguientes con garantías de concreción suficiente. Por lo tanto, agradezco su oferta de
disponibilidad, que entiendo que la extiende a todo su equipo.
Desearía solamente efectuar una pequeña reflexión como conclusión a esta intervención.
El Gobierno del Partido Popular tenía clara su estrategia y su discurso; una estrategia y un discurso que hemos denunciado. Tenía claro que iba declarando legislación básica casi toda la normativa agropesquera, no permitía la presencia en
los foros comunitarios de las comunidades autónomas y pretendía un modelo centralizado de aplicación de la PAC, sin tener en cuenta las competencias exclusivas de las comunidades autónomas que en la negociación europea fueran transmitidas también a
Europa. Las consecuencias de todo ello están clarísimas: ha habido una involución autonómica enorme; ha habido una falta de eficacia en muchos temas con desarreglos y alejamientos de las realidades diversas, y ha habido hasta graves errores de
negociación en la propia Unión Europea, que ya he citado en mi intervención anterior.
El diálogo prometido por usted, su buen talante, nosotros lo mediremos en hechos y fundamentalmente en los aspectos que he citado: forma de legislar, aplicación regionalizada y real de la reforma en la PAC y la presencia en las delegaciones
ante los foros comunitarios decisorios. Por ejemplo, a estas alturas, ¿alguien puede discutir -por citar un ejemplo y con esto no quiero ofender a nadie- que Andalucía tiene que estar en las delegaciones cuando se discuta el aceite de oliva, o que
Galicia tiene que estar cuando se discuta del marisqueo y del mejillón, o que Canarias tiene que estar en esa delegación cuando se discuta del plátano, o que Euskadi tenga que estar cuando se discuta de la
anchoa y etcétera de todas las comunidades autónomas del Estado español? Yo entiendo que esto está clarísimo. Por lo tanto, señora ministra, espero de su talante, espero de sus palabras, que esto sea real.
Muchas gracias y que con el tiempo lo veamos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: Agradecemos las respuestas de la señora ministra. Quedan muchas cosas pendientes en relación con otros aspectos en los que sería necesario profundizar más, pero la respuesta es satisfactoria en tanto que se
acaba de empezar un diálogo con los sectores afectados y eso en principio es positivo. Por lo tanto, lo que tendremos que valorar serán los resultados finales, pero en principio repito que agradecemos las respuestas y la predisposición al diálogo
de la ministra.
Le ruego que no lo considere una descortesía por mi parte, pero me tengo que marchar por una cuestión de minutos. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Díaz.
El señor DÍAZ DÍAZ: Dos pequeñas matizaciones. Si el portavoz socialista hace referencia al portavoz popular es porque éste, en un tono que valoramos muy positivamente y que esperamos que continúe, de entrada, pretende vendernos el paraíso
y a partir de ahí, a ver qué hacéis. El problema es que nosotros tenemos datos diferentes. Es cierto que la cifra financiera del año 2004 es mejor que la de 1996, pero es una cifra engañosa porque, a partir de 2005, esas mismas cantidades van a
tener que financiar las agriculturas no de quince sino de veinticinco Estados; luego la cifra es engañosa. En segundo lugar, la cifra es engañosa porque, dentro de esa gran bonanza, tenemos otro problema y es que la renta agraria ha disminuido;
luego esa gran bonanza no se traduce en renta agraria. En tercer lugar, esa gran bonanza, como consecuencia de las últimas políticas, reduce nuestra capacidad de maniobra, nuestra capacidad de hacer política agraria dentro del Estado español. Por
tanto, que no nos lo vendan como grandes éxitos.
Por último, respecto a los acuerdos de abril de las últimas OMC, nuestra pregunta es muy clara. ¿Quién es el responsable final, el que estuvo nueve meses negociando o el que durante 48 horas intentó salvar un acuerdo? Ese es el tema y lo
que queremos es que de aquí en adelante partamos de hechos reales y mirando al futuro. El Gobierno, que hoy está aquí representado por la señora Espinosa, es el que tiene que gestionar todo esto, pero no tiene una herencia envidiable, tiene una
herencia compleja y complicada y es su responsabilidad sacar adelante esta herencia compleja y complicada. Por lo que nos dijo hoy aquí la señora Espinosa, lo va a hacer.
En esta Comisión no hay muchos nuevos, pero algunos somos conscientes y estamos, en cierto modo, gratamente sorprendidos, señora ministra, porque frente a un ministro, el señor Arias Cañete, al que tenemos simpatía pero que siempre se salía
del envase, nos encontramos con una ministra que utiliza el rigor tranquilo para intentar convencer y para intentar también comprometer. Esa es una sorpresa que valoramos muy positivamente y que esperamos dé sus frutos a lo largo de estos cuatro
años.
El señor PRESIDENTE: Para cerrar el turno de intervenciones, la señora ministra de Agricultura tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, he escuchado atentamente sus reflexiones y aportaciones y quiero agradecerles a todos, sin excepción, sus propuestas y sus sugerencias. No pretendo entrar de nuevo en detalles sobre las líneas de actuación del
ministerio por los motivos expuestos en mi anterior intervención, pero de nuevo quiero hacerles partícipes de mi voluntad de llegar a acuerdos, lo más amplios posibles, en aplicación de la política agraria y pesquera. Muchas de las medidas que
deben ser desarrolladas desde el departamento que dirijo requieren también la implicación de las instituciones europeas. Quiero que sepan que allí actuaremos también inspirados por los principios que les he señalado y entre los que destaca el
permanente servicio a los que da cobertura este ministerio. Los hombres y las mujeres de la mar, el campo, la ganadería o la industria agroalimentaria pueden estar seguros de que encontrarán en mí y en todas las personas que conforman mi equipo
comprensión y ayuda para solventar sus problemas. Quiero junto a esta vocación de servicio para todos, que nos ayuden también ustedes, señores y señoras diputadas.
Por ello les invito más que instarles a que caminen con nosotros para que la
política sirva verdaderamente a aquellos de quienes emana el poder que nos ha tocado y aquí colocado a todos. En ese camino encontrarán también ustedes todo mi apoyo.
El señor PRESIDENTE: Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Eran las ocho y veinte minutos de la noche.