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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 23, de 18/05/2004
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2004 VIII Legislatura Núm. 23
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARMEN MARÓN BELTRÁN
Sesión núm. 2
celebrada el martes, 18 de mayo de 2004
ORDEN DEL DÍA:
Ratificación de la celebración de las comparecencias acordadas por la Mesa de la Comisión en su reunión el día 12 de mayo de 2004 ... (Página 2)
Delegación en las Mesas de las Comisiones de la competencia de éstas de adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento, concordante con la Resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983 (Número
de expediente 042/000005.) ... (Página 2)
Comparecencia del señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán) para informar sobre:
- Las líneas generales de la política de su departamento. A petición propia. (Número de expediente 214/000013.) ... (Página 2)
- La política que piensa desarrollar en el Ministerio. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000010.) ... (Página 2)
- Las prioridades y políticas que piensa impulsar en relación a las materias vinculadas a esta Comisión durante la presente legislatura. A solicitud del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 213/000030.)
... (Página 2)
Se abre la sesión a las once de la mañana.
RATIFICACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LAS COMPARECENCIAS ACORDADAS POR LA MESA DE LA COMISIÓN EN SU REUNIÓN DE 12 DE MAYO DE 2004.
La señora PRESIDENTA: Buenos días, señoras y señores diputados. Se abre la sesión de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales con el orden del día que conocen SS.SS. y que ha sido aprobado en reunión de Mesa y portavoces el pasado día 12
de mayo. Por tanto, en primer lugar, solicito de SS.SS.
la ratificación de la celebración de esta comparecencia acordada por la Mesa el pasado día 12 sin delegación previa. ¿Se aprueba esta delegación por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobada.
DELEGACIÓN EN LAS MESAS DE LAS COMISIONES DE LA COMPETENCIA DE ÉSTAS DE ADOPCIÓN DE LOS ACUERDOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO, CONCORDANTE CON LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1983. (Número
de expediente 042/000005.)
La señora PRESIDENTA: En segundo lugar, el primer punto del orden del día es la delegación en la Mesa de la Comisión de la competencia de ésta de la adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento, concordante con la
Resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983. El rechazo de solicitudes de comparecencia exigirá el acuerdo unánime de los miembros de la Mesa; en el supuesto de no existir ese acuerdo, la competencia para resolver
permanecerá en el pleno de esta Comisión. ¿Se aprueba la delegación en estos términos? (Pausa.) Queda aprobada, señorías.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN) PARA INFORMAR SOBRE:
- LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente 214/000013.)
- LA POLÍTICA QUE PIENSA DESARROLLAR EN EL MINISTERIO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000010.)
- LAS PRIORIDADES Y POLÍTICAS QUE PIENSA IMPULSAR EN RELACIÓN A LAS MATERIAS VINCULADAS A ESTA COMISIÓN DURANTE LA PRESENTE LEGISLATURA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 213/000030.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto 2 del orden del día, que es la comparecencia del señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, a petición propia, para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento. Esta
comparecencia ha sido solicitada también a petición del Grupo Popular en el Congreso y del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por este orden. Acumularemos, pues, las tres peticiones de comparecencia. Dándole la bienvenida a esta
Comisión, tiene la palabra el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Muchas gracias, señora presidenta. Quiero trasladar a todos ustedes un cordial saludo empezando por ella, la representante institucional de esta Comisión, y
expresarles mi profundo agradecimiento por participar hoy todos ustedes en esta Comisión. Quiero ponerme a disposición del Parlamento desde este primer minuto y para ello -permítanme- he invitado a que me acompañara al equipo directivo de mi
ministerio, que irá compareciendo a su vez en las muy diversas comisiones que tienen que ver con las áreas competenciales de este ministerio. Si no les parece mal, aquí están -varios son conocidos de ustedes, son ex parlamentarios- la secretaria de
Estado Amparo Valcarce, la secretaria de Estado Consuelo
Rumí, el secretario de Estado Octavio Granado, la secretaria general de Igualdad Soledad Murillo, el secretario general de Empleo Valeriano Gómez y la subsecretaria del departamento Aurora Domínguez. Creo que no me dejo a nadie más. Quiero
que sepan también que a todos ellos les he dado una instrucción que me aplicaré yo: el máximo respeto a este Parlamento, el máximo respeto a las competencias de este Parlamento, la máxima transparencia en el desarrollo de nuestro trabajo y la
máxima información de que disponga este ministerio estará siempre a disposición de todos ustedes. No duden en solicitar toda la información precisa para el desarrollo de sus trabajos, que desde luego este ministerio se la trasladará íntegramente.
Por tanto, esta primera comparecencia para mí es motivo de satisfacción después de tantos años en esta Cámara y, como decía la señora presidenta, lo es a petición propia pero también a petición de otros grupos parlamentarios. Siempre reconoceré ese
hecho y siempre que SS.SS. realicen una petición, en la medida en que el trabajo lo permita, la atenderé en la forma más inmediata posible. Es la primera comparecencia después de las elecciones del 14 de marzo en la que, si ustedes me permiten,
voy a hablar de las grandes líneas de trabajo de este departamento. Estarán ustedes de acuerdo conmigo en que debe seguir la línea orientadora del programa electoral que -además tuve el honor de coordinar en nombre de mi partido- obtuvo la mayoría
del apoyo de los ciudadanos, en el cual las políticas sociales se erigen en verdaderas protagonistas; políticas sociales que, como dijera el presidente del Gobierno en su debate de investidura, son las que definen y caracterizan todo proyecto
socialista, son aquellas que garantizan la cohesión social, el bienestar y la igualdad de los ciudadanos. Gran parte de esas políticas deben ser impulsadas desde el departamento de Trabajo y Asuntos Sociales, pero quiero que lo sea con la
cooperación de todos ustedes. Si tenemos éxito, si aumentamos los estándares de protección social en nuestro país, será un mérito de todos, no será un mérito sólo del Gobierno o del ministro que les habla. Por tanto, quiero pedir del modo más
importante, más simbólico que pudiera hacer, su cooperación en esta tarea. Esa actuación, por tanto, será de acuerdo al programa electoral pero con el diálogo con esta Comisión, también con el entendimiento de las fuerzas sociales y de los agentes
económicos y sociales y con las ONG que defienden los intereses de los diversos colectivos más necesitados de protección. Por ello, el diálogo y la voluntad de entendimiento serán las piezas claves que caracterizarán la eficiencia de las medidas de
la acción del Gobierno.
Permítame que la estructura de la comparecencia la haga en relación con las diversas áreas de trabajo de mi departamento. Antes de abordar cada una de ellas conviene detenerse en la reestructuración que ha sufrido este ministerio y sus
nuevas competencias que, como ustedes saben, a las que con anterioridad tenía atribuidas este departamento -las áreas de Empleo y de Seguridad Social- se suman las de Inmigración y Emigración y se amplían también algunos aspectos de la política de
igualdad con la creación de la Secretaría General para la Igualdad. La reestructuración se inserta dentro del compromiso del Gobierno de realizar una gestión destinada a lograr una España mejor, dando una respuesta integral a los graves problemas o
a los problemas que tiene nuestra sociedad, que debe atender también la heterogeneidad de sus ciudadanos, sus formas de vida libremente elegidas y también de convivencia; una gestión que llene de nuevos contenidos la condición de ciudadanos, que
avance en una sociedad más cohesionada donde la igualdad entre hombres y mujeres sea real y efectiva, donde la protección de la integridad de la mujer no constituya un grave problema social.
Empiezo por el área de empleo, el mercado de trabajo. Para abordar este tema habría que comenzar diciendo que el modelo de mercado laboral tiene una estrecha relación a su vez con el modelo económico que se pretenda desarrollar, lo que
significa que la forma que tome en la regulación del mercado de trabajo y las instituciones laborales estará en función de las características y objetivos que se plantean en la economía. El Partido Socialista ha reiterado que tomará todo lo
positivo de lo que se ha hecho hasta ahora en cuanto a política económica, como no podría ser de otra forma; que esa acción positiva se ha venido manifestando en el pasado en forma de creación de empleo importante, pero que no obstante los datos
que hoy tenemos encima de la mesa muestran que el patrón de crecimiento de la economía española en estos años recientes, pese a ese buen resultado en creación de empleo y en crecimiento económico, presenta algunos desequilibrios que deben ser
superados y, sobre todo, ponen de manifiesto que no es sostenible indefinidamente este modelo, como han señalado, por cierto, numerosos expertos e instituciones como el Banco de España. Por tanto, el Gobierno defiende la necesidad de ir
introduciendo cambios en el modelo productivo que favorezcan un crecimiento sostenido y sostenible que supere los actuales desequilibrios. En el contexto de la economía globalizada actual, las posibilidades de lograr un mayor progreso económico y
por tanto social dependen de la capacidad competitiva de la economía y, para un país con las características del nuestro, con un grado de desarrollo y un nivel de costes intermedios, esto supone realizar un considerable esfuerzo para fortalecer
aquellos aspectos que son generalmente aceptados como elementos que aseguran en mayor grado el éxito competitivo a largo plazo; factores, por otra parte, que constituyen en todo caso los terrenos en los que la economía española presenta mayores
déficit. En suma, como estableció el compromiso electoral del Partido Socialista y reiteró el presidente del Gobierno en la investidura, se trata de apostar claramente por la educación y la formación,
por la investigación y el desarrollo tecnológico y, en general, de elevar los niveles relativamente bajos de capitalización de la economía española: capital humano, tecnológico y físico. Estos factores son básicos para mejorar los niveles
de productividad de la economía, que se han deteriorado en los últimos años, y para hacer frente al desafío de la competitividad en un contexto en el que ya no es posible recurrir a instrumentos del pasado como devaluaciones, restricciones
domésticas en la política monetaria, para conseguir ventajas de costes y precios y en el que las posibilidades de competir del sistema productivo español dependen cada día más y más de la incorporación de tecnología, de la innovación y de la
calidad. Por tanto, se trata de avanzar en políticas cuyos resultados son observables más bien a medio y largo plazo -no a plazo inmediato- pero que no tienen alternativa, y si se retrasa su adopción será entonces un tiempo irrecuperable.
Necesitamos, por consiguiente, un mercado de trabajo coherente con ello, coherente con el modelo económico que queremos impulsar, y sinceramente creo que el mercado laboral actual no es el adecuado para favorecer y avanzar en el objetivo de
competitividad descrito.
La economía española ya crea empleo, es cierto, ha creado empleo de forma importante en estos últimos años, pero debemos intentar que además se cree empleo de más calidad; esta es la cuestión. Lo que queremos, por tanto, y creo que debemos
hacer es convertir la calidad del empleo en el objetivo fundamental de nuestro trabajo. Uno de los pilares básicos para lograrlo es promover un cambio en el modelo productivo, en el tipo de crecimiento económico. La investigación y el desarrollo
tecnológico, la apuesta por la formación y la educación y la transformación empresarial que llevan consigo dan lugar a la creación de empleo de calidad. El otro pilar está situado en el mercado de trabajo, en su funcionamiento y en sus
instituciones. Hay tres aspectos que en especial, señorías, muestran una clara disfuncionalidad con respecto a los objetivos de lograr una economía más competitiva e impulsar la creación de empleo de calidad: primero, la excesiva temporalidad en
el empleo; segundo, la debilidad de las políticas de empleo y de gestión del mercado de trabajo; y tercero, el bajo nivel de formación de nuestros trabajadores.
Respecto al primero de estos problemas, es claro que el denominado modelo de flexibilidad español ha descansado en exceso sobre el uso de la contratación temporal, lo que sin duda tiene costes que no están siendo internalizados por los
agentes y que son escasamente compatibles con el planteamiento competitivo al que antes hacía referencia. Además, señorías, la temporalidad tiene unos graves costes. El primero de ellos es que la elevada temporalidad tiende a reducir -y está
estadísticamente demostrado- los niveles generales de formación de nuestra población trabajadora; en segundo lugar, existe una relación entre temporalidad y accidentes laborales; en tercer lugar, los trabajadores temporales padecen peores
condiciones de trabajo; en cuarto lugar, existen diferencias salariales en contra de los trabajadores con contrato temporal, derivadas normalmente de que los mejores puestos de trabajo están vinculados a los contratos indefinidos; y, por último,
se ha encontrado que existe conexión entre el aumento del número de trabajadores temporales y el crecimiento del gasto en las prestaciones contributivas por desempleo. Por tanto, esta situación de elevada temporalidad del empleo no sólo es injusta
sino incompatible a todas luces con un modelo productivo, basado en mayor productividad, que lógicamente debería sustentarse en un empleo de mayor calidad. De hecho, la reducción de la temporalidad inserta en un conjunto más amplio de reformas en
el mercado de trabajo es un factor decisivo para ese crecimiento de la competitividad; por otra parte, reducir temporalidad y mejorar en general la calidad del empleo es una recomendación que la propia Unión Europea ha realizado al Gobierno español
de forma insistente en los últimos años, y es sobre todo el factor principal de preocupación de los españoles. Este es el factor principal de preocupación, el que la mayoría de los españoles identifica como el problema más importante que tiene hoy
la sociedad española, y tiene una lógica absoluta que los españoles piensen así. Creo que los ciudadanos no se equivocan. El trabajo es uno de los ámbitos más importantes, seguramente el más importante, de desarrollo de la persona, y creo que es
el factor de inclusión social por excelencia. Como dijo alguien: todo empieza por el trabajo. Por tanto, hacer frente a la excesiva temporalidad va a requerir un conjunto de actuaciones muy diversas que comiencen a cambiar los hábitos en el uso
de la contratación temporal. En primer lugar, la estacionalidad de amplios sectores de actividad de la economía española no es una característica temporal o imprevisible -es previsible, la conocemos-, sino algo estable que forma parte de la
naturaleza misma de su producción, y el hecho de que el periodo de actividad no sea continuo o sea inferior a los 12 meses del año no debe implicar que en cada ejercicio se suscriban y se rescindan los contratos a los mismos trabajadores. La
adaptación a esa naturaleza estacional pero permanente de la actividad empresarial se debe realizar mediante fórmulas de contratación que no son temporales y que suponen incluso un mayor grado de flexibilidad en la organización del tiempo de
trabajo, como son los contratos a tiempo parcial y los fijos discontinuos. Por tanto, un cambio en el hábito de usar la contratación temporal en las actividades estacionales puede significar la conversión de centenares de miles de puestos de
trabajos temporales en fijos. En segundo lugar, la subcontratación -que como saben ustedes es una forma de organización empresarial y un método de gestión que promueve la especialización productiva y la eficiencia económica- no debe implicar
inexorablemente la extensión del trabajo temporal. Tenemos que evitarlo. Si la actividad permanente de la
empresa es la prestación de servicios a otra empresa en la subcontratación, no es razonable que la mayoría de su plantilla sea temporal a través del mecanismo de asociar los contratos de los trabajadores a los contratos mercantiles con las
empresas para las cuales se prestan los servicios. De esta forma se está dando lugar al absurdo de que un trabajador puede ser indefinidamente temporal porque la relación contractual entre las empresas, la subcontratación, aunque no tenga fecha de
formalización es por definición finita en el tiempo. Por tanto, acabar con el hábito de vincular los contratos temporales por obra o servicio a la existencia de una relación de subcontratación supondría transformar en estable otra importante
porción de la actual temporalidad. En tercer lugar, no es apropiado que se utilicen los contratos temporales como métodos para alargar - a menudo de forma poco justificada- los periodos de prueba en la contratación de los trabajadores, ni es
aceptable que se aplique de forma tan masiva a la contratación de los jóvenes. Tampoco es adecuado prolongar artificialmente en el tiempo la relación temporal encadenando contratos sólo para impedir que el trabajador adquiera los derechos de
protección del empleo que conlleva el reconocimiento de la relación laboral indefinida.
¿Podemos cambiar estos hábitos? Creo que hay que ponerse a trabajar para cambiarlos, y desde luego esto llevaría diversas medidas que queremos someter a discusión con los grupos parlamentarios y, por supuesto, a consenso con las
organizaciones sociales, sindicatos y empresarios. Entre las medidas podríamos destacar algunas: revisar la ordenación jurídica de la contratación temporal, garantizando la recuperación real del principio de causalidad y los espacios grises que
han dado lugar a la pérdida de causalización en su utilización; divulgar y dar a conocer cuál es el uso correcto de los distintos contratos ante las necesidades empresariales más frecuentes; reforzar la eficacia de la Inspección de Trabajo en
conexión con otros instrumentos públicos de registro de la contratación, no tanto con un espíritu sancionador como con el objetivo de remover en la empresa la correcta utilización de los contratos y facilitar su transformación; realizar en
colaboración con empresarios y sindicatos campañas sectoriales de revisión de las prácticas de contratación que promuevan el cambio de los hábitos y el uso correcto de los contratos; modificar la estructura de costes relativos de los contratos, de
forma que sea siempre más favorable el mantenimiento de plantillas estables, estimulando de este modo el cambio en los sistemas de organización empresarial basados en la temporalidad, al tiempo que se incentiva la creación de empleo de calidad;
renovar el cuadro de presunciones jurídicas a favor de la contratación indefinida, cancelando así, por ejemplo, la extendida e irregular práctica de la celebración de dos contrataciones con el mismo trabajador con la interrupción del periodo de
vacaciones; dignificar las condiciones de trabajo de los trabajadores temporales a través, entre otras medidas, del refuerzo del principio de paridad de trato de los trabajadores temporales con los trabajadores fijos -debemos intentar aproximar los
costes laborales de ambos tipos de contratos-; expandir la contratación a tiempo parcial de carácter indefinido en su condición de modalidad capaz de canalizar el empleo en un marco de seguridad laboral adaptado a las necesidades de las empresas y
a los requerimientos de empleo de las administraciones públicas; establecer que las empresas de trabajo temporal cuenten con una determinada plantilla fija de trabajadores puestos a disposición, computada en función del volumen de contrataciones
realizadas, y dignificar las condiciones de trabajo prestado en régimen de descentralización productiva, subcontratación, que contribuya a desvincular a los trabajadores de una relación laboral adecuada, elaborando una ley general para clarificar
las obligaciones y responsabilidades de las empresas que intervienen en estos procesos y reforzar los derechos de representación y negociación colectiva de los trabajadores. Aparte de todo ello, el Gobierno quiere asumir su responsabilidad en
cuanto a la reducción de la temporalidad en las administraciones públicas. Es una lamentable paradoja que, mientras el sector privado ha estado haciendo esfuerzos que han conllevado una cierta reducción de la tasa de temporalidad después de la
última reforma del año 1997, ésta, la temporalidad, ha crecido de forma exponencial en el sector público. La supresión del límite a la tasa de reposición en el empleo público ha detenido de forma inmediata el proceso de crecimiento de la
temporalidad en las administraciones públicas, demostrando que era esa una de sus causas principales. El Gobierno quiere abordar además, mediante una proceso de diálogo con comunidades autónomas y ayuntamientos, nuevas medidas que permitan reducir
hasta los niveles precedentes, como mínimo, la tasa de temporalidad en el sector público que ha crecido en demasía en los últimos años.
En definitiva, para afrontar adecuadamente un problema tan complejo y enquistado en el empleo español como la elevada temporalidad, harán falta medidas, harán falta muchos esfuerzos y hará falta tiempo; pero todo esto sólo puede ser eficaz
si se realiza dentro del marco del diálogo entre los grupos parlamentarios y del diálogo social. Hacer, en consecuencia, compatibles los objetivos, el anhelo social de una mejor calidad de empleo y la necesidad de conseguir unas empresas más
competitivas será nuestro objetivo. Avanzar a un tiempo en la flexibilidad y la seguridad en el empleo, que no son incompatibles, sólo se puede lograr con el concurso y el consenso de los interlocutores sociales. El Gobierno va a dedicar todos sus
esfuerzos, toda su tarea a facilitar y hacer posible esa conciliación, ese encuentro, ese consenso; tarea que se enmarca en otra de las orientaciones generales del departamento de Trabajo y Asuntos Sociales, cual es la de fortalecer y
desarrollar las relaciones laborales. En este aspecto, la reforma de la negociación colectiva tiene que ser otro de los grandes pilares. Este es uno de los elementos estructurales del sistema de relaciones laborales y tiene unas
repercusiones económicas y sociales de primer orden. Los interlocutores sociales, de forma autónoma, pusieron unas bases de reforma en el Acuerdo interconfederal del año 1997, y ahora es preciso un impulso definitivo para reformar la estructura y
las reglas de funcionamiento del sistema con proyección de futuro. Del mismo modo que las vigentes reglas de negociación colectiva, que han permanecido estables en sus principales aspectos durante 25 años, surgieron del Acuerdo básico
interconfederal del año 1979 -mediante el acuerdo político, entonces, entre UCD y el PSOE-, el objetivo es conseguir en esta etapa una renovación de esas normas teniendo en cuenta los profundos cambios de todo tipo que se han producido en el marco
global en el que se desarrollan las relaciones laborales. Se trata, en suma, de acreditar un consenso del que se deriven, con vocación de permanencia, reglas eficientes para la negociación colectiva en el contexto actual y para los próximos 15 ó 20
años.
El Gobierno está decidido a acometer, por tanto, las reformas necesarias en la línea de promover los cambios que refuercen la modernización de la economía, pero aún estamos más convencidos, señorías, de que la participación y el consenso de
los agentes sociales es el elemento crucial para garantizar el éxito de las reformas. Las experiencias, algunas próximas en el tiempo, han demostrado que la eficacia de las medidas y de los cambios es mayor cuando provienen del acuerdo entre los
interlocutores sociales. Esa es, por cierto, la opinión unánime de empresarios y sindicatos, que ha sido manifestada en los primeros contactos mantenidos en el proceso de nuevo impulso del diálogo social, y es además la mejor forma de asegurar que
las reformas pongan en primer plano la cuestión hoy central de la calidad del empleo. En esta perspectiva, el Gobierno propondrá la creación de una comisión de expertos, en la que participarán representantes de los agentes sociales, con el objetivo
de estudiar el funcionamiento de las reformas laborales realizadas en los últimos diez años, diagnosticar los problemas del mercado de trabajo y aportar líneas de actuación. El diálogo social debería, pues, analizar en todas sus facetas el complejo
fenómeno de la temporalidad, identificando sus repercusiones dentro del esquema general del modelo de flexibilidad español, y debería asimismo revisar los acuerdos del año 1997, que han dado resultados positivos -han sido positivos-, aunque creemos
que sus medidas están llegando a un punto de agotamiento. Deberían darse pasos, hacerse propuestas para reformar, entre otras cosas, la regulación de los contratos temporales, para reducir la rotación y el encadenamiento de los mismos y encauzar el
fenómeno de la subcontratación y de las empresas de servicios. Se trata, pues, de alcanzar un consenso en las estrategias, para lo cual hay que otorgar más tiempo a la evaluación y a la reflexión compartida. El Gobierno persigue abrir espacios de
consenso social para garantizar que cuando la norma entre en funcionamiento comience a dar sus frutos de forma inmediata. Para todo ello, señorías, para comenzar esta andadura, tras los primeros contactos mantenidos en días pasados, el presidente
del Gobierno se reunirá a partir de esta misma tarde con los máximos dirigentes de las organizaciones empresariales y sindicales. Será el punto de inicio de un proceso de diálogo que podrá ser tan largo como amplias sean las reformas que se puedan
acometer. El presidente del Gobierno va a transmitir el apoyo y confianza del Gobierno en la capacidad y responsabilidad de los interlocutores sociales.
La segunda gran disfuncionalidad respecto de los objetivos de mejorar la competitividad y la calidad del empleo estriba en la debilidad de las políticas de empleo y la necesidad de mejorar la eficacia en la gestión del mismo. Tenemos en
estos momentos, señorías, una situación caracterizada por una realidad dual. En muchas zonas geográficas la tasa de paro se ha reducido hasta niveles que, en el caso del empleo masculino, pueden considerarse como de pleno empleo técnico, lo que
quiere decir que se están produciendo estrangulamientos en la oferta laboral que impiden a las empresas aumentar sus efectivos, y ello se debe a la muy limitada movilidad que tiene nuestro mercado laboral; y por otro lado existen simultáneamente en
el paro bolsas de desempleados que tienen dificultades crecientes de empleabilidad en otras zonas geográficas. Es, en definitiva, una realidad que se dualiza, lo que va a requerir una gestión reforzada y más eficaz del mercado laboral. Además, es
otra de las recomendaciones que nos ha hecho la Unión Europea en la aplicación para España de las líneas directrices de empleo y, por otro lado, es una necesidad ampliamente sentida por la sociedad española. La respuesta obliga a poner en marcha un
plan global de reforma y modernización de los servicios públicos de empleo, impulsado por el Gobierno, pero junto a las comunidades autónomas y la interlocución de los agentes sociales. Lograr la modernización de los servicios públicos de empleo
requiere voluntad de cambiar, pero también requiere poner más recursos. Por ello el Gobierno, bajo su propia responsabilidad aunque con la participación de los interlocutores sociales, se propone incrementar la dotación de medios humanos,
tecnológicos y materiales, como algo imprescindible en el servicio público de empleo; dotar a estos medios de una organización más adecuada y participativa; fomentar la creación de redes de concertación y colaboración de los servicios públicos de
empleo con los nuevos actores que intervienen en el mercado de trabajo; incrementar las dotaciones dedicadas a nuevas políticas activas de empleo, procediendo previamente a su actualización y rigurosa evaluación, de forma que lleguen de manera
eficaz a los grupos
más necesitados de apoyo, tales como desempleados de larga duración, mujeres, víctimas de violencia de género, inmigración, etcétera; revisar y mejorar el sistema de protección por desempleo para los colectivos con mayor dificultad de
inserción laboral y circunstancias laborales especiales; culminar el diseño e implantación del sistema de información a los servicios públicos de empleo, a fin de dotarlos de nuevas y más ágiles formas de gestión, garantizando la unidad de mercado
y asegurando un mapa estadístico del empleo riguroso y fiable; crear, en colaboración con las comunidades autónomas y agentes sociales, una agencia de calidad en el empleo encargada de evaluar anualmente las políticas de empleo y formación
profesional, todo ello dentro de un compromiso de inserción generador de obligaciones mutuas en los servicios de empleo y desempleo, con el fin de facilitar el acceso al empleo mediante el diseño y ejecución de planes individualizados de formación e
inserción laboral.
Apostaremos asimismo por la economía del conocimiento, en línea con las recomendaciones de la Unión Europea, lo que requiere una fuerte inversión en formación como vía para asegurar la cualificación profesional y garantizar la empleabilidad
de toda la población laboral en edad de trabajar. Esta es la tercera de las grandes disfuncionalidades del modelo laboral español: el grado, comparativamente bajo, de formación y desarrollo del capital humano respecto a otros países de la Unión
Europea. Para hacerle frente se debe organizar un nuevo modelo de formación profesional para el empleo estructurado, como en la mayoría de los países de la Unión Europea, en dos subsistemas vinculados al sistema nacional de cualificaciones,
incluyendo dentro del subsistema de formación continua la actual formación ocupacional. Vamos a reconocer el derecho a un crédito de tiempo para la actualización y el reciclaje profesional y a reformar el modelo actual de formación continua
haciendo un modelo que estimule la inversión de la empresa en cualificación de trabajadores, termine con las impugnaciones de las comunidades autónomas porque reserve unas competencias claramente adecuadas y suficientes para éstas y que preserve los
ámbitos de participación de empresarios y trabajadores en el desarrollo y gestión de la formación continua, pero esto exige también reformar el sistema de formación continua, el mismo sistema. Desde luego, a lo largo de este año mantendremos el
desarrollo del modelo vigente, pero se abrirán consultas con los agentes sociales y comunidades autónomas en la perspectiva de abordar una reforma que le dote de eficacia y estabilidad, partiendo de la base de que las comunidades autónomas deben
gestionar -además, porque así lo ha dicho el Tribunal Constitucional- una parte importante de estos fondos, pero preservando asimismo una dotación que permita, en el ámbito estatal, desarrollar políticas de dimensión sectorial e intersectorial.
Otra vertiente fundamental de la calidad del empleo es la prevención de los riesgos laborales y la reducción de los accidentes de trabajo, aparte de que las medidas para reducir la temporalidad tendrán también una favorable repercusión sobre
los niveles, inaceptablemente elevados, de siniestralidad. En este aspecto, una tarea fundamental consiste en desarrollar los acuerdos alcanzados en la pasada etapa por los interlocutores sociales. Complementariamente, es preciso reforzar la
actuación de la Inspección de Trabajo y continuar con el desarrollo y aplicación del plan de choque que opera sobre los sectores y actividades con mayores tasas de siniestralidad. Y además de lo anterior, el presidente del Gobierno comprometió en
su discurso de investidura un plan de actuación específico, elaborado son sindicatos y organizaciones empresariales, para reducir drásticamente la siniestralidad laboral, plan que debería abordar, entre otras, las siguientes cuestiones:
revalorización de los instrumentos técnicos de que dispone el Estado, adecuándolos a la nueva estructura socioeconómica de nuestra sociedad, junto con el refuerzo de los mecanismos de coordinación entre las diversas administraciones públicas;
reordenación del marco normativo de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, estableciendo controles de calidad y transparencia en relación con los servicios de prevención por ella gestionados; mejora de los mecanismos de
participación de trabajadores y sus representantes, desarrollando un marco adecuado de representación a nivel sectorial y territorial y la introducción de programas de I+D+I en los planes y programas de investigación preventiva de las empresas;
puesta en marcha de un plan nacional de vigilancia de salud; renovación del sistema de notificación estadística de la siniestralidad laboral en las causas de los accidentes de trabajo, y establecimiento de garantías en relación con el cumplimiento
de la normativa sobre prevención de riesgos laborales en la ejecución de obras y servicios contratados por las administraciones públicas.
A continuación, señorías, voy a realizar un anuncio importante. Quiero anunciarles que el Gobierno ha decidido la subida, con carácter inmediato, del salario mínimo a partir del día 1 de julio del año 2004.
Esta subida del 6,6 por ciento
-que se unirá a la del 2 por ciento que inició el año 2004- llevará el salario mínimo a los 490 euros al mes, recuperando así todo el poder adquisitivo perdido por el salario mínimo desde el año 1997. Ello quiere decir, señorías, que este es un
Gobierno que cumple sus compromisos y además con rapidez, constituyendo ésta una primera subida que escalonadamente permitirá acabar la legislatura con un salario mínimo de 600 euros al mes. Esta revisión, como les decía, establece una subida del
6,6 por ciento, hasta 490 euros al mes, y supone recuperar e incluso mejorar un poco el poder adquisitivo perdido durante las dos últimas legislaturas. Les entregaré a continuación los gráficos de evolución del salario mínimo interprofesional
durante los ocho últimos años y podrán contemplar SS.SS. cómo el salario mínimo ha ido cayendo sistemáticamente en relación con el incremento de la subida de los precios, es decir, del IPC. Es por tanto necesario proceder, por razones no
sólo de justicia social sino también de eficiencia económica, a una revalorización inmediata del salario mínimo interprofesional. Con esta revisión se inicia el cumplimiento de lo establecido en el programa electoral del Partido Socialista y en el
discurso de investidura del presidente del Gobierno, que como dije antes prevé alcanzar al final de la legislatura un salario mínimo interprofesional de 600 euros. Eso sí, la regulación del nuevo salario mínimo interprofesional incorporará la
desvinculación de todas las prestaciones públicas ligadas al salario mínimo salvo las correspondientes al sistema de protección por desempleo y su sustitución por un indicador cuya cuantía se revisará anualmente en la Ley de presupuestos,
estableciéndose a partir de la entrada en vigor del nuevo salario mínimo el indicador de renta sustitutivo en la cuantía de 460 euros mensuales en 14 pagas. Por tanto, señorías, creo que es un anuncio importante la revisión del salario mínimo
interprofesional, que someteremos a consulta de los interlocutores sociales con la idea de que el 1 de julio del año 2004 entre en vigor con una cantidad de 490 euros mensuales, lo que permitirá reparar la pérdida de poder adquisitivo de los últimos
años y comenzar a cumplir con otro de los compromisos del presidente del Gobierno, a fin de situar el salario mínimo en la senda de los 600 euros en que queremos que acabe la presente legislatura.
Pasamos al área de Seguridad Social. Les ruego que disculpen la extensión de esta intervención debido sin duda a las amplias materias objeto de competencia de este departamento, así como al hecho de que quiero que desde el primer momento la
información que suministre el Gobierno sea lo más detallada posible para el desarrollo del trabajo de todas SS.SS. En materia de Seguridad Social permítanme una valoración general y es que nuestro sistema de protección social tiene dos
estabilizadores fundamentales: el crecimiento de la actividad económica, y consecuentemente de los ingresos del sistema, y el Pacto de Toledo, que inspira el acuerdo de las fuerzas políticas y de los agentes sociales sobre las grandes líneas, la
hoja de ruta de las medidas a emprender para la consolidación del mismo compatibles con un incremento del esfuerzo solidario. Nuestro sistema, señorías, se ha reforzado en los últimos años como consecuencia del aumento del empleo, de la
incorporación de los inmigrantes -que suponen ya más de un millón de cotizaciones a la Seguridad Social- y por el hecho no desdeñable de que durante toda esta década se jubilarán en nuestro país las personas que nacieron entre los años 1935 y 1945,
un grupo de edad notablemente reducido como consecuencia de la guerra civil y del impacto que provocó la natalidad, la mortalidad, el exilio y la represión producidas por la contienda. En términos más inmediatos, señorías, las cotizaciones de
ocupados a la Seguridad Social superaron por primera vez en la historia de España la cifra de 17 millones de cotizantes en el mes de abril. Les anuncio también que la última cifra conocida a día de ayer, 17 de mayo, sitúa en 17.197.862 las
cotizaciones y que esta cifra es superior en 608.301 a la cifra de 31 de diciembre del año 2003. A efectos comparativos, el mismo día del año pasado, la cifra de ganancia de afiliados sobre el 31 de diciembre de 2002 era de 551.764 personas. Esto
quiere decir que se va a producir una pequeña aceleración en positivo en el número de afiliaciones en estos cuatro meses y 17 días discurridos hasta el 17 de mayo del año 2004. Creo que es un dato positivo a retener por todos nosotros. Sin
embargo, estos buenos indicadores, señoras y señores diputados, a corto plazo no se han traducido en un suficiente incremento de las aportaciones del Estado a la Seguridad Social para el pago de los complementos a mínimos de las pensiones, hasta el
punto de que las cotizaciones de trabajadores y empresarios han venido sufragando en los últimos ocho años más del 90 por ciento de los complementos a mínimos de nuestras pensiones; dicho de otro modo, más de 28.000 millones de euros. Nuestras
pensiones más bajas, por tanto, no se han visto, en la medida de lo deseable, beneficiadas del incremento de la riqueza nacional y siguen estando por debajo de los umbrales de necesidad definidos y compartidos por todos los agentes económicos y
políticos, perdiendo peso incluso en la comparación con la renta media por ocupado. El Gobierno ratifica hoy de nuevo su voluntad de incrementar las pensiones mínimas un 26 por ciento en esta legislatura, reitera su propósito de llegar a una
pensión mínima de jubilación y viudedad que garantice a las personas sin recursos lo necesario para una vida digna, y desea hacerlo no de modo unilateral sino a través de un proceso permanente de interlocución con las fuerzas políticas y con los
agentes sociales, para el que ofrezco todo nuestro impulso, y en paralelo solicito su colaboración a fin de conseguir que las medidas abordadas se realicen dentro de una perspectiva de conjunto y beneficien al mayor número posible de pensionistas,
sin poner en peligro el equilibrio del sistema ni desdibujar con actuaciones aisladas el acuerdo global. Pero estas medidas no pueden hacernos olvidar que nuestra responsabilidad ahora consiste en sentar las bases de las reformas que permitan a
nuestro sistema de Seguridad Social encarar el momento en el que, de no realizar reformas estructurales, el crecimiento de los gastos comience a superar el de los ingresos. Por fortuna, esta fecha es lejana, pero ello no debe hacernos dejar de
prever las reformas precisas para evitar esa situación, que se debe a la consecuencia de la evolución de nuestra pirámide demográfica y a la necesidad de dar satisfacción a los derechos de los actuales cotizantes y que el crecimiento, por tanto, del
gasto previsible nos coloque
en una situación distinta a la actual si durante estos años no hemos desarrollado las reformas necesarias.
Negar la existencia de los retos a los que se va a enfrentar la Seguridad Social implicaría una irresponsabilidad que conduce a un desistimiento social, de igual modo que magnificar sus efectos supondría provocar alarmas no justificadas que
con frecuencia aparecen bajo el manto de una pretendida neutralidad técnica. Por ello, entendemos que las reformas que deben acometerse han de llevarse a cabo desde la responsabilidad pero también desde la seguridad; seguridad de que nuestro
sistema se va a mantener, de que el sistema público ofrece futuro, de que el sistema de pensiones español tiene garantías para el futuro; todo ello si somos capaces de adecuar o de establecer las reformas necesarias para su pervivencia y su
mantenimiento, en un marco temporal, por cierto, que no excluya de la protección a colectivos necesitados y que permita a los españoles de hoy conocer cuáles serán las características de nuestra protección social en las próximas décadas. A esta
tarea nos hemos orientado, desde el primer momento, con una interlocución fluida con empresarios y sindicatos que naturalmente extenderemos a los grupos parlamentarios a través de la Comisión parlamentaria de revisión del Pacto de Toledo, en
desarrollo de sus recomendaciones de octubre del año 2003, que deseamos realizar facilitando la información necesaria (toda la que ustedes necesiten), analizando las propuestas provenientes de los diversos interlocutores sociales, políticos y
académicos y a través de propuestas que busquen la concertación. Queremos, por tanto, analizar primero y acordar después la simplificación de los actuales regímenes con el objetivo de que la definitiva configuración de dos únicos regímenes
(trabajadores por cuenta propia y trabajadores por cuenta ajena) sea la pauta de nuestro sistema; la revisión de las bases de cotización, que deben ir progresivamente acercándose a los ingresos reales de los cotizantes a fin de que el esfuerzo
contributivo real sea homogéneo; el tipo de cotización de equilibrio, no sólo desde la consideración de los cálculos actuariales del sistema sino también desde la perspectiva de evitar que los costes asociados graviten negativamente sobre la
creación de nuevos empleos; la política de bonificaciones para simplificar su gestión y orientarla hacia aquellos segmentos del mercado de trabajo en los que pueda ser más eficiente en la generación y mantenimiento del empleo, que constituye su
última razón de ser; el impulso desde medidas legales, pero también desde el convencimiento de que una mayor contribución es imprescindible para la consolidación del sistema de la Seguridad Social; la edad efectiva de acceso a la jubilación y los
incentivos para favorecer la prolongación de la vida laboral, que deben conseguir una edad media de jubilación que garantice el equilibrio financiero del sistema; la reformulación de las prestaciones de viudedad y a favor de otros familiares más
adecuada a las características de la nueva sociedad en la que aparecen diferentes tipos de familias y, con ellas, nuevas necesidades, a la vez que se va logrando que la prestación pueda concentrarse en los colectivos más desasistidos; la mejora de
la protección que brinda la Seguridad Social a las familias dentro de una definición integral de una política de apoyo a las mismas; medidas que impulsen la integración de los inmigrantes en el mercado laboral y en el sistema de Seguridad Social;
y otros aspectos ya destacados por las recomendaciones parlamentarias y agentes sociales, con tres grandes objetivos: sostenibilidad del sistema en los próximos decenios, reforzar su carácter solidario y mejorar las sinergias entre el diseño
adecuado de la protección social y el fomento de la actividad económica.
Sin perjuicio de la voluntad ya expresada de acordar las reformas con los agentes sociales, económicos y políticos, sí quiero avanzarles algunos criterios de partida con los que abordamos esta multiplicidad de procesos de negociación. Nos
proponemos incrementar los incentivos para la prolongación de la edad de jubilación, en un contexto claro de voluntariedad por parte de los trabajadores; adoptar medidas que impidan que el coste de las prejubilaciones de las empresas con beneficios
gravite sobre la Seguridad Social y posibilitar que exista una salida hacia ocupaciones menos penosas o peligrosas para aquellos colectivos que a una determinada edad encuentran dificultades para proseguir con su ocupación habitual, sin que estas
dificultades deriven sistemáticamente hacia la reivindicación de jubilación anticipada en el ámbito de la Seguridad Social. También proponemos adoptar medidas que impulsen sin traumatismos que los cotizantes lleguen a la edad de jubilación con una
carrera de cotización adecuada, con más años cotizados y bases más cercanas a los ingresos reales que permitan una mayor correlación entre aportaciones y prestaciones. No debe aceptarse inexorablemente que quienes cotizan más tiempo y realizan un
mayor esfuerzo de contribución deban verse perjudicados por otros cotizantes que, con rentas no inferiores, modulan su cotización. Nos proponemos, por tanto, corregir las lagunas existentes en el conjunto de la protección a las familias para que no
existan ámbitos de desprotección, pero también orientar el empleo de los recursos públicos hacia situaciones reales de necesidad.
Los nuevos tipos de familia -monoparentales, por ejemplo- deben ser incluidos en un diseño global. El uso combinado
de recursos y prestaciones económicas debe facilitar, unos y otras, a quienes más lo requieren, todo ello de forma paulatina para no perjudicar a los actuales beneficiarios ni poner en peligro la estabilidad del sistema. Nos proponemos implicar
también a la Seguridad Social en el tema, señorías, que en estos momentos preocupa más, sin duda, a nuestros jubilados y pensionistas, que no es otro que la creación de un sistema de atención a las situaciones de dependencia. Permitan que comparta
una reflexión con ustedes y
es la de que a los pensionistas españoles les importa mucho más, creo yo, saber que van a contar con una red suficiente y solvente que les atienda cuando necesiten cuidados, que un punto más o menos de revalorización de sus actuales
pensiones. Ni queremos ni podemos permanecer como espectadores ante esta realidad, que merma la calidad de vida de nuestros mayores y con frecuencia empobrece a sus familias. Pero todas estas cuestiones que están en la agenda de interlocución y
negociación de este ministerio, no pueden hacernos olvidar cuestiones inmediatas de gestión necesitadas de un impulso permanente. El que en este momento nademos a favor de la corriente no debe llevarnos a la comodidad de dejarnos llevar por ella
sin atender a cuestiones pendientes, en algunos casos desde hace mucho tiempo. Mejorar la transparencia del sistema de Seguridad Social facilitando información abierta a la sociedad española sobre la evolución de las principales magnitudes,
prestaciones, cotizaciones, etcétera. En menos de un año podremos ofrecer no sólo los datos del número de cotizaciones sino de las personas que están detrás de las cifras y, sobre todo, de sus períodos cotizados en el último mes para que en el
mismo plazo, en este año, generemos un sistema de consulta rápida y sencilla en el que la información sobre la vida laboral se complete con las bases de cotización para permitir un control inmediato de todos los trabajadores sobre el cumplimiento de
sus derechos. Vamos a estudiar también posibles modificaciones legales en la normativa que regula el fondo de reserva de la Seguridad Social, a fin de eliminar algunas lagunas legales y posibilitar mejoras en su gestión.
Nos preocupa de igual modo el crecimiento del gasto en incapacidad temporal que desde el año 2000 ha crecido más de un 25 por ciento, por encima del crecimiento imputable al número de afiliados o al incremento de los salarios. Ya les
anuncio que en la estructura del Instituto Nacional de la Seguridad Social se creará una subdirección general específica para el seguimiento de la incapacidad temporal, medida que consideramos imprescindible, que, además, no va a generar incremento
de gasto y que irá acompañada del incremento de recursos humanos en esta área, crecimiento inmediato de los médicos del INSS, que se complementará con otro aumento a comienzos del año 2005 y, al mismo tiempo, vamos a discutir también con los
interlocutores sociales mejoras en la gestión y en el control de esta prestación de la Seguridad Social. No puede continuar creciendo la incapacidad temporal en estos niveles tan elevados, como les he indicado, por lo que tomaremos todas las
medidas necesarias para frenar ese crecimiento. También en relación con la incapacidad temporal, como ustedes saben, existe un crédito de casi 300 millones de euros destinado a financiar actuaciones de las comunidades autónomas dentro de un
programa de ahorro de la incapacidad temporal. El crédito correspondiente al año 2003 no se pagó a las comunidades autónomas ni hasta ahora se ha satisfecho el correspondiente a 2004, porque no se habían cumplido los objetivos de reducción de la
incapacidad temporal. En todo caso, la Seguridad Social está ya trabajando con el Ministerio de Sanidad a efectos de habilitar mecanismos que permitan a las comunidades autónomas realizar actividades que supongan una mejora en la situación de
incapacidad temporal y que de este modo les posibiliten recibir este libramiento, los fondos -288 millones de euros- asignados a este fin. Queremos reforzar el seguimiento y control de las infracciones en el orden social que afectan a la Seguridad
Social con modificaciones normativas y planes concretos que permitan actuaciones más eficaces contra el fenómeno de los falsos autónomos y contra la definición de la Seguridad Social. Para acabar con este apartado, las mutuas de accidentes de
trabajo vienen prestando un servicio importante a la Seguridad Social que es nuestra intención mantener. Las actividades de prevención dentro de las mutuas van a contar con una estructura segregada y van a desbloquearse actividades de prevención
como campañas y planes formativos que no se realizaron en años precedentes, diseñando, conjuntamente con el sector y con la mayor implicación de agentes sociales, su modernización, que en muchos aspectos sigue dependiendo de una regulación legal que
ha quedado obsoleta en el transcurso de los años, sin que se haya procedido a su adecuación.
En suma, señorías, nos proponemos realizar un trabajo de concertación que consolide el sistema a medio y largo plazo, un esfuerzo de solidaridad que culmine en esta legislatura con mejores pensiones, atención a la dependencia y protección a
las familias y un trabajo cotidiano de mejor gestión de un activo tan importante para los ciudadanos como es la Seguridad Social.
Paso ahora al área de servicios sociales, familias y discapacidad. Ustedes saben que para nosotros -y estoy seguro que también para todos ustedes- el fortalecimiento del Estado del bienestar es un objetivo prioritario.
Han aparecido nuevas
necesidades sociales que deben suponer la consolidación de nuevos derechos sociales básicos garantizados por el Estado, configurados como auténticos derechos subjetivos. El ejercicio de ellos requiere el desarrollo de los servicios sociales. Los
problemas reales de los ciudadanos exigen nuevas políticas sociales. Nuevas, porque demandan un nuevo impulso económico, pero también porque conciben a las familias como un espacio libre de encuentro y afecto y no sólo como proveedoras de cuidados
primarios. Nuevas, en definitiva, porque apuestan por unos servicios sociales públicos modernos, eficientes y suficientes, que atiendan las necesidades básicas de nuestros mayores, niños, discapacitados, mujeres maltratadas, inmigrantes y
emigrados, y que pasarán a constituir un patrimonio social irrenunciable, homologados en todo el país, armonizados; de ahí la necesaria cooperación económica y financiera con las comunidades autónomas
y los ayuntamientos, y que además constituyen importantísimos yacimientos de empleo. La actuación desde el ámbito de las competencias de este ministerio consistirá en incrementar el presupuesto a lo largo de esta legislatura del Plan
concertado de prestaciones básicas de servicios sociales de atención primaria. Ya les anuncio que repondremos en un primer momento el 7 por ciento que se detrajo a esta partida para el presupuesto del año 2004. Saben ustedes que el presupuesto
bajó en 7.000.000 de euros y lo repondremos inmediatamente. Impulsaremos los servicios sociales mediante una ley básica de servicios sociales que, junto con el sistema nacional de atención a las personas dependientes, constituirá el cuarto pilar
del Estado del bienestar. Haremos un seguimiento y evaluación del segundo Plan nacional de acción para la inclusión social, elaborado en el marco de la estrategia europea en torno a los objetivos comunes de lucha contra la pobreza y exclusión
social, a lo largo del año 2004-2005. Elaboraremos el tercer plan en colaboración con organizaciones sectoriales que integran el tercer sector, el cual incluirá políticas globales contra la pobreza y la exclusión social y promoverá la implantación
de derechos sociales, especialmente en lo referido a la renta mínima de inserción, y actuaciones urgentes para erradicar la pobreza severa. Hay que renovar el programa de desarrollo del pueblo gitano para incidir en aspectos prioritarios, como la
vivienda, el empleo, la educación y la cultura, y hay que promover mayores niveles de cooperación y participación del movimiento asociativo caló a través de la creación del consejo estatal del pueblo gitano. En relación con las ONG y las
subvenciones, creemos, señorías, que se debe garantizar para los próximos ejercicios una cantidad mínima que genere una perspectiva de estabilidad para las ONG, independientemente de la recaudación del impuesto sobre la renta de las personas
físicas. Y queremos implicar al tercer sector en las políticas sociales, tanto en su formulación como en el seguimiento y evaluación de las mismas, promoviendo dicho sector a través de políticas activas, especialmente el voluntariado.
Las familias serán para nosotros un eje fundamental de las políticas de bienestar. Como ustedes saben, las profundas transformaciones experimentadas por la sociedad en la última mitad del siglo XX han comportado cambios importantes en la
familia. El alargamiento de la esperanza de vida, el envejecimiento de la población, la baja natalidad, el incremento de las tasas femeninas en la actividad productiva formal, las nuevas formas de convivencia demandan nuevas políticas de
intervención social y de protección familiar. Para nosotros, las políticas familiares se computan como una inversión y nunca como un gasto, pues generan bienestar y calidad de vida. La atención de los hijos abunda en la solidez de la sociedad del
futuro y previene fracasos escolares o problemáticas asociadas a desarraigos familiares. Por ello, el compromiso tiene que consistir en desarrollar una política familiar universal, que atienda, en la medida de los recursos de que dispongamos, a
todas las familias, que consagre el derecho universal de acceso a los servicios públicos y que permita a sus miembros conciliar vida familiar y profesional y su desarrollo personal. Nuestras medidas consistirán en completar reglamentariamente la
Ley de protección a las familias numerosas, incluyendo nuevos supuestos y beneficiarios, como por ejemplo las parejas de hecho, excluidas de los beneficios de la ley al exigirse un vínculo conyugal, iniciar el desarrollo de una red pública de
escuelas infantiles, de cero a tres años, de calidad, cubriendo el vacío legal existente sobre condiciones y requisitos que éstas deben cumplir, llevar a cabo un nuevo plan integral de apoyo a las familias y elaborar una ley de protección a las
familias para que atienda las nuevas formas de convivencia, especialmente las de aquellas con necesidades especiales, y que pueda incluir, en función de los recursos de que dispongamos, nuevas prestaciones económicas y articular mecanismos de
conciliación, como permisos de paternidad, dado que, en nuestra opinión, hay que eliminar interpretaciones restrictivas de la norma para evitar que los padres no puedan acceder al período de suspensión de la madre cuando esta fallece, como por
ejemplo ocurrió con un reciente caso en Valladolid, que solucionamos de forma inmediata.
Infancia. Por supuesto, será una prioridad, potenciando el Observatorio de la Infancia en colaboración con la plataforma de organizaciones de la infancia y definiendo una estrategia nacional de infancia y adolescencia en cumplimiento de los
compromisos internacionales adquiridos por España en la sesión especial de Naciones Unidas sobre infancia que no se han desarrollado.
Discapacidad. Señorías, nuestro objetivo, y creo que el objetivo de la sociedad española, consiste en eliminar el déficit de ciudadanía de los ciudadanos que presentan alguna limitación física, psíquica o sensorial a través de políticas
sociales que promuevan las condiciones de igualdad en el acceso a los bienes y servicios públicos, con medidas como el desarrollo de la Ley 51/2003, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad, adoptando medidas que garanticen a las personas que sufren algún tipo de discapacidad su derecho universal de accesibilidad. Saben ustedes que la dificultad de estas personas para acceder a un empleo es cuatro veces mayor que la de
aquellas que no se encuentran aquejadas por ningún tipo de discapacidad. Hay que invertir todo lo posible para remover este obstáculo. Nuevamente aquí hay que pensar que estas inversiones no son gastos y, para ello, desarrollaremos un plan estatal
de promoción del empleo para las personas con discapacidad, insertado dentro de las líneas de actuación de la cumbre de Lisboa; dedicaremos también tiempo a la formación, especialmente en nuevas tecnologías
y, desde luego, se realizarán auditorías sobre edificabilidad, en relación con los bienes y servicios públicos, suprimiendo barreras arquitectónicas y de comunicación. Hay que garantizar también su derecho a comunicarse y recibir
información en su propia lengua, para ello nos comprometemos a regular la lengua de signos. Las mujeres con discapacidad, señorías, sufren un doble déficit de ciudadanía: por ser mujer y por ser discapaces. Para ellas desarrollaremos un plan de
acción con especial incidencia en las condiciones para el acceso y el empleo. El Observatorio de la Discapacidad y los Servicios de Información sobre Discapacidad servirán de base para elaborar el primer plan nacional de accesibilidad año
2004-2012. El segundo plan de acción para las personas con discapacidad abarca, como ustedes saben, del año 2003 a 2007. Haremos un seguimiento desde una atención integral a las personas con graves discapacidades analizando su promoción en el
empleo, accesibilidad universal y cohesión de los servicios sociales. El Imserso desarrollará un plan de acción para las personas mayores incluyendo los programas cofinanciados con las comunidades autónomas para la creación y el mantenimiento de
plazas de residencia y centros de día para personas mayores dependientes. También este plan financia ahora en parte -y continuará financiando- el programa para personas con Alzheimer. Desde luego, nuestro objetivo será desarrollar en las próximas
dos legislaturas, señorías, las 158.000 plazas nuevas de residencia y 51.370 en centros de día para mayores de 65 años; desarrollar los servicios de atención, priorizando la atención en el propio domicilio para favorecer la dignidad de los
dependientes; desarrollar íntegramente el sistema de teleasistencia para todas las personas mayores que vivan solas o tengan más de 80 años, así como para las personas con discapacidad o con necesidades, tenemos una previsión en este sentido de
atender aproximadamente a un millón de personas en esta primera legislatura; y garantizar, por último, un servicio de ayuda a domicilio de calidad, incrementando la media de horas de atención y acercando el número de usuarios a la media europea,
con una previsión de 865.000 atenciones para personas mayores de 65 años en esta legislatura.
Paso al área de igualdad, y me quedan sólo dos áreas, señorías. Como ustedes saben las políticas de igualdad se han convertido en otra de las señas de identidad de este Gobierno: es el primer Gobierno paritario de la historia de la
democracia española. Son políticas que deben garantizar la igualdad de hombres y mujeres en el acceso al empleo, en las condiciones de trabajo, en el reparto de las cargas familiares y en el reparto del poder. Políticas de igualdad que no serían
reales si no se incluyera una actuación firme para luchar contra la violencia de género.
Impulsaremos la ley de garantía de igualdad entre hombres y mujeres, en todos los ámbitos, que defina el significado de igualdad, la discriminación directa e
indirecta, el acoso sexual como forma de discriminación, en desarrollo de la Directiva de igualdad de oportunidades en el empleo de hombres y mujeres. La lucha contra la violencia de género, señoras y señores diputados, implica la adopción de
políticas globales que contemplen esta lacra social de una forma íntegra para prevenir el riesgo de maltrato y la comisión del delito, pero también para asegurar la seguridad de las víctimas y para garantizar a éstas su recuperación y,
posteriormente, su integración plena en la sociedad.
El Gobierno se ha comprometido a que el primer proyecto de ley que apruebe el Consejo de Ministros sea la ley orgánica integral contra la violencia de género; lo reitero. Así será, señorías. Ley integral desde el ámbito competencial de
distintos departamentos ministeriales: desde el ámbito subjetivo desarrollará medidas de protección general extensibles a cualquier víctima que lo sea por el hecho de pertenecer al sexo femenino; medidas de protección cualificada, determinadas por
la relación de afectividad de la víctima con el agresor y, en el aspecto objetivo, medidas de sensibilización social, medidas educativas para la educación en igualdad entre hombres y mujeres y resolución pacífica de los conflictos; medidas de
información y asesoramiento a través de servicios de emergencia, apoyo y recuperación integral para las víctimas y sus descendientes, que contemplará también medidas de formación e inserción laboral, estos servicios cubrirán las necesidades
existentes en todo el territorio; medidas desde el ámbito social, laboral y de Seguridad Social, permitiendo la movilidad geográfica, extinción y suspensión del contrato de trabajo, junto con la posibilidad de generar derecho a la protección por
desempleo y se establecerán también medidas de apoyo económico y tratamiento terapéutico psíquico. Planes de empleo específicos establecidos para la inserción profesional de estas personas y una ayuda económica para aquellas personas que no puedan
formar parte de los mismos y en consecuencia no tengan derecho a la renta activa de inserción. La ley irá acompañada de los recursos económicos necesarios que permitan su implantación en todo el territorio en condiciones de calidad y de igualdad.
Y, señorías, ratifico y mantengo que antes del día 30 de junio habrá entrado en este Parlamento el proyecto de ley integral contra la violencia de género. Hasta tanto se aprueba el mismo, como ustedes saben, se han aprobado diversas medidas
urgentes para la prevención de la violencia de género dentro del marco normativo existente hoy para garantizar la eficacia y la eficiencia de sus medidas, garantizando la intervención rápida para la prevención del delito, interesando al ministerio
fiscal para que considere prioritaria la persecución de estos delitos y a tal efecto y, entre otras medidas, disponga que, en caso de quebrantamiento de las órdenes de alejamiento, se proceda a la inmediata detención y puesta a disposición judicial
del infractor. En el Ministerio del Interior, aumento de las plantillas, con 200 y 250 efectivos nuevos para proteger la seguridad de
estas mujeres, y en el de Trabajo y Asuntos Sociales, el desarrollo y la garantía de un servicio de Teleasistencia integral para todas las víctimas que cuenten con una orden de protección.
Pasamos al área de inmigración y emigración. Ustedes saben, señorías, que se ha producido una extraordinaria evolución ascendente en el fenómeno migratorio en nuestro país en los últimos años. Como ya nos comprometimos en el programa
electoral y en el discurso de investidura del presidente, la inmigración será un tema central de la política a desarrollar en esta legislatura. El movimiento migratorio hacia España se caracteriza por su rápido crecimiento. Entre el 31 de
diciembre de 2003 y el 31 de marzo de 2004 el número de extranjeros con tarjeta o permiso de residencia en vigor creció casi un 6 por ciento, cerca de 100.000 personas, lo que eleva el número a un total de 1.742.000 extranjeros hoy con permiso de
residencia en España. Fíjense, en una década hemos llegado a aproximarnos en términos porcentuales al número de residentes legales extranjeros de los que disponen otros países de nuestro entorno con una tradición incluso de décadas en cuanto a la
recepción de población inmigrante. En el año 2003 España recibió el 23 por ciento de inmigración dirigida a la Unión Europea, la legal. Si aplicáramos los criterios de inmigración ilegal, el porcentaje sería superior, pero en términos de permisos
concedidos, el 23 por ciento de todo el espacio comunitario se dirigió a España, cuando la población española no llegaba a representar un 11 por ciento del total europeo. Esta inmigración tiene origen en países muy determinados, siendo los
colectivos más numerosos, como saben ustedes, el marroquí, el ecuatoriano y el colombiano, aunque es de resaltar los importantes crecimientos porcentuales que han experimentado los procedentes de Uruguay, Ucrania, Rumanía y Bulgaria. Esta
inmigración en su mayoría es población en edad de trabajar. El 81,82 por ciento tenían entre 16 y 64 años, y la media de edad es de 34 años. Todo ello referido a finales del año 2003. Otras circunstancias a destacar es que en general, y en
especial en el caso de mujeres, tienen una más alta tasa de actividad que los españoles, 11 puntos por encima de las españolas. Estas características son signo inequívoco de que se trata de una inmigración fundamentalmente laboral. Las causas son
múltiples, pero se pueden citar como más significativas las relativas a las diferencias de renta existentes entre los diversos países y regiones y el proceso de globalización, las sucesivas crisis económicas que han sufrido distintos países del
continente americano en los últimos años y el hecho de formar parte de la frontera sur de la Unión Europea. La inmigración se ha hecho presente en España y con mucha pujanza en poco tiempo, lo que conlleva innumerables ventajas, pero también -no
debemos ocultárnoslo- la aparición de algunas dificultades y tensiones que es preciso afrontar sin dilación. Por ello, proponemos desarrollar muy diversas actuaciones. Para empezar, las propuestas del Comité Económico y Social en su informe de
abril de 2004, que son fruto del consenso entre interlocutores sociales, en líneas generales son compartidas por este ministerio y tenemos la voluntad de irlas incorporando a la normativa, al futuro reglamento; de hecho, algunas de ellas están en
la base de las medidas ya adoptadas e inspiran el diseño de las futuras.
La experiencia de los últimos años, señorías, demuestra que sólo las reformas legislativas no parecen el instrumento más adecuado para afrontar este fenómeno, pero, como en cualquier otro ámbito, somos receptivos a cualquier mejora
legislativa, aunque también debemos contemplar que la profundización de una política europea de inmigración puede llevar en el futuro transposiciones normativas a nuestra legislación, pero creemos que el núcleo de los problemas durante los últimos
años ha tenido su origen más en la deficiente gestión migratoria que en el déficit de regulación legal de este fenómeno. Por ello, la acción fundamental del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en este ámbito irá dirigida a la ordenación
integrada de los flujos migratorios y a la integración de la población inmigrante en la sociedad de acogida. A este fin se ha creado dentro del ministerio, como saben ustedes, la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración. Su rango y su
adscripción son muestra evidente de la importancia y prioridad que se otorgan al fenómeno y de la voluntad de una gestión integral y coordinada de los flujos migratorios, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. La acción, por tanto, del ministerio a través de la Secretaría de Estado irá dirigida al control de la inmigración ilegal: por un lado, a conseguir la mayor eficacia posible en la lucha contra la inmigración irregular, que
tiene como víctimas a todos -primero, a los inmigrantes pero también a la propia sociedad española- y, por otro, a reforzar las tareas de inspección y avanzar de manera decidida en la lucha contra las prácticas ilegales de quienes se aprovechan de
la existencia de una oferta de mano de obra irregular para establecer unas condiciones salariales y de trabajo inaceptables. El segundo gran objetivo será la canalización de la inmigración legal, para lo cual es necesario el establecimiento de un
sistema ágil y eficaz de llegada de la inmigración legal, del que se ha carecido en España durante estos años. Tanto en lo que se refiere al contingente anual de trabajadores extranjeros como a otras vías, el sistema de canalización de la
inmigración laboral ha venido fracasando año tras año y, por ello, debe modificarse de modo sustancial. Existe por parte de los empresarios y de las economías domésticas demanda de trabajadores y ésta debe ser atendida, en nuestra opinión, de
manera satisfactoria. Para el éxito de ambas acciones de control y canalización ha de impulsarse una dimensión básica como es la colaboración con los países de origen de la inmigración tanto en el ámbito de los convenios de readmisión y regulación
de flujos como en aquel que se refiere a la cooperación
al desarrollo. La visita del presidente del Gobierno a Marruecos fue un paso importante en este sentido.
Los movimientos migratorios, señorías, son una gran oportunidad para España, pero deben serlo también para sus países de origen. Es necesario, por tanto, cooperar con estos países, también con el objetivo de convertir a los trabajadores
inmigrantes en vectores de codesarrollo. Es evidente que la labor desborda los límites nacionales y hace necesaria una acción europea. Hay que reforzar, por tanto, el compromiso europeísta no sólo en el control y canalización de los flujos, sino
también en la cooperación con los países de origen de la inmigración en los sentidos antes señalados. Queremos, pues, colaborar sin reservas en la articulación de una verdadera política europea de inmigración. En el ámbito de la sociedad española
es necesario adoptar medidas para la integración social y laboral de las personas inmigrantes. Somos conscientes que la promoción de la integración social de los inmigrantes en la realidad española es imprescindible para asegurar la mejor
convivencia entre personas de culturas, razas y religiones distintas durante las próximas décadas. Sin embargo, se trata de una tarea pendiente y las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora han carecido tanto de coordinación entre las distintas
actuaciones como de cierta ambición que consideramos imprescindible. La disposición del Gobierno a acometer esta tarea es firme y, para ello, la nueva Secretaría de Estado de Inmigración cuenta con una estructura expresa e inédita, una dirección
general en materia de integración de los inmigrantes que deberá desarrollar un catálogo de actuaciones, garantizando la imprescindible colaboración con las comunidades autónomas y organizaciones sociales.
El Gobierno percibe la inmigración como un factor necesario en términos demográficos, económicos y sociales para nuestro país y quiere abordarla, en primer lugar, desde el rigor y el acierto en la gestión de las políticas públicas, pero, en
segundo lugar, y ello es imprescindible, contando con un diálogo y una colaboración intensa y permanente con las comunidades autónomas y ayuntamientos, a los que queremos hacer copartícipes de nuestro trabajo y cuya presencia en la gestión
migratoria debe ser objeto de una reflexión compartida. El compromiso de diálogo y consenso de este Gobierno es fundamental. La magnitud social, económica y cultural del fenómeno de la inmigración requiere, a nuestro modo de ver, señorías, de un
pacto de Estado que siente las bases de una política migratoria integral, en la que las instituciones, desde el Gobierno hasta comunidades y ayuntamientos, las fuerzas políticas, los agentes sociales y las organizaciones sociales se sientan
representadas y copartícipes de esa política; diálogo que también debe presidir e impulsar la redacción del reglamento que desarrolle la Ley de Extranjería vigente y que les ofrezco a todos los grupos parlamentarios, para la elaboración definitiva,
a través de la secretaria de Estado de Inmigración, que tomará contacto con todos ustedes. Por tanto, apelamos a la responsabilidad de todos para hacer posible que el diálogo ya en marcha resulte constructivo y eficaz, permitiendo una mejor y más
rápida aplicación de una política integral de inmigración.
Emigración. Señorías, no debemos olvidar que hace escasas décadas éramos un país de emigración, que por diversas razones, de todos conocidas, los españoles tuvimos que abandonar nuestro país y dirigirnos a otros para alcanzar unas
condiciones de vida que aquí no eran entonces posibles. Más de un millón y medio de españoles hoy se encuentran residiendo en el exterior y ello exige una política de emigración decidida, que debe orientarse en dos direcciones básicas: el
reconocimiento pleno de sus derechos de ciudadanía, como ciudadanos españoles, y el desarrollo de programas para atender las necesidades sociales que se presentan en muchos sectores de nuestra emigración. Un objetivo central del Gobierno será la
aprobación del estatuto de los ciudadanos españoles en el mundo, que ampliará y mejorará los cauces de participación de los emigrantes.
España no debe olvidar nunca la extraordinaria contribución de la emigración. Es por ello que considero un
compromiso, sobre todo moral y ético, pero también económico y social, el realizar un esfuerzo considerable en cuanto a las pensiones y programas sociales que reciben nuestros emigrantes en situación de necesidad, en cuanto a la garantía del acceso
a la cultura y la lengua de los residentes en el exterior y en cuanto a avanzar hacia la plena efectividad de sus derechos como ciudadanos. También trabajaremos en el terreno del retorno, facilitando el retorno para aquellos españoles que deseen
volver a nuestro país, tanto en lo que se refiere a la información y agilidad en las tramitaciones, como en cuanto a la inserción una vez hayan vuelto a España.
Definitivamente acabo, señorías. También me compete el área de juventud, que no por ser la última es la menos importante; es importantísima. Saben ustedes que los jóvenes españoles constituyen el 22 por ciento de nuestra población, más de
9 millones de personas, que merecen una atención especial por parte de este ministerio, no sólo por representar el futuro de la sociedad, sino también por verse afectados más severamente por la precariedad en el empleo -el 51,3 por ciento de los
jóvenes de 16 a 29 años tienen empleo precario, frente al 30 por ciento del total de la población asalariada-, por las dificultades de acceso que tienen para la vivienda y por la escasa cuantía de las becas. Por ello, lo dijo el presidente en el
debate de investidura, calidad en el empleo, becas y accesibilidad a la vivienda son los ejes prioritarios de una política necesaria de juventud. Pero las propuestas dirigidas a los jóvenes no se agotan aquí, irán más allá. Presentaremos un nuevo
plan de juventud 2004-2007, que contará para su elaboración y ejecución, no sólo con las diversas instituciones con competencia en la materia, sino también con los jóvenes,
que pretendemos sean los protagonistas. Un plan que impulsará la participación de los jóvenes, mediante la puesta en marcha de un estatuto de la juventud, desarrollando ampliamente el artículo 48 de la Constitución. La participación de los
jóvenes será el objeto fundamental del trabajo que desarrollaremos durante esta legislatura. Lo haremos con los jóvenes, mediante el diálogo y haciéndoles protagonistas de su presente y futuro, facilitándoles las herramientas necesarias para que
así sea, dándoles la voz, para no darles la espalda, convencidos de que la juventud no es una etapa que se cura con el tiempo, sino que es un período que debe ser aprovechado plenamente, ya que condiciona el progreso personal y social. Nuestro
principal cometido en un Estado en el que las competencias en materia de juventud están transferidas a las comunidades autónomas es el de garantizar la igualdad de oportunidades para todos los jóvenes españoles, y para cumplir estos objetivos -
garantizar la participación de los jóvenes y la igualdad de oportunidades-, recuperaremos los planes de juventud que estuvieron semiparalizados durante los años 1996 y 2000.
Muchas gracias por su atención. Estoy a su disposición.
La señora PRESIDENTA: Antes de pasar a la intervención de los distintos grupos parlamentarios, vamos a dar 3 minutos de descanso. (Pausa.)
Señorías, reanudamos la sesión, y vamos a dar voz a los distintos grupos parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra el señor Azpiroz, portavoz del Grupo Popular.
El señor AZPIROZ VILLAR: En primer lugar, y como no podía ser de otra forma, quiero darle mi enhorabuena al señor Caldera por su nombramiento, hace ya un mes, como titular de este importante y amplio ministerio, y también agradecerle su
presencia motu proprio y a instancias tanto de mi grupo como de Convergència i Unió.
Usted ha hecho una apelación reiterada al diálogo y yo he de decirle que tiene suerte, en el sentido de que en esta comisión tradicionalmente se ha practicado el diálogo. Si de alguna forma el Congreso de los Diputados es el lugar de la
palabra, esta Comisión se ha caracterizado por su buen uso, y con independencia de quién haya sido el titular del Gobierno de turno se ha intentado avanzar en cuestiones que preocupan realmente a nuestros ciudadanos y a toda la sociedad. Por tanto,
le anticipo que tanto mi persona como mis compañeros estamos plenamente identificados con el interés y la voluntad de hacer una oposición seria, rigurosa y que pretende ser constructiva, porque tenemos propuestas que formular sobre todos los asuntos
que usted ha anunciado.
No voy a entrar ahora en estos 30 días de Gobierno y su relación con el diálogo en algunas otras áreas (podría apuntar muchas cosas, desde la pluralidad informativa al fiscal general, pasando por el director del CNI); no voy a entrar en
ello y voy a confiar en la palabra que usted nos ha dado, en la apelación a que podamos debatir, dialogar y que considere la opinión del Congreso de los Diputados, porque esa es la posición más inteligente que puede ejercer un ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales.
Es importantísimo llegar a acuerdos con los interlocutores sociales (de hecho, los anteriores gobiernos, presididos por el señor Aznar, llegaron en 16 ocasiones a importantísimos acuerdos en la materia) y más cuando esos acuerdos
generalmente han sido los elementos más eficaces de acción en el empleo y en todas las cuestiones que abarca su ministerio.
Evidentemente, si al final no fuera así ya le anticipo que nuestra misión será fiscalizadora y controladora, con todo el
rigor y con toda la contundencia que tiene quien piensa, como ahora expondré, que ha habido una buena herencia, que evidentemente hay que mejorar, y que hay 10 millones de señores que nos estarán vigilando; 10 millones que han votado al PP y otros
que no lo han votado pero que seguro que también tienen interés para que en ese supuesto hagamos un buen seguimiento, de forma que no se deterioren ni estropeen los estándares de crecimiento y de mejora que hemos obtenido.
Ustedes, en campaña, tuvieron un eslogan que decía: Merecemos una España mejor. Nosotros estamos de acuerdo en que merecemos una España mejor, la cuestión es ¿de qué? Me va a permitir que, aunque sea brevemente, se lo exponga. De
4.000.000 de empleos creados en ocho años, que según la EPA se van a transformar en una realidad de 5.130.000 empleos -más de 1.700 al día-; de una Seguridad Social que ha pasado del déficit al superávit, y que tiene una ley que regula el Fondo de
Reserva, un Fondo de Reserva de 15.000 millones de euros; con una proporción de casi 2,5 afiliados cotizando por cada pasivo y una mejora señalada de las pensiones de viudedad y orfandad. También nosotros hemos hecho esfuerzos para subir las
pensiones mínimas, y entendemos que de forma gradual hay que continuar haciéndolo, como usted exponía; gradual, en la medida que se preserve el equilibrio y la viabilidad del sistema. La Seguridad Social tiene 19 millones de ocupados y 17 millones
de población activa -lo que no ha existido jamás en la historia de España-, y una situación de crecimiento de PIB y de convergencia con la Unión Europea en la que hemos pasado del 78 al 91 por ciento, según las cajas; una cifra francamente
importante en ocho años, que implica un diferencial de más del 1 por ciento del PIB.
Ha hecho usted mención a correcciones del mercado laboral, sobre todo en cuanto a la introducción de competencia, cierto es que de una forma un tanto vaga -me permitirá usted que se lo diga- y con apelaciones a aspectos que todos
compartimos, como el impulso de la I+D, en la formación y en la educación, de todas formas, le agradezco que haya hecho más que el vicepresidente y titular de la cartera de Economía, que ayer
habló menos de la mitad que usted, y van a conseguir no entrar en contradicción. Usted ha intentado por lo menos apuntar alguna cosa, y por esa razón -porque poco dijo el señor ministro de Economía- no va a entrar en contradicción con él.
Hemos hecho todo lo que le he dicho con reducción de impuestos, con equilibrio presupuestario y con un decidido apoyo a los autónomos, puesto que entre otras cosas ya hemos logrado bastante convergencia entre el régimen general y régimen de
autónomos, y habrá que continuar impulsándola; y con una decidida política de apoyo a los discapacitados, que como todo en la vida es mejorable, y más en materia de asuntos sociales, donde nunca se llega a los estándares óptimos, de modo que
siempre habrá requerimientos de la sociedad y recorrido político y presupuestario que hacer. En la economía social también hemos trabajado con ideas concretas, en las que no me voy a explayar ahora; ha habido acuerdos con los interlocutores -como
decía antes- que incluían la siniestralidad. El último acuerdo tiene menos de año y medio, y ha proporcionado además frutos de reducción de la altísima siniestralidad que se da en España, y sobre todo se han reducido los accidentes mortales. Esta
es una materia compleja; desde el punto de vista estadístico utilizamos parámetros diferentes de los de la Unión Europea para definir el accidente in itinere o el accidente de trabajo; un aneurisma, por ejemplo, no se considera como tal en otros
países. Habría mucho que hablar sobre esta cuestión, y seguro que en el futuro lo haremos.
Ha puesto como uno de los elementos nucleares en la acción de su Gobierno la lucha contra la temporalidad. Compartimos su preocupación por la temporalidad. Permítame que le recuerdo que en otros tiempos nuestro mercado laboral tuvo una
temporalidad de poco más del 10 por ciento, mientras que nosotros heredamos una temporalidad del 35 por ciento, que hemos bajado a casi el 30 por ciento. También es verdad lo que ha dicho usted, y lo compartimos, de que en el sector privado, al que
normalmente imputa la ciudadanía las mayores tasas de temporalidad, ha bajado del 41 al 31 por ciento; con lo cual es cierto también que habrá que actuar en las administraciones públicas -en todas- para que vayan limitando la contratación temporal,
que en ocasiones es excesiva y a veces abusiva.
También ha habido numerosos planes, medidas y presupuestos en materia social. Usted se ha referido a algunos en su primera intervención, y quizás yo le haga ahora alguna pregunta repetida, que le ruego me disculpe. Quisiera saber si van
ustedes a mantener el Plan de acción para personas mayores 2003-2007. He creído entenderle que en principio iban a trabajar con el Plan de accesibilidad 2004-2012, así como con el Plan de personas con discapacidad 2004-2006, y que sin embargo iban
a cambiar el Plan de igualdad de oportunidades 2003-2006.
Dicho esto, creo que desde las filas populares se puede decir lo que voy a decir con claridad: estamos orgullosos de los gobiernos que hemos tenido, y queremos que ustedes mejoren la situación que han recibido. Desde el lugar en que nos ha
colocado la sociedad, en la oposición, vamos a tratar de contribuir a que podamos tener una España mejor, una sociedad mejor cuando ustedes salgan del Gobierno.
Hay cosas que nos preocupan; contradicciones que no puedo ocultarle.
Ustedes hicieron propuestas como crear una secretaría de Estado específica de políticas familiares, o de personas con discapacidad, y al final lo han refundido todo en
una sola secretaría de Estado. Los colectivos afectados interpretaban, señor ministro -créame-, que iban ustedes a crear secretarías de Estado específicas para estas materias. La Delegación del Gobierno contra la violencia de género. En cuanto al
proyecto de ley de violencia de género, vamos a esperar; nos ha dado una fecha y ha hablado del carácter orgánico del proyecto de ley que piensan aprobar como primera iniciativa legislativa de su Gobierno, por tanto vamos a esperar porque nos
parece una cuestión en la que conviene que todos rememos en la misma dirección a fin de erradicar esa execrable lacra que me parece inconcebible en una sociedad moderna como la nuestra.
Ha habido contradicciones con Economía: ¿Qué ha ocurrido con los 100 euros para hijos menores de 3 años? ¿Qué ocurre con las cotizaciones? ¿Las van a bajar o no con carácter general? ¿Van a subir las cotizaciones a los contratos
temporales con carácter general o no? Y si van a hacerlo de forma selectiva cuáles son las excepciones porque es evidente que hay contratos temporales que lo son por su naturaleza, y no tiene ningún sentido que tengan un gravamen inadecuado. Es
decir el contrato temporal efectivamente tendrá que ser el que por su naturaleza lo sea pero no lo gravemos más porque no tiene sentido hacer discriminación. Yo no sé si van a bajar ustedes un punto todas las cotizaciones en los contratos
indefinidos o lo van a hacer, como en otros ejercicios, en debates de enmiendas a la totalidad en el INEM en presupuestos porque lo han hecho incluso para determinados epígrafes en contratos menos favorecidos de manera que pretendían así hacerlos
más atractivos o si como viene en su programa de Gobierno van a hacer una política de cotizaciones selectiva como la del Gobierno Popular de manera que beneficien a los colectivos de menor insertabilidad en el mercado laboral y potencien una futura
accesibilidad de estos colectivos -mujeres, mayores, parados de larga duración, jóvenes y discapacitados- al mercado laboral.
También nos gustaría saber qué piensa usted respecto a que el cómputo que configure la base reguladora de las pensiones sea toda la vida laboral.
No sabemos si es lo que usted realmente piensa o no pero por lo visto y oído quisiéramos una
clarificación que nos parece pertinente y necesaria en este tema; y si lo van a hacer
saber si lo han consultado previamente o no porque el diálogo no puede ser sólo unilateral, hay que escuchar también a las otras partes para saber qué piensan de la cuestión.
Hay un tema que me parece gravísimo y por el que usted ha pasado de puntillas. Nos ha anunciado una modificación de la Ley del Fondo de Reserva pero no nos ha dicho en qué consiste esa modificación; sí hemos tenido oportunidad de leer
declaraciones del secretario de Estado de Seguridad Social en las que afirmaba que una parte de los intereses que generara el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (que para el año 2005 evaluamos en 1000 millones de euros y por tanto no se trata
de una cifra menor) iba a ir destinada a la bonificación de la contratación indefinida. Quiero saber si esto es así o no. Yo quiero saber -nosotros queremos saber- si el señor ministro y el Gobierno socialista tienen la voluntad o no de cubrir con
la Ley del Fondo de Reserva porque nos parece fundamental que se cumpla la ley. Hace escasos meses ustedes en esta Cámara iban incluso más allá que nosotros cuando decían que no prioritariamente los excedentes o superávit que produjera el sistema
de Seguridad Social debían ir a dotar el Fondo de Reserva sino que debía ser todo. Esa era la posición de hace unos meses del Partido Socialista. Yo estoy seguro de que usted nos va a aquietar y nos va a tranquilizar porque es un elemento nuclear
de la viabilidad futura del sistema de Seguridad Social. Es una cuestión capital que los que hoy cotizan tengan también la certidumbre de que va a haber progresivamente un fondo que es de mayor importe y ya empieza a tener relevancia en relación al
PIB y que va a suponer que en momentos de crisis haya cierto colchón. Es evidente, y ahí compartimos con usted la necesidad de que en desarrollo del Pacto de Toledo se vayan implementando otras políticas que profundicen en las reformas
estructurales y sobre todo en la derivación de la pensión de jubilación voluntariamente pero a más edad. Sobre eso se ha actuado y yo creo que se debe profundizar porque los parámetros empiezan a tener indicadores positivos.
Ahora le voy a hacer una pregunta que no es retórica. Cuando ustedes nos hablan de incrementar el 26 por ciento las pensiones mínimas, ¿eso incluye el IPC que se va a producir en los cuatro años? Es decir si en estos cuatro años tenemos un
10 por ciento de IPC, ¿van a subir un 16 por ciento o van a subir el 26 por ciento al margen de la actualización a que por ley tiene derecho todo pensionista? La segunda cuestión es si cree usted que en términos presupuestarios la dotación de 4.000
millones es cuantía suficiente para tal fin porque le anticipo que nosotros creemos que no. Ojalá tengan esa capacidad de hacer multiplicación de panes y peces, pero entendemos que no.
En cuanto a la infancia, he de decir que nosotros, sobre todo en materia de adopciones -me parece pertinente fijar aquí nuestra posición-, entendemos que el derecho preferente del menor es tener el rol que la biología y la naturaleza han
dado, es decir un padre y a una madre. Se lo digo porque, aunque usted ha eludido profundizar en la materia, hemos oído declaraciones de miembros relevantes del Gobierno socialista en otro sentido y quiero exponerle leal y claramente la postura de
mi grupo y la de mi persona en esta materia. Más aún, le diré que personalmente comparto las declaraciones que el señor Lionel Jospin (famoso socialista) ha hecho recientemente en Francia, en Le Journal du Dimanche. Yo comparto esa posición.
Alejándome de este tipo de cuestiones derivadas de informaciones públicas más o menos contradictorias o que al menos nosotros vemos con cierta oscuridad y que ahora nos aclarará, le voy a hacer una serie de preguntas en relación con lo que
directamente nos ha informado.
¿Cómo va a desarrollar su ministerio el Pacto de Toledo en relación con una cuestión que creo que no ha citado, aunque me puedo equivocar? El Pacto de Toledo, aprobado como usted recordará en octubre del año 2003, con el apoyo del rodillo
del partido mayoritario de mayoría absoluta del PP, es decir con nuestra voluntad también -quiero decirlo-, abordó por primera vez considerar determinadas soluciones a estados de necesidad, fundamentalmente en materia de prejubilación. Sé que es un
tema muy complicado y no voy a hacer demagogia en esta materia, pero todos tuvimos la voluntad de reflejar esta cuestión ahí, incluido el Partido Popular.
Nos gustaría saber qué previsiones tiene su departamento en este momento, si es que tiene
alguna en esta cuestión.
En la financiación de complementos a mínimos no he acabado de entender si los cinco años que prevé el Pacto de Toledo se van a cumplir o no. En alguna declaración pública habíamos oído que hablaban ustedes de seis; entiendo que el Pacto
habla de cinco. Nos gustaría saber qué van a hacer en este sentido.
En la siniestralidad laboral hubo un acuerdo social y hay una reducción.
¿Qué medidas, si es que las tienen, piensan incorporar o innovar para concluir con este proceso y reducir al máximo la siniestralidad laboral?
¿Va a haber una ley integral de protección a la dependencia? Nos ha hablado de la dependencia, pero no ha dicho si tienen la voluntad de traer a esta Cámara a lo largo de la legislatura una ley que es complicada pero que es fundamental, y
estoy convencido que todos los grupos vamos a intentar positivamente incorporar iniciativas a esa ley.
Nos parece que ya empieza a estar madura la sociedad para que puedan traer esta ley, pero creo que usted no ha fijado su voluntad y compromiso de
traer un proyecto de ley al respecto.
¿Nos podría precisar para cuándo el plan de choque de escuelas infantiles o guarderías para niños menores de 3 años? Si puede ir más allá en cuanto a dotaciones y previsiones de plazas, mucho mejor.
He entendido que van a abordar el desarrollo reglamentario, y me alegro, de la Ley de protección de familias numerosas. Nos parece muy importante la realidad de las familias numerosas en nuestra sociedad y entendemos que hay que ampararlas
por la situación que tienen. Hay que ser solidarios y constitucionalmente apoyar a los ciudadanos para que tengan los hijos que quieran, dentro de lo que es razonable y para que se les pueda educar responsablemente. ¿En qué plazo piensan hacerlo,
si es que tienen una previsión al respecto?
Nos ha hablado del tema del Alzheimer. Nosotros teníamos una dotación presupuestaria para el inicio en este ejercicio 2004 del centro de referencia al Alzheimer. ¿Nos puede decir algo al respecto? ¿Van a llevarlo ustedes a efecto, o van a
echar marcha atrás? ¿Qué piensan en este tema?
En economía social hemos echado en falta alguna medida que pudieran proponer, y tenga por cierto que a lo largo de estos años alguna iniciativa le plantearemos en este campo, como lo hemos venido haciendo en anteriores años.
¿Han hecho ustedes un estudio de temporalidad? Yo creo que sería oportuno un estudio sobre temporalidad. Nosotros estamos ahora en el 30 por ciento de temporalidad y la cuestión es la siguiente. A nuestra realidad socioeconómica ¿qué
temporalidad se le podría imputar como normal o razonable? ¿Cuál es la temporalidad que correspondería a nuestro mercado laboral? Evidentemente, hacer una comparación entre España y Gran Bretaña tiene muy poco sentido. Yo creo que aquí debemos
buscar nuestros estándares para saber hasta dónde debemos bajar. ¿Cuánto empleo piensan ustedes generar en estos cuatro años? Nuestro programa de Gobierno hablaba de dos millones, ¿cuál es la previsión del Gobierno socialista? ¿Cuál es la
previsión del incremento de cotizaciones al sistema de Seguridad Social en estos cuatro años? Se ha hablado -y siempre lo hacemos todos, usted no es el único, señor ministro- del importante papel de la Inspección de Trabajo y de los requerimientos
para que actúe; he echado en falta alguna previsión de intento de crecimiento de las plantillas en la Inspección de Trabajo y si nos puede ampliar esta cuestión, se lo agradeceré.
En inmigración y emigración esperaremos a la evolución del plan que usted nos plantee del desarrollo de las medidas que ya nos ha indicado. Le voy a pedir, señor ministro, como ministro del Gobierno socialista que por tanto tiene la
confianza y el amparo del grupo mayoritario en la Cámara, que acepte una proposición de ley que ya hemos registrado en relación con un colectivo que nos parece particularmente importante como es el de los autónomos y que en cumplimiento de una
promesa de Mariano Rajoy del programa de Gobierno del Partido Popular formulamos a la sociedad y planteamos ahora a la Cámara; se trata de que los autónomos tengan una representación en el Consejo Económico y Social. Nos parece que es cabal
nuestra pretensión porque representan a 3.000.000 de ciudadanos que forman una parte importante del tejido de empleo y de la estructura económica y de actividad de nuestro país, y que por tanto es razonable que en ese foro que está diseñado para
ello tengan una participación y se les oiga.
Por otro lado, hay una cuestión en la que me parece que vamos a coincidir también y es la necesidad de profundizar en la conciliación de la vida laboral y familiar. Es verdad que nuestra negociación colectiva, aunque se va abriendo todavía
está bastante anclada en la dicotomía reivindicativa de salario y jornada, entendida en términos de cantidad y no de calidad; nosotros pensamos -y así lo vamos a plantear- que es oportuno que en esta Cámara se constituya una ponencia o subcomisión
que aborde la distribución del tiempo de trabajo. Nos parece que es importante porque -hemos visto aquí la preocupación de otros grupos parlamentarios- ya se han iniciado diversos planteamientos en relación con la reducción de jornadas, la
ampliación de permisos, las posibilidades de conciliar o de compatibilizar lo que es la legítima vida familiar con el necesario trabajo para vivir. Nos parece que tendríamos la oportunidad de profundizar conjunta y sosegadamente en esta materia,
que debemos incorporarla a los interlocutores sociales, y posteriormente sin duda se incorporará con más intensidad a la negociación colectiva.
Creo que hay que hacer reflexiones, estudiar el derecho comparado y ver las posibilidades que ofrece el
mercado de trabajo en nuestro país para profundizar en esta cuestión. Por tanto, le agradecería desde esta nuestra primera oportunidad de intentar colaborar positivamente con el Gobierno, que considere tanto la propuesta que ya hemos planteado como
proposición de ley a favor de los autónomos y el CES, como ésta de constituir una subcomisión o ponencia que aborde las posibilidades que genera nuestro mercado laboral en relación con la distribución del tiempo de trabajo.
Concluyo ya, señora presidenta, diciendo nuevamente que le tendemos la mano, señor ministro; tenemos voluntad de hacer una oposición positiva, una oposición que redunde en la mejora de la situación de nuestros ciudadanos. Está en su mano,
usted ha apelado al diálogo y tenga por seguro que si lo cumple lo va a encontrar. También -lo decía al principio de mi intervención- si ustedes no dialogan ni consensuan se encontrarán con una oposición que cumplirá con su obligación de ser
también rigurosa, de ser oposición, de ser fiscalizadora, de ser controladora, y por supuesto de velar, en la medida de lo posible, para que las cosas no vayan a peor sino a mejor, que es la obligación que creo tenemos todos los políticos y pienso
que en esta Comisión en concreto podemos presumir todos de que habitualmente se ha practicado así.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiroz.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Quiero felicitar también al señor ministro y a todo su equipo que nos acompaña en esta Comisión, especialmente a aquellas antiguas compañeras diputadas que ya se han incorporado a actividades de Gobierno, y
agradecer específicamente la comparecencia, la intervención del señor ministro, porque ha sido amplia en todas las materias que le toca abordar en su ministerio.
Señor Caldera, yo no puedo empezar esta intervención sin confesarle -y con algunos colegas lo comentaba en el descanso-, que su intervención ha tenido un profundo aroma jacobino; permítame que se lo diga, un profundo aroma jacobino. Creo
que ha obviado excesivamente el modelo de Estado que tenemos, que es un modelo de Estado autonómico, donde buena parte de las políticas que usted puede impulsar terminan siendo gestionadas en la mayoría de los casos por los gobiernos autonómicos.
Venimos de un proceso, durante los últimos dos o tres años de la anterior mayoría, de una clara involución en este aspecto, de una clara intromisión en aspectos que son competencia de las comunidades autónomas, y además estamos viviendo un proceso
político de reforma estatutaria en la que desde los diversos parlamentos autonómicos del Estado van a llegar propuestas, como es el caso de nuestro país, Cataluña, clarísimamente con pretensión de incorporar nuevas competencias en los ámbitos
sociales y laborales.
En este contexto, en el que hay competencias que hoy los estatutos ya definen en el marco autonómico, viniendo de un proceso de involución autonómica en el ámbito social y laboral y con la perspectiva del proceso de reforma estatutaria que
desde Cataluña, pero también desde otras naciones y regiones del Estado se van a plantear, creo que su intervención ha tenido ese aroma jacobino. Hecha esta primera afirmación, espero que en los próximos días y semanas, como resultado del diálogo
que el Gobierno deberá impulsar a diversos niveles, vayamos siendo capaces de corregir esa primera orientación que me ha parecido entender de su intervención.
Dicho esto, señor ministro, creo que todos vamos a coincidir en los grandes retos que aborda nuestro sistema de relaciones laborales y nuestro modelo de Estado de bienestar. Hacemos frente a profundos cambios sociales relacionados con las
transformaciones producidas en las familias, asociadas principalmente al proceso de emancipación de las mujeres, a cambios sociales derivados del envejecimiento, a cambios sociales derivados de la emigración y cambios sociales, además, que se sitúan
también en un nuevo entorno competitivo donde el concepto del trabajo por cuenta ajena está siendo transformado, donde los retos de la ampliación hacia el este de la Unión Europea y el reto de la globalización cuestionan nuestros modelos de
economías industriales.
Concretamente en el caso de España, en Cataluña en los últimos meses hemos asistido a procesos de deslocalización de determinadas multinacionales llegadas a nuestro país hace unos cuantos años, y el conflicto abierto en
Nissan estos días es expresión de ese nuevo paradigma competitivo en el que nuestras empresas deben situarse en ese contexto de cambio social. Al mismo tiempo, nuestra sociedad sigue manteniendo determinadas injusticias sociales vinculadas
básicamente con el colectivo de personas mayores donde los núcleos de pobreza continúan existiendo o hacia núcleos de familias compuestas por mujeres solas con hijos a cargo, y por otro lado existen realidades sociales que en los últimos tiempos han
estallado en la opinión pública y que nos mostramos impotentes de resolver como el drama de la violencia doméstica, la violencia de género. Sobre esa realidad, sobre esa necesidad de modernizar nuestro sistema de relaciones laborales y modernizar
nuestro Estado de bienestar para hacer frente a los cambios sociales, al nuevo paradigma de la competitividad, a esas injusticias sociales que persisten y a esas realidades que nos estallan, sobre esas ideas estamos dispuestos a trabajar con el
Gobierno y con la sociedad para hacerles frente. Esto va a exigir diálogo social, y la experiencia de la pasada legislatura -y también las de las legislaturas en las que gobernó su partido- nos demuestra que reformas sociales a fondo sin diálogo
social están condenadas al fracaso, que generan crispación, que generan malestar y que en el medio plazo se demuestran ineficaces para hacer frente a los problemas sociales que pretenden resolver. Por tanto, mi grupo comparte la apuesta por el
diálogo social que ha hecho usted en su intervención, diálogo social en el que va a encontrar nuestro aliento; pero también, señor ministro, ese diálogo social debe ir acompañado del necesario diálogo político en esta Cámara. Todas las reformas
que el Gobierno quiera plantear van a tener que pasar por esta Cámara y en este sentido sería necesario que la intensidad del diálogo social fuese acompañada de la intensidad del diálogo político, para que efectivamente la Cámara que es la expresión
de la soberanía popular tenga una activa participación en esas reformas que necesitamos.
También diálogo institucional. Decía al principio de mi intervención que me preocupaba ese aroma jacobino. Quienes van a tener que desarrollar una buena parte de esas pretensiones son los gobiernos autonómicos, especialmente en el campo
asistencial, donde la competencia exclusiva es clarísima, y en el laboral, donde las políticas activas de empleo hace tiempo que están traspasadas, y además con esa perspectiva de exigencia desde nuestro país, desde Cataluña, de participar
activamente en la gestión de la Seguridad Social o en la definición de un marco nacional de relaciones laborales para Cataluña. Eso va a exigir también que si de verdad usted quiere transformar esa realidad, el diálogo con los gobiernos autonómicos
sea fundamental en sus planteamientos,
y ahí, señor ministro, surge una cuestión que mi grupo no comparte. Ante el problema que se plantea relativo a la formación continua, mi grupo propone al Gobierno que cumpla las sentencias del Tribunal Constitucional, el cual establece
claramente que la gestión de la formación continua corresponde a las comunidades autónomas. Hay tres sentencias consecutivas que el anterior Gobierno se negó a ejecutar y mi grupo le pide que las cumpla. La prueba del nueve sobre si ese aire
jacobino es una excesiva susceptibilidad de este portavoz o de la señora Pigem y de Carlos Campuzano la vamos a comprobar viendo si el Gobierno cumple con la sentencia que establece que la formación continua debe ser gestionada por los gobiernos
autonómicos.
Hacer frente a esos retos también exige liberar las energías de la sociedad civil. Mi grupo ha notado que en su intervención ha faltado una apuesta decidida, clara e inequívoca por las capacidades de la sociedad civil organizada,
especialmente del tercer sector sin ánimo de lucro, en la prestación del conjunto de servicios vinculados al Estado del bienestar. Hacer frente al cambio de las familias, al cambio del envejecimiento, a la realidad de la nueva emigración, a la
realidad de la vieja y la nueva pobreza exige liberar las energías de la sociedad civil y mi grupo ha echado en falta en su intervención ese tipo de planteamientos. Al mismo tiempo, echamos en falta una apuesta decidida por la responsabilidad
social de las empresas como nuevo paradigma en el que sea posible articular ese mayor compromiso de nuestro sistema productivo en la definición de una sociedad más justa y equitativa.
Señor ministro, nos ha hablado de leyes, leyes que seguramente van a ser necesarias y con muchas de las cuales mi grupo va a coincidir en su necesidad. Ahora bien, en materia de política social laboral, más que leyes necesitamos recursos,
políticas y complicidades y eso exige el diálogo social del que usted ha hablado, pero también diálogo político, diálogo institucional y liberar las energías de la sociedad civil. Vaya por delante este primer planteamiento.
En cuanto a otras cuestiones que usted nos ha planteado, en materia de ocupación coincidimos con el diagnóstico que ha hecho del grave problema de la precariedad y de excesiva temporalidad de nuestro mercado de trabajo, y al igual que usted
apostamos por revisar el acuerdo social de 1997 desde la perspectiva de la plena ocupación que para el conjunto del Estado hay que alcanzar y que en Cataluña ya hemos logrado, así como esa reducción de la precariedad en aquellos sectores en los que
efectivamente se están produciendo abusos. Mi grupo entiende que en la gestión de la temporalidad que el señor ministro ha planteado el papel de las empresas de trabajo temporal puede ser estratégico. En la legislatura 1996-2000 y fruto de un
amplio acuerdo conseguimos una buena legislación en materia de empresas de trabajo temporal. Quizás hoy toca dar mayor capacidad de intervención, con una gestión organizada de la temporalidad de nuestro mercado de trabajo, a través de las ETT.
Sobre esta reflexión, mi grupo le va a formular en las próximas semanas propuestas concretas.
Usted decía que en este nuevo paradigma necesario de modernización de nuestro sistema de relaciones laborales, los aspectos de formación van a ser básicos. Esa exigencia del cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional, que
establecen necesariamente ese traspaso de las políticas de promoción continua, va a ser una exigencia clarísima por nuestra parte. Aquí le pediría, señor ministro, que hoy asumiese un compromiso.
En materia de intermediación laboral abordamos una Ley de empleo que mi grupo impugnó en su día políticamente y también ante el Tribunal Constitucional, y junto con los planteamientos que usted hacía de carácter general nosotros le queremos
recordar que es necesario articular un marco legal que pueda permitir la elaboración de leyes de empleo a nivel autonómico.
Finalmente, en esta materia voy a hacerle dos comentarios más. Mi grupo apostó y coincidió, como usted, en la pasada legislatura en esa necesidad de combinar flexibilidad y seguridad como idea motriz de esos cambios de nuestro sistema de
relaciones laborales. Nos parece bien su anuncio de una subida del salario mínimo interprofesional, pero vamos a estudiar con mucha calma esa desvinculación que usted efectúa del conjunto de prestaciones sociales, exactamente lo que significa para
avanzar de verdad en un modelo social avanzado. Lógicamente, seamos conscientes de que ese objetivo para final de la legislatura de 600 euros de salario mínimo interprofesional nos queda aún lejos de las recomendaciones de la Unión Europea que
situaba el mismo en el 60 por ciento de los salarios medios.
En materia de Seguridad Social, señor ministro, creo que el Pacto de Toledo que se aprobó en la pasada legislatura con una participación muy activa de su grupo, tanto de la señora López i Chamosa como muy especialmente del señor Griñán,
constituye una excelente hoja de ruta a desarrollar en los próximos meses y años. Sobre esa hoja de ruta mi grupo le va a plantear con mucha claridad determinados compromisos. De manera muy significativa un compromiso fundamental, que los
diputados del Partido Socialista de Cataluña van a compartir conmigo, para encontrar solución a una de las principales injusticias de nuestro sistema de protección social como es la existencia aún de la incompatibilidad del SOVI con la pensión de
viudedad. Aquí nos parece necesario que el primer gesto de desarrollo del Pacto de Toledo, aprobado en la pasada legislatura, sea poner en marcha esa compatibilidad que ya marcaba y orientaba dicho Pacto de Toledo. Esa hoja de ruta es
suficientemente amplia como para que todos nos sintamos cómodos en el desarrollo de la misma, haciendo frente a los problemas de pobreza asociada a las personas mayores, buscando esa vinculación con
la sostenibilidad del sistema, teniendo un papel básico la cuestión de las prejubilaciones. En el desarrollo de la atención a la dependencia como un elemento fundamental de ese cuarto pilar del Estado del bienestar, ahí nos va a encontrar,
como también nos va a encontrar en una política de familia activa. Ahí nosotros vamos a apostar también por el desarrollo de una ley de apoyo a las familias, desde la óptica de la universalidad de los derechos vinculados a las realidades familiares
y con una concepción amplia y plural; pero también le vamos a exigir la puesta en marcha del fondo de garantía de pensiones impagadas, que es una vieja promesa de todos los gobiernos que somos incapaces de poner en marcha. Vamos a estar a la
expectativa del proyecto de ley de lucha contra la violencia de género, le aseguro que nuestra diputada, doña Mercè Pigem, que fue especialmente activa en la pasada legislatura, va a dedicar buena parte de su dedicación en el inicio de esta
legislatura para procurar que esa ley sea un compromiso efectivo ante ese drama que continúa golpeándonos cada día en las portadas de los periódicos. Esfuerzo en la lucha contra la pobreza. En este sentido, señor ministro, nosotros vamos a volver
a plantear la necesidad de regular las empresas de inserción laboral y articular un mecanismo de apoyo a la inserción laboral de los colectivos con mayores dificultades para encontrar empleo; compromiso de trabajar en la comisión para la
discapacidad, que vamos a crear en este Congreso de los Diputados para avanzar en el desarrollo de esas políticas, y compromiso de trabajar en la responsabilidad social de las empresas, a través de una propuesta que vamos a presentar para la
creación de una subcomisión para proponer una estrategia española sobre la responsabilidad social de las empresas.
Señor ministro, si somos capaces de superar ese aire jacobino, mi grupo va a participar activamente en el diseño de sus políticas, porque creo que lo que nos planteamos como retos (la modernización de nuestro sistema de relaciones laborales
y la modernización de nuestro Estado del bienestar para adaptarlo a la nueva realidad) forman parte de objetivos que todos los grupos de esta Cámara podemos compartir. Convergència i Unió le aseguro que va a trabajar para que se puedan alcanzar
esos consensos, eso sí, en la defensa de este modelo de Estado que tenemos y en la perspectiva de la profundización hacia el reconocimiento de la pluralidad nacional del Estado.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la portavoz del Grupo Mixto, señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Señor ministro, gracias por su comparecencia y la de todo su equipo para darnos a conocer las líneas generales de lo que va a ser su actuación a lo largo de la legislatura.
Tengo que empezar por necesidad aludiendo a ese aroma jacobino al que se refería el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, señor Campuzano, que tanto le ha sorprendido; debe ser la especial sensibilidad de las pituitarias de
quienes nos encontramos en esta zona, porque lo hemos notado varios de nosotros, se lo aseguro. En cualquier caso, quiero hacerlo en términos positivos; ya que esta es una legislatura que ha comenzado con un interesante y agradable para muchos de
nosotros cambio de música, esperamos que además cambio de letra, y en ese esperar hay un deseo notable, pues vamos a cambiar también de aromas, por qué no, que seguro que además en materia tan sensible como la que usted tiene entre manos estos
próximos cuatro años, creo que puede ayudarnos también de manera efectiva a utilizar con una mayor efectividad aquellas herramientas que en estos momentos y en lo que supone gestión están en manos de comunidades autónomas, sentándolas también en la
mesa de negociación de muy diversos asuntos, aunque de eso hablaré con más detenimiento a lo largo de mi intervención.
Querría empezar por recordar que en su debate de investidura el candidato aquel día y hoy presidente de Gobierno don José Luis Rodríguez Zapatero habló de dos acuerdos, dos planes fundamentales con respecto al ministerio que usted hoy
dirige. El Gobierno propondrá -dijo aquel día el señor Rodríguez Zapatero- un acuerdo social de competitividad y empleo estable. Y más adelante dijo: El Gobierno abordará un ambicioso plan de atención y ayuda a las personas dependientes que
constituirá la primera actuación en materia de servicios sociales concebidos como derechos de ciudadanía. Sinceramente, señor ministro, hubiera esperado hoy cuando menos un esbozo de estos dos planes en los que pudiéramos comenzar a trabajar ya.
Hubiera esperado también mayor celeridad con respecto a una ley anunciada y cuyo proyecto de ley citaron en el primer Consejo de Ministros. Nos referimos a la relativa a la lucha contra la violencia de género. Ahora dice que será el primer
proyecto de ley en Consejo de Ministros. Creo de verdad que la urgencia de la situación haría preferible que esa fecha del 30 de junio se adelantara en lo posible. Lo digo porque, señor Caldera, a 18 de mayo han fallecido ya 24 mujeres en el
conjunto del Estado, 24 mujeres asesinadas. Su departamento es además especialmente responsable en apoyar a los cientos de mujeres que en estos momentos están sufriendo esa lacra y, por tanto, le pediría encarecidamente que ese proyecto de ley
pueda pasar cuanto antes al trámite parlamentario para empezar a trabajar en él.
Con respecto a la inmigración, apoya usted un anuncio, también lo recuerdo perfectamente, hecho por el presidente Rodríguez Zapatero en su debate de investidura, un pacto de Estado con respecto a inmigración, pero echo en falta -me gustaría
si pudiera ser en esta comparecencia- algunas líneas básicas de lo que será ese pacto de Estado con respecto a la inmigración, materia que efectivamente a todos nos compete.
En materia de Seguridad Social ha anunciado entre otras muchas cosas un incremento de las pensiones
mínimas en un 26 por ciento a lo largo de esta legislatura. Yo le voy a proponer que sean incluso más ambiciosos -desde luego en lo que a nosotros respecta y con la presencia de esta diputada en esta Comisión lo vamos a intentar-, que
lleguen a equipararla al salario mínimo interprofesional. Existe un antecedente legislativo, penosamente derogado por el Gobierno del Partido Popular en Navarra, una ley foral que lo equipara. Si además ustedes llegan a ese salario mínimo
interprofesional al cabo de la legislatura, en definitiva llegamos todos. Si equiparásemos esas pensiones de viudedad a un salario mínimo interprofesional de 600 euros, estaríamos escuchando, estaríamos dando respuesta a una reclamación clamorosa
de uno de los sectores más desfavorecidos en estos momentos de nuestra sociedad.
Con respecto a la Seguridad Social tengo que hacerle una pregunta muy concreta de interés para la ciudadanía de Navarra. Le informo, por si no lo conoce, que en noviembre de 2003 el Parlamento de Navarra solicitó las transferencias
pendientes al entonces Gobierno del Estado, que ahora está en manos de ustedes, del Partido Socialista. Se incluía entre esas transferencias pendientes la Seguridad Social, y le informo o le recuerdo que el Partido Socialista de Navarra votó a
favor de esa petición. Quiero conocer la postura del actual ministro de Trabajo y Asuntos Sociales con respecto a esta cuestión.
Paso al capítulo del empleo. En todos los capítulos, pero muy especialmente en éste, compartimos objetivos, compartimos anhelos. Ha hablado usted de la necesidad de empleo de más calidad. No ha habido medidas concretas, no sé si se está
trabajando ya en ello. Le preguntaba uno de los señores portavoces, el señor Azpiroz, si tienen previsto hacer un estudio sobre la precariedad y la temporalidad que nos corresponden en estos momentos. Si me permite, me niego a aceptar que nos
corresponda el 33 por ciento -un 23 por ciento en Navarra, por dar los datos más cercanos que tengo- cuando en la Unión Europea la media es del 13 por ciento. El margen es tan amplio que podemos ser ambiciosos en un recorrido que nos acerque mucho
más al 13 por ciento y no aceptar algo cercano al 33 por ciento en el que nos encontramos ahora. Nos va a tener en ese objetivo muy especialmente a lo largo de esta legislatura, señor Caldera, pero, como digo, quisiera escuchar las medidas
concretas con respecto a esta cuestión.
Hay un asunto que no me ha quedado claro. Me queda la duda con respecto al Forcem de si las medidas que usted ha anunciado suponen una práctica desaparición de estos fondos; me gustaría que me lo aclarara.
Yo esperaba que usted acometiera uno de los temas básicos de la legislatura que ahora comienza, pero, sobre todo, en lo que a los ciudadanos más les interesa, fundamentalmente a los trabajadores. Ayer, el ministro de Economía, señor Solbes,
hizo hincapié en la mejora de la productividad como eje de la acción de la política económica del Gobierno -hablamos del ministro de Economía y vicepresidente segundo-. Usted lo ha señalado de alguna manera hoy. Habló de este asunto -lo recuerdo
perfectamente- en una de sus primeras comparecencias públicas como ministro, creo recordar, en el Consejo Confederal de Comisiones Obreras; en fin, se ha hablado de este asunto. Si hablamos de incorporación al proceso productivo de nuevas
tecnologías e innovación, bienvenido sea, pero me temo que, antes de que las empresas se vean beneficiadas por esas transferencias de tecnología, se va a terminar acudiendo una vez más a la reforma de los costes laborales. Hay que añadir además a
todo esto, y no podemos olvidarlo -no se ha hablado de momento-, que desde el pasado 1 de mayo, aunque de forma muy gradual, nuestro entorno socioeconómico en la Unión Europea se ha visto ampliado a 10 nuevos países miembros y todos ellos con
niveles de costes laborales muy inferiores a los nuestros. Así que le tengo que hacer la pregunta: ¿Va a acometer su ministerio una reforma laboral profunda? ¿Cree necesaria una nueva reforma laboral el ministro de Trabajo? Le tengo que decir
como representante de una parte de los ciudadanos de Navarra, pero, en cualquier caso, defendiendo los intereses generales de todos ellos, que me preocupa muy especialmente en este nuevo marco europeo la situación que crearía, por ejemplo, que la
decisión de una multinacional -es el caso de Volkswagen- acabara con los puestos de trabajo de cerca de 10.000 familias por el traslado de sus instalaciones, por ejemplo, a alguno de los nuevos Estados miembros de la Unión. No estoy haciendo falso
alarmismo. El portavoz del Grupo Catalán señalaba lo ocurrido en Cataluña, los momentos que se están viviendo, cuya situación podría tener enorme paralelismo con lo reseñado. A ustedes como Gobierno les corresponde la responsabilidad de dicha
reforma laboral: que esta reforma no recaiga exclusivamente sobre los trabajadores y que, finalmente, satisfaga sobre todo las necesidades de mayor productividad y competitividad de nuestras empresas. En este punto quisiera volver sobre el asunto
que mencionaba inicialmente. Quisiera saber cuál va a ser el enfoque que su ministerio piensa dar a dicha hipotética negociación, que, por lo que nos va apuntando, entiendo no tan hipotética, de manera muy especial a las formas y a los
protagonistas de la misma. Se lo digo porque en esta legislatura, anunciada de diálogo y de talante abierto a todos, deben ser todos los agentes sociales y políticos los invitados a la mesa de la negociación, y cuando digo todos me refiero, por
ejemplo, a las comunidades autónomas -sentarlas a la mesa de negociación- que han sido siempre las grandes ausentes de negociaciones de este calado, y en sus manos, señor Caldera, está dotar de mayor eficacia territorial a estos mecanismos de
negociación. Además, y por necesidad de extensión, le pediría que amplíe esta mesa a todas las representaciones empresariales y sindicales. En este punto, tengo que detenerme en el
hecho de que dos de las principales fuerzas sindicales en Navarra, me refiero a los sindicatos ELA y LAB, no han tenido opción de participar en las anteriores reformas laborales del Estado. No sólo le hablo en términos de justicia, sino
también de eficacia en la aplicación de una posible reforma, porque aunque entiendo que lo cómodo ha venido siendo siempre hacer una negociación a cuatro -hablo de ministerio, CEOE, Comisiones Obreras y UGT-, yo espero de usted ese prometido diálogo
y talante abierto, que ha reiterado a lo largo de su comparecencia, y, por lo tanto, que democratice las mesas de negociación. Por cierto, espero que, con el mismo espíritu con el que lo ha prometido, cualquier proyecto de su ministerio lo podamos
debatir antes en el Congreso. En definitiva, señor Caldera, espero que no nos venga con la reforma y la foto ya hecha, algo que ha sido habitual durante otros años, y haga posible que esta Cámara, y muy especialmente esta Comisión, pueda participar
en reformas de este calado. Con ese ánimo le presentamos nuestra comparecencia, dándole las gracias de nuevo por la suya.
La señora PRESIDENTA: Pasamos al portavoz de Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, señor Pérez Martínez, en sustitución de la señora García.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: En primer lugar, quiero felicitar al señor ministro y a su equipo por su nombramiento, y disculpar la ausencia de la señora García, que ha tenido algún problema en el aeropuerto de Barcelona, y que lo acaba de
solventar, porque la veo aquí en estos momentos. (Risas.)
Con ese grado de improvisación, señor ministro, le diré que he seguido con atención su intervención. Coincidimos en el diagnóstico de la situación en cuanto al problema principal con el que nos enfrentamos en los asuntos que debe manejar
desde su ministerio, en el sentido de que nos encontramos ante un modelo productivo que da síntomas de agotamiento, un modelo productivo que no supo, no quiso o no pudo aprovechar la bonanza económica, que no creó sino que destruyó base industrial y
que es un modelo productivo vulnerable ante lo que es el proceso de la ampliación de la Unión Europea. Creo que ha sido usted muy generoso a la hora de reconocer la creación importante de empleo que ha habido en los últimos años, porque yo sería
más partidario de creer que ese modelo ha generado un elevado grado de ocupación, pero no me atrevería a llamarlo empleo, en el sentido que para nosotros tiene esa palabra, es decir, una actividad económica que tiene a su vez la capacidad de
integrar social y económicamente a las personas en nuestra sociedad. Ha habido un grado alto de elevación de la actividad, pero no empleo, porque no se les puede decir a las personas que están trabajando siete y ocho días al mes, con un salario
bajo, sin derechos y con un modelo laboral precario, que están siendo beneficiados por una política de empleo. Es un modelo basado en la mano de obra barata y en la poca productividad y, además, con un criterio y una forma de entender la
productividad que, desde luego, nosotros no compartimos. Ese modelo nunca fue bueno y creemos que ahora lo es menos en los procesos de ampliación, y así lo están demostrando los procesos de deslocalización industrial que se están dando en nuestro
país. Nosotros creemos que hay que girar hacia otro modelo, y en eso coincidimos con sus palabras cuando plantea la productividad entendida desde la generación de infraestructuras productivas, desde políticas de formación, políticas de I+D+I,
estabilidad en el empleo y calidad. En definitiva, una política industrial activa, que es lo que este país no ha tenido en todos estos años, y que es lo que hace que ese modelo productivo tenga esos síntomas de agotamiento. La realidad actual es
que en España hay más de 2.100.000 parados, que el primer trimestre del año los datos no han sido buenos y que, aunque algo corregidos en el mes de abril, hay que tener en cuenta la estacionalidad de este mes. Eso refleja -no este trimestre, sino
de todos los que estamos hablando ahora- otro rasgo del modelo, que es esa carencia de base industrial sólida, que hace a su vez que la red de servicios que existe no sea una red de servicios ligada a una base industrial productiva, sino a una red
de servicios endeble y vulnerable al más mínimo síntoma de desaceleración de la economía o de ralentización. No cabe, pues, en eso presumir. En otros aspectos nosotros entenderíamos que cada fuerza política reivindique lo que entiende que son los
logros de su gobierno y que se derivan de la aplicación política de unas ideas. Ahora bien, si es cierto que en nuestro país ha aumentado el número de asalariados, no es menos cierto que las rentas del trabajo pierden peso en relación con la renta
nacional. Por lo tanto, es posible que haya más asalariados y que haya más ingresos en la Seguridad Social por ese concepto, pero las rentas del trabajo han perdido peso en relación con la renta nacional. Eso quiere decir que los salarios no están
bien tratados y que el trabajo en este país tampoco está bien tratado.
En cuanto a la música de su intervención, me ha parecido bien. Los diputados que estamos en grupos poco numerosos, poco favorecidos por las urnas, tenemos la inmensa compensación de que podemos estar en muchas comisiones. Esto nos permite
escuchar muchas comparecencias y escuchar a muchos ministros y ministras, suerte que no tienen otros diputados de grupos más numerosos. En algo se tenía que ir una cosa por la otra. Ayer tuve la fortuna de estar en la comparecencia del señor
Solbes, ministro de Economía y Hacienda. Compartíamos la necesidad de otro modelo productivo y también la de un criterio diferente en la productividad y en la competitividad, pero no es menos cierto que cuando llegamos a la fiscalidad el concierto
ya fue distinto. Si hoy su concierto tenía ciertas reminiscencias, para nosotros por lo menos, alegres, dinámicas, con letras
un tanto atrevidillas en algún momento, no es menos cierto que el concierto de ayer nos pareció en la parte de la política fiscal bastante más lento, tintes de más adagio y en algunos momentos de una seriedad sinfónica y de una continuidad
ciertamente preocupante. Esta es la gran duda que yo plantearía: con iguales ingresos del Estado cómo se acomete una política social que usted ha anunciado ambiciosa en relación con lo que hay ahora. Esa es la gran duda y a partir de ahí muchas
coincidencias en lo que usted ha dicho.
Nosotros creemos que los tres grandes problemas del empleo en España son, el primero, la desigualdad de la mujer en la actividad laboral. Las mujeres tienen una tasa de actividad en nuestro país de ocho puntos por debajo en relación con la
media europea. Esto quiere decir que en España hay 2.100.000 parados porque hay centenares de miles de mujeres que no se han planteado ir a las oficinas del INEM a inscribirse como paradas simplemente porque no esperan encontrar trabajo. Es decir,
hay una forma de renunciar a la búsqueda de empleo por parte de muchas mujeres en unas condiciones concretas. Las mujeres tienen doce puntos menos en la tasa de empleo en nuestro país y, consiguientemente, el doble de la tasa de paro.
Hay que
añadir, además, la discriminación salaria. En nuestro país las mujeres pueden llegar a percibir hasta el 25 ó 30 por ciento menos de salario en un empleo en condiciones de trabajo iguales teóricamente. El segundo problema para nosotros es la tasa
de temporalidad y de precariedad, que se ceba fundamentalmente en los jóvenes. Los menores de 30 años tienen tasas de desempleo que llegan al 50 por ciento. El tercer elemento que nos preocupa, aparte de otros muchos, pero estoy señalando los tres
más urgentes, son los altos índices de siniestralidad. Teniendo en cuenta estas preocupaciones, saludamos todas las intenciones que usted manifiesta en relación con recuperar el diálogo con los sindicatos, un diálogo que en un momento determinado
de nuestro país se rompió de forma traumática por el anterior Gobierno, y que ha llevado a situaciones algunas veces inexplicables y en cualquier caso siempre difíciles.
Diálogo con los sindicatos para medidas que nos parecen particularmente
importantes. Perseguir el abuso de la contratación temporal. Eso quiere decir revisar la causalidad, de manera que se fomenten sólo aquellos contratos que tengan que ver realmente con la causalidad que los origina.
Combatir el fraude. La
exigencia a la Administración de la reducción de su porcentaje, porque es la Administración la que está en estos momentos concentrando porcentajes muy importantes de temporalidad. Limitar el proceso de subcontratación en cadena a que usted ha hecho
referencia y, para ello, planteamos la exigencia a las empresas de responsabilidad civil subsidiaria. Penalizar la contratación temporal y, en ese sentido, sólo se debería primar fiscalmente la contratación indefinida. Exigir más medios a la
Inspección de Trabajo. Tratar de acabar con la lacra que supone la siniestralidad laboral debida al incumplimiento sistemático de muchas empresas y sectores de la producción que se dan en nuestro país, para lo que habrá que incrementar el número de
inspectores de trabajo dedicados a estas funciones, que es cuatro veces inferior a la media de la Unión Europea. Queremos saber si se va a acometer algún plan de choque para reducir la siniestralidad en algunos sectores de la producción, como la
construcción o la minería y, en este sentido, si el Gobierno se plantea la necesidad de anticipar la edad de jubilación en alguno de estos sectores, como la construcción o en profesiones concretas como la de bombero, que lo están reivindicando, ante
trabajos que son penosos desde el punto de vista físico y psíquico.
También es necesaria la persecución del trabajo precario, con el abuso que supone por parte de algunos empresarios -por denominarlos de alguna forma- en cuanto a la explotación de los inmigrantes, que trabajan en condiciones de casi
esclavitud en algunos casos y en algunas zonas de nuestro país. Promover la inserción laboral y social de los discapacitados haciendo cumplir la ley, en primer lugar en la propia Administración. Luchar contra el acoso social y moral en el trabajo,
eso también debe estar entre los objetivos de su Gobierno y doy por hecho que así es, y mejorar los servicios de orientación y búsqueda de empleo.
En relación con el salario mínimo interprofesional, partimos del criterio de que el salario mínimo no es un ingreso de inserción y, por tanto, debería estar ligado al conjunto de los trabajadores por razón de cohesión y de solidaridad y
también, por qué no, a los sindicatos, de forma que el salario mínimo interprofesional tenga que ver con la negociación colectiva y con el avance del conjunto de los trabajadores.
Por eso establecemos la necesidad de que sea un porcentaje del
salario medio y no una cantidad fija, como usted plantea de una manera inamovible de aquí a cuatro años. Eso, al final, tiene una repercusión económica, pero lo que hay detrás de este tipo de propuestas es una cuestión de filosofía: el salario
medio no es un salario de inserción, sino un salario de trabajadores que están ejerciendo su actividad y que deben estar ligados al resto de los trabajadores por medidas concretas de cohesión.
En lo que se refiere a las cuestiones sociales, queremos manifestarle nuestra preocupación y decirle que partimos de una filosofía parecida que, desde luego, va en dirección opuesta a lo que hemos vivido en España en estos últimos ocho años.
Nosotros entendemos que el Estado debe asumir su carácter social para ser garante de derechos y de libertades, lo que significa que el Estado debe asumir la universalización de los derechos sociales y no dejar en manos del beneficio privado lo que
son obligaciones de los presupuestos públicos, no ligar dogmáticamente los derechos de las personas al beneficio privado. Esto tiene que ver, por ejemplo, con la situación de los mayores en nuestro país. En la actualidad, los mayores tienen
índices llamativos de desasistencia
por parte de los poderes públicos. La ausencia o escasez de infraestructuras, como los centros de día o las residencias, es clamorosa y, hasta ahora, la respuesta de los gobiernos de la derecha ha sido la subvención de la iniciativa
privada, para trasladar directamente beneficios a la economía privada, a las residencias privadas, y la renuncia absoluta a hacerse cargo de las necesidades de los mayores en los presupuestos públicos. Los mayores, evidentemente, tienen también
otro tipo de necesidades, como la de viviendas adaptadas. Son muchas las ciudades en las que los mayores viven en lo que denominamos chabolismo vertical. Hay que impedir el abuso de determinadas entidades financieras, que pueden hacerse cargo del
coste de las residencias a cambio de quedarse con el patrimonio familiar -con el patrimonio de las personas mayores-, haciendo el papel de verdaderos buitres financieros, pues no se les puede llamar de otro modo. En definitiva, hay que acabar con
la filosofía que condena a los mayores a no ser completamente libres, como todas las personas en nuestra sociedad, y a constituir uno de los sectores olvidados, lo que contribuye a la sensación de que, en esta sociedad, cuando se deja de producir se
deja sencillamente de ser.
Los niños de cero a tres años necesitan igualmente una atención cualificada y especial. Son necesarias las escuelas infantiles. Me alegra oír de boca de otros portavoces manifestaciones de preocupación por las escuelas infantiles. En
Madrid, por ejemplo, que conozco algo más, uno de cada seis niños tiene plaza pública, lo que quiere decir que cinco de cada seis no la tienen. Hasta ahora, los poderes públicos han fomentado la privatización por medio de la subvención de centro
privados, renunciando a tener una red pública de escuelas infantiles. Bienvenidas sean, por tanto, las intenciones del Gobierno para tratar de subsanar las carencias.
En cuanto a los discapacitados, se trata de cumplir la ley, empezando por la contratación, por la inserción en el mundo laboral, y por supuesto, deben tener los centros de atención especializada necesarios. Todas estas políticas dirigidas a
los discapacitados, a los niños o a los mayores son tanto más necesarias cuanto que su ausencia incide de manera negativa en la capacidad de empleo de las mujeres. Efectivamente, estas responsabilidades recaen en las familias y, dentro de las
familias, básicamente en las mujeres. Hablar, por tanto, de igualdad en el acceso al empleo es hablar de la igualdad de las mujeres a la hora de plantearse el acceso al empleo. Las cosas llegan hasta estos extremos en nuestra sociedad, en nuestro
país, donde la tasa de actividad de las mujeres es muy inferior a la europea y a la de actividad de los hombres.
Sería asimismo importante la atención a las mujeres cabeza de familias monoparentales, que tienen responsabilidad directa sobre los hijos -que tienen hijos a su cargo-, que están muchas veces sin empleo y que tienen que subsistir gracias a
la estructura familiar de nuestro país, que remedia con su solidaridad lo que los Presupuestos Generales del Estado son incapaces de asumir.
En cuanto a la inmigración, ha detallado usted medidas con las que estamos de acuerdo. En cualquier caso, es importante hacer campañas dirigidas a los empresarios y a la sociedad, para que se entienda de forma generalizada que los
inmigrantes no vienen a invadirnos ni a quitarnos el empleo, sino huyendo, muchas veces, de un modelo económico internacional injusto, del que se benefician, fundamentalmente, las grandes multinacionales del mundo desarrollado.
También estamos de acuerdo con la atención a los parados de larga duración, y con un largo etcétera con el que no le entretengo, porque creo que adivina usted dónde están las coincidencias y dónde los matices y las comas que pongo a su
intervención.
Si no se varía sustancialmente la política fiscal, señor ministro, si los ingresos del Estado siguen siendo los mismos, es difícil acometer esos planes. No obstante esta duda, nuestro grupo parlamentario esperará y tratará de ayudar a
impulsar la política que anuncia usted y que nos llevará hacia otro modelo productivo, hacia otro mercado laboral. Un mercado laboral caracterizado por el empleo estable, por el empleo de calidad, por la igualdad entre hombres y mujeres, y por la
no discriminación de los jóvenes; en definitiva, el que corresponde a un modelo social más justo y más igualitario. En esa pelea estaremos con ustedes, demandando, impulsando, exigiendo, reivindicando y protestando; si es necesario manifestarse
delante del Ministerio de Economía y va usted con la pancarta, allí nos tendrá usted a su lado. (Risas.)
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor ministro, quedo muy agradecido por su información y por la celeridad con que esta se ha producido, dado el macroministerio que gestiona usted en este momento y por lo cual no son pocas ni poco relevantes las
cuestiones sobre las que nos tiene que informar. Gracias, sobre todo, por la prolijidad -por la exhaustividad- de su información. En todo caso lo que ha hecho es más una diagnosis de la situación del mercado de trabajo, del empleo, pero hay otros
problemas vinculados a la asistencia social, medidas concretas que seguramente usted en estos momentos no está en condiciones de pormenorizar mucho mejor dado que deben ser negociadas con los sindicatos más representativos y con los grupos de esta
Cámara.
Sí comparto algunas reflexiones que se han hecho aquí por el representante de Convergència i Unió y por mi compañera Uxue Barkos de Nafarroa Bai. Es un problema de perfume. No sé si ha leído usted la famosa novela de Süskind 'El Perfume'.
La verdad es que no
he notado el perfume, igual es porque estoy un poco constipado, pero ni siquiera ha hecho usted referencia al hecho autonómico, lo cual en su primera comparecencia es una omisión que destacaría porque no son pequeñas ni tampoco baladíes las
cuestiones competenciales que en este momento se mantienen vivas y generan conflictividad entre la Administración central del Estado, entre determinados sindicatos que no son de ámbito estatal de actuación, y las administraciones autonómicas y
sindicatos que sí son de ámbito estatal de actuación. Son cuestiones muy relevantes y están provocando y gravitando en forma de conflictividad en relaciones que deberían pacificarse. Por tanto yo le pediría que ese fuera uno de los primeros retos
que usted asumiera como ministro, que intente pacificar estas cuestiones que tampoco son de escasa relevancia.
Usted conoce perfectamente cómo el Estatuto de Autonomía de Gernika tiene una disposición transitoria quinta que establece que se
transferirá al Gobierno vasco el régimen económico de la Seguridad Social en régimen de convenio; es decir algo parecido al Concierto Económico. Nos gustaría conocer su voluntad de cumplir lo que no es más que un requerimiento del bloque de
constitucionalidad de un estatuto de autonomía: régimen económico de la Seguridad Social, del sistema público de la Seguridad Social. No es una petición caprichosa ni una petición secesionista de los partidos nacionalistas sino algo que está
consignado en el bloque de constitucionalidad, en la disposición transitoria quinta del Estatuto de Autonomía de Gernika.
El señor Campuzano ha hablado de la transferencia de las políticas activas. Desgraciadamente en la Comunidad Autónoma del País Vasco todavía no se han recibido las políticas activas o la competencia en materia de políticas activas y pasivas
porque la transferencia de ambas es absolutamente inescindible. No han sido objeto de recepción y ostentamos el dudoso honor de ser la única comunidad autónoma, con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, de no poseer esta competencia porque se
han ofertado por el Gobierno precedente -no por el suyo que no ha tenido tiempo todavía de realizar oferta alguna- vulnerando los requerimientos del Concierto Económico para la financiación de las mismas, y, claro, competencias averiadas o
competencias que tienen disfunciones de esta naturaleza, prescindiendo de los requerimientos del Concierto Económico, el Gobierno vasco no las va a aceptar nunca, señor ministro.
Hay problemas en otras competencias como la Inspección de Trabajo, los servicios públicos de empleo que usted ha afirmado que va a redefinir aglutinando a interlocutores sociales y a comunidades autónomas. Ahí sí que capto, a pesar de mi
constipado, cierto perfume jacobinista porque cuando se habla de servicios comunes que hacen referencia a todos en régimen de colaboración prescindiendo de títulos competenciales que establecen quién debe ejercer específicamente la competencia;
cuando se prescinde de competencias que corresponden a comunidades autónomas o no se hace referencia a ellas; cuando se habla -y usted ha hablado, señor ministro- de leyes básicas -la expresión leyes básicas ya provoca automáticamente recelos en
grupos como el que yo represento, en ideologías como la que yo represento-; o leyes de armonización como en sus referencias al Plan de la juventud o a legislación en materia de juventud, tenemos que decirle que no nos inspiran confianza estos
planteamientos que usted hace al inicio de la legislatura. En este ámbito, señor ministro, usted sabe que hay un conflicto muy importante en este momento entre la Fundación Forcem, la que gestiona los fondos y se dedica a la formación ocupacional,
y otras fundaciones autonómicas como Hobetuz, las dos surgidas de acuerdos interconfederales con la misma legitimidad jurídica, una suscrita por los sindicatos UGT y CC.OO. con la patronal española y otra suscrita por sindicatos como ELA y LAB que
también son más representativos en el sentido jurídico de la acepción, es decir son sindicatos que han tenido más del 15 por ciento del total de los representantes electos en las últimas elecciones sindicales realizadas. Ambos acuerdos tienen la
misma virtualidad y sin embargo desde la Forcem o desde la Administración central del Estado no se transfieren a Hobetuz las consignaciones presupuestarias para que Hobetuz, que también es fruto de un acuerdo interconfederal con eficacia normativa,
pueda realizar las actividades de formación ocupacional que un país, una nación o una comunidad autónoma como Euskadi en este momento precisa. Son problemas seculares. Igual para usted, que no pertenece a este negociado, que es un ministro de
Trabajo que se está incorporando en este momento a una problemática diferente a la que usted ha gestionado, no lo es, pero los que pertenecemos a este negociado desde hace mucho tiempo lo conocemos perfectamente y son problemas que hay que intentar
resolver.
Hay que intentar resolver uno fundamental, señor ministro, que es la discriminación normativa que afecta a unos sindicatos con relación a otros. Sigo sin aceptar, y mi grupo parlamentario también, que a tenor de lo dispuesto en la Ley
Orgánica de Libertad Sindical, puedan ser más representativos, con todas las funciones ultra vires que esto genera, sindicatos que si son de ámbito estatal les basta con obtener el total de un 10 por ciento o una cifra equivalente al 10 por ciento
del total de representantes electos, pero si estos sindicatos son de ámbito de comunidad autónoma tengan que obtener el 15 por ciento del total de representantes electos en este ámbito y un mínimo de 1.500. Hace referencia claramente a determinado
sindicato que tiene su presencia también en Navarra, donde aun contando en Navarra con casi la totalidad de los representantes electos no se obtendría nunca ese mínimo adicional de 1.500, con todos los problemas que ello provoca respecto a la
representatividad del sindicado ELA y del
sindicato LAB en la Comunidad Foral de Navarra y en Euskadi. Son problemas que están ahí latentes, son problemas pendientes, son problemas de discriminación normativa que yo espero de su talante y de su buen hacer que se puedan acometer y
se puedan reformar y no sigan generando los niveles de conflictividad que hasta ahora están provocando estas situaciones. Niveles de conflictividad que hacen referencia a la presencia en órganos como la Comisión de la Seguridad Social en los
comités ejecutivos de la Seguridad Social, del Instituto Nacional de Empleo, la Forcem, en el Consejo Económico y Social, etcétera.
La falta de alusiones a los problemas competenciales es algo que deberá corregir en próximas comparecencias, señor ministro. Igual usted ha considerado que este no era el momento de afrontar problemas tan delicados que desde 1978 ó 1979
están pendientes. El área sociolaboral es el área pendiente de transferir a las comunidades autónomas desde la aprobación de los estatutos de autonomía, particularmente esta área.
Usted no es desconocedor de que hay sindicatos de ámbito estatal
renuentes a la transferencia de estas competencias, pero es que estas competencias están reconocidas como propias de las comunidades autónomas en el bloque de constitucionalidad, en los estatutos de autonomía y en la propia Constitución, se lo
recuerdo, señor ministro, y si tienen renuencias o problemas con algunos sindicatos deberá hacer frente a estos problemas porque usted tiene como obligación fundamental el cumplimiento de la legalidad, y particularmente el cumplimiento de la
legalidad constitucional y estatutaria. Por eso, yo comparto ese problema de los aromas y de los perfumes que se comentaba antes.
En algunas de las cuestiones importantes que usted ha planteado, nos encontramos con los problemas en los que todos vamos a coincidir, los problemas que afectan a nuestro mercado de trabajo de forma más característica o de forma más
preocupante, políticamente: los altos índices de siniestralidad. Me va a permitir el representante de Izquierda Unida -no está en este momento- que discrepe profundamente de una de sus aseveraciones, y no quiero iniciar un turno de alusiones,
señora presidenta, tranquilícese. Cuando ha comentado que en materia de subcontratación la responsabilidad del empresario principal ha de ser subsidiaria, discrepo rotundamente. Tal como consigna la Ley de prevención de riesgos laborales, debe
seguir siendo solidaria, debe existir, en relación con las responsabilidades que se generen, el mayor nivel de responsabilidad y de solidaridad en el ámbito de la subcontratación. Me parece importante como elemento de responsabilidad.
En materia
de siniestralidad, señor ministro, como ocurre con otros problemas, tenemos una ley reciente -la Ley de prevención de riesgos laborales-, alabada por la doctrina científica y calificada como una buena ley, que ha tenido un gran consenso por parte de
los interlocutores sociales, una ley moderna en el tiempo, una ley que es cotejable con las mejores del Derecho comparado y, sin embargo, observamos que a pesar de la existencia de esta ley los índices de siniestralidad se siguen disparando, siguen
siendo incontrolables, sobre todo en algunos sectores productivos. Me gustaría saber qué diagnosis o prognosis hace usted sobre ese problema porque lo mismo ocurre con la violencia doméstica, la violencia contra las mujeres. Hay reformas
normativas muy recientes, en el ámbito del derecho penal y de otros sectores del ordenamiento jurídico, que no terminan de acabar con este problema; es más, el problema se va a agudizando cuantitativa y cualitativamente. Luego algo está ocurriendo
y esto que está ocurriendo seguramente tiene que ver mucho con la precariedad, que es el segundo elemento que a usted le ha merecido mayor preocupación y a mi grupo también se la merece. Los altos índices de precariedad tienen una doble
manifestación: primero, la temporalidad abusiva de los contratos y luego las sucesivas contrataciones. La cascada de subcontratación es algo a lo que hay que poner coto de alguna manera, señor ministro. Es indecente en estos momentos que en
algunos sectores productivos, particularmente en la construcción, el empleado no sepa quién es el empresario principal; que existan distintas subcontratas interpuestas; que haya un empresario principal, un contratista, un subcontratista, un
segundo subcontratista, un tercer subcontratista que, a su vez, contrata a una persona que puede llegar a contratar con otros contratos a la persona que realiza materialmente la obra. Un mercado de trabajo caracterizado por esta estructura es un
mercado de trabajo donde es muy fácil que se produzcan los índices de siniestralidad a los que usted aludía y que se dan de forma creciente, sobre todo en algunos sectores de producción. Hay que poner coto a esta situación y hay que castigar,
manteniendo desde luego un régimen de responsabilidad por lo menos solidaria -no comparto, como le decía, la subsidiariedad en la responsabilidad que propugnaba el representante de Izquierda Unida- que llegue hasta el empresario principal y que
quien es víctima de un accidente laboral o de una situación de enfermedad profesional pueda dirigirse indistintamente contra cualquiera de los que han provocado la cascada de subcontrataciones; eso me parece fundamental. En materia de temporalidad
también tenemos que hablar de la duración de los contratos de trabajo, y usted ha hecho unas referencias un tanto perifrásticas, genéricas, a que se va a modificar el régimen jurídico de contratación. Me gustaría saber cómo van a conseguir mejorar
el régimen de contratación para evitar esa perversión que se ha producido en nuestro derecho del trabajo. Nuestro derecho del trabajo, el real decreto legislativo que ahora ordena el Estatuto de los Trabajadores, establece una presunción: que todo
contrato de trabajo se presume celebrado por tiempo indefinido salvo que se demuestre lo contrario. Eso es lo que hemos explicado en clase los que nos hemos dedicado a la docencia tradicionalmente. Ahora
la presunción es la inversa: que todo contrato de trabajo se suscribe de forma temporal salvo que se demuestre lo contrario, que se demuestra en escasísimas ocasiones. Contra esa perversión -ahí discreparía con el señor Azpiroz- hay que
luchar también, porque hay muy pocos trabajos que tengan naturaleza temporal. La mayoría de los trabajos tiene una vocación de indefinición. Si la empresa que genera esos contratos de trabajo o esas actividades productivas tiene vocación de
indefinición, cuando por su propia naturaleza existe la necesidad de acudir a contratos de trabajo, se podrá contratar. Pero es tan abusivo y tan desproporcionado en este momento el uso de contratos temporales que provoca una rotación permanente,
sobre todo de jóvenes trabajadores que no logran consolidar su puesto de trabajo, no logran hacer los tres años que la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece para novar un contrato temporal en indefinido, que al final lo que se está
practicando es un verdadero fraude de ley masivo en materia de contratación que usted también tiene la obligación legal y seguramente moral de atajar, porque con esto surgen muchos de los problemas de siniestralidad pero también de otra naturaleza.
Surgen problemas que afectan a la propia capacidad de financiar el sistema público de pensiones porque, si los contratos son rotatorios -unos jóvenes o unas personas van sustituyendo a otras y ninguna va articulando una carrera de seguros suficiente
para financiar el sistema-, vamos a tener severos problemas de financiación del sistema público de pensiones para hacer frente a las necesidades de los pensionistas de las contingencias de los beneficiarios del sistema el día de mañana.
Ha hecho usted una reflexión -y voy acabando ya, señor ministro, porque no me gustaría ser muy prolijo en esta su primera comparecencia, además la cortesía obliga a hacer reflexiones más bien esquemáticas y genéricas- un tanto apologética,
siguiendo un poco la inercia de las exposiciones del portavoz del Partido Popular, a las posibilidades del sostenimiento financiero de nuestro sistema público de Seguridad Social, que no casan en absoluto con las conclusiones de la cumbre de Lisboa
a las que usted mismo se ha referido. La cumbre de Lisboa advierte, entre otros muchos países europeos, al Estado español de la seriedad con que se tienen que tomar los mecanismos financieros, los mecanismos estructurales de reforma de sus sistemas
públicos de pensiones para mantener a partir del año 2050 particularmente su sostenibilidad financiera. Este no es un problema baladí. Aquí estamos jugando con trampas, y yo que trabajé en el Pacto de Toledo creo que nos estamos haciendo trampas
en el solitario, señor ministro. Estamos haciendo grandes fondos de reserva, nos encontramos que el régimen general de la Seguridad Social tiene un amplio superávit en este momento, todo eso es cierto, pero con la primera recomendación del Pacto de
Toledo -que era la de la clarificación de los flujos financieros de forma y manera que se pagaran pensiones, que se pagara todo lo contributivo con las contribuciones de empresarios y trabajadores y con presupuestos públicos todo lo demás, el
Insalud, etcétera- hemos logrado una liberación de fondos que permite este superávit en la creación del fondo de reserva, pero eso no garantiza absolutamente la futura viabilidad financiera del sistema mientras nuestros problemas demográficos sigan
siendo los que son. En el año 2050 vamos a estar en un porcentaje de 2,5 personas desempleadas por 1 persona perceptora de algún tipo de contingencia o de prestación del sistema público de Seguridad Social. Con esa ratio es muy difícil el
mantenimiento de un sistema financiero si no se adoptan otras medidas importantes que están consignadas en el Pacto de Toledo, algunas de las cuales nosotros vamos a intentar que se vehiculen a través de iniciativas parlamentarias y puedan aprobarse
en esta misma legislatura.
Dicho esto, hay que decir también lo contrario. Siguen existiendo colectivos particularmente perjudicados en nuestro sistema público de pensiones. Se ha hablado de la viudedad, de la compatibilidad de las pensiones de las viudas con el
SOVI, que es un requerimiento que tienen que afrontar, de la todavía escasa cuantía de la pensión de viudedad y de la de orfandad, que es otro elemento de protección particularmente desfavorecido. Alguien tiene que hacer un gran esfuerzo por
mejorar la protección de huérfanos y viudas, pero sobre todo, señor ministro -y no le suene la palabra con más énfasis del que yo mismo le voy a dar-, ustedes siguen incumpliendo un requerimiento constitucional, que está en el artículo 41 de la
Constitución, que es la universalización de la protección con cargo al sistema público de pensiones. Todavía toda la población, todos los ciudadanos del Estado español no están protegidos con cargo al sistema público. La Ley de pensiones no
contributivas no logró universalizar la protección del sistema público de pensiones. El artículo 41 exige la protección con cargo a un sistema público, no un sistema privado -es una tautología-, de cualquier situación de necesidad para todos los
ciudadanos. Esto no se ha logrado; mejor dicho, se ha logrado en algunas comunidades autónomas. En la Comunidad Autónoma del País Vasco la universalidad es total a través de distintos procedimientos, a través de la renta básica, de las ayudas de
emergencia social y de las contingencias protegidas por el sistema público, pero en el Estado español todavía hay colectivos que no tienen acceso a ningún tipo de protección, por lo cual estamos incumpliendo a estas alturas de la historia un
requerimiento constitucional desde el año 1978, que es el consignado por el artículo 41 de la Constitución, que es uno de los paradigmas del Estado.
En relación con las políticas sociales, usted ha hecho una apelación que yo considero pertinente. El Partido Socialista siempre se ha caracterizado por luchar las políticas sociales. No es un patrimonio del Partido
Socialista en exclusiva -otros partidos nos identificamos ideológicamente por luchar por las políticas sociales-, pero en materia de políticas sociales hay algunas comunidades autónomas que le podrían servir de referencia porque se están
haciendo cosas muy importantes en distintos ámbitos: en el ámbito de la protección económica, en el ámbito de la protección de la familia a través de una interposición de políticas natalistas y no natalistas de protección a la familia como
institución troncal de la sociedad que superpone o cubre muchas de las deficiencias de los poderes públicos del Estado. La familia se ha convertido en un sustitutivo de algunas de las cosas que deberían hacer los poderes públicos del Estado y no se
hacen.
Para terminar, en materia de inmigración, estamos muy predispuestos a consensuar con usted y a trabajar en el reglamento de desarrollo de la legislación. Yo no sé hasta qué punto usted debería ser más valiente, más agresivo, incluso a
comprometerse a reformar la legislación, aunque sé que la legislación está parcialmente pactada entre ustedes y el Partido Popular. Es una legislación que ha dado al fenómeno migratorio una impronta de política criminal y política de orden público
de la cual ustedes se deberían desvincular. Ustedes son un partido de luenga tradición progresista y yo creo -honestamente se lo digo- que en esta materia ustedes han abdicado de esta tradición progresista. Han seguido los influjos intelectuales
de los partidos más conservadores, dando a la emigración un componente de política criminal, de política de orden público, y sobre todo una perspectiva estrictamente laboral estableciendo un sistema de cupos que me parece particularmente perverso,
sobre todo cuando empírica y experimentalmente hemos podido comprobar que esos cupos para la regularización de los trabajadores extranjeros coincidían exactamente con el número de puestos de trabajo que los ciudadanos del Estado español no querían
cubrir. Esta no puede ser la política de inmigración de un partido como el de ustedes, con 107 ó 108 años -no sé cuántos- de antigüedad (El señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Caldera Sánchez-Capitán: ¡125!) -más a mi favor entonces el
argumento-, de vocación progresista. Ustedes no pueden abdicar de un principio, de un elemento de identidad progresista como éste, por lo que desde esa perspectiva cuente con nuestro apoyo para hacer las rectificaciones, incluso de concepción de la
política de extranjería, que sean pertinentes en esta materia.
Es usted ministro de un macroministerio que nos obligaría a hablar de muchas más cosas; sin embargo, voy a liberar a SS.SS. de semejante tortura, seguramente ya prohibida por la Convención de Ginebra. (Risas.) Desde esta perspectiva,
señor ministro, quiero decirle que usted sabe que somos un grupo flexible, un grupo proactivo en favor del diálogo y de la concertación, pero tenemos nuestras reservas, también en relación con lo que usted ha afirmado hoy aquí; reservas relativas a
ese tufo jacobino que al igual que otros compañeros yo también he percibido, reservas que hacen referencia a que no se da un tratamiento igual a los sindicatos existentes, que están organizados y que tienen un papel importante que jugar en el Estado
español -al fin y al cabo, los sindicatos también ejercen en el Estado español funciones públicas o cuasi públicas- y reservas respecto a ciertos planteamientos sobre los cuales falta definición. Seguramente cuando haya consenso esa definición se
hará con más prolijidad, pero ahora hay muchos problemas en su ministerio. Usted ha asumido un ministerio de proporciones descomunales y no sé si es consciente de esa tarea y de esa responsabilidad que ha adquirido, pero sepa que cuenta con nuestra
colaboración. Nosotros apelamos al diálogo y al mismo tiempo pedimos reciprocidad, diálogo por su parte, información y sobre todo que se dé un tratamiento igual a los interlocutores sociales, porque aquí no sólo hay interlocutores sociales
españoles sino que nos encontramos en un Estado plurinacional y hay interlocutores sociales que pertenecen a otras naciones del Estado español. No prescindamos de ellos y no creemos conflictos sindicales artificiales, ya que luego se proyectan en
la política pública y esto provoca un deterioro de las relaciones institucionales muy grave para nuestra normativa y para la estabilidad de la propia política gubernamental.
Perdone por la extensión, señora presidenta, pero ha sido en reciprocidad a la extensión de la intervención del señor ministro y de otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Tardá.
El señor TARDÁ I COMA: Observo que es costumbre felicitar al ministro, así que yo también le felicito, aunque supongo que cumple con su deber de venir a trabajar, como todos; en cualquier caso le felicito.
En cuanto al independentismo y al republicanismo catalán instalado en esta atmósfera, no sé si de ingenuidad o de buena voluntad, debo manifestar que en principio sus palabras nos siguen llenando de esperanza. De momento lo tenemos fácil
puesto que venimos de donde venimos, esto es, de una gran precarización del trabajo, de un incremento de las desigualdades, de mayores dependencias producto del cambio de los valores predominantes en nuestra sociedad, del reto que comporta para la
clase obrera, para la clase trabajadora, la deslocalización. Observamos también que las cárceles están llenas, que la población reclusa va in crescendo, lo cual nos debería llevar a preguntarnos por la cara oculta de nuestra sociedad, tenemos ante
nosotros el reto de la igualdad y de las nuevas inmigraciones, cómo incorporarlas a nuestra sociedad, la sociedad del primer mundo, en donde a veces dilapidamos los bienes materiales con gran irresponsabilidad. Es cierto que usted tiene ante sí una
gran responsabilidad,
que es disponer de grandes recursos económicos para afrontar grandes retos que deben solucionar grandes desigualdades y además poner las bases para lo que tiene que ser la sociedad del bienestar en los próximos años, lo que nos lleva a
hablar del Estado del bienestar y de la socialización de las riquezas. Es decir, empezar por asegurar a todos los ciudadanos sus posibilidades para asumir ciertos grados de felicidad material, sin la cual no es posible hablar en otros términos.
Repito que estamos esperanzados de oírle hablar en su programa de esos objetivos. De hecho, no es nada extraño que nos pongamos de acuerdo teniendo en cuenta de donde venimos, repito. Es más, creo que si le añadimos el adjetivo socialista -a
usted, a su Gobierno y a nuestro partido- haría falta reclamar un poquito más de agresividad en según qué planteamientos sociales. Tiempo habrá -repito- de cotejar programas y de ponernos de acuerdo en los objetivos.
Si yo fuera un ciudadano español, porque no soy español sino que estoy español -ya conoce usted la diferencia entre los verbos ser y estar, comunes en el catalán y en el castellano-, como estoy español y siento un poco de preocupación
derivada de no haberle oído hablar de cómo piensa hacer compatible su programa -que celebro y que como socialista que soy aplaudo en buena parte- con la realidad autonómica actual y, más que con la realidad autonómica actual, con el proyecto en el
que estamos cada uno con posiciones diferentes y con objetivos estratégicos distintos, con lo que se nos avecina, que no es otra cosa que profundizar en el Estado autonómico. Francamente creo que en ese sentido usted ha sido muy limitado. Teniendo
en cuenta que hablamos de un proceso histórico que al margen de su voluntad y quizá de la mía será realidad -esto nadie lo discute-, creo que intelectualmente -lo digo con todo respeto- usted tendría que haber ido un poquito más allá. De la misma
manera que, sin ganas de ponernos ninguna medalla, al contrario, nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo de carácter intelectual para armonizar nuestra estrategia con la de ustedes en beneficio del Estado del bienestar, en beneficio de la
socialización de la riqueza y en beneficio del desarrollo de nuestras ideas socialistas. Esta es nuestra pregunta de fondo y obvio hacer repaso de todos los puntos que usted ha planteado porque -repito- habrá tiempo para cotejarlos y, en principio,
debo decirle que coincidimos con muchos de ellos. No sé si es el marco adecuado, quizás obligaría a un debate más profundo, pero creo que la pregunta que le hago tiene mucho calado. Sin ningún tipo de petulancia, por supuesto, y no sé si usted en
estos momentos está en condiciones de contestarla, pero creo que no ha previsto o que ha considerado que no era el lugar adecuado para hacer compatible -repito- el encaje intelectual -estratégico, en definitiva- entre sus planteamientos, que no son
otros que la socialización de la riqueza y el Estado autonómico profundo al que aspiramos y que, en parte, el Partido Socialista Obrero Español también comparte.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Membrado.
El señor MEMBRADO GINER: A estas horas de la mañana resulta un tanto complicado extendernos y hacer una aproximación a lo que ha dicho el señor ministro y sobre todo a lo que comporta su ministerio.
En primer lugar, desde el Grupo Parlamentario Socialista agradecemos y al mismo tiempo valoramos positivamente la presencia del ministro hoy aquí, apenas un mes después de haber sido nombrado, compareciendo ante esta Comisión para exponer
las líneas generales de su Gobierno, lo cual es un hito importante también en otras comisiones pero que nos lo parece más todavía en este caso dado el volumen de las materias que usted mismo ha desarrollado hoy durante la mañana y tendrá que
desarrollar a lo largo de los próximos años.
En segundo lugar, por parte del Grupo Parlamentario Socialista me gustaría decirle que nos parece una medida importante, que al mismo tiempo implica el modelo de gestión y de concepto de política social que este ministerio está llevando, el
que haya hecho converger en su propio ministerio áreas tan importantes en política social, en política laboral, en política de juventud y en política de inmigración. Indudablemente, desde el punto de vista del Estado del bienestar, esto tiene un
concepto tan denostado en los últimos ocho años de recuperación y de visualización del mismo a través de políticas y a través precisamente de las áreas de gestión para desarrollarlo. Señor ministro, usted sabe muy bien que hacía falta tener
instrumentos coordinados, cohesionados, para desarrollar políticas sociales. Este país lleva ocho años sin política social clara, sin políticas que tengan en el centro de la atención la vida y los problemas de los ciudadanos. En este tiempo, a lo
largo de estos últimos ocho años se han ido desarrollando actuaciones puntuales, la mayoría de ellas deslavazadas, con aportaciones económicas raquíticas y en algunos casos inexistentes, y con enfoques sociales enormemente conservadores y
excluyentes. Han sido ocho años en los que el Gobierno anterior ha frenado el avance social de España desde 1982 a 1996; han sido ocho años que no nos han permitido converger con Europa, sino todo lo contrario; ocho años en los que cada vez menos
parte de la renta generada en el país se ha destinado al bienestar de los españoles. De ahí, señor ministro, que escucharle esta intervención a lo largo de esta mañana, este programa de actuación y los programas y proyectos inmediatos a desarrollar
por su ministerio, sea para nosotros como una corriente de aire fresco frente a las etapas de los años pasados. Nos congratulamos por la exposición y le felicitamos también por los compromisos aquí presentados. Ahora bien, usted sabe muy bien que
frente a las valoraciones macroeconómicas que se
vienen haciendo a lo largo de esta mañana tenemos también la otra cara de la moneda, y la otra cara de la moneda es que nuestro país tiene récords negativos en políticas sociales y relaciones laborales que tendrán dificultades para superarse
en corto tiempo. Sin ninguna duda no será fácil recuperar el tiempo perdido; no será fácil recuperar los récords negativos en casi todos los indicadores sociolaborales respecto de la Unión Europea; no será fácil en estos momentos reducir la
diferencia de gasto social con la media de la Unión Europea en más de siete puntos; no será fácil aumentar el gasto social en protección a la familia, con una diferencia casi del doble de la media de la Unión Europea; no será fácil recuperar los
gastos de prevención de la exclusión, bajísimos en estos momentos. Tampoco será fácil ampliar a lo largo de los próximos años la cobertura de escuelas de infancia para niños de cero a tres años, que es tan escasa en nuestro país que sólo ocho de
cada cien niños en esta edad tienen plaza frente a los 28 de Francia o los 44 de Dinamarca; tampoco será fácil que las atenciones domiciliarias a los mayores las pongamos a los niveles de la media europea, aunque sí creo que va a ser un elemento
importante a tener en cuenta el recuperar las condiciones económicas de más de cinco millones de pensionistas con menos de 600 euros de pensión.
Es cierto, señor ministro, como usted decía esta mañana y algún grupo ha dejado constancia aquí, que se
ha creado empleo a lo largo de estos años (no podía ser de otra manera y hasta ahí podíamos llegar); se ha creado empleo, caracterizado por una altísima precariedad, que nos está dando en estos momentos una radiografía que nos dice que sólo el 8
por ciento de los nuevos afiliados a la Seguridad Social son trabajadores con contratos indefinidos y jornada completa, de la misma manera que hasta el día 1 de julio tendremos un salario mínimo con pérdida de poder adquisitivo de 460 euros,
devaluado a lo largo de estos últimos cinco años de manera sistemática. Por qué no decir también, en esta otra cara de la moneda, que tenemos un país en el que la tasa de siniestralidad es el doble de la media de la Unión Europea y que, además, en
los últimos años se ha incrementado en España en casi el 38 por ciento. Pues bien, hemos conseguido con estas políticas -por tener otro récord- que nuestros jóvenes se emancipen más tarde, que estén en casa más tiempo por las dificultades que
tienen de acceder a un empleo digno, a una vivienda en condiciones y a una protección familiar adecuada, sin olvidar las escasas medidas para avanzar en las políticas de igualdad y en la erradicación de la violencia de género. Esta es la realidad
de un panorama social sobre el cual usted tiene que cimentar sus políticas a lo largo de los cuatro años; políticas que estamos convencidos desde nuestro grupo que van a significar un cambio en profundidad. En este marco, avanzar en la
reconstrucción del Estado del bienestar supone sin duda cumplir nuestro compromiso electoral y mejorar las condiciones laborales y sociales de millones de ciudadanos. Este es, señores diputados, el elemento central de la política de este Gobierno
que de forma contundente ha reflejado usted, señor ministro, con su intervención, que conlleva compromisos valientes en que las negociaciones y los acuerdos deben ser fundamentales para que el diálogo y la concertación primen por encima de las
pasadas discrepancias e imposiciones.
Señor ministro, en la primera parte de su intervención usted se ha comprometido a mejorar el mercado laboral -y nosotros consideramos que es esencial en estos momentos- dando un impulso y un cambio de tendencia a la situación más perversa
que actualmente tiene: la precariedad, el alto componente de contratación temporal, y ha introducido alternativas que desde nuestro punto de vista son importantes y fundamentales, algunas de ellas con poco coste y muchas de ellas con mucha
pedagogía empresarial y pedagogía laboral. En fin, desde nuestro punto de vista es importante el reflejo que usted hace de reconocer y de recoger el principio de causalidad como elemento fundamental de la contratación del futuro, de la misma manera
que plantea en su intervención la necesidad de clarificación de los elementos de subcontratación imprecisa que actualmente existe en nuestro mercado de trabajo y que nos va a llevar a la existencia de una figura que indudablemente es perversa en el
mercado de trabajo como son los falsos autónomos. Por tanto, hacer el reconocimiento expreso en estos momentos de que la temporalidad no es sólo un elemento privativo de la empresa privada, sino que es un elemento que se está incrementando
sustancialmente en el ámbito de la Administración pública, es poner las bases para modificar y corregir esa tendencia que desde nuestro punto de vista es importante. Y todo esto, dice usted, en el marco de un cambio de tendencia en la negociación
colectiva y en la recuperación de los acuerdos del año 1997 en esta materia, alguno de los cuales necesitan de cambios en estos momentos, pero otros son elementos fundamentales para profundizar y mejorar la negociación colectiva que nuestras
empresas y nuestros trabajadores precisan cuando estamos en pleno siglo XXI. Otro de los elementos de los que usted ha dejado constancia a lo largo de su intervención es la introducción de elementos correctores en la salud laboral, no sólo para
corregir la desviación existente en el alto grado de accidentabilidad, sino fundamentalmente para darle un cambio de tendencia y, sobre todo, para reordenar algunas cuestiones existentes en ese ámbito. De la misma manera, nos congratulamos respecto
a la valoración de la situación de desempleo, como elemento de preocupación fundamental de las familias españolas, según manifiestan los indicadores.
Una situación de desempleo que, indudablemente, como usted ha dicho, deberá tener correcciones a
la hora de la contratación, pero también algunas actuaciones y reformas en los servicios públicos de empleo y en la creación de esa agencia de calidad en el empleo, de la cual esperamos
muchos frutos. Por eso, y en otro ámbito de cuestiones, el compromiso que ha manifestado sobre el incremento del salario mínimo interprofesional, a realizar en los primeros días del mes de julio, nos parece un paso importante para la
consecución de los 600 euros al final de la legislatura. Además, nos parece una iniciativa que, planteada al comienzo de esta nueva legislatura, es una muestra más del grado de cumplimiento de los compromisos electorales del Gobierno y del
ministerio que usted sustenta. Igualmente, nos congratulamos y creemos que es una medida indudablemente adecuada resolver las bonificaciones a la contratación, en los ámbitos en los cuales no mejoren las condiciones laborales de los trabajadores.
Por otro lado, alabamos -y creemos que es una medida valiente por su parte- el intento de buscar soluciones a la problemática actual del Forcem. Indudablemente, ese es un tema que viene marcado por la inconstitucionalidad de los recursos ganados
por algunas comunidades autónomas. Nos parece que es el momento adecuado para intentar buscar una solución, como usted ha dicho, con el consenso de las comunidades y de los agentes económicos y sociales. Son compromisos políticos que usted ha
manifestado a lo largo de la mañana, que exigen la colaboración de todos y que, indudablemente, permitirán avanzar en la cualificación de nuestros trabajadores y en la formación continua de los mismos.
Respecto de sus aportaciones en el ámbito de la Seguridad Social, nosotros consideramos que el Pacto de Toledo es un buen instrumento, que usted conoce bien, que debe desarrollarse fundamentalmente con políticas sustentadoras del elemento
esencial, como son las pensiones del Estado de bienestar del futuro. Pero también queremos decirle que para desarrollar el Pacto de Toledo se necesitan políticas claras y se necesita fundamentalmente mano izquierda, que estoy seguro que la tiene,
para conseguir que la mayoría de los elementos pendientes puedan resolverse con el mayor grado de acuerdo posible.
Nos felicitamos por el desarrollo de un sistema nacional para la dependencia y los programas de familia, planteado por usted en el tema de las políticas y de los asuntos sociales, por el reconocimiento de la Secretaría de Estado de Asuntos
Sociales de Familia y Discapacidad como elemento aglutinador de todas las políticas sociales y, al mismo tiempo, nos reconocemos en esa secretaría de Estado, por ser una parte fundamental de la política de su ministerio.
Sobre el tema de la ley de familias numerosas, que usted ha esbozado como una posibilidad de desarrollarse en el futuro, nos gustaría que quedase claro que ha habido a lo largo de los últimos cuatro años políticas concretas en planes de
familias, mayores y de discapacidad. Algunas de ellas están en estos momentos en marcha. Suponemos que será necesario evaluarlas y suponemos también que algunas de ellas será necesario chequearlas. Por ejemplo, el plan de mayores compromete,
según los presupuestos, 208 millones de euros, y hay disponibles cero pesetas para el desarrollo del mismo. Este tipo de actuaciones van a ser un lastre para el futuro desarrollo de las políticas sociales que venimos arrastrando de las etapas
anteriores. Esperamos que con los próximos presupuestos se modifiquen sustancialmente. En el ámbito de las políticas de inmigración, reconocemos que es uno de los temas fundamentales que tiene nuestro país.
La señora PRESIDENTA: Señor Membrado, por favor, vaya terminando.
El señor MEMBRADO GINER: Termino. Son actuaciones que usted mismo nos ha planteado en la clave de la búsqueda de un pacto de Estado que nos congratulamos que la mayoría de los partidos políticos estén en estos momentos en disposición de
suscribir.
La señora PRESIDENTA: Para concluir, después de finalizada la intervención de los portavoces de los distintos grupos, tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Quiero trasladar al conjunto de los portavoces mi reconocimiento y mi agradecimiento por todas sus intervenciones, por su tono constructivo, incluso en los aspectos
críticos. Así creo que debe ser. Permítanme una primera reflexión, intentando ser breve. A pesar de la extensión de la intervención, no he querido agotar todas las propuestas que el Gobierno está comenzando a manejar en algunos de los asuntos más
importantes que hoy han ocupado nuestra atención, entre otras cosas, porque queremos escucharles y recibir el conjunto de sus aportaciones y de todas ellas articular después las políticas más eficaces posibles. De otra parte, intentaré contestar
con brevedad al máximo posible de cuestiones que me han planteado, sabiendo de antemano que será imposible hacerlo con todas.
Pero sí me comprometo -y aquí están también mis colaboradores- a profundizar en las comparecencias en las distintas
comisiones (Pacto de Toledo, Comisión de seguimiento de la situaciones de discapacidad, Comisión Mixta para la mujer) en todos aquellos asuntos que ustedes han planteado esta mañana. Además, intentaremos contestarles por escrito, en la medida de
nuestras posibilidades, a todas aquellas cuestiones que puedan quedar en el aire, que yo no haya recogido o que no pueda contestar. Sobre algunas no puedo contestar sencillamente porque por su concreción y profundidad, como decía el señor
Olabarría, no las conozco.
En aquellos aspectos que sean concretos, si no conozco el expediente, lo remitiré a un posterior encuentro.
Señor Azpiroz, le agradezco mucho su intervención. Estoy convencido que vamos a ser capaces de compartir el ofrecimiento del diálogo. He dejado claro que ha habido un buen período de crecimiento económico.
Es verdad que hay que distinguir, como indicaba el señor Pérez, entre empleo y ocupación, pero desde el punto de vista económico la situación anterior ha sido positiva, lo que ocurre es que su traducción concreta, que es lo que he puesto de
manifiesto en relación con la estabilidad en el empleo, deja bastante que desear. Creo que debe ser un objetivo de todos. Coincido en que ustedes hubieran deseado también haber conseguido una reducción de los niveles de precariedad y de
temporalidad. Algo se ha reducido, pero tenemos que seguir haciendo esfuerzos notables para continuar en esa senda. Por tanto, usted comparte con nosotros la preocupación por el fenómeno de la temporalidad y me hace una pregunta concreta. Me ha
pregunta si tenemos algún tipo de estudio sobre el fenómeno de la temporalidad. Tengo que decir que sí. Voy a hacer entrega al conjunto de los portavoces de un voluminoso estudio que encargó el señor Aparicio, ministro del PP, que yo me he
encontrado en el ministerio y que no ha sido publicado, y no sé por qué razón, porque lo considero excelente. Es un estudio dirigido por el señor Toharia, un verdadero especialista en materia de mercado laboral. Yo no conocía ese informe, pero
coincide bastante con la línea orientadora del programa electoral del Partido Socialista -que yo mismo coordiné- en relación con los problemas del mercado laboral. Lo encargó el anterior Gobierno y, repito, se lo entregaré hoy mismo a todos
ustedes. Y me gustaría hacer alguna referencia a elementos de ese informe, que tienen que ver con los principales problemas -aquí lo hemos detectado todos- que tiene hoy nuestro mercado laboral: la poca formación de los trabajadores y la
temporalidad y la rotación en los puestos de trabajo.
La contratación temporal en España ha sufrido varias fases, pero, como ustedes saben -y no me importa reconocerlo-, desde principios de los años ochenta hasta mediados de la década de los noventa, con los contratos temporales se favoreció
una excesiva flexibilidad. A partir del año 1995 -aunque las primeras reformas son en 1992-, cuando percibimos que hay una situación estacionaria en relación con el gran aumento que se ha producido de la temporalidad, empezamos a elaborar reformas
laborales que permitieran reducir esos amplios niveles de temporalidad. Hemos tenido poco éxito. Algo se ha reducido, pero se ha instalado una especie de cultura de la temporalidad absolutamente perniciosa, con algunos elementos, como indicaba el
señor Olabarría -y comparto plenamente su opinión-, como la permisividad en el uso de determinadas figuras, cosa que tenemos que corregir porque son perniciosas e incluso los propios empresarios así lo indican. Ese modelo, el modelo que
lamentablemente se aplicó aquí, ha sido un modelo de flexibilidad en el margen y tenemos que conocer las raíces del mismo para superarlo: el uso indiscriminado de contratos temporales no causales; es decir, rompiendo en aquel momento la
causalidad. Ahora nos está costando verdaderos esfuerzos recomponer la causalidad en el marco de nuestra contratación laboral. En realidad, lo que ocurrió en aquella década, en la década de los ochenta, fue que lo que se planteaba como una
flexibilidad de entrada al mercado laboral se convirtió en una flexibilidad de salida. Tenemos que evitarlo. ¿Por qué? Porque la mayoría de esos contratos tenían menos niveles de protección y se utilizaban como una fórmula para mantener
plantillas inestables por parte de las empresas para poder ajustar sus necesidades de mano de obra, un fenómeno que hoy les perjudica. Antes, en la primera parte de mi intervención, hablé de los costes de la temporalidad; son costes inmensos, pero
no sólo son inmensos para el proyecto de vida de la persona, desde el punto de vista de los derechos subjetivos, que carece de seguridad, sino para el conjunto del sistema económico y para el funcionamiento eficiente de las propias empresas. Son
las propias empresas -creo yo- las primeras interesadas en establecer el vínculo más importante, aquel que une al trabajador con la empresa a través de una estabilidad, que le permite mejorar la formación y, por tanto, aumentar la productividad por
ocupado y aumentar la competitividad de esa empresa.
Esto es lo que tenemos que poner en el centro del diálogo social y del diálogo no sólo con los interlocutores sociales, sino también con los grupos de esta Cámara y, por supuesto, con aquellos
otros que ustedes han indicado que sería necesario hacerlo. Estoy total y absolutamente dispuesto a hacerlo para superar esta situación. Hoy estamos en unos niveles de temporalidad que no conseguimos rebajar del 30 por ciento; han oscilado entre
el 35 y el 30 por ciento. Antes indiqué -y celebro que compartan ustedes este punto de vista- que las diversas administraciones públicas han contribuido a expandir y generar este perverso modelo de temporalidad. No sólo la Administración General
del Estado, sino también las comunidades autónomas y los ayuntamientos; si bien es cierto que, en ocasiones, debido a normativas de carácter básico que planteaban la imposibilidad de reponer en su integridad las tasas de trabajadores de las
administraciones públicas. Es un esfuerzo, por tanto, que nos compete a todos nosotros: hay que desarrollar más cambios normativos para recortar la temporalidad e intentando acabar con ella. La reforma de 1997 desdibujó el contrato temporal no
causal; creo que ahora hay que intentar acabar con él partiendo de la base de un análisis correcto, que tenemos que hacer antes. Este estudio que les voy a entregar avanza en esa línea: en la diferencia entre actividad temporal y estacional. Por
nuestra estructura productiva, tenemos cierto índice de actividades de carácter estacional que en modo alguno justifican, como verán ustedes en este estudio, las tremendas diferencias en tasa de temporalidad entre nuestro mercado laboral y el
mercado comunitario. También dice este estudio que se ha utilizado, fundamentalmente, como una vía para la flexibilidad, y que otros países han utilizado
otros procedimientos; en todas partes cuecen habas. En Gran Bretaña -decía usted que es incomparable; no podemos compararnos con su situación-, se ha utilizado sobre todo la contratación a tiempo parcial; en Alemania, los contratos de
formación; en Italia, otras figuras. Es verdad, no obstante, que el resultado más negativo, en términos de precariedad y temporalidad, se da en el mercado laboral español. Por tanto, en la comparación con Europa no salimos bien parados. Hay
algunas experiencias que podríamos aprovechar para la reducción de la temporalidad. Pero lo que me importa es que quede claro que esta cultura está perjudicando notablemente no sólo a las familias y al futuro fundamentalmente de nuestros jóvenes,
sino también al conjunto de nuestro sistema productivo.
Los costes de la temporalidad tienen efectivamente que ver con formación, siniestralidad, peores condiciones salariales e incremento del gasto en prestaciones por desempleo. Una de las cosas
que podríamos conseguir, señor Pérez, si a través del diálogo obtuviéramos mecanismos suficientes para reducir la temporalidad, sería el ahorro de costes; no es más caro trabajar con contratos indefinidos. Es decir que, en el conjunto del sistema,
conseguiríamos ahorro de costes, especialmente en el modelo de protección social y en las cantidades que gastamos en el seguro de desempleo y en el subsidio de desempleo. Por tanto, hay que acabar con esta cultura. Creo que la reforma de 1997
arrojó resultados positivos; lo dije antes. Algunos de ellos están empezando a agostarse, y de ahí que sea tan necesario reanudar, con la mayor intensidad posible, el diálogo social.
De este informe se deduce otra consideración que comparto plenamente, señorías: el abaratamiento de los costes de extinción del contrato de trabajo, o el de sus costes laborales, no es siempre una garantía de mayor estabilidad en el puesto
de trabajo. Hay una línea de análisis, entiendo que interesada, que se traduce en la siguiente propuesta: el problema de la temporalidad en España tiene que ver con los costes del despido, con los costes de salida del mercado laboral. Como
recordarán ustedes, la reforma de 1997 abarató notablemente el coste del despido.
Sin embargo, sus resultados, aunque han sido positivos en parte, no justifican esta afirmación. De modo que tenemos que tener presente también ese elemento.
El informe hace una serie de propuestas, que someto a su consideración -a mí me parecen interesantes- y que debemos explorar. Una de ellas es la de romper la cultura de la temporalidad, porque consideran los autores del estudio que tiene
más costes que beneficios; yo, también; este Gobierno, también. Debería ser, por tanto, un objetivo de todos su reducción al máximo. No es baladí que, antes de entrar en las medidas concretas, hagamos un debate sobre los costes globales de la
temporalidad, para que todos los agentes los conozcan. Por ejemplo, sabemos que hay muchas formas de contratación y que muchas pequeñas y medianas empresas descansan, en ocasiones, en un determinado asesoramiento jurídico a la hora de utilizar los
procedimientos y vías de entrada al mercado laboral.
También entre quienes asesoran a las empresas hay que introducir esta cultura, y el Parlamento tiene mucho que decir en este sentido: que ellos internalicen los costes de este modelo resultará
beneficioso para todos y nos permitirá combatirlo con más eficacia.
En segundo lugar, plantea la revisión de la ordenación jurídica de la contratación temporal, eliminando las vías de escape que permiten la contratación temporal injustificada, mediante el refuerzo de la causalidad; el señor Olabarría lo
presentaba, y creo que en esto hemos coincidido todos. Es una vía que habrá que aplicar con todo rigor.
Desarrollar más estímulos todavía a la contratación estable reduciendo los costes de contratación indefinida. Yo hablo de una estrategia que
por supuesto compartiremos con todos ustedes; y en lo que haga referencia al uso de los instrumentos o de las bonificaciones que se puedan aplicar en el régimen de Seguridad Social, a través también del Pacto de Toledo, hablamos de una estrategia
en la que se pueda ir consiguiendo estímulos a la contratación indefinida y encareciendo la contratación temporal, fundamentalmente por la anulación de las diferencias en costes laborales entre uno y otro tipo de contrato. Es que no tiene ningún
sentido. La mayoría de los contratos temporales encima no pueden aprovecharse del conjunto de prestaciones que acompañan a los contratos indefinidos, ya no sólo en materia de formación sino por ejemplo en materia de participación en planes de
pensiones que promueven las empresas. Es decir, se produce un menor coste laboral en el contrato temporal que en el contrato indefinido. Evidentemente, por esas razones económicas hay una abocación a su uso mayoritario. Creo que tenemos que
corregir estas situaciones y debemos hacerlo con diálogo y también con intensidad porque, de lo contrario, la situación no será positiva. Y, por supuesto, formular también limitaciones y garantías para evitar el encadenamiento abusivo y fraudulento
de la contratación temporal -esa tiene que ser otra vía de trabajo-, así como el uso lo más intenso posible de la Inspección de Trabajo. Lo dije en la intervención primera: más bien en línea con el estímulo; más que la vía sancionadora, el
estímulo a la conversión de las situaciones que se descubren de contratación temporal no causal en contratación indefinida. Hay experiencias, este informe lo demuestra; ha habido planes de inspección en determinadas comunidades autónomas donde la
resultante, obviando o poniendo en segundo plano la voluntad sancionadora y en primer plano la perspectiva del estímulo a la transformación del contrato temporal en contrato indefinido, ha dado buenos resultados en términos cuantitativos, en
términos estadísticos.
Por tanto quizás también aquí debamos ir cambiando un tanto la cultura de la utilización de los instrumentos de
inspección que tenemos para conseguir avanzar en la línea que le indicaba.
También planteaba usted los planes en relación con los servicios sociales.
Tengo que indicarle que vamos a mantener todos ellos. Lo que estamos haciendo en estos momentos es una revisión para intentar incorporar nuevas líneas de definición
y de aplicación estratégica. Ya lo indicaba el señor Membrado, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Por ejemplo, el plan de mayores consta teóricamente con una asignación de 200 millones de euros pero no hay dinero disponible. Vamos a ver
si podemos abrir una posible vía para ello. En cuanto al centro de Alzheimer de Valencia, el proyecto de obras se adjudicó el 30 de marzo de 2004 y por tanto va a continuar, señor Azpiroz, no hay ningún problema en ese sentido. Antes le hablaba de
la estrategia para conseguir reducir los costes de la contratación indefinida y encarecer en su caso o hacer más penosos los costes de la contratación temporal. En este caso por supuesto que no planteamos con carácter general una rebaja de
cotizaciones, ni mucho menos. En todo caso, cualquier medida que se adoptara en relación con el régimen de cotización y en relación con el punto de cotización preciso sería siempre con acuerdos de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo y
con los interlocutores sociales. Pero no lo planteamos.
Tiene usted razón en que lo único que se puede y se debe hacer es una utilización selectiva de los instrumentos de que disponemos a favor de los colectivos con más necesidades. En una
ocasión le escuché decir a alguien que lo más eficaz consiste en tener políticas -de ayuda en este caso- selectivas y además decrecientes, porque de lo contrario se convierten en un modelo que puede dar lugar a una generalización que va haciendo
perder sus potencialidades originales. Por tanto, esa será la línea que nosotros vamos a defender y a desarrollar. No tenga usted ninguna preocupación; cuando hablo de modificaciones en el fondo de reserva me refiero estrictamente a
modificaciones para la mejor gestión del fondo de reserva, que es un instrumento indispensable. Luego hablaré de ello en contestación al señor Olabarria, con el que coincido en que no es la garantía de futuro de nuestro sistema de pensiones pero sí
es importante para momentos de desfase de tesorería, momentos cíclicos, momentos en que se pueda necesitar. Por tanto, sólo y exclusivamente me refería a modificaciones que permitan gestionar ese volumen con la mayor eficacia posible. En relación
con las declaraciones que usted indicaba del secretario de Estado de Seguridad Social, tengo que decirle que los intereses van a continuar dirigiéndose al fondo de reserva, lo que ocurre es que tenemos una petición expresa de los agentes sociales
que nos piden discutir si es posible que una parte del destino de los intereses que genere el fondo se puede dirigir a incentivar el retraso voluntario en la edad de jubilación. Es una propuesta que nos han hecho los interlocutores sociales y que,
en mi opinión, puede ser interesante porque ello permitiría reducir el gasto global del sistema si conseguimos incentivar voluntariamente la prolongación de la edad de jubilación, siempre, por supuesto, de forma voluntaria. En todo caso, ésta y
todas las demás propuestas que pueda formular aquí están sometidas al diálogo y están sometidas, como es lógico, al acuerdo en la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo.
Las pensiones mínimas subirán un 26 por ciento, incluyendo la inflación (lo dijimos en el programa electoral), lo que quiere decir que estamos hablando de euros constantes, no corrientes, por tanto, la subida real, si a lo largo de estos
cuatro años tenemos un ocho o un ocho y pico por ciento de inflación, será cercana a un 17 por ciento. No tenemos por qué hacer ninguna trampa. Fui el coordinador del programa electoral de mi partido en su momento y ésa es la propuesta, y además
entendemos que es posible hacerlo desde el punto de vista contributivo y dentro de las posibilidades del sistema, por ello lo llevaremos a la renovación del acuerdo a partir del mes de septiembre y a la consideración, por tanto, de quienes forman
parte de la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo.
En relación con la prejubilación, nosotros mantenemos los acuerdos existentes. Lo único que he dicho, y creo que es una línea interesante que hay que mantener, es que hay que comenzar a evitar el uso, que nos parece que ha sido abusivo, de
los recursos de la Seguridad Social para empresas con beneficios a efectos de prejubilar al conjunto de sus trabajadores, pero para el resto de situaciones de necesidad por supuesto que vamos a mantener los acuerdos e incluso, si se pudiera a
mejorarlos, porque es sabido que hay dos situaciones claras: la de aquella persona que se queda en la calle y que su empresa no puede atender ninguna de sus necesidades (ahí es donde el sistema tiene que entrar) y la de aquella otra que es debida a
empresas que deciden hacer ajustes de plantillas, que deciden tener beneficios para mejorar normalmente su situación competitiva en el mercado. Creo que en este último caso, el conjunto del sistema no debería verse gravado, al menos excesivamente,
aunque creo que no debería verse gravado nada, por ese tipo de comportamientos. A eso me refería.
Sí habrá una ley integral de protección de la dependencia. Toda la intervención que he tenido creo que atravesaba un planteamiento fundamental: nuevos derechos sociales, universalización de los mismos (en línea con lo que planteaba el
señor Olabarría), que no queden situaciones de dependencia sin cubrir dentro de los recursos de que dispongamos. Si yo tuviera que calificar algún proyecto como estrella y su puesta en marcha a lo largo de esta legislatura, sin duda debe ser la
situación de atención a las personas dependientes, que son aquellas que ya no disponen de autonomía funcional para desarrollar los aspectos básicos de su vida diaria y cotidiana, y eso sólo se puede hacer -con ello empiezo a contestar a algunos
otros intervinientes- con una
visión no jacobina, de verdad, créanme ustedes. Sólo se puede hacer con una visión no jacobina, que creo que está alejadísima de lo que ha sido -quizá por mi torpeza a la hora de leer mi intervención- y de lo que es mi compromiso, el
compromiso del Gobierno y el programa electoral que he coordinado en nombre del Partido Socialista. ¿Por qué lo digo? Porque o facilitamos la atención a las personas en situación de dependencia con cogestión, con coparticipación del conjunto de
las administraciones (la prestación final del servicio lo van a dar ayuntamientos y comunidades autónomas con impulso de los recursos estatales de que podamos disponer), o en modo alguno podrá desarrollarse este programa. Quizá no me he sabido
expresar bien, discúlpenme y lo hago ahora. Esta ley cubrirá en su momento subjetivamente el derecho de toda persona a participar en la atención de esta prestación -habrá que hacerlo por fases, como es obvio- y para ello he dicho, porque creo que
no hay otra posibilidad, que debemos implicar al sistema de Seguridad Social en la prestación de este tipo de servicios, igual que en el incremento, en la mejora de la definición de una política integral de familia. En todo caso es un proyecto
fundamental; de aquí a final de año lo dedicaremos a la preparación, a los estudios previos para su puesta en marcha. Hoy ya en el Plan concertado de servicios sociales existe el embrión de lo que puede ser el desarrollo posterior del plan de la
dependencia. Tenemos desde la atención a situaciones de discapacidad en lo que se llamaba el Plan gerontológico, que son las comunidades autónomas quienes lo prestan con cooperación financiera del Estado; menos de lo que gastan las comunidades
autónomas en ese plan concertado, y ojalá podamos aumentar esa cantidad. En todo caso, una vez que tengamos diseñado el plan plantearemos la elaboración de la ley y la cooperación con el conjunto de las comunidades autónomas para desarrollarlo, y
por supuesto como he dicho antes, a través también de la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo porque no es viable su realización si no damos alguna participación al sistema de Seguridad Social, si no utilizamos una parte de los fondos
contributivos para poder poner en marcha este gran plan de atención a las personas dependientes.
Acabo la respuesta a las preguntas del señor Azpiroz. Ha hecho usted una reflexión muy interesante -no lo dije al principio, me lo salté y tenía la referencia- respecto a la compatibilidad de los horarios de trabajo y la conciliación de la
vida personal, no sólo familiar. Creo que la flexibilidad del tiempo de trabajo debería ser uno de los elementos de modernización de nuestro sistema laboral. Acepto, por tanto, su sugerencia de que podamos incluso crear un foro para poder ir
analizando cómo esta flexibilidad no debe suponer la prolongación permanente de la jornada de trabajo y nos debe hacer posible compatibilizarla con las necesidades de la familia y el desarrollo personal. No es necesariamente una reducción del
tiempo de trabajo, sino una mejor organización, es decir sea cual sea la duración de la jornada en términos anuales, mensuales o diaria, que ésta se organice de un modo racional y permita además una flexibilidad en la organización individual de los
horarios.
Tenemos que decirle que esa propuesta la ha hecho alguien en nombre de la Comunidad de Madrid, uno de sus consejeros. Me parece interesante y nosotros lo llevábamos en nuestro programa electoral. No es por tanto una reducción de jornada
laboral sino una adaptación flexible al modelo de jornada laboral que nos permita acabar los horarios un poquito antes y posibilite que pueda haber una dedicación más intensa a las necesidades de la vida personal y familiar. Esto nos va a llevar
tiempo, pero deberíamos considerarlo como un elemento fundamental para el bienestar del conjunto de los trabajadores y de la sociedad española; por tanto estoy de acuerdo. En relación con el planteamiento que me ha hecho del CES, estoy de acuerdo
en que los autónomos formen parte del Consejo Económico y Social. No sé qué instrumento han presentado, si ha sido una proposición de ley; no recuerdo ahora la reserva legal del mismo, pero es una propuesta que yo comparto. También me lo han
planteado las organizaciones que representan a los autónomos, y por consiguiente la vamos a dar curso y celebro que ustedes la hayan presentado.
Señor Campuzano, tenemos un diagnóstico compartido, salvo la afirmación que han hecho diversos portavoces nacionalistas acerca de lo que habían entendido que era el tono -jacobino, decía usted- de mi intervención. Yo no lo veo, pero en todo
caso libre es cada cual de opinar. Le haré alguna consideración. No puedo tener un espíritu jacobino, porque como dicen ustedes primero, en materia de formación vamos a cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional, claro que sí, pero lo que
dice la sentencia, señor Campuzano. La sentencia dice que deben participar las comunidades autónomas en la gestión -así será-, pero ello ha de ser compatible con una visión general de armonización del sistema global de formación -en este caso de
formación tanto continua como ocupacional- para ponerla al servicio de un modelo de productividad que es común, que es global y que luego, por supuesto, tiene sus especificidades en cada una de las comunidades autónomas. Es más, ya lo he ido
hablando con algunas de ellas; estimo que debemos flexibilizar algunos de los criterios que hoy rigen a la hora de aplicar la formación. Debemos permitir que haya una mejor adaptación a cada nivel productivo, a cada espacio territorial y que haya
una mejor participación de las comunidades autónomas. Sin ninguna duda es nuestra voluntad; pero repito en la medida que interpretamos la sentencia del Tribunal Constitucional donde el Estado también tiene bastante que decir a la hora de definir
los criterios generales de aplicación de la formación. Todas las políticas activas de empleo están transferidas, como usted sabe; por tanto, lo único que hace este ministerio
-lo hicimos en el Consejo de Ministros de la semana pasada- es transferir el conjunto de recursos, dos mil y pico millones de euros para el año 2004, previo acuerdo de la Conferencia sectorial, y definir también los criterios de aplicación
de las políticas activas de empleo, donde también se pueden producir -y así nos lo han solicitado algunas comunidades autónomas- elementos de flexibilización, elementos de modificación de esos criterios para que se adapten mejor a cada realidad
geográfica o realidad comunitaria, cosa que estamos dispuestos a hacer.
En materia de servicios sociales, ya lo expliqué antes. Sabemos que la gestión compete a las comunidades autónomas y lo que hacemos nosotros es aportar los recursos disponibles, por la vía del acuerdo con las comunidades autónomas. Ya le
he dicho que vamos a reponer los 7 millones de euros que fueron minorados para el ejercicio 2004 para este plan. No es mucho dinero, pero es una señal importante, vamos a buscarlo donde sea para hacer esa reposición inmediata.
En materia de inmigración, yo creo que lo he dicho pero por si no ha quedado claro les diré que fíjense si no tengo visión jacobina que les adelanto que esta misma tarde tenemos una moción del representante de Esquerra Republicana de
Cataluña a la que nosotros hemos presentado algunas propuestas transaccionales que estamos discutiendo con él, y seguro que serán de su agrado. Nosotros consideramos que la gestión de flujos de población inmigrante debe ser coordinada y concertada
con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos, al mismo nivel. No debe ser sólo una competencia de la Administración del Estado, y lo vamos a hacer. Hay que coordinar esa gestión de los flujos, previa concertación con las comunidades
autónomas, y formular en colaboración con las comunidades autónomas y ayuntamientos un plan global para la ejecución de las políticas de integración. No queremos ni podemos desarrollar políticas de integración en solitario. O lo hacemos
coordinadamente en codecisión con las comunidades autónomas o no podremos hacerlo.
Desarrollar en coordinación con los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas las fórmulas para aflorar el trabajo doméstico y los servicios
domiciliarios de atención personal y geriátrica, con el fin de dotar al sector de mayor transparencia. Estoy poniendo diversos ejemplos que desmienten lo que creen puede ser nuestra visión en relación con el papel de las comunidades autónomas en
materia de cooperación y colaboración entre el Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos.
Fijación de común acuerdo con las comunidades autónomas e interlocutores sociales del contingente anual de trabajadores, que ya sé, señor Olabarria, que
no ha funcionado adecuadamente, pero en todo caso en nuestra opinión es un elemento indispensable que debemos mejorar su gestión, primero aprobándolo conjuntamente con las comunidades autónomas y con los interlocutores sociales. Esa es la propuesta
que nosotros desarrollamos e incluso, señor Campuzano, la posible corresponsabilidad financiera en las políticas de integración. Yo no tenía la percepción de que había hecho una intervención de esa naturaleza, en todo caso ese es mi punto de vista,
es el punto de vista del Gobierno: máxima cooperación, cumplimiento por supuesto de las sentencias, y en materia de formación continua más participación de las comunidades autónomas.
Me ha hecho otro planteamiento muy interesante que yo recojo, ya lo había hecho a lo largo de esta semana, que es una apuesta decidida por el tercer sector. Ayer mismo me vi con dirigentes de Caritas y con los de Cruz Roja la semana pasada.
Por supuesto que es absolutamente indispensable su participación en la prestación de muchos de los servicios que queremos implementar, que queremos aumentar, que queremos desarrollar como el Plan de la dependencia. Sería imposible concebir el
desarrollo de este plan sólo con la mano pública, sólo con la intervención directa de las administraciones, sin contar con la iniciativa privada, y dentro de la iniciativa privada muy singularmente y de forma especialísima con el tercer sector. Por
tanto, estamos completamente de acuerdo con ello, así como con el diseño de una estrategia en relación con la responsabilidad social de las empresas; estoy totalmente abierto al planteamiento de S.S. y de su grupo, y me parece fundamental
desarrollarlo.
La reflexión que ha hecho en relación con las ETT es interesante. He manifestado al inicio de mi intervención que o asociamos a ellas el empeño estratégico de reducir la temporalidad, o seguramente no obtendremos los resultados positivos
que deseamos, también con el compromiso de las propias ETT a modo ejemplarizante, como he dicho en mi intervención, en el sentido de que los contratos de una parte importante de su plantilla deben ser indefinidos, porque teóricamente se crean para
dar servicio a los trabajos de carácter temporal, pero se trata de una actividad permanente. Por tanto no tiene sentido que no se puedan desarrollar desde el punto de vista de la contratación indefinida.
En cuanto al salario mínimo, me ha planteado que tenía algunas dudas sobre la propuesta de desvinculación. Pues bien, habrá una desvinculación de todos los índices, salvo en el modelo de protección por desempleo; es decir en materia de
protección por desempleo y subsidio seguirá vinculado -parece razonable-, y respecto al resto creo que están indiciadas otras 300 decisiones, muchas de las cuales competen a las comunidades autónomas. Creemos que para poder cumplir con el deseo y
el compromiso de llevar el salario mínimo hasta los 600 euros mensuales a lo largo de esta legislatura, no es realista ni es posible con los recursos que disponemos, ni continuar manteniendo la indiciación de todo este tipo de prestaciones y ayudas
a la nueva cuantía del salario mínimo. Lo decimos con total honestidad. Incluso les adelanto que, tras mantener
conversaciones informales con los agentes sociales, ellos comparten este criterio, salvo -repito-, en materia de prestación y subsidio por desempleo, en los que razonablemente, por la unidad de acto que suponen, creemos que deben ser
mantenidos.
Por último me ha hecho dos preguntas más. Una de ellas figura en el programa electoral del Partido Socialista y hace referencia -si le parece, lo discutiremos a lo largo de los próximos meses y especialmente en la Comisión del Pacto de
Toledo- a la compatibilidad de la pensión del SOVI con la de viudedad. En esta materia hay un amplio abanico de situaciones diferentes y por tanto debe ser objeto de una reflexión a fondo. En muchos casos se da concurrencia de pensiones y yo creo
que lo razonable y lo sensato es hacer una valoración en la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo del coste económico de la medida. Como usted sabe, hay pensiones que no llegaron a causarse. Tenemos que valorar previamente cómo abordar esta
situación, porque podría dar lugar a solicitudes de pensiones que no llegaron a cursarse y por otra parte es necesario determinar la cuantía del SOVI que se va a reconocer, puesto que reconocer la cuantía fija actual del SOVI a todos los casos
podría tener un impacto económico muy notable. En todo caso, estamos dispuestos a cumplir ese compromiso, pero creo razonable hacerlo en el lugar donde debe hacerse, que es en la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo y con el acuerdo de todos
los interlocutores en relación con los medios de que dispongamos y con el resto de reformas que haya que impulsar.
En cuanto a la violencia de género, me plantea S.S. el tema del fondo de garantía de alimentos. Sinceramente creo que dicho fondo con carácter general no debe estar ubicado en la Ley integral contra la violencia de género. Se lo he
explicado a las asociaciones que representan los intereses de las mujeres amenazadas y que se ocupan más directamente de esta materia, porque no podemos permitir que se produzca una contaminación de situaciones dolorosísimas, lamentables y graves
pero excepcionales, con la política de familia. En consecuencia, unir la situación de violencia de género y las medidas para combatir la violencia de género a una medida de garantía de un fondo de pensiones alimenticias para muchas situaciones en
las que no se da la violencia, y por fortuna no se va a dar, no nos parece procedente. Otra cosa es que cuando enviemos el texto -lo discutiremos con todos ustedes y por supuesto estamos abiertos a ello- podamos estudiar la situación concreta para
las mujeres amenazadas, mujeres que puedan tener una orden de protección.
Creo que podemos estudiarlo y valorar la posibilidad de que no para los supuestos normales ni para la generalidad de los supuestos, aunque sé que hay algunas líneas de
pensamiento que plantean que el pago de alimentos compete al Estado y éste debe repercutir sobre lo obligado en las cantidades que se tiene que traspasar por alimentos mensualmente. No lo creo, porque yo no comparto ese criterio, por eso digo que
no creo que se deba mezclar lo uno con lo otro, ahora bien, para las situaciones de violencia, si me permite, sí podríamos estudiar una solución concreta para los casos de mujeres que tengan una orden de protección, en relación con las pensiones
alimenticias que normalmente se dejan de pagar, que normalmente no perciben.
A doña Uxue Barkos, representante del Grupo Mixto, ya me he referido al jacobinismo que también ha invocado S.S. Todo mi discurso, quizá ha sido largo y prolijo, pero ha ido dirigido a establecer las bases de lo que debe ser el pacto por la
competitividad y el empleo estable. He adelantado algunas aportaciones que ya hemos comenzado a discutir con los agentes sociales. Seguramente se necesitarán muchas más de las que ellos propongan y de las que SS.SS. también nos puedan proponer en
el ámbito parlamentario, desde la revisión de la ordenación jurídica de la contratación temporal hasta el refuerzo de la eficacia de la inspección de trabajo; realización en colaboración con las organizaciones empresariales de campañas sectoriales
de revisión de las prácticas de contratación; modificación de la estructura -como dije antes- de costes relativos de los contratos, de forma que sea siempre más favorable el mantenimiento de plantillas estables; renovación del cuadro -ya sé que
esto es más fácil decirlo que hacerlo, señor Olabarría- de presunciones jurídicas a favor de la contratación indefinida, pero aquí, por ejemplo, hemos detectado situaciones -lo indiqué antes- de evidente abuso en fraude de ley con las cuales hay que
acabar, como es el encadenamiento, cortando el período de vacaciones, y contratando de nuevo al mismo trabajador previo ese pequeño período de interrupción; dignificación de condiciones de trabajo; o expansión de la contratación a tiempo parcial
de carácter indefinido. Toda una estrategia que nos gustaría que los interlocutores sociales apoyaran, aunque habrá que ir concretando con ellos. Esta tarde, como les dije, empieza las conversaciones el presidente del Gobierno con los
interlocutores sociales, y sinceramente he visto una gran disposición por su parte, como también la he visto hoy aquí en todos ustedes, y por tanto trasladaré al presidente del Gobierno que creo que hay un amplísimo acuerdo, tanto social como
político, para abordar este problema con todos los instrumentos de que dispongamos y pediré ayuda a ustedes en la Comisión del Pacto de Toledo para poner en marcha los mecanismos necesarios que nos permitan siquiera reducir de forma notable, aunque
poco a poco -sé que esto llevará tiempo-, la temporalidad.
En relación con la inmigración, también he hecho referencia en la primera parte de mi réplica a la importancia que le concedemos. Claro que tiene que ser un Pacto de Estado. Es indispensable que consigamos un Pacto de Estado, y con esto
aprovecho para contestar también al señor Olabarría.
Creo que sí estamos dando
cierto giro al contenido del tratamiento de la inmigración. Ya dije antes que ver la inmigración sólo desde el punto de vista de la seguridad nos llevaría al fracaso. Precisamente la conformación de este ministerio, que la Secretaría de
Estado de Inmigración de incorpore al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, es una señal inequívoca en el sentido de dar un tratamiento dual, que tiene que ser doble: uno los controles de flujos, y otro la integración de los inmigrantes. ¿Cuál
es el verdadero problema que tenemos en este momento en nuestro país? ¿Qué raíces fundamentales tiene la inmigración, como dije antes? Las laborales. ¿Qué problema tenemos en este momento? Tenemos un problema serio que hay que abordar con
inteligencia y con rigor para no dar lugar a indeseables efectos llamadas que no podría absorber la sociedad española. Aquí quiero decir que el anterior Gobierno había elaborado ya trabajos previos para la aprobación del reglamento de extranjería,
algunos de cuyos elementos en nuestra opinión estaban bien y que vamos a aprovechar; a otros les vamos a incorporar propuestas que ha hecho el Consejo Económico y Social que tienen que ver con la posibilidad de casar la situación del mercado
laboral, la oferta de empleo, con la posibilidad de que la persona que tenga una oferta de empleo pueda disponer siquiera de un contrato de trabajo temporal, que pueda abrirle luego la puerta a un permiso de residencia. Ello permitirá que no se
deprima el mercado laboral; ello permitirá que no haya competencia desleal; ello beneficiará al conjunto de la actividad económica, al conjunto de los agentes que quieren jugar dentro del marco de la legalidad, que son la inmensa mayoría. En ese
sentido, por no repetirlas, les recomiendo que vean las propuestas que nos hace el Consejo Económico y Social, porque creo que son muy interesantes. Ellos plantean para acabar con este tema que es preciso reconocer la existencia del fenómeno de la
irregularidad, articular respuestas efectivas, y dentro de ello -nos propone- sería positivo introducir elementos de mayor flexibilidad que permitan dar respuestas a situaciones individuales específicas en las que existe una vinculación real y
efectiva al mercado de trabajo. Esta es la vía que tenemos que utilizar. Es la principal vía de integración junto con las políticas de concertación con comunidades y ayuntamientos para hacer una política integral más intensa. Por supuesto, señora
Barkos y señor Olabarría, estoy dispuesto a extender el nivel del diálogo social del Gobierno con todos los interlocutores. Vamos a hacer todos los esfuerzos posibles.
Tenemos ahora un sistema establecido, el sistema que da lugar a la
representación mayoritaria, es lógico que así sea, donde tenemos a CEOE y CEPYME, es decir la organización de organizaciones empresariales, y a los dos grandes sindicatos nacionales, que entre ambos si no recuerdo mal reúnen cerca del ochenta o el
ochenta y tantos por ciento del conjunto de la representatividad, pero soy consciente de que ello no debe dar lugar a la elusión o a la expulsión en el proceso de diálogo del resto de interlocutores. Otra cosa es que lógicamente las posiciones se
arbitrarán y los acuerdos se desarrollarán con las posiciones mayoritarias, pero eso ocurre siempre en cualquier negociación.
Por lo que se refiere al señor Pérez, de Izquierda Unida -permítanme la extensión; veo que son las tres y diez de la tarde, lo lamento-, coincido en parte con su diagnóstico; si me lo permite solamente me gustaría hacer una reflexión muy
breve. Con menores ingresos no se hace más política social. Nosotros esperamos tener más ingresos. Sinceramente, ya lo dije antes, yo atribuyo mucha importancia a los costes de la temporalidad, porque no sólo consiguiendo un empleo de más calidad
y un modelo más estable satisfacemos las necesidades de las familias, sino que mejoramos en la utilización eficiente del conjunto de los recursos y ahorramos gasto, que en mi opinión es gasto improductivo, es gasto pasivo no es gasto activo, y que
nos permitirá disponer del mismo para poder dedicarlo a otras atenciones. Por otra parte estoy convencido de que el vicepresidente segundo y ministro de Economía cuando abordó la futura reforma fiscal, no he leído su comparecencia, pero
conociéndole estoy convencido de que los principios que la van a inspirar son la simplicidad, la simplificación y la mejora de la equidad en el trato de las diversas fuentes de renta. Desde nuestra opinión son los que nos van a permitir una mejor
recaudación, no para quien ya paga -seguramente quien ya paga tendrá que pagar un poco menos-, sino para quien no paga; junto a las medidas que se tendrán que poner en marcha para conseguir una lucha eficaz contra el fraude fiscal, y para ello hay
que hacer reformas fiscales antes que nada. De su planteamiento recojo la posibilidad de un plan de choque o de medidas específicas que me parecen interesantes en relación con la situación de siniestralidad, especialmente elevada en construcción y
minería. Por no repetir la intervención anterior, que ruego la lea, hice un decálogo de medidas bastante detallado en relación con las posibilidades para continuar con el acuerdo sobre siniestralidad y su aplicación para intentar combatirla con más
eficacia. En cuanto al adelanto de la edad de jubilación, creo que es más interesante, y lo he dicho también antes en mi intervención, que en sectores con especiales condiciones de penosidad o de dificultad, en lugar de que todo se resuelva al
final con petición de jubilaciones anticipadas o rebaja de la edad de jubilación, que podamos incentivar para que estas personas a una determinada edad puedan tener paso a otras actividades menos penosas, menos gravosas y más aceptables a su
situación que el empleo que desempeñaban con anterioridad. En este sentido vamos a trabajar a fondo en posibles planes y se podría encajar la solución a muy diversas situaciones, por ejemplo la de los bomberos que usted indicaba.
En cuanto al salario mínimo, ojalá pudiéramos conseguir algún día que efectivamente ese salario mínimo se estableciera por la vía práctica en función de un
porcentaje del salario medio. En todo caso estará conmigo y reconocerá que lo que vamos a hacer antes del 1.º de julio algo lo acerca como también lo que vamos a hacer a lo largo de la legislatura de elevarlo a 600 euros. Seguramente no
vamos a conseguir el 60 por ciento, que sería el ideal que compartimos, que es la media comunitaria en estos primeros cuatro años, pero estoy convencido que a medio plazo, si estas reformas que estamos planteando dan resultado, conseguiremos
alcanzar esa cuantía.
En relación con mi jacobinismo, señor Olabarría, ya le he explicado que no es así. Como le decía, hay temas muy concretos que efectivamente no conozco a fondo, lo reconozco, pero me voy a meter con ellos y le ofrezco una plena disposición
al diálogo. Estoy abierto al diálogo para el desarrollo de las políticas activas de empleo, cuyas transferencias la Comunidad Autónoma del País Vasco no aceptó en su momento; fue la comunidad autónoma quien no lo aceptó. (El señor Olabarría
Muñoz: Puede aceptar eso y más.) Nosotros estamos abiertos al diálogo. Creo recordar que he hablado una sola vez en toda mi intervención de una ley básica, que es la de servicios sociales, y no lo hago en el sentido de condicionar las competencias
de nadie. Hablo de la ley básica de servicios sociales porque estamos hablando de derechos universales y considero que deben tener un mínimo garantizado en todo el territorio.
Por tanto, estamos hablando de una garantía para la prestación y
cumplimiento de esos servicios en todo el territorio. Yo sé, y se lo reconozco, que la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene unos estándares elevados en protección social, pero también deriva en parte de su mejor nivel de financiación, señor
Olabarría; tiene mejor sistema de financiación que otras comunidades autónomas, y reconozco que la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene un buen estándar de protección social. Ya sé que cuando desarrollemos y aprobemos la ley básica de servicios
sociales, seguramente la Comunidad Autónoma del País Vasco los va a cumplir, pero en otras comunidades se necesitará un esfuerzo especial de cooperación financiera del Estado para que se puedan alcanzar esos niveles que el derecho de ciudadanía debe
garantizar a todos por igual a lo largo del territorio. Entiéndame por tanto la referencia y la reflexión sólo y exclusivamente en este sentido.
Respecto a la discriminación normativa de ciertos sindicatos, estoy dispuesto a que hablemos en relación con la siniestralidad. Son muy interesantes los planteamientos que S.S. ha hecho, los recojo, coincido plenamente para cuando
regulemos la subcontratación, que tiene que ser por ley, cuando modifiquemos la subcontratación en cascada. No podemos seguir consintiendo esta situación, en eso estamos absolutamente de acuerdo y es una medida que depende sólo del orden
legislativo, de que lo decidamos entre todos. Por tanto, le agradezco incluso que lo plantee.
Permítame hacer una sola referencia al sistema de Seguridad Social. Usted decía, y tiene razón, que la sostenibilidad del sistema no puede sustentarse sólo en el volumen del fondo de reserva -yo lo comparto plenamente-, sino en las reformas
que nos garanticen, primero, que la supervivencia del sistema tiene que ver con la tasa de dependencia, es decir el número de activos que tengamos en cada momento sobre el número de pasivos que perciben la prestación, que es el elemento fundamental
junto con las bases medias de cotización. A medida que tengamos empleo de más calidad habrá más posibilidades para mantener el sistema -ese será el segundo-, y por supuesto junto a la evolución de la tasa de crecimiento de la población, que es
fundamental. Quiero recordarle que ha habido algunos informes de organismos internacionales que eran muy negativos sobre nuestro sistema y se han equivocado bastante. Le pondré el ejemplo de la Comisión Europea que quiero recordar que en 1999
planteaba un umbral de población para el Reino de España en el año 2010 de 40.500.000 habitantes y hoy estamos casi en 43 millones; es decir que el error estadístico y de aproximación ha sido notable, seguramente por la incidencia de la inmigración
y la falta de evaluación del número de inmigrantes que había en España. Eso quiere decir que para el año 2050, como usted indica correctamente (tenemos un periodo amplio, prácticamente son dos generaciones) podemos hacer reformas razonables. Yo he
hablado y me he acercado bastante a cómo creo que se deben orientar esas reformas.
He hablado de mejorar la contributividad del sistema, que creo que tiene que mejorarse poco a poco, con acuerdo de todos. Hay que acercar las carreras, como antes
dije, la cotización efectiva realizada por cada uno de los trabajadores, a la percepción que luego reciba como pensión. Esas son las reformas importantes que garantizarán la sostenibilidad en el futuro y no tanto el que tengamos un fondo de reserva
mayor o menor, que ojalá sea muy amplio. En ocasiones quizá podamos hacer otra política distinta y dotar de determinadas prestaciones, como usted indicaba, que solvente carencias históricas del sistema de pensiones español -que ya está en las
recomendaciones del Pacto de Toledo-, que además no van a encapsular el gasto demasiado tiempo en el futuro, porque hoy las carreras profesionales son mucho mejores que las que hemos recibido en herencia de un período negativo de la historia de
España. Sin embargo, es verdad que para la viudedad y para quienes perciben complementos a mínimos -que quizá tengan un horizonte medio de vida de 10 ó 12 años por delante-, hay que hacer un esfuerzo. La propuesta que vamos a hacer en la Comisión
del Pacto de Toledo es subir esas pensiones mínimas y acercarlas progresivamente a los 600 euros mensuales, que parece que es el umbral mínimo estándar de protección social que merece una sociedad desarrollada como la sociedad española.
En inmigración estamos dispuestos al acuerdo. No tengo una visión de seguridad en la materia, sino más bien de integración.
Por último, señor Tardá, gracias por sus apreciaciones. He intentado explicar a lo largo de toda esta intervención que mi concepción y la del Gobierno del Estado autonómico es profunda. Esta tarde vamos a discutir con usted que en materia
de inmigración se debe dar, sin ninguna duda, la máxima participación a las comunidades autónomas en las competencias que les son propias y en la gestión compartida de otras competencias que ahora pertenecen al Estado. Haremos todo el esfuerzo
posible para que nuestro programa sea compatible con la profundización del Estado autonómico. Créame que lo vamos a hacer.
En relación con el resto de los temas, no sé si me ha quedado algo pendiente. Por último, quiero agradecer la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Membrado. Intentaremos cumplir todos los compromisos que
hemos traído a esta Cámara -en cuya exposición verán que he sido prudente-, pero, lo más importante, los cumpliremos en la medida en que dispongamos del principal motor para su ejecución. Ese motor para desarrollar el conjunto de estas propuestas
tiene que ser el consenso, el acuerdo y el diálogo político, tanto en esta Comisión como con los agentes sociales.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro por su comparecencia, muchas gracias a los portavoces de los grupos y a todos los miembros de la Comisión. En adelante, tendremos que racionalizar los tiempos de trabajo.
Se levanta la sesión.
Eran las tres y quince minutos de la tarde.