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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 22, de 17/05/2004
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2004 VIII Legislatura Núm. 22
ECONOMÍA Y HACIENDA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO GUTIÉRREZ VEGARA
Sesión núm. 2
celebrada el lunes, 17 de mayo de 2004
ORDEN DEL DÍA:
Ratificación de la celebración de las comparecencias acordadas por la Mesa de la Comisión en su reunión del día 12 de mayo de 2004:
Delegación en las Mesas de las Comisiones de la competencia de éstas de adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento, concordante con la resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983.
(Número de expediente 042/000005.) ... (Página 2)
Comparecencia del señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira) para informar sobre:
Las líneas generales de la política de su departamento. A petición propia. (Número de expediente 214/000006.) ... (Página 2)
La política que piensa desarrollar en el Ministerio. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000006.) ... (Página 2)
La evolución del paro y el empleo en el Estado español y, en particular, en Galicia. A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000019.) ... (Página 2)
Las prioridades y políticas que piensa impulsar en relación a las materias vinculadas a esta Comisión durante la presente legislatura. A solicitud del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 213/000025.)
... (Página 2)
Se abre la sesión a las cinco de la tarde.
RATIFICACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LAS COMPARECENCIAS ACORDADAS POR LA MESA DE LA COMISIÓN EN SU REUNIÓN DEL DÍA 12 DE MAYO DE 2004:
DELEGACIÓN EN LAS MESAS DE LAS COMISIONES DE LA COMPETENCIA DE ÉSTAS DE ADOPCIÓN DE LOS ACUERDOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO, CONCORDANTE CON LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1983.
(Número de expediente 042/000005.)
El señor PRESIDENTE: Muy buenas tardes.
En primer lugar, quiero darles las gracias por el esfuerzo y la condescendencia por parte de todos ustedes por haber aceptado esta reunión en un lunes, fuera de las fechas habituales para este tipo de comparecencias.
Como habrán visto en el orden del día, procede en primer lugar ratificar la delegación en la Mesa de las competencias para la celebración de futuras competencias. Así lo habíamos tratado ya en la Mesa con todos los portavoces y si no hay
ninguna objeción al respecto damos por ratificada esta delegación. (Asentimiento.)
COMPARECENCIA DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (SOLBES MIRA) PARA INFORMAR SOBRE:
LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente 214/000006.)
LA POLÍTICA QUE PIENSA DESARROLLAR EN EL MINISTERIO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000006.)
LA EVOLUCIÓN DEL PARO Y EL EMPLEO EN EL ESTADO ESPAÑOL Y, EN PARTICULAR, EN GALICIA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/000019.)
LAS PRIORIDADES Y POLÍTICAS QUE PIENSA IMPULSAR EN RELACIÓN A LAS MATERIAS VINCULADAS A ESTA COMISIÓN DURANTE LA PRESENTE LEGISLATURA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 213/000025.)
El señor PRESIDENTE: Entramos en el segundo punto del orden del día, que es la comparecencia del señor ministro de Economía y Hacienda. Si les parece bien, la podemos hacer mediante la acumulación de las diferentes iniciativas, lo cual nos
permitiría ganar en agilidad en el desarrollo de esta sesión. (Pausa.) Como estamos de acuerdo, vamos a dar la palabra en primer lugar al compareciente, el señor ministro de Economía y Hacienda, para que acto seguido, intervengan los distintos
grupos en orden de mayor a menor, haciéndolo al final el portavoz del grupo mayoritario, el Grupo Socialista.
Tiene la palabra, señor ministro.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, comparezco como vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda ante esta Comisión con objeto de informar sobre las líneas generales de la política del departamento, cuya responsabilidad me
ha encomendado el presidente del Gobierno. Antes de entrar en el fondo de la presentación, querría agradecerles celebrar
esta comparecencia en un lunes, como ya ha hecho referencia el presidente de la Comisión.
Comenzaré mi intervención refiriéndome brevemente al modelo actual de crecimiento, para pasar seguidamente a definir los criterios que inspiran la acción del Gobierno en el área económica, que son fundamentalmente los de impulso a la
productividad, libertad económica, estabilidad macroeconómica y presupuestaria y transparencia. Finalmente, expondré cuáles son los objetivos que se marca el departamento en materia de política económica y presupuestaria y fiscal.
La productividad del trabajo ha seguido en los últimos años una evolución decepcionante en nuestro país, que no se ha reflejado en las cifras absolutas de crecimiento del PIB, debido básicamente al aumento de la población y el empleo en años
recientes. Este modelo extensivo de crecimiento basado en la utilización de un mayor volumen de factores productivos y no en una mejor utilización de los ya existentes no asegura, a medio y largo plazo, un crecimiento sostenido de la renta per
cápita en el país. De ahí que sea necesario transitar a un modelo intensivo de crecimiento en el que la productividad tenga un papel preeminente, modelo que será, por supuesto, plenamente compatible con el proceso de creación de empleo actualmente
en marcha y que el Gobierno hará lo posible por mantener y reforzar.
La política económica tendrá, pues, por objetivo fundamental contribuir a la aceleración de la productividad en España, tanto directamente a través de la actividad financiera del Estado como indirectamente creando un entorno en el que la
investigación, el desarrollo y la innovación se vean facilitados. Para hacerlo nos basaremos en un contacto constante con los sectores involucrados y en la experiencia de otros países, varios de los cuales muestran los beneficios que puede ofrecer
este modelo, así como su plena compatibilidad con la creación de empleo.
El compromiso con la estabilidad macroeconómica será otro de los ejes de la política económica gubernamental. Este compromiso no sólo responde a las obligaciones asumidas ante nuestros socios comunitarios, sino también a la convicción plena
de que los beneficios a largo plazo de un entorno macroeconómicamente estable superan con mucho a sus posibles costos a corto plazo. Toda vez que la estabilidad monetaria viene garantizada por el Banco Central Europeo, nuestros esfuerzos en esta
materia se centrarán en la estabilidad presupuestaria. La pertenencia de España a la unión económica y monetaria plantea retos a la política económica española que van más allá de las obligaciones y restricciones que suponen las normas europeas de
disciplina fiscal o la política monetaria del Banco Central Europeo. De un lado, el nuevo entorno vigente desde 1999 aumenta considerablemente los beneficios de una política económica rigurosa, como hemos podido comprobar en años recientes; de
otro, la ampliación de la Unión Europea va a suponer una mayor competencia en precios para las empresas españolas y hace más urgente el impulso a la productividad y a la innovación al que antes me refería. El Gobierno busca también un desarrollo
económico sostenible donde los costes medioambientales de las actividades de producción y consumo sean debidamente internalizados por los agentes económicos para salvaguardar así el bienestar y la prosperidad de las generaciones futuras. Tampoco
descuidaremos la dimensión social de la sostenibilidad. Somos conscientes de que es necesaria una acción complementaria de los poderes públicos para que los ciudadanos tengan plenas posibilidades de participar en los beneficios que ofrece la
economía de mercado.
En nuestro programa electoral se hacía referencia a la libertad económica como eje de nuestras actuaciones; se trata de un valor que deseamos potenciar. Soy contrario a las injerencias de los poderes públicos en las decisiones
empresariales que, además de rechazables desde el punto de vista político, tienen graves consecuencias económicas que suelen manifestarse en el medio y largo plazo. Aunque este compromiso es más una cuestión de actitud que de proyectos concretos,
quiero recordar algunas promesas electorales relacionadas con él, en particular la independencia de las comisiones regulatorias y el refuerzo de los medios y la independencia del Tribunal de Defensa de la Competencia. La actitud de las
administraciones públicas ante el mercado estará presidida, como apuntaba antes, por la estricta neutralidad ante los procesos de competencia empresarial y por la preocupación constante por el mantenimiento de un entorno regulatorio y fiscal estable
que facilite al máximo los procesos de inversión de las empresas. Todo ello contribuirá a maximizar la prosperidad del país, elevando el bienestar material de los ciudadanos y otorgando posibilidades más amplias a las administraciones públicas para
cubrir las necesidades colectivas.
La satisfacción de estas necesidades sociales en su vertiente financiera debe tener en cuenta las restricciones que se enunciaban en el programa electoral: que la relación gasto público/PIB no aumente y que se mantenga el equilibrio
presupuestario. La disciplina presupuestaria es la mejor forma de asegurar que el gasto social y la inversión pública sean sostenibles en el tiempo. El requisito que garantiza que los objetivos públicos que logramos hoy a través de la actividad
financiera del Estado no lleguen a costa de la capacidad de la Administración de lograr estos objetivos en el futuro. La buena reputación de España en los mercados de capital es en este contexto un activo fundamental a preservar. Por último,
deseamos que nuestras actuaciones estén presididas por la transparencia. La política económica se beneficia de la crítica externa y de las aportaciones de los afectados por ella. Para que esta dinámica sea fructífera, es necesario que la
información que recogen y procesan los ministerios económicos
sea hecha pública a tiempo y con un calendario preestablecido y que los afectados por las decisiones de política económica dispongan de cauces para hacer llegar sus opiniones a los órganos decisorios. Nos comprometemos también a que estas
sean nuestras pautas de comportamiento en los próximos cuatro años.
Una vez enumerados los criterios que presidirán nuestra actuación en el futuro, paso a referirme a los objetivos en materia de política económica. Organizaré mi exposición en cuatro apartados: funcionamiento de los mercados, política de
defensa de la competencia, innovación y papel de España en el exterior.
El primer objetivo trata de mejorar el funcionamiento de los mercados de bienes y servicios. Anteriormente me he referido a la importancia de la libertad económica como principio rector de nuestro comportamiento, su reflejo práctico será el
esfuerzo constante por que los mercados funcionen adecuadamente. La política del Gobierno será promover la liberalización de los mercados de bienes y servicios, eliminando aquellas trabas y restricciones en la competencia que no estén justificadas
por razones de interés público. Para hacerlo nos apoyaremos en el Tribunal de Defensa de la Competencia, órgano que complementará el impulso liberalizador del Gobierno con sus tareas de vigilancia sobre las conductas de los competidores.
Posteriormente me referiré a nuestros planes para el Tribunal con más detalle. El buen funcionamiento de los mercados requiere también la internalización por parte de los agentes económicos de los costes medioambientales de su actuación. Mi
departamento hará lo posible por promover la eficiencia energética del aparato productivo español y hará lo posible por que las medidas a adoptar en este apartado generen costes reducidos y escasa incertidumbre en las empresas. La regulación de
ciertos mercados forma parte de las competencias de mi departamento y a ellos quiero referirme ahora con más detenimiento.
En cuanto al mercado de servicios financieros, su regulación irá orientada a adaptarlos al Plan de acción de servicios financieros de la Unión Europea. Digo adaptar porque nuestro comportamiento va a ir más allá de la mera trasposición de
directivas, pretendiendo utilizar las mismas para preparar el sector financiero para el entorno más competitivo que se avecina. Aspectos como el reforzamiento, la transparencia y la protección a los inversores así como la reducción de los costes de
emisión, serán claves en nuestra futura política reguladora. La modernización del sector de instituciones de inversión colectiva mediante la promulgación del reglamento correspondiente, será una de las primeras medidas a adoptar.
El principio de
transparencia se reflejará en el perfeccionamiento del modelo del buen gobierno a la empresa, que todavía tiene lagunas importantes. Asimismo, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas reforzará la supervisión pública de la actividad
auditora y se progresará en la aplicación de las normas internacionales de auditoría.
También continuaremos con el proceso de armonización internacional de nuestras normas contables. Con todo ello, aspiramos a mantener mercados financieros
españoles dinámicos, modernos y transparentes.
En materia de seguros y fondos de pensiones las actuaciones futuras se orientarán hacia dos objetivos fundamentales: el aumento de la transparencia del sector y el desarrollo de la previsión social complementaria. La información y
transparencia son requisitos básicos de funcionamiento de todos los mercados especialmente importantes en este sector, dado que en él se materializa la mayor parte del ahorro a largo plazo y, por tanto, requiere elevadas dosis de confianza. Nos
proponemos con carácter general elevar los estándares de transparencia aplicables mediante las oportunas acciones normativas. También dedicaremos esfuerzos a desarrollar la previsión social complementaria. Se trata de respetar el marco de consenso
alcanzado en el desarrollo del Pacto de Toledo y reforzar el carácter, siempre complementario, de estos instrumentos en relación con el sistema de Seguridad Social. Una de las figuras que deseamos reforzar es el plan de pensiones de empresas,
dotándolo de mayor flexibilidad y garantizando una mayor coherencia de la previsión social complementaria con las políticas laborales de estabilidad en el empleo y con el carácter finalistas de los planes de pensiones y seguros.
Dentro del apartado de reformas estructurales en los mercados de productos y factores, querría hacerles algunas reflexiones sobre otro ámbito clave de nuestro entorno productivo, tanto por su importancia para la determinación de la
competitividad empresarial como por sus evidentes implicaciones sociales. Me refiero al mercado de trabajo. En él los esfuerzos deben dirigirse hacia la consecución de un modelo más eficiente y dinámico que promueva empleo de calidad, elimine la
segmentación del mercado, facilite la incorporación de los grupos más desfavorecidos, impulse la formación continua y la capacitación de los trabajadores para afrontar con ventaja las transformaciones que una economía abierta experimenta de forma
constante y fomente la movilidad laboral hacia las actividades, zonas y empleos más demandados y con mayor valor añadido.
Uno de los objetivos principales en este contexto será la reducción de la temporalidad en los sectores en los que es posible.
Sin perder de vista la necesidad de flexibilidad laboral de las empresas y, en colaboración con los agentes sociales, intentaremos atenuar esta forma de precariedad laboral.
El segundo objetivo se refiere a la libertad económica. La consecución de este objetivo requiere no sólo la neutralidad y no injerencia gubernamental, sino una política activa que asegure el mantenimiento de condiciones de competencia
efectiva en los mercados. De ahí que la defensa de la competencia esté llamada a ocupar un lugar prioritario en el diseño de la política económica de los próximos años. La mejora del marco institucional
de forma que quede garantizada la independencia de las autoridades de la competencia y la mejora de la eficacia de las intervenciones sancionadoras de las conductas restrictivas, son las dos líneas generales a través de las que debe
potenciarse la política de defensa de la competencia. Para mejorar el marco institucional es preciso asignar al tribunal las funciones de instrucción de los expedientes sancionadores de conductas restrictivas respetando, eso sí, la separación entre
la fase de instrucción y la de resolución del régimen sancionador. Simultáneamente hay que introducir cambios que garanticen la independencia del control de las operaciones de concentración entre empresas sin perjuicio de que se prevean ciertas
cláusulas de salvaguardia, aplicables excepcionalmente y cuando concurran circunstancias previamente tasadas. La eficacia de las intervenciones sancionadoras de las conductas restrictivas se alcanzará con una política más selectiva concentrada en
las conductas más dañinas.
Esta reforma habrá que enmarcarla en un movimiento de descentralización en la aplicación de las normas comunitarias y nacionales. Además, los cambios normativos deberán prestar la debida atención a la protección de los
derechos de los administrados y realizarse con la máxima transparencia tras una amplia consulta pública y con el mayor grado de consenso político.
El tercer objetivo es dar un fuerte impulso a la innovación. Respecto a la investigación científica, el desarrollo y la innovación tecnológica, la prioridad es reducir la distancia que aún nos separa de la media comunitaria. Con ese fin,
resulta imprescindible incrementar los esfuerzos, tanto públicos como privados. En lo relativo al sector público, el mayor apoyo debería venir no sólo por la vía de las ayudas a la investigación sino por el refuerzo del sustrato científico nacional
y la creación de un vínculo sólido entre sistema científico y empresa. El impulso al I+D+I debe, en todo caso, estar protagonizado por el sector privado. Nuestro objetivo, simplemente, es crear un marco en el que la innovación y el desarrollo
surjan espontáneamente conforme empresarios y científicos responden a los incentivos de mercado.
El cuarto objetivo está referido al ámbito exterior, dentro de las competencias del departamento. Nuestras líneas maestras de comportamiento se centrarán en la lucha contra la pobreza y el combate contra la financiación del terrorismo
internacional. Aunque entendemos que la mejor forma de luchar contra el subdesarrollo es asegurar la inserción de los países en desarrollo en la economía internacional, existen elementos importantes de gradualismo a considerar. En particular, una
carga de deuda insostenible puede hacer incompatible el crecimiento económico de algunos de estos países y el mantenimiento de unos mínimos de gasto social. Por tanto, nuestra lucha contra la pobreza se concretará en la gestión de la deuda externa
que seguirá marcada por la necesidad de hacer compatibles los criterios y objetivos de una política autónoma con las resoluciones alcanzadas en la disciplina multilateral del club de París, único marco capaz de garantizar la recuperación de nuestra
deuda bajo el principio de la solidaridad entre acreedores. También continuaremos participando activamente en la iniciativa relativa a los países pobres altamente endeudados.
Respecto a la lucha contra el terrorismo se intensificarán las medidas para la prevención del blanqueo de capitales y su financiación, impulsando los mecanismos que impidan o dificulten el uso del sistema financiero para canalizar activos a
organizaciones o grupos terroristas o para legitimar activos de procedencia ilícita. Por otra parte, defendemos un aumento del papel de España en las instituciones financieras internacionales que lo adecue al actual peso económico y político de
nuestro país en el mundo.
Respecto al ámbito presupuestario y fiscal, quiero destacar las líneas fundamentales de actuación y los principios que las van a inspirar, que se plasmarán a lo largo de la legislatura. La primera línea de actuación va a consistir en el
mantenimiento y reforzamiento de la disciplina presupuestaria. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento supone la asunción, en el seno de la Unión Europea, del principio de disciplina presupuestaria y el reconocimiento de la importancia de unas
finanzas públicas saneadas como medio de hacer frente al envejecimiento de la población, reforzar las condiciones para conseguir la estabilidad de precios y un crecimiento fuerte y sostenible que favorezca la creación de empleo. Vamos a hacer un
esfuerzo por garantizar el rigor en materia de gasto público, avanzando en la línea de racionalizar la asignación de los recursos de los que dispone el Estado. Existe margen para mejorar la gestión presupuestaria en determinados ámbitos en los que
los niveles de gasto pueden considerarse elevados, favoreciendo el ahorro y una asignación de recursos más eficiente. Para ello se va a revisar el conjunto del gasto del Estado, para racionalizarlo y hacerlo más productivo y, a partir de ahí,
adoptaremos las medidas necesarias que se concretarán en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005. Ya hemos puesto en marcha las actuaciones previstas en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria para garantizar el cumplimiento por
parte de comunidades autónomas y entidades locales de los objetivos correspondientes al trienio 2005-2007, a cuyos efectos se ha convocado ya el Consejo de Política Fiscal y Financiera el próximo día 20 de este mes.
Este esfuerzo de revisión y
racionalización del gasto permitirá controlar el crecimiento de las partidas no prioritarias y reducir el gasto en ciertos programas susceptibles de redefinición, liberando así recursos que permitirán llevar a la práctica el programa económico y
social del Gobierno, que priorizará un conjunto de acciones encaminadas a dinamizar la economía y a aumentar la cohesión social. El resultado de este ejercicio de reestructuración del gasto será, además
de una mejora en la calidad y productividad social del gasto público, un reforzamiento de la estabilidad presupuestaria.
La estabilidad presupuestaria no va a depender únicamente de una política de racionalización del gasto, sino que desde el Ministerio de Economía y Hacienda estimamos que una mejora en la gestión tributaria, y en particular en la lucha contra
el fraude allí donde exista, puede permitir un incremento de los ingresos del sector público que coadyuvará sin duda al logro de los objetivos presupuestarios. Por ello queremos poner todo nuestro empeño en reforzar los métodos y procedimientos de
control de la Agencia Tributaria en cuanto ente encargado de la gestión del sistema tributario y aduanero estatal. A estos efectos las líneas que pretendemos potenciar pueden sintetizarse en los siguientes aspectos. En primer lugar, promover
alianzas contra el fraude en una triple dirección, colaborando con los que cumplen, colaborando también con otras organizaciones públicas con competencias en materias de control y lucha contra los distintos tipos de fraude, tanto en la
Administración del Estado como en las comunidades autónomas, y promoviendo la coordinación internacional para hacer frente al fraude asociado a redes internacionales o a paraísos fiscales. En segundo lugar, impulsar una inspección selectiva y
concentrada en los sectores de mayor riesgo. En tercer lugar, combinar las tareas de comprobación con las de investigación, dando a éstas un peso mayor entre las tareas de la Inspección de Hacienda. Desarrollar métodos de trabajo más
profesionales, potenciando el uso de las nuevas tecnologías y generalizando el trabajo en equipo. Acentuar el enfoque preventivo tratando de evitar el fraude antes de que se generalice. Garantizar que las actuaciones de inspección den lugar a la
recaudación efectiva, facilitando a estos afectos la adopción de medidas cautelares durante el procedimiento de investigación y, finalmente, la incorporación de unidades y métodos especiales de investigación para el descubrimiento y represión del
fraude organizado.
Por otra parte, se potenciará la lucha contra el blanqueo de capitales, el control de seguridad del comercio internacional, la lucha contra el contrabando de estupefacientes y contra la falsificación de soportes digitales.
Al margen de estas cuestiones, el ministerio es consciente de que el cumplimiento fiscal voluntario es la mayor garantía de la eficacia de nuestro sistema tributario. La Agencia Tributaria ha de continuar en la senda de hacer cada vez más
sencillo a los ciudadanos el cumplimiento de su deber de contribuir. Pero la lucha contra el fraude no puede centrarse solamente en el ámbito de los ingresos, también se deben potenciar los instrumentos de control de gasto, especialmente en el
campo de las subvenciones. En este sentido, su control va a estar marcado por la aplicación y desarrollo de la Ley General de Subvenciones. Para ello promoveremos acciones de coordinación de los planes nacionales de control de fondos comunitarios
con los responsables de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, así como de la Comisión de la Unión Europea, e impulsaremos la implantación de la base de datos nacional de subvenciones, en la que se recogerá información sobre las
subvenciones otorgadas por los órganos gestores de las distintas administraciones públicas, lo que puede contribuir a impulsar la coordinación y lograr una mayor eficacia en las actuaciones de control realizadas por las distintas administraciones
públicas. De esta forma, además de luchar contra el fraude, se posibilita una mejora en la eficacia y la eficiencia de la política de subvenciones, posibilitando la evaluación de los resultados derivados de la aplicación de los planes estratégicos.
La legislatura que hemos comenzado no va a ser una legislatura de grandes cambios legislativos en materia tributaria. La estabilidad de las normas tributarias es un valor en sí misma y la ausencia de estabilidad una de las causas
fundamentales del aumento constante de la litigiosidad en materia tributaria. En relación con esta cuestión, es un hecho unánimemente reconocido que la inestabilidad normativa tanto en materia sustantiva como procedimental provoca un aumento del
número de conflictos. De una parte, no siempre son claras las razones del cambio normativo y, de otra, no es fácil superponer lo dispuesto en las sucesivas normas. No obstante, efectuaremos una reforma del impuesto sobre la renta de las personas
físicas asumiendo nuestro compromiso electoral. Previamente, sin embargo, es necesario conocer todos los datos y evaluar los efectos de las reformas anteriores para tener un conocimiento exacto de la situación de partida. Sobre la base de dicho
análisis a lo largo de la legislatura, se pondrá en marcha una propuesta cuyos elementos básicos serán una simplificación del impuesto para reducir su complejidad, así como el número de tipos y hacerlo más sencillo para el ciudadano, un aumento de
la equidad horizontal para hacer el impuesto más justo ya que en la actualidad recae en gran medida sobre las rentas de trabajo, que representan el 83 por ciento de toda la recaudación del IRPF, y una elevación del mínimo personal exento para
beneficiar a las rentas más bajas.
La reforma del IRPF deberá ir acompañada asimismo de pequeños retoques en otras figuras impositivas. Así, en el impuesto de sociedades se eliminarán aquellas deducciones que se ha demostrado que tienen escasos efectos incentivadores de la
inversión y la productividad, lo que permitirá reducir paralelamente los tipos sin que vaya en detrimento de la recaudación. Por último, en los impuestos sobre el patrimonio y sucesiones, que se encuentran cedidos a las comunidades autónomas, se
promoverán de forma consensuada reformas en la línea de la eliminación de la tributación para los patrimonios medios y bajos. Por otra parte, ya hemos iniciado el procedimiento para la aprobación del reglamento sancionador y pondremos en marcha
cuanto
antes los demás reglamentos de desarrollo de la Ley General Tributaria, piezas esenciales para el buen funcionamiento de la Administración tributaria que es, a nuestro juicio, el elemento clave para hacer efectivo el principio constitucional
de sostenimiento de los gastos públicos conforme a la capacidad económica de cada ciudadano. En definitiva, se trata de configurar un sistema fiscal más sencillo, más justo y más eficaz, que permita una suficiencia de recursos para financiar el
programa de gastos presupuestarios sin poner en peligro los objetivos de estabilidad presupuestaria.
La segunda gran línea consistirá en hacer de la transparencia informativa uno de los ejes de actuación del ministerio. La transparencia es un requisito necesario para conseguir que el sector público sea eficiente y sólo debe haber dos
limitaciones: la privacidad personal y la seguridad del Estado. Es necesario poner a disposición de la sociedad la riqueza informativa que se encuentra en las bases de los datos administrativos. A modo de ejemplo, la Administración tributaria
dispone de una de las mejores bases de datos económicos del país y otro tanto puede decirse de la Seguridad Social. Pero la información tampoco ha afluido correctamente en el interior de la Administración, con lo que el ejercicio de las funciones
propias se ha visto mermado por carencias informativas. La coordinación entre las diferentes áreas que manejan estas fuentes informativas ha sido insuficiente. La toma de decisiones de política económica y social podría estar mejor fundamentada
con un mejor uso de estas fuentes, especialmente en la elaboración de los indicadores económicos coyunturales. En este sentido, tal y como recogemos en nuestro programa, garantizamos la transparencia en la gestión de los impuestos y los gastos, por
lo que nos vamos a comprometer a difundir los datos fiscales agregados, tras garantizar debidamente su anonimato, de acuerdo con la propia normativa fiscal, la legislación estadística y la legislación en materia de protección de datos. Del mismo
modo, quiero poner de relieve nuestro compromiso para prestar desde el Ministerio de Economía y Hacienda el máximo apoyo y colaboroación a la Oficina Presupuestaria, cuya creación en el seno de las Cortes Generales ha impulsado el Partido
Socialista.
La tercera línea va a consistir en el análisis del actual sistema de financiación de las comunidades autónomas y revisión de los defectos que se deriven. En aplicación del actual modelo de financiación está previsto que, en julio del año
2004, se practique la liquidación definitiva correspondiente al ejercicio 2002, primer año de aplicación del nuevo sistema. Por ello, el primer aspecto que conviene poner de relieve es que antes de la iniciación de un proceso de revisión, también
aquí del actual sistema de financiación, debemos conocer su incidencia. Ahora bien, el vigente sistema de financiación presenta determinadas disfunciones que deben ser corregidas. Me refiero, por ejemplo, a la asimetría en el grado de autonomía
financiera entre las comunidades autónomas y la limitada responsabilidad fiscal en relación con los impuestos cedidos, con competencias normativas autonómicas parciales y subordinadas a las de la Administración del Estado. A efectos de corregir
tales disfunciones y de perfilar un modelo más eficiente, estable y solidario podemos apuntar, en cualquier caso bajo este Gobierno, que la financiación autonómica se basará en los principios de suficiencia y garantía en la prestación de los
servicios, solidaridad y reequilibrio territorial, y autonomía financiera. En definitiva, se pretende perfeccionar un modelo que aumente la corresponsabilidad fiscal y asegure la solidaridad entre la regiones y la suficiencia financiera de las
comunidades, sin poner en peligro la estabilidad presupuestaria del conjunto de las administraciones. A estos efectos, esperamos que en el seno del Consejo se pueda lograr un consenso con todas las comunidades autónomas.
Finalmente no puedo dejar de referirme a nuestro compromiso con la mejora de la eficiencia en el sector público. La Administración pública debe convertirse en un agente más eficiente en la utilización de los recursos y la prestación de los
servicios públicos. En este sentido, tengo la intención de, en colaboración con el Ministerio de Administraciones Públicas, elaborar e implementar sistemas de evaluación de la eficiencia y eficacia de la actividad económica del sector público.
Asimismo, trataremos de conseguir una contratación pública más transparente y más eficiente desde el punto de vista económico. Respecto al patrimonio inmobiliario público, se introducirán los mecanismos necesarios para garantizar la transparencia
en su gestión y para asegurar una vinculación a esta gestión con los objetivos del Gobierno.
En resumen, nuestra política económica y fiscal irá dirigida a crear un marco estable en el que los agentes económicos puedan operar con libertad, con el máximo grado de información y sin interferencias gubernamentales. Ello requerirá
profundizar en las políticas liberalizadoras y mantener una elevada transparencia en las relaciones entre los poderes públicos y la ciudadanía. Se tratará también de configurar un marco de estabilidad presupuestaria que asegure que la política
fiscal no distorsiona los procesos de inversión esenciales para la prosperidad del país y nuestras posibilidades futuras de cubrir sus necesidades colectivas.
En el sector financiero continuaremos promoviendo su modernización y adaptación al entorno de creciente competencia, así como asegurando la protección del pequeño ahorrador. En la acción exterior española en materia económica intentaremos
facilitar el desarrollo de los países más pobres aportando nuestra experiencia sobre los beneficios de globalización y apoyando una inserción ordenada y gradual en los mercados mundiales.
En el campo fiscal haremos un esfuerzo para racionalizar la asignación de los recursos de los que dispone el Estado, mejorando la gestión presupuestaria en
determinados ámbitos en los que los niveles de gasto pueden considerarse elevados, favoreciendo el ahorro y una asignación de recursos más eficiente. De esa forma podremos conciliar los compromisos del programa económico y social con la
estabilidad, y para ello es fundamental la lucha contra el fraude.
Reforma del IRPF y modificaciones del sistema tributario para configurar un sistema fiscal más sencillo, justo y eficaz. Corregiremos los defectos del actual sistema de financiación autonómica en esta legislatura sobre la base, como ya me
he referido, de los principios de suficiencia, solidaridad y autonomía financiera, respetando la estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas, y esperamos que todo ello sea presidido por el consenso.
Finalmente, la transparencia se va a configurar como el principio de actuación de nuestra Administración, especialmente en los ámbitos tributario y presupuestario. En el ámbito contable, finalmente, incrementaremos la transparencia de las
cuentas públicas y su calidad, fiabilidad e inmediatez de la información que contienen.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Solbes, por su intervención, que ha ajustado a la media hora que nos había anunciado. Esa concisión nos anima, aun dentro de la flexibilidad, en las intervenciones de los distintos grupos
parlamentarios.
Empezaremos con el método que señalábamos al comienzo de la sesión, con la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Arias Cañete.
El señor ARIAS CAÑETE: Quiero agradecer, en primer lugar, al vicepresidente, su comparecencia en la primera ocasión que tenemos de debatir con él en esta Comisión. Quiero ofrecerle la colaboración de mi grupo parlamentario para trabajar en
pro del desarrollo económico y social de España en esta legislatura que iniciamos.
Dicho esto debo señalar que, conociendo la trayectoria del vicepresidente, la comparecencia me ha llenado de cierta perplejidad y desconcierto, porque yo esperaba que hoy transmitiera un mensaje potente de reformas, de iniciativas, que
trasladaran a los consumidores una confianza necesaria en un proceso de crecimiento y convergencia como el que España viene atravesando. Me ha sorprendido porque he oído muchos principios generales con todos los que puedo estar de acuerdo con,
muchas declaraciones de buenas intenciones, y el intento de conciliar a veces elementos que son de muy difícil conciliación, como un programa electoral realizado cuando se pensaba que no se iba a gobernar con la estabilidad presupuestaria. Por eso
creo, señor Solbes, que está usted entre Escila y Caribdis; le veo como a Ulises entre dos graves riesgos: usted está al timón de la economía española, tiene que eludir los cantos de sirena muchas veces de sus compañeros de gabinete que de modo
contradictorio formulan propuestas que no casan entre sí, que se rectifican al día siguiente, que a veces están incluso en el programa electoral, pero otras ni siquiera. Tiene usted un verdadero reto, un reto y un dilema: el reto es ejercer como
verdadero vicepresidente económico, trazando el marco de todas las actuaciones con trascendencia en esta área y controlando realmente todas las iniciativas de gasto que de modo contradictorio surgen de las filas de su Gobierno. Tiene el dilema de
cumplir un programa electoral al que usted ha aludido importante, que tiene más de doscientas páginas, que inicialmente estaba en internet y luego desapareció, pero que es difícil de cumplir por el modo como fue confeccionado; o bien puede
apostar por una política económica y fiscal rigurosa, seria, por reformas estructurales y por mantener un equilibrio presupuestario permanente.
De su comparecencia yo no derivo un modelo claro de política económica. He visto una crítica velada al modelo anterior desde la perspectiva de la productividad, que ha situado usted en un horizonte catastrofista de la productividad
española, con una crítica muy dura y con unas soluciones, desde mi punto de vista, poco potentes para el problema que usted enunciaba. Cuando una economía como la española tiene una formación bruta de capital que está creciendo, cuando no se pierde
cuota de mercado en las exportaciones en los mercados europeos en los que no tenemos ventaja competitiva monetaria y en los mercados internacionales, cuando tenemos una formación bruta de capital fijo que está situada en el 25 por ciento del
producto interior bruto, cuando somos el noveno país en inversión exterior del mundo y el octavo en inversión extranjera, cuando se genera empleo a razón de más de 1.700 empleos diarios y cuando se está en un proceso de convergencia acelerado, no se
puede decir que un país no tiene productividad y que no tiene competitividad, o por lo menos no con esa intensidad. Por lo tanto, no hemos visto un modelo económico alternativo al que existía antes sino que hemos visto algunas pinceladas.
Nuestro grupo va a enjuiciar su política, la que usted realice, sin ningún tipo de prejuicio, a la vista de los resultados que consiga en los próximos años, y lo vamos a hacer partiendo de la situación que usted ha recibido. No es usted
nuevo en la plaza. Usted ha llevado el timón de la economía española en otras épocas y conoce perfectamente, desde su atalaya comunitaria, la situación de la economía española cuyas líneas directrices ha tenido que revisar año tras año. Es sobrado
recordarle los indicadores, pero a los efectos de esta Comisión recibe usted un país sin déficit público, frente a una España que tenía un 6,6 por ciento de déficit del PIB, una España en la que la deuda pública del Estado ha pasado de representar
el 56 por ciento al 41 por ciento; pero lo más importante y lo ha dicho en su comparecencia es que tiene hoy la confianza de los inversores extranjeros, porque hemos reducido la prima de riesgo en casi 534 puntos básicos y prácticamente
hoy no tenemos diferencial con países muy potentes del área comunitaria; con una Seguridad Social con un fondo de reserva muy importante; con una fortísima creación de empleo que, tras la revisión de la EPA, superará los cinco millones de
empleo, 1.700 diarios, y con un nivel de convergencia en renta con la Unión Europea que, con los datos de 2003, supone un 87 por ciento y cuando se revise el PIB, consecuencia de todas las revisiones que hay que hacer en la encuesta de población
activa, estará muy cerca del 90 por ciento, es decir, con diferenciales de crecimiento superiores siempre al 1 por ciento respecto a la Unión Europea y, como he dicho antes, con un dato que a mí me importa mucho, que es la formación bruta de capital
fijo superior al 25 por ciento del PIB.
Estos niveles no han sido casuales, se han conseguido en un marco de estabilidad macroeconómica y de polirreformas estructurales, aplicando políticas que han contado con el respaldo del Fondo Monetario, de la OCDE, de la Comisión y del
Consejo de la Unión Europea. Como su intervención me ha parecido probablemente por ser la primera deliberadamente ambigua, porque es usted muy inteligente y lo conocemos bien, tendría que preguntarle sobre temas muy concretos para conocer las
verdaderas líneas maestras del Gobierno, sobre todo en un contexto de declaraciones muy contradictorias que hemos visto no ya en la campaña electoral, sino en los procesos de formación del Gobierno y una vez que los ministros estaban designados.
Señor Solbes, el problema que tiene España es que hemos crecido durante ocho años, pero para seguir creciendo no se puede hacer el don Tancredo; hay que tomar decisiones políticas valientes y hay que hacer reformas estructurales muy
potentes, flexibilizando todos los mercados de productos y, sobre todo, los de factores, y entre ellos el del trabajo.
No he visto cuál es el modelo de reforma laboral que quiere apuntar. Sólo le he escuchado principios generales. Además en un
momento en el que sobre España se ciernen algunos nubarrones como el shock petrolífero, el repunte de la inflación y ciertamente el déficit de la balanza comercial, eso es preocupante a corto plazo, no ya a largo plazo con el I+D+I para formar a
generaciones futuras, sino, a corto plazo, y requiere actuaciones muy urgentes sobre los mercados de productos y factores. Por eso quisiera que con la mayor concreción me contestara alguna de las preguntas que le quiero formular.
Usted ha dicho que el programa electoral se puede cumplir perfectamente con una pequeña o grande reestructuración del gasto. Me gustaría reiterarle si cree que es viable, coherente y compatible con la estabilidad presupuestaria cumplir en
esta legislatura las 206 páginas de propuestas de este programa electoral. Yo no he tenido tiempo de cuantificar todas las propuestas, porque hay algunas inverosímiles y variopintas, pero me he centrado en las importantes. Una reforma fiscal con
reducción, como la que apunta este programa, de tipos en sociedades, en el IRPF y en el IVA tiene un coste superior a los 9.000 millones de euros; una política de vivienda como la que se anuncia con las 180.000 viviendas ya suma 2.500 millones de
euros; en educación solamente el aumento de las plazas públicas hasta tres años, los libros gratis y la financiación de las universidades son cerca de 7.800 millones de euros; la subida del salario mínimo una cantidad adicional; el I+D+I, si se
cumple exclusivamente lo que el presidente Zapatero ha fijado como incremento, que es el 25 por ciento por cierto, mucho menos que el incremento del período anterior, nos sitúa en 880 millones de euros; en Justicia 720 millones de euros; la
ayuda al desarrollo, etcétera. Son ocho propuestas que suponen 23.000 millones de euros, 3 puntos del PIB.
Si además añadimos las otras 180 páginas de difícil cuantificación, es un programa que puede multiplicar el actual gasto público por tres, y
hablar de 9 puntos del PIB no es hablar de recortes presupuestarios fáciles, dada la composición del gasto público español, donde los capítulos I y II admiten ya poca flexibilidad y el capítulo VI tiene un compromiso plurianual a largo plazo de muy
difícil reducción. Por tanto, mi primera pregunta es si considera viable, coherente y compatible con la estabilidad presupuestaria el pleno cumplimiento de un programa electoral de estas características que, por otra parte, nuestro grupo no le va a
exigir.
En segundo lugar, usted ha hablado de estabilidad presupuestaria, el presidente Zapatero en las cuatro líneas que dedicó a la política económica habló de estabilidad presupuestaria, pero en este momento hemos oído todo tipo de declaraciones
sobre la estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo: que si la ley es un corsé demasiado estrecho, dicho igualmente por uno de sus secretarios de Estado, el señor Vegara. También el señor Sevilla, cuando tenía responsabilidades en esta
Comisión, calificó la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la Ley General Presupuestaria como mecanismos inútiles para reducir el déficit estructural y el déficit coyuntural, etcétera. Mi pregunta es muy clara: ¿Va a continuar el Gobierno
socialista con el modelo jurídico presupuestario que se estableció en la anterior legislatura y que estaba condensado en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y en la nueva Ley General Presupuestaria o, por el contrario, lo va a modificar? Esto es
importante, porque tanto el propio Gobierno como gobiernos autonómicos socialistas han interpuesto recursos de inconstitucionalidad. ¿Van a desistir de los recursos? ¿Se van a mantener? Entiendo que este es un tema muy importante porque es
fundamental para conocer cómo pretenden controlar el gasto público en el contexto de un programa electoral de esta naturaleza. Dentro de este mismo esquema, ¿tiene previsto el vicepresidente mantener el sistema de modificaciones de crédito que se
regula en este sistema, cuya base angular es que se imputan las modificaciones cuantitativas siempre al
fondo de contingencia? De acuerdo con el compromiso de transparencia que nos ha anunciado parecería que sí, porque este sistema de las modificaciones de crédito permite tener cierta certeza del volumen de ejecución presupuestaria final; si
no, el presupuesto es una carta abierta a los Reyes Magos, sin ningún tipo de concreción.
Al hilo de algunas declaraciones que hemos oído en algunas comunidades autónomas y por boca de algunos responsables, por ejemplo, el secretario de Estado, señor Fernández Ordoñez, me gustaría hacerle una pregunta relativa a los destinos de
los superávit de la Seguridad Social. ¿Piensa que deben seguir engrosando los fondos de reserva en su integridad o se van a destinar total o parcialmente a financiar políticas sociales activas, como desde las filas socialistas de alguna comunidad
autónoma se ha pretendido? Hemos oído criticar el hecho de que para determinar el objetivo de la estabilidad presupuestaria se compensara el déficit del Estado con el superávit de la Seguridad Social, y ha habido quien ha abierto la posibilidad de
que se compensara el de las comunidades autónomas. ¿Piensan mantener en la presentación presupuestaria la compensación del déficit de la Administración central del Estado o, si no, cómo piensan imputar este superávit presupuestario?
Ha enunciado muy genéricamente el modelo de financiación autonómica.
Conoce perfectamente que la posición de nuestro grupo es que este es un modelo que hay que abrir cuando se concrete la reforma constitucional y la reforma de los
estatutos, y a la vista de ese marco jurídico básico se aborde la financiación autonómica. Creemos que los tiempos son esos. Me gustaría saber si coincide en que los tiempos son esos, además del análisis de la liquidación del ejercicio 2002 que
evidentemente nos dará las pautas necesarias para ver el funcionamiento del sistema y su perfeccionamiento. Nos gustaría tener más detalles sobre su modelo de financiación autonómica, puesto que anuncia que el Gobierno tiene voluntad de reformarlo.
¿Con qué nivel de descentralización se va a hacer? ¿Qué recursos tributarios considera susceptibles de cesión? ¿Con qué organización de la Administración Tributaria se efectuará? En campaña electoral oímos runrunes de fragmentación de la Agencia
Tributaria en agencias autonómicas, pero la viabilidad de estas fragmentaciones parciales depende del modelo que se desarrolle. Nos interesa saber, sobre todo, si el vicepresidente está de acuerdo con las tesis de las balanzas fiscales que algunos
gobiernos autonómicos han puesto encima de la mesa con la aspiración de contribuir en menor medida a la sostenibilidad presupuestaria.
Los temas tributarios tienen importancia, aunque ha pasado por encima de ellos. Hay una cuestión que a mi grupo le preocupa. En su discurso de investidura el presidente del Gobierno sólo hizo una afirmación respecto de temas tributarios:
que no incrementaría la presión fiscal global.
Durante la pasada legislatura una crítica constante a la política del Gobierno del Partido Popular era que incrementábamos la presión global, a pesar de que reducíamos los impuestos, por el efecto de
que el dinamismo de una economía en crecimiento y la eficiencia de la Agencia Tributaria hacían recaudar más. Ahora nos anuncia una importante lucha contra el fraude fiscal. ¿Qué pasa si hay una mayor recaudación por la elasticidad que tiene la
recaudación de los impuestos? ¿Tendremos que entrar en una reducción anual de tipos que convierta el sistema fiscal en una montaña rusa, en función de la evolución del ciclo económico? Creo que decir que no se va a incrementar la presión fiscal
global es decir mucho, aunque lo haya dicho el presidente Rodríguez Zapatero, que dice que cumple siempre sus promesas. Por eso esto me ha preocupado mucho. Me preocupó menos la conversión a la estabilidad presupuestaria, después de que la
encuesta del CIS pusiera de manifiesto que los españoles apoyaban la estabilidad presupuestaria. Esta única afirmación de que no se va a incrementar la presión fiscal global me preocupa.
Quisiera preguntarle por los compromisos fiscales que sí figuran en el programa electoral. El vicepresidente ha hablado básicamente de la reducción en el impuesto de sociedades, pero de los demás impuestos ha hablado menos. En el programa
socialista, en lo referente al impuesto de sociedades, se anuncia bajada de tipos para todas las empresas: grandes, pequeñas, medianas, pymes, cooperativas; para todas. Quisiera saber si eso es así. En cuanto al impuesto sobre el patrimonio se
dice textualmente que se eliminará el impuesto para los patrimonios medios y bajos. Estos no se definen, son conceptos jurídicos indeterminados.
Quisiera saber si en el ánimo del vicepresidente de mantener un diálogo con las comunidades autónomas
en cuanto a la decisión sobre los impuestos cedidos está el espíritu de mantener este compromiso. En el impuesto sobre la renta de las personas físicas había dos promesas: una, la reducción de tramos a la que ha aludido y, otra a la que no ha
aludido el vicepresidente, la convergencia de los últimos tramos con el tipo nominal del impuesto de sociedades, lo que es una promesa de mucho alcance, dado que los tipos del impuesto de sociedades están en torno al 35-30 por ciento y en renta
tenemos tipos marginales, donde los tenemos.
Quisiera saber si esa promesa electoral sigue vigente en el cuadro tributario que tiene en la mente el vicepresidente económico. En el IVA se proponía una reducción del 7 al 4 por ciento para alimentos
básicos.
Me gustaría saber si se mantiene. Hay un área que también me preocupa y sobre la que le he oído alguna declaración al vicepresidente, que es la tributación de las plusvalías. En el programa socialista se dice que van a tener el mismo
tratamiento que las restantes fuentes de renta. Eso puede tener algún problema de deslocalización del ahorro?
Quisiera abordar otro tema sobre el que el vicepresidente ha pasado de soslayo y que me causa gran preocupación para mantener los niveles de crecimiento económico que la economía española viene experimentando en los últimos años. Me refiero
a la situación de la economía española ante el Protocolo de Kioto y, sobre todo, con la aplicación de la Directiva 2003/87, sobre comercio de gases de efecto invernadero, y el Plan Nacional de Asignaciones. Parto de la base, señor vicepresidente,
de que ésta es una tarea extremadamente compleja y difícil. Una aplicación desacertada de los compromisos de Kioto, que tiene muchas posibilidades interpretativas y muchas posibilidades de negociación, y las distintas normativas asociadas a este
compromiso podrían frenar el ciclo expansivo de la economía española que estamos viviendo y hacer muy complicada la convergencia real con la Unión Europea, que es un objetivo al que no debemos renunciar. Como ahora tenemos que implantar el comercio
de emisiones del sistema que siga el Ministerio de Economía y Hacienda, no puede poner en riesgo la propia viabilidad de las actividades económicas.
Por tanto, el Plan Nacional de Asignaciones para el período 2005-2007 no tiene que afectar a la
competitividad ahora sí, señor Solbes de las empresas españolas, sobre todo con particular atención al sector energético, si no queremos que además de en el sector petrolífero nos encontremos con aumentos en el precio de la energía que repercutan
negativamente sobre el resto de los sectores productivos. Hay estudios que avanzan en cumplir los compromisos de Kioto con objetivos tecnológicos realizables y pueden limitar el crecimiento económico español casi en un 2 por ciento, un punto y
medio por debajo de su crecimiento potencial. Nos gustaría que compareciese para hablar monográficamente sobre este tema en esta Comisión, ya que tiene la envergadura suficiente como para tratarlo en profundidad y con sosiego; este tema es de
máxima importancia.
En definitiva, señor vicepresidente, nos gustaría que ejerciera como real vicepresidente en este Gobierno, que impusiera la estabilidad presupuestaria y la racionalidad en el gasto público, en la mejor y más efectiva asignación de recursos
públicos en todo el gabinete, y que mantenga a España en una senda de crecimiento económico siempre con creación de empleo. Nos da mucho miedo que los experimentos de productividad al final se conviertan en reducción de empleo, porque podemos tener
unos índices de productividad muy altos pero a base de una destrucción de empleo muy importante. Nosotros le demandamos y es por lo que le vamos a enjuiciar su actividad mantener altas tasas de creación de empleo, con convergencia real en la
Unión Europea, y reduciendo el endeudamiento público en un contexto de estabilidad presupuestaria. Por esos parámetros es por lo que le vamos a enjuiciar, y en ellos podrá contar con nuestra colaboración en todas las iniciativas que se puedan
presentar. A la vista de esta intervención, presentaremos una solicitud de nueva comparecencia para temas específicos.
Señor Solbes, lo que echamos en falta hoy es un modelo claro, un modelo que dinamice, que sea capaz de que el ciclo que hemos vivido se prolongue en el tiempo; por tanto, reformas estructurales mucho más concretas. Con la transparencia,
con la liberalización y con la flexibilidad estamos absolutamente de acuerdo. No hay ningún principio de los que ha enunciado con el que no podamos estar de acuerdo, pero hay que concretarlos; la música suena bien, pero hay que poner letra a la
canción. Espero que sea capaz de poner esa letra por el bien de la economía española.
El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señoras y señores diputados, en primer lugar, quiero dar la bienvenida a esta Comisión al vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda. Usted no es nuevo en esta plaza y, por parte del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), goza de buena reputación, básicamente en cuanto a la buena colaboración que existió durante la legislatura de 1993 a 1996, que para nosotros fue muy positiva, ya que en esos momentos pusimos unos
buenos cimientos para el impulso de la economía productiva, para racionalizar el gasto público, así como también se puso la primera piedra de los sucesivos sistemas de financiación con la primera participación del IRPF por parte de las comunidades
autónomas. Nosotros siempre hemos mantenido que superó con éxito los retos planteados en aquellos momentos, en los que heredó una difícil situación económica. Si bien es cierto que en los momentos actuales usted hereda una situación económica
muchísimo mejor de la que heredó en el año 1993, no es menos cierto que tiene ante sí retos y objetivos muy importantes, según cree Convergència i Unió, no exentos de gran dificultad. Me refiero, como no podía ser de otra forma, a la implementación
de un nuevo sistema de financiación para las comunidades autónomas en esta legislatura, a la ampliación de la Unión Europea y sus repercusiones en la productividad de nuestro tejido empresarial. ¿Qué va a pasar con las deslocalizaciones
industriales? ¿Cuál va a ser el resultado de esta ampliación en cuanto al volumen final de las inversiones públicas en el Estado español? ¿Qué va a pasar con los fondos europeos a partir del año 2006? ¿Cuánto va a suponer la aplicación de Kioto?
¿Cuáles son los planteamientos que va a poner encima de la mesa, aunque ya hoy nos ha anunciado globalmente los mecanismos más importantes para que continúe el crecimiento económico en España y la ocupación estable? Después de escucharle
atentamente hemos echado en falta en este aspecto de crecimiento económico y de impulso a la economía productiva aquellas cuestiones en las que nuestro grupo siempre ha sido muy incisivo, como es el
apoyo a las pequeñas y medianas empresas, a este tejido tan importante que son los trabajadores autónomos.
Paso ya directamente a plantearle una serie de reflexiones que a nuestro grupo de Convergència i Unió le preocupan muchísimo y en las que vamos a incidir durante esta legislatura para llevarlas a cabo. Me referiré en primer lugar a un nuevo
modelo de financiación. Usted sabe, señor vicepresidente, que por parte de Convergència i Unió este va a ser el objetivo prioritario de nuestro grupo parlamentario durante esta legislatura. Ya dijo el señor Durán i Lleida, con motivo de una
pregunta que formuló al presidente del Gobierno, que lamentábamos que no existiera un calendario decidido al respecto. Usted sabe perfectamente cuál es nuestro modelo: queremos una negociación bilateral entre el Estado y la Generalitat de
Cataluña, cuestión que está perfectamente delimitada en nuestro estatuto de autonomía, aunque después la LOFCA puso agua en el vino, por decirlo de una forma más expresiva, e hizo imposible este tipo de negociación. Nosotros queremos que para
implementar este nuevo modelo de financiación se haga efectiva la publicación de las balanzas fiscales, cuestión que nuestro grupo formuló en el año 1998 en el debate sobre el estado de la Nación, que su grupo parlamentario aprobó y en la que el
Grupo Parlamentario Popular, entonces en el Gobierno, se abstuvo. Desde entonces hasta hoy han pasado prácticamente siete años y no ha sido posible la publicación de estas balanzas fiscales. Nosotros entendemos que cuando se hagan públicas estas
balanzas fiscales podremos disponer de un sistema de financiación muchísimo más justo, muchísimo más próximo al Concierto vasco, se mantendrá la solidaridad con el resto de las comunidades autónomas y permitirá la recaudación, gestión e inspección
de todos los tributos de Cataluña, y al mismo tiempo comportará el traspaso de los actuales servicios de la Agencia Tributaria a la Generalitat de Cataluña. Usted ya ha anunciado hoy en su intervención que este tema lo van a iniciar a partir del
año 2005, en conversaciones con las diferentes comunidades autónomas. Nosotros vamos a estar expectantes y no vamos a dejar de insistir para que esto sea factible en esta legislatura.
Dentro del campo de la financiación, me gustaría hacer un planteamiento muy serio sobre todos aquellos aspectos que se refieren a la financiación de la sanidad. Usted sabe perfectamente, señor vicepresidente, y lo saben todas SS.SS. porque
es noticia todos los días en los medios de comunicación, que urge un sistema de financiación específico de la sanidad para las comunidades autónomas, ya que el modelo pactado en el año 2001 hace aguas por todos los sitios en todas las comunidades
autónomas, aunque es cierto que en algunas más que en otras, básicamente en aquellas que tenemos transferida la gestión de la sanidad desde hace muchísimos años. Esto está provocando serios desequilibrios financieros en dichas comunidades, porque
en esta última legislatura el Grupo Popular ha sido especialista en centrifugar déficit hacia las comunidades autónomas, especialmente en las cuestiones referidas a sanidad y educación, aunque como hoy no es momento de tratar la educación, me
referiré única y exclusivamente a la sanidad. En algunas comunidades autónomas, en particular en Cataluña, no se aplica el principio de suficiencia financiera, ni el de lealtad institucional en todos los aspectos referidos a la sanidad, sobre todo
en aquellos relativos a la atención sanitaria de los desplazados o extranjeros, de aquellos que vienen de otras comunidades autónomas distintas a Cataluña, en concepto de intervenciones quirúrgicas, gasto farmacéutico, urgencias, traslados y
medicamentos. No existe la posibilidad de obtener recursos complementarios para la financiación de nuevas prestaciones, ya que los mecanismos de control siempre están en manos de la Administración central, y tampoco se dispone de recursos
adicionales que aporten financiación para el incremento de la población inmigrante extranjera.
Las comunidades autónomas que somos receptoras de inmigración extranjera no gozamos de financiación complementaria para la atención sanitaria que estamos obligados a dar a todas estas personas. Las comunidades autónomas tampoco participan
en los organismos que deciden los gastos de sanidad, tanto en lo relativo a la aprobación de nuevas prestaciones como a la de nuevos fármacos. Además existe una cuestión positiva, que es general en todas las comunidades autónomas, y es que
afortunadamente la población española tiene una esperanza de vida cada vez más larga, lo que comporta más gasto sanitario, y conlleva la aparición de nuevas enfermedades; sin embargo, no se puede aplicar la financiación para cubrir el gasto que
comportan estas dos cuestiones. Es necesario adoptar medidas urgentes para resolver esta difícil situación, por eso Convergència i Unió plantea un pacto sanitario entre todas las formaciones políticas, similar al famoso Pacto de Toledo referido a
las pensiones, para establecer unas medidas de financiación de la sanidad que comporten una racionalización del gasto sanitario, una mejora de su control y la garantía de una dotación de recursos financieros para los servicios sanitarios. En todo
caso, este pacto sanitario suscrito por todas las formaciones políticas supondría poner el contador a cero en todas aquellas comunidades autónomas en las que exista un déficit sanitario. ¿Por qué planteo poner el contador a cero? Ustedes lo
entenderán perfectamente, señorías. Todas las comunidades autónomas que tenemos experiencia en la gestión de la sanidad que en España somos varias nos hemos encontrado con que hemos gestionado el gasto sanitario, pero no hemos podido acceder a
los mecanismos de control que inducían la generación de dicho gasto. Esto ha comportado que anualmente se produjeran ciertos déficit con unos incrementos porcentuales de dos o tres puntos por encima de los ingresos financieros sanitarios. Antes de
la aplicación de los nuevos sistemas de financiación y usted lo sabe perfectamente,
señor Solbes, por su época de ministro de Economía y Hacienda estos déficit no eran de dos o tres puntos, sino que podían llegar a cuatro o cinco puntos porcentuales por encima de los ingresos. Independientemente de que se analice o
plantee un nuevo sistema de financiación, es ineludible e imprescindible plantear este pacto sanitario entre todas las formaciones políticas para poder buscar formulaciones novedosas que impliquen una financiación específica de la sanidad de una
manera rápida, sin necesidad de esperar dos o tres años, porque muchas comunidades autónomas no podrán aguantar los desequilibrios financieros que les está provocando esta generación de gasto sanitario por encima de sus ingresos.
Existe otro aspecto que preocupa enormemente a Convergència i Unió: la inversión pública durante esta legislatura. Debemos tener en cuenta que la ampliación de 15 a 25 Estados en la Unión Europea va a comportar necesariamente al menos
esto es lo que se ha planteado y se ha escrito en muchísimos medios de comunicación la posibilidad de que desaparezcan los fondos estructurales y de cohesión a partir del año 2006. Por un lado, con la desaparición los fondos estructurales y, por
otro, con la aplicación de los pactos de estabilidad nos podríamos encontrar muy encorsetados, y sería difícil incrementar la inversión pública en España.
Uno de los objetivos fundamentales de esta legislatura ha de ser la inversión pública,
orientada básica y principalmente a la construcción de infraestructuras, a la inversión productiva de autopistas, ferrocarriles, telecomunicaciones, energía y agua. Asimismo, nuestra economía debe estar orientada a incrementar la productividad y
todos aquellos aspectos relacionados con la inversión al desarrollo y la innovación en centros de investigación y universidades a los que usted ha hecho referencia en su intervención.
Por otra parte, es lógico que tenga que existir una inversión privada orientada a la mejora de la competitividad y al incremento de la economía productiva. Sin embargo, a nosotros lo que nos preocupa realmente es la inversión pública
durante esta legislatura. ¿Qué va a pasar si desaparecen efectivamente los fondos estructurales? ¿Qué va a pasar si solamente desaparecen los fondos estructurales y de cohesión que van orientados a las comunidades autónomas que son Objetivo 2?
¿Vamos a perder la competitividad respecto al resto de países de la Unión Europea? Realmente, si no tenemos fondos estructurales y no tenemos inversión pública vamos a padecer un deterioro de competitividad no solamente con respecto a los países
más avanzados, sino también con respecto a los países hoy más pobres y menos desarrollados que van a gozar de estos fondos de cohesión, ya que indudablemente mejorarán su competitividad y sus infraestructuras. Por este motivo nosotros quisiéramos
plantear esta cuestión y consensuarla con todas las fuerzas políticas y básicamente con el Gobierno. Vamos a solicitar un compromiso de la posición española ante las reformas de las políticas regionales que persiga la garantía de un período
transitorio para aquellas regiones de Objetivo 1 y Objetivo 2 que dejen de serlo a partir del año 2006. Asimismo, vamos a solicitar un compromiso de mínimos y un período transitorio para todos esos fondos de cohesión.
Respecto a todas aquellas cuestiones que hacen referencia a la inversión y al Pacto de Estabilidad, lógicamente si invertimos desde el Estado central, desde las comunidades autónomas o desde las corporaciones locales topamos con el famoso
Pacto de Estabilidad. Si no tenemos fondos para invertir y hemos de ir al endeudamiento, dentro del poco margen que ya nos concede a las comunidades autónomas la Ley General Presupuestaria como usted sabe, señor vicepresidente, nuestro grupo de
Convergència i Unió puso recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, nosotros, desde esta perspectiva también vamos a plantear otra propuesta, pienso que muy interesante, para que no se dejen de hacer inversiones a lo largo de
esta legislatura: que el Gobierno del Estado español presente ante la Unión Europea una propuesta en el sentido de estimular la inversión pública a través de un tratamiento más flexible de la inversión en el Pacto de Estabilidad. ¿Qué es lo que
pretendemos con este planteamiento o con esta sugerencia? Que ustedes, desde su posición de Gobierno español, planteen a la Unión Europea si sería posible que las inversiones en infraestructuras tuvieran un tratamiento fiscal que no incidiera al
cien por cien en el déficit público del año presupuestado, sino que difiriera dichas inversiones en el tiempo para poder estimular dichas inversiones, tanto desde el Gobierno central como de las comunidades correspondientes, para no perder la
competitividad en infraestructuras. Estos son los dos aspectos que vamos a plantearles y esperamos que ustedes sean sensibles para poder aprobarlas conjuntamente y trasladarlas a los estamentos superiores de la Unión Europea.
En su intervención usted tampoco ha hecho referencia alguna a uno de los factores más débiles de la economía española. Todas SS.SS. saben que la semana pasada se publicaron los índices de precios al consumo del pasado mes de mayo. Todos
ustedes saben perfectamente que la desviación de la inflación puede convertirse otra vez en el punto negro de nuestra economía. Es cierto que en la anterior legislatura durante tres años fue el punto más débil de la economía española y el punto más
negro de la misma y que, finalmente, se consiguió corregir la desviación de la inflación a unas cuotas próximas al 2 por ciento, pero todo los indicios apuntan a que la desviación de la inflación puede pintar mal, todos los indicios apuntan a que la
inflación pueda ser la pesadilla del ministro de Economía. Tal como hemos planteado desde nuestro grupo parlamentario, diciendo que es necesaria la liberalización de los sectores energéticos, de los servicios, de los transportes, la aplicación del
IVA reducido a todos aquellos aspectos
que hacen referencia a servicios básicos agua, gas, electricidad, butano, rebaja en las tarjetas de crédito, nos gustaría que ustedes también lo tuvieran en su agenda como aspectos prioritarios para que el exceso de desviación en la
inflación no deje de ser un efecto nocivo que merme la competitividad de nuestro tejido empresarial. Usted ha planteado también en su intervención algunos aspectos a los que nuestro grupo parlamentario siempre ha dado una gran importancia:
aquellos que hacen referencia a la investigación, al desarrollo y a la innovación. Usted sabe perfectamente, señor vicepresidente, que en la anterior legislatura estuvimos batallando con la Administración del Grupo Popular para que se clarificaran
de una vez por todas aquellos aspectos que, basándose en una legislación aprobada en el año 1996 y creo que iniciada en la época en que era usted ministro de Economía, hacían referencia a aquellas empresas que acometían la innovación; pero cuando
aplicaban dichos criterios de innovación venía la Agencia Tributaria, levantaba acta y aquellos aspectos que estaban contemplados en la ley después eran impugnados por la Hacienda pública, por lo que realmente ha cundido el desconcierto en
diferentes sectores de la economía productiva. Por último, al final de la anterior legislatura planteamos una serie de calificaciones que habían de estar en manos del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y en estos momentos no sabemos si dichas
calificaciones van a estar en el Ministerio de Industria o en el Ministerio de Economía. Por tanto agradeceríamos de su amabilidad aclarara dónde van a estar finalmente dichas calificaciones, para que todas aquellas compañías que quieran invertir
en I+D+I puedan pedir las certificaciones correspondientes ante el organismo que las pueda hacer efectivas.
Nos ha hablado de fiscalidad y ha dado unas líneas fundamentales de por dónde van a ir las reformas que va a plantear su departamento. No voy a profundizar en las mismas. Voy a esperar a que ustedes puedan ir dando más detalles a lo largo
de los próximos meses, pero sí voy a hablar respecto a lo que ha planteado usted en los impuestos cedidos por las comunidades autónomas en cuanto al patrimonio y las sucesiones. Quisiera hacerle dos preguntas. Estamos de acuerdo en eliminar el
impuesto de sucesiones. En la pasada legislatura presentamos sendas mociones en esta dirección, pero siempre planteamos que estábamos de acuerdo en que dicho impuesto desapareciera, siempre que el Estado cumpliera con el principio de lealtad
institucional, en el sentido de que como es un impuesto que es propiedad del Estado se les pueda resarcir a las comunidades autónomas de los ingresos que en este momento les está generando la cesión de dichos impuestos. La pregunta va orientada a
la eliminación del impuesto de sucesiones, de acuerdo con la rebaja del impuesto de patrimonio, y es la siguiente: ¿va a cumplir el Gobierno socialista con el principio de lealtad institucional de resarcir dichos ingresos por parte de la
Administración central?
Finalmente, ya lo dije al inicio de mi intervención, hemos echado en falta en su intervención todos aquellos aspectos que hacen referencia a la economía productiva, todos aquellos aspectos que hacen referencia a la fiscalidad de las pequeñas
y medianas empresas, todos aquellos aspectos que hacen referencia a la fiscalidad de los autónomos. Es cierto que en la pasada legislatura hicimos un trabajo ímprobo para que la legislación de los autónomos, tanto desde el ámbito de las
prestaciones sociales como desde el ámbito de la fiscalidad, gozaran de un tratamiento más justo.
Nosotros vamos a estar atentos a cuáles van a ser las expectativas y a cuáles van a ser los planteamientos en cuanto a sus posiciones de futuro en
estos temas tan importantes.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Señor ministro, en nombre de Esquerra Republicana, gracias por su comparencia. En primer lugar, quisiéramos ceñirnos a lo que se ha referido como el modelo de crecimiento. Por parte de Esquerra Republicana,
ya lo avanzamos en el debate de investidura, consideramos que en el último decenio el crecimiento económico que se ha producido en el Estado ha sido un crecimiento importante, por encima de la media europea, pero este es un modelo que, a nuestro
entender, da ya síntomas de agotamiento y quisiéramos señalar algunas de las debilidades del mismo. En primer lugar, se ha referido a la productividad y es verdad, la caída progresiva de la actividad industrial y su valor añadido bruto es clara en
los últimos años. Hemos visto agravada en el último año la caída del modelo industrial por diferentes procesos de deslocalización industrial y a esto se debe el principal error del modelo de crecimiento de los últimos años. Aquí ha habido quien ha
creído que a base de una reforma laboral constante, de este concepto mal entendido de flexibilidad laboral, se puede competir con los países vecinos de la Unión Europea y la realidad es otra. Hoy la competitividad a base de un coste unitario
laboral bajo ya no es posible. Ya no sólo con los países de la Unión Europea, que es donde había una importante ventaja respecto a Francia, Reino Unido, Alemania o Bélgica o Italia, sino que hoy estamos compitiendo con nuevos países como Polonia,
Chequia, Hungría con los que ya no es posible este tipo de competitividad, por lo que podríamos definir como un dumping salarial. Incluso hay otros países emergentes.
Las empresas multinacionales hoy han trasladado sus factorías a países como
Polonia. Es el caso de Lear que hemos visto en Cataluña, que fue el primer caso importante de deslocalización, o incluso grupos como Samsung o la reducción que quiere llevar a cabo Nissan en estos momentos que van a trasladarse a países de la
Europa oriental. Sin embargo, estos mismos países en pocos años van a sufrir otro proceso de deslocalización
hacia Oriente, el proceso sigue inexorablemente hacia los países asiáticos. Aquí hay un problema grave del modelo industrial, un modelo de crecimiento que ya no puede competir con la mano de obra barata, que necesita investigación,
desarrollo e innovación, a lo que usted se ha referido, y esto implica un giro muy importante, no sólo a corto plazo, sino a medio y largo, implica mejorar las condiciones de las empresas en valor añadido por lo que respecta a la investigación,
mejorar la formación, y esto no se improvisa en un año ni en meses.
En segundo lugar, esta precariedad laboral, esta creencia incluso ciega de que a base de reformas laborales se puede ser competitivo, también ha afectado a dos sectores que quisiéramos destacar, a uno en negativo y a otro en positivo, sobre
todo en el ámbito turístico. En la Comisión de Economía en la legislatura pasada se hablaba poco del aspecto turístico, que es una aportación básica para el producto interior bruto, y en este momento da la sensación de que la competitividad del
modelo turístico, sobre todo en lo que se refiere al modelo conocido como litoral, no puede ser sostenible como la hemos planteado hasta hoy. Este grupo parlamentario considera la necesidad de crear un proceso de reconversión del sector turístico,
con apoyo por parte de este Gobierno, que mejore su competitividad, su relación de oferta con el entorno, y que pueda crear las condiciones para que en el futuro se tranquilice el sector y ofrezca mucha más calidad de la que está ofreciendo en este
momento. Pero esto necesita el apoyo por parte del Gobierno, una política coordinada, no sólo en el nuevo Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que se ha creado, sino que también necesita apoyo en el aspecto fiscal o legislativo si fuera
necesario. El aspecto positivo es que la construcción ha crecido más. Hace poco se nos daba a conocer un hecho que no puede pasar inadvertido: el 40 por ciento de la inversión extranjera va a parar al sector inmobiliario. Esto, que podría ser un
aspecto positivo, tiene secuelas preocupantes porque no se compite desde el punto de vista industrial, se está compitiendo desde el punto de vista inmobiliario. No le vamos a quitar aquí valor a la ocupación laboral que está teniendo la
construcción, pero está teniendo un efecto manta que está tapando la caída de la competitividad industrial, la caída de la calidad turística en algunos sectores, y lo está absorbiendo, desde el punto de vista laboral, la construcción. La demanda
interna es la que en estos momentos está tirando del tren productivo y creemos que necesita una corrección. La demanda externa no se puede descuidar y necesitamos más competitividad en este aspecto.
Yo creo que hay un ejemplo de cómo no se puede funcionar. No se puede funcionar con una industria con poco valor añadido, con poca innovación, un modelo turístico que tiene que competir con precios bajos frente a nuevos mercados emergentes
de la Europa oriental, del Mediterráneo o incluso de otros puntos del planeta, y un modelo de construcción que se arriesga a que en cualquier momento una crisis o un repunte de los tipos de interés pueda conllevar una crisis importante. Este es un
modelo que tiene un mínimo común denominador, que es la precariedad laboral, y otro que es la mano de obra inmigrante o incluso algunas veces en situaciones de irregularidad. Fíjese usted quién está trabajando en estos momentos en estos sectores
industriales, los sectores del textil por ejemplo, que no están regularizados, de industria sumergida, quién está tirando de la competitividad turística en algunas zonas del litoral o cuál es la mano de obra que se está absorbiendo en el sector de
la construcción. No tenemos un modelo de crecimiento ordenado que priorice la industria, la exportación y la internacionalización.
En tercer lugar, usted se ha referido a la libertad de mercado. Estamos totalmente de acuerdo, libertad e igualdad en el mercado. En la pasada legislatura vimos ejemplos de lo que no tiene que ser la igualdad de oportunidades ante el
mercado por parte de todos los agentes. El ejemplo claro se vio en la situación a la que nosotros nos referimos en esta Comisión en el Congreso, la OPA fallida de Gas Natural sobre Iberdrola.
Los órganos reguladores tienen que tener un papel
objetivo, e incluso nos pareció en su momento paradójico que un concepto curioso como el de la reversibilidad ante una OPA fuera el elemento clave para frenar un movimiento legítimo, lícito en el seno del mercado, en el mercado energético, como fue
el que tuvo Gas Natural frente a Iberdrola. Sólo por esta voluntad intervencionista que tuvo el anterior Gobierno mediante la Comisión de la Energía se puede interpretar por qué se frenó esa OPA que tenía todas las garantías posibles, y
curiosamente en otras OPA que tenían menos garantías en su momento, por ejemplo la de Hidrocantábrico que se realizó en América Latina, en Perú, no se puso ningún reparo por parte de la Comisión de la Energía, y una OPA bien calculada, bien
preparada, con todas las garantías, no prosperó. La libertad de mercado pasa por no intervenir en este aspecto.
Otro ejemplo que nos preocupó y que muestra lo que fue la pasada legislatura es la ley antimorosidad que no se llegó a implementar, implementación de una normativa europea. Esta ley tenía una finalidad, que todos compartiremos que es el
pago a treinta días entre los sectores privados incluso también en la Administración. Esta ley, a nuestro entender, tenía dos problemas, primero, que no garantizaba la libertad para todos y segundo, que afectaba a los ayuntamientos que ya tienen un
grave problema en sus haciendas locales y que les obligaba a pagar a treinta días, lo cual podía producir el colapso a muchas haciendas locales. Esta ley antimorosidad, es el ejemplo de cómo no se puede funcionar y tenía dos excepciones. Primera,
la Ley de comercio y, segunda, la Ley de Contratos de la Administración del Estado. No es posible que todas las empresas privadas, incluso las administraciones públicas tengan que pagar a treinta
días, si no se ha prescrito lo contrario, y curiosamente queden dos grupos al margen de estos treinta días. Quedan al margen: las grandes superficies comerciales, que han basado su crecimiento en un modelo financiero del pago a noventa o
ciento veinte días, e incluso más, perjudicando a sectores productivos importantes y curiosamente también quedaban fuera las subcontratas de las empresas que contrataban con el Estado la obra pública, que podían seguir pagando a ciento veinte,
ciento noventa o lo que hiciera falta. Es decir, estamos creando grupos empresariales que se basan en el modelo de financiación pero no tienen en su base un modelo de competitividad en lo que respecta a la obra pública o en las obras que hacen
referencia al Estado. Este no es el modelo. El modelo es para todos y si la pequeña y mediana empresa tiene que pagar a treinta días, también tienen que hacerlo los grandes grupos económicos que se dedican a la construcción o los grandes grupos
que se dedican a la distribución comercial. Creo que no es el ejemplo. En estos últimos ocho años hemos visto un proceso de privatización de sectores públicos que podemos compartir en algún aspecto, y es un proceso que empezó antes del Gobierno
del Partido Popular, que ha tenido dos elementos paradójicos e incluso perversos. En primer lugar, hemos asistido a la creación de lo que podríamos definir en algunos ámbitos de monopolios privados en algunos ámbitos energéticos, de la
electricidad, en los carburantes hemos asistido a la creación y consolidación de monopolios privados que no son precisamente el mejor acicate para la competitividad y para el crecimiento en igualdad de condiciones. El otro efecto perverso ha sido
territorial: la privatización de grupos como Telefónica, necesaria, o Endesa ha conllevado a una concentración en la capital del Estado de buena parte de la dirección, comercialización y del diseño estratégico corporativo de estos grupos. El caso
paradigmático es el de Endesa, grupo que opera un 40 por ciento en Andalucía, un 40 por ciento en Cataluña y el centro de decisión está en Madrid. A nadie se le escapa que Endesa no opera en la Comunidad Autónoma de Madrid. Opera en Andalucía y en
Cataluña con un 80 por ciento de su pastel de mercado y curiosamente queda un 20 por ciento que se reparte entre las Islas Baleares, Extremadura y una parte de Aragón, pero en Madrid no. Concentración territorial de un elemento importante el que
lleva esta hiperconcentración, que luego trataremos, de servicios, antes públicos y ahora privados que tiene este efecto perverso también sobre la economía.
Sobre las garantías de los órganos reguladores ya hemos hecho referencia y consideramos que este Gobierno tiene la responsabilidad de crear las condiciones en el mercado de valores, en telecomunicaciones, en el sistema energético de igualdad
para todos y sobre todo de intentar abrir la sensación de estos monopolios privados que han creado incluso lo que podíamos definir como castas en la pasada legislatura me refería a la monopoli people, la gente del monopolio, grupos de conocidos,
allegados al anterior Gobierno que se han consolidado en esferas de poder y en estos momentos no son el mejor apoyo a una libertad de mercado e igualdad de oportunidades.
En tercer lugar, lo que definíamos como el modelo territorial. La preocupación del Grupo de Esquerra Republicana que definiríamos como la situación del arco mediterráneo, comunidades autónomas, territorios, naciones, como se las quiera
llamar, que han tenido un gran proceso industrial de productividad que han sido importantes y básicas para el crecimiento de todo el Estado, para la redistribución de riqueza dentro del Estado y que en estos momentos han sufrido esta
hiperconcentración a la que aludíamos antes de inversión pública en la capital del Estado, inversiones viarias, elementos perversos de la privatización de servicios públicos; consideramos que no es bueno el modelo unipolar. Es necesario un modelo
multipolar con diferentes zonas y puntos regionales de crecimiento que creen un efecto horizontal. En este mismo modelo de desequilibrio territorial, de hiperconcentración de recursos y de decisiones, por ejemplo, puede haber una descentralización
de los órganos reguladores. El ejemplo lo tienen en la República Federal de Alemania, o incluso tienen el ejemplo en Italia, que no es precisamente un modelo de descentralización; la Comisión de Telecomunicaciones en Italia está en Nápoles, no en
Roma, y la del Mercado de Valores en Milán. Yo creo que es un ejemplo a seguir que también ayudaría a descongestionar toda la capital del Estado.
En lo que hace referencia al modelo territorial, nuestra preocupación por el modelo de financiación de las comunidades autónomas. En el Grupo de Esquerra Republicana, y Esquerra Republicana en la pasada legislatura estaba en el Grupo Mixto,
no votamos el modelo de financiación de las comunidades autónomas del año 2001, votamos contrariamente, incluso seguimos hasta el final, en el cambio normativo que implicaba la cesión de tributos a las comunidades autónomas fuimos, junto con el
Bloque Nacionalista Galego, los únicos grupos que presentamos enmienda a la totalidad. Nosotros creemos que este modelo de 2001 no soluciona el problema que tenemos, no sólo en Cataluña; las Islas Baleares tienen una situación parecida, no
soluciona lo que nosotros consideramos que es una marginación del modelo catalán, que es el enorme déficit fiscal. Hay un enorme déficit fiscal. Convendremos todos en que estamos de acuerdo en crear modelos de solidaridad, pero lo que nosotros
pedimos en primer lugar es transparencia. La transparencia puede ser de diferentes tipos.
El señor Sánchez i Llibre, del Grupo de Convergència i Unió, aludía anteriormente a lo que ellos definían como las balanzas fiscales, pero la transparencia
es necesaria. Un modelo fiscal produce legitimidad cuando hay transparencia, saber cuáles son los flujos económicos, quién sale beneficiado, quién paga
más, quién es más solidario, pues a veces algunas opiniones que se ceban básicamente sobre catalanes como insolidarios se acabarían rápidamente si se viera quién es el más solidario, quién aporta más a las arcas del Estado.
En segundo lugar y esto es unánime en Cataluña, todos los grupos parlamentarios en el Parlamento de Cataluña coinciden con la necesidad de mejorar el sistema de financiación, incluso el Grupo Popular en Cataluña ha señalado también que él
considera que hay un trato que podría ser perfectible en la fiscalidad en Cataluña, y esta unanimidad nos ha llevado a un acuerdo del Gobierno de la Generalidad que requiere dos cosas: decía antes transparencia, pero también la necesidad de que,
como lo pide también Andalucía, en el futuro se disponga de una Agencia Tributaria propia desde el Gobierno de Cataluña.
En tercer lugar, una reflexión que también fue fruto del acuerdo del nuevo Gobierno catalanista y de izquierdas en Cataluña, la necesidad de abrir el impuesto sobre sociedades a la participación de las comunidades autónomas. Yo creo que
éste sería un elemento positivo para las comunidades autónomas que han tenido secularmente un desarrollo y una capacidad de innovar en materia industrial y empresarial.
En ese sentido, la reflexión que nosotros creemos necesaria es sobre el problema de la sanidad. Fue de las razones por la cual nosotros no compartimos el modelo de financiación de las comunidades autónomas del año 2001. El modelo sanitario
es un modelo que produce déficit en Cataluña, no es el mismo problema que puedan tener todas las comunidades autónomas, y aquí no es que unos quieran más, sino sencillamente es que hay necesidades diferentes, es lo que los economistas conocen como
la elasticidad de la demanda; una sanidad más sofisticada requiere mejor financiación. Y esto no va en contra de mejorar las condiciones sanitarias del resto de comunidades autónomas, todo lo contrario, pero aquí hay un problema más complejo.
Seguramente la sanidad catalana es de las más sofisticas, incluso de hecho muchos pacientes de diferentes comunidades autónomas vienen a tratarse en Cataluña; existe un fondo de compensación, pero esta no es la solución para mejorar la situación
crítica y crónica ya de la sanidad catalana.
Un segundo tema sobre el que tenemos que reflexionar del modelo de financiación de las comunidades autónomas es el aspecto de la inmigración. La inmigración no es un fenómeno igual en todas las comunidades autónomas. Hay comunidades
autónomas que tienen más población inmigrante y requieren más servicios sociales, más política social, y también en los ayuntamientos tienen este problema. Creo que el enfoque de un nuevo modelo de financiación también tiene que buscar algún tipo
de módulo que se refiera a lo que es el contingente de población, porque tiene más gasto social, más gasto en diferentes políticas educativas, sociales o de vivienda.
Un aspecto que nosotros consideramos que hay que tratar también, porque a veces incluso se ha visto como un problema, es el hecho de tener una lengua diferente a la castellana. En el caso de la Comunidad Autónoma de Cataluña, el catalán,
consideramos que también tiene que reflejarse en el futuro en los diferentes modelos de negociación de las comunidades autónomas en cuanto a financiación, porque eso también tiene un gasto, y no tiene que ser visto como un problema, sino todo lo
contrario, es una riqueza pero requiere un gasto que otras comunidades autónomas no tienen.
Finalmente, me gustaría hacer referencia al modelo fiscal, al que usted se ha referido. El Grupo de Esquerra Republicana está a favor de un marco fiscal en el que se priorice y se mejore la competitividad de las nuevas empresas y un trato
diferenciado a la pequeña y mediana empresa. Aquí siempre nos encontrará a su lado. También consideramos necesario mejorar las condiciones fiscales de aquellas empresas que reinviertan en innovación. Este debe ser el reto de esta legislatura.
Cuando desde Esquerra decíamos que era necesario dar un giro al modelo de crecimiento, este modelo pasa por incentivar la inversión en nuevas tecnologías y en innovación. Este debe ser el eje de la nueva política fiscal en las empresas. Asimismo,
se deberá redimensionar la presión sobre las rentas del trabajo y las rentas del capital, pues en los últimos años hemos visto cómo había una descompensación que no beneficiaba a la economía productiva.
Antes de finalizar quiero hacer una reflexión contra el fraude fiscal. La Asociación de inspectores, la APIFE, en una publicación del año pasado decía que la sensación que se tenía era de falta de rigor por parte de los mandos de la Agencia
Tributaria para la persecución del fraude fiscal y que sólo se perseguía básicamente a aquellos que declaraban. No se buscaban con más ahínco las grandes bolsas de fraude fiscal. Y si sólo se investiga a los que declaran como se decía en las
declaraciones de la APIFE, al final acaban pagando los de siempre: asalariados y empresarios de la empresa productiva que declara, no aquellos que no declaran. En este sentido sí creo necesario algún esfuerzo del nuevo Gobierno.
Esta es nuestra valoración. Le pedimos, señor ministro, sobre todo, sensibilidad con este modelo productivo, la necesidad de dar el giro en el modelo de crecimiento, que he mencionado al principio de mi intervención, porque este modelo es
insostenible en las condiciones de competitividad con la ampliación europea y con los nuevos mercado emergentes.
El señor PRESIDENTE: Señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señoras y señores diputados, arratsalde on danorí. Como portavoz del Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) en esta Comisión, quisiera, antes que nada, felicitarle por su nombramiento como vicepresidente y ministro
de Economía
y Hacienda y desearle éxito en su gestión que redundará en beneficio de todos. Espero, sinceramente, que podamos establecer una positiva relación entre su Gobierno y nuestro grupo parlamentario, olvidando algunos modos y maneras de la
pasada legislatura. Quisiera agradecerle, igualmente, su presencia en esta Comisión y las explicaciones que nos ha ofrecido a lo largo de su intervención.
Desde el Grupo Parlamentario Vasco queremos, señor vicepresidente, concederle un margen de confianza de 100 días para que pueda diseñar con cierto sosiego las líneas básicas de la política económica de su Gobierno para la presente
legislatura. Seguro que podremos debatir mucho más a fondo cuando presente en esta Cámara los presupuestos para el año 2005.
Sin embargo, quisiera aprovechar la ocasión para poner sobre la mesa algunos de los ingredientes básicos que van a formar
parte del discurso económico del Grupo Vasco durante los años próximos, así como transmitirle algunas preocupaciones que me han asaltado tras su intervención. Nuestras ideas y nuestras preocupaciones son, algunas de ellas, sobradamente conocidas y
expuestas en esta Cámara en debates pasados.
Se presenta, señor vicepresidente, un panorama económico favorable para los próximos años, lo que va a facilitar su gestión, un panorama no exento de incertidumbres al cual, curiosamente, usted no ha hecho referencia. Quizá yo sea un
clásico en esto del análisis económico, pero siempre me facilita tener un marco y un escenario, una especulación sobre el futuro de la economía, para situar dónde voy a moverme en el ámbito de la política económica. Usted va a gozar de un entorno,
posiblemente pujante en Estados Unidos y Japón, por encima del 3 por ciento, en los próximos años y una recuperación también de la economía europea, con unos crecimientos, aun siendo modestos, bastante superiores a los que hemos observado a lo largo
de estos últimos años. Hoy el secretario de Estado ha hablado de un crecimiento para este año del 2,8 por ciento, según la OCDE el 2,9 y posiblemente para el año que viene del 3 por ciento, que es un dato realmente favorable, con una inflación, a
pesar de los últimos datos, relativamente moderada no nos tenemos que asustar tampoco en exceso conociendo los datos de inflación de épocas no muy lejanas, unos tipos de interés bajos, una deuda sobre el PIB controlada, pero también con unas
enormes incertidumbres que no se nos escapan a ninguno: la evolución de los precios energéticos, de los mercados financieros, del terrorismo internacional, de la guerra de Irak, de la posible burbuja inmobiliaria, de la apertura del Este, etcétera.
La economía española, como usted ha apuntado, también tiene unas debilidades importantes. Cuando su grupo parlamentario estaba en la oposición, junto con el Grupo Vasco, hemos coincidido en gran parte del discurso económico, lo que deseo
que se produzca también en el futuro. Sé que nos va a costar ponernos de acuerdo en otras muchas cuestiones, pero seguramente coincidiremos en destacar la escasa productividad de la economía española y los riesgos que ello acarrea de cara a
garantizar un crecimiento sólido y sostenido. Esta es una grave carencia del sistema productivo. Un modelo de crecimiento basado en el consumo y en el mercado inmobiliario es enormemente frágil, es necesario impulsar, como usted ha señalado, la
inversión, la exportación, como garantías de rentabilidad y competitividad.
Otra debilidad importante de la economía española es el nivel de desempleo, todavía en torno o superior al 11 por ciento y el empleo precario y temporal que existe en la economía. El déficit tecnológico, el déficit de infraestructuras, la
distancia con Europa en materia económica, en prestaciones y en gasto social también han de tener una respuesta adecuada desde su Gobierno. En nuestra opinión, su política ha de orientarse sin complejos hacia la resolución de estas y de otras
debilidades de la economía. Si va por este camino tendrá nuestro apoyo, aunque he de confesarle que no he sacado una impresión muy favorable de esta primera intervención suya en este sentido. Me ha parecido una intervención permítame, señor
vicepresidente bastante light y continuista con la política del PP. Si usted no está de acuerdo con mi impresión espero que me corrija, pero es una impresión real y altamente preocupante, porque me da la sensación de que va a ser un poco más de lo
mismo y esto, sinceramente, insisto, me preocupa.
En el último debate de totalidad de los presupuestos para el año 2004, el que es hoy su presidente decía, entre otras muchas cosas, lo siguiente que quisiera destacar. Decía el señor Zapatero que afrontar los problemas referentes al capital
físico, tecnológico, a la innovación y al capital humano significa orientar la economía hacia un crecimiento de la productividad con empleo que será el eje de nuestra política económica de futuro. Completamente de acuerdo. Y continuaba el señor
Zapatero diciendo: Yo le quiero decir una cosa se refería obviamente al señor Montoro y es que desde luego con un gobierno socialista no habría superávit mientras tengamos déficit de familias con vivienda, de mayores con plazas residenciales, de
escuelas con recursos, con becas para estudiantes y lo que representan tantas necesidades sociales. Creo que estas declaraciones marcan bien a las claras los objetivos y las líneas básicas de la política presupuestaria que nuestro grupo, el Partido
Nacionalista Vasco, comparte. Con estos planteamientos saltan por los aires los cimientos de las leyes de estabilidad presupuestaria a las que usted ha evitado referirse explícitamente. Nos ha hablado de estabilidad, del concepto europeo,
etcétera, pero no de las leyes de estabilidad. Como usted bien sabe, nuestro grupo se ha opuesto frontalmente a estas leyes y lo ha hecho argumentando en dos sentidos: desde el punto de vista económico negar la posibilidad
de que exista déficit público es un sinsentido y una estupidez, tal y como lo calificaba el viejo profesor Estapé. Desde el punto de vista político y competencial supone una intromisión en los gobiernos autónomos, forales, municipales, sólo
explicable desde la invasión y la involución competenciales. El señor Sevilla, entonces portavoz del Grupo Socialista en esta Comisión y hoy ministro de Administraciones Públicas, al debatir las leyes de estabilidad señalaba lo siguiente. Todo
fanatismo es malo, por ejemplo, el monetario, pero también el presupuestario. ¿Por qué definir hoy por ley la estabilidad presupuestaria como de déficit cero o incluso superávit? Digo por ley. Eso es lo que decía el señor Sevilla, quien reconocía
explícitamente más adelante que estas leyes innecesarias suponen una involución respecto a nuestro actual Estado de las autonomías. Creo, señor vicepresidente, que estas palabras le dejan en una situación relativamente incómoda a tenor de lo que le
he escuchado esta tarde.
Señor vicepresidente, nuestro grupo, como el suyo, no está en contra de la estabilidad presupuestaria, siempre hemos venido defendiendo y me remito a los diarios de sesiones la filosofía del Pacto Europeo de Estabilidad y Crecimiento, en
el que la definición de estabilidad no coincide con las susodichas leyes. Estamos de acuerdo con la idea del pacto que comenzó a elaborarse en el Consejo Europeo de Florencia, que cristalizó en el de Amsterdam, y que hoy está siendo cuestionado en
la Unión Europea. ¡Qué le voy a contar a usted, señor vicepresidente sobre esta cuestión! Por lo tanto, desde el Grupo Vasco le solicito, señor vicepresidente, que proceda, con la mayor brevedad posible, a derogar las absurdas leyes de estabilidad
o, más bien, a impulsar un proyecto de ley que conduzca a la derogación de estas leyes. Como medida cautelar puede plantear la suspensión de la aplicación de la misma. Al igual que su Gobierno plantea suspender la aplicación de la Ley de Calidad
de la Educación, puede también hacerlo con estas leyes. Como usted bien sabe, el déficit de las comunidades autónomas es reducido y las corporaciones locales tienen globalmente que es lo que cuenta superávit. Si lo que desea es coordinación y
colaboración utilice los instrumentos que tiene al efecto: el Consejo de Política Fiscal y Financiera, para las comunidades de régimen común, y la Comisión Mixta del Concierto Económico, en el caso de Euskadi. Estoy convencido de que la mayoría de
los grupos de esta Cámara apoyarían entusiásticamente la derogación de esas absurdas leyes de estabilidad.
Señor vicepresidente, el reto presupuestario que se le presenta es de gran envergadura. Si de verdad quiere hacer frente a los déficit económicos y sociales planteados, si desea impulsar el gasto en infraestructuras, en I+D+I y en formación
y eliminar las distancias con Europa en materia económica y social, no lo va a poder hacer tal y como lo plantea, es decir, simplemente manteniendo la presión fiscal, manteniendo el gasto público sobre el PIB y manteniendo el equilibrio
presupuestario, y actuando tan sólo a través de la eliminación o reordenación del gasto público improductivo según usted dice o a través de la lucha contra el fraude fiscal. Tampoco podrá hacerlo y esto me ha preocupado enormemente creando una
base nacional de datos sobre subvenciones para ver si las administraciones públicas aplican bien las subvenciones.
Ustedes aplíquenlas bien en su ámbito, que otras las aplican también en el suyo. Generar este tipo de base de datos y este tipo de
confusiones no creo que lleve, desde luego, a nada productivo. Créame si le digo que la aplicación de las subvenciones europeas al menos en lo que yo conozco mejor que pueden ser las instituciones forales o el Gobierno vasco funciona
perfectamente. Lo que usted plantea, señor vicepresidente, a corto plazo puede no tener ninguna eficacia. A largo plazo hablar de reordenación del gasto y de lucha contra el fraude me parece positivo y, además, como conceptos y como ideas me
parecen buenas. En ese camino también nos encontraremos. Pero para plantear realmente un cambio radical en la política presupuestaria que efectivamente y de verdad afronte los problemas de la economía española eso no es en absoluto suficiente.
Creo que son simplemente palabras que son fáciles y que suenan relativamente bien pero que no llegan al fondo del problema ni lo resuelven.
Señor vicepresidente, siendo los problemas y las distancias con Europa tan grandes quizás tendría que plantearse la posibilidad de ganar margen de actuación presupuestaria en términos de déficit sobre el PIB, por ejemplo, llegando a un 1 por
ciento, sin complejos. Europa está superando el 3 por ciento y tiene sus problemas, pero yo no le estoy diciendo ni siquiera el 3 por ciento; le estoy diciendo el 1 por ciento y además para cuestiones específicas que vayan encaminadas a cubrir
déficit concretos, déficit que su grupo parlamentario al menos cuando estaba en la oposición defendía con toda firmeza. En ese discurso era en el que nuestro grupo le apoyaba y en ese discurso es en el que nuestro grupo le apoyaría también en el
futuro. No se puede permitir que la supuesta estabilidad macroeconómica impida sentar las bases de un modelo económico más sólido y socialmente más justo. Señor vicepresidente, la macroeconomía, siendo importante, no puede ocultar las injusticias
y los problemas microeconómicos de las empresas, de las familias, de los colectivos que quiera, discapacitados, inmigrantes, etcétera. También en la búsqueda de la eficacia y de la eficiencia del gasto público, así como en la lucha contra el fraude
fiscal
como le decía tendrá todo nuestro apoyo si de verdad quiere conseguirlo.
Pero la búsqueda de la eficacia y la eficiencia, señor vicepresidente, le va a llevar necesariamente más allá de lo que seguramente usted está pensando en este
momento. Le va a conducir a considerar lo que desde el Grupo Vasco venimos defendiendo y demandando con insistencia que es la pendiente reforma
del gasto público. Esta reivindicación es una reivindicación clara del Grupo Vasco, no sólo porque en Euskadi existe un estatuto de autonomía incumplido y desfigurado en su contenido con las aprobaciones sucesivas de leyes básicas, sino
también porque sitúan las competencias y los servicios donde deben estar, que es una condición necesaria para que el gasto realizado sea eficaz y eficiente. De lo contrario, nos quedamos sólo en las palabras. En el último debate presupuestario
señalaba que este era el ánimo y el espíritu, desde el punto de vista económico, del nuevo estatuto político presentado en el Parlamento por el Gobierno vasco tripartito y hoy en discusión. A modo de ejemplo, le señalaré que una política de I+D+I
sólo se puede instrumentar, y usted lo sabe, eficazmente mediante una red de centros tecnológicos pegados a su tejido industrial a las necesidades de los clusters. Señor vicepresidente, ésta es una de las múltiples transferencias pendientes desde
hace 25 años y previstas en el Estatuto de Autonomía de Gernika, y hoy usted nos habla de un substrato científico nacional al hablar de innovación. Este argumento va en dirección contraria a lo que defiendo, al sentido común y a la búsqueda de la
eficiencia y eficacia, algo que me preocupa enormemente.
En Euskadi, como sabe, queremos poner en marcha el nuevo modelo económico, con el que seguramente usted estará de acuerdo, lo que el lehendakari Ibarretxe denomina la segunda transformación de Euskadi. Un modelo basado en el conocimiento,
la educación, la formación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida constituyen los elementos fundamentales, algo que creo que es compartido. Pero, para ello, necesitamos competencias, financiación y un compromiso por su parte de no intromisión
competencial, fomentando el diálogo institucional y la necesaria cooperación y coordinación en el marco de la Comisión Mixta de Concierto.
Para concluir, señor vicepresidente, me referiré a algunas cuestiones y conflictos interinstitucionales puntuales pero que, para nuestro grupo parlamentario, son de una gran importancia, y también está en sus manos y en su voluntad política
la posible resolución de los mismos. Como usted bien sabe, de manera discrecional el Gobierno del Estado ha negado los recursos a la Fundación vasca para la formación continua, Hobetuz, recursos que provienen de las cuotas que pagan los
trabajadores vascos para tal fin. Por cuestiones estrictamente políticas y caprichosas del Partido Popular en su día, esta fundación dejó de percibir más de 5.000 millones de las antiguas pesetas cada año que le correspondía recibir.
Además del
problema de la falta de recursos, se ha producido un solapamiento y una confusión entre Hobetuz y Forcem, que va en contra de la eficacia y de la racionalidad en la utilización de los recursos públicos que usted y yo, entre otros muchos, defendemos.
Desde el grupo vasco le reclamamos, señor vicepresidente, que trate de solucionar o interceda en su gobierno para la resolución de este problema.
Por otro lado, señor Solbes, nuestro grupo parlamentario trabajará a favor de una comunicación fluida entre su gobierno y las instituciones públicas vascas, Gobierno vasco, diputaciones o ayuntamientos. Hay órganos de encuentro para tal
fin, como la Comisión Mixta de Concierto. Queremos y debemos evitar la judicialización del concierto y de las relaciones interinstitucionales. Desde el grupo vasco le instamos, señor vicepresidente, a que se reúna, en el marco de la Comisión Mixta
de Concierto, para debatir y resolver estas cuestiones pendientes, entre las que cabe destacar la liquidación del cupo del año 2001, la de la famosa deducción periódica de los 32,2 millones de euros, los gastos derivados de la catástrofe del
Prestige o el olvido de las inversiones del Estado en Euskadi u otras cuestiones que se puedan plantear. Señor Solbes, sabe que la liquidación del cupo, refiriéndome al tema de los 32 millones de euros, ha sido objeto de debate y de acuerdo
político en multitud de ocasiones no ha sido necesariamente siempre pacífica la liquidación, y se ha llegado siempre a un acuerdo, como no puede ser de otra manera; pero también sabe usted, señor vicepresidente, que no puede descontar legalmente
dicho importe del ajuste IVA que debe abonar a las instituciones vascas. En mi opinión, no se pueden ni se deben mezclar las cuestiones. Esto es como si un ciudadano de Madrid no paga el IRPF a la Administración tributaria porque ésta no le ha
abonado el IVA. Esto es un juego complicado. En este sentido, es importante normalizar las relaciones interinstitucionales, y nuestro grupo parlamentario trabajará para ello.
También quisiéramos, tal y como contempla el Estatuto de Gernika, formar parte del consejo de administración de SEPI, especialmente ahora que el tema de Babcock Wilcox y el de los astilleros de Sestao, de Izar, nos afecta a los vascos tan
directamente. Señor vicepresidente, en este caso tengo que agradecer al Partido Popular que nos facilitara la relación con el presidente de SEPI, y la información fue bastante fluida y favorable.
Desde el Grupo Vasco le ofrecemos esta colaboración
leal en estos temas.
Yo quisiera hacer hincapié en esta cuestión por algo especialmente puntual: no venga después, señor ministro, a pedirnos colaboración cuando los temas no tengan solución. Usted sabe que el futuro de los astilleros de Izar, de
Sestao, está en entredicho. Insisto y lo haré las veces que haga falta en que queremos participar activamente en el diagnóstico y en la resolución de los problemas que afecten directamente a Euskadi. No olvide en este tema, señor vicepresidente,
al Gobierno vasco, ni a su departamento de Industria, ni a este grupo parlamentario. Si quiere hacerse eco hoy especialmente de alguna de las cuestiones que le transmite el grupo parlamentario, hágase eco de esta última.
Es también voluntad del Grupo Vasco y del Partido Nacionalista Vasco participar en órganos e instituciones del Estado como reflejo de la normalidad institucional y política. Creemos que es muy importante imprescindible, diría yo formar
parte del Consejo del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de la Comisión Nacional de la Energía, de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, etcétera, y no creo que sea ninguna cosa rara para la participación que le
estoy planteando, porque en el pasado se ha dado. En estas cuestiones también podremos calibrar el talante de este Gobierno, al que queremos dar sinceramente un voto de confianza, al menos los primeros cien días.
Eskerrik asko, señor vicepresidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Ángel Pérez.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Señor vicepresidente, en primer lugar quiero felicitarle por su nombramiento y agradecerle lo que creo que es un intento de concreción, en una intervención relativamente breve, a la hora de explicar la política
económica de su Gobierno para esta legislatura.
Debe usted saber que su comparecencia ha creado expectativas en nuestro grupo. Por eso, y porque quisiéramos ser claros al hablar de nuestras preocupaciones, deseo decirle que fue sobre los temas de
su ministerio, en el debate de investidura, donde manifestamos más dudas, nos hicimos más preguntas y tuvimos menos respuestas. Aunque la legislatura haya comenzado con acontecimientos internacionales que reclaman evidentemente la atención de los
medios de comunicación o con negociaciones más o menos afortunadas en Europa, insisto en que es en los temas de su ministerio en los que nosotros seguimos teniendo mayores incertidumbres. Para nosotros la economía es el viejo debate de la manta,
que es un debate sencillo.
Unos dicen que, grande o pequeña, la manta siempre tapa a los mismos y los mismos insisten en que la manta siempre es pequeña y piden siempre más sacrificios a los que están más descubiertos.
Desde el máximo respeto y consideración, en este marco nosotros hemos oído que los mercados han respirado tranquilos con su nombramiento. Yo lo que le pediría esta tarde, señor vicepresidente, es que tranquilice a buena parte de la gente
que en este país tiene muchos motivos para sentirse insegura y para tener grandes incertidumbres en el futuro por su relación con el modelo laboral, por lo que tiene que ver con las carencias y con los déficit sociales y con lo que tiene que ver con
las políticas públicas. Son muchas las personas que en este país, ante la política económica, tienen serias incertidumbres. Y quizás debiera ocuparse algo que se llamara psiquiatría política del fenómeno de que cuando los mercados respiran
tranquilos somos muchos los que nos ponemos de los nervios. ¡Para qué decirle otra cosa, señor vicepresidente! Si la tranquilidad es porque intuyen continuidad en la política que venía aplicando el anterior Gobierno, nosotros estaremos preocupados.
Si la tranquilidad de los mercados es porque creen que su gestión no les va a afectar, nos tendrán con el alma en vilo. Yo creo que ya habrá adivinado que somos de los que pensamos que la política económica no es neutra; que la política económica
en cualquier caso no es ni buena ni mala si no se contesta siempre a la segunda parte de la pregunta, que es para quién.
La política económica y fiscal que ha practicado el Gobierno anterior ha ido dirigida a beneficiar a sectores amplios, no mayoritarios, pero sí amplios, de la sociedad, de los más favorecidos, de rentas medias y altas, en lo que nosotros
creemos que ha sido una política inteligente para su modelo social conservador. De otra parte, ha sido una política que ha generado escepticismo y desconfianza hacia todo lo público a través de su deterioro y a través de las ventajas al ámbito de
la economía privada, en el ámbito de políticas sensibles, como la sanidad o la educación. Lo cierto es que la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos españoles sufrieron el ajuste de los ochenta con la promesa del bienestar, que no siempre llegó;
en los primeros noventa la expectación de la apertura de la economía española prometía estabilidad y riqueza y a finales del siglo xx y principios del siglo xxi se sigue oyendo el discurso de la desregulación, de la flexibilidad y de la
productividad.
No tenemos nada en contra de las palabras, pero no es lo mismo hablar de la productividad que se relaciona con la precarización del trabajo y con la sobreexplotación que de la productividad que deviene del I+D+I, las infraestructuras
realmente productivas, la formación y el desarrollo científico y técnico como factor de cohesión social y territorial; no tiene nada que ver la productividad enfocada desde un punto de vista o desde otro. A estas alturas, después de estas décadas,
ya son muchas y muchos los que empiezan a reclamar un cambio real que se ocupe de la mayoría.
La primera pregunta que tenemos es clara y sencilla: ¿Habrá un cambio en la orientación de la política económica? Aunque algo ha dicho, añadiríamos: ¿Un cambio coherente con la nueva etapa política? ¿Habrá una apuesta por la economía
productiva? ¿Habrá una apuesta por la economía tendente a un modelo más sostenible y eficiente? ¿Habrá una apuesta por una política económica para el empleo estable, de calidad, que acabe con la discriminación desfavorable para mujeres y jóvenes?
¿Habrá una política económica para una distribución más justa de la riqueza? En nuestra opinión, el modelo actual se basa en la existencia de mano de obra barata y precarizada, concurriendo además el abuso desmesurado del fenómeno migratorio; en
el consumo de las familias y su consiguiente endeudamiento y en la expansión del sector de la construcción, en el que en los últimos tiempos parece ser que se aprecia cierta desaceleración.
El número de puestos de trabajo
creados en este país lo ha sido a costa de baja productividad y de precarización del mercado laboral y, aunque es cierto que ha aumentado el número de asalariados basta con poner Televisión Española, que decía todos los días que había más
asalariados, no lo es menos que la remuneración del trabajo en la renta nacional ha perdido peso. Ese es un contraste que es bueno retener a la hora de hablar del incremento de los puestos de trabajo del que el anterior Gobierno tanto se ufanaba.
La política de privatizaciones por principio y el deterioro de las políticas públicas ha sido otro eje de esa política. Y hablando de las herencias, nos gustaría saber cómo enfoca su ministerio problemas como el de Izar o el de la minería en cuanto
a la devolución de subvenciones a la Unión Europea. En definitiva, lo que quisiéramos oír en este apartado, señor vicepresidente, es que se ha acabado con las rebajas en el modelo laboral, que se ha acabado la economía barata, que se ha acabado la
economía del contrato basura, que se ha acabado esa gran estrategia pseudomoderna de que lo único competitivo es el trabajo y su salario, que es algo que ya sabían los faraones del Antiguo Egipto, que por supuesto entonces era moderno.
En el proceso de incorporación y ampliación europea no se puede seguir basando la competitividad en el bajo coste de la mano de obra, como demuestran por otra parte los procesos de deslocalización industrial que estamos viviendo. Para
nosotros es absolutamente necesaria e imprescindible una política industrial activa, respetuosa con el medio ambiente y que promueva la cohesión social y territorial. En otro orden de cosas, sabemos que una parte del incremento de la demanda se
pierde en el exterior, creando renta y empleo en otros países, como lo revelan los déficit comerciales, pero el problema de los precios no debería suponer una nueva vuelta de tuerca a los costes laborales y fiscales Antes bien, seríamos partidarios
de impulsar medidas reguladoras que reconduzcan comportamientos de sectores que actúan a salvo de la competencia. Antes hablaba el señor Puigcercós, entre otras cosas, de los monopolios privados; así los calificaba él y creo que está bien así.
Son necesarios cambios en el sistema productivo que hagan que empresa no signifique beneficio, sobreexplotación y subida de precios y sería deseable también la ejemplaridad en la limitación de subidas de tarifas a la inflación prevista, entre otras
cosas para que la inflación no se convierta de hecho en un impuesto directo a los trabajadores. Por otra parte y en esta cuestión, la liberalización de los servicios no se ha demostrado nunca eficaz. Para nosotros, apostar por el empleo estable y
de calidad es la estrategia que debe servir a largo plazo para aumentar la calidad de la producción, la competitividad y la productividad, tal y como nosotros la entendemos.
Y para todo esto las cuentas públicas juegan un papel esencial. Nos gustaría saber, ingeniería financiera incluida, cuál es el déficit real del 2003 y cuál es el previsto a fin de año. Querríamos saber si es usted partidario de que
garantizar el gasto social exige privatizaciones o el copago en servicios públicos. Quisiéramos saber a qué obedece esta lógica de que las políticas sociales pueden perdurar mientras haya patrimonio.
Nos inquieta la perspectiva de que se pueda
pensar tal cosa desde el Gobierno. ¿Cree usted que se deben promover retornos a la gestión pública de servicios privatizados? ¿Cree su Gobierno que Televisión Española es una necesidad social desde el punto de vista informativo, cultural, como un
activo de garantía democrática, de garantía de participación democrática? Evidentemente, no una necesidad económica desde una deuda de un billón de pesetas. Nos parece interesante hacer esta reflexión por lo que supone Televisión Española como una
cuestión de participación, de democracia, como en definitiva un servicio que nosotros consideramos necesario.
En cuanto a la política fiscal y presupuestaria, usted sabe que no compartimos el principio rector basado en el déficit cero, aunque usted habla y ha hablado aquí de equilibrio presupuestario. En cualquier caso, España dedica 7,4 puntos
menos del PIB a gasto social que la media europea. Cuando hablamos de esto, hablamos de la economía real y de la sociedad real; estamos hablando de las políticas sanitarias, de las pensiones, del apoyo a las familias, de la educación, de los
parados, de las políticas necesarias de integración para los inmigrantes, en un país donde es cierto que el producto interior bruto por habitante se ha acercado a la media europea, porque ha subido en los últimos años del orden de 3,4 puntos, pero
es también cierto que el gasto social corregido por el poder de compra se ha alejado en 2,1 puntos. De otra parte, la presión fiscal es inferior a la media europea. Para nosotros, pues, es importante reequilibrar los ingresos fiscales para hacer
frente al gasto social que nos equipare también en bienestar social con los países con los que nos queremos medir. Entendemos que combatir el fraude sea una intención del Gobierno y entendemos que sea una intención del Gobierno la austeridad en el
propio gasto de la administración, pero no creemos que eso pueda ser el cien por cien, ni tan siquiera un pequeño porcentaje, de los recursos que se necesitan para hacer frente a los déficit sociales que tiene hoy España. Y ahora que se
flexibilizan los criterios de estabilidad, un país con déficits sociales tan importantes como el nuestro debiera tener una política más flexible a favor de los que están hartos de ser flexibles en la contratación, de ser flexibles en los salarios,
de ser flexibles en las condiciones de trabajo y que han hecho verdaderos ejercicios de contorsionismo para adaptarse al discurso permanente que Gobierno tras Gobierno han hecho acerca de la flexibilidad, acerca de la productividad y acerca de la
necesidad de hacer una economía que efectivamente, desde el punto de vista de la manta, siga cubriendo a los que siempre ha cubierto. Como ve, nuestras prioridades
son: gasto social, política industrial, inversiones productivas, infraestructuras sostenibles, I+D, formación, desarrollo científico-técnico. Estas son nuestras prioridades y nuestras preocupaciones y desde ellas entendemos el crecimiento
y el reto de nuestra economía y a la nueva etapa política nosotros entendemos que debe corresponder un cambio en la política económica y sobre todos, los destinatarios de los beneficios del crecimiento.
Intento resumir, para facilitar también sus posibles respuestas. ¿Están ustedes de acuerdo en apostar por una economía productiva y sostenible que promueva empleo estable y de calidad? ¿Creen ustedes que se debe acabar con la fiesta de la
economía barata y diseñar una estrategia que haga competitiva nuestra economía desde la calidad, desde las inversiones, desde la investigación y desarrollo, la formación y, en definitiva, que no se base en la infrautilización de nuestras
posibilidades? ¿Qué política fiscal pondrá en marcha para hacer una política social con más becas, para aplicar la Ley integral contra la violencia doméstica, para esos 20.000 policías más, para tener más medios en la Administración de Justicia,
más apoyo a la familia? ¿Reequilibrarán ustedes los impuestos hacia una mayor capacidad de ingreso de los impuestos directos, esto es del impuesto sobre la renta de las personas físicas, del impuesto sobre sociedades, del impuesto sobre el
patrimonio? ¿Piensan introducir algún criterio de fiscalidad ecológica? ¿Reducirán beneficios fiscales? ¿Piensan adoptar medidas frente a los paraísos fiscales organizados por grandes entidades financieras? ¿Cree usted justo utilizar las
cotizaciones de los trabajadores y de las empresas a la Seguridad Social para equilibrar el déficit del Estado a razón de 4.000 millones de euros/año? ¿Se acabarán los trucos contables para cuadrar las cuentas? ¿Comparten ustedes con nosotros que
no son los salarios los que deben sufrir el ajuste de la inflación? ¿Piensan que aún se puede avanzar en procesos de privatización de entes, empresas o servicios públicos para sanear las arcas públicas?
Sin duda, para estas y otras muchas preguntas que podríamos formular habrá tiempo, pero para darnos esa tranquilidad que le pedí al principio de mi intervención, le pediría que nos contestara sólo a una: ¿Creen ustedes, cree usted, señor
vicepresidente, en definitiva, que otro Gobierno debe hacer otra política?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez Rodríguez, por Coalición Canaria.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Muy buenas tardes, en primer lugar quiero sumarme a esa felicitación del resto de los grupos al señor Solbes por su nombramiento como vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda y
desearle acierto en su desempeño, porque nos vendrá bien a todos.
No me voy a referir exhaustivamente a la intervención genérica que ha hecho, en cuanto a las líneas básicas de lo que debe ser la política económica de su Gobierno y la política presupuestaria y fiscal. Yo diría que en ese ámbito genérico
es difícil no estar de acuerdo. Simplemente voy a exponer una primera impresión de su intervención de hoy, de algunas entrevistas que he escuchado y leído y del propio programa del Partido Socialista Obrero Español. Creo que va a ser muy difícil
para el señor vicepresidente lograr que sin más presión fiscal, con racionalización del gasto y lucha contra el fraude, se pueda cumplir el ambicioso e interesante programa de giro social que llevó al Partido Socialista al Gobierno del Estado
español. Pienso que la política que apunta en términos generales en materia fiscal y presupuestaria hará difícil el cumplimiento de ese ambicioso programa, donde claramente hay un aumento de los compromisos de gasto, especialmente de gasto social,
para los próximos años. Con la estabilidad presupuestaria, sin más presión fiscal, simplemente mejorando y racionalizando el gasto de las administraciones públicas y luchando contra el fraude, a no ser que en este ámbito estemos hablando de
cantidades muy significativas, va a ser muy difícil cumplir esos compromisos. Señor vicepresidente, nos gustaría que fuera usted capaz de conseguir el cumplimiento del programa sin aumentar la presión fiscal, simplemente haciendo posible una mejor
gestión del gasto público y mejorando la lucha contra el fraude.
No me voy a referir a esos aspectos genéricos de su intervención, que ya tendremos oportunidad a lo largo de la legislatura de ir concretando, y sí a algunos asuntos que interesan de manera expresa a la comunidad a la que pertenezco. La
ampliación europea a la que usted escasamente se ha referido constituye un hito importante en ese ámbito supranacional, donde tenemos, evidentemente, comprometidos una parte de nuestros intereses, y en ese proceso de ampliación se van a provocar
cambios en las políticas de cohesión, en general en las políticas comunes y en las propias políticas de ayudas del Estado. Quería preguntarle con claridad
porque hubo algo de incertidumbre en una afirmación del señor presidente del Gobierno de España el pasado martes, creo, en el Senado sobre las dificultades que el régimen económico y fiscal va a encontrar en su convalidación en algunos
aspectos claves los próximos años; me refiero fundamentalmente a la zona especial de Canarias y a la reserva de inversiones como instrumentos básicos que han contribuido de forma decisiva a los cambios económicos y sociales que se han dado en mi
comunidad. Me gustaría que el señor vicepresidente y ministro de Economía y Hacienda me dijera exactamente cómo ve la situación, los plazos y los tiempos, las dificultades y por tanto el mantenimiento y respeto a las singularidades económicas y
fiscales de mi comunidad.
En segundo lugar, quisiera decir que este proceso de ampliación va a suponer cambios en la política de cohesión sabemos que se van a provocar en materia de fondos y también creemos que se producirán cambios en relación con las políticas
comunes. Hemos logrado que la Comunidad Autónoma canaria no esté en las modulaciones de esos cambios en la política agraria y pretendemos que el resto de las políticas comunes, especialmente las referidas al transporte y a la energía, tengan
también su adaptación a un hecho singular incuestionable, que es la lejanía y la insularidad. Querría asimismo conocer su opinión sobre cómo se van a desarrollar las políticas de transporte, de la energía o de las telecomunicaciones en un
territorio insular alejado como es el territorio canario.
En relación con el nivel del Estado español, hay una gran asignatura. Lo más complejo del proceso político de cambio que se ha iniciado en el modelo de Estado, donde seguramente tengamos más dificultades para encontrar la solución ideal, es
precisamente la financiación autonómica.
No va a ser sencillo cuadrar los intereses, las demandas legítimas de los distintos territorios del Estado español con los recursos disponibles y la necesidad de garantizar esa solidaridad interterritorial
que se reclama por parte del Gobierno. En este proceso ya ha dicho usted que a lo largo de esta legislatura, después de la evaluación del actual sistema, se podrán intentar cambios con el consenso debido. No obstante, me quería referir
especialmente al elemento con seguridad que más tensión genera en los gobiernos territoriales, que es la evolución del gasto sanitario. Y ahí habría que decir con claridad, porque si no podríamos estar engañándonos, que el problema no es tanto del
sistema de cómo se distribuyen los recursos, que también, donde puede haber tesis diferenciadas que si la estructura de edad de la población debe condicionar los recursos, la dispersión, en fin parámetros para discutir y hablar. El problema de
fondo del sistema sanitario público español es la asignación de recursos que tiene, claramente insuficientes para cumplir con una de las carteras de servicios más ambiciosa y con uno de los sistemas más gratuitos de todos los sistemas sanitarios
públicos del mundo. Con estos recursos será muy difícil mantener la evolución del sistema sanitario público español, al margen de cuáles sean las precisiones en cuanto a los criterios de distribución. No habrá cambios en el sistema sanitario, no
habrá resultados satisfactorios si no asignamos más recursos públicos a este servicio público esencial y vamos en un proceso de convergencia relativo con las economías de los países de la Unión Europea.
Me gustaría saber qué previsiones tiene su Gobierno en cuanto al gasto sanitario, a la asignación de nuevos recursos, sin perjuicio de que en su momento se distribuyan de una u otra manera en función del acuerdo entre comunidades autónomas y
Gobierno central. En relación con el tema canario, que me consta que conoce, voy a hacerle una serie de comentarios para tratar de conseguir compromisos. La Comunidad Autónoma canaria es una de las comunidades que en este proceso de 25 años de
democracia ha conseguido pasar del subdesarrollo a un nivel intermedio en cuanto a la generación de riqueza, infraestructuras y servicios y a ello ha contribuido de forma decisiva el sector servicios, el sector turístico, que ha sido determinante en
el crecimiento económico, en la generación de empleo y en la mejora del bienestar. Nuestro modelo de integración y el aprovechamiento que hemos hecho de los recursos de la Unión Europea en materia de infraestructuras y formación han contribuido a
mejorar las condiciones de vida y desarrollo de nuestra comunidad. Sin embargo, hay que ser conscientes también de que hemos generado nuevos problemas en la sociedad canaria. Tenemos una economía casi exclusivamente vinculada al sector servicios,
especialmente al sector turístico, tenemos serios problemas medioambientales como consecuencia de ese crecimiento turístico de las últimas décadas y tenemos serios problemas demográficos. El crecimiento demográfico de nuestra comunidad en la última
década se sitúa en torno al 3 por ciento anual, casi 60.000 personas se incorporan cada año a nuestra comunidad, de ellas casi 50.000 por razones migratorias y en torno a 10.000 por razones de crecimiento vegetativo.
Esto está generando un desbordamiento claro en los servicios esenciales, en las infraestructuras y en asuntos fundamentales que a lo mejor en territorio continental pueden tener otro tipo de soluciones, como es la producción de agua y
energía, dos elementos que necesariamente son consustanciales al hecho de un territorio alejado e insular y, por supuesto, problemas en materia de vivienda en virtud de que el elemento suelo, que lo es en el conjunto del Estado español, se agrava en
un territorio insular como el canario. Por todo ello, quería plantear al señor vicepresidente y ministro de Economía y Hacienda la necesidad de la cooperación del Gobierno central con la comunidad autónoma para romper la dinámica económica actual
en favor de la diversificación, la necesidad de que el sector primario mantenga su peso relativo actual, la necesidad de que el sector industrial adquiera un peso relativo mayor en los próximos años a través de los mecanismos e incentivos que
tenemos en marcha y contribuir también a la internacionalización de la economía canaria, especialmente en el África occidental, donde podemos constituir una plataforma indiscutiblemente positiva para los intereses de España y de la Unión Europea.
Hemos de seguir mejorando la formación de nuestra gente y hemos de establecer algún mecanismo que permita el control demográfico, porque la evolución demográfica de nuestra comunidad es realmente insostenible y se precisa, en el marco de la
legalidad europea y española, establecer unos mecanismos, aunque fueran provisionales, que eviten el crecimiento demográfico de los
últimos años, porque, si no, no acabaremos nunca de resolver los problemas de la sociedad local.
Señor ministro, espero que esas líneas generales de política económica, fiscal y presupuestaria le permitan cumplir con el ambicioso programa del Partido Socialista Obrero Español, que comparto esencialmente. Espero también que el proceso
de ampliación europea nos permita mantener las singularidades económicas y fiscales del Archipiélago y en la medida de lo posible el acceso a fondos estructurales y de cohesión; que las políticas comunes tengan la necesaria modulación en una
comunidad insular y alejada que lo condiciona absolutamente todo y que desde el Gobierno territorial con el Gobierno central se establezcan los mecanismos de cooperación y entendimiento destinados a garantizar el desarrollo económico equilibrado y
sostenible que pretendemos. Le manifiesto mi disposición, la disposición de mi grupo a mantener una estrecha colaboración con su Gobierno para conseguir los objetivos que nos hemos planteado y espero que ese asunto complejo, difícil, sensible, como
son los cambios de modelo de Estado, estatutos y sistema de financiación, seamos capaces de llevarlo a buen puerto, pero mucho me temo que ahí va a estar una de las claves de esta legislatura. Y espero que su ministerio sea capaz de coordinar, de
dirigir ese proceso, que no va a ser nada sencillo, para garantizar la diversidad territorial de nuestras comunidades.
Muchas gracias, enhorabuena, le deseo mucha suerte y le reitero el apoyo de nuestro grupo a los aspectos generales de su política, que iremos concretando a lo largo de la legislatura.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Rodríguez, por el Grupo Mixto.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Señor vicepresidente, en primer lugar quiero darle la bienvenida a la política en el Estado español y espero que, aunque desde una profunda discrepancia, puedan usted y su ministerio mantener una actitud de
diálogo con todos los grupos parlamentarios.
Empezaré hablando de que la discrepancia efectivamente es grande en las líneas generales de su política macroeconómica, hasta el extremo de que sin ningún tipo de sorpresa podemos catalogarla de continuista. Usted viene haciendo hincapié ya
desde la propia Unión Europea en lo importante que es el Pacto de Estabilidad y no tiene en cuenta, sin embargo, los problemas que plantea. Dejando aparte los problemas de ingeniería financiera y por tanto la falsedad que muchas veces hay detrás de
la plasmación práctica en lo que se refiere a los Presupuestos Generales del Estado, me gustaría empezar por decirle que nosotros consideramos que una cuestión es la estabilidad económica de una sociedad, la estabilidad económica en el Estado
español, y otra el equilibrio presupuestario.
Pensamos que esta identificación de carácter reduccionista es uno de los motivos de engaño social más importantes a los que estamos asistiendo, sobre todo porque se está utilizando la teoría del
equilibrio presupuestario en nombre de la estabilidad económica para hacer previsiones de crecimiento y de inflación a una medida que después no se cumple en la práctica. En todo caso el gran pagano de este no cumplimiento en la práctica es la
dificultad para justificar o para emprender y asumir un gasto social adecuado y una política de inversiones adecuada, aparte de justificar que los aumentos salariales siempre estén muy por debajo del índice de precios al consumo.
A usted no se le oculta que grandes Estados de la Unión Europea que tienen una situación que ellos consideran crítica desde el punto de vista económico no respetan el Pacto de Estabilidad y se mueven incluso en cantidades superiores a un
endeudamiento del 3 por ciento. No se entiende muy bien por qué el Estado español no se puede mover incluso en la cifra autorizada por el Pacto de Estabilidad. Sabe que Alemania y Francia, que son economías a años luz del Estado español, se
sienten cómodos en este corsé. Pero es que para nosotros además es grave, porque usted sabe que esta teoría del Pacto de Estabilidad se está utilizando en el Estado español para imponer corsés gravísimos a los gobiernos autonómicos. Y usted sabe
perfectamente que es muy distinto el grado de desarrollo de las comunidades autónomas que hay en el Estado español. Nada tiene que ver el grado de desarrollo de Galicia con el de Cataluña, con el de Euskadi o con el Madrid. Usted sabe que también
es muy distinto el grado de endeudamiento y sabe que hay una diferencia grande en déficit históricos en infraestructuras y servicios y por supuesto en el distinto nivel competencial de cada una de las comunidades autónomas. Por tanto, si ustedes
siguen aplicando este corsé, que fue formulado por el Partido Popular para las comunidades autónomas, a través de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y la orgánica complementaria de la ley General de Estabilidad Presupuestaria, sin duda, lo
que están violando es la autonomía financiera de las comunidades autónomas.
Es más, la incidencia de esta política de equilibrio presupuestario lleva a que después, cuando analizamos los Presupuestos Generales del Estado, las dificultades para una inversión equilibrada en el territorio son grandes. Y le doy un dato
del último año: en cuanto a inversiones reales en los Presupuestos Generales del Estado, nada menos que después de la catástrofe del Prestige, da la casualidad de que en Galicia se habla en concreto de 287 euros por habitante, frente a 497 euros de
media. Y si uno analiza la inversión puede observar que en el conjunto del Estado español afecta de una manera cualitativamente importante a un reducido número de comunidades autónomas y a un reducido número de proyectos. A nosotros nos preocupa.
Y usted ha dicho varias veces algunas palabras inquietantes a la hora de hablar de control de gasto social y control de las inversiones;
incluso ha dado a entender que no aumentaría en función de mantener unas cuentas del Estado que usted calificó de cuentas que deben ser perfectamente controladas o más controladas de lo que lo fueron hasta ahora.
En este terreno de la política presupuestaria, y más concretamente de la política fiscal, para que vea usted la continuidad de nuestros planteamientos, tropezamos abiertamente con sus propuestas, no suficientemente bien diseñadas, de la
reforma del IRPF, modelo de reforma que se inició en el año 1998 con el Partido Popular. Nos pasamos más de cuatro años combatiendo la idea de redistribuir la carga fiscal entre impuestos directos o indirectos, de tal forma que no se reforzase la
de los impuestos indirectos. Vemos que esta línea no se va a cambiar y que se va a seguir redistribuyendo la carga fiscal contra el trabajo y las rentas más bajas. Es un nuevo modelo que incide, además, en cercenar las competencias de las
comunidades autónomas. Y le leo textualmente nuestra intervención en el Pleno respecto de esta cuestión: A pesar de estarnos refiriendo a un impuesto cedido en el 33 por ciento, donde a los ejecutivos autonómicos y sus respectivos parlamentos les
corresponde el ejercicio de ciertas competencias normativas, según se establece en varias leyes, el Gobierno central, al optar por modificaciones que inciden principalmente sobre la determinación de la base imponible del IRPF, traslada
automáticamente una buena parte de los efectos de esas modificaciones a las haciendas autonómicas, ignorando las competencias atribuidas a estas instituciones por el nuevo sistema de financiación autonómica. Y añadíamos: otra de las medidas que
puede tener importantes consecuencias recaudatorias es la que consiste en la reducción del número de tramos de la tarifa del impuesto. A pesar de que esta medida no afecta a la determinación de la base imponible, sí lo hace directamente sobre la
cuota líquida del impuesto
continuábamos argumentando y decíamos que por tanto esto era una falta de lealtad total al marco competencial autonómico. Así lo consideramos nosotros en aquel momento. Resumiría este primer apartado diciéndole, señor Solbes, que la
Constitución española habla de estabilidad económica y de pleno empleo, pero en absoluto habla de estabilidad económica en el sentido de equilibrio presupuestario ni de una forma tan rígida como ustedes lo quieren seguir aplicando.
Conectamos así con el problema del sistema de financiación de las comunidades autónomas. Yo pertenezco a una fuerza política de una comunidad autónoma, de una nación que dicen que tiene una balanza fiscal deficitaria en relación con el
Estado español. Por cierto, de las menos deficitarias, a pesar de haber sido sometida a un proceso de reconversiones brutales, especialmente, y usted lo sabe bien, desde la integración en la Comunidad Económica Europea. Pero no tenemos ningún
miedo a que haya transparencia respecto a la balanza fiscal, porque nosotros pensamos que va siendo hora de que todo el mundo entienda que no es posible mantener políticamente un sistema centralizado de ingresos y sin embargo descentralizado de
gastos. Esto hay que equilibrarlo de alguna manera. Hasta ahora el Estado español es eso: centralización de ingresos y descentralización de gastos. Así se da la paradoja de que uno mira la cesta fiscal y ve que más del 50 por ciento de los
impuestos del Estado español se pagan en Madrid, No creo que todas las actividades se realicen en Madrid. Aquí hay una falacia con la que hay que acabar de una vez por el bien de la opinión pública, estamos totalmente de acuerdo.
Pensamos que para
hacerlo habría que intentar territorializar todos los impuestos, todos los tributos, hacerlo a través de una Agencia Tributaria propia y con un sistema que sea progresivo y en todo caso clarificar bien en qué va a consistir la relación a través del
Estado entre las comunidades autónomas que son deficitarias desde el punto de vista fiscal y las que son excedentarias. Porque me imagino que estaremos de acuerdo y nosotros no tenemos miedo tampoco a esa cuestión en que la balanza económica se
vaya a medir solamente por la balanza fiscal. Hay otras muchas cosas que podremos discutir y se podrán ver. Insisto en que no le tenemos miedo en absoluto y creo que éste es un ejercicio de higiene fundamental. Por cierto, nosotros tuvimos que
ser pioneros en imponerle a la gasolina un céntimo para poder mantener una sanidad a años luz de la de Cataluña. Por esta vía podemos debatir todo y poner todo sobre la mesa. Vuelvo a repetir que será muy interesante incluso para que seamos
proclives, los que estamos acomplejados a tirar de las transformaciones económicas y sociales del país y a discutir con el Gobierno del Estado por qué en algunas cuestiones no podemos ser competitivos. Posiblemente será por aplicaciones de
políticas que se hacen desde el Estado y desde la propia Unión Europea a través del Gobierno español.
En este aspecto le quiero decir que me llamó la atención que, a pesar de que solicité la comparecencia para hablar también del problema del paro en general y de Galicia en particular, no se haya referido a él. En todo caso, mirando las
series desde el año 1980, señor vicepresidente, en el caso de Galicia, y ya sé que esto está trucado, en el sentido de que hubo más acceso al mercado de trabajo, gente que empezó a figurar como población activa que seguramente antes no figuraba. En
el año 1980 solamente teníamos 57.000 parados, pero pasamos de 57.000, antes de la integración en las Comunidades Europeas, a tener en este momento nada menos que 168.700 parados; es decir que de una cifra de activos de 1.269.100 personas, están
ocupadas 1.100.000 y paradas 168.700, una evolución distinta a la media del Estado. En concreto, el número de los desempleados creció en Galicia un 16,87 por ciento, mientras que en el conjunto del Estado bajó un 0,85, según las últimas cifras de
la encuesta de población activa del primer trimestre del 2004, haciendo comparaciones
con el trimestre anterior y el trimestre del año 2002. Todo esto indica que la política de estabilidad presupuestaria en el caso de Galicia no vale para nada, porque no se está contribuyendo a que se pueda crear trabajo, ya no digo de
calidad. Por eso nos gustaría saber si, aparte de los problemas estructurales que padece la economía gallega derivados de la integración en áreas transnacionales, tienen alguna incidencia también las consecuencias económicas y sociales de la
catástrofe del Prestige.
Sin duda lo tiene el proceso de deterioro de toda la economía agraria y una gran parte de la industrial, que no fue compensada en el interior del país con economía productiva. Gran parte de nuestros jóvenes están en
Canarias, lo cual no es precisamente para presumir de que estamos viento en popa en un futuro de modernidad. Aquí es donde a nosotros nos preocupó una de sus palabras. Habló del empleo pero diciendo que la gente se tenía que acostumbrar a la
movilidad. Si esta va a ser la receta, realmente en el caso de Galicia, con este diseño económico, está garantizado que no vamos a levantar cabeza, y es una comunidad autónoma que tiene los mismos habitantes que tenía en 1980, con población
envejecida y por tanto con muy pocos jóvenes para acceder al mercado de trabajo, diferencia radical con Andalucía, Canarias o Extremadura, para valorar en su justa medida las cifras del paro que le acabo de dar.
La última gran ausencia de su discurso en un momento preocupante son las empresas públicas, en particular cuando habló de que estaban porque los poderes públicos no interviniesen en la economía. Pero el sector público Izar resulta que es un
modelo de sector industrial estratégico que está condicionado hasta ahora por las interferencias de las autoridades públicas mundiales y sin lograr un mercado libre y competitivo donde todos podamos tener igualdad de oportunidades. Le voy a dar
tres datos.
En diciembre de 2002, en el contexto de la OCDE lo conocerá mucho mejor que nosotros hubo propuestas de reestructuración del sector naval, siguiendo las conversaciones de diciembre de 1994, para la eliminación de las ayudas directas e
indirectas al sector naval. En 1994 Estados Unidos no lo aceptó. Recientemente ha habido otra reunión de la JECKU para alcanzar el acuerdo que en 1994 no fue posible. La Unión Europea actuó de forma irresponsable, en contra de las ayudas al
funcionamiento, incluso a los contratos de buques, porque consideraba que había que ir a un libre mercado, sin tener en cuenta la cantidad de ayudas directas e indirectas que tenían los países competidores e incluso muchas opacas que se hacían en la
Unión Europea. Solamente a través de la presión del sector, de CESA, se levantó un procedimiento de conflicto contra Corea, por competencia desleal en el sector naval y también se puso en marcha un mecanismo defensivo temporal hasta el año 2004,
que permite ayudas a la construcción, de quimiqueros, portacontenedores y gaseros. Y usted sabe que ahora y este es el drama hay una propuesta de la Unión Europea, cuando aún no está clarificado el mercado mundial, para definir el futuro
industrial del sector naval. Por cierto, lo hicieron a final de 2003 la célebre directiva denominada Leadership 2015. Pues bien, aquí ustedes hablan con precisión de nuevas reestructuraciones que signifiquen cierres, reducción de capacidad y
plantillas. Al mismo tiempo, en el Boletín de la Unión Europea, de 30 de diciembre de 2003, se publicó el nuevo marco aplicable a las ayudas estatales a la construcción naval en I+D+I, ayudas al cierre que son irreversibles, según el documento,
durante diez años, cuando hasta ahora en el PEC se podían revisar cada cinco años. En este contexto, señor vicepresidente, sería muy importante hablar con claridad del expediente contra Izar.
Para concluir le quiero ofrecer cuatro propuestas elementales por si las quiere tener en consideración. Nuestros astilleros no recibieron un céntimo de esas ayudas. El más problemático, Izar-Fene, aunque está moribundo y no trabaja desde
1986 esto sería el colmo de las paradojas como S.S. sabe, sería el único que no habría que tocar en un mercado libre. Presenten un plan a la Comisión que permita la devolución de las ayudas en un período suficiente, que no ponga en entredicho la
existencia de Izar. En segundo lugar, elaboren un plan industrial, de una vez por todas, negociado con los sindicatos, pero también con las comunidades autónomas afectadas, que incluya las medidas de carácter empresarial que son fundamentales para
resolver el problema de la competitividad de los astilleros, porque estamos así desde el año 1984, con gobiernos PP y PSOE, solapándose continuamente. Y no utilicen la vía de reducir la capacidad productiva. Habría que mejorar la gestión. Usted
sabe que no es creíble y aquí hay una gran responsabilidad que el último año estuvieran las gradas vacías con el mercado internacional de buques en ascenso. Eso fue provocado, porque se sabía que iba a venir este muerto, estaba perfectamente
estudiado y predeterminado. Esto sí que es injerencia y regular las cosas, en este caso no en beneficio nuestro.
Sería necesario mantener todos los centros en este plan industrial, no rebajar la cuota de producción del Estado español. Desde 1987
hasta 2003 ni siquiera la cubrimos, sabe S.S. que es bajísima, son 191.500 CBC y desde 1997 hasta el 2003, no cubrimos esa cantidad durante todos los años. Sería cuestión de no seguir por este camino. Deberíamos conseguir que mientras no haya un
acuerdo en la OCDE, pueda haber ayudas para todo tipo de buques; intensificar la actividad comercial para actuar en el mercado internacional, que, por cierto, Izar tiene centros comerciales en todas las partes del mundo, y no permitir que vaya a
ser el gran pagano de esta situación el único astillero que no existe legalmente, que nunca existe para la Unión Europea, que es Izar-Fene, que no llevó un céntimo y que vivió malamente de los restos de trabajo que le dejaban los demás, pero
nunca de contratos completos. También hay que modificar la estructura organizativa de Izar para que tenga un carácter territorial. Es una barbaridad, como se hizo durante los últimos años, que los bloques de los barcos estuvieran yendo de
Cádiz a Ferrol. Si esto es un modelo industrial, que venga Dios y lo vea. Creo que hay que hacer modelos territoriales, complementarios de todos los astilleros en cada uno de los lugares y nada más, no andar con un reparto de la carga de trabajo
de este tenor, porque esto es un auténtico disparate desde el punto de vista competitivo. Mientras no se arregle el problema del litigio de la OMC hay que negociar con la Unión Europea ayudas para todo tipo de buques.
Pensamos que este debería ser
el modelo y está perfectamente justificado.
Acabo ya, señor presidente, repitiéndole al señor vicepresidente que desde la discrepancia esperamos tener un mayor grado de audiencia y de comprensión. En algunas cuestiones la política de la repetición no es la mejor, sería mejor la
rectificación y hay espacios políticos para ello.
La economía no deja de ser sino una gran parte de la política y no una ciencia neutral.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Torres.
El señor TORRES BALAGUER: Quiero agradecer al señor vicepresidente su celeridad hoy lunes estamos aquí a la hora de dar cuenta de las líneas generales que su ministerio va a llevar adelante. Por eso, después de una exposición detallada
parece sorprendente que se pueda afirmar que ha nadado en la indefinición o que no se están tomando las riendas de la situación. Repasando el modelo de crecimiento, el impulso a la productividad, la estabilidad, la transparencia de los mercados, la
política presupuestaria y fiscal, es difícil decir que se está nadando en una indefinición y mucho menos que hay una improvisación. No se puede comparar con la situación a la que el Gobierno se ha visto abocado recientemente con la crisis de Izar,
provocada, eso sí, por una improvisación de ocho años. También es sorprendente la lectura detallada que ha hecho el portavoz del Partido Popular del programa electoral del PSOE, aunque para nosotros también es aleccionador. Esperemos que sea
tolerante, ya que suponemos que habrá leído también su programa electoral y habrá visto lo plagado de incumplimientos que ha estado en los últimos años. Esperemos que aplique también la tolerancia a los demás.
Se ha repasado el modelo de crecimiento que se ha calificado de desequilibrado. Es cierto que en los últimos años los recursos han ido al sector inmobiliario y claramente este sector se ha llevado la parte del león del crecimiento de la
economía. Muchos sectores, fundamentalmente los industriales, han visto retroceder su crecimiento, su nivel de empleo, su producción; sectores para los que la propia patronal augura una dificultad de supervivencia, incluso una reducción en el caso
del textil, hasta del 50 por ciento del censo actual de empresas. Aquí sí que ha habido una dejación importante en las medidas para corregir esta situación y, sin embargo, en estos momentos se presume de un crecimiento que es cierto que existe,
pero que nos está llevando a un retroceso en las variables que aseguran su sostenimiento en el medio y largo plazo.
Como ha señalado el señor vicepresidente, tenemos un problema importante de productividad. En todos aquellos factores que influyen directamente sobre la productividad, nuestro país se encuentra a la cola de Europa y, por tanto, es un
indicador de que no se ha hecho el esfuerzo necesario en el Gobierno saliente para corregir estos factores. Baste citar que nuestro gasto en capital humano, en formación, es el antepenúltimo de Europa o que el nivel de esfuerzo que se ha hecho en
investigación y desarrollo también está a la cola de Europa. En aquellos factores que pueden permitir a nuestros trabajadores y a nuestros empresarios corregir la actual situación no se ha hecho ningún esfuerzo inversor. Celebramos que el señor
vicepresidente augure un cambio de política en estos elementos básicos y necesarios para el cambio.
Cuando el programa del Partido Socialista habla de libertad económica, tal y como ha expresado el vicepresidente, está intentando separar claramente el poder económico del poder político. Demasiadas interferencias en los últimos tiempos,
que todos tenemos en la cabeza, han producido que los mercados sufrieran una falta de movilidad empresarial y que determinados grupos tuvieran, por efecto de no se sabe quién, unos privilegios y unos crecimientos que no se correspondían con la
evolución natural de sus empresas. Los objetivos de política económica que se han enumerado son totalmente compartidos y están en la base de nuestro programa. El reforzamiento de la transparencia, la aplicación del código de buen gobierno, el
concepto de responsabilidad social de las empresas nos introducen en una nueva relación de la Administración con el mundo empresarial basada en el respeto y, por encima de todo, en ver que los intereses son comunes a los diferentes grupos que
intervienen en la actividad económica en el mundo de la empresa. Cuando se anuncia un reforzamiento de los organismos de control, por ejemplo del Instituto de Contabilidad y de Auditoría de Cuentas, estamos entendiendo una preocupación por que la
información que fluye en los mercados sea veraz y nos evite las sorpresas que en ocasiones se han vivido en las últimas etapas, consistentes en que empresas que daban una información boyante y de gran apariencia de la noche a la mañana se convertían
en un fraude que nadie conseguía explicar la falta de acción de los organismos a los que correspondía su control o por actuaciones fraudulentas que no habían tenido el control adecuado.
Las reformas estructurales son absolutamente necesarias para introducirnos en estos elementos de mejora
de la competitividad. El mercado de trabajo se ha presumido aquí de su capacidad para crear puestos no puede ser un mercado precario en el que ningún joven pueda realizar su proyecto personal de vida. De acuerdo con las estadísticas
observamos que los últimos contratos de trabajo de nuestros jóvenes son por semanas o incluso por días. No se está creando empleo de calidad y en la base de ese problema se halla la falta de formación y la ausencia de procesos de innovación y
cambio de las empresas. Nosotros pensamos que la innovación, y por lo tanto la investigación y el desarrollo, es un proceso que tiene que venir de la universidad, desde los investigadores hasta el mundo de las empresas.
Creemos en que esa difusión
de la innovación se puede hacer desde organismos intermedios. Estamos a favor de la colaboración con las organizaciones empresariales y con los institutos tecnológicos y, por lo tanto, de que la difusión de la innovación condición necesaria para
este cambio del que el señor vicepresidente nos estaba hablando se realice de manera efectiva. Pero para eso tiene que cambiar la política industrial que en los últimos tiempos ha brillado por su ausencia. Así que, bienvenida la nueva posición
del Gobierno.
Respecto al ámbito presupuestario y fiscal, independientemente de que en nuestro programa electoral hayamos compartido que el mantenimiento de la disciplina presupuestaria es buena dentro del ciclo puede haber algunos ejercicios con déficit
y otros con superávit; la posición no es dogmática, queremos señalar que en los últimos tiempos y no es un dato del Partido Socialista; es un dato objetivo del Instituto de Estudios Fiscales y de la Asociación de inspectores financieros y
tributarios el fraude fiscal en España se ha incrementado potencialmente. Los inspectores han dicho que solamente se comprobaba a quien declaraba y que las grandes bolsas de fraude no eran abordadas porque no entraban en los planes de inspección.
Hace falta una posición del Gobierno clara, contundente, para que estas bolsas de fraude, que han sido toleradas en la etapa anterior, dejen de existir. Se reclama una simplificación de nuestro sistema tributario. El Partido Socialista está a
favor de esa simplificación siempre y cuando no se pierda progresividad en el sistema y se mantengan los elementos básicos que para los socialistas tiene que tener la imposición.
Nos alegra que el señor vicepresidente anuncie que se va a abordar una ley general sobre las subvenciones, porque en los últimos tiempos hemos visto casos auténticamente escandalosos el citado por el portavoz de Esquerra Republicana es uno
de ellos, donde empresas importantes de este país han recibido subvenciones multimillonarias de las autonomías, del Estado, y después no han hecho el uso debido de las mismas porque no se han consolidado los puestos de trabajo que las originaron;
es más, han deslocalizado su producción, dejando un auténtico vacío en esos territorios en los cuales las administraciones habían hecho un gran esfuerzo. Por tanto, hay que evaluar los resultados de esas subvenciones, y ahí estamos totalmente de
acuerdo con la línea del ministerio.
En cuanto a la reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas, en la última etapa se ha ido incrementando la falta de equidad del impuesto. No es de recibo que las rentas de capital y no estamos refiriéndonos exclusivamente al
ahorro de los ciudadanos o de algunos empresarios sino, en general, a las ganancias patrimoniales se hayan hecho de tal forma que un mismo ciudadano, en función de la procedencia de la renta, puede pagar tres veces más que otro. Esto no tiene
ningún sentido, por eso saludamos positivamente esta reforma que vuelva a dotar de equidad horizontal a este impuesto y permita una simplificación de tipos.
Respecto al impuesto de sociedades, el Partido Socialista ya ha manifestado su posición sobre las deducciones fiscales. Por cierto, que tenían tal complejidad que algunas de ellas no se han llegado a aplicar, como es la cuestión de
investigación y desarrollo, que señalaba hace un momento un portavoz, sobre la que se pidió una clarificación al ministerio. Después de ocho años no ha habido un sistema claro de aplicación de las deducciones por investigación y desarrollo. Esto
ha servido para que las grandes empresas tuvieran una posibilidad de aplicar en sus impuestos estas deducciones y las medianas y pequeñas empresas, no. Replanteamos estudiar qué deducciones son realmente efectivas y sirven para esa generación de
empleo, aumento de la productividad y estímulo que el Estado tiene que proporcionar a estas sociedades.
Quisiera acabar hablando de la financiación económica y de la lealtad institucional que ha sido señalada. Es curioso que el sistema de financiación anterior fuera aprobado con el voto positivo de todas las comunidades. Quiero recordar que
el mismo día de la firma el Partido Socialista dijo claramente que ese no era su sistema, que cuando tuviera ocasión lo reformaría. Y quiero recordar las presiones que tuvieron algunas de nuestras comunidades autónomas para aceptar este sistema,
generando un conflicto institucional. Hasta las últimas elecciones se ha venido arrastrando y todavía hoy está pendiente de solucionar, aunque el ministro ya nos ha anunciado su solución. El sistema que se impuso porque se impuso no fue con el
consenso de todas las comunidades autónomas. Fue impuesto. Votaron a favor por imposición. Quiero recordar que incluso con amenazas veladas. Solamente tendremos un sistema estable cuando se logre el acuerdo de todas las comunidades autónomas.
El sistema de financiación afecta a los derechos básicos de los ciudadanos, a los recursos que cada ciudadano tiene para sanidad, para educación, que son los elementos que más igualan a los ciudadanos. En la LOFCA se hizo un gran esfuerzo, aunque
no se llegó a igualar ni a satisfacer a todas las comunidades autónomas. Por eso, señor vicepresidente, nos alegramos de
que anuncie un estudio que aclare de una vez por todas no la balanza fiscal, que está muy bien, sino cómo cualquier ciudadano de este país va a ver satisfechos sus derechos de tener los mismos recursos para sanidad y para educación. En
estos momentos hay diferencias enormes, importantes, entre la financiación que reciben las distintas comunidades autónomas, y desde luego no son las que más se quejan las que lo tienen peor. Algunas comunidades citadas aquí por otros portavoces
tienen un 50 por ciento más para sanidad o para educación que otras. Este es un sistema que se tiene que corregir a la mayor brevedad posible sin que nadie salga perjudicado, para que en el futuro tengamos un sistema que iguale a todos los
ciudadanos españoles en la financiación de sus recursos básicos. Y hablando de contradicciones: hay comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular que están reclamando deuda histórica, que están reclamando un cambio del sistema. Si es
tan bueno el sistema de muy bueno lo calificó, como dijo el portavoz del Partido Popular, ¿cómo es posible que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular estén ya pidiendo una reforma del sistema e incluso hablando de deuda
histórica? Algo habrá. Lo que hay es la interpretación distinta que tenemos de la palabra lealtad. Por nuestra parte, sí que creemos en esa lealtad institucional.
Agradecemos la exposición clara y rigurosa que ha hecho el señor vicepresidente de las líneas de su ministerio, va a contar con el apoyo incondicional del Grupo Parlamentario Socialista y nos va a tener aquí para recordar que usted sí que ha
empleado rigor, sí que ha empleado la lealtad institucional y lo único que no ha hecho es improvisar, sino un trabajo serio que nos va a dar el programa de los próximos cuatro años.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Desgraciadamente, dada la hora en la que nos movemos, no voy a poder responder, uno a uno, a todas las preguntas que me han planteado, aunque voy
a intentar hacer una visión general que permita cubrir si no todos, sí los aspectos fundamentales del debate que hoy hemos tenido.
En primer lugar, uno de los puntos que se ha esgrimido es la compatibilidad del compromiso de estabilidad presupuestaria con el programa del Partido Socialista. Yo creo que esto merece un cierto comentario. ¿Cómo contribuyo yo al
compromiso de estabilidad presupuestaria? ¿Cómo entiendo que debe aplicarse la Ley de Estabilidad Presupuestaria en estos momentos? ¿Cómo debemos funcionar en la práctica?
Primero, yo soy un defensor de la estabilidad presupuestaria, no es ninguna novedad; lo he sido en Bruselas y lo sigo siendo ahora. Lo soy por convicción y por experiencia. Las desviaciones en la estabilidad presupuestaria, que significan
incrementos de deuda pública, pueden traer consigo a largo plazo problemas graves de financiación. Pongo un ejemplo: en el año 1994, el coste total de la financiación de la deuda, con tipos diferentes al actual, es cierto, estaba alrededor del 4 ó
5 por ciento del PIB. Evidentemente, ese planteamiento de un exceso de deuda estamos hablando del 60 y tantos por ciento, por tanto no estamos hablando de grandes deudas públicas lo que impedía era la posibilidad de manejar recursos para otras
políticas. Podemos hablar de otros déficits y de otras situaciones. Se me dice que hay otros países europeos que tienen deudas superiores, déficit superiores; es cierto, pero cada uno de los países es distinto y cada uno tiene sus propios
problemas de cara al futuro. Cuando se habla del déficit en Alemania se olvida que este país tiene una transferencia neta de recursos a Alemania del Este del 3 por ciento del PIB cada año y una transferencia neta a la Unión Europea de un 1 por
ciento cada año. Por tanto, cuando estamos hablando de una situación de déficit presupuestario del 3 por ciento en Alemania, de hecho tiene un superávit del 1 por ciento. Cuando estamos hablando de una situación de equilibrio, en realidad estamos
hablando de un déficit del 1 por ciento, que es la transferencia neta procedente de la Unión Europea.
Lo digo por poner algunos ejemplos de lo que estamos hablando.
Como decía antes, los déficit de hoy son deuda de mañana y, en un contexto de subida de tipos de interés, que puede producirse en cualquier momento, eso significará dificultades mayores. Si pensáramos que las necesidades del Estado a
situación constante no iban a aumentar, algún lujo nos podíamos permitir. Sin embargo, el envejecimiento de la población, que implica mayores gastos en pensiones pero también mayor gasto en sanidad como punto de partida, plantea como necesidad la
obligación de disponer de más recursos para el futuro. Podemos adoptar dos tesis: gastarnos el dinero hoy y el que venga detrás que se plantee las soluciones como estime pertinente, o ser algo más coherentes y solidarios con los que vienen detrás
de nosotros, y hacer frente a nuestros problemas hoy, con nuestros recursos de hoy. Eso quiere decir, en términos generales, que nuestros déficit presupuestarios deben estar razonablemente equilibrados.
Por supuesto, podemos hablar mucho más de
este tema, y espero que tengamos ocasión de hacerlo en mayor profundidad, pero personalmente estoy convencido de ello no sólo por razones de estabilidad futura sino también de política económica. La teoría económica nos demuestra que con
crecimientos del 3 por ciento la situación presupuestaria debería ser excedentaria para evitar comportamientos procíclicos que reduzcan el periodo de crecimiento de la economía. Eso es lo que nos debe permitir, si la situación empeora cosa que
nadie tiene por qué pensar que no es posible en un futuro, disponer de recursos
suficientes para utilizar ese margen de maniobra cuando llegue el momento.
Esa es la razón por la que yo siempre hablo de déficit equilibrados a lo largo del ciclo. No estoy en contra de un comportamiento fiscal expansivo en un momento
determinado si el ciclo económico lo justifica. Me parece muy difícil explicar comportamientos fiscales expansivos cuando estamos en una situación de crecimiento. A partir de ahí tenemos que ver cómo manejamos las cosas. Soy perfectamente
consciente de que en lo que hoy plantea el programa del Partido Socialista hay demandas que deben encajarse de forma progresiva en nuestros márgenes de maniobra y lo que hay que hacer es priorizar el gasto, en algunos casos suprimiendo algunos
existentes y en otros casos dando mayor peso en los gastos futuros a parte de los temas que se plantean.
Agradezco al portavoz del Partido Popular que de forma tan explícita nos haya dicho que desgraciadamente el margen que tenemos en el capítulo 6 a medio y largo plazo va a ser de muy difícil reducción, porque está prácticamente todo
comprometido. Desgraciadamente tiene razón, pero ese es un punto al que volveremos en algún momento posterior. A partir de ahí, ¿sobre qué base tenemos que trabajar? Tenemos que trabajar sobre la base de una ley existente, recurrida, pero que
está en vigor. En consecuencia, como he comentado anteriormente en mi exposición, he remitido la correspondiente comunicación a las comunidades autónomas planteándoles un objetivo presupuestario agregado de equilibrio, de situación cero.
Evidentemente se ha remitido la misma comunicación a las corporaciones locales. ¿Qué sucederá si esa situación no es así en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera? Lógicamente, tendremos que aplicar los márgenes de maniobra que están
establecidos en la Ley presupuestaria.
El segundo tema que se ha planteado también en este debate se refiere a la situación Seguridad Social-Estado, papel o compensación entre déficit del Estado y comunidades autónomas. Aquí hay que distinguir temas que son radicalmente
diferentes. En mi concepción la Seguridad Social debe tener un comportamiento totalmente aislado del Estado autonómico. Tiene sus propios ingresos y sus propias obligaciones; en este momento está en superávit. Los que hemos estudiado a fondo el
tema sabemos que esta situación es posiblemente temporal, aunque hoy sea positiva. Por tanto, estos años de situación positiva deben ser utilizados para mejorar su fondo de reservas que nos permita hacer frente a los futuros problemas de forma más
cómoda. Ello no quiere decir que no haya una serie de conceptos de prestaciones que se puedan discutir dentro del marco de la Seguridad Social.
El Estado debería intentar conseguir la situación más equilibrada posible en su propio gasto, partiendo de un hecho fundamental: al Estado le corresponde el pago de toda la deuda pública histórica y, por tanto, su financiación. A partir de
ahí debemos conocer cuál es la posición de las comunidades autónomas y cómo debemos funcionar con ellas en el futuro.
Volveré al tema de la financiación autonómica posteriormente. Sin embargo, sobre este punto quería destacar que cuando hablamos
de compensaciones contables entre los superávit de la Seguridad Social y los déficit del Estado, llámese del Estado central o de comunidades autónomas o de corporaciones locales, es una pura compensación contable a efectos estadísticos del S 95, que
nada tiene que ver con las transferencias de recursos de la Seguridad Social al Estado. Dicho en otros términos, un superávit del 0,1, que es la hipótesis con la que se ha estado trabajando este año, supone un déficit del Estado del 0,3 y un
superávit de la Seguridad Social del 0,4. No quiere decir que ese 0,4 sea utilizado por el Estado, sino que la suma final nos da un superávit del 1; uno tiene su déficit y otro tiene su superávit. Eso sirve para decirle que el Estado no está en
equilibrio puro, está en déficit. En consecuencia, ese es un punto que también tenemos que tomar en consideración.
Respecto a la financiación de comunidades autónomas, ¿cuál es mi posición? Soy poco partidario de inventar la rueda todos los años. Yo creo que hay que trabajar sobre la base de la historia y hay que trabajar sobre la base de la
experiencia. Esa es la razón por la que he insistido en que hay que trabajar sobre el modelo actual y ver sus deficiencias. El primer elemento sobre el que debemos trabajar es, sin duda alguna, cuál es el resultado de ese modelo que hoy se aplica
en el año 2002, que será conocido en el 2004. Esa es la razón por la que pienso que sólo a partir de ese momento tendremos las condiciones objetivas para poder ver exactamente cómo se pueden plantear los problemas.
Me he referido en mi intervención a algunos elementos que ya me preocupan; por ejemplo, los temas de simetría y algunos problemas específicos que se han planteado. Usted hablaba del grado de autonomía financiera, un tema fundamental.
Cataluña acaba de tomar una decisión de subida de impuestos, que en mi opinión es absolutamente coherente con su corresponsabilidad fiscal. En algunos momentos hemos recibido críticas, si con las necesidades futuras de financiación que las
comunidades autónomas van a tener para sus propios recursos tienen margen de corresponsabilidad fiscal suficiente o no. Ese es un punto importante. También puede haber otros temas planteados por algunos de ustedes en sus intervenciones sobre
carencias del pasado, discrepancias, diferencias. En el debate han planteado un tema que me parece enormemente atractivo intelectualmente, pero enormemente complejo en la práctica, que es el concepto de las balanzas fiscales. No es la primera vez
que se ha intentado, no es la primera vez que se han hecho análisis, especialmente por parte de académicos, para ver cuál era la resultante, y es cierto que en las balanzas fiscales los resultados dependen siempre de los supuestos de los que se
parta para llevar
a cabo el cálculo de dichos equilibrios o de dichas balanzas fiscales. No estoy en contra de hacer ese ejercicio, pero tenemos que ponernos primero de acuerdo en cómo queremos calcular. El señor Rodríguez decía: Todo esto está muy bien,
pero no hay que olvidar que nosotros tenemos unos desequilibrios históricos, unas carencias; es razonable. Me imagino que al señor Rodríguez los temas de la insularidad le plantean problemas especiales; el hecho, que hemos debatido muchas veces,
es cuál es el valor que tiene la inversión pública, como un elemento de traslado o un elemento de acceso. Hay comunidades autónomas donde se imputan inversiones públicas de gran peso pero que no favorecen o no especialmente a esa comunidad
autónoma sino que favorecen a todo el entorno. Por tanto, es un ejercicio de gran complejidad que se puede hacer, que no plantea ninguna dificultad, pero hay que ser conscientes cuando estamos planteando estos temas de qué estamos hablando y qué es
lo que queremos hacer.
A partir de ahí se ha planteado un problema especialmente atractivo, lo ha planteado el señor Sánchez i Llibre con mucho detalle, que es el tema de la sanidad y su dificultad. Lo ha planteado además vinculado a otro tema más complejo que
es el de la lealtad institucional. En cuanto a sanidad tanto la ministra de Sanidad como yo estamos dispuestos a sentarnos para hablar. Acepto perfectamente que es difícil, por no decir imposible, gestionar un sistema en el que una parte de la
Administración introduce obligaciones para otra sin aportar financiación. Es un tema que se ha utilizado en el pasado y que trastoca todo el sistema, pero es verdad que un modelo de esas características, que corrija ese tipo de situaciones, tiene
que tener una contrapartida, y es que una vez llevadas a cabo las transferencias corresponde a los recursos de cada una de las autoridades hacer frente a sus propias obligaciones. Esto en el caso sanitario nos plantea el problema, en mi opinión, de
mayor importancia de ver cuál es el equilibrio justo y razonable entre las aportaciones del Estado y la distribución entre comunidades autónomas y su evolución futura. Debe evolucionar de acuerdo con el gasto y si evolucionamos de acuerdo con el
gasto seguramente estamos traicionando la lógica del sistema que intentamos implantar. Por otra parte, es cierto y estoy de acuerdo en que es un gasto que por su especial dinamismo puede tener problemas de desfases en el futuro relativamente
significativos, pero ¿eso debe justificar una mayor tributación estatal y transferencias adicionales a las comunidades autónomas o debe justificar un mayor margen de maniobra a las distintas comunidades autónomas? Todo esto sin plantear problemas
de gran envergadura, en mi opinión, y es si algunos temas pueden manejarse de forma más eficiente sobre la base de la actuación de las distintas comunidades autónomas o de forma coordinada entre todos.
Estoy pensando en determinado tipo de
prestaciones y hasta, por supuesto, en el gasto farmacéutico, los precios, etcétera. Por tanto, es un tema mayor, en mi opinión de gran complejidad y al que deberíamos hacer frente de forma global. En ese sentido, la idea planteada de un cierto
pacto sanitario, entre comillas, o por lo menos sentarnos a hablar de cómo gestionar el tema de la sanidad es un asunto que me resulta muy atractivo, sobre todo porque soy consciente de que este problema está adquiriendo gran importancia en Estados
Unidos, en Europa, en Japón.
Todos los países con mayor nivel de renta tienen una exigencia de coste sanitario claramente mayor, derivada de una serie de factores bien conocidos en el mundo académico. Un problema que se ha planteado también por
alguno de ustedes es si no debemos traer mayor margen de maniobra para llevar a cabo cierto tipo de gastos dentro del Pacto de Estabilidad y Crecimiento o dentro de nuestras normas fiscales. Se ha hecho referencia a la inversión pública, se ha
hecho referencia a las deficiencias de gasto social, se ha hecho referencia a que en el fondo tampoco es tan grave que gastemos un poco más. Aquí tengo que razonar fundamentalmente de la misma forma que lo vengo haciendo en los últimos años en
Bruselas y con la misma lógica.
Inversión pública. Si es autofinanciable evidentemente está excluida del déficit público; si no es autofinanciable y tiene que financiarse con aportaciones de recursos públicos lógicamente su pago tiene que proceder de ingresos del Estado.
En la medida en que haya recursos no hay ningún problema; si no hay recursos y vamos a déficit es tan déficit como cualquier otra cosa. Otro problema totalmente diferente es si a largo plazo ese déficit no va a generar más actividad económica y no
es un concepto de gasto cualitativamente de mayor calidad que otros que no nos produzcan ese impacto, pero no me cabe la menor duda de que sigue siendo déficit. Por tanto, la idea de excluir la inversión pública del déficit público nunca la he
visto. Otro problema totalmente diferente son los modelos de cofinanciación parcial, en los cuales con un porcentaje de dinero público se puede conseguir una mayor financiación global con atracción de recursos de mercado o de alguna otra forma,
pero volvemos a estar hablando en muchos casos de actuaciones que pueden ser rentables en términos globales. Nada tiene que ver esto con estos métodos de pago dilatado de temas que se deberían haber pagado en el año en que se comprometen y que se
posponen, sin embargo, a años posteriores generando obligaciones futuras. Ese es otro problema, en mi opinión, totalmente diferente que en el pasado nunca me gustó y que ahora veo que se practica en todo el país con demasiada asiduidad.
Haré algún comentario adicional sobre los temas fiscales. ¿Cuál es mi idea? Ya he hecho referencia a la necesidad de trabajar sobre las normas existentes. En cuanto al impuesto sobre la renta de las personas físicas pensamos que hay
facilitar el impuesto e ir a una cierta convergencia entre los marginales de personas físicas y
sociedades. Soy consciente de lo que eso quiere decir y de su impacto económico, así como de que esas operaciones nunca se podrán hacer en 24 horas ni mucho menos. Cuento una anécdota, alguna vez repetida, de don Francisco Fernández
Ordóñez cuando se modificó en el año 1991 el IRPF. Él planteó que no le gustaba la discrepancia con el marginal del IRPF y sociedades porque decía: Yo que ya soy mayor sólo tengo amigos que sean personas jurídicas y no personas físicas. Por ello
creo que la discrepancia entre el tratamiento en sociedades y en el IRPF nos lleva a la existencia de sociedades interpuestas que al final tienen o generan una mayor complejidad al sistema sin resolver parte de las dificultades, lo cual no quiere
decir que esa aproximación no sea enormemente compleja; lo mismo que es compleja la búsqueda, la equidad en el tratamiento de las distintas rentas como consecuencia precisamente de la libertad de movimientos de capitales en un ámbito como la Unión
Europea con tratamientos fiscales diferenciados, a pesar de los avances que se están produciendo en cuanto a las rentas del capital.
En el IVA mi posición, que la he repetido muchas veces y sigue siendo la misma, es que soy favorable a respetar al máximo la normativa comunitaria, dado que es un buen equilibrio entre el IVA para los distintos productos. Ya sé que siempre
hay muy buenos argumentos para excluir productos del IVA por una u otra razón, y los que hayan seguido el debate durante los últimos treinta años conocen bien la posición de Reino Unido sobre el derecho cero en el IVA en algunos productos concretos
y los debates sobre los tipos mínimos en un caso o en otro.
En cuanto a la plusvalía, ya me he referido a ella al hablar del tratamiento equivalente, y a partir de ahí se menciona patrimonio y sucesiones. Este es un caso claro de lealtad institucional. En mi opinión, corresponde a las comunidades
autónomas tomar sus decisiones. El Gobierno podrá dar su opinión sobre lo que le parece razonable, pero el Gobierno no debe actuar a no ser que esté dispuesto a aportar recursos para llevar a cabo este tipo de cambios. No es mi posición en este
punto concreto.
No me he referido a la economía productiva porque doy por supuesto que el problema de las pymes y de los autónomos está bien tratado y no parece, en mi opinión, que sea necesario ir a esfuerzos adicionales en este campo.
Algunos comentarios sobre temas que no he tratado y a los que ha hecho referencia el señor Puigcercós específicamente. Él ha hablado del problema laboral muy especialmente: flexibilidad, más o menos. ¿La productividad al final ayuda o no?
Mi línea de argumentación aquí es muy simple. Vivimos en un mercado globalizado con más o menos trabas en cuanto a la libre circulación de los productos. Nuestro mercado laboral tiene que tomar en cuenta ese hecho, que quiere decir que tenemos que
definir estoy de acuerdo con un trabajo estable, con gente bien formada que sea lo más eficiente posible, etcétera; no me plantea ningún problema ninguno de esos temas al final la resultante de todo ese sistema en algo que llamamos salario, que
tiene que estar en línea con la productividad de cada una de las empresas. Si no es así, los riesgos de deslocalización de ese tipo de actividad van a ser relativamente altos. A partir de ahí yo creo que podemos discutir qué es lo que queremos.
¿Queremos menos empleo temporal, menos precariedad? Me parece perfectamente lícito el debate, sin olvidar que hay determinados tipos de actividades en los que la temporalidad juega un papel fundamental, y que nuestro 30 por ciento de temporalidad
tiene que compararse con otros países equivalentes al nuestro.
Se ha hecho un comentario sobre el problema de las privatizaciones. Yo en estas cuestiones no soy ningún ayatollah, no estoy a favor ni en contra.
¿Empresas públicas necesarias? Las que haga falta. ¿Innecesarias? Cuanto antes cortemos
esas empresas públicas innecesarias mejor para todos, pero simplemente porque no responden a las necesidades del sistema y a su financiación.
Agencia Tributaria. Este es un tema del que seguramente tendremos que hablar mucho. Yo no estoy en contra de una agencia tributaria en la comunidad autónoma correspondiente para sus propios tributos; veo, sin embargo, una necesidad de una
agencia tributaria que podemos definir de mucha formas pero que se ocupe de los impuestos estatales. Es imprescindible, si queremos ser eficientes a largo plazo, un sistema de gran cooperación y de intercambio de información entre todos; si no, al
final acabaremos pagando todos un precio alto en términos de ineficiencia. Estoy absolutamente a favor de trabajar al máximo en la lucha contra el fraude fiscal y entiendo su preocupación de reflejar algunos de los temas diferenciales como puede
ser la LEPA.
El señor Azpiazu ha planteado un modelo fiscal que es distinto al mío. Lo puedo entender, le he explicado cuál es el mío y no estoy en contra incluso de tener un cierto margen fiscal en algunos casos y con ciertas condiciones. Voy a poner
un caso. En mis anteriores responsabilidades he defendido siempre la posibilidad de existencia de desviaciones fiscales transitorias, siempre y cuando fuera para llevar a cabo básicamente inversión o gasto que tuviera impacto en crecimiento de
productividad, pero sólo en aquellos países que tuvieran muy bajo nivel de déficit y, por tanto, no se planteara la ruptura del 3 por ciento, incluso como consecuencia del juego de los estabilizadores automáticos, cuando la situación de la economía
empeoraba y que, por supuesto, contasen con un bajo nivel de deuda. Era la lógica del sistema. Dicho en otros términos: si usted no debe mucho dinero para el futuro y no tiene muchas obligaciones futuras, tampoco pasa nada si usted compra algo
que va a ser productivo a medio plazo. Ese
sistema se ha aplicado, por ejemplo, en el caso irlandés, se ha aplicado en el caso británico con alguna dificultad posterior, sin embargo, ese sistema no puede ser válido para otros países europeos que, sin duda alguna, también tienen
necesidad de infraestructuras, pero que tienen obligaciones, hoy financieras ya muy relevantes, que hace que sea imposible funcionar de forma eficiente. A partir de ahí estoy dispuesto a hablar de estos temas también aquí. No entro en el debate
que usted ha planteado sobre el tema institucional, que me parece importante, de la naturaleza de la actual Ley presupuestaria española. Sin embargo, creo que entenderá usted que en el contexto actual mi preocupación fundamental es elaborar el
presupuesto del próximo año, y en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera imagino que algunos elementos de esta naturaleza van a plantearse.
A partir de ahí estoy dispuesto a hablar de los problemas de eficacia y eficiencia. Estoy dispuesto a hablar también de muchos temas referidos al País Vasco, con posiciones distintas o iguales, me da igual; eso no me preocupa; podemos
tener una visión u otra. Yo creo que es siempre útil que nos expongamos nuestros diferentes puntos de vista, por lo que he tomado nota de algunas de sus preocupaciones, algunas de las cuales conozco, otras no. Por otra parte, no le puedo dar una
respuesta ahora con precisión. Hablaré después del tema SEPI e Izar, cuando comente algo más al señor Rodríguez, pero mi idea es que en estos temas debemos contar con el conocimiento y la participación, sí posible, de las comunidades autónomas
afectadas.
El señor Pérez me ha planteado una serie de asuntos, entre ellos los problemas de en qué medida hay un cambio de política económica, en qué medida hay que ser coherente con el cambio, vamos a un sistema que pretendemos que sea más
sostenible, con empleo de calidad, con un sistema fiscal más justo. Nosotros creemos que sí; a todas estas preguntas mi respuesta es sí. Pretendemos un modelo de crecimiento distinto, pretendemos un empleo más permanente, pretendemos una mayor
educación y una mayor formación, pretendemos más productividad, pretendemos que sea, en definitiva, más justo y con más posibilidades para todos. Usted me plantea algunos problemas adicionales, tal vez un poco más difícil de darle una respuesta tan
directa. Acerca de las carencias que en estos momentos tenemos en gasto fiscal pregunta si estamos dispuestos a cumplirlas o a satisfacerlas, sí o no. Ahí le diría dos cosas: primero, hay que analizar caso a caso y cuál es la racionalidad
económica de cada uno de estos temas y, segundo, incluso aunque en muchos de estos casos esa racionalidad económica con su gran componente social nos lleva a la conclusión de que hay que hacer más cosas, y es parte de lo que estamos haciendo ya
estos días, tenemos que ser conscientes también de los límites que tenemos desde el punto de vista fiscal. Nos gustaría ir más lejos, más rápidamente en algunos temas, pero muchas veces lo mejor es enemigo de lo bueno y, por tanto, hay que avanzar
de forma progresiva en cada uno de estos temas. Entiendo su preocupación, su sensibilidad y su deseo de que las cosas vayan más aprisa y que, al final, pudiéramos avanzar mucho más en estos temas de forma más rápida, pero honestamente estoy
convencido que el avanzar de forma más rápida, si no somos capaces de financiarlo, al final no es una buena solución a los problemas que planteamos, a pesar de que puedo reconocer lo bien fundado de alguno de los temas que usted plantea.
Al señor Rodríguez de Coalición Canaria le diría que muchas gracias por sus palabras, pero desgraciadamente llevo demasiados años sin estar metido en los temas de Canarias, como estuve en otros momentos, aunque sí puedo decirle algunas
cosas. Primero, el REF, como usted sabe, tiene una vigencia temporal en el tema de compatibilidades; segundo, lógicamente hay que trabajar por esa prórroga; tercero, usted sabe como yo que Canarias va a estar en la próxima negociación en una
situación brillante e incómoda; brillante en el sentido de que va a conseguir superar el 75 por ciento de renta media comunitaria de la Unión a quince e incómoda porque eso le plantea tener que justificar algunas de las ayudas de forma más compleja
que en la actualidad, porque ya no se justificarán por el hecho de su nivel de renta, sino única y exclusivamente por su posición geográfica y por los problemas de la ultraperificidad, que son conocidos en Canarias. Habrá que trabajar en esta
dirección, todos sabemos lo que eso significa, todos sabemos las dificultades que esto va a plantear, y tendremos que trabajar todos en esta dirección, siendo conscientes de que nuestros argumentos hoy son menores que en el pasado. En el pasado
teníamos la distancia geográfica y los inconvenientes geográficos, que nos justificaban muy bien el menor nivel de desarrollo. El mayor nivel de desarrollo ahora en cierta medida no actúa reforzando el argumento como funcionó en el pasado.
Hay un segundo punto, que usted conoce bien, que es el problema del tratamiento a las ayudas de Estado en Canarias, con un concepto de región Objetivo 1. Yo creo que ahí hay un debate entre la delegación española y la Comisión, no tanto
sobre el fondo, sino sobre la explicitación en el Tratado de este concepto. Todo el mundo está de acuerdo en que las regiones ultraperiféricas a efectos de ayudas tienen el tratamiento Objetivo 1. Es verdad que desde el punto de vista español, y
sobre todo para evitar problemas de interpretación futura, sería mucho mejor que se recogiese de forma más explícita en el Tratado y que pudiera evidentemente ayudar a parte de los problemas que podrían suscitarse en el futuro. A partir de ahí hay
problemas específicos de Canarias, son bien conocidos; en la parte sustancial deberían de ser resueltos por el propio Gobierno de Canarias, por sus márgenes de maniobra. Evidentemente el Estado siempre ha estado dispuesto a
ayudar, pero no hay que olvidar que el Estado tiene más margen de hacer en políticas globales aplicadas a todo el territorio, entre otras razones porque el modelo que hemos puesto en marcha, que significa transferencias adicionales a las
comunidades autónomas, también supone que el margen de maniobra del Estado se va reduciendo de forma sustancial en cada una de las actuaciones que planteamos.
Señor Rodríguez, no es la primera vez que discrepamos, pero seguramente no será la última; también seguiremos discutiendo y hablando de todos estos temas. Mi interpretación del Pacto de Estabilidad él la conoce, me la ha oído en alguna
otra ocasión. Yo sé de su preocupación por los problemas específicos que se dan en su territorio especialmente en cuanto a inversiones públicas, así como por la necesidad de actuaciones adicionales en la zona que permitan mejorar el margen de
maniobra de Galicia. Me ha planteado usted una interpelación sobre el paro. No lo he contestado en mi primera intervención, pero voy a hacerle algún comentario ahora. De acuerdo con el análisis que nosotros hacemos en cuanto al paro, vemos que la
comunidad se sigue encontrando dentro de un proceso de reducción de la tasa de paro. A esa conclusión podemos llegar si adoptamos una perspectiva temporal más amplia que la que proporcionan los datos del último trimestre y tomamos las cifras de
media anual, observando que Galicia ha pasado de tasas de desempleo cercanas al 20 por ciento en 1994 a tasas del 12 por ciento del empleo en el 2002 y 2003. El 12 por ciento había estado por encima de la media nacional, que está en el 11,3 por
ciento, pero está más próximo. En segundo lugar, un tema interesante es que, cuando comparamos la cifra de paro en el primer trimestre y la ponemos en relación con la evolución de la población activa y de la población ocupada, vemos que la
situación también ahí nos mejora algo y, sobre todo, algunas de las diferencias con la media nacional van apreciándose como positivas.
En último lugar, mi comentario iría sobre su preocupación en cuanto al Prestige. Si analizamos la incidencia de la catástrofe del Prestige sobre el paro en el sector primario, no hay, a priori, una relación de causa-efecto entre ambos
elementos y ello como consecuencia de dos observaciones. Llegamos a esa conclusión. En primer lugar, los datos de la EPA muestran un mayor dinamismo de la ocupación en Galicia a partir de la catástrofe del Prestige. Concretamente la variación
interanual de ocupación gallega flexiona al alza en el último trimestre de 2002, mantiene la aceleración en el primer trimestre de 2003 y se orienta a la baja en los trimestres posteriores de 2003. Por otra parte, el porcentaje de parados en el
sector agrícola sobre el total fue inferior en 2003 respecto a 2002, momento en el que cabría esperar una mayor incidencia del desastre ecológico en este tipo de empleo. Ello es también predicable en otros sectores potencialmente vulnerables a
dicha catástrofe como, por ejemplo, los servicios, que tienen un comportamiento parecido. Esas son las razones por las que se podría pensar que en un año de plena incidencia del Prestige puedan haber sido otros los factores que han contribuido de
forma más decisiva al repunte del paro y a su mayor incidencia en sectores como la industria o la construcción, que en el año 2003 registraron aumentos anuales del 26,6 y del 25,3 por ciento. En todo caso puedo decirle que en cuanto al reto de la
competitividad global y de creación de empleo al que sigue enfrentándose Galicia, pensamos que es imprescindible tener en cuenta la evolución de las variables macroeconómicas de Galicia en el momento en que se estudian las medidas de choque que
deben materializarse en el contenido del Plan Galicia.
Respecto al tema Izar, haré algún comentario. No es el tema que yo quería discutir en profundidad en el día de hoy, pero haré algún comentario para que tengamos una idea más clara de lo que estamos hablando. A veces no estamos tratando el
tema en toda su importancia. En primer lugar lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, las distribuciones que tiene SEPI son no sólo ponerse en contacto con sindicatos, con responsables de comunidades autónomas sino, en general, con todos los
implicados. El tema Izar es muy simple desde el punto de vista del planteamiento general, enormemente complejo desde el punto de vista práctico. En Izar es cierto que ha habido varias reconversiones, la última en el año 1994. En el año 1997 la
legislación comunitaria prohibe ya nuevas reconversiones y se nos dan ayudas para una última reconversión a partir del año 1997. Desde ese momento se declaran ilegales las ayudas. En España no se producen nuevas reconversiones a partir de esa
fecha, se sigue con los centros de producción y eso no plantea, en algunos casos, disminución de carga, porque los precios internacionales son muy bajos y, evidentemente, esos precios internacionales a los que se puede contratar exigirían ayudas
adicionales que son incompatibles. Así y todo, de acuerdo con la información de que yo dispongo, en estos momentos nos tenemos que enfrentar con un expediente de devolución de ayudas por parte de la Comisión del orden de 300 millones de euros que,
dado el capital social de la empresa, deja a la empresa en una situación muy difícil, pero de acuerdo con la información que el señor Monti me dio el otro día, están pendientes otros cuatro expedientes más sobre la empresa Izar que afectan a una
cantidad sustancialmente superior a la anteriormente citada.
Esa es la razón por la que, en mi opinión, la única posibilidad es definir un plan claro de la empresa para el futuro e intentar negociarlo con la Comisión, pero veo imposible que medidas que para lo que sirven es para ampliar el problema y
no para reducirlo puedan ser válidas y aceptables para la Comisión Europea. Se han dado las instrucciones y está trabajando la comisión que decidimos crear de crear en la última Comisión Delegada para Asuntos Económicos. Espero disponer
de una estrategia elaborada por los responsables de esa Comisión en el plazo de un mes y en ese mes tendremos que definir de forma más clara qué hacer. Disponemos de un plazo máximo de dos meses para comunicar a Bruselas la forma en que se
va a producir la devolución de las ayudas.
Este es un tema que por parte de algunos se puede pensar que hay recurso en el Tribunal de Justicia; en términos teóricos así es, pero en términos prácticos por nuestra parte ya ha habido un recurso al
Tribunal de Justicia sobre una ayuda anterior, siendo el resultado absolutamente negativo. Desde mi punto de vista no parece que haya un argumento claro en el que nos basamos para poder discutir las ayudas públicas que ahora están puestas en tela
de juicio por parte de la Comisión.
Al señor Torres quisiera agradecerle su apoyo y los comentarios que ha hecho. Evidentemente me pongo a disposición de todos los grupos para seguir colaborando con ustedes en el futuro.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Parece que a pesar de lo densa y extensa de la comparecencia desean volver a intervenir.
¿Quiénes quieren hacer uso de la palabra? (Pausa.)
La primera parte era una reunión sin precedentes; no sienta precedentes ni por el día en el que se ha comparecido ni tampoco porque las intervenciones han podido extenderse sin límite alguno. Les ruego que en las preguntas nos limitemos
como máximo a dos minutos.
Tiene la palabra el señor Arias Cañete.
El señor ARIAS CAÑETE: Tras las respuestas del vicepresidente y su enorme habilidad dialéctica me ratifico en que carece de un modelo económico y como tiene una capacidad técnica sobrada intuyo que lo que le falta es capacidad política para
formularlo. Es obvio que no viene usted a deteriorar la situación actual, pero en una situación como la que tenemos, con shock petrolífero, repunte de inflación y crecimiento del déficit comercial, hacen falta reformas y muy profundas.
Los problemas arrancan, creo yo, de un programa electoral que lleva al diagnóstico. Vuelvo al programa electoral. Es un programa en el que se califica el modelo de crecimiento del Partido Popular como un modelo cortoplacista. Me parece
que un crecimiento continuado de ocho años para ser de corto plazo es bastante espectacular. Sobre todo, el modelo económico alternativo se centra exclusivamente en la productividad, con unos comentarios muy curiosos que se refieren a la
productividad aparente. Y hay un párrafo que no me resisto a comentar. Dice: Si la economía española hubiera mantenido el nivel de productividad de la época socialista, la sociedad española tendría hoy una renta per cápita cercana al 98,5 por
ciento de la media de la Unión Europea. Comprenderán mi preocupación por este tipo de afirmaciones. Si ustedes basan todo su modelo económico alternativo en la productividad aparente se nos puede reproducir el modelo socialista de crecimiento, que
es que desde el año 1975 hasta el año 1996 no hubo convergencia en un solo punto. Hacen falta reformas muy importante.
Por tanto, me ha preocupado que habiendo manifestado con enorme habilidad que es partidario de la estabilidad presupuestaria, no me haya contestado si la ley la va a derogar o no. Ha dicho que está impugnada pero vigente.
Eso es más que
gallego, ¿eh?: Impugnada pero vigente. Mi pregunta es si la va a mantener, porque esta es una ley que tiene elementos de flexibilidad, tiene los estabilizadores automáticos, tiene el fondo de contingencia y tiene la posibilidad, si la ocasión lo
requiere, de incurrir en déficit, desde luego con programas de recuperación y saneamiento, lo que podría valer para, como dice el señor vicepresidente, cuando sea necesario, incurrir en déficit, excepcionalmente. Pero la ley permite un equilibrio
presupuestario sostenido que transmite confianza a los mercados. La única pregunta que le quiero formular es: ¿piensa derogarla el Gobierno y piensa retirar los recursos? ¿Si o no?
El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Intervendré muy brevemente, señor presidente.
En primer lugar, quiero plantear una cuestión que pienso que es muy importante, al menos para nuestro grupo parlamentario y espero que lo sea también para el resto de grupos de la Cámara. Hemos valorado muy positivamente que el señor
vicepresidente haya sido receptivo al planteamiento de nuestro grupo parlamentario referido a conseguir un pacto sanitario de todas las formaciones políticas para paliar el actual déficit sanitario de las diferentes comunidades autónomas y así
conseguir un pacto similar al Pacto de Toledo, conocido por todas sus señorías. Por este motivo vamos a presentar, mañana mismo, una iniciativa parlamentaria en el sentido de plantear la creación de una subcomisión en el seno de la Comisión de
Economía y Hacienda para estudiar, analizar y plantear un sistema específico de financiación sanitaria de las comunidades autónomas, con el objetivo de conseguir un pacto sanitario de todas las formaciones políticas para resolver sus actuales
desequilibrios financieros y económicos. Tampoco vamos a dejar de lado, ni muchísimo menos, la posibilidad de intentar poner el contador a cero.
El señor PRESIDENTE: Señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Intervendré muy brevemente también.
Señor vicepresidente, usted me ha planteado que yo tengo un modelo fiscal diferente. En los debates de los últimos cuatro años siempre he estado defendiendo el Pacto de Estabilidad y Crecimiento europeo, que creo
que es lo que usted ha defendido en Europa y que es lo que se debe defender. Lo que no he defendido ha sido la ley en cuanto a la irracionalidad que supone el cero, cero, cero que usted mismo ha dicho que ya ha pedido a las comunidades
autónomas que presenten. El cero, cero, cero dependerá de cada situación, de cada comunidad autónoma, de su situación de endeudamiento, de sus problemas, de su futuro, de sus deseos; es decir, de un montón de cosas que creo que es importante
debatir. El cero, cero, cero simplifica el debate pero no arregla los problemas. Yo pienso, sinceramente, que la Ley de Estabilidad Presupuestaria es un sinsentido. La deuda española en relación con el PIB está por debajo del 50 por ciento y los
tipos de interés en torno al 2 por ciento. Seguro que hay muchos proyectos económicos, al igual que muchos proyectos sociales cuya rentabilidad social es fácilmente garantizable a estos tipos de interés y teniendo el margen que da la deuda. Yo le
hago esta reflexión porque mi grupo sí ha solicitado formalmente la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Por eso le pido que nos diga qué va a hacer con la ley porque nos parece una ley absolutamente insensata.
Le agradezco su compromiso y su voluntad de hablar de los problemas del País Vasco. Yo le he planteado hoy muchos de ellos. Seguramente serán más a lo largo de la legislatura y tendremos ocasión de hablar de ellos. Que usted me diga
simplemente que está dispuesto y que acepta el diálogo ya me parece una cosa positiva. Entiendo que unos temas los ha tocado y otros no y por eso le damos 100 días o, si quiere, 122, pero no se olvide de esto.
En cuanto a lo que le he comentado antes en relación con Izar, usted ha dicho que la SEPI tiene la instrucción de ponerse en contacto con las partes sindicales y con las comunidades autónomas. Desde luego si nos llaman para esta cuestión,
como para otras, estaremos ahí para tratar de aportar lo que podamos desde nuestras instituciones o desde el grupo parlamentario.
Insisto en que han quedado un montón de cuestiones pendientes, de las que no ha dicho nada usted ha comentado algo de Izar, aparte de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Insisto en que no estoy en contra de la idea del Pacto de
Estabilidad en su concepto europeo.
El señor PRESIDENTE: Vaya acabando ya.
El señor AZPIAZU URIARTE: Han quedado pendientes las colaboraciones interinstitucionales en instituciones como SEPI, el Banco de España, etcétera supongo que esto le dará un tiempo para pensarlo; el tema del cupo, que nos preocupa
realmente y que seguramente es una cuestión para hablarla en otro ámbito. Si usted quiere hablarlo con este diputado en otro lugar, creo que lo podemos hacer para no aburrir al resto. También asuntos como Hobetuz, etcétera. Esa disposición me
parece positiva y estamos por la colaboración.
El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Brevísimamente, señor vicepresidente.
Expreso mi preocupación táctica y concreta a corto plazo, porque no sé si se dan cuenta de que si se mantiene una posición tan sumamente estricta respecto de la devolución de las ayudas, considerando que 1998 era el último año y que de ahí
proviene que se haya hecho el grupo Izar y toda la nueva estructura empresarial para intentar salvar esto con una actitud calificable como se quiera, ello aboca a una nueva reconversión del sector. No sé si esta es la mejor manera de afrontar un
problema, porque la reducción fue brutal desde el año 1986. Habría que utilizar algún método nuevo, porque vemos que desde el año 1986 hasta ahora no funcionó.
Al final va a ser la eliminación del sector militar con ese criterio suyo de la
construcción civil, con uno que quede , si se baja más la capacidad autorizada al Estado español... Es distinto que ahora ustedes incentivasen las prejubilaciones, redujesen las plantillas pero con mantenimiento de los centros. Si esto no va a ser
así, es la misma cantinela de siempre y no creo que al final se arregle el problema.
El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muy rápidamente voy a contestar a las distintas preguntas.
No comparto, evidentemente, la tesis del señor Arias. El modelo está muy claro. La productividad gustará o no, pero es la idea base que implica la modernización de la sociedad, y por ahí debemos funcionar. No comparto su tesis de que de
1975 a 1996 no se converge, cuando quiera usted discutimos el tema con cifras en la mano y verá cómo no es esa la situación. En cuanto a su pregunta muy concreta, le diré que la ley sigue aplicándose y que la aplicaremos para la elaboración de este
presupuesto.
Ya sé que mi respuesta no es satisfactoria para usted.
El señor Sánchez i Llibre es un habilidosísimo portavoz que me hace decir lo que yo no he dicho y, para evitar problemas, yo no he ofrecido tener un pacto sanitario para hablar del déficit sanitario. Le he ofrecido que hablemos del futuro
de la sanidad, que es un tema radicalmente diferente.
(Risas.) En consecuencia, estamos encantados de hablar de la sanidad y de su futuro. Evidentemente la financiación de la sanidad es un problema, pero no es el único del que hay que hablar sino
de muchas más cosas. Esta es, lo he dicho antes, una competencia transferida y es un punto fundamental dentro del debate que vamos a tener.
Con respecto al PNV, he dicho antes que no iba a entrar en los temas concretos y de detalle. Habrá ocasión para hablar de ellos pero no era el día ni el momento. Con los tiempos que tenemos no era mi objetivo
entrar en ellos ni estoy en condición de hacerlo, pero habrá ocasión de hablar de ello.
Señor Rodríguez, entiendo su problema. Nadie está bajando la capacidad española de producción. Lo que nos dijeron desde el año 1996 es que podemos producir todo eso siempre y cuando no concedamos ayudas públicas.
El problema no es la
capacidad, son las ayudas públicas. El problema de las ayudas públicas es que no estamos hablando de 300 millones. La operación a la que usted se ha referido de la fusión, que es la segunda, son 700 millones de euros, y siguen otras tres más con
cantidades significativas. Hay que ser conscientes de la dificultad del tema y eso nos lleva a plantearnos seriamente cómo podemos conseguir tener algún astillero que pudiera ser viable en el futuro en el sector civil. Vamos a ver si lo
conseguimos; para eso estamos dispuestos a trabajar. Sé que eso produce problemas regionales y sociales enormes y complicadísimos.
Estamos dispuestos a hacer todo el esfuerzo posible para ayudar al máximo a todas las zonas afectadas.
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate, se levanta la sesión.
Eran las nueve de la noche.