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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 21, de 10/05/2004
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2004 VIII Legislatura Núm. 21
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALFONSO GUERRA GONZÁLEZ
Sesión núm. 2
celebrada el lunes, 10 de mayo de 2004
ORDEN DEL DÍA:
Ratificación de la celebración de las comparecencias acordadas por la mesa de la Comisión en su reunión del 6 de mayo de 2004 ... (Página 2)
Delegación en las mesas de las Comisiones de la competencia de éstas de adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del reglamento, concordante con la resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983. (Número
de expediente 042/000005.) ... (Página 2)
Comparecencia de la señora vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno (Fernández de la Vega Sanz) para informar sobre: - Las líneas generales de la política de su departamento. A petición
propia. (Número de expediente 214/000011.) ...
(Página 2)
- La política que piensa desarrollar en el Ministerio. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000013.) ... (Página 2)
Se abre la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.
RATIFICACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LAS COMPARECENCIAS ACORDADAS POR LA MESA DE LA COMISIÓN EN SU REUNIÓN DE 6 DE MAYO DE 2004
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión de la Comisión Constitucional.
Señoras y señores diputados, procedemos a ver el orden del día para el que ha sido convocada la Comisión. En primer lugar, ratificación de la celebración de las comparecencias acordadas por la Mesa de la Comisión en su reunión del día 6 de
mayo de 2004. Como saben ustedes, porque la Mesa lo consultó con los portavoces, el día 6 acordamos la celebración de la comparecencia de la señora vicepresidenta de Gobierno. Por tanto, someto a consideración de la Comisión la ratificación de la
celebración de la comparecencia acordada por la Mesa de la Comisión en su reunión del día 6. Si no se suscita ningún reparo o cuestión al respecto, se declara ratificado el orden del día de la citada sesión. (Pausa.) Queda ratificado.
DELEGACIÓN EN LAS MESAS DE LAS COMISISONES DE LA COMPETENCIA DE ÉSTAS DE ADOPCIÓN DE LOS ACUERDOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO CONCORDANTE CON LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1983. (Número
de expediente 042/000005.)
El señor PRESIDENTE: En segundo lugar, se trata de acordar la delegación en las mesas de las comisiones, en general de todas y en este caso de la Constitucional, de la competencia de la Comisión para la adopción de los acuerdos a que se
refiere el artículo 44 del Reglamento, concordante con una resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983.
Es decir, se acuerda la delegación en la Mesa de la Comisión para acordar las comparecencias de esta Comisión. Se hace
condicionadamente; la condición es que, de conformidad con lo establecido en la resolución de la Presidencia del Congreso de 2 de noviembre de 1983, se delegan en la Mesa de la Comisión las facultades a que se refiere el artículo 44 del Reglamento
del Congreso, es decir, la comparecencia, sobre el entendido de que el rechazo de solicitudes de comparecencia exigirá el acuerdo unánime de los miembros de la Mesa. En el supuesto de que no se dé la unanimidad, la competencia para resolver
permanecerá en el pleno de la Comisión.
¿Están de acuerdo las señoras y señores diputados? (Asentimiento.) Acordamos, por tanto, esa delegación.
COMPARECENCIA DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ) PARA INFORMAR SOBRE:
- LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente 214/000011.)
- LA POLÍTICA QUE PIENSA DESARROLLAR EN EL MINISTERIO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000013.)
El señor PRESIDENTE: Punto 3.º del orden del día: Celebración de las siguientes comparecencias: la primera, a petición propia de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, para informar sobre las líneas generales
de su departamento; la segunda es la comparecencia de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia para informar en relación a la política que piensa desarrollar en el ministerio, a solicitud del Grupo Parlamentario Popular.
Sumaremos ambas peticiones, la petición propia y la del Grupo Popular. En primer lugar, tiene el uso de la palabra la excelentísima señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Señoras y señores diputados, comparezco ante esta Comisión con el objeto de exponerles las líneas generales de la
actuación que me propongo llevar a cabo desde la responsabilidad que el presidente del Gobierno me ha asignado como vicepresidenta primera, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno.
Me van a permitir que les diga en esta mi primera intervención ante la Cámara que me siento muy honrada
de ser la primera mujer que accede a esta responsabilidad; honrada porque con la composición de este Gobierno hemos logrado ampliar para las mujeres el espacio del poder político por el que vienen luchando desde hace más de tres siglos;
honrada también porque el Gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero es al fin, por primera vez en nuestra historia política, un gobierno paritario. Y soy muy consciente del compromiso que, por ello, asumo, pues nos queda mucho por hacer
en el camino de la igualdad. Confío en que esta decisión sirva de referencia y guía en otros muchos ámbitos y también en aquellos en los que la plena incorporación de la mujer a las tareas públicas es un desafío aún por cumplir.
Y una última precisión inicial: como vicepresidenta primera del Gobierno me corresponde favorecer y coordinar su actuación política. Pese a ello, por respeto a mis compañeros de gabinete y a los diputados y diputadas que integran otras
comisiones ante las que han de comparecer en los próximos días, no adelantaré en esta comparecencia contenidos sectoriales que sólo a los titulares de cada cartera corresponde exponer. Sí quiero ponerles de relieve, sin embargo, que me siento
corresponsable de su actuación y que mi función de impulso y coordinación se reforzará en todas aquellas materias que, por su transversalidad, afecten a más de un departamento ministerial, como ya he venido haciendo hasta la fecha.
Señorías, estoy convencida de que la legislatura que ahora comienza será apasionante.
Con su alta participación en las pasadas elecciones los ciudadanos nos han dado una lección incuestionable de civismo y democracia. El resultado electoral nos traslada un nítido mensaje de entendimiento y diálogo.
Somos conscientes de que
nos corresponde articular una mayoría estable de gobierno. De ella pueden ser sus primeros signos el apoyo obtenido en la investidura por el presidente Rodríguez Zapatero y el acuerdo para la formación de las Mesas de la Cámara y sus comisiones.
El pasado 14 de marzo ganó la política; la política como expresión de la cultura; la política como diálogo, como conjunto de propuestas y soluciones que la inteligencia formula para resolver los problemas cotidianos de los ciudadanos; la
política como intercambio de ideas y opiniones que buscan una amplia aceptación y consenso. En definitiva, la política como el sabio arte de organizar la convivencia. Por eso sabemos que la tarea que el Gobierno tiene por delante requiere talento,
entrega, flexibilidad y humildad, pues no consiste en imponer nuestro programa, sino en recabar apoyos por la vía de la razón para llevarlo a la práctica. Nos corresponde enriquecerlo con las ideas y las aportaciones de los demás grupos
parlamentarios y con las prioridades que ya los ciudadanos nos han hecho llegar y nos irán formulando en el próximo tiempo. Si algo tiene claro este gabinete es que gobernamos para todos y para todas.
Ya hemos insistido en que uno de los objetivos prioritarios del Gobierno en esta legislatura es mejorar la calidad democrática de nuestro sistema político, y esto significa, en primer lugar, respetar a la ciudadanía escuchando su voz, aunque
no siempre se muestre de acuerdo con las decisiones que el Gobierno adopte. Y hoy, más que nunca, se hace imprescindible que se cuente con ellos para evitar que sientan defraudadas sus esperanzas.
Gobernar con los ciudadanos significa, en mi opinión, transparencia en la acción de Gobierno, proximidad en la gestión diaria de los asuntos e incremento de la responsabilidad política. Ahora bien, esos objetivos sólo podrán cumplirse si
previamente creamos escenarios de intercambio y diálogo que favorezcan el entendimiento y garanticen mayores cuotas de libertad. Para ello los ciudadanos deben contar con una información veraz, plural, detallada y constante sobre los asuntos
sometidos al debate político. En la moderna sociedad de la información y del conocimiento transparencia es sinónimo de acceso a la información y garantía de que las opiniones han sido libremente formadas, sin desaprovechar nunca las oportunidades
que, para ello, nos brinda el progreso. Esta exigencia es sin duda mayor cuando hablamos de informaciones procedentes de fuentes públicas. Nada peor para una buena salud democrática que la opacidad informativa dirigida o condicionada desde el
Gobierno, y nada mejor, para evitar la tentación, que asegurar desde un primer momento la independencia y absoluta neutralidad de los entes públicos encargados de suministrarla.
Como vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia me corresponde promover y ejecutar todas aquellas medidas encaminadas al logro de este fin. Y como portavoz del Gobierno, ya dije en mi primera rueda de prensa que sería
honrada, en la medida de todo lo posible, eficaz y que nunca utilizaré la Mesa del Consejo de Ministros para descalificar a otras fuerzas políticas.
Señorías, esta mi primera comparecencia coincide con nuestros primeros veinte días de Gobierno y, en tan breve espacio de tiempo, desde el primer día hemos hecho honor a la palabra dada. Las medidas hasta ahora adoptadas no son sino el
cumplimiento de compromisos previamente adquiridos con los ciudadanos. Todas las medidas adoptadas figuraban como prioridades en nuestro programa electoral y no han hecho sino anticipar el contenido de nuestra acción de gobierno. Tal y como nos
comprometimos a hacer, hemos ordenado el regreso a casa de las tropas españolas que fueron enviadas a Irak; como antes señalé, hemos constituido el primer Gobierno paritario de la historia de España, con igual número de mujeres y de hombres; hemos
convocado ya la primera reunión del Pacto por las libertades y contra el terrorismo, instrumento que ha mostrado su
eficacia en reforzar la unidad de los demócratas en la lucha contra esta lacra que asola nuestra democracia. Asimismo, en los próximos días, el ministro del Interior comparecerá ante la Comisión de Secretos Oficiales para compartir
información con el resto de las fuerzas políticas y fijar una estrategia común y compartida. Quiero aquí, una vez más, hacer patente nuestra voluntad como Gobierno de articular decididamente con el resto de las fuerzas políticas una respuesta
eficaz a la amenaza terrorista cuyas víctimas van a sentir siempre el pleno apoyo del Gobierno, de este Parlamento y del conjunto de la sociedad.
En el primer Consejo de Ministros ordinario se sometió a informe la que será la ley integral contra la violencia de género y en el último, el viernes pasado, conscientes de que era necesario paliar inmediatamente lo que ya se ha convertido
en un drama colectivo, aprobamos un conjunto de medidas urgentes tendentes a reforzar la seguridad de quienes sufren esta forma de violencia.
Habíamos anunciado la reforma de una legislación educativa que, aprobada sin consenso, fue muy contestada por los sectores implicados. Hemos dado los primeros pasos en dicha dirección a través de una modificación del calendario de su
entrada en vigor que permita subsanar los déficit tantas veces denunciados.
Además, señorías, este Gobierno, en tan poco espacio de tiempo, ha dado pasos importantes para regenerar el espacio público. Así, hemos creado el Consejo para la reforma de los medios de comunicación de titularidad del Estado y hemos
anticipado ya importantes medidas para conseguir una mayor transparencia en el funcionamiento del Centro de Investigaciones Sociológicas. A ambas iniciativas me referiré más adelante con mayor detalle. En ambos casos, al frente de estas
instituciones, al igual que de la Fiscalía General del Estado, del Consejo de Estado y de Radiotelevisión Española se encuentran ahora profesionales independientes capaces de asegurar su eficaz funcionamiento.
Igualmente, hemos designado una nueva directora de la Oficina del Comisionado del Gobierno para las actuaciones derivadas de la catástrofe del buque Prestige, a la que he dado instrucciones precisas para que agilice la ejecución de las
medidas ya adoptadas para paliar los efectos de tan terrible desastre medioambiental, y he pedido que estudie y proponga todas aquellas que sean precisas para conseguir la plena recuperación del medio natural deteriorado, así como para adoptar las
medidas de prevención que sean precisas para evitar nuevos episodios de contaminación marina.
En fin, este Gobierno se ha ajustado a su compromiso de austeridad conteniendo el gasto corriente al reducir el número de órganos superiores de la Administración General del Estado y su personal de confianza y renunciar incluso a modificar
la denominación de algunos departamentos ministeriales para no incurrir en gastos adicionales. Han sido sólo veinte días, pero en ellos hemos cumplido lo prometido: las tropas destacadas en Irak están volviendo a casa; tenemos hoy un Gobierno
paritario; hemos convocado ya la primera reunión del Pacto Antiterrorista y el ministro de Interior compartirá información con el resto de fuerzas políticas en la Comisión de Secretos Oficiales tan pronto sea posible. El apoyo a las víctimas del
terrorismo, la lucha contra la violencia de género y la mejora de la calidad de la educación han sido también prioridades de estos primeros días. Como lo ha sido nuestro propósito de garantizar unos medios de comunicación públicos, libres y
plurales y el acceso a la información del CIS sin mediaciones interesadas. Es sin duda poco tiempo, pero quizá suficiente para mostrar el compromiso del Gobierno con la palabra dada.
Los anteriores, señorías, son ejemplos de un modelo de gobierno que quiere contar con los ciudadanos y mirar hacia el futuro con confianza e ilusión; un Gobierno y una forma de gobernar cuya coordinación y expresión me corresponde. Y, en
línea con lo hasta ahora decidido, puedo anticiparles que me propongo impulsar la realización de los siguientes compromisos que constituirán el eje de mi futura acción política. En primer lugar, y durante la presente legislatura, hemos de conseguir
entre todos un amplio consenso sobre la reforma de la Constitución; una reforma que el Gobierno quiere concreta y limitada. Como es conocido, el presidente del Gobierno, en su discurso de investidura, anunció su voluntad de iniciar un proceso de
reforma constitucional en relación con cuatro cuestiones concretas: la supresión de la diferencia de sexo como criterio de preferencia en la sucesión a la Corona; la inclusión de las comunidades autónomas en la Constitución; el establecimiento de
una cláusula de reconocimiento de la Constitución europea y, finalmente, la reforma del Senado para que pueda funcionar como una verdadera Cámara de representación territorial, capaz de integrar participativamente la voz de las comunidades autónomas
en las decisiones del Estado. Estoy convencida de que este es el momento para abordarla y de que en este empeño contaremos con el concurso y la ayuda de todos para encontrar un acuerdo. Es evidente que la reforma de la Constitución sólo puede
llevarse a cabo a partir de un amplio consenso con todas las fuerzas políticas y que, por tanto, la acción del Gobierno debe orientarse a crear los presupuestos para que ese consenso pueda ser alcanzado. En eso nos vamos a empeñar.
En segundo lugar, como ustedes saben, el Gobierno ha nombrado presidente del Consejo de Estado a un experto constitucionalista de reconocido prestigio y contará con ese órgano para que desde la serenidad, el estudio y la reflexión emita un
informe que sirva de apoyo al proceso político de la reforma. Queremos que en tan delicada tarea el Consejo de Estado cuente con la experiencia de quienes han sido presidentes del Gobierno y con el apoyo técnico del Centro de Estudios
Constitucionales, para que entre todos puedan preparar el mejor de los documentos posibles. En este sentido, y como ministra de la Presidencia, remitiré a esta Cámara en fechas próximas un proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica
del Consejo de Estado que permita dotarlo de los instrumentos jurídicos necesarios para el cumplimiento de tan relevante función.
Nuestro tercer compromiso es promover un acuerdo para abordar una reforma limitada de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Aquí nuestros objetivos se concretarán en los siguientes aspectos. Por un lado, institucionalizar los
debates electorales de los candidatos de las formaciones políticas en los medios de comunicación de titularidad pública. Ello permitirá que los ciudadanos puedan tener mejor conocimiento de las propuestas programáticas de las diferentes opciones
políticas. Quedará así garantizado lo que es el derecho de los ciudadanos a ver confrontados a los líderes de los principales partidos que concurran a las elecciones y a obtener una cabal impresión que les permita conformar su opinión y su voto con
verdadera libertad. Con ello contribuiremos, además, a reducir los gastos electorales, cuyo progresivo crecimiento ha sido criticado con justicia por los ciudadanos y significa una importante carga financiera para los partidos políticos. Otra de
las modificaciones necesarias en esta reforma de la Ley electoral será la aplicación del principio de paridad entre hombre y mujer en la formación de las candidaturas electorales. Del mismo modo, porque apostamos decididamente por una democracia
cercana a los ciudadanos y ciudadanas, aprovecharemos la reforma de la legislación electoral para convertir a los municipios en verdaderas administraciones de proximidad, permitiendo a los vecinos la elección directa de sus alcaldes mediante un
sistema de doble vuelta.
En cuarto lugar, es nuestra voluntad buscar un compromiso en relación con la reforma de la legislación de partidos políticos, con el fin de garantizar su democracia interna, resolver los problemas de financiación y hacerlos más permeables a
las demandas sociales. A tal efecto vamos a promover el diálogo y el trabajo con todos los grupos políticos en esta Cámara, porque entiendo que en este ámbito es imposible avanzar si no llegamos a un acuerdo entre todos prácticamente unánime.
En quinto lugar, el Gobierno reitera y asume el compromiso de que el Parlamento recupere el papel central de la vida política en España.
Considero imprescindible que se aborde, esta vez con éxito, la reforma del Reglamento del Congreso de
los Diputados, y confío en que los grupos parlamentarios conseguirán próximamente culminar ese propósito compartido desde hace mucho tiempo por todas las fuerzas políticas. El presidente de la Cámara ha reafirmado su compromiso en esta tarea. Esta
disposición del presidente es para mí una eficaz garantía de que en esta legislatura vamos a alcanzar este objetivo. Junto a ello, apoyaré la creación de la anunciada oficina presupuestaria, con el fin de garantizar la transparencia de los datos
sobre la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado y la gestión de los fondos públicos. Pero el Gobierno también es consciente de que su propia actitud respecto de las Cortes Generales es un elemento fundamental en la recuperación del
papel del Parlamento. Por este motivo, en nombre del Gobierno, apoyaré con decisión todas aquellas iniciativas que, nacidas en el seno de las Cámaras, se orienten a la agilización del trabajo parlamentario, a potenciar la participación de los
ciudadanos y de los grupos en que se integran y a dotar de contenido de actualidad los debates tanto en el Congreso como en el Senado. En definitiva, pretendemos -yo creo que además es un objetivo de todos- un Parlamento con el que los ciudadanos
se sientan identificados además de representados y que consiga asegurar un control eficaz de la acción de Gobierno. Estoy convencida de que el ejercicio de dicha función por parte de las Cámaras supondrá una importante mejora de la calidad y la
extensión del debate político. El Parlamento constituye un ámbito donde el debate reglado permite oír las voces de todos. Frente a quienes a veces auguran su crisis, estoy convencida de que es y debe ser el punto de referencia de todo el sistema
político, pues al ser el foro donde las plurales convicciones en que se expresa la vida social pueden enfrentarse dialécticamente de forma jurídicamente ordenada, le corresponde definir las prioridades de la sociedad democrática. El Parlamento, lo
sabemos todos, es mucho más que el resultado de las votaciones. Por eso, este Gobierno renuncia expresamente a trasladar el debate político o la explicación de sus iniciativas a otros foros más cómodos, donde la acción de Gobierno no pasa el
fielato del debate público. En el Parlamento -SS.SS. lo saben- no se puede mentir, lo sabemos todos, y por ello lo que en él se dice compromete, tal y como ahora mismo estoy comprometiendo mi palabra. Cegar el protagonismo de la vida
parlamentaria ocupando todo el espacio en los medios de comunicación públicos, es una conducta que nunca podrán imputar a este Gobierno. Considero preciso reiterar, no obstante, que en esta materia aspiramos a que el Parlamento ostente el
protagonismo y no el monopolio del debate político, pues no cabe olvidar el fundamental papel que en la formación de una opinión pública libre juegan los medios de comunicación social.
Por último, este Gobierno será escrupulosamente respetuoso con los trámites del procedimiento legislativo en el Parlamento. No volverán a acometerse, por ejemplo, reformas del Código Penal mediante enmiendas presentadas a otras leyes en el
Senado, hurtando su debate a esta Cámara.
Y tengan la seguridad de que propondremos a SS.SS. que sea derogada la que se aprobó al final de la pasada legislatura por este procedimiento.
De la misma manera, es mi firme propósito reducir el
contenido de las leyes de acompañamiento a aquellas materias que le son propias, tal y como ha propuesto el Tribunal Constitucional en sus pronunciamientos, limitando las leyes fundamentalmente a normas de desarrollo de las materias de
ejecución de la política presupuestaria y económica. Además, me comprometo a que lo que finalmente el Gobierno comprometa ante esta Cámara se cumpla. Y con el objetivo de facilitarlo creo necesario potenciar una de las funciones de la Secretaría
de Estado de Relaciones con las Cortes, concretamente la que se refiere al seguimiento de los compromisos adquiridos por el Ejecutivo en sede parlamentaria. Para ello me propongo remitir a esta Cámara al inicio de cada período de sesiones un
informe sobre el grado de cumplimiento de las delegaciones legislativas vigentes, desarrollos reglamentarios y mandatos legislativos pendientes.
En sexto lugar, como ya anticipé, me referiré a la reforma de los medios públicos de comunicación; un tema en el que, como saben, ya hemos empezado a trabajar. En el primer Consejo de Ministros ordinario, celebrado hace apenas unos días,
hemos aprobado el Real Decreto 744/2004, de 23 de abril, por el que se crea el Consejo para la Reforma de los Medios de Comunicación de Titularidad Estatal. Este Consejo, integrado por profesionales independientes, deberá fijar en un plazo de nueve
meses los criterios para dicha reforma. Es, insisto, un Consejo independiente, a cuyos integrantes únicamente les hemos indicado lo que ahora les digo a sus señorías: que este Gobierno quiere para España unos medios de comunicación públicos
libres, plurales y de calidad. Ese ha sido el único criterio que vamos a trasladar al Consejo, que se reunirá por primera vez esta misma semana y en cuyo informe han de incluirse los que son seguramente los tres principales aspectos de la reforma:
cómo elegir los órganos directivos de los medios públicos, qué tipo de programación deben emitir y cuál debe ser su modelo de financiación. Una vez recibamos el informe del Consejo de expertos que, como saben SS.SS., nos hemos comprometido a asumir
en sus principios y reglas básicas, presentaremos un proyecto de ley para la reforma de los medios públicos de comunicación. Es voluntad del Gobierno, y así lo ha expresado el presidente en varias ocasiones, que la reforma de los medios de
comunicación de titularidad estatal sirva, además, como espejo donde puedan mirarse el resto de medios públicos, tanto autonómicos como municipales.
En séptimo lugar, constituye también ejemplo de la decisión de dar transparencia a las instituciones públicas nuestro objetivo declarado de convertir el Centro de Investigaciones Sociológicas en una institución al servicio exclusivo del
Estado y de las comunidades autónomas, y estoy decida a hacerlo más accesible, no sólo ante el Congreso de los Diputados, sino también ante la sociedad en su conjunto. Las directrices de la reforma que deseamos introducir coinciden en líneas
generales con algunas de las propuestas que ya hiciera en su día el grupo parlamentario que hoy apoya al Gobierno con otros grupos de esta Cámara. De entre ellas puedo destacarles, en primer lugar, que asumimos la obligación de entregar al
Parlamento no sólo los avances de resultados de cada uno de los trabajos desarrollados por el CIS, sino también el resto de datos que permite evaluar independientemente sus resultados. En tal medida, he ordenado al secretario de Estado de
Relaciones con las Cortes que traslade a los grupos parlamentarios del Congreso todos los baremos e informes elaborados por el CIS tan pronto como le sean remitidos, absteniéndose de efectuar cualquier valoración sobre la información allí contenida.
Potenciaremos, asimismo, las encuestas que contribuyan a acercarse a las necesidades e inquietudes de los ciudadanos. A estos efectos, el Gobierno se propone solicitar la comparecencia anual del presidente del CIS ante esta Cámara a fin de
exponer y debatir con SS.SS. un plan de trabajo que venga consensuado desde aquí. Por último, para garantizar su transparencia e imparcialidad, nuestra intención es promover una reforma legal que consolide las prácticas expuestas y prevea la
elección parlamentaria del presidente del CIS. Su mandato debería extenderse en cualquier caso durante un periodo superior al de la legislatura.
En octavo lugar, en estas semanas, como ya he señalado al inicio de mi intervención, el Gobierno ha designado a un nuevo fiscal general del Estado. Es intención del Gobierno, además de promover la reforma del Estatuto del ministerio
público, sobre la que les hablará con más detalle en su comparecencia el ministro de Justicia, asegurar una mayor autonomía respecto del Poder Ejecutivo sobre todos los casos concretos, favoreciendo su comparecencia ante el Parlamento aún antes de
ser designado para que pueda ser evaluada por la Cámara su idoneidad. Además, dentro de la reforma constará que el Fiscal General del Estado no podrá intervenir ni tomar decisiones en relación con procedimientos penales que afecten a los miembros
del Gobierno, actuando en su lugar el fiscal jefe correspondiente, oída la Junta de Fiscales de Sala.
Señoras y señores diputados, junto a este ambicioso conjunto de proyectos de reforma y de renovación democrática, es nuestra intención proponer a la Cámara un paquete de medidas legislativas para apuntalar la dignificación del espacio
público y abrir cauces para la participación ciudadana. Así, les puedo anticipar las siguientes. Promoveremos una ley de desarrollo del derecho al libre acceso a la información que garantice que todos los poderes públicos y entes sostenidos con
fondos públicos faciliten en tiempo útil el acceso a la información que obre en su poder, con las únicas limitaciones establecidas en la Constitución. De la misma forma, las estadísticas que obran en manos de la Administración se harán públicas
periódicamente, poniendo fin así al actual apagón estadístico.
Desde el Ministerio de la Presidencia promoveré también un proyecto de ley de publicidad institucional, cuyas previsiones pongan término a la confusión que a menudo se produce entre información institucional e información pro-gubernamental.
Este Gobierno, señorías, no va a jugar con cartas marcadas. Queremos dejar bien claro que una cosa es una campaña institucional y de información a la ciudadanía y otra completamente distinta la propaganda partidista encubierta, de la que debe
quedar claramente diferenciada.
En el ámbito de lo audiovisual, vamos a auspiciar una normativa que prevea la constitución de una autoridad independiente como organismo público e independiente en cuanto a su régimen jurídico y patrimonial, que velará por el cumplimiento de
las normas y de los fines que rigen la actuación de los medios de comunicación; es el llamado consejo de medios audiovisuales, sobre el que tantas veces hemos debatido en esta Cámara.
En la pasada legislatura, se aprobó la Ley reguladora del derecho de asociación. Corresponde ahora a este Gobierno elaborar el reglamento de esta ley y, teniendo presente el artículo 9.2 de la Constitución, queremos que sea un buen
instrumento para el fomento del asociacionismo y de la participación de los ciudadanos en la vida pública. Para ello se establecerán planes plurianuales de ayuda a las organizaciones sociales que garanticen independencia respecto del Gobierno e
impulsaremos y reorganizaremos los consejos sectoriales de participación.
Finalmente, en mi condición de vicepresidenta del Gobierno, me compete la función de coordinar y velar por el buen funcionamiento de la Administración General del Estado. Desde la presidencia de la Comisión General de Secretarios de Estado
y Subsecretarios garantizo el compromiso de austeridad asumido por el Gobierno y, en breve, pondré en marcha mecanismos complementarios que, sin merma de la eficacia, consoliden buenas prácticas administrativas y de técnica legislativa. Es hora de
poner fin a la complejidad y confusión que se derivan de una inadecuada redacción de las disposiciones normativas de origen gubernamental, estableciendo un control técnico sobre las mismas, facilitando la comprensión de sus contenidos por los
ciudadanos y evitando también la litigiosidad. Desde el Ministerio de la Presidencia vamos a prestar especial atención a todas aquellas disposiciones que puedan afectar a la legislación básica del Estado y, por tanto, a la distribución
constitucional de competencias.
Este Gobierno aborda con rigor y seriedad la pluralidad territorial de España y, por tanto, hará todo lo posible para que las normas que afectan al reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas sean discutidas en el
Parlamento y revistan la forma de ley. Estamos seguros de que esta medida ayudará a reducir la elevada conflictividad jurisdiccional que en estos momentos existe entre el Estado y las comunidades autónomas. Este Gobierno tendrá muy presente que,
como dispone la Constitución, el Estado español se organiza territorialmente en municipios, provincias y comunidades autónomas, y actuará en consecuencia, respetando escrupulosamente los respectivos ámbitos de autogobierno. Desde esta perspectiva,
el Gobierno siempre será receptivo a las iniciativas que procedan tanto del ámbito autonómico como del local, que nadie lo dude. Desde la vicepresidencia primera del Gobierno no se van a escatimar esfuerzos para favorecer la opción conjunta y
fomentar las relaciones interterritoriales, de manera que ninguna acción de gobierno será cauce para favorecer un enfrentamiento entre las administraciones implicadas.
En otras muchas ocasiones, la coordinación del Gobierno camina en paralelo con la obligación de coordinarse con otras administraciones públicas. Así lo estamos haciendo y lo haremos en relación, por ejemplo, con la celebración del Forum de
las Culturas en Barcelona, con la Copa América en la ciudad de Valencia, con la candidatura de Zaragoza para ser sede de una exposición internacional en el año 2008, con la conmemoración del bicentenario de la Constitución de Cádiz o con la
planificación de la candidatura de Madrid como sede olímpica, expresión de una pluralidad que también tendrá reflejo en la preparación del enlace de Su Alteza Real el Príncipe de Asturias, pues estoy en condiciones de anunciar a SS.SS la decisión
del Gobierno de que la leyenda que figure en los sellos conmemorativos de la boda real se exprese en todas las lenguas oficiales del Estado. Coordinación interna y externa que pone de manifiesto una realidad que conviene no olvidar: el interés
general de España no se identifica de modo necesario con el interés de la Administración general del Estado, sino que también lo representan los ayuntamientos y comunidades autónomas, en un proceso dinámico de confluencia y decantación de los
intereses de los diversos poderes públicos que territorialmente vertebran España. Todo ello, señorías, lo haremos con el máximo respeto a los principios que van a regir la acción de este Gobierno, un Gobierno que, desde la austeridad, está decidido
a recuperar la dignidad de la política y el prestigio de sus protagonistas a través de una acción próxima a la ciudadanía, honesta y transparente; un Gobierno, en fin, que cumple sus compromisos.
Esto es todo, señorías, y creo que no ha sido poco. Ya se ve que esta Comisión Constitucional va a tener muchos y muy importantes asuntos que tratar en esta legislatura. Estoy segura de que, con los cualificados miembros de esta Comisión,
muchos de ellos con gran experiencia en materias constitucionales, y con un presidente que acumula en su vida una de las mayores experiencias en esta Cámara, vamos a realizar un trabajo bueno para España y para los españoles. Cuenten para ello con
toda la colaboración del Gobierno y de su vicepresidenta primera. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Corresponde ahora el turno de intervenciones de los grupos parlamentarios.
Como no está presente la señora portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, pasamos la palabra al representante portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones Sevilla.
El señor MARDONES SEVILLA: Señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, quiero que mis primeras palabras, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sean de bienvenida a esta Comisión, de felicitación por su
nombramiento, deseándole, para beneficio del bien común y de todos los españoles y del Estado, la mejor andadura política en su gestión.
Señora vicepresidenta, sobre la amplia exposición que usted ha realizado, mi grupo quiere mostrar de entrada su disposición a participar y colaborar en el bien común de la gobernabilidad del reino de España y de todo el Estado para que goce
del consenso que usted nos ha pedido. En la primera parte de su intervención, que yo la valoro como una declaración de principios políticos, usted compromete su palabra ante este Parlamento -como usted misma ha dicho- a través de esta Comisión y
periódicamente esa será la dación de cuentas que, en exigencia política, corresponde al Parlamento. Nosotros nos congratulamos de estas declaraciones de principios políticos, de las que participamos desde nuestro posición territorial en Canarias.
A continuación, paso a formularle algunas preguntas al respecto. En primer lugar, la señora vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia ha planteado una serie de modificaciones de leyes actuales.
Dada la actualidad que
tienen estos temas, yo le pregunto lo siguiente.
La Ley 11/2002, que regula el Centro de Inteligencia Nacional, dice en su artículo 6 que se crea la Comisión delegada del Gobierno para asuntos de inteligencia y que la presidirá uno de los
vicepresidentes del Gobierno.
Supongo que recaerá sobre la vicepresidenta primera la presidencia de la Comisión delegada de asuntos de inteligencia. El artículo 6 dice claramente que esta Comisión velará por coordinar a todos los servicios de
información y de inteligencia en el Estado, por tanto, va a ser una figura clave en este proceso, por ello, mi pregunta es si está previsto mantener lo que dice a este respecto el artículo 6 de la Ley 11/2002 del Centro Nacional de Inteligencia.
En segundo lugar, dado que usted se ha referido en su intervención a la convocatoria del Pacto antiterrorista, quisiera preguntarle si los grupos que no lo suscribimos en su momento -porque esta potestad quedó reservada en su día a los
grupos parlamentarios mayoritarios, el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista-, las restantes fuerzas políticas que, en su día, no pudimos participar en la firma originaria del Pacto antiterrorista podríamos incorporarnos a
él en posición activa. Mi grupo, Coalición Canaria, se llama a la parte y considera que debe ser un compromiso claro, evidenciable y escenificable en lo que supone el Pacto antiterrorista, como ocurrió en esta Cámara hace años -y hay diputados
presentes que lo recordarán- cuando se suscribió el Pacto de Madrid y después el Pacto de Ajuria Enea. Sería una buena idea que estuviéramos allí todas las fuerzas políticas, parlamentarias y del Estado para enseñarles a los terroristas que nuestra
posición no es puramente retórica, sino un compromiso con los valores democráticos de nuestra Constitución, del Estado de derecho y de los derechos humanos.
La tercera cuestión que ha planteado la señora vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia es relativa al referéndum para que la Constitución europea se refleje en la modificación de nuestra Constitución. Uno de los cuatro puntos
que usted ha mencionado ha sido el reconocimiento de la Constitución europea. ¿Considera el Gobierno que debe servir de reafirmación convocar un referéndum al pueblo español de apoyo a la Constitución europea? Parecería lógico que, si va a ser
reflejo de una voluntad soberana y democrática del pueblo español ver este reconocimiento en una futura modificación de la Constitución, haya también un pronunciamiento mediante un referéndum para aprobar la Constitución europea.
Se ha referido también la señora vicepresidenta primera del Gobierno a la modificación del Consejo de Estado. Sobre esta modificación del Consejo de Estado, se ha hablado de un propósito del señor Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno
-aunque usted no lo ha dicho aquí, nosotros lo compartimos-, que se va a consignar que los ex presidentes del Gobierno español tengan puesto de consejeros -suponemos que sería un puesto equivalente al de consejeros vitalicios, no consejeros
temporales- con el fin de que los ex presidentes del Gobierno tengan una representación en el Consejo de Estado. Esta idea, expuesta en su discurso de investidura por el presidente del Gobierno español, señor Zapatero, es compartida por mi grupo.
Sobre la creación de la oficina presupuestaria en el Congreso, ¿entienden que debe ser una facultad regulada por el Gobierno o regulada sólo dentro de la reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados y, si es que esta oficina
presupuestaria va a actuar a nivel de las dos Cámaras, del Reglamento del Senado?
Con respecto a la modificación de los medios de comunicación estatal -mi grupo participa, señora vicepresidenta, de la idea que usted ha expuesto-, le hago una sugerencia. Puesto que el nombramiento de esta especie de comité de sabios, que
va a tener un tiempo para presentar al Gobierno un proyecto de reforma de los medios públicos de la radiotelevisión estatal, ha sido una cuestión reservada al Gobierno, ¿sería posible, dado que en este momento no se ha dicho de qué tiempo van a
disponer para presentar el
informe definitivo y dado que se ha producido un hecho luctuoso que ha supuesto la baja del que fuera presidente de la Real Academia Española de la Lengua, que los grupos parlamentarios pudieran exponer al Gobierno o presentar sugerencias
de, digamos sabios, personas de acreditada solvencia profesional e independencia en los medios de comunicación para enriquecer ese propio comité de sabios, que se ha alargado? Es una sugerencia que le hace mi grupo y que queda, por supuesto, a la
discrecionalidad del Gobierno, puesto que estos comités de sabios no están regulados por ninguna ley.
Participamos, señora vicepresidenta primera, de lo que usted ha dicho con respecto a la modificación -entiendo que del Estatuto del ministerio fiscal- cuando se ha referido a la figura del Fiscal General del Estado.
Nosotros desearíamos que
se hiciera por los cauces de participación parlamentaria y de independencia y entiendo que la modificación sería del Estatuto orgánico del ministerio fiscal; no sé si habría otra figura legal al respecto.
Cuando la señora vicepresidenta ha hablado -y con esto estoy terminando, señor presidente- de traer un proyecto de ley reguladora del derecho de asociación, ¿se está refiriendo sólo a generación de entidades puramente civiles, de la sociedad
civil (de vecinos, etcétera) o este derecho de asociación es ampliable a entidades religiosas, a los militares, a aquellos con quienes tenemos abierto ese debate?
Finalmente, señora vicepresidenta, una cuestión que no ha citado usted, pero que sí ha estado, digamos, enganchando en una modificación relativa a la coordinación de las competencias entre las distintas administraciones públicas: Gobierno
de la nación, comunidades autónomas, ayuntamientos e incluso, en el caso de Canarias, la peculiaridad administrativa que son los cabildos insulares. ¿Piensan ustedes retocar o hacer una reforma, en esta línea de pensamiento que usted ha expresado
de las competencias de los delegados del Gobierno? Según como se interprete, los delegados del Gobierno pueden jugar o no un papel de intermediación, de vertebración, a la hora de armonizar las distintas competencias de las comunidades autónomas,
ya que el delegado del Gobierno opera en nombre del Gobierno dentro del territorio de una comunidad autónoma, donde están ayuntamientos, gobiernos autonómicos y otras entidades que pudiera haber por ahí.
Nada más, señor presidente y muchas gracias, señora vicepresidenta, por la atención que me puede haber prestado y por sus respuestas. Le reitero mis votos por su acierto, por su éxito para el bien de la responsabilidad democrática y
constitucional encomendada, a la que mi grupo ofrece su colaboración.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: En primer lugar, quiero felicitar a la señora vicepresidenta y agradecerle su comparecencia en esta Comisión para explicar prácticamente el conjunto del programa de gobierno en lo que es su responsabilidad. Con
independencia de que coincida en la mayor parte de las líneas del programa de gobierno -al menos en las líneas básicas-, en cuanto a su intervención, que ha sido profusa y ha tenido un grado alto de concreción, a mi grupo parlamentario le preocupa
el calendario de puesta en marcha de tantas y tan importantes medidas como ha puesto hoy encima de la mesa la vicepresidenta del Gobierno. Lo digo porque es básico tener un programa de acción, pero igualmente importante es el establecimiento de un
calendario que haga posible el desarrollo de ese programa de acción. Me gustaría que las medidas que han salido a la luz en este momento tuvieran al menos la concreción de los períodos legislativos o de los próximos años, para saber a qué nos
enfrentamos.
En primer lugar y con relación al tema más importante de los que ha planteado la señora vicepresidenta del Gobierno, estamos de acuerdo, a estas alturas, en la necesidad de abordar una reforma de la Constitución española, y en que esta sea
consensuada. Nos gustaría que una reforma consensuada y tasada no fuera únicamente la que, en líneas generales, ha planteado la vicepresidenta del Gobierno. Creemos que hay materias conexas que son muy difíciles de desarrollar si nos quedamos
únicamente en los cuatro aspectos que ha planteado en su intervención. Me refiero, en concreto, a la reforma del Senado como Cámara territorial y a las dificultades que tienen la estructura territorial del Estado y las formas de elección de los
senadores; cuestiones que no se solucionan únicamente con una reforma limitada al Título VIII de la Constitución. Lo mismo podríamos decir sobre otras materias, como la propuesta que hace la vicepresidenta del Gobierno sobre la Fiscalía General
del Estado, que nuestra Constitución establece que es dependencia del Gobierno, de modo que pone dificultades para un control más amplio del Congreso de los Diputados.
Nos gustaría que tanto esta propuesta de carácter general, en cuanto a la que coincidimos que debe ser tasada y consensuada, como la que se hace de reforma de leyes importantes, que podemos considerar del bloque constitucional aunque no lo
sean estrictamente, tuvieran cierta apertura tanto a la negociación y al acuerdo como en cuanto a las materias que se van a modificar. En concreto, me refiero a la reforma de la Ley Electoral. Estoy de acuerdo en alguna de las premisas que señala
la vicepresidenta del Gobierno sobre la reforma de la Ley Electoral en cuanto a la igualdad y a la paridad en las candidaturas electorales y a otras propuestas de su intervención. Ahora bien, nos parece
que la misma legitimidad e interés político tiene la reforma de la Ley Electoral en lo que tiene que ver con los municipios españoles como la reivindicación de mi grupo parlamentario en torno a la reforma de la Ley Electoral, cuya
legitimidad e interés político es mayor incluso.
En el primero de los casos volvemos otra vez al viejo paradigma de la gobernabilidad en detrimento de la representatividad y, en el caso de mi grupo parlamentario, volvemos a decir que esa contradicción no existe y que, por tanto, la
representatividad debe ser protegida porque no ha demostrado ser elemento de inestabilidad en el marco municipal en nuestro país. Si nos comparamos con el resto de los países europeos, nuestra estabilidad municipal es incluso superior. No sé por
qué esa obsesión con la reforma del sistema electoral en el ámbito municipal. Estamos dispuestos a discutir con el resto de los grupos parlamentarios cuando exista la misma sensibilidad respecto a una cuestión que nos parece lacerante: que
nuestros diputados nos cuestan tres y cuatro veces más que al resto de los grupos parlamentarios de la Cámara. Para nuestros electores, eso es inaceptable; da la impresión de que nuestros electores son menos españoles que el resto de los españoles
y necesitan sumar más para tener el mismo número de diputados que otros grupos parlamentarios.
Esa cuestión sí nos parece que debería abordarse en la reforma del sistema electoral, y así lo plantearemos; además de nuestro acuerdo sobre la paridad
o sobre los debates electorales, que limiten el gasto electoral en nuestro país, que empieza a ser alarmante y que dificulta el pluralismo político y la participación de las fuerzas políticas minoritarias.
Lo mismo podemos decir respecto de las otras propuestas que ha hecho la señora vicepresidenta del Gobierno: la reforma del Reglamento, la reforma de los medios de comunicación estatales, la reforma del CIS, la reforma del Estatuto fiscal,
la Ley de libre acceso a la información, la Ley de publicidad institucional y otras reformas que han sido planteadas por la señora vicepresidenta del Gobierno en su intervención.
Sí me gustaría, sobre ese plazo de las reformas, por ejemplo en relación a la reforma del Reglamento de la Cámara, que pudiéramos notar ya la voluntad del Gobierno antes incluso de que se produjese la reforma porque tenemos la experiencia de
diversas propuestas de reforma que al final han sido frustradas. No es que yo quiera actuar aquí de agorero; creo que esta vez es posible esa reforma, existen las bases documentales y políticas para ello, pero nos gustaría que el Gobierno, además
de manifestar su voluntad de apoyar la reforma, empezara a introducir elementos de cambio en las relaciones entre el Gobierno y el Parlamento.
Por ejemplo cuál va a ser la actitud del Gobierno ante las preguntas parlamentarias. ¿Será no responder,
como en la legislatura pasada?. ¿Será acogerse a los plazos de las preguntas parlamentarias para al final dilatar las preguntas y que no sean eficaces? ¿Será negar la información parlamentaria? Creo que eso debería aclararlo la señora
vicepresidenta del Gobierno porque estoy convencido de que en esa actitud del Gobierno ante el Parlamento se puede recuperar la centralidad perdida -este Parlamento ha estado amordazado durante mucho tiempo- y por otra parte se podrá demostrar la
voluntad efectiva de que la reforma del Reglamento convierta al Parlamento en el centro de la vida política de nuestro país, no en exclusiva, pero sí en el centro de la vida política de nuestro país.
Ha hecho algunas referencias al funcionamiento del Parlamento. Es una buena noticia la actitud del Gobierno en cuanto a la comisión de investigación, no era esa la actitud de gobiernos anteriores, parecía que las comisiones de investigación
fueran una carrera de obstáculos. En estos momentos, a muy poco tiempo de iniciar la legislatura ya hay el anuncio de una comisión de investigación. Sin embargo, nos gustaría también por ejemplo que sin haber empezado el debate de los presupuestos
en Comisión de Presupuestos hubiera por parte del Gobierno la misma transparencia que si hubiera empezado y que los grupos parlamentarios pudiésemos tener en tiempo real la información presupuestaria, que hoy ni siquiera tenemos, cuando llega el
conjunto de la información presupuestaria, pues no aparece en el disquette toda la información presupuestaria. A este grupo parlamentario le parece que hay algo todavía más importante. Nos ha complacido mucho lo que ha dicho la señora
vicepresidenta del Gobierno en torno a las leyes de acompañamiento; ese cambio sería muy importante para la seguridad jurídica y también para el debate parlamentario, pero nos gustaría que un debate que está absolutamente minusvalorado porque la
documentación llega tarde y mal, como es el debate de la evaluación presupuestaria -el verdadero debate presupuestario es la Ley de acompañamiento y la evaluación presupuestaria-, estuviera en la Cámara y nos permitiese a los grupos parlamentarios
una intervención mayor de la que tenemos en estos momentos. Por tanto coincidimos con la idea de la centralidad del Parlamento y creemos que desde el Gobierno, antes incluso de la reforma del Reglamento, se pueden hacer muchas cosas a favor de esa
centralidad aparte de lo que podamos hacer los propios grupos parlamentarios y lo que debemos hacer en el marco de la reforma reglamentaria.
Por otra parte, señora vicepresidenta del Gobierno también consideramos muy importante la noticia que se reafirma en torno a los medios de comunicación. Ha dicho usted que en esos medios de comunicación públicos se garantizará su carácter
público, su libertad, su pluralidad y su calidad. Sin embargo, esa manifestación, con la que coincidimos, y esa expectativa respecto al informe a realizar por parte de la comisión nombrada es en cierta medida contradictoria con las afirmaciones de
hoy de un secretario de Estado. Si estamos
todos comprometidos -nosotros lo estamos- con el informe que vayan a hacer los expertos y si ese informe va a guiar el nuevo modelo de los medios de comunicación -entiendo que no solamente de Radio Nacional y de TVE sino también de la
Agencia Efe-, todos deberíamos ser prudentes respecto de ese modelo; si entre tanto se empieza a anunciar ya privatizaciones de los medios de comunicación, estamos introduciendo una serie de ruidos que seguramente tendrán consecuencias tanto para
los trabajadores de RTVE como para los grupos parlamentarios. Nosotros no vamos a poder evitar, si eso continúa, la petición de comparecencia ante el consejo de Radiotelevisión o ante la Comisión de Control de Radiotelevisión Española. Nos parece
que en esa materia debería abundar la prudencia, y algunas manifestaciones que son reducciones a lo absurdo, como acabar con la información basura a través de acabar con la información, nos parece que no deberían continuar, y en ese sentido le
reclamamos a la vicepresidenta del Gobierno una aclaración con respecto a cuál es el objetivo. El objetivo es un informe que seguiremos y que se configurará finalmente como una iniciativa de reforma del Estatuto de Radiotelevisión y también de la
Agencia Efe. Si no, nos vamos a encontrar en el camino piedras como esta del día de hoy que nos dicen los límites del informe y del debate político sin que podamos intervenir en él.
Con relación a la publicidad institucional y al Centro de Investigaciones Sociológicas, estamos de acuerdo y creemos que deben ser modificados.
Entretanto, para que la publicidad institucional no sea propaganda y para que el Centro de
Investigaciones Sociológicas funcione más en coordinación con el Parlamento, creemos que pueden tomarse también medidas a corto plazo, algunas de ellas se han referido, y que se abunde en ellas. Yo tengo una preocupación, en este caso profesional,
con relación al Centro de Investigaciones Sociológicas y que se ha planteado varias veces en el consejo consultivo, no sólo se debería abordar la materia de investigación, la encuesta cuantitativa, sino los estudios cualitativos. Es una paradoja en
relación al nivel internacional la no existencia o la existencia muy pequeña de estudios cualitativos por parte del Centro de Investigaciones Sociológicas, lo cual apunta a una demasiada vinculación a lo concreto y a intereses políticos y a una
escasa vinculación a los ciudadanos y a sus necesidades, como decía en su intervención la vicepresidenta del Gobierno.
Otras materias que a nosotros nos ha llamado la atención que no se hayan tratado y que nos gustaría que se desarrollasen por parte de la vicepresidencia del Gobierno son dos cuestiones que creemos que son importantes en nuestro país. De una
parte, con relación a la participación ciudadana, a la participación en la política, que no es únicamente la elección cada cuatro años, el desarrollo del derecho de asociación. En nuestro país hay una serie de normas, algunas de ellas en vigor, que
prácticamente es como si no existieran. Me estoy refiriendo, en concreto, a la iniciativa legislativa popular, que es una carrera de obstáculos para los ciudadanos, una carrera de obstáculos política, reglamentaria y económica -la mayor parte de
las ILP no han sido pagadas a estas alturas por parte del Ministerio de Hacienda-, y que además se convierte en una frustración sistemática. Ni siquiera llegan los ciudadanos a compartir un mínimo de debate parlamentario en esta Cámara sino que se
va al trámite normal, puerta y fuera. Esa es la actitud normal con respecto a las iniciativas legislativas populares. Creo que la Vicepresidencia del Gobierno debería valorar la posibilidad de reformarla o de cumplir el contenido de la ley que
hasta ahora no ha sido cumplida en su cabalidad. Por otra parte está el derecho de petición, regulado recientemente. En nuestro país hay una serie de medidas en materia jurídica de participación de los ciudadanos y hay una serie de consejos
consultivos en el ámbito del Gobierno. La experiencia reciente es que las medidas de participación de los ciudadanos no funcionan y que los consejos consultivos se organizan, por cooptación, y aquellos que son ruidosos o que tienen algún problema
con relación a la opción del Gobierno, sencillamente no se convocan. Esa es la actitud habitual en los consejos consultivos de los que está plagado, y creo que felizmente, nuestro sistema institucional.
Por último, aparte de la participación democrática, hay un tema que a nosotros nos parece de la mayor importancia, y es aquello que tiene que ver con la corrupción política. Es verdad que nuestro país tiene diferencias sustanciales con
otros países, pero tiene algunos problemas que, en nuestra opinión, no se han abordado, por ejemplo, la Ley de Incompatibilidades. Tenemos una Ley de Incompatibilidades ambiciosa pero que no se cumple sencillamente porque la Administración es juez
y parte; es decir, porque el Ministerio de Administraciones Públicas es el que investiga la incompatibilidad, el que determina si se ha producido una incompatibilidad, el que la sanciona y el que muchas veces pone sordina a esa irregularidad.
Nosotros creemos que eso debería cambiar, o mediante una agencia independiente que realmente aplique la Ley de Incompatibilidades, o ante la aplicación de dicha ley. En nuestro país hay casos flagrantes, lo de la suspensión de dos años entre la
actividad pública y privada está incumplida radicalmente. Mi grupo parlamentario piensa que esa materia es muy importante.
El código antitransfuguismo es otra materia que ha sido pactada entre los partidos a nivel local, que ha producido una crisis reciente en el ámbito de la Comunidad de Madrid y que debería ser transformada en iniciativa legal y afectar al
conjunto de las instituciones. Lo que no puede ocurrir es que en determinado momento, ante la falta de regulación, se considere que el transfuguismo es poco menos que primado en nuestro sistema legal.
Creo que este tema también debería
ser abordado dentro de las medidas con relación a la corrupción. Pero yo le planteo en concreto una propuesta que ya hicimos en su momento con relación a este debate, que es la firma inmediata por parte del Gobierno español del Convenio
sobre corrupción, firmado en 1999, que han firmado la mayor parte de los países europeos y que España se niega a firmar. A mí me gustaría saber cuál es la razón para que siga la cosa así. Yo creo que es una de las cuestiones que también
demostrarían esa voluntad de lucha contra la corrupción por parte del nuevo Gobierno. También hay que valorar la expropiación de aquellos que se benefician de la corrupción y que, en mi opinión, mantienen un privilegio que los ciudadanos no
comprenden, valorarlo dentro de la iniciativa legal. En definitiva, nosotros consideramos que la línea que ha planteado la vicepresidenta del Gobierno es correcta con relación a las prioridades de legislatura que hemos compartido en la sesión de
investidura. Creemos que ha concretado muchas materias de forma ambiciosa, pero debería haber un calendario por el que supiéramos qué vamos a abordar en un primer momento y qué cuestiones quedan para más adelante.
Por último, hay dos cuestiones que a nosotros nos preocupan básicamente, que son: la corrupción y las medidas frente a la corrupción, que ha provocado una crisis muy grave en la Comunidad de Madrid que no podemos olvidar; y, por otra
parte, los mecanismos de participación de los ciudadanos en la vida política, que se están demandando cada vez más, además de los mecanismos de delegación que tendrán que mejorarse: la transparencia y todo tipo de medidas, como ha planteado la
vicepresidenta del Gobierno.
Termino. Antes me refería a una cuestión profesional y ahora a una cuestión personal. Hay lenguas no oficiales en este país, mi lengua es una de ellas porque en mi comunidad autónoma no nos ponemos de acuerdo entre las fuerzas políticas en
torno al asturiano, y a mí me gustaría que al menos hubiera la sensibilidad por parte del Gobierno para que se pueda estudiar en la universidad. Hasta este momento la situación es tan grave como que el asturiano no ha sido permitido; prácticamente
es como una lengua, además de minoritaria, aminorizada. Yo creo que no solamente es importante que las lenguas oficiales, y creo que hay que saludarlo, y las relaciones con las comunidades autónomas mejoren, sino que las lenguas no oficiales pero
protegidas en los estatutos de autonomía se tengan en cuenta por parte del Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra su portavoz, señor Esteban Bravo.
El señor ESTEBAN BRAVO: En primer lugar, quisiera agradecer sus explicaciones a la vicepresidenta. Creo que ha hecho una comparecencia valiente, sinceramente se lo digo, en el sentido de que ha asumido compromisos y ha dado su palabra de
que va a llevar adelante una serie de cuestiones que en algunos aspectos ha concretado bastante. Sinceramente le deseamos mucha suerte en su quehacer en esta legislatura y le manifiesto desde el inicio que desde luego el tono general no nos ha
desagradado en absoluto.
En primer lugar, quisiera manifestarle algunas reflexiones sobre las relaciones entre el Gobierno y el Parlamento. Se puede calificar de muy positivo, y es una exigencia que desde luego queríamos hacer nosotros hoy aquí, que las leyes de
acompañamiento no se conviertan en una ley ómnibus para colar absolutamente cualquier cosa, utilizándose muchas veces para invadir también competencias autonómicas. Aparte de esa actitud concreta en cuanto a las leyes de acompañamiento, el Gobierno
debería mirar con especial atención todos los proyectos de ley en el sentido de remitir a esta Cámara todos los antecedentes, la documentación necesaria, las memorias, el estudio económico, etcétera. Es algo que desde la oposición se ha venido
reivindicando en la última legislatura y que el Gobierno actual debería tener muy en cuenta. Espero que tampoco haya tentaciones por parte del Gobierno de abusar de la técnica de los decretos-leyes y de querer hurtar algunos debates al Parlamento.
Desde luego, somos partidarios, como ya se aprobó en 1997 en una proposición no de ley de Convergència i Unió, de la comparecencia previa de los cargos institucionales del Estado en el Congreso, cuando el mismo tenga alguna intervención en
su propuesta, aceptación o nombramiento, pero también, como señalábamos ya hace 4 años, en nuestra opinión, debería hacerse con otros cargos de relevancia. Ha anunciado que tienen intención de hacerlo así en el futuro, a través de una modificación
legislativa, en concreto con el Fiscal General del Estado. Entiendo que urgía la sustitución de dicho puesto y que el Gobierno haya actuado muy rápidamente tanto en el nombramiento del presidente del Consejo de Estado como en el del nuevo Fiscal
General del Estado, pero sinceramente nos hubiera gustado que hubiera pasado anteriormente por esta Cámara, a través de una comparecencia. Se apunta a que será así en el futuro.
Espero que si se produce alguna circunstancia en relación con los
altos cargos del Estado, no tengamos que estar esperando a que haya una obligación legal, sino que el Gobierno, motu proprio, acceda a que esto sea así.
Aunque se ha señalado anteriormente por parte de alguno de los intervinientes, nosotros quisiéramos subrayarlo, porque usted nos ha apuntado bastantes proyectos de ley y sería muy conveniente disponer de un calendario legislativo para
ubicarlos. He creído entender que ha apuntado que en un futuro próximo piensa hacerlo así, pero considero que es uno de los temas prioritarios y urgentes que se deben comunicar a esta Cámara.
Hay otro aspecto que se refiere a la opinión que tiene el Gobierno sobre la recuperación de los derechos fundamentales y libertades públicas que, en nuestra opinión, sufrieron serias restricciones a través de una legislación que voy a
calificar, entre comillas, de excepción, aprobada durante la legislatura anterior. Ha apuntado usted la modificación del Código Penal en cuanto a la tipificación que existe en estos momentos de posibles conductas de opositores ideológicos, pero nos
gustaría conocer su opinión con respecto a esto.
También ha hablado de los medios de comunicación y se ha manifestado respecto a los entes públicos. A mí me gustaría preguntarle en concreto si contempla alguna reestructuración con respecto a la Agencia Efe.
Aparte de esto me gustaría
saber si el Gobierno cree que puede realizarse alguna intervención a la hora de desandar determinado camino, que se llevó a cabo en la anterior legislatura, de control de medios de comunicación a través de empresas públicas privatizadas.
Estamos de acuerdo también con el señor Llamazares en que la participación de los ciudadanos en algunos casos quizás es una asignatura pendiente después de los años pasados desde la aprobación de la Constitución.
Coincido con él en que la
iniciativa legislativa popular es una auténtica carrera de obstáculos para llevar a buen término una iniciativa de este tipo. El derecho de petición ha sufrido una falta de desarrollo evidente y yo me atrevería a apuntar también que la propia Ley
orgánica de las distintas modalidades de referéndum, que tiene muchos años, ha quedado bastante obsoleta, y lo digo en un sentido bastante general. Se aprobó con una gran prudencia ante instrumentos de democracia directa, en un momento en el que el
asentamiento de la democracia todavía no era muy firme, pero me parece que hoy en día no se sostiene en los términos actuales y con referencia a otras legislaciones de nuestro ámbito europeo. Creo que merecería la pena hacer una reflexión sobre
esos instrumentos de democracia directa, porque también esa participación popular se ha mencionado en varias ocasiones por parte de la vicepresidenta.
Nos ha agradado sobremanera que haya señalado la intención del Gobierno de evitar la elevada conflictividad judicial y la judicialización de asuntos que son estrictamente políticos. Le aseguro que en nuestra comunidad autónoma existe una
sensación de excesiva judicialización en cuanto a las leyes y a la normativa que se aprueban. En concreto -y esto es pura estadística-, el 90 por ciento de las normas forales fiscales vascas han sido recurridas una y otra vez ante los tribunales, y
hay que decir que con poco éxito a la vista de las sentencias, pero se ha convertido en una práctica sistemática por parte del Gobierno. Hablando de fiscalidad, estoy seguro de que ese talante de diálogo que expresa el Gobierno es sincero, creo que
en ello, pero no nos parece que haya sido una actitud positiva el descuento unilateral del cupo después de que se abre una nueva legislatura y de que se abre -espero- una nueva relación entre administraciones.
Hablando también de tribunales, nos parece bien que los sellos conmemorativos de la boda real estén en todos los idiomas; nos parece una actitud muy positiva el intento de reconocimiento del catalán, del euskera y del gallego en el ámbito
de la Unión Europea, creemos que es un paso importante. Está bien que eso sea reconocido en la Unión Europea, pero también debe serlo dentro del Estado, y me estoy refiriendo a una noticia que aparece hoy mismo en la que se dice que la Ararteko, la
Defensora del Pueblo de la comunidad autónoma vasca, señala que no se garantiza la cooficialidad del euskera en la relación de los ciudadanos con los órganos oficiales y que se infringe la Ley del Euskera, declarada constitucional hace ya muchos
años por el Tribunal Constitucional, de manera continuada. Diré como detalle que habla incluso de ausencia de impresos bilingües en la Administración de Justicia. Nos parece muy positivo que se mire a Europa, pero a veces creo que dentro de casa
deberíamos revisar algunas actitudes y algunos mecanismos.
Es importante, desde luego, una política de comunicación y de diálogo hacia las Cortes, hacia el Parlamento, eso es indudable, pero creemos que también lo que es que el Gobierno la desarrolle con las administraciones autonómicas. En estos
momentos es indudable que si hay dos focos de atención son Cataluña y Euskadi. El presidente del Gobierno, señor Rodríguez Zapatero, se ha reunido con el presidente Maragall recientemente. Por cierto, en la entrevista anterior del señor Sevilla
parece que tampoco está tan definido cuál va a ser ese desarrollo de la iniciativa catalana, porque se urgía por su parte al presidente Maragall a definir los límites de esa reforma. Yo creo que urge también una reunión al más alto nivel con el
lehendakari. Sé que el señor Sevilla ha estado reunido con la Administración vasca. Está bien hablar de la situación actual del estatuto y del desarrollo estatutario, pero creo que urge una reunión al más alto nivel. ¿Por qué? Entre otras cosas,
para deshacer malentendidos, para eliminar suposiciones sobre posturas mutuas.
Hasta ahora hemos hablado mucho a través de la prensa, pero quizás las cosas se clarificarían mucho más si hubiera un contacto directo y sincero, sin renuncias en
principio por una parte y por otra, con apertura al diálogo y a saber exactamente, de verdad, de primera mano, cuál es la posición de cada cual. De esta manera quizás se podría dar cauce a lo que en su momento sea la voluntad mayoritaria de la
ciudadanía, y cito literalmente sus palabras: actuar respetando a la ciudadanía, escuchando su voz. Creo que es una frase de mucho valor.
Esos pasos, a nuestro modo de ver, son muy importantes antes de solicitar la retirada de determinadas iniciativas, porque lo que ha quedado evidenciado es que se ha cumplido estrictamente la legislación vigente en las formas en todo lo
referente a la tramitación parlamentaria.
Este asunto a veces parece que es una flor que ha surgido hace dos días, pero lleva mucho camino recorrido. De hecho, la iniciativa se presentó, unas bases genéricas, antes de las elecciones del 2001, en las que se conformó el actual
Gobierno vasco; elecciones muy tensionadas, como recordará, y bastante polémicas. Un anuncio, una gestación posterior, una consulta a la sociedad, una presentación parlamentaria, esto ha llevado varios años. No es una cosa que se haya llevado
deprisa y corriendo.
También creemos que el respaldo social que ha tenido se demostró en esas elecciones de 2001, en las que el Gobierno que surgió tuvo un respaldo mayor que el que ha tenido cualquier Gobierno español hasta el momento, incluso
algunos con mayoría absoluta, y esa sensación además se ha visto reforzada en las siguientes convocatorias electorales. En ese sentido, creo que es importante -y ustedes lo han señalado en muchas ocasiones- el respeto a las reglas del juego.
Respetemos las reglas del juego.
Cumplamos las reglas del juego todos. Pero la condición de retirada del plan en estos momentos, del nuevo proyecto de estatuto político yo diría que más bien es una exigencia política, que no estrictamente legal,
que provoca una limitación a la libertad de deliberación parlamentaria y que sinceramente, desde mi punto de vista, no se sostiene desde las reglas del juego que a todos nos afectan. A veces, personalmente uno tiene la sensación de que se quiere
abordar esta cuestión sólo si se está en el Gobierno, pero no estando fuera del Gobierno. Quizás sea una sensación equivocada. Por eso, insisto en que es importante que deshagamos malentendidos, que sepamos cuál es la posición de unos y otros de
primera mano, de manera directa.
Nos parecen positivos los anuncios del presidente del Gobierno sobre la reforma del Senado, sobre la posible participación en la Unión Europea, etcétera, pero queremos señalarle de manera muy sincera, pero también leal, que el debate ya no
se puede centrar sobre una transferencia más o una transferencia menos. Ese tipo de debate ya ha sido superado por la sociedad vasca desde hace bastante tiempo. Debe serlo sobre el modelo de Estado y sobre la realidad plurinacional de éste. Si
abordamos con valentía todos -y dejándonos pelos en la gatera todos, por supuesto-, si abordamos con valentía, insisto, el hecho de la plurinacionalidad y la asimetría en la organización del Estado, creo que habremos dado un gran paso adelante y si
no, perderemos unos años muy valiosos para buscar un acomodo estable a Euskadi en el Estado.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya, tiene la palabra su portavoz, señor Tardá i Coma.
El señor TARDÁ I COMA: Jo els hauria de parlar en llengua catalana, que és la meva llengua, i en canvi sé que no puc fer-ho (se que no puedo hacerlo), però en tot cas voldria fer palesa aquesta situació perquè vostès entenguin que com a
espanyol, com a ciutadà espanyol que diuen que sóc, tinc dret, hauria de tenir dret a poderme expressar en aquesta llengua espanyola, la llengua catalana, i els insto, si us plau, a collaborar solidàriament a fer que ben aviat això pugui ser
possible. Y no lo traduzco porque creo que no hace falta, entre otras cosas porque ustedes hablan catalán en la intimidad y las izquierdas generalmente siempre han sido comprensivas con las lenguas ibéricas. No nos arrepentimos en absoluto de
haber dado soporte al Gobierno socialista, porque de entrada ya confiábamos en este necesario cambio al que estábamos obligados para no seguir viviendo en las cavernas o en el antiguo régimen. Es más, ahora, una vez le hemos oído y nos ha dado una
relación de las actuaciones de esos 20 días, nos reafirmamos en que hicimos bien en dar soporte al Gobierno socialista. Creo que en 20 días han hecho más de lo que creíamos que harían, con lo cual, felicitaciones sinceras.
Usted ha hecho una relación de proyectos y de voluntades que creemos que son muy interesantes. De hecho las compartimos al cien por cien; solamente tenemos algunas incógnitas referidas a la intensidad del cambio. Es necesaria una
regeneración democrática. La sociedad española actual tiene unos niveles culturales que ya no admiten manipulaciones estatales en el aparato del Estado. En definitiva, lo que ustedes proyectan hacer es urgente, con lo cual nosotros les instamos a
que esta voluntad sea sincera y que además no se interrumpa, es decir, que no tenga una velocidad de arranque proporcional a una hipotética intensidad de frenada. Porque, seamos sinceros, todos conocemos la historia reciente del Estado español y
ustedes, los miembros del Partido Socialista, a veces también nos han dado gato por liebre, lo cual no significa que nosotros no compartamos con ustedes este momento histórico.
Debo decirle que observamos algunas sombras preocupantes. Que usted haga mención a la boda de la ciudadana Letizia Ortiz con el ciudadano Felipe de Borbón, haciendo referencia a los sellos, lo tomo como una anécdota.
Le voy a decir una
cosa: a diferencia de la clase obrera y de las clases populares españolas, Felipe de Borbón ha tenido acceso a una educación esmeradísima, y hoy día todavía es noticia que cuando llega a Barcelona para participar en un acto tan importante y tan
institucional como la celebración del centenario de La Caixa d´Estalvis -ya sabe de qué le hablo- lea media cuartilla en catalán, hay que decir que con un acento mejorable. Por favor, estamos en el año 2004 y no es de recibo que el príncipe Felipe
no conozca la lengua catalana ni la lengua gallega ni la lengua euskalduna. Esto viene referido a cuando ustedes hablan de la Constitución. Nosotros estamos de acuerdo con que no hay que sacralizar la Constitución. Es más, celebramos que ustedes
opten por abrir el melón -tal y
como se dice popularmente-, pero ciertamente nosotros creemos que se quedan excesivamente cortos porque no tienen en cuenta el pecado original de esta Constitución. Esta Constitución fue redactada y aprobada bajo el chantaje o, dicho de
otra manera, bajo la tutela del aparato franquista, del ejército español que en aquella época, como usted sabe, todavía tenía unos parámetros relativamente fascistoides. Le recuerdo la aciaga fecha del 23 de febrero. Por tanto, si no nos
retrotraemos al pecado original, puede parecer que hoy en día sus cuatro puntos son la panacea. Pues no, esto, francamente, no nos lleva a aprovechar el momento histórico en el que deberíamos hacer posible un Estado plurinacional, pluricultural y
plurilingüístico, y les insto a su solidaridad. Han tenido la prueba al principio, ya que yo no he podido expresarme en mi lengua materna.
Ha hablado usted de los medios de comunicación, y comparto con usted que hoy en día no podemos mantener, y menos desde los medios de comunicación públicos, la pornografía ideológica consumista que se emite a cualquier hora. Tiene que haber
una discusión profunda y un análisis riguroso de los valores que queremos transmitir a las nuevas generaciones, y los medios de comunicación, los públicos, han caído en la dinámica del mercado capitalista, pues, seamos sinceros, a veces no se ve la
diferencia que hay entre un medio de comunicación público y un medio de comunicación privado; en el privado se entiende que las reglas del mercado son así de salvajes. No tiene ningún sentido que nos hagamos corresponsables de transmitir valores
tan reaccionarios como los que se emiten todavía hoy desde los medios de comunicación públicos.
La regeneración del aparato del Estado es imprescindible. Ya desde la Ley electoral se ha llegado a extremos de corrupción en la división de poderes, lo cual significa atentar directamente en contra del Estado democrático, y nosotros
celebramos la batería de proyectos que usted nos ha relacionado. Pero al hablar de los medios de comunicación, no se ha referido -y perdone si no lo he entendido bien- a la federalización de los medios públicos. En Alemania los medios públicos
están federalizados, con lo cual existe la realidad de que los länder tienen una responsabilidad directa en la organización de los medios de comunicación, lo cual va íntimamente ligado no sólo con la transformación y modernización del Estado
autonómico sino también con el respeto a las culturales nacionales.
Hay algunas cuestiones que merece la pena tener en cuenta. No ha hablado -y no sé si realmente tendría que decirlo, pero se lo digo yo- de que las cárceles están llenas de pobres. Por un lado, la reforma del Código Penal ha sido
francamente injusta respecto a los más desfavorecidos y, por otro, creo que hay que dar más contenido y reforzar los derechos sociales reconocidos en la Constitución, por ejemplo, el derecho a una vivienda digna y la necesidad de combatir la
especulación, porque ésta siempre acaba castigando a los mismos.
En resumen, nosotros somos lo que somos, tenemos la fuerza que tenemos y nos van a tener al lado en lo relativo al proyecto que usted ha planteado de manera sucinta. Ahora bien, intentaremos no dejarles dar ni un solo paso atrás. Esta es
nuestra voluntad. Creemos que es necesaria la construcción de un Estado plurinacional, pluricultural y plurilingüístico y sobre todo impulsar el Estado de bienestar, porque aquí aspiramos a que las personas puedan ser felices, y en el mundo en que
vivimos y en la sociedad española actual hay personas que pueden optar a la felicidad, pero hay otras que tienen dificultades para hacerlo. Creo que hablar de políticas sociales avanzadas y de un Estado al servicio de los ciudadanos en la era de la
telemática, en el siglo XXI, tampoco es hablar de quimeras. Este es nuestro propósito. En definitiva, confiamos en ustedes.
El independentismo catalán se implica en la necesaria organización de un Estado español moderno y justo. Esperamos que se
valore. Esta es nuestra estrategia y saludamos de manera sincera que además tengamos un Gobierno de izquierdas, porque tenemos la voluntad de compartirlo todo, todo, con la izquierda española.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra su portavoz, el señor Xuclá i Costa.
El señor XUCLÁ I COSTA: En primer lugar quiero felicitar a la vicepresidenta primera del Gobierno por su nombramiento, agradecerle la prontitud de su comparecencia ante las Cortes Generales, concretamente ante el Congreso de los Diputados,
y también felicitarla por el hecho de ser la primera mujer vicepresidenta del Gobierno del Estado; creo que vamos avanzando hacia la normalidad.
Usted ha anunciado que una de sus responsabilidades será la de consolidar una mayoría parlamentaria de apoyo al Gobierno en tanto en cuanto en este Congreso de los Diputados hay una mayoría relativa y en tanto en cuanto en este Congreso de
los Diputados pueden formular lo que podríamos definir como mayorías de geometría variable. En este sentido, desde el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) queremos valorar muy positivamente el acuerdo al que se llegó para la
configuración de las Mesas del Congreso y del Senado. Valoramos la actitud favorable al pluralismo político por parte del grupo mayoritario. En el debate de investidura desarrollamos la argumentación sobre el sentido de nuestro voto, un voto de
abstención pero que a partir de la abstención quiere construir escenarios de colaboración, si es posible, con el Gobierno, con la mayoría gubernamental.
Usted nos ha hablado de la importancia de convertir el Parlamento en el centro de la vida democrática; en este sentido, nos ha anunciado la creación de la oficina
presupuestaria. Esta es una vieja reivindicación, concretamente, de hace un par de legislaturas. A mí me gustaría que desarrollara un poquito más, si puede, señora vicepresidenta del Gobierno, si esta oficina presupuestaria tendrá en
consideración también las balanzas fiscales entre comunidades autónomas. Los debates sobre financiación autonómica se tienen que hacer con total transparencia. En estos momentos podemos saber perfectamente lo que aporta Alemania a la Unión
Europea, lo que reciben algunos Estados y lo que recibirán algunos nuevos Estados de la Unión Europa, pero desde un punto de vista de territorialización, no podemos conocer las aportaciones de las comunidades autónomas al conjunto del sistema de
financiación de las administraciones públicas. En el sentido de profundizar y dar más calidad a la democracia, creo que le podemos pedir algo que forma parte de la competencia del Ministerio de la Presidencia, y es que la respuesta a las preguntas
parlamentarias se realice con más agilidad, justo en las antípodas del obstruccionismo o del cálculo meditado entre la caducidad de algunos términos reglamentarios para desembocar en las preguntas orales en Comisión. En el mismo sentido, podríamos
hablar de las comparecencias, mirar el retrovisor y ver que en algunos casos ha habido incumplimientos manifiestos. Pero creo que más importante que mirar el retrovisor es mirar hacia el futuro y, de acuerdo con su palabra dada, estar convencidos
de su voluntad de centrar en el Parlamento el debate político.
Nos ha hablado también de la inminente reunión del Pacto contra el terrorismo y a favor de las libertades, que es un pacto a dos. Yo le quería invitar a reflexionar por qué se llegó a un pacto a dos, cuando la realidad política, de los
partidos políticos, la realidad parlamentaria y social de España no era una realidad a dos, y por qué no se produjo la incorporación de otros grupos. El presidente del Gobierno ya manifestó en su día la voluntad de mantener este pacto, pero creo
que se tienen que recomponer algunos consensos. Tenemos que pensar por qué se llegó a la exclusión de otros partidos, por qué en algún momento hubo un discurso dominante en el que parecía -insisto, parecía- que la frontera era entre nacionalistas y
no nacionalistas, cuando la verdadera y única frontera es y debe ser entre demócratas y terroristas. En este sentido, lo que yo le pido no es nada nuevo, es simplemente recomponer lo que fue el Pacto de Madrid, el pacto que integraba a todas las
fuerzas democráticas.
Nos ha hablado también de un aspecto altamente relevante como es acometer la reforma de la Constitución durante esta legislatura. Mi grupo parlamentario está totalmente de acuerdo sobre la necesidad de acometer esta reforma después de 25
años de vida constitucional, y podríamos poner ejemplos de otros Estados de la Unión Europea que han acometido distintas reformas en períodos incluso más breves. El presidente del Gobierno habló en su discurso de investidura de la creciente
heterogeneidad de las sociedades. Pues bien, a la hora de acometer esta reforma constitucional, tendremos que tener en cuenta que nuestro punto de partida para afrontarla ya contempla alguno de estos hechos diferenciales, como son la lengua, la
cultura, el derecho civil, los derechos históricos o forales o el hecho diferencial de la insularidad. Todo esto nos tendría que conducir, sin más dilaciones, con facilidad, a la consecución de un Estado plurinacional. Llevamos muchos años de
dialéctica reivindicativa, y estoy absolutamente convencido de que los partidos nacionalistas podemos pasar veinte años más con esta dialéctica, pero es evidente que esto provoca estrés social y estrés político y que estamos ante una magnífica
oportunidad para cerrar un cuadro institucional que dé estabilidad a los próximos 25 años de convivencia entre las distintas naciones que componen el Estado español. Una de las expresiones de esta reforma constitucional será, como usted ha
anunciado y como se anunció en su momento, la reforma del Senado.
Sobre la reforma del Senado quisiera hacer dos apuntes. Reformar el Senado -seguramente la pieza peor resuelta del cuadro constitucional, en tanto en cuanto aún se define un sistema de elección provincial porque no existían las comunidades
autónomas- como se debe reformar no debería suponer cancelar la relación bilateral entre gobiernos autonómicos y el Gobierno central. No debería suponer, por ejemplo, la cancelación o la pérdida de sentido de las distintas comisiones mixtas que
existen entre los gobiernos autonómicos y el Gobierno central. El segundo apunte que deseo hacer sobre la reformar del Senado es que no tendríamos que partir de cero. En la Legislatura 1996-2000, con una mayoría relativa del Partido Popular y
cuando el Partido Popular sostenía también la necesidad de la reforma constitucional del Senado, en el Senado se avanzó mucho en unos documentos de trabajo sobre esta reforma. Seguramente mi condición de ex senador me hace insistir hoy en este
punto. Se llegó a acuerdos muy importantes en tres ejes: en el sistema de elección de los senadores, en la especialidad legislativa que puede y debe tener el Senado y también en el reconocimiento de los hechos diferenciales a través de la reforma
constitucional del Senado. Yo desearía que estos trabajos, que permitieron un mínimo común denominador importante, sirvieran para acometer el debate sobre la reforma constitucional del Senado. Esta realidad plurinacional, pluricultural y también
plurilingüística, que puede ser muy fácil, en los últimos años ha sido muy difícil. Me refiero a los contenidos de la documentación oficial del Estado en las distintas lenguas oficiales. Hace un momento el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV) decía que no siempre se cumple la obligatoriedad, la exigencia legal, de que todos los documentos escritos estén a disposición de los ciudadanos en las distintas lenguas oficiales. Yo deseo hacerle a la vicepresidenta primera del Gobierno
otro planteamiento. En la era de Internet todos los contenidos de las páginas web de la Administración general del Estado deberían figurar en todas las lenguas oficiales en el territorio español. Esto es extraordinariamente fácil, para
ello existen traductores automáticos y, por ejemplo, en Barcelona cada día sale un periódico traducido a las dos lenguas de forma automática. Esto debería ser extraordinariamente fácil, y no lo ha sido en la anterior legislatura. Parece un
despropósito que en el día de hoy yo pueda consultar en catalán la página web del Ayuntamiento de Edimburgo y no pueda consultar en mi lengua materna la totalidad de los contenidos de las páginas web de la Administración general del Estado.
Nos ha anunciado también la voluntad de regular los debates electorales, anuncio que me parece del todo apropiado. De hecho, la televisión -más allá de la necesidad de reformar Radiotelevisión, sobre lo que volveré dentro de un momento- ya
hoy podría suponer, como servicio público, un mayor debate político y un mayor debate social. Sin ir más lejos, cada día a las once de la noche, si se hace zapping, en la RAI 1 pueden encontrar un magnífico programa de debate por el que transitan
ministros y miembros destacados de la vida política italiana, algo muy alejado, por ejemplo, de la realidad de las televisiones públicas en el Estado español.
También ha deslizado usted el anuncio de la paridad electoral. Desearía que nos concretara algo más sobre este anuncio; si estamos hablando de una eventual ley cremallera o de una franja variable, por ejemplo, 40-60 por ciento, porque ha
hecho un anuncio de gran calado. Nosotros simplemente recogemos su anuncio y en su momento expresaremos nuestra opinión con más elementos, pero desearía que profundizara sobre este particular.
También ha anunciado la voluntad de reformar el sistema electoral municipal. Nos ha hablado de un sistema de doble vuelta y de la elección directa de los alcaldes. De entrada, quiero anunciarle nuestra postura favorable a esta reforma del
régimen electoral local. Nosotros creemos que hay una inestabilidad creciente, o una estabilidad decreciente, en la conformación de las mayorías municipales y que tendríamos que adoptar algunos sistemas electorales como, por ejemplo, el francés, de
doble vuelta y con asignación de mayoría a la lista más votada en la segunda vuelta.
Ha expresado la voluntad política de reformar el Reglamento del Congreso de los Diputados. Esta es una tarea de esta casa, pero es evidente que si el próximo jueves vamos a discutir sobre la retirada de las tropas españolas en Irak, es que
algo no funciona en la línea de la proximidad, de la inmediatez y de la reacción rápida.
Nos ha anunciado una delimitación de la Ley de acompañamiento. En tanto y en cuanto la Ley de acompañamiento es una creación jurídica del anterior Gobierno socialista, no puedo más que celebrar que se ajuste el concepto de Ley de
acompañamiento a la doctrina del Tribunal Constitucional.
Entrando ya en el capítulo de los medios de comunicación, tengo que decir que coincido con el Gobierno en la necesidad de que estos medios de comunicación, que tienen una finalidad social, la ejerzan. Esto ha de hacerse a través de una
programación con contenidos realmente útiles, de carácter público. En este sentido, debemos estudiar si esto requiere un canal de televisión público o dos. No se trata de matar lo público, no se trata de matar la información -seguramente se trata
de fulminar algunas noches de fiesta-, sino de deslindar en qué momentos y en qué espacios de uno u otro canal público se puede proporcionar esta información, contrastada, plural y de calidad. A este respecto, me gustaría conocer su opinión sobre
el anuncio del secretario de Estado, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que apuntaba hoy en un medio de comunicación la eventual privatización de una cadena. Tengo que decirle que, de entrada, nosotros no estamos en contra de este anuncio, simplemente
creemos que no es una cuestión de cantidad sino de calidad de lo público.
También estamos absolutamente de acuerdo en que por fin se vea en este Parlamento la creación de una autoridad de lo audiovisual. El discurso de la autorregulación en el campo de los medios de comunicación no es suficiente porque además
esta autoridad no ejerce competencias únicamente en el ámbito de las televisiones públicas, sino también en el ámbito de las televisiones privadas, aparte de que hay algunas experiencias de carácter autonómico -permítanme que haga referencia al
Consejo Audiovisual de Cataluña- francamente exitosas.
Cuando usted habla de la elección de un director de la televisión por las Cortes Generales, ¿habla de un mandato superior al de una legislatura, habla de algunos mecanismos de revocación de este mandato o habla de mayorías reforzadas?
Desearía que profundizara sobre este extremo.
También ha anunciado algunas medidas para reducir la conflictividad jurisdiccional entre comunidades autónomas y Gobierno central; para que no se recurra de forma tan insistente al Tribunal Constitucional.
Celebramos este anuncio y estamos
a la espera de su concreción.
Permítame, sin embargo, que haga un planteamiento un poco rompedor, quizá, y que va más allá de los puntos tasados sobre la reforma constitucional que plantea el Gobierno del Estado. A estas alturas, la relación de
competencias de los artículos 148 y 149 de la Constitución española ha quedado ligeramente fosilizada por el paso del tiempo. Es evidente que en la era de Internet es importante saber quién tiene competencias en correos, pero también lo es saber
quién las tiene en nuevas esferas de lo público que no fueron consideradas en 1978 por la realidad de aquel momento. Planteo la necesidad de redefinir el sistema de distribución competencial entre comunidades autónomas y Gobierno
central, como ha ocurrido en otras constituciones europeas, por una cuestión de nuevos tiempos, de léxico y de nuevas realidades a regular.
Celebro que los sellos conmemorativos de la boda real se impriman en las distintas lenguas oficiales del Estado, como acaba de anunciar la vicepresidenta primera del Gobierno. Lo celebro, sobre todo, porque el portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán, Josep Antoni Duran i Lleida, se lo pidió al presidente del Gobierno hace menos de una semana. Quiero agradecerle el gesto y su sensibilidad y señalar que algunas cosas no son tan difíciles sino que, por el contrario, pueden
ser extraordinariamente fáciles.
Quiero realizar un apunte sobre las elecciones inminentes, que se convocaron al día siguiente de la toma de posesión del nuevo Gobierno, de modo que no hablo de reforma para las elecciones del 13 de junio, pero sí para las siguientes
elecciones europeas. España es un Estado que tiene circunscripción única en las elecciones europeas, cuando cada Estado de la Unión Europea puede definir sus circunscripciones electorales. Una vez más señalamos la necesidad de que las
circunscripciones electorales para las elecciones europeas se acomoden a la realidad autonómica del Estado español. Le recuerdo que un Estado bastante menos descentralizado, como Italia, tiene varias circunscripciones, y que lo mismo ocurre con
otro mucho menos descentralizado, como Francia.
Para terminar, señor presidente, quiero plantear también la oficialidad del catalán y de las otras lenguas en la Unión Europea. Es un aspecto de carácter interministerial que creo que usted, vicepresidenta primera de carácter político del
Gobierno, puede afrontar y coordinar y darnos después una respuesta sobre la voluntad política del Gobierno. Estamos ante la posible e inminente aprobación de la llamada Constitución europea, aunque es una Carta otorgada, en cuyo artículo 4-10
figura una relación de las lenguas oficiales de la Unión Europea. Es una cuestión de voluntad política del Gobierno del Estado español, de acuerdo con los demás Estados miembros -pero es evidente que los demás Estados miembros no pondrían pegas-,
que el catalán, el euskera y el gallego, así como las otras lenguas oficiales que existan en el Estado español, figuren en el artículo 4-10 del Tratado Constituyente de la Unión Europea -le recuerdo que el catalán tiene un número de hablantes
superior al de ocho de las lenguas oficiales y de trabajo actuales de la Unión Europea- como reconocimiento de la pluralidad interna del Estado español y también de la pluralidad europea que supondría el reconocimiento del estatus jurídico, no como
el gaélico sino como lengua oficial, del catalán y de otras lenguas.
Termino. En los primeros días del nuevo Gobierno algún comentarista político apuntó que el Gobierno del presidente Rodríguez Zapatero tenía la virtud de hacer fáciles algunos aspectos que hasta hace poco eran muy difíciles. Pues bien,
usted nos ha abierto hoy algunas puertas en esta línea de hacer fáciles algunos temas que históricamente habían sido difíciles en el debate político español. Depositamos la confianza al inicio de esta legislatura en que esta facilidad en
desencallar temas históricos presida esta VIII Legislatura.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario Popular, el señor Trillo-Figueroa.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Señora vicepresidenta primera del Gobierno, sean mis primeras palabras en nombre del Grupo Parlamentario Popular para unirme a las felicitaciones que ha recibido como primera vicepresidenta del
Gobierno, tanto en su condición de parlamentaria, a la que en tantas ocasiones hemos tenido como compañera de escaño, cuanto en su condición de mujer, y darle también la bienvenida y expresarle los mejores deseos para el desempeño de tan alta
responsabilidad. Y he de decir que le expreso esa felicitación también en su condición de mujer.
Creo que es un avance, en efecto, que sea la primera mujer vicepresidenta del Gobierno y créame que hago reserva, como quizá luego tenga ocasión de
mencionar, de que eso se deba al carácter paritario. Eso se debe en estricta justicia y, si me lo permite S.S., a sus capacidades personales, que son desde luego no sólo iguales sino superiores a cualquiera otra que pudiera haber desempeñado el
puesto.
Se ha manifestado S.S. con palabras finales en que busca lo que sea bueno para España y para los españoles y ha hecho una referencia a la razón dialéctica que se construye en este Parlamento. Permítame también suscribir esas palabras suyas
finales para que sean las que figuren en el frontispicio de su mandato y del que a todos nos comisiona en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso de los Diputados. Ha pasado luego, señora vicepresidenta, a hacer un elenco de principios
que estoy seguro que de forma sincera quieren que rijan su actuación y la del Gobierno que vicepreside: los principios de talante de diálogo o de entrega, flexibilidad, humildad, Gobierno para todos, mejora en la calidad democrática para los
ciudadanos, escenarios abiertos al diálogo, honradez, eficacia y no descalificación del adversario. Sólo le ha faltado, señora vicepresidenta, si me permite una concesión al humor, decir aquello de las Constituyentes de Cádiz: Ser justos y
benéficos todos los españoles y todos los miembros de su Gobierno. Pero al menos como anunciación de propósitos es muy positiva y se ha quedado en la Constitución de Cádiz; otros han ido más atrás y han llegado al estado de naturaleza roussoniano,
lo cual es ya más difícil de juridificar.
Sí me gustaría decirle, señora vicepresidenta, que todos estos buenos deseos no querría yo que fueran elemento de contraste o de ruptura de la historia de España.
Un gran presidente de la Restauración, es decir, algo más próximo desde luego que Rousseau y que las Cortes de Cádiz, pero también antiguo, don Antonio Cánovas del Castillo, al hacerse cargo de la presidencia del Gobierno, dijo simplemente:
Venimos a continuar la historia de España. Y yo desearía que S.S. y su Gobierno en todo pudieran continuar con la máxima brillantez la historia de España, pero no estableciéramos simas ni cortes entre el ayer y el mañana. Y no voy a reiterar
aquellos versos conocidos de Antonio Machado que fueron célebres en el momento de la transición que dicen: Ni el pasado ha muerto ni está el mañana en el ayer escrito.
Se ha referido S.S. a las primeras medidas en los 20 días de Gobierno.
Sería absolutamente inadecuado por mi parte pasar a glosarlas por cuanto es intención de mi grupo respetar en lo posible la regla convencional de los primeros 100 días.
No obstante, ya que S.S. ha detallado en algunas de las medidas o ha querido concretar su talante de diálogo y el cumplimiento de la palabra dada, no voy a referirme o remitirme al tema de Irak por razones evidentes -a ellas se refirió el
presidente de mi grupo, el señor Rajoy, el líder de la oposición- o a la convocatoria del Pacto Antiterrorista. Señoría, en unos y en otros, como en el reformar la legislación educativa porque se aprobó sin consenso, o en el nombramiento del CNI,
de su director, o en el del propio fiscal, esperemos que podamos ir a más en lo de la palabra dada y cumplamos sencillamente los compromisos de su programa, que nosotros deseamos que lleven a la práctica con toda su intensidad, y que la consulta con
el principal partido de la oposición, previa, y la consulta a la Cámara, previa, sean una realidad en el futuro. Sin duda, el centro de su intervención es el que despliega su programa para el futuro. Ahí el primer tema y el tema capital es el
desarrollo de la Constitución, empezando por la reforma de nuestra Carta fundamental en esos cuatro ámbitos que señaló el presidente del Gobierno en su debate de investidura: el título II, de la Corona, las comunidades autónomas; la incorporación
de alguna referencia, no sabemos de qué naturaleza, a la Constitución europea, al tratado constituyente (por cierto, a mi juicio, nada de carta otorgada; entre otras cosas espero que sea refrendada por el pueblo español entre otros pueblos de
Europa, una vez sea aprobada); y a la reforma del Senado. Pues bien, señora vicepresidenta, hay que pasar ya de las musas al teatro. Este es el momento de poner los pilares para ese consenso; un consenso al que mi grupo se ha mostrado dispuesto
desde planteamientos que no son coincidentes con los expresados por alguno de los grupos que han apoyado la investidura del presidente, pero que sí son estrictamente constitucionales. Nuestro presidente de la Comisión, don Alfonso Guerra, que tanto
tuvo que ver con el alumbramiento de la Constitución española, decía al asumir el mandado de esta Comisión que no había que excluir ni a aquellos que quieren su reforma por rupturistas ni a quienes no la desean por inmovilistas. Ese es exactamente
nuestro planteamiento.
Nosotros pensamos que la Constitución española de 1978 ha dado a España el más largo período de paz en libertad de su historia contemporánea, y es verdad que, como toda Constitución, es perfectible, pero quizá no es el momento más adecuado
si no se determina con precisión y claridad desde el principio cuáles son los contenidos de esos cuatro ámbitos de reforma y cuáles son los límites que se plantea la propia reforma. Le diré algunos que, por evidentes, casi puedan resultar
superfluos, pero que en esta Comisión es bueno recordar. Es sabido por todos los comisionados y por la señora vicepresidenta y los miembros de la Mesa que, a diferencia del poder constituyente, que derivó en la aprobación del texto vigente de la
Carta Magna, la reforma se plantea en los propios términos de los artículos 166 y siguientes del título X previstos en la Constitución; es decir, se trata de lo que suele denominarse el poder constituyente constituido. De manera que, aunque alguno
de los campos acotados por el presidente en su debate de investidura y reiterados hoy por la vicepresidente afectan al procedimiento agravado de reforma contemplado en el artículo 168, no por ello es menos cierto -sin duda coincidirá conmigo la
señora vicepresidenta, y sería bueno que lo despejara- que no afectarán al título preliminar, que es donde está solidificado el núcleo duro del poder constituyente, de aquel que, en un momento histórico absolutamente irrepetible y resuelto
ejemplarmente por nuestro pueblo, decidió en el artículo 1.2 nada menos que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado, y que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación
española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Con ser estos unos artículos sobradamente conocidos
no es malo recordarlos, porque son los que sin ninguna duda no son ya el límite sino el punto de partida y, a nuestro juicio, el de llegada de cualquier proyecto de reforma constitucional.
Me referiré luego, señora vicepresidenta, señorías, a las materias específicas que han quedado explanadas a lo largo de su presentación y del debate, y en concreto a la reforma del Senado y de los estatutos de autonomía, pero antes quería
hacer una referencia, por razón que S.S.
conoce perfectamente y comprende de manera especial, a la intervención del Consejo de Estado. En efecto, el presidente del Gobierno también anunció la remisión al Consejo de Estado de consulta relativa a la
reforma de estos cuatro ámbitos de la Constitución y reiteró luego esa propuesta en términos más concretos, al dar posesión al nuevo presidente del supremo órgano consultivo del Gobierno, que es indiscutiblemente un jurista de reconocido prestigio
con experiencia en asuntos de Estado. Al hacerlo recordó el señor presidente
del Gobierno que la consulta estaría avalada además por la presencia en el Consejo de esos nuevos miembros que tan acertadamente, señaló, iban a pasar a formar parte del órgano consultivo tras una reforma de la Ley Orgánica del alto cuerpo,
a saber, los cuatro ex presidentes del Gobierno. También añadió que eso garantizaría que en el Consejo de Estado de alguna forma se alcanzaría un consenso previo, y a mí me surgen muchas dudas sobre ese punto, no siendo dudosa mi defensa del
Consejo de Estado por razones que incluso a lo mejor algún portavoz consideraría dignas de incompatibilidad, puesto que -para no dejarlo en la penumbra- soy miembro de carrera de aquella casa. Precisamente por ello, señora vicepresidenta, y sobre
ello hemos hablado S.S. y yo muchas veces, me gustaría que aclarara a la Comisión, si es posible: ¿Van a ser miembros del Pleno o de la Comisión Permanente? Los miembros del Consejo de Estado en Pleno lo son por carácter electivo del propio
Gobierno o por razón de que su cargo o ex cargo les da la condición de miembros natos, y el Pleno es obviamente el que analiza las ponencias que previamente ha realizado la Comisión Permanente. La Comisión Permanente está integrada por aquellos que
algún interviniente ha llamado consejeros vitalicios, que es cierto que son de momento vitalicios, pero que más técnicamente se denominan así, permanentes, y que, conforme al viejo adagio de la tradición norteamericana, es verdad que casi podían
llamarse vitalicios porque nunca se jubilan y rara vez se mueren. (Risas.) Anécdotas aparte, y deseando lo mejor para los cuatro ex presidentes que se incorporan al Consejo, he de decirles que quien normalmente elabora los dictámenes con carácter
técnico y ha acreditado una independencia que ha sobrevivido a los distintos regímenes políticos y también ha acreditado en el régimen constitucional vigente el carácter constituyente del supremo órgano consultivo del Gobierno es la Comisión
Permanente. De aquí, que si los ex presidentes forman parte de la Comisión Permanente del Consejo de Estado se estará introduciendo un factor político que desnaturalizaría el carácter puramente técnico y de independencia que hasta ahora ha tenido
la Comisión Permanente del Consejo de Estado. Dirán SS.SS.: ¿Por qué van a quitar la independencia a los señores ex presidentes? libera me domine; es decir, que no tengan cada cual su manera de entender la independencia.
Obviamente dos ya lo
son por necesidad, puesto que su partido quedó subsumido en alguna medida en el partido del que traigo la representación, los presidentes de la Unión de Centro Democrático; y otros dos, el presidente González y el presidente Aznar, digamos que
tienen autolimitada su militancia o su participación política, pero indudablemente manifiestan públicamente, con todo derecho, normalmente con todo acierto, desde distintos puntos de vista, sus opiniones. De manera que sería trasladar al seno de la
Comisión Permanente un debate político interpartidario que podría quizá no atender a la razón principal, que sin duda orienta al presidente y a su Gobierno, al introducir en el Consejo de Estado a los cuatro ex presidentes. Esta es la razón por la
cual le pregunto: ¿Serán de la Permanente o van a ser miembros del Pleno con carácter electivo o con carácter nato?
Me refiero ahora a la reforma de las autonomías y del Senado. Se ha dicho por algunos que la introducción de los nombres de las comunidades autónomas en el texto constitucional es algo honroso, sin ninguna duda, eso es indiscutible, pero se
ha tratado como si tuviera cierta indiferencia jurídica constitucional. No es esa, personalmente, mi opinión y quiero decirlo paladinamente, porque si así se incorporaran las comunidades autónomas con su nombre actual seguramente tendría una
lectura distinta la interpretación de la disposición transitoria segunda del texto constitucional, o al menos eso piensan interpretaciones como las dadas por nuestro compañero, en mi caso de doble vínculo, el señor Herrero de Miñón y algunos otros
partidarios de su interpretación, por demás original, de la disposición transitoria segunda del texto constitucional. Ojo, en consecuencia, a la incorporación de los nombres, porque normalmente una reforma de la Constitución, aunque sea nominal, no
tiene sólo transcendencia semántica; siempre de alguna manera la tiene material y tiene consecuencias políticas, y constitucionales desde luego.
Por lo demás, con respecto al nuevo régimen autonómico, a nosotros nos gustaría conocer, señora vicepresidenta -aunque obviamente podemos suspender ese conocimiento hasta el debate de mañana en el Senado en el que el propio presidente
informará sobre sus proyectos a la Cámara Alta-, si la reforma de los estatutos que se presenta plantea un horizonte de competencias simétrico o asimétrico; si el principio de igualdad constitucional en el tratamiento de las autonomías va a ser la
norma o la desigualdad y la asimetría va a ser la regla general. Nos gustaría saber también si van a tramitarse las reformas estatutarias de manera simultánea o de manera sucesiva; si van a ser antes o después de la reforma constitucional; si se
van a hacer antes o después de la reforma del Senado. Por cierto, como antiguo presidente de las Cortes Generales, tengo que hacer una defensa del excelente funcionamiento del Senado durante los años pasados en su veste de Cámara de segunda
lectura, que no es una función desdeñable de una segunda Cámara, aunque obviamente todos hemos coincidido siempre en que es, desde luego, perfectible su carácter de representación territorial.
En consecuencia -si lo quiere, en conclusión-, sobre esta reforma constitucional, a nosotros nos gustaría dejar claro que, en primer lugar, la base, la operación inicial sobre la que construir el resto del procedimiento debiera ser la propia
Constitución española, obviamente con lo que es su núcleo duro, digamos, lo que es intangible, al menos desde el punto de vista de la técnica de la reforma constitucional, porque no estamos
convocando un nuevo proceso constituyente; por tanto, lo primero es la base. Luego quizá sería bueno reformar los estatutos, y nosotros opinamos que no es bueno el bilateralismo, sino que sería bueno que se negociaran las reformas de una
manera conjunta. Por cierto, la cuestión, señorías, no sólo son el País Vasco y Cataluña, también lo son Galicia, Andalucía, Valencia y cualquier otra comunidad autónoma que pretenda legítimamente la reforma de su estatuto de autonomía. En tercer
lugar -sólo en tercer lugar, y ahí coincidimos con las primeras manifestaciones del ministro de Administraciones Públicas-, tendríamos que ver la financiación; por cierto, todavía es reciente el acuerdo alcanzado en el 2001 por todas las
comunidades autónomas con el Gobierno del Partido Popular.
Señor presidente, señorías, señora vicepresidenta, paso ahora al examen de algunas de las cuestiones que ha citado de manera más puntual. Ha hablado de la reforma de la Ley orgánica del Régimen Electoral General. Déjeme decirle que si
quiere alcanzar el consenso necesario, que lo es, puesto que se trata de una ley orgánica, de la misma manera que es necesario en la reforma constitucional -esto es obvio-, tanto por razones constitucionales jurídicas como políticas -es evidente-,
entre el partido que representan SS.SS. y el partido que me honro en representar, porque representamos a 8 de cada 10 españoles, lo que no es pequeña cosa al hablar de una reforma constitucional; decía que en cuanto a las leyes orgánicas, si ha de
reformarse la Ley orgánica del Régimen Electoral General también, por razones materiales y formales, es bueno contar con el consenso del Partido Popular y estamos abiertos a ello. Déjeme decirle que el tema de la paridad, no en su materialidad, por
la que vuelvo a felicitarla -además sabe que lo hago con toda sinceridad-, sino por el tema de la imposición que pueda devenir de un texto normativo, lo resuelva primero el Tribunal Constitucional, que lo tiene planteado, y estemos todos a sus
resultas. Me alegrará mucho que entre todos podamos sacar adelante una reforma de los aspectos pendientes de antiguo de la Ley de partidos políticos, no digamos ya de la financiación de los partidos políticos.
Pasemos a la reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados. Sobre ese punto me limitaré a trasladarle algunas preguntas, que estoy seguro de que podrá resolver en su réplica o en sucesivas comparecencias. Es verdad que durante las
legislaturas anteriores se alcanzaron acuerdos que prácticamente hacían inminente la aprobación del nuevo reglamento del Congreso de los Diputados; lo fue en la última que tuve el honor de presidir, en la VI Legislatura, en Segovia; lo fue en la
anterior, creo que el acuerdo se hizo en Zaragoza, y estoy seguro de que con el impulso del presidente de la Cámara y la confianza que S.S. ha manifestado en los grupos -para ello cuente, desde luego, con el Grupo Popular- podremos tener cuanto
antes un nuevo reglamento. Me gustaría que me respondiera a algunas interrogantes: en primer lugar, las preguntas orales. Su señoría sabe muy bien que el régimen de preguntas orales se modificó al comienzo de la VI Legislatura, de manera que se
pueden presentar hasta el jueves por la tarde, al cierre del Registro, o modificarse, como consecuencia de la realización del Consejo de Ministros, hasta las ocho de la tarde del viernes por razones de inmediatez, incluso por razones de urgencia
hasta el lunes a mediodía, para que sean examinadas por la Junta de Portavoces el martes a mediodía. Creo que ese régimen, que de momento está sólo en una resolución de la Presidencia, sería bueno, porque ha dado buen resultado; desearíamos que se
mantuviera como un mínimo -tampoco pretendemos de momento un máximo- y se incorporara al texto reglamentario. Por cierto, señora vicepresidenta, a partir de ahí el presidente del Gobierno del Partido Popular, el señor Aznar, se sometió a las
preguntas de los portavoces todas las semanas que se lo permitió su agenda internacional, y fue una práctica que creo que dinamizó vivamente el funcionamiento parlamentario, al menos en lo que concierne al control de la propia Presidencia del
Gobierno. En consecuencia, quiero preguntarle, señora vicepresidenta: ¿Va a seguir el señor presidente, el señor Rodríguez Zapatero, esa práctica establecida por el señor Aznar? ¿Vamos a contar con que se trata de un precedente y no se va a
volver atrás? Digo volver atrás por no remitirme a épocas anteriores. Le pregunto lo mismo con respecto a las interpelaciones. ¿Se van a mantener dos o tres interpelaciones? ¿En las comisiones de investigación vamos a respetar el acuerdo
alcanzado, tanto en Segovia como en Zaragoza, es decir, en la VI y en la VII legislaturas, de que la fórmula sea la llamada fórmula de Castilla y León, es decir, la presuntiva de la creación de la comisión salvo que algún grupo se oponga y, por
tanto, sólo pueda enervarla el Pleno?
Me alegra mucho, señora vicepresidenta, que se muestre partidaria de esa tantas veces ansiada oficina de control de seguimiento presupuestario. Yo le animaría a que eso fuera una realidad cuanto antes. Quienes ya tenemos, como el señor
presidente de la Comisión -el que más- y algunos otros, mucha experiencia en esta casa, sabemos que las reformas reglamentarias, y mucho más las de este calado, o salen al principio, señorías, o luego es más difícil, porque la dinámica acaba
haciendo la práctica parlamentaria. Cuanto antes mejor. Celebro mucho que esa sea su intención. En cuanto a los debates legislativos, espero que se mantenga lo mucho que ya se había avanzado y que desgraciadamente no hemos podido ver en marcha.
Finalmente, aunque quizá esto sea siempre motivo de cierta incomprensión -uno tiene que ser coherente con la función que desempeñó hace dos legislaturas-, también sería el momento de asumir, de frente y por derecho, con claridad y con
transparencia el estatuto de SS.SS., el estatuto de los diputados, también con coherencia
con lo que debe ser una función de tan alta responsabilidad. Veremos con agrado que consiga embridar a la Administración pública, como presidenta de la Comisión de subsecretarios y secretarios de Estado, a la hora de redactar la Ley de
acompañamiento y de una vez se haga caso de esas sabias recomendaciones del Tribunal Constitucional, que las hizo, por cierto, a requerimiento de un recurso que tuve el honor de suscribir en nombre del Grupo Popular, aunque han seguido siendo esas
leyes cajón de sastre que tan complejos hacen no sólo los trabajos parlamentarios sino sobre todo el seguimiento por los destinatarios, es decir, por los últimos titulares de la soberanía, por la ciudadanía.
Sobre la reforma de los medios de comunicación he de expresarle también mi mejor disposición y la disposición de mi grupo (además en esto también me permitirá la vuelta al buen humor, y no miro a nadie) diciendo que rectificar es de sabios;
o sea, que bienvenidas sean sus intenciones, así no tendremos que mirar nunca más hacia el pasado, ni corto ni medio ni largo, ni tampoco hacia el presente, ni a lo que está ocurriendo en alguna comunidad autónoma en donde gobierna el Partido
Socialista acompañado, por cierto, por quien tan buenos deseos ha expresado hoy aquí pero ahora no está, y en donde determinados informes hacen no poner en entredicho ni en duda sus afirmaciones, pero sí contrastarlas. Nos alegramos de sus
afirmaciones, señora vicepresidenta.
Por lo que se refiere a la reforma del CIS, no tenemos más que palabras de apoyo y de recordatorio de que ya en diciembre del año 1995, como recordará algún comisionado, se aprobó la reforma que ha permitido que durante los últimos años se
informe por el Gobierno de los resultados de las encuestas, y luego en la comparecencia en esa casa, al igual que la de los restantes grupos parlamentarios, se hiciera por el Gobierno la correspondiente valoración.
En fin, señora vicepresidenta, magníficos propósitos para los que deseo lo mejor en su veste de ministra de la Presidencia, tanto en el libre acceso a la información, haciendo realidad el artículo 103 de la Constitución, la ley de publicidad
institucional, tantas veces reclamada siempre desde la oposición y espero que por una vez realizada desde este Gobierno, y el reglamento de la Ley de asociaciones, que mi gran amigo y colega, el señor Mardones, ha querido ver como reforma de la Ley
de asociaciones. No estaba en sus palabras, creo interpretarla adecuadamente, y en consecuencia, señor Mardones, anticipándome a la respuesta de la señora vicepresidenta, el reglamento no puede ir más allá, como sabe muy bien S.S., de donde va la
ley, y lamentablemente las asociaciones de personal uniformado para los fines que insinuaba S.S. están vedadas por el texto de la propia ley. Sencillamente, creo que no es el momento de reformar la ley, sino simplemente de hacer el reglamento.
Señora vicepresidenta, para finalizar le reitero, en síntesis, cuál es la posición del Partido Popular. Estamos abiertos a las propuestas del Gobierno, incluidas las de la reforma constitucional, siempre que sepamos de dónde partimos y a
dónde vamos; siempre que se establezca, en segundo lugar, un diálogo institucional entre el Gobierno y los demás grupos de la Cámara desde luego, pero con el principal grupo de la oposición también, porque hasta ahora ha faltado -días tenemos hasta
los cien- en el que la lealtad sea la que presida ese diálogo. Nuestro orden de prioridades sería empezar por la base, la Constitución, seguir por los estatutos y finalizar por la financiación. En fin, señora vicepresidenta, sepa que para ello
también insistiremos en lo que está en el núcleo de nuestra Constitución, porque así lo fijó el poder constituyente, en la igualdad de todos los españoles y, por tanto, también en las aspiraciones legítimas de las comunidades autónomas y en la
solidaridad entre todas ellas. Con esas perspectivas sólo me resta volver a expresarle los mejores deseos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Trillo. Ha planteado además un debate ajeno a la Comisión, que ya me gustaría desarrollar, sobre la modernidad o antigüedad entre Cánovas y Rousseau; cualquier cosa.
Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Jáuregui Atondo.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Señora vicepresidenta, en primer lugar, quiero expresarle, en nombre del Grupo Socialista, nuestra felicitación.
Nosotros estamos muy orgullosos de que una compañera de grupo parlamentario y una buena amiga de
este grupo en la oposición sea hoy la vicepresidenta del Gobierno. Le deseamos muchísima suerte. Estamos convencidos de que lo hará usted estupendamente y le agradecemos su presencia hoy aquí rápidamente para dar cuenta a la Cámara de sus planes y
de los planes del Gobierno. Por cierto, empezaré por decir que constituyen una reproducción -me apresuro a comentarlo- muy absoluta, diría yo, de lo que es el programa de Gobierno del Partido Socialista.
El Partido Socialista expresó en su carta a los ciudadanos, en su propuesta electoral la necesidad de revitalizar la democracia, la necesidad de dar oxígeno a una democracia y a una España plural y a una España constitucional que requería de
una serie de reformas políticas importantes. Sin apelar tanto a la coyuntura de los gobiernos anteriores, que no es mi propósito, en el mensaje electoral del PSOE había la intención de producir un tiempo nuevo en la política española y de
procurarle al país la oportunidad de reformular los métodos, los talantes, las actitudes, las políticas de fondo e incluso las reformas profundas que nuestra democracia reclamaba; una democracia, como otras, que está asediada -creo que conviene
recordarlo- por fundamentalismos
de muy distinto signo que cuestionan a veces la vitalidad del sistema democrático de los países occidentales; una democracia que en muchas ocasiones está también acosada por populismos cada vez más frecuentes en el debate político de muchos
países frente a fenómenos y problemas cada vez más complejos e importantes, incluso a la anomia; una democracia que se enfrenta con quienes, desde posiciones generalmente conservadoras, reclaman el fin de la política. Señora vicepresidenta,
entiendo que en el mensaje socialista había una propuesta para dar oxígeno a la democracia española, para recuperar -como usted ha dicho- la dignidad de la política y para devolverle al país y, sobre todo, a sus ciudadanos la confianza y la
credibilidad que la democracia y la política española reclamaban y necesitaban: que las promesas electorales se cumplieran, no que fueran solo promesas; que el Parlamento se convierta de verdad en el centro del debate político; que los partidos
se saneen democráticamente; que los medios públicos sean por fin de todos, no del Gobierno; que se escuche a los ciudadanos -como se ha dicho-, que se les informe y que no se les engañe; que el contrato social básico entre ciudadanos e
instituciones se refuerce; que el poder no nos cambie; que estamos en un Estado complejo y plural y que las comunidades son Estado; que el consenso vuelva a ser una palabra de moda en la política española. Todo esto estaba en el debate
electoral, y el 14 de marzo también se votó todo esto. Yo quiero expresar aquí en nombre del Grupo Socialista la satisfacción por saber que el programa electoral que propuso el Partido Socialista ha sido hoy presentado como un programa de Gobierno.
Así lo hemos interpretado nosotros y así lo queremos poner de manifiesto. El Gobierno ha tomado una serie de iniciativas, bien las que usted ha señalado que ya se han desarrollado en estos 20 días de acción del Gobierno, como las que ha anunciado y
que forman parte del programa de Gobierno para estos próximos cuatro años que constituyen -no lo digo yo; lo han dicho otros portavoces parlamentarios, creo que el portavoz del Grupo del PNV y el del Grupo de Izquierda Unida- retos cargados de
valor y de riesgo. Creo que está bien dicho así.
Señora vicepresidenta, creo que, efectivamente, hoy hemos escuchado todo un conjunto de propuestas políticas muy de fondo, muy importantes y con mucho valor -también con riesgo, claro, porque en política no hay nada sin esa condición-, que
pueden reformar seriamente las bases de nuestro debate político y de nuestro circular democrático. Quisiera recordar, por ejemplo, que nos comprometemos a que la reforma electoral contemple de una vez los debates electorales, sin que sea opción
subjetiva del poder aceptarlos o negarlos; la incorporación de una serie de medidas para sanear democráticamente los partidos políticos. Estos son compromisos a veces difíciles de cumplir -y le hablo en nombre de quienes sabemos lo que es
gobernar- como que la ley del presupuesto no incorpore un conjunto de medidas que los diferentes ministerios proponen a última hora. Es verdad, una ley de acompañamiento no puede ser una ley ómnibus, como se decía, pero a veces cuesta mucho que no
lo sea. Pues bien, hoy hemos recibido un compromiso en esa dirección muy expreso. Lo mismo que no haremos leyes -incluso penales- mediante reformas, como la que se hizo en diciembre del año pasado, hecha con nocturnidad y alevosía, para un tipo
penal específico y concreto, sin tener las condiciones previas para un debate tan importante y para una reforma penal tan sustancial. Yo creo que es importante y que va en serio, y los primeros indicios así apuntan, que la reforma de los medios de
comunicación públicos debe ser para siempre y debe tener traslación, señor Trillo, a todas las comunidades autónomas. Yo estoy seguro que lo que hagamos en esta materia va a acabar calando en los comportamientos de otros gobiernos autonómicos y en
relación con las televisiones autonómicas; no me cabe duda de que eso será así. Quiero resaltar la importancia de la comparecencia previa de altas personalidades del Estado como puede ser el fiscal general, que, sin duda, es muy buena medida,
cuestión esta que se recogerá precisamente cuando el Gobierno incorpore la ley de reforma de la Fiscalía General.
Creemos muy importante la reforma del CIS. Aprovecho para reiterar también la importancia que tiene en nuestra opinión la ley de
derecho de libre acceso a la información. Ustedes recordarán que un parlamentario socialista, ya en la legislatura anterior, el señor López Garrido, presentó el proyecto de información on-line de los ciudadanos acerca del proceso administrativo.
Me parece que aquí hay también la antesala de un nuevo derecho del ciudadano de información al minuto, por así decirlo, respecto al acto administrativo. En fin, me parece muy importante resaltar la regulación de la publicidad institucional para que
acabe la propaganda con el dinero público. Inclusive me gustaría acabar destacando los elementos de sus propuestas, señora vicepresidenta: la importancia que tiene el anuncio del respeto a las leyes básicas. Es tradicional en el debate político
español, especialmente en el debate competencial, un conflicto permanente y una vieja reivindicación desde las comunidades autónomas, no sólo desde las comunidades donde gobierna un partido nacionalista, que las leyes de bases con frecuencia se han
excedido de los gobiernos del Estado, de los gobiernos de la nación, de esta legislatura pasada y de las anteriores. Por tanto, me parece de especial importancia la apelación que se ha hecho a la búsqueda de un término equilibrado en lo que es el
desarrollo o la fijación de los conceptos de las leyes de bases y el respeto al reparto competencial que nuestra Constitución y nuestros estatutos de autonomía establecen. Por todo esto, señora vicepresidenta, nuestro grupo quiere felicitarle y
reiterarle nuestro apoyo.
Quiero hacer una breve referencia a otra de las cuestiones fundamentales que ha anunciado como es la reforma constitucional. Me gustaría hacer algunas aportaciones en nombre del Grupo Socialista. En primer lugar, nuestro grupo entiende que
el mandato electoral de los ciudadanos del 14 de marzo es también un mandato para la reforma constitucional que nos afecta a todos. Es verdad que es un partido político quien lo propone, pero en la medida en que ha sido tan ampliamente refrendado y
en la medida en que, reitero, se trata de cumplir la palabra dada, entiendo que esta Cámara se siente apelada por un mandato popular y, por tanto, esta es una cuestión que tenemos que abordar indefectiblemente. También tenemos que abordarlo porque
hay necesidades objetivas. El presidente del Gobierno lo ha explicado ya en varias ocasiones, pero, sin duda, hay cuatro grandes temas sobre los que centramos nuestro proyecto de reforma, que son, entiendo, necesidades objetivas que tenemos que
abordar en lo que llamaríamos una concepción dinámica de nuestro texto constitucional.
Yo entiendo que han pasado 25 años desde la aprobación de nuestra Constitución y que el dinamismo que acompaña a la sociedad tiene que ir también con nuestra
visión del texto fundamental. La Constitución no está esculpida en piedra; la Constitución es simplemente la ley de leyes, pero es una ley, y la hacemos más fuerte precisamente con su adaptación y su mejora. Por ejemplo, se decía antes que
incorporamos reformas que están en la conciencia social y que forman parte sustancialmente de este pacto electoral que nuestro partido propuso al electorado y con el que obtuvo su confianza. La Constitución europea se aprobará previsiblemente
-ojalá- dentro de unos pocos días. Pues bien, nosotros creemos que la referencia a ese texto en nuestro texto constitucional es obligada. Y aprovecho para señalar -porque se ha preguntado, y sin perjuicio de que el Gobierno dé las explicaciones
correspondientes- que el Partido Socialista acordó que la Constitución europea, cuando fuera aprobada, debía ser sometida a refrendo de los españoles. Nosotros lo dijimos en el mes de septiembre del año 2002 y lo hemos planteado formalmente como un
compromiso en nuestro programa electoral para las elecciones europeas del próximo mes de junio. Por tanto, sin perjuicio de lo que el Gobierno quiera señalar a este respecto, me gustaría dejar claro que, en nombre del Partido Socialista, el
compromiso por el refrendo constitucional para la Constitución europea es evidente. Querría señalar que el Partido Socialista no se plantea la reforma de la Constitución desde la perspectiva de la revisión de nuestro texto fundamental, ni mucho
menos de su núcleo duro, como se le ha llamado por parte del portavoz de Partido Popular, señor Trillo, ni desde luego, de lo que llamaríamos sus elementos esenciales. Nosotros no pretendemos reformular ni resometer a discusión lo que llamaríamos
los principios de la Constitución. No queremos hacerlo así. Nuestra intención es hacer una propuesta de reforma acotada, una propuesta de reforma limitada. Quiero dejarlo claro, pues ese es nuestro propósito. Nosotros creemos que es importante
que ese trabajo lo hagamos con una voluntad política como la que hubo en el año 1978. Creo que hay muchas personas que saben mucho más que yo de esto, pero me permito decir algo al respecto. Creo que el consenso fue consecuencia fundamentalmente
de una voluntad colectiva de lograr un texto, y esta voluntad política es imprescindible de nuevo en este momento. Para mí, eso reclama una actitud común de búsqueda de consenso y lealtad recíproca. Por eso, señor Trillo, yo quiero decirle, en
nombre del Grupo Parlamentario Socialista, que nosotros, sin perjuicio de que discutamos otros pormenores jurídicos sobre algunos aspectos, y sin perjuicio también de que la señora vicepresidenta conteste con la autoridad que yo no tengo respecto
del calendario y del método sobre esta cuestión, queremos abrir este tiempo de consenso, queremos abrir este tiempo nuevo para la política, para todas las propuestas de ley que ha hecho hoy la señora vicepresidenta y también para la reforma
constitucional, y que apreciamos, porque sabemos que vale mucho, la actitud que el señor Trillo ha mostrado de abordar estas materias. Yo quiero agradecer expresamente esa actitud, y quiero que sepa que encontrará la misma actitud en el Grupo
Parlamentario Socialista. Una actitud con la que queremos mejorar, adaptar y hacer las reformas de nuestro conjunto constitucional y democrático, para que, efectivamente, como decía la señora vicepresidenta, avance la España constitucional en la
que creemos y sea mejor para los españoles. Ese consenso lo queremos hacer con ustedes, señores del Partido Popular, y con todos los grupos de esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Producidas las intervenciones de todos los grupos parlamentarios, la señora vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia tiene de nuevo la palabra para aclarar, contestar e informar.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Muchas gracias a todos los portavoces de los grupos por sus intervenciones, por su buen tono, por sus
felicitaciones y por sus aportaciones. Estoy llena de notas que he ido tomando de todas las cosas que han ido ustedes proponiendo.
Tengan en cuenta que todas las vamos a analizar.
Sin más preámbulos, y reiterándoles las gracias, sobre todo por su buen tono, creo, señor presidente, que estamos en condiciones de poder decir que a partir de ahora abrimos en esta Comisión una nueva etapa de diálogo, abordando toda la
tarea que este Gobierno se ha marcado por delante con el apoyo, con el acuerdo y el consenso de todos y cada uno de los grupos parlamentarios
aquí representados que han intervenido esta tarde. Dicho esto, voy a intentar responder a las preguntas y tratar de matizar algunas de las cuestiones que aquí se han expuesto, dejando dicho de antemano que si alguna cosa dejo de decir será
por falta de memoria o porque, en la multitud de notas que he ido tomando, a lo mejor no encuentro alguna de las referencias. En cualquier caso, voy a intentar darles respuesta.
Este es el inicio de un diálogo que empezamos hoy. A partir de hoy vamos a estar hablando porque el conjunto de reformas que propone el Gobierno, sobre todo desde el Ministerio de la Presidencia, están en la base, en el núcleo duro de la
convivencia y, por tanto, son reformas que van a necesitar -y es bueno que así sea- un intenso nivel de diálogo previo a su aprobación y una mayoría muy amplia -y si hubiera unanimidad, mejor- para que estas normas tengan estabilidad.
Quiero aclarar, como ya he dicho en mi intervención, que yo no he hecho aquí algo que hoy era difícil de hacer, que es un calendario legislativo de todo el Gobierno, entre otras cosas, porque hay materias que incumben a los ministros que van
a comparecer los días sucesivos en este Parlamento y que irán exponiendo los diferentes temas, algunos ya han salido en esta comparecencia, quizá por su conexión con los principios de actuación que tiene este Gobierno, pero que serán tratados con
más detalle por los responsables de cada uno de los departamentos cuando comparezcan en representación de su ministerio. No puedo hacer todavía un calendario, pero lo van a tener SS.SS. Llevamos veinte días y en estos momentos no estamos en
condiciones de detallarlo. Sí les digo que todas las cuestiones que he traído hoy aquí y a las que me he comprometido es voluntad de este Gobierno que se aborden en esta legislatura. Hay temas que se van a priorizar. Les he anunciado la reforma
de la Ley Orgánica del Consejo de Estado, porque queremos que se analice y se estudie todo lo relativo al consenso básico para la reforma constitucional; vendrán otras leyes con carácter prioritario, como la anunciada ley integral contra la
violencia de género y otros proyectos de ley que vendrán a esta Cámara, si es posible, antes de que se acabe este período de sesiones.
Permítanme que no me comprometa ahora aquí a hacer un calendario explícito, pero con mucho gusto, en el momento
que el Gobierno lo tenga preparado -que será un plazo breve-, lo haremos llegar a SS.SS., porque comprendo que es de altísimo interés para ustedes a la hora de organizar sus trabajos internos.
Trataré de agrupar algunos temas con el fin de contestar a todas SS.SS., ya que ha habido muchos temas que han sido analizados recurrentemente por los distintos portavoces. La Constitución es uno de los objetivos fundamentales de esta
legislatura; es muy importante. Aunque no abramos ahora el debate sobre cómo va a ser la reforma de la Constitución, sí quiero en este momento aclarar algunas cuestiones, algunas de las cuales ya las ha mencionado el portavoz del Grupo Socialista.
No abrimos un período constituyente; la reforma de la Constitución que el Gobierno quiere es limitada, tasada a los extremos que ya expuso el presidente del Gobierno y que yo he vuelto a exponer aquí. Sé que hay algunos portavoces que querrían ir
más allá. El señor Llamazares hacía referencia, por ejemplo, al ministerio fiscal. Mi opinión es que no hay que tocar en absoluto el modelo de ministerio fiscal establecido en la Constitución para que el fiscal funcione en el ejercicio de la
misión que constitucionalmente tiene atribuida con autonomía en el ejercicio de la acción penal, con independencia y con imparcialidad. Es verdad que, para mantener el modelo de ministerio fiscal que el Gobierno asume, hay que establecer
modificaciones para establecer mayores garantías de esa imparcialidad en determinados tipos de actuaciones. Ese tema es muy importante y por eso lo he anunciado hoy aquí. No obstante, el ministro de Justicia -ya aludo a ello-, cuando comparezca,
establecerá las líneas, pero en eso no hay que tocar la Constitución. Es decir, que quede claro que el Gobierno no abre una reforma constitucional, sino que lo hace de forma limitada, tasada y, por supuesto, con el mayor consenso posible.
Hay que
recuperar el consenso por el que se aprobó la Constitución, eso sería lo deseable y esa es la tarea que nos hemos marcado el Gobierno.
Como les decía en mi intervención, nuestro trabajo es propiciar que esas vías de diálogo estén abiertas para
alcanzar ese consenso, desde luego con la ayuda de todos los grupos, a los que agradezco de antemano su predisposición.
Respecto a la reforma del Senado, tengo que decirle, señor Xuclá, que, por supuesto, se van a tener en cuenta los trabajos que se han hecho. De la reforma del Senado llevamos hablando mucho; en el ámbito del Senado se han hecho muchos
trabajos, que se tendrán en cuenta a la hora de abordar la reforma del Senado, que claramente debe ser consensuada.
Consejo de Estado. Me parece que se habían interesado tanto el señor Mardones como el señor Trillo-Figueroa, que quieren saber por dónde va a ir la reforma, sobre todo en lo que se refiere a la incorporación como miembros del Consejo de
Estado de los ex presidentes del Gobierno. En principio estamos trabajando sobre la idea de que los ex presidentes sean consejeros natos, con carácter vitalicio; lo que es una nueva figura de consejero. Ahora bien, cualquier reforma de la Ley del
Consejo de Estado debe ser remitida previamente al propio Consejo de Estado y consultada y, desde luego, su opinión va a ser tenida muy en cuenta por parte del Gobierno. Creo que es una reforma que estaremos en condiciones de traer próximamente,
pero ya les digo que va por ahí. Además, como ustedes saben -ya lo anunció el presidente del Gobierno-, la idea es adscribir funcionalmente el Centro de Estudios Constitucionales, para que también el Senado tenga ese instrumento técnico para, con
serenidad, reflexionando, abordar
esa tarea tan importante que tenemos de reformar la Constitución. Desde luego, la intención del Gobierno en relación con la reforma de la Constitución -y yo creo que es la intención de todos los grupos aquí presentes, de todos los grupos
políticos- no es cambiar el modelo de convivencia que nos dimos los españoles en 1978, sino avanzar en ese modelo de convivencia, como establece el propio preámbulo de la Constitución, donde figura que España debe ser un país que camine hacia una
democracia social avanzada. Ese es nuestro objetivo y, por supuesto, no tocar el Título Preliminar, el núcleo duro. En ningún momento hemos pensado abordar una reforma de esa naturaleza, lo digo porque lo ha planteado el señor Trillo-Figueroa y
quería, por lo menos, aclarar estas dudas, sin perjuicio de que, como digo, vamos a tener mucho tiempo para hablar de esto, para debatir tranquilamente.
Respecto al resto de reformas que, digamos, vienen en cadena, vienen a continuación de la reforma de la Constitución, que de alguna manera son también constitucionales, como es la reforma de los estatutos o la financiación, diré que, en
cuanto a la reforma de los estatutos, la iniciativa tiene que partir de las propias comunidades autónomas, que son las que tienen que poner en marcha los mecanismos para que se lleven a cabo. Vamos a entrar en un debate y a veces las palabras nos
pierden; yo no quiero hablar de simetría o no simetría, no me gustaría polemizar, pero mi opinión es que la propia Constitución permite tener en cuenta determinados hechos que son distintos, porque evidentemente en unas comunidades autónomas hay
otra lengua; unas son islas y otras están tierra adentro, y esos hechos están ahí. Yo no quiero abrir ahora esa polémica, pero sí quiero dejar claro que el Gobierno va a garantizar la igualdad de derechos de todos los españoles, habiten en el
territorio que habiten; me parece que esto es importante. Creo que con esto puedo calmar su inquietud: diciendo que no lo podemos permitir. Eso está también en la Constitución; no utilicemos la Constitución para lo que nos conviene, para no
utilizarla cuando no nos conviene. La Constitución garantiza la igualdad de todos los ciudadanos, vivan donde vivan, y permite y habilita que haya regímenes jurídicos que no sean idénticos en todas las comunidades autónomas -eso lo permite la
Constitución-, siempre y cuando se garantice el derecho de todos los ciudadanos -repito-, sea cual sea el territorio en que habiten. De todas formas, tendremos tiempo de hablar de esto largo y tendido, porque todas estas reformas, en cualquier caso
-como ya lo ha señalado el presidente del Gobierno-, hay que hacerlas teniendo claramente a la vista dos límites: uno, los de la propia Constitución; las reglas del juego -y se lo digo al portavoz del Partido Nacionalista Vasco- están en la
Constitución. Si nos salimos de las reglas del juego de la Constitución, estamos fuera de las reglas del juego de la Constitución. Es verdad que, debatir, se puede debatir; pero las reglas del juego están marcadas en la Constitución. Por tanto,
uno, respeto a las reglas del juego marcadas en la Constitución; y dos, que las reformas que llevemos a cabo permitan mayor cohesión entre los ciudadanos y mayor bienestar. Es decir, que no produzcan mayor enfrentamiento y mayor fractura, sino que
hagan que los estatutos sirvan para mejorar nuestro nivel de convivencia. Creo que esas son las dos líneas maestras entre las que nos tenemos que mover. Si nos movemos todos con lealtad institucional dentro de esas líneas, será más fácil que
lleguemos a acuerdos, que creo que serán buenos para seguir avanzando en la convivencia que nos hemos dado con una Constitución que ha hecho que vivamos los 25 años más prósperos de la azarosa historia de este país.
Creo que tenemos una
Constitución que ha servido, y tenemos que perfeccionarla para seguir avanzando sobre el modelo.
Reformas del bloque constitucional, Ley Electoral; reformas que, de alguna manera, forman parte del bloque constitucional, como la de la Ley Electoral. Es una reforma para la que hay que partir también de determinados principios. Primero,
es una reforma que hay que hacer estando todos de acuerdo. Tampoco es intención del Gobierno abrir el sistema electoral y reformarlo de arriba abajo. Es verdad que aquí hay debates, y que, mirando a los distintos grupos políticos, no todo el mundo
está de acuerdo en cuanto al tema europeo, al de la provincia o al municipal, pero la intención del Gobierno es partir de un consenso mínimo, básico, sobre algunos temas en los que creemos que hay consenso.
El de los debates, por ejemplo; todo el
mundo está de acuerdo en este tema, porque es un derecho de ciudadanía, y en la consiguiente reducción de las campañas electorales. El de la elección directa de los alcaldes, para avanzar hacia una mayor proximidad. Ya sé que hay discrepancias de
algún grupo, pero lo que tenemos que hacer es debatirlo. En cuanto al de la paridad, estoy absolutamente segura de que voy a convencer al Partido Popular, porque el portavoz de esta Comisión es el señor Trillo. Sé que, siendo el señor Trillo el
portavoz de esta Comisión, habrá posibilidad de convencer al Partido Popular, como en otras cosas en las que ya veo que van avanzando. Tampoco creían en una ley integral, y ahora ya les oigo hablar de que la van a presentar, lo cual me ha puesto
contentísima, señor Trillo; usted sabe muy bien que usted y yo hablamos de este tema hace mucho tiempo, y me daba usted la razón. Ya sabe que tengo mucho tesón; no descarto la posibilidad de convencerles en cuanto a la paridad.
Es evidente que
el hecho de que haya mujeres en puestos de representación se debe fundamentalmente a la lucha de las mujeres que, durante siglos, han estado tratando de tener ámbitos de poder público que no tenían, y no sólo sobre la base de sus virtudes y
capacidades personales. Por mi parte, agradezco muchísimo sus palabras, señor Trillo, pero no me considero ni la más lista, ni la más guapa, ni la más alta ni la más rubia; es decir, que creo
que ha habido muchas mujeres antes que yo, que han tenido las mismas capacidades que yo, o mejores, pero no han podido tener -por razón de una sociedad que ha hecho de la diferencia y de la discriminación un valor de convivencia- la
posibilidad de compartir no sólo lo privado sino también lo público. Estoy segura de que le voy a convencer; seguiremos avanzando y hablando de esa materia.
En cuanto a los medios de comunicación, SS.SS. han expresado algunas preocupaciones. He podido percibir en general una buena acogida de la reforma inicial emprendida por el Gobierno de confiar en un consejo de expertos. En cuanto a don
Lázaro Carreter, señor Mardones, ya ha sido sustituido por el Consejo de Ministros cuando pusimos en marcha el Consejo de estos medios. El Consejo está en ese real decreto, se va a reunir esta semana y va a empezar a funcionar ya. Pero a fin de
aclarar algunas cosas sobre las que me parece que había alguna duda, les diré que el acuerdo del Consejo de Ministros habla de medios de titularidad estatal. Por tanto, como alguien había preguntado si la Agencia Efe estaba incluida o no,
evidentemente también está incluida la Agencia Efe en lo que se refiere al objeto del informe que hemos encargado a estas personas. Incorporar sabios, incorporar gente más experta. Yo creo que el propio Consejo va a consultar, se va a reunir y
estoy absolutamente convencida de que también se pondrá en contacto con los grupos parlamentarios, por lo que yo tengo entendido y por lo que he podido hablar con ellos. Tienen un plazo de nueve meses -así se ha acordado- para que emitan el informe
y en ese plazo de nueve meses desde el Ministerio de la Presidencia les vamos a facilitar todo lo que necesiten: entrevistas, reuniones, etcétera, para que con absoluta autonomía lleguen a conclusiones, y les sugeriremos también que algunos grupos
parlamentarios han expresado su opinión de querer trasladarles sus inquietudes o lo que consideren preciso. En cualquier caso, tengan ustedes en cuenta que eso al final terminará aquí, es decir que el informe lo hace un consejo de expertos que lo
remitirá al Gobierno, éste asumirá su contenido y lo transformará en un proyecto de ley que traeremos aquí para que sean SS.SS. en definitiva las que den su opinión, cerremos ese tema y podamos construir o tener, como les decía, unos medios de
titularidad pública plurales, de calidad, independientes y que hagan un auténtico servicio a los ciudadanos.
Otra de las cuestiones suscitadas es el tema antiterrorista, que ha sido planteado por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Xuclá, y también por el señor Mardones. La posición del Gobierno en ese tema es muy clara.
Como ustedes saben, el Gobierno es el que tomó la iniciativa del Pacto por las libertades y contra el terrorismo. Creemos que ha sido un pacto muy eficaz y lo vamos a mantener en esos términos.
Pero, paralelamente a ello, ya expresó el presidente
del Gobierno el deseo de compartir con el resto de grupos políticos información en estos temas, porque es evidente que uno de los instrumentos básicos en la lucha contra el terrorismo es la unidad de los demócratas. En ese sentido ya les he
anunciado que por la vía de la Comisión de Secretos Oficiales, digamos que como lugar de encuentro donde se puede debatir y compartir cosas, vamos a empezar a hablar de información y de estrategia. Ese es un poco el planteamiento que en estos
momentos está formulado y así lo vamos a hacer. Para pasado mañana está convocado el Pacto antiterrorista y la semana que viene comparecerá el ministro del Interior con esa doble intención a la que antes he hecho referencia.
Parlamento. Como no podía ser de otra manera, todas SS.SS. han hablado de él porque es uno de los temas que a todos nos preocupan y todos tenemos la intención de mejorarlo y convertir de verdad el Parlamento en el centro del debate
político. Hay temas del Parlamento que son del Parlamento y por tanto están en manos de SS.SS. Tiene que quedar claro que la cuestión de que el Reglamento del Congreso salga adelante depende en una parte, yo diría que casi total, de que SS.SS. se
pongan de acuerdo y saquen el Reglamento adelante. ¿Cuál es la posición del Gobierno? Queremos que haya Reglamento, nos parece fundamental que en esta legislatura se apruebe el Reglamento. Por tanto la posición del Gobierno va a ser favorecer,
ayudar, facilitar ese trabajo del Parlamento para que el Reglamento llegue a buen fin y sea en esta legislatura una realidad.
¿Por qué me he referido especialmente a la oficina presupuestaria? Porque la oficina presupuestaria, aunque se desarrolle en el Reglameno, es difícil que se monte sin la colaboración del Gobierno. Sin la participación del Gobierno, no
habrá oficina presupuestaria porque la información relevante está en el Gobierno y es fundamental la predisposición del Gobierno a crear esa oficina presupuestaria. He querido dejar bien claro que es intención de este Gobierno que en esta
legislatura haya oficina presupuestaria. Por tanto, vamos a trabajar sobre el mejor modelo de oficina, hay muchos modelos y vamos a ver cómo lo hacemos. Lo que sí que les digo es que nosotros ya lo estamos estudiando en contacto con la
vicepresidencia segunda, el Ministerio de Economía y Hacienda, pero ese modelo lo tenemos que definir conjuntamente Gobierno y Parlamento. Por eso me he referido, cuando he hablado del Reglamento del Congreso, única y exclusivamente a ese tema. El
portavoz del Partido Popular, el señor Trillo, ha sacado algunos temas de compromisos concretos que estaban ya asumidos en una ponencia anterior, algunos en la práctica diaria de estos años y otros incluso en los trabajos previos del Reglamento
sobre los cuales hasta algún nivel se había llegado a algún consenso. Señor Trillo, no tenga la menor duda, el presidente del Gobierno va a contestar todos los miércoles, siempre que las obligaciones internacionales se lo permitan, a
las preguntas de todos los grupos, de todos los grupos. Esto quiero que quede claro. De la misma forma quiero que quede claro que estamos de acuerdo con todo lo que habíamos avanzado en el consenso básico respecto de la reforma del
Reglamento. Estamos de acuerdo en que haya interpelaciones, las interpelaciones se van a mantener tal y como están también; pero el señor Trillo sabrá bien que habíamos ido más lejos en el Reglamento. A todo lo lejos que habíamos llegado en el
Reglamento, este Gobierno no va a poner impedimento alguno, no va a poner impedimento alguno -en contra de lo que ha sido tradicional impedimento a que un Reglamento saliera adelante- a incrementar los medios de control. Este Gobierno está
dispuesto a someterse al control que aquí se acuerde y que en el futuro Reglamento de la Cámara se establezca. Quiero dejar claro este compromiso.
Ha habido alusión de SS.SS. a algo que hemos vivido, yo lo he sufrido, lo hemos sufrido todos: retrasos, contestaciones por el método Ollendorf, no contestaciones, sin parar. Por eso he hecho en mi intervención expresa alusión a dar
instrucciones al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes (no digo que algún ministerio no se vaya a retrasar, que lo habrá, pero vamos a intentar controlarlo desde el Ministerio de la Presidencia, porque para eso es mi responsabilidad)
para que las contestaciones vengan en plazo y tengan contenido, no sólo desde el punto de vista cuantitativo; esos retrasos que acumulábamos de hasta el 49 por ciento en la pasada legislatura, porcentajes muy amplios y no deseables, tengan por
seguro que no se van a volver a producir. Esta vicepresidenta y ministra de la Presidencia hará todo lo que esté en sus manos para que así no ocurra en cuanto a preguntas escritas -artículo 7- y todas esas cuestiones que en más de una ocasión han
dado lugar hasta a conflictividad judicial, porque en muchas ocasiones los grupos se han visto obligados a acudir a los tribunales para obtener una simple respuesta de la Administración. Por eso he hecho hincapié en ese tema.
De la misma forma, he hecho hincapié, y creo que es un tema que afecta también al Parlamento, en la mejora de la técnica legislativa. Señorías, el Gobierno va a hacer todo lo que esté en sus manos y está dispuesto también a colaborar con
este Parlamento para que mejoremos la forma de legislar, no sólo en lo que se refiere a la legislación básica, que me parece un tema crucial, que ha dado lugar a muchísima conflictividad, por no respetar las competencias en muchas ocasiones del
modelo de Estado que tenemos, sino también a una mejora de la técnica legislativa que tiene que empezar por el propio Gobierno, es decir que los textos sean más claros, que se entiendan mejor, que sujeto, verbo y predicado y ese tipo de cosas se
cuiden. Esa mala técnica, poner una coma antes o después, da lugar en demasiadas ocasiones a que finalmente tengamos una conflictividad judicial tremenda en este país, que tiene ya una gran tendencia a la polémica y a la litigiosidad y termina todo
en los tribunales. Es necesario, primero, porque los ciudadanos no conocen bien sus derechos y, segundo, porque eso da lugar a una litigiosidad no deseada.
En cuanto a los nombramientos, los hemos hecho con arreglo a la legislación hoy vigente, que vamos a cambiar para que sean de otra manera. Queremos que determinados nombramientos institucionales sean parlamentarios, y otros, aunque no lo
sean, vengan antes al Parlamento, pero habrá que cambiar las normas porque las normas hoy dicen otra cosa.
Esa es la razón por la que el Gobierno en estos momentos ha nombrado a un fiscal general del Estado, sin perjuicio de que, ya lo he
anunciado, habrá una reforma del Estatuto -así lo hemos hablado en muchas ocasiones- que establecerá la comparecencia previa del fiscal en este Parlamento; lo mismo en el caso de Radiotelevisión, donde hemos puesto en marcha un mecanismo para que
ese sea un nombramiento del Parlamento, y lo mismo en el Centro de Investigaciones Sociológicas y en cualesquiera otros, que ahora no recuerdo pero que puede haber, respecto de los que hoy la legislación dice una cosa y hay que cambiarla para poder
hacerlo de una manera distinta a como hasta ahora se ha venido haciendo.
No quiero dejar de contestar, ahora que ha salido a relucir la televisión, a una pregunta que me habían hecho algunas de SS.SS. en cuanto a cuál era mi posición sobre las declaraciones que ha hecho hoy el secretario de Estado de Hacienda
sobre la privatización de televisión. Yo no quiero entrar en polémicas en estos momentos, sino simplemente decir que lo que ha hecho el secretario de Estado es una reflexión legítima, lo único que dice es que él opina que no se debe financiar con
dinero público telebasura, pero lo que sí que les digo es que en estos momentos no tiene sentido que polemicemos, pues el Gobierno ha encargado a un consejo que emita un informe, estudiará estos temas y nos lo trasladará al Gobierno.
No quiero que
parezca que no quería contestar a alguna de las preguntas.
En cuanto al diálogo con las comunidades autónomas, lo digo también por algunas intervenciones que ha habido de algunos portavoces, hacía seis años que un ministro de Administraciones Públicas no iba al País Vasco.
Eso es así, es un hecho.
Es evidente que hay problemas, no los vamos a negar, ha habido discrepancias sobre temas; precisamente abrir el diálogo, establecer cauces institucionales nuevos es la vía de llegar a acuerdos, dentro de las reglas del juego. Quiero decir que las
reglas del juego son para todos y están marcadas en la Constitución. Sí ha habido novedades, el presidente del Gobierno está recibiendo ya a los presidentes de las comunidades autónomas. Hay que ver los calendarios, no los puede recibir a todos a
la vez, pero para tranquilizar al portavoz del Partido Nacionalista Vasco, para dar respuesta a su preocupación, el presidente recibirá al suyo en una fecha breve, no creo que vaya a tardar mucho, porque la idea es acabar la ronda con todos lo antes
posible.
Todos van a ser recibidos y
considero que hemos abierto un cauce institucional nuevo que espero que todos lo sepamos aprovechar, porque evidentemente abrir nuevos períodos en los que hay que trabajar de otra manera exige esfuerzo y trabajo por parte de todos, y estoy
segura que voy a contar con el esfuerzo de todos ustedes.
Ha habido algún portavoz que ha planteado algunos temas que este Gobierno considera muy importantes, pero que no eran objeto de esta comparecencia, como es todo lo referente al pilar social, el acceso a la vivienda, la situación de los
centros penitenciarios, es decir la política que va a tener el Gobierno en todas esas materias, que será objeto de la comparecencia de los correspondientes ministros en este Parlamento. Como decía al principio de mi intervención, ha habido muchos
temas como vivienda, asuntos sociales, medio ambiente, sanidad y educación a los que no me he referido por razones de respeto a los ministros, para que vengan aquí a exponer sus problemas sectoriales, y de respeto a los propios diputados miembros de
otras comisiones que querrán intervenir para formular sus correspondientes preguntas.
No sé si se me olvida alguna cosa. Con esto creo que he contestado con carácter general a las principales preocupaciones planteadas por sus señorías; en cualquier caso sigo abierta a cualquier otra, señor presidente. Les reitero mi
agradecimiento por sus intervenciones y aportaciones y, desde luego, cuenten en todo caso, como he dicho al final de mi intervención, con el apoyo y el reconocimiento de esta vicepresidenta primera.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta, muchísimas gracias por su comparecencia. Sé que someterse al control está entre las obligaciones de su cargo, pero podemos decir que la sesión ha sido interesante y que en el espíritu global
parece que ha habido un cierto acuerdo genérico de los portavoces de los grupos, lo que me parece un magnífico augurio para la compleja tarea que nos espera en esta Comisión en esta legislatura.
Muchísimas gracias a todos los miembros de la Comisión y a la señora vicepresidenta en primer lugar.
Se levanta la sesión.
Eran las siete y cuarenta y cinco minutos de la tarde.