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DS. Senado, Pleno, núm. 111, de 20/11/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 2002 VII Legislatura
Núm. 111
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN JOSE LUCAS GIMENEZ
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 20 de noviembre de 2002
ORDEN DEL DIA:
Primero
Preguntas:
--De Dña. MARTA CID PAÑELLA, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre las actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio de Fomento para resolver las deficiencias existentes en el puente colgante sobre el río Ebro, en la
antigua carretera nacional N-340, a su paso por Amposta (Tarragona). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 538, de fecha 18 de noviembre de 2002). (Número de expediente 680/000973).
--De D. VENANCIO ACOSTA PADRON, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las previsiones del Gobierno en orden a sustituir, a corto plazo, los radares de tierra utilizados en la actualidad por un sistema de control de
la navegación aérea por satélite.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 538, de fecha 18 de noviembre de 2002). Número de expediente 680/000975).
--De D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la información que puede acreditar el Gobierno acerca del accidente del buque petrolero «Prestige». (Número de expediente 680/000996).
--De D. ANXO MANUEL QUINTANA GONZALEZ, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para que no vuelvan a repetirse situaciones como la provocada por el siniestro del buque petrolero «Prestige» frente a la
costa gallega. (Número de expediente 680/000995).
--De D. ANGEL ANTONIO FRANCO GUTIEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno para poner en funcionamiento el centro de tratamiento automatizado de la entidad pública empresarial Correos y Telégrafos en
Alicante. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 538, de fecha 18 de noviembre de 2002). (Número de expediente 680/000982).
--De D. RODOLFO AINSA ESCARTIN, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la situación en la que se encuentra el proyecto de construcción de la carretera comprendida entre Yebra de Basa y Fiscal (Huesca). (Publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 538, de fecha 18 de noviembre de 2002). (Número de expediente 680/000992).
--De Dña. MARIA GEMA DIAZ VILLEGAS, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las líneas básicas del Real Decreto 596/2002, de 23 de junio, por el que se regulan los requisitos que deben cumplirse para la proyección, construcción,
puesta en servicio y explotación de las instalaciones de transporte de personas por cable. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 538, de fecha 18 de noviembre de 2002). (Número de expediente
680/000993).
--De Dña. CLAUDINA MORALES RODRIGUEZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las circunstancias que impidieron que los turistas del buque «A Rosa Blu», que atracó en Puerto del Rosario (Las Palmas) el pasado día 6
de noviembre de 2002, pudiesen desembarcar en la isla de Fuerteventura (Las Palmas). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 538, de fecha 18 de noviembre de 2002). (Número de expediente 680/000976).
--De D. LUIS ANGEL LAGO LAGE, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si comparte el Gobierno la afirmación pública de su Delegado en la Comunidad Autónoma de Galicia, con respecto a que en esa Comunidad no existe déficit policial.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 538, de fecha 18 de noviembre de 2002). (Número de expediente 680/000983).
--De D. MANUEL CAMARA FERNANDEZ, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la valoración del Gobierno con respecto a las primeras semanas de la aplicación del plan «Focus» de lucha contra la delincuencia, especialmente con respecto a la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 538, de fecha 18 de noviembre de 2002). (Número de expediente 680/000985).
--De D. JORDI XUCLA I COSTA, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre si considera el Gobierno razonable la posibilidad de convertir el puerto de Palamós (Girona) en frontera exterior, según el Acuerdo de
Schengen. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 538, de fecha 18 de noviembre de 2002). (Número de expediente 680/000994).
--De D. JOSEP MARIA BATLLE FARRAN, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre las previsiones del Gobierno en orden a iniciar la construcción del canal que discurre por las comarcas de Segarra y Garrigues, en la provincia de
Lleida. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 538, de fecha 18 de noviembre de 2002). (Número de expediente 680/000974).
--De D. ANGEL VILLALBA ALVAREZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la información no verificada que el Gobierno ha dado en relación a la incorporación de nuevos espacios españoles a la Red Mundial de Reservas de la Biosfera.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 538, de fecha 18 de noviembre de 2002). (Número de expediente 680/000977).
--De D. PEDRO JOSE PEREZ RUIZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los beneficios que obtendrán las Comunidades Autónomas afectadas con la ejecución del Plan Hidrológico Nacional (PHN).
(Publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 538, de fecha 18 de noviembre de 2002). (Número de expediente 680/000987).
--De D. VICENTE LILIANO FERRER ROSELLO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre el importe de las partidas de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003 que se destinan al Plan Hidrológico Nacional (PHN). (Publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 538, de fecha 18 de noviembre de 2002). (Número de expediente 680/000988).
--De D. JOSEP VARELA I SERRA, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre la fecha prevista para la publicación de un estatuto del becario. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado,
Serie I, número 538, de fecha 18 de noviembre de 2002). (Número de expediente 680/000972).
--De D. FRANCISCO FUENTES GALLARDO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las razones por las que el Ministro de Ciencia y Tecnología ha calificado de partidista la campaña institucional de la Junta de Extremadura sobre la reforma del
Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarias (AEPSA). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 538, de fecha 18 de noviembre de 2002). (Número de expediente 680/000978).
--De Dña. ANTONIA ARANEGA JIMENEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las actuaciones previstas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología para que avance la investigación con células madre embrionarias humanas.
(Publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 538, de fecha 18 de noviembre de 2002). (Número de expediente 680/000979).
--De D. FELIX LAVILLA MARTINEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los criterios empleados por el Gobierno para decidir la rebaja de 6.000 millones de euros en la garantía del cumplimiento de los compromisos adquiridos para la
obtención de las licencias de tercera generación de telefonía móvil con la tecnología del Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 538, de fecha 18
de noviembre de 2002). (Número de expediente 680/000980).
--De D. ADOLFO ABEJON ORTEGA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración del Gobierno acerca de la celebración de la semana de la Ciencia y Tecnología 2002. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 538, de fecha 18 de noviembre de 2002). (Número de expediente 680/000991).
--De D. VICTORINO NUÑEZ RODRIGUEZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para la mejora de la Administración Pública. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado,
Serie I, número 538, de fecha 18 de noviembre de 2002). (Número de expediente 680/000989).
--De D. CARLOS CHIVITE CORNAGO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para que las decisiones adoptadas con respecto a la fabricación de automóviles en la factoría de Volkswagen en la Comunidad
Foral de Navarra tengan el menor impacto económico y la menor repercusión social y laboral en dicha Comunidad.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 538, de fecha 18 de noviembre de 2002). (Número de
expediente 680/000955).
--De D. JUAN PEDRO HERNANDEZ RODRIGUEZ, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las medidas previstas por el Gobierno para compensar a los municipios que se verán afectados tras la supresión del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 538, de fecha 18 de noviembre de 2002). (Número de expediente 680/000984).
--De Dña. MARIA DEL MAR SIMONELLI MUÑOZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas que adoptará el Gobierno para garantizar la financiación de las Corporaciones Locales. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 538, de fecha 18 de noviembre de 2002). (Número de expediente 680/000990).
Segundo
Interpelaciones:
--De D. ANXO MANUEL QUINTANA GONZALEZ, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política del Gobierno acerca de la gestión íntegra por parte de las Comunidades Autónomas de los fondos europeos a utilizar en su ámbito territorial. (Publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 538, de fecha 18 de noviembre de 2002). (Número de expediente 670/000165).
--De D. JOSE CABALLOS MOJEDA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno en relación con el sistema de protección por desempleo para los trabajadores agrarios de las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 538, de fecha 18 de noviembre de 2002). (Número de expediente 670/000169).
--De D. ARSENI GIBERT I BOSCH, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre la valoración que hace el Gobierno acerca de la situación del sector de las telecomunicaciones y sobre los ejes básicos de las políticas que piensa
instrumentar para hacer frente a su futuro.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 538, de fecha 18 de noviembre de 2002). (Número de expediente 670/000168).
Tercero
--Habilitación de todos los días y horas de los meses de noviembre y diciembre de 2002, conforme a los artículos 76 y 77 del Reglamento de la Cámara (Número de expediente 550/000042).
Cuarto
Dictámenes de proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados:
--De la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales en relación con el Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad (procedente del Real Decreto-Ley 5/2002, de 24 de
mayo). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 91, de fecha 18 de noviembre de 2002). (Número de expediente S. 621/000091). (Número de expediente C. D.
121/000100)
--De la Comisión de Justicia en relación con la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y del Código Civil, sobre sustracción de menores. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO
DE URGENCIA. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III B, número 10, de fecha 18 de noviembre de 2002). (Número de expediente S. 624/000009). (Número de expediente C. D. 122/000135).
--De la Comisión de Hacienda en relación con el Proyecto de Ley de reforma parcial del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y por la que se modifican las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 89, de fecha 14 de noviembre de 2002). (Número de expediente S. 621/000089). (Número de expediente C. D. 121/000096).
Quinto
--Minuto de silencio con motivo del fallecimiento del excelentísimo señor senador don Jaume Cardona i Vila. (Número de expediente 509/000041).
SUMARIO
Se abre la sesión a las nueve horas y treinta minutos.
PREGUNTAS (Página 6680)
De Dña. MARTA CID PAÑELLA, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre las actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio de Fomento para resolver las deficiencias existentes en el puente colgante sobre el río Ebro, en la
antigua carretera nacional N-340, a su paso por Amposta (Tarragona) (Página 6680)
La señora Cid Pañella formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Cid Pañella. En turno de dúplica, lo hace el señor
Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández).
De D. VENANCIO ACOSTA PADRON, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las previsiones del Gobierno en orden a sustituir, a corto plazo, los radares de tierra utilizados en la actualidad por un sistema de control de
la navegación aérea por satélite (Página 6681)
El señor Acosta Padrón formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Acosta Padrón. En turno de dúplica, lo hace el
señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández).
De D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la información que puede acreditar el Gobierno acerca del accidente del buque petrolero «Prestige» (Página 6682)
El señor Laborda Martín formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández).
De D. ANXO MANUEL QUINTANA GONZALEZ, del Grupo Parlamentario
Mixto, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para que no vuelvan a repetirse situaciones como la provocada por el siniestro del buque petrolero «Prestige» frente a la costa gallega (Página 6683)
El señor Quintana González formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Quintana González.
De D. ANGEL ANTONIO FRANCO GUTIEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno para poner en funcionamiento el centro de tratamiento automatizado de la entidad pública empresarial Correos y Telégrafos en Alicante
(Página 6684)
El señor Franco Gutiez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Franco Gutiez. En turno de dúplica, lo hace el
señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández).
De D. RODOLFO AINSA ESCARTIN, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la situación en la que se encuentra el proyecto de construcción de la carretera comprendida entre Yebra de Basa y Fiscal (Huesca)
El señor Ainsa Escartín formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Ainsa Escartín.
De Dña. MARIA GEMA DIAZ VILLEGAS, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las líneas básicas del Real Decreto 596/2002, de 23 de junio, por el que se regulan los requisitos que deben cumplirse para la proyección, construcción,
puesta en servicio y explotación de las instalaciones de transporte de personas por cable (Página 6686)
La señora Díaz Villegas formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández).
De Dña. CLAUDINA MORALES RODRIGUEZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las circunstancias que impidieron que los turistas del buque «A Rosa Blu», que atracó en Puerto del Rosario (Las Palmas) el pasado día 6 de
noviembre de 2002, pudiesen desembarcar en la isla de Fuerteventura (Las Palmas) (Página 6687)
La señora Morales Rodríguez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro del Interior (Acebes Paniagua). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Morales Rodríguez. En turno de dúplica, lo hace el
señor Ministro del Interior (Acebes Paniagua).
De D. LUIS ANGEL LAGO LAGE, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si comparte el Gobierno la afirmación pública de su Delegado en la Comunidad Autónoma de Galicia, con respecto a que en esa Comunidad no existe déficit policial
El señor Lago Lage formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro del Interior (Acebes Paniagua). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Lago Lage. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro del
Interior (Acebes Paniagua).
De D. MANUEL CAMARA FERNANDEZ, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la valoración del Gobierno con respecto a las primeras semanas de la aplicación del plan «Focus» de lucha contra la delincuencia, especialmente con respecto a la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears (Página 6690)
El señor Cámara Fernández formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro del Interior (Acebes Paniagua). En turno de réplica, interviene de nuevo Cámara Fernández. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro
del Interior (Acebes Paniagua).
De D. JORDI XUCLA I COSTA, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre si considera el Gobierno razonable la posibilidad de convertir el puerto de Palamós (Girona) en frontera exterior, según el Acuerdo de
Schengen (Página 6691)
El seor Xuclà i Costa formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro del Interior (Acebes Paniagua). En turno de réplica, interviene de
nuevo el señor Xuclà i Costa. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro del Interior (Acebes Paniagua).
De D. JOSEP MARIA BATLLE FARRAN, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre las previsiones del Gobierno en orden a iniciar la construcción del canal que discurre por las comarcas de Segarra y Garrigues, en la provincia de
Lleida (Página 6693)
El señor Batlle Farrán formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Batlle Farrán. En turno de dúplica, lo hace el señor
Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou).
De D. ANGEL VILLALBA ALVAREZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la información no verificada que el Gobierno ha dado en relación a la incorporación de nuevos espacios españoles a la Red Mundial de Reservas de la Biosfera
El señor Villalba Alvarez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Villalba Alvarez. En turno de dúplica, lo hace el
señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou).
De D. PEDRO JOSE PEREZ RUIZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los beneficios que obtendrán las Comunidades Autónomas afectadas con la ejecución del Plan Hidrológico Nacional (PHN) (Página 6695)
El señor Pérez Ruiz formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Pérez Ruiz.
De D. VICENTE LILIANO FERRER ROSELLO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre el importe de las partidas de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003 que se destinan al Plan Hidrológico Nacional (PHN)
El señor Ferrer Roselló formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Ferrer Roselló.
De D. JOSEP VARELA I SERRA, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre la fecha prevista para la publicación de un estatuto del becario (Página 6697)
El señor Varela i Serra formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Ciencia y Tecnología (Piqué i Camps). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Varela i Serra. En turno de dúplica, lo hace el
señor Ministro de Ciencia y Tecnología (Piqué i Camps).
De D. FRANCISCO FUENTES GALLARDO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las razones por las que el Ministro de Ciencia y Tecnología ha calificado de partidista la campaña institucional de la Junta de Extremadura sobre la reforma del
Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarias (AEPSA) (Página 6698)
El señor Fuentes Gallardo formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Ciencia y Tecnología (Piqué i Camps). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Fuentes Gallardo. En turno de dúplica, lo hace
el señor Ministro de Ciencia y Tecnología (Piqué i Camps).
De Dña. ANTONIA ARANEGA JIMENEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las actuaciones previstas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología para que avance la investigación con células madre embrionarias humanas
La señora Aránega Jiménez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Ciencia y Tecnología (Piqué i Camps). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Aránega Jiménez. En turno de dúplica, lo hace
el señor Ministro de Ciencia y Tecnología (Piqué i Camps).
De D. FELIX LAVILLA MARTINEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los criterios empleados por el Gobierno para decidir la rebaja de 6.000 millones de euros en la garantía del cumplimiento de los compromisos adquiridos para la obtención
de las licencias de tercera generación de telefonía móvil con la tecnología del Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS) (Página 6701)
El señor Lavilla Martínez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Ciencia y Tecnología (Piqué i Camps). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Lavilla Martínez. En turno de dúplica, lo hace
el señor Ministro de Ciencia y Tecnología (Piqué i Camps).
De D. ADOLFO ABEJON ORTEGA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración del Gobierno acerca de la celebración de la semana de la Ciencia y Tecnología 2002 (Página 6702)
El señor Abejón Ortega formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Ciencia y Tecnología (Piqué i Camps).
De D. VICTORINO NUÑEZ RODRIGUEZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para la mejora de la Administración Pública (Página 6703)
El señor Núñez Rodríguez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Administraciones Públicas (Arenas Bocanegra).
De D. CARLOS CHIVITE CORNAGO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para que las decisiones adoptadas con respecto a la fabricación de automóviles en la factoría de Volkswagen en la Comunidad
Foral de Navarra tengan el menor impacto económico y la menor repercusión social y laboral en dicha Comunidad (Página 6704)
El señor Chivite Cornago formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Zaplana Hernández-Soro). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Chivite Cornago. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Zaplana Hernández-Soro).
De D. JUAN PEDRO HERNANDEZ RODRIGUEZ, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las medidas previstas por el Gobierno para compensar a los municipios que se verán afectados tras la supresión del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)
El señor Hernández Rodríguez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Hacienda (Montoro Romero). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Hernández Rodríguez. En turno de dúplica, lo hace el
señor Ministro de Hacienda (Montoro Romero).
De Dña. MARIA DEL MAR SIMONELLI MUÑOZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas que adoptará el Gobierno para garantizar la financiación de las Corporaciones Locales (Página 6706)
La señora Simonelli Muñoz formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Hacienda (Montoro Romero).
INTERPELACIONES (Página 6707)
De D. ANXO MANUEL QUINTANA GONZALEZ, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política del Gobierno acerca de la gestión íntegra por parte de las Comunidades Autónomas de los fondos europeos a utilizar en su ámbito territorial
El señor Quintana González realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, responde a la misma el señor Ministro de Hacienda (Montoro Romero). Vuelve a intervenir el señor interpelante. Cierra el debate el señor Ministro de Hacienda
(Montoro Romero).
De D. JOSE CABALLOS MOJEDA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno en relación con el sistema de protección por desempleo para los trabajadores agrarios de las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura
El señor Caballos Mojeda realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, responde a la misma el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Zaplana Hernández-Soro). Vuelve a intervenir el señor interpelante. Cierra el debate el señor
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Zaplana Hernández-Soro).
De D. ARSENI GIBERT I BOSCH, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre la valoración que hace el Gobierno acerca de la situación del sector de las telecomunicaciones y sobre los ejes básicos de las políticas que piensa
instrumentar para hacer frente a su futuro (Página 6719)
El señor Gibert i Bosch realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, responde a la misma el señor Ministro de Ciencia y Tecnología (Piqué i Camps). Vuelve a intervenir el señor interpelante. Cierra el debate el señor Ministro de
Ciencia y Tecnología (Piqué i Camps).
Se suspende la sesión a las catorce horas y diez minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
DICTAMENES DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 6726)
De la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales en relación con el Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad (procedente del Real Decreto-Ley 5/2002, de 24 de mayo).
SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 6726)
El señor Conde Bajén, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.
Se inicia el debate de las propuestas de veto.
El señor Cámara Fernández, del Grupo Mixto, defiende la propuesta de veto número 3. El señor Quintana González, del Grupo Mixto, defiende la propuesta de veto número 2. La señora Do Campo Piñeiro consume un turno en contra. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cámara Fernández, por el Grupo Mixto; Rodríguez Díaz, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; Aurrekoetxea Bergara, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Espasa i Oliver, por el
Grupo Entesa Catalana de Progrés; Sesmilo i Rius, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Alonso García, por el Grupo Socialista, así como la señora Do Campo Piñeiro, por el Grupo Popular.
Se procede a votar.
Se rechaza la propuesta de veto número 3, del Grupo Mixto, señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, por 69 votos a favor, 139 en contra y 4 abstenciones.
Se rechaza la propuesta de veto número 2, del Grupo Mixto, señor Quintana González, por 3 votos a favor, 142 en contra y 67 abstenciones.
Comienza el debate del articulado.
El señor Cámara Fernández, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 123 a 137, 139 a 162 y 154 a 167. La señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 10 a 14. El
señor Quintana González, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 15 a 33. El señor Rodríguez Díaz defiende las enmiendas números 1 a 9, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria. El señor Aurrekoetxea Bergara defiende las enmiendas
números 71 a 73, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Espasa i Oliver defiende las enmiendas números 34 a 70, del Grupo Entesa Catalana de Progrés. El señor Sesmilo i Rius defiende las enmiendas números 170 y 171, retira las
números 169 y 172 y acepta una propuesta de modificación con relación a la 168, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Romero Calero defiende las enmiendas números 74 a 92 y 94 a 122, del Grupo Socialista.
Las señora
Martín Mendizábal consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cámara Fernández, por el Grupo Mixto; Rodríguez Díaz, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; Aurrekoetxea Bergara, por el Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos; Espasa i Oliver, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Sesmilo i Rius, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Romero Calero, por el Grupo Socialista, así como la señora Martín Mendizábal, por
el Grupo Popular.
Habilitación de todos los días y horas de los meses de noviembre y diciembre de 2002 (Página 6757)
Se aprueba la habilitación para la tramitación del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2003 y del proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social, por asentimiento de la Cámara.
De la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales en relación con el Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad (procedente del Real Decreto-Ley 5/2002, de 24 de mayo).
SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Votación) (Página 6757)
Se rechazan las enmiendas números 123 y 124, del Grupo Mixto, señor Cámara Fernández, por 3 votos a favor, 136 en contra y 71 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 125, del Grupo Mixto, señor Cámara Fernández, por 65 votos a favor, 130 en contra y 14 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 126, 127, 129 a 132, 139, 140, 143, 144, 146 a 152 y 154 a 161, del Grupo Mixto, señor Cámara Fernández, por 65 votos a favor, 137 en contra y 8 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 128, 133, 135 a 137 y 142, del Grupo Mixto, señor Cámara Fernández, por 64 votos a favor, 129 en contra y 15 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 134, del Grupo Mixto, señor Cámara Fernández, por 64 votos a favor, 129 en contra y 17 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 141 y 145, del Grupo Mixto, señor Cámara Fernández, por 2 votos a favor, 199 en contra y 9 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 162, del Grupo Mixto, señor Cámara Fernández, por 2 votos a favor, 137 en contra y 69 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 163, del Grupo Mixto, señor Cámara Fernández, por 2 votos a favor, 199 en contra y 8 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 164, del Grupo Mixto, señor Cámara Fernández, por 60 votos a favor, 139 en contra y 10 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 165, del Grupo Mixto, señor Cámara Fernández, por 2 votos a favor, 130 en contra y 78 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 166 y 167, del Grupo Mixto, señor Cámara Fernández, por 2 votos a favor, 137 en contra y 70 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 10, del Grupo Mixto, señora De Boneta y Piedra, por 70 votos a favor, 130 en contra y 9 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 11, del Grupo Mixto, señora De Boneta y Piedra, por 10 votos a favor, 193 en contra y 7 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 12, del Grupo Mixto , señora De Boneta y Piedra, por 69 votos a favor, 131 en contra y 10 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 13, del Grupo Mixto, señora De Boneta y Piedra, por 7 votos a favor, 132 en contra y 71 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 14, del Grupo Mixto, señora De Boneta y Piedra, por 9 votos a favor, 191 en contra y 10 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 15 y 25, del Grupo Mixto, señor Quintana González, por 68 votos a favor,
129 en contra y 13 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 18 y 31, del Grupo Mixto, señor Quintana González, por 5 votos a favor, 193 en contra y 12 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 21, 28, 29, 30, 32 y 33, del Grupo Mixto, señor Quintana González, por 63 votos a favor, 129 en contra y 18 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 16, 17, 19, 20, 22, 24 y 26, del Grupo Mixto, señor Quintana González, por 2 votos a favor, 192 en contra y 15 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 23 y 27, del Grupo Mixto, señor Quintana González, por 2 votos a favor, 131 en contra y 77 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 5 y 6, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, por 74 votos a favor, 130 en contra y 6 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 9, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, por 4 votos a favor, 192 en contra y 14 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1, 3 y 8, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, por 3 votos a favor, 130 en contra y 77 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 2, 4 y 7, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, por 11 votos a favor, 132 en contra y 67 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 71, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 70 votos a favor, 130 en contra y 10 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 72, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 77 votos a favor, 129 en contra y 3 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 73, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 16 votos a favor, 190 en contra y 4 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 34 a 52 y 55 a 58, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 65 votos a favor, 130 en contra y 15 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 53, 54 y 59 a 70, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 65 votos a favor, 136 en contra y 8 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 170 y 171, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 70 votos a favor, 130 en contra y 10 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 111 y 112, del Grupo Socialista, por 70 votos a favor, 130 en contra y 8 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 96, 97, 101, 102, 105 a 109, 114, 117 a 120 y 122, del Grupo Socialista, por 64 votos a favor, 137 en contra y 9 abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Socialista, por 64 votos a favor, 131 en contra y 15 abstenciones.
Se aprueba una propuesta de modificación del dictamen relativa a la emienda número 168 del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, firmada por todos los grupos parlamentarios, por 143 votos a favor, 6 en contra y 57 abstenciones.
Se aprueba el texto del dictamen por 137 votos a favor, 67 en contra y 6 abstenciones.
El señor Presidente anuncia a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
De la Comisión de Justicia en relación con la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y del Código Civil, sobre sustracción de menores. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA (Página 6760)
El señor Moya Sanabria, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.
Se abre debate de totalidad.
La señora Almeida Castro consume un turno a favor. No se hace uso de los turnos en contra ni de portavoces.
Comienza el debate de las enmiendas.
El señor Molas i Batllori defiende, en nombre del Grupo Entesa Catalana de Progrés, la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas números 1 a 4 y 7 a 12 aprobadas en Comisión.
Minuto de silencio con motivo del fallecimiento del Excelentísimo señor Senador don Jaume Cardona i Vila (Página 6762)
La Cámara guarda un minuto de silencio en recuerdo del señor Cardona i Vila.
De la Comisión de Justicia en relación con la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y del Código Civil, sobre sustracción de menores. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA (Continuación) (Página 6762)
La señora Martínez García defiende, en nombre del Grupo Socialista, la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas números 1 a 4 y 7 a 12 aprobadas en Comisión. La señora Mora Devis consume
un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora De Boneta y Piedra, por el Grupo Mixto; los señores Acosta Padrón, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; Zubía Atxaerandio, por el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos; Molas i Batllori, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés, y Xuclà i Costa, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, así como las señoras Martínez García, por el Grupo Socialista, y Bonilla Domínguez, por el
Grupo Popular. La señora Mora Devis interviene de nuevo en virtud del artículo 87.
Se procede a votar.
Se rechaza la enmienda del Grupo Entesa Catalana de Progrés que propugna la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas números 1 a 4 y 7 a 12 aprobadas en Comisión, por 62 votos a favor y 133
en contra.
Se rechaza la enmienda del Grupo Socialista que propugna la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas números 1 a 4 y 7 a 12 aprobadas en Comisión, por 62 votos a favor y 133 en contra Se
aprueban las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera, así como final primera del dictamen por 134 votos a favor y 61 en contra Se aprueban las disposiciones transitoria y derogatoria del dictamen por 132 votos a favor, 2 en contra y 61
abstenciones.
Se aprueba el resto del dictamen por 194 votos a favor y 1 en contra.
El señor Presidente anuncia a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
De la Comisión de Hacienda en relación con el Proyecto de Ley de reforma parcial del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y por la que se modifican las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes (Página 6773)
La señora Simonelli Muñoz, Secretaria Primera de la Comisión, presenta el dictamen. A continuación, presenta el proyecto de ley a la Cámara el señor Ministro de Hacienda (Montoro Romero).
Se inicia el debate de las propuestas de veto.
El señor Cámara Fernández, del Grupo Mixto, defiende la propuesta de veto número 1. La señora Aroz Ibáñez defiende la propuesta de veto número 2, del Grupo Entesa Catalana de Progrés. El señor Lerma Blasco defiende la propuesta de veto
número 4, del Grupo Socialista. El señor Caneda Morales consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora Morales Rodríguez, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; el señor Albistur Marin, por el Grupo
de Senadores Nacionalistas Vascos, la señora Aroz Ibáñez, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés, y los señores Cambra i Sánchez, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Lerma Blasco, por el Grupo Socialista, y Caneda Morales,
por el Grupo Popular.
Se procede a votar.
Se rechaza la propuesta de veto número 1, del Grupo Mixto, señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, por 51 votos a favor, 135 en contra y 5 abstenciones.
Se rechaza la propuesta de veto número 2, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 50 votos a favor, 134 en contra y 6 abstenciones.
Se rechaza la propuesta de veto número 4, del Grupo Socialista, por 51 votos a favor, 135 en contra y 5 abstenciones.
Se suspende la sesión las cero horas y cuarenta minutos del día 21 de noviembre.
Se abre la sesión a las nueve horas y treinta minutos.
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se abre la sesión.
PREGUNTAS:
--DE DOÑA MARTA CID PAÑELLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRES, SOBRE LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO POR EL MINISTERIO DE FOMENTO PARA RESOLVER LAS DEFICIENCIAS EXISTENTES EN EL PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO EBRO, EN LA
ANTIGUA CARRETERA NACIONAL N-340, A SU PASO POR AMPOSTA (TARRAGONA) (680/000973).
El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día: Preguntas.
Pregunta de la excelentísima señora doña Marta Cid Pañella, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre las actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio de
Fomento para resolver las deficiencias existentes en el puente colgante sobre el río Ebro, en la antigua carretera nacional N-340, a su paso por Amposta, Tarragona.
Tiene la palabra la senadora Cid Pañella.
La señora CID PAÑELLA: Gracias, señor presidente. Buenos días, señor ministro y señores senadores.
Como ha dicho el señor presidente, esta pregunta hace referencia al puente colgante sobre el Ebro a su paso por Amposta, sobre el que
transcurría el trazado de la carretera nacional N-340. Con posterioridad se construyó otro puente, y se desvió el trazado circunvalando la población.
El puente, que fue construido en 1921, y rehecho después de la batalla del Ebro, es símbolo
turístico e identificativo de la ciudad. Además, se trata de una infraestructura viaria básica importantísima para la comunicación intercomarcal y nacional, puesto que facilita el enlace con la carretera nacional 340, siendo asimismo un punto de
cruce entre las dos márgenes del río.
Por otro lado, también será posible acceder a dicho puente desde la salida sur de la autopista A-7, y nos alegra saber que dicha obra se va a realizar próximamente ya que supondrá una mejora para las
comunicaciones de la zona. Según nuestras informaciones el proyecto ya está adjudicado, por lo que suponemos se llevará a cabo en breve.
Como puede comprobar, señor ministro, esta es una arteria de comunicación imprescindible, y nuestra
preocupación se centra en su conservación y mantenimiento, de los cuales su ministerio es responsable. Ese es el motivo de que le formulemos esta pregunta.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Gracias, señor presidente.
Señora senadora, coincido con usted en la doble importancia del
puente de Amposta; en primer lugar, por su valor estratégico en la red de comunicaciones y, en segundo lugar, por su valor histórico: su tipología, la época en que fue construido y su autoría, que corresponde al ingeniero de Caminos don José
Eugenio de Ribera, quien, entre otros timbres de honor, tiene el haber sido profesor de Eduardo Torroja.
Aunque este puente ya no está en el itinerario general tras haberse construido en 1968 la variante, necesita un nivel constante de atención
dentro del plan que el Sistema de Gestión de Puentes tiene establecido.
Dicho sistema contempla tres tipos de actuaciones: inspecciones rutinarias, inspecciones principales, que realizan técnicos especializados, pero que no requieren medios
especiales, e inspecciones especiales mediante la utilización de ese tipo de medios en casos significativos desde el punto de vista de la conservación.
El puente de Amposta recibió la inspección principal en 1996, en 1998 y en abril de este mismo
año, y como consecuencia de la misma se acordó una inspección especial de dicho puente ya prevista para elaborar la orden de estudio del correspondiente proyecto. Se han documentado las anteriores actuaciones, se han tomado los datos necesarios, se
ha examinado la estructura, especialmente en las zonas más singulares y sensibles, se ha previsto una campaña geotécnica, ensayos de caracterización de materiales, evaluación de tensiones, pruebas de carga estáticas, análisis y evaluación
estructural, y también, lógicamente, la definición de las operaciones a realizar para la rehabilitación completa de la estructura.
La asistencia técnica para realizar esta inspección especial, que es la toma de datos previa, y la posterior
realización del proyecto de rehabilitación se van a licitar antes de que finalice el año 2002 si no surge ningún inconveniente administrativo. El plazo de dicha asistencia técnica, según la orden de estudio, es de nueve meses e incluye, como he
dicho, la inspección especial para la toma de datos y la redacción del correspondiente proyecto. De cumplirse estas previsiones podremos pasar a la fase de programación de licitación de la obra de acondicionamiento, si en nueve meses tenemos el
proyecto, a lo largo del año 2003.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
En turno de réplica tiene la palabra la senadora Cid Pañella.
La señora CID PAÑELLA: Gracias, señor presidente.
Me alegra oír su respuesta, señor ministro. Le he planteado dos cuestiones, la conservación y mantenimiento del puente, así como la determinación de la necesidad de limitar el peso de los
vehículos que han de transitar por encima del puente. Sabe usted perfectamente que desde la Administración local se han mandado comunicaciones desde 1998 pidiendo esa limitación de peso, como también sabe que para ello el ministerio nos ha remitido
a ese estudio.
Desde 1998 hasta el día de hoy la primera noticia que tenemos sobre este tema es la que nos ha facilitado usted hoy y, por tanto, nuestra preocupación se centraría en que las patologías estructurales del puente no se han solucionado, el peso
no se ha limitado, y con la incorporación de la salida de la autopista A-7 a nosotros nos gustaría escuchar decir al señor ministro que se van a llevar de forma paralela ambas cosas y que, por tanto, la rehabilitación del puente va a ser efectiva
para que pueda absorber el tránsito que ello va a suponer y continúe siendo una estructura segura, tal y como lo ha sido hasta el día de hoy.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
En turno de dúplica tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Señoría, quisiera tranquilizarla a usted en el sentido de que fue la inspección principal de 1999, que no he citado antes en la relación que he dado, la que planteó la necesidad de
esta inspección especial, aunque en los datos de los que disponemos no representaba un estado de precariedad peligroso.
En este momento quiero ratificar las previsiones técnicas. En todo caso, la inspección especial comportará pruebas de carga, y
si de ellas se deduce no sólo la necesidad del proyecto, sino también la de la delimitación de las cargas en los tránsitos, ello se realizaría de inmediato.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
--DE DON VENANCIO ACOSTA PADRON, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICION CANARIA, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO EN ORDEN A SUSTITUIR A CORTO PLAZO LOS RADARES DE TIERRA UTILIZADOS EN LA ACTUALIDAD POR UN SISTEMA DE CONTROL DE
LA NAVEGACION AEREA POR SATELITE (680/000975).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Venancio Acosta Padrón, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria , sobre las previsiones del Gobierno en orden a sustituir a corto plazo los radares de tierra
utilizados en la actualidad por un sistema de control de la navegación aérea por satélite.
Tiene la palabra el senador Acosta Padrón.
El señor ACOSTA PADRON: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, buenos días. El aumento del tráfico aéreo ha sido espectacular en los últimos años y ello ha llevado a la OACI, Organización de Aviación Civil Internacional,
desde hace ya más de 10 años, a probar un sistema global de navegación por satélite como posible solución al intenso tráfico aéreo que se está produciendo. En julio de 1999 la Comisión Europea se interesó por ello y propuso desarrollar un sistema
propio de control de la navegación aérea en un programa conocido como Galileo. Por ello se pregunta si se prevé la sustitución de los radares de tierra utilizados en la actualidad para el seguimiento de las aeronaves por los satélites en un breve
espacio de tiempo.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Señoría, permítame una precisión en relación con la formulación de la pregunta. Su señoría plantea simultáneamente aspectos vinculados con los sistemas de control de la navegación y
sistemas vinculados con la vigilancia de la navegación. Los sistemas de ayudas a la navegación son los dirigidos a las aeronaves y los de vigilancia son los que permiten a los servicios de control de tráfico aéreo en tierra conocer dichas
posiciones. En relación con el desarrollo de nuevas tecnologías de ayudas a la navegación está, como su señoría ha reconocido, el sistema Galileo. En este momento disponemos de las señales de navegación de los sistemas GPS y Glonass y hay una fase
de aprovechamiento u optimización de los mismos con la utilización del sistema que se ha denominado EGNOS. En todo caso, el sistema EGNOS, a partir de los GPS y Glonass, no podrá estar en servicio antes del año 2005 y la utilización del Galileo no
se prevé antes del año 2008.
Los radares pertenecen a los sistemas de vigilancia, y los sistemas de vigilancia para el control del tráfico aéreo con la tecnología actual disponible no es previsible que se pueda prescindir de ellos y, por lo tanto,
si su señoría examina los planes, las previsiones y las planificaciones de Eurocontrol comprobará que en el presente y en el futuro se sigue contemplando la existencia de radares en tierra para las tareas de vigilancia en ayuda a la navegación.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
En turno de réplica, tiene la palabra el senador Acosta Padrón.
El señor ACOSTA PADRON: Gracias, señor ministro.
Para lograr los mayores niveles de modernidad en las ayudas a la navegación, la Dirección General de Aviación Civil no puede permanecer al margen de proyectos, como muy bien ha indicado,
como EGNOS o Galileo. En cuanto a la vigilancia, el establecimiento de los radares de seguimiento aéreo en tierra está causando respuestas negativas en la población, han tenido lugar casos recientes de oposición en Canarias a la instalación de
estos radares en espacios protegidos y también existen informes de expertos referentes a perjuicios para la salud en las cercanías de los mismos. Por ello, creemos que los satélites en su momento deben resolver este problema y sobre esta base se
planteó esta pregunta.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno de dúplica, tiene la palabra el señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Señoría, quiero insistirle en que, aunque en materia de perfeccionamiento de los sistemas de vigilancia está prevista a corto plazo, tanto a nivel europeo como nacional, la evaluación
técnica y operativa de la vigilancia mejorada, basada en radares modo S, que tienen la característica de poder realizar interrogación selectiva de blancos y que son de especial interés en las áreas terminales, todas estas actuaciones se contemplan
en el documento del Plan de Implantación y Convergencia Nacional, a través del cual España armoniza sus actuaciones en materia de navegación aérea con los restantes Estados europeos. En todo caso, la introducción de estas tecnologías, que se irá
generalizando en los próximos años, no va a suponer la desaparición de los radares, al contrario, seguirá requiriendo de la existencia de radares de tecnología avanzada en tierra.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
--DE DON JUAN JOSE LABORDA MARTIN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDE ACREDITAR EL GOBIERNO ACERCA DEL ACCIDENTE DEL BUQUE PETROLERO «PRESTIGE» (680/000996).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Juan José Laborda Martín, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la información que puede acreditar el Gobierno acerca del accidente del buque petrolero «Prestige».
Tiene la
palabra el senador Laborda Martín.
El señor LABORDA MARTIN: Muchas gracias, señor presidente.
A lo largo del fin de semana y hasta estas últimas horas he estado en contacto con el grupo de coordinación de mis compañeros gallegos y con bastantes personas he tenido contacto
telefónico. A unos y a otros agradezco que me hayan invitado a hacer esta pregunta de urgencia.
Señor ministro, quiero preguntarle algunas cosas. En primer lugar desearía saber si la política informativa del Gobierno va a cambiar en horas y
fechas sucesivas respecto de este asunto que están mirando todos los ojos del mundo porque, sinceramente, señor ministro, la política informativa que ha llevado el Gobierno a lo largo del fin de semana transmitía la sensación de que el Gobierno
estaba más preocupado por quedar bien que por resolver e informar como se debe de lo que estaba sucediendo. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) El señor Arias Cañete nos informó a todos en uno de los telediarios. A
continuación yo cogí el teléfono y hablé con una persona en Galicia que me dijo que si el ministro hubiera hecho lo que yo acababa de hacer, es decir, que si hubiese cogido el teléfono para hablar, habría cerrado el pico --esto último me lo dijo
textualmente--. Yo no le pido al Gobierno que cierre el pico sino que informe bien.
En segundo lugar, me parece que la coordinación no ha estado bien. El Delegado del Gobierno, en opinión de muchas personas con las que yo he estado hablando, no
ha estado acertado. No ha habido coordinación. Este no es el lugar para hablar de la Junta de Galicia, pero sí es el lugar para hablar de dónde estaban algunos ministros, y es que sólo pudimos ver a uno sobrevolando el ministerio, y además ha
habido sonoras ausencias, por ejemplo, la del ministro de Medio Ambiente. Eso puede explicar lo que muchas personas de la zona nos han transmitido por no haber marcado sencillamente un teléfono: que los medios llegaban tarde y que una potencia
marítima como España no debería tener tan sólo esos medios para protección marítima --ésa es la acusación que hacen muchas personas--, unos medios que me da la impresión ustedes han tratado mal, e incluso han desmantelado.
En tercer lugar, la
bronca con el Reino Unido puede estar muy bien, mal o regular, pero lo que yo quiero esperar de mi Gobierno es que deje de hacer telediarios de los años 60 y tenga su propio peso en la Unión Europea, porque, siendo como somos un país marítimo, da la
sensación de que tenemos el mismo peso en asuntos marítimos que un país como Austria que parecería que limita también con el Cantábrico.
Creo que este Gobierno, que se nos decía que tenía un gran peso y muy buenas relaciones con el Reino Unido,
debería haber pesado más en las relaciones en Europa y en la política europea para prever este tipo de catástrofes. Además, yo quiero saber qué es lo que ha sucedido, señor ministro, porque todavía es el momento en que necesitamos tener información
más fidedigna de todo el itinerario de esa catástrofe desde el momento en que el capitán del barco informa de que efectivamente ha habido una colisión y no una fatiga de materiales. El Gobierno tiene que explicar ante las Cámaras lo que ha
sucedido. Esto es muy importante para que España pueda reclamar indemnizaciones --y tiene derecho a hacerlo--, compensaciones o se ponga fin a la situación que están viviendo muchas personas en el litoral gallego.
Señor presidente, termino
señalando varias cosas: yo quiero saber cuál es la magnitud de los daños; quiero que se deje ya la discusión sobre si hay marea negra o no, que es lo que hemos estado oyendo todo el tiempo.
Y, señor ministro, a este respecto se han presentado
mociones en el Parlamento, en el Congreso y en el Senado. Señor ministro, léase también la que aprobamos aquí ayer por la tarde. Finalmente diré que lo que mucha gente me pregunta por teléfono --y creo que eso es algo a lo que usted tiene que
responder esta mañana-- es cuándo van a llegar las ayudas y las compensaciones que hemos aprobado en las Cámaras y que el Gobierno ha prometido. Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) El señor PRESIDENTE:
Gracias, senador Laborda.
Tiene la palabra el señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señor presidente.
Señor senador, tengo la impresión de que con la descripción que hace su señoría pretende transmitir a la opinión pública española que la catástrofe
del Prestige es responsabilidad del presidente de la Xunta de Galicia y de los ministros de Medio Ambiente y de Fomento. Quiero decirle que eso es falso; le diría que es casi insidioso. España se ha encontrado con un problema, señor Laborda,
España, y el Gobierno español ha actuado diligentemente. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Y puedo afirmar que ha actuado diligentemente sin establecer comparaciones con situaciones precedentes, señor Laborda, cosa que me
resultaría muy fácil hacer en esta sesión.
El Gobierno dirige, decide y ejecuta, y cada persona responsable está en el puesto que le corresponde, señor Laborda. Resulta que hoy nos reprocha que no hayamos estado en las fotos. (Risas en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Rumores.--Risas.) Estábamos en nuestros despachos dirigiendo y decidiendo. Y en la parte que hace referencia al Ministerio de Fomento asumo la plena responsabilidad de las tres fases del plan, perfectamente
coordinado con la Xunta de Galicia y con ayuda de nuestros socios europeos, en primer lugar para evitar que el buque encallara en las costas, señor Laborda. Nos dan el aviso tarde y en precarias condiciones el día 13 a las cuatro de la tarde. A
las seis y media había dos remolcadores en los costados del buque. El día 14, por problemas de enganche de las estachas del buque éste llegó a estar a cuatro millas y media de la costa gallega, y se consiguió enganchar, cambiar el rumbo,
desembarcar personal propio, obligar a parte de la tripulación a embarcarse, volver a poner los motores en marcha y alejar el peligro de las costas gallegas, primer objetivo de la operación de salvamento.
El segundo fue, una vez enganchado,
alejarlo al máximo. ¿Qué hubiera sugerido su señoría? Me gustaría saber qué hubiera decidido el Grupo Parlamentario Socialista en ese momento. El Gobierno decidió alejarlo, y lo hemos alejado todo lo que el buque pudo resistir.
La tercera
decisión, en función de las condiciones de navegabilidad del buque, consistía en llevarlo a zonas donde se pudiera trasvasar el fuel o, si se partía, provocar su hundimiento. El buque se partió ayer, señor senador, en dos trozos. La popa, que no
planteaba mayores problemas porque era fácilmente hundible a través de la sala de máquinas, fue la primera en hundirse. Quedaba la incógnita de la proa, que se hundió a las cuatro y cuarto de la tarde de ayer.
Ahora, señor senador, lo que importa
es poner todos los medios necesarios para seguir luchando contra la contaminación. Creí que ésa era la información que le interesaba a su señoría. (El señor Laborda Martín: Sí.) Pues bien, de esa información tengo cumplidos datos que el tiempo no
me permite ofrecer.
Nuestro objetivo es luchar contra la contaminación y resolver, en un plazo mucho más breve que en anteriores ocasiones, los problemas sociales que le preocupan a su señoría.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.--Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
--DE DON ANXO MANUEL QUINTANA GONZALEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA QUE NO VUELVAN A REPETIRSE SITUACIONES COMO LA PROVOCADA POR EL SINIESTRO DEL BUQUE PETROLERO «PRESTIGE» FRENTE A LA
COSTA GALLEGA (680/000995).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Anxo Manuel Quintana González, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para que no vuelvan a repetirse situaciones como la provocada por el
siniestro del buque petrolero «Prestige» frente a la costa gallega.
Tiene la palabra el senador Quintana.
El señor QUINTANA GONZALEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, cada día tres petroleros pasan a menos de 50 millas de las costas gallegas. Cada año 6.000 barcos con mercancías peligrosas pasan por el mismo corredor
atlántico. Uno de cada cinco barcos tiene las mismas condiciones que el buque «Prestige», de tan infausto recuerdo y fama.
No estamos corriendo un riesgo teórico. Es una certeza estadística. Puede pasar esto y de hecho, por desgracia,
periódicamente pasa. En los últimos treinta años «Policomander», «Urquiola», «Andros Patria», «Casón», «Mar Egeo» y, ahora, «Prestige». Ante todo eso, las costas gallegas, las más ricas del mundo, están indefensas.
Utilizo esta pregunta, no para
entrar en el dime y direte sobre lo que se debió hacer, sino para que me explique usted, señor ministro, qué medidas va a adoptar el Gobierno ahora para que en el futuro esto no vuelva a suceder. Accidentes los puede haber y nadie los puede
controlar, pero sí que podemos controlar la defensa de las costas gallegas, y a eso va dirigida nuestra pregunta.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señor presidente.
Señor senador, le agradezco el enfoque constructivo de su pregunta, pero permítame que le haga una observación.
Como persona preocupada por la
seguridad marítima y con responsabilidades concretas en ella, siento al menos tanta indignación como todas sus señorías por la posibilidad de que sigan surcando los mares del mundo barcos que son auténtica chatarra flotante; por lo menos, la misma
que todas sus señorías. Pero debo añadir que como miembro de
un Gobierno miembro también de la Unión Europea, con sus obligaciones comunitarias, la actuación española debe estar sometida al Derecho internacional y, por lo tanto, cualquier fórmula voluntarista, desde la indignación, para prevenir
situaciones absolutamente intolerables, de chatarra flotante, de banderas de conveniencia, de puertos que no hacen inspecciones, todo esto lo tenemos que remediar a través de acciones comunitarias y a través del Derecho internacional.
Señor
senador, España lleva años al lado de Francia liderando las actuaciones internacionales en el ámbito europeo y en el ámbito de la Organización Marítima Internacional; liderando los paquetes Erika I y II, en la actualidad prácticamente en vigor en
su totalidad; para que haya mayores exigencias a inspecciones de buques por los Estados rectores del puerto; más control y responsabilidad en las sociedades de clasificación; la introducción acelerada de buques petroleros de doble casco, y la
propuesta más exigente en plazos en la OMI la presentó España, señor senador, España, y habrá que pedir responsabilidades a otros países que no nos han acompañado en la exigencia de los plazos. Asimismo, mejora de la identificación de los buques
con destino a puertos europeos, obligación de usar cajas negras y establecimiento de lugares de refugio; creación de la Agencia Europea de Seguridad Marítima; establecimiento de un fondo comunitario para compensar los daños, que es una iniciativa
aún pendiente de aprobación definitiva. Y en todos estos asuntos sus señorías pueden comprobar el liderazgo del Gobierno español junto con otros gobiernos europeos para luchar contra este tipo de conductas irresponsables y para prevenir en el
futuro que vuelvan a ocurrir sucesos como éste. Nosotros propusimos que la obligación del doble casco se situara entre los años 2005 y 2010, y fueron otros países en el seno de la OMI los que la han situado entre el 2005 y el 2017.
En todo caso,
señoría, yo agradezco todas las iniciativas de cooperación de estas Cámaras, las que ha discutido y aprobado el Senado y las que ha discutido y aprobado el Congreso, y espero seguir contando con la colaboración constructiva de sus señorías para
enfrentarnos a este problema.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: En turno de réplica, tiene la palabra el senador Quintana González.
El señor QUINTANA GONZALEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, efectivamente, el caso que en su día se vivió del «Exxon Valdez» sirvió para que los Estados Unidos pudieran redactar y aplicar con carácter mundial medidas que
implicaron la necesidad de construcción del doble casco. El caso del petrolero «Erika» y su naufragio sirvió para que Francia pudiera imponer en el ámbito de la Unión Europea dos paquetes de medidas, el «Erika I» y el «Erika II». ¿Cuántos «Casón»,
cuántos «Urquiola», cuántos «Mar Egeo», cuántos «Prestige» hace falta que embarranquen en las costas gallegas para que el Gobierno español pueda establecer en el ámbito internacional la necesidad de que el corredor atlántico se separe más de las
costas gallegas? ¿Qué es lo que hace falta para que el Estado español y el Gobierno español pueda poner sobre la mesa en el ámbito internacional que la Agencia Europea de Seguridad Marítima tenga su radicación en el Estado español y concretamente
en Galicia? ¿Qué es lo que hace falta que suceda para que el Estado español en el ámbito internacional pueda implantar la policía del corredor, que permita controlar los barcos de manera fehaciente? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que el
«Alonso de Vega», el remolcador, pueda estar en Galicia?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
--DE DON ANGEL ANTONIO FRANCO GUTIEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL CENTRO DE TRATAMIENTO AUTOMATIZADO DE LA ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL CORREOS Y TELEGRAFOS EN
ALICANTE (680/000982).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Angel Antonio Franco Gutiez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno para poner en funcionamiento el centro de tratamiento automatizado de la entidad
pública empresarial Correos y Telégrafos en Alicante.
Tiene la palabra el senador Franco Gutiez.
El señor FRANCO GUTIEZ: Formulo la pregunta en sus propios términos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Gracias, señor senador.
El centro de tratamiento automatizado de Correos en Alicante está previsto que entre en funcionamiento dentro del Plan de inversiones de Correos 2001-2004.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
En turno de réplica, tiene la palabra el senador Franco Gutiez.
El señor FRANCO GUTIEZ: Señor Ministro, Correos decide poner en funcionamiento el plan de automatización postal en Alicante para dar servicio a Alicante y Murcia con la construcción de un nuevo centro, ya tendría que estar ya construido y
empezar a funcionar en 2003.
En mayo de 2001, el señor Núñez, presidente de Correos, anuncia una inversión de 1.127 millones para la construcción del centro. En enero de 2001 se solicitan ofertas para comprar una parcela destinada a ese fin.
En
enero de 1999 abandonan la sede central de Correos, situada en el centro de la ciudad, ampliamente criticada por
todos los sectores de la ciudad, y desde su cierre la delincuencia en esa zona no ha hecho más que incrementarse. La rehabilitación de este edificio costaba aproximadamente unos 600 millones de pesetas y en otros sitios, por ejemplo, en
Valencia, la rehabilitación del edificio costó 2.000 millones de pesetas.
Los alquileres que ha tenido que pagar Correos en 1998-2000 y las rehabilitaciones en edificios alquilados superan los 340 millones de pesetas. En agosto de 2001, entra en
liza el alcalde de Alicante del Partido Popular e inicia otro de sus brillantes proyectos: comprar la sede central, y entra a su vez en liza Mercalicante, presidida por el alcalde del Partido Popular y codirigida por Mercasa; ofrecen una parcela
de Mercalicante de 13.000 a 15.000 metros a Correos y se inicia una negociación rocambolesca: el alcalde dice que compra la sede de Correos central; con este dinero Correos compraría la parcela de Mercalicante.
¿Cómo está en estos momentos la
situación? La parcela que pretenden vender no está ni recalificada. Salta un escándalo financiero de magnitud nacional en la empresa Mercalicante de más de 1.000 millones de pesetas, y da la sensación de que esta operación intentaba encubrir parte
del escándalo financiero con la compra por parte de Correos del terreno de Mercalicante que no está ni recalificado.
Señor ministro, en conclusión, el edificio central de Correos, un edificio protegido, está cada vez más deteriorado. Correos no ha
empezado a construir el edificio para el centro de automatización y no se sabe cuándo va a empezar a construirlo. El presupuesto que se nos indicó seguramente está desfasado; se han gastado ya 340 millones de pesetas en alquileres y en reformas de
equipamientos. Los equipos tecnológicos para dar servicio a Alicante y Murcia deben llegar en el año 2003.
Señor ministro, su ministerio, de rebote, se ve afectado también por este escándalo nacional, implicado asimismo en fondos europeos de más
de 1.000 millones de pesetas de deuda.
Señor ministro, ¿no cree usted que los ciudadanos de Alicante y Murcia, a causa de esta gestión están siendo tratados de forma diferente a aquellos otros ciudadanos que tienen ya a su disposición o en breve
plazo estos centros? Señor ministro, ¿cuándo piensa usted que se puede deshacer el embrollo en el que se ha metido Correos con motivo del escándalo financiero de Mercalicante? Señor ministro, ¿usted nos puede indicar en qué fecha más o menos
estará construido y funcionará el centro de tratamiento postal? Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, la historia es bastante menos truculenta de la que nos ha relatado en esta sesión.
El centro de tratamiento automático de Alicante es uno
de los que figura dentro del plan de inversiones de Correos 2001-2004, como ya he señalado, que ha sido un compromiso públicamente asumido por Correos y por este ministerio.
Correos mantiene negociaciones con el ayuntamiento de Alicante después de
haber quedado desierto el concurso para la venta de la antigua sede de Correos, para realizar una permuta de este edificio, situado en la plaza Gabriel Miró, por una parcela en Mercalicante propiedad del ayuntamiento.
A su señoría no les gustan las
permutas, pero éstas no tienen ninguna connotación negativa si se hacen con arreglo a la normativa y a la legalidad vigente.
El presidente de Correos tiene la intención de cerrar el acuerdo de la permuta antes de final de año. A su vez, el
ayuntamiento ya ha presentado ante la Consejería de Obras Públicas de la Generalidad Valenciana la solicitud de aprobación del polígono industrial en el que se encuentra ubicada la parcela.
Por tanto, existe ese compromiso de firmar antes de final
de año el convenio entre Mercalicante y Correos para que, a partir de entonces, realizada la permuta, Correos pueda licitar la elaboración del proyecto de construcción que albergue el nuevo centro, y el Ayuntamiento pueda elevar a público este
convenio en un plazo de cuatro meses, una vez obtenida la aprobación de la Generalidad.
En el nuevo centro de tratamiento, que dará servicio a Alicante y Murcia, se instalarán dos máquinas para correo normalizado y una máquina para correo no
normalizado, lo que elevaría el nivel de automatización a más del 80 por ciento. Supondría un salto cualitativo y cuantitativo y una inversión aproximada de nueve millones de euros.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
--DE DON RODOLFO AINSA ESCARTIN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA SITUACION EN LA QUE SE ENCUENTRA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COMPRENDIDA ENTRE YEBRA DE BASA Y FISCAL (HUESCA) (680/000992).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Rodolfo Ainsa Escartín, del Grupo Parlamentario Popular, sobre la situación en la que se encuentra el proyecto de construcción de la carretera comprendida entre Yebra de Basa y
Fiscal, Huesca.
Tiene la palabra el senador Ainsa Escartín.
El señor AINSA ESCARTIN : Muchas gracias, señor presidente.
Muy buenos días, señorías. Muy buenos días, señores ministros.
Doy por formulada la pregunta en sus propios términos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Gracias, señor presidente.
La construcción de la nueva carretera N-260 entre Sabiñánigo y Fiscal es fundamental para la red general de carreteras del Estado por motivos estratégicos.
Dicha construcción permite dar continuidad al eje pirenaico en Aragón entre las localidades citadas, evitando el tortuoso puerto de Cotefablo, a 1.423 metros, y acortando el recorrido de los 53 kilómetros actuales a 24, es decir, acortando el
recorrido en 29 kilómetros, un recorrido muy sinuoso, que supondrá un ahorro de tiempo superior a 30 minutos. Va a mejorar sustancialmente la comunicación entre valles, va a potenciar de forma decisiva el acceso al Parque de Ordesa y va a resolver
el tramo más complejo de la vía pirenaica.
Como conocen sus señorías, la obra está licitada en fase de preadjudicación a la UTE formada por Construcciones Pirenaicas y Alex y Roldán Construcciones Aragonesas, S. A., por un importe de 59,74 millones
de euros y un plazo de 39 meses.
Quiero subrayar que, entre las características de la obra, se incluyen fundamentalmente como actuaciones de protección medioambiental, siguiendo las indicaciones reiteradas por el departamento medioambiental de la
Diputación General de Aragón, el túnel de Pedralba, de 2.598 metros de longitud, con una sección transversal de 10 metros, que permite incluir tres carriles. A su vez, hay otro túnel, el túnel de Berroy y, en materia de estructuras, se han
proyectado tres puentes de 15 metros de luz y cinco grandes viaductos, todos ellos con plataforma de tres carriles y, finalmente, el puente sobre el río Ara, de 80 metros de longitud.
Señorías, señor senador, ésta es una de las actuaciones con más
transcendencia vertebradora de todas las que está realizando actualmente el Estado a través del Ministerio de Fomento en su red de carreteras y, muy particularmente, para vertebrar y superar el aislamiento del norte de la provincia de Huesca.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
En turno de réplica, tiene la palabra el senador Ainsa Escartín.
El señor AINSA ESCARTIN: Muchas gracias, señor presidente.
Muchísimas gracias, señor ministro.
Antes de nada quiero agradecer al equipo de dirección de mi grupo parlamentario el que me haya permitido formular esta pregunta, pregunta por
otra parte realmente muy interesante para este senador, en representación de la provincia de Huesca.
Señorías, señor presidente, quiero expresar públicamente nuestra gratitud más sincera tanto al ministro de Fomento, señor Alvarez-Cascos, como al
Gobierno del Partido Popular. Y cuando manifiesto esto no lo digo sin fin, señorías. Tengo que remontarme y echar marcha atrás muchos años a la moviola.
Señor presidente, la primera vez que este senador interviene con respecto a esta pregunta es
en el debate de los Presupuestos Generales del Estado que se lleva a cabo el día 21 de diciembre del año 1983 --repito, 1983--.
En aquellos momentos --y en años posteriores-- seguí realizando esta pregunta a través de enmienda o esta enmienda a
través de presupuestos, dado el interés que tenía la construcción de esta carretera, tal y como ha expuesto el señor ministro.
Lamentablemente, no lo pudimos conseguir. Es muy posible que al señor ministro no le guste el tono y la forma que estoy
utilizando para formular esta pregunta y, aunque lo lamento mucho, el tiempo es mío y el Reglamento me ampara.
Por tanto, tengo que manifestar que una vez que se produjo el debate de la enmienda por parte de este senador con los responsables
socialistas, intervino, como no podía ser de otra manera, el portavoz de la entonces Alianza Popular, hoy Partido Popular. Cuando finalizó el debate parlamentario me comentó y me animó a seguir luchando por la construcción de esta carretera. Me
manifestó que se había defendido francamente bien y que, sin lugar a dudas, no dejase de trabajar en ningún momento.
Señorías, en aquellos momentos el portavoz era el hoy señor ministro don Francisco Alvarez Cascos.
Pues bien, han tenido que pasar
muchos años, ha llovido mucho, pero la realidad es la que es, lo que, señorías, desmonta algo tan importante como lo que nos manifiestan en muchas ocasiones acerca de que se formulan preguntas de campanario, etcétera. Este talante, esta actitud del
Gobierno del Partido Popular y del señor ministro de Fomento demuestra que lo que en su momento se hizo como preguntas por parte de Alianza Popular y del Partido Popular, se han convertido hoy en una auténtica...
El señor PRESIDENTE: Señor senador, muchas gracias.
--DE DOÑA MARIA GEMA DIAZ VILLEGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS LINEAS BASICAS DEL REAL DECRETO 596/ 2002, DE 23 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULAN LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIRSE PARA LA PROYECCION, CONSTRUCCION,
PUESTA EN SERVICIO Y EXPLOTACION DE LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE PERSONAS POR CABLE (680/000993).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta de la excelentísima señora doña María Gema Díaz Villegas, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las líneas básicas del Real Decreto 596/ 2002, de 23 de junio, por el que se regulan
los requisitos que deben cumplirse para la proyección, construcción, puesta en servicio y explotación de las instalaciones de transporte de personas por cable.
Tiene la palabra la senadora Díaz Villegas.
La señora DIAZ VILLEGAS: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, recientemente el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 596/ 2002, de 23 de junio, al objeto de incorporar al ordenamiento jurídico español la Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las instalaciones de transporte de personas por cable.
Al referirnos a dicho transporte entendemos aquellos que se proyectan, se construyen, se ponen en servicio y se explotan con el fin de transportar
personas y que, fundamentalmente, son sistemas de remonte mecánico, como funiculares, teleféricos, telesillas o telesquís.
Tales transportes, en la mayoría de los casos están relacionados con el ocio, con el deporte, con el turismo y, por tanto,
tienen una importante repercusión en la economía de los lugares donde están ubicados, así como en sus áreas de influencia.
Son sistemas de transporte que nos permiten acceder a lugares donde por otros medios sería muy difícil poder llegar y que,
generalmente, son entornos de una gran belleza paisajística al encontrarse en plena naturaleza y que, con frecuencia, al finalizar su recorrido existen equipamientos como albergues, restaurantes o áreas de recreo que nos permiten disfrutar y
compartir tiempos de ocio con familia o amigos.
Lo mismo podemos decir de las telesillas que nos facilitan la práctica del deporte blanco que va en aumento y que cuenta con multitud de aficionados.
También queremos mencionar la importancia y el
interés que tienen los funiculares que si en un principio respondían, generalmente, a la necesidad de comunicar zonas montañosas y mineras con los valles, hoy se ha modificado su diseño y su utilización para fines de ocio y tiempo libre, con el
consiguiente aporte de riqueza, al ser imán de otros servicios. Por tanto, son sistemas de transporte ampliamente demandados y utilizados, con un importante significado social, cultural, deportivo y económico.
Señor ministro, para que este medio
de transporte tan útil y atractivo no se vea ensombrecido es preciso que los poderes públicos, las administraciones tomen medidas y dicten normas armonizadas, dentro de un marco estatal homologable con el resto de los países de la Unión Europea, que
garanticen a su vez la seguridad e higiene de las personas, la reducción de riesgos para los consumidores, además de la protección del medio ambiente, en aras de lograr el equilibrio entre el disfrute del ocio y del turismo y el inapreciable
concepto de sostenibilidad.
Por ello, señor ministro, le formulo la pregunta en los mismos términos que ha enunciado el señor presidente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez Cascos-Fernández): Muchas gracias, señor presidente.
El decreto que ha citado en su pregunta es la incorporación al Derecho interno de la Directiva del Parlamento y del Consejo relativa a las
instalaciones de transporte de personas por cable y que es aplicable a instalaciones de transporte de personas en funiculares y teleféricos, telecabinas y telesillas, así como a los telesquís. El número total de instalaciones de transporte por
cable en España, en la temporada 2001, fue de diez funiculares, 163 instalaciones de teleféricos de distintas clases y 249 telesquís. En total se movieron aproximadamente 42 millones de viajeros en funiculares y teleféricos y cerca de 19 millones
en telesquís, 61 millones de viajeros que acreditan la importancia de esta norma para mejorar las condiciones de seguridad de este sistema de transporte.
Gracias a este decreto vamos a precisar los requisitos esenciales de seguridad de las
personas, de protección de medio ambiente y de los consumidores aplicables a la instalación de trasporte por cable; vamos a regular las condiciones que deben reunir los organismos encargados de evaluar la conformidad o la idoneidad para el uso de
los constituyentes de seguridad y de los subsistemas aplicables a las instalaciones; definimos los procedimientos y métodos de inspección, control y verificación; disponemos de un procedimiento de verificación de los subsistemas de cada
instalación de transporte antes de su entrada en servicio, lo que va a permitir a las autoridades competentes asegurarse de que cada una de las fases de la concepción, construcción y puesta en servicio respetan la normativa y su resultado es
conforme a las disposiciones de la Unión Europea.
Sus consecuencias van a ser un altísimo nivel de seguridad en estas instalaciones de transporte: La generalización del sistema de aseguramiento de calidad de las empresas que las utilizan, mayor
homogeneización técnica en las ofertas con la armonización de los componentes y la homologación de los productos que va a permitir un estrechamiento del abanico de precios, mayor garantía de calidad con la homogeneización de los productos y las
pautas de mantenimiento, aumento de la competencia por la posibilidad de la presencia de empresas de distintos países europeos y por un mayor ajuste de los precios ofrecidos, interoperabilidad y homologación internacional y posibilidad de que las
empresas españolas, fabricantes de estas instalaciones puedan competir en Europa más eficazmente, dado que se armonizan mucho los requisitos respecto de los que hay que formular y valorar las ofertas comerciales de carácter internacional.
Muchas
gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Fomento.
--DE DOÑA CLAUDINA MORALES RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICION CANARIA, SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE IMPIDIERON QUE LOS TURISTAS DEL BUQUE «A ROSA BLU», QUE ATRACO EN PUERTO DEL ROSARIO (LAS PALMAS) EL PASADO DIA 6
DE NOVIEMBRE DE 2002, PUDIESEN DESEMBARCAR EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA (LAS PALMAS) (680/000976).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la excelentísima señora doña Claudina Morales Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las circunstancias que impidieron a los turistas del buque «A Rosa Blu», que atracó
en Puerto del Rosario (Las Palmas) el pasado día 6 de noviembre de 2002, pudiesen desembarcar en la isla de Fuerteventura (Las Palmas).
Tiene la palabra la senadora Morales Rodríguez.
La señora MORALES RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Ministro, como bien dice el presidente, el pasado 6 de noviembre el buque «A Rosa Blu», con cerca de 1.500 turistas comunitarios procedentes de Casa Blanca, Marruecos,
atracó en el muelle de Puerto del Rosario. Los turistas no pudieron desembarcar, dado que desde la dirección insular de la Administración general del Estado se ordenó a las fuerzas de seguridad que lo impidiesen. Sin embargo, nos consta que otros
buques procedentes de terceros países han atracado en la isla, el último caso fue «Funchal», de bandera portuguesa, que arribó el 28 de agosto del presente año, procedente también de Casa Blanca, sin que se registrasen incidentes.
Por todo ello, se
formula la siguiente pregunta: ¿Qué circunstancias impidieron que los turistas del buque «A Rosa Blu», que atracó en Puerto del Rosario el pasado día 6 de noviembre, pudiesen desembarcar en la isla de Fuerteventura? Muchas gracias, señor
presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Paniagua): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, la razón para impedir el atraque del buque en Puerto del Rosario estriba en el cumplimiento de la ley, concretamente, de la Ley de Extranjería, de
la normativa europea, del acuerdo Schengen y del manual común de fronteras, normas todas ellas que determinan que la entrada de ciudadanos al espacio Schengen desde terceros países únicamente puede realizarse por los puestos fronterizos habilitados
al efecto y durante las horas de apertura de los mismos.
Su señoría sabe que Puerto del Rosario no es un puesto fronterizo marítimo y, por tanto, no es frontera exterior Schengen, por lo que se comunicó a la empresa del buque la imposibilidad de
efectuar la entrada de extranjeros por ese puerto, señalándole que el puesto fronterizo más próximo era el de Arrecife en Lanzarote, por lo que hacer cualquier otra cosa hubiera sido vulnerar la ley.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Tiene la palabra, en turno de réplica, la senadora Morales Rodríguez.
La señora MORALES RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, en los últimos años se ha hecho un esfuerzo muy importante por parte de las instituciones de la isla, agencias de viajes, tour operadores, consignatarios,
etcétera, para incorporar el turismo de cruceros a Fuerteventura.
Los hechos que se sucedieron no son realmente como ha comentado el señor ministro. Con tiempo suficiente se mantuvo una reunión en la que estuvieron presentes, además de más de 10
representantes de distintos ámbitos, el comisario de la Policía Nacional y dos representantes de la Guardia Civil. En dicha reunión se detalló el itinerario del crucero y la intención del mismo de atracar en Puerto Rosario, sin que se pusieran
objeciones por parte de ninguno de los representantes.
El día anterior a su llegada, como siempre se hace, se envió un escrito desde la consignataria, entre otros, a la autoridad portuaria, a la Policía Nacional y policía de fronteras, sin que se
recibiera ninguna respuesta oficial en la que se comunicara la imposibilidad de que el crucero pudiera atracar en el puerto.
Sin embargo, el día de la llegada del buque la Dirección insular de la Administración general del Estado impidió el
desembarco del pasaje y, aunque se intentaron hacer gestiones ante la Dirección Insular y la Delegación del Gobierno por parte de los representantes de las instituciones insulares y municipales y los consignatarios, el barco, finalmente, tuvo que
zarpar hacia Lanzarote entre gritos y abucheos de los turistas que pretendían visitarnos.
Como le he dicho, no es el primer barco procedente de terceros países que llega con turistas comunitarios a Puerto del Rosario. Hay muchos ejemplos de ello.
No entendemos, desde luego, que se llegara a esta situación sin una comunicación previa que permitiera el cambio de ruta del barco o que no se diera una solución provisional y al momento. Al contrario, toda la respuesta que se dio por parte del
representante de la Dirección insular de la Administración general del Estado de lo sucedido a la opinión pública y a todos los sectores afectados es este comunicado que tengo aquí y que le haré llegar, en el que, entre otras cosas, se dice: si
hemos dado mala imagen es porque el Cabildo insular de Fuerteventura no ha hecho bien sus deberes. Como usted bien sabe, no es competencia del Cabildo el que el puerto sea fronterizo ni el impedir o permitir el desembarco de los pasajeros.
Refiriéndose al presidente del Cabildo insular de Fuerteventura, el comunicado oficial dice, entre otras cosas, que es una pena que esté en manos de personas como éstas y que sean ellas las que representen a los majoreros, hecho vergonzoso para los
que aquí vivimos.
Aparte de todo esto, señor ministro, coincidirá conmigo en que el contenido es impropio de una nota de prensa oficial del representante del Estado de la isla.
Señor ministro, los datos y pérdidas económicas y de imagen que ha
sufrido la isla de Fuerteventura son irreparables, como ha puesto de manifiesto la asociación de empresarios, pero debemos pensar en el futuro y, desde luego, buscar soluciones transitorias que permitan la entrada de cruceros a Fuerteventura, así
como evitar que se vuelvan a dar situaciones parecidas y, por supuesto, habilitar lo antes posible el muelle de Puerto del Rosario como puerto fronterizo.
Esperamos contar con su sensibilidad al respecto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
En turno de dúplica, tiene la palabra el señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Paniagua): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, lo que no podemos hacer es lanzar un mensaje de que este asunto es de voluntarismo o de intencionalidad política, porque sería una equivocación.
Es un problema de legalidad. Además, estoy absolutamente convencido de que su señoría lo comparte. O es puerto fronterizo o no lo es y, como no lo es, era imposible, aplicando la ley, permitir el desembarco.
Lo cierto, según la información que el
comisario del Puerto del Rosario nos facilita, es que se lo comunicó a la armadora del buque y a los organizadores del crucero con anterioridad a la fecha del incidente. El comisario provincial les informó el día 29 de octubre de la imposibilidad
de realizar el desembarco.
En cualquier caso, señoría, para que no se repita este tipo de incidentes, el Cuerpo Nacional de Policía, a través de la Brigada Provincial de Extranjería de Las Palmas, se reunió el día 13 de noviembre con los
representantes de la empresa del buque y con los organizadores de los cruceros para plantear esta cuestión de cara al futuro con el fin de que se aceptaran las alternativas legalmente posibles en estos momentos para acceder a las islas desde un
puerto fronterizo marítimo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Señor Ministro.
--DE DON LUIS ANGEL LAGO LAGE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SI COMPARTE EL GOBIERNO LA AFIRMACION PUBLICA DE SU DELEGADO EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA, CON RESPECTO A QUE EN ESA COMUNIDAD NO EXISTE DEFICIT POLICIAL
(680/000983).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Luis Angel Lago Lage, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si comparte el Gobierno la afirmación pública de su delegado en la comunidad autónoma de Galicia, con respecto a que
en esa Comunidad no existe déficit policial.
Tiene la palabra el senador Lago Lage.
El señor LAGO LAGE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, el día 18 de septiembre de este año el delegado del Gobierno en Galicia manifestó públicamente: No existe déficit policial en Galicia, es necesario más rigor. Se trata
de culpabilizar a los responsables políticos.
¿Comparte el Gobierno la afirmación categórica de su delegado del Gobierno en Galicia? Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Paniagua): Gracias, señor Presidente. Para determinar si existe o no déficit en una determinada comunidad autónoma, éste se extrae de la diferencia existente entre el catálogo y los puestos realmente
cubiertos en dicha comunidad. Pues bien, la plantilla real de los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía de Galicia, por la que se interesa su señoría, supone en este momento en Galicia una ocupación del 98,6 por ciento del catálogo aprobado este
mismo año y, por lo que se refiere a la Guardia Civil la plantilla real en la Comunidad Autónoma de Galicia supone una ocupación del 94 por ciento en relación con los efectivos previstos en el catálogo de la Guardia Civil. Por ello, señoría,
permítame que le diga que con una ocupación efectiva de policía y guardia civil muy próxima al cien por cien del catálogo previsto de ambos cuerpos no puede decirse, con rigor, que exista déficit, que es lo que ha manifestado el delegado del
Gobierno.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: En turno de réplica, tiene la palabra el senador Lago Lage.
El señor LAGO LAGE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, lamento su respuesta. Yo creí que éste era un mal pasajero de nuestro delegado del Gobierno, de su delegado del Gobierno en Galicia, pero veo que también afecta a algún
ministro.
Yo sólo voy a dar datos de su Gobierno, datos oficiales que llevan membrete del Gobierno al que usted representa en su ministerio. El 15 de febrero de 2002, el Consejo de Ministros convocó para este año 2002 la provisión de 4.275 plazas
para la Policía Nacional. De ellas, 235 en Galicia. Pues bien, con datos oficiales de su Gobierno, la plantilla de puestos de trabajo del año 1995 representaba en Galicia 2.724 policías nacionales, por tanto, en el año 2002 --señalaba su
Gobierno-- había 654 vacantes. Con la convocatoria de plazas de este año se preveía cubrir 235 puestos y, haciendo un cálculo muy sencillo de sustracción, quedaría un déficit, después de la cobertura de la plazas de este año, de 419 en la Policía
Nacional. Esos son datos de su Gobierno que yo creí que usted iba a manejar. No sé si ustedes dicen una cosa y responden por escrito a otra. En todo caso, en octubre de 2002 los policías gallegos han reclamado más efectivos en la calle. Esto lo
dice el sindicato unificado de Policía, que estima en un 30 por ciento el aumento necesario.
En prensa se recogen unas manifestaciones suyas del 18 de octubre en contestación a una pregunta relativa a las plazas de nuevos policías en Galicia, y a
este respecto dice que el plan del Partido Popular tendrá una repercusión importante en Galicia. Pero no sé a qué vienen esas manifestaciones
cuando no existe ese déficit policial. No obstante, en Galicia muchos coincidimos, parece que ustedes no, en que existe menos policías de los que tendría que haber, hay 654 vacantes, y no sólo eso sino que la edad media es superior al resto
de España, en Galicia sobrepasa los 49 o 50 años. En todo caso, es una policía mal organizada, mal equipada y hasta este momento --ya veremos el año que viene-- mal pagada.
También podemos hablar de índices de seguridad con respecto a esta
policía, y aunque coincido con sus aseveraciones últimas de que Galicia no es de las comunidades que tienen un índice de inseguridad mayor, sino que incluso está unas décimas por debajo de la media española, hay un dato recogido por la Jefatura
Superior de Policía donde se mide en el primer trimestre de este año el número de infracciones por funcionario, y en Galicia, una comunidad de las menos inseguras, la provincia de Lugo --que es una de las provincias menos inseguras dentro de la
comunidad Gallega-- tiene un índice de infracciones por funcionario del 5,02, muchísimo mayor que en grandes ciudades y que en muchas provincias españolas.
Sé que muchas veces ustedes manejan las estadísticas como les conviene, no sólo en lo
relativo a inseguridad, sino también al IPC, EPA y, si no, se arreglan los datos que se recogen, pero la realidad cotidiana es muy importante, y, como muestra, le voy a hablar concretamente de las comisarías de la provincia de Lugo: Monforte,
Vivero y Lugo. En Monforte y Vivero, algunas noches de fin de semana hay que cerrar la comisaría para que los policías puedan atender una emergencia en la calle, y en la comisaría de Lugo hay noches de fin de semana y de movida en las que patrulla
un solo zeta por la ciudad de Lugo con una sola persona. Esta es la realidad cotidiana.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
En turno de dúplica tiene la palabra el señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Paniagua): Señoría, dar datos sin decir de dónde se han sacado, ni de qué fecha son tiene tanto valor como decir que se manipulan las estadísticas, es decir, dicho desde este lado del hemiciclo, cero,
no sé si puede decir tanto desde todos los lados de este hemiciclo.
El 25 de septiembre, la Comisión Interministerial estableció una dotación para la Jefatura superior de Policía de Galicia de 2.676 efectivos; a fecha 31 de octubre de 2002 la
ocupación en el ámbito de la misma , que comprende las cuatro provincias gallegas, es de 2.640 policías, lo que determina una cobertura del 98,6 por ciento, y esta es la auténtica realidad del déficit respecto del catálogo existente al día de hoy en
Galicia.
Hemos pasado de 2.500 policías en 1996 --supongo que su señoría recordará esa fecha-- a 2.640 existentes en la actualidad; en 1996, en el catálogo de la Guardia Civil de Galicia figuraban 4.044 guardias civiles y en la actualidad 4.438.
Esta es la verdad. Hemos incrementado el número de policías y el número de guardias civiles; el 98 por ciento del catálogo está cubierto; hemos creado y convocado 20.000 nuevas plazas para continuar aumentando estos efectivos en esta comunidad
autónoma y podemos comprobar que la incorporación de nuevos policías y guardias civiles en los próximos años es compatible con el hecho de que el catálogo actual de la plantilla esté cubierto, que es a lo que nos debemos referir cuando hay déficit y
además con un acuerdo con todos los sindicatos policiales para aumentar sus retribuciones.
Por tanto, este Gobierno incrementa el número de policías y les aumenta sus retribuciones. Ustedes disminuyeron el número de policías y jamás les subieron
las retribuciones. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
--DE DON MANUEL CAMARA FERNANDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA VALORACION DEL GOBIERNO CON RESPECTO A LAS PRIMERAS SEMANAS DE LA APLICACION DEL PLAN «FOCUS» DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA, ESPECIALMENTE CON RESPECTO A LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ILLES BALEARS (680/000985).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Manuel Cámara Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la valoración del Gobierno con respecto a las primeras semanas de la aplicación del plan Focus de lucha contra la
delincuencia, especialmente con respecto a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
Tiene la palabra el senador Cámara Fernández.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, le adelanto que por más que observo no encuentro relación entre los objetivos del plan de lucha contra la delincuencia con la actuación de la delegación del Gobierno y
de la Policía, especialmente en Palma de Mallorca.
Le ruego conteste a esta inquietud que al menos esta pregunta contiene.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Paniagua): Gracias, señor presidente.
Señoría, he de decirle que el Plan Focus para Palma de Mallorca por el que usted me pregunta lleva sólo 14 días de aplicación y, como usted comprenderá, para
hacer una valoración de la eficacia policial se necesita un tiempo. En cualquier caso, le puedo dar algunos datos relevantes respecto de la aplicación de dicho plan durante estos 14 días: se ha identificado a 1.097 personas; se ha detenido a 74 y
se ha expulsado a 5; se han realizado nada menos que 123
operaciones sobre vehículos que, como usted conoce, es uno de los objetivos de dicho plan; se han levantado 55 actas por estupefacientes y armas blancas e inspeccionado 24 establecimientos.
Por tanto, estamos intensificando los operativos
policiales con el fin de prevenir la comisión del delito o de investigar cuando éstos se produzcan. Estaré encantado de realizar un balance mucho más amplio a este respecto cuando tengamos una mayor perspectiva temporal que nos permita hacerlo y
alcanzar unas conclusiones de manera más rigurosa y pormenorizada.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Turno de réplica.
Tiene la palabra el senador Cámara Fernández.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Señor ministro, la intención de esta pregunta es que usted valore estos 14 días; lo que ocurre es que, como conoce perfectamente, se han producido denuncias de asociaciones de emigrantes y de sindicatos y también
se ha reflejado en la prensa, porque, entre los días 9 a 11, en aplicación del Plan Focus se han detenido y retenido a más personas, especialmente inmigrantes.
Le voy a comentar dos hechos que ilustran especialmente lo que estoy comentando, y por
ello he dicho que no encuentro relación con los cinco objetivos fundamentales del citado Plan Focus. Por una parte, el día 9, en el mercado de Palma de Mallorca se detiene, registra y tira al suelo a diferentes inmigrantes, fundamentalmente de raza
negra. No hay entre ellos ningún delincuente; son comerciantes --por cierto, con papeles-- que venden sus productos en ese mercadillo.
Y el día 11, si no recuerdo mal, a la salida de la mezquita de Palma de Mallorca se va deteniendo a la gente,
se la pone contra la pared, se la identifica, hay alguna que otra agresión, y se presentan dos denuncias en los juzgados de Palma.
Pues bien, como es obvio, yo estoy de acuerdo con que se lleve a cabo una actuación lógica, pero me sorprende que los
cinco objetivos de este plan se ceben básicamente en los emigrantes. Y también me sorprende un hecho que me gustaría que usted valorase. El día 7 de noviembre se empezó a aplicar el plan, y para ello se desplazaron a Palma de Mallorca diversos
efectivos de la Unidad Central de Intervención. Y el 6 de noviembre, un día antes, tiene lugar una reunión de la junta local de seguridad ciudadana, en la que participaron todas las instituciones salvo la Consellería de Interior del Gobierno
Balear, que no fue convocada.
Seguidamente se aplica el plan, que repito está dirigido fundamentalmente a los emigrantes.
Lo que digo no da votos, señor ministro, pero es de justicia denunciar que dicho plan no se puede cebar en los emigrantes. Y
ahí están las detenciones habidas entre los días 9 y 11 de noviembre, que son más de las que usted ha dicho --al menos allí todo el mundo lo comenta y ha sido noticia en los medios de comunicación--, incluso según las fuentes del propio Sindicato
Unificado de Policía, y entre las que, salvo una o dos personas, no hay nadie con antecedentes penales.
Así pues, se ha producido una actuación incorrecta en lo que respecta a su plan contra la delincuencia, al menos en Palma de Mallorca, sin la
participación, insisto, en la junta local de seguridad ciudadana de la Consellería de Interior de la comunidad autónoma, tal como se está reclamando y es lógico que ocurra para coordinar la actuación de todas las administraciones y de la policía.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cámara.
En turno de dúplica tiene la palabra el señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Paniagua): Gracias, señor presidente.
Señoría, creo que las afirmaciones exageradas no llevan a ningún resultado positivo o constructivo. Usted mismo ha reconocido que en las Islas Baleares se han
empleado más medios materiales y personales, que se han enviado distintas brigadas de policía, tal como se reclamaba desde hace mucho tiempo; y ahora, cuando se está haciendo un esfuerzo en la lucha contra la delincuencia, hace una crítica sin
ningún fundamento.
Ya le he dicho que se ha identificado a 1.097 personas, de las cuales 552 son españoles y 545, extranjeros, porcentaje que considero absolutamente equilibrado, aunque también hay que resaltar que se ha identificado a más
españoles que extranjeros. Por tanto, respecto de su comentario de que allí todo el mundo sabe que el número de identificaciones es otro, quizá la noticia tenga mucho rigor para usted, pero según la información que yo considero, que es la que
facilita la Policía, y está absolutamente oficializada, repito una vez más que se han producido 1.097 identificaciones --un buen número, por cierto--, de las cuales un 50 por ciento se refieren a españoles, y el resto, a extranjeros, en cualquier
caso en número menor.
La profesionalidad, la imparcialidad y el rigor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de la Policía y de la Guardia Civil son absolutamente claros, y de ello dan pruebas todos los días. Creo, pues, que lanzar cualquier otro
mensaje no sólo es erróneo, sino que provoca un profundo daño. Por tanto, no puedo sino demostrar un radical desacuerdo ante las manifestaciones de su señoría y las acusaciones a la Policía y la Guardia Civil, que realizan un trabajo honorable e
impecable desde el punto de vista democrático y de respeto a la ley y las libertades.
Gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
--DE DON JORDI XUCLA I COSTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE SI CONSIDERA EL GOBIERNO RAZONABLE LA POSIBILIDAD DE CONVERTIR EL PUERTO DE PALAMOS (GIRONA) EN FRONTERA EXTERIOR, SEGUN EL ACUERDO DE
SCHENGEN (680/000994).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Jordi Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre si considera el Gobierno razonable la posibilidad de convertir el puerto de Palamós,
Girona, en frontera exterior, según el Acuerdo de Schengen.
Tiene la palabra el senador Xuclà i Costa.
El señor XUCLË I COSTA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, Cataluña tiene dos puertos, los de Barcelona y Tarragona, que son frontera exterior con países terceros del espacio Schengen.
Palamós es el tercer puerto del litoral
catalán en todos los sentidos, es decir, tanto desde el punto de vista del tráfico de personas y mercaderías como desde sus posibilidades como infraestructura.
Palamós es el puerto de referencia de la zona norte del litoral catalán y el conjunto de
la Costa Brava y es asimismo un área de influencia en el tráfico mercantil que supera con creces la demarcación de Girona.
La Costa Brava es un destino turístico consolidado que observa con impotencia cómo no tiene un puerto internacional para
potenciar lo que es la primera actividad económica de la zona.
Igualmente, los sectores industriales y de servicios de la segunda provincia con más renta per cápita de España no tienen un puerto internacional que sea plataforma logística para la
importación y exportación de sus productos a países terceros.
Ante esta situación, encontramos que aún se mantiene un punto de control fitosanitario en Vilamalla, cerca de La Jonquera, como expresión del viejo esquema de la Europa con fronteras
interiores.
A la luz de los efectivos del punto de inspección fitosanitaria de Vilamalla y del conjunto de las plantillas de policía nacional y guardia civil que han quedado inscritos en la provincia de Girona, después del despliegue de los Mossos
d'Esquadra, parecería razonable, desde el punto de vista de las posibilidades de los recursos humanos y materiales del Estado, convertir el puerto de Palamós en frontera exterior del espacio Schengen. Esta medida, que ayudaría a dinamizar la
economía de la zona, se convierte en indispensable durante la temporada turística.
Señor ministro, esta pregunta no busca el titular periodístico fácil para mañana; esta pregunta no persigue el uso partidista de esta reivindicación por parte de un
grupo parlamentario. Es un planteamiento ampliamente compartido por sectores económicos --singularmente turísticos-- de la Costa Brava y por ayuntamientos.
Nuestro objetivo, a través del instrumento de la pregunta parlamentaria, es hacer ver al
Gobierno lo razonable de este planteamiento, y por eso le formulo la siguiente pregunta: ¿Le parece razonable al Gobierno convertir el puerto de Palamós, en Girona, en frontera exterior del espacio Schengen? Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Paniagua): Gracias, presidente.
Señoría, como sin duda el senador sabe, para que un puerto marítimo pueda
convertirse en frontera exterior deben reunirse una serie de requisitos, algunos de los cuales están establecidos en el propio Acuerdo de Schengen y otros vienen determinados bien por las partes contratantes bien por el resto de la legislación
internacional. Estos requisitos se refieren a aspectos tales como volúmenes de tráfico, geográficos, legales, técnicos y presupuestarios.
La conversión de este puerto en paso fronterizo marítimo requeriría la habilitación de una serie de
infraestructuras, ubicación de una comisaría de policía, las oportunas oficinas para el resguardo fiscal que realiza la Guardia Civil, la construcción de las cabinas para realizar los servicios de control de entrada y salida de pasajeros, las
dotaciones de equipos informáticos, las instalaciones de acceso a las bases de datos SIS, que es el sistema de información Schengen, además de las correspondientes adscripciones de plantillas de policía para cumplir las exigencias establecidas en el
propio acuerdo de Schengen.
Evidentemente, como usted ha dicho, en Cataluña hay dos puertos que sí reúnen esa condición de puerto Schengen. Hay que ver, por lo tanto, cuáles son las condiciones respecto a estas variables y determinaciones a que
acabo de hacer referencia. Yo creo que podemos estudiar con detenimiento este asunto para valorar en el futuro la posibilidad que plantea su señoría teniendo la perspectiva de la evolución de los flujos marítimos del puerto de Palamós.
En estos
momentos, si los datos que yo tengo no son equivocados, en el año 2001, en el puerto de Palamós, entraron 116 buques, mientras que en el de Barcelona arribaron 8.651. También los movimientos de personas son claramente diferentes.
No obstante, esto
no nos debe impedir ver la evolución prevista para el futuro y las previsiones de la administración portuaria de la Generalidad --con la que habrá que tratar--, de la que depende el mismo.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
En turno de réplica tiene la palabra el senador Xuclà i Costa.
El señor XUCLË I COSTA: Gracias, señor presidente, y gracias, señor ministro, por abrir la posibilidad de estudiar, desde un punto de vista razonable y de adecuado, las posibilidades del puerto de Palamós con los indicadores y los criterios
que usted ha apuntado hace un momento.
Es evidente que en estos momentos el puerto de Palamós tiene un índice bajo de buques internacionales, entre otras cosas porque previamente tienen que pasar por Barcelona como punto de entrada de la frontera
Schengen y después derivarse hacia Palamós.
Lo que usted requería como criterios indispensables desde el punto de vista de volumen de tráfico y de plantillas de policía, después del despliegue de los Mossos d'Esquadra, a mí me parece que sería
posible y que es una demanda fundamentada por parte de los sectores económicos
de la Costa Brava. Le agradezco que haya abierto la posibilidad, y espero poder argumentar en nombre del conjunto del grupo parlamentario con datos y con fundamentos nuestros planteamientos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno de dúplica tiene la palabra el señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Paniagua): Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, creo que estas decisiones deben tomarse desde el máximo rigor. Son decisiones muy importantes, afectan al conjunto de los puertos que
existen en Cataluña, y creo que desde el análisis certero de los datos, de las evoluciones que se prevén de cara al futuro, de la opinión de las administraciones que tienen algo que decir en la materia, es como podremos obtener un criterio final
ajustado y, por tanto, exento de cualquier tipo de demagogia, como su señoría lo ha planteado, y yo se lo agradezco sinceramente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
--DE DON JOSEP MARIA BATLLE FARRAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRES, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO EN ORDEN A INICIAR LA CONSTRUCCION DEL CANAL QUE DISCURRE POR LAS COMARCAS DE SEGARRA Y GARRIGUES, EN LA PROVINCIA DE
LLEIDA (680/000974).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Josep María Batlle Farrán, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre las previsiones del Gobierno en orden a iniciar la construcción del canal que discurre por las
comarcas de Segarra y Garrigues, en la provincia de Lleida.
Tiene la palabra el senador Batlle Farrán.
El señor BATLLE FARRAN: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, ante el anuncio hecho a través de los medios de comunicación social en la provincia de Lleida, de un nuevo retraso en el inicio de la construcción del canal
Segarra-Garrigues, y debido a la confusión que se ha generado entre la sociedad en general y los regantes en particular, formulamos la pregunta en los términos planteados por la presidencia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Medio Ambiente.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, usted sabe que son ocho los proyectos incluidos en el convenio, y que el primer proyecto de impulsión y conexión del canal ya está en
ejecución, con un presupuesto de casi 30 millones de euros. El acta de replanteo se firmó el 20 de marzo y el plazo de ejecución es de 21 meses.
Y el segundo proyecto, que es por el que usted pregunta concretamente, está en estos momentos en fase
de declaración de impacto ambiental, pero es la Generalidad la que está elaborando de acuerdo con el protocolo estos proyectos. Nosotros prevemos que el primer tramo, con un presupuesto de 37,9 millones de euros, que va del punto kilométrico cero
al 5,2, se pueda licitar en el segundo trimestre del próximo año 2003.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
En turno de réplica tiene la palabra el senador Batlle.
El señor BATLLE FARRAN: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, francamente esperaba una respuesta un poco más esperanzadora. En todo este proceso nos hemos visto envueltos en una gran confusión, y esperaba por su parte otro
tipo de respuesta que permitiera albergar un poco más de esperanza.
Con franqueza, señor ministro, voy a decirle que tengo la sensación de que detrás de todo este proceso, muy confuso, de traspaso de competencias que después recupera el Gobierno,
de acuerdos y convenios entre el Gobierno y la Generalidad de Cataluña que no se cumplen, se esconde un gran desinterés para ejecutar esta obra.
Si hacemos un poco de memoria, en la ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado de
diciembre de 1994 el canal Segarra-Garrigues se declara obra de interés general, con lo cual el Gobierno del Estado recupera una competencia traspasada a la Generalidad de Cataluña durante los años 1981, 1985 y 1986, a través de sendos reales
decretos.
En septiembre de 1999 Gobierno y Generalidad de Cataluña firman el acuerdo de financiación de las obras, por el cual su Gobierno asume la construcción del canal principal y el pantano del Albagés. En enero de 2000 se constituye la
sociedad estatal Casega, sociedad que debe ejecutar las obras que corresponden al Gobierno, y se anuncia su inicio para el cuarto trimestre de 2001. A finales del año 2001 se anuncia un nuevo retraso de un año hasta octubre del 2002, y en esa misma
fecha se anuncia otro más.
Una vez consultados los responsables de la sociedad estatal Casega, éstos afirman que no disponen de ningún proyecto técnico constructivo para iniciar las obras del canal principal, algo que resulta francamente increíble
e inverosímil porque, según sus previsiones, éstas debían haber empezado ya. Por este motivo le pregunto, señor ministro, si hay o no proyecto, y de haberlo, que entiendo que así es, dónde está éste.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Medio Ambiente.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, no ha habido confusión ninguna, lo único que ocurre es que este proyecto se va a hacer gracias, en este caso, a la colaboración entre el
Ministerio de Medio Ambiente y la Generalitat de Cataluña. Hay ocho proyectos, el primero de ellos ya está en ejecución por un importe de 5.000 millones de pesetas y con un plazo de 21 meses; en el segundo caso los proyectos los redacta la
Generalitat, están en fase de declaración de impacto ambiental y se licitarán en el segundo trimestre. Si no recuerdo mal, su problema es que fueron ustedes y algún representante insigne de su partido quienes dijeron que jamás se realizaría este
proyecto. Así pues, es evidente que nosotros sí estamos llevando a cabo este proyecto y vamos a solucionar un grave problema que existe en esta comarca, insisto, con hechos y realidades.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
--DE DON ANGEL VILLALBA ALVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA INFORMACION NO VERIFICADA QUE EL GOBIERNO HA DADO EN RELACION A LA INCORPORACION DE NUEVOS ESPACIOS ESPAÑOLES A LA RED MUNDIAL DE RESERVAS DE LA BIOSFERA
(680/000977).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor, don Angel Villalba Alvarez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la información no verificada que el Gobierno ha dado en relación a la incorporación de nuevos espacios españoles a
la Red Mundial de Reservas de la Biosfera.
Tiene la palabra el senador Villalba Alvarez.
El señor VILLALBA ALVAREZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, el pasado día 7 de noviembre el Gobierno anunció la inclusión de dos espacios de la Cordillera Cantábrica como nuevas reservas de la biosfera, así com la ampliación de
un tercero. Hubo comunidades autónomas, como Cantabria, Asturias y Castilla y León, que se felicitaron públicamente por lo que sin duda era una excelente noticia para los ciudadanos que habitan esos espacios naturales, para los ayuntamientos que
los conforman y para las propias comunidades autónomas, que se pusieron inmediatamente a redactar sus planes de trabajo. Sin embargo, al día siguiente la Unesco publicó la relación exacta de los 18 nuevos sitios incorporados a la Red Mundial de
Reservas de la Biosfera.
Entre ellos no estaban incluidos los Picos de Europa, ni Valle de Laciana, como tampoco la ampliación de Muniellos. ¿Tiene el señor ministro alguna explicación para ello? El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la
palabra el señor ministro de Medio Ambiente.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Gracias, señor presidente.
Señoría, sigue siendo una excelente noticia que en esta última reunión se hayan incluido Terras do Minho, Dehesas de Sierra Morena y que se haya ampliado
considerablemente la isla de La Palma, y espero que usted coincida conmigo en este sentido. Efectivamente, tal y como hemos reconocido desde el primer momento, hubo un error de comunicación del comité del MAB español, responsabilidad que fue
asumida por el comité y que produjo ese error de comunicación en diferentes instituciones que, inmediatamente después de tener conocimiento del mismo, procedimos a su rectificación.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
En turno de réplica tiene la palabra el senador Villalba Alvarez.
El señor VILLALBA ALVAREZ: Señor ministro, ése no ha sido un error del comité. De no haber señas claras de falta de dirección y coordinación en su ministerio le diría que su actitud ha sido cuando menos frívola publicando como ciertos
acuerdos que no lo fueron, confundiendo a la opinión pública y provocando incredulidad, decepción e indignación social, ciudadana e institucional. La propia Red, reunida en Menorca hace unos días, calificó de bochornoso el anuncio fallido de su
ministerio.
Hay un dato muy claro, señor ministro: en su informe del día 12 usted dice que la UNESCO solicita información adicional sobre la propuesta española; un dato que me permite avanzar más y calificar la gestión de su ministerio como de
negligente. El secretario del programa MAB, Peter Bridgwater, le pidió el pasado 24 de julio --hace cuatro meses--, acusando recibo de las propuestas del Gobierno, una contestación urgente a determinadas dudas o ausencias de concreción en relación
con las propuestas del Gobierno. Su ministerio y el Gobierno hicieron caso omiso.
El Ministerio de Medio Ambiente no contestó a los requerimientos del secretario del MAB sobre conceptos como la no inclusión del parque regional de Picos de Europa
en la propuesta sobre el parque nacional, la fusión posible de las reserva de Muniellos y Valle de Laciana o el mapa detallado de las reservas actuales y futuras de la Cordillera Cantábrica.
Apatía, señor ministro, pasividad, ineficacia, ésas son
las causas por las que el Comité internacional de coordinación MAB no ha admitido las propuestas españolas. Y yo le digo que son malas las interinidades. La mente, la dedicación, el presupuesto de su ministerio a lo mejor están más pendientes de
lo que puede ser que de lo que es. Y yo le digo: dentro de unas pocas semanas, tal vez días, usted cesará. Esa será una buena noticia para España. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno de dúplica, tiene la palabra el señor Ministro de Medio Ambiente.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias, señor presidente.
Sinceramente, yo creo que hay otras cosas más productivas mediáticamente que sean utilizables para hacer esta demagogia y esta campaña política que
usted quiere hacer. (Aplausos.) Tener que jugar con las declaraciones de reservas de la biosfera, que es una buena medida protectora y que ha funcionado bien en España, e intentar sacar de contexto y sobredimensionar un error, un error que no se
debería haber producido de este comité español, no nos conduce a ningún sitio. Lo importante es que en España esta fórmula de protección triunfa, ha dado muy buenos resultados para la protección del medio ambiente y ha funcionado muy bien hasta
ahora. Deberíamos ser cautos a la hora de intentar politizar estas figuras (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.), estas cosas que son importantes para todos y sobre todo, señoría, con esta intención, si me permite, tan burda
con la que usted lo ha intentado esta mañana.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
--DE DON PEDRO JOSE PEREZ RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LOS BENEFICIOS QUE OBTENDRAN LAS COMUNIDADES AUTONOMAS AFECTADAS CON LA EJECUCION DEL PLAN HIDROLOGICO NACIONAL (PHN) (680/000987).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor Pedro José Pérez Ruiz, sobre los beneficios que obtendrán las comunidades autónomas afectadas por la ejecución del Plan Hidrológico Nacional.
Tiene la palabra el senador Pérez Ruiz.
El señor PEREZ RUIZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, buenos días, señorías. En la Región de Murcia tuvimos la visita el sábado pasado de Pinocho, el hijo de Gepeto, que nos venía a decir en alguna de sus frases que tenía la
intención de hacer una política con buen sentido del humor. Nunca he oído a Pinocho decir una verdad tan grande, porque cuando se llega a Murcia y se dice: «Murcia tendrá más agua en el primer año de mi mandato», la verdad es que hay que tener
buen humor para decir eso. (Un señor senador del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Payaso!) Cuando se dice que Murcia tendrá agua con consenso, yo digo ¿el consenso que tenemos hoy con Aragón? ¿El consenso que está proponiendo este señor por
España? ¿Qué consenso es el que va a tener la obra de más importancia no solamente para España en su conjunto, sino fundamentalmente para Murcia, para Valencia, para Almería? (Rumores.) No se pongan nerviosas, señorías, hay tiempo. (Risas.) ¿Cómo
se puede tomar con esa risa lo que es tan importante para nosotros? La verdad es que sí nos da risa y nos da risa también cuando sus señorías ponen en marcha la canción del verano, que es que la detengan. Ustedes en vez de decir que la detengan
dicen que la retiren. Da igual qué tipo de ley sea. Por eso creo que los españoles en las últimas encuestas del CIS han sabido decir que la canción va a ser al contrario, que no vamos a retirar nada, sino que lo vamos a llevar adelante.
Por eso
quiero preguntarle al señor ministro por alguna verdad que está en la sociedad. (Fuertes rumores.) No se alteren, señorías, no se alteren. Quiero hacerle una pregunta que está en los Presupuestos Generales del Estado después de la aprobación de
nuestro Plan Hidrológico Nacional, un plan que está basado en el artículo 45.2 de la Constitución y también en una ley que no se retiró por parte del PP y que había que haber retirado porque la hicieron ustedes, la 29/1985, aunque yo creo que fue
buena. (Fuertes rumores.) Por eso quiero preguntarle al señor ministro en qué va a beneficiar...
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor PEREZ RUIZ: Señor ministro, ¿cuáles van a ser los beneficios que van a obtener las comunidades autónomas afectadas por la ejecución del Plan Hidrológico Nacional? Muchas gracias, señor presidente. (Rumores en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Medio Ambiente.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias, señor presidente.
Sinceramente, señoría, creo que usted ha sido bondadoso (Risas.), porque mi desconcierto es total y absoluto. Al hilo de su intervención le diré que al
secretario general del Partido Socialista le preguntaron: ¿Pero de dónde vendrá el agua? Y él dijo: Perdón, cuando seamos gobierno y conozcamos de verdad el plan que hay ahora y sus posibilidades financieras, tomaremos una decisión.
(Risas.--Rumores.) Yo, que lógicamente tengo que afrontar la explicación de este proyecto en todas las comunidades autónomas, tengo que decirle sinceramente que cada vez entiendo menos las posturas que se producen en determinados territorios. Yo
querría saber cómo se pueden compatibilizar estas posturas con las que defiende, por ejemplo, don Pascual Maragall en Cataluña. Creo que son totalmente incompatibles. En cualquier caso, nuestra responsabilidad consiste en llevar a cabo un proyecto
que sí va a solucionar los problemas hídricos que existen en España, una planificación en la que las decisiones relativas a cada cuenca: evaluación, asignación de recursos, estimación de demandas, identificación de problemas, las condiciones
medioambientales y, en definitiva, las perspectivas de desarrollo, se adoptan en el marco de los planes hidrológicos de cuenca y todos tienen que ser compatibles entre sí. Y de acuerdo con este modelo, efectivamente el plan hidrológico es el que
debe solucionar los desequilibrios característicos. Porque
si vamos a Murcia y decimos que allí falta agua, tenemos que decirles a los ciudadanos murcianos de dónde vamos a sacar esa agua.
El fin último es contribuir desde el Estado a satisfacer las demandas de agua y favorecer el desarrollo
económico de las regiones. Se han tenido en cuenta distintos escenarios caracterizados como sectores estratégicos relacionados con el agua, y la atención se ha centrado principalmente en la población, en la agricultura y en el turismo, realizando,
en consecuencia, un análisis intersectorial. El plan hidrológico centra el análisis en la mejora del abastecimiento a las poblaciones, en los beneficios económicos de las poblaciones relacionadas con el trasvase y en la consolidación del regadío de
áreas donde su continuidad futura está sometida a la escasez del agua. En conclusión, expresa los beneficios que se lograrán por reducción de daños aumentando la producción y reduciendo costes, así como los beneficios por intensificación de la
producción.
El Plan Hidrológico Nacional prevé la realización de un gran número de actuaciones, de acuerdo con las administraciones implicadas, usuarios, agentes sociales y colectivos ambientalistas, para abordar de manera sistemática los problemas
de escasez de agua realizando un seguimiento completo de la evolución de los mismos a través de los indicadores adecuados.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
En turno de réplica tiene la palabra el senador Pérez por quince segundos.
El señor PEREZ RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.
Solamente quiero agradecer al ministro que esté hoy aquí contestándonos a las preguntas cuando sabemos que tenía que estar volando hacia un lugar de interés para todos nosotros, pero
alguien se lo ha impedido.
Muchas gracias.
--DE DON VICENTE LILIANO FERRER ROSELLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE EL IMPORTE DE LAS PARTIDAS DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2003 QUE SE DESTINAN AL PLAN HIDROLOGICO NACIONAL (PHN)
(680/000988).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Vicente Liliano Ferrer Roselló, del Grupo Parlamentario Popular, sobre el importe de las partidas de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003 que se destinan al Plan
Hidrológico Nacional.
Tiene la palabra el senador Ferrer Roselló.
El señor FERRER ROSELLO: La doy por reproducida, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Medio Ambiente.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, el Ministerio de Medio Ambiente ha presentado un presupuesto de 3.751 millones de euros que invertirá a través de sus sociedades estatales y
organismos autónomos en la gestión de los recursos naturales.
Más de 3.288 millones de euros se destinarán a la política de aguas con un incremento del 25,18 por ciento con respecto al año anterior, y ello en actuaciones tendentes, tanto a mejorar
la gestión de los recursos hídricos como a mejorar la calidad de las aguas.
Dentro de la política de aguas se incardina el Plan Hidrológico Nacional, con cuya ejecución se va a proseguir cumpliendo ampliamente con los objetivos que el Gobierno se
ha marcado. Así, más del 80 por ciento de la inversión prevista en recursos hidráulicos se invertirá en actuaciones programadas en alguno de los ejes del Plan Hidrológico Nacional, en total 2.785 millones de euros, y en actividades relativas a la
regulación, modernización de regadíos, abastecimiento a poblaciones, restitución forestal, saneamiento, depuración y acondicionamiento de cauces.
Esto pone de manifiesto el compromiso del Gobierno en ejecutar este proyecto, tan sólo dieciséis meses
después de su aprobación, para poder resolver las necesidades de infraestructuras hídricas de nuestro país.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
En turno de réplica, tiene la palabra el senador Ferrer Roselló.
El señor FERRER ROSELLO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor ministro, hasta la fecha llevábamos detectados tres estados de opinión distintos en el PSOE respecto al Plan Hidrológico Nacional.
En primer lugar, nos dijeron que era malo
para los territorios que se verían afectados. La verdad es que en Valencia sospechábamos que los pillines nos engañaban pero, en todo caso, ha resultado esclarecedora su contestación a la anterior pregunta. Luego, nos dijeron que no se iba a
hacer, y su señoría ha aclarado que no es que no se vaya a hacer, es que ya se está ejecutando el Plan Hidrológico Nacional.
Sin embargo, no quiero perder la oportunidad que me brinda esta pregunta para poner de manifiesto mi preocupación respecto
a la que constituye la última actitud del Partido Socialista, que parece consistir en que están resueltos a impedir que se haga, cueste lo que cueste y por el sistema que sea necesario. Baste como ejemplo de esta maniobra la marcha desde Aragón y
posterior manifestación en Valencia --¡hace falta barra, señor ministro!-- auspiciada, promovida y alentada por el Gobierno de Aragón y el Partido Socialista de Aragón y Cataluña.
Entendemos, señoría, que es una estúpida provocación para los
valencianos y murcianos y, sobre todo, que se están
alentando gravísimos enfrentamientos territoriales. Esto constituye, señor ministro, una irresponsabilidad de magnitud histórica. No quiero perder la oportunidad que se me brinda hoy de pedir públicamente al señor Rodríguez Zapatero que
desconvoque esa manifestación. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Si el señor Rodríguez Zapatero se alinea con quienes propician ese tipo de enfrentamientos territoriales, ya no será cuestión de picardía, es que este señor
será un peligro para la estabilidad de este país. (El señor Arnau Navarro: ¡Control al Gobierno!) Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno de dúplica, tiene la palabra el señor ministro de Medio Ambiente. (Denegaciones.) --DE DON JOSEP VARELA I SERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LA
FECHA PREVISTA PARA LA PUBLICACION DE UN ESTATUTO DEL BECARIO (680/000972).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Josep Varela i Serra, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre la fecha prevista para la publicación de un estatuto del becario.
Tiene la palabra
el señor Varela i Serra.
El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor ministro, en una sesión parlamentaria de control al Gobierno celebrada en mayo de 2002 la entonces ministra de Ciencia y Tecnología dijo que estaba ultimado el estatuto del
becario. Puso de manifiesto que la principal novedad sería la ampliación de la acción protectora de la Seguridad Social, puesto que se cubrirían todas las prestaciones incluida la cotización para la jubilación.
Después de reconocer que la figura
del becario está limitada en el tiempo, que no genera desempleo y que no es exactamente un trabajador sino una persona en formación --y en eso estamos de acuerdo--, apuntó que este período formativo coincidía con un momento vital para las personas
desde el punto de vista del ámbito familiar. Una vez aclarado que era bueno que todas las prestaciones del régimen general de la Seguridad Social estuvieran incluidas en el estatuto del becario, manifestó que se haría a través de un real decreto y
que, probablemente, se elaboraría antes de comenzar este curso académico.
Luego hubo cambios en el Gobierno, y en la comparecencia celebrada hace mes y medio en la Comisión de Ciencia y Tecnología el actual señor ministro aclaró --y no tengo por
qué dudar-- cuál era el interés suyo y del ministerio. Cito literalmente sus palabras: Es evidente que hay que mejorar y dar mayor seguridad a la situación de los becarios.
Esa es una afirmación suya y no tengo ninguna duda de que es así, pero
como el tiempo corre, simplemente le quiero preguntar cuándo cree el señor ministro que va a ser regulada esa situación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Ciencia y Tecnología.
El señor MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría.
Estamos trabajando en ello y lo que queremos es que eso se consiga lo antes posible. Efectivamente, existe ya un
borrador de real decreto preparado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología que está siendo discutido con las asociaciones de becarios de investigación y que está siendo analizado con los otros ministerios competentes, porque hay otros muchos que
también disponen de becarios --Educación y Ciencia, por supuesto, pero también Sanidad y Consumo o Defensa-- y además hay otros ministerios implicados, como el de Trabajo y Asuntos Sociales, el de Presidencia y el de Hacienda.
No es un tema fácil,
porque mejorar las condiciones desde el punto de vista de las prestaciones sociales y sociosanitarias de los becarios supone también unos compromisos en términos de cotización y, por lo tanto, desde el punto de vista presupuestario probablemente
deberemos optar entre ese tipo de medida o, manteniendo las condiciones económicas de las becas --que se han mejorado sustancialmente en los últimos años--, disminuir el número concreto de becas. Esta es una decisión que tenemos que tomar. No es
fácil y espero que podamos concretar --insisto-- lo antes posible, pero hay que tener en cuenta que no depende solamente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, sino de diversos organismos ministeriales y también de otras Administraciones donde
también hay becarios: organismos públicos de investigación, de universidades, de fundaciones... Es un tema suficientemente complejo como para que yo le pida un pequeño margen de maniobra al respecto.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno de réplica, tiene la palabra el senador Varela i Serra.
El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro.
Desde luego coincido con usted en que no es fácil, pero seguro que usted coincide conmigo en que es muy importante que los jóvenes investigadores
--que son ya una realidad, que están participando ya en la investigación de este país, que está mejorando pero que debe mejorar más-- estén satisfechos, tranquilos y estimulados en sus condiciones sociolaborales.
Ello es importante para el futuro
del país y para la realidad actual.
Por tanto, señor ministro, agradezco su respuesta, no me cabía ni me cabe ninguna duda del interés que tiene, pero yo le animo a seguir trabajando intensamente en este punto.
Me gustaría añadir una nota nada ficticia y que no quiero que sea nada demagógica. Se trata de un correo electrónico que me ha enviado un investigador, que acaba con estas frases: Estos días el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales está
enviando el certificado de vida laboral a la gente. A mí no. Días cotizados: 0. Tengo 31 años, voy para 32 y ni siquiera tengo número de la Seguridad Social.
Que un joven investigador con casi 32 años esté así me preocupa porque además seguro
que esto influye en su trabajo. Todos debemos hacer el máximo esfuerzo --y estoy seguro de que usted lo hace-- para que esa situación mejore en el futuro y cuanto antes mejor.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno de dúplica, tiene la palabra el señor ministro de Ciencia y Tecnología.
El señor MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente.
Yo comparto plenamente esa preocupación expresada en la frase última de ese correo electrónico. Por eso estamos trabajando y por eso hemos hecho
este planteamiento desde el Gobierno, que no es el único. En los dos últimos ejercicios presupuestarios la dotación de las becas para el personal investigador del ministerio se ha incrementado en un 39 por ciento y el número de becas convocadas en
un 47 por ciento; por lo tanto es obvio que hay una política en favor de los becarios de investigación.
También se ha promovido la unificación de las condiciones de las becas entre los diferentes organismos públicos de investigación y los
distintos departamentos de la Administración General del Estado y se han puesto en marcha programas --que su señoría conoce bien-- como el Ramón y Cajal y el Torres Quevedo para dar continuidad a la carrera profesional de los becarios de
investigación a través de su incorporación al sistema público de investigación, por una parte, o a través de su incorporación como investigadores o tecnólogos en la empresas privadas.
Por lo tanto, existe una sensibilidad hacia la problemática de
los becarios. Desde el punto de vista de las prestaciones de la Seguridad Social, desde el punto de vista de la cotización, entiendo que la contabilización como vida laboral de los años en los que se disfruta una beca puede ser una aspiración
perfectamente compartible, pero la tenemos que hacer a su vez compatible con los límites presupuestarios de los que disponemos y también, insisto, con el posicionamiento de los demás ministerios afectados. Pero seguiremos trabajando en ello.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
--DE DON FRANCISCO FUENTES GALLARDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS RAZONES POR LAS QUE EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA HA CALIFICADO DE PARTIDISTA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE LA JUNTA DE EXTREMADURA SOBRE LA REFORMA DEL
ACUERDO PARA EL EMPLEO Y LA PROTECCION SOCIAL AGRARIAS (AEPSA) (680/000978).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Francisco Fuentes Gallardo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las razones por las que el ministro de Ciencia y Tecnología ha calificado de partidista la campaña institucional
de la Junta de Andalucía sobre la reforma del Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarias.
Tiene la palabra el Senador Fuentes Gallardo.
El señor FUENTES GALLARDO: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, desearía hacer una aclaración: no se adelanten ustedes a los acontecimientos. Ya tendrán ocasión, a partir de 2004, de controlar al señor Rodríguez Zapatero, ahora
estamos aquí para controlar al Gobierno. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Señor ministro, recientemente usted declaró que la campaña de la Junta de Extremadura era profundamente partidista y que no era una campaña
institucional. Inmediatamente después, y de forma definitiva, Televisión Española y Antena 3 se niegan a emitir los anuncios de la Junta de Extremadura.
Señor ministro, ¿será simplemente una casualidad o tendrá esto algo que ver con que el
consejero delegado de Antena 3, señor Sáenz de Buruaga, fuera ante el director de Televisión Española que nombraron ustedes? ¿Tendrá algo que ver con que el actual director de Radiotelevisión Española, señor Sánchez, era antes directivo de Admira,
filial de Telefónica y dueño de Antena 3 y de Onda Cero? Señor ministro, la campaña de la Junta de Extremadura no va contra nadie, es para defender el antiguo PER y el actual AEPSA; para defender lo que hizo --y nosotros apoyamos-- su compañero de
Gobierno cuando era ministro de Trabajo, señor Arenas, para defender esa reforma para la campaña.
Por ello, le formulo la pregunta que figura en el orden del día.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Ciencia y Tecnología.
El señor MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría.
Tendré el placer de transmitirle a mi compañero de Gobierno, señor Arenas, la felicitación de su grupo por muchas de las
medidas que tomó en la legislatura anterior; aunque sea tarde, la dicha es buena. Se lo transmitiré con muchísimo agrado.
En cualquier caso, las cosas no son inamovibles, se pueden modificar y estamos ante un debate político, y en un debate en el que hay diferentes posiciones de los diferentes partidos. Por lo tanto, creo que puedo revalidar mi opinión que,
por otra parte, fue posterior a la actitud de Antena 3, se lo digo para su conocimiento, porque se basa pura y simplemente en la evidencia.
Gracias, señoría.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
En turno de réplica, tiene la palabra el senador Fuentes Gallardo.
El señor FUENTES GALLARDO: Gracias, señor presidente.
La decisión definitiva fue después de sus declaraciones, señor ministro.
Ustedes hicieron una campaña a favor del decretazo en plena huelga general. ¡Eso no era una campaña política!
¡La que hacemos nosotros sí! Ustedes hacen campañas permanentemente, pero las que hacemos nosotros sí son políticas.
Señor ministro, usted ha ido mucho más allá, usted ha dicho textualmente que es inadmisible el uso que hace la Junta de Extremadura
del dinero de los contribuyentes.
Señor Ministro ¿van a darnos ustedes lecciones de cómo se utiliza el dinero de los contribuyentes? ¿Usted, que desde el Gobierno le perdonó 8.000 millones de pesetas a la empresa Ercros, de la cual formaba usted
parte? ¿Usted, señor ministro, nos va a dar lecciones de uso público cuando usted hizo operaciones de ingeniería financiera para pagar menos a Hacienda? (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Señor ministro, ¿usted nos va a
dar lecciones de si es inadmisible o no la utilización del dinero público para una campaña? (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Si me concede cinco minutos más el señor presidente se lo demuestro, no hace falta que se alteren
por eso.
Señor ministro, la realidad que se impone aquí es que ustedes utilizan en este caso, como en tantos otros, una doble vara de medir: una vara de medir para las campañas de ustedes y otra vara de medir para las campañas que hacen otras
instituciones, que la hace la Junta de Extremadura, no tal partido o tal otro, sino una institución.
Ustedes lo que han hecho, en mi opinión, es que han censurado unos anuncios de la Junta de Extremadura a través de sus delegados gubernativos en
Televisión Española y en Antena 3. Y sobre cómo gasta la Junta de Extremadura sus recursos responderá ante el Parlamento autonómico, no ante usted, señor ministro, y menos con sus antecedentes.
Gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista.--Varios señores senadores: ¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría En turno de dúplica, tiene la palabra el señor ministro de Ciencia y Tecnología.
El señor MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente.
La primera parte de su intervención es tan literalmente despreciable que no merece respuesta. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.--Varios señores senadores: ¡Muy bien!--Fuertes rumores desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (Piqué i Camps): La segunda parte sí merece algún comentario, porque, como es natural, con los decretos de la reforma laboral, como es sabido, ha habido y hay una gran controversia. Ha sido objeto
de negociación, ha sido objeto de debate político. El marco correspondiente es el del debate político en el Parlamento español, porque son medidas que deben adoptar el Parlamento y el Gobierno de España. Por tanto, no es nada extraño que el
Gobierno defienda sus políticas. Pero eso no es una utilización partidista de las instituciones (Algunos señores senadores desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista: ¡No, no ...!), porque estamos discutiendo de nuestras competencias.
Pero no estamos hablando de las competencias de la Junta de Extremadura, la cual no puede dirigirse a todos sus ciudadanos, a todos los ciudadanos extremeños, desde la perspectiva de la posición de un partido político. Tiene que exponerse desde el
punto de vista institucional o cuando le corresponda por sus competencias, no cuando simplemente se trata --insisto y reitero-- de utilizar dinero público (Rumores desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) en beneficio de una posición
de un partido político y no en beneficio del conjunto de los ciudadanos de Extremadura, a los que la Junta de Extremadura tiene la obligación de representar, a todos y a cada uno de ellos.
Gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
--DE DOÑA ANTONIA ARANEGA JIMENEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS ACTUACIONES PREVISTAS POR EL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA QUE AVANCE LA INVESTIGACION CON CELULAS MADRE EMBRIONARIAS HUMANAS (680/000979).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la excelentísima señora doña Antonia Aránega Jiménez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las actuaciones previstas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología para que avance la investigación con
células madre embrionarias humanas.
Tiene la palabra la senadora Aránega Jiménez.
La señora ARANEGA JIMENEZ: Gracias, señor presidente.
Queda formulada la pregunta en los términos en que el señor presidente la ha expuesto.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Ciencia y Tecnología.
El señor MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente.
Como es conocido, el Gobierno aprueba y promueve que se haga investigación con células madre procedentes de adultos y estamos estudiando,
dependiendo de varios análisis y dictámenes de diferentes comités, en qué medida podemos avanzar también en las posibilidades tecnológicas y de investigación que se derivan de las células madre embrionarias.
Como es sabido, estamos ante un debate
de profundas implicaciones científicas y éticas a nivel internacional --no es un debate específicamente español ni un debate que podamos simplificar que se produce entre carcas y progres-- sobre una cuestión que está preocupando y mucho a todos los
gobiernos del mundo. La prueba de ello es que la propia Unión Europea ha decidido una moratoria de un año antes de permitir esa investigación con financiación de fondos comunitarios, y sólo hay dos países de la Unión Europea que en estos momentos
aprueban ese tipo de investigaciones.
Por tanto, actuemos con cautela, con prudencia y, por favor, no levantemos falsas expectativas, que eso siempre es malo.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
En turno de réplica, tiene la palabra la senadora Aránega Jiménez.
La señora ARANEGA JIMENEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, hace ya más de dos años que la Comisión Nacional de Reproducción Asistida y el grupo de expertos de bioética, juristas y científicos que asesora al Gobierno se
pronunciaron a favor de una reforma legal para permitir la investigación con células madre procedentes de los preembriones excedentarios de las técnicas de fertilización in vitro y hasta ahora el Gobierno y usted como parte del mismo y responsable
de la gestión y promoción científica de este país no han atendido esta recomendación. Le recuerdo que en estos momentos hay más de 40.000 preembriones congelados que no tienen viabilidad, en el sentido de ser implantados.
Estas células troncales
embrionarias, con sus enormes posibilidades terapéuticas --también tecnológicas, señor ministro, pero, sobre todo, terapéuticas--, han generado un animado debate no sólo en el ámbito científico sino también en la sociedad, que se pregunta por qué se
usan desde el Gobierno razones tan alejadas de la argumentación científica y a veces rayando con la superstición.
Lamentablemente, existen muchas personas que adolecen de patologías congénitas o degenerativas que son incurables, como son el
parkinson, el alzheimer, la diabetes, etcétera, y la obstrucción de esta vía es cercenar la posibilidad fundada de terapia alternativa para solucionar sus problemas.
Países como Inglaterra y Suecia, que son sensibles a los avances científicos y su
repercusión en la sociedad, así como con una mayor cultura científica entre los dirigentes de sus gobiernos, ya han apostado por explorar las alternativas terapéuticas derivadas de estas células troncales embrionarias.
Por ello, señor ministro, no
permita que con la adición al inmovilismo científico nuestro país pierda también este tren y después tengamos que importar los beneficios que otros países lleven a cabo. Recuerde que los conceptos no son inmutables, como nada lo es, y nuestra
propia existencia es test evidente de la no inmutabilidad. No olvide que los avances científicos acaban siempre por ser utilizados. Lo oportuno y lo ético es permitir su utilidad para mejorar las condiciones de vida y de salud de las personas, y
regular los efectos adversos posibles de las mismas.
Sabe que la mayoría de los científicos apuestan por la utilización terapéutica de las células troncales de los preembriones excedentarios de las técnicas de fertilización asistida y la existencia
de muchas personas afectadas de enfermedades incurables debiera de haberle hecho reflexionar y no cerrar las puertas a la esperanza a terapias para solucionar sus problemas.
Usted y su Gobierno se han instalado en una posición «arrefléxica» y
dilatan en el tiempo la solución para explorar esta vía terapéutica. No dejen pasar más oportunidades...
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora senadora.
Para dúplica, tiene la palabra el señor ministro de Ciencia y Tecnología.
El señor MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señoría.
Aunque le parezca raro, estoy de acuerdo en algunas de las cosas que ha dicho, como, por ejemplo, en que nada es
inmutable. Espero que el día en que vuelvan al Gobierno --deseo que sea lo más tarde posible-- (La señora Aránega Jiménez: No. Será pronto.) recuperen --y, por tanto, no se mantengan en la inmutabilidad-- cierto sentido de la responsabilidad. Lo
digo por lo siguiente.
No intente hacer una campaña política barata, señoría, y no transmita expectativas falsas a gente que, legítimamente, está angustiada. (La señora Aránega Jiménez: No, no es eso.) Ha mencionado al Reino Unido y a Suecia,
como es natural, porque son los dos únicos países de la Unión Europea --somos 13 más, además de los 10 que van a entrar ahora-- que están planteando estas cosas. Y sabe perfectamente que la Comisión Europea acaba de tomar la decisión a nivel
comunitario de establecer una moratoria de un año para financiar con fondos comunitarios la investigación en células madre embrionarias. Y sabe que en muchos países, entre los cuales también los hay de gobiernos socialistas, se tienen enormes dudas
al respecto. Transmitiré su opinión respecto a --¿cómo la ha llamado?-- la calidad
científica a los dirigentes socialdemócratas de Alemania o socialistas finlandeses porque creo que es bueno que sepan cuál es la opinión que desde el Partido Socialista Obrero Español se tiene de ellos. (La señora Aránega Jiménez: Hágalo
pronto.) Estamos ante algo lo suficientemente serio como para que todos hagamos un esfuerzo para no frivolizarlo y usted lo ha hecho con su intervención, señoría. (La señora Aránega Jiménez: No, señor ministro.) Lo siento.
(Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.) El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
--DE DON FELIX LAVILLA MARTINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LOS CRITERIOS EMPLEADOS POR EL GOBIERNO PARA DECIDIR LA REBAJA DE 6.000 MILLONES DE EUROS EN LA GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA LA
OBTENCION DE LAS LICENCIAS DE TERCERA GENERACION DE TELEFONIA MOVIL CON LA TECNOLOGIA DEL SISTEMA UNIVERSAL DE TELECOMUNICACIONES MOVILES (UMTS) (680/000980).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta del excelentísimo señor don Félix Lavilla Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los criterios empleados por el Gobierno para decidir la rebaja de 6.000 millones de euros en la
garantía del cumplimiento de los compromisos adquiridos para la obtención de las licencias de tercera generación de telefonía móvil con la tecnología del Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS).
Tiene la palabra el senador Lavilla
Martínez.
El señor LAVILLA MARTINEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Ministro, esta pregunta es la del millón, de los seis mil euros. Es una opereta en cinco actos sobre la telefonía de tercera generación en uno de los países, España, en
que más caro es navegar por Internet y que ha ofrecido una rebaja en los avales de 6.000 millones de pesetas a las empresas vencedoras del concurso público.
Señor ministro, esta cifra supone construir más de 2.000 hospitales, 5.000 institutos de
secundaria, terminar la autovía de La Plata, la de Sagunto o Somport o todo el AVE del noroeste y conectar, de propina, Soria a Madrid por AVE.
Además, señor ministro, le pregunto también que si antes de firmar o pactar con las compañías, que están
en crisis en todo el mundo, se compromete a dar cuentas de la gestión de su Gobierno al Parlamento, intentar pactar las medidas en sede parlamentaria.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Ciencia y Tecnología.
El señor MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente.
Como sabe su señoría no tengo jamás inconveniente en acudir al Parlamento a explicar lo que haga falta. En este caso, además, voy a venir muy
tranquilo y cuando analicen las medidas estoy seguro de que voy a recibir el consenso de su grupo parlamentario porque, si no, nadie lo entendería.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
En turno de réplica, tiene la palabra el senador Lavilla Martínez.
El señor LAVILLA MARTINEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, en todo este proceso el Gobierno, en una opereta en cinco actos, lo único que ha hecho es generar incertidumbre en el sector. En un primer acto, señor ministro,
el Gobierno con unas expectativas mundiales de crecimiento regaló prácticamente las licencias de móvil, a cambio, según dijo, de que los precios de conexión fueran los más baratos de Europa y con un compromiso muy importante de realizar unas
inversiones.
Posteriormente, se pasa al segundo acto. Hay una crisis mundial y las operadoras exigen al Gobierno ciertas medidas. Según las operadoras el cáncer a su gestión es sobre todo la incertidumbre legislativa, y hemos tenido oportunidad
de conocerlo directamente de responsables de estas operadoras. Su antecesora en el cargo, la señora Virulés, impuso un tasazo de 962 millones de euros anuales, propuesta, como usted sabe, señor ministro, que no se discutió en el parlamento, ni
tampoco con los afectados. El partido socialista advirtió en aquel momento --y usted lo recordará-- de las consecuencias nefastas de esta incertidumbre inyectada por vía legislativa.
El tercer acto es la rebaja; de los 962 millones de euros se
pasa a 350 millones. La señora ministra dijo que el problema correspondía a las compañías y que éstas tenían que cumplir con lo prometido. A esto se le denominó el gran farol.
Llegamos a este momento, señor ministro --y termino ya--, en el que se
ofrece esa rebaja, pero hoy podemos leer en la prensa que las operadoras pueden tener que pagar una serie de impuestos municipales; con lo cual se vuelve a inyectar incertidumbre, mientras que el 30 por ciento de los trabajadores del sector ha sido
despedido.
Señor ministro, yo le pido que garantice más estabilidad legislativa y un mayor compromiso para que la incertidumbre no atenace al sector y perjudique a los consumidores.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
En turno de dúplica, tiene la palabra el señor ministro de Ciencia y Tecnología.
El señor MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señoría. Ya que usted ha hablado de una obra en varios actos, yo podría hablar también en estos términos.
Imagínese una obra en
la que el primer acto es decir que se va a mantener el monopolio en las telecomunicaciones hasta el año 2003. ¡Imagínese ese primer acto! (Rumores.) Si me lo permiten, seguiré con un segundo acto.
(Risas.) El segundo acto es que se critique al
Gobierno por hacer concursos y no subastas, y su grupo parlamentario efectivamente fue de los más activos en ese sentido. Afortunadamente no les hicimos ningún caso porque en buena medida las dificultades mundiales de los operadores de telefonía
móvil se derivan de un sistema absolutamente injusto y que se ha demostrado como absolutamente ineficaz.
Puedo seguir con muchos más actos, pero lo que le quiero transmitir, señoría, es que es importante que, cuando hablamos de un sector tan vital
y estratégico para el futuro del país como el sector de las telecomunicaciones, hagan ustedes un cierto ejercicio de comprensión de cuál es la situación y compartan con el Gobierno las medidas necesarias, porque son las que necesita el sector. Yo
espero que eso suceda, y no voy a entrar en ninguna de las otras consideraciones del pasado porque el pasado no les permite a ustedes tener mucha autoridad moral respecto al sector de las telecomunicaciones.
Muchas gracias, señor presidente.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
--DE DON ADOLFO ABEJON ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA VALORACION DEL GOBIERNO ACERCA DE LA CELEBRACION DE LA SEMANA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA 2002 (680/000991).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Adolfo Abejón Ortega, del Grupo Parlamentario Popular, sobre la valoración del Gobierno acerca de la celebración de la «Semana de la Ciencia y Tecnología 2002».
Tiene la palabra el señor Abejón Ortega.
El señor ABEJON ORTEGA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, el sigo XXI ha iniciado su andadura con una nueva era de la ciencia y de la tecnología. Al penetrar la ciencia en la molécula de la vida se han abierto fronteras de
conocimientos antes insospechadas, con posibilidades como aquí se ha dicho para el tratamiento y la prevención de enfermedades, el diseño de fármacos, o la manipulación genética del ser humano. Pero, al mismo tiempo, este enorme avance plantea
también enormes retos sociales; la ciencia en su desarrollo futuro es cada vez más un reto colectivo; una sociedad científicamente culta y tecnológicamente informada es imprescindible para que los países avancen en capacidad de innovación, factor
clave para el bienestar social.
Hoy podemos decir con satisfacción que ha tomado cuerpo la advertencia que realizaba a finales del siglo XVIII nuestro relevante político y escritor gijonés Gaspar Melchor de Jovellanos cuando afirmaba: «¿De qué
servirá que atesoréis ciencia, si no la sabéis anunciar? Para anunciar la ciencia es menester persuadirla y para persuadirla es preciso despejar la complejidad y simplificarla, acomodarla a la comprensión general e inspirarla con la fuerza que
fecunda la imaginación y cautiva virtuosamente la atención de las mentes.» La «Semana de la Ciencia y de la Tecnología» celebrada en toda España entre el 4 y el 17 de noviembre y promovida por su ministerio es un buen ejercicio práctico del
pensamiento de este relevante ilustrado para incrementar la sensibilidad social y crear su necesaria cultura científica y tecnológica entre sus ciudadanos.
Señor ministro, un ciudadano bien informado es la mejor base de una sociedad democrática.
Para ello es necesario que la gente sepa cómo funciona la ciencia, lo que significa para el progreso de la salud y lo que los científicos pueden hacer y lo que no pueden hacer, como ha quedado de manifiesto en una pregunta anteriormente planteada.
Por todo ello, a la vez que le felicito por la celebración de la Semana Tecnológica y Científica, le formulo la siguiente pregunta: ¿ Cómo valora el Gobierno de la nación la Semana de la Ciencia y Tecnología 2002? Muchas gracias. (El señor
Rodríguez Cantero: ¡Ahí queda eso!) El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Ciencia y Tecnología.
El señor MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría.
El objetivo de la segunda celebración nacional de esta semana de la ciencia y de la tecnología es acercar el
conocimiento científico y tecnológico a toda la sociedad y hacerla partícipe de los resultados de la I+De+i mediante acciones de difusión y divulgación.
La valoración que hacemos es positiva. Acaba de finalizar y, por tanto, tenemos que hacer una
evaluación más rigurosa y más completa, pero creo que ha recibido una evaluación positiva por buena parte de la sociedad española.
Los resultados de una encuesta reciente elaborada por la Fundación española para la Ciencia y la Tecnología sobre la
percepción social de la ciencia en España nos muestra que los ciudadanos españoles poseen una imagen claramente positiva y pragmática de la ciencia y de la tecnología y manifiestan un interés elevado para las cuestiones científicas y tecnológicas,
pero, por otra parte, valoran negativamente el nivel de información del que disponen respecto a estos temas considerando, además, que la investigación
debería ser todavía más una prioridad para los gobiernos. De ahí la importancia que iniciativas como la Semana tienen y de ahí la reflexión que tenemos que hacernos en relación al papel que han de desempeñar los medios de comunicación
social cuando hablamos de temas científicos y tecnológicos.
En este contexto, la semana de la ciencia y de la tecnología, que es una iniciativa del Ministerio de Ciencia y Tecnología coordinada con muchas de las comunidades autónomas y la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología, cuenta con la financiación correspondiente de actividades dentro del Plan Nacional de I+D+i. En la misma han participado más de 250 entidades, entre OPI, universidades, centros tecnológicos, museos,
fundaciones, reales academias y otras instituciones, y se han realizado más de 900 actividades por todo el territorio nacional: encuentros y conferencias, jornadas de puertas abiertas, cursos y actividades de experimentación, excursiones,
exposiciones o concursos, lográndose un nivel altísimo de participación ciudadana que, además, ha superado las expectativas iniciales.
En definitiva, señoría, siendo el segundo año de celebración a nivel nacional, podemos hablar ya de un éxito de
la Semana. El número de actividades ha aumentado, la iniciativa se ha consolidado y vamos a seguir trabajando en sucesivas ediciones para reforzar todavía más la colaboración con las comunidades autónomas.
Como antes he dicho --y lo dice
perfectamente esa encuesta-- la propia sociedad española nos lo está demandando.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
--DE DON VICTORINO NUÑEZ RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO PARA LA MEJORA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA (680/000989).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Victorino Núñez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para la mejora de la Administración Pública.
Tiene la palabra el
senador Núñez Rodríguez.
El señor NUÑEZ RODRIGUEZ: Gracias.
Señor Presidente, señor ministro, a alguien podrá parecerle raro o extrañarle que en un día como hoy con el «Prestige» hundido un senador gallego formule otro tipo de preguntas. Nuestras preocupaciones
van evidentemente por otro lado, pero la sincronización del Gobierno del Estado con la Xunta de Galicia hace que la información no requiera de mayores indagaciones. Y paso, por tanto, a formular la pregunta que estaba presentada con anterioridad.
Señor ministro, hay pocos momentos, por no decir ninguno, en la vida de un ciudadano en que su actuar no venga condicionado o influenciado por alguna de las administraciones que le circundan. El ciudadano español se encuentra cada día rodeado de
actuaciones de la Administración central, de la autonómica, de la provincial o de la municipal, por hablar sólo de las administraciones territoriales. De ahí la importancia que tiene un buen funcionamiento de la Administración, y de ahí la
justificación del ciudadano ante la calidad del funcionamiento de una Administración.
Históricamente, la Administración española no ha sido buena --queremos ser benignos, dejémoslo en eso, en que no ha sido buena, por no decir que ha sido mala--;
quizá en el siglo XIX la situación la resumía el «vuelva usted mañana» de Larra; la primera mitad larga del siglo XX no fue excepción, y a pesar de los buenos deseos de la ley de procedimiento de 1958, que señalaba como objetivos, la celeridad, la
eficacia y la economía del procedimiento, no se alcanzaron cotas asumibles y aceptables hasta el primer gran impulso renovador de la Administración que dio el primer gobierno de la UCD. Después hubo intentos y esfuerzos, y hoy, afortunadamente, la
situación de la Administración no es la misma.
Como conozco la dedicación con que el señor ministro enfrenta sus responsabilidades y como conozco también sus manifestaciones en su comparecencia en la Comisión de Interior y Régimen de las
Administraciones Públicas, que tengo el honor de presidir, señalando como una de sus preocupaciones la adopción de una serie de medidas tendentes a la mejora de la Administración, transcurridos dos meses; le formulo la siguiente pregunta: ¿cuáles
son los medidas que ha adoptado o que piensa adoptar el Gobierno para la mejora de la Administración? Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Arenas Bocanegra): Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señoría, por formularme esta pregunta, especialmente en el día de hoy en que sus anhelos y preocupaciones están muy cerca
de la problemática que se vive en su tierra en estos momentos.
Tuve ocasión de plantear ante la comisión correspondiente del Senado, como objetivos de nuestro departamento, una reforma integral de las administraciones públicas en España, y este
objetivo viene formulado porque, sin duda, en los últimos años se han producido dos procesos, uno ascendente y otro descendente; el primero, la incorporación plena de España en la Unión Europea, y el segundo, el cambio extraordinario que se ha
producido en España en la distribución del poder político, que ha venido acompañado de un proceso de traspasos de competencias extraordinariamente importante y también de traspaso de efectivos de personal.
Anticipé también en esa comisión
parlamentaria que el objetivo de nuestro departamento era formular esas políticas de cambio en la Administración a través del diálogo, y
estoy convencido de que es imprescindible un gran pacto de Estado en torno a la función pública, similar al que en su día se hizo con motivo de las pensiones, que consiga alcanzar un triple acuerdo: político, con los principales grupos
parlamentarios, social, con las organizaciones sociales, y con las administraciones autonómicas y locales.
Ese sigue siendo un objetivo muy importante de nuestro departamento, pero no puedo dejar de resaltar la importancia que tiene el reciente
acuerdo que hemos firmado por dos años con los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios. Es un acuerdo por dos años, que significa el número 14 en las etapas de Gobierno del presidente Aznar y que
vuelve a poner de manifiesto cómo el diálogo sigue siendo una pieza fundamental, desde la convicción, a la hora de plantear las políticas de nuestro Gobierno. Ese es un acuerdo por la modernización, por la mejora de la calidad de los servicios de
la Administración Pública, que yo estoy convencido de que lo van a notar los ciudadanos, porque va a suponer, por ejemplo, señorías, que en muchos casos no tengamos que decir: vuelva usted mañana, sino que con el incremento de los horarios de
atención podamos decir, al menos, vuelva usted por la tarde; va a suponer una mejor formación de los funcionarios; supone una lucha muy importante contra el absentismo laboral en la Administración; supone un avance importante en la conciliación
de la vida laboral y familiar de los propios funcionarios; supone una mejor formación de los funcionarios en nuevas tecnologías en idiomas; supone un incremento del complemento de destino y de las pagas extras de los funcionarios que, en mi
opinión, es merecido y que se puede cuantificar en un 0,7.
Por tanto, yo tengo la esperanza de que a través de este acuerdo bianual, podamos hablar en los próximos años de que hemos dado un paso adelante en la modernización de la Administración
pública, y no cabe más sinónimo, a la hora de hablar de modernización de la Administración Pública que el de cercanía de la Administración a los ciudadanos, y lo hacemos, como siempre, dialogando y dialogando y alcanzando un acuerdo con los
sindicatos.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
--DE DON CARLOS CHIVITE CORNAGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA QUE LAS DECISIONES ADOPTADAS CON RESPECTO A LA FABRICACION DE AUTOMOVILES EN LA FACTORIA DE VOLKSWAGEN EN LA COMUNIDAD
FORAL DE NAVARRA TENGAN EL MENOR IMPACTO ECONOMICO Y LA MENOR REPERCUSION SOCIAL Y LABORAL EN DICHA COMUNIDAD (680/000955).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Carlos Chivite Cornago, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para que las decisiones adoptadas con respecto a la fabricación de
automóviles en la factoría de Volkswagen en la Comunidad Foral de Navarra tengan el menor impacto económico y la menor repercusión social y laboral en dicha comunidad.
Tiene la palabra el senador Chivite Cornago.
El señor CHIVITE CORNAGO: Gracias, señor presidente.
Les veo a ustedes hoy, 20 de noviembre, un poco apáticos y tristes.
(Rumores y protestas.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor CHIVITE CORNAGO: Señor presidente, lo digo por los resultados de las encuestas de ayer, que no dan motivo para su alegría. (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor CHIVITE CORNAGO: Gracias, señor presidente.
Cuando menos estarán tan tristes como los trabajadores y familias de la factoría de Volkswagen. Usted conoce la pregunta y conoce esta cuestión y ahora me gustaría que sus respuestas
contribuyesen a resolver dudas e incertidumbres de los trabajadores de dicha factoría y del conjunto de Navarra.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Zaplana Hernández-Soro): Gracias, señor presidente.
Señoría, le acompaño en su sentimiento por la fecha de hoy. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.-- Rumores.) El
señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Zaplana Hernández-Soro): En cualquier caso, he de decirle que el conflicto existente en la factoría de Navarra surge por la no aceptación inicialmente por el comité de empresa de Volkswagen
de la propuesta de la dirección de la factoría que suponía reducir la jornada y el sueldo en un 10 por ciento, así como la creación de una bolsa de trabajo. Pero estoy seguro de que tenemos tiempo suficiente para alcanzar un acuerdo y estamos
tomando las medidas necesarias para que así sea.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
En turno de réplica, tiene la palabra el senador Chivite Cornago.
El señor CHIVITE CORNAGO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, creo que usted está trasladando a través de los medios de comunicación lo mismo que nos acaba de trasladar ahora: que no hay problema, que la producción va a mantenerse, que las inversiones están garantizadas; que no hay
excedentes de plantilla, etcétera.
Supongo que para usted, señor ministro, que no trabaja en Volkswagen, ni en una empresa filial y tampoco vive en Navarra, no supone ningún problema que la empresa haya decidido desde Wolfsburg reducir un 16 por
ciento la producción; supongo que no será un problema para usted que la empresa haya decidido presentar el pasado viernes un expediente de 590 despidos; supongo que no será un problema para usted que aspire a una mayor flexibilidad con menos
sueldo y supongo que tampoco constituirá un problema para usted todos los empleos indirectos que van a perderse.
Señor ministro, en Volkswagen hay problemas y también en el sector de la automoción; problemas estructurales derivados de la caída de
las ventas de automóviles; hay problemas estructurales derivados de la derivación --valga la redundancia-- de la producción a lugares del Este como Eslovaquia; hay problemas en Volkswagen tan graves como el que afecta a 45.000 trabajadores.
Señor
ministro, el sector de la automoción aporta el 33 por ciento de la producción industrial de Navarra y supone el 50 por ciento de las exportaciones. Para usted no habrá ningún problema. Para las 300 empresas dependientes de Volkswagen sí y para los
más de 45.000 trabajadores y sus familias también. Señor ministro, no haga con Volkswagen como hicieron con la huelga general del 20 de junio, que no existió según ustedes. Es que no hay problemas para ustedes.
Usted acudió a Navarra el 7 de
noviembre. Entonces el expediente afectaba a 500 trabajadores; 15 días después a 590. Por favor, ¡no vaya más por allí, porque acaba con la factoría! Los sindicatos han presentado su alternativa. El problema es que no están dispuestos a lo que
constituye --lo sume como lo sume-- una reducción de empleo y una mayor precariedad.
Más paro, más precariedad, igual a mayor inseguridad. A eso es a lo que los sindicatos se oponen y quieren negociar. ¿Y qué quieren negociar? Señor ministro,
primero, garantizar el nivel de producción a través de nuevos modelos. Segundo, garantizar las inversiones programadas por la nueva nave de pintura. Tercero, garantizar el nivel de empleo, no reducción ni extinción. Y cuarto, garantizar que a
mayor flexibilidad, mejor salario. Déjese, señor ministro, de campaña electoral...
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En turno de dúplica, tiene la palabra el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Zaplana Hernández-Soro): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, fíjese si soy consciente de la existencia del problema, que al margen de muchísimas conversaciones y negociaciones, el
pasado día 7 de noviembre, como muy bien ha dicho su señoría, me desplacé a Pamplona y tuve una reunión con el comité de empresa, con los representantes sindicales, con representantes del Gobierno de Navarra y de la propia empresa. Y allí llegamos
a unos acuerdos que se van a cumplir, si todos ejercemos nuestra responsabilidad, y estoy seguro de que va a ser así. El objetivo principal que me movía a desplazarme allí era que no se perdieran puestos de trabajo. Y a fecha de hoy, y según la
información de la que disponía ayer mismo, se están haciendo los ejercicios de diálogo oportunos para que no se pierda ni un solo puesto de trabajo. Yo confío en que cuando se llegue a un acuerdo --soy optimista y creo que se va a llegar--, su
señoría también nos felicite por las gestiones realizadas.
En cualquier caso, su señoría dice que le preocupa el paro, la precariedad y la inseguridad. Yo estoy seguro de que eso nos preocupa a todos, fundamentalmente a los trabajadores de la
factoría y de toda España. Por eso sabe su señoría que ellos aciertan cuando eligen a las personas que tienen que dirigir las políticas para que no haya más paro, más inseguridad y más precariedad, porque hace muy poco tiempo sabían quién traía el
paro, la inseguridad y la precariedad a este país, y quién ha corregido esa situación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
--DE DON JUAN PEDRO HERNANDEZ RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA COMPENSAR A LOS MUNICIPIOS QUE SE VERAN AFECTADOS TRAS LA SUPRESION DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS (IAE)
(680/000984).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Juan Pedro Hernández Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las medidas previstas por el Gobierno para compensar a los municipios que se verán afectados tras la supresión del Impuesto sobre
Actividades Económicas.
Tiene la palabra el senador Hernández Rodríguez.
El señor HERNANDEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, actualmente se tramita en esta Cámara la reforma de la Ley 29/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. La modificación más importante y
trascendente para las corporaciones locales, es, sin duda, la supresión del Impuesto sobre Actividades Económicas, para aquellos sujetos pasivos cuya facturación es inferior al millón de euros. Valoramos positivamente todas las medidas encaminadas
a fomentar el empleo, a apoyar a la pequeña y mediana empresa, pero que no vayan en detrimento de las arcas municipales.
Así en las corporaciones locales vemos con gran preocupación esta exención, ya que ello puede suponer reducir considerablemente
los presupuestos municipales en muchos casos, lo que llevaría si no se compensa, a tener que reducir servicios o, si se quieren mantener, a gravar otros
impuestos. No se quiere que sea el ciudadano el que sufra esta modificación, y espero que el Gobierno también comparta este deseo.
Sé que se han celebrado reuniones con los representantes de las asociaciones municipales, y quisiera saber a
qué acuerdo se ha llegado para compensar la exención de este impuesto, y si se va a tener en cuenta también la especificidad de los municipios canarios, según se recogió en la proposición no de ley aprobada en el Congreso de los Diputados por todos
los grupos políticos.
Gracias, señor ministro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Hacienda.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Muchas gracias, señor presidente.
Como sus señorías conocen, el Gobierno ha llevado adelante un acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias, conseguido el pasado lunes por
la tarde- noche, que ayer mismo fue ratificado por el Comité Ejecutivo de la FEMP. En ese acuerdo se establece el mecanismo de compensación total para los ayuntamientos españoles por la merma de recaudación que se derive de la supresión del
Impuesto sobre Actividades Económicas. Es una excelente noticia para 2.100.000 autónomos, profesionales, pequeños comerciantes, pequeños empresarios, que son el corazón mismo de la economía de nuestros pueblos y ciudades, e impulsores de la
creación de empleo en España.
En ese acuerdo hemos precisado los términos de la compensación en desarrollo de lo previsto en la propia ley general de presupuestos para el año próximo, que se está tramitando en estas Cortes, y en la ley de haciendas
locales. En la ley de presupuestos se establece un crédito ampliable y en la ley de haciendas locales --su señoría ha recordado que está en tramitación en esta Cámara-- se podrá plasmar este procedimiento acordado para compensar a los
ayuntamientos, lo que supondrá que ningún ayuntamiento tendrá que subir ningún impuesto para compensar la supresión del impuesto sobre actividades económicas.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
En turno de réplica tiene la palabra el senador Hernández Rodríguez.
El señor HERNANDEZ RODRIGUEZ: Gracias, señor ministro.
Señor presidente, estos acuerdos nos satisfacen, porque en principio se dijo que a aquellos municipios con más de 100.000 habitantes se les compensaba con participación en los tributos
del Estado, posteriormente se rebajaba a municipios con 50.000 habitantes, y ayer o anteayer la prensa decía que en esos acuerdos con la FEMP entraban también aquellos municipios turísticos mayores de 20.000 habitantes. De sus palabras se desprende
que todos los municipios, independientemente de su número de habitantes y de su sector económico, van a beneficiarse en la misma medida de la diferencia que les supone la supresión del impuesto de actividades económicas. Por tanto, creo que es un
buen acuerdo, es una gran satisfacción y todos debemos estar muy satisfechos, porque si efectivamente es así, no habrá que gravar con impuestos a los vecinos y, por supuesto, tampoco tendremos que suprimir servicios.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno de dúplica tiene la palabra el señor ministro de Hacienda.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Efectivamente, señoría, como sus palabras reconocen, el conjunto del sistema de financiación local, además de tener en cuenta la especificidad del régimen económico
y fiscal de Canarias, aumenta la suficiencia financiera de nuestras corporaciones locales --ayuntamientos y cabildos insulares--. En definitiva, desde el presupuesto del Estado se dota de un incremento de recursos que va a compensar la merma de
recaudación que se deriva de la supresión del impuesto sobre actividades económicas.
Estamos, pues, ante un excelente acuerdo para todos, un acuerdo que refuerza el municipalismo en nuestro país, refuerza el papel de las corporaciones locales en la
estructura del Estado español y se asienta sobre una dotación presupuestaria mayor que garantiza la calidad de los servicios municipales para nuestros ciudadanos que, en definitiva, son también nuestros contribuyentes.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
--DE DOÑA MARIA DEL MAR SIMONELLI MUÑOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE ADOPTARA EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR LA FINANCIACION DE LAS CORPORACIONES LOCALES (680/000990).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la Excelentísima señora doña María del Mar Simonelli, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas que adoptará el Gobierno para garantizar la financiación de las corporaciones locales.
Tiene la palabra la senadora Simonelli Muñoz.
La señora SIMONELLI MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, señorías, en el programa electoral con el que el Partido Popular se presentó a las elecciones generales de 2000 figuraba el compromiso de hacer desaparecer el
impuesto de actividades económicas para la mayoría de las empresas.
Dicho compromiso respondía al convencimiento de que es un impuesto obsoleto y desfasado, que perjudica la creación
y el desenvolvimiento de las pequeñas y medianas empresas en nuestros pueblos y ciudades y, por tanto, supone una carga innecesaria para las entidades que generan el mayor número de empleo en nuestro país.
Al mismo tiempo, es una idea
compartida por todas las fuerzas políticas que las corporaciones locales constituyen la administración más cercana al ciudadano, y que en los últimos 25 años han ido asumiendo cada vez más competencias sin que sus fuentes de financiación hayan
experimentado un crecimiento parejo a ese aumento de los servicios prestados por las mismas.
Por ello, el Partido Popular ha puesto de manifiesto reiteradamente la necesidad de que una vez completado en gran medida el proceso de transferencias a
las comunidades autónomas y negociado con las mismas un nuevo sistema de financiación autonómico, el siguiente paso debe ser un segundo proceso de descentralización dirigido a las corporaciones locales que lleve aparejado, como ya se ha indicado, la
negociación de un nuevo sistema de financiación para estas últimas.
En cumplimiento del compromiso electoral al que antes hice mención, el Gobierno ha acordado con la Federación Española de Municipios y Provincias la citada revisión del sistema de
financiación y enviado a las Cortes Generales un proyecto de reforma de la Ley reguladora de las haciendas locales, que incluye la citada desaparición del IAE.
En función de lo expuesto, señor ministro, le pregunto por las medidas que adoptará el
gobierno para garantizar la financiación de las corporaciones locales.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Hacienda.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Señoría, como usted acertadamente ha recordado, la supresión para 2003 del Impuesto sobre Actividades Económicas, medida que va a beneficiar a más de dos millones
cien mil contribuyentes en España, es la plasmación de un compromiso electoral con el que el Partido Popular concurrió a las Cortes y que este Gobierno está llevando adelante. Además de la reducción del IAE, también está prevista la reducción del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y la congelación de los Impuestos Especiales. Así pues, en 2003 se va a concretar la reducción de importantes tributos para los españoles.
Como su señoría ha identificado correctamente, el mecanismo
de financiación que se prevé en el acuerdo alcanzado por el Gobierno con la Federación Española de Municipios y Provincias dota de suficiencia financiera a nuestras corporaciones locales y amplía la capacidad de decisión de éstas a la hora de
plasmar su política tributaria.
La reforma tributaria local viene respaldada por un crédito ampliable en los Presupuestos Generales del Estado para 2003, como he señalado en mi respuesta anterior. Dicho crédito salvaguarda en 2003 la suficiencia
financiera de todas las corporaciones locales que se ven involucradas en la supresión del IAE. De esta manera el Estado compensará la pérdida de recaudación por la supresión del IAE en el año mismo de su entrada en vigor a través de un sistema de
pago a cuenta. Tal como se acordó --el acuerdo se cerró este mismo lunes--, la pérdida se calculará como la diferencia entre la recaudación líquida del año 2003 y la recaudación líquida de 2000. Una vez determinada dicha compensación, así como su
distribución individual, su importe se consolidará de cara a la financiación de años sucesivos.
Por otra parte, se ha llevado a cabo una rebaja del límite de población de los municipios que podrán beneficiarse de la cesión del IRPF, el IVA y los
Impuestos Especiales. Así, del umbral de los 100.000 habitantes, propuesto inicialmente por el Gobierno, se ha pasado a los 75.000.
Asimismo, se crea una nueva definición de municipio turístico para aquellos que tengan más de 20.000 habitantes,
que acceden a la prestación de los Impuestos Especiales de hidrocarburos y tabaco.
Con todas estas mejoras, que se introducirán en el trámite del Senado, durante el año próximo se plasmará esta importante idea, es decir, una política de reducción
de tributos que estimulará la actividad económica, favorecerá la creación de empleo, e impulsará a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, como auténticos protagonistas de nuestra recuperación económica.
Muchas gracias, señor presidente.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
INTERPELACIONES:
--DE DON ANXO MANUEL QUINTANA GONZALEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO ACERCA DE LA GESTION INTEGRA POR PARTE DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DE LOS FONDOS EUROPEOS A UTILIZAR EN SU AMBITO TERRITORIAL
(670/000165).
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día: Interpelaciones.
Interpelación del excelentísimo señor don Anxo Manuel Quintana González, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política del Gobierno acerca de la gestión íntegra por
parte de las comunidades autónomas de los fondos europeos a utilizar en su ámbito territorial.
Para exponer la interpelación, tiene la palabra el senador Quintana.
El señor QUINTANA GONZALEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, señorías, Europa lleva tiempo apostando por la gestión descentralizada de los fondos regionales. El programa de reformas de la Agenda 2000 centra sus prioridades en
una gestión descentralizada y simplificada, y la descentralización de la toma de decisiones y la flexibilidad y capacidad de adaptación a cada problema y a cada
territorio son los principios que inspiran el funcionamiento de diferentes programas europeos.
El diagnóstico unánime es que la apuesta por la descentralización y la territorialización, lejos de pasar a aminorarse, va a multiplicarse y
extenderse a todas las políticas y ámbitos de funcionamiento de la Unión Europea. La propia Comisión, y no digamos ya el Parlamento Europeo, llevan tiempo impulsando el principio de subsidiariedad y la territorialización de la Unión Europea y,
sobre todo, la toma de decisión y la gestión de los fondos de la propia Unión. No se trata de una mera descentralización administrativa. La Comisión ha declarado expresamente que el objetivo es descentralizar la decisión política, regionalizar las
decisiones, el diseño de los programas y las estrategias a aplicar en cada caso.
La gestión directa de los fondos europeos por las regiones es una de las herramientas que van a construir el futuro de Europa; es el futuro que quiere Europa y es,
además, una demanda social de los ciudadanos europeos. El Bloque Nacionalista Galego quiere saber si el Gobierno español va a seguir obstinándose en su actual actitud basada en una concepción centralista o va a optar por el futuro, por la
modernidad que llega desde Europa y desde naciones como Galicia. Para Galicia la respuesta a esta pregunta es capital. A las puertas de la ampliación, los próximos cinco años van a ser nuestra última oportunidad para disponer de recursos europeos
imprescindibles para abandonar el furgón de cola de Europa y empezar a converger de verdad con el bienestar y la riqueza europea, y no sólo converger en propaganda.
Esta no es para Galicia una mera decisión administrativa o técnica, no es un simple
problema de gestión, sino que es una cuestión de capital importancia política para poder gestionar nuestro futuro directamente, para constatar cómo entiende Madrid y el Gobierno central sus relaciones con Galicia, si desde la cooperación o desde el
conflicto y la desconfianza. Vivimos en los tiempos del «partenariado», de la cooperación entre administraciones para dar solución a los problemas de los ciudadanos. Los tiempos del regateo a corto plazo y la lucha a muerte por las competencias y
su control deben quedar en el pasado. Hoy el juego se llama cooperación, cogestión, codecisión y corresponsabilidad. La participación directa de las regiones en la gestión de los fondos europeos es un paso adelante en la buena dirección, en la
construcción de una Europa de los ciudadanos y de los pueblos. (El señor vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) Lejos de seguir oponiéndose, el Gobierno debería impulsar este reparto inteligente del trabajo; todo serían ventajas, hay
mucho que ganar y nada que perder. Se ganaría en eficiencia por cuanto se trabaja sobre el terreno y con información de primera mano, aprovechando las oportunidades y la gestión de las redes locales; se gana en eficacia en cuanto que se puede
evaluar mejor el impacto de las decisiones y con la colaboración directa de sus beneficiarios y usuarios potenciales; se gana en capacidad de respuesta en cuanto que se aprovecha la información y los recursos locales, en lugar de empezar siempre
desde cero y volver a cometer los mismos errores que antes; se gana también en democracia y transparencia por cuanto que se acerca la gestión a los ciudadanos y se vuelve más accesible, se hace más visible y comprensible y, por tanto, también más
controlable, pero, sobre todo, se responde de la mejor manera posible a la pluralidad territorial y nacional del Estado español. Oponerse a este tipo de avances no sólo es anticuado, desde nuestro punto de vista, sino que demuestra que se tiene una
visión de España uniforme, unitaria, lejos de lo que ésta debe ser, una visión anticuada y rancia, una visión que no se corresponde con la de la mayoría de los ciudadanos gallegos y queremos creer que tampoco con la de la mayoría de los ciudadanos
del Estado.
Este tipo de descentralización y dotación de autonomía está en el espíritu de la propia Constitución, sobre esos principios se diseñó el Estado español moderno. Es el momento de demostrar esa apuesta de lealtad a al Constitución con
hechos, y no sólo con palabras.
La política de cohesión económica y social de la Unión Europea, recogida en los artículos 158 y 162 del Tratado de Amsterdam, pretenden favorecer la disminución de las diferencias entre las distintas partes de Europa
en términos de riqueza y de bienestar. El análisis de los fondos correspondientes al período 1994-1999 demuestra que de la totalidad de los fondos estructurales y de cohesión destinados a Galicia sólo una pequeña parte fue gestionada por la
comunidad autónoma. El marco de apoyo comunitario en ese período 1994-1999, integrado por dos submarcos, el regional y el plurirregional, en lo que respecta a Galicia tuvo un montante total de 3.532 ecus de aquellos del año 1994. De todos estos
fondos, la comunidad autónoma gallega sólo pudo gestionar directamente el 35 por ciento, siendo la Administración del Estado quien gestionó el 65 por ciento restante, incluso si incluyéramos en ese montante los fondos IFOP como gestionados por la
Administración autonómica, el reparto porcentual quedaría en un 42 por ciento por la comunidad autónoma y un 58 por ciento por la Administración del Estado.
El Marco de Apoyo Comunitario 2000-2006, aprobado el 19 de octubre del año 2000, contempla
intervenciones comunitarias que implican un volumen total de fondos estructurales de 5.407 millones de euros del año 2000. De todos ellos, la previsión es que el Estado gestione el 64 por ciento y la comunidad autónoma el 36 por ciento restante, y
este porcentaje disminuye aún más y en contra del porcentaje de la comunidad autónoma si introducimos y aumentamos a estos fondos las iniciativas comunitarias o el fondo de cohesión.
Señor ministro, ¿a qué tiene miedo el Gobierno? Sabemos cuáles
son las ventajas de decir sí a este paso, acabo de exponerlas, y no sabemos las razones del no a este tipo de propuestas. ¿Qué gana negándose tan tozudamente como han hecho hasta ahora? ¿Qué bienes supremos están protegiendo? Señor ministro, las
autonomías son Estado también, saben administrar y gestionar, de hecho administran, y bastante bien, más de la mitad del gasto público de este país. Su competencia y profesionalidad están fuera de discusión, pueden y saben hacerlo. Si ustedes lo
que quieren es modernidad, más Europa, transparencia, eficiencia y eficacia deben explicar de forma convincente a esta Cámara,
a esta Cámara de representación territorial, por qué se oponen a la gestión directa y a la participación directa de las naciones y regiones del Estado en el diseño y gestión de las políticas y programas que les van a afectar directamente y
en las que residen la mayor parte de sus expectativas de futuro. Este es el motivo de la interpelación que hoy presentamos al Gobierno.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Quintana.
Para contestar la interpelación, en nombre del Gobierno tiene la palabra el señor ministro de Hacienda.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Señorías, senador Quintana, es habitual que en los debates que hemos mantenido en esta legislatura el senador Quintana y yo, el senador Quintana siempre extrema el
argumento y además lo extrema hasta un punto en que parece que España no sea ni siquiera un Estado de las autonomías.
España es un Estado de las autonomías, como reconoce nuestra Constitución y como el Gobierno de España está desarrollando y ha
desarrollado profundamente en esta última etapa de gobierno, en este último período de sesiones. Tengo que recordar a su señoría qué significado tiene la aprobación de un nuevo sistema de financiación autonómica en nuestro país, que ha profundizado
en la capacidad de decisión propia de nuestras comunidades autónomas en la generación de los recursos presupuestarios que les son intrínsecos. Y también tengo que recordarle a su señoría que ha sido el Gobierno de España, el Gobierno del Partido
Popular el que ha llevado adelante una transformación de la prestación de servicios públicos básicos como han sido la gran transferencia de la educación en la legislatura pasada, la gran transferencia de la sanidad que hemos hecho en esta
legislatura en favor del Estado autonómico, por cierto, la mayor que se ha hecho en toda la historia de España en favor del Estado de las autonomías.
Por tanto, senador, estamos desarrollando ese Estado de las autonomías, y en la materia sobre la
que versa su interpelación, en materia de participación de nuestras comunidades autónomas y su gestión en los fondos comunitarios, esto ya es una realidad. Las comunidades autónomas de España participan en la gestión de los fondos comunitarios, y
por descontado en el diseño --si se quiere denominar así-- de la configuración de esos fondos comunitarios.
Ha venido su señoría a solicitar algo que parece dar a entender que en nuestro país exista una política centralista de gestión de los fondos
comunitarios que no tiene nada que ver con la realidad autonómica de España. Pero eso es habitual en su señoría. Cuando interpela al Gobierno y vierte en él sus críticas usted dibuja un panorama sencillamente inexistente a los efectos de la
presencia de las comunidades autónomas en la gestión de los fondos estructurales.
Señoría, las administraciones autonómicas están involucradas en España en la gestión de los fondos estructurales, y cada vez se va avanzando más desde dos
perspectivas diferentes: En primer lugar, están como beneficiarias de esos fondos y también como responsables directos de ellos. En cuanto que beneficiarias de esos fondos estructurales dentro del Marco Comunitario de Apoyo les corresponden cerca
de 40.000 millones de euros, cifra que genera una inversión inducida total de más de 84.000 millones de euros, lo que supone un esfuerzo añadido al de las autoridades españolas responsables de las políticas de desarrollo. En el caso de Galicia esta
cantidad se eleva a 5.407 millones de euros, lo que en relación con el marco anterior supone un incremento nada menos que de un 22 por ciento. Por tanto, cuando su señoría ha venido a esta tribuna a preocuparse por el futuro de Galicia --como si
Galicia dependiera también de esta interpelación a los efectos de aplicación de esos fondos comunitarios--, su señoría no está aceptando una realidad: Galicia tiene garantizado ese beneficio de los fondos estructurales hasta el año 2006 y, por
cierto, con un incremento muy cuantioso en relación con el marco anterior.
El reparto entre las distintas administraciones públicas se hizo según la asignación efectuada en el período 1994-1999 --asignación que fue actualizada-- teniendo presentes
las transferencias de competencias a las comunidades autónomas que han tenido lugar en estos últimos años, los datos macroeconómicos más recientes y su renta per cápita relativa.
En el período 2000-2006 van a gestionar el 37,6 por ciento de los
fondos del Marco Comunitario de Apoyo. En el caso de Galicia la participación asciende al 45,76 por ciento, la mayor de todas las regiones Objetivo 1.
El resto de recursos se dirige a la cofinanciación de las inversiones de la Administración
General del Estado y de sus organismos y empresas y también de las administraciones locales, estas últimas en torno a un 4,5 por ciento. Los recursos a gestionar directamente por las comunidades autónomas han experimentado un crecimiento global del
22 por ciento en términos reales, cuyo reparto, como he dicho, se ha modulado en función de sus respectivos niveles de renta per cápita. Así, a las que tenían un nivel inferior al 60 por ciento de la media comunitaria, Andalucía y Extremadura, se
les han incrementado sus recursos en un 5 por ciento adicional al incremento global. A las comprendidas entre el 60 y el 70 por ciento, Galicia y Murcia, se les aplica el crecimiento global, y a las restantes, que se sitúan por encima del 70, se
les deduce un 5 por ciento independientemente del incremento global. Así, todas las comunidades autónomas ven incrementados sus recursos en términos reales pero en diferente proporción. Andalucía y Extremadura gestionarán un 28,4 por ciento más de
recursos, Galicia y Murcia un 22,2 por ciento y las restantes un 16,1 por ciento.
Por lo que se refiere a las comunidades autónomas comprendidas en el Objetivo 2, en el período 2002-2006 van a gestionar el 69,76 por ciento de los recursos
programados, mientras la Administración General del Estado y otros organismos y administraciones gestionarán el 30,24 por ciento restante de los 2.748 millones de euros programados. En todas las comunidades autónomas Objetivo 2 se aplica, por
decisión del Consejo Europeo, la misma intensidad de ayuda per cápita.
El reparto por administraciones varía en las distintas comunidades autónomas en función, tanto de los esquemas competenciales existentes como de las propias previsiones inversoras de las diferentes administraciones. Los criterios de reparto
fueron discutidos previamente con las comunidades autónomas, transmitidos a la Comisión Europea y aceptados por éstas.
La distribución del Fondo de Cohesión ha sido, de acuerdo con la normativa de la Unión Europea, la siguiente. Un 50 por ciento
de la dotación para proyectos de transporte y el otro 50 por ciento para proyectos de medio ambiente. La participación de las comunidades autónomas y los ayuntamientos se centra en la presentación de los proyectos de medio ambiente.
La asignación
de los recursos entre las administraciones públicas que intervienen, Administración General del Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos de más de 50.000 habitantes o instituciones municipales que superen este número de habitantes, se hace
anualmente mediante convocatorias de proyectos por parte del Ministerio de Hacienda. En los dos primeros años, 2000 y 2001, del actual período de programación, que se termina en el 2006, se han aprobado para las comunidades autónomas proyectos que
representan una ayuda de 836 millones de euros.
Por otro lado, la participación de las comunidades autónomas viene dada en su calidad de corresponsables en la gestión de los fondos. Además de ser beneficiarias de los fondos, como acabo de relatar,
las comunidades autónomas participan en la gestión de los mismos.
Participan en la elaboración del Plan de desarrollo regional, en el que se establecen sus propios diagnósticos y prioridades, reflejando todas las inversiones que consideran
necesarias para su desarrollo regional en el período de programación, en coordinación con los planes sectoriales que en otros ámbitos se establecen para el conjunto de las regiones.
Igualmente, las comunidades autónomas tienen una importante
participación deliberatoria en la elaboración del Marco de Apoyo Comunitario, que resulta de una negociación entre la Comisión y el Estado miembro.
En ese marco se precisa el total de fondos estructurales que se va a aplicar en cada una de las
regiones beneficiarias, que responden a la propuesta hecha por el Gobierno y aceptada por la Comisión Europea. La distribución de dicho montante, entre las diferentes prioridades o líneas de gasto, responde a la discusión realizada en la
negociación del Marco de Apoyo Comunitario sobre la estrategia y prioridades a seguir en cada región. En esa discusión las comunidades autónomas participaron directamente y plantearon sus propias alternativas en lo que se refiere a sus ámbitos de
competencia.
El proceso de programación termina con la aprobación por parte de la Comisión Europea de los denominados programas operativos, entre los que cabe distinguir los programas regionales y los programas plurirregionales. En los denominados
programas regionales se reflejan las actuaciones a cofinanciar que se van a realizar en cada región, y en ellas intervienen las administraciones autonómicas. En la actualidad hay aprobados 42 programas operativos en los que intervienen los
diferentes fondos estructurales, de los que 26 son de carácter regional, si bien en cada programa operativo las comunidades autónomas no figuran como únicos ejecutores o beneficiarios, sino que comparten la ejecución con instituciones como los
Ministerios de Fomento, Medio Ambiente o Agricultura, Pesca y Alimentación.
Señorías, es indiscutible que para la mejor defensa de los intereses del conjunto de las comunidades autónomas beneficiarias de los fondos comunitarios tiene que haber una
gestión integral con un único interlocutor ante la Comisión Europea; un interlocutor que coordine todas las instituciones que intervienen en los programas.
La gestión más laboriosa y compleja de los fondos estructurales es la que se refiere a la
tramitación de los datos de todos y cada uno de los proyectos. La responsabilidad en la ejecución presupuestaria recae sobre la institución pública que realiza el gasto con cargo a su propio presupuesto, ya sean departamentos ministeriales,
comunidades autónomas o corporaciones locales.
Cada organismo que interviene en la gestión, en particular las comunidades autónomas, están sujetas a unas obligaciones que están especificadas en el Marco de Apoyo Comunitario y desarrolladas en los
programas operativos. Entre estas obligaciones destacan la recogida de datos financieros, la elaboración de informes parciales sobre sus actuaciones y su contabilidad, que deberá estar en todo momento a disposición de las autoridades de control
financiero tanto nacionales como comunitarias.
Las comunidades autónomas participan por derecho propio en los comités de seguimiento del Marco de Apoyo Comunitario y copresiden los comités de seguimiento de los programas operativos de carácter
regional, así como los correspondientes grupos técnicos de evaluación.
De acuerdo con la Comisión Europea, se ha convenido que la autoridad de gestión sea la Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial, del Ministerio de
Hacienda, para el período 2000-2006. Esta dirección general está ejerciendo la gestión de acuerdo con las normas establecidas y entre sus cometidos está también el de recordar las obligaciones contraídas por los participantes en cada programa,
coordinar los esfuerzos y acordar las modificaciones que se consideren necesarias.
Este modelo de coordinación con la Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial del Ministerio de Hacienda es el más congruente con la
estructura autonómica de nuestra Administración. Es un sistema eficiente y garantiza además la participación equilibrada de todas las Administraciones.
El saneamiento de las cuentas públicas en todas las Administraciones --central, autonómica y
local-- nos ha servido para garantizar la cofinanciación y la continuidad de los proyectos públicos y para aprovechar al máximo los fondos europeos. Este esfuerzo se ha materializado en un importante flujo financiero que está contribuyendo al
crecimiento de nuestras comunidades autónomas, está también contribuyendo a la mayor equidad en el reparto de los fondos entre los diferentes municipios y localidades de esas comunidades autónomas y sobre todo, y de manera muy especial, está
contribuyendo a la creación de empleo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señor ministro de Hacienda.
Tiene la palabra el senador interpelante, señor Quintana, por tiempo de cinco minutos.
El señor QUINTANA GONZALEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, señorías, en realidad, nosotros teníamos miedo de que en nuestra intervención --que tenía como objetivo conocer las razones del Gobierno para negarse a la gestión
íntegra por parte de las comunidades autónomas de los fondos europeos a aplicar en su ámbito territorial--, teníamos miedo, digo, que la profusión de datos que podríamos dar a este respecto aburriera a la Cámara y desviara la atención sobre el tema
fundamental a tratar. Hemos comprobado que el señor ministro es bastante menos tímido que nosotros, porque no sólo ha repetido los mismo datos que yo ya había adelantado a la Cámara, sino que los ha aumentado con otros que no vienen a la cuestión
del caso y de la interpelación que nosotros hacíamos al Gobierno.
Ha repetido lo que yo ya he dicho en cuanto a volumen de los fondos europeos a aplicar en la Comunidad Autónoma de Galicia y en el porcentaje de gestión que a la comunidad autónoma y
al Gobierno central les corresponde en la actual situación. Pero ése no era el motivo de la interpelación, puesto que partimos todos de los mismos datos. El motivo era conocer por qué el Gobierno se niega a lo que desde nuestro punto de vista es
una reivindicación justa, necesaria, lógica y responsable de las comunidades autónomas, y en el caso que me ocupa de la Comunidad Autónoma de Galicia, para la gestión íntegra de los fondos europeos a aplicar en su ámbito territorial.
Yo procuré
hacer mi intervención desde la perspectiva más constructiva y moderada que podía hacerlo. Me basta, desde mi percepción, colocar aquí los mismos datos que usted ha colocado y únicamente expresar la opinión política y la convicción de que para la
gestión de esos fondos, para su mayor eficacia y para su mayor efectividad dentro del objetivo de conseguir que todos los ámbitos territoriales de la Unión Europea converjan en riqueza y en bienestar, el mejor instrumento es que las comunidades
autónomas puedan gestionar íntegramente esos fondos.
Yo no creo que ésta sea ni una reivindicación ni una posición extremas y, desde luego, tampoco creo --de eso estoy completamente seguro-- que en este caso y en el de Galicia sea una
reivindicación exclusiva del Bloque Nacionalista Galego.
Señor ministro, ustedes, el Partido Popular alardean --y me parece muy bien que lo hagan-- de tener un discurso único para todo el Estado respecto a la gestión territorial que se debe hacer
dentro del Estado español, pero he de decirle que, al día de hoy, la postura que acabo de exponer aquí no es una postura sólo del Bloque Nacionalista Galego; el Parlamento gallego acaba de aprobar, por unanimidad, una propuesta que insta a la Xunta
de Galicia a hacer gestiones, ante la Administración del Estado y ante la Administración europea, para que la comunidad autónoma pueda gestionar íntegramente los fondos comunitarios correspondientes a su ámbito territorial.
Yo no sé si usted en su
intervención me ha contestado a mí o ha desautorizado a sus compañeros del Partido Popular en Galicia, o lo que ha hecho ha sido contestar al presidente de la Xunta de Galicia incluso antes de que él, siguiendo el mandato del Parlamento gallego,
haga las gestiones necesarias ante su ministerio y el Gobierno en su conjunto para poder conseguir algo tan justo, necesario y lógico como que una comunidad autónoma, que no es sólo un ente administrativo descentralizado, sino que es una entidad
nacional reconocida dentro del Estado y con capacidad legislativa, pueda gestionar íntegramente los fondos que son de su utilidad y de su ámbito territorial.
Por lo tanto, señor ministro, ustedes deben recapacitar y darse cuenta de que ese Estado
autonómico que continuamente recordamos es algo más que una simple descentralización administrativa. El futuro apuesta precisamente por seguir el criterio de subsidiariedad y que en cada ámbito territorial se puedan utilizar las prácticas políticas
y la gestión directa de los fondos necesarios, sobre todo con un objetivo --en el caso de Galicia único--: conseguir, de una vez por todas, que podamos disminuir nuestro diferencial de riqueza y de bienestar que en este momento tenemos con respecto
al Estado y a la Unión Europea. Ese es el motivo de la interpelación, de la que quisiera escuchar su respuesta.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Quintana.
Tiene la palabra el señor ministro de Hacienda.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Señorías, señor senador, evidentemente España no es una entidad de descentralización administrativa. El Estado de las autonomías ha sido un proceso de
descentralización política de enorme éxito para los españoles, porque es el asiento de nuestras libertades democráticas y es también un impulsor de nuestro desarrollo económico, de nuestra convergencia con la Unión Europea y de nuestra convergencia
entre las comunidades autónomas, las regiones de España.
Eso se está mostrando en la evolución económica reciente, desde el año 1996, ya que las comunidades autónomas que estaban más distantes de la renta per cápita media española están creciendo a
mayor velocidad y, por lo tanto, están en un proceso de convergencia real.
En definitiva, eso es lo que tiene que explicar el Gobierno a nuestros ciudadanos, y es la convicción que tiene el Gobierno cuando ha impulsado decisivamente en esta
legislatura el Estado de las autonomías en España, con la aprobación de un nuevo sistema de financiación autonómica y con un nuevo paquete de transferencias que ha venido a dar cumplida muestra de la voluntad autonomista del Gobierno de España de
completar ese Estado de las autonomías,
de vertebrar, en definitiva, el Estado español a través de esas entidades políticas que son las autonomías en nuestro país.
Por lo tanto, señor Quintana, nada más lejos que estar asistiendo a una descentralización puramente administrativa;
estamos ya en una descentralización política, de las mayores del mundo, en donde las comunidades autónomas de régimen común están conviviendo con las haciendas forales.
Pues bien, en ese Estado de las autonomías, señoría, en lo que se refiere a la
aplicación de los fondos estructurales, de los fondos de la Unión Europea, debemos entender que en España tenemos un método de gestión compartida, que es el método que corresponde a un país donde la responsabilidad de la inversión corresponde tanto
a la Administración General del Estado, como a las administraciones autonómicas. Por tanto, se trata de un sistema de gestión compartida de nuestros fondos estructurales donde, como he relatado, además de los porcentajes de participación directa,
están también los mecanismos de participación de nuestras comunidades autónomas en la decisión de esos fondos.
Nuestras comunidades autónomas son protagonistas a la hora de fijar los objetivos de la aplicación de ese conjunto de fondos, son
protagonistas en el seguimiento de su aplicación y en la mecánica de esos fondos y, por tanto, nuestras comunidades autónomas son ahora un instrumento esencial en ese modelo de gestión compartida, por ser éste el que actualmente existe en el Estado
español, donde la responsabilidad de la Administración Central del Estado siempre debe ser una responsabilidad frente a las instituciones comunitarias, frente a la Comisión Europea, respondiendo, en definitiva, de la coordinación de las acciones de
aplicación de las políticas regionales de la Unión Europea en el conjunto de España, así como de la propia eficacia de la aplicación de esos fondos estructurales, que deben resultar, como afortunadamente están resultando, en un mayor crecimiento
económico, en una convergencia real y en la creación de empleo en nuestro país. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Por tanto, no estamos ahora en una disyuntiva sobre modelos enfrentados.
Estamos en el desarrollo de un modelo de gestión
equilibrada y compartida que se ha mostrado eficaz en nuestra sociedad, eficaz en nuestro Estado de las autonomías a la hora de que España en su conjunto sea un gran referente de utilización de los fondos estructurales y, como usuario de dichos
fondos estructurales, también pueda ser un referente frente a la ampliación de la Unión Europea a la que estamos asistiendo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
--DE DON JOSE CABALLOS MOJEDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO EN RELACION CON EL SISTEMA DE PROTECCION POR DESEMPLEO PARA LOS TRABAJADORES AGRARIOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DE ANDALUCIA Y EXTREMADURA
(670/000169).
El señor PRESIDENTE: Siguiente interpelación, del excelentísimo señor don José Caballos Mojeda, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno en relación con el sistema de protección por desempleo para los
trabajadores agrarios de las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura.
Para exponer la interpelación, tiene la palabra el senador interpelante.
El señor CABALLOS MOJEDA: Señor presidente, señor ministro, señorías, Andalucía y Extremadura representan el 25 por ciento del territorio de España y en ese territorio viven casi nueve millones de ciudadanos.
Ustedes me preguntarán a qué
viene esto. Viene a cuento de la interpelación que hoy formulamos al Gobierno y al ministerio que usted dirige, señor Zaplana, relativa a la política que piensa llevar adelante su Gobierno y su ministerio en relación con el subsidio agrario, en
definitiva, con la política de protección social y de empleo para los jornaleros de Andalucía y de Extremadura.
Y viene a cuento precisamente porque es el único punto del popularmente conocido como «decretazo» que ustedes no han eliminado,
rectificado o negociado. Efectivamente, después de la huelga general que nunca existió --y si no que se lo pregunten al señor Aparicio o al señor Cabanillas, por ejemplo--, prácticamente en el resto de los puntos que componían ese que he denominado
conocido popularmente como «decretazo», y después de esa movilización masiva --y a los hechos me remito, señor ministro, y por eso creo que es oportuna y conveniente la interpelación que hoy le formulo en relación con la política hacia los
jornaleros de Andalucía y Extremadura--, ustedes mantienen un «sostenella y no enmendalla». No rectifican su posición y esto está provocando que siga habiendo una movilización importante en Andalucía y en Extremadura, precisamente dirigida a
moverles a ustedes, a moverle a usted, señor ministro, para que también rectifiquen en esto, para que también negocien en esto y para que demos paso a una situación que tranquilice, porque la situación actual --créame, señor ministro-- es de
inquietud y de alarma social. Y si no me cree a mí, pregunte a los alcaldes del Partido Popular, que también haberlos haylos --pocos, pero los hay--, de Andalucía y de Extremadura. Precisamente hoy en la prensa de Andalucía vienen unas
declaraciones de un alcalde del Partido Popular de un pueblo de Huelva --me parece que es de Aroche-- que vota a favor de las propuestas de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, de los sindicatos y de los partidos --excepto el Partido
Popular--, a favor del mantenimiento del subsidio agrario.
Señorías, señor ministro, ¿de qué estamos hablando aquí? Señor Zaplana, usted sigue sin mover ficha mientras multiplica sus buenas palabras, sus palmaditas en la espalda, abrazos, muchas
sonrisas. Dicen que es una nueva edición de la sonrisa del régimen --ya tuvimos alguna--, y mientras tanto pide tiempo y hace, sobre todo, muchos planes. Ya le llaman en Andalucía el señor «Zaplanes», pero vamos a ver si hay consignación
parlamentaria para ello. Tómelo como una broma y, por supuesto, sin acritud. En realidad no mueve ficha, no sé si porque no quiere o
porque no puede o porque no le dejan o porque no es capaz de convencer al Consejo de Ministros de que aquí hay que mover ficha porque mientras tanto se está aplicando el «decretazo» a los jornaleros andaluces y extremeños. Estamos hablando
de 200.000 en Andalucía y de 30.000 en Extremadura.
Por tanto, esas más de 200.000 familias ven en peligro su futuro y puesto que habían sido históricamente las grandes olvidadas, no sólo en Andalucía y Extremadura, sino en toda España, tenemos una
deuda que resolver con ellas, deuda que hemos ido resolviendo con la aplicación de políticas que han dado resultados muy positivos para todos, pero el «decretazo» supone una marcha atrás y se está aplicando en Andalucía y en Extremadura, y en contra
de lo que usted afirma, sí supone un recorte de derechos.
En primer lugar, supone la definición del subsidio agrario como una política a extinguir: Después del «decretazo» ya nadie puede incorporarse al subsidio agrario.
En segundo lugar, después
del «decretazo» --y se está aplicando--, los que lleven tres meses sin justificar una peonada van fuera y los que tarden tres años en volver al subsidio agrario ya no pueden hacerlo porque, como usted sabe, está habiendo una movilidad laboral de
trabajadores del campo hacia otros sectores que antes podían volver al subsidio agrario cuando perdían el empleo en zonas rurales o urbanas, lo cual se ha cortado totalmente.
Por tanto, en el «decretazo», que no han modificado y que parece que no
quieren hacerlo, ustedes han definido el subsidio agrario como una política a extinguir. Y si es verdad que en el famoso «decretazo» no se habla nada en relación con el plan de empleo rural, también es cierto que, puesto que las obras del plan de
empleo rural van ligadas al número de beneficiarios del subsidio agrario, éste se irá reduciendo hasta su extinción y, por lógica, el plan de empleo rural también se irá reduciendo hasta su extinción.
En consecuencia, no decimos mentiras cuando
hablamos de que también el PER está en peligro, precisamente porque las obras del PER han ido ligadas al subsidio agrario y al número de beneficiarios en cada municipio de Andalucía y de Extremadura, por lo que es lógico que haya movilizaciones y
manifestaciones convocadas, como por ejemplo la de este sábado en Extremadura, o la del día 1 de diciembre en Andalucía, y una huelga general planeando en el ambiente político, que sería una respuesta lógica si no hay respuestas inmediatas por su
parte y por la de su Gobierno porque es mucha la tensión e incertidumbre en la que ahora viven miles y miles de familias en Andalucía y Extremadura.
Señor ministro, se trataría de restituir los derechos conculcados con el «decretazo» para hablar
después de lo que se tenga que hablar, porque este sistema, como cualquier otro, cualquier política, cualquier sistema de protección social, puede ser reformado, mejorado. Nunca desde la hipótesis con la que ustedes han abordado este problema, que
es la muerte lenta del subsidio y del plan de empleo rural, con lo cual tendríamos que abordar una negociación, insisto, después de restituir los derechos conculcados por el «decretazo».
Señor Zaplana, por si no lo conoce, el subsidio y el PER son
fundamentales para Andalucía y Extremadura. Porque, señor Zaplana, por razones históricas, sociales y económicas --que usted conoce aunque no sea de Andalucía o de Extremadura--, por razones de reparto de la tierra, de propiedad de la tierra, de
graves injusticias sociales acumuladas durante mucho tiempo, en Andalucía y Extremadura ha habido históricamente un proletariado agrícola muy numeroso que estaba ocupado temporalmente sólo en las faenas ocasionales del campo, con salarios de
miseria, en condiciones paupérrimas de vida, con una escasísima capacidad de compra, con lo cual se estaba lastrando también el desarrollo de las economías regionales de Andalucía y de Extremadura, con grandes niveles de atraso, de marginación, de
analfabetismo, en definitiva, el jornalero andaluz y el extremeño constituyen carne de cañón de la emigración. No queremos que eso vuelva a producirse.
Tienen que explicarnos las razones que les llevan a ustedes a tomar esta decisión tan grave
para 230.000 familias en Andalucía y en Extremadura, pero también para el entramado social y económico que en torno al Plan de empleo rural y al subsidio se ha venido desplegando durante estos años.
Señor Zaplana, permítame que le diga que el
subsidio y el PER no son unas medidas, ni siquiera un programa, sino que responden a una política que se empezó a practicar desde 1984; el subsidio y el PER son, además, una política bastante barata, si se me permite la expresión coloquial, algo
más de 1.000 millones de euros para Andalucía y Extremadura, salvo que ustedes consideren que es ahí donde hay que recortar gasto público, y justamente es una política que coincide con las políticas de la Unión Europea. Sobre el PER y el subsidio
tendríamos que sentarnos a hablar, como de cualquier otro sistema de protección social o de cualquier otra política, y estamos abiertos a hacerlo, siempre sobre la base de la restitución de los derechos y sobre la base de lo que significa según el
diccionario la palabra reformar; reformar no es suprimir, señor ministro, sino cambiar algo para mejorarlo; ahí nos podemos encontrar, pero sobre la base del mantenimiento de una política, insisto, que además de barata coincide con las políticas
de la Unión Europea. Con estas políticas de poco más de 1.000 millones de euros para Andalucía y Extremadura se ha conseguido fijar la población en el campo, mantener una mano de obra que es necesaria porque, por ejemplo, para recoger la aceituna y
sacar el aceite en Jaén hacen falta 100.000 personas y para recoger la fresa en Huelva 20.000. Pero si tienen que estar allí trabajando temporalmente, el resto del tiempo tenemos que garantizarles un mínimo vital dentro de una Unión Europea que
financia las cabras, las ovejas, las vacas, las madres de las vacas, los olivos, el lino, en fin, los empresarios y los señores terratenientes también tienen sus primas de la Unión Europea. ¡A ver si aquí vamos a considerar inmoral e indecente que
se financie a los jornaleros! Pues sí, ¡claro que esto es una subvención!, pero que contribuye a conseguir los objetivos a los que me estoy refiriendo, es decir, a que haya unas condiciones dignas que nunca tuvieron los pueblos de Andalucía y de
Extremadura. Señorías, esta es una política de acompañamiento a una reconversión,
y lo digo como miembro que soy del partido socialista: ésta es nuestra reconversión, la modernización del campo, de las tareas agrícolas, en definitiva --y los datos están ahí--, tanto Andalucía como Extremadura están modernizándose, están
impulsando la agroindustria, están incorporándose a España, señor Zaplana. Por tanto, esta es una política que debe mantenerse en sus términos generales, insisto en ello. No podemos aplicar la lógica del mercado al campo andaluz y extremeño
sencillamente porque eso fue lo que se hizo en otras décadas, y hoy hay dos millones de andaluces fuera de Andalucía y un millón de extremeños fuera de Extremadura. Esto es lo que no puede volver a producirse, señor ministro.
Ya sé que usted me
dirá que lo que se hace para Andalucía y para Extremadura se haga también para otras partes. Bien, es una política, si se me permite la expresión, exportable. ¡Expórtenla a los territorios donde consideren que sea necesario hacerlo!, pero no la
supriman, y si es mala o cara digan por qué. Y lo que cobra un jornalero que justifique 35 jornadas de trabajo, por cierto, después de pagar el sello que ellos dicen, la cuota obrera, que es 10.333 pesetas todos los meses del año, son 270.000
pesetas al año netas. Con esto pocos coches se pueden comprar, al menos coches de los que a usted dice que le gustan, por poner sólo un ejemplo.
En torno a esto, señor ministro, se ha creado una leyenda negra en los cenáculos de la derecha de este
país, en esa bazofia intelectual de las tertulias episcopalianas y otras. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) En esa bazofia intelectual se habla de la indolencia de Andalucía --lo dijo el ex ministro Aparicio, el de la
huelga que nunca existió--. (Risas.) A ver si se va segar tres meses a Andalucía y , ahora que no tiene trabajo, ya no hablará más de la indolencia de Andalucía porque en realidad se ha hecho mucha propaganda negra y falsa sobre el PER y el
subsidio.
No, señor ministro, no, en Andalucía los jornaleros no votan la izquierda por el PER. Cuando no había PER también votaban a la izquierda. Y si ustedes lo suprimen seguirán votando a la izquierda porque es lógico. ¿A quién van a votar
los jornaleros de Andalucía y de Extremadura? ¿Les van a votar a ustedes? No se equivoquen. No comentan el error que cometió su antecesor, el señor Arenas, muy amigo suyo según tengo entendido, y paisano mío, que dijo que los jornaleros andaluces
y extremeños tienen el voto cautivo, que no es que lo tengan cautivo, sino que lo tienen cautivado por las políticas que hemos hecho porque han mejorado claramente con los gobiernos y las decisiones del Partido Socialista.
Pues bien, dice que votan
al PSOE porque les da un empleíllo y algo más de doscientas mil pesetas al año, y como la gente se vende por un voto, por una peonada o por una pensión, cuando nosotros la gestionemos votarán al Partido Popular. Por eso, el señor Arenas hizo una
reforma, la de 1996, pactada con los sindicatos, porque este sistema ha sufrido ya varias reformas, señor ministro, todas pactadas con los sindicatos, menos ésta, incluida la del señor Arenas.
Nosotros defendemos la reforma del señor Arenas, AEPSA,
pactada con los sindicatos que, por cierto, incrementó bastante el número de beneficiarios porque flexibilizó las condiciones de acceso al subsidio.
Nosotros defendemos eso. Nosotros, en definitiva, señor ministro, defendemos políticas de
cohesión. No estamos llamando a la puerta a pedir limosna. De eso nada. Ni siquiera, si me apuran, estoy hablando de solidaridad porque, según el diccionario, «solidaridad» es la adhesión circunstancial a la causa de otro. No, estamos pidiendo
una política de cohesión social y de equilibrio territorial, de articular Andalucía y Extremadura, históricamente descolgadas del conjunto de España y especialmente de las regiones más desarrolladas. Esa política de equilibrio territorial que
cuesta muy poco, que es una reconversión --como le he dicho-- bastante barata en relación con otras y con unas subvenciones muy cortitas en relación con las que reciben otros sectores económicos u otros territorios de España, es la política que
exigimos, no las limosnas. No venimos llamando a la puerta del Gobierno ni a la puerta de España a que nos den un poquito más, ¡ni sopabobas ni nada! Derechos, señor Zaplana, derechos, política de compensación territorial. El PER y el subsidio han
sido una política de cohesión social y territorial. Por eso, la estamos defendiendo porque haciéndolo...
El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya acabando, por favor.
El señor CABALLOS MOJEDA: ... no estamos defendiendo sólo a los jornaleros andaluces y extremeños, sino que también estamos intentando trascender de un debate sobre una medida concreta, estamos defendiendo, señor Zaplana, una política de
Estado. Espero que rectifiquen y si no me quiere echar cuenta o considera que estos son argumentos de PSOE contra PP hagan lo que quieran. En su momento también el pueblo andaluz y extremeño tomarán nota y ajustarán las cuentas democráticamente
cuando sean llamados a las urnas.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Para contestar la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Zaplana Hernández-Soro): Con la venia, señor presidente.
Señoría, he tomado alguna nota mientras le escuchaba, lo que me ha llevado a cambiar la contestación preparada, que era más técnica y
argumentada desde el punto de vista de los datos referentes a la reforma del empleo --que precisamente esta tarde se trata en esta misma Cámara--, porque estoy seguro de que su señoría la conoce bien, pero, en cualquier caso, si no la conoce no la
quiere conocer, y si la conoce no quiere entrar en el fondo de la misma porque se mueve mucho más cómodo en los argumentos políticos, en las manifestaciones vacías y en sembrar la duda sobre lo que esta reforma ha podido suponer.
Pero no se me ha
escapado que su señoría ha reiterado en numerosas ocasiones los defectos del sistema. Ha dicho:
Habrá que corregir los defectos del sistema. Cualquier sistema tiene defectos, yo conozco muchos de éste, y estoy convencido de que su señoría los conoce con muchísima más profundidad y detalle que yo, pero su señoría no quiere buscar una
solución, su señoría lo único que pretende es hacer estrategia política de esta cuestión, a su señoría no le preocupa en absoluto el futuro de los trabajadores, ni las posibilidades de formación para poder acceder a un puesto de trabajo. (Rumores
en los escaños del Grupo Parlamentario socialista.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Zaplana Hernández-Soro): A su señoría lo que le preocupa es mantener un debate y una estrategia política que cree que le puede dar resultado. (Protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.--Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Zaplana Hernández-Soro): Con toda la tranquilidad del mundo... (La señora Arnáiz de las Revillas García pronuncia palabras que no se perciben.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor ministro.
Señora Arnáiz, le ruego silencio.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Zaplana Hernández-Soro): Con toda la tranquilidad y serenidad, señoría, le pregunto, ¿cómo se explica si no que las organizaciones sindicales, que digo yo que tendrán un interés muy concreto
en esta cuestión, estén actuando con una gran responsabilidad, se estén ofreciendo al diálogo, estén intentando acercar posiciones y, sin embargo, la reacción más dura, más contundente, la llamada a la manifestación y a la huelga, no provenga en
estos momentos de las organizaciones sindicales sino de sus señorías, que son los que parecen tremendamente contrariados con el acercamiento de flexibilidad y de posiciones que mutuamente han hecho el Gobierno y los agentes sociales? (Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) ¿O es que el Gobierno y los agentes sociales no han acercado descaradamente sus posiciones? ¿O es que no se ha generado en estos últimos tiempos un excelente clima de diálogo entre agentes sociales y
Gobierno? ¿Por qué su señoría sigue empeñando todas sus fuerzas para que haya no ejercicios de diálogo sino manifestaciones y tensiones? ¿Por qué los encierros no son en estos momentos de sindicalistas sino de responsables de las administraciones
locales en las comunidades de Extremadura y Andalucía? ¿Sabe por qué? Porque ustedes están clara y visiblemente contrariados con la nueva situación, porque sus señorías estaban soñando y esperando lo que llamaban el «otoño caliente», que hubiera
un clima de confrontación que no es el que nos acompaña en estos momentos, y sus señorías saben de sobra que a ninguna de las personas que formaban parte del sistema les ha perjudicado la reforma, a ninguna. No podrán traer ni a esta Cámara ni a
ningún sitio una sola persona que se haya visto desprotegida con la reforma. (Rumores en lo escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Ni una; con nombres y apellidos, ni una.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Y su
señoría sabe que éste es un país que ha avanzado espectacularmente en la generación de empleo, que ha avanzado espectacularmente en la convergencia con la Unión Europea, con la renta media comunitaria, que está haciendo un esfuerzo de formación y
capacitación de los trabajadores como no se había hecho nunca y que hoy el objetivo del pleno empleo es perfectamente conseguible. Y, ¿qué pasa? Que a su señoría eso le molesta.
(Rumores.) Primero porque se compara con etapas muy recientes, se
compara con etapas de este país no muy lejanas cuando teníamos una encuesta de población activa que daba un 24 por ciento de paro en nuestro país, cosa que ahora mismo no se produce, porque la gestión que ejerció el Gobierno que apoyaba su señoría
nos llevó a tasas del desempleo del 24 por ciento, y hay que recordarlo; porque los trabajadores están ahora muchísimo más protegidos de lo que estaban antes, pero sobre todo, porque los que todavía tienen el derecho, que la Administración tiene la
obligación de proteger, saben que su escenario y su horizonte es salir y abandonar esa situación de desprotección para poder acceder a un puesto de trabajo. Lo que sus señorías no quieren, y lo digo con claridad, es que esos trabajadores puedan
acceder a un puesto de trabajo en función de su formación y capacidad. (Protestas.--Rumores.--Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Un señor senador del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Caradura!)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Zaplana Hernández-Soro): A lo mejor tengo algún motivo para sonreír porque los datos que acompañan al Gobierno del que formo parte se pueden medir y comparar perfectamente con experiencias
anteriores. Y probablemente ustedes no sonreían anteriormente porque con una tasa del 24 por ciento es muy difícil sonreír.
No sé si vamos a llegar o no a acuerdos. Lo que sí le digo es que estoy haciendo todos los esfuerzos posibles y su señoría
y los grupos de la oposición están haciendo todos los esfuerzos posibles por dinamitar la posibilidad de ese acuerdo. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Rumores en el Grupo Parlamentario Socialista.) Me deja perplejo su
señoría cuando afirma que se debe exportar el sistema y añade que la política de la Unión Europea es subvencionar todo y ha puesto varios ejemplos. No, señoría. No es así. La política de la Unión Europea es ayudar a los países con mayores
desequilibrios a fin de que puedan llegar a la convergencia. No es subvencionar por subvencionar.
Estos son otros regímenes políticos afortunadamente ya superados. Lo que su señoría quiere es volver a regímenes políticos y usted conoce la
experiencia que han tenido: subvencionan a
todo el mundo, poco y mal, no permiten a los trabajadores acceder a un puesto de trabajo y los tienen secuestrados a cambio de mantenerse en los puestos de responsabilidad del Gobierno. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.--Fuertes rumores.) Y digo más, señoría...
El señor PRESIDENTE: Señor Díaz, silencio por favor. (Protestas.) Señorías, dejen hablar al señor ministro. (Rumores.) Señor Díaz, le llamo al orden.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Zaplana Hernández-Soro): ¿Cuánto tiempo lleva gobernando el Partido Socialista en Andalucía y Extremadura? (El señor Rodríguez Cantero: ¡Vaya pedazo de ministro!)
El señor PRESIDENTE: Señor Díaz, le llamo al orden por segunda vez. (El señor Díaz Sol: ¡No he sido yo!)
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Zaplana Hernández-Soro): ¿Qué han hecho los gobiernos autónomos en todos estos años para corregir y remediar esta situación? Cuando otro gobierno autónomo presenta malas cifras en desempleo,
en generación de riqueza, en cualquier parámetro, ¿no es cierto que se le piden responsabilidades? ¿no es verdad que a cualquier gobierno autónomo de España que presente situaciones de desequilibrio en su seno después de haber gobernando durante
muchos años se le pregunta qué ha hecho? ¿por qué no preguntar también a los gobiernos autónomos de Andalucía y Extremadura qué han hecho en estos últimos años? (Rumores.--Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) ¿Por qué no han
aprovechado coyunturas francamente favorables que se han producido en toda España para poder avanzar? (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Zaplana Hernández-Soro): Señoría, voy a insistir en el acuerdo. Si hay algo de lo que no van a convencer a nadie, por mucho que griten sus señorías, es de que este Gobierno no tiene voluntad
de llegar a acuerdos, que no ha hecho importantes ejercicios de flexibilidad. Es algo que todo el mundo ha reconocido --empezando por los sindicatos que según algunos han sido excesivos, algunas críticas hemos recibido en ese sentido-- y vamos a
seguir haciendo lo mismo. Me preocupa que haya una oposición política que no quiera el ejercicio de la flexibilidad, el acercamiento de posiciones y los puntos de encuentro. (Rumores.--Protestas.) Lo que me preocupa es que se anime a participar en
huelgas generales que lamento decir a su señoría que no se van a producir porque estamos haciendo las cosas bien.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--El señor Rodríguez Cantero: ¡Vaya pedazo de Ministro!--Risas.) El señor
PRESIDENTE: Señor Rodríguez, creo que no corresponden a esta Cámara esas manifestaciones, ni el respeto debido a la Cámara ni a sus compañeros. Hay que tener capacidad para respetar el Reglamento y oír al resto de los intervinientes con respeto.
(El señor Rodríguez Cantero: ¡En todo caso es un piropo!) Señor Rodríguez, le ruego que mida sus intervenciones y no haga uso de la palabra sin dárselo la presidencia.
Tiene la palabra el senador interpelante.
El señor CABALLOS MOJEDA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, no ha contestado usted a nada. Me voy a quedar con algo que usted ha reiterado, igual que usted se ha quedado con los defectos del sistema y no ha querido oír las
virtudes. Toda mi intervención, aunque usted no me haya oído --a lo mejor porque, en contra de lo que usted ha dicho, tenía preparada esa respuesta y no está debatiendo conmigo, señor ministro--, ha ido dirigida a resaltar las virtudes y los
efectos positivos de un sistema que coincide con las políticas de la Unión Europea. (El señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Zaplana Hernández-Soro, hace signos negativos.) Señor Ministro, no niegue lo evidente. Una de las claves de la
política de la Unión Europea es justamente la del mantenimiento de la población en las zonas rurales. Se pagan subvenciones hasta por dejar de cultivar la tierra. En un Gobierno tan liberal como el de ustedes, con subvenciones y dinero público me
parece que también hemos pagado muchas cosas en este país; no sé si algo de Gescartera también lo vamos a pagar entre todos y, por cierto, también con subvenciones y dinero público. Ustedes que son tan aparente o pretendidamente liberales.
(Rumores.) Señor ministro, me quedo con una frase y con algo positivo de lo que usted ha dicho. Usted ha hablado de que tiene unas magníficas relaciones con las centrales sindicales, de lo cual me felicito y le felicito. Lo único que le estamos
diciendo es que siga por esa línea. Si ha rectificado en siete, rectifique y negocie el octavo, porque si no lo hace, señor ministro, van a tener difícil la campaña electoral en Andalucía y Extremadura. ¿Por qué? Porque todavía no han explicado
por qué quieren cargarse el subsidio agrario y el PER. Todavía no han dado ninguna razón, salvo que se consideren razones los medio insultos que he escuchado al pueblo andaluz y extremeño. No son tan «bordes» --permítame la expresión coloquial--
como lo que han hecho en otras ocasiones, pero ¿es que dice usted que en Andalucía y Extremadura los gobiernos autonómicos no tienen vocación de crear empleo porque así tenemos secuestrados a los ciudadanos? ¿Es eso lo que dice? ¿Conoce usted los
datos? Señor ministro, sus datos señalan que entre los años 1995 y 2001 Extremadura fue la segunda comunidad autónoma, por cierto muy cerca de Valencia que fue la primera, en crecimiento económico. Usted sabe que en los últimos nueve años la
economía en Andalucía ha crecido por encima de la media nacional. Y usted debe saber como ministro de Trabajo qué porcentaje del total de nuevos empleos en España se han creado en Andalucía y en Extremadura en este tiempo, porque esos
datos son de organismos que usted dirige. ¿Cómo que Andalucía y Extremadura no están utilizando bien estos dineros igual que otras comunidades? ¿Es que se ha creído que los andaluces y los extremeños, que en el fondo es lo que piensan, son
imbéciles? Y dice usted: ¿Por qué no les preguntan a los andaluces y a los extremeños qué les parece la gestión de sus gobiernos autonómicos? Porque los llevan votando reiteradamente, y no creo, señor ministro, que usted piense que lo hacen
porque los andaluces y los extremeños son idiotas y no saben lo que votan. No creo que usted piense eso, aunque en algún momento de su intervención ha podido deslizar alguna apreciación semejante.
Es verdad que llevamos tiempo gobernando, aunque
no tanto como Franco, que es lo que dijo Aznar en el congreso del Partido Popular en Granada, y de verdad que no es cierto lo que dice el señor Mayor Oreja en el sentido de que en Andalucía y Extremadura hay miedo a la alternativa, o quizá sí sea
cierto y haya un miedo a la derecha. Es lógico porque recordamos y somos pueblos que tenemos memoria histórica y, por tanto, quizá en ese sentido sí pueda ser cierto, pero en ninguna otra comparación.
En Andalucía y en Extremadura se trabaja; en
Andalucía y en Extremadura se toman decisiones para modernizar sus economías; en Andalucía y en Extremadura se ha fijado la población al campo, y en Andalucía y en Extremadura se ha detenido en este tiempo la sangría de la emigración.
(Una señora
senadora del Grupo Parlamentario Popular: ¡Mentira!) ¿Cómo que es mentira? Ahí están los datos, señorías. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías. Señora Vindel, por favor, omita esas manifestaciones. (La señora Vindel López hace signos negativos.)
El señor CABALLOS MOJEDA: Eso es lo que no queremos que vuelva a ocurrir en Andalucía.
Señor ministro, según los datos de las centrales sindicales --que se llevan tan bien con usted--, más de 15.000 andaluces y extremeños no han podido
beneficiarse ya del subsidio agrario, y han pasado solamente unos meses desde que entró en vigor el decreto, luego no trate usted de negar lo evidente.
En cuanto a los defectos del sistema, si alguien se subiera a esta tribuna --o fuera ministro
del Gobierno, aunque sea del PP-- a decir que alguien abusa del seguro de enfermedad y que por ello hay que suprimirlo, probablemente le tomarían por loco.
Esta es la lógica que están ustedes aplicando al subsidio y al plan de empleo rural, es
decir, puesto que tiene defectos, quitémoslo. Nosotros decimos que si tiene defectos estamos abierto a la negociación, pero sobre la base de la restitución de los derechos, del reconocimiento general de que han sido buenos sistemas, que se han ido
perfeccionando, que se han ido adaptando siempre con el acuerdo de las centrales sindicales, incluido el AEPSA del señor Arenas de 1996.
Esto es lo que queremos, señor ministro, que usted, que es tan dialogante y se lleva tan bien con todo el
mundo, incluidas las centrales sindicales, concrete esos deseos y ese clima de diálogo.
El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría, por favor.
El señor CABALLOS MOJEDA: Voy terminando, señor presidente.
En definitiva, señor Zaplana, he dicho que el problema es que ustedes no se explican en Andalucía y Extremadura, y no es una cuestión de PSOE-PP --ya se lo dije antes--. El señor
Cristóbal Cantos, secretario general de Asaja, una organización de la patronal agraria no precisamente de orientación filosocialista, dice el 9 de octubre: Por ello, desde Asaja-Andalucía consideramos racional mantener el sistema actual para los
trabajadores del campo.
El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya finalizando.
El señor CABALLOS MOJEDA: El día 11 de octubre Asaja acusa al Gobierno de situar al campo al borde de la desobediencia civil. Ayer, el presidente de la patronal de Cádiz, Miguel González Salcedo, pide un aumento del subsidio agrario.
Están ustedes solos. No hablo de UGT, Comisiones, sindicatos obreros del campo, ayuntamientos, etcétera.
Señor Zaplana, créame, escuche a los sindicatos y, sobre todo, escuche a sus alcaldes de Andalucía y Extremadura, que van a defender el PER y
el subsidio tanto como los alcaldes del PSOE, de IU o de cualquier otro partido.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Olé, Olé!)
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Zaplana Hernández-Soro): Gracias, señor presidente.
Señorías, esta tarde se va a celebrar un importante debate en esta Cámara, no ya sobre la materia objeto de esta interpelación, sino sobre
el conjunto de la reforma del empleo. Y creo que el ejercicio de diálogo realizado por el Gobierno, que ha sido aplaudido tanto por el conjunto de la sociedad española como por las organizaciones sindicales, también se debería considerar por parte
de los grupos de la oposición, que precisamente nos habían reclamado diálogo y flexibilidad.
Pero vuelvo a insistir en mi idea. Desgraciadamente, cuando el Gobierno hace ese acercamiento, los grupos de la oposición, en lugar de agradarles y
felicitarse por ello, parecen molestarse especialmente a tenor de su respuesta. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--La señora Arnáiz de las Revillas García: ¡AEPSA!) Mantengo una profunda discrepancia con algunos de los
argumentos que su señoría acaba de esgrimir, por lo que voy a insistir en su referencia a la política de subvención
de fondos que lleva a cabo la Unión Europea. Esta no quiere una Europa subsidiada, sino la convergencia real entre todos los territorios que la integran. Por ello, proporciona una serie de fondos para que las distintas administraciones
aprovechen esa oportunidad y avancen en la convergencia. Es decir, la Unión Europea no quiere mantener una política de subvención sine die; quiere mantenerla siempre y cuando sea necesaria para poder avanzar en esa convergencia.
Algunos entienden
que es más cómodo y mejor vivir permanentemente subvencionados (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.); sin embargo, nosotros queremos propiciar posibilidades y oportunidades para todo el mundo y, por tanto, también para los
trabajadores que todavía no las tienen en Andalucía y Extremadura. No queremos que éstos vivan siempre del subsidio, sino que vivan de él mientras no puedan acceder a un puesto de trabajo digno y estable. (La señora Arnáiz de las Revillas García:
¡Claro!) Por tanto, el escenario es radicalmente opuesto al que defienden sus señorías. Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para que haya esa posibilidad en el escenario inmediato, y hoy los trabajadores de toda España saben que esa
posibilidad existe.
Y paso a matizarle una cuestión que en mi opinión se ha entendido bien, aunque su señoría, no sé si con intención o sin ella, la haya mal interpretado posteriormente. Cuando hablaba de secuestro de la opinión pública y de los
ciudadanos me estaba refiriendo a unos regímenes políticos afortunadamente superados. Y lo hacía, tras la referencia de su señoría a extender el sistema a toda España --usted ha dicho: extiéndase a todos los lugares a los que haga falta--. Yo he
contestado que eso me recordaba al funcionamiento de otros sistemas políticos que basaron en el subsidio su estrategia, y le decía que mirara usted cómo han acabado, y cuál es la lectura de los ciudadanos de esos regímenes políticos y no de lo que,
afortunadamente, acontece en estos momentos en España También le he dicho a su señoría que cuando se piden responsabilidades hay que pedírselas a todos. En estos momentos, afortunadamente, en nuestro país los Gobiernos autónomos son Gobiernos de
verdad, con capacidad de ingreso y de gasto y con capacidad para diseñar sus políticas. Y el de Extremadura, porque así lo ha querido --no el de Andalucía, que todavía no lo quiere--, tiene políticas activas de empleo (Fuertes protestas desde los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) porque cuenta con instrumentos suficientes para poder ejercerlas. Por tanto, y en función de lo que ha contado su señoría, los resultados negativos también se pueden achacar a la responsabilidad de
aquellos gobiernos autónomos que no han sabido, al menos en mi opinión, dinamizar de forma suficiente, tanto su actuación, como la de la sociedad de las comunidades que gobiernan, para avanzar mucho más en los últimos años.
(Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular.) Y no se preocupe su señoría por nuestros resultados electorales. Usted ha comentado varias veces: Ustedes van a perder. Pues bien, eso sería mejor para los intereses político-electorales de su señoría. Le veo
excesivamente preocupado por los intereses electorales del Partido Popular; pero de eso, mejor o peor, ya nos ocupamos nosotros. En cualquier caso, cuando diseñamos estas políticas no estamos pensando, a diferencia de su señoría, en las
intenciones político-electorales, sino en conseguir una sociedad de pleno empleo, algo que parecía imposible en este país y que ahora se sabe que se puede conseguir. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, vaya usted terminando, por favor.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Zaplana Hernández-Soro): Concluyo enseguida, señor presidente.
Puede ser que a su señoría le moleste, pero esta mañana los agentes sociales, es decir, el presidente y el secretario general
de la CEOE y los secretarios generales de UGT y de Comisiones Obreras han participado en un acto con el presidente del Gobierno, al que yo también he acudido.
El clima es de diálogo, que es el clima propio entre agentes sociales y Gobierno que han
sido capaces de llegar a 14 acuerdos, habiendo habido sólo un desacuerdo. (La señora Arnáiz de las Revillas García: ¡AEPSA!) Catorce acuerdos que han propiciado que este país pueda crecer y que se genere empleo como nunca antes se había creado, a
diferencia de otras etapas, aunque no tengo el mal gusto de traer aquí alguna de las manifestaciones de sus señorías cuando opinaban sobre las huelgas generales, sobre sus resultados y sobre lo que significaba la actuación de los sindicatos en las
mismas. No ha pasado tanto tiempo como para que su señorías no las tengan frescas en la memoria, puesto que algunos de ustedes eran quienes las lanzaban.
Así pues, sólo les pido que hagan ustedes un ejercicio de mayor responsabilidad para valorar
los esfuerzos que agentes sociales y Gobierno están realizando en estos momentos. (Rumores.) Lo único que lamento es que ustedes se enfaden profundamente, según veo, cuando el Gobierno alcanza acuerdos y un clima de diálogo con los agentes
sociales, que es fundamental para el futuro del país.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--La señora Arnáiz de las Revillas García: ¿De qué
habla?--El señor Caballos Mojeda pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿Por qué artículo pide usted la palabra, señoría, por el 84 o por el 87?
El señor CABALLOS MOJEDA: Por el artículo 87, señor presidente. (El señor González Pons pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿Sobre qué base pide usted la palabra, señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular?
El señor GONZALEZ PONS: Por el artículo 87. Señor presidente, aplicando el Reglamento todos los grupos parlamentarios podrían intervenir en las interpelaciones. No obstante, estamos siguiendo una práctica según la cual los
grupos parlamentarios renunciamos a nuestro turno de portavoces en favor del senador que está realizando la interpelación, a fin de que se pueda visualizar claramente su posición.
No es costumbre de la Casa que se conceda la palabra por el
artículo 87 en las interpelaciones. Si abrimos esa nueva posibilidad tendremos que replantearnos el hecho de que los grupos parlamentarios vuelvan a utilizar el turno de portavoces en las interpelaciones, aunque ello vaya en demérito del senador
interpelante al que le faltará turno para explicarse. (La señora Arnáiz de las Revillas García: ¡Censura!) Una cosa es que las posiciones queden claras y otra que lo que constituye una gentileza de los grupos parlamentarios no interpelantes se
convierta en un abuso de posición parlamentaria.
Muchas gracias. (Rumores.--Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señoría, la presidencia desea manifestar que el senador interpelante ha intervenido anteriormente durante cinco minutos sobre la base del artículo 87. Los portavoces de todos los grupos acordaron, en su reunión de 22
de mayo de 2001, no hacer uso del turno de portavoces. No obstante, reglamentariamente si algún portavoz solicitara la palabra, la presidencia deberá concedérsela. En todo caso tendrían todos los portavoces derecho al uso de la misma.
Quisiera
preguntar al Grupo Parlamentario Socialista si desea romper ese acuerdo y que todos los portavoces puedan solicitar el uso de la palabra.
Tiene la palabra el senador interpelante.
El señor CABALLOS MOJEDA: Señor presidente, sólo le pedía un minuto de tiempo, pero si ello va a crear un problema renuncio a ello, pues sólo deseaba rectificar algo que me había atribuido el señor Zaplana.
El señor PRESIDENTE: Señoría, le agradezco esa generosidad que demuestra en aras de evitar que el resto de los portavoces también pidan la palabra.
Muchas gracias, y que conste en acta la gratitud de la presidencia.
--DE DON ARSENI GIBERT I BOSCH, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRES, SOBRE LA VALORACION QUE HACE EL GOBIERNO ACERCA DE LA SITUACION DEL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES Y SOBRE LOS EJES BASICOS DE LAS POLITICAS QUE PIENSA
INSTRUMENTAR PARA HACER FRENTE A SU FUTURO (670/000168).
El señor PRESIDENTE: Interpelación del excelentísimo señor, don Arseni Gibert i Bosch, del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, sobre la valoración que hace el Gobierno acerca de la situación del sector de las
telecomunicaciones y sobre los ejes básicos de las políticas que piensa instrumentar para hacer frente a su futuro.
Para exponer la interpelación tiene la palabra el senador Gibert.
El señor GIBERT I BOSCH: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro de Ciencia y Tecnología, el sector de las telecomunicaciones --no sólo en España, ni siquiera principalmente en España-- se encuentra en una situación difícil,
confusa, sin que nadie parezca tener muy claro lo que hay que hacer. La primera pregunta que nos podríamos hacer es si podemos o debemos hablar de crisis y ni siquiera eso tiene una respuesta inequívoca. En el año 2001 el volumen del negocio del
sector creció el 13,8 por ciento; la inversión creció un 32,57 por ciento más que en 1999, que era un año récord, y los operadores activos en el mismo año 2001 han pasado de 42 a 50, lo cual no permitiría hablar de crisis sino todo lo contrario Sin
embargo, entre febrero de 2000 y diciembre de 2001 el valor del sector en Bolsa ha descendido un 75 por ciento; la deuda neta es aproximadamente cuatro veces y media el flujo de caja; los activos están sobrevalorados; los precios pagados por las
subastas de tercera generación de móviles no vale hoy lo mismo que cuando se pagaron; las empresas adquiridas en el proceso de adquisiciones han perdido valor y cuando menos podemos hablar de que sí hay crisis financiera y con consecuencias más
allá de la situación de las empresas como, por ejemplo, que millones de ciudadanos han perdido lo que consideraban más o menos consolidado como valor. El futuro es, por lo tanto, extraordinariamente incierto. (El señor vicepresidente, Prada Presa,
ocupa la Presidencia.) Yo no pretendo dramatizar la situación. Nuestro primer operador en telefonía no está tan mal como otros operadores europeos, como France Télécom, KPN, Deutsche Telekom, que según los titulares de la prensa europea algunas de
estas compañías están al borde de la quiebra. Pero Telefónica, por ejemplo, tiene también problemas de naturaleza similar.
La deuda es alta y la financiación de la misma compleja y no parece fácil definir estrategias acertadas, sino más bien
difícil. Y por añadidura, un director de un periódico que se cree Dios y que contribuyó a derribar, por lo visto, a alguien que era amigo suyo, el señor Vilallonga, hace meses que ha iniciado una dura campaña contra el actual presidente, señor
Alierta, una guerra que ahora aflora con toda la dureza, según parece.
Pero esto es anecdótico. Lo grave es tal vez que el señor Vilallonga, tal vez por su procedencia del sector financiero, convirtió Telefónica en buena medida en una financiera
más que en una compañía de servicios, que consiguió --y esto es un éxito que debemos valorar-- convertirla en una multinacional y tal vez el problema es si se invirtió mejor o peor. Una empresa privada puede orientar sus inversiones hacia donde
crea oportuno.
Lo que ocurre es que esta compañía privatizada disfruta aún de rentas de monopolio y hay acción de oro, lo que es un poco más discutible. La diversificación, especialmente la orientada hacia los medios de comunicación y de
contenidos, no está claro que fuera dictada por criterios estrictamente económicos y tampoco creemos que se valorara bien el riesgo de una apuesta de la que somos partidarios, pero hay que valorar los riesgos de la apuesta iberoamericana.
La herencia que recibió el señor Alierta no era una perita en dulce.
¿Cómo se ha llegado hasta esta situación de confusión o de dificultades no sólo en España, sino en general, incluso en algunos casos mucho peor que en España? No buscamos
culpables, tal vez buscamos --eso sí-- explicaciones sobre las causas porque es probablemente necesario para interpretar mejor las posibles salidas de la situación y sobre esto quiere versar la interpelación.
Hay, en primer lugar, causas exógenas,
que no son nada irrelevantes, sino muy relevantes, por ejemplo, un cambio general de ciclo, que ha pillado al sector en un momento inoportuno, y sobre todo una inevitable resaca de una euforia desmesurada por parte de todo el mundo en el sector. El
pinchazo de la burbuja de los valores llamados tecnológicos ha hecho bajar las cotizaciones hasta situarlas por debajo de su valor real, estaba muy hinchado pero ahora está por debajo de su valor real. Se había exagerado la previsión de la
velocidad secuencial en los cambios de generación tecnológicos, aunque ya en el año 2000 había voces que fueron poco escuchadas que cuestionaban, por ejemplo, el ritmo de implantación y el nivel de rentabilidad de la tecnología UMTS. Hace muy pocos
años no era sencillo prever que la alta velocidad en las transmisiones de datos podría llegar a través del cable coaxial, y tal vez pronto podrá llegar por el cable eléctrico. Por tanto, hay factores circunstanciales y relativamente imprevisibles
que explican en buena medida la situación.
Pero además de haber una serie de factores externos, a nuestro juicio hay también errores de las propias compañías, tal vez influidas por esta euforia excesiva, y asimismo algunos errores regulatorios,
también en parte explicables por esa misma euforia, porque parecía que el vértigo en la expansión no iba a tener fin.
Creo que merece la pena hacer una ligera pincelada sobre estas cuestiones, sobre los posibles errores de las compañías y de
regulación del Gobierno, pero sobre todo sobre aquellos que son difícilmente separables. Creo que vale la pena dar esa pincelada porque posiblemente algunos de ellos u otros parecidos podrían seguir vigentes. Podríamos hablar, por ejemplo, de la
resistencia de Telefónica a la competencia, cosa que tiene su lógica: una empresa que está acostumbrada a ejercer en régimen monopolio se resiste a la introducción de toda competencia. Y también podríamos hablar de la debilidad del Gobierno y del
órgano regulador ante esa resistencia, que es menos lógica. Telefónica ha puesto con relativa impunidad palos en las ruedas del proceso liberalizador con temas como retrasos injustificados al acceso al bucle local, retrasos en la posibilidad de
mantener el mismo número de teléfono si se cambia de compañía, retrasos en la desaparición de los molestos prefijos, y seguramente ha hecho una apuesta excesiva, a nuestro juicio, por el ADSL en detrimento de la competencia entre tecnologías, una
ventaja de Telefónica que es bastante insuperable para sus competidores. Pero hablando de ADSL quiero decir que aunque yo soy usuario y me parece satisfactorio, en cierta medida no deja de ser una tecnología de segunda, con una velocidad muy
aceptable hoy en día aunque sin duda inferior a la que en un futuro próximo requerirá la transmisión de datos El resultado de todo esto es una telefonía fija en la que Telefónica conserva cerca del 90 por ciento del mercado, incluso en móviles en
donde ciertamente sí que hay competencia. Todos los operadores afirman que la regulación ha sido un freno al proceso y un escudo protector para Telefónica. La Comisión Nacional del Mercado de Valores aseguraba en un informe a finales del año
pasado que la situación era insatisfactoria.
Esta actitud de resistencia no es una opinión política, como usted sabe, señor Ministro, sino que la atestigua la sucesión de sanciones que Telefónica ha recibido por esta razón. Por tanto, la impunidad
no era total, por descontado. El Tribunal de Defensa de la Competencia, si no recuerdo mal, le impuso una sanción de 1.400 millones de pesetas, y creo que hay 14 expedientes de sanciones de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, una de
ellas por una cifra récord de 22,5 millones de euros.
En el mismo plano, pero desde otro punto de vista, el proceso de liberalización ha sido en alguna media errático e inestable. Es cierto que en un mercado tan evolutivo como éste, tanto en el
aspecto de la composición empresarial como en los aspectos tecnológicos, es necesaria una regulación dinámica y ágil que sólo puede ser instrumentada por el sistema de prueba/error de un órgano regulador con muchos medios y alta capacidad técnica,
pero no es menos cierto que las reglas del juego deben ser claras y estables dentro de lo posible. Todos los competidores de Telefónica no sólo se quejan de sus desventajas ante el operador dominante sino también de la inestabilidad regulatoria.
En la etapa en que dirigía el proceso de liberalización el señor Arias-Salgado proliferaron muchos operadores, seguramente con poco control sobre sus inversiones y sobre sus garantías de permanencia --a nuestro juicio esto fue así--, y la etapa
posterior, la de la ministra Birulés, se caracterizó por un mayor seguidismo de Telefónica que nos parecía paradójico. Han desaparecido muchos operadores, lo que es consecuencia de lo anterior; hay poco fomento de la competencia entre distintas
tecnologías así como algunos cambios bruscos en la fiscalidad sobre licencias ya concedidas y también en la legislación que regula el sector.
Otro aspecto, en este intento de visión superficial de algunos temas, es que ha habido una política
tarifaria que, a nuestro juicio, ha sido demasiado politizada. Regular directamente los precios comporta siempre un riesgo y es contradictorio con afirmar que el sector está liberalizado, pero sobre todo si se bajan los precios artificialmente por
decreto y a veces por motivos macroeconómicos --contener la inflación, por cierto sin demasiado éxito-- o directamente por motivos políticos electorales confiando en que la liberalización ya absorberá estas reducciones de precios.
Probablemente,
sea mejor liberalizar de verdad, favorecer la entrada de los competidores en condiciones equitativas y esperar los frutos de la competencia; por cierto, no sólo en precios, sino también en servicios, calidad o atención al cliente. En Telefónica
siguen tratando a los usuarios igual de mal que antes en algunos aspectos. Privatizar no es lo mismo que liberalizar --lo hemos dicho muchas veces-- y tampoco es lo mismo que introducir competencia.
El proceso liberalizador, a nuestro juicio, ha sido lento y algo conservador.
Otro error grave es no haber generado un proceso de coordinación regulador en la Unión Europea. El caso de las licencias UMTS es el paradigma de esta falta de
coordinación. El espacio europeo es un mercado bastante integrado, pues en él operan las mismas compañías. Fue un triste espectáculo, desde el punto de vista de la construcción europea, independientemente de que el método de concesión de licencias
fuera uno u otro, ver cómo la polémica se centraba en los sistemas de concesión. Pero este caso paradigmático no es el único que podría poner como ejemplo de falta de unidad de criterios en la Unión Europea.
Lo que ahora todos debemos preguntarnos
es qué hay que hacer, si es posible corregir el rumbo y reconducir la situación a mejor y cómo hacerlo, aunque no parece nada fácil. Desde su reciente nombramiento como ministro del ramo, usted o sus colaboradores han anunciado algunas iniciativas
y hoy, con motivo de la contestación a alguna de las preguntas, las ha comentado con más detalle.
Entre estos anuncios contemplan la medida de bajar los avales a las licencias de UMTS. No es que estemos disconformes, aunque espero que hablemos de
eso y que nos convenza, pero es una prueba de esta relativa inestabilidad reguladora que citaba. Primero, se concedieron casi gratis; después, a la vista de los concursos, se creó la tasa y en alguna medida se rectificó, y ahora, se vuelve atrás.
De todas formas, eso no es lo que nos preocupa. Nos ha parecido entender que insisten en que la medida es para anticipar la implantación, que es el mismo argumento que se usaba cuando lo del concurso, y pienso que deberíamos desengañarnos de este
anticipo. El advenimiento de la UMTS en Europa se producirá cuando sea, pero creo que se hará de forma simultánea en todo el espacio europeo. Me temo que es difícil que sea de otra manera.
Otra novedad reciente es la activación del discurso
competencia entre tecnologías versus competencia interna en cada servicio. Nos parece evidente. El error, probablemente, era creer lo contrario o, por lo menos, actuar como si se creyera lo contrario. Ahora hay que convertir el discurso en
realidad, y en su momento ya nos anunciarán cómo piensan hacerlo. Esta es una de las cuestiones que le pregunto.
Un tercer anuncio es estimular la demanda de los llamados nuevos servicios por la vía de reducción de precios. En el caso de los
nuevos servicios, creo que en este momento nadie conoce la elasticidad de su demanda, lo cual comporta el grave riesgo de acentuar la erosión de márgenes y, por lo tanto, la crisis. Entiendo que debemos meditar esto.
Además, es un nuevo caso de
posible intervencionismo excesivo en un campo en el que la propia intervención puede producir de nuevo, y como ha ocurrido en algunas ocasiones, efectos contrarios a los deseados.
En cuarto lugar, dejando a un lado las medidas anunciadas por el
Gobierno, las empresas por su parte siguen centrando sus estrategias --al menos ésa es nuestra impresión-- en reducir costes operativos y no tanto en la mejora de ingresos; o lo que es lo mismo, en competir sólo en precios y no en incorporar más
valor añadido, mejor servicio, contenidos, etcétera. Nos parece que esto es persistir en el error. Sus consecuencias podrían también alimentar las dificultades para salir de la crisis y contribuir a la reducción de la rentabilidad. Aunque esta
opción corresponde a las empresas, no debe dejar de preocuparnos y, de hecho, nos preocupa.
En definitiva, señor ministro, escucharemos con atención sus puntos de vista, sus valoraciones e intenciones de actuación. Le agradezco por anticipado sus
explicaciones. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE(Prada Presa): Gracias, senador Gibert.
Para contestar a la interpelación, en nombre del Gobierno tiene la palabra el señor ministro de Ciencia y Tecnología.
El señor MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente.
Primero quiero agradecer al senador Gibert la oportunidad que tenemos hoy de intercambiar impresiones acerca de la situación del sector. Quiero
agradecerle también el tono, porque estamos hablando de un sector que es absolutamente vital y estratégico para el futuro de nuestro país. Es, por lo tanto, un tema de nuestro máximo interés. Estamos hablando de una contribución al potencial de
crecimiento económico enormemente relevante y también de un potencial para reforzar nuestra cohesión social y territorial.
Debo decir que comparto partes significativas de los análisis que ha realizado su señoría --también, como es lógico, discrepo
en algunos puntos, fundamentalmente en lo que hace referencia a algunas de las medidas ya adoptadas-- y, con ánimo de ordenar el debate, vayamos por partes.
Quisiera referirme primero a la situación del sector --es una valoración que hace el
Gobierno-- y a las políticas que estamos emprendiendo y que vamos a emprender en un futuro inmediato.
Empezando por la coyuntura y por la situación del sector de las telecomunicaciones, como sabe muy bien su señoría el escenario económico actual
está marcado por la incertidumbre, el escaso crecimiento de las principales economías mundiales --estamos viendo estos días noticias sobre Alemania, especialmente preocupantes-- y un crecimiento de nuestra economía, de la economía española, menor al
de los últimos años pero todavía significativamente superior al de nuestros socios europeos. En ese sentido, seguimos avanzando en la convergencia real, nuestras expectativas son mejores y la propia situación del sector de las telecomunicaciones
también es un poco mejor, como justificaré después. En cualquier caso, la propia Comisión Europea, en las previsiones que ha hecho para el año que viene, sigue estimando el crecimiento para España por encima del doble de la media comunitaria, y
esto sigue siendo una buena noticia.
Dentro de esta coyuntura complicada e incierta, el sector de las telecomunicaciones atraviesa por un momento evidentemente difícil en todo el mundo. Hemos pasado de
una situación a principios del año 2000 de grandes perspectivas de crecimiento --yo diría que de euforia-- a una situación actual especialmente complicada, y en estos dos años --lo ha dicho su señoría-- hemos asistido al estallido de la
llamada burbuja tecnológica y hemos asistido a al debacle bursátil de las empresas denominadas «puntocom».
Esto ha tenido un impacto muy negativo sobre las cuentas y la capacidad de financiación de las operadoras de telecomunicaciones y está
teniendo también un impacto muy negativo, y que me preocupa especialmente, en los fabricantes de componentes y equipos para las telecomunicaciones. Además, en el ámbito de la Unión Europea las subastas de licencias de telefonía móvil de tercera
generación --la llamada UMTS-- han incidido muy negativamente en los planes de negocio del sector y eso, indudablemente, también se ha visto afectado en su conjunto por la crisis económica. Sin embargo hay algo que debemos tener muy en cuenta a la
hora de enfocar el futuro del sector, y es que la demanda de servicios de telecomunicaciones a pesar de todo esto sigue creciendo.
Por tanto, en este contexto de incertidumbre y de recesión mundial, los operadores de telecomunicaciones atraviesan
por una difícil coyuntura: tienen un elevado endeudamiento --en algunos casos elevadísimo--, han caído sus cotizaciones bursátiles y, por lo tanto, se les ha complicado enormemente la obtención de vías de financiación.
Pero como antes decía,
señoría, la situación en nuestro país, en España, es comparativamente mejor y el impacto de la crisis ha sido menor. Es un indicador como cualquier otro, pero creo que puede ser válido: la pérdida de valor bursátil ha sido mucho menor que la de
los otros países de nuestro entorno y el porcentaje de gasto en tecnologías de la información y de las comunicaciones sobre el producto bruto español representa un 6,86 por ciento, y eso está por delante de los países de la Unión Europea. Si
miramos el gasto español per cápita en tecnologías de la información y de las comunicaciones, comprobaremos que ha crecido en el año 2001 nada menos que un 4,82 por ciento, año en el que se produjo además creación neta de empleo en el sector; esto
no va a suceder este año, pero el pasado así fue.
Por segmentos del mercado, por un lado se ha producido algo que es también general en todo el mundo: hay un estancamiento en la telefonía fija, la llamada telefonía básica, en parte por la continua
bajada de las tarifas y también --usted ha mencionado el fenómeno de la convergencia tecnológica, en el que cada vez estamos todos más de acuerdo-- por el efecto sustitución de otras tecnologías, como la telefonía móvil o la continua migración hacia
la banda ancha.
Tenemos que evitar que persista esta situación de estancamiento y que se traslade a la telefonía móvil. Hemos visto un desarrollo espectacular en la telefonía móvil en estos años; en el año 1996 había 400.000 móviles en España,
ahora hay más de 31 millones. El riesgo que tenemos es que con el retraso en la comercialización efectiva de la tercera generación nos encontremos también en una situación de estancamiento no sólo en la telefonía fija, sino también en la telefonía
móvil a corto plazo.
Llegamos al capítulo de las valoraciones, a la valoración que hace el Gobierno de esta situación. Es evidente que estamos ante un problema global y, por lo tanto, en primer lugar, tenemos que ser conscientes de que la
introducción de las nuevas tecnologías en nuestra sociedad, en las pequeñas y medianas empresas, en nuestros hogares, no se consigue en poco tiempo, y también hemos comprobado que la sociedad de la información no se puede introducir de un día para
otro, de forma prácticamente instantánea como en algún momento se pudo pensar en todo el mundo, especialmente hacia finales de la década anterior, finales de 1999 y principios de 2000.
Tenemos que huir de la visiones pendulares, especialmente en
este sector de las telecomunicaciones, porque es posible que todos (gobiernos y operadores) nos hayamos equivocado en cuanto a los ritmos y los plazos en la llegada de determinadas tecnologías: el claro ejemplo es la UMTS, pero puedo añadir también
la televisión y la radio digitales. Pero no deberíamos equivocarnos en la dirección ni en los objetivos, que están muy claros, y desde luego lo están para el Gobierno.
Yo estoy absolutamente seguro de que la telefonía móvil de tercera generación
vendrá, y estoy completamente seguro de que la televisión y la radio serán digitales y sólo digitales.
Quiero subrayar que la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones en las economías de nuestro entorno --y
desde luego en la economía española-- es un fenómeno irreversible, y no podemos ni debemos renunciar a su implantación, porque nos jugamos nada menos que nuestro futuro como país próspero.
Por ello, es necesario que busquemos soluciones locales a
problemas globales, de tal manera que mantengamos el ritmo de creación de redes de infraestructuras de banda ancha y que propicien un sector de telecomunicaciones sólido, equilibrado entre sus distintos actores y plenamente competitivo a nivel
mundial, porque es absolutamente imprescindible para garantizar el desarrollo rápido de la sociedad de la información, que es nuestro gran objetivo.
En este contexto, ¿cuáles son los ejes de las políticas del Gobierno? Los ejes para revitalizar el
sector son básicamente dos: por un lado, ahondar en la liberalización del sector impulsando la competencia y, por otro, hacerlo de tal forma que sigamos reforzando los derechos de los ciudadanos a recibir cuantos más servicios, cuanta más variación
de servicios mejor a precios asequibles.
En línea con el primer eje, hemos considerado prioritario adoptar un plan de choque, que estamos poniendo en marcha, que tiene por objetivo impulsar la competencia, reactivar la demanda y mejorar la
capacidad de inversión de los operadores en redes rápidas, seguras y de calidad --evidentemente la banda ancha-- y, al mismo tiempo, proteger los intereses de los consumidores. Nuestro objetivo es que las empresas y los ciudadanos puedan seguir
beneficiándose, como hasta ahora, de las posibilidades que ofrece un mercado en competencia, en precios y, como decía anteriormente, en nuevas ofertas de servicio.
Entre las medidas incluidas en el plan de choque, se incluyen unas que están
destinadas a equilibrar la capacidad
comercial de los operadores; es decir, a mejorar las condiciones competitivas de los operadores alternativos, y otras orientadas a fortalecer la capacidad inversora de dichos operadores para conseguir una mejora de las redes de banda ancha
permitiendo la plena integración de nuestro país en la sociedad de la información.
Si comentamos las medidas para equilibrar la capacidad comercial de los operadores, quisiera destacar las siguientes. Primero, lo que denominamos factura única, que
es una manera fácil de hablar de lo que en términos técnicos se denomina el bucle virtual de abonado, que va a permitir que el usuario que contrata con un operador alternativo no tenga que recibir varias facturas en su casa, sino que reciba una sola
de aquel operador que ha escogido para el tráfico de llamadas.
Una segunda medida consiste en promover una mayor competencia a la hora de contratar servicios de telecomunicaciones por parte de las administraciones públicas, de forma que no sea
necesario, como hasta ahora, presentar una oferta global de todos los servicios de telecomunicaciones, sino que se pueda presentar por segmentos, favoreciendo así la capacidad comercial de los operadores y la competencia.
La tercera medida es
técnicamente muy compleja. Hasta ahora los operadores alternativos que alquilan la red del operador dominante de Telefónica pagan la interconexión, cuando tienen un cliente, y lo hacen por minutos, por tiempo de utilización. De lo que se trata es
de que la contratación no se haga por tiempo consumido sino por capacidad de la red, en la que se pueda meter no solo voz sino también datos. Eso da un margen de flexibilidad mucho más alto al operador alternativo, que en ese contexto puede
presentar nuevas ofertas comerciales, como tarifas planas, bonos, etcétera.
En este sentido, quiero destacar otra medida que ya se ha puesto en práctica, que impide al operador dominante en telefonía fija --Telefónica-- recuperar un cliente que ha
sido captado por un operador alternativo antes de cuatro meses, de tal manera que por lo menos el operador alternativo pueda amortizar los gastos de captación de ese nuevo cliente.
En la misma línea, el Gobierno ya ha anticipado que sólo va a
aprobar los planes de descuento de Telefónica que vayan dirigidos a incrementar la demanda o a introducir nuevos servicios, pero que no sirvan para descremar el mercado o recuperar clientes y seguir redistribuyendo una tarta que no crece.
Si
hablamos de las medidas orientadas a fortalecer la capacidad inversora de los operadores --y usted ha hecho referencia a este punto y me ha parecido correcto--, es necesario que los operadores puedan tener suficientes márgenes para que en un entorno
de precios bajos y además decrecientes puedan afrontar sus compromisos y objetivos de inversión, puedan mantener los puestos de trabajo y, al mismo tiempo, proteger los intereses de los consumidores ofertando cada vez más mayor número de servicios.
Sobre este punto hemos tomado ya alguna decisión pero vamos a tomar bastantes más y le anticipo que esta va a ser una de las líneas prioritarias de la política del ministerio y del Gobierno a desarrollar en las próximas semanas y en los próximos
meses, porque me parece un punto muy importante.
Hemos hecho ya algunas cosas. Se han introducido los criterios de modificación del actual sistema de tarifas para el operador dominante --estamos hablando de telefonía básica--, conocido en la jerga
del sector como price cap, que es un sistema de precios máximos. Por tanto, se van a modificar algunos de los criterios para introducir una mayor flexibilidad que permita una mayor competencia, con el horizonte de que los componentes del «price
cap» cada vez sean menos en función de la introducción efectiva de competencia, y que en un futuro razonable --estamos hablando probablemente del año 2005-- pueda desaparecer definitivamente el sistema. En cualquier caso, el sistema se mantiene
para este año, de tal manera que en 2002 las tarifas han bajado y se va a mantener el seis por ciento en términos nominales. Por otra parte, desde el pasado 1 de noviembre, las llamadas de fijo a móvil se han abaratado en torno a un 13 por ciento.
Por lo que respecta al próximo año, se ha decidido excluir la cuota de abono del mecanismo de regulación de precios y para todos los demás conceptos, es decir, para las diferentes llamadas telefónicas --de fijo a móvil, metropolitanas, provinciales,
interprovinciales, internacionales, etcétera-- se tiene que mantener en promedio una rebaja nominal que será del dos por ciento del precio de las llamadas. Si a ello añadimos la tasa de inflación efectiva, la rebaja en términos reales será todavía
mayor.
Otra medida cuya plasmación ya estamos articulando en los correspondientes instrumentos normativos --precisamente ayer mismo firmé las correspondientes normas-- es la flexibilización de los compromisos de los operadores tanto de cable como
de la llamada LMDS, conocida también como telefonía vía radio, ajustando las obligaciones y deberes asumidos en sus licencias a las necesidades del mercado. Debo decir que en esos casos concretos las obligaciones estaban ya prácticamente cumplidas
y, por tanto, se trata de enviar una señal correcta al mercado de que el Gobierno está en favor de ese tipo de actuaciones, como de hecho lo estamos --lo ha mencionado su señoría y a ello hemos hecho referencia también a lo largo del debate esta
mañana durante la sesión de control--, y también lo estamos planteando en la telefonía móvil de tercera generación. Estamos trabajando en una rebaja sustantiva de los avales depositados por los operadores, pero de tal manera que siempre quede una
garantía suficiente, que va a ser móvil en el tiempo, de forma que, en función de los compromisos asumidos, siempre haya una garantía en tiempo real, pero sin acumular todas las garantías en función de todos los calendarios que aún quedan
pendientes, por lo que haríamos una especie de aval móvil.
También estamos trabajando en algo que la Comisión Europea ha asumido como necesario, que es la llamada compartición de infraestructuras por parte de los diferentes operadores para que no
se dupliquen, tripliquen o a veces cuadrupliquen las inversiones necesarias. ¿Con qué objetivo? Con el de dinamizar el sector, garantizar los compromisos de inversión y la apuesta --que antes he dicho que
el Gobierno considera irreversible-- por la tecnología UMTS. ¿Qué quiere decir? Que estamos dispuestos a tomar estas medidas de flexibilización de avales y, por tanto, hacer posibles las apuestas y los proyectos empresariales porque, si
no, éstos no serían viables y, en consecuencia, no se podría desarrollar la tecnología de tercera generación.
Al mismo tiempo es muy importante que las operadoras se comprometan.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Señor ministro, le ruego que vaya concluyendo.
El señor MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente.
Es tan interesante y apasionante el tema, señor presidente, que no me había dado cuenta de que transcurría el tiempo.
Podemos seguir hablando
después en el turno de réplica.
Simplemente quiero hacer dos menciones sobre estas medidas de incentivación de la demanda, de potenciación del sector y de impulso a la inversión en éste, que tanto necesitamos.
En primer lugar, el proceso de
sustitución de la líneas de telefonía rural (TRAC) y, en segundo lugar, una serie de medidas que también estamos analizando para acelerar el llamado apagón analógico en la televisión y radio digitales. Creo que es muy importante. Se tienen que
aplicar medidas concretas y espero que podamos hacerlas públicas inmediatamente.
Además, vamos a poner en marcha la nueva ley de telecomunicaciones, transponiendo la normativa comunitaria, con una filosofía que en estos momentos me parece la
correcta, que es abandonar la regulación ex ante e ir hacia un ex post y trabajar en la introducción de las nuevas tecnologías lo antes posible.
Manifiesto mi clara disposición a discutir de todos estos aspectos en esta Cámara las veces que sea
necesario, a medida que vayamos tomando decisiones, y les anticipo que estamos tomando muchas y lo seguiremos haciendo porque en estos momentos creo que es absolutamente imprescindible mandar señales correctas a un sector que las necesita y a una
sociedad, como la española, que ha de revalidar la apuesta que todos tenemos que hacer con las nuevas tecnologías.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Tiene la palabra el senador Gibert por tiempo de cinco minutos.
El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, lamento que usted no haya podido disponer de más tiempo, entre otras razones porque, aunque es evidente por mi anterior intervención que no he subido a la tribuna
con ningún ánimo de polémica, como tampoco ahora, sí hubiera querido, por lo menos, que me dijera las cosas en las que no estaba de acuerdo conmigo y que hubiera habido una mayor posibilidad de debate. En cualquier caso ése no es el objetivo.
Apreciamos como positivo que nos anuncie políticas distintas.
Consideramos que esto supone una cierta reorientación del rumbo, lo cual, sin entrar en si son o no rectificaciones, nos parece, en principio, una buena intención.
Voy a hacer algunos
comentarios sobre lo que ha dicho y algo que me ha quedado en el tintero.
Estamos de acuerdo con la red de infraestructuras de banda ancha, pero si se hubiera intentado desarrollar en paralelo otras tecnologías distintas a la ADSL, probablemente no
llegaríamos a una situación de tanta ventaja como la que tendrá ésta en el futuro, y somos partidarios de la compatibilidad de tecnologías, incluso de distintos precios en función de las distintas calidades de servicio.
En cuanto a mejorar la
condición de los competidores, estamos de acuerdo.
Creo que han actuado con muchas desventajas y, hoy por hoy, se siguen quejando de esa situación. Si nos anuncia que se va a corregir, lo celebramos.
Lo mismo ocurre con las interconexiones,
evidentemente. Ha sido un gravísimo problema durante mucho tiempo, no solamente en España. Creemos que no se ha resuelto con facilidad. Si todo da fruto, seguramente tendrá menos problemas con los otros operadores y algunos más con Telefónica,
pero es lo que le toca hacer y extraigo de su intervención que así lo asume.
También estoy de acuerdo en que hay que tener cuidado al compartir redes.
Creo que hay que compartirlas, ¡faltaría más! Es razonable y sensato, pero no tiene que
significar aproximación a una sola red y para los demás peajes, podríamos decir. O sea, que haya redes y que se compartan en general porque, de otra manera, entraríamos otra vez en una situación que consolida posiciones de dominio.
Aunque fuera
someramente, me gustaría saber su opinión sobre la necesidad o no --yo creo que sí-- de reforzar los medios y las capacidades técnicas del órgano regulador, porque realmente hace falta mucha agilidad para regular un mercado tan evolutivo.
Por otra
parte, voy a hacer un comentario sobre el caso de las UMTS que aunque usted no lo ha dicho, en algún momento ha parecido que las subastas habían sido un chivo expiatorio de la situación. Sin duda influyen; se pagaron precios excesivos; las
compañías se equivocaron; pero, de todas formas, las cantidades que se pagaron por fusiones en momentos de euforia representan bastante más millones de dólares que las propias subastas de UMTS.
Como en Europa en algunos medios de comunicación se
ha hablado de este tema, me gustaría saber su opinión respecto a si sería una buena idea como mecanismo de coordinación, no exactamente de regulación, disponer de una especie de regulador a nivel de mercado en el espacio europeo.
Le deseo suerte y
un trabajo duro; primero porque el trabajo es muy duro y, en segundo lugar --y creo que es obligado decirlo--, porque usted, señor ministro, tiene un contrato a plazo fijo y a tiempo parcial y, por tanto, deberá trabajar un poco más de lo normal.
Y le pido o le exijo --si se
puede decir así-- que nos dé explicaciones oportunamente de cuanto piensa hacer, que no dudamos de que hay una predisposición a que sea así.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señor Gibert.
En nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Ciencia y Tecnología.
El señor MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente.
Yo también corresponderé a la brevedad de la intervención de su señoría, pero quiero hacer algunos comentarios.
Empiezo por el final. Lo del
contrato a plazo fijo yo sé por qué lo dice, pero tengo la convicción de que las medidas y las decisiones que tenemos que tomar tienen que hacerse de manera muy rápida y en los próximos meses. Por ejemplo, todo lo que supongan iniciativas
legislativas para que efectivamente se puedan aprobar a lo largo de esta legislatura tienen que tener entrada en las Cortes Generales no más allá del próximo mes de marzo. Por lo tanto, todas las decisiones que tenemos que tomar de carácter
relevante se tienen que tomar con proximidad, con inmediatez, y desde ese punto de vista con ese horizonte temporal estamos trabajando, yo personalmente y todo mi equipo. Lo que sí debo decirle es que no estoy trabajando a tiempo parcial, otra cosa
es que esté pluriempleado, pero me dedico a tiempo completo a todo lo que se me encomienda, como he hecho ya en otras ocasiones, o como hacen también otros responsables políticos de todas las fuerzas políticas, por otra parte.
En cualquier caso, sí
me parece bueno que vayamos introduciendo una reflexión en cuanto a los resultados que ha dado de sí el proceso de liberalización de las telecomunicaciones a nivel europeo, porque los criterios básicos los hemos compartido todos los países.
Empiezan a mediados de la década pasada, y ha habido un hilo conductor que efectivamente ha sido aceptado por todos los países. Nosotros tomamos una buena decisión que fue no aceptar la moratoria para la introducción de competencia, anticiparla y
ponernos en línea con el resto de nuestros socios europeos. Pero ese modelo se basaba y se basa en la permanencia de los antiguos monopolios, convertidos en operadores dominantes, y la entrada de nuevos operadores por segmentos de mercado, a través
normalmente de licencias concedidas vía concurso por parte de la administración, a los que se les pedía un compromiso de extensión de redes, pero para que pudiera haber competencia desde el principio y pudieran llegar al mercado se establecía el
principio de la interconexión y, por lo tanto, de alquiler de las redes del operador, hasta entonces monopolista. Y aunque el proceso de liberalización ha sido muy importante, eso hace que el operador dominante siga siendo dominante insisto, en
todos los países, y siga siendo dominante durante tanto tiempo que es imprescindible que los gobiernos sigamos fijando determinados precios para determinados servicios. Eso es algo que podrá resultar contradictorio en los términos, y por eso yo he
anticipado la voluntad de revisar, porque no parece lógico que para liberalizar un mercado, una de las principales obligaciones por parte de los gobiernos sea fijar los precios del mismo. Insisto en que eso es un problema de carácter general, como
también fue un problema de carácter general y por razones tecnológicas que la introducción de competencias se hiciera, como he dicho, por segmentos de mercados; es decir, si hay una telefonía básica, se le da una licencia a otro operador de
telefonía básica para que compita con el operador dominante; en telefonía fija hacemos lo mismo; en cable hacemos lo mismo, y así sucesivamente.
La experiencia hoy nos dice que la competencia no está tanto entre tecnologías, sino en función de
los servicios que se prestan al consumidor final. Es decir, lo que nos interesa es que haya competencia a la hora de prestar servicios de voz, o a la hora de prestar servicios de datos, o a la hora de prestar acceso a Internet, o a la hora de
obtener imagen y así sucesivamente. Por eso, tenemos que afrontar las situaciones competitivas de una manera distinta a como las podíamos afrontar en el pasado. Ahora está de muchísima actualidad una decisión que tiene que tomar el Gobierno
respecto de una operación de concentración en un segmento concreto. Las cosas hay que verlas con esa complejidad.
Probablemente --le voy a dar un ejemplo concreto--, el principal competidor de Telefónica en telefonía fija no es otro operador de
telefonía fija, sino que es Telefónica Móviles, que es el principal competidor desde el punto de vista de prestación de voz. Por lo tanto, todos tenemos que revisar nuestras políticas. Usted hablaba de reorientación, pero no porque se haya
decidido darle una nueva orientación a las políticas concretas, sino que la situación nos obliga a adaptarnos a nuevas situaciones, que es exactamente lo que estamos haciendo, entre otras cosas, porque la situación del sector, desde el punto de
vista coyuntural, no es la misma.
Voy a hacer dos comentarios muy breves y termino, señor presidente.
Respecto del ADSL me preocupa que se pueda producir una concentración excesiva en ese terreno, pero de nuevo voy a la convergencia tecnológica.
El ADSL es una tecnología de banda ancha que está teniendo una extensión extraordinaria. Hay prácticamente 900.000 líneas ADSL instaladas, pero prácticamente sólo por el operador dominante. Hay que ver que el acceso a Internet, que es el motivo
por el cual la gente instala líneas ADSL en sus domicilios, también se puede obtener por otras vías: la tercera generación de móviles en su momento, la televisión digital, que puede ser interactiva, o el cable.
En cuanto a las subastas de la UMTS,
estoy de acuerdo en que no son el chivo expiatorio ni el único culpable. Se han tomado decisiones empresariales erróneas muy importantes. En el caso de las subastas los operadores y determinados gobiernos comparten errores. Debo decir que,
afortunadamente, el Gobierno español no ha cometido ese error.
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señor ministro de Ciencia y Tecnología.
Finalizado el debate se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las catorce horas y diez minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
DICTAMENES DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--DE LA COMISION DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REFORMA DEL SISTEMA DE PROTECCION POR DESEMPLEO Y MEJORA DE LA OCUPABILIDAD (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 5/2002, DE 24 DE
MAYO). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000091) (C. D. 121/000100).
El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día. Dictámenes de proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados. De la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales en relación con el proyecto de ley de medidas
urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad (procedente del Real Decreto-ley 5/2002, de 24 de mayo). Se tramita por el procedimiento de urgencia.
Para la presentación del dictamen tiene la palabra
el representante del Grupo Parlamentario Popular y Presidente de la Comisión, senador Conde.
El señor CONDE BAJEN: Muchas gracias, señor presidente.
El proyecto de ley de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, procedente del Real Decreto-ley 5/2002, de 24 de mayo, tuvo
su entrada en la Cámara el día 2 de noviembre de 2002. El plazo de presentación de enmiendas finalizó el día 8 de noviembre; se presentaron un total de tres vetos y 183 enmiendas.
La ponencia se designó en la sesión de la Comisión de Trabajo y
Asuntos Sociales del día 4 de noviembre actual, y se reunió el día 12 de ese mismo mes, decidiendo aprobar como informe el texto remitido por el Congreso de los Diputados, con la incorporación de las modificaciones contenidas en las enmiendas
números 173 a 183, presentadas todas ellas por el Grupo Parlamentario Popular, y de diversas correcciones de errores de índole ortográfica y gramatical.
Se debatió el texto por la comisión en su sesión del día 14 de noviembre, decidiéndose aprobar
como dictamen de la comisión el texto del informe de la ponencia. Se han presentado siete votos particulares, de todo lo cual informo a la Cámara.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Se han presentado dos propuestas de veto, que se debatirán a continuación.
Propuesta de veto de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto.
Para la defensa del
veto, tiene la palabra el señor Cámara.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, voy a empezar esta defensa del veto, no podía ser de otra forma después de haber oído esta mañana al ministro señor Zaplana en la interpelación presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, diciendo que, desde la oposición política, es lógico y natural que critiquemos el reciente pasado, porque estamos en sede parlamentaria y tenemos todo el derecho a manifestar cuál ha sido el comportamiento del Partido
Popular y del Gobierno del Partido Popular ante la contestación social de los trabajadores en torno al llamado «decretazo».
Deseo simplemente recordar que la huelga del 20 de junio se realizó, desde mi punto de vista, de forma justa, seria,
responsable, al igual que las siguientes movilizaciones ante la ruptura del diálogo social. Hoy decía el ministro que la oposición política tenía mucho interés en azuzar el conflicto mientras abogaba, planteaba y hacía loas respecto al diálogo y la
responsabilidad de los sindicatos.
Sólo deseo recordar que, ante la huelga general, todo el aparato del PP, todo él, incluidos algunos medios de comunicación afines al Partido Popular, se afanaron en descalificar la huelga y a sus convocantes, esto
es, a los sindicatos. La hemeroteca está llena de citas respecto a esto.
Se ocultaba con claridad la naturaleza de las modificaciones de ese real decreto, se apelaba a la vieja y rancia idea de la anti España, diciendo que se trataba de subvertir
--decían-- el resultado de las últimas elecciones generales, y que el mecanismo utilizado era la huelga para erosionar al Gobierno, aprovechando, por cierto, la Cumbre Europea de Sevilla. Esas y otras lindezas se dijeron en su momento en
declaraciones de ministros o del señor Aznar. Ante toda aquella avalancha de críticas y despropósitos, tengo la obligación de recordar ese pasado reciente, el éxito de la huelga general, y que se produjo entonces una remodelación del Gobierno.
Después de una huelga, se destituye a un ministro de Trabajo. Quizá la intención fuese otra, pero el efecto estaba claro: ministro de Trabajo al que le hacen una huelga, se produce un desencuentro, se rompe el diálogo social y aparece la dimisión
o el cese del ministro de Trabajo. Y ahora aparece otro ministro, el señor Zaplana, con nuevos aires. Creo sinceramente que es legítimo, porque estoy convencido de que esa huelga, que nunca existió, hizo mucho daño al Partido Popular, y al hacerle
tanto daño, se precisaba una nueva figura en el Gobierno que recobrase lo que fue muy rentable política y
socialmente, lo reconozco, que es el diálogo social, la posición de centro del Partido Popular. El señor Zaplana, por lo tanto, viene al ministerio de Trabajo con esos aires, eso sí, más mediáticos, más de pose, más de imagen que, en mi
opinión, de efectividad, por lo que luego voy a comentar. El señor Zaplana está para eso en estos momentos, si bien ha incurrido no solamente esta mañana, sino en otras ocasiones, en sus declaraciones públicas, en algunos errores importantes.
Contrasta esa loa, ese mensaje de responsabilidad de los sindicatos con las descalificaciones que los propios sindicatos sufrieron antes, durante y después de la huelga.
Quienes convocan las movilizaciones son los sindicatos, y se ha mentido de
forma descarada cuando se dice que en Extremadura y en Andalucía los sindicatos no lo hacen.
Se ha dicho que ni una sola persona se ha visto perjudicada, y es totalmente falso. En el campo extremeño y en el andaluz, así como en el resto de España,
se han visto perjudicadas muchas personas como consecuencia de la adopción de medidas concretas.
También se ha dicho que en España se ha hecho mucho, como el pleno empleo y el no aumento de la precariedad, y es una pena que no me dé tiempo en la
defensa de la propuesta de veto para expresar los rasgos del mercado de trabajo en España; no obstante, expondré por encima algunos datos.
Se ha reducido el nivel de creación de empleo en el último período hasta niveles preocupantes
(desaceleración). La reforma laboral unilateral del año 2000, emprendida por el Gobierno y, por cierto, no acordada por los sindicatos --el ministro se equivocó en su última comparecencia al decir que estaba apoyada por los sindicatos-- no ha
reducido la temporalidad ni el encadenamiento de contratos. Se confirma en España el subempleo como forma de trabajo habitual y estructural. Se constata que este Gobierno no desea, desde mi punto de vista, el diálogo o la concertación. Lo que
pasa es que sorprende la movilización y, posiblemente, las encuestas que le dicen que esa medida del «decretazo» les ha podido costar algunos votos, especialmente en algunas comunidades autónomas.
Señorías, insisto en que no me da tiempo a plantear
algunos de los rasgos del mercado laboral, pero la EPA referida a los últimos meses refleja que 1.136.700 trabajadores se encuentran sin derecho --lo digo para recordarlo-- a prestación alguna por desempleo, situando la tasa de cobertura por
desempleo en el 45,4 por ciento, es decir, casi seis de cada 100 parados está desprotegido frente al desempleo --esto tiene que ver con enmiendas que presenta Izquierda Unida.
Esta baja cobertura, señorías, reproduce el marco de desequilibrio
polarizado y desigual que se constata en el análisis global del mercado de trabajo. Sepan que 39 mujeres paradas registradas en el Inem de cada cien perciben prestaciones, frente a 72 de cada cien hombres. La situación se agrava en las mujeres con
edades comprendidas entre 40 y 50 años, con una tasa de cobertura inferior a la media.
Los jóvenes entre 16 y 25 años mantienen una protección casi testimonial como consecuencia de la precariedad de sus contratos. También aquí, señorías, las
mujeres salen peor paradas, con un 30 por ciento de hombres frente al 16 por ciento de mujeres con algún tipo de protección.
El grupo de personas entre 40 y 50 años mantiene una caída continua en la tasa de cobertura como consecuencia de las pocas
oportunidades que se les ofrecen de reinsertarse en el mercado de trabajo, especialmente en el caso de las mujeres. En la misma dirección de desprotección opera la evolución del gasto social en España ya otras veces criticado.
El éxito de la
huelga general en este marco que acabo de describir es una realidad. El 20-J fue un éxito, tanto de la huelga como de las manifestaciones y movilizaciones convocadas por los sindicatos, no por nadie más. Otra cosa es que la izquierda política,
donde yo inscribo a los sindicatos en la izquierda social, no en la derecha social, esté de acuerdo con sus reivindicaciones. ¡Faltaría más! El Gobierno del PP, señorías, ha tenido que echar marcha atrás tras la huelga, como antes planteaba, en
relación con algunas medidas que en el mes de mayo impuso vía real decreto. Después de atravesar una crisis de su gabinete la flexibilidad y espíritu de negociación del Gobierno del Partido Popular no han sido tales. Han sido las circunstancias
las que le han motivado al cambio.
Durante todos los meses que ha estado y estará en vigor esta ley los perjuicios ocasionados a una gran mayoría de trabajadores a quienes se han aplicado las medidas de la reforma laboral son importantes.
Por
tanto, el «decretazo» está causando perjuicios a los trabajadores afectados por las modificaciones del decreto , que no van a ser restituidos. Estos trabajadores han sufrido ya las repercusiones y consecuencias del recorte de derechos, y en la
actualidad este colectivo no podrá beneficiarse de algunas de las modificaciones originadas como consecuencia de las citadas rectificaciones, lo cual quizá en un futuro quedará aclarado en los tribunales, caso por caso y lugar por lugar.
Señorías,
Izquierda Unida, además, junto a esta cuestión exige la reposición de algunos puntos, y quiero aclarar que de los ocho puntos fundamentales que dieron motivo a la huelga general, seis están más-menos recogidos y cuentan más-menos con nuestro apoyo.
Sin embargo, cuestiones como el PER y los fijos discontinuos continúan sin solucionarse.
Por ese motivo y no por otro Izquierda Unida presenta este veto.
Básicamente con el objetivo de discutir con ustedes sobre la situación real del mercado y la
protección social, entre otras, la protección por desempleo y los subsidios, pero también para denunciar que algunas cuestiones importantes no han sido repuestas.
Por ello, exigimos la reposición con carácter de urgencia del derecho al subsidio
agrario para los trabajadores eventuales de Andalucía y Extremadura. Y nuestra pregunta es la siguiente: ¿por qué razón el Gobierno se empeña en castigar a los trabajadores del campo de estas dos comunidades? Permítame una finta: es ilógico, es
políticamente absurdo que después de las modificaciones propuestas que rectifican el real decreto en su momento no se efectúe por completo esta reposición, aunque puedo añadir --y el ministro lo entrevé en sus palabras-- que más
pronto que tarde alguna modificación existirá para conseguir por vía Gobierno o por vía Partido Popular salvar la cara al Partido Popular de Extremadura y de Andalucía porque casi no van a poder hacer campaña ,ya que la gente está harta y es
consciente de que ustedes les han quitado unos derechos que tenían y que son legítimos.
Por tanto, los sindicatos y yo personalmente esperamos una rectificación, y en este punto hago otra finta para preguntarles lo siguiente: ¿Qué piensan ustedes
que son los sindicatos? Hoy el señor ministro echaba las culpas a unos y hacía loas a otros. Toda la vida los sindicatos han tenido a gala, y está en su propia naturaleza, negociar, concertar, llegar a acuerdos, y cuando consiguen una parte de
estos acuerdos procuran seguir avanzando para conseguir otra parte. Y no enarbolan los éxitos de la movilización como bandera para la ruptura sino para seguir presionando y alcanzar nuevas mejoras; esa es la naturaleza de los sindicatos, tanto en
España como en todo el mundo y, por tanto, es normal que actúen de esta manera. De la misma forma, es normal que el ministro no quiera avanzar, y no sé si lo hará mediante la ley de acompañamiento o quizá el próximo año como consecuencia de la
reforma de las pensiones, que nada tiene que ver. Pero, en fin, en algún momento habrá ocasión para que el Gobierno rectifique una parte de su posición con respecto al Plan de Empleo Rural en Andalucía y Extremadura.
Por tanto, vaya por delante
esa naturaleza de los sindicatos. Pero los sindicatos no han negociado los textos, han conversado con el Gobierno, que los ha llamado después de la huelga y de la rectificación, y a enemigo que huye puente de plata, como es lógico; y buenas caras,
hasta fotografías, porque no importa. Lo importante es defender a los trabajadores. Y ésta es la naturaleza de los sindicatos. Además, Izquierda Unida se siente contenta y feliz con esta actitud de los sindicatos. ¿Se acuerdan ustedes del
binomio presión-negociación, que ha estado presente durante toda la vida, también con otros gobiernos, que es la naturaleza misma de los sindicatos? Se quiere negociar para conseguir cosas; cuando no se consiguen o reciben ataques a los derechos
de los trabajadores, movilizan; y cuando consiguen una victoria, lógicamente la amarran para conseguir más.
Por tanto, el Gobierno ante el PER decidió reordenar en su momento el subsidio agrario --la verdad es que no entiendo el porqué-- con el
siguiente eufemismo utilizado en el documento inicial: para la pretendida reordenación consistente en suprimir a partir de ahora el subsidio agrario de los eventuales del campo --he dicho bien, ahora-- existente en Andalucía y Extremadura,
manteniéndolo con carácter transitorio y a extinguir para quienes lo vengan percibiendo.
Señorías, dicho subsidio por desempleo ha formado parte desde su creación de un sistema integrado de protección conjunto, como medida de fomento de empleo y de
formación ocupacional rural, cuyo funcionamiento ha posibilitado avances tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. En la comisión defendí de forma clara que el subsidio en Andalucía y Extremadura era beneficioso para la propia
riqueza de la comunidad, para la protección de los trabajadores, para fijar y sentar la población en los pueblos de Andalucía y de Extremadura. Todo ello conlleva ese beneficio respecto al antiguo y deficiente sistema del empleo comunitario, al que
presentamos enmiendas --incluso al actual-- con el fin de poder avanzar en esta dirección.
El señor PRESIDENTE: Señoría, por favor, vaya finalizando.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Señorías, termino diciéndoles que voy a firmar la enmienda transaccional con respecto a los trabajadores fijos discontinuos-- aunque no estemos totalmente de acuerdo porque no está resuelto-- porque es mejor que
el anterior contenido de la reforma; sin embargo, les voy a pedir después la retirada de la disposición adicional cuarta de esta ley porque mantiene un elemento --que luego explicaré-- que no resuelve el problema de todos los trabajadores fijos
discontinuos.
Y considero que es mejor porque yo soy duro en la pelea, pero pragmático, y me parece bien; sin embargo, no queda resuelto porque remite a un desarrollo reglamentario posterior. Tampoco estoy de acuerdo con otras posiciones que no
se manifiestan, que no se admiten, de cobertura social, de empleo y subsidios de desempleo, que luego comentaré.
Por tanto, no se equivoquen ustedes, señoras y señores del Grupo Parlamentario Popular, el diálogo siempre es bueno, pero con todo el
mundo; con los agentes sociales y con las fuerzas políticas. Igual que es bueno para la democracia que los hombres y las mujeres empujen, peleen y trabajen por unas mejores condiciones de vida y de trabajo. El papel social es fundamental en ese
campo, si no, estaríamos en la Edad de Piedra. La historia la empujan los hombres y las mujeres, y cuando hay un Gobierno o un partido que quiere frenar la historia o se opone a ella...
El señor PRESIDENTE: Señoría, por favor, vaya finalizando.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Sí, señor presidente. Cuando ocurre eso, la resolución está en la movilización, en la presión. Manuel Cámara, Izquierda Unida y todo lo que yo y mi grupo político representamos, siempre estaremos del lado de los
trabajadores, siempre estaremos del lado de los sindicatos, y siempre estaremos, porque conocemos sus reivindicaciones y son justas, del lado de la razón, de la parte más débil de la sociedad. Ustedes, con el «decretazo» pretendieron en su momento
quitarles derechos. Ahora están parcialmente restituidos, seguiremos peleando para que se restablezcan todos los derechos, el PER y los subsidios y la protección por desempleo para los trabajadores fijos discontinuos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Mixto hay una propuesta de veto presentada por el señor Quintana González, que tiene la palabra.
El señor QUINTANA GONZALEZ: Muchas gracias, señor presidente.
En honor a la brevedad haré mi intervención desde el escaño y procurando ocupar el menor tiempo posible, puesto que muchas de las consideraciones que podría hacer el Bloque
Nacionalista Galego a este respecto han sido ya expuestas por el portavoz de Izquierda Unida, que me precedió en el uso de la palabra.
Aun reconociendo que lo que hoy se somete a consideración de la Cámara presenta novedades positivas respecto de
lo que en principio tuvimos que debatir, vamos a mantener este veto fundamentalmente por las razones que de forma sintética paso a exponer.
Se siguen manteniendo las limitaciones de acceso al desempleo para los trabajadores fijos discontinuos, pues
también se sigue manteniendo la referencia a quienes están amparados por la relación laboral prevista en el artículo 15.8 del Estatuto de los Trabajadores y, entre éstos, a aquéllos cuyo trabajo no se repita en fecha cierta.
Por otro lado, en
nuestra opinión se mantienen restricciones a la percepción del subsidio de desempleo por parte de los emigrantes, puesto que no hay modificaciones en la redacción inicial del real decreto-- ley del que trae causa este proyecto, según la cual se
circunscribe este derecho a los trabajadores españoles que hayan salido de España exclusivamente por motivos de trabajo y hayan permanecido y trabajado en el extranjero durante un periodo mínimo de 12 meses en los últimos seis años.
Asimismo, la
definición del requisito de carencia de rentas sólo se mejora parcialmente, al excluirse las indemnizaciones de trabajo del cómputo de rentas incompatibles con la percepción del subsidio por desempleo.
Por otra parte, el desempleo agrario no
presenta cambios significativos, manteniéndose por tanto un sistema discriminatorio. También se mantiene la compatibilidad en el trabajo con la percepción de prestaciones por desempleo y la renta activa de inserción, una de las medidas más
regresivas del citado real decreto-ley, pues contribuye a que siga habiendo trabajos muy precarios con salarios indignos que no cubren las necesidades básicas del trabajador al complementarse los mismos con las percepciones de prestaciones públicas.
Por todas estas razones nos hemos animado a mantener este veto, que sometemos a consideración de la Cámara.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
En turno en contra, tiene la palabra la senadora Do Campo.
La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Popular para rechazar los dos vetos presentados por los senadores Cámara y Quintana. Como ya anunciamos en la comisión, los rechazamos
por no considerar oportuna su presentación tras haber logrado una aproximación de posiciones y haber conseguido el tan deseado encuentro con los agentes sociales, acuerdos estos que se han traducido en este proyecto de ley en la aprobación de
importantes enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios en su tramitación en el Congreso de los Diputados, y que no sólo se han aprobado por parte del Grupo Popular, sino que también han contado con el apoyo de los Grupos de
Senadores de Coalición Canaria y Convergència i Unió. De estos acuerdos y diálogos también es testigo esta Cámara, en la que se han llevado a cabo modificaciones al proyecto durante su tramitación en ponencia, así como otras que hoy veremos a lo
largo de esta tramitación en el Pleno.
Por tanto, el Grupo Popular agradece el talante y la disposición de los ponentes de los diferentes grupos para llegar a esos acuerdos, que sin lugar a dudas benefician a nuestros desempleados y trabajadores.
Y todo ello, señorías, es fruto de la voluntad, el diálogo y los acuerdos que este Gobierno, y en particular el señor ministro de Trabajo, desean para el presente y el futuro en favor del interés general, y en este caso de los trabajadores y las
trabajadoras de este país.
El Grupo Popular sigue incidiendo en la importancia de este proyecto de ley de reforma del sistema de protección por desempleo, importancia que claramente se recoge en sus objetivos, que no son otros que la creación de
más y mejor empleo, así como que existan las suficientes oportunidades de formación y empleo que lleven a que nuestros desempleados encuentren un trabajo en el menor tiempo posible y a su vez tengan garantizadas todas sus prestaciones sociales, y
muy especialmente en los casos de desempleo, principios éstos refrendados, como no podía ser de otra forma, en la Cumbre de Barcelona del Consejo de Europa, y que se refuerzan con toda una serie de medidas que se han ido incorporando con objeto del
diálogo social.
Una vez más se muestra la voluntad política de abrirse, no sólo al diálogo social, sino también al político, modificando este proyecto con propuestas de otros grupos e incluso de diversos colectivos. Estas aportaciones han
desembocado en una mejora del proyecto --y así hay que decirlo--, y por tanto, no hay nada de retórica parlamentaria, sino que se trata de una realidad positiva que nos llevará y servirá para mejorar la empleabilidad y dotar de mayores garantías al
sistema de protección por desempleo.
Señorías, con los objetivos que se presentan en esta ley se están facilitando los medios para hacer llegar las oportunidades de empleo a aquellas personas que deseen incorporarse al mundo laboral, facilitando
esa búsqueda del mejor itinerario de inserción a través de los servicios públicos de empleo transcurridos esos 100 días de percepción de la prestación, facilitando la movilidad geográfica, regulando el concepto de colocación adecuada con mayores
garantías jurídicas para nuestros desempleados y haciendo compatible el trabajo por cuenta ajena con el subsidio de desempleo para aquellos mayores de 52 años, algo que, sin lugar a dudas, permite acumular esos períodos de cotización, así como
garantizar para el futuro una mejor pensión de jubilación.
Otro de los objetivos, señorías, es corregir esas disfunciones observadas en la protección por desempleo, y para ello se reordena la protección de emigrantes retornados,
reservando un subsidio para quienes han trabajado al menos un año en países con los que España no tiene convenios y estableciendo para el resto la posibilidad de poder reincorporarse al programa de renta activa, teniendo en cuenta, también,
como no podía ser de otra manera, a aquellos emigrantes que proceden de países del espacio económico europeo o con los que tenemos firmados esos acuerdos de prestación por desempleo.
Otra de las novedades que debemos destacar es que el nacimiento
de la prestación se produzca tras las vacaciones no disfrutadas, que deben ser retribuidas y a la vez cotizadas, aclaración que, por cierto, se introdujo en el trámite de ponencia del Senado. El Grupo Parlamentario Popular quiere destacar también
la ampliación de la protección a esos colectivos que actualmente carecen de ella y que se van a poder ver beneficiados por la renta activa de inserción; me estoy refiriendo a esos parados mayores de 45 años que llevan más de 12 meses en situación
de desempleo, a los parados discapacitados de cualquier edad, a los emigrantes retornados y a las víctimas de la violencia doméstica.
Asimismo se establece esa prestación contributiva por desempleo para los trabajadores agrarios del conjunto del
territorio español a los que me referiré con posterioridad.
Respecto del veto que ha presentado el senador Quintana he de puntualizar lo siguiente. Señoría, ni el objetivo único de la reforma es ahorrar gasto público en la protección por
desempleo, tal y como usted asegura en su propuesta de veto, ni la cobertura de dicha protección está en los niveles a los que usted hace referencia. Este grupo no se cansará de afirmar que esta reforma no busca recortar gastos y mucho menos
reducir protección, sino que intenta reorientar dichos gastos hacia las políticas activas de empleo. Muestra de ello es el hecho de que en el presupuesto del Inem para el año 2003 se prevé un incremento de casi el 20 por ciento respecto del
presupuesto inicial del año 2002 en la partida destinada a las prestaciones por desempleo.
Nuestro grupo puede estar de acuerdo con los datos que ustedes nos están facilitando respecto de la tasa de cobertura --y con ello respondo a los senadores
Cámara y Quintana--, datos que no coinciden en absoluto con los que tenemos oficialmente y que nuestro grupo maneja, es decir, que esa tasa de cobertura para el año 2003 se va a situar en el 62 por ciento.
Incluso se prevé una disminución del
volumen de desempleados desprotegidos que se cifran para el año 2003 en 600.000.
Señorías, me gustaría que quedase claro en esta Cámara que la reforma pretende lograr fundamentalmente que la protección por desempleo deje de ser un período inactivo
a la espera de que llegue un empleo para convertirse en un tiempo útil que puede aprovechar el desempleado para buscar activamente un nuevo puesto de trabajo, mejorar sus posibilidades de inserción y evitar caer en el desempleo de larga duración.
Senador Quintana, en su veto nos dice que este proyecto de ley avanza en una línea de política antisocial y que no se ciñe estrictamente a abordar la normativa de desempleo. He de decirle que este proyecto de ley responde a lo que son las
orientaciones de la estrategia europea de empleo, que reclaman un mayor peso de las políticas activas para favorecer la inserción laboral de todos los desempleados y sobre todo está en la línea de las recomendaciones del Consejo de la Unión Europea
en Lisboa y con las conclusiones de la Cumbre de Barcelona, que reclaman esa urgente y prioritaria necesidad de adaptarse al régimen fiscal y de las prestaciones por desempleo para que el trabajo resulte rentable y que incentive la búsqueda de
puestos de trabajo.
Por último, senador Quintana, en referencia a los salarios de tramitación, he de decirle que las modificaciones que se han introducido en el Congreso de los Diputados en esta materia no suponen un cambio de la esencia y
fundamento de lo que es la reforma, que es claramente la de impedir la ausencia de ingresos del trabajador tras el despido, facilitándole, cómo no, el acceso rápido a sus prestaciones por desempleo. También evitamos de esta manera lo que es la
judicialización excesiva e innecesaria del despido y, por tanto, la incertidumbre sobre sus costes.
Con respecto al veto del senador Cámara, en cuanto a lo que puede ser anular los efectos del real decreto, nosotros consideramos que en este momento
resultaría desaconsejable por la propia inseguridad jurídica que podría conllevar esa decisión. Sí me gustaría pararme un poco en lo relativo al subsidio agrario y reitero que no es cierto que este proyecto de ley contemple la supresión del
subsidio agrario y no nos cansaremos de decirlo, ya que todos los trabajadores beneficiarios del mismo tienen garantizado su derecho y, por tanto, permanecen en el sistema actual sin ninguna modificación. Senador Cámara, señorías, los 350.000
desempleados agrarios siguen protegidos tras la reforma en las mismas condiciones que lo estaban antes. Más alto tal vez, pero más claro no se puede decir.
Para nada es cierto afirmar que el gasto público en protección social, y muy especialmente
de los fondos destinados a AEPSA, se hayan recortado, ni se van a recortar. El Inem no sólo los va a mantener, sino que incrementa esas inversiones que anualmente lleva a cabo en Andalucía y en Extremadura. El presupuesto del Inem para 2003
refleja una dotación de casi 155 millones de euros, lo que va a suponer un incremento del 2 por cien sobre el año 2002.
Senador Cámara, tampoco existe, como usted expresa en su veto, un empeño en castigar a los eventuales agrarios, sino todo lo
contrario, ya que, como han manifestado tanto el Gobierno como diferentes portavoces en reiteradas ocasiones, existe el compromiso de mejorar la protección social de los eventuales agrarios dentro de la reforma del Pacto de Toledo, y de hecho en
esta propia ley dejamos una puerta abierta a esta posibilidad cuando en el punto 3, artículo 4, capítulo III del proyecto de ley se faculta al Gobierno para extender la protección asistencial a los trabajadores en función de la tasa de desempleo y
la situación financiera del mismo. Por ello, mi grupo incide en que el proyecto articula un nuevo sistema de protección del empleo agrario y que, respetando el sistema vigente en Andalucía y en Extremadura, va a suponer avances notables en este
mercado de trabajo agrario, especialmente para aquellos desempleados del campo de todo el territorio nacional,
permitiendo avanzar en la modernización y en la mejora de la protección social agraria.
Por último, teniendo en cuenta la gran preocupación del senador Cámara y recordando su intervención en la comisión, donde nos decía que faltaban dos
puntos por solucionar --cuestión a la que hoy mismo ha hecho referencia--, tengo que decir que quizá en el tema concreto de los fijos discontinuos, en el debate de las enmiendas parciales la senadora Mendizábal le aclarará la solución que se da a
este colectivo, fruto una vez más del diálogo social. Termino, señorías, abogando una vez más a continuar dialogando para que nuestros desempleados puedan tener una pronta reinserción en el mercado laboral y sepa, senador Cámara, que no sólo usted,
sino esta senadora y el resto de compañeros de mi grupo parlamentario siempre estaremos defendiendo a los trabajadores.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Turno de portavoces.
En nombre del
Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Cámara.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo muy brevemente para hacer algunas precisiones. En primer lugar, cuando me he referido a la cobertura del desempleo he utilizado datos de la EPA, mientras que usted ha
dado datos del Inem. Las cifras que yo he dado son exactas, no me las invento, y repito que son datos de la encuesta de población activa. Por tanto, no tengo que argumentar nada más al respecto.
Sinceramente, creo que ustedes tienen un problema
muy serio. En momentos de crecimiento económico han llevado a cabo una política que, como no podía ser de otra manera, ha dado buenos resultados y se ha creado empleo; ha sido un empleo precario y de muy mala calidad, pero lo ha habido.
En
cualquier caso, yo he mencionado algunos rasgos del mercado laboral y les he advertido que la situación ya no es la misma. Les he comentado que existe una desaceleración de la economía y, por tanto, de la creación de empleo. Para entendernos, ni
fueron las políticas del PP las que generaron empleo, ni serán las políticas del PP las que destruyan empleo.
Es decir, los rasgos del mercado laboral, añadidos al crecimiento económico o al no crecimiento económico, motivan unos resultados u
otros.
El ritmo de creación de empleo se ha reducido hasta niveles preocupantes, y supongo que alguna repercusión tendrá en el futuro en cuanto al número de parados. En el año 2000 la ocupación creció por encima del 4 por ciento, ¿verdad? El año
pasado sólo lo hizo un 2 por ciento, la mitad. Y lo más probable es que en 2002, que ya está terminando, crezca un 1 por ciento, la mitad que el año pasado. Se ha pasado del 4 al 1 por ciento en tres años. Esta es la realidad, y coincide con la
puesta en marcha de sus políticas.
Por tanto, es un error no aprovechar los momentos de crecimiento económico para crear más y mejor empleo, así como dotar a los trabajadores de una mayor cobertura legítima y de los derechos que les son inherentes.
La crítica global que hace Izquierda Unida a su política sociolaboral y económica --no piensen otra cosa-- está basada en un acervo de razones y argumentaciones que ya han sido expresadas por mí y otros miembros de mi grupo en el Congreso y en otros
foros, por lo que no la voy a repetir.
La reforma de desempleo no tiene sentido, y han tenido que rectificar porque les haría daño política y electoralmente. Sean sinceros y reconózcanlo. Perdían votos a chorros porque habían perdido el
equilibrio del centro y se iban hacia la derecha. Eso es lo que les ha pasado y, después de la huelga, han tenido que rectificar. ¡Si el Estado no pone ni un duro! Hay un superávit de mucho cuidado en el Inem, hasta 1 billón de pesetas acumulado a
finales de 1998. Por tanto, no había razones ni prisas para acometer esa reforma. Pero han hecho bien en rectificar, y no les voy a meter más los dedos en los ojos.
En cuanto al sistema del PER, saltan con el señuelo demagógico --siento mucho
tener que hablar así, pero es mi opinión-- de que en toda España se va a dar un seguro por desempleo que antes no se percibía. Teniendo en cuenta que casi el 80 por ciento de los trabajadores del campo están en Extremadura y Andalucía, será igual
en toda España; quito mucho por aquí y doy un poco por allá a todo el mundo. Pero encima lo hacen mal. En el campo van a ser necesarias 365 jornadas de trabajo, las llamadas peonadas en Andalucía y Extremadura, para tener derecho a tres meses de
desempleo.
¿Cuándo lo van a adquirir? Actuales trabajadores del campo se van a jubilar y no han tenido nunca ese derecho. ¡Tres meses! Por cierto, para los demás trabajadores son cuatro, pero para los del campo tres meses.
¿Por qué? ¡Les cuesta
más trabajo llegar y encima les dan menos! Además no dicen --y esto hay que denunciarlo-- que no tendrán subsidio, y no los de Extremadura y Andalucía que tienen un subsidio especial, no: ni los de Aragón, ni los catalanes, ni los murcianos, ni los
castellanos..., ninguno tendrá subsidio. ¡No tienen derecho a subsidio! ¡Es así! Trabajadores que tienen que trabajar esas peonadas, cuando obtengan ese derecho y lo cubran, no tendrán derecho a un subsidio cuando no tengan trabajo, con las
consiguientes cuestiones que esto conlleva...
El señor PRESIDENTE: Señoría, por favor, vaya finalizando.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Por tanto, señorías, la reforma respecto al PER no tiene parangón y es, en mi opinión, bastante impresentable.
Y además, yo les reto aquí --aunque hace muchos años que vivo en Baleares soy un poco castizo-- y les
apuesto una comida o una cena a que ustedes lo van a rectificar, y si no rectifican lo van a pagar muy caro. Hoy decía el señor ministro en la interpelación --y termino con esto--: No nos importa pagarlo electoralmente, somos altruistas,
defendemos a la sociedad. No le creo, no le creo. Hicieron una reforma a través de una encuesta para ganarse la voluntad de electores desprestigiando el seguro de desempleo,
desprestigiándolo, y cuando han comprobado que se les volvía en contra lo han modificado. Les aseguro que van a rectificar la cuestión del PER porque es impresentable y tienen que hacerlo, en primer lugar, por el bien de los trabajadores y
también, por qué no decirlo, por su propio interés. Si no, allá ustedes. Yo estaré muy contento de que pierdan el máximo de elecciones posible, pero ustedes se han equivocado al no rectificar un punto esencial como lo es éste para los trabajadores
de Extremadura y Andalucía.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria tiene la palabra el senador Froilán Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ DIAZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, en esta primera intervención de nuestro grupo parto de la base de que estamos debatiendo un proyecto de ley de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por
desempleo y mejora de la ocupabilidad que, por suerte, poco tiene que ver con el que inicialmente aprobó el Gobierno, no sólo por la lógica presión, razonable y totalmente admisible dentro de un Estado de derecho de los agentes sociales, sino
también porque en el ámbito político --al margen de las modificaciones que sobre su propio texto introdujo el Gobierno posteriormente-- hemos tenido sustanciales modificaciones en su paso por el Congreso. En concreto, de las enmiendas presentadas
por Coalición Canaria varias --y algunas de ellas importantes-- fueron admitidas en el trámite parlamentario del Congreso, ya fuera en comisión o en pleno. Estamos aquí, por tanto, ante un proyecto de ley que por el bien de todos se parece
relativamente poco al texto original --no digo que no se parezca porque hay cosas que siguen manteniéndose--. Pero todos nos encontramos mucho más tranquilos, o menos intranquilos, con este texto que hoy estamos debatiendo en su fase final.
Al
margen de que pensemos que probablemente en el debate de las enmiendas podemos llegar a algunos acuerdos --nosotros seguimos manteniendo nueve de las enmiendas iniciales que nos parecen importantes como también nos lo parecen bastantes de las que
presentan los distintos grupos--, nos hemos llevado una alegría al ver que en un aspecto también importante --parcial, pero muy importante-- como son las prestaciones por desempleo a los fijos discontinuos, se ha logrado un acuerdo para llegar a una
transaccional entre todos los grupos sobre la base de una de las enmiendas presentadas por Convergència i Unió, de lo cual nos alegramos también. Pero quedan algunos capítulos pendientes en este proyecto de ley que estamos debatiendo y yo creo que
el más importante --además se ha debatido mucho en este tramo de los vetos-- es el de las prestaciones por desempleo o los subsidios para el empleo agrario.
Sigue siendo una asignatura pendiente, y por ello animo al Gobierno y al partido que le
apoya a dar muestras de generosidad y de responsabilidad en esta materia, porque sabemos todos que son muchísimos los afectados y hay otras medidas para conseguir la empleabilidad y luchar contra lo que la portavoz del Grupo Popular decía hace unos
momentos --coincido con ella en la filosofía-- de poner en marcha medidas que faciliten la integración laboral, la búsqueda activa de empleo con factores como la movilidad o la obligación de exigir puestos de trabajo acordes con el perfil
profesional de cada uno.
Ahora bien, no creo que la supresión de la prestación por desempleo en el campo agrario vaya a facilitar ese tipo de acciones, sino que puede enconar aún más la crispación social que existe respecto a esta cuestión, sobre
todo en algunas comunidades autónomas que todos conocemos.
Por lo tanto, y para ir terminando con esta intervención, al margen de defender y apoyar las enmiendas que correspondan en el siguiente trámite de este debate, debo decir que nosotros no
vamos a apoyar estos vetos, aunque por supuesto coincidimos con una parte importante del contenido, pero preferimos que sea en el debate de las enmiendas en el que, entre todos, tratemos de introducir aquellas mejoras --que seguro que son posibles--
a este proyecto de ley.
En consecuencia, nuestro posicionamiento final se remite al debate de estas enmiendas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el señor Aurrekoetxea.
El señor AURREKOETXEA BERGARA: Gracias, señor presidente.
Como ya hemos comentado en comisión, básicamente son dos las cuestiones que no nos permiten apoyar esta reforma, aunque hay otras que también nos preocupan, como el PER que se ha
comentado aquí, que esperamos se consiga reconducir y confiamos en que se sepa escuchar a la ciudadanía, así como los planteamientos que se hacen para poder dar una solución más satisfactoria.
Tal como decíamos el otro día, en el trámite de
urgencia del Senado, se vuelve a impedir de nuevo el diálogo y el consenso, sobre todo en esta Cámara de segunda lectura, aunque no voy a negar que desde mayo se ha estado planteando esta cuestión, incluso en los medios de comunicación, en el
Congreso, etcétera. Ahora bien, en lo que afecta a este Senado, de nuevo nos encontramos con estos trámites de urgencia que ayudan muy poco a conseguir esa Cámara de segunda lectura, de sosiego, de reposo y de posibilidad de mejorar las leyes que
vienen del Congreso. Eso sí, en una cuestión como ésta, ¿de dónde viene este real decreto-ley? ¿De quién procede esta reforma? La verdad es que si esto ya estaba cuestionado, ese trámite tan corto, de urgencia, no ayuda mucho a eliminar trabas y
restaurar confianzas.
Por lo tanto, a pesar de que, como decía, podemos reconocer el esfuerzo --a nosotros también nos han aprobado enmiendas--, incluso el que ha tenido que hacer en su debut el ministro nuevo, señor Zaplana --y no vamos a dudar de
su voluntad para seguir manteniendo acuerdos--, no deja de ser, queramos o no, un despropósito y un fracaso de
la gestión del Gobierno. Aunque el otro día se me decía que no, yo entiendo que es un fracaso desde el momento en que no se ha sabido detectar que había que realizar unas reformas y no se ha sabido entender las demandas que se planteaban ni
dar las soluciones adecuadas.
Por lo tanto, a pesar de que se hayan corregido muchos aspectos, queramos o no existe un fracaso al no haber sabido llevar adelante una reforma que, a todas luces, seguramente va a ser obligada cuando, además, en una
serie de declaraciones se vuelve a recuperar un tono triunfalista de que se ha creado empleo, etcétera. Ante la situación que se nos viene encima, yo, por lo menos sería cuando menos prudente y más en estos momentos, cuando hace unos días la
preocupación sobre la situación del empleo no sólo se manifiesta en el Estado y es una constante en todos los ámbitos sociales, como reflejan las recientes encuestas, sino que también preocupa en Europa, aunque el ministro lo minimizaba,
fundamentalmente respecto a algunas de las características del empleo que existe en el Estado español, como la temporalidad, el empleo en la mujer, la siniestralidad, etcétera.
Si, como se nos planteaba, realmente se quiere alcanzar el objetivo de
pleno empleo y de calidad, creemos que se precisa de un talante y de un estilo que no se ha encontrado en este Gobierno. Y como ejemplo está la vigencia de este Real Decreto, que, a pesar de las rectificaciones, entendemos que no da satisfacción y
consideramos que debe ser el último episodio de esta forma de actuar, para poder afrontar realmente las necesidades de reforma que tiene el mercado de trabajo. Por tanto, no tanto con un tono autocomplaciente y triunfalista desde el Estado, sino
atendiendo a que los tiempos están cambiando y que se van a necesitar todos los apoyos y consensos para poder llevar a cabo esa reforma. Hay que corregir cuanto antes los daños generados por este Real Decreto en su período de vigencia y tratar de
que no sigan generando mayores perjuicios a los trabajadores ya afectados y a otros que pudieran verse afectados si no ponemos en marcha enseguida este cambio.
Como se está viendo en estos días en los medios de comunicación, estamos entrando en un
tiempo en el que también corremos el peligro de iniciar una carrera sobre medidas y reformas unilaterales para quedar bien, pero perdiendo la perspectiva del objetivo marcado y ponernos en marcha para conseguir las reformas entendemos que obligadas
en muchos casos por los cambios que se producen y que necesitan de consenso, al tiempo que deben gozar de una vocación duradera.
Otra de las cuestiones que nos afecta, como venimos diciendo desde hace tiempo, es la relativa a la falta de
sensibilidad por parte de su ministerio hacia el Estado plurinacional y el proceso de desarrollo autonómico que comenzó hace ya unos cuantos años. Seguimos viendo que no se acaba de atender a las demandas de nuestra sociedad, a lo que representa
ese hecho diferencial, y nuevamente tenemos que insistir en que esta reforma no contempla la existencia de instituciones con competencias y especialidades tales como las referidas a un tejido socioeconómico propio, empresarial, sindical, etcétera, y
que se debería tender a favorecer en comunidades como la nuestra políticas propias en esta materia, que además creemos que son más eficaces y próximas al ciudadano. Por otra parte, todas las directrices de las estrategias europeas sobre empleo que
hoy en día se están planteando insisten continuamente en la necesidad de la activación de los papeles de los agentes regionales y locales y su implicación en el diseño de los mismos.
Por tanto, mientras que el desarrollo estatutario llega a
nosotros, seguiremos atendiendo en lo posible, como se ha visto siempre, a pesar de la falta de apoyo del Estado, a la puesta en marcha de nuestros propios recursos para atender esas necesidades, como ya hicimos hace 14 años cuando pusimos en marcha
las primeras rentas de inserción, como seguimos haciendo respecto a la formación continua a pesar del déficit que nos genera y la falta de apoyo del Estado, y también respecto de otros muchos programas.
Por tanto, continuamos abiertos a buscar
soluciones con el Estado y continuamos abiertos al diálogo. El que queramos tener un ámbito propio en esta materia no implica que no queramos colaborar ni tener una coordinación, pero, mientras eso llega, tendremos que afrontar nuestra propia
realidad y darle soluciones con nuestros medios.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En el turno de portavoces, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Espasa.
El señor ESPASA I OLIVER: Gracias, señor presidente.
Intervendré muy brevemente para fijar nuestra posición, que será la misma que la expuesta en comisión.
Nosotros quisiéramos ver cómo el propio Partido Popular y yo especialmente como
mis admiradas senadoras Do Campo y Martín Mendizábal aceptan que han rectificado, porque, como dice el aforismo clásico, de sabios es rectificar, y yo quiero calificarlas a ustedes de sabias. Por tanto, aceptemos todos, como decía el senador
Cámara, que ha habido una gran rectificación respecto del inicial «decretazo» en este proyecto de ley. Prácticamente queda un punto, el subsidio agrario. Por esta razón, señoría, nuestro grupo parlamentario en su día no presentó un veto, porque
creemos que los vetos deben modularse de acuerdo a la razón, al peso y volumen de la oposición que genera un determinado proyecto de ley como es el que estamos contemplando. Por la misma razón que no se presentó un veto por parte de nuestro grupo
tampoco podemos apoyar los vetos del Grupo Parlamentario Mixto. Sí vamos a apoyar el veto de Izquierda Unida porque contiene el núcleo central de uno de los elementos que aún no se ha solucionado: el subsidio agrario.
No vamos a poder votar
lamentablemente otros vetos porque no nos parecen proporcionados al estado actual de tramitación de este proyecto de ley.
En otras intervenciones tendremos ocasión de expresar nuestra posición en las enmiendas que nos restan vivas y, sobre todo, en
la 53 y en la 54 que hacen referencia al tema del subsidio agrario, del Plan de Empleo Rural y de la nueva protección al desempleo
agrario en la que podré, de nuevo, decir a mis admiradas senadoras Do Campo y Martín Mendizábal que sí es una medida populista, pero ya lo demostraré en su momento.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Sesmilo.
El señor SESMILO I RIUS: Muchas gracias, señor presidente.
Prácticamente tendría que reiterar lo que ya dije en comisión, pero en atención a sus señorías me parece que es bueno ponerlo en conocimiento de todas sus señorías. Si bien voy a
decir lo mismo en el fondo, quizás voy a variar un poco la forma. Voy a empezar explicando que al día siguiente de que se llegara a la votación de este proyecto de ley en el Congreso de los Diputados leí un artículo en uno de los periódicos de
mayor difusión en Cataluña que llevaba por título «Si Convergència i Unió no existiera habría que inventarla».
Lo leí con afán, con interés, pensando que podría tratarse de algún tema de ámbito catalán. El articulista comentaba cómo el acuerdo a
que habían llegado el Gobierno y los sindicatos se podía materializar prácticamente a partir de las enmiendas que en su día había presentado Convergència i Unió. No quiero presumir de lo que no sería justo. Seguro que si el Gobierno había llegado
a un compromiso con los sindicatos se habrían buscado otras fórmulas, pero quizás no estaríamos ahora hablando de ello.
Se hubiera retrasado, se tendrían que haber tomado otras medidas, pero es una demostración de que Convergència i Unió se siente
implicada en los asuntos del Estado. Siempre tiene una posición positiva, con aciertos, con errores, como no podía ser de otra manera y, por tanto, nos sentimos bastantes responsables de la situación actual de este proyecto de ley.
Por lo tanto,
como ya dije en comisión, por coherencia y por lealtad, vamos a oponernos a los vetos. Si nosotros hemos sido parte importante --que nadie interprete que quiero decir la más importante, aunque legítimamente me sienta así como grupo parlamentario en
la situación actual en la que está este proyecto de ley--, y si los acuerdos con el Gobierno nos exigen una lealtad que siempre hemos tenido a gala en practicar; si además, tenemos en cuenta que en el debate de las enmiendas hemos avanzado más en
el Senado en la dirección que nuestro grupo pretendía, quedará claro y será comprensible para todos que nos vamos a oponer a los vetos presentados.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Do Campo. (Pausa.) Perdón. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Alonso.
El señor ALONSO GARCIA: Gracias, señor presidente.
Gallegos y asturianos somos primos hermanos, aunque dicen que los asturianos somos los primos.
Sean mis primeras palabras, señor presidente, primero, para lamentar la no presencia del
ministro de Trabajo en esta Cámara, como senador que es del Reino de España y ministro de Trabajo. Tiene que atender a los medios de comunicación, que es una tarea que nos asiste a todos aquellos que nos dedicamos a la acción política, pero
entendemos que la democracia parlamentaria hay que anteponerla a otro tipo de obligaciones. Lamentamos que el ministro de Trabajo esté atendiendo a los medios de comunicación y no siguiendo el debate con el mismo interés que todos los senadores
implicados en este tema lo estamos haciendo.
Sirva mi intervención, señor presidente, en primera instancia, para fijar la posición de nuestro grupo respecto de los vetos presentados y manifestar la razón que nos animó a no presentar un veto a este
proyecto de ley .
No cabe duda de que el texto que llega al Senado lo hace en su conjunto profundamente modificado respecto del que se debatió en el Congreso de los Diputados. Y ésta es, quizás no la única, pero sí una de las principales razones
por la cual no presentamos veto a este proyecto de ley.
El texto del decreto del mes de mayo fue objeto por parte de nuestro grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados de una enmienda a la totalidad con texto alternativo, como ustedes bien
saben, y tanto la enmienda a la totalidad como el texto alternativo fueron rechazados concretamente por el Grupo Parlamentario Popular y algunos otros grupos que conforman también la Cámara del Congreso de los Diputados.
Después de la huelga del 20
de junio del año 2002 el Gobierno se ve en la obligación de reorientar el contenido del Real Decreto. Y en ocasiones, cuando uno escucha, como hemos tenido ocasión de hacerlo esta mañana al ministro de Trabajo en la interpelación de que fue objeto
y también en otra que no hace muchos días presenté al ministro, observamos que la tónica dominante del Gobierno es la reconducción del diálogo social. Y sin embargo, lo que hay, sin duda alguna y así lo reconocemos, es una reorientación de aquellas
iniciativas que el Gobierno tenía pensado poner en práctica. Y no hay reconducción del diálogo social habida cuenta de que cuando el Gobierno del Partido Popular reorienta el contenido del Decreto éste ya se encuentra en trámite parlamentario y,
por tanto, no queda espacio para que tenga lugares de encuentro con los agentes sociales, sino con los grupos parlamentarios, como bien acaba de poner de manifiesto el senador Sesmilo y que no es una reconducción del diálogo social, sino del
contenido del texto a través del trámite parlamentario.
Sin embargo, nosotros, contrarios a lo que me decía el ministro en su día, de que acudíamos aquí con una estrategia de confrontación, tuvimos ocasión de que el Gobierno nos pusiese de
manifiesto dónde se localizaba la reorientación del diálogo social. Nos decía que en aquello que contenía todas las iniciativas en materia de prevención de riesgo, pues curiosamente nosotros hemos tenido una iniciativa que en absoluto planteaba
conflicto de ninguna naturaleza con el plan de choque que el ministro planteó a los agentes sociales y, sin embargo, han sido los grupos Parlamentarios Popular y Catalán en el Senado de Convergència
i Unió los únicos en la Cámara que se posicionaron en contra de esta iniciativa.
Hoy por la mañana hemos visto una interpelación en donde se podía visualizar si había reconducción o no del diálogo social entre agentes sociales y el
Gobierno, concretamente del subsidio agrario en los trabajadores eventuales del campo en Andalucía y en Extremadura. Tampoco hemos podido percibir que hubiese espacio para reconducir el diálogo entre el Gobierno y los agentes sociales. No quiero
alejarme del tema.
Como antes decía, voy a decir cuál fue la razón que nos animó a no presentar el veto.
Señores senadores y senadoras del Grupo Parlamentario Popular, la razón que nos animó era instalarnos en esta cultura del acuerdo con el
objeto de favorecer la reorientación que desde el Gobierno se da al contenido del Decreto en prestaciones por desempleo y animar a que se recondujesen también los efectos perniciosos de la reforma del 2001. Aprovecho la presencia del ministro para
recordarle que la reforma del 2001 jamás tuvo la aquiescencia de los agentes sociales, como él dijo en la interpelación.
El señor PRESIDENTE: Señoría, por favor, vaya concluyendo.
El señor ALONSO GARCIA: Concluyo, señor presidente.
Por tanto, aunque tuviésemos razones para presentar el veto por el contenido de los artículos 3 y 4, el no hacerlo fue sobre todo porque queríamos instalarnos en esa cultura de acuerdo,
como decía, ya que observábamos, senadora Do Campo, que lo único que tenía el Decreto era recortes de prestaciones. Quiero lamentar que este esfuerzo que realizó nuestro grupo no se haya visto materializado al no alcanzar acuerdos en materia de las
prestaciones en el subsidio agrario...
El señor PRESIDENTE: Señoría, por favor, vaya terminando.
El señor ALONSO GARCIA: Enseguida concluyo, señor presidente.
Sobre el tratamiento a los fijos discontinuos será el portavoz de mi grupo el que fije la posición respecto a la transaccional que se nos propone.
Refiriéndome a la posición
del voto propiamente dicho respecto a los vetos presentados diré que nos abstendremos en el del BNG y votaremos a favor del de Izquierda Unida.
Quiero decir al Grupo Parlamentario Popular que aún nos encontramos a tiempo para reconducir todos
aquellos aspectos en los que efectivamente no fuimos capaces de alcanzar acuerdo en este proyecto de ley y especialmente en el que se refiere al subsidio agrario para los trabajadores del campo en Andalucía y en Extremadura.
Muchas gracias, señor
presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por parte del Grupo Parlamentario Popular, en el turno de portavoces, tiene la palabra la senadora Do Campo.
La señora DO CAMPO PIÑEIRO : Muchas gracias, señor presidente.
Voy a contestar a
todos los grupos parlamentarios.
Al senador Cámara, que sabe que le apreciamos, le diré que no podemos estar de acuerdo con los datos y las opiniones que nos acaba de dar.
Usted nos habla de desaceleración económica. Es verdad que en estos
momentos estamos pasando por un momento de incertidumbre en todo lo que es la economía mundial, pero hay que tener en cuenta que, a pesar de todo eso, nuestros datos en el empleo son positivos. Usted ha manejado unos datos, pero nosotros y desde el
Gobierno manejamos todos. El empleo ha crecido en España desde el año 1996 y se han creado 3.600.000 nuevos puestos de trabajo. Con respecto a los jóvenes se han creado un millón de puestos de trabajo y con referencia a las mujeres se han creado
1.700.000 puestos más de trabajo. Esos son datos reales, senador Cámara, y no es demagogia.
Usted hace una crítica a nuestra política sociolaboral. Nosotros no podemos compartirla porque, manejando los datos que tenemos y con la actual situación
económica mundial, vemos que la razón está del lado de los datos que nosotros tenemos.
Nos dice que somos demagogos en nuestro discurso con respecto a las modificaciones del subsidio por desempleo de los trabajadores eventuales agrarios. Para
usted ese discurso y lo que va a ir en el contenido de la ley puede ser demagógico, pero para nosotros va a ser una realidad, sobre todo para aquellas comunidades autónomas que no tenían esas prestaciones.
Usted nos reta aquí y nos dice que es un
tanto castizo --yo desde luego de castiza, nada; soy muy llana--; le diré que en beneficio de los intereses generales del ciudadano, se va a buscar siempre una solución a través del diálogo. La muestra es que durante todos estos años este
Gobierno ha hecho reformas laborales a través del consenso y del diálogo con todos los agentes sociales.
Al senador Rodríguez Díaz le agradecemos el apoyo a la ley así como las aportaciones que fueron incluidas en su momento en la tramitación en el
Congreso de los Diputados, que han favorecido el proyecto de ley. Usted está pidiendo al Gobierno muestras de generosidad con respecto al subsidio agrario, y yo le diría que puede estar seguro de que por parte de este grupo parlamentario y de este
Gobierno seguiremos, cómo no, por la vía del diálogo.
Senador Aurrekoetxea, lo dijo en el trámite en comisión y vuelve a reiterar ahora su preocupación por el trámite de urgencia; no estamos de acuerdo, porque este proyecto, desde la entrada en
vigor del Real Decreto-ley, se ha discutido y hemos estado hablando con los grupos parlamentarios así como con los agentes sociales. A partir del mes de mayo, aunque a usted el tiempo le pueda parecer corto, le aseguro que ha sido intenso: intenso
en flexibilizar, intenso en dialogar y desde luego intenso en aunar posiciones, por tanto, un talante y un estilo que a lo mejor no se daba en otros gobiernos.
Nos vuelve a reiterar la falta de sensibilidad del Gobierno hacia las comunidades
autónomas. Nunca ningún gobierno ha atendido tanto lo que son las transferencias a
comunidades autónomas como desde que está este Gobierno en el poder.
En cuanto a lo que le preocupa directamente, las políticas activas de empleo, he de decirle que este Gobierno, como usted sabe, no tiene ningún problema en transferir esas
políticas activas de empleo. Ya se ha hecho a Cataluña, a Galicia, a Extremadura, a Valencia y siempre que ustedes quieran hablar de políticas activas de empleo lograrán un acuerdo. Lo que no podemos hacer es meter en el mismo saco, como muy bien
dijo el señor ministro en la comisión, las políticas pasivas y las políticas activas de empleo, y además eso usted lo sabe muy bien.
El senador Espasa habla de las admiradas senadoras del Grupo Parlamentario Popular; no se preocupe que nosotras
también le admiramos, y dice que rectificar es de sabios. Lamento que el concepto que tenía de nosotras a lo mejor lo tenga que modificar, ya que ustedes hablan de rectificación, el senador Cámara también habla de rectificación del Gobierno, el
senador Aurrekoetxea también ha hablado de reorientación, y nosotros lo que sí tenemos que decir es que lo que ha habido ha sido un ejercicio de flexibilidad, de acercamiento por parte de todos, del Gobierno --como no podía ser de otra manera-- y de
los agentes sociales, y una predisposición al diálogo, y aun así, manteniéndonos fieles a los objetivos que marca este Real Decreto-ley.
Centrándome ya, brevemente, en el subsidio por desempleo de los trabajadores eventuales agrarios, al que hace
referencia el senador Alonso y otros senadores, quiero decirles, señorías, que con esta reforma para nada se van a ver desamparados los trabajadores eventuales actualmente protegidos en Andalucía y en Extremadura, y no nos cansaremos de decirlo y de
reiterarlo.
El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya finalizando, por favor.
La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Termino, señor presidente.
Estamos abiertos para que en el futuro se pueda reabrir el diálogo en este tema y en muchos más. Por tanto, quiero reiterar que en este proyecto ha habido voluntad de diálogo, de
ánimo --como lo hay por parte de este Gobierno y del grupo al que represento en este momento-- para lograr los acuerdos que satisfagan a la sociedad, porque todos queremos tener una ley que favorezca la empleabilidad de los desocupados en España, ya
que el desempleo es una de las preocupaciones de los españoles, por lo que todos debemos aunar fuerzas.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Vamos a proceder a la votación de las propuestas de veto. En primer lugar votamos la propuesta de veto número 3, presentada por los senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo
Parlamentario Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 212; a favor, 69; en contra, 139; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la segunda propuesta de veto, del Grupo Parlamentario Mixto, que corresponde a la presentada por el señor Quintana González.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el
siguiente resultado: Votos emitidos, 212; a favor, tres; en contra, 142; abstenciones, 67.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Iniciamos el debate sobre las enmiendas al articulado. Votos particulares.
En primer lugar, enmiendas números 123 a 137, 139 a 152 y 154 a 167, de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares,
del Grupo Parlamentario Mixto.
Tiene la palabra el senador Cámara.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Señor presidente, señorías, voy a defender las enmiendas que presenta Izquierda Unida. Para no perder mucho tiempo después del debate de veto, lo haré de forma global. Voy a enumerar simplemente algunas
enmiendas para fijar al menos la atención de sus señorías en algunas de ellas.
Presentamos diez enmiendas al artículo primero, que doy por defendidas, excepto una de ellas, respecto a la que se nos ha propuesto una transaccional sobre la base de
otra del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que es idéntica a la nuestra, pero con otra justificación.
Se nos presenta, señorías, una enmienda transaccional respecto a una de las cuestiones no resueltas en el Congreso de los
Diputados. Esa enmienda, que sigo defendiendo aquí, lo es al artículo 208.1 de la Ley General de la Seguridad Social. En ella se dice que cuando los trabajadores a los que se refiere el apartado 3 del artículo 12 y el apartado 8 del artículo 15
del Estatuto de los Trabajadores --los dos les suenan-- carezcan de ocupación efectiva tendrán protección al desempleo en los términos que se establezcan reglamentariamente. Eso es lo que dice la enmienda que presenta Izquierda Unida.
La
justificación es que dejar el texto tal como está en la actualidad, sin esa enmienda transaccional, significa que todos aquellos trabajadores discontinuos, denominados fijos periódicos, que por tener una jornada flexible o una jornada irregular,
situación que se produce en el transporte turístico, en el transporte discrecional, en los aeropuertos, y sobre todo en el sector de la hostelería, que hasta el año 2001 eran denominados fijos discontinuos, al igual que ahora lo son aquellos a los
que se refiere el artículo 15, apartado 8, del Estatuto de los Trabajadores, quedarían privados de percibir prestación por desempleo.
Curiosamente son los trabajadores contratados en las mismas condiciones, antes de la promulgación de la ley, y
como consecuencia de la disposición adicional cuarta. Señorías, esta enmienda es la más adecuada para dejar claro que todos los fijos discontinuos, los de antes de la reforma laboral de
marzo de 2001 --lo dije en Comisión-- y los posteriores, los de llamada cierta e incierta, tienen derecho a prestaciones por desempleo.
Además, argumentamos, y seguimos haciéndolo a pesar de la transaccional, que la disposición adicional
cuarta del texto aprobado en el Congreso --que se mantiene aquí-- no tiene sentido, porque aunque deja claro, señorías, que tendrán derecho a prestación todos los fijos discontinuos anteriores a la reforma laboral de marzo de 2001, no aclara que
afecte a los encuadrados en el tiempo parcial --la adicional cuarta no lo dice expresamente-- y, por tanto, un juez podría hacer una intrepretación diferente a lo que realmente se presente en esa adicional.
Se nos presenta una redacción, una
transaccional, que se ha dicho que está pactada con los sindicatos, pero tengo que desmentirlo. En una reunión del jueves pasado, el ministerio y los sindicatos discutieron el tema, no pactaron nada y el ministerio les dijo que les remitiría un
texto sobre la base de recoger con otra redacción lo que existía antes de la reforma, sobre todo porque es muy duro dejar el mismo texto y hay que darle una cierta floritura. Por tanto, la cambian, la modifican ligeramente, pero efectivamente se
interpreta que es lo que había antes del «decretazo». Esta es la intención. Sin embargo, se refiere fundamentalmente a que este problema se arreglará o no en el desarrollo reglamentario, y manteniendo esa redacción, la anterior a la reforma, que
no contempla el problema que antes he mencionado de la reforma de 2001, se nos remite a un desarrollo reglamentario manteniendo la adicional cuarta. No nos gusta esa redacción. Yo he firmado esa transaccional para su trámite en el Senado, pero no
la voy a votar a favor y, dependiendo de las argumentaciones, votaré no o me abstendré, pero no voy a apoyar esa enmienda transaccional porque no resuelve el problema de forma definitiva.
Señorías, en el sector servicios los fijos discontinuos son
cada vez más importantes en toda la gama de sectores. Es una figura contractual esencial, sobre todo cuando están sujetos a temporalidad, es decir, hay estacionalidad en los aeropuertos, transporte discrecional, hostelería, educación, etcétera.
Por tanto, existe ese problema, y esos fijos discontinuos de empresas que cierran o eliminan esos puestos de trabajo durante unos meses al año porque están autorizadas para hacerlo, tienen que tener el máximo de cobertura, al igual que los demás
trabajadores.
Dejar en el aire alguna duda al respecto supone no solucionar un problema histórico del que parece que nadie se ha enterado pero que algunos llevamos un año defendiendo que sea resuelto de una vez por todas.
Señorías, es una pena que
no haya sido así. Podíamos haber redondeado más las modificaciones de la reforma --como he dicho antes y perdónenme-- después de la huelga general. Y con la expectativa de negociar o modificar el PER, aunque fuera al calor de las pensiones, por
citar un ejemplo, si se solucionara este problema se podrían resolver siete de los ocho puntos y podríamos tener más-menos consenso en esta Cámara. Pero no ha sido así. Hay pequeñas rectificaciones en los otros seis puntos restantes; no hay una
solución buena ni definitiva sobre la prestación por desempleo de los trabajadores fijos discontinuos y una negativa a la retirada de la reforma del Plan de Empleo Rural, a su cobertura en el campo de Extremadura y Andalucía. Este es el motivo del
veto y de algunas de las enmiendas que hemos planteado.
Señorías, estoy algo frustrado porque este punto no esté resuelto de forma definitiva en esta Cámara y espero que se pueda solucionar mediante su desarrollo reglamentario. Vamos a dar la
oportunidad a los sindicatos para que lo negocien con el ministerio pero, insisto, aún no está resuelto el problema. Lo estaría si se hubiese aceptado la enmienda de Convergència i Unió o la de Izquierda Unida, que vienen a decir lo mismo pero con
diferente argumentación o motivación. Ya les dije en Comisión que no era necesario que aprobaran la enmienda de Izquierda Unida, porque sería más complicado; que aceptaran la enmienda de Convergència i Unió porque a fin de cuentas sería un éxito
de ambos, ya que son ustedes aliados políticos. Pero si fuera verdad lo que afirman de que quieren cubrir la prestación por desempleo a todos los trabajadores, acepten la enmienda que presentamos y que mantengo, porque se solucionarían todos los
problemas de los trabajadores fijos discontinuos y su cobertura.
Esto es así y, por tanto, siento que el ministerio no haya tenido la suficiente voluntad o clarividencia para solucionar de una vez por todas este problema. Esto en cuanto a la
enmienda número 125.
Voy a referirme a continuación, pegando un salto al final de las enmiendas, porque considero que lo que queda pendiente de la reforma son estas cuestiones, a la número 165, sobre el subsidio para los trabajadores fijos
discontinuos. Este es un tema muy antiguo, que conocen todos los técnicos y desde luego los que se dedican al Derecho Laboral; lo conocen los gobiernos, los diferentes ministros y sobre todo, los secretarios, directores, etcétera. No entiendo que
no podamos solucionar este problema. Voy a insistir continuamente en este punto, el subsidio para los trabajadores fijos discontinuos. Con anterioridad he afirmado que los trabajadores eventuales del campo no tenían subsidio y aquí sucede lo
mismo. Es muy complicado que un trabajador fijo discontinuo pueda acceder a este subsidio y además en peores condiciones que el resto de trabajadores, lo que es totalmente injusto por las mismas razones a las que antes he hecho alusión.
Quiero
hacer en este Pleno --como hice en Comisión-- pedagogía política.
Sé que no se va a aceptar esta enmienda, porque no estaba en el calendario de negociación; no estaba en las conversaciones; no estaba en la reforma ni en el debate, pero tengo
obligación de defenderla porque es de justicia.
Un trabajador fijo discontinuo tiene varios problemas: el acceso a las prestaciones contributivas, el acceso a los subsidios, y cuando se jubila lo tiene peor que los demás, porque un trabajador fijo
discontinuo que en toda su vida laboral trabajase, por ejemplo, seis meses, necesitaría 30 años para tener derecho a la pensión de jubilación, ya que se cuantifica día por día cotizado, o menos, en función de las jornadas de equivalencia que no
viene al caso ahora explicar. Pero es que, además, cuando se le calcula su pensión resulta que es de menor cuantía, porque lógicamente
no trabajan todos los días del año cotizando por una cantidad aceptable.
Por eso Baleares, que es una comunidad rica, tiene las pensiones más bajas de todo el Estado. Hay un montón de trabajadores en esta circunstancia debido a nuestro
modelo económico, fuertemente estacional, que se centra en los meses de verano, y el resto del tiempo la gente se acoge al subsidio o a la prestación por desempleo.
Señorías, rápidamente y sin extenderme tanto como en la Comisión de Trabajo y
Asuntos Sociales, les diré que el artículo 216.5 de la Ley General de Seguridad Social, establece que la duración del subsidio en el caso de los trabajadores fijos discontinuos que se encuentran en las situaciones previstas en los párrafos a) y b)
de los apartados 1.1 y 1.2 del artículo anterior, será equivalente al número de meses cotizados en el año anterior a la solicitud. Y el artículo 215 se refiere a los beneficiarios del subsidio por desempleo, con una serie de enumeraciones.
La
letra a) del apartado 1.1 dice que el trabajador tendrá derecho cuando haya agotado la prestación contributiva y tenga responsabilidades familiares. Es decir, un trabajador fijo discontinuo de tener acceso al subsidio, tendrá de seis a ocho meses
en el mejor de los casos. En el supuesto de los demás trabajadores la duración del subsidio va de 18 meses a 30 meses dependiendo de la edad y la duración de la prestación contributiva. Después, respecto al subsidio especial, la ley incluye a los
parados que reuniendo los requisitos a que se refiere el apartado 1.1 de este artículo 215, salvo el relativo al período de espera, se hallen en situación legal de desempleo y no tengan derecho a la prestación contributiva por no haber cubierto el
período mínimo de cotización, siempre que hayan cotizado al menos tres meses y tengan responsabilidades familiares. Pues en el caso de los trabajadores fijos discontinuos del artículo 216.5 percibirán una prestación equivalente al número de meses
cotizados en el año anterior, de seis a ocho meses en el mejor de los casos. Señorías, en el caso de los demás trabajadores la duración del subsidio es de tres, cuatro o cinco meses si ha cotizado tres, cuatro o cinco meses, respectivamente, y de
21 meses si ha cotizado seis meses o más. Por tanto, es una gran discriminación.
Y luego se establece este derecho al subsidio por desempleo para los mayores de 52 años, aun cuando no tengan responsabilidades familiares, siempre que se encuentre
en alguno de los supuestos contemplados en los apartados anteriores, hayan cotizado por desempleo al menos durante seis años a lo largo de su vida laboral y acrediten, en el momento de la solicitud, que reúnen todos los requisitos, salvo la edad,
para acceder a cualquier tipo de pensión contributiva de jubilación en el sistema de la Seguridad Social. Los fijos discontinuos están excluidos expresamente de la ley según el artículo 216. El resto de trabajadores lo tienen con carácter
indefinido hasta el momento de su jubilación, si han cotizado seis años por desempleo a lo largo de su vida y cumplen todos los requisitos.
Por último, los desempleados mayores de 45 años en la fecha en que hayan agotado un derecho a prestaciones
por desempleo de 720 días de duración, que cumplan todos los requisitos establecidos en el apartado 1.1 de este artículo 215, excepto el relativo al período de espera, tendrán derecho a un subsidio especial con carácter previo a la solicitud de
subsidio por desempleo previsto en los párrafos a) y b) de dicho apartado 1.1. Sin embargo, según el artículo 216 los fijos discontinuos no tienen derecho por ley a este subsidio para los mayores de 45 años. Repito que aunque el resto de los
trabajadores tienen derecho a seis meses de subsidio especial si han agotado una prestación contributiva de 24 meses, los fijos discontinuos no lo tienen.
No voy a extenderme más, señorías, pero realmente los trabajadores fijos discontinuos no
cuentan con esta prestación porque nadie se ha puesto a trabajar para solucionar este problema. Así pues, espero que en el futuro podamos entendernos, negociar y discutir sobre cómo dar cobertura a este amplio colectivo --cada vez más importante en
el conjunto del Estado--, tanto en lo que se refiere a las prestaciones contributivas como al subsidio. Este ha sido uno de los motivos de la huelga general, no resuelto de forma satisfactoria, sino sólo a medias, a la espera en el primero de los
casos --la prestación contributiva-- de un desarrollo reglamentario que confío que pueda producirse en mejores condiciones de las habidas hasta la fecha.
El resto de las enmiendas sus señorías las conocen perfectamente: se trata de las mismas que
se discutieron en el Congreso de los Diputados --yo he querido defender estas dos que presenté en el Senado--. Con algunas de ellas se pretende mejorar el subsidio para todos los trabajadores, y con otras se propone un mejor acceso a las
prestaciones en lo que a sus condiciones se refiere. Y con ellas también se quiere retirar todo aquello que nos parece inútil de esta reforma que, repito, ha dado lugar a una huelga y un nivel de confrontación innecesarios porque no había razones
para ello, ni de carácter económico ni de carácter social, ni tampoco por la pillería, como algunos dijeron, de los parados. El señor Aznar habló de los trabajadores que engañan a sus compañeros, etcétera; en fin, hubo una criminalización de los
parados, cuando, por cierto, los fraudes en el desempleo se dan en bastante menor medida, ya que durante el último año ha sido del 7 por ciento, según la inspección del propio Inem.
En cualquier caso, como digo, se trata de enmiendas de supresión
ante una reforma inútil, de enmiendas de adición para la mejora de la cobertura social, y de enmiendas como las relativas al PER y a los trabajadores fijos discontinuos. Y como ya les he indicado durante la defensa del veto, les aconsejo que no se
duerman en los laureles, señoras y señores del Grupo Popular. Hacen bien en recuperar su capacidad negociadora, y manténganla en el tiempo, porque a lo mejor tienen sorpresas. El movimiento sindical y los trabajadores de este país están dispuestos
a negociar, pero no a sucumbir, porque los derechos se pierden una vez y no se recuperan en 20 años.
Por tanto, es conveniente que en el futuro miren mucho más por lo que conviene a la inmensa mayoría de la población, porque la actividad productiva
se mantiene por muchas variables, pero también por los trabajadores. Como también he dicho, espero que tengan en cuenta el éxito de la huelga y las reformas y rectificaciones que han debido hacer en este trámite parlamentario, y les pido --no
renuncio a ello-- que, a pesar de la enmienda transaccional que
ustedes han presentado para su debate en esta Cámara, retiren la disposición adicional cuarta. Es una última petición. No tengan ustedes ningún problema en retirarla, porque en su momento discutiremos este asunto en forma reglamentaria.
Repito que les pido la retirada de la disposición adicional cuarta, porque empeora lo que en principio creíamos era un acuerdo con los agentes sociales.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la senadora De Boneta para la defensa de las enmiendas números 10 a 14, y posteriormente la tendrá el senador Quintana para la defensa de las
enmiendas números 15 a 33. Ambos utilizarán conjuntamente un tiempo de 24 minutos.
La señora De Boneta tiene la palabra.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor presidente.
Intervengo desde el escaño para consumir menos tiempo --creo que dispongo de cinco minutos-- en la defensa de estas cinco enmiendas, que responden a una determinada posición después
de haber retirado un número importante de enmiendas que presentamos en el Congreso como consecuencia de las modificaciones habidas, lo que también nos hizo retirar nuestro veto inicial, manteniendo, por supuesto, algunas que se refieren a aspectos
de tipo competencial para el País Vasco que también tendremos tiempo de discutir en otros ámbitos.
Las enmiendas números 10 y 11 hacen referencia al artículo tercero y al artículo cuarto, punto 1, apartados 2.b) y 3, respectivamente. Me referiré a
las dos a la vez porque ambas intentan corregir la discriminación que supone para los trabajadores eventuales agrarios la limitación del subsidio por desempleo para quienes hayan sido beneficiarios en alguno de los tres años anteriores, no pudiendo
acceder al mismo nuevos trabajadores ni quienes hubieran sido sancionados con la pérdida del subsidio en esos tres años anteriores. Nos parece que éste es un aspecto limitativo, y algo relativo a esta cuestión defendía también el senador Cámara,
que se refería a las condiciones en las que acceden al subsidio estos trabajadores. Asimismo, proponemos la supresión de los apartados 2.b) y 3 del artículo cuarto punto 1 para que se vuelva a la redacción anterior, porque de lo contrario estos
trabajadores eventuales agrarios quedarían excluidos de la prestación asistencial o subsidio por desempleo, lo que plantea una situación de agravio comparativo que, en mi opinión, no debe introducirse a través de esta ley.
Por otra parte, las
enmiendas números 12 y 13, a la disposición adicional primera, hacen referencia a cuestiones muy puntuales que afectan a la comunidad autónoma vasca y al respeto que entendemos se debe tener al Estatuto de Gernika y a sus especificidades. Estamos
hablando del programa de renta activa de inserción y de la resistencia del Gobierno a transferir a las comunidades autónomas, y en este caso a una que, como digo, tiene unas especificidades concretas recogidas en su Estatuto, las políticas activas
que entendemos son de competencia autonómica y que vienen siendo reguladas por la comunidad autónoma vasca, como la de renta activa de inserción. Con estas dos enmiendas no nos estamos refiriendo sólo a una cuestión de fondo y a la propia
regulación, sino también, en lo que se refiere al apartado uno.11ª, financiación, al respeto que se debe tener a la autonomía fiscal y financiera de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra en los regímenes, concierto
y convenio económicos que les permiten financiar las prestaciones y la renta activa.
Por último, con la enmienda número 14 pretendemos suprimir del texto de la disposición transitoria cuarta, punto 1, primera, la siguiente frase: «... en las que
previamente no hubieran cesado...». Creemos que se impide la capitalización de la prestación por desempleo de nivel contributivo a los beneficiarios que pretendan incorporarse de forma estable y a tiempo completo como socios trabajadores o de
trabajo en cooperativas o sociedades laborales en las que previamente hubieran cesado. Entendemos que puede haber casos en los que trabajadores eventuales contratados en su día por cooperativas o sociedades laborales, pero que ya hubieran cesado en
las mismas y tuvieran derecho a la prestación por desempleo, pudieran tener la necesidad de capitalizar ese derecho para así aportarlo y poder ingresar como socios trabajadores de las mismas cuando dichas cooperativas o sociedades quisieran
incorporarlos como tales. A nuestro entender también en este caso existe una situación discriminatoria respecto de dichos trabajadores eventuales en cooperativas o sociedades anónimas laborales. Consideramos que esta situación debe corregirse,
motivo por el que presentamos, como digo, esta enmienda número 14 y última de las defendidas por esta senadora de Eusko Alkartasuna.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para defender las enmiendas números 15 a 33, tiene la palabra el senador Quintana González.
El señor QUINTANA GONZALEZ: Gracias, señor presidente.
Las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego responden a un modelo alternativo que pretende más prestaciones por desempleo en el marco de una política de aumento de las prestaciones
sociales que, desde nuestro punto de vista, serviría para converger en esta materia con las medias de los estados de la Unión Europea.
En ese sentido, hemos presentado enmiendas, que se enumeran de la 15 a la 33, en las que planteamos la ampliación
de los períodos de prestación contributiva por desempleo, reduciendo el período mínimo de cotización exigido a seis meses e incrementando las escalas de prestaciones hasta los niveles regulados con anterioridad al año 1992.
También hemos propuesto
un aumento de las cuantías de la base reguladora de la prestación por desempleo entre un 10 y un 15 por ciento. Creemos necesario además mejorar el acceso al subsidio por desempleo a emigrantes retornados, como ya habíamos expuesto en la
justificación
de nuestro veto a este proyecto de ley. Asimismo, planteamos mejorar el tratamiento equitativo en la definición de rentas exentas a efectos del cobro del subsidio por desempleo y adecuar las ofertas de empleo al perfil formativo y
profesional del solicitante. Creemos también necesaria una extensión de la protección por desempleo a todas las modalidades contractuales y pensamos que es necesaria la restauración de la obligación de abonar salarios de tramitación en el caso de
despidos improcedentes con responsabilidad del Estado por el retraso en la tramitación de las reclamaciones ante los juzgados.
Para acabar la explicación de nuestras enmiendas parciales, diré que hemos propuesto en ellas la inclusión, en el ámbito
de la protección por desempleo, de las personas que realicen trabajos de investigación científica en instituciones públicas, y frente a la renta mínima de inserción, el Bloque Nacionalista Galego pretende, y así lo hemos plasmado en la enmienda
parcial, la implantación de un salario social de ámbito universal para las personas mayores que no tengan rentas.
Ese es el sentido sustancial de las enmiendas parciales que hemos presentado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para la defensa de las enmiendas números 1 a 9, de Coalición Canaria, tiene la palabra el senador don Froilán Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ DIAZ: Gracias, señor presidente.
Nosotros mantenemos vivas en este debate final del proyecto de ley nueve enmiendas, ya que pensamos que sigue teniendo validez su defensa en este marco, y voy a hacer una pequeña
referencia a cada una de ellas en este breve período de tiempo.
Por un lado, nosotros creemos que la regulación de la inclusión de los trabajadores agrarios en el sistema de Seguridad Social a efectos de prestación de modalidad contributiva debe
obedecer a los mismos criterios que para el resto de colectivos de trabajadores, tal como establece el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Ya dije en mi intervención inicial, que éste sigue siendo el punto fundamental, en el
que yo creo que la mayoría coincidimos que es el clave para que esta ley goce del consenso social más amplio posible.
Por otro lado, nosotros queremos añadir un capítulo nuevo, el capítulo V, que es para poner medidas en contra de la reiteración de
la contratación laboral. Se adiciona una nueva letra c, al artículo 146 de la Ley de Procedimiento Laboral que vendría a hablar de la readmisión del trabajador por reiteración abusiva o fraudulenta de contratos temporales celebrados entre una misma
empresa y un mismo trabajador. En definitiva, se pretende atajar el fraude en las contrataciones que con toda asiduidad estamos viendo en estos últimos años.
La enmienda número 3 se refiere a una modificación de los requisitos de la disposición
adicional primera y propone el siguiente texto: «Estar inscrito ininterrumpidamente como desempleado en la oficina de empleo durante seis o más meses. A estos efectos, se considerará ininterrumpida la demanda de empleo por haber trabajado en los
ciento ochenta y dos días anteriores a la fecha de solicitud de incorporación al programa un período acumulado de cuarenta y cinco o más días.» Se justifica esta propuesta de modificación como una medida de fomento de empleo, con el objeto de
prevenir el paro de larga duración.
La enmienda número 4 propone añadir en este punto de los requisitos una letra más, que vendría a decir lo siguiente: «Tener acreditado por la administración competente o por las entidades colaboradoras en la
prestación de servicios sociales, ser una persona en exclusión social o con riesgo de padecerla, siempre que se cumplan los requisitos exigidos...» en el articulado. En definitiva, se trata de incluir como beneficiarios del presente programa de
Renta Activa de Inserción a personas en situación de exclusión social o con grave riesgo de padecerla. Es uno de los factores de más difícil inserción, y creo que la ley tendría que hacer más hincapié y adoptar medidas concretas para luchar contra
esta situación.
Proponemos también añadir una disposición adicional quinta, que sería nueva. Ya que con esta ley el Estado pretende trasladar una serie de compromisos a aquellas comunidades autónomas que ya tienen competencias en las políticas
activas de empleo, habrá que dotarlas de los fondos necesarios en los presupuestos generales para que puedan asumir esas nuevas responsabilidades.
En la siguiente enmienda proponemos la adición de una disposición transitoria octava, que sería
nueva, para regular el acceso de entidades privadas a la actividad de inserción sociolaboral de las personas en situación de exclusión social o con riesgo de padecerla. La justificación está clara. Se pretende impulsar la regulación de lo que
conocemos como empresas o entidades de inserción, un instrumento más en la lucha contra la exclusión social que viene a llenar un vacío existente hasta el momento en los programas de inserción sociolaboral.
La enmienda número 7, que también es de
adición, propone la creación de un punto 3 (nuevo) en la disposición final primera para añadir tres epígrafes, los apartados f), g) y h). Básicamente, se pretende la inclusión de personas con enfermedades mentales, discapacidades psíquicas, físicas
o sensoriales en situación de desempleo; de los emigrantes españoles retornados con dificultades de inserción sociolaboral; y a los inmigrantes, refugiados o asilados políticos que, estando en situación regular, por dificultades de inserción
sociolaboral se encuentren en grave situación de necesidad. La justificación es también evidente. Son colectivos que deben considerarse de exclusión social al tener muy difícil el acceso al mercado de trabajo normalizado.
Por ese motivo, debe
fomentarse su contratación por las empresas y entidades sin ánimo de lucro para lograr la inserción social y la integración laboral. (El señor vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) La enmienda número 8 propone la adición de un punto 4
(nuevo) en la disposición final primera. Trata de que no se excluya el acceso a las bonificaciones previstas en la Ley de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo
para el incremento del empleo y la mejora de su calidad a los empresarios que contraten a un ascendiente o descendiente y demás parientes, por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, ya que si demuestran su condición de
asalariado están incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y si no conviven ni se encuentran a cargo del empresario están comprendidos en el sistema de la Seguridad Social. En definitiva, pretendemos
beneficiar a muchas microempresas familiares, facilitando la incorporación legal de nuevos trabajadores pertenecientes a ese ámbito familiar y favoreciendo la creación del empleo estable.
Por último, la enmienda número 9 propone la creación del
punto 5 en la disposición final primera. Se añade una disposición adicional undécima a la Ley 12/2001, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad. Serán objeto de deducción en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las cotizaciones a la Seguridad Social generadas por el empleo de servicios a particulares que impliquen servicios de carácter familiar o doméstico realizados en el domicilio del empleador, sea cual
sea la duración de dichos trabajos. Se incluyen tanto los trabajos y tareas de limpieza doméstica como el cuidado de enfermos, ancianos o niños. La justificación es clara: esta enmienda se propone ante la necesidad de introducir elementos de
normalización del trabajo doméstico en la economía informal, que cada vez van teniendo una mayor presencia y forman un nicho de empleo que hay que potenciar para la inserción laboral. En este sentido, el Parlamento Europeo recomienda en el Informe
sobre la normalización del trabajo doméstico en la economía informal, entre otras medidas, las deducciones fiscales de los servicios domésticos como fuente importante de creación de nuevos puestos de trabajo. Asimismo la realidad de la
incorporación de la mujer al mercado de trabajo y la necesidad de conciliar el mundo laboral con el mundo familiar han provocado un aumento considerable de servicios de atención a personas con minusvalía o que simplemente son de edad avanzada o de
muy corta edad. Estas relaciones laborales hay que irlas normalizando y dándoles ese carácter que proponemos.
Por último, y para acabar mi intervención, al igual que el resto de los grupos hemos firmado la enmienda transaccional sobre la base de
la número 168 de CiU, porque creemos que soluciona un problema que todos hemos planteado en los debates de este proyecto de ley. A este respecto, creo que hay que valorar la sensibilidad del grupo mayoritario para dar solución a este problema de la
situación legal de desempleo que puedan tener los trabajadores fijos discontinuos, de acuerdo con lo que se disponga en el desarrollo de esta norma y con las especificidades que sean necesarias.
En definitiva, éstos son los criterios y la
justificación de nuestras enmiendas. Sabemos que es difícil, pero tenemos todavía una oportunidad para que el Grupo Popular admita al menos alguna de las que hemos planteado. Son enmiendas bastante razonables, comprendemos que algunas tienen un
costo económico añadido pero otras no, y son de interés sobre todo para mejorar la inserción laboral de determinados colectivos con riesgo de exclusión en el mundo social y laboral.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Froilán Rodríguez.
Pasamos a continuación a la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, números 71 a 73.
Para su
defensa, el senador Aurrekoetxea tiene la palabra.
El señor AURREKOETXEA BERGARA: Gracias, señor presidente.
Antes hemos hablado de nuestros problemas con esta reforma, y en las tres enmiendas que nos quedan se plantea una de las dos grandes cuestiones que yo comentaba: la falta de
sensibilidad del ministerio en sus reformas y propuestas con las autonomías y en concreto con el desarrollo de algunos estatutos. Ya se me contestaba antes por la senadora Do Campo que no había que mezclar las políticas activas de empleo con las
pasivas y que íbamos a tener las transferencias que se nos ofrecían. De alguna manera esto parece un tanto impositivo, sobre todo cuando nos hemos visto obligados a desarrollar políticas propias y, sin embargo, la respuesta que siempre nos
encontramos desde el Estado es una estrategia en la que sí se mezclan. En estos momentos se mezclan y se crea confusión entre políticas activas de empleo, políticas pasivas, la presencia del Inem --sin realizar además un debate sobre su propia
existencia-- y la falta de facilidad para que esos instrumentos y mecanismos que nosotros estamos implementando desde nuestra comunidad salgan favorecidos, independientemente de que --como les he dicho más de una vez-- se coordinen y se colabore con
otros instrumentos que se planteen desde el Estado.
Por lo tanto, quienes nos meten en una trampa son ustedes, porque la mayor quiebra de confianza de un estatuto que lleva 23 años sin ser desarrollado son precisamente estas materias, a pesar de
que nosotros las tenemos que resolver con nuestro propios recursos y plantear nuestras propias políticas, pero ustedes se niegan a desarrollarlo y, encima, nos plantean otra serie de políticas sin buscar nuestra colaboración y coordinación. Por un
lado nos dicen que el estatuto es inamovible, que no se puede tocar, pero por otro nos dicen: Ahí tienen las transferencias, se las damos como al resto. Y yo les digo: No, como al resto no, sino con arreglo al estatuto y a la financiación pactada
con el Estado, conforme a esas peculiaridades que nosotros tenemos; asuman ese hecho diferencial.
Ustedes dicen: No, ha pasado el tiempo, al resto se las hemos dado de esta manera y, por lo tanto, se las tenemos que dar en las mismas condiciones.
Nosotros decimos: No, porque esto precisamente, nos guste o no, es una manera de modificar y alterar lo que se aprobó hace 23 años.
Por lo tanto, tienen que aclararse ustedes, o es inamovible o no lo es.
Nosotros estamos planteando continuamente
que hay que poner los mecanismos adecuados. Además, no lo decimos por gusto ni porque nuestra política sea exclusivamente nacionalista, sino atendiendo a lo que plantea la propia sociedad, y las nuevas necesidades y problemas
que se están generando, y más en este mercado de trabajo. Simplemente pedimos que se reconozcan. Además, fíjense que para salvar este texto y poder sumarnos a él les dábamos dos alternativas: por un lado, la posible supresión y, por otro,
en el caso de que ustedes no asuman esta supresión, sobre todo esta renta activa de reinserción, sobre la que nosotros llevamos trabajando catorce años, les planteamos la posibilidad de que se reconozca su financiación atendiendo a la peculiaridad
que nosotros tenemos allí. Tampoco parece que eso sea posible, al menos así se nos indicó en Comisión. Esperemos que hayan reflexionado sobre esas alternativas y nos ofrezcan una nueva, porque tienen y deben entender ese hecho diferencial. Y no
lo decimos nosotros, lo dice el propio CIS en las preguntas que planteaba en su estudio de septiembre de 2002: la gente de El País Vasco quiere un mayor grado de autonomía, lo cual implica que la gente quiere decidir por sí misma, quiere poner sus
propios instrumentos al servicio de las necesidades que tiene atendiendo a las peculiaridades que señalaba anteriormente, es decir, al tejido socioeconómico, a los propios agentes sociales, etcétera. Además, la senadora Do Campo tiene a su lado a
doña María Eugenia Martín Mendizábal que es de allí.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Aurrekoetxea.
Pasamos, a continuación, a las enmiendas del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés.
Para la defensa de las enmiendas números 34 a 70, tiene la
palabra el senador Espasa.
El señor ESPASA I OLIVER: Gracias, señor presidente.
Voy a defender las enmiendas muy brevemente, deteniéndome más tiempo en las números 53 y 54 relativas al subsidio agrario que, como todos hemos reconocido, es el tema de calado político
más importante que aún queda por solucionar en el trámite de este proyecto de ley.
Simplemente voy a mencionar el motivo de algunas de las enmiendas que consideramos importantes, para que quede constancia de ello en el «Diario de Sesiones».
Nuestra enmienda número 35 viene a defender que la declaración extintiva del contrato de trabajo no quede, como sucede en el proyecto de ley, a la exclusiva arbitrariedad del empresario, sino que sea una cuestión más tasada y controlada, además de
proponer la supresión de esta actitud favorable a la búsqueda de trabajo por su excesiva carga de subjetividad.
En definitiva, eso es lo que se persigue con el conjunto de políticas, pero sancionarlo en forma de texto escrito y dejarlo de esta
forma produce una carga de subjetividad que, desde nuestro punto de vista, genera, en primer lugar, inseguridad jurídica y, en segundo lugar, una carga asimétrica de la prueba en contra del trabajador que ya está parado, al que se le exige además
esta activa voluntad de búsqueda de trabajo. Nos parece una redundancia y una asimetría que quisiéramos ver suprimida.
En la misma línea va la número 36 --por lo tanto no voy a repetir los argumentos-- y, en general, todas las enmiendas hasta las
números 47 y 49.
La número 47 trata una cuestión recurrente que hemos planteado en otras ocasiones. Nosotros, estando de acuerdo con las bonificaciones que se establecen en el proyecto de ley, consideramos que el Estado debería después
reintegrarlas a la Tesorería General de la Seguridad Social.
Señorías, si estamos hablando de que hemos de producir una auténtica separación de fuentes, si hay un compromiso para que los complementos a mínimos en un determinado período acaben
siendo financiados por el Estado, no reintroduzcamos por la puerta falsa o por la de atrás elementos que son claramente fiscales, desde el punto de vista impositivo, en las cotizaciones sociales. Hacer que las cotizaciones vayan a cargo de las
cuotas sociales de la Seguridad Social, en este caso del Inem, es una forma de reintroducir una solidaridad transversal a cargo de la Seguridad Social que no debería ser así. Esta solidaridad debería venir de la imposición fiscal general. Por
tanto, pedimos que las bonificaciones sean restituidas desde los presupuestos fiscales del Estado a la caja de las cotizaciones sociales de la Seguridad Social.
Somos muy amantes de una estricta separación entre lo que es imposición fiscal y lo que
es cotización social.
Por esta misma razón y respecto de la enmienda número 49, estando de acuerdo en la filosofía de la renta de la inserción social, o incluso más allá, como algún senador ha propuesto, la de un salario social --aunque esta idea
conlleva muchos problemas de concepción y de financiación-- en todo caso entendemos que lo que no se puede hacer es financiarla otra vez con cargo a cotizaciones sociales, si acaso, debería ser con cargo a impuestos. De ahí nuestra enmienda número
49 de supresión, no tanto respecto a la idea como respecto a la forma de financiar esta renta de inserción activa, que --repito-- se pretende hacer a través de las cotizaciones sociales. Esta es claramente una cuestión de solidaridad universal y,
por lo tanto, fiscal y, si hemos avanzado y estamos avanzando en la separación de fuentes, no debemos volver a mezclarlas.
Señorías, finalmente y para no consumir más tiempo del estrictamente necesario, en nombre del Grupo Entesa Catalana de
Progrés paso a defender las enmiendas números 53 y 54, es decir, la persistencia o el mantenimiento del régimen de subsidio agrario para las comunidades de Andalucía y Extremadura.
Después de expuesto y oído esta mañana en el debate entre el
senador Caballos y el ministro Zaplana, poco más se puede añadir a lo que ya se ha manifestado, pero es bueno que en el trámite en que estamos cada uno fije claramente su posición.
Ya les dije en Comisión, pero debo repetirlo, que la propuesta que
ustedes hacen es claramente populista --no popular sino populista--.
Ustedes dicen que no se le quita nada a nadie que estuviera percibiendo el subsidio agrario en Andalucía y en Extremadura. Pero si uno lee estrictamente lo que dice el proyecto
de ley, puede observar que se endurecen los requisitos para los que ya lo percibían. Debe haberse percibido en alguno de los tres años anteriores, por tanto, perceptores más antiguos ya quedan excluidos. De manera que ya hay recorte, aunque
ustedes digan que no. Y, sobre todo --y ahí está clara la intención, porque ustedes
no la esconden--, hay una voluntad de parar este mecanismo y abrir uno nuevo, es decir, terminar con el subsidio y pasar a un sistema de protección por desempleo de los eventuales agrarios, que es lo que se contempla en el artículo 4 del
Capítulo III del proyecto de ley que estamos debatiendo. Y ya les dijimos --y esta mañana se les ha dicho repetidamente-- hasta qué punto eso nos parecía, si no demagógico, sí populista.
Primero, han criminalizado a andaluces y extremeños de
defraudadores o poco proclives a buscar y encontrar trabajo, y es por eso por lo que dicen que hay que acabar con este subsidio y que hay que buscar un mecanismo nuevo que lo facilite. Pero además dicen que hay que buscar la equidad y, por tanto,
todos los trabajadores eventuales del campo en toda España van a tener la posibilidad de tener una prestación por desempleo.
Señores del Partido Popular, la misma tabla de la necesidad de cotización para adquirir la prestación demuestra hasta qué
punto esto, no diré que sea inviable, pero sí lo dijeron ustedes ad «calendas graecas». Hacen falta 360 días para conseguir tres meses de prestación por desempleo, cuando se trata de una actividad que estructuralmente es temporal, la agricultura, y
para un grupo de trabajadores al que se le reconoce su carácter eventual. Eso es llover dos veces sobre mojado. La agricultura es estacional, los trabajadores que se van a proteger son eventuales, y a esta doble situación objetiva añaden ustedes
un período de cotización nada menos que de 360 días. Siendo benévolos, un trabajador eventual agrícola necesitará entre cuatro y cinco años para tener derecho a una prestación de tres meses de desempleo. Si esto lo venden ustedes como protección
de todos los trabajadores eventuales agrarios españoles, sea cual sea su lugar de residencia, esto es hacer populismo.
Esta mañana se les ha recordado también --son datos objetivos-- dónde están los trabajadores eventuales del campo. En un 85 por
ciento, nos guste más o menos, en Extremadura y Andalucía. ¿O es que están pensando en los eventuales agrarios de la comunidad de Madrid, o de Cataluña, o de Euskadi? ¿Dónde se debe hacer la prestación? Donde existe la necesidad.
¿Y la necesidad
dónde está? Está donde están los eventuales agrarios.
Además, se recordaban esta mañana las razones históricas, estructurales, de reparto de la tierra, de acceso a la propiedad de la tierra, de modernización de la agricultura y, por tanto, de la
supresión de empleos agrarios, que explican una situación que, quizás, nadie desearía. Nadie desea el subsidio per se y para siempre, pero hay que saber hacer políticas activas para situaciones que, realmente, lo reclaman, y parece obvio y evidente
que la situación de Extremadura y Andalucía reclama esta política.
El segundo gran argumento que han utilizado dignos representantes de su grupo, tanto el señor ministro como el presidente del Gobierno --he de reconocer que la senadora no lo han
utilizado en el curso del debate--, ha sido el fraude. Se ha dicho por activa o por pasiva, más sibilinamente, por el señor Aznar.
Señorías, ya lo dije en comisión. Todo sistema de prestación universal o sectorial es sujeto de un cierto margen de
fraude. ¿Por ello debemos realizar supresiones? ¿Porque hay fraude en la utilización, por ejemplo, del sistema público de salud o de los medicamentos en el sistema público de salud vamos a suprimirlos? No. Vamos a reformarlos, vamos a
mejorarlos, si se trata de una necesidad, como el subsidio agrario.
Por tanto, la vía de cortar por lo sano, la vía de atajar el fraude, parece que no es un argumento de recibo, ni un argumento que se sostenga políticamente. Todos reconocemos que
hay un cierto margen de fraude en toda prestación de tipo universal o sectorial en un Estado del bienestar, lo que nos ha de llevar a intentar que desaparezca dicho margen, pero no a suprimir la prestación porque ésta conlleva un cierto margen de
fraude.
De lo contrario, están matando moscas a cañonazos.
Esta mañana también se ha dicho que es demasiado caro, que la prestación que percibe un subsidiado agrario de Andalucía o Extremadura es una cantidad desorbitada. Supone 270.000 pesetas
--hablo en pesetas-- al año, señorías. ¿Es una prestación abusiva, desorbitada y que permite el enriquecimiento ilícito de los defraudadores, de los que perciben la prestación en forma fraudulenta? Me parece que, incluso en éstos, no.
¿Creará la
supresión de esta prestación, de este subsidio, este incentivo que venden como gran señuelo de la reforma: que quieren políticas activas de empleo, que busquen que los perceptores vayan a encontrar trabajo? Si el 80 por ciento de eventuales está
en Extremadura y Andalucía, suprimiéndoles el subsidio, limitando su entrada al subsidio y proponiendo la nueva prestación --de la que después hablaré muy brevemente--, ¿van a encontrar más fácilmente trabajo si no lo tienen en sus comunidades de
origen? ¿Vamos a obligar a desplazar a este 80 por ciento de eventuales agrarios de Andalucía y Extremadura a otras zonas? ¿Cuáles? ¿Dónde hay trabajo agrario eventual que no hay en Andalucía y Extremadura? ¿Da trabajo para todos? ¿Van a
cambiar de sector todos, de golpe y a la vez? ¿El suprimir este subsidio es una política activa de búsqueda de empleo? Esto es populismo y querer llamar a las cosas como uno quiere, pero sin ajustarse a la realidad.
La prestación agraria que se
pone como contramodelo a la supresión o a la congelación del subsidio agrario en Andalucía y Extremadura, ya hemos analizado antes hasta qué punto es una prestación a muy largo plazo, muy difícil de conseguir y que con toda seguridad no parece que
sea la solución al problema que estamos contemplando. Los requisitos para llegar a esta nueva prestación, 360 días, están legítimos de las peonadas que hoy son necesarias para acceder a ese mínimo subsidio que garantiza y proporciona el repetido
subsidio agrario para trabajadores eventuales en Andalucía y Extremadura.
La situación es tan distinta que es difícil entender que esto es otra política mejor que la anterior; esto es cerrar el paso a lo que había de forma arbitraria, gratuita,
poco meditada, y no proponer unas políticas realmente operativas para este problema en Andalucía y en Extremadura.
¿Tal como está ahora, estamos conformes con el subsidio y el PER que le sirve de complemento? No. ¿Es mejorable? Sí, y sería
bueno, como se decía esta mañana y como proponían los agentes sociales y proponemos las
fuerzas políticas del arco parlamentario de la izquierda, que hubiese un acuerdo sobre la base incluso de una reforma. Muy modestamente, desde nuestro grupo les brindamos la reflexión, que seguro que ustedes también han hecho, de que quizá
por donde se pueda acotar y modificar, incluso recortar la prestación de ese subsidio, sea en la edad de entrada al subsidio en los jóvenes. Ahí probablemente habría una franja o un terreno de debate y de posible acuerdo con las fuerzas sociales de
Andalucía y de Extremadura. Es de todo punto ilógico esta posición tan cerrada, al menos en este debate, porque más adelante puede producirse algún tipo de acuerdo, que, si se produce, nosotros lo saludaremos muy positivamente.
Nuestras enmiendas,
señor presidente, iban enfocadas a señalar los aspectos que he dicho en mi intervención, que ahora finaliza con la esperanza de que, si no es en este trámite, en otro la cuestión del subsidio agrario pueda encontrar algún tipo de solución que esté
no sé si a mitad de camino o más cerca de una u otra posición, pero que, en todo caso, represente el mantenimiento del subsidio con las reformas que sea necesario introducir. No hay que pensar que suprimiendo el subsidio, desaparece el problema.
El problema de estos eventuales agrícolas en Extremadura y Andalucía va a subsistir; la solución no es ignorarlo, sino intentar arreglarlo con el instrumento que existía y, si éste se ha quedado obsoleto, viejo o está oxidado, reformarlo y
mejorarlo, pero no suprimirlo.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Espasa.
Corresponde ahora la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, números 168 a 172. Para su defensa,
tiene la palabra el senador Sesmilo por tiempo de cinco minutos.
El señor SESMILO I RIUS: Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros mantenemos para este pleno cinco enmiendas, la mayoría de ellas específicas para este trámite; no vienen del Congreso de los Diputados.
Quizá sea la primera vez en mi
vida que, desde el punto de vista parlamentario y dialéctico, me voy a batir en retirada. Si no, juzguen ustedes mismos. Retiro la enmienda 169 pues el dictamen de la Comisión ya la recoge al introducir la enmienda 167 del Grupo Parlamentario
Popular.
Se preguntarán ¿por qué la mantiene? Porque hay un pequeño detalle. En nuestra enmienda se decía: «Se modifica el artículo 57 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que queda redactado como sigue:», y la del
Grupo Parlamentario Popular decía: «que queda redactado en los términos siguientes». Esa es la única diferencia.
Como verán, en el fondo es una argucia para decir que el texto de la enmienda que presentaba el Partido Popular y la nuestra son
idénticos, excepto en esta pequeña frase que me he permitido mantener. He dicho que la retiraba, pero creo que no falto a la verdad si digo, sobre el tema de Fogasa y que a partir de los 60 días no sean los empresarios los que carguen con los
salarios de tramitación, que ha habido un interés muy especial y muy intenso por parte de nuestro grupo, pues el Grupo Parlamentario Popular sabe que yo me ofrecí a hacer una propuesta conjunta.
La correlativa siguiente es la 172 que hay que
retirarla porque es consecuencia de ésta. La diferencia con la 183 del Grupo Parlamentario Popular es que nosotros decíamos que había que suprimir la letra g) y el Grupo Parlamentario Popular las letras g) y h). Esto me permite mantenerla para
dejar constancia en el «Diario de Sesiones» de nuestro interés en este tema. En este caso debemos reconocer que queda mejor redactado tal como proponía el Grupo Popular.
Retiro, y por eso hablaba de batirme en retirada, la 168 en beneficio de la
transacción. El Grupo Parlamentario Popular ha ofrecido una transacción. Agradezco a todos los grupos la generosidad de firmarla. Es la de los fijos discontinuos. No obstante, quiero decir que en el fondo es un modelo de transacción que supone
transigir. La enmienda, tal como queda, no nos da plena satisfacción a nadie. No sé cómo acabará la votación, pero a veces transaccionar es esto. No recoge exactamente lo que quería nuestro grupo. Esto ya lo digo. No sé si el Partido Popular
quería llegar ahí. Seguro que sí porque, si no, no lo hubiera planteado, pero, obviamente, como no lo planteaba hay que reconocer su flexibilidad, y todos los grupos hemos permitido esta tramitación porque hay una cosa indiscutible, que mejora el
texto que venía del Congreso de los Diputados. Como la mejora existe, la retiramos.
Entonces, ¿qué me queda? Voy a dejar dos picas en Flandes. La enmienda 170 y la 171. La 170 hacía referencia a la capacidad de poder acumular la capitalización
del desempleo para las cooperativas. En este caso, voy a dar la razón al senador Aurrekoetxea en que quizás la rapidez con que lo hemos tramitado no nos ha permitido llegar a un texto que salvara algunas de las objeciones que encuentro razonables y
que nos planteaba el Grupo Parlamentario Popular. El esfuerzo lo hemos hecho. Quizás nos ha faltado tiempo.
La otra hacía referencia a la complementariedad o no de las prestaciones por desempleo a los grupos de discapacitados y de minusválidos o
inválidos. Es lo típico de las monedas con dos caras. Nosotros pretendíamos favorecer al colectivo que ya tiene unos ingresos y la senadora Martín Mendizábal me respondía que quizás con nuestra enmienda se discriminaba a los que ni siquiera tenían
estos ingresos. No ha sido posible. Repito que con más tiempo a lo mejor hubiéramos llegado a un acuerdo.
Por tanto, señor presidente, señoras senadoras y señores senadores, mantengo para votación estas dos picas en Flandes y como se dejan ahí
están. Respecto del otro tema me he batido parlamentariamente en retirada.
Al senador Cámara quiero decirle que no votaremos a favor de las enmiendas números 125 y 165, pero al menos nos abstendremos. Y no votaremos a favor porque «pacta sunt
servanda». Nosotros hemos llegado a un acuerdo con el Grupo Parlamentario Popular y usted entenderá que queramos preservarlo, pero al menos no vamos a votar en contra.
Nada más y muchas gracias, señoras y señores senadores.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Sesmilo.
Corresponde ahora la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, que son las enmiendas números 74 a 92 y 94 a 122.
Para su defensa,
tiene la palabra el senador Romero Calero.
El señor ROMERO CALERO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, subo a la tribuna para consumir el turno de defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista al proyecto de ley que debatimos esta tarde. No voy a utilizar
--ya se lo anticipo-- todo el tiempo de que dispongo en base a las enmiendas presentadas, y sólo quiero referirme --sin que por ello signifique que hago dejación de ninguna de las enmiendas planteadas por mi grupo-- a las que considero que tienen
una mayor entidad, e insisto en que sin menoscabo del resto, es decir, a las que no me refiera expresamente.
En primer lugar y por lo que se refiere a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista referidas a la restitución de los derechos de
cobertura por desempleo, recogidos en el artículo 208 de la Ley General de Seguridad Social, quiero ponerlas en relación con la enmienda transaccional que sobre la número 168, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, se
nos ha planteado. Ya les anuncio que el Grupo Parlamentario Socialista ha firmado la enmienda transaccional para que se pueda tramitar en el pleno. Sin embargo, quiero manifestar claramente a sus señorías que no es un texto que nos satisfaga
plenamente, y también he de manifestar que este texto no ha sido consensuado con las centrales sindicales, no es un texto sobre el que se haya llegado a un acuerdo expreso entre el Ministerio de Trabajo y las centrales sindicales; de hecho, la
Unión General de Trabajadores ha tenido conocimiento del texto porque yo se lo he enviado. Lo digo sólo para que después no se utilice el argumento de que éste es un ejemplo más de concreción, de diálogo social. Es un texto que ha enviado el
Ministerio de Trabajo, que mejora el texto anterior, que prácticamente retrotrae el tratamiento del 208 de la Ley General de la Seguridad Social a la redacción anterior, pero ignorando un pequeño matiz: que la reforma laboral del año 2001 modificó
el Estatuto de los Trabajadores e introdujo el 12.3, donde se señala de manera expresa que, técnicamente, lo que antes era una determinada categoría de fijos discontinuos, es decir, los de llamada cierta, son ahora contratos indefinidos a tiempo
parcial.
En consecuencia, el texto que se nos propone en la transaccional puesto en relación con la disposición adicional cuarta del proyecto de ley que estamos discutiendo es, a nuestro juicio, insuficiente o, para decirlo de una manera más
precisa, introduce un elemento de ambigüedad en el tratamiento del tema de cobertura a los fijos discontinuos, en este caso concreto, que son los comprendidos en el 12.3 del Estatuto de los Trabajadores, cuya cobertura o no se deja a una cierta
discrecionalidad.
Por tanto, ya les anuncio que hemos firmado la enmienda transaccional para que se pudiera tramitar en el pleno, pero mi grupo pedirá votación independiente de esta enmienda y nos abstendremos.
Hay otro grupo de enmiendas que se
refiere a un asunto que, desde el punto de vista conceptual, nos parece muy importante, porque viene a introducir un elemento nuevo en la consideración de la protección por desempleo como un derecho de los trabajadores que cotizan por él. Saben muy
bien sus señorías que la protección por desempleo es un derecho de los trabajadores que se deriva de un esquema de protección social, que es el que tenemos en España, en un sentido amplio, y que se nutre de cotizaciones sociales básicamente.
Considerando que lo que cubre la protección por desempleo es la contingencia --palabra que a mis compañeros de grupo no les gusta, pero no se me ocurre otra-- del riesgo de pérdida de empleo, merced al compromiso de actividad que se introduce en el
texto del proyecto de ley, se transforma en una contingencia que tiene que cubrir el riesgo de no encontrar un empleo, y son cosas radicalmente distintas. Lo que debe cubrir la protección por desempleo es el riesgo de la pérdida del empleo. El
introducir el elemento nuevo del riesgo de no encontrar un empleo quiere decir que se está considerando de una manera genérica una situación no deseada por el 99,99 por ciento de los parados, que lo que quieren precisamente es encontrar un empleo.
No quieren vivir del desempleo. De hecho, como saben muy bien sus señorías --hablo de memoria y me estoy refiriendo a datos del año pasado--, cuando el período medio de derecho a prestaciones al que podrían tener acceso los desempleados españoles
estaba en torno a los 14 meses, el período que se consumió estaba en torno a los siete meses, es decir, la inmensa mayoría de los parados querían acceder a un empleo y no vivir del desempleo. Por tanto, introducir ese elemento nuevo del riesgo de
no conseguir el empleo como una cuestión fundamental, por la vía del compromiso de actividad, nos parece que no debe hacerse de ninguna manera. Aunque he de reconocer que merced a las reuniones con los sindicatos se ha mejorado en relación con el
texto original, pero indudablemente se sigue manteniendo todavía ese criterio.
En realidad, estamos debatiendo, señorías, un proyecto de ley que, como ya ha dicho algún senador que me ha antecedido en el uso de la palabra, no tiene nada que ver con
el texto inicial del decreto del mes de mayo, hasta el punto, y no lo digo con ánimo descalificador, de que ha habido que modificar hasta la exposición de motivos del texto legal, porque ya no son los mismos motivos del mes de mayo que avalaban
aquel decreto que luego se ha transformado en ley y en el que se ha modificado hasta la exposición de motivos. Y no lo digo con ánimo descalificador, sino sólo con el de poner las cosas en sus justos términos. Estamos hablando de un texto legal
que tiene poco que ver con aquél. Un texto legal que, además, desde el punto de vista de la técnica jurídica ha dado unos bandazos tremendos. Es difícil situar este texto legal al que nos estamos enfrentando en un contexto legislativo concreto.
La técnica legislativa en la legislación laboral del Partido Popular es,
a mi juicio, bastante caótica y bastante errática. Lo viene siendo. Ahora nos enfrentamos a un proyecto que es un poco el cúmulo de toda esa situación. Quizás el ejemplo haya sido, lo decía antes el senador Sesmilo, qué tratamiento se le
ha dado finalmente a los salarios de tramitación. Se partió inicialmente de que se suprimían los salarios de tramitación. Ya no los había. En aquel momento, durante los debates de aquellos días, que tuvieron lugar hace muy poco tiempo y que
constan en los «Diarios de Sesiones» tanto del Congreso de los Diputados como del Senado, se nos dijo que eso no suponía solamente que los trabajadores iban a disfrutar de prestaciones inmediatas desde que se produjera la situación de despido,
etcétera, pero la realidad objetiva era que se suprimían los salarios de tramitación. De esa supresión absoluta de los salarios de tramitación se pasó, en una especie de golpe de péndulo, a que ahora todos los salarios de tramitación corrían por
cuenta de los empresarios. Se pasaba a un extremo bastante irracional desde nuestro punto de vista. Y ahora, finalmente, se vuelve a la situación anterior al decreto y a todo ese procedimiento de que los salarios de tramitación, cuando se
prorrogan durante más de dos meses, tienen el tratamiento que tenían antes de iniciarse todo este procedimiento.
Nosotros, los socialistas, saludamos la modificación del decreto inicial --y lamento que no esté presente el señor ministro de Trabajo,
aunque comprendo que tiene otras muchas ocupaciones y no puede estar todo el día en el Senado, y no lo digo para descalificar, pero quedará en el «Diario de Sesiones» y lo leerá--, pero no es que estemos encantados --creo que es el término que se ha
utilizado-- con la perspectiva de un otoño caliente. Les puedo asegurar, señorías, que no es bueno que el otoño sea caliente --es antinatural--. En otoño debe refrescar. (El señor Laborda Martín: ¡Muy bien!). Es más, nosotros queremos que en
invierno nieve porque, así, año de nieves, año de bienes, es decir, no tenemos ningún interés en otoños calientes.
El propio vicepresidente señor Rato reconoció en su día que se había rectificado la posición inicial, y a eso se le puede llamar como
se quiera.
En realidad, en este tema la oposición que representa el Grupo Parlamentario Socialista ha mantenido una actitud muy constructiva, hasta el punto de que, como decía mi compañero el senador Alonso hace un rato, no hemos presentado veto en
el debate del Senado porque hemos querido asumir sin ningún tipo de reserva los acuerdos con los sindicatos.
Asimismo, acabamos de firmar una transaccional que no nos satisfacía plenamente porque queremos ayudar a que el tema discurra por cauces
que pueden ser más positivos, pero no podemos estar en absoluto de acuerdo con determinados aspectos de modificación que se plantean en el texto del proyecto de ley. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Perdón, senador Romero.
Señorías, por favor, guarden silencio.
El señor ROMERO CALERO: Gracias, señor presidente.
No podemos estar de acuerdo con el tratamiento que el texto legal hace ahora del subsidio agrario en Andalucía y en Extremadura.
No quiero cansarles y tampoco quiero repetir argumentos
que ya se han utilizado esta mañana por el senador Caballos de una manera muy solvente, pero sí quiero llamar su atención sobre unas cuestiones que no han sido suficientemente tenidas en cuenta.
Nosotros no estamos instalados en la oposición
agresiva y provocadora que dice el ministro Zaplana. Eso es lo mismo que decir que el Partido Socialista no es un partido político, cuando hace 120 años que lo es.
Nosotros estamos instalados en una oposición que sea útil a la ciudadanía y,
naturalmente, unas veces nos equivocamos y otras no --yo creo que acertamos la mayoría de las veces, y así lo estiman los ciudadanos--.
Parece que eso se está traduciendo también en cuál es la percepción que los ciudadanos tienen de la política del
Partido Socialista, y en ese ánimo es en el que yo quiero trasladarles a ustedes algunas cuestiones que contradicen de manera rotunda algunas afirmaciones que ha hecho esta mañana el ministro.
Nosotros, los socialistas, no queremos que las
comunidades autónomas donde gobernamos vivan permanentemente de las subvenciones, y permítanme que lo diga de una manera rotunda. Eso es un insulto, y no quiero utilizar términos que puedan parecer grandilocuentes y que puedan sonar a utilización
demagógica, pero es tal el insulto a Andalucía y a Extremadura que supone afirmar que estas sociedades viven de las subvenciones que el señor ministro debería rectificar --quizá tenga ocasión de hacerlo en otra intervención--. Y fíjense por qué se
lo digo.
Según datos recogidos en el Boletín de Estadísticas Laborales del Ministerio de Trabajo --es decir, que no son datos elaborados por el Partido Socialista--, la media de prestaciones sociales en España, es decir, la población media que en
España está acogida a algún tipo de protección social es del 23,2 por ciento, bien sea pensión contributiva, pensiones no contributivas, pensiones asistenciales, desempleo, subsidio agrario, etcétera. En Andalucía es el 23,7 por ciento, es decir,
cinco décimas por encima de la media nacional. Los porcentajes de población de 8 de las 17 comunidades autónomas con alguna figura de protección social están por encima de la andaluza. Por tanto, dejen ese discurso que quiere situar a Andalucía y
a Extremadura en el victimismo. Nada más lejos de ello. Los andaluces, por cierto, no somos nada indolentes y sólo hay que remitirse a la historia reciente y a la menos reciente para conocernos.
(Un señor senador: ¡Muy bien!) Permítanme que les
diga que pretender que Andalucía está instalada en la indolencia y como consecuencia en el subsidio y que el Partido Socialista está manteniendo una situación artificial de victimismo para que se mantenga una prestación social insolidaria con el
resto de España es un insulto a Andalucía, a Extremadura y a la inteligencia de todos los españoles y españolas. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Por tanto, rechazo de pleno que seamos una sociedad subsidiada y pediría al ministro
Zaplana --me imagino que se informará por el «Diario de Sesiones»-- que cuando tenga ocasión rectifique esa afirmación. Además
--y no tengo más remedio que referirme a ello--, Andalucía está generando empleo por encima de la media española, de lo que estamos muy satisfechos. El crecimiento económico en Andalucía se encuentra también por encima de la media española;
es decir, no somos una comunidad autónoma olvidada en la que todo queda al albur de que papá Estado solucione nuestros problemas. Extremadura --estoy hablando de memoria pero seguro que no me equivoco-- es la segunda comunidad autónoma, después de
Baleares, que más ha crecido tomando como referencia una serie durante los últimos cuatro años. Por tanto --en ocasiones ponemos mucho énfasis en esta cuestión y quizá no se nos entienda bien--, no estamos planteando de ninguna manera que el
subsidio agrario en Andalucía y Extremadura sea una figura de solidaridad con los pobres andaluces o extremeños, sino que se mantenga una figura de protección social.
Senadora Do Campo, usted sabe que la respeto, pero en este punto tengo que
discrepar profundamente de su afirmación en el sentido de que no se produce un recorte de las prestaciones porque ninguna de las personas deja de percibirlo. En primer lugar, no es cierto que ocurra esto. Hay mujeres y hombres incluidos en el
sistema en el último año, en los dos últimos años, o hace cuatro años pero no en los dos últimos, etcétera. En fin, el proyecto de ley excluye a muchas personas que no han estado incluidos en el sistema durante los últimos tres años de manera
consecutiva.
Pero esto no sería lo más grave; lo más grave es que, como ustedes muy bien saben, cuando hablamos de protección social no nos referimos a la protección individual sino a colectivos y derechos. No se puede decir, no es cierto ni
riguroso. Es muy difícil entendernos con este lenguaje, es como si uno hablara en español y otro en turco. No se puede plantear que no se produce un recorte de derechos por el hecho de que las personas que percibían ese derecho lo vayan a seguir
haciendo. No es así. Se produce el recorte de derechos y la supresión del derecho; es decir, se suprime el derecho al subsidio agrario, como elemento de cohesión social y de fijación de la población en Andalucía. Y desde nuestro punto de vista
es una arbitrariedad. Ya tuve ocasión de explicarlo en Comisión, y voy a insistir en ello, para que ustedes sepan por qué consideramos que no se están destinando recursos públicos a algo improductivo.
Fíjense que el año pasado la producción final
agraria en Andalucía ha crecido un nueve por ciento en relación con el año anterior; es decir, el empleo en Andalucía ha crecido. También llamo la atención de sus señorías en el sentido de que no todos los trabajadores del régimen especial agrario
en Andalucía y en Extremadura están en el sistema del subsidio y del PER, están aproximadamente la mitad. Por tanto, la población empleada en el sector agrario en Andalucía ha crecido, y ello porque se está transformando la agricultura andaluza y
la extremeña.
Pero es que, además, cuando nos referimos a la población protegida --porque insisto en que no estamos hablando de personas individuales, sino de un sistema de protección social que va dirigido a un colectivo, a una situación y a unas
políticas-- las series de los datos del Inem --que como ustedes saben, tiene una magnífica estadística de beneficiarios de protección por desempleo a todos los niveles-- sobre beneficiarios del sistema de protección por desempleo en el sector
agrario, desde 1992 hasta 2002, demuestran que en 1992 se mantienen, crecen un poco en 1993, se mantienen prácticamente en 1994 y luego empiezan a descender hasta el año 1998. En el año 1998 ocurre que se produce un incremento en la población
protegida por el subsidio, coincidiendo con la reforma que en su día introdujo el ministro Arenas. O sea, que ahora, señorías, estamos hablando expresamente de derogar o suprimir una norma que el ministro Arenas pactó con las centrales sindicales,
con los agentes sociales en 1998. En dicho año se produce un incremento de la población protegida porque aquella reforma ocasionó una ampliación de los beneficiarios que podían acogerse al sistema, y luego se ha venido prácticamente manteniendo
hasta el año 2002. Pero esto en términos de cifras absolutas.
¿Pero qué ocurre cuando uno profundiza mínimamente en el sistema? Que cuando analizamos el rango de edad de menores de 24 años, que es muy significativo porque refleja la opción de los
jóvenes a la hora de abordar su inclusión en el sistema productivo, hay 16.500 jóvenes menos en el sistema en el año 2002 respecto a 1992. Y esto se reparte prácticamente por igual entre varones y mujeres. Tanto los varones como las mujeres
menores de 24 años han reducido de una manera muy importante su participación en el sistema. Por el contrario, como se han mantenido en cifras absolutas, ¿dónde se ha producido el incremento? Precisamente en las mujeres con rango de edad superior
a 25 años. Ahí se ha producido el incremento y, además, casi miméticamente; 16.500 jóvenes menos y más de 16.000 mujeres mayores de 25 años. ¿Esto por qué ocurre? Porque se está produciendo un incremento de la tasa de población activa femenina
en Andalucía, exactamente igual que está ocurriendo en toda España, y para muchas mujeres del ámbito rural de Andalucía su forma de integrarse en el sistema productivo es, precisamente, a través del subsidio.
Y no olvidemos, señorías, que el PER,
Plan de Empleo Rural --que es un gran desconocido fuera de Andalucía y de Extremadura, pero que ha servido para que las administraciones públicas canalicen recursos muy importantes hacia inversiones muy determinantes para el cambio o transformación
que se está produciendo en el ámbito rural--, con esta modificación del subsidio está también herido de muerte.
Así pues, les ruego que no vuelvan a insistir en la idea de que no se suprime el derecho a nadie que viniera percibiendo el subsidio
agrario.
¿Se imaginan ustedes que se tomara la decisión de suspender las percepciones por desempleo del régimen general de la Seguridad Social, y a continuación dijéramos: Pero los que venían percibiéndolas, que lo sigan haciendo? Eso supondría
en cualquier caso suprimir ese derecho, esa prestación. Y es que nosotros no estamos hablando de que se regale algo a una persona de forma discrecional o arbitraria, sino simplemente de reconocer un derecho que se suprime para los trabajadores
agrarios de Andalucía y Extremadura que lo vienen disfrutando.
Se suprime ese derecho, y se proponen unas alternativas a las que me referiré inmediatamente después.
Aunque no nos satisfaga plenamente, repito que hemos comprobado que por parte del Gobierno y el Ministerio de Trabajo se ha hecho un
esfuerzo por llegar a un acercamiento, incluso en lo que se refiere a la cobertura de los trabajadores fijos discontinuos. Pero si analizamos detenidamente el texto que se va a publicar en el «Boletín Oficial del Estado», tras su paso por el Senado
y su posterior vuelta al Congreso, veremos que lo realmente sustantivo de todo él es que se suprime el subsidio agrario en Andalucía y Extremadura. Y yo, que he tenido algunas responsabilidades de Gobierno en ámbitos autonómicos, que también tengo
alguna experiencia en materia de diálogo y concertación social, y que sé cómo se han podido reconducir situaciones muy difíciles --no voy a cansar a sus señorías, ni voy a tener la pedantería de referirme a algunas situaciones muy complejas que se
han reconducido en otras épocas--, no acierto a comprender por qué el Gobierno mantiene esta decisión en los mismos términos recogidos en el texto inicial del real decreto-ley. Porque repito que en este asunto no se ha movido un sola coma.
Por
tanto, tengo que llegar a la conclusión de que, desgraciadamente, en este caso no se trata de una decisión de Gobierno, sino partidaria. Y no es que descalifique las decisiones partidarias. A veces aprecio que cuando preclaros exponentes de la
derecha quieren descalificar una determinada actitud hablan de que eso es política. Naturalmente que lo es, ¡estaría bueno!; precisamente lo que hacemos aquí es política, mientras que lo que siempre ha querido el totalitarismo es que no se hable
de política. Pero nosotros sí queremos hacerlo. Repito, pues, que, desgraciadamente, esta es una decisión partidaria y no de Gobierno. Y lo es, desde el enfoque de considerar que introducir elementos de inestabilidad en el ámbito rural en
Andalucía y Extremadura supone instalarnos en un «cuanto peor, mejor».
Naturalmente, ustedes hacen sus análisis y valoraciones, y no seré yo quien les diga qué repercusión electoral puede tener una decisión de esta naturaleza --tendrá la que deba
tener; cuando los ciudadanos se manifiesten en las urnas lo harán libre y democráticamente--. Pero considero una política tan mezquina y ruin el pretender que, introduciendo elementos de inestabilidad, se puede alterar de manera sustancial las
relaciones políticas que se produzcan en una determinada comunidad autónoma, que eso me produce tristeza. Pero no les quepa duda de que a los andaluces y extremeños lo que les va a producir es un profundo desprecio por quienes avalen estas
políticas.
Esta mañana se ha puesto de manifiesto que, desde el punto de vista individual, las cuantías de las que estamos hablando son muy pequeñas, pero suponen un elemento de estabilidad, de fijación de población y de fijación de horizonte.
Ello hace que muchas familias de diversos pueblos, como Puerto Serrano, Monte Llano y otros, no tengan que plantearse la emigración como la única alternativa posible. A quienes hablan de la Andalucía de los indolentes habría que decirles únicamente
cuántos millones de andaluces han contribuido a mejorar la situación económica de Andalucía y Extremadura, en primer lugar, y fuera de ellas también.
Introducir este elemento es introducir un elemento de inestabilidad, pues la mayor parte de
quienes mantienen las cifras de población protegida son mujeres de más de 25 años, a quienes están condenando ustedes, señorías.
Al suprimir el subsidio, al eliminar esa posibilidad, les están condenando a que no tengan otra alternativa que
quedarse en su casa.
Señorías, si ustedes viajan por los pueblos andaluces o extremeños podrán comprobar que hoy día hay muchas mujeres mayores trabajando, eso sí, en aquello en lo que pueden trabajar. No podemos pretender que estas personas
tengan cierto nivel de productividad cuando, además, todos sabemos que el nivel de productividad del mercado de trabajo en España es muy limitado y que, en este sentido, hay un gran déficit en nuestro sistema general. Por ello, como digo, no se
puede exigir que este sistema sea altamente productivo, porque eso sería el colmo, señorías.
En cualquier caso, insisto, podremos ver muchas mujeres integradas en el sistema productivo y accediendo a él por esta vía. Suprimir esta posibilidad --y
no se trata de demagogia ni de fatalismo alguno--, supone, como ya he dicho, introducir un elemento de inestabilidad en el ámbito rural y es fundamentalmente, señorías, una decisión partidaria. No se trata de una decisión de Gobierno porque no se
sostiene. ¿Cuáles son los criterios racionales que animan a un Gobierno a tomar una decisión tan grave como la de suprimir una prestación social? No se nos ha explicado ni uno sólo de esos criterios. Se nos puede decir que si se suprime el
subsidio agrario los jóvenes que ahora están incluidos en él van a buscar otras oportunidades. ¡Pero si ya lo están haciendo sin que se suprima ese subsidio! ¿Cuáles son, pues, esos criterios? ¿En qué criterio se basa el Gobierno para suprimir,
insisto, un derecho de los trabajadores agrarios de Andalucía y Extremadura? Siempre he sido un hombre de la política, lo era incluso cuando hacer política nos llevaba a la cárcel, y por ese motivo a veces me sonrío cuando algún portavoz del Grupo
Parlamentario Popular nos amenaza con hablarnos del pasado. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Algunos políticos del Grupo Parlamentario Popular consideran que el pasado empezó en 1982, para según qué cosas, y en 1996,
para según qué otras, pero lo cierto es que el pasado ni empezó en 1982 ni tampoco en 1996. Por tanto, no me da ningún miedo hablar del pasado, pero lo que estamos debatiendo ahora no es eso, sino qué ocurre hoy y, sobre todo, qué va a ocurrir
mañana. Y lo que va a ocurrir mañana, señorías, con esa valoración hecha por preclaros estrategas del Partido Popular en Andalucía y Extremadura, es que al introducir elementos de inestabilidad en el ámbito rural va a hacer imposible hacer política
en dicho campo, que es lo que tradicionalmente y siempre ha hecho la derecha, porque somos nosotros quienes en los últimos 20 ó 25 años estamos haciendo política y transformando Andalucía y Extremadura, y para eso utilizamos el instrumento del
subsidio y del plan de empleo rural en estas dos comunidades.
Quiero concluir refiriéndome a otro elemento que ustedes ponen como la otra cara de la moneda. Ustedes dicen que el artículo 3 del proyecto suprime el subsidio agrario en Andalucía y en Extremadura y el artículo 4 crea un sistema
contributivo en toda España. Eso es, señorías --y algunos de ustedes saben de Seguridad Social más que yo--, un elemento que nosotros saludamos. ¡Claro que saludamos que se introduzca un nivel de protección contributiva para unos trabajadores que
antes no lo tenían! Pero no se hagan trampas ustedes mismos. ¿Por qué razón a los trabajadores del sector agrario, a los que ustedes incluyen en el artículo 4, les van a dar protección en el sistema contributivo y no los equiparan al régimen
general? ¿Por qué necesitan más cotizaciones para menos prestaciones? Ustedes saben --y si no lo saben, en Andalucía y en Extremadura hay personas que son muy solventes en esta materia-- cuál es el número de jornadas que tienen acreditadas los
perceptores del subsidio agrario y vean ustedes qué porcentaje de esa población puede tener cobertura en el sistema contributivo que ustedes plantean. Vean ustedes eso y comprobarán que no es equiparable, que no es posible. Además, las jornadas
que se contabilizan para la protección del subsidio agrario también son las jornadas del PER, que en este sistema no lo van a tener. ¿Por qué excluyen ustedes el sistema de prestación asistencial en este sistema contributivo, lo que conocemos en el
lenguaje coloquial como el subsidio, como la ayuda familiar, a lo que determinados colectivos de personas tienen acceso por determinadas circunstancias familiares o de edad una vez que agotan las prestaciones del nivel contributivo? ¿Por qué no se
extienden también a este nuevo sistema de protección a los trabajadores agrarios? ¿Por qué los excluyen? Estamos en el año 2002 y en el mejor de los casos los primeros trabajadores que tendrán acceso a este sistema de protección contributivo que
ustedes plantean será en torno a 2007 ó 2008, ya que tienen que cotizar 360 días en los últimos seis años. Supongamos que algunos colectivos no van a necesitar seis años para cotizar 360 días, pero admitan ustedes que en el mejor de los casos,
siendo tremendamente optimistas, al menos cuatro o cinco años sí van a necesitar. Por tanto, los primeros trabajadores tendrán acceso a este nivel de protección contributiva dentro de cuatro o cinco años. Así pues, señorías, no es que nosotros
rechacemos el artículo 4 y ustedes puedan plantear que suprimen esa prebenda, esa dádiva que se estaba dando en Andalucía y Extremadura porque los socialistas tenían ahí un voto cautivo y lo que hacen ahora es extenderlo a toda España. No es
cierto, ustedes suprimen el subsidio en Andalucía y en Extremadura y no extienden a toda España un sistema de protección, como coherentemente desde su discurso y desde su esquema deberían hacer.
Para finalizar y para no cansarles a ustedes, les
diré que no sólo en estas cuestiones hemos introducido enmiendas --en cuyo trámite de defensa nos encontramos ahora--, sino que también hemos planteado unas enmiendas relativas a la consideración de despido nulo para aquellas contrataciones que son
temporales y que se dan en fraude de ley. Ustedes --y vuelvo al principio de mi intervención y con esto termino, señor presidente-- en el año 2001 impusieron una reforma laboral que no fue consensuada con los agentes sociales. No es cierto; una
mentira mil veces repetida no se convierte en una verdad. En el año 2001 ustedes impusieron una reforma laboral que tiene la legitimidad de las mayorías democráticas del Senado y del Congreso de los Diputados y esa legitimidad quedó plasmada en el
«Boletín Oficial del Estado», pero esa reforma del año 2001 no tiene la legitimidad del acuerdo social.
En el año 2001 ustedes introdujeron unas modificaciones a fin de mejorar sustancialmente el mercado de trabajo en España. Esta misma tarde la
senadora Do Campo ha vuelto a recurrir a la cifra de siempre --y comprendo que lo haga porque es su papel-- y nos ha recordado que se ha producido un crecimiento del empleo. Naturalmente, nos alegramos de que crezca el empleo. ¡Cómo no nos vamos a
alegrar! Seguramente, muchos de nosotros tenemos hijos que tienen problemas a la hora de encontrar un empleo y querríamos que no los tuvieran.
Queremos que crezca el empleo, pero en el informe del año 2002 de la Comisión Europea sobre el empleo
referido al año testigo y clave, 2003, en función de los objetivos de Lisboa para el año 2010, nos han dado un tirón de orejas. Nos han llamado la atención, nos han recordado que seguimos teniendo la tasa de temporalidad más alta de España y nos
instan a reconocer que la reforma de 2001 no fue en la dirección adecuada. Nos recuerdan que seguimos teniendo la tasa de accidentalidad y de siniestralidad más alta de Europa, y algo tendrá que ver con la rotación que se da en la contratación
temporal. No voy a hablar de la contratación temporal, porque no quiero ser tremendista, pero sí de la rotación que se da en la contratación temporal. El hecho de que el 56 por ciento de los contratos temporales tengan una duración inferior a tres
meses tiene que tener alguna influencia en eso.
Hagan un mínimo ejercicio de humildad. Recapaciten y aprovechen este texto para mejorar aquella reforma de 2001. Introduzcan, al menos, algún mecanismo; por ejemplo, el que nosotros sugerimos: que
los despidos que se producen en clarísimo fraude de ley en la contratación temporal y que están relacionados, fundamentalmente, con el encadenamiento de los contratos, sean declarados nulos en la ley de procedimiento laboral y en el Estatuto de los
Trabajadores. En esa dirección hemos presentado otro grupo de enmiendas.
Insisto en que no voy a referirme al resto de las enmiendas, aunque, naturalmente, mantenemos todas para su votación en Pleno. Muchas gracias.
(Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Para turno en contra, tiene la palabra la senadora doña María Eugenia Martín.
La señora MARTIN MENDIZABAL: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, quiero agradecer a todos la firma de la transaccional relativa a los trabajadores fijos discontinuos.
Dado que hay muchísimas enmiendas y que la mayoría de los intervinientes que han subido a esta tribuna han incidido en las materias más esenciales o que han llamado más su atención, voy a contestar conjuntamente a las cuestiones centrales y,
luego, comentaré algunos aspectos sobre los que han hecho especial referencia.
Se ha hablado del derecho subjetivo a la prestación de desempleo, lo que en la ley se llama el compromiso de actividad o disponibilidad, y en comisión ya les dije que el
Grupo Parlamentario Popular considera, igual que ustedes, que la prestación de desempleo es un derecho. Pero, si se tiene derecho a la prestación económica, también se tiene a encontrar un empleo; no se trata de subsanar el riesgo de no
encontrarlo --como se ha apuntado--, sino, por el contrario, de promover la incorporación a ese trabajo. Igual que las pensiones atienden situaciones de carencia de rentas en principio definitivas, como la de jubilación o viudedad, los subsidios
atienden situaciones de carencia de rentas en principio temporales; se tiene todo el derecho a percibirlo, evidentemente, pero hay que intentar remediar y evitar la situación.
El desempleo, evidentemente, es un derecho subjetivo a la prestación
cuando se dé esa ausencia de rentas por carencia de empleo, pero al mismo tiempo se tiene derecho a una formación, a incrementar el grado de ocupabilidad y a encontrar un empleo. Y ello lo demuestran diversos artículos que se modifican porque
reconocen, por ejemplo, que la situación legal de desempleo comienza el mismo día en que el trabajador está sin trabajo, y no nos importa si el despido es procedente o si el despido es improcedente, lo que nos importa es que el trabajador no tiene
trabajo y, por lo tanto, lo que nos importa es que pueda volver a insertarse en el mercado laboral. Porque, en definitiva, todo el tiempo que el trabajador esté alejado del mundo laboral va a ir en contra suya y a nosotros eso no nos interesa.
El
senador Espasa hacía especial referencia a la separación de fuentes.
Señorías, la separación de fuentes consiste en que con cotizaciones sociales se paguen prestaciones sociales y no se realicen actuaciones que van dirigidas a los ciudadanos en
general. Eso es la separación de fuentes. Evidentemente, el propio Pacto de Toledo --y usted conocerá no sólo la letra o el espíritu, sino hasta las tripas del Pacto-- lo que está diciendo es que las prestaciones de desempleo se paguen con las
cotizaciones de desempleo, se financien con cuotas de desempleo, o dicho de otra forma --porque lo expresa mucho mejor el artículo 206--, que las cotizaciones de desempleo se destinen sólo a pagar prestaciones por desempleo. ¿Y en qué forma? Lo
dije: en forma de subsidios --entiéndase el término subsidio técnicamente hablando, no en sentido peyorativo-- o bien para pagar políticas activas. Repito, señoría, esto es conforme con el Pacto de Toledo y con el artículo 206 de la Ley General de
Seguridad Social.
Me voy a referir ahora a un tema que, en mi opinión, ya está absolutamente debatido, pero como ha llevado el mayor tiempo en esta tribuna hablaré de él, aunque no sé si voy a aportar gran cosa y no sé si les voy a convencer. En
cualquier caso, nosotros hemos dicho lo que hemos dicho, no digan que hemos dicho lo que no hemos dicho. En este sentido, voy a recuperar el porqué de nuestras modificaciones y las modificaciones introducidas, no más. Lo demás ni figura en el
texto de la ley ni se desprende del mismo.
Cuando nos referimos al Plan de Empleo Rural lo primero que hay que señalar es que los fondos AEPSA --que se destinan a Andalucía y a Extremadura y que todo el mundo reconocemos que han sido positivos--
van a continuar yendo y que para el año que viene, año 2003, se van a incrementar, al igual que las subvenciones del Inem para contratar a los trabajadores eventuales agrarios en trabajos de colaboración social. Van a seguir yendo. (Varios señores
senadores del Grupo Parlamentario Socialista pronuncian palabras que no se perciben.--La señora Flores Fernández: ¡Que no, que no!) También quiero decirles que el subsidio se mantiene, y eso es verdad porque se mantiene --es cierto-- en favor de
los trabajadores que hayan sido beneficiarios en los últimos tres años. Pero, senador Romero, usted mismo me reconocía que, si se mira en números absolutos, la población viene a ser la misma. Pues bien, si viene a ser la misma están protegidos
todos los que estaban protegidos. (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡No, no, no!--La señora Flores Fernández: No son las mismas personas.) Es decir, el subsidio a quien lo ha tenido, no se le quita a nadie, lo tiene y
lo seguirá teniendo, y quien no hubiera tenido derecho en los tres últimos años queda protegido ante su situación de necesidad a través de otro mecanismo, que es la renta activa de inserción.
Usted me dice: puede haber alguien que no haya estado
protegido estos tres últimos años. Yo creo que esa persona habrá estado en el mercado de trabajo ordinario, porque si no ha estado percibiendo la prestación del Plan de Empleo Rural, si no ha estado percibiendo la renta activa de inserción, si no
ha estado en estas situaciones, digo yo que habrá estado en el mercado de trabajo ordinario, en cuyo caso hay que ligarlo con el desempleo contributivo, al que también se ha hecho referencia.
Usted decía que se suprimía porque se elimina una
prestación a un colectivo. Señoría, los colectivos son la suma de varias personas de forma individual, y estas personas, insisto, van a continuar teniéndolo si lo han adquirido en los tres últimos años.
Desde luego no quiero introducir ningún
término ni ninguna valoración --que no se ha hecho por nuestra parte--, y no quiero emplear ningún tono peyorativo, como al parecer se nos ha dicho, porque estoy segura de que su objetivo y el nuestro es lograr un desarrollo lo más positivo y mejor
posible en Andalucía y en Extremadura. No obstante, sí tengo que ligarlo con el desempleo contributivo de los trabajadores eventuales agrarios. No me voy a referir al resto de España donde se crea esta situación de desempleo, lo que sí le quiero
decir es que esta situación de desempleo también va a afectar a los trabajadores eventuales agrarios de Andalucía y Extremadura, con lo cual, si se crea una prestación nueva --seguramente es perfeccionable pero se crea-- evidentemente se aproximará,
como señala el Pacto de Toledo, en toda su amplitud al régimen de protección que contempla el régimen general. Pero, desde
luego, no salen perjudicados. Como decía usted, efectivamente, se requiere un año en los seis últimos años, pero esto se traduce en un trabajo de dos meses al año y, evidentemente, en el desempleo contributivo se van a poder computar las
cotizaciones efectuadas en otro régimen.
En lo que respecta al Plan de Empleo Rural se decía que valía con 35 jornadas. Pues la jornada media en Andalucía son de 51. Quiero decir con esto que las jornadas son reales cuando hablamos del subsidio
agrario, y cuando hablamos del desempleo contributivo son jornadas a las que hay que incrementar la parte de festivos, domingos, y usted sabe perfectamente que se ha de multiplicar por un coeficiente para obtener los días reales y ver si alcanza el
período de carencia de este desempleo contributivo.
Por otro lado, quien tenga la posibilidad de acceder a una u otra prestación podrá elegir. Es decir, a nadie se le va a obligar a acceder al desempleo contributivo o al subsidio, sino que, como
digo, podrá elegir.
En cuanto al senador Cámara, de Izquierda Unida, el otro día yo le decía en la Comisión que leyera atentamente, con buen espíritu, la disposición adicional cuarta, cuyo texto establece que van a tener el mismo tratamiento los
fijos discontinuos anteriores a 2001 que los posteriores a ese año. Precisamente la enmienda que se introduce --y agradezco especialmente al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió la transaccional--, agarrándonos a esa
redacción que usted mencionaba de Convergència i Unió, lo que pretende es que todo fijo discontinuo va a tener una situación legal de desempleo en los períodos en que no esté ocupado. Considero que eso aclara, concreta y precisa aún más la
situación de estos trabajadores.
El artículo se refería también a la enmienda número 165, porque lo que usted está modificando a través de esa enmienda es un artículo que no se ha tocado ni en el decreto-ley ni en el proyecto de ley, y a veces
tengo la sensación de que hemos modificado cosas que en ningún momento se ha hecho, porque en todo se indica «volver a la redacción anterior», y ésta debe ser la anterior a 1992, porque esta redacción no se ha modificado ni en el decreto-ley ni en
el proyecto de ley.
Sí es verdad, y tengo que reconocerle, que estos trabajadores tienen una protección según la naturaleza y las características de su contrato. No obstante, esto está pendiente de desarrollo reglamentario, como expresa la propia
enmienda transaccional, y entiendo que seguiremos hablando de ello para dar contenido a dicho desarrollo reglamentario.
Por otra parte, ustedes nos pedían que la retirásemos. Nosotros les pedimos que la voten a favor, puesto que creo que es
positiva, porque concreta lo que antes podía estar indeterminado.
Presenta también una serie de enmiendas, aunque su señoría no ha hecho referencia de forma pormenorizada a las mismas --al menos, no he tomado nota de ello--, cuya justificación se
basa en que cambiemos la política porque vamos en contra de lo que ocurre en muchos países de la Unión Europea. Señoría, lo que ocurre en muchos países de la Unión Europea precisamente no queremos que suceda en España, y es que se está destruyendo
empleo. Y éste es precisamente el motivo de estas reformas legislativas.
Respondiendo a la senadora De Boneta, en primer lugar, doy por contestada la enmienda número 10. Por otra parte, el proyecto de ley recoge expresamente en las políticas
activas de empleo el respeto a las competencias que tienen las comunidades autónomas. Lo contempla de una forma expresa --insisto-- en la disposición adicional primera, 9ª.
En cuanto a la posibilidad de que los trabajadores de economía social que
participan en cooperativas puedan capitalizar el desempleo --el Grupo de Convergència i Unió presenta una enmienda similar, aunque con alguna matización--, creo que se cumplen los objetivos de inclusión.
Evidentemente, un trabajador puede llegar a
una cooperativa desde el desempleo. Lo que no puede es haber cesado previamente. No obstante, no le oculto que se pueden dar situaciones anómalas o irregulares, pero, precisamente para no penalizar esa economía social, se la ha incluido en un
bloque de bonificaciones que se encuentra reflejado en la disposición adicional octava.
Respondiendo al portavoz del Bloque Nacionalista Galego, tengo que decir que, efectivamente, se ha presentado una serie de enmiendas en las que se solicitan
ciertos aumentos. Se incrementa el desempleo contributivo, la cuantía y el ámbito subjetivo. Pero, insisto, creo que hay que recordar que éstas son normas que no se han tocado ni en el Decreto de mayo ni en el proyecto de ley que ahora estamos
debatiendo. Digo esto porque si no parece que el Grupo Popular lo había modificado.
En cuanto a la carencia de rentas, creo que hay bastante proximidad entre la redacción actual y su enmienda. De hecho, la indemnización legal por despido, que me
ha parecido entender que se considera excluida, con la redacción actual no tiene condición de renta.
Creo que su señoría también ha hecho mención específica a los salarios de tramitación. Lo único que se ha hecho a este respecto ha sido
posibilitar que, en el momento en que el empresario reconoce el despido, transcurridas 48 horas, puede consignar esos salarios de tramitación. Si el tema sigue adelante, se recurre o se ejercen las acciones judiciales oportunas, lo que pasará es
que, supuesto que no se hubiese consignado por el empresario, como se aprobó ya en ponencia, la empresa puede reclamar al Estado si esa judicialización va más allá de los 60 días.
En cualquier caso, me interesa resaltar que los salarios de
tramitación están básicamente configurados de forma similar a como estaban anteriormente y que con la redacción actual se evita esa incertidumbre en el coste de despido, que podía existir en la anterior, y, el objetivo siempre ha sido evitar una
judicialización innecesaria y que, al mismo tiempo el trabajador esté en una situación de desempleo, esperando a que se solucione judicialmente un asunto y, sin embargo, no se le dé salida.
También ha hablado del desempleo de los contratos de
investigación científica y técnica. Señoría, quiero decirle que esos contratos están recogidos en el Estatuto de los Trabajadores y tienen prestación por desempleo. Al menos, los que tienen ese título.
En cuanto al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, quería decirle que el desempleo contributivo de los eventuales agrarios a los familiares del titular no es posible, siempre, evidentemente, que no se demuestre su condición de asalariado
porque así lo prevé el artículo 7.2 de la Ley General de Seguridad Social. Cuando alguien es familiar del titular de un negocio, de la explotación, no tiene la condición de trabajador por cuenta ajena, salvo que demuestre su condición de
asalariado.
Asimismo, hacía referencia a la concatenación de estos trabajos temporales. La primera vez que se introduce la posibilidad de que el Inem comunique al juzgado dicha concatenación es en este proyecto de ley.
Además, hay que decir que
la actual redacción del artículo 145 bis se mejoró en el Congreso de los Diputados y recoge, de forma muy pormenorizada, hasta el procedimiento, el cual se configura, eso sí, como de Seguridad Social, por lo que se limita a recuperar las
prestaciones de desempleo que se hayan podido abonar de forma indebida, sin que en ningún caso el trabajador deje de percibir la prestación correspondiente.
También pretenden incluir a una serie de personas en exclusión social dentro de la renta
activa de inserción. Nos parece que el colectivo está algo indeterminado y que la mayoría de las veces estos colectivos de exclusión social son atendidos por los servicios sociales, que son competencia de las comunidades autónomas.
En cuanto a la
enmienda que hablaba de los fondos a los servicios públicos de empleo, hay habilitación --no le puedo decir en qué capítulo-- en los Presupuestos Generales del Estado.
En cuanto a incluir a los discapacitados en la disposición final primera, tengo
que decirle que tanto éstos como otra serie de personas, en definitiva, colectivos, tienen cabida en sus bonificaciones para la contratación laboral, tanto por la regulación general como por otras normas específicas de contratación.
En cuanto al
IRPF, nos parece que éste no es el lugar más oportuno porque estamos tratando de la modificación de una regulación de protección al desempleo, de mejora de la ocupabilidad y del desempleo, aunque también encontramos en la enmienda algo al respecto.
No sabemos dónde se va a desgravar, si en la cuota o en la base. Habrá que concretar.
Quiero decir al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos lo mismo que decía a la senadora doña Inmaculada de Boneta, que las competencias
autonómicas están absolutamente respetadas en la disposición primera 9ª. La renta activa de inserción no es incompatible ni con el salario social que existe en el País Vasco, en Euskadi, ni en otras comunidades autónomas.
Como decía el señor
ministro, se está abierto al diálogo. Pueden tener en las mismas condiciones las políticas activas como Cataluña y Galicia, pero su concepto de diálogo es decir que somos impositivos. Yo creo que impositivo es el que dice: El concepto de diálogo
es lo que yo digo y, si no, no. Pues no. Como muy bien definía el senador Sesmilo, dialogar es negociar, hablar, y normalmente en esa negociación todo el mundo tiene que ceder en alguna medida, pero diálogo no es hacer lo que ustedes digan.
Al
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió quiero reiterarle mi agradecimiento. Al igual que a la senadora De Boneta le concretaba, quiero decirle que en el caso de las cooperativas no parece muy afortunado la posibilidad de
que personas que han estado contratadas temporalmente cesen en esa contratación y se capitalice ese desempleo en la cooperativa cuando previamente hayan cesado. Quiero recordarle que hay unas bonificaciones previstas y si fuera preciso pueden estar
en un período de prueba y luego convertirse en socios cooperativistas de carácter indefinido.
En cuanto a la invalidez no contributiva hablamos de ella cada vez que tenemos ocasión. Consideramos que no es oportuno que una prestación de invalidez
no contributiva tenga diferentes cuantías cuando estamos hablando de que es una prestación abonada con impuestos.
El senador Espasa, no sé si se da por contestado con lo que he dicho, pero sí me gustaría hacerle una matización para que reflexione.
Esta reforma puede ser buena, mala o regular, pero no es arbitraria porque en un sistema democrático las modificaciones legales que hace el grupo mayoritario no son arbitrarias.
El senador Romero ha dicho algunas cosas a las que me gustaría
contestar.
En cuanto a los salarios de tramitación está perfectamente claro cuándo se produce el despido, que es cuando se reconoce por el empresario que lo ha despedido, pero es verdad que puede variar el momento en que ese reconocimiento se
produce, ya que no tiene por qué ser en una conciliación administrativa, sino en un momento anterior. Eso tiene la ventaja de que permite, entre otras cosas, al trabajador desempleado, que es el que sale peor parado --si me permite la expresión--,
la posibilidad de incorporarse antes a esas acciones formativas, a su nueva situación, ser consciente de ella y acudir a los servicios públicos de empleo para incrementar su grado de ocupabilidad. También se ha introducido aquí que el empresario ha
de comunicar al trabajador el depósito, en su caso, de la indemnización, cosa que antes no existía, y es verdad que podía dar cierta inseguridad jurídica.
Dice que se ha modificado hasta la exposición de motivos. De la exposición de motivos
evidentemente se ha modificado la exposición en el Congreso, pero no los motivos que son los mismos. El objetivo básico es que el desempleado, aparte de la prestación que repito que es un derecho subjetivo, encuentre lo más rápidamente posible un
empleo. Repito que los objetivos no se han visto modificados.
Me ha hablado de la temporalidad. Yo no le voy a negar que hay excesiva temporalidad y que hay que avanzar en esa línea y, si se puede, más rápido. Me reconocerá que se ha bajado un
poquito la temporalidad y también que se han introducido una serie de medidas en estos años que al menos desincentivan la temporalidad, como las vacaciones pagadas y cotizadas, un mayor porcentaje a las cotizaciones, tener que pagar indemnizaciones
igualmente en los supuestos de la extinción, etcétera.
Senador Romero, con todo aprecio le diré que cuando ha hablado de la inestabilidad me sonaba un poco a la campaña de pensiones. En ningún momento, al igual que mi
compañera, hemos utilizado peyorativamente el término subsidio, y en definitiva hemos explicado nuestros objetivos. El término inestabilidad me suena un poco a esa campaña del miedo. En cualquier caso quiero decirle que la decisión del
Gobierno no es partidaria, sino que se ha hecho pensando en el interés general. Entre otras cosas, este Gobierno ha demostrado que las decisiones que ha tomado han sido pensando en el interés general. Prueba de ello es que usted me decía que
cuanto peor, mejor. No, en cuanto peor mejor, no. Usted me reconocía que también ha habido incremento de empleo en Andalucía. Nuestro objetivo es avanzar en ese camino.
Si no he contestado a todos pido que me disculpen.
Nada más y muchas
gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Cámara.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, señora Martínez, yo no voy a consumir mucho tiempo en este turno de portavoces. El debate está hecho.
Señora Martínez, se ha esforzado mucho su señoría en intentar explicar
algunas cosas. Lo reconozco, pero permítame que le diga que ha tenido una fuerte inseguridad en la explicación. Es una apreciación personal. Ha tenido inseguridad posiblemente porque no cree exactamente en algunas de las cosas que está diciendo
al defender su posición en contra porque hay cosas -- a mí también me pasa en otras, de modo que no es una crítica personal-- de las que uno sale más o menos airoso diciendo lo mínimo imprescindible para evitar meter, como se dice vulgarmente, la
pata.
En el asunto relativo a los fijos discontinuos no es verdad lo que usted dice. No lo es. Le recomiendo que se lo estudie bien. Quedan fuera los de tiempo parcial, efectivamente, porque la reforma de 2001, que ya se ha dicho aquí veinte mil
veces, es una reforma unilateral del Gobierno.
Todos los sindicatos estuvieron en contra, y esta parte de fijos discontinuos que en algunos lugares son legión, son los que están fuera con la redacción de la disposición adicional cuarta. En una
interpretación jurídica un juez diría esto. Permítame que le diga que esto está consultado, no solamente porque yo pueda tener un conocimiento equis sobre el tema, con personas muy solventes y discutido durante horas, horas y horas con el señor
Chozas por parte de dirigentes sindicales para convencerle de su error.
En la propia justificación de la transaccional se dice claramente. Lo que pasa es que hay que leerlo. No es verdad lo que dice usted. Dice, exactamente, que se encontrarán
en situación legal de desempleo los trabajadores fijos discontinuos de acuerdo con lo que disponga un desarrollo de esta norma.
Después se hace tres preguntas. En la tercera se pregunta si existe un vacío normativo sobre la regulación. Yo
contesto que sí, que existe un vacío normativo sobre la regulación de los fijos discontinuos. Por eso, doy una oportunidad a la regulación que en un futuro se pueda hacer por parte del ministerio y si es posible concertadamente con los agentes
sociales. Además, la propia exposición de esta transaccional disipa todo tipo de conjeturas, dudas o interpretaciones sobre el régimen jurídico de la protección de los trabajadores fijos discontinuos.
Desde la reforma de 2001 existe la figura del
fijo discontinuo y de forma separada la de tiempo parcial. Lo que ocurre es que usted sigue sin entender algo tan sencillo como que en mayo de 2001 existe la reforma unilateral. Existe una circular del Inem para que se pague a todos los
anteriores. Por tanto, llega el invierno del año 2001, por ejemplo, y la gente lo va cobrando por circular; al reformar la Ley General de la Seguridad Social lo que se produce es un efecto: que deja claro que pierden la prestación por desempleo
un tipo de fijos discontinuos, tocados ya en la reforma del 2001. Pero yo no lo voy explicar más. Lo que deseo es que la norma que en su momento se pacte lo aclare, tal como dice el señor Chozas --porque esto lo ha escrito el señor Chozas--, y por
eso espero que se pongan de acuerdo.
En cualquier caso, el debate está concluido respecto a todos los temas centrales de esta reforma, y es cierto que unas cosas se han modificado y otras no; otras siguen siendo una agresión. Las enmiendas de
Izquierda Unida, con unas se podrá estar de acuerdo y con otras no, esencialmente pretenden la supresión --y le contesto a usted, que dice que queremos eso precisamente--, porque consideramos absurdas las modificaciones introducidas: unas, no
modifican nada de lo anterior, y otras, no tienen razón de ser. Otra cosa es el consenso, el acuerdo en seis temas litigiosos que dieron motivo a la huelga general --que yo he reconocido en la tribuna--, pero en el resto queda mucho por hacer.
El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya finalizando, por favor.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Termino, señor presidente.
Queda mucho por mejorar la protección por desempleo. Yo no me conformo --y termino con esto-- con dejarlo como está, sino con mejorar en un futuro la cobertura social al desempleo para
los trabajadores de este país, en general.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Rodríguez Díaz.
El señor RODRIGUEZ DIAZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, quiero manifestar que nuestro voto a las enmiendas presentadas va a ser variado: hay enmiendas que vamos a apoyar, otras no, y manifestaremos nuestra abstención ante
otras. Pensábamos que en este debate leal, sincero, que hemos celebrado, en el que se ha ido avanzando
en la tramitación del proyecto de ley, se iba a producir la aprobación de alguna de nuestras enmiendas, pero por el posicionamiento de la senadora Martín Mendizábal parece que no va a ser así; de todas formas, adelanto que vamos a votar
favorablemente a todas las nuestras, como es lógico, y, conforme se vayan produciendo las votaciones, iremos manifestado nuestra posición.
Seguimos haciendo un llamamiento --y vemos que las portavoces del Grupo Parlamentario Popular en este debate
han manifestado su disposición a continuar con el diálogo-- a que, en un futuro, se sigan trayendo las iniciativas legislativas que sean necesarias para mejorar las situaciones concretas que se producen en los diferentes sectores en todo lo
relacionado con el desempleo y con la prestación por desempleo.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el señor Aurrekoetxea.
El señor AURREKOETXEA BERGARA: Muchas gracias, señor presidente.
Fundamentalmente intervengo para que no quede en la Cámara la idea de que nosotros queremos imponer algo. No queremos imponer nada en ningún momento, y menos cuando lo que
estamos demandando --y lo hemos hecho en la primera intervención-- es el diálogo. Nosotros creemos que además hay bases suficientes para dialogar sobre este tema, y están ahí: está el Estatuto, que lleva sin cumplirse veintitrés años, y es una ley
orgánica de obligado cumplimiento. Planteamos que se desarrolle, pero eso no es imponer nada, es simplemente decir que se tiene que dialogar, y cuando se van a poner en marcha nuevos instrumentos, lo que decimos es que se cuente con que existe un
Estatuto y una financiación pactada desde hace veintitrés años y se tiene que contar con ella. Sólo planteamos eso.
Lo que le decíamos --y vemos que no nos lo acaba de desmontar-- era que hay una estrategia desde el Estado, que lleva una parte de
involución autonómica, en la que el Estado busca recuperar competencias sobre materias que, en nuestro caso, incluso están sin desarrollar, relativas a las políticas activas, y, por otro lado, en esa sabia combinación que hace de políticas activas y
pasivas, trabajando en el filo de la navaja, lo que trata es de hacerse un hueco en ciertos temas sobre los que realmente no tendría nada que decir. Usted me dice que van a convivir los dos planteamientos. Van a convivir las rentas activas de
inserción y el salario social. Lo que yo le digo a su señoría es: ¿No cree usted que ése es un mal planteamiento? ¿No hay ahí una duplicidad de recursos que se están gastando innecesariamente, además sobre un mismo colectivo, lo cual seguramente
supondrá críticas para ese mismo colectivo? Nosotros decimos: Gástese bien; gástese, además, conforme a los mecanismos con los que contamos. El planteamiento que le hacemos es: Dialóguese, pónganse los recursos y los instrumentos necesarios,
contando con que existe un Estatuto y una financiación ya pactada con el País Vasco. Por lo tanto, cuéntese con esos instrumentos. No me vale que me diga, cuando van a Euskadi, que el estatuto es inamovible. No. El estatuto es inamovible
precisamente por eso, porque creemos que hay que desarrollarlo y cumplirlo al cien por cien. Por eso nuestro planteamiento es tan sencillo como ése: no vale mantener un discurso en un sitio, y aquí, mediante otras cuestiones, como está sucediendo
frecuentemente, por leyes de bases o por ciertas reformas que se hacen o por ciertas medidas que se toman, se acaba conculcando un Estatuto que encima no ha sido desarrollado. Por eso repito que no se trata de ningún tipo de imposición. Lo que
pretendemos es un diálogo. Pídale usted al ministerio que ponga las bases para que se dé un verdadero diálogo, en este caso con la Comunidad Autónoma Vasca, y, sobre todo, evite esas duplicidades.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Espasa.
El señor ESPASA I OLIVER: Gracias, señor presidente.
Señora Martín Mendizábal, voy a ser muy breve. Cuando me hablaba de política arbitraria, lo hacía en el sentido que se daba al arbitrismo, que empezó con el señor don Melchor Gaspar de
Jovellanos y los arbitristas, es decir, políticas pensadas con la mejor de las intenciones, pero desconocedoras de la realidad social de la España del XVIII, y que a veces quedaban sólo en eso, en intenciones, aunque fuese con el mejor de los
propósitos. No sé si en el caso del Partido Popular la reforma del subsidio agrario se podría calificar, al igual que la de los arbitristas, de bien intencionada.
Para no repetirme, sólo voy a exponer tres argumentos más respecto del tema estrella
de hoy, el del subsidio agrario, que es polémico.
Señorías del Grupo Parlamentario Popular, senadora Martín Mendizábal, no va a suponer una mayor incentivación al trabajo la supresión del subsidio. Si ésta hubiese sido su intención, habrían
añadido a la supresión del subsidio alguna indicación de políticas activas de empleo o de recorte en algunos perceptores del subsidio. Nuestro grupo parlamentario les ha dado una modesta pista: el acceso de los jóvenes a este subsidio. Pero no
era ésta la intención que los animaba, simplemente suprimir un derecho, congelar los perceptores. Como bien ha dicho el senador Romero, se trata de suprimir un derecho y no compensarlo con otro.
La nueva prestación contributiva no va a suponer más
protección para los mismos trabajadores eventuales del campo en Andalucía y en Extremadura, y va a suponer poca protección para los del resto de toda España. Lo hemos dicho hasta la saciedad, a pesar del coeficiente multiplicador que usted nos
recordaba, como buena técnica en Seguridad Social que es. Trescientos sesenta días son muchos días en el contexto de la actividad agraria y de los trabajadores eventuales para tener derecho a la percepción. Por lo tanto, bienvenida sea la
protección, pero no es del
mismo grado ni de la misma intensidad que tenía el subsidio para las personas que hoy lo perciben.
En tercer lugar, ¿dónde van a encontrar trabajo estas personas que percibían el subsidio y que pueden dejar de percibirlo? ¿En las mismas
comunidades o fuera de ellas? ¿Van a producir ustedes un desplazamiento, una nueva emigración --entre comillas-- de trabajadores eventuales del campo, poco formados, poco preparados, de Andalucía y de Extremadura, hacia el resto del país para
poderse acoger, bien a otros trabajos o bien a otros trabajos eventuales agrícolas que no hay en Andalucía y que, por lo tanto, se supone que deberían encontrarse en el resto de España? En definitiva, ustedes han suprimido un derecho, como se ha
dicho, o también como se ha dicho esta mañana con tanta fortuna como hablar de supresión de derecho, han hecho la supresión de una política que, como se recordaba esta mañana, se había pactado siempre, incluso la última vez con Arenas, entonces
ministro, con los sindicatos. Es el único punto de esta ley que estamos debatiendo que aún no han pactado con las fuerzas sociales. Esta es una de las razones --no de las menores-- por la que nosotros continuamos manteniendo las enmiendas,
votándolas a favor y votando en contra de los artículos correspondientes del dictamen porque queremos que se llegue a un acuerdo entre el Gobierno y las fuerzas sociales sobre el mantenimiento y posible mejora y reforma del subsidio agrario para
eventuales en Andalucía y Extremadura.
Termino, señor presidente, copiando --porque cuando la dicha es buena es bueno repetirla-- una síntesis feliz que se ha hecho esta mañana por parte del senador Caballos. Les recordaba a ustedes que en el
fondo de la voluntad del Partido Popular al suprimir de golpe y casi sin avisar el subsidio agrario a los eventuales de Andalucía y Extremadura existía la voluntad de romper lo que ustedes llamaban un voto cautivo de estos trabajadores respecto del
PSOE en Andalucía y Extremadura, pero como muy bien ha dicho él --yo sólo me limito a repetirlo--, no se trata de un voto cautivo, sino de un voto cautivado por las políticas de este partido en estas comunidades autónomas. No van a romper ustedes
este efecto de cautivación que muchos años de políticas progresistas han logrado en Andalucía y Extremadura. Hagan lo que quieran, pero no van a cambiar el sentido del voto.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra el senador Sesmilo.
El señor SESMILO I RIUS: Gracias, señor presidente.
No voy a hacer ninguna apelación a ningún voto porque me incomoda un poco hablar de electoralismo sobre estos temas porque son de una profundidad y de una responsabilidad muy grande.
Además, en la ley que hemos debatido no he sabido encontrar por parte de ningún grupo afanes electoralistas.
Sí debo decir que, a pesar de que me he quejado de que por falta de tiempo no hemos podido hacer que prosperen nuestras cinco enmiendas,
reconozco la otra cara de la moneda, es decir, que al utilizar el procedimiento de urgencia --porque el real decreto-ley está vigente y según nuestro criterio no se hizo pensando en las consecuencias-- se va a mejorar mucho la situación actual del
desempleo en España, que se había visto muy afectado por el real decreto.
Desde nuestro grupo constatamos que todos los senadores que han participado en la ponencia han tenido una gran disposición en intentar llegar a consensos, a pesar de que las
posiciones a veces han sido defendidas con mucha fuerza y vehemencia. Obviamente, una sociedad plural como la española conlleva diversas expresiones políticas que han de ser defendidas con toda esa firmeza y vehemencia, pero insisto en que me
quiero quedar con que realmente hay voluntad de ir avanzando en el diálogo, aunque sea desde posiciones enfrentadas.
Por tanto, este trámite de urgencia servirá para evitar las deficiencias del real decreto actual, y como vamos a seguir hablando,
como parece que el Gobierno quiere seguir hablando con los sindicatos, y como parece que los sindicatos también quieren hablar con el Gobierno, nosotros no vamos a estar por debajo de las circunstancias que nos marca la realidad social del país.
Repito que, aunque desde posiciones distintas, desde la España plural, me ha parecido notar en todos los ponentes y en todas las fuerzas políticas este deseo de avanzar en la cohesión social de nuestro país, y estoy convencido de que seguiremos
hablando --no del Gobierno, como decían Tip y Coll-- de las políticas activas de empleo y de la protección de los trabajadores ante la eventualidad de perder su puesto de trabajo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador señor Romero.
El señor ROMERO CALERO: Gracias, señor presidente.
Voy a intervenir brevemente para consumir este turno de portavoces con la defensa y posicionamiento de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
La senadora Martín Mendizábal se
ha referido a algunas cuestiones que he comentado y a algunas que ella ha interpretado, como por ejemplo, los salarios de tramitación. Concretamente me he referido a los mismos como muestra de lo errático de esta forma de legislar que comenzó
otorgándoles un tratamiento, es decir, anulándolos por completo; posteriormente diciendo que el empresario debía pagar todos los salarios de tramitación de cualquier naturaleza y, finalmente, como su señoría ha explicado muy bien, han quedado como
estaban en la redacción anterior a la tramitación legislativa.
Hay una imagen indicativa de la forma de abordar las cuestiones, que es hacer trampas en un solitario. Me refiero a la disposición adicional cuarta. La enmienda transaccional
introduce la protección por desempleo para los trabajadores fijo discontinuos en un sentido genérico y recuerdo a sus señorías que la disposición adicional cuarta --los que hemos estudiado el texto lo conocemos bien--
efectúa una distinción expresa y afirma pretendidamente en positivo que tendrán derecho a la protección por desempleo tanto los trabajadores fijos discontinuos anteriores a la reforma de 2001 como los posteriores a esta ley; es decir,
cualquier persona de buena voluntad que lea esto puede pensar que todos los trabajadores, tanto los anteriores como los posteriores, tienen derecho a la protección por desempleo y podría preguntase por el sentido de esta disposición, en cuanto a que
si todos tienen derecho por qué se dice. La trampa está en que, como ustedes saben muy bien y la senadora Martín Mendizábal de forma especial, después del año 2001 los trabajadores fijos discontinuos que ahora recoge el artículo 12.3 del Estatuto
de los Trabajadores son trabajadores con contrato indefinido a tiempo parcial y técnicamente no son fijos discontinuos; por tanto, cuando la disposición adicional cuarta se refiere a los trabajadores fijos discontinuos anteriores a 2001 están todos
incluidos, pero los posteriores a 2001 son sólo los incluidos en el artículo 15.8 del Estatuto. Si son todos, supriman la citada disposición. El texto de la enmienda transaccional no es exactamente el de la enmienda de Convergència i Unió que
hacía referencia expresamente a las dos categorías, pero sería aceptable.
Por ello, insistimos en que se suprima la disposición adicional cuarta porque en ella está la trampa, señorías, para no reconocer la protección por desempleo a los
trabajadores fijos discontinuos de llamada cierta.
Ojalá me equivoque y si es así seré el primero en reconocerlo en esta Cámara. Pero ya veremos si no será necesario dirimir en los juzgados de lo social las prestaciones por desempleo de estos
trabajadores.
Señora Martín Mendizábal, naturalmente nada más alejado de mi forma de ser pretender enseñar nada a nadie, ni siquiera a mis hijos. Pero es tan evidente que los derechos sociales no son la suma de los derechos individuales, que no se
sostiene de ninguna manera plantear que no se suprime un derecho social como la prestación por desempleo porque se mantiene individualmente a determinadas personas. Los derechos sociales son derechos sociales, los derechos individuales son derechos
individuales, y en ningún caso los derechos sociales son la suma de los derechos individuales.
Por último, claro que reconozco que se ha reducido la temporalidad. Lo que he dicho es que han transcurrido seis o siete años de políticas del Partido
Popular, con las cuales iban a erradicar la temporalidad o a situarnos en el pleno empleo. Y yo cuando oigo hablar de que nos van a situar en el pleno empleo en no sé qué año me pongo a temblar, porque me parece una cosa muy jactanciosa, muy
alejada de la realidad. ¿Cómo plantean que están en el camino del pleno empleo con las tasas de temporalidad que hay, con las tasas de población activa que se están registrando? Yo no me he referido a eso, sino a que sean ustedes un poco humildes
y reconozcan que se puede introducir un elemento para considerar nulo el despido en un contrato por obra o servicio. Porque como ustedes saben, es un contrato temporal, se encadenan uno detrás de otro, la persona que está desarrollando el trabajo
no sabe cuando ha terminado la obra o servicio para la que fue contratada cuando ya tiene otro contrato por obra o servicio, y pasado mañana la despiden a pesar de llevar cinco años de contratos por obra o servicio, por lo que solicitamos que ese
despido se considere nulo. Y eso, señora Martín Mendizábal, me reconocerá que es introducir un elemento que, de verdad, puede producir una cierta disuasión en la contratación temporal. A eso es a lo que me refería y no a negar ninguna evidencia en
el mercado de trabajo actual.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Martín.
La señora MARTIN MENDIZABAL: Muchas gracias, señor presidente.
Senador
Cámara, yo no sé si he estado insegura, pero de lo que estoy segura es de que no soy Martínez, sino Martín Mendizábal. Pero no pasa nada, sólo era por temas de seguridad.
También quería decirle que el otro día no les gustaba la disposición
adicional cuarta; hoy se concreta lo que dice dicha disposición y tampoco les gusta. Pues esta disposición adicional cuarta señala que todo trabajador fijo discontinuo tendrá protección de desempleo en los períodos de inactividad. Y creo que eso
es lo que todos estábamos buscando el otro día. Por otra parte, quiero recordarle que ha sido el Gobierno del Partido Popular en el año 1998 el que ha incrementado la protección de los trabajos a tiempo parcial porque parecía necesario, y no quiero
autocomplacencias.
Al Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria les agradezco sus intervenciones y el apoyo a esta ley, yo diría que con grandes aportaciones no sólo en el Senado, sino también en el Congreso de los Diputados.
Al
portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos le diré que no queremos recuperar nada, y menos lo que no tenemos. Cómo vamos a querer recuperar si se van a traspasar políticas activas de empleo a Extremadura, a Castilla-La
Mancha; si en los presupuestos también se prevé dinero para facilitar la aplicación de esta ley por los servicios públicos de empleo; si va a haber tutores que van a ayudar a las comunidades autónomas a aplicar esta ley. Me parece que utilizan
una serie de muletillas que para nuestro grupo ya no cuelan.
En cuanto a la enmienda transaccional que nos ha presentado, en ella se dice que con respeto de esta ley a los estatutos y al concierto económico. ¡Evidentemente! ¡No faltaba más! Pero
le puedo decir que podíamos poner «con respeto a la Constitución» y así matábamos dos pájaros de un tiro; con ello se engloba respeto al estatuto y al concierto económico y nosotros la apoyaríamos.
Al senador Espasa le doy las gracias por su
aclaración, pero no dude de nuestra buena voluntad; no sé si de nuestro acierto, pero no de nuestra buena voluntad. Lo que esta reforma no va a facilitar es economía sumergida, porque simplemente en el sistema del PER, sin ningún ánimo por parte
de los trabajadores, hay circunstancias que la pueden estimular e incentivar en la medida en que se trabaja más de seis meses y ya no compensa declararlo. Por eso digo
que sin ninguna idea de fraude premeditado, ni muchísimo menos, se intenta no facilitar esa economía sumergida, porque nos parece que no es positivo y es mejor facilitar empleos en el mercado de trabajo y, además, el día de mañana tendrán
una mayor protección social.
Manifiesto nuestro agradecimiento al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió por su apoyo a la ley y, especialmente, por su capacidad y esfuerzo siempre para el diálogo.
En cuanto al senador
Romero Calero, ¿qué le voy a decir? Quizá yo haya interpretado mal, y le pido disculpas por ello, su referencia a los salarios de tramitación. En cualquier caso, no se nos puede criticar por todo: cuando no hay acuerdo, porque no lo hay, y cuando
existe acuerdo, también, diciendo que hay una política errática. La flexibilidad es la flexibilidad y, como ya ha reconocido el propio ministro, ha habido un acercamiento de posiciones y, gracias a Dios, un acuerdo.
Por otro lado, cuando me he
referido a los derechos sociales --y de nuevo le pido perdón si me he expresado mal-- no he querido decir que éstos sean iguales a los derechos individuales, pero los derechos sociales se trasladan a un colectivo en la medida en que afectan a una
suma de personas. Eso es lo que he querido manifestar.
Y por lo que se refiere al pleno empleo, creo que es una aspiración de la que ya hemos dado muestras. No voy a repetir ahora todas las cifras, pero pediría que al menos no nos invadiera el
pesimismo que existió en otras épocas y para el que en estos momentos no tenemos motivos, aunque siempre hay que avanzar; es decir, se debe continuar en la misma línea.
Por último, respecto de la concatenación de los contratos temporales, nos
parece más conveniente que sea el Inem el que ponga el dedo en la llaga y, en la medida en que se reconozca que los hechos probados de una sentencia sirvan para posteriores acciones, sea el trabajador quien elija si desea ejercitar la posterior
acción judicial, en lugar de que simplemente se le obligue a permanecer en una empresa que a lo mejor ya no le desea, al margen de que los supuestos hayan podido suceder, por ejemplo, cuatro años antes.
Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños
del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
--HABILITACION DE TODOS LOS DIAS Y HORAS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2002, CONFORME A LOS ARTICULOS 76 Y 77 DEL REGLAMENTO DE LA CAMARA (550/000042).
El señor PRESIDENTE: Antes de dar comienzo a la votación de las enmiendas correspondientes a este proyecto de ley esta presidencia solicita al Pleno, a propuesta de la Junta de Portavoces, la habilitación de todos los días y horas de los
meses de noviembre y diciembre de 2002 para la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2003 y del proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
¿Puede aprobarse la habilitación por
asentimiento? (Asentimiento.) Queda aprobada. Muchas gracias.
--DE LA COMISION DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REFORMA DEL SISTEMA DE PROTECCION POR DESEMPLEO Y MEJORA DE LA OCUPABILIDAD (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 5/2002, DE 24 DE
MAYO). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000091) (C. D. 121/000100) (Continuación).
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de las enmiendas correspondientes a este proyecto de ley.
En primer lugar, las enmiendas números 123 y 124, del Grupo Mixto, presentadas por el senador Cámara.
Se inicia la votación.
(Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 210; a favor, tres; en contra, 136; abstenciones, 71.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 125, también del Grupo Mixto, presentada asimismo por el senador Cámara.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a favor, 65; en contra, 130; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos conjuntamente las enmiendas números 126, 127, 129 a 132, 139, 140, 143, 144, 146 a 152, y 154 a 161.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 210; a favor, 65; en contra, 137; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 128, 133, 135 a 137 y 142.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208; a favor, 64; en contra, 129; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 134 de este mismo grupo.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 210; a favor, 64; en contra, 129; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 141 y 145.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 210; a favor, dos; en contra, 199; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 162.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208; a favor, dos; en contra, 137; abstenciones, 69.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 163.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a favor, dos; en contra, 199; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 164.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a favor, 60; en contra, 139; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 165.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 210; a favor, dos; en contra, 130; abstenciones, 78.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 166 y 167 del senador Cámara.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a favor, dos; en contra, 137; abstenciones, 70.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Iniciamos ahora las votaciones correspondientes a las enmiendas presentadas por la senadora De Boneta. En primer lugar, la enmienda número 10.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a favor, 70; en contra, 130; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 11.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 210; a favor, 10; en contra, 193; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 12.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 210; a favor, 69; en contra, 131; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 13 de la misma senadora.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 210; a favor, siete; en contra, 132; abstenciones, 71.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 14.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 210; a favor, nueve; en contra, 191; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos ahora a las enmiendas del senador Quintana. En primer lugar, las números 15 y 25.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 210; a favor, 68; en contra, 129; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 18 y 31.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 210; a favor, cinco; en contra, 193; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 21, 28, 29, 30, 32 y 33.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 210; a favor, 63; en contra, 129; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 16, 17, 19, 20, 22, 24 y 26.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a favor, dos; en contra, 192; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 23 y 27.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 210; a favor, dos; en contra, 131; abstenciones, 77.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación las enmiendas del Grupo de Coalición Canaria. En primer lugar, las números 5 y 6.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 210; a favor, 74; en contra, 130; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda del mismo grupo político número 9.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 210; a favor, cuatro; en contra, 192; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 1, 3 y 8.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 210; a favor, tres; en contra, 130; abstenciones, 77.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda números 2, 4 y 7 del mismo grupo político.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 210; a favor, 11; en contra, 132; abstenciones, 67.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las citadas enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Pasamos a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Votamos la número 71.
Se inicia
la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 210; a favor, 70; en contra, 130; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 72 del mismo grupo.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a favor, 77; en contra, 129; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 73 del mismo grupo político.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 210; a favor, 16; en contra, 190; abstenciones,
cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. Votamos las números 34 a 52 y 55 a 58.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 210; a favor, 65; en contra, 130; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 53, 54 y 59 a 70 del mismo grupo político.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a favor, 65; en contra, 136; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos, ahora, las enmiendas números 170 y 171 presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 210; a favor, 70; en contra, 130; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Votamos las números 111 y 112.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208; a favor, 70; en contra, 130; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 96, 97, 101, 102, 105 a 109, 114, 117 a 120 y 122 del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 210; a favor, 64; en contra, 137; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos, a continuación, el resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 210; a favor, 64; en contra, 131; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
La Presidencia recibe una propuesta de modificación del dictamen firmada por todos los grupos políticos sobre la enmienda número 168 de CIU.
Se inicia la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 206; a favor, 143; en contra, seis; abstenciones, 57.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sometemos ahora a votación el dictamen en un solo bloque.
Se inicia la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 210; a favor, 137; en contra, 67; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en
forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.
--DE LA COMISION DE JUSTICIA EN RELACION CON LA PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CODIGO PENAL Y DEL CODIGO CIVIL, SOBRE SUSTRACCION DE MENORES. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO
DE URGENCIA (S. 624/000009) (C. D.
122/000135).
El señor PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día: de la Comisión de Justicia en relación con la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y del Código Civil, sobre
sustracción de menores. Se tramita por el procedimiento de urgencia.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el presidente de la comisión, senador Moya.
El señor MOYA SANABRIA: Gracias, presidente.
La proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y del Código Civil, sobre sustracción de menores, que se somete en estos momentos
a la consideración del Pleno tuvo su entrada en esta Cámara para que se tramitara por el procedimiento de urgencia el día 5 de noviembre. El plazo de enmiendas concluyó el día 11 y se presentaron 12 enmiendas distribuidas de la siguiente forma:
dos por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria, dos por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y ocho por el Grupo Parlamentario Popular.
La comisión se reunió el pasado día 14 y dictaminó la proposición de ley.
En
dicha sesión se aprobaron las enmiendas presentadas en su totalidad, introduciéndose las mismas con algunas correcciones técnicas de más en el texto del dictamen. Se han presentado dos votos particulares solicitando que se vuelva al texto que se
aprobó por el Congreso. (El señor vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) La proposición de ley orgánica, tal como se somete al pleno de la Cámara, una vez introducidas las enmiendas aprobadas en comisión, consta de seis artículos, tres
disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales, precedido todo de una exposición de motivos.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Moya.
Comienza el debate de totalidad.
Turno a favor (Pausa.) La senadora Almeida tiene la palabra.
La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores senadores, ésta es una proposición de ley en la que verdaderamente todos los grupos estábamos de acuerdo; es una ley que viene consensuada desde el Congreso de
los Diputados y además, al haber obtenido la unanimidad, los grupos que habíamos presentado algunas enmiendas las habíamos retirado en base al consenso.
Estamos de acuerdo en aprobar esta ley en su totalidad, sin embargo, se ha producido un hecho
un poco insólito, a nuestro modo de ver, que después será examinado en el voto particular que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista. El contenido de esta ley, que ha enunciado el propio presidente y que da lugar al debate que hoy estamos
manteniendo, es precisamente la modificación del Código Penal y del Código Civil sobre sustracción de menores. Y en esta materia concreta de la sustracción de menores sólo ha habido dos enmiendas que se refieren a los artículos y a la ley que
estamos examinando, ambas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. La números 5 en el sentido de establecer una exposición de motivos de la que carecía el texto remitido por el Congreso de los Diputados, y la número 6, de modificación, que
dice que el progenitor que sin causa justificada sustrajere a su hijo menor será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años y sin establecer límite para la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad. Esta
enmienda del Grupo Parlamentario Popular amplía la limitación de este derecho de cuatro a diez años, y nuestro grupo podría estar de acuerdo con estas dos enmiendas referidas a la ley.
Esta es una ley importante, que en estos momentos afecta a
cientos de niños que están secuestrados por sus progenitores o progenitoras --mayoritariamente por los primeros-- y que están en una situación muy difícil. Hay muchas madres y muchas personas dedicadas a este asunto que esperan esta ley con
esperanza para profundizar en un tema de una gran dureza.
Yo quiero decir a la Cámara que, aunque sea necesaria, sólo con esta ley no se van a solucionar los problemas. Por una cuestión humanitaria, me he visto implicada en un
asunto de sustracción de menores. He acompañado a una mujer extremeña que me vino a pedir ayuda para ir al Sudán donde le habían secuestrado a sus hijos, una niña de ocho meses y un niño de año y medio. Cuando volvió una noche de trabajar
se encontró con que se los había llevado el marido y no los volvió a ver hasta tres años después cuando pudo localizarlos allí a través de la Cruz Roja. Fuimos a Sudán y logramos ver a los niños; sin embargo, en estos momentos, aunque hay órdenes
de la Interpol, aunque está decretada su búsqueda y captura, y aunque ella tiene la guardia y custodia, en aquel país no se hace nada.
Yo quisiera que esto se tuviera muy en cuenta, porque existen tratados internacionales que no se tienen en
cuenta. A excepción del de La Haya, en la mayoría de estos países no hay acuerdos internacionales. Deberíamos dar una batalla para que las leyes que aprobamos tengan luego una contraprestación real y los niños puedan volver al país de donde fueron
secuestrados.
Por otra parte, es necesario que se produzca una mayor concienciación por parte de los jueces, porque esta madre, el día anterior a que ocurriera este suceso, fue a ver al juez de Campanario, donde ella vivía, para que dictara una
orden y no pudieran sacar a los niños del país. El juez le dijo que era muy exagerada, y al día siguiente, cuando se iban a adoptar las medidas provisionales, los niños ya habían sido secuestrados.
Por tanto, quiero dejar constancia del dolor que
hoy sufren muchas madres, y algún padre, precisamente por este problema. Hay que insistir en la labor internacional que hay que desarrollar a través de los convenios, en colaboración con otros países, o incluso a través de la representaciones
diplomáticas en nuestro país.
Esta madre ha pedido una excedencia en su trabajo para poder estar tres meses en Sudán con el fin de intentar convencer a las autoridades del país de que la dejen traerse a sus hijos. Y es por el esfuerzo de madres
como ésta por lo que quería mostrar otra preocupación, y es la relativa a que los niños que ya estuvieran secuestrados antes de la entrada en vigor de esta Ley se considere de alguna forma como un delito continuado, de tal manera que si no son
reintegrados a su domicilio se pueda aplicar esta regulación para poder denunciar expresamente este secuestro por parte de uno de los padres, lo que antes no existía en nuestro Código Penal.
Bienvenida sea la reforma y bienvenida sea la protección.
Hagamos entre todos que el Gobierno inspire otra forma de plantear las leyes, y que ejerza la presión que pueda, para que el retorno de estos niños al lugar que les corresponde, que es donde estaban viviendo con sus madres o con sus padres antes de
ser secuestrados por uno de los cónyuges, sea una realidad.
El interés del menor no es ser propiedad del padre o de la madre, sino que es el entorno de ambos el que le debe dar la felicidad. Y creo que con esta Ley lo que estamos logrando es que
se acabe con situaciones tan injustas como las que se estaban dando y que el retorno de los hijos sea una realidad.
Nuestro grupo va a votar a favor de las dos enmiendas que se refieren a la modificación del Código Penal y del Código Civil sobre el
secuestro de menores porque ello va a garantizar que se puedan adoptar esas medidas cautelares que impedirán que se secuestre a los niños y se les lleve fuera de nuestro país, y en este sentido también vamos a apoyar la exposición de motivos,
porque, aunque no es muy espléndida, es la que se ha propuesto.
Pero no quiero terminar mi intervención sin manifestar que es una tristeza que un asunto en el que todos los grupos estábamos de acuerdo, se haya aprovechado por parte del grupo que
apoya al Gobierno para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de estupefacientes. Eso da inseguridad jurídica y una mala impresión de la legislación. A mí, como jurista, me va a dar un poco de
vergüenza que mis compañeros vayan a buscar una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial o una reforma sobre estupefacientes en la Ley que regula el secuestro de menores. Eso está mal hecho. Había un acuerdo y una unanimidad que hubiera sido
más respetuosa con los sentimientos de las personas que estaban esperando esta ley. Pese a ello, como sabemos de su importancia, vamos a votar a favor de la misma.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senadora Almeida.
Si la senadora Mora desea utilizar este turno en nombre del Grupo Popular, su señoría tiene la palabra. (Denegaciones.) Me comunica la senadora Mora que renuncia a este
turno.
En consecuencia, pasamos a la defensa de las enmiendas, de los votos particulares.
En primer lugar, corresponde la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Entesa Catalana de Progrés, voto particular que propugna el mantenimiento
del texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, aprobadas en Comisión.
En nombre del Grupo Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Molas.
El señor MOLAS I BATLLORI: Señor presidente, señorías, estamos debatiendo una Ley que tiene un título, que es la modificación del Código Penal y del Código Civil para la sustracción de menores. Y hemos de decir que estamos de acuerdo con
esta Ley y que vamos a votar a favor de la misma.
Lo que no vamos a votar favorablemente es lo que no corresponde a esta Ley.
Se ha producido un cambio de la naturaleza de la Ley en el Senado, con lo cual estoy profundamente en desacuerdo, sin
entrar ahora en la justeza o no de las medidas concretas que se adopten. ¿Por qué? Porque se trataba de una Ley sobre la sustracción de menores. Este es el título. Se ha producido una decisión en el último momento, además, posiblemente, en dos
fases, por la cual también se modifica la Ley Penal del Menor, se regula la situación de los jueces en expectativa de destino y se cambia una prueba pericial por una documental.
Esta Ley, que a veces se califica de autobús o de omnibús, pero que es quizás una ley macedonia y que van a aprobar ustedes con su voto, va a tener como resultado una ley que no se corresponde ni con su título ni con la exposición de motivos
que se introdujo, que hacía referencia a la sustracción de menores, lo que creo que es una demasía.
Una ley pensada para la reforma de un sólo tema del Código Penal y del Código Civil, el de la sustracción de menores, que se convierte en una ley
que, además, reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, es --repito-- una demasía, una demasía jurídica y, me atrevería a decir, un baldón que cae sobre el Senado, que
está haciendo algo que no corresponde a la técnica legislativa más elemental. Hay que tener en cuenta que hay otros instrumentos para agilizar los procedimiento. Algunas de estas modificaciones se podían haber acometido dentro de 15 días y otras
se podían haber tramitado por procedimientos abreviados de urgencia en lectura única, si había el acuerdo suficiente.
Creo que la técnica legislativa utilizada es funesta, es impropia jurídicamente y es un desprestigio tratándose, además, de un
tema de justicia, que debería tener en principio la máxima garantía y la máxima autoridad para tratar temas jurídicos, de acuerdo con todos los cánones jurídicos. Seguramente --debe ser cierto--, el Ministerio de Justicia necesita un refuerzo de
peritos en Derecho para que no cometan la insensatez --no directamente el ministerio porque no es un proyecto de ley-- de permitir que se produzca esto en el Senado. Esta ley produce inseguridad jurídica y eso es malo para el Estado de Derecho.
Esta ley modifica unas leyes, que ni en el título ni en la exposición de motivos se anuncia que se va a hacer, sin ninguna unidad temática ni congruencia con la ley, simplemente porque la mayoría quiere, aprovechando que el Pisuerga pasa por
Valladolid, modificar algo que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, con el tema objeto de esta ley. Seguramente la enmienda es incongruente jurídicamente, pero, además, es incongruente desde el punto de vista racional. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.) Para más inri, como decía, el título y la exposición de motivos no han sido modificados, es decir, no alertan de lo que se modifica en el interior de la ley, y sigue manteniéndose el criterio de que trata de la
sustracción de menores, cosa que ahora ya no es cierta.
Se ha puesto en crisis la unanimidad con la que se había aprobado esta ley, por lo que yo le pido, en nombre del pacto por la justicia, pero también en nombre del buen hacer de este Senado,
que aprueben los votos particulares que hemos formulado, y vuelvan al texto del Congreso para que este Senado pueda recobrar el buen hacer que ha caracterizado su actuación y, especialmente, la buena acción de la Comisión de Justicia y de los
especialistas de Justicia.
Con profundo dolor les digo a ustedes que me acaban de comunicar el fallecimiento del senador Cardona. Aunque seguramente me esté arrogando un papel que le correspondería al presidente, quiero expresar en nombre de mi
grupo parlamentario y en el de todos los senadores el dolor que nos embarga en este momento.
El señor PRESIDENTE: Señoría, le interrumpo unos breves minutos.
--MINUTO DE SILENCIO CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DEL EXCELENTISIMO SEÑOR SENADOR DON JAUME CARDONA I VILA, SECRETARIO CUARTO DEL SENADO (509/000041).
El señor PRESIDENTE: Se ha llamado a todos los senadores, de acuerdo con los portavoces, por parte del Presidente de la Mesa para lamentar la muerte de un compañero que fue vicepresidente primero del Senado en la VI Legislatura y secretario
cuarto de la Mesa en ésta. Yo le conocía poco, pero me habían avisado de su mal a pesar de que su condición de doctor le cualificaba de una manera especial para conocerle.
Independientemente de la presencia de la Mesa en las honras fúnebres, todos
debemos expresar el dolor, en primer lugar, a los familiares y, naturalmente, al Grupo de Convergència i Unió, en el que él estaba integrado. Hace muy pocas horas le teníamos aquí; en la última sesión vino incluso acompañado de su mujer y de algún
otro familiar casi como un acto de despedida. Por ello, en muestra de nuestro sentimiento, yo pido a los señores senadores que nos levantemos y guardemos un minuto de silencio. (Todos los señores senadores, puestos en pie, guardan un minuto de
silencio.--Aplausos.)
--DE LA COMISION DE JUSTICIA EN RELACION CON LA PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CODIGO PENAL Y DEL CODIGO CIVIL, SOBRE SUSTRACCION DE MENORES. SE TRAMITA POR EL PRODECIMIENTO
DE URGENCIA (S. 624/000009) (C. D.
122/000135) (Continuación).
El señor PRESIDENTE: Desde el dolor continuamos trabajando.
Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Martínez.
La señora MARTINEZ GARCIA: Muchas gracias, señor presidente.
Después de esta triste noticia, son realmente escasas las ganas de defender este voto particular en nombre de mi grupo parlamentario, pero lo voy a hacer porque precisamente si
un buen ejemplo nos dio Jaume Cardona fue su trabajo y su resistencia, con esa magnífica y última intervención que tuvo precisamente sobre el testamento vital. (Fuertes y prolongados aplausos.) El voto particular que voy a defender en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista tiene como objeto el mantenimiento del texto remitido por el Congreso, un texto que ha sido modificado por todas las enmiendas presentadas, aprobadas e incorporadas en la votación del dictamen de la Comisión de
Justicia, modificación introducida por las enmiendas
números 5 y 6 que, como ha anunciado mi compañera doña Cristina Almeida, vamos a apoyar y apoyaremos debidamente cuando votemos el texto.
Señorías, esta proposición de ley orgánica que hoy debatimos es la fusión de dos proposiciones de ley,
una, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y, otra, por el Grupo Parlamentario Popular.
Durante casi dos años estuvo paralizada la tramitación de esta proposición de ley en el Congreso y hoy la debatimos aquí con trámite
de urgencia. ¿Era urgente la tramitación del contenido de la proposición de ley relativa a la sustracción de menores? No lo sé. Esa tardanza en la tramitación pone de manifiesto que no. Tal vez la urgencia haya venido motivada precisamente por
la presentación, aprobación e incorporación al dictamen de las enmiendas que hemos tenido oportunidad de debatir en comisión. Y debe ser así porque se han introducido enmiendas de modificación importantes y, a pesar de esta importancia y de no
contar con el rango de proyecto de ley ni hacer sido debidamente informada por el Consejo General del Poder Judicial, sin embargo, como digo, han sido debatidas e incorporadas al dictamen.
En nombre de mi grupo parlamentario, señorías, he de
decirle que nosotros no sólo no consideramos urgente esas medidas sino que, además, las consideramos formalmente inadecuadas, ya que nada tienen que ver con el contenido de la proposición de ley orgánica que hoy vamos a aprobar aquí y materialmente,
además, son inconvenientes. Yo diría, incluso, que regresivas.
Ya expusimos en la comisión, y no voy a reiterarlos, los argumentos por los cuales rechazábamos las modificaciones introducidas. Hablamos del no conocimiento de estas modificaciones
por la Comisión de Seguimiento del Pacto para la Justicia, así como sobre la necesidad de que sobre su contenido se hubieran pronunciado algunos organismos, sobre todo, el Consejo General del Poder Judicial.
Y es que quiero recordar, señorías, que
las modificaciones introducidas en el dictamen de esta proposición de ley han venido, en primer lugar, a modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 308 y la disposición transitoria trigésimo octava relativa al acceso y promoción en
la carrera judicial; y, en segundo lugar, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, añadiendo un nuevo párrafo al apartado 2 del artículo 777, dando carácter de prueba documental a los informes emitidos por laboratorios oficiales sobre la naturaleza y
cantidad, pureza de estupefacientes; en su procedimiento, fundamentalmente este artículo es el relativo a juicios rápidos.
En tercer lugar, también las modificaciones incluidas han introducido cambios en la Ley Orgánica 5/2000 que regula la
responsabilidad penal de los menores en la parte relativa a su no aplicación a los jóvenes delincuentes de 18 a 21 años y también en la Ley Orgánica 9/2000, sobre Medidas Urgentes para la Agilización de la Administración de Justicia, e igualmente en
la parte relativa a la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores.
Permítanme que aunque sea sucintamente les dé algunas de las razones de contenido por las cuales nos oponemos a las modificaciones introducidas en el dictamen. En primer lugar, me
voy a referir a la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 308, disposición transitoria trigésimo octava.
Señorías, además de una modificación improvisada y carente de informe, que nos hubiera gustado, del Consejo General del
Poder Judicial, nos parece que esta modificación no aborda el verdadero problema que tiene la planta judicial, que no es precisamente el de tener o no más o menos jueces en expectativa de destino. El problema que tiene la planta judicial es
precisamente la necesidad de que esa planta sea ampliada con una plantilla judicial más numerosa.
Actualmente, señorías, lo que sucede es que la oferta de plazas de jueces que ha ido haciendo el Consejo General del Poder Judicial en los últimos
años ha sido muy superior y ha ido mucho más allá que las plazas que anualmente ha ido creando el Gobierno, de tal manera que nos encontramos con que se ha cubierto totalmente la planta judicial de jueces, quedando, eso sí, plazas todavía sin cubrir
en la categoría de magistrado.
Ante este problema que sí es real, la solución que nos ofrece la modificación que se ha introducido por enmiendas exclusivamente presentadas por el Grupo Parlamentario Popular consiste en crear jueces adscritos al
Presidente del Consejo General del Poder Judicial, a los efectos que determina la ley, pero precisamente adscritos y dependientes del Presidente del Consejo y, en segundo lugar, suprimir durante cuatro años el requisito de ejercer de juez antes de
poder ser y tener la categoría de magistrado.
Naturalmente, señorías, nosotros defendemos la necesidad de que se cumpla dicho requisito, en aras precisamente de esa profesionalización, de la que tanto y tan bien hace gala el ministro de Justicia, y
al mismo tiempo también de que, en vez de que haya tantos jueces en expectativa de destino, se cumplan las expectativas creadas y las necesidades reales que se derivan de la implantación de la Ley de juicios rápidos, que ha sido proclamada a los
cuatro vientos como una solución --parcial, eso sí-- al problema gravísimo que tiene la sociedad española de inseguridad ciudadana.
Permítanme, señorías, una segunda reflexión breve a la modificación que hacemos en este dictamen a la Ley de juicios
rápidos, concretamente añadiendo al artículo 788.2 un nuevo apartado. El apartado 2 del artículo 788 ya contiene una excepción a la regla general de los informes periciales, concretamente una regla especial al artículo 459 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, que consiste precisamente en eximir de la necesidad de que sean dos --como siempre-- inexcusablemente los peritos que haya, en lugar de uno. Esa es la modificación, la agilización del procedimiento que preveíamos en la ley.
Llamo la atención de sus señorías sobre que incluso alguna sentencia reconoce que ese requisito inexcusable de que haya dos peritos se entiende cumplido cuando el informe proceda de un organismo oficial; lo que desde luego no está previsto es
cambiar el carácter, la sustancia propia de la prueba que estamos valorando aquí, que un informe pericial se convierta en una prueba de naturaleza documental.
¿Por qué digo esto? Porque si apoyamos y aprobamos hoy aquí esta modificación, lo que hacemos, definitiva y radicalmente, es apartar de este procedimiento de juicios rápidos a los peritos, lo cual va en contra de la sustancia intrínseca, de
la importancia que tiene precisamente la valoración de esa prueba de peritaje, que es justamente la inmediación, la oralidad y, sobre todo, el principio de contradicción, el que puedan ser preguntados, repreguntados y rebatidos los contenidos de
esos informes. Y eso, señorías, en los juicios rápidos, como proceso sumarial que es, no se puede hacer en otro momento que no sea en éste. Por tanto, señorías, nosotros entendemos que se retrocede en lo avanzado en la ley con la aprobación de
esta modificación. Es más, yo creo --y lo digo a título personal-- que rompe el equilibrio --por el que hemos trabajado a lo largo de toda la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la modificación de los juicios rápidos-- que hay entre
celeridad, rapidez y el principio de seguridad jurídica y de defensa.
Por último, señorías, unas referencias breves --por lo que ahora diré-- a las modificaciones introducidas en la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los
Menores. Llamo su atención, señorías, sobre que con esta modificación son cuatro las que lleva la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores, la 5/2000, cuando todavía no hace dos años que ha entrado en vigor. Esta será la segunda que
suspenda la aplicación de dicha ley a los jóvenes delincuentes comprendidos entre 18 y 21 años. Y a lo largo de la tramitación en comisión se han dado distintas razones. Desde luego, lo que yo quiero dejar claro es que no coinciden las razones
aducidas por el ministro, las razones aducidas por la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señora Mora, en la comisión, y las que dan el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria y el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió que presentan enmiendas para pedir la suspensión de la aplicación del artículo 4 de esta ley hasta el año 2007.
¿Por qué digo esto? Porque la señora Mora pedía que existiera un bagaje para sacar conclusiones cuando se aplique
la ley; pero, señoría, no podremos tener un bagaje si no aplicamos esta ley. Y quiero recordar que la aplicación del artículo 4 de la ley no es un capricho que nos sacáramos de la manga en la tramitación de la Ley Orgánica Reguladora de la
Responsabilidad Penal de los Menores, es una aplicación del artículo 69 del Código Penal. Del mismo modo, la aplicación de la Ley del Menor para los jóvenes de 18 a 21 años, tal como recoge el artículo 4, ha quedado muy limitada, muy reducida a
unos supuestos muy concretos que requieren que los jóvenes no hayan sido condenados antes de los 18 años o, cumpliendo 18 años, por ningún otro delito, que tengan delitos menores, que no haya intimidación ni violencia, ni que pongan en riesgo la
vida de las personas, que un comité técnico valore la personalidad del propio joven, y además que sea oído el Ministerio Fiscal, el abogado de la víctima, etcétera; es, repito, una forma muy limitada de aplicación.
Creo que la única razón real que
al día de hoy nos lleva a tener que aprobar --nosotros nos vamos a abstener, ya lo he dicho, por respeto a las comunidades autónomas--, la única razón por la cual hoy se presenta aquí otra vez la suspensión de la aplicación de esta ley a los jóvenes
de 18 a 21 años es el incumplimiento del Gobierno de los compromisos contraídos con las comunidades autónomas para dotarlas de los medios necesarios para aplicar no solo la ley a esta horquilla de edad de 18 a 21 años, sino también a los plazos
menores.
No voy a hacer aquí, y podría hacerla, una enumeración de esos compromisos contraídos por el Gobierno, porque tenemos pendiente, como bien saben sus señorías, un debate muy próximo en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, donde
podremos entrar con toda profundidad en cuál es la situación en que se encuentra la aplicación de la Ley del Menor en su globalidad en todas las comunidades autónomas, y de forma concreta en las previsiones de los medios necesarios para la
aplicación para esta horquilla de edad.
Por tanto, señorías, y concluyo, tal como ha anunciado mi compañera, vamos a pedir tres bloques separados para el dictamen de la comisión, apoyando totalmente el contenido de la ley de sustracción de menores
cuya paternidad --o maternidad-- en parte nos atribuimos, incluidas las modificaciones que se han hecho en su contenido.
Vamos votar en contra, y con esto consumo el turno de portavoces si la señora Mora no me obliga a intervenir otra vez, en
cuanto a la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y nos vamos a abstener en la modificación de la Ley del Menor para que no se aplique a los jóvenes de 18 a 21 años por respeto al estado de
necesidad en que se encuentran las comunidades autónomas que, cómo no, han tenido que pedir otra vez la moratoria, aunque por causas bien distintas de las que están haciendo públicas tanto el Gobierno como el Grupo Parlamentario Popular. Muchas
gracias.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.-- El señor Laborda Martín: ¡Muy bien!)
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senadora Martínez.
Señorías, les comunico que llevamos más de cinco horas de sesión plenaria y, en consecuencia, de conformidad con el Reglamento, tengo que solicitar autorización a la Cámara
para poder continuar.
¿Se autoriza? (Asentimiento.) Muchas gracias, señorías.
Corresponde ahora el turno en contra de las enmiendas.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Mora.
La señor MORA DEVIS: Gracias, señor presidente.
Señorías, mis primeras palabras tienen que ser para transmitir al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió nuestro más profundo sentimiento por la triste noticia que
nos acaban de comunicar.
Reconozco en esta tribuna esa admiración profesional que creo que nos embarga a todos pero a la que esta senadora quiere hacer especial mención porque su valía personal ha sido
tremenda y ha conseguido imbuir a muchos senadores de una calidad humana muy admirable.
Digo esto también para justificar las lagunas mentales que puedan observarse sus señorías en mi exposición, que pretendo que sea escueta, pero me va a
resultar bastante complicado.
Intervengo para contestar los argumentos presentados por el Grupo de Entesa y por el Grupo Socialista acerca de la conveniencia o inconveniencia de algunas de nuestras enmiendas. Quiero ser muy breve, por lo que voy a
concretarlas en cuatro aspectos, en cuatro bloques, como ya se dijo en la comisión, respecto de nuestras enmiendas.
Con carácter previo a los argumentos en contra respecto de la procedencia o improcedencia, quiero llamar la atención de sus señorías
sobre un historial de la Cámara, del Senado respecto de la conveniencia o no conveniencia de incorporar enmiendas en la tramitación de unas leyes que, al parecer, no guardan mucha relación.
En aras de la brevedad, quisiera mencionar solamente, para
el recuerdo de sus señorías, por ejemplo, la tramitación de la Ley Orgánica General del Sistema Educativo, la LOGSE. La disposición adicional decimoséptima de aquella ley modificaba la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. Era la
enmienda número 375. Así podríamos hablar de un largo etcétera; por ejemplo, la Ley de Medidas Fiscales Urgentes, en su disposición adicional novena, modificaba la Ley 30/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. La Ley de
Presupuestos Generales del Estado de 1990 tenía una modificación en materia de régimen local. Además, contenía una ayuda a empresas periodísticas y agencias informativas. La Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 1991 tenía en su
disposición adicional novena una derogación del artículo 19 del Estatuto Especial para las Cajas Generales de Ahorro Popular.
Esta es una breve reseña acerca de esta memoria parlamentaria que creo que debe albergar a todos los grupos parlamentarios
que intervienen para ver que, efectivamente, no pretendo justificar, sino sencillamente recordar que esta técnica parlamentaria se ha tachado de cambio de naturaleza del Senado, o se ha calificado de regresiva --y solamente cito dos calificativos
escogidos de los diferentes grupos parlamentarios que han intervenido--, y es conveniente limar las expresiones.
Entro directamente en el fondo del tema, aunque sin reiterar las razones expositivas que tuve ocasión de mantener en la comisión acerca
de las enmiendas números 5 y 6, una en cuanto a la exposición de motivos y otra en cuanto a la calificación de la pena de inhabilitación especial para ejercer la patria potestad, que era una pena principal y no añadida, con lo cual tenía que llevar
su cómputo de tiempo suficiente.
Señorías, la aplicación de la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores lleva en sí misma una «vacatio legis» --que es en definitiva de lo que estamos hablando--, que vence el 13 de enero.
El bagaje al que esta senadora aludía en la Comisión de Justicia precisamente atendía a la observación de la eficacia de las medidas que estaban en aplicación, no a las que no lo estaban ¿Cuáles son las que no están en aplicación? Sencillamente
aquellas que disfrutan de esa «vacatio legis».
Esa experiencia, esa valoración de eficacia sobre las medidas aplicadas a los infractores menores viene referida precisamente a poder valorar esa eficacia en los infractores menores.
También se ha
dicho en la comisión --no quiero reiterarlo en estos momentos-- la inconveniencia que iba a significar el traslado de este tejido social de infractores mayores de 18 años y hasta 21, teniendo en cuenta la ampliación que ello significa en cuanto a
que se les hubiera aplicado una ley restrictiva o de internamiento de unos cuatro años, con lo que estaríamos hablando de un infractor de 24 ó 25 años. Creemos que esto no es conveniente, y no sólo lo creemos nosotros. Lo ha creído el Defensor del
Pueblo, y ya se dijo en la comisión --es conveniente reiterarlo-- que la jurisdicción penal no busca inmediateces, sino que posiblemente su éxito está en acrisolar experiencia y saber cómo dirigir el futuro. Se ha creído conveniente en estos
términos, así se ha tomado la resolución en el Congreso de los Diputados y esta es la razón por la que se ha incorporado.
Yo quisiera hacer a sus señorías la siguiente reflexión. ¿A quién perjudica una «vacatio legis»? ¿Contra quién se está
legislando? La misma reflexión quiero hacer acerca de las enmiendas números 8 y 9. Si estamos de acuerdo en la profesionalización de la Justicia, si estamos de acuerdo en que hay que avanzar, si estuviéramos todos de acuerdo en que no hay que
perder ninguna oportunidad legislativa que se nos presente para avanzar en la medida de lo posible, si estamos de acuerdo en que nuestra justicia es de buena calidad, si estamos de acuerdo en que el sistema de oposición de jueces da un carácter
profesional al juez, díganme señorías contra quién estamos legislando si lo que se pretende es cubrir las plazas de magistrados, en lugar de por sustitutos, por jueces, y las plazas de jueces que sean cubiertas, en lugar de por sustitutos,
precisamente por los nuevos jueces. Y esto no definitivamente, sino en un plazo de cuatro años.
Me gustaría haber escuchado contra quién se está legislando porque esta medida va a incidir en los jueces de refuerzo y en los jueces sustitutos.
Si
estamos buscando la eficacia de ese plan de choque, no en detrimento de la calidad ni de la pasividad o lentitud, díganme señorías en contra de quién se está legislando.
Lo mismo cabe decir de la calificación como prueba documental y no pericial
respecto del mencionado artículo 788 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Señorías, esta medida beneficia la práctica habitual de la abogacía porque, por citar un ejemplo, no se va a producir una suspensión porque no acuda el perito; el perito es
un analista, estamos hablando solamente de la analítica de estupefacientes, el perito rellena un impreso con unos valores que ha analizado, no aporta ninguna valoración subjetiva y beneficia a la agilidad del pleito y a la comodidad. Y tengan en
cuenta también una cuestión: si tuviéramos que esperar la verificación judicial de la firma del perito, éstos tendrían graves inconvenientes a la hora de compaginar su presencia judicial con su trabajo habitual.
Se han modificado muchos aspectos de nuestra Administración de Justicia últimamente, posiblemente el más relevante sea la creación de órganos judiciales. La mecánica que se exige, la justicia rápida que ya se va notando. Si, por una parte,
el Gobierno presenta a la Cámara toda suerte de leyes que proveen esta agilización y, por otra, se están creando muchos órganos judiciales --no hace falta recordar a sus señorías que desde 1992 a 1996 se crearon 236 nuevos juzgados y que desde 1997
a 2002 se han creado 693, es decir, se han multiplicado por tres--, hay que llegar a la conclusión de que debemos tener una concepción distinta a la hora de legislar en materia de Administración de Justicia. Tenemos que cambiar. Hemos de tener un
concepto mucho más dinámico y razonable ajustado a la realidad.
Realmente deseamos conseguir una justicia rápida, eficaz y de buena calidad que nos ha de llevar a cambiar el discurso. No podemos continuar con unos discursos garantistas mientras no
tengamos definidos unos objetivos. No podemos perder ninguna oportunidad. Repito, hemos de cambiar un discurso que ha quedado obsoleto debido a los propios actos posteriores, porque hoy en día no se puede concebir una Justicia sin agilidad y,
aunque quizá llame la atención de algunos, he de decir que en la práctica habitual estas medidas son más que necesarias y que, además, como ya he dicho, no perjudican absolutamente a nadie, sino que benefician a todo el mundo, tanto al juez, como a
la resolución, a la parte, al perito, a los abogados, a los procuradores, a todos los agentes que intervienen en la resolución judicial. No perjudica una «vacatio legis» que ya ha estado vigente. Es una prórroga de la «vacatio legis» no una
anulación. Algún grupo parlamentario lo propuso, pero nosotros no. No es una anulación sino una prórroga y ya hemos vivido un año de esto. Y no perjudica en absoluto marcar un período de inhabilitación especial como pena principal entre las que
deben aplicarse al autor de una sustracción de menores.
Estas son las razones básicas por las que desde la comisión ya se empezó a solicitar un diálogo y una comprensión acerca de la operatividad.
Operatividad que me hubiera gustado haber visto
reconocida en esta sesión plenaria, y, aunque no se haya visto reconocida en su totalidad, agradezco esa posición de abstención. Creemos que esto beneficia mucho más que perjudica, y consideramos que con nuestras enmiendas estamos a la altura de
las circunstancias y de la dinámica actual.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senadora Mora.
A continuación, pasamos al turno de portavoces. En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora De Boneta.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor presidente.
Mis primeras palabras deben dejar constancia del sentimiento y dolor de esta senadora de Eusko Alkartasuna y también en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, por el
fallecimiento de nuestro compañero, el senador Jaume Cardona. Este sentimiento queremos trasladarlo, primero, a su familia y, también, al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Entrando en este turno propiamente dicho,
para fijar la posición del Grupo Parlamentario Mixto y de esta senadora de Eusko Alkartasuna respecto a la proposición de ley para realizar algunas modificaciones legislativas sobre la sustracción de menores , tengo que manifestar varias cuestiones.
En primer lugar, la coincidencia en la oportunidad, en la necesidad y en la justeza de esta proposición, en cuya redacción en el Congreso de los Diputados todos estábamos de acuerdo, nuestros respectivos grupos políticos y parlamentarios, y que
llegó aquí con el planteamiento de que iba a pasar por el Senado, por supuesto, sin enmiendas, y con el total acuerdo de todos los grupos políticos. En ese sentido tengo que decir que ni siquiera habíamos previsto en Mesa y Portavoces de la
Comisión de Justicia la conformación de la ponencia, toda vez que, como es habitual en la Comisión de Justicia, no esperábamos que existiera ningún tipo de enmienda en relación con esta proposición, que venía precedida por algo que no suele ser
fácil, y que es el consenso de todos los grupos.
Nuestra sorpresa, no exenta en este caso de frustración, incluso de indignación, fue cuando nos encontramos con que hay una serie de enmiendas y, sobre todo, que no son puramente formales o que
podían haber pasado con el consenso de todos como, de hecho, supongo que van a pasar en este trámite, una vez introducidas en el dictamen de la comisión aquellas que se refieren a cuestiones casi técnicas. Es decir, a una ley le falta la exposición
de motivos, que naturalmente hay que reflejar. Y, en segundo lugar, están las enmiendas relativas a una cuestión que se añade a la ley en la que todos estábamos de acuerdo, como es fijar el tiempo de inhabilitación del progenitor secuestrador de
menores para el ejercicio de la patria potestad de cuatro a diez años, porque así se tiene que hacer. Todo esto era necesario, estábamos de acuerdo y, además, se refiere a la proposición de ley sobre sustracción de menores que nos ocupa. Por lo
tanto, todo lo que sea mejorar nos parece oportuno, deberíamos aceptarlo y así lo vamos a hacer.
Cuando hablaba de frustración y de una cierta indignación me refería a que se han introducido una serie de enmiendas de tal importancia que, sin
perjuicio de que pudiéramos estar de acuerdo con algunas de las cuestiones que en ellas se plantean, exigían ser objeto de un debate reposado y de una discusión a fondo. Porque, tal como se ha venido insistiendo desde esta tribuna, dichas enmiendas
afectan nada menos que a la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, por tanto, nada menos que a la carrera judicial. Por ejemplo, no es trivial que los jueces, una vez hayan accedido a la judicatura, puedan pasar directamente a ser
magistrados sin que hayan transcurrido esos tres años previos --tres, dos, o los que fueran, porque también habría que debatir ese extremo--, o que se dé una consideración distinta a los jueces sustitutos. Y lo que ahora planteo no es que se haga
de una u otra forma, sino que todas estas cuestiones deberían debatirse.
Y lo mismo ocurre con la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por ejemplo, aquí ya se ha dicho que pasar de las pruebas periciales a la consideración de las pruebas documentales tampoco es trivial. Y no lo es --voy a insistir
en este tema--, porque los principios de oralidad y de contradicción, que deben presidir sobre todo los juicios rápidos, así como la posibilidad de declaración y repregunta a los peritos, desaparecen al ser sustituidos por una mera prueba
documental. En todo caso, insisto en que se debería debatir y justificar si eso debe ser así.
En cuanto a la modificación de la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores en lo que hace referencia a la suspensión de su
aplicación hasta el 1º de enero de 2007 para el período comprendido entre los 18 y los 21 años, efectivamente, este es un tema que afecta a las comunidades autónomas y que ha suscitado preocupaciones, por lo que se propuso una suspensión, aunque se
ha modificado. A este respecto diré que las dificultades técnicas que implicaba la aplicación de esta ley deberían haberse previsto en su momento, y de hecho tengo constancia de que durante su tramitación se advirtió de ese problema.
Entonces no
se hizo caso, y ahora se introducen por la puerta falsa, además de esas modificaciones, aquéllas a las que yo he hecho referencia.
Creo que el debate político debe estar presidido por el rigor, sobre todo cuando afecta a leyes tan importantes como
el Código Penal, La Ley Orgánica Reguladora de Responsabilidad Penal de los Menores, o la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Repito que estos son temas lo suficientemente serios como para que no se introduzcan por la puerta falsa. Y a esta senadora
de Eusko Alkartasuna y del Grupo Mixto no le valen los planteamientos al estilo del «tú más». Es decir, no sé cuántas cosas se hicieron mal en 1983, 1985 o 1991, pero eso no justifica que ahora también se sigan haciendo cosas muy mal. Tampoco me
vale la afirmación de que esto no perjudica a nadie, porque perjudica tanto al fondo de la cuestión como al necesario reposo que debe presidir un debate de estas características si nos lo tomamos con la responsabilidad política suficiente.
Por
tanto, en nombre del Grupo Mixto y de Eusko Alkartasuna anuncio que estamos de acuerdo y votaremos a favor de todo lo que se refiere a la cuestión principal de esta proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal y del Código Civil, sobre sustracción de menores, y también a favor de lo que hace referencia a las modificaciones introducidas, la exposición de motivos y la relativa a la fijación del tiempo de inhabilitación para el
ejercicio de la patria potestad para los sustractores. Pero en caso alguno votaremos a favor de todas las modificaciones que hacen referencia a otras leyes. Asimismo, votaremos en contra de las cuestiones a las que nos hemos referido como más
graves en relación con esta modificación que, insisto, se ha hecho por la puerta falsa y no tiene justificación en cuanto que no ha habido debate y se ha hecho con el apresuramiento al que este trámite de urgencia nos obliga y que ni siquiera se
justifica en razón de que en otras ocasiones, que no nos conciernen, ello afecte a otros grupos políticos. Nunca algo mal hecho puede justificar desaguisados posteriores.
Nada más, y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senadora De Boneta.
Corresponde ahora el turno al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
En su nombre tiene la palabra el senador Acosta.
El señor ACOSTA PADRON: Gracias, señor presidente.
El Grupo de Senadores de Coalición Canaria quiere asimismo manifestar su dolor ante la noticia recibida hace un momento de la muerte de un compañero, un sentimiento que queremos hacer
extensivo tanto a sus familiares, como al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Esta proposición de ley que se trae hoy al Pleno, y que se refiere a la modificación del Código Civil y Penal sobre sustracción de menores,
pretende ser un instrumento en que quede reflejada la protección de los menores y el derecho de los mismos a relacionarse con sus progenitores, evitando su sustracción por parte de uno de ellos que incluso pude llegar a trasladarle al extranjero con
el fin de evitar el contacto con el otro progenitor. La resolución de este tipo de problemas que afectan directamente a los menores no tenía solución jurídica en nuestro ordenamiento, algo que en parte se suple con esta reforma. Entendemos que
mediante esta modificación los jueces cuentan con un instrumento eficaz para actuar en los casos de sustracción de menores y emitir asimismo una orden internacional de detención con el fin de localizar al menor y procurar su devolución.
En cuanto a
las enmiendas que nuestro Grupo presentó a la disposición transitoria única y a la disposición derogatoria primera, y que fueron aprobadas en comisión, sobre modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, debo decir que éstas han
tenido para el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria un precedente en una proposición de ley presentada en el Congreso de los Diputados en febrero de este año, donde se solicitaba un nuevo plazo de suspensión para la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de
enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores a las personas mayores de 18 años y menores de 21 años imputadas en la comisión de hechos delictivos. En aquella ocasión se solicitaba un plazo de suspensión con el fin de que las
comunidades autónomas pudieran buscar los mecanismos de financiación necesarios para asegurar su correcta aplicación y una garantía de éxito en la consecución de los objetivos, ya que existían problemas, no sólo de financiación, sino también en
materia de infraestructuras, recursos humanos y prestación de servicios.
Nada más, y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Acosta.
Corresponde ahora el turno al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. En su nombre tiene la palabra el senador Zubia.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor presidente.
Vaya obligadamente por delante el recuerdo emocionado al compañero y amigo, Jaume Cardona, a quien cuando bajaba hacia esta tribuna todavía me parecía ver en su escaño parlamentario
que hasta hace pocos días ha ocupado. En nombre de nuestro grupo quiero transmitir un abrazo sincero a su familia, así como al grupo del que ha tomado parte. «Goian bego».
Señor presidente, érase una vez una proposición de ley presentada un
lejano día 5 de abril de 2000 por el Grupo Parlamentario Socialista con la loable y sana intención de modificar el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Civil para combatir la sustracción o retención ilícita de menores; y
érase también el caso de que dos meses después el Grupo Parlamentario Popular, sin duda con la misma sana intención, presentó otra proposición de ley de modificación del Código Penal en materia de secuestro familiar de menores e inducción de
progenitor a que el menor abandone el domicilio familiar. Ambas iniciativas fueron debatidas conjuntamente en sesión plenaria celebrada el día 13 de junio de ese mismo año y tomadas en consideración con el voto unánime de la Cámara baja.
Todos
coincidimos en aquel debate en que la reiteración de sucesos comprendidos en lo que pretendían las dos iniciativas presentadas aconsejaban aceptar la puesta en marcha de su tramitación parlamentaria, aunque --eso sí-- con la incorporación de las
enmiendas que fueran necesarias, a fin de que la ley que finalmente se aprobara fuera lo más ajustada a lo que son las necesidades sociales y, en todo caso, sin excederse en la contemplación de tipos delictivos.
Con este espíritu se constituyeron
las ponencias encargadas de redactar el informe relativo a dichas proposiciones y prácticamente un año después emitieron el mismo, resultando un nuevo texto unificado con el título de Proposición de ley orgánica de modificación de la Ley orgánica
10/1995, de 3 de noviembre, del Código Penal y del Código Civil sobre sustracción de menores. Tras más de 16 meses de repaso, reposo y reflexión profunda, la Comisión de Justicia e Interior aprobaba por unanimidad, el 24 de octubre pasado el
correspondiente dictamen, introduciendo una enmienda transaccional suscrita por todos los grupos parlamentarios que, sin duda, mejoraba y daba mayor racionalidad al precepto, lográndose así más claramente cumplir esa pretensión última que estaba y
está en el origen mismo de las iniciativas, y que no es otra que la de proteger los derechos del menor.
Ese texto consensuado dio lugar además a la retirada de todas las enmiendas que manteníamos los grupos parlamentarios y todos fueron felices
cuando el 31 de octubre en el Pleno del Congreso se daba luz verde a dicho texto. Quedaba a partir de aquí tan sólo el trámite del Senado, un trámite que, nunca mejor dicho, iba a ser eso, un mero trámite. Había un texto del agrado y satisfacción
de todos y únicamente, eso sí, se nos hacía un encargo. Decía la señora Barrios, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados en su última intervención de cierre, que era una gran satisfacción haber acabado la
elaboración de la norma y añadía: aunque nos falta la exposición de motivos, pero esperamos que en la otra Cámara, en el Senado, se pueda incorporar la más adecuada. Las últimas palabras del debate de esta misma señora diputada, por cierto, ponían
broche de oro a la tramitación parlamentaria cuando afirmaba entre aplausos que por primera vez en el Congreso de los Diputados los grupos parlamentarios hemos demostrado que los niños aquí son lo primero.
Todo, pues, terminaba bien, parecía
terminar bien, porque hete aquí que, recibido el feliz y consensuado texto en esta Cámara, aparecen, al cierre del plazo de presentación de enmiendas, hasta un total de 12. Muchas exposiciones de motivos nos parecían, pero, una vez visionadas,
contemplamos, no sin sorpresa, que solamente dos de ellas tenían que ver con la proposición de ley: una introducía la exposición de motivos pendiente y la otra fijaba, acertadamente también a nuestro juicio, el límite temporal al cumplimiento de la
pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad, que establece el artículo 2 de la proposición, que añade, como sus señorías saben, un nuevo artículo, el 225 bis, en el Código Penal. ¿Y las diez enmiendas restantes?
Pues las diez enmiendas restantes se introducen de rondón o de tapadillo, pues no sólo no tiene nada que ver con la cuestión que la proposición de ley regula, que es la relacionada con la sustracción de menores, sino que ni siquiera supone
modificaciones al Código Penal o al Código Civil, que es lo que realmente hace dicha proposición.
Se modifican, señorías, y se ha dicho ya repetidas veces, nada más y nada menos que la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los
Menores, la Ley orgánica sobre medidas urgentes para la agilización de la Administración de Justicia, la Ley orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, casi nada. La Ley de Enjuiciamiento Criminal y tres leyes orgánicas,
modificadas en el Senado, vía enmienda, en un trámite de urgencia y aprovechando la aprobación de una norma sobre sustracción de menores. Esto, por mucho que se me diga, no es legislar, señorías, esto es una chapuza con mayúsculas y mi grupo no
está dispuesto a ser partícipe de ello. Con actuaciones como esta, créanme, queda en entredicho la muy repetida frase de que el Senado mejora en su tramitación los proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.
En los
últimos tiempos --y es triste tener que constatarlo-- tal afirmación hace agua con excesiva frecuencia. Una de dos, o esta Cámara actúa como mera comparsa y no puede introducirse modificación alguna por mínima que sea porque así se ha decidido con
anterioridad en otra instancia diferente o, por el contrario, se le permite modificar todo cuando se trata de hacer un trabajo sucio, a escondidas, sin ruido y reñido con las más elementales técnicas legislativas.
Señoría, no se debe legislar así.
Legislar es algo muy serio que nos exige seguir unas pautas y procedimientos que no pueden violentarse ni aun en el supuesto de que estuviéramos todos de acuerdo con los preceptos o disposiciones a introducir. No se trata de que participemos o no
de
la bondad de modificar, aunque lo sea transitoriamente, los artículos 311.2 y 308 de la Ley Orgánica del Poder Judicial o 788.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este sería un debate sobre el fondo de la modificación en el que ni
siquiera vamos a entrar, porque lo que estamos cuestionando, y muy seriamente, es la forma de legislar.
Si se quiere buscar una salida a la situación generada por el alto número de plazas de magistrados vacantes, apruébese el correspondiente
proyecto de ley en el Consejo de Ministros. Cuéntese con los informes preceptivos previos que están establecidos e iniciése la tramitación parlamentaria que procede, pero no se aproveche la circunstancia de que una modificación del Código Penal y
del Código Civil sobre sustracción de menores pasaba por el Senado, vía urgencia, desde 5 de noviembre hasta el día 20 --es decir, durante 15 días--, para introducir éste y otros importantes cambios de la legislación vigente.
Un mínimo de rigor, de
seriedad y de respeto hacia quienes están llamados a conocer de Derecho, nos hace no poder estar de acuerdo con las modificaciones introducidas en esta Cámara, excepción hecha --como he dicho antes-- de la que da redacción a la exposición de motivos
y de la que fija el límite temporal a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad en el nuevo artículo 225 bis del Código Penal.
Como hombre de Derecho, y lo digo muy sinceramente, sería incapaz de imaginarme que una
proposición de ley orgánica de modificación del Código Penal y del Código Civil sobre sustracción de menores --éste y no otro es su título y sigue siéndolo-- iba a encerrar o contener en su interior modificaciones tales como la de priorizar la
cobertura de vacantes en juzgados y tribunales por jueces profesionales de carrera de nuevo ingreso, en lugar de jueces sustitutos no pertenecientes a la carrera judicial. Ni podría imaginar la supresión del plazo de tres años de servicios
efectivos como jueces para acceder a la categoría de magistrado. Ni podría imaginar modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como la de dar carácter de prueba documental a los informes emitidos por laboratorios oficiales sobre la
naturaleza, cantidad y pureza de sustancias estupefacientes.
¿Qué tiene todo esto que ver con la sustracción de menores? A este paso, señorías, y siguiendo su argumentación, mucho me temo que la próxima modificación de la Ley Orgánica del Poder
Judicial o de la Ley de Enjuiciamiento Criminal la veremos en la Ley de Sanidad Vegetal y Animal.
Termino, señor presidente, anunciando que pediremos votación separada --como han dicho otros intervinientes-- de las tres disposiciones adicionales,
la transitoria única, la disposición derogatoria y la final primera, en tanto que no contarán, por las razones indicadas, con nuestro apoyo. Por el contrario, sí contará con nuestro voto favorable el resto del dictamen, es decir, lo que realmente
regula, la modificación del Código Penal y del Código Civil en relación con la sustracción de menores.
Lamentamos que esta aprobación resulte en cierto modo empañada, pero a este debate colateral hemos sido conducidos. En todo caso, queremos dejar
meridianamente clara nuestra absoluta conformidad con la protección que se hace de los intereses del menor en la proposición de ley que finalmente será aprobada. Señorías, coincidimos con la diputada señora Barrios en que aquí los niños son lo
primero, pero lo primero y único en regularse.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Zubia.
Corresponde ahora el turno al Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. En su nombre, su portavoz, el senador Molas, tiene la palabra.
El señor MOLAS I BATLLORI: Señor presidente, la verdad es que en la intervención de defensa del voto particular he formulado una posición que se me ha corroborado con todas las intervenciones que ha habido posteriormente, incluso con el
turno en contra.
De una forma sorprendente, estamos debatiendo una ley sobre sustracción de menores que reforma el Código Penal y el Código Civil pero todo lo que se habla no afecta ni al Código Penal ni al Código Civil ni a la sustracción de
menores, y éste era mi criterio. Esto es inconveniente jurídicamente, políticamente nocivo y un desprestigio para este Senado, que admite la votación --mayoritaria supongo después del turno en contra-- de algo que jurídicamente es una causa de
inseguridad porque el título de la ley no indica su contenido, con independencia ahora de cualquier otra consideración sobre el mismo. Creo que se va a realizar un acto lesivo para el prestigio del Senado.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Molas.
Corresponde ahora el turno al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El senador Xuclà tiene la palabra.
El señor XUCLË I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, obviamente, quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a los portavoces de los distintos grupos por las sinceras expresiones y muestras de solidaridad con
motivo de la muerte de nuestro compañero de grupo, Jaume Cardona, una persona con una gran calidad humana, marido, padre, amigo, un hombre preocupado por el bien común, una persona humanista, nacionalista catalán convencido, pero también audaz en el
momento de defender sus ideas.
Yo conocí a Jaume justamente ahora hace 10 años, en el debate de presupuestos del año 1992, cuando yo era un estudiante de 2º de Derecho y visité el Senado y él era senador. Fue senador desde el año 1986, fue
diputado, fue alcalde, fue un hombre muy pegado a sus convicciones y a la defensa del humanismo y del nacionalismo desde su partido, Unió Democràtica.
Deseo destacar que afrontó la lucha contra la enfermedad con una gran integridad durante años y
también con gran dignidad, a veces incluso no transmitiendo el dolor.
Por su parte, deseaba expresar sus convicciones a la hora de afrontar la lucha contra la enfermedad de una forma muy expresa, queriendo intervenir en la legislación sobre las últimas voluntades --me parece que el título final en la
legislación española fue distinto del inspirado en la legislación catalana-- y teniendo una actuación muy decidida en la tramitación de esa ley.
Quiero terminar esta primera parte reiterando el agradecimiento sincero a los portavoces de todos los
grupos parlamentarios. Por otra parte, y de forma muy sucinta, deseo hacer unas referencias al objeto del debate de esta ley orgánica que estamos discutiendo.
Todos estamos de acuerdo en que lo sustantivo de esta ley es la defensa, la protección
de los derechos de los menores, y una gran mayoría de los portavoces hemos indicado que se ha convertido en su trámite en el Senado en una ley de agregaciones, una ley pluriforme, una ley en la que, a través de 10 enmiendas, se han incorporado
aspectos que nada tienen que ver con el enunciado de esta ley orgánica. Pero los portavoces de los grupos también hemos manifestado que estábamos de acuerdo con el contenido del conjunto de la ley, con el contenido de la parte que se anuncia en el
título de la ley, así como con el contenido de estas otras reformas que han entrado de una forma un tanto subrepticia. Me parece que es unánime la expresión de reservas en cuanto a la forma, a la mala técnica legislativa, a la poca «finezza»
legislativa, pero también tenemos que ponderar y valorar lo sustantivo de la ley con el procedimiento. El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió considera que lo que se regula, lo que está anunciado en el título de la ley,
pero también lo que se ha incorporado con una mala técnica legislativa --no es una novedad esta técnica legislativa-- en el trámite, es un conjunto de medidas necesarias en el ámbito del derecho de los menores, de otros extremos de la política
criminal y del ámbito de la legislación en materia de justicia de las Cortes Generales.
Por todo ello anuncio el voto favorable de mi grupo parlamentario a esta proposición de ley orgánica.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Xuclà.
Corresponde ahora el turno al Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la senadora Martínez.
La señora MARTINEZ GARCIA: Gracias, señor presidente.
Como nuestra posición en relación a la votación ha quedado clara, haré sencillamente tres sucintas consideraciones a la señora Mora.
La primera, con toda cordialidad, señora senadora,
es que los malos ejemplos no sirven de excusa para hacer o no hacer, y sobre todo para no seguirlo.
Con independencia de lo que se haya hecho bien o mal en otros períodos legislativos --y también mucho bueno, como dice mi compañero--, creo que
estamos llegando al colmo de lo que permite la técnica parlamentaria --lo digo sinceramente como profesional en excedencia del mundo del Derecho--; estamos llegando a supuestos tan curiosos como que en la propia Ley Orgánica de la Responsabilidad
Penal de los Menores, de la que estamos hablando en esta Cámara, nos encontramos con una exposición de motivos que no tiene nada que ver con su contenido; no se contienen los recursos previstos en la ley; se han suprimido las salas de los
Tribunales Superiores de Justicia que también prevé la ley; se ha eliminado la propia referencia a los jóvenes de dieciocho a veintiún años.
En definitiva, debemos esforzarnos en hacer las cosas mejor. Creo que nos odian todos los estudiantes de
Derecho del país y tienen dificultades para seguirnos los profesionales, los operadores del mundo de la justicia. No me parece que sea un buen sistema el que estamos llevando a cabo, sobre todo dada la importancia de las leyes que estamos
modificando.
En segundo lugar, pregunta la senadora a quién perjudica ampliar la «vacatio legis» de la Ley Orgánica Reguladora de la de Responsabilidad Penal de los Menores para los jóvenes de dieciocho a veintiún años.
Señora senadora, yo creo
que se perjudica a los jóvenes de dieciocho a veintiún años que cumplen los requisitos que prevé dicha Ley, de acuerdo con el artículo 68 del Código Penal.
En este caso no vale hablar en términos generales, ni hablar de la bondad de los menores de
18 años ni de la maldad de los mayores de 18 años, porque precisamente si algo tiene esta ley es un tratamiento singularizado personalizado para cada joven. Y es posible que un joven con 21 ó 22 años tenga un grado de madurez inferior al de muchos
jóvenes menores de 18 años, y extremo que está previsto en la ley, no lo digo yo.
Por otro lado, en cuanto a la reforma que afecta al acceso y promoción dentro de la carrera judicial, pregunta que a quién perjudica. Desde luego, a quien no
perjudica la opción de ampliar las expectativas de los jueces y no las expectativas de las leyes de procedimiento que estamos aprobando aquí, es a los Presupuestos Generales del Estado, porque el Gobierno con estas disposiciones que ha introducido
aquí ha optado por la vía más rápida, la más barata. En cualquier caso, perjudica a la transparencia de los procedimientos, que son muy importantes en democracia, sobre todo en las materias que estamos cuestionando aquí.
Nosotros, como grupo
parlamentario, apoyamos y votamos a favor de la Ley de Medidas Urgentes para la Agilización de la Administración de Justicia.
¿Hay que reformarla? Hagámoslo. ¿No tenemos una Comisión de Seguimiento del Pacto para la Justicia? Que funcione,
póngase ahí.
Por último, señora Mora, he de decirle que no estamos de acuerdo con esa evaluación que ha hecho de las plazas que se han creado a lo largo de estos años. Creo que incluso se han creado más órganos de los que hay.
Está claro que
desde el año 1989 hasta hay han sido muchas más las plazas --casi el doble y el triple en algunos años-- que han salido a oposición por parte del Consejo General del Poder Judicial que las que se han creado.
Le voy a poner un simple ejemplo, para
no alargar mi intervención. En el año 2001 salieron 252 plazas a oposición
y se crearon 76 en la plantilla. Dicen que lo que abunda, no daña. Es posible que no dañe, pero lo que hace es marear la perdiz y no afrontar el problema de verdad que, repito, es la ampliación de órganos judiciales, la ampliación de la
planta, la ampliación de la plantilla e incluso, como pone de manifiesto la propia Memoria del Consejo General del Poder Judicial, el desgajamiento de la propia demarcación judicial, la creación de nuevas demarcaciones judiciales.
Termino, señor
presidente, porque de la exposición que ha hecho la señora senadora se desprenden las razones por las que se adoptan unas medidas y otras.
Pero no quiero terminar, en un día como hoy, porque ésta es mi última intervención, sin dirigirme al Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y decirle, ahora que estoy un poquito más serena, que Jaume Cardona no morirá mientras quedemos uno de los senadores vivo, porque haberle conocido y haberle tratado ha sido muy reconfortante.
Encontrarse en la política a personas como él es algo que reconforta la vida política: una persona amable, cordial, desde posiciones distintas, siempre buscando el acuerdo y, aunque no lo hubiera, siempre la cordialidad y el cariño, porque era una
persona muy cariñosa.
Quiero que sepa que el Grupo Parlamentario Socialista no le va a olvidar.
(Aplausos.) Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senadora Martínez.
Tengo que decir que personalmente me sumo a sus propias palabras en relación a este tema.
Para finalizar el debate, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra la senadora Bonilla. (La señora Mora Devis pide la palabra.) El turno de portavoces, señoría, no se puede partir.
La señora BONILLA DOMINGUEZ: Señor presidente, quiero también que mis primeras palabras, como no podía ser de otra manera, fueran para manifestar mi profundo sentimiento por el fallecimiento de nuestro compañero, el senador Cardona, a su
familia y a sus compañeros. Quiero también dejar claro y manifestar que he tenido oportunidad de tratarle en muy pocas ocasiones pero sí le recordaré no solo como un buen parlamentario, que era algo público, sino como una gran persona y un
caballero.
Señorías, comparezco, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, para defender y apoyar la proposición de ley orgánica de modificación de la también Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y del Código Civil sobre
sustracción de menores, tal y como es recogida en el dictamen emitido por la Comisión de Justicia.
Señorías, cuando hablamos del secuestro de un menor por su propio padre o por su propia madre no estamos hablando de cariño paternal o maternal.
Estamos ante una situación que genera una tremenda angustia en ese menor, estamos hablando de un acto claro de violencia y de venganza que daña directamente el entorno familiar de ese niño o de esa niña, alterando siempre todo lo que supone su
ámbito de seguridad, su ámbito de cariño y su ámbito de tradición y cultura familiar. En unas circunstancias determinadas, que habitualmente son de crisis familiares, un padre o una madre utiliza a su hijo, utiliza al menor como un medio, como un
instrumento para dañar al otro, con un terrible resultado en muchas ocasiones para esa menor.
Las consecuencias de este tipo de actitudes son muy claras en casi todas las ocasiones. Se produce en el menor una alteración psíquica y física que con
casi absoluta seguridad marcará el desarrollo de esa personalidad y de la vida futura de ese pequeño. Por ello, los poderes públicos tenemos la enorme responsabilidad de velar y garantizar el bienestar y la protección de los derechos de los niños.
Para el Grupo Parlamentario Popular es una satisfacción el resultado obtenido con esta proposición de ley orgánica. Sin lugar a dudas, se trata de un delito contra la libertad pero, sobre todo, se trata de un delito contra las relaciones
familiares, contra el referente que todo niño ha de tener en su desarrollo personal.
La redacción del artículo 225 bis del Código Penal, que una vez aprobado de manera definitiva será el encargado de regular el delito de secuestro de los menores
por sus progenitores, preceptúa una pena de prisión adecuada de dos a cuatro años, una pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad por un tiempo de duración de cuatro a diez años y, a su vez, va a permitir --y esto es muy
importante-- una persecución más eficaz, facilitando la cooperación policial y judicial internacional.
Además, se va a poder penalizar --y esto también es muy importante-- a los familiares que auxilien a esos progenitores en la actuación delictiva,
ya que normalmente los padres son ayudados por algún familiar.
Por tanto, reitero, va a penalizarse a esos colaboradores o cómplices.
Además, se agravará la pena cuando se saque al menor del territorio nacional, y se producirá la exención de la
pena cuando el progenitor tenga la intención de devolver al menor o hacer intención de ello en las 24 horas siguientes. Quiero resaltar este dato porque humaniza tremendamente la ley, así como el hecho de suavizar la pena cuando sólo hayan
transcurrido 15 días desde la sustracción del menor.
En el ámbito del Código Civil la reforma también es importantísima, por cuanto contempla la posibilidad de actuar cautelarmente. Es tan importante como que así podemos evitar la consecución y el
que se lleven a cabo unos secuestros, que seguro que se harían realidad, regulando, por tanto, medidas cautelares para evitar la sustracción de los hijos por alguno de los cónyuges o por sus parientes y, sobre todo, para impedir la salida del menor
del territorio nacional.
El artículo 103.1 del Código Civil recoge concretamente medidas como la prohibición de salida del territorio nacional, de expedición del pasaporte del menor o la retirada del mismo, ante el riesgo claro de producirse la
sustracción.
El artículo 158 del Código Civil contiene, igualmente, medidas cautelares en el mismo sentido, aunque extendiendo su ámbito de aplicación a cualquier tipo de proceso, no solamente a los matrimoniales, facultando al juez de oficio para
la adopción de las medidas pertinentes, a petición
del Ministerio Fiscal, de cualquiera de los progenitores, del propio menor o incluso de cualquiera de los parientes.
Desde el Grupo Parlamentario Popular, señorías, entendemos que las enmiendas presentadas en el Senado son tremendamente
enriquecedoras para la ley. Voy a agruparlas muy brevemente en tres grupos.
En primer lugar, el grupo de enmiendas en el que casi todos coincidimos.
Se trata de las enmiendas números 1 y 2, presentadas por el Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria del Senado, las enmiendas números 3 y 4, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convèrgencia i Unió y las enmiendas números 7 y 12 por este grupo parlamentario.
Todas ellas coincidentes y referidas a la supresión de la
aplicación de la Ley Orgánica 5/ 2000, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores en lo referente a los infractores de edades comprendidas entre los 18 y los 21 años de edad, hasta el día 1º de enero de 2007 y, consecuentemente, la
derogación de la disposición transitoria única de la Ley Orgánica 9/2000, sobre medidas urgentes para agilización de la administración de Justicia. Sobre estas enmiendas no voy a entrar a debatir. Ya han sido muy bien explicadas por mi compañera,
la senadora Mora.
El segundo grupo de enmiendas, presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, son la número 5, sobre la inclusión de una exposición de motivos, de la que carecía la ley; la enmienda número 6,q propone delimitar la pena de
inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad por el tiempo de duración de cuatro a diez años.
Evidentemente, son enriquecedoras, mejoran el texto legal y, además, gozan de la aprobación de todos los grupos de la Cámara.
El
tercer grupo son las enmiendas números 8, 9, 10 y 11, que modifican la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, y el segundo párrafo del artículo 788.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, referida al carácter y valor documental de los informes
emitidos por los laboratorios oficiales sobre sustancias estupefacientes.
Quiero manifestarles, señorías, que, por supuesto, y como no podía ser de otra manera, hemos escuchado todas y cada una de sus críticas y de sus comentarios. Nosotros no
vamos a entrar en descalificaciones. Quiero reiterar, y, además, lo hago con los debidos respetos, que el trabajo que se ha hecho en el Senado y que ha contado con la aportación de estas enmiendas, es serio, responsable y que, en todo caso, además,
somos conscientes de que mejoran de manera importante la ley.
En nombre de mi grupo, quiero manifestar en este momento el agradecimiento a los grupos parlamentarios de Coalición Canaria y Catalán en el Senado de Convèrgencia i Unió por su apoyo.
Entendemos que la inclusión de estas enmiendas, no sólo enriquecen el texto, sino que, además, no legislan, como decía mi compañera --es muy importante-- contra nada ni contra nadie y no sólo, señorías, no vulneran el Pacto por la Justicia, sino que
contribuyen a impulsarlo, es decir, dentro del ejercicio de responsabilidad, que todos asumimos cuando lo suscribimos, con actuaciones como esta contribuimos a impulsarlo porque, señorías, con estas medidas intentamos agilizar nuestra Justicia,
hacerla más eficaz y profesional; objetivos que buscamos, repito, con estas medidas y que tengo la profunda convicción que vamos a conseguir.
Para terminar, señorías, quiero felicitarnos a todos por nuestro trabajo, tanto en el Congreso de los
Diputados como en el Senado. Siento profundamente que no se haya producido en esta Cámara el consenso que se consiguió en el Congreso de los Diputados y quiero reiterar que nuestro trabajo, en todo caso, ha sido serio y responsable. Entiendo que
con esta ley hemos adoptado entre todos una medida legislativa, cuyo objetivo es ser un instrumento eficaz para la protección de los intereses de los menores y de su derecho a poder disfrutar de la relación con sus dos progenitores. Esta ley
destaca, como dice nuestra exposición de motivos, que la protección de los intereses del menor ha definido siempre una línea de actuación primordial a la hora de legislar en España desde la aprobación de nuestra Constitución. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.--La senadora Mora Devis pide la palabra.) El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senadora Bonilla.
Senadora Mora, ¿en base a qué artículo me pide la palabra?
La señora MORA DEVIS: Al artículo 87.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Su señoría tiene la palabra por tiempo de dos minutos.
La señor MORA DEVIS: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero intervenir porque he sido aludida por la senadora Martínez.
Señoría, le quiero decir que el tiempo quita y da razones. Los malos ejemplos ya no sirven de argumento. Yo no he
visto nunca una iniciativa parlamentaria suya en la que se hubiera modificado la exposición de motivos de la LOGSE, Ley Orgánica General del Sistema Educativo.
En otro orden de cosas, señoría, a estas alturas de la democracia, y a pesar de la
intervención de la señora Martínez, a todos nos interesa que los órganos judiciales tanto los creados como los que se pudieran crear, como en las competencias que se les atribuyan o atribuyesen vengan a significar el ejercicio de la libertad del
poder judicial y no indujeran a una manipulación de la administración de Justicia.
Le quiero dar una concreción en cuanto a los datos puesto que pone en tela de juicio el número de órganos judiciales creados. En el año 1992 se crearon 70; en
1993, 54; en 1994, 23; en 1995, 50, y en 1996, 39, que salvo error u omisión hacen 236; en 1997 se crearon 80; en 1998, 114; en 1999, 139; en el 2000, 150; en el 2001, 105, y en el 2002 se crearon 105 que salvo error u omisión son 693.
Nada
más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senadora Mora.
Vamos a votar la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal y del Código Civil sobre Sustracción de Menores.
En primer lugar, corresponde votar el voto particular que propugna
el mantenimiento del texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, aprobadas en comisión y que lo formuló el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la
votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 195; a favor, 62; en contra, 133.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazado.
Votamos el voto particular que propugna el mantenimiento del texto remitido por el Congreso de los Diputados modificado por las enmiendas 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, aprobadas
en comisión y formulado por el Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 195; a favor, 62; en contra, 133.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazado.
Pasamos a votar el dictamen. Se ha solicitado votación separada en tres bloques.
Corresponde, en primer lugar, al primer bloque las disposiciones adicionales primera, segunda y
tercera, y la disposición final primera.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 195; a favor, 134; en contra, 61.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda aprobado.
Pasamos a votar la disposición transitoria y la disposición derogatoria.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 195; a favor, 132; en contra, dos; abstenciones, 61.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan aprobadas.
A continuación, votamos el resto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 195; a favor, 194; en contra, uno.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda aprobado.
Señorías, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre
las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.
--DE LA COMISION DE HACIENDA EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE REFORMA PARCIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS Y POR LA QUE SE MODIFICAN LAS LEYES DE LOS IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES Y SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES
(S. 621/000089) (C. D. 121/000096).
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Dictamen de la Comisión de Hacienda en relación con el proyecto de Ley de reforma parcial del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y por la que se modifican las leyes de los impuestos sobre
Sociedades y sobre la Renta de no Residentes.
Para la presentación del dictamen, ¿a quién ha designado la comisión? (Pausa.--El señor Ministro de Hacienda, Montoro Romero, pide la palabra.) Perdón, señor Ministro, primero corresponde la
presentación del dictamen por el miembro designado por la comisión. (El señor Cambra i Sánchez pide la palabra.) Tiene la palabra su señoría.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Señor Presidente, la comisión designó a la senadora Simonelli para su presentación.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): La senadora Simonelli, tiene la palabra para hacer la presentación del dictamen.
La señora SIMONELLI MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Señor Ministro, señorías, me cabe el honor de presentar aquí en esta Cámara el dictamen de la Comisión de Hacienda sobre el proyecto de ley de reforma parcial del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y por la que se modifican las leyes de los impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes.
El proyecto de ley tuvo su entrada en esta Cámara el día 14 de octubre de 2002, tramitándose por el procedimiento
ordinario. El plazo de presentación de enmiendas que concluía inicialmente el 25 de octubre se ha ampliado hasta el día 31.
A este proyecto de ley se han formulado cuatro propuestas de veto. La primera por los senadores Cámara Fernández y Cabrero
Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto. La segunda por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés. La tercera del senador Quintana González, del Grupo Parlamentario Mixto, y la cuarta por el Grupo Parlamentario Socialista.
También 286
enmiendas, así distribuidas; de la 1 a la 54 de los senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares,
del Grupo Parlamentario Mixto, de la 55 a la 64 del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; de la 65 a la 71 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; de la 72 a la 132 del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de
Progrés, de la 133 a la 157 del senador Quintana González; de la 158 a la 214 del Grupo Parlamentario Socialista, de la 215 a la 246 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y de la 247 a la 286 del Grupo Parlamentario
Popular.
La ponencia estuvo integrada por don Francisco Xabier Albistur Marin, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; doña Mercedes Aroz Ibáñez, del Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés; don Enrique Bellido
Muñoz, del Grupo Parlamentario Mixto; don Sixte Cambra i Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; don Damián Caneda Morales, del Grupo Parlamentario Popular; don Carlos Chivite Cornago, del Grupo Parlamentario
Socialista; don Joan Lerma Blasco, del Grupo Parlamentario Socialista; doña Claudina Morales Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y don Pedro Soto García, del Grupo Parlamentario Popular. Se reunió el día 11 de noviembre y
emitió el correspondiente informe, que fue publicado en el BOCG, Senado el día 14 de noviembre.
El día 11 de noviembre se reunió la comisión, aceptando como dictamen el texto propuesto por la ponencia. Para su debate ante el pleno, han formulado
votos particulares los senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, el veto número 1 y las enmiendas números 1 a 54, así como el Grupo Parlamentario Mixto el veto número 3 y las enmiendas números 133 a 157, originariamente presentadas por el
senador Quintana González. El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria ha presentado las enmiendas números 55 a 63; el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos ha presentado las enmiendas números 65 a 71; el Grupo Parlamentario de la
Entesa Catalana de Progrés ha presentado el veto número 2 y las enmiendas números 72 a 81 y 84 a 132; el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió ha presentado las enmiendas números 215, 218, 219, 221, 224, 225, 230, 233, 235
a 239, 241 y 242, y el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado el veto número 4 y las enmiendas números 158 a 214.
El proyecto de ley consta de un preámbulo, 78 artículos, seis disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una
disposición derogatoria y cinco disposiciones finales.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senadora Simonelli.
¿El Gobierno desea intervenir? (Asentimiento.) El señor Ministro de Hacienda tiene la palabra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84.4 del Reglamento del
Senado.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Muchas gracias, señor presidente.
Comienzo esta exposición con mis condolencias por el fallecimiento del senador Cardona, que era muy apreciado por su trabajo y también por su conocimiento
personal en esta Cámara.
Señor presidente, señorías, vengo a la Cámara y tengo el honor de defender ante ella, en nombre del Gobierno, el proyecto de ley de Reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que recientemente aprobó el
Consejo de Ministros. Sin duda es una tarea agradable para mí acudir al Senado para proponer una bajada de impuestos, y estoy seguro de que también será agradable para sus señorías apoyar con su voto un alivio de la carga tributaria de nuestros
ciudadanos.
Bajamos los impuestos porque antes hemos disciplinado el gasto público; el peso del gasto público se ha reducido en España en prácticamente cinco puntos porcentuales del producto interior bruto desde 1995. Gracias a esta reducción del
gasto el déficit público se ha recortado con rapidez, desde el 6,6 por ciento del producto interior bruto en 1995 al déficit cero de la actualidad. Dentro de pocas semanas tendré también la satisfacción de presentar en esta Cámara el proyecto de
ley de Presupuestos del Estado para el año 2003, que propone un año más unos presupuestos equilibrados, sin déficit público. La eliminación del déficit público, por la disciplina del gasto, y la bajada de los impuestos estimulan el crecimiento de
la economía y la creación de empleo; si el Estado gasta menos y pide menos impuestos, las familias y las empresas tienen más recursos para ahorrar, invertir y consumir.
En el programa político que mereció el apoyo de la mayoría de los electores,
hace dos años, el Partido Popular propuso esta reforma tributaria, y el Presidente Aznar confirmó esta promesa en el discurso de investidura. Una vez más, el Gobierno cumple su palabra. Bajamos los impuestos para consolidar nuestra convergencia
real con la Unión Europea, acercarnos al pleno empleo y garantizar el futuro de la protección social. Además esta reforma del IRPF responde a otras demandas sociales prioritarias: el apoyo a la familia, la atención a los niños pequeños, a las
personas mayores y a los discapacitados.
El proyecto de ley de Reforma del IRPF baja más aún los tipos impositivos; aumenta los mínimos personales y familiares, y mejora el tratamiento de los rendimientos del trabajo y del ahorro, que son los dos
factores necesarios para generar riqueza y empleo.
Después de esta reforma, el Impuesto sobre la Renta será aún más equitativo, aumentará la progresividad del impuesto y saldrán beneficiados los ciudadanos con menores ingresos o con mayores cargas
familiares. La reforma supondrá un incremento de 3.600 millones de euros en la renta disponible de los ciudadanos, aportará cinco décimas anuales al crecimiento de la economía española y generará 65.000 nuevos empleos.
De los 3.600 millones de
ahorro, 3.000 millones se apreciarán desde principios del año 2003 a través de la reducción en las retenciones que se aplican en las nóminas de los trabajadores y pensionistas. Más de la mitad de los contribuyentes, los que tienen rentas inferiores
a 12.000 euros, verán reducidas sus retenciones en más del 30 por ciento.
Señorías, la reducción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es una reforma estructural que tiene efectos permanentes en la economía, pero además es una reforma oportuna que nos va a ayudar en ese momento a superar las
dificultades de la economía internacional y a beneficiarnos cuanto antes de la recuperación que ya se anuncia.
Desde principios de 2001, se ha venido produciendo una ralentización de la economía mundial, originada por la leve recesión en los
Estados Unidos durante los tres primeros trimestres de 2001.
En ese contexto económico, caracterizado por la existencia de buenas dosis de incertidumbre, la economía española está consiguiendo mantener tasas de crecimiento en el entorno del 2 por
ciento, lo que sitúa a nuestro país a la cabeza del crecimiento económico del mundo desarrollado.
Este buen comportamiento de España difiere significativamente de lo que ha venido siendo la evolución tradicional de nuestro ciclo económico. Es una
realidad difícil de negar que, hasta hace muy poco tiempo, un escenario internacional tan incierto como el actual habría implicado indefectiblemente que nuestro país se viese abocado a una recesión económica grave y a una intensa destrucción de
empleo. El que esto no esté siendo así en la actualidad no es una casualidad, antes al contrario, es un reflejo de que los fundamentos del crecimiento económico en España son hoy mucho más sólidos que lo que fueron antaño.
La nueva fortaleza de
nuestra economía se asienta en la mayor flexibilidad de su mercado de productos y factores, fruto de la liberalización y apertura a la competencia de esos mercados. Esa decidida reforma estructural ha aumentado considerablemente el potencial de
crecimiento de nuestro país y la capacidad de nuestros mercados para hacer frente a las perturbaciones de un modo eficiente.
Por otra parte --no me cansaré de repetirlo--, el gran punto de apoyo del crecimiento económico de nuestro país lo
encontramos en el intenso proceso de saneamiento de las cuentas públicas acometido por el Gobierno desde 1996. España disfruta hoy de una situación presupuestaria envidiable que nos da un margen de maniobra para diseñar la política presupuestaria
más adecuada a la actual situación económica internacional, y lo que hacen precisamente los nuevos Presupuestos Generales del Estado para el año que viene, que recientemente tuve la oportunidad de presentar en el Congreso de los Diputados, es
aprovechar los grados de libertad creados en la etapa de consolidación presupuestaria para dibujar una política fiscal que es la que nuestro país necesita para poder beneficiarse plenamente de la próxima recuperación de la economía mundial. En
concreto, la orientación fiscal que emana de estos presupuestos puede resumirse en las siguientes notas.
En primer lugar, el mantenimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. El Gobierno está convencido de que una política presupuestaria
orientada a la estabilidad y que deje jugar a los estabilizadores automáticos puede erigirse en un instrumento de extraordinario valor a la hora de impulsar la actividad económica de un país de un modo duradero. En este sentido, el impacto de una
política fiscal prudente sobre la formación de las expectativas de los agentes, sobre todo en economías con larga tradición de déficit públicos, es hoy más que nunca el canal fundamental de actuación de la política fiscal sobre la actividad
económica agregada.
En segundo lugar, los Presupuestos Generales del Estado para el año próximo siguen poniendo énfasis en el gasto social y en el gasto de inversiones, con lo que conseguirán generar un significativo impacto favorable sobre la
actividad agregada.
Por último, el año 2003 va a ser un ejercicio de importantes bajadas de impuestos que han sido posibles, una vez más, por el saneamiento de nuestras cuentas públicas en años anteriores.
Precisamente porque esta rebaja
impositiva tiene lugar en un contexto de equilibrio presupuestario basado en la disciplina del gasto, los agentes perciben que esa bajada es permanente y no anticipan subidas futuras de impuestos. Por ello los consumidores revisan al alza sus
expectativas de riqueza vital y trasladan buena parte de los menores impuestos a decisiones de consumo.
En este mismo sentido, la supresión del Impuesto sobre Actividades Económicas, unido a mejoras introducidas en nuestro sistema tributario en lo
que se refiere al tratamiento de las pérdidas empresariales, tendrán efectos muy apreciables sobre la inversión en 2003.
Es precisamente en este contexto en el que se inscribe la próxima reforma del IRPF que hoy tengo el honor de presentar.
Se
trata, en efecto, de una reforma que va a bajar los impuestos de todos los españoles en un momento de desaceleración de la actividad económica.
Por tanto, lejos de tener un carácter procíclico, como ha sucedido en otros países en años pasados, la
rebaja de impuestos del año que viene va a contribuir de manera decisiva a la estabilidad macroeconómica de nuestro país.
De cualquier manera, esto no es lo más importante. Nos encontramos, en efecto, ante una reforma impositiva que pretende ir
mucho más allá de la mera situación cíclica en que se encuentra nuestra economía. Lo que pretende, antes que cualquier otra cosa, es mejorar la eficiencia y la equidad de nuestro IRPF, logrando un tratamiento más neutral del ahorro, disminuyendo
las distorsiones a la oferta de trabajo y rebajando los impuestos en mayor medida a los grupos de población con menor nivel de renta y con mayores cargas familiares.
Señorías, dentro de la paulatina reforma fiscal emprendida por el Gobierno en las
dos últimas legislaturas, hay que destacar la reforma del IRPF del año 1998. En 1996 nos encontramos con un impuesto antiguo cuya estructura central databa de 1977 y que no se adaptaba ni a las tendencias generales de las reformas fiscales que
dominaban en el conjunto de los países desarrollados ni al nuevo entorno marcado por la Unión Económica y Monetaria Europea y por la creciente integración de la economía internacional.
La experiencia de años de vigencia nos demostró que el IRPF
anterior a 1998 era un impuesto ineficiente, que perjudicaba tanto al trabajo como al ahorro, con altos tipos
impositivos y poco equitativo, ya que no recogía la verdadera capacidad de pago del contribuyente.
Era necesario reformar el IRPF para superar estas deficiencias, adaptarlo a la nueva situación económica y conseguir mayor eficiencia
económica, un reparto más equitativo y justo de la carga tributaria y un impuesto más sencillo de cumplimentar y de administrar.
Las principales novedades de aquella reforma de 1998 son, como sus señorías conocen, las siguientes. La primera y más
importante es la nueva configuración del trato a las familias. Se crea el mínimo personal y familiar que permite deducir de la renta la parte destinada a cubrir los gastos necesarios para el mantenimiento de la familia.
El segundo gran cambio es
la bajada de las tarifas y la reducción del número de tramos. El tipo máximo pasa del 56 al 48 y el tipo mínimo del 20 al 18 por ciento. El número de tramos ha disminuido desde 18 a 6 en los últimos años.
En tercer lugar, mejora el tratamiento
del ahorro, sobre todo el de largo plazo con funciones de previsión.
Por último, la reforma de 1998 diseña un impuesto más sencillo que libera de la obligación de declarar a tres millones de contribuyentes.
Han pasado varios años desde aquella
reforma del impuesto sobre la renta y hoy, por tanto, podemos valorarla.
Los resultados han superado las previsiones. En los dos primeros años de aplicación, 1999 y 2000, los españoles han ahorrado un total de 10.208 millones de euros, una media
de 5.100 millones de euros por año, y se han incorporado al impuesto un millón de nuevos contribuyentes.
Este incremento permanente de la renta disponible de los ciudadanos contribuye a impulsar el crecimiento económico en una media de cinco
décimas del producto interior bruto anuales, creando 150.000 puestos de trabajo adicionales durante los años 1999 y 2000.
La reforma de 1998 ha mejorado también la equidad del IRPF. La reducción media del impuesto en los dos años de aplicación ha
sido de un 13,7 por ciento, de un 14,3 por ciento para las rentas del trabajo y del 40,5 por ciento para las rentas inferiores a 12.020 euros.
La reducción de la brecha fiscal y la rebaja de la tarifa actúan tanto sobre la oferta como sobre la
demanda de empleo, y han generado 150.000 puestos de trabajo adicionales durante los años 1999 y 2000. De hecho, la rebaja del impuesto estimula principalmente la incorporación al trabajo de los segundos perceptores de renta en la familia. El 56
por ciento de los nuevos ocupados netos durante los años de aplicación de la reforma han sido mujeres. Igualmente, en estos dos años, 1999 y 2000, hay 80.000 familias españolas más de las que había con anterioridad en las que trabajan ambos
cónyuges.
La memoria de la Administración Tributaria del año 2000 en la que se recogen los datos estadísticos del año 1999 confirma también los buenos resultados de la reforma. Así, se mejora la eficiencia del impuesto, ya que las rentas del
trabajo reducen en casi 5 puntos su aportación a la renta declarada con respecto a 1998. Su distribución por niveles de renta es más equitativa, ya que las rentas inferiores a 21.000 euros reducen en 9,4 puntos su participación en el total de
rentas de trabajo, mientras que la rentas superiores a 30.000 euros aumentan su participación en 7,4 puntos.
La mayor equidad queda también patente en la distribución de la carga tributaria por niveles de renta. De hecho, las rentas inferiores a
30.000 euros reducen en 8,2 puntos su aportación a la cuota tributaria con respecto a 1998, mientras que las rentas superiores a 60.000 euros incrementan su participación en 5,3 puntos.
En cuanto al ahorro, se produce un claro incremento de las
ganancias patrimoniales declaradas (un 24 por ciento con respecto a 1998) y son las rentas superiores a 60.000 euros las que aumentan en 8,8 puntos su aportación al total declarado.
En definitiva, la reforma de 1998 consigue un impuesto más
equitativo, más sencillo y más eficiente que permite un ahorro para los contribuyentes sin dañar las arcas del Estado, gracias precisamente a sus efectos sobre el conjunto de la economía y el empleo, así como a su mayor elasticidad recaudatoria.
Señorías, el gran objetivo de esta segunda reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, como cada medida aprobada en materia económica, es la creación de empleo. Reformamos para crear empleo y ésta es sin duda una herramienta
poderosa para ello. Durante estos últimos años el panorama del empleo ha dado un importante giro y, sin embargo, continúa siendo una de las grandes prioridades. Hoy vemos la meta del pleno empleo más cerca que nunca, lo que nos motiva para seguir
trabajando. Hemos comprobado que, a pesar de los momentos difíciles, las reformas están dando sus frutos, y por ello debemos seguir en esta línea.
La semana pasada conocimos los datos de la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre del
presente ejercicio. En un año se han creado 285.000 empleos netos, lo que eleva la población ocupada a 16 millones 356.000 personas. Nunca antes nuestro país había tenido tal cantidad de gente trabajando. Para un crecimiento estimado en torno al
2 por ciento, en el tercer trimestre el empleo está creciendo al 1,8 por ciento, si bien la población activa lo está haciendo al 3,1 por ciento.
Tenemos que seguir llevando a cabo las reformas necesarias que permitan al mercado de trabajo absorber
el incremento de todas las personas que buscan empleo. Cada vez hay más gente que quiere incorporarse al mundo laboral. Por eso aumenta en el último año el número de activos en 556.000 personas y desciende el número de inactivos en 252.000. (El
señor presidente ocupa la Presidencia.) Pero, según estos mismos datos, todavía hay 2 millones 100.000 personas sin empleo. A ellos va dirigida esta reforma porque disminuye los impuestos a 15 millones de personas y pretende que sean muchos más en
el futuro. Hay partidos políticos que piensan que el IRPF no puede ser un instrumento de política social. Nosotros creemos que la mejor política social es la que crea empleo. Si además de crear empleo la reforma apoya fiscalmente a las familias,
a las madres trabajadoras, a los discapacitados, a los mayores y a las rentas más bajas , estamos hablando de un elemento de cohesión social muy importante.
Por tanto, debemos continuar la política económica de estabilidad presupuestaria, reducción de impuestos y liberalización de mercados y debemos encauzar la mejora de la actividad económica para apoyar de manera especial a aquellos que más lo
necesitan.
Señorías, la familia ha sido y es una de las grandes preocupaciones del Gobierno del Partido Popular. Las nuevas pautas de comportamiento, el trabajo, el reparto de tareas y responsabilidades están produciendo profundos cambios que es
necesario considerar al hablar de la familia.
Nosotros hemos manifestado nuestros objetivos y líneas de trabajo en el programa electoral y en el plan integral de la familia, y esta reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es una
consecuencia, entre otras, de lo que quedó plasmado en las conclusiones.
Uno de los grandes bloques sobre los que se asienta este plan es precisamente la mejora del trato fiscal de toda la familia. El proyecto de ley introduce importantes
novedades y mejoras, pero sin duda la ayuda de 1.200 euros al año a las madres trabajadoras con hijos menores de tres años representa una medida sin precedentes. Esta ayuda se podrá materializar de dos formas: en la declaración de 2003 las
beneficiarias podrán incluir como deducción en el IRPF los 1.200 euros; para las madres no obligadas a declarar se hará en la correspondiente solicitud de devolución. Se podrá solicitar su abono de manera anticipada mediante entrega directa en
cualquier delegación de la Agencia Tributaria, por correo, por teléfono o a través de Internet. Además de esta importante ayuda, se mejoran las reducciones por hijos a cargo para discapacitados y para mayores, y se crean nuevas reducciones por
gastos de asistencia para mayores y para discapacitados.
Señorías, los objetivos económicos y sociales de la reforma se concretan en las medidas que voy a describir a continuación. Para mejorar la eficiencia económica del impuesto, el número de
tramos de la tarifa pasa de 6 a 5. (Les recuerdo que en 1996 eran 16.) El tipo mínimo baja del 18 al 15 por ciento y el máximo del 48 al 45 por ciento. En este punto conviene recordar que es el Estado el que asume el peso de la reforma. La
reducción de la tarifa se hace de manera que las tarifas autonómicas permanecen inalteradas, conservando, por tanto, las comunidades autónomas su capacidad recaudatoria plena.
Para estimular el trabajo y apoyar las políticas activas de empleo se
aumenta un 7 por ciento la reducción por rendimiento del trabajo, si bien el incremento es del 17 por ciento para los salarios inferiores a 8.200 euros, y se eleva del 30 al 40 por ciento el coeficiente reductor para los rendimientos irregulares del
trabajo.
Para favorecer la incorporación de la mujer al mercado de trabajo se crea una deducción de 1.200 euros anuales por cada hijo menor de tres años para las mujeres que compaginen la vida familiar y laboral. Hoy son ya cerca de 500.000 las
madres y adoptantes que se beneficiarán de esta medida, y estoy seguro de que en los próximos años este número aumentará considerablemente. Como decía antes, las madres que lo deseen podrán cobrar esta ayuda anticipadamente a partir de comienzos
del año próximo a razón de 100 euros al mes.
Para facilitar la prolongación voluntaria de vida laboral, los mayores de 65 años que opten por continuar trabajando verán duplicada la reducción por rendimientos del trabajo.
La búsqueda activa de
empleo se fomenta duplicando durante dos años la reducción por rendimientos del trabajo a los desempleados que para aceptar un empleo tengan que trasladar su domicilio a otro municipio.
Para facilitar la movilidad geográfica del trabajador se
estimula la oferta de viviendas en alquiler mediante la reducción de su tributación.
Así, se establece una reducción general del 50 por ciento para los rendimientos netos derivados del alquiler de inmuebles destinados a vivienda. También se
incrementa el coeficiente de amortización, que se eleva del 2 al 3 por ciento. Estamos convencidos de que estas medidas van a incrementar considerablemente el número de viviendas en alquiler y van a contribuir a moderar el precio que deben pagar
los arrendatarios.
Para estimular el ahorro se aumenta del 30 al 40 por ciento la reducción para los rendimientos generados en más de dos años y se reduce hasta el 15 por ciento la tributación de las ganancias patrimoniales derivadas del ahorro a
más de un año. Además, se facilita la movilidad sin coste fiscal entre instituciones de inversión colectiva, y se potencia la política en favor del ahorro-previsión con la elevación de los límites de las cantidades aportadas a los planes de
pensiones, sobre todo para los mayores de 52 años y los discapacitados, y con la creación de los planes de previsión asegurados, un nuevo producto de seguro con las características de los planes de pensiones individuales.
Para mejorar la equidad se
refuerza la progresividad del impuesto de forma que la rebaja media es del 11,1 por ciento para el conjunto de los contribuyentes mientras que la reducción alcanza el 38,14 por ciento para aquellos cuya renta gravada es inferior a 12.020 euros.
El
impuesto se adapta mejor a las circunstancias personales y familiares del contribuyente, y se introducen mejoras específicas para las familias con niños pequeños, las personas mayores y los discapacitados. Se crea una reducción por cuidados de cada
hijo menor de tres años de 1.200 euros adicional a la reducción por descencientes que beneficiará a más de un millón de familias. Se incrementan las reducciones en un 33 por ciento tanto para el propio contribuyente mayor de 65 años como para las
familias con ascendientes mayores de esta edad, y se establece una nueva reducción por asistencia de 1.000 euros adicional a la anterior que beneficiará a las familias con miembros mayores de 75 años. También se incrementan sustancialmente las
reducciones por discapacidad y por rendimiento del trabajo de los discapacitados. Además, en concepto de gastos de asistencia se establece una nueva reducción adicional de 2.000 euros para los discapacitados en grado superior al 65 por ciento y
también para todos los que tengan movilidad reducida.
Para simplificar el impuesto la Agencia Tributaria facilitará considerablemente sus obligaciones formales a cinco millones y medio de declarantes mediante el envío de un borrador de declaración.
Se eleva con carácter general el límite de renta que exime de la obligación de declarar hasta 22.000 euros, y se simplifica el esquema de liquidación del
impuesto para que el contribuyente perciba con nitidez cuál es su tributación efectiva.
La reforma incluye también una serie de medidas para mejorar la neutralidad fiscal de las sociedades empresariales, reforzar el control tributario y,
por otra parte, favorecer la inversión extranjera y clarificar la tributación de las rentas obtenidas por no residentes.
Este proyecto de ley se ha visto enriquecido por los grupos parlamentarios durante su tramitación en las Cortes, tanto en el
Congreso de los Diputados como en esta Cámara, con la incorporación de enmiendas en el texto que profundizan en su objetivo fundamental de reforzar la eficiencia, la equidad y la sencillez del propio impuesto.
Señorías, en estos últimos años
estamos llevando a cabo una de las reformas fiscales más importantes de la historia de la democracia. En un contexto de mayor interrelación de mercados, y una vez que nos hemos integrado en la zona euro y estamos culminando uno de los procesos de
descentralización administrativa más importantes de los países desarrollados, nuestro país está adoptando las medidas necesarias para alcanzar un sistema tributario más justo, más eficiente y más sencillo.
Por segunda vez, un Gobierno del Partido
Popular presenta en el Senado una ley que reduce el impuesto sobre la renta a todos los ciudadanos.
Como ha sucedido después de la reforma de 1998, esta nueva bajada de impuestos va a contribuir al crecimiento de la economía y el empleo, y el año
que viene nos ayudará a encabezar la recuperación económica de los países industrializados.
Afrontamos esta reforma tributaria con la seguridad que da la experiencia de 1998 y con el respaldo del equilibrio presupuestario. Más aún, las reformas
tributarias que, como ésta, dinamizan el ahorro y el consumo son en realidad la verdadera garantía de la estabilidad presupuestaria del futuro porque inducen a la expansión de la economía y el empleo y ensanchan las bases de los tributos.
El
dinamismo económico generado por la mayor iniciativa social es el factor que explica cómo es posible reducir el déficit público y los impuestos y a la vez conseguir que aumenten los recursos presupuestarios del Estado.
Entre 1996 y 2001 el déficit
público ha descendido, como antes he dicho, desde el 6,6 por ciento del producto interior bruto hasta el equilibrio presupuestario. El IRPF se redujo en 1998 casi en un 14 por ciento de media, y a partir del año que viene volverá a descender un 11
por ciento.
Pues bien, en ese mismo período, 1996-2001, se ha mantenido e incluso se ha incrementado la recaudación del Estado en porcentajes de producto interior bruto porque en la actualidad hay muchas más personas trabajando, porque ahora hay
200.000 empresas más en España que generan riqueza y pagan sus impuestos y, sobre todo, porque desde 1996 han aumentado en más de tres millones y medio las personas que trabajan y que con su trabajo contribuyen a las finanzas públicas.
Muchas
gracias, señor presidente. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Se han presentado tres propuestas de veto, que se debatirán a continuación.
La primera propuesta de veto corresponde a los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares.
Para su defensa, tiene
la palabra el senador Cámara.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, bienvenido a esta Cámara. Siento una vez más llevarle la contraria, primero, porque no voy a votar a favor de esta ley, y segundo, porque eso demuestra que estoy en
desacuerdo con la misma; de ahí que hayamos presentado este veto.
Usted ha venido aquí a anunciar una bajada de impuestos para favorecer el pleno empleo, que según usted está más cerca que nunca. Además, aboga por las reformas necesarias en el
mercado laboral. Permítame que le diga, señor ministro, que paso auténtico miedo cuando ustedes anuncian reformas necesarias en el mercado laboral. Acabamos de pasar por una de ellas respecto de la prestación por desempleo, con una huelga y una
rectificación posterior. En el día de hoy hemos tenido tiempo de debatir ese proyecto de ley y se han dado muchísimos argumentos, pero, insisto en que eso me da miedo. Efectivamente es necesario reformar aquello que sea reformable, pero
sinceramente creo que cuando se habla de reformas necesarias hay que tener mucho cuidado y decir exactamente a continuación a qué tipo de reformas nos referimos. Así, si se trata, por ejemplo, de una reforma sobre la negociación colectiva, sería
conveniente saber exactamente a qué reformas se refiere usted.
En cualquier caso, como usted ha empezado por el tema del empleo y las reformas, quisiera plantearle algunas cuestiones al respecto. En primer lugar, si bien el empleo, y por tanto
también el desempleo, ha mejorado en España en los últimos cinco años respecto de la Unión Europea --nadie lo discute--, coincidiendo, por cierto, con una etapa de fuerte crecimiento económico, que también hay que resaltar, estará usted de acuerdo
conmigo, señor ministro, en que todavía se mantienen desequilibrios muy importantes y problemas estructurales que hay que seguir corrigiendo. Una baja tasa de empleo de los trabajadores de mayor edad, una alta tasa de desempleo de los jóvenes,
enormes diferencias en el grado de integración de las mujeres en el mercado laboral, bajos niveles de participación en la formación continua, índices de incidentes graves --de los más elevados de Europa-- sobre la precariedad laboral basados
fundamentalmente en los accidentes, que realmente son un drama humano, social y económico, son hechos clarísimos de ello. Pero, además, hay una serie de cuestiones que afectan a nuestro mercado laboral de forma bastante clara.
En cuanto a esos
rasgos generales, debo decir que creo que se ha reducido el nivel de creación de empleo hasta niveles preocupantes en este momento, como producto de la desaceleración económica. La reforma laboral, unilateralmente emprendida por el Gobierno, no ha
reducido la temporalidad, y me refiero a la del año 2001, ni tampoco ha solucionado el encadenamiento de los contratos en este
país, que también es algo tremendo. Por cierto, le recuerdo que la Unión Europea ha llamado la atención respecto de la precariedad laboral, y fundamentalmente de la eventualización de nuestro mercado laboral, que es el más alto de toda
Europa. Asimismo, señor ministro, se confirma el subempleo como forma de trabajo en España y se constata que este Gobierno no desea el diálogo, porque a pesar de que ustedes presuman de que están dialogando en la reforma, en la contrarreforma o en
cuanto a la solución de los problemas de la reforma del desempleo, está claro que ustedes han intentado imponer ésta, tal y como después comentaré teniendo en cuenta el debate de este proyecto de ley.
En cualquier caso la temporalidad es
conveniente, porque hablar de política fiscal y presupuestaria es básico para hablar de aquello que realmente nos tiene que afectar. Me preocupa, por ejemplo, que la temporalidad apenas se haya reducido respecto del año anterior y que esté asociada
a una intensa rotación, tal y como decía antes, y a encadenamientos sucesivos de los contratos. El encadenamiento sucesivo en la misma empresa afecta en el año 2001 a cerca de un millón de trabajadores y trabajadoras, es decir, al 24 por ciento de
temporales.
Los últimos datos revelan la acentuación de esta tendencia que nos separa, pues estamos en índices muy altos de temporalidad y rotación laboral. Las empresas han sustituido la formalización de contratos indefinidos por conversiones, al
volver éstas a estar bonificadas. Es decir, hemos bonificado este tipo de contratos y lógicamente hay una vuelta atrás, pues el problema, desde nuestro punto de vista, es que el incentivo a la conversión fomenta la utilización del contrato temporal
de forma clara.
En cualquier caso no quiero cansarle con datos relativos al mercado laboral, con los que usted ha iniciado su intervención, pero sí sé que hay unos rasgos muy típicos y claros: existe una mala cobertura que reproduce el marco de
desequilibrio, polarización y desigualdad que se constata en nuestro mercado de trabajo.
En relación con las mujeres --usted ha mencionado algunas ideas u ocurrencias--, le diré que perciben prestación 39 de cada cien paradas registradas en el
INEM, frente a 72 de cada cien hombres. La situación se agrava en las mujeres entre 40 y 50 años, con una tasa de cobertura inferior a la media. Los jóvenes entre 16 y 25 años mantienen una protección casi testimonial, etcétera.
Señor ministro,
hablando de esta ley, quiero comentarle que en las sociedades más desarrolladas se mantiene un elevado nivel de empleo junto a procesos productivos apoyados en el valor añadido de los bienes y servicios. Nadie lo duda, estas son características de
las sociedades más desarrolladas. Está claro que a la vez en estas sociedades, señor ministro, hay diferencias apreciables, especialmente en la capacidad de acceder a los más altos niveles de calidad de vida para todos los componentes de la
sociedad. A pesar de esas diferencias, las sociedades más avanzadas, además de su capacidad de crear riqueza, comparten normalmente como característica fundamental el disponer de un sistema tributario amplio, solvente y estable, señor ministro.
Disponer de sistemas tributarios legitimados, seguros, amplios, solventes, estables y, sobre todo, legitimados socialmente es un elemento, en mi opinión, imprescindible para utilizar la iniciativa pública como elemento regulador y corrector de unas
relaciones económicas basadas en el libre mercado. Es un discurso socialdemócrata, no de extrema izquierda; en cualquier caso, es algo que a usted le suena. Por tanto, la importancia de la política fiscal es determinante en el modelo de sociedad
a construir en el futuro y por ahí se orientan unas u otras políticas. Es básico entender esto. Yo, que no soy ningún experto, me preocupo por estas cuestiones.
Esta reforma parcial del IRPF que se nos presenta, en nuestra opinión, es una vuelta
de tuerca más a una política social y fiscal regresiva, políticas que favorecen a los más ricos --lenguaje de la izquierda más tradicional-- y continúa siendo negativa para los más pobres. La actual reforma del IRPF profundiza, a nuestro entender,
en la de 1998. Esta sí que fue una buena reforma, fue una gran reforma, una reforma estructural.
Esta es, a fin de cuentas, una reforma que se apoya en aquélla, que fue una reforma, en nuestra opinión, injusta, y la criticamos en su momento, para
las rentas más débiles de la sociedad. Esta reforma de 1998 es la que sustenta, insisto, esta reforma.
Con esta reforma se reduce la progresividad, es decir --en lenguaje que a ustedes también les puede sonar-- que paguen más los que más tienen.
Lo digo así para simplificarlo. Con esta reforma se reduce esta progresividad, y tiene varios ejes esta argumentación: la tarifa cada vez menos progresiva que se aplica únicamente a las rentas del trabajo; el resto de ingresos tributarios a tipos
distintos y más reducidos; se aumenta el trato de privilegio a las plusvalías; hay mayores beneficios a los rendimientos del capital y a estas mismas plusvalías; se reduce la recaudación y cuando esto ocurre --aquí normalmente es un elemento
central de diferencia-- me asusta, porque alguien paga eso y el pagano normalmente son las políticas sociales, con especial incidencia en las rentas más bajas, las capas de la sociedad más débiles.
Pagan más las rentas más bajas en el momento
actual porque aumentan los impuestos indirectos, los impuestos al consumo y, por tanto, los trabajadores que tienen un salario de 200.000 pesetas y lo gastan todo en consumo al aumentar el impuesto indirecto, todo se va a consumo. Aquellas rentas
que ingresan, comparando, por ejemplo, un millón al mes, tienen más capacidad de ahorro, tienen más consumo pero pagan menos impuestos proporcionalmente, por lo que estoy comentando. Esto es así y no de otra manera, señor ministro.
Si se hacen
comparaciones con Europa, por ejemplo, España ocupa uno de los lugares de menor presión, teniendo en cuenta los impuestos directos e indirectos y las cuotas sociales, en porcentaje sobre el PIB. Estamos parejos a Irlanda y algo más bajos que el
Reino Unido. En materia tributaria Irlanda, España, Portugal y Reino Unido son los menos exigentes con sus ciudadanos, aunque en contrapartida --y es lo que yo me temo y lo que me asusta-- también son los que tienen inferiores prestaciones
económicas y sociales de carácter público. Esto es así. En los países donde hay un equilibrio y existe una presión
fiscal más progresiva el Estado se hace cargo de muchas cosas, entre otras de los salarios indirectos, de las prestaciones y de los servicios.
Señor ministro, las bajadas de impuestos forman parte del ideario económico conservador. No
podía ser de otra forma; sé que es un discurso que va contracorriente a una pretendida idea de captar votos facilones, pero voy a ser muy claro desde una concepción de izquierdas. Para ser más exactos, se trata de recortar los tributos directos y
de forma particular los de carácter progresivo, beneficiando en mayor medida a los poseedores de rentas y patrimonios más elevados. Esto fue la reforma de 1998 y es la reformita que nos presenta aquí.
Ya he comentado el diferencial que posee
nuestro país en presión fiscal, pero con respecto a la Unión Europea es de 7 puntos del PIB; diferencial similar al que mantenemos en gasto social. Estos son elementos de otra cara de la moneda, máxime cuando el fundamentalismo sobre el déficit
público aparece en escena, se aumentan los impuestos indirectos afectando en menor medida a las clases populares o se empiezan a asumir recortes sociales sin ningún pudor.
Esto es lo que pretendieron con la reforma del desempleo, por ejemplo. No
presuman ahora de que han vuelto al diálogo social; intentaron introducir recortes, pero los trabajadores les han cortado en seco con una huelga exitosa. Decían que no existió la huelga, pero les cortaron en seco porque la democracia no es sólo
votar cada cuatro años, también es la actividad de los sindicatos y una sociedad civil que se moviliza, que presiona y que consigue corregir las políticas, en este caso y en mi opinión, regresivas.
No quiero cansarle, y continuar sería repetir el
debate que usted ya ha escuchado en el Congreso de los Diputados. Termino haciendo un comentario sobre una cuestión que usted ha mencionado aquí. En este proyecto de ley se aumenta el importe del mínimo personal y familiar y se incorporan nuevas
reducciones en la base imponible, con un nuevo supuesto de deducción en cuota para las madres con hijos menores de tres años que trabajen fuera del hogar.
De esta manera, señor ministro, se beneficia en mayor medida a los contribuyentes y familias
de mayores ingresos. Una vez más, las familias y contribuyentes con reducida capacidad económica, no sujetos al IRPF, no recibirán ninguna ayuda o compensación. Esto se intenta solucionar parcialmente con el llamado impuesto negativo, de forma que
los contribuyentes que no puedan aplicar la reducción fiscal reciban un subsidio directo. Se trata de 16.000 pesetas al mes para las mujeres trabajadoras con hijos menores de tres años.
Además de lo risible de la cantidad y de mezclar churras --el
impuesto-- con merinas --un subsidio...
El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya finalizando.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Termino.
Decía que no considero que ésta sea una manera efectiva para contribuir a la integración laboral de la mujer o para conciliar la vida profesional y familiar de hombres y mujeres. En ese sentido, en
Izquierda Unida pensamos que optar por el gasto público directo es más eficiente y rentable tanto social como económicamente.
Señor ministro, insisto, siento no estar de acuerdo una vez más con usted. Por tanto, sepa que votaré en contra de esta
ley y, lógicamente, a favor de este veto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Entesa Catalana de Progrés, para defender la propuesta de veto número 2, tiene la palabra la senadora Aroz.
La señora AROZ IBAÑEZ: Gracias, señor presidente.
Quiero sumarme al sentimiento de la Cámara por el fallecimiento del senador Jaume Cardona y al homenaje que se ha rendido a su persona por su trayectoria en esta Cámara.
Señor Presidente,
quisiera acumular en este turno la defensa de las enmiendas que mantiene mi grupo al articulado, que son 60. Por tanto solicito unos minutos adicionales a los que corresponderían al turno de defensa del veto.
El señor PRESIDENTE: Continúe, señoría.
La señora AROZ IBAÑEZ: Gracias, señor presidente.
En primer lugar saludo al señor ministro y le agradezco su presencia en la Cámara a pesar de la hora tan avanzada.
Llegamos a este trámite final de aprobación del proyecto de ley de
reforma parcial del Impuesto sobre la Renta y de modificación de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes con el debate prácticamente hecho, agotado, ya que en el Congreso y en el Senado se ha debatido
largamente. En la comisión hemos debatido en profundidad los vetos que hoy se sustentan en este trámite y aunque mi grupo parlamentario no es partidario de repetir trámites --e, insisto, se ha hecho un debate interesante en la comisión--, hemos
querido mantener el veto para este momento porque continuamos teniendo objeciones muy importantes a este proyecto de ley --de ahí que hayamos considerado necesario reafirmar nuestra posición en este trámite final.
Lo primero que hay que señalar
--como ha hecho el señor ministro y es sabido-- es que la reforma del IRPF que se propone en este proyecto de ley es parcial y hay que considerarla conjuntamente con la llevada a cabo en 1998, y diría aún más, con las reformas que se han llevado a
cabo por el Gobierno del Partido Popular desde 1996. Es importante destacar esto porque la valoración que debe hacerse ha de ser lógicamente global, no solamente del proyecto de ley que hoy estamos tramitando; y éstas, más que reformas yo diría
modificaciones adicionales a las reformas anteriores, se han de situar en el contexto de las anteriores y en particular de la Ley 40/1998, que es la que consolida a su vez reformas precedentes.
Señor ministro, señorías, a pesar del balance
triunfalista que escuchamos continuamente del Gobierno y que hemos vuelto a escuchar esta noche en la Cámara, y desde una evaluación que nuestro grupo quiere siempre que sea rigurosa, el balance que arroja el comportamiento del Impuesto
sobre la Renta a partir de las reformas que se han llevado a cabo no es, a nuestro juicio, positivo; el balance que arroja no es positivo en principios rectores del mismo, en aspectos esenciales como son la suficiencia, la equidad, la
neutralidad y la eficiencia recaudatoria.
Esto es relevante porque no estamos hablando de cualquier impuesto, estamos hablando del Impuesto sobre la Renta, que es una pieza esencial de nuestro sistema impositivo --así como de cualquier sistema
impositivo moderno--, que siempre hay que asociar con el sostenimiento de un Estado moderno que, como el nuestro, es un Estado de bienestar avanzado y que ha de garantizar una red pública de servicios de elevada calidad. Y aquí hay que destacar
que, a pesar del esfuerzo realizado desde los años ochenta por gobiernos anteriores para el desarrollo de un sistema fiscal moderno y a pesar del impulso que se hizo de los gastos sociales como seña de identidad del modelo social europeo en el que
nosotros participamos --nuestro país participa--, la presión fiscal en España todavía es significativamente inferior a la media de la Unión Europea, en torno a 6 puntos inferior con relación al producto interior bruto.
¿Cuáles son, en síntesis, las
reformas que se han llevado a cabo en la imposición sobre la renta? En síntesis han sido la reducción de los tipos nominales y la reducción de la tributación efectiva sobre las rentas del capital, yo diría que con el añadido de beneficios fiscales
de distinta naturaleza que tratan de compensar a colectivos sociales específicos.
¿Cuáles son, a la vista del comportamiento del impuesto, los efectos que se han producido? Me referiré a cuatro aspectos. En primer lugar, una disminución del
potencial recaudatorio del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que está cifrada, según distintas estimaciones, en torno al 14 por ciento de su recaudación total.
Esta es una cuestión que afecta a la suficiencia --de reducción de la
suficiencia--, pero también de reducción de la progresividad del conjunto del sistema tributario.
En segundo lugar, a pesar de ello, y como ha dicho de una manera delicada el señor Ministro, no se ha reducido la presión fiscal. Por el contrario,
ésta se ha incrementado durante estos años y se ha pasado del 34 por ciento del producto interior bruto en 1996 al 35,9 por ciento en 2000.
Cabe recordar aquí que uno de los compromisos también del Partido Popular era la reducción de la presión
fiscal.
Pues bien, la presión fiscal no se ha reducido a pesar de la reducción del potencial recaudatorio del Impuesto sobre la Renta, porque ha habido un aumento de la imposición indirecta y porque en el Impuesto sobre la Renta no ha habido una
adaptación de las tarifas y de las deducciones a la inflación.
La no actualización o la actualización inadecuada del mínimo personal y familiar y de los tramos de renta a los que se aplican los distintos tipos impositivos han implicado un
incremento de la presión fiscal en el Impuesto sobre la Renta que ha compensado en cerca del 40 por ciento la inicial rebaja de tipos. Y --hay que señalarlo-- ha perjudicado especialmente en algún año, concretamente en el 2001, a los contribuyentes
de más bajos ingresos, que vieron incrementada su presión efectiva por encima del ahorro inicialmente obtenido tras la reforma. Es decir, que se ha producido un incremento impositivo implícito con el mantenimiento de tramos y mínimos personales y
familiares no actualizados por la inflación.
Ahora bien, este aumento de la presión fiscal global no se ha traducido en más recursos públicos para el gasto social, que ha disminuido su participación en el producto interior bruto del 22,5 al 20 por
ciento.
Por lo tanto, se ha ampliado el diferencial con respecto a la media de los quince países de la Unión Europea, de 5,6 puntos porcentuales a 7,6 del PIB.
El tercer efecto es una discriminación en el tratamiento fiscal de las rentas según su
origen, con un trato más severo de las rentas del trabajo respecto de las rentas de capital y de las rentas procedentes del trabajo asalariado con relación a las procedentes del trabajo por cuenta propia, que cuentan con mayor facilidad para una
ocultación de ingresos y que tienen además un tratamiento de los gastos deducibles distinto.
La reducción en concepto de rendimientos netos del trabajo personal sirve para compensar limitadamente, a nuestro juicio, esta situación de falta de
neutralidad que afecta negativamente a la equidad y a la eficiencia.
En relación a la neutralidad, uno de los principales problemas es el diferente tratamiento fiscal de las distintas formas de ahorro. Esto, como usted sabe, señor Montoro,
señorías, genera distorsiones en la asignación de recursos y tiene efectos distributivos regresivos.
Podría usted decir que estos beneficios fiscales a la vivienda ya existían. Pero ha habido decisiones por parte de su Gobierno; se ha producido
la supresión de la consideración de renta de la vivienda propia y se ha seguido con el procedimiento de las deducciones en los beneficios fiscales. Y ahora, que se está produciendo un debate importante sobre el encarecimiento del precio de la
vivienda y hay una gran preocupación social por esta cuestión, no podemos eludir que los beneficios fiscales por la adquisición de una vivienda tienen efectos distorsionantes en el mercado de la vivienda y es uno de los factores que incide --junto a
otros, evidentemente-- en el aumento del precio y ha conducido a la ampliación desmesurada del stock de viviendas en propiedad, en detrimento de las viviendas de alquiler. Además, hay que señalar que sus efectos distributivos son claramente
regresivos. El 60 por ciento de los beneficios fiscales por este concepto en 1998 se concentran en el 30 por ciento de la población de mayor nivel de renta, mientras que sólo el ocho por ciento de los beneficios corresponde al 30 por ciento de
menor nivel.
Y algo semejante ocurre con los beneficios fiscales en materia de planes de pensiones privados. Es verdad que existen argumentos que justifican la existencia de un tratamiento fiscal favorable, pero sus efectos asignativos son
distorsionantes, al tiempo que también tiene efectos distributivos claramente regresivos. Nuevamente, los datos son muy expresivos: el 20 por ciento de los contribuyentes de mayor nivel de renta, señorías, concentra el 70 por ciento de los
beneficios fiscales por este concepto y solamente el 2,6 por ciento de los beneficios fiscales son absorbidos por
el 20 por ciento de menor nivel. Y esto es así porque los contribuyentes con niveles salariales reducidos e incluso medios tienen menos capacidad de ahorro y menores incentivos al ser inferior la merma que representa su pensión esperada en
relación con los niveles salariales percibidos.
Por tanto, señorías, vemos que hay un conjunto de efectos que se derivan de las reformas llevadas a cabo y de problemas que no se abordan que han tenido repercusiones negativas en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas en términos de equidad vertical y en el impacto redistributivo de dicho impuesto. La disminución del tipo efectivo en los escalones más bajos de renta es claramente más reducida que en los más elevados --0,52 la
primera fila y 2,28 la última--, asimismo el ahorro fiscal generado por la reforma se concentra en las filas superiores de renta, mientras que la más elevada absorbe el 35,45 por ciento del ahorro fiscal, de manera que a la más reducida solo le
corresponde el 0,41 por ciento, y todo ello sin considerar los efectos distributivos negativos generados por el tratamiento de las ganancias de capital.
Un aspecto también importante que quiero subrayar --y algo al respecto le ha dicho ya la
anterior portavoz-- es que la utilización del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como instrumento para objetivos que son más propios de las políticas de gasto público, como la asistencia para los hijos, la movilidad laboral, etcétera,
está produciendo claras desigualdades para los no declarantes --aquellas personas que tienen bajos niveles de ingresos-- frente a los declarantes, porque no pueden beneficiarse de un conjunto de beneficios que se asignan a través de la tributación
de la renta.
En definitiva, señorías, este conjunto de problemas a que me he referido se resume en dos deficiencias básicas: en primer lugar, el actual impuesto está plagado de tratamientos clientelares que afectan a su supuesta progresividad,
distorsionan la asignación de recursos y la toma de decisiones, inducen a comportamientos estratégicos y dejan en inferioridad de condiciones a los que tienen menos ingresos; y, en segundo lugar, el impuesto ha ido evolucionando cada vez más hacia
un impuesto sobre las rentas salariales, permitiendo una intensa desfiscalización de las rentas de capital.
Después de este balance global de las reformas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sus efectos, paso a referirme muy
brevemente a las nuevas modificaciones adicionales que se hacen a través de este proyecto de ley.
Es evidente --lo he dicho antes-- que van en la misma dirección que las anteriores y, en este sentido, entendemos que agravan los problemas
mencionados.
Lo que sí hay que decir alto y claro es que la reducción de impuestos, que se presenta como algo general, y que se dice que afecta a todos los contribuyentes, no es real, señor ministro --digámoslo claramente--, para un buen número de
ellos. Es cierto que hay una reducción de los tipos máximos y mínimos, que se reducen en tres puntos, el máximo, del 48 al 45 y el mínimo, del 18 al 15, pero hay un problema que se llama inflación que ustedes no controlan y desde la reforma
anterior la inflación hace que a igualdad de renta real el tipo medio del impuesto sea en 2003 ligeramente superior al vigente de 1998 para un amplio abanico de rentas, en concreto para las comprendidas entre 27.000 y 80.000 euros, y dentro de este
intervalo de rentas, corregir la inflación en la tarifa hubiera tenido efectos reales. Son datos de expertos independientes de los sectores económicos y que usted seguramente debe conocer.
En la línea de la no incidencia real en la rebaja para
buena parte de contribuyentes, hay que referirse a las reducciones por rendimiento de trabajo, que oscilan entre los 3.500 y los 2.400 euros, 3.500 para las rentas de menos de 8.200 euros. Es un incremento del 17 por ciento, aunque hay que decir
que la base que da derecho a la reducción sólo se evalúa en un 1 por ciento.
En el otro extremo, 2.400 euros de reducción para las rentas superiores a 13.000 euros, hay un aumento del 7 por ciento en la reducción, que nuevamente no es tal porque es
inferior a la inflación acumulada en el período, que es el 13 por ciento.
En el primer caso la reducción es muy inferior y en el segundo no la hay.
Por tanto, hay que decir claramente que no va a haber una rebaja de impuestos para todos, y que una
de las medidas de protección al trabajo que se presenta como una de las importantes es una media medida, porque va a beneficiar menos de lo que se dice y no va a beneficiar a todos.
Otros aspectos del proyecto de ley que se suman a los efectos
negativos a los que me refería antes son la ausencia de medidas correctoras de la inflación; no se contempla una corrección automática sobre los principales elementos del impuesto, los tramos de la tarifa, los mínimos, las reducciones de todo tipo
que hay en la base, y, como ya he señalado, los efectos de la no deflactación de estos componentes del impuesto desde 1986, así como --insisto-- la ausencia de medidas correctoras de la inflación, y más ante la incapacidad del Gobierno para
controlarla, han resultado muy negativos.
Otro factor es el aumento de las reducciones en la base imponible, que se van incrementando de una manera tremenda. Además del mínimo personal y familiar se incluyen más de 15 tipos de reducciones, y
estamos hablando de reducciones en la base imponible, que son iguales para todos y que vienen a perjudicar la progresividad del impuesto, es decir, se está aumentando su regresividad.
En tercer lugar, y por último, quiero referirme al hecho de que
se están instrumentando políticas socio--laborales a través de incentivos fiscales. Entre estas actuaciones están el acceso a la vivienda de alquiler, la movilidad geográfica de los trabajadores, la protección familiar o la reincorporación laboral
de la mujer. Estos objetivos son muy loables, pero, señoría, creo que introduciendo este tipo de medidas a través de incentivos fiscales se va en la dirección contraria de la doctrina fiscal más moderna. La doctrina fiscal de la última década,
sobre la que hay un gran consenso, va en la dirección de la necesidad de reducir gastos fiscales. Cuando usted estaba en la oposición y los dos éramos portavoces de economía en el Congreso de los Diputados defendía la necesidad de reducir gastos
fiscales destinados a incentivar determinados objetivos socioeconómicos
porque se consideraba que tienen una dudosa eficacia y que, en cambio, es más adecuado sustituirlo por políticas de gasto directo que son mucho más transparentes y que permiten la evaluación respecto a los objetivos que se persiguen.
Acabo,
señorías, con la reflexión de que efectivamente la reforma parcial del Impuesto sobre la renta que se propone en el proyecto de ley viene a sumarse a reformas anteriores y esto requería, como ha hecho mi grupo, una evaluación global de los efectos.
Y esta evaluación, señor ministro, no puede ser ni tan triunfalista ni tan parcial como la que hace usted.
Porque un aspecto fundamental en la evaluación es la incidencia de las reformas en la configuración de nuestro sistema impositivo. En este
sentido el balance, como he expuesto, no es positivo. Con este proyecto de ley se da un paso más para empeorar la equidad en el reparto de la carga fiscal y la eficiencia recaudatoria del impuesto. Estas son razones de peso para nuestro grupo
parlamentario --y lo hacemos a través de la propuesta de veto-- para pedir la devolución del proyecto de ley.
Quiero decirle, señor ministro, que para nuestro grupo parlamentario el problema no es que se bajen los impuestos, el problema es que con
las reformas que está llevando a cabo su Gobierno, la manera de pagar los impuestos es cada vez menos justa.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Lerma.
El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, quiero sumarme, en primer lugar, al pésame por la muerte del senador Cardona, persona relevante dentro del catalanismo político y del humanismo cristiano, y al que
todos recordaremos con mucho afecto.
Entrando ya en el debate, debo agradecer al señor ministro su presencia porque es evidente que él sí que comprende la importancia del debate que estamos haciendo, que me parece a mí más importante incluso que el
debate presupuestario, porque obviamente esta ley tiene una vocación mayor de permanencia y afecta, sin duda alguna, al funcionamiento de la economía de una manera muy relevante.
He oído por primera vez que, al menos el ministro, no hace oídos
sordos a lo que dice la oposición porque ha hecho una crítica; nos ha explicado, no los argumentos obviamente, pero sí que él se opone a lo que dice la oposición respecto a que la política social no se tiene que hacer a través del impuesto, sino
fundamentalmente a través de la política de gasto, que obviamente está bastante claro que es más trasparente y no tiene efectos perversos como tiene la actual situación. Yo creo que requiere una mayor explicación por su parte por qué está mal hecho
lo que dice la oposición y bien hecho lo que dice él. Pero efectivamente no hace oídos sordos a la propuesta inexistente de reforma fiscal de la oposición.
Estamos hoy discutiendo una reforma, la del IRPF, Sociedades y Rentas de no Residentes, que
según el Gobierno viene a ser la continuación de la anterior. Pero es evidente que el contexto económico en que nos estamos moviendo es bien diferente. Si en 1998 vivíamos una etapa de crecimiento de la economía europea y norteamericana, y por
añadidura también de la española, con estabilidad de precios y una fuerte creación de empleo, ahora la situación no se parece demasiado. Vivimos una situación de incertidumbre internacional que no alienta las expectativas de crecimiento y
recuperación, que sucesivamente, como todos pueden oír perfectamente a diario, vamos trasladando de semestre en semestre, sin que por ello aparezca claro una mejora en las expectativas.
Particularmente, nuestra situación es complicada, puesto que
el crecimiento se ha moderado mucho, la creación de empleo se ha ralentizado, la inversión, salvo la construcción, prácticamente está parada y la productividad ha venido creciendo lentamente por debajo de los países europeos, lo que no era habitual,
y el diferencial de inflación nos aleja de la media europea, lo que preludia, contrariamente a lo que dice el señor ministro, pérdida de competitividad y desempleo.
A cualquier observador, no digo ya a un ministro de Hacienda, no se le escaparía
que venir a decir aquí que la reforma fiscal que se propone, según dice él también, continuación de la anterior, es para el crecimiento y para la creación de empleo es evidente que tiene una dosis de valentía bastante clara y también una cierta
dosis de temeridad. Se podría decir si acaso que ha servido para mesurar la eficiencia y la equidad del impuesto. Pero sabemos que esto no es cierto, aunque no cabe duda de que lo hemos oído una vez más, puesto que aunque las cifras avalaran esa
afirmación, que no lo hacen por lo que sabemos, porque mientras las rentas más altas han absorbido más del 35 por ciento de la rebaja, a las rentas más bajas les ha correspondido apenas un 0, 41 por ciento, como decía, aunque las cifras avalaran esa
afirmación, siempre podríamos echar mano, también para rebatir lo que dice él, de la declaración de los inspectores fiscales que nos dijeron hace bien pocos días que la dedicación inspectora a las rentas altas no ha sido precisamente demasiado
eficaz. Ha habido, es evidente, mejoras en la gestión del impuesto, sobre todo, ha habido un aumento importante en las facilidades de presentación de la declaración a través de Internet y ha habido también un avance en las devoluciones, pero no hay
demasiadas cosas más; hasta el punto de que si los ciudadanos llegaran a saber, aunque son públicos evidentemente, los ingresos medios que declaran los profesionales o los empresarios (por ejemplo, los profesionales declararon para la renta de 1998
unos ingresos medios de aproximadamente 2.300.000 pesetas o la media de los empresarios, haciendo acumulación de todo, 1.175.000 pesetas de ingresos anuales) se sonrojarían bastante obviamente, especialmente si los compararan con las retenciones en
sus nóminas, pero si sus ingresos vinieran de los rendimientos del capital entonces no tendrían tanto de qué sonrojarse. Por supuesto, todas las reformas se acometen en nombre de la neutralidad. Quiero decir que para mí, al menos, cualquier
reforma, que ya sé que técnicamente no es sencillo
de conseguir, que aproximase la tributación de las diversas fuentes de rentas hubiera sido valorada positivamente. Pero éste tampoco es el caso, puesto que las rentas del trabajo y las del capital se alejan.
Es más, los efectos de esta
reforma, según nos dicen los estudios del Instituto de Estudios Fiscales fundamentalmente, han sido una disminución del 14 por ciento en la recaudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, lo cual, en principio, entraba dentro de los
propósitos del ministerio, pero también un aumento de la renta disponible en los contribuyentes de mayor renta, lo cual ya no parece ser el propósito confesado y, por supuesto, una ligera disminución del efecto redistributivo del impuesto, lo cual
tampoco parece querer reconocerlo el Gobierno, a pesar de que, como digo, lo digan sus propios estudios internos.
De todas formas, yo quisiera insistir, como ya adelanté por otra parte en la comisión, en alguna otra cuestión que me parece también
muy importante. En primer lugar --y es evidente para todos--, en la inseguridad normativa con la que ciudadanos y empresas se enfrentan a la hora de planificar sus decisiones, y que --es también evidente-- frena la actividad económica. Nos
encontramos con cambios de normas permanentes, a veces antes de que hayan entrado en vigor, y casi siempre sin haber llegado a conocer los efectos reales de la norma, que cambia incluso de forma de medirse para que no pueda haber comparación
posible, aunque luego la comparación se vaya a utilizar, como es el caso, por ejemplo, de la forma de medir el desempleo --que ha cambiado creo recordar que tres veces desde que gobierna el Partido Popular--, o la forma de medir el propio IPC que,
con la introducción de la rebaja, como todos ustedes saben, nos ha dado unas agradables sorpresas en las subidas de precios, que todos creíamos monstruosas, y que realmente incluso en algún mes habían bajado.
Lo cierto es que esta reforma fiscal
que se inició en 1998 ha contribuido a la elevación de precios de una manera significativa hasta añadir probablemente casi un punto más a la actual inflación, y es la elevación de precios y no el crecimiento real lo que hace en buena medida que haya
mayores ingresos fiscales, con lo que los efectos de las reformas fiscales aparecerían distorsionados por tal efecto.
El crecimiento de la recaudación estimada para el IRPF --me parece recordar que es un 2,7 por ciento del presupuesto-- estaría más
o menos tres puntos por debajo del PIB estimado a precios de mercado, lo cual es evidente que no parece un incremento de la recaudación. Además de contribuir a elevar la inflación, lo que de nuevo es la antesala del desempleo, puesto que no se ha
visto en absoluto compensado por incrementos sustanciales de productividad, la elevación de tasas y precios públicos que se ha producido para compensar el coste recaudatorio de la reforma del IRPF, estimada en alrededor de 2 .900 millones de euros,
según dicen los presupuestos --el señor ministro nos ha dicho unos 3.000 millones de euros--, contribuye también a trasladar injustamente la carga fiscal desde los contribuyentes con mayor poder adquisitivo a todos los demás, situación agravada
porque los contribuyentes con menor poder adquisitivo o que no hacen declaración tienen menos posibilidades de desgravarse que los otros, con lo que, como he dicho anteriormente, las políticas sociales que se realizan a través de la fiscalidad
muchas veces dejan fuera a los destinatarios de esas políticas fiscales, que son los que más las necesitan.
Lo que sí es evidente es que a una Hacienda que tradicionalmente ha venido cerrando con déficit en los últimos años se le quita poder
recaudatorio, y, como se ha visto, no ha generado mayor crecimiento, sino mayor inflación, y, a cambio, el déficit lo venimos compensando con el exceso de las cotizaciones sociales, con lo que a un impuesto sobre el trabajo se le añade un impuesto
sobre los asalariados, que es a lo que ha quedado reducido el IRPF después de las sucesivas reformas hechas por el Partido Popular, y hechas supuestamente para fomentar el ahorro, que además se encuentra por desgracia en peor situación que nunca,
como todos pueden comprobar.
Para terminar, digamos claramente que esta reforma hubiera sido bastante innecesaria; según estimaciones, el 40 por ciento de la rebaja se ha compensado y el 10 por ciento de las rentas más bajas han incrementado su
presión fiscal. Sin embargo, si se hubieran ido adecuando las tarifas y los mínimos exentos año tras año al crecimiento de la inflación, entonces --y ahí vemos el sentido real de las propuestas de reforma permanente que es como podríamos definir la
forma de actuar del Gobierno Popular--, no deberíamos la rebaja del impuesto al Partido Popular, sino que habría sido simplemente un derecho que la ley nos otorgaba de acuerdo con la aprobación de la reforma del año 1998. Y, al fin, la reforma se
basaría en un razonamiento económico, el de que una reducción de impuestos directos, puesto que la propensión al consumo es menor que 1, tiene un efecto moderador sobre los precios. Muy sencillo. De esta manera, podríamos haber aligerado un poco
la inflación. De haber sido así, la supuesta reducción de impuestos habría sido, en efecto, distribuida de forma correcta, pero resulta que el efecto no ha sido precisamente ése.
Ello significa que se ha producido una redistribución injusta hacia
impuestos indirectos que no se han podido eludir, y eso ha generado inflación y no crecimiento. Inflación a la que cabe añadir la que ha añadido el señor ministro con sus reformas, y también la que han añadido otros ministros del Gobierno con su
falta de liberalización de algunos sectores clave de la economía y con algún otro tipo de actuaciones que no creo que sea necesario introducir ahora aquí.
En definitiva, su subida o su bajada en este caso, aunque haya subido la presión fiscal de
impuestos, no ha sido distribuida de manera adecuada y al mismo tiempo no ha generado crecimiento, sino que fundamentalmente ha añadido una carga más a la inflación, y es evidente que añadir más inflación en un sistema o en una economía como en la
que nos estamos moviendo en estos momentos es --repito-- no la antesala del crecimiento sino la falta de competitividad de la economía y, por tanto, la del crecimiento pero del desempleo, y no precisamente del crecimiento económico, tal y como nos
ha anunciado el ministro.
En consecuencia, por lo inadecuado del planteamiento, la eficiencia no es correcta porque no asigna correctamente los diversos factores de la economía, y por lo inadecuado también en lo que hace referencia a la equidad, es decir, porque por
desgracia ha añadido mayor injusticia al sistema, votaremos en contra de esta ley.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno en contra, tiene la palabra el senador Caneda.
El señor CANEDA MORALES: Gracias, señor presidente.
Señorías, las primeras palabras tienen que ser para dedicar un entrañable recuerdo a nuestro compañero Jaume Cardona, con el que tuve la suerte de compartir dos años en el trabajo. Todos
han destacado su gran personalidad, su gran labor como parlamentario, pero yo, además, quiero dedicarle este recuerdo porque fue una persona a la que llegué a querer mucho.
Dicho esto, muchas gracias, señor ministro, por estar aquí. Como no podía
ser de otra manera, respeto mucho los vetos de todos, y si es a las doce de la noche, creo que tenemos que respetarlos todavía más. Los respeto pero, como es evidente, no los comparto. Para mí, muy al contrario, es una satisfacción por bastantes
razones el venir a manifestarme en contra del veto y a favor de este proyecto de ley. Porque si nos fijamos en las múltiples reformas hacendísticas que ha habido en España desde 1845, con la de Alejandro Mon, hasta hoy, veríamos que todas tenían
dos características: se hacían para subir los impuestos, para recaudar más, y siempre iban detrás de lo que se hacía en otros países, y a muchas de ellas llegábamos tarde, es decir, cuando los demás lo estaban quitando, nosotros empezábamos a
hacerlo.
En este caso, afortunadamente, es una satisfacción traer una reforma que baja los impuestos y que, además, el resto intenta imitar. Y no quiero decir con esto que seamos más listos que los demás ni que seamos perfectos; simplemente creo
que hay que reconocer que cuando en las dos últimas décadas prácticamente en toda Europa hay un acuerdo sobre lo que se debe hacer en política fiscal y económica --equilibrio presupuestario, fomento de la investigación, crecimiento económico
sostenible, creación de empleo, profundización en la cohesión social--, pocos gobiernos han tenido el coraje y el acierto político de empezar a hacerlo, empezar por el equilibrio presupuestario contra viento y marea y no caer en la tentación fácil
del déficit, mientras que otros no han podido hacerlo y en algunos momentos han querido hacer de la necesidad virtud y defender el déficit cuando realmente han llegado a él porque no han sabido controlarlo y luego tienen que plantearse una subida de
impuestos.
De todo lo que se ha dicho, algunas cosas son simplemente posiciones contrarias --es evidente que tienen que existir en una Cámara--, mientras que otras son, me temo, deformaciones de la realidad. Yo creo que alguien se empeña, cuando
viene empapado de la calle, en mantener que no llueve.
Cuando yo veo a dos aficionados al fútbol, uno diciéndome que el Huelva es maravilloso y el otro que la Real Sociedad es maravillosa, lo que hago es mirar la clasificación, y cuando veo que la
Real Sociedad va primero digo que será verdad que juega mejor.
Si nos retrotraemos a 1996 vemos que los objetivos básicos del Partido Popular en su programa eran dos: crear empleo y lograr la convergencia real con Europa. En ese momento ningún
grupo, ni el Socialista, ni Izquierda Unida, ni Entesa hubiera puesto un objetivo de creación de empleo ni de uno ni de dos ni de tres millones porque le hubiera parecido mucho. ¿Cuántos se han creado en los seis años? Todos. El empleo generado
desde 1996 a 2002 con estas políticas equivale a todo el desempleo que había en ese momento.
Es verdad que gracias a estas políticas no solamente se ha logrado una creación muy alta de empleo en todos los momentos del ciclo, sino que además se ha
animado a la población activa a incorporarse y a que emigrantes de otros países vengan aquí a trabajar porque hay oportunidades de empleo. Se han creado suficientes empleos para los tres millones y medio de parados que dejó el Gobierno anterior y,
además, se ha logrado que haya una mejor cobertura, y no como ha dicho el senador Cámara anteriormente sobre las prestaciones de desempleo.
Por eso digo que hay que mirar los resultados y no atribuirlos simplemente --y esto suele ser muy frecuente
en la izquierda-- a un milagro --siempre hay algún santo que arregla las cosas-, sino tener en cuenta la evidencia de que hay un trabajo razonable dentro de unas políticas coherentes, y precisamente uno de los pilares es la política fiscal y el
impuesto sobre la renta como una base fundamental.
De lo que estamos hablando no es algo aislado, un parchecito como alguien lo ha definido, una reformita parcial; no, porque así no se hacen las cosas. Esto hay que unirlo a las múltiples reformas
que desde 1996 se están haciendo en plusvalía, en sucesiones, en donaciones, baja del Impuesto de Sociedades a las PYME, fomento de la investigación, etcétera.
Todas estas medidas y en 1998 la primera reforma del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas es lo que ha permitido esa creación de empleo, esa ampliación de las bases de cotizantes, que haya 250.000 empresas más y cuatro millones más de cotizantes en la Seguridad Social, lo que, lógicamente, hace que se pueda recaudar más
aunque toquemos a menos cada uno de los españoles.
El impuesto que se sustituyó, y que aquí extrañamente se ha dicho que era bueno y que era un esfuerzo por hacer que fuera justo, era no sólo antiguo porque estuviera fuera de juego del euro, de la
globalización o la tecnología, sino que además era malo. Era malo porque tenía una elasticidad escasísima y en los momentos de crecimiento económico no recaudaba más. Era malo porque penalizaba con la gran brecha fiscal al empleo y no se
castigaba. Era malo porque castigaba el trabajo y, sobre todo, porque cargaba las rentas de todos los trabajadores que no tenían posibilidad de deducción; además, era carísimo de gestionar porque se perdía en millones de declaraciones de pequeños
contribuyentes y no había tiempo ni recursos para vigilar el posible fraude.
Considero que un impuesto que eliminaba los incentivos para la creación de empleo, para la oferta y el ahorro era negativo y había que cambiarlo.
Y se ha hablado
mucho de que el Partido Popular en su reforma no desea que un impuesto como el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tenga esa capacidad redistributiva. Creo que alguna vez hay que ser sincero y comprobar dónde está el límite de la
capacidad redistributiva de un sistema, y justamente cuando un impuesto empieza a cercenar la actividad económica, cuando anula la posibilidad de ahorro en las familias, en las empresas, de generar inversión, de obtener más fondos para consumir,
etcétera, no hay capacidad redistributiva porque no hay nada que redistribuir. Se está matando la capacidad de creación de riqueza, con lo cual de poco se puede hablar. Más que un principio de eficiencia de recursos se estaría hablando de un
principio de mezquindad.
Se van a subir los impuestos aunque se recaude menos dinero porque parece que se actúa de forma más justa. Pero esto no es el interés general, no es lo que desea hacer un partido que pretende el interés de todas las
personas.
Ha habido una reforma con unos resultados ocultos pero que todo el mundo maneja perfectamente. Y en esta reforma se ha conseguido con creces lo que se pretendía y, curiosamente, lo mismo se critica una disminución de ingresos de 5.000
millones como se afirma que no ha habido ninguna.
Entonces, o la ha habido o no la ha habido. Y, efectivamente, se ha producido una disminución media de un 14 por ciento y considero que esto es bueno, y ese dinero ido a parar a la sociedad y ha
permitido superar unos momentos difíciles por los que también atravesaban otros países. Se ha comprobado que ha sido más fácil porque ha habido un 18 por ciento menos de declaraciones, lo que ha permitido destinar unos recursos a cubrir otras
necesidades.
La rentas del trabajo se han visto favorecidas puesto que, obviamente, por las medidas introducidas tanto en la primera reforma como en la que nos ocupa, el peso de las rentas del trabajo ha sido 5 puntos inferior, pero, además, es más
importante porque se ha producido en una situación en la que el peso de los salarios en el conjunto del producto interior bruto del país, debido al aumento del número de trabajadores y de la renta en este momento, había aumentado más de un 7 por
ciento, con lo cual queda claro el efecto que ha supuesto para las rentas del trabajo, uno de los aspectos negativos del impuesto socialista heredado.
Se ha hablado mucho también desde la izquierda, porque queda muy bien, de la rebaja de las
plusvalías. Pues bien, quiero explicar, una vez más, la diferencia entre la mezquindad y el interés general. De lo recaudado por plusvalías en el año 1996 a lo recaudado después de la reforma se ha producido un aumento de un 327 por ciento, es
decir, se ha pasado de no declarar, porque en muchos casos se dejaba transcurrir el tiempo, a pagar, aunque probablemente menos; pero ahora se paga. Y segundo, el efecto negativo de la inmovilización del capital resultaba perjudicial absolutamente
para todos, para los que declaraban más y para los que declaraban menos. En consecuencia, ese aumento de recaudación tan espectacular en las plusvalías pone en evidencia que existe una política más inteligente que la que había con anterioridad.
¿Cómo se puede afirmar que el impuesto no es progresivo poniendo unos ejemplos que, en mi opinión, son totalmente infantiles? Evidentemente, el que posee rentas más altas tiene mayor capacidad de ahorro. Pero para llegar a esa conclusión no hace
falta estudiar mucho. Lo que estamos diciendo es que cuando se produce una disminución de un 30 o un 40 por ciento en las rentas más bajas y de un 5 por ciento en las más altas, ocurre lo que ha sucedido en la actualidad, que el peso de las rentas
más bajas ha disminuido en el total de los ingresos y el de las rentas de más de 60.000 euros ha aumentado en el conjunto de los ingresos, y esto es simple y llanamente demostrar que el impuesto ha mejorado su progresividad.
En cuanto a las ayudas
a la vivienda, hay un cierto interés en decir que no llegan, cuando resulta que en estos momentos hay cuatro millones de españoles que precisamente se están desgravando por su vivienda, cuando cada año se construyen 500.000 en las últimas épocas, y
cuando es evidente que ha habido un cambio, un antes y un después de la reforma en el número de españoles contribuyentes que utilizaban esa desgravación y que compraban su vivienda en función de su renta, habiendo aumentado en siete puntos aquellos
que tienen unos ingresos inferiores a 21.000 euros, es decir, los de rentas más bajas. Digo que esta reforma, sin ser perfecta, profundiza en un sistema moderno que busca la neutralidad y la justicia redistributiva. Pues precisamente porque se ha
hecho todo esto ahora se puede hacer esta nueva reforma que vuelve a bajar los impuestos, en este caso en un 11 por ciento, lo que significará un 20 por ciento en los últimos seis años.
Señorías, se siguen bajando los impuestos porque queremos
seguir creando empleo. Además, cuando otros que puedan llegar a gobernar se empeñen en que su reforma consista en ajustarse a la inflación, si quieren eso que lo hagan, pero cuando se dice que se bajan los impuestos de un 48 a un 45 por ciento o de
un 18 a un 15 por ciento, queda ahí una reforma estructural que hace que un año haya 5.000 millones de euros más para los ciudadanos y que los haya también al año siguiente. Esa baja de los tipos queda como estructural porque queda fija. Esa es la
elección, y beneficia a todos los españoles, a todos.
Estoy seguro de que el senador Lerma no querría firmar un resultado electoral en el que al Partido Popular le votaran todos los ciudadanos a los que se les bajan los impuestos con esta reforma.
Yo me conformaría con que en las próximas elecciones no tuviésemos más que los votos de aquellas personas a las que se les bajan los impuestos con esta reforma.
Seguro que con eso nos sentiríamos contentos.
Esa fórmula de reforma fiscal sigue los
mismos criterios que en cualquier país moderno, y lo que con ella se pretende hacer es lo siguiente: beneficiar fundamentalmente a las familias, y no precisamente a pocas.
Estamos hablando de cuatro millones 700.000 familias, y recalco los
números. Hay 17 millones de contribuyentes afectados y repito que hay más de cuatro millones de familias. Y cuando hablamos de ahorro en España, precisamente gracias
a las medidas que se han tomado durante estos años no hablamos ya de un millón de españoles sino de nueve millones de personas que se ven beneficiadas por las medidas que estamos tomando respecto del Impuesto sobre la Renta y que pueden
beneficiarse del ahorro y de la previsión social complementaria.
Señorías, creo que todas estas medidas vienen a colaborar a una mejor equidad, pero quiero recalcar que cuando se adoptan medidas de protección y alguien las considera ridículas por
considerar que el que se den 100 euros cada mes, 1.200 euros al año, es muy poca cantidad, también deben considerar ridículo o poco efectivo que se den reducciones o ayudas nuevas a los mayores de 75 años. Porque una de las características que este
impuesto debe tener es precisamente la adaptación. Por eso, cuando dicen que se reforma mucho hay que contestar que cuanto más desarrollado está un país, más se reforma. Se van adaptando permanentemente a un dinamismo...
El señor PRESIDENTE: Señoría, por favor, vaya finalizando.
El señor CANEDA MORALES: Señor presidente, creo que tengo 45 minutos y sólo voy a consumir 20. Estoy contestando a tres vetos.
La posibilidad de que se arbitren medidas fiscales con carácter social, a lo que se ha referido un
interviniente, ayuda a esa adaptación. ¿A qué? A una baja de la natalidad contribuyendo a que se puedan tener más hijos, adaptación a que la población tiene una mayor esperanza de vida, a que se incrementan las ayudas a los mayores de 65 años, a
las discapacidades o las ayudas asistenciales a los mayores de 75 años. Y es que cada vez es más frecuente que tengamos en nuestras casas personas de 75 años e incluso mayores. Es decir, adaptación.
Pero también hay que resaltar algo muy
importante: en esta reforma se ha cuidado mucho el respeto hacia las comunidades autónomas y sus competencias y, por tanto, las políticas sociales transferidas. Y las políticas sociales se deben hacer por quien las debe hacer. Por tanto, en esta
reforma, que se ha hecho con sensibilidad social, se han adoptado una serie de medidas, pero, por supuesto, no se pretende sustituir a quien deba hacer las guarderías, porque ésa no es su misión. Si por un lado se cuenta con una ayuda, que puede
parecer pequeña, y por otro se obtiene la ayuda de quien tiene esa competencia, que es la comunidad autónoma, al final la ayuda no será tan pequeña. En cualquier caso, no eliminemos esa delegación de responsabilidades, porque la política social,
esa que se critica con alegría por quien no la hace, es responsabilidad de quien la tiene. Y en este caso estamos hablando del Impuesto sobre la Renta que, por tener una especial sensibilidad, tiene en cuenta, insisto, esas políticas. Además,
aquellos a los que no les guste cuentan con capacidad normativa suficiente con el nuevo sistema de financiación para que si consideran dañino una bajada de impuestos los aumenten en su tramo. Con eso se respeta a todo el mundo, que es una de las
características de la reforma del Gobierno del Partido Popular.
En consecuencia, por las razones que hemos manifestado, consideramos que los vetos no tienen base suficiente, por lo que votaremos en contra.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Abrimos turno de portavoces.
Por el Grupo Mixto tiene la palabra el senador Cámara.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, voy a ser muy breve. Creo que el debate ya se
ha realizado, aunque sólo he podido escuchar parte de la intervención del portavoz del Grupo Popular por estar fuera en ese momento --mi estómago tenía ciertas necesidades. (Risas.) Si buscamos un calificativo para justificar la reforma del IRPF,
en mi opinión el más apropiado es el de electoralista. Se trata de un discurso muy sencillo, muy simple: Voy a bajar impuestos y con ello voy a beneficiar a mucha gente. Pero después se descubre que no es así.
Creo que eso no les va a servir de
nada, porque los ciudadanos cada vez se informan más, tienen más criterio, y la realidad y la opinión que sobre ésta conforman cada vez tienen menos que ver con su discurso. No sé si esa encuesta del CIS les podrá hacer reflexionar sobre este
asunto.
Efectivamente, la política fiscal tiene como fundamento la justa equidad, la redistribución de la riqueza, etcétera. Pues bien, en 1995 los impuestos directos supusieron el 50,1 por ciento y los indirectos, el 49,9 por ciento. Y dispongo
aquí de los datos de 2000 --el ministro o el portavoz del Grupo Popular quizá me puedan corregir en relación con alguna modificación en 2001--, en el que los impuestos directos pasaron a ser el 46,7 por ciento, mientras que los indirectos fueron del
53,3 por ciento.
Después de la explicación que antes he dado respecto de lo que significa la redistribución de la riqueza y la equidad del sistema, lo que acabo de indicar no tiene nada que ver con su discurso. Por ejemplo, la familia ve que el
hijo tarda más en irse de casa porque no se puede emancipar --ahí está el problema de la vivienda--. El trabajo cada vez se consigue más tarde. Y, por cierto, el nivel de natalidad cada vez es más bajo entre los españoles, no entre los emigrantes,
porque la gente tiene su primer hijo a edad muy tardía, y ya no tiene un segundo hijo. Las personas dependientes siguen dependiendo de las familias --y valga la redundancia-- con mayores problemas, mayor soledad, falta de servicios y de
prestaciones de todo tipo. Por tanto, las políticas deben ir dirigidas fundamentalmente a estos colectivos, a quienes menos tienen para poder tener acceso a esos servicios.
Sinceramente, su política no va en esa dirección. Han tenido ustedes una
suerte tremenda en años de bonanza, pero en momentos de recesión de la economía les aseguro que esa política recaudatoria es injusta, escasa y no va a contemplar en absoluto la dirección adecuada para conseguir
esos servicios y políticas necesarias para una redistribución más justa y equitativa.
Nada más, y muchas gracias. El debate ya se ha celebrado y votaremos en solitario el veto que espero sea compartido por algún otro grupo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra la senadora Morales.
La señora MORALES RODRIGUEZ: Gracias, señor presidente.
Cómo no, quiero hacer con mis primeras palabras un reconocimiento hacia nuestro compañero, Jaume Cardona, que nos ha dado un ejemplo hasta el último momento de compromiso y trabajo en
esta Cámara. Quiero transmitir mis más sinceros sentimientos, además de a su familia y amigos, a los compañeros del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Dada la hora intervendré brevemente para fijar la posición del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Nuestro grupo hace una valoración global positiva de este proyecto de ley, como ya manifestamos en comisión, motivo por el que anunciamos nuestro voto a favor. Coalición Canaria ya apoyó las reformas que
se llevaron a cabo en la Ley 40/1998.
Compartimos el significado de la que en este momento se está sometiendo a debate como un avance positivo en cuanto a las reformas emprendidas desde 1998, que entendemos permitirá seguir profundizando en la
modernización y adaptación a aquellas que se están llevando a cabo en la Unión Europea.
No obstante, hay dos aspectos que me gustaría resaltar en esta intervención. Uno de ellos se refiere a aquellas medidas que se recogen en la ley relativas a la
conciliación de la vida laboral y familiar, a las familias con hijos e hijas o a aquellas que tienen a su cargo a personas mayores o discapacitadas. Con esto no quiero decir que éstas sean las únicas medidas que se deban adoptar, pero sí nos parece
que son positivas. Otra valoración positiva que hace nuestro grupo se refiere a la reducción del impuesto dirigida a los tres grandes segmentos que permitirán dejar más renta disponible a los tres tramos que contempla, lo cual supondrá un impulso
de la economía porque va a permitir una mayor disponibilidad para el ahorro, y por tanto, también una mayor disponibilidad para la inversión en bienes que a su vez influirá positivamente en la generación de empleo y permitirá el aumento del número
de contribuyentes y las cotizaciones a la Seguridad Social, algo que entendemos aumentará la recaudación, tal y como ha venido sucediendo desde 1998.
El proyecto de ley contempla también el Impuesto Sobre Sociedades con una normativa en la que las
sociedades patrimoniales tienen mayores controles para evitar la evasión y opacidad del impuesto, que es donde se suelen refugiar las rentas más altas. Entendemos que este tipo de medidas supondrá un mayor control sobre ello. Es cierto que en el
texto hay una serie de figuras jurídicas tributarias que se podrían mejorar, motivo por el que presentamos una serie de enmiendas, al tiempo que apoyaremos algunas de las presentadas por el resto de los grupos. No obstante, estamos de acuerdo con
la generalidad del texto y por ello no vamos a votar a favor de los vetos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra el senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Buenas noches, señorías, señor ministro. Vaya también nuestro recuerdo para nuestro querido doctor que hoy nos ha dejado tras habernos acompañado hasta el último momento con su presencia física. Lo mejor que
podemos hacer es, en mi opinión, continuar en esta Cámara con su labor de humildad, rigor y compañerismo, pues creo que para todos será una gran aportación.
Señor ministro, a la hora de fijar la posición de mi grupo lo más brevemente posible, diré
que aunque este proyecto a nosotros no nos incumbe siquiera como referencia, sin embargo sí queremos opinar en relación con lo que puede significar para el resto de los ciudadanos españoles. Ya dijimos en el Congreso de los Diputados que este
proyecto nos parece más un proyecto que tiene un efecto propaganda que un efecto de reforma efectiva, porque una reforma efectiva hubiera afectado a los ciudadanos con rentas bajas, las deducciones se hubieran aplicado a las cuotas y no a las bases,
beneficiando con ello a las rentas altas, y se hubiera incentivado el ahorro y la prevención social complementaria, por ejemplo. Una reforma del IRPF que buscara equidad y progresividad se debería haber impuesto la obligación de deflactar los
elementos cuantitativos del impuesto --tarifa, deducciones-- adecuándolos a la evolución de los precios, contribuyendo así a no incrementar la presión fiscal. Pero el Gobierno no ha seguido estos criterios.
La reforma se presenta en un momento
crítico, de incertidumbre económica, pero en esta propuesta no encontramos elementos para la clarificación de esta incertidumbre, para el cambio de sentido de esta incertidumbre y algo que nos parece menos explicable es que se va a generar empleo.
La reforma, de llevarse a cabo en los términos que el Gobierno ha expresado, podrá elevar el nivel de la renta disponible por los ciudadanos, pero esta mayor renta disponible, por un lado, tendrá siempre una incidencia económica menor que la que
tuvo la reforma del año 1999, que el Gobierno ha reconocido que no fue la que buscaba y, por otro, no asegura que sea utilizado por los contribuyentes el impulsar la demanda privada por sí sola, especialmente si se tiene en cuenta su efecto
regresivo sobre la distribución de la renta y como consecuencia de la incertidumbre en el empleo y en la inversión.
En todo caso, si esta mayor renta disponible en el próximo año 2003 se traslada mayoritariamente al consumo, que, repito, no se
produjo en la reforma anterior, a nuestro modo de entender y debido a las políticas tributarias y fiscales de incremento de la imposición indirecta del Gobierno, puede producirse una serie de efectos que voy a enumerar rápidamente: no disminuirá la
presión fiscal porque
de hecho la presión tributaria se incrementa por la fiscalidad indirecta; se favorece la expansión de la capacidad recaudatoria de impuestos de carácter regresivo, ya se ha dicho que hay un incremento de impuestos indirectos sobre los
impuestos directos; se potencia como consecuencia la inflación de la demanda y no se favorece el ahorro, sino el ahorro de unos pocos, los contribuyentes que tienen rentas elevadas, que no son precisamente los que más favorecen el crecimiento del
ahorro. Nos hacemos una pregunta dentro de esta incertidumbre económica: si usted, señor Ministro, está buscando la estabilidad presupuestaria, no es normal presentar medidas reformadoras de reducción de tributos, excepto si se pretende aumentar
otros tributos o disminuir el gasto público y ésta, la disminución del gasto público, ¿cómo se va a producir? ¿Cómo se va a reducir y dónde se va a reducir? Incertidumbres a las que el proyecto de presupuestos no nos responde.
Nos encontramos
ahora ante una reforma del impuesto de menor alcance que la acometida el año 1999, con unos costes más limitados y centrada, a pesar de lo que digan ustedes, en algunos colectivos de contribuyentes, no en todos. Hay dos rasgos que destacan las
modificaciones propuestas en el IRPF para el año 2003. Uno de ellos es el coste de la revisión anunciada, que se evalúa en 3.600 millones de euros, buena parte de este coste consecuencia de la adaptación de la evolución de los precios en el período
2000-2003. En segundo lugar, está la inflación acumulada, que va a superar seguramente el 12 por ciento durante todo este período, lo que habrá supuesto para el contribuyente un significativo aumento de la carga tributaria, que puede cifrarse en un
importe superior a los 3.000 millones de euros. Por lo tanto, se puede concluir que la magnitud real de la rebaja impositiva que se anuncia es mínima, por no decir prácticamente nula. En este sentido, se engaña de alguna manera al contribuyente,
ya que se le ofrece una rebaja del impuesto que ya ha abonado en ejercicios anteriores y que usted anuncia en su discurso.
El señor PRESIDENTE: Señoría, por favor, vaya terminando.
El señor ALBISTUR MARIN: Termino en seguida, señor presidente.
De ahí, que yo califique este proyecto con un efecto de proyecto propaganda.
La modificación en la tarifa presenta efectos claramente regresivos. Los contribuyentes van a ver
reducidos sus tipos medios en alrededor de un punto porcentual, pero esta reducción aumenta a medida que lo hace el nivel de renta del contribuyente. Todo ello, además, va acompañado de una reducción del tipo marginal máximo de un 48 a un 45 por
ciento.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos participa de la idea generalizada en el ámbito europeo en lo que respecta al tratamiento de la familia con hijos, pero creemos que las medidas fiscales que aquí se plantean deben
acompañarse necesariamente de otras medidas ajenas al campo tributario. Podemos llegar a afirmar que la vía del gasto es la adecuada por ser más eficiente al identificar con total precisión el destino de las ayudas y poder evitar el gran déficit de
los instrumentos de política tributaria por su inaplicabilidad --como también han insistido los que me han precedido en el uso de la palabra-- a aquellos contribuyentes que por su insuficiencia de cuota nunca serán destinatarios de dichas ayudas.
En conclusión, señor ministro, toda política fiscal --usted lo ha dicho muy bien y todos lo reconocemos-- es una política redistributiva. Una sociedad avanzada tiene necesariamente que redistribuir. Dicho de forma jocosa y en tono de humor, el
modelo Tempranillo, antes llamado modelo Robin Hood, sigue vigente. Hay que recaudar al que tiene para devolverlo en medidas sociales al que no tiene, que somos la mayoría, y no de esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Señoría, por favor, vaya finalizando.
El señor ALBISTUR MARIN: Termino, señor presidente.
La reforma no contempla ninguna actuación para corregir de forma automática los futuros efectos de la inflación, quedando los efectos sobre la renta y el impuesto a la discrecionalidad
del Gobierno. La introducción del concepto de renta disponible hace que los ajustes y deducciones sean más regresivos, dado que aumentan el beneficio que proporcionan conforme aumenta el nivel de renta. Se traslada al terreno fiscal lo que deben
ser políticas activas sociolaborales articuladas vía gasto y política social. Finalmente, se incentivan instrumentos de ahorro privado en claro perjuicio para los sistemas de presión social complementaria.
Esta reforma, no nos atañe, pero tampoco
nos gusta que se haga extensiva al resto de los ciudadanos. Sin embargo, esta reforma no va a acabar aquí, sino que continuaremos discutiendo sobre ella en los próximos días.
Estoy seguro de que, dado el amplio afán reformador que ustedes tienen,
en el próximo debate de medidas fiscales vamos a tener la oportunidad de seguir discutiendo sobre este tipo de medidas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la senadora Aroz.
La señora AROZ IBAÑEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Senador Caneda, el turno en contra ha sido una reafirmación de posiciones. Usted no ha entrado a rebatir los argumentos y datos en los que se fundamenta el veto presentado por mi
grupo parlamentario y, por tanto, no tengo nada más que añadir. Simplemente, he de decir que mantenemos nuestra propuesta de veto para que el proyecto de ley sea devuelto.
Me dirijo ahora a la presidencia para anunciar, porque antes no lo hice,
que damos por defendidas las enmiendas parciales al articulado, que son 61. Por tanto, no intervendré en el turno correspondiente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora.
Efectivamente, ha hecho uso de siete minutos más, en compensación de los 59 minutos a los que tenía derecho.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la
palabra el senador Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
En primer lugar quiero agradecer en nombre de mi grupo las muestras de afecto que hemos recibido por el fallecimiento de Jaume Cardona y me adhiero a las palabras que anteriormente ha
pronunciado mi compañero Jordi Xuclà. He de reconocer que es un poco duro seguir con la sesión después del impacto, pero el ejemplo que él nos ha dado durante estos últimos meses nos obliga a ello --por lo menos a mí me obliga a ello-- y por eso
voy a continuar con el debate en nombre de nuestro grupo.
(Aplausos.) Señor ministro, agradezco su presencia en este debate. Entendemos que en el Senado también deben estar presentes los ministros cuando se debaten leyes importantes --como senador
yo al menos se lo agradezco-- y en este caso estamos ante el debate de una ley importante, una ley que mi grupo valora globalmente de forma positiva. Valoramos por sus contenidos el texto que fue presentado en su momento por el Gobierno al Congreso
de los Diputados, pero valoramos mucho también su tramitación. Nosotros tuvimos --usted estará de acuerdo-- una participación importante en la reforma del año 1998, eran otras las condiciones y otro el mapa político que existía en aquel momento, y
agradecemos, que siendo otro el mapa político actual, también hayamos podido colaborar y participar en este proyecto de ley y haber introducido muchas modificaciones a lo largo del trámite en el Congreso de los Diputados y algún tema que quedaba
pendiente en el Senado. Es por ello que vamos a votar contrariamente a los vetos y favorablemente al proyecto de ley, porque nos sentimos partícipes de los objetivos que ahí se contienen, en definitiva, del principal objetivo, que es rebajar la
factura fiscal a las familias y ciudadanos españoles, sobre todo los de rentas bajas y medias. Este es el gran objetivo que nosotros compartimos y siempre hemos defendido en estos últimos años.
Por otro lado, las modificaciones que se han
introducido han sido importantes y positivas, tales como las mejoras en todo lo que hace referencia a las familias con hijos, fiscalidad, en cuanto a la convivencia con mayores de 65 años, aspectos relacionados con declarar los pagos en especie
exentos a efectos de tributación, las ayudas de guarderías que puedan recibir las familias por parte de las empresas, etcétera.
También consideramos que es importante el que se hayan mantenido aspectos tributarios que nosotros siempre hemos
considerado como prioritarios y que hacen referencia a la fiscalidad de los autónomos. Este es un claro ejemplo de lo que he comentado anteriormente: el proyecto de ley presentado por el Gobierno en el Congreso de los Diputados no contemplaba el
mantenimiento de la tributación por módulos y el que, a través del acuerdo al que allí llegamos, se haya podido respetar ese sistema de tributación es muy importante para este gran colectivo que es fundamental para la economía productiva.
Puesto
que tenemos poco tiempo en este turno de portavoces, sólo voy a hacer una reflexión dado que se producen reformas de tanta importancia en materia fiscal. Nosotros valoramos de forma muy positiva que hace un año aprobáramos aquí un nuevo sistema de
financiación autonómica, pero es evidente que es un sistema que contempla una serie de participaciones en tributos: en unos con un porcentaje, en otros con otro y en otros sin que haya participación de las comunidades autónomas. Cuando hay cambios
fiscales, como la supresión de la transparencia fiscal y la creación de la figura de las sociedades patrimoniales, tributaciones que se producían por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Física se producirán ahora por el Impuesto sobre
Sociedades y es por ello que hemos presentado una enmienda en el Senado, sabemos que no va a ser aprobada, es más de tipo testimonial, pero queremos que se tenga en cuenta que en situaciones como éstas hay que arbitrar medidas para que no repercuta
en los ingresos fiscales de las comunidades autónomas. Este es el tema que queríamos introducir como última reflexión en nuestro posicionamiento.
Reitero nuestro apoyo al proyecto de ley y votaremos, por tanto, en contra de los vetos.
Nada más y
muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador señor Lerma.
El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, señor presidente.
El representante del Grupo Parlamentario Popular en el turno en contra de los vetos ha equivocado la estrategia, en el sentido de que ha venido a defender el debate ideológico de
siempre: si subir o bajar los impuestos y el tamaño del sector público.
No es ésa la intervención que yo he venido a plantear. Yo he venido a decir al señor ministro de Hacienda que con el instrumental que ha aprobado en la reforma de los
impuestos ha venido a contribuir activamente a incrementar la inflación y, por lo tanto, a generar un menor crecimiento de la economía española. Y con ese mismo instrumental reforzado se quiere enfrentar a una situación de menor crecimiento que la
que se tenía anteriormente; francamente es temerario y tiene una estrategia equivocada.
Y nada más, porque de la eficiencia y de la equidad del impuesto no tengo que dar cuenta yo, ha dado cuenta ya el ministerio suficientemente, y ha quedado
demostrado de forma muy clara que a esos efectos no ha tenido ningún éxito, pero ciertamente ésa tampoco era la intención. La intención ha sido bastante clara, pasar de impuestos directos a indirectos que entre todos hemos tenido que pagar.
Esa
situación ha provocado la inflación que ahora tenemos, con un diferencial importante con respecto a los países europeos; y a esa situación nos tenemos que enfrentar ahora con un planteamiento similar.
Y cuando el señor ministro venga aquí a presentarnos el presupuesto que hoy nos ha anunciado --y que yo le agradezco de nuevo-- nos encontraremos con unas cifras hinchadas, probablemente de recaudación, porque nos encontraremos con unas
cifras hinchadas también de crecimiento, y además tendremos menos posibilidad recaudatoria porque, como el señor ministro ha dicho --también lo ha señalado el señor portavoz--, hemos bajado también los impuestos.
¿Cuál será la consecuencia? Pues
bastante lógica, que o frenamos la inversión, con lo cual nos ahorraremos 1 punto de crecimiento, tal y como dice que va a contribuir la reforma fiscal más la inversión pública, que creo que al 1,8 --o en el entorno del 2 que dice usted-- nos
rebajará bastante el crecimiento, incurriremos en un déficit que siempre podremos centrifugar, obviamente. Aquí corremos todos un tupido velo sobre la contabilidad creativa, como evidente lo ha corrido la comisión, pero no nos traiga usted a
colación de nuevo el éxito de la política económica del Gobierno, porque todo el mundo sabe perfectamente que eso no es verdad.
Nada más y gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Caneda.
El señor CANEDA MORALES: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, debo agradecer a los grupos de Coalición Canaria y de Convergència i Unió el apoyo al proyecto de ley.
Algún portavoz ha mencionado el tamaño del sector público, lo cual
me parece un atrevimiento. Si el objetivo del Partido Socialista es alcanzar el 40 por ciento y estamos en un 39,9, no le queda mucho en ese aspecto por hacer.
Paso ahora a comentar alguna de las cosas que se han expresado. La reforma que se ha
llevado a cabo entendemos que es la adecuada para el momento en que vivimos. Hay una preocupación muy grande por el efecto que tiene sobre la inflación y hay datos suficientes para demostrar en cuánto incide, aunque se ha dicho ya por el propio
Ministerio.
Ahora bien, cuando se quiere quitar peso a cosas tan importantes como que la oferta monetaria viene controlada por el Banco Central Europeo, tengo que decirle que de los tres millones y medio de paro que había en 1996 todos estos
puestos de trabajo se han creado. Pero hay un dato importante, el número de ocupados, ha aumentado en un 33 por ciento; es decir, en un tercio, que se han lanzado a consumir; puesto que la mayoría de los puestos de trabajo han sido para mayores
de 45 años y para jóvenes, significa que llegan al empleo con una gran propensión al consumo. Algo habrá tenido que ver que el dinero esté al 3,20, que tengamos 4 millones más de consumidores, para que se haya producido un incremento del consumo y,
por supuesto, un incremento de la recaudación de los impuestos indirectos, combinado con el descenso que habido de los directos.
Decía antes que todo esto se atribuye a que las cosas van bien y hay una prueba evidente. Hay dos objetivos básicos,
uno de los cuales es la creación de empleo, que sigue produciéndose. Antes se comentó ya un dato muy importante y es que el 90 por ciento del crecimiento se debe al empleo. Pero eso es así cuando se crecía un cuatro y también cuando se está
creciendo un dos por ciento. Quizás esto no sea conocido pero es debido a estas políticas. Por eso, hay que estudiarlas en su conjunto y no quedarse en visiones parciales, que, desde luego, no ayudan a comprender lo que está sucediendo y dónde
estamos, en España y en Europa.
En definitiva, con las tendencias que está marcando este impuesto y la forma en que se ha llegado al momento actual, porque se ha expuesto, han contribuido los sectores afectados --más de 300 asociaciones--, se ha
hecho público en Internet y cuenta con el acuerdo de las comunidades autónomas --por supuesto, menos las gobernadas por el Partido Socialista--, creo que se ha seguido el procedimiento lógico, que es también el que se está llevando a cabo en todos
los países de nuestro entorno.
Tenemos visiones distintas. Dice su señoría que no le he respondido a sus manifestaciones. Lo que sucede es que los mismos datos los empleamos de forma contraria. Este impuesto ha logrado que la contribución por
trabajo sea menor, una preocupación por la familia, por la natalidad, por los mayores, pero, si estos avances no se ven, realmente es que nos encontramos ante dos posiciones distintas.
Evidentemente, respeto profundamente su estudio, que, como
siempre, ha sido bien trabajado, pero es obvio que se trata de dos visiones distintas. Nosotros creemos que se ha hecho lo que tenía que hacerse en el momento adecuado, con una adaptación a las necesidades que muestra una economía globalizada como
la actual, y estamos intentando fomentar, en lo que corresponde, al Impuesto sobre la Renta, materias como política social, inversión en tecnología y fomento de ahorro a medio y largo plazo. Estos son los objetivos del impuesto y los avances de los
años 1998 y 1999 se demuestran también con los datos, avance en el que se va a seguir profundizando mediante estas nuevas medidas.
Son puntos de vista distintos pero como estamos convencidos de que lo nuestro está funcionando, seguiremos
profundizando en ello.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Vamos a proceder a la votación.
Señores y señoras senadoras, procedemos a la votación de las propuestas de veto en el orden en que han sido debatidas.
En primer lugar, votación de la propuesta de
veto número 1 de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, correspondiente al Grupo Parlamentario Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 191; a favor, 51; en contra, 135; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a la votación de la propuesta de veto del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 190; a favor, 50; en contra, 134; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de propuesta de veto del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 191; a favor, 51; en contra, 135; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve.
Eran las cero horas y cuarenta minutos del día 21 de noviembre.