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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 157, de 17/11/2003
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2003 VII Legislatura Núm. 157
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA del ExcmO. Sr. D. GABINO PUCHE RODRÍGUEZ-ACOSTA
Sesión núm. 32
celebrada el lunes, 17 de noviembre de 2003,
en el Palacio del Congreso de los Diputados
orden del día: Ratificación de la ponencia designada para informar sobre la declaración sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 2000. (Número de
expediente Congreso 250/000013 y número de expediente Senado 770/000012.)
3860 Emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia y votación, en su caso, de las propuestas de resolución presentadas sobre la declaración sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 2000.
(Número de expediente
Congreso 250/000013 y número de expediente Senado 770/000012.) 3860
Debate y votación de las propuestas de resolución: - Informe de los sectores públicos autonómico y local, ejercicio 1999.
(Número de expediente Congreso 250/000012 y número de expediente Senado 770/000011.) 3865 - Informe de fiscalización
de la contabilidad de los partidos políticos, ejercicio 2001. (Número de expediente Congreso 251/000133 y número de expediente Senado 771/000132.) 3867 - Informe de fiscalización de los procedimientos de control de la gestión económico-financiera
del programa 142.A, tribunales de justicia y ministerio fiscal, referido a su situación en el primer semestre de 2001.
(Número de expediente Congreso 251/000109 y número de expediente Senado 771/000112.) 3870 - Informe de fiscalización del
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, ejercicio 1998. (Número de expediente Congreso 251/000110 y número de expediente Senado 771/000110.) 3872 - Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja (Madrid), ejercicio 1999. (Número de
expediente Congreso 251/000111 y número de expediente Senado 771/000109.) 3872 - Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Guadarrama (Madrid), ejercicio 1999. (Número de expediente Congreso 251/000122 y número de expediente Senado 771/000120.)
3872 Debate y votación sobre: - Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe de dicho Tribunal la fiscalización del Ayuntamiento de Villablino (León), sobre la gestión económica, financiera y
presupuestaria y política de personal llevada a cabo entre 1998 y 2002, ambos años inclusive. Formulada por el Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente Congreso 253/000023 y número de expediente Senado 772/000015.) 3876 - Solicitud a
la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe de dicho Tribunal la fiscalización del Ayuntamiento de La Carolina (Jaén). A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente Congreso 253/000014 y
número de expediente Senado 772/000016.) 3878 Página Se abre la sesión a las doce y treinta minutos del mediodía.
RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR SOBRE LA DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DEL EJERCICIO 2000.
(Número de expediente Congreso 250/000013 y número de expediente Senado 770/000012.) El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Vamos a dar comienzo a la sesión número 32 de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. Con
referencia al primer punto del orden del día, someto a SS.SS. la ratificación de la ponencia de la declaración sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 2000. ¿Se ratifica por SS.SS.? (Asentimiento.) Queda ratificada.
EMITIR DICTAMEN A LA
VISTA DEL INFORME EMITIDO POR LA PONENCIA Y VOTACIÓN, EN SU CASO, DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN PRESENTADAS SOBRE LA DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DEL EJERCICIO 2000.
(Número de expediente Congreso 250/000013 y número de
expediente Senado 770/000012.) El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día, sobre la declaración de la cuenta general del Estado del ejercicio 2000. En la intervención de cada uno irá incluido el dictamen, a la vista del
informe emitido por la ponencia, y el debate y votación, en su caso, de las propuestas de resolución que se han presentado por los distintos grupos parlamentarios. He de anunciar a SS.SS. que las votaciones de los puntos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 y
10 no se celebrarán antes de la una y media.
Comenzamos con las propuestas de resolución que se han presentado a la declaración sobre la cuenta general del Estado. En primer lugar, para la defensa de las presentadas por el Grupo Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra su portavoz
el señor Gibert.
El señor GIBERT I BOSCH: Esta es una propuesta de resolución que, como habrán visto SS.SS., consta de dos puntos. El primero entendemos que se defiende solo y que se apruebe o no se aprobará -se supone- algo parecido a instar al
Gobierno a que siga las recomendaciones del Tribunal de Cuentas. Creo que no requiere más explicación. El segundo, por el contrario, y aun admitiendo que no hay una relación directa entre la declaración de la cuenta general y lo que trata esta
segunda resolución, que es la estimación de datos como, por ejemplo, déficit o superávit presupuestario, a la vista de las deficiencias de información en la cuenta general que comentamos en la sesión anterior, es evidente que las estimaciones son
tanto más fiables cuanto más transparente, completa y rigurosa es la información que después quede reflejada en la cuenta general del Estado. Por esa razón nos parece que sería conveniente que cuando se faciliten estimaciones de este tipo por parte
del Gobierno se facilitara también la metodología utilizada y que esta metodología y el cálculo sean susceptibles de ser fiscalizados por el Tribunal de Cuentas, con lo cual creo que estaríamos en mejores condiciones de transparencia, lo que a
nuestro juicio es propio de un país serio.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las propuestas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Perea.
El señor PEREA CORTIJO: Mi grupo ha presentado un total de 29 propuestas de
resolución a la declaración de la cuenta general del Estado del ejercicio 2000; propuestas de resolución que van en la línea expuesta en la intervención que la semana pasada efectuó la portavoz de nuestro grupo y que hacen referencia al eje
principal que supone cuestionar, tal y como hace el Tribunal de Cuentas a lo largo de diversos contenidos en el informe, la representatividad y la imagen fiel de estas cuentas que se puedan reflejar en diversos aspectos del referido informe. En ese
sentido, nosotros hemos hecho hincapié especialmente tanto en los problemas detectados en cuanto a la contabilización de las cuentas de entidades públicas empresariales, de las fundaciones, también en cuanto al régimen de sometimiento de las
fundaciones públicas estatales a la obligatoriedad de presentar la cuenta y hacerlo en la forma referida.
Vamos a plantear también propuestas de resolución en la línea de instar a diversos organismos dependientes del Gobierno a que modifiquen la
forma en la que están presentando las cuentas para que se tienda hacia la presentación de las cuentas anuales consolidadas y no agregadas, que es una deficiencia que se ha puesto notablemente de manifiesto a lo largo de este informe.
En la primera
propuesta de resolución se insta al Gobierno a que las empresas estatales, fundaciones y administraciones públicas obligadas por ley a cumplir con el compromiso de someter sus cuentas a fiscalización pública por el Tribunal de Cuentas cumplan de
forma efectiva con esta obligación, dado que cuantitativa y cualitativamente siguen siendo numerosas las empresas estatales, fundaciones y administraciones que siguen desoyendo esta obligación.
En la segunda propuesta de resolución se insta al
Gobierno a la presentación de sus cuentas de forma agregada y no consolidada, dando cumplimiento de esta forma a las recomendaciones planteadas por el Tribunal en ejercicios anteriores y evitando el recurso a una argucia que es empleada por el
Gobierno para ofrecer unos datos distintos según el foro ante el que haya que presentar la contabilidad de las entidades dependientes.
En la tercera propuesta de resolución la Intervención General del Estado quedaría obligada a exigir informe de
auditoría previo a la incorporación de los datos contables, a la incorporación de dichas cuentas a la cuenta general, a fin de que se puedan plantear los ajustes contables precisos en dicho momento procesal, que es el pertinente.
En la cuarta
propuesta de resolución se pretende obtener el conocimiento real de la liquidación del presupuesto mediante la obligación a que quedaría sujeta la Administración de ofrecer la situación financiera y patrimonial del sector público y la liquidación y
ejecución del presupuesto.
En la quinta propuesta, en la misma dirección que la anterior, se insta al Gobierno a que informe de las variaciones del presupuesto y de su liquidación y ejecución a efectos de que el Parlamento pueda disponer de un
instrumento más claro para comparar las variaciones presupuestarias en dicho capítulo.
En la sexta propuesta se insta al Gobierno a que homogeneice los estados contables en lo que se refiere al registro de derechos y cobros y de obligaciones y
pagos.
En la séptima propuesta se insta al Gobierno a que todas las modificaciones de crédito estén informadas en cuanto a su financiación, a la vista de que sólo las que representan el 6 por ciento del total de los importes comprometidos tenían
financiación comprometida y prevista; es decir, el volumen de las modificaciones de crédito con una financiación no afectada es muy superior, lo cual no es aconsejable.
En la octava propuesta se insta al Gobierno a que informe al Parlamento sobre
el modo en que pretende aplicar las operaciones pendientes y no aplicadas en el ejercicio 2000, que representan un saldo negativo de 1.887 millones de euros, y a que explique a qué par
tidas aplaza su aplicación en ejercicios posteriores, en esa práctica tan habitual en estos últimos tiempos.
En la novena propuesta se insta al Gobierno a que proceda a dotar el fondo de reserva de la Seguridad Social de forma procedente,
sin que se recurra a instrumentos atípicos como el impago de la deuda contraída por la tesorería general de la Seguridad Social con el INEM.
En la décima propuesta de resolución se insta al Gobierno a que cancele los préstamos para cancelación de
obligaciones del Insalud ante la evidencia de que no se procederá a su cobro por imposibilidad de que la Seguridad Social lo reintegre en próximos ejercicios.
En la undécima propuesta de resolución se insta al Gobierno a que modifique los criterios
de inclusión en las cuentas de las fundaciones referidas a efecto de que no se computen indebidamente los mencionados conceptos.
En la duodécima propuesta de resolución se insta al Gobierno a que las provisiones por insolvencia de la tesorería
general registren la totalidad de las deudas, y en especial aquellas a las que hace mención expresa el propio Tribunal de Cuentas a lo largo de diversos apartados del informe.
En la decimotercera propuesta de resolución se insta al Gobierno a que
registre correctamente la deuda recíproca, y su contrapartida en gastos, que tiene con la Seguridad Social.
Las siguientes propuestas de resolución, la decimocuarta y la decimoquinta, hacen referencia a la situación advertida por parte del Tribunal
de Cuentas en relación con la Agencia Tributaria y en ellas instamos al Gobierno a que cuantifique y provisione correctamente los créditos de la Agencia Tributaria.
En la decimosexta propuesta de resolución se insta al Gobierno a que presente la
cuenta general de las empresas estatales, de acuerdo con lo establecido en el Plan general de contabilidad, y que aporte la información que el Tribunal necesita para conocer los estados financieros y la ejecución y liquidación de los presupuestos de
las empresas estatales.
En la decimoséptima propuesta de resolución se insta al Gobierno a que exija la rendición de cuentas de dos empresas importantes cuya contabilidad no ha quedado señalada en el informe. A nuestro juicio, deberían estar
contenidas en dicho informe tanto las cuentas de Aerolíneas Argentinas como las de Interinvest, con la incorporación de las mismas en los resultados del subsector.
En la decimoctava propuesta de resolución se insta a la SEPI al cumplimiento del
Código de Comercio en lo referente a la presentación de sus cuentas consolidadas y a la realización de sus operaciones.
En la decimonovena propuesta de resolución se insta al Gobierno a contabilizar la deuda del Estado con RENFE como deuda y no
como obligaciones a pagar en acciones de RENFE, una práctica atípica, cuando menos, en el sentido general de las propuestas que está presentando nuestro grupo parlamentario.
En la vigésima propuesta de resolución pedimos fiscalizar de forma
conjunta las cuentas de la SEPI, en el mismo sentido que la anterior.
Las últimas propuestas de resolución hacen referencia, como decía antes, a las fundaciones estatales y en diversas de ellas solicitamos tanto la creación del censo de fundaciones
como el sometimiento de las fundaciones que no han rendido sus cuentas en la cuenta general del año 2000, que en concreto han sido diez, también el cumplimiento de la normativa sobre fundaciones y mecenazgo -las propuestas 25 y 26-, así como la
fiscalización especial de determinadas fundaciones en el ámbito hospitalario y sanitario, sobre todo en lo referido a prácticas que podrían resultar cuestionables en cuanto al cumplimiento de la normativa contable aplicable, tal y como determina el
Tribunal de Cuentas en su extenso informe.
Paso a fijar la posición de mi grupo respecto a las propuestas presentadas por el resto de grupos. Votaremos favorablemente las propuestas presentadas por Convergència i Unió por entender que van en la
línea de exigir del Gobierno un mayor rigor a la hora de que la cuenta general sea un instrumento que tenga un reflejo fiel y no esté sujeto a limitaciones y salvedades en forma en aquellas ocasiones que no esté claro dirimir la actuación del Estado
en diversos ámbitos. Respecto de las propuestas del Grupo Parlamentario Popular, mi grupo votará favorablemente la primera y la segunda porque van en la línea de mejorar los instrumentos de que se tiene que dotar el Gobierno para que el Tribunal de
Cuentas realice una declaración lo más ajustada posible a la realidad contable de cada ejercicio. Y votaremos en contra de las restantes propuestas de resolución del Grupo Popular porque entendemos que en todo caso hacen referencia a meras
hipótesis, a analizar posibilidades, a vaguedades que en modo alguno vienen a paliar las importantes deficiencias que se han puesto de manifiesto en esta declaración. En ese sentido, en la tercera propuesta de resolución se insta al Gobierno a que
analice la posibilidad de que la segunda parte de la cuenta general del Estado pueda formarse con las cuentas de los distintos grupos consolidables, pues entendemos que ya hay instrumentos para que se produzca esta práctica y se tienen que presentar
de forma clara las cuentas consolidadas, por lo que no entendemos por qué se tiene que instar al Gobierno a que analice una posibilidad cuando ya hay una normativa legal que obliga al cumplimiento de la misma. En el mismo sentido nos manifestamos
respecto a las otras dos propuestas de resolución del Grupo Popular, entendiendo en el caso de la última propuesta -instar al Tribunal de Cuentas a que realice una moción o propuesta que clarifique cuáles deben ser a su juicio los procedimientos de
formación, alcance y contenido de la cuenta y las posibilidades de su consolidación- que ya existe
normativa de rango legal superior, por lo que es de todo punto improcedente bajar en la jerarquía normativa para conseguir una moción en la que se vuelvan a plantear los criterios que ya están establecidos por ley.
El señor PRESIDENTE:
Para defender las propuestas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Martí.
El señor MARTÍ I GALBIS: El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado nueve propuestas de resolución a la
declaración sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 2000, que tienen un hilo conductor muy determinado y responden, como las últimas que hemos presentado a anteriores declaraciones, a la lógica de continuidad en relación con las propuestas
que habíamos presentado en su momento por parte de mi grupo parlamentario, en concreto a la declaración sobre la cuenta general del Estado del ejercicio del año 1999, que fue aprobada por la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de
Cuentas. Al repetirse esta filosofía, incluso textualmente en algunas, no todo se ha hecho bien (en todo caso no se han cumplido algunas de las propuestas de resolución convertidas ya en resoluciones consolidadas en relación con las propuestas que
se habían planteado) y el Gobierno del PP tiene trabajo por hacer, por lo que vamos a reiterar algunas de ellas en la declaración sobre la cuenta general del Estado correspondiente al ejercicio del año 2000. Avanzo ya que algunas de ellas, no
literalmente pero sí en su filosofía y contenido, vienen a coincidir con otras propuestas de resolución presentadas por otros grupos parlamentarios, especialmente por el Grupo Parlamentario Socialista, aunque la presentación no sea exactamente la
misma.
Paso a referirme a cada una de las nueve propuestas de resolución presentadas por mi grupo parlamentario. En la primera, que figura con el número 32 en función del registro, instamos al Gobierno a adoptar las medidas que sean necesarias
para que la cuenta general del Estado y las cuentas que la conforman se ajusten plenamente a la legislación aplicable y a los principios que deben informar su elaboración y rendición, como no podía ser de otra forma. Esperemos que al año que viene
no tengamos que presentar otra vez la misma en relación con la cuenta del año 2001.
En la segunda propuesta de resolución, que figura en el registro con el número 33, instamos al Gobierno a implantar lo más pronto posible los pertinentes
procedimientos de consolidación de la cuenta general del Estado al objeto de obtener una visión global de las actividades desarrolladas, con independencia del grado de descentralización con el que se hayan efectuado.
En la tercera propuesta de
resolución, que figura con el número 34, instamos al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para evitar las limitaciones y salvedades en la representatividad de la cuenta general del Estado que se siguen manteniendo, como ha quedado ya acreditado
hasta la fecha.
En la cuarta propuesta de resolución, número 35, instamos al Gobierno a exigir que la cuenta general de las administraciones públicas estatales integre las cuentas de todas las entidades públicas estatales sometidas al Plan general
de contabilidad pública.
En la quinta propuesta de resolución, número 36, instamos al Gobierno a exigir que todas las empresas estatales sometidas al Plan general de contabilidad de la empresa española que deban integrarse en la cuenta general de
las empresas estatales elaboren sus cuentas de la forma determinada en dicho plan y rindan sus cuentas al Tribunal en los plazos, estructura y forma establecidos.
En la sexta propuesta de resolución, número 37, coincidiendo con otras propuestas
tanto del Grupo Parlamentario Popular como del Grupo Parlamentario Socialista, instamos al Gobierno a modificar la Orden de 12 de diciembre de 2000 que regula la elaboración de la cuenta general del Estado con la finalidad de que la misma ofrezca la
información suficiente sobre la situación económica, financiera y patrimonial del sector público estatal y sobre los resultados económico-patrimoniales del ejercicio y la ejecución y liquidación de los presupuestos.
En la séptima propuesta de
resolución, número 38, se insta al Gobierno a garantizar que todos los estados de la memoria de las cuentas anuales de cada una de las entidades gestoras y de la Tesorería general sean elaborados y remitidos al Tribunal de Cuentas,
independientemente de que contengan o no información, haciendo constar en su caso que carecen de ella.
En la octava propuesta de resolución instamos al Gobierno a velar porque la memoria de la cuenta general del Estado contenga, además de los
contenidos básicos, la información complementaria necesaria que permita conocer aspectos como las causas que contribuyen a las posibles desviaciones entre los resultados obtenidos y los presupuestados.
En la novena propuesta de resolución instamos
al Gobierno a exigir la rendición completa de las cuentas por parte de las fundaciones estatales, aportando toda la información prevista en la normativa vigente.
Finalmente, señor presidente, si me lo permite, aprovecho este turno no para
posicionarme frente a cada una de las propuestas, que son muchas, y que lo haría en su momento procesal, sino para pedir la votación separada de las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Mi grupo pediría en un
bloque la votación de las propuestas números 7, 9, 10, 11, 12, 13, 24, 25 y 29, repito, presentadas por el Grupo Socialista; me estoy refiriendo a la numeración de la Comisión, no a la original del grupo. También pediría que fuese objeto de
votación separada la propuesta número 43 presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Bardisa.
El señor BARDISA JORDA: El Grupo Parlamentario Popular ha presentado cinco propuestas de resolución respecto a la cuenta general del Estado. En
la primera instamos al Gobierno a que modifique la Orden ministerial de 12 de diciembre de 2000, por la que se regula la elaboración de la cuenta general del Estado, en la línea de trabajo actual pero de la siguiente forma. Que el proceso de
consolidación se realice como mínimo al nivel de los Presupuestos Generales del Estado y en relación con los estados que forman parte de los mismos; es decir, el estado de liquidación del presupuesto. En la misma línea que la propuesta anterior, y
como medida de incorporación sucesiva a un sistema de consolidación global, las disposiciones transitorias de dicha orden establecen un calendario de presentación de las cuentas consolidadas para las administraciones públicas, iniciándose este
proceso con la eliminación de las transferencias internas habidas entre las distintas entidades que conforman la cuenta general de las administraciones públicas estatales y con la remisión de las cuentas anuales consolidadas de los grupos de
empresas más significativos. Igualmente, se insta al Gobierno a que desarrolle en el menor plazo posible el artículo 131.4 de la nueva Ley General Presupuestaria que hemos aprobado recientemente en este Parlamento, especificando en qué supuestos y
en qué condiciones será de aplicación. Se debe revisar y plasmar en una norma de rango suficiente cuál debe ser el criterio de inclusión o exclusión de la cuenta general del Estado de las cuentas con informe de auditoría con opinión desfavorable,
denegación de opinión u opinión con salvedades. Por otra parte, hay que considerar que si determinadas cuentas dejan de incluirse en la cuenta general es posible que se produzca una pérdida de representatividad de la citada cuenta.
En la segunda
propuesta de resolución se insta al Gobierno a que modifique la memoria de cada una de las partes de la cuenta general del Estado, de forma que se amplíe su contenido, incorporando, entre otras cosas, información de carácter presupuestario de forma
más detallada en la memoria de la cuenta general de las administraciones públicas estatales.
En la tercera propuesta de resolución también se insta al Gobierno a que analice la posibilidad de que la segunda parte de la cuenta general del Estado, la
de las empresas públicas estatales, pueda formarse con las cuentas de los distintos grupos consolidables del sector público empresarial.
En la cuarta propuesta se insta al Gobierno a que analice el modelo de balance agregado de la cuenta general de
las empresas estatales, contenido en la Orden ministerial de 12 de diciembre de 2002, de manera que las partidas sean recogidas de forma más acorde con la reglamentación contable que les sea de aplicación.
La quinta y última propuesta de resolución
del Grupo Parlamentario Popular insta al Tribunal de Cuentas a que realice una moción o propuesta que clarifique cuáles deben ser a su juicio los procedimientos de formación, el alcance y contenido de la cuenta general del Estado y las posibilidades
de su consolidación, considerando su viabilidad práctica.
En ese sentido -y contestando al Grupo Socialista, que ha fijado posición en contra de esta propuesta- quiero decir que no se trata de rebajar la normativa legal, sino de que el Tribunal de
Cuentas dé su opinión sobre esto porque puede ser importante para la elaboración de la cuenta general que luego haga el Gobierno.
En cuanto a las propuestas de resolución de los demás grupos parlamentarios, tengo que decir que no podemos votar
favorablemente ninguna de las presentadas por Entesa Catalana. En su primera propuesta nos dice que la cuenta general del Estado 2002 no cumple el requisito de los resultados económico-patrimoniales del ejercicio y la ejecución y liquidación de los
presupuestos, y nuestro grupo cree que la cuenta general sí cumple ese requisito. No podemos aprobar tampoco su segunda propuesta ya que el Gobierno está facilitando los datos a las Cortes Generales, según la legislación vigente.
Tampoco podemos
aprobar las propuestas de resolución del Grupo Socialista puesto que ninguna de ellas se ajusta al informe que da el Tribunal de Cuentas sobre la cuenta general del Estado. Por ejemplo, en una propuesta de resolución piden al Tribunal que sean
cuentas consolidadas cuando el propio informe del Tribunal de Cuentas nos dice que la consolidación se debe hacer de forma paulatina; lo dice expresamente el informe del Tribunal. En general, ninguna de las propuestas se ajusta a la realidad del
informe, sino a las manifestaciones y alegaciones que hizo el otro día la portavoz del Grupo Socialista y en relación con las cuales ya manifesté mi desacuerdo, porque el Tribunal de Cuentas debe fiscalizar; ese es su contenido. Sí quiero dejar
claros, y que consten en el 'Diario de Sesiones', tres puntos que han sido fundamentales a la hora de fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular. Se ha comprobado que las cuentas integradas en la cuenta general del Estado presentan en su
práctica totalidad una adecuada consistencia interna -así lo dice el Tribunal de Cuentas en su informe- y se ajustan a lo dispuesto en la normativa vigente. Por tanto, desestimamos todo lo que hable de que no se cumple la normativa vigente. En
segundo lugar, en el análisis de las modificaciones presupuestarias el Tribunal de Cuentas no ha observado ningún incumplimiento de la legalidad. Y en tercer lugar quiero dejar claro -lo dijo el presidente del Tribunal de Cuentas en la última
comparecencia que tuvimos en el Senado, cuando se presentó este informe; lo dijo claramente a preguntas de este diputado- que el fiscal ha emitido un informe estableciendo que no existe responsabilidad contable alguna.
Por supuesto, si
no existe responsabilidad contable mucho menos existe responsabilidad penal. Quiero que esto quede claro, a la vista de las propuestas de resolución hechas por el Grupo Parlamentario Socialista.
En cuanto a las propuestas presentadas por
Convergència i Unió, podemos estar de acuerdo en algunos puntos, pero creemos que están mucho mejor elaborados en las propuestas de resolución que nosotros hemos presentado.
Sí vamos a votar afirmativamente la propuesta número 6 de Convergència,
relativa a modificar la Orden de 12 de diciembre de 2000, que también recogemos nosotros.
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN: - INFORME DE LOS SECTORES PÚBLICOS AUTONÓMICO Y LOCAL, EJERCICIO 1999.
(Número de expediente Congreso
250/000012 y número de expediente Senado 770/000011.) El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente del orden del día: debate y votación de las propuestas de resolución en relación con los sectores públicos autonómico y local, ejercicio 1999. A
este informe sólo ha presentado propuestas de resolución el Grupo Parlamentario Popular y, para su defensa, tiene la palabra el señor Villanova.
El señor VILLANOVA RUEDA: En relación con este informe de fiscalización de los sectores públicos
autonómico y local nuestro grupo parlamentario ha presentado 17 propuestas de resolución.
En la primera propuesta de resolución solicitamos al Tribunal de Cuentas que examine las posibles soluciones, tanto legales como administrativas, que hagan
posible que aquellas comunidades autónomas, los organismos autónomos y sus entes públicos que no hayan implantado el Plan general de contabilidad pública lo efectúen en el plazo más breve posible.
En la segunda propuesta de resolución instamos al
Tribunal de Cuentas a que analice las posibles soluciones legales para que las comunidades autónomas y sus entes públicos efectúen la rendición de cuentas ante este Tribunal de Cuentas dentro de los plazos legalmente establecidos.
En la tercera
propuesta de resolución instamos a las comunidades autónomas a que imputen al presupuesto las variaciones netas de operaciones de endeudamiento a corto plazo y a que imputen correctamente las operaciones de endeudamiento a largo plazo, de acuerdo
con los principios y normas contables públicos aplicables.
En la cuarta propuesta de resolución instamos a las comunidades autónomas a que procedan al reconocimiento adecuado de los derechos en concepto de recursos procedentes del Fondo de
Compensación Interterritorial, según lo establecido en la Ley 29/1990, de 26 de diciembre, reguladora del Fondo de Compensación Interterritorial.
En la quinta propuesta de resolución instamos a las comunidades autónomas a que reconozcan los
derechos adecuadamente cuando esté acreditado el devengo de los ingresos correspondientes, especialmente cuando se trate de los derechos procedentes de fondos estructurales de la Unión Europea.
En la sexta propuesta de resolución instamos a las
comunidades autónomas a que procedan a un adecuado registro de los derechos pendientes de cobro, dada la importancia que tiene para el cálculo correcto del remanente de tesorería.
En la séptima propuesta de resolución instamos a las comunidades
autónomas a que efectúen los registros de operaciones de inventario del inmovilizado material y se incluyan todos los bienes y estén correctamente valorados, además de dotar las correspondientes amortizaciones, con el objeto de que las cifras
representativas del resultado y del patrimonio estén en concordancia con la realidad económico-financiera de cada comunidad.
En la octava propuesta de resolución instamos a las comunidades autónomas a que procedan a la contabilización de las
operaciones de endeudamiento a largo plazo formalizadas por sus administraciones generales, para que la financiación de las correspondientes inversiones se realice atendiendo a los principios contables públicos, implantando sistemas contables
auxiliares para el registro de los gastos con financiación afectada, tal y como exige el artículo 14.2 de la Ley Orgánica de financiación de las comunidades autónomas.
En la novena propuesta de resolución instamos a las comunidades autónomas a que
cumplan con los requisitos regulados por la normativa aplicable en materia de subvenciones.
En la décima propuesta de resolución instamos a las comunidades autónomas a que optimicen los controles internos con relación a los avales que otorgan a las
administraciones generales, al objeto de permitir valorar su situación y así evaluar el riesgo derivado de los avales otorgados a fin de ejercicio.
En la undécima propuesta de resolución instamos a las comunidades autónomas para que en los
Presupuestos Generales del Estado se concreten inversiones a realizar o fomentar por las comunidades autónomas con los recursos del Fondo de Compensación Interterritorial, con el objetivo de poder hacer un mejor seguimiento y control de la ejecución
de dichas actuaciones.
En la duodécima propuesta de resolución instamos a las comunidades autónomas a que se potencie la adjudicación de contratos de obras públicas por el sistema ordinario de subasta, ya que en líneas generales se ha visto a lo
largo de estos años que el sistema utilizado ha sido, en gran parte, el concurso.
La decimotercera propuesta de resolución dice: la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal
de Cuentas insta a las comunidades autónomas, en virtud del artículo 3 del Reglamento sobre la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional, para que fomenten las
agrupaciones de municipios para el sostenimiento en común de los puestos de secretaría.
En la decimocuarta propuesta de resolución instamos al Tribunal de Cuentas a que analice las posibles soluciones tanto legales como administrativas que hagan
posible que aquellas entidades locales que bien no rindan sus cuentas, bien lo hacen de forma incompleta, lo hagan en los plazos y condiciones que establece la legislación vigente.
En la decimoquinta propuesta de resolución instamos al Tribunal de
Cuentas a que analice las posibles soluciones tanto legales como administrativas que hagan posible que todas las entidades locales aporten los contratos formalizados en cumplimiento de los artículos 39 y 40 de la Ley de funcionamiento del Tribunal
de Cuentas. Quiero añadir in voce el artículo 58 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y el 57 del Real Decreto legislativo 2/2000.
En la decimosexta propuesta de resolución solicitamos al Gobierno dictar las normas con arreglo a
las cuales las entidades locales han de confeccionar las relaciones de puestos de trabajo, la descripción de trabajo tipo y las condiciones requeridas para su creación en virtud de la atribución que confiere al Estado el artículo 90.2 de la Ley
reguladora de bases de régimen local. También instamos al Gobierno a restringir los supuestos de nombramiento y cese contemplados en el artículo 99.2 de la Ley de bases del régimen local en relación con la provisión en el sistema de libre
designación de los puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional.
La decimoséptima propuesta de resolución dice: la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas insta al Tribunal de Cuentas a
analizar las posibles soluciones tanto legales como administrativas que hagan posible que todas las entidades locales cumplan rigurosamente la legislación vigente en materia de contratación administrativa.
Quiero recalcar que hemos añadido in voce
a la decimoquinta propuesta de resolución el artículo 58 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y el artículo 57 del Real Decreto legislativo 2/2000, que no estaba en el texto porque se había omitido.
Creo que hay un error en la
undécima propuesta de resolución debido a las prisas que ha habido, ya que el plazo para presentarlas ha sido muy reducido. El error es que no instamos a las comunidades autónomas sino al Gobierno para que en los Presupuestos Generales del Estado
se concreten las inversiones a realizar o fomentar por las comunidades autónomas con los recursos del Fondo de Compensación Interterritorial.
Espero contar con el máximo apoyo de todos los miembros de esta Comisión a las propuestas de resolución
presentadas por mi grupo.
El señor PRESIDENTE: Le rogaría que el texto escrito de la modificación de la decimoquinta propuesta de resolución lo pasase a la Mesa.
Para fijación de posición tiene la palabra el señor Martí, en nombre del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor MARTÍ I GALBIS: Más que fijar la posición de mi grupo parlamentario quiero pedir la votación separada de cuatro propuestas de resolución del Grupo Popular. En concreto, pedimos la votación de
las propuestas 9, 12, 13 y 16 en un bloque y el resto de propuestas en otro bloque, por una sencilla razón, y es que el Grupo Parlamentario Catalán entiende que algunos de los planteamientos contenidos en esas cuatro propuestas de resolución podrían
implicar una cierta intromisión en el ámbito de decisión autonómico, una más que probable invasión competencial en materia de régimen local, también en materia de contratación pública y de subvenciones, con lo que en ningún caso puede estar de
acuerdo. Ello no tiene que implicar en modo alguno que mi grupo parlamentario obstaculice o no apoye el cumplimiento de la norma aplicable en cada uno de los supuestos. Repito que en esos tres campos concretos de régimen local, contratación
administrativa pública y subvenciones entraríamos en un conflicto, por lo que entendemos que al oponernos a la votación de esas cuatro propuestas estamos defendiendo las competencias de las comunidades autónomas y sobre todo la autonomía local, no
solamente en el ámbito municipal autonómico sino también en el ámbito estrictamente local. Esta es nuestra posición respecto de las propuestas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Camacho,
en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor CAMACHO SÁNCHEZ: Intervengo en nombre de mi grupo para fijar nuestra posición con respecto a las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular.
De las 17 propuestas
de resolución, mi grupo va a votar favorablemente casi todas ellas porque la mayoría son un recordatorio de la legislación y evidentemente no nos podemos poner en contra de que se cumpla la ley.
Ahora bien, querríamos hacer alguna salvedad y por
ello pediríamos votación separada de las propuestas que voy a mencionar. Pedimos votación separada de la propuesta de resolución 16 puesto que mi grupo la va a votar en contra al entender que de alguna manera se invade la competencia de las
entidades locales al instar a la regulación de determinados preceptos. Res
pecto a la propuesta de resolución número 11, que ha modificado ahora el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la cual habla de que se inste al Gobierno y no a las comunidades autónomas, mi grupo se va abstener porque entiende que es
prácticamente de imposible cumplimiento. No se pueden fijar en los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año las inversiones que van a realizar las comunidades autónomas con cargo al Fondo de Compensación Interterritorial; por tanto se
trata de una propuesta de resolución de imposible cumplimiento en relación con la cual mi grupo se va a abstener. No es que estemos en contra de esa posibilidad, es que no encontramos que tenga sentido y por eso nos abstenemos.
En cuanto a la
número 12, proponemos al portavoz del Grupo Popular una transaccional. La propuesta dice que la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas insta a las comunidades autónomas a que se potencie la adjudicación de contratos de obras
públicas por el sistema ordinario de subasta. Nosotros proponemos que se incluya a las entidades locales, ya que las entidades locales también hacen muchísimas contrataciones, y al igual que pasa con las comunidades autónomas muchas de ellas se
hacen por el sistema de concurso. Si lo que estamos pidiendo es una regulación de acuerdo con lo que dice la propia ley, que no obliga sino que recomienda que se utilice el sistema de subasta, que también se recomiende a las entidades locales que
realicen la adjudicación por el sistema de subasta.
En relación con la propuesta de resolución número 13, también nos vamos a abstener por lo mismo que hemos dicho cuando hemos hablado de la número 16, aquello de que invadía las competencias de la
autonomía municipal, aunque en este caso la abstención no viene motivada por este tema sino porque creemos que fomentar las agrupaciones de municipios es una cosa positiva, pero la fórmula no sería a través de una propuesta de resolución ante el
Tribunal de Cuentas, sino por medio de una serie de modificaciones legislativas que favorezcan dicha agrupación para el sostenimiento en este caso del puesto de la secretaría, aunque no solamente podría ser mucho más amplia la propuesta de
resolución sino también el debate sobre la agrupación de municipios.
Así pues, para concretar, solicitamos votación separada de las propuestas de resolución números 16, 13, 12 y 11.
El señor PRESIDENTE: Para contestar, tiene la palabra el señor
Villanova.
El señor VILLANOVA RUEDA: Voy a ser breve, señor presidente.
Contestando al Grupo Socialista, tengo que decir que, respecto a la propuesta de resolución número 11 que hemos presentado, antes he mencionado que nuestra oficina
parlamentaria ha cometido un error a la hora de realizar la transcripción mecanográfica. Cuando llega el momento de analizar y controlar las inversiones que se fijan en los Presupuestos Generales del Estado, que en muchos casos son genéricas,
cuando hay que proceder a la fiscalización de la liquidación del capítulo 6, relativo a las inversiones, en todas aquellas inversiones que afectan al Fondo de Compensación Interterritorial, se constata que al existir una partida presupuestaria
genérica, después no se puede comprobar si se han contraído esos gastos conforme a lo que lógicamente habían previsto las comunidades autónomas y que el Gobierno había recogido en los Presupuestos Generales del Estado. Lo que hacemos en este caso
es instar a que el Gobierno concrete esas inversiones para que luego, como consecuencia de la liquidación y de la fiscalización que se produzca, se pueda saber si realmente los objetivos, los programas y las inversiones previstas son las que se
ejecutan en la práctica, puesto que se está observando cómo las comunidades autónomas destinan a otras inversiones no previstas y no muy claras, complicando bastante el trabajo de seguimiento, de control y de fiscalización no solamente de la IGAE
sino también del Tribunal de Cuentas.
En cuanto a la transaccional que ustedes proponen a la número 12, nosotros nos hemos referido al informe que tenemos del año 1999, en donde se puede observar un porcentaje que supera el 70 por ciento de las
licitaciones y de los contratos administrativos que se han producido, sobre todo en obras. En las comunidades autónomas, más del 70 por ciento se ha producido por el sistema de concurso y no por el de subasta, que entendemos es mucho más positivo a
la hora de rebajar costos y de que haya más transparencia y más posibilidades de ahorro para la Administración autonómica y para el propio Estado. En definitiva, no vamos a aceptar esta transaccional, puesto que ustedes lo podían haber propuesto y
no lo han hecho, y nosotros no hemos observado en las corporaciones locales esa deficiencia tan generalizada como en las comunidades autónomas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, EJERCICIO 2001. (Número de
expediente Congreso 251/000133 y número de expediente Senado 771/000132.) El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto, relativo a la fiscalización de la contabilidad de los partidos políticos, ejercicio 2001.
Para la defensa de las propuestas
de resolución que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz el señor Romeu.
El señor ROMEU I MARTÍ: Quiero presentar las propuestas de resolución del Grupo Socialista para que se entienda el conjunto de las mismas y
su intención, que por cierto no se desliga de la que manifestó el portavoz del Grupo Popular cuando reclamaba informes y
estudios exhaustivos para conseguir la máxima claridad respecto a las cuentas y a la situación financiera de todos los partidos; imagino que no se refería sólo a las del Partido Socialista sino también a las suyas.
La primera propuesta de
resolución insta a remitir el informe por sus conclusiones y recomendaciones a las direcciones políticas para que se atiendan las manifestaciones del tribunal e intenten adecuar su contabilidad y procedimientos a las reivindicaciones que hace el
alto tribunal en tanto no se hayan concretado mediante una vinculación legal.
Hablando por tanto de la reforma legislativa, volvemos a instar al Gobierno, como ya hizo el propio Grupo Popular en esta Comisión y así se aprobó, a que el Gobierno
inicie con el máximo consenso y acuerdo la modificación de la legislación para dar cabida a todas las observaciones que reiteradamente hace el tribunal en su informe y al contenido de la moción, que también fue debatida y aprobada en esta Comisión.
El portavoz del Grupo Popular manifestó -así consta en el 'Diario de Sesiones'- que los otros grupos, como el Socialista, también podían iniciar la tramitación de la modificación legal. Quiero aclarar al portavoz del PP que su propuesta de
resolución y las nuestras aprobadas al respecto instan claramente al Ejecutivo a iniciar, antes de presentar en la Cámara el proyecto de ley, el trámite desde el consenso y el acuerdo. Nosotros queremos y pedimos que el Gobierno cumpla las
propuestas de resolución que el Grupo Popular presenta y aprueba en esta Comisión, ya que obviar los acuerdos de la misma sólo consigue mermar su eficiencia y desautorizarla ante la opinión pública y ante esta Cámara.
Nosotros queremos, y se ve por
la intervención del Grupo Popular en la pasada Comisión ante el presidente del Tribunal de Cuentas, que se profundice en las cuentas y se consiga la máxima información y transparencia, y pedimos al alto tribunal que lleve a cabo una serie de
informes en la línea de lo que pedía el portavoz del PP para conseguir esa máxima transparencia. Empezamos pidiendo al Tribunal un informe sobre el necesario régimen sancionador que debe contemplar la nueva ley.
Recuerden SS.SS. que el presidente
del Tribunal se refirió a que la Ley de 1987 establece sanciones, pero no procedimientos ni órgano sancionador competente, y para que el Grupo Popular vea que no huimos de nuestras responsabilidades y que no tenemos nada que esconder ni
irregularidades que tapar, pedimos el informe que el portavoz del PP solicitó referido a las renegociaciones condonaciones y endeudamiento en general de todos los partidos políticos, y digo de todos porque el Tribunal menciona hasta ocho formaciones
políticas. Puestos a buscar información y a conseguir la máxima transparencia y claridad en las cuentas de unos y otros, pedimos también que se profundice en las donaciones que reciben los partidos políticos junto con la participación en sociedades
o donaciones de personas jurídicas de forma poco clara como método para financiar el funcionamiento ordinario y las campañas electorales. Volvemos, al igual que el informe del Tribunal, a pedir más información y más detallada sobre las fundaciones
vinculadas o adscritas a partidos políticos y sus sistemas de financiación, y por otra parte la situación patrimonial de los partidos y coaliciones fiscalizadas en los últimos diez años para que todos podamos comparar el grado de capacidad
patrimonial y el grado de endeudamiento de los partidos en los últimos años y poder tomar las medidas necesarias para su corrección. Instamos al tribunal a saber por qué y quiénes son los proveedores que condonan deudas a los partidos,
fundamentalmente al PP, que no deja de ser una forma de conseguir recursos, ya que no se cumple la obligación mercantil que el propio portavoz del PP manifestó el día 11 respecto de la obligación de liquidar las deudas.
Nuestra penúltima propuesta
de resolución trata sobre uno de los aspectos más novedosos que ha introducido el informe de fiscalización de partidos políticos del ejercicio 2001 respecto a las aportaciones de los grupos municipales. Pedimos al Tribunal que aclare qué relación
hay entre las aportaciones institucionales para el funcionamiento ordinario de los grupos políticos municipales y los partidos, habida cuenta de la firma y autorización del interventor general de la corporación local. El presidente indicó en su
comparecencia que los ingresos se consideraban en su totalidad como recibidos por los partidos, y es necesario aclarar qué es financiación de los partidos y qué son los recursos que los concejales necesitan para el desarrollo de su función política
municipal.
Finalmente entendemos necesario que la transparencia de la información no dependa sólo de los partidos, sino también de quienes tengan relación con ellos y por tanto estén obligados a cumplir con sus obligaciones con el Tribunal de
Cuentas. Por eso entendemos necesario un régimen sancionador concreto y explícito, con procedimientos y órganos competentes para que entre todos podamos participar en la mejora de la imagen de los partidos, sobre todo en lo que se refiere a su
financiación. Como ven, son propuestas de resolución destinadas a aumentar la información y la transparencia de las cuentas de los partidos, por lo que estoy convencido que obtendrán el voto favorable de los restantes grupos, si el Grupo Popular
mantiene la coherencia de su intervención el pasado 11 de noviembre en esta misma Comisión.
Respecto de las otras propuestas de resolución presentadas, doy por defendida la del Grupo Parlamentario Entesa Catalana y manifiesto el voto favorable a
las del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Respecto a las del Grupo Popular, en la propuesta de resolución número 15, en la última línea, dice: En su caso, como financiación irregular o encubierta. Esto supone una conclusión sobre
lo que se pide al tribunal, y es que abra una investigación. Nosotros creemos que
el tribunal tiene que investigar primero y luego llegar a una conclusión.
Por tanto, la votaremos favorablemente si se elimina la última línea, donde dice en su caso, como financiación irregular o encubierta. Si se hace así, votaremos
todas las propuestas favorablemente; si no pediría votación separada de la propuesta de resolución número 15.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Martí.
El señor MARTÍ I
GALBIS: Intervendré brevemente, porque a lo largo de esta legislatura todos los portavoces hemos tenido ocasión de tomar partido en relación con los problemas profundos que afectan a este tema que ahora nos ocupa. En este sentido, no íbamos a
hacer más que reiteraciones, que nos podemos ahorrar para no alargar el debate sobre este tema.
Antes de referirme a las dos propuestas de resolución que hemos presentado, tengo que decir que en su introducción debería decir que la Comisión Mixta
insta al Gobierno. Obviamente, esta es una referencia que olvidamos en su momento. Por tanto, en primer lugar, en la propuesta de resolución número 12 de mi grupo parlamentario, la Comisión Mixta insta al Gobierno a cumplir la moción relativa a la
modificación de la normativa sobre financiación y fiscalización de los partidos políticos, aprobada el 30 de octubre de 2001 por el pleno del Tribunal de Cuentas, junto con las resoluciones adoptadas por esta Comisión Mixta en la sesión de 11 de
junio de 2002, moción por todos conocida, que hasta la fecha ni el Gobierno, ni los grupos parlamentarios hemos tenido la habilidad política de llevar a buen puerto.
En segundo lugar y en consecuencia con la anterior propuesta de resolución, mi
grupo parlamentario insta al Gobierno a iniciar con la mayor brevedad posible y con el máximo consenso posible una reforma de la Ley de financiación de los partidos políticos que elimine las lagunas denunciadas reiteradamente en los informes de
fiscalización del Tribunal de Cuentas y a las que ha aludido anteriormente algún portavoz.
Entendemos que a estas alturas no tiene ningún sentido poner más apellidos a la criatura, y perdónenme la expresión.
Aparte de estas dos propuestas de
resolución, podríamos haber presentado muchas más como han hecho otros grupos, pero entendemos que a tres o cuatro meses de las elecciones generales de marzo del año que viene no tiene sentido alargar este debate. Nuestro grupo parlamentario
entiende que deberíamos alejarnos lo máximo posible de esta voluntad de desgaste que en el fondo existe por parte de unos y otros. Lamentablemente, por enésima vez hemos llegado tarde a esta modificación; no hemos llegado tarde al inicio de unas
negociaciones o de unos diálogos positivos para culminarlos en la siguiente legislatura y en ese sentido hemos presentado nuestra propuesta de resolución. Evidentemente, este diálogo abierto entre todos no va a llegar a buen puerto en la presente
legislatura, pero aun así entendemos que se puede propiciar un cierto diálogo que encauce de alguna manera lo que debe ser una resolución final en la próxima legislatura, que cierre de manera definitiva todas esas lagunas de las que se derivan
tantas y tantas problemáticas, tantos y tantos litigios políticos, y lo único que hacen, como he dicho otras veces, es desgastar la imagen de los partidos políticos, de sus dirigentes y, en definitiva, del sistema democrático en que nos hallamos.
Señor presidente, presentamos sólo estas dos propuestas de resolución y pedimos la votación separada de las dos primeras propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, concretamente la 1 y la 2.
El señor PRESIDENTE:
Serían la 2 y la 3.
El señor MARTÍ I GALBIS: Serían la 2 y la 3, en función del número de registro de la Comisión.
Avanzamos nuestro voto favorable a las cuatro propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, porque
entendemos que coinciden con la filosofía que defiende mi grupo parlamentario de no entrar en muchos detalles, porque esto nos separa del objetivo final y sólo sirve para alargar ese debate estéril de desgaste político que no nos lleva a ningún
sitio. Por tanto, reiteramos esta petición de votación separada y esperamos que todos seamos capaces, especialmente los máximos responsables de todos los partidos políticos del Estado, de llegar a un acuerdo que sea beneficioso para todos los
partidos políticos, para el sistema democrático y para la confianza de la ciudadanía -que se va perdiendo poco a poco- en los partidos políticos en relación con este tema -también con otros-, un tema como la financiación de los partidos políticos,
que no es transparente y debería serlo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Bardisa.
El señor BARDISA JORDA: El Grupo Parlamentario Popular presenta cuatro propuestas de resolución que están en
línea con el informe que nos ha presentado el Tribunal de Cuentas en referencia a la contabilidad de los partidos políticos.
En la primera resolución, la número 14 en el orden de la Comisión, pedimos que la Comisión Mixta para las relaciones con el
Tribunal de Cuentas inste a todos los partidos políticos y coaliciones electorales con representación parlamentaria a intensificar los esfuerzos organizativos necesarios a fin de que las cuentas se rindan dentro de los plazos legales (hemos visto en
el informe que todavía hay partidos políticos que no las presentan dentro de los plazos) y de que sus saldos sean adecuadamente representativos, favoreciendo en todo
caso la transparencia y claridad de su actividad económico financiera.
En la propuesta número 2 instamos al Tribunal de Cuentas a que proceda a abrir una investigación específica sobre los derechos vencidos. Señor presidente, para que
conste en el 'Diario de Sesiones', se trata de una errata, pues en la resolución dice 'abrir una investigación sobre los derechos vencidos' y no es sobre los derechos sino sobre los créditos vencidos y no pagados por los partidos políticos que
figuran señalados en el informe de fiscalización, estableciendo los motivos por los que no han sido pagados, los acuerdos a que se haya llegado con las entidades financieras y las responsabilidades que pudieran existir en su caso, como financiación
irregular o encubierta. En ese sentido quiero contestar al portavoz del Grupo Socialista que nosotros no decimos que haya habido financiación irregular o encubierta de entrada, porque eso lo tiene que señalar la investigación y por eso decimos: en
su caso. Por tanto, mantenemos el texto inicial.
En la propuesta número 3, la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas insta al Gobierno la conveniencia de que con el mayor consenso posible estudie y proceda a la reforma de la
Ley de financiación de partidos políticos, tal y como fue aprobado por esta Comisión en sus sesiones de 11 de junio de 2002 y de 17 de junio de 2003, eliminando las lagunas detectadas en los distintos informes de fiscalización y estableciendo los
mecanismos de control necesarios para alcanzar la mayor transparencia de la actividad económico-financiera de los partidos políticos. En este sentido, hay un consenso en cuanto a esta propuesta de resolución con el resto de los partidos políticos,
y por tanto vamos a votar también favorablemente las propuestas que van en este sentido y a continuación, lo diré después de explicar la propuesta de resolución número 4, del Grupo Popular, en la cual instamos al Gobierno a que estudie mecanismos de
control sobre las relaciones de los partidos políticos con sociedades mercantiles en las que participan, con objetos sociales relacionados con la tenencia, administración y promoción de bienes inmobiliarios, realizando las reformas legales
necesarias para que el Tribunal de Cuentas pueda fiscalizar su financiación y actividad con total y absoluta transparencia. Ello lo hacemos porque en el informe del Tribunal de Cuentas se habla de las dificultades que tiene para un control absoluto
y transparente de este tipo de financiación que está dentro de la ley, no nos cabe duda, pero sería bueno que se estudiase algún mecanismo de control para una mayor claridad y transparencia de todos los partidos políticos.
En cuanto a las
propuestas de resolución del resto de los grupos políticos, vamos a votar favorablemente la propuesta de Entesa Catalana de Progrés, que insta al Gobierno y a las Cortes Generales al cumplimiento de una moción que ya ha sido aprobada en esta propia
Comisión, y por tanto la vamos a votar favorablemente.
En cuanto a las propuestas del Grupo Socialista, vamos a votar favorablemente la propuesta número 1, que va con el número 2 general, puesto que se pide remitir a todas las direcciones políticas
el informe de las conclusiones y recomendaciones del propio informe del Tribunal de Cuentas, con lo cual estamos absolutamente de acuerdo. La propuesta de resolución número 2 viene a decir lo mismo que venimos diciendo: instar al Gobierno para que
se inicie con la máxima brevedad y el máximo consenso la modificación de la Ley de financiación de partidos políticos.
Ya hemos indicado que estamos a favor y vamos a votarla favorablemente, así como también la propuesta de resolución número 4, en
la que se insta al Tribunal de Cuentas a que se realice un estudio exhaustivo y detallado sobre todas las negociaciones y condonaciones de intereses de capital que se han realizado a favor de todos los partidos políticos y coaliciones fiscalizadas,
porque en el informe no se refiere solamente al Partido Socialista, aunque hay que reconocer que es donde dice que hay un número mayor de créditos no pagados por parte del Partido Socialista, pero también hay otros partidos que tienen esa deuda
pendiente. Por tanto, la vamos a votar favorablemente. El resto de las propuestas están contenidas en éstas y también en las que vamos a votar favorablemente. No podemos estar de acuerdo en general, por ejemplo, cuando se habla de que se
establezca un régimen sancionador por parte del Tribunal de Cuentas, pues estamos pidiendo una reforma de la Ley de financiación de partidos políticos y ahí es donde se debe contemplar ese posible régimen sancionador. No debe ser el Tribunal de
Cuentas, sino que debe ser el legislativo el que haga ese régimen sancionador. Por tanto, no podemos votarla a favor, igual que el resto de las propuestas.
Vamos a votar favorablemente las dos propuestas de resolución del Grupo de Convergència i
Unió, puesto que están en la línea del resto de nuestras propuestas en cuanto al cumplimiento de la moción relativa a la modificación de la normativa sobre financiación de los partidos políticos, que ya hemos aprobado en esta Comisión, y luego
también se habla en la número 13, segunda propuesta de Convergència, de iniciar con el máximo consenso posible la reforma de la Ley de financiación. Por tanto, vamos a votar favorablemente estas dos propuestas de resolución.
- INFORME DE
FISCALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DEL PROGRAMA 142.A, TRIBUNALES DE JUSTICIA Y MINISTERIO FISCAL, REFERIDO A SU SITUACIÓN EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2001. (Número de expediente Congreso 251/000109 y
número de expediente Senado 771/000112.) El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al punto 5 del orden del día, propuestas de resolución presentadas
al informe de fiscalización de los procedimientos de control de la gestión económico-financiera del programa 142.A, Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal, referido a su situación en el primer semestre del 2001.
Rogaría a todos los
portavoces de los distintos grupos parlamentarios que por favor se ajustaran a los cinco minutos de que disponen porque veo que vamos a alargar demasiado esta Comisión.
Tiene la palabra el señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Señores
comisionados, desde luego voy a intentar sujetarme al Reglamento. Mi intención es hacerlo.
Para defender el conjunto de propuestas de resolución que presentamos, con referencia al informe cuyo título ha leído el señor presidente, debo decir que
son 18 resoluciones que se adaptan a nuestro entender al contenido de las conclusiones del informe referido al ministerio fiscal y tribunales de justicia. Estas 18 resoluciones se agrupan en seis ámbitos distintos a los cuales me referiré de forma
global y no desgranando una por una las distintas propuestas de resolución. En primer lugar y en cuanto al ámbito de personal, gestión de nóminas y retribuciones, se hacen propuestas dedicadas especialmente a obtener, a instar, y por tanto a
intentar obtener el cumplimiento de las normas fiscales aplicables, sobre todo las referentes a las retribuciones en especie y las retenciones del IRPF que nos parecen debe llevarse a una situación de regularidad y no a la que describe el Tribunal
de Cuentas como realmente existentes. En el segundo ámbito, a través de nuestras propuestas de resolución, pretendemos hacer efectivo el necesario control en cuanto al cumplimiento y coste de los convenios de servicios, en lo referente, por
ejemplo, a correos y telégrafos, telefonía y muy especialmente servicios bancarios respecto a los cuales una de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas llega a afirmar en lenguaje realmente recio que debe hacerse asegurando la integridad de los
fondos públicos y la correcta justificación de la materialidad y finalidad de los pagos, lo que puesto en boca del Pleno del Tribunal de Cuentas significa que en la realidad no sucede así y nos parece extraordinariamente grave. Con el tercer bloque
pretendemos que se pase a formalizar los actos administrativos necesarios para la gestión de flujos monetarios en el ámbito a que nos referimos, ante la situación descrita por el Tribunal de la inexistencia del nombramiento y de cualquier trámite
administrativo respecto al personal funcionario con posibilidad de firma y manejo de fondos. En el cuarto de los bloques a los que me refería pretendemos que se establezca un control efectivo en las peticiones y recepción de material y el
establecimiento de un inventario que responda a la situación real; me ahorro decir que al contrario de lo que se describe en el informe del Tribunal de Cuentas. En el quinto de los bloques a los que me refería pretendemos, asumiendo la literalidad
de la recomendación del Tribunal de Cuentas, que se establezcan en el ámbito de tribunales de justicia y ministerio fiscal procedimientos de gestión uniformes y manuales de actuación también claros y que puedan ser seguidos por todos los
funcionarios y controlados adecuadamente por quien debe controlarlo. En el sexto y último nos referimos al aspecto del Fondo de anticipos reintegrables a los trabajadores sobre sentencias recurridas, que nos parece especialmente sangrante en cuanto
se describe por el Tribunal de Cuentas, en el sentido de que por una parte se cumpla la finalidad urgente de anticipo reintegrable y por tanto lleguen al patrimonio del trabajador los anticipos en un tiempo razonable, y por otra parte que se
emprendan las actuaciones necesarias para que los fondos públicos sean reintegrados por parte de aquellos empresarios, y también trabajadores, cuando deban devolver los créditos.
Esto en cuanto a la defensa de nuestras propuestas de resolución.
Sin embargo, quiero indicar que pedimos votación separada, aunque puede ser conjunta, de las propuestas de resolución números 19, 20 y 21 que son las presentadas por el Grupo Popular, respecto a las cuales votaremos en contra por entender que en
realidad son una indisimulada, aunque retórica loa de la actuación gubernamental en este ámbito, que se contradice con el contenido del informe del Tribunal de Cuentas de que se trata y no podemos en absoluto admitir que lo esté realizando todo bien
el Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don José Luis Juan.
El señor JUAN SANZ: En nombre del Grupo Parlamentario Popular presentamos las propuestas de resolución, según el registro de la Comisión
19, 20 y 21, como continuación y en correspondencia con lo manifestado en nuestra intervención en la anterior Comisión en la que hacíamos referencia a las debilidades, que se ponían de relieve en el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas,
de los procedimientos de control de la gestión económica-financiera del programa 142.A, de los tribunales de justicia y ministerio fiscal, y a la vez hablábamos de las medidas adoptadas por el Ministerio de Justicia para la corrección de las mismas.
De la misma manera que entonces detallamos cada una de las conclusiones del informe de fiscalización, señalando a la vez las medidas adoptadas por el Ministerio para la corrección de las debilidades indicadas en dicho informe, ahora presentamos las
resoluciones agrupándolas en tres grandes temas, tal como se recogen en las recomendaciones finales del informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas. Precisamente en aras de la brevedad, de la misma manera que entonces hablábamos de las
conclusiones, y siguiendo de una manera coherente con el informe de fiscalización, ahora en estas resoluciones instamos para que se continúe en lo que realmente es una realidad (se han presentado en un informe en una documentación por el Ministerio
y se dio relato detallado de todo ello en la anterior Comisión) y si entonces hablá
bamos de las conclusiones, ahora por coherencia toca hablar de las recomendaciones, tal y como establece el Tribunal de Cuentas en dicho informe.
Estos grandes temas que recogen las recomendaciones hablan por una parte de los procedimientos
de gestión, atribución de competencias respecto al personal, que es lo que recogemos justamente en la resolución número 19.
El segundo está tratando de mejorar el control, en dicha recomendación así se detalla, de las unidades de gestión concretas
y de los procedimientos de gastos, y esto es lo que recogemos en la resolución número 20. Por último, en las recomendaciones se establece que hay que hacer un mejor y más riguroso control del seguimiento de las cuentas y de los pagos, y es lo que
resumimos en la resolución número 21.
Nos han anticipado por parte del Grupo Parlamentario Socialista que no van a votar a favor de estas propuestas cuando lo que estamos es siguiendo escrupulosamente el informe. Si hablábamos en nuestra anterior
intervención de la Comisión de octubre de las conclusiones, lo que toca ahora es hablar de las recomendaciones que es lo que finalmente se establece y se entra en la forma y en el fondo por el Tribunal de Cuentas. Todo ello está perfectamente
reflejado en estas resoluciones 19, 20 y 21. Además, me parece un poco contradictorio, pues si estas 18 resoluciones ya fueron debatidas y son aspectos superados, puesto que han sido reflejados en nuestra intervención de octubre donde se reflejan
con todo detalle las 18 resoluciones, lo que corresponde ahora es abordar las recomendaciones que es lo que hacemos en nuestras resoluciones. Por tanto, si lo que se pretende es el perfecto control económico-presupuestario de la gestión de los
tribunales de justicia, en eso estamos. Por parte del Ministerio así se refleja, insisto, en la documentación que aportan, y es lo que recogemos en nuestras resoluciones para que se continúe mejorando en ese sentido para lograr ese perfecto control
que es lo que se pretende. Por nuestra parte espero que se reconsidere esa postura, puesto que esas resoluciones que presentamos son el fiel reflejo de lo que se exige en las recomendaciones, y esperamos el voto favorable de los demás grupos. No
vamos a votar ni aprobar las resoluciones del Grupo Socialista, porque repito son una reiteración de lo ya debatido y tratado en la Comisión anterior.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCON (MADRID), EJERCICIO 1998.
(Número de expediente Congreso 251/000110 y número de expediente Senado 771/000110.) - INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE COLMENAR DE OREJA (MADRID), EJERCIO 1999. (Número de expediente Congreso 251/000111 y número de expediente Senado
771/000109.) - INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA (MADRID), EJERCICIO 1999. (Número de expediente Congreso 251/000122 y número de expediente Senado 771/000120.) El señor PRESIDENTE: A continuación, vamos a debatir
conjuntamente los puntos 6.º, 7.º y 8.º, relativos a las propuestas de resolución de fiscalización del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja y del Ayuntamiento de Guadarrama.
Para su defensa tiene la palabra el
portavoz del Grupo Socialista, señor Acosta.
El señor ACOSTA CUBERO: Vamos a debatir estas tres propuestas de resolución que corresponden a tres informes distintos que vimos en la información del señor presidente del Tribunal de Cuentas la
penúltima vez que visitó esta Comisión.
En torno al Ayuntamiento de Pozuelo el informe de fiscalización que tuvimos ocasión de ver, extraordinariamente prolijo por parte del Tribunal de Cuentas en lo que había sido una actuación irregular y
desastrosa del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón en el ejercicio citado, hemos elaborado unas propuestas de resolución sobre cuatro grandes aspectos de lo que es la gestión de dicho ayuntamiento. No hemos sido exhaustivos ni abundantes en destacar
las irregularidades, pero sí hemos querido constatar que algunos temas que afectan a este ayuntamiento deben ser corregidos cuanto antes y puestos en valor delante de esta Comisión.
Las propuestas de resolución afectan a cuatro puntos, el primero
sobre el control interno y el sistema contable, en que recogemos varias resoluciones, que queremos que desde aquí así sean ya resoluciones, para que el control interno y la situación contable del ayuntamiento sea clara y no tenga las irregularidades
que tiene por ejemplo el primer punto, que se elabore un organigrama y un reglamento orgánico a efectos de regular las relaciones entre todas las unidades y servicios, en particular de los encargados de la contabilidad y tesorería que no existía.
El segundo punto, atribuir las funciones contables a la intervención que estaban dispersas; es obvio que la intervención sea la que tenga las funciones contables. El tercer punto, fijar en las bases de ejecución de los presupuestos los límites
cuantitativos y conceptos presupuestarios de aplicación para las órdenes de pago y justificar y mejorar su procedimiento de control. El cuarto punto en este apartado a), implantar un registro global de perceptores de transferencias y subvenciones a
efectos de controlar la justificación de su aplicación a la finalidad prevista, puesto que las transferencias y subvenciones a los diferentes preceptores no se sabía si estaban adecuadas a la finalidad prevista y dotarse asimismo de procedimientos
reguladores que definan dicha finalidad y la adecuación -y esto es importante- de los principios legales de
objetividad y publicidad, que el propio informe negaba que el ayuntamiento tuviera estos principios a la hora de otorgar las subvenciones a que me estoy refiriendo.
El segundo punto se refiere a la representatividad de las cuentas. La
actuación municipal deberá tener en cuenta lo siguiente para que la cuenta general de la corporación represente la situación financiera y patrimonial y los resultados del ejercicio, puesto que según el informe del Tribunal de Cuentas no lo
representaba. Proceder a la revisión de las desviaciones de financiación en los proyectos de gastos y depurar la agrupación de ejercicios cerrados de ingresos y gastos y elaborar las correspondientes relaciones nominales de deudores y acreedores
para conocer y cuantificar de forma exacta sus derechos y obligaciones.
El tercer punto se refiere a la gestión de personal y sus retribuciones.
Acuerdos y convenios suscritos con el personal por parte de la corporación que vulneran las
disposiciones legales de carácter general.
Por tanto, queremos que la gestión de personal y sus retribuciones sean adecuadas a lo que es la normativa general y a las disposiciones legales.
El cuarto punto sobre la contratación. En el informe del
Tribunal de cuentas, sobre ocho páginas de conclusiones que relataban los males del ayuntamiento y las irregularidade, gran parte era sobre la contratación.
En este punto concreto creemos importante que el ayuntamiento coadyuve a que la
contratación sea legal, transparente y se adecue a los principios en que la contratación tiene que ser hecha por las administraciones públicas. En este sentido pedimos que se planifiquen las inversiones a realizar, teniendo en cuenta los recursos
disponibles; que se garanticen los principios de publicidad, concurrencia, no discriminación, igualdad de trato, estableciendo los siguientes mecanismos, porque el informe recogía que no estaban garantizados y se vulneraban los principios de
publicidad, concurrencia, no discriminación e igualdad de trato. Para esto establecen los pliegos de cláusulas económico- administrativas para los concursos criterios objetivos y debidamente ponderados que evitan la ambigüedad que permita una
valoración subjetiva por los técnicos que informan las partes, así como contratar en supuesto de trámites justificados las redacciones de los proyectos, siguiendo el procedimiento legalmente establecido, porque la contratación de los proyectos
estaba hecha de manera general, mientras los servicios del ayuntamiento no hacían ningún proyecto, evitando todo tipo de asignaciones o adjudicaciones directas de técnicos externos. Lo dice también el informe del Tribunal de Cuentas.
Por último,
vigilar la ejecución de las obras, realizando una adecuada dirección que evite la certificación de unidades no ejecutadas, incumplimiento de los plazos de ejecución, la recepción de aquéllas antes de estar terminadas y las modificaciones
contractuales sin la previa autorización del órgano de contratación, exigiendo, en su caso, la responsabilidad que proceda, porque todo esto estaba sucediendo en lo que es el sistema de contratación en el Ayuntamiento de Pozuelo. Es simplemente
volver a que ese ayuntamiento funcione operativa, legal y no irregularmente, que es lo que pedimos a través de estas pocas propuestas de resolución -podíamos haber hecho bastante más-, que son suficientes a la hora de destacarlas.
En torno a las
propuestas del Grupo Parlamentario Popular, no sé cómo escenificar mi sorpresa. Tienen cuatro propuestas de resolución: primero, con referencia a la gestión de personal y retribuciones, la corporación deberá de revisar los acuerdos o convenios
suscritos con el personal.
Segundo, el ayuntamiento deberá elaborar un organigrama y un reglamento orgánico. Tercero, mejorar en las bases de ejecución del presupuesto el procedimiento de control presupuestario. Cuarto, elaborar la relación de
puestos de trabajo y registro de personal. Estas resoluciones por el Grupo Popular no tienen nada que ver con el informe presentado por el Tribunal de Cuentas, tratan de paliar o ocultar lo que es el informe, claramente denunciante de las
irregularidades en el Ayuntamiento de Pozuelo. Sobre la contratación ya he dicho que gran parte de las conclusiones del Tribunal de Cuentas están dirigidas a la contratación del ayuntamiento, pero no dice absolutamente nada. Por tanto, vamos a
votar que no porque no vamos a hacernos partícipes de esta parodia de propuestas de resolución.
El segundo tema, señor presidente, es sobre el Ayuntamiento de Colmenar de Oreja, sobre el que hemos presentado tres propuestas de resolución. A la
vista de los grandes temas que trata el Tribunal de Cuentas respecto a la gestión de este ayuntamiento, hay que indicar a dicho ayuntamiento la necesidad de darse una organización administrativa eficaz y mejorar el control interno. Estamos otra vez
con la organización y el control de un ayuntamiento concreto, en el que parece que se hace agua por bastantes lados. Insiste particularmente en las áreas de tesorería y personal, de forma que permita asegurar el control de las operaciones y su
correcto registro contable. En la segunda pedimos al ayuntamiento que mejore la gestión de sus ingresos, estableciendo procedimientos y controles que permitan su identificación y cuantificación, además de considerar necesaria la aplicación de los
procedimientos legalmente previstos para obtener la realización de los derechos pendientes de cobro. Destaca también el Tribunal de Cuentas todos estos temas en la situación del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja del año 1999. El tercer punto, en
los contratos de obra y suministro de la corporación, debe garantizar la aplicación de los principios de publicidad y libre concurrencia recogidos en la ley correspondiente. De nuevo, la contratación en un ayuntamiento se hace de manera irregular,
como mínimo, e ilegal como máximo. Pedimos, por tanto, que estos temas tan importantes sobre la contratación
municipal se resuelvan cuanto antes en este otro Ayuntamiento de Colmenar de Oreja.
Sobre las propuestas del Grupo Parlamentario Popular, la verdad es que son también una serie de obviedades. Nos vamos a abstener porque no agregan nada ni
entran en el fondo del expediente en el Tribunal de Cuentas sobre dicho ayuntamiento. Dice: Adoptar medidas de saneamiento establecidas en el artículo 164 de la Ley de Haciendas Locales, va de soi. No creo que tengamos que estrujarnos mucho los
sesos para recomendar al Ayuntamiento de Colmenar de Oreja una solución como esa.
Respecto al Ayuntamiento de Guadarrama, señor presidente, un informe que vimos aquí la vez anterior estaba plagado de irregularidades, como mínimo. Tampoco hemos
querido hacer unas propuestas de resolución exhaustivas sobre lo que dice el Tribunal de Cuentas, pero hay que destacar algunos temas en la gestión de este ayuntamiento que nos parecen importantes para poner en marcha su buen funcionamiento. De
nuevo estamos con la contratación. En el Ayuntamiento de Guadarrama la contratación no se hacía con la normativa de rigor y legal adecuada. Por eso decimos que la corporación municipal de Guadarrama debe adoptar las medidas oportunas encaminadas a
mejorar la planificación y proyección de las inversiones, mejorar los controles respecto a los proyectos de obras y certificaciones emitidos y mediar los oportunos expedientes dirigidos a acreditar las causas determinantes de las modificaciones de
proyectos durante la ejecución de las obras y exigir las responsabilidades derivadas de los perjuicios que eventualmente pudieran haberse producido. De nuevo la contratación es una de las grandes lagunas en un municipio, aunque es verdad que con
menos importancia que Pozuelo, la contratación de Pozuelo son miles de millones de pesetas, aquí es menos, pero es importante también a la hora de reclamarles que en este tema tan crucial y tan sensible en una gestión municipal actúen de manera
correcta y coherente.
En el segundo punto, acerca del control de la tesorería de la corporación, se requiere la implantación de procedimientos normalizados y de registros auxiliares que regulen su gestión -porque no los había- que permitan la
identificación del cobro o pago realizado -que no se identificaba-, así como del medio utilizado y eviten los descuadres, irregularidades y deficiencias evidenciados en el ejercicio 1999 -destaco descuadres, irregularidades y deficiencias-.
Asimismo, la corporación debería proceder a conciliar la totalidad de los cobros y pagos realizados en el ejercicio de 1999 con los registros contables, investigando y depurando las deficiencias existentes entre unos y otros. Queda claro el sentido
de esta resolución que presentamos en aspectos concretos del control de la tesorería de la corporación. En el tercer punto decimos que es necesaria la implantación de un organigrama adaptado a su dimensión, porque es un pueblo con más de ocho mil
habitantes, empieza a ser importante en número, y que sus necesidades respondan a los principios de segregación de funciones y de racionalidad en el desempeño de las tareas de gestión administrativa y de control. Estas son nuestras propuestas sobre
el Ayuntamiento de Guadarrama, insisto, no exhasutivas, pero sí en determinados puntos clave que hemos visto a la hora de evaluar el informe del Tribunal de Cuentas.
En cuanto a las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular, volvemos
aquí a caer en el panglosianismo. A ver cómo se interpreta la propuesta número 1: Considera necesario que se remita al Ayuntamiento de Guadarrama la totalidad de las conclusiones y recomendaciones del Tribunal de Cuentas del ejercicio fiscalizado,
con la finalidad de proseguir en la línea de subsanar las deficiencias detectadas. Esto está comunicado desde el momento en que el Tribunal de Cuentas le informó del dictamen. Sinceramente no sé a qué viene esta solemnización de lo obvio, señor
presidente. En la 2 se dice que se inste al ayuntamiento a que los presupuestos generales de dicho ayuntamiento correspondiente a cada ejercicio sean aprobados antes del comienzo del ejercicio económico. Va de soie. La crítica sería que no lo
hacen, pero esto va de soie. E instan al Ayuntamiento de Guadarrama a que las cuentas generales de dicha Administración local sean informadas por la comisión especial de cuentas, expuestas al público y sometidas al pleno de la entidad en los plazos
establecidos por la ley. También va de soie. Nos vamos a abstener, pero nos parece que estas propuestas de resolución no son más que naderías.
El señor PRESIDENTE: Para defender las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular de los
Ayuntamientos de Pozuelo y Colmenar de Oreja, tiene la palabra el señor Bardisa.
El señor BARDISA JORDA: En cuanto a las propuestas de resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, un ayuntamiento en el que siempre ha gobernado el Partido
Popular con mayoría absoluta (El señor Acosta Cubero: ¡Siempre es demasiado tiempo!), un ayuntamiento con una calidad de vida y con unos servicios, un ayuntamiento en el que los ciudadanos han votado mayoritariamente siempre al Partido Popular, y
esto le duele al Partido Socialista (El señor Acosta Cubero: ¡A mi no me duele nada!)... Sobre las propuestas de resolución del ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, en primer lugar, en cuanto a la gestión de personal y retribuciones, la corporación
deberá revisar los acuerdos o convenios suscritos con el personal, con la finalidad de que no se vulneren las disposiciones legales. En segundo lugar, el ayuntamiento deberá elaborar un organigrama y un reglamento orgánico. En tercer lugar,
pedimos que se mejoren en las bases de ejecución del presupuesto el procedimiento de control presupuestario y que se elabore la relación de puestos de trabajo y registro de personal.
En cuanto a las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, vamos a votarlas en contra, porque son políticas, no son unas propuestas con arreglo al informe de fiscalización. Son unas propuestas que tratan de
erosionar la gestión del ayuntamiento, que vuelvo a decir, siempre ha tenido mayoría absoluta del Partido Popular. (El señor Acosta Cubero: ¡1979 y 1983!) Perdón, señor presidente, es la tercera vez que me interrumpe el señor Acosta, que aguante
un poco sus nervios. Parece el señor Simancas. (El señor Acosta Cubero: ¡Soy más alto y más calvo!) El señor PRESIDENTE: Señor Acosta, por favor.
El señor BARDISA JORDA: No estamos en campaña ya, señor Acosta.
Hay muchos ayuntamientos del
Partido Socialista que han tenido mayoría absoluta durante muchos años, como son el de Fuenlabrada, el de Leganés o el de Getafe; los de Alcorcón y Mostóles no porque últimamente la han perdido, pero los hay. Habría que hacer un debate sobre la
diferencia de la gestión económico-financiera de esos ayuntamientos y el de Pozuelo de Alarcón para abrir un debate sobre este tema. Por lo tanto, señor Acosta, muy firmemente, son propuestas políticas. Pozuelo de Alarcón es un ayuntamiento
ejemplar en todo, y así lo dicen los ciudadanos que han votado mayoritariamente al Partido Popular durante todas las elecciones.
En las últimas elecciones su alcalde, el señor Martín Crespo, no se presenta, sino don Jesús Sepúlveda que es senador
durante mucho tiempo, que vive en Pozuelo de Alarcón y que está haciendo una gestión extraordinaria. Lo veremos en las próximas elecciones cuando todavía suba más el número de concejales, como estamos haciendo en toda la Comunidad de Madrid y en
todos los ayuntamientos. Por lo tanto, niego la mayoría de estas propuestas de resolución. Son propuestas políticas que tratan de erosionar al Partido Popular en la Comunidad de Madrid, que es el principal partido político, que ha ganado las
elecciones autonómicas y que tiene una gran mayoría en los ayuntamientos. Por lo tanto, me remito a los ciudadanos, a la democracia. Vamos a votar en contra de las propuestas de fiscalización del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja del Partido
Socialista, menos la tercera.
En cuanto a las propuestas de resolución presentadas por el Partido Popular, lógicamente, vamos a votarlas a favor. Las tienen todas SS.SS., por lo tanto, no voy a repetirlas. En las Comisiones hay a veces un cierto
sectarismo y no se vota la del Partido Popular porque es de este grupo. Sin embargo, nosotros vamos a votar favorablemente la propuesta número 3 del Grupo Socialista porque coincide exactamente con la última nuestra que habla de garantizar la
aplicación de los principios de publicidad y libre concurrencia recogidos en la ley. Me parece absurdo que el Grupo Socialista se abstenga de una propuesta de resolución que es idéntica a la del Grupo Popular. Nosotros votamos favorablemente su
propuesta de resolución.
El señor PRESIDENTE: Para defender las propuestas del Ayuntamiento de Guadarrama, tiene la palabra la señora Arévalo.
La señora ARÉVALO ARAYA: En cuanto al informe de fiscalización del Ayuntamiento de Guadarrama me
gustaría hacer un breve inciso ubicándonos y diciendo que, efectivamente, estamos ante la fiscalización de un ayuntamiento pequeño y que las irregularidades que detecta el Tribunal de Cuentas no son nuevas, sino que, antes al contrario, se repiten
sistemáticamente en casi todos los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas de corporaciones de este tamaño, lo cual deja en evidencia, a nuestro modo de ver, que las administraciones locales de este tamaño están teniendo problemas para
adecuar sus procedimientos administrativos al cumplimiento estricto de la legalidad. No pretendemos en ningún caso echar un capote a un alcalde porque haya sido del Partido Popular, en todo caso, y por seguir con el símil taurino, el capote se lo
echó ya el alcalde socialista que le presentó una moción de censura el alcalde popular, y cuando se materializó la fiscalización, firmó un escrito de alegaciones exculpando o justificando una a una todas las irregularidades a las que se ha referido
el portavoz del Partido Socialista; alegaba que eran errores procedimentales administrativos que ponían de manifiesto una importante carencia de medios. Dicho esto, el debate queda prácticamente zanjado y deberíamos limitarnos a entender las
necesidades o dificultades de las administraciones locales, porque ni el alcalde censurante que estuvo prácticamente cuatro años tampoco pudo aprobar las cuentas generales ni pudo cambiar mucho los procedimientos que estaban establecidos en esta
corporación. Cuando firma esta moción de censura con ese partido de corte local, el PRIS, en Guadarrama, él pensaba que este ayuntamiento era un auténtico caos, pero no hay nada más fácil que criticar sin conocimiento de causa y no hay nada más
vergonzante que, una vez que uno se pone en la piel del otro y descubre la falta de legitimidad para actuar de esta manera, ante esta vergüenza que tuvo que pasar por no ser capaz de mejorar la gestión administrativa, eso debió ser lo que le movió a
firmar este escrito de alegaciones exculpando cómo se había llevado la gestión administrativa en este ayuntamiento. Casi todas las malas obras llevan aparejado el castigo; el castigo a este alcalde socialista no se lo ha dado la designación
divina, sino el electorado, que ha conseguido que sea el alcalde del Partido Popular, al que se le firma la moción de censura, el que hoy gobierne nuevamente en Guadarrama con mayoría absoluta. Sin embargo, no queremos negar que la fiscalización
pone de manifiesto algunas deficiencias que hay que corregir y sobre las que el alcalde del Partido Popular ya está trabajando. Algunas recomendaciones ya han sido asumidas, por ejemplo, la formación del organigrama o la introducción de
procedimientos informatizados que mejoren y agilicen la gestión de este ayuntamiento.
En esta línea nosotros hemos redactado unas propuestas de resolución, que me gustaría explicar someramente. En estas propuestas de resolución -parece ser
que el portavoz socialista no las comprendía y las llamaba naderías- instamos a que el pleno de la corporación prosiga en la línea de asumir todas y cada una de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas. Nos gustaría que esto constase en acta y
que esta Comisión así lo acordara, para esforzarnos con el fin de que el trabajo que debe hacer este ayuntamiento se adecue a la legalidad, pese a que reconocemos las dificultades de cumplirla mientras que exista y no se cambie. Por ello, hemos
presentado la propuesta de resolución número 2, que va orientada a que el procedimiento administrativo que debe seguirse para aprobar la cuenta general se haga en plazo, que hasta ahora no se ha hecho, -tampoco lo hizo el alcalde socialista-, así
como los presupuestos de la corporación. Nos sorprenden las propuestas de resolución que presenta el Partido Socialista porque, después de haber criticado tan ampliamente la gestión realizada por el alcalde del Partido Popular, se limitan a copiar
literalmente tres recomendaciones del Tribunal de Cuentas. Si estaba tan mal, no entiendo cómo no han hecho como nosotros, que hemos sido más estrictos con nuestro propio alcalde y hemos pedido que se cumplan todas las recomendaciones. Ustedes se
limitan a copiar literalmente tres de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas y se conforman con eso. No sabemos si es que una vez que han entendido que no se podía sacar tajada electoral, quieren pasar de puntillas sobre este informe de
fiscalización, porque parece que a ustedes lo único que les mueve a trabajar seriamente son los réditos electorales. (Rumores.) Debemos rechazarlas porque están subsumidas en nuestras resoluciones y entendemos que las nuestras son mucho más
estrictas. Si de diez recomendaciones del Tribunal de Cuentas ustedes sólo proponen que trabajemos para modificar tres, a lo mejor es que están dando un aprobado alto a la gestión del alcalde popular. Por ello estimamos que esas resoluciones se
pueden obviar y se pueden votar en contra.
DEBATE Y VOTACIÓN SOBRE: - SOLICITUD A LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA QUE RECABE DE DICHO TRIBUNAL LA FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO (LEÓN), SOBRE LA
GESTIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA Y POLÍTICA DE PERSo-NAL LLEVADA A CABO ENTRE 1998 Y 2002, AMBOS AÑOS INCLUSIVE. FORMULADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente Congreso 253/000023 y número de expediente Senado
772/000015.) El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto IX del orden del día: Solicitud a la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe de dicho Tribunal la fiscalización del Ayuntamiento de Villablino.
Por el Grupo
Soclista, que es el proponente, tiene la palabra su portavoz la señora Valcarce.
La señora VALCARCE GARCÍA: El municipio de Villablino, en León, se encuentra en regresión progresiva, como consecuencia de la reconversión de la minería del carbón,
con una pérdida cuantiosa de empleo, que conlleva la pérdida de población de cerca de 1.000 personas cada año, durante los últimos cuatro años. Ello supone que el ayuntamiento percibe menos ingresos con idéntico volumen de gastos, derivados
fundamentalmente del pago al personal. El estado económico de la institución municipal de Villablino es delicadísimo, aunque hay que hacer mención a las dificultades que nos vamos a encontrar para estudiarlo, y que se concretan en la falta de
puesta al día de la contabilidad. Así, utilizaremos los datos provisionales de que disponemos, teniendo en cuenta que, con esta fecha, están pendientes de cierre los ejercicios de 1999, 2000, 2001 y 2002, que han sido reclamados por el Tribunal de
Cuentas en numerosas ocasiones.
Esta situación con la que se encontró el equipo de Gobierno resultante de reciente proceso electoral, se debe fundamentalmente a que el responsable económico del Ayuntamiento de Villablino -el interventor-, entre
junio de 2000 y abril de 2001, desertó -por decirlo suavemente-; y desertó, señorías, por la situación que le planteaba dicho equipo de Gobierno, omitiendo informes desfavorables tanto sobre decisiones políticas de presunta ilegalidad como sobre el
progresivo deterioro de la situación financiera del ayuntamiento. Así que, sin la figura del interventor, durante todo este tiempo se ha aplicado el criterio de caja única, y el resultado es que se han desviado prácticamente todas las partidas
presupuestarias para dedicarlas a las necesidades que iban surgiendo.
Voy a darles algunos datos que muestran las cifras de ahorro neto y las de remanente de tesorería. Quiero llamar su atención sobre el hecho de que el último remanente de
tesorería positivo corresponde al año 1996. Así, en el ejercicio 1996, el ahorro neto fue de menos 845.684, 40, y el remanente de tesorería de 33.459,48. En el año 1997, el ahorro neto fue de menos 629.618, y el remanente de tesorería de menos
914.179,65. A partir de aquí, señorías, todas las cifras, tanto las de ahorro neto como las de tesorería, son negativas. Por darles la última cifra, en el ejercicio 2002, el ahorro neto fue de menos 745.717,43, y el remanente de tesorería de menos
1.659.233,79. Estos datos ponen de manifiesto la situación de insolvencia financiera, tanto a corto como a largo plazo, e incluso el impago de las nóminas de los trabajadores municipales. A ello hay que unir la situación de crisis económica de la
comarca, cuya economía se basa principalmente en la minería del carbón,
y el hecho de que el ayuntamiento es en estos momentos -tras la empresa Minero Siderúrgica de Ponferrada- la institución que más personal emplea.
En 2002, las nóminas del personal municipal alcanzaron la cifra de 3.485.870,20 euros, sobre
unos ingresos ordinarios de 5.213.201 euros.
La deuda municipal está en la siguiente situación. Acreedores: por deudas reconocidas con cobertura presupuestaria: 3.852.155,14; facturas pendientes de aprobación con validación de deudas:
1.330.488,55; deuda por préstamos de Caja España de inversiones: 5.946.091,49; deuda con la Seguridad Social -llamo su atención sobre esta partida-: 1.786.103,37 euros; deuda con la Hacienda pública -llamo su atención sobre esta otra partida,
igualmente-: 488.909,55 euros; deuda con la empresa Martínez Núñez: 3.083.192 euros; La Prohida, una empresa de suministro eléctrico: 890.255 euros; en total, los acreedores de deuda municipal reconocida suman 17.377.195,10 euros. De este
resumen se deduce una situación que en la vida civil se denominaría quiebra técnica y que produciría una cascada de decisiones judiciales y administrativas en aras de buscar el reflotamiento. Lo que se pretende con la fiscalización es algo similar,
pero en este caso en el ámbito de la Administración pública, en la que se establezcan las recomendaciones y/o soluciones para resolver la crisis.
Como se puede observar, la deuda no sólo afecta a empresas privadas sino también a administraciones
públicas, lo que agrava la situación por las retenciones que se efectúan y ello produce la consiguiente disminución de ingresos ordinarios.
La solicitud de fiscalización también pretende, como es obvio, delimitar responsabilidades. El municipio de
Villablino ha recibido subvenciones del plan del carbón para diversas infraestructuras y equipamientos que convendría estudiar en cuanto a su gestión y finalidad, especialmente el centro sociosanitario, y a pesar de recibir una subvención del cien
por cien, inexplicablemente, el ayuntamiento hizo una inversión de más de tres millones de euros que forman parte de la deuda municipal para posteriormente cederlo de forma indefinida a la Junta de Castilla y León.
Con estos antecedentes se puede
ver la inviabilidad del Ayuntamiento de Villablino, lo que conllevaría tarde o temprano su disolución si no se encuentran soluciones jurídicas, financieras, administrativas y políticas que vayan resolviendo los problemas existentes y los de origen.
Por ello, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista pide su apoyo para solicitar la fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas de las cuentas del ayuntamiento de Villablino correspondientes a los ejercicios 1998 a 2002.
El señor PRESIDENTE:
¿Grupos que desean fijar posición? Tiene la palabra el señor Escuredo, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
El señor ESCUREDO FRANCO: En relación con la fiscalización del Ayuntamiento de Villablino de los años 1998 a 2002, habría que
destacar, en primer lugar, que el Ayuntamiento de Villablino (León), en la comarca de Laciana, una comarca minera muy entrañable, como ya ha dicho la portavoz del Grupo Socialista, ha sido gobernado siempre por la izquierda, es decir, han gobernado
las fuerzas progresistas de izquierdas (como así se llaman) de este país. Desde el año 1997, atendiendo a los últimos ocho años que me imagino que es lo que el Grupo Socialista quiere fundamentalmente fiscalizar, ha gobernado Izquierda Unida, pero
no por ello tenemos que olvidar que el Partido Socialista ha gobernado ocho años antes y también, con anterioridad, lo estuvo haciendo el Partido Comunista de España.
El municipio de Villablino tiene 13.800 habitantes. Es verdad que debido a las
reconversiones mineras es un municipio, al igual que la comarca, con un número de habitantes cada vez menor, pero por eso no se puede dejar de gobernar con una gran inquietud hacia los ciudadanos, en este caso a los ciudadanos que han votado siempre
mayoritariamente a fuerzas progresistas de izquierdas, insisto, que tan mala gestión han hecho.
La deuda municipal, según los números con que cuenta el Partido Popular, asciende a 18.000 euros, es decir, unos 3.000 millones de pesetas. En un
presupuesto que en el año 2002 (no puedo referirme al del año 2003 porque ha habido que prorrogarlo ya que no ha sido posible hacer un presupuesto nuevo) ascendía a 750 millones han sido capaces las fuerzas de izquierda de contraer una deuda de más
de 3.000 millones de pesetas. Cuando el Partido Socialista llegó a gobernar el Ayuntamiento de Villablino no había deuda, la deuda empezó en ese momento y durante el mandato del Partido Socialista ascendió a 1.200 millones de pesetas. Tampoco
podemos olvidar que el alcalde de Izquierda Unida, Guillermo Murias, en las últimas elecciones generales, en el año 2000, fue candidato al Senado dentro de las listas del Partido Socialista, lo cual quiere decir que posiblemente la portavoz que hoy
propone este punto en nombre del Partido Socialista haría campaña con él.
Es cierto que el Ayuntamiento de Villablino, dentro de los municipios de su tamaño, posiblemente sea uno de los municipios con un endeudamiento mayor, pero la nueva
corporación socialista salida de las elecciones de mayo de este año continúa con la misma política que denuncia. Por poner un ejemplo podíamos decir que desde que han llegado al poder y ser equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Villablino no han
pagado ni un solo mes los seguros sociales de todos los trabajadores del municipio, pero sí que en las últimas fiestas patronales se han gastado 25 millones de pesetas.
Además, en este momento, a pesar de esa deuda que decíamos -y coincido casi al
cien por cien con la portavoz del Grupo Socialista-, está negociando un préstamo de más de 50 millones con una entidad financiera.
En cualquier caso, el Grupo Popular va a votar a favor. Entendemos que el municipio de Villablino no merece tan malos gobernantes. El municipio de Villablino, como su comarca, ha votado mayoritariamente a los equipos de progreso, a las
fuerzas de izquierdas. Sin embargo, esto ha sido un claro ejemplo de lo que nunca hay que hacer, porque peor, señorías, imposible.
Por eso vamos a votar favorablemente esta iniciativa.
- SOLICITUD A LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL
TRIBUNAL DE CUENTAS PARA QUE RECABE DE DICHO TRIBUNAL LA FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA (JAÉN). FORMULADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente Congreso 253/000014 y número de expediente Senado 772/000016.) El
señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al punto 10 y último del orden del día, relativo a la solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe de dicho Tribunal la fiscalización del Ayuntamiento de La
Carolina, Jaén, para lo cual tiene la palabra el portavoz del grupo proponente don Cristóbal López Carvajal.
El señor LÓPEZ CARVAJAL: El pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en su sesión celebrada el 27 de septiembre de 2001, aprobó un
informe de fiscalización del Ayuntamiento de La Carolina correspondiente al ejercicio de 1997. En el mismo se comprende un área denominada proyecto de infraestructuras industriales que se ciñe al convenio firmado por este ayuntamiento y el entonces
Ministerio de Industria y Energía. A las conclusiones presentadas por la Cámara de Cuentas sobre este particular, el Ayuntamiento de La Carolina presentó una serie de alegaciones que tenían como fundamento básicamente la no competencia de la Cámara
de Cuentas para entrar en la fiscalización de unos fondos que provenían de la Administración central. En cualquier caso, la Cámara de Cuentas no tuvo en consideración estas alegaciones y el informe de fiscalización arrojó una serie de conclusiones,
concretamente 35, que constituyen irregularidades de diferente tenor. Hay algunas relativas a la fecha de los documentos de soporte, otras a la duplicidad de pagos, a los compromisos de gasto con documentos inadecuados, al sistema de contratación y
a la concesión de subvenciones, a los gastos que por la materia, el importe o la fecha no pueden imputarse a los fines de la subvención, a la propia aportación municipal y, finalmente, a la cesión de naves industriales.
Voy a ser muy escueto en la
síntesis de alguna de estas irregularidades y usaré estrictamente el mismo lenguaje que empleó la Cámara de Cuentas al particular. Por ejemplo, en el ámbito de la duplicidad de pagos, la Cámara de Cuentas advierte que al menos en cinco ocasiones se
duplica el gasto y el pago de un mismo servicio o suministro, ya que se paga bien con la factura y con la fotocopia de la misma, bien con la factura y con el escrito de reclamación de pago de la misma o con la factura y con el impreso de solicitud
de alta en energía eléctrica. No hay alegaciones sustanciales por parte del ayuntamiento a este particular y llega a entonar el mea culpa advirtiendo que estos errores se producen como consecuencia del proceso de informatización que está en marcha.
Hay también compromiso de gasto con documentos inadecuados. Concretamente se advierte por parte de la Cámara de Cuentas que se han detectado que determinados mandamientos de pago están sustentados por documentos no válidos para comprometer el
gasto, como son fotocopia de distintos documentos, facturas a nombre distinto del Ayuntamiento de La Carolina y solicitudes de servicios eléctricos. Hay irregularidades en el sistema de contratación y concesión de subvenciones porque en algunos
contratos la urgencia prevista en el artículo 141 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas se justifica de forma improcedente, ya que ésta no es la resultante de acontecimientos imprevisibles a la hora de la contratación y, por tanto,
no imputables al mismo. Tampoco por parte del ayuntamiento se formulan alegaciones sobre este particular. En el caso de las subvenciones no existen expedientes de concesión ni se cumplen las condiciones de acreditación de estar al corriente de las
obligaciones fiscales ni de justificar los importes subvencionados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 170 de la Ley de régimen de las haciendas locales. El apartado de la cesión de naves es el más significativo, toda vez que este fin es el
que justifica el convenio suscrito con el Ministerio de Industria y Energía. Por tanto, la información que pueda suministrar el ayuntamiento sobre este particular es un ejemplo paradigmático para poder determinar la transparencia en la ejecución
del convenio. En cambio, el ayuntamiento se ha limitado a ofrecer a la Cámara de Cuentas un documento en el que se relacionan las naves y, en la mayoría de los casos, su ocupación en precario por las mismas empresas que después resultan
adjudicatarias de las naves ocupadas en subasta pública. No hay ningún tipo de alegación a esta conclusión de la Cámara de Cuentas. En la cesión a cuenta de un terreno, que es un ejemplo importante también dentro de la cesión de naves
industriales, la valoración del bien efecto de subasta está sensiblemente disminuido con respecto a la valoración que se hace de ese mismo bien cuando se aporta al convenio como uno de los bienes por parte del ayuntamiento, ya que éste lo valora en
3,5 millones de pesetas y en la subasta inicial sale por un precio de 0,5 millones de pesetas. Es importante destacarlo porque previamente el Tribunal de Cuentas ha advertido que hay un desfase entre la valoración que emplea el ayuntamiento en sus
aportaciones y el inventario de esos mismos bienes.
Concretamente, la aportación de bienes en concepto de suelo industrial urbanizado, de naves industriales y de suelo sin urbanizar asciende a 352 millones de pesetas, cuando esos bienes están inventariados en el ayuntamiento por un importe de
200 millones de pesetas. Evidentemente, si se hubiese seguido este mismo criterio a la hora de fijar el precio de salida en la subasta estaríamos ante una posición comprensible por parte del ayuntamiento, pero en el momento en que el precio de
estas naves se reduce incluso por el valor inventariable consideramos que hay una irregularidad bastante significativa. Quiero advertir que entre la garantía exigible a los empresarios en caso de alquiler, compra de naves o suelo industrial no se
ha incluido la solvencia. Se ha detectado el caso de un empresario inmobiliario que antes de transcurrir un año de la compra de la nave, la denominada Al Andalus, para la instalación de una fábrica de velas, tenía hipotecas por 60 millones de
pesetas y anotaciones de embargo por más de 62 millones de pesetas.
Como conclusión, estimamos que todas las consideraciones y conclusiones a las que llega la Cámara de Cuentas son de una extraordinaria importancia, habida cuenta de que el
Ayuntamiento de La Carolina ha seguido suscribiendo convenios con el Ministerio de Industria y Energía que ascendieron a 1.027 millones de pesetas en el año 1998, a 578 millones de pesetas en el año 1999 y a 593 millones de pesetas en el año 2000.
Estas cifras son importantes en términos absolutos, pero también lo son en términos relativos porque supusieron el 35, el 39 y el 27 por ciento del total de las subvenciones concedidas a este programa por parte del Ministerio de Industria y Energía.
Tomando en consideración que el Ayuntamiento de La Carolina estima que la Cámara de Cuentas no es competente para la fiscalización de este tipo de subvenciones, parece totalmente oportuno que por el Tribunal de Cuentas se procediese a fiscalizar
estos tres ejercicios para ver, en primer lugar, si se han tenido en cuenta las observaciones que realizó la Cámara de Cuentas con respecto al año 1997 y, en segundo lugar, porque estimamos que dada la importancia y la magnitud de este tipo de
convenios firmados es de gran transcendencia que se pueda poner de manifiesto la capacidad de gestión económica y urbanística por parte del ayuntamiento con respecto a este tipo de cuestiones.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor
Villanova.
El señor VILLANOVA RUEDA: Se trae a esta Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas, con el número de expediente 253/000014, la solicitud tramitada por el Grupo Parlamentario Socialista para que el Tribunal de Cuentas
realice una fiscalización del Ayuntamiento de La Carolina, en Jaén, Andalucía. Me cabe el honor y me corresponde la representación del Grupo Parlamentario Popular para dar respuesta a la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Desde el Grupo Parlamentario Popular, entendemos que esta solicitud presentada por el Grupo Parlamentario Socialista es injustificada y extemporánea, que tenía un fin y que al final se ha visto que no ha conseguido su objetivo, pues la pretensión
del Grupo Socialista de dañar la imagen de un alcalde del Partido Popular para que perdiera las elecciones no ha tenido respuesta alguna por parte de los ciudadanos de su municipio. Todo lo contrario, este alcalde, con su equipo de concejales, ha
visto recompensados en las pasadas elecciones municipales de mayo sus esfuerzos de la pasada legislatura con una mayor representación de escaños en el ayuntamiento. A la vista de los hechos que se pretenden investigar, el pleno de la Cámara de
Cuentas de Andalucía acordó, en el ejercicio de las competencias que le atribuye la Ley 1/1988, de 17 de marzo, incluir dentro del plan de actuaciones para 1999 un informe de fiscalización del Ayuntamiento de La Carolina (Jaén), referido al
ejercicio 1997, que incluyó una auditoria de regularidad financiera y otra de cumplimento de la legalidad. Se culminó dicho informe de fiscalización y en él se incluyeron las siguientes áreas: presupuesto, liquidación, cuenta general,
modificaciones presupuestarias, recaudación, transferencias corrientes y de capital, análisis de los saldos pendientes de cobro de ejercicios cerrados, gastos de personal -y dentro de los gastos de personal el sistema de gestión, acuerdo económico
social y sindical y convenio colectivo-, retribuciones complementarias, personal contratado para obras o servicios determinados, personal contratado como asesores, gastos corrientes en bienes y servicios, análisis de la aplicación de los gastos,
saldos de obligaciones pendientes de pago, ingresos patrimoniales, inversiones reales -y en el capítulo de inversiones reales el proyecto de infraestructuras industriales-, remanente de tesorería, resultado presupuestario, endeudamiento -y dentro
del endeudamiento las operaciones de crédito, operaciones de tesorería y el funcionamiento de la tesorería y el estado de situación de existencias- y también los entes dependientes del excelentísimo ayuntamiento.
Como SS.SS. han podido observar,
es un informe de fiscalización bastante completo, pormenorizado y compuesto por más de 170 páginas. La Cámara de Cuentas de Andalucía ha auditado los movimientos financieros, los estados contables y también si el ayuntamiento cumple con la
legalidad vigente en la gestión de los recursos públicos, pero sin duda alguna ha fiscalizado en el área de inversiones reales el proyecto de infraestructuras industriales, proyecto de industrialización de La Carolina. Con una inversión total de
1.170 millones de pesetas, el ayuntamiento aportaba 351 millones de pesetas y el Ministerio de Industria y Energía realizaba una subvención por importe de 585 millones de pesetas a fondo perdido y 234 millones como préstamo sin intereses. Todo esto
ha servido para la implantación y la
creación de más de 300 empresas, las cuales han favorecido la creación de más de 1.500 puestos de trabajo directos y muchos, sin cuantificar, indirectos. Muchos de los comentarios mencionados en dicho informe no corresponden a situaciones
relevantes que no alcanzan los límites de importancia relativa suficientes como para ser mencionados, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. Es importante destacar que la justificación de la subvención se ha realizado frente a
la entidad competente, según la Ley General Presupuestaria, la cual ha sido correcta y de conformidad con el Ministerio de Industria y Energía, porque ésta es la entidad concedente de la subvención. El propio Ministerio de Industria y Energía
considera justificada la subvención y no considera la existencia de incumplimiento alguno, tal y como se desprende del acta de comprobación del Ministerio de Industria y Energía en la que se manifiesta que, de acuerdo con los procedimientos de
seguimiento y control que tiene establecidos para comprobar la adecuación de los gastos de inversiones realizados a la actuación para la que se otorgaron las ayudas, se consideraba como inversiones y gastos aceptados un importe de 1.170 millones.
Dicha acta de comprobación es firmada por el representante del Ministerio de Industria y Energía, en señal de conformidad, el día 30 de marzo de 1999. Además hay un escrito de la Dirección General de Industria, de fecha 14 de febrero de 2001
-cuatro años después del primer plan de industrialización de La Carolina-, ratificando el resultado de dicha acta de comprobación, y adicionalmente se aportó un informe sobre la gestión de los fondos procedentes del Ministerio de Industria y
Energía, realizado por el auditor de cuentas don José Luis Borja Herrera, inscrito en el registro oficial de auditores de cuentas con el número 2.049. El Ayuntamiento de La Carolina ha rendido dichas cuentas adecuadamente y no se ha producido
incumplimiento alguno de la legislación ni de la gestión de los fondos del Ministerio de Industria y Energía. Se han realizado de acuerdo con la normativa aplicable y de acuerdo con las directrices y condiciones establecidas por el organismo
concedente de dichas ayudas, y no se ha detectado ningún indicio de posible responsabilidad contable, tal y como se certifica en ambas auditorías. Los incumplimientos puestos de manifiesto por la Cámara de Cuentas de Andalucía han sido de una
importancia leve, no alcanzando niveles significativos y en todo caso con salvedades, errores o diferencias de carácter burocrático. Las recomendaciones de la Cámara de Cuentas de Andalucía han tenido eco en la Administración fiscalizada, se han
realizado actuaciones tendentes a mejorar los recursos informáticos y humanos necesarios para optimizar el funcionamiento económico-financiero del ayuntamiento y se han potenciado los sistemas de control y procedimientos administrativo y contable,
que han dado muy buenos resultados y muy satisfactorios en la actualidad. Por todo ello, nos encontramos con un asunto ya tratado, y con mucha profundidad, un objetivo que ya otro órgano de fiscalización externa como es la Cámara de Cuentas de
Andalucía ya ha realizado. El informe fue enviado al Tribunal de Cuentas y el resultado no fue otro que el archivo del informe de fiscalización. Ambos órganos de fiscalización externa no consideraron oportuno, a la vista de lo auditado, la
necesidad de fiscalizar nuevas anualidades o el inicio de enjuiciamiento contable alguno. Sería absurdo admitir la doble fiscalización por la Cámara de Cuentas y por el propio Tribunal de Cuentas a nivel estatal, e iría en contra de lo establecido
en el artículo 29 de la Ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, que exige no otra cosa que la coordinación de las actuaciones fiscalizadoras, y del artículo 31.2 de la Constitución, que también lo recoge así.
Cada vez que ha habido
elecciones en La Carolina, ustedes pretenden, desde hace muchos años, cambiar el destino de un municipio que ha estado gobernado por un alcalde del Partido Popular. Lo que ustedes no logran democráticamente a través de las urnas lo intentan
utilizando todos los medios posibles, pero han sido todos inútiles. Recurren a estrategias caducas y calumniosas, utilizando algún medio para llamar la atención y procurando a toda costa crear alarma en la ciudadanía y deteriorar la imagen del
Partido Popular, y por supuesto de su alcalde, pero a la vista de los distintos comicios no lo han conseguido. Este alcalde ha demostrado a lo largo de más de 20 años, con mucho esfuerzo y tesón, la puesta en práctica de una política de fomento del
empleo y de una industrialización que ha dado muy buenos resultados; creando riqueza en su pueblo y en toda la comarca, mejorando la calidad de vida de sus vecinos, creando primero y consolidando después un desarrollo industrial sin precedentes en
toda Andalucía, ejemplo para muchos mandatarios de nuestro país; bajando fuertemente las tasas de paro y aumentando considerablemente las afiliaciones a la Seguridad Social; evitando que sus vecinos tengan que emigrar fuera de su tierra, como así
ocurrió en los años sesenta y setenta, de nuestra querida tierra de Andalucía.
Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario Popular no ve razonado ni justificado apoyar la solicitud efectuada por el Grupo Parlamentario Socialista y,
por consiguiente, la vamos a votar en contra.
El señor PRESIDENTE: Señor Carvajal, un minuto.
El señor LÓPEZ CARVAJAL: Muchísimas gracias, señor presidente, por su benevolencia.
Solamente quiero decir que en ningún momento yo he empleado
ninguna estrategia ni ningún término calumnioso. Usted y yo somos hombres de números y me hubiese gustado que su intervención se hubiera ceñido estrictamente a mis argumentaciones y hubiésemos tomado como punto de referencia la línea argumental
estrictamente contable y económica que yo he empleado. Usted ha sido el único que ha politizado el discurso. Reitero que no he pronunciado una sola palabra ni la pronunciaré mientras no tenga pruebas contundentes que puedan poner en
entredicho en ningún momento la honorabilidad de ese alcalde ni de ningún alcalde.
El señor PRESIDENTE: Señor Villanueva.
El señor VILLANOVA RUEDA: Ni mucho menos era mi intención acusarle de que usted es el responsable de las estrategias de su
partido en esa comarca tan querida y en esa Andalucía tan necesitada de subvenciones. Está claro que si la Junta de Andalucía no fuera tan sectaria como lo es con los pueblos gobernados por el Partido Popular, no habría que recurrir a fondos
europeos y no habría que recurrir a que un ministerio de España tenga que ayudar a la industrialización de una comarca, como ustedes saben, en la que no hay turismo, no hay playa ni más posibilidades que la aceituna y la industria, y eso es lo que
está haciendo el Partido Popular.
El señor PRESIDENTE: Señorías, agotado el orden del día, vamos a proceder a las distintas votaciones de las distintas propuestas de resolución. En primer lugar votamos el dictamen de la declaración sobre la
cuenta general del Estado del ejercicio 2000.
Efectuada la votación, dijo El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Pasamos a las propuestas de la cuenta general del Estado. En primer lugar votamos las propuestas relativas a Entesa
Catalana.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 22.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las propuestas del Grupo Parlamentario Socialista, las números 3, 4, 5, 6, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30 y 31.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 22.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las propuestas del Grupo Parlamentario Socialista, las números 7, 9, 10,
11, 12, 13, 24, 25 y 29.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 22; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), las números 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39 y 40.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 22.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuesta de resolución número 37, del mismo grupo
parlamentario.
Efectuada la votación, dijo El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular, las números 41, 42 y 43.
El señor MARTÍ I GALBIS: Señor presidente, había pedido antes la
votación separada de la 43.
El señor PRESIDENTE: Votamos, en primer lugar, la propuesta del Grupo Parlamentario Popular número 41.
Efectuada la votación, dijo El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Propuesta número 42, del Grupo
Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dijo El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Propuesta número 43, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 12;
abstenciones, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuestas números 44 y 45, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuestas de resolución presentadas al informe de los sectores públicos autonómico y local. En primer lugar las del Grupo Parlamentario Popular, números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15 y 17.
Efectuada la votación, dijo El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuesta de resolución número 9, del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; en contra, uno.
El señor
PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta de resolución número 11, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta de
resolución número 12, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, uno; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta de resolución número 13, del Grupo
Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, uno; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta número 16, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación,
dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuestas de resolución presentadas al informe de fiscalización de la contabilidad de los partidos políticos, ejercicio 2001. En primer lugar,
votamos la propuesta que presenta el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Efectuada la votación, dijo El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Propuesta de resolución número 2, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada
la votación, dijo El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Propuesta de resolución número 3, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Propuestas de resolución
números 4, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 22; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuesta de resolución número
5, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuestas de resolución que presenta el Grupo Parlamentario Catalán de
Convergència i Unió, números 12 y 13.
Efectuada la votación, dijo El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuestas de resolución que presenta el Grupo Parlamentario Popular, números 14, 16 y 17.
Efectuada la votación, dijo El
señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuesta de resolución número 15 del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuestas de
resolución presentadas al informe de fiscalización de los procedimientos de control de la gestión económico-financiera del programa referido a tribunales de justicia y ministerio fiscal. En primer lugar, votamos las propuestas de resolución que
presenta el Grupo Parlamentario Socialista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 22, abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan
rechazadas.
Votamos las propuestas que presenta el Grupo Parlamentario Popular, números 19, 20 y 21.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuestas de resolución presentadas al informe de fiscalización del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. Votamos las propuestas del Grupo Parlamentario Socialista números 1, 2, 3 y 4.
Efectuada la
votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 22, abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuestas del Grupo Parlamentario Popular 5, 6, 7 y 8.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 23; en contra, 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuestas de resolución números 1 y 2 del Grupo Parlamentario Socialista al informe del ayuntamiento de Colmenar de Oreja.
Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos a favor, 13; en contra, 22.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuesta número 3 del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Propuestas que
presenta el Grupo Parlamentario Popular 4, 5, 6 y 7.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista
presentadas al informe de fiscalización del Ayuntamiento de Guadarrama.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 22.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuestas del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación de la solicitud a la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe de dicho
Tribunal la fiscalización del Ayuntamiento de Villablino (León), del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Solicitud de fiscalización del Tribunal de Cuentas para que recabe de dicho
tribunal la fiscalización del Ayuntamiento de La Carolina (Jaén), del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 22; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Señorías, habiendo agotado el orden del día y dándoles las gracias a todos por su ajuste al tiempo, se levanta la sesión.
Eran las dos y cincuenta y cinco minutos de la tarde.