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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 149, de 16/09/2003
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2003 VII Legislatura Núm. 149
DE LOS DERECHOS DE LA MUJER
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA ISABEL SAN BALDOMERO OCHOA
Sesión núm. 22
celebrada el martes, 16 de septiembre de 2003,
en el Palacio del Senado
ORDEN DEL DÍA:
- Debate y aprobación, en su caso, del Informe sobre el tráfico internacional de mujeres, niños y niñas. (Número de expediente del Senado 573/000001 y número de expediente del Congreso 154/000001.) ... (Página
3652)
Se abre la sesión a las doce horas y treinta y cinco minutos.
La señora PRESIDENTA: Señorías, buenos días. Se abre la sesión.
Bienvenidos después de las vacaciones todas y todos.
Pregunto a los señores portavoces si puede quedar aprobada el acta de la sesión anterior (Asentimiento.)
Muchas gracias. (La señora De Boneta y Piedra pide la palabra.)
La senadora De Boneta tiene la palabra.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Señora presidenta, no sé si es el momento procesal oportuno o si tendremos que dejarlo quizás para la posterior reunión de Mesa y portavoces, pero quiero recordar -estoy segura de que cuento con el apoyo de
todos los integrantes de la comisión- que el próximo día 25 se va a producir la última decisión judicial sobre la situación de Amina Lawal. Por ello considero que, sea a través de la comisión o sea través de Mesa y portavoces, deberíamos hacer
algún tipo de declaración instando al Gobierno y a las autoridades competentes a que intenten, primero, y mediante las presiones diplomáticas que procedan, que no se produzca esa condena capital y, segundo, que caso de producirse esa condena no
tenga efecto.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora De Boneta. Verdaderamente este punto no está en el orden del día, pero le agradezco muchísimo que lo haya introducido como una cuestión de orden para que lo podamos contemplar.
Efectivamente, el día 25 es el último para presentar cualquier apoyo a Amina Lawal. Pregunto a los señores portavoces si es posible que mientras estamos en el debate de la ponencia sobre el tráfico de mujeres, niñas y niños, algunas
senadoras o senadores de los distintos grupos parlamentarios hagan un pequeño borrador de declaración institucional de la comisión, que pasaríamos también como una cuestión de orden a la Mesa y portavoces. Se trata de que en Mesa y portavoces
tengamos ya algo sobre lo que debatir para incluirlo en el orden del día, y no tanto como una moción instando al Gobierno sino, repito, como una declaración institucional de la comisión, que entiendo que es lo que hemos hecho en otras ocasiones y
que ha resultado bien pues se nos ha atendido.
En resumen, y si les parece bien a los señores portavoces, algunos miembros de la comisión pueden reunirse mientras estamos debatiendo esta cuestión para redactar unas pocas líneas, de forma que después en Mesa y portavoces tengamos un texto
sobre el que basarnos y que creo que se aprobará por unanimidad de todos los grupos parlamentarios.
Muchas gracias, senadora De Boneta.
¿Alguna portavoz quiere hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA MADURELL: Gracias, señora presidenta.
Solamente quiero decir que estamos absolutamente de acuerdo con las palabras de la senadora De Boneta y con la sugerencia que se ha hecho desde esa Presidencia. Por tanto, vamos a trabajar en esta declaración.
Muchas gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Riera Madurell.
El senador Varela tiene la palabra en nombre de Convergència i Unió.
El señor VARELA I SERRA: Simplemente deseamos manifestar nuestro acuerdo con la propuesta de la señora doña Inmaculada De Boneta.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador.
Tiene la palabra la senadora Loroño.
La señora LOROÑO ORMAECHEA: Gracias, señora presidenta.
Intervengo únicamente para manifestarnos de acuerdo con el recuerdo hecho por la senadora De Boneta y con el planteamiento que ha efectuado la Presidencia.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senadora Loroño.
Tiene la palabra, senadora Sainz.
La señora SAINZ GARCÍA: Por supuesto, en nombre del Grupo Popular manifiesto nuestro total acuerdo con el planteamiento hecho y me parece que el mejor camino para instrumentalizarlo es el propuesto por esta Presidencia. Por otra parte,
cualquier miembro de nuestro grupo con mayor disponibilidad colaboraría con quienes trabajen por los otros grupos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Ruego especialmente a los dos grupos mayoritarios que, si es posible, redacten un texto para que después los grupos minoritarios -que deben estar en la comisión para debatir la ponencia sobre el tráfico de mujeres,
niñas y niños- puedan alegar lo que les parezca oportuno y lleguemos a un acuerdo. Gracias, señorías.
Antes de comenzar el debate y aprobación en su caso del informe de la ponencia sobre el tráfico de mujeres, niños y niñas, y a efectos del trabajo de la comisión y sobre todo del trabajo de la ponencia, quiero
dejar constancia de que han sido muchos días, muchas horas, muchos años invertidos en esta cuestión. Ha sido un trabajo arduo, ha sido un trabajo complejo y por eso desde la Presidencia de esta comisión quiero dar especialmente las gracias
a todas las ponentes que han intervenido. Esta ponencia surgió en la anterior legislatura y en Mesa y portavoces hemos estado de acuerdo en que correspondía que se cerrara antes de que acabara esta legislatura. Yo sé -porque lo he visto- el
trabajo que se ha hecho, el trabajo bueno que se ha hecho. Quiero daros las gracias con mayúsculas por todo el trabajo realizado.
Una vez terminadas las dos ponencias que hemos tenido, la de violencia doméstica y la de tráfico, quiero desear a las próximas mujeres y hombres que asistan a esta comisión que puedan seguir trabajando para esa igualdad de derechos y de
hechos que queremos todas las mujeres y todos los hombres de bien para que no sea algo que se dice, que se hace y que queda entre estas cuatro paredes, sino que sirva a muchas mujeres que se encuentran en este momento y con respecto a esta cuestión
muy maltratadas, muy excluidas socialmente y muy marginadas.
Gracias mil veces y, en nombre de la ponencia, la coordinadora de este trabajo, señora Sainz, tiene la palabra.
La señora SAINZ GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Desde ese reconocimiento de agradecimiento a todas las personas que han intervenido en esta ponencia -primero así denominada- y subcomisión en esta VII Legislatura, comienzo diciendo que fue en la VI Legislatura, en la Comisión Mixta de los
Derechos de la Mujer, donde se aprobó por consenso la creación de una ponencia sobre el tráfico internacional de mujeres, niños y niñas, a petición en ese momento del Grupo Parlamentario Popular y con aportaciones de otros grupos, en su sesión del
28 de mayo de 1997. Dado que los trabajos de la ponencia quedaron sin concluir, el Grupo Parlamentario Popular solicitó de nuevo la creación de una subcomisión con los mismos fines, aprobándose también por consenso el 27 de junio del año 2000.
Hoy es para mi un honor exponer en nombre de mi grupo y de toda la subcomisión, como coordinadora, estas conclusiones a las que hemos llegado todos los miembros integrantes de la misma, señalando que estas conclusiones son fruto de un
riguroso trabajo, como decía la presidenta, en el que todos los grupos hemos utilizado un diálogo franco con el objetivo último de arbitrar, desde el consenso, lo que considerábamos más operativo: un plan integral de lucha contra el tráfico de
mujeres, de niños y de niñas. Este fenómeno, como recordaba el día que se constituyó la subcomisión, es incompatible con una sociedad libre, justa y solidaria, va unido a la prostitución y es la manifestación de la discriminación de la mujer
llevada a sus últimas consecuencias; es la versión de la esclavitud en el siglo XXI que, aunque nos parece un fenómeno lejanísimo en el tiempo y en el espacio, sigue existiendo. El tráfico de mujeres, niñas y niños con propósitos sexuales es el
ejemplo de esta nueva esclavitud y es que un esclavo es la persona retenida mediante violencia o amenazas para su explotación económica, y nos gustaría que quedase también claro que quien usa a un esclavo es un esclavista y que merece el mayor
desprecio social.
Kevin Baler, el más conocido especialista en este trágico asunto, cifra la esclavitud actual en 27 millones de personas en todo el mundo, si bien, en cambio, hay organizaciones que lo cifran en 200 millones. Por tanto, las cifras oscilan
mucho.
A lo largo de estos años se han celebrado 31 comparecencias de personas que, en su calidad de expertos en la materia, fueron invitadas. Entre ellas figuran representantes de numerosas asociaciones, que es imposible recordar aquí, dedicadas
a atender a las mujeres y menores víctimas de la prostitución y del tráfico con fines de explotación sexual y a quienes queremos agradecer ese trabajo tan importante que están realizando.
También acudieron profesores, expertos, investigadores,
psicólogos, médicos psiquiatras, profesionales del derecho, jueces, fiscales, magistrados, vocales del Consejo General del Poder Judicial, expertos de Naciones Unidas, de UNICEF, de la UNESCO, la entonces directora general de la Mujer de la
Comunidad de Madrid (doña Asunción Miura), el director general de la Policía, el de la Guardia Civil, la entonces directora general del Instituto de la Mujer (Pilar Dávila), la eurodiputada portavoz del informe del Parlamento Europeo sobre este
asunto, y un sinfín de personas. Contamos, señorías, para nuestro trabajo con los mejores expertos, a quienes agradecemos sus muy valiosas aportaciones, que han permitido que hayamos podido realizar este informe en el que se contempla un
diagnóstico de la situación actual, unas conclusiones y, por último, una serie de recomendaciones.
Todos los datos que hay sobre este asunto son, señorías, estremecedores, se lo aseguro: mujeres engañadas y sometidas a coacción que no son liberadas hasta que saldan su deuda que puede llegar a más de 7 millones de las antiguas pesetas.
Es estremecedor conocer el terror de unas mujeres que llegan a un país desconocido sin entender en ocasiones la lengua, sometidas a vejaciones, encerradas, víctimas de la violencia física y psíquica.
Cuando constituimos esta ponencia pensábamos que era necesario instalar esta cuestión en el centro del debate de la vida política. Entendíamos, si me lo permiten, que era necesario avivar la indignación que esta Comisión tenía, que era
necesario enmarcar esta cuestión en el ámbito de los debates propios de un país moderno, y es que una sociedad humana, una sociedad justa, solidaria y libre como la nuestra no sólo ha de reprobar sino combatir eficaz y definitivamente semejantes
prácticas. Asimismo cabe decir que es la primera vez que se estudia este asunto en el ámbito parlamentario de nuestro país.
Como señalamos en el texto del informe, traficar con seres humanos es una grave vulneración de los derechos humanos, atenta contra la dignidad de la persona, contra su libertad, se la somete a trato inhumano y degradante, se ejerce sobre
ella violencia física, psicológica y sexual, siempre bajo intimidación, coacción y engaño.
Las redes de tráfico son complejas y tres son los pasos: captación en el país de origen, endeudamiento de la persona y su posterior control, sometimiento y explotación. Como se señala en el informe, si bien no existen datos ni estadísticas
fiables debido a la complejidad del mismo, el tráfico de seres humanos ha ido en aumento y el volumen de esta actividad criminal ocupa el tercer lugar, después del tráfico de drogas y de armas, según el informe del Consejo de Europa, y según un
informe de Naciones Unidas, existen tres causas en este tráfico: causas sociales, políticas y económicas, en las que no puedo ahondar.
Es indudable que el tráfico de seres humanos está muy relacionado con otras formas de crimen organizado, es ejercido por personas sin escrúpulos, perfectamente organizadas, y bien sabemos que las mujeres y menores son dos colectivos de
especial vulnerabilidad. Factores que predisponen al tráfico son, entre otros, la pobreza o las falsas informaciones sobre un futuro mejor en los países de destino, y múltiples son las circunstancias que determinan la elección de un país, entre
otras, a veces, la tolerancia hacia la prostitución.
En nuestro país, la manifestación de este problema es notorio, lo hemos abordado y se nos ha expuesto y está recogido en el informe y, a la vista de toda su complejidad, destacamos que se hace necesaria la colaboración y la coordinación
internacionales. Todos los estados miembros de la Unión deben esforzarse por prevenir el tráfico, por perseguir a sus autores y proveer a las víctimas del apoyo adecuado. En cualquier caso, urge una cultura de la indignación y del rechazo más
absoluto. La sociedad tiene que reaccionar, no puede permanecer impasible ante esta lacra.
La sensibilidad de quienes trabajamos en la Comisión de la igualdad de derechos de la mujer, que trabajamos de forma decidida por la igualdad de género, hemos considerado de gran interés como principal recomendación, elaborar un plan
integral de lucha contra el tráfico internacional de mujeres, niños y niñas, el primero que se hace en España y pionero también, que sepamos, en Europa. Lo justificamos desde el convencimiento de que la prevención y la erradicación del tráfico de
personas, especialmente mujeres, niñas y niños, requieren de un enfoque amplio e internacional en los países de origen, tránsito y destino, que incluya medidas para prevenir y disminuir dicho tráfico, sancionar a los traficantes y proteger a las
víctimas.
El plan lo construimos sobre cinco grandes áreas. La primera incluye medidas de prevención con el objetivo de sensibilizar y comprometer a la sociedad para que tome conciencia de la gravedad del problema y de la especial vulnerabilidad de
las mujeres y niñas. En ella destacarían las campañas dirigidas a alcanzar la tolerancia cero en el tráfico de seres humanos, las campañas de información en los países de origen sobre las posibilidades de inmigración legal y las de información en
oficinas diplomáticas, aeropuertos y puertos.
La segunda área contiene las medidas de educación y formación -sin duda básicas-, con el objetivo de desarrollar modelos educativos basados en los valores de respeto, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, objetivo siempre de
esta comisión. Hay que destacar las acciones encaminadas a llevar a cabo en los centros de enseñanza programas destinados a promover el respeto y valorar la igualdad de oportunidades desde la perspectiva de género o el desarrollo de programas y
cursos de formación especial, dirigidos al profesorado, al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a jueces, magistrados y fiscales, etcétera, con el fin de identificar mejor las causas de tráfico y responder a ellas
adecuadamente. Asimismo, es necesario informar, concienciar y formar a niños y a niñas, a padres, a educadores y usuarios en general sobre los usos y abusos de un fenómeno que nos preocupa mucho a los miembros de la comisión: de Internet,
facilitando mecanismos de denuncia.
La tercera de las áreas contiene las medidas de asistencia y protección a las víctimas. Son trece medidas a las que damos un gran valor porque articulan propuestas de apoyo social y asistencial a las víctimas y refuerzan las actuaciones
dirigidas a paliar, a largo plazo, las causas que empujan a las mujeres de países en vías de desarrollo a emigrar y a caer en manos de las redes de tráfico. Estas medidas se ocupan, por ejemplo, de la creación de plazas de acogida en centros
específicos, proporcionándoles apoyo de todo tipo -psicológicos, médicos, sociales, administrativos y legales-, con el fin de ayudar a su reintegración en el país de origen e integración en el de destino; de garantizar también la protección de las
víctimas -que es una preocupación importante- y la de los testigos, en aplicación de la Ley Orgánica 19/1994; de la puesta en marcha de un servicio telefónico gratuito de emergencia las veinticuatro horas; de programas de empleo; de reforzar la
financiación de las ONG que trabajan admirablemente con estas mujeres, y, asimismo, de elaborar un protocolo sanitario de actuación para la correcta atención a las víctimas.
El área cuarta contiene medidas legislativas y procedimentales de las que mencionaré la difusión de las nuevas medidas contempladas en la reciente reforma legislativa penal y con las que hemos estado de acuerdo precisamente también los
grupos que integramos este trabajo; la elaboración de un protocolo de actuación dirigido a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado;
continuar con el esfuerzo de uniformidad de la legislación europea en esta materia; incrementar el derecho convencional de los tratados bilaterales; la creación de una línea de investigación financiera de las redes de blanqueo de tráfico,
y, además, estudiar la posibilidad de permitir que las ONG puedan acudir a los tribunales como acusación particular.
En la quinta y última área se reúnen las medidas de coordinación y cooperación, incluyendo acciones como la de realizar estudios e investigaciones para conocer las verdaderas dimensiones del fenómeno, elaborar estadísticas específicas que
permitan conocer de forma más fiable el número de personas traficadas; coordinar todas las unidades policiales y colaborar con Interpol y Europol para intercambiar información y aplicar protocolos tendentes a detectar y desmantelar las redes de
tráfico; potenciar la coordinación de la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con las unidades especiales y de la Policía Judicial; estudiar la posible creación de un fondo nacional y europeo para las víctimas del tráfico, procedentes
de la confiscación de los bienes decomisados a los integrantes de las redes de tráfico de mujeres y otros delitos relacionados con el mismo; crear un comité nacional o, en su caso, una oficina nacional, en donde se articule la colaboración de
policías, fiscales, jueces, ONG y administraciones públicas implicadas, incluyendo en todo caso la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, el Instituto de la Mujer y las entidades públicas de protección a la infancia de las
comunidades autónomas -algo que consideramos de interés-, así como la integración en ella de los demás organismos que intervienen en la lucha contra el tráfico de seres humanos, para coordinar, evaluar y hacer un seguimiento de las distintas medidas
y actuaciones adaptadas para la lucha contra este tráfico.
Espero que me permitan que les diga que los miembros de la comisión nos sentimos satisfechos de haber articulado un amplio plan integral de lucha contra el tráfico internacional de mujeres, de niños y niñas, que deberá ser aprobado por el
Gobierno, previa consulta con las comunidades autónomas y teniendo en cuenta, por supuesto, sus importantes competencias.
Consideramos que el plan debe ir acompañado de una memoria económica y de la articulación de las necesarias medidas de difusión, seguimiento y evaluación del mismo.
Señora presidenta, señorías, finalizo mi intervención manifestando que no podemos aceptar que se diga que las cosas son como son y que es imposible arreglarlas, y es que no aceptamos un mundo deshumanizado. Quienes hemos trabajado en esta
ponencia y todos ustedes, señoras y señores diputados y senadores, sabemos perfectamente que es necesario reaccionar y destruir tan vejatoria manifestación de servidumbre. La sociedad tiene que reaccionar; la sociedad no puede permanecer impasible
ante esta lacra social. Si hemos conseguido despertar entre todos un rechazo generalizado contra la violencia doméstica, confiamos en que se levante también con las voces de los miembros de esta comisión, contra la explotación de mujeres,
claramente indefensas y víctimas.
España ha sido pionera en la elaboración de un plan de lucha contra la violencia doméstica y queremos que también lo sea en el impulso político activo e integral de lucha contra la esclavitud de tantas mujeres, tal y como se especifica en
dicho plan. Este plan ha sido posible gracias a la colaboración de todos, al trabajo de todos los grupos políticos y al acuerdo existente, y con nuestro trabajo y nuestro esfuerzo parlamentario esperamos contribuir a solucionar este problema.
Por tanto, quiero terminar mi intervención agradeciendo una vez más a todos los miembros su voluntad de diálogo y el esfuerzo de consenso, así como solicitar a las señoras y señores diputados y senadores el voto favorable a este informe.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sainz.
Vamos a iniciar un turno de portavoces, para conocer la opinión, los criterios y la valoración de los distintos grupos parlamentarios.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora De Boneta y Piedra.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señora presidenta.
Quiero iniciar mi intervención agradeciendo, en primer lugar, el apoyo de la señora presidenta y de los grupos parlamentarios a la sugerencia que he planteado al inicio de la comisión, para introducir en el orden del día una declaración en
contra de la aplicación de la pena capital a Amina Lawal, toda vez que se va acercando la fecha de su ejecución. Quiero agradecer también la prontitud con que la Presidencia ha dado respuesta a esta cuestión, el apoyo de todos los grupos y la forma
en que la señora presidenta ha ventilado la cuestión -por decirlo de manera coloquial-, inciando un procedimiento para que podamos llevar a buen fin, en esta misma comisión, la propuesta que he planteado.
Poco puedo añadir a lo señalado por la portavoz del Grupo Parlamentario Popular y coordinadora de esa ponencia, la diputada Sainz, sobre lo que han significado los trabajos de esta comisión. No puedo más que mostrar el acuerdo general con
lo que ha manifestado, añadiendo además que coincidimos en que las redes de tráfico de mujeres, de niñas y niños, son cadenas que actúan sobre la miseria, sobre la discriminación, sobre la desesperación en muchos casos, que tiene raíces políticas,
sociales y económicas.
Estamos hablando de personas que se ven abocadas a una salida que acaba siendo un engaño, pensando que van a mejorar su situación económica o de cualquier
otro tipo, e incluso llegan a sufrir una especie de secuestro al estar en un país extraño, carecer de medios, de salidas y verse coaccionados física y sobre todo, psíquicamente, a seguir ese camino que, evidentemente, es el equivocado. Sin
embargo, este hecho no se puede achacar a las propias víctimas sino a las redes que actúan de forma absolutamente deshumanizada, con una flagrante violación de derechos humanos.
Frente a esta situación -lo ha dicho también-, la principal cuestión que tenemos que plantear es la tolerancia cero, porque a veces esas redes se basan si no en cierta comprensión, sí en que se mira a otro lado y si no en tolerancia directa,
sí en tolerancia inducida por una especie de desinterés de la sociedad hacia los problemas de los demás o los problemas de estas personas que normalmente son inmigrantes y que sufren como víctimas directas esta violación de derechos humanos a la que
me refería.
El Grupo Parlamentario Mixto y Eusko Alkartasuna, a quienes represento en esta comisión, no tiene más que decir que está absolutamente de acuerdo con un plan integral que ataje de forma coherente, desde todos los ángulos y en la medida de lo
posible estas situaciones que se están produciendo y que desgraciadamente se van a seguir produciendo en tanto en cuanto no se logren atajar desde todos los ángulos y con la colaboración de todos no solamente del Estado y de las comunidades
autónomas, sino de Europa y de todos los países, porque estamos asistiendo a una globalización del delito, a una globalización de este tipo de delincuencia, de estas redes de tráfico y a una globalización de la miseria, que es la que cae en esas
redes de tráfico.
Por lo tanto, estamos totalmente de acuerdo con las medidas que se plantean de prevención y sensibilización, de educación e información, basadas en el respeto a la igualdad de oportunidades y a las medidas legislativas. Y sobre todo
pensamos que hay que incidir no solamente en la prevención, sino también en la coordinación y la cooperación efectiva entre todas las fuerzas policiales, fuerzas de seguridad, y tener en cuenta a Interpol y Europol -ya lo decimos en la ponencia- y
también es muy importante el establecimiento de esos tratados a los que se alude de cooperación entre los países de origen, cooperación bilateral entre nuestro país u otros de Europa y los países de procedencia de estas personas.
No se ha mencionado una cuestión que a mí me parece importante -está en las recomendaciones, en las conclusiones-, y es que se plantee una plataforma de actuación ante el uso de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías están sirviendo
para dejar en casa de todos la oferta y la demanda de este tipo de redes. Hay que impedir que las nuevas tecnologías se utilicen para estas cuestiones, ya que ofrecen una facilidad muy grande de difusión de esa oferta y demanda delictiva. Es una
cuestión pendiente para todos los países y quizás habrá que ir más rápido que la propia delincuencia a la hora de intentar paliar estos problemas.
Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Mixto y de esta senadora de Eusko Alkartasuna apoyan y están de acuerdo con las conclusiones de esta ponencia. He tenido la dificultad de no poder asistir a todas las reuniones por tener que estar en
otras ponencias, pero he tenido la fortuna de participar en esta ponencia tanto en la VI Legislatura como en la VII y me parece importante esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, que haya mantenido esta cuestión. Participamos de la
necesidad de ese plan integral del Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas y respeto escrupuloso a sus competencias, y la puesta en común de todos para evitar este tipo de delito, que además es un delito especialmente repugnante -todos
los delitos son repugnantes, pero algunos son especialmente repugnantes- porque representa una forma particular de desprecio y de discriminación, especialmente hacia las mujeres.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
La señora Castro, por Izquierda Unida, no está.
La señora Cid tampoco está. (El señor Aleu i Jornet pide la palabra.)
¿Dígame, senador Aleu?
El señor ALEU I JORNET: He comunicado la sustitución de la senadora Cid por un servidor.
La señora PRESIDENTA: No se me había comunicado. Tiene su señoría la palabra.
El señor ALEU I JORNET: Queda claro que actúo de sustituto y, por lo tanto, cumpliendo lo que me ha pedido la senadora Cid vengo a manifestar nuestra total conformidad con el informe para que quede constancia en acta de nuestra posición.
Estas son todas mis palabras porque me he enterado hoy que tenía que venir a esta comisión.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Senador Aleu, estamos seguros de que si su señoría hubiera participado en esta ponencia lo habría hecho de una manera contundente porque estamos de acuerdo todos los grupos parlamentarios en esta cuestión. Muchas
gracias, bienvenido y que se repita su presencia tantas veces como haga falta.
La señora Morales, del Grupo de Coalición Canaria, no está.
En nombre del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la senadora Loroño.
La señora LOROÑO ORMAECHEA: Gracias, señora presidenta.
No voy a volver a repetir el trabajo que se ha realizado a lo largo de estas dos legislaturas, VI y VII, porque
tanto la Presidencia, usted misma, como la diputada Sainz, en nombre del Grupo Parlamentario Popular y como coordinadora de la ponencia en esta VII Legislatura, han hecho mención al mismo. Yo entiendo, y así lo quiero trasladar, que el
trabajo durante dos legislaturas ha sido debido a que estamos ante un problema difícil de abordar, dada la magnitud y complejidad que entraña esa lucha y esa intervención contra el tráfico internacional de mujeres y menores. Considero que el
trabajo que se ha hecho a lo largo de estas dos legislaturas es importante porque quizás en estos momentos el informe que vayamos a aprobar, y entiendo que así se hará por la unanimidad de todos los grupos parlamentarios, recoge incluso hasta la
evolución que haya podido tener ese problema a lo largo de estos años y se ciñe más a la realidad actual que plantea el tráfico internacional de mujeres y de niños y niñas.
Dicho esto, quisiera hacer constar, sobre todo en esta comisión mixta que defiende los derechos de la mujer, que de nuevo estamos aprobando un informe de una ponencia en la que mujeres -y mujeres en muchas ocasiones menores de edad- son las
principales víctimas. Es esta la comisión que debe velar por los derechos de la mujer sin olvidar que en estos momentos hay hombres, sobre todo menores de edad, niños, que están siendo víctimas de este tráfico, en el que se usa fundamentalmente la
situación de especial vulnerabilidad de las víctimas como engarce para ofrecerles unas condiciones de vida mejor que en nada tienen que ver con la realidad.
El informe de la ponencia aparte de recoger las distintas comparecencias que a lo largo de estas dos legislaturas se han producido, hace un diagnóstico de la situación actual y de forma tajante debemos afirmar, como bien decían la diputada
Sainz y la senadora De Boneta, que estamos clarísimamente ante una grave vulneración de los derechos humanos. Y ante esta grave vulneración de los derechos humanos -en el propio informe recogemos que se vulneran los artículos 3, 4, 5 e incluso el 1
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos- lo que sí debemos conseguir -y así se recoge en las medidas y acciones que se plantean en esa recomendación de plan integral de lucha contra el tráfico internacional- es una tolerancia cero, tanto
por parte de hombres como de mujeres, independientemente de la edad de cada uno. Ahí van orientadas fundamentalmente las distintas acciones de tipo educativo o de sensibilización y concienciación que se plantean en el esbozo y líneas generales del
plan integral que planteamos como recomendación.
No debemos olvidar -como bien se ha dicho aquí- que la trama de las redes de tráfico es diversa, compleja y organizada. También se ha dicho aquí que, con independencia de la complejidad de cada una de estas redes, con independencia del tipo
de red de que se trate, con independencia del mecanismo que utilice cada red, lo que coincide en todas ellas son tres aspectos fundamentales en su forma de funcionamiento: captar a la víctima utilizando distintas vías y distintos medios, conseguir
que una vez captada se endeude ante ofertas engañosas de distinto tipo y no pueda cubrir la deuda que en vez de ir disminuyendo cada día va creciendo, sometiéndola, por tanto, a control y explotación. Esa es la forma de funcionamiento. Esos son
los tres aspectos fundamentales del funcionamiento de todas las redes, con independencia de la complejidad de cada una y el tipo de que se trate.
También se ha dicho aquí que podemos afirmar que aunque la esclavitud fue abolida en su día no ha sido erradicada. Estamos, sin duda, ante una nueva forma de esclavitud y ante un nuevo y especial tipo de delincuencia, difícil de perseguir,
difícil de intervenir, pero especialmente sangrante por el hecho de que personas vulnerables son usadas como mercancías y son objeto de transacciones comerciales.
Eso es fundamentalmente lo que debemos conseguir erradicar y eliminar para tener una situación y una actitud de tolerancia cero ante este tipo de problemas. La víctima principal -como he dicho anteriormente- sigue siendo la mujer. Si vamos
al origen de por qué son captadas estas mujeres y a las situaciones existentes previamente, concluiremos de nuevo en que la situación de desigualdad es la que prima y hace que esta mujer esté en situación de especial vulnerabilidad,
independientemente de la edad que tenga, porque, incluso, muchas veces se engaña a las familias y se trafica con menores de edad.
Es necesario, por tanto, a juicio del Grupo parlamentario que represento, tal y como se recoge en el propio informe de la ponencia, abordar este sangrante problema con decisión y, sobre todo, con medidas contundentes respecto de los
delincuentes que no son otros que los traficantes, y acercarse a las víctimas prestándoles apoyo, asesoramiento, asistencia y protección adecuada.
La recomendación final que se hace es la elaboración de este plan con el cual estamos totalmente de acuerdo, pero los miembros de la ponencia no nos hemos querido quedar sólo en la elaboración de un plan y en plantear unas líneas
primordiales de actuación que ya ha enumerado la diputada Sainz, sino que incluso hay una memoria económica con un presupuesto, un seguimiento y una evaluación periódica, que es importante para que las medidas se valoren en su justo término y, a su
vez, sean eficaces.
Quisiera hacer referencia e ir concluyendo, señora presidenta, por no abusar del tiempo, a que especialmente me parece importante tal como se dice en el área de medidas de prevención y sensibilización que vayamos avanzando, tal y como he
dicho al inicio, en generar esa sensibilización y conciencia de tolerancia cero y también una conciencia a distintos niveles.
Por otro lado, hemos de procurar que la sociedad en concreto se dé cuenta del problema. Hay que visualizar
este problema porque muchas veces -como bien se ha dicho aquí- lo tenemos al lado, pero miramos hacia otro lado, y con ello lo que estamos haciendo es tolerar ese tipo de situaciones y, por tanto -no se me tome a mal- estamos siendo
cómplices.
También hemos de hacer referencia a las medidas de educación y formación.
Nos parece que de entre las acciones que se plantean se ha de incidir en fomentar el acceso a la educación y la formación en general de mujeres adolescentes y menores
tanto en los países de origen como de destino, porque si incidimos en los países de origen quizás evitemos también que muchas personas, muchas mujeres y muchos menores y adolescentes caigan en manos de estas redes, porque educación es formación y
abre los ojos y, por tanto, evita que uno caiga en manos de personas sin escrúpulos.
Entre las medidas de asistencia y protección a las víctimas sí quisiera destacar que de alguna forma hemos querido los distintos miembros de la ponencia conseguir que se garantice la protección de las víctimas a todos los niveles. Es
importante garantizar la protección de las víctimas porque a su vez estas víctimas van a ser también testigos a la hora de actuar de forma contundente contra los traficantes.
Garantizando, por tanto, actuaciones, recursos y medidas adecuadas vamos a conseguir que muchas mujeres se decidan a salir de esas redes y denuncien a las personas que las someten para que podamos intervenir de forma eficaz en la lucha
contra ese tráfico.
En concreto, hay que atender aspectos tales como proporcionar a las víctimas asistencias jurídica y psicológica inmediata y en su propio idioma porque por desgracia muchas de ellas desconocen el nuestro, que es un aspecto importante y a
destacar.
Respecto de las medidas legislativas y procedimentales, nos parece también importante, tal y como se ha mencionado, que las ONG puedan acudir a los tribunales como acusación particular, o al menos que se estudie esa posibilidad, porque
muchas veces las víctimas tienen miedo a las represalias y no quieren ser testigos en las actuaciones judiciales derivadas de las distintas intervenciones policiales a que pudieran dar lugar.
No quiero extenderme, señora presidenta, porque me parece que en el informe ya se recoge debidamente esto, pero sí quería resaltar estos aspectos porque son importantes y terminar agradeciendo, sobre todo, a la letrada de la comisión, al
menos en lo que me ha tocado a mí en esta VII Legislatura, y a los servicios de la Cámara, el trabajo que se ha realizado, así como a los distintos miembros de la ponencia, tanto a los de la VI Legislatura y a los de la VII Legislatura y de forma
particular y especial -como ya se ha hecho - a los distintos comparecientes porque sin sus aportaciones hoy no tendríamos este diagnóstico, estas conclusiones, las distintas recomendaciones y la recomendación final que hacemos de elaboración del
plan en las líneas generales que planteamos en el informe porque, de hecho, nuestro grupo entiende -y quiero manifestar nuestra satisfacción- que en estos momentos en esta comisión estamos dando un primer paso -primero, pero crucial- para otorgar
nombre y voz a muchas personas que vemos incluso a diario al lado nuestro, pero que no existen, puesto que dada la situación en la que viven se convierten en personas anónimas sin identidad y en muchas ocasiones en personas que ni tan siquiera
pueden hablar, en personas mudas, porque hablar supone para muchas de ellas morir en vida porque tienen la espada de Damocles encima de sus cabezas al estar sometidas, controladas y explotadas.
Por lo tanto, es importante dar el paso que vamos a dar hoy y seguir dando pasos posteriores para que esto se materialice y sea una verdadera realidad.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senadora Loroño.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Varela.
El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señora presidenta.
La primera cosa que quiero hacer es expresar, en nombre de mi Grupo, la satisfacción por haber llegado al final del trabajo de la Ponencia sobre el tráfico internacional de mujeres, niños y niñas; satisfacción aumentada por el hecho de
haberse alcanzado las conclusiones por consenso. Que este consenso se haya alcanzado no es ajeno al trabajo de los otros portavoces y al de la letrada también, pero esencialmente a la actitud de la coordinadora, la senadora Sáenz, a quien se lo
quiero agradecer especialmente.
Del informe lo más importante, evidentemente, es la recomendación de elaborar un plan integrado contra dicho tráfico de personas. Esta es una petición unánime de la ponencia que esperamos que la comisión haga también suya y, desde luego,
confiamos en que el Gobierno estará atento al clamor que le llega desde esta Comisión Mixta.
Sinceramente, dicho con toda cortesía, pero también claramente, el Gobierno no puede hacer oídos sordos a un problema que, como se indica en el informe, no deja de aumentar día a día, situándose en un triste tercer lugar de importancia
después del tráfico de drogas y armas, según el Consejo de Europa. Ante la flagrante violación de los derechos humanos que el tráfico de niños, niñas y mujeres significa, el Gobierno debe responder de manera integral con prontitud. Esto es lo que
pedimos con el máximo énfasis posible.
Hay en el informe, en sus recomendaciones esencialmente, suficiente material como para incluso con poco tiempo -y siempre contando con el consenso de las administraciones que aconsejan llegar a ese acuerdo con la máxima eficacia y respeto
constitucional-
poder presentar a la opinión pública dicho plan integral. Sería una gran decepción utilizar la excusa de estar al fin de la legislatura para no hacerlo. Quizá sea un poco melodramática la expresión que voy a usar pero es real como la vida
misma: Las víctimas no pueden esperar. Por tanto, pedimos al Gobierno que apruebe el plan cuanto antes y que empiece a aplicarlo de manera inmediata. Luego, en la próxima legislatura, el Gobierno correspondiente se encontrará con un trabajo hecho
que le facilitará las tareas que, desgraciadamente, deberá continuar.
Desde la ponencia estimamos imprescindible que el plan vaya acompañado de una memoria económica y estaría muy bien -parece perfectamente posible y no sería solamente simbólico sino también muy útil- que tal partida figurase en los
Presupuestos Generales del Estado del año 2004.
Quisiera finalizar mi intervención haciendo una reflexión de tipo más general. Hoy sólo acabamos una parte de nuestro trabajo, porque luego tenemos que seguir nuestra actividad comprobando si finalmente el plan se presenta y, en tal caso,
examinando cómo funciona, si es o no eficaz. En suma, deberemos proceder a su evaluación, como consta en el mismo informe, pero la primera parte de nuestro trabajo ha acabado.
La reflexión que quería hacer sobre este tema tan serio es que si exigimos al Gobierno un plan lo más concreto y real posible, también hemos de ser exigentes con nosotros mismos. Si señalamos, por ejemplo, que el objetivo del apartado 3 es
-y cito textualmente- articular propuestas de apoyo social adecuadas a las necesidades de las víctimas, así como reforzar las actuaciones que tiendan a paliar a largo plazo las causas del determinismo socioeconómico que empujan a las mujeres de los
países en vías de desarrollo a emigrar de su entorno y a caer en manos de las redes de tráfico luego no podemos ver pasivamente, por ejemplo, cómo no se alcanzan acuerdos en Cancún y que las materias primas de los países del Tercer Mundo tienen
tantas dificultades para abrirse paso en el mercado.
Estaríamos ante una gran hipocresía si toleráramos que los habitantes de aquellos países se vieran impelidos a emigrar. Aunque pueden ponerse otros ejemplos, éste es sólo uno de la coherencia
que nos debemos exigir nosotros mismos para que las recomendaciones sean lo más eficaces.
Lo importante y satisfactorio ahora y aquí es que aprobemos este informe, un grano de arena positivo en la lucha contra el dolor y la injusticia; en la lucha, siempre necesaria e imprescindible, para que los derechos humanos sean respetados
de verdad.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Varela.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Montes.
La señora MONTES CONTRERAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Debatimos hoy el informe de la Ponencia sobre el tráfico internacional de mujeres y menores con fines de explotación sexual y queremos señalar, desde el Grupo Parlamentario Socialista, que estamos abordando un problema extraordinariamente
grave y complejo con el que estamos conviviendo sin que hasta ahora haya sido abordado por el Ejecutivo con la diligencia que merecen las mujeres y menores que están siendo sometidos a unas condiciones inhumanas que debieran remover la conciencia de
toda la sociedad y, en especial, de aquellos que tienen la obligación de actuar.
Hablamos de la compraventa de mujeres, de su explotación sexual, de las condiciones ínfimas en las que malviven, del miedo físico y psíquico, de las tremendas deudas contraídas con las redes de tráfico, de problemas relacionados con su
salud, etcétera. En síntesis, hablamos de una violación de los derechos humanos de las mujeres cuyos explotadores, en la mayoría de los casos, no reciben todo el peso de la ley.
Sobre los antecedentes de la ponencia tenemos que decir que ésta se constituyó -como se ha dicho- en el seno de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer en la pasada legislatura ante el preocupante fenómeno que empieza a desvelarse de
redes de tráfico, de mujeres fundamentalmente, que introducen personas de forma ilegal para explotarlas sexualmente. La ponencia amplía su objetivo para abarcar el tráfico de niños y niñas ante la evidencia de que también los menores están siendo
víctimas de estas redes con los mismos fines.
La VI Legislatura concluyó sin que la ponencia elaborase conclusión alguna. Al comienzo de la VII Legislatura vuelve a constituirse la ponencia con el objetivo de concluir sus trabajos y, desde el principio, por parte del Grupo
Parlamentario Socialista se plantea la necesidad de agilizar los trabajos a fin de que las conclusiones no se demoren por más tiempo, ya que considera que el problema es lo suficientemente serio como para que desde las Cortes se diseñen las
actuaciones necesarias para abordarlo. Por ello, planteamos no repetir las comparecencias que ya se habían producido en la anterior legislatura e imprimir un ritmo de trabajo que permitiese que en el plazo de un año contásemos con las conclusiones
y propuestas de actuación. Ese objetivo, lógicamente, no se ha cumplido y tenemos que señalar que entre las dos legislaturas se ha celebrado un total de 16 sesiones y 31 comparecencias, la última de las cuales se celebró el 12 de marzo de 2002, por
lo que creo que tiempo hemos tenido.
Hoy, por fin, aprobamos el informe de la ponencia y ya no habrá excusas para no actuar decididamente sobre el tema, siempre que desde el Gobierno se asuma la responsabilidad de dotar económicamente las propuestas que recogemos en el plan.
En cualquier caso, tenemos que decir que bien está lo que bien acaba y
que creemos que ha sido un trabajo excesivamente largo, si bien hoy ya estamos viendo sus frutos.
Tenemos que reseñar que inicialmente el Grupo Parlamentario Socialista presentó una proposición no de ley en la anterior legislatura, que fue rechazada, y que a continuación fue el Grupo Parlamentario Popular el que solicitó la creación de
la Ponencia. El objetivo que se plantea en un principio es el tráfico de mujeres, aunque luego se amplía a los niños y niñas, a propuesta de nuestro grupo, por entender que se trata del mismo fenómeno con la misma o distinta finalidad: la
explotación sexual o la adopción ilegal, respectivamente.
Se argumenta también la constatación de que gran parte de las mujeres traficadas son menores de edad y que en otras instancias, también en el plano europeo, estos hechos se traten de forma conjunta. Por tanto, nuestra propuesta es aceptada
y se amplía el objetivo de la ponencia.
Asimismo, se acuerda que no se quede sólo en el estudio descripitivo de la realidad, que era lo que en principio se planteaba, sino que abarcase también una serie de propuestas de actuación con el fin de
atajar desde todos los ámbitos esta situación.
Gracias a las comparecencias celebradas, mi grupo sabe que la prostitución forzada es un fenómeno estrechamente relacionado con otros problemas: la feminización de la pobreza, las situaciones de drogadicción o la falta de educación sexual y
afectiva, aunque últimamente esté más relacionado con la inmigración y la movilidad internacional de personas, la globalización y la caída de fronteras y, por supuesto, el gran auge de las mafias dedicadas al tráfico de personas, fundamentalmente
mujeres y niñas con fines de explotación sexual y laboral. Estas mafias están muy relacionadas con el tráfico de drogas y armas, e incluso alguna de las comparecientes apuntó su relación con entornos terroristas. Por tanto, hay un claro vínculo
con el mundo del crimen organizado.
El tráfico de personas está muy relacionado con el tema de la prostitución, ya que la mayoría de las mujeres que son traficadas lo son con la finalidad de ser explotadas sexualmente, aunque también existe tráfico de personas con fines de
explotación laboral, adopción ilegal, pornografía infantil y tráfico de órganos. A partir de las comparecencias que han tenido lugar en la Ponencia, sabemos que en nuestro país el tipo de finalidad que persiguen las mafias de tráfico de personas es
la explotación laboral y, fundamentalmente, la explotación sexual. Según el Consejo de Europa el 78 por ciento de las mujeres traficadas son explotadas sexualmente. El número de mujeres víctimas de tráfico ha aumentado de forma importante en los
últimos años, ocupando esta actividad criminal el tercer lugar, después del tráfico de drogas y armas.
Se calcula que sólo en el año 2001 las redes de traficantes han traído a Europa occidental más de 500.000 mujeres de Europa central y oriental para ser explotadas. En nuestro país la propia Guardia Civil reconoce que no existe un
conocimiento de la dimensión real del problema del tráfico de personas, por lo que señala la necesidad de un desarrollo metodológico, tanto a nivel nacional como internacional.
En cuanto a la procedencia de las mujeres traficadas en nuestro país, y según datos de la Policía Nacional, predominan las mujeres procedentes de la antigua Unión Soviética, desde Rusia hasta Checoslovaquia; entre las de procedencia
americana hay que destacar las que vienen de Colombia, Ecuador y Brasil; del continente africano destacan las procedentes de Nigeria y también se señala que empieza a aparecer Asia como lugar de origen de algunas de estas mujeres. La policía
calcula que hay 25.000 mujeres en esta situación en lo que constituiría su demarcación territorial: las ciudades, señalando, asimismo, que el 75 por ciento de los delitos de tráfico de personas se cometen en ellas. Según los datos facilitados por
la Policía Nacional el 95 por ciento de las mujeres dicen estar ejerciendo la prostitución de manera voluntaria.
En el análisis efectuado por la Guardia Civil existen grandes coincidencias con respecto a la procedencia de las mujeres. Según dicho documento en el marco del plan de actuación contra la delincuencia relacionada con la trata de mujeres se
han censado en el año 2000, 890 clubes con 14.000 mujeres, de las cuales 13.000 son extranjeras. Estos clubes son regentados por 2.122 personas, de las que 1.352 son extranjeras. Así, el 70 por ciento son hispanoamericanas o sudamericanas y más de
la mitad de ellas colombianas; el 17 por ciento son europeas, procedentes de Portugal o de los países del este, y 1.637 africanas, mayoritariamente de Nigeria. Sólo 8 de estas mujeres son menores y también, según los datos facilitados por la
Guardia Civil, las mujeres manifiestan encontrarse bien y ejerciendo la prostitución de manera voluntaria.
Prácticamente todos los comparecientes destacan que las cifras del tráfico de mujeres, niños y niñas son ocultas. Existe una gran dificultad para conocer la dimensión real del problema y ello conlleva que exista una enorme disparidad en
cuanto a las cifras que se proporcionan por las distintas organizaciones y organismos oficiales. Algunos comparecientes insisten en la necesidad de efectuar estudios fiables y sistemáticos por parte de la Administración que permitan cuantificar
tanto este problema, como otros que están directamente relacionados con él, como la explotación laboral infantil, los abusos a menores, etcétera. Algunas características de las mujeres víctimas de este tráfico internacional son las siguientes: se
trata de mujeres jóvenes de entre 18 y 25 años de edad con un bajo nivel de escolarización y una escasa capacitación profesional; más del 50 por ciento de ellas han sufrido algún tipo de violencia en su infancia, incluidos abusos sexuales, y suelen
tener responsabilidades familiares a su cargo, como hijos o padres.
En cuanto a las propuestas de actuación debo decir que el Grupo Parlamentario Socialista considera que, al tratarse de un problema tan complejo, éste debe combatirse, tal y como estamos planteando hoy, de una forma integral. Las
instituciones deben intervenir desde múltiples aspectos: por una parte, la persecución de las mafias, y por otra, la prevención, la sensibilización social y la atención y apoyo a las víctimas. Sólo de esta forma nos acercaremos a la erradicación y
solución de este problema. Partimos de la base de que las víctimas del tráfico con fines de explotación sexual están en España en una situación administrativa irregular, o por lo menos precaria, y que pese a sufrir los delitos que conlleva dicho
tráfico generalmente no se atreven a acudir a las autoridades del país en que se encuentran por temor a que se les expulse inmediatamente al suyo de origen. Si a ello añadimos el temor de las víctimas a que sus explotadores tomen represalias, ya
sea sobre ellas mismas o sobre sus familias y allegados en su país de origen, es fácil concluir que nos encontramos ante un terrible problema rodeado de opacidad y silencio que en nada ayuda a su solución. Este silencio, este miedo y esta expulsión
inmediata propiciarán el hecho de que otras futuras víctimas vuelvan a caer en las mismas redes de tráfico con fines de explotación sexual.
Para conseguir la cooperación de las víctimas con las autoridades competentes será necesario desarrollar una enorme y multidisciplinar batería de medidas legislativas, sociales, institucionales, etcétera, que faciliten la protección de las
mismas por parte de la sociedad que las acoge, desterrándose así el miedo a la clandestinidad, a la marginación, a la repatriación, a la pobreza o a las represalias de las mafias, consiguiendo su colaboración activa en la desarticulación de las
mismas.
Se hacen necesarias medidas de carácter social y sanitario a impulsar desde la Administración central en colaboración con las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Esta coordinación es imprescindible para avanzar en la
resolución de este problema y el Gobierno central deberá dotar suficientemente en los Presupuestos Generales del Estado esta intervención coordinada para que el resto de las administraciones tengan capacidad de respuestas.
Igualmente consideramos que es necesario y urgente un cambio en la mentalidad social para que se consideren como verdaderas víctimas de este delito a las mujeres traficadas con fines de explotación sexual al ser ellas las extorsionadas,
maltratadas y amenazadas aprovechando su especial vulnerabilidad, su invisibilidad, su pobreza, su desprotección, su inseguridad, sus miedos físicos y psíquicos, y en resumen, su situación de auténtica y real esclavitud.
En este sentido, mi grupo quisiera matizar una descripción que aparece en la página 51 del informe que hoy nos ocupa y que hemos firmado cuando se describe la trama de las redes de tráfico, así como en la número 13 del 'Diario de Sesiones'
donde, al referirse al funcionamiento de las redes de tráfico se habla de la complejidad de las mismas y se afirma que están constituidas por las mafias criminales, por mujeres inmigrantes e incluso por la propia familia de las víctimas. Queremos
resaltar que efectivamente hemos tenido conocimiento de esta realidad en algunos casos, pero no entendemos que se trate de una situación generalizada, sino que en la mayoría de los casos la mujer es la víctima, no el verdugo, y la familia desconoce
la actividad que sus hijas, hermanas, etcétera, están realizando en los países de destino. Consideramos importante que desde esta comisión hagamos esta puntualización.
Consideramos que la sociedad española debe conocer la realidad en la que viven las mujeres y los menores víctimas de este tráfico como inicio de su actitud comprometida para hacerle frente. Para todo esto hacen falta, además, herramientas
institucionales. La Administración central española en su actual estructura carece de un organismo específico dedicado a coordinar los esfuerzos contra el tráfico de personas por lo que solicitamos, y así aparece en el informe, la creación de una
oficina dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en la que participen, tanto la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, como el Instituto de la Mujer. En la misma línea de garantizar las herramientas
institucionales necesarias planteamos otra serie de medidas con este mismo fin. Consideramos que también es imprescindible implementar un sistema de recogida de información que permita tener un conocimiento más ajustado de la realidad, tanto las
estadísticas policiales como judiciales debieran ser armonizadas internacionalmente o al menos a nivel europeo porque estamos viendo la dificultad que tenemos para obtener una cifra fiable sobre la situación.
Las propuestas planteadas por mi grupo recogen las formuladas por organismos internacionales como el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo en diversos informes y resoluciones. El informe que hoy debatimos contempla una serie de
actuaciones cuyos objetivos son, por ejemplo, sensibilizar a la sociedad para promover esa tolerancia cero frente a estos hechos delictivos, ayudar a combatir las causas de tráfico de mujeres y menores, actuar contra los proxenetas y traficantes,
desarrollar medidas integrales en los ámbitos judicial, social, educativo, policial, administrativo y de inmigración con participación de las ONG y asegurar la asistencia a las víctimas del tráfico garantizando la protección de sus derechos e
intereses. En este plan las aportaciones del Grupo Parlamentario Socialista han sido tenidas en cuenta en su inmensa mayoría. Se trata de aportaciones que se han incorporado a este informe. Creemos que realmente se ha hecho un esfuerzo por parte
de todos para llegar a un acuerdo sobre el texto y queremos resaltarlo hoy.
Lógicamente mi grupo va a estar a favor de este informe, pero queremos señalar que también vamos a
estar muy pendientes de su desarrollo porque consideramos que no se puede dar la espalda a la situación que viven estas mujeres y menores, y entendemos que el plan que hoy debatimos contiene actuaciones que van a incidir muy positivamente en
ese colectivo. Pero tenemos que remarcar que si no hay un compromiso presupuestario claro por parte del Ejecutivo central el plan no será más que una declaración de intenciones, un brindis al sol. El Gobierno tiene que asumir su responsabilidad,
aunque las actuaciones serán llevadas a cabo, en gran medida, por comunidades autónomas y ayuntamientos. Estaremos pendientes de las partidas presupuestarias adicionales que debe habilitar el Gobierno central para que el resto de administraciones
puedan llevar a efecto las nuevas actuaciones que hoy proponemos.
Para terminar, no quisiera dejar de agradecer la participación y las aportaciones de las distintas comparecientes, y expertos que han participado en esta ponencia; el trabajo de los servicios de la Cámara, y, cómo no, el trabajo y las
aportaciones de todos los miembros de esta ponencia, sin cuyo esfuerzo no habríamos podido llegar al momento en que nos encontramos hoy.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Montes.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Sainz.
La señora SAINZ GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora presidenta después de haber tenido el honor de presentar el informe como coordinadora y, por tanto, de hacerlo en nombre de todos los grupos parlamentarios, mi Grupo cree que hoy se tiene que quedar con lo que nos parece realmente
positivo: que, por consenso, como han expresado todos los grupos parlamentarios, vayamos a aprobar este informe, que contiene, como se ha ido resaltando por todos los portavoces, un importante plan integral de lucha contra el tráfico de mujeres, de
niñas y niños, un informe que es el primero en España, que confiamos en que efectivamente sea eficaz, y en el que desde luego hemos puesto mucho esfuerzo y mucha ilusión todos los miembros de esta ponencia, de esta subcomisión y desde luego de esta
comisión mixta.
Agradezco de nuevo, una vez más, a todos los grupos políticos su voluntad y su trabajo, que hago extensivo, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, a su letrada, Ana Álvarez, y a todos los servicios de la Cámara.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Sainz.
Hoy, la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, además de felicitarse por un trabajo bien hecho, también debe dar la bienvenida a dos personas que se han incorporado a nuestro quehacer. Damos la bienvenida a la excelentísima señora doña
Rosa María Pérez Hernández y a la excelentísima señora doña María Auxiliadora Pérez Díaz, que se incorporan a esta comisión; pero no sería de bien nacida no ser agradecida con las dos mujeres que durante tantos años nos han acompañado en esta
comisión.
Quiero decir que la senadora Jurado de Miguel y la senadora Díaz Villegas han sido unas excelentes compañeras; han sido unas excelentes senadoras, y no porque sean excelentísimas en razón de su cargo, sino por el trabajo, por el
compañerismo, por su buen hacer, por tantas cosas como hemos compartido. Por tanto, en un día tan importante para esta comisión, en que se va a producir la aprobación del informe de la ponencia sobre tráfico de mujeres, niños y niñas, en el que han
trabajado tantos hombres y tantas mujeres, confiemos en que llegará nuestro trabajo a esas mujeres que lo necesitan, incluido el de las dos senadoras que han dejado la comisión e incluido igualmente el de las dos senadoras y diputadas que se van a
incorporar, que será motivo para seguir trabajando en algo que nos une a todas: la aprobación por unanimidad de todos los grupos parlamentarios -y como lo hemos hecho siempre que hemos podido- del informe de la ponencia, que al fin y al cabo es
nuestro cometido: trabajar cada vez más y mejor por todos los hombres y especialmente por todas las mujeres de España y del mundo.
Millones de gracias, señorías; felicidades y bienvenidas. ¡A seguir trabajando!
Señorías, ¿se aprueba el informe de la ponencia? (Asentimiento.)
Queda aprobado por unanimidad el informe de la ponencia. (Aplausos.)
Se levanta la sesión.
Eran las trece horas y cuarenta y cinco minutos.