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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 133, de 24/03/2003
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DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES


COMISIONES MIXTAS


Año 2003 VII Legislatura Núm. 133

DE LOS DERECHOS DE LA MUJER

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA ISABEL SAN BALDOMERO OCHOA

Sesión núm. 19

celebrada el lunes, 24 de marzo de 2003,

en el Palacio del Congreso de los Diputados



ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de ley


- Sobre la Convención europea y la igualdad de oportunidades. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente del Congreso 161/001963 y número de expediente del Senado 663/000101.) ... href='#(Página3254)'>(Página 3254)


- Presentación de las conclusiones de la subcomisión de estudio sobre las medidas en respuesta a la violencia de género. (Número de expediente del Congreso 154/000015 y número de expediente del Senado 740/000010.) ...
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Se abre la sesión a las cuatro y cuarenta y cinco minutos de la tarde.



PROPOSICIONES NO DE LEY:


- SOBRE LA CONVENCIÓN EUROPEA Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. (Número de expediente del Congreso 161/001963 y número de expediente del Senado 663/000101)


La señora PRESIDENTA: Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión.



La Mesa quiere saber si se aprueba o si hay alguna enmienda al acta de la sesión anterior. (Pausa.)


Queda aprobada.



Pasamos al debate de la proposición no de ley sobre la Convención europea y la igualdad de oportunidades que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra la señora Navarro.



La señora NAVARRO GARZÓN: Durante el proceso que estamos viviendo en este momento en el mundo se están produciendo cambios profundos, cambios que todavía están por asentarse, de los cuales parece que nada bueno cabe esperar, pues somos
conscientes de que la legalidad internacional en este momento está siendo vulnerada. La Unión Europea también ha salido muy perjudicada de este proceso, lejos de constituir un bloque unido y con una sola voz que trabaje a favor de la paz y en
contra de la guerra.
Ahora bien, debemos trabajar por un futuro mejor, porque otro mundo es posible. Podemos aspirar a una Unión Europea unida bajo un solo eje de paz, una Unión Europea en la que cabemos todos y todas, más social y unida bajo los
principios universales de los derechos humanos, unos principios que hoy más que nunca tenemos que defender.



Señorías, esta proposición no de ley que hoy venimos a debatir es una oportunidad para un futuro mejor -lo creo sinceramente-, pues habla de nuevas oportunidades para la igualdad, y sabemos perfectamente que la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres está unida de forma indisoluble al desarrollo y a la paz. Esta proposición habla de la futura constitución de la Unión Europea, cuestión que debemos abordar de forma urgente, puesto que se está cuestionando muy seriamente en
este momento su unidad y su desarrollo. Seguramente, los trabajos de la Convención Europea sobre el futuro de la Unión se van a prorrogar, por lo que todavía estamos a tiempo de mejorar lo que hasta ahora se ha hecho y de demostrar que España
también ambiciona un futuro mejor para Europa.



España deberá hacer un gran esfuerzo en demostrar que sigue creyendo en los valores que llevaron al nacimiento de la Unión Europea, que no eran otros que los de preservar la paz y la democracia, valores que son compartidos por la ciudadanía
española pero que se han visto denostados en los últimos días. Por esto mismo, la Unión Europea se nos hace imprescindible a todos y a todas las europeas, pero también al resto del mundo. Si se cometiera el gravísimo error de seguir intentando
dividirla, sobre los líderes europeos caerá la responsabilidad de no cejar en el empeño de reunificar posiciones hacia una Unión Europea unida y sólida bajo los objetivos de la paz, la democracia y la defensa de los derechos humanos. Debemos dar
todas las garantías de que nosotros y nosotras, sus representantes elegidos democráticamente, luchamos y trabajamos día a día en la consolidación de esos valores.



La proposición que hoy debatimos fue registrada hace ya un tiempo y el tono confiado en el que está escrita no debe inducirnos a errores. Pese a todo, seguimos siendo optimistas, porque sabemos que nunca dejaremos de creer en lo que en ella
se expone y por lo tanto nos queda la esperanza de superar la situación actual.



Nos encontramos en ciernes de tener una constitución europea que nos hará ciudadanos y ciudadanas de una unión política, social y económica. El debate abierto hasta ahora está siendo altamente productivo, las aportaciones son numerosas y de
un gran nivel. Además, se han abierto, gracias a las nuevas tecnologías, medios de participación que lo hacen mucho más cercano a la ciudadanía. Sin embargo, en nuestro país no está teniendo suficiente repercusión, probablemente porque tenemos una
visión muy lejana de las decisiones que se pueden tomar a nivel europeo y que desde la ciudadanía se pueden ver como muy alejadas de sus intereses, sin darnos cuenta de que esa futura constitución europea nos afecta de manera directa e indirecta a
todas y cada una de nosotras. Por esto mismo, creo que debemos contribuir a este debate desde el Congreso, y espero que con el consenso de todos los grupos parlamentarios, siendo nuestra obligación incorporar nuevas claves imprescindibles para el
avance en la consecución de derechos para las mujeres. La plena igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es algo a lo que no podemos dejar de aspirar, que debemos tener presente en todos y en cada uno de nuestros actos y con más razón si
hablamos de la primera y futura constitución europea.



En estos años de democracia en nuestro país hemos aprendido mucho sobre la importancia de tener un ordenamiento jurídico que respete esta igualdad y, más allá de respetar este derecho fundamental, de mejorar nuestras leyes para que no
produzcan ningún tipo de discriminación directa ni indirecta. Al mismo tiempo, la Unión Europea, ante las lagunas detectadas en el tratado constitutivo, ha hecho todo un ejercicio de responsabilidad elaborando diferentes recomendaciones,
directivas, declaraciones que pudieran tapar dichas lagunas; es decir, señorías, sabíamos de los fallos pero no por eso se ha dejado de avanzar en conseguir la igualdad de oportunidades, la igualdad legal sobre


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todo, entre hombres y mujeres. Ahora tenemos la oportunidad, con mayúsculas, de incorporar en todos los niveles de la futura constitución la igualdad real entre hombres y mujeres, porque todo afecta a hombres y mujeres y por ello debemos
hacer referencia a esta igualdad, no sólo en el empleo, como ocurría principalmente hasta ahora, sino también cuando se hable de valores, de derechos, de finanzas, de salud o de política exterior, porque todo nos atañe y nada nos es ajeno.



Entrando de forma concreta en el contenido de la proposición, quiero recalcar las diferentes aportaciones que debería hacer el Estado español, aportaciones imprescindibles desde nuestro punto de vista para el avance de las mujeres. En el
apartado de los valores de la Unión, hay que hacer una referencia explícita y clara a la igualdad entre sexos, dado que es uno de los valores de la Unión, pero en el anteproyecto no está incluido y debe ser reflejado en el futuro tratado
constitucional. Asimismo, pensamos que sería apropiado incluir una disposición separada que reconozca la integración de la dimensión género como un mecanismo institucional destinado a promover la igualdad en todos los campos, es decir, hacer un
reconocimiento oficial del mainstreaming.



Otro de los apartados susceptibles de mejora en el sentido de promover la igualdad es el de ciudadanía de la Unión y de los derechos fundamentales.
Sugerimos la posibilidad de incluir un mecanismo de revisión de la Carta de los Derechos
Fundamentales. Sé que incluso se recoge -es una de las cuestiones que acabo de hablar con la portavoz del Grupo Popular- el compromiso de no reabrir esa Carta. Si ella está de acuerdo, hemos presentado una enmienda transaccional en la que se dice
que se estudie en su caso la posibilidad de reabrir esa Carta para poder reforzar las disposiciones relativas a la realización de los derechos humanos de las mujeres. También aplaudimos la integración de esta Carta en el anteproyecto.



Igualmente apostamos por reforzar el apartado vida democrática de la Unión con la introducción de una disposición en la que se ponga de manifiesto que se pondrán los medios necesarios para asegurar la igualdad de todas las ciudadanas y los
ciudadanos europeos ante las instituciones y, como resultado de esto, se debería asegurar una representación igualitaria entre hombres y mujeres. Asimismo, en dicho apartado apostamos por reforzar su artículo 34, en el que se promueve la democracia
participativa para que la sociedad civil pueda realmente contribuir a la política de la Unión.



Como decía anteriormente a las mujeres nos afecta todo y por ello, en el apartado de las finanzas de la Unión se debería incluir -y así lo sugerimos también- un compromiso político que introduzca decisiones presupuestarias sensibles a la
perspectiva de género en todos los niveles. Se debería introducir un nuevo capítulo que englobe una disposición general que fije el marco jurídico de una política europea en materia de igualdad; una prohibición de la discriminación fundada en el
sexo que goce de efecto directo (todas las personas que estamos aquí sabemos que están prohibidas las discriminaciones por razón de sexo, sin embargo somos plenamente conscientes de que esas discriminaciones de forma indirecta se siguen produciendo
cada día); una disposición que siente las bases de una política exhaustiva dirigida a la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, incluido el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual; la promoción de acciones
positivas, y una disposición que integre la igualdad mujer-hombre con las políticas sociales. En materia de salud pública, apostamos por que se refuerce y se garantice el pleno respeto del derecho a la salud de las mujeres, especialmente en materia
de sexualidad y procreación, por lo que también pedimos que se den a la Unión Europea las competencias necesarias para desarrollar actividades de promoción de estos derechos. En cuanto a la acción exterior, pedimos que la perspectiva de género se
incluya en la definición, puesta en práctica y evaluación de las políticas exteriores de la Unión, comprendidas la política comercial, cooperación para el desarrollo, la PESC y la celebración de acuerdos internacionales. Como última aportación, y
en consonancia con el espíritu de estas importantes aportaciones para la igualdad entre hombres y mujeres, consideramos que el tratado debería redactarse de manera que se elimine el lenguaje sexista.



Estas son nuestras aportaciones en materia de igualdad, aportaciones que creemos imprescindibles como mínimo para que la futura constitución de la Unión Europea sea un referente para la igualdad porque creemos en una Europa social y unida
que nuevamente se consolide como un referente mundial. Espero que podamos superar la situación en la que estamos en este momento y que todos los grupos de la Cámara representados en esta Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer apoyemos esta
proposición no de ley que no pretende otra cosa que el que se siga abriendo foros y permitiendo las aportaciones no sólo de los representantes políticos, sino también de las organizaciones y a ser posible de forma individual de toda la ciudadanía,
puesto que estamos hablando del futuro de hombres y mujeres en toda Europa.



La señora PRESIDENTA: Señora Navarro, a esta presidenta le gustaría hacer un comentario. En su intervención usted ha dicho desde aquí, desde el Congreso. ¿Podría usted aceptar que de dijera desde aquí, desde la Comisión Mixta de los
Derechos de la Mujer?


La señora NAVARRO GARZÓN: Perfectamente. Probablemente he dicho desde el Congreso porque no tenemos reuniones habitualmente en el mismo. Por supuesto, desde esta Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, que hoy se celebra en el
Congreso.



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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.



En nombre de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Varela.



El señor VARELA I SERRA: En nombre de Convergència i Unió quisiera felicitar al Grupo Socialista por esta propuesta que hoy nos trae aquí y a la cual desde ahora damos nuestro total apoyo. Es verdad lo que ha explicado Micaela Navarro en
su brillante exposición: nos conviene que haya mayor difusión de los trabajos de la Convención europea. Por tanto, todo lo que contribuya a esto es positivo, esencialmente la proposición no de ley.



Todos los temas que aquí se han expresado son importantes. Desde luego, la Unión Europea no está pasando unos buenos momentos ahora. Un poeta catalán -ahora no recuerdo si es Verdaguer o Maragall-, en una poesía sobre el Pirineo que se
había ido despoblando, hacía una metáfora sobre el Pirineo y acababa diciendo al final de esta poesía que el Pirineo vivirá aunque esté en épocas de crisis. Con la Unión Europea nos pasa lo mismo: aunque ahora esté pasando momentos difíciles
seguro que la Unión Europea vivirá. Es importantísimo que la perspectiva de género esté contemplada desde la A hasta la Z en los trabajos de la Convención europea y en consecuencia, también lo es esta proposición no de ley.



Me congratula especialmente la insistencia en la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer, porque en la Unión Europea se debe luchar de manera especial contra esta cuestión. Acabo de recibir una respuesta del Gobierno a
una pregunta sobre la ablación, pues en un juzgado de Gerona se ha archivado una denuncia contra unas personas de Gambia que habían inducido a sus hijas a hacerse la ablación y se las exculpa. Es un caso clarísimo de violencia que no está resuelto.
Por tanto, que se contemple esto me parece importantísimo, por lo que nuestro grupo parlamentario da todo su apoyo a esta proposición no de ley.



La señora PRESIDENTA: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora González del Valle.



La señora GONZÁLEZ DEL VALLE GARCÍA DE LA PEÑA: Señorías, el Grupo Socialista ha presentado una proposición no de ley sobre la situación de determinados conceptos de la Convención Europea que tienen relación con la igualdad de oportunidades
de hombres y mujeres y la discriminación.
Muchos de estos conceptos están ya superados e incorporados al tratado como veremos más adelante.



Quiero hacer una aclaración en cuanto a la exposición de motivos, donde hay un comentario sobre la escasa repercusión y difusión de los trabajos de la Convención europea en España. Esta afirmación tendría que matizarse ya que, aunque es
cierto que los trabajos están teniendo una modesta repercusión, también lo es que ésta se está incrementando paulatinamente y la difusión tiene unos niveles aceptables equiparables a los de buena parte de los Estados miembros. El problema radica en
realidad en la dificultad de mantener la atención del público en los trabajos de un foro de debate que inició sus tareas hace poco más de un año y todavía le quedan varios meses de discusiones.



La Convención europea está trabajando en el anteproyecto del futuro tratado constitucional y deberá concluir sus trabajos en la primera mitad del año 2003. La Convención lo considera un gran debate abierto y se va nutriendo paralelamente de
contribuciones de todos los segmentos de la sociedad: organizaciones empresariales y sindicales, ONG, Organización Internacional del Trabajo, etcétera. Desde su creación, la Convención se ha organizado operativamente a través de grupos de trabajo
-hasta 11-, a los que se ha encargado el análisis de cuestiones claves que deberán incluirse en el articulado del futuro tratado constitucional.



En lo que al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se refiere, el grupo Europa Social es el que ha tratado cuestiones de su directa competencia, como es el caso que nos ocupa. Este grupo concluyó sus trabajos el pasado 27 de enero de
2003 y la presentación de los mismos tuvo lugar en el plenario del presidium de la Convención el pasado 7 de febrero de 2003.
Podemos así aportar a esta Comisión la posición del Gobierno español, que presentó una enmienda para que se incluyera en
el apartado de los valores de la Unión la referencia expresa a la igualdad. El Gobierno español ha solicitado expresamente que en el artículo 2 del futuro tratado se incluya como uno de los valores de la Unión el de la igualdad, que evidentemente
comprende el caso de la igualdad de sexos.



La Convención sobre el futuro de Europa ha presentado hasta el momento dos anteproyectos, uno en octubre de 2002 y otro en febrero de 2003. Este último ha incorporado algunas enmiendas propuestas al anterior proyecto.
Es cierto que el
primer anteproyecto de la Convención no incluía entre sus disposiciones ninguna referencia específica a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Gracias a las enmiendas introducidas por los Estados miembros, y de modo particular por
España, se ha puesto de relieve la necesidad de incluir un título específico sobre la igualdad entre mujeres y hombres, así como su reconocimiento como un valor fundamental de la Unión y uno de sus objetivos primordiales.



Otro aspecto señalado ha sido la necesidad de introducir la perspectiva de género en todas las políticas comunitarias. Como hemos dicho, el anteproyecto del tratado de febrero de 2003 ha recogido algunas de estas sugerencias. En su
artículo 3, referido a los objetivos de la Unión, señala que la Unión fomentará la igualdad entre mujeres y hombres y alentará la igualdad de oportunidades para todos. O sea, la igualdad entre hombres


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y mujeres figura ya como uno de los objetivos de la Unión en el artículo 3 del futuro tratado. Esta mención cuenta con el pleno apoyo del Gobierno.



El proyecto de la Convención europea integra la Carta de Derechos Fundamentales en la constitución con fuerza jurídicamente vinculante, y esta Carta manifiesta en su preámbulo que la Unión se funda sobre los valores indivisibles y
universales de la dignidad humana: la libertad, la igualdad y la solidaridad. En su artículo 23 confirma la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación por razón de sexo. Desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se ha
fomentado la incorporación de la Carta a los trabajos de la Convención sobre el futuro de Europa para, de esta forma, conseguir que los derechos y principios reconocidos en la misma se recojan en el futuro tratado constitucional. Hemos aceptado
estudiarla, pero no es posible atender la petición de modificar la Carta de los Derechos Fundamentales para incluir un mecanismo de revisión destinado a reforzar las disposiciones relativas a los derechos humanos de las mujeres, porque el precio a
pagar por la integración de la Carta en el tratado con pleno valor jurídico consiste en no introducir modificaciones en la misma, salvo en sus disposiciones finales, con objeto de no alterar los delicadísimos equilibrios que permitieron, no hace
tanto, alcanzar consenso sobre su redacción. Podría pensarse en introducir en el nuevo título del tratado, sobre la vida democrática de la Unión, una referencia a la representación igualitaria, que no paritaria, de hombres y mujeres en los órganos
de gobierno e instituciones de la Unión.



En cuanto a las finanzas de la Unión, no parece preciso incluir una disposición específica sobre la introducción de la perspectiva de la igualdad de sexos, puesto que esta igualdad es uno de los objetivos de la Unión y el conjunto de las
decisiones de ésta, incluidas las presupuestarias, deberá tenerlo en cuenta.



En relación con las políticas y puesta en marcha de acciones de la Unión, la inserción en el tratado de un capítulo dedicado exclusivamente a la igualdad entre hombres y mujeres es una propuesta novedosa. Las propuestas que se formulan
suponen en la práctica reagrupar en un único apartado del tratado disposiciones que se encuentran ahora desperdigadas, bien en el derecho primario, bien en el secundario. La inclusión en el tratado de una prohibición de discriminación por razón de
sexo con efecto directo sería particularmente significativa, pero está por ver si se reconocerá tal efecto directo en el artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales.



En cuanto a la acción exterior, la llamada perspectiva de género está ya plenamente integrada en la política de cooperación y desarrollo y en la política de derechos humanos de la Unión. Por supuesto que, en lo que se refiere a la redacción
del tratado, el Gobierno va a estar particularmente vigilante para evitar cualquier tipo de sexismo en el lenguaje utilizado en la redacción del tratado.



Está claro que la voluntad política del Gobierno español es incluir en el futuro tratado constitucional de la Unión Europea todos los aspectos relacionados con la igualdad de género, y buena prueba de ello es el espíritu y medidas que se
manifiestan en el IV Plan de igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres, que está a la vanguardia de las políticas europeas sobre la mujer. El 7 de marzo de 2003 se aprobó en Consejo de Ministros el IV Plan de igualdad de oportunidades (es el
segundo plan de igualdad de oportunidades que presenta el Partido Popular en sus siete años de mandato, mientras que en los casi trece años de mandato socialista -y siento decirlo- sólo se aprobaron dos), con la finalidad de continuar con las
políticas específicas que aseguren a la mujer la igualdad real y efectiva de oportunidades en todas las esferas, tanto públicas como privadas. Desde el Partido Popular se quiere eliminar el estereotipo en el que se apoyan las mentalidades y
conductas discriminatorias que sitúan al hombre en la esfera de lo público, en el trabajo fuera de casa, en los procesos de toma de decisiones, mientras reduce a las mujeres a lo doméstico o, en su caso, a una participación en el mercado de trabajo
todavía con desigualdades manifiestas. Por eso, el camino hacia la igualdad femenina es de doble dirección: abrir las puertas de los ámbitos públicos a las mujeres y al mismo tiempo abrir los espacios privados y familiares a los hombres. Ha
llegado la hora de preguntarnos qué podemos hacer por nuestro país y por el resto de nuestros conciudadanos españoles y europeos, tenemos que asumir compromisos e involucrarnos en el logro de un bienestar compartido.



Por ello, dado que la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista que hoy debatimos no se opone a la línea de trabajo que se está desarrollando a favor de las políticas de igualdad de género en la Unión Europea y teniendo en cuenta que la
voluntad y el esfuerzo del Gobierno español por avanzar en la igualdad de oportunidades es clara, y lo está demostrando, vamos a votar favorablemente esta proposición no de ley.



La señora PRESIDENTA: Esta presidencia ha entendido que existe algún acuerdo en relación con la proposición no de ley. Nos gustaría conocer -imagino que el senador Varela también- cuál es exactamente el cambio que se ha podido hacer en la
proposición no de ley, para someterlo a votación.



Señora Navarro.



La señora NAVARRO GARZÓN: El apartado de ciudadanía de la Unión y de los derechos fundamentales empezaba diciendo: Sugerimos la posibilidad de incluir un mecanismo. Hemos cambiado la expresión sugerimos por: Estudiar, en su caso, la
posibilidad de incluir un mecanismo. En el resto no hay ningún cambio.



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La señora PRESIDENTA: En el turno de portavoces, ¿S.S. quiere decir algo más?


La señora NAVARRO GARZÓN: Quiero agradecer, su apoyo a esta iniciativa a los dos grupos políticos que están aquí esta tarde, Partido Popular y Convergència i Unió. Creo que estamos en el momento oportuno para hacer sugerencias. En nuestro
país, hace mucho tiempo que tenemos reconocida, la igualdad formal, recogida y garantizada en la propia Constitución, pero cambiar las leyes siempre es más fácil que transformar la mentalidad. Se han dado pasos muy importantes, pero nos queda mucho
camino por recorrer. Creo que lo que abunda no daña y que es mejor que lo recojamos expresamente, incluso en aquellas cuestiones que se refieren a lo económico y que se supone que van a tener en cuenta la perspectiva de género, porque va a
repercutir favorablemente y de manera directa en las mujeres, pero de forma indirecta en toda la sociedad. Cuando tengamos una sociedad en la que hombres y mujeres disfrutemos de los mismos derechos, pero de verdad, y de las mismas oportunidades,
pero de verdad, todos saldremos ganando.



La señora PRESIDENTA: Senador Varela. (Pausa.)


Señora González del Valle.



La señora GONZÁLEZ DEL VALLE GARCÍA DE LA PEÑA: Sólo quiero decir que, en el tema de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, es cierto que tenemos que estar siempre trabajando para avanzar por encima de partidismos o de
cuestiones políticas. Y esta Comisión puede felicitarse de llegar a acuerdos y consensos que en otras comisiones a veces es más difícil.



La señora PRESIDENTA: ¿Aprueban SS.SS. por unanimidad esta proposición no de ley? (Asentimiento.) Muchas gracias señorías.



- PRESENTACIÓN DE LAS CONCLUSIONES DE LA SUBCOMISIÓN DE ESTUDIO SOBRE LAS MEDIDAS EN RESPUESTA A LA VIOLENCIA DE GÉNERO. (Número de expediente del Congreso 154/000015 y número de expediente del Senado 740/000010.)


La señora PRESIDENTA: Siguiente punto del orden del día, presentación de las conclusiones de la subcomisión de estudio sobre las medidas en respuesta a la violencia de género.



La presentación la hará, en nombre de la subcomisión, la coordinadora, doña María Jesús Sainz García, que tiene la palabra.



La señora SAINZ GARCÍA: Como conocen, el Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión de 17 de septiembre de 2002, aprobó la moción 173/000149, consecuencia de una interpelación de Izquierda Unida, suscrita por todos los grupos
parlamentarios de la Cámara, de solicitud de creación de una subcomisión que estudiase la formulación de medidas legislativas encaminadas a dar una respuesta integral frente a la violencia de género.



Es para mí una satisfacción presentar las conclusiones a las que desde el consenso hemos llegado todos los grupos parlamentarios, diputados y diputadas, en esta Comisión mixta que tanto viene trabajando sobre este grave problema. Digo que
hemos llegado desde el consenso diputadas y diputados porque desde el primer momento hemos trabajado con la herramienta del diálogo, con el espíritu de acuerdo, con un único objetivo, contribuir a erradicar la lacra social de la violencia de género
y proteger mejor a las víctimas. Las propuestas, señorías, serán sometidas a debate y votación de la Comisión de Política Social y Empleo, adelantando que es nuestro deseo, el deseo de todos los grupos parlamentarios, recogerlas además en una
proposición no de ley suscrita por todos los grupos parlamentarios. Quiero destacar que desde el primer momento hemos contado con el informe de la ponencia de la Comisión mixta de erradicación de la violencia doméstica, aprobado por los plenos del
Senado y del Congreso. Y hago el inciso de señalar cómo en esas conclusiones de las que dispondrán SS.SS. aparece invertido el orden.
Primero se aprobó en el Pleno del Senado; siendo la Comisión mixta del Congreso y del Senado, la verdad es que
en el Pleno del Senado se aprobó primero esa ponencia. Hemos contado también con la colaboración del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y con el Ministerio de Justicia y agradecemos la ayuda inestimable del letrado Ignacio Gutiérrez en la
elaboración del informe.



Las conclusiones de la subcomisión pensamos que contienen importantes propuestas en el terreno legislativo, buscando la mayor eficacia y la mejor protección de la víctima. Me gustaría resaltar la primera de las propuestas, que consideramos
de gran importancia y en la que tenemos puestas grandes esperanzas, por considerar que puede constituir un elemento clave en la lucha contra la violencia doméstica. Me estoy refiriendo a la orden de protección a las víctimas de violencia doméstica.
Estamos hablando, señorías, de articular a través de un único instrumento la aplicación de manera coordinada de todas las medidas de protección existentes. Más allá de que estamos trabajando en la mejor articulación de la orden con el Ministerio de
Justicia, con el Consejo General del Poder Judicial y con la Fiscalía, consideramos que ésta debe adaptarse a una serie de principios básicos que paso a referir: de protección integral de la víctima y de la familia, buscando que recuperen la
sensación de seguridad frente a posibles amenazas o represalias posteriores de la agresión; orden de protección, que constituye un derecho de la víctima y que el juez debe poder utilizar frente a los supuestos de delito o de falta, y lo subrayo por
la


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importancia que esto tiene. La concesión de la orden provocará la obtención de un estatuto integral de protección para la víctima, el cual activa una acción de tutela que concentra medidas de naturaleza penal, civil y de protección social.
Es por tanto una orden judicial que podrá ser solicitada no sólo por la víctima y el ministerio fiscal sino también por otras personas, descendientes, ascendientes, etcétera.



Como aspectos objetivos, destacaremos que el juez deberá concretar las medidas cautelares, no sólo penales sino también de orden civil, relativas a los hijos y, a petición de la víctima, las relativas al uso de la vivienda, protección
alimenticia, etcétera. Por su carácter integral, por un lado, ha de servir de título judicial acreditativo para la obtención de todos los beneficios de protección y asistencia social, nuevo fondo de alimentos, acceso a la renta activa, a lo que
luego dedicaré unas palabras reiterativas, asistencia psicológica, vivienda, etcétera. Y deberá, por otro, ser transmitida automáticamente a todas las administraciones públicas. La agilidad, la sencillez y la gratuidad son aspectos procesales
sobre los que se constituirá, y por ello, señorías, pensamos que puede suponer un salto cualitativo de gran alcance en la protección y seguridad de las mujeres víctimas de este tipo de agresiones, al ser amparadas judicialmente los derechos de la
víctima y garantizarle la aplicación de esa protección integral.



A continuación me referiré a las medidas legislativas de naturaleza penal y procesal, que hemos articulado en línea con la reforma que el Gobierno está realizando, ampliándola y con la mirada puesta en seguir adecuando nuestra legislación a
las exigencias de estas conductas delictivas tan singulares, como SS.SS. conocen, y tan complejas. Destacamos entre ellas las siguientes: primero, consideramos conveniente que el Gobierno estudie la ampliación del ámbito subjetivo del delito de
violencia doméstica, en orden a que la convivencia no sea un requisito indispensable para entender que existe análoga relación de afectividad, y a SS.SS. no se les escapa el alcance de lo que con ello pretendemos. Segundo, planteamos estudiar una
definición del concepto de violencia psíquica, con arreglo a las propuestas del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado. Tercero, la regulación del uso de las nuevas tecnologías para proteger a la víctima y mantener
el seguimiento sobre el maltratador.



Se plantea asimismo la revisión del sistema de penas y medidas cautelares, pensando que pueden ser singularmente beneficiosas en estos delitos de acuerdo con los importantes siguientes criterios: eliminación del arresto domiciliario y de la
multa en cualesquiera de sus posibles utilizaciones en nuestro ordenamiento jurídico penal sustantivo procesal. La aplicación de las medidas cautelares del artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aunque los hechos sólo sean
constitutivos de falta. Tercero, la pena de localización permanente del agresor debe ejecutarse siempre en domicilio diferente y alejado al de la víctima.
Modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que en los supuestos de violencia doméstica
pueda acordarse prisión provisional, sea cual sea la pena máxima prevista, y la revisión de aplicación de agravantes en los supuestos de violencia doméstica en determinadas circunstancias, como presencia de menores, domicilio común, domicilio de la
víctima, vulnerando orden de alejamiento o utilizando un arma.



Por abreviar, voy a pasar ahora a referirme al último punto de este apartado, cual es el de creación de un registro de causas de violencia doméstica, precisamente en los mismos términos que reflejan las conclusiones de la ponencia de la
Comisión mixta de los Derechos de la Mujer, que hemos tenido siempre presente. Todas estas reformas, señorías, buscan un único objetivo, mejor proteger a la víctima, como decíamos. Por ello haría hincapié en que nos hemos esforzado en fortalecer
sobre todo las medidas cautelares, lo que, unido a la aplicación de los denominados juicios rápidos, pensamos que pueden ser fórmulas eficaces de prevención y, en definitiva, de disuasión. En el apartado c) nos referimos a la respuesta policial,
con el fin de que cada vez sea más inmediata a las víctimas, proporcionándoles una mejor atención. En el apartado d) nos ocupamos de la asistencia sanitaria con especial referencia a la aplicación generalizada del protocolo de actuación sanitaria
de malos tratos. La capacidad de prevención que tiene la educación es evidente y por ello uno de los apartados lo integran las medidas educativas, fundamentales para construir una sociedad en la que la igualdad sea algo real. En este apartado
destacamos, entre otros, el impulso de las siguientes propuestas: promover que las editoriales de libros de texto aseguren que sus manuales no sólo respeten sino que fomenten una perspectiva de igualdad no sexista; promover la inclusión en el
curso de adaptación pedagógica de un módulo específico de formación en el ámbito de la igualdad entre sexos; impulsar que los centros, de acuerdo con las APA, realicen sus actividades extraescolares, alguna encaminada a formar alumnos y alumnas en
la tolerancia, no discriminación e igualdad entre sexos.



De las medidas relacionadas con los medios de comunicación y desde el convencimiento del importante papel que estos juegan, me gustaría destacar las siguientes: estudiar la posibilidad de modificar el estatuto de Radiotelevisión para crear
dentro del ente un organismo que asegure que las imágenes que se transmiten no fomentan la violencia de género y respetan la integridad y la dignidad de la mujer; elaborar un código ético en colaboración con los profesionales de los medios de
comunicación; estudiar la posibilidad de modificar la Ley General de Publicidad con el objeto de agravar las sanciones derivadas de la emisión de publicidad ilícita de naturaleza atentatoria, es decir, la que vulnera derechos y valores
constitucionalmente reconocidos.



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Por último destacaré las medidas de protección y asistencia social, que pensamos que van también a constituir un elemento fundamental para que la mujer se sienta más segura en el momento de decidirse a denunciar. Me refiero, señorías, a que
las víctimas de malos tratos sin recursos o con recursos bajos tendrán derecho a una prestación económica inmediata durante diez meses, superior, en torno a los 300 euros mensuales. Esta protección económica se articulará a través de la renta
activa de inserción, que percibirán desde la solicitud de incorporación al referido programa, sin el período de espera de tres meses, y sin perjuicio de la aplicación de todas las medidas de inserción y búsqueda de empleo a que tengan derecho. En
segundo lugar, destacaremos que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, mediante convenios de colaboración con las comunidades autónomas, asumirá, cuando se trate de víctimas de violencia doméstica, el 50 por ciento del coste que suponga la
ejecución del Fondo de garantía de alimentos, derivado del impago de pensiones alimenticias acordadas en resolución judicial dictada, bien en procesos de nulidad, separación o divorcio, bien en casos de ruptura de la convivencia familiar, amparados
por una orden de protección, ligados por tanto a ella, y con ese proceso de inmediatez que es tan importante. El conjunto de medidas que se establezcan debe garantizar la protección social y económica adecuada a las situaciones de riesgo que
concurran en cada caso y que deberán contar, cuando así sea preciso, con la participación en su diseño y puesta en funcionamiento de las administraciones que tengan competencias en la materia.



Señorías, se ha reflexionado mucho. Hemos trabajado con ilusión, centrando nuestros esfuerzos en dar una mayor eficacia e inmediatez a este duro problema con medidas concretas, con el objetivo de intentar acabar con esta lacra que supone la
violencia doméstica y pensando siempre en cómo mejor tutelar a las víctimas y con ello garantizar su protección. Todos somos conscientes de que estamos ante un tema de gran transcendencia social. Hablamos de unas agresiones que atentan contra la
dignidad del ser humano y que son un atentado a las reglas de la convivencia democrática.



Quiero, señorías, terminar resaltando no sólo el trabajo de todas las diputadas y de los dos diputados de la subcomisión, sino que el único compromiso que teníamos era el compromiso con las mujeres que están sufriendo malos tratos. Si la
sociedad no puede permanecer impasible ante el grave fenómeno de la violencia de genero, quienes hemos hecho de la causa de la igualdad un compromiso personal y político teníamos que poner todo nuestro empeño, todo nuestro esfuerzo y toda nuestra
capacidad de diálogo para ofrecer a tantas mujeres un acuerdo que, con toda humildad pero desde el convencimiento, pensamos que es bueno. Y seguro que será mejor porque ha sido construido, señorías, desde la armonía, desde el diálogo, desde el
consenso, las mejores herramientas en una sociedad libre y democrática como la nuestra.



La señora PRESIDENTA: Turno de portavoces.



El senador Varela tiene la palabra, en nombre de Convergència i Unió.



El señor VARELA I SERRA: He hablado con Mercè Pigem y estoy convencido de que se ha trabajado muchísimo para llegar a estas conclusiones, que me parecen magníficas. Por tanto, yo sólo puedo expresar, en nombre de mi grupo, la satisfacción
por ese texto y porque, después de los trámites parlamentarios pertinentes, podamos tener las medidas legislativas a la mayor brevedad posible. Esto es lo esencial que quiero decir. Habrá que dar la máxima difusión a estas conclusiones, para que
las personas afectadas conozcan cómo se está trabajando para disminuir su sufrimiento.
Y, aunque soy consciente de que haber llegado a este texto es fruto de muchas horas de trabajo y que ahora no se puede cambiar nada, no puedo resistirme a hacer
dos comentarios muy breves, por si es posible hacer algún matiz útil.



Después de leer con atención este trabajo, que, insisto, me parece magnífico, veo que en la página 5 dice que las víctimas recuperen la sensación de seguridad. Me ha chocado esta expresión, que recuperen la sensación de seguridad. La
palabra sensación no me gusta; los que han trabajado en esta cuestión alguna razón tendrán, pero a mí, leyéndolo con mucho interés, me choca. Lo que han de recuperar las víctimas es la seguridad, no la sensación de seguridad. Es un pequeño
comentario. En la página 9, cuando se habla de que el ente de Radiotelevisión asegure que las imágenes que se transmiten, etcétera, creo que debe decir las imágenes y los contenidos. En ese consenso al que se ha llegado, que en absoluto quiero
perturbar, sólo quiero si es posible mejorar el texto, quizá sería mejor decir que las imágenes y los contenidos que se transmiten mejoren. Por último, en las conclusiones, de las que se ha hablado varias veces, en el ámbito educativo, se aludía a
la necesidad de mejorar la formación inicial de los educadores en este ámbito de la violencia de género, a la necesidad de prepararlos para su tarea educativa. Esta idea de la formación inicial aquí se ha perdido; se habla de la inclusión en el
CAP, que es un modelo específico, pero la idea de la formación inicial que los educadores han de recibir, no en un cursillo sino a lo largo de toda su formación, me parece que no sería desdeñable que se recuperara.



Acabo con esto. El documento está muy bien, se incorporen o no estas ideas.



La señora PRESIDENTA: La señora Olmedo tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.



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La señora OLMEDO CHECA: Señora presidenta, voy a ser muy breve, no voy a extenderme, porque ya lo ha hecho la portavoz del Grupo Popular, como portavoz de toda la subcomisión, sobre lo que han sido las conclusiones de la misma. Las
propuestas, como bien ha dicho la portavoz, de la subcomisión están todavía pendientes de aprobación. Hasta ahora a lo que hemos llegado es a un acuerdo político y lo que hay que hacer es agilizar todas las reformas, que se hagan lo antes posible.



Desde el Grupo Socialista esperamos que el acuerdo alcanzado en la subcomisión suponga un avance en la lucha contra la violencia de género.
Es bueno en una sociedad democrática aparcar en determinados momentos algunos objetivos si con ello
es posible conseguir algunos avances. En esa línea hemos actuado, en conseguir un acuerdo en algo tan grave como es la violencia de género. El Grupo Socialista ha llegado a un consenso con todos los grupos, consenso que no fue posible en torno a
una ley integral, por el voto en contra del grupo mayoritario, en primer lugar, a una proposición no de ley socialista instando al Gobierno a elaborar una ley específica y, posteriormente, al proyecto de ley integral que elaboró el Grupo Socialista.
Esto no quiere decir, como he dicho antes, que renunciemos a nuestra propuesta, sino que esperaremos a ver cómo se desarrollan las propuestas de esta subcomisión y si realmente sirven para garantizar, como decía el portavoz de Convergència, una
protección más eficaz de las mujeres que sufren violencia. No renunciamos a una ley -no puedo dejar de exponerlo- porque creemos que cada momento requiere una estrategia. Muchas de las medidas que en su momento supusieron un avance ya no lo son.
Llevamos veinte años, prácticamente desde 1983, haciendo la misma política contra los malos tratos. Es verdad que ha habido avances, se están dedicando cada vez más recursos, principalmente por parte de las comunidades autónomas y también por parte
de los gobiernos autonómicos y el Gobierno central, y se han desarrollado los que se llaman planes específicos. Pero básicamente no se ha variado en sus dos líneas fundamentales desde que se empezó a trabajar; eran, en principio, esconder a la
mujer en casas de acogida y promover las denuncias de estas mujeres. Esto en algunos casos ha supuesto de hecho una irresponsabilidad, porque hemos animado a las mujeres a denunciar sin que les garanticemos una eficaz protección y la mayoría de las
muertes se produce precisamente cuando las mujeres ponen estas denuncias. Se ha avanzado por tanto en recursos, pero no se ha resuelto el problema, incluso se ha agravado muy especialmente, por desgracia, el número de muertes. Garantizar una
protección jurídica, social y económica era uno de los objetivos básicos de la ley integral, así como recoger en un solo cuerpo legal, para hacerla más operativa, toda la normativa dispersa en diversas leyes y normas. Otro de los objetivos era
reconocer a estas mujeres una serie de derechos y no dejarlos al arbitrio de las distintas administraciones, porque sólo una ley garantiza derechos. Y poner en relación -también era uno de los objetivos importantes de esta ley- el proceso civil y
el proceso penal, para evitar que se produzcan sentencias, como se producen en muchos casos, contradictorias, que perjudican a las mujeres y a sus hijos.



Las propuestas de la subcomisión, si no recogen todos estos objetivos de esta ley, creemos que fundamentales, sí recogen al menos alguno de ellos, así como algunas, no todas, propuestas de la ponencia en la que tanto tiempo hemos estado
trabajando en la Comisión mixta. Esperemos que de verdad suponga un paso adelante en este largo camino para erradicar el grave problema de la violencia de género, camino que no ha sido fácil, recuerdo que cuando empezamos a trabajar sobre temas de
violencia y a hablar de la necesidad de impulsar políticas de igualdad, recién llegada la democracia, no todos los partidos políticos la apoyaban. Ha supuesto por tanto un trabajo y un esfuerzo importante por parte de muchas mujeres comprometidas
para superar la resistencia y los rechazos. Aunque sus resultados no son para estar muy satisfecha -y en el caso concreto de la violencia especialmente- al menos hemos logrado una mayor concienciación.



Para terminar, señora presidenta, porque no quiero extenderme mucho más, creo que no hace falta, quiero decir que seguramente no veremos los que estamos aquí, por desgracia, la erradicación de la violencia. Vivimos todavía en una sociedad
en la que queda mucho por hacer, es una sociedad todavía machista y violenta. Esperemos que las nuevas medidas que se pongan en marcha disminuyan al menos el número de muertes, alarmantemente -como todas sabemos- alto en estos primeros meses de
este año, ya son veinte las mujeres muertas. Deseamos que las propuestas de la subcomisión se desarrollen lo antes posible, que se modifiquen todas las leyes que allí se propongan y que esto suponga un avance en esta lucha de conseguir una sociedad
más igualitaria y más justa.



La señora PRESIDENTA: La señora Sainz, en nombre del Grupo Parlamentario Popular y como coordinadora de la subcomisión, tiene la palabra.



La señora SAINZ GARCÍA: Muy brevemente, señorías.



Nuestro grupo, ante la intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, querría también manifestar que nuestro apoyo ha estado siempre, desde el primer momento, en esa voluntad política que ha tenido el Gobierno de trabajar
por erradicar desde el primer momento el grave problema de la violencia doméstica y mejor proteger, además, a las mujeres víctimas.



Como balance hoy tenemos dos importantes planes integrales, también reformas de gran calado de la legislación, buscando la mayor eficacia y la mejor protección.



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Es un trabajo importante en el que han participado todos los grupos y por tanto también de una manera muy activa el Grupo Popular, en la ponencia de la Comisión mixta de igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, y creo, sinceramente,
que hoy, a través de estas conclusiones de la ponencia que he presentado, hemos dado un paso adelante. Hoy me quiero quedar con eso, con el ánimo, con la ilusión que pienso que nos ha movido a todos y de una manera especial a las personas que
dentro de esta Comisión llevamos trabajando mucho tiempo por la causa, como decía antes, más justa de la democracia, que es la igualdad. Con ello me quedo y con ese ánimo de que efectivamente las medidas que hemos articulado sirvan para que, desde
el acuerdo, seamos capaces de no sé si verlo -porque ojalá fuera cierto, pero es difícil sin duda, que nuestra pretensión, aunque tiene que tener ese objetivo, sabemos que va a encontrarse con dificultades en el camino-, pero al menos tengamos muy
claro que hemos dado un paso decidido e importante en el terreno de buscar erradicar esa cultura de la desigualdad, de la agresión y de la injusticia. Sobre todo hemos dado un paso que me parece sinceramente muy importante en la protección de las
mujeres víctimas de algo que sin duda debe ser erradicado en una sociedad democrática y libre como es la nuestra.



La señora PRESIDENTA: Concluido el debate de los trabajos de hoy de esta Comisión mixta de los Derechos de la Mujer, doy las más expresivas gracias en nombre de la Mesa a todas SS.SS. A continuación nos reuniremos la Mesa y portavoces.



Se levanta la sesión.



Eran las cinco y cuarenta minutos de la tarde.