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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 129, de 10/03/2003
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2003 VII Legislatura Núm. 129
PARA LA UNIÓN EUROPEA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ROBERTO SORAVILLA FERNÁNDEZ, VICEPRESIDENTE PRIMERO
Sesión núm. 51
celebrada el lunes, 10 de marzo de 2003,
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor vicepresidente segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y ministro de Economía (De Rato y Figaredo) para informar sobre: - Los avances conseguidos en la estrategia de Lisboa desde la cumbre de Barcelona y los
retos pendientes de cara al próximo Consejo Europeo. A petición propia. (Número de expediente Congreso 214/000175 y número de expediente Senado 711/000388.) ... (Página 3144)
- Las previsiones del Gobierno y los resultados obtenidos en el impulso y desarrollo de la estrategia de Lisboa, en el ámbito de su Departamento, de cara al próximo Consejo Europeo de primavera. A solicitud del Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente Congreso 213/001121 y número de expediente Senado 711/000373.) ... (Página 3144)
Se abre la sesión a las cuatro horas y media de la tarde.
El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): Se abre la sesión.
Buenas tardes, señorías. En primer lugar, quisiera dar la bienvenida de nuevo a la Comisión al vicepresidente segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y ministro de Economía y, en segundo lugar, agradecerle su deseo de venir a
comparecer ante esta Comisión y la disponibilidad que ha tenido para hacerlo.
Quiero informar a SS.SS., aunque ya lo tendrán delante, de que el orden del día consta de dos puntos. Siendo los dos coincidentes, como es habitual se realizará un debate conjunto y, a continuación, intervendrán los portavoces.
El señor vicepresidente segundo del Gobierno tiene la palabra para hacer la exposición.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Buenas tardes y muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero mostrar mi satisfacción por comparecer una vez más ante la Comisión Mixta para la Unión Europea, en este caso en el Congreso de los Diputados. Como el presidente ha informado, comparezco a petición del Grupo
Parlamentario Socialista y también a petición propia, para informar de las previsiones del Gobierno de los resultados obtenidos en el impulso y desarrollo de la estrategia de Lisboa de cara al próximo Consejo Europeo de primavera, según la
formulación que plantea el Grupo Parlamentario Socialista y la petición propia del Gobierno que es similar. Quiero informar a la Comisión de que se ha celebrado el pasado jueves y viernes -el viernes en concreto- la reunión formal del Ecofin para
preparar precisamente el Consejo de Lisboa. Habrá una reunión también el 19 de marzo para preparar definitivamente el orden del día de ese Consejo.
Como saben muy bien SS.SS. en el Consejo Europeo del año 2000, bajo presidencia portuguesa, los días 23 y 24 de marzo de ese año, se celebraron por primera vez estos consejos de primavera. Desde entonces se planteaba un objetivo de reforma
estructural de la economía europea basando la economía de la Unión Europea, en un horizonte hasta el 2010, en una economía apoyada en el conocimiento, más competitiva y dinámica del conjunto de las economías mundiales. Ya desde el principio España
participó activamente tanto en la iniciativa de plantear el Consejo, bajo presidencia portuguesa, como en los contenidos y objetivos del mismo. Los tres ejes de la estrategia global planteada por ese Consejo era, en primer lugar, la culminación del
mercado interior, mediante la aceleración del proceso de reformas económicas estructurales a favor de la competitividad y la innovación en la cual hay varias cuestiones, como liberalización de las industrias de red, los servicios postales y de
transportes y también la especial atención a las pequeñas y medianas empresas. El segundo eje era -y sigue siendo- la mejora de las políticas relativas a la sociedad de la información y a la investigación y desarrollo. Y el tercer eje estaba
relacionado con la modernización del mercado social europeo.
La siguiente cita de primavera fue en Estocolmo, coincidiendo también en los días en los 23 y 24 de marzo. La mayor contribución del Consejo de Estocolmo al proceso de Lisboa fue, sin duda, incorporar una cuarta dimensión que sería
medioambiental, de manera que junto con el aumento de competitividad europeo en los tres ejes antes mencionados, se incluía también la dimensión medioambiental. El Consejo de Estocolmo no fue capaz de resolver otros problemas y principalmente los
que se relacionaban con un establecimiento de reformas concretas en las industrias de red europeas con un calendario de reformas. Sin embargo, sí fue posible realizarlo en Barcelona el año pasado en los días 15 y 16 de marzo.
Creemos que fue una
importante contribución de la presidencia española que tuve ocasión de informar a esta Comisión en su momento. En Barcelona, al establecer calendarios y fechas concretas, dimos un paso sustancial en lo que era una estrategia creíble de la reforma
económica en Europa.
Permítanme que antes de concretar cuáles son en estos momentos los planteamientos de la presidencia griega y de los diversos países, haga un rápido repaso de la situación económica en la que se encuentra en estos momentos Europa. Como todos
ustedes son conscientes, tanto la economía europea como el resto de las economías mundiales están afectadas por una clara incertidumbre no tanto económica como política, que viene a continuar un marco de incertidumbre que dominó el año 2002 y que
tenía causas más directamente relacionadas con la economía o incluso con el llamado buen gobierno de las empresas en las grandes Bolsas del mundo. A partir del año 2001 comienza una desaceleración económica a nivel mundial y también europeo. La
economía europea no ha sido capaz de concretar sus posibilidades de recuperación en el año 2002. Parece importante seguir recordando que, por segundo año consecutivo, el año 2002 supuso una práctica paralización desde el punto de vista del
crecimiento del comercio internacional, un hecho que no se había producido en más de 20 años y la mayor parte de las economías de la OCDE tuvieron evoluciones muy modestas. Así, Estados Unidos cerró el ejercicio de 2001 con un crecimiento
prácticamente nulo, el 0,3 por ciento. En el año 2002 ya tuvo un crecimiento sustancialmente superior, del 2,4 por ciento, si bien con una evolución muy irregular a lo largo de los diverso trimestres. Es interesante destacar que los índices de
confianza de los consumidores en Estados Unidos continúan en situaciones débiles, incluso con retrocesos según los últimos
datos de febrero y que el déficit exterior norteamericano se ha agudizado coincidiendo con una situación más débil del déficit público, lo cual sitúa a la economía norteamericana ante una situación de doble déficit que ha sido destacada,
como SS.SS. conocen muy bien, por parte de todos los organismos económicos internacionales públicos y privados.
Respecto a la zona euro, en el año 2001 creció significativamente por encima de Estados Unidos, un 1,4 por ciento, pero ha cerrado el ejercicio de 2002 con un crecimiento claramente inferior tanto al del año 2001 como al de Estados Unidos,
registrando un crecimiento del 0,8 por ciento. El consumo no se ha reactivado en Europa durante el ejercicio pasado y la producción industrial ha tenido un retroceso importante del 1,5 por ciento. Como saben muy bien los miembros de la Comisión,
dentro de la Unión Europea, más específicamente de la zona euro, el comportamiento ha sido muy diferenciado según los países. Los dos países más grandes, Alemania y Francia, han sido por desgracia los más afectados por la desaceleración,
experimentando un crecimiento en el caso de la economía alemana prácticamente nulo, del 0,2 por ciento en el año 2002, al que hay que añadir un incremento considerable del déficit público por encima del 3,5 del producto interior bruto. La economía
francesa también sufrió una ralentización importante en el pasado ejercicio, registrando una tendencia a la desaceleración en los últimos trimestres del año. En el conjunto del año, la economía francesa ha crecido un 1,2 por ciento, con un
incremento del déficit público ligeramente por encima del 3 por ciento establecido en el Tratado y en el Pacto de Estabilidad y de Crecimiento.
La otra gran economía de la Unión Europea fuera de la zona euro, el Reino Unido, ha pasado de crecer por
encima del 2 por ciento a crecer a una tasa del 1,6 por ciento en el año 2002, la menor en una década; situación que también ha tenido repercusiones en su déficit público que podría acercarse a niveles ligeramente inferiores al 3 por ciento. En
ese contexto la economía española ha tenido un comportamiento diferencial muy positivo respecto a las grandes economías europeas, con un crecimiento del 2 por ciento en el conjunto del ejercicio de 2002 y una evolución positiva en el último
trimestre en la mayor parte de los indicadores, que crecen en tasa anual el último trimestre al 2,1 por ciento. Además ha habido una intensa creación de empleo, más de 200.000 empleos, y un crecimiento en términos de contabilidad nacional del 1,3
por ciento, sustancialmente mayor que el de la media europea aunque un punto por debajo del registrado en el ejercicio precedente.
En cuanto a uno de los elementos más negativos de nuestra economía en el pasado ejercicio, la inflación -cuestión que ha sido muy debatida en la Cámara en esta Comisión y en otras-, desde mediados del año pasado estamos asistiendo a una muy
clara reducción de las tensiones inflacionistas como lo indican los datos de la inflación sin energía y sin alimentos. Respecto al año en curso, 2003, estamos asistiendo, como he dicho, a una moderación de las tensiones sobre precios. Los datos
recientes, tanto del último trimestre del año pasado como de los dos primeros meses de este año, indican el mantenimiento de una recuperación que se manifiesta, en mi opinión con mayor interés para la Comisión -si así coinciden ustedes conmigo-, en
la evolución del índice de producción industrial, que crece en enero y por quinto mes consecutivo un 1,5 por ciento -corregido el efecto calendario- y en el hecho de que la producción industrial ya está en tasas positivas, aunque muy modestas,
respecto al ejercicio de 2001. Es interesante comprobar la evolución de datos tan significativos de la actividad económica como la energía eléctrica que en los meses de enero y febrero ha recuperado importantes tasas interanuales -corregidos los
efectos temperatura y calendario- que se acercarían a crecimientos superiores al 4 por ciento. En los dos primeros meses del año estaríamos, por lo tanto, en un crecimiento medio del consumo de energía eléctrica del 3,5 por ciento; tasa superior
al consumo de los últimos dos ejercicios. Sólo son dos meses y, por lo tanto, no parece que de estas cifras deban sacarse conclusiones demasiado aventuradas, pero vendrían a avalar, junto con la de recaudación y de actividad económica, una
recuperación constante de la economía española desde finales del verano. Lo indican también otros datos como la recaudación de impuestos y el crédito al sector privado que, en cualquier caso, está creciendo a ritmos que más que triplican la media
europea.
En el caso de España el sector exterior ha tenido un comportamiento muy dinámico en el mes de diciembre en el sexto mes consecutivo -esto lo más importante-, con un aumento de las exportaciones del 12,2 por ciento en términos reales y de las
importaciones por encima del 16 por ciento, lo que indicaría un incremento de nuestra presencia en los mercados internacionales pero, sobre todo, una recuperación de la demanda interna, especialmente de la demanda de inversión. Los datos de empleo
también han sido positivos. En el cuarto trimestre en España avanzó en 24.400 personas, llegando a un máximo trimestral de 16.377.000 ocupados. El crecimiento de la población activa ha sido importante en el año 2002, muy similar a la del año 2001,
que indica la posición dinámica y activa de las mujeres y los hombres en la búsqueda de empleo en nuestro país. Los últimos datos del mes de febrero de afiliación a la Seguridad Social son los mejores de la serie histórica de los últimos 17 años y
los correspondientes al paro registrado también son positivos. Vuelvo a decir que todos estos datos indicarían que la economía española continúa en una senda de recuperación muy distinta de las que están afectando a otras economías europeas en este
momento. En este contexto de desaceleración europea, con datos que pueden ser extraordinariamente negativos en algunas economías
europeas, con estancamientos y crecimientos cercanos a tasas negativas en los últimos meses, se plantea este debate de coordinación de políticas económicas como base de uno de los puntos de la reunión de primavera. En Barcelona se acordó
presentar al Consejo del año 2003 las propuestas para reforzar la coordinación de las políticas económicas en la zona euro.
Cumpliendo con este mandato, el pasado 3 de diciembre los consejos de empleo, política social, sanidad y consumidores y el
Ecofin aprobaron un informe dirigido a racionalizar los procesos de coordinación de política económica y de la política de empleo. Se planteaban las siguientes líneas de actuación: un mayor énfasis en la ejecución, un enfoque a medio plazo, tanto
en las grandes orientaciones de política económica como en las directrices de empleo, y clarificar el llamado ciclo anual de coordinación, de modo que los consejos de primavera adquieren un papel fundamental, recogiendo las aportaciones de las
diferentes formaciones, en el caso del Ecofin, con el documento de asuntos clave, el famoso Key Issues Paper. En la tercera conclusión de estas líneas de actuación del informe de 3 de diciembre se plantean los informes de ejecución, que pretenden
racionalizar los requerimientos de información a los Estados miembros, que se presentarán en único paquete en el otoño, si bien los programas de estabilidad y convergencia se presentarán por separado de este único paquete de datos de cada país
miembro. Por último, también como consecuencia del documento de 3 de diciembre, se refuerza la complementariedad de los diferentes procesos, que -quiero recordárselo a SS.SS.- son básicamente tres: las grandes orientaciones de política económica,
la estrategia de empleo y el proceso de Cardiff.
Como bien saben SS.SS., el elemento central de la coordinación de políticas económicas son las llamadas grandes orientaciones de política económica que suelen aprobarse a final del primer semestre por el Consejo, en las que se establecen las
directrices de las políticas económicas de cada país y también, por primera vez, las directrices económicas de la zona euro. Se toma como base para las grandes orientaciones de política económica el llamado documento de cuestiones claves, si me
permiten utilizar el inglés, el Key Issues Paper. En el Ecofin, celebrado a finales de febrero, se analizó el grado de cumplimiento de cada uno de los Estados miembros en las grandes orientaciones de política económica del año 2002. La
comunicación de la comisión sobre la aplicación de estas grandes orientaciones sitúa a España en el grupo intermedio, por detrás de Dinamarca y Suecia, pero por delante de grandes países como Alemania, Francia e Italia, además de Luxemburgo, Austria
y Finlandia. Es bueno tener presente que -como el propio comisario Solbes ha reconocido- en esa evaluación no se había tenido en cuenta la aprobación de la Ley de Reforma del Sistema de Desempleo que aprobó esta Cámara el pasado mes de diciembre.
En el siguiente Ecofin, realizado el 7 de marzo de la semana pasada, se ha aprobado el documento de asuntos clave, que va a permitir aprobar las grandes orientaciones de política económica en el próximo mes de junio.
Para la coordinación de
políticas económicas se plantea también la importancia de la estabilidad presupuestaria y la mejora de las informaciones estadísticas. Por lo que respecta a la coordinación de las políticas presupuestarias, en el Ecofin de febrero del día 18 se
debatieron unos borradores de conclusiones, elaborado por el Comité Económico y Financiero que, como saben SS.SS, es el instrumento anterior al Ecofin, sobre la base de la propuesta de la Comisión, lo que ha suscitado importantes debates en la
opinión pública y en el Consejo Ecofin. En el Ecofin del pasado viernes del mes de marzo se ha aprobado un informe de reforma económica al Consejo Europeo de Bruselas en el que, por un lado -y creo que esto tiene su importancia política-, el Ecofin
considera por unanimidad no necesario que el Consejo Europeo apruebe una nueva resolución del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, con lo cual no hay ninguna modificación de carácter legal, aunque se incluya en las conclusiones, con vista a
incorporarlo en el llamado código de conducta que se aprobó el verano pasado, que indica los criterios con los que hay que analizar cada uno de los programas de estabilidad y crecimiento. Por parte del Consejo Ecofin y de la Comisión no hay
propuestas de cambio del tratado ni el pacto, así como tampoco de introducir nuevos objetivos y reglas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Todos los países miembros están de acuerdo en que la experiencia de los últimos cuatro años de vigencia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento ha sido positiva y en que es preciso adoptar un enfoque pragmático que respete las reglas del
pacto que, a su vez, tenga en cuenta las situaciones específicas de los países, pero no entendidas como flexibilizaciones del pacto. Me gustaría hacer un pequeño repaso de lo que se ratifica en el comunicado del Ecofin, en el que se sigue
considerando como variable clave el déficit nominal, frente a algunas propuestas iniciales de cambiarlo por un déficit estructural adaptado al ciclo. En el proceso del acercamiento al equilibrio a medio plazo, debe tenerse en cuenta la posición
cíclica de las economías. Es interesante tener presente que en el Ecofin del 12 de junio se tuvo en consideración esta variable, el llamado déficit estructural, para medir el cumplimiento de los países con el Pacto de Estabilidad en los momentos
altos del ciclo, ya que la experiencia nos ha indicado que muchos de los problemas de las economías más grandes en términos de déficit público provienen de su incumplimiento del déficit estructural del Pacto de Estabilidad durante la parte alta del
ciclo de los años 1999 y 2000.
En la última resolución del Consejo Ecofin se indica que los Estados miembros que no cumplan el objetivo
de equilibrio presupuestario deben comprometerse a una reducción de, aproximadamente, el 0,5 del producto interior bruto de su déficit público a partir del año en curso, 2003. También se subraya que deben evitarse las políticas fiscales
procíclicas, aunque se permita el funcionamiento de los estabilizadores automáticos, tanto en los momentos bajos del ciclo como en los de expansión. Por último, se indica que el código de conducta ofrece las directrices para valorar, caso por caso,
los programas de estabilidad y de convergencia, prestando especial atención a tres circunstancias: la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, suficientes márgenes de seguridad en todo momento, incluso, con un funcionamiento de los
estabilizadores automáticos en la parte baja del ciclo, para que ninguna economía se acerque al 3 por ciento del déficit público, y la coherencia entre evolución y sostenibilidad de las finanzas públicas en los programas de estabilidad y
convergencia, que son los requisitos de equilibrio y superávit presupuestario a medio plazo. Es importante tener en cuenta que en la sostenibilidad de las finanzas públicas hay un elemento clave, que es el envejecimiento de la población, cuya
solución descansa en tres ámbitos de actuación: el nivel de deuda pública con relación al PIB, el crecimiento del empleo y la reforma de los sistemas de pensiones. Además, el Consejo Ecofin, en lo que se refiere al Pacto de Estabilidad y
Crecimiento, plantea la necesidad de que la supervisión ponga mayor énfasis todavía en la reducción de la deuda con relación al producto interior bruto. Todas estas consideraciones sobre el Pacto de Estabilidad, además de ser pertinentes, son
coincidentes con la visión española sobre el instrumento de estabilidad presupuestaria.
Paso ahora, señor presidente y señorías, a la decisión del Consejo Europeo de Barcelona de presentar al siguiente Consejo de primavera, el que se va a celebrar en Bruselas la semana que viene, algunas propuestas dirigidas a cuestiones
importantes -desde luego, lo son para España-, como son el mayor desarrollo de las estadísticas macroeconómicas, el seguimiento riguroso de las estadísticas para el procedimiento de déficit excesivo y la adopción de medidas oportunas para asegurar
la fiabilidad de las estadísticas oficiales. Entiendo que estas propuestas son adecuadas para la mejora de la calidad de las estadísticas de la zona euro, que aumenten el grado de confianza entre los informantes y los usuarios de la estadística
oficial y nos ayuden a todos a seguir con mayor sistemática las diversas economías.
La importancia de la sostenibilidad de las finanzas públicas, sobre todo en relación con las pensiones, se aborda en el informe conjunto de la Comisión y del Consejo sobre pensiones que se ha aprobado el pasado viernes y que mantiene el
enfoque de los tres pilares. Uno, la reducción de la deuda pública con relación al PIB. Es bueno recordar que en España se ha producido una evolución muy importante que nos va a permitir que en el año 2006 la relación deuda-producto interior bruto
se sitúe ligeramente por encima del 46 por ciento, y ya en el 2003 nos situaremos por debajo del 55 por ciento, 16 puntos por debajo de la cifra del año 1996. También se plantea en la recomendación del Ecofin al Consejo de primavera la necesidad de
abordar mejoras en el mercado de trabajo y las reformas de los regímenes de jubilación para conseguir alargar la vida activa y desincentivar la jubilación anticipada, cuestiones estas que ya han sido abordadas desde el punto de vista de la política
interna por parte de España.
Me parece importante destacar que, en el análisis de sostenibilidad del sistema de pensiones, España ha insistido a las instituciones europeas en que se haga un análisis riguroso, tanto en los aspectos estadísticos como en los metodológicos.
En ese sentido, existe una disparidad, que nosotros lamentamos pero que se mantiene, ente los datos de Eurostat, recopilados en 1998 y que son suministrados por el INE, y los datos que en estos momentos el propio Instituto Nacional de Estadística
español está presentando sobre el número de personas en España en el año 2000, que superan en un millón a las que está recogiendo Eurostat. Hemos insistido varias veces ante la Comisión en la necesidad de que Eurostat concilie sus datos de partida
con los del INE, de manera que podamos hacer un análisis similar de los supuestos de hecho con los que medir la sostenibilidad de las finanzas públicas españolas y, en concreto, la evolución del sistema de pensiones. Si Eurostat no recoge estos
datos es porque hace previsiones distintas, no sólo sobre la base del año 2000, sino también sobre la evolución, por ejemplo, de una variable esencial en España como es la evolución de la población inmigrante.
Paso ahora a la evolución de las reformas estructurales en las industrias de red, que fue sin duda una de las cuestiones claves del Consejo de Barcelona. Como recordarán SS.SS., en la agenda de Barcelona, que a mí me pareció ambiciosa, se
establecieron una serie de objetivos para el sector energético reconociendo que la falta de objetivos numéricos y de calendario había imposibilitado el desarrollo homogéneo de un proceso de liberalización y había dado lugar a una apertura asimétrica
que estaba provocando distorsiones en los mercados nacionales.
En la reunión de Barcelona se establecieron cuestiones que eran especialmente importantes para España que, según entendía el Gobierno español, sufría directamente las consecuencias del llamado proceso de liberalización asimétrico en Europa,
y también su interés por que se creara un verdadero mercado interior de la energía habida cuenta de nuestro carácter periférico desde el punto de vista del mercado energético. Si me lo permiten, voy a recordar los acuerdos de la cumbre de
Barcelona, que, en mi opinión, tienen cuatro puntos fundamentales en lo que se refiere a la liberalización
energética. Primero, el establecimiento del año 2004 para la liberalización de los mercados de gas y electricidad para consumidores no domésticos, lo que implica de facto la liberalización del 60 por ciento; y posteriormente, en un Consejo
de energía, se acordó la fecha del año 2007 para la liberalización total, es decir, incluyendo consumidores domésticos. En segundo lugar, la fijación como prioridad de la separación jurídica de la transmisión y la distribución, en los negocios
regulados y de la generación y el suministro, en los negocios en competencia. En tercer lugar, se exigió el establecimiento del acceso no discriminatorio a los consumidores y productores a la red basado en tarifas reguladas, transparentes y
publicadas. Y en cuarto y último lugar, se fijó el objetivo de que para el año 2005 todos los Estados miembros tuvieran interconexiones transfronterizas que alcancen al menos el 10 por ciento de su capacidad de producción instalada. El Gobierno
español valoró entonces -y lo continúa haciendo- como muy positivas estas decisiones de cara a los intereses europeos y, en concreto, a los españoles. Recordaré que hemos establecido importantes acuerdos bilaterales tanto con Portugal como con
Francia y que estamos estudiando mayor colaboración con las autoridades argelinas.
La presidencia griega -con el apoyo de España- tiene la responsabilidad de impulsar todas estas decisiones, en el trámite de segunda lectura en el Parlamento, en lo que se refiere al paquete normativo relativo al mercado interior, es decir,
la modificación de dos directivas de electricidad y gas, el reglamento de tarificación transfronteriza; a su vez, la aprobación de la directiva de fomento de los biocombustibles y la aprobación de la decisión sobre redes transeuropeas para que sea
posible cofinanciar los proyectos prioritarios. Durante la presidencia griega, y con el respaldo de España, se impulsará la directiva de cogeneración, que pretende armonizar a nivel europeo el uso de este tipo de tecnologías básicas, así como el
impulso a las directivas sobre seguridad de abastecimiento en productos petrolíferos y en gas.
Paso, señor presidente, a otro mercado esencial en la construcción del mercado interior, como son los mercados financieros. El Consejo Europeo de Barcelona recogió las principales aspiraciones de la presidencia española en el ámbito de los
servicios financieros. Simplemente las voy a enumerar: el cierre de las propuestas (llamado informe Lamfalussy) con el Parlamento, la Comisión y el Consejo; el compromiso de aplicar el plan de acción de servicios financieros; la solicitud al
Consejo y al Parlamento Europeo de que adopten lo antes posible, en el propio ejercicio 2002, las propuestas de directivas sobre garantías financieras, abuso de mercado, intermediarios de seguros, comercialización a distancia de servicios
financieros, conglomerados, folletos, fondos de pensiones y reglamento relativo a las normas internacionales de contabilidad, todo lo cual se cumplió durante el ejercicio 2002. A raíz del llamado escándalo Enron, se puso en marcha un informe de
buen gobierno de las empresas que fue conocido durante la presidencia danesa, en el mes de septiembre. Desde la cumbre de Barcelona se han producido avances muy importantes en la creación de mercados financieros, como han sido el reglamento de las
normas internacionales de contabilidad y las directivas que antes he mencionado. Quiero destacar de todos estos avances que se han puesto en marcha las recomendaciones del informe Lamfalussy, que fue posible gracias a un acuerdo bajo presidencia
española entre las tres instituciones europeas. A lo largo de 2002 y lo que llevamos de 2003 se han realizado distintos mandatos al Comité Europeo de Reguladores, que era uno de los órganos del informe Lamfalussy, para que comience a elaborar las
propuestas de medidas de desarrollo de directivas de abuso de mercado y de folletos. Haré mención, señor presidente, al gobierno corporativo. Como he dicho, el pasado noviembre se presentó el informe del grupo de alto nivel (el informe Winter) en
el que se plantean propuestas relativas de las mejoras del gobierno de la empresa que han sido recogidas en el informe Aldama, que se ha presentado a la opinión pública española a principios de este año y que no voy a detallar para no hacer
demasiado larga mi comparecencia.
Paso, señor presidente, a hablar de otro mercado importante desde el punto de vista de la reforma económica, como es el mercado de trabajo. El pleno empleo se planteó en el proceso de Lisboa como el núcleo de la estrategia y que debería de
suponer el principal objetivo de las políticas económicas y sociales. En este sentido en la propia cumbre de Barcelona se prestó una especial atención a las reformas de las políticas de empleo y al mercado laboral estableciendo la cumbre de
Barcelona directrices en la materia; entre otras, las rebajas fiscales deberían de dar prioridad a las que afectan a los salarios más bajos, adaptar el régimen fiscal y las prestaciones por desempleo para hacer más atractiva la aceptación de
trabajos, fomentar la búsqueda de puestos de trabajo, revisando para ello los costes vinculados a las normativas de contratación laboral con objeto de alcanzar un equilibrio adecuado entre flexibilidad y seguridad; también la necesidad de aumentar
la participación en la ocupación europea de las mujeres y reducir los incentivos a la jubilación anticipada. Como saben ustedes, en España muchas de estas medidas se pusieron en marcha en el decreto sobre desempleo que aprobó el Gobierno el pasado
mayo y que tuvo su plasmación final el pasado mes de diciembre en una ley aprobada por esta Cámara.
Una de las cuestiones planteadas en el Consejo Europeo de Barcelona fue la mejora del entorno de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas empresas y la aplicación de la Carta europea de pequeñas y medianas empresas, que fue
también impulsada
por la Comisión Europea con la presentación de un libro sobre el espíritu empresarial el pasado 21 de enero. En ese sentido también quiero recordar el trámite parlamentario del proyecto de ley de nueva empresa en España que claramente es
uno de los primeros en este sentido aprobados en la Unión Europea.
Paso, señor presidente, a las cuestiones referidas a la economía de la información y del conocimiento. La cumbre de Barcelona apoyó el impulso de las tecnologías de la información y la comunicación de alta velocidad a las actividades de
investigación, desarrollo e innovación como parte de la estrategia de Lisboa. En ese sentido mañana, me parece, el ministro de Ciencia y Tecnología les va a informar, pero sí quisiera destacar exclusivamente como última medida los esfuerzos que el
Gobierno ha hecho desde el punto de vista de clarificar la aplicación de los incentivos fiscales españoles, que habían sido calificados por la OCDE como los más ambiciosos de la organización, pero clarificar su aplicación por parte de la Agencia
Tributaria con una serie de cuestiones que fueron objeto de una enmienda introducida en el Senado al proyecto de ley de nueva empresa y que permitirá una mayor seguridad jurídica a los contribuyentes en los gastos deducibles de investigación,
desarrollo e innovación.
Ya en temas estrictamente fiscales, el Consejo Europeo de Barcelona reconoció la necesidad de avanzar en diversos ámbitos que fueron impulsados bajo presidencia española, uno de los cuales, no formando parte de nuestros objetivos de
presidencia, sin embargo, sí fue objeto de un importante avance reconocido por otros países, y me refiero especialmente, como saben SS.SS., a la fiscalidad de la energía. Antes de hablar de ese tema quisiera plantear una primera cuestión que ya se
planteó, que fue la cooperación administrativa, y en ese sentido me gustaría destacar que el Consejo adoptó una decisión, pendiente del trámite del Parlamento Europeo, relativa a la informatización de los movimientos y controles de los productos
sometidos a impuestos especiales, y además el Ecofin del pasado 18 de febrero alcanzó un acuerdo político sobre el nuevo reglamento de cooperación administrativa en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido que modificaría la Directiva del año
1977. El 21 de enero se alcanzó un acuerdo político sobre el llamado paquete fiscal, que venía siendo negociado desde la presidencia luxemburguesa del año 1998, y que afecta a las directivas sobre fiscalidad del ahorro de no residentes, a la
fiscalidad de intereses y cánones y a los trabajos del grupo del código de conducta sobre fiscalidad de las empresas para evitar la competencia desleal. Como sabe muy bien la Comisión, el tema que ha producido mayores negociaciones políticas ha
sido las llamadas medidas equivalentes a las previstas en la directiva fiscal y del ahorro en terceros países, particularmente en Suiza, pero también en las islas del Canal, así como en los territorios dependientes del Reino Unido y de Holanda. En
ese sentido, el pasado Ecofin del 21 de enero establece como objetivo básico de la fiscalidad sobre el ahorro de los residentes el intercambio automático de información de manera que se garantice la tributación efectiva y apropiada de todos los
contribuyentes personas físicas dentro de la Unión Europea. No obstante, se permite a tres países -Bélgica, Luxemburgo y Austria- que puedan establecer retenciones en los tipos impositivos crecientes, si no aplican este intercambio automático de
información, que van desde el 15 por ciento a partir del 1 de enero de 2004, fecha que puede ampliarse un año hasta el 2005, cuestión que no está cerrada, hasta el 35 por ciento en el año 2010. Como saben SS.SS., se han planteado negociaciones con
terceros países, como es el caso de Suiza, San Marino, Andorra, Mónaco y Liechtenstein en esta misma dirección.
En relación con los trabajos del código de conducta, una vez terminados los aspectos que quedaban pendientes, particularmente la evaluación de las medidas de modificación y la prueba excepcional respecto a la vigencia de algunas medidas
calificadas como perniciosas, será posible alcanzar un acuerdo en el marco del acuerdo global sobre el paquete fiscal. En ese sentido, quisiera recordar a SS.SS. que la lista de medidas de paraísos fiscales establecida por la OCDE en el año 2000
con 35 países o territorios calificados como paraísos fiscales se ha reducido ya a siete países en el año 2002, con tres países europeos, Andorra, Mónaco y Liechtenstein, un africano, Liberia, y otros tres del área del Pacífico, como son las islas
Marshall, Nahuru y Vanuatu.
En relación con otro expediente fiscal comunitario, la Directiva sobre fiscalidad de la energía, el pasado 7 de marzo el Consejo Ecofin no ha podido llegar a un acuerdo principalmente por las posiciones contrarias entre Italia y Alemania.
En cualquier caso, en relación con el acuerdo hasta ahora alcanzado en la fiscalidad de la energía, que es un expediente que lleva más de diez años debatiéndose en Europa, las conclusiones para España serían positivas y me gustaría repasarlas. En
el caso de la gasolina no tendría implicaciones al ser el tipo mínimo establecido inferior al existente en España. En el caso del gasóleo, el tipo establecido, 330 euros por 1.000 litros, es algo superior al actual de 293 euros, pero hemos logrado
un período transitorio hasta el año 2012 para su aplicación y permite que no se produzca ninguna subida hasta el año 2007. También se permite el mantenimiento de un régimen de gasóleo profesional. Asimismo el acuerdo sobre fiscalidad de la energía
da cobertura a nuestro régimen de exención de la producción de biocarburantes, que entró en vigor el 1 de enero del año 2003.
Respecto al desarrollo sostenible, que fue el avance más importante de la cumbre de Gotemburgo, suponía añadir una nueva dimensión ambiental a la económica y social del proceso de Lisboa. De ese acuerdo el Consejo
Europeo de Barcelona aprobó el informe sobre la integración del medio ambiente y el desarrollo sostenible en las políticas económicas para garantizar el crecimiento sostenible en beneficio de las futuras generaciones. Ya en Sevilla en la
cumbre final de la presidencia española quedó definida la posición política de la Unión Europea respecto a la cumbre de Naciones Unidas de Johannesburgo respecto al desarrollo sostenible, que se celebraba el mismo mes de agosto del pasado año y el
próximo Consejo Europeo de primavera, que se celebrará en Bruselas la semana que viene, va a revisar los avances más recientes en la materia incluida la dimensión externa o contribución al desarrollo sostenible mundial en el marco de los objetivos
tanto de Doha y Monterrey como Johannesburgo.
Respecto a los progresos en España en materia de desarrollo sostenible me gustaría destacar los siguientes: la aprobación de las normas relevantes en la Ley del año 2002, de 1 de julio, sobre prevención y control integrados de la
contaminación; los planes importantes ya aprobados como el Plan Hidrológico Nacional, los de regadíos y del sector forestal y el horizonte de 2008 como referencia en nuestra estrategia de desarrollo sostenible; también la propia planificación de
los sectores de electricidad y gas, que fue aprobada en septiembre de 2002 sin ningún voto en contra en el Parlamento, confirma los objetivos del anterior plan de fomento a las energías renovables, y durante el año 2003 el Gobierno pretende adoptar
una estrategia de eficiencia energética con un horizonte a diez años hasta 2012. Por último, el Gobierno ha impulsado la estrategia nacional de desarrollo sostenible con la coordinación de la Comisión delegada de Asuntos Económicos.
Paso ahora, señor presidente, a mencionar algunas cuestiones especialmente relevantes desde el punto de vista político y que forman parte del debate en estos momentos, como es la contribución del Consejo Ecofin a la Convención europea. El
Consejo Europeo de Laeken, celebrado en diciembre de 2002, acordó el establecimiento de la Convención europea con un presidente, francés, Giscard d'Estaing, para presentar un proyecto de nuevo tratado constitucional de la Unión Europea que
permitiera a la Unión un funcionamiento más eficaz y ágil después de la ampliación.
Dentro de la Convención, uno de los grupos de trabajo tiene como misión analizar las cuestiones de política económica, financiera y fiscal, las llamadas reglas de
gobernanza económica, que deberán favorecer un entorno de estabilidad macroeconómica y de coordinación de la Unión ampliada.
Este grupo ya ha presentado sus propuestas, que junto con las contribuciones de las distintas instituciones y Estados
miembros van a servir para fijar la propuesta de la Convención. En ese sentido, me gustaría plantearle a la Comisión y a los grupos parlamentarios la posición de España respecto a las reglas de gobernanza económica, al objeto de que tanto en esta
comparecencia como en subsiguientes podamos tener posiciones lo más concordantes posibles sobre el futuro del gobierno económico en Europa y su reflejo en los tratados.
Por lo que respecta al marco institucional, nuestra propuesta sería mantener la distribución actual de competencias entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión, que nos parece que ha sido adecuada y equilibrada. En cuanto a la elaboración
de las grandes orientaciones de política económica, que se considere como el instrumento central de la llamada coordinación de políticas económicas y que su aprobación sea por mayoría cualificada del Consejo. Respecto a los pactos de estabilidad y
a los procedimientos de déficit excesivo, que se mantenga la mayoría cualificada, pero excluyendo de todo el procedimiento al país objeto del déficit excesivo, y también que se refuerce el mecanismo de alerta temprana respecto a esta cuestión. En
relación con el eurogrupo, que se mantenga el carácter informal de sus reuniones, pero con una presidencia que dure alrededor de dos años y permitiendo la existencia de un Ecofin-Euro o de un eurogrupo formal para decisiones que afecten
estrictamente a los países euro y que tengan relevancia jurídica. Ante la propuesta de algunos países de una mayor representación internacional del euro, la posición española sería favorable a una silla única en el Fondo Monetario Internacional,
que debería venir acompañada de una silla única en el G-7, en el G-10 y en el Banco Mundial, sillas que deberían estar organizadas internamente en función del peso relativo de cada país europeo en la economía europea, en la misma línea que los
sistemas de votación del Banco Central Europeo. En cuanto al buen funcionamiento del mercado interior, que se impulse la libre movilidad de personas, bienes y servicios. En este sentido, entendemos el mantenimiento como regla general de la
unanimidad en materia fiscal, pero permitiendo que pueda introducirse una mayor flexibilidad, es decir, mayorías cualificadas, así como aspectos concretos relativos a impuestos indirectos, como el impuesto sobre el valor añadido, los impuestos
especiales, y a la cooperación entre administraciones tributarias. Probablemente, la fórmula sería establecer por unanimidad una lista de cuestiones que después pudieran ser decididas por mayoría cualificada. Una especial atención de la propuesta
española respecto a otras propuestas nacionales sería intensificar la lucha contra la financiación del terrorismo estableciendo un marco comunitario para el bloqueo de activos de personas u organizaciones terroristas que figurasen en la llamada
lista europea de organizaciones terroristas. Como saben SS.SS., hasta el momento los reglamentos aprobados no permiten este bloqueo de los activos vinculados a grupos terroristas europeos, aunque sí lo permiten para grupos de terceros países, y eso
exigiría una modificación del tratado, para lo cual España puede contar con el consenso de otros países, pero entiendo que debe formar parte relevante de la propuesta española sobre
gobierno económico. Creo que no debemos desaprovechar la oportunidad de reforma de los tratados respecto a esta cuestión, que me parece que goza del respaldo de todos los grupos parlamentarios.
Finalizo mi intervención, señor presidente, sobre los efectos de la cumbre de Barcelona y los temas de la cumbre de reforma económica con el repaso de las propuestas que el Gobierno va a plantear sobre las cuestiones de gobierno económico en
Europa de cara a la Convención y que si SS.SS. lo consideran podrían formar parte de una propuesta políticamente más amplia con las contribuciones que en este momento o en momentos subsiguientes, cuando así lo consideren, pudieran hacerse de común
acuerdo por parte de los grupos parlamentarios o de una amplia mayoría de esta Cámara.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente, por la oferta que ha hecho y por la cumplida información que ha proporcionado a esta Comisión, en cuyo nombre se lo agradezco. Ahora corresponde el turno a los portavoces de
los grupos parlamentarios. Comprendo que la densidad de la intervención del señor vicepresidente va a exigir flexibilidad por parte de la presidencia en cuestión de tiempos, pero rogaría a los señores portavoces que recordaran que el tiempo
reglamentario es de 10 minutos y que la flexibilidad en ningún caso va a alcanzar a duplicar ese tiempo. En cierto modo, les iré marcando el momento en el que cumplen su tiempo reglamentario para que puedan ir concluyendo. En primer lugar, como es
habitual en esta Comisión, comenzamos por el Grupo Parlamentario Socialista, en cuyo nombre tiene la palabra el señor Sevilla.
El señor SEVILLA SEGURA: Muchas gracias, señor vicepresidente, por su exposición en la que sin lugar a dudas se ha ido introduciendo en las partes más interesantes hasta llegar a las propuestas, que estaríamos encantados de discutir, de
negociar e incluso de consensuar en torno al buen gobierno económico, dentro de la modificación de los tratados. Sin duda lo ha tenido que hacer así porque el balance estricto del cumplimiento de la estrategia de Lisboa no es muy brillante en el
caso de España y de su economía. Si recordamos, en Lisboa se establece un objetivo estratégico que consiste en convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera
sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social. Hoy España está lejos de estos objetivos y, lo que es peor, en algunos de ellos está más lejos de lo que lo estaba cuando se firmaron estos acuerdos en el Consejo Europeo de Lisboa.
Es cierto que una parte de ello se debe a la marea de la adversa coyuntura internacional, que nos aleja de estos objetivos, pero no es menos cierto que también una parte muy importante de ello se debe a la ausencia de las políticas que se han
llevado a cabo para hacer posible que España se aproxime a esos objetivos de la cumbre de Lisboa.
En la comunicación que ha preparado la Comisión para el Consejo Europeo de primavera -y que sin duda conoce-, donde se analiza precisamente esto, se insiste mucho en que no sólo se trata de incrementar el número de empleos, sino también la
calidad de los mismos, porque tiene mucho que ver con la productividad de la economía. Se insiste mucho en que en general en la Unión Europea se ha avanzado poco en lo que se refiere a reducir las desigualdades hombre-mujer y esto no se consigue
anunciando a bombo y platillo un nuevo plan sin haber analizado antes el fracaso o los éxitos del anterior. Se insiste mucho en la necesidad de abordar reformas en los sistemas de protección social y aquí no sabe uno si acogerse al decretazo de
antes o al de después de la huelga general cuando a estas alturas seguimos sin saber qué quiere hacer el Gobierno con el Pacto de Toledo y seguimos sin saber cuáles son las ideas, las propuestas e incluso las intenciones del Gobierno respecto a
continuar en un clima de consenso y de diálogo con las fuerzas político-parlamentarias sobre el futuro de nuestro sistema de protección social más importante. En esa comunicación de la Comisión también se puede ver que hay países que lo han hecho
mucho mejor que España. Hay países como Suecia, Finlandia o Dinamarca, que globalmente han tenido un comportamiento, desde la perspectiva de la cumbre de Lisboa, mucho mejor que España. Incluso hay países, como Dinamarca, Irlanda y Países Bajos
que en el período 1995-2001 lo han hecho mejor en el terreno laboral, no sólo desde el punto de vista de la creación de empleo, en cantidad y calidad, sino también desde el punto de vista de las reformas de los mercados laborales, de forma más
completa y más pactada. Por tanto, antes de lanzarse a operaciones de marketing en torno a reformas o propuestas de reformas del mercado laboral por parte del Gobierno de España y del Gobierno del Reino Unido, deberíamos como siempre también aquí
ser un poco más humildes y analizar las experiencias de países que, según la Comisión, lo están haciendo mucho mejor que nosotros en este terreno, como Dinamarca, Irlanda y Países Bajos.
De los tres grandes bloques a los que se refiere el Consejo de Lisboa, por una parte está todo lo relacionado con la sociedad del conocimiento, con las nuevas tecnologías, con la productividad de la economía con la competitividad de la
misma; el segundo gran bloque está relacionado con el empleo, que no es ajeno al anterior, como es obvio, y el tercer gran bloque está relacionado con la cohesión social. Hay un cuadro realmente muy ilustrativo, como resumen final de la
comunicación de la Comisión, en el que se hace un repaso por países de los distintos asuntos vinculados a la estrategia de Lisboa, y lo hace de una manera discutible, como casi todas, pero en la que, punto a punto, va situando los tres mejores y los
tres peores países en ese
asunto. España está entre los tres peores en productividad, tanto por persona como por hora; está entre los tres peores en tasa de empleo total; está entre los tres peores en número de accidentes laborales, pero también lo está en gasto
en I + D -por cierto, un estudio del World Economic Forum, que cuando ustedes estaban en la oposición era cita obligada para todos sus análisis, sitúa a España en inversión en tecnología más abajo que los países en vías de desarrollo-; estamos
también, según el informe de la Comisión, en los tres últimos lugares en cuanto a acceso a Internet, patentes registradas y, en general, en gasto en tecnologías de la información. También estamos en los tres últimos lugares en cuanto al crecimiento
de la desigualdad en la distribución de los ingresos, abandonos escolares prematuros, tasa de desempleo de larga duración y, qué casualidad, en los tres primeros lugares en precios de telecomunicaciones, en precios de la electricidad, en precios del
gas -quizás por eso se está patrocinando la OPA de Gas Natural sobre Iberdrola-, estamos también en los tres primeros lugares en aumento de los costes laborales y en el número de hogares con algún miembro desempleado. Ese es el análisis de los
elementos consustanciales a la estrategia de Lisboa, a los compromisos de la cumbre de Lisboa que hace la Comisión Europea, en el que se podría señalar con claridad que en los tres grandes objetivos (crecer con una economía del conocimiento y con la
productividad, con una creación de empleo en cantidad y en calidad y mejorando la cohesión social), en los tres elementos decisivos y que configuran el núcleo central de la estrategia de Lisboa, España está entre los tres últimos países de la Unión
Europea. En algunos casos hay atrasos que vienen de antes, en otros casos tiene que ver la adversa coyuntura internacional, que también afecta a otros países, pero en otros aspectos, lo que ha fallado clamorosamente en las políticas económicas a
las que debería dar lugar la estrategia de Lisboa han sido las políticas puestas en marcha por el Gobierno de España durante estos años. Me voy a referir por ejemplo a los planes nacionales de acción para el empleo, que no es que sean sólo una
pieza esencial de la estrategia de Lisboa, pero que desde luego se refuerzan a partir de ella. La valoración que hacen los sindicatos españoles Comisiones Obreras y UGT, en un documento público de abril del año pasado, dice por ejemplo que no se ha
aprovechado el proceso iniciado durante 1997 en Luxemburgo en pro de la creación de empleo, cumpliendo tan sólo formalmente lo que las directrices recomiendan; dice que los planes de empleo que se han ido elaborando desde hace cuatro años no han
sabido responder a los graves problemas del mercado laboral en España, identificados año tras año por la Comisión Europea, o que año tras año se ha procedido a presentar planes que recogen escasos esfuerzos adicionales tanto en términos
presupuestarios como en contenidos y que además los déficit en el seguimiento y evaluación no permiten identificar en qué medida los resultados sobre el empleo creado, a nivel cuantitativo y cualitativo, son consecuencia o no de las medidas
adoptadas en el plan. Es decir, se ha ido buscando la apariencia, se ha ido buscando cumplir formalmente lo que las directrices marcaban, pero se ha desaprovechado el intenso proceso de crecimiento económico, desoyendo las recomendaciones que la
Comisión hacía para resolver los graves problemas de nuestro mercado laboral y sin mecanismos que permitieran hacer un seguimiento o una evaluación de las políticas.
Usted sabe, señor Rato, que en términos cuantitativos o presupuestarios la principal política activa de empleo que tiene hoy el Reino de España consiste en una subvención a las cotizaciones sociales para convertir contratos temporales en
indefinidos, y nos gastamos bastante dinero año tras año -dinero que no procede de los Presupuestos Generales del Estado, sino de las cotizaciones que pagan empresarios y trabajadores- en esta política activa de empleo. Llevamos así desde el año
1997 y todavía nadie ha hecho un análisis de si esa política sirve o no sirve, si es válida o no es válida, si con la mitad de recursos podríamos haber obtenido el mismo resultado o si con un poquito más de dinero el resultado hubiera sido
exponencialmente mejor. Es decir, no hemos dedicado ningún análisis sobre la eficiencia o la eficacia de una medida a lo que desde el año 1997 venimos dedicando en torno a un billón de las antiguas pesetas de gasto público.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Sevilla, le ruego vaya concluyendo.
El señor SEVILLA SEGURA: Eso tiene mucho que ver con que estemos 19 puntos por encima de la media de la Unión Europea en tasa de temporalidad; eso tiene mucho que ver con que el año pasado nuestra tasa de paro haya crecido casi un punto
porcentual por encima de la media de la Unión Europea; eso tiene mucho que ver con los problemas de productividad de nuestra economía por dificultades en la formación de la mano de obra, porque -qué casualidad- en la Unión Europea hay países que
están creciendo simultáneamente en empleo y en productividad, pues eso es posible, por más que a usted -y hemos tenido otras ocasiones de discutirlo- le resulte difícil de reconocer. Es bueno persistir en los compromisos de Lisboa -y voy
concluyendo-, pero no sólo de una manera retórica, no sólo dejándonos llevar por el ciclo, ni sólo esperando ahora agazapaditos a que vuelvan tiempos mejores, para que no nos moleste la mala situación económica en nuestras aspiraciones políticas;
un crecimiento subvencionado, un crecimiento débil y un crecimiento que nos está dejando un país endeudado, las familias y las empresas tienen tasas de endeudamiento por encima de cualquier otra época reciente de nuestra economía, o una economía
lastrada por la inflación, por la baja productividad
y la precariedad laboral, y esperar a que vuelvan tiempos mejores. No es sólo un problema de ciclo al alza ni a la baja, sino que es un problema de políticas económicas que sepan aprovechar las fases de alza y sepan hacer frente a las fases
descendentes del ciclo con la perspectiva y la orientación de la cumbre de Lisboa. Ahí es donde creo que ustedes han fallado estrepitosamente como les recuerda la simple lectura de este cuadro clasificatorio de la Comisión donde España no sale muy
bien parada.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el senador Curto tiene la palabra.
El señor CURTO FORÉS: Señor ministro, gracias por su comparecencia que creo es oportuna.
En primer lugar, permítame que mi intervención no sea para contradecir su posición global porque en parte podemos compartirla, pero me ha parecido que la descripción de la situación actual que S.S. ha realizado desde nuestro punto de vista
es un poco paradisíaca. Nos hemos reunido aquí hoy en esta Comisión para hablar de la situación actual desde la perspectiva de los acuerdos de Lisboa y de la cumbre de Barcelona, en qué situación se hallaba, sobre todo pensando en el ambicioso
objetivo planteado en aquella cumbre de Lisboa de cara a conseguir esta situación para la Unión Europea definida como una economía para el año 2010 basada en el conocimiento -se ha repetido aquí-, más competitiva y dinámica del mundo, capaz de
generar crecimiento económico sostenible con más y mejores empleo y más cohesión social. Sinceramente, en su intervención he oído una posición demasiado alegre. Desde la cumbre de Lisboa que fue en el año 2000, tuvieron lugar los hechos del 11 de
septiembre de 2001 y se ha producido la cumbre de Barcelona en el 2002. Actualmente, se ha producido una situación prebélica en el Oriente Medio, en Irak concretamente, y en la cumbre de primavera que se va a celebrar dentro de poco hay una
situación bastante distinta de la que había en el año 2000. Por tanto, desde nuestro grupo parlamentario permítame que sea un poco más pesimista que su valoración global de la situación tanto de Europa como de España.
Me hubiera gustado conocer un
poco (de hecho han salido publicadas informaciones en los medios de comunicación de las últimas semanas) las previsiones existentes ante los contingentes que puedan producirse de cara al futuro inmediato en función de cómo evolucionen los
acontecimientos en Irak. No se ha hecho ninguna mención y es evidente que esta situación puede cambiar radicalmente el panorama europeo y el panorama mundial.
En segundo lugar, estamos preparando una cumbre de primavera para dentro de pocos días en la que evidentemente España tendrá que hacer sus propuestas. Usted ha descrito las propuestas prioritarias, pero es evidente que hoy por hoy en España
tenemos todavía algunos desequilibrios importantes y no he oído propuestas encaminadas a reorientarlos y mejorarlos en esta cumbre. El Gobierno de España, y en su nombre el ministro de Economía, presenta hoy por hoy como punto fundamental en su
balance económico el objetivo de la estabilidad presupuestaria, un objetivo que sinceramente creo que se está infravalorando en cuanto al sentido que tiene actualmente en el contexto europeo. No es posible valorar de forma positiva la acción de un
Gobierno y su política económica basándonos únicamente en un objetivo deseable aunque tampoco estrictamente necesario como es la estabilidad presupuestaria, y menos en un momento que muchos gobiernos de la Unión Europea se plantean este objetivo no
para descartarlo sino para mantenerlo pero evidentemente con más flexibilidad de lo que se había planteado en un principio. Por tanto hay aspectos que afectan al futuro de la Unión Europea, concretamente al de su crecimiento económico, y
especialmente en España a la creación de empleo que no han quedado resueltos después de la cumbre de Lisboa ni después de la cumbre de Barcelona y no creo que se puedan resolver con las propuestas o resoluciones que se adopten en la Cumbre de
Bruselas de este mes de marzo.
A nuestro grupo le preocupan algunos aspectos y los voy a mencionar. En primer lugar, continúa preocupándonos el empleo en nuestra economía que a pesar de su crecimiento en términos absolutos y en relación con la Unión Europea, vive una
situación que sigue caracterizándose por tener uno de los niveles más altos de desempleo de los países de la Unión Europea.
Desde nuestro punto de vista creo que probablemente sería más interesante y más positivo no mantener un tan alto grado de
cumplimiento del objetivo de la estabilidad presupuestaria y mejorar sensiblemente la situación del desempleo en España. No terminamos de entender cómo dándose esta situación, diríamos de bonanza en las finanzas españolas, no se resuelve o al menos
no se entra en un sendero de posible solución de este problema del paro en nuestro país. Estos últimos días se ha hablado al más alto nivel -y me gustaría conocer su opinión- de la propuesta de revisión de los mercados laborales en Europa que han
planteado, como usted sabe, los gobiernos del Reino Unido, Alemania y Francia. Es una propuesta que no acabamos de conocer con detalle como tampoco terminamos de conocer la opinión de nuestro Gobierno en este sentido. Uno de los problemas que
quería resolver la cumbre de Lisboa era precisamente la flexibilidad del mercado laboral, pero hoy por hoy los términos en que este tema está planteado -repito- no han dado solución al desempleo en España y no conocemos claramente la posición del
Gobierno en relación con esta propuesta. En segundo lugar, nos preocupa también el hecho de que, teniendo ya a la vuelta de la esquina la ampliación de la Unión Europea a los diez nuevos países y con el riesgo que esto puede suponer para los fondos
estructurales que va
a recibir España en el futuro, se haya producido una propuesta del Reino Unido sobre el denominado cheque británico. Por cierto, compartiendo su posición que creo se ha manifestado claramente sobre este tema, nos extrañan un poco las
divergencias en este sentido con un socio como es el Reino Unido. En cualquier caso es un tema muy importante y nos interesa que el ministro de Economía también se manifieste con toda rotundidad respecto a la propuesta británica. Me consta que
esta propuesta no ha sido bien acogida por otros países y creemos que sería muy perjudicial para la economía española. Aparte de estos aspectos concretos que pueden afectar a la futura configuración de la Unión Europea en relación con los fondos
estructurales o con la revisión del mercado laboral, también quisiera preguntarle sobre la fase en que se encuentra la patente comunitaria, que tendría un efecto positivo para mejorar la competitividad en la Unión Europea, y sus posibilidades para
que llegue a buen final, y también si puede informar sobre un tema quizás menos europeo pero muy importante para España, como es el proyecto ITER de fusión nuclear, que como usted sabe está previsto ubicar en la provincia de Tarragona. Me consta
que va a ser una decisión imprevista para este año, y en todo caso tendría importantes repercusiones para la provincia a que he hecho referencia, Tarragona.
Por último, y termino, quiero decirle que de cara a mejorar la competitividad de la economía europea, y en particular española, sería necesario revisar o estudiar propuestas para bajar la presión fiscal de las pymes; tenemos ejemplos en
Europa donde se produce una discriminación positiva en relación con estas empresas y España podría perfectamente entrar en la dinámica de favorecer esa discriminación positiva de cara a las pequeñas y medianas empresas en cuanto a su presión fiscal.
Otro aspecto que me gustaría conocer sería hasta qué punto el Gobierno está pensando proponer una iniciativa de cara a rebajar, como he dicho, la presión fiscal de las pequeñas y medianas empresas.
Nada más. Este sería el conjunto de cuestiones que a nuestro grupo le preocupan en estos momentos y que ha querido plantear.
El señor VICEPRESIDENTE: De los grupos que forman parte de esta Comisión, no reconozco ningún representante del Grupo Vasco (PNV), tampoco del Grupo Mixto, de Coalición Canaria, de Entesa Catalana de Progrès ni de Izquierda Unida. En
consecuencia, doy la palabra al señor Martínez Casañ, en nombre del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: En primer lugar, quiero agradecer al señor vicepresidente del Gobierno su comparecencia a petición propia en esta Comisión Mixta de la Unión Europea y también quiero comenzar mi intervención diciendo que hablar del
proceso de Lisboa no es hablar de algo ajeno a este país, a este Gobierno o a este grupo parlamentario, sino hablar de algo propio. España participó activamente, como ha dicho el señor vicepresidente, en la iniciativa de convocar el Consejo de
Lisboa y de fijar su contenido y sus objetivos. El presidente del Gobierno propuso en aquel momento que la Unión Europea avanzara hacia el objetivo 2010 mediante metas claras y calendarios precisos y exigentes y ésta ha sido a lo largo de los años
y a partir de entonces la estrategia de nuestro Gobierno: cumplir los objetivos, liderar el proceso mostrando nuestro país como modelo -porque lo que es bueno para España ha probado ser bueno para Europa-, revitalizar el proceso fijando nuevos
objetivos, y en definitiva liderando permanentemente los cambios estructurales.
Los hechos nos han dado la razón a los gobiernos populares de España al demostrar que la estabilidad macroeconómica y las reformas estructurales son los pilares sobre los que se asienta y debe asentarse la economía española y por tanto la
economía europea, y hay que seguir trabajando para que estos dos parámetros se conviertan en bases sólidas y permanentes de una cultura económica europea. El Pacto de Estabilidad y crecimiento continúa teniendo hoy, frente a lo que puedan opinar
algunos, la misma frescura y validez que hace cuatro años cuando se creó, así lo reconoce, como ha dicho el señor vicepresidente, el último ECOFIN, y todo lo demás sólo es demagogia. Solamente el rigor y el equilibrio presupuestario permiten un
crecimiento continuado y sostenible, al margen de las fluctuaciones cíclicas que afectan a todas las economías y de otros acontecimientos difíciles de prever. Lo digo desde la convicción de mi grupo parlamentario en unas políticas bien hechas, con
buenos resultados en España que han supuesto buenos resultados para Europa; hemos cambiado España en términos de creación de empleo, de equilibrio presupuestario o de sostenibilidad del sistema de pensiones. Junto con el vicepresidente del
Gobierno creo que hay un antes y un después de la cumbre de Barcelona, y que el objetivo estratégico de Lisboa sigue siendo un proyecto europeo irrevocable y objetivamente necesario. Con la cumbre de Barcelona y la estrategia de Lisboa de hacer
realidad el cambio, asistimos a un punto de inflexión, con la redefinición de objetivos y plazos, en un momento -aunque quizá ahora no lo recordemos- de sopor y desaliento. En Estocolmo, por ejemplo, el asunto de la liberalización de los mercados
energéticos, tan importante para el futuro de nuestra economía, gracias a la cumbre de Barcelona obtuvo nuevos bríos y entró en la senda de los plazos y objetivos concretos.
Somos conscientes de la importancia del reto, y disentimos de todos aquellos que no pensaban que esto se pudiese llevar adelante. Asimismo, quiero felicitar al vicepresidente del Gobierno por la aportación que ha anunciado a la convención
europea -y que hacemos nuestro- con relación a la gobernanza económica y su implicación institucional en la nueva Europa. Desde
nuestro grupo parlamentario estudiaremos cuidadosamente las reacciones que provocan, y a partir de ahora colaboraremos con el Gobierno desde esta sede parlamentaria para perfilar la propuesta.
Nos satisface la iniciativa de intensificar la lucha contra la financiación del terrorismo sin distinción de credo o lugar, como presupuesto necesario para la consecución de la estabilidad, la paz, el crecimiento económico y la cohesión
social. Somos sujetos activos de los cambios necesarios, por tanto, creo necesario que en esta próxima reunión de primavera se sepa asociar a los países de la ampliación, como se hizo en Barcelona. Esperamos que el próximo consejo de primavera
sepa mantener el listón, y que los países de la ampliación empiecen a hacer lo necesario para cumplir con el compromiso a partir del año próximo, cuando entrarán a formar parte de la Unión Europea.
Este proceso nos ha dado un buen resultado. En un momento de incertidumbre geopolítica, de desaceleración económica mundial y de una recuperación todavía no consolidada, España continua disfrutando de una situación de importante ventaja
relativa frente a Estados tradicionalmente fuertes y ricos en la economía mundial. Por eso me parece un poco surrealista la opinión de algún portavoz parlamentario, que ha negado lo que es difícil de negar, como la creación de empleo, el
crecimiento de la producción industrial en nuestro país, el incremento en la afiliación a la Seguridad Social, la estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad de las finanzas públicas, el reforzamiento del sistema de pensiones y su sostenibilidad,
la inversión continuada -todavía insuficiente- en I+D, y los nuevos sistemas de educación continuada a lo largo de toda la vida laboral; todo ello en un clima de rebaja de impuestos, mediante el diálogo social.
Señorías, nada de esto se ha hecho
por casualidad.
Quiero recordar algunas cifras recientes de creación de empleo que se dieron la semana pasada en esta Comisión. Evidentemente, la temporalidad sigue siendo un problema importante en nuestro país, aunque menor que en otras ocasiones, pero de
12 millones de nuevos puestos de trabajo creados en la Unión Europea, 3,5 millones se han quedado en España, lo cual corresponde al 29 por ciento del total. En la Unión Europea se ha creado medio millón de puestos de trabajos en el año 2002, y
250.000 en España, lo que equivale al 50 por ciento, continuando con la misma tónica en el año 2003. Por tanto, está bien hablar de lo que todavía es insuficiente, pero también hay que hacerlo de lo que se está haciendo, de lo que ha dado buen
resultado, de lo que supone en España el cumplimiento de las políticas de Lisboa, y el modelo que supone para el resto de países de la Unión Europea. En las intervenciones de otros portavoces parlamentarios echo de menos referencias a la bonanza
económica, al último informe del ECOFIN, positivo en tantos sentidos para la economía española, a la iniciativa del señor vicepresidente del Gobierno respecto al terrorismo, al buen funcionamiento del Pacto de Estabilidad y a la estabilidad
económica española, que ha supuesto una aportación importante para la estabilidad europea en su conjunto.
El señor VICEPRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra el vicepresidente segundo del Gobierno, para dar respuesta a los distintos portavoces.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): En primer lugar quiero agradecer a los tres portavoces de los grupos parlamentarios su aportación y su tono, además del buen
recibimiento que han hecho de la comparecencia del Gobierno, en este caso del ministro de Economía.
Contestaré a las observaciones hechas siguiendo el orden de intervención de los señores portavoces, y si se hubieran producido coincidencias
contestaré a la cuestión agrupadamente.
El señor Sevilla plantea correctamente los objetivos del proceso de Lisboa, y a continuación insiste en la inexistencia de políticas adecuadas en España. No puedo coincidir con esa apreciación. Para empezar, como él mismo ha dicho, los
objetivos de Lisboa eran avanzar en la sociedad del conocimiento, obtener un ritmo de crecimiento sostenido y conseguir una mayor calidad en el empleo. Dejando para una argumentación posterior la investigación y desarrollo y la sociedad del
conocimiento, tengo que decir que es innegable que la economía española ha adquirido un ritmo de crecimiento sostenido. El año 2003 será el séptimo año de crecimiento económico positivo de nuestro país, aproximadamente un punto por encima de la
media europea como promedio, que todavía es más significativo si tenemos en cuenta la situación de mayor equilibrio macroeconómico de la economía española en el año 2003, con reducciones de algunas de las tensiones inflacionistas que al señor
Sevilla -me consta- le preocupan y con razón. Tenemos mayores posibilidades todavía de ser una de las economías europeas que más rápidamente lidere el proceso de recuperación, como ya lo estamos haciendo en el último trimestre del año pasado y en
este. Por tanto, me parece carente de base criticar el cambio estructural de la economía española, que ha aumentado considerablemente su capacidad de crecimiento no sólo respecto a sí misma -ciclos similares y un mayor equilibrio macroeconómico
pese a un crecimiento ya de siete años- sino en comparación con otras economías europeas.
En segundo lugar me parece difícil discutir la creación de empleo en España, tanto en momentos altos del ciclo como en momentos bajos. El hecho es que la economía española, como ha recordado el señor Martínez Casañ, lidera en estos momentos
la creación de empleo en Europa. Por cierto, senador Curto, me sorprende que S.S. me diga que en España no se ha reducido el
desempleo. Me parece que es una afirmación difícil de entender. Su señoría que la ha hecho, la entenderá.
En cuanto a la calidad del empleo, si se mide por una reducción de la temporalidad, y por tanto por el aumento de los empleos estables y por una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral, España claramente se está comportando
mejor que anteriormente y que la media europea, lo que no quiere decir que no deba ponerse énfasis, y me parece lógico que lo hagan los partidos de la oposición, en que continuemos profundizando en una mayor estabilidad y calidad del empleo. Basta
con recordar que de los 3.700.000 empleos creados por la sociedad española en los últimos seis años, 2.600.000 son fijos. Por tanto, la tasa de temporalidad se ha reducido en torno al 30 por ciento y cada año se reduce más. Acepto perfectamente la
argumentación de que debería hacerse más deprisa -esa argumentación siempre es posible-, pero con una tasa de creación de empleo como esa, en la que además el 60 por ciento de los empleos son femeninos, parece difícil entender la argumentación de
que al menos en estas dos consideraciones -el crecimiento sostenido y la mayor calidad del empleo- España está fracasando en el objetivo de Lisboa. El hecho de que en estos momentos los países que nos aventajan ya no sean las grandes economías
europeas sino Suecia, Finlandia y Dinamarca, indica hasta qué punto estamos moviéndonos en una evolución en la que quedamos por encima de la tabla. Es sorprendente que en una intervención del portavoz económico de la oposición no haya hecho
comparaciones entre la economía española y la alemana, la economía española y la francesa, la economía española y la inglesa o la economía española y la italiana y que sean países de los más avanzados del mundo, sin duda más avanzados que nosotros,
Suecia, Finlandia y Dinamarca, los que sirven como punto de referencia a la crítica de la economía española, lo cual indica que estamos en un proceso de cierre de diferenciales de calidad y de cantidad de crecimiento con las principales economías
europeas. Efectivamente todavía tenemos un largo camino que recorrer, algo que todos reconocemos.
Introduce el señor Sevilla, no sólo como es legítimo sino necesario, el análisis de la Comisión sobre la valoración que hace de nuestras políticas. En el terreno de la productividad, como sabe muy bien el señor Sevilla, nosotros tenemos un
problema que es la intensa creación de empleo, que como es natural incide sobre la medida de nuestra productividad nominal. Esto puede tener correcciones según el INE va revisando sus cifras, pero además de ello debe ser consciente el señor Sevilla
de que otros datos que nos deben indicar y que la propia Comisión reconoce, como nuestra competitividad exterior, no se están viendo afectados por esa cuestión. Es cierto, como dice el señor Sevilla, que hay países que compaginan la creación de
empleo con el aumento de la productividad; pero no es menos cierto que no vienen de tasas de paro del 24 por ciento. Es sorprendente que el Grupo Parlamentario Socialista critique que España tiene una tasa de empleo total por encima de la media
europea. Indudablemente, teniendo en cuenta la herencia que nosotros recibimos en cuanto a tasa de desempleo hubiera sido imposible que no fuera así seis años más tarde. Piense, señor Sevilla, que cuando nosotros llegamos al Gobierno había el 24
por ciento de paro, el 40 por ciento de paro femenino y el 30 por ciento de paro juvenil. No es que yo trate de hablar de herencias, que a estas alturas no me parece que sea la cuestión; pero S.S. tiene que justificar que España, y además no es
sólo un problema de los 14 años de socialismo sino también de gobiernos anteriores aunque el peor ciclo fue el que su grupo parlamentario protagonizó en esta cuestión; pero es indudable que España va a tener tasas absolutas de desempleo superiores
a la media europea, aunque no es menos cierto que en estos momentos estamos a muy poca distancia de situarnos en la media europea.
Tiene razón S.S. al plantear el tema y subrayar lo que la Comisión dice sobre accidentes laborales. Creo también que es una cuestión que debe ser tenida muy en cuenta. Los acuerdos establecidos sobre esta cuestión por parte del Ministerio
de Trabajo con comunidades autónomas y con los sindicatos, a los que ha hecho referencia el ministro de Trabajo en varias ocasiones y supongo que en su última comparecencia aquí va en esa dirección, pero me parece un tema en el que hay que mantener
el mayor acento y sin duda comparto más que en otros aspectos la preocupación de S.S. por la evolución de nuestro esfuerzo en investigación y desarrollo.
Nuestra impresión -probablemente será más detenido el análisis por parte del ministro de
Ciencia y Tecnología, que viene mañana- es que el esfuerzo público, es decir el volumen de recursos presupuestarios de las administraciones públicas en investigación y desarrollo ha crecido muy considerablemente; pero la movilización del capital
privado en esa dirección todavía no se está produciendo y no es porque el marco fiscal no sea satisfactorio, pero sí probablemente por la no suficiente clarificación de la seguridad jurídica en esta cuestión en este marco.
Las últimas medidas que
hemos introducido en un trámite parlamentario, en la Ley de nueva empresa, deben ayudarnos en esa dirección. En cualquier caso comparto la preocupación de S.S. y la necesidad de poner la cuestión del desfase de España en investigación y desarrollo
como una cuestión esencial de la política española de los próximos años.
El señor Sevilla no ha mencionado, pero yo sí lo voy a hacer y lo comprenderá, que la Comisión Europea también menciona dónde España está entre los tres mejores. Me parece que la enumeración de los temas donde estamos entre los tres mejores
es bastante ilustrativa. Estamos entre los tres mejores en crecimiento del producto interior bruto, en la variación del coste
laboral, en el crecimiento del empleo en mujeres, en el gasto total en I+D del Gobierno, en la inversión en capital riesgo, en el precio del gas de uso industrial, en las llamadas telefónicas locales, en la electricidad de uso industrial, en
la formación bruta de capital fijo respecto al producto interior bruto, lo cual me parece que es un elemento a tener en cuenta en su análisis de la productividad, en los hogares donde todos sus miembros estaban en paro y ya no lo están y en la
protección de recursos naturales en áreas protegidas por diversidad. El ejercicio de que cada cual elija el punto en el que la Comisión es más o menos crítica con el Gobierno es un recurso político lógico que todos hacemos. Lo que me parece
importante es comprobar que España se sitúa, incluso reconociendo la Comisión que no ha hecho el análisis de la reforma del desempleo a tiempo, entre los países medios europeos y que como he dicho a S.S. ya se nos sitúa por detrás de economías tan
avanzadas desde todos los puntos de vista como Suecia, Finlandia y Dinamarca.
Acepto las críticas que haga S.S. sobre los planes de empleo, pero si nos hacemos la pregunta que S.S. se ha hecho de si es válida la política de deducción de cotizaciones sociales, tenemos que tener en cuenta que, primero, desde el punto
de vista del número absoluto de empleos creados, me parece que la política de empleo ha sido positiva, estamos hablando de una creación de empleo de casi cuatro millones en la economía española, con un incremento récord desde el punto de vista, por
ejemplo, de afiliaciones a la Seguridad Social; no hemos de olvidar que en los últimos 12 meses ha habido medio millón de personas que se han afiliado a la Seguridad Social; y no hemos de olvidar tampoco que en todas las cifras de empleo españolas
hemos de tener en cuenta el aumento de la población activa. Su señoría ha mencionado, con razón, el incremento de la tasa de paro, pero S.S. tiene que ser consciente de que nosotros venimos de una tasa de actividad muy baja, S.S. lo sabe muy
bien, y de que en los últimos dos años se ha incrementado nuestra población activa en un millón de personas, lo cual me parece muy positivo y estoy seguro de que a S.S. también, pero indudablemente eso distorsiona algunas de nuestras estadísticas.
Pero que de esos 3.700.000 empleos en seis años 2.600.000 sean fijos es un ritmo de creación de empleo fijo importante, y que, como el ministro de Trabajo ha recordado en esta misma Comisión hace muy pocos días, casi 700.000 empleos se hayan creado
ya fijos a tiempo parcial como consecuencia de la reforma del año 2001, es todavía más importante.
Siguiendo el análisis de la Comisión podemos poner el acento, por ejemplo, en lo que la Comisión nos recomienda que hagamos en el futuro, que tendrá que ver con su análisis global de la economía española. ¿Qué es lo que la Comisión
considera desafíos de la economía española del futuro? Para mantener la marcha en el proceso de Lisboa la Comisión dice que España necesita focalizar una diferenciación de salarios desde el punto de vista sectorial y regional, de manera que indica
a los negociadores sociales, tanto de los empresarios como de los sindicatos, que tengan en cuenta estas condiciones, recomienda una modificación del marco legal de la negociación colectiva, y asimismo, para continuar los esfuerzos de incremento de
la productividad, entiende que deben producirse, como muy bien ha recogido S.S., esfuerzos que aumenten el gasto en investigación y desarrollo que, vuelvo a repetir, en opinión del Gobierno, que seguramente será discutible y seguro que será
discutida, está más bien en que el sector privado aumente su capacidad de dedicar su gasto a investigación y desarrollo, puesto que la misma Comisión reconoce que estamos entre los tres primeros países de gasto total en I+D por parte de la
Administración general del Estado.
Su señoría hace referencia, ya en una línea más general, a la tasa de endeudamiento de las familias. Es cierto que se ha incrementado notablemente en España, pero no lo es menos que probablemente como consecuencia de que en estos momentos
estamos en el mismo lugar en tipos de interés que nuestros socios europeos e incluso en algunos casos mejor, pero no a niveles que ya nos separen de la Unión Europea. Por tanto, ahí se está produciendo también un cierto proceso de convergencia
-S.S. hace bien en destacarlo- y yo aprovecho la oportunidad que me brinda S.S. al plantear esta cuestión para insistir en que en estos momentos especialmente significativos del precio del dinero, con tasas muy bajas del precio del dinero en
términos históricos, las familias y las empresas, que como es natural cada uno de ellos tomará las decisiones que les parezcan más convenientes, deben hacer un claro esfuerzo, primero, de prever que probablemente estamos en los momentos de más bajos
tipos de interés y, segundo, en hacer saneamientos financieros en función de sus necesidades y de sus decisiones. No es baladí recordar que por primera vez en la historia, desde el punto de vista de la capacidad de endeudamiento de las
administraciones públicas, en concreto de la Administración general del Estado, España tiene tipos de interés más bajos que Francia en puntos de referencia como puede ser el endeudamiento a 10 años, y eso indica claramente las ventajas de la
política fiscal española desde el punto de vista de la sociedad.
Con esto enlazo con las argumentaciones del senador Curto. Senador, no puedo compartir su argumento de que el déficit cero es un elemento que distorsiona la creación de empleo, más bien al contrario. Si España no hubiera conseguido una
reducción de su déficit público, sería muy difícil que pudiera mantener un ritmo de crecimiento sostenido y, al mismo tiempo, reducir los impuestos sobre los salarios, las familias y las empresas. Me parece muy discutible, y desde luego yo no lo
comparto, que haya una relación directa entre mayor gasto público y creación de empleo.
Es muy
difícil que la creación de empleo en España pueda incrementarse a través de desequilibrios presupuestarios, más bien al contrario. En un mundo globalizado, si en este momento la economía española aumentara su desequilibrio presupuestario
estaría indicando claramente dos cuestiones que van directamente contra la línea de flotación del empleo, una es un aumento de impuestos en el futuro y otra es un aumento de los tipos de interés en el presente. Ambas son consecuencia directa de un
aumento del déficit público que sinceramente no comprendo cómo S.S. puede respaldar; yo desde luego no respaldo.
Los acontecimientos de Irak no han formado parte de mi análisis, nada más que de una manera muy somera al principio, cuando he hecho referencia a las incertidumbres geopolíticas. En ese sentido, como he tenido ocasión de informar al
Parlamento en varias ocasiones, la principal consecuencia directa está en el precio del petróleo que está siendo en parte, pero sólo en parte, mitigado por el incremento de la valoración del euro respecto al dólar, pero indudablemente en estos
momentos esa es la consecuencia más medible de la incertidumbre política mundial. No hay que dejar de mencionar la crisis política en Venezuela, que probablemente en términos de producción petrolífera concreta ha sido más importante que la crisis
de Irak, aunque no en términos de incertidumbre, que también juega sobre el mercado de petróleo. Las consecuencias desde el punto de vista de las expectativas de los ciudadanos son muy difíciles de medir, si bien es un hecho que en estos momentos
todos los indicadores de expectativas de consumidores están cayendo en los países de la OCDE de manera significativa y también el funcionamiento de las bolsas ha sufrido correcciones significativas a la baja después de un comienzo a principios de
año más esperanzador. No deja de ser importante comprobar cómo en las caídas de las bolsas, las españolas están sufriendo menores caídas que las de otros países europeos, aunque no se puedan sacar conclusiones sólo por la evolución de dos meses,
pero eso en ningún caso vendría a avalar que nuestra situación económica es percibida por los mercados como menos solvente que la de otros países europeos, sino al contrario.
Su señoría hace referencia a una propuesta alemano-francesa-británica sobre el proceso de Lisboa. Efectivamente eso es así, esos tres países pusieron sobre la mesa un documento de cuestiones económicas que ya hemos quedado en estudiar todos
los gobiernos de cara a nuestra reunión del 19 de marzo, pero del que significativamente se ha caído cualquier referencia al Pacto de Estabilidad. En ese sentido, quiero subrayar que hay un consenso por parte de todos los países europeos, que
después de las precisiones que se han introducido ninguna modifica sustancialmente el Pacto de Estabilidad -a las que he hecho mención en mi primera intervención- y no hay deseo alguno por parte de ningún país europeo de plantear temas referentes a
las reglas del Pacto de Estabilidad y crecimiento en la próxima cumbre europea, al menos eso es lo que se desprende de las posiciones de los ministros de economía. Hay referencia en el documento franco-alemán-británico, pero también en el aprobado
por el Consejo y propuesto por la presidencia sobre el mercado laboral en la línea ya planteada en Barcelona en la que nosotros hemos avanzado en algunas cuestiones como es el alargamiento de la vida laboral, la reducción de los incentivos a la
jubilación anticipada, las modificaciones de la legislación del desempleo y otras que sin duda explican por qué hoy la economía española está en condiciones de crear en el entorno del 40 por ciento de los empleos que se crean en Europa, lo cual
después de seis años de creación de empleo indica un dinamismo del mercado laboral español realmente muy sorprendente y que tiene mucho que ver con una cuestión que S.S. ha planteado también, que es la rebaja de impuestos para las pequeñas y
medianas empresas. Supongo que lo hace para que yo pueda mencionarlo una vez más. Después de suprimir el impuesto de actividades económicas al 92 por ciento de todas las empresas españolas y al cien por cien de las pequeñas y medianas empresas, la
petición que S.S. me hace de reducir los impuestos sobre las pymes seguramente me la plantea para que yo pueda recordar que lo acabamos de hacer de manera significativa en el impuesto de actividades económicas. Además, en la pasada legislatura
redujimos el impuesto sobre sociedades al 30 por ciento para las pequeñas y medianas empresas y en la nueva reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas, en la que hemos contado con el consenso de su grupo parlamentario en lo relativo
a la reducción de la presión fiscal a las personas físicas, se encuentran todos los autónomos que forman parte de las empresas unipersonales en nuestro país.
Le agradezco que me haya dado la ocasión de poder recordar estas cuestiones.
Con respecto al proyecto ITER, efectivamente somos candidatos junto con Canadá, Japón y Francia, siendo un proyecto para hacer comercializable la fusión nuclear. Como S.S. ha recordado, hemos ofrecido el emplazamiento de Vandellós I, una
central nuclear que se está desmantelando, como sabe la Comisión, teniendo unas condiciones óptimas para ello. El señor Piqué, que comparecerá aquí mañana, podrá darles más datos acerca de esta cuestión, puesto que depende más de su área.
En cuanto a la patente comunitaria que me plantea S.S., existe en este momento un acuerdo político, después de una larga discusión, en la que también ha jugado un importante papel el uso del castellano. Los detalles pendientes se refieren
al hecho de hasta cuándo se van a mantener las oficinas nacionales de patentes. Esperamos que esto pueda resolverse antes del próximo consejo de primavera y, si es posible, que se cierre la semana que viene, aunque asimismo mi colega, el señor
Piqué, seguramente mañana podrá hacerle muchas más precisiones sobre esta cuestión que yo.
Por último, quiero agradecer al señor Martínez Casañ su intervención.
Independientemente de los problemas que sin duda tenemos, España es un buen ejemplo de la estrategia de reforma económica. Desde todos los puntos de vista, España ha
conseguido aumentar su capacidad de crecimiento, así como la sostenibilidad y la calidad del mismo. Como se nos reconoce en todos los países europeos, hemos hecho un claro esfuerzo desde el punto de vista de ser un país mucho más flexible y
dinámico de lo que lo éramos hace muy pocos años. Hace bien S.S. en insistir en que la estabilidad presupuestaria juega un papel determinante en la mejora de la calidad y en la capacidad de crecimiento que tiene la economía española. Y también
debemos sentirnos legítimamente satisfechos de la cumbre de Barcelona. Incluso desde el punto de vista del marco y de la recepción de los ciudadanos, fue una cumbre modélica, de la que todo el mundo guarda un gran recuerdo, pero también desde el
punto de vista de las conclusiones. No es casualidad que, de las cuatro cumbres de reforma económica que se han celebrado, probablemente la que más medidas concretas en calendarios y en cuestiones medibles ha adoptado ha sido la de Barcelona, e
incluyo la de la próxima semana en Bruselas. En ese sentido, el esfuerzo que hizo España para focalizar los esfuerzos de reforma económica en Europa es reconocido por todos, habiendo superado algunas de las cuestiones que de alguna manera habían
paralizado las discusiones europeas de reforma económica, como por ejemplo la aceptación de algunos países en relación con la liberalización energética, eléctrica en concreto, que me parece que fue una buena contribución desde nuestro punto de
vista, además de que bajo nuestra presidencia se produjo, con el esfuerzo de todos los países europeos, un avance considerable en todo lo que ha supuesto el mercado interior de servicios financieros.
Agradezco la posición de los grupos Popular y Socialista relativa a que se avance en una propuesta española, si es posible consensuada al cien por cien o al menos en su mayor parte, relacionada con las reglas de gobernanza económica. Se
trata de un tema de interés para nosotros y para todos los países europeos y desde luego el Gobierno está más que dispuesto a negociar y a ampliar las propuestas que yo acabo de hacer y que, como es natural, los grupos parlamentarios comentarán
cuando y en la forma que les parezca conveniente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente del Gobierno. No quiero romper el procedimiento habitual de esta Comisión, en la que suele haber un turno de réplica tras la contestación del compareciente. Por lo menos hay
dos grupos que quieren intervenir y quiero comunicarles que es en aplicación del artículo 203.3 del Reglamento, tratándose de un turno excepcional y muy breve. Les voy a dar dos minutos a cada uno y tengan en cuenta que en ningún caso es un turno
para reabrir el debate, sino simplemente para solicitar información o aclaraciones con respecto al informe presentado por el compareciente, el señor vicepresidente del Gobierno.
Señor Sevilla, tiene la palabra por dos minutos.
El señor SEVILLA SEGURA: Señor Rato, la verdad es que, más allá del autobombo, su discurso se prende de que crecemos más que la media de la Unión Europea, como ha ocurrido prácticamente siempre en la historia de España. La única novedad,
por tanto, no sería el hecho de que crecemos más, sino de que crecemos más acompañado de un mayor crecimiento de la inflación. Hoy no cumpliríamos el criterio de convergencia de Maastricht y, a pesar de ello, nuestro paro también creció más el año
pasado que el de la media de la Unión Europea. Es decir que los precios crecen el doble que la producción y que el incremento del producto no impide el incremento del paro. Este es el balance de la situación actual de nuestra economía del que
usted se siente tan orgulloso. Es obvio que no ha mencionado los incrementos de la desigualdad social, que ya se empiezan a hacer perceptibles conforme van apareciendo los datos y conforme la Administración va permitiendo que se conozcan.
Considero que tienen que revisar ese discurso de que en cuanto a gastos de investigación y desarrollo ustedes lo hacen bien y son las empresas las que lo hacen mal, entre otras cosas porque el gasto en I + D en las administraciones públicas, según
el Instituto Nacional de Estadística, es el 0,15 por ciento del total. Quiere decir que el grueso, más de la mitad, más del 50 por ciento, lo representan las empresas. Por tanto, no basta simplemente con decir que lo hago bien, lo que también es
discutible en términos de comparación con la media de la Unión Europea, y que los demás lo hacen mal, ya que habrá que ver por qué lo hacen mal. Porque si lo hacen mal, a lo mejor es porque la legislación que ustedes han puesto en marcha durante
estos últimos años para que lo hagan bien, no está bien, se han equivocado y hay que revisarla y corregirla.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Sevilla, le ruego que concluya.
El señor SEVILLA SEGURA: Cuando hablan de reforma del mercado laboral y de la legislación sobre el desempleo, sigo sin saber a cuál se refieren si a la de antes o a la de después de la huelga general. Sigo sin saber qué opinan del Pacto de
Toledo.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Curto, tiene la palabra por dos minutos.
El señor CURTO FORÉS: Señor ministro, supongo que no me habré expresado adecuadamente, pero mi
valoración en relación con el tema del desempleo no se refería tanto a lo que se ha hecho y, por tanto, al proceso de crecimiento del empleo y de disminución del desempleo que ha tenido España en los últimos años, que es real y evidente,
sino que mi duda, mi pregunta o la incidencia de nuestro grupo en este tema es por el hecho de que, a pesar de que también coincidimos con el objetivo de estabilidad presupuestaria, que siempre hemos apoyado, otra cosa es la consideración
sacralizada que le da su Gobierno y la bondad de este objetivo, que compartimos. Lo único que digo es que nos gustaría más tener una nota más baja en estabilidad presupuestaria y tener una nota más alta no en cuanto a la creación de empleo que se
ha producido durante estos años, sino en relación con el nivel de desempleo que todavía tiene España con respecto a la Unión Europea. Probablemente este es un tema que es difícil de solucionar.
Usted ha mencionado -y muy bien hecho- la herencia
que se encontraron, que es evidente que era escandalosa, pero hoy por hoy todavía no hemos encontrado aquellos instrumentos o políticas que de alguna manera, a pesar de este incremento en la creación de empleo y en la reducción de desempleo, nos
aproximen al nivel de pleno empleo que sería deseable de cara al año 2010.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Curto, le ruego que concluya.
El señor CURTO FORÉS: Termino, señor presidente, haciendo mención a otra referencia que ha hecho el señor ministro en relación con nuestra propuesta de bajar la presión fiscal a las Pymes. El señor ministro sabe que compartimos el objetivo
de eliminar el IAE en las pequeñas y medianas empresas, pero es evidente que este no es un impuesto o una presión, de cara a las empresas, que resuelva lo que a nosotros nos gustaría plantear.
El señor VICEPRESIDENTE: Le ruego que concluya, señor Curto.
El señor CURTO FORÉS: Es decir, que sea una decisión radical -si me permite la palabra- en el sentido de apostar por una fiscalidad específica para las Pymes, pero con una diferencia sustantiva. Por ejemplo, usted sabe que hay algunos
países en Europa que el tipo del impuesto de sociedades para las pequeñas empresas es del 12 por ciento.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Curto, le ruego que concluya.
El señor CURTO FORÉS: Quisiera saber si es posible algún tipo de fiscalidad específica, radical, diferenciada para este grupo de empresas tan importante en nuestro país.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Martínez Casañ, ¿desea tomar la palabra? (Denegaciones.)
Señor vicepresidente segundo del Gobierno, tiene la palabra.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Señor Sevilla, no es ajustado decir que siempre hemos crecido por encima de la media de la Unión Europea, hemos crecido unos
años y otros no, porque otros hemos caído más que la media de la Unión Europea, si no, señor Sevilla, hubiera sido imposible que hubiéramos tenido el mismo número de empleos absolutos entre los años 1976 y 1995.
Su señoría puede hacer muchas afirmaciones que critiquen la política del Gobierno pero no cabe duda que desde el año 1986 a 1989/90, hemos crecido por encima de la media, aunque después la destrucción de empleo y la caída del PIB de los años
1992, 1993 y 1994 fueron mucho más intensas que en la Unión Europea. Si no sería imposible que cuando nosotros llegamos al Gobierno nos encontráramos en la situación de empleo y también de renta per cápita de la Unión Europea. Es verdad que ha
habido momentos, pero no siempre se ha sostenido durante siete años. Y creo que podemos seguir haciéndolo si mantenemos el tipo de política que hemos seguido hasta ahora. Y mucho menos, que sé que a S.S. le preocupa, de un crecimiento de calidad
en el empleo, porque crecer sin crear empleo no es precisamente lo que necesita en estos momentos la economía española.
Tiene razón S.S. en cuanto a que el año 2002 ha sido un año no satisfactorio en términos inflacionistas y creo que el año 2003 lo va a ser más. En cuanto al crecimiento del paro, como lo indica el hecho de que no se ha destruido empleo,
está más relacionado -sinceramente lo digo- con el aumento de la población activa, que creo que es una situación positiva de la economía española, desde el punto de vista no sólo económico, sino social. No sé a qué incrementos de la desigualdad
social se refiere S.S., pero en estos momentos las políticas sociales y el gasto social se siguen incrementando en España a un ritmo que sin duda todos querríamos que continuase.
Ese dato del 0,15 no puede ser tal y como S.S. lo ha mencionado o yo lo he entendido, porque en España uno de los problemas que tenemos es que dos tercios del gasto en I+D son de las administraciones públicas. Ese es el problema. Yo
estaría muy satisfecho de que fuera al revés. Uno de los objetivos que el Gobierno no ha podido conseguir hasta ahora es precisamente que el sector privado tenga al menos dos tercios del gasto en I+D, y no, como sucede hasta ahora, que sea del
sector público. No creo que sea tanto que las políticas del Gobierno no hayan sido las adecuadas, como que creo, por lo que nosotros hemos percibido de las posiciones
de las empresas, una necesidad de una clarificación de seguridad jurídica en la aplicación de los incentivos fiscales. En cualquier caso, tiene mucha razón S.S. en poner el acento en que ese es uno, si no el más importante, de los desafíos
de la economía española de cara al presente y sobre todo al futuro.
En cuanto a qué reforma laboral me refiero, S.S. se podrá suponer que me refiero a la que está en vigor. Y la que está en vigor es la que está en el Boletín Oficial del Estado. En estos momentos en España tenemos una reforma del sistema
de desempleo por el cual las personas están obligadas a aceptar ofertas de empleo, y eso me parece muy significativo, además de una reforma muy considerable del desempleo rural en Andalucía y en Extremadura. En ese sentido, no me puedo referir más
que a la reforma que está en el Boletín Oficial del Estado. Me parecería ridículo hacer referencia a cualquier otra.
El Pacto de Toledo creo que es un muy buen instrumento, que nosotros respaldamos cuando se creó gobernando ustedes, que ha tenido ya dos revisiones, si no me falla la memoria. Creo que es bueno que recordemos que en estos momentos toda la
sanidad en España está pagada con impuestos, y las políticas sociales también. Ha habido un claro saneamiento de la Seguridad Social, que nos permite, incluso, tener un fondo de reserva que supera el punto del producto interior bruto y que sin duda
está respaldado por la creación de empleo.
En cuanto al señor Curto, que dice que nosotros sacralizamos el déficit cero, tengo que decirle que se puede ser laico o religioso, pero en política presupuestaria ser religioso me parece que no tiene ningún sentido. Yo no sacralizo nada.
Lo que pasa es que creo que es muchísimo mejor tener equilibrio presupuestario que tener déficit público, porque ya he dicho que los países que tienen déficit público auguran más impuestos y tienen más tipos de interés. Por lo tanto, no es un
problema de sacralizar; es un problema de tomar posición sobre política económica, que S.S. puede compartir o no, pero yo le expreso la mía con todo respeto.
Hay una afirmación de S.S. sobre el desempleo que yo no comparto. No es cierto que no hayamos encontrado aquellas políticas que nos permitan solucionar el problema del desempleo, si no sería imposible que hubiéramos reducido el desempleo
del 24 al 11 por ciento. Hemos encontrado las políticas. La cuestión es continuar con ellas. Sería muy difícil entender que en un año en el que la economía española ha crecido al 2 por ciento, según el Banco de España y el Instituto Nacional de
Estadística, se hayan creado 200.000 empleos y no se haya destruido empleo en nuestra economía. Por tanto, no puedo compartir la posición de S.S. de que no hemos encontrado las políticas. ¡Claro que las hemos encontrado! Una de ellas, sin duda,
es la de reducción de los impuestos de las pequeñas y medianas empresas. El proceso de reducción de impuestos para las pequeñas y medianas empresas, que comenzó en 1996, es una de las claves que ha permitido que en estos momentos España esté
liderando la creación de empleo en Europa. Hay una diferenciación en el impuesto sobre sociedades para las pequeñas y medianas empresas, aparte de que en estos momentos en los sistemas de estimación objetiva, por ejemplo, se están reconociendo
incentivos a la inversión y declaraciones reales de IVA que antes no se hacían. Ahora bien, llegar a un tipo de impuesto de sociedades del 12 por ciento para pequeñas y medianas empresas es un objetivo de difícil apreciación.
Si S.S. me lo permite, no parece que ustedes lideren mucho la reducción de impuestos en las comunidades autónomas en las que gobierna el partido al que S.S. representa, porque no he visto que hayan hecho un especial esfuerzo para reducir
aquellos impuestos que tiene transferidos la Generalitat, y sería muy significativo que lo hicieran. Veo que el señor Homs -probablemente con muy buen criterio- tiene la misma opinión que yo sobre la estabilidad presupuestaria, y ese es un buen
principio. Como sabe muy bien S.S., no es tan fácil predicar como dar trigo.
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE: Doy las gracias a los señores portavoces por facilitar el trabajo de la presidencia y, especialmente, doy las gracias al vicepresidente por haber estado aquí con nosotros y por la información que nos ha
proporcionado.
Se levanta la sesión.
Eran las seis y treinta minutos de la tarde.