Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 128, de 04/03/2003
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2003 VII Legislatura Núm. 128
PARA LA UNIÓN EUROPEA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSEP BORRELL FONTELLES
Sesión núm. 50
celebrada el martes, 4 de marzo de 2003,
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor secretario de Estado de Asuntos Europeos (De Miguel Egea) para informar sobre: - La capacidad de los países candidatos a la adhesión a la Unión Europea (UE) para instrumentar una política de competencia compatible
con la política comunitaria, en especial en materia de ayudas de Estado. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente Congreso 212/000420 y número de expediente Senado 713/000179.) ...
- Los acuerdos de libre comercio de la Unión Europea con los países del área mediterránea y sus consecuencias para España. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente Congreso 212/000425 y número de
expediente Senado 713/000184.) ... (Página 3120)
Preguntas: - De la señora Blanco Terán (Grupo Parlamentario Socialista), sobre posición del Gobierno acerca de la política común en materia de asilo, refugio de la Unión Europea y especialmente en relación con lo aprobado por esta Comisión
Mixta el pasado 11 de febrero. (Número de expediente Congreso 181/000903 y número de expediente Senado 683/000069.) ... (Página 3128)
- Comparecencia del señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Zaplana Hernández-Soro) para informar de las previsiones del Gobierno y de los resultados obtenidos en el impulso y desarrollo de la estrategia de Lisboa, en el ámbito de su
departamento, de cara al próximo Consejo Europeo de primavera. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente Congreso 213/001120 y número de expediente Senado 711/000372.) ... (Página 3130)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EUROPEOS (DE MIGUEL EGEA) PARA INFORMAR SOBRE:
- LA CAPACIDAD DE LOS PAÍSES CANDIDATOS A LA ADHESIÓN A LA UNIÓN EUROPEA (UE) PARA INSTRUMENTAR UNA POLÍTICA DE COMPETENCIA COMPATIBLE CON LA POLÍTICA COMUNITARIA, EN ESPECIAL EN MATERIA DE AYUDAS DE ESTADO. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente Congreso 212/000420 y número de expediente Senado 713/000179.)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Agradecemos al secretario de Estado su siempre, y quiero recalcarlo así, disposición a comparecer ante esta Comisión. Todos sabemos lo difícil que es casar nuestras agendas con las del Gobierno, pero siempre encontramos en la figura del
secretario de Estado la disponibilidad, que es muy de agradecer, porque él también tiene una agenda muy complicada. No vamos a gastar tiempo en prolegómenos, puesto que hoy tenemos dos comparecencias de miembros del Gobierno, por lo que damos la
palabra al secretario de Estado para que efectúe la intervención inicial sobre el objeto de su comparecencia.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EUROPEOS (De Miguel y Egea): Reitero mi satisfacción de estar de nuevo en la Comisión Mixta y con mucho gusto voy a empezar -me imagino que algunos de los portavoces se irán incorporando- para ir
avanzando el trabajo, porque, según me indican, esta mañana también se va a producir la comparecencia de otro miembro del Gobierno.
Hay dos comparecencias que quisiera separar porque son dos temas completamente diferentes. Una se refiere a los países mediterráneos y la otra a los países del Este.
El señor PRESIDENTE: Habrá dos turnos completos de intervención por parte de todos los miembros de la Comisión.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EUROPEOS( De Miguel y Egea): La primera comparecencia se refiere a la capacidad de los países candidatos a la adhesión para instrumentar una política de competencia compatible con la política
comunitaria, en especial en materia de ayudas de Estado.
El Tratado y el Acta de Adhesión de los diez nuevos miembros de la Unión Europea (Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Malta, Letonia, Lituana, Polonia y la República Checa)
recoge las condiciones y los compromisos que han sido aceptados por las partes para concluir las negociaciones del capítulo 6, relativo a la política de competencia. Este es uno de los capítulos que permanecen abiertos con otros dos países
candidatos (Bulgaria y Rumanía), que podrían ingresar en la Unión Europea en el año 2007. La política de competencia había sido ya objeto de negociaciones difíciles en el marco de los acuerdos europeos de asociación, que fueron los acuerdos previos
que se negociaron con estos países y que han regido y rigen hasta la adhesión efectiva las relaciones económicas entre los países candidatos y la comunidad. Las obligaciones que los países candidatos asumieron en ese marco hubieran debido llevarles
a la práctica equiparación de sus legislaciones en materia de competencia con las impuestas por la propia normativa comunitaria. Pero ya sea porque esas obligaciones
superaban quizá lo que esos países podían asumir o ya sea porque la propia comunidad dio muestras de cierta lenidad en la exigencia de aquellas, el hecho es que la negociación del capítulo de competencia en la ampliación ha sido compleja y
delicada en la medida en que afecta a uno de los fundamentos del mercado interior, que es la columna vertebral del proceso de integración europea.
El cumplimiento por los diez futuros Estados miembros de las reglas del juego de la Unión requiere, por un lado, un esfuerzo muy importante de reestructuración, con unos costes financieros y sociales muy considerables, incluyéndose algunos
especialmente sensibles como la siderurgia, la automoción, la construcción, la reparación naval y el sector bancario, y además conlleva la renuncia a ventajas comparativas respecto de otros competidores que resultan incompatibles con el acervo
comunitario. En la mayoría de los casos se trata de ayudas fiscales, que no sólo impiden la adecuada reestructuración económica, sino que retrasan la preparación de los diez a su plena integración en el mercado interior.
A título de primer
ejemplo, en el sector siderúrgico en Europa central, especialmente desarrollado en Polonia y en la República Checa, no ha habido una correlación entre producción y consumo, y existe un grave problema de productividad muy inferior a la media de los
actuales Estados miembros. Comparemos la cantidad de 110 toneladas por hombre/año de productos siderúrgicos frente a 550 toneladas por hombre/año en los países de la actual Unión Europea. Esta situación ha de reconducirse con ocasión de la
adhesión de los diez, en particular en la presente coyuntura mundial del acero, en la que, tras la imposición de medidas unilaterales por Estados Unidos para proteger su mercado, existe un riesgo de que se desvíe hacia la comunidad la
sobreproducción de otros países.
Los principios que han guiado las negociaciones con los diez, y en los que España ha hecho especial hincapié, son el respeto de unas condiciones de competencia iguales para todos y la aceptación solamente de las ayudas compatibles con el
acervo comunitario. El resto deberá reconvertirse o suprimirse en el momento de la adhesión, prevista el 1 de mayo de 2004.
Con ello se trata de conjurar el riesgo de una competencia desleal en violación de las reglas del mercado interior
susceptible de traducirse en una deslocalización importante de inversiones.
Un aspecto de especial trascendencia ha sido la necesidad de verificar la compatibilidad de las ayudas de Estado concedidas por los diez a operadores económicos extranjeros antes de la adhesión, para fomentar las inversiones y encontrar la
mejor fórmula para que sean asumidas sin costes negativos para los Estados miembros. Este fue el caso de las inversiones en el sector de la producción de automóviles en Eslovaquia, cuya discusión en el marco de las negociaciones de ampliación
desafortunadamente coincidió con la decisión de la empresa Volkswagen de trasladar el 10 por ciento de la producción del Seat Ibiza de la planta de Martorell a sus instalaciones en Bratislava y cuya existencia misma es producto de un esquema fiscal
privilegiado que había que variar. Gracias al empeño de España, se mejoraron sustancialmente las condiciones del cierre del capítulo con ese país, mediante el reforzamiento del control del cumplimiento de los compromisos asumidos en la posición
común y la mayor precisión de las cifras de las inversiones en el sector de la automoción a las que se aplican las ayudas fiscales.
Permítame, señor presidente, que me detenga algo más en este caso que revistió especial importancia para España. Las medidas de ayuda pública deberán reconocer en general las condiciones especiales del mercado en esos sectores, permitiendo
únicamente la concesión de unas ayudas cuya intensidad sea sustancialmente inferior a la intensidad a la ayuda regional que fuera en otro caso aplicable. La Unión Europea ha aceptado la petición de Eslovaquia de un período transitorio de exención
del impuesto de sociedades de diez años, que había sido concedido en 1998, sobre la base del reglamento del gobierno eslovaco 192/1998, hasta el final del ejercicio fiscal 2008. El beneficio total de la ayuda con cargo a esta exención fiscal no
debe ser superior al 30 por ciento de los costes de inversión subvencionables del proyecto correspondiente en los que se haya incurrido desde el momento en que tuvo efecto la decisión de conceder la ayuda. Es decir, en caso de que se alcance el
nivel del 30 por ciento antes de la fecha estipulada se interrumpirá la medida y se adecuará en su integridad al impuesto sobre sociedades normal para la parte de los ingresos de la sociedad cuya exención del impuesto produjese como resultado el
rebasamiento del nivel máximo de la intensidad de la ayuda. Para garantizar una aplicación correcta de este régimen, Eslovaquia presentará a la Comisión informes semestrales sobre el control de la ayuda concedida al beneficiario. El objetivo de
esta ayuda ha de ser el desarrollo regional y no la concesión de una ventaja indebida al beneficiario.
Señorías, en el Tratado y en el Acta de Adhesión se han recogido unos compromisos que permitirán, si son debidamente aplicados por los diez, que éstos se doten de la capacidad necesaria para instrumentar una política de competencia
compatible con el acervo comunitario, en especial en materia de ayudas de Estado. En el área de la legislación y las prácticas antitrust, la situación es en general satisfactoria. Para ello, los nuevos Estados miembros adoptarán las medidas que
resulten necesarias para que dichas ayudas sean conformes al acervo desde el momento de la adhesión o, en los casos en que ello esté justificado, el vencimiento de los correspondientes períodos transitorios. Estas derogaciones transitorias reúnen
en todos los casos los siguientes requisitos. En primer lugar, deben tener carácter excepcional. En segundo lugar, deben estar
limitadas en el tiempo y en su alcance. En tercer lugar, deben ir acompañadas de un plan en el que se definan con claridad las etapas para la paulatina aplicación del acervo comunitario. Y en cuarto lugar, no pueden implicar una
modificación de las normas o las políticas de la Unión, perturbar su correcto funcionamiento o propiciar una distorsión significativa de la competencia. Por ejemplo, en el caso de la industria siderúrgica las ayudas de Estado a la reestructuración
deberán garantizar la viabilidad de la empresa beneficiaria en condiciones normales de mercado al final del período, limitarse en cuanto a su cuantía a lo que resulte estrictamente necesario para lograr dicha viabilidad, ser decrecientes y lograr
una racionalización y reducción de la capacidad productiva.
Las derogaciones transitorias aportadas se refieren, en primer lugar, a las ayudas fiscales. Además de la comentada sobre el sector de la automoción en Eslovaquia, para las ayudas a pequeñas y medianas empresas se han introducido unos
períodos transitorios para Hungría, Malta y Polonia que van de siete a ocho años. Chipre y Malta deberán eliminar sus ayudas fiscales incompatibles a las empresas off shore en un plazo de dos años. Hungría, Malta y Polonia deberán convertir las
ayudas fiscales incompatibles a las grandes empresas en ayudas a la inversión regional, suprimiéndolas en el momento en que se alcancen los techos establecidos en el Acta de Adhesión, entre el 75 y el 50 por ciento de los costes de inversión
elegibles. Hungría y Polonia deberán convertir las ayudas fiscales incompatibles al sector de la fabricación de automóviles en ayudas a la inversión regional e interrumpirlas cuando se alcance el 30 por ciento de la inversión total. En cuanto a
Eslovaquia, las ayudas incompatibles a un beneficiario, como es el caso de US Steel, deberán suprimirse en cuanto se alcance la cifra de 500 millones de dólares o transcurridos seis años. Otros ámbitos en los que se conceden períodos transitorios a
las ayudas fiscales son aquellos relativos a las ayudas proporcionadas por autoridades locales, Hungría cuatro años, y las leyes de promoción empresarial, Malta cinco años. También se han pactado períodos transitorios para las ayudas que permitan
incorporar y aplicar efectivamente el acervo y los compromisos negociados en el capítulo 22, que es el capítulo de medio ambiente.
El Tratado de Adhesión concede un período de tres años para la reestructuración de la industria del acero en Polonia y en la República Checa. Dada la importancia de que dicha reestructuración se ajuste escrupulosamente al acervo y de que en
ningún caso se produzca una competencia desleal con la industria del acero de los actuales Estados miembros, el Tratado de Adhesión contiene dos protocolos en los que se acotan nítidamente las condiciones que habrán de cumplir ambos países.
Así el
protocolo sobre la reestructuración de la industria polaca del acero establece que no se podrá conceder ninguna ayuda de Estado tras la fecha de adhesión, que la reestructuración del sector del acero deberá concluir el 31 de diciembre de 2006, que
sólo podrán beneficiarse de ayudas hasta los máximos fijados en el protocolo las empresas que figuren en el anexo 1, que queda prohibido otorgar cualquier ayuda pública con motivo de la venta de una compañía o de parte de sus activos, que la
reducción neta de la capacidad de producción al final del período deberá ser de 1.231.000 toneladas, que dicha reducción requerirá el cierre definitivo de las instalaciones mediante su destrucción física, de modo que no puedan volver a entrar en
funcionamiento y que, por último, Polonia deberá proporcionar a la Comisión informes semestrales sobre el proceso de reestructuración no más tarde del 15 de marzo y el 15 de septiembre de cada año hasta el final del período. Naturalmente, en caso
de incumplimiento por Polonia de las condiciones del protocolo, el período de transición queda sin efecto y la Comisión podrá adoptar las medidas necesarias para que las empresas beneficiarias devuelvan las ayudas recibidas. Por último, Malta podrá
mantener ciertas ayudas a la reestructuración de sus astilleros durante un período de cinco años.
Señor presidente, considero que se puede concluir que los resultados plasmados en el Tratado y en el Acta de Adhesión son aceptables y deberían permitir que los diez instrumenten una política de competencia compatible con la política
comunitaria, en especial en materia de ayudas de Estado. Para asegurarnos de que ello sea así, la Unión se ha dotado de un instrumento de supervisión que, con esta manía de utilizar palabras foráneas, se llama mecanismo de monitoring. Con esta
supervisión de los avances realizados por los Estados adherentes en la adopción y aplicación del acervo, así como el cumplimiento de los compromisos adquiridos en las negociaciones, se pretende controlar cuál es la evolución de todo este sistema.
Con esta finalidad, la Unión Europea prestará especial atención a los sucesivos informes y tablas de monitoring que la Comisión se ha comprometido a elaborar y muy en particular al informe global que se hará público a finales del próximo mes de
octubre, seis meses antes de la adhesión. Para ello, los Estados adherentes deberán facilitar periódicamente por escrito a la Comisión y a los respectivos consejos de asociación información detallada, singularmente sobre las nuevas iniciativas
legislativas, los cambios de su capacidad administrativa y las medidas de puesta en vigor que se estén realizando.
Si pese a todo, en el informe global de octubre próximo que va a presentar la Comisión se constatara que un Estado adherente no cumple con lo pactado, la Unión Europea podrá recurrir a la aplicación desde el momento de la adhesión de las
cláusulas de salvaguardia, la famosa cláusula general de salvaguardia y la específica relativa al mercado interior, contempladas en el Tratado de Adhesión. Además, en caso de incumplimiento por el Estado adherente de las condiciones acordadas con
la Unión, los períodos transitorios quedarán
sin vigencia y se aplicará el acervo sin ningún tipo de derogación transitoria. En este caso corresponderá a la Comisión, en virtud del artículo 88 del Tratado, la adopción de las medidas apropiadas que exija el desarrollo progresivo o el
funcionamiento del mercado común.
Para terminar, señorías, quisiera reiterar que España anunció en su momento, y lo ha cumplido en el curso de las negociaciones de ampliación, que se mostraría especialmente vigilante y estricta en este capítulo. No se trata de una actitud
gratuita y arbitrariamente exigente, sino plenamente conforme con respecto a una política común, que es la política de la competencia, que constituye un pilar básico del buen funcionamiento del mercado interior. Francamente, en mi opinión, las
condiciones establecidas en el Tratado y el Acta de Adhesión responden a este criterio estricto que hemos venido preservando desde el principio de las negociaciones.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, secretario de Estado, por su explicación.
Es el turno de intervención de los portavoces. El Grupo Popular dirá si desea intervenir el primero, como le corresponde, por ser el grupo interpelante. (Denegaciones)
Corresponde al Grupo Socialista intervenir en primer lugar.
Tiene la palabra el señor García Breva.
El señor GARCÍA BREVA: Para el Grupo Socialista, al igual que ha señalado el presidente, también es una satisfacción comprobar la asiduidad y la disponibilidad del secretario de Estado para comparecer ante esta Comisión. Siempre lo
decimos, pero me gusta destacarlo porque realmente es así, aunque en este caso me estaba fijando en que la fecha de solicitud de la comparecencia en el expediente es de abril de 2001; es decir, ha pasado bastante tiempo desde que se solicitó esta
comparecencia. No sé que tendría pensado decir en abril de 2001 el secretario de Estado, pero nunca es tarde si la dicha es buena.
Ha incidido en algún aspecto que a mí particularmente me interesa bastante, porque lo hemos tocado en alguna otra comparecencia. Quisiera decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que nos ha contado el secretario de Estado en su
comparecencia, me parece que los términos son aceptables, pero he echado de menos un análisis más concienzudo de las condiciones en las que se va a regular la competencia con la incorporación de diez nuevos miembros a la Unión Europea, es decir, el
contexto en el que nos encontramos. El señor secretario de Estado ha hecho una leve alusión al proceso de deslocalización industrial que se está produciendo en el sector del automóvil, y a los riesgos de que dicho proceso persista en el tiempo y se
acentúe con la adhesión de estos diez Estados a la Unión; un proceso que no ha terminado. Sin embargo, oyendo al secretario de Estado, da la impresión de que todo es más sencillo y más fácil; yo calificaría su intervención de exposición a la
defensiva para protegernos del efecto que pueda tener la ampliación al competir con los sectores económicos de España.
Quiero empezar recordando cómo presenta la Comisión la repercusión de la ampliación dentro de las nuevas posibilidades de reorganización de la competencia en la Unión Europea; en concreto, destacaré cuatro elementos.
En primer lugar, hay
grandes diferencias entre los países candidatos a la adhesión y los Estados miembros actuales, pero estas se van atenuando; es decir, que los países candidatos están haciendo un gran esfuerzo de convergencia gradual, que hace que se reduzcan las
diferencias. Esto es una ventaja para España en este momento, pero es una amenaza para el futuro; luego explicaré por qué.
Los actuales miembros de la Unión Europea se están beneficiando ya del proceso de ampliación; podemos mencionar la inversión extranjera directa y los beneficios del mercado interior. Digo lo mismo que en el caso anterior: esto, que es una
gran oportunidad para España, me da la impresión de que puede convertirse en una amenaza por la reducidísima cuota de penetración de las inversiones y empresas españolas en los mercados de los diez nuevos socios.
Hay otro aspecto aún más importante, que aparece muy bien reflejado en los documentos de la Comisión: la política de la Unión Europea respecto a los nuevos socios se basará en la especialización flexible -que no voy a explicar, porque sé
que el secretario de Estado lo entiende-, buscando no sólo el bajo coste de los factores de producción de los nuevos miembros sino también la transferencia tecnológica y de conocimiento. Desde la perspectiva de la especialización flexible, creo que
España debería analizar cómo competir con estos nuevos Estados con una política agresiva -entre comillas-, en vez de con la defensiva que he deducido de lo que ha dicho el secretario de Estado. Luego calificaré los datos, pero la cuota de España en
el total de exportaciones e importaciones a los PECO no llega al 2 por ciento y la de inversión extranjera directa que llega a los PECO es del 0,5 por ciento. Además, hay un dato que ya he mencionado otras veces, pero que no perderá relevancia por
mucho que lo repita: la inversión que hace España en I + D y en tecnologías de la información y de la comunicación es exactamente igual en porcentaje de PIB que la que hacen los PECO; hablamos de porcentajes del 0,9 por ciento del PIB en I + D y
del 2,1 por ciento en tecnologías de la información y de la comunicación. La semana pasada se hacían eco los medios de comunicación de un informe de la comisaria de Asuntos Sociales sobre el esfuerzo en formación continua en los países candidatos,
y a mí me dejó muy preocupado el hecho de que siete de los diez candidatos hacen un esfuerzo mayor que España en formación
continua, la que se da en las empresas. Si a eso añadimos que la cualificación de los recursos humanos de estos países es elevada, por no decir que es similar a la de los españoles, veremos que los esfuerzos de convergencia, que en otro
momento podrían haber sido una oportunidad, ahora pueden ser una amenaza.
Insisto en que todo esto nos lleva a los fenómenos de deslocalización industrial. Ya critiqué en su momento que la ministra, ante lo que ocurrió en Volkswagen o en Seat, en Barcelona, llegara poco menos que a anunciar la posibilidad de
bloquear el ingreso de Eslovaquia. Esto ocurrió hace casi seis meses y ahora me parece más razonable la explicación que le he oído al secretario de Estado; y también me parece bastante más razonable lo que se viene haciendo.
Voy a aportar un último dato que me parece interesante. Ahora no me referiré a cómo está España en el cuadro de indicadores de innovación, en los que se encuentra en la cola, según los informes de la Comisión; sin embargo, sí que hablaré
de la mala ejecución de los fondos estructurales durante el período actual 2000-2006, que se desprende de los informes de la Comisión. Los saldos pendientes de liquidación son altos y el período de programación actual tiene un nivel de ejecución
bajo. El resultado del análisis que mi grupo hace de estos datos es escandaloso. La baja penetración o cuota de presencia de España en estos países es reflejo de que esta ha carecido de estrategia para competir con ellos; ha carecido de
estrategia para aprovecharse tanto de las oportunidades de la ampliación como de las ventajas. En suma, no ha sabido elaborar una estrategia adecuada para combatir las amenazas y competir con estos nuevos Estados. La incapacidad que se ha
demostrado hasta la fecha de incrementar nuestra inversión extrajera directa en estos países concuerda con lo que estoy diciendo, y, como resultado, el papel de España en estos momentos es comprometido: competimos con estos países en productos y
servicios, y por el mismo mercado. Esta situación podría producir el deterioro de nuestro saldo comercial en un futuro próximo y merece una respuesta distinta de la que he podido deducir de las palabras del secretario de Estado; merece una
respuesta menos defensiva y más ofensiva.
Voy a terminar con una relación de preguntas, que son las que me gustaría que respondiera el secretario de Estado, aunque muchas de ellas no son de su competencia. Estamos hablamos de un tema fundamental para la economía española. Me
gustaría saber qué se está haciendo para aprovechar las ventajas que puede tener para España la extensión del mercado interior; qué se está haciendo para competir según ese principio de especialización flexible que tanto daño nos puede hacer; qué
se está haciendo para incrementar la participación de España en proyectos de inversión extrajera directa en los países candidatos; qué se está haciendo para mejorar la calidad de nuestro productos, para que puedan seguir compitiendo con ventajas
con estos nuevos países; qué se está haciendo para incrementar nuestras exportaciones a los PECO y nuestra cuota de mercado en esos países; y qué se está haciendo para traer más inversión extranjera a España, puesto que sigue teniendo fondos
estructurales y grandes ventajas de localización. En cuanto a la formación, qué políticas públicas de I + D y de formación ocupacional se están llevando a cabo para competir con los nuevos Estados de la Unión Europea. Por otra parte, ¿cuáles son
los criterios de gestión de los fondos estructurales para el actual período de programación, con vistas a optimizar su aplicación en cuanto a factores de competitividad? Estos últimos son los que debemos impulsar realmente para competir en la
Europa ampliada. Por último, ¿qué se está haciendo para aprovechar las grandes necesidades de inversión que tienen los países candidatos? El señor secretario de Estado ha hablado del coste del acervo; es un coste para los países candidatos, es
cierto, pero es también una gran oportunidad para España; ¿qué se está haciendo en este sentido?
El señor PRESIDENTE: ¿Convergència i Unió? (Pausa.) No hay nadie.
¿Grupo Vasco? (Pausa.) Tampoco está presente.
¿Grupo Mixto? (Pausa.) Tampoco contamos con su presencia.
¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria? (Pausa.) No desea intervenir.
¿Entesa dels Catalans? (Pausa.) Tampoco está.
¿Izquierda Unida? (Pausa.) Tampoco está presente.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
El señor BARCELÓ PÉREZ: En primer lugar, quiero manifestar mi satisfacción por la comparecencia del señor secretario de Estado de Asuntos Europeos.
He escuchado las manifestaciones del señor secretario de Estado y me parecen muy correctas. Al mismo tiempo, he atendido las manifestaciones del representante del Grupo Parlamentario Socialista. Todo me parece perfecto, pero esas
manifestaciones del Grupo Parlamentario Socialista se deben a otro debate totalmente distinto. El proceso de ampliación de la Unión Europea no es algo novedoso, ya se produjo en otros momentos de la historia. La construcción europea es un proceso
difícil que no termina en el momento actual, porque nuevos países tienen que integrarse, pues la fuerza de la Unión Europea es la ampliación de la misma.
Dicho esto, sería muy importante recordar el preámbulo del Tratado de la Unión, que dice que estamos dispuestos a salvar una nueva etapa en el proceso de integración europea, enfatizando que la división del continente no es favorable ni
buena. En este momento España, lo mismo que el resto de la Unión, está marcando
un proceso, unos cauces y unos caminos para integrarnos y convertirnos en lo que hoy somos. Si volvemos la vista atrás, era impensable estar en el área del euro, una moneda fuerte que hoy es refugio de muchas monedas en el mundo, que tiene
en este momento una cotización superior al dólar.
Todo esto nos tiene que satisfacer, pero no sería justo pensar que únicamente tenemos que salvaguardar nuestras propias producciones en contra de las de los demás países. Esto no quiere decir que
haya que cumplir unas reglas de juego que son las que se están imponiendo para que suceda lo que tenga que suceder al final. Para esto es indispensable que los actuales países que pretenden adherirse lo hagan asumiendo los principios de libertad,
democracia y respeto a los derechos humanos.
Aunque no es el debate de hoy, es bueno decir esto aquí. Las libertades fundamentales, el Estado de derecho, sin olvidar el progreso social y económico de los pueblos, y la protección del medio ambiente
también son cuestiones importantes que corresponden a otro debate, pero estamos en una reunión informativa e importante para saber por dónde van los tiros -expresión poco académica- sobre la integración de los nuevos países de la Unión Europea.
De las conclusiones que he sacado de la presencia y de las explicaciones que ha dado el señor secretario de Estado deduzco que es importante saber si van a estar inmersos en una economía de mercado y su capacidad para hacer frente a la
presión de las competencias y las fuerzas del mercado de la Unión como capacidad de asumir las obligaciones que se deriven de la adhesión, incluidos los objetivos políticos, económicos y sociales.
Con esto englobamos el proceso de la Unión.
Aparte de las cuestiones técnicas que podamos discutir, hay un principio mucho más importante que es el filosófico. Somos europeos, no europeístas, y aspiramos a que sean más europeos los que convivan con nosotros. Queremos un Estado
europeo, una Europa mucho más fuerte con doble nacionalidad, ser ciudadanos de un Estado y, al mismo tiempo, ciudadanos europeos. No quería hacer ninguna pregunta sino simplemente una matización o un pequeño speech filosófico sobre las ideas que a
todos nos atraen y con las que estamos de acuerdo. Ante todo, hay que pensar que España está cumpliendo lo que dice, está vigilante para que ese proceso siga adelante sin que en ningún momento perjudique las producciones y las riquezas de las
comunidades autónomas.
Señor presidente, señor secretario de Estado, señorías, esto es todo lo que tenía que decir.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, para responder a los portavoces, el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EUROPEOS (De Miguel y Egea): Seré breve.
En primer lugar, quiero agradecer las expresiones amables del presidente y de otros diputados que han manifestado mi total disponibilidad para comparecer. Esa supuesta buena disponibilidad parece que está en contradicción con el hecho de
que esta comparecencia de hoy se produce, como decía el diputado Javier García Breva, casi un año después, porque es de abril del año pasado. (El señor García Breva: dos años.) De acuerdo, dos años, pero desconozco los vericuetos por los que estas
cosas tardan tanto tiempo. El presidente sabe que estoy a disposición de SS.SS.
desde el día en que se planteó venir aquí, pero por diversas circunstancias se ha quedado desfasado. Esto no es malo, porque sobre el tema del marco general de la
competencia no hubiera podido ser tan explícito como ahora que está cerrado el Tratado de Adhesión.
Me decía el señor García Breva que parecía que mi exposición era defensiva; no es defensiva, simplemente he hecho una descripción del marco general de la competencia, habiendo aplicado el Tratado de Adhesión. Todo el mundo sabe que en los
tratados no se negocia el acervo comunitario, lo que se negocia es el catálogo de derogaciones temporales a la plena aplicación del acervo. Es evidente que si aplicáramos el acervo comunitario, tal y como está la política de la competencia, a estos
países, muchas de sus industrias de base quebrarían porque no soportarían la competencia inmediata con las industrias del mismo tipo en los países comunitarios. Ellos han negociado una serie de períodos transitorios, la posibilidad de la concesión
de una serie de ayudas de Estado, la posibilidad de ayudas fiscales y nuestro objetivo ha sido, sin ser cicateros y recordando que nosotros también negociamos unos períodos transitorios para nuestra industria, para salvar nuestra siderurgia y
nuestras minas, hacerlo de tal manera que esa cultura que existe de la ayuda de Estado y la subvención pública en los países que han tenido socialismos populares vaya desapareciendo paulatinamente. Deben comprender que tienen que competir en un
mundo que es el del mercado único, que el objetivo es situar a las industrias en niveles de producción realistas, como es el caso del acero, y entrar en el ámbito de las reglas de competencia y ayudas del Estado que se dan en los países
comunitarios. Es evidente que también en nuestro país hay un sistema de ayudas de Estado. Algunas ayudas son compatibles con el Tratado, como todo el mundo sabe, y otras no, por lo que se denuncian por parte de la Dirección General de la
Competencia y se pueden llevar al Tribunal de Justicia. La idea es que estos países entren progresivamente en ese sistema. Esa ha sido mi descripción para que esta Cámara y esta Comisión conozcan que somos fieles a la palabra que nosotros dimos,
que seríamos generosos y flexibles en otros muchos campos, pero que en el terreno de la competencia no estábamos dispuestos a hacer cesiones. Todos los aquí presentes recuerdan lo muy dolorosa que ha sido la reestructuración industrial de España;
particularmente, me imagino que el Partido Socialista, que le tocó gobernar en aquellos años después de la adhesión, tiene recuerdos muy vivos de lo que fue el ajuste estructural a nivel industrial en toda España y las cifras de paro
estructural que se derivaron, que hemos sufrido y que, por suerte, estamos pudiendo superar, sobre todo a partir del año 1996. Estas son las reglas. Otra cosa es cómo vamos a plantear nuestra presencia industrial en esos países y cómo vamos a
reaccionar frente a la competencia que nos viene. Este Gobierno ha mantenido siempre -por cierto, no es una teoría nueva sino que lo es también del Gobierno anterior- que la ampliación no debe ser presentada nunca como una amenaza sino como una
gran oportunidad que tiene un reto al cual hay que responder, porque hay una realidad y es que incluso aplicando las reglas de la competencia, incluso eliminando las ayudas de Estado en todos estos países, es obvio que tienen muchas condiciones para
poder competir con ventaja con nosotros y con otros. No empecemos ahora a rasgarnos las vestiduras sobre la deslocalización y sobre la competencia que puede venir de aquellos países. Recordemos que España no es en este momento el tercer productor
europeo de automóviles por milagro, sino porque también se produjo una deslocalización. Figueruelas, Almusafes y Martorell no han nacido de la nada; que yo sepa, este país no tiene tradición de industria de automoción como puede ser la británica o
la italiana -países por cierto a los cuales superamos en producción de automóviles en este momento-, sino que simplemente, en su día, los grandes inversores vieron que en España había grandes oportunidades porque contaba con mucho de lo que estos
países tienen ahora, es decir, una mano de obra cualificada y unos costes de producción más baratos. Debo decir que estos países, además de tener ahora costes de producción más baratos y una mano de obra tan cualificada como la nuestra, tienen una
ventaja adicional que no conviene olvidar y es el acceso a los mercados. La mayor parte de estos países están en la gran llanura europea, pueden hacer llegar el abastecimiento a las fábricas y el producto terminado por ferrocarril en cuestión de
horas, cuando España todo el mundo sabe que es todavía una península periférica y lejana del centro económico de la Unión. Por lo tanto tenemos que enfrentar esa situación. Es seguro que habrá una deslocalización, de la misma manera que la hubo en
los países de Europa occidental con respecto a España.
El señor García Breva tiene mucha razón en que no tenemos que ver tanto las condiciones estáticas de la competencia, sino las condiciones dinámicas de cómo vamos a competir nosotros. Por tanto todas las preguntas que se hace el señor García
Breva naturalmente nos las hacemos todos y desde luego el Gobierno. Tenemos que constatar, efectivamente, que España tiene todavía un nivel bajo de penetración comercial y de inversiones en los países del Este. No es un secreto. Responde a la
realidad de que España ha estado durante siglos muy lejos del mundo del este europeo, históricamente por razones obvias que todo el mundo conoce y, en épocas cercanas, por la diferencia de regímenes políticos y la distancia que había, que era
grande, y además porque España no estaba en condiciones de ser un país inversor en ningún sitio hasta muy recientemente. El primer gran salto inversor de España hacia el exterior ha sido su área de expansión natural, el mundo de Latinoamérica.
Debo decir que se fomentó con mucho acierto ya en los años del anterior Gobierno y se ha continuado en éste. Ya hemos visto los problemas que puede traer una cierta concentración de todas las inversiones en un área geográfica. Sabemos por las
dificultades que están pasando algunas de las más importantes inversiones españolas en muchos países latinoamericanos por las razones que todos conocemos. Ahora la inversión y la industria española han adquirido un cierto nivel de experiencia y un
grado de madurez; además precisamente esos mercados de Iberoamérica tienen menos oportunidades y es el momento en el que la industria española está empezando a dar el giro -por cierto, el momento no es precisamente óptimo, porque todo el mundo sabe
que estamos en un periodo de equilibrio económico- para prestar atención a esos mercados, algunos de los cuales tienen bastantes dificultades. No nos olvidemos que con excepción de Polonia y quizá Rumania el resto son pequeños países con mercados
de cinco o seis millones de habitantes, en los cuales precisamente las inversiones no tienen un gran atractivo, pero indudablemente también se puede decir que otros países como Italia, Alemania o Francia lo han sabido aprovechar. Nosotros tenemos
que saber aprovecharlo, para lo cual se ha desarrollado una serie de planes de comercio exterior y de inversiones en todos los países de Europa central y oriental, planes que ha puesto en marcha el Ministerio de Economía, con una actividad bastante
importante de presencia en ferias, en exposiciones y en reuniones de empresarios. Se han abierto oficinas comerciales que en muchos sitios no había, prácticamente en todos los países candidatos de la adhesión. Una muestra de este creciente interés
que se ha sabido despertar en estos países es que hace 15 días ha habido una reunión del ICEX sobre nuevas oportunidades en los países candidatos a la adhesión. Yo no recuerdo haber visto nunca una reunión de empresarios más numerosa, creo que
había más de 1.300, lo cual quiere decir que estamos en una situación en la que vamos aumentando nuestra presencia, nuestras inversiones y nuestro comercio, pero que realmente, con la excepción de Polonia, donde hay inversiones e implantación de
empresas españolas de cierta importancia, en el resto tengo que reconocer con el señor García Breva que las inversiones van un poco por detrás de lo debería esperarse de un país que quiere aprovechar estas oportunidades que la ampliación
nos propone. Es una ocasión más para hacer un recordatorio de la necesidad que tenemos verdaderamente de hacer un esfuerzo hacia el este. Hemos hecho también un esfuerzo en el terreno institucional -todo el mundo sabe que España es en este
momento el segundo país en número de hermanamientos institucionales con los países del este europeo-. Estamos lanzando una gran operación para tener una mayor presencia en los concursos de los grandes fondos comunitarios que se dedican a la
preadhesión y a los países del Este, que son los fondos ISPA y SAPARD. Queda muchísima tarea por hacer. Tenemos que hacer un gran esfuerzo exportador. Muchos sectores españoles todavía no se han dado cuenta de esa gran oportunidad que tienen.
Hace unas semanas, cuando un sector importante de exportación hortofrutícola todavía se quejaba de la creciente competencia que venía de los países mediterráneos, objeto de la próxima comparencia, yo les decía que ahora hay diez nuevos países para
la exportación de nuestros productos más agresivos, que son las frutas, hortalizas y cítricos, que antes nos estaban totalmente cerrados. Por tanto no veamos siempre la botella medio vacía, veámosla medio llena, porque se nos abren oportunidades
muy importantes, que muchos sectores todavía no ven, y naturalmente es deber del Gobierno, y así lo reconozco, despertar el interés de los exportadores y de los operadores españoles hacia ese mundo, que es nuestro, que es europeo, que va a estar
incluido en todo el mercado interior y en el cual hay posibilidades extraordinarias. Por tanto creo que hemos asegurado un marco de aplicación de las reglas de libre competencia en el mercado interior y de control de los periodos transitorios y de
las ayudas fiscales que se van a dar. El terreno de juego lo tenemos asegurado. Ahora hace falta que juguemos el partido y hay que hacerlo con agresividad, con interés y con incentivos. En este empeño está el Gobierno. Los resultados todavía no
son espectaculares, pero se verán en los próximos años, y desde luego a partir de 2004, en que estos países serán miembros, una gran parte de la industria española, de la inversión española y de los exportadores españoles estarán en condiciones de
aprovechar todas las ventajas de ese nuevo mercado interior ampliado. (El señor García Breva pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Mínima, extraordinaria y excepcional intervención, señor García Breva.
El señor GARCÍA BREVA: Mínima, señor presidente. Sólo voy a decir tres cosas. La primera, que en un día como hoy es una satisfacción escuchar al portavoz del Partido Popular decir que somos europeos y que queremos una Europa fuerte. He
creído entender el sentido en que lo ha dicho y estoy totalmente de acuerdo. Me parece muy importante que se diga hoy. En segundo lugar, quiero corregirle porque, más o menos, ha dicho que este portavoz ha querido plantear otro debate.
Sinceramente creo que no; aunque parezcan dos, es el mismo debate. Hay dos procesos, el de reducción de las ayudas públicas, y le agradezco la lectura de la reconversión industrial de aquellos años, que no es la que siempre ha hecho el partido
gobernante en esta legislatura, y el de incremento de la competitividad paralelo al de reducción de ayudas públicas; dentro de ese incremento de la competitividad están las oportunidades que presenta la ampliación. Cuando el señor secretario de
Estado dice que las preguntas que yo le he hecho en mi anterior intervención se las está haciendo el Gobierno, no sólo me quedo perplejo, sino que tengo serias dudas al respecto. Esas preguntas las hemos planteado aquí, concretamente en el debate
presupuestario de los meses de octubre y noviembre, y no hemos tenido respuesta. Respecto a la reunión del ICEX, me duele que haya llegado después de la cumbre de Copenhague, ha llegado tarde y mal. La política del Gobierno actual se debería haber
anticipado a un hecho tan importante como es la ampliación. Llegamos tarde, señor secretario de Estado.
El señor PRESIDENTE: ¿Alguna observación, señor Barceló?
El señor BARCELÓ PÉREZ: Muchas gracias por ese reconocimiento, que se basa en una cosa muy simple, y es que tan europeos somos los mediterráneos como los bálticos, entre otros, y eso no lo digo en esta ocasión, sino que siempre lo hemos
manifestado así. No quiero criticar el hecho de que se abra un debate más amplio en torno a la comparecencia del señor secretario de Estado, al contrario, me parece bien, aunque no sea sobre lo que estrictamente se ha venido a suscitar con la
misma. Sin duda, lo que el Gobierno español ha creado es una economía de mercado con más competencia y menos protección y, basándose en eso, lo que está propiciando es que los otros países que se vayan a incorporar vigilen que continúen aplicándose
esas reglas de juego. Muchas gracias por la alusión y sobre todo por el debate y la magnífica exposición del señor secretario de Estado.
El señor PRESIDENTE: ¿Desea añadir alguna observación final el señor secretario de Estado?
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EUROPEOS (De Miguel y Egea): Seré telegráfico. Agradezco al senador don Miguel Barceló sus palabras y su enfoque del tema. Coincido con él. Al diputado don Javier García Breva quiero recordarle
que el plan comercial para la ampliación data del año 2000, bastante antes de Copenhague, y por tanto esa reunión del ICEX -y le remito a las intervenciones del vicepresidente señor Rato y del presidente del Gobierno- era un acto más de todo un
programa que se está llevando a cabo desde hace tiempo.
- LOS ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO DE LA UNIÓN EUROPEA CON LOS PAÍSES DEL ÁREA MEDITERRÁNEA Y SUS CONSECUENCIAS PARA ESPAÑA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente Congreso 212/000425 y número de
expediente Senado 713/000184)
El señor PRESIDENTE: Hemos terminado la primera comparecencia y sin más dilación pasamos a la segunda esperando que el ritmo que llevamos nos permita acabar dentro de los plazos previstos para la siguiente, del señor ministro.
Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EUROPEOS (De Miguel y Egea): La constitución del partenariado euromediterráneo ha avanzado de forma notable desde aquellos primeros pasos dados con el lanzamiento del proceso de Barcelona, bajo la
presidencia española de la Unión Europea, que tuvo lugar en 1995. Con aquella declaración se proponía un enfoque concertado de los doce Estados miembros de entonces con los países terceros surmediterráneos sobre la base de una serie de premisas.
En el plano político, el establecimiento de un nuevo marco multilateral de relaciones globales y diálogo político en todos los campos posibles, seguridad, económico y comercial, social, cultural y humano, entre la Unión Europea y los doce Estados
mediterráneos; dicho planteamiento trataba de superar la anterior visión, puramente bilateral, de la que algunos Estados miembros se desentendían o a la que permanecían ajenos.
En el plano económico y comercial, la creación de un área de
prosperidad compartida a través de una asociación económica y financiera, alentando la constitución de una zona de libre cambio con el horizonte para su establecimiento en 2010. La progresiva apertura comercial pactada en los nuevos acuerdos de
asociación incrementaría el flujo de bienes y en consecuencia las exportaciones comunitarias. La ayuda financiera comunitaria se incrementaría considerablemente, con una tendencia a facilitar la transición económica a estos países. En el plano de
la cooperación, había que tratar de crear un nuevo marco de diálogo en todos los campos de interés posibles, agrupados en torno a cinco capítulos, el político, el económico, el social, el cultural y el humano. Esta cooperación entre la Unión
Europea y los países mediterráneos se instrumenta esencialmente a través de los llamados acuerdos de asociación euromediterráneos, inspirados en los acuerdos europeos entre la Unión Europea y los países de Europa central y oriental, que establecen
un marco regulador en materias como la política comercial, aduanas, competencia, protección de la propiedad intelectual, pagos y movimientos de capitales. También contienen normas de procedimiento, que deben permitir la activación eventual de otros
sectores de cooperación y la incorporación futura de otras materias como los servicios, los mercados públicos o las normas técnicas.
Desde finales de la década de los noventa se ha ido tejiendo un entramado de acuerdos que permite hablar ya de partenariado, si se puede utilizar esta palabra verdaderamente ajena a la lengua española. Así, el acuerdo con la OLP entró en
vigor en julio de 1997, el acuerdo mediterráneo con Túnez en marzo de 1998, el acuerdo con Marruecos en marzo de 2000 y el acuerdo con Israel en mayo de 2000. En mayo de 2002 entró en vigor el acuerdo con Jordania y se han firmado ya, aunque no
están ratificados, los acuerdos con Egipto en junio de 2001, con Argelia en abril de 2002 y con Líbano en junio de 2002. El único país con el que todavía no se ha cerrado un acuerdo mediterráneo de asociación con Siria, aunque está en negociación.
Los acuerdos de asociación establecen también un diálogo político, instrumento cada vez más importante que cubre todos los sectores de interés mutuo y que se instrumenta a través de los consejos de asociación. En todos los acuerdos figura
la llamada cláusula democrática como elemento esencial, cuya violación podría justificar la adopción de medidas tales como la suspensión unilateral de la asistencia financiera o de las ventajas comerciales. En el campo de los derechos humanos en
los países surmediterráneos quedan pasos importantes por dar, entre los que cabe citar medidas positivas o de incitación como el apoyo a los procesos electorales o a los medios de información libres.
Los acuerdos buscan también la creación de un marco estable de cooperación económica que favorezca un desarrollo económico y social sostenible que ayude a afrontar las dificultades internas derivadas del proceso de liberalización económica y
de la creación de la zona de libre cambio, así como potenciar la transición económica y las reformas económicas y sociales necesarias. Esa cooperación se instrumenta en la creación de foros de diálogo económico, asesoramiento, asistencia técnica,
intercambio de información o la aplicación de ciertos programas comunitarios. Los sectores de la educación, información, ciencia y tecnología, medio ambiente, servicios financieros, aproximación de legislaciones, industria, agricultura,
transportes, telecomunicaciones y tecnología de la información, energía, turismo, inversiones y estadística figuran entre las prioridades de esa cooperación.
Señorías, entre los distintos aspectos cubiertos por los acuerdos de asociación, la liberalización comercial representa el núcleo de mayor contenido. Para productos industriales, la Unión Europea ofrece al país surmediterráneo de que se
trate un régimen libre de aranceles, con algunas excepciones, reservándose la posibilidad de establecer restricciones en circunstancias excepcionales en función de la mayor o menor sensibilidad de los productos. Para los productos agrícolas
y pesqueros, además de contemplarse una serie de concesiones recíprocas a la entrada en vigor del acuerdo, se prevé una revisión de concesiones en vía del mismo tendente a conseguir una mayor liberalización de los intercambios. Aun cuando
los servicios no se liberalizan y las concesiones mutuas no sobrepasan los compromisos asumidos por las partes en el marco de los acuerdos de servicios de la OMC (el sistema GATS), los acuerdos contemplan la posibilidad de que las partes, en el seno
del consejo de asociación, puedan decidir avanzar en su liberalización. Pese a todos estos beneficios comerciales que los acuerdos de asociación han aportado a los países mediterráneos, es cierto que se plantean algunos obstáculos a la meta de
lograr un espacio de libre cambio en 2010. Los obstáculos más importantes son los siguientes. En primer lugar, la simetría de los flujos comerciales entre las dos orillas del Mediterráneo; en segundo lugar, las barreras, no sólo arancelarias o de
contingentes sino derivadas de las diferentes normativas en materia fitosanitaria (reglas de origen y prácticas administrativas). Es difícil extraer conclusiones generales válidas para todos los países mediterráneos dada la heterogeneidad de los
mismos. Cuando se analizan las relaciones comerciales entre la comunidad y todos los países mediterráneos lo primero que salta a la vista son las diferencias entre los países con economías más desarrolladas, como es el caso de Turquía, Malta,
Chipre e Israel, que suponen la mitad del comercio total de la comunidad con todos los países mediterráneos, y los demás. De hecho, se puede decir que el libre cambio en el sentido de la OMC, fundamentalmente con Turquía, Malta, Chipre e Israel,
probablemente ya se ha alcanzado. En el plano de la liberalización comercial, sólo Turquía e Israel representan el 60 por ciento de los intercambios totales de la zona, mientras que los diez países restantes, con un 70 por ciento de la población,
apenas suponen todos juntos el 30 por ciento. El porcentaje medio actual aproximado del comercio exterior de los países terceros mediterráneos con la comunidad cubre el 51 por ciento de sus importaciones y el 54 por ciento de sus exportaciones.
Ello demuestra un importante nivel de integración y dependencia, aun sin llegar al nivel alcanzado entre los estados miembros de la Unión entre sí o al que han llegado los PECO con la Unión Europea en los últimos años. En materia de reglas de
origen, la acumulación comercial total sólo se concede a los países del Magreb. Los demás países de la zona disfrutan de una relación bilateral con la Unión Europea, y actualmente el régimen de reglas de origen contenido en cada uno de los acuerdos
de asociación, resultado de las negociaciones bilaterales, difiere de un país a otro. La concesión de la acumulación con otros países se condiciona a la conclusión de acuerdos de libre cambio con aquellos.
Otro de los problemas pendientes en el área mediterránea es el comercio regional, es decir, los flujos de intercambios entre los países que componen la zona. Desde 1970 hasta hoy se ha mantenido solamente en un nivel del 4 al 6 por ciento.
El desarrollo de un marco institucional favorable al desarrollo del comercio sur-sur es una de las tareas pendientes más importantes del proceso de Barcelona. El llamado proceso Agadir, que prevé la creación de una zona de libre cambio entre
Egipto, Marruecos, Túnez y Jordania, ha desembocado en un acuerdo que acaba de ser rubricado y cuya firma se prevé para los próximos meses.
Respecto a España, los acuerdos de asociación tienen consecuencias positivas para nuestro país, con efectos bastante favorables en el desarrollo de los intercambios y de las exportaciones. Desde que entraron en vigor la mayor parte de los
acuerdos hasta 2002 el saldo de nuestra balanza comercial ha mejorado considerablemente, a pesar de que se mantiene globalmente negativo por el efecto de las importaciones energéticas de Argelia. Entre todos los socios mediterráneos, dejando de
lado el caso particular de las importaciones de Argelia, nuestro principal socio comercial sigue siendo Marruecos, seguido a gran distancia por Israel y Túnez. En materia de inversiones, las de España se dirigen preferentemente a Marruecos.
Francia es el primer inversor en la región; Italia lo hace en Malta, Turquía y Túnez; Alemania en Turquía e Israel, y el Reino Unido en Chipre, Egipto y Jordania.
Permítanme que dedique unas palabras al sector agrícola, que es un tema particularmente sensible. Los socios de Barcelona se fijaron el año 2010 para volver a examinar la dimensión agrícola del acuerdo. El problema de la liberalización de
los mercados agrícolas debe partir del principio de que cuanto más profundas sean nuestras relaciones mutuas más difícil será mantener excepciones a los intercambios de ciertos productos. Los acuerdos de asociación aluden a un dato preferencial
para los productos agrícolas pero con dos limitaciones. Se partirá de los flujos tradicionales de intercambio y se tendrán en cuenta las políticas agrícolas respectivas. Se trata de un tema políticamente sensible para la Unión Europea. La
estrategia seguida en los acuerdos ha sido la de incluir una serie de concesiones agrícolas recíprocas y fijar el compromiso de negociar, tras un periodo transitorio, mayores concesiones a partir de un estudio producto por producto. De momento, las
concesiones comerciales de la Unión Europea a los países mediterráneos han logrado mantener los flujos tradicionales de exportación de estos países sin provocar una desestabilización de los mercados comunitarios. Las relaciones comerciales en este
sector deben seguir guiadas por un criterio de prudencia. Por un lado, se han de modular convenientemente en el tiempo los ritmos de apertura de los mercados y, por otro, se debe atender a las inquietudes de los colectivos sociales que resulten
afectados por el proceso de liberalización de los intercambios agrarios.
A esta doble cautela atienden las negociaciones en curso para la revisión de los protocolos agrícolas. En una era de globalización
económica con reducción de los costes de transporte, mejoras logísticas y nuevas tecnologías de conservación de los productos la competencia a la que se expone la agricultura española no viene tan sólo del área mediterránea -tengamos esto
muy en cuenta, no acusemos siempre al área mediterránea-; nuestra competencia viene también de otros países bien lejanos como Chile, Argentina, Suráfrica, China o Australia.
En el ámbito de las inversiones, tiene especial importancia la creación de la facilidad euromediterránea para la promoción de las inversiones recogida en el plan de acción que elaboró el Foro de Valencia. Esta iniciativa, que ciertamente no
llegó a alcanzar los deseos y las expectativas de España, permite doblar la cantidad que el Banco Europeo de Inversiones dedica a la zona. En cualquier caso, se mantiene abierta la posibilidad, y hacia ello se dirigen nuestros esfuerzos, de crear
en octubre de este año (un año después del lanzamiento de la facilidad) una filial del BEI destinada específicamente a financiar el desarrollo del sector privado de los socios mediterráneos. Esta iniciativa tiene como propósito principal el apoyo a
los países mediterráneos en la atracción de inversiones internacionales, ya que en este momento no atraen más allá del 1 por ciento de la inversión a nivel mundial. La ausencia de un marco legal institucional transparente y seguro, las deficientes
infraestructuras y la fragmentación y limitación de los mercados financieros, la pesada burocracia, los conflictos latentes entre algunos Estados y la incertidumbre que pesa sobre la situación económica de muchos de estos países no hace
particularmente atractiva la inversión de capital privado internacional a largo plazo en la zona. La necesidad de captación de capital es una realidad bien percibida tanto por los países terceros mediterráneos como por la propia Unión Europea. La
inversión extranjera aligerará la presión sobre la balanza de pagos y el endeudamiento de los países del sur permitiendo un mayor crecimiento y creación de empleo y promoviendo el reforzamiento del tejido empresarial y su inserción internacional en
condiciones competitivas.
En cuanto a la cooperación financiera, hay que decir que se rige por el Reglamento MEDA. Para el periodo 2000/2006 está dotado con 5.350 millones de euros; en el año 2000, los fondos disponibles ascendieron a 945 millones de euros. Los
préstamos del BEI para el periodo 2000/2007 están cifrados en 6.425 millones de euros, a lo que habrá que añadir 1.000 millones de euros más que se obtengan de sus propios recursos. Con MEDA I, que funcionó entre 1995 y 1999, sólo se desembolsó el
26 por ciento de las cantidades comprometidas. Las subvenciones de MEDA I se destinaron básicamente a la financiación de proyectos clásicos de cooperación: apoyo a la transición económica y desarrollo del sector privado, apoyo al ajuste
estructural y cooperación regional. La cooperación financiera MEDA futura se centrará progresivamente en la asistencia técnica, apoyando los cambios en los principales sectores económicos de los países beneficiarios a través de programas de apoyo
sectorial selectivo. En consecuencia, el apoyo al sector privado irá jugando un papel cada vez más destacado en la cooperación financiera en el Mediterráneo.
Señor presidente, señorías, voy a concluir manifestando que estoy convencido de que el Mediterráneo sur, en las relaciones exteriores de la Unión Europea, debe seguir figurando en un lugar privilegiado. No necesito reiterar que así lo es
para España y así lo demostró el Gobierno español durante el período de su presidencia en la Unión Europea, tanto en el año 1995 como en el año 2003. Las dificultades o, a veces, los intereses divergentes que pueden aparecer en esa relación no
pueden constituir obstáculos insalvables para desarrollar la amplitud y la intensidad de la cooperación con los países de esa área.
El señor PRESIDENTE: ¿Portavoces que desean intervenir? (Pausa.) Sólo hay tres portavoces que desean intervenir. Los grupos parlamentarios Socialista, Coalición Canaria y Popular tienen 10 minutos cada uno para intervenir.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Si me permite, señor presidente, quisiera plantear una cuestión previa. Nosotros no tenemos inconveniente en ser los primeros en intervenir en una petición de comparecencia de otro grupo parlamentario. Lo que
ocurre es que si lo hacemos hoy, estamos sentando un precedente, con todo lo que ello implica.
El señor PRESIDENTE: Ya lo hemos hecho hoy. El precedente, en su caso, ha sido creado en multitud de ocasiones previas.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Entonces, no hay objeción, señor presidente, vamos a intervenir los primeros.
El señor PRESIDENTE: En multitud de ocasiones hemos ofrecido al Grupo Parlamentario Popular que optara entre su condición de proponente, que le daba derecho a intervenir el primero, o de grupo mayoritario, que le permitía intervenir el
último. El precedente ya está más que creado, señor portavoz.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Gracias al Grupo Parlamentario Popular por sugerir esta materia para la comparecencia del secretario de Estado, porque es un tema que conoce mucho mejor de lo que ha podido explicar en el tiempo que le ha dedicado
y sobre el que me consta que además tiene opiniones sólidas y bien formadas. Él mismo ha apuntado al final algunos de los elementos de crítica que se pueden hacer al desarrollo del proceso de Barcelona. Mi grupo quiere empezar por decir -y el
secretario de Estado estará de
acuerdo- que el ejercicio político de Barcelona en su conjunto sigue siendo válido en sus elementos centrales. Probablemente es el paso más importante como visión de seguridad, en el sentido más amplio del término, que se ha dado desde la
propia creación de la Unión Europea.
Dejando establecida esa validez del proceso de Barcelona, voy a entrar en algunas de las limitaciones que tiene hoy dicho proceso. El secretario de Estado ha hecho referencia a algunas de ellas de carácter
técnico-operativo, que tienen que ver, por ejemplo, con el escaso y frustrante desembolso del MEDA I por distintas razones, algunas atribuibles a la falta de capacidad en los propios países receptores, a la excesiva rigidez en los mecanismos para
hacer llegar el dinero o los recursos a los agentes más dinámicos de estos países, a la excesiva rigidez en los propios mecanismos comunitarios y a la no adaptación al marco específico que presentan estos países. Nosotros esperamos que se siga con
el MEDA II, esperamos conocer los próximos datos de evaluación y que se vayan corrigiendo esos errores.
En el proceso de Barcelona había un elemento central y es que se produce después de la Conferencia de Paz de Madrid, en esa estela de la que son hitos importantísimos los acuerdos de Oslo, es decir, forma parte de todo un proceso de
consolidación de la paz y la seguridad en el Mediterráneo.
Ese escenario es hoy bien distinto, porque hay un claro enfrentamiento entre palestinos e israelíes, hay un Gobierno en Israel que no acepta los acuerdos anteriores, que está practicando
una política de extensión de los asentamientos, etcétera. Todo ello, unido al conflicto que se vive en el Golfo y al sentimiento de injusticia y frustración, está haciendo que lo que era una visión de conjunto sea prácticamente inaplicable. El
señor secretario de Estado ha hecho alguna referencia a los intentos de encapsular la posibilidad de desarrollo de los acuerdos euromediterráneos en el plano bilateral para preservar por lo menos su integridad en ese ámbito o incluso en algunos
ámbitos subregionales. Ha hecho referencia al acuerdo de Agadir, como ejercicio sur-sur, que puede ser muy importante.
Una pieza esencial de la estrategia de Barcelona era precisamente el impulso a la integración regional. Lamentablemente aquí
hemos podido avanzar muy poco y no solamente por culpa de la Unión Europea sino quizá por la ausencia de un estímulo o un marco político adecuado.
Recientemente se reunió el consejo de asociación con Marruecos y considero que se ha hecho un buen
trabajo en identificar áreas que son prioritarias para una y otra parte y que podía ser un modelo a seguir con otros países, pero al final, señor secretario de Estado, nos topamos con un elemento que resta toda credibilidad a la Unión Europea ante
los países del sur del Mediterráneo, porque al mismo tiempo que en el marco de la OMC defendemos la liberalización de los intercambios, no cerramos de manera firme -y es una contradicción que algún día tendremos que superar- cuando se trata de
extender esa liberalización de intercambios a sectores que consideramos sensibles, que son precisamente los sectores que, por suerte o por desgracia, constituyen un elemento esencial de la base económica de estos países. Me refiero a los productos
agrícolas, porque los intercambios industriales, aun cuando existen algunas limitaciones, como sucede en el caso de la industria, por ejemplo en el sector textil, realmente no les supone grandes ventajas ni grandes horizontes. El trato
discriminatorio que perciben por parte de la Unión Europea o por parte de la comunidad internacional en materia agrícola -estamos viendo la oleada de proteccionismo agrícola por parte de países tan importantes como Estados Unidos- resta realmente
credibilidad a cualquier discurso a favor de la liberalización de los intercambios. Esto se extiende incluso al propio modelo de regulación de los mismos. Hay un dato muy reciente que es muy revelador. Un país como Estados Unidos ingresa más por
tasas arancelarias de las importaciones procedentes de Bangladesh que por las importaciones procedentes de Francia. En el caso de los intercambios con los países del sur, el secretario de Estado ha hecho referencia a la importancia del
mantenimiento de los flujos tradicionales. Esta fue una expresión que se acuñó precisamente cuando España se incorporó a la Unión Europea, cuando adquirió su plena solidez, y se estableció no sólo en relación con Marruecos sino con Túnez en el caso
del aceite de oliva. Lo que ocurre es que, desde entonces acá, vemos proliferar en nuestro país los olivos de nueva planta que fundamentalmente reciben subvenciones de la Unión Europea, mientras que a un país como Túnez se le dice que se mantengan
en sus intercambios tradicionales. No voy a ir más allá. Considero que estamos en un punto en el que hemos alcanzado el máximo grado posible de coherencia o de incoherencia entre el discurso a favor de un aumento de la ayuda, en favor del 0,7 por
ciento, y el discurso en el que estamos manteniendo una barrera a los flujos comerciales en sectores que son de gran importancia para estos países.
Si antes he dicho que el elemento esencial es la falta de acuerdo, desde el punto de vista político, querría preguntarle al secretario de Estado qué incidencia puede tener sobre el conjunto de la región la posible evolución del conflicto de
Oriente Próximo. Recientemente, hubo una reunión en nombre del cuarteto. Aunque sé que no es plenamente de la competencia del secretario de Estado, todo lo que se decida ahí afecta a las competencias del secretario de Estado en materia de política
mediterránea.
El presidente de Estados Unidos nos ha dado un nuevo argumento para derrocar a Sadam Husein militarmente. Además de su vinculación con Al Qaeda -que parece ser que no existe- Irak supone una amenaza directa para los países del mundo.
Incluso un país vecino como Turquía, su Parlamento, acaba de decir que no lo percibe de esa manera y los ciudadanos
en la calle parece que tampoco lo perciben como amenaza directa, con independencia de que son conscientes de que Sadam Husein es un dictador y que es posible que tenga armas de destrucción masiva, pero que se pueden eliminar por la vía
pacífica y a través de las inspecciones. El presidente Bush ha añadido un nuevo argumento para derrocar militarmente a Sadam Husein, que ha sido: Derrocado Sadam Husein, construiremos un Oriente Próximo en paz, en estabilidad y con acuerdo de paz
también para Israel, para Palestina y con una situación segura. No sé si esto es creíble o no. Querría saber qué evaluación se hace en el ámbito de la política exterior comunitaria de las posibles implicaciones para la estabilidad y para el futuro
de la región sobre un posible ataque militar contra Irak unilateral o no unilateral, sin respaldo de Naciones Unidas o con un respaldo limitado de Naciones Unidas. Me gustaría que hiciera una reflexión al respecto.
En esa reflexión existe un elemento que parece importante. (El señor Martínez Casañ: No es el objeto de esta comparecencia.) El portavoz del Grupo Popular parece que entiende que esto no tiene nada que ver con la política mediterránea, el
secretario de Estado quizás le explique que sí que tiene que ver con la política mediterránea.
El señor PRESIDENTE: Por favor, no entren ustedes en diálogo.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Sólo es una reflexión en voz alta, el lenguaje de los signos.
El comisario Patten ha dicho reiteradamente, al menos que yo conozca en dos ocasiones, que difícilmente podrá pedir al Consejo o al Parlamento Europeo que establezca una línea de ayuda para la reconstrucción de Irak, si en Irak se produce un
ataque unilateral que no cuente con el pleno e inequívoco respaldo de las Naciones Unidas. Quisiera saber si comparte, respeta o qué opinión le merece al secretario de Estado esa visión expresada por el comisario responsable de la Cooperación al
Desarrollo en la Comisión Europea.
Por último, quisiera preguntarle si en el Consejo se está contemplando la necesidad de prever ayuda humanitaria de emergencia en el caso de que se produzca esa invasión militar de Irak que las agencias calculan que podría ocasionar 600.000
refugiados y un número muy importante de desplazados, además de la destrucción y muerte que conlleva cualquier guerra.
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, el señor Arroyo.
El señor ARROYO HODGSON: Señor secretario de Estado, en primer lugar, quisiera agradecerle su exhaustiva información sobre los acuerdos de libre comercio de la Unión Europea con los países del área mediterránea.
Desde Coalición Canaria
entendemos la política que se sigue a este respecto, como usted muy bien dijo, el entramado de acuerdos o partenariado en un marco estable de cooperación sectorialmente en las distintas áreas como agricultura, pesca, industria, turismo, ciencia y
tecnología, etcétera. Sin embargo, nosotros queremos expresar nuestra preocupación por el aspecto de los productos agrícolas. Esta es un área -y ya lo ha dicho el portavoz del Grupo Socialista- es muy sensible para España en general y en
particular para Canarias. En concreto, me estoy refiriendo a las ventajas que se están concediendo a Marruecos sobre el tomate. De forma breve quisiera decir que a lo largo de los años ha habido negociaciones con el Reino de Marruecos.
Actualmente hay una concesión de un contingente marroquí de tomate fresco de exportación de invierno que tiene acceso a los mercados europeos que estaba fijado en alrededor de 150.000 toneladas/año, que ahora se ha ido incrementado y que está sobre
las 168.000 toneladas/año. Por supuesto la pretensión de las autoridades marroquíes es aumentar este contingente libre de aranceles haciendo funcionar un mecanismo de precio de entrada. Ellos pretenden incluso que, si cumplen con el precio de
entrada, las cantidades para entrar en el mercado de la Unión Europea sean libres.
Esto afecta a diversas regiones españolas y básicamente por provincias: a Alicante, por la Comunidad Valenciana; a Murcia, por la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia; a Almería, por la Comunidad Autónoma de Andalucía, y a las islas de Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife. En concreto en Canarias el tema se agrava por la condición de ultraperificidad de nuestras islas. De alguna forma, Marruecos
está en el área geográfica nuestra e incluso más cerca de los mercados europeos que las Islas Canarias. Por eso nosotros queremos indicar claramente que, dado que la Unión Europea ha decidido hacer un estudio de impacto para evaluar las
consecuencias y las repercusiones que puede tener sobre un sector tan sensible como éste, se analicen las medidas que se puedan adoptar.
De momento nosotros tenemos una pequeña concesión en el programa Poseican, programa de opciones específicas por la insularidad y la lejanía de las Islas Canarias, en el que hay unas ayudas en la celebración de contratos de campaña que tengan
por objeto la comercialización de productos frescos y elaborados. Anteriormente, ahí no estaba incluido el tomate, pero aunque actualmente sí lo han incluido, ha sido con una cantidad irrisoria de 0,76 euros por cien kilos, lo que significa
aproximadamente 1,3 pesetas por kilo, ayuda que consideramos ridícula. La pretensión de las autoridades del Gobierno de Canarias es que o bien se revise esta medida del Poseican o bien que se vaya por el lado de las ayudas del Estado, es decir, por
el lado de las ayudas al transporte de mercancías donde actualmente la Unión Europea autoriza una ayuda del 33 por ciento, aunque podría llegar hasta el 50 por ciento. Esto sería una manera de paliar los sobrecostes de producción y
la competencia con los productos marroquíes que juegan con ventaja en este panorama que usted ha descrito como la era de la globalización económica.
Los costes de producción de los productos marroquíes, en concreto en el caso de tomate pero
que también se puede ampliar a otros supuestos como por ejemplo los cítricos, no son ni con mucho los mismos que nuestras producciones, sobre todo por los salarios y por los costes sociales que son irrisorios. Mientras no se revisen esos aspectos
salariales y sociales, seguirá existiendo un dumping con los costes sociales.
Repito que nosotros, aun entendiendo claramente que se tiende a fortalecer los intercambios comerciales y a crear un área de libre comercio mundial en general, especialmente con el área mediterránea y frontera sur de la Unión Europea,
estamos muy preocupados por las consecuencias que puede tener esto, si no se adoptan medidas para corregir o para paliar esta situación.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz.
El señor ISASI GÓMEZ: Señor secretario de Estado, desde el Grupo Popular queremos agradecerle la información que nos ha transmitido esta mañana en esta Comisión, respecto de los acuerdos del libre comercio de la Unión Europea con los países
mediterráneos y las consecuencias que estos pueden tener para España. Estos acuerdos, desde el punto de vista comercial, son buenos, son satisfactorios. Están teniendo unos efectos favorables para el desarrollo e intercambio de las exportaciones,
puesto que desde que entraron en vigor el saldo de nuestra balanza comercial ha mejorado considerablemente.
Respecto del sector agrícola, señor secretario de Estado, este es un tema muy sensible para la Unión Europea y para nuestro país. Por ello le animamos a que se siga manejando con grandes dosis de prudencia. Desde el Grupo Popular le
animamos a que siga impulsando la consolidación de estos acuerdos, garantizando en todo caso y en todo momento los intereses generales de España sin olvidar, como le decía, los intereses sensibles del sector agrario español, fundamentalmente de los
agricultores y de las repercusiones económicas y sociales que puedan tener para más de un millón de agricultores y ganaderos de nuestro país y que, al mismo tiempo, se siga fomentando esa gran área de estabilidad en el Mediterráneo.
El señor Estrella precisamente hacía mención a la paz y seguridad en el Mediterráneo y quiero recordarle que gracias a la presidencia española de la Unión Europea se impulsó el cuarteto de países tendentes a buscar la paz en Oriente Medio.
Por otra parte, y aprovechando no sé si que el Mediterráneo pasaba por allá o el Pisuerga por Valladolid, ha pretendido abrir otro debate en esta Comisión respecto del conflicto de Irak. Sería bueno que, por otro lado, el señor Estrella además de
decir permanentemente, como otros miembros del Grupo Socialista, que hay que desarmar al señor Husein por vías pacíficas, lo que está muy bien, no se parará ahí, tendría que decir cuáles son en concreto, qué otras fórmulas entienden ellos que no
sean las de la presión creíble de los países en el ámbito internacional.
Por lo demás, señor presidente, señor secretario de Estado, le reitero nuestro agradecimiento por la información manifestada esta mañana aquí en esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a los temas objeto de su comparecencia, que el señor secretario de Estado sabe cuáles son y la relación que puedan tener con otros, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EUROPEOS (De Miguel Egea): Quiero empezar agradeciendo al señor Isasi sus palabras de equilibrio porque me parece que en los temas que más ha resaltado, el de la creación del espacio económico y
naturalmente el agrícola, hemos asistido a una total contraposición de puntos de vista por parte del portavoz del Grupo Socialista y del portavoz de Coalición Canaria. El señor Estrella dice, seguramente con muy buen criterio, que la Unión Europea
ha estado aquí ruin, que no ha hecho lo necesario para abrir el intercambio comercial y que mientras no abramos los mercados agrícolas no lograremos dar a estos países las fuentes de ingresos que necesitan. Por otra parte, el senador Arroyo de
Coalición Canaria, nos ha llamado la atención sobre los peligros de esta apertura y la incidencia terrible que esto tiene sobre las producciones y, por tanto, agradezco al señor Isasi que haya puesto el punto de equilibrio aquí. Es decir, ni toda
la apertura ni toda la cerrazón, sino actuar en este campo con un criterio de equilibrio que vaya compensando la necesaria apertura de los mercados con la necesaria atención a las zonas sensibles y a los productos sensibles que pueden ocasionar
algunos problemas de tipo económico y social en algunas regiones de la Unión. Es el tema agrícola muy complejo, del cual se podría hablar mucho, porque parece que todo el intento por parte de nuestros socios europeos es una apertura del mercado de
frutas y hortalizas y naturalmente cuantas más frutas y hortalizas frescas haya en el mercado europeo mejor para los que no las producen. Además, como las que los producimos somos los que más cerca estamos del Mediterráneo y los que más cerca
estamos de estos países, nos dicen: si vosotros sufrís, al fin y al cabo esta es vuestra política, a vosotros os interesa más que a nadie. Sin embargo, no se considera el hecho de que muchos de estos países son también potenciales grandes
productores de productos continentales como, por ejemplo, el trigo y otros tipos de cereales no tienen en absoluto ni la más mínima oportunidad de penetrar en el mercado europeo de cereales. No sé por qué Marruecos no concentra gran
parte de sus esfuerzos en sembrar trigo duro, para lo cual está perfectamente dotado, pero ya sabemos que el trigo duro no tiene absolutamente ninguna oportunidad de entrar en el mercado europeo. En cambio los tomates sí, que entren todos y
cuantos más mejor. De todo esto habría mucho que hablar, por ejemplo, el hecho de que Egipto sea el primer receptor de ayuda alimentaria de la Unión y, sin embargo, tiene toda la vega del Nilo, que es la única parte agrícola fértil, dedicada a los
productos de exportación, es decir, es un país que dedica todo su cultivo a frutas y hortalizas para exportar al mercado europeo mientras su población necesita millones de toneladas de ayuda alimentaria en cereales y otros productos por parte de la
Unión porque no es capaz de producir alimentos para nutrir a su población. Por tanto, vamos a poner este tema en su justo equilibrio, aunque sea muy complejo.
Lo que es evidente es que lo que está, está y lo que dijo don Rafael Estrella al principio es una verdad fundamental. El acuerdo de Barcelona, el proceso de Barcelona fue un gran acto político que incluso se adelantó a su tiempo, que tuvo
la audacia de crear este espacio común mediterráneo y que hoy es más válido que nunca. Los mismos presupuestos que se negociaron en el año 1995 son hoy válidos y con ese espíritu precisamente durante la presidencia española en 2003, cuando ya
habían pasado ocho años, hemos vuelto a insistir sobre lo mismo. También Valencia es más que Barcelona o exactamente igual pero reforzada, en cuanto a la creación de un gran espacio. No hablaremos de otros temas políticos, culturales, de seguridad
y otros que tiene Barcelona, pero respecto al mercado sigue siendo hoy válido el objetivo de llegar a un área de librecambio, de tener la generosidad suficiente con nuestros socios mediterráneos para irles abriendo los mercados y para ir creando un
objetivo común de prosperidad conjunta. Por eso, dentro del proceso de Barcelona, una vez que se entra en ese circuito del acuerdo del librecambio, tenemos que ser muy conscientes de que es un circuito que no se puede particularizar y en el cual
las posiciones de uno u otro país no cuentan porque aquí la liberalización comercial se hace por mayoría cualificada y, por tanto, de nada le podría servir a España que se opusiera con uñas y dientes a que entrara uno u otro producto porque quedaría
automáticamente minorada en el Consejo. Por tanto, tenemos que ser conscientes de que ahí hay algo en lo que tiene que haber una evolución, que la lógica de todo esto es que haya una progresiva liberalización de los intercambios y que tampoco
debemos olvidar que en el ámbito de la Unión nuestros productores de frutas y hortalizas tuvieron también una entrada progresiva en los mercados comunitarios en perjuicio de otros productores del sur de Francia y de Italia y de toda la zona
mediterránea que han desaparecido prácticamente del mapa.
Con eso no voy a decir que los nuestros vayan a tener que desaparecer del mapa. Lo que pasa es que tienen que ir más adelante, ir a producciones más sofis-ticadas, entrar cada vez más en los circuitos de comercialización y asumir que
progresivamente los productores del sur del Mediterráneo van a ir tomando un puesto cada vez mayor con respecto a nuestros mercados. Pongamos todo en su proporción. En este diálogo que tenemos aquí hay que decir que nuestras exportaciones de
tomate a la Unión Europea, que parece que es el producto emblemático, superan largamente el millón de toneladas, cuando estamos hablando de un contingente de Marruecos de 150.000 toneladas, y que si se aumentara en 30.000 más, 180.000, comparado con
un millón y pico, no me parece que provoque una situación tan dramática como para pensar que tenemos que frustrar todo el área de libre cambio mediterránea únicamente por proteger un producto en el que estamos todavía muy bien, aunque no tendremos
por qué estar toda la vida haciéndolo. Podemos movernos a otro tipo de productos, tener el dinamismo y la inteligencia necesaria para movernos en ese mundo de la exportación de frutas y hortalizas de una manera inteligente y ganar otros mercados
para los cuales nuestros socios del sur no están preparados. Por tanto, pongamos el equilibrio en todo esto. El Gobierno tiene claramente la idea de que hay que proteger los intereses de las regiones mediterráneas, y también de Canarias en este
capítulo particular de los tomates, en otro muy sensible, como es el de las fresas, y en algunos otros que pueden ir surgiendo en el futuro, donde, como es lógico y por los más bajos costes de mano de obra, se van a ir produciendo cada vez más en
toda la franja del sur del Mediterráneo.
Con respecto al resto del proceso de Barcelona no tengo más que decir que nosotros, y creemos que la Unión, estamos plenamente comprometidos con este esquema. La reunión ministerial de Valencia fue un éxito, ahora se prepara una nueva
reunión ministerial en Creta y otra al final del semestre en Nápoles. Por tanto, todo esto sigue vivo. Sigue vivo pero, como decía el diputado Estrella, y es lo que más ha afectado al proceso mediterráneo, con la frustración del proceso de paz de
Oriente Medio. No podemos olvidar que, tanto los territorios palestinos como Israel son socios de la Unión, son socios mediterráneos, tienen acuerdos de asociación y nosotros tenemos el compromiso de promover la paz y la estabilidad de la zona. No
puedo estar de acuerdo cuando me hace llevar el mundo mediterráneo hasta Irak, por tanto, me permitirá que no hable de Irak. Creo que llevar el Mediterráneo hasta Irak sería hacer una concesión demasiado grande a la imaginación. En el mundo
mediterráneo, tal y como se definió en Barcelona, el punto más lejano es Jordania y Siria, eso sí, vecinos de Irak, pero ese es el mundo mediterráneo.
Lo que sí quisiera recordarle es que la política mediterránea tiene mucho que ver con el proceso de paz de Oriente Medio. Tenemos un instrumento muy poderoso para intervenir ante Israel con respecto a las cosas que
pasan en Palestina. No sería mala oportunidad recordar ahora, que tanto se habla de solidaridad en el área mediterránea, que han sido algunos países de la Unión los que han impedido a la Comisión -lamento que no esté aquí el portavoz de
exteriores del Grupo Socialista ya que como comisario europeo tuvo que sufrir esas frustraciones- y a algunos países miembros que lo deseábamos, que los instrumentos mediterráneos y los acuerdos de asociación mediterráneos se utilicen como palanca
de presión sobre Israel para que simplemente cumpla los acuerdos de asociación con respecto a Palestina y a los productos agrícolas que se cultivan en Palestina y vienen a nuestros mercados. Todo el mundo sabe los problemas que ha habido con las
reglas de origen, todo el mundo conoce los problemas que tienen los productos palestinos para ser exportados a la Unión Europea y ésta podría utilizar esos acuerdos para hacer palanca sobre Israel. No voy a citar nombres de los países que ahora
están predicando la solidaridad comunitaria y que han bloqueado sistemáticamente que la Unión pueda utilizar la gran palanca del proceso de Barcelona precisamente para obligar a Israel a que tenga un comportamiento más acorde con los acuerdos que
tenemos con respecto a los productos palestinos y a la Autoridad Nacional palestina. Por tanto, creo que hay mucho que hablar de esto. Yo simplemente diré que el proceso de Barcelona, tal y como está planteado, es un instrumento eficaz no sólo
para crear un área de prosperidad, sino también para ser un instrumento de presión para forzar la paz en el Oriente Medio. Lo que ocurre es que ha habido muchas ocasiones en las que esto no ha podido ejercitarse, pero la estabilidad y la paz de la
región es uno de los objetivos del proceso de Barcelona. En esto estamos todos plenamente incorporados, y particularmente el Gobierno español, manteniendo la buena tradición que se inició en este país en el año 1995.
El señor PRESIDENTE: Señor Estrella, tiene la palabra por un minuto y para un tema que tenga realmente que ver con el objeto de la comparecencia y la réplica del secretario de Estado.
El señor ESTRELLA PEDROLA: El Tigris y el Eúfrates tienen mucho que ver con el Mediterráneo, los países mediterráneos y sus cuencas. Lo que ocurra en Jordania o en Turquía, como consecuencia de una posible guerra en Irak, tiene mucho que
ver con la política mediterránea, pero no voy a profundizar en eso. Simplemente quiero preguntarle si el cuarteto se va a reunir, se va a activar o si realmente, como me llegan noticias después del discurso del presidente Bush, no hay nada y el
cuarteto queda bloqueado. Se ha referido usted a los países que bloquearon una posible presión sobre Israel con medidas comerciales, que supongo son los mismos que bloquearon el acuerdo de principio que se había adoptado aquí durante la presidencia
española, en Cáceres, para anunciar un reconocimiento del Estado palestino, que fueron Reino Unido, Holanda y Alemania.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún portavoz más desea añadir alguna observación a lo expuesto por el secretario de Estado?
Tiene la palabra el señor Arroyo.
El señor ARROYO HODGSON: Señor secretario de Estado, no quiero entrar en una polémica porque, además, el presidente no me va a dejar. Usted ha dicho que los intereses de España de hecho no coinciden y usted sabe mucho de eso, con los
intereses de otros países de la Unión Europea. Por tanto, la posición del Ministerio de Agricultura español para que se le den ventajas a Marruecos en productos continentales, como cereales, carne, etcétera, es una realidad y hay que seguir
luchando. Lo que a mí no me vale es que diga que nosotros exportamos un millón de toneladas, que es verdad, y que el contingente marroquí es de más de 160.000 toneladas. Dicho vulgarmente, le estamos viendo los orejas al lobo y si se hace de una
manera que no está regulada puede haber graves consecuencias sociales, económicas y de deslocalización de una producción en unas comarcas sensibles muy concretas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el secretario de Estado para cerrar su comparecencia.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EUROPEOS (De Miguel Egea): Quiero asegurar al senador Arroyo que toda la apertura gradual de los mercados de frutas y hortalizas, y muy particularmente el del tomate que es el más sensible, se hace
siempre con el exquisito cuidado de tener unas condiciones claras de licencias de exportación, de control de cantidades exportadas y de procurar que no se exporten más cantidades que las del contingente. Creo que hasta ahora no hay razón para
alarmarse. Las negociaciones continúan. Encuentro que por parte de Marruecos hay una actitud francamente constructiva y positiva. Ellos también son conscientes de los problemas con los que nos tenemos que enfrentar, tampoco les interesa crear
problemas en este país y tienen una aspiración lógica a exportar más, cosa que me parece muy legítima y se la tenemos que reconocer. Nosotros tenemos que hacer lo posible para contener todo esto, salvando la sensibilidad social y económica que este
tema tiene para muchas poblaciones y particularmente las Islas Canarias. Quiero dar la seguridad de que el Gobierno tiene eso muy presente, el senador lo sabe, estoy en contacto permanente con el Gobierno de Canarias para todos estos temas y hasta
el momento no podemos decir mucho más porque la negociación no está avanzando y entre otras cosas no lo está haciendo porque Marruecos no ha dado respuesta a las peticiones comunitarias para exportar más continentales hacia Marruecos. En el
momento en que haya una respuesta trataremos de buscar una solución lo más fácil, lo más constructiva posible, pero al mismo tiempo esa respuesta tendrá que ser, porque no puede ser de otra manera, con amplitud de miras y con generosidad
hacia nuestro socio del sur.
PREGUNTAS:
- DE LA SEÑORA BLANCO TERÁN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE POSICIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE LA POLÍTICA COMÚN EN MATERIA DE ASILO, REGUFIO DE LA UNIÓN EUROPEA Y ESPECIALMENTE EN RELACIÓN CON LO APROBADO POR ESTA COMISIÓN MIXTA EL
PASADO 11 DE FEBRERO. (Número de expediente Congreso 181/000903 y número de expediente Senado 683/000069.)
El señor PRESIDENTE: Les recuerdo que nos queda una pregunta en el orden del día, y aprovechando que el secretario de Estado está compareciendo la vamos a plantear, puesto que tenemos tiempo.
La pregunta la formula la diputada del Grupo Socialista doña Rosa Delia Blanco Terán, quien tiene la palabra para formularla.
La señora BLANCO TERÁN: Señor presidente, señor secretario de Estado, en algún otro momento hemos hablado de asilo y refugio en esta Comisión.
Gracias por darme la oportunidad de volverlo a plantear.
Me voy a ceñir a la pregunta tal y como figura en el orden del día de la Comisión, pero querría, si fuera usted tan amable, que aludiera al menos a cuál es la posición española sobre la Directiva que entró en vigor el 8 de agosto de 2001,
que se refiere a la protección temporal, en caso de conflicto bélico, de desplazamientos masivos de refugiados. Como digo, esta directiva ya está en vigor y le gustaría conocer a mi grupo parlamentario cuál es la posición del Gobierno sobre este
extremo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado para contestar a esta pregunta.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EUROPEOS (De Miguel Egea): El Gobierno de España participa activamente en la construcción de este espacio de seguridad, justicia y libertad, que nosotros contribuimos a concebir. El Consejo Europeo
de Tampere acordó el establecimiento de un sistema europeo común de asilo, basado en la plena y total aplicación de la Convención de Ginebra sobre el estatuto de los refugiados de 1951, y cumplimentada por el Protocolo de Nueva York de 1957, con el
objeto de lograr que ninguna persona sea repatriada a un país en el que sufre persecución. El Consejo Europeo de Sevilla reafirmó el programa aprobado en Tampere y recordó la necesidad de instrumentar una política común de la Unión Europea sobre
asilo e inmigración. Igualmente, consideró necesario impulsar el estudio de las propuestas en curso y para ello fijó la aprobación por el Consejo, antes de diciembre de 2002, del Reglamento Dublín-2, antes de junio de 2003; las normas sobre
requisitos para obtener el estatuto de refugiado y sobre el contenido de dicho estatuto antes del final de 2003; las normas comunes en materia de procedimiento y asilo.
Desde el Consejo Europeo de Sevilla hasta la actualidad, se trabaja en las siguientes materias relativas al sistema europeo común sobre asilo. En primer lugar, el Reglamento Dublín-2 por el que se establecen los criterios y mecanismos de
determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo, presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país, ha sido objeto de un acuerdo político por el Consejo de Ministros de Justicia e Interior,
en su sesión de 29 de noviembre de 2002, habiendo sido definitivamente aprobado el 18 de febrero de 2003 y publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 25 de febrero pasado, por tanto, entrará en vigor a los veinte días de su publicación.
En segundo lugar, la propuesta de directiva por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países y apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de
protección internacional y al contenido de la protección brindada, se encuentra en una fase avanzada de negociación en el seno del Consejo. La propuesta de directiva está orientada al reconocimiento de un régimen de protección internacional, por
una parte a las personas beneficiarias del estatuto de refugiado y, por otra, aquellas otras categorías de personas que no accedan al estatuto citado, pero que son merecedoras de protección. De esta manera se pretende recoger lo que ya está
estipulado en la legislación española sobre el derecho de asilo y sobre otras normas de protección. El Consejo de Ministros de Justicia e Interior, en su sesión de 29 de noviembre de 2002, ya alcanzó un amplio acuerdo político sobre la definición
de refugiado, en el marco de la propuesta de directiva. Este nuevo Consejo de Ministros, en su sesión del 26 de febrero de 2003, ha debatido sobre el alcance de las otras formas de protección y persisten algunas diferencias relacionadas con las
prestaciones sociales a otorgar a las personas a proteger y hacia sus familiares. La delegación española no mantiene reservas sobre el texto que está en discusión en este momento y la presidencia griega ha anunciado su intención de trabajar para
conseguir la aprobación de la directiva en su mandato.
En tercer lugar, la propuesta de directiva sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar el estatuto de refugiado se encuentra a debate en el Consejo y se trabaja en la actualidad
sobre una propuesta modificada de junio de 2002.
La propuesta de directiva
tiene un carácter eminentemente técnico y pretende aproximar los procedimientos administrativos y judiciales que los Estados miembros aplican a las solicitudes de asilo que se les presentan. La delegación española persigue la consecución de
un texto claro que recoja las garantías y los principios que deben respetarse en los procedimientos y en el que se evite la prolijidad, dado que estamos ante una propuesta de directiva que los Estados deberán posteriormente transponer y no de un
reglamento de aplicación directa. Los trabajos conducentes a la aprobación final del texto llegarán hasta la próxima presidencia italiana.
Con respecto a la pregunta concreta que me ha planteado la señora diputada, quería decir que naturalmente esta directiva está plenamente en vigor; que España tiene absoluta intención de respetarla, pero que falta el trámite final de
trasposición. (La señora Blanco Terán: Está ya traspuesta.) ¿Está traspuesta también? (Asentimiento.) No lo recordaba.
Si está traspuesta a la legislación española, no hay duda de que hay plena voluntad de cumplirla en todos sus términos, porque
esa es la idea.
El tema de la trasposición de directivas es muy importante, lo he dicho muchas veces, es la única manera, es el verdadero termómetro del compromiso de un Gobierno con lo que se decide en Bruselas. No tenía seguridad de que se hubiera hecho
la trasposición, pero si está hecha, desde luego es ley en España y, por tanto, el Estado tiene plena intención de cumplirla, como naturalmente se debe, porque el Gobierno se debe al impero de la ley.
El señor PRESIDENTE: Señora diputada.
La señora BLANCO TERÁN: Señor secretario de Estado, me figuraba que iba a contarnos el marco del acervo de directivas y reglamentos que ya conocemos y además la intervención del 11 de febrero sobre una proposición no de ley de mi grupo
parlamentario sobre este tema dejó suficientemente claro este asunto. Es verdad que las tres fechas fundamentales son la Convención de Ginebra de 1951, el Protocolo de Nueva York de 1967 y Tampere en 1999 marcan, de alguna forma, la trayectoria y
el camino a recorrer en temas de asilo y refugio. También es verdad, como se dijo el 11 de febrero -y no voy a repetirlo-, que los Estados miembros han trabajado sobre las normas mínimas, en lo que se refiere a la aceptación o no de personas que
tienen que huir por las razones que contempla la Convención de Ginebra.
Fundamentalmente -y esta pregunta se planteó por eso-, el escenario que tenemos al día de hoy es prebélico, como todos sabemos. Hay una directiva que específicamente entra de lleno en ese escenario, que es a la que me he referido, que entró
en vigor el pasado 8 de agosto de 2001, ya hace casi un año y medio y que ha sido traspuesta efectivamente a la normativa española. Exactamente la directiva dice que es relativa a las normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso
de afluencia masiva de personas desplazadas y refugiadas por conflicto bélico y a las medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger temporalmente a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida. Dado
el escenario que tenemos, esta directiva tenía ya que estar impulsándose en el seno de la Unión. España y su Gobierno es uno de los países que precisamente están activando más la maquinaria bélica. En este momento se encuentra buscando parte de
los votos que faltan en el Consejo de Seguridad para la segunda resolución, y sin embargo a una directiva que ya se ha planteado, que ya los Estados miembros tienen que decir qué capacidad de cupo tienen para estos futuros refugiados, España no ha
contestado.
No sólo eso, sabemos que esta directiva fue el resultado de una experiencia absolutamente dramática en el seno de Europa, como fue el conflicto de los Balcanes. A partir de ese conflicto Europa aprendió una lección que había olvidado desde
la Segunda Guerra Mundial y es que los refugiados no se pueden quedar en los países cercanos al conflicto, países pobres en general, países bélicos, con conflictos complejos que no pueden acoger a más gente y a más refugiados de los que ya tienen.
Veamos la situación en este momento: Arabia Saudí y Kuwait no van a recoger a los refugiados iraquíes, obviamente; Irán tiene dos millones de refugiados iraquíes, procedentes de la guerra del Golfo, desde hace doce años; en Jordania todas las
organizaciones y agencias de Naciones Unidas están organizando el operativo humanitario que necesitará el conflicto bélico en Irak; Siria no ha dicho nada por el momento. Por lo tanto, sólo queda Turquía y Jordania, países que han venido
recogiendo refugiados de Oriente Medio durante las dos últimas décadas.
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, le ruego que se atenga usted al tiempo de que dispone.
La señora BLANCO TERÁN: Si este es el escenario y España es tan activa con otros dos socios de la Unión -Italia y Reino Unido-, el Grupo Parlamentario Socialista les insta a que pongan en funcionamiento la directiva que plantea hasta dos
años de acogida temporal de las víctimas, que no se pueden llamar daños colaterales.
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, le ruego que concluya, por favor.
La señora BLANCO TERÁN: Gracias por su benevolencia, señor presidente, sólo unos segundos más.
Me gustaría que nos contara exactamente qué está haciendo España en el marco de esta directiva.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EUROPEOS (De Miguel Egea): He dicho lo que he dicho: esta directiva está traspuesta al ordenamiento jurídico español. El Gobierno español tiene una trayectoria impecable de seriedad en el
cumplimiento de sus obligaciones tanto internas como comunitarias. Así pues, en el momento en que se produjera la intervención armada que usted vaticina, pero que de momento no es más que un ejercicio de presión internacional -en el que España está
claramente implicada- para obligar al régimen de Sadam Husein a ajustarse a las resoluciones de Naciones Unidas, si esta intervención armada se produjera, repito, que de momento nadie está hablando de intervención armada, sino de presión sobre el
régimen de Sadam Husein, el Gobierno español hará lo que tenga que hacer respecto a sus obligaciones derivadas de la directiva.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario de Estado.
Queda terminada así la comparecencia del señor secretario de Estado, a quien despedimos y damos de nuevo las gracias.
- COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO) PARA INFORMAR DE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO Y DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL IMPULSO Y DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE LISBOA, EN EL ÁMBITO DE SU
DEPARTAMENTO, DE CARA AL PRÓXIMO CONSEJO EUROPEO DE PRIMAVERA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente Congreso 213/001120 y número de expediente Senado 711/000372.)
El señor PRESIDENTE: Recibimos al señor ministro de Trabajo y le damos la palabra rápidamente, porque me indica que dispone de un tiempo limitado y nos hemos retrasado algunos minutos en recibirle.
Tiene la palabra, pues, el señor ministro, para informarnos, en el ámbito de competencias de su departamento y a petición del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno y resultados obtenidos en el impulso y
desarrollo de la estrategia de Lisboa de cara al próximo Consejo Europeo de primavera.
Señor ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Zaplana Hernández-Soro): Señor presidente, señorías, la celebración de esta comparecencia es muy oportuna puesto que nos encontramos a sólo diez días de la celebración del Consejo Europeo de
primavera, en el que los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea harán una revisión de la estrategia europea de empleo.
Como saben SS.SS., la Comisión Europea dirigió el pasado 17 de julio una comunicación al Consejo, al Parlamento, al Comité de las Regiones y al Comité Económico y Social en la que hacía un balance de los cinco años transcurridos desde la
aprobación de la estrategia europea en Luxemburgo.
Esta comunicación ha abierto un amplio debate en Europa que ha puesto de relieve una vez más el consenso acerca de la conveniencia de renovar esta estrategia con objeto de lograr mejores resultados
y hacer así posible la consecución del objetivo que se fijó en la cumbre de Lisboa de 2000, es decir, alcanzar el pleno empleo en la Unión Europea antes de 2010. Es evidente que la Unión Europea ha cambiado profundamente en estos cinco años. Nos
enfrentamos a nuevos retos y desafíos, como el de la ampliación hacia el este de Europa o el del progresivo envejecimiento de nuestras sociedades; retos que aconsejan acordar nuevas reformas que hagan más eficaces y operativas nuestras políticas.
El 14 de enero pasado, la comisaria europea de Empleo y Asuntos Sociales presentó una nueva comunicación de la Comisión en la que se proponen las líneas de futuro de la estrategia de empleo. Los objetivos que presentan en esa comunicación
-que el Gobierno comparte plenamente, dicho sea de paso- son alcanzar el pleno empleo, promocionar la calidad y la productividad del mercado de trabajo y garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder al mercado de trabajo en igualdad de
condiciones. En este marco, el pasado viernes, los presidentes de Gobierno de España y del Reino Unido -José María Aznar y el señor Blair- acordaron una declaración conjunta sobre el impulso de la estrategia europea de empleo. Este debate
concluirá el próximo 21 de marzo con las decisiones que se adopten en el Consejo Europeo de primavera.
Este es, por tanto, el escenario en el que nos encontramos en estos momentos y que pone de relieve, como les decía al comienzo de mi intervención, la oportunidad de esta comparecencia. Es un escenario que debe servirnos, por lo demás, para
hacer balance de lo que ha significado para España y para Europa la estrategia de empleo. Desde mi punto de vista, el principal éxito de la cumbre de Lisboa no consistió sólo en el establecimiento del pleno empleo como un objetivo común con el
horizonte al que antes me refería del año 2010. El acierto fundamental reside, por el contrario, en que se puso de relieve que la consolidación del modelo social europeo requería que la política de empleo, la política económica y la política social
se encontraran entrelazadas al servicio de la meta común que es el pleno empleo. Esto es lo que han hecho en los últimos siete años los Gobiernos del presidente Aznar: considerar el pleno empleo como un objetivo prioritario y orientar la actuación
de los poderes públicos hacia esta meta. Con este fin, la estrategia europea puso su énfasis
en las políticas activas de empleo o, dicho de otro modo, el foco central de actuación dejó de ser el paro para pasar a ser el empleo. No se trataba únicamente de promover el empleo de las personas desocupadas, sino también de atraer a la
actividad laboral a personas que permanecían al margen de la misma, y esto es exactamente lo que hemos estado haciendo en España con resultados, como SS.SS. conocen, enormemente positivos.
Entre 1995 y 2001 se han creado 12 millones de nuevos
puestos de trabajo en la Unión Europea de los que 3,5 millones se han creado en España. En otras palabras, aunque nuestro país representa poco más del 10 por ciento de la población europea, hemos sido capaces de crear el 29 por ciento del total de
empleos de la Unión. Podemos afirmar sin alardes ni triunfalismos pero tampoco con mensajes pesimistas o catastrofistas que hemos liderado el proceso de creación de empleo en Europa. Es la primera vez que España destaca en este campo, y como
ministro de Trabajo y como ciudadano debo mostrarme enormemente satisfecho por ello, como también lo estoy por el comportamiento del mercado de trabajo el pasado año. Sólo un dato: la Comisión Europea estima que el empleo en la Unión ha crecido en
2002 en medio millón de nuevos puestos de trabajo, lo que se considera un éxito dado el actual grado de desaceleración por el que está atravesando Europa. Pues bien, de ese medio millón de nuevos empleos, 256.000, es decir, un 51 por ciento, se han
creado en España.
Otro de los objetivos fundamentales de Lisboa consistía en elevar la tasa de ocupación media de la Unión Europea hasta situarla en el 70 por ciento y aumentar la tasa de ocupación femenina hasta el 60 por ciento. Pues bien, en estos campos
también hemos avanzado muy considerablemente teniendo en cuenta el nivel del que partíamos. Hasta 1998, y desde hacía varias décadas, España tenía la tasa de ocupación más baja de toda la Unión Europea. A comienzos de 2003 nuestra tasa de empleo
se sitúa en el 58,8 por ciento, lo que significa que queda mucho por hacer, indudablemente pero que ya no somos los últimos. Lisboa se fijó el objetivo de aumentar la tasa de ocupación en nueve puntos antes de 2010.
Nosotros hemos aumentado esa
tasa ocho puntos y todavía nos restan siete años en los que, sin duda, vamos a seguir avanzando. Que se haya producido este espectacular cambio indica, sin duda, señorías, que estamos trabajando bien y que nuestro mercado de trabajo se está
comportando mejor que el de la mayoría de los países miembros, a pesar -reitero- de la más que difícil situación de la que partíamos.
En cuanto a las mujeres, he reiterado en multitud de ocasiones que se trata del único frente que nos separa del pleno empleo; una circunstancia que, desgraciadamente, tampoco es nueva. En 1996 la tasa de ocupación femenina en España se
situaba en el 26,42 por ciento. Hoy esa tasa se sitúa en el 35,46 por ciento, lo que significa que ha aumentado en más de nueve puntos. La mitad del empleo creado en España desde 1996 ha sido ocupado por mujeres; una tendencia que se ha acelerado
en este último año, en el que el 78 por ciento de los nuevos puestos de trabajo creados han sido ocupados por mujeres. En estos momentos hay cerca de 1.700.000 mujeres más trabajando en España de las que había en 1996.
Señorías, como les decía, alcanzar el pleno empleo ha sido un objetivo prioritario del Gobierno. Para ello se han llevado a cabo numerosas medidas, incluidas todas ellas en el marco común que es la estrategia europea de empleo. Permítanme,
señorías, que me detenga en algunas de las más importantes aunque sólo sea brevemente. Me referiré en primer lugar a las reformas introducidas en el mercado de trabajo al objeto de hacerlo más flexible y eficaz. Organismos internacionales de
prestigio como la OCDE o la propia Comisión Europea han insistido en sus informes sobre la necesidad de flexibilizar en España un mercado de trabajo excesivamente rígido. Ese ha sido el motivo que ha impulsado las reformas llevadas a cabo por el
Gobierno en el mercado de trabajo en los últimos años, como la introducción de una nueva modalidad de contrato indefinido en 1997, la reforma del trabajo a tiempo parcial o la aprobación de la Ley 45/2002, de reforma de la protección por desempleo.
Son estas reformas que el Gobierno siempre ha abordado desde la búsqueda del diálogo y el consenso con los agentes sociales; un clima de diálogo que tiene mucho que ver también con la segunda de las cuestiones en las que quería detenerme
brevemente. Me refiero a las recomendaciones que han realizado las organizaciones internacionales en relación con la reforma de la negociación colectiva. En este punto el Gobierno ha favorecido, en la medida siempre de sus capacidades, los
acuerdos interconfederales que han alcanzado en los dos últimos años los agentes sociales y en los que se recogen muchos de los aspectos que incluye la estrategia europea de empleo. Gracias, entre otras cosas, a estos acuerdos, España está entre
los países en los que el coste laboral unitario mejor se ha comportado, que es uno de los indicadores, como SS.SS. saben, clave a la hora de explicar el porqué del buen funcionamiento de nuestra economía.
En tercer lugar quiero referirme a la apuesta que ha realizado el Ejecutivo español por la formación y el aprendizaje durante toda la vida, siguiendo las directrices que la estrategia europea de empleo marcaba.
Desde el año 1997 el Gobierno
viene introduciendo importantes modificaciones normativas en los sistemas educativos y de formación profesional destinadas a mejorar los niveles de cualificación y potenciar la educación no formal. Este proceso se ha intensificado en los últimos
dos años: en 2001, con la promulgación de la Ley orgánica de universidades, al objeto de mejorar la calidad en todas las áreas de la actividad universitaria, y en el año 2002, con la Ley orgánica de cualificaciones y de formación profesional, cuya
principal
finalidad es la de crear un sistema nacional que dote de una mayor coherencia y eficacia a la oferta formativa en el ámbito de la formación profesional. Se trata de una norma que presta especial atención a la enseñanza de las tecnologías de
la información y la comunicación y el aprendizaje de idiomas, así como al aprendizaje permanente, al establecer que las Administraciones públicas adaptarán las ofertas de formación -en especial las dirigidas a los grupos con especiales dificultades
de integración laboral- de forma que se prevenga la exclusión social y se motive el aprendizaje a lo largo de toda la vida laboral. Esta labor ha continuado con la aprobación de la Ley orgánica de calidad de la educación, que tiene como principal
objetivo impulsar un sistema educativo de calidad y de oportunidades para todos.
Señorías, el Gobierno está haciendo todo cuanto está en su mano para que España sea una sociedad de pleno empleo lo más rápidamente posible, y lo está haciendo actuando no sólo en el ámbito de la política de empleo sino también -como le
decía al comienzo de mi intervención- sobre los otros dos factores claves para la consolidación del modelo social europeo, como son la política económica y la política social. Aquí seguimos las directrices de la cumbre de Barcelona, celebrada
durante la presidencia española de la Unión Europea, que consideró necesario abordar el pleno empleo desde una perspectiva integral. No voy a detenerme en las medidas estructurales introducidas en nuestra economía, como la apuesta por el rigor y la
estabilidad de las cuentas públicas o las rebajas fiscales, que tan buenos resultados están ofreciendo en términos de crecimiento y de creación de empleo. Sólo mencionaré que, según los últimos datos, España creció un 2 por ciento en el año 2002,
muy por encima de países como Francia o Alemania, manteniendo un diferencial positivo con la zona euro de 1,2 puntos. Instituciones como la OCDE estiman que España crecerá este año un 2,5 por ciento y un 3 por ciento en 2004, lo que demuestra la
solidez de nuestra economía. Este proceso de crecimiento tendrá sin duda traducción en términos de creación de empleo. Este año se crearán 282.000 nuevos puestos de trabajo, lo que significa que el empleo crecerá un 1,8 por ciento. La Comisión
Europea calcula que la tasa de desempleo se reducirá medio punto este año y siete décimas el año próximo, mientras que permanecerá prácticamente estable en la zona euro.
En relación con las políticas sociales, compartimos los objetivos establecidos en Lisboa, en los que se planteaba la necesidad de avanzar en la cohesión social. Creo sinceramente que en España hay en estos momentos más y mejores
oportunidades para todos los ciudadanos y que estamos cumpliendo con creces otra de las recomendaciones, que es la que aconsejaba efectuar un seguimiento de los sistemas de protección social para garantizar su viabilidad ante el envejecimiento de la
población. Hoy podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el sistema más importante de protección social que hay en España, que son las pensiones del sistema público de Seguridad Social, se encuentra totalmente garantizado. El pasado 31 de enero
el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley del fondo de reserva de la Seguridad Social, que va a garantizar el equilibrio financiero y la viabilidad del sistema público de pensiones.
España ha realizado un esfuerzo de previsión
importantísimo al dotar al fondo de reserva con más de 7.444 millones de euros. Quiero recordar a SS.SS. que el compromiso era alcanzar los 6.000 millones de euros en el año 2004. Nos hemos anticipado por tanto, en más de dos años a esa fecha y
hemos superado en más de 1.440 millones de euros la cantidad inicialmente prevista. Asimismo, se han incrementado las pensiones de forma muy notable, gracias también al excelente momento que vive la Seguridad Social española. Así, se ha mejorado
el poder adquisitivo de las pensiones en cerca de un 39,65 por ciento en el caso de la pensión media de jubilación y de un 46,66 por ciento en el caso de la pensión media por incapacidad permanente. En los últimos doce meses dichos porcentajes se
han incrementado en un 5,24 por ciento y en un 6,27 por ciento, respectivamente, y las pensiones mínimas han subido más de un 24 por ciento, con aumentos que alcanzan el 69,54 por ciento en el caso de la pensión de viudedad para los menores de
sesenta años con cargas familiares. En estos momentos España cuenta con un sistema de pensiones viable, que goza de una excelente salud y que otorga una protección que sin duda es mejorable pero que también sin duda alguna ha mejorado notablemente
en los últimos años.
Señorías, no quiero concluir mi intervención sin referirme a algunos ámbitos de la actuación del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que anticipan las que serán principales directrices europeas cuando se apruebe la nueva estrategia de
empleo. En la comunicación de la comisaria europea de 14 de enero, a la que me he referido al comienzo de mis palabras, se habla por ejemplo de la necesidad de desarrollar planes de acción personalizados para aquellos colectivos que tienen mayores
dificultades de integración en el mercado de trabajo, una labor en la que estamos trabajando desde 1997, cuando se aprobó, de acuerdo con el CERMI, el Plan de medidas urgentes para la promoción de personas con discapacidad, que sirvió para dar un
nuevo impulso a la integración laboral de los discapacitados. El plan estuvo acompañado de incrementos en las partidas presupuestarias destinadas a la integración laboral de las personas con una discapacidad superior al 30 por ciento y tuvo su
reflejo en los sucesivos planes de acción para el empleo aprobados en los últimos tres años. Asimismo, el pasado 3 de diciembre, de nuevo de acuerdo con el CERMI, se firmó el segundo Plan de empleo para las personas con discapacidad, que pone
especial énfasis en la contratación de mujeres discapacitadas
y que estoy convencido de que va a ser un instrumento fundamental al servicio de la integración laboral de las personas con discapacidad. El plan también incluye medidas para facilitar el tránsito desde el mercado de trabajo protegido al
mercado ordinario, así como para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, porque esta es un área de actuación que va a ser también objeto de atención prioritaria en la nueva estrategia europea de empleo y sobre la que el Gobierno
español lleva varios años trabajando, apostando por encontrar fórmulas más eficaces que permitan a hombres y mujeres compatibilizar perfectamente sus responsabilidades familiares y profesionales. Es indudable que cuanto más avancemos en este campo,
mayor será el número de mujeres trabajadoras y más cerca estaremos, por tanto, del pleno empleo. Por ello, en 1999 aprobamos, como SS.SS. conocen, la Ley de conciliación de la vida familiar y laboral, que mejoró la situación de las mujeres
trabajadoras, reordenó los permisos de maternidad y paternidad, la reducción de jornada y la excedencia por razones familiares, y en cuyo desarrollo reglamentario se regularon aspectos referentes a la maternidad y al riesgo durante el embarazo y se
introdujeron bonificaciones a la contratación de mujeres desempleadas con hijos a su cargo. Este año se ha introducido una medida absolutamente innovadora como es el abono de 100 euros mensuales a las madres trabajadoras con hijos menores de tres
años.
Se trata de medidas importantes en las que vamos a seguir profundizando impulsando un programa de guarderías infantiles que facilite la creación de guarderías en los entornos más próximos a los centros de trabajo o abriendo debates que puedan
plantearse en el futuro, como el de la ampliación del permiso de paternidad, que deberán ser abordados desde el rigor y la responsabilidad.
La nueva estrategia europea de empleo incluirá medidas para promover el envejecimiento activo, tal como estamos haciendo en España con la aprobación el pasado año de la Ley de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación
gradual y flexible, una norma que supone una ruptura clara con las políticas de empleo de décadas anteriores, que pretendían solucionar los problemas del empleo favoreciendo la jubilación de los trabajadores en edades cada vez más tempranas. Hoy
contamos con un instrumento normativo que permite a quien lo desee mantener una presencia activa en nuestra sociedad. La ley hace compatible el trabajo a tiempo parcial con el cobro de una pensión de jubilación. En definitiva, con estas medidas se
trata de impulsar las políticas activas que favorezcan el empleo, sin descuidar la protección de las personas desempleadas. Esto es básicamente lo que estamos haciendo por ejemplo en el ámbito de la formación, que consideramos esencial para
alcanzar el pleno empleo. La formación es el mejor instrumento para garantizar la adaptabilidad permanente de los trabajadores a las necesidades de una economía cambiante, así como para mejorar la calidad del empleo. En estos momentos tenemos
pendiente el diseño del nuevo modelo de formación continua para adaptarlo a la jurisprudencia constitucional. Es una reforma que queremos abordar desde el diálogo y el acuerdo con los agentes sociales, con las fuerzas políticas y con las
Comunidades Autónomas. Además, queremos aprovecharla para mejorar en distintas áreas, como la formación que reciben los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas, que queremos que tengan un acceso más fácil que el que han tenido hasta ahora
a los recursos formativos. Para ello estamos estudiando la posibilidad de que una parte del presupuesto de formación vaya destinado a las empresas de tal forma que éstas sean las responsables de la formación de sus trabajadores. Aquellas que
tengan dificultades para organizar la formación podrán buscar fórmulas de colaboración con otras empresas o con los agentes sociales. Asimismo, la nueva ley de empleo que se encuentra en elaboración permitirá adoptar planes individuales de
inserción con compromisos concretos de actividad. Se trata de una línea de actuación orientada a que las personas desempleadas reciban un tratamiento individualizado, avanzando de esta forma en la reorientación de los servicios públicos de empleo
hacia las acciones dirigidas a facilitar la inserción laboral en la que ya hemos comenzado a trabajar.
Señorías, creo sinceramente que España ha avanzado mucho en estos años en términos de empleo. Partíamos de una situación muy difícil y complicada que nos ha hecho trabajar más y mejor para recuperar el tiempo que habíamos perdido. Hoy
nuestro país se enfrenta al reto del pleno empleo, siendo conscientes de que lo tenemos al alcance de nuestras posibilidades. España ha seguido fielmente las directrices y recomendaciones incluidas en la estrategia europea de empleo, que ha sido
positiva tanto para España como para Europa. En el futuro vamos a seguir compartiendo los mismos objetivos con el resto de países comunitarios, pero sabemos también que nuestro desigual punto de partida nos obliga a trabajar más y mejor que ellos,
nos obliga a seguir liderando el proceso de creación de empleo en Europa, como hemos hecho en estos últimos años.
Ese es el compromiso y ese es el objetivo del Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Grupo Socialista y a continuación los restantes grupos -veo que solamente hay tres presentes- hasta terminar por el Grupo Popular. (El señor vicepresidente, Soravilla Fernández, ocupa la
presidencia.)
El señor GRIÑÁN MARTÍNEZ: Gracias por su comparencia, señor ministro.
Efectivamente, estamos a poco más de dos semanas de que se produzca el Consejo Europeo de primavera que analizará el desarrollo de la estrategia del de Lisboa. Tres
años después, no sería ninguna pregunta retórica que nos formuláramos si
todavía siguen vigentes los propósitos y las metas que se definieron en marzo de 2000. Es verdad que desde entonces han pasado muchas cosas en Europa y la mayoría de ellas no han sido positivas. La economía está estancada, el paro ha
crecido -en España tenemos ahora mismo 105.000 parados más que en marzo de 2000-, los valores de la nueva economía están como pinchados y para que el paisaje sea aún más sombrío resulta que la amenaza de guerra está generando incertidumbres que
hacen que no seamos capaces de levantar la economía. Así que en la víspera de la cumbre que tendremos ahora en marzo hay un ambiente de pesimismo en Europa, en la Unión Europea, y por tanto sería muy difícil que las conclusiones de la presidencia
en esta ocasión fueran tan optimistas como lo fueron en 2000.
Entonces recuerdo que se decía: La Unión Europea se enfrenta a un enorme cambio que exige una transformación radical de la economía europea para convertirse en la economía más
competitiva y dinámica del mundo capaz de crecer económicamente con más y mejores empleos y con mayor cohesión social. Es verdad que cuando se fijaron los objetivos de Lisboa, la literatura que los acompañó en las conclusiones fue formulada con un
optimismo -yo diría- desmesurado. Jamás una cumbre ha acumulado tantos adjetivos como los que acumuló la cumbre de Lisboa. Esa es la razón por la que quizá pasamos de la fascinación a la depresión, porque el ambiente de 2000 tenía una euforia tal
sobre la nueva economía que hubo quienes incluso llegaron a certificar la defunción de la vieja. Esto produjo que los mercados financieros crearan una burbuja especulativa que terminó explotando. Eso ha llevado a que se perdieran los valores de
las operadoras de telecomunicaciones, de las empresas de la nueva economía, pérdida de valores que además de trasladar sus efectos a los ahorradores, ha provocado la paralización de muchas de las inversiones que estaban previstas en el campo de
desarrollo fundamentalmente de Lisboa: las nuevas tecnologías, la economía digital, la economía del conocimiento, etcétera.
Dicho esto, tengo que añadir que, más allá de la retórica de Lisboa, hoy más que nunca es importantísimo apostar por los objetivos de la cumbre de Lisboa y también por la metodología. La cumbre de Lisboa acertó en la dirección y acertó en
el método. Acertó en la dirección correcta porque es verdad, como alguien ha dicho, que si el siglo XIX hizo que fueran los recursos naturales, en definitiva la tierra, el factor de producción que determinaba el crecimiento de la riqueza y la
competitividad de las economías y el siglo XX fue el capital, ahora en el siglo XXI es el trabajo, es decir, es la inteligencia la que ha de convertirse en elemento básico de competitividad de la economía europea. Solamente así conseguiremos
crecimiento económico con cohesión y lograremos mantener lo que se ha dado en llamar el modelo social europeo. He dicho que el método creado en Lisboa era el acertado porque fue el método abierto de coordinación, que se basa en objetivos comunes,
en indicadores, se basa también en directrices, en planes de acción nacionales, es decir, en evaluación y en control, en fortalecer por tanto el benchmarking. Dando por supuesto que hay que perseverar en los objetivos de Lisboa, nos tocaría ahora
en vísperas de esta cumbre evaluar lo que ha pasado entre 2000 y 2003.
En el ámbito de la competencia del empleo, usted ha señalado una comunicación importante en la Comisión. Yo le añadiría otra. Hay dos trabajos importantes, uno es el que usted ha citado, el análisis de cinco años de aplicación de la
estrategia de empleo y el otro es el reciente de enero de este año sobre la estrategia nueva de empleo que ha presentado la Comisión. En definitiva, analizando los dos nos damos cuenta de que lo que se pretende ahora es conseguir que las
directrices que se hagan para conseguir los objetivos de empleo se formulen de una manera más sencilla y que conservando los cuatro pilares que la sostenían históricamente se añadan básicamente cuatro grandes objetivos, que son nuevos, que están
afectando a todas las economías de la Unión Europea y que es importante tratarlos desde la perspectiva del empleo: el envejecimiento, las transiciones en el mercado laboral, la inmigración y la productividad.
Son cuestiones fundamentales no
solamente para tener la competitividad que tiene ahora mismo la economía europea y española, sino para mantenerla en el futuro ante los retos de la globalización de la economía. En el documento Optar por el crecimiento en el que se hace el balance
de la estrategia de Lisboa por parte de la Comisión, España está situada en el lugar duodécimo en la clasificación de los países que mejor han cumplido y en el tercero en la de los que peor han cumplido. Esto significa que todavía nos queda un
camino enorme por recorrer.
De los objetivos que le he citado, me centraré en la productividad por empleado. Hoy día la productividad por empleado en España nos hace ser los decimoterceros de la Unión Europea sólo por delante de Grecia y de Portugal, pero con el dato
de que Grecia y Portugal en los últimos años han aumentado posiciones, han aumentado su porcentaje de productividad y nosotros lo hemos reducido. Es verdad que nuestros costes laborales, como usted dice, son todavía bajos, pero esto es la
consecuencia de que de los tres elementos que componen los costes laborales unitarios, que son los salarios nominales, los costes indirectos y la productividad del factor trabajo, hemos prestado más atención al primero que al segundo y al tercero.
Es verdad que tenemos una ventaja competitiva y comparativa en nuestros salarios, porque son más bajos que los de la media de la Unión Europea, pero hemos de reforzar esos salarios mejorando el coste laboral unitario, mediante una mayor
productividad y unos menores costes indirectos. Esto es lo que nos está faltando, señor ministro. Hoy
día decimos que los costes laborales no han crecido, pero hemos tenido que incidir -y usted conoce perfectamente como yo la polémica que se suscita anualmente- sobre lo que se llaman cláusulas de revisión salarial en los convenios
colectivos. Por ejemplo, este año se ha vuelto a reproducir ese debate, siendo así que los salarios han crecido por debajo de la inflación. Luego algo funciona mal cuando permanentemente desde el Banco de España o desde el Ministerio de Economía
se nos dice que los salarios no deben tener una cláusula de revisión, no deben mantener -no digo ganar- poder adquisitivo, porque esto produciría un efecto inflacionista.
Le reconozco que en la realidad actual es verdad, porque si la productividad
no crece y si los costes indirectos del factor trabajo lo hacen, tendremos que basar necesariamente toda la competitividad y la productividad en el nivel nominal de los salarios. Esto produce un efecto desigualitario e injusto. Por ejemplo, según
datos del propio Ministerio de Trabajo, los costes indirectos, las cotizaciones sociales, han pasado en los últimos seis años de significar el 9,6 por ciento a ser el 10,2 por ciento del PIB en el último ejercicio liquidado. Esto nos hace tener un
riesgo de competitividad, porque los salarios españoles hoy día en términos nominales, como antes decía, son el 71,3 por ciento de la media salarial de la Unión Europea, mientras que los costes de Seguridad Social por empleado en España son el 111,5
por ciento de la media de la Unión Europea. Por tanto ahí ya tenemos ese problema, al que podríamos añadir el de la productividad, que es verdad, porque ya he dicho que somos los decimoterceros en la Unión Europea, pero es que en el año 2001
nuestra productividad era el 81,6 por ciento de la media europea y en el año 2002 ha sido el 80,4 por ciento, es decir, tenemos un problema de productividad. El problema de productividad no es achacable al factor trabajo. Sí creo que
históricamente se ha producido un esfuerzo en educación y en formación de los trabajadores, hay que multiplicarlo, pero los elementos que pueden permitir que el trabajo obtenga una mayor productividad dentro de la composición del capital no se están
desarrollando lo suficiente. Esto es consecuencia también del olvido de la cumbre de Lisboa, en la que decíamos que lo ideal en Europa sería que los países dedicáramos un 3 por ciento de promedio del PIB al gasto en I + D. Estados Unidos está cerca
del 3 por ciento, Japón ya tuvo el 3 por ciento y la Unión Europea está un poco por debajo del 2, pero nosotros no llegamos al 1 por ciento. Por tanto hay que hacer un esfuerzo en I + D que no estamos haciendo. Además, según el mismo documento de
la Unión Europea, Optar por el crecimiento, somos los decimoterceros en gastos en educación, los decimoterceros en patentes, los decimoterceros en tecnologías de la información, los decimocuartos en sociedades de capital riesgo y, eso sí, los
decimoquintos en emisión de gases con efecto invernadero. Por tanto el panorama no es bueno.
El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): Señor Griñán, le ruego que vaya concluyendo.
El señor GRIÑÁN MARTÍNEZ: No es bueno el panorama que se pinta en el documento que sirve de base para analizar el desarrollo y la evolución de la cumbre de Lisboa.
Para terminar ya, le voy a decir tres cosas más, porque es evidente que hay que favorecer la productividad mediante una mayor inversión en nuevas tecnologías, en I + D y en innovación, pero además de eso, está el tema de la ampliación. La
ampliación nos puede producir un problema que entre todos debemos saber afrontar. Hace un momento el secretario de Estado de Asuntos Europeos ha dicho aquí que hoy España tiene grandes fábricas de automóviles porque en su día tenía la ventaja de
costes que ahora tienen los países de la ampliación. Esta es una afirmación que si es cierta, si lo que supone es que se van a deslocalizar grandes industrias españolas para Eslovaquia, para la República Checa, para Hungría o para Polonia, tenemos
un riesgo en determinados sectores que habrá que afrontar. Además no olviden que la ampliación va a producir, desde el punto de vista de la cohesión, un choque bastante fuerte entre países que tienen como promedio un 21 por ciento de empleo en el
sector de la agricultura, mientras que los de la Unión Europea estamos en el 5, y solamente un 47 por ciento en el sector de los servicios. Hay que montar una estrategia de protección de las conquistas sociales y del empleo en la Unión Europea
frente a posibilidades de dumping social.
Respecto al envejecimiento, que es algo que también figura dentro de los objetivos de la cumbre de Lisboa y dentro de las estrategias de empleo, estoy de acuerdo en que nos ha de llevar a tener que afrontar los riesgos que se producen dentro
de la estabilidad presupuestaria, dentro del Plan de Estabilidad, que va a afectar al sistema de pensiones y al sistema de bienestar, pero hoy nos están poniendo sobre la mesa fundamentalmente que deberíamos acometer de manera urgente ya el problema
de la dependencia, uno de los más importantes que tiene España por las dos razones que le voy a indicar, primero porque nos va a permitir ese envejecimiento activo del que usted hablaba y segundo porque va a permitir fundamentalmente la plena
actividad de la mujer, que es la que se está encargando hoy, después de cuidar a sus hijos, de cuidar a sus padres y está encargándose precisamente de un trabajo que debiera ser público, de la sociedad en su conjunto, y no de la sociedad
privatizada, además en la mujer. Con todo esto simplemente le quería decir que la cumbre de Lisboa mantiene plenamente sus objetivos, que el método de coordinación abierto sigue siendo importante, pero que en el caso español es muy importante
también que sigamos avanzando en la senda de la productividad, que es uno de los elementos que España ha perdido en los últimos años.
El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): En ausencia del resto de los grupos, tiene la palabra la portavoz de Convergència i Unió, señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Señor ministro, muchas gracias por su comparecencia hoy ante esta Comisión, una Comisión que mira a Europa, una Europa que hoy más que nunca requiere de medidas e instrumentos de reforzamiento, una Europa que hoy más
que nunca ha de avanzar en su integración, ha de avanzar de manera decisiva en hacer real y efectivo el espacio único europeo. Ahora es el momento de acelerar los procesos de coordinación y de armonización y es el momento de avanzar en los
objetivos de la cumbre de Lisboa. En el Consejo Europeo de Lisboa del año 2000 se establecía que para el año 2010 la Unión Europea debía convertirse en la economía basada en el conocimiento, en la economía más competitiva y dinámica del mundo,
capaz de generar crecimiento económico sostenible, con más y mejores empleos, y con mayor cohesión social. La principal virtud de esta declaración, su ambición y su capacidad de movilizar energías en el seno de la Unión, puede convertirse en el
principal defecto si la ciudadanía europea considera que esta lista de declaraciones que se han sucedido a lo largo de la construcción europea no se materializa. Por ello, el Consejo de Barcelona permitió visualizar un proceso de aceleración en las
reformas necesarias para la construcción europea y para cumplir con sus principios fundamentales. Mucho se ha avanzado, pero no lo suficiente, sobre todo en aquellos mercados claves para la consecución de un verdadero mercado único, como el sistema
financiero, los mercados energéticos, los mercados de transportes y comunicaciones y sobre todo el mercado laboral, que justamente es uno de los principales aspectos y claves de la estrategia de Lisboa, que, a nuestro entender, debe descansar sobre
tres grandes pilares: en primer lugar, el correspondiente a la liberalización y desregulación de los sectores; en segundo lugar, el del mantenimiento de la cohesión social y, en tercer lugar y muy importante, el de la mejora del mercado de
trabajo.
En relación con las políticas desarrolladas por el Gobierno, desde nuestro grupo parlamentario, por una parte, queremos reconocer los avances registrados en las políticas sociales y en las políticas de ocupación, que usted, señor ministro,
nos ha expuesto, pero, por otra parte, hemos de señalar aquellos ámbitos en los que creemos que es necesario avanzar ulteriormente. Hemos de avanzar en un ámbito estrictamente vinculado al de la ocupación como es el ámbito de la formación. Un
mercado de trabajo equilibrado, una ocupación estable y cualitativa requiere una inversión fuerte e importante en formación. Sin ella será difícil construir y participar en la Europa del conocimiento ni en la Europa del Estado del bienestar, de la
cohesión social y del crecimiento. También hemos de avanzar en aquellas figuras ocupacionales como el contrato a tiempo parcial. Consolidar este tipo de contrato es facilitar la inserción laboral estable a nuevos colectivos, es cubrir de forma más
competitiva necesidades laborales y también es ampliar el modelo laboral europeo de coberturas sociales a todos aquellos grupos sociales de forma estable.
Hemos de avanzar también en favorecer e impulsar todas aquellas políticas orientadas a la
incorporación de aquellos colectivos con mayores dificultades de incorporación o de entrada en el mercado de trabajo; los mayores de cuarenta y cinco años, los discapacitados o las mujeres son algunos de ellos. Con relación a las mujeres estamos
muy por debajo de la media europea. No obstante, aunque hemos registrado avances, hemos de impulsar nuevas y más decisivas medidas. Hemos de continuar impulsando medidas que incorporen y favorezcan la integración de los nuevos fenómenos como el de
la inmigración o el del envejecimiento, al que se ha hecho referencia, y por tanto nuevas medidas que incorporen y se adapten al nuevo marco social y de relaciones laborales.
Por último, no queremos dejar de hacer referencia al principio de la movilidad de los trabajadores. Hoy en la Comisión de Política Social y Empleo hemos aprobado una proposición no de ley presentada por nuestro grupo parlamentario con el
fin de impulsar todas aquellas medidas que permitan favorecer y avanzar en el principio de la movilidad y hacer así efectivo y real uno de los pilares de la construcción europea, que es el de garantizar la libre circulación de las personas, de los
bienes y de los servicios. Se hace necesario superar los obstáculos administrativos, como se ha hecho con el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 14 de febrero, gracias también a un impulso y a una iniciativa parlamentaria
de nuestro grupo. Se hace también necesario avanzar en el reconocimiento de titulaciones y de actividades profesionales, como se ha hecho también con el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 28 de febrero. Para nuestro grupo
parlamentario la movilidad es ir más allá y es, entre otros aspectos, adaptar mejor los sistemas de educación y de formación en el mercado de trabajo.
En relación con la inversión en formación profesional, a la que he hecho referencia anteriormente, nuestro país se sitúa aún por debajo de la media europea y aún por debajo de algunos países del Este que se aprestan a incorporarse a Europa.
Por tanto hemos de avanzar en la inversión en formación. Hemos también de avanzar -y este ha sido el espíritu de la proposición no de ley presentada y aprobada por todos los grupos parlamentarios- en remover los obstáculos al reconocimiento del
aprendizaje, promoviendo la transferencia y la transferibilidad de las cualificaciones en toda Europa, condición previa a la movilidad y de la promoción de un mayor aprovechamiento para los ciudadanos de sus oportunidades de empleo y de estudio.
Señorías, señor presidente, señor ministro, estamos construyendo Europa, la Europa que queremos, la Europa de Lisboa y la Europa del conocimiento, de la cohesión social, de la competitividad y de la ocupación, una Europa que para nosotros es
la Europa del reconocimiento, es la Europa de la formación y es la Europa del trabajo y en definitiva es la Europa de la libre circulación de las personas, la Europa de la movilidad de los trabajadores. La movilidad es uno de los elementos
intrínsecos y básicos en la construcción europea. Es un instrumento básico para conseguir un alto grado de cohesión social, de crecimiento económico sólido y estable, de equilibrio territorial en ámbito europeo y un alto nivel de ocupación estable
y cualitativa. Para ello la movilidad ha de continuar siendo un objetivo clave en las políticas sociales y económicas de cada uno de los países miembros y por tanto de las nuestras.
Desde nuestras políticas económicas y sociales y desde nuestras actuaciones hemos de participar activamente por tanto en la construcción de la Europa definida en Lisboa, defender el espíritu del Consejo y promover todas aquellas medidas
orientadas a tal objetivo. El entorno actual presenta hoy dificultades y riesgos que no podemos obviar y que ya hemos comentado. No podemos dejar de hacer referencia a la ampliación europea, ya que si bien constituye una gran oportunidad, no está
exenta de riesgos - a los que ya se ha hecho referencia- que pueden afectar a nuestra competitividad. El ritmo de crecimiento de nuestra economía, si bien ha sido superior a la media, ha bajado y los países motores de crecimiento en Europa o los
mismos Estados Unidos presentan dificultades de crecimiento. Por tanto, si bien cumplimos con los principales criterios de Maastricht, no podemos olvidar que tenemos algunas variables como la inflación muy distanciadas de la media europea y que
pueden afectar y afectan en términos de crecimiento, de competitividad y de ocupación. Estamos en un entorno que presenta riesgos y dificultades internos y externos y que obliga más que nunca a políticas orientadas a la ocupación estable y de
calidad, a dar estabilidad a los ciudadanos.
También cabe entrar en el tema de pensiones y contribuir de forma neta al crecimiento de nuestra economía y de nuestro Estado del bienestar.
El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): A continuación por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez Casañ.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: En primer lugar, quiero agradecer al señor ministro su presencia en esta Comisión Mixta de la Unión Europea y la explicación tan detallada que nos ha dado de los avances que se han llevado a cabo en el proceso de
Lisboa. Tras la intervención del señor ministro, a mí me da la impresión de que asistimos a un glosario de lo que ha sido la iniciativa continuada de España a lo largo de los últimos años en el proceso de Lisboa y también al cumplimiento de todas y
de cada una de sus directrices. Esto demuestra que la prioridad de los gobiernos populares ha sido la consecución de una mejor política social, la creación de empleo, que es la madre de todas las políticas sociales, porque sin empleo no se puede
conseguir ninguna otra política social. El empleo es uno de los derechos básicos de las personas, que les permite su realización integral dentro de la dignidad del ser humano. España participó por ello activa y claramente en la iniciativa de
convocar el Consejo de Lisboa, que fue iniciativa, como todos sabemos, del presidente Aznar y del primer ministro Blair, así como en el contenido y en los objetivos que deberían alcanzarse en la cumbre de marzo. El presidente del Gobierno -quiero
recordarlo- propuso que la Unión Europea avanzase hacia el objetivo en 2010 mediante metas claras y calendarios precisos y exigentes, que es justo lo que había hecho y lo que hace nuestro Gobierno a nivel interno en España; la carta europea de las
pymes, la mejora del funcionamiento de los mercados de trabajo, la remodelación del modelo social europeo y sostenibilidad del sistema público de pensiones para 2010 y la renovación de nuestros sistemas de educación y formación aumentando la lucha
contra la exclusión social, son todos ellos conceptos a los que se les dio carta de naturaleza y que a partir de entonces se suscitan en todos los foros de debate y en las agendas políticas de los distintos Estados miembros de la Unión Europea, eso
sí, unos con mayor fortuna que otros en el cumplimiento de los objetivos. Tras esto seguimos cumpliendo y liderando, porque nuestro país es modelo de crecimiento y es modelo de creación de empleo. Es como si España hubiese hecho una apuesta a
nivel interno y la hubiera elevado a la Unión Europea sometiéndola al escrutinio de la Unión para no poder volverse atrás. Quiero decir, a tenor de lo que ha dicho esta mañana el señor ministro, que lo hemos hecho bastante bien. Lo hicimos
bastante bien en Estocolmo y lo hicimos y seguimos haciéndolo bastante bien en el Consejo Europeo de Barcelona, que fue la primera gran evaluación de la situación de los mandatos. En aquel momento la presidencia española eligió para Barcelona el
relanzamiento de la estrategia de Lisboa con el lema de hacer realidad el cambio, más y mejores empleos, mayor cohesión social, que continúa siendo un proyecto político irrevocable; presupuestos próximos al equilibrio o con superávit a más tardar
en el año 2004: España cumple; un entorno más favorable al espíritu empresarial y a la competitividad, y España presentó en octubre la carta europea de las pymes, durante la presidencia española; políticas activas orientadas al pleno empleo, más
y mejores puestos de trabajo. La presidencia española aprobó la decisión sobre incentivación del empleo y las resoluciones sobre la evaluación permanente, capacidades y movilidad, así como la modificación de la iniciativa sobre igualdad de trato.
En el campo de la Seguridad Social, durante la presidencia
española, se consiguió la modificación de los capítulos 1 y 2 del Reglamento 1408 sobre coordinación de los sistemas de la Seguridad Social. Una economía basada en el conocimiento con objetivos en los sistemas de educación fue aprobada por
la presidencia española, así como también las resoluciones sobre formación y educación a lo largo de la vida y un plan de acción relativo a la capacidad y movilidad. En investigación, que tantas susceptibilidades levanta, se aprobó en junio pasado
el VI Programa marco de investigación y desarrollo y en septiembre los programas específicos, y se realizaron avances importantes en la patente comunitaria según la concepción española. También durante la presidencia española se depositó el
instrumento de ratificación del Protocolo de Kyoto por todos los Estados miembros y por la Comunidad el 31 de mayo, y se aprobó el VI Programa marco de acción en materia de medio ambiente. Por todo ello, veo no solamente un paralelismo sino una
especie de mimetismo entre lo que el Gobierno español imagina y pone en práctica en el ámbito interno y lo que antes propone en el de la Unión Europea, de manera que lidera el proceso y va marcando las pautas a lo largo de estos últimos años, desde
que se ideó el proceso de Lisboa. No quiero, porque no es necesario, profundizar en lo que ya ha comentado con tanto detalle el ministro, pero quiero decir que también el ministro sigue una línea continua en lo que a lo largo de toda su trayectoria
ha sido su defensa de las políticas sociales y de todas las políticas que suponen la base de las mismas: la creación de empleo, el bienestar y la integración social; lo hizo cuando era presidente de la Comunidad Valenciana y lo continúa haciendo
ahora al frente de un ministerio que es complicado pero que él, con su buen hacer en la obtención de los consensos a través del diálogo, está llevando a buen puerto.
Me gustaría hacer hincapié en los avances importantísimos que se han llevado a cabo últimamente en la consecución del empleo desde una perspectiva integral y en el área social con ese fondo de reserva que garantiza el fondo de pensiones y
que hace del mismo fondo viable y de excelente salud, como ha dicho el señor ministro. También quiero poner de relieve la gran labor que se está llevando a cabo en la integración de la mujer en el mercado laboral y la consecución de una sintonía
cada vez más perfecta entre la vida familiar y la vida laboral. Es cierto que España sigue estando en algunos campos muy por detrás de algunos países europeos, pero también es cierto y no se puede dejar de mencionar que esos campos son precisamente
aquellos en los que había una gran carencia y en los que todo se ha tenido que hacer de nuevo, los fondos destinados a las políticas de familia, los fondos destinados a la investigación y desarrollo, los fondos destinados a la política de educación
y formación continuada. Se tiene que hacer mucho más. No había nada y por eso es difícil y costoso llevarlo a cabo, pero el ritmo de crecimiento que se está consiguiendo en todas estas políticas señala que estamos en la buena dirección y que las
políticas de nuestro Gobierno volverán a ser de nuevo en la conferencia de primavera un motivo de orgullo un motivo para poner de relieve el liderazgo de nuestro país en el señalamiento de los objetivos a seguir y también en el cumplimiento de las
políticas que se han señalado de pasada.
El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): Muchas gracias a todos los portavoces porque se han ajustado al tiempo y facilitado la labor de la presidencia.
Para contestarles, tiene la palabra el señor ministro de Trabajo.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Zaplana Hernández-Soro): Muchas gracias a SS. SS. por las intervenciones y las aportaciones realizadas. Voy a contestar a las mismas de forma breve porque han sido pocas las cuestiones que
pueden suscitar en estos momentos un debate entre nosotros. Planteaba el señor Griñán en su intervención como eje central, por lo menos me lo ha parecido, si seguían vivos los objetivos de Lisboa. Sin duda alguna. Es un elemento en el que será
muy fácil coincidir y ponernos de acuerdo. Me parecen acertados los adjetivos y las calificaciones de aquella cumbre. Para conseguir el éxito hay que empezar creyéndoselo, y en aquel momento las condiciones eran las adecuadas para ese canto de
optimismo que se produjo en Lisboa y que ha dado unos resultados francamente positivos y buenos. Algunos de los datos que he dado confirman esas manifestaciones por mi parte. No creo que generara un optimismo desmesurado; generó un clima adecuado
para poder avanzar y cumplir esos objetivos.
Por marcar alguna discrepancia con S.S, que no han sido muchas después de su intervención -y ahora me referiré a las cuestiones fundamentales-, quiero decirle que discrepo de que en estos momentos estemos en una situación de depresión. Su
señoría ha dicho más o menos que aquel optimismo desmesurado puede llevar en estos momentos a una cierta situación de depresión. (El señor presidente ocupa la presidencia.) El optimismo desmesurado no fue tal. Fue una situación que se trasladaba
al exterior desde el punto de vista del cumplimiento posible de los objetivos que se establecían en aquella cumbre y ahora estamos muy lejos de caer en esa situación de depresión. Es cierto -lo repetiré hasta la saciedad- que estamos en una
coyuntura tremendamente más compleja que hará que profundicemos en el análisis, que en la cumbre de primavera haya que hacer un esfuerzo por reactivar aquellos objetivos y a lo mejor por cambiar alguna política o incentivar algunas de las decisiones
que se han tomado en los últimos tiempos. Sin embargo, el balance tiene que seguir siendo positivo. En estos momentos se tiene que
estar produciendo una rueda de prensa oficial en la que se están dando los datos del empleo y de la afiliación a la Seguridad Social del recientemente concluido mes de febrero. Su señoría me permitirá que los reproduzca aquí de forma breve
y diga que son unos datos extraordinariamente positivos, son -S.S. sabe muchísimo de eso- los mejores datos de la media de una serie histórica de los últimos diecisiete años, tanto en reducción de paro como en afiliación a la Seguridad Social.
Sabe también S.S. que los datos del pasado mes de enero eran asimismo unos buenos datos. Sé que alguna crítica puede generar esta afirmación por mi parte, de hecho ya la generó y no tengo ningún inconveniente en que se reproduzca, pero es muy
fácil decir: ¿Cómo se puede alegrar de que en el mes de enero pueda aumentar el desempleo en más de 50 mil personas? Obviamente no me alegro; obviamente querría una situación distinta. Sin embargo, que en la coyuntura en la que estamos viviendo
que sea el dato menos negativo también de la media de una serie histórica de los últimos diecisiete años es para seguir trabajando con intensidad, pero no para caer en la depresión a la que hacía referencia su señoría. Todo lo contrario. En estos
dos meses que acabamos de concluir, enero y febrero del presente año 2003, el empleo y la afiliación a la Seguridad Social están funcionando excepcionalmente bien en la coyuntura en la que vivimos y en esa situación de incertidumbre (hemos acuñado
esa frase y me parece bien) a la que S.S. hacía referencia, sabiendo además que la inmensa mayoría del resto de países de la Unión Europea y del mundo están funcionando mucho peor que nosotros.
Nosotros estamos respondiendo francamente bien y la
afiliación a la Seguridad Social en este año que acabamos de iniciar ha crecido en casi 150.000 personas. Sabe S. S. que es un dato tremendamente objetivo. Luego los objetivos de Lisboa son perfectamente posibles aunque tenemos que seguir
insistiendo, tenemos que hacer en el Consejo Europeo de primavera las revisiones que haya que hacer, pero siempre con una apuesta positiva sobre la base del posible cumplimiento de los objetivos. Tengo por aquí -no sé si S.S. lo conocerá- un
informe de la OCDE que parece ser que se va a hacer público esta misma semana y que también es tremendamente positivo. Afirma que la economía española crecerá en el ejercicio del 2003 (las previsiones son siempre variables según quien las realiza)
un 2,5 por ciento y en el 2004 un 3 por ciento. En cualquier caso, el empleo crecerá mucho más rápidamente que en la zona euro. Esas son las previsiones de un organismo independiente al que normalmente y con razón le damos suficiente credibilidad.
Son ciertas algunas de las cuestiones y datos que apunta S.S., pero como estos debates los hemos tenido en otras comisiones de las que formamos parte y en las que participamos no hace falta reproducirlos y no me quiero acercar al análisis de
estas cuestiones con ningún interés de polémica. Naturalmente que si hablamos de la tasa de temporalidad la foto fija puede situar a España en una situación peor que la de nuestro entorno europeo, pero ¿sabe S.S. por qué? Porque hemos avanzado
espectacularmente en los últimos años, porque el punto de partida era mucho peor que el del resto de países de la Unión Europea y estamos haciendo un esfuerzo importante por corregir esa situación y de hecho se está corrigiendo, pero sabe S.S. que
hace falta tiempo para ello. Mejor que centrarnos en ese debate que no conduce a nada y que consiste en que S.S. diga que la culpa la tiene el Gobierno por estar de los últimos y nosotros digamos que por la situación heredada, a pesar de lo mucho
que hemos avanzado, convendría que nos pusiéramos de acuerdo en qué cosas hay que hacer de cara al futuro, porque además estoy seguro de que podemos coincidir en muchas. Es cierto que España -lo ha dicho S.S.- es el tercer país europeo con menor
nivel de productividad por empleado; es rigurosamente cierto, pero es como el vaso que puede estar medio lleno o medio vacío. Hemos subido en los últimos años, concretamente en 2002 un 0,6 por ciento, con lo difícil que es porque hay que hacer
compatible el crecimiento de la productividad con el crecimiento del empleo, y España tiene todavía un problema de desempleo importante que tenemos que ir corrigiendo. Tenemos datos de mejoras sustanciales. En el año 2002 ha habido un crecimiento
del 2 por ciento de la productividad por hora trabajada.
Sinceramente creo, señoría, que no hay ningún elemento, ningún dato que nos pueda llevar al pesimismo en estos momentos, sí a la preocupación, sí a seguir trabajando pues la coyuntura no es la mejor, el escenario no es el más adecuado, pero
desde luego no cambiaré mi posición optimista porque no hay ningún dato que me lleve a un análisis distinto de la realidad. Incluso el comportamiento de los agentes sociales es tremendamente razonable, lo hemos defendido y hemos hecho lo que hemos
podido por crear ese clima para que la negociación colectiva pueda estar encauzada razonablemente bien a través de los acuerdos de los mismos. Su señoría y yo hemos debatido en otras comisiones que hay cuestiones como las del envejecimiento y la
dependencia sobre las que sin duda estamos trabajando y nos preocupan de forma importante. Insisto en que vamos a adentrarnos dentro de poco en una etapa de recuperación que va a posibilitar que todos los objetivos se puedan cumplir, y que se
puedan cumplir no diré yo antes de los plazos establecidos pero, si las cosas funcionaran racionalmente bien, incluso podríamos conseguir esa meta. En estos momentos no existe ningún elemento para el pesimismo. Todo lo contrario. A lo mejor es
exagerado que les hable de recuperación a fecha de hoy, pero los datos de enero y febrero no nos llevan a ningún otro análisis. Son mejores que los datos de enero y febrero del ejercicio anterior y son mejores que la media de la serie histórica.
Pues no estamos en mal momento. El presidente Aznar, como le decía
antes, se reunió el pasado viernes con el primer ministro del Reino Unido, señor Blair. Sabe que han sido protagonistas especiales e impulsores de las políticas de empleo en el seno de la Unión Europea y para el Consejo Europeo de primavera
se han comprometido a volverlas a constituir el eje central y reafirmarse en los objetivos que se marcaron en Lisboa. Me parece que con la prudencia del momento en que vivimos es una decisión tremendamente acertada. Sabe S.S. también que el
Gobierno tiene que seguir haciendo, y lo va a hacer, un esfuerzo por aumentar el gasto en I + D. Tenemos que hacer un esfuerzo muy importante para que el sector privado y concretamente las empresas se incorporen. Nuestro tejido productivo, nuestro
tejido económico tiene unas singularidades que hace más difícil que se pueda producir esa inversión, pero tenemos que hacer un esfuerzo muy importante. No bastará nunca con la inversión estatal. No digo que no se tenga que producir ni aumentar en
el futuro, todo lo contrario, pero cuando lo comparamos con los indicadores de otros países es porque el sector privado, el sector empresarial está jugando un papel determinante y tenemos que hacer todos los esfuerzos para que también se pueda
producir en nuestro país.
Señora Riera, comparto una gran parte de su intervención, sobre todo la que hace referencia al interés por incentivar la contratación a tiempo parcial. Es lo que estamos haciendo y le voy a dar un dato concreto.
Desde la fecha de la última
reforma laboral, que sabe S.S. que introdujo importantes incentivos en la contratación fija a tiempo parcial, se han realizado 670.606 contratos fijos a tiempo parcial. Es un dato francamente positivo y optimista.
Señorías, no quiero necesariamente comparecer hoy para hacer un canto de optimismo que pudiera rayar en la irresponsabilidad, ni mucho menos.
Además, cuando fijamos esta fecha de la comparecencia, que se retrasó una semana por algún
problema, ni siquiera sabía que íbamos a tener unos datos tan francamente buenos del empleo y de la afiliación que conocimos hace escasamente unas horas, pero han venido muy bien para que podamos reafirmarnos en lo que hubiera sido, en cualquier
caso, una posición (es la mía como ministro y la del Gobierno) de optimismo y de responsabilidad a la hora de saber que tenemos que seguir incentivando muchísimo nuestro esfuerzo y seguir aplicando y reformando las políticas que hemos emprendido en
estos últimos tiempos y que han dado un resultado francamente bueno.
El señor PRESIDENTE: Una ultrabreve intervención, siguiendo las pautas y costumbres de esta Comisión.
Señor portavoz del Grupo Socialista.
El señor GRIÑÁN MARTÍNEZ: Efectivamente hablaba de que se podía pasar y se pasó de la euforia a la depresión. Y se pasó. Fíjese usted en la depresión que tienen los que invirtieron en el año 2000, por ejemplo, en Telefónica, Deutsche
Telekom, France Télécom, Terra, American on Line o en todos los valores de las nuevas tecnologías y de la nueva economía. Se han arruinado. Luego algo de depresión hay. Comprendo que cuando se está en un cargo político hay que tener mensajes
optimistas, pero es verdad que aquella apuesta decidida que se hizo en su momento por la nueva economía produjo una burbuja especulativa que dio lugar incluso a las barbaridades de lo que se llegó a pagar por las famosas licencias de telefonía de
cuarta generación. Por tanto, sí hubo o tuvo que haber como consecuencia de aquello una determinada depresión. Su optimismo me parece muy bien. El mes de febrero ha tenido un resultado que es peor que el de 2001, peor que el de 2000, peor que el
de 1999, peor que el de 1998 pero es verdad que es mejor que el de 2002. Quiero decir que el dato de un solo mes se puede enfocar como quiera, a mí me es exactamente igual, pero lo que le estoy diciendo es cierto. Ojalá haya aparecido la
recuperación.
La amenaza de Irak me hace pensar que nos está distanciando mucho más de lo que nos creemos de la recuperación.
Citaba usted a la OCDE y dice que es una entidad con mucha credibilidad.
En ese informe completo de la OCDE -que tiene mucha credibilidad, como usted dice- se pide que se reforme el sistema de negociación colectiva y las pensiones. ¿Está
usted de acuerdo también con esa credibilidad? Usted dice que la productividad por hora trabajada ha aumentado el año pasado en no sé cuanto. ¿Cuándo ha publicado el INE el índice de costes laborales del cuarto trimestre? Todavía no lo tenemos.
Es posible que haya aumentado pero todavía no tenemos el índice de costes laborales del cuarto trimestre. Los datos que tenemos provisionales nos indican que la productividad por empleado se ha reducido con respecto al año 2000.
Por último, cuando yo hablaba de apostar por bajos salarios y no por la productividad de los otros factores, que no solamente son que el trabajador haga más durante el mismo tiempo sino que le pongan medios para hacer más y mejor durante el
mismo tiempo, esos factores no han crecido en España y, por tanto, se ha tenido que basar la competitividad en salarios bajos. Ello da como resultado un dato que para mí es muy sintomático, al menos muy elocuente, que es el dato del informe de
desarrollo humano que hace todos los años Naciones Unidas. En el año 2002 España viene situada en ese informe en el vigesimoprimer puesto de la clasificación del mundo. En el año 1995 éramos los novenos. ¿Por qué hemos bajado del noveno al
vigesimoprimer puesto en el informe de desarrollo? Fundamentalmente por dos cosas: porque se ha reducido el gasto en protección social y porque la diferencia de rentas entre el 20 por ciento de las rentas más altas de España y el 20 por ciento de
las más bajas ha pasado
del 4,2 al 5,4. Eso lo dice el informe de desarrollo humano. Por tanto, también se puede crecer en desigualdad, que es lo que le estaba diciendo, si no se aplica la estrategia de Lisboa.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Intervengo muy brevemente.
Señor ministro, comparto gran parte de las consideraciones que ha hecho y de los avances que se han registrado en materia de ocupación y en materia social. También me alegro de los input positivos que nos ha dado del informe de la OCDE.
Pero es cierto que la economía española está creciendo a un ritmo más lento al depender de otras economías europeas y de la americana, que están teniendo serios problemas. Por ello se hace necesario, hoy más que nunca, impulsar nuevas políticas de
ocupación, nuevas políticas económicas y sociales capaces de incorporar el nuevo marco social y el nuevo marco de relaciones laborales con el que convivimos; nuevas políticas de ocupación, nuevas políticas económicas y sociales adaptadas a estos
nuevos marcos sociales y al nuevo marco de relaciones laborales. Y reconociendo los avances que se han registrado, instamos a avanzar en políticas de formación, en políticas que potencien el I + D, en políticas orientadas a la ocupación estable y
de calidad.
Estoy de acuerdo, señor ministro, con su consideración en cuanto a que hay que requerir de las empresas un esfuerzo muy importante en términos de inversión en formación y en innovación. Por otro lado, hemos de impulsar políticas
económicas y sociales, concretamente de ocupación, capaces de anticipar riesgos de futuro. Hemos de ser capaces de anticipar el futuro. Los riesgos de futuro son hoy elementos que están presentes en nuestra sociedad, como es el problema de la
inmigración y el del envejecimiento, que tendremos que afrontar también a través de la dependencia. Hemos de ser conscientes de que son problemas con los que hoy convive la sociedad y que lo serán en mayor medida cara al futuro.
Son necesarias
estas políticas para mantener e incrementar los diferenciales positivos que en términos de crecimiento y de creación de ocupación tenemos respecto a la media europea. El balance de Lisboa para nosotros es muy positivo pero no es suficiente. El
siguiente Consejo Europeo ha de tener capacidad para adaptarse a este nuevo marco de relaciones sociales, sobre todo para tomar aquellas medidas que tengan en cuenta las situaciones coyunturales y los riesgos que desde el punto de vista social,
político y económico se presentan hoy en Europa, una Europa que hoy más que nunca necesita medidas orientadas al reforzamiento.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor ministro para cerrar su intervención.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Zaplana Hernández-Soro): Señor Griñán, hemos venido a hablar de la estrategia de empleo y del funcionamiento del empleo. Ciñéndonos al tema que nos ocupa de forma más directa, quiero
insistir en lo que le he dicho antes. Me dice que el dato de reducción del paro del presente mes es inferior al del año 2001.
Crecíamos con tasas por encima del 4 por ciento, señoría, pero el dato es mucho mejor que el del año 2002 y mejor que el
de la media de la serie histórica. En eso coincidiremos. El problema es: ¿es verdad que estamos retrocediendo? ¿Es verdad que estamos parados? No es verdad. Estamos mejorando. Su señoría me daba claramente la razón a continuación cuando
decía: Y en una situación tremendamente compleja, con la amenaza de Irak.
Incluso con esa amenaza estamos mejorando y avanzando mucho más que el resto de países de la Unión Europea. ¿Dónde están las causas para la depresión y para el pesimismo en
este ámbito? No sé en otros, ni conozco situaciones personales o particulares, pero en el ámbito global de la generación de empleo ¿dónde está de verdad el problema? Y no digo que no tengamos algunos problemas específicos que debamos combatir con
firmeza, pero ¿dónde está la base de ese canto al pesimismo? Desde mi punto de vista no existe. Todo lo contrario.
Naturalmente que el informe de la OCDE es muy largo y abarca muchas materias y ámbitos, y S.S. ha hecho referencia a algunos de ellos. Dice que habla de pensiones. Naturalmente; pero a ver cuándo nos acercamos a los informes, iba a decir
con objetividad, pero franqueza es la palabra que expresa mejor lo que quiero trasladar a S.S. en este momento. ¿Sabe lo que dice el informe en materia de pensiones? Justo lo contrario de lo que algún sindicato está diciendo en nuestro país;
justo lo contrario. Ya sé que S.S. me brindó la posibilidad de que habláramos sobre alguna de estas cuestiones en otra Comisión hace relativamente poco, y se lo agradezco, pero el informe de la OCDE nos dice lo siguiente: Oiga, tenemos que hablar
pero de lo que algún sindicato nos dice aquí no quiero ni oír hablar. El Gobierno está manteniendo un equilibrio razonable. Por una parte cumple objetivos necesarios y, por otra, lo hace dentro de un clima social de diálogo, acuerdo y consenso con
los agentes sociales y con las formaciones políticas. No se haga responsable solamente al Gobierno de no avanzar en determinada dirección cuando está abierto al diálogo -lo dije el otro día-; a lo que no está dispuesto, bajo ningún concepto, es a
propiciar situaciones de tensión y de ruptura del diálogo, lo que en este momento nos perjudicaría más que ayudarnos en cuanto a generación de empleo.
El informe de la OCDE habla de temporalidad. ¿Pero volveremos al debate antiguo -al que no tengo ningún miedo, bien lo sabe S.S.-, con el que creo que no avanzamos? Seguiré diciendo que hemos hecho un
esfuerzo, con resultados tremendamente positivos, en materia de temporalidad y de calidad en el empleo; el problema es de dónde partíamos. Le voy a dar un dato de este mes. El número de contratos indefinidos registrados en febrero
constituye también la mayor cifra registrada en dicho mes en la serie histórica: 120.089 contratos indefinidos, un 5 por ciento más que el año anterior. En lo que va de año se han realizado más de 240.000 contratos indefinidos. Seguiremos estando
peor, y tendrá razón el informe de la OCDE, pero habría que precisar por culpa de quién. (La señora López i Chamosa: De mi abuela.)
El señor PRESIDENTE: Señora López i Chamosa...
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Zaplana Hernández-Soro): No sé si su abuela habrá tenido alguna responsabilidad en esto porque desconozco sus antecedentes familiares. (Risas.) En cualquier caso, lo que sí le digo, señoría,
es que el Gobierno tiene argumentos más que de sobra para poder decir que las cosas han evolucionado razonablemente bien. En fin, no quiero reabrir el debate sino contestarle únicamente y decirle con todo el respeto del mundo -que sabe S.S. que se
lo tengo-, que la afirmación de que hemos reducido el gasto social no se sostiene.
(Rumores.) Simplemente no se sostiene. Es absurdo entrar en esa cuestión.
Coincido en los argumentos que ha expresado la señora Riera y agradezco a todos su presencia y sus intervenciones a los que las han llevado a cabo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Quiero recordar a los miembros de la Mesa que a continuación celebraremos una reunión para fijar nuestro calendario de trabajo.
Se levanta la sesión.
Era la una y treinta minutos de la tarde.