Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 127, de 04/03/2003
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2003 VII Legislatura Núm. 127
PARA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LAS DROGAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN MORANO MASA
Sesión núm. 24
celebrada el martes, 4 de marzo de 2003,
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor director del Instituto Nacional de Toxicología (Sancho Ruiz) para informar acerca de los análisis por muertes ocurridas por sobredosis de drogas. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente
del Congreso 212/000950 y número de expediente del Senado 713/000509.) ... (Página 3082)
Proposiciones no de ley: - Sobre accidentes de tráfico y consumo de alcohol. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente del Congreso 161/001807 y número de expediente del Senado 663/000090.) ...
- Sobre indicadores epidemiológicos en materia de drogas en la Unión Europea. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente del Congreso 161/001818 y número de expediente del Senado 663/000009.) ...
- Sobre la declaración de la provincia de Cádiz como objetivo prioritario en la lucha contra el narcotráfico. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente del Congreso 161/001819 y número de expediente del Senado
663/000092.) ... (Página 3096)
- Sobre la reducción de daños ante el uso recreativo de drogas. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente del Congreso 161/001851 y número de expediente del Senado 663/000094.) ...
Decisión sobre la celebración de las siguientes comparecencias: - Del delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, para informar de la violencia desatada en Madrid a consecuencia de grupos organizados de narcotraficantes. Formulada por
el Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente del Congreso 212/000636 y número de expediente del Senado 713/000299.) ... (Página 3106)
- Del consejero de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, dos Isaías Pérez Saldaña, para que informe sobre el proyecto experimental de prescripción de estupefacientes en Andalucía (PEPSA). Formulada por el Grupo Parlamentario Socialista
del Senado. (Número de expediente del Congreso 222/000051 y número de expediente del Senado 713/000678.) ...
(Página 3108)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA (SANCHO RUIZ) PARA INFORMAR ACERCA DE LOS ANÁLISIS POR MUERTES OCURRIDAS POR SOBREDOSIS DE DROGAS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente
del Congreso 212/000950 y número de expediente del Senado 713/000509.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días. Iniciamos la sesión de la Comisión Mixta para el estudio del problema de las drogas y empezamos con el punto primero del orden del día, que es la comparecencia del director del Instituto Nacional
de Toxicología, don Manuel Sancho Ruiz, para informar acerca de los análisis por muertes ocurridas por sobredosis de drogas.
Damos la bienvenida a don Manuel, que tiene la palabra.
El señor DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA (Sancho Ruiz): Ilustrísimas señoras, ilustrísimos señores, comparezco ante SS.SS. a petición del Grupo Parlamentario Socialista para informar acerca de los análisis por muertes
ocurridas por sobredosis de drogas.
Como introducción, debo previamente recordar que el Instituto Nacional de Toxicología, creado en 1886 con el nombre de Laboratorio de Medicina Legal, es en la actualidad, según la vigente Ley orgánica del Poder Judicial, en su artículo 505,
un órgano técnico adscrito al Ministerio de Justicia cuya misión es auxiliar a la Administración de justicia. En sus funciones técnicas tiene carácter independiente y emite sus funciones de acuerdo con las reglas de investigación científica que
estime adecuadas.
El reglamento actual -Real Decreto 862/1998, de 8 de mayo- le confiere, además, funciones de investigación, de información en materia toxicológica y de centro de referencia en materias propias de su actividad. Está constituido por tres
departamentos que radican en Madrid, Barcelona y Sevilla, y una delegación de este último ubicada en Santa Cruz de Tenerife. El departamento de Madrid cuenta con un servicio de drogas de abuso independiente del servicio de química, mientras que los
de Sevilla y Barcelona, así como la delegación de Canarias, sólo tienen servicios de química, en los que se realizan los análisis que nos ocupan junto con otros muchos de tóxicos muy diversos. Por el momento no han sido desarrolladas las secciones
de drogas de abuso previstas en el citado reglamento.
La evolución del laboratorio forense de drogas de abuso ha venido marcada en los últimos años por los siguientes hechos. Primero, la necesidad de investigar a
partir del final de la década de los setenta con carácter continuado y no sólo esporádicamente, como hasta entonces, un gran número de muertes relacionadas con el consumo de drogas. Segundo, el importante desarrollo de los medios de
análisis, que eran inespecíficos, poco precisos, bastante inexactos y que precisaban una gran cantidad de muestras biológicas para llegar a detectar algún resto de drogas o metabolitos.
Las cromatografías, tanto de gases como de líquidos, solas o
acopladas a la espectometría de masas, han venido siendo cada vez más precisas, con elementos tecnológicos más sofisticados, para conseguir mayores cotas de especificidad y sensibilidad. Tercero, se han desarrollado métodos de diagnóstico rápido
basados en las interacciones antígeno anticuerpos, los inmunoensayos de alta sensibilidad, que tienen en el laboratorio forense una gran utilidad como técnica de screening de orina pero que no pueden de ningún modo ser utilizada sin otras técnicas
confirmativas como prueba pericial ante los tribunales de justicia. Cuarto, las modificaciones legislativas han tenido una gran influencia sobre el trabajo y la organización del laboratorio. Señalemos la reforma del Código Penal de 1988, Ley
orgánica 1/1988, de 24 de marzo, que introdujo las circunstancias agravantes de cantidad de notoria importancia y de incremento del posible daño a la salud como consecuencia de la adulteración, manipulación o mezcla entre sí o con otras sustancias,
que se mantienen en el actual Código Penal, artículo 369. Como consecuencia de ello, el laboratorio ha de analizar la composición de las muestras de alijo y ha de proceder a su cuantificación. Por otra parte, la nueva regulación procesal
introducida por la Ley 38/2002, de 24 de octubre, relativa a los juicios rápidos, obliga a adecuar el funcionamiento del laboratorio para dar respuesta de modo permanente y con carácter de urgencia a las solicitudes de análisis que se realicen en
estos casos.
Quinto, por último, en los años noventa se introdujeron los servicios de garantía de calidad independientes de los laboratorios pero con una notable influencia, ya que garantizan una serie de condicionantes que resultan hoy
imprescindibles, como son el establecimiento de la cadena de custodia de las muestras, la puesta en práctica de las llamadas buenas prácticas de laboratorio, la participación en controles de calidad que garanticen la suficiencia del laboratorio,
etcétera.
Análisis y muestras. En relación con las drogas de abuso, las muestras que analiza el Instituto Nacional de Toxicología son: primero, muestras no biológicas (papelinas, bolsas, jeringuillas, comprimidos); segundo, muestras biológicas,
procedentes unas del cadáver (sangre, orina, vísceras, contenido gástrico, pelos) y procedentes otras del sujeto vivo (orina y pelo fundamentalmente). Dichas muestras se examinan en laboratorios separados para evitar contaminaciones y falsos
resultados positivos. Cada una de las muestras biológicas que se analizan en una muerte relacionada con drogas proporciona un tipo de información distinta, por ello voy a referirme brevemente a estas muestras.
Muestras de sangre. Desde un punto de vista cuantitativo, es la sangre la muestra de elección a la hora de evaluar la posible relación dosis-efecto. Cuando se habla de concentración de un tóxico en sangre es habitual referirse a niveles
terapéuticos, tóxicos y letales y es también normal interpretar que a mayor concentración de un tóxico en sangre, más cerca se está del rango de concentraciones considerado tóxico o letal.
Sin embargo, estos principios de toxicología clásica se ven
suspendidos en los casos de muertes relacionadas con drogas. La experiencia de nuestro laboratorio confirma que las cifras obtenidas en sangre en muertes por heroína varían mucho de unos casos a otros: se producen muertes con cifras de morfina muy
bajas y nos encontramos, por el contrario, individuos vivos con cifras teóricamente letales. Por eso el término de muerte por sobredosis no es adecuado, siendo preferible hablar de muertes por reacción adversa o muertes relacionadas con drogas.
Esta última es la denominación que utiliza el observatorio europeo LMCDDA, que las define como aquellas muertes causadas directamente por el consumo de drogas de abuso. Estas muertes ocurren generalmente poco después del consumo de la sustancia.
Muchas de ellas se producen por sobredosis relativa, ya que en un momento determinado, por las circunstancias que sean, disminuye la tolerancia del individuo y no soporta la dosis que habitualmente utilizaba; o bien, inadvertidamente, se administra
una dosis con un grado de pureza superior al habitual. Por otra parte, la asociación de drogas entre sí o con sicofármacos y alcohol añade factores de riesgo, lo que explicaría casos de muerte con cifras de morfina en sangre relativamente bajas.
En general, lo mismo ocurre para toda droga capaz de producir dependencia y tolerancia: los niveles en sangre proporcionan orientación del consumo y del tiempo de consumo, pero no se convierten automáticamente en cifras letales o no.
Un caso particular lo constituye la metadona. Gracias a los programas de mantenimiento con metadona en que se conocen las dosis y los tiempos de administración, se ha podido correlacionar la respuesta de los pacientes mediante la
determinación de niveles plasmáticos. Cuando en una muerte encontramos metadona en sangre es importante valorar, primero, si se trataba de una persona en tratamiento, segundo, qué pauta de administración tenía y, tercero, qué otras drogas o
sustancias se detectan. Cuando aparecen otras drogas como heroína, cocaína y/o alcohol, etcétera, la causa de la muerte se orienta hacia estas, siendo la metadona un factor más de riesgo. Cuando la cifra de metadona se encuentra por encima de los
valores considerados terapéuticos, 800 nanogramos a 1 microgramo, y la pauta de administración no justifica ese valor tan alto, se puede pensar en una muerte por metadona utilizada en dosis excesivas. Sin embargo, existen casos en que
la cifra de metadona en sangre es de las consideradas terapéuticas y no se detectan otras drogas, como heroína o cocaína, que puedan contribuir a la causa de la muerte. Si se investigan los antecedentes, se ve que casi siempre se trata de
individuos que acaban de iniciar el programa de mantenimiento con metadona y están en el período de inducción, con pautas normales e incluso bajas. El uso de benzodiacepina en estos estadios, puesto de manifiesto en los hallazgos analíticos, parece
añadir un mayor riesgo.
Muestras de orina. En las muestras relacionadas con drogas tienen un interés desde el punto de vista cualitativo, ya que los niveles encontrados aportan poco para la valoración del consumo. Tienen, en cambio, el gran interés de que para
determinadas drogas, como la heroína, es la única muestra en la que se encuentran metabolitos específicos que permiten la identificación inequívoca. De los metabolitos de heroína, únicamente la 6-monoacetilmorfina es específica de la heroína,
pudiendo asegurarse cuando la encontramos en orina que el individuo la ha consumido. La detección de metadona y su metabolito EDDP puede servir para valorar su contribución a la causa de la muerte. (El señor vicepresidente, Álvarez Álvarez, ocupa
la presidencia.) Los metabolitos mayoritarios de la cocaína son benzoilecgonina y ecgoninametilexter.
Metabolitos minoritarios como la norcocaína o la hidroxicocaína aparecen en casos de consumo muy alto o muy reciente. Un caso típico son los body
packers, individuos que transportan la droga en el aparato digestivo y que por rotura de una bolsa reciben una dosis masiva de cocaína que les causa la muerte. Las fenetilaminas, anfetamina y relacionados, metanfetaminas, metilendioxianfetamina
(MDA), metilendioximetanfetamina (MDMA), metilendioxietilanfetamina (MDEA), etcétera, aparecen en la orina a los veinte o treinta minutos del consumo y lo hacen típicamente en forma de droga madre, siendo este el componente mayoritario frente a
otros metabolitos. La estrecha relación entre las fórmulas químicas de la fenetilamina justifica la existencia de metabolitos comunes y la coexistencia en una orina de una fenetilamina como metabilitos de otra.
Tercero, contenido gástrico. Es una muestra de interés relativo salvo que la administración haya sido por vía oral. La heroína fumada o inhalada da lugar a la aparición en el estómago de pequeñas cantidades de heroína como tal en algunos
casos y de subproductos de hidrólisis (morfina, codeína, monoacetilmorfina) en todos, lo que supone una información valiosa desde el punto de vista cualitativo. En el caso de los body packers proporciona también la información de lo ocurrido y en
cuanto a la benzodiacepina dejan también valiosa información al consumirse por vía oral.
Cuarto, muestras de vísceras. Su valor radica en ser reductos finales de las drogas y de sus metabolitos cuando ya han sido eliminados de la sangre y de la orina. Cuando el consumo ha sido reciente, las cifras son relativamente altas, sin
llegar a las de la orina, y pueden aparecer metabolitos que hemos calificado como recientes. Así, de la heroína podemos encontrar morfina y algo de codeína; de la cocaína podemos encontrar prácticamente todos sus metabolitos, y en los casos de
ingesta masiva incluso la norcocaína e hidroxicocaína.
Quinto, pelos. Esta muestra es de utilización más frecuente en sujetos vivos que en los fallecidos por drogas, ya que la información que proporciona es la constatación del consumo crónico durante un período de tiempo más o menos largo en
función de la longitud del cabello analizado.
Casuística de muertes relacionadas con drogas. Suponiendo que se investiguen analíticamente todas las muertes que se producen por reacción adversa a drogas, no todas ellas son analizadas en los departamentos y delegación del Instituto
Nacional de Toxicología. En el informe número 5 del Observatorio Español sobre Drogas, de junio de 2002, se recoge que los datos complementarios sobre toxicología proceden principalmente del Instituto Nacional de Toxicología, aunque en una
proporción importante también de otros laboratorios forenses o toxicológicos. Estos laboratorios no se especifican en el citado informe, si bien son los existentes en institutos anatómico forenses, institutos de medicina legal e institutos
universitarios. Otro dato a tener en cuenta es que las cifras que proporcionamos los laboratorios corresponden a casos en los que se presupone que la causa de la muerte sea la droga, bien por los antecedentes suministrados por el médico forense,
bien por los resultados analíticos, pero, en definitiva, para poder catalogar una muerte como producida por drogas, ha de ser el médico forense el que valore finalmente todos los datos, antecedentes, autopsia, análisis histopatológico, si lo hubo, y
análisis toxicológico. De aquí que los datos suministrados por los laboratorios no sean por sí solos y aislados de otras fuentes de información los más adecuados para cuantificar las muertes relacionadas con drogas; lo que sí pueden dar es una
información valiosa sobre las drogas implicadas y las tendencias existentes. Los datos que presento son cifras provisionales de los análisis realizados por el Instituto Nacional de Toxicología durante el año 2002, al no estar concluida la memoria
anual definitiva.
Análisis de drogas en muestras procedentes de autopsias judiciales, 1.164 casos. Características demográficas de los fallecidos, distribución por comunidades autónomas: Andalucía, 299; Cataluña, 255; Comunidad Valenciana, 84; País
Vasco, 67; Madrid, 65; Baleares, 58; Castilla y León, 55; Galicia, 49; Canarias, 48; Castilla-La Mancha, 47; Asturias, 33; Navarra, 25; Extremadura, 24; Murcia, 19; Aragón, 17; Cantabria, 9; La Rioja, 7; Ceuta, 2 y Melilla, 1.
Distribución según sexo: hombres, 89,2 por ciento y mujeres, 10,7 por ciento. Distribución por grupos de edad: menores de 19 años, 1,2 por ciento; de 20 a 24, 8 por ciento; de
25 a 29, 16,7; de 30 a 34 años, 26,7; de 35 a 39, 26,3; de 40 a 44, 13 por ciento; de 45 a 50, 6, 5, y más de 50, 1,2 por ciento. Por tanto, vemos que el mayor número de muertes se producen en sujetos con más de 30 años que generalmente
son drogadictos con muchos años de adicción. Lugar donde se produjo la muerte: domicilio, 45,1 por ciento; vía pública, 7,5 por ciento; hospital, 6; vehículo, 4,1; centro penitenciario, 3,7; descampado, 3,3; establecimiento público, 2,4;
hotel, 2,2; carretera, 1,2; centro de salud, 0,8; otros, 3 por ciento, y no constan en el 20, 6 por ciento de los casos. Había antecedentes del consumo de drogas en las dos terceras partes y no constaba en el otro tercio. Vía de administración:
parenteral, 20,3 por ciento; oral, 6 por ciento, y no constaba la vía en el 73, 6 por ciento. Utensilios encontrados junto al cadáver: sí en el 29,4 por ciento; no en el 5 por ciento, y no constaba en el 65,5 por ciento de los casos. Estudio
toxicológico de los casos: muestras biológicas analizadas, 2.880; muestras no biológicas, 512.
Desglose de las muestras biológicas: sangre o suero, 1.455; estómago y contenido, 106; orina, 756; hígado y bilis, 300; humor vítreo, 165; riñón,
59; pulmón, 25; cabello, 10. Desglose de las muestras no biológicas: jeringuillas, 168; envoltorios con drogas, 95; comprimidos o cápsulas, 160; utensilios para la preparación de drogas, 66, y varios, 23.
Por lo que se refiere al estudio toxicológico, una vez separadas otras causas de muerte, como son la muertes violentas o accidentes de tráfico, en los que también se solicita el análisis de droga, quedaron como posibles muertes por presunta
causa de droga 655. Frecuencia de aparición de cada sustancia, sin tener en cuenta las asociaciones: cocaína, 64,4 por ciento; benzodiacepina, 66,2; heroína, 60,9; metadona y otros opiáceos, 56,7; cannabis, 21,9; etanol, 19,6; anfetaminas y
relacionados, 3. Cabe destacar que por primera vez la cocaína supera a la heroína.
Distribución de los casos según la droga prioritaria detectada: heroína, 168; cocaína, 185; heroína más cocaína, 234; anfetaminas y relacionados, 4; metadona y
otros opiáceos, 50; cannabis, 3. Estudio de los casos en que la droga prioritaria es heroína: 168 casos; heroína sola, en 59 casos; con anfetaminas y relacionados, 2; con otros opiáceos, 6; con metadona, 26; con cannabis, 6, y con
benzodiacepina, 69. Estudios de casos en que la droga prioritaria es cocaína, 185; cocaína sola, 67; con anfetaminas y relacionados, 8; con otros opiáceos, 3; con metadona, 50; con cannabis, 3, y con benzodiacepina, 54. Estudio de los casos
en que la droga prioritaria es heroína más cocaína, 234 casos; heroína más cocaína sola, 66; con anfetaminas y relacionados, 5; con otros opiáceos, 2; con metadona, 42; con cannabis, 7, y con benzodiacepina, 112.
Como conclusión podemos señalar que las muertes relacionadas con drogas se siguen produciendo fundamentalmente por el consumo de heroína y cocaína, que el policonsumo además es muy frecuente y que la tendencia actual es la prevalencia de la
cocaína sola o asociada a heroína así como la disminución de esta última. Este mismo incremento de la importancia relativa de la cocaína se pone de manifiesto en los análisis de muestras no biológicas procedentes de decomisos realizados por la
policía y que son analizados cada día en nuestros laboratorios, así como en los análisis de otros tipos de muertes violentas y en los accidentes de tráfico.
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Álvarez): A continuación, por el grupo proponente de la comparecencia, tiene la palabra don Vicente Ripa.
El señor RIPA GONZÁLEZ: Quiero agradecer a don Manuel Sancho Ruiz su comparecencia en esta Comisión así como la prolija extensión de datos que nos ha dado sobre el funcionamiento del Instituto Nacional de Toxicología. En la sesión de la
Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas celebrada el 18 de junio del 2002, nuestra portavoz, la señora Romero, ya manifestaba con rotundidad su disconformidad porque el Grupo Parlamentario Popular impedía sistemáticamente en esta
Comisión comparecencias como la del ministro del Interior, el vicepresidente primero del Gobierno, la ministra de Sanidad, el ministro de Defensa, el director general de Instituciones Penitenciarias, el delegado del Gobierno en la Comunidad de
Madrid y también la del director del Instituto Nacional de Toxicología. Me estoy remontando a junio del año pasado e imagino que nuestra portavoz habría solicitado su comparecencia meses antes. Por tanto, digamos que estamos a un año como mínimo
de nuestra petición de comparecencia en esta Comisión, y hoy por fin tenemos que felicitarnos de que el director del Instituto Nacional de Toxicología esté en esta Comisión para responder a nuestras preguntas. No sé si esta demora se ha debido a
las dificultades que usted ha planteado, por su trabajo o por otros motivos, o si se ha debido fundamentalmente a que ha sido el Partido Popular el que ha creído conveniente su no presencia en esta Comisión por aquello de que todo va bien y, por
tanto, para qué tiene que venir aquí a comparecer el director del instituto; o también porque a lo mejor nos puede decir usted aquí en esta Comisión algo que no conviene y así ponemos en funcionamiento el viejo refrán que dice: En boca cerrada no
entran moscas, y lo mejor es que no comparezca. A pesar de todo, como he dicho anteriormente, quiero expresar mi agradecimiento personal y el del Grupo Socialista por su presencia, porque estoy convencido de que todos deseamos la mejor solución
para el problema cada vez mayor -insisto, cada vez mayor- de las drogas, y sin duda alguna usted dirige una institución que es un eslabón importante y clave en la solución de este problema, eslabón sin el cual la cadena estaría rota. Usted recibe
en el Instituto Nacional de Toxicología demandas constantes de análisis por parte de diligencias judiciales, del ministerio fiscal, de abogados, de organismos públicos
y de organismos privados, y esos análisis, como usted muy bien ha dicho, no van a resolver el problema, pero sí que son importantes en la definición y en la resolución del mismo. Todos sabemos que en el problema de las drogas se produce una
especie de dientes de sierra. Cuando se produce alguna muerte, como en el caso de los jóvenes en la fiesta de Málaga, o como los siete u ocho casos ocurridos en la Comunidad Foral de Navarra en los meses de octubre y noviembre, salta la alarma y
entonces hay cierto problema social mediático, porque da la sensación de que el problema de la droga, que estaba oculto en el subterráneo, aflora a la realidad y todo el mundo se pone alerta ante esta situación. (El señor presidente ocupa la
presidencia.) Cuando ocurren asuntos como estos, es requerido el Instituto Nacional de Toxicología para que emita los análisis pertinentes, los informes y los dictámenes para que la familia que ha tenido la desgracia de que un hijo o un hermano,
etcétera, haya fallecido por causa de consumo de drogas, sepa a ciencia cierta y lo más rápidamente posible por qué ha ocurrido y cuál ha sido la causa. Por tanto, el Instituto Nacional de Toxicología, repito, tiene una importante presencia en la
solución del problema de la droga, y cuanto mejor dotado esté, como diré más adelante, mejor podremos resolver esos problemas.
Antes de pasar a analizar el funcionamiento del Instituto Nacional de Toxicología, quiero advertir al Grupo Popular que esté atento a mi intervención. Digo esto porque al repasar las transcripciones de comisiones anteriores he comprobado
que se permiten el lujo de poner nota, criticar y evaluar actuaciones que yo considero de lo más nobles y sinceras. Recuerdo, por ejemplo, la proposición no de ley (Un señor diputado: ¿Qué tiene que ver?) -tiene que ver por lo que voy a decir-
propuesta en esta Comisión por el diputado señor Fidalgo en la que pedía crear los laboratorios necesarios para los análisis de estupefacientes y dotarlos de los técnicos necesarios para atender los requerimientos judiciales. Una proposición como
esta viene al caso porque estamos hablando precisamente de laboratorios y del Instituto Nacional de Toxicología y es la demostración de que se necesitaba porque ahora la lucha contra el tráfico de drogas es un reto para toda sociedad que quiera
considerarse libre. Además, la alarma social creada ante las muertes producidas era importante. El Código Penal español no ofrece un concepto genérico de droga ni define las características que debe poseer y hay que acudir al listado de sustancias
internacionales para ver realmente estas sustancias. Por otra parte, también hay que recordar que la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige, a petición de las partes, la presencia de peritos que ratifiquen los informes periciales efectuados con
anterioridad y estos, evidentemente, han de ser emitidos por los técnicos. Ante esta petición, el Grupo Popular se revuelve y dice que se trata de una proposición no de ley escueta, aunque redundante en su forma, y más escueta aún en su contenido;
dice que prácticamente no haría falta, que tiene en mucha consideración al diputado pero que no tiene ningún fundamento técnico ni de mayor altura parlamentaria. En fin, quiero decir con esto que estén atentos a mi intervención y que sean benignos
en su evaluación.
Aquella proposición de ley, por cierto, en la que instábamos al Gobierno a crear más laboratorios y a dotarlos más y mejor de recursos tanto humanos como materiales, fue apoyada por la señora Loroño Ormaechea y su grupo parlamentario, el
PNV, y también por la señora Riera y su grupo parlamentario, Convergència i Unió. Por tanto, no se puede decir que haya sido una proposición no de ley fuera de lugar y que ningún grupo parlamentario estuviera de acuerdo con ella; al revés,
solamente el Grupo Parlamentario Popular se opuso a esta proposición no de ley. Cuando aparecen en los medios de comunicación noticias relacionadas con el mundo de la droga: aprehensiones importantes, detenciones, fugas inexplicables, muertes
relacionadas con el consumo de drogas, se produce una alarma social, como he dicho, y los ciudadanos tienen la impresión de que algo falla en la lucha contra el narcotráfico. Se sienten tan inseguros que llegan al final a la conclusión de que la
droga es un problema que no tiene solución y que tenemos que acostumbrarnos a vivir con él. Ante esta situación no podemos resignarnos, y por ello el Grupo Parlamentario Socialista -imagino que también los demás- consideramos que es necesario
atajarla sistemáticamente y en todos los frentes, dotando a la sociedad y a sus instituciones de todos los medios necesarios para que esa lucha sea constante, rápida y efectiva. La determinación exacta de la composición de las probables drogas es
clave fundamental no sólo en el aspecto sanitario sino también en el tratamiento individual de los efectos y, sobre todo, en lo que aquí nos interesa, en la posibilidad del enjuiciamiento y del tratamiento penal de los hechos. La propia Ley de
Enjuiciamiento Criminal exige, a petición de las partes, la presencia de peritos que ratifiquen los informes periciales efectuados con anterioridad, y estos, lógicamente, han de ser realizados por organismos oficiales. La ausencia de peritos y de
informes puede argumentarse como motivo de indefensión y, por tanto, provocar demoras y sentencias que el juez por carecer de pruebas, tiene que dictar echando por tierra el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que lo han
intentado pero que no han conseguido nada. Parece lógico, pues, disponer de medios técnicos y humanos adecuados y suficientes para el análisis rápido y exacto de las sustancias implicadas y para determinar qué causas son las que han producido el
fallecimiento de determinadas personas. Ello nos permitiría transmitir a los familiares con la mayor urgencia la información solicitada y serviría a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de pruebas evidentes en su lucha contra el
narcotráfico y al mismo tiempo las diligencias judiciales abiertas y los expedientes de todo tipo contarían con los informes necesarios.
En la comparecencia parlamentaria del 21 de marzo de 2002, el fiscal especial para la prevención y represión del tráfico de drogas afirmaba que un obstáculo importante para su labor era la falta de laboratorios técnicos para el análisis de
las drogas y las circunstancias que rodean el fallecimiento de una persona como consecuencia probable del consumo de estupefacientes. Lo decía, repito, el fiscal especial para la prevención y represión del tráfico de drogas. Poco más tarde, el
delegado del Gobierno para el Plan nacional sobre drogas, en su comparecencia de 23 de abril de 2002, reconocía que estaba en proyecto la dotación de estos laboratorios y la necesidad de que sean específicos para el tema de las drogas. Del mismo
modo, el fiscal general del Estado advierte, en su memoria anual, de manera clara y contundente de la necesidad urgente de aumentar el número de centros con competencia para el análisis de la droga con el objeto de evitar retrasos y dificultades en
la tramitación de los procedimientos. Constata que los laboratorios existentes están atascados puesto que cada día son más las solicitudes de informes de todo tipo desde diferentes instancias del Estado, públicas y privadas, y faltan recursos,
tanto humanos como técnicos y materiales, para poder responder con la mínima eficacia a tales demandas. Hoy tenemos en esta Comisión al director del Instituto Nacional de Toxicología, órgano -como ha dicho muy bien- adscrito al Ministerio de
Justicia, cuya misión es auxiliar a la Administración de justicia, y deberíamos hacer un repaso de si realmente el Instituto Nacional de Toxicología, en cuanto a su estructura, funciones, medios y recursos humanos, está bien dotado para resolver
todas las demandas que la sociedad española en este momento le tramita. Es por eso por lo que quería hacer hoy aquí un repaso al Instituto de Toxicología, y veo claramente que este instituto, como dice usted, adscrito al Ministerio de Justicia,
tiene tres departamentos: el de Barcelona, el de Madrid, el de Sevilla y una delegación en Tenerife que depende del departamento de Sevilla. Estos departamentos, a su vez, tienen asignadas una serie de comunidades y regiones. Así, por ejemplo, el
departamento de Barcelona tiene un territorio importante: Aragón, Islas Baleares, Cataluña, Navarra y Comunidad Valenciana; el de Madrid tiene Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid, Murcia, País Vasco y La
Rioja; y el de Sevilla tiene: Andalucía, Canarias, Extremadura, Ceuta y Melilla. Después está la delegación de Santa Cruz de Tenerife. Esa sería la delimitación. ¿Son suficientes estos tres departamentos? Depende de cómo estén dotados y de
cuáles sean los recursos humanos y los recursos técnicos y materiales que tienen. Si no son insuficientes, habría que intentar dotarlos mejor o ampliar esos departamentos para que tuvieran más relación directa con los afectados.
Entre las funciones del Instituto de Toxicología está emitir los informes y dictámenes que soliciten las autoridades judiciales y el ministerio fiscal; practicar los análisis e investigaciones toxicológicas que sean demandados, por las
autoridades judiciales, gubernativas, el ministerio fiscal y los médicos forenses, en el curso de las actuaciones judiciales o en las diligencias previas de investigación efectuadas por el ministerio fiscal; realizar igualmente los análisis e
investigaciones interesadas por organismos o empresas públicas en cuestiones que afecten al interés general; realizar los análisis e investigaciones solicitados por particulares, etcétera. No voy a mencionar todas las funciones, pero son extensas,
importantes e intensas para desarrollar esta labor.
Ya he explicado la estructura del instituto. En cuanto a las funciones que asigna este reglamento al propio director, se indican, por ejemplo -destacaré las más importantes-, formular el plan de actuación y organización del instituto.
Realmente el director del instituto formula el plan de actuación y organización del mismo. Mantener la debida relación con los directores de los institutos de medicina legal; antes ha mencionado usted esta relación con los diferentes laboratorios
al decir que no todos los informes y dictámenes salen del Instituto Nacional de Toxicología. La inspección periódica de los departamentos. Proponer al Ministerio de Justicia la modificación de la relación de puestos de trabajo del instituto. Si
usted cree que el instituto no está suficientemente dotado en cuanto a recursos humanos usted puede proponer.
¿Hasta qué punto es aceptada esta propuesta? ¿Lo ha hecho? Proponer al Ministerio de Justicia la adquisición de medios materiales y la
realización de obras en los departamentos y en las delegaciones para su aprobación y tramitación por los servicios del Ministerio de Justicia.
¿Los recursos materiales del Instituto de Toxicología corresponden a la España de 2003? ¿Habría que
ampliarlos? ¿Habría que dedicar más presupuesto? ¿Lo ha solicitado? ¿Ha pedido, si usted lo ha creído conveniente, la creación de nuevos laboratorios? Presentar al Ministerio de Justicia la propuesta de anteproyecto de presupuesto anual del
instituto. Es importante. ¿Realmente usted, como director, y su equipo elaboran el anteproyecto de presupuesto? ¿La Dirección General de Justicia a la que usted pertenece asume ese presupuesto? ¿Lo ha recortado? ¿Qué porcentaje del presupuesto
presentado por usted ha sido asumido por esta dirección general? ¿El cien por cien? ¿El 80 por ciento? ¿El 50 por ciento? Finalmente, proponer al Ministerio de Justicia el plan de investigación del instituto. ¿Este Instituto se adapta con el
tiempo a las nuevas necesidades? ¿Tiene realmente un programa de investigación adecuado a las necesidades de este momento o ese programa está un tanto aparcado y
anquilosado y repetimos rutinariamente lo que hacemos todos los años?
Le estoy preguntando todo esto por la importancia que doy al instituto; creo que tiene una gran importancia y, si es tan determinante en la cadena de la lucha contra la droga, deberemos intentar dedicar recursos -como he dicho- humanos y
materiales y plantear una nueva distribución de puestos de trabajo en el instituto. A lo mejor esta relación de puestos de trabajo no está bien planteada y habría que ampliarla. ¿Está bien dotado el instituto? ¿Sería esta situación una cuestión
que habría que plantearse y después de esta Comisión tratar de definir si el Instituto Nacional de Toxicología necesita o no ampliación? Me gustaría que nos diera los datos de fallecimiento por droga en los años 2000, 2001 y 2002 y también quisiera
saber si la demanda que hay por parte de actuaciones judiciales, fiscales, abogados, se resuelve con relativa prontitud o si algunas diligencias judiciales quedan, por así decirlo, aparcadas por no tener el juez a su disposición al emitir sentencia
los dictámenes o informes analíticos del Instituto Nacional de Toxicología. Si ya la justicia es lenta, esto haría que se produjera un perjuicio mayor.
Le doy las gracias por su comparecencia y le pido que recapacite sobre si el Instituto Nacional de Toxicología tiene en este momento posibilidad de dar solución a todos los requerimientos de la sociedad española.
El señor PRESIDENTE: Señor director del Instituto Nacional de Toxicología.
El señor DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA (Sancho Ruiz): He ido tomando debida nota y voy a intentar contestarle a todo lo que me ha expuesto.
Me habla de que se solicitó mi comparecencia en el mes de junio de 2002.
En aquel momento, próximo al verano, tuve conocimiento de ello y quedé a la espera de conocer la fecha en que iba a tener lugar; en ningún momento fue citado y no sé
por qué motivo. Por supuesto yo siempre he estado dispuesto a venir y con mucho gusto lo he hecho hoy.
Le agradezco que diga que el instituto es un eslabón importante, porque comparto esa opinión. Es un eslabón muy importante en la lucha contra la drogadicción. De ahí la colaboración que siempre hemos mantenido tanto con la Agencia
Antidroga como con el Plan Nacional sobre Drogas, suministrando toda la información de que disponemos, porque pensamos que es muy importante. En cuanto al funcionamiento del instituto, me dice que en esta Comisión se ha hablado de la falta de
laboratorios.
Evidentemente, en una sociedad como la nuestra venimos asistiendo cada vez más a una demanda de análisis por parte de los medios judiciales, de los médicos forenses, de los fiscales, etcétera. En nuestra casuística nosotros
constatamos que cada año el volumen de trabajo que llega hasta el instituto es superior al del año anterior. Es cierto que periódicamente hace falta incrementar los medios de que se dispone para realizar análisis. Desde que asumí la dirección del
instituto en el año 1987 -han pasado casi 16 años- vi esta necesidad y en estos años se ha creado la Delegación de Canarias, para dar respuesta a aquella región, que, por encontrarse más lejos, tenía mayor dificultad en el envío de sus muestras, que
a veces llegaban a Sevilla deterioradas y no era posible analizarlas. En el desarrollo del instituto, que desde 1986 tiene tres laboratorios -Barcelona, Madrid y Sevilla-, había varias posibilidades.
Una era esa vía de las delegaciones, seguir con
los mismos departamentos que tenemos y crear una serie de delegaciones en distintas zonas de España.
Hay que tener en cuenta que a lo largo de estos años se ha producido un cambio en la medicina forense y los médicos forenses, en lugar de estar adscritos a los juzgados, han pasado o van a pasar a depender de los institutos de medicina legal
que se están creando en estos momentos.
Según dicen esos reglamentos, muchos de esos institutos van a estar dotados de laboratorio. Por consiguiente la vía de crecimiento en el futuro, más que crear delegaciones, van a ser esos laboratorios de los
institutos de medicina legal, sin menoscabo de la función que al Instituto le corresponde, que yo creo que es importantísima y sobre la que hay que estar muy atento porque, si no, puede ser un gran peligro. El hecho de que los laboratorios se
atomicen puede ser malo en cuanto que cada uno puede tener un criterio distinto, se pueden hacer análisis sin personal formado o con medios técnicos insuficientes. Es muy importante esa labor que el instituto tiene reconocida en su reglamento. Hay
que hacer un desarrollo importante de esa función como centro de referencia, formar a los analistas que vaya a haber en esos laboratorios y al mismo tiempo dar una serie de protocolos de actuación y de requerimientos mínimos que deben ser seguidos.
En este momento nuestro servicio de garantía de calidad tiene varios ejercicios interlaboratorios -así se llaman-, que realmente son controles de calidad, en los que participan esos laboratorios y de alguna manera se puede ver si sus resultados son
reales y buenos o si, por el contrario, están dando resultados que no son ciertos ni aceptables. Por consiguiente, más que un desarrollo del instituto, en el sentido de más centros y más delegaciones, sería conveniente la potenciación del mismo,
coordinando todos esos laboratorios, y la formación del personal. Muchas veces lo importante es que el personal y los medios técnicos de los que estén dotados esos laboratorios sean los adecuados.
En cuanto a mis funciones como director, he de decir que tengo una sobrecarga de trabajo. Además de ser el director del departamento de Madrid, llevo 16 años compatibilizando, en comisión de servicio la dirección del Instituto de
Toxicología. Son dos puestos
de trabajo y naturalmente, por más que me multiplique, una persona no los puede desarrollar exactamente igual que si hubiera dos personas. Cada comienzo de año yo propongo al ministerio -concretamente, a la subdirección de Personal- las
necesidades de personal que tenemos en ese momento. Lógicamente, a principios de año también se hace una propuesta de los medios técnicos que se precisan a la otra subdirección, a la subdirección de obras: nuevos equipos de cromatografía, de
espectrometría de masa, etcétera. De estas necesidades, algunas son concedidas y otras, no; eso me ha pasado siempre a lo largo de estos 16 años. Respecto al anteproyecto de presupuesto he de decir que antes existía un presupuesto para el
Ministerio de Justicia y otro aparte para el Instituto de Toxicología. Ahora no, ahora todo el presupuesto está incluido en el del Ministerio de Justicia, porque los directores de departamento no tenemos ya ninguna intervención en la gestión
económica; todo se hace a través de la gerencia. En Barcelona y en Sevilla, la gerencia correspondiente a dichas comunidades y en Madrid, la gerencia de órganos centrales.
Nosotros hacemos la petición de todo el material fungible, de todo el
material diario a la gerencia y ésta lo suministra directamente.
El proyecto de investigación. La investigación es fundamental. Yo creo que en el futuro será necesario -y así lo hemos planteado ante el ministerio- que el instituto se transforme en un instituto nacional pero de ciencias forenses, porque,
además de la toxicología, abarcamos otras muchas áreas, como la criminalística, la histopatología, la biología forense, etcétera; debería desarrollar todas esas funciones, entre las que se encuentra la docencia y la investigación. Actualmente, el
trabajo que desarrollamos al servicio de los Tribunales de Justicia no permite tener un plan de investigación continuado; lo que se hace son solamente investigaciones parciales, generalmente investigaciones aplicadas, que resultan del trabajo que
se realiza cada día.
Los tiempos de emisión de los informes por fallecimientos por parte del instituto -no tengo aquí los tiempos exactos- son muy variables. Por ejemplo, los informes de alijos -que van a dar lugar a los juicios rápidos- se realizan la misma
mañana que llegan las muestras al instituto, a primera hora, a las ocho y media de la mañana, y antes de las dos de la tarde se envía el resultado al juzgado de guardia. Hay una enorme variedad en la emisión de informes. Lo normal es que en un
informe toxicológico de muerte por drogas, en los que no hay urgencia, se tarde de 20 días a un mes aproximadamente. Si hay urgencia, estos análisis se tendrán que hacer rápidamente para dar respuesta en muy poquitos días; esa es la realidad.
Donde puede haber mayor demora es en la emisión de los estudios histopatológicos, relacionados incluso con estos mismos cadáveres. Lo normal es que los histopatólogos pidan al médico forense que realiza la autopsia el adelanto de la misma. Estas
muestras vienen en formol y se ha de esperar de 10 a 15 días para que estas vísceras estén bien fijadas y se pueda proceder a hacer los cortes y los bloques.
Finalmente, se cortan los bloques con el microtomo y se tiñen las preparaciones. Se trata
de un proceso bastante largo, que a veces queda paralizado a la espera de que el médico forense mande ese adelanto de autopsia a los patólogos, que la consideran fundamental para su trabajo.
Eso puede dar lugar a una demora más importante en la
emisión de los informes histopatológicos.
No tengo la información de los fallecimientos por drogas en el año 2000.
La cifra de muertes presuntas en el año 2001 fue de 845, en lugar de los 655 del año 2002. Son muertes presuntas, porque, una vez investigados los antecedentes y los
estudios histopatológicos, habría que desechar un gran número de ellas.
Espero no haber dejado sin contestar alguna cuestión. (El señor Ripa González pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Ripa, por favor, con brevedad.
El señor RIPA GONZÁLEZ: Simplemente quiero constatar que el retraso de su presencia en esta Comisión no ha sido debida a usted. Yo le agradezco su comparecencia, pero no al Grupo Popular, que es el que debió agilizar su presencia.
Respecto a la emisión del informe, si el tiempo que se tarda en emitir un informe se debe a cuestiones técnicas, como acaba de decir, no podemos decir nada; se necesitará el tiempo que se necesite para hacerlo. Pero si el informe no se
emite porque faltan recursos humanos, sería preocupante.
Por ejemplo, después de casi cuatro meses, todavía no hay un dictamen, no hay un informe técnico respecto a los casos acaecidos en Pamplona en el mes de octubre. Las familias que están
esperando ese informe estarán preocupadas por saber realmente de qué murieron sus familiares. Repito que nada podemos decir si se trata de una cuestión técnica, pero si es por una cuestión de recursos humanos, habrá que dotar al instituto de más
medios humanos y de más medios técnicos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el diputado don José Manuel Pérez Corgos.
El señor PÉREZ CORGOS: Muchas gracias, señor Sancho Ruíz por su comparecencia y por las explicaciones que nos ha ofrecido.
Después de escuchar atentamente la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, he tenido serias dudas, pensaba que usted tendría dificultad para contestar, porque inicialmente no formulaba ninguna pregunta. Respecto a la
crítica que ha hecho de que el Grupo Parlamentario Popular impedía su comparecencia, he de decir que no teníamos ningún inconveniente
en su comparecencia en esta Comisión. Las comparecencias en la Comisión se deciden en la Junta de Mesa y portavoces, donde, por mayoría, se establecen las prioridades oportunas. (Rumores.) Cuando algún grupo insiste en la solicitud de una
comparecencia, se trae al pleno de la Comisión y aquí se decide. No es el caso de su comparecencia. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista decía también que el problema de la droga está oculto y que cuando un caso como este sale a la luz
saltan las alarmas. Yo no creo que el problema de las drogas esté oculto, yo creo que la sociedad es consciente del problema de las drogas; de hecho, las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas así nos lo manifiestan. La diferencia
es que en épocas del Gobierno del Partido Socialista se manifestaba como el segundo problema de la sociedad española y hoy está en otros puestos. (Rumores.) La sociedad no piensa que el problema de la droga sea un problema irresoluble, sino que hay
políticas que funcionan mejor que otras en la lucha contra las drogas.
Me ha llamado la atención algo que el director del Instituto ha manifestado en su intervención; ha dicho que considera que el Instituto Nacional de Toxicología debe funcionar como centro de referencia y debe establecer unos protocolos, que
lógicamente deberán seguir los diferentes institutos anatómico-forenses y los diferentes departamentos de medicina legal de las universidades, etcétera, órganos que están funcionando y con los que estoy seguro que el Instituto Nacional de
Toxicología tiene una constante y fluida comunicación; también en congresos o iniciativas de investigación que conjuntamente se lleven a cabo. Este es el camino que debemos seguir, que el instituto sea efectivamente ese gran centro de referencia
que sirva para apoyar a los diferentes órganos de que dispone la sociedad española en la lucha contra las drogas. En ese camino espero que continuemos porque hay dos funciones muy importantes, la de docencia y la de investigación, en las que
seguramente tendremos mucho que mejorar. (El señor Ripa González pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Ripa.
El señor RIPA GONZÁLEZ: Señor presidente, es que yo he solicitado información acerca de la demora de tres meses en los informes sobre los muertos en el mes de octubre en Navarra.
El señor PRESIDENTE: Señor director.
El señor DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA (Sancho Ruiz): Sé que el departamento de Barcelona ha emitido los informes toxicológicos, pero no los histopatológicos. En el servicio de histopatología de Barcelona hay una gran
demora de algunos meses, hubo un problema con un patólogo pues se descubrió que durante muchos meses no funcionó correctamente e iba amontonando sus casos. Se ha mejorado pero todavía sigue habiendo retraso.
Quiero añadir que uno de los problemas, y sería fundamental si queremos desarrollar en el instituto esa función de centro de referencia, es la situación de su personal. Desde el año 1984 se viene manteniendo una situación de interinidad.
El 90 por ciento del personal del instituto es interino; hay facultativos que llevan 16 ó 18 años como interinos. Y es realmente un problema que este personal enseñe a otros, pensando que les van a quitar su trabajo. Habría que solucionar primero
el problema de estos funcionarios.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor director del Instituto Nacional de Toxicología. Agradecemos su comparecencia y le despedimos con el cariño y el afecto de siempre.
Se suspende la sesión durante cinco minutos. (Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, continuamos.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE ACCIDENTES DE TRÁFICO Y CONSUMO DE ALCOHOL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente del Congreso 161/001807 y número de expediente del Senado 663/000090.)
El señor PRESIDENTE: Primera providencia. Se votará todo conjuntamente y no antes de la una de la tarde. Segunda providencia. Pasamos al punto siguiente del orden del día: Proposiciones no de ley. En primer lugar, proposición no de ley
sobre accidentes de tráfico y consumo de alcohol, a instancias del Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra, por el grupo referido, el diputado don Carlos Navarrete.
El señor NAVARRETE MERINO: Señor presidente, señoras y señores diputados, voy a defender una proposición de mi grupo referente al consumo de alcohol. Se orienta fundamentalmente a la elaboración de un plan estratégico de lucha contra el
alcohol y al incremento de las campañas de sensibilización y de prevención, campañas que en buena medida consisten en la continua disposición del Grupo Socialista para traer este tema a la Cámara, donde sin duda es objeto de una gran difusión que
sirve para una recta formación de las conciencias y para el estudio de todos los elementos que tienen que intervenir en la lucha contra el alcohol, una lucha que en parte es como la de la flecha contra el escudo, una lucha que nunca se va a ganar
del todo; ahora bien, aspiramos a que las consecuencias sean las mínimas posibles. Asimismo nuestra proposición se refiere a la relación existente entre el alcohol y la circulación,
dimensión específica y concreta de la que me ocuparé con posterioridad.
Es inevitable hacer alusión a algunas cuestiones generales, como que el alcohol es una droga depresora del sistema nervioso central, de las más antiguas conocidas. Forma parte de nuestra cultura mediterránea y goza de una gran tolerancia
social. En nuestro país está prohibido su consumo a los menores de 18 años. Dicho esto, también hay que referirse a una estadística generalmente cambiante y dramática de la relación existente entre el alcohol y la circulación. Nuestra proposición
hace referencia a algunas dimensiones cuantitativas del fenómeno correspondientes al año 1999, última estadística disponible: un 43 por ciento de fallecidos en accidentes de circulación como consecuencia de la droga en general y del alcohol en
particular. Con respecto al alcohol, de 100 fallecidos, un 37,4 se debió al consumo de esta droga específica, siendo el 91,7 por ciento del total de las víctimas fallecidas en accidentes de tráfico jóvenes varones. Y si nos vamos al límite de edad
de 25 años, de ahí hacia atrás, nos encontramos con que es la primera causa de mortalidad de jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 24 años, siendo una de cada cuatro personas que muere en accidentes de tráfico menor de 25 años, cuota
dramática que contrasta con la de los jóvenes menores de 25 años que conducen, que es sólo de un 17 por ciento; sin embargo, el 25 por ciento del total de las víctimas tienen esa condición de jóvenes. La mitad de los accidentes de tráfico están
provocados por el alcohol; el 32 por ciento de los conductores fallecidos en los mismos acusa una ingesta superior a un gramo. Ya se sabe que los límites cuantitativos son de medio gramo por litro de sangre en general y de 0,3 gramos para casos
especiales de conductores profesionales. Por otra parte, de cada tres jóvenes muertos en accidentes de tráfico, dos eran acompañantes; es la causa mayor de paraplejias en los jóvenes, y el 17 por ciento de las personas que beben no conducen nunca
después de haber bebido. Esto no es extraño en un país que se caracteriza por tener el mayor número de establecimientos para consumir bebidas, unos 300.000. Redondeando un poco las cifras, se puede decir que nuestra población está dividida en tres
tercios: un tercio que bebe habitualmente, otro tercio que bebe ocasionalmente y, finalmente, un tercio que es abstemio. Y de las personas que conducen bajo los efectos del alcohol, hay un 17 por ciento que manifiesta que no va a dejar de hacerlo
porque haya ingerido alcohol.
En el seno de la sociedad española, los diferentes gobiernos han adoptado una serie de medidas para luchar contra el alcohol; sin embargo, la intensidad del drama no disminuye, afectando muy especialmente, como digo, a los adolescentes, ya
que se trata de una época en la que se experimentan sensaciones nuevas. Una de dichas sensaciones es la del alcohol, aunque no todos los jóvenes que experimenten con alcohol se enganchan; depende de la concomitancia o de la concurrencia de otras
circunstancias, como son el historial familiar, factores depresivos, la disminución de la autoestima o encontrarse fuera de la corriente, puesto que una manera de conseguir el carné de joven es precisamente participando en las movidas etílicas. No
voy a entrar en los efectos, suficientemente conocidos, que tiene el alcohol en el ámbito del hogar y en la conciencia humana, pero quiero manifestar que hay una preocupación europea, una preocupación internacional, de la Organización Mundial de la
Salud, de Europa, la Carta europea sobre el alcohol, y además existen seminarios permanentes a nivel de comunidades autónomas y de otras administraciones públicas sobre alcohol y juventud. Se han indicado como elementos de la estrategia en la lucha
contra el alcohol la implicación del asociacionismo juvenil, la participación activa de los jóvenes, la creación, todavía sin carta de naturaleza en nuestras instituciones, del agente preventivo, corresponsable con las administraciones central y
local, y la prevención en zonas frecuentadas por jóvenes y de riesgo.
Esto entra en lo que es el objeto específico de nuestra proposición, ya que una de las zonas de riesgo es precisamente la carretera.
En cuanto a la introducción de alternativas de tiempo libre, debo destacar que se está produciendo un retroceso importante. Muchas de las instalaciones deportivas, que se consideran elementos eficaces en la lucha contra el alcohol, se están
cerrando los sábados y, cuando no se cierran los sábados, se cierran los domingos a primera hora de la mañana.
Esto es una absoluta monstruosidad y debiera estar prohibido por las normas del ámbito legal correspondiente. La educación en valores se
considera asimismo una forma de luchar contra el alcohol y también cosas tan obvias como el cumplimiento riguroso de la legislación vigente o dedicar un tercio del tiempo de la publicidad a la contrapublicidad del alcohol. He hecho referencia a la
carta europea sobre el alcohol. En la misma se refleja la emanación del Plan de acción europea contra el alcohol y de la conferencia de París. Se proclama el derecho de los jóvenes frente a las consecuencias negativas, especialmente en los
accidentes de tráfico, en el consumo de alcohol, así como la creación de entornos públicos y privados exentos de presión alcohólica y también entra dentro de lo que es el contenido específico de nuestra proposición el tratamiento y la asistencia y
no ser presionado al consumo. Sobre todo se indica en esta carta europea que es necesario que existan programas amplios, con objetivos claros, con indicadores de resultados, con evaluaciones y con periódicas actualizaciones. Recuerdo una vez más
que hace un año en el seno de la Comisión de Justicia el Grupo Popular adoptó el compromiso en una transaccional sobre nuestra propuesta de que el Gobierno acudiría a exponer periódicamente en dicha Comisión los resultados de las diferentes medidas
y la conveniente actualización, en
correspondencia con lo anterior, de las que se fueran considerando de necesaria introducción o como medidas eficaces.
Entro en la última parte de nuestra propuesta, que consiste en analizar los itinerarios, los trayectos y las incidencias de los desastres de las víctimas, jóvenes, provocados por el alcohol. Como consecuencia de eso habría que establecer
medidas sobre los lugares que se consideran peligrosos en cuanto a la circulación.
¿Qué alternativas se ofrecen? Más allá de lo que se indica en la parte dispositiva de nuestra proposición no de ley, cabría hablar de una financiación autonómica, de una financiación municipal o de una financiación de la Administración
central. Las tres son imprescindibles, porque la envergadura del problema que se trata de combatir es de ingente naturaleza. Sin crear nada nuevo, sería necesario revisar los horarios de circulación de los medios públicos de transporte, ya sean
autobuses, líneas ferroviarias de cercanías o metros. La creación de líneas ad hoc, que conduzcan a los chicos desde las proximidades de sus hogares a los lugares de diversión al comienzo de la movida y de retorno en dirección contraria a la
conclusión de ella, es una solución onerosa y nunca suficiente. La fijación del horario y de los lugares y el gravamen que puede representar para los erarios municipales, que son por naturaleza bastante menguados, son aleatorios. Es mucho más
fácil prolongar el horario de los medios de transporte públicos a los que antes nos hemos referido -autobús, metro y líneas ferroviarias de cercanías-, permitiendo que permanezcan en funcionamiento hasta las ocho o las nueve de la mañana, con la
periodicidad habitual.
Con esto concluyo la defensa de nuestra proposición, que me gustaría que no cayera en terreno infértil y que fuera aceptada por el resto de los grupos parlamentarios. Además, desearíamos que provocara una reflexión a fondo por parte del
Gobierno, al que emplazamos para que con posterioridad dé cuentas en esta Comisión sobre lo que piensa hacer en materia de transportes en relación con el problema que nos ocupa.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Novillo.
La señora NOVILLO MORENO: En primer lugar, tengo que decirle que el Ministerio del Interior conoce las estadísticas correspondientes a los accidentes en los que se ven implicados los jóvenes, y está al tanto de las circunstancias, los
lugares y las horas en que se producen. En relación con el problema del alcohol, tanto para los jóvenes como para el resto de la población, esta información se considera prioritaria a la hora de planificar los controles que efectúan las fuerzas de
vigilancia.
Por otro lado, el alcohol y su influencia en los accidentes de circulación y en el tráfico en general es objeto permanente de análisis e investigaciones a fin de reducir su importancia como factor concurrente en los mismos. Algunos de
los spots de la mayoría de las campañas divulgativas anuales sobre la seguridad vial tienen como objetivo concienciar a la población del riesgo que conlleva conducir bajo los efectos del alcohol. Concretamente, en 1999, con motivo de la publicación
de las nuevas tasas de alcoholemia, se realizó una nueva campaña informativa en televisión. Estas campañas también se difunden a través de los medios gráficos e Internet. En la campaña radiofónica anual, tanto en las cuñas como en los programas
especiales se insiste en el tema del alcohol, tratando diversos aspectos relacionados con el mismo. También se trata este asunto en materiales divulgativos y didácticos. El alcohol está presente en vídeos como Seguridad vial y juventud o la
seguridad vial, en marca páginas con las nuevas tasas de alcoholemia, etcétera.
A fin de coordinar las actuaciones tendentes a reducir los índices de siniestralidad, se elabora cada año un plan nacional de seguridad vial en el que participan todas las administraciones y en el que se establecen medidas dirigidas a todos
los sectores de la población, ocupando los jóvenes un lugar privilegiado en muchas de ellas. Dentro de este plan nacional se recogen las actuaciones llevadas a cabo por las comunidades autónomas. En materia de educación y formación vial, este plan
nacional de seguridad vial establece una serie de propuestas, como son la implantación de la educación vial en las enseñanzas obligatorias y no obligatorias; el diseño, edición y distribución de materiales didácticos específicos; la celebración de
jornadas de educación vial para la efectiva implantación de la misma en los centros docentes; la inclusión de una asignatura optativa dentro de la educación secundaria obligatoria que sirva para que los jóvenes se inicien de forma teórica y
práctica en el mundo de la automoción y sirva también de preparación para la obtención de la licencia de conducir ciclomotores; el establecimiento de actividades educativas complementarias a través de parques infantiles de tráfico; la realización
de programas de información y educación vial, familia-escuela, para escuelas infantiles, programas de educación vial para las escuelas de formación de policías locales y cursos de formación para monitores. Se está trabajando concienzudamente en
materia de educación y formación vial para llevar a cabo estas propuestas.
Usted decía también que se estaban cerrando pabellones. Tengo que decirle que dentro de la planificación del Plan Nacional de Seguridad Vial, en esa prevención inespecífica que se hace en una población diana de 10 a 18 años, se está
trabajando con las comunidades autónomas y con las corporaciones locales. Por otra parte, hay que tener en cuenta que dentro de la educación debe haber flexibilidad a la hora de tomar decisiones y que, independientemente de todo el trabajo que se
esté realizando, se debe estar cambiando constantemente y seguir trabajando.
Por último, los resultados del último informe emitido por el Instituto de Toxicología arrojan cifras muy diferentes a las que sirven de argumento a su proposición. Sin embargo, no por ello no se debe seguir trabajando. El Grupo Popular
considera que hay que seguir trabajando y afianzarse en todo lo que ya se está haciendo. Por todo ello, entendemos que la proposición no de ley no debe ser estimada.
El señor PRESIDENTE: Señor Navarrete.
El señor NAVARRETE MERINO: Nos sorprende que la representante del Grupo Popular diga que nuestra proposición no debe ser estimada. Nos parece una actitud absolutamente cerril, que no se compadece con la naturaleza del problema que estamos
discutiendo, ya que en pocos asuntos podría estar tan justificada la coincidencia de propósitos entre el partido que apoya al Gobierno y los partidos de la oposición.
El señor PRESIDENTE: Señora Novillo.
La señora NOVILLO MORENO: Creo que el representante del Grupo Socialista no ha escuchado mi intervención. El Grupo Popular es sensible a esta situación. Le he enumerado todas las actuaciones que se estaban llevando a cabo dentro del plan
nacional de seguridad vial, también le he dicho que educativamente debe haber flexibilidad a la hora de tomar decisiones y cuando una programación que se está haciendo dentro de diferentes instituciones, como ministerios, comunidades autónomas y
corporaciones locales, no es positiva, hay que volver al comienzo, y en eso estamos trabajando. Le he enumerado todas las actuaciones que se están desarrollando solamente en el campo educativo y con los jóvenes dentro del Plan Nacional de Seguridad
Vial para 2002. Es una actitud negativa por su parte considerar que la intervención del Grupo Popular es una intervención cerril. No es justo que diga eso, puesto que se está trabajando bastante en este tema y las actuaciones que se están
desarrollando son bastante positivas.
- SOBRE INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS EN MATERIA DE DROGAS EN LA UNIÓN EUROPEA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente del Congreso 161/001818 y número de expediente del Senado 663/000009.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente, que es la proposición no de ley sobre indicadores epidemiológicos en materia de drogas en la Unión Europea. La iniciativa es del Grupo Parlamentario Socialista y para defenderla tiene la
palabra doña Carmen Romero.
La señora ROMERO LÓPEZ: Esperemos que esta proposición no de ley no goce del desdén olímpico del que ha gozado la anterior, a pesar de ser una propuesta razonable y a pesar de los negros datos sobre accidentes que existen en nuestro país.
La que me toca defender se refiere a los indicadores epidemiológicos que existen actualmente en la Unión Europea en materia de drogas, y tiene su origen en la necesidad de homologar los criterios para elaborar los datos epidemiológicos que sustentan
todas las actuaciones sobre drogas en los distintos países que componen hoy la Unión Europea y en los de la futura ampliación.
La construcción del tercer pilar y la necesidad de encaminarse hacia semejantes criterios a la hora de abordar las consecuencias del narcotráfico está siendo tema central de los últimos consejos europeos desde la cumbre de Tampere. En
efecto, la disparidad en las legislaciones administrativas o penales es aún muy grande, dándose la paradoja de que existen y conviven incluso enfoques opuestos, como han señalado recientes informes comparativos del Consejo de Europa. No se nos
esconde la dificultad que se origina no sólo en las recientes legislaciones sino en las más antiguas. Se pudiera pensar de manera simplista que leyes cambian leyes si no fuéramos conscientes de que la cultura, ante cualquier tipo de substancia o
adicción, es muy diferente en los distintos países y tiene además profundas raíces. Es, por lo tanto, un proceso complejo. Sin embargo, la disparidad de situaciones, los diferentes instrumentos en los distintos países de la Unión Europea, existan
o no planes nacionales sobre droga, la distinta ubicación de estos instrumentos en los distintos ministerios e incluso sus ausencias, no impide que nos planteemos y creamos que hay que dar pasos ineludibles para llegar a tener una radiografía
europea de la situación, para que se sepa exactamente cuál es la situación en los distintos países que componemos hoy Europa.
Esta tendencia a la homologación de los datos epidemiológicos se sustenta sobre todo en una política de asistencia a quienes presentan cualquier tipo de adicción, para iniciar una política de cooperación y de buenas prácticas. Es imposible
llegar a una política conjunta y a un tratamiento conjunto de estas adicciones si no existe una radiografía de lo que realmente está ocurriendo en la Unión Europea. Sin esto, cualquier enfoque homogéneo es imposible y cualquier declaración de los
consejos de la Unión Europea es una declaración retórica. La existencia de esos datos se ha revelado no sólo una necesidad para el futuro, sino que es una auténtica exigencia para un diagnóstico veraz para el presente.
Los cinco indicadores epidemiológicos claves que se fijaron en la Unión Europea en el plan de acción para 2000-2004 son: alcance y formas de consumo de drogas en la población en general, tipos de problemas ligados al consumo de drogas,
demanda de tratamiento por los consumidores de drogas, número de muertes relacionadas
con las drogas e índice de enfermedades infecciosas relacionadas con las drogas. Posteriormente, en la comunicación que la Comisión hizo al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la evaluación intermedia de este plan de acción sobre drogas,
con fecha 4 de noviembre de 2002 (saben muy bien que la evaluación intermedia se hizo a final de 2002), se advierte ya que los Estados miembros deben avanzar en mejorar la disponibilidad y la calidad de la información para lograr la comparabilidad
de los datos en la Unión Europea.
Quien esconde los datos, hace la política del avestruz. Quisiera recordar aquí la figura insigne de una mujer gallega, muy conocida y apreciada hoy aunque no tanto en su época, doña Concepción Arenal, que hizo un informe sobre la situación
de los sordos en aquellos momentos, que fue absolutamente revelador de cuál era la existencia de quienes presentaban aquella minusvalía. Este informe sustentó después toda una política para integrar y hacer más justa, digamos, la política de
entonces respecto a esta población que tenía y en muchos casos sigue teniendo todavía esa minusvalía. Era absolutamente necesario tener un diagnóstico y una radiografía de la situación para afrontar la realidad y abordar una problemática.
Pese a que la Delegación del Plan Nacional sobre Drogas elabora esporádicamente unos informes (tengo que recordar aquí que, aunque en ningún departamento del Estado se hace así, la memoria del Plan Nacional sobre Drogas no se presenta
anualmente en esta Comisión sino cada dos años, con la excusa de que las comunidades autónomas no presentan sus datos), tanto en estos informes que hace la Delegación del Plan Nacional sobre Drogas como en la propia memoria, los datos son
absolutamente escasos e insuficientes para tener una radiografía de la situación y en muchos casos, además, los parámetros que se utilizan tienen ya muchos años de vigencia y, por lo tanto, hubieran requerido unos cambios. Por ejemplo, el dato
epidemiológico referido al número de muertes relacionadas con las drogas, que es el cuarto indicador epidemiológico, en España se basa en unos criterios antiguos y que no se han modificado, por lo que al final la disparidad de datos que existen
sobre este número de muertes es -déjenme que sea un poco enfática- pavorosa y hoy todavía no tenemos datos reales sobre cuáles han sido los muertos por sobredosis que han existido en nuestro país en estos años anteriores. Acabamos de conocer los
datos de las presuntas, efectivamente, muertes por sobredosis que nos ha proporcionado hoy el director del Instituto Nacional de Toxicología, que afirmaba que en el año 2001 había habido 845 muertes y en el año 2002 había habido 655. Pero a una
pregunta oral de esta diputada, el ministro Rajoy le respondió que durante el año 2002 las muertes por sobredosis habían sido 201. No se puede trabajar con un diagnóstico de la situación si existe esta disparidad en los datos. Es imposible que
tengamos, por una parte, los datos que proporciona la Policía, que el Plan Nacional sobre Drogas incorpora y que están basados en criterios estadísticos y que, al mismo tiempo, tengamos datos procedentes del Instituto Nacional de Toxicología que no
coinciden. A estas alturas, no tenemos un mapa de la situación para darnos cuenta de lo que realmente está pasando porque, entre otras cosas, podría estar ocurriendo que la curva que creíamos que era descendente por la desaparición de la epidemia
de la heroína, probablemente no lo fuera.
Tendríamos que tener ese dato porque sigue siendo uno de los problemas más graves con el que nos enfrentamos hoy, a pesar de que actualmente haya otros problemas que desgraciadamente se han puesto por
delante. Como digo, no necesitaríamos hoy esta proposición no de ley si tuviéramos datos fiables, y no deberíamos esperar a que hubiera una tendencia a la homologación de los datos en la Unión Europea para exigir a los respectivos países que
tuvieran datos fiables.
Por tanto, esta proposición no de ley, que tiene su origen en las decisiones del Consejo Europeo, de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo y en la necesidad de esta homologación, tiene su origen más profundo en la escasa fiabilidad de
los datos que tenemos en España y en la falta de credibilidad de esos datos por la poca actualización y la poca adecuación de esos cinco indicadores epidemiológicos. Esperamos que, después de escuchar el razonamiento de esta proposición no de ley,
el Grupo Popular acepte votar a favor, porque mejorar, como dice la proposición no de ley, la disponibilidad y la calidad de la información sobre la situación de las drogas para lograr una mejor comparabilidad de los datos en la Unión Europea es,
desde nuestro punto de vista, algo absolutamente necesario de abordar en la etapa en la que estamos viviendo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Carlos Revuelta.
El señor REVUELTA MÉNDEZ: Estoy totalmente de acuerdo con usted en que conocer la realidad es empezar a transformarla. Asumimos, como yo creo que asumen todos los grupos, la importante tarea de homogeneización de estos indicadores por
parte de nuestro país. No olvidemos que nuestro país está dentro de la Unión Europea y que esta obligación no sólo es para nuestro país, sino para todos los países que la conforman. Una de las tareas asumidas por el observatorio europeo de la
droga y las toxicomanías, el OEDT, es desde su creación, y a fin de proporcionar información objetiva, fiable y comparable sobre el fenómeno de las drogas, la armonización de esos cinco indicadores epidemiológicos claves.
Para el cumplimiento de sus tareas el OEDT no opera en solitario, sino que se apoya en una red de puntos focales nacionales, uno por cada Estado miembro de la Unión, países candidatos y Noruega. Estos centros de información, que, junto con
el punto focal de la
Comisión Europea, conforman la red europea de información sobre drogas y toxicomanías, la Reitox, han venido desempeñando un papel esencial en los trabajos de armonización. Efectivamente, el marco normativo de referencia al que es necesario
aludir aparece presidido por la estrategia europea en materia de lucha contra la droga 2000/2004, aprobada por el Consejo Europeo de Helsinki, y por el plan de acción de la Unión Europea en materia de drogas 2000/2004, aprobado por el Consejo de
Santa María de Feira en junio de 2000, que traduce en acciones concretas los grandes objetivos de la estrategia. Ambos textos inciden en la importancia de la información y evaluación en relación con el fenómeno de las drogas.
En materia de información y evaluación la estrategia europea, en su apartado octavo, se refiere al papel que debe jugar la OEDT en este sentido. En particular, al enumerar las acciones que se desarrollarán en este ámbito, señala que la
mejora de la comparabilidad de los datos constituye una tarea primordial y que se requiere la armonización progresiva de los indicadores epidemiológicos, clave de la prevalencia y consecuencias para la salud derivadas del consumo de drogas. Cabe
señalar que el órgano decisor del OEDT es su consejo de administración, integrado por representantes de los quince Estados, Noruega y de la Comisión Europea y por dos personalidades científicas. A éste le corresponde, entre otras tareas, adoptar
los programas de trabajo trienales y anuales del observatorio.
En su reunión de enero de 2001 presentó al consejo de administración las directrices para la armonización de cada uno de estos cinco indicadores epidemiológicos claves, ya aprobadas por el comité científico anteriormente. En dicha reunión
se acordó aprobar los documentos presentados como base para futuras discusiones, remitiéndose a la siguiente reunión. Posteriormente se constituyó un grupo de trabajo integrado por personal del OEDT y los servicios competentes de la Comisión
Europea para estudiar las posibles vías de integración de los trabajos sobre indicadores en los sistemas de información de salud pública de la Comisión, por considerarse importante buscar sinergias con otros servicios de la Unión Europea. A tal
efecto se creó un grupo de trabajo con participación del OEDT, del Eurostat, del DGSanco y el punto focal nacional de Grecia, a fin de analizar las tareas que aún deben realizarse en relación con cada uno de estos indicadores, aunque hay que
reconocer que su éxito ha sido, de momento, reducido.
Los sistemas generales de información comunitarios no proporcionan aún información de calidad sobre el fenómeno de las drogas. Por otro lado, durante la presidencia belga del Consejo de la Unión Europea se aprobó una resolución relativa a
la implementación de los cinco indicadores epidemiológicos claves. En España el punto focal nacional de la red europea de información sobre drogas y toxicomanías es la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 8.º del Real Decreto 1449/2000, de 28 de julio, por el que se modificaba y desarrollaba la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior.
En este sentido cabe indicar que en el momento de la creación del OEDT la situación a nivel nacional en cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea era muy heterogénea; mientras que en algunos países ya existían sistemas
consolidados de información sobre drogas, en otros prácticamente no había información al respecto, de forma que en aquel momento, 1995, se empezaba a trabajar prácticamente desde cero. Sin embargo, España en concreto se encontraba dentro del
primero de estos grupos, y quiero recordar aquí que comunidades autónomas como Galicia, a través del Plan gallego sobre drogas, llevan realizando trabajos en este sentido desde los primeros años noventa.
A fin de avanzar en la armonización de la información existente sobre drogas en nuestro país se creó el Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías mediante el Real Decreto 783/1998, de 30 de marzo. Según dispone este real decreto,
se añade a las funciones que corresponden a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas la de servir como órgano estatal de comunicación con el Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías en el ejercicio por éste de las
competencias que tiene reconocidas en la normativa comunitaria. También señala que corresponde a la Subdirección General del Plan Nacional sobre Drogas la elaboración de los documentos y la realización de las gestiones necesarias para el ejercicio
de dicha función. Esta delegación, al objeto de facilitar el proceso de armonización de cada uno de los referidos indicadores, procedió a identificar a cinco expertos, uno por cada indicador, y a crear cinco grupos de trabajo integrados por dichos
expertos y por personal de la propia unidad. Estos grupos de trabajo, que se han reunido periódicamente desde su constitución, redactaron sus respectivos planes de trabajo, a fin de posibilitar que se avanzara en la armonización de esta información
disponible, de acuerdo con los parámetros y directrices previamente definidos. Tanto los trabajos realizados durante los últimos años de cara a esta armonización como el estado de la situación actual de cada uno de los cinco indicadores es
distinto. Me voy a referir a continuación brevemente a la finalidad que se persigue con cada uno de los indicadores, así como a los últimos desarrollos producidos en nuestro país.
En cuanto al indicador tratamiento, pretende facilitar información sobre el número y características de las personas que se someten a tratamiento por consumo de drogas en la Unión Europea. La armonización de este indicador no ha planteado
excesivos problemas para España. Durante el año 2002 se han introducido cambios en el protocolo español del indicador tratamiento, en el programa informático y en las hojas de notificación,
a fin de adaptarlos a las directrices del OEDT, que se harán efectivos a principio del año en curso.
En cuanto al indicador mortalidad, con este indicador se pretende obtener información comparable acerca del número de personas que fallecen a causa del consumo de drogas en la Unión Europea. Para ello el OEDT ha elegido los registros
generales de mortalidad como fuente de información. Dado que los registros generales de mortalidad envían los datos al Instituto Nacional de Estadística y que las competencias respecto de los mismos corresponden a las comunidades autónomas, de cara
a la armonización de este indicador es preciso contar con la colaboración de éstas. La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas viene trabajando a tal fin con el Instituto Nacional de Estadística.
En cuanto al indicador encuestas, su finalidad pasa por obtener información sobre la extensión y patrones de consumo de drogas en la población general, las características y comportamientos de los consumidores de drogas y las actitudes de
los distintos grupos de población hacia este consumo. En España este tipo de encuestas se ha realizado desde el año 1995 con carácter generalizado, por lo que se dispone de una serie de datos comparables para los años 1995 hasta 2001.
La última
encuesta ya toma como referencia el universo de 15 a 64 años, de acuerdo con las directrices europeas. Por otro lado, el cuestionario español es aún más amplio que el modelo propuesto, dado que incluye preguntas sobre temas de salud y seguridad
pública.
En cuanto al indicador de enfermedades infecciosas, la obtención de información sobre la incidencia de la hepatitis B y C así como del VIH entre los inyectores de drogas resulta necesaria, a fin de diseñar respuestas sanitarias. En España
se va a realizar una encuesta entre los consumidores de heroína y cocaína en tratamiento para obtener esta información. El trabajo de campo, que comenzará próximamente, incluye la realización de test de saliva con omnisal.
En cuanto al último indicador, el de prevalencia, proporciona información sobre los patrones de consumo de drogas que no pueden ser medidos por las encuestas. En el caso español se ha partido casi de cero, pues anteriormente no se había
calculado la prevalencia nacional. Durante este año se ha utilizado el método demográfico y el método multiplicador con datos de tratamiento, para establecer estimaciones correspondientes a los años 1999 y 2000 de consumidores problemáticos de
opiáceos. Por otro lado, hay que señalar que la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas ha identificado la armonización europea de los cinco indicadores epidemiológicos clave como una de sus prioridades.
Desde 1996 se vienen
dedicando esfuerzos y recursos a tal efecto. Como consecuencia de los mismos, los indicadores epidemiológicos españoles han ido adaptándose a las directrices comunitarias. Los indicadores, tratamiento y encuestas en concreto están ya plenamente
armonizados, y en los otros tres (mortalidad, enfermedades infecciosas y prevalencia nacional) los trabajos en curso permitirán su pronta armonización europea.
De todo lo dicho se desprende, señora Romero, que, si bien entendemos su preocupación y su interés como siempre por los temas relacionados con el consumo, tratamiento, rehabilitación, reinserción, etcétera, de los drogodependientes, no
procede el apoyo por parte de nuestro grupo a esta iniciativa parlamentaria, puesto que creemos que ya se están realizando todas las tareas conforme a lo previsto tanto por la Unión Europea como por el Plan Nacional sobre Drogas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Romero.
La señora ROMERO LÓPEZ: Voy a intervenir muy brevemente, señor presidente, para decirle al diputado del Grupo Parlamentario Popular que vamos a solicitar la comparecencia urgente del delegado del Plan Nacional sobre Drogas para que nos
exponga estos datos y, al mismo tiempo, dada la importancia del tema que nos ocupa, instarle a que reúna a las comunidades autónomas para que se pueda poner en marcha el registro general de mortalidad y sepamos en qué situación nos encontramos.
Tanto este indicador como los otros, que desde nuestro punto de vista nos dan una radiografía de la situación, exigen la comparecencia del delegado del Plan Nacional sobre Droga para hablarnos de este tema.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Revuelta.
El señor REVUELTA MÉNDEZ: Señora Romero, nos parece adecuado que, en nombre de su grupo, solicite la comparecencia del delegado del Plan Nacional sobre Drogas. En ese sentido no tenemos nada que oponer, y estoy convencido que el señor
delegado acudirá a esta Comisión para dar puntual información a todas las inquietudes que le quiera plantear.
- SOBRE LA DECLARACIÓN DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ COMO OBJETIVO PRIORITARIO EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente del Congreso 161/001819 y número de expediente del Senado
663/000092.)
El señor PRESIDENTE: El punto siguiente es la proposición no de ley sobre la declaración de la provincia de Cádiz como objetivo prioritario en la lucha contra el narcotráfico. A iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la señora Romero.
La señora ROMERO LÓPEZ: Desafortunadamente, tengo que empezar a defender esta proposición no de ley exponiendo un incidente que les ha ocurrido la semana pasada a los diputados de la provincia de Cádiz que han querido, después de
solicitarlo por todos los conductos reglamentarios pertinentes, comprobar in situ el sistema integral de vigilancia del Estrecho para poder conocer de primera mano cuál es la actuación del Gobierno en lo que se refiere a la lucha contra el
narcotráfico y a este dispositivo tan importante que se ha puesto en marcha gracias a la ayuda de los fondos de la Unión Europea. Nuestra sorpresa al conocer la negativa por parte del director general de la Guardia Civil, señor López Valdivielso,
para que esta visita pudiera producirse me lleva a plantear nuestra protesta, ya que consideramos un escándalo sin precedentes el hecho de que se haya puesto en marcha un sistema con fondos públicos dependientes del Ministerio de Justicia e Interior
con un presupuesto muy elevado, dándose cifras por parte del Gobierno de 20.000 millones de pesetas, además del presupuesto de este año que incluye unos 3.000 millones de pesetas. Estos fondos europeos, que se han puesto en marcha para propiciar
este sistema integral de vigilancia del Estrecho, se supone que habrán ido destinados a las tres estaciones sensoras que existen en la comandancia del Algeciras, o al menos así nos informó el señor Rajoy en la Comisión de Justicia e Interior cuando
dijo que en agosto de 2002 estas tres estaciones sensoras estarían en la comandancia de Algeciras, además de la consola de mando y control, las estaciones móviles y más medios en los servicios marítimo y aéreo para la lucha contra el narcotráfico.
Nuestra sorpresa ha sido que el señor López Valdivielso nos contestó por conducto reglamentario que la petición estaba cursada por parte de la Comisión de Justicia e Interior y que deberíamos esperar a la visita que la propia Comisión hiciera para
conocer estas estaciones sensoras, argumento que no compartimos porque, siendo algunos de los diputados de Cádiz miembros también de la Comisión de Justicia e Interior, desde nuestro punto de vista es un escándalo esperar un año, que es lo que lleva
esperando la Comisión para visitar dicho sistema, y negar a estas alturas el hecho de que los diputados y senadores por esa circunscripción y algún miembro de una asociación muy importante de lucha contra la droga no tengan la posibilidad de conocer
in situ cuáles son estos instrumentos, que en un primer momento creíamos que iban destinados a la lucha contra el narcotráfico. Después se ha insistido más en el tráfico de inmigrantes. A estas alturas no sabemos cuáles son los resultados de esta
ingente inversión que se ha hecho en el SIVE. Lo cierto es que no dejan de entrar pateras y no sabemos cuáles han sido realmente los decomisos que se han realizado gracias a este sistema.
Puesto que la razón no puede haber sido esa, desconocemos
cuál ha sido la razón para negarnos el acceso al SIVE y para impedir nuestra labor de control. A no ser que estemos entrando en una etapa de oscurantismo, a no ser que haya razones ocultas que desconocemos, que podrían haber estado en la comisión
de secretos oficiales, o a no ser que no existan esas estaciones sensoras. Estamos viviendo una situación de creación de obstáculos para que los diputados no podamos hacer nuestro trabajo parlamentario. Viene al caso de la proposición no de ley
sometida a votación porque el programa SIVE ha sido ya fuertemente contestado en la circunscripción a la que pertenezco, porque ni existen recursos humanos para poder controlar los ingentes datos que se supone que vienen de esas estaciones sensoras
ni existen todavía esos recursos técnicos prometidos.
Estamos hablando de una provincia que decomisa el 77 por ciento del total del hachís que se decomisa en España. Y no sólo decomisa esta cantidad, sino que, además, como recientemente han
demostrado las operaciones Semilla y Manzanilla, con más de 120 imputados en la provincia de Cádiz, más la cercana de Sevilla, el problema es que no es sólo tráfico de hachís, como ya suponíamos quienes trabajamos en aquella zona, sino que son redes
que operan con el intercambio de distintos tipos de droga y que se extienden en ambas orillas del Estrecho. La situación es todavía más grave si consideramos que, debido a los tráficos continentales y a la existencia del paraíso fiscal de
Gibraltar, ese problema se incrementa aún más con las 29.000 sociedades instrumentales -según cifras de la Unión Europea- que radican en dicho paraíso fiscal; muchas de ellas con titulares residentes en España que operan con instituciones
financieras, algunas de ellas radicadas en Gibraltar, otras en la comarca del Campo de Gibraltar. Pese a que existe una ley de prevención de blanqueo de capitales y pese a que estamos convencidos de que han puesto en marcha un procedimiento de
colaboración, por las abundantes informaciones de casos de corrupción y de casos judiciales que están todavía por verse y de algunos que se han visto ya, hay implicadas instituciones financieras.
Estamos convencidos de que este dinero,
desgraciadamente dinero sucio, todavía campa por sus respetos, y no digamos en lo que afecta a actividades inmobiliarias o a actividades de todo tipo, que sirven de pantalla para una economía que se ha venido en llamar narcoeconomía. No quisiéramos
que zonas difíciles como ésta pudieran ver cómo esta narcoeconomía se extiende, se incrementa, con los consiguientes riesgos de futuro y con los que ya hay, no solamente de competencia desleal, como se ha dicho, y que inspira ahora mismo algunas de
las actuaciones internacionales en materia de paraísos fiscales, sino en materia de salud pública, en lo que se refiere a nuestros jóvenes y a la idea de construir una sociedad sobre bases sólidas y no sobre estas bases. Señorías, estamos hablando
de una provincia que ha visto problemas muy graves aquí, en esta Comisión, no solamente en localidades como Barbate, Sanlúcar de Barrameda, etcétera, sino en toda la comarca
del Campo de Gibraltar y algunas provincias limítrofes, como Málaga.
No tendría que extenderme mucho más, porque es de sobra conocido por los diputados de esta Comisión, sobre la situación que estamos viviendo en esta provincia y cuál es el sentido de esta proposición no de ley, donde pedimos una actuación
extraordinaria de las distintas instituciones del Estado para que realmente se ponga freno a esto que está ocurriendo. No estamos utilizando una fórmula nueva, ni siquiera inédita. Hay informes del GAFI, de los grupos de acción financiera, como
bien conocerán SS.SS., que hablan ya de la posibilidad de establecer lo que llaman Target, es decir, objetivos prioritarios, para emprender una acción extraordinaria en aquellas zonas en las que se observa que hay necesidad de una actuación
especial. De hecho, los informes del GAFI hablan de algunas zonas de Nueva York y otras zonas donde, cuando se detectaron los tráficos con Colombia, se utilizaron estos procedimientos. No digo que ésta sea la única zona de España donde habría que
utilizar este objetivo prioritario, probablemente haya alguna otra zona que sea prioritaria hoy desde el punto de vista de una actuación extraordinaria.
Nos sorprende mucho que en todos los programas que ha puesto en marcha el Ministerio del Interior, programas de seis por seis, diez por diez, etcétera, teniendo en cuenta problemas como inseguridad ciudadana, delitos de robo, delitos
menores, nunca se haya establecido un programa especial para los puntos negros que tiene España en materia de narcotráfico, en el sentido de una exigencia de actuación extraordinaria de las administraciones públicas: narcoeconomía, dinero sucio,
etcétera.
Nos sorprende muchísimo que no se haya abordado y que no haya sido una prioridad para el Ministerio del Interior. Hoy traemos esta proposición sobre la provincia de Cádiz por nuestra preocupación ante todo lo que está ocurriendo y
pedimos una actuación extraordinaria del fiscal general, de la Fiscalía especial sobre drogas. Aún no conocemos -durante algún tiempo ha estado ubicada en el Campo de Gibraltar, durante un tiempo lo asume la Fiscalía de Cádiz- los recursos de que
se dispone para abordar ese tema. Tengo que traer a colación el famoso episodio del fiscal o la fiscal que no se presentó, razón por la cual la juez de un determinado municipio tuvo que dejar en libertad a un presunto narcotraficante. Las
exigencias de los ciudadanos de Cádiz de una mayor actuación de la Fiscalía son diarias. Hemos demandado en numerosas ocasiones una actuación extraordinaria del servicio ejecutivo de prevención del blanqueo de capitales, porque no sirve de nada que
el servicio ejecutivo tenga reporting sistemático de grandes operaciones y no vaya realmente a los puntos conflictivos y a los puntos negros, donde la actuación es más necesaria; sin decir que en otros sitios no sea urgente también, en la cercanía
de este paraíso fiscal es absolutamente necesaria, así como una actuación extraordinaria de la propia Agencia Tributaria y todo lo que se derivaría de ello. Desde luego son actuaciones extraordinarias que tienen que tener un gran consenso, Aquí
está un grupo de la oposición proponiendo una tarea que es difícil; posiblemente debería ser limitada en el tiempo, pero al mismo tiempo es de absoluta necesidad. Así lo ve mi grupo. Esta actuación extraordinaria no sería suficiente si no fuera
acompañada de los recursos, tanto humanos como materiales, para la investigación y persecución de estas redes que hoy están asolando nuestra provincia.
Pedimos también en esta proposición no de ley -ya lo hemos demandado en otras ocasiones- una urgente habilitación de unidades de recesión y custodia adecuadas, porque las comisarías, comandancias y lugares no idóneos están atiborrados de
estas drogas. También hemos traído aquí el caso de la comisaría de Sanlúcar, con los implicados en actuaciones por las cuales están hoy imputados. No vamos a traer más ejemplos de lo que hoy es una demanda a voces de los ciudadanos de la provincia
de Cádiz.
Todavía no se ha puesto en marcha, que sepamos, el horno para la destrucción de la droga decomisada en la provincia de Cádiz. Las toneladas que están a la espera de ser destruidas son muchas. Señorías, nos parece que el tema tiene la
suficiente enjundia como para que se tome en consideración.
Tengo que terminar como empecé al defender esta proposición no de ley. Es un escándalo, señorías, que no se nos haya permitido ver el funcionamiento del SIVE, es un escándalo que no se corresponde con un Gobierno democrático; como no se
corresponde con un Gobierno democrático, pediremos la comparecencia del señor López Valdivielso y, según sus explicaciones, posteriormente, si viene al caso, la del ministro del Interior, para que explique por qué un instrumento que se ha creado con
fondos públicos es para uso privado del Gobierno, como si el Gobierno pudiera usar privadamente esos datos. Nos estamos encontrando en situaciones absolutamente insólitas. Esperamos que, por la gravedad de esta situación, el Grupo Popular tome en
consideración estos hechos y vote a favor de esta proposición no de ley. Simplemente quisiera añadir que si el diputado por la provincia de Cádiz Aurelio Sánchez, estuviera hoy presente en el debate de la proposición no de ley, probablemente le
habría sido muy difícil votar en contra, porque hemos mantenido abundantes debates y es consciente de la necesidad de que se ponga en marcha las medidas incluidas en esta proposición no de ley. Desde luego, daremos difusión a la posición del Grupo
Popular si es contraria.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora doña Carmen Pardo.
La señora PARDO RAGA: Quería decir a la señora Romero que está en su derecho de manifestar su posición
al inicio de la defensa de su proposición no de ley. Como ha terminado diciendo, se pedirá la comparecencia del director general, con lo que todos los grupos estaremos de acuerdo aunque no con la proposición no de ley que usted defiende.
Coincidimos con usted en que la problemática de la droga en la provincia de Cádiz, es importante, como en el Campo de Gibraltar, pero hay que ver la situación en conjunto, en toda la Comunidad de Andalucía, ya que la presión que se ejerce en
determinados productos hace que se traslade por toda la región.
Usted acusa por escrito, en la exposición de motivos de la proposición no de ley que hoy plantea aquí, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y del Estado están mal coordinados y que la insuficiente plantilla está mermada, y cito
textualmente sus palabras. Sin embargo, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tengo que contradecirle, porque en la actualidad la dependencia regional de Andalucía cuenta con el más importante despliegue de recursos humanos y materiales de las
que componen el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, dada la importancia estratégica de la misma en la lucha contra los tráficos ilícitos por vía marítima por su proximidad geográfica a zonas productoras de determinadas sustancias de
estupefacientes e impacto al blanqueo de capitales, como usted resalta.
Con su permiso, voy a intentar describir lo que usted pone por escrito, que no existen recursos humanos ni materiales. Podemos coincidir todos los diputados y senadores de esta Comisión en que siempre nos hacen falta más medios,
efectivamente, pero tengo que decirle que el Gobierno del Partido Popular no puede aceptar lo que pone usted por escrito. Voy a relatar la cantidad de medios de que dispone la delegación de Andalucía.
En primer lugar, existe una unidad regional operativa de vigilancia aduanera, que se encuentra en Sevilla, y es la sede de la Jefatura de la dependencia regional de Aduanas. Existen unidades combinadas, es decir, localidades donde existen
unidades operativas terrestres y bases marítimas. Algunas de ellas están en Cádiz, Almería, Algeciras y Motril, otras unidades operativas terrestres están en Córdoba, Granada, Línea de la Concepción, etcétera.
Respecto a los medios humanos, simplemente le relataré los de Algeciras y los de Cádiz, porque si no, sería demasiado larga esta exposición.
Respecto a los funcionarios, hay 76 en Algeciras y 67 en Cádiz. En cuanto a las embarcaciones de
alta velocidad, hay dos en Algeciras y una en Cádiz. Respecto a los helicópteros hay uno en Algeciras y no hay en Cádiz.
En cuanto a los medios navales, en Cádiz hay un patrullero de altura, Gerifalte, de 31 metros de eslora y una velocidad aproximada de 40 nudos, un patrullero de alta velocidad, Alcaudón II, de 17 metros de eslora y una velocidad de más de 50
nudos. En Algeciras, hay dos patrulleros de alta velocidad, el Columbo y el HJ IX, de 17,26 metros de eslora y 50 nudos. El primero de ellos tiene 14 metros de eslora y más de 40 nudos de velocidad el segundo.
En cuanto a los medios aéreos, hay que destacar que hay un avión, Aviocar CASA 212, con base en Morón de la Frontera y otro que, aunque tienen su base en San Javier, por razones logísticas efectúa en la zona del mar de Alborán más del 50 por
ciento de sus patrullas. Respecto a los helicópteros, habitualmente son dos Bolkov y un Dauphin, con base en Algeciras.
Además de lo anteriormente expuesto, en cuanto al número y características de los medios que esta región tiene asignados, he de destacar especialmente el incremento de dicho despliegue en los últimos años, no sólo en cuanto al aumento de
medios sino también en cuanto a la modernización de sus unidades. Así, en lo concerniente a las unidades aéreas, he de destacar muy especialmente que, de un helicóptero destacado en Algeciras en el año 2000, se ha pasado a tres helicópteros en la
actualidad en las bases que he mencionado anteriormente, respondiendo a la diversificación de los tráficos que habitualmente atraviesan el estrecho, hacia las zonas del Golfo de Cádiz por poniente y hacia las costas de Murcia, Valencia, Baleares,
incluso Cataluña por la parte de Levante. De la misma manera, en lo que concierne a los medios navales, en el mismo período de tiempo, la flota asignada se ha modernizado en un 80 por ciento aproximadamente, con la situación de unidades más
antiguas, el Décimo Aniversario y el Gerifalte como patrulleros de altura, y otros como Colimbo, Fénix, Alcotán, Milano y Alcaudón como patrulleros de alta velocidad.
Respecto a lo que usted describe como medios humanos, y nosotros llamamos apartado de personal, se ha hecho un notable esfuerzo en los últimos años. Buena prueba de ello es que en los dos últimos años se ha incorporado a las diversas
unidades de esta zona un total de 22 funcionarios de los distintos cuerpos de vigilancia aduanera.
Estamos debatiendo una proposición no de ley respecto a la provincia de Cádiz, aunque al Gobierno también le preocupa toda la geografía nacional.
En la provincia de Cádiz, existen unidades de vigilancia aduanera en la propia capital, en
Algeciras, en Jerez de la Frontera y en la Línea de la Concepción. Además, es permanente la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en particular con la Guardia Civil, con la realización de operaciones conjuntas durante los
últimos años y complementado con los despliegues del programa SIVE, al que usted aludía, que ha tenido muchísimos problemas. Esto respecto a la exposición de motivos donde usted acusa al Gobierno de escasez de medios materiales y humanos.
Respecto al petítum de los puntos que expone usted en la proposición no de ley, quisiera comentarle uno a uno. Sobre la primera medida propuesta, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas no
tiene competencias para el nombramiento, asignación o remodelación de cualquier miembro de la carrera fiscal, no pudiendo disponer ninguna medida que posibilite o permita la asignación de nuevos fiscales a la Fiscalía especial para la
prevención y represión del tráfico ilícito de drogas; de igual modo, tampoco puede diseñar una política de actuación extraordinaria que lleven a efecto los fiscales que presten sus servicios en la referida Fiscalía especial, cuyas funciones ya se
establecen expresamente en el artículo 3 de la Ley 5/1998, en cuya virtud se crea esa Fiscalía especial.
Por lo que respecta a la adscripción de expertos financieros en la investigación de los delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales, se significa que, en la citada Fiscalía especial está funcionando desde el año 1993 una unidad adscrita
de Policía Judicial con dos grupos operativos pertenecientes al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil, cuyos componentes tienen atribuida de manera específica -y me gustaría que se entrecomillara la expresión de manera específica- la
investigación de los delitos relacionados con el blanqueo de capitales procedentes del tráfico ilegal de drogas, tal como dispone el artículo 1 de la Orden Ministerial de 31 de marzo de 1993, por la que se adscribe a la Fiscalía General del Estado
una unidad de Policía Judicial.
Respecto a la segunda medida propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista, pide textualmente una información, que no la voy a repetir porque la tienen en sus manos sus señorías. Las actuaciones que está llevando a cabo el Sepblac,
servicio ejecutivo de prevención de blanqueo de capitales, se pueden sintetizar del siguiente modo. Reuniones con los sujetos obligados para el intercambio de información sobre las mejores prácticas; asesoramiento específico y a la medida sobre el
desarrollo e implantación de procedimientos internos a todos los sujetos obligados que lo han solicitado; visita de supervisión a los sujetos obligados y formulación de recomendaciones sobre los aspectos que se considera que pueden mejorar;
elaborar una instrucción y desarrollar una aplicación informativa que se ha distribuido a los sujetos obligados para mejorar la captura, envío y explotación de las operaciones de comunicación obligatoria mensual; elaboración y distribución de una
instrucción sobre el contenido que deben tener las comunicaciones de operaciones sospechosas e implantación de un procedimiento de valoración; reunión con las asociaciones y órganos de supervisión sectorial.
Respecto al punto tercero de su proposición no de ley, tenemos que poner de manifiesto que no tiene competencia alguna en materia tributaria el delegado del Plan nacional sobre drogas, por lo que cualquier iniciativa de actuación
extraordinaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria debe ser establecida y desarrollada por la propia Agencia y no en esta Comisión.
En cuanto a la cuarta medida, debe recordarse que este departamento distribuye sus efectivos territorial y funcionalmente de acuerdo con las prioridades y vacantes que se producen en sus respectivas plantillas. En este orden de cosas,
parece conveniente recordar que, en septiembre del pasado año, el Gobierno aprobó el Plan de lucha contra la delincuencia, en el que se contiene un paquete de medidas estratégicas de toda índole para garantizar la seguridad y tranquilidad de
nuestros conciudadanos.
Dentro del epígrafe tercero del Plan de actuación, programas operativos, en el punto 3.1, bajo la rúbrica del esfuerzo policial en las calles, se contiene una medida expresa relativa al incremento de plantillas en el seno de
ambos cuerpos policiales, de tal forma que paulatinamente, desde el año 2002 hasta el 2004, sus respectivas plantillas se verán incrementadas en 12.825 funcionarios en el caso del Cuerpo Nacional de Policía y en 7.175 en el caso de la Guardia Civil.
Respecto al quinto punto, en el que usted incide de manera especial, referido a las unidades de recepción y custodia adecuadas y la construcción de hornos idóneos para la destrucción de la droga decomisada, quisiera informarle que las
competencias sobre el análisis de custodia y destrucción de drogas decomisadas corresponden a los laboratorios de drogas dependientes de las subdelegaciones y delegaciones del Gobierno en las comunidades autónomas y las provincias. No obstante, la
Delegación para el Plan nacional de droga viene siguiendo con interés esta problemática, puesto que ya se ha planteado varias veces en esta Comisión por SS.SS. Por tanto, la Delegación del Gobierno del Plan nacional de drogas se ha puesto en
contacto con los órganos competentes del Ministerio de Administraciones Públicas, figurando en lugar destacado la dotación a Cádiz de infraestructuras suficientes para atender las necesidades de la provincia en esta materia. Así pues, Cádiz dispone
de dos unidades, un laboratorio en Algeciras, con su correspondiente unidad de recepción, custodia y destrucción, encargado de los decomisos del campo de Gibraltar, y, por otra parte, una cámara de seguridad con capacidad para diez toneladas y un
pequeño horno en la planta de incineración municipal de Los Barrios. Estas infraestructuras han venido cubriendo hasta ahora las necesidades de esta zona de forma satisfactoria, pero en el resto de la provincia existe una unidad de recepción,
custodia y destrucción, cuyos análisis se realizan en el laboratorio de Sevilla. Las necesidades son dos: el almacén de custodia y un horno de incineración. La existencia del almacén de custodia con capacidad suficiente es necesaria, dado que la
carencia de una instalación de este tipo obliga a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a custodiar la droga que se decomisa en sus dependencias a la espera de la orden judicial de su destrucción. En este sentido y atendiendo sus quejas, el
pasado mes de mayo se inauguró un almacén de custodia en Cádiz con capacidad para 80 toneladas.
La dependencia del horno de incineración de empresas privadas o de la planta de Los Barrios -que
hasta ahora ha venido facilitando la destrucción- obliga a someterse a las necesidades de producción de las empresas propietarias en cuanto a días, horas y cantidades a reducir. Por tanto, respecto a la construcción de un nuevo horno de
incineración, es preciso poner de manifiesto las siguientes puntualizaciones para que usted quede enterada. Se prevé la construcción del nuevo horno en Puerto Real, en unos terrenos que afectan al Ministerio de Defensa. Actualmente, el proyecto se
encuentra en fase de redacción, por lo tanto, ya ha quedado aprobado el presupuesto. La licitación de las obras se prevé para final de año, y su entrada en funcionamiento el próximo verano. El futuro horno de Puerto Real tendrá una capacidad de
incineración de 20 toneladas semanales, mientras que el horno de Los Barrios, una vez reparado, tendrá una capacidad de incineración de 10 toneladas semanales. Sumadas estas dos capacidades, se presumen suficientes para las necesidades de la
provincia. También es muy importante decir que se ha aprobado un nuevo presupuesto con una cantidad de 150.253,02 euros para la construcción del nuevo horno de Puerto Real.
Por lo tanto, si está presupuestado y listo para su construcción, no
dudamos que entre en funcionamiento el próximo verano.
Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Popular creemos que la labor del Gobierno en materia de coordinación de las Fuerzas y Seguridad del Estado, sobre todo en el tema de drogas, está siendo eficaz y estas fuerzas están poniendo todo
su empeño en erradicar la droga, problema que a todos nos preocupa; cosa que echábamos de menos en épocas pasadas. Por todo esto, vemos que está avanzando sustancialmente en la lucha contra el narcotráfico, y el volumen de las aprehensiones
también nos lo da a entender.
En esta proposición no de ley estamos hablando de una zona geográfica bastante sensible, como es la suya, pero el Gobierno tiene que avanzar en todo el territorio nacional. Yo no dudo que el diputado Aurelio Sánchez -al que usted se ha
referido anteriormente-, si hubiera tenido que debatir sobre la proposición no de ley que usted presenta, habría votado como vamos a hacerlo nosotros, desestimando la misma, basándonos en la documentación que yo he aportado. Por lo tanto, el
diputado de Cádiz, a quien usted tanto quiere sacar en prensa, y a quien está haciendo propaganda, tendrá suficiente defensa con la información que acabo de presentar.
Señor presidente, doy por finalizada mi exposición, y, desde luego, no vamos a tomar en consideración esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Señora Romero, brevemente.
La señora ROMERO LÓPEZ: Intervengo para responder a las múltiples alusiones que ha hecho la señora Pardo.
Probablemente, el diputado Aurelio Sánchez tendría que votar según la indicación que su grupo le hiciera, pero no cabe la menor duda de que se afronta la situación de distinta manera, según se esté aquí o en la provincia de Cádiz. Los
argumentos que usted ha dado, difícilmente le van a valer para justificar la actuación del Gobierno en estos momentos en la provincia de Cádiz.
Respecto a los medios de que se dispone -que es por lo que usted ha comenzado-, le tengo que decir que los 7.000 ó 12.000 miembros se refieren a toda España y no a la provincia de Cádiz. Sobre el incremento de esos medios -y no tiene más
que hablar con quienes están al frente de las Fuerzas de Seguridad- tenemos que creerlo por dogma de fe, porque nos han impedido el acceso al sistema integral de vigilancia del exterior del Estrecho. Si ustedes lo dicen, pensaremos que es dogma de
fe, dado que en esta democracia no se tiene acceso a los instrumentos de que disponen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Ya que estamos hablando de medios y recursos, le diré que las unidades de recepción y custodia existentes son absolutamente insuficientes, y se cuentan por cientos las toneladas que están esperando una solución. Usted ha hablado de un
pequeño horno en Los Barrios. ¡Y tan pequeño! Tienen que ir a Málaga porque ese horno no es suficiente, y todavía no se ha construido el de Cádiz. Ustedes pueden decir que acaban de poner en marcha una unidad de recepción para 80 toneladas en
Cádiz, pero es insuficiente. Es insuficiente porque tenemos datos sobre lo que está ocurriendo. En los últimos años, se ha hablado de 9.000 kilos de droga decomisada, pero no se dispone de datos realmente fiables. Sólo en la operación Semilla se
hablaba de las mismas cantidades de droga decomisada. Así que, a estas alturas, todavía no sabemos realmente lo que falta por destruirse y dónde se encuentra. Está bien que el señor delegado vaya a la provincia de Cádiz y prometa ayudas y
subvenciones a las coordinadoras y a las asociaciones, pues es la primera vez que lo promete. Las subvenciones le habían tocado en primera instancia a Valladolid, cosa que no tiene nada que ver con el clientelismo político ni con nada, sino que es
pura casualidad. Nosotros consideramos que, tanto Valladolid, Ávila, Segovia o cualquier otra provincia castellana, necesitan programas de ocio alternativo, por supuesto que sí, pero comarcas como el Campo de Gibraltar, que nunca los han
disfrutado, lo han requerido en sucesivas ocasiones. Bien está que el delegado aparezca por allí y prometa subvenciones, sobre todo en momentos en que estas asociaciones están teniendo graves déficit tan sólo para poder financiar a los procuradores
de la acusación particular en el famoso caso de la operación Semilla, porque no disponen de fondos para hacer lo que, en buena lid, podían haber hecho los fiscales que han trabajado en el caso que, a estas alturas, podrían tener más credibilidad de
la que tienen.
Desgraciadamente tienen
muy poca. En el caso de la operación Semilla, que es tan sintomático y del que vamos a efectuar un seguimiento para ver cómo finaliza, tenemos que confiar en la acusación particular de esas coordinadoras para ver que si en este caso se
llega al fondo.
Tengo que decirle, señora diputada, que no vale con echar balones fuera.
No puede decir que la Delegación del Gobierno no tiene competencias en la Fiscalía. Ya lo sabemos. Ya sabemos que eso depende del Ministerio de Justicia e Interior,
pero el delegado del Gobierno del Plan nacional sobre drogas asiste a múltiples consejos de coordinación y participa con el fiscal especial sobre drogas en múltiples reuniones como para instarle a que haya una actuación más extraordinaria en la
Fiscalía especial de la provincia de Cádiz. Sabemos cuáles son las competencias del delegado del Plan nacional sobre drogas, también sabemos que no tiene competencias en la Agencia Tributaria; lo que estamos pidiendo aquí es una actuación
integrada. Por supuesto que estamos en una comisión de estudio, una comisión transversal, pero, ¿cómo dice usted aquí que el delegado del Plan nacional sobre drogas no tiene competencias en la Agencia Tributaria? Ustedes forman parte de un
Gobierno que afronta una problemática conjuntamente y si no son capaces de afrontarlo de manera conjunta no vale decir que les resbala porque no es competencia del delegado del Plan nacional sobre drogas. No es respuesta, señora diputada. Ni ésa,
ni aquella que dice que existe una coordinación en las Fuerzas de Seguridad del Estado. Desde aquí le digo que vamos a presentar una proposición no de ley pidiendo un mando operativo conjunto para el Estrecho porque es una barbaridad lo que ocurre
con las Fuerzas de Seguridad del Estado ya que donde actúa un cuerpo el otro no se entera, y muchas veces no existe la colaboración necesaria. Por tanto, no puede decir que existe coordinación donde realmente hay una carencia evidente, por más que
se pueda haber mejorado. La situación que se está viviendo hoy en el Estrecho no es la de hace 15 años ni la de hace 20; precisamente se ha establecido este sistema integral para hacer frente a una problemática mucho más grave de la que pudo
haberse producido en años anteriores.
Me cita la Ley de prevención del blanqueo de capitales, ley absolutamente inoperante porque no tiene más que dos sanciones. Por más que me hable de los sujetos obligados, yo le digo que es imposible decirle a la ciudadanía de Cádiz que
existe una ley porque no se lo creen, porque no existen sanciones, porque no se ha efectuado un seguimiento de esa ley, porque el servicio ejecutivo de prevención del blanqueo de capitales, por más que puedan existir unidades vigilantes
(teóricamente vigilantes), no existe una actuación en ese terreno. También le tengo que decir que, en cuanto a los sujetos obligados de esa ley, pediremos la actuación correspondiente.
Tengo que decirle, señora diputada, que existe un doble lenguaje entre lo que ustedes dicen aquí y lo que dicen en la provincia de Cádiz. Es más, incluso con lo que hoy han dicho, pobres argumentos son los que va a tener que dar el diputado
Aurelio Sánchez para justificar que aquí hoy su grupo se niega a que exista una actuación extraordinaria en la provincia de Cádiz. Encima de la mesa hay datos suficientes para actuar, sin generar alarma porque cualquier problema es abordable, ante
una situación extraordinaria como la que se está planteando en el Estrecho; el momento lo requiere. No basta con que vaya el señor delegado, no basta con que haga una visita. Instrumentos hay, lo que hace falta es que el Estado actúe.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Pardo.
La señora PARDO RAGA: Señor presidente, muy brevemente, porque vemos que la diputada Romero ha estado confundiendo a esta humilde senadora con el Gobierno. Yo simplemente soy una senadora del Grupo Popular que intento defender la postura
de mi grupo, no como dogma de fe, como usted dice, sino con transparencia y con datos abundantes que creo que serán suficientes para que el diputado Aurelio Sánchez pueda defenderlos sin avergonzarse.
No nos resbala ningún tema, como usted dice, y menos un tema sobre drogas, pero también es verdad que usted pide unas cosas y luego reconoce en su intervención que no son competencia de esta Comisión, que es una comisión de estudio, y que no
tiene competencias el delegado del Gobierno del Plan nacional sobre drogas. Por ese motivo y por lo expuesto anteriormente, el Grupo Popular va a rechazar su proposición no de ley.
Sí quiero resaltar, como he dicho a lo largo de mi intervención, lo que pasa es que usted normalmente no suele escuchar, que todos quisiéramos muchísimos más medios, nadie está satisfecho nunca con los que tiene, pero creemos que en otras
épocas no había ni siquiera la mitad de medios que hoy existen y que le he ido desgranando. Por otra parte, quisiera resaltar la labor que están realizando las Fuerzas de Seguridad del Estado, tanto la Guardia Civil como las unidades especiales.
Creemos que han obtenido un éxito que seguirán manteniendo en tiempos sucesivos.
- SOBRE LA REDUCCIÓN DE DAÑOS ANTE EL USO RECREATIVO DE DROGAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente del Congreso 161/001851 y número de expediente del Senado 663/000094.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley sobre la reducción de daños ante
el uso recreativo de drogas, iniciativa que corresponde al Grupo Socialista.
Tiene la palabra la diputada doña Iratxe García Pérez.
La señora GARCÍA PÉREZ: La proposición no de ley que plantea el Grupo Parlamentario Socialista viene a insistir en una preocupación que anteriormente hemos planteado en esta Comisión, una preocupación que no es exclusiva de nuestro grupo
parlamentario sino de los diferentes agentes y administraciones que trabajan en todas las políticas dirigidas a la reducción de daños por el consumo de drogas. No es nuevo porque ya en junio de 2002 este grupo parlamentario presentó una proposición
no de ley general sobre todas las políticas de reducción de daños, ya que entendemos que estas políticas son muy diversas y atienden a distintos aspectos, como pueden ser sociales, sanitarios, de prevención, etcétera.
Esa propuesta fue rechazada
por el Grupo Parlamentario Popular, ateniéndose a que ya se estaban desarrollando acciones en este sentido.
La respuesta del Grupo Socialista en ese momento fue que eran insuficientes, que todavía quedaban diversos aspectos del consumo de drogas
que no eran atendidos en esa serie de políticas de reducción de daños. Por ello, planteamos en este momento una proposición no de ley relativa al uso de drogas recreativas. Sin duda alguna, estamos hablando de una realidad. En los últimos días ha
aparecido la noticia de que el propio Plan nacional sobre drogas asume que hay un creciente aumento en el consumo de drogas de diseño y es sobre ese tipo de drogas sobre el que nosotros estamos planteando la necesidad de que se pongan en marcha este
tipo de políticas, prácticamente inexistentes en estos momentos.
El Grupo Popular rechazó la anterior proposición no de ley dando una serie de razones, entre ellas que ya se estaban desarrollando políticas en este sentido. La argumentación de la diputada del Grupo Popular que en ese momento intervino
para fijar la posición de su grupo hacía referencia a acciones que ya se estaban desarrollando, como podía ser el intercambio de jeringuillas, la prevención del VIH-SIDA, el programa de dispensación de metadona..., pero en ningún momento la portavoz
del Grupo Popular hizo referencia a las políticas dirigidas a este sector determinado de consumo de drogas. No es exclusiva la preocupación de nuestro grupo parlamentario sino que diversos agentes sociales que trabajan en este tema, así como
distintas administraciones, vienen insistiendo en la necesidad de que se pongan en marcha. Por poner un ejemplo, la Federación europea de intervinientes en toxicomanías, a través de un documento, hace referencia a la necesidad de poner en marcha
las políticas de reducción de daños. El propio Congreso de juventud, noches y alcohol, que tanto difundieron el Gobierno y el Partido Popular, dentro de sus conclusiones hizo referencia a la necesidad de la puesta en marcha de este tipo de
iniciativas. Pues bien, nosotros entendemos que los congresos que se realizan no deben ser sólo de cara a la galería, sino que debe existir un cumplimiento de lo que en los mismos se debate. En el congreso mencionado participaron miembros de
asociaciones y jóvenes, los cuales estuvieron reflexionando sobre distintos temas relativos a las drogas, entre ellos sobre la necesidad de poner en marcha políticas de reducción de daños. Por tanto, nosotros pensamos que es consecuente que las
conclusiones a que se llega en esos congresos se pongan en marcha y sean efectivas.
Asimismo, tal y como mencionamos en la propia motivación de esta proposición no de ley, la resolución del Consejo de la Unión Europea sobre la prevención del uso recreativo de drogas recoge importantes medidas que aún no se han desarrollado.
Por ello, la propuesta que hacemos desde el Grupo Socialista está dirigida a diversos aspectos. En primer lugar, planteamos la necesidad de que se lleven a cabo investigaciones sobre estas pautas de consumo, los contextos, la percepción de riesgos
ante el uso recreativo y las respuestas a dichos riesgos. Es necesario que planteemos cuál es la realidad que existe en estos momentos, cuál es la situación ante la que se está dando este consumo de drogas, ya que, de acuerdo con la realidad
planteada, la respuesta que se dé será mucho más efectiva que la que se pueda dar desde las distintas administraciones. Asimismo, se debe impulsar la investigación sobre los efectos a largo plazo derivados del uso recreativo de drogas. Planteamos
también, en coordinación con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos, que se generalicen programas de mediadores sociales que proporcionen información personalizada de los riesgos para la salud en los grupos vulnerables y de los efectos a
largo plazo. Entendemos que esta formación de mediadores sociales es muy importante, puesto que sin duda alguna podrá favorecer en gran medida el hecho de proporcionar la información necesaria a los jóvenes que consumen este tipo de drogas y que en
muchas ocasiones no conocen los efectos a largo plazo, incluso los que se pueden producir en el mismo momento. Por último, también planteamos, en coordinación con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos, implicar a la industria del ocio,
ya que consideramos que es muy importante, en la puesta en marcha de medidas de gestión y acondicionamiento de los locales para la prevención de riesgos y la reducción de daños, así como la elaboración de una guía para los propietarios de los
locales, semejante a las que ya existen en algunos países de la Unión Europea, en donde se incluyan normas básicas de seguridad que garanticen teléfonos de urgencias, mínimos auxilios, oferta abundante de agua, zonas de descanso y relajación y
cuantas otras se estimen necesarias. En multitud de ocasiones, los jóvenes que consumen este tipo de drogas, sobre todo en locales de ocio, tienen problemas físicos; incluso se
da la paradoja de que dichos locales les impiden el acceso al agua, es decir, cierran los grifos de los servicios e inutilizan las cadenas de los mismos para que no puedan ingerir agua y tengan que comprarlo a un precio abusivo en la propia
discoteca. Esto se debe impedir y se tiene que hacer un esfuerzo en relación con todas las políticas a las que hacemos referencia. Sé que es difícil utilizar el argumento de lo que está ocurriendo en este momento pero, al igual que es difícil, es
necesario, puesto que la realidad es que existen muchos jóvenes que en la actualidad ven peligrar su vida por el uso que hacen de este tipo de drogas, sin información relativa a cómo deben consumirla para que no les provoque los efectos que les está
provocando. Son varios los jóvenes que han muerto en macrofiestas celebradas en discotecas, y vuelvo a repetir que no es grato tener que utilizar este argumento, pero es un argumento real y las distintas administraciones, el Parlamento y el
Gobierno no pueden permanecer ciegos ante esta realidad, sino que deben intentar adoptar las medidas necesarias para que no se sigan dando situaciones como estas, en las que mueren jóvenes que consumen esta clase de drogas.
Como he dicho con motivo de la anterior proposición no de ley, somos conscientes de que hay que insistir en otro tipo de políticas, en políticas de prevención, para que los jóvenes no consuman este tipo de drogas. Pero sin duda alguna
debemos ser conscientes de que hay personas que deciden tomarlas y, ante esa situación, tenemos que dar una respuesta para que este consumo provoque el menor índice de riesgos para la salud y no se llegue a casos -lo he dicho anteriormente- como los
que estamos viendo fin de semana tras fin de semana ante el consumo de drogas de diseño. Es por ello que planteamos esta proposición no de ley, pidiendo al Grupo Parlamentario Popular que la apoye, aunque sea sin que sirva de precedente con
respecto a posteriores propuestas que hagamos. (Risas.) Se trata de un problema muy importante y se debe atender a una realidad que, vuelvo a repetir, estamos viendo semana tras semana. La Administración tiene la obligación, junto con los
mediadores sociales y con las organizaciones, de hacer un esfuerzo para impedir que se den situaciones de riesgo para la salud de las personas que consumen este tipo de drogas.
Por eso vuelvo a solicitar al Grupo Popular que apoye esta proposición
no de ley y que ponga en marcha estas medidas, ya que sin duda alguna beneficiarán en gran medida las situaciones que por desgracia estamos viendo fin de semana tras fin de semana.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra su portavoz, al que damos la bienvenida, el senador Jordi Xuclà i Costa, que viene a sustituir al entrañable y querido Jaume Cardona.
El señor XUCLÀ I COSTA: Señor presidente, no sé si debo intervenir ahora, después del turno en contra, ya que esta es mi primera Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas. Sustituyo, como usted ha dicho, a Jaume Cardona,
una persona que ha dejado un cálido recuerdo en esta Comisión, y hoy básicamente vengo en condición de oyente más que en disposición de intervenir activamente. Tan sólo quería presentarme, algo que ya ha hecho hace un momento por mí el propio
presidente de la Comisión, y voy a fijar muy brevemente la posición de mi grupo parlamentario respecto a esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista.
Las medidas a las que la portavoz del Grupo Socialista ha hecho referencia se llevan a la práctica no sólo en otros países de la Unión Europea, sino también en algunas comunidades autónomas. Ustedes saben que la vocación política del Grupo
Parlamentario Catalán no se circunscribe únicamente a la defensa y a la reivindicación o planteamiento de políticas concretas de la Comunidad Autónoma de Cataluña, sino que dicho grupo plantea una serie de políticas para el conjunto del Estado
español y en algunos casos podemos aportar experiencias concretas del ámbito catalán. Concretamente, las medidas que se contemplan en el punto 4 de la proposición no de ley, esto es, garantizar teléfonos de urgencia, mínimos auxilios, oferta
abundante de agua y zonas de descanso y relajación, se están llevando a la práctica por parte de la Consejería de Sanidad del Gobierno de la Generalitat, con unos resultados positivos desde el punto de vista del reconocimiento de la existencia de
esta realidad. Como decía la portavoz del Grupo Socialista, puede parecer hasta cierto punto impactante el hecho de que se plantee una medida que no afronta ni la prevención ni la persecución ni la concienciación, sino simplemente la adopción de
medidas ante la existencia de esta realidad. Y ahí está, seguramente extrapolando lo que se está aplicando en algunos países de la Unión Europea y en algunas comunidades, como por ejemplo en la catalana, a la que estas medidas le parecen correctas
para intentar modificar algunas pautas de conducta crecientes entre la población juvenil.
Nada más. Tan sólo quiero saludar al conjunto de los miembros de esta Comisión y agradecerles su acogida en esta mi primera intervención en la misma.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el diputado don Florencio Luque.
El señor LUQUE AGUILAR: En relación con los puntos 1 y 2 de la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista, hay que señalar que la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas realiza una serie de encuestas
periódicas a la población de alcance nacional, dirigidas precisamente a conocer las
pautas de consumo, contexto, edades, percepción de riesgo, etcétera, de los consumidores de drogas. En concreto, hace dos tipos de encuestas, una dirigida a la población general, de 15 a 64 años, la cual realiza cada dos años, habiéndose
hecho en 1995, en 1997, en 1999 y en 2001, y otra dirigida a la población escolar, de 14 a 18 años, que también realiza cada dos años, habiéndose hecho en los años 1994, 1996, 1998 y 2000. De los resultados que se obtienen de esas encuestas
informan ampliamente los responsables de la Delegación, al mismo tiempo que parecen publicadas en los informes periódicos del Observatorio Español sobre Drogas.
Por otro lado, mediante el Real Decreto 1449/2000, de 28 de julio, se creó el Instituto Nacional de Investigación y Formación sobre Drogas, como órgano colegiado de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, cuya
composición y régimen de funcionamiento fue regulado por Orden 2437, de 4 de octubre de 2002, del Ministerio del Interior.
Entre estas funciones -y me gustaría que estuviera entrecomillado-, este instituto pretende dirigir, impulsar, fomentar y
coordinar en el ámbito de la Administración general del Estado y de los organismos de ella dependientes los programas y actividades que se realicen o pretendan realizar en el ámbito de la investigación y formación sobre drogas. Entre las
prioridades del instituto, que fueron presentadas por el Ministerio del Interior en su primer congreso, celebrado en Madrid los días 7 y 8 de octubre de 2002, figura, en el ámbito de la investigación, el estudio de la problemática ligada al consumo
de alcohol, especialmente en las personas jóvenes, y en la viabilidad de nuevas estrategias preventivas y rehabilitadoras. Igualmente se va a potenciar el estudio del éxtasis y otras drogas de síntesis, sus consecuencias sobre la salud, su relación
con otras sustancias consumidas por los más jóvenes y la patología dual asociada al consumo de estas sustancias. De hecho, a través de la gestión de las convocatorias de ayudas económicas para el desarrollo de proyectos de investigación por
entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas ha subvencionado en los últimos años proyectos de distintas universidades y otros centros de investigación relacionados con los
denominados consumos recreativos de droga, así como sobre estrategias preventivas dirigidas a los adolescentes.
En relación con los puntos 3 y 4 de la proposición no de ley, hay que señalar que desde la creación del Plan nacional sobre drogas en 1985, la política sobre esta cuestión en nuestro país se ha desarrollado en líneas generales en un marco de
consenso y colaboración entre todas las fuerzas políticas y las distintas administraciones con competencias en este tema.
Quiero recordar a la señora diputada las competencias que -como bien ha dicho el portavoz de Convergència i Unió- tienen las
distintas comunidades autónomas. Así, la aprobación por el Gobierno en diciembre de 1999 de la estrategia nacional sobre drogas 2000-2008 se efectuó en este mismo clima de consenso y colaboración, dado que el texto de la estrategia fue elaborado
por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas en cooperación con los planes autonómicos de drogas y que, antes de su aprobación definitiva, fue sometido a estudio y dictamen por todas las instancias públicas y privadas que
conforman el plan nacional, contando finalmente con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios. La estrategia nacional establece las grandes metas y los objetivos concretos a conseguir en el período 2000-2008, así como las actuaciones y
funciones que corresponden a las distintas administraciones públicas que trabajan en este tema. Por todo ello puede decirse que la política sobre drogas a desarrollar en nuestro país en el período mencionado, 2000-2008, cuenta con el mayor consenso
posible tanto a nivel político como a nivel social. Además conviene señalar que España ha suscrito los distintos convenios vigentes internacionales en materia de drogas y participa en los distintos foros internacionales y órganos de seguimiento y
control de dichos convenios y que desde luego en ninguno de ellos se plantea la revisión del marco jurídico que se refiere al tema de las drogas en el sentido que propugna la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista.
La política de Naciones Unidas a este respecto se basa en un impulso a las políticas de prevención y en el mantenimiento de un estricto control de las ofertas ilícitas de drogas, reforzando la colaboración internacional en materias
policiales y judiciales para combatir más eficazmente el narcotráfico. De igual modo, las políticas de los Estados miembros de la Unión Europea se orientan en el sentido antes mencionado, como puede verse en las numerosas publicaciones del
Observatorio Europeo de las Drogas y de las Toxicomanías, agencia europea con sede en Lisboa que estudia todo este tipo de cuestiones.
De conformidad con todo lo anterior, no parece que la proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista sobre esta nueva política de drogas suponga ninguna novedad o mejora respecto a lo que ya se viene haciendo, tanto por las
administraciones centrales como autonómicas y demás instancias que conforman el Plan nacional sobre drogas y que además se encuentra en total sintonía con las principales líneas vigentes tanto a nivel europeo como a nivel internacional.
El señor PRESIDENTE: Señora García Pérez.
El señor GARCÍA PÉREZ: Voy a contestar brevemente a las intervenciones habidas respecto a esta proposición no de ley.
En cuanto a lo que ha dicho el senador del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), nos satisface saber que ya se están realizando este tipo de acciones. Sin duda alguna, que se desarrollen en países
europeos, incluso en la propia Comunidad Autónoma de Cataluña, significa que tienen un efecto positivo y que se están cumpliendo los objetivos de estas políticas de reducción de daños.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha llevado el debate a cuestiones que no tienen nada que ver con la proposición que estamos planteando. Hemos insistido en que es cierto que las políticas dirigidas a droga son muy amplias y son
integrales -tenemos que hablar de prevención, tenemos que hablar de seguimiento policial, etcétera-, pero en estos momentos estamos hablando de políticas de reducción de daños, que además vienen apoyadas por el Consejo de Europa, por congresos que
se han celebrado, etcétera. El portavoz del Grupo Popular dice que las suscribe y que participa en los distintos congresos, pero todas estas cuestiones no son simplemente para quedar en papel mojado, sino para ponerlas después en marcha. De poco
nos sirve estudiar recomendaciones y necesidades de actuaciones si luego no se ponen en marcha.
Respecto al nivel competencial, éste es un tema que utilizamos cada vez en función de lo que nos interesa. Si es para ponernos medallas, las medallas las tiene el Plan nacional sobre drogas, pero si es para hablar de déficit, las
competencias no son nuestras sino de las comunidades autónomas. Está claro que el Plan nacional sobre drogas tiene que coordinar e impulsar una serie de iniciativas. Si se están impulsando desde el plan nacional iniciativas como el intercambio de
jeringuillas o la distribución de metadona, ¿por qué no se pueden impulsar estas otras acciones de las que estamos hablando? Vuelvo a repetir que el rechazo de esta proposición no de ley refleja que el Grupo Popular y el Gobierno están haciendo
oídos sordos a una necesidad primordial en este momento, como es prevenir las situaciones que se están dando de consumo de este tipo de drogas.
El señor PRESIDENTE: Señor Luque.
El señor LUQUE AGUILAR: Me he basado en el texto de la proposición no de ley referido a investigación. Parece que la diputada cuestiona el funcionamiento del Instituto Nacional de Investigación y Formación sobre Drogas.
Vuelvo a insistir en el consenso existente entre todas las administraciones. Yo vengo de una administración autonómica gobernada por el Partido Socialista que podía tomar ejemplo de lo que el portavoz de Convergència i Unió ha puesto sobre
la mesa, ya que desde la comunidad autónoma andaluza no se está desarrollando ningún tipo de actuación. Por eso quiero destacar que el consenso es importante, pero tiene que haber una implicación de todas las administraciones, tanto la central como
las autonómicas e incluso las locales.
DECISIÓN SOBRE LA CELEBRACIÓN DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS:
- DEL DELEGADO DEL GOBIERNO EN LA COMUNIDAD DE MADRID, PARA INFORMAR DE LA VIOLENCIA DESATADA EN MADRID A CONSECUENCIA DE GRUPOS ORGANIZADOS DE NARCOTRAFICANTES. FORMULADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA (Número de expediente del
Congreso 212/000636 y número de expediente del Senado 713/000299.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente del orden del día: Decisión sobre la celebración de las siguientes comparecencias. En primer lugar, sobre la comparecencia del delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, para informar
de la violencia desatada en Madrid a consecuencia de grupos organizados de narcotraficantes.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora García-Hierro.
La señora GARCÍA-HIERRO CARABALLO: Señorías, en septiembre del año 2001 el Grupo Parlamentario Socialista solicitó la comparecencia del delegado del Gobierno en Madrid. Razón: el altísimo índice de violencia relacionado con el
narcotráfico que se estaba dando en Madrid. Durante un año y medio, el Grupo Popular, con su mayoría absoluta, ha estado retrasando la posibilidad de estudiar, debatir y aportar reflexiones e ideas sobre este gravísimo problema. Las razones que se
vienen dando no se justifican con la legalidad, ya que los delegados del Gobierno tienen rango de subsecretarios y por tanto tienen la obligación de comparecer, y tampoco es razón el que no lo hayan hecho antes. Se niegan a comparecer ante la
Asamblea de Madrid, ante la Comisión de Interior del Congreso y ante esta Comisión sobre el estudio de las drogas. ¿Ante quién quiere comparecer el señor Ansuátegui? ¿Acaso ante la virgen a la que se encomendó el día de su nombramiento, con todos
mis respetos para su fe? Debe comparecer ante el Parlamento, lugar de debate, de consenso y de aportación de ideas, lugar de encuentro de la soberanía popular, pero no lo hace. Difícil tarea para ustedes, señoras y señores diputados del Partido
Popular, tener que soportar, al igual que los madrileños, a una persona cuyos rasgos más característicos son las cargas policiales contra los jóvenes que se manifestaban frente al Congreso pidiendo más cooperación y apoyo económico para los países
pobres o la recomendación a los madrileños de que contraten seguridad privada para garantizar su seguridad.
El señor Ansuátegui, en septiembre de 2001, pide tranquilidad, promete que se incrementarán los controles en el aeropuerto de Barajas, resta importancia a los asesinatos porque son ajustes de cuentas, pero oculta la
información de la Policía que indica que el 70 por ciento de estos asesinatos están relacionados con el narcotráfico. En 1997 eran ocho los asesinatos relacionados con el narcotráfico; en 1999, 33; en 2000, 34; en febrero de este año
estamos ya en 19. Desde 1998 se disponía ya de informes de la Policía Judicial, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que señalaban que en Madrid se estaban asentando bandas de narcotraficantes y criminales venidas principalmente de Colombia
y de los países del Este; que Madrid, no sólo por el idioma sino por sus comunicaciones, se estaba convirtiendo en el centro de la distribución y de la venta hacia España y hacia Europa, y pedían más medios técnicos, materiales, económicos y
humanos. Pero a pesar de su esfuerzo profesional, de su buen hacer, de su eficacia en la lucha contra el narcotráfico, han seguido pidiendo más medios y no se les ha escuchado.
Según el Ministerio del Interior, en Madrid, la criminalidad subió un 10,1 en septiembre de 2002 y ha subido más de 20 puntos en febrero de 2003.
Está 25 puntos por encima de la media nacional y siguen faltando medios, recursos y plantilla
de policías y de guardias civiles para luchar contra este gravísimo problema y el conjunto de la criminalidad organizada. La plantilla viene disminuyendo, son insuficientes los 400 policías que se pasean a partir de hace cuatro meses y que después
ocuparán un destino, que no va a ser en Madrid, puesto que tienen que cumplir con sus propios catálogos. Según las denuncias de los sindicatos policiales, se encuentran al 80 por ciento de las verdaderas necesidades. Pero qué decir de la promesa
de la policía de proximidad o de barrio, qué decir del programa seis por seis, hace cuatro meses el programa Focus. Mientras tanto se sigue negando la evidencia, la realidad que día a día viven los ciudadanos y ciudadanas madrileñas. Y lo más
grave es que, en lugar de asumir la colaboración, la participación, que este es un problema en el que todos tenemos que contribuir a que se vaya erradicando, nos encontramos continuamente con un muro que es imposible de traspasar, que es el de la
incomunicación y el de la intolerancia de este delegado del Gobierno. El resultado es que ni se reúne el consejo de seguridad prometido hace año y medio ni se comparece ante este Congreso, que hay distritos cada vez más afectados, como Vallecas,
Vallecas villa, Villaverde, Usera, Vicálvaro, Moratalaz, Barajas, Latina, Centro y más de 14 municipios. Y siempre me estoy refiriendo a los datos que el propio Ministerio del Interior arroja a los medios de comunicación, para que no se me tache de
alarmista.
Por ello, ya que el delegado del Gobierno es incapaz de mantener, al menos en la Comunidad de Madrid, una mínima eficacia, un mínimo espíritu de consenso y de diálogo, una mínima idea sobre cómo solucionar este gravísimo problema, pensamos
que se ha demostrado manifiestamente incompetente y que, por tanto, lo más sensato para todos, y desde luego para el Gobierno, sería sustituirle, buscar una persona de otro perfil que reuniera de una vez por todas el consejo de seguridad y estudiara
con todas las fuerzas políticas y sociales, con la participación ciudadana, este gravísimo problema, porque se le ha ido de las manos. No se puede arrojar datos diciendo que la gravedad no es tal cuando ya van 19 asesinatos (ajustes de cuentas, sí,
pero ajustes de cuentas relacionados con el narcotráfico en la mayoría de los casos) y cuando se tiene conocimiento de que se están asentando no sólo grandes bandas sino medianas y pequeñas, cada vez más. Eso requiere unos recursos, tanto desde el
punto de vista material como humano y de una actitud más positiva, más abierta, más de entender que éste es un problema gravísimo y que quien más responsabilidad tiene es quien gobierna. Así, cuando hay problemas de inseguridad -ustedes no lo
recuerdan-, se necesita el esfuerzo de todos, se necesita desde la acción policial a la acción judicial, porque el 50 por ciento de los casos juzgados están relacionados con estos hechos, y se necesita dotación económica para actuar de manera
preventiva en aquellos núcleos de población que son doblemente machacados, como los distritos y localidades, primero, por sus carencias sociales, por la falta de inversión durante estos años, por la falta de una política adecuada de prevención y de
lucha contra las drogas, y segundo, porque es ahí donde, bajo la apariencia a veces de la pobreza y de la necesidad, estas bandas pueden moverse y se mueven con más facilidad donde más dificultades tienen para ser localizados y donde, finalmente, se
termina encontrando a los asesinos y a los narcotraficantes.
Creo que la actitud del delegado del Gobierno de Madrid se merece nuestra reprobación. Ante un hecho tan real que se está sufriendo tanto, la ciudadanía entiende que se está actuando con escasísimos recursos y, de acuerdo con la
Constitución, utiliza el legítimo derecho a reivindicar que sean las Fuerzas de Seguridad, las fuerzas de orden público, en definitiva, que sea el Estado el que garantice su seguridad.
Además, esto está afectando doblemente a Madrid porque su inseguridad ya se va conociendo en otros lugares del mundo, incluso desde hace un año en Estados Unidos o Japón se llega a aconsejar a sus ciudadanos que no viajen a Madrid porque es
una ciudad insegura. Yo creo que Madrid sigue siendo una ciudad abierta, tolerante, en la que todo el mundo se encuentra bien, pero es una ciudad que necesita medidas urgentes, las que pedíamos hace año y medio, las que venían denunciando ya los
Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Judicial desde 1998.
Reitero que el Partido Socialista tiene la máxima disposición pero que, en caso de no encontrar receptividad por parte del Grupo Popular, traeremos de nuevo a la Cámara un plan integral de lucha contra las mafias y para la prevención y
atención de quienes sufren las secuelas de las drogodependencias, como hicimos en el año 1998.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Pérez Corgos.
El señor PÉREZ CORGOS: Como era de esperar, hemos oído una intervención más propia de la Comisión de Justicia e Interior que de la Comisión mixta para el estudio del problema de las drogas, y ésa es una de las razones que a nosotros nos
llevan a oponernos a la comparecencia del delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid. No debe de ser tan malo el señor Ansuátegui cuando para descalificarle se le falta al respeto o, incluso, se mezclan cuestiones como la de los jóvenes que se
manifiestan para pedir más cooperación internacional, etcétera.
Señorías, los precedentes en esta Cámara son que los delegados del Gobierno no comparecen en ella, que quien comparece es el ministro y el secretario de Estado. Por lo tanto, les indico a SS.SS. que deben pedir la comparecencia del
ministro (que, por cierto, ya ha comparecido en múltiples ocasiones para hablar de problemas de seguridad) o, en su caso, del secretario de Estado.
Retomo las palabras de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Madrid, efectivamente, es una ciudad tolerante y abierta en la que todo el mundo se encuentra bien, gracias, entre otros, a la labor del señor Ansuátegui.
- DEL CONSEJERO DE ASUNTOS SOCIALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, DON ISAÍAS PÉREZ SALDAÑA, PARA QUE INFORME SOBRE EL PROYECTO EXPERIMENTAL DE PRESCRIPCIÓN DE ESTUPEFACIENTES EN ANDALUCÍA (PEPSA). FORMULADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
DEL SENADO. (Número de expediente del Congreso 222/000051 y número de expediente del Senado 713/000678.)
El señor PRESIDENTE: Punto siguiente: Decisión sobre la celebración de la comparecencia del consejero de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, don Isaías Pérez Saldaña, para que informe sobre el proyecto experimental de prescripción
de estupefacientes en Andalucía.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora doña Isabel Flores.
La señora FLORES FERNÁNDEZ: Señorías, nos encontramos hoy con una de las situaciones a las que ha hecho referencia esta mañana al inicio de la Comisión el señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, y es que se trae a esta Comisión
Mixta el debate sobre la comparecencia o no del consejero de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía. Se trae aquí porque el Grupo Parlamentario Popular, usando su mayoría legítima, se ha opuesto en la Mesa a dicha comparecencia, y la verdad es
que desde mi grupo no lo entendemos, porque esta Comisión Mixta es de estudio, tal y como dice su denominación, y el señor consejero de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía ya ha comparecido una vez en el año 1998, creo que fue, cuando se
estaba iniciando este proyecto de ensayo clínico con heroína. Desde entonces, señorías, han ocurrido bastantes cosas, diría yo, y por eso queremos que vuelva a comparecer y que nos informe.
Lo que nos preguntamos es qué tiene de extraño eso. ¿Les parece a ustedes raro que solicitemos que el máximo responsable del ensayo clínico con heroína en Andalucía venga y cuente en sede parlamentaria cómo ha quedado el programa? La
justificación que tiene la petición de comparecencia del señor consejero de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía viene dada por los acontecimientos y hechos que han acaecido desde que estuvo aquí la primera vez en el año 1998.
Por hacerle una cronología, en ese año se presentó ante la Dirección General de Farmacia la solicitud de aprobación del llamado PEPSA. En 1999 se aprueba el PEI, pero se deniega el protocolo. La Junta de Andalucía ese mismo año presenta un
recurso de reposición. En el año 2000 se crea una comisión de expertos para que estudie la viabilidad de estos estudios con heroína a propuesta del Ministerio del Interior. Se emite el informe en el año 2001, informe que es favorable a la
realización de ensayos con heroína bajo una serie de condiciones. Ese mismo año la Junta de Andalucía presenta un nuevo ensayo con heroína a la Agencia Española del Medicamento incorporando las recomendaciones de dicha comisión, y es en el año 2002
cuando se autoriza por fin la realización de dicho programa.
Por eso, teniendo en cuenta el tiempo que ha transcurrido desde la elaboración del primer protocolo, las incorporaciones que la Junta de Andalucía hizo siguiendo las indicaciones de la Agencia Española del Medicamento, los resultados de
otros ensayos y las recomendaciones de la propia comisión de expertos, se pone en marcha por fin el ensayo en este mes de febrero en la ciudad de Granada. Por eso creemos que se justificaría plenamente que volviera a comparecer el máximo
responsable del ensayo en Andalucía y que nos explicara cómo ha quedado el proyecto.
Yo no voy a entrar en el debate de lo que sería el plan, porque no creo que toque aquí hoy, aquí lo que toca es decidir si esta Comisión Mixta autoriza la comparecencia del consejero o no, y podría hacerlo, porque la verdad es que tenemos
datos que avalan la importancia del plan de experimentación con estupefacientes, y no solamente en España, sino en otros países, en algunos de los cuales está en fase de estudios y en otros en fase de experimentación, como podemos estar nosotros.
No podemos entender que haya algún tipo de dificultad para que se produzca esta comparecencia, y a mi grupo le gustaría que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular nos explicara qué motivo hay, por qué se hurta a la Cámara la posibilidad de
conocer el proyecto,
por qué, una vez autorizado por fin el proyecto, el señor delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas no ha dejado de descalificarlo. ¿Es esto una traba más, un peldaño más en una loca carrera de obstáculos que inició el señor
Robles para impedir que se pudiera llevar a cabo este plan? ¿Por qué se empeñan ustedes en una especie de campaña de oscurantismo para que esta Cámara no tenga conocimiento de primera mano de lo que se está haciendo ya?
No lo entendemos, de verdad, y por ello mi grupo apela al buen sentido del Grupo Parlamentario Popular y espera que reconsidere su decisión y permita que el señor consejero de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, repito, pueda venir y
explicar en esta Cámara cuáles han sido las modificaciones que se han hecho y qué es lo que se está haciendo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pérez Corgos.
El señor PÉREZ CORGOS: Dice la portavoz del Grupo Socialista que no entienden por qué nos oponemos a la comparecencia de don Isaías Pérez Saldaña ante esta Comisión. Lo que yo no entiendo es cuál es el interés que tiene el Grupo Socialista
en que comparezca en la Comisión Mixta el consejero de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía si, teniendo mayoría absoluta como tienen en el Parlamento andaluz, puede comparecer perfectamente en el Parlamento andaluz y dar allí las explicaciones
que considere oportunas. (La señora Flores Fernández: Ya ha comparecido.) Lógicamente a través de nuestros grupos parlamentarios podemos conocer cuáles son los resultados de ese programa, pero resulta que el programa es tan reciente -nos ha dicho
que ha comenzado en febrero de 2002- que todavía no puede ser evaluado, y por ello el Plan Nacional sobre Drogas tampoco lo ha evaluado, y nosotros queremos esperar a que el Plan Nacional sobre Drogas evalúe ese programa, porque saben, señorías, que
esos proyectos han estado en discusión no solamente en España, sino en muchos otros países, y que la Organización Mundial de la Salud descalificó alguno de estos programas. No tiene nada de raro, a la Cámara no se le hurta nada, ni se le hurta nada
a la sociedad. Explíquenlo ustedes en el Parlamento andaluz y todos tendremos conocimiento de este programa a través del Parlamento andaluz.
El señor PRESIDENTE: Señorías, suspendemos dos minutos y empezamos a votar. (Pausa.)
Comenzamos las votaciones que tenemos pendientes, que son las siguientes.
En primer lugar, la proposición no de ley sobre accidentes de tráfico y consumo de alcohol.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley sobre indicadores epidemiológicos en materia de drogas en la Unión Europea.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en contra, 20; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Declaración de la provincia de Cádiz como objetivo prioritario en la lucha contra el narcotráfico.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La siguiente es sobre la reducción de daños ante el uso recreativo de drogas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Decisión sobre la comparecencia, en primer lugar, del Delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la comparecencia.
Por último, decisión sobre la comparecencia del Consejero de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Gracias a todos.
Se levanta la sesión.
Era la una y veinticinco minutos de la tarde.