Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 111, de 07/11/2002
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2002 VII Legislatura Núm. 111
PARA LA UNIÓN EUROPEA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ROBERTO SORAVILLA FERNÁNDEZ
VICEPRESIDENTE PRIMERO
Sesión núm. 44
celebrada el jueves, 7 de noviembre de 2002,
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Debate sobre:
- Solicitud de que se proceda a la convocatoria de un debate, en el seno de la Comisión Mixta para la Unión europea, respecto del contenido y alcance de la 'Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las
promociones de ventas en el mercado interior', documento COM (2002)546 final, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 3.b) y c) de la ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, y de lo dispuesto en
el párrafo primero del punto primero de la resolución de las Mesas del Congreso y del Senado de 21 de septiembre de 1995, dictada en su desarrollo.
Formulada por el Grupo Parlamentario catalàn (Convergència i Unió).
(Número de expediente del
Congreso 242/000045 y número de expediente del Senado 574/000008.) ... (Página 2692)
Proposiciones no de Ley:
- Sobre impulso de las relaciones con los países candidatos a la ampliación. Presentada por el grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente del Congreso 161/001509 y número de expediente del Senado 663/000071.) ...
Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.
El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): Buenos días, señorías. Se abre la sesión.
DEBATE SOBRE:
- SOLICITUD DE QUE SE PROCEDA A LA CONVOCATORIA DE UN DEBATE, EN EL SENO DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA, RESPECTO DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LA 'PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO RELATIVO A LAS
PROMOCIONES DE VENTAS EN EL MERCADO INTERIOR', DOCUMENTO COM (2001) 546 FINAL, EN APLICACIÓN DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 3B) Y C) DE LA LEY 8/1994, DE 19 DE MAYO, POR LA QUE SE REGULA LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA, Y DE LO DISPUESTO EN
EL PÁRRAFO PRIMERO DEL PUNTO PRIMERO DE LA RESOLUCIÓN DE LAS MESAS DEL CONGRESO Y DEL SENADO DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 1995, DICTADA EN SU DESARROLLO.
FORMULADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ).
(Número de expediente del
Congreso 042/000045 y Número de expediente del Senado 574/000008.)
El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): Buenos días, señorías, Se abre la sesión. Mis primeras palabras son para dar la bienvenida al secretario de Estado, don Juan Costa, y agradecerle su disponibilidad de venir a la Comisión para
tratar el primer punto del orden del día que nos ocupa, relativo a la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las promociones de ventas en el mercado interior, documento COM 546 final.
Sin más dilación, le voy a dar la palabra al señor secretario de Estado, don Juan Costa. (El señor Guardans i Cambó pide la palabra.)
¿Algún problema de orden, señor Guardans?
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Sí, señor presidente. Como autor de la iniciativa, yo preferiría tomar la palabra antes que el secretario de Estado, si a usted le parece bien, porque fijaría los términos de la comparecencia.
El señor VICEPRESIDENTE: En el Reglamento no está prevista esa posibilidad.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: En el Reglamento no hay nada previsto para esto, puesto que no se trata de una comparecencia, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE: La presidencia entiende que se debe hacer con arreglo a las normas establecidas. La Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de septiembre de 1995, señala que: Tras exponer un
miembro del Gobierno el contenido sustancial de la propuesta y su repercusión en el ordenamiento español, los grupos parlamentarios podrán fijar posición... En consecuencia, sí está previsto.
El señor secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COMERCIO Y TURISMO (Costa Climent): En primer lugar, quiero agradecer a SS.SS. la invitación para participar en esta Comisión y así poder suministrarles información sobre las actuaciones desarrolladas por
el Gobierno con relación a la tramitación del reglamento sobre promociones de ventas en el mercado interior.
Voy a centrar mi intervención. En primer lugar, haré una breve consideración de algunos antecedentes. En segundo lugar, me referiré a la tramitación en el Consejo y en el Parlamento Europeo y a las actuaciones desarrolladas
fundamentalmente desde el ámbito de la Administración general del Estado y la administración comercial española. Finalmente, me referiré a la última propuesta que se va a someter a tramitación en el ámbito de las instituciones comunitarias.
Como saben SS.SS., la Comisión aprobó el 2 de octubre de 2001 una comunicación con una propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las promociones de ventas en el mercado
interior, con dos objetivos y con dos consideraciones: la importancia de las actividades promocionales para el desarrollo del comercio transfronterizo y la necesidad de aumentar la seguridad jurídica y la coordinación de las normativas para
garantizar un pleno desarrollo del mercado interior. Desde ese punto de vista, la propuesta inicial tenía una serie de contenidos. En primer lugar, realizaba una definición de las promociones de ventas. En segundo lugar, proponía que los Estados
miembros no pudieran dictar ninguna medida de prohibición o limitación de las previsiones de ventas que no viniera impuesta por la normativa comunitaria. Del mismo modo, proponía impedir la imposición de exigencias, como autorizaciones previas u
otras medidas de efecto equivalente. Establecía la libre circulación de los productos promocionados para los que rige el principio de reconocimiento mutuo, contemplaba vías de recurso para garantizar el cumplimiento del reglamento y establecía
obligaciones de información ligadas al desarrollo de cualquier promoción de ventas. Ese texto inicial, al que se han formulado numerosas alegaciones -no únicamente por los Estados miembros, sino también por asociaciones y colectivos, como saben
SS.SS.-, fue objeto de debate en el seno del Consejo y del Parlamento Europeo. Tras una primera lectura, la Comisión ha redactado una nueva propuesta a la que se han incorporado, tal y como analizaremos más adelante, determinadas modificaciones
sugeridas a lo largo de la tramitación.
Por lo que respecta a la tramitación en el Consejo, los aspectos más relevantes han sido básicamente los siguientes. Bajo presidencia española, tras una serie de debates internos, se optó por estudiar la propuesta en el seno del grupo de
trabajo de los consumidores y, por lo tanto, bajo la tutela y dirección de los ministros de Sanidad y Consumo.
Durante el semestre de presidencia española se desarrollaron siete reuniones del grupo de trabajo del Consejo para analizar la situación.
El Consejo de Barcelona instó al mantenimiento de los trabajos internos para profundizar en el análisis del texto. En la reunión del Consejo de Ministros de mercado interior de 21 de mayo se produjo un debate de orientación sobre la propuesta en el
que la presidencia española centró la valoración, fundamentalmente, en las restricciones o en las consideraciones relacionadas con la venta a pérdidas. Desde ese punto de vista la Comisión y los diferentes países miembros concluyeron que, pudiendo
resultar importante establecer un marco normativo que fomentara la competitividad, sin embargo, debían tenerse en cuenta otras consideraciones importantes para garantizar que no se produjeran fenómenos de competencia desleal.
La presidencia danesa está dando continuidad a los trabajos realizados durante la presidencia española. La primera reunión del grupo de trabajo del Consejo, dentro de la presidencia danesa, se convocó el 2 de octubre, com4o saben SS.SS., y
se celebró una segunda reunión el pasado 21 de octubre para comenzar el análisis de la propuesta alternativa en la que ya venía trabajando la Comisión. El Consejo decidió también consultar al Comité Económico y Social europeo y emitió un dictamen
el 30 de mayo de 2002. En síntesis este dictamen respondía también al debate orientativo planteado por la presidencia española en el consejo de mercado interior, valoró favorablemente la propuesta, valoró positivamente la mayor transparencia que
podía derivarse del reglamento en el desarrollo de las actuaciones promocionales, consideró que la fórmula del reglamento propuesta por la Comisión era la adecuada, expresó reservas sobre el nivel de armonización pretendido y la aplicación del
principio de reconocimiento mutuo en las ventas por debajo de coste y, finalmente, recomendó la prohibición de la promoción comercial de fármacos y tabaco.
¿Qué ha ocurrido y cuál fue la tramitación en el Parlamento Europeo? Haré algunas consideraciones a SS.SS. La Comisión presentó al Parlamento la propuesta; la presidenta remitió al Parlamento la propuesta para examen de fondo a la
Comisión de Asuntos Jurídicos y de Mercado Interior y para opinión a otras comisiones, como Medio Ambiente, Salud Público, y Política del Consumidor, Asuntos Económicos y Monetarios, Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía. Por lo
tanto, cuatro comisiones han emitido informes y valorado la propuesta presentada por la Comisión en la tramitación en el Parlamento. El informe definitivo, incorporando las opiniones de las restantes comisiones, fue elaborado y presentado el 10 de
julio de 2002 por la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Mercado Interior. Hay que reconocer que los informes de las distintas comisiones, algunos de ellos, impulsan inquietudes que no siempre son totalmente coincidentes con las inquietudes
mantenidas por otras comisiones, pero por trasladarles algunas consideraciones, les diré que en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarias hay que destacar la importancia de establecer condiciones homogéneas de competencia para todas las
empresas que quieran desarrollar y dar a conocer sus promociones de venta en la Unión Europea y proporcionar a los consumidores una mayor oferta y una mayor transparencia en los precios.
En la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación
y Energía se trasladó la necesidad de que la comisión realizara un mayor número de consultas con los sectores afectados. Se solicitó que el instrumento jurídico no fuera un reglamento, fuera una directiva. La mayor oposición de esta comisión -y
quiero destacarlo porque es importante en opinión del Gobierno- se centró en el tratamiento de las ventas por debajo de coste, considerando que podía constituir un instrumento de distorsión para el desarrollo del mercado europeo, y tampoco aceptó
una aplicación generalizada del principio de reconocimiento mutuo.
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, mantuvo una línea argumental similar a la de la anterior comisión y pidió a la Comisión Europea que retirara su propuesta y el informe definitivo del Parlamento en
primera lectura, tomando como base los trabajos de las comisiones, dio lugar a la introducción de 58 enmiendas al texto presentadas por la comisión, la mayoría de ellas de un marcado carácter técnico con el objetivo de mejorar la técnica
legislativa, pero en líneas generales el Parlamento Europeo defiende el texto de la proposición basándose en una serie de puntos que quiero trasladarles. Considera que el reglamento es el instrumento más adecuado. Destaca que las promociones de
venta se definen como descuentos, obsequios, primas o las oportunidades de participar en concursos o juegos promocionales y cualquiera de estas promociones deber ser de naturaleza temporal, para evitar la aplicación sistemática de mecanismos de
estas características que puedan desembocar en comportamientos anticompetitivos. Precisa que no acepta los juegos promocionales cuando la finalidad no sea la de promover directa o indirectamente la imagen o servicios y bienes en la empresa.
Señala
que las ventas temporales por debajo de coste deben indicarse como tales y no deberían someterse a limitaciones cuantitativas, aunque contemplando la posibilidad de que los Estados puedan establecer medidas específicas para limitar las ventas por
debajo de coste. Habilita la posibilidad de que se establezcan previsiones de descuentos antes de las rebajas.
Respecto a las vías de recurso, acoge positivamente el hecho de que el promotor deba asesorar la carga de la prueba de la obligación de que los servicios de asesoramiento sean gratuitos. El acceso del consumidor a toda la información
necesaria relativa a la promoción comercial como fundamental para fomentar el comercio transfronterizo. Igualmente es importante la armonización de determinados preceptos en el ámbito comunitario a través del reglamento. El resto de los preceptos
no incluidos en el cuerpo legislativo se regirán por el principio de reconocimiento mutuo, por la que una promoción realizada desde un país de la Unión Europea, respetando su legislación propia, sería susceptible de efectuarse igualmente en
cualquier otra nación comunitaria, sin necesidad de cumplir con la normativa del país de destino de dicha promoción, salvo, como es obvio, que sea una normativa especialmente autorizada o respaldada por el contenido del reglamento. El objetivo de
este principio debe ser interpretado en el sentido de evitar que desarrollos excesivamente amplios de una normativa con relación a la promoción de ventas puedan menoscabar el funcionamiento y la aplicación del propio reglamento.
Desde el punto de vista de España y las actuaciones desarrolladas y su tramitación en el Parlamento. En el ámbito nacional los Ministerios de Economía y Sanidad y Consumo han solicitado informes a todas las comunidades autónomas. Las
comunidades autónomas han centrado sus objeciones en el tratamiento de las ventas por debajo de coste, básicamente. El Ministerio de Economía ha mantenido informadas a las comunidades autónomas a través de distintos instrumentos, como la mesa de
directores de comercio interior; ha recibido informes escritos sólo de siete comunidades autónomas sobre la propuesta, en concreto, Extremadura, Canarias, País Vasco, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Comunidad Valenciana. El
Ministerio de Sanidad y Consumo informó y recabó informes a comunidades autónomas y al Consejo de Consumidores y Usuarios.
Se han recibido y estudiado informes, cartas y comunicaciones de los sectores afectados de las distintas asociaciones, sobre
los que luego les puedo dar información.
La Secretaría de Estado de Comercio y Turismo encargó el 29 de enero la constitución de un grupo de expertos en el seno del observatorio de la distribución comercial, con representación o portavocía de las comunidades autónomas y de los
representantes del sector. El informe fue elevado al pleno del observatorio de la distribución comercial el pasado 16 de abril. El 21 de mayo en la reunión del Consejo de Ministros de mercado interior, la delegación española, teniendo en cuenta
los informes recibidos y la opinión manifestada por el sector, mantuvo que debería permitirse el mantenimiento del nivel de protección de los consumidores que contempla la normativa española. Esta posición, por lo que respecta a la cuestión en la
que se centró en aquellos momentos la mayor parte de las consideraciones, que fueron las ventas por debajo de coste, supuso defender las opciones que permitiesen mantener las prohibiciones a las ventas por debajo de coste que contempla la Ley de
ordenación del comercio minorista española y, por lo tanto, que sea una facultad del Estado miembro decidir cuál es el tratamiento que quiere dar a esta cuestión. La delegación española basó su exposición en la conveniencia de unos requisitos de
información en todas las promociones, de manera que la competencia fuera lo más leal y transparente dentro del mercado.
Personalmente informé a las comunidades autónomas, en la conferencia sectorial de comercio del 24 de mayo, sobre el desarrollo
de la reunión del Consejo de Ministros de mercado interior y, por tanto, dije cuál iba a ser el debate de orientaciones planteado por la presidencia española.
Como saben SS.SS., el secretario de Estado de Asuntos Europeos informó en esta Comisión de la propuesta del Gobierno el 18 de junio de este mismo año. El 25 de octubre la Comisión hizo pública la versión española de la nueva propuesta del
reglamento de promoción de ventas. Los distintos ministerios implicados en la tramitación del texto acordamos mostrar -como no podía ser de otra manera- una reserva de examen para promover consultas internas. Desde ese punto de vista hemos
iniciado nuevas consultas. El Ministerio de
Sanidad y Consumo, tan pronto como dispuso de la versión en español de la propuesta, la ha remitido al Consejo de Consumidores y Usuarios y comunidades autónomas y está esperando informes en esa dirección. La Secretaria de Estado de
Comercio y Turismo también ha enviado el texto para su conocimiento a los directores generales de comercio de las comunidades autónomas competentes en la materia. Igualmente, el Ministerio de Economía ha convocado al grupo de trabajo constituido en
el seno del observatorio de la distribución comercial, que se reunió por primera vez después del nuevo texto el pasado 5 de noviembre. Tras esta reunión, se ha remitido el texto a las comunidades autónomas. Antes de fin de noviembre se va a reunir
la mesa de directores generales de comercio interior y está convocada una reunión del pleno del observatorio de la distribución comercial para el próximo 28 de noviembre. El objetivo de la reunión, como es obvio, es analizar el contenido del nuevo
texto a la luz del análisis que efectúa el grupo de trabajo, al que he hecho referencia, y que ya está en funcionamiento, y los posibles comentarios y observaciones que se reciban de las diferentes comunidades autónomas.
¿Cuál es el nuevo texto presentado por la Comisión? Solamente haré unas breves consideraciones. El texto recoge una parte sustancial de las enmiendas e inquietudes del Parlamento. El fundamento jurídico se encuentra en el artículo 14.2
del Tratado constitutivo de la Unión Europea y tras las enmiendas aceptadas por la Comisión el texto queda en síntesis como sigue. Los 16 considerandos que preceden al texto articulado, y que dan la idea de cuál es el objetivo y ámbito de la
propuesta, señalan la importancia del desarrollo de las actividades promocionales sin fronteras. Se aclara que el principio de reconocimiento mutuo se aplicará en los casos en que no esté prevista una excepción o regulación en el reglamento. Se
precisa como novedad que el ámbito de esta normativa cubre sólo las promociones de ventas temporales frente a los descuentos en el precio a largo plazo. Se precisa más claramente que la regulación no afecta a las normas nacionales sobre rebajas de
temporada o liquidaciones que pueden seguir subsistiendo en la medida en que no sean contrarias al reglamento, como no puede ser de otra forma. Se aclara también que quedan al margen del reglamento las promociones de ventas de los productos
farmacéuticos. En cuanto al tabaco, se indica que la regulación de las comunicaciones comerciales se hará por la directiva propuesta al efecto. Y se incluyen varios considerandos nuevos de los que se puede destacar la prevención contra el posible
abuso del derecho por parte de empresarios o consumidores que soliciten esta información.
En cuanto al articulado, se enuncia el objeto del reglamento: garantizar el funcionamiento correcto del mercado interior y un nivel de protección alta de los consumidores. Se realiza una definición de las promociones de ventas, recogiendo
alguna propuesta, en concreto la referida a los juegos promocionales. Se establece que los Estados se deben comprometer a no dictar ninguna medida de prohibición o limitación general de las promociones de ventas que no venga impuesta por la
normativa comunitaria.
Se impone igualmente y se mantiene la imposibilidad de exigir autorizaciones previas u otras medidas de efecto equivalente. Se impide que los Estados limiten también el valor de las promociones o descuentos.
Se remite a las
legislaciones nacionales lo referente a la venta con pérdida que, en consecuencia, pueden seguir siendo aplicables en cuanto a prohibiciones. Se establece la libre circulación de los productos y servicios promocionados. Se establece la obligación
de que las promociones de venta recojan la información detallada que figura en el anexo, un anexo extenso y prolijo, con garantía del consumidor, y para una mayor transparencia se modifica también la cláusula de revisión en el nuevo texto.
En opinión del Gobierno, las posiciones manifestadas por los Estados miembros han variado poco en lo sustancial, manteniéndose, por un lado, un núcleo importante de oposición al texto y, por otro lado, otros Estados más posibilistas que, sin
abanderar realmente la defensa del proyecto, asumen una posición más pragmática. Hay Estados favorables a que el proyecto sea una directiva, que son principalmente Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos, Finlandia e Italia, y otros prefieren
excluir el principio de reconocimiento mutuo con carácter general. Los temas más debatidos con la nueva propuesta ha sido nuevamente la venta con pérdida, juegos promocionales y la aplicación del principio de reconocimiento mutuo.
En cuanto a próximas actuaciones, destacaría a SS.SS. que resta una segunda lectura del texto en el Parlamento, que vendrá después de la aprobación del texto en el seno del Consejo. La presidencia danesa se ha comprometido a tratar la
propuesta en el orden del día del Consejo sobre competitividad de los próximos 14 y 15 de noviembre, pero sin delimitar cómo va a plantear ese debate. Actualmente la previsión es que los trabajos no se desarrollarán de forma rápida.
Desde el punto de vista de las consultas en España, se remitirán los informes que haya realizado el grupo de trabajo y el pleno del observatorio de la distribución comercial, cuya próxima reunión está prevista para el 28 de noviembre. Del
mismo modo las comunidades autónomas han recibido el texto nuevo y serán informadas del avance de los trabajos, y existirá un debate en la mesa de directores de comercio que se celebrará también este mes de noviembre. Como es obvio, España fijará
su posición en la medida en que haya recabado, analizado y valorado toda la información sectorial antes referida y, por supuesto, las consideraciones y los criterios que esta Comisión tenga por interés fijar, como no puede ser de otra manera.
Aunque en el caso del Ministerio de Economía prosiguen los trabajos del grupo específico creado en el Observatorio de la distribución comercial y sería aventurado adelantar sus conclusiones, como es obvio, parece que el centro de gravedad en
las discusiones ha pasado de ser el tema de las ventas con pérdidas a centrarse en otras cuestiones, como algunos aspectos prácticos de la definición de las promociones o de la información que se debe proporcionar a los consumidores y los problemas
que pueda plantear la propuesta en una aplicación práctica por las administraciones responsables. Estas son las cuestiones que más inquietud pueden suscitar.
Quiero reiterar al presidente y a SS.SS. su invitación a participar en esta comisión. Como es obvio, estoy a su disposición.
El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señor secretario de Estado por la información que ha proporcionado a la comisión. A continuación, es el turno de portavoces. Nos vamos a ajustar exactamente a la resolución de las mesas a la que antes
hemos hecho referencia, donde se dice que, tras la información del miembro del Gobierno, los grupos parlamentarios podrán fijar posición por un tiempo de diez minutos y luego hay un segundo turno de réplica de cinco minutos. Vamos a aplicarlo con
la mayor justeza posible. Por ello, ruego a los señores portavoces que se ajusten a los tiempos establecidos de diez minutos.
Comenzamos por el autor de la iniciativa, Convergència i Unió. El señor Guardans tiene la palabra.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señor presidente, le agradezco la justeza con la que se va a aplicar el Reglamento hoy, cuando este grupo lleva pidiendo esta comparecencia desde hace seis meses, en cumplimiento no del Reglamento, sino de una
ley, que ha sido despreciada -y quiero que conste en acta esta palabra- en este punto concreto por la Mesa de la Comisión y por la mayoría absoluta de esta Cámara, en la que pide simplemente el cumplimiento de la ley; es decir, pide que, cuando el
Gobierno va a tramitar algo que puede tener contenido legislativo en un Consejo de Ministros de la Unión Europea, si esta Comisión lo entiende, y así se calificó, venga e informe y se produzca un debate posteriormente sobre el cual esta Comisión
fije posición sobre esa propuesta legislativa. Esa es la participación de los parlamentos nacionales, de la que habla José María Aznar en sus comparecencias y en sus discursos, de la que habla el Partido Popular Europeo en sus debates en Estoril.
Esa es la realidad de la participación de los parlamentos nacionales, lo demás es retórica o pura hipocresía, y eso es lo que mi grupo quiere denunciar.
Señor Costa, le agradezco mucho su intervención, porque lo primero que pone de relieve es que lo que está pidiendo este grupo no es ninguna tontería, como se le ha llegado a decir. Parecía que el hecho de que les pidiéramos que vinieran a
informar de esto era algo absolutamente estúpido, pero el 'Diario de Sesiones' recoge la importancia que tiene todo lo que usted ha transmitido. Yo le agradezco que haya informado y que nos confirme que en el punto más sensible, que era el tema de
las ventas a pérdida, la situación esté en este momento más tranquilizada.
Antes de entrar en el fondo quiero subrayar esa parte previa.
Este grupo pidió que el Gobierno viniera a informar y que se produjera este debate para fijar posición hace muchos meses, vino el secretario de Estado, a partir de ahí la Mesa decidió que aquello no era...
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Guardans...
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Permítame, utilizaré mi turno como estime oportuno, señor presidente. No me quite la palabra porque si no...
El señor VICEPRESIDENTE: Yo le ruego que, en el turno de los diez minutos, se ajuste lo más posible al asunto del que estamos tratando, porque los problemas internos de la Comisión los resolveremos en la Comisión. El señor secretario de
Estado ha acudido aquí en cuanto se le ha convocado.
Tiene la palabra.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Sí, y un minuto más, que recuperaré.
Señor presidente, administro mi tiempo como estimo oportuno, y me interesa que los problemas internos consten en el 'Diario de Sesiones'. La gran virtud que tiene la mayoría absoluta aquí es que prefiere hacerlo donde no hay 'Diario de
Sesiones'. Yo hoy tengo 'Diario de Sesiones' y lo voy a utilizar. Quiero que conste en el 'Diario de Sesiones' que este grupo considera, primero, que esta Comisión es un cachondeo -lo pongo entre comillas y quiero que conste en el 'Diario de
Sesiones'- y que la previsión...
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Guardans, yo le ruego que mantenga la dignidad de la Cámara en su intervención porque, si no, tendré que llamarle al orden.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Muy bien, pero así queda en el 'Diario de Sesiones'.
Segundo, que hay una previsión legislativa que establece que el Gobierno puede comparecer a informar cuando se le pide, pero no lo ha hecho e incluso se nos ha dicho que quien tenía que comparecer era la ministra de Sanidad. Eso se le ha
dicho a este portavoz y quiero que quede en el 'Diario de Sesiones'. Se nos ha despreciado este tema. Y hoy viene el secretario de Estado de Comercio y prueba con sus palabras, primero, que es el área de su responsabilidad; segundo, que el tema
es muy importante; tercero, que tiene contenido
legislativo y, cuarto, que ha informado a todo el mundo. Lo cual me parece muy bien, excepto al Parlamento, pero probablemente porque no tiene por qué conocer las miserias de este Parlamento y las dificultades que tiene mi grupo para
trabajar. No tiene por qué saberlo y es bueno que lo sepa hoy. El secretario de Estado ha dicho varias veces en su intervención: Como SS.SS. saben. Pues SS.SS. no saben, señor secretario de Estado. Las señorías que tiene usted aquí no saben
nada de este reglamento. Cada vez que ha hablado este portavoz de este documento COM, se lo han tomado a cachondeo, han creído que estaba hablando no se sabe muy bien de qué y no saben nada ni siquiera de este último borrador del 25 de octubre, del
cual no tienen más conocimiento que el que alguno haya tenido descargándoselo de Internet, porque este Parlamento no tiene ese texto.
Ese texto lo ha recibido el Gobierno y se lo ha enviado a las comunidades autónomas, no a las Cámaras, porque
quizá no tiene obligación de hacerlo.
Pero quiero que sepa que si alguien sabe algo de esto es porque ha trabajado por libre, no porque le haya informado el Gobierno, no porque por vía oficial esta Comisión haya recibido nada más que lo que ha
tenido que suplicar. El papel que tiene del Gobierno fijando posición viene sólo porque este portavoz se lo pidió al secretario de Estado. En él se dice: 16 de julio de 2002. El Ministerio de la Presidencia remite la documentación complementaria
solicitada por el diputado Guardans i Cambó.
Si no, tampoco habría tenido constancia esta Cámara de lo que es una propuesta de modificación legislativa, como es un reglamento, y eso contradice frontalmente la Ley de creación de la Mixta, le guste
al presidente en funciones de hoy o no le guste.
Dicho eso, yo agradezco la información en cuanto al fondo, que es lo que directamente afecta al secretario de Estado. Me tranquiliza saber que es la información que yo tenía por otras vías, pero vista la resistencia a darla aquí, parecía
que no era así. Tal como queda el texto, las ventas a pérdida no aparecerán o por lo menos se seguirá permitiendo que la legislación interna lo establezca. Yo querría preguntar, porque este es el objeto de la comparecencia, es decir, no sólo que
nos informe usted sino que explique ante el Parlamento lo que se va a defender en Bruselas, y eso es lo que formalmente estamos haciendo hoy. No es una simple comparecencia, sino algo que precede a la votación de una resolución, que es un debate
distinto, aunque hasta ahora la votación de la resolución también está siendo impedida por el Grupo Popular, pero espero que a partir de hoy ya no la pueda impedir. En primer lugar, querría que nos explicara por qué no estima que sería más prudente
elaborar una directiva. Con ello no quiero decir que yo prefiera la directiva, pero querría saber por qué España no está en el grupo de los que creen que esto tendría mucho más sentido con una directiva, sabiendo que después cada Estado miembro,
con su propia legislación -en España hay una Ley de comercio minorista- la podrá desarrollar, modificar e implementar con todos los matices que corresponde. Un reglamento, en este ámbito, es quizá un instrumento tremendamente rígido. Por tanto,
querría saber en qué se basa la posición del Gobierno para apoyar un reglamento y no una directiva. Me remito a sus propias palabras cuando ha dicho que hay algunos Estados que defienden que sea directiva y no ha citado al Reino de España.
En segundo lugar, querría que, si puede, nos dijera exactamente el calendario tal como lo ha adelantado y cuál va a ser la posición. Nos ha dicho que el Consejo de Ministros, en los días 14 y 15 de noviembre, va a hacer una primera lectura
previa a la aprobación de la nueva propuesta de la Comisión. Imagino que después, por la vía de la codecisión, irá al Parlamento Europeo y habrá una lectura posterior cuando el Parlamento Europeo haya hecho las enmiendas que correspondan. Querría
saber si España, en esta primera fase, va a apoyar el texto actual de la Comisión o no, o simplemente va a esperar a ver qué es lo que dicen los demás.
Nos parece correcto que se deje fuera de este texto lo que es una promoción de farmacia y las rebajas de temporada. No le oculto que lo que más nos había preocupado y nos parecía alarmante de este texto, tal como estaba planteado, era
estrictamente el tema de las ventas a pérdidas, pero vemos que queda autorizada la posibilidad de que sea regulado por la legislación interna, en el caso español la Ley de comercio minorista, cuyo contenido, insisto, quedaría modificado por este
reglamento, si se aprueba. Los reglamentos modifican leyes, y es bueno que se diga bien alto para que sepamos de qué estamos hablando. No estamos hablando de un decreto que desarrolla una ley, estamos hablando de algo que modifica una ley aprobada
por esta Cámara. Como dije en su momento, en la comparecencia del secretario de Estado de Asuntos Europeos, si esta comparecencia se hubiera solicitado para informar sobre la modificación de la Ley de comercio minorista, usted tendría aquí hoy un
montón de periodistas en la puerta y probablemente la sala estaría llena. Como esto pasa desapercibido y en lugar de informarse que de lo que estamos hablando es de una reforma de la Ley de comercio minorista, pero hecha en Bruselas, y de un
reglamento europeo, la gente cambia el chip, si me permiten la expresión, no se da por aludida y no considera que estamos ante algo en lo que está en juego un equilibrio entre intereses muy complejos, donde nadie acaba de tener razón del todo, donde
al final se llegó a un consenso en una ley tremendamente complicada y donde mover cualquier pieza puede suponer un desequilibrio importante entre el gran comercio y el pequeño comercio, con sensibilidades muy distintas. De ahí la importancia que le
damos nosotros a este debate y de ahí que en este momento, insisto, nos quedemos relativamente tranquilos ante lo que es el contenido de la propuesta.
En la propuesta de resolución que presentará mi grupo (y que, después de oír al secretario de Estado, el Partido Popular apoyará sin ningún problema) plantearemos, primero, que el Gobierno defienda en Bruselas que se pueda mantener en la
legislación interna la prohibición de las ventas a pérdida y, segundo, que apoye en su conjunto este texto, pero probablemente convertido en directiva, en función de las explicaciones que dé el secretario de Estado. La posición del PP será la que
sea, pero espero que si este grupo plantea y somete a debate, en estricto cumplimiento de la ley, un texto en el que se dice que el Gobierno no dé apoyo a cualquier norma europea que pueda liberalizar las ventas a pérdida en España, no nos
encontremos con el voto en contra del Partido Popular.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Guardans, ahora que nos hemos tranquilizado, yo le rogaría que retirara los entrecomillados de su intervención. ¿Podemos hacerlo?
El señor GUARDANS I CAMBÓ: No, señor presidente, no retiro los entrecomillados de mi intervención. Esta Comisión...
El señor VICEPRESIDENTE: No tiene la palabra.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Esta Comisión, en la gestión de este asunto, es un cachondeo.
El señor VICEPRESIDENTE: No tiene la palabra.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor García Breva.
El señor GARCÍA BREVA: En primer lugar, agradecemos la información que nos ha dado hoy el secretario de Estado.
Yo me tengo que referir también a los antecedentes, necesariamente, en el sentido de que la Ley reguladora de la Comisión Mixta de la Unión Europea establece que esta Comisión Mixta debe recibir del Gobierno las propuestas legislativas de la
Comisión Europea con antelación suficiente para su información o para que puedan ser examinadas. En esa misma ley se dispone la celebración de un debate en el seno de la Comisión sobre la propuesta legislativa concreta, con la consiguiente
presentación de propuestas de resolución, que es el trámite que nos ocupa, pero no debe olvidarse que la sustanciación de este debate no sustituye la obligación general del Gobierno establecida en esta ley.
La propuesta legislativa objeto de este debate es la recogida en el documento COM, de 2 de octubre de 2001, por el cual la Comisión Europea, en uso de la iniciativa legislativa que le corresponde, propone la adopción de un reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las promociones de ventas en el mercado interior. El trámite a seguir para su aprobación es el conocido por el de codecisión y el contenido de la propuesta inicial de la Comisión suponía una contradicción
con lo establecido en España por la Ley del comercio minorista y las legislaciones autonómicas en algunos aspectos de la regulación del comercio, fundamentalmente los referidos a la prohibición de las ventas a pérdida y al sistema de rebajas. Al
tratarse de un reglamento comunitario sería una norma de aplicación directa en todo el territorio de la Unión, de rango superior a las legislaciones de carácter nacional y autonómico.
Por ello, la totalidad de los directores generales de comercio
de las comunidades autónomas pidieron la retirada de la propuesta y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) solicitó la comparecencia del secretario de Estado de Asuntos Europeos, que tuvo lugar el 18 de junio pasado. En el 'Diario de
Sesiones' está recogida dicha comparecencia y yo quisiera resaltar un párrafo concreto en el que el secretario de Estado dijo que dice que la ministra de Sanidad será diligente en la defensa de estos intereses.
Aunque la primera fase de la reflexión sobre dicho documento se produjo durante la presidencia española de la Unión Europea, no consta que los representantes españoles en el Consejo de 21 de mayo de 2002 -la entonces ministra de Sanidad,
señora Villalobos y, a pesar de que intentó evadir su responsabilidad solamente un mes antes en esa comparecencia de la Comisión Mixta, el secretario de Estado de Asuntos Europeos- se opusieran o pusieran algún tipo de reparo al contenido de la
propuesta comunitaria.
De hecho, la oposición más eficaz a la misma vino en el debate en el Parlamento Europeo, que en su primera lectura en el mes de septiembre propuso enmendar diversos aspectos de la misma, entre ellos los que se han citado como
principales contradicciones con la legislación española.
A la vista de las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo, la Comisión Europea el pasado 25 de octubre ha presentado una propuesta modificada en la que se recoge la supresión de la
prohibición a los Estados miembros de no permitir la venta a pérdida, pero no la que pretendía suprimir la prohibición nacional de los descuentos previos a los períodos de rebajas de fin de temporada. La iniciativa está ahora pendiente de que el
Consejo adopte en su reunión del 14 de noviembre una posición común para continuar con su tramitación.
El Grupo Parlamentario Socialista, además de mantener los criterios que ya defendió nuestro portavoz en la comparecencia del secretario de Estado de Asuntos Europeos, tiene que manifestar, primero, que el Gobierno no ha llevado a cabo una
actuación coherente y firme en la tramitación de esta propuesta en el Consejo. No se trata, como decía don Ramón de Miguel en su comparecencia, de estar en contra de que la legislación comunitaria pueda modificar las normas españolas, sino de
defender en su actuación en el Consejo, como colegislador de la Unión, los principios que inspiran tanto la legislación española, que en este caso tuvo el consenso de las formaciones políticas de la Cámara
en 1995, como las distintas legislaciones de las comunidades autónomas en la materia. Afortunadamente, el Parlamento Europeo ha defendido estos principios, que pretenden fundamentalmente proteger el equilibrio entre grandes y pequeños
comerciantes, en las enmiendas que presentaron a la propuesta. Sin embargo, la propuesta modificada aún no recoge todos los aspectos que consideramos que deben modificarse para conservar dicho equilibrio, por lo que instamos al secretario de
Estado, que comparece hoy, a que esta vez adopte una posición firme en defensa de dichos principios y promueva todas las medidas posibles para garantizar que el reglamento que se apruebe los respete. En todo caso, el Gobierno debería, en
cumplimiento de los referidos artículos de la Ley de la Comisión Mixta de la Unión Europea, haber informado con antelación suficiente, enviando un informe sucinto sobre una propuesta legislativa que sin duda va a tener una repercusión importante en
España. Hay que recordar que dicho informe no ha sido remitido -no sé si lo veremos alguna vez en esta Comisión- y que el Gobierno solamente ha informado de la referida comparecencia cuando lo ha solicitado el grupo proponente de la iniciativa.
Por último, quisiera decir que el Gobierno no ha informado correctamente a esta Cámara y quisiera hacer referencia a una pregunta escrita del diputado Jané i Guasch sobre esta propuesta de reglamento y la respuesta que ha dado el Gobierno,
publicada en el Boletín de las Cortes Generales el 24 de abril pasado. En esa respuesta el Gobierno ha afirmado lo siguiente: La propuesta de reglamento comunitario no establece claramente la autorización de las ventas con pérdida, sino que señala
que los Estados no pueden establecer medidas de carácter general dirigidas a limitar las ventas promocionales. Esta contestación por sí misma ya supone una falta del respeto debido y de consideración por la inteligencia de los propios miembros de
las Cortes porque, aunque fuera este el tenor literal del artículo de la propuesta, una prohibición a los Estados miembros de establecer medidas que limiten las ventas promocionales significa que dichas ventas con pérdida estarían claramente
autorizadas, aunque fuera con condiciones concretas u obligaciones específicas de información.
Quiero terminar manifestando que estamos ante una posición del Gobierno que no es aceptable respecto de su obligación constitucional de informar a la Cámara y someterse a su control.
El señor VICEPRESIDENTE: Esta presidencia no reconoce miembros del Partido Nacionalista Vasco, Grupo Mixto, Coalición Canaria, Entesa de Progrès, Izquierda Unida; en consecuencia, por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Martínez
Casañ.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Quiero comenzar mi intervención agradeciendo al secretario de Estado los esfuerzos que ha realizado para, con tan poco tiempo, alterar su apretadísima agenda y poder comparecer en el día de hoy, tal como consideraba
apropiado la Comisión.
El Grupo Popular a iniciativa del Gobierno aprobó la semana pasada, en reunión de Mesa y portavoces, que esta semana se pudiera celebrar la comparecencia y que el secretario de Estado pudiera dar cumplida cuenta de los temas a los que ha
hecho referencia. El comportamiento del Grupo Popular la semana pasada en Mesa y portavoces se debió en gran medida al deseo del Gobierno de estar en este momento en esta Comisión y compartir con los portavoces parlamentarios y los vocales de la
Comisión la información de que disponía.
Para que conste la verdad, cuando la semana pasada discutimos sobre la celebración o no de esta comparecencia y de habilitar el día de hoy para celebrar la reunión, el representante del Grupo Catalán de Convergència i Unió basó la celeridad
en la celebración de la reunión en motivos de su propio...
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Martínez Casañ, le ruego que se ciña al asunto y no establezca debate.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Como se ha dicho lo que se ha dicho, tengo que contestar, pero voy a ser muy breve. Las razones expresadas por el representante de Convergència i Unió en la Mesa fueron que, debido a motivos de su propio consumo
interno, puesto que se los había requerido su propia Consellería a nivel autonómico, tenía que celebrarse la comparecencia del Gobierno, y les daba exactamente igual qué miembro del Gobierno viniese a esta Comisión; lo único que necesitaban era
poder justificarlo. (El señor Guardans i Cambó: Eso es falso; eso es falso.)
El señor VICEPRESIDENTE: Yo les ruego que no establezcan -lo he advertido antes- debate entre ustedes.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Está mintiendo en su presencia, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Guardans, no tiene la palabra.
Señor Martínez Casañ, cíñase al asunto del que estamos tratando y evite cualquier tipo de...
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Usted es testigo de mentiras, señor presidente; es testigo de mentiras, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE: No tiene la palabra, señor Guardans; no tiene la palabra.
Cíñase al asunto, señor Martínez Casañ.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Ejerza sus funciones, señor presidente, porque es testigo de mentiras. Era usted testigo.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Era usted testigo, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE: ¡Señor Guardans! No tiene la palabra, señor Guardans.
Señor Martínez Casañ, ajústese al asunto.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Quiero agradecer de nuevo la presencia del señor secretario de Estado y expresar la opinión de mi grupo. Si bien la voz de la defensa de los intereses de España en Bruselas fue, como es lógico, la del ministro de
Sanidad y Consumo -es un tema que afecta a la defensa de los derechos del consumidor- también es cierto que la posición española estuvo siempre en coordinación con los otros ministerios competentes y muy especialmente con la Secretaría de Estado,
que representa el señor secretario de Estado don Juan Costa.
Estamos discutiendo un asunto de gran trascendencia, de gran relevancia por los motivos que se han comentado con anterioridad (seguridad jurídica, comercio transfronterizo, defensa de la competencia y del mercado interior), y nos encontramos
con un documento en el cual la propuesta inicial no se ajustaba, por diversas razones que ya han sido comentadas, a lo que hubiese querido en aquel momento el Gobierno español para estar en consonancia con la propia legislación nacional y con la
defensa de los derechos del consumidor. Tras la explicación del secretario de Estado nos hemos dado cuenta de la excelente labor que ha realizado la presidencia española a lo largo de todos los meses por marcar la iniciativa, que después siguió la
presidencia danesa, para rectificar algunos de esos puntos del documento inicial de la propuesta de la Comisión, que ha dado como resultado un documento final.
Difícilmente lo podíamos haber conocido con anterioridad, porque es del 2 de octubre de
2002, documento 2001/0227, y que se ha recibido en tiempo y forma oportuno en esta Comisión. Esa gran actividad desarrollada por la presidencia española durante el mandato, y después durante la presidencia danesa, ha dado como resultado una
propuesta que en estos momentos tenemos sobre la mesa y que da plena satisfacción a lo que creo que son los intereses del Gobierno de España y a su legislación en la materia.
Quiero expresar mi satisfacción también porque este documento no solamente ha sido objeto de una defensa por parte del Gobierno de España, sino, en el seno del propio Gobierno, de una coordinación excelente a lo largo de todo el período
entre el Gobierno y los representantes de las comunidades autónomas, de manera que el Gobierno pudiera erigirse en portavoz del sentir general y del conjunto de las comunidades autónomas que integran el Estado español. El texto, tal como ha
quedado, da plena satisfacción.
Establece que este reglamento no afecta a las normas nacionales que regulan las condiciones de las rebajas de fin de temporada y las ventas de liquidación, y el artículo 8 dice que la potestad queda en los Estados
miembros para imponer las limitaciones en las ventas por debajo del coste.
Para acabar, nuestro grupo parlamentario estima que la defensa que ha hecho el Gobierno de España de optar por un reglamento concuerda con los criterios de que una decisión de este tipo debe basarse, según lo establecido en el protocolo
anexo al Tratado de Amsterdam, sobre la aplicación de los principios de subsidiaridad y proporcionalidad, que es lo que da pie precisamente a que nuestro Gobierno defienda que las exenciones y las limitaciones de las que nos hacemos portavoces sean
de aplicación lógica en este tipo de normativa comunitaria. Estoy seguro de que de aquí al final del proceso de aprobación de este reglamento el Gobierno continuará defendiendo los intereses de España y del conjunto de sus comunidades autónomas,
tal como lo ha hecho hasta el presente. Quiero poner este grupo parlamentario a disposición del Gobierno para lo que se requiera de aquí al proceso final.
El señor VICEPRESIDENTE: Para contestar a los distintos portavoces, tiene la palabra el señor secretario de Estado, don Juan Costa.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COMERCIO Y TURISMO (Costa Climent): Voy a intentar contestar a algunas de las iniciativas que han planteado por el orden de intervenciones. En primer lugar le contestaré al señor Guardans.
Yo le haría dos consideraciones, si me lo permite S.S. Como es obvio y conoce, he estado sentado en una Comisión y he ejercido como parlamentario. Se pueden producir discrepancias en el funcionamiento interno de las Comisiones, y todo el
mundo tiene sus experiencias, pero una calificación como la que ha hecho con relación a la actitud del Gobierno respecto al Parlamento no se la puedo aceptar; no se la puedo aceptar por varios motivos. El primero de ellos es que el secretario de
Estado de Asuntos Europeos compareció en esta Comisión y el segundo es que he asumido una predisposición activa a comparecer también en esta Comisión. Yo recibí una llamada informal del presidente de esta Comisión, no hablamos del contenido de la
comparecencia, le trasladé que si tenía interés en que compareciera estaba dispuesto a informar sobre las cuestiones de mi departamento. La Secretaría de Estado de Comercio y el Ministerio de Economía son los que fijan y ejercen la representación
de la posición española en el Consejo en esta cuestión concreta, como sabe S.S., sin perjuicio de que en muchas materias otros miembros del Gobierno pueden tener la representación,
aparte, como es obvio, del Ministerio de Economía. Me han trasladado una petición de comparecencia que tenían SS.SS. interés en que fuera esta semana en concreto y he venido a informar. Por lo tanto, dentro de lo que es el juego político
y las discrepancias internas en el funcionamiento de las Comisiones y las aceptaciones o no por parte de los grupos parlamentarios de cuándo, cómo y por quién debe producirse una comparecencia, me parece que son legítimas. Yo tuve muchas
discrepancias internas con Convergència i Unió y el Grupo Parlamentario Socialista en la legislatura en la que permanecí como diputado en este Parlamento, pero el Gobierno en esta cuestión ha mantenido una posición absoluta de información sobre sus
actuaciones en el marco de esta Comisión. Usted considerará lo que estime oportuno y podrá contestarme con gestos o en el uso de la palabra, pero eso no se lo puedo aceptar, señor Guardans.
¿Qué va a defender el Gobierno en Bruselas? El Gobierno lo que ha defendido en Bruselas ha sido, por un lado, la importancia de dos objetivos. Uno de ellos es favorecer la competencia y, sobre todo, las actuaciones de las pequeñas y
medianas empresas en el marco del mercado interior, que son las que pueden tener más dificultades para conocer las distintas normativas nacionales, por lo tanto, adecuar sus actuaciones promocionales al marco de esas normativas nacionales y, otro,
en el que todos coincidimos, la necesidad y la importancia en el conjunto del marco del mercado interior de que se protejan los derechos de los consumidores.
Esto lo hemos intentado hacer bajo el convencimiento de que en España hay una normativa
equilibrada en estos momentos, que da un marco de actuación a los sectores afectados, a las comunidades autónomas y a la Administración general del Estado. Ese ha sido el principio básico en las actuaciones del Gobierno.
Todas las comunidades autónomas han tenido la oportunidad de fijar sus posiciones con respecto a esta cuestión, en la medida en que esta normativa puede afectar a las legislaciones aprobadas por las comunidades autónomas. Algunas
comunidades autónomas han hecho un ejercicio muy activo de esa facultad y de esa colaboración con el Gobierno. El Gobierno orienta un debate sobre la base de esas inquietudes y consideraciones. Lo que tampoco puedo aceptar -y le contesto al señor
García Breva- es que el Gobierno no haya defendido la posición española dentro de las instituciones comunitarias. Convendrá conmigo en que, cuando yo mantengo reuniones permanentes con las comunidades autónomas y con los sectores afectados para
fijar una posición asumo un compromiso ante ellos para fijar una posición y defenderla como Gobierno, no tiene ningún sentido que asuma compromisos que luego voy a ser incapaz de cumplir o siquiera de defender. Me da la impresión también, señor
García Breva, que debe conocer muy bien cuál es el funcionamiento de los consejos y sobre todo la manera en la que trabaja una presidencia, que tiene que intentar orientar el debate con el objetivo de conseguir el resultado más coherente con los
intereses a defender. La actuación del Consejo bajo presidencia española fue irreprochable, y centró el debate en la cuestión que desde el punto de vista político más le preocupaba al Gobierno, porque era lo que más preocupaba al conjunto de las
administraciones públicas españolas responsables en esta materia. Lo conseguimos, y los resultados constatan claramente que desde el punto de vista del interés de las comunidades autónomas y de los sectores comerciales afectados hemos alcanzado los
objetivos que se nos plantearon.
La presencia del secretario de Estado de Asuntos Europeos se traduce en un informe a esta Comisión. Yo creo que no hay ningún sitio donde se especifique de una manera clara la importancia de que los informes sean escritos o sean generales,
y me parece que la respuesta escrita que se le suministró al parlamentario a que ha hecho referencia también es adecuada al texto del reglamento, por lo tanto, a la propuesta. Por consiguiente, no se puede hacer una valoración negativa de la
predisposición del Gobierno a informar sobre esta materia, entre otras cosas, porque el Gobierno ha estado trabajando con todos los sectores, con todas las administraciones autonómicas y con el resto de los Estados miembros a la hora de fijar
posiciones, de alcanzar consensos o de trasladar inquietudes. Desde ese punto de vista me da la impresión de que no es razonable llegar a consideraciones distintas.
Cuál debería ser en mi opinión la mecánica de trabajo. Hoy tenemos una propuesta que, como es obvio, se va a tramitar en el marco de las instituciones europeas. Lo que tiene más sentido es darle a todos los operadores afectados la
oportunidad de analizar esa propuesta con detalle para que puedan trasladar el mayor número posible de inquietudes, igual que a esta Comisión. Anticipo, sobre todo al señor Guardans, que yo o cualquier miembro del Gobierno responsable en esta
cuestión estará encantado de volver a dar la información a esta Comisión. Por tanto, espero que no tenga ninguna reticencia sobre lo que es la predisposición del Gobierno. Lo que tiene sentido es recabar los informes. Yo, como Administración
comercial española no voy a tener un criterio o una posición definitiva hasta que no haya escuchado a todas las partes, a todas las entidades públicas y privadas que puedan trasladar sus inquietudes sobre el funcionamiento del marco normativo
propuesto en estos momentos por la Comisión.
Plantea el señor Guardans una pregunta sobre la razonabilidad de que sea un reglamento o una directiva y me pregunta por qué no una directiva.
Esta cuestión se puede responder desde dos puntos de vista, uno desde el puramente técnico de lo
que puede ser técnica comunitaria en la toma de decisiones y otro desde el de oportunidad, interés o pragmatismo en la búsqueda de los resultados y de los objetivos; ya le anticipo que es
una cuestión en la que España está siguiendo una posición absolutamente neutral, viendo cuáles son los motivos que aducen otras delegaciones y otros países a la hora de valorar la oportunidad o no de un instrumento.
Los informes técnicos de que dispone el Ministerio de Economía indican que probablemente lo más ortodoxo es la utilización del reglamento, y yo no voy a cuestionar esos informes. En cuanto a la oportunidad nosotros tenemos que hacer una
reflexión. Si este reglamento cumple con unos objetivos de favorecer la actuación sobre todo en nuestras empresas medianas en el marco del mercado interior, si cumple con unos objetivos de protección de los consumidores equilibrados y razonables en
el planteamiento, si introduce muchas o pocas modificaciones de manera directa en nuestras normativas, qué es lo más operativo y oportuno para nosotros.
Por los informes que tiene en estos momentos el Gobierno, este reglamento no introduce grandes modificaciones en el marco actual de las normativas españolas y mucho menos en las cuestiones más sensibles de las posiciones políticas en lo que
es la regulación del comercio minorista. Por tanto, si no las introduce y, sin embargo, compartimos los objetivos, puede ser más pragmático para España frente a otros países no oponerse a la tramitación de esta iniciativa como un reglamento,
pensando en que los países que tienen una legislación mucho más detallada en otras cuestiones que entran dentro de la órbita de esto y que pueden tener unos intereses más proteccionistas de otras cuestiones, que no son las que más le preocupan a
España, y es más cómodo que el reglamento sea una norma de aplicación totalmente directa, práctica y que no introduzca limitaciones a que las empresas medianas españolas y los consumidores españoles aprovechen cualquier oportunidad que se pueda
plantear. Podríamos dar la vuelta a su pregunta: ¿Por qué no un reglamento? ¿Por qué no una directiva? ¿Por qué no el reglamento? ¿Nos causa algún problema el reglamento? El análisis hay que hacerlo no sólo desde la perspectiva técnica sino
fundamentalmente de la oportunidad, y en estos momentos España, el Gobierno español no está inquieto o intranquilo con una regulación vía reglamento, porque no vemos que nos afecte o nos perjudique ni mucho menos. Lo que vemos es que puede
beneficiarnos desde el punto de vista de oportunidades.
Coincido en que esta es una cuestión de importancia política clara en la que he visto un equilibrio en las posiciones y un funcionamiento muy correcto y coordinado de todas las administraciones autonómicas con interés en esta cuestión. Por
tanto, lo único que les trasladaría como inquietud a SS.SS. es que en la medida en que el Reglamento del funcionamiento de esta Cámara y de la Comisión obligue a fijar unos criterios políticos de actuación en la posición del Gobierno, hay que
acatarlos, hay unos que son muy claros, y el Gobierno los ha mantenido desde el primer momento, como el que sea la legislación española la que decida siempre si es factible o no la venta a pérdida, que es la cuestión importante. No nos
extralimitemos en estos momentos en la fijación de criterios, sin conocer las posiciones y los inputs que nos puedan trasladar otras administraciones, en particular las administraciones autonómicas y los sectores. Pediría a SS.SS. que realizaran
esta reflexión y, si la consideran oportuna, la tomaran en consideración; no vayamos a anticiparnos a los intereses o las inquietudes de otras administraciones.
Lo que les quiero reiterar es que vamos a seguir trabajando. De los informes de los que ha dispuesto el Gobierno para coordinar la posición española por escrito (sin perjuicio de posiciones manifestadas en foros por otras comunidades
autónomas, como puede ser la Generalitat de Catalunya o alguna otra que no haya remitido un informe por escrito, o la Comunidad Autónoma de Andalucía que tampoco lo ha remitido por escrito, pero recuerdo que trasladó algunas inquietudes de manera
directa), los de las comunidades autónomas Extremadura, Canarias, País Vasco, Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León, todas las cuestiones que se han planteado con carácter general están refrendadas por el nuevo texto y no hay pendiente
ninguna cuestión importante en estos momentos. Al mismo tiempo se han tenido en cuenta informes de Eurocomer, de la Confederación Española de Comercio, de Adelma, de la FIAB, de Estampa, de algunas entidades privadas. Nuestra intención es seguir
trabajando en esa dirección con el objetivo de que todos tengamos el mayor margen de maniobra en esta cuestión en la legislación española; como es obvio, es el resultado de un equilibrio de posiciones políticas y de intereses de operadores
económicos, y lo que le gustaría al Gobierno es que ese equilibrio y esa posición en estos momentos no se viera afectada de ninguna manera y podamos tener la capacidad de actuación política como país para decidir en cada momento cuál es el marco que
consideramos más beneficioso para la protección del consumidor y del funcionamiento correcto del mercado.
El señor VICEPRESIDENTE: Vamos a pasar al segundo turno de portavoces de cinco minutos.
Tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Muy brevemente. Señor secretario de Estado, yo querría dejar claro que mis referencias no van dirigidas a don Juan Costa Climent, porque manifiesto mi más pleno respeto, a título personal y como secretario de
Estado de Comercio. Lo que ocurre es que es usted el que está dando la cara y quien se lleva, si me permite, las bofetadas. No sé quién es el responsable de que a usted le hayan convocado hace sólo una semana. Yo sé que yo como grupo político
hace seis meses que pedí esta comparecencia; si a usted le han avisado hace una semana o diez días y le han alterado la agenda, le agradezco mucho el
esfuerzo que ha hecho por venir, pero -repito- este grupo político hace seis meses, seis que lleva pidiendo esta comparecencia. Compareció el secretario de Estado y se le dijo a este grupo político que aquella petición no valía -está en el
'Diario de Sesiones'- porque no estaba bien formulada, porque había sido mal calificada. Por tanto, si hay un caos, que lo hay, no es imputable a este grupo que ni controla a la Cámara, ni al Gobierno, ni a la Secretaría de Estado de Asuntos
Europeos; hay caos.
Para su información -usted me dice que ha sido diputado, lo sé y hemos compartido escaño- le aclararé que esta no es una comparecencia normal, y aunque sólo sea para su curiosidad se lo digo. Aquí estamos aplicando el artículo
3 letra b) de la ley de creación de esta Comisión, que no tiene nada que ver con que el Gobierno comparezca y nos informe. Estamos en otra cosa, estamos en la información previa a un Consejo de Ministros de la Unión Europea, de la que tiene que
nacer una resolución de esta Cámara previa al Consejo de Ministros de la Unión Europea. Esta Comisión y este portavoz, consultando a la representación permanente del Reino de España en Bruselas, fue informada -la Comisión formalmente y el portavoz-
de que esto iba al orden del día del Consejo del 14 y 15 de noviembre; por eso la urgencia, no por tonterías de que el Gobierno de la Generalitat tiene no sé qué problema. El Gobierno de la Generalitat se enteró ayer de que esto se celebraba hoy,
porque se lo informé yo, que soy el portavoz. La única urgencia es conseguir -que ya no se va a conseguir por oposición de la mayoría de esta Cámara, del Grupo Popular- que esta Comisión se pronunciara -apoyando al Gobierno además, por lo que estoy
oyendo, y dándole incluso más legitimidad en su posición negociadora- antes del Consejo del 14 de noviembre, porque es lo que la ley nos autoriza a pedir. Cuando lo pedimos es porque la ley obliga al Gobierno a hacerlo.
Si el Parlamento le pide
que venga aquí y se explique, el Parlamento le fija la posición negociadora antes (artículo 3, letra b) de la Ley 1974).
Puede gustar más o menos, cambiémosla. Todos los demás parlamentos de Europa nos llevan millas por delante en este tema, y
usted lo sabe porque ha estado en el Consejo de Ministros de la Unión Europea. Sabe perfectamente cómo muchos de sus colegas que se sientan en el Consejo como ministros o Deputy Minister en su caso, secretario de Estado, tienen si no un mandato
parlamentario cerrado, sí una actividad parlamentaria previa, y aquí no la hay ni la puede haber. ¿Por qué? Porque es un cachondeo, señor presidente, y lo digo por tercera vez.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Guardans, le ruego que vuelva otra vez a recapacitar sobre las palabras que está diciendo para la dignidad de la Cámara. Le ruego que la mantenga, porque creo que la indignidad caerá sobre el que las
pronuncia.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Gracias, señor presidente. Asumo la indignidad de decir con luz y taquígrafos lo que se está diciendo a puerta cerrada desde hace meses.
El señor VICEPRESIDENTE: Ha concluido su tiempo.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Sobre el fondo del asunto...
El señor VICEPRESIDENTE: No, ya no tiene la palabra.
Señor García Breva.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Sobre el fondo del asunto...
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Guardans, no tiene la palabra. Han concluido sus cinco minutos.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señor presidente, ¿es usted consciente de lo que está haciendo?
El señor VICEPRESIDENTE: Sí. Soy consciente. Tiene cinco minutos reglamentarios y los ha concluido. Le doy la palabra al siguiente portavoz.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Muy bien, señor presidente. Constata que es un cachondeo esta Comisión con su propia actitud, señor presidente.
El señor GARCÍA BREVA: No sé si han transcurrido los cinco minutos que tenía...
El señor VICEPRESIDENTE: Sí, han transcurrido los cinco minutos porque los tengo contabilizados en el reloj, porque la presidencia está precisamente para guardar el reglamento y hacer que se cumpla, que es lo que estamos haciendo en este
momento, a pesar de las impertinencias del señor Guardans.
Adelante, señor García Breva.
El señor GARCÍA BREVA: Señor presidente, voy a leer lo que dice el artículo 3 b) de la Ley de la Comisión Mixta, sobre todo para que el secretario de Estado sepa de qué estamos hablando. Dice textualmente: El Gobierno, a la mayor brevedad
posible y a reserva de una valoración definitiva, remitirá a la Cámara un sucinto informe sobre el contenido sustancial de aquellas propuestas legislativas de la Comisión Europea que tengan repercusión en España. Esto es lo que -y estoy totalmente
de acuerdo con lo que ha dicho el portavoz de Convergència i Unió- no se ha cumplido, y es lo que en mi intervención anterior he querido poner y sigo poniendo de manifiesto, porque es un hecho que ya difícilmente va a cambiar.
Quiero agradecer la buena disposición del Gobierno que ha manifestado el señor secretario de Estado, y por eso en las propuestas de resolución que haga el Grupo Socialista instaremos al secretario de Estado y al Gobierno a que adopten esta
vez una posición más firme para defender los criterios de la legislación nacional y de las legislaciones de las comunidades autónomas, porque en las comparecencias anteriores del mes de junio lo que se ha dejado entrever y desvelar es que realmente
eso no se ha hecho.
Reitero, estamos en estos momentos denunciando una posición inaceptable del Gobierno, porque no ha cumplido lo que dice la Ley que regula el funcionamiento de esta Comisión Mixta. El señor secretario de Estado dice que ha
habido resultados y que se han alcanzado los objetivos.
Evidentemente, pero eso no ha sido gracias ni a la actuación del Gobierno ni a la actuación de esta Cámara, sino a la del Parlamento Europeo. Por último, me parece muy bien que recojan todas
las inquietudes, escuchen a todo el mundo, elaboren unas propuestas recogiendo todo lo que opina el sector y todos los agentes implicados, pero cuando vemos que el Consejo Europeo se va a celebrar el 14 de noviembre, oirlo en el día de hoy suena
sinceramente a una improvisación y a una imprevisión enorme. Después de oír lo que ha dicho el secretario de Estado ahora mismo me voy con la duda de saber cuál va a ser la postura del Gobierno. Si primero tiene que recoger opiniones para
establecer su postura, cuando dentro de unos días es el Consejo Europeo, me voy con la absoluta incertidumbre de saber exactamente qué es lo que piensa el Gobierno y cuál va a ser la posición del Gobierno en defensa de la legislación nacional y de
las legislaciones de las comunidades autónomas.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Martínez Casañ, tiene la palabra por un tiempo de cinco minutos.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Tras esta cumplida exposición del secretario de Estado de Comercio y Turismo, don Juan Costa en el día de hoy, que completa la del secretario de Estado de Unión Europea el 18 de junio ante esta Comisión, mi grupo
parlamentario tiene que expresar su plena satisfacción por varios motivos. En primer lugar, porque a lo largo de todo el proceso legislativo hemos observado un estado de consulta permanente del Gobierno con las comunidades autónomas, con los
sectores y con las organizaciones de consumidores; en segundo lugar, porque a partir de estas consultas y de esta coordinación el Gobierno ha sabido en todo momento tener una postura de liderazgo en la presentación de propuestas de modificación del
texto inicial a nivel europeo; en tercer lugar, por la transparencia con la que se ha llevado todo el proceso; y, en cuarto lugar, por el amplio debate institucional del que ha sido objeto.
Consideramos que el texto final que se nos presenta en
estos momentos a expensas de lo que suceda en el resto del proceso legislativo es completamente satisfactorio para los intereses de España, respeta el principio de subsidiariedad y de proporcionalidad, garantiza que el espacio interior no presenta
fronteras interiores para promoción de ventas y garantiza un alto nivel de protección de los objetivos de interés general y en especial la protección del comercio, de la salud pública y del consumidor. Por todo ello, señor presidente, nos
reiteramos en el agradecimiento al Gobierno por su comparecencia en estos momentos.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor secretario de Estado, si desea hacer la última intervención, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COMERCIO Y TURISMO (Costa Climent): Sólo quiero clarificar alguna cuestión. Le quiero decir al señor Guardans que como persona y como diputado también me merece todo el respeto, por tanto no creo que esto
lo vayamos a prejuzgar en ningún momento. Lo que les trasladaría a SS.SS. son algunas consideraciones.
En primer lugar, si una comparecencia no es un informe de nuestra posición, si lo considera adecuado la Mesa de esta Comisión, yo les enviaré por escrito mi intervención a lo largo del día de hoy. Así pueden constatar como informe cuál es
la posición del Gobierno y cuál es el contenido de la propuesta de reglamento que la Comisión ha remitido para su tramitación. Ahora, también les tengo que trasladar que no creo que me aparte ni una sola coma de las consideraciones y del informe
que les he hecho aquí esta mañana.
En segundo lugar, le preguntaría al señor García Breva en qué consiste la firmeza. Ni siquiera en el caso de que se alcancen todos los objetivos a S.S. le parece que el Gobierno actúa de manera correcta o con firmeza en la defensa de los
intereses que le importan a España. Desde luego, si usted nos quiere hacer alguna recomendación táctica sobre cuál pueda ser la forma y el tono para defender firmemente una posición, más allá de lo que se pueda decir en el acta de una reunión o de
lo que se pueda hacer incluso en las conversaciones bilaterales con los países, se lo agradecería. En este tema en concreto no hay ninguna diferencia de contenido político entre la posición de nuestros grupos y de nuestras administraciones. Por
tanto, que discutamos cuestiones que no son relevantes e intentemos hacer una valoración política, que me da la impresión que es un poco voluntarista, porque cada uno tiene que asumir un papel (lamento decírselo, señor García Breva), no tiene mucho
sentido.
¿Cuál va a ser la posición del Gobierno? Ya lo he explicado. Había unas cuestiones que nos preocupaban de manera expresa y el Gobierno quiere mantener esa posición, y está dispuesto a hacerlo con el respaldo, como es obvio y quiere
hacerlo, de todo el mundo y
también de esta Cámara sin lugar a dudas. Me dice que el Gobierno no sabe lo que quiere porque queremos escuchar opiniones de terceros, con lo que ya pasamos de una posición según la cual si no hay diálogo o consultas, la actuación del
Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular es poco respetuosa con el funcionamiento de las instituciones y con las reglas del juego político, y si pedimos consultas y opinión a muchas personas o muchas instituciones es porque no sabemos hacia dónde
vamos. Creo que aquí también se impondría una cierta moderación en la valoración de las percepciones.
Yo les animo, por supuesto, sobre la base de la redacción escrita de mi comparecencia que les voy a suministrar, a que planteen las propuestas de resolución que consideren oportunas, sabiendo que hay puntos de clarísima coincidencia desde el
punto de vista de la defensa de las inquietudes de los sectores y de las administraciones españolas. Lo único que les he pedido es que sean lo suficientemente flexibles, si lo estiman oportuno, en la redacción de esas resoluciones para que no
puedan anticiparse o bloquear algunas puertas e inquietudes que no hemos detectado en estos momentos y que probablemente no son importantes desde el punto de vista político, pero que, sin embargo, pueden afectar a alguna institución o a algún sector
aunque sea de manera tangencial.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado. Le reiteramos el agradecimiento de la Comisión por su asistencia a la misma y por la información que nos ha proporcionado.
Vamos a suspender por dos minutos la sesión para despedir al señor secretario de Estado y pasaremos, a continuación, al segundo punto del orden del día. (Pausa.)
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE IMPULSO DE LAS RELACIONES CON LOS PAÍSES CANDIDATOS A LA AMPLIACIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente del Congreso 161/001509 y número de expediente del Senado 663/000071.)
El señor VICEPRESIDENTE: Segundo punto del orden del día: Proposición no de ley sobre impulso de las relaciones con los países candidatos a la ampliación. Es una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, a la que ha presentado una
enmienda el Grupo Popular.
Para la defensa de esta iniciativa, tiene la palabra el señor García Breva, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor GARCÍA BREVA: Quiero hacer una breve defensa de la proposición no de ley que hemos planteado basándonos fundamentalmente en los efectos que puede tener para España la ampliación y en que, teniendo en cuenta esos efectos, sería
oportuno que se implementaran medidas para contrarrestarlos.
En principio, yo calificaría la posición de España con respecto a todos los países candidatos a la adhesión de rezagada en el sentido de que España tiene una cuota de mercado muy reducida, de sólo el 1,8 por ciento en exportaciones y un 1,4
por ciento en importaciones. Nuestra cuota de entrada en los mercados de estos países es, pues, francamente insignificante, con la agravante de que competimos por el resto del mercado comunitario en similitud de bienes y servicios, lo cual puede
perjudicar en el futuro nuestro saldo comercial en el conjunto de Europa.
Aparte de esto, los países candidatos a la adhesión, los PECO, tienen en este momento -y seguramente va a ser una tendencia creciente- un stock de capital, gracias a la
inversión extranjera directa, es decir, la inversión de otros países en los PECO, que les hace tener un stock importante que se está dirigiendo sobre todo a mejorar la competitividad de sus economías. El porcentaje que España tiene en la inversión
extranjera directa en estos países es del 0,5 por ciento, más irrelevante todavía que el del comercio exterior, y ese es un síntoma de que España carece de estrategia en estos momentos para afrontar problemas, como hemos visto últimamente, derivados
de la escasísima penetración y el escasísimo esfuerzo de España por entrar en estos mercados. Esto está creando problemas de localización industrial, y sinceramente creo que lo que ha pasado con Eslovaquia últimamente no debería repetirse, es
decir, si hay problemas de competitividad con los países candidatos a la adhesión, la alternativa no puede llegar desde el Ministerio de Asuntos Exteriores poniendo pegas o dificultades a la adhesión de estos nuevos miembros de la Unión Europea,
sino implementando en España -en estos momentos estamos discutiendo el presupuesto- políticas económicas y presupuestarias para afrontar estos problemas desde otra perspectiva. Si mañana hay otro problema de competitividad con Polonia, con Hungría,
o con Bulgaria, me pregunto si la actitud o las propuestas del Gobierno Español van a ser las mismas, porque estaríamos ante una situación francamente inexplicable.
Hay otro dato importantísimo con respecto a estos países que refleja cuál es la situación de España, y es que en inversiones en I+D y en tecnologías de la información y la comunicación los países candidatos invierten lo mismo que España en
porcentaje de PIB: concretamente, en I+D el 0,89 por ciento del PIB y en tecnologías de la información y la comunicación, el 2,1 por ciento. Esto quiere decir que estamos haciendo en estas nuevas tecnologías el mismo esfuerzo que hacen los países
candidatos a la Unión Europea, con una agravante en este caso que está reconocida en más de un informe, y es que la cualificación de recursos humanos
en estos países es, en líneas generales, igual o incluso superior que en España. Esto hace que distintos informes hayan ya valorado o hasta cuantificado cuál puede ser el efecto, en términos de PIB y de paro, que puede tener la ampliación
para España. Sin embargo, creo que estos efectos se pueden contrarrestar. Es decir, ante una lectura que puede calificarse como negativa, está la lectura positiva en el sentido de que España tiene que aprovechar los efectos positivos de la
extensión del mercado interior y los fondos estructurales sobre todo en el último período de programación hasta el año 2006 y después, porque después se reducirán los fondos estructurales pero seguirá habiéndolos. Esa es una afirmación
importantísima, ya que la aportación de los fondos estructurales a la economía española, aunque se reduzca a partir del año 2006, también será importante y seguirá incidiendo en el crecimiento de la economía española. Nuestra economía seguirá
beneficiándose de los fondos estructurales incluso después de la ampliación. Esta es una lectura que hay que valorar, sobre todo planteándose que hay que actuar con más decisión y más eficacia, intentando incrementar nuestra cuota de exportación,
nuestra cuota de inversión extranjera directa en estos países y, en general, nuestro dinamismo empresarial, porque España seguirá siendo un país atractivo para las inversiones extranjeras.
Termino haciendo una reflexión con respecto a una preocupación que he manifestado reiteradamente pero a la que casi nunca me responde el Gobierno, que es la eficacia de la aplicación de los fondos estructurales. Quiero hacer dos
valoraciones que no son mías sino del director general de la ampliación, Eneko Landáburu, en el sentido, primero, de que hay que optimizar el impacto de la aplicación de los fondos estructurales en el actual período fundamentalmente en lo que se
refiere a los factores de competitividad y, segundo, plantear una estrategia de anticipación para preparar la negociación del próximo período.
En mi última reflexión no quisiera referirme al famoso plan marco de la ampliación 2001-2004, que fue presentado aquí por el secretario de Estado de Relaciones con la Unión Europea, pero sí quiero decir que no estamos totalmente satisfechos
por la falta de reflejo presupuestario concreto con respecto a las embajadas en los países bálticos. Nos gustaría que hubiera un reflejo más explícito y concreto en los presupuestos, pero no lo hemos encontrado. En el debate presupuestario que se
produjo ayer en la Comisión de Presupuestos se siguió hablando de la embajada en Singapur, pero no hay ninguna mención concreta a las embajadas en los países Bálticos. Creo que este era uno de los objetivos del plan de acción, junto con la creación
de una subdirección general de la ampliación en el Ministerio de Asuntos Exteriores, la implantación de oficinas comerciales en Eslovaquia, Eslovenia y en los países bálticos y otros objetivos que no voy a detallar porque sería muy extenso pero que
justifican las propuesta que hoy traemos aquí en nuestra proposición no de ley y en las que instamos al Gobierno a que se impulsen las actuaciones para potenciar las inversiones españolas y los flujos comerciales con los países candidatos a la Unión
Europea y se incorpore de manera explícita y concreta en los presupuestos la apertura de las embajadas de España en Estonia, Letonia y Lituania.
El señor VICEPRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Martínez Casañ.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: ¿De cuánto tiempo dispongo, señor presidente?
El señor VICEPRESIDENTE: Las normas generales indican diez minutos de intervención.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: En primer lugar quería hacer una consideración de carácter general en el sentido de que todos estamos de acuerdo, porque así se ha manifestado en reiteradas ocasiones en el seno de esta Comisión, con el carácter
histórico que reviste esta ampliación. Es una ampliación no solamente necesaria por criterios históricos y de solidaridad, sino también por lo que supone de reunificación del continente. Por lo tanto, es una aventura en la que estamos embarcados
todos los grupos parlamentarios de esta Cámara y me atrevería a decir que la sociedad entera de los países miembros actuales de la Unión Europea.
Por todo ello, en los últimos años el Gobierno de España ha defendido, quedándose a veces incluso en
franca minoría, la pervivencia de los fondos estructurales y los fondos de cohesión y en particular de los fondos de preadhesión, para ayudar a que los futuros miembros de la Unión Europea puedan recibir el impulso económico que les permita superar
las importantes diferencias de renta con la Unión Europea y adaptar su situación social, económica y cultural a los estándares actuales de la Unión Europea.
El Gobierno de España ha mantenido en los dos últimos años una política audaz en dos vertientes. En la vertiente política en ayudarlo a acelerar el proceso de ampliación de lo que fue buena prueba la excelente labor que realizó la
presidencia española al cerrar no solamente los capítulos que les estaban encomendados sino muchos más, hasta el punto de hacer posible que el calendario se pueda respetar y que la presidencia danesa pudiese completar con éxito el calendario
previsto para su semestre de presidencia europea. También ha sido muy audaz la política del Gobierno de España en la apertura de nuevos mercados en los países aspirantes a la futura ampliación. El Gobierno ha estado potenciando en los últimos años
misiones comerciales de alto nivel en el conjunto de esos países. en algunas ocasiones miembros del Gobierno y en otras incluso el presidente del Gobierno han participado en estas misiones de apertura de mercados y de implantación de sectores
financieros, comerciales e industriales españoles. Por lo tanto, no se puede decir que el Gobierno no haya tenido un interés especial y no haya desarrollado una actividad concreta para desarrollar este interés, sino todo lo contrario.
Además, el Gobierno ha intentado por todos los medios -y lo ha conseguido- establecer puentes importantes entre estos países con los que el Reino de España no había tenido tradicionalmente reuniones intensas a nivel cultural, abriendo centros del
Instituto Cervantes y oficinas culturales, organizando exposiciones, etcétera. En resumidas cuentas, el Gobierno ha fomentado en algunos casos implantar la presencia española y en otros profundizarla. Siempre ha procurado, en cualquier caso,
sentar las bases para un desarrollo integral de la presidencia española en el futuro y sobre todo cuando se lleve a cabo la ampliación.
Lo anteriormente expuesto es lo que nos ha impulsado a presentar las enmiendas a un a proposición no de ley que por otro lado estimamos pertinente y oportuna porque refleja el sentir de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara. En el
párrafo primero introducimos una enmienda. Cuando el Grupo Parlamentario Socialista dice que se impulse un plan de actuaciones para potenciar las inversiones españolas y los flujos comerciales, tenemos que decir y reconocer que, precisamente porque
esto era una preocupación y un interés manifestado del Gobierno español, ha sido recogido en un plan de ampliación elaborado por el Ministerio de Economía y en el plan marco del Ministerio de Asuntos Exteriores. Creo que debemos dar cumplida cuenta
de la voluntad, la actitud y la actividad del Gobierno de España a este respecto. Este plan de actuaciones ha sido elaborado por el Ministerio de Economía y por el de Asuntos Exteriores y además ha sido presentado y remitido al Congreso. Por lo
tanto, esta Cámara tiene que reconocer su existencia porque el plan fue trasladado a ella en tiempo y forma.
La segunda parte de la enmienda que presentamos al párrafo dos viene a plasmar el hecho de que esta preocupación ya ha sido recogida por el Ministerio de Asuntos Exteriores, y por eso este ministerio ha presentado al Congreso, en el marco
del debate de los presupuestos, las iniciativas necesarias para hacer posible no solamente la apertura de las embajadas de España en los tres países bálticos -Estonia, Letonia y Lituania- sino también en Malta, que es un país candidato a la
ampliación muy importante para nosotros y en el que tuvimos una embajada que, desafortunadamente, se cerró por circunstancias políticas iniciadas por el gobierno maltés de aquella época que aconsejaban la retirada de nuestra representación
permanente. Esta propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores en el marco de los presupuestos significa un reforzamiento de las representaciones exteriores de España ya existentes en la mayor parte de los países candidatos a la ampliación, en
términos de personal, estructuras y dotación presupuestaria, y también supone la dotación presupuestaria necesaria para que se pueda abrir la representación española en la República de Malta.
No he mencionado la política de reforzamiento de las oficinas comerciales del Reino de España en aquellos países en los que existía porque no hemos considerado necesario introducir ninguna enmienda al respecto. Sí hemos introducido las dos
enmiendas que acabo de presentar.
El señor VICEPRESIDENTE: El señor Guardans, por Convergència i Unió, tiene la palabra.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Puedo compartir el diagnóstico que formula el Grupo Socialista en su iniciativa, es decir, los síntomas que plantea. La Unión Europea se amplía hacia el Este, hacia lo que a los propios interesados les gusta
denominar la Europa Central, más los bálticos, dejando de lado a Chipre y Malta, y definitivamente España está mal posicionada en ese mercado en todos los parámetros que se puedan analizar: en exportación, en relación comercial inversa, en
importación, en inversión en esa dirección, por no mencionar la inversión de esos países en Europa. Por tanto, está claro que hace falta ponerse al día y actualizar la relación económica de España con estos países, sin dejarse llevar por la
tendencia que pueden tener nuestros empresarios de entender que es un coto cerrado a los intereses económicos de otro miembro de la Unión Europea, como si allí ya no pudiéramos hacer nada. Por tanto, comparto el diagnóstico o explicación de la
situación que plantea el Grupo Socialista. Como también comparto el lamento de que no estén abiertas todavía las representaciones diplomáticas permanentes, porque sí hay relaciones diplomáticas pero con sede en otro Estado, en los tres Estados
bálticos. en lo que no estoy de acuerdo con la intervención del Grupo Socialista ni con su tenor literal, más por lo que se podría entender que por lo que realmente dice, es en hacer responsable de ello al Gobierno español. No me duelen prendas,
porque nosotros, cuando tenemos que criticar, criticamos, señor presidente, y cuando tenemos que aplaudir, aplaudimos, Esa es la diferencia y es lo que nos permite ser libres, y en este caso podemos aplaudir lo que ha hecho el Gobierno español
porque está haciendo lo que puede en una economía que no está dirigida, en la que las inversiones y las exportaciones no se deciden por orden ministerial y en la que el único que puede decidir si invierte o no en Europa Central es aquel que paga los
sueldos a sus trabajadores a fin de mes, no el ministro de Economía. Y a aquel que paga a sus trabajadores a fin de mes le sigue dando miedo la Europa Central. Al pertenecer a una comunidad autónoma como la de Cataluña, que representa el 28 por
ciento de las exportaciones españolas, es decir, que exporta más que Valencia y Madrid juntos o más que Andalucía, Madrid y el País Vasco juntos, conozco el
recelo que les puede provocar, y que provoca de hecho, en muchos empresarios catalanes exportar -no digo ya invertir- hacia esos países.
Conozco, porque fue presentado en la Comisión de Asuntos Exteriores, el plan de ampliación que presentó
el Gobierno. En su momento lo valoré, en nombre de mi grupo, positivamente y reitero en este momento la valoración positiva. Como en todo plan, lo importante es hacer su seguimiento en unos años, y ver si se llevan a cabo todas las medidas que se
plantearon, pero en lo que supone de proyecto, de buena intención y de gestiones concretas, algunas de las cuales ya se han empezado a desarrollar, tuvo y tiene el apoyo de mi grupo. Por tanto, no hay ninguna crítica de mi grupo ni a la actuación
del Ministerio de Economía, en su área de Comercio en este caso, ni al Ministerio de Asuntos Exteriores respecto a la promoción que se está llevando a cabo para que España se acerque mucho más al Este.
Por todo lo anterior, yo solicitaría al Grupo Socialista que aceptara la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, que se podría redactar más matizadamente, porque da la sensación de que se hace todo. Si finalmente el Grupo Socialista
decide, por razones políticas que solo al Grupo Socialista corresponde valorar, no aceptar dicha enmienda, nosotros seguiríamos votando favorablemente la iniciativa del Grupo Socialista, porque, más allá de la intervención de su portavoz, su tenor
literal no es tampoco una crítica frontal, sino que simplemente dice que se perfeccione la relación con los países del Este. Por tanto, la apoyaríamos. Apoyaríamos claramente -y es buen momento para reiterarlo- la necesidad de abrir cuanto antes
embajadas en los tres países bálticos.
Varios portavoces de esta Comisión hemos tenido el privilegio de estar en Copenhague en la reunión de la COSAC y poder hablar con miembros de la representación diplomática en Dinamarca, que a su vez, si no me
equivoco, está acreditada en Estonia. Si no me equivoco, Copenhague le corresponde Estonia, a Suecia le corresponde Lituania y a Helsinki le corresponde Letonia. Eso tuvo sentido en un tiempo, pero hoy no lo tiene. Los primeros que se sienten
ofendidos y molestos son los propios países, en términos políticos, pero además está causando día a día un grave perjuicio en el ámbito turístico y en el del mercado de trabajo, ya que los trabajadores de esos países no pueden obtener visado ni
siquiera recorriendo su propio país, sino que tienen que coger el transbordador para ir, con la correlación que he planteado, a esos otros países donde se supone que está acreditada su embajada. Eso es contradictorio con el interés que todos
tenemos de incrementar las relaciones políticas, económicas, comerciales, laborales y sociales entre España y los países candidatos. Por tanto, como obras son amores y no buenas razones, finalmente eso se traslada en presupuestos del Estado y en
dotar en dichos presupuestos la apertura de una embajada. Aparte de estas cuestiones, la crítica a que el Gobierno no haga nada, mi grupo, insisto, no la compartiría.
El señor VICEPRESIDENTE: No hay presentes y no reconozco a ningún miembro de los restantes grupos parlamentarios representados en esta Comisión. En consecuencia, damos por cerrado el debate, salvo que el señor García Breva desee
intervenir. (El señor Martínez Casañ pide la palabra.)
El señor Martínez Casañ tiene la palabra.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: En la segunda parte de la enmienda que hemos presentado ha habido un olvido en el sentido de que no se menciona Malta.
Por tanto, pediría a la presidencia que considerase la oportunidad de añadir Malta a este texto
porque así es como yo lo presenté.
El señor VICEPRESIDENTE: En principio, podemos aceptar la enmienda in voce. El señor García Breva, del Grupo Socialista, nos tiene que decir si está dispuesto a aceptar o no la enmienda.
Respecto a la enmienda del Grupo Popular, hago una salvedad, y es que se refiere al Congreso de los Diputados, y debería decir Comisión Mixta de la Unión Europea.
Tiene la palabra el señor García Breva.
El señor GARCÍA BREVA: En nombre del Grupo Socialista quiero señalar que vamos aceptar la enmienda que presenta el Partido Popular porque consideramos que el tema de la ampliación es de tal trascendencia, que no merece un tratamiento más
partidista y no es necesario explicarlo más extensamente.
También quisiera hacer una reflexión, porque yo tenía muchos más datos, como SS.SS. pueden imaginar, y por eso cuando el señor Guardans dice que el Gobierno está haciendo lo que puede, adivino una cierta actitud conformista y eso no puede
ser así con los datos que he dado anteriormente, por ejemplo, que el 0,5 por ciento de la inversión directa extranjera en los PECO corresponde a España nada más, que es una cuota insignificante. Además, el efecto que puede tener la ampliación del
PIB en España, según un estudio que todos tenemos y hemos leído recientemente elaborado por La Caixa, es de un 2 por ciento y el efecto que puede tener en el paro es de más de un punto. Es decir estamos hablando de efectos que en este momento no
son para alarmarse pero sí para tomar medidas, y no para ser conformistas sino para ser más ambicioso en lo que se refiere a entrar en unos mercados importantes y que constituyen una oportunidad para España. Por ello creo que la mejor salida es
optimizar la utilización de los fondos estructurales que vamos a tener en el actual período hasta el año 2006 y los que seguiremos teniendo, aunque en menor cantidad, a partir de 2007.
El señor VICEPRESIDENTE: A pesar de la argumentación, señor García Breva, ¿acepta la enmienda? (Asentimiento.)
En consecuencia, queda redactada con las dos pequeñas correcciones con respecto a la Comisión Mixta de la Unión Europea y en el segundo punto de la enmienda añadimos a Malta, Estonia, Letonia y Lituania. En estos términos es como la vamos a
votar. Creo que hay unanimidad. No obstante, vamos a votarla.
Efectuada la votación, dijo
El señor VICEPRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Muchas gracias a todos, señorías. Sin más que tratar, levantamos la sesión.
Eran las doce y cincuenta minutos del mediodía.