DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES


COMISIONES MIXTAS

Año 2002 VII Legislatura Núm. 96

DE RELACIONES CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ LUIS BERMEJO FERNÁNDEZ

Sesión núm. 9

celebrada el martes, 25 de junio de 2002,

en el Palacio del Senado

ORDEN DEL DÍA:


- Comparecencia, a petición del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de la Adjunta Primera del Defensor del Pueblo, Excma. Sra. D.ª María Luisa Cava de Llano y Carrió, para que dé cuenta del resultado de las gestiones de la
Institución en relación al Centro de Retenidos de Fuerteventura (Las Palmas). (Núm. Exp. S. 713/000558, C. D. 212/001077) ... (Página 2274)

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Se abre la sesión a las once horas.



El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión de la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo.



El orden del día queda establecido así: la Adjunta Primera del Defensor del Pueblo, doña María Luisa Cava de Llano y Carrió, comparece para darnos cuenta del resultado de las gestiones de la Institución del Defensor del Pueblo en relación
al Centro de Retenidos de Fuerteventura.



Tiene la palabra la primera Adjunta.



La señora ADJUNTA PRIMERA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO (Cava de Llano y Carrió): Muchas gracias, señor Presidente.



Quiero, en primer lugar, agradecerles la deferencia que han tenido en aceptar mi presencia en vez de la del Defensor del Pueblo para darles cuenta a ustedes de las gestiones realizadas por nuestra Institución en el tema de los inmigrantes de
Fuerteventura. En un placer volver a compartir con ustedes labores parlamentarias, en esta ocasión desde la otra parte de la mesa, pero, en definitiva, labores parlamentarias.
Quiero también hacer extensivo mi agradecimiento al Defensor del
Pueblo, don Enrique Múgica, por haberme confiado la responsabilidad de representarle en este acto en nombre de nuestra Institución.



Voy a dividir mi intervención en tres partes. La primera parte va a resultar tediosa, en la que daré cuenta de las actuaciones del Defensor del Pueblo hasta la visita que realicé a las instalaciones de la antigua terminal del aeropuerto, en
febrero de 2002.



La segunda parte, que espero les resulte menos tediosa, comprende el período entre esa visita y la actualidad.



Y la tercera parte -en absoluto tediosa, sino más bien jugosa- en la que les informaré a sus señorías de los graves problemas detectados en la prestación de la asistencia jurídica al detenido y de los graves problemas detectados en cuanto a
la tutela judicial efectiva, detectados por una Institución como la nuestra que, como ustedes saben, es la garante de los derechos fundamentales y que vela y seguirá velando para que los mismos no sean conculcados.



Dado el foro en el que me encuentro no creo que resulte necesario dar cuenta pormenorizada de todas y cada una de las actuaciones que desde la Institución que represento se han venido efectuando en relación con el tratamiento otorgado a los
inmigrantes irregulares que llegan a la isla de Fuerteventura. Como esta Comisión conoce, los informes de los últimos años -los informes de gestión que cada año venimos presentándoles a ustedes- siempre cuentan con un epígrafe sobre esta cuestión
desde 1999.
¿Por qué desde 1999? Porque en 1999 es cuando comenzó a incrementarse la llegada de inmigrantes irregulares a la isla canaria de Fuerteventura.
¿Por qué? Porque se fortalecieron los controles sobre el tráfico de pateras en el
Estrecho y a partir de entonces fue más fácil para los inmigrantes acceder al territorio español a través de Fuerteventura.



Lo cierto es que hasta esa fecha, es decir, hasta 1999, la isla no contaba siquiera con ese habitáculo que luego se dio en la terminal del aeropuerto de Fuerteventura. En ese momento se logró la cesión de uso por parte de AENA de las
instalaciones de la antigua terminal aeroportuaria.
Antes la situación de los inmigrantes detenidos era cualitativamente peor, ya que debían permanecer en los calabozos de la Comisaría de Puerto del Rosario e incluso en el patio de ésta.



Así pues, aun dentro de la precariedad de las instalaciones del aeropuerto, ha de reconocerse que su apertura en aquél momento supuso una cierta mejora. ¿Cuál era el problema? Pues que esa era una solución provisional y, lamentablemente,
se ha ido eternizando con el tiempo. A eso debe unirse el hecho de que el número inmigrantes, lejos de decrecer o al menos mantenerse, ha crecido de una manera constante, según puede apreciarse en el gráfico que pueden ver sus señorías -gráfico 1-.
En él podemos apreciar que mientras en los años 1998 y 1999 tan sólo en un mes -octubre de 1999- la entrada de inmigrantes en Fuerteventura fue superior a las 200 personas, con posterioridad a esa fecha ha habido 12 meses en los que se ha superado
dicha marca, llegándose en tres de ellos -noviembre 2001, enero y marzo 2002- a pasar la cifra de 500 entradas irregulares.



Con este nivel de saturación, fácilmente puede comprenderse que las carencias que se apreciaron en esas instalaciones provisionales y que en principio fueron subsanadas, no consiguieron que el lugar llegase a reunir unas condiciones
mínimamente satisfactorias para el fin que debía cumplir; por ejemplo, el centro carecía de un patio en el que los internados pudieran ver la luz del día o pasear por él. ¿Por qué era difícil construir un patio? Porque la terminal está
directamente al lado de la pista de despegue y aterrizaje y, como comprenderán ustedes, dificultaba enormemente la cuestión. Por esa razón la administración siempre que se dirigía a nuestra Institución ante nuestras permanentes quejas, ante
nuestros permanentes avisos, siempre insistían en el carácter provisional de esa solución. Se trataba de unas instalaciones, como les he dicho, cedidas, escasamente acondicionadas y en las que no podía pensarse en ejecutar ninguna obra de
envergadura.



En el año 1999 y 2000 nuestra Institución efectuó unas visitas de inspección al aeropuerto de Fuerteventura. La conclusión fue la misma: El recinto y las condiciones que reunía eran aceptables como solución coyuntural y para un bajo número
de personas, pero por sus carencias estructurales urgía habilitar otras instalaciones más adecuadas. En el curso de la investigación que manteníamos abierta por este asunto, que, como les digo, empezó en el año 1999, la Delegación del Gobierno nos
informó, en el año 2001, que querían


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hacer un nuevo centro, pero que tenían dificultades surgidas para su localización con las autoridades municipales de Puerto del Rosario y habían aconsejado obtener del Ministerio de Defensa la autorización para ejecutar obras de
acondicionamiento en el acuartelamiento situado en El Matorral, cerca del aeropuerto.



Precisamente, en diciembre de 2001, se dio la circunstancia que ya definitivamente nos convenció de que la sustitución de esas instalaciones ya no podía esperar más, ya estaba bien de soluciones provisionales.
Según pueden ver sus señorías
en este gráfico que les he mostrado, la cifra de inmigrantes en Fuerteventura creció fuertemente en el segundo semestre de ese año, y en noviembre se llegó casi a las 600 personas.
Tampoco valía la solución otras veces empleada de trasladar a
determinados inmigrantes del centro de internamiento de extranjeros de Barranco Seco, en Las Palmas de Canaria, puesto que el propio CIE llevaba ya tiempo soportando también un altísimo nivel de saturación. La consecuencia de todo ello fue el
colapso del centro, ubicado en la antigua terminal del aeropuerto, y por esa razón obtuve la autorización del Defensor del Pueblo para la apertura urgente de una investigación de oficio con el objeto de estudiar los últimos problemas que habían sido
detectados y que incidían en el deterioro de las condiciones de habitabilidad y asistencia jurídica o de intérpretes.



Poco después, ya en enero de este año 2002, conocimos que los problemas de atención médica se habían agravado como consecuencia de la interrupción, el 7 de enero, de los servicios que venía prestando la Cruz Roja, al considerar sus
facultativos que no contaban con medios suficientes para desarrollar su trabajo. En atención a la gravedad de lo que se puso en nuestro conocimiento, realizamos contactos urgentes con la Delegación del Gobierno en Canarias, desde donde se nos
aseguró que se había tomado todas las medidas oportunas para que el centro no quedara sin atención sanitaria. Se nos indicó que se había dispuesto que el médico que atiende al Cuerpo Nacional de Policía en las islas pasase consulta en el centro,
manteníendose en todo caso, lógicamente, la derivación de las urgencias al Servicio Canario de Salud.



Los elementos que fuimos reuniendo en la citada investigación nos convencieron de que teníamos que ir personalmente a Fuerteventura para verificar sobre el terreno qué es lo que estaba ocurriendo allí. En consecuencia, los días 26 y 27 de
febrero me desplacé a Canarias, junto con personal de la Institución, para tomar un conocimiento más directo de la situación. Acudí a las instalaciones de la terminal del aeropuerto, entrevistándome con las personas que allí se encontraban
internadas y con los funcionarios que las atendían. Me parece que es de justicia decir que lo primero que me transmitieron los internos -quiero hacerlo constar para dar a cada uno lo que le corresponde- la gratitud con los miembros al Cuerpo
Nacional de Policía encargados de su custodia que, según manifestaron, les trataban con toda corrección y se preocupaban siempre por ayudarles.



La situación del recinto, tal y como manifesté a la vuelta de mi viaje, era calamitosa. En el momento de mi visita había allí alojadas 205 personas, 10 de ellas mujeres. Según indicaron luego los medios de comunicación, ante la perspectiva
de mi visita, se habían adoptado medidas para limpiar las instalaciones, etcétera. No sé si esto fue así.
Lo que puedo afirmar es que lo que vimos nos convenció de que era urgente cambiar la situación.



En el curso de la visita fuimos analizando una serie de aspectos que paso a relatar: el primero, la tramitación de expedientes. Según pudimos ver había una clarísima preferencia por la incoación de expedientes de expulsión. Éstos, como
ustedes saben, están indicados para casos de estancia irregular, pero no para supuestos de entrada irregular, que son la mayoría de los que se tramitan en Fuerteventura y en los que lo correcto es instruir devoluciones.



La cuestión no es baladí, no es un puro legalismo sino que, como sus señorías conocen, tiene enormes consecuencias para la situación de las personas. ¿Por qué? Porque la expulsión conlleva la prohibición de entrada en el territorio
Schengen por un periodo de entre tres y diez años, pero ocurre que muchas de las personas sometidas a estos expedientes son subsaharianos, que no pueden ser expulsados por desconocerse su nacionalidad, por no haber sido documentados por el país del
que manifiestan ser o por no haber convenio de readmisión con aquel Estado. ¿Cuál es la consecuencia? Muy lamentable. Esas personas quedan indocumentadas, sin medios para ganarse la vida, con una orden de ejecución que no puede ejecutarse y sin
posibilidad real de llegar a regularizar su situación.



El segundo punto es la asistencia letrada y de intérprete. Cuando pudimos entrevistarnos con los internos, éstos nos manifestaron no tener constancia de haber sido asistidos por abogado, así como que habían firmado un documento cuyo
contenido desconocían por no comprender nuestra lengua. Pregunté sobre esta situación a las autoridades policiales, que negaron esa información. Posteriormente, una organización no gubernamental, cuyo nombre omito, precisó que sí existía una
asistencia letrada aunque era puramente formal y que cuando llegaban grupos grandes, algunos de 60 ó 70 inmigrantes, se les asistía de modo global o colectivo sin informarles de manera particularizada de sus derechos ni interesarse por sus
circunstancias personales.



De hecho, un dato que nos llamó la atención fue el bajo número de peticiones de asilo que se cursaban en la isla cuando muchos de los inmigrantes provienen, como ustedes saben, de países en conflicto. Este asunto me alarmó puesto que, por
mis años de experiencia como abogado en ejercicio -hasta ahora que, lógicamente, por el cargo que ocupo me resulta incompatible


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ejercer como tal- no podía concebir una asistencia colectiva, y por eso decidí que se abriera una nueva vía de investigación específica sobre el tema.



Para ello llamé desde Fuerteventura inmediatamente, y al no dar crédito a lo que había visto y oído, al Decano del Colegio de Abogados de Las Palmas pidiéndole que me explicara lo que estaba pasando y diciéndole que debería abrir una
investigación desde su Colegio para ver qué estaba ocurriendo con la asistencia letrada. Lógicamente, nosotros, por nuestra parte, también iniciamos una investigación de oficio sobre este tema.



El tercer punto es la asistencia sanitaria. Como ya he indicado, en enero de 2002, Cruz Roja dejó de prestar el servicio que realizaban allí cuatro médicos y dos enfermeras porque no se les estaba suministrando, según me comunicaron,
material que los facultativos querían para llevar a cabo su labor, especialmente en lo que se refería a pruebas sobre la incidencia de algunas enfermedades frecuentes en la zona de origen de los inmigrantes y poco habituales en Canarias.



El problema, como ya les he dicho, se palió por medio de la presencia del facultativo que presta servicio al personal del Cuerpo Nacional de Policía en la comunidad canaria pero que residía en Tenerife, aunque en el curso de nuestra visita
pudimos apreciar que este facultativo acudía al centro sólo cuando sus demás obligaciones se lo permitían.



Se nos indicó que en aquellas fechas continuaban las negociaciones entre la Cruz Roja, el Servicio Canario de Salud, el Cabildo Insular y la Delegación del Gobierno, para dotar al centro de un dispensario adecuado, aunque no se había llegado
a una solución definitiva.



El cuarto punto es la asistencia social. Probablemente, por su carácter provisional y, en cierto sentido polivalente, el centro no ha cumplido nunca con los requisitos con los que debe cumplir un CIE (Centro de Internamiento de
Extranjeros), de hecho no ha existido un equipo de trabajadores sociales que asistieran a los internos. Según pudimos saber, el voluntariado de la Cruz Roja venía desempeñando alguna de estas funciones para paliar las necesidades más perentorias de
los internos, como ropa, calzado, útiles de primera necesidad, productos de aseo, etcétera.



Respecto a la higiene y manutención, las condiciones higiénicas que pude observar sólo pueden calificarse, entre comillas, como manifiestamente mejorables -en su día salieron expresiones mías, como calamitosas, etcétera-: había baños
escasos y encharcados, colchones húmedos y apilados, agua saliéndose por el suelo, poca ropa de cama y escasamente limpia, etcétera. En cuanto a la alimentación, supimos que se proporcionaba por un servicio de catering y que la principal queja era
que en la misma no se incluían platos calientes.



Mi visita nos sirvió para tomar nota de una larga serie de cuestiones, comenzando por la imposibilidad de realizar obras, ya que AENA, como les he comunicado, se oponía a ello. Algo que me impresionó enormemente fueron las dificultades que
los internos tenían para comunicar con el exterior, especialmente por vía telefónica, ya que en ese recinto no existen teléfonos públicos. Como sus señorías comprenderán esta circunstancia resulta muy aflictiva para personas que deben permanecer
hasta cuarenta días sin poder ver la luz del sol y preguntándose en cada momento qué pensarán sus familias que en la mayor parte de los casos desconoce cuál ha sido su suerte.



En esos días se especuló mucho sobre si mi presencia en la terminal suponía un aval para los informes que Human Rigths Watch, Médicos sin Fronteras y otras entidades habían elaborado sobre este tema. Por mi parte, sólo puedo decirles que
conocimos y estudiamos esos informes, como seguimos la prensa para estar al tanto de las últimas novedades en los asuntos que estamos investigando, pero fuimos allí para obtener nuestras propias conclusiones, como habíamos hecho en 1999, 2000, 2001
y 2002.
Dejo a sus señorías, ya que esos informes son públicos, que saquen sus propias conclusiones sobre las coincidencias que esos dos informes tienen con el nuestro.



Acabada la visita establecimos las líneas de actuación, que pueden concretarse en los siguientes puntos: emisión de una recomendación dirigida al Ministro del Interior para que se corrigieran con carácter inmediato las principales
deficiencias apreciadas, y muy particularmente lo referente a asistencia sanitaria y jurídica; emisión de otra recomendación al mismo Ministerio para que procediera a habilitar con la máxima urgencia un espacio más adecuado para internar a los
inmigrantes que llegaban irregularmente a Fuerteventura, y formalización de una investigación de oficio del Colegio de Abogado de Las Palmas sobre la manera en que se estaba prestando la asistencia de oficio por parte de los letrados.



Por tratarse de cuestiones de contenido y alcance muy diferentes, para mejor conocimiento de sus señorías voy a dar cuenta de cada una de ellas de manera específica.



Como ya he indicado, se trasladó al Ministerio del Interior una recomendación en la que se ha dado cuenta de la situación apreciada en la visita y se le hacían una serie de consideraciones sobre los puntos a los que me he referido y les he
explicado a ustedes, indicándoles la necesidad de solventar con carácter inmediato, sin aguardar siquiera la entrada en funcionamiento de un nuevo centro, los problemas más preocupantes, entre ellos las deficiencias higiénicas y la falta de una
asistencia sanitaria adecuada.



Tengo la satisfacción de decirles que esta recomendación fue formalmente aceptada por el Ministro del Interior, según comunicación que dirigió a nuestra Institución


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el 9 de abril. En una visita posterior a esta Institución, que se desarrolló el 17 de abril, y a la que más adelante me referiré, se pudo comprobar que la situación había mejorado, de hecho el nivel de limpieza observado fue mayor tanto en
la terminal como en los baños, así como en los colchones y ropa de cama.



En cuanto a la asistencia sanitaria, también pudimos comprobar mediante el personal que, como les digo, en abril, es decir dos meses después de mi visita, acudió al centro, que en los primeros días del mes de marzo -yo estuve ahí el 26 y 27
de febrero- se reanudó la presencia en las instalaciones de un médico y un enfermero que acuden todos los días laborables, y, significativamente, en esta segunda visita los internos no refirieron quejas sobre la asistencia médica.



La segunda recomendación iba dirigida a que se procediera a habilitar un nuevo centro que permitiera corregir todas las disfunciones y limitaciones de carácter estructural apreciadas en la terminal de Fuerteventura. Esta recomendación tiene
fecha de salida el 1 de marzo, y cinco días más tarde, en la sesión de control al Gobierno del Congreso de los Diputados, el Presidente Aznar manifestó que iba a atender las recomendaciones de la institución del Defensor del Pueblo y que, en
consecuencia, se había procedido ya al comienzo de las obras de adecuación del nuevo centro de internamiento de Fuerteventura, y se estaba también trabajando en la ampliación de otros centros de las islas Canarias.



En efecto, el 5 de marzo se produjo el inicio de las obras de acondicionamiento del Acuertelamiento 'Teniente Coronel Valenzuela' en la zona de El Matorral. Asesores de nuestra institución visitaron este centro el día 17 de abril para
comprobar que las obras que allí se estaban efectuando fueran lo suficientemente dignas para atender a los inmigrantes. En aquella fecha las obras se encontraban en avanzado estado de ejecución.



Se había previsto la construcción de dos módulos, uno para hombres y otro para mujeres. También se estaba trabajando en un tercer módulo para disponer de mayor capacidad de acogida en caso necesario. Se visitaron los dormitorios que
disponen de ocho plazas por sala para los hombres y cuatro para mujeres, dotados de inodoro, duchas y lavabos, todos ellos con luz y ventilación natural.



También se pudo comprobar que se habían previsto varios patios de dimensiones en principio adecuadas para la capacidad que se estima pueda alcanzar el centro. En dichos patios estaba previsto colocar bancos y mesas de ocio. Además, se
preveía construir un espacio abierto y de grandes dimensiones para los casos en que pudiera registrarse mayor densidad de población en el centro. Esta quizá sea la principal virtud de las nuevas instalaciones, que en ellas se dispone de terreno
suficiente a fin de incrementar la dotación de plazas del centro en caso necesario.
Por ello, esperamos que se proceda en breve al cierre total de las instalaciones del antiguo aeropuerto, que parece que se estaba barajando mantener operativas para
los momentos de mayor ocupación, ya que las mismas no resultan, como he dicho, adecuadas para el fin que han venido cumpliendo.



En cuanto a la atención sanitaria, he de decir que se encuentra pendiente de firma de un protocolo entre diversas administraciones y Cruz Roja para regular la prestación de asistencia sanitaria.



También se está estudiando la posibilidad de que la propia Cruz Roja se haga cargo de la asistencia social. Sobre esta cuestión y aun cuando esa posibilidad resulte admisible como primera solución, entendemos que el nuevo centro -que ya ha
empezado a funcionar y en el que ya están internadas las mujeres , los hombres no, porque no se han finalizado los módulos- debe homologarse plenamente con todo lo previsto para los centros de internamiento de extranjeros en el Reglamento de la
vigente Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros; entre los requisitos que esa norma establece para los CIES está la existencia en su plantilla de trabajadores sociales. Habida cuenta de la situación en la que llegan los inmigrantes
consideramos que esos puestos están plenamente justificados y desde luego no les va a faltar en qué ocuparse.



De hecho, pensamos que será necesario avanzar en cuanto a la definición jurídica del nuevo centro, o de cualquiera que venga a sustituirlo de manera definitiva. Desde el Defensor del Pueblo abogamos por que cumpla con todos los requisitos
que el propio Ejecutivo ha establecido y que están plasmados en el referido Reglamento. Por esta razón, nuestra Institución seguirá visitando las instalaciones en el cumplimiento de su programa habitual de supervisión de los centros de
internamiento.



También en relación con este asunto, debo referirme a que en los últimos días de mayo comenzó el traslado de los internos al nuevo centro. El día 6 de junio llegaron a Fuerteventura las camas y colchones para dotar las 300 plazas con las
que en principio contarán las nuevas instalaciones.
Señorías, lógicamente debemos congratularnos por el hecho de haber conseguido sustituir unas instalaciones que dejaban mucho que desear por las que les estoy comentando.



Vamos a hablar ahora de la asistencia jurídica y la tutela judicial efectiva. Ya he indicado que en relación con los hechos relatados por los internos de la antigua terminal del aeropuerto y las explicaciones que apuntaban a asistencias
colectivas, nada más salir de las instalaciones llamé por teléfono al Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas, de donde depende el Colegio de Fuerteventura, para darle cuenta y adelantarle que íbamos a proceder a la apertura de una
investigación de oficio. En esta primera comunicación, le rogué que no demorara la apertura de una información previa sobre el asunto, que me parecía de una extraordinaria gravedad.



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En cuanto llegué a Madrid procedimos a la formalización de la investigación y a su remisión oficial al Colegio. Evidentemente, señorías, no nos quedamos aguardando la respuesta sino que, como hacemos siempre, procuramos llegar a la verdad
de lo que estaba sucediendo. Por esta razón, dos asesores de la Institución del Defensor del Pueblo se desplazaron a Canarias entre los días 15 y 19 de abril. Su trabajo consistió en estudiar una muestra significativa de los expedientes de
expulsión instruidos en Fuerteventura en los meses de enero y febrero del presente año. Precisamente se escogieron estos meses porque, como saben sus señorías, están internos un plazo máximo de cuarenta días; como yo había estado en los últimos
días de febrero me interesaba conocer no lo que había ocurrido después sino lo sucedido los cuarenta días anteriores a mi visita. Se entrevistaron también con los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que forman la brigada de extranjeros de
la Comisaría de Puerto del Rosario, con los intérpretes y con los propios inmigrantes internados en esa fecha con objeto de comprobar si las quejas variaban de contenido respecto a las que me habían formulado otros inmigrantes; lógicamente, al
haber transcurrido los cuarenta días, ya no se encontraban allí los anteriores.



Sus señorías observarán en lo que les voy a decir que hay un antes y un después de la visita que efectué al Centro de Internamiento de Fuerteventura. Ahora, es decir, después de, los inmigrantes vinieron a explicar que sólo veían a una
persona que les decían que era su abogado, cuando les llamaban para firmar un papel del que posteriormente recibían una copia, que se trata del acta de notificación. Cuando yo estuve dijeron que no había estado presente ningún abogado, ahora veían
a una persona que les decían era su abogado que les llamaba para firmar un papel del que luego le daban una copia, que se trataba del acta de notificación del inicio del expediente de expulsión. Se solicitó que los propios inmigrantes indicaran
cuánto tiempo había durado ese acto y la mayoría coincidió que aproximadamente tres minutos, extremo éste que coincide con la media proporcionada por los funcionarios policiales y por los intérpretes. Fuera de este contacto, según manifestaron
todos los inmigrantes de manera terminante, sus abogados no mantuvieron entrevista alguna con ellos ni se preocupaban en conocer las peculiaridades de su situación. Así, muchos de los subsaharianos, como consecuencia de su falta de asesoramiento
jurídico, estaban convencidos de que la documentación que recibían (que en realidad era la copia del acuerdo de la iniciación del procedimiento de expulsión) unido al documento que les entregaban al salir del centro, les habilitaba para residir en
España o en cualquier país de Europa -muchos de estos inmigrantes son de cultura inglesa o francesa- y pensaban que una vez concluido este periodo de internamiento iban a tener las puertas abiertas. Evidentemente, señorías, desconocían la atípica
situación en la quedarían, que nos hemos permitido calificar de limbo jurídico porque no podían ser expulsados, ya que no los recibían en su país de origen ni teníamos firmado convenio con ése, pero precisamente por estar pendientes de una expulsión
tampoco podían acoplarse a ninguna medida de regulación.



En el curso de la entrevista con uno de los intérpretes se le preguntó si había recibido solicitudes de letrados para que intermediara y tradujera en la comunicación con algunos de los inmigrantes, teniendo en cuenta, como saben, que todos
son marroquíes, de lengua inglesa, o subsaharianos.
La respuesta del intérprete fue que no recordaba ningún caso en que un abogado le hubiera solicitado que hiciera de intérprete para entenderse con el inmigrante. Señorías, no dudo de que todos
los letrados del turno de oficio que actúan en la isla de Fuerteventura estén magníficamente preparados en lo que a conocimiento de idiomas se refiere, pero no deja de causarme extrañeza que el principal encargado de asegurar la comunicación con los
inmigrantes -recuérdese que el acceso al centro está restringido- no pueda recordar si quiera un caso de una solicitud de un letrado por la que le pidiera que le auxiliara a entrevistarse reservadamente con su cliente.



En dos casos concretos se verificó el hecho de que varios inmigrantes habían encomendado gestiones a sus abogados, directamente relacionadas con su situación de privación de libertad, sin que los letrados les hubieran dado cuenta del
resultado de las mismas.



Al margen de estas cuestiones que he enunciado, existen otros datos que también se pudieron recabar y que me permito exponer a sus señorías a fin de que puedan formarse su propia opinión sobre la forma y el contenido en el que se ha venido
prestando la asistencia jurídica a estos inmigrantes.



Repito, después lo comentaré, soy abogada de profesión y me duele todo lo que estoy diciendo. Desde el 12 de marzo al 17 de abril de 2002, en el libro de registro de entrada y salidas de la antigua terminal del aeropuerto tan sólo consta
una visita de una letrada para comunicar con un cliente. Dicha letrada había sido contratada particularmente para la defensa de éste. El resto de las visitas de los abogados, todos de oficio, fueron a fin de estar presentes en las notificaciones
de los acuerdos por los que se iniciaban los correspondientes expedientes de expulsión.



Ninguno de los inmigrantes entrevistados disponía de datos básicos, como la dirección del despacho profesional, número de teléfono del letrado, etcétera. Sólo conocían el nombre porque figuraba en la copia de la notificación de la incoación
de su expediente de expulsión.



De los 300 expedientes de expulsión escogidos de manera aleatoria para su análisis por los asesores del Defensor del Pueblo en su visita del 17 de abril entre el total de los tramitados en la isla de Fuerteventura durante los meses de enero
y febrero (repito, los que se encontraban


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los cuarenta días anteriores a mi visita) sólo en un caso constaba la presentación de alegaciones.



Las presenta un abogado designado y pagado por el interesado, oponiéndose al auto de internamiento que había dictado la autoridad judicial competente. Pero posiblemente a sus señorías los datos que de manera más clara pueden ayudarles a
formase un criterio sobre si la asistencia jurídica estaba siendo adecuadamente prestada se encuentra en el siguiente cuadro que les leo.



Día 12 de marzo: Hora de entrada del letrado que estaba de guardia, 13.15; hora de salida, a las 15.00. Todos son datos oficiales y figuran en el libro de registro que a partir de mi visita se halla en el centro. Número de asistencias
realizadas por ese letrado en ese período de tiempo, de las 13.15 a las 15.00, 60. Número de letrados actuantes, uno. Tengo el nombre y los apellidos de todos los letrados, pero comprenderán ustedes que no he querido hacerlos públicas en este
acto. Los tiene el Colegio de Abogados de Las Palmas de Gran Canaria. Tiempo medio de asistencia, 1 minuto 45 segundos. Coste para el erario de las asistencias realizadas ese día por ese letrado y que percibió, 4.327,30 euros o, lo que es lo
mismo, 719.985 pesetas.



No querría cansarles leyéndoles todos los datos porque tienen delante un cuadro donde se reflejan, pero voy a hacerlo para que conste en el Diario de Sesiones. El 14 de marzo a las 12.45 entra el letrado. Sale de las dependencias a las
16.30. Realiza 50 asistencias. Son dos letrados ese día los actuantes. El tiempo medio por asistencia es de 4 minutos 30 segundos. El cobro es de 3.606 euros o, su equivalente, 599.987 pesetas.



20 de marzo. Hora de entrada en las dependencias 11.20; salida a las 12; asistencias realizadas, 14; número de letrados, uno; tiempo medio de asistencia, 2 minutos 52 segundos; coste para el erario por las asistencias realizadas,
1.009,68 euros, es decir, 167.997 pesetas.



21 de marzo. Perdonen, señorías, que sea pesada, pero como he dicho quiero que conste en el Diario de Sesiones. Hora de entrada, a las 17.30; hora de salida de las dependencias, a las 20 horas; asistencias realizadas, 45; número de
letrados intervinientes, uno; tiempo medio de asistencia, 3 minutos 20 segundos; coste al erario, 3.245,40 euros o, lo que es lo mismo, 539.989 pesetas.



23 de marzo. Entrada a las 10.05; salida de las dependencias a las 14,44; asistencias realizadas, 120; número de letrados actuantes, uno; tiempo medio de asistencia, 2 minutos 20 segundos; coste para el erario, 8.654,40 euros o, lo que
es lo mismo, 1.439.971 pesetas.



25 de marzo. Hora de entrada, 9.30; hora de salida, 10.45; número de asistencias, 31; letrados actuantes, uno; tiempo medio de asistencia, 2 minutos 16 segundos; coste al erario, 2.235,72 euros o, lo que es lo mismo, 371.993 pesetas.



27 de marzo. Hora de llegada a las dependencias, 12.30; hora de salida, 14.18; número de asistencias, 58; letrados actuantes, uno; tiempo medio por asistencia, 1 minuto 52 segundos; coste para el erario, 4.182,96 euros o, lo que es lo
mismo, 695.986 pesetas.



12 de abril. Hora de entrada en dependencias, 11.15; hora de salida, 12.30; número de asistencias, 23; letrados actuantes, uno; tiempo medio por asistencia, 3 minutos 16 segundos; coste para el erario, 1.658,76 euros o, lo que es lo
mismo, 275.994 pesetas.



Finalizo con el 17 de abril, fecha en que acudieron los asesores de la Institución. Hora de entrada, las 10.; hora de salida, las 11.45; número de asistencias realizadas, 45; número de letrados actuantes, dos; tiempo medio por
asistencia, 2 minutos 20 segundos; coste para el erario, 3.245,40 euros, es decir, 539.989 pesetas.



Esta información merece alguna explicación adicional. Los datos de las dos primeras columnas, la correspondiente al día y a las horas, se han obtenido del Libro Registro que se abrió en la antigua terminal pocos días después de mi visita.
Estuve el 26 y el 27 de febrero, si no me flaquea la memoria, y se abrió el libro el 8 de marzo. Antes no existía libro alguno. En este libro consta la ficha, la identidad de las personas que acceden al centro, la causa por la que lo hacen y la
hora de entrada y salida. Es decir, estos datos son oficiales y figuran en un Libro Registro.



La tercera columna se ha obtenido directamente de la Comisaría de Policía de Puerto del Rosario y señala el número de diligencias y notificaciones verificadas cada día. La cuarta columna hace referencia al número de letrados actuantes en
cada período horario. La sencilla operación de dividir los minutos pasados en la terminal por los letrados entre el número de personas notificadas ha permitido establecer los tiempos que figuran en la quinta columna.



Y, por último, la columna final ofrece el costo que en esta jornada supuso la actuación de los letrados para el erario. Las cifras se han obtenido multiplicando el número de asistencia por la cantidad de 72,12 euros por asistencia o, lo que
es lo mismo, 12.000 pesetas, si se quiere expresar en nuestra anterior moneda. Este dato, señorías, nos fue facilitado tanto por el propio Colegio de Abogados de Las Palmas como por la Dirección General de Relaciones con la Administración de
Justicia del Gobierno canario.



Poco después de la realización de la visita de los asesores se recibió en la Institución la respuesta del Colegio de Abogados de Las Palmas a nuestra investigación de oficio. En ella nos daba cuenta de que se había procedido a la apertura
de unas diligencias de información previas -esta es la denominación que utilizaban- el 6 de marzo y que concluyeron el 19 de abril con un acuerdo de archivo de las actuaciones.



Este documento -lo digo con pena porque yo quiero y respeto a la abogacía; siempre he dicho que sustancialmente soy abogada y que accidentalmente estoy en política- resulta decepcionante. La investigación efectuada por el Colegio de
Abogados de Las Palmas se limita a tomar nota de las alegaciones de los 17 letrados


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investigados y a transcribir las disposiciones legales en la materia y nada más.



Según afirman los propios letrados -les leo textualmente-: 'se entrevistan personalmente con todos y cada uno de los emigrantes cuya asistencia le es encomendada durante los días que se encuentran de guardia. En estas entrevistas, a través
de la oportuna intermediación de un intérprete se cercioran de que concurre alguno de los supuestos legalmente establecidos para la procedencia de la incoación del expediente de expulsión, o en su caso, de devolución, informando personalmente a cada
uno de los extranjeros de las consecuencias de dicha incoación y del procedimiento a seguir, así como de la posibilidad de interponer recursos y en qué términos habrán de estar establecidos los mismos'. Fin de la cita. Esto es lo que ellos dicen.



Yo me pregunto, señorías, ¿cuándo hacen todo esto? ¿En el minuto y 45 segundos que un letrado dedicó a cada persona el 12 de marzo? Tampoco creo que pueda hacerse de una manera digna en los 4 minutos y medio empleados dos días más tarde.
¿Con qué interprete, si el que ha sido consultado, que lleva años en esas labores no puede recordar ni un sólo caso en el que se le pidiera que intermediara? ¿En qué lugar han podido efectuar esa atención? En la misma sala que se usa para
notificaciones no parece posible porque las interrumpirían y ya sabemos al ritmo en que se hacen. Fuera, al no poder ausentarse del acto de notificación obligaría al letrado a volver en otro momento al centro, circunstancia que, como hemos podido
comprobar por el Libro de Registro, no se produce.



Dejo aquí el asunto que retomaré cuando les traslade las valoraciones que a la Institución que represento les merecen estas actuaciones.



Por otro lado, señorías, el estado de los expedientes arrojó otro dato que también lamento, pero que no voy a silenciar, esta vez con la tutela judicial efectiva. Según pudo comprobarse durante los meses de enero a marzo de 2002 los autos
de internamiento de inmigrantes dictados por los tres juzgados de primera instancia e instrucción de Puerto de Rosario, únicos existentes en Fuerteventura, se extendieron sobre modelos previamente confeccionados, prácticamente iguales al que en este
momento les exhibo y que por contener datos personales no puedo entregarles ni quiero que lean su contenido. Se trata de formatos estereotipados que no varían más que en el número de procedimiento y en el nombre o nombres de los extranjeros
sometidos a internamiento, que a veces figuran escritos a mano -en esta diapositiva tienen ustedes la demostración- y en la mayoría de los casos, a máquina.



A tenor de las explicaciones que pudieron recabarse por el personal de nuestra institución, lo determinante para que el auto fuera individual o colectivo era el momento de la detención, por lo que las personas referenciadas en una misma
diligencia solían figurar en un mismo auto.



Les he preparado un cuadro, que no tiene carácter exhaustivo, sino sólo ilustrativo -en estos momentos pueden contemplarlo-, cuyos datos me veo obligada a leer para que así figuren en el Diario de Sesiones. Dice así: Número de
procedimiento 24/02; Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1; número de personas internadas, 15. Número de procedimiento, 29/02, Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1; número de personas internadas, cuatro. Número de
procedimiento 30/02; Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1; número de personas internadas, una. Número de procedimiento 27/02; Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2; número de personas internadas, 15. Número de
procedimiento 29/02; Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2; número de personas internadas, ocho. Número de procedimiento 31/02; Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2; número de personas internadas, siete. Número de
procedimiento 32/02; Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2; número de personas internadas, ocho.
Número de procedimiento 33/02; Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2; número de personas internadas, una. Número de
procedimiento 39/02; Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2; número de personas internadas, una. Número de expediente 42/02; Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2; número de personas internadas, 18.
Número de
procedimiento 48/02; Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2; número de personas internadas, tres. Número de procedimiento 50/02; Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2; número de personas internadas, 21. Número de
procedimiento 23/02; Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3; número de personas internadas, tres. Y número de procedimiento 94/02; Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3; número de personas internadas, veintiuna.



En cada uno de estos autos figuraba la misma motivación; poco importaba que se tratara de una persona o de 21. Tampoco se hacía consideración alguna sobre si se había acreditado que todas las personas se encontraban en circunstancias
idénticas que determinaran la idoneidad de la medida de internamiento solicitada, lo que, dicho sea de paso, en un volumen tan grande de solicitudes resulta chocante.



Además de esas resoluciones estereotipadas y sin una mínima motivación individualizada, se tuvo conocimiento de que las personas sobre las que se solicitaba información para su internamiento no eran físicamente puestas a disposición
judicial. La frecuencia con la que se produce la llegada de extranjeros a la isla y el número de éstos hace que la Policía, una vez que ha procedido a su identificación, los traslade directamente desde la Comisaría hasta la antigua terminal del
aeropuerto, que hace las veces de centro de internamiento, con carácter de detenidos.
De esta forma al órgano judicial tan solo se le hace llegar un oficio con la solicitud de


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internamiento, y el posterior auto sirve únicamente para variar la situación de detenido por la de internado, porque el ingreso ya se ha producido. Así se refleja de las propias resoluciones dictadas por los jueces, en las que en ningún
momento se hace alusión a la preceptiva audiencia al interesado, sino exclusivamente a que se ha presentado un escrito solicitando la autorización de internamiento.



Por lo demás, les refiero únicamente que a muy similares conclusiones llega la Memoria del Servicio de Extranjería de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en la cual se alude también a que esta forma de proceder viene
siendo una práctica habitual.



Con todas estas citas quiero que ustedes se percaten de que los datos que se obtienen bien provienen de libros oficiales, bien son proporcionados por la Policía, bien son datos en los que coincide la Fiscalía del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias.



Todo cuanto acabo de exponer hace que una institución de salvaguarda de los derechos fundamentales como es el Defensor del Pueblo haya tenido que acudir a las administraciones competentes para mostrar su preocupación por las vulneraciones de
derechos fundamentales tan básicos como son la asistencia letrada y la tutela judicial efectiva, que nuestro ordenamiento reconoce a cualquier persona, con independencia de su nacionalidad.



Como ya les he indicado, en esta parte final de mi intervención voy a exponerles las conclusiones a que ha llegado la institución del Defensor del Pueblo. La primera de ellas es que las recomendaciones para la subsanación de las
deficiencias más graves en la antigua terminal del aeropuerto de Fuerteventura, así como la habilitación de un nuevo centro, fueron aceptadas con presteza y ejecutadas en un periodo de tiempo razonable, ya que la recepción de nuestra recomendación
se produjo el 1 de marzo, y el 5 de abril comenzaron las obras de la construcción del nuevo centro que, como he dicho, ya está funcionando.



El nuevo centro de El Matorral constituye un avance importante ya que permitirá a los internos el desarrollo de actividades tan sencillas y elementales como son pasear, disponer de zonas para prácticas deportivas o simplemente ver el sol,
que antes les estaban absolutamente vedadas.
Pero el avance en la buena dirección debe completarse con otras medidas entre las cuales está, a criterio de nuestra Institución, la dotación de medios humanos suficientes principalmente para establecer
un sistema de asistencia social, puesto que la asistencia médica parece ser que ya está asegurada, que pueda atender y orientar a unas personas que hacen un peligroso viaje, prácticamente con lo puesto, que no son delincuentes y que se encuentran en
un país cuya lengua desconocen y para con los cuales el tratamiento en muchas ocasiones no es el correcto.



Por otro lado, es conveniente establecer con mayor claridad la condición jurídica que vaya a tener el centro y homologarlo plenamente con el régimen establecido en el Reglamento de Extranjería para los Centros de Internamiento de
Extranjeros, con lo cual, se le dotará de prestaciones que actualmente no tiene.



En cuanto a la asistencia jurídica que se ha prestado a los inmigrantes en situación de irregularidad en la isla de Fuerteventura, a nuestro juicio en la gran mayoría de los casos ha consistido en un puro formulismo constituido por la mera
presencia y firma de letrado en los trámites de notificación de apertura de los expedientes de expulsión.



A este respecto hay que considerar que el Tribunal Constitucional tiene dicho que la asistencia letrada, como derecho fundamental que es, no se satisface con el simple nombramiento de un abogado del turno de oficio, sino que requiere que la
asistencia técnica sea efectiva. Utilizando una expresión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no basta con que al ciudadano se le nombre un abogado, sino que es preciso que éste le asista realmente.



Sin embargo, en los casos que hemos visto difícilmente puede hablarse de una asistencia jurídica cuando en dos o tres minutos hay que traducir al inmigrante el documento que les exhibo -pueden comprobarlo en la pantalla- para asesorarle
sobre su situación y responder a las preguntas que éste pueda formularle. Señorías, en esta diapositiva pueden apreciar los cuatro folios de dicho documento y que, como mínimo, el abogado debe leer al inmigrante para que éste sepa lo que está
firmando. Si eso se puede hacer en el tiempo que figura en la tabla a que antes he hecho referencia, díganmelo ustedes. Yo no he sido capaz de hacerlo, y desafío a quien quiera, con toda la amabilidad del mundo, a que lo intente.



El asunto resulta más grave por cuanto se han estado destinando fondos sacados del presupuesto público que, en atención a la cuantía de las retribuciones, permitirían esperar un servicio de calidad, pero éste, por desgracia, no se ha
producido. Evidentemente, señorías, no se trata de que los abogados cobren más o menos; antes al contrario, los abogados tienen una misión fundamental, como garantes de los derechos de sus representados en los procedimientos, y han de recibir una
remuneración justa para ello. Insisto: no quiero entrar en si los euros que por esa labor perciben en estos momentos -equivalente a las 200.000 pesetas- es mucho o poco. Pero lo que sí tengo muy claro, porque he prestado en muchas ocasiones de mi
vida asistencia a detenidos, es que esa cantidad debe tener como finalidad que la asistencia sea real y efectiva, y no meramente formal, sobre todo, cuando se trata de casos de personas tremendamente vulnerables, que no son delincuentes, que han
llegado a nuestras costas, y que están a la espera de resolver su situación.



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Siempre he dicho que el Defensor del Pueblo no es quién para establecer la política en materia de inmigración; para eso está el Ejecutivo. Nosotros no organizamos esta política ni queremos imponer pautas, ahora bien, tengo muy claro que
esta Institución es garante de los derechos fundamentales. En ello estamos trabajando y vamos a seguir haciéndolo.



Los órganos judiciales de Fuerteventura han resuelto el problema del alto número de solicitudes de internamiento que reciben recurriendo a unos autos preconfeccionados en los que no existe una motivación mínimamente individualizada. Con
semejante proceder no se respeta, a nuestro juicio, lo previsto en el artículo 248.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ni el artículo 62.1 de la Ley Orgánica de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social,
preceptos que establecen la necesidad de una motivación digna de tal nombre para los autos judiciales. La falta de audiencia previa al inmigrante por parte del juez que debe decidir sobre su internamiento constituye otra falla -por decirlo
suavemente- de la actuación de los juzgados de Fuerteventura.
También aquí entendemos que se produce una vulneración efectiva de lo previsto en la ley de extranjería que expresamente prevé la necesidad de esa audiencia. Sin ella el juez dicta una
resolución sin conocer la situación real de la persona sobre cuya libertad está disponiendo, incumpliendo así la doctrina que ha sentado el Tribunal Constitucional sobre este particular.



Con este panorama lo cierto es que las garantías que las Cortes han establecido por medio de la asistencia de letrado y la inmediación judicial, así como por medio de la necesaria motivación de los autos vienen a quedar totalmente vacías de
contenido.



Para atajar tal estado de cosas, el Defensor del Pueblo ha adoptado recientemente las siguientes resoluciones. Una: Las consideraciones sobre la actuación de los juzgados de Fuerteventura han sido trasladadas al Consejo General del Poder
Judicial para que investigue los hechos y adopte las medidas que estime más oportunas al objeto de restablecer en toda su integridad el derecho a la tutela judicial efectiva. Dos: También se ha remitido la oportuna recomendación al Colegio de
Abogados de Las Palmas para que intervenga en relación con la forma en la que se presta la asistencia jurídica a los inmigrantes en la isla de Fuerteventura y para que establezca medios para controlar la idoneidad de la actuación de los letrados del
turno de extranjería en la isla. Tres: Además, dada la naturaleza de los hechos, se ha informado de las actuaciones efectuadas por el Defensor del Pueblo a las siguientes autoridades: Ministro de Justicia, Ministro del Interior, Fiscal General
del Estado, Delegado del Gobierno para la Inmigración y Extranjería y Presidente del Consejo General de la Abogacía.



Señorías, si yo tuviera que resumir mi intervención diría que ésta ha tenido aspectos agradables y aspectos sumamente desagradables. Los aspectos agradables son, en primer lugar, que a raíz de la visita de la Institución del Defensor del
Pueblo hemos conseguido un nuevo centro que reúne las condiciones necesarias para tratar con dignidad a las personas que allí se albergan. En segundo lugar, hemos creado un libro de registro que antes no existía. En tercer lugar, se ha solucionado
algo tan necesario como la asistencia sanitaria. En cuarto lugar, y esto es algo fundamental, hemos sabido, como no podía ser de otro modo, de la buena actuación de la Policía Nacional y del interés de los inmigrantes en demostrarme que estaban muy
satisfechos con el trato que ésta le daba.



El aspecto desagradable se lo pueden ustedes imaginar: la denuncia que he tenido que efectuar ante ustedes con todo rigor, con datos que no son propios de nuestra institución, que por sí sola merece tal rigor, sino con datos fidedignos
obtenidos de la Policía y de instituciones dignas de todo respeto y consideración.



Desde aquí quiero rendir homenaje a todos los jueces en España , que son miles, que están prestando sin medios adecuados un trabajo magnífico en la impartición de la justicia en nuestro país. Asimismo, quiero rendir un merecido homenaje a
los miles de abogados que están prestando una asistencia al detenido como debe ser, insisto, señoría, una asistencia al detenido como debe ser. Es precisamente el reconocimiento a la labor de esos jueces y abogados lo que me obliga a denunciar a
quienes constituyen excepciones a ese modo de proceder. Lamento sinceramente el corporativismo que he visto en determinados colectivos y lamento, porque me parece una posición muy equivocada y muy poco edificante, el que se haya hecho de tapadera
de situaciones que oscurecen la magnífica labor que están prestando los jueces y abogados de este país en cuanto a asistencia se refiere.



Personas implicadas en este tema han hecho consideraciones respecto del Defensor del Pueblo -y no voy a incidir en ello porque me resulta muy lamentable- diciendo que las afirmaciones eran falsas, exageradas, que requerían una rectificación,
que la actuación era perfecta. Concretamente mi nombre se ha salido publicado incluso en revistas especializadas como La Ley, donde se hablaba de la exageración y decían que estaban muy decepcionados y que su actuación era perfecta. Aquello que se
refiere a mi persona no me importa en absoluto; sé perfectamente dónde estoy, por qué he querido estar y quiénes son ustedes, los que me han apoyado para ello. Por tanto, como digo, no me importa que se cite mi nombre. Sí me importa que se cite a
una Institución, que es la segunda más valorada en este país, como si en ésta se inventaran los datos o se tuviera interés en hacer daño a algún colectivo.



Sepan ustedes que nosotros no somos la tapadera de nadie sino que formamos parte de una Institución que es garante de los derechos fundamentales y que bajo ningún concepto vamos a ser los cómplices de quien


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los vulneren, sea quien sea el que lo haga. Para eso está la Institución y las personas que de ella formamos parte, para no defraudar ni al pueblo por el que abogamos ni a ustedes, que nos han elegido.



Muchas gracias. Quedo a su disposición para responder a sus preguntas.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña María Luisa Cava de Llano, Adjunta Primera del Defensor del Pueblo, por su exhaustivo, riguroso, ilustrativo y sensible informe que ha presentado a la Comisión Mixta.



A continuación pasamos al turno de intervención de los grupos parlamentarios. En primer lugar, y como proponente de la comparecencia de la señora Adjunta Primera, tiene la palabra el señor Rejón en nombre del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida.



El señor REJÓN GIEB: Buenos días, señor Presidente.



Señora Defensora del Pueblo -como representante de tal Institución está usted hoy aquí-, quisiera agradecer los datos que usted nos ha facilitado. Procuraremos incidir en algunas cuestiones para ver si puede usted seguir completando esa
documentación exhaustiva que nos ha presentado y que muestra un trabajo serio y riguroso.



Mi Grupo, también preocupado por las noticias que llegaban desde las islas Canarias, decidió que un miembro del Congreso de los Diputados, y coordinador nuestro, Gaspar Llamazares, visitara el centro de retención de inmigrantes de
Fuerteventura. De aquella visita y de un informe también exhaustivo que entonces se elaboró se dedujeron los siguientes hechos: Primero -usted lo ha dicho y coincidimos en ello-, el centro de Fuerteventura no reunía ni las más mínimas condiciones
para albergar la cantidad de inmigrantes que en esos momentos estaban hacinados en el mismo; más de 550 inmigrantes en 1.500 metros cuadrados, sin luz ni ventilación, con solo seis letrinas, dos duchas, cinco lavabos, sin camas, una sola comida
diaria y carencias fundamentales en materia de higiene, limpieza y profilaxis. Y posteriormente hablaremos del número de personas allí asignadas, porque evidentemente no sólo limpiaron los alrededores y la estancia con anterioridad a su visita,
sino que también limpiaron a muchos inmigrantes de allí que al parecer luego volvieron.
Segundo, en aquel momento ya se habían detectado casos de sarna y piojos y existía un riesgo cierto de tuberculosis. Y tercero -y este es un hecho fácilmente
constatable y en el que usted ha insistido con mucha documentación-, los inmigrantes retenidos en el centro de Fuerteventura carecían de asistencia jurídica e intérprete.



Usted decía que en su visita de finales de febrero había 205 personas. Los datos oficiales que se nos facilitan antes de entrar allí hablan de 392 inmigrantes -la visita se realiza el día 3 de abril- pero el número aproximado que se nos da
tanto por parte de los inmigrantes como de los servicios es de más de 550 personas. En cualquier caso hablemos de datos oficiales: 392 personas, es decir, casi el doble de la cifra de la que usted tuvo conocimiento, de los cuales 347 eran hombres,
45 mujeres y cinco estaban fuera del centro por su ingreso en hospitales. De todos ellos aproximadamente el 40 por ciento eran de procedencia magrebí y el 60 por ciento subsaharianos. Se nos informó que había una consulta diaria, con un médico y
un ATS; no había niños en el centro, no había mujeres embarazadas -estaban en la Cruz Roja- y también se nos informó -aunque luego se produjeron contradicciones- que no había peticiones de asilo político.



Del hacinamiento -y estoy hablando ya del día 3 de abril, mes y pico después de que usted estuviera allí y ¡bendito sea que usted estuviera allí! porque, gracias a eso se ha arreglado bastante- hay que decir que las condiciones del centro
han mejorado en algunos aspectos, después de las denuncias formuladas por diversas organizaciones, entre las cuales está el Defensor del Pueblo. Aunque no vimos al médico ni al ATS, y llegamos al centro sobre las doce y salimos después de la una y
media, es verdad que todos los inmigrantes con los que hablamos nos confirmaron que tenían consulta médica todos los días.



En la sala de mujeres los colchones ya no estaban en el suelo, sino que se habían instalado camas, aunque continuaban sin sábanas; pero en general la situación respondía fielmente a la reflejada en los informes de las organizaciones
humanitarias.



Nuestra valoración, desde el punto de vista humano y social, es que el espacio no era el adecuado, indiscutiblemente, para tantas personas. Las camas seguían en contacto unas con otras, con pasillos muy estrechos entre las hileras de camas.
Cuando realizamos la visita, las mujeres estaban todas -las cuarenta y cinco- acostadas en una misma habitación -poco más pueden hacer después de limpiar: acostarse-, en hileras de seis camas colocadas una contra otra. Los hombres -392- estaban
también en una misma sala, mucho más grande, pero que a simple vista aparecía muy cargada de gente. En esa misma sala, separados por una mampara improvisada, se encuentran las camas, colocadas una contra otra.



Los servicios para higiene personal y sanitarios descritos en los informes técnicos son, a todas luces, insuficientes, teniendo en cuenta el número de personas que conviven allí durante las veinticuatro horas del día. La percepción que
tuvimos es la de un encierro de muchas personas, que no han cometido ningún delito, en una misma sala, insuficiente, inadecuada, donde tienen que convivir y dormir los unos al lado de los otros, sin la más mínima intimidad, y compartiendo la misma
sala y los mismos servicios para higiene personal y sanitarios durante las veinticuatro horas del día, sin salir nunca al aire libre y al sol -usted lo ha recalcado insistentemente-


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mientras dura el internamiento de cuarenta días, con todo lo que ello puede suponer de problemas para la salud, la convivencia y el estado de ánimo del inmigrante.



A pesar de ello, señorías, señora Adjunta al Defensor del Pueblo, los inmigrantes ni siquiera se quejaban de las condiciones del centro ni de las comidas. Sus quejas y preocupaciones fundamentales se centraban en otros aspectos para ellos
de más importancia. Uno: el tema de la salud.
Algunas personas con enfermedades curables se quejaban de no ser tratadas adecuadamente para evitarles el dolor o la hemorragia. Dos: Falta de ropa y efectos personales. Se lamentan de que todas
sus pertenencias -ropa, dinero, algún móvil- habían sido confiscadas por la autoridad a su llegada, y no les habían sido devueltas. Los recién llegados nos contaban que se tenían que vestir con lo que buenamente les daban los demás inmigrantes.
Tres: dinero: uno de los inmigrantes decía que tenía dinero en una cuenta de la Caja de Canarias, precintada en un anterior viaje, y que a pesar de sus reiteradas peticiones no se le permitía salir, aunque fuese escoltado, para retirarlo. Cuatro:
incomunicación absoluta. Ni llamadas telefónicas -que usted ha recalcado- ni visitas -y ésta es la queja más generalizada-; para ellos es lo más duro, y también es lo peor desde el punto de vista de los derechos humanos. Cinco: libertad y
trabajo: percibimos además que su mayor anhelo era salir del centro, ser libres y trabajar. Seis: total desamparo e indefensión. Algunos recién llegados dicen no haber recibido la visita de ningún abogado; otros dicen haber recibido la visita
de una abogada, cuyo nombre no sabe darnos nadie; tampoco tienen ningún documento que acredite esa asistencia jurídica -estoy hablando del día 3 de abril-; lo único que saben y transmiten es que la abogada les ha dicho que pueden permanecer
internados un máximo de cuarenta días, y que después de ese tiempo podrían ser devueltos o, si hubiera suerte, liberados. Algunos comentan que han pedido asilo político -y luego me referiré a ello más concretamente-, aunque tampoco tienen ningún
documento que acredite que su petición ha sido tramitada.



Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que nos atendieron nos dijeron, al iniciarse la visita, que no había peticiones de asilo político en el centro. Algunos se quejan de que se han llevado del centro a amigos o
familiares de los que ignoran el paradero. Por otra parte está la angustia que les supone conocer que su familia no sabe nada de ellos. No pueden hacer llamadas a sus familias -y usted ha insistido en ello-, por lo que éstas no sólo ignoran su
paradero, sino que no saben tan siquiera si están vivos o muertos. No les permiten tampoco avisar a familiares que ya viven en la isla ni recibir visitas. Algún familiar o amigo residente lo ha intentado, pero las visitas son desautorizadas.



Evidentemente, esta situación de aislamiento no sólo genera preocupación y sufrimiento entre los inmigrantes encerrados, sino que crea una situación de total desamparo e indefensión impropia de países democráticos.



Los casos de asilo político no nos consta que hayan sido cursados, ya que los inmigrantes no tienen ningún documento que así lo acredite. Como les decía, la policía nos informó que no había peticiones de asilo, sin embargo sí teníamos la
comunicación de que sí lo habían pedido Aziz Alí y su esposa, Jemila Mohamed, ambos de Sudán, perseguidos por ser de religión cristiana -conflicto armado entre musulmanes y cristianos-.
Igualmente, diez saharauis que tienen papeles de la MINURSO y
que temen ser devueltos a Marruecos -conflicto entre los habitantes del Sahara ocupado y Marruecos-, cuyos nombres son los siguientes: Maitat Brahim, Sanad Mustafa, Bahjan Dlimi, Saleck Dlimi, Mahmudi Mohamen Salem, Ansar Yussef, Habadi Taleb,
Alaui Najim, Shtaui Mustafa y Babsi Abdallah, entre otros.



Evidentemente, la situación era tan grave como todas las denuncias que ha suscitado. Usted conoce ONGs médicas, como Médicos sin Fronteras, Médicos del Mundo, que consideran la situación escandalosa e insostenible. Los sindicatos canarios
también han protestado por esta situación; los propios trabajadores del aeropuerto de Fuerteventura, en el que está situado el centro de retención de inmigrantes, se han manifestado para protestar por la situación actual. Los medios de
comunicación han denunciado que no se les deja ejercer su derecho constitucional sobre este centro, siendo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las encargadas de impedir que nadie se acerque a los citados inmigrantes retenidos.



En otro orden de cosas Right Watch ha emitido un voluminoso informe sobre la situación de los inmigrantes en Canarias, que toca también este asunto, y que deja tan mal al Gobierno de la nación que incluye la promoción de denuncias ante los
más altos organismos internacionales de derechos humanos, es decir, ACNUR, ONU, OSCE, y Consejo de Europa. Y desde luego, como usted además ha documentado, la Oficina del Defensor del Pueblo ha realizado diversas actuaciones que incluyen el envío
de su Adjunta para investigar el terreno.



En el caso que nos ocupa, señorías, para nosotros esto revela que el Gobierno de la nación no ha comprendido todavía que la inmigración es un fenómeno que debe ser afrontado desde una óptica multidisciplinar que incluye la perspectiva
policial, pero que muy por encima de la anterior también debe de implicar un enfoque social y el respeto a los derechos humanos de que son titulares todos los seres humanos, independientemente de su nacionalidad o de su situación administrativa. El
Gobierno entiende que puede asignar impunemente seres humanos como si fueran ganado, y


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encima librarse de las denuncias públicas de partidos políticos, sindicatos, prensa y observatorios internacionales de derechos humanos, simplemente negándolas. Su ejecutoria en esta materia, la del Gobierno, es ciertamente siniestra:
tratan a la inmigración como un asunto de Interior, como un tema que se soluciona con policías y prohibiciones.
Todavía no se han percatado de que el tridente Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por un lado, Fiscal General del Estado, por
otro, y Ley de Extranjería, por otro, no va a solucionar por sí solo muchas de las problemáticas anexas al fenómeno de la inmigración. Todavía no se han bajado a la realidad y no han admitido que, desde el escrupuloso respeto de los derechos
humanos inherentes a la condición de ser humano, España necesita articular políticas multidisciplinares de fuerte carácter social, para metabolizar de forma correcta el fenómeno de la inmigración y para cumplir con nuestros compromisos
internacionales en materia de derechos humanos.



Dinámicas como la impulsada el pasado fin de semana -de la que ayer se nos dio cuenta en el Congreso de los Diputados- en el Consejo Europeo de Sevilla por el presidente Aznar demuestran que el Gobierno del PP no ha comprendido la cuestión
de la inmigración en toda su integridad y complejidad, y que prefiere instrumentalizar los problemas para su mayor beneficio electoral, y negar las ventajas que supone para España y Europa el fenómeno migratorio. Sea como fuere, es necesario que se
solucionen los problemas, y desde luego nosotros nos alegramos muchísimo de su visita, pero, uno se pregunta: si usted no va a Fuerteventura, ¿estaríamos ahora igual? ¿Habrían hecho un centro, o no? Uno puede colegir de su información que se
produce a partir de su visita, por lo que espero que el capítulo de viajes del Defensor del Pueblo esté altamente dotado, y que lo gasten ustedes, porque si cuando viajan y denuncian, se corrigen estas situaciones, ¡milagrito!


Por tanto, es conveniente que exista el centro de estancia temporal de inmigrantes de Fuerteventura, sea en su antiguo emplazamiento o en su nueva sede, fuera de la terminal del aeropuerto, y si sigue funcionando el de aeropuerto, que se
mejore, así como otros centros con similares o análogos problemas. Hay que ser sensibles y hacer una inversión fuerte para que los inmigrantes sean tratados de una forma digna y humana, propia de una España que se define a sí misma como un Estado
social y democrático de Derecho.



Esta mañana podíamos conocer por la prensa y ayer por los teletipos que en la zona de Fuerteventura se va a llevar a cabo un blindaje de fronteras.
Podremos discutir sobre los sistemas, sobre los métodos, pero me parece legítimo que un
Gobierno blinde sus fronteras. Ahora bien, espero que de ese gasto, de por sí importante, una parte del mismo o buena parte vaya dirigido al trato de estos ciudadanos de esos países.



No dudamos de la buena voluntad del Defensor del Pueblo en esta materia, pues nos constan algunas de las gestiones que ha llevado a cabo. Pero, por ejemplo, se ha referido usted a los abogados. No sé si a los que llamaron eran lo peorcito
de la isla, porque no se salvaba ni uno -y no por una cuestión gremial-. Uno tiene la sensación de que usted ha hecho el dibujo -sin dar nombres, lo cual es muy correcto por su parte- de una jauría casi de hienas. Son personas que van a
aprovecharse de otras que están en una situación extraordinariamente lamentable, a quienes se les trata de una manera infrahumana.



Cuando hay que traducir, una hora y veinte minutos -no lo ha explicado pero lo ha dado a entender- es un tiempo que hay que dividir por la mitad. No se trata de hablar durante una hora y veinte minutos en una misma lengua, sino que ha de
actuar un supuesto intérprete, respecto del que usted irónicamente, por otra parte, se ha referido al grado de conocimiento que tenga de las lenguas subsaharianas. Por tanto, indiscutiblemente ha de dividirse ese tiempo por la mitad, ya que se
habla en castellano más el tiempo que se emplea para su traducción tanto para las preguntas como para las respuestas, por lo que uno -insisto- tiene esa sensación. Pero si no le gusta a usted la palabra hienas podemos emplear el término buitres.
No tengo ningún inconveniente en cambiar la terminología. Ahora bien, quienes se aprovechan de la desgracia ajena son buitres cuando menos. Y me quedo corto.



Y conociendo esa situación, uno ha de plantearse que hay responsabilidades del Ejecutivo, es decir, ¿cómo es que no ha actuado ante estas situaciones?, ¿cómo se permite este tipo de situaciones?, ¿cómo hay una legislación que permite estos
hechos? Desde mi fuerza política siempre hemos pedido que se retire el turno de oficio al Colegio de Abogados pues, y perdón por la expresión, no se puede poner al zorro a cuidar de las gallinas. Es decir, siempre hemos pedido que el turno de
oficio dependa mucho más directamente, incluso administrativamente y desde el punto de vista de la organización, del Ministerio de Justicia. Desde luego, casos como estos así lo indican. Usted también ha dicho, muy valientemente, que como abogada
-no sé si ha utilizado exactamente este término- siente vergüenza respecto de algunas comunicaciones que ha recibido del Colegio de Abogados. En definitiva, esto ha sucedido y, en un Estado de Derecho, el Ejecutivo y el Legislativo no pueden
quedarse inermes ante este tipo de hechos y permitir que sigan sucediendo.



Finalmente, queremos saber si el Defensor del Pueblo se ha puesto en contacto con la Fiscalía General del Estado a efectos de poner en su conocimiento hechos potencialmente delictivos en relación al trato que reciben emigrantes retenidos en
esta zona.



Reitero nuestro agradecimiento por su rigurosa y seria intervención.



Nada más y muchas gracias.



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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rejón.



Al final de las intervenciones de los grupos parlamentarios, la señora Cava de Llano dará respuesta a todos ellos.



A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el Senador Cámara.



El señor CÁMARA FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.



Muchas gracias, por su información, señora Cava de Llano. Realmente ha sido una exposición exhaustiva, tremendamente escandalosa en cuanto a los datos y los elementos de juicio que se desprenden de ese informe.
Personalmente, estoy
escandalizado, pues aún conociendo con anterioridad algunos de los datos que ha expuesto, realmente ponen los pelos de punta.
Efectivamente, estamos ante una situación tremendamente calamitosa para las personas que sufren esos casos y estamos ante
una situación también calamitosa respecto de ciertos elementos directivos por parte de algunos colectivos o por parte de algunas autoridades, que han consentido esta situación.



Quiero calificar estos hechos, como mi compañero Luis Carlos Rejón, que forma parte de mi grupo político, Izquierda Unida, de tremendos y, desde luego, aunque he visto caras un tanto estupefactas ante lo que él estaba diciendo, quiero
reforzar sus afirmaciones diciendo que, sinceramente y con franqueza, lo que se desprende de su exposición -y si no, que se relea el informe que usted nos ha presentado- es como meternos en el túnel del tiempo, porque estamos en presencia de
actuaciones que van más allá de la pura y llana falta de asistencia judicial efectiva. Realmente, estamos en presencia de una violación de los derechos cívicos elementales, en presencia de actuaciones puramente nazis ante un colectivo indefenso,
cuyos más elementales derechos -los que ha de tener cualquier persona- son pisoteados. Realmente, estoy asombrado.



Quiero ser muy breve porque el informe que usted nos ha mostrado es suficientemente exhaustivo y la intervención de Luis Carlos Rejón deja clara la posición de nuestro grupo político al respecto. En cualquier caso, quisiera hacer alguna
pequeña consideración.



Como conclusión, se dice que existen tres ejes fundamentales: en primer lugar, fueron aceptadas todas las recomendaciones del Defensor del Pueblo y fue rápida y diligente la actuación de las autoridades competentes, motivo por el que se
encontró la solución referente a un nuevo centro -después de todo lo expuesto no digo nada más al respecto, aunque siguen existiendo muchísimos problemas por lo que se deriva de la información recibida-; en segundo lugar, no obstante, se dice que
hacen falta más recursos, como medios humanos, actualmente insuficientes; y, en tercer lugar, se dice que se está vulnerando la propia Ley de Extranjería y su Reglamento, por ejemplo, en lo que a tutela judicial efectiva se refiere.



A lo mejor estoy equivocado, si bien -lo siento pero estamos en sede parlamentaria, donde fundamentalmente corresponde la crítica política-, aún siendo realmente un hecho según la información de que disponemos sobre la crítica a determinados
colectivos, al corporativismo de algunos colectivos, me da la impresión de que esencialmente sólo se centra en ello, porque al final concluye usted, señora Cava de Llano, diciendo que sólo con la visita se han arreglado las cosas, más o menos, a lo
que mi compañero Luis Carlos Rejón ha contestado que en ese caso se gasten más dinero y hagan muchas visitas, para dar solución a estos problemas. Por tanto, aún reconociendo este informe realmente demoledor y muy interesante, sin embargo, me ha
faltado algo: ¿Dónde sitúa usted fundamentalmente la responsabilidad política de quienes tienen que velar por el cumplimiento de la Ley? Esa es la pregunta en lo concreto. Me gustaría conocer su opinión.



Antes de la exposición de este informe, que realmente aplaudo, han existido otros, como usted misma ha manifestado, y ha habido muchas denuncias por parte de diferentes organizaciones: sindicatos, ONG -ya se ha mencionado-, pero en sede
parlamentaria, en el mismo Senado, no hace mucho tiempo, a preguntas sobre esta cuestión de distintos grupos políticos, el Gobierno ha contestado más o menos diciendo que hay deficiencias pero que se cumplen los mínimos requisitos adecuados.



Eso está reflejado en el Diario de Sesiones de esta sede parlamentaria y, por tanto, sinceramente me da pena de que las denuncias de tal o cual grupo político o de organizaciones no gubernamentales, de sindicatos, etcétera, con respecto a
los casos que se están planteando aquí, tengan tan poca credibilidad. Aparentemente hay un alejamiento del mundo civil o político con el Ejecutivo, parece como si no fuéramos creíbles cuando nosotros u otros denunciamos estas cosas. Y le vuelvo a
repetir la pregunta:¿Cuáles son, en su opinión, las responsabilidades políticas? Es muy interesante poner en el tejado de alguien la responsabilidad, aunque la tenga, pero por medio está algo superior y es que puede haber algún sinvergüenza o
algún colectivo que realmente esté conculcando esos derechos civiles básicos, por lo que es necesario tutelarlos y que la ley se aplique con rigurosidad. Yo le contesto brevemente a esa pregunta diciéndole que me da la impresión de que con la
política y la criminalización que se hace de los inmigrantes, se está potenciando que existan colectivos en los que se desarrollen elementos culturales xenófobos o racistas, sino, incluso hasta ideas nazis que conculcan los derechos cívicos más
elementales. Aquí podemos hacer una lista enorme de cuestiones que ustedes mismos han planteado en su informe.



Por tanto, señora Cava de Llano, le pregunto cuál es la responsabilidad del ministro del Interior, del ministro


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de Justicia, del Fiscal General del Estado, etcétera, cuando se ha denunciado, incluso, con anterioridad al informe que ustedes han elaborado.



El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Cámara.



Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria tiene la palabra la Senadora Morales.



La señora MORALES RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.



Muchas gracias, señora Cava de Llano, porque estoy de acuerdo con los anteriores portavoces en que nos ha hecho una descripción exhaustiva de la situación del centro de internamiento del antiguo terminal del aeropuerto en la isla de
Fuerteventura. Para contextualizar el problema me gustaría hacer una pequeña introducción sobre el fenómeno de la inmigración a través de pateras, porque aunque no es la única manera por la que llegan los inmigrantes a Canarias, sí es la que afecta
al asunto que tratamos hoy por la mañana.



El fenómeno de la inmigración con pateras comienza en las Islas Canarias, sobre todo a través de la Isla de Fuerteventura y posteriormente de Lanzarote, hace aproximadamente unos seis años. En esos momentos nosotros hicimos una llamada de
atención sobre la situación que se podría crear en las Islas Canarias si esta llegada de inmigrantes iba aumentando con el tiempo, como ya vimos desde sus comienzos. En estos momentos, como decía la Adjunta Primera del Defensor del Pueblo, el
número de inmigrantes que llegan a Canarias se ha incrementado bastante en los últimos años, y ya hace tiempo que la llegada a nuestras costas es casi el doble del número de inmigrantes que llegan a través del Estrecho. La situación que se está
produciendo por la falta de atención y de previsión es lamentable, y uno de los ejemplos es el centro de internamiento de Fuerteventura.



En un primer momento cuando hicimos esta llamada de atención, desde el propio Ministerio del Interior se nos decía que estábamos exagerando la situación. En un segundo momento se nos planteaba que la Ley de Extranjería podría ser una
solución al problema de inmigración de Canarias. Nosotros dijimos que amén de que una ley de extranjería o cualquier ley regule la situación de los inmigrantes que llegan de forma irregular al Estado español, esta ley no es la que hace que vengan o
no los inmigrantes a nuestras costas. Y en un tercer momento empieza la preocupación por el problema, pero sin dar demasiadas salidas.



Fruto del tratamiento que se ha dado a la inmigración en Canarias es lo que estamos analizando hoy, que es el centro de internamiento de la antigua terminal del aeropuerto. Yo no me voy a extender en lo que ya se ha comentado por su parte,
por la Junta y por los demás portavoces sobre la situación de dicho centro de internamiento, porque se pueden decir muchas cosas y no sería más que ahondar un poco en lo que ya todos tenemos claro. La situación del centro de internamiento ha sido
denunciada hace mucho tiempo no solamente ante la visita de la Adjunta del Defensor del Pueblo, sino desde el propio Gobierno de Canarias, de las instituciones de la isla, tanto ayuntamientos como cabildos, además de organizaciones no
gubernamentales como Cruz Roja, CEAR o Human Rights, trabajadores del propio aeropuerto y colectivos sociales de Fuerteventura, que han denunciado cuál es la situación de este centro hace bastante tiempo.



De hecho, en la nueva Ley de Extranjería se recoge la creación de una Comisión Mixta Canarias-Estado para el tratamiento de la inmigración. En dicha Comisión el Gobierno de Canarias ha trasladado al Delegado del Gobierno para la Inmigración
y Extranjería cuál es desde su punto de vista el tratamiento que se debía haber dado en su momento y ahora mismo al fenómeno de la inmigración. Nosotros planteamos que uno de los primeros pasos importantes, del que aquí no se ha hablado pero sí me
gustaría resaltar, era la necesidad de ampliar la cooperación al desarrollo con los países de origen emisores de emigrantes. Desde luego, si nosotros no tomamos esto como un primer punto de la intervención hacia la inmigración irregular que está
llegando a Canarias, al Estado español y a Europa, difícilmente vamos a dar en la diana del tratamiento del problema, porque está claro que a la miseria y al hambre no se le pueden poner puertas. Esto me parece muy importante resaltarlo, aunque no
sea el motivo de su comparecencia aquí y me gustaría que constara.



Otro de los puntos que proponemos es el control de fronteras. En este sentido se han hecho algunos avances, pero desde luego no los necesarios desde nuestro punto de vista. Y vuelvo a insistir en el tratamiento que se le ha dado a la
llegada de inmigrantes a las costas de Canarias, pues no se ha tomado con la seriedad que necesitaba desde el primer momento.
También hemos puesto de manifiesto la necesidad de crear, en concreto, cuatro centros de internamiento para extranjeros en
las Islas Canarias; en Fuerteventura, en Lanzarote, en Gran Canaria y en Tenerife. Ahora mismo está el nuevo centro de Fuerteventura, hay otro en Gran Canaria, y estamos a la espera de que se creen los nuevos centros de internamiento para poder
atender con garantías a estas personas que llegan a nuestras costas. Además de esto planteamos la necesidad de crear centros de estancia temporal en Gran Canaria y Tenerife, para que una vez pasen los cuarenta días estos inmigrantes, que como usted
decía, quedan en el limbo jurídico, no pueden ser repatriados y, además, no se puede regularizar su situación, sean atendidos como es debido, como personas. Asimismo, proponemos la necesidad de una repatriación rápida de estas personas a sus países
de origen y su distribución entre las distintas comunidades del Estado, porque Canarias es un territorio fragmentado, con poca población, donde estas personas difícilmente pueden -en términos coloquiales- buscarse la vida e,


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incluso, acogerse a esas redes informales de ayuda y colaboración entre ellos que crean los propios inmigrantes. Se debería hacer esta distribución entre comunidades para que esa carga no la tenga que soportar solamente Canarias, sobre todo
por las consecuencias que puede tener para nosotros.



Estas denuncias de la situación del centro de internamiento se producían desde diversos ámbitos. En concreto, el senador Cámara estaba comentado que incluso en el Senado yo misma hice una pregunta al ministro del Interior, señor Rajoy,
sobre la situación del centro de inmigrantes y me decía que no estaban en unas condiciones idóneas, pero desde luego eran adecuadas. Esta es la contestación que teníamos hasta hace poco sobre la situación de este centro, que usted y el resto de los
portavoces han descrito.



En estos momentos, como decía usted, tenemos la creación de un centro de inmigrantes en el antiguo campamento Valenzuela de Fuerteventura, en El Matorral. Comentaba usted que se había argumentado en el retraso del nuevo centro la
discrepancia de las autoridades, sobre todo del municipio de Puerto del Rosario, donde se encuentra la terminal del aeropuerto y también el centro Valenzuela. Me gustaría decir que esto no se puede argumentar como razón, porque yo en concreto tuve
con el propio alcalde de Puerto del Rosario una reunión y con el Delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración a principios de diciembre del año pasado, donde proponíamos crear un centro no en el campamento Valenzuela, sino en una zona
que a nosotros nos parecía más adecuada y que incluso el ayuntamiento estaba dispuesto a buscar y ceder los terrenos al Ministerio para crear un centro. Nosotros planteamos que este centro tenía que ser definitivo, que estuviera dimensionado en
unas plazas, porque teníamos miedo de que Fuerteventura tuviera un centro de retención de Canarias por lo que podía suponer al pasar los cuarenta días y que estos inmigrantes quedaran en libertad en una población pequeña como la nuestra y en una
isla con unas características como las de Fuerteventura.



La disponibilidad de las autoridades de la isla de Fuerteventura, del ayuntamiento de Puerto del Rosario, del cabildo y del Gobierno de Canarias ha sido total con el Ministerio del Interior para intentar dar una solución rápida y eficaz al
problema del centro de internamiento de la antigua terminal del aeropuerto. Nosotros hemos tenido la sensación de que no se ha tratado con rapidez, que no ha habido voluntad para tratar este problema, porque de alguna manera no se quería tener
conciencia de la situación real en que estaban los inmigrantes y esto ha llevado a este retraso. Pero no tienen que ver las autoridades de la isla de Fuerteventura en que este centro haya empezado a funcionar durante este año y no anteriormente,
porque, a pesar de las investigaciones que se han hecho a través del Defensor del Pueblo, esta situación se ha denunciado hace muchísimo tiempo. Nosotros ahora tenemos una preocupación. Es verdad que se ha avanzado, que se ha creado un nuevo
centro con mejores condiciones, pero el centro de inmigrantes de la antigua terminal del aeropuerto sigue abierto y están llegando muchos más inmigrantes que la capacidad que tiene el centro de internamiento nuevo del campamento Valenzuela, con lo
cual siguen manteniéndose los dos centros de internamiento abiertos: uno en mejores condiciones y el otro en las condiciones antes descritas.



Nosotros entendemos que hay que hacer un esfuerzo por repatriar a los inmigrantes que se pueda cuanto antes mejor y además crear los nuevos centros de internamiento en el resto de las islas, para que se puedan distribuir y no tenerlos
hacinados en los dos centros que están actualmente. Las condiciones en las que está el nuevo centro son mejores desde el punto de vista de la habitabilidad, parece que está mejor la situación de atención sanitaria a los inmigrantes, no tanto la
atención social, porque ahora mismo no hay personal suficiente, pero sobre todo me preocupa, por el informe que usted ha dado, la asistencia jurídica que se ofrece. Se están vulnerando los derechos de los inmigrantes, se está convirtiendo este
derecho en un mero trámite administrativo y lo que sí me gustaría saber, porque usted ha dicho que ha hecho una serie de recomendaciones desde el Defensor del Pueblo tanto al Consejo General del Poder Judicial como al Colegio de Abogados de Las
Palmas como al Delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración y ha nombrado algún organismo más, es qué contestación le han dado acerca de las recomendaciones que han hecho para solucionar este problema, que desde nuestro punto de vista
es gravísimo.



Nada más y muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Morales.



El Grupo Parlamentario Vasco está ausente. Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Capdevila.



El señor CAPDEVILA I BAS: Gracias, señor Presidente.



En primer lugar, quiero dar la bienvenida a la señora Adjunta Primera del Defensor del Pueblo y las gracias por este informe, que nos ha puesto prácticamente los pelos de punta a todos los parlamentarios que estamos en esta sesión. Los
datos que nos ha ofrecido son datos espeluznantes.
Uno de los cometidos que tiene la propia institución es detectar estas anomalías, hacer el informe, ponerlas al descubierto y hacer las recomendaciones oportunas, que es lo que ha hecho. Poco más
podría extenderme en lo ya dicho por ustedes, pero como abogado en ejercicio, tal como ha dicho usted, he tenido vergüenza ajena cuando usted ha puesto de relieve estas anomalías. Quisiera saber, si es posible, los


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datos ofrecidos por el Colegio de Abogados, las intervenciones de los distintos letrados, si esos letrados son los mismos o es un colectivo que se va turnando de oficio. Si fueran los mismos letrados, esto sería más bochornoso si cabe y,
por consiguiente, objeto del expediente correspondiente.



Me llama la atención el hecho de que los tres juzgados de primera instancia e instrucción de Fuerteventura tengan la misma tonalidad, es decir, que no haya ninguno que se escape a esta fijación previa ante los autos para la resolución de los
asuntos. Preguntaría si la ley, ante la problemática que se plantea, da algún otro resorte, si no hay posibilidad de cualquier otra salida. Es decir, llega un colectivo con la patera, ya saben de donde proceden más o menos y para un mismo hecho
dictan un auto que es prácticamente idéntico en todos y cada uno de los expedientes que se han ido incoando.



Estoy con la intervención que ha expuesto la portavoz de Coalición Canaria, la señora Claudina Morales, en relación con que aquí el problema está en buscar un tratamiento preventivo, porque si no se solventa esta situación, las pateras se
irán multiplicando y cada vez tendremos más este problema. Además, a las personas que están internas hay que darles alguna salida, porque este limbo jurídico que usted ha mencionado de que no pueden expulsarse porque no se saben la procedencia, ni
la nacionalidad de los internos ni pueden regularizarse porque están ilegales es una situación anómala y llevar todo este peso la comunidad canaria es un peso bastante fuerte, lo reconozco.



Le haría una pregunta fuera del tema que ha expuesto y es para ver si desde la institución del Defensor del Pueblo estas anomalías que ha podido observar en Fuerteventura se han dado en las distintas comunidades autonómas, las cuales tienen
sus especificidades y, por consiguiente, sus propios centros. Me gustaría saber si cumplen con la legalidad vigente, sobre todo si la asistencia letrada se cumple con la rigurosidad que exige la ley y si se cumplen los derechos de audiencia previa
de los inmigrantes ante el juzgado competente.



Muchas gracias, señor Presidente.



El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Capdevila.



Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Torrado.



La señora TORRADO REY: Gracias, señor Presidente.



Buenos días. Bienvenida, señora Cava de Llano, a esta su Comisión. En primer lugar, queremos agradecerle especialmente su exposición y el interés que desde la institución del Defensor del Pueblo se ha demostrado sobre el estado en que nos
encontramos y que se encuentra el centro de internamiento de inmigrantes irregulares en Fuerteventura. Constatamos que su propia percepción coincide con unos informes realizados por varias organizaciones humanitarias, siendo una de ellas Human
Rights. En el informe de esta organización se criticaba duramente las malas condiciones de habitabilidad que tienen que soportar los inmigrantes en este centro: falta de asistencia sanitaria y médica, urinarios y duchas deplorables, escasez de
comida, falta de ventilación, etcétera.



Pues bien, la compareciente ha señalado que este tema es recurrente en las comparecencias del Defensor del Pueblo desde 1999, y que se ha visto agravado en años posteriores y más concretamente desde la entrada en vigor de la Ley de
Extranjería. Ha dicho también que pese a las recomendaciones que desde esa institución se han hecho, y pese a la puesta en funcionamiento del nuevo centro en Fuerteventura, lo cierto y verdad es que también éste sigue siendo muy deficiente. La
señora Cava de Llano ha dicho que desde que lo visitó continúa funcionando prácticamente igual de mal, además de haber constatado que dicho centro también adolece de determinadas carencias. Por ejemplo, allí no hay ni cocinas ni comedores, y por
tanto los internos siguen alimentándose con el cátering del aeropuerto, teniendo que comer sobre bandejas en sus celdas o en algún patio. Es decir, en este nuevo centro sigue habiendo una serie de deficiencias que es necesario poner encima de la
mesa.



Pero lo más escandaloso de todo -también lo acaba de manifestar usted- es la asistencia letrada que se da a los inmigrantes con ausencia de intérprete -ni siquiera se solicita-, que les conduce ante un expediente de expulsión que ellos
firman sin saber en absoluto qué es lo que están firmando, expulsión que en muchos casos no se puede ejecutar a una serie de efectos y que le sitúan ante un limbo jurídico que les deja a merced de las mafias y de los empresarios sin escrúpulos. Y
aquí debemos hacer un alto para preguntarnos qué es lo que está haciendo el Ministerio de Justicia, qué está haciendo el Fiscal General del Estado. Porque si tenemos en cuenta que los abogados están actuando de una manera improcedente, como usted
ha dicho, también tenemos que decir que los jueces carecen de los medios técnicos adecuados, como usted también ha comentado. Consideramos que todo este debe elevarse al Ministerio de Justicia y al Fiscal General del Estado para que tomen medidas
al respecto, y es que verdaderamente estamos negando los derechos más elementales a los inmigrantes.



Señorías, el Gobierno central ha de responsabilizarse de los inmigrantes que llegan irregularmente a nuestro país, pero para que se les pueda atender es preciso que se habiliten los oportunos dispositivos de acogida, y por supuesto hay que
financiar en cuantía suficiente a aquellas instituciones y organismos que por su especialización o cercanía puedan atender de manera adecuada a esas personas. Pues bien, todo esto no se ha hecho en Fuerteventura, y de ahí que una serie de personas,
en muchas ocasiones niños y mujeres embarazadas se


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encuentren en una situación dramática al tener que padecer las consecuencias que acarrea el vivir en unas condiciones deplorables e inauditas en un país al que consideramos del primer mundo. Toda esta situación se corresponde más con esas
terribles imágenes de campamentos de refugiados que estamos acostumbrados a ver en televisión, unas imágenes que siempre creemos que ocurre fuera de nuestras fronteras.



Con esto constatamos un fracaso personal y político del presidente del Gobierno y de su vicepresidente primero y ministro del Interior, don Mariano Rajoy, tanto por la Ley de Extranjería como por las descabelladas propuestas que han
intentado colarles a sus colegas europeos en la Cumbre de Sevilla y que, afortunadamente, no han sido aprobadas.



Señora Cava de Llano, estamos con usted en la idea de que el Defensor del Pueblo no puede ser quien marque las políticas de inmigración, del mismo modo que no puede marcar ninguna otra, aunque sí debe defender los derechos que corresponden a
los inmigrantes como seres humanos que son.



En este sentido, sean bienvenidas todas sus propuestas, pero desde mi Grupo Parlamentario queremos que se avance un poco más. Estimamos conveniente la elaboración de un plan urgente de inmigración para la Comunidad Autónoma de Canarias dada
la singularidad de la llegada masiva de inmigrantes a esas islas. Pero todo esto se ha de hacer, desde luego, a través de un diálogo entre el Gobierno autonómico y el central, así como exigiendo una buena coordinación entre el Plan GRECO y el Plan
canario para la inmigración.



Haciendo un paréntesis diré que nosotros valoramos el Plan GRECO efectivamente como un plan publicitario, pero hay que decir que en la realidad carece de financiación y además no hay ninguna propuesta que se esté llevando a cabo con la
debida celeridad.



Señora Cava de Llano, ya conoce usted el interés de mi Grupo en resaltar esta coordinación tan necesaria entre todas las administraciones para evitar toda dispersión de actuaciones y encontrar unos objetivos comunes.
Lo hemos reiterado en
muchas ocasiones en esta misma Comisión y en otras.
Del mismo modo, estimamos muy conveniente que se aumenten de forma significativa los medios humanos y materiales para controlar la costa canaria a fin de evitar el riesgo que supone en pérdida de
vidas humanas el tráfico de las pateras, y que se invierta en la creación de centros o áreas de acogida, destinándose algunos para las estancias de corta duración de los inmigrantes que van a ser devueltos casi de inmediato a sus países de origen ya
que existen unos convenios con esos países y otros con países de los que proceden personas que, lamentablemente, han de permanecer durante unos períodos más amplios. Todo ello sin olvidar que es imprescindible una financiación que haga posible una
asistencia sanitaria digna, un mecanismo de identificación ágil y unas condiciones de acogida que eviten el hacinamiento y que el propio informe del Defensor del Pueblo nos señala.



Señora Cava de Llano, si de verdad queremos solucionar esta situación, que lamentablemente no sólo se produce en Fuerteventura sino en todo nuestro territorio, hemos de desarrollar, en colaboración con otros países, una intensa actividad
para perseguir a las organizaciones y a las personas que explotan y engañan a estos inmigrantes, que a la vez son los que facilitan su entrada irregular en nuestro país. Así parecen haberlo entendido los socios europeos que asistieron a la Cumbre
de Sevilla, pero eso sí, no imponiendo unos castigos a los países que ya sufren el desgarro propio de la emigración y que como todas sus señorías saben son países de escasísimos recursos.



No quisiera acabar mi intervención sin señalar que lo que ha sido una buena iniciativa recogida en el informe anual del Defensor del Pueblo no puede quedar simplemente en unas recomendaciones al Gobierno. Es necesario que se haga un
seguimiento y que haya una denuncia constante que nos permitan acabar con una serie de situaciones que conducen a las personas a la verdadera indignidad. Esta será la única manera de acabar con situaciones como la que se han denunciado en
Fuerteventura y que también existen en Melilla o en Ceuta, situaciones, por ejemplo, en las que unos menores son llevados hasta la frontera sin las debidas garantías de que un familiar los recoja en ese país, con lo cual se está favoreciendo el
dejar en una especie de limbo esa terrible cuestión: la entrada de estos menores inmigrantes una vez más en nuestro país.
Esperamos que con actuaciones como las que acabo de exponer la institución del Defensor del Pueblo adquiera la relevancia y
el prestigio que merece en la defensa de los derechos de los ciudadanos.



Señora Cava de Llano, de nuevo muchas gracias. Esperamos verla de nuevo en esta Comisión con informes tan jugosos como el de hoy.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



El Grupo Parlamentario Popular ha solicitado a esta Presidencia la distribución de su turno entre dos diputados.



En primer lugar tiene la palabra la señora Montelongo.



La señora MONTELONGO GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor Presidente.



Señorías, como es costumbre y obligación por mi parte, quiero agradecer a doña María Luisa Cava de Llano su presencia ante esta Comisión parlamentaria, y por supuesto el exhaustivo informe que nos ha presentado en la mañana de hoy. Deseo
agradecerle las explicaciones pormenorizadas que nos ha dado porque en torno a la problemática del Centro de Inmigración de Fuerteventura se han vertido muchas veces acusaciones que no son ciertas y se ha recurrido muchas veces a la


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demagogia. Por ello, le doy las gracias por esa realidad que nos ha evidenciado, también le doy las gracias por su exhaustividad que espero que quede constancia para otros portavoces.



Hablar de inmigración es siempre difícil y hay que hacerlo con especial cuidado, teniendo en cuenta que estamos hablando de seres humanos, de personas que son engañadas y explotadas de forma cruel por las mafias que trafican con ellos, de
seres humanos que se encuentran metidos en un círculo de marginalidad, de prostitución, de pobreza, de actividades y de indigencia para sobrevivir, y eso, cuando menos, señorías, requiere seriedad en los planteamientos -el Partido Popular ha venido
reiterando en sucesivas ocasiones seriedad y responsabilidad- y seriedad y responsabilidad en torno al Centro de Inmigrantes de Fuerteventura.



Cuando abordamos un tema tan específico como es el del informe de la adjunta primera del Defensor del Pueblo en relación al Centro de Retenidos de Fuerteventura, podemos hacerlo de dos maneras distintas o podemos utilizar dos caminos
diferentes: por un lado, el camino de la demagogia, de la incoherencia, de la propaganda, del oportunismo político, de las fotografías a todo flash; o por la senda -que es la que ha elegido esta portavoz y por la que ha avanzado el Gobierno- de la
responsabilidad, de la seriedad y del trabajo riguroso en busca de soluciones a los diferentes problemas que se han ido planteando en torno a la inmigración irregular. Desde ese camino del análisis objetivo, voy a afirmar con rotundidad -quiero
repetirlo para que quede constancia en el acta de la Comisión- que en ningún momento en la isla de Fuerteventura en el Centro de Inmigrantes de la antigua terminal del aeropuerto de Fuerteventura se ha vulnerado algún derecho humano. Lo quiero
decir bien alto y claro: En Fuerteventura se han respetado todos y cada uno de los derechos a los inmigrantes irregulares. Digo esto sin que me impida reconocer, señorías, que en Fuerteventura las instalaciones del aeropuerto son mejorables, no
son las óptimas y ni siquiera son las que nosotros queremos. Por tanto, coincido con el informe expuesto por la señora Cava de Llano y también estoy de acuerdo y me preocupa, porque es un tema que todavía está pendiente, la asistencia letrada -tema
en el que posteriormente ahondará mi compañero-, sin dejar de tener en cuenta las dificultades y las necesidades tanto materiales como humanas con las que se encuentran los juzgados en la isla de Fuerteventura.



Señorías, rechazo las manifestaciones como hienas, buitres, actuaciones nazis. A lo mejor se desconoce la realidad pero esas manifestaciones son injustas para Fuerteventura, son desproporcionadas y, sobre todo, son imperdonables cuando
muchas veces se obvia el trabajo que hacen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, organizaciones no gubernamentales y otras asociaciones, en definitiva toda la sociedad de acogida. Como soy diputada por la isla de Fuerteventura, quizá me
embarga oír manifestaciones tan injustas como las que se han vertido en prensa y como las que hemos oído en torno a esa isla. Les aseguro que esas manifestaciones son un profundo y un auténtico despropósito cuando no mala fe o puede ser un
desconocimiento de esa sociedad o de la realidad.
Me gustaría que conocieran la sociedad majorera o la sociedad canaria, una sociedad que lleva un bagaje cultural importante donde la solidaridad, la hospitalidad, la generosidad y la buena acogida
de todos los que llegan a la isla, sean turistas, sean inmigrantes, es ejemplar.
No hay ni un solo dato en Fuerteventura de que haya habido un problema de peleas callejeras con inmigrantes -como sí se han dado en otros lugares- o de problemas entre
la integración de los menores. Concretamente este fin de semana pude ver en una playa cercana al Centro de Menores en Puerto del Rosario cómo jóvenes inmigrantes hacían una pachanga playera de fútbol unos con otros sin ningún problema. Esa es la
realidad de Fuerteventura. Me gustaría que vieran cómo las personas que están tomando el sol un día tranquilo, de repente ven cómo llegan inmigrantes desesperados a la costa y les acogen, les abrigan, les meten en sus coches y los llevan a la
comisaría más próxima. O me gustaría que conocieran el drama humano que viven muchos pescadores o personas de manera individual cuando desde las costas helicópteros de la Guardia Civil elevan el cuerpo sin vida de un inmigrante que ha sido obligado
a saltar de la patera sin saber nadar. Ahí es donde tenemos que actuar, señorías.



El problema de la inmigración no es el Centro de Fuerteventura. El problema de la inmigración de Canarias va mucho más allá. Me alegra este informe, señora Cava de Llano, porque coincido totalmente con usted en que hay un antes y un
después de él. Yo soy de las que considero que todas las actuaciones, tanto las visitas como los informes de Human Rights, lejos de que sean reales o no, han servido para mucho. Mientras yo me quedo con utilizarlo y mejorarlo, otros se quedan para
utilizarlo en propagandas y en cohetes de feria. De verdad tengo que decir que esa no es la postura responsable que nosotros queremos.



He oído a algunos portavoces manifestar una realidad del Centro de Inmigrantes no real. Yo no quiero pensar, señor Rejón, o señora portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que a sus representantes que fueron allí a todo bombo y platillo
de flashes les impidieran ver la realidad.
Incluso el representante del Partido Socialista quiso fotografiarse dentro del recinto con los inmigrantes, sabiendo que se viola un derecho de la intimidad. Aprovecharse de una desgracia ajena para
obtener una rentabilidad política sí que se llama buitronería o hiena. (La señora Pérez Dominguez: ¡Haga el favor!)


Disculpen mi acaloramiento, pero quizás el haber vivido esa situación desde la realidad de Fuerteventura


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me hace rechazar de plano todas las manifestaciones demagógicas que de la misma se han hecho.



Señora Cava de Llano, comentaba usted que los días 26 y 27 de febrero iniciaba esa visita a Fuerteventura, una visita que hemos comprobado que fue fructífera. Me gustaría anunciar que el Gobierno no ha hecho dejación de su responsabilidad.
El Gobierno ya había emprendido acciones, concretamente en julio -que es cuando se formó la subcomisión Canarias-Estado para debatir todos los problemas relacionados con la inmigración-, el día 20, el secretario de Estado para la Inmigración, el
señor Fernández Miranda, se había dirigido a la isla de Fuerteventura para visitar in situ las instalaciones del campamento Valenzuela y proponerlo al día siguiente, el día 21, en la subcomisión Canarias-Estado. Dicho sea de paso me parecen
contradictorias las manifestaciones de la señora Morales cuando su Grupo, en reuniones recientes con el ministro del Interior, señor Rajoy, han avalado la gestión del Gobierno, la han apoyado, y dicen que todas las propuestas que se han podido poner
en marcha se están poniendo. También me parece contradictoria porque, si bien se decía que ese centro no era el adecuado, el día 21 se aprueba la subcomisión, donde hay miembros del Gobierno de Canarias pertenecientes a su Grupo que aprueban el
Centro de Fuerteventura, el centro de Tenerife, ampliar el centro de Lanzarote y mejorar el de Barranco Seco en Gran Canarias. Frente a eso, nos encontramos que a las dos semanas la señora Morales junto con compañeros suyos, diputados del Partido
Socialista, encabezan una manifestación en contra del Centro de Inmigrantes en el campamento Valenzuela. Fallos se cometen siempre pero espero que se vuelva al camino del diálogo, como es el que tenemos, y el que usted pedía, el camino del diálogo
de Canarias.
Si hay diálogo en política de inmigración es con Canarias; existe esa subcomisión que es un foro de debate donde no se imponen ninguna decisión, sino que se llega a un consenso y afortunadamente los caminos han sido buenos. El
Gobierno de Canarias tiene unas competencias que tiene que cumplir y muchas veces no han sido cumplidas -otras veces sí- y por ello se ha incidido en que se cumpla. En esa subcomisión también se aprobó -se lo recuerdo, señora Morales, porque sería
importante que se exigiera a las autoridades de Tenerife- hacer un centro en Tenerife 1, y ahora parece ser que las autoridades de Tenerife se oponen a ello. Yo creo que la solidaridad del pueblo canario se tiene que manifestar y a los
representantes de Tenerife se les tiene que exigir.



Para terminar, señorías -discúlpenme porque me he extendido un poco-, quiero decir respecto a los planes que usted, señora portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, desea que se cumplan con Canarias -y por ello no entiendo cómo no la
votaron afirmativamente- en la proposición no de ley (La señora Torrado Rey: Nosotros llevamos una.), aprobada en el Congreso de los Diputados por Coalición Canaria y el Grupo Parlamentario Popular se recogía exactamente lo que usted reivindica.



Para terminar, sólo quiero indicar que el fenómeno de la inmigración es el principal problema para las próximas décadas, no sólo en España sino en Europa. Les pido que nos quitemos el antifaz, las caretas, las máscaras, la hipocresía, y les
invito a trabajar juntos, se lo tenemos que pedir a la sociedad española, y principalmente tenemos que ser nosotros, los grupos políticos, los que demos ejemplo de esa unidad de diálogo y de consenso.



Disculpe y muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. (La señora Pérez Domínguez pide la palabra.)


Tiene la palabra la señora Pérez Domínguez, brevemente.



La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: He pedido la palabra por una cuestión de orden por lo que se ha producido en esta sala.



No hemos sido nosotros, señor Presidente, quienes hemos hablado de falta de cumplimiento de la ley en atención sanitaria, en atención social y en atención letrada de la situación de ese centro, ha sido la compareciente, la señora Cava de
Llano, quien ha hablado de todas esas situaciones. Pido por favor que se retiren los calificativos que ha vertido la portavoz del Grupo Parlamentario Popular respecto a mi compañera que ha intervenido en esta Comisión.



La máscara se la ha quitado el Partido Popular y el Presidente del Gobierno en el tema de la extranjería, y no voy a consentir que después de una intervención respetuosa se nos dediquen calificativos como los que, por cierto, usted ha pedido
al portavoz de Izquierda Unida que retirara, no por referirse a personas concretas sino a situaciones. Me parece que cuando se descalifica a las personas se debe pedir, cuando menos, la retirada de esos calificativos.



El señor PRESIDENTE: Atendido el Grupo Parlamentario Socialista, que conste en acta. (La señora Montelongo González pide la palabra.)


Tiene la palabra la señora Montelongo González, pero muy brevemente, por favor.



La señora MONTELONGO GONZÁLEZ: Intervengo muy brevemente, señor Presidente, gracias.



Señoría, yo no he utilizado calificativo alguno, he puesto sólo los calificativos que han vertido otros portavoces. Si usted considera que mis manifestaciones han sido hirientes, que en ningún caso es lo que intentaba, le pido disculpas y
retiro todo aquello que usted considere que no ha sido justo, porque el objetivo de esta comparecencia hoy es buscar soluciones; en ese ánimo está el Grupo Parlamentario Popular, y esperamos que ustedes también estén en ese camino.



Gracias.



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El señor PRESIDENTE: Que conste en acta ambas intervenciones. (El señor Rejón Gieb pide la palabra.)


Tiene la palabra el señor Rejón.



El señor REJÓN GIEB: Sólo quería preguntar a la Presidencia si, como comentó al principio, es posible un segundo turno de intervenciones, para poder seguir reafirmándome en mis calificativos.



El señor PRESIDENTE: Sí, vamos a tenerlo.



Gracias, señor Rejón.



Tiene la palabra el señor Delgado.



El señor DELGADO ARCE: Gracias, señor Presidente. Intervengo para completar la intervención de mi compañera en aquellos aspectos del informe de la señora Cava a la que ella no se ha referido.



Nosotros, como Grupo Parlamentario Popular, valoramos de modo positivo el trabajo realizado, porque ha servido para poner de manifiesto la existencia de un problema y que hay que buscar soluciones, algo que nosotros siempre valoramos más.



Ya se ha referido mi compañera a las soluciones que se han buscado para la problemática de estos ciudadanos extranjeros en la isla de Fuerteventura.
Usted también nos ha puesto de manifiesto dos situaciones que realmente merecen una
reflexión, la problemática en relación con la asistencia jurídica y con la tutela judicial efectiva.



Es evidente que no estamos ante una falta de asistencia letrada, sino ante una ausencia notoria de calidad de esta asistencia letrada. Hemos conocido, por las informaciones que usted nos da, qué recursos económicos se aplican a este fin, y
que las notificaciones llevan la diligencia en la que se estampa la firma de un letrado. Lo que no encaja aquí de ninguna manera es el tiempo que se da a estas funciones con la prestación efectiva y de calidad de este servicio.



Quien habla es también abogado de profesión y ha prestado muchas veces la asistencia letrada y considero que, en efecto, es humanamente imposible dar una asistencia de calidad en tan poco tiempo. En este sentido, yo creo que la actuación
que ustedes han llevado a cabo en relación con el Colegio de Abogados de Las Palmas ha sido pertinente, y es lamentable que la propia corporación profesional no haya ahondado en una autocrítica realista de la situación y, sobre todo, en la búsqueda
de soluciones al problema. Yo tampoco comparto esos calificativos porque no creo que sean los más adecuados, pero, evidentemente, ese trabajo profesional no está en modo alguno bien hecho, lo que debe ser solucionado de forma inmediata.



En este sentido, entiendo que las responsabilidades deben dirimirse ante quien tiene competencias en la materia. Aparte de la propia corporación profesional está el organismo encargado del abono y del control de este sistema de asistencia,
en este caso el que usted mencionó es la Dirección General de Asistencia Jurídica -o como se llame- del Gobierno autónomo.
Yo considero que debe intensificarse la actuación del Defensor del Pueblo, por lo que estamos a favor de que se impulse.



Por lo que se refiere a la tutela judicial efectiva, usted pone de manifiesto dos cuestiones: por una parte, que el auto judicial sea colectivo, y por otra, que el auto judicial no esté suficientemente motivado, si no le he entendido mal.
Creo que el segundo caso tiene una mayor gravedad en la medida en que un auto judicial colectivo puede estar motivado de modo independiente en relación con cada una de las personas afectadas y se podría, por tanto, admitir, pero que un auto judicial
efectivo, acto judicial de internamiento, de incoación de un expediente, no esté suficientemente motivado es un fallo importante que ha de ser subsanado también por aquella autoridad con competencias en la materia.
Yo creo que esta queja que
ustedes han dirigido, esta investigación y procedimiento que han abierto al Consejo del Poder Judicial deben instarlo y la respuesta del Consejo del Poder Judicial, independiente en el Estado español del Poder Ejecutivo, tiene que arrojar luz sobre
este extremo, y también la Fiscalía ha de actuar en esta materia en la medida en que tiene posibilidades de personación en todos y cada uno de estos expedientes. Nos parece que estas deficiencias son muy notables y vulneran derechos fundamentales
de estas personas y deben ser corregidos.



Termino refiriéndome a unas alusiones. Nunca hemos tenido por costumbre, al menos quien habla, hacer de esta Comisión ningún tipo de debate político. Ya ha dicho mi compañera que la inmigración es un asunto suficientemente serio y
responsable para que nos lo tomemos todos con esta condición. Se decía por la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que el Presidente del Gobierno había tenido un fracaso en la Cumbre de Sevilla, que estos asuntos para nosotros eran poco
relevantes, y que estábamos desenfocados.



Ayer hemos tenido un debate en el Pleno del Congreso de los Diputados y el candidato de la opción política que usted representa manifestó que no habíamos tenido iniciativa política en este asunto y se vio en el brete de tener que admitir que
en diciembre del año 2001, y concretamente el día 10, el Presidente del Gobierno, al desgranar el programa de la Presidencia española para estos primeros seis meses del año se había referido a que España pondría especial interés en hacer avanzar las
cuestiones en las que había habido menores progresos hasta la fecha para la creación de una política común en materia de asilo y dignidad. Eso estaba en el programa, pero sobre todo donde está es en los resultados de la Cumbre de Sevilla, en la que
se han tomado decisiones muy importantes para abordar la materia de inmigración con unas medidas que van a permitir a la Unión Europea luchar decididamente contra la inmigración ilegal; que van a permitir una gestión


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coordinada e integrada de las fronteras exteriores de la Unión; que van a permitir, o al menos intentar permitir, la integración de la política de inmigración en las relaciones entre la Unión y los terceros países, y en concreto algo que
decía la señora Cava de Llano, que es el problema en los países de origen.



La Unión Europea en Sevilla ha dicho que cree que la intensificación de la cooperación económica, el desarrollo de los intercambios comerciales, la ayuda al desarrollo y la prevención de los conflictos constituyen los medios para reducir las
causas de los movimientos migratorios, a mayores de otros compromisos en materia de trabajos legislativos para decidir una política común de asilo en la inmigración. Eso es una parte importantísima del problema. Sería, por decirlo así, la gran
política.



La señora Cava de Llano lo que nos pone de manifiesto es la pequeña política, la aplicación práctica y directa de esto sobre los ciudadanos.
En este sentido, nuestro Grupo Parlamentario toma nota de lo que la Adjunta del Defensor del Pueblo
nos plantea y valora positivamente el que se sigan poniendo de manifiesto estas tristes circunstancias. Espero que todos los grupos parlamentarios, desde luego el mío, se aplicarán en buscar soluciones en la medida de sus posibilidades.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Delgado.



Para contestar a sus señorías tiene la palabra la Adjunta, María Luisa Cava de Llano.



La señora ADJUNTA PRIMERA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO (Cava de Llano y Carrió): Muchas gracias, señor Presidente.



He intentado tomar nota de todas las manifestaciones que ustedes han vertido y, siguiendo el riguroso orden de intervención, voy a proceder a responder.



El diputado Rejón, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, ha hecho una descripción de cómo vieron ellos la situación del centro de inmigrantes de Fuerteventura cuando acudieron el 3 de abril y se encontraron con que había aumentado en
alguna cantidad. Yo hablaba de 205 si no recuerdo mal, usted menciona 392, que luego llegaron a 550.
Efectivamente, no le discuto los números, porque estos fluctúan debido al número de inmigrantes que de pronto arriban en una patera, los que han
cumplido los cuarenta días y salen del centro, etcétera. Por lo tanto, estoy absolutamente de acuerdo en que pueda ser así.



Ha mencionado usted que era un lugar inadecuado. Es la misma calificación que yo utilicé -quizá la mía fue algo más dura-. Ha hablado usted de la consulta médica, de las deficiencias observadas, y estoy absolutamente de acuerdo.



Ha hecho usted referencia a la angustia y ya le he indicado que a mí me preocupó enormemente que los inmigrantes me dijeran que no habían podido avisar a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos, de que estaban a salvo.
Es tan básico que una
persona pueda evitar ese sufrimiento a otra, que me pareció algo absolutamente injustificable y así lo puse de manifiesto.



No voy a entrar en las valoraciones políticas que usted ha realizado, como fácilmente puede comprender. Yo no estoy aquí para efectuar valoraciones políticas, ésas las tendrán que efectuar ustedes -el señor Cámara, que me conoce muy bien,
se ríe-, sino que entro en constatar hechos que desde el punto de vista de la Institución a la que represento pueden conculcar derechos fundamentales.



Ha hablado usted de que mis viajes tienen un resultado práctico. No quiero atribuirme en exclusiva ese éxito, porque sería injusto por mi parte. Sí debo decirle que, con independencia del informe de Médicos sin Fronteras o de Human Rights
Watch, creo que tuvo un peso específico importante la actuación del Defensor del Pueblo, pero también quiero decirle que no es algo anormal que en el viaje que hicimos a Fuerteventura desde la Institución se haga una visita a todos aquellos centros
en los que existen personas privadas de libertad -porque están privadas de libertad- y consideramos que merecen nuestra atención.



Por lo tanto, pongo en su conocimiento y estaré encantada, si ustedes lo solicitan así, de decirles cuál es la política que en materia de prisiones o de centros de menores se rige desde la Institución, en la que cada quince días se acuden
personas -algunas veces yo, otras personal de la Institución- a visitar prisiones para saber cuáles son sus condiciones.



También debo decirle que no he ido de viaje, sino que he aprovechado viajes en los que he sido invitada, por ejemplo, a dar una conferencia por parte del Parlamento Andino, en Venezuela, y cuando me preguntaron qué lugares pintorescos y
bonitos quería visitar dije que quería ver a los españoles que estaban en las cárceles en Caracas, y así lo hice, visitando dos cárceles en Caracas y dos en Puerto Rico por el mismo motivo.



Señor Rejón, ha colocado ustedes unos rejones que no puedo compartir. Esas calificaciones que ha vertido con respecto a los abogados merecen toda mi reprobación. Creo que he sido auténtica a la hora de denunciar cuál es la realidad, pero
no comparto esas calificaciones que tanto han herido a nuestra compañera majorera, porque me han parecido muy duras.



Señor Rejón, hablaba usted de la responsabilidad del Gobierno -y también contestaré al Senador Cámara sobre este extremo-, de que existe una responsabilidad de Gobierno y de que por lo menos hay una culpa. En eso puedo estar de acuerdo con
usted, pero la responsabilidad no la he centrado en el Gobierno porque sería injusto en este caso que lo hiciera así y le digo por qué. Si yo visito el centro de Fuerteventura el 26 y 27 de febrero, mandamos una recomendación que es recibida el 1
de marzo y el 5 de marzo el Presidente del Gobierno dice que empiece la construcción de un


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nuevo centro y el centro no sólo se construye sino que se termina y ya está ocupado por las mujeres, yo no puedo hablar -porque no sería justo- de una falta de responsabilidad, como tampoco lo puedo hacer cuando denuncio unas deficiencias
sanitarias que rápidamente son suplidas con una visita diaria por parte de facultativos a los inmigrantes.



Por lo tanto, no intento defender a nadie. Creo que he sido valiente en mi actuación en esta cuestión; no he ahorrado calificados cuando he tenido que utilizarlos, pero tampoco me parece justo hablar de irresponsabilidades cuando ha habido
una respuesta inmediata por parte del Gobierno en esta cuestión.



Paso a contestar al señor Cámara, del Grupo Mixto, al que conozco mucho pues no en vano pertenecemos a la misma comunidad y yo creo que sigue viendo en mí una especie de contrincante político que quiero que olvide, por la sencilla razón de
que nos conocemos lo suficiente. Usted me conoce lo suficiente a mí, sabe dónde está mi corazón, yo sé dónde está el suyo, pero también sabe que yo sé cumplir siempre con mis obligaciones y con mis responsabilidades. En este momento sé
perfectamente cuál es mi situación; sé perfectamente que me debo olvidar de adscripciones anteriores; sé perfectamente que lo que debo hacer es abogar por el pueblo, y sobre todo por los más vulnerables y ser la voz de los que no tienen voz.



Usted ha hablado de la responsabilidad política de Gobierno. Yo no eludo su pregunta, vuelvo a insistir en lo que he contestado al señor Rejón.



En cuanto a las deficiencias, ha mencionado otras deficiencias. Hay distintas percepciones. El Gobierno las habrá percibido de forma distinta a como las percibí yo. Yo recuerdo que el día en que visitaba el centro de Fuerteventura y que
hice unas declaraciones duras, como creo que se merecían, en el Congreso de los Diputados había otra autoridad que estaba haciendo otras manifestaciones en sentido contrario. Yo lo siento, yo reflejé y manifesté lo que vi. He investigado lo que
creo que debo investigar y a eso me remito.



Ha mencionado usted que, al parecer, para el Gobierno tuvo poca credibilidad las manifestaciones de los sindicatos y de ONGs. Yo desconozco la credibilidad que yo pueda tener, pero sí reconozco que los hechos son los hechos, están ahí y la
respuesta fue, en este caso, inmediata. Hablaremos de otros centros en los que quizá la respuesta no sea inmediata, pero en este caso sí lo es.



A la señora Morales, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, debo decirle que, efectivamente, los inmigrantes no llegan sólo por pateras, lo que sucede es que a Fuerteventura sí suelen llegar por pateras, es el modo más
habitual.



Ha hecho una descripción de los inmigrantes con la que coincido plenamente. Ha hablado de la necesidad de aumentar la cooperación internacional. Yo tengo mi propia percepción sobre lo que ha de ser la política de inmigración en este país,
que ha de ser una política integral, de control de flujos migratarios, de contingente como vías habituales de legalización y, por supuesto, como aumento de la cooperación internacional para intentar evitar el problema en origen, no luego en su
entrada a España. No concibo cerrar las puertas de un país si no se da una solución inmediata, como puede ser el aumento en la cooperación internacional. Lo he defendido ahora, lo he defendido siempre y lo seguiré defendiendo.



En cuanto a la distribución de inmigrantes en otras comunidades, entiendo el problema del que me habla. Sé que Fuerteventura tiene un territorio limitado y, además, limitado por el mar. Provengo de una comunidad autónoma como es la de las
Islas Baleares, en las que sus problemas los entendemos muy bien.



Ha hablado usted del centro Valenzuela, en El Matorral, que no fue un problema de cesión del ayuntamiento, sino que quizá fuese una mala coordinación. La realidad es que, afortunadamente, eso funciona y está ahí.



Ha indicado que el aeropuerto sigue abierto. Sigue abierto, según los datos que a mí me han facilitado, porque el día 6 de junio llevaban camas, colchones, estaban pendientes de cerrajería. Éstos son los datos de los que dispongo y los que
le puedo dar.



El representante del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió ha hablado de datos espeluznantes. Ha dicho que como abogado ha sentido vergüenza ajena. Yo también he sentido vergüenza ajena. Me ha preguntado si los
abogados son siempre los mismos o son más, como para diversificar las culpas. En esto discrepo con usted, porque yo prefiero que sean menos que no que sean muchos los que tienen estas actuaciones: prefiero que sean menos, aun condensados, que
muchos, con lo cual esa falta de eficacia -llamémosle en términos coloquiales y cariñosos- de los abogados de Fuerteventura sería sólo de unos pocos y no de muchos.



Ha hablado de los juzgados. Son tres juzgados y entiendo los problemas tremendos que puedan tener por la afluencia de inmigrantes que han llegado. Entiendo los problemas de los juzgados, ya que llevo veintitantos años pisando los juzgados,
pero eso no es óbice para que desde el Defensor del Pueblo se critique una situación. Los medios han de ponerlos otros, la situación la debe denunciar el Defensor del Pueblo. No concibo que se hagan esos autos colectivos, porque cada persona es un
mundo, con unas circunstancias que le acompañan y que le rodean y merecen un tratamiento absolutamente diferenciado.



Me ha preguntado el representante del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió sobre si hemos detectado anomalías en otras comunidades autónomas. Debo decirle que las anomalías más importantes son en Canarias,
lógicamente por su situación geográfica. De todas formas, en el informe del año 2001 que acabamos de presentar últimamente en el


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Congreso de los Diputados -aún no se ha presentado en el Senado- hablamos de problemas estructurales; hablamos de que no hay modelos definidos de lo que debe ser un centro de internamiento de extranjeros; hablamos de que esos centros no
deben ser centros penitenciarios, que es en lo que en ocasiones se convierten, ni pseudopenitenciarios; hablamos de que no se han detectado deficiencias en la asistencia jurídica a los detenidos y también decimos que es dudoso el cumplimiento del
Reglamento en los centros de internamiento. Con todo ello, creo que también he contestado al representante del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Converència i Unió.



En cuanto a la señora Torrado, del Grupo Parlamentario Socialista, he de decirle que es cierto que ha habido una coincidencia importante, no diré total, lo he dejado a su valoración; ustedes conocen los informes de Médicos sin Fronteras, de
Human Righst Watch, etcétera. También conocen ahora las denuncias efectuadas por el Defensor del Pueblo y efectivamente, hay muchos puntos coincidentes.



Me ha hablado usted de que el nuevo centro al que he hecho mención, 'Teniente Coronel Valenzuela' adolece de elementos que ustedes consideran básicos, como las cocinas; que la comida va a seguir repartiéndose en catering, etcétera. Yo le
garantizo que efectuaremos un seguimiento total porque entendemos que hay que comer caliente, dicho en palabras que todos comprendamos.



Ha hablado de la asistencia jurídica, del limbo jurídico que a mí me preocupa enormemente, con lo que coincido absolutamente con usted. Se ha referido a los empresarios sin escrúpulos. Uno de los efectos llamada de la inmigración es
precisamente la existencia de empresarios sin escrúpulos y, por ello, puedo comentarle que una recomendación que realizó el Defensor del Pueblo fue que se diera documentación a los inmigrantes que denunciaran el trato denigrante o vejatorio por
parte de los empresarios. Como usted sabe, nuestras recomendaciones no vinculan a la administración, son tenidas en cuenta en muchas ocasiones, pero no en todas.



La carencia de los medios materiales por parte de los jueces no puede conllevar a actuaciones como las que estamos viendo; por tanto, le respondo lo mismo que a otro portavoz, en el sentido de que nosotros somos los que debemos denunciar
las anomalías y otros quienes deben subsanarlas.



Ha hablado usted del plan urgente para Canarias, de la coordinación que debe reinar entre todos. Yo siempre digo que las cuestiones que preocupan al Defensor del Pueblo no son las de política común sino las de los derechos humanos y en este
punto me gustaría que la coincidencia fuera total.



Se ha referido al aumento de medios materiales y humanos, con lo que estoy absolutamente de acuerdo y ha mencionado las luchas contra las mafias con las que también demuestro mi absoluta conformidad.



La señora Montelongo, del Grupo Parlamentario Popular, ha hecho una intervención apasionada, porque la tierra tira mucho. Ha hablado de las personas engañadas; de que hay dos caminos para referirse a este problema, uno es la demagogia y el
oportunismo y otro la responsabilidad y las soluciones.



Ha hablado de que no se han vulnerado derechos humanos y que se han respetado. No voy a entrar en ello porque no tengo un parámetro que mida oficialmente si se vulneran o no derechos humanos; ni tampoco voy a entrar en si ha sido así o no,
es una valoración que harán ustedes, creo haber sido muy rotunda en mis afirmaciones, veraz, rigurosa y que las fuentes también lo son; en consecuencia, es algo que les compete a ustedes.



Se ha referido a la dificultad de los juzgados. Entiendo perfectamente que me hable de ello. Lógicamente le he dicho que no comparto las calificaciones duras que se han vertido con respecto a los abogados, aunque sí mi total rechazo a su
forma de actuación, mi total rechazo a cubrir las formas pero no las necesidades de cualquier inmigrante, como son una atención real y efectiva. Es algo que no digo yo, sino que me remito a los datos que le he proporcionado y al desafío cordial que
he efectuado ante ustedes en el sentido de que si piensan que en el tiempo que ha quedado reflejado en pantalla se puede dar una buena asistencia al detenido díganmelo porque opino totalmente lo contrario.



Ha hablado usted de la solidaridad de la sociedad majorera; no me cabe la menor duda, sé cuál es el carácter de los isleños; soy isleña y como tal me tengo; conozco la solidaridad y la generosidad de las comunidades isleñas y, por tanto,
estoy absolutamente de acuerdo con usted.



Ha dicho que ha habido un antes y un después de mi viaje. Espero que haya servido para algo y se ha referido a esa subcomisión que se ha creado para llegar a un trabajo conjunto. Yo estaría encantada de que así fuera porque lógicamente
pretendo que esa vulneración de derechos humanos, que puede haberse producido o que puede producirse en determinados territorios de nuestra geografía nacional, no vuelva a ocurrir.



Señor Presidente, considero que he contestado a todas las preguntas. Es en este Informe en el que he basado toda mi intervención. Ha sido un informe riguroso y quiero hacer una felicitación expresa a los compañeros de la Institución
responsables del área de inmigración y del área de Justicia, que han sido pieza básica en la realización de este denso informe sobre la situación que hemos encontrado en Fuerteventura y, como siempre, quedo a la espera de las preguntas que en este
segundo turno me quieran efectuar.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña María Luisa Cava de Llano.



Vamos a tener una última intervención, pero apelo a la capacidad de síntesis de sus señorías. Les vamos a conceder un tiempo prudencial de tres o cuatro minutos


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a cada uno porque no podemos prolongar demasiado esta sesión.



En primer lugar, cómo no, el señor Rejón, como proponente de la comparecencia, tiene la palabra.



El señor REJÓN GIEB: Gracias, señor Presidente.



Avisados quedamos. Quiero agradecer de nuevo las palabras de la representante de la Institución del Defensor del Pueblo.



Ha hablado usted de apasionada intervención y así quiero entenderlo pero pediría un poco de sosiego. En cuanto a la parte en la que me he sentido aludido cuando se ha hablado de hiena y de buitre, lo mantengo. No ocurre lo mismo con el
resto, y se ha hablado de que el representante del Grupo Parlamentario Socialista intentó hacerse una foto. Como sé que mi coordinador estuvo acompañado de un fotógrafo al que no dejaron pasar, quiero decir que me gustaría que tuviéramos mucho
cuidado con los ejemplos que citamos porque con ellos pasa lo que con las escopetas en los pueblos, que las carga el diablo; es decir, eso sí que es de hiena, intentarse fotografiarse con esa gente. Y a uno le cabe la pregunta de cómo se
calificaría el hecho de que algún Presidente o algún Ministro del Gobierno se fotografiara con los hijos llorosos de los asesinados por la canalla de ETA. Yo no lo considero así. Considero que son seres humanos y que no me gustaría encontrarme en
esa situación. Pero no citen el ejemplo de si se hace o no la foto, o todos lo hacen porque son seres humanos o porque son hienas. Yo quiero pensar que se hacen la foto porque son seres humanos que tienen sentimientos.



Ha dicho que no se les puede llamar hienas ni buitres. Si quieren ustedes les llamo estajanovista de la abogacía con nulos escrúpulos deontológicos y ansiosas maneras de medrar euros a costa de personas convertidas en desechos humanos.
Pues les llamo todo eso y ya está; me da igual, si quiere le quito una cosa y pongo la otra. El barroquismo o el conceptismo es un debate muy viejo en la literatura española.



Yo me he referido a ese colectivo de personas y, como he dicho al representante del Defensor del Pueblo, me gustaría que fuera una sola persona. No obstante, he de decir una cosa, no se puede medrar de esta forma. Ha aparecido en la
pantalla el caso de alguien que tarda unas cuatro horas en hacer su trabajo , que ve a un determinado número de personas y se embolsa un millón y medio de pesetas, que es lo que aproximadamente un trabajador medio-bajo en este país se embolsa en un
año. Me parece muy bien que se pague esa cantidad, y más incluso, pero si hace un buen trabajo. Desde luego, manifiesto todos mis respetos, mi ofrecimiento y mi cariño hacia los ciudadanos de Fuerteventura, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a
los funcionarios que han estado trabajando, etcétera; no tengo hacia ellos desde luego ni la más leve sospecha de trato discriminatorio en este tema.



Los portavoces del Grupo Parlamentario Popular han comentado que hay que ser serios y responsables y a nosotros nos gusta ser serios y responsables. Lo que ocurre es que, como decía el bueno de Giovanni Papini, soy viejo, feo, pequeño y
jorobado y o me pongo a pegar gritos o nadie volverá a escucharme. La portavoz de Coalición Canaria en su intervención ha dicho que había preguntado al señor Ministro un mes antes y que le contestó que aquello era adecuado. Es decir, ¿cuándo se es
serio y responsable, cuando se le pregunta al Ministro? ¿Quién era serio y responsable, el Ministro cuando dijo que aquello era adecuado o cuando después de muchas peticiones presta atención a una tan seria y rigurosa como la del Defensor del
Pueblo? Simplemente hago un llamamiento a cualquier Gobierno y no sólo a este.



Es verdad que muchas veces puede haber en la oposición -y ésa es su labor- un intento de golpear, de controlar -eso es lo normal- y cuando se está en la oposición en otro sitio se utiliza la misma técnica. Pero también hay que pensar que
muchas veces la oposición tiene que pegar gritos para que se le escuchen cosas que son razonables y que sólo se toman en cuenta cuando lo dice una Institución como la del Defensor del Pueblo.



Termino agradeciéndole su presencia hoy aquí. Espero, pues le he pasado la lista de la gente que nos comunicó que habían pedido asilo político, de su buen hacer que se ocupe de ello. Y para que todas estas cosas se aclaren nosotros
acabamos de pedir hace un momento la comparecencia del ministro de Justicia ante la Comisión correspondiente para que explique o bien la mala asistencia letrada o, como ha dicho el portavoz del Partido Popular, la no asistencia letrada.



Nada más y muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rejón, por su brevedad.



Tiene la palabra el Senador Cámara.



El señor CÁMARA FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.



Voy a ceñirme a los minutos que usted ha establecido.



Señora Cava de Llano, en los términos en que yo he planteado la crítica política, pues usted conoce perfectamente mi intención, no he intentado ser crítico con su señoría, sino, en todo caso, con el contexto en que se desenvuelve la
situación. Estamos en sede parlamentaria y tengo todo el derecho de poderla ejercer.



Comprendo su posición perfectamente y sus respuestas. No se preocupe usted. No la considera un contrincante político, se lo digo de verdad y en serio pues la aprecio. Además, creo sinceramente que hace usted un buen papel y la he
piropeado políticamente diciendo que su informe es tremendamente demoledor, muy interesante, etcétera. Lógicamente, guardo todo el respeto al papel que usted juega en la Institución que en


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estos momento representa aquí. Por lo tanto, vaya por delante esta cuestión.



Tomo la palabra para contestar a la representante del Partido Popular. Su intervención me ha parecido tremenda. A mí no me asusta el tema de la pasión política. La política es pasión y como yo también soy muy apasionado, de forma
apasionada más o menos le voy a contestar a usted, señora Diputada del Partido Popular.



Hablar de emigración es algo delicado y serio. Y usted no es quien para situar la demagogia en un lado y la seriedad en otro. Decir con su apasionamiento que no se ha vulnerado en absoluto ningún derecho humano es contradecir el informe
del Defensor del Pueblo. Es contradecirlo, lo diga la señora Cava de Llano o no, porque se han vulnerado derechos humanos como se ha puesto de manifiesto. Por la boca muere el pez y usted con su apasionamiento ha expresado, fundamentalmente, algo
tremendo, que es negar un hecho indiscutible de una forma fehaciente.



Otra cuestión muy importante es que no sé por qué asemeja usted la crítica política a la crítica al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de Fuerteventura. Parece que usted está remedando al señor presidente del Gobierno, al señor Aznar
-remedar es una palabra antigua castellana que significa imitar o decir lo mismo que otro más o menos- y resulta que como España es de alguien, Fuerteventura es de usted. Pues no; yo he hecho una crítica a los ciudadanos de Fuerteventura, y ha
sido una crítica política sin más.



La justificación que ustedes han hecho es gratuita. Es la táctica del calamar y termino diciendo de una forma coloquial, pero muy clara, que podían ustedes perfectamente cambiar el dibujito de su emblema político como partido: en vez de
una gaviota poner un calamar, porque realmente es tremendo que aguanten tan poco la crítica política ante un informe tan demoledor como el que aquí se ha presentado.



Hemos hecho una crítica política sin insultar, sin ofender a ningún ciudadano. Si Fuerteventura es usted, entonces la democracia estará en peligro porque la democracia es de todos los que viven y trabajan en Fuerteventura y no de usted, al
igual que lógicamente no es del señor Aznar.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cámara.



La senadora Morales tiene la palabra.



La señora MORALES RODRÍGUEZ: Gracias, señor Presidente.



Voy a empezar por donde lo ha dejado el senador Cámara.



Efectivamente, los términos en que se ha planteado esto no culpan a la población de la isla de Fuerteventura de la situación en que está el centro de internamiento de la antigua terminal del aeropuerto de Fuerteventura. Es verdad que
Canarias es el resultado de un cruce de culturas. Nosotros somos gente solidaria, estamos abiertos al exterior y así nos hemos creado como pueblo en los últimos 500 años, pero quiero dejar claro que cuando aquí se está criticando la situación del
centro de internamiento no se está criticando a la población de la isla de Fuerteventura, que no tiene nada que ver con esto y que además se ha manifestado en varios actos en contra de la situación que están viviendo los inmigrantes en dicho centro
de internamiento. Lo decían los propios trabajadores del aeropuerto de Fuerteventura y ha habido otro tipo de manifestaciones donde se ha criticado la situación en que están. Aquí estamos criticando una situación que, además, tiene unas
responsabilidades que no son de la población, sino del Ministerio del Interior. Esto tiene que quedar claro.



Sobre el tono apasionado diré que voy a mantener el que tenía antes. Yo también soy de la isla de Fuerteventura y este fenómeno me preocupa muchísimo. No obstante, quería aclarar algunos temas respecto de la creación del nuevo centro en el
campamento Valenzuela. Yo he participado en manifestaciones en contra de la creación del centro en el antiguo campamento Valenzuela y quisiera explicar por qué. Cuando se va de visita a una isla o a una comunidad autónoma, como mínimo se tiene que
tener respeto a las instituciones que la representan. El delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración va a la isla de Fuerteventura, visita la ubicación del centro de internamiento y sale en los medios de comunicación diciendo que se
creará un centro de referencia para todo el Estado español en la isla de Fuerteventura. Posteriormente, se reúne con la Subcomisión Mixta Canarias-Estado para temas de inmigración y es donde plantea la propuesta, una vez que sale en los medios de
comunicación, sin tener en cuenta ni a las instituciones de la isla de Fuerteventura, donde Coalición Canaria tiene mayoría, ni al Gobierno de Canarias, donde gobierna Coalición Canaria. Eso como mínimo.



Efectivamente, en la Subomisión Mixta se ha planteado desde siempre la necesidad de la creación de un centro de internamiento en la isla de Fuerteventura, pero no el centro de internamiento del campamento Valenzuela y ya decía antes por qué,
porque nosotros tenemos miedo de que la isla de Fuerteventura se convierta en un centro de un gran volumen.
Antes dijo la Adjunta que está previsto un tercer módulo para seguir ampliando el centro. Nosotros queremos que sea un centro dimensionado,
con una capacidad limitada para que se pueda distribuir a estos inmigrantes y que no solamente Fuerteventura cuente con esta carga.



Una cosita más. Antes he hecho una valoración del tratamiento de la inmigración en Canarias voy a poner un ejemplo. En la Comisión de Presupuestos de diciembre de 2000 para los presupuestos de 2001 yo defendí una enmienda para que se
destinaran 500


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millones para atender a los problemas de inmigración en Canarias. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular nos dijo en ese momento que si no hubiésemos apoyado la primera Ley de Extranjería no estaría sucediendo lo que está sucediendo
porque eso había sido un efecto llamada y por eso teníamos los problemas que teníamos. Estoy hablando de 2000. Esa enmienda no se aprobó.



Nosotros estamos preocupados con esta situación pues el resultado posterior es que todos los años se está incrementando el número de inmigrantes que llegan a la isla de Fuerteventura.



Otro puntito es...



El señor PRESIDENTE: Senadora Morales, termine.



La señora MORALES RODRÍGUEZ: Lo digo cortito, cortito.



No se puede estar de acuerdo con el informe que daba la Adjunta del Defensor del Pueblo y decir que no se vulneran los derechos humanos porque si eso no es una vulneración de los derechos humanos. ¡Dios nos libre de ver lo que tenemos que
estar esperando para denunciar la vulneración de un derecho humano! Yo me quedo sorprendida.



Por último, hay una reunión con el Gobierno de Canarias y con el ministro del Interior satisfactoria para nosotros donde, por una vez, el Ministerio del Interior, a través del ministro, recoge las propuestas que hace el Gobierno de Canarias.
Pero hay que decir que la Subcomisión Canarias-Estado se ha reunido desde hace dos años y hasta que no se ha mantenido esta reunión directamente con el Ministro no se han sacado conclusiones claras para resolver los problemas de la inmigración en
Canarias.



Agradezco la valentía de la Adjunta, que más que valentía es seriedad con la que se toma su trabajo y, por supuesto, le da seriedad a la Institución a la que está representando.



Sólo me queda decir que, efectivamente, el Delegado del Gobierno para la Inmigración y la Extranjería dijo en la inauguración del centro de Valenzuela que por ahora va a mantener abiertos los dos centros. En cualquier caso, me gustaría que
ustedes siguieran pendientes de la situación de la antigua terminal del aeropuerto.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Morales.



Tiene la palabra el senador Capdevila.



El señor CAPDEVILA I BAS: Gracias, señor Presidente. Seré breve.



Señora Adjunta Primera al Defensor del Pueblo, nuevamente le agradezco sus contestaciones.



Mi pregunta acerca de si los abogados son distintos o siempre intervienen los mismos tenía por objeto saber si este problema se ha generalizado a través de la abogacía del sector y el porqué. Digo esto, porque me resisto a creer que la
precaria atención que reciben los inmigrantes y que usted ha puesto de manifiesto obedezca única y exclusivamente a ese afán de lucro. Quizá influya algún otro motivo que no ha sido detectado por la Institución a la que usted representa.



De su informe me quedo con la frase de que esta institución no es una tapadera de nadie, y así debe ser, evidentemente; con la detección de los problemas, que es el cometido de la institución del Defensor del Pueblo; con las
recomendaciones, sugerencias y comunicaciones que usted ha efectuado, y con la denuncia en el caso de que se observara alguna anomalía o incumplimiento de la normas jurídicas. Por otro lado, aplaudo los comunicados que usted ha hecho al Consejo
General del Poder Judicial, a los ministerios de Justicia e Interior, a la Fiscalía General del Estado, al Colegio de Abogados y al Consejo General de la Abogacía Española. Creo que con ese círculo se ha acotado la problemática que pueda haber
surgido por esa asistencia anómala a los inmigrantes.



En cualquier caso, insisto en que debe hacerse un seguimiento de las recomendaciones y sugerencias aceptadas, así como de las denuncias que se han comunicado a los citados organismos oficiales para vigilar su resultado, saber si se ha
incoado algún expediente, y conocer la respuesta que se ha dado a ese problema. Aunque la responsabilidad en este asunto es del Gobierno, evidentemente, creo que también es responsabilidad de todos los grupos parlamentarios intentar dar soluciones
a través de los actos de control e iniciativas parlamentarias.
Y si con todo ello el Gobierno no acepta ninguna de esas sugerencias, la responsabilidad será única y exclusivamente del Gobierno.



Muchas gracias, señor Presidente.



El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Capdevila.



Tiene la palabra la diputada Torrado.



La señora TORRADO REY: Gracias, señor Presidente.



En primer lugar, me congratula comprobar que la Adjunta Primera al Defensor del Pueblo haya encontrado tantas coincidencias con el Grupo Socialista en lo que a la denuncia de determinados aspectos de ese centro se refiere. Es evidente que
estamos en la misma línea.



El Grupo Socialista ha denunciado reiteradamente que la inmigración se siente por parte de la sociedad española en general como un desafío al que no está respondiendo el Gobierno, y especialmente en Canarias, lo que, trasladado a esta
Comisión, supondría evidenciar que la sociedad canaria tiene un rechazo hacia el


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inmigrante, cuando ocurre todo lo contrario. No creemos que en ningún momento se haya puesto el acento en esa situación. De lo que ahora estamos tratando es del citado centro. A este respecto, al margen de que parezca que el Grupo Popular
no sepa sumar -donde hay cien afirma que hay tres-, está negando la evidencia. Digo esto, porque no se puede negar que la situación del centro no es la más deseable y que no se han vulnerado derechos humanos si nos atenemos al informe de la Adjunta
Primera del Defensor del Pueblo, que en ese sentido ha sido duro, serio y riguroso.
Pienso que la señora Adjunta Primera ha podido constatar que la situación que ha dibujado la portavoz del Grupo Popular no es la que ella misma percibió cuando
visitó ese centro, como ha manifestado.



Por ello, calificar nuestra postura de demagógica y oportunista supone de alguna forma calificar el informe también de demagogo y oportunista cuando no es así, porque está reflejando la realidad, es decir, que se están conculcando los
derechos de los inmigrantes en ese centro, no sólo en lo que se refiere a la asistencia letrada, sino también a sus necesidades más básicas. Repito que negar esa situación es negar la evidencia. Por tanto, pensamos que quien hoy se ha quitado la
máscara en esta Comisión y ha actuado hipócritamente es el Grupo Popular.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.



Por último, tiene la palabra la señora diputada Montelongo.



La señora MONTELONGO GONZÁLEZ: Gracias, señor Presidente.



En primer lugar, quiero manifestar que rechazamos de plano cualquier tipo de insulto; lo utilizan aquellas personas que no tienen argumentos o justificación para avalar lo que dicen. Por otro lado, no me considero la dueña de
Fuerteventura, pero como si lo fuera. (Risas.) No voy a permitir que las manifestaciones que se viertan tanto en la prensa como por parte de diferentes personas pongan en entredicho la imagen de Fuerteventura.



En cuanto a la senadora Morales, que empezó su intervención muy tranquilita, pero que se ha ido sofocando conforme iba avanzando, me ha dado la razón en lo de que la isla nos llame; eso es normal, nos pasa a todos. Sin embargo, señoría,
sus manifestaciones no coinciden en absoluto con la política que defienden, por ejemplo, el presidente de su Partido, señor Rivero, su portavoz, José Carlos Mauricio, o el propio consejero de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, de su
propio Grupo, como así lo han manifestado en las últimas reuniones que hemos mantenido en la Subcomisión Canarias-Estado y en las reuniones con el propio ministro. Espero que lo dicho por usted refleje su posición personal o individual. No
obstante, la negociación de las relaciones Canarias-Estado siempre ha ido por buen camino. Nos quedamos con esa política y con ese discurso, y no con otros, en los que se emplea otro lenguaje.



Para terminar, señora Cava de Llano, repito que respeto su informe, que considero exhaustivo. Pero he de decir que no se ha violado ningún derecho humano en el centro de internamiento de Fuerteventura. Dar lo que uno tiene en un
determinado momento, en el que se produce una llegada masiva de inmigrantes, no es violar los derechos humanos, sobre todo, cuando se establecen las medidas para solucionar el problema. En cualquier caso, en lo que es referente a la asistencia
letrada y jurídica, que me parecen fundamentales, me preocupa lo que usted ha manifestado, por lo que espero que en futuras comparecencias y futuros informes podamos decir, como ha ocurrido en el caso de otras actuaciones reivindicadas por usted,
que se ha solucionado el problema y que todo ello ha ido en beneficio de los inmigrantes.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.



Para cerrar el debate, tiene la palabra la señora Adjunta Primera al Defensor del Pueblo.



La señora ADJUNTA PRIMERA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO (Cava de Llano y Carrió): Gracias, señor Presidente.



En este turno de intervención se produce una situación muy especial y es que, más que referirse a mi persona, los portavoces se han dedicado a lanzarse pequeños dardos entre ellos. Sin embargo, siguiendo la costumbre parlamentaria de que es
el compareciente quien cierra el acto, paso a referirme con mucho gusto a todas las intervenciones.



El señor Rejón ha solicitado sosiego, algo con lo que estoy totalmente de acuerdo. También ha hablado de fotos y flashes -lo cierto es que fotografía no es uno de mis hobbies-. Por otro lado, ha hecho dos tipos de calificaciones, la
primera, en la que ha hablado de hienas y buitres, y la segunda, más rocambolesca. Me quedo con la segunda calificación; me gusta más.



Y no quiero entrar en el alcance de la remuneración, porque, en primer lugar, eso es algo que no tenemos que decidir nosotros; además, considero que la actuación de un abogado en una asistencia letrada requiere la adecuada remuneración. Lo
que me preocupa es la forma de ganarse esa remuneración, cosa muy distinta.



También ha dicho que si alguien es bajo y pequeño no se le escucha y no puede hablar. Pues bien, sepa, señor Rejón, que en el Defensor del Pueblo escuchamos a todos: a los altos, los bajos, los guapos y los feos, porque todos ellos son
motivo de nuestro cariño y atención.



El señor Cámara ha dicho que me aprecia. El aprecio es mutuo, señoría; yo también le aprecio y le respeto enormemente. Incluso me ha piropeado, con lo que ya tengo bastante para el día de hoy. También se ha


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referido a los pequeños dardos que se han lanzado entre ustedes y a los cambios de nombre de partidos políticos. Eso es algo que deberá usted sugerir a quien corresponda, señoría, porque actualmente no me atañe.



En cuanto a la señora Morales, se ha expresado como si alguien culpara a la población de Fuerteventura. Señoría, está clarísimo que nadie la culpa. Lo que ocurre es que la población de Fuerteventura, por su situación geográfica, está
sufriendo un problema que no se padece en otros lugares del territorio español. Pero no hay nada que objetar al pueblo majorero, sino todo lo contrario. Ha dicho usted que el señor Fernández Miranda tiene que visitar a todos cuando viaja. No sé
lo que hace el señor Fernández Miranda en sus viajes ni a quién visita. A esto tendrá que responder él mismo.



Agradezco sus palabras en el sentido de que el informe ha sido valiente.
Cuente usted con que haremos todo lo posible por intentar coordinar actuaciones y permanecer vigilantes ante el futuro.



El representante de Convergència i Unió ha dicho que le parece mentira lo que ha sucedido y me pedía más explicaciones sobre estos abogados que prestan una deficiente asistencia al detenido. Según los datos que me ha proporcionado el
Colegio de Abogados de Las Palmas son 17 los abogados que conforman ese turno. Ha dicho que tiene que haber una respuesta de la Administración. Nosotros nos hemos dirigido a todas las administraciones que antes he señalado y que todavía no han
tenido tiempo de responder, pues debo confesarle que fue ayer cuando nos dirigimos a ellas debido a la premura del tiempo y al cambio de la convocatoria de la Comisión, cuya sesión, que se debería haber celebrado mañana, ha tenido lugar hoy.



No ha sido fácil resumir todo lo que he explicado en este informe como tampoco lo ha sido el que mis colaboradores hayan hecho una labor de investigación tan ardua como la que se ha llevado a cabo con la Policía, con intérpretes, con
detenidos, con la Delegación del Gobierno, etcétera.
No he podido avisar antes de las conclusiones a las que hemos llegado después de elaborar ese informe. Como digo, ayer salieron de la Institución del Defensor del Pueblo todas las
recomendaciones dirigidas a las distintas administraciones y espero obtener una respuesta inmediata.



La señora Torrado, del Grupo Parlamentario Socialista, ha hecho mención en su intervención respecto de las denuncias que ustedes han presentado y con las que coincido totalmente. Coincido con los hechos pero no entro en valoraciones de tipo
político porque éstas no son actualmente de mi incumbencia. Honestamente he reflejado lo que vi y creo que he cumplido con mi obligación en el sentido de que lo he denunciado y lo he puesto de manifiesto.



He entendido perfectamente las palabras de la señora Montelongo, del Grupo Parlamentario Popular, como también he entendido que en algún momento usted se haya podido sentir dolida, pues llevamos muchas horas hablando única y exclusivamente
de su isla, a la que usted tiene todo el cariño y el respeto que se merece. Insisto en que por parte de todos los presentes hay un respeto por el pueblo majorero y en ningún momento creo que nadie haya intentado obviar ese extremo. Me alegraré
mucho de que se produzca ese pacto entre los señores Ribero y Mauricio, antiguos compañeros del Congreso de los Diputados y a quienes aprecio mucho. A la señora Torrado y a usted misma es a quienes no conocía hasta hoy. Me alegraría mucho que la
coordinación de los esfuerzos entre todos ustedes nos llevara a no tener que hablar de Fuerteventura más que para elogiar su belleza, que es mucha, y sus gentes.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, agradezco sinceramente su presencia en esta Comisión, como agradezco asimismo la de don Manuel Aguilar, también Adjunto del Defensor del Pueblo, y la de su equipo, por el magnífico trabajo que nos han
presentado y que creo nos acerca muchísimo más a la realidad ciudadana de cualquier tipo que ésta sea.



Señorías, se levanta la sesión.



Eran las trece horas y cincuenta y cinco minutos.