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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 92, de 18/06/2002
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2002 VII Legislatura Núm. 92
PARA LA UNIÓN EUROPEA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSEP BORRELL FONTELLES
Sesión núm. 34
celebrada el martes, 18 de junio de 2002, ,
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor secretario de Estado de Asuntos Europeos (De Miguel Egea) para informar sobre:
- La posición del Gobierno acerca de la propuesta de reglamento de la Comisión y del Consejo sobre promociones de ventas en el mercado interior (propuesta legislativa COM 2001/546), en aplicación de lo dispuesto en el artículo 3b) de la ley
8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, desarrollado en el punto primero de la resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de septiembre de 1995. A solicitud del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergéncia i Unió) (Número de expediente Congreso 212/000899 y número de expediente Senado 731/000594.) ... (Página 2138)
- El proceso de ampliación de la Unión Europea. A petición del Gobierno.
(Número de expediente Congreso 212/001092 y número de expediente Senado 713/000576.) ... (Página 2146)
- Las perspectivas existentes sobre el proceso de ampliación de la Unión Europea en el Consejo europeo de Sevilla. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente Congreso 212/001081 y número de expediente Senado
713/000559.) ... (Página 2146)
- Las expectativas de la futura presidencia española de la Unión Europea en relación con el proceso de ampliación de la misma. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente Congreso 212/000421 y número
de expediente Senado 713/000180.) ...
(Página 2146)
Preguntas:
- Del señor Castro Rabadán (Grupo Parlamentario Socialista Senado), sobre medidas que adoptará el Gobierno para evitar el incumplimiento del derecho comunitario durante la presidencia española de la Unión Europea.
(Número de expediente
Congreso 181/001180 y número de expediente Senado 681/000329.) ... (Página 2161)
- De la señora Blanco Terán (Grupo Parlamentario Socialista), sobre informaciones y medidas que ha interesado el ministro de Asuntos Exteriores, como presidente de turno del Consejo de Ministros de la Unión Europea, del Gobierno de los
Estados Unidos de América respecto de la situación de los prisioneros talibanes en la base militar de Guantánamo y su adecuación a la Convención de Ginebra de 1949 y demás normas internacionales sobre derechos humanos. (Número de expediente
Congreso 181/001300 y número de expediente Senado 683/000093.) ... (Página 2163)
- De la misma señora diputada, sobre informaciones y medidas que han llevado al ministro de Asuntos Exteriores, como presidente de turno del Consejo de Ministros de la Unión Europea, a manifestarse convencido de que Estados Unidos respeta
los derechos de los detenidos en la base militar de Guantánamo sin contar aún con los informes del Comité Internacional de la Cruz Roja. (Número de expediente Congreso 181/001301 y número de expediente Senado 683/000094.) ...
- Del señor Díaz Díaz (Grupo Parlamentario Socialista), sobre situación del sector pesquero español en el acuerdo comercial y de cooperación de la Unión Europea con Chile. (Número de expediente Congreso 181/002618 y número de expediente
Senado 683/000126.) ... (Página 2165)
Se abre la sesión a las once y diez minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados, empezamos la comparecencia prevista del secretario de Estado de Asuntos Europeos.
Tenemos muchos temas, yo no sé si sería posible agruparlos todos. En el orden del día están los que están. Observarán los señores miembros de la Comisión que no figura el relativo a la minería del carbón, que ha sido retirado por el Grupo
Socialista proponente, y por lo tanto, tenemos cuatro peticiones de intervención del secretario de Estado: las ventas en el mercado interior, el proceso de ampliación, proceso de ampliación de nuevo, y expectativa de la presidencia española en
relación con el proceso de ampliación. El Gobierno, el Grupo Socialista y el Grupo Popular piden los tres lo mismo, debo entender, por lo tanto, que sería razonable juntarlas en una sola. Sin embargo, en cuanto a la primera comparecencia, el
portavoz de Convergència i Unió opina que debe tratarse por separado, lo que parece razonable, puesto que es una cosa muy específica que nada tiene que ver con lo otro. Entonces, trataremos el primer punto del orden del día y a continuación los
otros tres agrupados, si les parece bien a los miembros de la Comisión y al secretario de Estado.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EUROPEOS (DE MIGUEL Y EGEA) PARA INFORMAR SOBRE:
- LA POSICIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DE LA COMISIÓN Y DEL CONSEJO SOBRE PROMOCIONES DE VENTAS EN EL MERCADO
INTERIOR (PROPUESTA LEGISLATIVA COM 2001/546), EN APLICACIÓN DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 3B) DE LA LEY 8/1994, DE 19 DE MAYO, POR LA QUE SE REGULA LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA, DESARROLLADO EN EL PUNTO PRIMERO DE LA RESOLUCIÓN
DE LAS MESAS DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y DEL SENADO, DE 21/09/95. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) (Número de expediente del Congreso 212/000899 y número de expediente de Senado 731/000594.)
El señor PRESIDENTE: Adelante, señor secretario de Estado, para informar sobre la posición del Gobierno acerca de la propuesta de reglamento de la Comisión y del Consejo sobre ventas en el mercado interior (propuesta legislativa
COM/2001/546), en aplicación de lo dispuesto en el artículo 3b) de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, desarrollado en el punto primero de la Resolución de las Mesas del Congreso de los
Diputados y del Senado, de 21/09/95.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EUROPEOS (De Miguel y Egea): La propuesta de reglamento de promoción de ventas en el mercado interior, junto con el Libro Verde de protección de consumidores, son dos iniciativas que la Comisión ha
elaborado con la intención de lograr un mercado interior de consumo y que este mercado interior de consumo alcance el mismo nivel que el mercado interior en las transacciones comerciales entre empresas. El objetivo es aprovechar el gran potencial
que supone el mercado interior, por constituir el mayor grupo de demanda del mundo, para lograr que las empresas puedan acceder a ese mercado con la misma facilidad con la que acceden a mercados nacionales. En ese sentido, debería estimularse la
competitividad, la simplificación legislativa de las normas existentes y, cuando sea posible, la desregulación, que ayudaría sin duda a reducir las cargas que recaen sobre las empresas. Por su parte, los consumidores se beneficiarían de una mayor
variedad de mercados con precios más competitivos.
En cuanto a los aspectos más concretos de la propuesta que es objeto de esta comparecencia, quisiera señalar que España apoya esta propuesta, si bien debe advertirse con carácter previo que es prematuro fijar una posición española con
carácter definitivo, que estará en función, como es lógico, de las modificaciones que pueda sufrir el texto del reglamento durante su discusión.
El proyecto plantea un problema de carácter general, que posiblemente se repita en otros Estados, en el sentido de que introduce unos conceptos jurídicos distintos a los regulados en la legislación española, principalmente en la Ley de
ordenación de comercio minorista. Teniendo en cuenta que al ser un reglamento se produciría una aplicación directa, inmediata del mismo, su aprobación daría lugar a un desajuste entre la normativa estatal y la comunitaria. En el caso español, la
virtual distorsión o desajuste apuntado se vería agravado toda vez que la Ley de ordenación del comercio minorista, en el título II, donde se regulan las actividades de promoción de ventas, recoge artículos dictados por el Estado en el ejercicio de
sus competencias en materia de legislación mercantil y también artículos que no gozan de este carácter ni del de legislación básica y que han sido sustituidos por normas autonómicas. Por ello se ha rescatado la participación de las comunidades
autónomas, tanto por el Ministerio de Economía como por el Instituto Nacional de Consumo, en los foros de sus correspondientes competencias.
En cuanto al contenido del proyecto en relación a la normativa española en el momento actual, cabe hacer las siguientes observaciones: El concepto de rebaja parece muy amplio, mucho mayor que el concepto de rebaja español, que está ceñido a
la actividad promocional realizada directamente por el comerciante minorista. No obstante, todas las figuras que se recogen expresamente en la propuesta entrarían dentro del concepto de la normativa española de ventas de promoción. Durante el
proceso negociador del reglamento sería conveniente negociar un término distinto al de rebaja, posiblemente descuento, dejando el término solde (en francés) o seasonal sales (en inglés) para el concepto de rebajas españolas. De acuerdo con el texto
propuesto, parece que las rebajas de temporada no se verían afectadas por la prohibición general. De hecho, el sometimiento a autorización administrativa de las temporadas de rebaja parece una práctica general en Europa y una segunda lectura del
proyecto en este sentido debería mejorar su redacción. Se propone, por lo tanto, la introducción de una definición de solde o seasonal sales o rebajas, para tener un concepto unificado a lo largo de la Unión. Por último, convendría establecer la
posible existencia de limitaciones generales en relación con las ventas a pérdida. La normativa española prohíbe expresamente las ventas a pérdida en la medida en que pueden suponer un factor de competencia desleal. No obstante, la prohibición
afecta principalmente al ámbito del comercio minorista, ya que fuera de este ámbito el tema parece estar regulado por la normativa sobre competencia desleal.
La presidencia española en el curso del Consejo de mercado interior, consumidores y turismo, celebrado el 21 de mayo, que fue el último de la presidencia española, propuso que se llevara a cabo un debate de orientación en el que los Estados
miembros hicieran referencia a su posición relativa al ámbito de aplicación de la propuesta y al nivel de armonización deseado. Asimismo,
se solicitó la opinión de los Estados sobre la aplicación de la propuesta a los profesionales y a los consumidores y la manera de tratar las ventas a pérdida. Las intervenciones, que fueron de muy variado significado y alcance, están siendo
analizadas por los servicios correspondientes y esperamos que puedan contribuir a elaborar opciones viables sobre las que seguir trabajando de forma eficaz y pragmática durante la próxima presidencia de la Unión Europea. Me parece, por tanto, que
este asunto es un asunto abierto, que está todavía a debate en el Consejo. Como he dicho, nosotros hemos alimentado un debate de orientación para fijar las diferentes posiciones. Hay un nuevo Consejo de mercado interior en el mes de septiembre,
convocado por la presidencia danesa, y también un Consejo informal de mercado interior y de consumidores el día 11 y 12 de octubre, si mi memoria no es mala, y según las noticias que yo tengo, la presidencia danesa tiene la intención de sacar de
nuevo las conclusiones de este debate de orientación para introducir nuevas propuestas en el reglamento con objeto de poderlo, si fuera posible, aprobar antes de final de año. En cualquier caso, éste es un reglamento que está sometido a codecisión
que tendrá que volver al Parlamento europeo y de nuevo al Consejo. Por lo tanto es un reglamento con un cierto camino todavía por recorrer, pero que naturalmente tiene su interés, no solamente por la importancia que tiene la promoción de ventas en
el mercado interior como tal, sino por las consecuencias que tiene sobre la Ley de comercio minorista en España.
El señor PRESIDENTE: Grupos que desean tomar la palabra, empezando, por el solicitante de la comparecencia.
Tiene la palabra el señor Guardans, por el Grupo Catalán (Convergència i Unió).
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señor secretario de Estado, mi grupo plantea esta comparecencia no como una comparecencia normal, y lo quiero reiterar a los efectos más formales, sino en aplicación de lo dispuesto en el artículo 3.b) de la Ley
8/1994, de creación de esta Comisión Mixta para la Unión Europea. Por tanto, está usted aquí protagonizando un debate con el Parlamento del que se va a deducir una votación, en su momento, en una Comisión posterior, por la que esta Comisión fijará
-en los términos planteados por este grupo o no, ya lo veremos, dependerá de la posición del grupo mayoritario- la posición parlamentaria sobre una propuesta legislativa de la Comisión que afecta gravemente a los intereses españoles; es algo muy
habitual en los demás parlamentos y es algo que se hace aquí raramente.
Estamos ante uno de esos ejemplos que crean euroescépticos, señor secretario de Estado. Textos como éste, y usted me conoce después de ya seis años de portavoz en esta Comisión, son los que crean euroescepticismo y pueden contribuir a que
muchos pierdan la fe no sólo en la Comisión sino en todo el sistema de toma de decisiones de la Unión Europea, porque el Estado español tiene una Ley de ordenación del comercio minorista que costó mucho negociar, que se vendió políticamente,
electoralmente se podría decir también, por todas las fuerzas políticas en su momento a las partes más implicadas, lógicamente y fundamentalmente al pequeño comercio, que por supuesto el Partido Popular ha explicado al pequeño comercio como algo que
iba a mantener, porque fue durante el último mandato del Partido Socialista cuando ese texto se votó, y que ha tenido algunas pequeñas modificaciones posteriores. Ningún partido político en España se atrevería a tumbar la Ley de comercio minorista,
a cargársela, permítaseme la expresión poco jurídica, a ponerla patas arriba y a poner en peligro todo el sistema del comercio minorista en España autorizando las ventas a pérdidas y cargándose entero el sistema de rebajas que ha costado mucho,
independientemente del respeto a las competencias autonómicas, que es otra cuestión, en la medida en que se ha intentado buscar equilibrios entre unos y otros.
Constato que no hay Diario de Sesiones en esta Comisión, o es que hemos decidido que sea... ¡Ah!, perdón.
El señor PRESIDENTE: No hemos decidido nada al respecto, están en el fondo de la sala.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Perdón, tenía la sensación de estar en una Comisión secreta. Gracias.
En ese tipo de políticas, donde las cosas se hacen con transparencia, se asume la defensa del pequeño comercio, se valoran los pros y los contras, el equilibrio entre el pequeño comercio y la gran superficie salta por los aires cuando, como
en este caso, y llamemos a las cosas por su nombre, las grandes superficies, y muy particularmente las multinacionales de la distribución, aquel lobby que no pueden realizar ante este Parlamento o que les puede ser costoso ir a realizar ante cada
una de las comunidades autónomas, lo realizan en Bruselas. En Bruselas consiguen un texto que dinamita el sistema español de comercio minorista y conseguirán, y eso es lo que sería espectacular en términos políticos, que es lo que a nosotros nos
tiene que afectar, que el Gobierno español, por activa, es decir, apoyándolo activamente, o por pasiva, como si fuera un fenómeno climatológico sobre el cual no puede hacer nada, acabara aceptando que Bruselas, ese llamado Bruselas, aprobara un
texto que evidentemente derogaría, por la pura jerarquía de normas y reparto de competencias en este caso entre el derecho comunitario y el derecho interno español, la Ley de ordenación del comercio minorista.
Si este texto se aprueba con el voto de España, que no es un tema de modificación menor, no cabe la modificación
menor, si este texto sale adelante, se desmonta el sistema español de comercio minorista y el Gobierno de España no podrá comparecer ante este Cámara diciendo: 'Miren ustedes, estamos obligados a hacer eso'. No hablamos ni siquiera de una
directiva, por tanto no tendrá ni que pasar por esta Cámara, hablamos de un reglamento; no podrá tener la desvergüenza de comparecer ante el pequeño comercio español (puedo hablar del catalán pero vale exactamente lo mismo para el resto de toda
España), como si Bruselas hubiera impuesto una norma a la que España no ha hecho nada por oponerse.
Le informo, porque no entra dentro del área de su departamento, que esta norma sobre la que estamos teniendo este debate ha sido examinada con todo detalle por la mesa de directores generales de Comercio de las comunidades autónomas, que por
unanimidad, incluidas las del Partido Popular, incluidas las del Partido Socialista, Partido Nacionalista Vasco, Convergència i Unió, por unanimidad han rechazado este texto al cien por cien y han pedido su retirada; todos los directores generales
de Comercio de todas las comunidades autónomas de España. Este texto también ha sido examinado con todo detalle por el Observatorio de la Distribución Comercial, que, como usted sabe, le informo porque tampoco entra directamente en su ámbito de
competencia, incluye a todos los sectores afectados, grandes superficies, pequeños comerciantes, y también tienen ahí su peso responsables políticos, observatorio que existe en el seno del Ministerio de Economía. También al cien por cien, mejor
dicho, al 99 por ciento, el Observatorio de Distribución Comercial se ha opuesto a la aprobación de este texto, con una sola excepción, que no la voy a citar, una determinada institución que defiende el liberalismo absoluto en el ámbito del pequeño
comercio. Lo cual significa que si su ministerio, como negociador en este ámbito en temas de mercado interior, acaba aprobando esto y no se opone con todas sus fuerzas en la sede del Consejo de Ministros y, por tanto, permite la venta a pérdida en
el ámbito del pequeño comercio y destroza el sistema de rebajas establecido por la legislación autonómica y estatal, estaría aprobando, cosa que el Gobierno de España tendría que explicar a su electorado, la posición más ultraliberal en materia de
pequeño comercio que se haya aprobado nunca en ningún Estado de la Unión Europea, la estaría defendiendo, la estaría tolerando y estaría oponiéndose a lo que quienes tienen las competencias en materia de pequeño comercio, de comercio minorista, que
son las comunidades autónomas, les han dado a ustedes como instrucción.
Por todo ello, señor secretario de Estado, lo primero que querría con esta intervención es llamarle la atención sobre la trascendencia que tiene este texto, que, a pesar de su apariencia espesa, que es lo que nos suele ocurrir con la
normativa europea, y su sensación de que esto es un tema técnico, tiene una trascendencia espectacular en términos económicos y sociales. En segundo lugar, pedirle que España, con el máximo compromiso político, inste a la retirada de este texto, se
oponga con todas sus fuerzas políticas a este texto. Y en el caso de que no hiciera esto y, finalmente lo apoyara activamente o dejara que el agua siguiera su curso como si no tuviera nada que ver y no pudiera hacer nada por pararlo, que tenga el
valor político, la valentía política de comparecer ante el electorado y decir que España en Bruselas se opone al comercio minorista y vota contra el pequeño comercio; que lo haga, y no nos encontremos dentro de seis meses como si Bruselas, como una
especie de ente abstracto que nadie controla, ha decidido perjudicar al pequeño comercio y el Gobierno de España no tiene más remedio que acatarlo, porque eso, insisto, señor secretario de Estado, es lo que acaba creando euroescépticos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor presidente, coincido básicamente con lo que acaba de expresar el señor Guardans. Ésta es una de esas ocasiones en las que, bajo la apariencia de la defensa de los intereses de los consumidores, se introduce
una norma, que además se solapa con la presentación del Libro Verde sobre la protección de los consumidores, y daría la sensación de que se está realizando una acción en defensa de los consumidores cuando en realidad no existe, no se ha definido
todavía ese marco de defensa de los consumidores que sería necesario desarrollar plenamente para, a partir de ahí, en todo caso, abordar la posible regulación del comercio en los términos en que se plantea o en otros términos. Por lo tanto, primera
contradicción: no es aceptable que se presente a la vez el Libro Verde sobre la protección de los consumidores y la regulación de las ventas promocionales; es un debate simultáneo que está viciado por su propia naturaleza. Además, la norma, tal y
como está planteada, que ha sido objeto de numerosas críticas en el Parlamento europeo, que va a provocar numerosas enmiendas, que va a dilatarse en el tiempo y se va a ir previsiblemente a un debate en Comisión del Parlamento europeo del mes de
junio y difícilmente llegará al Pleno del Parlamento europeo antes del mes de septiembre, introduce cuestiones como por ejemplo las ofertas y promociones con primas y obsequios, en las que, a menos que se especifique el valor real del bien o del
servicio, cabría el engaño, que habitualmente se produce para el consumidor, de que no se está incorporando el precio final que el consumidor va a pagar por ese producto en la aparente promoción, con lo cual el consumidor está pagando los costes de
la promoción del producto. Lo mismo ocurre en el caso de los juegos sin gastos de obligación ni de compra. Si se suprime el acceso gratuito al juego estaríamos en una situación en la que cualquier operador
podría organizar juegos de azar a escala europea en los que la apuesta quedaría disimulada en el precio del producto o del servicio, con lo cual, o se mantiene la gratuidad de esos juegos o si no estaríamos en una situación que desbordaría
totalmente el ámbito del mercado interior. Lo mismo ocurre con los descuentos. Los descuentos son positivos en la medida en que las obligaciones de transparencia sean suficientes y exista la fórmula que permita cerciorarse de la realidad del
descuento y, por lo tanto, no hay posibilidad de equívoco porque se puede conocer el precio antiguo y el precio actual, y exista también una disponibilidad de los productos ofertados, si no, se estarían fomentando las prácticas incontroladas que
llevarían a situaciones, como son habituales, en las que al final, ante la falta de existencia del producto, se ofrece un producto que acaba siendo más caro. Pero la normativa en materia de descuentos no es común en el ámbito de la Unión Europea;
no está claro que, por ejemplo, sea perjudicial la posibilidad de obtener precios inferiores en cualquier época del año. La propuesta de la Comisión no suprime la posibilidad de organizar rebajas que podrían ir también en interés de los propios
comerciantes.
Otra cuestión polémica es la que el señor Guardans definía como venta por debajo del coste, tema que va a requerir un amplio debate. En el enfoque que apunta la Comisión, que a nuestro juicio es un enfoque un tanto ingenuo, lo que se viene
a decir es que en una situación en la que no hay una normativa común (este tipo de ventas sólo está regulado en cinco Estados de la Unión) se prohíban todas las restricciones en materia de cuantía de los descuentos, pero no demuestra en absoluto que
ese tipo de ventas, ese tipo de disposiciones constituyan un obstáculo para el mercado interior. Cuando la Comisión dice, por ejemplo, que para combatir las prácticas desestabilizadoras del mercado es necesario informar a priori a los proveedores
de la posibilidad de que sus bienes o servicios sean vendidos con pérdidas, expone una visión bastante ingenua de la realidad, y cuando añade que los proveedores que teman que estas operaciones puedan perjudicar su imagen de marca podrían fijar
condiciones o negarse a firmar un contrato, la Comisión está ignorando las dificultades de acceso a la gran distribución.
Pretender establecer una distinción tan simplista como la que hace la Comisión cuando dice que los grandes operadores basan sus campañas comerciales en el reconocimiento de las marcas mientras que las pymes juegan más la baza de los precios
y el servicio a los clientes, no es en absoluto convincente, como tampoco lo es el criterio según el cual el consumidor siempre sale ganando con los precios más bajos. Quienes somos consumidores sabemos perfectamente que eso no es así, sobre todo
cuando nos vemos sometidos a la presión de un artículo de lanzamiento que se nos pone como anzuelo para luego especular con mayor facilidad sobre la compra de otros productos más caros. No está claro que las normas comunitarias sobre abuso de
posición dominante sean suficientes para contener la competencia. De hecho, la jurisprudencia demuestra que sólo existe abuso de posición dominante si la operación está claramente destinada a eliminar a un competidor o si se aplica
sistemáticamente.
Y finalmente dos cuestiones nada más: la dificultad de aplicación del principio de reconocimiento mutuo, en primer lugar, por la propia ignorancia de la legislación extranjera; en segundo lugar, porque a veces las legislaciones de los
distintos países son contradictorias; y en tercer lugar, porque se corre el riesgo de que el reconocimiento mutuo pueda desembocar en una liberalización que sea perjudicial para todos, o por lo menos para aquellos países en los que la normativa sea
más protectora de los intereses de los consumidores; y la prohibición de recabar datos de carácter personal sobre los niños y los adolescentes sin consentimiento previo del responsable legal. Está plenamente justificada pero creemos desde el Grupo
Socialista que hay que ir más allá. No se trata solamente de proteger, como dice la norma, la salud física de los niños, sino también su equilibrio psíquico o moral, con lo cual, tal y como está redactada la norma, sería dudoso que por ejemplo se
pudiera proteger a los menores de publicidad vinculada a pornografía infantil, lo que sería una auténtica aberración. Por lo tanto, creemos que es una norma que está mal planteada, planteada en un momento inadecuado, desvinculada del Libro Verde
sobre la protección de los derechos de los consumidores, que tendría que ser la norma que estableciese los términos de referencia, y creemos que no puede sustanciarse en los términos en que ha sido planteada por la Comisión.
El señor PRESIDENTE: El turno de intervinientes sería: el Grupo Parlamentario Vasco, el Grupo Mixto, Coalición Canaria, Entesa del Catalans, Izquierda Unida y Grupo Parlamentario Popular. Por este último intervendrá, la señora Josefa.
La señora AGUADO DEL OLMO: En primer lugar, agradecer la presencia del secretario de Estado y su disponibilidad permanente para comparecer ante esta Comisión, y más aún en estos días que tiene su agenda muy apretada.
La necesidad que se tiene de un reglamento relativo a las promociones de ventas en el mercado interior creemos que se hacía imprescindible en la Unión debido a la disparidad de criterios entre los países miembros a la hora de promocionar sus
productos. La propuesta de reglamento que se ha elaborado y que, como bien nos ha informado el secretario de Estado, está aún en periodo de posibles modificaciones, debe tener criterios claros en cuanto a beneficio de los consumidores, no sólo para
alcanzar precios más competitivos, sino además, y como bien se ha dicho por parte de la ministra de Sanidad y Consumo en el Parlamento europeo el pasado 4
de febrero del presente año, para establecer reglas relativas a la utilización de descuentos, obsequios, primas o juegos, como táctica comercial dirigida a promover la venta de productos y servicios; una información más clara y homogénea,
mayor seguridad en las ofertas transfronterizas y mecanismos de reclamación fáciles y eficaces son los elementos que deben hacer de esta propuesta de reglamento una medida beneficiosa para nuestros consumidores.
En el caso español, esta propuesta de reglamento hará que en su día, en el momento de su aprobación, tengamos que adecuar o no nuestra normativa en relación con la materia en concreto. La Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del
comercio minorista, no goza en su totalidad de competencias del Estado sino por al contrario, al margen de sus competencias en derecho privado, derecho mercantil, norma básica o Constitución, tiene regulados artículos que son actualmente
competencias autonómicas, por lo que se hacía imprescindible la participación no sólo de profesionales y consumidores sino también de las comunidades autónomas en cuanto a sus correspondientes competencias, como bien se nos ha informado.
Observamos que la propuesta de reglamento establece un alto nivel de protección de los consumidores, algo que nuestro grupo ve imprescindible para regular este mercado, así como que su articulado debe garantizar que las comunicaciones
comerciales relacionadas con las promociones de venta sean transparentes y que el ciudadano interesado en una promoción pueda obtener fácilmente toda la información relacionada anunciada en dicha comunicación.
En cuanto a la normativa española que prohíbe expresamente las ventas a pérdidas, con las excepciones de ventas a saldos o ventas en liquidación, compartimos la idea de exigir la existencia de limitaciones generales y que el estudio de esta
forma de venta sea minucioso por la trascendencia que podía tener en el mercado; asmismo hay otros conceptos o cuestiones sobre los que las distintas legislaciones de los países miembros deben ser armonizadas, debido a las distintas concepciones
que se tiene de los mismos.
Señorías, por todo lo expuesto, creemos desde este grupo parlamentario que la propuesta de reglamento tendrá que seguir los distintos cauces para su enriquecimiento dentro del proceso negociador abierto, ya que, como todas SS.SS. conocen,
la cuestión que hoy traemos a esta Comisión es un asunto de especial importancia tanto para la protección de los consumidores como para el desarrollo del mercado interior de la Unión.
Solo nos queda reiterarle las gracias, señor secretario de Estado, por su comparecencia y dejar claro que este proceso todavía está abierto y que entendemos que en su debate se aplicarán todas las propuestas que presenten los países
miembros.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, ¿desea intervenir en respuesta a lo dicho por los portavoces?
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EUROPEOS (De Miguel y Egea): Sí, muchas gracias. Quiero agradecer las contribuciones de todos, aunque la verdad es que algunas me parecen más equilibradas que otras. Creo que siempre es bueno este
ejercicio de intercambio en el Parlamento sobre todos los reglamentos que afectan a la legislación interna del país, y por eso, con mucho gusto, mandaré el informe preceptivo para que pueda ser objeto de debate, y desde luego ésta no será la última
vez que podamos hablar de este tema.
Quisiera también aclarar, porque me parece importante decirlo, que aunque esto es responsabilidad de Mercado Interior, y como SS.SS. conocen, yo soy el titular del Consejo de Mercado Interior, es verdad que la parte de consumidores, por
razón de competencia, la lleva directamente, como debe ser, la ministra de Sanidad y Consumo, doña Celia Villalobos. Ustedes conocen que ha habido una tendencia, que se va a acentuar precisamente ahora en el Consejo Europeo de Sevilla, a agrupar
consejos, en el sentido de que antes había más de 20 formaciones del Consejo, ahora hay 15 ó 16 y todavía se van a reducir, y es más, seguramente la de Mercado Interior va a volverse a reagrupar con otras cuestiones, y Mercado Interior, en la última
decisión, que fue la de Helsinki del año 1999, de acuerdo con las propuestas del entonces secretario general del Consejo, señor Trumph, se agrupó con Mercado Interior, Turismo y Protección de Consumidores.
Así, incluso en la Comisión, esto no depende exactamente del comisario de Mercado Interior, señor Bolkestein, sino que depende del comisario de Consumo, señor Byrne. De modo que, a pesar de que cae bajo la responsabilidad del Consejo de
Mercado Interior, del que soy titular, quiero aclarar -y me parece que es importante para SS.SS.- que esto depende de la competencia directa y exclusiva de la ministra de Sanidad y Consumo que, como bien ha dicho la señora Aguado, no sólo ha
intervenido ya dos veces en el Consejo sobre ello, sino que también lo ha hecho en el Parlamento Europeo, manteniendo -como no podría ser de otra manera- las tesis de defensa de los intereses españoles, tal y como han sido identificados en las
diferentes reuniones que ha habido a todos los niveles. La ministra de Sanidad y Consumo no sólo ha recabado la opinión de los operadores económicos y comerciales, sino también la de los consumidores y -como se ha señalado aquí- la de las
comunidades autónomas, puesto que este asunto tiene gran incidencia en ámbitos de competencia de las comunidades autónomas.
Quisiera decirle al señor Guardans -con todo el afecto de seis años de trabajo en común en esta Comisión, como él ha dicho- que puedo comprender el
euroescepticismo de algunos sobre esta postura, pero no el suyo. Esta propuesta sólo podría hacer euroescépticos entre personas que ignoraran la esencia del trabajo comunitario y del entramado y el triángulo institucional de la Unión. La
realidad es que el derecho de iniciativa para cualquier tema es exclusivo de la Comisión, como dicen los tratados; por tanto, no tiene que escandalizar a nadie que la Comisión Europea haga una propuesta, puesto que las propuestas de la Comisión no
siempre agradan a la mayor parte de los países miembros. También es verdad que las propuestas de la Comisión cambian, puesto que no es la Comisión el Poder Legislativo; el Poder Legislativo es el Consejo junto con el Parlamento, y ese Poder
Legislativo es el que cambia el acervo comunitario -el derecho derivado-, y cuando se trata de un reglamento se impone de manera directa sobre los ciudadanos de la Unión. Si cada vez que ha habido que cambiar una ley hubiéramos tenido que gritar
que eso es lo que alienta el euroescepticismo y que tenemos que ir en contra de ello, la construcción europea no existiría. El señor Guardans ya sabe -no le voy a dar yo lecciones sobre temas europeos- que España tuvo que transformar profundamente
toda su legislación interna antes de la adhesión y que después, desde 1986, no hemos hecho otra cosa que cambiar nuestra legislación interna; todos los días, absolutamente todos se incorporan a nuestra legislación reglamentos y directivas que
cambian la legislación interna.
En definitiva, el aserto está bien como argumento de café; pero, por favor, en esta Comisión mixta en que todos sabemos cómo funciona la Unión Europea, señor Guardans, no trate de impresionarnos -y menos a mí- con el delito de lesa patria,
diciendo que cómo la Unión Europea puede ni siquiera imaginar que va a cambiar la Ley de comercio minorista. ¡Pues a lo mejor hay que cambiarla! Si es necesario, ¡claro que habrá que cambiarla! Yo no sé si es necesario. Si podemos evitarlo para
salvaguardar nuestros intereses, lo evitaremos; pero no lo haremos si es necesario para armonizar las legislaciones de los países miembros y para tener un sistema en el que se garanticen mejor los derechos de los consumidores y también los de las
pequeñas y medianas empresas. Digo bien de las pequeñas y medianas, porque otra cosa que me parece que está fuera de lugar es decir que las grandes superficies tienen un lobby en Bruselas y que son las que mandan en la Comisión, que actúa a su
dictado. Si lo oyera el comisario Byrne y el Colegio de Comisarios -en el cual, por cierto, hay una vicepresidenta y un comisario español-, se sentirían profundamente ofendidos. Menos mal que, aunque quede en el 'Diario de Sesiones' -porque hay
'Diario de Sesiones'-, esto no va a salir por ahí fuera, a la calle.
Asimismo, espero que cuando el señor Estrella ha dicho que comparte plenamente los conceptos expuestos por el señor Guardans no se refiriera a éstos. Espero que comparta su preocupación por la incidencia que este asunto puede tener, pero no
sus puntos de vista sobre el funcionamiento de la Unión, que me parecen inaceptables -dicho francamente y con todo respeto-. Que se diga que una cosa así es intolerable porque cambia la legislación y que, además, todo esto viene dictado por el
lobby de las grandes superficies que influencia a la Comisión, me parece ridículo, simplemente ridículo -y lo digo con todo el afecto y la consideración que le tengo, señor Guardans-.
Dicho todo esto, la sustancia de la intervención tiene fundamento. Hay algo que pretende imponerse por la vía comunitaria, que afecta profundamente a una ley que encarna casi un pacto político, que afecta a las vidas y a las actividades
económicas de muchos -sobre todo, pequeños y medianos-, que afecta incluso a la vida social, porque los ciudadanos están totalmente implicados en el comercio, y afecta a los consumidores.
Se trata de una cosa muy delicada, que merece que se trate
con la mayor consideración, como usted dice. Por otra parte, este Parlamento tiene todo el derecho a pedirle al Gobierno que preste atención a este asunto, y me parece perfecto. Además, estoy totalmente de acuerdo con las cosas que usted ha dicho,
con las que ha dicho el señor Estrella y también con las que ha manifestado la señora Aguado, llamando la atención sobre puntos que pueden incidir en cuestiones delicadas, de un delicado equilibrio, que tenemos que preservar.
Naturalmente, estamos inmersos en el sempiterno tema del proceso legislativo de la Unión. También nos han hecho una propuesta sobre la reforma de la política común de pesca, que tampoco nos gusta nada. Hay algunos que dicen: ¡La tiene que
retirar! Oiga, mire usted: Nada se retira. O las cosas que oigo aquí de que un Gobierno tiene que retirar otra propuesta; todo poder con prerrogativa de iniciativa legislativa ejerce su prerrogativa. Después corresponde al órgano legislativo -en
el caso de la Unión al Consejo y al Parlamento- hacer todo lo posible para que la iniciativa vaya en la dirección que quiere. Desde luego, España no es un caso aislado; en los debates del Consejo había un número importante de países que pensaban
exactamente igual que nosotros.
Ha habido, como decía el señor Estrella, cierta confusión porque ponían el Libro Verde de Protección del Consumidor al mismo tiempo, pero precisamente ahí la ministra Villalobos ha estado muy hábil desenmascarando el intento, diciendo: No
confundamos; está bien el Libro Verde de Protección del Consumidor, pero concentrémonos en la promoción de ventas en el mercado interior. Sobre eso no se ha hecho más que iniciar un debate; que naturalmente tendrá su reflejo en el Parlamento
Europeo. Yo espero que Carles Gasòliba y otros diputados de Convergència i Unió estén igual de atentos que usted al Parlamento Europeo, como lo está -me consta- el Partido Socialista y, desde luego, el Grupo Popular.
Todos estarán muy atentos a
estos
debates y empezaremos un proceso legislativo en el que seguramente la propuesta de la Comisión será profundamente alterada. No puedo predecir lo que habrá al final; pueden pasar muchas cosas: puede haber incluso unanimidad de los 15
países miembros contra la Comisión, que es una manera no de retirar la iniciativa pero sí de cambiarla radicalmente; otra posibilidad es que haya unas mayorías cualificadas suficientes que hagan que la Comisión tenga que retirar diferentes temas,
cambiando la propuesta inicial de manera que se acomode a la realidad social y política de cada uno de los países. Como suele pasar en casi todas estas cosas, al final lo que no habrá es lo que el señor Guardans sueña, y es que la Comisión retirará
su propuesta y aquí no habrá nada. Seguramente habrá un reglamento aprobado que intentaremos que nos dé la mayor satisfacción posible, pero perderemos en otras cosas que nos parecen importantes. Todo el mundo cederá un poco, y ese es el milagro de
todos los días de la construcción europea; todo el mundo cede un poco de su soberanía nacional para construir este gran proyecto que es Europa. Al final, lo que deseamos es que este reglamento vaya de verdad en beneficio de la creación de un gran
mercado interior que favorezca a los consumidores y que proteja los intereses, sobre todo de los pequeños y medianos.
Como no sé cómo va a ir esta evolución, lo único que puedo hacer es pedirles confianza. Nosotros informaremos y la ministra de Sanidad y Consumo será diligente en la defensa de los intereses españoles, tanto de los consumidores como de las
pequeñas y medianas empresas. No puedo más que agradecer a la señora Aguado porque nos ha dado el margen de confianza que todo Gobierno necesita para ejercer sus tareas legislativas dentro de la Unión. Necesitamos ese margen de confianza para
poder defender los intereses de la mejor manera posible. En ese sentido, su propuesta de volver a debatir este tema, de hacer un informe escrito, etcétera, yo la acepto con mucho gusto y espero que tengamos más ocasiones para seguir hablando sobre
este asunto.
El señor PRESIDENTE: A efectos de orden de la tramitación de las intervenciones, después de lo dicho por el secretario de Estado estamos todos de acuerdo, en que vamos a proceder a la aplicación de lo previsto en el artículo 3, que regula
la tramitación de una iniciativa legislativa de la Comisión. Recibiremos el informe escrito del Gobierno y pasaremos a debatirlo en los términos previstos en esta norma, con la correspondiente presentación de resoluciones, su votación, etcétera.
En este momento, estamos en el trámite regulado por el artículo referente a las solicitudes de comparecencia, y ya saben los señores portavoces que las segundas intervenciones son excepcionales. A la Mesa le parece adecuado que se produzcan, pero
con la norma que venimos utilizando acerca de su limitación temporal.
Señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: La verdad es que creía que ya estábamos en ese segundo trámite, pero no tengo nada que perder -más bien lo contrario- con que haya otro debate entero sobre este tema. Creía que ya estábamos en ese debate, pero
dejo a los servicios la interpretación del Reglamento.
Señor secretario de Estado, imagino que usted cree que ni este portavoz ni ninguno de los portavoces que están en esta Comisión saben que los reglamentos pueden modificar leyes o que nos molesta que se modifiquen las leyes. Sin entrar en
ese tono personalizado, después de decir que le da bastante miedo la amistad, poniendo por medio la amistad para justificarse llamar a uno ridículo y decir que no dice más que tonterías, prefiero que se guarde esa amistad y que me manifieste un poco
más de respeto en sus intervenciones, porque cuando son más frías son más respetuosas y más elegantes.
Me voy a explicar, porque es posible que no me haya entendido. Yo no discuto que pueda existir un derecho de iniciativa ultraliberal de la Comisión que intente introducir la venta a pérdida, suprimir el comercio minorista, modificarlo,
modificar el sistema de rebajas y hacer lo que estime oportuno el comisario correspondiente. No discuto que el Consejo de Ministros de la Unión Europea tiene plenas competencias en codecisión con el Parlamento para aprobarlo. No ponga usted en mi
boca que lo discuto como si fuera un ignorante, porque ni lo soy ni lo discuto. Lo que discuto es el doble lenguaje del Gobierno, si lo hubiere; y hay un grave riesgo de que lo haya. Eso sí lo discuto, y ahí es donde entra usted. Si con la mitad
de lo que contiene este reglamento un proyecto de ley hubiese entrado en esta Cámara, en la comisión correspondiente, hoy tendríamos toda la tribuna de prensa llena. Hoy hubiese salido en la portada de muchos periódicos: El Congreso de los
Diputados debate la modificación del comercio. Esto sería un tema de titular, de primerísima importancia en toda la prensa económica, en la especializada y en parte de la general. En lugar de eso, para gran ventaja del Gobierno, sobre todo de
aquellos a quienes beneficia esta propuesta, este es un reglamento oculto donde prácticamente nadie sabe lo que usted nos ha explicado magistralmente en una clase de proceso legislativo, que se va a discutir en un consejo de mercado interior donde,
si usted pregunta quién es el representante español, pocos sabrán que es usted, y donde se puede acabar decidiendo algo que puede destrozar toda la Ley de ordenación de comercio minorista y toda la legislación autonómica.
Lo que yo le pido al Gobierno español es, en primer lugar, que el discurso sea el mismo aquí y allí; que el mismo tipo de retórica de protección del comercio que hacen aquí, cuando se habla de comercio y cuando a los interlocutores de
comercio los tienen delante, lo defiendan allí. Si después pierden, han perdido. En la pesca es posible que pierdan, en unos ámbitos se ha
perdido y en otros se ha ganado. Acepto el juego de la democracia en la Unión Europea, por supuesto, lo que no acepto es el doble lenguaje; lo que no acepto es el secretismo con el que se legisla en Bruselas -y se lo digo con todas las
letras-, parte del cual está siendo objeto de examen en la convención. Si este grupo parlamentario (no es por ponerse méritos sino simplemente por citar un ejemplo) no hubiera traído hoy esta iniciativa aquí, pocos sabrían -además a este grupo
parlamentario se lo han hecho ver, no es este portavoz quien ha descubierto este tema- que en Bruselas está a punto de dinamitarse toda la Ley española de ordenación del comercio minorista que provocó aquí debates encendidísimos. Eso es
responsabilidad de usted, mantener el mismo discurso aquí que allí.
Además usted pretende transmitir a este portavoz o a otros que el lobby es un invento de este portavoz; que la capacidad de influir en las decisiones en Bruselas es algo absolutamente real y poco menos que una calumnia; que se legisla
fruto de la inspiración divina, como en los concilios del Vaticano; que se legisla sencillamente considerando el bien común, aplicando la doctrina tomista del bien común, examinando los pros y los contras y, después de encerrarse a meditar y velar
las armas, se aprueban las normas aplicando aquello que la justicia en conciencia haya dictado a cada comisario y a cada parlamentario europeo, bienvenido sea usted al mundo de Alicia en el país de las maravillas, que este portavoz no conoce, aunque
usted mejor que yo sabe que no es así. De ahí a insultar a alguien hay una distancia.
El señor PRESIDENTE: Siempre con las advertencias de rigor sobre la pertinencia de este segundo turno y su duración, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
El señor ESTRELLA PEDROLA.
El señor secretario de Estado se preguntaba por el grado de coincidencia que yo he expresado con el señor Guardans y se lo voy a explicar.
Coincido con el señor Guardans en la trascendencia de esta norma, en el carácter, debido al
procedimiento de legislación comunitaria, semioculto o poco conocido de una norma que tiene una incidencia enorme sobre nuestra propia legislación y sobre el marco de defensa del comercio minorista. Coincido con la valoración del señor Guardans de
que esta norma parece un traje a medida de las grandes superficies. Viendo su relación con el marco legislativo actual en España y la mayor parte de los países europeos, esa impresión se reafirma. Por lo demás, aquellas coincidencias que mi grupo
o yo mismo pueda tener con el señor Guardans han quedado suficientemente claras y expresadas en el transcurso de mi intervención.
Pediría también, como lo hace el señor Guardans, al que agradezco que traiga este debate -es lo primero por lo que tenemos que felicitarnos la Comisión-, que el Gobierno se pronuncie claramente en coherencia con la actitud que públicamente
mantiene con relación a la protección del comercio minorista en España. Con que diga en qué grado esto altera su posición y por qué sí o por qué no, estaremos todos muchos más felices y podremos tener un magnífico debate cuando abordemos la
resolución.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro portavoz cree necesario intervenir? ¿Grupo Popular? (Pausa.)
La señora AGUADO DEL OLMO: Sí.
Nosotros en principio no entendemos ese secretismo que se dice por parte del señor Guardans, cuando se ha contado con todas las comunidades autónomas, con profesionales y consumidores, como pasó en su caso con el olivo y está pasando con la
pesca. Compartimos lo necesario de armonizar los derechos de todos los consumidores y profesionales. El proceso -como bien se ha dicho- está abierto, y los representantes españoles estamos convencidos de que velarán por los intereses de todos,
como se verá en el proceso de aprobación o no de este reglamento.
El señor PRESIDENTE: ¿El señor secretario de Estado desea contestar? (Denegación.) Por lo tanto, quedamos emplazados a efectos de ordenación de nuestros trabajos a recibir el informe del Gobierno al que hace referencia la normativa que
rige el funcionamiento de esta Comisión mixta; una vez recibido se procederá al debate sobre el documento legislativo con la consiguiente sumisión de propuestas de resolución y, en su caso, aprobación por parte de esta Comisión. Entiendo que
satisface tanto al Gobierno como al grupo interpelante.
- EL PROCESO DE AMPLIACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA. A PETICIÓN DEL GOBIERNO.
(Número de expediente Congreso 212/001092 y número de expediente Senado 713/000576.)
- LAS PERSPECTIVAS EXISTENTES SOBRE EL PROCESO DE AMPLIACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL CONSEJO EUROPEO DE SEVILLA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente Congreso 212/001081 y número de expediente Senado
713/000559.)
- LAS EXPECTATIVAS DE LA FUTURA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UNIÓN EUROPEA EN RELACIÓN CON EL PROCESO DE AMPLIACIÓN DE LA MISMA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente Congreso 212/000421 y número de
expediente Senado 713/000180.)
El señor PRESIDENTE: Hemos terminado con el primer punto del orden del día y pasamos al siguiente,
que es la yuxtaposición de tres solicitudes de información sobre el proceso de ampliación de la Unión Europea.
Señor secretario de Estado, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA ASUNTOS EUROPEOS (De Miguel Egea): La ampliación es un tema, como conoce el presidente, naturalmente extenso.
Voy a tratar de hacer una síntesis sobre la situación de las negociaciones de la ampliación y,
naturalmente, con mucho gusto podré hacer todas las aclaraciones que sean necesarias en el debate posterior.
Todo el mundo sabe -lo han declarado los consejos europeos- que el proceso de ampliación está marcado por su alcance histórico, por su dimensión política y su carácter irreversible. Esta importancia justifica la necesidad de llevar a cabo
una evaluación del mismo; para ello debemos tomar como punto de partida los objetivos que nos habíamos marcado al comienzo de nuestra presidencia para considerar lo que podemos esperar del Consejo Europeo de Sevilla a la vista de lo realizado hasta
ahora.
Para empezar, nuestra presidencia presentó el programa de trabajo titulado Más Europa. En dicho documento figuraba, como no podía ser de otra manera, la ampliación de la Unión Europea como una de nuestras prioridades fundamentales. Yo
diría que más que una prioridad fundamental de una presidencia es el gran objetivo de la Unión, por lo tanto, cualquier presidencia tiene que incorporar la ampliación como prioridad).
Se decía allí que el propósito de la presidencia española sería
contribuir de manera decisiva a que las negociaciones con todos los Estados candidatos que estén preparados puedan concluirse a finales del segundo semestre del 2002, como estaba previsto, dando continuidad a las decisiones que se habían tomado en
los consejos europeos de Gottemburgo y de Laeken. Más concretamente nuestra tarea principal era alcanzar las posiciones comunes entre los Quince en los capítulos más complejos del acervo, es decir, aquellos que tenían y tienen una mayor incidencia
financiera y presupuestaria.
Según la conocida hoja de ruta acordada en Niza, tales capítulos son la agricultura, la política regional, las disposiciones financieras y presupuestarias a las que se añaden las instrucciones. Estos fueron los capítulos que le
correspondieron a España en la llamada hoja de ruta.
También nos propusimos proceder al cierre de todos aquellos capítulos todavía pendientes al comienzo del semestre, porque empezamos nuestro periodo de presidencia con un número extraordinario de
flecos, es decir, los capítulos que habían sido abiertos pero no cerrados por diferentes circunstancias.
Dos principios fundamentales han enmarcado todo el proceso negociador durante nuestra presidencia, en primer lugar que las negociaciones se desarrollan según el acervo actual y que las perspectivas financieras aprobadas en Berlín en 1999
deben determinar los límites máximos para encuadrar de aquí al 2006 la adhesión de todos los nuevos Estados miembros. Por lo tanto, se evitó desde el primer momento cualquier solapamiento e interferencia del proceso de ampliación con la reforma de
las políticas comunes. Además de estos dos grandes principios, el programa de trabajo específico de la presidencia para la ampliación que se presentó al Consejo recogía una serie de tareas conexas, en primer lugar la verificación del tercer
requisito para la adhesión, que hace referencia a la capacidad administrativa y judicial de los países candidatos para la aplicación efectiva del acervo comunitario. Durante este semestre la Comisión ha elaborado y desarrollado un plan de acción
con cada uno de los candidatos y en Sevilla nos presentará un informe preliminar al respecto. Por otra parte, tuvimos la iniciativa de constituir el grupo de redacción del Tratado de Adhesión, que ha iniciado sus trabajos desde el mes de marzo
pasado, iniciativa innovadora que no había tenido nunca lugar en un proceso de ampliación, y cuyo objetivo es ir preparando el marco de la redacción del tratado, de tal manera que los últimos meses esté ya realizada la redacción del tratado y de los
anexos en paralelo al cierre de los últimos capítulos de negociación para evitar ese espacio de tiempo normalmente grande, dos o tres meses, para redactar un tratado complejo, de momento con diez anexos, para poder firmarlo. Eso hubiera supuesto,
por ejemplo, si se hubieran terminado las negociaciones, en diciembre, tres meses adicionales o más para hacer la redacción del tratado de adhesión. Gracias a la iniciativa que nosotros hemos desarrollado y que pretendimos desarrollar, y que ha
salido bien, el tratado de adhesión está ya en pleno ímpetu de redacción. También teníamos como objetivo dedicar una atención particular a tres países que están descolgados del proceso de negociación en curso, dos que están en negociación pero que
están francamente retrasados o estaban -ya no, bastante menos, que son Rumanía y Bulgaria- y Turquía, que como todo el mundo sabe es considerado candidato pero no está en negociación.
En virtud de estos planteamientos, cabe preguntarse cuáles han sido los logros conseguidos. Voy a resumirlos. El Consejo en sus diferentes formaciones comenzó examinando las notas presentadas por la Comisión el 30 de enero sobre el marco
financiero, es decir, la que llaman D.C.P.
(Draft Common Position), los proyectos de posición común sobre política, marco financiero general, agricultura y política regional. Desde el principio tuvimos una posición muy difícil porque hubo una
situación generalizada de falta de consenso por el tema financiero. Esta situación se ha venido arrastrando fundamentalmente en el capítulo agrícola hasta el día de ayer, día 17 de junio, cuando en el Consejo de Asuntos Generales se superaron los
últimos enfrentamientos sobre los pagos directos a la agricultura
y logramos cerrar la posición común. Por lo tanto, a pesar de las dificultades, se ha podido cerrar la posición común en política regional, se ha podido cerrar la posición común en política agrícola. Se ha abierto el capítulo de política
regional y se ha cerrado ya con diferentes socios candidatos. Después de haber logrado cerrar la posición común ayer, la presidencia española tiene la intención de convocar una nueva conferencia de negociación a nivel de suplentes los días 27 y 28
de este mes -es decir, los dos últimos días de la presidencia- para empezar ya a examinar el capítulo agricultura y cerrar algunos otros pendientes.
Tras las dos primeras conferencias de negociación a nivel de suplentes en marzo y abril y después de la ministerial que tuvimos el día 10 de junio en Luxemburgo, la presidencia española ha logrado el récord de cerrar 83 capítulos. Además,
como ya he mencionado, se han cerrado con algunos candidatos tres de los cuatro capítulos de la hoja de ruta asignada a la presidencia española y esperamos cerrar de aquí a final de mes más en agricultura y otros que aún quedan pendientes. Como
antes había mencionado, no sólo era cuestión de cerrar sino también de abrir, fundamentalmente con Bulgaria y con Rumania, que tenían una situación verdaderamente lamentable; no tenía más que cinco capítulos abiertos de los 31. Vamos a poder
llegar a una situación en la que la mayor parte de los diez países que están en negociación han cerrado entre 26 y 29 capítulos: 29 con Chipre, que es el que más; otros con 26, y 25 me parece que es el que menos tiene. Bulgaria ha llegado a 20 y
es posible que cerremos algún otro capítulo, con lo cual la distancia que Bulgaria tenía con el resto ha disminuido de manera notable. Con Rumania es posible que lleguemos a los 20 capítulos abiertos, lo cual es verdaderamente milagroso, porque
este país tenía un retraso considerable. Vamos a confirmarlo, pero podremos abrir cuatro capítulos más con Rumania de aquí a final de mes. Con respecto al comité de redacción del tratado de adhesión, que -repito- está trabajando desde el pasado 13
de marzo en todos los temas de adaptaciones técnicas y en la concreción jurídica de las actas de conclusiones de las conferencias, puede decirse que tiene ya armado un cañamazo general, una estructura de lo que puede ser el tratado, y se está
avanzando mucho en la redacción de los anexos.
Respecto a Turquía el Comité y el Consejo de asociación de han reunido de enero a abril, y el dato más destacado ha sido la adopción de un programa de reuniones de los ocho subcomités encargados de desarrollar el ejercicio llamado
pre-screening, que es el examen pormenorizado de la legislación conforme con lo dispuesto en el Tratado de Laeken. La Unión Europea viene insistiendo en la necesidad de intensificar las reformas políticas internas con vistas al pleno cumplimiento
de los criterios de Copenhague. Aunque Ankara continúa reiterando que se fije el inicio de las negociaciones este inicio no se fijará hasta que no haya constancia plena del cumplimiento de todos los criterios de Copenhague, pero naturalmente esto
depende del grado de preparación y de compromiso político que este país tenga. Espero que el Consejo Europeo de Sevilla le lance un mensaje de ánimo en este sentido.
Quisiera mencionar otro tema que me parece que está en una categoría aparte, el de Chipre. Las negociaciones ordinarias han continuado desarrollándose normalmente y, de hecho, es el país candidato que ha logrado cerrar el mayor número de
capítulos, de 28 al 29 pueden caer de aquí a final de mes. Repito, es el más avanzado junto con Lituania.
Paralelamente hemos seguido muy pendientes de la evolución de los contactos directos entre los líderes de ambas comunidades, señores Denktash
y Clerides, que se desarrollan bajo los auspicios del secretario general de Naciones Unidas y que hasta el momento no han tenido resultados tangibles. Es evidente que se anunció que en junio habría resultados de las negociaciones sobre asuntos
importantes como: forma de gobierno, seguridad, territorio y propiedades, pero hasta el momento no podemos constatar que antes del Consejo Europeo de Sevilla pueda haber un acuerdo en ninguno de los cuatro; estaban a punto de alcanzar un acuerdo
en uno y ha habido una marcha atrás. Sin embargo, en su reciente visita a Chipre el secretario general de la ONU ha seguido insistiendo en el mantenimiento de la fecha de junio. Francamente, yo creo que esa fecha de junio no es realista, pero
parece que pudiera pensarse en hablar de una nueva fecha, octubre. No debemos olvidar que el día 24 de octubre tiene lugar un Consejo Europeo en Bruselas, el Consejo extraordinario de la presidencia danesa, dedicado a la ampliación. En opinión de
la mayor parte ese Consejo Europeo es la última oportunidad para que las negociaciones con Chipre norte puedan entrar en el curso general de las negociaciones y pudiera haber tiempo, si existiera un acuerdo entre el norte y el sur de la isla, para
poder incorporar plenamente a Chipre en esos meses entre octubre y diciembre y pudiéramos redactar un tratado con Chipre unificado. No hay que olvidar que en el paquete financiero que presentó la Comisión hay ya una cantidad importante -no recuerdo
exactamente la cifra, me parece que son algo así como 62 millones de euros- que la Comisión pretende dedicar de manera inmediata a proyectos de desarrollo en el norte, en el caso de que hubiera un desenlace positivo.
Conforme al mandato de Laeken, el Consejo de Sevilla debe pronunciarse sobre el informe que presentará la Comisión sobre el desarrollo de los planes de acción para el fortalecimiento institucional de los países candidato. La Unión, que ha
venido reiterando la importancia de un seguimiento pormenorizado de los compromisos asumidos por los candidatos en materia de trasposición y aplicación efectiva del acervo, va naturalmente a recordar este famoso criterio, llamado criterio de Madrid,
para que se aplique de la manera más estricta. El examen de la aplicación de este criterio
seguramente tendrá que hacerse más tarde, porque la Comisión únicamente va a presentar un informe en Sevilla, y el análisis se hará en octubre; ese puede ser el criterio fundamental para establecer uno de diferenciación, si es que fuera
necesario establecerlo antes del final de las negociaciones.
El Consejo Europeo lo que va es a constatar el hecho de que la negociación está prácticamente terminada. Pensemos que son 31 capítulos de negociación y estamos hablando de un grupo de países que ya tienen 28 y 29 capítulos cerrados; que
con la posición común en agricultura, aunque queda aplazado a octubre todo lo referente a pagos directos, se puede cerrar ya una gran parte del capítulo de la agricultura con muchos países. Lo que realmente se puede constatar en Sevilla es que
gracias al esfuerzo extraordinario realizado por la presidencia española y al cierre de todos los capítulos y de todos los llamados left over, es decir, los flecos que habían quedado de las presidencias anteriores, es posible mantener el objetivo de
cerrar las negociaciones en diciembre de este año.
La presidencia española introdujo como novedad institucional la participación activa de los países candidatos en el Consejo Europeo de primavera. Por primera vez en la historia participaron en un consejo europeo, no en un almuerzo del final
sino en una sesión del Consejo Europeo. También es digno de destacar que durante estos seis meses ha habido un gran incremento en la cooperación y en la asistencia técnica bilateral por parte de todos los Estados miembros con los países candidatos.
España en el marco del plan presentado en el mes de febrero en este Parlamento ha desarrollado una intensa actividad, plasmada en la celebración de numerosos seminarios sobre fondos estructurales y de cohesión y una continua participación en el
programa de hermanamientos.
Por tanto, el Consejo Europeo de Sevilla puede manejar los elementos siguientes: en primer lugar, el reconocimiento de los importantes progresos registrados en el cumplimiento de la hoja de ruta, que han permitido
prácticamente cerrar, como he dicho antes, la mayor parte de los capítulos con los diez países de Laeken. También podemos constatar que se han adoptado posiciones comunes en todos los capítulos pendientes de la hoja de ruta española,
fundamentalmente en aquellos con incidencia financiera que eran los más complejos. Confirmamos que, si sigue el ritmo actual, los diez países identificados en Laeken podrán concluir las negociaciones en diciembre. También reiterar los principios
generales según los cuales las soluciones pendientes deberán ser conformes con el acervo vigente y el marco financiero acordado en Berlín y hacer un esfuerzo constructivo con objeto de concluir las negociaciones con los diez países candidatos a
final de año, siempre que demuestren que están preparados. Además, el Consejo deberá hacer una evaluación del informe que va a presentar a la Comisión sobre el desarrollo de sus planes de acción para el fortalecimiento administrativo y judicial de
los candidatos con vistas a la aplicación efectiva del acervo, reconocer que Bulgaria y Rumania han hecho avances importantes y, reiterar el principio de su inclusión en el proceso de ampliación y el compromiso de seguir avanzando las negociaciones
para que puedan entrar en el menor tiempo posible. Se debe trasladar un mensaje claro a Ankara en el sentido de que deseamos que intensifique sus esfuerzos de reforma, y expresar la convicción de que esto permitirá más adelante concretar sus
expectativas de adhesión, y un mensaje claro las dos comunidades de Chipre en el sentido de que la Unión desea la adhesión de un Chipre unido y que cualquier forma de Estado que se quieran dar tiene que tener como característica que puedan hablar
con una sola voz y ser capaces de aplicar uniformemente en toda la isla el acervo comunitario.
A mi manera de ver, éste será bastante aproximadamente el balance que el Consejo Europeo haga de la reunión de Sevilla. Naturalmente, son los jefes de Estado y de Gobierno los que tendrán que dar su toque final a las conclusiones, pero las
propuestas de la presidencia van en este sentido. De estos seis meses -que todavía no han acabado porque, como ya he dicho, la presidencia española todavía tiene prevista una conferencia de negociación los días 27 y 28- podemos sacar la conclusión
de que la hoja de ruta se ha cumplido plenamente a pesar de las dificultades, que los problemas en relación con el marco financiero han podido ser superados y que se ha cerrado un número de capítulos que era imprevisible que pudieran cerrarse para
el periodo, ya que hasta ahora hemos cerrado 83 capítulos y es posible que superemos los 90, lo cual hace que la presidencia española sea la que más capítulos ha cerrado desde que se iniciaron las negociaciones de ampliación.
El señor PRESIDENTE.
A continuación tienen la palabra los grupos parlamentarios, empezando por los solicitantes de la comparecencia en orden de mayor a menor. Por tanto, hablará primero el representante del Grupo Popular, después el del Grupo Socialista y, a
continuación, los de los grupos parlamentarios, también de mayor a menor, que no han solicitado la comparecencia.
Tiene la palabra por el Grupo Popular, la señora Becerril.
La señora BECERRIL BUSTAMANTE: Señor secretario de Estado, gracias por la información que nos ha proporcionado. Es realmente interesante y conveniente que días antes de la celebración del Consejo de Sevilla el secretario de Estado para la
Unión Europea nos haya hecho su balance.
Como consecuencia de esta información, quiero hacerle llegar la satisfacción de mi grupo y plantearle algunos comentarios y sugerencias en relación con el Consejo y fundamentalmente con la evolución de la
situación de los candidatos a la ampliación.
El balance que ha hecho me parece que es razonablemente satisfactorio. No ha sido un balance de exaltación de su acción, que no nos hubiera gustado, sino que se ha razonado el porqué de la satisfacción, además de ponerse de manifiesto los
asuntos pendientes que pueden cerrarse de aquí al Consejo de Sevilla y los que no se van a cerrar, como los asuntos relacionados con la agricultura, sobre todo lo relacionado con las subvenciones a los candidatos a la ampliación.
Nos parece que es un buen balance el de esta presidencia. A lo largo de los seis meses hemos observado cómo, en relación con la ampliación, que es el objeto de esta comparecencia, durante la presidencia española, gracias al trabajo de los
técnicos, las personas del Ministerio de Asuntos Exteriores creo también que como consecuencia de las actuaciones de esta Comisión Mixta para la Unión Europea, hemos adquirido una percepción generalizada mucho más intensa de la ampliación y del
futuro de la Unión Europea. Gracias al trabajo de todas estas personas e instituciones a lo largo de los seis meses de la presidencia española tenemos ahora una percepción que no teníamos hace unos meses del cambio tan sustancial que se va a
producir en Europa tras la ampliación. De aquí a poco tiempo va a haber una Europa distinta, una Europa nueva, como consecuencia de la entrada de estos países. A través de los medios de comunicación empieza a verse reflejada en la opinión pública
la parte favorable y también las inquietudes que tienen distintos sectores y ciudadanos en relación con esa nueva situación. Esto es en parte resultado del énfasis que se ha puesto y del trabajo que se ha hecho durante estos meses en relación con
la ampliación.
Veníamos observando con interés, como es lógico, si se llegaba o no a posiciones comunes en relación con el marco financiero, con la política regional y la coordinación de los instrumentos estructurales, sobre las disposiciones financieras y
presupuestarias, y me alegra saber -estoy segura de que nos alegra a todos en esta Comisión- que se ha llegado a posiciones comunes. En el capítulo de instituciones también se ha llegado a una posición común, aunque hay dificultades con alguno de
los candidatos. Comprendo, desde luego, la dificultad en el gran capítulo de la agricultura. Sabemos que la mayoría de los asuntos han sido cerrados, pero no ha ocurrido así con el asunto de las ayudas directas, fundamentalmente por la posición de
tres países, que no han aceptado la posición española, por lo que no se ha podido llegar a un acuerdo.
Resumiendo, porque no quiero alargar mucho esta intervención, el balance es satisfactorio. La presidencia española ha trabajado intensamente, y por eso agradezco a todas las personas que han intervenido y que van a seguir interviniendo en
las semanas que todavía quedan el esfuerzo que han hecho. Se han cerrado una media de 25 ó 26 capítulos con los candidatos, lo que nos permite pensar que, tal y como estaba previsto en el calendario general, a lo largo del próximo semestre se
podrán cerrar los pocos capítulos que han quedado pendientes con cada uno de ellos.
Además, se ha avanzado con los países que se habían quedado algo retrasados, y el énfasis que la presidencia española ha puesto en las conversaciones con Bulgaria y
Rumania ha hecho que se haya avanzado bastante. Como ha dicho el señor secretario de Estado, quedan los dos temas, que no voy a reiterar porque han quedado muy bien explicados, de Chipre y Turquía, y veremos si se puede avanzar en los próximos
meses. Yo veo un balance favorable y un esfuerzo enorme por parte de España. Ojalá que, como consecuencia de estos seis meses y de la presidencia danesa, se pueda cerrar esta negociación a finales de la presidencia danesa y que el tratado que ya
está preparado haya servido para facilitar el camino y hacerlo más rápido. A mí me parece que tenemos que estar satisfechos. He seguido con interés la comparecencia del secretario de Estado en el Parlamento Europeo y he visto que hay una amplia
satisfacción por el esfuerzo de la presidencia española, de las instituciones y de todas las personas que han trabajado en estos seis meses. Espero, señor secretario de Estado, que la presidencia española y la cumbre de Sevilla se desarrollen
satisfactoriamente para España y para todos los países asistentes, miembros y candidatos.
Permítame, señor secretario de Estado, que le haga un breve y amable comentario, especialmente dirigido a todos aquellos que tenemos alguna relación próxima o remota con temas de la Unión Europea. Creo que tendríamos que hacer un esfuerzo
por utilizar un lenguaje que no fuera el que utilizan los británicos. Como todos sabemos, el idioma inglés tiene una capacidad maravillosa para captar nuevos conceptos y resumir, y nosotros tenemos muchas veces la tentación de seguir ese camino que
nos marcan los ingleses o los americanos, fundamentalmente en materia económica. Me gustaría que en nuestras intervenciones y en la elaboración de los documentos procuráramos hacer un esfuerzo de imaginación para no seguir esas pautas. En los
documentos se encuentra left over, que son flecos o restos, o road map, hoja de ruta, itinerario. Es una pena que se utilicen estos términos que podríamos sustituir en español con un pequeño esfuerzo de imaginación y con la riqueza tan
extraordinaria que tiene nuestro idioma. Es una reflexión de tipo menor que hago no al secretario de Estado, sino a esta Comisión de la Unión Europea.
El señor PRESIDENTE: He dicho anteriormente que los grupos que habían solicitado comparecencia intervendrían de mayor a menor, lo cual es un error por mi parte. Intervienen en el orden en que han formulado sus peticiones de comparecencia.
En este caso coincide de mayor a menor, pero hubiera podido no ser así, y lo digo a efectos de posteriores reuniones de esta Comisión.
Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor GARCÍA BREVA: Quisiera dar la bienvenida al secretario de Estado en nombre del Grupo Socialista y también reconocer su disponibilidad para comparecer en esta Comisión sobre los temas que en la misma tratamos.
Quisiera empezar haciendo un análisis de los puntos que no ha tocado el secretario de Estado, que se ha limitado a hablar de la hoja de ruta. Yo creo que las conferencias ministeriales de la adhesión han sido fiel constancia de ese
esfuerzo, pero hay otros muchos temas, además de la hoja de ruta, que interesan no sólo a esta Comisión, sino también a los países candidatos, como luego tendré ocasión de expresar.
La primera valoración que me gustaría hacer es que en este semestre hemos podido constatar un debilitamiento grave, a mi modo de ver, de la Comisión frente al Consejo Europeo e incluso un debilitamiento del papel que tendría que tener la
Convención con respecto al Consejo Europeo. En este semestre se han suscitado temas como el de la pesca, la energía y la política exterior, que han dejado en evidencia un proceso que a nosotros nos preocupa porque supone un debilitamiento del
método comunitario frente a lo que nos gustaría que se favoreciera más, que es el impulso supranacional de la política de la Unión Europea. En este sentido, creo que haber sacado la cuestión del presidente europeo y de las presidencias colectivas
del marco de la Convención, que es en el que fundamentalmente se tienen que debatir estas cuestiones, es un ejemplo de lo que acabo de decir, como también lo es dejar en segundo plano la ampliación. Hemos escuchado reiteradamente la prioridad que
supone la ampliación, pero sólo hay que ojear el informe que nos han entregado hoy para ver cómo el tema de la ampliación, y sobre todo las conclusiones, está ínfimamente tratado. Incluso, no se corresponde con la importante información
-significativa en algunos aspectos- que ha dado el secretario de Estado.
Al menos, en los documentos esa prioridad no se refleja, como tampoco se refleja el cambio de prioridades que ha habido en la presidencia al incluir en la cumbre de Sevilla la
inmigración como tema fundamental y prioritario, lo que en el documento que hoy nos han entregado ni se cita prácticamente.
También han criticado otros gobiernos de la Unión la prioridad a la inmigración y la relación que en algún momento el presidente español ha establecido entre inmigración y delincuencia. Me hace pensar si poner la inmigración en el primer
plano, antes que la ampliación, no supone introducir un cambio de valores, sobre todo ante intereses electorales.
También me pregunto si esos intereses electorales no van a ir en contra de la construcción europea o al menos la van a frenar.
Me gustaría que el secretario de Estado nos concretara algunas cuestiones.
Salió hace poco una información en la que se decía que Austria quiere formar un grupo de presión con los países centroeuropeos de la ampliación; hablaba de una
plataforma cultural centroeuropea que incluiría a Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, la República Checa y Hungría.
Es una información sobre la que no tenemos más que la referencia periodística, y me gustaría saber si el secretario de Estado tiene una
mayor referencia, así como cuál es su opinión sobre la cuestión espinosa que ha surgido entre la República Checa y Alemania sobre los sudetes.
Desearíamos también saber cuál es la opinión del secretario de Estado y de la presidencia española
respecto a esta cuestión.
Todo lo que estoy diciendo ha tenido su explicación por el presidente Aznar cuando al principio de este mes de junio hacía en Helinski unas declaraciones en las que decía que no quería una cumbre melancólica, de esfuerzos inútiles,
refiriéndose a la cumbre de Sevilla. Sinceramente, la sensación que nos da es que respecto al impulso a la unión política y lo que debe representar la ampliación hay una cierta resignación a que la cumbre de Sevilla no ofrezca una señal
suficientemente clara respecto a estos temas.
Hay algún otro punto que quisiera plantear. Respecto a los resultados de las conferencias ministeriales de adhesión de los días 10 y 11 de junio, en la nota que se dio de esas reuniones de Luxemburgo hay una referencia respecto a no
replantear cuestiones ya acordadas. A mí me parece muy importante saber cuál es el alcance de esta declaración, porque seguramente puede ser de mucho interés para los países candidatos.
Respecto al capítulo agrícola, al que usted se ha referido,
en este momento solamente tenemos las referencias de los periódicos de hoy, y me gustaría que fuera más concreto respecto a cuál ha sido el acuerdo que se adoptó ayer; sobre todo, quisiéramos saber si desde la presidencia española se ve con mayor o
menor claridad la posibilidad de que para la cumbre del próximo mes de octubre haya un acuerdo en relación con estos temas.
Como usted ha hablado fundamentalmente de la hoja de ruta y la semana anterior hemos vivido en esta Comisión importantes acontecimientos referidos a la ampliación, me gustaría trasladarle algunas opiniones que los países candidatos
expresaron en el Senado y también algunas manifestaciones que los parlamentarios rumanos y búlgaros nos hicieron aquí la semana pasada. El sábado día 8 de junio estuvieron aquí los presidentes de los parlamentos nacionales de los países candidatos
a la integración, y a mí me sorprendieron algunos comentarios que le voy a exponer muy rápidamente para no extenderme mucho. Los presidentes de los parlamentos hablaban de cómo fortalecer la democracia y superar el déficit democrático aumentando la
participación de los parlamentos nacionales, y se hacían una pregunta: ¿Hay conciencia de su adhesión en los Estados de los doce países que van a entrar en la Unión Europea y se sienten los Estados miembros realmente conexionados con los países de
la adhesión? Quiero insistir en que había mucha preocupación -y eso lo constatamos también en Rumanía hace unos
días- por la posibilidad de que se dilaten los plazos de la ampliación. En el fondo, ésta no era una preocupación económica sino política, porque el euroescepticismo del que hemos visto una muestra en las elecciones francesas puede darse
también en las elecciones que se puedan celebrar en el futuro en los países candidatos si se retrasa la ampliación o si de la cumbre de Sevilla no sale un mensaje claro para estos países. Es positivo resaltar aquí los resultados de las elecciones
checas de la semana pasada, pero constatamos en Rumanía y aquí también la preocupación de los presidentes de los parlamentos nacionales por que los calendarios no se dilaten, que se cumplan los calendarios y que de Sevilla salga una señal que se
pueda ofrecer a la opinión proeuropea o prointegración en la Unión Europea, hoy día mayoritaria en esos países, porque de lo contrario el euroescepticismo puede cundir en los países de la adhesión. Ellos lo reflejaban con una frase que se utiliza
mucho estos días: No pueden estar en el banquillo durante mucho tiempo.
No voy a extenderme más, pero quiero decir que en las citadas intervenciones quedó reflejado que para los países candidatos la ampliación es una cuestión que ellos definían como existencial además de fundamental. Las opiniones de rumanos y
búlgaros iban en la misma dirección y ponían de manifiesto una preocupación enorme por que el euroescepticismo se extienda en estos países si no se les mandan señales claras respecto a calendarios y a su mayor participación en las instituciones
europeas; incluso planteaban la posibilidad de tener en el año 2004 algún tipo de estatuto para poder participar en esas instituciones, aunque sólo fuera como observadores. Aunque no la citaron allí, creo que también hay otra preocupación respecto
a que las negociaciones puedan dilatarse porque se prevean nuevas oleadas de países que pretendan integrarse en la Unión Europea y eso pueda retrasar las aspiraciones de rumanos y búlgaros. Estas son las opiniones de los países candidatos. A
partir de estas opiniones, nosotros creemos que en Sevilla hay que lanzar un mensaje claro y nítido sobre el futuro de la construcción europea y hay que concretar fechas y calendarios para que las opiniones mayoritarias a favor de la integración
puedan sentirse apoyadas y respaldadas por los Estados miembros. Además, esto hay que integrarlo en un análisis más global y político a partir de los acontecimientos del 11 de septiembre pasado. Yo creo que es necesaria la estabilización política
del continente y que el primer desafío para ello es la ampliación. La Unión Europea es ya una potencia regional que avanza hacia un mayor protagonismo y una mayor responsabilidad en el mundo. Lo que hemos constatado durante estos días y con estos
acontecimientos a los que me he referido es que la política de los países de la adhesión está centrada en su integración. Eso implica afinidad de ideas y de valores, y yo creo que es una gran oportunidad y una gran seguridad para todos.
Dicho esto, me gustaría plantear cuestiones más concretas. El señor secretario de Estado ha hecho referencias a los problemas de Chipre y Turquía. A mí me parece que el tema de Turquía es también muy importante, y usted ha hecho una
referencia que yo alabo, pero me gustaría que la ampliara, sobre todo en lo relativo a cómo se está desarrollando la estrategia de preadhesión de Turquía y los avances que pueda haber en relación con la legislación turca. Si lo pudiera ampliar más,
se lo agradecería. Asimismo, sería oportuno que nos pudiera dar alguna idea respecto a la cuestión de Kaliningrado.
En cuanto a los deberes que tenía la presidencia española, me parece importante todo lo que se refiere no sólo al plan de trabajo para que las negociaciones concluyan en diciembre de 2002, que lo ha explicado muy bien, sino también al plan
de acción sobre capacidades administrativas.
Esto me parece fundamental, ya que la mayor parte de los grandes temas que quedan, no solamente el agrícola sino también la política estructural y el control financiero, dependen de que los países
candidatos tengan capacidades administrativas suficientes sobre todo para gestionar los fondos estructurales.
Como al principio de este periodo de sesiones el secretario de Estado presentó el plan marco de países candidatos, me gustaría pasar revista, aunque sea rápidamente, a muchos de los compromisos que el Gobierno adquirió en ese plan y saber
-el secretario de Estado no lo ha dicho- cómo se encuentran algunos de esos compromisos. Concretamente me refiero a todo lo que tenía que ver con la reapertura de las embajadas en Malta y Chipre y la apertura de embajadas en los tres países...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, debo advertirle del tiempo.
El señor GARCÍA BREVA: Muchas gracias, señor presidente.
En relación con los aspectos que se citaban en ese plan marco, me gustaría saber cómo se está desarrollando lo que en él se decía sobre el know-how español respecto a temas de medio ambiente y a cuestiones que pudieran facilitar la
introducción de inversiones directas españolas en las infraestructuras de los países de la Unión. Sé que ha habido alguna decisión a nivel de Consejo de Ministros y de otros países de la Unión y quisiera saber cómo está la gestión de los fondos
para el cierre de las centrales nucleares de Ignalina, Kozloduy y Bohunice. También me gustaría conocer cuáles son los planes que se detallaban en ese plan marco con respecto a la creación de más institutos Cervantes, concretamente en Budapest, y
los institutos bilingües, en número de seis, que estaba previsto abrir. Asimismo, quisiera saber si la subdirección general de la ampliación del Ministerio de Asuntos Exteriores, que también
estaba prevista en ese plan marco, se va a llevar adelante. Finalmente, hay algo que me parece muy importante, que es la participación de las administraciones públicas y agentes privados en los instrumentos financieros de la adhesión,
concretamente los partenariados para los programas financieros PHARE, ISPA y SAPARD, y quisiéramos saber exactamente qué gestiones ha hecho el Ministerio de Asuntos Exteriores y si se están desarrollando estos programas.
Como el señor presidente me sigue haciendo señales para que acabe, me referiré brevemente a un tema en el que el señor secretario de Estado hizo mucho hincapié cuando presentó aquí el famoso memorándum sobre los fondos estructurales. Quiero
saber exactamente cómo ve esta cuestión en estos momentos, porque yo sé que el señor De Miguel hizo en enero unas declaraciones defendiendo las ayudas de los fondos estructurales y anunciando ya lo que aquí también manifestó en algún momento, que se
introducirían nuevos criterios en la asignación de esos fondos, nuevos criterios o nuevos indicadores, concretamente el de empleo. Me gustaría saber también cuál es la opinión del secretario de Estado sobre los numerosos estudios, concretamente el
de La Caixa de Pensiones, sobre los efectos que tendría la ampliación en los fondos estructurales, sobre todo lo que supondría la ampliación para España, que concretamente cifraba en una pérdida de un 2 por ciento del PIB y de un 1 por ciento de
incremento del paro.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, vaya terminando, por favor.
El señor GARCIA BREVA: Termino haciendo una reflexión. En el Grupo Socialista pensamos que se debe priorizar todo lo que se refiere a la unión política, y en ese aspecto nos parece que la ampliación es un elemento fundamental y hacemos la
petición de que de la cumbre de Sevilla salga un mensaje claro para los países candidatos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz de Convergència i Unió, que creo que es el único que está presente del resto de los grupos.
Señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Muchas gracias, señor secretario de Estado, por su presencia y por su intervención, sobre todo porque su intervención suena optimista y, con los tiempos que corren en materia de ampliación de la Unión Europea,
siempre es de agradecer.
La impresión que da en general, por la información de que uno va disponiendo aquí y allá, es bastante más negativa de la que se desprende.
Yo entiendo muy bien su posición aquí hoy en la medida que, por un lado, tiene que informar tan
fielmente como sea posible a esta Comisión, y entendemos o esperamos que así lo haga, y, por otro lado, no puede usted condicionar con afirmaciones que puedan malinterpretarse negociaciones que están absolutamente abiertas en el propio Consejo de
Sevilla y en lo que viene detrás. Por tanto, es un equilibrio que tendrá usted que administrar y que yo comprendo, pero entienda que los demás le pidamos la máxima información en este momento.
Antes de entrar en el detalle, permítame que reitere algo que hice en la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, me parece que fue hace una semana, que es un sentimiento general de felicitación por parte de mi grupo por cómo se ha
llevado particularmente en este tema (en ese caso lo hacía extensivo a otros) la presidencia española, porque creo que en el ámbito de la ampliación los problemas que hay que son muchos (está claro que son muchos y de eso vamos a hablar ahora mismo)
y no se deben a mala negociación por parte de España ni a falta de iniciativa, ni siquiera a bloqueos que España haya planteado de forma más o menos correcta o más o menos discutible. Es decir, que el diagnóstico de los problemas está perfectamente
claro y creo que todo el mundo percibe que los negociadores españoles, claramente en buena medida dirigidos por usted, han hecho una tarea muy positiva, y creo que cuando hay que criticar, señor secretario de Estado -lo digo por recordar alguna otra
comparecencia reciente- se critica y cuando hay que felicitar se felicita. En este caso, sepa que al menos desde mi grupo se lleva usted una felicitación y espero que se la transmita a los negociadores concretos que han ido cerrando cada uno de
esos capítulos del road map -lo digo bromeando, señora Becerril, comparto su intervención-, de la hoja de ruta que se había marcado para esta presidencia.
Por tanto, en términos de valoración política de España, positiva. Ahora, en términos de valoración del proceso, negativa -pero, insisto, eso no es imputable a usted-, porque la sensación que da es que las cosas en el ámbito de la
ampliación están peor de lo que nunca han estado, lo cual tiene una parte lógica, comprensible, porque estamos pasando del gran debate político retórico, que para todos nos era muy cómodo, de la reunificación europea, de la necesidad de superar la
historia, de la vuelta a la casa común, todas esas cosas que se dicen muy fácilmente en cualquier acto público y en un brindis y en una entrega de premios, estamos pasando de ahí a la realidad de quién paga qué, quién modifica qué y quién autoriza
qué en su propio territorio, y eso ya es bastante más complejo; más aún si los europeos seguimos teniendo la manía de tener periódicamente elecciones y de renovar periódicamente nuestros órganos parlamentarios, que es una costumbre que se tiene en
este continente y que lamentablemente distorsiona la realidad política y las decisiones que otros querrían que se mantuvieran. Como eso va a seguir siendo así, parece que es un dato que hay que tener en cuenta.
Por tanto, ante ese panorama la única noticia positiva han sido, como ha dicho el portavoz del Grupo
Socialista, las elecciones checas y que el señor Klaus no sea futuro primer ministro de la República Checa, que es una gran noticia para todos. Usted lo tiene que decir en términos más diplomáticos, otros no tenemos por qué matizar tanto
las palabras, no tenemos tantas responsabilidades y podemos por tanto felicitarnos de que el señor Václav Klaus no sea primer ministro, nos convenía a todos y le convenía al proceso de ampliación. En cambio, en Alemania hay unas elecciones pronto,
que en el mejor de los casos sólo condicionan el calendario, en el peor de los casos condicionan el contenido, ya veremos, pero en todo caso condicionan gravísimamente el calendario.
Desde esa perspectiva, sobre la que podríamos hablar mucho rato, pero sería pasar de la reflexión política al análisis casi periodístico y no creo que me corresponda, al menos no aquí, quiero entrar en temas muy concretos, uno detrás de
otro, algunos de los cuales ya han sido planteados.
El primero es el tema de la inmigración. En el Consejo Europeo de Sevilla se va a tratar de inmigración desde otra perspectiva. Sobre eso se pronunciará mi grupo probablemente ya en la reunión del Pleno de la Cámara, cuando conozcamos las
conclusiones del Consejo de Sevilla, sobre la oportunidad o no, más bien no, de darle esa espectacular importancia que se le da al tema de inmigración, donde España se puede acabar quedando sola. Pero desde la perspectiva de inmigración más
ampliación, sí querría que se pronunciara usted en esta sesión de hoy, porque en todo este debate que, insisto, España está protagonizando de la mano del Reino Unido sobre el cierre de fronteras, sobre el incremento de medidas policiales, incluso
(ustedes miran sólo a África) sobre la vinculación y sanción a los países de origen que no luchen suficientemente contra la inmigración ilegal, ustedes cuando hacen ese discurso hablan de África, o se les entiende como si estuvieran hablando de
África, pero resulta que la inmigración ilegal no sólo viene de África, también viene de los candidatos a la ampliación, particularmente de aquellos candidatos a la ampliación que no entrarán en la primera vuelta sino en la segunda, o en algunos
casos que no entrarán, o en todo caso entrarán ya para 2030 ó 2040.
¿Cómo piensan ustedes afrontar ese tema, o es que van a empezar a discriminar sancionando a aquellos países que no colaboran con Europa en materia de inmigración ilegal en función de si son países centroafricanos, pero en cambio si estamos
hablando de repúblicas fronterizas con Rusia, o futuros candidatos a la Unión o países de ese estilo, que apoyen más o menos o que no sean lo suficientemente activos en materia de tráfico de inmigrantes, o de tráfico de seres humanos, o que no
pongan todas las medidas, ya les parece a ustedes eso más o menos aceptable? Creo que ahí hay una contradicción sobre la que ustedes deberán pronunciarse.
En segundo lugar, el capítulo agrícola. Es uno de esos ejemplos donde creo que España ha hecho los deberes y no le han salido bien las cosas, pero los deberes los ha hecho. Parecía que iba a ser España quien mejor bloqueara este tema o
quien hubiera negociado difícilmente este asunto, y la sensación es que sí se ha intentado y las propuestas que se han puesto sobre la mesa son razonables, pero ciertamente están absolutamente bloqueadas, y están bloqueadas, a juzgar por la
información que se recibe de un lado y del otro, de una forma muy sólida, muy atrincherada, muy dura. Las cosas pueden estar (no alego la experiencia europea, que tenemos aquí todos) bloqueadas, y tengo la sensación de que es casi una maniobra
política, o pueden estar bloqueadas en serio, rígidas. En el ámbito de las ayudas directas a los países candidatos, la sensación que da no es de que no haya salida, porque en esta vida todo acaba teniendo salida y particularmente en la vida
política, pero la salida es tremendamente complicada, y por lo menos hoy por hoy nadie tiene claro cuál va a ser.
Por tanto, reitero una petición que le han hecho los portavoces de que nos explique exactamente usted dónde estamos al día de hoy respecto a la reunión de ayer del Consejo. Tenemos información periodística, pero teniéndola usted es un lujo
que no queremos dejar de tener y queremos saber exactamente dónde estamos en este ámbito. Me da la impresión, si no he entendido mal, que por lo menos ya se ha aceptado que las ayudas directas, los pagos directos son acervo comunitario. Haber
aceptado ese punto ya es algo, por lo menos ya es una pica en Flandes, pero queda mucho por recorrer. Ese es el primer punto serio que da la sensación que puede bloquear -digámoslo con todas las letras- el calendario de ampliación. Usted sigue
siendo muy optimista respecto del Consejo Europeo de octubre, pero es de los pocos optimistas que creen en ese Consejo. Los propios alemanes han dicho que difícilmente podrán asumir ningún compromiso en esas fechas con la proximidad, en pasado en
ese caso, de sus propias elecciones. Si quien gana las elecciones es el señor Schröder, hay más posibilidades de que eso sea así. Si quien gana las elecciones es quien hoy lleva la delantera en todos los sondeos, es muy difícil que a menos de un
mes de sus elecciones, con un equipo gubernamental nuevo, con una Cámara que puede que no esté ni siquiera constituida, pueda asumir compromisos financieros para Alemania del calibre de los que aquí estamos tratando. Todo apunta a un escenario
bastante tremendo, y es que en octubre no haya un calendario fijo. Me gustaría -reitero lo que decía antes- que se pronunciara usted con más claridad sobre su visión del calendario.
En cuanto al marco financiero, es capítulo cerrado del road map. No sé si puede detallar un poco más algo que en su momento preocupaba mucho. Sé que está cerrado, pero nunca he tenido claro del todo en qué términos. Es el tema de los
efectos indirectos del efecto
estadístico; si se ha aplazado el problema hasta 2007, tal como pareció en algún momento, o si se ha asumido ese compromiso. Me gustaría saber en qué términos estamos en ese punto con un poco de rigor.
Kaliningrado sigue siendo un frente abierto. Parecía que iba a ser un tema resuelto. Incluso funcionarios rusos, también alemanes, dieron por cerrada esa negociación. Después, el presidente Putin, con independencia de su magnífica
relación con Aznar, volvió a mostrar una cierta sensación de intransigencia negándose a que los ciudadanos de Kaliningrado puedan necesitar cualquier tipo de visado para relacionarse con la parte principal del territorio de su país. Si no se
resuelve Kaliningrado, tampoco hay ampliación por esa zona. Querría saber dónde estamos.
Perdonen que hable en primera persona, pero he estado en Moscú hace 48 horas y he tenido ocasión de hablar con distintas personas, y el tema de Kaliningrado
lo dan como absolutamente abierto, verde, inmaduro, utilicen la expresión que les parezca más oportuna. En todo caso es un tema que no está cerrado y que no se sabe exactamente en qué términos se va a cerrar.
Dos preguntas de tipo menor, no porque nos parezcan poco importantes, sino porque no creo que haya mucho que informar. La primera es el régimen lingüístico, que no aparece en ningún sitio. No suele ser objeto de comentarios, pero querría
saber si seguimos aplazando el problema y seguimos hablando de la ampliación sin detenernos ni un solo momento a hablar del régimen lingüístico de la Europa ampliada. Usted ha anunciado que hay una célula -no sé como la ha llamado- de redacción del
tratado y hay alguien que esté cocinando la redacción del tratado, cosa que no se había hecho nunca, a la espera de que esos tratados de adhesión se puedan aplicar. Querría saber si hay alguien cocinando sobre el régimen lingüístico o simplemente
seguimos adelante ignorando los costes que el ilustre representante de la Convención europea nos podría ejemplificar, puesto que se lo oí a él mismo en la conferencia; qué supone la Europa ampliada y la diversidad lingüística que conlleva ¿Es un
problema que se aplaza o es un problema que alguien está afrontando?
Por último, Irlanda. De nuevo pregunto si hay alguien en la cocina planteándose equilibrios de ingeniería jurídica para un no irlandés. Es posible. En derecho sí cabe casi todo, pero es tremendamente complejo.
Todos esperamos que haya un
sí irlandés al Tratado de Niza, pero si hay un no irlandés -es posible, no lo he estudiado con profundidad, hay quien dice que sí- se podría puentear el Tratado de Niza para intentar mantener el calendario de ampliación, suponiendo que los demás
temas se despejaran. ¿Hay alguien afrontando eso con seriedad, o simplemente hemos puesto una vela al santo que corresponda esperando que haya un sí en Irlanda? En caso de que no, ya veremos cómo superamos la tormenta.
El señor PRESIDENTE: El santo que corresponde debe ser San Patrick, aunque no se sabe muy bien si San Patrick está a favor o en contra del Tratado de Niza. Podríamos equivocarnos con la vela y el santo. Quizá nos pueda ilustrar el señor
secretario de Estado. En todo caso, tiene multitud de preguntas que contestar.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EUROPEOS (De Miguel Egea): Voy a tratar de ser lo más conciso posible y voy a mirar el reloj para no abrumar excesivamente, porque la verdad es que si tuviera que contestar de manera pormenorizada a
todas las preguntas que se me han hecho, tendría aquí para mucho rato.
En primer lugar, quiero agradecer a la señora Becerril, representante del Partido Popular, su intervención. Por suerte no me ha abrumado a preguntas. Solamente quiero decirle que comparto plenamente su observación de que no se utilicen
anglicismos. La verdad es que la deformación es que el inglés se ha convertido en la lengua franca de la Unión para todo los temas técnicos y políticos, porque es la única lengua que compartimos todos, incluso los países candidatos. Digan lo que
digan, no hay más lengua que el inglés en la negociación de la Unión. Otros podrán decir otras cosas, pero yo le digo, que vivo la vida de todos los días, que no hay más lengua que el inglés. Pero también tenemos que tener cuidado cuando
utilicemos los términos castellanos en no pasar del anglicismo al galicismo, tampoco me parece bueno hablar de hoja de ruta, porque eso es una traducción literal de feuille de route. En todo caso, tendremos que tener un poco de imaginación y
hablar, por ejemplo, de itinerario. Esa es otra observación personal aparte. Desde luego, acepto su observación, me parece muy oportuna, muy pertinente, a pesar de que yo cada vez que he utilizado un término inglés he dicho antes o después el
término español; pero es bueno no utilizarlo y que no se refleje en los documentos, que de hecho se refleja, lo vemos todos los días, en todos los documentos de la Unión, en todos los idiomas.
Hay una pregunta de la señora Becerril que quiero contestar, y es que el capítulo instituciones se ha cerrado, se ha cerrado con todos los países menos con aquellos que cuestionan el Tratado de Niza. Aquellos que cuestionan el Tratado de
Niza son de momento tres. Hungría y la República Checa, por entender que hay una divergencia entre el número de parlamentarios que se les ha asignado -son países con diez millones de habitantes- y los que se ha asignado a Bélgica, Portugal y
Austria, que tienen el mismo número de habitantes. Todos recordarán que esto fue una anécdota del delirio final de Niza, en el cual se trataron de hacer unos acomodos con Bélgica, se aumentó el número de parlamentarios y luego francamente no se
extrapoló a los países candidatos. Esto habrá que corregirlo, como seguramente habrá que corregir otra divergencia que
existe entre Malta y Luxemburgo. Pero como todo el mundo puede imaginar, y precisamente para no tener que invocar a San Patricio antes de tiempo, estas cosas no se pueden hacer hasta que Irlanda no haya ratificado el tratado. Por tanto,
queda abierto el capítulo instituciones con esos países que todavía quieren replantear Niza. Todos los que han aceptado plenamente el Tratado de Niza han cerrado el capítulo de instituciones sin ningún problema. Ésa es la respuesta a su pregunta,
señora Becerril.
Voy a tratar de contestar al señor García Breva. Comprendo que se inquiete porque ve ciertas derivas de fuerza del Consejo con respecto a otras cosas. Yo quiero decirle que la afirmación hecha por el presidente del Consejo de la Unión,
señor Aznar, a título totalmente personal y en la Universidad de Oxford, expresando su opinión de cómo debe ser o cómo podía ser el futuro del Consejo Europeo, no es más que una opinión más de las muchas que se han escuchado. Por cierto, no es el
único que se ha pronunciado en ese sentido. El presidente Chirac dijo: 'pero por sufragio universal', que todavía es más fuerte. Aquí el presidente Aznar ha dicho que entre sus colegas. Es decir, aquí cada uno ha dado su visión y resulta que
cuando líderes europeos de Alemania, Francia, etcétera, daban su visión sobre el futuro de Europa, aquí diputados de su partido criticaban y decían que cómo es posible que España no tuviera una visión del futuro de Europa. Resulta que un día se le
ocurre ir a una universidad y dar su visión sobre el futuro de Europa y entonces también ha estado mal porque ha dado su visión. Es decir, aquí te pilla el toro de todas las maneras cuando eres presidente del Gobierno; si opinas, porque opinas y
si no opinas, porque no opinas, la cosa es decir que el presidente del Gobierno lo hace mal. El presidente del Gobierno tiene, como cualquier líder europeo, perfecto derecho a expresar su opinión sobre lo que él cree que puede ser la futura
organización del Consejo.
Además, ha aclarado perfectamente que este es un tema de la Conferencia Intergubernamental; lo ha aclarado perfectamente y además ha dicho que vamos a llevar, como todo el mundo sabe, a Sevilla un proyecto de reforma del
Consejo -que, por cierto, es un proyecto de reforma inspirado en base a un cuestionario planteado por don Javier Solana, alto representante de la PESC y secretario general del Consejo-, en el que se introducen una serie de cambios para darle más
transparencia en sus tareas legislativas, más eficacia y mejor funcionamiento. Pero eso es de reglamento interno; que nadie reproche a una institución que se reforme a sí misma todo lo que quiera. Ha dicho perfectamente claro -se lo hemos dicho a
todo el mundo que nos ha querido escuchar- que todo lo que suponga cambios del derecho primario es una cosa que compete sugerirlo a la Convención, si quieren, aunque no exclusivamente a la Convención porque el Consejo Europeo puede sugerir lo que le
dé la gana -de la misma manera que el Parlamento sugiere lo que quiere y la Comisión también- y también le corresponde a la Conferencia Intergubernamental. Como este tema está en el contexto del cambio del sistema de rotación de presidencias, como
dicho sistema es parte del derecho primario, eso tendrá que cerrarse en la Conferencia Intergubernamental pero, entre tanto, cada uno puede opinar lo que quiera. De hecho, puedo darle la lista de todos los líderes europeos que han opinado sobre eso
y, por tanto, no es ninguna deriva peligrosa, sino simplemente el ejercicio libre y democrático de la opinión en la construcción europea. Creíamos que para el partido de la oposición era muy deseable que el Gobierno se pronunciara.Ya se ha
pronunciado y parece que no les gusta. No sé.
Otro tema que también se ha citado en relación con el Consejo Europeo de Sevilla es que ahora de repente se le da una prioridad a los problemas de la inmigración y parece que se olvida la ampliación. Yo creo que efectivamente la inmigración
es algo que ha entrado dentro de las prioridades del Consejo, pero me parece que es un muy saludable ejercicio democrático el hecho de que el Consejo Europeo no esté alejado de la realidad. Como dice el presidente Aznar, la ciudadanía podría
comprenderlo con todo lo que ha pasado en estos meses con el tema de la inmigración ilegal y la incidencia que eso ha tenido en procesos electorales importantes, como hemos visto en Francia y en los Países Bajos y algunas derivas que puede tener en
otros. El hecho de que el Consejo Europeo, es decir, los jefes de Gobierno de la Unión, se sienten alrededor de una mesa y no se les ocurra hablar del tema es, desde el punto de vista político, un absurdo. Por tanto, como es lógico, hay que hablar
del tema, pero no es nada nuevo porque todo lo que va a tratar el Consejo Europeo y sobre lo que va a dar orientaciones es sobre temas que estaban ya sobre la mesa. Respecto a la cuestión del cumplimiento del programa de Tampere en asilo e
inmigración, diré que el programa de Tampere es un programa que presentó el presidente del Gobierno español en Tampere en octubre de 1999, bajo la presidencia finlandesa, para realizar toda la comunitarización que habíamos decidido en el Tratado de
Amsterdam de entrada del tercer pilar en el flujo comunitario. Hubo un programa, lo que pasa es que en asilo e inmigración no se estaba cumpliendo el programa. Llega un momento en que hay que hacer una llamada de atención: primero cumplamos los
compromisos, y eso es lo que va a hacer el Consejo Europeo de Sevilla, recordar que tenemos el compromiso de desarrollar asilo e inmigración; que no es inmigración ilegal, es todo; es asilo también, que es un tema muy importante. Por cierto, el
asilo es otra de esas grandes instituciones europeas que están siendo deformadas por el fenómeno de la inmigración ilegal, porque todo inmigrante ilegal lo primero que hace es pedir asilo y, cuando piden asilo tantos miles de inmigrantes ilegales,
al final resulta que se confunden los verdaderamente perseguidos con aquellos
que no tienen ningún problema con la persecución. Todo este tema naturalmente podría ser objeto de horas de discusión.
Primero, el programa de Tampere; segundo, el plan de acción para reforzar fronteras exteriores, que lo ha desarrollado la presidencia española durante estos meses y ya está escrito; tercero, el programa plan de acción de lucha contra la
inmigración ilegal, que lo decidieron en el Consejo informal de ministros de Justicia e Interior de Santiago de Compostela el 28 de febrero; cuarto, la incidencia del tema de la inmigración sobre las relaciones exteriores, que no es todo el tema de
las sanciones, que parece que es el fundamental. Este tema está propuesto en el Consejo desde hace mucho tiempo. Puedo recordar que la Convención de Cotonu, entonces era Lomé, pero ahora es Cotonu porque se ratificó en Cotonu, que yo negocié en
febrero de 2000, incluyó ya la cláusula de readmisión, lo que fue motivo de bronca en diciembre de 2000. Lo que estamos haciendo es ver cuáles son los mecanismos de ayuda, de cooperación, de prefrontera, para vigilar las fronteras exteriores por
medios técnicos, como, por ejemplo, los más de 40 millones de euros que se han concedido a Marruecos para poner sistemas electrónicos de vigilancia en sus fronteras.
En el último párrafo de un documento largo se dice que los principios fundamentales son precisamente los de cooperación y mantenimiento pero, si algún país reiteradamente se negara a poner en práctica esto y a cooperar, habría que considerar
la posibilidad de que la Comisión propusiera la revisión de todo el marco de cooperación. Eso es lo que todo el mundo llama sanciones, y no son sanciones, eso es ser coherente con todo el planteamiento porque, cuando nosotros exigimos a todos los
países con los que cooperamos y a los países terceros que respeten el medio ambiente, los derechos humanos, la good governance -pido perdón por la frase, significa la buena gobernanza y, por cierto, gobernanza es una buena palabra castellana, aunque
no suene bien-, eso es parte de la buena gobernanza, tener un criterio con respecto a la cooperación en materia de inmigración y la inmigración ilegal. Eso es una mención mínima de un documento muchísimo más amplio, cuya incidencia fundamental es
la cooperación y el mantenimiento del espíritu de cooperación de la Unión con países terceros. Por todo esto, quisiera tranquilizarles en estos temas.
Voy a entrar a las preguntas concretas que me han planteado. En primer lugar, ¿qué pasa con el famoso acuerdo del capítulo agrícola? Nosotros, naturalmente, teníamos interés en cerrar las posiciones comunes en los cuatro capítulos que nos
tocaba negociar y hemos podido cerrar la posición común en política regional, en instituciones, en todo el ámbito financiero -naturalmente condicionado al capítulo agrícola-, y en el capítulo agrícola había una profunda divergencia sobre el tema de
la pertinencia o no de introducir los pagos directos. Las situaciones de conveniencia electoral que ha mencionado el señor Guardans, y algunas otras son las que han hecho que determinados países tengan profundas divergencias sobre cerrar la
posición ya incluyendo los pagos directos.
Ahí hemos tenido un grave problema con un grupo de países, fundamentalmente con cuatro, Alemania, Países Bajos, Suecia y Reino Unido en menor medida, que no aceptaban que se incluyeran los pagos directos y
pretendían que se cerrara el capítulo sin los pagos directos, dejándolos fuera. La posición que nosotros tuvimos desde el principio es que no se podía cerrar el capítulo sin la mención de los pagos directos.
Al final la negociación y el debate de ayer, que duró mucho tiempo, ha consistido en buscar una fórmula que, como siempre, es una fórmula de necesaria ambigüedad para que todo el mundo pueda quedar satisfecho pero donde lo que se salva,
fundamentalmente, es que el principio de los pagos directos no está en cuestionado y lo que queda aplazado son las modalidades de la aplicación de estos pagos directos. Esto me parece fundamental porque a lo que ni la presidencia española ni la
mayor parte de los países de la Unión estaban dispuestos era a cerrar un capítulo de la negociación diciendo que los pagos directos no estaban incluidos porque en la propuesta de la Comisión, como todo el mundo sabe, están incluidos los pagos
directos, por lo menos en el periodo en el que se pueden centrar, que es el periodo desde aquí al 1 de enero de 2007, que está cubierto por las perspectivas financieras. La propuesta de la Comisión está basada en el respeto del acervo existente -la
PAC que se aplica hoy en la Unión incluye pagos directos- y en el respeto al acervo de Berlín, que tiene recursos suficientes, como ha demostrado la Comisión, para hacer pagos directos, por lo menos hasta que terminen las perspectivas financieras.
Veremos qué pasa a partir del año 2007 cuando se negocien las nuevas perspectivas financieras y a la luz de la reforma de la política agrícola común.
¿Cuál es la fórmula que ha hecho aprobar la Presidencia española? Primero, que se ha cerrado la posición común en agricultura. Segundo, que el principio de los pagos directos está admitido. Tercero, que no hay discriminación, sino que se
aplica la PAC para todos. No hay ciudadanos de primera y de segunda clase, porque, eso sí, los países que decían que no se aplicaran los pagos directos no estaban dispuestos a renunciar a seguir recibiéndolos, lo que nos parecía a todos
políticamente impresentable. Por último, queda bien claro que no se puede condicionar la ampliación a la reforma de las políticas, lo que queda bien claro en esa fórmula que, como digo, tiene un lenguaje de calculada ambigüedad y a veces críptico.
Ahora, puesto que tenemos posición común, podemos cerrar prácticamente todo el capítulo agrícola con todos los que quieran de aquí al día 28, pero naturalmente quedarán aplazadas las modalidades de aplicación de los pagos
directos hasta el mes de octubre. Me dice el señor Guardans que el mes de octubre será demasiado pronto. Me dice que soy de naturaleza optimista, pero lo tengo que ser porque si fuera de naturaleza pesimista, seguramente me hubiera buscado
otro oficio. Tengo que ser de naturaleza optimista y tengo que pensar que en octubre llegaremos a un acuerdo sobre ese tema porque es aplicación del acervo, tanto de la PAC como de las perspectivas financieras. Es decir, hay dinero para hacerlo.
¿Qué va a pasar después, cómo se va a reformar la PAC? Eso es lo que vendrá después. Ahora lo veremos cuando se presente la revisión a medio plazo de la política agrícola común que se va a presentar en julio y cuando veamos qué pasa con la Ronda
de Doha y cuando veamos qué ocurre con la reforma definitiva de la PAC. Posteriormente veremos cómo se negocian las próximas perspectivas financieras, aunque todos sabemos que el mundo no será igual y desde luego no en la PAC a partir del año 2007.
Sin embargo, no nos parecía que los países candidatos debieran sufrir este proceso.
Si entramos en el tema conexo de la política regional y respondiendo a la pregunta del señor Guardans, le diría que en el tema del efecto estadístico -un efecto que afectaba a los países candidatos- el acervo estaba claro, hemos cerrado la
posición común y hay dinero suficiente para aplicarles los mecanismos actuales de la política regional. Por lo tanto, se lo vamos a aplicar hasta el 1 de enero de 2007 ¿Qué va a pasar a partir del 1 de enero de 2007? Ahí es donde entrará el debate
del efecto estadístico, es decir, cómo se va a ver el nuevo reparto de dineros de la política estructural en las próximas perspectivas financieras. Dice: Pero, el debate es de esa fecha, no de ahora.
Naturalmente, el debate es de ahora, porque lo
que quiso España entonces era dejar claro para que se viera, para que se supiera que este es un elemento que había que incorporar a la futura reforma de la política estructural. Como la reforma de la política regional estaba encima de la mesa
entonces, no estaba la negociación del capítulo de política regional, nosotros hicimos esa aportación y ese memorándum para que la Comisión y el Consejo incorporaran este concepto a esta reforma que veremos más adelante. Ahora que hemos cerrado el
capítulo de política regional con los países candidatos, se puede entrar en la reforma de la política regional y luego veremos todo esto en las perspectivas financieras.
Con respecto a Turquía y cómo se desarrolla la estrategia preadhesión, sería muy largo contar todos sus detalles, pero simplemente quiero decir que la estrategia va por sus pasos, hemos tenido todas las reuniones necesarias, el Gobierno
turco ha hecho un gran esfuerzo en la reforma de su política interior, pero todavía le falta y por eso no está en los criterios de Copenhague. Debo decir que no está Turquía en el mejor momento por las dificultades actuales que tiene el liderazgo
turco. No hay total unanimidad entre todas las fuerzas políticas para seguir adelante con el programa de reformas que se han marcado. El otro día el presidente de la República ha reunido a todas las fuerzas políticas para ver cuál era el programa
europeo de Turquía y la representante del principal partido de la oposición, Tansu Ciller, no ha asistido a la entrevista. Hay problemas con algunos sectores militares y con algunos sectores del Gobierno. Por tanto, van por el buen camino, pero
todavía les queda hacer avances sustanciales que esperamos que los puedan realizar de aquí a final de año. Si los hicieran a final de año, desde luego, la recomendación sería que cuando cumplieran los criterios de Copenhague se fijara la fecha de
inicio de las negociaciones. El Consejo Europeo de Sevilla tendrá unas frases claras de aliento al Gobierno turco para ir en la dirección que ha elegido, que es la buena dirección, que les va a llevar un poco de tiempo, porque es importante que
reciban ese impulso, que no se desanimen y sigan en la vía de los criterios de Copenhague.
Respecto a la apertura de embajadas, les diré que la embajada en Chipre se abrió, pero para las embajadas en los países bálticos y Malta no ha habido disponibilidades presupuestarias, aunque espero que podamos disponer de ellas de aquí a que
esos países sean miembros de la Unión, porque sería inconcebible que no tuviéramos una representación en esos países siendo ya miembros de la Unión. Estos países bálticos no solamente van a ser miembros de la Unión, sino que no me sorprendería que
muy posiblemente pudieran incluso ser miembros de la Alianza a partir de noviembre en la reunión de Praga.
Con relación al medio ambiente e infraestructuras, he de decirle que se han celebrado seis seminarios en diferentes países sobre el tema de financiación de infraestructuras y sobre la manera de aplicar el Ispa-Sapard.
En cuanto al Instituto Cervantes de Budapest, estamos en ello, se está viendo la posibilidad de adquirir un edificio en Budapest y eso está en marcha.
Financiación de las centrales. Kozloduhuy es un programa a más largo plazo y no tiene un problema inmediato. Bohunice está siendo desmantelada.
Ignalina, es uno de los grandes logros de la presidencia española, que ha conseguido que se
cierre la central nuclear con una financiación comunitaria para una serie de años. Parecía imposible que se pudiera cerrar el capítulo de energía con Lituania, pero se ha logrado. Ha hecho un gran esfuerzo el gobierno lituano, pero también por
parte de la Comisión Europea se han puesto una serie de medios a disposición y nosotros hemos negociado fuerte para que pudieran darse esos medios y se pudiera cerrar la central nuclear de Ignalina.
Los efectos de la ampliación sobre los fondos estructurales es un debate sobre la reforma de la política regional, que la veremos más adelante y que empezará pronto.
Con respecto al mensaje claro a los países candidatos y a la importancia de la ampliación, la mejor noticia
que pueden tener los países candidatos es que la ampliación no sea la preocupación del Consejo Europeo de Sevilla. Francamente, la ampliación no es la preocupación. El Consejo Europeo, por suerte, va a poder constatar que las negociaciones
van bien; que se ha completado la hoja de ruta o el itinerario; que la mayor parte de los capítulos están cerrados; que a la mayor parte de los países les quedan tres o cuatro capítulos, como mucho, y a muchos de ellos sólo dos por negociar y
que, por tanto, hoy es factible, desde el punto de vista técnico -porque se han superado todos los flecos y todo el atraso con que venía la negociación, gracias al esfuerzo que hemos realizado-, si se dan las condiciones políticas, que podamos
constatar el cierre del proceso de ampliación para los diez primeros países en diciembre.
El mensaje del Consejo Europeo es el mejor de los mensajes. Las cosas van como se habían programado y no hay ninguna situación dramática, no hay ningún problema particular, aparte de los problemas consustanciales a todo el proceso de
ampliación. Por las señales, el Consejo Europeo va a constatar que la negociación, desde el punto de vista técnico, va bien, aunque quedan por resolver algunos temas, naturalmente el de Chipre, y habrá alguna llamada al tema de Chipre; el retraso
de Turquía y Bulgaria y habrá una llamada a Turquía y Bulgaria; el tema de la capacidad de los países para implementar o poner en práctica el acervo, y habrá una llamada a eso. Sin embargo, creo que el Consejo Europeo se va a concentrar más en lo
que yo llamaría el nuevo itinerario político. El nuevo itinerario político es decir: las negociaciones acaban en diciembre ¿y luego qué? ¿Cuándo y cómo se puede firmar el tratado de adhesión? ¿Cómo va a ser el procedimiento de ratificación?
¿Cómo va a ser la participación de los países candidatos en la conferencia intergubernamental? Porque es posible que la conferencia intergubernamental empiece antes de que estén ratificados los acuerdos, los tratados. ¿Cómo van a participar los
países candidatos en las elecciones al Parlamento Europeo? ¿Cuál puede ser la fecha ideal de la incorporación plena de estos países a la Unión, al principio, en la mitad, a principios del año 2004, a finales del año 2004, a principios del año 2005?
Todo esto conforma un tema que es el nuevo itinerario político, una vez que se ha constatado que el proceso negociador, por suerte, se puede dar prácticamente por terminado.
Naturalmente, alguien me puede decir que queda todavía el debate financiero sobre algunos aspectos de la agricultura. Pues sí, queda eso, pero hay dos consejos europeos de aquí a final de año para resolverlo.
Por tanto, podemos ser
razonablemente optimistas con respecto al proceso de ampliación en este momento, porque el Consejo Europeo de Sevilla no tiene que poner todo patas arriba ni tiene que hacer una llamada de atención porque las cosas vayan mal. Es más bien un Consejo
Europeo que va a tener la satisfacción de decir que las cosas van razonablemente bien y que podemos cumplir los objetivos que nos hemos marcado en Gotemburgo y en Laeken.
Decía el señor Guardans que hay negociaciones abiertas en el Consejo Europeo de Sevilla y eso quiero aclararlo. En el Consejo Europeo de Sevilla no se va a negociar absolutamente nada de la ampliación. Todo lo de la ampliación está
negociado ya, no hay que negociar nada más. Otra cosa, el Consejo Europeo normalmente no negocia. Alguien decía: si no hubiera acuerdo sobre el tema agrícola de los pagos directos, lo hubiera tenido que negociar el Consejo Europeo. Francamente,
tengo mis dudas.
Creo que el Consejo Europeo no hubiera negociado eso, hubiera constado que no había acuerdo y hubiera indicado a los ministros que siguieran negociando. Cada uno tiene que hacer lo suyo. En la nueva visión de la reforma del
Consejo Europeo, lo que este tiene que hacer es concentrarse en dar orientaciones de carácter general a los consejos a sus órdenes. Es una deformación terrible llevar las negociaciones al Consejo Europeo porque al final es evidente que por muy
inspirados que estén los jefes de Estado y de Gobierno no pueden entrar en la negociación de una cuestión técnica en un espacio muy corto de tiempo. Ya se ha demostrado hasta la náusea que cada vez que se ha llevado a un Consejo Europeo un tema
técnico no se ha resuelto y siempre terminan haciendo lo único que pueden hacer, es decir, el Consejo correspondiente que lo haga. Por lo tanto, en la ampliación no queda nada por resolver, sí queda hacer una evaluación política profunda de lo que
se ha conseguido hasta ahora y de lo que hay por delante, seguramente mandar mensajes muy claros para la presidencia danesa y ver lo que yo llamo el itinerario más allá de Copenhague, es decir, el itinerario político para ver a esos países ya
sentados dentro de la Unión.
Kaliningrado. Kaliningrado es una palabra que no se pronunciaba en la Unión antes de la presidencia española. Nosotros somos los que hemos puesto Kaliningrado encima de la mesa. Yo he sido el primer presidente del Consejo en la historia
que ha puesto los pies en Kaliningrado. La presidencia española es la primera presidencia que ha hecho un Consejo de cooperación con Rusia en Kaliningrado, es decir, que nosotros hemos puesto a Kaliningrado en el mapa porque había que hablar de
Kaliningrado, porque es un enclave con una población de casi 1.700.000 rusos, que va a quedar rodeado por territorio comunitario. ¿Qué hemos hecho? De momento, hemos dado una solución sobre la base de la aplicación -y no puede haber otra- del
acervo Schengen actual, con todas las modificaciones y flexibilizaciones necesarias. Vamos incluso más lejos que Schengen, con visados de larga duración, de múltiples entradas y salidas, visados gratuitos por comprender que la población que hay
allí no puede pagarlos, etcétera. De momento no podemos ir más allá. Los rusos dicen que esto no les es satisfactorio. Yo les puedo
comprender, porque ellos tienen, además de eso, otra idea, que es la idea del corredor. Un transporte a través del territorio de Polonia o de Lituania, un tren que pasara, que fuera un corredor, parecido a lo que hubo en Berlín, un
corredor. Yo debo decir que ese tema, de momento, no ha progresado, fundamentalmente porque Polonia y Lituania se niegan radicalmente, tienen malas experiencias. La palabra corredor a Polonia le ponen los pelos de punta, recordemos el corredor de
Danzig, no le gusta, políticamente no le parece aceptable, a Lituania tampoco y lo que no puede la Unión es forzar a un país candidato a aceptar una cosa que no quiere. Cuando esos países sean miembros de la Unión a lo mejor dentro de la Unión
tendremos alguna otra manera para razonar. Pero ahora, ¿cómo la Unión, por muy amigo que sea el presidente Aznar del señor Putin, puesto que se ha citado la amistad, cómo va el presidente del Consejo de la Unión a imponer a Polonia o Lituania una
solución? De momento Lituania y Polonia han aceptado la solución de la aplicación de Schengen, con muchísimas excepciones. Falta ese otro concepto que se puede desarrollar, que, demás, no tiene por qué ser por tierra, porque los corredores pueden
ser aéreos o marítimos, con lo cual no habría necesidad de pasar por ningún territorio. Esa petición de Rusia está encima de la mesa. Hay también otras soluciones técnicas que se pueden arbitrar, como por ejemplo, la tarjeta electrónica, que es
algo que nosotros ya estamos utilizando aquí en la frontera con Ceuta y Melilla, por ejemplo. Hay medio técnicos. La situación es que, los rusos, como es evidente, no están totalmente satisfechos con la solución arbitrada hasta el momento porque
quieren más. La Unión Europea en este momento no está en condición de darles más, pero la situación no es ningún problema inmediato, porque de aquí a que Kaliningrado esté rodeado por el territorio de la Unión va a pasar, como mínimo, un año y
medio. Por lo tanto, queda un tiempo para ver las soluciones técnicas o las otras soluciones de corredor y estudiar si hay algunos mecanismos que se puedan poner en marcha. A eso es a lo que se comprometió el presidente Aznar en Moscú: comprendo
que este sistema en el que hemos hecho un gran esfuerzo no te satisface plenamente, me comprometo a volver a replantear el tema otra vez a los socios. Hemos vuelto a replantearlo, ayer se hablaba en el Consejo de Asuntos Generales, y la Unión está
dispuesta a seguir estudiando y negociando posibilidades para dar la comunicación entre esos millones de rusos y su país metropolitano, Rusia. Creo francamente que es algo que se podrá negociar y no creo que vaya a condicionar de ninguna manera la
ampliación, que se va a hacer de todas maneras. De momento habrá un sistema Schengen, perfectamente homologado, que funcionará, y yo no descarto que pueda haber otras soluciones a las que unos estaremos más cerrados y otros más abiertos. Lo que
quiero decir es que España tiene una posición abierta; pero España no ha sufrido algunas de las consecuencias de las situaciones fronterizas en aquella parte del mundo y tenemos que comprender que haya sensibilidades distintas y hay que estar allí
para vivirlas. Por eso la Unión tiene que ser muy respetuosa con todos esos temas, tratándose sobre todo de países pequeños, como hoy Lituania.
Irlanda y el régimen lingüístico. El Consejo Europeo va a redactar una declaración sobre Irlanda, pedida por las autoridades irlandesas, para darles las seguridades que necesitan con el objetivo de tranquilizar a su población de cara al
referéndum. Ese tema va razonablemente bien. Hemos estado en contacto con Irlanda y el Gobierno irlandés, han hecho unas propuestas que son perfectamente aceptables, que el presidente Aznar ha consultado con todos sus colegas y cabe esperar que el
Consejo Europeo de Sevilla trate el tema y lo apruebe. Por tanto Irlanda saldrá de Sevilla con lo que quiere, con un mensaje de confianza hacia sus ciudadanos; eso y luego un poco de San Patricio para que aprueben el referéndum, pero desde el
Consejo Europeo no podemos hacer más.
Respecto al régimen lingüístico, eso sí que es parte del derecho primario y por tanto ni por la vía de una negociación de ampliación vamos a modificar el régimen lingüístico porque sería imposible. Ese es un debate difícil, primero de la
Convención -no sé si han entrado en ello- y de la Conferencia Intergubernamental después, pero me parece evidente, como dice el señor Guardans, que algún ajuste habrá que hacer en el régimen lingüístico cuando seamos 25 miembros. Como entre tanto
va a haber una Conferencia Intergubernamental y como todo el mundo sabe que el régimen lingüístico es parte del derecho primario de la Unión, será muy difícil que por la vía de unos acuerdos de ampliación podamos tocar ese derecho primario, sobre
todo teniendo una Convención trabajando y una Conferencia Intergubernamental en ciernes.
Presidente, me he alargado, he estado hablando exactamente 40 minutos, pero había muchas preguntas, ¿eh?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado, no tiene usted que disculparse en absoluto por la extensión de su intervención, primero, porque el Reglamento le concede plena libertad para hacerla tan larga como estime
oportuno, y segundo, porque la cuestión sin duda lo merece y podríamos estar todos otros 400 minutos más abordando lo que será el mayor tema geopolítico de este principio de siglo, la ampliación de la Unión.
Seguro que los portavoces desean intervenir y seguro que esta vez la presidencia será muy, muy taxativa a la hora de limitar el tiempo.
(Pausa.) Me señala la mesa que reglamentariamente no hay posibilidad de intervención, sólo se puede
hacer por algo realmente excepcional y no hay nada realmente excepcional. ¿Podemos dar entonces por terminada la comparecencia?
(Pausa.) ¿Un minuto de intervención, si es posible hacerlo? (Pausa.) Un minuto de intervención, pero realmente un minuto.
El señor GARCÍA BREVA: Muy breve, presidente, sólo dos cuestiones. La primera, evidentemente, que me acuerdo que los miembros del Grupo Socialista en los prolegómenos de la cumbre de Niza estábamos esperando una declaración para saber con
qué posición iba a ir el Gobierno español, y criticamos que no hubiera esa declaración. Ahora mismo lo que ha habido son unas declaraciones del presidente Aznar y la opinión pública ha interpretado -eso es lo que yo transmito aquí- que estaba casi,
casi hablando de un perfil que era para él mismo, aparte de esa alusión a la melancolía que no nos parecía la mejor manera de definir el impulso que necesitaba la ampliación.
La seguna cuestión es que entiendo al señor secretario de Estado cuando dice que la mejor noticia es que la ampliación no sea el centro del debate de Sevilla, pero a mí me gustaría -y con esto termino- hacerle una petición y es que dada la
fijación del itinerario político y participación de los países candidatos para el año 2004, sería muy importante que pudiera salir algún mensaje de la Cumbre de Sevilla. Si de alguna manera el itinerario se puede fijar en la Cumbre de Sevilla sería
fundamental, porque si no la frase que ha dicho la interpreto como echar balones fuera, concretamente a la presidencia danesa.
PREGUNTAS:
- DEL SEÑOR CASTRO RABADÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MEDIDAS QUE ADOPTARÁ EL GOBIERNO PARA EVITAR EL INCUMPLIMIENTO DEL DERECHO COMUNITARIO DURANTE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UNIÓN EUROPEA.
(Número de expediente Congreso
181/001180 y número de expediente Senado 681/000329.)
El señor PRESIDENTE: No crean los miembros de la Comisión que hemos terminado la sesión. Saben que todavía hay una serie de preguntas que vamos a abordar a continuación. Concretamente hay cuatro preguntas porque el debate sobre las ayudas
estatales a la industria del carbón, como les anuncié al principio de la sesión, ha decaído.
La primera de ellas le corresponde hacerla al senador Castro Rabadán.
Trata sobre las medidas que adoptará el Gobierno para evitar el incumplimiento del Derecho Comunitario durante la presidencia española de la Unión Europea.
El señor CASTRO RABADÁN: Señor secretario de Estado, esta pregunta se realizó el 24 de octubre -no tiene la culpa de que no se contestara antes- y se reiteró a primeros de enero. Hace referencia a una situación que puede haber cambiado,
aunque según los datos que tengo no ha sido así.
El decimoctavo informe anual, que se aprobó en julio del 2001, por el que la Comisión Europea desvela cada año el cumplimiento de las normas comunitarias por parte de los Estados miembros, colocaba a España en el año 2000 a la cabeza de los
Quince en cuanto al número de quejas e incumplimientos de las normas comunitarias. España se sitúa también entre los países que se encuentran con mayor número de casos detectados de oficio por los servicios de la Comisión y también entre aquéllos
que aumentan con más procedimientos de infracción abiertos ante las instituciones comunitarias. Así, de España se habían recibido 188 quejas en el año 2000, de las cuales 161 estaban en tramitación, ocupando el primer lugar, con un porcentaje que
variaba del 15,35 al 16,95 respecto al resto de los países. Un documento del 31 de diciembre del 2001, después del informe que le he citado, vuelve a insistir en que la Comisión ha recibido sobre España no ya 188 quejas, sino 239, pasando a un
18,33 por ciento y de expedientes en tramitación 204 y no 161 del 2000, con lo cual pasaba al 19,86 por ciento. Es decir, del 2000 al 2001, después de ese informe, hemos seguido avanzando en incumplimientos.
Respecto a los expedientes incoados en el 2000 detectados de oficio, España es también uno de los países punteros, con 34 expedientes incoados y 29 en tramitación, siendo el segundo país de la Unión en estos casos.
Posteriormente, a 31 de
diciembre de 2001, según los últimos datos de que dispongo, España ha visto aumentado estos expedientes incoados de oficio de 34 a 36 y de 29 a 31, siendo un 13,96 por ciento el porcentaje que España tiene respecto a los demás países, ocupando el
segundo lugar después de Italia. (El señor Soravilla Fernández ocupa la presidencia.) Curiosamente, a 30 de abril de 2002, en el que ya hay un control de aplicación del Derecho Comunitario, habla de las infracciones y de las últimas decisiones de
la Comisión. A esa fecha aparecen 69 infracciones más, que versan sobre agricultura, medio ambiente, vacas locas, fiebre aftosa, aguas subterráneas, productos alimentarios, etcétera.
A la vista de que España iba a ostentar la presidencia española, esta pregunta, que se realizó en octubre, se formuló en los siguientes términos: Qué medidas va a adoptar el Gobierno español para evitar el incumplimiento del derecho
comunitario durante el próximo periodo, con la intención de saber qué medidas se han tomado durante el actual periodo -que hoy en día ya está prácticamente terminado- para evitar el incumplimiento del derecho comunitario por parte de España, tal
como se ha venido produciendo durante los años 2000 y 2001 y que va en crecimiento. Hay una cuestión sobre la que quiero abundar. Es curioso que España sea
uno de los países punteros en el número de medidas que adopta respecto a las directivas para incorporar el derecho comunitario al derecho español.
Somos el tercer país después de Dinamarca y Suecia en la trasposición de directivas, pero lo
curioso es que luego no las cumplimos. Por eso quería saber qué medidas se han adoptado para que se cumplan las directivas y no seamos el último país en cumplir con el derecho comunitario.
El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): Señor secretario de Estado, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EUROPEOS (De Miguel Egea): Tengo aquí una respuesta más genérica sobre lo que está haciendo la presidencia española para reducir el volumen de infracciones en el conjunto de la Unión. Hemos tomado
dos iniciativas. Ante la atención prestada por el Consejo Europeo de Barcelona al proceso de trasposición de directivas -es una de las bases jurídicas más habituales de los procedimientos de infracción, ya que el Consejo examinó el grado de
cumplimiento del compromiso de trasposición del 98,5 por ciento, que fue fijado en el Consejo Europeo de Estocolmo- de cada uno de los Estados miembros, a pesar de que solamente siete Estados miembros lo habían logrado, entre ellos España, la
presidencia española ha añadido un objetivo más, que es más estricto. Consiste en la trasposición del cien por cien de las directivas cuya incorporación a nuestro ordenamiento jurídico nacional lleve una demora de más de dos años. Este acuerdo ha
supuesto un espaldarazo a los controles periódicos sobre los índices del cumplimiento de trasposición de directivas, que lleva realizando la Comisión Europea desde hace varios años. De manera similar, hay que poner de relieve la aprobación en el
Consejo de Mercado Interior el pasado 7 de marzo de la recomendación de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2001 sobre creación y mantenimiento de un sistema de solución de conflictos en materia de mercado interior, denominado SOLVIT. Esta
recomendación sienta las bases para la puesta en marcha de una red que comunica entre sí a los Estados miembros a través de la propia Comisión y que va a empezar a funcionar a partir del mes de julio. Este sistema implica directamente a los Estados
miembros, obligándoles a hacer cuantas gestiones encuentren a su alcance para resolver en un plazo máximo de 10 semanas aquellas cuestiones o problemas que les hayan podido plantear los otros Estados miembros. En definitiva, se pretende
proporcionar un instrumento que permita remover con la rapidez que exige la dinámica del mercado interior las trabas y obstáculos que dificultan la libre circulación de los ciudadanos y de las empresas sin tener que recurrir a la vía jurisdiccional,
es decir, la vía del procedimiento, que inevitablemente es más lenta. La aprobación por el Consejo de Mercado Interior supone, como en el caso anterior, un apoyo definitivo a un sistema preventivo de solución de conflictos entre Estados miembros y,
por lo tanto, unos procedimientos de infracción cuyos antecedentes se remontan al Plan de acción para el desarrollo del mercado interior del año 1997. Esta es la respuesta genérica a lo que hacemos a nivel comunitario.
Ahora tendré que dar respuesta a lo que me pregunta concretamente de qué es lo que estamos haciendo para reducir el número de infracciones. Debo decir que no debemos dejarnos confundir por el número de procedimientos de infracción abiertos.
Desde luego, España no es ni mucho menos el país con mayor número de procedimientos de infracción, pero los procedimientos de infracción son una cosa y los casos ante el Tribunal de Justicia son otra. En la mayor parte de los procedimientos de
infracción en el periodo procesal que hay desde que llega la carta de emplazamiento hasta que se da el dictamen motivado, antes de que la Comisión lleve el caso a la Corte, hay un proceso en el que la parte que ha incurrido en el procedimiento de
infracción, que es la parte española en este caso, tiene la posibilidad de responder a las alegaciones que le hace la Comisión.
Nosotros tenemos muchos procedimientos de infracción abiertos, muchos, sin ninguna duda porque este es un país que ha
traspuesto la mayor parte de la legislación comunitaria; somos de los punteros en la trasposición.
Muchos países, incluso los fundadores, están en la cola de la trasposición. Tenemos un país complejo, de una realidad social, económica y climática
compleja, con lo cual hay muchos conflictos sobre todo en aplicación de normas de medio ambiente fundamentalmente.
Tenemos otro tema, que es que hemos transferido muchas de nuestras competencias, sobre todo en medio ambiente, a las comunidades autónomas.
Por tanto, cualquier infracción de una comunidad autónoma es infracción del Estado español, y como
tal la asume, porque es nuestra. Naturalmente tenemos que responder a esos procedimientos de infracción. En ese proceso de carta de emplazamiento y de opinión motivada la mayor parte de los expedientes se archivan. Lo que hay que ver es cuáles
son los casos que tiene España ante el Tribunal de Justicia. Si el señor Castro Rabadán, mira los casos de España ante el Tribunal de Justicia, comprobará que con relación a su población tiene un número absolutamente mínimo comparado con otros
países grandes, como pueden ser Italia, Francia, Alemania o el Reino Unido.
También debemos señalar que la mayor parte del acervo comunitario está basado en normas comunes que se han consolidado en esa gran llanura de Europa, de la cual forman parte Alemania, Francia, una gran parte de Italia y el Reino Unido. Por
tanto, ellos han conformado el sistema comunitario a su sistema. Nosotros hemos tenido que transformar radicalmente nuestro sistema, por lo tanto, es mucho más fácil que haya
procedimientos de infracción. Al final lo que me importa a mí saber es: ¿Cuáles son los casos que hay en el Tribunal de Justicia? Ahí España está francamente por detrás de los cuatro países grandes, y muy por debajo en proporción a su
población al número de infracciones. Queda otro dato que hay que ver: ¿Cuáles son los casos que España pierde en el Tribunal de Justicia? ¿Cuáles son las condenas reales que España tiene en el Tribunal de Justicia por infracción del derecho
comunitario? Usted verá que ahí de nuevo se reduce la proporción de manera notable. No tengo aquí -se lo confieso- los datos, por eso me tengo que limitar a hablar de manera general, pero desde luego estoy dispuesto a enviárselos. Naturalmente
eso no exime al Gobierno de la obligación de velar para que no se produzcan procedimientos de infracción. No exime al Gobierno de la responsabilidad de obligar a las comunidades autónomas a que cumplan las directivas y los reglamentos comunitarios.
Naturalmente, todo lo que se haga en este campo está bien hecho y debe hacerse. España debía tener como objetivo no tener ningún procedimiento de infracción y no tener nunca que ir al Tribunal de Luxemburgo. El mundo comunitario muestra que todos
los países tienen sus debilidades, pero España no está ni mucho menos entre los que más debilidades tienen. Desde luego está entre los punteros en trasposición de directivas comunitarias y entre los últimos de los que van al Tribunal Europeo de
Justicia y de los que pierden los casos en el mismo.
El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): Señor Castro Rabadán, intervenga brevemente.
El señor CASTRO RABADÁN: Intervendré muy brevemente. Quisiera dar las gracias al secretario de Estado por la información y sí le ruego que cuando tenga los datos los envíe para cotejarlos con los que yo tengo.
Son ciertas algunas de las cosas que ha dicho. En general todas son ciertas, pero todas tienen matices. España no es la primera en trasposición del derecho comunitario, está en un 97,17 a 10 de junio de 2002; por delante están Dinamarca y
Suecia, pero sí es uno de los países punteros. En cuanto al tema de infracciones y de quejas es el primero, sigue siendo el primero. En cuanto al tema del Tribunal, el proceso desde la queja de la carta de emplazamiento, los dictámenes motivados y
la llegada a los tribunales es curioso, porque España en carta de emplazamiento tiene 34 más que en el año 1996, dos dictámenes motivados más que en el 1996 y en los recursos que llegan ante el Tribunal sí está por delante de los países grandes.
España está con más recursos ante el Tribunal que en 1999, 1998 y en 1997, estando a la par que en 1996. Son muy pocos casos, ocho, a los que se ha referido como número el secretario de Estado, pero no ha mejorado su ranking dentro de lo que
venimos teniendo históricamente, aunque sí es cierto que no somos uno de los países que más recursos tenemos ante el Tribunal, estando por delante los grandes y quedando otros muchos por debajo; por debajo hay seis países, incluso algunos con cero,
como Dinamarca. Yo ruego al secretario de Estado que presten atención a este tema, que es de interés, porque no sólo tenemos que hacer Europa a base de discursos y de muchas trasposiciones de directivas, sino que hay que cumplirlas porque, si no,
no tiene ningún sentido el trabajo que hacemos.
El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): Señor secretario de Estado, ¿desea hacer alguna manifestación más? (Denegación.)
- DE LA SEÑORA BLANCO TERÁN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE INFORMACIONES Y MEDIDAS QUE HA INTERESADO EL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES, COMO PRESIDENTE DE TURNO DEL CONSEJO DE MINISTROS DE LA UNIÓN EUROPEA, DEL GOBIERNO DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA RESPECTO DE LA SITUACIÓN DE LOS PRISIONEROS TALIBANES EN LA BASE MILITAR DE GUANTÁNAMO Y SU ADECUACIÓN A LA CONVENCIÓN DE GINEBRA DE 1949 Y A LAS DEMÁS NORMAS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS. (Número de expediente
Congreso 181/001300 y número de expediente Senado 683/000093.)
- DE LA SEÑORA BLANCO TERÁN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE INFORMACIONES Y MEDIDAS QUE HAN LLEVADO AL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES, COMO PRESIDENTE DE TURNO DEL CONSEJO DE MINISTROS DE LA UNIÓN EUROPEA, A MANIFESTARSE CONVENCIDO
DE QUE ESTADOS UNIDOS RESPETA LOS DERECHOS DE LOS DETENIDOS EN LA BASE MILITAR DE GUANTÁNAMO SIN CONTAR AÚN CON LOS INFORMES DEL COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA. (Número de expediente Congreso 181/001301 y número de expediente Senado
683/000094.)
El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): Pasamos a continuación a dos preguntas que se refieren a un mismo tema. No sé si la señora Blanco Terán desea agruparlas. Si así lo hace, se lo agradecemos todos por agilizar el debate.
Tiene la palabra.
La señora BLANCO TERÁN: Señor secretario de Estado, estas dos preguntas -que estoy de acuerdo en agrupar, efectivamente- se plantearon justo después
de la operación Libertad Duradera y de las acciones militares que tuvieron lugar en Afganistán, sin cuestionar para nada -y no me voy a extender sobre ese tema- esa operación y las acciones que tuvieron lugar, que por supuesto tienen nuestro
apoyo como grupo parlamentario y como partido. No obstante, estábamos interesados en saber qué acciones se han llevado a cabo desde la presidencia española para aquellos detenidos o retenidos de ciudadanía europea que estaban en principio en
Guantánamo y que ahora han sido dispersados a otros lugares, en tanto que hay dos pactos importantes que consideramos que se tendrían que haber puesto en marcha desde la presidencia española y haber solicitado respuesta de los Estados Unidos: el
Pacto internacional de los derechos civiles y políticos, que está suscrito por la mayor parte de los países de la Unión, también por los Estados Unidos, y el derecho a la asistencia consular de los detenidos, que está previsto en la Convención de
Viena del 24 de abril de 1963. De hecho, parece que hay un detenido de origen ceutí, por tanto, de nacionalidad española, que se llama Hamed Abderramán Ahmed. No sabemos si se han tomado algunas iniciativas, si se ha hablado con los Estados Unidos
al respecto, pero estaríamos interesados en conocerlo porque las primeras informaciones -y cuando se presentaron estas preguntas era así- crearon una cierta alarma en cuanto a las condiciones humanitarias que tenían en Guantánamo. No parece que en
este momento esas condiciones humanitarias tengan problema, al menos por las informaciones que tenemos, pero sí querríamos que nos dijera, aunque sea con brevedad, qué iniciativas se han llevado a cabo durante la presidencia española.
El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): Señor secretario de Estado, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EUROPEOS (De Miguel Egea): Señora Blanco Terán, la situación de los detenidos en Guantánamo ha suscitado la preocupación de la Unión Europea desde el primer momento, por tanto, España como
presidencia ha tenido que hacerse eco de esta preocupación.
El ministro de Justicia español en nombre de la presidencia de la Unión ya hizo declaraciones a este respecto, así como el alto representante de la Unión Europea, Javier Solana, y el
comisario de Relaciones Exteriores, señor Patten. Estas inquietudes fueron trasladadas a las autoridades de los Estados Unidos de forma confidencial con objeto de aclarar la situación de los detenidos, dando las autoridades norteamericanas todas
las garantías de que el tratamiento dado a los prisioneros era el adecuado. De hecho en aquel momento permitieron que representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja visitaran y se entrevistaran personalmente y sin testigos con cada uno de
los detenidos. Con independencia del estatuto jurídico de los detenidos en Guantánamo desde el punto de vista del derecho internacional humanitario, que es la Convención de Ginebra -usted recordará todo el debate de si se aplicaba o no la
Convención de Ginebra-, siempre mantuvimos la tesis de que tenían que ser tratados en todo caso de forma humana como se dice en la Convención de Ginebra y respetando sus derechos fundamentales.
El Gobierno de los Estados Unidos desde aquel momento se ha mostrado dispuesto a garantizar todos los derechos fundamentales de cualquier prisionero, independientemente de que se aplique la Convención de Ginebra porque ya dijimos que ese
debate era estéril. Lo importante es la sustancia de la Convención de Ginebra. No íbamos a entrar en un debate jurídico. El Gobierno español como presidente de la Unión tiene la convicción de que ha sido así y que la situación ha mejorado
sustancialmente. No tenemos pruebas de que no han aplicado todos los principios de la Convención de Ginebra, pero me parece evidente que desde el principio la forma de internamiento actual ha mejorado porque incluso, desde el punto de vista de
imagen, era verdaderamente degradante ver a las personas como metidas en jaulas. Todo eso ha terminado.
Por otra parte, el Gobierno británico, que como S.S. conoce tiene y ha tenido una relación muy especial en este tema de Afganistán con el Gobierno norteamericano, a instancias nuestras ha hecho también gestiones y nos ha confirmado que los
prisioneros han sido en todo momento, y desde luego ahora, tratados conforme a todos los códigos humanitarios y con respeto a los derechos. Esta convicción nos la ha respaldado el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Jakob
Kellenberger, persona a la que conocemos bien, yo personalmente mucho porque fue mi colega suizo durante muchos años y con quien he tenido ocasión de entrevistarme. Nos ha manifestado claramente en una visita a España que no creía que los Estados
Unidos tuvieran la más mínima intención de sustraerse a sus obligaciones internacionales y que el Gobierno de los Estados Unidos le había dado el consentimiento para tratar a los detenidos como si fueran prisioneros de guerra, es decir, darles un
trato equivalente fuera del debate sobre si se aplica o no. Además, el señor Kellenberger nos ha reconocido, hemos hablado con él no como amigos, sino como presidentes de la Unión, que la cooperación del Comité Internacional de la Cruz Roja con las
autoridades americanas ha sido en todo momento buena, sigue siéndolo buena y no tienen ninguna limitación para realizar su labor de investigación de acceso a los detenidos, para hablar con ellos y revisar sus condiciones. Por tanto, la cooperación
que ha llevado el Comité Internacional de la Cruz Roja sobre el terreno es correcta.
Queda esa divergencia jurídica debido a que los Estados Unidos, como conoce bien, señoría, no consideran a todos los detenidos como prisioneros de guerra. Al
respecto, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha emitido un comunicado en relación
con la posición de los Estados Unidos relativa a los detenidos en Guantánamo en la que dice que no está de acuerdo con esa interpretación.
La verdad es que el comité -lo reitero- no ha detectado ninguna falta en la aplicación de todos los
términos de la Convención de Ginebra a los detenidos en Guantánamo.
- DEL SEÑOR DÍAZ DÍAZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA) SOBRE SITUACIÓN DEL SECTOR PESQUERO ESPAÑOL EN EL ACUERDO COMERCIAL Y DE COOPERACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA CON CHILE (Número de expediente Congreso 181/002618 y número de expediente Senado
683/000126.)
El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): Como la señora Blanco no va a hacer uso de su derecho de dúplica, en consecuencia, pasamos a la última de las preguntas del orden del día, que formula el señor Díaz Díaz que tiene la palabra.
El señor DÍAZ DÍAZ: Señor presidente, señor secretario de Estado, cuando está finalizando la presidencia española de la Unión Europea, en espera aún de la cumbre de Sevilla, parece que uno de los éxitos políticos fue la firma del acuerdo
comercial con Chile. Este acuerdo fue de larga gestación y en él había dos puntos conflictivos, los vinos y la pesca. En la pesca el conflicto estaba entre España y Chile. Por ello, Chile hábilmente trató de que el tema llegara vivo a la
presidencia española, porque Chile esperaba que España como sede de la cumbre terminaría cediendo en los intereses económicos a cambio de los réditos políticos que aportaría la firma del acuerdo. Parece por los resultados finales que fue así y a
Chile le salió bien la operación. La posición inicial española era la de vincular el acceso al mercado de la Unión de los productos pesqueros chilenos al acceso a los recursos pesqueros de aquel país para la flota comunitaria, pero este acceso en
principio era imposible porque Chile no acepta acuerdos pesqueros -este país alega que tiene flota suficiente para gestionar sus recursos-, y en consecuencia la posición comunitaria pasaba ya desde hace tiempo por la vía de acceder a los recursos
pesqueros chilenos a través de inversiones pesqueras en ese país. Pero también las inversiones pesqueras chocaban con que el sector pesquero chileno está sometido a todo tipo de restricciones (en capital, en nacionalidad de los trabajadores, en
asociaciones de pesca, etcétera), por ello la negociación se centró en que Chile modificara su ley de navegación, abriendo la posibilidad de liberalizar las inversiones en aplicación del principio de reciprocidad para que aquel país pudiera ser como
otro país que las tuviera también liberalizadas, que en este caso era España.
El acuerdo final flexibiliza la prohibición de descargar en puertos chilenos -cuatro barcos supervisados de la Unión Europea pueden desembarcar en puertos chilenos-, pero no hay una apertura inmediata y sin restricciones del acceso a estos
puertos en contra de las normas internacionales de comercio; la solución en principio en este punto no parece buena. Se aprueba por otra parte la apertura del mercado europeo para productos pesqueros de Chile, con aranceles preferentes; por su
parte Chile se compromete a modificar la Ley de 1991, para permitir la entrada de inversión europea, en este caso fundamentalmente española, en el sector pesquero. De todos modos, el contencioso llamado pesquero no era solamente un tema extractivo
de pesca sino también de libertad de tránsito en puertos y de derechos del mar; en este tema hay más cesiones que avances que pueden ser un grave precedente al aceptar la Comisión la concepción chilena de sus derechos de jurisdicción en el mar y
también la heterodoxa interpretación chilena del texto del artículo 5 del GATT. Por ello, le preguntamos, ¿no fue el sector pesquero el sacrificado para sacar adelante un acuerdo que interesara políticamente?
El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): Tiene la palabra el señor secretario de Estado para contestar.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA ASUNTOS EUROPEOS (De Miguel Egea): No, señor, no fue el sector pesquero. ¿Qué interesaba políticamente? Sí, señor, interesaba políticamente. ¿Por qué? Porque (por cierto no le suponga a Chile más
inteligencia en este tema de la que tiene; el calendario no lo ha fijado Chile, lo hemos manejado nosotros, como corresponde a España en todo lo que toca a América Latina en la Unión; quiero que usted sepa que nada de lo que se hace en América
Latina y en la Unión es ajeno a lo que nosotros decidimos) nosotros habíamos decidido hace mucho tiempo el objetivo de poder cerrar el acuerdo con Chile durante la presidencia española. (El señor presidente ocupa la presidencia.)
Usted me dirá: ¿España como presidencia estaba en la peor situación para negociar sus propios intereses con Chile? Esa es precisamente parte de la estrategia española con América Latina, que es la de la generosidad y la de nunca poner sus
intereses específicos por encima de un objetivo mucho más importante que es situar a América Latina verdaderamente en el mapa de las relaciones exteriores de la Unión. Eso ya lo hizo el Gobierno en 1986 cuando hizo una declaración, protocolo anejo
al tratado en donde puso las relaciones con América Latina en el frontispicio de las relaciones exteriores de la Unión. Debo decir que las relaciones con América Latina son las únicas relaciones que pertenecen hoy al derecho primario, precisamente
porque España lo hizo, por cierto lo hizo un Gobierno de su color político, y el Gobierno actual no podría ser menos, no podría no seguir esa senda que se inauguró
también precisamente con el Tratado de Adhesión de 1986. Por eso, no hemos antepuesto, y seguiremos no haciéndolo, nuestros intereses específicos al interés general que es poner a los países de América Latina en una situación privilegiada
de relación con Europa.
El tema con Chile era fundamental porque Chile y Mercosur tenían una negociación conjunta con la Unión Europea (espero que no tenga que explicarle las razones por las cuales la negociación con Mercosur está bajo mínimos), y nuestra única
esperanza era Chile, porque es un país extraordinario, en una situación económica buena, abierto y que estaba en condiciones de poder asumir un mayor grado de relación con la Unión que ningún otro país tercero. El acuerdo con Chile es el más
importante que ha firmado nunca la Unión Europea con ningún país tercero. La Unión Europea no ha firmado acuerdos de libre cambio más que con dos países en el mundo: uno con Méjico y otro con Chile, y los dos a instancia de España. Por cierto,
alguien podría haber dicho lo mismo en el acuerdo con Méjico, en el que también se sacrificaron algunos intereses (le recuerdo que era el Gobierno de Felipe González), y nadie le hizo un reproche de que había dejado en la cuneta algún interés
particular porque vimos que el interés de un acuerdo de libre cambio con Méjico era prioritario para la Unión y para España, porque todo lo que es bueno para América Latina es bueno para nosotros. De la misma manera nosotros nos marcamos como
objetivo, no los chilenos, el cerrar el acuerdo de libre cambio con Chile con ocasión de la cumbre de Europa y América Latina que tuvo lugar en Madrid el 16 y 17 de mayo de este año. Para eso nos hemos aplicado y hemos negociado un acuerdo que es
no solamente el más ambicioso, como ya he dicho, que se ha firmado nunca en la Unión, sino un acuerdo que todo el mundo llama de cuarta generación por comparación con todos los demás que se han firmado con algún otro país tercero
El acuerdo incorpora un área de libre comercio, un diálogo político reforzado, cooperación extensa en todos los campos y constituye el marco ideal no solamente de nuestras relaciones con Chile, sino el ejemplo y el camino abierto a nuestras
relaciones con el resto del continente americano, muy particularmente con el cono sur, con Mercosur, con quien nosotros mantenemos, seguimos manteniendo y vamos a seguir insistiendo en que haya un acuerdo de libre cambio Mercosur-Unión Europea. El
día que eso se haga -no se hará si España no lo impulsa-, será el primer acuerdo de libre cambio entre dos zonas aduaneras diferentes: La Unión Europea y Mercosur, lo cual tendrá una significación histórica.
Entre los puntos de contenido económico de gran importancia que han sido incluidos en el acuerdo quiero destacar la definición del objetivo a alcanzar una zona de libre cambio tanto para productos como para servicios. En lo que respecta a
productos industriales más del 90 por ciento queda liberalizado a partir del primer día de entrada en vigor del acuerdo. Es un acuerdo de inversiones que incluye por primera vez en la historia la consideración de trato nacional para las inversiones
que realicen las empresas europeas en Chile en numerosos sectores, incluyendo el de la pesca. Piense usted en otras empresas importantísimas que afectan a muchos miles de trabajadores españoles que tienen su implantación en Chile. Acuerdos sobre
compras públicas, competencia y propiedad intelectual, y también un mecanismo de solución de diferencias.
Con respecto a su pregunta sobre el sector pesquero español y su influencia en el mismo, le voy a decir por qué tiene consecuencias favorables este acuerdo. Primero, en el capítulo de las inversiones, incluido el de la pesca, mediante la
aplicación del principio de tratamiento nacional se garantiza un acceso indirecto a los recursos pesqueros de Chile por parte de la Unión Europea, lo que por primera vez ocurre en la historia de la Unión. Además, es un precedente de extrema
importancia para las relaciones futuras con otros países terceros.
En segundo lugar, en el acceso a mercados, Chile y la Unión Europea liberalizan su comercio excepto para los productos que la Unión considera sensibles (estos productos serían la merluza fresca, por tanto ahí se ha preservado un interés, el
salmón ahumado y las conservas de atún, otro interés español; tampoco ha sido tanto echar por la borda los intereses españoles), respecto de los cuales la Unión Europea abre unos contingentes que considera suficientes para que no se produzca daño a
los sectores comunitarios afectados.
Respecto a las reglas de origen, se han mantenido las posiciones de ambas partes y no se prejuzgan las relaciones futuras con países terceros. Las negociaciones han servido para resolver puntos técnicos pendientes para la puesta en práctica
del famoso, que usted conocerá, memorándum de entendimiento entre la Unión Europea y Chile en materia de pesca del pez espada, acuerdo que llevaba meses atascado y sin aplicar y cuyo desarrollo podría dar lugar a una nueva e importante cooperación
pesquera bilateral y más a largo plazo la constitución de una organización regional de pesca para el Pacífico sur.
Quisiera, por último, subrayar, como ya lo he hecho en otras ocasiones, que si los acuerdos se miden por los resultados globales obtenidos y no por lo conseguido en una sola de las áreas, el firmado entre la Unión Europea y Chile va a tener
consecuencias de beneficio incalculable para la Unión Europea en general, para Chile y, desde luego, para la mayor parte de los sectores españoles, incluido el de la pesca.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado.
El señor DÍAZ DÍAZ: Señor secretario de Estado, en primer lugar, que quede claro que nosotros no cuestionamos el acuerdo con Chile, nos parece bien; lo
único que cuestionábamos es que en estos acuerdos, positivos a nivel global, siempre pagan los mismos. Ahora va por exteriores. En general, en los acuerdos internacionales que lleva el Ministerio de Asuntos Exteriores, la pesca nunca sale
beneficiada, así lo ha entendido siempre el sector.
Segunda aclaración. La generosidad con América Latina nos parece muy bien, y además están siguiendo, lo reconocía usted, una política que se comenzó en los años de Gobierno socialista. Yo le diría (usted viaja más que yo, pero es posible
que sus contactos no le permitan tocar plenamente la realidad), que en algunos países de América Latina no se está entendiendo, no solamente en Argentina, la generosidad española tal como la plantea usted, sino que se está entendiendo que la acción
exterior española se dirige más a apoyar algunos intereses empresariales muy concretos, no todos, que a la cooperación y el desarrollo de esos países.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EUROPEOS (De Miguel Egea): Lamento abusar de la paciencia de los señores diputados que han tenido la amabilidad de seguir aquí, pero se ha equivocado de interlocutor cuando habla de la pesca y del
Ministerio de Asuntos Exteriores. Le puedo decir que yo personalmente he negociado 33 acuerdos de pesca para la Unión Europea que han beneficiado directamente a la flota española.
Conozco muy bien esas realidades de las que me habla, no sé quién le habla a usted, pero yo conozco todo el sector pesquero. Pregúntele por mí, y podemos pasar el examen de todos los acuerdos que hemos negociado y ver a quién han
beneficiado. Me parece que va usted por mal terreno si me reta ahí. Estoy dispuesto a ir a cualquier asociación de armadores, a cualquier cooperativa, a cualquier cofradía de toda la geografía peninsular, incluída Galicia, y vamos a hablar de lo
que ha hecho el Ministerio de Asuntos Exteriores y lo que han hecho los diplomáticos de carrera destinados en la Comisión por la pesca española. No encontrará usted a nadie que haya negociado más acuerdos de pesca que yo en beneficio de la pesca
española. Búsquelo que no lo va a encontrar. Cuando quiera, se lo pregunta a las asociaciones y a las cofradías de su propio país, Galicia, y se lo van a decir. Dígale que ha interpelado a Ramón de Miguel en el Congreso, a ver qué le dicen.
Respecto a la percepción que tienen algunos países de América Latina sobre nuestra generosidad, lamento que haya ruindades por todos los lados, pero eso no nos va a hacer variar de opinión. Vamos a tener siempre la misma actitud generosa,
abierta y totalmente dedicada de poner a América Latina en el mapa de las relaciones exteriores de la Unión.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado. Ahora sí que podemos dar por terminada la sesión, agradeciendo a todos su participación en la misma.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y treinta minutos de la tarde.