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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 72, de 12/03/2002
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2002 VII Legislatura Núm. 72
PARA LA UNIÓN EUROPEA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSEP BORRELL FONTELLES
Sesión núm. 25
celebrada el martes, 12 de marzo de 2002, en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor ministro de Hacienda (Montoro Romero) para informar sobre:
- Las prioridades de su departamento durante la presidencia europea. A petición propia. (Número de expediente del Congreso 214/000095 y número de expediente del Senado 711/000217.) ... (Página 1644)
- Las previsiones del Gobierno en el ámbito de su departamento durante la presidencia española de la Unión Europea. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente del Congreso 213/000638 y número de expediente del
Senado 711/000211.) ... (Página 1644)
- Elección del vicepresidente segundo de la Comisión. (Número de expediente del Congreso 041/000028 y número de expediente del Senado 571/000001.) ... (Página 1661)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA (MONTORO ROMERO), PARA INFORMAR SOBRE:
- LAS PRIORIDADES DE SU DEPARTAMENTO DURANTE LA PRESIDENCIA EUROPEA. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente del Congreso 214/000095 y número de expediente del Senado 711/000217.)
- LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO EN EL ÁMBITO DE SU DEPARTAMENTO DURANTE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UNIÓN EUROPEA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente del Congreso 213/000638 y número de expediente del
Senado 711/000211.)
El señor PRESIDENTE: Pasados cinco minutos de cortesía, comienza la sesión.
Damos la bienvenida al señor ministro de Hacienda, que comparece ante la Comisión mixta, y a las señoras y señores diputadas y diputados, senadoras y senadores presentes.
Tenemos dos puntos en el orden del día, prácticamente idénticos; supongo que los portavoces no tendrán inconveniente en que el señor ministro los explique de una sola vez. Vamos a hablar de las prioridades de su departamento y de las
previsiones del Gobierno, ambas referidas a la presidencia española de la Unión Europea, por eso digo que, si ningún portavoz se opone, las dos comparecencias serán objeto de una misma intervención.
No habiendo ninguna observación en contra, damos la palabra el señor ministro para que explique, en una sola intervención, los dos puntos del orden del día.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Señorías, constituye una satisfacción para mí comparecer hoy ante la Comisión mixta para la Unión Europea -como el resto de los miembros del Gobierno- para informar y dialogar con los grupos
parlamentarios sobre las principales iniciativas de mi departamento, iniciativas de carácter fiscal y presupuestario, durante la presidencia española.
El día 10 de diciembre pasado el presidente del Gobierno expuso las ideas fundamentales y las prioridades políticas que orientan la acción del Gobierno en este semestre de presidencia de España de la Unión Europea.
Estas prioridades son:
la lucha contra el terrorismo, la introducción del euro, las reformas económicas y sociales para alcanzar el pleno empleo, la continuación de las negociaciones para la ampliación de la Unión Europea, la política exterior y de seguridad, el debate
sobre el futuro de la Europa ampliada.
Hace pocos días, en la intervención del vicepresidente segundo del Gobierno en esta misma Comisión, se abordaron y debatieron los principales contenidos económicos de la presidencia española de la Unión Europea. Hoy me corresponde
desarrollar los aspectos financieros, presupuestarios y fiscales de la agenda europea de este semestre y las orientaciones y propuestas de la presidencia española.
Señorías, en todos los objetivos generales que nos hemos propuesto se están tomando ya importantes iniciativas y poniendo los medios para que cuando concluya nuestro mandato, en el mes de junio, podamos felicitarnos de haber contribuido al
avance de Europa. Como ustedes conocen, la presidencia española quiere resumir el objetivo y la orientación de sus trabajos bajo el lema Más Europa. Más Europa, en primer lugar, porque queremos contribuir a que sea más libre y más segura, con más
espacio para el diálogo democrático y menos espacio para la violencia terrorista.
Más Europa, en segundo lugar, porque compartimos una moneda común. El euro ha tomado asiento en la Unión Europea con una asombrosa familiaridad y en pocas semanas
los ciudadanos hemos aceptado la nueva moneda no sólo en su función económica, sino también como símbolo de una relación especial, de una identidad europea que desea perfeccionar sus perfiles políticos.
La buena acogida del euro en todos los países de la zona y su rápida normalización en la vida cotidiana son la mejor prueba del éxito definitivo de la unión económica y monetaria. Gracias al euro el mundo empieza a ver en Europa un proyecto
irreversible de integración económica y política. Enseguida vamos a notar los efectos positivos de este reconocimiento internacional. Primero apreciaremos el cambio en los países de la Unión Europea que todavía no se han adherido a la moneda
única. Los empresarios y todos los ciudadanos del Reino Unido, Dinamarca y Suecia perciben ahora con más interés las ventajas de estar en el euro y los inconvenientes de quedarse fuera. Después, los países candidatos a la próxima ampliación de la
Unión Europea se esforzarán más en las políticas de estabilidad económica, la consolidación fiscal y la liberalización de mercados, para cumplir cuanto antes los criterios de acceso a la unión monetaria. Por último, la cotización de la moneda que
preside el mayor mercado unificado del mundo irá situándose paso a paso en el lugar que le corresponde.
El euro es la culminación de un largo proceso de acercamiento de las políticas económicas y monetarias de los países miembros, que, en su última fase, en la cumbre de Maastricht, encontró una formulación macroeconómica concreta en los
criterios de convergencia nominal sobre la inflación, el déficit público, la deuda y los tipos de interés.
La corrección de los desequilibrios económicos exigida por el euro ha sido la vía europea como respuesta al fenómeno de la globalización económica.
El euro ha nacido dentro de la cultura de la integración económica internacional. Por eso
la Europa del euro es una Europa abierta. De hecho, la política de estabilidad y de liberalización impulsada por la unión monetaria ha de entenderse también como una forma de interiorizar en la vida económica y en las instituciones europeas la
libertad propia del mercado internacional. El euro ha jugado y sigue jugando un papel decisivo en la orientación y en la coordinación de las políticas nacionales en Europa. Además de unificar la política monetaria, estimula la consolidación fiscal
de los países miembros, determina la orientación de la política presupuestaria e impulsa las reformas económicas necesarias para mejorar la participación y la competencia en el mercado único europeo.
El Pacto de estabilidad y crecimiento limita la utilización del déficit público como instrumento de política económica en la unión económica y monetaria. Los Estados miembros de la Unión se comprometen a perseguir el objetivo a medio plazo
de situaciones presupuestarias próximas al equilibrio o superávit, y en las recomendaciones del Consejo Europeo de junio de 2000, de Santa María de Feira, relativas a las orientaciones generales de política económica, se da un paso más y se
recomienda a los Estados miembros que lleven el saneamiento de las cuentas públicas más allá del Pacto de estabilidad y crecimiento. Con ello se pretende generar un margen de maniobra adicional para la estabilización cíclica, acelerar la reducción
de la deuda y prepararse para los desafíos presupuestarios del envejecimiento de la población.
La presidencia española se propone reforzar las grandes orientaciones generales de política económica, que son el fundamento de la coordinación de las políticas económicas de la Unión Europea. En el Consejo Europeo de Barcelona insistiremos
en el compromiso con la estabilidad presupuestaria y en el cumplimiento de las reglas del Pacto de estabilidad y crecimiento. También propondremos perfeccionar los instrumentos de información y supervisión para garantizar el saneamiento sostenido
de las finanzas públicas. El momento de dificultades de la economía internacional que estamos atravesando nos da nuevos argumentos para asegurar la estabilidad presupuestaria en la Unión Europea y permitir, de este modo, que el juego de los
estabilizadores automáticos no eleve el déficit público de los países miembros nunca más allá del límite previsto en el Pacto de estabilidad.
También en España el euro ha sido el punto de apoyo de una política económica que, en todo caso, necesitábamos para crecer y crear empleo. La consolidación fiscal hasta el déficit cero, que hace pocos días se convirtió en una relevante
novedad histórica de nuestras cuentas públicas, está en el origen del extraordinario impulso económico de estos años y de la creación de más de 2.500.000 nuevos puestos de trabajo. Por eso, los ciudadanos españoles asocian el euro y el déficit cero
con prosperidad y seguridad para el futuro. El equilibrio presupuestario conseguido en este ejercicio ha de ser el comienzo de un largo período de estabilidad presupuestaria en todas las administraciones públicas de España. Las leyes de
estabilidad presupuestaria que las Cortes aprobaron el año pasado nos obligan a seleccionar, gestionar y controlar con el máximo rigor el empleo del dinero público. Esto es lo que esperan y desean los ciudadanos españoles y, por tanto, ya es razón
suficiente para orientar la política económica de nuestro Gobierno; además, hemos comprobado que este esfuerzo de moderación en el gasto público es el factor desencadenante más decisivo del despliegue de la actividad privada y de la creación de
empleo.
La consolidación fiscal es uno de los objetivos europeos que la presidencia española está impulsando en este semestre. Ni las dificultades económicas coyunturales ni los calendarios políticos deben condicionar el saneamiento de las cuentas
públicas, ni retrasar la incorporación de Europa a la próxima recuperación de la actividad económica internacional. La buena acogida que ha merecido la política de equilibrio presupuestario española en todas las instituciones internacionales, y en
concreto en la Unión Europea, nos permite insistir con mayor autoridad en este compromiso fundamental para la coordinación de las políticas económicas de los Quince. El decidido apoyo de los ciudadanos europeos al euro ha despejado muchas dudas y
recelos en la evolución del proyecto europeo. La presidencia española está decidida a sacar el mayor provecho de este impulso político para avanzar en la coordinación de todas las políticas nacionales y, en concreto, de las políticas económicas.
Hace unos años, la formación del mercado único europeo creó la necesidad de una sola moneda y de una política monetaria común. Hemos cubierto este objetivo con éxito, pero ahora sentimos con mayor urgencia la necesidad de completar la unidad real
del mercado europeo.
La presidencia española se ha propuesto adelantar las reformas económicas.
El Consejo Europeo de Barcelona se dedicará preferentemente a estudiar las medidas de liberalización de los mercados de bienes y servicios, la culminación del
proceso de integración del sistema financiero de Europa y la reforma del mercado de trabajo. En los mercados de bienes y servicios se va a conceder una atención especial a las industrias de red, sobre todo al mercado de transportes y al de la
energía, que son elementos básicos de todos los procesos productivos de las empresas y de la vida cotidiana de los ciudadanos. La fragmentación de estos mercados repercute directamente en la calidad y en el precio de los servicios, limita la
capacidad de competencia internacional de nuestras empresas y afecta al bienestar general. Otro tanto ocurre con las deficiencias de los mercados
de capitales, de los servicios financieros y con las rigideces del mercado de trabajo. Cuando estos factores básicos de producción no pueden asignarse con libertad y eficacia, se erosiona la actividad económica y se entorpece la creación de
empleo.
Somos plenamente conscientes del momento en que nos ha tocado asumir la presidencia de la Unión Europea. Un momento de dificultades en la economía internacional, agravadas por los atentados del 11 de septiembre.
Unas dificultades que la
economía española ha podido afrontar desde una situación de fortaleza gracias a las reformas emprendidas en los últimos años. España ha crecido más un punto por encima de la media de la Unión Europea en el año 2001 y hemos creado más de 370.000
empleos. En estas últimas semanas se aprecia una sensible mejoría de las perspectivas económicas internacionales, tanto en Estados Unidos como en Europa. Los indicadores económicos y las instituciones internacionales coinciden en anunciar una
reacción positiva de la producción y del comercio internacional, que irá intensificándose a lo largo del año. Mantenemos nuestra visión positiva respecto del próximo futuro y confiamos plenamente en las posibilidades de Europa. Ahora más que nunca
se justifican las medidas pendientes, las reformas económicas y los compromisos asumidos en el Pacto de estabilidad y crecimiento. Ese es el camino que proponemos para España y para Europa, porque es el camino hacia el crecimiento estable y el
pleno empleo.
Señorías, el éxito del euro constituye un acicate, un aliciente para el resto de países que están a las puertas de la Unión Europea. Ellos son conscientes de que la Unión Europea se ha constituido ya, de hecho, en una de las zonas más
seguras del mundo y, a la vez, nosotros reconocemos la importancia de una Europa unida y cada vez más integrada. La próxima ampliación constituye un reto histórico para la Unión Europea, primero, por el número de Estados que se pretende adherir,
muy superior al de anteriores ampliaciones, y, segundo, por las características socioeconómicas de los países candidatos, con rentas per cápita muy inferiores a la media de los actuales Quince Estados miembros.
El proceso de ampliación es una inversión de futuro de la Unión Europea como espacio de libertad, seguridad, justicia y bienestar. Los países que en este momento negocian su adhesión aspiran a aproximarse en su nivel de bienestar a la media
europea. En este contexto, la política de cohesión habrá de asumir todavía mayor protagonismo, dado que pertenece a la esencia misma de los ideales que impulsan la integración europea. El calendario para la negociación de la ampliación se diseñó
en el Consejo Europeo de Niza, celebrado en diciembre de 2000, y posteriormente fue concretado en los consejos europeos de Gotemburgo, en junio de 2001 y de Laeken, en diciembre de 2001. El Consejo Europeo de Laeken llegó a la conclusión de que la
Unión Europea está decidida a concluir con éxito las negociaciones de adhesión, con los países candidatos que estén preparados, antes de final de 2002, de modo que dichos países puedan participar en las elecciones al Parlamento Europeo de 2004 como
Estados miembros. Si se mantiene el progreso en las negociaciones sobre la adhesión y en las reformas que deben emprender los países candidatos, podrían estar preparadas hasta diez naciones. La integración de este elevado número de países, con una
renta per cápita inferior a la media europea, nos exige una política de cohesión bien definida para los próximos años. De acuerdo con el calendario previsto, en el primer trimestre del año 2002, bajo presidencia española, la Unión definirá las
posiciones comunes de los capítulos agrícola, regional y de disposiciones financieras y presupuestarias. El capítulo regional y el de disposiciones financieras y presupuestarias entran claramente dentro del ámbito de competencia del Ministerio de
Hacienda.
Señorías, la política regional y de cohesión comunitaria, al igual que ocurre con las políticas específicas desarrolladas por los Estados miembros, es un instrumento fundamental de la Unión Europea para reforzar el crecimiento económico de
todos los países miembros, así como la distribución regional equilibrada de este crecimiento. La política de cohesión económica y social es, por tanto, uno de los principales pilares sobre los que se asienta la construcción europea. Sin un grado
suficiente de cohesión entre los países y regiones que componen la Unión no es viable el proyecto europeo. La política regional y de cohesión ayuda a que los países y regiones más atrasados puedan beneficiarse con plenitud de las oportunidades del
mercado interior y, en su caso, de las ventajas de una moneda única y de una política monetaria común.
Por eso, la política regional no es una política suplementaria de solidaridad o un esfuerzo añadido para los países más desarrollados.
Pertenece a la propia esencia del proyecto europeo y es fundamental para que pueda avanzarse en el
proceso de integración. No podemos decir en consecuencia que la política regional interesa solamente a los países receptores o que es una ayuda para unos países y una carga para otros. La política regional y de cohesión es un instrumento
integrador de toda la Unión Europea con el que todos los países miembros estamos plenamente de acuerdo.
Deseo subrayar la importancia de los acuerdos tomados en el Consejo Europeo de Berlín de marzo de 1999, por los que se define la política de cohesión para los países miembros hasta el año 2006 inclusive. La estabilidad de este marco
financiero nos permite proyectar una política de inversiones más ambiciosa y eficiente, destinada a nuevas infraestructuras, renovación tecnológica, formación, medio ambiente y, en resumen, mayor crecimiento económico y más empleo. Pero, como
SS.SS.
saben, el completo aprovechamiento de los fondos europeos sólo es posible si las haciendas públicas son capaces de cofinanciar los proyectos apoyándose
en políticas responsables de austeridad presupuestaria.
La definición y regulación de la política de cohesión para el nuevo período de perspectivas financieras que se abrirá a partir de 2007 se tendrá que establecer en su momento en el Consejo de Ministros de la Unión Europea, de la misma forma
que para el período actual 2000-2006 se hizo en el Consejo Europeo de Berlín en marzo de 1999. La discusión se abrirá formalmente, con toda probabilidad, en el curso del año 2004, una vez que la Comisión Europea presente, al igual que ocurrió con
la Agencia 2000, una comunicación en la que formule sus propuestas sobre las nuevas perspectivas financieras para el período que se abre en el año 2007. A pesar de que el proceso de negociación formal a nivel de Consejo no se iniciará hasta el año
2004, la política de cohesión en una Unión ampliada a partir del año 2006 ha comenzado ya a ser objeto de interés en las diferentes instancias comunitarias.
El primer paso lo dio la propia Comisión, con la presentación en enero del año 2002 de su segundo informe sobre la cohesión económica y social. La Comisión pretendía abrir un debate que pudiera ser útil de cara a las propuestas que deberá
presentar en el año 2004. Las reflexiones y orientaciones en este documento de la Comisión ya han sido objeto de diálogo en diferentes foros e instancias comunitarias. Así, en mayo del año pasado, tuve la ocasión de participar en Bruselas en un
debate en el segundo foro sobre la cohesión organizado por la Comisión, que posteriormente continuó en el Consejo informal de Ministros de política regional celebrado en Namur durante la presidencia belga. Además, este segundo informe sobre la
cohesión ha sido objeto de informes del Comité Económico y Social, de abril de 2001, del Comité de las Regiones, de noviembre de 2001, y, entre otras, de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo del Parlamento Europeo, de 11 de enero
de 2002, que deberá ser estudiada por el Pleno del Parlamento. Los gobiernos de España, Portugal e Italia han reaccionado a estas reflexiones con unos memorandos que han contribuido a clarificar y a acercar las posiciones de los países miembros
sobre la futura política de cohesión.
El segundo informe sobre la cohesión de la Comisión relativo a la futura política regional, que acaba de ser actualizado con los últimos datos estadísticos disponibles bajo presidencia española, contiene orientaciones muy valiosas. Analiza
la realidad de la política de cohesión de estos años pasados y ofrece respuestas a los importantes retos del futuro que pueden servir de base para un diálogo constructivo, tanto desde el punto de vista comunitario como desde los intereses españoles.
Fundamentalmente, las reflexiones se centran en prioridades territoriales, prioridades horizontales, y el esfuerzo financiero global.
Respecto a las prioridades territoriales, hay que decidir el tipo de regiones cuya problemática debería seguir siendo atendida por los fondos estructurales europeos. En este asunto, lo esencial que se recoge en el informe de la cohesión es:
Las regiones más atrasadas, que son las incluidas en el Objetivo número 1, tienen como hasta ahora la máxima prioridad. Otras regiones menos desarrolladas, pero que sufren problemas de declive y reestructuración industrial, o tienen otras
desventajas geográficas o naturales, también deben recibir apoyo de los fondos europeos. Es imprescindible también mantener la cooperación trasfronteriza, entre países y entre regiones, para suavizar la fragmentación originada por las fronteras y
favorecer los proyectos de interés común, como continuación de la actual iniciativa comunitaria Interreg.
Entre las prioridades horizontales, el informe de la Comisión destaca el empleo, la mejora de la formación, el fomento de I+D y el desarrollo de la sociedad de la información, garantizando la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres.
La Comisión considera que la decisión del esfuerzo financiero global, que la Unión Europea debe dedicar a estas políticas, debe tomarla el Consejo cuando se determinen las perspectivas financieras a partir del año 2007.
No obstante, sin
necesidad de pronunciarse ni hacer propuesta concreta, la Comisión alude a que, para seguir siendo creíble en el contexto de una Unión ampliada, esta política deberá contar con recursos proporcionales a las nuevas circunstancias existentes. A tal
efecto, no debemos olvidar una cifra de referencia como es el 0,45 por ciento del producto interior bruto de la Unión, que se dedicará a la política de cohesión en el último año -el 2006- de las actuales perspectivas financieras. Es decir, según la
Comisión no sería creíble una política de cohesión a la que en el futuro, en relación al producto interior bruto agregado de la Unión, se le dedicase un porcentaje del mismo inferior al previsto para el año 2006.
La fase de discusión de propuestas precisas no se abrirá probablemente hasta bien entrado el año 2004, cuando la Comisión Europea presente formalmente su propuesta de reforma y de perspectivas financieras. En cualquier caso, me gustaría
señalar que la incorporación de nuevos miembros a la Unión Europea no debe perjudicar a ninguna región española por el efecto estadístico derivado del descenso de la media europea en renta per cápita. Es previsible que en el período que se abra a
partir del año 2007 algunas regiones españolas, ahora clasificadas como Objetivo número 1, dejarán de estarlo por su mayor crecimiento relativo. Pero en la hipótesis de que alguna región se viese afectada por el efecto estadístico, la Comisión
Europea ya está estudiando alternativas para neutralizar esta circunstancia y el Gobierno español, cuando llegue el momento de formular propuestas, defenderá las soluciones más beneficiosas para los intereses de las regiones afectadas.
Señorías, durante la presidencia española se prepararán los trabajos de la primera lectura del presupuesto
de 2003 por parte del Consejo, aunque la votación no tendrá lugar hasta el mes de julio de 2002 durante presidencia danesa. El Consejo ya ha dado sus orientaciones para la elaboración del presupuesto del próximo año, exigiendo el máximo
rigor presupuestario compatible con la aplicación de las políticas de la Unión, teniendo en cuenta el incremento previsto para los presupuestos de carácter nacional y las referencias que nos marcan las obligaciones que también se derivan de las
perspectivas financieras fijadas para el período 2000-2006.
Se han previsto tres reuniones entre el Parlamento Europeo, la Comisión y la presidencia del Consejo, conocidas como trílogos, para acercar las posiciones de las tres instituciones que participan en el procedimiento presupuestario. La
primera de ellas ya se ha celebrado a finales de febrero, en concreto el día 28. Los resultados que se alcancen durante la presidencia española son básicos ya que, por un lado, en esta primera lectura se determinan los objetivos del Consejo para el
presupuesto del 2003 y, por otro, es establece la base de partida para la primera lectura del Parlamento Europeo.
El presupuesto para el 2003 tendrá que hacer frente a los mayores gastos de gestión de las instituciones europeas derivados del proceso de ampliación de la Unión Europea, que tiene carácter prioritario. También se aguardará la formulación
presupuestaria de los gastos en operaciones civiles de apoyo a países en situaciones de crisis.
En el ámbito de la política presupuestaria, la presidencia española se propone avanzar en el Reglamento financiero de la Unión Europea, que es el marco general de la actividad financiera de la Comunidad. Esta norma es el equivalente a
nuestra Ley General Presupuestaria. Los dos textos legales fueron aprobados en 1997 y el Reglamento, al igual que la Ley General Presupuestaria, ha sido objetivo de múltiples modificaciones lo que, unido a la reforma que se está llevando a cabo en
el seno de la Comisión, hacen necesaria su revisión. La reforma del Reglamento financiero se centrará fundamentalmente en los siguientes aspectos: La simplificación del Reglamento financiero, la racionalización de la estructura presupuestaria y la
limitación de excepciones en los principios presupuestarios; el establecimiento de la presupuestación por actividades; la clarificación de los métodos de ejecución del presupuesto y la externalización; la definición de las nuevas competencias
encomendadas a los agentes financieros; y la regulación de las operaciones relativas a contratos y subvenciones.
En el calendario de la Comisión está previsto que la aprobación del nuevo texto del Reglamento financiero debería llevarse a cabo al final del primer semestre de 2002, bajo presidencia española. Este proceso no está exento de dificultades,
ya que se trata de un texto legal amplio, difícil y de suma importancia, y que requiere la unanimidad en el Consejo para su aprobación. Es objetivo de la presidencia llegar a una orientación común del Consejo sobre el Reglamento financiero y
celebrar la conciliación con el Parlamento Europeo en el ECOFIN de junio.
Al hablar de la política fiscal de la Unión Europea, la primera idea a retener sería que la Unión Europea no tiene como cometido propio una política fiscal común, al contrario que en política y legislación aduaneras, donde los Estados sí han
atribuido a las instituciones comunitarias unos muy amplios poderes. Es lógico, pues su fundamento era instituir una unión aduanera complementada con una serie de libertades de movimiento de los factores productivos y unas políticas comunes, como
la agraria. El significado de las políticas comunes se ha ido enriqueciendo con el tiempo. Tenemos el ejemplo claro de la política monetaria común, por la que los países miembros compartimos la soberanía monetaria.
Ahora bien, no tener por cometido propio una política fiscal común no supone que el ordenamiento comunitario no influya, de forma decisiva a veces, en el ordenamiento fiscal de los Estados miembros, al margen de los ámbitos donde sí se
prevén actuaciones fiscales, porque ha habido expresa atribución de competencias para ello. Buena prueba será la culminación de la política monetario común que, tarde o temprano, traerá consecuencias en el ámbito fiscal a nivel nacional o
comunitario. No debemos olvidar tampoco la importancia del principio de primacía del ordenamiento jurídico comunitario en aquellos ámbitos donde se les hayan atribuido potestades.
El derecho fiscal, como cualquier otra parcela del derecho nacional, no debe contradecir el ordenamiento jurídico comunitario. Por tanto, no habiendo un objetivo tributario propio, las escasas disposiciones fiscales en el Tratado de la
Unión Europea tienen realmente una naturaleza instrumental al servicio de otras políticas, en el sentido de permitir el funcionamiento del mercado interior, en la medida que sea necesaria, o evitar discriminaciones. Además, las decisiones en
materia fiscal quedan sujetas al principio de unanimidad en el Consejo, tras una mera consulta al Parlamento Europeo, salvo en lo que respecta al artículo 299.2, que permite adoptar decisiones de naturaleza fiscal para las regiones ultraperiféricas,
como Canarias.
Por otra parte, salvo en la obligada neutralidad fiscal respecto de los intercambios económicos, en lo demás, los avances en la adopción de disposiciones fiscales quedan condicionados a un juicio de valor (en la medida necesaria, que incidan
directamente), tal como se deriva de la letra de los artículos en el Tratado de la Comunidad Europea que han servido para aprobar medidas fiscales. Se trata de un juicio de valor que, obviamente, ha de ser compartido por todos los Estados miembros
representados en el Consejo. En conclusión, en la Unión Europea el poder tributario radica en sus Estados miembros.
Tras esta oportuna precisión, conviene recordar que los Estados Miembros compartimos unos principios comunes. En efecto, queremos contar con unos sistemas tributarios más sencillos y transparentes, que mejoren el funcionamiento de los
mercados de mercancías, servicios, capitales y trabajo, que favorezcan la reducción de los tipos nominales y contribuyan a incrementar las bases impositivas. Para ello, hay iniciativas en la fiscalidad directa, la fiscalidad indirecta, y se está
procurando mejorar la cooperación entre las administraciones tributarias. En la fiscalidad directa, el empeño de la presidencia española consiste en cumplir el calendario previsto, es decir, conseguir la aprobación jurídica del denominado paquete
fiscal antes de que finalice el año 2002. Como SS.SS.
saben, el paquete fiscal tiene tres iniciativas importantes: la propuesta de directiva sobre fiscalidad del ahorro; la propuesta de directiva sobre los pagos por intereses y cánones entre
empresas asociadas, que está técnicamente acordado; y el cumplimiento del código de conducta sobre fiscalidad de las empresas.
El texto de la directiva del ahorro quedó ultimado en el ECOFIN celebrado a principios de diciembre de 2001. La directiva se someterá a votación antes del 31 de diciembre de 2002 y, si se alcanzan resultados satisfactorios en el ámbito
internacional, se aprobará al mismo tiempo que el resto del paquete fiscal. La directiva prevé un período transitorio de siete años, entre el 2004 y el 2010, para la coexistencia de dos regímenes: un primer régimen general, que consiste en un
sistema de intercambio de información; y, otro, con carácter transitorio, en el que Bélgica, Luxemburgo y Austria podrán aplicar retenciones en la fuente sobre los intereses satisfechos a particulares residentes en otro Estado miembro hasta que
finalice este período. Este régimen de intercambio de información también se establece para los territorios dependientes de los Estados miembros (los territorios del Caribe, del Reino Unido y los Países Bajos, y las islas británicas del Canal y la
Isla de Man) y para los nuevos Estados miembros que se incorporen a la Unión Europea.
En relación con esta directiva sobre fiscalidad del ahorro, el Consejo ECOFIN del 5 de marzo aprobó el formato normalizado para el régimen de intercambio de información sobre los rendimientos en forma de intereses obtenidos en un Estado
miembro por personas físicas residentes en otro Estado miembro. Se trata de un importante avance para permitir la aplicación final de la directiva sobre fiscalidad del ahorro. Se ha cumplido con lo que disponía en este punto el calendario aprobado
en el Consejo ECOFIN de julio pasado.
Hay otro aspecto técnico de esta directiva, que también se acaba de resolver bajo la presidencia española, y que se llevará a otro Consejo posterior para su aprobación: la enumeración de las entidades asimiladas o vinculadas a los
gobiernos, en cuyas emisiones de bonos y obligaciones serán de aplicación las disposiciones previstas en la directiva para las emisiones de deuda pública. Este acuerdo proporciona criterios orientadores comunes a los operadores de los mercados de
deuda pública.
Queda ahora resolver favorablemente las negociaciones formales con Estados Unidos, Suiza, Andorra, San Marino y Mónaco que se han iniciado en este semestre. Estas negociaciones las está llevando a cabo la Comisión en estrecha cooperación
con la presidencia española. La presidencia española está firmemente comprometida para conseguir que esta directiva entre en vigor el 1 de enero del año 2004 en los Estados miembros y con este objetivo está dando los pasos necesarios.
En cuanto al código de conducta sobre fiscalidad de las empresas, el mismo representa un compromiso político que asumieron los gobiernos para desmantelar o modificar los regímenes fiscales en el ámbito empresarial evaluados como perniciosos.
El grupo del código de conducta presentó un primer informe a finales de 1999. Entonces, de las 271 medidas fiscales examinadas, se calificaron como perniciosas 66. Desde entonces se han ido estudiando las nuevas medidas aprobadas por los Estados
miembros. Muy pocas han sido estimadas como negativas, lo que revela que la mera existencia del código ha supuesto por sí solo un freno eficaz ante los posibles regímenes fiscales perniciosos.
El código de conducta supone básicamente tres compromisos de actuación de los gobiernos: en primer lugar, un compromiso de no introducir nuevas medidas que puedan ser calificadas como perniciosas, que, como se está viendo, se está
cumpliendo; en segundo lugar, un compromiso de comunicación de las medidas que puedan considerarse perniciosas y de este modo permitir su evaluación por el grupo; este compromiso se está cumpliendo satisfactoriamente. Se comunicaron las medidas
existentes hasta 1999 y se evaluaron, con el resultado que les he señalado, y, desde entonces, se están comunicando medidas que han entrado posteriormente en vigor y que podrían ser convalidadas por el grupo. En el caso de España esto ha sido
cumplido satisfactoriamente, pues la única medida aprobada en este sentido desde la entrada en vigor de los compromisos -el nuevo régimen de la zona especial canaria- ha superado positivamente el examen del grupo del código de conducta. El tercer
compromiso es el de eliminar o modificar todas las medidas calificadas como perniciosas antes del 1 de enero de 2003. Obviamente, este compromiso se llevará a cabo en el marco de la adopción conjunta del paquete fiscal que ha de producirse en el
segundo semestre de este año, a más tardar.
Por último, en relación con la fiscalidad directa se va a iniciar el examen técnico de la comunicación de la Comisión sobre obstáculos fiscales a las empresas en el mercado interior, presentada a finales de octubre pasado. A finales de
abril la Comisión organizará un foro para estudiar esta comunicación.
Señorías, voy a referirme a las cuestiones de armonización de la fiscalidad indirecta tanto en el impuesto sobre el valor añadido como en los impuestos especiales. En lo que respecta al IVA, después de un largo período de reflexión y de
negociaciones durante el año pasado y el comienzo de éste, en el ECOFIN de febrero se aprobó la importante directiva sobre comercio electrónico. Es un acuerdo significado que se ha logrado durante la presidencia española, gracias al cual se elimina
la desventaja competitiva de las empresas europeas respecto a las de otros países en los servicios prestados por medios electrónicos. Con esta directiva se crea un fuerte estímulo fiscal para el uso de las nuevas tecnologías en el comercio europeo.
Otro asunto de gran interés para España, como país líder en el sector turístico, es el estudio de modificación de la Sexta Directiva IVA respecto del régimen especial de las agencias de viaje. La Comisión acaba de presentar su propuesta,
atendiendo a nuestro interés en abordar esta reforma.
En lo que se refiere a la armonización de los impuestos especiales, el programa de la presidencia contiene unos objetivos concretos sobre la fiscalidad del tabaco y la energía. El primero de los objetivos ya está cumplido con la aprobación
en el Consejo ECOFIN de febrero de la directiva sobre fiscalidad de las labores del tabaco, que estaba pendiente del dictamen del Parlamento Europeo. Esta directiva hace frente al elevado fraude existente por las excesivas diferencias de
tributación sobre el tabaco en los países de la Unión Europea.
En lo relativo a la directiva sobre fiscalidad de la energía, España ha ofrecido una propuesta de compromiso para negociar una nueva armonización de la fiscalidad de la energía. En esta propuesta se recoge la intención de introducir un
marco flexibilizado del gasóleo profesional respecto de la situación actual para aquellos Estados que lo deseen, un marco estable también de carácter facultativo para los beneficios fiscales sobre los biocarburantes; se pone de manifiesto la
necesidad de alcanzar progresos paralelos en la liberalización de los mercados energéticos del gas natural y de la electricidad y de aumentar significativamente las conexiones energéticas de la península Ibérica con el resto de la Unión Europea y se
propone una actualización de los tipos mínimos comunitarios establecidos en 1992 que no compromete nuestros niveles actuales.
Deseo insistir en el régimen fiscal de los carburantes, en el que España siempre ha mostrado un gran interés. Vamos a presentar una propuesta para superar las objeciones planteadas por algunas delegaciones, ya que nuestro objetivo es
alcanzar un acuerdo político en este semestre.
El tercer pilar del contenido fiscal de la presidencia española, que engloba a los dos anteriores, es el más novedoso, por cuanto se trata de avanzar decididamente en todos aquellos ámbitos que suponen aumentar y mejorar el nivel de
cooperación entre las administraciones tributarias de los Estados miembros ,ya que ésta es la manera de conseguir unos sistemas tributarios en la Unión Europea más eficientes. Durante la presidencia española se van a impulsar las mejoras en el
intercambio de información en cuestiones como el ahorro, las pensiones y el IVA. En este último caso ya se ha examinado la propuesta de reglamento sobre cooperación administrativa y se ha presentado una propuesta de compromiso. Además, hay que
recordar que con la aprobación de la directiva sobre el comercio electrónico se van a establecer unos cauces de comunicación entre las administraciones tributarias para controlar y simplificar a la vez los servicios prestados por vía electrónica.
El programa Fiscalis, establecido para el período 1998-2002, se renovará hasta el año 2007. Este programa se introdujo con el fin de mejorar la coordinación entre las administraciones fiscales de los Estados miembros, en el ámbito de los
impuestos indirectos, a través de acciones diversas de formación, seminarios de intercambio de experiencias y de organización de inspecciones conjuntas. Bajo presidencia española ya se ha comenzado el examen de la propuesta de decisión que prorroga
este programa hasta el año 2007, en donde se prevé, además, su ampliación al ámbito de los impuestos directos.
Respecto a los impuestos especiales, bajo presidencia española se ha examinado una propuesta de decisión con el fin de informatizar los controles y movimientos de los productos sometidos a estos impuestos. La Agencia Tributaria española
tiene un sistema de formación muy avanzado a este respecto, que está mereciendo el reconocimiento internacional y que nos permitirá avanzar más rápidamente en la regulación comunitaria. Se pretende así mejorar la lucha contra el fraude y
simplificar el control y la gestión administrativa. En 1999, a instancia de España, se creó un grupo ad hoc para estudiar la eficacia de los mecanismos de cooperación entre las administraciones tributarias. El grupo ad hoc presentó un informe en
junio del año 2000. En concreto, este es el caso de la propuesta de reglamento sobre cooperación administrativa en el IVA. En el ECOFIN de 5 de marzo España ha presentado un informe donde se pone de relieve que se puede progresar en el intercambio
de información y cooperación entre las administraciones tributarias en materia de impuestos directos. Algunas recomendaciones ya se han materializado en iniciativas por parte de la Comisión y su examen se ha iniciado bajo presidencia española. Por
último, es propósito de la presidencia española presentar al Consejo Europeo de Sevilla un informe que recoja los progresos alcanzados en intercambio de información y cooperación tributaria.
Me gustaría aludir a algunas cuestiones relativas a materia aduanera que creo que son de interés. En primer lugar, la decisión aduanera 2007, cuyo examen se
ha iniciado en este año y que constituye el marco estratégico y presupuestario para el funcionamiento de la aduana comunitaria. Está previsto elevar esta propuesta al Consejo de Mercado Interior, Consumidores y Turismo del 21 de mayo. En
segundo lugar, la propuesta de reglamento sobre el control del tráfico trasfronterizo de medios de pago y de dinero efectivo que debe ejercerse en las aduanas comunitarias. Como es un complemento de las acciones de lucha contra el terrorismo,
delincuencia organizada y blanqueo de dinero, se pretende llevarlo al ECOFIN de mayo. España es uno de los países con una normativa más exigente. Por tanto, esta iniciativa no nos plantea problemas, al contrario, contribuirá a ganar en eficacia en
los controles en el conjunto de la Unión Europea. En tercer lugar, el Convenio sobre la represión del tráfico ilícito de drogas en alta mar. Se trata de una iniciativa española con el fin de reforzar la cooperación. Así se permitirá abordar en
alta mar embarcaciones de otro Estado miembro sin autorización previa de las autoridades de ese Estado.
Para terminar con esta parte tributaria aduanera de la Unión Europea, falta referirme brevemente al arbitrio sobre la importación y entrega de mercancías en las islas Canarias, el conocido como AIEM. El 6 de diciembre, la Comisión presentó
formalmente la propuesta de decisión por la que se autoriza la estructura de exenciones y reducciones impositivas para la producción canaria sensible. Esta propuesta debe ser aprobada por el Consejo, que lo hará con efecto retroactivo. Señorías,
esta es la tercera ocasión en que nuestro país asume la responsabilidad de la presidencia europea. En los últimos años, el proceso de unión monetaria y la institución del euro han dado un impulso decisivo al proyecto europeo y han hecho de Europa
una zona más segura y más estable. Los ciudadanos españoles hemos contribuido a este impulso de Europa y nos hemos beneficiado de él. El crecimiento estable de estos años, la convergencia real de España con los grandes países europeos y, sobre
todo, la formidable creación de empleo, han encontrado en el proyecto europeo un punto de apoyo y un estímulo que hoy es justo reconocer.
Desde la presidencia española estamos contribuyendo este semestre a la configuración de un gran futuro, en el que Europa sumará diez nuevos países, avanzará en su construcción política y jugará un papel creciente en las relaciones
internacionales. En resumen, más Europa, más progreso y más oportunidades para sus ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Antes de dar la palabra a los portavoces, es preciso plantear una modificación del orden del día, si no hay inconveniente, para proceder a la elección del vicepresidente segundo de la Mesa, con motivo de la sustitución
que se ha producido en la composición de esta Comisión, al pasar a otra función parlamentaria el señor Companys, que venía desarrollando la vicepresidencia segunda.
Tiene la palabra el portavoz de Convergència i Unió, por si desea explicar algo respecto a esta propuesta de modificación del orden del día.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señoras y señores diputados, en referencia a las manifestaciones hechas por el presidente de la Comisión, es cierto que ha habido un cambio, una modificación en la composición de la Mesa de esta Comisión: el
vicepresidente, Ramón Companys, que estaba antes en esta Comisión, ha pasado a otra Comisión, y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) querría plantear ante la misma la posibilidad de su sustitución por la diputada Mercè Pigem. Sé que
está volando, el puente aéreo hoy no funciona a la perfección, y según ustedes prefieran, podíamos hacerlo ahora o cuando ella se incorporara a la Comisión, que podría ser al finalizar la misma. Lo dejo a la consideración del señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Vayamos por partes. Primero, sometamos a la Comisión la modificación del orden del día. (Pausa.) Nadie se opone, por tanto lo modificamos para incluir este nuevo punto. Segundo, parece oportuno, por multitud de
razones, que tenga lugar al final para no interrumpir la comparecencia del señor ministro. Fundamentalmente lo digo a efectos de quórum, que no nos encontremos al final de la comparecencia con que, inadvertidos de esta circunstancia, no tuviésemos
quórum suficiente.
Ahora lo tenemos, sabemos que tenemos otro punto del orden del día y, por tanto, espero que tengamos quórum para poderlo desarrollar.
Tienen la palabra ahora los portavoces de los grupos parlamentarios. En primer lugar, el primer solicitante de la comparecencia, el Grupo Socialista, y los demás grupos de mayor a menor: Convergència i Unió; Vasco, que no está presente;
Mixto, que tampoco está; Coalición Canaria, tampoco; Entessa Catalana, tampoco; Izquierda Unida, tampoco y Grupo Popular. Por tanto, solamente tendríamos tres peticiones de palabra.
Tiene la palabra el señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Estamos a setenta y dos horas de que se inicie la cumbre de Barcelona. Es una de las cumbres de primavera que se celebra en este caso dos años después de que se llevara a cabo la cumbre de Lisboa, donde se
produce un cambio estratégico en la política de la Unión Europea. Se apuesta en aquel momento por construir una sociedad del conocimiento a lo largo de la actual década, más dinámica y competitiva del mundo, y en esa sociedad la economía habría de
funcionar de alguna manera, habría de ser capaz de generar un crecimiento sostenible, de crear más y mejores empleos y de lograr una mayor cohesión social.
Pasados dos años, sí tiene interés que nos preguntemos aquí y ahora si las condiciones
actuales bajo las cuales se desarrolla la actividad
económica en esta parte tan importante y tan singular del mundo siguen siendo las que posibilitan el funcionamiento de la estrategia de Lisboa.
Y mi grupo tiene que decir que no se han dado cambios que impidan el funcionamiento de la
estrategia de Lisboa y que las perturbaciones que en estos años hemos vivido y padecido lo que ponen de relieve es la necesidad de acentuar la estrategia de Lisboa.
En segundo lugar, nos podíamos preguntar si a lo largo de estos años y de estos meses y frente al Consejo de Barcelona se mantienen esos impulsos que pueden contribuir a conciliar los objetivos establecidos hace dos años. Ese es el enfoque
que queremos hacer de esta comparecencia, porque en alguna medida todos los días oímos -nos es grato oírlo y nos gustaría que se confirmara- por parte de los organismos públicos, por parte de los organismos internacionales que esta crisis va a durar
poco, que está ahí a la vuelta de la esquina una recuperación, que será quizás moderada, pero que se dejará sentir en el segundo trimestre, aunque quizás algunas naciones tengan un lag más o menos importante. Yo creo que a partir de este hecho a
Barcelona le corresponde un objetivo fundamental, que es lanzar de nuevo una señal de confianza sobre un impulso en la construcción europea, de tal manera que en el escenario político de la Unión se pongan de manifiesto múltiples acciones positivas
que afecten a amplios y diversos aspectos de la vida de esta realidad política. Por tanto, habrá que recuperar una parte del atraso que se ha ido acumulando, habrá que ser capaz de superar con resultados tangibles aquellas reformas que se han ido
posponiendo a lo largo de los últimos años, pero habrá que fijar también una serie de posiciones que hagan que no se estanque ese proceso reformador. Para mi grupo hay cinco cuestiones que son relevantes: la estrategia de crecimiento económico, el
reforzamiento del proceso de generación de empleo y de empleo de calidad, avanzar hacia el mercado interior, mejorando el entorno empresarial, continuar con la agenda social dando un nuevo impulso al espacio europeo del conocimiento y, por último,
garantizar el desarrollo sostenible. En estos cinco puntos hay que avanzar de una manera integrada, en todos y cada uno de ellos, y de la capacidad y de la habilidad, de la voluntad que tengamos de avanzar en estos cinco puntos de una manera
integrada, va a depender el éxito de la construcción europea de los próximos años.
Yo he leído con cierta atención la intervención del señor Rato el pasado día 27 de febrero en el Parlamento Europeo, donde establecía las prioridades del Gobierno de España para el Consejo Europeo de Barcelona, donde decía claramente que el
núcleo central del Consejo de Barcelona serían las reformas de las industrias de red, la liberalización de los mercados financieros y de capitales y también la reforma de los mercados laborales. El grupo parlamentario de los socialistas europeos,
por boca del señor Barón, le dijo que para nosotros la policy mix era la lucha por el pleno empleo, por la cohesión social y por el crecimiento sostenido, teniendo en cuenta la necesidad que tiene Europa de hacer grandes inversiones para lograr
superar el atraso tecnológico que experimenta. La cuestión era la composición del cóctel, como tantas otras cosas de la vida, que tiene que mantener una cantidad armónica y conjunta de esos tres elementos. Los socialistas llevamos muchos años
comprometidos con la realidad del mercado interior, pero queremos unos mercados interiores que estén adecuadamente organizados.
La intervención del pasado jueves 8 de marzo del vicepresidente económico del Gobierno de España en esta misma Comisión y en sede parlamentaria de la Cámara Alta discurrió por parámetros similares, tanto es así que el señor Bel, portavoz de
mi grupo parlamentario, le hizo saber que el objetivo de la cohesión había estado ausente de la intervención del señor Rato, que no había hecho ninguna referencia a ella. Quizá el señor Rato no hizo otra cosa que apoyarse en el acuerdo del ECOFIN
del 5 de marzo, consciente de que entonces, la semana pasada y hoy, dicho acuerdo es un techo máximo susceptible de deslizarse a la baja y que en él se notaban carencias en materia de política social.
Señor presidente, señoras y señores diputados, en la Unión Europea se ha consolidado la imagen, que por otra parte responde a la realidad, de que la presidencia española ha centrado toda su atención en las liberalizaciones y en las
flexibilizaciones, sin prestar mucha atención a los problemas de protección social, a los problemas de formación permanente y a los problemas de cohesión. Ello ha generado una preocupación entre gentes que tienen una forma de entender Europa
distinta de la que tienen los conservadores españoles, ya que nosotros creemos que el proceso que sale de Lisboa no puede socavar la solidaridad, no puede amenazar los derechos de los trabajadores, no puede debilitar los sindicatos y, desde luego,
no puede llevar a una mayor desigualdad y a una mayor pobreza. El modelo social europeo no puede sentirse amenazado en los próximos años. No pueden remitirse, por poner un ejemplo, a la Comisión aquellas cuestiones que resultan impopulares y de
difícil discusión en los parlamentos regionales. La Europa social se tiene que apoyar en una economía próspera y sana, sin lugar a dudas; Barón lo decía, Bel lo ratificó y yo también. Ahora bien, la Europa social no sobrevivirá, ni siquiera como
eslogan, si no consigue que sus ideales se encarnen entre los trabajadores y entre los ciudadanos. Ahí está el juego, ahí está el problema en este momento, ahí está lo que Aznar ha puesto encima de la mesa, y es que nosotros consideramos que no se
puede avanzar sin la compañía de los viejos ideales republicanos de la libertad, la igualdad, la fraternidad y la prosperidad.
Yo creo que hasta ahora la presidencia de Aznar ha sido sectaria, buscando la compañía de quienes creen poco en Europa, de quienes quieren poco a Europa y de
quienes no quieren para Europa la cohesión social. Señorías, de otra forma, a fin de cuentas, Aznar ha sido coherente consigo mismo, eso se lo tengo que reconocer, pero no es menos cierto que por ahí no se va a ningún lado, ni siquiera se
va a Barcelona, y como consecuencia de ello, habrá que cambiar muchas cosas. Hay gobiernos en Europa que defienden intereses distintos de los de Berlusconi, los de Blair o los del propio Aznar y hay posiciones que se manifiestan en aspectos muy
concretos. Creo que con el euro ha llegado la política, y con la política ha llegado el tiempo de mostrar la capacidad de afrontar un modelo de formación social que siga manteniendo la diferenciación de los europeos en cuanto a la manera de
entender la vida y la política. Del Consejo de Barcelona saldrán algo más que reformas laborales; saldrá algo más que la unidad de los servicios financieros; saldrá algo más que un calendario para hacer realidad la liberalización de los sistema
energéticos, conciliadora con los intereses particulares. Ese algo más lo pondrán los socialdemócratas.
Estoy seguro de que eso ocurrirá en su momento.
Entrando en la intervención del señor Montoro, he de agradecerle, primero, la extensión y luego inclusive los contenidos. Ha seguido buena parte de las intervenciones, tanto en el Parlamento Europeo como aquí en el Parlamento español, del
señor Rato, pero se ha extendido en algunas cuestiones que lógicamente el señor Rato no había abordado, pero que están ahí. A nosotros nos siguen preocupando algunos aspectos que queremos ponerle de relieve. Se ha adornado bien el señor ministro
en materia de política fiscal, y yo no se lo voy a afear. Es una realidad que el poder tributario está fundamentalmente en las asambleas legislativas nacionales y es a ellas a las que corresponde adoptar las medidas de definición del diseño
tributario en cada momento.
Ha puesto de relieve tres avances que se han producido en el Consejo del ECOFIN del día 5 de marzo que lo normal es que se aprueben en la cumbre de Barcelona: el que hace referencia al formato normalizado; el que hace referencia al código
de conducta impulsado por Primarolo y el que hace referencia a los intercambios de información tributaria entre las administraciones públicas de los Estados miembros de la Unión. Son quizá los únicos elementos concretos que da la impresión de que
se van a aprobar en Barcelona y quedan bastantes cuestiones más. El señor ministro, lo mismo que el señor Rato, cuya amplia intervención quedó reflejada en el 'Diario de Sesiones' del jueves pasado, se ha situado en esa estela; es decir, se
estudia, se impulsa, se concreta poco, se fijan pocos objetivos concretos para el próximo semestre y se confía, no sé hasta qué punto de una manera bastante voluntarista, en la capacidad de cumplir el calendario que finaliza en el 2002 con un
pomposo paquete fiscal, que ojalá fuera verdad. Pero hay otros gobiernos que expresan también preocupaciones similares respecto a algunas figuras tributarias a las cuales S.S. ha hecho alusión y a algunas otras que también merecería quizá la pena
que tomáramos en consideración.
En cualquier caso, he de manifestarle algo que he dicho -no todo van a ser alabanzas- en otras intervenciones en esta Cámara. A mí me encanta oír al señor Montoro decir que va a ser diáfano y transparente en materia de administración
tributaria, y me encanta que diga que va a poner al servicio de otras administraciones y de organismos internacionales datos de los que nos priva sistemáticamente. He dicho alguna vez que la OCDE cumple en este momento de predominio conservador un
papel similar al que desempeñó Radio París cuando estábamos privados de libertad. Nosotros no sabíamos qué ocurría en la vida política española en tiempos de la autarquía y del autoritarismo, y no sabemos qué pasa con el sistema tributario español.
El señor Montoro hace lo indecible por quitarnos información, pero se ve obligado a suministrar alguna información a organismos internacionales y a otros países; bienvenida sea, porque a partir de ahí alguna luz podemos tener sobre cómo se orientan
y cuál es el signo que adquieren algunas reformas tributarias en España. Lo digo -y él lo sabe bien- porque conocer los supuestos teóricos y los efectos prácticos de la reforma de 1999 sigue siendo uno de los grandes arcanos de la política
financiera española de los últimos años. Ha evitado publicar cualquier referencia a ella. Aquí nos dijo un secretario de Estado que tenían el documento incluso impreso; sabemos que lo están maquillando, pero en ningún momento se conoce. Estoy
encantado, sinceramente, de que ustedes se vean obligados, por mor de la armonización internacional, de la transparencia y por establecer una serie de pautas de buen comportamiento entre administraciones, a intercambiar informaciones, porque
seguramente de ello nos podemos beneficiar los restantes.
No es mucho, pues lo que se va a discutir en ese consejo de Barcelona. Hay algunas cuestiones pendientes. La verdad es que creo que los compromisos con Estados terceros en materia de directiva para el ahorro de los residentes son
complicados. Opino que deberíamos hacer el esfuerzo de disponer cuanto antes de este acuerdo y me parece, para ser sincero, que siete años para cumplir una directiva sobre el ahorro es un período relativamente dilatado en el tiempo.
Algo parecido ocurre en relación con la ampliación. Conocemos los trabajos y los esfuerzos, podemos compartir buena parte de la filosofía y podemos decir que los intereses de España se ven, hasta ahora, bien defendidos, aunque también
tendríamos que decir que la defensa de los intereses tiene que ser siempre inteligente. La situación de las regiones españolas en el año 2007 no va a ser igual que la que tuvieron en el año 2000, para bien de las regiones españolas, para bien de
España y para bien de la política regional, pero también en este caso lo que vemos es que hay muy
poca concreción y mucha referencia a estudios que de alguna manera se posponen para el futuro.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tengo que señalarle que ha terminado su tiempo.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Termino, señor presidente, diciendo que existen otros enfoques. La política social y la política territorial tienen elementos que se concilian, pero tienen también elementos que se diferencian. Hay otras
expresiones políticas europeas que van a poner de relieve la insuficiencia con la que se ha abordado en los últimos meses, la cumbre de Barcelona. Yo espero y deseo que la cumbre de Barcelona sea un éxito, entre otras cosas, porque Europa se ha
construido siempre cediendo, algo que, por otra parte, no es muy habitual en los planteamientos políticos del señor Montoro.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señor presidente, señoras y señores diputados, en primer lugar quiero agradecer la comparecencia del señor ministro ante esta Comisión Mixta para la Unión Europea, así como también sus aportaciones a la misma. El
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a plantear una serie de consideraciones en referencia al gran cometido de la presidencia española, como es el de la aprobación del paquete fiscal, de acuerdo con el calendario aprobado por el
Consejo del ECOFIN del día 10 de julio del año 2001.
En cuanto a los esfuerzos destinados a promover los trabajos dirigidos a fomentar la directiva que asegure un mínimo de imposición efectiva de las rentas del ahorro percibidas en forma de intereses en el interior de la Comunidad, nuestro
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene algunas dudas al respecto, algunas de las cuales ya nos ha aclarado el ministro en su intervención, pero quisiéramos profundizar en las mismas.
A tenor, básicamente, de lo acordado y sobre la base del acuerdo alcanzado en el Consejo de Feira, el modelo de gravamen que debería gravar las rentas del ahorro, como he dicho anteriormente, debería basarse en el intercambio de información
entre los diferentes países de los Estados miembros, pero es cierto, y así lo ha manifestado el señor ministro en su intervención, que durante un plazo de siete años va a haber una breve moratoria en cuanto a la entrada en vigor de la futura
directiva durante la cual varios Estados aplicarán, en determinadas situaciones, el sistema de retención a cuenta -principalmente lo harán Austria, Luxemburgo y Bélgica-, debiendo transferir el 75 por ciento de la misma al Estado residencia del
beneficiario en cuanto al producto de los rendimientos.
Este ha sido uno de los temas que más controversia ha producido en las diferentes negociaciones sobre la entrada en vigor de esta directiva, que, a tenor de las manifestaciones que hemos
podido leer en el 'Diario de Sesiones', ha enfrentado a los diferentes Estados miembros, pero también es cierto que, el ECOFIN aprobó en Feira el contenido esencial de la misma. A nosotros nos gustaría saber en qué situación se encuentran los
textos definitivos para que esta directiva pudiera ser finalmente aprobada antes del año 2002, siendo éste uno de los objetivos fundamentales a alcanzar durante este año y en el primer semestre de la presidencia que corresponde al Estado español.
En cuanto a las consideraciones incorporadas en las directivas relativas al régimen común aplicable a los pagos de intereses y a los cánones efectuados entre las entidades asociadas de los diferentes Estados miembros, también quisiéramos
plantear algunas dudas al respecto, aunque, repito, como en el caso anterior, algunas ya nos las ha aclarado el ministro en su intervención.
Respecto a la directiva cuya propuesta pretende eliminar la doble tributación por los intereses y cánones satisfechos entre las empresas asociadas de diferentes Estados miembros, a este fin, como nos ha manifestado el señor ministro, se
prevé la exención de la retención por parte del Estado de la empresa pagadora, siempre y cuando la empresa receptora de los rendimientos cumpla determinados requisitos, como la forma social, domicilio, tributación efectiva, etcétera. En este
contexto, creo entender que España consiguió que se le aceptara un período transitorio de ocho años, concretamente desde el 31 de diciembre del año 2000, en que se podrían aplicar unos tipos de retención sobre los pagos por cánones previstos en las
comunidades internacionales con un máximo impositivo del 10 por ciento. Respecto a estas directivas, la del gravamen de las rentas del ahorro y la del código de conductas sobre fiscalidad de las empresas, sobre las que no nos ha quedado duda alguna
después de oír su intervención, nos gustaría saber, ya que se hayan muy interconectadas y su contenido es el mismo que los Estados miembros están dispuestos a llevar adelante en el ámbito fiscal, cuáles son los criterios mínimos que su ministerio y
la presidencia española cree que serían los más adecuados para que pudiéramos conseguir el objetivo de que antes del año 2002 se aprobaran las tres directivas.
Hay otros planteamientos que me parecen importantes desde la perspectiva de la aprobación de este paquete fiscal, como son las diferentes propuestas de directiva para reestructurar la fiscalidad de los productos energéticos. Esta propuesta
implica la ampliación del ámbito objetivo de aplicación del impuesto a productos energéticos no gravados hasta el momento, como pudieran ser el carbón, el gas natural y la electricidad, así como también hay propuestas de un incremento importante de
los tipos mínimos establecidos
para los carburantes, concretamente las gasolinas y el diesel, y combustibles como el fueloil y los gasóleos. Es cierto que muchos Estados miembros otorgan gran importancia a esta directiva porque consideran que deben eliminarse
distorsiones en la competencia, así como también reducir el consumo de productos energéticos mediante el incremento de su fiscalidad por diferentes motivos, pero básicamente por motivos medioambientales. También es cierto que de forma reiterada
España se ha opuesto a estas medidas porque, según su criterio -nosotros estamos también de acuerdo con esta posición-, pueden afectar a la competitividad de los transportes así como a la capacidad adquisitiva de los ciudadanos.
Por este motivo,
nos gustaría saber cuáles son los criterios sobre las medidas que se propusieron bajo la presidencia sueca, como la de no efectuar elevaciones de los tipos mínimos y otorgar soporte jurídico a las exenciones y reducciones en materia industrial.
Respecto a estos impuestos, nos gustaría saber cuáles son los criterios de la presidencia española en relación con las posiciones que le acabo de detallar muy rápidamente.
Además, como ha manifestado también el señor ministro en su exposición, parece que la presidencia española está dispuesta a adoptar una serie de medidas que irán dirigidas a la acción del nuevo marco fiscal para los biocombustibles. Nos
gustaría saber también cuáles van a ser las medidas fiscales que su ministerio prepara con respecto a estas medidas.
Por último, señor ministro, hay otro aspecto que no está contemplado para la cumbre que se va a celebrar próximamente en Barcelona, pero que me parece que sería interesante que se tratara en esta Comisión y sobre el que me gustaría conocer
la posición de su ministerio. Se trata de manifestaciones que se han hecho recientemente por parte de la agrupación europea de empresas familiares en cuanto a la futura fiscalidad de estas empresas familiares y que pudiera repercutir positivamente
en las empresas familiares y en las pequeñas y medianas empresas que pudieran estar inmersas en la problemática fiscal que implica una política específica para estas sociedades en cuanto se produce la transmisión de la propiedad desde la misma
familia. Es cierto que desde la óptica fiscal y de la legislación española, en los últimos 10 años han prosperado iniciativas parlamentarias, algunas de las cuales han sido impulsadas desde Convergència i Unió, dirigidas a aligerar la carga fiscal
de las empresas cuando se produce la transmisión mortis causa o por jubilación de los propietarios, y también es cierto que hay una comisión específica ad hoc en el Senado que está estudiando un estatuto específico fiscal para las empresas, pero no
es menos cierto que hay una gran preocupación por los aspectos formales y fiscales que plantea la sucesión de este tipo de empresas. También se han producido manifestaciones dirigidas a la Comisión Europea sobre los futuros criterios que pudiera
adoptar la Comisión respecto a la problemática que acabo de mencionar. Nos gustaría saber cuál es la posición de su ministerio respecto a este tipo de empresas en cuanto se refiere a las sucesiones.
El señor PRESIDENTE: Finalmente, el Grupo Popular.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: En primer lugar, nuestro grupo quiere agradecer al ministro de Hacienda las profusas explicaciones que ha dado en torno a las cuestiones objeto de su responsabilidad en el Gobierno de España en relación
con la presidencia que ejerce actualmente en la Unión Europea. La valoración que hace nuestro grupo sobre el contenido de su exposición es altamente positiva.
Lo sorprendente en la mañana de hoy es que se ha producido un altísimo grado de coincidencia en cuanto a los contenidos -al menos así lo entiende nuestro grupo- según las manifestaciones hechas por el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, si bien algunas de las cuestiones tratadas por el señor Fernández Marugán nos pueden resultar chocantes.
Desde luego, nuestro grupo comparte que lo que hay que hacer es relanzar, sostener, apoyar o incrementar la posición que mantuvo la Europa de la Unión en relación con la estrategia de Lisboa. Efectivamente, es necesario seguir hablando de
los cinco puntos a los que hizo referencia el señor Fernández Marugán. Nuestro grupo está de acuerdo con el señor ministro en que es necesario seguir potenciando políticas que permitan que Europa, de forma conjunta, se apoye en un crecimiento
sostenido de su economía y en una estabilidad en términos de crecimiento económico y en que es necesario seguir estrategias que permitan consolidar un crecimiento del empleo y profundizar en políticas de cohesión en los más amplios términos,
cohesión entre los países de la Unión o cohesión social en los términos a los que se refería el Grupo Parlamentario Socialista.
Nuestro grupo está de acuerdo en que estos son cinco retos que vuelve a tener Europa durante la presidencia de España.
Quiero decir también sin inmodestia, que creo que España está altamente cualificada para ejercer estas reformas en los próximos seis meses, y que estoy de acuerdo con el deseo que expresaba el señor ministro respecto a que, transcurridos
seis meses desde el inicio de la presidencia española, debemos esperar -yo creo que así será- poder felicitarnos porque el Gobierno de España haya contribuido en los avances que Europa necesita, que son básicamente los objetivos que se marcaban de
forma general en la estrategia de Lisboa y que en buena parte pueden plantearse en Barcelona.
Con relación a Barcelona, yo me alegro y me felicito extraordinariamente de que el Grupo Parlamentario Socialista, como ha dicho hoy el señor Fernández Marugán, quiera que salga bien la reunión de Barcelona. Nos felicitamos
extraordinariamente de esta intervención
del Grupo Socialista en el día de hoy, pero no comprendemos entonces por qué se manifiestan ustedes en Barcelona, salvo que de algunas de sus palabras se haya de entender -porque a usted, señor Fernández Marugán, sólo le ha faltado hacer uso
del viejísimo aforismo de salud y república- que estén preparando una especie de particularísima toma de la Bastilla en tiempos que contrastan tan difícilmente con la posición política que usted ha parecido mantener en el día de hoy, aunque yo creo
que se trata más que de nada de un intento de recuperar algún discurso que usted puede que eche de menos, pero que en Europa y en su propio grupo parlamentario parece que se echa algo de menos de lo que usted en principio he manifestado en la mañana
de hoy. Yo lamento que, aun siendo este el objetivo y la pretensión del Grupo Parlamentario Socialista, no se plasme en una ausencia de manifestaciones, que nuestro grupo vería con mejores ojos que lo que está en principio pronosticado para la
reunión de Barcelona. Por lo tanto, en cuanto al éxito de la reunión de Barcelona, qué quiere que le diga, creo que hay que augurar éxito para el consejo que se va a celebrar en Barcelona, que además puede contemplar algunos de los elementos a los
que hizo referencia el Grupo Socialista en relación con los objetivos de la estrategia de Lisboa y relanzarlos, etcétera. Yo no estoy de acuerdo en que no han ocurrido cosas desde la estrategia de Lisboa, porque sí han ocurrido. No sé si se
refería a Europa o a España, pero en realidad sí que han ocurrido cosas en el contexto internacional.
Sobre el hecho de que España presida la Unión Europea durante estos seis meses, hay que decir que para Europa será con toda probabilidad, buena
noticia que sea precisamente España el país que encabece esta responsabilidad durante estos primeros seis meses. ¿Por qué lo digo? Porque yo creo que el proceso que España lleva viviendo desde el año 1996 en relación con la Europa cohesionada del
euro, la Europa de hoy, se puede calificar de ejemplar. Por tanto, es bueno que un Estado como España, que ha tenido que vencer inercias y desequilibrios difíciles en nuestra economía y que puede presentar un balance tan satisfactorio en el día de
hoy, sea precisamente el que se responsabilice de cuestiones importantes a la que hacíamos referencia sobre las necesidades de seguir manteniendo estrategias de crecimiento del empleo sostenido y cohesión social, porque precisamente estas son las
políticas que el Gobierno ha podido poner en funcionamiento en España desde el año 1996 y que han dado resultado. Por lo tanto, creo que para Europa y obviamente para España es una buena noticia que sea precisamente España el país que plantee estas
políticas. Quiero recordar -aunque yo sé que esto se hace con demasiada frecuencia por parte de nuestro grupo- que la España del año 1996 era una España en la que los desequilibrios básicos hacía no imposible, a la vista de lo ocurrido después,
pero sí improbable que pudiera incorporarse a la Europa de la Unión: el déficit con alta inflación, el paro incontenible, las dificultades para crecer, para aprovechar las bonanzas de carácter económico, eran máximos inconvenientes para poder
introducirse en la Europa en la que necesitábamos estar. Por eso digo que desde el año 1996 el proceso ha sido ejemplar, porque la situación de hoy es completamente distinta. Nuestra economía está equilibrada, ejerce cierto liderazgo en algunas
cuestiones, como en materia financiera de forma muy evidente, como ha reconocido la Comisión hace pocas fechas en su positiva valoración del programa de estabilidad y crecimiento del Reino de España. Por tanto, habrá que colegir que España está
capacitada para ejercer un papel de liderazgo en las cuestiones relacionadas con las responsabilidades que el ministro de Hacienda tiene en relación con la presidencia de España en la Unión Europea. Algunos de los retos que tiene que afrontar
Europa en los próximos años son los que ha tenido que vencer España en los últimos años. Por eso digo que España puede estar, y de hecho está, en una situación de privilegio para poder entender perfectamente qué es lo que la Europa de la Unión
necesita en los próximos años. España tuvo que adelantar algunas de las reformas requeridas por Europa, y hoy nuestro grupo escucha con satisfacción que el ministro también atribuye a la presidencia española el objetivo de adelantar en el tiempo
algunas de las reformas en los términos temporales en que estaban previstas para el resto de los países de la Unión.
Efectivamente, España tuvo que afrontar de forma más acelerada que otros países de la Unión determinadas reformas y por lo tanto
tuvo que tomar decisiones de carácter político, como la Ley de Estabilidad Presupuestaria, discutida por la oposición política de este país para proporcionar a la economía española márgenes que permitieran acomodar la situación de España en términos
de renta y empleo al resto de los países de la Unión, por lo que esa es una estrategia bien conocida por el Gobierno de España. Sin embargo, cuando enfrentamos algunas cuestiones como por ejemplo, la política de cohesión, nuestro grupo
parlamentario se encuentra con dificultades para entender de qué se esta hablando, y no digo esto en relación con las palabras del ministro, que han sido suficientemente claras, sino porque, aunque hoy no se ha dicho, yo recuerdo nítidamente una
reunión celebrada en esta Cámara entre el Senado de España, el Congreso de los Diputados y el Parlamento Europeo en la que algunos miembros del Grupo Parlamentario Socialista Europeo hicieron afirmaciones sobre las necesidades de Europa que, como
digo, hoy no se han escuchado. En relación con las políticas de cohesión, con las necesidades financieras de la Unión Europea para la ampliación, nuestro grupo parlamentario escuchó a algún representante del Grupo Socialista hacer algunas
propuestas, o más bien deseos en relación con la necesidad de incrementar las aportaciones, si se me permite la expresión, de los Estados miembros con relación a la política
financiera común. Éstas son las dificultades que tiene nuestro grupo parlamentario. Cuando se encuentra con un discurso diferente en la Comisión de Presupuestos, en la Comisión de relaciones con la Unión Europea, en definitiva, en los
discursos de la oposición política en relación con los objetivos que España debe acometer en los seis meses de presidencia de la Unión.
Es bastante difícil comprender el sentido de las palabras de la oposición en España, y esto, señor Fernández Marugán, no lo entienda como un reto para que explique ahora qué quería decir el señor Almunia en la sesión de la Comisión de
Presupuestos en la que decía que había que incrementar el 0,45, sin decir hasta qué punto, en qué términos, bajo qué circunstancias, si el impuesto al que hacía referencia otro miembro socialista, el señor Coulom, estaba dirigido a obtener recursos
para la Unión Europea directamente a través de la participación en no sé qué impuesto, etcétera. Yo creo que sería bueno para todos, para esta Cámara, para el Gobierno de España y para la presidencia de la Unión, que hubiera cierta cohesión
política en torno a los objetivos, ya que, como digo, estamos perfectamente capacitados para ponernos de acuerdo. Es decir, aparte de formulaciones de carácter político más o menos chocantes, de proclamaciones de carácter republicano por parte del
Grupo Socialista, lo verdaderamente relevante es si puede entender que la oposición en España, en términos generales, está de acuerdo con los objetivos pretendidos no sólo por España, sino también por su Gobierno, más allá de hacer pronósticos sobre
lo que ocurrirá de aquí a un tiempo, en definitiva, si está de acuerdo con las políticas concretas que se deben poner en marcha por parte de España durante la presidencia de la Unión. A nuestro grupo le parece que estas cuestiones podrían quedar
despejadas, aunque sé que es difícil que esto se produzca en el día de hoy. Al Grupo Popular le parece positiva la valoración que han hecho otros grupos, especialmente el Grupo Socialista, de la intervención del ministro de Hacienda, en el día de
hoy pero seguimos sin comprender a dónde nos conducen otras manifestaciones que la oposición sigue haciendo en esta sede y en otras.
Finalizo diciendo, señor presidente, que esperamos que finalmente se pueda concluir, como decía el señor ministro, felicitándonos todos por haber contribuido durante la presidencia española al avance de las cuestiones a las que ha hecho
mención en su intervención. Yo creo que va a ser así, y digo además que España está perfectamente capacitada para afrontar estos retos porque en el momento en que ha necesitado hacer uso de los recursos que tiene nuestro país para resolver
incertidumbres semejantes a las que pueden estar presentes hoy en la Europa de la Unión, ha resuelto estas circunstancias con una altísima calificación.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor ministro, por si desea puntualizar algunas de las observaciones que se han hecho.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): En primer lugar quiero expresar mi agradecimiento por el tono de las intervenciones de los grupos parlamentarios y especialmente por el deseo explícitamente expresado de que la presidencia
española sea un éxito -lo será, con toda seguridad- para España, éxito que no será para una España aislada, sino para una España protagonista de un proceso como es el de la construcción europea, que estamos impulsando en este comienzo del siglo XXI.
Asimismo, agradezco su convicción de que la cumbre de Barcelona también será un éxito y un paso decisivo en la construcción de esta Europa reformista, transformadora de sí misma para mejor servicio de los ciudadanos y para la compatibilidad entre el
crecimiento, el bienestar y la cohesión social, que no puede ser entendida como un hecho aislado diferente del crecimiento, del bienestar y de la evolución del empleo en el seno de la Unión Europea que estamos viviendo.
Agradezco de manera especial la posición del Grupo Parlamentario Popular y su legítima satisfacción en relación con la experiencia española y con la evolución de España dentro de la Unión Europea, que está siendo positiva y favorable para
entender que cuando España se ha aplicado los preceptos básicos de la construcción europea es cuando ha progresado, cuando ha dado un paso adelante en convergencia real, un paso definitivo a la hora de resolver su principal problema no ya económico,
sino social, como es el paro, y también un paso decisivo, irreversible en la europeización de España y en la internacionalización de España, haciendo que aquella España cerrada de no hace tantos años, cuando comenzamos nuestro proceso democrático,
hoy sea una cuestión del pasado.
También deseo agradecer las palabras del portavoz del Grupo Socialista, el señor Fernández Marugán, que ha expresado sus deseos de que tanto la presidencia española como la cumbre de Barcelona sean un éxito. Celebro que el Partido
Socialista tenga ese referente y ese deseo, explicitado hoy en la Cámara. Sería conveniente que todos los miembros del Partido Socialista de España, con independencia de que ejerzan liderazgos regionales, tuvieran la misma convicción y colaboraran
eficazmente a que la cumbre de Barcelona sea un éxito porque no es poniéndose a la cabeza de manifestaciones, muchas veces no ya antiglobalización, sino antisistema, como se consigue que la cumbre de Barcelona sea un éxito. No le quepa duda al
portavoz del Grupo Socialista de que el presidente del Gobierno está haciendo una presidencia coherente, como él ha dicho; una presidencia coherente con la política del Gobierno español, con el programa que votaron mayoritariamente los españoles y
con fidelidad a la construcción europea que se deriva del programa del Gobierno de España.
En ese terreno no hay una presidencia sectaria, como él ha dicho, sino todo lo contrario: una presidencia ejercida desde la coherencia plena, lo que
significa
conseguir un grado de entendimiento alto con todos los Gobiernos de la Unión Europea, incluido el que él ha llamado el Gobierno conservador del señor Blair. Supongo que al señor Blair le debe emocionar el título de conservadores que el
Grupo Parlamentario Socialista ha dado a los gobiernos que, como el Gobierno laborista británico, están empeñados en la construcción de una Europa que a través de las reformas sea cada vez más auténticamente de los ciudadanos. La estrategia de
Lisboa supuso precisamente el lanzamiento de una construcción europea basada en reformas que devuelvan toda su identidad al mercado interior europeo. No en vano la construcción europea, de la que hoy somos no sólo partícipes sino también
protagonistas, se inicia en el año 1950 a través de la implantación de un mercado interior. Ese mercado no está hoy plenamente desarrollado, y la intención de la cumbre de Barcelona es dar un paso decisivo en la implantación de un mercado interior,
que no es cuestión de etiquetas socialdemócratas o conservadoras, sino que es coherencia misma con la construcción europea, porque no creo que sea muy socialdemócrata tener un mercado de la energía nacionalizado. No me parece que eso sea una
etiqueta, socialdemócrata o no; la cuestión es tener un auténtico mercado de la energía europeo, que no puede existir si no hay voluntades políticas y decisiones para llevar adelante las iniciativas que se derivan de la Comisión Europea a la hora
de favorecer un auténtico mercado energético europeo, un auténtico mercado financiero integrado en la Unión Europea y un auténtico mercado de trabajo, que es lo que significa el impulso a esas reformas del mercado de trabajo. Ese es el proyecto de
Barcelona, como lo es también incrustar las reformas estructurales de la economía europea en un planteamiento de políticas económicas que están recogidas en las conocidas como OP, a las que me he referido, y que son las líneas fundamentales de la
política económica europea, que a su vez no hacen sino encuadrarse en un concepto. El portavoz socialista ha utilizado una expresión que yo celebro: Después del euro, llega la política, y es la política la que ha hecho posible el euro y no al
revés, siempre la política, nunca la economía aisladamente.
La política es la que ha hecho posible la Unión Monetaria, y la única política que cabe después del euro es la que nos ha permitido fundar el euro, que es la política de la estabilidad
presupuestaria, de la estabilidad económica, del crecimiento sin desequilibrios y del crecimiento materializado en creación de empleo. Y cuando eso se consigue, cuando hay una Europa que está en crecimiento, que aumenta su bienestar, que se traduce
en nuevas oportunidades de empleo, entonces esa Europa se hace plenamente social, porque no hay mecanismo más distribuidor de los beneficios del crecimiento que el de la creación de empleo. A partir de ahí, tiene que haber una intervención del
Estado, de los poderes públicos, de la Hacienda pública, también de carácter distribuidor de los beneficios de ese crecimiento económico, y esa Hacienda pública está imbricada en los presupuestos de la Unión Europea, de los que hemos hablado esta
mañana, y también en las políticas de cohesión, de las que he venido a hablar esta mañana. Son unas políticas que he llamado consustanciales a la construcción europea, que no pueden permitir que las regiones y los países menos desarrollados queden
atrás; unas políticas en las que no hay unos beneficiarios y unos perdedores, sino que toda la Unión Europea gana en términos económicos y gana, por tanto, en claves de bienestar a través de la implantación de esas políticas de cohesión
territorial, de esas políticas regionales. Son unas políticas regionales que, para lograr la plenitud, necesitan una cofinanciación con los presupuestos nacionales y, en el caso de España, con los presupuestos de las administraciones públicas,
puesto que necesitan no sólo presupuestos de la Administración central del Estado, sino presupuestos de corporaciones locales que sean capaces de absorber esa cofinanciación y utilizar plenamente las políticas de cohesión territorial que están
haciendo que España sea efectivamente una gran beneficiaria de esas políticas, pero España está devolviendo con creces al conjunto de la Unión Europea el beneficio de esas políticas a través del mayor crecimiento económico de España y a través de la
creación de empleo, que en el año 2001 ha vuelto a ser muy alta. El año pasado se han creado más de 370.000 empleos en términos de contabilidad nacional, lo que nos sitúa a la cabeza del mundo desarrollado en materia de creación de empleo, y eso en
el año 2001, que, insisto, fue un año extraordinariamente difícil para la economía mundial. En definitiva, con la aplicación de las políticas de cohesión, España está devolviendo a la Unión Europea unos beneficios en forma de un crecimiento
económico sostenido, de un equilibrio presupuestario que está colaborando activamente a la construcción europea, al fortalecimiento y al éxito del euro en los mercados internacionales, al reconocimiento de que el euro es ya no sólo una divisa
europea sino también una de las grandes monedas del mundo, que incluso rivaliza en ese terreno con el dólar.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señor presidente.
Perdón, señor ministro, creía que había terminado usted.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): No, sólo tomaba un descanso, es decir, un respiro en mi planteamiento. (Risas.) Pero me alegro de que esté al acecho el diputado con tanta intención.
En definitiva, la Presidencia española actuará en conexión con las anteriores presidencias en un proceso, porque la construcción de la Unión Europea es un proceso; es una presidencia de impulso en materia de reformas económicas que son
clave para nuestro país; es una presidencia de reforzamiento del propio compromiso
con la estabilidad presupuestaria y con la estabilidad económica que tan positivos resultados está teniendo para nuestro país, y es una presidencia durante la que el Gobierno español está desarrollando la política nacional que tan atractiva
es para el Parlamento español, como no puede ser de otra manera, y para los grupos de la oposición, como es la política de reformas tributarias. El portavoz del Grupo de Convergència i Unió se ha referido a los plazos del programa de la Presidencia
de fiscalidad del ahorro, que yo he relatado pormenorizadamente y que en resumen son plazos relativos a la fiscalidad del ahorro y en relación con los cuales hay ya un texto de directiva aprobado en ECOFIN y que está pendiente de las negociaciones
con terceros países que se están desarrollando y que presuntamente permitirán la aprobación definitiva en este año 2002. Insisto en la condición de esa negociación con terceros países para que el mismo sentido del nuevo tratamiento de la fiscalidad
del ahorro, con sus plazos de transición, cobre carta de naturaleza. En relación con intereses y cánones, hay también, como he dicho antes, un acuerdo técnico, por lo que ya se está materializando el calendario. Respecto al código de conducta,
podemos decir que está en vigor en el sentido de que ya hay una comunicación de normas para comprobar que no se está ejerciendo competencia desleal a través de políticas tributarias que puedan perjudicar la competencia legítima que establece el
mercado único europeo. Por lo que se refiere a otros ámbitos de la fiscalidad, también han tenido la oportunidad de conocer la voluntad del Gobierno de reforzar los comportamientos en cuanto a fiscalidad indirecta, fiscalidad de biocarburantes,
para la que queremos establecer un marco jurídico claro, y fiscalidad de productos energéticos, condicionándola a la evolución del propio mercado interior energético de la Unión Europea, porque no tiene sentido que hablemos de que la fiscalidad
energética pueda ser un obstáculo fiscal cuando no estamos siendo capaces de completar el mercado europeo energético. Por tanto, al ligar esta fiscalidad al concepto de mercado único energético europeo, lo que hacemos es ir formulando lo que deben
ser los programas de adaptación de la fiscalidad energética a la realidad española a través del desarrollo, como he mencionado en mi intervención, del concepto fiscal de gasóleo profesional, en definitiva, para que no sufran nuestros sectores
competitivos más directamente afectados por la implantación de ese tipo de fiscalidad.
En lo que se refiere a la empresa familiar, es una preocupación del Gobierno, compartida por Convergència i Unió, puesto que el portavoz ha adelantado que gracias a la iniciativa de su grupo parlamentario y gracias a la voluntad del Gobierno
del Partido Popular sin duda alguna se ha producido una mejora muy clara en nuestro país en cuanto al tratamiento fiscal de la empresa familiar. A la espera de los resultados del trabajo que se está haciendo en el Senado de España, la presidencia
española ya ha estudiado también acometer un nuevo tratamiento fiscal para las empresas pequeñas y medianas, que en definitiva son el embrión de las empresas familiares, y cuando hablamos de empresas familiares tenemos que referirnos obligadamente
también a la pequeña y mediana empresa. Por tanto, hay un deseo por parte del Gobierno español de impulsar un tratamiento fiscal cada vez más favorable a la pequeña y mediana empresa y a la empresa familiar, que son los grandes ejes económicos de
nuestro tiempo y los principales protagonistas de crecimiento económico y de la creación de empleo.
Por lo demás, en lo que se refiere a la posición del Gobierno español en las directivas de fiscalidad aprobadas, nos hemos referido siempre a la necesidad de intercambiar información relativa a la Administración tributaria, y quiero indicar
al señor Fernández Marugán que esta es la información de la que estamos hablando esta mañana, o sea, estamos hablando de la Administración tributaria, señor Fernández Marugán, en primer lugar, e imagino que S.S. está de acuerdo con todo lo que se
refiere al contenido de ese intercambio para luchar contra el fraude fiscal.
Su señoría se ha referido también a los datos tributarios que se facilitan desde España a las organizaciones internacionales, a la OCDE, al Fondo Monetario Internacional, a la propia Comisión de la Unión Europea, etcétera, en la ejecución de
nuestros presupuestos públicos, y que además a S.S. le son tan relevantes como para que el Partido Socialista impulse una reforma tributaria que también estamos deseando conocer todos los españoles, el Gobierno también sin duda alguna, para llevar
adelante un debate político que tendrá lugar en esta Cámara durante el tiempo de la presidencia, por cierto, en cuanto a la reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que estoy seguro que va a ser uno de los grandes objetos de
debate parlamentario de los próximos meses.
En cuanto al futuro de las regiones españolas, debo insistir en que no hay motivo de preocupación a raíz del desarrollo de la implantación de las fases sucesivas de la política de cohesión territorial que se deriva de los presupuestos de la
Unión Europea. Como he señalado en mi primera exposición, en el año 2006 habrá con toda naturalidad una salida de determinadas regiones españolas, gracias a que su crecimiento económico permitirá esa salida, pero aun así seguirán recibiendo fondos
europeos que están previstos para la fase de transición y fondos europeos relativos a lo que llamamos Objetivo 2, que es atender dentro de las regiones desarrolladas en determinadas comarcas, determinados sectores, como puedan ser sectores
industriales que hayan padecido ajustes económicos especialmente severos. Por tanto, junto a las regiones Objetivo 1 debemos hablar cada vez con más propiedad y con más énfasis también de las del Objetivo 2, porque España seguirá recibiendo esos
fondos estructurales en las sucesivas
agendas financieras a partir del año 2006. En consecuencia, es un proceso que podemos ver con toda tranquilidad, como también debemos ver no ya con tranquilidad sino con esperanza las consecuencias de la ampliación de la Unión Europea.
Para España, la ampliación de la Unión Europea es un trayecto que no es sólo de normalidad sino también de compromiso, porque estamos obligados moralmente a favorecer la ampliación de la Unión Europea. Los europeos tenemos la necesidad de construir
una Europa unida que sea la sede de la democracia, de la libertad y del entendimiento mutuo y que a su vez sea fuente de desarrollo económico, que sin duda alguna será altamente beneficioso, por lo que ahora sería un error y una equivocación
enzarzarnos en unos planteamientos estrictamente presupuestarios sobre las consecuencias de una ampliación como la de una Unión Europea, cuyo balance resultará enormemente positivo para toda Europa y también lo volverá a ser para España. No en vano
España, cada vez que se ha abierto al exterior ha sido altamente ganadora, y la ampliación de la Unión Europea es una nueva apertura al exterior, de la que nuestro país, estoy seguro, sacará enormes beneficios.
(El señor Fernández Marugán pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señores diputados, todos saben que el Reglamento limita estrictamente a circunstancias muy excepcionales la concesión de un nuevo turno.
Señor Fernández Marugán, estoy seguro de que su intervención será excepcional, como lo será su duración también. Tiene usted un minuto.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: En ese caso, dejaré la referencia que iba a hacer a la ampliación, que podemos dilatarla pero seguramente no evitarla.
Para aclarárselo al señor Cámara y para aclarárselo a usted, señor ministro, es una tradición de la Unión Europea desear que las cumbres sean un éxito, y es una sana tradición de la Unión Europea que las cumbres sean un éxito, y todos
tenemos que contribuir a que tengan éxito quienes las organizan y quienes participan en ellas. Y en este momento, esta cumbre, que está escorada únicamente hacia uno de los objetivos de Lisboa, puede ser un éxito, debe ser un éxito, tiene que ser
un éxito si es capaz de incorporar la dimensión social. Yo creo que el Gobierno de España, si corrige su posición, conseguirá un éxito, porque creo que el Gobierno de España está mal situado. No se puede usted imaginar en qué medida deseo ese
éxito. Creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo en líneas generales en Europa, en la dirección internacional del trabajo, para dos cosas: para invertir más en conocimiento y para garantizar los mecanismos de protección social. Ahí se tiene
que producir el énfasis en la cumbre de Barcelona.
Ha hecho usted una referencia a los acuerdos y desacuerdos que podemos tener usted y yo. No se proteja sistemáticamente tras iniciativas políticas del Partido Socialista. El que está obligado, en virtud de la teoría de la consistencia de
los actos propios, a explicar el origen, el contenido y la reforma de las medidas que se han adoptado es usted; no se esconda usted diciendo que ya veremos lo que propone el Partido Socialista. Ustedes auspiciaron una reforma en el año 1999 y esa
reforma ha supuesto beneficios para unos y perjuicios para otros.
Democráticamente, una sociedad como la nuestra le exige al Gobierno de España que no oculte durante más tiempo la información. No se la proporcione usted a Europa, proporciónesela
al Parlamento.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado, por haberse ajustado al tiempo que la presidencia le ha concedido en este turno excepcional, que debe ser igualmente excepcional para el Partido Popular, señor Cámara.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Claro que sí, señor presidente, muchas gracias.
Simplemente, como el señor Fernández Marugán tenía interés en dejar claro al Gobierno y al Grupo Parlamentario Popular lo que había querido decir, yo también quiero dejar claro que obras son amores y no buenas razones, y si el Grupo
Parlamentario Socialista, en uso de la tradición inveterada de que los grupos de la oposición apoyen las cumbres celebradas por los miembros de la Unión, lo que sí le rogaré, señor Fernández Marugán, es que me diga si, según de esa tradición,
recuerda que el Grupo Parlamentario Popular, cuando formaba parte de la oposición, encabezara manifestaciones donde se celebraban las reuniones de la Unión Europea. Si esto no le parece suficientemente ejemplificador de lo que quería decir nuestro
grupo parlamentario, qué le vamos a hacer, pero lo cierto es que usted se felicitaría de los resultados satisfactorios de la cumbre de Barcelona, y sin embargo se han manifestando ustedes.
El señor PRESIDENTE: En realidad no se refiere a la intervención de la polémica entre grupos, señor Cámara.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Señor presidente, creo que mi grupo ha dejado perfectamente claro lo que quería decir.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Por mi parte, para acabar, señor presidente, con mi agradecimiento por haberme concedido nuevamente el uso de la palabra, quiero dejar explícito que no se trata de expresar como saludo
parlamentario o de que esté en las tradiciones desearse éxitos, sino que a los éxitos hay que contribuir con posturas políticas claras y coherentes, y cuando se está en una organización
política clara y coherente hay que contribuir con la postura clara y coherente de todos los miembros de esas organización. No es una cuestión sólo de enfoques o de contenidos, sino que estamos hablando de posturas políticas muy importantes
de los grupos políticos, como es el caso del Partido Socialista y del Partido Socialista de Cataluña, cuando se anuncian participaciones en manifestaciones que evidentemente no van orientadas a conseguir el éxito de una cumbre como la de Barcelona.
En lo que se refiere a incorporar la dimensión social, es evidente, señoría -es lo que he querido decir en mi segunda intervención-, que no hay dimensión social diferente de la construcción de Europa. Europa sirve a ese objetivo social,
sirve al empleo. ¿Para qué queremos estos mercados integrados? Ya lo he dicho antes, precisamente para crear empleo y construir una sociedad de igualdad de oportunidades efectiva por parte de los ciudadanos, que sin duda alguna es la mejor defensa
de la protección social.
Vuelve a insistir S.S. en un debate que es el de la reforma tributaria. La española ha debido de tener tal éxito que hoy está intentando ser aplicada en la mayoría de los países de la Unión Europea; debe haber tenido mucho éxito para que
sea aceptada y además implantada por gobiernos que no la llevaban en su programa electoral. Hoy vamos a acometer una segunda fase de la reforma tributaria en nuestro país en un marco que está practicado en toda la Unión Europea; eso también nos lo
va hacer más sencillo y más aplicable. Sin duda alguna ello no hubiera sido posible si el conocimiento de sus efectos no hubiera sido muy positivo en materia de crecimiento económico, de creación de empleo y de aumento de la renta disponible de los
ciudadanos. En dos años de reforma fiscal, en dos años de bajada del impuesto sobre la renta de las personas físicas la renta disponible de los españoles ha mejorado en un entorno de 10.000 millones de euros. Ese es el dato, señor Fernández
Marugán: 10.000 millones de euros que hoy están en las nóminas de los trabajadores, en las pensiones de los pensionistas y en el bolsillo de las familias españolas, que hacen que la apuesta por la segunda fase de la reforma fiscal ofrezca el
interés político que sin duda alguna S.S. también ha querido remarcar esta mañana.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro, por su comparecencia.
Hemos acabado con este punto del orden del día. Veo que ha llegado la candidata a asumir la vicepresidencia segunda de esta Comisión; puede pasar la dura prueba del voto, a lo que nos vamos a dedicar tan pronto como despidamos al señor
ministro.
- ELECCIÓN DEL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DE LA COMISIÓN. (Número de expediente del Congreso 041/000028 y número de expediente del Senado 571/000001.)
El señor PRESIDENTE: Señores, seguimos con el orden del día ampliado.
Me sugieren que para evitar la dura prueba del voto, que siempre es dura... (El señor Estrella Pedrola: No es necesario, estamos todos de acuerdo.) Por eso digo, señor diputado... Tranquilo. Estoy diciendo que para evitar la dura prueba
del voto me ha sido sugerido que la elección de la vicepresidenta sea por asentimiento, entusiásticamente expresado.
¿De acuerdo? (Asentimiento.) Queda elegida vicepresidenta la señora Pigem. Le recuerdo que las normas de la Comisión son que debe
invitar al resto de la Mesa a una opípara comida en un restaurante que le será comunicado oportunamente. (Risas.-El señor Estrella Pedrola pide la palabra.)
El señor ESTRELLA PEDROLA: Una cuestión de orden, presidente, antes de que levante la sesión, ya que no la ha levantado todavía.
Se lo pedí al presidente el jueves pasado en la reunión que tuvimos en el Senado y lo reitero ahora. Tenemos mañana también Comisión y sería conveniente que a su término pudiéramos vernos la Mesa y los portavoces para ordenar trabajos
futuros.
El señor PRESIDENTE: En tal caso convocaremos Mesa y portavoces, si les parece al acabar la Comisión en el Senado.
El señor ESTRELLA PEDROLA: No, no, aquí, al acabar la de mañana.
El señor PRESIDENTE: Creía que su cuestión de orden iba referida a que se ampliase la invitación a comer a todos los miembros de la Comisión.
(Risas.)
La señora vicepresidenta quiere dirigirnos la palabra un momento.
La señora PIGEM I PALMÉS: No me voy a demorar mucho, sólo quería dar las gracias públicamente a todos los grupos, especialmente al grupo mayoritario -repito-, a todos los grupos, porque hacen posible que el Grupo de Convergència i Unió a
través de mi persona esté presente en esta Mesa. Más allá del agradecimiento formal, quiero indicar que los usos y costumbres de esta Mesa en cuanto a convites y demás serán debidamente atendidos, señor presidente. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Se levanta la sesión.
Eran las doce y cinco minutos del mediodía.