DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES


COMISIONES MIXTAS

Año 2002 VII Legislatura Núm. 71

PARA LA UNIÓN EUROPEA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSEP BORRELL FONTELLES

Sesión núm. 24

celebrada el jueves, 7 de marzo de 2002,

en el Palacio del Senado

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía, Excmo. Sr. D. Rodrigo de Rato y Figaredo: - A petición propia, para informar sobre las prioridades definidas por la Presidencia española
de la Unión Europea en relación con las competencias propias del Departamento. (Número de expediente del Senado 711/000227 y número de expediente del Congreso 214/000101.). ...
(Página 1614)


- A petición del Grupo Parlamentario Mixto, para explicar la futura política de cohesión en la Unión Europea, propuestas y posición del Gobierno español. (Número de expediente del Senado 711/000119 y número de expediente del Congreso
213/000382.) ... (Página 1614)


- A petición del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para explicar la posición del Gobierno en relación con el documento 'Estrategias de desarrollo sostenible' que se debatirá

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en el Consejo de la Unión Europea los días 15 y 16 de junio de 2002.
(Número de expediente del Senado 711/000129 y número de expediente del Congreso 213/000427.) ... (Página 1614)


- A petición del Grupo Parlamentario Socialista, para informar de las previsiones del Gobierno, en el ámbito del Consejo de Economía y Finanzas (ECOFIN), para impulsar y desarrollar la Estrategia de Lisboa, especialmente de cara al Consejo
Europeo de Barcelona. (Número de expediente del Senado 711/000201 y número de expediente del Congreso 213/000619.) ... (Página 1614)


- A petición del Grupo Parlamentario Socialista, para informar de las previsiones del Gobierno, en el ámbito del Consejo de Economía y Finanzas (ECOFIN), para impulsar y desarrollar la lucha contra el terrorismo como prioridad de la
Presidencia española de la Unión Europea. (Número de expediente del Senado 711/000202 y número de expediente del Congreso 213/000620.) ... (Página 1614)


Se abre la sesión a las diecisiete horas y cinco minutos.



El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.



Buenas tardes, señoras y señores Diputados y Senadores. Excelentísimo señor Vicepresidente Segundo del Gobierno, le damos la bienvenida a esta Comisión para celebrar un conjunto de comparecencias sobre los temas de la Presidencia española,
como es obvio. Hacen referencia a las prioridades definidas por la Presidencia en relación con las competencias propias del Departamento de Economía, a la política de cohesión y al desarrollo sostenible.



No sé si la diversidad de los temas hace imposible su agrupación, lo que sería deseable a efectos a facilitar la exposición del señor Vicepresidente y las respuestas de los portavoces. Por tanto, aun aceptando que los temas son diversos y
difícilmente susceptibles de ser reducidos a uno solo, si ningún portavoz tuviera inconveniente, rogaría al señor Vicepresidente que los abordara conjuntamente de la forma que tuviese a bien y por tiempo ilimitado.



¿Algún portavoz desea hacer alguna observación? (El señor Estrella Pedrola pide la palabra.)


Tiene la palabra, señoría.



El señor ESTRELLA PEDROLA: Presidente, queremos expresar nuestro total acuerdo en que se acumulen.



Pero también queremos plantear una cuestión de orden en el siguiente sentido. En este momento está compareciendo en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso el Ministro de Asuntos Exteriores. Es una comparecencia en la que se van a
abordar dos cuestiones: una afecta a la exigencia de responsabilidades al Gobierno por la elaboración de una información falsa que afecta al ex Presidente del Gobierno, el señor González, y otra tiene que ver con la marcha de los trabajos de la
Presidencia española de la Unión Europea. Mi Grupo quiere trasladar a la Presidencia nuestra protesta más enérgica por el hecho de que se haya sustraído a esta Comisión, que es la competente en los temas relativos a la Unión Europea, esa
comparecencia del Ministro.



Sin entrar en otras consideraciones, queremos señalar que eso supone una clara violación de la ley que regula la Comisión Mixta y pedir al Presidente que abordemos cuanto antes en una reunión de Mesa y Portavoces este incumplimiento de los
acuerdos adoptados en el seno de la Comisión y que el Gobierno también aceptó en cuanto a las comparecencias. Y decimos esto, porque el Ministro de Asuntos Exteriores lleva seis meses sin comparecer ante esta Comisión.



El señor PRESIDENTE: Señor Diputado, gracias por su observación, pero no es una cuestión de orden que haga referencia al desarrollo de esta sesión. Afecta, sin duda, al funcionamiento de la Comisión pero no específicamente a la
comparecencia que hoy celebramos, que en absoluto se va a ver ordenada o desordenada por las circunstancias concurrentes por la comparecencia de otro Ministro en otra Comisión.



No obstante y como, sin duda, plantea un problema, debo señalarle que me he dirigido a la Presidencia del Congreso, en calidad de Presidente de esta Comisión, para señalar esta circunstancia que debatiremos en su momento, cuando el señor
Vicepresidente del Gobierno


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no esté entre nosotros porque este tema en absoluto le afecta.



Entramos, por tanto, a debatir los asuntos contemplados en el orden del día.



Tiene la palabra el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno.



El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (de Rato y Figaredo): Muchas gracias, señor Presidente.



Señorías, en primer lugar quiero mostrar mi satisfacción por comparecer ante esta Comisión Mixta, especialmente en el período de Presidencia de la Unión Europea por parte de España, que se produce por primera vez desde el año 1995, como
sabemos todos. Por tanto, siguiendo el orden del día establecido por la Mesa y la Presidencia de la Comisión, pasaré a exponer las cuestiones que se me han solicitado respecto de la política de cohesión de la Unión Europea y las propuestas y
posiciones del Gobierno español, también respecto del desarrollo sostenible, así como del impulso y desarrollo de la Estrategia de Lisboa y cómo se va a plasmar ésta en el Consejo Europeo de Barcelona, y finalmente sobre las medidas en la lucha
contra el terrorismo.



Señor Presidente, voy a tratar de ordenar mi intervención por temas y no exclusivamente en función de las peticiones de cada grupo parlamentario puesto que algunas de ellas son coincidentes, como no podía ser de otra manera. Espero dar en
ésta mi primera intervención satisfacción a los grupos y me pongo a disposición de sus señorías para las aclaraciones que consideren pertinentes sobre estas cuestiones.



Todos somos conscientes de que estamos a ocho días del comienzo de la Cumbre de Barcelona que se iniciará el próximo viernes en esa ciudad.
Desde el punto de vista de la política económica y responsabilidades del Consejo Ecofin, quisiera
subrayar los temas que van a ser tratados. Creo que con ello responderé a las preguntas y disiparé las inquietudes que manifiestan los grupos parlamentarios en sus peticiones de comparecencia.



La primera cuestión que va a ser abordada por los representantes del Ministerio de Economía en la Cumbre de Barcelona indudablemente tiene que ver con la introducción física del euro en los doce países de la Unión Europea que lo han
adoptado, es decir, con la sustitución de las doce monedas nacionales por la moneda europea tras dos meses de convivencia de ambas.



Creo que tanto los españoles como el resto de ciudadanos europeos fuimos conscientes la semana pasada de la finalización del período de vigencia legal de nuestras anteriores monedas -en nuestro caso de la moneda española, la peseta, después
de 133 años- y de la introducción del euro, con un alto grado de satisfacción y de manera muy homogénea en el conjunto de la Unión Europea, ello unido a una aceptación y colaboración activa en ese proceso por parte de los ciudadanos que me gustaría
subrayar, un proceso que se planteaba con muchas incógnitas y como un reto por parte de las autoridades y también de la sociedad europea puesto que se trataba de una operación prácticamente sin precedentes: la sustitución de doce monedas nacionales
que afectan a 300 millones de ciudadanos por una única moneda en un plazo de tiempo relativamente corto. Un plazo de convivencia entre el euro y las otras monedas que, como recordará la Comisión, inicialmente se había estimado en seis meses,
habiéndose reducido después en la mayor parte de los países a dos meses -algunos países hicieron el cambio incluso en menos tiempo-, y que a efectos prácticos, de lo que somos todos conscientes, se produjo prácticamente en las primeras cinco o seis
semanas. Según los datos que dieron a la opinión pública tanto la Presidencia, el Gobierno español, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, en las primeras tres semanas el euro se había introducido ya en la vida comercial y cotidiana
europea.



Me gustaría destacar, por un lado, el hecho de que los ciudadanos, las familias europeas, han realizado un muy claro esfuerzo para adaptarse a toda velocidad al euro e introducirlo en su vida cotidiana prácticamente sin dilación. Por otro
lado, quiero referirme también a que diversos sectores económicos, sin duda el financiero, el del comercio y el del transporte colectivo, han realizado un esfuerzo muy importante consiguiendo hacer de la introducción del euro un éxito. Una vez más
quisiera aprovechar mi comparecencia ante la Comisión Mixta para agradecer a todos los profesionales y trabajadores de esos sectores los esfuerzos que han realizado desde todos los puntos de vista -y no el menor el de la dedicación-. También quiero
agradecer los esfuerzos que los profesionales de los Bancos Centrales han realizado durante todos estos meses para garantizar la introducción del euro, sin poder olvidarme de los responsables y trabajadores de las diferentes fábricas de la moneda y
timbre en nuestro caso, e instituciones similares en el resto de los países.



Al concluir el mes de febrero, el cien por cien de los españoles realizaban regularmente sus transacciones comerciales en euros, y prácticamente la totalidad de las actividades comerciales se realizaban en esa moneda en todo tipo de
establecimientos. Según las estadísticas que maneja el Gobierno, el 74 por ciento de los ciudadanos apenas había tenido problemas con la adaptación al euro, mientras que el cambio de moneda ha supuesto una cierta dificultad para un 26 por ciento de
ciudadanos. Tras dos meses de convivencia, la familiaridad con la nueva moneda es claramente un hecho. Un 80 por ciento de los encuestados considera fácil o muy fácil el manejo de los billetes y monedas, y sólo un 10 por ciento manifiesta tener
alguna dificultad.



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Me gustaría referirme una vez más a la labor que ha realizado el comercio en todo este proceso, no sólo en lo que tiene que ver con la introducción de la moneda y la ayuda que han prestado a los ciudadanos a que se familiaricen con ella,
sino también en lo relativo al respeto a las normas del redondeo y el doble etiquetado.



Según el último estudio presentado por la Comisión -son datos de Eurostat-, la incidencia en los índices de precios al consumo en los países euro durante el mes de enero ha sido muy limitada o nula, estimando la Comisión, a través de
Eurostat, que ese efecto se cuantificaría entre un 0 y un 0,16. El propio Banco Central Europeo, así como la Comisión y la Presidencia del Consejo, hemos insistido en que es imprescindible que los consumidores y sus asociaciones continúen
vigilantes durante las próximas semanas y meses en el proceso de introducción del euro y en las variaciones de precios que se pudieran producir, pero desde cualquier punto de vista es indudable que muchas de las preocupaciones que habían sido
manifestadas por los gobiernos, por los grupos parlamentarios y por la sociedad en general, no se han traducido después en problemas reales. Recuerdo en este momento la preocupación que había por las unidades de población muy pequeñas que no
estuvieran bancarizadas, preocupación motivada por los problemas que pudiera haber de comprensión de precios y doble etiquetado, por el respeto al doble etiquetado por parte de los establecimientos públicos y por los problemas de transporte público
que pudieran producirse. Creo que en ese sentido la sociedad europea ha mostrado un grado de madurez y de compromiso con el proceso de integración del euro que debe servir para que los poderes públicos, y desde luego los gobiernos, se sientan
incentivados en llevar a cabo políticas de integración y de reforma económica en Europa.



El hecho de compartir una moneda con 300 millones de europeos refuerza el sentimiento europeo de todos los ciudadanos, tal y como afirma en el caso español el dato de que el 60 por ciento de la población se siente satisfecha por el cambio de
la peseta al euro. Este resultado coincide prácticamente con cifras idénticas en los otros países de Europa, lo que también indica que hay una opinión pública europea muy homogénea y que ratifica el proceso de integración en Europa. Por tanto, el
balance de la introducción del euro, el primer tema que se abordará en la Cumbre de Barcelona acompañado por un informe de la Comisión, es altamente positivo.



Desde un punto de vista logístico, me gustaría mencionar algunos datos que creo que pueden ser de su interés. En los dos meses de la doble circulación se han recogido 70 billones de pesetas, es decir, más de 42.000 millones de euros, lo que
representa el 90 por ciento de los billetes emitidos y más de un tercio de las monedas.Como acabo de decir, en el Consejo Europeo de Barcelona se va a presentar un informe sobre el proceso de introducción del euro, lo que permitirá que los Jefes de
Estado y de Gobierno evalúen el resultado de toda esta gran operación.



La representación exterior del euro a partir de la implantación física de esta moneda y la visibilidad de nuestra integración monetaria a nivel de los mercados financieros internacionales y del conjunto de la economía internacional va a
adquirir sin duda una importancia creciente. Eso permite, por un lado, aumentar claramente la visibilidad de la eurozona tanto en los foros financieros internacionales como en los organismos financieros multilaterales, y la Presidencia española del
eurogrupo va a asumir este nuevo papel de la moneda europea y va a asegurar que la representación exterior del euro pueda alcanzar toda su dimensión con algunas presentaciones concretas en mercados financieros, como es el caso de Nueva York, de
Londres o de mercados asiáticos.



El papel del euro en la economía mundial va a recibir una atención especial en el Ecofin informal que se celebrará en Oviedo -como saben sus señorías- los días 12 y 13 de abril, y en el seminario que sobre el papel internacional del euro va
a tener lugar también en Oviedo el domingo 14 de abril. La Presidencia del eurogrupo, junto al Banco Centra Europeo y la Comisión, como he dicho, tiene previsto realizar presentaciones del euro en distintos foros a lo largo del primer semestre del
año 2002. Creo que en ese sentido he manifestado ante sus señorías los elementos básicos, a expensas de que me planteen otras cuestiones, sobre la introducción de la moneda.



Por otro lado, en el Consejo Europeo de Barcelona tendrá lugar un análisis en un momento especialmente importante de la economía europea, si pasamos ya a referirnos a la situación económica.



En ese sentido la desaceleración económica que ha sufrido el conjunto de la economía mundial y las economías europeas parece haber tocado fondo, según los últimos datos que estamos recibiendo, incluso los que se han hecho públicos a lo largo
de las últimas horas, en Alemania, Francia y en España. Sin embargo persisten algunos elementos de incertidumbre sobre cuál va al ser la intensidad de la recuperación, y me gustaría hacer un breve repaso a la situación económica internacional y
española en ese sentido.



Durante el año 2001 la economía internacional ha venido marcada por una profunda y sincronizada desaceleración de la actividad en todas las grandes áreas, empezando por la desaceleración en Estados Unidos. En ese sentido, es bueno recordar
que el producto interior bruto mundial pasó de crecer a un ritmo del 4 y medio por ciento en el año 2000, a un crecimiento del 2 y medio por ciento en el año 2001, y de igual forma el comercio mundial, que crecía al 12 por ciento en el año 2000,
pasó prácticamente a tener un crecimiento cero en el año 2001. Yo creo que estas cifras nos indican claramente la intensidad de la desaceleración.



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Durante el cuarto trimestre del año pasado han empezado a apreciarse en varias economías síntomas de que la desaceleración había tocado fondo.
Especialmente significativos han sido los datos de crecimiento del producto interior bruto de la
economía norteamericana en el último trimestre, en que había crecido, según los datos estadísticos de ese país, a un ritmo equivalente a un 1,4 por ciento de crecimiento interanual, llevando el crecimiento de la economía norteamericana por encima
del uno por ciento en el conjunto del año.



En la propia economía norteamericana, como ha sido analizado por el Consejo Ecofin, y especialmente por el eurogrupo el pasado lunes por la noche en Bruselas, se aprecia que persisten desequilibrios y todavía algunos riesgos, pero también es
claro, por los últimos datos norteamericanos, que el crecimiento empieza a recuperarse. Según las previsiones de las autoridades económicas y monetarias norteamericanas, el crecimiento de la economía norteamericana debería acercarse a un
crecimiento en el entorno del 3 por ciento al finalizar el ejercicio del año 2002.



La economía de la zona euro ha mantenido crecimientos positivos en su conjunto a lo largo del año, si bien algunos de los países, principalmente los más grandes, han tenido crecimientos negativos o cero en el último trimestre, y en el caso
de alguna economía, como la alemana, han tenido crecimientos negativos a lo largo de varios trimestres. En ese sentido, Alemania ha tenido, y es importante mencionarlo, porque representa el 30 por ciento de la economía europea, un crecimiento
negativo durante tres trimestres consecutivos, y los datos de Francia son también negativos en el último trimestre, como son los de Italia, siendo el crecimiento cero en el caso de la economía del Reino Unido. Sin embargo, en todos ellos los datos
del mes de enero indican una recuperación, así como las expectativas de consumidores, de comercio al minorista y de empresas que se han puesto de manifiesto con diversos índices oficiales y académicos a lo largo de los últimos días.



La economía española también ha sufrido una fase de desaceleración, había crecido, según las estimaciones del Gobierno, en el entorno del 2,8 por ciento en el conjunto del año, con un crecimiento diferenciado claramente positivo con respecto
a la media europea. Me parece relevante mencionar que el crecimiento del empleo se sitúa también por encima de la media europea de creación de empleo. En términos de contabilidad nacional, el empleo aumentó el año pasado en 360.000 personas,
40.000 más de lo que teníamos previsto en el mes de julio, lo cual indicaría que la flexibilidad de nuestro mercado laboral y la capacidad de creación de empleo de nuestra economía en relación al crecimiento del producto se está intensificando.



A pesar de algunos indicadores, como el de producción industrial, continúan siendo negativos, aunque con una mejora, como conocen sus señorías por los últimos datos hechos públicos esta semana, hay otros extremos, como matriculaciones de
vehículos, consumo de cemento y consumo de energía eléctrica que nos muestran una actividad muy superior a lo que era normal para la economía española en otras etapas de ciclo bajo como la que acabamos de vivir.



De los datos de inflación de enero se desprende una reducción apreciable en el diferencial con la zona euro y con la eurozona y se confirma que una vez recuperada la economía mundial, la española volverá a recuperar una senda de crecimiento
en el entorno superior al potencial prácticamente sin desequilibrios.



En estas mismas semanas también hemos conocido el informe del Fondo Monetario Internacional sobre España, en el que ha destacado la buena situación de la economía española para afrontar la reciente crisis internacional y pronostica que
recuperará su ritmo de crecimiento a raíz de la recuperación de la economía mundial. Dicho informe reconoce que el potencial de la economía española para crecer y crear empleo, debido a las políticas de estabilidad macroeconómica y de reforma
estructural en los últimos años, ha sido sustancial.



La rápida respuesta de la política económica, unos sólidos fundamentos macroeconómicos y la cada vez mayor confianza y mejores expectativas de los agentes económicos suponen una base para la recuperación económica española. Quiero recordar
también a la Comisión que los últimos indicadores de opinión en España, tanto del comercio minorista como del comercio en general y de los consumidores, indicarían también que estamos en situaciones de expectativas mejores o iguales a la media
europea.



Desde el punto de vista de la Unión Europea, y con el reconocimiento de que el proceso comenzado en Maastricht en el año 1992 se ha saldado con un muy importante éxito, como lo manifiesta, en primer lugar, que ha habido doce países europeos
que forman parte del euro, y en segundo lugar la implantación de la moneda en las condiciones que acabo de describir, indicarían que los esfuerzos en Europa en el proceso de convergencia nominal y de creación de un espacio monetario europeo se han
saldado satisfactoriamente, pero aún queda un camino importante por recorrer, sobre todo en términos de crecimiento.



Permítame la Comisión recordar que en los últimos diez años sólo ha habido uno en el que Estados Unidos haya crecido por debajo del 3 por ciento, y en estos mismos diez años la Unión Europea sólo ha crecido uno por encima del 3 por ciento.
Por tanto, estamos en una situación inversa a la situación en Estados Unidos.



En opinión del Gobierno español y del conjunto de los Gobiernos europeos, la nueva frontera económica, el nuevo desafío económico de Europa supone incrementar el crecimiento potencial a medio y largo plazo para que esto nos permita alcanzar
el objetivo de pleno


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empleo en el año 2010, como está establecido en diversas cumbres.



En ese sentido, la Presidencia española considera que el principal reto es construir un mercado único, dinámico y competitivo basado en el desarrollo tecnológico y en la sociedad del conocimiento, y para ello el Consejo Europeo de Barcelona
debe centrar sus esfuerzos, por un lado, en dar una respuesta de una mayor coordinación de las políticas económicas de los países euro, y por otro, dar un impulso firme, creíble y medible a su vez a la reforma económica iniciada en Lisboa y que tuvo
avances en la Cumbre de Estocolmo. La misma voluntad política que ha superado los obstáculos para la creación del euro y que está claramente respaldada por los ciudadanos es la que debe presidir el proceso de reforma estructural en Europa. De
hecho, el programa de reformas estructurales planteado por la Presidencia española en el mes de enero ha sido respaldado unánimemente por el conjunto de los países de la Unión Europea en el último Ecofin del pasado martes y por la propia Comisión
Europea, a través de la adopción por parte del Ecofin del papel de objetivos económicos, que ya no es papel de la Presidencia el que va a Barcelona, sino que es un papel del Consejo.



Dicho documento, que ha sido -repito- respaldado por los quince países, presta especial atención a la necesidad de reforzar la coordinación de políticas económicas, consolidar los principios que garanticen el compromiso de los quince con el
equilibrio presupuestario y la consecución en el 2004 de los objetivos del pacto de estabilidad de estar en equilibrio, o cercanos al equilibrio, el conjunto de las políticas presupuestarias de los países, contribuir a su vez a mejorar la calidad y
sostenibilidad de las finanzas públicas a medio y largo plazo, y en otro orden, pero también como parte de la estrategia económica, impulsar con una estrategia de calendarios y objetivos medibles el proceso de reforma estructural.



Me voy a referir con más detalle a estos dos puntos, es decir, a la coordinación de la política económica y a las reformas estructurales.



También me gustaría analizar otros aspectos de gran importancia que van a estar presentes en las conclusiones de Barcelona, como el espíritu empresarial o el espíritu emprendedor, fomentar este espíritu en la Unión Europea, la economía de la
información y el conocimiento, el desarrollo sostenible y también cómo se encuentra en estos momentos el cumplimiento del mandato de la Cumbre de Laeken respecto a la viabilidad de un banco de desarrollo en el Mediterráneo.



Con respecto a la coordinación de la política económica, es indudable que una mayor integración e interdependencia en las economías europeas, especialmente en las economías euro, pone cada vez más de manifiesto la necesidad de reforzar la
cooperación de política económica. En ese sentido, en el Consejo de Barcelona van a analizarse cuestiones importantes.



Como sabe muy bien la Comisión, las grandes orientaciones de política económica que fija cada año el Consejo, a propuesta de la Comisión, deben ser, en opinión de la Presidencia española y ahora ya del Consejo Ecofin en su totalidad,
reforzadas, centrando una especial atención en la eurozona, es decir, teniendo una especial medición de lo que representan las grandes orientaciones de política económica para los países euro. En este sentido, la Presidencia española ha impulsado
que el documento de estas grandes orientaciones de política económica tenga una especial referencia en la zona euro, donde a todas luces existe una mayor necesidad de coordinación de políticas económicas, y sobre esta base se añadirán las cuestiones
referidas a los tres países que no forman parte del euro.



Se hace también necesario mejorar y armonizar las metodologías utilizadas para el diseño de las estadísticas en la eurozona y de los indicadores que permitan un mayor seguimiento, vigilancia y evaluación de las tendencias económicas en el
conjunto de los países euro.



En ese sentido, a través de ese análisis y ese seguimiento, se puede llevar una fijación sistemática y concreta de la policy mix de la zona euro que permita asegurar la consistencia de las políticas monetarias y fiscales con la situación
económica, es decir, la contribución de ambas a las políticas de crecimiento y empleo.



Por último, el Consejo Europeo de Barcelona también va a tener un objetivo, en este sentido de la coordinación de políticas económicas, en el reforzamiento de los mecanismos de coordinación de la política fiscal en la eurozona. Esta
coordinación debe basarse en el compromiso de estabilidad presupuestaria y en las reglas de comportamiento establecidas en el Pacto de estabilidad y crecimiento, del que acabo de destacar, y vuelvo a hacerlo, el objetivo de que en el año 2004 todos
los países euro se encuentren en una situación de equilibrio presupuestario -o en una situación cercana al equilibrio- que la Comisión ha fijado en un déficit que no puede superar el 0,5 por ciento del producto interior bruto y, en todo caso,
mantener las políticas que no superen, independientemente del ciclo económico, el límite del 3 por ciento de déficit público en cualquier situación del ciclo.



También, y adicionalmente, cada vez hay una mayor intención de prestar la máxima atención a cuestiones relacionadas con la calidad y la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio y largo plazo.
Precisamente en los dos primeros meses
del año se ha procedido al ejercicio anual de la revisión de los programas de estabilidad y convergencia de los Estados miembros, tanto de los países euro como de los otros tres países, y los acontecimientos han puesto de manifiesto, una vez más, el
éxito de esta coordinación, incluso en situaciones relativamente difíciles para las economías, como es el


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caso de la economía alemana, con tres trimestres de crecimiento negativo, como he recordado a la Comisión.



En ese sentido, la Comisión Europea ha puesto en marcha, por primera vez, el procedimiento del artículo 99, el procedimiento de alerta rápida, para el caso de dos economías, la economía portuguesa y la economía alemana, que dio lugar a un
intenso debate en el seno del eurogrupo primero, y del Ecofin después, al objeto de que los dos gobiernos pudieran responder a ese procedimiento de alerta rápida y garantizar, desde el punto de vista de la política presupuestaria, el cumplimiento,
por un lado, de los objetivos de sus programas de estabilidad, para lo cual se han comprometido fehacientemente a que no utilizarán ningún margen que dé lugar, como consecuencia del funcionamiento de los estabilizadores automáticos por una mejora
del ciclo, a aumentar el gasto público, sino que dedicarán los excedentes que se produzcan como consecuencia de un cambio de escenario a la reducción del déficit presupuestario; que no llevarán a cabo políticas de aumento del gasto por encima de lo
ya establecido en sus programas de estabilidad, y ambos se comprometen a cumplir el objetivo de encontrarse cercanos al equilibrio en sus finanzas públicas en el horizonte del año 2004 y, en el caso alemán, a levar a cabo los acuerdos políticos
internos con las administraciones territoriales que permitan el cumplimiento de estos acuerdos.



Creo que en ese sentido, como la propia Comisión ha reconocido, las preocupaciones que se manifestaban desde el punto de vista de la Comisión, compartidas por el Consejo, en la aplicación del artículo 99 y del procedimiento de alerta rápida,
se han visto satisfechas en las declaraciones específicas y concretas de Portugal y de Alemania, y la propia Comisión ha reconocido que su objetivo en la utilización del artículo 99 se había cumplido con la respuesta del Consejo al establecerse esos
compromisos concretos de los países a los que acabo de hacer mención.



Paso ahora, señor Presidente, a referirme a las reformas estructurales.



El Consejo Europeo de Barcelona va a prestar especial atención a medidas de liberalización, apertura, integración y aumento de la competencia de mercados de bienes y servicios en los que es fundamental garantizar la flexibilidad del sistema
productivo que permita asignar los recursos a las actividades más eficientes y más rentables, elevando así la capacidad de producción y, a través de ello, la renta y el bienestar de los ciudadanos. Por lo tanto, el establecimiento de una ambiciosa
agenda para impulsar la reforma económica es el objetivo prioritario de la Presidencia española, que se ha visto claramente respaldado por la adopción de objetivos por el conjunto de los países europeos.



Esta reforma económica es esencial para dotar a la Unión Europea de una mayor capacidad para aprovechar las oportunidades de la globalización y, sin duda, la introducción del euro, para hacer frente a los shocks externos que se puedan
producir, como los que hemos vivido en el año 2000 con el precio del petróleo o en el año 2001 con la desaceleración del comercio mundial, y favorecer en todo caso la creación de sinergias entre las economías y la mejor asignación de los recursos.



En este proceso de reformas estructurales, en Barcelona se van a abordar, primero, la reforma de las industrias de red. La Presidencia española pretende impulsar definitivamente la creación de un mercado único de los transportes y de la
energía mediante una doble estrategia basada en el impulso de las interconexiones transeuropeas y la liberalización efectiva de los servicios, combatiendo la asimetría existente en las condiciones de apertura de los diversos Estados miembros.



El Consejo de Barcelona debe marcar el comienzo de la creación de un verdadero mercado integrado de energía. Ello requiere la adopción de ambiciosos calendarios para la igualdad de los sectores del gas y electricidad que favorezcan la libre
elección de suministrador por parte de los consumidores. En el documento aprobado por el Ecofin sólo hay un punto abierto, que es el relativo a la posibilidad de que la liberalización alcance no sólo a las empresas, para lo cual ya hay un consenso
unánime y que representaría aproximadamente el 60 por ciento del mercado energético europeo, sino también al conjunto de los consumidores, no sólo empresariales, sino domésticos, para lo cual no existe todavía una posición unánime.



En ese sentido, creo que la experiencia de los países que más han avanzado en los calendarios de liberalización y los efectos que eso ha tenido sobre el coste para los consumidores, con mantenimientos e incrementos de la calidad y la
seguridad del servicio, es un buen indicador de la necesidad de avanzar en esa dirección.



La liberalización, por sí misma, no va a traer exclusivamente los beneficios si no se contemplan también objetivos cuantificados de interconexiones entre las redes de los Estados miembros. Ello requiere la puesta en práctica de las medidas
contenidas en el paquete legislativo que aprobó la Comisión el pasado 21 de diciembre incluyendo las propuestas para el desarrollo de proyectos de infraestructuras y cambios de sistemas de financiación de las redes transeuropeas de energía.



Indudablemente también es necesario garantizar un acceso transparente e igualitario a las redes e infraestructuras, para asegurar la libre entrada y salida de los operadores en cada uno de los mercados nacionales.



Quiero subrayar que el hecho de que en Barcelona ya tengamos un consenso en el que se especifican objetivos medibles y también calendarios, es un cambio sustancial de las posiciones políticas mantenidas por los países hace tan sólo un año.



En el campo del transporte, señor Presidente, además del impulso a las infraestructuras y redes transeuropeas, hay dos objetivos claros en Barcelona: uno es alcanzar un acuerdo sobre el marco legal necesario para


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conseguir la creación del cielo único para el transporte aéreo antes del 2004 y, otro, realizar progresos en el segundo paquete ferroviario al objeto de introducir competencia en la prestación de servicios y en el transporte de mercancías
por ferrocarril.



También me referiré al segundo aspecto del programa de liberalización después de las industrias de red, que es el que se refiere a los mercados de capitales y servicios financieros. En ese sentido, la culminación del proceso de integración
del sistema financiero europeo es considerada como un desafío básico dentro del objetivo general de la Presidencia. Los esfuerzos en este terreno se concentran en el logro de un mercado de valores plenamente integrado en toda Europa en el año 2003,
la aplicación del resto de medidas del Plan de Acción de Servicios Financieros antes del 2005, y la consecución, a su vez, de los objetivo del Plan de Acción de Capital Riesgo. Estas, sin duda, señorías, son ambiciosas metas que no pueden
alcanzarse sin la existencia de un procedimiento legislativo más ágil y flexible siguiendo las recomendaciones del grupo de sabios, creado bajo presidencia francesa, que elaboró el llamado Informe Lamfalussy. En este sentido, quiero destacar el
esfuerzo de cooperación y compromiso mostrado por el Parlamento Europeo, para el cual la acción de los parlamentarios europeos españoles ha sido imprescindible en el acuerdo entre el Parlamento y la Comisión, con el decidido impulso de la
Presidencia española. De esta manera las instituciones comunitarias han reiterado una vez más su apoyo a un proceso esencial de integración económica, como es el de los mercados financieros.



Las primeras directivas que la Presidencia Española tratará de promover y que se beneficiarán del nuevo marco legislativo, más ágil siguiendo el procedimiento Lamfalussy, son aquellas sobre las que ya existe un acuerdo político y que se
consiguió bajo Presidencia belga, que son la directiva de abuso de mercados, que es esencial para garantizar las normas de conducta a las que se deben someter las empresas de servicios de inversión, que garanticen a su vez la protección de los
inversores, y la directiva sobre garantías financieras, que está en estos momentos ya en el Parlamento. Y a estas dos directivas hay que añadir el reglamento sobre normas internacionales de contabilidad, sobre las que ya existe un acuerdo político,
y que va a crear un marco común europeo sobre contabilidad, incrementando la transparencia y la comparabilidad de las informaciones financieras.



Igualmente en Barcelona se va a prestar atención a otras directivas sobre las que esperamos llegar a acuerdos políticos bajo la Presidencia española: la directiva sobre folletos, que tiene por objetivo la armonización de las obligaciones de
transparencia de los emisores; los problemas pendientes en relación con el ámbito de aplicación de la directiva y las autoridades competentes deben ser solucionados bajo nuestra Presidencia. La directiva de conglomerados financieros va a permitir
una regulación prudencial a nivel europeo. Y este es un claro ejemplo de cómo reducir el riesgo sistémico a través de una mayor cooperación, tal y como se establece en el llamado Informe Brouer. Y, a su vez, la directiva sobre fondos de pensiones,
que es esencial para garantizar un adecuado equilibrio entre la seguridad de los inversores y la libertad para permitir una adecuada diversificación en la cartera de estos fondos de inversiones.



Y paso ahora, señor Presidente, señorías, a referirme al tercer aspecto de la propuesta del documento del Consejo Ecofin a la Cumbre de Barcelona, que se refiere a la reforma del mercado laboral. La reforma del mercado de trabajo es otra de
las prioridades del Consejo Europeo de Barcelona.
El objetivo fundamental debe ser la modernización del mercado europeo para alcanzar el objetivo de pleno empleo en el año 2010 que estableció, en otros, el Consejo Europeo de Lisboa. En este
sentido, el único medio para asegurar la prosperidad y la solidaridad en Europa y mantener la competitividad de nuestras empresas es, sin duda, obtener un mercado laboral que responda a estas necesidades. La capacidad de creación de empleo en las
economías europeas ha mejorado significativamente en los últimos años. El crecimiento económico en la segunda mitad de los noventa, el progreso en algunos aspectos de funcionamiento del mercado de trabajo, y la coordinación entre las políticas
económicas y sociales han resultado claves para este cambio en el mercado laboral europeo. En concreto, hemos de reconocer que se han producido avances en políticas activas del mercado de trabajo, centrándose en colectivos con difícil acceso al
mismo, y también se han producido reducciones en la carga fiscal del trabajo que eliminan los desincentivos al empleo.



Sin embargo, los gobiernos entienden que los esfuerzos deben continuar concentrándose en medidas para mejorar la oferta de trabajo. El Consejo Europeo de Barcelona va a ofrecer una visión y una gran oportunidad para revisar el proceso de
Luxemburgo, que es el que se centra en la consecución de empleo en Europa y que debe realizarse bajo Presidencia española y Presidencia danesa a lo largo del año 2002. En este sentido, la revisión del proceso de creación de empleo en Europa,
especialmente en lo que se refiere a la oferta de trabajo, va a girar en torno a las siguientes áreas: por un lado, mejorar los sistemas de incentivos para incrementar la demanda de trabajo, promoviendo la actividad de búsqueda de trabajo por parte
de desempleados a través de políticas que hagan que el trabajo sea rentable para el trabajador. Igualmente deben adoptarse incentivos para aquellos que optan por una jubilación más tardía; eliminar los desincentivos a la participación de la fuerza
de trabajo femenina; mejorar la legislación laboral para reducir los costes implícitos en la contratación y favorecer una mayor demanda de trabajo; mejorar el


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sistema de fijación de salarios con el objeto de que éstos se aproximen a la realidad de los mercados, a la realidad geográfica y a la productividad, y alcanzar un mayor ajuste entre la oferta y la demanda de trabajo, aumentando los
elementos que fomentan la movilidad geográfica.
Todas estas cuestiones, como he dicho antes, se contienen en el papel de objetivos básicos, que ya tiene el consenso de los quince países.



También el Consejo de Barcelona, y como consecuencia de los acuerdos del Consejo de Pequeña y Mediana Empresa celebrados bajo Presidencia española en Aranjuez, se va a dedicar a la mejora del entorno en la creación de empresas y, sobre todo,
a la mejora del entorno para el fomento del espíritu emprendedor. Para ello se deberán reducir las barreras administrativas a la creación de nuevas empresas y será necesario impulsar una Carta Europea de Pequeñas y Medianas Empresas que mejore la
fiscalidad de las mismas. Como he dicho, en la reunión informal de ministros europeos de pequeñas y medianas empresas bajo Presidencia española en Aranjuez, se ha observado un claro consenso de todos los países en cuanto a que la Cumbre de
Barcelona debe servir para renovar y reforzar el compromiso de la Carta Europea de la Pequeña y Mediana Empresa, la Carta de Feira, y reforzar la idea de conseguir un entorno favorable y mejor adaptado a la realidad de las PYMEs a través de dos
vías: por un lado, la reducción de plazos y costes administrativos y, por otro, la aplicación del principio de pensar primero a pequeña escala. Al mismo tiempo, necesitamos un mercado en el que exista una verdadera competencia efectiva que
refuerce la eficiencia económica y la competitividad de las empresas. De ahí que sea importante aumentar la capacidad de las autoridades de defensa de la competencia para hacer frente a los cambios en la estructura económica que se deriven de un
contexto de mercados cada vez más globalizados.



En ese sentido, la reducción de las ayudas de Estado es esencial para garantizar la competencia efectiva, por lo que existe un compromiso en el documento del Ecofin para que todos los Estados miembros reduzcan las ayudas como porcentaje del
producto interior bruto en el año 2003, especialmente aquellas que producen distorsiones en la asignación de recursos, es decir, en la competencia, dedicando estas ayudas de Estado de manera más horizontal y dirigidas a aquellas áreas en donde se
producen distorsiones en el funcionamiento del mercado.



También se menciona en el documento del Ecofin la necesidad de dotar a la economía europea de sólidas normas de buen gobierno de las empresas, que favorezcan la transparencia, la confianza y la seguridad en la gestión empresarial por parte
de todos los agentes económicos.



Por último, señor Presidente, hay que destacar la importancia de la aplicación de las directivas comunitarias, tal y como acordó el Consejo Europeo de Estocolmo. En este sentido me gustaría recordar que nuestro país es uno de los cinco que
cumple el objetivo que se fijó en Estocolmo de trasponer al menos el 98,5 por ciento de las directivas comunitarias.



Quiero mencionar ahora, señor Presidente, algunas cuestiones que forman parte también de la Cumbre de Barcelona relacionadas con la economía de la información y con la sociedad del conocimiento.



En este sentido, el documento del Ecofin insiste en que es preciso incrementar los esfuerzos en la mejora cuantitativa y cualitativa de la investigación y desarrollo a nivel europeo, donde debe jugar un papel importante el VI Programa Marco
para la Investigación y Desarrollo europeo que va a aprobarse en los próximos meses.



En este ámbito, hemos de ser conscientes del también importante papel que debe jugar no sólo el sector público sino también el privado como impulsor de la innovación. Para ello, una de las iniciativas más importantes es la consecución de un
mercado integrado de capital-riesgo en Europa que permita la financiación de nuevas operaciones de emprendedores relacionadas con la investigación y el desarrollo y con un ámbito temporal del año 2003. En el ámbito de la economía de la información
y del conocimiento, el Consejo Europeo de Barcelona va a tener ocasión de evaluar los progresos realizados en la implantación del Plan E-Europa 2002.



Señor Presidente, señorías, paso a continuación a referirme a la estrategia de desarrollo sostenible. También en el Consejo Europeo de Barcelona, como ya fue objeto en el Consejo Europeo de Estocolmo que fue donde se introdujo este nuevo
pilar de la reforma económica, se reafirmará el compromiso de los ciudadanos europeos y de los gobiernos en las posibilidades de crecimiento económico en estos momentos compatible con las situaciones de medio ambiente en todos estos países.



En consecuencia, las cuestiones económicas, sociales y medioambientales deben ser tenidas en cuenta en conjunto en el diseño y en la coordinación y aplicación de las políticas económicas de los Estados miembros respondiendo al marco de la
Estrategia europea de desarrollo sostenible.



Al respecto, quisiera recordar que, según lo acordado en la propia Asamblea de la ONU en Río en el año 1997, el Consejo Europeo de Gottemburgo aprobó esa estrategia de desarrollo sostenible de la Unión Europea que añadía una tercera
dimensión medioambiental al proceso de reforma económica y social que se había iniciado en Lisboa.



Siguiendo estas conclusiones, el Consejo en Gottemburgo tomó nota de la necesidad de trazar un mapa de carácter anual con las medidas a tomar en el campo medioambiental de la Estrategia de desarrollo sostenible a tener en cuenta por la
Presidencia del Consejo en colaboración con la Comisión.



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En el Consejo último de la Presidencia belga, en Laeken, se dio la bienvenida a la adopción de indicadores medioambientales para el seguimiento de la puesta en práctica de la Estrategia de desarrollo sostenible, a la vez que el propio
Consejo mostraba su satisfacción por el progreso alcanzado en cuanto a la ratificación del Protocolo de Kioto, que se ha producido, como ustedes saben, definitivamente a nivel del Consejo el pasado martes. En ese sentido, utilizando los indicadores
medioambientales a los que he hecho referencia, el 17 de enero de este mismo año se ha presentado el primer informe de síntesis y desarrollo sostenible.



Por lo que se refiere al Ecofin, en su reunión del pasado martes se discutió un informe sobre el desarrollo sostenible que había sido preparado por el Comité de Política Económica, y finalmente el Consejo Europeo de Barcelona, así como los
sucesivos Consejos de primavera de cada año, continuarán garantizando la combinación de políticas de reforma económica, de reforma social y de desarrollo sostenible.



Las conclusiones de Barcelona, junto con la comunicación que la Comisión debe remitir al Consejo que finaliza la Presidencia española en Sevilla los días 25 y 26 de junio de este año, debe preparar la posición de la Unión Europea con
respecto a la Cumbre sobre el desarrollo sostenible que va a tener lugar en septiembre de este mismo año en Johanesburgo.



Paralelamente y en consonancia con la invitación del Consejo de Gottemburgo a los Estados miembros a elaborar sus propias estrategias nacionales de desarrollo sostenible, como la Comisión conoce, se ha elaborado el proyecto de Estrategia
española, y en estos momentos la OCDE, la Unión Europea y gran parte de los países comunitarios también han adoptado sus propias estrategias nacionales.



En su primera etapa preparatoria para esta Estrategia española de desarrollo sostenible han participado más de un centenar de personas de 12 ministerios, así como expertos en las cuestiones objeto del estudio, y tras la presentación el
pasado mes de diciembre del proyecto como documento de consulta, se abrió la segunda fase prevista de debate institucional y de consulta pública dirigida a Administraciones Territoriales, al Consejo Económico y Social y al público en general a
través de la web.



Tras valorar las aportaciones recibidas y su posible incorporación al texto, y una vez cerrada la versión final, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos va a plantear su aprobación definitiva al Consejo de Ministros.



En el caso español se trata de un documento de Estrategia a 25 años, cuyos principios se inspiran en aquellos reconocidos a escala comunitaria e internacional y que pretende articularse sobre el mayor grado posible de consenso. Esta
Estrategia de desarrollo sostenible en España tiene por objeto realizar un primer diagnóstico de sostenibilidad de la situación actual y de las tendencias para poder identificar nuestros principales desafíos. A partir de ahí, se trata de establecer
las bases para un desarrollo sostenible, gestión responsable de los recursos naturales y finalmente determinar los instrumentos, medidas políticas y mecanismos técnicos de participación y cooperación.



En este sentido, se han establecido más de 150 medidas en siete áreas clave de acción que recogen las prioridades comunitarias adaptadas a las especificidades españolas. En primer lugar, crecimiento económico, empleo y competitividad. Esta
área constituye una vertiente fundamental del desarrollo sostenible en España. En segundo lugar, gestión de recursos naturales y conservación de la biodiversidad. En tercer lugar, formación, investigación, innovación tecnológica. En cuarto lugar,
cohesión social y territorial. En quinto lugar, lucha contra el cambio climático y la contaminación atmosférica. En sexto lugar, turismo sostenible y en séptimo lugar gestión y reducción de residuos.



El documento de consulta presenta una batería de indicadores de sostenibilidad sobre los trabajos que se están realizando tanto en la OCDE como en la Unión Europea, y también se contempla la posibilidad de crear un observatorio de la
sostenibilidad para seguir la aplicación de nuestra estrategia.



Los avances nacionales e internacionales que se están produciendo en el debate sobre el desarrollo sostenible deben permitirnos lograr un claro equilibrio en las tres dimensiones de desarrollo económico, social y medioambiental y así cumplir
con la obligación frente a otras generaciones sobre la utilización de los recursos en estos ámbitos.



Señor Presidente, me gustaría también hacer alguna referencia a cuestiones fiscales. En materia de fiscalidad directa, las prioridades de la Presidencia española son las siguientes: en primer lugar, cumplir con los objetivos establecidos
en el calendario que el mismo Consejo Ecofin adoptó en julio bajo la Presidencia belga para conseguir que antes de que finalice el año 2002 se apruebe el llamado paquete fiscal; el paquete fiscal comprende dos propuestas de directiva, una sobre
fiscalidad del ahorro de los no residentes y otra sobre los pagos de intereses y cánones entre empresas asociadas; también incluye el cumplimiento del llamado código de conducta sobre la fiscalidad de las empresas para evitar situaciones de
competencia desleal fiscal, y el compromiso político que asumieron todos los gobiernos para desmantelar o modificar los regímenes fiscales en el ámbito empresarial evaluados como perniciosos, que en el caso español son prácticamente inexistentes.



Durante la Presidencia española deben lograrse compromisos con terceros Estados, como es el caso de Estados Unidos, Suiza, San Marino, Andorra, Mónaco y Lienchestein para la aplicación, antes de 2004 inclusive, de medidas equivalentes en sus
territorios respecto a la que propone la Directiva fiscalidad del ahorro,


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por las personas físicas residentes en la Unión Europea. A estos efectos, la Directiva prevé dos opciones: el intercambio automático de información o el establecimiento de una retención en la fuente. La Comisión Europea, junto con la
Presidencia, ya ha establecido los primeros contactos con estos países.



A su vez, los Países Bajos y el Reino Unido acaban de informar en el último almuerzo del Ecofin del compromiso de los territorios dependientes o asociados con ellos para la aplicación del sistema de intercambio de información; estos
territorios son, según la lista del Consejo de Feira, las dependencias en el Caribe y en las islas del Canal, así como la isla de Mann.



Finalmente, debían completarse los flecos de naturaleza técnica de la Directiva del ahorro, principalmente el formato en el que los Estados miembros deberán intercambiarse información. Este objetivo ha sido aprobado en el último Ecofin del
5 de marzo, es decir, el martes pasado.



Bajo la Presidencia española se va a acometer la puesta en práctica del intercambio de información entre Estados miembros en materia de pensiones y la mejora de la coordinación entre los sistemas de tributación sobre pensiones vigentes en la
Unión Europea.



Esto respecto a la fiscalidad directa. Respecto a la fiscalidad indirecta, debemos distinguir dos ámbitos: el Impuesto sobre el Valor Añadido y los Impuestos Especiales.



En materia de valor añadido, el Consejo Ecofin de febrero aprobó la Directiva sobre el Comercio Electrónico -es un hecho también importante en el que había divergencias entre varios países miembros- que acaba con la desventaja competitiva de
los prestadores comunitarios de los servicios prestados a través de medios electrónicos, principalmente Internet; simplifica el cumplimiento de las obligaciones tributarias y promueve claramente así el uso de nuevas tecnologías en el comercio.



Se va a iniciar el examen de la propuesta de modificación de la VI Directiva del Impuesto sobre el Valor Añadido respecto al régimen especial de agencias de viajes.



El segundo pilar de la fiscalidad indirecta trata de la armonización de los impuestos especiales. El primero es la aprobación formal en el Consejo Ecofin de febrero de la Directiva sobre Fiscalidad de las labores del tabaco, pendiente de su
dictamen por el Parlamento Europeo. Esta directiva, cuyo objetivo primordial es reducir el fraude que se origina en la Unión Europea por las excesivas diferencias de tributación sobre las labores del tabaco, creo que ha salvaguardado bien los
intereses españoles. Así, en la medida en que los precios de venta al público evolucionen en términos similares a como lo han hecho en el pasado, el nuevo nivel mínimo establecido en euros para los cigarrillos va a ser cómodamente cumplido por
España, ya que el componente principal de nuestra tributación es, como sabe la Comisión, un porcentaje sobre el precio de venta al público.



Otro ámbito donde se ha progresado es el relativo a la propuesta de directiva sobre fiscalidad de la energía. Como una muestra de responsabilidad, España ha aceptado comenzar a negociar una nueva armonización de la fiscalidad de la energía
que incorpore todas las fuentes energéticas, en paralelo con un proceso de liberalización del mercado energético europeo que garantice la verdadera existencia de un mercado integrado de la energía.



En ese contexto, en relación con los biocarburantes, hemos iniciado el examen de la propuesta de directiva fiscal de la Comisión, y España va a presentar en breve una propuesta de compromiso para intentar superar las objeciones planteadas
por algunos países, pues es claro que el objetivo es alcanzar un acuerdo político sobre la fiscalidad en los biocarburantes en este semestre. Para nosotros una de las prioridades es mejorar claramente, también en el ámbito tributario, la asistencia
mutua y cooperación administrativa entre los Estados miembros, y en ese sentido ha habido varias iniciativas españolas que abogan por incrementar este tipo de cooperación. Por eso hemos presentado en el último Ecofin, el pasado martes, un documento
que expresa la necesidad de proseguir en el camino del intercambio de información y de colaboración de las autoridades tributarias europeas, y esperamos que pueda elevarse definitivamente como informe al Consejo de Sevilla.



Paso ahora, señor Presidente, señorías, a mencionar otra cuestión esencial bajo la Presidencia española -no ya de la Cumbre de Barcelona, a la que me he referido al principio, y después he pasado, como han podido comprobar, a temas fiscales
que forman parte también de los objetivos de la Presidencia española-, que es la relacionada con la lucha contra la financiación del terrorismo. La lucha contra el terrorismo constituye una de las principales, si no la principal prioridad de la
Presidencia española. Una de las vertientes de esta lucha es prevenir e impedir la provisión de fondos y servicios financieros para usos terroristas. En el contexto de los mercados financieros integrados y de libertad de movimiento de capitales,
las acciones emprendidas para mejorar la transparencia y la regulación de actividades deben consensuarse no sólo a nivel europeo, sino a nivel mundial, y así, el grupo de acción financiera internacional contra el blanqueo de capitales, el llamado
GAFI, presidido por España hasta el año pasado, ha ampliado su mandato no sólo a la lucha contra las actividades ilegales a nivel financiero, sino especialmente a la lucha contra la financiación del terrorismo. En adelante, este grupo centrará sus
esfuerzos y la capacidad de sus expertos en colaborar a nivel internacional contra la financiación del terrorismo, y en ese sentido ha aprobado un paquete de ocho recomendaciones especiales sobre las medidas que deben implantarse en este ámbito.



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Una parte de estas medidas, concretamente tres, se dirigen especialmente al sector financiero. Por un lado, a asegurar que las entidades financieras comuniquen cualquier operación sobre la que exista sospecha o indicio de conexión con
acción o grupo terrorista; en segundo lugar, incrementar el control y la regulación sobre las entidades de envío o transmisión de fondos; en tercer lugar, obligar a las instituciones financieras a incluir la identificación del ordenante en las
transferencias que realicen a través de canales automáticos, evitando situaciones en las que no sea posible identificar el verdadero ordenante de las transferencias. En definitiva, es esencial ayudar a las entidades de crédito y al sistema
financiero en general a la detección y prevención de la financiación del terrorismo.



En junio del año 2002 el GAFI iniciará un proceso de identificación de aquellos Estados, territorios o jurisdicciones que carezcan de medidas apropiadas para combatir la financiación del terrorismo; este proceso incluirá la posibilidad de
aplicar contramedidas contra los Estados que no se opongan decididamente a la utilización de sus sistemas financieros por organizaciones o bandas terroristas. En este punto, existe ya un amplio consenso sobre la necesidad de actuar coordinadamente
para impedir que el terrorismo internacional se aproveche de los diversos stándares regulatorios, y puede decirse que los esfuerzos de la comunidad financiera internacional van a ser claramente positivos si son globales.



Quisiera además hacer una mención al importante esfuerzo que estamos realizando a nivel español, no sólo en el ámbito multilateral, sino también en el bilateral, en relación con la lucha contra la financiación del terrorismo. En ese
sentido, como Ministro de Economía español y como Presidente del Consejo, me he dirigido al Secretario del Tesoro norteamericano y al Subsecretario, señores O'Neill y Taylor, solicitándoles entre otros aspectos la inclusión de los veintiún
terroristas recogidos en la lista europea en la lista americana de terroristas, y fruto de esta estrecha cooperación entre Europa y Estados Unidos, y en concreto entre los departamentos españoles y norteamericanos, Estados Unidos ha anunciado en los
últimos días que incluye veintiún miembros de la banda terrorista ETA en su lista de terroristas globales especialmente designados, lo que no sólo evitará que estos terroristas utilicen el sistema financiero norteamericano, sino que además introduce
la posibilidad de sanciones para los bancos o entidades financieras extranjeros, no sólo norteamericanos, que faciliten servicios a estos terroristas.



En el ámbito europeo y en el ámbito del Ecofin se está impulsando la adopción concertada de estas medidas en el seno de la Unión Europea. Por un lado, la Presidencia española está impulsando la adopción de un marco jurídico que permita el
bloqueo instantáneo de todas las cuentas de las personas incluidas en la lista europea, y esto exige algunas soluciones de técnica jurídica en el ámbito comunitario. En el ámbito de los grupos de trabajo del Consejo y de la Comisión, se ha
acordado, a propuesta nuestra, que la Comisión Europea presente un marco regulatorio común para los revisores de fondos y casas de cambio que operen en el territorio de la Unión Europea. En nuestra opinión se trata de un sector que presenta, hoy
por hoy, claros riesgos desde el punto de vista de la prevención del blanqueo de capitales, y por tanto de la financiación del terrorismo, dada la utilización de divisas y medios de pago en efectivo.



A diferencia de otros países europeos, en España esta actividad está sujeta a la autorización administrativa, por lo que parece aconsejable extender esta previsión de autorización administrativa a todo el ámbito de la Unión Europea. Además,
en opinión de España, se debe mejorar la transparencia en el uso de formas societarias para propósitos ilegales, y en ese sentido las complejas redes empleadas por grupos y organizaciones terroristas están con frecuencia, como hemos podido
comprobar, basadas en el uso de formas societarias que tienen una apariencia legítima de los reales beneficiarios, que en muchos casos son desconocidos.



La reglamentación de los diferentes Estados miembros sobre la constitución y funcionamiento de sociedades, fundaciones, organizaciones sin ánimo de lucro, en algunos casos es empleada por terroristas, como se ha declarado ante el propio
GAFI, para ocultar una parte sustancial de sus activos. La falta de armonización en relación con la transparencia de estas formas societarias entre los diversos países de la Unión Europea es una clara e importante ventaja para el crimen organizado
y para las organizaciones terroristas, lo que está en la base de las ineficiencias que hemos podido constatar en la prevención de la criminalidad financiera denunciadas por toda la opinión pública europea.



En ese sentido, la Comisión Europea ha avanzado sustancialmente en esta línea con la publicación del estudio Transparencia y blanqueo de capitales, en el cual se han obtenido conclusiones relevantes relativas a posibles carencias en las
normativas de los Estados miembros. Desde la Presidencia española se está instando a la Comisión a adoptar acciones y propuestas para impulsar la adopción de recomendaciones del informe. No podemos entender ésta como una tarea a corto plazo, pero
es claro que hay que acometerla sin dilación. La Comisión Europea, en nuestra opinión, debe elaborar las propuestas necesarias que contribuyan a asegurar la máxima transparencia dentro de las figuras o instrumentos societarios que operan en los
distintos ordenamientos jurídicos de la Unión Europea.



Por último, una cuestión de especial relevancia es la mejora del intercambio de información sobre inteligencia financiera. El Consejo de Ecofin de octubre de 2001 animó a los Estados miembros a desarrollar un sistema que condujera a mejores
resultados en el intercambio de información financiera entre las unidades de inteligencia


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financiera de cada uno de los gobiernos. El proyecto reviste un indudable interés para España, en la medida en que parte de la información susceptible de intercambio se refiere o puede referirse a operaciones sospechosas de financiación del
terrorismo. En nuestra Presidencia se ha conseguido que la Comisión Europea aporte la financiación completa del proyecto, que se cifra en unos diez millones de euros en cinco años. La propia Presidencia española está trabajando igualmente en
remover los obstáculos jurídicos que presenta cada ordenamiento jurídico de los Estados miembros para el intercambio de información sensible. Hay varias reuniones proyectadas con los jefes de las unidades de inteligencia para superar obstáculos a
la plena construcción de una red de intercambios de información sensible, que esperamos que esté lista al final de nuestra Presidencia.



Se ha planteado también en mi comparecencia, señor Presidente, que hiciera referencia a la política de cohesión en la Unión Europea.



Como saben sus señorías, cuando nos referimos a la futura política de cohesión de la Unión Europea estamos hablando de la que se aplique a partir del año 2007, cuando finalicen las perspectivas financieras, y en ese contexto probablemente se
habrán producido también las nuevas incorporaciones de algunos Estados miembros, que en estos momentos son países candidatos. Como también conocen sus señorías, a finales del año 2006 la política de cohesión que se aplicará en los actuales Quince y
en los nuevos Estados que entonces estén adheridos será aquélla cuyos parámetros básicos fueron acordados en la Cumbre de Berlín de 1999, y que es la que se desarrolla en estos momentos.



En el caso de España, ya se están aplicando los recursos estructurales que le corresponden para el período 2002-2006. Ello significa que hasta el año 2007 ya están totalmente definidas las diferentes cuestiones respecto de cómo se
beneficiará nuestro país de dichos recursos; por tanto, no existe ninguna incertidumbre al respecto. Tampoco la hay sobre la política regional a aplicar en los países que se adhieran: éstos participarán del acervo comunitario y los recursos de
que se beneficien no podrán superar los previstos en las perspectivas financieras de Berlín.



La definición y regulación de la política de cohesión para el nuevo período de perspectivas financieras que empieza a partir de 2007 se tendrá que establecer, en su momento, en el Consejo en el que se aprueben los presupuestos a partir de
entonces. A pesar de que el proceso de negociación formal a nivel del Consejo no se va a iniciar hasta 2004, la política de cohesión en una Unión ampliada a partir de 2006 ya es objeto de interés por parte de diversas instancias comunitarias y,
desde luego, entre la opinión pública europea.



El primer pistoletazo de salida -si me permiten la expresión- lo ha dado la Comisión con la presentación, durante el pasado mes de enero, de su segundo informe sobre la cohesión económica y social. En dicho informe, y entre otros muchos
aspectos, se planteaban una serie de reflexiones y orientaciones en relación con el futuro de la política de cohesión después de 2007 que han sido objeto de debate y estudio en diferentes foros e instancias comunitarias. Sobre este informe se han
producido reacciones por parte de distintos Gobiernos, que en algunos casos se han concretado en diversos memorándum, como los presentados por España, Portugal e Italia, o en documentos de trabajo, como los efectuados por Holanda y Alemania.



Las reflexiones y orientaciones recogidas en este segundo informe de la Comisión sobre la cohesión pueden ser consideradas positivas desde el punto de vista español, tanto desde la perspectiva de mantener la política regional y de cohesión
como un pilar básico de la construcción comunitaria, como desde la perspectiva de los intereses españoles en cuestión. Se trata todavía de reflexiones muy genéricas y de carácter poco preciso en muchos extremos, por lo que, indudablemente, al final
lo importante será la concreción. Estas reflexiones se centran fundamentalmente en las prioridades territoriales y horizontales en que se debe concentrar la política de cohesión, según el documento.



Por lo que se refiere al tipo de regiones cuya problemática debe seguir siendo atendida por los fondos estructurales europeos, se apuntan las siguientes orientaciones. Por un lado, otorgar la máxima prioridad a las regiones atrasadas, las
denominadas regiones Objetivo 1. En segundo lugar, beneficiar de dicha política a otro tipo de regiones, las cuales, sin poder ser consideradas poco desarrolladas, presentan no obstante problemáticas que merecen ser atendidas; por ejemplo,
regiones industrializadas con problemas de declive y reestructuración industrial, zonas rurales retrasadas, y otras con grandes desventajas geográficas naturales, como son las regiones ultraperiféricas, aquéllas con procesos de despoblación, las
regiones insulares, etcétera. Y un tercer aspecto de las recomendaciones del documento de la Comisión es considerar como prioridad el promover la cooperación transfronteriza, transnacional y transregional.



En cuanto a las prioridades horizontales, se apunta como orientación la necesidad de mantener las que actualmente son tenidas en cuenta a la hora de la instrumentación de los fondos estructurales, como son la creación de empleo; la mejora
de la formación; el desarrollo de la sociedad del conocimiento a través del impulso de la investigación, el desarrollo y la innovación; la extensión de la sociedad de la información y el favorecer la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres.



Un punto también de importancia para la figura política de la cohesión es el relativo al esfuerzo financiero global que la Unión va a dedicar a esta política a partir del año 2007. Esta es una cuestión que se tendrá que dilucidar en las
negociaciones posteriores a la finalización


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de las perspectivas financieras actuales -que, como he recordado a la Comisión, terminan en 2006-. En ese sentido, hemos ido centrando la posición española en las siguientes cuestiones. En primer lugar, en considerar en términos generales
razonables y positivas las orientaciones de la Comisión contenidas en el informe a que acabo de hacer mención.



En segundo lugar, en defender la política de cohesión como uno de los pilares básicos de la construcción de la Unión Europea, que en este sentido deberá ser dotada de medios financieros adecuados a los nuevos desafíos y que en ningún caso
serán inferiores, en términos de producto interior bruto, a los actualmente dispuestos.



En tercer lugar, apoyando el esfuerzo de solidaridad que haya que realizar con los países que se adhieran, las problemáticas de los Estados y regiones de los actuales Quince deben seguir siendo adecuadamente atendidas, especialmente en
aquellas regiones con un menor nivel de desarrollo y que todavía tienen un largo proceso de convergencia real.



En cuarto lugar -y continuando con la posición española-, en nuestra opinión es imprescindible articular soluciones para resolver la problemática de qué Estados o regiones europeos puedan derivarse como consecuencia del fenómeno llamado de
convergencia estadística. Como saben, este tema ha formado parte de los memorándum presentados por España a lo largo de los últimos meses.



Para concluir, quisiera decir que estamos en un momento muy interesante del debate, en el cual las orientaciones y reacciones, tanto desde las instancias comunitarias como de los Estados miembros, van a situar la futura discusión en los
términos más importantes de cara al año 2007.



Desde el punto de vista de la ampliación europea, me gustaría hacer mención lo más rápidamente posible a que el objetivo durante la Presidencia española es alcanzar una posición común sobre las propuestas de negociación con los países
candidatos en tres de los más importantes capítulos de política comunitaria, que suponen el 80 por ciento del presupuesto: la política agrícola, la política regional y las disposiciones financieras.



Respecto de la política regional, como ya he dicho, en Berlín se adoptó un marco financiero elaborado sobre la base de seis nuevos países: Hungría, Polonia, Eslovenia, Estonia, República Checa y Chipre, que estaba previsto se incorporasen a
la unión Europea en el año 2002. Sin embargo, ha habido cambios en este escenario. Por un lado, ya no estamos hablando de seis países sino de diez (a los anteriores hay que sumar Lituania, Letonia, Eslovaquia y Malta) y tampoco estamos hablando
ahora de 2002, sino probablemente del año 2004 o más adelante. En ese sentido, la Comisión Europea presentó el 30 de enero de este año el documento denominado Marco Financiero Común 2004-2006 para las negociaciones de adhesión. En él se contiene
una propuesta de adaptación del marco financiero de Berlín -relativo a la adhesión de seis países en 2002- al nuevo escenario -diez países, en el año 2004 y siguientes-. Este documento servirá para guiar las discusiones sobre la propuesta de
posición común en materia de agricultura, política regional y disposiciones financieras que deberá presentar la Comisión en marzo de este año y que tendrán que ser aprobadas por el Consejo antes de la finalización de la Presidencia española.



En cuanto a los puntos más controvertidos, son los siguientes. Por un lado, el denominado phasing in de ayudas directas agrarias que propone la Comisión para los países candidatos, y que les recuerdo que es del 25 por ciento en 2004, del 30
por ciento en 2006, y del cien por cien en 2013.
Por otro lado, la compensación a los países candidatos para que no empeoren su saldo presupuestario respecto del anterior a la adhesión. Y en tercer lugar, que el nivel de gasto propuesto en el
período 2004-2006 no debe superar los techos de Berlín.



Para la Presidencia española es fundamental en este sentido respetar los techos financieros fijados en Berlín; respetar el calendario fijado por la Comisión Europea en Niza, según el cual se debe adoptar una posición común en tres capítulos
-los que acabo de mencionar- antes de finalizar la Presidencia española, y no prejuzgar en esta negociación las reformas de políticas comunitarias evitando así retrasos en la ampliación.



Señor Presidente, aparte de otras cuestiones que podamos tratar a petición de los señores miembros de la Comisión, creo haber abordado todos los temas que configuran el orden del día. No quiero alargar más mi intervención, que ya ha
superado ampliamente los 60 minutos. Agradezco a la Comisión su atención y me pongo a disposición de sus señorías.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vicepresidente Segundo del Gobierno.



Ciertamente, su exposición ha sido exhaustiva, como no podía ser de otro modo dada la riqueza y densidad de estos temas, y teniendo en cuenta además que le hemos solicitado que los agrupara en una sola intervención.



En este momento corresponde intervenir a los representantes de los grupos parlamentarios, empezando por aquellos que han formulado estas peticiones de comparecencia, continuando con el resto de los portavoces, para finalizar con el portavoz
del Grupo Popular.



Observo que no están presentes en la sala el portavoz del Grupo Mixto, salvo que me equivoque y haya habido una sustitución no comunicada, ni el portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, por lo que en primer lugar debería
intervenir el interpelante presente, que pertenece al Grupo Socialista.



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Saben los señores portavoces que el Reglamento, al que siempre nos atenemos y respetamos, les concede diez minutos por tema. Eso implicaría media hora de intervención por parte de cada portavoz y, por tanto, una prolongación quizá excesiva
de la sesión. Sin embargo, insisto en que ese es el tiempo que les asigna el Reglamento. En otras ocasiones hemos recortado este derecho, no sin protestas, pero sí con comprensión, a la que apelo para que no se consuma esa media hora, pues, de ser
así, nos extenderíamos probablemente más de la cuenta.



¿Desean los señores portavoces que establezcamos un tiempo tasado para poder así limitar la duración de las intervenciones o lo dejamos al buen sentido de cada una de sus señorías, que quizá sería una mejor solución? (Pausa.)


Tiene la palabra el portavoz socialista.



El señor BEL I QUERALT: Considero que sería muestra de buen sentido que no nos excediéramos demasiado en nuestras intervenciones, pero a partir de ahí, quisiera recabar la flexibilidad de la Mesa para que, en el caso de que se suscitara un
segundo turno de réplica, se tuviese en cuenta el ahorro de tiempo que realicemos en este primer turno.



El señor PRESIDENTE: Nuca se sabe lo que va a ser peor desde el punto de vista de la duración de la sesión, pero, en función del cumplimiento que demos a nuestro propósito de brevedad y teniendo siempre presente que el segundo turno sólo
debe ser utilizado para puntualizaciones muy concretas que no reabran debates ni obliguen a nuevas respuestas por parte del compareciente, vamos a contemplar, siempre, insisto, dentro de este marco, la posibilidad de un segundo turno en función, y
lo reitero, de la moderación con que se haya utilizado el primero. Así pues, no vamos a fijar un tiempo tasado y vamos a confiar en el buen sentido de cada uno de los intervinientes.



Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.



El señor BEL I QUERALT: Gracias, señor Presidente.



Señor Rato, la Agenda de Lisboa marcó tres pilares para la construcción europea en el ámbito económico: El crecimiento económico, particularmente a través de la flexibilidad de los mercados; la cohesión social y el desarrollo sostenible.



Usted y la estrategia 'Más Europa' para la Presidencia española, que tuvimos oportunidad de conocer a principios de año, han hecho mucho énfasis en el objetivo de crecimiento económico, particularmente a través de la flexibilización de
mercados, y muy poco, cuando no han incurrido en negligencia, respecto de los otros pilares, el de cohesión social y el de desarrollo sostenible. Por lo que respecta a este último, en el documento del Ecofin de 5 de marzo -dispongo de una versión
provisional- aparece entre los objetivos básicos una referencia al desarrollo sostenible, y en particular, al empleo de instrumentos de mercado en esa dirección, en tanto que las referencias al desarrollo sostenible estaban ausentes de los objetivos
prioritarios que se marcaba en el papel 'Más Europa'. Y el objetivo de cohesión social ha estado ausente de su intervención de hoy; no ha habido ninguna referencia a ello.



Otros gobiernos europeos entienden de forma distinta cuál es el compromiso de Lisboa. Así, por ejemplo, la postura de los Países Bajos ante el Consejo Europeo de Barcelona, que se manifiesta en el documento del Gobierno holandés, es
literalmente: A través de la estrategia de Lisboa Europa aspira a transformarse en una economía moderna basada en el conocimiento. Dentro de este contexto ocupan un lugar central el crecimiento sostenible, la mejora de la empleabilidad y el
refuerzo de la cohesión social. Por su parte la posición sueca se manifiesta de la siguiente forma: El Consejo Europeo de Barcelona será el primer Consejo de verano que debe seguir acciones en las tres áreas políticas dentro del proceso de Lisboa.
Con las decisiones tomadas en Gotemburgo la Unión se ha embarcado en una senda donde la reforma económica, la modernización social y la protección del medio ambiente se apoyan mutuamente.



Considero que la Presidencia española pone un énfasis muy intenso en los elementos de flexibilización de mercados, pero ése no es mi problema, mi problema es que es exclusivo, y esto puede explicar algunas de las discrepancias que han tenido
ustedes con algunos gobiernos socialdemócratas mejor que otras visiones que en alguna ocasión ha explicado el Presidente del Gobierno. Las posiciones de nuestro Grupo son, desde luego, coincidentes con las que le he trasladado de los Gobiernos
holandés, sueco o de otros gobiernos socialdemócratas.



Nosotros deseamos que la Presidencia española sea un éxito y apoyamos en general, y también en particular, los objetivos acordados en el Ecofin el día 5 de marzo. Señor Rato, nosotros hubiéramos querido disponer de más información, por
ejemplo, aunque a usted esto le suene recurrente, sobre las posiciones que llevaba la Presidencia española a Ecofin, pues, como decía usted, nosotros disponemos de su papel 'Más Europa', ya antiguo.
Hemos tenido acceso a papeles de otros gobiernos
que no desempeñan la Presidencia, e incluso lo hemos tenido a su intervención ante el Parlamento Europeo del día 27 de febrero. Esto ha sido bastante importante porque, en muchos aspectos, es algo que usted ha seguido hoy al pie de la letra y está
bien, pues, a falta de un papel para hoy, ha constituido algo así como un 'prepapel', puesto que en muchos aspectos usted no se ha escapado de esa intervención. En definitiva, hubiéramos deseado más información y más transparencia en línea con el
objetivo de la Cumbre de armonizar


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y profundizar la mejora de estadísticas, información, etcétera, que usted ha expresado antes.



En el primero de sus ejes, o mejor dicho, en el único eje que ha impulsado la Presidencia española, que es el de crecimiento económico y flexibilidad de mercados, debo expresar nuestro apoyo sin ambages ni peros a las referencias que usted
ha hecho y que se contienen en el acuerdo del Ecofin sobre estabilidad y sostenibilidad presupuestaria de las finanzas públicas, que creo ha mencionado usted, con un objetivo de equilibrio presupuestario en el año 2004, con unos márgenes del 0,5 por
ciento del PIB, con el requisito de que en ningún caso ningún Estado se desvíe del déficit del 3 por ciento. Considero que la posición del Grupo Parlamentario Socialista puede simpatizar incluso más que la del propio Gobierno con esta formulación.



Asimismo le manifiesto nuestro apoyo sin ambages a la reforma del mercado de capitales y de los servicios financieros, cómo no a dificultar la financiación del terrorismo o a lo que usted nos ha explicado de forma preliminar en materia de
cohesión territorial; a ello sí ha dedicado usted parte de su intervención. Apoyamos también la necesidad y los objetivos que se trazan en materia de reformas estructurales, liberalización del transporte, interconexión y liberalización del sector
eléctrico, así como la necesidad de mejorar los mercados laborales.



En este sentido, quisiera entrar a hacer algunas precisiones. Ustedes han enfocado la Presidencia sobre la base de un acuerdo bastante aparente con otros dos Gobiernos importantes, el de Gran Bretaña y el de Italia. En mi opinión el
Gobierno Blair sigue, efectivamente, la tradición británica y se preocupa básicamente por el pilar de crecimiento y flexibilidad; el preocuparse por la cohesión social u otro tipo de políticas comunitarias no constituye parte de la tradición
política británica respecto de la Unión Europea, pero hay que reconocer que el Gobierno británico tiene credibilidad liberalizadora, puesto que es uno de los países en los que el avance de la competencia ha sido más intenso. El otro aliado es el
Gobierno de Berlusconi, que es un mal aliado para un lema de 'Más Europa', puesto que quizá el Gobierno italiano haya dado pié a identificar su trayectoria como una pretensión de 'menos Europa'.



Por lo que respecta al Gobierno español considero, señor Rato, que ustedes tienen algún problema de credibilidad en algunas de las apuestas fuertes que están haciendo en materia de reformas estructurales. Han centrado gran parte de su
iniciativa y de su esfuerzo en la liberalización e interconexión del sector eléctrico. Antes le decía que le apoyamos, pero lo hacemos desde la conciencia de que el expediente de España en este terreno no deja de estar instalado en un discreto
lugar intermedio en el contexto de los países de la Unión Europea. A finales del año 2001 hubo un informe de la Unión Europea sobre indicadores de la liberalización en la energía, que manejaba datos sobre avances de la libertad de elección de
suministrador, concentración en el sector de generación, etcétera, e indicaban que había una serie de países a los que se podía situar a la cabeza de la introducción efectiva de competencia en sus propios mercados en la Unión Europea. Estos países
eran Alemania, Dinamarca, Finlandia, Reino Unido y Suecia, que a fecha de realización del informe todos ellos tenían Gobierno socialdemócrata, y España estaba instalada en un segundo nivel con Austria, Holanda, Italia y Luxemburgo, con gobiernos
mixtos, alguno socialdemócrata y alguno conservador.



Quizá nuestros socios piensen -sobre todo los socios más adelantados- que España debería mejorar sus esfuerzos para introducir competencia en su propio mercado y eso le daría más y mejor credibilidad a la hora de tomar las iniciativas que
ustedes han tomado y que, insisto, nosotros compartimos, porque que la situación de la competencia es preocupante no es una valoración de este portavoz de la oposición, sino que es una valoración que tuvieron la oportunidad de remitir los informes
del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Comisión Nacional de la Energía a raíz del proceso fallido de fusión de Endesa-Iberdrola.



Usted, señor Rato, en su intervención ante el Parlamento Europeo mencionaba que tal y como demuestra la experiencia en los países que más han avanzado en sus calendarios de liberalización -hablaba del sector de la energía- estas medidas
deben ser compatibles con una mayor calidad de servicio y con una seguridad en el abastecimiento, como corresponde a la calificación de servicio público que tiene el suministro de electricidad en todos los países. Usted decía bien: los países que
más han avanzado.
Yo acabo de decir hace un momento que España, sin estar en la cola, no está entre los países que más han avanzado y en referencia a la calidad del servicio, que probablemente tiene que ver con avances en el proceso de
liberalización en términos de introducción de competencia efectiva, el señor Meroño creo que comunicó en esta misma Cámara hace muy pocos días que la calidad del servicio eléctrico había empeorado en el 2001 con datos hasta septiembre, -es decir,
sin datos de diciembre que todavía empeorarán más el ranking- y que los TIEPIs habían ido mal. Es un proceso complejo y España se juega más que otros países en materia de interconexión, pero eso debería acotar en alguna medida ese regusto que han
mostrado por la pugna ideológica o por marcar ideológicamente una pugna en el avance de competencia con algunos otros gobiernos que, como le decía, están muy por delante de nosotros en introducción efectiva de la competencia en el sector eléctrico.



Nosotros, señor Rato, hubiéramos deseado que la Presidencia española hubiera mostrado más énfasis y hubiera tenido mayor iniciativa en una introducción de competencia en el sector de las telecomunicaciones. En este sector la liberalización
ha sido más efectiva, la


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introducción de competencia ha sido más efectiva en prácticamente toda la Unión Europea; de hecho, Grecia es el único país que no se ha embarcado de una forma todavía relevante en la apertura de sus mercados de telecomunicaciones. Pensamos
que ese debería ser un objetivo prioritario para España, señor Rato, porque recientemente, en noviembre de 2001, pudimos conocer el séptimo informe sobre la aplicación del paquete regulador de las telecomunicaciones, que también nos suministraba
multitud de datos comparativos e indicadores de los diferentes países de la Unión Europea. Con ese informe pudimos conocer que en cinco países -estoy hablando de julio de 2001- no había habido todavía ninguna apertura operativa de líneas en
relación a la apertura del bucle local, no había ninguna línea operativa abierta en el bucle local. Esos cinco países eran España, Grecia, Irlanda, Luxemburgo y Portugal, es decir, otra vez gobiernos mixtos en cuanto a sus partidos. En cambio,
había tres países que concentraban el funcionamiento efectivo de líneas en apertura de bucle local, que eran Alemania, Dinamarca y Finlandia, otra vez, a época de ese informe, con gobiernos socialdemócratas. A eso hay que añadir Gran Bretaña, donde
la competencia en el terreno de la telefonía local se ha introducido por cable y ha sido el más efectivo, también con gobierno socialdemócrata.



Algo ha cambiado la situación. En este momento creo que en España tenemos 30 líneas en servicio efectivamente operativo que nos ofrecen una ratio, aproximadamente, de dos líneas por millón. Tenemos un grave problema, y no sólo nosotros
sino otros países de la Unión, con la competencia en la telefonía local y esto debería haber sido un motivo de más preocupación para la Presidencia española, todavía más porque otros elementos nos indican que no hemos sido bastante diligentes en
apertura de competencia en telecomunicaciones. Así lo indica el hecho de que nuestro país se encuentre entre uno de los que la cuota de la antigua operadora dominante sigue siendo mayor, sea el país -resaltaba hace poco tiempo el informe de
cumplimiento de las orientaciones de política económica- con las llamadas nacionales e internacionales más caras en telefonía y sea un país donde la reducción de precios de telefonía ha sido realmente escasa, quizás como consecuencia de todo lo
anterior en precios de telecomunicaciones.
Entre 1997 y 2001, los precios de las telecomunicaciones, medidos por IPC de comunicaciones, en el conjunto de la Unión Europea se ha reducido el 17,1 por ciento, en cambio en España la reducción ha sido
tan sólo del 3,5 por ciento. Usted gusta, y está bien, de dar datos tomando base cien en 1998. Ustedes en 1998 habían tomado, y antes, algunas medidas de regulación tarifaria y tomando base cien en 1998 tenemos el hecho de que nuestro IPC de
comunicaciones en 1998 fue del 6 por ciento y la media de la Unión Europea fue del menos 0,6 por ciento. Aun así, señor Rato, la tendencia en la reducción sigue siendo -dentro de la existencia de una reducción- negativa para España.



Yo no desearía que esta falta de pedigrí, en términos comparados con la Unión Europea, sea lo que les haya dificultado establecer el avance en la liberalización de las telecomunicaciones como uno de los objetivos de la Presidencia. Sí debo
constatar que me habría gustado más beligerancia -entiendo el término del Gobierno en esta línea- en materia de productividad, aunque me consta perfectamente que usted cree que la productividad es casi como una obsesión del Grupo Socialista.



También hay unas conclusiones interesantes en la evaluación del cumplimiento de las orientaciones de política económica recientes por parte de la Comisión Europea, destacando que, a su juicio, tenemos un problema importante de estancamiento
de la productividad, un problema que la Comisión Europea atribuye a nuestro magro presupuesto educativo, a que nuestro esfuerzo inversor en investigación esté bastante por debajo de la media europea y a que la penetración de las tecnologías de la
información también sea pobre en términos comparativos. También ahí creo -y eso conecta perfectamente con el objetivo genérico que usted expresaba de desarrollo de la sociedad del conocimiento- que deberían haber puesto más énfasis.



El mercado de trabajo necesita mejoras y, como todos los mercados, sus aspectos en cuanto a flexibilidad y otras condiciones pueden ser discutibles y evaluables. De todos modos, a veces en sus énfasis -y esto también les diferencia de
algunos socios europeos en la concreción de los caminos por donde deben avanzar los objetivos- toman ustedes la flexibilidad, entendida como de regulación, un poco como el aceite de serpiente, que es el remedio que sirve para curar cualquier herida
y nosotros tenemos ahí un diagnóstico algo diferente. Creemos de una forma bastante evidente que si algo obstaculiza en este momento que consigamos un mejor -y todos lo debemos pretender- funcionamiento de nuestro mercado de trabajo, de nuestra
capacidad de aumentar la población activa y de nuestra creación de empleo en España son dos elementos: problemas de empleabilidad de algunos colectivos de trabajadores y la dificultad en los países mediterráneos, y singularmente en España, de
conciliar la relación entre el trabajo en el mercado y la vida familiar.



El señor PRESIDENTE: Señor Diputado, ignoro qué entiende usted por moderación, pero reglamentariamente le quedan diez minutos.



El señor BEL I QUERALT: Muchas gracias. Estoy dentro del marco de la moderación.



Nosotros haríamos más énfasis en estas medidas. Otros gobiernos, como los dos que le he mencionado antes y de los que dispongo de documentación, el holandés o el sueco, ponen énfasis en medidas para facilitar esta empleabilidad y para
facilitar la conciliación entre


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vida laboral y vida familiar. De hecho, estos gobiernos abordan algún avance y alguna ambición en materia de cohesión social que, como le he dicho, ha estado ausente en su planteamiento y si ha estado ausente en su planteamiento, debo
entender que la cohesión social para el Gobierno de España es un asunto de política interior y, por tanto, la Unión Europea poco debe decir en ese aspecto. Creemos que deberían poner también algún énfasis ahí, aunque fuera pequeño.



Por mor de brevedad voy a ir enfocando el final de mi intervención. Debo reconocer que hoy ha prestado usted más atención a los aspectos relacionados con el desarrollo sostenible que la que venía prestando hasta ahora la Presidencia
española. Supongo que su trabajo, su colaboración con el resto de gobiernos de la Unión y la reunión del Ecofin han ayudado a ello. En particular quería preguntarle si tenían ustedes intención de abordar en la Cumbre de Barcelona algún tipo de
perspectivas, orientaciones en relación a la Cumbre mundial sobre desarrollo sostenible que se va a producir en Johanesburgo después del verano.



Por último, y porque son cuestiones importantes, señor Rato, quería preguntarle si ustedes en la Cumbre de Barcelona van a discutir un asunto que nos ha golpeado en los últimos días, como ha sido la nueva política arancelaria del Gobierno de
Estados Unidos, de la Administración Bush, en relación al acero, una política -no es frase mía- sin ningún fundamento económico, con fundamentos estrictamente políticos y proteccionistas.



Tuvimos una experiencia en nuestro país, en el pasado otoño, con una medida similar, quizá de menos alcance en cuanto a generalidad, de Estados Unidos, como fue la que afectó a nuestros cítricos. La campaña en la recolección de las
mandarinas españolas -las naranjas no porque se recogen más tarde- resultó golpeada y cortada de raíz a mitad, en el mes de noviembre, por restricciones comerciales obvias que impuso Estados Unidos a la exportación de productos cítricos de este tipo
desde el mediterráneo español (Valencia, Cataluña) y otras Comunidades Autónomas que también producen, por la presencia de una larva que según los técnicos era imposible que sobreviviera la duración del viaje por mar.
Nosotros notamos en ese
momento que la reacción del Gobierno de España, como Gobierno de España y ante las instituciones de la Unión, no fue lo suficientemente diligente y, si me permite la expresión, contundente que debería haber sido en defensa de los intereses de este
sector y, por tanto, de la economía española. Desearíamos que esta vez el Gobierno de España y el resto de gobiernos de la Unión Europea -esperamos que lo harán y le pregunto sus intenciones- mostrasen más diligencia y más contundencia en la
defensa de los intereses comerciales y de los sectores productivos de la Unión Europea que se ven beneficiados en este caso, como en muchos otros, de que reine un ambiente de competencia en el comercio mundial que no se vea interrumpido por medidas
proteccionistas unilaterales injustificables.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Diputado. En su última fase se ha ajustado a las previsiones de reducción del tiempo y se lo agradezco.



A continuación le corresponde el turno al portavoz de Convergència i Unió.



El señor CURTO FORÉS: Muchas gracias, señor Presidente.



Esta es primera intervención en esta Comisión.



Señor Ministro, señorías, en primer lugar, quisiera agradecer sinceramente la intervención del señor Ministro por su extensión y profundidad en determinados temas y aspectos que son de actualidad y que están en la Agenda de la Unión Europea
prevista para la próxima semana en Barcelona.



Es cierto, como ha dicho el señor Ministro, que la adopción de una moneda única por parte de doce de los quince Estados miembros de la Unión Europea es un avance decisivo en el proceso de integración económica y en la realización del mercado
interior. De hecho, con la puesta en circulación de los billetes y las monedas euros se ha completado el proceso de integración monetaria que se inició hace diez años en Maastricht.



También coincidimos con el señor Ministro en que actualmente los retos principales de la Unión Económica y Monetaria son, en primer lugar, continuar con la implementación de las reformas estructurales necesarias para mejorar el crecimiento
potencial de la economía y el bienestar económico en la zona euro; en segundo lugar, reforzar la coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros y la representatividad de la Unión Económica y Monetaria en los foros internacionales.
Por último, hacer frente al reto de las futuras ampliaciones de la Unión Europea y de la misma zona del euro.



El año 2001 hemos vivido también, como se ha constatado por parte del señor Ministro, una desaceleración del crecimiento de la economía mundial debido fundamentalmente a aspectos como el incremento de los precios del petróleo del año 1999, a
la política monetaria más restrictiva para combatir la inflación, al derrumbe de los valores tecnológicos en las bolsas mundiales y a la fuerte ralentización del crecimiento del comercio mundial, al que usted ha hecho referencia. En todo caso, la
mayoría de los analistas coinciden en que la situación actual en Europa podría ser mucho más complicada en ausencia de la moneda única y que la política económica ha contribuido a suavizar la desaceleración del crecimiento económico. De hecho, las
rebajas en los tipos de interés y la flexibilidad de la política monetaria, consecuencia de las favorables previsiones para la inflación, dejarán sentir sus efectos, esperamos, en el conjunto de la economía en los próximos trimestres.



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En cuanto a la política presupuestaria, los Estados miembros han hecho uso del margen de maniobra de que disponían para dejar operar a los estabilizadores automáticos. Más tarde me referiré a este tema.



A medio plazo las reformas estructurales orientadas a la mayor flexibilidad de los mercados de trabajo y de productos pueden facilitar el ajuste económico y a corto plazo las prioridades de la Unión Europea se centran en afrontar el
incremento cíclico del paro y evitar que continúe aumentando el paro de larga duración.



Como ustedes saben, la moneda única comporta la centralización de la política monetaria. La política monetaria, y consecuentemente la estabilidad monetaria, es responsabilidad principal del eurosistema y se consigue con la aplicación de las
reglas básicas contenidas en el Tratado de Maastricht y, por otra parte, conocidas por todos ustedes. De hecho, a pesar de que durante el año 2001 la inflación europea superó el límite de estabilidad, fijada en el 2 por ciento y alcanzando el 3,4
en el mes de mayo, desde entonces la inflación se ha reducido constantemente.



Nos preocupa, señor Ministro, la política presupuestaria y, en concreto, la aplicación del pacto de estabilidad y crecimiento. Dado que la autoridad monetaria europea no tiene como interlocutor a una autoridad fiscal, el pacto de
estabilidad y crecimiento compensa de hecho la ausencia de dicha autoridad y pretende que dentro de un margen de maniobra, para que los Gobiernos puedan actuar ante los ciclos económicos y las necesidades de inversión de sus economías, exista una
determinada disciplina presupuestaria que tienda al denominado déficit cero.



No obstante, la realidad ha mostrado cómo la desaceleración del crecimiento económico superior a la prevista ha afectado a las finanzas públicas de los Estados miembros, generando problemas en la consecución de los objetivos de estabilidad,
especialmente en algunos países que no disponen del margen de maniobra suficiente para dejar actuar los estabilizadores automáticos al no partir de una posición de déficit cero; estos han sido los casos de Alemania y Portugal. De hecho el pasado
mes de febrero, como usted ha mencionado, la Comisión Europea activó por primera vez el mecanismo de alerta preventiva contemplado en el pacto de estabilidad para dichos países. El anuncio por parte de la Comisión Europea de que activaría un
mecanismo de alerta preventiva para amonestar a Alemania y Portugal ha abierto un debate sobre si se tendrían que reconsiderar los criterios de dicho pacto de estabilidad o si sería necesario hacer una interpretación más flexible que tuviera en
cuenta el ciclo económico y las necesidades de inversión de las economías europeas.
Finalmente, en contra de la opinión de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, el Ecofin acordó no someter a votación la propuesta de la Comisión de
amonestar formalmente a Alemania y Portugal. Esta decisión ha puesto en entredicho la idoneidad del pacto de estabilidad para garantizar la disciplina presupuestaria en la zona del euro y ha planteado el debate sobre la flexibilidad que permiten
sus reglas.



En este sentido, señor Ministro, le formulo la siguiente pregunta. ¿Qué opina sobre esta problemática y sobre la viabilidad del Pacto de Estabilidad, que a nivel europeo da unos márgenes y a nivel español se limitan bastante? ¿Piensa que
podrá ser asumido en el futuro?


Por otro lado, el Grupo de Convergència i Unió da mucha importancia a la política mediterránea de la Unión Europea; de hecho, la propia Unión Europea demuestra también su sensibilidad hacia este problema, al haber convocado la Conferencia
Ministerial Euromediterránea para los próximos 22 y 23 de abril, en Valencia.



Visto el ambicioso proyecto español para crear un banco euromediterráneo que facilite la inversión y el desarrollo de los países del otro lado de la cuenca mediterránea -proyecto que nosotros compartimos- y la respuesta de los Ministros de
Economía y Finanzas de los países del norte de Europa, que la semana pasada mostraron una fuerte oposición al proyecto, ¿cómo ve el señor Ministro la posibilidad de continuar defendiendo dicho proyecto? ¿Ve alguna posibilidad de éxito, aunque sólo
sea para conseguir la creación si no de un banco regional de inversiones al menos de una filial del Banco Europeo o de un organismo vinculado a él que pudiera actuar como instrumento financiero, con el fin de impulsar el desarrollo de la cuenca sur
del Mediterráneo?


Por último, señor Ministro, señoras y señores Diputados y Senadores, el verdadero sentido de la política de cohesión europea es ofrecer a los ciudadanos y a las regiones comunitarias la oportunidad de trabajar juntos, intercambiar ideas,
desarrollar el potencial económico, social y cultural de los territorios y expresar así de manera concreta la solidaridad política que une a los Estados miembros de la Unión.



Los fondos estructurales, de manera especial el Fondo de Cohesión, han sido los pilares de la política europea y han permitido reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diferentes regiones y reforzar su cohesión
económica, social y territorial. Tras la ampliación de la Unión, sea hacia 25 ó 27 miembros, el centro de gravedad de la política de cohesión se desplazará al Este. Siguiendo la línea de preocupación expresada por la delegación española y las
delegaciones de otros tantos Estados miembros en la reunión del Consejo de la Unión Europea celebrado el 11 de junio del año pasado, quería hacerle una pregunta, señor Ministro, a pesar de que usted se ha referido a esta situación de forma genérica.
¿Qué repercusiones pueden esperarse de la ampliación sobre la cohesión económica y social en España, como país que hasta la fecha ha sido beneficiario de dicha política comunitaria?


Muchas gracias, señoría.



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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Senador, por el uso ecónomo de su tiempo y del nuestro.



A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.



El señor ALBISTUR MARÍN: Muchas gracias, señor Presidente.



Señor Vicepresidente, quisiera haber podido disponer de más tiempo para comentar su intervención, pero debo salir rápidamente para coger un avión, dadas las características de los vuelos que existen hacia mi tierra, y tendré que ser muy
breve. Haré un comentario que, aunque no sea laudatorio, tiene todo el respeto hacia el esfuerzo que supone su comparecencia. Quiero exponerle nuestra opinión en relación a la actitud de la representación española en el Ecofin y en las reuniones
claves de la Presidencia de la Unión Europea española y en las del resto de los países que la representarán próximamente.



No tengo que hacer objeciones de fondo a los planteamientos que usted ha hecho, porque, en definitiva, se trata de una relación importante, rigurosa y exhaustiva de los temas tratados en la Unión. Otra cosa es el balance que se pueda
realizar, que de alguna forma también está limitado por la situación política en la que se encuentra la Unión Europea.
Distinto es, también, que podamos ver todos estos temas concluidos por la evolución de lo que pueda ser esa unión política
europea, que, paralelamente a las reuniones que ustedes están teniendo, ya ha iniciado su andadura.



Por lo tanto, los resultados están limitados o condicionados por los avances que puedan conseguirse en esa unión política europea, y nuestro Grupo confía que en el futuro pueda servir precisamente para consolidar la Unión Europea.



Siempre que he tratado de hablar sobre la política española, le he comentado que tengo mis grandes dudas sobre la existencia de una estrategia por parte del Gobierno español. En absoluto dudo de sus capacidades -se lo he dicho muchas veces-
y creo que los objetivos son acertados, pero a nuestro entender existe una estrategia débil, si es que existe estrategia. Parece que el Gobierno español sale con fuerza, pero se apaga en cuanto encuentra algún tipo de confrontación en el resto de
la Unión Europea.



En este sentido, creo que existe cierta dificultad en acompasar los objetivos de la política económica del Gobierno español -objetivos conseguidos, por ejemplo, en temas como la liberalización de la energía o de las telecomunicaciones- con
la situación del mercado interior europeo.
En el campo energético todavía existen dificultades en cuanto a la liberalización e introducción de competencia por parte de otros países de la Unión Europea, que, a su vez, están produciendo limitaciones
y bloqueos a la libre competencia dentro del mercado español.



Lo mismo ocurre en el campo de las telecomunicaciones e igual sucede con la fuerte apuesta política que ustedes han realizado en materia de estabilidad presupuestaria. Ustedes aquí son muy exigentes, pero no demuestran esa misma exigencia
en la Unión Europea frente a países terceros que debían haber cumplido ya con las condiciones que se establecieron en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.



Algo parecido sucede en el tema de la sociedad de la información, donde es necesario el desarrollo dentro del propio mercado español y sociedad española, porque de alguna manera estamos supeditados a lo que se está realizando en otros países
de la Unión Europea, pese a la buena voluntad demostrada desde el Gobierno. El reciente proyecto de ley sobre servicios de la sociedad de la información nos está demostrando que, más que buscar el cumplimiento de la aplicación incentivadora -a mi
modo de ver- de la directiva europea, se está logrando una mayor presencia de control e intervención por parte del Estado.



En el campo de las telecomunicaciones la Unión Europea está planteando la revisión de las tarifas de los precios, sobre todo de las internacionales, y una mayor liberalización. Esto se está consiguiendo en el mercado español, pero se podía
haber aprovechado mejor la Presidencia de la Unión Europea para haber forzado estos hechos como una de las prioridades de la representación española.



Insisto en que no es todo fácil en la actual situación de la unión política en Europa y entiendo que la dificultad que puede encontrarse el Gobierno español radica, precisamente, en buscar socios con los que puedan llevarse adelante los
objetivos que se han planteado.



Sigo insistiendo en la necesidad de acompasar los objetivos de la política española con los verdaderos objetivos a conseguir dentro de la política económica en Europa porque, en definitiva, en el campo de la energía o en el mercado francés
no estamos encontrando apoyo en temas clave como la interconexión, que han quedado a muchos años de una solución. En el año 2003 el mercado español va a quedar prácticamente abierto para que todos los consumidores puedan elegir su propio
suministrador aunque todavía estamos hablando -y se va a hablar de ello en la Cumbre de Barcelona que se va a celebrar próximamente- de que para los consumidores preferentes habrá que establecer un calendario. Es decir, estamos en unas situaciones
muy diferentes que, por tanto, producen bloqueos en la política económica española.



Esperemos que en sus próximas intervenciones y comparecencias nos proporcione un información todavía más detallada sobre los avances conseguidos en la adecuación de la política económica de este país en relación con los objetivos de la
política económica europea.



Muchas gracias.



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El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria, Senador Arroyo.



El señor ARROYO HODGSON: Muchas gracias, señor Presidente.



Señor Vicepresidente Segundo del Gobierno, señorías, no voy a entrar en los aspectos generales a que el señor Ministro se ha referido relacionados con las políticas monetaria, económica y fiscal. Tan sólo quiero decir que intervengo en
representación de un Grupo Parlamentario pequeño, compuesto por cuatro Diputados y por seis Senadores que procedemos de una especificidad territorial muy concreta, las Islas Canarias, y solamente voy a resaltar algunos aspectos importantes para
nuestras Islas en estos momentos en que España ostenta la Presidencia de la Unión Europea.



Desde nuestro punto de vista, el escenario europeo y el encaje de las regiones ultraperiféricas en el momento actual es muy importante ya que la Unión se enfrenta fundamentalmente a tres desafíos: en primer lugar, a los resultados de la
Convención sobre el futuro de la Unión Europea, que se presentarán en el año 2003 y que marcarán las pautas para la reforma de los tratados que hayan de acometerse en la Conferencia Intergubernamental de 2004. En segundo lugar, a la entrada en la
Unión Europea de los primeros países candidatos a partir de 2004, lo que sin duda proporcionará una Europa más plural y dispersa pero rentas medias inferiores a las actuales, cuestión a la que luego me referiré. En tercer lugar, la presentación en
2003 del III Informe de la Comisión Europea sobre la cohesión económica y social, que rediseñará el mapa de ayudas y los fondos para el conjunto de los países pertenecientes a la Unión Europea.



En esta Europa cambiante, pues, el posicionamiento y encaje de las regiones ultraperiféricas se ha convertido en una cuestión de extrema importancia para el futuro del archipiélago canario. Consideramos desde Coalición Canaria que la
estrategia a desarrollar para las regiones ultraperiféricas durante los próximos años debe centrarse básicamente en dos aspectos fundamentales y bien diferenciados: primero, el futuro de los fondos estructurales y de cohesión a partir de 2006.
Segundo, la consolidación y desarrollo del Estatuto jurídico especial derivado del artículo 299.2 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.



Existen varios factores que contribuyen a hacer del tema de los fondos estructurales y de cohesión uno de los principales motivos de inquietud para el archipiélago canario. En primer término, la renta per cápita de Canarias ha aumentado lo
suficiente en los últimos años como para que el PIB regional sobrepase el umbral del 75 por ciento de la media comunitaria, con lo que su calificación como región Objetivo 1 no resulta ya tan evidente con la aplicación de los actuales criterios.



Según datos recientes publicados por la Comisión y referidos a 1999, el PIB de Canarias asciende al 80,9 por ciento. Recordemos que en 1985, inmediatamente antes de la adhesión, ese dato era del 69,8 por ciento.
(Es un dato favorable pero
tiene unas repercusiones que ahora comentaré.)


En segundo lugar, la ampliación de la Unión Europea a otros países modificará radicalmente la correlación de fuerzas políticas. Los datos de referencia de rentas disponibles a la hora del reparto de fondos obligarán a realizar un enorme
esfuerzo para que estos países alcancen unos niveles de desarrollo parecidos a los de Europa. En último término, hay abundantes evidencias que apuntan a una reestructuración de las distintas políticas de ayuda europeas en línea con la
simplificación, nueva dirección y contención del gasto.



Este mayor nivel de desarrollo alcanzado por Canarias en los últimos años que nos acerca sensiblemente a la media comunitaria, unido al necesario esfuerzo de solidaridad que comporta la incorporación a la Unión Europea de nuevas regiones con
un nivel de rentas muy bajo -del que Canarias no puede desligarse por elementales razones que no creo necesario explicitar aquí-, son factores que nos llevan a pensar inevitablemente en una lógica tendencia a la baja en el volumen de fondos a
percibir por el archipiélago canario a partir de 2006.



No obstante, está claro que en la actualidad el problema de Canarias no es precisamente el de conseguir un desarrollo que no pueda ser promovido a nivel interno puesto que resulta obvio que seguimos estando a más de 2.000 kilómetros de
distancia de la España continental y que nuestras deficiencias estructurales, perfectamente definidas en el referido artículo 299.2 del Tratado, siguen existiendo. Está claro que vamos a seguir padeciendo un problema ultraperiférico, y por ello el
PIB actual no ha de tomarse como una excusa para desconocer la necesidad objetiva de que el reparto de fondos a partir de 2006 tenga también en cuenta, además -quiero recalcarlo-, parámetros específicos que respondan a las especiales circunstancias
que reconoce el Tratado para las regiones ultraperiféricas.



Por tanto, teniendo presentes las circunstancias anteriormente descritas, la primera prioridad en esta materia durante la actual Presidencia española de la Unión Europea debe ser la de convencer a todas las instancias implicadas de la
necesidad de que las RUP - por tanto el archipiélago canario- mantengan una condición especial en el reparto de los próximos fondos estructurales y de cohesión a partir de 2006 ya que sus deficiencias estructurales son permanentes. En el caso
concreto de Canarias la justificación de esa necesidad ha de traducirse en el paso de una lógica basada en un problema de desarrollo a una lógica basada en un problema de ultraperificidad.



En resumen, a pesar de que aún restan dos años de negociaciones, creemos que se deben aprovechar los


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cuatro meses que nos quedan de Presidencia europea para seguir haciendo esfuerzos -nos consta que se están haciendo- a fin de avanzar en la implantación y consolidación de esta idea y en el estudio de las vías y criterios más adecuados para
llevarla a la práctica. La plasmación de esta idea, de la necesidad de un tratamiento especial para las regiones ultraperiféricas en el contexto del reparto de los fondos estructurales y de cohesión, de medidas y criterios de repartos específicos
que trasciendan la mera comparación del nivel de rentas, representa un segundo paso en la consecución de los objetivos marcados para Canarias.
Hay muchas alternativas que se barajan, pero por no ser prolijo no voy a mencionarlas aquí. Además,
señor Vicepresidente, usted las conoce mejor que nosotros.



Existe una posibilidad de acceder a los fondos Objetivo 1, con independencia del nivel de renta, a través de algunas modulaciones para regiones como Canarias. Existen importantes antecedentes en los países nórdicos con baja densidad de
población para sus especificidades -no es el caso de Canarias-, sin descartar el phasing out generoso. Existe también la posibilidad de crear un Objetivo 2 renovado en el que se incluya la ultraperiferia combinado con una iniciativa comunitaria. Y
un complemento importante podría ser también el reconocimiento como frontera exterior marítima de la Unión Europea, que es un asunto interesante -nosotros somos frontera marítima sur de Europa- y ello ligado a la futura participación en las medidas
transfronterizas y a la mayor coordinación con los fondos que en su momento se doten para la cooperación con los países terceros de nuestra área geográfica y en los programas MEDA y FED.



Por tanto, dejando aparte la enumeración exhaustiva de todas las posibles soluciones y su denominación formal, este asunto dista de estar cerrado, por lo que quiero insistir en que debemos aprovechar la Presidencia española para avanzar en
la búsqueda de todas las alternativas posibles, incluso en las más imaginativas, en aras al mantenimiento del mayor nivel factible de percepción de fondos. En cualquier caso, resulta necesario resaltar, como han advertido repetidamente los propios
servicios de la Comisión Europea, que ahora no es el momento de avanzar en el debate sobre los criterios para que se den las ayudas sino más bien el de aportar todos los datos, que es lo que creo que responsable y coordinadamente están haciendo el
Gobierno de España y el de Canarias, para que la Unión Europea pueda tener conocimiento exacto de esta cuestión y vea reflejada claramente la necesidad de aplicar unas medidas específicas.



Además, recientemente, la Comisión Europea en un primer informe sobre la cohesión, de enero de 2002, señala en sus conclusiones que se tendrán en cuenta las necesidades específicas de las regiones ultraperiféricas identificadas en el
artículo 9.9.2 del Tratado. En esta misma dinámica ha de inscribirse el anuncio hecho por el Comisario Europeo de política regional, por el señor Barnier, sobre la elaboración de un estudio específico relativo a las situaciones macroeconómicas de
cada una de las regiones ultraperiféricas como paso previo para determinar el futuro de la política de cohesión.



Yo no quiero cansarles más, sólo deseo dejar constancia de esa reivindicación para Canarias y destacar, señor Vicepresidente, que desde Coalición Canaria estamos apoyando al Gobierno, por tanto compartimos las medidas de política económica
monetaria y fiscal, pero seguimos reclamando unas especificidades para Canarias.



Muchas gracias, señor Presidente.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.



Ahora sí tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular.



El señor DE JUAN CASADEVALL: Muchas gracias, señor Presidente.



Procuraré ser moderado en el uso de la palabra, entre otras cosas porque desconozco las prácticas y precedentes de esta Comisión. Yo también me estreno en esta Comisión, como el representante que me ha precedido en el uso de la palabra,
pero además con el agravante de que yo no soy miembro de la misma.



Señor Vicepresidente del Gobierno y Ministro de Economía, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, quiero darle la más cordial bienvenida a esta Comisión Mixta para la Unión Europea.



Creo que la proximidad temporal de la cita de Barcelona convierte esta comparecencia en muy oportuna, yo diría que de rabiosa actualidad. Mi Grupo quiere mostrar su satisfacción por lo que ha sido el contenido de su intervención y, al mismo
tiempo, quiere una vez más, como Grupo mayoritario en ambas Cámaras, mostrar su apoyo al sólido programa político y económico que anima la Presidencia española de la Unión Europea; sólido y yo diría que legítimamente ambicioso en términos
europeístas, como condensa de hecho la propia máxima, el propio lema de esta Presidencia española de la Unión Europea 'Más Europa'.



En el año 1950, uno de los padres de la Unión Europea, Robert Schumann, dijo que Europa no se haría de golpe y de una sola vez, sino a través de realizaciones concretas. Desde aquella declaración se impuso esa doctrina -la doctrina
Schumann-, una suerte de gradualismo posibilista en ese proceso de construcción europea. Mi Grupo considera que en ese proceso gradualista de construcción europea, la realización efectiva de la unión monetaria, con la entrada en circulación del
euro, constituye un hito histórico, cuya administración ha correspondido precisamente a la Presidencia española.



El Grupo Parlamentario Popular se congratula de cómo se ha producido este proceso de integración monetaria y de efectiva entrada en circulación del euro,


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de la nueva divisa europea. Se ha producido de una forma no traumática, gracias -lo ha dicho usted, señor Vicepresidente- a unas medidas acertadas que se han adoptado, a la colaboración de las familias, del comercio y diversos sectores
económicos. Yo creo que las cifras que usted ha dado son muy expresivas: ese 80 por ciento de la población que consideró muy fácil el canje de la moneda, ese cien por cien que utilizaba ya la nueva moneda a finales del mes de febrero. La entrada
en vigor del euro ha ido de alguna forma acompañada de un entusiasmo y no ha ido acompañada de aquel temido efecto inflacionario que algunos pregonaban por el efecto del redondeo, y yo creo que los datos del Eurostat, esa banda del 0 al 0,16 por
ciento muestra que se ha producido muy bien lo que ha sido la entrada en circulación de la nueva divisa.
Probablemente no sería ocioso recordar hoy aquí que en esta ocasión España no ha perdido el tren de la historia. Hemos sido socios fundadores
del euro gracias a un sólido programa económico que usted ha pilotado desde la Vicepresidencia económica y que ha practicado el Gobierno del Partido Popular.



Probablemente no sea ocioso recordar hoy que en el año 1996 España no cumplía ninguno de los criterios de adhesión al euro en términos de déficit, de inflación y tipos de interés, y que tuvo que ser una rigurosa política económica practicada
por el Gobierno centrista del Partido Popular la que nos permitió acceder a esa zona de estabilidad monetaria, que es la eurozona, a esa zona de estabilidad económica.



El euro producirá efectos muy positivos para nuestra economía y para la economía europea. Supondrá la desaparición del riesgo cambiario, supondrá probablemente que tengamos mercados más integrados, mercados más transparentes, más
homogéneos, más competitivos, y probablemente en el largo plazo, el euro suponga también un acicate en cierto modo para la conciencia europea y para el europeísmo.



Mi Grupo quiere compartir, señor Vicepresidente, la importancia de abordar en el Consejo de Barcelona un importante paquete de reformas estructurales. En un escenario como el actual, de estabilidad presupuestaria, de transferencia de
soberanía monetaria en las instancias europeas, con la consiguiente cesión de instrumentos de política económica, como son la política monetaria o cambiaria, las reformas estructurales, las políticas micro cobran un renovado protagonismo en la
contención de la inflación, en la introducción de competencia y, en definitiva, en la creación de empleo y en el crecimiento económico.



En ese sentido, valoramos favorablemente que aquello que algunos llamaron el espíritu de Lisboa se concrete en un conjunto de medidas, en un paquete de reformas estructurales en Barcelona para la flexibilización de nuestro sistema productivo
en sectores tan claves como es la industria de red, como son los mercados financieros o como es el mercado de trabajo.
La liberalización del mercado de la energía, gas y electricidad, con la libre elección de suministrador, la negociación del
llamado segundo paquete ferroviario o incluso la realización o consecución de ese cielo único en el transporte aéreo son expresión de la primera de esas reformas.



La integración de los mercados financieros, consecuencia inmediata de lo que es la integración monetaria, con esas primeras directivas de la Presidencia española, como pueden ser la directiva de garantías financieras o la directiva de abuso
de mercado, y en un segundo horizonte la posibilidad de impulsar esas directivas sobre fondos de pensiones o conglomerados financieros, son expresión de lo segundo.



Pero si hay un mercado que necesita reformas estructurales importantes probablemente sea el mercado del factor trabajo. Durante los años del Gobierno del Partido Popular hemos disfrutado de un crecimiento económico intensivo en creación de
empleo, y hoy con ese aval y con el hito histórico que pretendió Lisboa de llegar a la sociedad del pleno empleo en el 2010, mi Grupo quiere compartir y apoyar al Gobierno en esos objetivos que se han marcado para Barcelona. Hay que mejorar el
sistema de fijación de salarios, hay que remover obstáculos al trabajo femenino, hay que facilitar la movilidad geográfica, flexibilizar, por tanto, el mercado de trabajo.



He de confesar, señor Vicepresidente, que mi Grupo desconoce las facultades terapéuticas del aceite de serpiente. Quizás, habiendo aprobado recientemente una resolución sobre el centenario del Quijote, podríamos hablar del bálsamo de
fierabrás, pero nos causa extrañeza que algunos quieran aplicar el aceite de serpiente o el bálsamo de fierabrás hoy y que no quieran hacerlo en otras épocas. Es fundamental, es esencial la conciliación de la vida laboral y la vida familiar. Creo
que desde el Gobierno se ha hecho un esfuerzo en ese sentido durante la pasada legislatura y, por tanto, el balance debe ser claramente positivo.



A algunos no les gusta oír hablar de flexibilización del mercado laboral, pero algunos nos acordamos también de aquella celebre Ley del año 1994 -y enfatizo la fecha- que pretendía potenciar la negociación colectiva, la creación de empleo y
-decía su Exposición de Motivos- flexibilizar la relación laboral. No voy a entrar en su análisis porque excede, obviamente, de lo que es el contenido de esta comparecencia.



En cualquier caso, nos congratula -y eso es lo que me ha parecido entender después de algunas noticias que hemos oído en medios de comunicación- que a otros grupos les interese impulsar o que sean partidarios de las reformas estructurales.



A algunos les preocupa también la productividad y hablan de mejorar la formación. Yo creo que desde el Gobierno se están haciendo esfuerzos y se han lanzado ideas importantes en ese sentido, como la Ley de Ordenación


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Universitaria o la mejora de la calidad de la enseñanza.



Mi Grupo, señor Vicepresidente del Gobierno, considera que Europa no puede ser un gigante económico y un enano político, y por ello apoyamos plenamente el programa de la Presidencia española de la Unión Europea, tal y como lo expuso el
Presidente del Gobierno, de crear un espacio de seguridad y de justicia común y de luchar contra esa lacra terrorista que gangrena probablemente las sociedades democráticas.



En este capítulo entendemos que es fundamental la asfixia financiera al terror y al terrorismo. Por ello queremos expresar una vez más el apoyo de mi Grupo al paquete de medidas que ha anunciado el señor Vicepresidente en ese terreno:
ampliación del mandato del GAFI, las tres recomendaciones que derivan del mismo, el impulso por el Ecofin de la adopción concertada de medidas en el seno de la Unión Europea, la mejora de la transparencia en el uso de formas societarias con fines
ilegales para que se pueda conocer el intercambio de información financiera, o la inclusión de los 21 terroristas por las autoridades americanas creemos que son medidas absolutamente acertadas en ese sentido.



Compartimos, señor Vicepresidente, su análisis, su planteamiento sobre la política de cohesión y la estrategia de desarrollo sostenible; compartimos también su análisis sobre la situación económica. Es cierto que hay elementos o ha habido
elementos preocupantes en la situación recesiva en sentido propio que vive Alemania, pero en cuanto a España hemos superado aquellas inercias históricas que nos colocaban en las cotas más bajas de crecimiento en momentos de ralentización del
crecimiento económico en Europa o de crisis económica. Hoy sabemos que en el año 2001 hemos crecido casi a un 3 por ciento, sabemos que en términos de contabilidad nacional se han generado en torno a 360.000 empleos, más de 40.000 de los
inicialmente previstos y, en definitiva, en una situación de desaceleración del contexto europeo y del contexto mundial, España ha mantenido una situación de crecimiento sostenido, ha mantenido un diferencial de crecimiento respecto a Europa que nos
ha permitido arañar prosperidad relativa, continuar en el proceso de convergencia real en términos de renta y en términos de empleo y, por tanto, desde ese punto de vista, nuestra valoración es positiva. Y no lo decimos nosotros, sino que lo dice
el Fondo Monetario Internacional, y usted también lo ha dicho, señor Vicepresidente; España tiene un potencial de crecimiento económico fundamentalmente porque ha cumplido los deberes, porque ha hecho, cuando debía, una política de consolidación
presupuestaria y de reformas estructurales que han sido emprendidas por el Gobierno centrista del Partido Popular y dirigidas y coordinadas por su Vicepresidencia económica.



Concluyo ya, señor Presidente, haciendo esta valoración genérica y global.
Quisiera recordar a un intelectual que a principios del siglo pasado decía aquello de que había que europeizar España para españolizar Europa.
Yo creo que ambos
objetivos hoy se dan la mano con ese lema de 'Más Europa', y quiero decirle, señor Vicepresidente, que en la realización de esos objetivos y la realización de esa labor tendrá el apoyo del Grupo Popular.



Nada más y muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a todos.



Creo que se impone un breve descanso de cinco minutos para solaz de todos los miembros de la Comisión. (Pausa.)


Señorías, creo que en este segundo turno vamos a tener ocasión de descubrir, aparte de las explicaciones complementarias que dará el señor Vicepresidente a las intervenciones, el interés del aceite de serpiente.
En ese sentido, vamos a
mantener la incógnita hasta al final.



Tiene la palabra el señor Vicepresidente.



El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (de Rato Figaredo): Gracias, señor Presidente; gracias, señorías.



En primer lugar, quiero agradecer el tono y el contenido de todas las intervenciones, que me van a permitir -como es natural dentro de las diferencias políticas normales que están establecidas en la Cámara por razones ideológicas y de otro
tipo- avanzar en algunas aclaraciones a mis palabras que pueden ser útiles desde el punto de vista de la comprensión de la política del Gobierno.



Empezando por el Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, ha planteado, por un lado, con respecto a la Cumbre de Barcelona, que el Partido Popular había puesto un excesivo énfasis en una sola cuestión, que no ha discutido, pero ha
indicado que podía haber sido complementada con énfasis en otras dos, la que se refiere a la política de cohesión social y la que se refiere a la política de desarrollo sostenible.



Asimismo, el señor Bel ha planteado que el Gobierno del Partido Popular, a nivel de la Unión Europea, carece de los suficientes apoyos amplios, desde el punto de vista de los gobiernos, y que tienen que centrar su estrategia exclusivamente
en un número limitado de países. En tercer lugar, también ha planteado que la falta de credibilidad de la política de reformas de España le impide liderar procesos más profundos o tener una credibilidad que ha calificado, me parece que de pedigrí,
en las reformas estructurales en Europa; además de algunas otras cuestiones sobre la productividad y las preocupaciones en la productividad, así como algunas puntualizaciones sobre política comercial, arancelaria y políticas de medio ambiente.



Con respecto a la primera de sus afirmaciones, es indudable que por lo que se refiere a la política de cohesión social nosotros tenemos un planteamiento distinto


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del de su grupo parlamentario. Nosotros hemos entendido que la política de cohesión social debe basarse en una política activa y eficiente de empleo y su grupo parlamentario, como nos demostró durante sus épocas de gobierno, no lo cree así,
sino que considera que puede haber una diferencia y una separación entre la política de cohesión social y seguir un ritmo autónomo en la política de empleo.



En ese sentido, es indudable que si su señoría contempla las propuestas del Ecofin sobre política de empleo, podrá comprobar que hay una gran cantidad de políticas de cohesión social. Partiendo de la base de que nosotros, a diferencia de su
Grupo, creemos que en la creación de empleo radica la mayor calidad de la política social, no sólo porque, desde nuestro punto de vista, la mejor fórmula para realizar la política de cohesión estriba en que las personas tengan empleo y, por lo
tanto, independencia individual para desarrollar sus proyectos vitales, sino también porque a través del empleo es como podemos financiar los problemas de desprotección social.



La experiencia -y en este caso la experiencia española es muy útil- indica que cuando los gobiernos no consideran la política de empleo prioritaria para la política de cohesión social acaban produciéndose quiebras financieras en los
instrumentos de cohesión social, llámense éstos pensiones, seguros de desempleo, políticas en general de financiación pública, que acaban obligando a los gobiernos -como fue el caso de gobiernos a los que pertenece su señoría-, con las mejores de
las intenciones, a tener que efectuar recortes sociales tanto en los seguros de cohesión, de desempleo como en otras políticas. En ese sentido, tengo que manifestar, sin duda, que nosotros consideramos que todo lo que es el capítulo de creación de
empleo es la mejor política de cohesión social.



Con respecto al desarrollo sostenible, no puedo coincidir con su señoría, en primer lugar, porque el Consejo de Medio Ambiente de hace exactamente 48 horas acaba de aprobar bajo la Presidencia Española y ratificar el Protocolo de Kioto. En
ese sentido, parece excesiva la afirmación de su señoría de que no tenemos una pretensión de desarrollo sostenible, y el Consejo Ecofin -al que yo en estos momentos tengo el honor de presidir-, no sólo ha incluido, sino que ha adoptado un informe
sobre desarrollo sostenible con el apoyo de todos los países de la Unión Europea, que por cierto está en al página web de la Presidencia Española y, por lo tanto, está al alcance de todos los ciudadanos, especialmente de los Diputados que, como es
sabido, están especialmente cualificados para utilizar las nuevas tecnologías.



Además, quisiera poner de relieve que, precisamente en unas semanas en las que a nivel europeo se ha debatido el Plan Hidrológico español, es especialmente importante destacar la posición coherente del Grupo Parlamentario Popular, tanto en
España como en el Parlamento Europeo, respecto a un elemento en mi opinión esencial para el desarrollo sostenible en España, como es la utilización del agua que, por desgracia, no ha podido contar, no ya con la contribución del Grupo al que
pertenece su señoría, sino ni siquiera con una única posición del grupo al que pertenece su señoría a nivel europeo, lo cual sin duda creo que nos ha perjudicado, desde el punto de vista de la credibilidad española a nivel europeo. Tengo que
manifestarlo así porque yo, como Presidente del Ecofin, asistí al Pleno del Parlamento Europeo el día anterior a la votación sobre el Plan Hidrológico Nacional y tuve que escuchar varias críticas hacia el Plan Hidrológico Nacional de portavoces
europeos que se fundaban en las apreciaciones del grupo parlamentario de su señoría, y que seguramente se sintieron profundamente sorprendidos cuando, al día siguiente, el grupo parlamentario de su señoría votó todo lo posible y en todas las
variaciones posibles sobre el Plan Hidrológico Nacional. Por lo tanto, no creo que las afirmaciones de su señoría sean completamente justas, en primer lugar - vuelvo a repetir-, porque bajo nuestra Presidencia Europa ha ratificado el Protocolo de
Kioto; en segundo lugar, porque efectivamente hay un capítulo de desarrollo sostenible en el informe que el Ecofin remite al Parlamento y, en tercer lugar, porque, en concreto, en la contribución de España al desarrollo sostenible europeo,
probablemente el Plan Hidrológico Nacional, para un país como el nuestro, es la mejor contribución posible.



La segunda afirmación de su señoría es que nosotros carecemos de capacidad de mantener alianzas ampliar en Europa para conseguir acuerdos sobre reformas estructurales. Puedo decir que esa afirmación me sorprende. Su señoría se ha referido
a dos gobiernos -no sé la razón- al Gobierno italiano y al del Reino Unido, pero no son esos dos gobiernos los que ya en la Cumbre de Estocolmo demostraron una mayor beligerancia o resistencia a aprobar un calendario de reformas estructurales en las
industrias europeas, sino que fueron otros. Por lo tanto, si hubiera que medir a la Presidencia española en su capacidad de interlocución con los gobiernos europeos, en otros temas es posible que sean el Gobierno italiano y el de Gran Bretaña, pero
no el de las reformas estructurales; me parece obvio y no hace falta ser un experto en conocimientos europeos, para saber que las reticencias, perfectamente explicables, aunque yo no las compartía, partían de otros gobiernos. El que el Consejo
Ecofin haya aprobado por unanimidad un informe en el que se plantea un calendario de liberalización eléctrica para el 60 por ciento del mercado europeo y un planteamiento de redes transfronterizas, además de una propuesta para el 2004 de cielo único
y de una muy importante política social en creación de empleo, indica la capacidad de interlocución que tiene el Gobierno en España en este momento que, sin duda, no coincide con la apreciación de su señoría. Pero como esto no es una cuestión de
apreciaciones personales, sino de resultados,


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es difícil no percatarse de que ha sido bajo la Presidencia española cuando países que tradicionalmente se consideraba que no iban a aceptar ni calendarios ni objetivos medibles sobre la liberalización eléctrica, los han aceptado.
Indudablemente el mérito no es de la Presidencia española en exclusiva, pero no me parece justo que se diga que nosotros no tenemos capacidad de interlocución, cuando yo me presento ante esta Comisión con un acuerdo que, sin duda, en algunos
aspectos no tiene precedentes bajo otras presidencias.



Su señoría me plantea qué piensan otros socios sobre la Unión Europea. Las discusiones sobre lo que piensan unos y otros son eternas entre los grupos parlamentarios y el Gobierno, entran dentro de la dialéctica parlamentaria. Si su señoría
tiene interés en conocer la literalidad de lo que piensa la Comisión Europea, yo le propongo que consulte el último documento que me parece relevante, que es el que acaba de hacer público la Comisaría que preside el señor Solbes en cuanto a la
realización de las grandes orientaciones de política económica respecto al año 2001, en el que se evalúa la capacidad de cumplimiento de dichas orientaciones, entre las cuales, como es natural, no sólo está la política presupuestaria, sino también
la política estructural, en la que somos el único país que de cuatro apartados obtiene una calificación -si le parece bien ese término- más que suficiente en tres y también en el cuarto obtiene un buen resultado. En ese sentido, no parece adaptada
a la realidad la afirmación de su señoría de que somos un país que no tenemos un reconocimiento de los esfuerzos que hacemos en las cosas que hacemos bien, que no las hacemos todas, como es natural.



Por otra parte, su señoría ha dedicado bastante tiempo a las telecomunicaciones e, independientemente, de que no vengo con todos los datos posibles, que sin duda podemos utilizar en otro debate, sí quisiera recordarle que, primero, España
por razones políticas perfectamente explicables y argumentadas en su momento por otros gobiernos, no liberalizó, es decir, tuvo un monopolio de la telefonía hasta el año 1998. Por tanto, nuestro ritmo de liberalización, como es natural, se adapta a
los calendarios que cada gobierno democrático legítimamente ha ido estableciendo, y eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes.



Desde el punto de vista de la telefonía su señoría ha demostrado un gran interés sobre la diferencia de las tarifas internacionales, pero seguramente también es consciente de que tenemos las tarifas locales más baratas de Europa. En ese
sentido, eso también nos ha creado problemas con la Comisión, que entiende que estamos limitando la competencia de los operadores alternativos a Telefónica. En cualquier caso, se ha producido una continua bajada de precios, como indican las
comparaciones de Eurostat de los precios de las telecomunicaciones en España y en Europa.
Se ha reducido el precio medio por minuto en un 44,5 por ciento desde 1998 hasta junio de 2001, y en telefonía móvil los ingresos por minuto facturado se han
reducido en más de un 40 por ciento en 1999 y un 17 por ciento en 2000.



Independientemente de que el Gobierno está muy satisfecho de que el debate político se centre en una mayor competencia y liberalización, creo que nuestros esfuerzos en la telefonía hay que ponerlos en el contexto de que el proceso de
liberalización en España empieza cuando empieza, por razones políticas que cada cual tiene que explicar y que, como todas las razones políticas, tienen sus ventajas y sus inconvenientes.



Su señoría me indica que tiene una gran preocupación por la productividad nominal. Yo no la comparto y se lo he dicho en varias ocasiones a su Grupo Parlamentario. Creo que un país que tenía un 24 por ciento de paro, un 40 por ciento de
paro femenino y un 30 por ciento de paro juvenil, obligatoriamente debía tener una política de creación de empleo intensa.
Y la va a seguir teniendo, por lo menos mientras gobierne el Partido Popular, que como vuelvo a decir, a diferencia del
partido al que pertenece su señoría, ha considerado siempre que la mejor política social era la de empleo. Probablemente por eso, nuestras cifras de creación de empleo, de reducción del paro y de superávit de la Seguridad Social se comparan
radicalmente distintas con las que su partido obtuvo, quizás porque ustedes entendían que la política de cohesión social tenía que hacerse independientemente de la política de creación de empleo.



No puedo mostrar más que mi satisfacción porque su señoría considere que la conciliación de la vida familiar y laboral de las mujeres es un elemento básico de la cohesión, habida cuenta de que ha sido precisamente mi Grupo Parlamentario y mi
Gobierno, al que pertenezco, el que promovió esa ley la pasada legislatura y, también, que ha sido bajo nuestro gobierno cuando se está incrementando la creación de empleo femenino a ritmos del doble de la creación de empleo masculino. Por lo
tanto, estamos muy satisfechos de contar con el concurso de su señoría en esa dirección.



En cuanto a la política arancelaria de Estados Unidos, usted es consciente de que las relaciones comerciales son una política europea, en consecuencia, es una política que en estos momentos dirige la Unión Europea . No somos nosotros los
que establecemos las negociaciones con Estados Unidos sobre política comercial, sino que lo hacemos a través de la Unión Europea. Por lo tanto, el Consejo de Barcelona, que no va a contar con la presencia del Comisario Lamy, probablemente abordará
alguna declaración política sobre esta cuestión, pero no creo que sea el momento de hacerlo en detalle. Sí lo será la reunión de Toledo del Consejo Informal de Comercio, que se celebrará a la semana siguiente de la reunión de Barcelona, exactamente
el lunes siguiente, en el que sí estarán presentes todos los ministros de comercio europeos y el Comisario Lamy, en la que se estudiarán las reacciones que ya ha anunciado


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el Comisario y la Presidencia con respecto a las decisiones arancelarias norteamericanas sobre el acero, y que suponen la apertura de un procedimiento en la Organización Mundial de Comercio, además de la utilización de cláusulas de
salvaguarda.



Su señoría y la Comisión son conscientes de que la decisión norteamericana -que nosotros valoramos negativamente no sólo por lo que respecta al mercado del acero, sino al debate mundial sobre la liberalización del comercio, al que esta
decisión sin duda no beneficia en nada- va a producir seguramente no sólo pérdidas de mercado por parte de los productos europeos en Estados Unidos, sino también distorsiones en los flujos de venta de los países que van a perder mercado en Estados
Unidos.
En ese sentido, la Unión Europea, como es natural, tiene a su servicio la utilización de cláusulas de salvaguarda de las que hará uso. Tanto la Comisión como la Presidencia ya han anunciado que la Unión Europea llevará a la Organización
Mundial de Comercio a Estados Unidos por esta decisión que consideramos completamente injusta.



En cuanto a la cuestión de las mandarinas, he de decir que hemos hecho lo propio. Está en marcha el procedimiento para llevar a Estados Unidos a la Organización Mundial de Comercio, como conoce muy bien la opinión pública y el sector, y
estamos en una negociación para, si fuera posible, cerrar el contencioso antes de que ese procedimiento se ponga en marcha, habida cuenta de que puede tardar dos años.



En ese sentido, como muy bien sabe su señoría, tenemos un Protocolo para las mandarinas españolas que permite que durante su transporte en barco desde España a Estados Unidos se lleve a cabo un procedimiento de frío para acabar con la
llamada larva mediterránea. Entendemos que este protocolo se ha cumplido, porque no existe ninguna prueba fehaciente de que haya habido larvas como consecuencia de su incumplimiento.



Entendemos que la actitud que debe seguir el Gobierno español, de la cual el sector está perfectamente informado, debe ser doble: por un lado, poner en marcha - como ya se ha hecho- en el seno de la Unión Europea el procedimiento para
llevar a Estados Unidos a la Organización Mundial de Comercio y, por otro, negociar con las autoridades norteamericanas fitosanitarias para recomponer la situación, si fuera posible, por métodos negociados antes de acudir a la Organización Mundial
de Comercio.



Señor Presidente, señorías, paso a contestar al Senador Curto, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Señor Senador, no coincido en que la no consecución de todo el procedimiento de alerta temprana del artículo
99 del Tratado por parte del Consejo haya supuesto una merma del Pacto de Estabilidad. El procedimiento del artículo 99 está pensado dentro del pacto del procedimiento de déficit excesivo precisamente para evitar llegar al mismo; es decir, como
todos sabemos, el déficit excesivo supone que un país no puede superar el 3 por ciento de déficit y cuando se acerca a una cifra que puede indicar que llegaría a superarlo en el futuro se produce el procedimiento de alerta temprana por parte de la
Comisión que pretende que el país en cuestión tome medidas para evitar llegar al déficit excesivo.



Quiero decir que no sólo la Presidencia sino el Consejo valoraron que la Comisión actuó en su obligación al poner en marcha el procedimiento de déficit excesivo sobre Portugal y Alemania; pero antes de que el Consejo tuviera que tomar una
decisión, ambos países hicieron públicos sendos compromisos muy importantes de cumplimiento de sus objetivos presupuestarios a corto y medio plazo: ratificaron su compromiso para dedicar todo el aumento de ingresos que se pueda producir por encima
de lo previsto a la reducción del déficit, no aumentar el gasto por encima de lo previsto y cumplir en el año 2004 el compromiso del Pacto de Estabilidad. Habida cuenta de que la Comisión reconocía que tanto en un caso como en otro no exigía un
cambio de política presupuestaria a ninguno de los dos países porque su deterioro del saldo estaba relacionado con la caída coyuntural de ingresos como consecuencia del ciclo, parece que su compromiso -que acabo de recordar- fue suficiente.
El
sistema de déficit excesivo se ha utilizado y ha funcionado en su fase de alerta, y en cualquier caso, hay un compromiso fehaciente por parte de esos dos países y del resto de ponerlo en marcha con ellos o con cualquier otro país si fuera necesario.



El que los países europeos en un momento de desaceleración económica como la que hemos vivido, sobre todo en el cuarto trimestre de 2001, no hayan recurrido a políticas presupuestarias expansivas sino que hayan mantenido sus objetivos de
techos de gasto y sólo hayan dejado funcionar los estabilizadores automáticos, indica hasta qué punto hoy estamos en una política presupuestaria distinta a nivel europeo, que el Gobierno español valora muy positivo así como los mercados, como su
señoría puede comprobar, ya que no se ha producido ninguna oscilación ni en los tipos de interés ni en la valoración de la moneda como consecuencia de la aplicación de las medidas del Consejo respecto a la decisión de la Comisión de poner en marcha
el artículo 99 de alerta temprana.



Con respecto a la política mediterránea, efectivamente, la Presidencia española entiende que Europa necesita una mayor visibilidad de su política de desarrollo en el Mediterráneo, que además necesita una relación más intensa con los países
del sur de Mediterráneo y que una institución, de la cual puede formar parte esos países como miembros del accionariado, permitiría un desarrollo de políticas orientadas a lo que en opinión de la Presidencia española es una de las principales
carencias de los países del sur del Mediterráneo, que es la existencia de un tejido productivo


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empresarial privado sobre el que depositar el crecimiento económico y social de esos países.



Como ha dicho su señoría, hay una división de opiniones, aunque no lo calificaría de fuerte oposición, entre los países que, con la Comisión y con España, consideran que la fórmula viable en estos momentos sería una filial del Banco Europeo
de Inversiones en la que éste tuviera mayoría pero que, por un lado, permitiese la presencia en el capital de los países del sur del Mediterráneo y, por otro, que los países europeos concretos pudieran tener un aumento de su participación a través
de aportaciones bilaterales al capital, y entre los países que piensan que en el momento actual sería más operativo una facilidad, es decir, una línea de crédito específica, probablemente acompañada de fórmulas de mayor representación de los países
del sur a través de un foro de inversiones y de fondos de viabilidad de proyectos. La Presidencia española va a intentar conciliar posturas y llegar a Barcelona, si es posible, con una propuesta que pueda obtener el consenso de todos los países y,
caso contrario, continuar trabajando a lo largo de nuestra Presidencia en esta dirección.



En cuanto a los efectos de la ampliación sobre la cohesión, como he indicado en mi primera intervención, no va a haber cambios de políticas hasta el año 2007 -por tanto, los fondos establecidos en la Cumbre de Berlín continúan siendo los
fondos con los que cada país cuenta, y los nuestros son suficientemente conocidos y además con una importante ventaja desde el punto de vista de la posibilidad de desarrollar nuestra cohesión territorial- y a partir de ese momento empezará una
negociación que, como es natural, dependerá de los equilibrios y acuerdos entre todos los países.



Es indudable que España, por suerte, va a encontrarse en esas fechas mucho más cerca de salir del Fondo de Cohesión que hace diez años. Soy de los que opina que es mejor haber superado la situación de Fondo de Cohesión que estar toda la
vida en el; que es mejor tener una renta per cápita superior al 90 por ciento de la media europea que tenerla inferior, independientemente de que a uno le concedan o no el Fondo de Cohesión y, por tanto, el hecho de que España en este decenio
abandono este fondo es una buena noticia.



Respecto a los fondos regionales, hay zonas españolas que van a dejar de ser Objetivo 1 como consecuencia de que van a mejorar su renta, lo que me parece lógico.



Aprovecho ya para contestar al Senador Arroyo del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria que, como he expuesto en el propio papel de la Comisión sobre el futuro de los fondos regionales, la evolución estadística de las regiones va a estar
matizada por algunas cuestiones, no sólo las regiones Objetivo 1 sino también las regiones ultraperiféricas -he mencionado esa palabra y está en el informe de la Comisión- mantendrán ayudas similares a las regiones Objetivo 1. Como el Senador sabe
muy bien, ha sido bajo el Gobierno del Partido Popular cuando se ha hecho un reconocimiento expreso de la ultraperificidad en el Tratado de Amsterdam y, por tanto, espero que su señoría sea perfectamente consciente de que mantenemos una lucha
constante por garantizar los intereses de las regiones insulares españolas y en concreto de las regiones ultraperiféricas.



Señor Presidente, como el Senador Albistur no está presente sólo diré que agradezco sus palabras y apreciaciones y que le contestaré cuando tengamos otra oportunidad.



En cuanto al Grupo Parlamentario Popular, quiero subrayar algunas de las cuestiones manifestadas por su portavoz. La Presidencia de la Unión Europea, como probablemente algunos miembros de esta Comisión que también han sido Presidencia
cuando formaban parte del Gobierno de España pueden constatar, no es siempre el momento para que un país haga sólo lo que más le conviene. Probablemente nunca es un buen momento tratar de hacer sólo lo que a uno más le conviene en la Unión Europea
porque, como es natural, hay que llegar a acuerdos, pero bajo la Presidencia la responsabilidad de un país no está en hacer exclusivamente lo que le interesa, sino que es el momento en el que tiene que hacer una política de Presidencia y conseguir
acuerdos en temas que incluso pueden no ser los que le interesan en ese momento, y puedo poner como ejemplo el Consejo Ecofin sobre el déficit excesivo de Alemania y otros muchos. Nuestro cometido como Presidencia, es contribuir al avance de la
Unión Europea y, por tanto, nuestra obligación es siempre tratar de llegar a acuerdos y no siempre es el momento de defender de manera más rabiosa - si se quiere utilizar esa expresión- las posiciones de los intereses nacionales, lo cual no quiere
decir que uno los olvide, sino que debe orientarlos en un contexto en el que la responsabilidad del país es más amplia que la habitual.



En ese sentido, yo creo que una presidencia tiene que tener un programa que responda a los intereses generales y, al mismo tiempo, poner énfasis no sólo en sus intereses, sino en su visión de las cosas, que no es siempre exactamente igual
que la de los demás. Voy a poner sólo un ejemplo. Nosotros hemos dado mucha importancia a las redes transfronterizas, desde el punto de vista energético. Siendo uno de los países de un extremo de Europa, tiene sentido, pero además tiene sentido
para construir un mercado energético europeo, y ello queda demostrado porque los países que no están en la misma situación han entendido nuestra propuesta, y la han apoyado. Eso es lo que una Presidencia tiene que intentar hacer: plantear
cuestiones que a ella le pueden interesar en el contexto de cuestiones que a otros muchos les interesan, porque si no, es imposible llegar a construcciones europeas, que no pueden ser construcciones egoístas, sino que tienen que ser construcciones
compartidas.



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Por eso creo que nuestro programa es ambicioso y al mismo tiempo sólido.
La prueba es que conseguimos acuerdos. Sería muy difícil, si hubiéramos hecho un programa o bien ligero o bien extremo, que hubiéramos conseguido un acuerdo a quince
antes de la Cumbre de Barcelona, y lo hemos conseguido probablemente porque en ese acuerdo hay muchas aportaciones de otros países. La Presidencia ha sido sensible a las sensibilidades políticas de otros países, que han sido manifestadas en
apartados sociales, económicos, sobre servicios públicos, sobre calidad de dichos servicios públicos; son aspectos que quizá nosotros no hubiéramos enfatizado, porque en ese momento no eran nuestra mayor preocupación, pero lo eran de otros, y
nosotros, por tanto, las compartimos, porque en cualquier caso no son cuestiones negativas.



Quiero subrayar el tema del trabajo femenino. En la conclusión del Consejo Ecofin hay una clara apuesta por un aumento de la participación femenina en la oferta y en la demanda de empleo en Europa, y en ese sentido hay una contribución
importante, como la hay en la conciliación entre la vida laboral y familiar, que se menciona específicamente dentro de lo que es el cuidado de los niños en ese mismo acuerdo.



El debate sobre si Europa es un gigante económico o un enano político y todas esas cosas es un debate eterno en la posición europea. Europa es sin duda en estos momentos la zona del mundo que está llevando a cabo la integración
político-económica más intensa; al fin y al cabo cada cual tiene la historia que tiene, y nosotros hasta hace muy pocos años éramos, no sólo un continente de Estados-nación, sino un continente de Estados-nación enfrentados, y además enfrentados con
una tradición de enfrentamientos notable y sangrienta. Yo creo que hoy estamos en un punto muy lejano de esa realidad, pero es una realidad de la generación anterior a la nuestra, por tanto, no es una realidad tan distante. Creo que eso hay que
valorarlo. Indudablemente no somos un Estado federal europeo y puede que no lo vayamos a ser nunca, y en lo que a mí respecta tampoco estoy seguro de que lo debamos de ser, pero sí creo que hoy hay una desnacionalización de políticas muy
importante. En política económica hay una desnacionalización de la política monetaria; en política comercial, como acabo de recordar, hay una desnacionalización total; en políticas medioambientales; en políticas económicas de todo tipo empieza a
haber una desnacionalización, por ejemplo en políticas tributarias, y hay un importante compromiso en políticas presupuestarias. Por tanto, es muy difícil negar que Europa está caminando hacia una integración en la que los países no van a
desaparecer, y además yo soy de los que no cree que deban hacerlo, pero deben crearse instrumentos que permitan una Europa de veinticinco países y una eficiencia en la toma de decisiones, y ahí está el gran debate de los próximos años sobre la
convención europea que acaba de comenzar.



También me parece relevante la mención que se ha hecho por parte del portavoz del Grupo Parlamentario Popular respecto al Fondo Monetario Internacional. El informe del Fondo Monetario Internacional, independientemente de las diferencias de
matiz y de énfasis que cada cual quiera poner, ratifica algo que me parece muy importante, y es que la política económica española basada en una estabilidad presupuestaria y en una política de liberalización económica es el camino por el que podemos
aumentar nuestro nivel de prosperidad, ser más flexibles en las crisis internacionales como la que acabamos de vivir, y al mismo tiempo, como se puede comprobar, coincidir más todavía en la construcción europea. Por todo ello creo que todas las
aportaciones que han sido hechas por los grupos son muy valiosas para el Gobierno.



Nada más y muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a todos. (El señor Bel i Queralt pide la palabra.)


El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista no ha agotado su tiempo reglamentario; puede por lo tanto intervenir, y seguro que es para explicar lo del aceite de serpiente.



El señor BEL I QUERALT: Es para hacer unas consideraciones muy breves, creo que no más de tres minutos.



El señor PRESIDENTE: En ningún caso, no para reabrir ninguna clase de debate.



El señor BEL I QUERALT: No, señor Presidente.



Simplemente quiero constatar algunas cosas que me quedan claras de la intervención del señor Rato.



Tenemos algunas diferencias en cuestiones sociales. No es que nosotros creamos que la creación de empleo no es la mejor fórmula de cohesión social; la diferencia está en que ustedes creen que es la única, y nosotros no. Creemos que hay
otros elementos de igualdad de oportunidades: en educación, en el mercado de trabajo, que nos hacen coincidir más con otros gobiernos. De hecho, también constato que usted se siente satisfecho con las políticas de familia, que probablemente son
cuatro veces inferiores a la media europea.



En segundo lugar, y con la misma brevedad, en materia de medio ambiente constato otra vez que en el documento inicial de 'Más Europa' no había ninguna especificación de este objetivo. Hoy lo hay, después de las rondas que han tenido con
diferentes gobiernos. Constato que la muestra de su interés por el asunto está en que ha dejado de responder a la pregunta probablemente más importante, que es cuáles son sus previsiones e intenciones y cómo va a abordar en la Cumbre de Barcelona
la Cumbre mundial sobre desarrollo sostenible, en Johanesburgo, después del verano, probablemente es el evento más importante que va a haber en los próximos años en materia de medio ambiente. No


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ha hecho ninguna referencia a ello; no sé si es muestra de su sensibilidad.



En materia de reformas estructurales yo le he sugerido -no he entrado en políticas de alianzas- si se podía preguntar por qué países como Suecia, Dinamarca, Finlandia o Alemania, que se hallan por delante de España en introducción de
competencia en mercados de tipo complejo, de red, etcétera, han presentado más dificultad para acompañar a España en sus propuestas de avance que otros como Italia o Alemania. Sería bueno.



Sobre telecomunicaciones la pregunta que podría hacerse es por qué Portugal, que empezó su liberalización en telefonía fija en el año 2000, ya tiene menor cuota del antiguo operador y precios mejores que España.



Acabo con lo del aceite de serpiente. El aceite de serpiente es un remedio usado por los indios americanos para curar heridas. Desde el PSOE hemos sido propulsores de la lectura de El Quijote, pero creemos que es bueno ampliar horizontes.
Dicho aceite tiene una diferencia con el bálsamo de Fierabrás. Como sus nombres indican, el bálsamo es analgésico y el aceite es curativo. Obviamente, no entraría en la intervención del señor De Juan, porque sería absolutamente improcedente -y los
nervios de la Mesa injustificados-...



El señor PRESIDENTE: El señor Diputado haría bien en acabar su intervención.



El señor BEL I QUERALT: En ese caso, lo que le iba a comentar de su intervención, se lo digo después en privado, y agradezco a la Mesa su consideración, pero creo también -y ya acabo- que nos hemos ceñido al tiempo reglamentario.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Diputado.



¿El señor Ministro desea intervenir? (Pausa.) Tiene la palabra.



El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Muchas gracias, señor Presidente.



No es que no haya querido contestar a su señoría sobre la Cumbre de Johanesburgo, es que no lo anoté en mis notas porque había hecho referencia a ella en mi primera intervención; probablemente, como ha sido una intervención tan larga, su
señoría en ese momento no me ha prestado atención.



Quisiera simplemente recordarle que la Comisión va a presentar al Consejo de Sevilla su documento base, que servirá para fijar la posición de la Unión Europea a la Cumbre de Johanesburgo, que como su señoría ha recordado, y con razón, es una
cumbre de gran importancia que se celebrará en el mes de septiembre en Sudáfrica, y por tanto, sí quiero ratificarle que no va a ser misión de la Cumbre de Barcelona fijar ese criterio, sino fijarlo en la cumbre de Johanesburgo.



Sí es cierto que la Comisión ya ha presentado su paquete de indicadores sobre medio ambiente, que viene del Consejo Europeo de Laeken, es decir, de la Presidencia belga, en el que se dio la bienvenida a estos indicadores medioambientales.
También es cierto -quiero recordarlo una vez más- que el Protocolo de Kioto ha sido ratificado bajo la Presidencia española. Que el 17 de enero, es decir, muy recientemente, se ha presentado el primer informe de síntesis que evalúa el progreso
realizado. Que un informe similar, que había sido preparado por el Comité de Política Económica, se ha discutido en el Ecofin y va a ir, como los documentos de apoyo, a la Cumbre de Barcelona. Que el Consejo Europeo de Barcelona, como los
sucesivos Consejos de primavera, va a seguir garantizando las tres dimensiones de la estrategia de desarrollo sostenible. Y, efectivamente, que será en el Consejo Europeo de Sevilla en el que se prepare la posición europea para la Cumbre de
Johanesburgo.



Con respecto a nuestra no coincidencia en la política de creación de empleo, es algo obvio; no hay más que ver los resultados de las políticas de cada uno. Y como estoy convencido de que ustedes hacían una política para conseguir unos
determinados objetivos, está claro que la creación de empleo sólo estuvo entre sus objetivos muy iniciales.



Y en cuanto al aceite de serpiente, no sé si incluirlo entre las reformas estructurales o en el desarrollo sostenible. (Risas.-El señor Bel i Queralt: En medio ambiente.) En cualquier caso, si su señoría me lo aconseja para conseguir
algunos acuerdos en materia de política económica en el seno del Ecofin, lo utilizaré todo lo que pueda.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a todos por su colaboración, y muchas gracias, señor Ministro, por su presencia.



Se levanta la sesión.



Eran las veinte horas y quince minutos.