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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 40, de 24/05/2001
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2001 VII Legislatura Núm. 40
PARA LA UNIÓN EUROPEA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSEP BORRELL FONTELLES
Sesión núm. 10
celebrada el jueves, 24 de mayo de 2001, en el Palacio del Congreso
de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
- Comparecencia del señor vicepresidente segundo del Gobierno para
Asuntos Económicos y ministro de Economía (De Rato y Figaredo) para
informar sobre los últimos Ecofines y sobre la entrada en vigor del
Euro. A petición propia. (Número de expediente del Congreso 214/
000061 y número de expediente del Senado 711/000124.) ...
Se abre la sesión a las a las cuatro y treinta y cinco minutos de la
tarde.
El señor PRESIDENTE: Damos la bienvenida al señor vicepresidente del
Gobierno y ministro de Economía, para informar sobre las últimas
reuniones del Ecofin, y la entrada en vigor del euro, comparecencia
que tiene lugar a petición propia. Agradecemos al señor
vicepresidente del Gobierno su presencia y le damos la palabra para
que, con el tiempo que estime oportuno, nos informe sobre estos
temas.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS
Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): En primer lugar, quiero
mostrar mi satisfacción por comparecer en la Comisión Mixta para la
Unión Europea y presentar un informe que trataré de que no sea
demasiado extenso, sobre todo para acercarnos a las cuestiones más
próximas, pero que en mi opinión debe referirse al conjunto de las
presidencias que se han producido desde el principio de este período
de sesiones y del anterior, desde septiembre, que han tratado
cuestiones relevantes, y que aunque SS.SS. las conocen me parece
importante mencionarlas. Como ha dicho el presidente de la Comisión,
me referiré a los temas abordados en los diversos consejos a lo largo
de estos dos períodos de sesiones y también de manera detallada a la
implantación del euro en la economía española, habida cuenta de que
como es consciente el conjunto de la Comisión y cada uno de sus
miembros, estamos ya en las fases finales de la implantación del euro
físico.
Desde el punto de vista de Ecofin, me gustaría significar que la
coordinación de las políticas macroeconómicas a nivel de los quince
países de la Unión Europea y especialmente de los países euro, ha
sido uno de los temas sobre los que más atención se ha puesto en las
sucesivas reuniones a través de fórmulas formales e informales,
especialmente en los eurogrupos, y también a una mayor coordinación
entre los planes de estabilidad y las grandes orientaciones de
política económica, que probablemente es una de las características
de este proceso de coordinación de políticas económicas.
En ese sentido, una vez más quiero subrayar que la pertenencia al
eurogrupo, y por tanto a la zona euro, exige de los doce países euro,
y en concreto de nuestro país, una constante coordinación de
políticas con nuestros socios que no sólo ha sido sino que va a ser
una de las cuestiones más importantes en el futuro de las relaciones
económicas en Europa.
En cualquier caso, como saben SS.SS., existen ya algunos instrumentos
formales, el más conocido de ellos probablemente es la presentación
anual de los programas de estabilidad y crecimiento. A partir del 27
de noviembre pasado y a lo largo de diversas sesiones hasta marzo se
han dictaminado los programas de estabilidad
de todos los países euro y también de los otros tres países
del conjunto de la Unión Europea que siguen presentando programas de
convergencia. España presentó su programa el 12 de marzo, que fue
acogido favorablemente por el Consejo y en el que probablemente una
de las cuestiones más importantes para nosotros ha sido el
cumplimiento de nuestros objetivos tanto en términos de déficit
público como en términos de la evolución de nuestra economía. Sin
duda, tenemos en estos momentos un dictamen que reafirma la
estrategia adoptada en los dos programas anteriores en el sentido de
fomentar a través de la política presupuestaria un mayor crecimiento
económico, más sostenido en el tiempo a través de una doble política
de consolidación presupuestaria y reformas estructurales. El programa
de España (y es la segunda parte de la coordinación de políticas
económicas, que ha venido a ser más intensa a partir de este año, que
es la relación entre los programas de estabilidad y las grandes
orientaciones de política económica) se considera que es coherente
con las orientaciones generales de política económica y desde el
punto de vista macroeconómico se considera que las previsiones son
realistas, se plantea claramente como uno de los objetivos que se
utilice la política presupuestaria como un elemento de estabilidad
frente a las presiones inflacionistas y sin duda también se refuerzan
y se respaldan los procesos de reforma estructural emprendidos por
España. En el caso concreto del fondo de pensiones de la Seguridad
Social se considera importante para la sostenibilidad a medio plazo
de nuestras finanzas públicas.
Con relación a las grandes orientaciones de política económica que se
están discutiendo en este momento, y que serán aprobadas en el
Consejo de la Presidencia sueca en Gotemburgo, ya habían sido
decididas en el Consejo de Lisboa que fue en marzo, que fue el
Consejo de las reformas estructurales. El nuevo objetivo estratégico
de la Unión Europea era conseguir en este decenio, es decir en el año
2010, una economía basada en el conocimiento, más competitiva y más
dinámica a nivel mundial, capaz de crecer económicamente con mejores
empleos y mayor cohesión social, objetivo que todos podemos compartir
y sin duda lo hacemos. Las grandes orientaciones de política
económica del año 2000 trataron de dar un contenido operativo a las
recomendaciones de la cumbre de Lisboa y en ese sentido nosotros nos
hemos adaptado a las grandes orientaciones del año 2000 y en estos
momentos se están debatiendo cuáles van a ser las nuevas del año 2001.
Uno de los temas que va a formar parte de esta coordinación de
políticas económicas será la necesidad de acercarnos a análisis
constantes de las mejores prácticas de cada uno de los países
respecto a las reformas estructurales. En el caso de España, algunas
de las medidas del pasado mes de junio, de limitaciones a la
capacidad de expansión de operadores dominantes enlos mercados de
generación de electricidad o en la distribución
de hidrocarburos, se han considerado como una medida que
puede ser considerada una buena práctica a nivel europeo.
Como destaca el propio informe de síntesis de la Comisión, la
realización del potencial de crecimiento de la Unión Europea exige la
aparición de unos indicadores estructurales. En ese sentido los
indicadores estructurales que se aprobaron en la cumbre de la
Presidencia francesa y que van a permitir comparaciones entre países
respecto al cumplimiento de los objetivos de reforma estructural, son
útiles también desde el punto de vista de que podamos apreciar que
nuestras reformas planteadas en el mercado de las telecomunicaciones
además del mercado de la electricidad nos sitúan por debajo de la
media en estos precios.
Como he dicho, estamos en este momento en la discusión de las nuevas
orientaciones de política económica que junto con los planes de
estabilidad forman parte de los instrumentos básicos para la
coordinación de las polìticas económicas, y las del año 2001 han sido
ya fijadas por el último Ecofin con tres desafíos: un desafío a corto
plazo, que trataría de responder a la actual desaceleración de la
economía mundial en términos de crecimiento y en términos de empleo;
un desafío a medio plazo que sería asentar en Europa bases de
crecimiento medio, a través del aumento de la oferta laboral y de un
clima propicio a la inversión; y por último un desafío a largo plazo,
que sería responder al envejecimiento poblacional a través de la
profundización de las políticas de consolidación fiscal de reformas
estructurales y especialmente, y creo que va a ser uno de los objetos
de debate en el futuro, de las políticas de prestaciones de pensiones
complementarias en lo que nosotros llamamos el tercer nivel.
Hay ocho componentes en las nuevas orientaciones de política
económica que se van a debatir en el Consejo de Gotemburgo. El
primero, asegurar la aplicación de políticas macroeconómicas de
crecimiento y estabilidad. El segundo, mejorar la sostenibilidad de
las finanzas públicas, donde el tema de la evolución de las pensiones
es muy importante. El tercero, fortalecimiento de los mercados de
trabajo, promoviendo la participación laboral en el mercado de
trabajo, especialmente de la femenina y de los trabajadores de mayor
edad; reformar la imposición sobre el trabajo para hacerlo más
atractivo e incentivar los procesos de formación de salarios que
tengan en cuenta diferencias de productividad y condiciones laborales
locales. El cuarto es dotarse de mercados eficientes de bienes y
servicios, aumentando la competencia en las industria de energía y el
transporte y el refuerzo de la capacidad de las autoridades encargada
de vigilar las prácticas contrarias a la competencia. El quinto,
promover la eficiencia e integración del mercado de servicios
financieros en la Unión Europea, a través de la puesta en práctica de
varias medidas como el plan de acción de servicios financieros y el
plan de acción de capital riesgo, y dotar de operatividad el
nuevo procedimiento legislativo que ha sido propuesto por el llamado
Comité de sabios Lamfalussy, del cual haré mención posteriormente. El
sexto componente es fomentar el espíritu emprendedor, mediante la
reducción de las cargas administrativas en las empresas. El séptimo,
impulsar la economía del conocimiento a través del estímulo de las
actividades de I+D. Por último, el octavo, potenciar el desarrollo
sostenible, reforzando las políticas de precios vía impuestos
específicos, reduciendo las exenciones o actividades que dañan el
medio ambiente y consensuando un esquema impositivo comunitario sobre
la energía. También haré mención a estas cuestiones desde el punto de
vista de la posición española.
Es importante que en estas grandes orientaciones de política
económica que se van a aprobar en la Presidencia sueca va a aparecer
por primera vez claramente diferenciada la zona euro; por tanto,
aunque no hay unas grandes orientaciones específicas para la zona
euro sí hay un capítulo dentro de las ya planteadas que se va a
referir a la zona euro, pues entiende el Consejo que la existencia de
una moneda única y común a todos los países de la zona euro exige esa
especialización de las grandes orientaciones de política económica.
Desde el punto de vista bilateral, nosotros hemos contribuido al
debate antes de la formulación de las grandes orientaciones, con
iniciativas con Finlandia y con el Reino Unido, con declaraciones o
iniciativas conjuntas en la línea de subrayar la necesidad de
mantener la estabilidad presupuestaria y acentuarla sobre todo en las
cuestiones relacionadas con las reformas estructurales.
Mención especial merece, señorías, la referencia a los pasos que se
están dando para la creación de un verdadero mercado financiero
europeo. Sin duda, el informe Lamfalussy sobre la regulación de los
mercados de valores ha sido un hecho muy importante, como es
consciente la Comisión aunque todavía no está finalizado desde el
punto de vista del Consejo sí se ha llegado a una fórmula de acuerdo
con la Comisión. Este proceso comienza el 17 de julio cuando el
Ecofin de esa fecha, todavía en Presidencia francesa, encarga a un
grupo de expertos la elaboración de un informe sobre la situación de
mercados de valores europeos y su regulación. Como sabe la Comisión,
en ese grupo estaba también una persona española, el profesor Rojo, y
las conclusiones fueron aprobadas en la cumbre de marzo celebrada en
Estocolmo hace dos meses. La razón de encargar este informe en la
Presidencia francesa fue el convencimiento de los ministros de que
los mercados financieros europeos carecían de suficiente integración
para competir con los mercados norteamericanos y para obtener todos
los beneficios de la integración que supone el euro y en ese sentido
para contribuir a esa integración era imprescindible que el
procedimiento legislativo europeo -que puede ser extraordinariamente
complejo- se agilizara en un nuevo sistema en el que
las fórmulas de COMITOLOGÍA permitiesen que tanto el Parlamento
Europeo como el Consejo y la Comisión pudieran avanzar de manera más
rápida.
Muy brevemente, porque supongo que lo conoce bien la Comisión pero
creo que es importante plantearlo, estaría en un nuevo marco
regulador que está basado en cuatro niveles. El primero es un nivel
político, con textos legislativos que no son detallados, no diré que
es el equivalente a una ley de bases española, pero una serie de
textos legislativos que encuadren un marco amplio, principios
generales y sería un procedimiento legislativo normal, es decir un
procedimiento de codecisión entre el Parlamento y el Consejo. Ahora
bien, se propone que siempre que sea posible este primer nivel de
textos marco se realizase en lectura única por un sistema de mayor
rapidez de aprobación.
El segundo nivel serían los reglamentos, que vendrían a desarrollar a
su vez este primer cuerpo legislativo y para ello estos reglamentos
ya serían aprobados por un comité de valores que contaría con el
apoyo de un comité de reguladores que recogería la presencia de todos
los reguladores de mercados financieros de los países de la Unión y
este comité de valores que desarrollaría los reglamentos estaría
constituido por la Comisión, por los representantes de los Estados
miembros, desarrollaría técnicamente la legislación de lo que hemos
llamado el nivel legislativo marco y ahí se descendería ya a un
detalle operativo. El comité de reguladores, que sería un comité
asesor, propondría medidas al propio comité de valores y estaría
integrado por los representantes de los supervisores nacionales, en
el caso de España la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
El tercer nivel sería la adopción de la normativa por parte de los
Estados y el cuarto nivel sería el control reforzado de la
trasposición, de manera que hubiera realmente un seguimiento y una
exigencia para que los Estados cumpliesen en el plazo la trasposición
de los reglamentos.
El Consejo Europeo, que aprobó en Estocolmo el informe Lamfalussy,
entiende que debe lograrse un mercado de valores integrado a finales
del año 2003 y además considera que la reforma del procedimiento
legislativo puede y debe lograrse dentro del marco del tratado
vigente, por tanto sin tener que hacer modificaciones que podríamos
considerar constitucionales. También se invita a la Comisión a
fortalecer el diálogo con la industria y con los consumidores y tengo
que decir desde el punto de vista de la posición española que
nosotros hemos apoyado como Gobierno el informe del Comité de sabios
y entendemos que es un procedimiento novedoso y puede ser muy útil
para que el mercado integrado europeo en términos financieros, en
términos de mercados de valores sea suficientemente ágil y se pueda
modernizar a la suficiente rapidez como para poder adaptarse a un
mercado mundial de estas características. Desde el punto de vista de
la industria
española en el mercado de valores la armonización normativa supondría
el fin de la localización de los proveedores allí donde la normativa
pueda ser más laxa, que no es el caso español, puesto que tendríamos
una misma uniformidad de normativa en la Unión Europea.
En cuanto al procedimiento de COMITOLOGÍAS entendemos que es una
buena fórmula que legislemos a base de comité con un alto nivel de
trasparencia y que sea posible a través del mismo que todas las
partes implicadas puedan actuar a lo largo del proceso.
También se ha planteado dentro de la modificación de los mercados
financieros la modificación de la directiva sobre organismos de
inversión colectiva en valores mobiliarios, en ese sentido el Ecofin
ha adoptado un acuerdo político sobre dos propuestas de modificación
de esta directiva: la primera sería la denominada de productos, que
amplía el ámbito de las inversiones que pueden hacer estos organismos
de inversión colectiva, y la segunda se denominaría de gestoras y
pretende completar la regulación vigente de las sociedades de gestión
de inversión colectiva con una armonización básica de las mismas y
así la nueva directiva, entre otras cuestiones, introduce por primera
vez unos requisitos de capital inicial y de solvencia para sociedades
gestoras y se impone la presentación a los inversores de unos
folletos de información clara. Ambas propuestas para el caso español
son muy acertadas porque complementan la regulación europea de las
instituciones de inversión colectiva y crean en nuestra opinión
mejores posibilidades de un mercado integrado para fondos y
sociedades de inversión.
También se ha modificado la directiva de prevención del blanqueo de
capitales con una cláusula muy exigente que supone la ampliación de
los sujetos obligados a desarrollar medidas de prevención y se
pretende igualmente ampliar el abanico de los delitos susceptibles de
producir blanqueo, en cuanto a las personas o sujetos obligados a
desarrollar actividades de prevención, y se incluye a los
profesionales del ámbito jurídico dentro de los colectivos sujetos a
medidas de prevención, con un desarrollo que ha sido previamente
aceptado y consensuado con los representantes de los colectivos
jurídicos europeos. Respecto a la ampliación del número de delitos
cuyo blanqueo ha de comunicarse por los sujetos obligados, se alcanzó
un consenso entre todos los Estados miembros para incluir todo delito
grave, y no sólo del narcotráfico y de la criminalidad organizada,
como venía ocurriendo hasta ahora.
Una vez que he hecho un pequeño repaso de las cuestiones financieras
y de la coordinación de políticas económicas, paso ahora, señor
presidente, a referirme a un apartado también de cuestiones de gran
importancia como son las cuestiones fiscales. Continuamos con los
trabajos del paquete Monti, que como recuerda la Comisión fue
aprobado en diciembre de 1997, que básicamente tiene tres patas: una
que se refiere a la armonización de la imposición sobre los cánones;
otra
que se refiere a la fiscalidad de las rentas del ahorro de los
residentes en países miembros; y otra que se refiere al código de
buenas prácticas o de buena conducta. En ese sentido, fue
especialmente importante el Consejo Europeo de final de la
Presidencia portuguesa en Feira, donde se llegó a un acuerdo sobre la
fiscalidad para poner en práctica la totalidad del paquete Monti
antes de diciembre de 2002. Quiero recordar que el compromiso
político es que estas tres áreas, es decir el ahorro de los
residentes, la directiva sobre patentes y el código de buenas
prácticas o de buena conducta, forman un todo desde el punto de vista
del equilibrio político y que todos los Estados miembros hemos
insistido en que ha de aprobarse como un paquete. Por tanto, el
calendario hasta el 31 de diciembre de 2002 es relativamente
exigente. Se han dado algunos pasos, como el que se dio el 27 de
noviembre, al final de la Presidencia francesa, al concretar la
directiva relativa a la fiscalidad de las rentas del ahorro que se
aplicará a los pagos de intereses a personas físicas que residen en
un Estado miembro distinto del Estado pagador. En ese sentido, ya se
fijó en Feira que el objetivo básico de la directiva era el
intercambio de información, pero se estableció un período transitorio
para los países que tenían dificultades constitucionales en esta
cuestión, centradas sobre todo a través del secreto bancario, que
eran principalmente Luxemburgo, Bélgica y Austria. Este período
transitorio es de siete años; durante los tres primeros años
aplicarían una retención del 15 por ciento y en los siguientes cuatro
años aplicarían una retención del 20 por ciento y además se
obligarían a transmitir el 75 por ciento de esta retención al Estado
de residencia del inversor. Creo que es una solución equilibrada que
no está completa si no hay una conexión con países terceros, que se
está llevando a cabo por parte del Consejo y de la Presidencia para
evitar un proceso de deslocalización del ahorro en Europa que pudiera
ser grave. También hemos propuesto -y este ha sido un tema en el que
hemos tenido notable insistencia-, que se incluyan los territorios
dependientes de países miembros. Por parte de España se entiende que
no tendría demasiado sentido tratar de hacer negociaciones con
terceros países para que estén dispuestos a llegar a acuerdos sobre
la fiscalidad del ahorro internacional y que sin embargo en
territorios dependientes de países miembros se pudieran tener
situaciones que no estuvieran de acuerdo con la directiva. En ese
sentido forma parte de la directiva y del mandato del Consejo de
Feira.
La directiva de intereses y cánones supone que se supriman las
retenciones sobre los pagos en concepto de intereses y cánones que se
efectúan entre empresas situadas en distintos Estados miembros.
España ha pedido un período transitorio de ocho años, ligeramente
inferior al que han conseguido Grecia y Portugal, pero que
indudablemente nos permite mantener todavía una recaudación
importante en un tema que para nosotros es considerable, como son los
pagos por
patentes tecnológicas. Calculamos que esto puede tener una incidencia
a favor de la Hacienda pública española de unos 15.000 millones de
pesetas anuales, lo cual representa el 12 por ciento de la
recaudación del impuesto sobre la renta de los no residentes. Esta
directiva sobre intereses y cánones está prácticamente ultimada
y entendemos que no va a ser la que presente mayores dificultades en la
fecha del 31 de diciembre del año 2002.
Por último, el tercer elemento del paquete Monti sería el código de
conducta, que como sabe la Comisión pretendía eliminar las prácticas
desleales -si podemos utilizar esa expresión- entre países, desde el
punto de vista de la fiscalidad de las empresas. Cuando se aprobaron
los principios del código, en diciembre de 1997 bajo la Presidencia
de Luxemburgo, se acordó que ningún país adoptaría ya más medidas
perniciosas a partir de entonces y que se irían desmantelando
paulatinamente las medidas vigentes antes de enero de 2003, que hoy
se ha ampliado a diciembre de 2005. Se ha hecho una relación de
medidas que considera el Consejo deben eliminarse en esas fechas y en
el caso de España (creo que esto es especialmente satisfactorio para
el conjunto de nuestra legislación, pero sobre todo para los
regímenes forales) sólo tenemos dos medidas, una es el régimen
especial de hidrocarburos en el impuesto de sociedades, que es una
medida muy pequeña, y la otra son los centros de coordinación del
País Vasco y de Navarra, y ambas hemos notificado ya a la Comisión
que van a ser derogadas próximamente; por tanto España no tiene
graves problemas. En este momento tengo que decir que en el paquete
Monti España no tiene graves problemas exceptuando, vuelvo a repetir,
que los territorios dependientes de otros países apliquen la misma
legislación, y si eso no fuera así mantendríamos claramente una
reserva sobre la directiva del ahorro.
Respecto a la zona especial en España, que es la zona especial de
Canarias, cumple perfectamente el apartado del código y en ese
sentido no existen problemas con nuestra legislación específica en
Canarias. Se han planteado en esta cuestión peticiones de mayor
aplazamiento más allá de 2005, que era ya un aplazamiento superior al
planteado inicialmente, pero veo difícil que esas peticiones puedan
prosperar puesto que ya hay un compromiso político muy firme.
También se ha analizado en este período al que me estoy refiriendo el
proyecto de directivas sobre el IVA del comercio electrónico. Este
tema es de gran importancia que todavía divide a los Estados miembros
pero sin duda va a exigir, no sólo por la creación de un verdadero
mercado interior en Europa sino también por la existencia de un
comercio electrónico en un mercado globalizado, un acuerdo por parte
del Consejo. En ese sentido esperamos que en el próximo Ecofin de
dentro de dos semanas, el 5 de junio, podamos avanzar en la
fiscalidad o en el IVA del comercio electrónico.
Con relación a la fiscalidad de la energía, es un tema que como
recordará la Comisión ha sido recurrente en los distintos debates
sobre armonización fiscal en Europa. Existe ya una directiva que
armoniza los impuestos sobre hidrocarburos pero hay la pretensión de
elevar esta armonización a nuevos impuestos sobre el gas natural, el
carbón y la electricidad. En ese sentido, la posición tradicional
española ha sido no aceptar el planteamiento del debate sobre esta
directiva hasta que la Comisión Europea pudiera especificar
claramente cuáles eran las consecuencias de la armonización de la
energía, no sólo sobre cuestiones medioambientales sino también sobre
cuestiones de crecimiento, inflación y empleo. Tengo que decir además
para que la Comisión sea consciente, que la directiva actual tiene
más de 90 derogaciones, es decir se trata de una directiva que
prácticamente no se aplica en ningún sitio por lo menos en su
totalidad; también tengo que decir, como saben muchos miembros de la
Comisión porque creo que la negociaron, que España no es precisamente
el país que más derogaciones mantiene. Por tanto, respecto a esa
pretendida crítica que se nos hace de que nosotros nos oponemos a una
armonización de la fiscalidad energética en Europa, lo primero que
habría que decir es que no existe tal armonización, y en segundo
lugar que España no es precisamente uno de los países que produce
mayores dificultades con la actual armonización. Bien es cierto que
nosotros, dada nuestra situación energética, hemos tenido
tradicionalmente y tenemos una posición contraria a agravar la
extensión del gas natural, que es nuestra otra fuente alternativa de
energía, y también tenemos una fiscalidad que no es exactamente
similar a la de nuestros vecinos en cuestiones eléctricas.
En cualquier caso, nuestra posición se ha ampliado en el sentido de
que hemos planteado a nuestros socios que además de que la fiscalidad
de la energía exige una reflexión sobre sus consecuencias en la
inflación, en el empleo y en la competitividad, además para armonizar
una tributación lo primero que tiene que haber es un mercado interior
y existen dudas de que eso sea así. En ese sentido, España considera
que además de hablar de la armonización fiscal hay que hablar de
redes transeuropeas, de interconexiones y del cumplimiento por parte
de todos los Estados miembros de las reglas del libre juego en el
tema de la energía. Este asunto ha sido abordado por la Presidencia
sueca de manera constructiva, puesto que ha planteado limitar la
discusión exclusivamente a la estructura de la imposición, es decir a
cuál sea la definición jurídica de los hechos imponibles y no tanto a
los posibles impuestos o tarifas concretas. Nosotros hemos aceptado
esa propuesta de la Presidencia sueca, pero también hemos planteado
reiteradamente a nuestros socios en el Ecofin y de manera bilateral
que España plantea la necesidad de avanzar al mismo tiempo que en una
armonización fiscal en la existencia de un verdadero mercado interior
energético y hemos
dicho que la discusión de una armonización fiscal no se puede limitar
a fijar nuevos mínimos de los impuestos, incluso ensanchándolos a
nuevas fuentes de energía, sino también la reconsideración del total
de las 90 derogaciones y si no las derogaciones tendrán que
permitirse que se apliquen a todos los Estados miembros porque es
poco sostenible, en nuestra opinión, la actual situación. Este va a
ser un tema importante, recurrente, yo creo que son conscientes
muchos miembros de la Comisión, pero la posición española es
suficientemente flexible y además es una posición mantenida en el
tiempo, es decir no estamos en estos momentos planteando algo nuevo,
y tiene bastante sentido no sólo desde el punto de vista español sino
desde el conjunto del punto de vista de la Unión Europea.
Me gustaría ahora referirme, señor presidente, a la ampliación de la
Unión Europea. Como sabe muy bien la Comisión de Niza decidió que el
Ecofin se convirtiera en un foro de cooperación con los países
candidatos. En ese sentido, en el Ecofin informal de Malmö, bajo la
Presidencia sueca, se produjo la primera reunión del conjunto de los
ministros de economía de los países miembros y se realizó un análisis
sobre los sistemas de tipo de cambio de los candidatos, así como una
evaluación de los denominados programas económicos de preadhesión,
que van a ser revisados por primera vez a finales de junio, y en
estos programas cada candidato ofrecerá una información sobre su
política económica, los programas de estabilidad y convergencia que
se adaptan a sus circunstancias particulares y también se produjo
políticamente una primera reunión entre los ministros de economía de
los países preadhesión y los países miembros. Esta práctica va a
continuar a lo largo de todas las presidencias, y por tanto España
tendrá que celebrar esta reunión en su Ecofin informal en la ciudad
de Oviedo, en el mes de marzo del año que viene.
En cuanto al proceso de implantación del euro, que sería el final de
mi intervención para después poder contestar a las preguntas de los
miembros de la Comisión, en primer lugar quiero subrayar -como creo
que todos somos conscientes- que estamos en la parte final del
proceso, de un proceso histórico de gran importancia, que en mi
opinión se está completando con gran éxito técnico y político. La
realización de una única política monetaria para un área tan amplia
como ésta ha demostrado una alta solvencia de las instituciones
europeas y de los bancos centrales nacionales, pero ahora estamos en
una parte del proceso que es la preparación para la introducción
física del euro, en el que cada país tiene grandes e importantes
responsabilidades. Nosotros -muy brevemente, para poner la cuestión
en su marco- desde el año 1997 teníamos algunos trabajos a través de
una comisión interministerial. También se elaboró en ese mismo año un
plan de transición al euro. En el año 1998 se aprobó la Ley de
introducción del euro, que fue redactada con participación de las
administraciones autonómica y local y se
tuvieron en cuenta los planteamientos de instituciones civiles de la
sociedad española.
Después de la declaración común del Consejo de Economía y Finanzas de
noviembre de 1999, en el que se redujo el período de seis meses a dos
y se aprobó el segundo plan de transición al euro -el que se
llamaría, en nuestro caso, el canje de pesetas por euros-, las
actuaciones más importantes reflejadas en ese plan eran la
introducción de monedas y billetes y la retirada de la peseta, las
actuaciones de información, las actuaciones de las propias
administraciones públicas y otras referidas al sector privado.
La introducción de monedas y billetes y la retirada de las pesetas
es, sin duda, una operación logística importantísima -pensemos que
vamos a sustituir por otra toda la liquidez de nuestra economía en
dos meses, y si es posible, en menos tiempo-, puesto que estamos
hablando de 7.800 millones de piezas metálicas, que es el equivalente
al 12 por ciento, aproximadamente, de la producción total de la zona
euro, y de una cantidad también muy considerable de billetes. En el
caso español, el proceso de producción está siendo razonablemente
satisfactorio, sin problemas, que han surgido en otros países, pero
no en el nuestro, por suerte. Está prevista la producción de 14.500
millones de unidades billetes en euros en toda la Unión Europea. En
el caso de España van a ser 1.924 millones de billetes, que están
siendo fabricados por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y
existen ya acuerdos con el Banco de España y con empresas de
seguridad para su distribución.
La cuestión, de lo que es consciente la Comisión, es que, desde los
primeros días del mes de enero, haya una suficiente masa crítica de
monedas y billetes como para que el público pueda cambiar de pesetas
a euros sin dificultades, y proceder lo más rápidamente a ese cambio.
Para ello entendemos, siguiendo también las recomendaciones de la
Unión Europea, que es imprescindible empezar a predistribuir en el
mes de septiembre del año 2001 a las entidades de crédito y a las
grandes empresas de distribución comercial. Este proceso de
predistribución, que empieza en septiembre, tiene un segundo escalón,
en el cual se distribuye ya, por parte de las entidades de crédito, a
los pequeños comercios y al sector de la hostelería a partir del 1 de
diciembre. Esta predistribución no presupone, en absoluto, que haya
un adelantamiento de la fecha de utilización legal de las monedas y
de los billetes, que será en todo caso el 1 de enero y no va a haber
variaciones sobre esa cuestión, en mi opinión, ni sería bueno que las
hubiera, pero sí va a hacer posible que, en el caso de las monedas,
se puedan comprar monedas euro a partir del 15 de diciembre por parte
del público en general. Por tanto, en la predistribución hay tres
niveles: el primero sería el sector financiero y las grandes empresas
de distribución, que son las que van a acumular mayores cantidades de
liquidez y que empezaría en septiembre; el
segundo sería el del pequeño comercio y la hostelería, que empezaría
el 1 de diciembre, y el tercero sería el público en general, que
puede comprar monedas euro, pero no utilizarlas, a partir del 15 de
diciembre.
Para esta operación no cabe duda que los cajeros automáticos van a
jugar un papel muy importante porque, junto con el comercio y el
transporte público en las grandes ciudades, va a ser la primera
ocasión en que un ciudadano coincida con la moneda, a principios de
enero. Entendemos que, con los acuerdos que hemos firmado con las
asociaciones de las entidades de crédito, aproximadamente el 85 por
ciento de los cajeros van a estar emitiendo euros a partir del 5 de
enero, que es una cifra muy importante. Estamos hablando de una red
de 40.000 unidades que empezarán a emitir a partir del 1 de enero,
pero el 85 por ciento estarán completamente cargados de euros -si me
permiten la expresión- a partir del 5 de enero. Los cajeros van a
emitir billetes de 20 y 50 euros durante los primeros días del
próximo año, pero también habrá billetes de 5 y 10 euros, y estamos
estudiando con las asociaciones que representan a las entidades
financieras -según su propia experiencia del mercado- dónde deben
existir billetes de un tamaño y billetes de otro. Hasta el 28 de
febrero, como es también consciente la Comisión y la opinión pública,
van a convivir la peseta y el euro, pero el canje se podrá seguir
realizando en las entidades bancarias, de forma gratuita, hasta el 30
de junio de 2002 y, a partir de ahí, de forma indefinida, en las
oficinas del Banco de España. Desde el punto de vista de la
gratuidad, en España, como es natural, el canje es de pesetas a
euros, no de cualquier otra moneda a euro. Con el objetivo
fundamental de que desde el primer momento la mayoría de las
transacciones se hagan en euros y el sector comercial y de servicios
públicos dé los cambios en euros, se están arbitrando medidas que
permitan que los consumidores dispongan rápidamente de billetes de
poca denominación para, de esta manera, paliar la necesidad de
aumentar el disponible de caja y, en la medida de lo posible,
mantener constante el flujo de liquidez de los establecimientos
comerciales de todo tamaño.
El Banco Central Europeo ha planteado unas exigencias muy concretas
en la prealimentación de los comercios, como pueden ser cuestiones de
garantías y colaterales, que están haciendo necesaria la búsqueda de
vías para evitar que eso pueda limitar o reducir el ritmo de
prealimentación y, en ese sentido, tanto el Gobierno, concretamente
el Ministerio de Economía, como el Banco de España o las asociaciones
de comerciantes e instituciones financieras estamos trabajando en
esta cuestión. Además, estamos elaborando un plan de prealimentación
para el comercio con dos objetivos fundamentales: reducir las
necesidades de efectivo en caja en los comercios y abaratar la
prealimentación de estos comercios durante el período anterior al 1
de enero del año 2002. En la medida en que se terminen
de perfilar los detalles de este plan va a resultar imprescindible
avanzar en la programación de actuaciones para la retirada de monedas
y billetes en los primeros meses de 2002.
Desde el punto de vista de las actuaciones de información, el cambio
de pesetas a euros constituye una operación de gran complejidad -creo
que todos somos conscientes- y su éxito depende no sólo de los
aspectos legales y logísticos, sino que además exige una
planificación y una colaboración entre los agentes públicos
y privados y, en ese sentido, el Gobierno lleva ya varios años, y
especialmente éste, concienciando a los sectores económicos españoles
en esta operación. A lo largo de todos estos años -desde el año 1998,
pero especialmente en el año 2001- ha habido una campaña de
comunicación sobre el euro cuyos objetivos, obviamente, son la
información y la generación de un clima de confianza. Esta campaña de
información va a continuar hasta, por lo menos, junio de 2002, para,
de esta manera, hacer más concreta la información al público. En ese
sentido, los objetivos de esta última fase que en estos momentos
estamos realizando son: informar y familiarizar a la población con el
euro; adelantar el proceso de adaptación al euro de manera que se
empiece a utilizar, por ejemplo, el euro escritural a partir del
último trimestre del año 2001; promover que las pequeñas y medianas
empresas se adapten a la nueva moneda para trabajar exclusivamente en
euros desde el 1 de enero; impulsar en este sentido al comercio
minorista que, como he dicho, constituye un elemento clave en la
aceptación del llamado código de buenas prácticas y en la exhibición
de la euroetiqueta, y dedicar especial atención a aquellos colectivos
que puedan tener mayores dificultades, como puede ser el caso de los
disminuidos físicos y psíquicos, con los que estamos trabajando y ya
tenemos avanzados varios programas.
Hemos hecho una campaña en que distinguimos por tipo de público,
desde una población en general hasta colectivos de especial atención
y empresas; una evolución de los mensajes, que los que la sigan
habrán podido ver que hemos pasado de mensajes más institucionales
a mensajes concretos y de contenido práctico que puedan hacer que la
población se familiarice con cuestiones como el redondeo, la
transparencia de los precios, la gratuidad del canje, etcétera, y la
utilización, como es natural, de canales variados de comunicación,
desde los medios de comunicación de masas hasta medios específicos
dirigidos a colectivos. En el momento actual, en la fase, digamos, de
televisión y radio, estamos actuando en cuatro fases: una, que
terminará el 24 de junio, que sería una fase de inicio; una fase de
preparación, que irá hasta el 31 de diciembre; una fase del euro en
curso, que irá hasta el 28 de febrero, y la última fase prevista iría
hasta junio de 2002. Los mensajes son precisamente las fechas claves,
es decir, que los ciudadanos tengan claro cuándo empieza, qué se
puede hacer,
cuándo termina, etcétera; la importancia de los céntimos, que puede
parecer una cuestión relativa, pero los céntimos van a tener una
importancia considerable desde el punto de vista de lo que valen, y
la difusión para que el público identifique en los establecimientos
el compromiso de la euroetiqueta y, por tanto, el seguimiento del
código de buenas prácticas, que creemos que es un elemento esencial.
También hemos hecho especial hincapié en esta campaña para que las
pequeñas empresas sean conscientes de las fechas que están
transcurriendo y se ha procurado ir acostumbrando al público a los
cálculos de equivalencia entre euros y pesetas, yendo a fórmulas
simples que permitan que la gente vaya actuando y vaya adaptándose a
trasladar los precios de pesetas a euros, para lo que los acuerdos
que hemos firmado con los medios de comunicación me parecen
especialmente significativos.
A partir del 15 de septiembre ya tendremos que avanzar para
especificar las condiciones de canje y de retirada ordenada de las
pesetas, recalcando una vez más lo que ya estaba en la Ley del euro
de 1998, que es la invariabilidad de las nóminas, las pensiones, los
contratos y las hipotecas con motivo del cambio de moneda, para
evitar que haya personas que piensen que dicho cambio puede
afectarles en su liquidez o en lo que están recibiendo como
consecuencia de cualquier derecho. Hay que insistir una vez más en la
gratuidad del proceso de cambio y subrayar la identificación. A
partir de enero de 2002 incentivaremos el proceso de cambio lo más
rápidamente posible.
Existen campañas especiales para el medio rural, para los municipios
no bancarizados, para lo que hemos llegado a acuerdos con las
instituciones financieras con objeto de que esos municipios tengan un
servicio especial durante los dos meses del año de transformación o
de cambio. También tenemos exposiciones itinerantes por toda España
en las que un número significativo de pequeños municipios van a
recibir especial atención. Estamos realizando un plan de formación
especial para personas mayores, con visitas y formación en esas
visitas de personas en los hogares del pensionista o similares, con
materiales específicamente dirigidos a ese colectivo, y en menos de
cuatro meses hemos impartido formación de manera directa o indirecta
a aproximadamente medio millón de personas. Como he dicho, estamos en
contacto con la ONCE, con la Confederación Nacional de Sordos y con
la Feaps y hemos utilizado billetes ficticios que nos ha dado el
Banco Central Europeo, junto con otros materiales, como folletos,
vídeos y juegos, adaptados a estos colectivos.
Desde el punto de vista de la población escolar y de los jóvenes, que
también ha sido un objetivo específico, hemos realizado sucesivas
puestas en marcha de material didáctico que ha estado estructurado
por los niveles educativos, dirigido a los alumnos y al profesorado,
y hemos realizado vídeos infantiles que permitan familiarizar
a los estudiantes más jóvenes con la nueva moneda.
Respecto a las pequeñas y medianas empresas, que constituyen un
objetivo prioritario y que, como saben muy bien, son, según las
estadísticas del Eurobarómetro que publica la Comisión Europea, el
colectivo que puede ir más retrasado en esta implantación o al menos
del que se tienen datos más retrasados, nosotros hemos elaborado un
plan de formación que en concreto en este año tiene tres objetivos:
conseguir, por un lado, que un alto porcentaje de las pequeñas
empresas se adapten al euro durante el período transitorio, es decir,
durante los meses de enero y febrero; que tengan una posición activa
y sean conscientes de que tienen que tomar decisiones por ellos
mismos y, sobre todo en el caso de los comercios del sector de la
hostelería, que suscriban el código de buenas prácticas y la
exhibición de la euroetiqueta. Estos objetivos tratamos de
conseguirlos con una estrategia en dos ejes: utilizar múltiples
canales de comunicación dirigidos a este tipo de empresas y el
fomento de intermediarios, es decir, gestorías, asesores fiscales y
empresas informáticas que son especialmente útiles en la labor de
concienciar a sus clientes de la llegada de la moneda única.
Por último, quiero referirme a un proceso muy intenso que hemos
empezado a desarrollar en el mes de enero y que alguna de SS.SS.
puede que hayan seguido, como es el proceso de acuerdos sectoriales.
En esos acuerdos sectoriales tenemos cuatro objetivos: primero,
adelantar el uso escritural del euro al 15 de septiembre; segundo,
acelerar el proceso de adaptación del euro por las empresas; tercero,
la difusión del código de buenas prácticas y de la euroetiqueta y,
cuarto, colaborar con los medios de comunicación para transmitir
información sobre el euro.
Hasta ahora llevamos firmados 22 convenios con asociaciones de
crédito; es especialmente significativo porque a través del sistema
financiero, con la redenominación de las cuentas bancarias y medios
de pago a partir del 15 de septiembre del año 2001 en euros es como
podremos permitir después que otras actividades puedan establecer sus
pagos en euros a través del sistema financiero a partir del 15 de
septiembre para proveedores, clientes y trabajadores. También la
ampliación del horario, por ejemplo de oficinas bancarias, durante
las primeras semanas del año 2002; la realización, como ya he dicho,
de un seguimiento especial para los municipios no bancarizados y la
distribución de pequeños billetes durante las primeras semanas.
También hemos firmado con otros 21 sectores económicos, como el de
las telecomunicaciones, la pequeña distribución comercial, seguros,
empresas petrolíferas, eléctricas, gasolineras, taxis. Estos acuerdos
contemplan, por un lado, la adaptación al euro de la gestión interna
de las empresas, es decir, su contabilidad, sus pagos, sus relaciones
con clientes, pagos de nóminas; y por otro, la conversión, el
tratamiento especial
de información al público durante el último trimestre del año
2001. Asimismo estamos preparando varios acuerdos con asociaciones de
consumidores y centrales sindicales para abordar esa cuestión desde
el punto de vista del usuario concreto de la moneda, es decir, del
público en general, no solo a través de las asociaciones
empresariales, y hemos firmado un acuerdo con la gran distribución
comercial que contempla aspectos de distribución anticipada de
monedas y billetes en euros y el compromiso de la exhibición de la
euroetiqueta y la aplicación del código de buenas prácticas.
Con los medios de comunicación, radios y televisiones, también hemos
firmado acuerdos de colaboración tanto en las radios públicas, en
acuerdos que han sido propiciados por las administraciones públicas
responsables de las mismas, como en el sector privado, para la
inclusión de la información sobre el euro en sus programas
informativos y en sus programas de entretenimiento, de manera que el
público vaya percibiendo que la referencia a cantidades dinerarias en
euros, como digo, no sólo en programas de noticias sino también en
programas de entretenimiento, vaya permitiendo que los ciudadanos
sean cada vez más conscientes de la llegada de esa fecha. En ese
sentido, estamos haciendo un esfuerzo que nos permite situarnos, como
indican los datos del Eurobarómetro, en cifras de penetración del
conocimiento y la preparación del euro sensiblemente superiores a la
media europea. Es una coincidencia creo que trascendental para España
que coincida con la Presidencia española el periodo de implantación
del euro. Por tanto tenemos una especial responsabilidad en todas
estas cuestiones que será todavía mayor puesto que seremos los
presidentes de los diversos consejos de la Unión Europea durante el
primer semestre de este año.
Especial atención tiene la implantación del euro no sólo en el sector
privado, ya sean familias, consumidores o empresas, sino en el sector
público. Ahí, como es natural, las administraciones públicas tienen
que llevar a cabo -y lo están haciendo- un papel determinante.
Primero, porque representan una gran masa dineraria en su movimiento
diario, y segundo, porque son una fuente constante de relaciones con
el público. Entendemos además que las administraciones públicas
tienen un efecto de ejemplo en su adaptación a la nueva moneda desde
el punto de vista del sector privado. Me gustaría referirme sobre
todo a la responsabilidad de la Administración general del Estado
habida cuenta de que hemos suscrito acuerdos con las comunidades
autónomas y con los ayuntamientos y mantenemos contacto con ellos,
pero me parece que la Comisión debe conocer especialmente cuales son
las iniciativas que van a entrar en vigor próximamente pues creo que
algunas de ellas aún no son conocidas.
Por un lado, el pago en euros de la nómina de los empleados públicos.
Estamos elaborando una ordenministerial por la que se establece el
abono en euros en
los pagos de la Administración general del Estado, organismos
autónomos y otros organismos públicos a partir del 15 de septiembre
de este año. Por tanto, estaríamos haciéndolo al mismo ritmo que la
mayor parte del sector privado. Como consecuencia de la decisión
anterior pueden producirse diferencias en el redondeo que provoquen
la insuficiencia o el exceso en el libramiento de los fondos,
habiendo diseñado la Intervención General del Estado un procedimiento
a seguir cuando se generen diferencias de redondeo como consecuencia
del pago en euros a los perceptores finales de las nóminas del
personal activo y de clases pasivas antes de la finalización del
periodo transitorio de introducción del euro.
Por último, y como complemento indispensable de las medidas que acabo
de mencionar, la Tesorería General de la Seguridad Social ha previsto
adelantar al último trimestre natural del presente año la posibilidad
por parte de los obligados de utilización del euro en las
liquidaciones y pagos de las cuotas de la Seguridad Social y
conceptos de recaudación conjunta, y para llevar a cabo las
adaptaciones legales necesarias se encuentra en fase de tramitación
un proyecto de orden ministerial sobre la aplicación del euro en los
pagos de deudas con la Seguridad Social. Esto es especialmente
importante porque es el único camino para permitir que las empresas
privadas puedan también pagar sus nóminas en euros.
La adaptación al euro de las entidades locales, que son las
administraciones claramente más cercanas al ciudadano pero que
pueden, en algunos casos, tener menos medios humanos y personales, es
una adaptación de una gran envergadura. En ese sentido el Ministerio
de Economía está facilitando el conocimiento y la formación adecuada
a las entidades locales. Probablemente el problema más relevante a
resolver en la transición del euro es la adaptación y sustitución de
sus aplicaciones informáticas, principalmente las presupuestarias
y contables, pero también sin duda las tributarias y de recaudación, de
gestión de medios personales, etcétera. Para ello y bajo la
supervisión de la Secretaría de Política Fiscal, Territorial y
Comunitaria, con la colaboración de la Sociedad Estatal de Transición
al Euro, se está diseñando una aplicación informática básica que
tendrá uno o más lenguajes operativos y que los municipios podrán
utilizar en caso de no contar con soluciones propias. Creemos que
proporcionándoles ese soporte podrá ser mucho más sencillo, sobre
todo para municipios de pequeño tamaño, aplicar el euro desde un
principio.
Con respecto al sector público empresarial el esfuerzo por un
adelantamiento de las fechas de adaptación del euro ha de ser
especialmente significativo en este sector, puesto que también lo va
a ser en el sector privado, y la adaptación al euro va a presentar
una doble vertiente: por un lado, la adaptación escritural
(cuestiones de contabilidad, capital social, contratación,
precios), y para ello se está ultimando la elaboración de un
convenio de colaboración entre la Dirección General del Tesoro, el
grupo Patrimonio y el grupo SEPI, de manera que realicen todas sus
operaciones financieras en euros a partir del 15 de septiembre.
Y especial mención merece la cuestión de las tasas y precios públicos.
A lo largo del presente año en las distintas reuniones que se han
mantenido con el comité de seguimiento para la introducción del euro
en cada departamento ministerial éstos han recibido el encargo de
identificar todas las tasas de precios públicos que ellos gestionan
con expresa inclusión de sus organismos dependientes. También debían
proceder al correspondiente cálculo del contravalor en euros con un
respeto escrupuloso al sistema de redondeo.
En estos momentos tengo la satisfacción de anunciar a la Comisión que
se está ultimando un proyecto de resolución por el que se da
publicidad a todas las tasas y precios públicos de la Administración
del Estado expresados en la unidad de cuenta del euro. Además, para
aclarar la cuestión del redondeo más allá de la de dos cifras, hemos
introducido, como sabe la Comisión, una modificación en el artículo
11 de la Ley sobre introducción del euro que prevé que en los casos
de conversión a la unidad de euro el importe monetario que se ha de
abonar o contabilizar ha de redondearse por exceso o por defecto al
céntimo más próximo. En ese sentido -esto estaba ya recogido en el
artículo 11 de la ley aprobada en el año 1998- se ha introducido en
el Senado una modificación para permitir hasta seis decimales en los
supuestos de tarifas, precios o aranceles, o cantidades unitarias que
hayan de aplicarse a bases expresadas en cualquier magnitud, a fin de
que se evite una variación del resultado y, en todo caso, productos
que no se corresponden con sus equivalentes en pesetas. Creo que esta
aclaración del artículo 11, permitiendo esta aplicación del redondeo
hasta seis decimales, nos va a permitir evitar cualquier perjuicio
para el público en tarifas, precios o aranceles, o cantidades
unitarias.
Un ejemplo de las importantes consecuencias que esta decisión puede
tener, además de los tributos locales, es, por ejemplo, en tarifas
como las del teléfono en las que se establece una cuantía por minuto
y si se utilizan sólo dos decimales podría producirse un fuerte
desajuste en la factura final. En el importante número de convenios
de colaboración que estamos suscribiendo con distintos sectores
económicos se incluye también una cláusula destinada a asegurar el
uso de seis decimales a la hora de efectuar el redondeo. Por tanto,
los sectores que están firmando con nosotros también se están
comprometiendo a realizar ese redondeo.
Finalmente quisiera analizar lo que representa el código de buenas
prácticas, al que me he referido en varias ocasiones. Este código
constituye un conjunto de compromisos aprobados por la comisión
especialObservatorio Consumo-Empresas, que es un decálogo
que está visualizado especialmente en la llamada euroetiqueta que
exhibirán los establecimientos que se comprometan en los lugares más
visibles para el público. Estos compromisos son aceptados
voluntariamente y suponen, en nuestra opinión, un paso muy importante
del compromiso cívico de las empresas a esta cuestión. Los diez
compromisos se refieren a: información; formación del personal;
seguridad de conversión; redondeo sobre cifra final; doble indicación
de precios más allá de febrero; devolver los cambios en euros;
continuidad del mantenimiento y nivel y no discriminación en el cobro
de precios; atención personalizada al consumidor; compromiso de
difusión del código; y compromiso de revisión. Las cámaras de
comercio y las asociaciones representativas de todos estos sectores
son especialmente significativas en esta cuestión.
En la difusión y seguimiento de la aplicación del código de buenas
prácticas, institucionalmente hay dos órganos, uno a nivel local y
otro a nivel autonómico, que pueden jugar un papel destacado en
promover la difusión de la euroetiqueta y canalizar las reclamaciones
y quejas por aquellos establecimientos que aunque se hayan
comprometido a cumplir el código puedan no hacerlo. Se han creado
también observatorios autonómicos en todas las comunidades autónomas
que se han comprometido con el Ministerio de Economía a la creación
de observatorios locales a nivel municipal, con objeto de llevar a
cabo un seguimiento más exhaustivo de esta cuestión.
No quiero alargarme más, señor presidente, pero la puesta en marcha
del euro es uno de los grandes acontecimientos de la vida económica y
política de nuestro país y del conjunto de la Unión Europea. Como
pueden apreciar SS.SS., el esfuerzo, por el repaso de cuestiones que
he planteado, es un esfuerzo logístico y técnico de gran importancia,
en el que el compromiso de las administraciones públicas es esencial,
pero no suficiente, y en el que es imprescindible movilizar al
conjunto de la sociedad. Con la firma de los acuerdos que estamos
realizando se está produciendo esa movilización, pero exige una
actitud activa por parte de todos, de las personas físicas, de las
familias y de las empresas, para tomar decisiones que no son
complejas, pero que son importantes en la adaptación al euro.
Muchísimas gracias por su atención, señor presidente. Espero no haber
sido excesivamente largo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente del Gobierno. El
tema requiere la extensión que usted ha empleado en su exposición,
que supongo también será utilizada por los portavoces parlamentarios,
a los que debo recordar que ellos sí tienen un límite de tiempo.
¿Portavoces que desean intervenir? (Pausa.) Sólo tres, puesto que no
tenemos más. El orden sería: Socialista, Convergència i Unió y Grupo
Popular. A efectos de no tener que interrumpirles, tarea harto
desagradable,
debo recordarles que tienen una intervención tasada en 15
minutos, Reglamento dixit.
Tiene la palabra el señor Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Muchas gracias, señor Rato, por su
intervención y por su ilustrativa información en torno a los
problemas que España tiene que afrontar en los próximos meses en
relación con muchísimos temas. No seré yo quien desconozca la
trascendencia, por un lado social y política, y al mismo tiempo las
dificultades prácticas de esta gimnasia mental, además de cambio
institucional, que va a significar la introducción del euro. No
quería detenerme demasiado en este tema sabiendo lo importante que
es, pero entenderá que mi atención tenga que ir dirigida por otros
derroteros mucho más que por los problemas derivados de los esfuerzos
logísticos y técnicos para que sea exitosa la introducción del euro.
Sí, en cambio, me gustaría señalarle dos cosas, además de desearle
éxito en el ejercicio de sus responsabilidades en esta materia, en la
que a todos nos va mucho.
Parece fuera de toda duda, y esta es una de las preocupaciones que
usted como todos los españoles podemos tener, el sesgo inflacionista
que puede tener la entrada del euro. Es verdad que el código de
buenas prácticas en este momento es una posible esperanza. No es
menos cierto que las técnicas de redondeo tratan de neutralizarlo. No
es menos cierto, tampoco, otro buen número de cosas que sin duda se
quieren poner en marcha, pero todos tenemos la sensación de que,
pelillos a la mar y céntimos a la mar, al final resultará que eso
introducirá un cierto sesgo inflacionista. En la situación en la que
vivimos no parece que sea lo más deseable, pero si algunas
presunciones, que ojalá no se cumplan, se unen a algunos anuncios,
querría trasladarle inquietudes expresadas en esta Cámara por
personas que van a tener, como primeros responsables, que adaptarse
a la utilización del euro -comerciantes y otro tipo de colectivos- y
que en alguna comparecencia, por ejemplo, han señalado algunos de los
efectos que ya empiezan a hacerse sentir en relación con el euro. Una
primera inquietud es sobre la disponibilidad en tiempo útil del
volumen necesario de billetes y monedas, a lo que usted ya ha
contestado diciendo que espera alcanzar los objetivos indispensables.
Y una segunda, que quizá sea el botón de una muestra más amplia,
referida a los incrementos de precios que se pueden estar ya
experimentando en algunas áreas de actividad de servicios y
notablemente en las empresas de seguridad que hacen el transporte de
fondos. Si uno tuviera que dar total crédito a alguna de las
expresiones vertidas en esta misma Comisión resultaría que algunas
compañías de seguridad estarían elevando los precios en porcentajes
entre el 70 y el 300 por ciento por el transporte de fondos. Le ruego
que lo compruebe y que, si eso fuera verdad, trate de atajarlo porque
a los temoresse pueden unir algunas prácticas.
Déjeme que entre en la cuestión que hoy le traía a usted aquí, desde
una perspectiva quizás algo más amplia, para tratar dos o tres cosas
de las muchas que usted ha tratado. Una, que tiene que ver con la
puesta en marcha y la aplicación de la estrategia decidida en Lisboa,
continuada en Feira, posteriormente en Estocolmo y dentro de pronto
de Göteborg, etcétera, y que significa -parafraseando al señor Prodi
en el último Ecofin- lograr revisar el modelo económico y social
europeo de modo que se incremente el crecimiento potencial, se
alcance un crecimiento sostenible y el pleno empleo y para ello
deberá considerarse que las reformas económicas y sociales se
refuerzan mutuamente en vez de ser percibidas como antagónicas. Así
reza el acta del último Ecofin. Es verdad que en materia de los
trabajos que el Ecofin ha venido llevando a cabo es enormemente
tributario de una estrategia, a mi juicio brillante, decidida en
Lisboa que ha generado una cierta conmoción en torno a los objetivos
y la ambición de la Unión Europea en materia económica y en materia
social, pero que, posteriormente, y con independencia de algunos
éxitos parciales, está sometida también a una evaluación menos
brillante.
Alguna de estas consideraciones hay que hacerlas partiendo de dónde
estamos y qué es lo que es previsible que ocurra en el horizonte
económico. Estamos viviendo un período de desaceleración de la
economía del mundo, de la economía de los Estados Unidos, de la
economía europea y también de la economía española. Es verdad que
todavía tenemos algunas incertidumbres sobre si las profecías o las
previsiones -para no ser especialmente sardónico- que se han hecho en
torno al crecimiento se van a cumplir o no. Lo que es cierto es que
las previsiones que la Comisión Europea hizo en otoño tuvieron que
ser modificadas seriamente en primavera, las previsiones que ha hecho
la Comisión Europea respecto a la zona euro han sido posteriormente
corregidas a la baja por la OCDE y las previsiones que hay en torno a
la economía europea y también a la economía española han sido también
corregidas a la baja por el Fondo Monetario Internacional. Estamos en
una situación en la que no se puede prestar más credibilidad a unos
que a otros pero, ante una falta de credibilidad en las perspectivas
de crecimiento en este momento, algunos datos de hoy mismo ponen de
manifiesto que la desaceleración de la economía europea no es algo
irreal, sino que dos de los principales países europeos, Alemania y
Francia, han conocido tasas de crecimiento de su economía en el
primer trimestre del año 2001 notablemente inferiores a las que
conocieron en el último trimestre del año 2000, lo que hace pensar
que no se cumplirán las perspectivas de crecimiento de estas dos
economías, especialmente de la alemana, a lo largo del año 2001,
aunque todavía hay tiempo, sin duda alguna, para ver cómo evolucionan
las cosas. Es verdad que simultáneamente se está poniendo de
manifiesto que la inflación se resiste a
bajar y es verdad que estamos ante una discusión de política
económica en la que usted, por cierto, ha estado involucrado, en
virtud de la cual algunos países europeos, el ministro de Economía
francés de una manera muy especial, pero otros también, están
solicitando que la banca central europea acompañe la reducción de
tipos de interés llevada a cabo por la Reserva Federal y no
continuada en el día de hoy por el Banco Central Europeo. Sin embargo
otros países, como es el caso de España, preocupados como
razonablemente deben estar por la mala situación de los precios y de
la inflación, abogan, casi claman, porque no se siga produciendo una
reducción de los tipos de interés no vaya a ser que todavía tengamos
más problemas de los muchos e importantes que ya tenemos en esta
materia.
Creo que estamos ante un período en el que, a pesar de un cierto
triunfalismo, hay algunas razones, no para dramatizar, pero sí para
tener algunas preocupaciones serias para que la economía española y
esta Comisión también, al analizar el horizonte trazado en Lisboa y
su continuación, a través de reformas estructurales, prioridades en
la acción de los gobiernos, responsabilidad de cada uno de los
ministros de economía, etcétera, se pregunten por el cumplimiento de
aquella estrategia, que es una estrategia al mismo tiempo de
crecimiento del potencial económico de la economía europea y de cada
uno de sus países y simultáneamente del mantenimiento de la cohesión
e incluso de reforzamiento de la cohesión social modernizada.
En ese sentido me gustaría, señor Rato, hacerle algunas
consideraciones que sirven para matizar los éxitos alcanzados en el
Ecofin, por ejemplo, en la aprobación del programa de estabilidad
actualizado del período 2000-2004. Es verdad que está aprobado por el
Ecofin, pero no es menos cierto que el Ecofin al aprobar el programa
de estabilidad de España ha dicho unas cuantas cosas. Por ejemplo, ha
dicho que había información insuficiente, lo mismo que cuando se
presentaron programas anteriores, lo que hace difícil evaluar la
situación macroeconómica y, sobre todo, la estimación de la situación
presupuestaria subyacente. Lo que es tanto como decir qué ocurriría,
si se produce, de verdad, una desaceleración más seria de la que hoy
todavía es previsible en torno a los equilibrios presupuestarios. Ha
dicho algunas cosas más y es que la inflación es mayor de la que
inicialmente estaba prevista y que naturalmente tenemos inflación
subyacente, como los últimos datos ponen de manifiesto, bastante
preocupante. Ha dicho también que el Gobierno debiera hacer
provisiones en relación con el cumplimiento de la sentencia famosa
sobre los salarios de los funcionarios, para el caso en el que el
recurso del Gobierno no prospere. Y ha dicho que, a pesar de que los
datos a corto plazo de la Seguridad Social son superavitarios, hay
serias preocupaciones, no solamente de futuro a partir del año 2025,
sino también cuando se posponen decisiones a 10 ó 12 años, no se
separan las fuentes de financiación y, por tanto, la
dotación de los fondos de reserva es notablemente insuficiente y no
se avanza sobre lo que ya se había venido avanzando en el año 2000.
Por tanto hay algunas cosas que creo que vale la pena recordar, como
vale la pena recordar que en algún tema que es vital, desde el punto
de vista de ese crecimiento de nuestro potencial en condiciones no
inflacionistas, es absolutamente indispensable, a pesar de que
algunas evaluaciones están hechas en el tono diplomático y razonable
en el que se conducen los órganos europeos, recordar que España ha
recibido unos cuantos varapalos en una materia sobre la que usted,
con frecuencia, me atrevo a decir, saca pecho y en la que, sin
embargo, tenemos algunos problemas.
España tiene problemas en materia de competencia y en materia de
reformas estructurales. Incluso en algunas cuestiones tenemos
problemas bastantes serios; pero, sobre todo, ni la legislación de la
competencia parece ser la más idónea, ni la independencia de los
órganos de la competencia es la adecuada, de acuerdo con los órganos
europeos, ni algunas cuestiones que hoy son triste realidad pueden
ser discutidas. Por ejemplo, en materia de precios estamos teniendo
una inflación -y esta no es la Comisión de Economía y no me parece
que tengamos que hacer un debate especial sobre esa cuestión- y es
verdad que los datos del mes de abril son especialmente malos; es
verdad, que se ha disparado la inflación subyacente; es verdad que
tenemos un diferencial de precios lamentablemente demasiado alto, en
relación con el resto de los miembros de la Unión Europea; es verdad
que, simultáneamente, en algunas áreas en las que incluso se ha hecho
enorme publicidad sobre los avances recorridos tenemos muy buenas
razones como para tener preocupaciones serias. Por ejemplo, en
materia de telecomunicaciones, España está en este momento en una
posición, en términos de beneficios para los consumidores del proceso
de liberalización, bastante peor de lo que está la media de la Unión
Europea. En esto siempre uno puede seleccionar el año que le dé la
gana para que salga la comparación adecuada. Si uno toma el mes en el
que precisamente en España se han producido más reducciones obtiene
un buen resultado. Para ser neutral en esta cuestión podríamos
empezar desde el momento en que se conoce el índice de precios de
consumo armonizado. Si se toman todos los datos de comunicaciones,
desde la existencia del índice de precios de consumo armonizado,
resultaría que para un índice de base cien en el año 1996, España
estaría en diciembre del año 2000 en el 99,3, cuando el conjunto de
la Unión Europea estaría en el 89,4. Por tanto, es verdad que han
bajado menos los precios en España en comunicaciones de lo que han
bajado en otros países. Alguien siempre puede decir en su defensa: Es
que a lo mejor nosotros estábamos ya en precios más bajos, pero eso
me parece que no es verdad.
Le doy esto como botón de muestra de algunos problemas que creo que
tenemos y que en este momento
se están traduciendo en problemas adicionales. La economía española
se está desacelerando y la primera expresión de la desaceleración
seria que tiene la economía española es precisamente la caída del
empleo. El empleo, señor Rato, en el primer trimestre del año 2001
prácticamente ha crecido el cero por ciento, en relación con el
trimestre anterior, naturalmente, pero si lo comparamos en términos
interanuales hemos reducido a la mitad prácticamente la tasa de
crecimiento del empleo. La pregunta es, señor Rato -y bien que deseo
que no se cumplan ninguno de los temores, no hago más que preguntar-,
si sigue desacelerándose la economía española, ¿puede ocurrir que el
empleo se comporte de manera tan sensible como se ha comportado en
los últimos trimestres del año 2000 y el comienzo de 2001 como para
que en vez de creación de ocupación tengamos creación de
desocupación, y que esto solamente pueda ser aliviado por los cambios
estadísticos que significan que vamos a tener menos parados cuando se
aplique la nueva manera de entender lo que es el paro y lo que es la
población activa? No lo sé, pero este es un serio problema, señor
Rato.
La otra cuestión a la que quería hacer mención se refiere a algunos
problemas que no son solamente los de la aplicación del informe de
los sabios, de Lamfalussy o de la liberalización en muchísimos otros
terrenos, sino otras cuestiones sobre las que he tenido muchas veces
la ocasión de debatir con usted y que me parece que siguen siendo
objeto de preocupación. En la sociedad del conocimiento, como
objetivo emblemático quizás de las transformaciones que tienen que
darse en la Unión Europea y desde luego también en España, parece
indiscutible que un protagonista principal tiene que ser la
inversión, la privada desde luego, pero también la inversión pública,
y una de las cosas que uno constata con desagrado es que tanto en
materia de investigación y desarrollo, como en materia de acceso
a Internet, como en otras cosas que tienen que ver con la educación,
con los recursos humanos, con el capital físico, etcétera, seguimos
teniendo mucha menos inversión de la imprescindible, señor Rato.
Dicho de otra manera, en el programa de estabilidad todavía estamos
en tasas de inversión pública en el entorno del 3,2 por ciento del
producto interior bruto y esperamos, cuando se cumpla el final del
programa de estabilidad, alcanzar tasas similares a las que en España
había en una fecha ya tan alejada como el año 1995. Esto me parece
que no da una cabal idea de la ambición política de España ni de la
estrategia de España para alcanzar una equiparación en términos de
bienestar y de avance hacia la sociedad del conocimiento.
Señor presidente, con su permiso, hay dos cuestiones más que me
gustaría evocar. La primera es sobre la fiscalidad ambiental a la que
usted se ha referido. Como en esta cuestión algunos hemos sido
cocineros antes que frailes y es verdad que este es un tema que viene
desde hace mucho tiempo, creo, señor Rato, que
el Gobierno actual no debiera ampararse en las posiciones de los
gobiernos anteriores de los años 1992 ó 1995, porque no solamente el
mundo cambia, sino que ha cambiado mucho la discusión en torno a la
armonización de la fiscalidad medioambiental. Creo que era discutido
también en la época, incluso por los gobiernos de la época, si
debiéramos dar pasos hacia la aceptación de la directiva europea en
materia de fiscalidad ambiental. Pero la verdad es que no se puede
comparar la directiva de 1992 y la de 1995 con la que usted
felizmente está discutiendo. Es verdad que las anteriores planteaban
problemas muy serios de competitividad y de trato desigual a un país
que todavía estaba en niveles de convergencia real notablemente
inferiores. No es menos cierto, por tanto, que hoy se tiene que ver
el tema de una forma completamente distinta. Para decirlo de una
manera sencilla, creo que a usted le han puesto la directiva como a
Carlos III las perdices; me da la sensación de que la tiene al
alcance de la mano, se la han puesto. Creo que tiene razón cuando
dice que hay que considerar derogaciones múltiples para aceptar o
para tratar de avanzar en una consideración global.
Señor Rato, creo que es muy mala la imagen de España, y algo más que
la imagen de España, cuando vez tras vez, discusión tras discusión,
con una directiva que no tiene nada que ver con la que se discutió en
el pasado y en los términos en los que se está planteando, España
solamente parece tratar de intercambiar mercado interior de la
energía o quizá intercomunicación eléctrica o intercomunicación de
gasoductos -que es un objetivo que aplaudo que se busque- con defensa
del medio ambiente. No puedo aceptar alguno de los argumentos que
ustedes han dado de manera oficial en respuesta a una pregunta
dirigida por un señor diputado, cuando ridiculizan la pretensión de
crear un impuesto mínimo, un tipo mínimo sobre las emisiones de CO2,
entre otras cosas, porque si se le da la vuelta al argumento a lo
mejor sería mucho menos plausible apostar por un tipo máximo.
No tengo mucho tiempo para desarrollar esto, señor Rato
El señor PRESIDENTE: No tiene nada de tiempo, señor Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Pero me gustaría tener una impresión
sobre su posición.
Finalmente -y termino, señor presidente-, quiero dejar claro algo que
me parece que a estas alturas de la vida uno no tendría por qué
aclarar; lo he dicho de propiavoz, lo he escrito, lo he defendido
recientemente en un debate europeo convocado por el comisario Barnier
sobre los fondos estructurales. Creo que hay buenas causas que se
pueden perder por defenderlas mal y tengo la sensación de que España
está defendiendo una causa que es justa con muy malos argumentos y
encima contribuyendo a quedarse en la mayor de las soledades.
Señor Rato, no es discutible el que España deba defender
fondos estructurales e incluso otros fondos en el futuro, lo que me
parece fatal, señor Rato, es que lo hagamos de una manera tan bronca
y buscándonos tantos enemigos que al final parece que solamente
estamos pendientes de nuestro problema y no de los problemas de los
demás. Déjeme que le dé una alternativa. Si en vez de simular que
podemos vetar la ampliación de la Unión Europea -aunque no estemos
dispuestos a hacerlo y luego no lo hagamos-, si en vez de decir que
si no se acepta esa posición organizaremos en la Unión Europea lo que
no está escrito, hubiéramos empezado por construir un discurso
político a favor de la ampliación, pero también de una construcción
europea basada en la ambición -y una parte indispensable de la
ambición tiene que ser precisamente la existencia de la solidaridad
institucionalizada en un presupuesto mayor y en un presupuesto con
fondos adecuados-, sería perfectamente legítimo que España, en esa
ambición y no sólo para defenderse a sí misma, estuviera defendiendo
su propio derecho. Creo que ustedes han hecho el camino exactamente
contrario. Tienen razón, pero pueden hacer posible
El señor PRESIDENTE: Señor Eguiagaray, disculpe pero hace cinco
minutos largos que ha rebasado su tiempo.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Pueden hacer posible que una buena causa
la demos en este momento por menos legitimada en la Unión Europea, a
pesar del esfuerzo de todos los demás por acompañarles en esta tarea.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Guardans. Le recuerdo
que son quince y no veinte los minutos de los que dispone. Le
advertiré tres minutos antes del final de su tiempo.
Adelante.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Muchas gracias, señor vicepresidente, por
su comparecencia hoy aquí y por la abundancia de la información que
nos ha puesto sobre la mesa, lo que ciertamente nos obliga a los
portavoces a centrarnos en alguno de los temas.
Hablaré un poco más del euro, lo dejaré para el final, porque creo
que en estos momentos hay algunas carencias importantes en esas
campañas que nos ha explicado. Pero sí quisiera hablar antes,
siguiendo el orden de su propia exposición, de la actuación en lo que
podríamos llamar el marco de la política económico- financiera-fiscal
en su conjunto.
Pasando muy por encima de la mayoría de las cosas que ha mencionado,
porque básicamente lo que hago es agradecer formalmente la
información recibida, seguimos viviendo un poco de los réditos de
imagen de lo que supuso Lisboa. En Estocolmo prácticamente loúnico
que se hizo fue confirmar que Lisboa seguía vivo,
pero también constatar que apenas se había desarrollado; vamos a ver
si dentro de un año en Barcelona se puede materializar un poco más,
porque si no seguiremos viviendo un poco de réditos de la imagen. Es
cierto que esa gran construcción, además con calendario fijo en
muchos ámbitos de la sociedad de la información, del conocimiento,
del desarrollo en I+D, etcétera, por ejemplo, ha quedado muy lejos o
corre el riesgo, porque todavía hay tiempo de recuperar lo que no se
ha andado, de quedar muy lejos de lo que en su momento se pretendía.
Estamos globalmente de acuerdo con los planteamientos que está
llevando el Gobierno en la mayoría de los ecofines y, por tanto, me
puedo ahorrar entrar en cada uno de los detalles y en el conjunto de
lo que sería en términos globales esa política económica. Está claro
que el demonio está en los detalles y podría poner dos ejemplos, uno
de ellos no afecta sólo al Gobierno español, porque ahí usted sí está
totalmente acompañado por el resto del Consejo, y es cómo se
materializa en última instancia ese sistema en cuatro niveles, que
usted ha explicado muy bien, de cara a la normativa en el mercado
financiero, su armonización, el informe Lamfalussy, y su desarrollo.
La idea de que hay que simplificar el marco normativo, sobre todo la
producción normativa en el futuro, la podemos compartir todos, la
materialización de eso tiene sus riesgos, como en otros ámbitos, pero
en éste de una forma especial, como volver a la deslegitimación de
esas normas en la medida en que quedara excesivamente desvinculado el
Parlamento Europeo. Por no hablar ya, porque es una especie de
batalla que vamos a dar todos por perdida, de la absoluta
deslegitimación que van a sufrir los parlamentos nacionales, que
habrán hecho una especie de cheque en blanco al Gobierno de turno
para que legisle en su nombre. Puestos a buscar imágenes, usted
hablaba de la ley de bases, si busca imágenes será la ley de bases
mezclada con una especie de delegación de poderes del Parlamento al
Ejecutivo en materia financiera, de los distintos parlamentos a cada
uno de sus ejecutivos para que legislen. Todo eso me plantea
profundas dudas de concepto que afectan a otros ámbitos de la
construcción europea y en las que no me voy a detener, pero donde sí
le diría que el acuerdo no es tan intenso. Está por ver si eso lo
suple un papel más claro y más nítido del Parlamento Europeo.
En cuanto a la armonización fiscal, cuando uno habla en segundo lugar
corre el riesgo de que parezca que bebe en fuentes ajenas, pero le
puedo asegurar que mis notas decían lo mismo. Mi grupo apoya
totalmente la necesidad de defender con toda la fuerza tener un
mercado interior de la energía, que no tenemos en este momento. En
este tema estamos en absoluta sintonía, así como lo estamos en ver
alguno de los riesgos que en este momento tiene la fiscalidad sobre
la energía, que está sobre la mesa, y la necesidad de generalizar las
derogaciones. No estoy del todo convencido de que lo
oportuno sea condicionar y supeditar una cosa a la otra de la forma
que lo está haciendo España, aunque mezclar sí, porque en este caso
es inevitable. Tengo mis dudas de que eso, en términos de estrategia
negociadora, sea útil y que sea bien entendido. (El señor
vicepresidente, Soravilla Fernández, ocupa la Presidencia.)
Paso al tema donde sí se están realizando mezclas que pueden ser
absolutamente explosivas y al que usted ha hecho alusión muy por
encima, y lo entiendo, entre otras cosas porque creo que en este caso
-y no querría ser provocativo- a usted le están haciendo esclavo de
una estrategia diseñada por otros y llega un momento en que, como
usted bien ha dicho, el ecofin y su propia área de responsabilidad le
lleva a tomar sus iniciativas, pero da la impresión de que esta
estrategia, que es la que en este momento está siguiendo España y es
la que puede perjudicar gravísimamente sus intereses, no parece que
haya sido diseñada estrictamente desde el ámbito económico sino desde
un ámbito que pretende ser diplomático y que más bien está siendo una
fuente de conflictos. Me refiero, evidentemente, a la ampliación y a
la posición que está teniendo España en ese ámbito, lo que es el
cuidar los fondos del objetivo 1, los fondos estructurales, los
fondos regionales. Lo primero que querría decir es que por lo menos
nos dejen opinar a los grupos políticos, que huyamos de verdades
únicas, porque uno ha oído algunas cosas estos últimos días que casi
anuncian convocatorias de manifestaciones en la Plaza de Oriente de
adhesión inquebrantable ante el enemigo externo. No vayamos a eso, no
vayamos a la calificación de antipatriota a todo aquel que pueda
poner en cuestión una estrategia, no el fondo, como ahora comentaré,
para llegar a un objetivo que todos compartimos. Y cuando la
estrategia se hace mal, y mi grupo entiende que se está haciendo mal,
se nos tiene que permitir decirlo en voz alta y con el sentido de
responsabilidad que siempre nos ha caracterizado, sin correr el
riesgo de que se ataque a otros grupos que a lo mejor están diciendo
lo mismo, como si aquí estuviéramos dinamitando la patria desde el
interior y provocando crímenes de lesa majestad. No estamos ahí.
Por tanto, la premisa es que demos el pleno apoyo incondicional y
clarísimo a lo que en el fondo preocupa y es el interés de España.
España y las regiones españolas tienen derecho a seguir percibiendo
los fondos de que han dispuesto hasta este momento, con independencia
del hecho de que la Unión Europea se amplíe. Esos fondos
estructurales o regionales tienen su plena justificación para
mantenerse y el llamado efecto estadístico supone, dicho de forma muy
clara, que una región no pasa a ser más rica sólo porque haya otras
regiones más pobres que pasen a formar parte del cesto de cálculo.
Por consiguiente, Galicia no será más rica después de que entren las
regiones más pobres de los países del Este, ni tampoco lo serán
Castilla-La Mancha ni Castilla y León, que son fundamentalmente de
las que estamos hablando porque son las que directamente
sufrirían el efecto estadístico, dejémoslo claro. No estamos hablando
ni del conjunto de España ni siquiera de todas las regiones que hoy
tienen ese problema, estamos hablando de unas regiones muy concretas,
que son las que quizá sufrirían ese efecto estadístico antes del año
2006, y la otra cuestión que está por ver es si ese calendario vale.
Quería dejar claro ese principio. Tiene el Gobierno el pleno apoyo en
la necesidad de preservar esos fondos. Nadie, al menos no mi grupo, y
tengo la impresión de que ningún otro en esta Cámara, está poniendo
en cuestión eso. Ni siquiera estamos poniendo en cuestión -más bien
al contrario, apoyamos totalmente al Gobierno y lamentamos que no sea
ése el discurso que se está desarrollando, por lo menos no es ese el
discurso que se percibe en el resto de Europa- que la ampliación y la
cohesión son dos nociones inseparables y no puede haber ampliación
sin preservar la cohesión con los países candidatos en este momento.
Ahí estamos absolutamente en sintonía. ¿Dónde nos podemos distinguir?
En que no creemos que tenga ningún sentido mezclar eso con la libre
circulación de personas, concretamente la libre entrada de
trabajadores polacos a Alemania y a Austria. Eso es lo que está sobre
la mesa, también de otros países pero fundamentalmente de esos.
Mezclar una cosa con otra es mezclar churras con merinas. Se dirá que
todo es consecuencia de la ampliación. Es posible que todo sea
consecuencia de la ampliación, pero no tiene nada que ver y lo único
que hace es plantear una enorme tensión por parte de nuestros
interlocutores, porque ni racionalmente se entiende esa mezcla, son
dos temas independientes, ni políticamente puede nadie entender que a
nosotros nos preocupe más o menos el mercado de trabajo alemán en
función de que se nos reconozca más o menos los fondos que pueden
percibir las regiones españolas. Ese tipo de vinculación de
artificial vaso comunicante no lo entiende nadie en Europa y lo único
que hace es perjudicar nuestra posición.
Tampoco está clara esta sensación de alarma y de tensión que se está
creando en este momento, porque hasta el año 2006 las perspectivas
financieras están claras. El propio calendario de la ampliación no
parece que permita que tengamos Estados percibiendo fondos antes del
año 2006, en el mejor de los casos en el 2004 y probablemente nunca
antes del 2005. Por tanto, estamos hablando de un año. Por el propio
resultado de Niza está garantizado que entre el 2006 y el 2013 haya
un phasing out. Por consiguiente, toda esta sensación de que están en
peligro, como se está transmitiendo a la opinión pública española,
todos los fondos regionales es falsa, no se corresponde con la
realidad y lo único que está haciendo es además de provocar
innecesariamente a las partes con las cuales tendremos que negociar,
introducir un elemento que España ha hecho muy bien en preservar
hasta hoy, y es crear la sensación hoy en España de que la ampliación
perjudica directa y gravemente
los intereses españoles. Se está empezando a poner a la
opinión pública española, sobre todo a la de las zonas afectadas, en
contra de la ampliación, y eso políticamente es una responsabilidad
tremendamente negativa. No puede España secuestrar la ampliación y
hacer rehén todo el proceso de ampliación en función de estos
intereses, que, insisto, en conjunto y globalmente son legítimos. No
tiene mucho sentido plantearlos de la manera que se están planteando
ahora en cuanto a la urgencia, y aquí de nuevo, insisto, hablar en
segundo lugar me permite coincidir, pero también estaban estas notas
elaboradas antes de esta Comisión, lo digo porque parece que puede
haber vasos comunicantes entre los grupos. Coincido en que hay un
error gravísimo en esa posición. (El señor vicepresidente del
Gobierno para Asuntos Económicos y ministro de Economía, De Rato y
Figaredo: No se excuse.) No me excuso. Estoy encantado de coincidir
con el Grupo Socialista y estoy encantado de coincidir en esto con el
resto de la Cámara, pero como entiendo que los representantes del
Gobierno tienen una susceptibilidad sobre este tema espectacular,
porque, insisto, están empezando a calificar de traidores a España a
cualquiera que ponga en cuestión este tema, quiero aclarar que a lo
mejor se llega a las mismas conclusiones desde fuentes distintas.
El punto al que quería llegar es que (y eso sí entra todavía más
directamente en su área de responsabilidades) donde habría que haber
centrado el discurso es en el crecimiento del presupuesto. El
problema está, fundamentalmente, en la sensación de que hay un pastel
que está cerrado y que, entren los que entren en la Unión Europea, el
pastel no crecerá. A partir de ahí, evidentemente, hay tensiones. Lo
que tendría que haber hecho España (y todavía está a tiempo de
hacerlo) es liderar el discurso de que, para una Unión Europea a 27
-que sería el máximo-, el pastel debe crecer; y a ese pastel incluso
podría contribuir España. ¿Que eso no es fácil? Por supuesto. Pero es
más fácil vender en Europa la idea de que la Unión Europea necesita
más recursos que vender en Europa la idea de que España tendría que
entrar en el G-7 y en el G-8, que España es líder de inversión en
América latina, que España ha conseguido el déficit cero, que España
está entre los primeros inversores del mundo; es decir, vender en
toda nuestra acción diplomática exterior la recuperación del peso
económico e industrial de España y, simultáneamente, no entender que
en el resto de Europa, ante ese discurso, alguien se desconcierte
cuando se siga manteniendo esa reclamación de fondos a rajatabla, sin
ningún matiz y sin entender para nada la posición del otro, incluso a
costa de no ponerse en el lugar de los demás para tratar de entender
los problemas que puedan tener o que puedan imaginar, por ejemplo, en
el ámbito de la libre circulación de trabajadores. Insisto, yo diría
que hay plena sintonía en cuanto al fondo, pero absoluta falta de
sintoníaen cuanto a la estrategia. Si esta estrategia se
mantiene en estos términos, probablemente acabemos peor que como
habíamos empezado, no sólo sin el compromiso que en este momento se
pretende de cara a obtener una especie de promesa política respecto a
lo que pueda ocurrir en el futuro, sino ni siquiera con una salida
airosa, que hoy por hoy es todavía perfectamente posible (2006/2013 e
incluso después de 2013), y una gradualización de la reducción de
esos fondos cuando tenga que llegar. Si conseguimos poner a todo el
mundo en contra
El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): Señor Guardans, dos
minutos.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: En dos minutos termino.
Paso al otro tema, que era el del euro. Valoro muy positivamente el
conjunto de las actuaciones que ha emprendido el Ministerio y de las
que nos ha informado hoy. Hay una serie de problemas logísticos que
ha puesto usted sobre la mesa y entiendo que se están administrando
bien. Pero yo -y no se lo digo en términos de reclamación política-
le tengo que transmitir una inquietud (inquietud que he ido a buscar
antes de esta comparecencia porque, evidentemente, conocía su
contenido) sentida por parte de las pymes y del pequeño comercio.
Decir que Convergència i Unió es el único portavoz de las pymes y del
pequeño comercio es falso, pero por muchas razones podemos tener más
fuentes de información y más relación con ese sector que con otros.
Yo le puedo transmitir la absoluta y grave preocupación que hay en el
sector de la pequeña y mediana empresa con respecto al advenimiento
del euro, la sensación de desamparo que hay respecto de la
Administración pública, la sensación de que eso supone unos costes
enormes (modificar un programa de contabilidad cuesta entre 15 y 50
millones de pesetas, según el tamaño de la empresa, y puede llegar a
costar más) que están asumiendo en este momento, sin saber
exactamente cómo se pueden financiar o si pueden tener algún tipo de
ayudas. La propia ayuda logística la están recibiendo directamente de
consultorías, no han recibido nada desde el punto de vista de la
Administración. Las campañas de la Administración están siendo
percibidas por las pequeñas y medianas empresas como campañas
dirigidas a los ciudadanos. Efectivamente, hace falta una campaña
dirigida a los ciudadanos como consumidores, pero todas las
representaciones empresariales en ese sector echan de menos unas
campañas dirigidas al asesoramiento a las empresas, que no son las
mismas y que tienen otro tipo de necesidades. Se echa de menos -y es
lamentable- que el Ministerio de Economía no haya querido cooperar
con otro tipo de instituciones. Hay algún tipo de acuerdos con los
gobiernos autonómicos, pero no ha habido acuerdos con instituciones,
como los había habido en el pasado -y le podría citar algunos-, de
cara al desarrollo de
la explicación de lo que es el euro en las pymes, por ejemplo, en el
caso catalán, que es el que yo más conozco. Se echa de menos acuerdos
que había habido en el pasado y que no se han dado en este momento.
Al explicarme algunas de estas cosas, la expresión que se ha
utilizado era un cierto sentido de arrogancia, un poco de yo me basto
solo. Yo no hago propia esa crítica, pero como tal se la transmito.
El Ministerio de Economía no se basta solo y todos los brazos son
pocos, y algunos de los brazos que se habían puesto a su disposición
han sido rechazados. Queda tiempo por delante -no mucho, pero queda
algo- y yo creo que ustedes deberían reenfocar bastante lo que es la
actuación en el ámbito de la pequeña y mediana empresa y del pequeño
comercio respecto a los costes, a la asistencia y, sobre todo en el
pequeño comercio, al temor (comprensible en algunos casos, sobre todo
en el momento de las rebajas) que provoca el no saber cómo van a
tener que administrar esa gran cantidad de liquidez que van a tener.
Evidentemente, los problemas son más amplios.
El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): Señor Guardans, le
ruego que vaya finalizando.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Termino ya.
Sé que conoce los posibles problemas del redondeo; habrá que vigilar
muy de cerca las consecuencias que pueda tener sobre la inflación.
Acabo con lo que aparecía en la prensa de hoy de que, según un
estudio de las cámaras de comercio, sólo el 36 por ciento de las
pequeñas y medianas empresas se consideran preparadas. El que a fecha
de hoy sólo un 36 por ciento se consideren preparadas significa que
tienen ustedes un largo camino por recorrer.
El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): Tiene la palabra el
señor Martínez Casañ.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: En primer lugar, también quiero agradecer al
vicepresidente del Gobierno su presencia en esta Comisión.
Paso a comentar los aspectos de su intervención. Comenzaré con los
fondos estructurales y la ampliación, que es lo que genera el gran
debate en estos momentos. En este sentido, señor vicepresidente,
nuestro grupo parlamentario coincide plenamente con el Gobierno en su
apoyo firme al proceso de ampliación. Y respecto al debate en curso
sobre este tema, entendemos que el debate sobre la ampliación es un
debate global, aunque algunos se empeñen en compartimentar el acervo
comunitario. Por tanto, respaldamos al Gobierno en su defensa de las
políticas de cohesión y de los fondos estructurales para todos, así
como en su defensa de la libre circulación de trabajadores desde el
principio, libertad fundamental, independientemente de que se pueda
prever la introducción de una cláusula de salvaguarda en algunos
casos por solidaridad con la preocupación
de algunos países miembros de la Unión Europea.
Pero la problemática que genera y el denominado efecto estadístico,
tal y como lo expuso el presidente del Gobierno en su reciente
memorándum a la Comisión, tienen una naturaleza real y objetiva, como
reconoce la propia Comisión en su segundo informe sobre la cohesión
económica y social y plantea soluciones que es legítimo discutir con
los demás Estados miembros en estos momentos en que procesalmente es
oportuno. Mi grupo parlamentario defenderá siempre la cohesión para
todos y, no puede ser de otra manera, en primer lugar para España,
porque cuanto más se beneficie España, más se beneficiarán todas y
cada una de las comunidades autónomas y cuanto menos se beneficie
España, en cualquier fondo de que se trate, menos se beneficiarán las
comunidades autónomas en su conjunto. El Grupo Popular no tiene
ningún problema en defender los fondos para el País Vasco, para
Castilla-La Mancha, para Aragón, para Extremadura, para Galicia,
etcétera, cualquiera que sea la naturaleza del fondo y la naturaleza
de la acción. Éste es un tema, señor vicepresidente, en el que el
Gobierno y el Parlamento deben actuar hombro con hombro y me hago eco
de las declaraciones del presidente del Gobierno sobre la actitud de
algunos de boicotear, quizá no intencionadamente o quizá sí, los
intereses de España para ampliar la Unión Europea. Esta Comisión
parlamentaria para la Unión Europea debería estar en situación de
defender claramente los intereses de España en nuestras reuniones con
otras delegaciones parlamentarias de la Unión Europea, y siento que
institucionalmente esto no fuera posible por la actitud de algunos en
la última reunión de la Cosac, en Estocolmo, estos días pasados.
Respecto a la introducción del euro, que es uno de los capítulos más
importantes de su comparecencia, mi grupo valora muy positivamente lo
que va a suponer la construcción de un espacio europeo con moneda
única. La puesta en marcha de las unidades físicas del euro tendrá
efectos positivos sobre el grado de confianza de la moneda y
repercutirá en el crecimiento, en la creación de empleo y en el
bienestar y, lo que es más importante, España participará por primera
vez en un proceso de construcción europea desde el primer momento y
se beneficiará de los entornos favorables que se creen.
Por tanto, contemplamos con satisfacción las diversas actuaciones del
Gobierno para favorecer la percepción positiva de la sociedad
española entorno a la implantación del euro, resolver los problemas
logísticos derivados de la fabricación y distribución de las unidades
físicas de moneda, potenciar la información, difusión y preparación
de los ciudadanos y agentes económicos, sobre todo de los colectivos
más frágiles al cambio, como usted ha mencionado, y las actuaciones
del Gobierno para conseguir que el cambio de moneda se haga de una
manera ordenada, sin problemas para los ciudadanos y sin
repercusiones para los precios.
Todos los informes de las instituciones europeas ponen de manifiesto
que los ciudadanos españoles son los más favorables al cambio de
moneda y los que tienen menos recelo a la puesta en marcha del euro
y, además, señalan que el grado de cumplimiento de los plazos para el
cambio se está llevando a cabo en el tiempo previsto y mucho mejor
que en el resto de los países, aunque indudablemente habrá que
intensificar las campañas en la medida en que se acerque la fecha.
Por todo ello, señor vicepresidente, animamos al Gobierno para que
continúe en esta línea y para que aproveche el último trimestre de
este año para resaltar ante las comunidades autónomas y los distintos
sectores implicados que su estrecha colaboración resultará
imprescindible para la culminación con éxito de esta fase de
implantación del euro.
Respecto a la armonización fiscal, nuestra posición está en línea con
lo que usted ha expresado: coordinación sí, uniformidad no. Creemos
muy acertado el apoyo del Gobierno al código de conducta sobre la
fiscalidad y la diligencia de nuestro país en la aplicación de las
directivas. España, como hemos visto, ha ido incorporando todas las
directivas en materia de armonización fiscal que se han aprobado en
la Unión Europea y, en este sentido, habría que mencionar que no
siempre ha sido fácil, ya que algunos grupos parlamentarios, durante
la crisis originada en el sector del transporte por el incremento del
precio del crudo, apoyaron medidas que iban claramente en contra del
marco normativo comunitario. Me refiero, como usted sabe, a la
asunción de tipos impositivos de los carburantes, que se hubiesen
tenido que subir otra vez y bajar. España mantiene una política
fiscal coherente con Europa y con los objetivos marcados en su plan
nacional de estabilidad, y nos alegra comprobar que en este ejercicio
eliminaremos totalmente el déficit público.
Sobre el ahorro, creo que también se han producido cambios
importantes. Es cierto que se establece un horizonte temporal lejano,
pero al menos se camina en la dirección de establecer transferencia
de información a un tipo mínimo de retenciones que ayudaría a evitar
distorsiones y fraude en el movimiento de ahorro derivado de los
marcos fiscales. Yo me pregunto si ciertos impuestos como el que el
señor Rodríquez Ibarra plantea establecer en Extremadura caminan en
la dirección adecuada o en la dirección contraria.
Respecto a la ecotasa y la propuesta directiva por impuestos
energéticos, cuya aplicación nos haría perder competitividad, nuestro
grupo parlamentario piensa que debemos seguir insistiendo en que la
imposición energética sólo tiene sentido en un mercado integrado de
la energía y que una ecotasa penalizaría más a nuestras empresas, lo
que sería un contrasentido ya que dentro de la Unión Europea se deben
aportar medidas que nos ayuden a mejorar y a ser más competitivos y
que, por otra parte, las fórmulas propuestas hasta ahora no son
válidas porque no garantizan la protección del
medio ambiente. Se propone penalizar a las industrias que contaminan
con un impuesto cuya recaudación no se utiliza en la protección del
medio ambiente, y por esta razón la ecotasa pierde su objetivo
inicial y se convierte en un impuesto más sobre determinadas
industrias que agrava el problema de inflación y penaliza más a unos
Estados que, como en el caso de España, han sido a lo largo de la
historia mucho más respetuosos con el medio ambiente que otros. Creo,
pues, que debemos seguir insistiendo en establecer períodos amplios
que hagan compatible el progreso del mercado interior con nuestra
economía, que necesita romper el aislamiento energético de España.
Respecto a los monopolios, que también ha mencionado el señor
vicepresidente, dentro de la Unión Europea se está produciendo una
situación contradictoria: los países que más y mejor han avanzado
están siendo objeto de crítica por parte de la Comisión, mientras que
los más vagos, los más lentos, al no existir un calendario cerrado
que les obligue a finalizar el proceso liberalizador, permanecen,
como usted sabe, al margen de ella. Nuestro grupo parlamentario
piensa que España no puede permanecer parada ante esta situación,
como efectivamente no hace el Gobierno. En la última reunión,
celebrada en Estocolmo el 24 de marzo, los jefes de Estado se
mostraron favorables al establecimiento de un calendario que fijase
una fecha límite. No pudo ser sacada adelante esta propuesta porque
no contó con la aprobación de los Estados que no quieren avanzar en
la liberalización, y sin embargo, y gracias a la actitud española, la
declaración final del Consejo Europeo fue: La Comisión se encargará
de que se respete plenamente lo dispuesto en el tratado,
especialmente los artículos 85 y 86, y de que en la aplicación de las
decisiones no se generen distorsiones de la competencia. Y, basándose
en esto, la Comisión deberá velar asimismo para que las empresas que
aún disfrutan de una situación de monopolio en su mercado nacional no
se beneficien indebidamente de esta situación, lo cual significa que
la renta de los monopolios no debe ser utilizada para adquirir
posiciones de poder en países donde el sector está liberalizado
debido a la diligencia y compromiso de sus gobiernos. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.)
Me gustaría decir que España no es ni mucho menos el único país que
está preocupado por esta situación. Hoy mismo, 24 de mayo, hemos
podido leer en los periódicos la noticia que hace referencia a la
total oposición del Ejecutivo italiano a la posible participación de
una empresa de capital público francés, EDP, en una compañía privada
italiana, Montedison. Por todo ello, creemos que la actitud del
Gobierno es la adecuada y continuaremos defendiendo desde este grupo
parlamentario la buena gestión del Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a los portavoces, tiene la
palabra el señor ministro.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS
Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Les agradezco, señores
portavoces, el tono de sus intervenciones y el fondo de las mismas y
voy a tratar de contestar a todas sus matizaciones en el orden en que
las han planteado, comenzando por el señor Eguiagaray.
Le agradezco su deseo de que tengamos éxito en la introducción del
euro y soy consciente plenamente y comparto con S.S. las
preocupaciones sobre dos temas que ha planteado. El primero, el sesgo
inflacionista en el tema del redondeo. En ese sentido, los
compromisos que están realizando los sectores voluntariamente, porque
no es posible hacerlo de otra manera, y el número de sectores que han
llegado a acuerdos voluntarios con el Gobierno es considerable.
Aunque no siempre sea fácil concretar estas cifras, los acuerdos
firmados con la Secretaría de Estado de Economía representan
aproximadamente a 190.000 empresas; los acuerdos con la Secretaría de
Estado de Comercio representan aproximadamente el 45 por ciento del
actual sector de distribución y pretendemos llegar a prácticamente el
cien por cien: eso son 600.000 empresas o pequeños establecimientos;
y con la Secretaría General de Turismo los acuerdos que hemos firmado
afectan a 320.000 empresas. Estos acuerdos son voluntarios pero en
ellos se contienen compromisos de doble etiquetaje, de redondeo, que
requerirán, como antes he dicho, el mantenimiento del doble
etiquetaje más allá de febrero, de manera que los ciudadanos podamos
ir comparando pesetas y euros en un plazo más largo. Y en segundo
lugar, el compromiso de las asociaciones y de las empresas de
producir el redondeo de manera justa y equilibrada. ¿Que se están
produciendo elevaciones de precios en determinadas empresas? Es
cierto que en algunas se está haciendo, no puedo asegurar que las
cifras que ha dado S.S. sean exactas, pero lo estamos siguiendo. Es
verdad que se van a producir y que se están produciendo en algunos
casos elevaciones de precios que pueden estar dirigidas a equiparar
pesetas y euros en una cifra redonda, pero que también van a tener
que ver con el proceso de transparencia de precios. Creo que no
debemos ser alarmistas en esta cuestión. Efectivamente, puede haber
intenciones en la elevación de precios, pero por otra parte también
se produce sin necesidad de cambiar de pesetas a euros, algo de lo
que todos los consumidores somos conscientes, aunque la elevación de
precios también se produce en función de las circunstancias de
competencia y de demanda que se hagan. Por tanto, independientemente
del cuidado que el Gobierno tendrá en exhibir y dotar de mayor
transparencia al proceso, no hay que tener una situación de alarma.
La disponibilidad de billetes y monedas es quizá el quid de la
cuestión, como muy bien ha destacado S.S. El proceso de
prealimentación es una cuestión
esencial y los acuerdos que estamos firmando con diversos sectores, a
los que me he referido, van a tener incidencia muy positiva en esa
cuestión.
En cuanto a su referencia a la estrategia de Lisboa, más bien ha
hecho una referencia a la situación económica internacional y después
a la situación económica española, que paso a comentar brevemente. Es
cierto que estamos en un proceso de desaceleración del conjunto de
las economías del mundo y S.S. ha hecho un repaso muy acertado de las
que se están produciendo, pero hemos de ser conscientes de que en
estos momentos no estamos ni mucho menos ante una recesión. Es cierto
que el 25 por ciento de la economía mundial que representa la
economía norteamericana ha pasado de un crecimiento del 8 por ciento
en el primer trimestre del año 2000 a un crecimiento del 1 por ciento
en el último trimestre del mismo año, y por tanto estamos ante una
bajada de crecimiento espectacular. Pero no es menos cierto que no
estamos ante un momento de crecimientos negativos. Hay un consenso
general de que el primer semestre nos va a indicar claramente la
realidad de la forma de recuperación norteamericana sobre la que
tanto se ha especulado. En ese sentido, la Unión Europea va a ver
menguado su crecimiento de manera distinta por las economías. Es
claro que la economía alemana está dando datos de una desaceleración
más profunda, que estaría indicando una sensibilidad de la economía
alemana hacia la economía norteamericana mayor que la de otras
economías; pero también es cierto que la economía alemana representa
el 30 por ciento de la economía europea y es uno de nuestros
principales clientes y proveedores y por lo tanto nosotros también
nos veremos afectados. Probablemente la economía europea se va a
mover en un crecimiento en torno a su potencial y en estos momentos
no hay datos que indiquen que la cosa vaya a ser distinta. Hemos de
recordar que la Unión Europea no ha crecido por encima del 3 por
ciento en 10 años con la excepción del año 2000, por tanto, no va a
suceder nada muy distinto de lo que sucedió en otros momentos. Y
también hemos de ser conscientes, desde el punto de vista positivo,
de que en el año 2000, pese a haber sido un año extraordinario en
términos de crecimiento económico en el conjunto de las economías
europeas, hemos sufrido un choque petrolífero que todavía estamos
digiriendo en términos de crecimiento -puesto que ha habido una
transferencia de renta muy considerable a otras economías- y en
términos de lo que se llama los segundos efectos inflacionistas, que
se están manifestando en todas nuestras economías; a eso hay que
sumar, en el caso del conjunto de las economías europeas, todo el
proceso de la crisis alimenticia. Creo que estamos en un momento en
el que se mantiene una inflación coyuntural que a todas luces, en mi
opinión -y tengo que decir que esa es la opinión que transmite
claramente el Banco Central Europeo-, no va a ser una situación
mantenida en el tiempo. Por tanto, con el retraso
en la reducción de la inflación que ha producido la crisis
alimenticia y, por qué no decirlo, un peor comportamiento por su alza
de los precios del petróleo del que esperábamos todos, los horizontes
inflacionistas de la Unión Europea no son preocupantes. Otra cosa es
que, como es natural, estemos probablemente en unos meses más
complejos que lo que podíamos esperar como consecuencia de lo que
acabo de decirle. También hemos de ser conscientes de que en términos
de tipos de política monetaria, de tipos de interés, no estamos ante
una política monetaria excesivamente restrictiva, no ya a nivel
español sino a nivel histórico europeo, lo cual indicaría -como ha
dicho, por otra parte, el Banco Central Europeo- que sus expectativas
de inflación a medio plazo no son preocupantes y que lo que está es
tratando de adecuar efectos momentáneos sobre los precios a una
política monetaria que tienda a la estabilidad en el medio plazo.
En cuanto a los diferenciales de inflación -ese es un debate largo
por parte de todos nosotros- comparto las preocupaciones de aquellos
que nos dicen que van a tener consecuencias sobre la competitividad.
Nadie se ha pronunciado técnicamente por el Banco Central Europeo
indicando cuál es ese diferencial aceptable o no, y creo que hemos de
tener en cuenta que los datos hasta ahora de comercio exterior de
nuestra presencia en los mercados europeos no indican una pérdida de
capacidad de presencia de nuestras empresas o de participación en el
mercado, lo cual, vuelvo a decir, no quiere decir que no debamos
valorar los diferenciales de inflación. En ese sentido también hemos
de ser conscientes de que la economía española mantiene y ha
mantenido tasas de crecimiento muy considerables con respecto a la
media europea y a su propio potencial. Por tanto, estamos en un
proceso de adaptación de esa cuestión en la que las políticas que
están en manos de los gobiernos no pueden suplantar a la política
monetaria en su efectividad en la lucha contra la inflación, y el
debate sobre cuáles sean los efectos en la lucha contra la inflación
de la política presupuestaria está abierto y anteayer todavía la OCDE
ha sido bastante esclarecedora en esta cuestión. Creo, señor
Eguiagaray, que sí estamos, porque es obvio, ante un proceso de
desaceleración en Europa, pero va a ser un proceso que se mantenga
dentro de las previsiones indicadas por la Comisión, y en el caso de
España nosotros no tenemos en este momento ninguna indicación de que
nuestras previsiones de crecimiento haya que revisarlas. Las hemos
revisado una vez, por el contexto de la economía norteamericana en el
primer y segundo trimestre, pero no vemos ninguna razón para hacerlo,
y los índices tanto macroeconómicos como microeconómicos nos siguen
manteniendo en esa posición.
Ha dicho S.S. que le preocupa especialmente la evolución del empleo.
Los datos que nosotros estamos recibiendo, y que conoce S.S., por
ejemplo, de cuotas de afiliaciones a la Seguridad Social, no indican
una
desaceleración más allá de la que teníamos prevista. Probablemente no
vamos a crecer a ritmos del tres y pico por ciento en la creación de
empleo, pero sí lo vamos a hacer a ritmos del dos y pico por ciento,
lo cual supone unas creaciones de empleo superiores a los 300.000
puestos de trabajo neto en este año, que vendrían a suponer casi tres
millones de puestos de trabajo, dos millones ochocientos, en los
últimos cinco años, lo que creo que indica un considerable esfuerzo
desde el punto de vista de la sociedad española. El Gobierno entiende
hasta tal punto que necesitamos reducir nuestros umbrales de
desempleo estructural que por ello está planteando una reforma
laboral precisamente en este momento, y creemos que eso
indudablemente tiene sus consecuencias. Desde el punto de vista de la
estabilidad, las cuestiones planteadas en el debate sobre la política
presupuestaria y el déficit cero ratifican nuestra posición en esa
cuestión de que necesitamos una política presupuestaria claramente
contracíclica y en ningún caso a favor del ciclo, cosa que, por otra
parte, es lo que nos piden nuestros socios europeos y es la posición
conjunta de la Unión Europea.
Me dice S.S. que en el Programa de Estabilidad no se dicen cosas.
Sería realmente sorprendente, nos habrían abandonado por imposibles
si no nos dijeran nada; se las dicen a todo el mundo, a nosotros nos
dicen las nuestras: que tengamos cuidado con la inflación, es
natural.
Lo que ha dicho sobre la sentencia de los funcionarios la verdad es
que no lo acabo de compartir, porque si todas las sentencias que
tienen abiertas todas las administraciones públicas en todos los
lugares de la Unión hubiera que contabilizarlas ya puede usted
imaginar en qué situación nos encontraríamos todos, y probablemente
esa no es de las que está más claro que el Gobierno no tiene razón.
El problema del envejecimiento es verdad que nos lo plantean y es
lógico, habida cuenta de nuestro nivel de incremento de la natalidad;
es un asunto que nos van a plantear reiteradamente en España.
Independientemente de las valoraciones políticas que ha hecho S.S.,
los acuerdos que se van realizando en el marco del Pacto de Toledo
son positivos y están permitiendo una evolución consensuada de una
política que elimine riesgos en el futuro de nuestra Seguridad
Social. No puedo más que compartir lo que a su vez comparte S.S. con
el presidente Prodi respecto al aumento del crecimiento potencial. En
mi opinión es donde radica la cuestión europea. El problema no es
tanto si este año el conjunto de la Unión Europea va a crecer al 2,5
ó al 2,7 por ciento, sino si Europa puede crecer durante varios años
por encima del tres por ciento. Esa es la cuestión, y no es tanto una
cuestión coyuntural de la economía norteamericana o de la situación
de las economías emergentes o de otras cuestiones como de cambios
sustanciales en Europa.
Dice S.S. que nuestras comparaciones en liberalizaciones no son
satisfactorias. Yo creo que sí lo son. Es verdad que en el tema de
las telecomunicaciones la cifra no ha sido elegida por S.S., porque
una cifra de fin de año nadie la puede discutir, pero creo que S.S.
es consciente de que el reequilibrio de tarifa local que ha hecho
este año el Gobierno es probablemente un incidente en esa
comparación. En cómo evolucionan los precios de las
telecomunicaciones o de la energía eléctrica en nuestro país, lo he
reiterado muchas veces, creo que estamos en un camino de plena
comparación competitiva con la Unión Europea. El debate sobre la
necesidad de que las competencias se incrementen en los países
europeos es una recomendación genérica de la Comisión. La
recomendación que nos hace el Consejo sobre el Programa de
Estabilidad es que le demos más medios materiales a los órganos
independientes de competencia, cosa que estamos haciendo. Como es
natural, siempre nos dirán que les demos más medios. También me
reconocerá S.S. que en nuestro caso, como partimos de una base tan
baja, que fue la que heredamos, darle más medios será relativamente
sencillo.
Recojo las críticas de S.S. sobre la inversión pública, pero no las
comparto. Creo que el ritmo de inversión pública en España es
suficiente y compatible con otros objetivos importantes. No se puede
afirmar que no estemos cumpliendo los objetivos de inversión. En
cuanto a las cifras de inversión de 1995, también hay una relación
entre inversión y déficit. Llegar a una inversión con un siete por
ciento de déficit público puede no ser exactamente lo que yo
recomendaría a la sociedad española.
Entro en los dos temas en los que S.S. ha planteado unas críticas más
claras a la posición del Gobierno. El primero es la fiscalidad
energética. No digo que el señor Guardans, haya seguido en todo al
señor Eguiagaray, pero el orden y la edad lo permite. (Risas.) La
armonización fiscal sólo tiene sentido en mercados integrados. No hay
ninguna razón, ni económica ni política ni de ningún otro tipo, para
que un país armonice sus impuestos con nadie, salvo que haya un
mercado integrado; porque si no lo hay, cada cual puede tomar sus
decisiones sin perjudicar al otro, salvo que SS.SS. consideren que el
proceso de armonización fiscal es un bien en sí mismo. Pero yo no
creo que esa sea la cuestión. Nosotros armonizamos los impuestos
porque compartimos un mercado. Si no compartimos un mercado, ¿por qué
tenemos que armonizar los impuestos? Haremos los impuestos que nos
parezcan convenientes y que esta Cámara vote. Por tanto, aunque SS.
SS. parecen no darle demasiada importancia, por suerte mis colegas sí
se la dan. El argumento de España de decir que para armonizar
energéticamente lo primero que tenemos que tener es un mercado
interior tiene una cierta solvencia y SS.SS. deberían matizarlo o
ampliarlo un poco más. Si no hay mercado interior ¿cuál es la razón
por la que tenemos que armonizar
impuestos? ¿Quién nos puede pedir que no tengamos nuestra propia
fiscalidad si no compartimos mercado? Podremos tener la misma, pero
como consecuencia de que queramos nosotros, no de que tengamos que
responder a una estrategia europea. Sus señorías lo pueden ver de
otra manera. Cada cual ve las cosas como quiere sin necesidad de ser
un traidor a la patria, pero esto es así.
En cuanto a que cada vez que España le lleva la contraria a alguien
pierde imagen está muy bien que lo digan SS.SS. por aquello de meter
el dedo en el ojo al Gobierno, pero eso no se lo toma nadie en serio
en ningún sitio. Tampoco lo contrario. No se gana imagen por llevar
la contraria ni por dejarla de llevar; se gana imagen por saber lo
que uno quiere y tener un cierto sentido común en conseguirlo. De
momento a nosotros no nos ha ido mal en cuanto a fondos europeos y a
otras negociaciones como la de Niza y, por suerte, señor Guardans,
muchas veces no hemos seguido sus consejos.
Respecto al tema medioambiental, he de decir que no conozco en
detalle la directiva del período 1992- 1995, pero en aquella época
había más referencias medioambientales que en esta, porque durante
los años 1992-1995 se pretendía gravar las emisiones contaminantes
y el gravamen estaba graduado en función del nivel de contaminación y
en este caso ya no se plantea. Por tanto, la preocupación
medioambiental en los heroicos gobiernos de los años 1992-1995,
resistiendo la presión de la armonización fiscal, todavía era menos
justificada que ahora. En cualquier caso, yo no me acabo de creer
mucho que cuando se habla de impuestos energéticos obligatoriamente
estemos hablando de política medioambiental; estamos hablando de
política recaudatoria. La política medioambiental sería la que
hiciera que se contaminara menos, no que se recaudara más. Si ustedes
ponen impuestos sobre un uso energético que no es flexible, no tiene
efecto medioambiental, vamos a seguir produciendo los mismos efectos
medioambientales, lo que van a tener ustedes es una fuente de
financiación alternativa. Es más, nuestros socios dicen que pretenden
bajar cotizaciones sociales e incrementar impuestos medioambientales,
supuestamente medioambientales porque son impuestos energéticos. Por
tanto, yo no equipararía el debate energético con el debate
medioambiental, entre otras cosas porque lo que tendrían que hacer
muchos de nuestros socios es cumplir más claramente los objetivos de
Kioto antes de decirnos a nosotros cierto tipo de cosas.
Vuelvo a insistir en que nuestra posición es razonable. Nosotros en
la armonización energética no tenemos demasiado interés. ¿Por qué
hemos de tenerlo si no tenemos ese problema? Nosotros queremos seguir
manteniendo ciertas fuentes de energía con tipos muy bajos o con
tipos cero porque nos interesa. ¿Por qué tenemos que tener la
prioridad de la fiscalidad energética? La tendrán otros señores, pero
no nosotros. Si a eso se suma que no hay un mercado interior
energético,
explíquenme ustedes cuál es el motivo por el que tenemos que
sentirnos especialmente atraídos por esa armonización, cuando por
cierto todavía no hemos completado la armonización de la fiscalidad
del ahorro y hay países que piden hasta el año 2005 y hasta el año
2007 para poder llevar a cabo la misma. A mí no me impresiona
demasiado que otros países tengan interés en la armonización
energética. Me tienen que convencer de que ese interés es para mí el
mismo, y que además no me va a perjudicar esa armonización como país.
En ese sentido hay bastantes cuestiones, unas tributarias, otras
económicas y otras de mercado interior. No creo que en estos momentos
nuestra posición no sea entendible por nuestros socios, sobre todo
una vez que hemos ampliado la cuestión al mercado interior. Lo que
sucede es que en la Unión Europea las posiciones pueden ser
entendibles pero los intereses son los que tiene cada cual, y en
estos momentos juega en muchos casos más la ampliación que
consideraciones medioambientales, como también en este tema. Eso
deberíamostenerlo en cuenta sin que tengamos que hacer ningún bloqueo
sobre esta cuestión más allá de saber qué es lo que nos interesa.
Créanme que en el problema de la imagen de España es indispensable
que sepa lo que quiere, porque eso es lo que da imagen a un país. El
querer que a uno le quieran es muy útil probablemente en otros
órdenes de la vida, pero en este tipo de negociaciones le quieren a
uno en función de que sepa lo que quiere, más que en función de que
ande buscando que le den palmadas en la espalda.
Hay otra cuestión por la que tengo que referirme obligatoriamente a
los dos portavoces que han intervenido sobre este tema. El primer
favor que les pediría en nombre del Gobierno, si es que el Gobierno
ha de pedir favores a la oposición, es que digan lo que quieran sobre
el debate de la ampliación y de los fondos, pero si quieren ayudarnos
por lo menos no digan que decimos lo que no decimos, porque SS.SS.
han hecho un discurso que nosotros no hemos hecho. ¿Que a SS.SS. les
gustaría que lo hubiéramos hecho o que les viene bien criticarnos por
eso? Me parece muy bien, pero les pediría -si es que me lo puedo
permitir- que no nos interpreten. Limítense a criticar lo que nos
vaya bien o lo que nos vaya mal o dígannos cuál es su posición, pero
no nos interpreten. Nosotros en ningún caso hemos dicho que ligamos
la ampliación a los fondos, no lo hemos dicho. Por tanto, cuando
ustedes dicen que lo hemos dicho, que además saben que no lo hemos
dicho, hacen dialéctica parlamentaria y después no me digan sus
buenas intenciones porque no me las puedo creer. Al parecer alguno de
ustedes considera que, por ejemplo, la libre circulación de personas
no tiene importancia desde el punto de vista político en la Unión
Europea. Eso está bien, pero es una afirmación bastante rotunda. Que
limitemos la libre circulación de personas durante siete años es una
exigencia política de primer nivel, y no se le oculta a nadie que se
hace por
razones estrictamente de interés nacional que ustedes a lo mejor
comparten, tienen una gran sensibilidad de interés nacional austríaco
y consideran que por qué hay que tener la misma sensibilidad en otros
intereses, pero esa es otra cuestión. Por suerte en algunos partidos
hay otros portavoces que nos entienden mejor.
En primer lugar, si hay países que consideran que este es el momento
procesal de plantear ciertas cuestiones y que sí ligan esas
cuestiones a la ampliación, nosotros lo único que pedimos es que la
nuestra también se pueda plantear. Por suerte tenemos a la
Presidencia sueca, que ya ha propuesto una cosa que nosotros
aceptamos. Por tanto, en este momento, señor Echegaray, señor
Guardans, nosotros no estamos buscando ningún enemigo; es que hay una
propuesta de la Presidencia sueca que reconoce nuestra preocupación
por el efecto estadístico que consideramos aceptable y que en este
momento consideran aceptable todos los países menos dos. Por tanto,
en esa retórica de que estamos buscando enemigos y poco menos que nos
vamos pegando con la gente por los bares de Bruselas, de eso nada de
nada, señorías. Nosotros estamos aceptando en este momento una
propuesta de consenso, que no somos nosotros los que la rechazamos
sino que son otros, y SS.SS. no han querido hacer referencia a ello
porque no les venía bien en su discurso político que me han querido
colocar esta tarde. Esta es la realidad. Por tanto, no creo que
estemos deslegitimidando nuestra causa, primero, porque nosotros en
ningún caso vamos a ligar el tema del efecto estadístico a la
ampliación, ni ahora ni nunca; el momento álgido del efecto
estadístico será la discusión presupuestaria. Sí creemos que
políticamente es útil para el interés de todos aquellos que quieran
tener una determinada política regional el que se reconozca en el
mismo momento en el que se incluye como condición para la ampliación
la prohibición de la libre circulación de personas. Eso a lo que SS.
SS. no le dan ningún valor, por suerte la mayor parte de los países
de la Unión Europea sí se lo dan y nos han ofrecido una fórmula que
consideramos aceptable y que ahora son otros los que no la quieren
aceptar. Esas cosas pasan todo el tiempo en las negociaciones
europeas sin que haya que dramatizar más allá de lo estrictamente
necesario. El juicio en todas estas cosas es al final. Ya veremos.
Sus señorías afirman muy rotundamente que tienen mejor estrategia
para negociar; es posible. Ya veremos al final cómo se mantienen
estas cuestiones. En cualquier caso, creo sinceramente que España
tiene razones para defender que las políticas de apoyo estructural,
de fondos estructurales y de cohesión van a tener efecto como
consecuencia de la ampliación, pero no pueden ser las únicas
políticas que tengan efecto como consecuencia de la misma. Es
sorprendente, tengo que decirlo, que los grupos parlamentarios
españoles no hagan ninguna referencia a cheques de países que también
tendrían que verse afectados por esta cuestión. La verdad es que es
una manera de ver las cosas sorprendente.
El señor Guardans me plantea la delegación de los parlamentos
nacionales. No lo entiendo. Los parlamentos nacionales no hacen
ninguna delegación, hacen la misma que en el resto de las cuestiones
referidas en la Unión Europea. Las directivas vienen aquí y, como es
natural, el Parlamento no las ha informado antes. A lo mejor es que
no le he entendido.
Sobre la armonización fiscal no estoy en nada de acuerdo con su
señoría. Sí condicionamos la existencia de un mercado interior a la
armonización fiscal, porque si no no entendemos por qué tenemos que
armonizar. Además, la política medioambiental se puede hacer sin
necesidad de armonizar, que es otra cosa que hemos dicho a nuestros
socios. Si no hay mercado interior hagan ustedes la política
medioambiental que quieran; si yo no les puedo afectar porque no
tengo incidencia sobre el mercado interior, y nosotros tres cuartos
de lo mismo. Podremos debatir entre nosotros si las ecotasas son
buenas o son malas, pero lo que no nos podrá decir un señor alemán es
que le estamos afectando al mercado interior como consecuencia de esa
decisión. Por tanto, sigo pensando que no es una mala posición, que
sumo a la de gobiernos anteriores sobre temas de competitividad y que
no comparto la teoría de que todavía podemos abandonarlas.
Señor Guardans, tengo que decirle muy seriamente que por suerte en
Convergència i Unió hay otros portavoces, empezando por el señor
Pujol, que nos ayudan bastante más en las relaciones europeas que S.
S., y en estos días lo hemos podido comprobar con mucha más claridad.
No hay que confundir la traición a la patria ni la plaza de Oriente
con defender lugares comunes; la traición a la patria y otras cosas
son importantes y, desde luego, no seré yo el que acuse a ningún
miembro no ya de este Parlamento sino de la ciudadanía española de,
por llevarme la contraria o llevarle la contraria a quien sea,
traicione a la patria; pero es que además, señoría, los lugares
comunes tampoco hay que magnificarlos en ningún sitio, esos ya los
leemos en cualquier divulgación general.
Su señoría cree que nuestra estrategia se está haciendo mal y a
continuación me dice que España debe recibir todos los fondos aunque
la UE se amplíe. Su argumentación es imposible de seguir. A partir de
ahí puedo entender todas las críticas, pero que S.S. me sirva de
consejero es imposible porque parte de la base de que no podemos
recibir ni un fondo más, aunque se amplíe la Unión Europea, de los
que recibiríamos a quince. Parte de esa posición, ya está, pero
probablemente S.S. no se da cuenta de las consecuencias de las cosas
que dice. Claro que España va a tener consecuencias, sin ninguna
duda. ¿Cómo vamos a pretender que se defina lo mismo la cohesión a
quince que a veinticinco o a veintiuno? No se va a definir igual. Si
S.S. quiere quedar bien con todo el mundo al mismo tiempo es cuestión
suya, pero no pretenderá que me lo tome en serio. Otra cosa es que
nosotros digamos cuál va a ser el grado
de efecto que tenga sobre la política de cohesión la ampliación. Eso
es lo que se está discutiendo: una cuestión de grados, una cuestión
de fases, una cuestión de tiempos, y eso es lo que se va a discutir.
Sin duda se va a discutir -y en eso S.S. tiene toda la razón- cuando
se planteen los debates presupuestarios. Pero independientemente de
lo desagradable que es hablar de cuestiones de dinero, que siempre es
desagradable, en la política europea uno nunca se equivoca cuando
plantea pronto sus preocupaciones, porque, vuelvo a repetir, los
demás países también tienen las suyas y es bueno que la gente sepa
cuáles son las nuestras, porque las nuestras por ser nuestras no son
menos justificadas que las de los demás, no le digo que sean más,
pero por el hecho de ser nuestras no son menos. Por tanto, mi
experiencia, que no es muy grande en la Unión Europea como
responsable de un Gobierno, sí me ha enseñado que nunca se equivoca
uno por plantear pronto sus preocupaciones; se equivoca uno por
plantearlas mal o por plantearlas exageradamente, pero no pronto, y
lo único que España ha hecho es decir que este es un problema, y lo
ha hecho en cuanto otros han dicho: Yo tengo un problema, y otros han
dicho que sí bloquean. Menos mal que tenemos a la Presidencia sueca y
no a S.S. para encontrar fórmulas de entendimiento.
Su señoría quiere que lideremos un discurso sobre más recursos
económicos en la Unión Europea y todas esas cosas que me ha contado.
Así es, claro. Su señoría no se ha dado cuenta de que se trata de
cuál va a ser la parte de presupuesto que sustente la ampliación; de
eso se trata, señoría. No hace falta ir muy lejos para darse cuenta
de ello.
En cuanto al euro y por lo que se refiere a la defensa de las pymes,
que S.S. se arroga, no hay que confundir la defensa de los intereses
generales de las pymes con otras cuestiones. Mi grupo parlamentario
ha defendido notablemente a las pequeñas y medianas empresas y nunca
hemos valorado que S.S. tuviera una especial atención sobre esta
cuestión. Otra cosa es que los intereses concretos sean más o menos
los que sean. No tengo la conciencia que tiene S.S. sobre lo que está
sucediendo con las pymes. Su señoría lo que me plantea es que el
Gobierno español incumpla los compromisos europeos y financie la
implantación del euro. Ese es un compromiso europeo que tiene su
lógica porque en esa suma que S.S. hace a lo mejor no está
contabilizando la ventaja que en tipos de interés han tenido todas
las empresas españolas como consecuencia de la entrada en el euro.
Pero además hay un compromiso europeo, que tenemos que cumplir, de no
dar dinero público para la implantación del euro en las empresas,
como también tenemos un compromiso europeo de que el cambio de euros
en los bancos nacionales sea gratuito durante un período. Por tanto,
lamento que S.S. no fuera consciente de eso en la defensa que hace.
Tengo que decir que esas afirmaciones sobre que no aceptamos brazos,
etcétera, por suerte no son las de la
Administración de la comunidad autónoma por la que S.S. ha sido
elegido diputado, por lo menos no son las que me transmiten
oficialmente. Si S.S. tiene algo que decir oficialmente, habida
cuenta de que tenemos aquí nada más y nada menos que luz y
taquígrafos, dígalo, porque yo tuve una reunión ayer con directores
generales de todas las comunidades autónomas, incluido el de la
comunidad autónoma por la que S.S. ha sido elegido diputado, y
precisamente hemos hablado de estas cuestiones. A partir de ahí, si
S.S. tiene que hacer alguna crítica hágala; no se corte, hágala; si
no la tiene que hacer, no utilice argumentos genéricos inexistentes.
El porcentaje del conjunto de las empresas preparadas en España, que
en enero era del 29 por ciento, en este momento es del 35 por ciento;
sin embargo en la Unión Europea no se ha movido del 24 por ciento.
Creo que este es un porcentaje razonable, habida cuenta de que la
preparación que requiere la incorporación del euro a las empresas no
supone cambios estructurales, supone cambios de contabilidad que se
tienen que producir sobre todo en el último trimestre del año. El
porcentaje de empresas que ya tienen elaborado un plan de adaptación
al euro en España es del 76 por ciento -estoy dando datos del
Eurobarómetro y tengo que decir que tenemos que seguir avanzando pero
no me parece una mala cifra-, que representa 13 puntos más que la
media europea. La realización de este plan en España es del 71 por
ciento; es decir, de ese 76 por ciento los que están realizando ese
plan ya son el 71 por ciento, frente a un 54 por ciento de media en
la Unión Europea. El porcentaje de empresas en España que ya están
facturando en euros ha pasado del 14 al 22 por ciento y las que
tienen previsto facturar en euros a partir del segundo semestre de
este año representan un 14 por ciento. Creo que es una cifra que hay
que incrementar, y de ahí los acuerdos que el Gobierno está
estableciendo en este momento con los sectores.
En cuanto a la intervención del señor Martínez Casañ sobre los temas
que he mencionado, me remito a lo que acabo de decir. Sobre el tema
que él ha incluido, que fue abordado en Estocolmo, sobre las
diferencias entre países y grados de liberalización, le diré que es
muy complejo y en él están cuestiones como el debate de las acciones
de oro y otras. En Estocolmo el Consejo ya indicó a la Comisión la
necesidad de llevar a cabo una política que tenga en cuenta la
actuación de los monopolios públicos sobre mercados liberalizados. No
es un tema fácil, máxime en mercados interiores en los que no existen
las mismas reglas que en la Organización Mundial de Comercio. Hay un
debate político y hay un mandato claro a la Comisión respaldado por
todos los países, y esto es importante. Nosotros no pretendemos
imponer a nadie ritmos de liberalización que ya están impuestos por
las directivas, pero sí queremos que la presencia de empresas en
nuestro país en sectores muy importantes como el energético se
adapten a cierto tipo de condiciones de reciprocidad de nuestras
empresas en esos otros mercados y también de presencias de capital
público. Entendemos que eso es perfectamente defendible en estos
momentos en el marco de la legislación europea y, desde luego, de los
mandatos del Consejo de Estocolmo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.
El Reglamento establece que solamente cabe una segunda intervención
de los portavoces en casos excepcionales y considero que hay algún
elemento de excepcionalidad en las respuestas del ministro. Primero,
la casi directa invitación al señor Guardans a que intervenga; sería
muy duro por parte de la Presidencia no darle la oportunidad de
contestar a su sugerencia. En segundo lugar, la referencia a los
heroicos gobiernos socialistas de los años 1992-1995, lo que casi me
induciría a darme la palabra a mí mismo, señor vicepresidente.
(Risas.) Pero no siendo esto posible, creo que el señor Eguiagaray
sabrá defender mi heroísmo tanto como el suyo.
Por tanto, voy a dar la palabra para una muy breve intervención a los
dos portavoces, que tasaremos, si les parece, en tres minutos y medio
y a continuación contestará el señor vicepresidente.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Gracias, señor presidente, por esa
apreciación de este estado de excepción en el que nos situamos. En
tres minutos y medio trataré de corresponder a la amabilidad del tono
que ha utilizado el señor vicepresidente.
Hay dos o tres cosas que no nos debieran ocupar mucho tiempo. Tengo
desacuerdos con él en lo que ha dicho sobre la no pérdida de
competitividad. Ha señalado que hay un problema, pero que no lo
sienten las empresas. Me parece que eso, como sabe usted, es mucho
más consecuencia de la evolución del euro que de la de nuestros
precios.
Respecto al empleo, señor Rato, la desaceleración que se está
produciendo ojalá no continúe en el siguiente trimestre. En el primer
trimestre del año 2000 el número de ocupados en crecimiento
intertrimestral fue de 709.600 con relación al año 1999, en este
momento estamos en 412.000 en términos de EPA, y usted ha anticipado
una creación de empleo del orden de 300.000 medido en términos de
contabilidad nacional. Por tanto, es verdad que este es un tema de
preocupación. Ojalá nos equivoquemos todos y que según sus augurios
el segundo semestre sea mejor. En este momento tenemos un problema de
gran intensidad, sobre todo teniendo en cuenta los objetivos de
alcance de una mayor tasa no solamente de ocupación sino de
participación en la actividad.
La inversión a la que yo me estaba refiriendo, señor Rato -lo tomo en
el tono humorístico en el que usted lo ha dicho-, no tiene nada que
ver con una inversión
con déficit. Le recuerdo que los sucesivos planes de convergencia han
ido retrasando año tras año el momento en el que la inversión pública
alcanzara el nivel del año 1995, y esto no solamente en esta
legislatura sino también en la anterior.
Hay dos temas que son los que suscitan más debate en esta
comparecencia. El primero de ellos es el de la imposición
medioambiental y los heroicos gobiernos de 1992 a 1995 y anteriores.
Como ha dicho usted que no se conoce bien las directivas anteriores,
le podríamos recordar el presidente de la Comisión y yo mismo a qué
nos enfrentamos y cómo podían pugnar objetivos medioambientales que
uno tenía que defender y objetivos más estrictos de competitividad
que en este caso otro tenía que defender. Por eso tenemos una gran
comprensión por alguna de las posiciones que se han mantenido en el
pasado. Lo que pasa es que no es equiparable, se lo he dicho antes. Y
usted utiliza un argumento que es sólo parcialmente aceptable y otro
que no lo es en absoluto. En primer lugar, ¿es posible solamente la
armonización cuando existe un mercado integrado? Creo que no; si no,
no existirían directivas precisamente para la creación de ese mercado
integrado, y directivas que afectan a la constitución de un mercado
de la energía, de la electricidad, del gas, etcétera. ¿Es necesario
que esté totalmente integrado y sea de perfecta competencia para que
posteriormente haya que considerar las distorsiones que la fiscalidad
puede generar? Me parece que esto ya es llevar la argumentación al
límite, y en ese caso empieza a ser absurda. En segundo lugar, la
Unión Europea no solamente tiene objetivos de creación de un mercado
único, tiene objetivos de sostenibilidad, y forman parte constitutiva
de sus propios fines en este momento, de acuerdo con la reforma de
los tratados. En ese sentido, hablar de que una cosa es el medio
ambiente y otra cosa el debate energético es coger el rábano por las
hojas, señor Rato. Cualquiera sabe, hasta los niños de pecho, que uno
de los principales responsables de la contribución a los gases de
efecto invernadero y a la contaminación en general tiene que ver con
el consumo energético. Por tanto, separar esas dos cosas me parece un
ejercicio que puede ser hábil dialécticamente y hasta lo entienden
sus colegas en la defensa de los respectivos intereses, lo puedo
entender, pero me parece que tiene muy poca justificación. En ese
sentido me había suscitado la esperanza de que no se iba a pasar, a
través de estos argumentos, a una posición como la que con argumentos
de competitividad se está defendiendo en los Estados Unidos. Creo que
hay un compromiso de la Unión Europea en el mantenimiento de los
compromisos de Kioto. Yo creo, y no soy ningún fundamentalista de los
impuestos ecológicos, que algo tenemos que hacer en esa dirección.
Hacerlo en los términos moderados en los que se está planteando en
este momento el debate me parece que es un buen comienzo, y España no
podrá mantener indefinidamente la posición que usted dice.
Finalmente, estoy dispuesto a hacerle un favor si el Gobierno lo
pide, sobre todo si lo implora, como ha hecho usted, y aunque no lo
implore ni lo pida, entre otras cosas por convicción de que hay una
buena causa en decir con tiempo aquello a lo que creemos tener
derecho. He empezado por ahí, pero no le dé la vuelta a mis
argumentos. Decir que le imputo o le imputamos -no sé si puedo hablar
en colectivo- lo que usted no ha dicho es tanto como ignorar; usted
siempre se libra de la quema, usted no ha dicho nunca nada de todas
estas cosas horrorosas que se han dicho que han dicho. Pero los
diferentes interlocutores del Gobierno, directa o indirectamente, han
amagado -he utilizado antes la expresión- con bloquear aun cuando no
estuvieran dispuestos a hacerlo. A mí me parece que esto está mal,
primera cuestión, y creo que es una torpeza. Segundo, han pedido un
acuerdo en esa dirección y después se están batiendo en retirada en
relación exclusivamente con una tarjeta de visita señalando cuál es
el problema, cosa que todo el mundo sabía. Me parece, señor Rato, que
en ese sentido no han acertado en la estrategia y se han buscado
algunos enemigos innecesarios. A nadie nos asusta defender los
intereses nacionales, incluso si tenemos que hacernos algunos
adversarios temporales. Lo que es verdad es que por esto no han sido
ustedes más eficaces y para dejar finalmente una tarjeta de visita
con la ayuda de la Presidencia sueca me parece que no hacía falta
tanto viaje para estas alforjas.
El señor PRESIDENTE: Señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Lamentablemente, no puedo empezar mi
intervención agradeciendo la amabilidad del tono del señor ministro,
sino más bien manifestando mi sorpresa. Tendrá las razones que tenga,
a lo mejor no hay ninguna, pero no le he percibido especialmente
amable, más bien me ha sorprendido el tono. Le puedo decir que es muy
poco elegante por su parte incitar a una especie de contraposición
con otros portavoces y si además usted denomina portavoz de mi
partido a su propio presidente. Si usted cree que este portavoz es lo
suficientemente loco e irresponsable como para comparecer ante el
vicepresidente económico del Gobierno como un francotirador que viene
aquí por libre y suelta lo primero que se le ocurre es que tiene un
triste concepto de lo que es mi partido político, de lo que es mi
grupo parlamentario y de lo que soy yo mismo. Le puedo decir que no
hablo por libre y no estoy tan absolutamente loco como para que las
cosas que a mí se me ocurran sean contraposición de otros que saben
más, ni siquiera el presidente de mi partido. El presidente de mi
partido (supongo que se refiere usted a unas declaraciones
periodísticas que realizó hace apenas 24 horas, que suscribo en su
integridad y que he intentado transmitirle haciéndolas propias) ha
dicho -y es la posición de Convergència i Unió- que apoya la
reclamación del Gobierno, que el Gobierno
tiene razón en lo que está reclamando. Esa es la posición de
Convergència i Unió y eso es lo que con mejores o peores palabras le
ha intentado decir este portavoz. Nadie ha dado la razón al Gobierno
desde Convergència i Unió, ni antes ni ahora en esta comparecencia,
en que ustedes condicionen el calendario de ampliación a eso, que
ustedes bloqueen la cumbre de Gotemburgo a eso y que ustedes vinculen
la libre circulación de trabajadores en otros países de la Unión
Europea a eso. Que yo sepa, hasta hoy nadie en Convergència i Unió ha
dicho que la vinculación entre esa reclamación, que es justa, y la
libre circulación de trabajadores es correcta. No hay ningún tipo de
contraposición, señor vicepresidente; puede usted verificarlo donde
estime más oportuno.
Dice usted que ponemos en boca del Gobierno algo que no dice.
Perfecto, mejor, pues estamos poniendo la venda antes de la herida y
echando agua a un fuego que no existe. Espléndido. Yo sólo le puedo
decir que he regresado de Estocolmo hace 24 horas y allí escuché a la
ministra sueca de Asuntos Exteriores que decía que un posible
obstáculo a la ampliación era la posición española. Hace 24 horas. Yo
leo un poco la prensa internacional -probablemente menos que el señor
vicepresidente- y la mitad de la prensa de Europa considera que
España bloquea la ampliación. Los parlamentarios de media Europa,
reunidos también en Estocolmo, consideran que España bloquea la
ampliación. Los parlamentarios de los países candidatos han hecho
afirmaciones todos ellos diciendo que España puede retrasar la
ampliación. En rueda de prensa con el primer ministro al presidente
del Gobierno en Eslovenia se le ha preguntado por qué España retrasa
la ampliación. Si todo eso es una confabulación judeomasónica y no
tiene nada que ver con la posición española, perfecto. El primero que
está encantado es este portavoz al descubrir que la posición de
España en esa reclamación de conseguir que se haga ese tipo de
afirmación de compromiso político con lo que son los fondos de
Objetivo 1 no va a condicionar el calendario de ampliación, que en
Gotemburgo se negociará por separado y si hace falta se le dará la
razón o no a Alemania y a Austria con su afirmación, y que no se
condicionará el calendario que la Presidencia sueca quiere plantear
al hecho de que se acepte o no esa petición española. Si eso es así,
perfecto. Yo sólo le digo que en este momento no es así como se está
percibiendo.
En cuanto al euro, durante la legislatura pasada el Patronat Catalá
per Europa y el Ministerio de Economía tenían un acuerdo -yo no
quería entrar en el detalle, pero como usted lo pide se lo doy ante
luz y taquígrafos- para la difusión del euro; también con la Comisión
Europea. Eso no se ha repetido. ¿Significa eso un gran desastre?
Probablemente no, las cosas no son dramáticas; pero le he puesto un
ejemplo concreto
de una institución con la que ustedes contaron y con la que han
dejado de contar. No ando con secretos.
Yo no soy mejor ni peor portavoz de las pymes que usted o cualquier
miembro del Partido Popular, pero cada uno tiene sus fuentes de
información. Las pequeñas y medianas empresas hoy en Cataluña no
están preparadas. ¿De quién es la responsabilidad? No lo sé. Yo no le
estoy pidiendo financiación para las pymes, le estoy pidiendo que,
además de ocuparse muy bien -como se han ocupado- de los ciudadanos,
de los consumidores y de los ciegos, se ocupen un poco más de las
pymes y del pequeño comercio porque lo que están haciendo, hoy por
hoy, no está dando resultado.
El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS
Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Muy brevemente, contesto
al señor Eguiagaray sobre los temas generales económicos que ha
planteado. En cuanto a la pérdida de competitividad, tengo que decir
que no me refería a los países fuera del euro, sino precisamente
a los países del euro; no estamos perdiendo cuota de mercado los países
euro, donde no hay efectos de la moneda. Si usted mide cómo crecen
las importaciones de esos países sin tener en cuenta las
importaciones energéticas y mide nuestras exportaciones a esos
mercados lo puede comprobar. Eso no quiere decir en absoluto que no
sea un tema importante, y creo que los procesos de política económica
que el Gobierno está planteando nos llevan en esa dirección.
Respecto al empleo, tengo que decir que nuestras previsiones de
creación de empleo para este año son importantes (más de 300.000
empleos, en el entorno de los 340.000/350.000 empleos), y en este
momento tenemos la impresión de que esas previsiones se van a
cumplir.
Sobre la inversión y la relación con el déficit hemos debatido
durante tantos años que podemos seguir haciéndolo unos cuantos más.
En cualquier caso, creo que los datos del presupuesto que el Gobierno
está ejecutando son suficientemente importantes en el cumplimiento de
los objetivos de modernización de las infraestructuras.
Entrando ya en el tema de la imposición medioambiental, claro que
tiene que haber directrices para que se haga un mercado interior,
pero no armonizaciones fiscales. Todos querríamos que la directriz de
energía se cumpliera por todos los países, porque no en balde los
temas fiscales son políticas nacionales; cosa que no hemos discutido
nadie y que SS.SS. no me han planteado como alternativa. En ese
sentido, debo decir que yo considero que está muy bien que el Consejo
Europeo y la Comisión planteen directivas para que se cree un mercado
interior -que se cumplan-, pero lo que no tiene ningún sentido es
armonizar impuestos, que son
parte de una política nacional a la que uno renuncia porque hay un
mercado interior, sin que ese mercado interior exista.
En segundo lugar, S.S. ha hablado de los objetivos de sostenibilidad.
Sin ninguna duda; pero es que en este momento nadie está poniendo en
riesgo los objetivos de sostenibilidad en España. Los están poniendo
otros países europeos, que pueden tomar medidas y no las toman.
No he dicho que la energía no tenga efectos sobre el medio ambiente.
Lo que he dicho es que los impuestos energéticos no siempre son
medioambientales, que no es decir lo mismo. (El señor Eguiagaray
Ucelay: Ahora sí, pero antes, no.) Pues si antes no lo he dicho bien,
lo digo ahora. Me he referido a que los impuestos energéticos son
principalmente impuestos recaudatorios y las medidas medioambientales
son otras. Puede haber medidas de precios, medidas impositivas, pero
también hay otro tipo de medidas. En ese sentido, tampoco quiero
insistir ahora en la situación de 1992-1995, pero, por ejemplo,
señoría, reducir los impuestos sobre la gasolina es una medida poco
medioambiental. Creo que en eso estaremos todos de acuerdo,
independientemente de lo fácil o difícil que sea. No hay ninguna
evidencia empírica de que el proceso de crecimiento sostenible en
términos medioambientales se agote en una armonización fiscal de la
energía. De eso ya no pretenden convencernos ni siquiera nuestros
colegas europeos. Nuestros colegas europeos -vuelvo a repetir- en
este momento están poniendo especial énfasis en la armonización
fiscal, como un elemento que garantice un acquis comunitario antes de
la ampliación. A ver si sabemos de qué pie cojeamos todos. Nosotros
que podemos entender esa preocupación, tenemos otras preocupaciones
que son igual de legítimas, y decimos: armonicemos impuestos, pero
también armonicemos condiciones de mercado. La teoría de que sólo se
pueden ligar las cosas cuando benefician a los demás es una teoría
que yo desde luego no voy a aconsejar a nadie. Si en este tema no
podemos relacionar mercado interior de la energía con armonización
energética, ya me explicarán ustedes qué podemos relacionar.
En cuanto a la ampliación, diré que nosotros nunca hemos planteado el
bloqueo de la ampliación. Eso no sé si lo dice o lo deja de decir la
prensa, sé lo que dice el Foro de cohesión en Bruselas -y con esto
entro ya en lo que ha dicho el señor Guardans-, sé lo que está
diciendo en este momento la Presidencia sueca, sé lo que está
diciendo el comisario de los fondos regionales. Por tanto, si S.S.
tiene mucha gente que coincide con usted en criticar al Gobierno
español sobre esta cuestión en otros países, nosotros tenemos otros
que no nos critican. Nos sorprende que S.S. sea uno de ellos, pero en
cualquier caso puede hacer lo que quiera. Tengo que ratificarle que
hemos encontrado otros portavoces de Convergència i Unió, empezando
por el señor Pujol, mucho más racionales y constructivos en
esta cuestión. Si S.S. cree que es un juicio que no merece, lo
lamento muchísimo; si le da igual, no vale la pena que discutamos
sobre ello. Es nuestra opinión, que hemos tenido ocasión de ratificar
en más de una ocasión, y en este tema yo personalmente muy
recientemente.
No conozco las condiciones por las que la institución que interesa S.
S., el Patronat Catalá per Europa, no ha firmado un acuerdo; me
enteraré y veré si la preocupación de S.S. merece la atención.
El señor PRESIDENTE: Lamentándolo mucho, no puedo dar la palabra a
ninguno de los portavoces, que probablemente hubiesen deseado
intervenir; no me lo permite el Reglamento.
Agradecemos al señor viecepresidente su presencia, su amplia
información y la salsa que siempre pone en sus intervenciones.
Se levanta la sesión.
Eran las siete y veinte minutos de la tarde.