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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 33, de 03/04/2001
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2001 VII Legislatura Núm. 33
PARA LA UNIÓN EUROPEA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. DON JOSEP BORRELL FONTELLES
Sesión núm. 8
celebrada el martes, 3 de abril de 2001, en el Palacio del Congreso
de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor secretario de Estado de Asuntos Europeos (De
Miguel y Egea) para informar sobre la posición del Gobierno acerca de
la propuesta de reglamento del Consejo sobre la patente comunitaria.
A solicitud del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
(Número de expediente del Congreso 212/000306 y número de expediente
del Senado 713/000117) ... (Página 707)
Preguntas:
- Del señor Castro Rabadán (Grupo Parlamentario Socialista), sobre la
respuesta del Gobierno español ante la propuesta portuguesa de
construcción de un espacio ibérico hispano-luso que peemita una
actuación conjunta ante la ampliación de la Unión Europea y en los
mercados de Iberoamérica. (Número de expediente del Congreso 181/
000439 y número de expediente del Senado 681/000123) ...
- Del mismo señor senador, sobre razones del Gobierno para no haber
seleccionado los proyectos que afectaban a la Comunidad Autónoma de
Castilla y León y a cada una de sus provincias respecto del programa
Urban II, para el período comprendido entre los años 2000 y 2006.
(Número de expediente del Congreso 181/000440 y número de expediente
del Senado 681/000124) ... (Página 717)
- Del señor Díaz Díaz (Grupo Parlamentario Socialista), sobre
actuaciones para que España lidere la política pesquera de la Unión
Europea (UE) (Número de expediente del Congreso 181/000497 y número
de expediente del Senado 683/000027) ... (Página
719)
- De la señora García Arias (Grupo Parlamentario Socialista), sobre
posición del Gobierno acerca de la extinción del Tratado CECA en el
año 2002, en lo referente al sector del acero. (Número de expediente
del Congreso 181/000609 y número de expediente del Senado 683/000040)
... (Página 723)
- De la misma señora diputada, sobre posición del Gobierno acerca de
la extinción del Tratado CECA en el año 2002, en lo referente al
sector del carbón comunitario. (Número de expediente del Congreso
181/000610 y número de expediente del Senado 683/000041) ...
(Página 725)
- De la misma señora diputada, sobre la posición del Gobierno acerca
de la extinción del Tratado CECA en el año 2002, en lo referente a
los principios comunes a los sectores del carbón y del acero. (Número
de expediente 181/000611 y número de expediente 683/000042)
... (Página 726)
- De la misma señora diputada, sobre posición del Gobierno acerca del
escaso cumplimiento del llamado «phasing in» de las políticas
comprendidas en el Tratado CECA, en el presupuesto general de las
Comunidades Europeas y en los diversos programas de la Comunidad
Europea. (Número de expediente del Congreso 181/000612 y número de
expediente del Senado 683/000043) ... (Página
726)
Debate y votación de las siguientes solicitudes de creación de
subcomisiones y ponencias:
- De una subcomisión en el seno de la Comisión Mixta para la Unión
Europea, de seguimiento de la Conferencia Intergubernamental de la
Unión Europea. Formulada por el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso. (Número de expediente del Congreso 158/000017 y número de
expediente del Senado 573/000004) ... (Página
727)
- De una subcomisión en el seno dc la Comisión Mixta para la Unión
Europea, encargada del seguimiento de los procesos de ampliación de
la Unión Europea. Formulada por el Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente del Congreso 158/000018 y número de expediente
del Senado 573/000005) ... (Página 727)
- De una subcomisión en cl seno de la Comisión Mixta para la Unión
Europea, encargada del seguimiento del proceso de la Conferencia
Intergubernamental del 2004. Formulada por el Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente del Congreso 158/000019 y número de
expediente del Senado 573/000004) ... (Página
727)
Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Buenos días a todos y a todas, señoras y señores
diputados y senadores. Muchas gracias por su presencia y muchas
gracias al secretario de Estado por la suya, al que damos la
bienvenida a esta Comisión.
Creo que alguno de los portavoces desea hacer alguna observación
sobre el orden del día.
El señor GARCÍA BREVA: En el orden del día de hoy hay dos preguntas,
que ha realizado el portavoz que les habla, sobre la posición del
Gobierno respecto a la política de inmigración en la Unión Europea.
Hemos tenido constancia de que el delegado del Gobierno para la
Inmigración ha manifestado su interés por responder a estas
preguntas, interés que compartimos. Por ello, solicitamos que se
aplace la inclusión de las mismas al orden del día de la próxima
reunión de la Comisión, puesto que nos parece de interés
para este grupo y para la propia Comisión que las responda el
delegado del Gobierno.
El señor PRESIDENTE: ¿Tiene algún portavoz algo que manifestar
respecto a esta modificación del orden del día?
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Consideramos razonable esta solicitud y, por
tanto, apoyamos al portavoz del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Supongo que el secretario de Estado tampoco
tiene ninguna objeción que hacer. (Pausa.)
Las incorporaremos al orden del día de la reunión que celebraremos,
si nada lo impide, el 17 de abril próximo.
- COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EUROPEOS
(DE MIGUEL Y EGEA) PARA INFORMAR SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO
ACERCA DE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL CONSEJO SOBRE LA PATENTE
COMUNITARIA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN
(CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente Congreso 212/000306 y
número de expediente Senado 713/000117.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al primer punto del orden del día.
Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EUROPEOS (De Miguel y Egea):
El primer punto del orden del día es una comparecencia que habíamos
pedido para informar sobre la posición del Gobierno acerca de la
propuesta de reglamento del Consejo sobre la patente comunitaria.
A mí me pareció que era interesante que esta Comisión mixta tuviera
conocimiento de cuál es nuestra posición en este asunto.
El señor GUADANS I CAMBÓ: Señor presidente, si me permite una
cuestión de orden, esta comparecencia no la ha pedida el Gobierno,
sino el Grupo Catalán.
El señor PRESIDENTE: ¿Quería usted intervenir previamente?
El señor GUARDANS I CAMBÓ: No, no. Sólo quería puntualizar que daba
la impresión de que el secretario de Estado atendía a una
comparecencia a iniciativa
del Gobierno. Quería dejar claro que atiende a una
comparecencia a petición del Grupo Catalán.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EUROPEOS (De Miguel y Egea):
Si hubiera podido continuar, era mi intención decir que me parecía
muy oportuno precisar la posición del Gobierno sobre este importante
asunto y que el Grupo Parlamentario Catalán había pedido precisamente
esta comparecencia.
En pocas ocasiones ocurre que en nuestro sistema parlamentario caigan
las cosas justo en la fecha que deben caer; ocurren los
acontecimientos y están por medio los plazos para la petición de las
comparecencias. Sin embargo, esta comparecencia llega hoy en un
momento muy oportuno porque tiene lugar a los pocos días del Consejo
Europeo de Estocolmo y justamente antes de que el presidente del
Gobierno comparezca - mañana- para informar sobre ese Consejo.
Me imagino que la naturaleza general de la intervención del
presidente del Gobierno le impedirá entrar en los detalles, de modo
que esta comparecencia da la oportunidad a esta Comisión de conocer
los detalles del problema de la patente comunitaria, y es muy
importante que sus miembros conozcan bien la entraña técnica de lo
que está detrás de ese problema.
El libro verde de la Comisión sobre la patente comunitaria y el
sistema de patentes en Europa, publicado en 1997, planteó la
necesidad de una nueva intervención comunitaria en esta materia, que
permitiera superar la mera coexistencia de los sistemas nacionales
y el sistema europeo de patentes basado en el Convenio de Munich de
1973, tras el fracasado intento de crear una patente comunitaria a
través del Convenio de Luxemburgo de 1975 y el Acuerdo en materia de
patentes comunitarias de 1989.
La Comisión fundamentó esta iniciativa en la eliminación de las
distorsiones de la competencia que podrían originar los títulos
nacionales de protección, y en su utilidad como medio para favorecer
la libre circulación de las mercancías protegidas por las patentes.
El libro verde efectuaba una recopilación de los principales
problemas detectados por la Comisión acerca del Convenio de
Luxemburgo, fundamentalmente coste de las traducciones, sistema
jurisdiccional, tasas nacionales y fórmulas de paso entre la patente
comunitaria y la europea.
Con ello, la Comisión abría un debate de alcance general, cuyos
resultados se plasmaron en la comunicación de 5 de febrero de 1999
relativa al fomento de la innovación sobre la patente y el
seguimiento que debía darse al libro verde citado. La Comisión se
comprometió entonces a presentar, en el curso de ese mismo año, una
propuesta de reglamento de patente comunitaria con carácter unitario,
que pudiera producir los mismosefectos en toda la Comunidad.
Al mismo tiempo, y con el fin de evitar los inconvenientes
anteriormente apuntados, esta patente habría de ser accesible, con un
coste comparable a una patente europea y que cubriera un número
limitado de países, todo ello garantizando la seguridad jurídica.
Esta iniciativa se vería completada con otras, como la propuesta de
directiva sobre modelos de utilidad.
El Consejo Europeo de Lisboa de marzo de 2000, cuyas conclusiones
contienen una especial referencia a la creación de una zona europea
de investigación e innovación, solicitó al Consejo y a la Comisión
que garantizaran la disposición de una patente comunitaria para
finales de 2001, insistiendo en la idea de que la protección de
patentes de ámbito comunitario en la Unión fuera tan fácil y barata
de obtener y de cobertura tan amplia como la otorgada por los
principales competidores.
Las conclusiones de Lisboa hacen extensivo este mandato a la
propuesta de directiva sobre modelos de utilidad, al tratarse de una
modalidad de propiedad industrial que se adapta muy bien a las
necesidades de las pequeñas y medianas empresas, que son mayoría en
el tejido industrial español.
Al término de la Presidencia portuguesa, las conclusiones del Consejo
Europeo de Feira se hicieron también eco de la próxima presentación
de propuestas por parte de la Comisión. Finalmente, la Comisión
aprobó el 1 de agosto de 2000 la propuesta de reglamento sobre
patente, actualmente sobre la mesa del Consejo.
En términos generales, la propuesta de la Comisión plantea una serie
de problemas relativos a la coexistencia de tres regímenes diferentes
de protección -nacional, comunitario y europeo- que sería preciso
articular de forma adecuada y que, por el momento, da lugar a una
serie de interrogantes que constituyen los primeros puntos sobre los
que el Consejo ha centrado su atención al iniciar el estudio de la
propuesta.
El primer gran problema es el vínculo entre la patente comunitaria y
la Oficina Europea de Patentes, con sede en Munich, a la que
pertenecer 20 países, cinco de ellos no comunitarios. Mencionaré que
los cinco no comunitarios son: Mónaco, Chipre, Liechtenstein, Suiza y
Turquía. La Comisión parte de la base de la adhesión de la Comunidad
al Convenio de Munich, de tal forma que sería la citada oficina la
encargada de tramitar y conceder las patentes comunitarias. Ello
suscita una serie de cuestiones relacionadas con la atribución de
funciones de aplicación del derecho comunitario a un órgano no
comunitario, que cuenta con sus propias salas de recursos para
dirimir en última instancia los conflictos que se produzcan.
En el estado actual de examen de la propuesta, no se han aportado aún
garantías suficientes de que dicha aplicación se realice de forma
correcta. Existe un aspecto que preocupa a un buen número de
delegaciones, entres ellas a la española, de forma que será necesario
pedir un análisis más profundo a la Comisión de
las razones aducidas por ésta, fundamentalmente de orden económico
-abaratamiento de costes-, antes de tomar la decisión de atribuir
estas funciones a un organismo externo a la Comunidad.
En general, existe coincidencia en que, en aras de la seguridad
jurídica, el derecho comunitario en materia de patentes habría de
ceñirse al derecho sustantivo del Convenio de Munich, evitando una
dualidad de sistemas. Cuestión distinta es la necesidad o no de que
la Comunidad se adhiera al citado convenio o que sea necesariamente
la Oficina Europea de Patentes la que conceda la patente comunitaria.
España mantiene en este punto que, por razones metodológicas, hay que
explorar las posibilidades de establecer un vínculo estrecho entre
ambos, sin descartar otras hipótesis pero con una premisa básica: la
preservación de la aplicación íntegra del acervo comunitario sin que
la Oficina Europea de Patentes interfiera en esa aplicación.
En el Consejo de mercado interior del pasado 12 de marzo, la
Presidencia sueca se propuso como objetivo obtener un mandato para
dar una señal política inmediata a la oficina europea sobre la
convocatoria de una conferencia diplomática que permitiera una
posible adhesión de la Unión al Convenio de Munich. Después del
debate -que fue duro- no obtuvo ese mandato porque varias
delegaciones, entre ellas Italia, Portugal, Bélgica, Grecia y
particularmente España, lo consideraron prematuro al no haber ni
siquiera una aproximación de posiciones en el ámbito interno
comunitario sobre las cuestiones clave. Tampoco existía ningún
imperativo de procedimiento que obligara a tomar ningún tipo de
decisión en este momento. Dar ahora, como sostuvimos, una señal a
Munich en una determinada dirección suponía prejuzgar el fondo de la
cuestión y privilegiar una opción determinada. La posición española
es que de aquí al Consejo de mercado interior del mes de junio se
puede intentar avanzar en torno a las diversas cuestiones planteadas
de cara a tomar una decisión que resulte más adecuada.
Las cuestiones -aparte de este tema jurisdiccional- son bastante
importantes. En primer lugar, la delicada cuestión del régimen
lingüístico. La adhesión al Convenio de Munich, en las condiciones de
la propuesta de la Comisión, implicaría la exclusiva utilización del
inglés, francés y alemán como únicos idiomas de la oficina gestora
del mismo, tanto de funcionamiento como de procedimiento.
Precisamente, como he indicado, en el ahorro del coste de traducción
que ello supondría basa en buena parte la Comisión el fundamento de
su propuesta, pero conviene meditar a fondo sobre un abaratamiento
basado en la limitación a las tres lenguas de Munich, que podría
producir el impacto no deseado de favorecer a empresas de países
terceros. Hay que tener en cuenta que sólo el 46 por ciento de las
solicitudes de patentes europeas en 1999 pertenecían a residentes en
la Comunidad.
Por otra parte, el régimen de Munich plantea ya en este momento
importantes problemas para los empresarios españoles que deben
acompañar una traducción de su solicitud a una de las tres lenguas
oficiales del convenio, así como traducir las patentes de la
competencia que se aplican parcialmente tras la concesión en las
otras dos lenguas distintas de la concesión. España siempre ha
sostenido en Munich la necesidad de traducir el documento completo al
español por razones de seguridad jurídica como forma de que las
empresas sepan el alcance de los monopolios de patentes de otras
empresas y de información tecnológica, disponibilidad de patentes en
español.
Todas estas circunstancias pueden explicar en buena parte la reducida
utilización que se hace en España del sistema de patentes de Munich.
La propuesta de la Comisión pretende la supresión de las limitadas
traducciones que ahora se realizan bajo el régimen de Munich cuando
deban surtir efectos jurídicos en España, lo que profundiza aún más
el problema. Además, el sistema impediría el retorno en nuesta lengua
de una información tecnológica adecuada.
Es preciso, por tanto, en nuestra opinión, alcanzar un compromiso que
evite las consecuencias de orden jurídico, económico y político que
este sistema de lenguas traería. Cabe recordar que en el actual
régimen de la Oficina de Mercado Interior, con sede en Alicante,
encargada de la gestión del reglamento de la marca comunitaria y del
reglamento de dibujos y modelos, se estableció un régimen de once
lenguas, pero que limita a cinco las lenguas de procedimiento, entre
ellas el español. Ello constituye un valioso precedente, pero no
necesariamente el único sistema posible. Los recientes intentos de
ponerlo en cuestión, con ocasión del reglamento de dibujos y modelos,
constituye una buena prueba de las dificultades y reticencias que
suscita este régimen, por lo que cabe ir planteando a lo largo de la
negociación otras posibles alternativas que garanticen la adecuada
utilización de la lengua española.
En este sentido, nuestra idea va por la vía de un reforzamiento del
papel de las oficinas nacionales en el marco del reglamento y
establecer un sistema con un alto grado de descentralización para
favorecer oficinas que estuvieran en condiciones técnicas de realizar
un cierto número de funciones, que podrían constituir una vía de
salida para este y otros de los problemas técnicos que se derivan de
la propuesta de la Comisión, más centralizadora que el actual
Convenio de Munich, incluso la parte de tasas que actualmente
perciben irían a parar a Munich.
Por otra parte, Munich adolece de estrangulamientos importantes. El
plazo medio de concesión de una patente europea es de cinco a siete
años. Con la patente comunitaria esta situación se agravará, por lo
que un sistema descentralizado ayudará a resolver el problema. Así,
por ejemplo, la oficina española podría jugar un papel de órgano
descentralizado de la oficina de
Munich que le permitiera conceder patentes comunitarias en español e
incluir a nuestro idioma como lengua de procedimiento. Es una fórmula
como cualquier otra, aunque en este momento de las negociaciones es
aún prematuro avanzar opciones más concretas al respecto. No debemos,
desde luego, perder de vista las cuestiones de gran importancia
relativas a la información tecnológica y a la salvaguardia de nuestra
actividad con los países iberoamericanos. Ha de tenerse presente que
la Oficina Española de Patentes y Marcas es uno de los diez
buscadores de patentes existentes en el mundo y el único en español,
tal como se pone de relieve en la proposición no de ley para la
potenciación de la administración de búsqueda internacional en
castellano, aprobada por el Congreso de los Diputados el 23 de
diciembre de 1999.
El sistema jurisdiccional previsto en la propuesta de la Comisión, al
pretender la creación de un tribunal comunitario de la propiedad
intelectual e industrial que constituiría un órgano jurisdiccional
centralizado, plenamente independiente del Tribunal de Justicia de la
propia Comunidad y dotado de atribuciones de gran amplitud, ordenaría
medidas profesionales, determinaría sanciones y concedería
indemnizaciones por daños y perjuicios. Sus resoluciones tendrían
fuerza ejecutiva, rigiéndose la ejecución por las normas vigentes en
el Estado en cuyo territorio tenga lugar.
La creación de una instancia judicial completamente independiente del
Tribunal de Justicia implicaría una quiebra fundamental y sin
precedentes del principio sustancial contenido en el Tratado,
conforme al cual es el propio Tribunal de Justicia quien garantiza la
unidad en la interpretación y aplicación del acervo y, por tanto, el
derecho derivado. Ha de tenerse en cuenta, por ejemplo, que las
decisiones del nuevo tribunal de propiedad industrial podrían
repercutir en la aplicación e interpretación no sólo del reglamento
de patentes, sino en otros ámbitos del derecho comunitario que
afectan a la propia esencia del mercado interior relacionadas con la
libre circulación de mercancías.
Por otra parte, el grado de centralización o descentralización de
esta nueva jurisdicción y su relación con las jurisdicciones
nacionales es una cuestión aún a debatir. Por ello, al resultar en
cualquier caso necesario modificar el Tratado para incorporar al
mismo una innovación de esta envergadura en el ámbito jurisdiccional,
en Niza se han incorporado las cautelas necesarias para poder abordar
de una forma abierta cualquier solución que finalmente pueda llegar a
acordarse.
Nos parece que, en primer lugar, se ha salvaguardado la unidad en la
interpretación y aplicación del derecho comunitario. Cualquier nueva
jurisdicción se inserta en el propio tribunal de tal forma que podrán
agregarse salas jurisdiccionales para que ejerzan en determinados
ámbitos específicos competencias jurisdiccionales previstas en el
Tratado, su creación corresponderá al Consejo y contra sus
resoluciones cabrá
interponer recurso de casación o de apelación cuando así se
determine.
Otra segunda previsión plasmada en el nuevo artículo 229.bis, que ha
sido modificado en Niza, permitirá que el Consejo atribuya al
Tribunal de Justicia, en las condiciones que el propio Consejo
determine, competencia para conocer litigios basados en actos que
creen títulos de propiedad industrial. De esta forma se incorpora la
posibilidad de conocer de litigios entre particulares, inexistentes
hasta ahora. Ello va acompañado, finalmente, de una declaración en
función de la cual este artículo no prejuzga ninguna solución que el
Consejo pueda adoptar al respecto. Todo esto nos indica que el debate
se encuentra en una fase preliminar, que requerirá arbitrar
soluciones para solventar los problemas pendientes que acabo de
señalar, muy en particular las cuestiones previas que se plantean
como claves para proseguir la discusión, fundamentalmente régimen
lingüístico, grado de descentralización o centralización en la
concesión de la patente y solución de contenciosos, que son los tres
grandes problemas.
El Consejo Europeo de Estocolmo no ha aportado soluciones a estas
cuestiones de fondo, limitándose a manifestar su inquietud por la
falta de avances e instar al Consejo y a la Comisión a que aceleren
los trabajos, de conformidad con las conclusiones de Lisboa y Feira
y en plena sintonía con el actual marco legislativo. Será preciso, por
tanto, desarrollar un notable esfuerzo para poder encauzar de aquí a
junio estos puntos sustanciales de las propuestas de reglamento. Este
debate en este momento se desarrolla en los grupos especializados del
Consejo y en el Comité de Representantes Permanentes, a la espera de
que se pueda lograr un acuerdo en el Consejo de mercado interior del
día 5 de junio.
En cualquier caso, señor presidente, mantendré informada a la
Comisión mixta de cuantos datos relevantes se vayan produciendo en
esta negociación; naturalmente, en el caso de que pudiéramos llegar a
un acuerdo, el Consejo de mercado interior del día 5 de junio podría
ya dirigirse a la Oficina Europea de Patentes y proponer que se
convoque una conferencia diplomática para una adhesión de la Unión a
esta oficina. Ya digo que, a nuestro juicio, esto no se hará hasta
que no queden perfectamente claros esos tres problemas que he citado,
fundamentalmente la descentralización, el problema lingüístico y el
problema jurisdiccional.
El señor PRESIDENTE: Ahora intervendrán los grupos, empezando por el
solicitante de la comparecencia y después irán de mayor a menor,
terminando por el Grupo Popular, tal como venimos haciendo en los
últimos encuentros de esta Comisión, por un tiempo máximo de diez
minutos.
Señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Muchas gracias, señor secretario de
Estado, por su información.
Efectivamente, este portavoz ha estado convencido en varias ocasiones
de que esta iniciativa iba a caducar, creyendo que para cuando se
tramitara en esta Comisión ya habría sido resuelta, puesto que el
compromiso de Lisboa era que se hubiera llegado a una solución en el
inicio de la cumbre de la primavera de 2001. No ha sido así. Lamento
que eso haya sido así por la obstrucción de España, que da la
impresión -y después de escucharle a usted tampoco se corrige esa
impresión- de que detecta una serie de problemas sin ser capaz de
aportar ninguna solución. Usted los ha apuntado, pero cuando alguien
se opone a una iniciativa de este calibre y de la importancia enorme
para el desarrollo industrial de España y del conjunto de Europa como
tal, como potencia económica en el mundo, no puede limitarse a poner
sobre la mesa aquello que considera que son problemas, que vamos a
ver si lo son realmente, tiene que tener la obligación de no ser
perro del hortelano, que no come pero tampoco deja comer, y poner
sobre la mesa soluciones reales y asumibles por todos los demás. Eso
no lo está haciendo España en este momento en este tema; no lo ha
hecho en Estocolmo y, según la información que nos ha dado, tampoco
lo va a hacer en el corto plazo, sino que parece que está esperando a
que la solución se la dé otro.
La importancia de la patente comunitaria no puede dejar de
destacarse. Es un tema muy técnico. Voy a intentar no entrar en el
detalle excesivamente técnico de este tema, pero está claro que
estamos ante algo de lo que depende la propia competitividad de la
industria europea y de la industria española en ese conjunto. Por
tanto, necesitamos ese instrumento. Ese es el punto de partida. Esto
no es un debate de técnicos o académicos, sino que es un debate real,
es una urgencia por parte de la industria de tener ese instrumento;
instrumento que, tal como está articulado en este momento, con el
sistema de Munich ciertamente no funciona y no tiene la eficacia que
tendría que tener. En eso estamos de acuerdo.
Pero a partir de ahí, cuando se pone sobre la mesa una propuesta que
tiene algunos problemas en cuanto a su articulación (me refiero sobre
todo a cómo tiene que articularse ese sistema nuevo con el sistema
preexistente de Munich), España sale con una serie de problemas que
yo no acabo de compartir y me sorprende la trascendencia que le está
atribuyendo el Gobierno. Me sorprende, entre otras cosas, porque
prácticamente todos o buena parte de ellos son problemas que se
arreglan con dinero. En esta vida los problemas que se arreglan con
dinero son menos problemas.
El primero es el problema lingüístico. Tengo que decir que a algunos
diputados, en concreto a todos los de mi grupo y mi partido político,
nos hace especial gracia, por llamarlo de alguna manera, el
entusiasmo con el que el Gobierno español va a defender por Europa la
lengua castellana, cuando luego circula por España ridiculizando y
afirmando que eso de andar defendiendo identidades idiomáticas es una
cosa del siglo
pasado, que qué hacemos algunos defendiendo la identidad y el idioma
y que cómo podemos pelearnos por un documento en un idioma, que cómo
es posible, que qué tonterías decimos, y sin embargo ese mismo
Gobierno y ese mismo presidente después traspasan las fronteras y son
capaces de bloquear una iniciativa de ese calibre porque su idioma
está en juego y porque consideran que peligra su idioma. Por tanto,
eso no deja de tener su gracia y su reflexión política de fondo.
Pero yendo incluso al ámbito estrictamente económico, se sabe que las
patentes no las tramita directamente una empresa por su cuenta; una
PYME no se dedica a redactar patentes. Las patentes se canalizan a
través de las oficinas de patentes. Y no me refiero sólo a la Oficina
Española de Patentes y Marcas, sino a los agentes de patentes que
tienen su función, por lo que estarían perfectamente capacitados para
desarrollar una traducción. ¿Que es cierto que eso puede ponernos en
una situación de una cierta debilidad ante otros idiomas? Sí, pero
ese tema no es nuevo. En España no hablamos inglés, es así; en
Irlanda hablan inglés y en España no hablan inglés, pero eso no lo va
a cambiar este Gobierno, las cosas son como son. El crecimiento de
Irlanda en los últimos años se basa en buena medida en que sus
ciudadanos hablan -como dice un conocido mío- de una forma bastante
aceptable un inglés muy correcto y eso ha contribuido; resulta que en
España no y las pymes españolas no tienen como lengua propia el
inglés. Eso es así. Pretender que eso se va a corregir, simplemente a
base de obligar a que el español sea idioma de la patente comunitaria
porque se cree que así se garantiza la competitividad y se solucionan
los problemas de la presunta falta de competitividad de las empresas
españolas, me parece absurdo, eso habrá que compensarlo por otra vía
en cuanto al tema estrictamente de costes. Lo que habrá que hacer
será buscar una solución de compromiso que compense el mayor costo
económico de la traducción. Estamos de acuerdo en eso, pero no en
cuanto al tema de fondo, entre otras cosas porque si no supongo que
el Gobierno español está previendo ya, en aras al puro realismo, la
traducción de las patentes al polaco, quiero creerlo. Con la misma
legitimidad, y en aras a esa solidaridad que tenemos con Polonia,
quiero pensar que está previendo la posibilidad de que las patentes
se traduzcan al polaco y que el polaco sea un idioma oficial en la
traducción de patentes. Mientras eso no sea así, si yo fuera alemán
también me opondría a que se tradujeran al castellano o que se
traduzcan al italiano.
No tiro piedras contra el propio tejado, tengo todo el interés en
defender la competitividad de las industrias españolas que se manejan
en lengua castellana, pero seamos realistas, las cosas son como son.
Por tanto, invirtamos en el inglés, ayudemos a la traducción y seamos
un poco realistas, porque a base de pruritos de este estilo lo único
que hacemos es violentar o anular
el nacimiento de un instrumento que ha de tener mucha eficacia.
En cuanto a los otros temas que ponen sobre la mesa, eso sí que es
una discusión muchísimo más técnica y técnico-jurídica, en la que no
querría entrar en debate con el secretario de Estado, pero que
también le dejo bien claro que no comparto. No comparto, en absoluto,
las inquietudes del Gobierno español en este punto. Comparto una
cierta inquietud sobre los problemas de la centralización, por
ejemplo, eso es cierto. Es posible que la centralización llevada al
extremo pueda crear incluso un cierto colapso en la oficina de
Munich, muy bien. El Gobierno español tiene que ser capaz de proponer
una descentralización con soluciones concretas y de nuevo sabiendo
que la descentralización no será sólo con la Oficina Española de
Patentes y Marcas, que es una de las más cualificadas en Europa, sino
que supongo que habrá previsto que dentro de poco la Oficina de
Patentes y Marcas de Varsovia también estará haciendo la patente
comunitaria. Vamos a ver si estamos dispuestos a eso, y estamos
dispuestos, por tanto, a ayudar financieramente al desarrollo de la
Oficina de Patentes y Marcas de Varsovia. Pongo como ejemplo Varsovia
porque hay que ser realistas, las cosas son como son, no estamos en
compartimentos estancos. El discurso de la ampliación debe solaparse
constantemente con todos los demás discursos. Si estamos dispuestos
a hacer eso y estamos dispuestos a pagarlo, defendamos una cierta
descentralización. Si no, vamos a dotar de más medios a la oficina de
Munich, suscribamos el sistema de Munich, ábrase la conferencia
internacional, la conferencia diplomática que permita que la Unión
Europea ratifique el convenio de Munich y aprovechemos todo el know
how que tiene un sistema que ya está en sus principios teóricos,
aunque no en su funcionamiento práctico, y que funciona
razonablemente bien.
Finalmente, el tercer punto que España pone sobre la mesa para
oponerse a esto, que es el tema jurisdiccional, tampoco lo comparto,
señor secretario de Estado. Ya ve, de los tres, cero. En cuanto al
sistema jurisdiccional, de repente le entra a España el terror de que
se cree un sistema especializado en el ámbito de patentes, cosa por
la cual viene llorando no sólo en el ámbito europeo, sino incluso en
el propio ámbito español la gran mayoría de los expertos en este
asunto. Que los litigios de propiedad industrial sean resueltos por
expertos en propiedad industrial que conozcan perfectamente las
consecuencias que tiene este tema y que se centren en resolver
asuntos de una complejidad técnica y tecnológica, donde el derecho se
mezcla con la tecnología de una manera creciente y espectacular. ¿Que
eso supone la posibilidad de sacar del sistema jurisdiccional
comunitario una determinada parte de la aplicación del derecho
comunitario? Es posible, eso se arregla con el instrumento que ha
introducido Niza, unarevisión en algo que sería una especie de
casación para
determinados casos límite, para casos de contradicción, dejando esa
posibilidad para el Tribunal de Luxemburgo. Eso es perfectamente
posible y basta con que se articule con un poco de voluntad, no hay
ningún inconveniente de fondo para que eso sea así. Además, lo que
han defendido sus colaboradores -porque tampoco pretendo que usted
sea Leonardo da Vinci y controle con la misma profundidad todos los
temas- en esa comunicación que nos ha leído, y que ha sido consultada
con el ex Ministerio de Industria y con la gente que está implicada
directamente en estos asuntos, es que la jurisdicción del Tribunal de
Luxemburgo en este tema plantea otro problema que por lo menos es, si
no más, igual de grave y de novedoso, y es la posibilidad de que el
Tribunal de Luxemburgo pase a entender de conflictos entre
particulares, porque eso es algo absolutamente nuevo, que tiene sus
ventajas pero también sus riesgos y sus gravísimos inconvenientes en
cuanto a la carga de trabajo. Sería un frente por el cual el Tribunal
de Luxemburgo pasaría a conocer estrictamente, aunque sea por vía de
recurso, de conflictos entre particulares. Tampoco eso es la panacea,
señor secretario de Estado, por eso le llamo a la reflexión sobre
este punto.
Para terminar, señor presidente, le diré que lo que España está
bloqueando es muy serio, pone en juego la competitividad en la
globalización, no en el seno de la Unión Europea sino ante Japón y
Estados Unidos, de las propias industrias españolas y del conjunto de
las industrias europeas, porque también es verdad que en el ámbito
industrial, afortunadamente cada vez es más difícil de decir y
precisar qué es español y qué es europeo. Las industrias españolas
están participadas en buena medida, sobre todo aquellas con capacidad
de patentar, por industrias europeas de otros países; hay industrias
españolas invirtiendo en otros países; la propiedad industrial de la
patente será o no será española; este es un tema en el que toda
Europa va al unísono y no tiene ningún sentido que, desde una
perspectiva (y permítame que se lo diga) nacionalista española, que
es lo único que estoy viendo aquí, en defensa del idioma, pongamos
patas arriba todo este sistema. Tiene su gracia, tiene su lectura
política, que no dejaremos de hacer y de explicar a todo el mundo.
Ahora resulta que es importante que los documentos oficiales europeos
se redacten en castellano (que se redacten en otros idiomas oficiales
que para algunos son propios es absurdo), pero eso no puede suponer
el bloqueo de una iniciativa de este calibre, sobre todo no puede
plantearse sin tener en cuenta la segunda derivada, y es qué ocurrirá
con el polaco, qué ocurre con el italiano, por supuesto, y qué puede
ocurrir con cualquiera de las demás lenguas de la ampliación.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Estrella Pedrola.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor presidente, querría empezar por
donde terminaba el señor Guardans
e interrogar al señor secretario de Estado sobre cuál es la
motivación real de la posición española con relación al idioma que le
ha llevado a bloquear. Tradicionalmente España en todos los
organismos comunitarios ha venido defendiendo la posición de la
igualdad de las lenguas, el derecho al uso de la propia lengua, y esa
es una batalla permanente donde, en la medida en que siga creciendo
la Unión Europea, nos vamos a encontrar con unas fuerzas tendentes a
reducir el número de idiomas que se usan y en esa tensión España va a
estar siempre en una situación fronteriza. El inglés aparece cada vez
más como lengua franca, el francés aparece como la lengua que antes
era la lengua franca para algunos sectores de la política, de la
diplomacia, de la cultura, pero en un proceso de retroceso, y el
alemán aparece como una lengua de creciente influencia al abrigo de
la creciente influencia de Alemania, con lo cual yo entiendo y
comparto perfectamente la posición del Gobierno con relación al
mantenimiento del derecho al uso de la propia lengua en los actos
comunitarios. ¿En qué se fundamenta esta reivindicación? Se
fundamenta, por ejemplo, excluyendo a otras lenguas minoritarias,
como el holandés o el danés, en la dimensión de España. ¿Sería la
posición de España que se extendiera el derecho igual a todas las
lenguas? Se lo pregunto porque si el baremo de medir la fuerza que se
tiene al plantear esta exigencia es el de la población, está claro
que España se hallaría, inmediatamente después de Italia, en una
posición relativamente fuerte. Ahora, si el baremo es el peso de
España en lo que es el objeto de esta directiva, nos encontramos más
bien en una posición de país pequeño, porque frente a un número de
registro de 111 patentes por millón en la Unión Europea, más de
35.000, nos encontramos con un registro de 12 patentes por millón de
habitantes en España. Si nos comparamos con Francia o Alemania
estamos veinte veces por debajo. Al final, al día de hoy, estamos
hablando de aproximadamente 480 patentes que se pueden registrar en
España y para las que España pediría que hubiese una versión española
que tuviese validez oficial, pero entiendo que eso nos lleva también
a pedir que lo que inventan otros se traduzca también al español. No
sé si le he entendido bien o no, pero quisiera que nos clarificase
exactamente cuáles son los términos con relación a esta dimensión del
lenguaje.
Otra cuestión a la que se ha referido el secretario de Estado es la
jurisdicción. Por lo que yo entiendo, se trataría ahora de crear una
sala especial dentro de los órganos jurisdiccionales ya existentes,
dentro del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no algo distinto
y, por tanto, con personal especializado. Si esa es la fórmula, no
parece que sea descabellada. Ahora bien, ¿qué ocurre en el ámbito
nacional? En la medida en que sea un acto comunitario las autoridades
judiciales nacionales entenderían, en vinculación con las autoridades
judiciales comunitarias, en aquellos litigios que se suscitendentro
de su propio país.
Hay algo que no nos ha explicado el señor secretario de Estado, y
quizá nos lo podría aclarar, y es que los litigios en esta materia
son cada vez más trasnacionales. ¿Quién entendería de litigios entre
ciudadanos o empresas de Estados miembros y ciudadanos o empresas de
Estados no miembros? En el caso de la Oficina de Marcas, que está
situada en Alicante, entenderían las autoridades judiciales
españolas, para lo cual se va a modificar la ley de planta y se va a
establecer una sala especial que pueda atender este tipo de litigios.
¿Nos podría decir el señor secretario de Estado qué propuesta hace el
Gobierno para que este problema se resuelva en términos concretos y
específicos y en qué plazo cree que puede estar resuelto este
problema, que provoca que el coste de una patente en la Unión Europea
sea cinco veces mayor que lo que cuesta proteger una invención en
Estados Unidos o en Japón, además de la evidente y conocida
inseguridad jurídica y del retraso al que se ha referido el
secretario de Estado? Si el ahorro en el coste de una patente se
pretende obtener exclusivamente por la reducción del lenguaje como
criterio general, yo comprendo la posición del Gobierno, pero
garantizando que lo que se invente en España tiene su expresión y su
protección lingüística para esos mercados con los que compartimos un
idioma, a los que usted se refería, y garantizando que se va a
realizar una proyección común del acervo de invento europeo en una
lengua franca, para, en definitiva, aumentar la competitividad
y ampliar los mercados de la Unión, yo creo que por ahí se podía buscar
una solución.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Grupo Entesa Catalana de
Progrés del Senado. (Pausa.) No desea intervenir. Izquierda Unida.
(Pausa.) No está. PNV. (Pausa.) Tampoco está. Coalición Canaria.
(Pausa.) Tampoco está. Tenemos un éxito de público memorable. Grupo
Mixto. (Pausa.) Grupo Popular, que sí está.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Mi grupo parlamentario cree en la
conveniencia de la existencia de una patente comunitaria que forme
parte del ordenamiento jurídico comunitario, que sea única para toda
la Comunidad, que tenga un precio asequible y ofrezca una seguridad
jurídica apropiada y que permita a Europa, entre otras cosas, sacar
el máximo provecho de la investigación y de los nuevos conocimientos,
al tiempo que sirva para reducir el retraso que nos separa de los
Estados Unidos y de Japón en lo que se refiere a la inversión del
sector privado en investigación y desarrollo en la Comunidad, porque
si queremos estimular la inversión en investigación y en innovación
debemos proteger y recompensar adecuadamente la propiedad industrial.
En la actualidad, como se ha dicho, el coste de proteger la propiedad
industrial en Europa es demasiado elevado, especialmente para las
pequeñas y medianas empresas, y un dato revelador de esto es que
registrar y mantener una patente en Europa es en la actualidad,
aproximadamente, seis veces más caro que en los Estados Unidos. Por
todo ello, consideramos que la patente comunitaria es una herramienta
esencial para conseguir que los resultados de la investigación y los
nuevos conocimientos científicos y técnicos se transformen en logros
industriales y comerciales. En la consecución de este objetivo hay
una larga historia de antecedentes que ha señalado el secretario de
Estado, al cual agradecemos la exposición exhaustiva y detallada que
ha hecho, que demuestra que es un tema complicado en el que se va
avanzando poco a poco, por etapas, y en el que se van limando
dificultades y asperezas que no siempre son fáciles de limar.
Yo quiero decir que hasta 1995, en que hay una sentencia del Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas, no se establece la
competencia de la Comunidad para intervenir en el ámbito de las
patentes, y es en ese momento cuando se establece que ello contribuye
a realizar uno de los objetivos del Tratado, cual es la libre
circulación de mercancías o el establecimiento de unas condiciones no
falseadas de la competencia. Por ello, en 1997 se crea el libro verde
y en 1999 la propuesta de reglamento relativa a la patente
comunitaria establece la conveniencia de un sistema unitario para
cada patente que permita garantizar, y esto es muy importante, la
igualdad de acceso a las nuevas tecnologías para todos los usuarios y
consumidores de la Unión y, por tanto, una mayor transparencia en las
condiciones de competencia para la empresas innovadoras. Yo creo que
esto es fundamental, porque parte de las dificultades que existen en
este momento y que no han permitido todavía llegar a una decisión
consensuada es la imposibilidad de asegurar la igualdad de acceso a
las nuevas tecnologías para todos los usuarios y consumidores de la
Unión.
Aquí se ha hablado mucho y quien mucho habla mucho yerra, como es
lógico, y no voy a personalizar las intervenciones. Sí tengo que
decir que estamos de acuerdo con el secretario de Estado en que no se
dan en este momento las condiciones de coincidencia de opiniones
necesarias para que un tema tan importante y que viene de tan lejos
se pueda cerrar de un carpetazo. Yo creo que lo que el Gobierno está
haciendo lo está haciendo muy bien. El Gobierno está defendiendo sus
propios intereses, según los precedentes legislativos que hay a nivel
comunitario y que han llegado a la decisión de la patente europea que
nos ocupa en este momento. Por ello se defendió en Lisboa la decisión
de que la patente comunitaria, en la medida en que fuera posible,
pudiera estar disponible a finales de 2001 y a lo largo de todos
estos meses posteriores a Lisboa se ha venido contribuyendo al tema.
Pero quiero recordar a esta Comisión que durante la Presidencia
portuguesa y en el Consejo Europeo de Santa María da Feira una de las
decisiones que se tomaron fue que todas las pequeñas empresas
pudieran adquirir y acceder fácilmente a
dicha patente comunitaria; y otra de las decisiones que se tomaron en
el Consejo de Niza fue que el nuevo artículo 229 bis del Tratado de
las Comunidades Europeas permitiera al Consejo, por unanimidad,
atribuir al Tribunal de Justicia la competencia de pronunciarse sobre
litigios vinculados a títulos comunitarios de propiedad intelectual.
Y estos son temas importantes: primero, la igualdad de acceso a las
pequeñas y medianas empresas; segundo, la competencia del Tribunal de
Justicia de pronunciarse sobre litigios vinculados a títulos
comunitarios de propiedad intelectual, decisión de Niza, y, tercero,
la disminución de costes. ¿Qué estamos haciendo? Precisamente
contribuir a eso. Decir que no compete al Gobierno de España defender
su idioma creo que es una soberana tontería. Cada uno debe
preocuparse por defender lo que es suyo y lo que es propio. Los demás
que se ocupen de defender lo suyo. Al Gobierno español y a este
Parlamento lo que le tiene que preocupar es defender los intereses de
España y defender que el español, que es la lengua de trabajo de las
pequeñas y medianas empresas en España, en general, entre otras
-porque España es un país plural que tiene distintas lenguas
oficiales, pero hay una lengua oficial que es la lengua franca en
España para aquellos que han defendido la importancia de tener una
lengua franca-, sea la lengua que nos permita a todos, en igualdad de
oportunidades, jugar nuestro papel en el conjunto de la Europa
comunitaria. Y a mí no solamente no me preocupa la defensa exhaustiva
que está haciendo el Gobierno español del español, sino que me parece
muy bien y me parece fundamental. Nosotros tenemos la obligación de
defender la nuestra que es, tras el inglés, la segunda lengua de
trabajo más importante en el mundo, muy por delante de las otras que
en este momento figuran en la propuesta de reglamento de la Comisión.
Y no en vano y por ello los países que se han opuesto han sido los
países que no veían contemplados sus intereses y los intereses de sus
pequeñas y medianas empresas en la propuesta de reglamento que se nos
ha presentado. Pero, aparte de esto, hay importantes problemas en la
no inclusión del español en la propuesta de la Comisión, importantes
problemas para los pequeños empresarios españoles, que deben
acompañar una traducción de la solicitud a una de las tres lenguas
oficiales del convenio, así como traducir las patentes de la
competencia que se publiquen parcialmente tras la concesión. Además,
el sistema impediría el retorno a nuestra lengua de una información
básica sobre la innovación y las patentes comunitarias. No en vano
España está haciendo una utilización muy reducida del sistema de
patentes de Munich. Y hay otros problemas que señalan la necesidad de
alcanzar un compromiso que evite las consecuencias de orden jurídico,
económico y político que ello tendría.
No me voy a referir a los comentarios que el secretario de Estado ha
hecho respecto a la descentralización
que sería necesaria en la organización de ese sistema de
patentes. Simplemente quiero decir que los esfuerzos que se han hecho
son necesarios, que debemos continuar haciendo estos esfuerzos, que
no es un tema cerrado, que llevamos mucho tiempo luchando por un
sistema de patente comunitaria que será beneficioso para todos, pero,
en la medida en que se trate de defender los intereses de las
pequeñas y medianas empresas del mercado interior y del papel de
España en la Unión Europea, el Gobierno puede contar con el apoyo y
el respaldo de nuestro grupo parlamentario, y estoy seguro de que, si
no en la próxima reunión del Consejo si durante la Presidencia
española, se producirán avances importantes que permitirán ir
solucionando los problemas actuales de manera satisfactoria para
todos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el secretario de Estado para
responder a las observaciones hechas por los portavoces.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EUROPEOS (De Miguel Egea):
Trataré de ser breve.
Realmente yo quisiera subrayar que el Gobierno español fue inspirador
del proceso de Lisboa y que estamos detrás de la redacción de la
mayor parte de las conclusiones de Lisboa. La conclusión de Lisboa
relativa a que había que procurar tener un régimen de patente
comunitaria en el año 2001 es una idea nuestra y, por tanto, seguimos
firmes en ella. Estamos todavía en el año 2001. Lo que a nosotros no
nos ha parecido nunca sensato en el sistema comunitario es poner el
carro delante de los bueyes, en una palabra, creer que la solución a
la patente comunitaria es simplemente pedir la autorización para
mandarle una comunicación a la Oficina Europea de Patentes en Munich
y decir que convoque una conferencia diplomática. Parece que el deseo
de mi querido colega, señor Pagrotsky, en el Consejo del Mercado
Interior del 12 de marzo no era más que ése; es decir, en vez de
debatir el tema, lo único que quería era obtener vía libre del
Consejo para decir que nos íbamos a adherir a la Oficina Europea de
Patentes y luego para poder añadir a su cuenta de resultados de
Estocolmo -por cierto, bastante pobre- que, por lo menos, ya tenían
autorización para ir a la Oficina Europea de Patentes, como si esta
oficina fuera la panacea. Todos sabemos que es una oficina que
funciona mal, que las patentes tardan de cinco a siete años y que,
por cierto, sus funcionarios están en huelga de celo desde hace años
y medio. Por lo tanto, la ingenuidad de la Presidencia sueca de
pensar que eso nos va a arreglar el problema es una ingenuidad en la
que desde luego este secretario de Estado no puede caer como
representante de los intereses de un país importante como España y en
la que tampoco creo que cayera ninguno de losdiputados aquí
presentes.
Además, nosotros no estuvimos solos. Había seis delegaciones que
pensaban lo mismo que nosotros y los demás no decían nada porque hay
una técnica comunitaria conocida que, cuando hay un frente firme, se
dice estos van a tener un frente firme, nosotros nos callamos porque
para qué nos vamos a gastar. Nosotros hicimos una cosa que no ha
hecho ninguna delegación, que fue poner una propuesta sobre los
grandes temas encima de la mesa, propuesta que, por cierto, está a
disposición de SS.SS. y que yo les puedo enviar. Nosotros decíamos:
no empecemos la casa por el tejado, hagamos primero la base de lo que
queremos y después ya iremos a la Oficina Europea de Patentes. ¡Como
si la Oficina Europea de Patentes fuera una cosa inaccesible! ¡Pero
si es nuestra, si estamos ahí nosotros representados! Podemos ir a la
Oficina Europea de Patentes cuando nos dé la gana. Todo el debate de
los suecos era decir: Es que si lo decidimos el día 5 de junio en el
Consejo de Mercado Interior no hay las cuatro semanas suficientes
antes de la reunión que van a tener el 26 de junio para hacer la
propuesta. Bien, pues una de dos, o ponemos el Consejo de Mercado
Interior cuatro semanas antes o le decimos a la Oficina Europea de
Patentes que se reúna, en vez del 26 de junio, el 26 de julio.
Entonces dijeron no, es que el 26 de julio son vacaciones. Bueno,
pues el 26 de agosto. No, es que también son vacaciones. Bueno, el 26
de septiembre. ¿Qué prisa hay? Lo importante es hacer lo que hay que
hacer.
Hay otro tema que tampoco es baladí, que es el de las tasas. Yo tengo
que recordar a los diputados aquí presentes que la Oficina Española
de Patentes y Marcas ingresa 1.200 millones de pesetas por tasas,
nada más que por tasas, en un país donde hay pocas patentes.
¿Nosotros vamos a transferir a un organismo que está en Munich un
volumen absolutamente espectacular de tasas que saldrían del control
del presupuesto comunitario? Esa es otra cosa que tendríamos que
negociar con Munich, cómo se van a administrar esas tasas y quién las
va a administrar. Pero este es un tema pequeño. El gran tema aquí es
el jurisdiccional, desde luego, que tiene que quedar bien claro. Yo
no digo qué es lo mejor -y, naturalmente, todos somos muy conscientes
de los cambios que introduciría en el Tribunal Europeo de Justicia-,
pero nosotros pensamos que en temas tan importantes como el de la
propiedad intelectual los contenciosos se decidan en un ámbito
extraño al ámbito jurídico de la Unión Europea contiene peligros,
porque podría haber desviaciones jurisprudenciales con respecto a
temas muy importantes que afectan a grandes políticas de la Unión.
Por tanto esto, en cualquier caso, hay que hablarlo, no lanzarnos a
adherirnos a la Oficina Europea de Patentes y decir que luego
hablaremos. No, no. Vamos a ver cómo lo hablamos, vamos a ver si
efectivamente esto plantea un problema mayor y, como dice el
diputado, señor Guardans, abre una vía nueva (no sabemos si será
buena o mala, pero nueva) y habrá que ver sus implicaciones. Eso
habrá que hablarlo,
y nosotros pusimos sobre la mesa un papel sobre este tema.
Respecto a la descentralización, hoy hay una serie de oficinas de
patentes que trabajan con Munich. Nosotros nunca hemos dicho que no
queremos trabajar con Munich. La propuesta española es decir que
Munich esté ahí, que aceptamos Munich como la instancia superior, que
aceptamos el régimen lingüístico de Munich, que es el régimen
lingüístico fundamental, pero eso no impide que, a un nivel
descentralizado, una gran parte de la gestión de la patente se pueda
hacer por las oficinas hoy existentes -que, por cierto, existen unas
cuantas, no solamente la Oficina Española de Patentes y Marcas, sino
que existe otra en Suecia, otra en Austria, otra en Holanda- que
están hoy en día trabajando en perfecta armonía con Munich. La
Oficina Española de Patentes y Marcas trabaja en perfecta armonía con
Munich y no tiene ningún problema. Y yo digo ¿por qué razón nosotros,
de un plumazo, simplemente porque la Presidencia sueca decide que hay
que adherirse a Munich, tenemos que suprimir un acervo que nosotros
tenemos, que es extraordinariamente valioso, que nos ha costado
muchísimo dinero consolidar? Porque la Oficina Española de Patentes y
Marcas es una buena oficina y funciona muy bien. Y yo no quiero
entrar en el debate lingüístico, en qué lengua es la más importante o
la menos importante. Yo creo que ése no es el debate. Aquí el debate
es saber qué es lo que aporta a la Unión el hecho de que exista en
España una Oficina Española de Patentes y Marcas, que es un foco no
solamente de trámite de patentes por parte de la población española
que, como decía el diputado Estrella, al final tampoco son tanto 40
millones de pesetas cuando los comparas con los 100 millones alemanes
o con los 60 millones italianos. Es que la Oficina Española de
Patentes y Marcas es la referencia para todo un mundo industrial y
tecnológico hispanohablante, que son más de 300 millones de personas.
Por tanto, suprimir esa vía que están utilizando y que pueden
utilizar en este momento empresas de países latinoamericanos que
entrarían dentro del flujo de la Oficina Europea de Patentes es,
simplemente, desde el punto de vista industrial, una insensatez para
Europa, porque pierde la posibilidad de que entre en Europa todo ese
flujo, flujo que se canaliza a través de España. Nosotros nunca hemos
visto la razón de suprimir oficinas que funcionan perfectamente. Lo
que nosotros estamos diciendo es que encaucemos estas oficinas como
están ahora en el esquema general -la oficina de Munich como la
oficina fundamental, la que dirige todo- y que puedan hacerse los
trabajos de manera descentralizada en las oficinas que existan -por
cierto, hay países que no tienen oficinas, pero, a lo mejor, podrían
fundarlas si quisieran-, con lo cual tendríamos un sistema
descentralizado en el que las patentes se podrían gestionar hasta un
cierto nivel, sobre todo para lostemas que son poco problemáticos.
Por ejemplo, se
podría también decidir a partir de un volumen económico equis o en
cuestiones en las que fueran patentes que implicaran a
multinacionales o, cuando hubiera algún tipo de contencioso,
naturalmente, la instancia superior, la única, la legítima, con el
sistema lingüístico que está establecido, sería ésa. Eso contribuiría
a mantener la unicidad del sistema y, al mismo tiempo, mantener una
descentralización que no solamente favorecería a los países en el
régimen lingüístico; naturalmente, nadie le impediría, y con eso
respondo al señor Guardans, a los polacos hacer un esfuerzo y
montarse su propia oficina polaca de patentes que trabajara
conjuntamente con Munich; nadie se lo impediría. Al final, la
referencia sería Munich y el régimen lingüístico de Munich, pero
ellos podrían trabajar en el nivel inferior, precisamente en virtud
de ese tan traído principio de subsidiariedad que algunos países nos
repiten todos los días. Por cierto, a los nórdicos, y particularmente
a los suecos, les gusta mucho, pero, a la hora de aplicarlo, parece
que lo que quieren es eliminar todo lo que hay y establecer un único
sistema, y eso a nosotros no nos parece necesario. A nosotros nos
parece que se pueden preservar las oficinas nacionales. Además, con
las oficinas nacionales se preserva un acervo importante, que es la
lengua, y, en el caso del español, no solamente la lengua de los
españoles, sino la lengua de casi todo un continente, el de América,
que tiene una vinculación muy particular con Europa. Si todo es
posible, que lo es; si todo es factible, si no tiene ningún problema
porque en este momento está funcionando así, ¿por qué no se hace
ahora que vamos a abordar el tema de la patente comunitaria?
En cualquier caso, nosotros hemos hecho una propuesta, propuesta que,
como les digo, trasladaré a SS.SS., y lo que estamos esperando es que
la Presidencia sueca y la Comisión, el señor Bolkestein, que es el
comisario -por cierto, extraordinariamente competente; un hombre
inteligente y abierto con el cual no tenemos ningún problema-, nos dé
una respuesta. Estamos deseando debatir eso; estamos empezando a
debatirlo ya. Podemos tener las ideas más o menos claras sobre estos
grandes temas de aquí al día 5 de junio y ese día, con unas premisas
claras sobre lo que queremos de la patente comunitaria, ir a lo más
fácil: pedir que se reúna la conferencia diplomática para la admisión
de Europa en la Oficina Europea de Patentes. No veo mayores
dificultades. Y, en este caso, el titulado bloqueo no es más que
pedir que el Consejo tenga un período de reflexión para profundizar
en los grandes temas que están ahí: la descentralización en función
de la subsidiariedad; la lengua, que va junto con ello; las tasas, y
la jurisdicción y, una vez que tengamos las ideas claras, ir
adelante.
Por tanto, por lo que a nosotros respecta, tengo que decir que no nos
hacemos reproches de estar bloqueando este tema porque no es así;
estamos en tiempo. Sí hemos frustrado ese prurito que tenía la
Presidencia
sueca de querer llegar a Estocolmo y decir: nos vamos a adherir y
vamos a convocar la conferencia diplomática. Eso es lo más fácil de
todo porque es evidente que la Oficina Europea de Patentes está
encantada de recibir a la Unión dentro de su seno. Además, los países
que forman la Oficina Europea de Patentes son todos, los quince de la
Unión más los cinco que he citado. Todavía alguien decía: hay que
hacerlo antes de que vengan ocho nuevos. Yo pregunté en el Consejo
cuáles eran los ocho nuevos y son precisamente ocho países candidatos
a la adhesión. Por tanto, no hay ningún problema, ya que esos países
candidatos a la adhesión van a jugar con la Unión Europea en todo
este sistema.
En consecuencia, quiero reiterar el deseo del Gobierno español de ir
adelante. Suscribo todo lo que han dicho los señores Guardans y
Estrella en el sentido de que éste es un tema importante para el
desarrollo de la patente europea. Y es importante para nosotros, pero
sobre todo lo es para otros, porque España tampoco tiene un nivel tan
alto de patentes por habitante. La verdad es que hacer esto sin tener
en cuenta las premisas básicas de lo que debe ser un esquema
comunitario nos parecía realmente fuera de contexto, razón por la que
ahora seguimos trabajando a ver si somos capaces de tener una
solución el día 5 de junio.
El señor PRESIDENTE: ¿No hay más intervenciones? (Pausa.)
Agradecemos al secretario de Estado sus explicaciones.
PREGUNTAS:
- DEL SEÑOR CASTRO RABADÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
LA RESPUESTA DEL GOBIERNO ESPAÑOL ANTE LA PROPUESTA PORTUGUESA DE
CONSTRUCCIÓN DE UN ESPACIO IBÉRICO HISPANO-LUSO QUE PERMITA UNA
ACTUACIÓN CONJUNTA ANTE LA AMPLIACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y EN LOS
MERCADOS DE IBEROAMÉRICA. (Número de expediente Congreso 181/000439 y
número de expediente Senado 681/000123.)
El señor PRESIDENTE: El punto siguiente del orden del día son las
preguntas. En primer lugar, pregunta del senador Castro Rabadán, del
Grupo Parlamentario Socialista, que tiene la palabra para formularla.
El señor CASTRO RABADÁN: Esta pregunta, que fue tramitada el 5 de
diciembre y reiterada recientemente, se refiere a la reunión sobre el
encuentro de España y Portugal en el horizonte del 2010, celebrada el
24 de octubre. En esta reunión, el ministro de Economía de Portugal,
junto con otros ministros portugueses y españoles, plantearon al
vicepresidente señor Rato la necesidad
de construir un espacio ibérico que permita una unidad de acción
frente a los retos de la ampliación de la Unión Europea en las
relaciones comerciales y de inversión en América latina. El ministro
de Economía portugués, Mario Cristina de Sousa, defendió el proyecto
de espacio ibérico vinculado a una estrategia de internalización
compartida entre las empresas de ambos países con dos ejes
prioritarios: el del Mediterráneo y el de América latina, donde,
según sus palabras, tenemos todo que ganar con estrategias
concertadas.
Se trata, según el ministro portugués, de definir unos planteamientos
a nivel comunitario y en los organismos financieros multilaterales
que permitan aprovechar las sinergias y complementariedades para
reforzar las capacidades competitivas portuguesas y españolas entre
las empresas pequeñas y medianas. Se ha considerado especialmente
relevante esta cooperación de los países ibéricos para equilibrar el
crecimiento de la economía norteamericana en América latina, donde
España y Portugal canalizan el 50 por ciento de sus inversiones
exteriores, ya que, con la ampliación de Mercosur a la comunidad
andina en el horizonte del 2002, se dará lugar a un mercado
liberalizado de 320 millones de habitantes, con un producto interior
bruto de cerca de 1 billón 300.000 millones de dólares. Por ello le
pregunto: ¿qué respuesta tiene el Gobierno español ante la propuesta
mencionada en dicha reunión?
El señor PRESIDENTE: Para contestar, tiene la palabra el señor
secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EUROPEOS (De Miguel Egea):
Éste fue un debate que no se materializó en una propuesta formal
sobre la construcción de ese espacio ibérico hispanoluso para actuar
conjuntamente tanto en los mercados iberoamericanos como en relación
con la ampliación. Sí existe, y ambos países lo han dejado claro en
la reciente cumbre bilateral que tuvo lugar en Sintra el pasado mes
de enero, el deseo y la necesidad de incrementar las consultas entre
las dos administraciones en campos en los que hay una coincidencia de
intereses, como resulta evidente que ocurre en la ampliación de la
Unión y en las relaciones Unión Europea-América latina, especialmente
con la preparación de la próxima cumbre Unión Europea-América latina-
Caribe, que tendrá lugar bajo Presidencia española. Se acordó, como
conclusión de esta cumbre de Sintra, que las posiciones de España y
Portugal tenían que ser objeto de una coordinación previa y que tanto
en las negociaciones de ampliación como en las relaciones con América
latina, y particularmente en la preparación de la cumbre y las
negociaciones con Mercosur y Chile, teníamos que tener una
coordinación previa para tener posiciones comunes. Precisamente como
seguimiento de esta idea el jueves de la semana pasada he tenido una
reunión con la nueva secretaria de Estado de Asuntos
Europeos de Portugal, doña Teresa Moura, que ha sustituido al
señor Da Costa. Recientemente, el día 10 de marzo, inmediatamente
después de su nombramiento, he acudido a Portugal para tener una
primera reunión de coordinación sobre estos grandes temas y
fundamentalmente hemos acordado toda nuestra estrategia con respecto
a las negociaciones de ampliación, en lo que tenemos un alto grado de
convergencia, sobre todo en un punto que nos afecta muy
particularmente, que es la posición en la negociación del capítulo
agrícola y sobre todo del capítulo de política regional. España y
Portugal entienden que particularmente en este capítulo es necesario
que en el problema que se puede plantear de aplicación automática de
la convergencia estadística sería muy necesario que arbitráramos la
manera de obtener un periodo transitorio para su aplicación. Todo
ello en lo relativo a la ampliación, respecto a la que hablamos con
gran detalle sobre otros muchos temas y sobre otros capítulos de la
negociación.
Por lo que respecta a las relaciones con América Latina puse al
corriente a la secretaria de Estado de todos los preparativos para la
cumbre América Latina Caribe, pero de lo que hablamos de manera más
concreta fue del tema de las negociaciones con Mercosur, con Chile,
punto en el cual también estuvimos totalmente de acuerdo en la
aproximación y en mantener una postura común y coordinada en los
grupos de negociación y naturalmente en los consejos. Por tanto, no
existe formalmente esa construcción de un espacio ibérico hispanoluso
pero sí existen unos acuerdos de la cumbre de Sintra para trabajar
conjunta y coordinadamente y tener posiciones comunes tanto en el
ámbito del desarrollo de la política latinoamericana de la Unión como
en el tema de la ampliación.
- DEL SEÑOR CASTRO RABADAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
RAZONES DEL GOBIERNO PARA NO HABER SELECCIONADO LOS PROYECTOS QUE
AFECTABAN A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN Y A CADA UNA DE
SUS PROVINCIAS RESPECTO DEL PROGRAMA URBAN II, PARA EL PERÍODO
COMPRENDIDO ENTRE LOS AÑOS 2000 Y 2006. (Número de expediente del
Congreso 181/000440 y número de expediente del Senado 681/000124.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 3, también del senador don José
Castro Rabadán. Tiene la palabra.
El señor CASTRO RABADÁN: La pregunta que voy a formular alude a una
cuestión que ya ha sido planteada en distintos niveles parlamentarios
y que tiene contestación hoy aquí en esta Comisión. Se refiereal plan
Urban II en el periodo 2000/2006.
La iniciativa Urban, que está destinada a promover acciones de
desarrollo urbano en ciudades con especiales problemas, ha sido
utilizada por distintas ciudades españolas para hacer una serie de
proyectos. En España se han beneficiado últimamente 10 ciudades, es
decir, una cuarta parte del número de ciudades beneficiadas en
períodos anteriores, que llegaron a ser 40, disminuyendo las ayudas
en un 43 por ciento al día de hoy.
El artículo 28 del reglamento Urban destina el 75 por ciento de la
financiación de los proyectos a las ciudades en territorios Objetivo
I, en el que se encuentra integrada Castilla y León, entre otras
regiones, y sólo se financia hasta el 50 por ciento a aquellas otras
ciudades fuera del objetivo 1. De las 10 ciudades que últimamente han
sido elegidas por el Gobierno español con proyectos Urban cuatro de
ellas están fuera del Objetivo 1, puesto que esta financiación debe
ir a ciudades con especiales problemas de regeneración, de desempleo,
de exclusión social y de problemas medioambientales. A España se le
han concedido cerca de 17.000 millones de pesetas (106 millones de
euros) para proyectos tanto en Andalucía, como en Aragón, Canarias,
Cataluña, Extremadura, Galicia, Navarra y País Vasco, habiendo
quedado fuera todos los proyectos de las ciudades de Castilla y León.
Estos proyectos tenían como finalidad la recuperación de barrios
urbanísticos y laboralmente bastante degradados.
Algunas provincias como Barcelona, Navarra y Guipúzcoa, sin menoscabo
en absoluto de ellas, han recibido y reciben ayudas del plan Urban
contra la marginación y, sin embargo, disponen de un nivel de vida
muy superior a León, Zamora o Salamanca. Al parecer, al no haber sido
seleccionado ningún proyecto de Castilla y León, el entonces
presidente de esta comunidad autónoma, don Juan José Lucas, hoy
ministro de la Presidencia, se quejó por escrito al ministro de
Hacienda, señor Montoro, e incluso a su compañero y amigo, por haber
sido presidente y consejero, el señor ministro de Administraciones
Públicas, señor Posada, sin que, al parecer obtuviese contestación,
según datos del propio Gobierno regional.
Las ratio de renta -paro, marginación y declive económico- habrían
inclinado a favor de Castilla y León la balanza y ello tendría como
consecuencia el que algunos de esos proyectos hubiesen salido
adelante. No fue así. Solamente Salamanca, Valladolid y León tuvieron
un programa Urban, entre un total de 40, y el desequilibrio, al no
haberse aprobado ningún proyecto en Castilla y León en el reparto de
ayudas europeas Urban, sigue aumentando, sin que exista una política
compensatoria interna en el Gobierno español respecto a este
problema. Ni el Ministerio de Hacienda, ni la Junta de Castilla y
León, según declaraciones de miembros del Gobierno regional, ni los
parlamentarios de Castilla y León han hecho ni dicho nada que ayudase
a superar ese desequilibrio y a hacer justicia a los proyectos de los
ayuntamientos de la región, que pertenecen
a diversos partidos, e incluso muchos de ellos al partido del
Gobierno. No se sabe por qué fueron excluidos. En este caso se cumple
el dicho popular de que al perro flaco todo se le vuelven pulgas; en
este caso a Castilla y León.
Por todo ello, señor secretario de Estado, mi pregunta es la
siguiente: ¿qué razones tiene el Gobierno para no haber seleccionado
los proyectos que afectaban a la comunidad autónoma de Castilla y
León y a cada una de sus provincias respecto al programa Urban II
para el periodo 2000/2006?
El señor PRESIDENTE: El señor secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EUROPEOS (De Miguel Egea):
La contestación a esta pregunta oral planteada por el excelentísimo
senador por Salamanca, don José Castro Rabadán, me gustaría
efectuarla en la misma línea argumental que se ha manifestado con
anterioridad, cuando se han planteado preguntas sobre la distribución
de la iniciativa Urban en España.
Las orientaciones relativas a la iniciativa Urban fueron adoptadas
por la Comisión Europea el 28 de abril de 2000 y publicadas con fecha
19 de mayo de 2000 en el Boletín Oficial de las Comunidades Europeas.
En ese texto, concretamente en su anejo 2, se señala la cantidad de
ocho zonas como número indicativo de zonas urbanas a subvencionar
dentro de esta iniciativa para el Estado español. Del conjunto de las
solicitudes recibidas de los ayuntamientos de todo el territorio
nacional, que ascendían a 86, después de un complejo proceso de
selección atendiendo a los criterios señalados en las mencionadas
orientaciones de la Comisión, únicamente pudieron seleccionarse
proyectos correspondientes a las siguientes 10 ciudades: Jaén,
Granada, Cáceres, Orense, Teruel, Gijón, Sant Adriá de Bexós, San
Cristóbal de La Laguna, Pamplona y San Sebastián (Pasajes).
Debe tenerse en cuenta que anteriormente, dentro del programa
operativo Urban relativo al periodo 1994/1999, ya fueron
seleccionadas las ciudades de Valladolid y Salamanca y que dentro del
programa operativo Urban para el periodo 1997/1999 se incluyó a la
ciudad de León. Para el periodo 2000/2006 uno de los criterios que se
ha tenido en cuenta a la hora de efectuar la selección final de los
municipios Urban es que estos no se hubieran visto ya beneficiados
por la iniciativa en el periodo anterior por aquello de repartir de
la mejor forma posible estos recursos comunitarios entre el mayor
número de ciudades. Por tanto, como consecuencia de las limitaciones
financieras y del número de zonas urbanas previamente establecidas
por la Comisión Europea en Castilla y León, al igual que en otras
regiones cuyos municipios han presentado candidatura de iniciativas
Urban, no se ha podido seleccionar ningún proyecto en el período
comprendido entre losaños 2000 y 2006.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Castro.
El señor CASTRO RABADÁN: Agradezco al secretario de Estado la
respuesta, aunque no me satisface en absoluto, ya que la
justificación última es decir que no se ha seleccionado ningún
proyecto de Castilla y León porque ya se había seleccionado
anteriormente, de 1994 a 1999, a las ciudades de Salamanca,
Valladolid y León. Ese criterio afecta a unas ciudades que tienen
graves problemas, pero no sólo a ellas, sino a muchas más de Castilla
y León, como Béjar, que pierde 1.650 millones, Burgos, que pierde
2.800, Segovia, que pierde 2.000, Soria, que pierde 2.100, Palencia,
que pierde 3.028, Zamora, que pierde 2.000, Miranda de Ebro y
Ponferrada, que no son ciudades que brillen en el cómputo nacional
como ciudades boyantes donde la media de las ratios de renta, de vida
y de riqueza sea superior a otras, sino que están muy por debajo de
las medias europeas y las medias nacionales, sobre todo en muchas
ratios de desempleo, de falta de riqueza y de empuje industrial.
Si hemos recurrido a esta Comisión para que responda a esta pregunta
es porque se ha planteado a otros niveles y nunca se nos ha querido
contestar, siempre se nos han dado unas respuestas parlamentarias
formales en las que se escapaban las respuestas y no se nos daba
ningún criterio. El criterio que se nos da ahora es que ya se han
beneficiado antes, pero si se han beneficiado antes tres ciudades, ha
sido en cantidades tan pequeñas que deberían tener continuidad, pues
los proyectos que se presentaron eran proyectos de continuidad de lo
que se estaba haciendo con los Urban I para seguir con los Urban II.
Han quedado fuera una serie de ciudades de Castilla y León con unos
graves problemas, y sobre todo ciudades como Zamora, donde se está
viviendo una gran crisis económica y social de todos conocida, en la
que los zamoranos ya no sólo no saben qué hacer ni a quién recurrir,
sino que están dispuestos a dejar de ser españoles, prefieren estar
con Portugal antes que con España. Eso es lo que se ha dicho en una
manifestación masiva de esa ciudad en la calle, y es muy grave que
psicológica y sociológicamente se planteen así las cosas. Por tanto,
me parece muy poca la sensibilidad del Gobierno español respecto a
cómo se distribuye la financiación en este caso de los planes Urban,
así como otras financiaciones que no llegan allí donde hay que llegar
y equilibrar. Es cierto que los fondos europeos son para equilibrar a
los países que están desequilibrados a nivel europeo, pero también lo
es que los gobiernos, tanto nacional como regional, tienen que
reequilibrar esos fondos y hacer objetivos 1 de los objetivos 1,
objetivos bis, para que puedan reequilibrarse dentro de las regiones
y dentro de España aquellas zonas más atrasadas.
Lamento que una vez más esta ocasión no haya sido aprovechada por el
Gobierno español para hacerlo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EUROPEOS (De Miguel y Egea):
Lamento la decepción del senador Castro Rabadán, me hubiera gustado
poder dar una explicación más concreta a este tema, pero por
desgracia la tarea de hacer la síntesis de los intereses de todos en
un concurso al que se presentan 86 solicitudes es una tarea muy
difícil en la que el Gobierno, que es el que decide, siempre está
abocado a salir perdiendo, porque siempre habrá, entre las 86
candidaturas, otras que se consideren con más títulos para recibir
estos beneficios de los fondos Urban que las 10 ciudades
seleccionadas. Pido al senador que comprenda la dificultad que supone
tener que elegir a 10 entre 86 en un país donde hay muchas
poblaciones que tienen graves deficiencias, problemas de renta y de
desempleo y disfuncionalidades de tipo urbanístico. Lamento que en
esta selección no haya habido ninguna ciudad correspondiente
a Castilla y León, pero me imagino que la conclusión que se tomó al
hacer la síntesis de todo y seleccionar a diez es que estas diez
tenían seguramente una justificación mayor, un programa mejor
presentado y unas necesidades mayores que atender. No puedo decirle
más, señor senador, puesto que yo no he participado en esa selección.
Lo único que le puedo decir es que en esta selección, como en todas
las que se hacen para los diferentes fondos estructurales, se atiende
a criterios objetivos que están perfectamente marcados, que se han
utilizado en otras ocasiones y que se contrastan también con los
servicios de la Comisión. (El señor Castro Rabadán pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: No está prevista por nuestro estricto reglamento
una intervención adicional, de manera que pasamos a la siguiente
pregunta.
El señor CASTRO RABADÁN: Quince segundos.
El señor PRESIDENTE: No es un problema cuantitativo, sino
cualitativo.
- DEL SEÑOR DÍAZ DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
ACTUACIONES PARA QUE ESPAÑA LIDERE LA POLÍTICA PESQUERA DE LA UNIÓN
EUROPEA (UE). (Número de expediente Congreso 181/000497 y número de
expediente Senado 683/000027.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente pregunta, formulada por
el diputado don Manuel Ceferino Díaz, del Grupo Socialista.
El señor DÍAZ DÍAZ: Señor presidente, señorías, somos la primera
potencia pesquera de la Unión Europea, somos el primer mercado de
pescado de la Unión Europea, tenemos una parte importante de nuestra
flota faenando en otros países, una parte en caladeros de la Unión
Europea, somos sensibles a las políticas de la Unión Europea a la
hora de fijar cuotas y TAC, somos también sensibles a las políticas
de la Unión Europea de negociación y acuerdos con terceros países;
como primera potencia somos también sensibles a la política de
estructuras de la Unión Europea, que permiten la renovación de la
flota y un más racional aprovechamiento de los recursos, somos el
primer importador de productos del mar de la Unión Europea, pero no
lideramos la política pesquera de la Unión Europea. Esto es así
porque parece que nuestro Gobierno mide la pesca por su peso en el
PIB sin tener en cuenta los efectos de arrastre de esta actividad y
el hecho de que en ese sector también somos primera potencia a nivel
de transformación y en I+D.
Nosotros estamos en la Unión Europea, hecho positivo, pero también
estamos sometidos a las políticas de la Unión Europea. Por ello, la
política pesquera de la Unión Europea no nos es indiferente, como no
nos es indiferente quién diseña esta política. En el norte de la
Unión Europea hay una concepción de la pesca diferente, entre otras
cosas no entienden nuestra presencia en tantos mares, tampoco
comparten las exigencias del sector, para ellos es un sector a
reducir, pero España, desde el año 1987, es el país de la Unión
Europea que más ha reducido su flota, otros la aumentaron para
vendernos a nosotros.
Como las negociaciones con otros países son fundamentales para
nosotros, no podemos ser indiferentes a quién las dirija, y lo mismo
pasa con la política de estructuras. Por ello, cuando detectamos que
podría haber cambios dentro de la Dirección General de Pesca de la
Unión Europea, cambios que podrían debilitar aún más el papel de
España, presentamos esta pregunta, que pretendía sobre todo evitar
que las cosas se confirmaran y que España perdiera peso dentro del
entramado político administrativo de pesca de la Unión Europea. En
1995 empezamos a perder gente en puestos importantes, y esta
tendencia se acelera con el Gobierno Aznar, y parece que en la actual
reestructuración de la Dirección General de Pesca vamos a quedar
definitivamente desbancados. Por ello se formula esta pregunta y por
ello esperamos su respuesta.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EUROPEOS (De Miguel y Egea):
La política pesquera de la Unión Europea fue un acuerdo de los países
miembros de entonces, que nació ya en el año 1970 y que se
materializó en el año 1983, justo cuando
España todavía estaba negociando la adhesión y, por tanto, no tuvimos
oportunidad de participar en el mismo. La idea de entonces era
repartir las posibilidades pesqueras en aguas comunitarias entre los
países que ya eran miembros. La verdad es que a España le costó mucho
trabajo poder insertarse en la política pesquera común, a pesar de
que nosotros dijimos desde el primer día que estábamos dispuestos a
asumir la totalidad del acervo sin período transitorio. Como S.S.
conoce, el período transitorio que nos impusieron fue de veinte años,
que luego pudimos reducir como consecuencia de las negociaciones de
ampliación de Austria, Suecia y Finlandia.
Esta política pesquera, que tiene su fundamento jurídico en el
Tratado de Roma y en sus actuaciones posteriores, se basa en
determinados principios, como el de estabilidad relativa, que han
sido refrendados y consolidados por la jurisprudencia comunitaria.
Cuando España tuvo que enfrentar su inserción en la política
pesquera, independientemente de los problemas que plantearon los
períodos transitorios, tuvo dos objetivos: el acceso de sus flotas a
las aguas comunitarias (cosa que se logró en parte para las flotas
del Norte de fresco) y su incorporación a un esquema de negociaciones
internacionales, puesto que en aquella época la Unión Europea sólo
tenía acuerdos de pesca con Noruega y Suecia (con Suecia, por el
Kattegat y el Skaggerrak y con Noruega, por los stock compartidos en
el mar del Norte), con Estados Unidos tenía un acuerdo que estaba
caducando y, dentro de la NAFO, había también un acuerdo con Canadá.
Esa era toda la negociación pesquera de la Unión Europea. Teniendo en
cuenta, como usted mismo ha dicho, que tenía una dimensión de flota
internacional muy importante, todo el empeño de la delegación
española en las negociaciones de adhesión fue precisamente que se
produjera la comunitarización de todos los acuerdos de pesca que
España tenía con muchos países del mundo. Y esto no solamente se
obtuvo, sino que se produjo un proceso de negociación internacional,
en el cual el propio secretario de Estado que habla participó muy
activamente como director de relaciones internacionales de la
Comisión Europea para temas de pesca. En tres años negociamos 23
acuerdos de pesca internacionales, para beneficiar casi
exclusivamente a la flota española, puesto que aunque en algunos
acuerdos se incluyeron algunos buques comunitarios, era más bien para
salvar el principio de que todos los acuerdos estaban abiertos a
todos. La realidad es que no había grandes peticiones por parte de
otras flotas que no fueran la española para ir a pescar al océano
Índico, al otro lado del océano Atlántico o al sur de África. Este
esquema de acuerdos internacionales ha permitido a la flota española
seguir participando en esa actividad internacional y mantenerse como
una de las primeras flotas del mundo en aguas internacionales,
todavía al día de hoy.
Naturalmente, todo lo que dice el parlamentario don Ceferino Díaz es
verdad. España sigue a la cabeza en consumo de pescado, es la primera
en transformación y en comercialización, es la primera en captura y
es la primera en actividad internacional. Esto indica que en los
últimos quince años, desde que España es miembro de la Unión, la
actividad pesquera española, el sector pesquero español y las flotas
pesqueras españolas, a pesar de las necesarias transformaciones que
imponen los tiempos, porque en un período tan lago como quince años
muchas cosas cambian, han tenido y siguen teniendo una posición de
preeminencia en la Unión Europea y que España sigue siendo una
potencia pesquera dentro de la Unión Europea.
Una cosa es que España siga manteniendo esa posición de supremacía,
que lo hace no solamente por méritos propios sino por el hecho de que
la política pesquera común de alguna manera también favorece los
objetivos de la política pesquera del sector español, tanto a nivel
de recursos, como a nivel de comercialización, como a nivel de
estructuras; otra cosa son los problemas puntuales que pueden surgir
en las negociaciones de algunos acuerdos, como la reciente
experiencia que tenemos en este momento con el acuerdo de Marruecos,
y otra cosa es el peso relativo que pueda tener España dentro de las
estructuras administrativas que gestionan la pesca dentro de la
Comisión Europea. Es evidente que hubo un tiempo en el que, incluso,
teníamos un comisario español -por cierto, hoy aquí presente- que se
ocupaba de la pesca y hoy no solamente no tenemos comisario, sino que
ha disminuido el peso relativo de los funcionarios españoles dentro
de las estructuras de la Dirección General de Pesca. En este momento,
de las cuatro direcciones que existen, solamente contamos con un
director y tres jefes de división, lo cual -y yo coincido con don
Ceferino Díaz-, si se tiene en cuenta la proporción y la fuerza que
España tiene dentro del panorama pesquero de la Unión, no ofrece un
panorama muy halagüeño. La realidad es que las promociones dentro de
la Dirección General de Pesca están, también, en función del personal
cualificado español que en ella participa. Por desgracia, esto es
algo que viene de largo y quizá no hemos sabido fomentar las
necesarias vocaciones de técnicos y de expertos pesqueros dentro de
la Unión. Muchos españoles, muy competentes, que trabajaban en la
Dirección General de Pesca -antes Dirección General XIV- han
encontrado mejores puestos fuera de esa dirección general y, en este
momento, a la hora de hacer la reestructuración, no había un núcleo
importante de españoles promocionables con niveles técnicos
suficientes. Yo no achacaría esto únicamente, como el diputado dice,
al Gobierno Aznar del año 1996, yo diría que esto viene muy de lejos,
desde el año 1986. Seguramente no hemos sido capaces de retener
dentro de la Dirección General el suficiente número de funcionarios
con vocación y con conocimiento para que, en el
momento de producirse relevos -como los ha habido- de directores o de
jefes de unidad, hubiera habido personas que subieran a esos niveles.
Indudablemente, la situación es preocupante, pero no hay que ponerle
tintes dramáticos porque, en realidad, no es solamente la Comisión la
que hace la política pesquera de la Unión, en el Consejo y en los
grupos del Consejo también se hace la política pesquera de la Unión,
y creo que España ha mantenido allí un nivel de representación igual
de bueno que el que se había mantenido desde el principio. Yo diría
que nuestra representación a nivel de Consejo, desde el año 1986, ha
sido más fuerte que nuestra representación dentro de la estructura
interna de la Comisión. Esta reestructuración es un tema que tiene
que llevar a la reflexión, no solamente al Gobierno sino a todo el
sector, porque es importante que tengamos técnicos, expertos y
biólogos que puedan participar dentro de esa estructura, pero la
verdad es que en este momento el número de españoles dentro de la
Dirección General de Pesca de la Comisión no se corresponde con las
vocaciones que debía generar el hecho de que España es, como ha dicho
el diputado don Ceferino Díaz, el primer país pesquero de la Unión
desde todo punto de vista, tanto desde el punto de vista de la
extracción, como del consumo, de la comercialización o de la
transformación.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Díaz.
El señor DÍAZ DÍAZ: Señor secretario de Estado, nosotros no
cuestionamos en modo alguno la Unión Europea, lo que cuestionamos es
no liderar la política pesquera comunitaria, sobre todo que estemos
perdiendo peso, y lo más grave es que no se haga nada.
Nos habla de que perdimos expertos. Le voy a decir, y usted lo sabe,
que los expertos que ocupan los puestos no son expertos. Le voy a dar
algún dato. El problema es que la remodelación de la Dirección
General de Pesca de la Comisión es un hecho; es un hecho que, como
dice, debe llevar a reflexiones y debería llevar también a
consecuencias y responsabilidades. En estos momentos, se abre una
nueva etapa en la política pesquera, el Libre Verde de la Comisión,
pero esa política es para el año 2003. Estamos en periodo de
reflexión, ¿por qué cambiar ahora la dirección general?
Hay quien dice que es un tema poco relevante porque los funcionarios
europeos representan a la institución y no a los Estados miembros.
Este es un principio, pero es evidente que esta diferente manera de
pensar y de ver les viene condicionada por la realidad de la que uno
procede; no ve de la misma manera el tema pesquero una persona que
nace y vive en Vigo, donde hay un puerto pesquero importante a nivel
mundial, que una persona que nace y vive en Viena, donde la
problemática es completamente diferente y la pesca no es un referente
inmediato sino lejano. La realidad es que, en los
últimos años, estamos asistiendo a una anglosajonización de la
Comisión, que conlleva a una cierta marginación de los funcionarios
del sur, por lo que muchos se fueron. El Gobierno de España fue
incapaz de modificar este organigrama, pese a que España representa
el 50 por ciento del peso del sector pesquero comunitario.
La nueva reorganización que se está plasmando ahora supone concentrar
el 90 por ciento de su peso en una de las cuatro direcciones, la de
conservación de recursos, que encabeza el británico John Farnell. A
él se encomienda la gestión de las TAC y cuotas, la gestión de la
flota, los POP, el medio ambiente, la sanidad, la investigación, la
ciencia, los acuerdos pesqueros del norte, etcétera. La política de
estructuras, que llevamos nosotros, se vacía de contenido al privarle
de la gestión de la flota. El resultado es que del señor Farnell van
a depender la unidad de recursos humanos, que va a un inglés, el jefe
de unidad de planificación y de auditoría, que es alemán; la gestión
de los stokcs, TAC y cuotas y acuerdos del norte corresponden a otro
danés, las cuestiones regionales a un irlandés, la investigación y
análisis científicos a un holandés, la organización común de mercados
a un belga y la inspección a un holandés. Los funcionarios del sur se
quedan con puestos sin contenido político. Esto no es indiferente y
le voy a dejar un ejemplo inmediato que está ahí.
Todos sabíamos que la negociación con Marruecos era un tema difícil,
pero mucho más si es llevada por negociadores del norte, que no
tienen sensibilidad para hablar con el sur. Podríamos poner ejemplos
de algunas anécdotas que dejarían en mal lugar a los negociadores del
norte. Es difícil entenderse y sacar adelante una negociación cuando
hay enormes diferencias de sensibilidad y de cultura entre quien
negocia por una parte y por otra. Eso es lo que pasó con Marruecos y
explica la negociación. Por ello, nos parece grave que cuando se hace
un cambio importante en la Dirección General de Pesca de la Unión
Europea, que es la que dirige la política pesquera comunitaria, que
para nosotros no debería ser indiferente, el Gobierno de España, pese
a nuestra advertencia, se resigne diciendo que no había funcionarios.
Le digo que los funcionarios que van a ocupar los puestos de la nueva
estructura de la dirección general, por sus currículos, no son
profesionales expertos en temas pesqueros, pero sí los van a llevar
y van a dirigir, con falta de sensibilidad para el sector, una política
pesquera que para España es fundamental.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EUROPEOS (De Miguel y Egea):
Quisiera decir, en primer lugar, que el Gobierno español entiende que
la Comisión tiene competencia exclusiva para organizar
sus servicios como desee; naturalmente, se pueden sugerir cosas,
pero es competencia exclusiva de la Comisión organizar sus propias
direcciones generales con los funcionarios que entienda que son más
competentes, y cualquier intervención del Gobierno de España en la
estructura interna de la Comisión no solamente es impropia sino que
se consideraría una intolerable intromisión en un derecho soberano de
la Comisión como gestora de los intereses comunitarios.
En segundo lugar, desearía que don Ceferino Díez no cayera en lugares
comunes de decir que el comisario está en Viena y no tiene
sensibilidad. Tan de tierra adentro era don Manuel Marín, que es de
Ciudad Real, y creo que fue un buen comisario de pesca. Ciudad Real
está a la misma distancia del mar que Viena. También le diré que yo
mismo, que entonces encabezaba la Dirección General de Pesca, fui
recusado por todos los países nórdicos cuando se me encargó que
negociara con Groenlandia y creo que puedo decir sin falsa modestia
que el acuerdo que yo negocié con Groenlandia es el mejor que se ha
hecho nunca, y, si no, que se lo pregunten a los groenlandeses; a
pesar de que todo el mundo decía que uno del sur no podía entender
los problemas del norte, yo los entendí bastante mejor que los del
norte. Por eso, creo que no podemos caer en esos lugares comunes.
Acepto lo que me dice, que tenemos un déficit de gente con capacidad
de decisión dentro de la estructura de la Dirección General de Pesca,
que es bueno que se diga aquí para que se recuerde a todos y desde
luego al Gobierno para que siga en su empeño de tener, a ser posible,
más funcionarios y expertos dentro de un sector que nos interesa
particularmente, pero le diré que nuestra capacidad de intervención
es bastante limitada, porque es competencia exclusiva de la Comisión.
Por otra parte, tampoco podemos condicionar las vocaciones de los
funcionarios españoles. La verdad es que los funcionarios españoles
son, por desgracia, muy escasos en la Dirección General XIV;
contrariamente a lo que alguien pudiera imaginar, hay muy pocos
españoles que quieran ir a esa Dirección General de Pesca, por las
razones que sean. Por tanto, tenemos que hacer los cestos con los
mimbres que hay y por desgracia los mimbres no son muy fuertes.
Naturalmente, tomo nota de la opinión de don Ceferino Díaz, que
comparto, en el sentido de que en la estructura actual, después de la
reestructuración de la Dirección General de Pesca, España no tiene la
presencia que le correspondería por el peso específico que tiene en
el sector pesquero dentro de la Unión.
El señor PRESIDENTE: Constatamos que la crisis de vocaciones se
extiende a otros dominios de los tradicionales y cerramos esta
pregunta.
Ahora, tenemos varias que podrían ser agrupadas enuna sola
intervención. Tiene la palabra la diputada García
Arias, Ludivina. Ella misma podrá decirnos si quiere formular las
preguntas 5, 6, 7 y 8, conjuntamente.
La señora GARCÍA ARIAS: Señor presidente, me gustaría separarlas.
Sobre algunas, las intervenciones serán muy breves, aunque profundas,
claras y transparentes, pero hay una pregunta sobre la que sí me
gustaría tener una mayor explicación del señor secretario de Estado.
Si no tiene inconveniente, las separamos, pero voy a tratar de ser
muy breve.
El señor PRESIDENTE: ¿Cómo las va a formular entonces, todas por
separado o agrupando algunas?
La señora GARCÍA ARIAS: Por separado, señor presidente.
- DE LA SEÑORA GARCÍA ARIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE POSICIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE LA EXTINCIÓN DEL TRATADO CECA
EN EL AÑO 2002, EN LO REFERENTE AL SECTOR DEL ACERO. (Número de
expediente Congreso 181/000609 y número de expediente Senado 683/
000040.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra.
La señora GARCÍA ARIAS: Mi primera pregunta es la siguiente: ¿Cuál es
la posición del Gobierno español acerca de la extinción del Tratado
CECA en el año 2002, en lo referente al sector del acero?
Por cierto, señor presidente, estas preguntas yo las había planteado
de forma oral. Se convirtieron en preguntas escritas, las reiteré de
forma oral y mientras tanto el Gobierno contestó a algunas de ellas.
Me alegro de reiterarlas ahora y aprovecho la oportunidad para rogar
al señor secretario de Estado que conteste con más detalle a las
preguntas cuando se formulan por escrito; así no tendremos que
reincidir de forma oral y le haremos perder menos tiempo.
El señor PRESIDENTE: Formule la pregunta, señora diputada.
La señora GARCÍA ARIAS: La pregunta ya la hice al principio.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EUROPEOS (De Miguel y Egea):
Con la venia, presidente.
El Tratado de la Comunidad Europea contempla la posibilidad de
otorgar ayudas para fomentar en general el desarrollo de determinadas
actividades económicas
que no especifica, frente a la prohibición absoluta que existe en el
Tratado CECA con respecto al carbón y al acero. El código de ayudas a
la siderurgia se adoptó a título excepcional en uso de las facultades
del artículo 95 del Tratado CECA, que prevé la posibilidad de adoptar
medidas indispensables para el logro de los objetivos del tratado. El
Gobierno valora positivamente la disciplina impuesta por el código de
ayudas a la siderurgia. Se trata de un sector sumamente sensible,
donde todo exceso de oferta acarrea bruscas reducciones en los
niveles de precios y serios deterioros en la competitividad de las
empresas, tanto por la caída de los ingresos como por la costosa
exigencia de almacenar producción sobrante. Por ello, entendemos
indispensable mantener la actual disciplina en el marco del Tratado
de la Comunidad Europea mediante el mantenimiento de los actuales
criterios limitativos a las ayudas a la inversión y a la
reestructuración. Esta disciplina nos parece especialmente importante
considerando la incorporación de nuevos miembros a la Unión, países
candidatos que tienen unos niveles muy altos de ayudas. Debemos
asegurar que este proceso de adhesión, que redundará en beneficio de
Europa, preserve el actual equilibrio del mercado siderúrgico.
Tenemos que recordar que, antes de acometer la tarea de asegurar la
competitividad de nuestra industria siderúrgica integral, España
realizó sucesivas y costosísimas reestructuraciones en los años
ochenta y principios de los noventa. Y digo costosísimas porque no
solamente lo fueron en términos de dinero, sino también en términos
de mano de obra. Se perdieron más de 60.000 empleos. Por lo tanto,
después de haber hecho un esfuerzo extraordinario, hemos llegado a
una situación de competitividad, situación que queremos sostener,
siendo la mejor garantía para ello mantener una disciplina en materia
de ayudas que permita todo riesgo de desequilibrio, ya que es
evidente que en el mercado europeo nuestra industria siderúrgica
compite con las industrias siderúrgicas de algunos países candidatos
a la ampliación, que naturalmente tienen un sistema de ayudas que
nosotros no tenemos.
La Comisión ha presentado su informe en relación con la materia, el
cual ha obtenido el visto bueno de los Estados miembros. Y esperamos
que bajo la Presidencia española pueda adoptarse el nuevo código de
ayudas, que tendremos que poner en marcha una vez que expire el
Tratado CECA, que precisamente coincide con el período en que España
presidirá la Unión, en el año 2002.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señora García Arias.
La señora GARCÍA ARIAS: Comparto las preocupaciones que ha
manifestado en su respuesta el señor secretario de Estado. Estamos
hablando de un nuevo código de ayudas adaptado al Tratado CEE, con un
régimen disciplinario que tiene unas concepciones muy estrictas,
debiéndose tener en cuenta además la adhesión de los países del Este.
Respecto a dicha adhesión, va a haber una diferencia y es que, cuando
ingresen, aparte de que tendrán que seguir reestructurando, no se van
a encontrar con los mecanismos de ayudas sociales que contemplaba el
Tratado CECA. Como europeos, esta situación nos tiene que preocupar,
puesto que nosotros tuvimos que reestructurar antes de ingresar y lo
hicimos también dentro de la Unión Europea, pero, si lo primeros
sacrificios fueron netamente españoles, en una segunda fase contamos
con los mecanismos sociales del Tratado CECA. Ahora bien, no debemos
analizar este código de ayudas solamente en relación con la adhesión
de los países del Este y sus sectores siderúrgicos, sino también en
relación con la situación del sector europeo y en un contexto de
concentración empresarial que estamos analizando, algunos por las
noticias que aparecen en la prensa.
Quisiera hacerle dos preguntas, sólo por una cuestión de
preocupación. La primera es si este régimen tan estricto de ayudas,
acerca del cual la Presidencia española tendrá que debatir,
garantizará al sector del acero una igualdad con respecto al código
de ayudas de otras empresas de materiales que compiten con el sector
del acero. Ahí podría haber una distorsión si, efectivamente, el
nivel del sistema de ayudas es más flexible para este otro sector. La
segunda preocupación que tengo está relacionada con el nivel de
concentración empresarial. Se ha anunciado, y hay visos de ello, que,
en un contexto más amplio de globalización, se debe aceptar este
proceso de concentración, pero yo me pregunto cuál es el nivel de
análisis que ha estado haciendo el Gobierno y que va a hacer en el
futuro con respecto al próximo código de ayudas cuando no conocemos
si este nivel de concentración afectará, en cuanto a libre
competencia, a los usuarios, a los consumidores, al sector del
automóvil y al sector de la construcción, que son también empresas
españolas. ¿Está haciendo también el Gobierno este tipo de análisis
con respecto al nuevo código de ayudas?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EUROPEOS (De Miguel y Egea):
Con mucho gusto voy a hablar de esto, aunque lo único que ha hecho
usted, señora García Arias, ha sido formular una nueva pregunta y
plantear un nuevo tema. (El señor vicepresidente, Soravilla
Fernández, ocupa la Presidencia.)Naturalmente que el código de ayudas
es algo fundamental para asegurar la competencia en el horizonte
2002, pero también lo es lo que se acuerde dentro de las
negociaciones de ampliación. Es evidente que el tema de las ayudas a
la siderurgia es uno de los que se van a suscitar con más fuerza; de
hecho, ya se ha suscitado
en la relación comercial con los nuevos países candidatos a la
adhesión. Ahora ellos se quejan por la aplicación de medidas
antidumping, pero, cuando los países candidatos ya no sean países
terceros, no se les podrá aplicar dichas medidas, puesto que estamos
en un mercado interno, por lo que habrá que tener un código estricto
de ayudas. Evidentemente, la negociación de ampliación condicionará
mucho también las eventuales medidas transitorias o derogaciones
temporales a la plena aplicación de ese código de ayudas.
La posición de España, con respecto al tema de la competencia, ha
sido siempre que no quiere que exista ningún período transitorio, ya
que desde el día número 1 en que estos países estén dentro de la
Unión estarán compitiendo ya en el mismo mercado con nosotros, como
de hecho lo están haciendo ahora. Ése es el problema que nosotros
tenemos todos los días. Por ejemplo, los redondos para la
construcción de Berlín vienen tanto de las industrias siderúrgicas
españolas como de las polacas, que están bien cerca de Berlín. Por
eso nosotros estamos insistiendo en que se apliquen medidas
antidumping cuando se comprueba que los precios están artificialmente
por debajo de lo que es el precio del mercado por efectos de ayudas
que están recibiendo. Por tanto, el código de ayudas tiene que tener
en cuenta lo que la señora García Arias ha dicho, esto es, la
relación con otras ayudas que se puedan permitir a sectores que
transforman el acero y que pueden tener una incidencia y luego un
código de ayudas que de verdad controle las ayudas de Estado que se
están dando a los países del centro y del este de Europa, los cuales
en este momento están ya participando en el mercado comunitario pero
que, dentro de unos años, cuando estén plenamente adheridos, estarán
en situaciones absolutamente idénticas a las nuestras. Por tanto,
tienen que tener las mismas situaciones de competencia, porque si no
las tienen no podremos aplicar ningún mecanismo que permita proteger
las producciones siderúrgicas europeas. En el caso de España esto es
particularmente importante porque, como dije antes, hemos llegado a
una situación de competitividad después de un proceso muy doloroso de
reestructuración y verdaderamente, ahora que nuestras empresas
siderúrgicas van bien, no pueden sufrir competencia desleal de otros.
La señora García Arias se ha referido al tema de concentración. Es
evidente que la empresa española Aceralia, junto con Arbed y Usinor,
han inaugurado un proceso, a mi me parece que es un proceso, porque
la concentración de las industrias siderúrgicas europeas va a ser una
realidad. Dentro de muy poco vamos a ver otras fusiones y
asociaciones del tipo de la de AceraliaUsinor- Arbed. Es muy difícil
prever cuál va a ser el panorama de aquí a unos años, pero me parece
que efectivamente el tema de las concentraciones es uno de los que
vamos a tener que ver con más atención, porque eso va a influir
también en todo el panorama siderúrgicode la Unión.
- DE LA SEÑORA GARCÍA ARIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE POSICIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE LA EXTINCIÓN DEL TRATADO CECA
EN EL AÑO 2002, EN LO REFERENTE AL SECTOR DEL CARBÓN COMUNITARIO.
(Número de expediente en el Congreso 181/000610 y número de
expediente del Senado 683/000041.)
El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): La diputada García
Arias tiene la palabra para formular la pregunta número 6.
La señora GARCÍA ARIAS: Tengo una preocupación especial respecto al
futuro del código de ayudas del carbón. Nos estamos encontrando de
nuevo en una situación de incertidumbre, señor presidente. A
prácticamente un año de la conclusión del Tratado CECA no se conocen
los contenidos o la definición de lo que será el próximo código de
ayudas, teniendo además en cuenta que lo pactado por el Gobierno con
las empresas y los sindicatos tenía un horizonte del 2005.
Las noticias que hay son preocupantes. Me refiero a alguna expresión
de la comisaria en la apertura del seminario del carbón organizado
por la CECA el 17 de octubre de 2000 y a una reunión frustrante -en
los propios términos de quienes participaron en ella- de los
representantes de las comarcas mineras europeas el 27 de noviembre.
¿Por qué digo esto? Porque, en los dos encuentros, la comisaria fue
poco precisa, dejó traslucir mayores reducciones de producción y
empleo de las previstas, señaló que no estaba segura de obtener un
apoyo político suficiente, ya sea en la Comisión o en otras
instituciones. Señaló que la Comisión iba a lanzar el debate del
libro verde sobre la seguridad de abastecimiento; ya ha aparecido y
sus contenidos son también preocupantes. No voy a tomar mucho tiempo
de los miembros de esta Comisión para señalar por qué son
preocupantes, pero tengo que decir que, en cuanto al carbón o a la
producción minera, lo que se pide en este debate que abre el libro
verde es que habrá que tomar -en términos exactos de lo que dice el
libro verde- decisiones difíciles sobre el futuro de la industria del
carbón europeo debido a su falta de competitividad. Se habla, en base
a la seguridad de abastecimiento, de un posible aparcamiento de las
minas, de garantizar simplemente el acceso, un mecanismo por el cual
la producción se limitaría, se reduciría y se garantizaría
simplemente un limitado mantenimiento de esos recursos para un uso
futuro.
En cuanto a las ayudas, en este libro verde de la seguridad de
abastecimiento se señala, como siempre, que hay opacidad en cuanto al
otorgamiento de ayudas públicas para el resto de los sectores
energéticos, lo que no ha sucedido con el sector del carbón que
siempre ha sido muy transparente, Se vuelve a señalar -sin hablar
de un régimen parecido al actual en el caso del carbón, al contrario-
si no debía contemplarse este nuevo código de ayudas en el marco de
una reducción y el mantenimiento de un acceso mínimo a las reservas
de carbón.
Quizá la pregunta respecto a la posición del Gobierno sobre el libro
verde de la energía debía ser un debate que deberíamos de realizar en
otro momento en esta Comisión, porque abarcaría más temas, pero me
gustaría que fuera más preciso el Gobierno español respecto a lo que
prevé contestar, o si ya ha contestado algo respecto al régimen del
carbón en el caso del libro verde. No me va a valer, señor presidente
-y ya termino, en las siguientes preguntas voy a ser muy breve-, el
argumento de que ya se verá. Creo que en este momento ya se debe
estar debatiendo a un año de la discusión, con lo largos que son los
debates dentro de la Unión Europea para las tomas de posiciones, y
debería haber ya una exigencia por parte del Gobierno español, que
representa a un país donde el carbón sigue jugando un papel
importante, sobre cuál va a ser su posición y en qué sentido se está
ya moviendo con la Comisión Europea y en concreto con la Comisión de
la Energía.
El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): Señora García Arias,
tomamos nota de la propuesta que hace para el debate y la tendrá en
cuenta en las reuniones de Mesa y portavoces.
Tiene la palabra el señor secretario de Estado, para contestar a la
pregunta formulada.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EUROPEOS (De Miguel y Egea):
El Tratado CECA prohíbe expresamente las ayudas -ya lo he dicho
antes, es el artículo 4.c- y el actual código de ayudas al carbón fue
adoptado por aplicación de las facultades excepcionales que otorga
dicho Tratado para adoptar medidas tendentes a cubrir los objetivos
básicos del mismo, artículo 95, en ausencia de poderes específicos
previstos en su articulado. Por el contrario, como también he dicho
antes, el Tratado CEE permite declarar compatibles las ayudas
destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de
determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las
condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común,
artículo 87. Los intercambios intracomunitarios, en el caso del
carbón, son prácticamente inexistentes, por lo que el Tratado de la
Comunidad Europea ofrece un marco plenamente adecuado para prever la
continuidad de las ayudas al carbón en la medida en que esto se
considere necesario.
El Gobierno español ha planteado reiteradas veces en el Consejo la
necesidad de contar a partir de la expiración del Tratado CECA con un
marco adecuado de ayudas al sector del carbón. Hemos defendido la
continuidad del dispositivo actual que responde a la exigencia de
cubrir la diferencia entre los costes de explotación
del carbón comunitario y los niveles sensiblemente más bajos del
carbón importado, más un apoyo constante al objetivo de
reestructuración para alcanzar mayores niveles de competitividad. La
Comisión Europea está actualmente examinando la presentación de una
propuesta en este sentido y yo sólo puedo decir que hasta que no
veamos la propuesta de la Comisión no estaremos en condiciones de
decir más que lo que estamos diciendo -y lo estamos reiterando
continuamente, que es nuestra voluntad de mantener un régimen de
ayudas al carbón más allá de la expiración del Tratado CECA en el año
2002, por entenderlas compatibles con los objetivos del mercado
común.
- DE LA SEÑORA GARCÍA ARIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE LA EXTINCIÓN DEL TRATADO
CECA EN EL AÑO 2002, EN LO REFERENTE A LOS PRINCIPIOS COMUNES A LOS
SECTORES DEL CARBÓN Y DEL ACERO. (Número de expediente del Congreso
181/000611 y número de expediente del Senado 683/000042.)
- DE LA SEÑORA GARCÍA ARIAS, GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
POSICIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DEL ESCASO CUMPLIMIENTO DEL LLAMADO
«PHASING IN» DE LAS POLÍTICAS COMPRENDIDAS EN EL TRATADO CECA, EN EL
PRESUPUESTO GENERAL DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y EN LOS DIVERSOS
PROGRAMAS DE LA COMUNIDAD EUROPEA. (Número de expediente Congreso
181/000612 y número de expediente Senado 683/000043.)
VICEPRESIDENTE (Soravilla El señor Fernández): La misma señora
diputada tiene la palabra, para formular las preguntas números 7 y 8.
La señora GARCÍA ARIAS: Señor presidente, voy a unir las dos
preguntas, en cuanto a principios comunes del carbón y del acero y en
cuanto al phasing in, y las reitero en los términos en que fueron
presentadas.
El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): El señor secretario de
Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EUROPEOS (De Miguel y Egea):
Me parece que, por coherencia, es mejor empezar por el tema del
llamado phasing in. El grado de atención prestada por la Unión
Europea al proceso de phasing in ha sido notable. En materia de
utilización de fondos CECA se alcanzó ya un acuerdo en la cumbre de
Amsterdam,
sólo queda pendiente su instrumentación jurídica. En la reciente
cumbre de Niza se ha dado un importante paso al acordarse un
protocolo anejo al Tratado de la Comunidad Europea relativo a estas
cuestiones. El protocolo ofrece en su artículo 2 una base jurídica
para la adopción de decisiones contenidas en las conclusiones del
Consejo Europeo de Amsterdam.
En primer lugar, todos los elementos patrimoniales CECA se
transfieren a la Comunidad Europea a partir del 24 de julio del año
2002. En segundo lugar, el valor neto de estos fondos se destina a la
investigación en los sectores del carbón y del acero mediante la
creación de un fondo determinado CECA en liquidación y, después del
cierre de esta liquidación, a haberes del Fondo de investigación del
carbón y del acero. En tercer lugar, los ingresos derivados de este
patrimonio se afectan exclusivamente a la investigación en estos
sectores, al margen del programa marco de investigación,
independientemente de lo que el programa marco de investigación haga.
Por último, el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y
previa consulta al Parlamento Europeo, adoptará las decisiones
necesarias para reflejar estas normas en las líneas directrices
financieras plurianuales para la gestión del patrimonio de estos
fondos, así como las líneas directrices técnicas para el programa de
investigación correspondiente. La Presidencia sueca, por su parte,
tiene la intención de adoptar este conjunto de decisiones, por lo que
el dispositivo básico estaría acordado con antelación suficiente a la
fecha de su entrada en vigor, que es el 24 de julio del año 2002.
Por lo que se refiere a la extinción del Tratado CECA, en lo
referente a los principios comunes y a los sectores del carbón y del
acero, debo recordar que el Tratado CECA tiene por objetivo básico la
creación de un mercado interior del carbón y del acero. Esta
finalidad queda plenamente preservada al incorporarse estos sectores
al Tratado de la Comunidad Europea y naturalmente se verá reforzada.
En el momento en que los sectores salgan de su ámbito CECA para
entrar en el ámbito del primer pilar de la Unión, van a tener más
fuerza. Por tanto, el tema del mercado interior queda reforzado con
la extinción del Tratado CECA. No podemos olvidar que el Tratado CECA
es un tratado de 1952 y sus disposiciones reflejan la preocupación
por construir ese mercado interior que hoy ya existe en un contexto
de postguerra donde las economías europeas estaban separadas por
barreras de toda índole, desde arancelarias hasta control de cambios.
Por eso muchas normas del Tratado CECA resultan hoy totalmente
obsoletas y en la práctica han caído en desuso desde hace muchos
años. La posibilidad de intervenir en los precios o de dictaminar las
inversiones constituyen elementos justificados, que tuvieron una
justificación en su día, pero que resultan hoy a los principios
fundamentales del mercado interior.
Los únicos elementos de importancia del Tratado CECA y plenamente
vigentes son los códigos de ayudas al carbón y al acero y las
actividades de préstamo y empréstito. Estas son las cuestiones que
constituyen el núcleo del proceso de phasing in, del que ya he
hablado, para las que se ha alcanzado ya un acuerdo en el seno de la
Unión pendiente tan sólo de su desarrollo normativo interno.
El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): Gracias, señor
secretario de Estado.
La señora García Arias tiene la palabra.
La señora GARCÍA ARIAS: Señor presidente, en términos del balance del
final del Tratado de la CECA, discrepo en parte de la valoración que
ha hecho el señor secretario de Estado. Algunas de las actuaciones de
la CECA en estos dos sectores no deberíamos negarlas en algún momento
determinado para el conjunto de los sectores industriales de la Unión
Europea. La prueba es que una de las medidas que se decide mantener,
según los últimos acuerdos de los jefes de Estado, es el
mantenimiento de la información estadística en los sectores. La
información estadística ya es un indicador importante en una política
industrial para saber cómo se están desarrollando no sólo el sector
del carbón o del acero; interesaría que sucediera en el conjunto de
las actividades. De esta forma se podría tener información
interesante para el desarrollo industrial de la Unión Europea. En
todo caso, quiero señalar que, por razones de políticas de
reestructuración y de readaptación de estos dos sectores durante
mucho tiempo, se contemplaron medidas sociales que todavía están en
vigor y que han ayudado a los Estados miembros, a las regiones y a
los mismos trabajadores a paliar las consecuencias de las
reestructuraciones industriales. Ese mecanismo desaparece pero no
sería utópico pensar que, en un futuro, también la Unión Europea,
dentro de ese mercado interior, pudiera asumir un compromiso respecto
a los costes sociales que pueden llevar las reestructuraciones
industriales.
Quiero señalar que la propia Comisión Europea no ha quedado muy
conforme en el balance del phasing in porque no se ha llevado una
integración adecuada en los mecanismos de investigación o en los
mecanismos del Fondo Social Europeo, aunque nos recuerda la Comisión
Europea que, a partir de ahora, el grado de integración del phasing
in de estos sectores será una voluntad de las prioridades de los
Estados nacionales respecto a esos sectores.
Me preocupa, señor presidente, el tema del fondo de investigación.
Quisiera hacerle unas preguntas al señor secretario de Estado y se
las formularé oralmente. A título de ejemplo, quiero recordar que
hasta ahora el 26 por ciento del presupuesto del Instituto Nacional
del Carbón se dotaba de los fondos CECA y habría que garantizar que
en adelante la industria española pudiera
seguir manteniendo un nivel importante en cuanto a la integración del
Tratado de la CECA.
El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): Vamos a despedir al
señor secretario de Estado y después seguiremos con el debate.
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS SIGUIENTES SOLICITUDES DE CREACIÓN DE
SUBCOMISIONES Y PONENCIAS:
- DE UNA SUBCOMISIÓN EN EL SENO DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN
EUROPEA, DE SEGUIMIENTO DE LA CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL DE LA
UNIÓN EUROPEA. FORMULADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO. (Número de expediente Congreso 158/000017 y número de
expediente Senado 573/000004.)
- DE UNA SUBCOMISIÓN EN EL SENO DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN
EUROPEA, ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE AMPLIACIÓN DE
LA UNIÓN EUROPEA. FORMULADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente Congreso 158/000018 y número de expediente
Senado 573/000005.)
- DE UNA SUBCOMISIÓN EN EL SENO DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN
EUROPEA, ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE LA CONFERENCIA
INTERGUBERNAMENTAL DE 2004. FORMULADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA. (Número de expediente Congreso 158/000019 y número de
expediente Senado 573/000004.)
El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): Como saben SS.SS., las
dos últimas preguntas han sido aplazadas para la sesión de la
Comisión del día 17 de abril. Su autor es el señor García Breva, del
Grupo Socialista. Pasamos al último punto del orden del día, que es
el debate y votación de solicitudes para la creación de subcomisiones
y ponencias.
Existen tres propuestas, pero dos solicitan una misma cosa. Una
subcomisión en el seno de la Comisión Mixta para la Unión Europea, de
seguimiento de la Conferencia Intergubernamental de la Unión Europea,
cuyo autor es el Grupo Parlamentario Popular, y otra similar de una
subcomisión en el seno de la Comisión Mixta para la Unión Europea,
encargada del seguimiento del proceso de la Conferencia
Intergubernamental de 2004, cuyo autor es el Grupo Parlamentario
Socialista.
Si damos la palabra por orden de presentación, el Grupo Parlamentario
Popular tendría la palabra en primer lugar y a continuación la
tendría el Grupo Socialista.
Señor Martínez Casañ, tiene la palabra.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Yo no sé lo que corresponde en este trámite
parlamentario, pero sí quiero decir que respecto a la creación de una
subcomisión encargada del seguimiento del proceso de la Conferencia
Intergubernamental del 2004, para la cual hay otra propuesta del
Grupo Socialista, hemos llegado el portavoz socialista y yo a un
acuerdo, por lo cual, si el presidente lo cree oportuno, podríamos
proceder a leer en voz alta los términos del acuerdo.
El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): Yo ruego que hagan el
favor de leer esa propuesta, que en este caso sería conjunta, para
conocimiento de todos los señores comisionados.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: En primer lugar, la propuesta es que la
subcomisión se llamará subcomisión encargada del seguimiento del
proceso de la Conferencia Intergubernamental del 2004 sobre el futuro
de la Unión Europea.
Yo creo que es mejor que siga la propuesta del Grupo Parlamentario
Socialista, porque es sobre la cual hemos trabajado y la que tenía
los términos más amplios.
En segundo lugar, respecto a lo que figura en el plazo de los
trabajos, quedará: La subcomisión elaborará su informe con la
antelación suficiente para que pueda servir a sus objetivos. Punto
final. En tercer lugar y respecto al funcionamiento, el cuarto
párrafo, decae; el que dice: También podrá establecer mecanismos para
la remisión de memorandums, etcétera. El quinto párrafo, para
adecuarlo no solamente a los antecedentes sino a la lógica de esta
Comisión mixta, que es la que representa a las Cortes Generales,
leerá como sigue: El informe aprobado por la subcomisión y en su caso
los asuntos particulares formulados por los grupos parlamentarios
serán elevados para su debate y votación a la Comisión Mixta para la
Unión Europea, que podrá elevarlo para su conocimiento, junto con los
votos particulares, a las mesas del Congreso y del Senado.
En cuarto lugar, respecto a su composición, la subcomisión estará
compuesta por tres representantes de cada uno de los grupos que
cuenten con más de diez miembros en la Comisión mixta, dos
representantes de los grupos que cuenten al menos con tres miembros y
un representante del resto de los grupos parlamentarios. En su
defecto, el texto del Grupo Popular: Tres representantes por cada uno
de los grupos parlamentarios con más 100 diputados en las Cámaras,
dos representantes por cada uno de los grupos con más de diez
diputados y un representante de cada uno de los grupos
restantes. De lo que se trata es de que, al ser una comisión mixta,
el grupo de Entesa esté también representado en la subcomisión de
seguimiento. Decaería el segundo párrafo que dice: Los miembros de la
subcomisión podrán ser sustituidos para la celebración de un
determinado debate o sesión por otro u otros diputados o senadores
del mismo grupo, previa comunicación al presidente.
Eso es todo, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): Señor Estrella, tiene
la palabra.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Intervengo para expresar que,
efectivamente, como ha dicho el portavoz del Grupo Popular, existe un
acuerdo en esos términos, que exige también una voluntad política de
poder extender al máximo a la sociedad española y a los colectivos y
expertos e interesados el trabajo de la Comisión y la posibilidad
incluso de que puedan aportar a la subcomisión sus opiniones, sus
criterios, pero eso habrá que articularlo en su momento y, por lo
tanto, no figura en la propuesta de la subcomisión. Nos felicitamos
por que se haya alcanzado este acuerdo sobre una subcomisión que es
importante y que, en definitiva, lo que va a abordar es el futuro de
Europa.
Hay algo que no está dicho en el acuerdo tampoco pero que entendemos
los dos grupos que va a ser inevitable y es que como la Unión Europea
va a seguir un iter en los trabajos preparatorios de la conferencia
de toma de decisiones, por ejemplo, sobre el método, la subcomisión
tendrá que acompañarlo y eventualmente decidirá si produce toma de
posición o no antes de la fecha que está prevista como final de sus
trabajos, pero habrá que discutirlo en el ámbito de la subcomisión.
El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): Señor Guardans, tiene
la palabra.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: El Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) se felicita por que el Grupo Parlamentario
Popular y el Grupo Parlamentario Socialista hayan sido capaces por
una vez de lograr algún tipo de acuerdo productivo por el bien de
todos. Nosotros nos sumamos a todo lo que tiene de positivo ese
acuerdo y, efectivamente, votaremos a favor de la creación de esa
subcomisión en los términos en los que está planteada. Suscribimos
también las palabras del portavoz del Grupo Socialista hace un
momento en el sentido de subrayar que este es un proceso abierto,
cuyo propio método de trabajo está todavía por determinar en la
propia Unión Europea y que, por tanto, esta subcomisión tendrá que ir
articulando sus trabajos en función de cómo se decida que tiene que
articularse en el conjunto de la Unión Europea, ya sea con un
mecanismo u otro, de los distintos que estén en este momento en
examen. En todo caso, es una buena noticia que, por fin, consigamos
tener una subcomisión
y que, por fin, esta Comisión pueda ponerse a trabajar en este tema.
El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): Por Entesa Catalana de
Progrès, tiene la palabra la senadora Cid.
La señora CID PAÑELLA: Igualmente nos felicitamos de que se haya
llegado a un acuerdo, teniendo en cuenta que nuestro grupo era uno de
los implicados en que este acuerdo fuera posible. Nosotros
entendemos, como también ya se ha dicho, que los mecanismos de
trabajo son los que son, que esta es una Comisión mixta, que es de
donde tiene que emanar esta subcomisión y, por supuesto, entendemos
que nuestro grupo tiene que estar para participar, para compartir,
para poder debatir y para hacer nuestras aportaciones a este sistema
de trabajo. Por todo ello nos parecía mucho más esclarecedor la
propuesta del Grupo Socialista que la del Grupo Popular, y así lo
hmos dicho a su portavoz, y agradecemos que hayan podido llegar a un
acuerdo y que, por lo tanto, no haya ningún debate en torno a la
presencia de nuestro grupo en esa subcomisión.
El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): Por el Grupo
Nacionalista Vasco, perdón, por EA, señora Lasagabaster, tiene la
palabra.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Vamos en coalición en las
elecciones, pero sigo siendo de Eusko Alkartasuna y seguiré siendo.
(Risas.)
Dicho esto, representando al Grupo Mixto, en este caso de ambas
Cámaras, en esta Comisión, quiero señalar que no he podido escuchar,
porque vengo de la Junta de Portavoces, cuál ha sido el texto final
del acuerdo al que han llegado el Grupo Popular y el Grupo
Socialista. Sí nos congratulamos de que se pueda poner en marcha ya
esta subcomisión en la medida en que yo creo que íbamos un poco
retrasados respecto a lo que se está haciendo o se debiera estar
haciendo con relación a esta Conferencia Intergubernamental.
Recordemos que a finales de este año ya hay un plazo, el primero, de
trabajo, y creo que sería importante plantearnos ya de facto cómo
vamos a organizar los trabajos y cómo se van a hacer de cara al
interés y objetivo de esta Conferencia, que es la apertura a la
sociedad civil, y cuestiones de esta índole que no han sido tratadas
en otras ocasiones y que tendremos que afrontar. En todo caso,
manifiesto nuestro voto afirmativo y nuestro ruego o autorruego de
que nos pongamos en marcha decididamente ya.
El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): El señor Martínez
Casañ había pedido la palabra. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Quiero decir simplemente que el deseo del
Grupo Popular, que es el
grupo que sustenta al Gobierno, en el proceso que se inicia ahora con
vistas a la Conferencia Intergubernamental del 2004, que tiene como
misión diseñar el futuro de la Unión Europea y, por lo tanto,
introducir - esperamos que así sea- cambios sustantivos e importantes
en el proceso de construcción europea, es que se pueda implicar en
este proceso de forma amplia a toda la sociedad civil. En este
sentido el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno propusieron la
creación de esta subcomisión. Creemos que el Parlamento español y los
diputados y senadores que representan a los ciudadanos españoles
deben tomar la iniciativa de implicar a la sociedad en general, a los
distintos estamentos de la sociedad, en un proceso tan importante
como en el que estamos inmersos. Esperamos que esta subcomisión de
seguimiento de la Conferencia del 2004 pueda cumplir sus objetivos no
solamente de puertas adentro, sino también de puertas afuera. Para
ello, ofrece su colaboración al resto de los grupos parlamentarios.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Una observación. Estando de acuerdo con
todo lo dicho por todos los portavoces de los grupos parlamentarios,
quiero señalar algo en lo que también estamos de acuerdo el Grupo
Popular y el Grupo Socialista: la necesidad de que esta subcomisión
tan importante iniciara sus trabajos con una sesión que quizá debiera
realizarse en el ámbito de la Comisión en su conjunto y en la que
compareciera el ministro de Asuntos Exteriores, con el fin de
comenzar con una toma de posición del Gobierno y un pequeño debate. Y
me permito sugerir también - aunque eso lo dejo a resulta de
consultas ulteriores- la posibilidad de que para esa sesión o para
otra muy próxima se pudiera pedir la presencia del ministro de
Asuntos Exteriores durante la Presidencia sueca. Creo que sería una
buena cosa y, lógicamente, requiere un ámbito como el de la Comisión.
En fin, eso lo podemos discutir ulteriormente.
El señor PRESIDENTE: Estoy seguro de que el Gobierno dará toda clase
de facilidades; de que colaborará intensamente para que los trabajos
de esta subcomisión estén a la altura de las circunstancias que van a
determinar este próximo año, hasta la Presidencia española.
Antes de pasar a votar, quiero recordarles que, como me señalan los
servicios de la Cámara, hay creada una subcomisión de seguimiento de
la Conferencia Intergubernamental de la Unión Europea. ¿La subsumimos
en ésta que creamos ahora o nos olvidamos de ella definitivamente
y acordamos que queda suprimida por haber cumplido con la tarea que
recibió en su momento? Lo digo porque, como en Windows, hay que
cerrar las ventanas que abrimos.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Señor presidente, esa subcomisión no se
llegó a crear, con lo cual no hay
que subsumirla. La realidad es que la subcomisión a la que usted se
refiere no se llegó a constituir.
El señor PRESIDENTE: En puridad jurídica, se creó, pero no llegó a
constituirse. Entonces, a efectos prácticos, habiéndose creado y no
habiéndose constituido, todo lo que de ella deriva queda subsumido en
la que hoy creamos. ¿Les parece? (Asentimiento.)
Pasamos a la votación de la creación de la subcomisión para el
seguimiento de la Conferencia Intergubernamental de la Unión Europea.
Hay dos iniciativas, ¿cuál es la que prevalece?
El señor ESTRELLA PEDROLA: El texto que ha leído el portavoz del
Grupo Popular.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Subcomisión para el seguimiento de la
Conferencia Intergubernamental del 2004 sobre el futuro de la Unión
Europea.
El señor PRESIDENTE: Milagrosamente, hay un texto común consensuado
previamente. ¿Se aprueba por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado.
Me señalan los servicios de la Cámara que hay que dar otro turno de
intervenciones a los portavoces que lo deseen sobre la propuesta de
creación de una subcomisión de seguimiento de la ampliación de la
Unión Europea.
El señor ESTRELLA PEDROLA: El acuerdo entre el Grupo Popular y el
Grupo Socialista se refiere a ambas subcomisiones y, por tanto, las
modificaciones en cuanto a las características, funcionamiento,
composición, etcétera, de la subcomisión sobre la ampliación son
exactamente las mismas que se han aprobado para la subcomisión
anterior. No es preciso explicar las
razones y la importancia de esta subcomisión, que deberá seguir un
proceso que prácticamente va a coincidir con el iter de esta
legislatura y también con el de la Conferencia Intergubernamental.
Por tanto, creo que estamos en condiciones de votar directamente,
salvo que alguien quiera intervenir.
El señor PRESIDENTE: Eso es muy interesante, pero era necesario que
alguien lo dijera para que conste en acta. Los acuerdos a los que
llegan los portavoces, sin duda ayudan a la buena marcha de la
Comisión, pero deben hacerse públicos, recogerse en acta y que los
demás portavoces se enteren, para que todo el mundo pueda dar su
visto bueno. ¿Señor Martínez Casañ?
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Simplemente quiero corroborar lo expresado
por el portavoz del Grupo Socialista en relación al acuerdo sobre la
creación de la subcomisión para seguir el proceso de ampliación.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún portavoz desea añadir algo? (Pausa.) ¿Se
aprueba la creación de esta segunda subcomisión? (Asentimiento.)
Para que no quede ninguna duda, hemos creado dos subcomisiones: una,
para el seguimiento del proceso de ampliación de la Unión Europea, y
otra, para el seguimiento de la Conferencia Intergubernamental, y en
esta segunda hemos subsumido los trabajos encargados a una que llegó
a crearse, pero no a constituirse, con igual propósito.
Muchas gracias a todos por su atención.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y cincuenta minutos del mediodía.