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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 10, de 18/09/2000
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DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES



COMISIONES MIXTAS



Año 2000 VII Legislatura Núm. 10



DE LOS DERECHOS DE LA MUJER



PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a MARÍA ISABEL SAN BALDOMERO OCHOA



Sesión núm. 2



celebrada el lunes, 18 de septiembre de 2000, en el Palacio del
Senado



ORDEN DEL DÍA:



- Comparecencia, a petición propia y del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso de los Diputados, del Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, excelentísimo señor don Juan Carlos Aparicio Pérez,
para informar sobre la posición de su Ministerio en políticas de
mujer. (Números de expedientes del Senado 711/000029, 33 y 47 y
números de expedientes del Congreso 221/000001 y 213/000074 y 116)
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Se abre la sesión a las dieciséis horas y veinticinco minutos.




La señora PRESIDENTA: Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión.




En primer lugar, propongo a la Comisión Mixta que se acepte la
inclusión en el orden del día junto a la petición de comparecencia
del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales formulada por el Grupo
Socialista la formulada por el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, que no ha sido recogida en la
propuesta inicial. (Asentimiento.)



Muchas gracias.

Señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, me gustaría comenzar
diciendo que el trabajo que tenemos que realizar durante los próximos
cuatro años fue iniciado hace muchas legislaturas por muchas mujeres
que trabajaron con ilusión, con generosidad y con firmeza para
obtener una igualdad de derechos reales entre mujeres y hombres.

Señor Ministro, señorías, durante la anterior legislatura trabajamos
mucho y bien. Conseguimos incluso presidir todas las Comisiones de la
Mujer de Europa, algo bueno para España y sobre todo para las Cortes
Generales que se reúnen en esta Comisión Mixta. Pero, señor Ministro,
lo que hemos logrado todas las mujeres y los hombres que hemos estado
en esta Comisión durante los últimos cuatro años así como los que
estuvieron con anterioridad, ha sido dejar a un lado las cosas que
nos separan y trabajar en las que nos unen. Ese ha sido el lema de
todos los grupo parlamentarios que formamos esta Comisión.

Hoy, señor Ministro, es importantísima su comparecencia, porque
aunque sabemos que el «main streaming» afecta a los derechos de las
mujeres en todos los ministerios y en todas las actuaciones de
cualquier ley, al fin y al cabo es usted, señor Ministro, el titular,
el que debe coordinar todas las acciones para que las mujeres y los
hombres de España, de Europa y del mundo podamos obtener los mismos
resultados, que son de tolerancia, de bienhacer, de poder seguir
avanzando en esa igualdad que todos y todas deseamos, al fin y al
cabo la labor por la que muchos hombres y muchas mujeres de este país
nos han votado desde distintos puntos de vista, de maneras de ser, de
pensar y de actuar, pero a todas nos une el deseo de trabajar para
poder dejar una labor bien hecha a todas las mujeres y los hombres de
este país.

Señor Ministro, le damos la bienvenida a esta Comisión. Le deseamos
que haga un trabajo bien hecho y le damos la palabra para que nos
explique las propuestas, los trabajos, la ilusión, el deseo del
Gobierno para todos los hombres y las mujeres, a través de esta
Comisión de los Derechos de la Mujer.

Gracias, señor Ministro. Su señoría tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Muchas gracias, querida Presidenta.

Señorías, mis primeras palabras tienen que ser también, al margen de
cualquier cuestión protocolaria, de sincera puesta a disposición de
esta Comisión, cuyos trabajos he tenido ocasión de conocer en
anteriores responsabilidades políticas, no solamente como
parlamentario, como Diputado, sino también como Secretario de Estado
de Seguridad Social -tomando el hilo de una intervención que me ha
parecido acertada- y desde esa primera línea de responsabilidad, no
solamente de representación del Ministerio de Trabajo y de Asuntos
Sociales, sino también desde ese seguir manteniendo y avanzando en
esa primera linea de igualdad efectiva más allá de la igualdad
nominal o virtual que pueda reflejar nuestro texto constitucional y
que reflejan, sin duda alguna, tantos y tantos textos internacionales
que España ha suscrito y que la sociedad española comparte, pero que
distan todavía de esa plena efectividad.

Creo que será un gran día aquel en que no sea necesaria la existencia
de Comisiones de estas características, no solamente en España sino
en ningún país del mundo. También soy consciente de que mientras sean
necesarias, lo que lógicamente hay que hacer es, no sólo elogiar el
trabajo, que cabe elogiarlo porque creo que se han hecho cosas
importantes, sino tratar de que la colaboración sea máxima, y tratar
también de preservar lo que creo ha sido uno de los grandes activos
de la sociedad española: la propia búsqueda del consenso en este
hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres más allá -insisto-
de lo que sea virtual o puramente voluntarista.

En consecuencia, soy consciente de que es un honor y una satisfacción
poder comparecer como Ministro ante esta Comisión, pero también soy
consciente de que asumo una responsabilidad que deberá extenderse, no
solamente a esta primera sesión de la legislatura -la extensión no
depende de mí sino de la voluntad del Presidente del Gobierno y
también de otras-, sino también a lo que confío será un período
intenso en ese primer paso de todo camino que merece la pena ser
recorrido.

Estamos también en una fecha redonda desde un punto de vista
matemático, simbólica, de tránsito entre dos siglos -no deseo
alimentar polémicas puramente académicas pero estamos cambiando de
siglo-, lo que tiene un valor simbólico. Creo que estas fechas son un
redoblar de ese recordatorio de que tenemos que abrir nuevas etapas y
nuevos períodos.

Esas políticas de igualdad entre hombres y mujeres figuran, sin duda,
no solamente en el rótulo del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, sino que creo que también han tenido una plasmación
importante en los discursos fundamentales de inicio de una
legislatura: en el discurso de investidura del propio Presidente del
Gobierno, ciertamente van teniendo también plasmación



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en documentos, en lo que creo que es más importante, en esa
sistematización, ese poner en orden las ideas. Creo que la
experiencia del III Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y
Mujeres, que cubrió un importante período de tiempo -entre los años
1997 y 2000-, debe ser una primera referencia para mantener lo que
haya de entenderse como positivo y útil para el conjunto de las
mujeres españolas. Y también en ese orden de lo que han sido
documentos útiles -en este caso ya con un perfil de especialidad pero
desde luego con enorme trascendencia- ese I Plan de acción contra la
violencia doméstica, que ha cubierto también una etapa entre los años
1998 a 2000. Y si me permiten también, entre lo que ya es la
plasmación concreta de las ideas y las voluntades, las actuaciones
que han ido recogiendo los distintos planes nacionales de acción para
el empleo, los cuales, siguiendo lo que es una lógica directriz
europea, se han ido dedicando de manera específica a la mujer. Si hay
que resumirlo en una sola frase, yo diría que hoy todavía es cierto
que para una mujer es más difícil el acceso y la permanencia en el
mercado de trabajo y que, desgraciadamente, lo único que a veces es
más sencillo es su salida.

Creo que estas actuaciones pueden ser el mejor punto de partida.

Desde el actual Gobierno se valoran de manera positiva los tres
documentos citados. Respecto de ese plan global de igualdad, en ese
plan de erradicación de la violencia -una de las lacras que tenemos-,
permítanme que por extensión interprete el sentimiento de todos los
parlamentarios al decir que la violencia impregna de forma negativa
todo aquello que alcanza y, naturalmente, se trata en estos casos de
la violencia terrorista, de la violencia doméstica o de la que sufren
muchas mujeres simplemente por el hecho de ser mujer.

Creo que las actuaciones del Gobierno tienen que ser acciones
decididas puesto que responden a dos razones básicas: en primer
lugar, a esa exigencia constitucional de eliminar esas barreras que
impiden a los ciudadanos y a las ciudadanas ejercer sus derechos en
iguales condiciones y, en segundo lugar, a que es una exigencia de la
propia sociedad toda vez que ningún país puede ni debe avanzar, ni va
a poder alcanzar altos niveles de bienestar, si comete el gran error
de excluir a más de la mitad de su población y de alguna manera no
sabe aprovechar esa potencial contribución al desarrollo de una
sociedad cohesionada.

Las políticas de igualdad de género constituyen también una de las
áreas prioritarias en cualquier foro internacional -y eso es grato en
el entorno de la Unión Europea-, y especial muestra de esta
preocupación, citando acontecimientos recientes, puede ser la
asamblea celebrada en junio pasado en las Naciones Unidas bajo el
titulo Mujeres 2000, Igualdad de Género, Desarrollo y Paz para el
siglo XXI, de la que alguna de sus señorías ha tenido cumplido
conocimiento y otras incluso participación directa -han tenido
conocimiento
todas las personas que han seguido de cerca esta materia-.

También hemos procurado buscar desde el Gobierno, con los aciertos y
errores inherentes a toda obra humana, una participación plural, no
solamente desde el punto de vista ideológico, sino también desde el
punto de vista institucional, atendiendo, sin duda alguna, a esa
necesidad de que no solamente el Gobierno participe en ciertos foros,
sino de que sea la representación ciudadana, expresada en el
Parlamento, la que también pueda utilizar esta posibilidad.

Creo que son ejemplos claros, tanto esta Conferencia de las Naciones
Unidas a que me acabo de referir, como asimismo la nueva Agenda de
política social, vigente hasta el año 2005, y aprobada por la
Comisión Europea el pasado día 28 de junio. Quiero destacar también
que en este momento la Presidencia francesa, encarnada por la señora
Martine Aubry, con la que mantenemos institucionalmente una excelente
relación, creo que también desea -así me consta- que los principios
y las políticas de igualdad formen parte sustancial de lo que sea la
Presidencia francesa. Y quiero anunciarles que también les deseo, con
la debida prudencia de la distancia en el tiempo, que la Presidencia
española, que se cumplirá en el año 2002, pueda tener también ese
reflejo.

Pues bien, como les decía, son ejemplos claros y recientes de la
trascendencia internacional que tienen estas políticas de igualdad.

De hecho, refiriéndome a las políticas europeas, las medidas
contempladas en esta Agenda social intentarán convertir en acciones
concretas esos compromisos políticos adoptados en los Consejos
Europeos de Lisboa y Feira, en los que se ha incidido en la necesidad
de fomentar todos los aspectos de la igualdad de oportunidades,
incluyendo la reducción de la segregación profesional y una mayor
posibilidad de conciliar vida laboral y vida familiar, en especial
estableciendo un nuevo punto de referencia para unos mejores cuidados
a la infancia.

Y si me lo permiten, antes de pasar a analizar con el máximo detalle
lo que se refiere a nuestro país, quiero expresar, señorías, que en
el ámbito internacional vamos a mantener una presencia y una
participación activa en todos los foros internacionales sobre
políticas de igualdad, tanto en el ámbito de Naciones Unidas como en
el área de la Unión Europea. Deseo destacar expresamente en ese
sentido, que ya estamos iniciando los trabajos para elaborar el
proyecto que en materia de igualdad de oportunidades impulsará España
con motivo de la Presidencia europea en el primer semestre del año
2002. Asimismo, en fechas próximas se planteará la ratificación del
Protocolo adicional a la Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer de Naciones Unidas, firmado
por el Gobierno español en marzo pasado. Insisto en que, de cara a
esta Presidencia, y teniendo como tenemospresente la dimensión de
Estado de política europea,



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buscaremos, y espero que seamos capaces de alcanzarlos, los máximos
niveles posibles de consenso y de entendimiento, no solamente en la
determinación de objetivos, de los que estoy seguro estamos en una
gran proximidad, sino incluso en la instrumentación y articulación de
las acciones de la Presidencia española. Creo que el criterio básico
que debe regir la política española es el reconocimiento formal del
derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, que está recogido en
nuestro texto constitucional y que ha de ir acompañado de una
política social dirigida a la consecución de esa igualdad real y
efectiva.

Tanto en la legislatura pasada como en la que se ha iniciado, se han
venido realizando importantes esfuerzos para poner en marcha medidas
y proyectos que posibiliten a las mujeres su participación, en
verdadero pie de igualdad con los hombres en todos los ámbitos de la
vida social, económica y política. Ahora bien, todos somos
conscientes de que aún existen conductas en nuestra sociedad que
dificultan el logro de una igualdad real. Esta igualdad real sólo
podremos alcanzarla con la colaboración de todas las fuerzas
políticas y sociales, porque estamos en presencia de un obstáculo al
pleno desarrollo de una sociedad cuya superación requiere la
colaboración incondicional de todos: partidos políticos,
Administraciones Públicas, instituciones, organizaciones
empresariales, organizaciones sindicales y, cómo no, de los
movimientos asociativos. La cooperación a nivel político,
interadministrativo y social constituye la única vía para abordar las
políticas de igualdad desde un aspecto globalizador y con garantías
de éxito.

Las distintas fuerzas políticas venimos recogiendo, como tema
fundamental, la consecución de la igualdad de oportunidades, lo que
demuestra que, con independencia de las discrepancias y las
diferencias que lógicamente puedan surgir respecto de medidas y
actuaciones concretas que puedan ponerse en marcha, existe un amplio
consenso en cuanto al objetivo final. Como Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales considero fundamental mantener este consenso básico,
por lo que, señorías, ofrezco nuestra total disposición para analizar
y estudiar cuantas propuestas sean presentadas desde los grupos
parlamentarios con el fin y el objetivo de avanzar en la consecución
de la igualdad efectiva.

Asimismo, los procesos de negociación que, impulsados por el
Gobierno, actualmente se están llevando a cabo en dos ámbitos tan
esenciales para la vida española como es la renovación de los
contenidos del Pacto de Toledo y del diálogo social -esos deseos
sinceros de la sociedad española de perfeccionar su marco de
protección social y de relaciones laborales- tienen también presente
el tema de la mujer como algo fundamental. Somos conscientes de que
muchos niveles de protección reflejan las discriminaciones y
dificultades del pasado en el acceso al mercado laboral; como también
somos conscientes de que, a pesar de que se han
logrado importantísimos avances que animan a seguir trabajando en la
reducción del paro femenino y en la creación de empleo femenino,
todavía hoy -como decía hace unos instantes- es más difícil para las
mujeres el acceso y, especialmente, la permanencia en el mercado de
trabajo. Creemos que esta lectura de lo que deben ser dos áreas
fundamentales de articulación de la sociedad debe estar presente en
estos procesos de negociación que, bajo el rótulo de diálogo social,
acaban de iniciarse.

Sin duda, acciones como las que en el pasado y con razonables niveles
de consenso social y político se han llevado a cabo redundan en
beneficio de las mujeres. Como ejemplo más claro, baste citar la
mejora de las pensiones mínimas del sistema, especialmente de algunas
categorías de pensión como pueden ser las de viudedad, que han
paliado algunas de las situaciones de máxima necesidad -yo diría casi
de emergencia social- que pudieron vivirse en el pasado y que todas
las fuerzas políticas supieron poner de manifiesto en la elaboración
de diagnosis del propio Pacto de Toledo. Y digo esto en presencia de
las fuerzas políticas que han contribuido a ese consenso, a ese Pacto
de Toledo que sigue siendo un gran patrimonio político del conjunto
de las fuerzas parlamentarias y en el que entiendo que las acciones
de desarrollo y de implementación han permitido alcanzar
razonablemente algunos de los objetivos que entonces se marcaban.

Como les decía, el diálogo social es básico para poder avanzar en la
mejora del empleo en sentido amplio y también, si se quiere, para la
incorporación de la mujer al mercado laboral. El principal problema
social es sin duda el despilfarro de esos recursos humanos junto con
la zozobra que supone para numerosas familias e individuos la
carencia de una fuente de recursos suficientes y regulares, además de
su exclusión de la vida productiva y de los beneficios del
crecimiento económico por períodos más o menos largos de tiempo.

Entiendo que el empleo, como herramienta que permite el acceso a una
autonomía personal y a una suficiencia económica y como herramienta
de financiación de muchas de las áreas de la propia protección social
es un área que ha ofrecido dificultades a la mujer. Insisto en que
todo aquello que seamos capaces de trasladar al diálogo social y que
permita reconocer no solamente esa mayor dificultad en el plano
diagnóstico sino también facilitar el acceso y la permanencia de la
mujer será una cuestión de justicia en cuanto reparará una situación
de discriminación, así como de inteligencia social en la medida que
evitará ese despilfarro de recursos humanos y de posibilidades que
están dispuestas a brindar tantas y tantas mujeres al progreso y
avance de la sociedad.

A continuación, me gustaría exponerles brevemente y espero cierta
indulgencia por ser la primera de las intervenciones y tener que
hacer una lectura panorámica o transversal, como les gusta decir a
algunos, de las



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políticas de Estado y de Gobierno, pero, en todo caso, pido disculpas
de antemano por si me alargo más de lo que quisiera antes de pasar a
ese deseable debate político las líneas básicas de trabajo de este
Gobierno en relación a la presente legislatura. Soy consciente de que
la igualdad de oportunidades puede analizarse desde muy diversos
campos y puntos de vista. Puede hacerse desde un aspecto global e
integral, planteándolo como un avance social en sentido amplio y
genérico hasta darle un tratamiento sectorializado y con especial
atención a ámbitos concretos como el laboral o la participación en la
toma de decisiones.

Como creo que se indica muy bien en la parte introductoria del III
Plan para igualdad de oportunidades, el reto es construir un nuevo
partenariado que asegure la participación de hombres y mujeres en
igualdad de condiciones en todas las áreas. Estamos hablando de un
cambio radical en nuestra sociedad, por lo que podemos afirmar que
para alcanzar la igualdad real se necesita un cambio en el contenido
de los propios valores de nuestra sociedad. Para ello, es necesario
un cambio social en el que las mujeres mantengan una posición de
igualdad con los hombres. Se comprueba permanentemente la difícil
tarea que supone alterar la dinámica de la propia sociedad, y de las
organizaciones en general, a pesar de que las mujeres hayan accedido
en gran número a la educación universitaria. Cualquier persona que
haya tenido ocasión de escucharme en público sabe que subrayo este
dato: en la actual sociedad española tenemos -yo diría
afortunadamente- más universitarias que universitarios. Digo esto
como elemento de referencia de cara al futuro. No digo que no
debamos, porque necesariamente tenemos que hacerlo, absorber
y restaurar ciertos déficit educativos en la concesión de igualdad de
oportunidades a muchas mujeres españolas. Como tantas veces me habrán
escuchado decir, es triste reconocer que durante siglos cuando una
familia de escasos recursos tenía que decidir quién podía recibir
educación de manera casi rutinaria se sacrificaban las posibilidades
intelectuales de muchas mujeres españolas y se hacía el esfuerzo con
el varón, a pesar de que su capacidad intelectual y su potencial
fuese sensiblemente inferior. Creo que la existencia, como viene a
preservar, de un sistema público sólido y comparable a los de otros
paises europeos ha evitado estas situaciones sistemáticas de riesgo
para las mujeres.

Lógicamente, no cabe bajar la guardia porque algunas barreras no son
solamente las educativas y las de dotar a nuestras mujeres de una
empleabilidad y de una posibilidad de valerse por sí mismas. Insisto
en que no cabe bajar la guardia, porque sigue habiendo dificultades
objetivas, pero cuando vemos que en los máximos niveles educativos
también empieza a haber el reflejo estadístico normal de la sociedad
en su conjunto cabe pensar que es más un problema de restauración de
pasado que de una evolución correcta que habrá que incentivar y que
tendremos que buscar que tenga el
mayor ritmo posible, pero nos permite albergar también un optimismo
razonable.

Cabe hacer la pregunta de cuáles son los principales problemas con
los que se enfrentan las mujeres en España. Si bien podrían
analizarse diversos aspectos que inciden negativamente en la igualdad
entre hombres y mujeres, los ámbitos primordiales de discriminación
siempre, a mi juicio, son los siguientes: el acceso y la permanencia
en el trabajo, la conciliación entre vida familiar y laboral, el
acceso a puestos de responsabilidad y de decisión y, finalmente, la
violencia contra las mujeres. El hecho de que a continuación pase a
analizar con mayor detenimiento esos aspectos no quiere decir que la
igualdad de oportunidades no represente un marco global e integral de
actuación del Gobierno, tal y como se ha demostrado en los últimos
años, sino que considero importante reflexionar con sus señorías
sobre esos ámbitos concretos en los que las situaciones de
desigualdad requieren una actuación decidida. Pero no por ello dejaré
de contestar a cuantas cuestiones me planteen sus señorías.

En relación con ese marco global de actuación, debo hacer especial
hincapié en que en este año finaliza la vigencia del III Plan para la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, aprobado en 1997 y
cuyo grado de ejecución está próximo al 100 por 100, habiéndose
puesto en marcha la práctica totalidad de sus actuaciones. Estamos
decididos a elaborar el próximo marco global de políticas de igualdad
de género a través de un nuevo plan. Una vez que finalice la vigencia
de este III Plan, se procederá a realizar esa evaluación cualitativa
y cuantitativa de los logros y de los resultados obtenidos.

El nuevo plan, cuya elaboración deberemos emprender tras dicha
evaluación, deberá contar con tres fuentes principales. En primer
lugar, las propuestas de Naciones Unidas en relación con el
seguimiento de los acuerdos para la plataforma para la acción de
Pekín. Como conocen sus señorías, en la declaración política final,
acordada en la reunión «Mujeres 2000: igualdad de géneros», celebrada
en Nueva York, se reafirma el compromiso de todos los países de
aplicar las doce áreas de especial preocupación de dicha plataforma,
así como de seguir adoptando medidas para asegurar su plena
aplicación, ya acelerada mediante la promoción y la protección de los
derechos humanos. La incorporación de un enfoque de «main streaming»
de género en todas las políticas y programas de promoción de la plena
participación de la mujer y la potenciación de su papel en la
sociedad. Dicho de otra manera, estamos viviendo una sociedad en la
que no solamente son importantes y mantienen su vigencia los
principios sino en la que se deben crear instrumentos de gestión,
instrumentos de seguimiento e instrumentos de evaluación que nos
permitan conocer no sólo algo incuestionable, como es la buena
voluntad de todas las partes, sino también los grados reales de
implantación y de



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aplicación de algunas políticas, e incluso comprobar si nos
encontramos ya en los óptimos de eficiencia entre aplicación de
recursos y obtención de resultados.

En segundo lugar, se encuentran las orientaciones marcadas por la
Unión Europea, especialmente a través del documento llamado
«estrategia marco comunitaria» sobre igualdad entre hombres y
mujeres, en cuya elaboración se está trabajando también en estos
momentos, con importante participación de los representantes
españoles y cuya aprobación esperemos que pueda efectuarse en
diciembre próximo.

En tercer lugar, está el resultado de la evaluación cualitativa y
cuantitativa del plan que ahora finaliza. El nuevo plan concretará
esos objetivos, medidas y actuaciones cuyo desarrollo garantice la
autonomía de las mujeres y su plena integración en todas las áreas de
la vida social, definiendo al tiempo las políticas de igualdad para
los próximos cuatro años. Al igual que en anteriores ocasiones, en su
elaboración se concederá la máxima participación a los organismos de
igualdad de las Comunidades Autónomas y de las asociaciones que
vienen trabajando en favor de las mujeres, y -permitanme un brevísimo
inciso- si en algún área se hace imprescindible la cooperación
interinstitucional que señalan de consuno la Constitución y el
sentido común, es en ésta; muchas de las políticas, importantes
políticas, que pueden contribuir a paliar situaciones de desatención,
de desigualdad y, por qué no decirlo, de peor condición de la mujer,
están en manos de Comunidades Autónomas y de administraciones
locales, tal y como han deseado la Constitución y nuestro
ordenamiento jurídico. Naturalmente, trataremos de escuchar al resto
de las administraciones y a las asociaciones que desde hace tiempo
vienen trabajando mucho y bien en favor de esta igualdad.

Asimismo, en este marco general de actuaciones y en los próximos
meses, se procederá a la creación del observatorio de igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, como instrumento eficaz para
estudiar la situación de igualdad en nuestro país. Queremos que dicho
observatorio sirva de foro, de encuentro y de diálogo para analizar
los principales problemas que inciden en el avance hacia esa igualdad
real, así como para realizar cuantos estudios y preparar cuantas
propuestas se estimen oportunas para ese objetivo final por todos
deseado.

Como decía hace un momento, el alto desempleo femenino, la
segregación vertical y horizontal de las mujeres, la temporalidad de
sus contratos, las dificultades para conciliar la vida familiar y
laboral y las dificultades para acceder a puestos de poder y
decisión, junto con la lacra de la violencia contra las mujeres, son
realidades que merecen especial atención por parte del Gobierno y de
la propia sociedad.

Comenzaré por referirme al empleo, algo que parecerá muy lógico
teniendo en cuenta la naturaleza de mi Departamento, en sus diversos
aspectos: acceso al mercado
laboral, permanencia en el mismo, conciliación de vida familiar
y laboral, etc., pues estoy convencido -y estoy seguro de que lo
compartirán sus señorías- de que la primera causa que dificulta el
pleno ejercicio de los derechos de las mujeres es su dependencia, en
muchos casos tristemente, su falta de autonomía económica.




En un ámbito tan importante como el laboral puede afirmarse que las
mujeres tienen dificultades añadidas por su mera condición para el
acceso al mundo laboral, en general y a determinados trabajos, en
particular. Todavía en nuestro país el salario femenino apenas
equivale a las tres cuartas partes del masculino, y los tipos de
trabajo son a menudo más precarios. El hecho de que la mitad de la
población en edad de trabajar encuentre en razón de su pertenencia a
uno de los dos sexos mayores dificultades para acceder a un puesto de
trabajo no sólo representa un déficit democrático y una injusticia
social sino también un despilfarro desde el punto de vista económico
y de aprovechamiento de los recursos de un país. Por ello, en las
políticas actuales de empleo y relaciones laborales del entorno
europeo y del propio Gobierno español se encuentra, como uno de sus
objetivos básicos, favorecer la igualdad entre hombres y mujeres,
tanto en el mercado de trabajo como en los diferentes componentes y
condiciones en que se desarrolla la actividad laboral.

En los últimos años hemos visto afirmarse la participación de las
mujeres en el mundo laboral. La tasa de actividad femenina ha
aumentado ininterrumpidamente en nuestro país, con lo que vamos
asumiendo comportamientos europeos, pero todavía nos queda un largo
camino por recorrer para lograr esa plena equiparación real. Todavía
las tasas de actividad de las mujeres en nuestro país son muy bajas,
sobre todo si las comparamos con las de otros países de la Unión
Europea. En España tenemos aún una tasa de actividad femenina del
39,7 por 100, mientras que la de los hombres es del 63,5 por 100, si
bien durante la pasada legislatura la tasa femenina se ha
incrementado en casi tres puntos, y la masculina lo ha hecho en poco
más de medio punto. No obstante, esos datos sobre la tasa de
actividad deben ser matizados desde dos variables: la edad y el nivel
de estudios. En los grupos de edades, de 16 a 19 años y de 20 a 24,
la tasa de actividad femenina se encuentra bastante próxima a la
masculina, distancia que no llega a los siete puntos; las diferencias
mayores siguen estando entre las mujeres de más de 40 años, cuyas
tasas de actividad son la mitad que las masculinas, o incluso mucho
menores según se va avanzando en edad.

De otro lado, el factor formación también influye en este ámbito,
pues mientras que la tasa de actividad de las mujeres sin estudios o
con estudios primarios es muy baja, un 10,4 y un 24,8 por 100,
respectivamente, en las mujeres con estudios universitarios se
alcanza ya una tasa del 76,7 por 100. El número de mujeres ocupadas
asciende en la actualidad -nos remitimos a la



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Encuesta de la Población Activa del segundo trimestre- a 5.389.800
mujeres, gracias al fuerte incremento experimentado durante estos
últimos cuatro años, hasta la fecha, de 1.145.500 mujeres más, lo que
sería un 27 por 100 de incremento, superior al experimentado en el
número de hombres ocupados que, en el mismo período, ha sido de
1.130.000, más de un 14 por 100. Dicho de otra manera, los ritmos
seguidos permiten pensar en una igualación, aunque, insisto, nos
gustaría acelerar aún más este proceso, pero parece que las cifras
apuntan a varias direcciones, no solamente a signos positivos, como
son el aumento del empleo y la reducción del paro, sino sobre todo a
una progresividad y a un ritmo que lleva a pensar lógicamente en un
horizonte de igualdad.

La tasa de ocupación femenina ha aumentado en seis puntos y medio en
los últimos cinco años. Ha pasado del 25,1 por 100 en 1995 al 31,6
por 100 en el presente año y, sin embargo, dicha tasa continúa siendo
prácticamente la mitad que la masculina, un 31,6 por 100 frente al
57,4 por 100 de ésta.

Asimismo, desde el inicio de la pasada legislatura, se han suscrito
1.562.245 contratos estables a mujeres, lo que ha significado una
subida de 5 puntos porcentuales. Me refería también a que existen
aspectos no solamente de cantidad sino también de calidad que afectan
directamente al empleo femenino. Es determinante lograr, no solamente
para el conjunto de la sociedad sino especialmente para el grupo de
mujeres, un aumento del empleo y un empleo de calidad.

Si hacemos el análisis con los datos sobrantes de afiliación a la
Seguridad Social, tomando como referencia el pasado mes de agosto,
vemos una importante evolución de la incorporación de la población
femenina al mercado de trabajo; de enero a agosto de este año 2000 el
número de mujeres afiliadas se ha incrementado en un 4,08 por 100,
con un ritmo de crecimiento superior al de los hombres, que en igual
período aumentó un 3,86 por 100. A pesar de esta positiva evolución
del empleo, de la contratación y de la afiliación femenina, la tasa
de paro entre las mujeres, también durante el segundo trimestre del
año 2000, supone prácticamente el doble de la de los hombres; 20,37
por 100 frente al 9,64 por 100, aunque la reducción de la misma ha
sido mayor durante la pasada legislatura. Del total de la población
desempleada, que asciende a 2.345.500 personas, 1.378.000 son
mujeres. Conviene hacer mención a un rasgo importante que caracteriza
la situación laboral de las mujeres, como es la segmentación
existente entre sexos en el acceso a las diferentes ocupaciones.

Existe un amplio número de actividades, especialmente en el ámbito
científico, financiero, de la ingeniería, de la contabilidad, etc.,
que son realizadas mayoritariamente por hombres y en los que la
presencia de las mujeres sigue siendo prácticamente testimonial.

Igualmente, de los últimos datos de paro registrados de las Oficinas
del Inem, también de agosto de 2000, se desprende un peso
mucho mayor entre la población desempleada de mujeres, que casi
duplica en valores absolutos al de los hombres: 901.000 frente a
585.000, lo que sitúa la tasa de paro registrado femenino en el 13,32
por 100 frente al 5,84 por 100 de los hombres.

De todo ello se deduce que en España el desempleo es cada vez en
mayor medida un problema femenino que requiere una actuación dirigida
especialmente hacia ese colectivo, por lo que es necesario incentivar
las políticas activas directamente encaminadas a incrementar el
empleo de las mujeres.

Pero si hay diferencias por género a la hora de incorporarse al
mercado laboral, esas desigualdades también se mantienen en lo que a
percibir la contraprestación por el trabajo desempeñado se refiere.

En nuestro país la diferencia salarial media entre mujeres y hombres
con un nivel formativo semejante y que desempeñen un puesto de
trabajo análogo en un mismo sector es de más del 20 por 100 a favor
de los hombres. Y las mayores diferencias se producen en los extremos
de la escala de ocupaciones, es decir, en los puestos directivos y en
los correspondientes a los trabajadores no cualificados.

La igualdad en este ámbito es un reto que comparten la patronal y los
sindicatos. En ese sentido, me permito recordar que la determinación
de los salarios en España, salvo para el caso de los empleados
públicos, se lleva a cabo mediante la negociación colectiva, es
decir, a través de los acuerdos conocidos como convenios colectivos
laborales, bien de sector, bien territoriales. Y me gustaría destacar
el esfuerzo -que se está haciendo en la dirección correcta, pero que
a todos nos gustaría ver avanzar- para hacer efectivo el principio de
que, a igual trabajo, igual salario. Insisto en que esa es una
responsabilidad que implica más directamente a los agentes sociales,
por cuanto es a ellos a quienes nuevamente la Constitución, así como
el Estatuto de los Trabajadores, atribuye la capacidad de determinar
tanto los salarios como las jornadas. En cualquier caso, creo que es
importante señalar los avances positivos que también se han realizado
durante los últimos años. Por otro lado, entiendo -y esta es una
opinión personal- que la presencia de mujeres en los órganos
directivos de las organizaciones sindicales y empresariales será el
mejor elemento corrector imaginable para evitar ese tipo de
situaciones.

Otro hecho que incide negativamente en la vida laboral de las mujeres
es la difícil conciliación entre la vida familiar y la vida laboral,
y especialmente una circunstancia: la maternidad. A efectos
laborales, con mucha frecuencia en las empresas -lo reconozcan o no-
se considera la maternidad como una limitación. Por tanto, es
necesario superar esa imagen social que asocia la maternidad con un
mayor absentismo y con un rendimiento más condicionado por factores
ajenos al trabajo como tal.




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Aunque el nacimiento del primer hijo marca cada vez menos el momento
del declive en la participación laboral femenina, el número de hijos
sí es un factor determinante de dicha participación. A medida que
aumenta el número de hijos disminuye correlativamente la tasa de
actividad de las mujeres dado que la atención de los hijos pequeños
es una ocupación muy intensa en el tiempo que no se puede
compatibilizar fácilmente con el trabajo extradoméstico. Sin embargo,
no es fácil aceptar en un sociedad que se considera desarrollada que
una decisión vital tan importante como es la maternidad esté sujeta a
penalizaciones o desventajas laborales y, en consecuencia, sociales.

La Ley sobre conciliación de la vida familiar y profesional
constituyó un primer paso que debemos seguir desarrollando hasta
hacer realidad esa conciliación. Asimismo, deben resaltarse los
importantes resultados derivados de la puesta en marcha, en
septiembre de 1998, de la medida denominada coste cero, mediante la
que se bonifican totalmente las cuotas de la Seguridad Social de
aquellos contratos de interinidad que se suscriban con un trabajador
para sustituir a una persona con permiso por maternidad, acogimiento
o adopción.

Dichos efectos beneficiosos pueden ser contemplados desde dos
vertientes. De un lado, por el número de contratos de sustitución
celebrados, pudiéndose apreciar un notable incremento de los
contratos acogidos a dicha medida de coste cero: 3.643 contratos en
1998, sobre un total de 8.600; 19.397 en 1999, sobre un total de
29.627; 18.796 en el período enero-agosto de 2000, sobre un total de
24.000. Del total de 62.700 contratos suscritos en el período
septiembre 1998-agosto 2000, 41.000 corresponden a esa medida
denominada coste cero. De otro lado, por la positiva repercusión a
favor de las mujeres en los contratos de sustitución suscritos, ya
que de los 62.700 contratos del período estudiado 57.300 han sido
suscritos para mujeres, correspondiendo 36.000 de ellos a la medida
coste cero.

El Ministerio de Trabajo quiere impulsar a lo largo de esta
legislatura actuaciones encaminadas a incrementar lo más posible las
tasas de actividad y empleo de las mujeres, de forma que podamos
continuar con los crecimientos experimentados en estos últimos
ejercicios a través de tres ámbitos de actuación. En primer lugar,
mediante medidas para mejorar la ocupación femenina -estamos hablando
especialmente de los estratos o capas de mayor edad y menor
cualificación de la mujer-, como cursos de formación y empleo,
acciones de información, orientación y apoyo a la búsqueda de empleo,
o empleo de interés social.

En segundo lugar, con políticas de apoyo a la contratación femenina,
bonificaciones a la contratación estable de mujeres, contratos
formativos y medidas como la ya citada de coste cero.

Y en tercer lugar, con la promoción de fórmulas de autoempleo
femenino, el apoyo financiero a la actividad empresarial y autónoma
de las mujeres, la formación
en habilidades directivas, la asistencia técnica a proyectos
empresariales y programas I+E para la creación de actividad
productiva en el entorno local.

Como eje básico, queremos también combatir la segregación vertical y
horizontal que padecen las mujeres en el mercado de trabajo
extendiendo la participación de las empresas en los planes de acción
positiva, proporcionando la asistencia técnica necesaria para revisar
los sistemas de selección, de promoción y gestión de recursos humanos
con el fin de detectar y eliminar las barreras que impidan a las
mujeres, no sólo acceder, sino también promocionarse dentro de las
empresas y las organizaciones, y promoviendo la contratación de
mujeres en profesiones y sectores en los que sigan estando
subrepresentadas.

Asimismo, queremos eliminar la desigualdad salarial entre mujeres y
hombres intensificando la formación de los operadores jurídicos y los
agentes sociales para la detección y persecución de las situaciones
laborales en las que se produzca dicha desigualdad, así como
potenciando las actuaciones inspectoras para detectar y sancionar
esas actuaciones.

Por otro lado, deseamos que sea una realidad la conciliación de la
vida familiar y la vida laboral creando las condiciones que permitan
un reparto igualitario de las tareas y las responsabilidades
familiares, no sólo a través del desarrollo reglamentario de la ley
para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las
personas trabajadoras -algo que vamos a abordar-, sino también
mediante el incremento de los presupuestos dirigidos a la creación de
guarderías y servicios sociales de apoyo a las familias y los
trabajadores con personas dependientes a su cargo, como los centros
de día, la atención domiciliaria y la teleasistencia, lo que queremos
llevar a cabo con la colaboración de las Comunidades Autónomas y las
corporaciones locales.

En nuestra opinión, no sólo por respeto a los marcos constitucional y
competencial, sino también con el fin de buscar el máximo rendimiento
posible, estas acciones -las cuales, insisto, permiten conciliar la
vida familiar y la vida laboral- deben llevarse a cabo en cooperación
con otras administraciones. La experiencia acumulada de los planes
concertados y de los convenios establecidos entre el Ministerio de
Trabajo, las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos constituyen un
buen bagaje o punto de partida para permitir la potenciación de esas
redes. En ese sentido, creemos que existe una gran coincidencia de
base en los objetivos entre quienes ostentan las competencias y
quienes pueden realmente llevar a cabo o colaborar en estos
proyectos.

Asimismo, queremos poner en marcha medidas que eviten los perjuicios
que pueda ocasionar la maternidad en la carrera laboral de las
mujeres, estableciendo la exoneración -que esperamos que sea lo más
amplia posible- y la bonificación de cotizaciones duranteperíodos de
hasta dos años, con independencia de cuándo



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se lleve a cabo la incorporación o reincorporación de las mujeres al
mercado de trabajo tras la maternidad. Por explicarlo de manera
sencilla: hay que bonificar o ayudar a la contratación de manera
estable de aquellas mujeres que hayan sido madres. Esa sería la
clave. Se trata de una apuesta para que la maternidad no sea un
elemento de disuasión o una verdadera dificultad, sino que acabe
siendo atractiva de cara a la contratación debido a esa reducción de
costes asociados.

Permítanme comentarles que el Plan de Empleo de 2000 profundiza en
esas líneas de actuación con la finalidad de lograr la efectiva
inserción laboral de las mujeres. En efecto, en dicho Plan, además de
recogerse un pilar específico que refuerza la política de igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, debe destacarse la
horizontalidad de todas las medidas dirigidas a lograr la
incorporación de la mujer al mercado laboral en igualdad de
condiciones.

Por otro lado, se presta una especial atención a los aspectos
relacionados con la conciliación de la vida familiar y la vida
laboral y a la puesta en marcha de acciones positivas de formación en
el puesto de trabajo para las personas que se reincorporan a su
actividad. Como antes he señalado, en muchos casos la maternidad
supone una pausa que puede tener efectos irreversibles si, en el caso
de que se haya producido un desfase profesional, no se adoptan
medidas políticas activas que permitan ese efectivo reciclaje. Se
trata de que la mujer pueda volver en iguales o mejores condiciones
que las que tenía antes de adoptar una decisión de carácter familiar
o de maternidad.

En el marco del citado Plan de empleo, en desarrollo del programa de
fomento del empleo vigente en el año 2000, los contratos estables que
se realicen con mujeres tienen derecho a una bonificación, como
saben, de cinco puntos más que los realizados con varones. Y en el
caso de que se trate de paradas de larga duración o de mujeres
mayores de 45 años la diferencia puede aumentar hasta los diez puntos
de bonificación en las cotizaciones.

Como medidas complementarias se van a potenciar actuaciones para
promover el empresariado femenino, a través de ayudas financieras y
de asesoramiento, así como de formación que permitan mejorar su
posición competitiva, en colaboración con las Cámaras de Comercio y
con la Dirección General de Pequeñas y Medianas Empresas. También se
va a impulsar la formación en nuevas tecnologías, lo que facilitará
la diversificación profesional de las mujeres, para lo cual se
desarrollarán conocimiento y utilización de los nuevos sistemas de
comunicación, teletrabajo, etc.

En resumen, la realidad nos demuestra que la incorporación de la
mujer al mercado de trabajo empieza a ser significativa y está
avanzando a un ritmo más rápido que la de los hombres, y vemos que
este horizonte de igualdad todavía puede parecer lejano, pero creo
que empieza a percibirse por la sociedad como alcanzable,
y es un objetivo en el que evidentemente será necesario trabajar con
intensidad en los próximos años.

Señorías, un aspecto primordial en las políticas de igualdad es el
que hace referencia a la participación de la mujer en todos los
ámbitos sociales y en particular en el acceso a los puestos de
responsabilidad y de decisión. En España las mujeres están en gran
medida ausentes de los ámbitos de toma de decisiones; a pesar de
constituir el 51 por 100 de la población, apenas alcanzan el 7 por
100 de los puestos directivos y su presencia en la vida política es
del 26 por 100. En cuanto a las Administraciones Públicas no llegan a
un 20 por 100 las mujeres que ostentan los puestos de más alto nivel.

Aun cuando se ha producido una mejora respecto a la situación de
partida, creemos que es necesario potenciar esa presencia de la mujer
en la vida política, económica y social, con el fin de continuar
incrementando esos porcentajes de participación.

Conscientes de esta situación, desde el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, a través del Instituto de la Mujer, se están
intensificando los programas y medidas que permitan avanzar en el
acceso de la mujeres a los puestos de decisión en todos los ámbitos
sociales, laborales y de otro tipo, a través de mecanismos como,
entre otros, la concesión de ayudas financieras a mujeres
empresarias, la realización de programas de información, consultoría
y asesoramiento para la creación de empresas por parte de mujeres o
para el establecimiento como autónomas, el desarrollo de programas de
formación de mujeres para facilitarles el acceso a las funciones
directivas, y la intensificación del programa Óptima, especialmente
significativo, con vistas a implicar a las propias estructuras
empresariales en el fomento de la igualdad de oportunidades, para lo
cual se procederá a su ampliación, con la incorporación de nuevas
empresas.

Permítame una especial referencia a la violencia doméstica, en cuanto
atentado a los derechos humanos más elementales, y que va a
constituir el siguiente ámbito de reflexión: problema que hemos
tenido ya oportunidad de debatir en el Congreso de los Diputados, en
fechas no muy lejanas, concretamente en junio pasado. Señorías, sin
duda alguna, un problema añadido con el que se enfrentan las mujeres
es el de la violencia doméstica, que sigue constituyendo un gravísimo
problema social en todo el mundo, y también en España. Implica un
atentado a valores tan esenciales en la sociedad como es el respeto a
la vida, a la integridad y a la dignidad humanas. Así lo confirma una
reciente sentencia de julio de 2000, de la Sala Segunda del Tribunal
Supremo, en la que se afirma que el maltrato familiar constituye un
atentado a valores constitucionales de primer orden, como el derecho
a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de la personalidad.

Como complemento a la necesaria respuesta penal represiva, el
Tribunal Supremo pide el desarrollo de políticas de prevención, de
ayuda a las víctimas y de



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resocialización de éstas. La lucha contra la violencia doméstica
sigue constituyendo una prioridad del Gobierno. En abril de 1998 se
aprobó un plan de acción contra la violencia doméstica para el
período 1998-2000, plan que se está desarrollando en la actualidad
con un altísimo grado de ejecución, debiéndose destacar el notable
incremento en puesta a disposición de recursos sociales: casas de
acogida, servicios de atención a mujeres en Policía y Guardia Civil,
oficinas de asistencia a las víctimas en tribunales y juzgados,
servicio de asistencia jurídica gratuita, así como las reformas
legislativas aprobadas, debiendo significarse respecto de este último
aspecto que por parte del Consejo General del Poder Judicial se va a
llevar a cabo un especial seguimiento de las sentencias dictadas al
amparo de la referidas normas.

La magnitud y complejidad del problema exige la colaboración de
todos: Administraciones, medios de comunicación, sociedad en general,
las propias víctimas. Ahora bien, los poderes públicos deben asumir
un papel decisivo de dirección y liderazgo. Por ello, una vez
evaluados los resultados de este primer plan, se iniciarán, en
colaboración con Comunidades Autónomas, los trabajos que permitan la
elaboración de un nuevo plan de acción integral, con dos ejes de
actuación prioritarios: en primer lugar, intensificar las actuaciones
de prevención y de concienciación social, ya que estamos ante un
problema de ámbito público que excede del puramente privado; en
segundo lugar, establecer las medidas de continuidad y de nueva
implantación que en los próximos años permitan avanzar en aspectos
tan esenciales como la protección y seguridad de las víctimas, la
dotación de recursos sociales suficientes y el desarrollo de la
legislación contra la violencia doméstica.

Finalmente, considero esencial hacer referencia, aunque sea muy
brevemente, a dos aspectos que inciden especialmente en el colectivo
de mujeres. De un lado, el problema de la exclusión social, con
singular incidencia en determinados sectores de las mujeres:
prostitutas, ex reclusas, emigrantes e inmigrantes, etcétera, y, de
otra parte, la atención especial a las mujeres rurales. La
continuidad e intensificación de los programas destinados a mejorar
la situación económica y social de las mujeres con necesidades
especiales constituyen un eje primordial en las actuaciones del
Gobierno y del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con vistas a
lograr su plena inserción social y laboral, bien mediante el
desarrollo por las propias Administraciones de proyectos encaminados
a tal fin, bien mediante el apoyo a proyectos ejecutados por las
organizaciones no gubernamentales que trabajan con esos colectivos de
mujeres marginadas o con especiales problemas de integración. En este
sentido, quiero destacar que en las subvenciones con cargo al 0,52
por 100 del IRPF correspondientes al presente ejercicio se han
destinado 1.419 millones de pesetas para programas específicamente
desarrollados por ONGs para el colectivo de mujeres. Asimismo,
continuaremos prestando nuestro apoyo y
atención a las mujeres rurales, intensificando los programas de
información, formación y capacitación profesional dirigidos a dicho
colectivo; especialmente importantes en relación con la creación de
puestos de trabajo son los llamados nuevos yacimientos de empleo,
aunque si me permiten utilizaré el término filones de empleo, ya que
el término yacimiento puede resultar extraordinariamente necrológico
o negativo. En este sentido, se ampliará el proyecto Red GEA
incorporando a aquellas Comunidades Autónomas que deseen integrarse
en el mismo, junto con las que ya participan, de forma que la
asistencia técnica a las mujeres emprendedoras del mundo rural les
permita superar las mayores dificultades que tienen que soportar.

Concluyo ya mi intervención con dos comentarios finales. Son muchas
las políticas y medidas puestas en marcha, y las que van a ponerse en
marcha destinadas a avanzar y hacer realidad la igualdad entre
hombres y mujeres, así como a apoyar a las mujeres que desean
incorporarse al mercado laboral, pero siempre serán insuficientes
mientras siga pensándose que contratar a una mujer trae más problemas
que contratar a un hombre, y se sigan manteniendo muchos de los
prejuicios que acompañan a la actividad laboral de las mujeres. Todas
las medidas de apoyo a la inserción laboral de la mujer resultarán
insuficientes, en último término frustrantes, mientras no se
modifique el contexto en el que pretenden insertarse, mientras no
cambie en gran medida la cultura de la propia sociedad y de la
empresa, transformación o al menos modificación que sólo será
plenamente operativa cuando las mujeres adquieran el protagonismo
económico, social y político que les corresponde. El camino está
iniciado, pero aún queda mucho trecho y no carente de dificultades;
sin embargo estoy convencido de que entre todos, hombres y mujeres,
podemos ir avanzando hasta alcanzar la tan ansiada igualdad real de
oportunidades. En este camino, señorías, estoy seguro de contar con
su apoyo, y reitero la disposición del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales para desarrollar su actuación desde el más amplio
consenso y desde la más leal colaboración.

Muchas gracias, señora Presidenta.




La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro, por su intervención,
exhaustiva, como no podía ser de otra manera, para explicar un plan
de trabajo del Gobierno. Todas las portavoces de los grupos
parlamentarios están esperando para darle sus indicaciones,
orientaciones, así como insistir en uno u otro tema, de acuerdo con
la manera de pensar de cada grupo parlamentario.

Esta comparecencia ha sido solicitada por el propio Ministro para
venir a la Comisión de Derechos de la Mujer a explicar su plan de
trabajo, pero también por el Grupo Socialista así como por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

En primer lugar, doy la palabra a la portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, señora Navarro.




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La señora NAVARRO GARZÓN: Muchas gracias, señora Presidenta.

Señor Ministro, bienvenido a esta Comisión; nos sumamos a la
bienvenida que le daba la Presidenta en nombre de todos los grupos
políticos. Quiero agradecer la comparecencia porque, como muy bien
sabe, nuestro objetivo era conocer el plan de trabajo de su
Ministerio con respecto a las políticas que tienen que ver de manera
específica y de manera transversal con esa igualdad de oportunidades,
porque si bien es verdad que tenemos igualdad de derechos, todos
coincidimos en que no tenemos igualdad de oportunidades, y en esa vía
es en la que tenemos que seguir trabajando. También es cierto que las
mujeres españolas hemos avanzado mucho en estos años de democracia a
partir de políticas públicas puestas en marcha por los diferentes
Gobiernos, pero todavía nos queda un gran camino por recorrer.

Hay dos problemas prioritarios en este momento que preocupan a las
mujeres y yo diría que también a la inmensa mayoría de los varones,
puesto que, como somos más de la mitad de la población, cualquier
problema que afecte de manera directa a más de la mitad de la
población incide en la sociedad entera. Esos dos problemas, desde mi
punto de vista, y usted también los ha resaltado, son: el desempleo y
la violencia.

Respecto al desempleo, usted daba algunos datos optimistas. A mí
también me gustaría ser optimista, pero el crecimiento de la economía
no se corresponde en este momento con el crecimiento del empleo,
principalmente en las mujeres, y usted lo ha dicho de alguna manera.

Esta vez, como casi siempre, a las mujeres se nos oculta en los datos
globales, y la realidad es que el crecimiento de la economía no está
significando un crecimiento en la misma medida del empleo de las
mujeres.

La presencia de las mujeres en el mercado de trabajo todavía dista
mucho de equipararse con la media europea -usted ponía datos sobre la
mesa que así lo ponen de manifiesto- y usted sabe también que la
propia Comisión Europea le ha pedido al Gobierno español un mayor
esfuerzo en esa integración laboral de igualdad entre hombres y
mujeres. La mitad del empleo femenino, como usted sabe, se concentra
en sólo seis ocupaciones, que son: auxiliar administrativo,
dependientas, servicios de personal, limpiadoras, técnicas
administrativas y sobre todo en el sector de la enseñanza. Casi la
mitad de las mujeres que trabajan son auxiliares, limpiadoras,
dependientas o maestras; la mitad del empleo masculino, sin embargo,
se concentra en catorce profesiones. En los últimos años ha aumentado
considerablemente la presencia de las mujeres en las categorías más
bajas, en los empleos de menor calidad.

Sabe también, señor Ministro, pero yo quiero recordárselo, que el
Consejo Europeo, en su reunión de Lisboa, ha establecido el objetivo
de que la tasa de ocupación media de la Unión Europea debería estar
en el 70 por 100 y la de las mujeres en el 60 por 100 antes del
año 2010. Nosotros estamos hoy en el 55,9 por 100 de tasa general de
ocupación y en un 41 por 100 de ocupación femenina. Yo diría que si
queremos cumplir ese objetivo de Lisboa tendrían que crearse en
España de aquí al año 2010, 3.600.000 empleos netos, de los cuales 2
millones y medio deberían ser ocupados por mujeres. Quiero comentarle
algo que normalmente se dice al final, yo posiblemente se lo diga al
final, pero también se lo digo ahora: en cualquier objetivo y puesta
en marcha de políticas que vayan en beneficio del crecimiento del
empleo y en beneficio de la población, contará de manera
incondicional con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista.

Quiero recordarle que las mujeres que más dificultades tienen a la
hora de encontrar un empleo son las mujeres mayores de 45 años.

También nos preocupa la situación en la que se encuentran la mayoría
de las mujeres que consiguen entrar en el mundo del empleo. Aunque
está prohibido por ley, las mujeres seguimos ganando de media casi un
30 por 100 menos de salario que un varón que desempeña el mismo
puesto de trabajo. Los contratos a tiempo parcial están ocupados en
más de un 80 por 100 por mujeres y no siempre elegidos libremente,
porque creo que es una modalidad de contrato como otra cualquiera,
pero siempre que las mujeres pudiéramos decidir libremente si nos
acogemos a esa modalidad de contrato o no. En este caso no tenemos
otro remedio que acogernos a ese tipo de contrato y si no no
tendríamos empleo.

Una de las pocas cosas en las que ganamos las mujeres es en
temporalidad y, por consiguiente, en inseguridad. En temporalidad
porque somos quienes menos contratos fijos tenemos, y en inseguridad
porque muchas mujeres sufren violencia y acoso sexual en el trabajo
-aunque está prohibido-, que en la mayoría de los casos no denuncian
por no sentirse lo suficientemente protegidas ante esa temporalidad
en el empleo.

Por tanto, y ante esta serie de problemas, que son de preocupación
común, aunque usted ha enumerado algunas medidas, me gustaría que
ahondara en algunas más concretas y específicas que repercutan en esa
incorporación de las mujeres al mundo laboral, porque, como usted ha
repetido varias veces a lo largo de su intervención, será favorable
para la economía de este país, pues no se puede desperdiciar el
potencial que significan las mujeres en este momento, teniendo en
cuenta que somos más de la mitad de la población; además, en la
medida en que las mujeres tengan una mayor autonomía económica, serán
más capaces de decidir ante los problemas que se les presenten en su
vida.

Decimos también de manera permanente -y usted también lo ha dicho-
que las mujeres, sobre todo las más jóvenes, están más y mejor
formadas que los varones, pero todavía le cuesta mucho más trabajo
acceder a un empleo a una mujer joven en igualdad de formación que a
un varón. Como le decía al principio, tenemos



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igualdad de derechos, pero no tenemos igualdad de oportunidades, ni
siquiera en esas generaciones jóvenes que se encuentran en igualdad
de condiciones en su formación laboral. En este ámbito habrá que
actuar para que las opciones formativas y profesionales de las
mujeres sean acordes con las demandas del mercado y con las
posibilidades de empleo, y habrá que informar a las mujeres a este
respecto, sabiendo que en este momento las carreras que más futuro
tienen son todas las carreras técnicas vinculadas a las nuevas
tecnologías.




La situación laboral de las mujeres es un problema político y uno de
los más importantes -usted lo ha puesto de manifiesto- que tiene
planteado en este momento su Ministerio. Nosotros, desde el Grupo
Parlamentario Socialista, le animamos a que tome medidas valientes y
contundentes, medidas específicas que atajen las situaciones
concretas, como la dificultad - que le comentaba al principio- de las
mujeres mayores de 45 años, que tienen más problemas a la hora de
acceder al empleo, así como demandar profesiones en la línea del
«main streming» o la trasversalidad y de acuerdo con las propuestas
de la Comisión Europea de que toda la política de empleo debe
desarrollarse partiendo de esta realidad -que usted también ha
mencionado-, puesto que la gran mayoría de las personas desempleadas
y el colectivo más afectado por el desempleo, con más de la mitad de
la tasa de desempleo, somos las mujeres.

Voy a referirme también a la conciliación de la vida profesional y
familiar porque creo -y también lo ponía de manifiesto- que hay un
«hándicap» importante a la hora de la incorporación en igualdad de
las mujeres al mundo del empleo. Tradicionalmente nos han educado -y
no se trata de culpabilizar a nadie; ni mujeres ni hombres tenemos la
culpa, somos fruto y víctimas a la vez de la educación que hemos
recibido- a los varones para el mundo de la vida pública, del trabajo
y del empleo fuera de casa, y a las mujeres para el cuidado de la
familia y para las tareas privadas. Este es un «hándicap» que tenemos
que romper definitivamente, pero todavía cuesta mucho trabajo. Es
fácil transformar las leyes, pero es difícil transformar la
mentalidad, y hay que hacer un esfuerzo desde la educación para que
haya un cambio cultural, porque todavía hoy las mujeres, incluso las
que trabajan fuera de casa, tenemos casi en exclusiva la
responsabilidad familiar. Tenemos que hacer un esfuerzo para que las
mujeres compartamos el mundo laboral, el mundo de la vida pública, de
la política y de todo en general, pero que también los varones se
incorporen en la misma proporción a las tareas privadas y de la
familia.

Cuando se aprobó la ley de conciliación de la vida profesional y
familiar, que contó con nuestro apoyo, presentamos una serie de
enmiendas, no tuvimos suerte de que se aprobara ninguna, pero hubiera
sido necesario porque cuando se está en la oposición también se
tiene una responsabilidad y una manera de ver las cosas y lo que
queremos es contribuir a mejorar las propuestas que presenta el
Gobierno. Como le decía, la Ley para promover la conciliación de la
vida familiar y la profesional de las personas trabajadoras, que se
aprobó en el año 1999, a nuestro juicio tenía varios problemas. Por
una parte, creemos que está hecha sobre la base de que somos las
mujeres quienes conciliamos nuestra vida familiar y nuestra vida
profesional y, por otra, no estaba acompañada de una oferta
suficiente de servicios públicos asequibles y de calidad, guarderías,
escuelas infantiles y servicios de atención a personas mayores y
dependientes, porque independientemente de que la mujer trabaje
exclusivamente en su casa o, además, trabaje fuera, estas
responsabilidades siguen recayendo casi en el 100 por 100 sobre la
mujer.

Es indudable que no vamos a resolver el problema de la conciliación
con más desempleo y empleo a tiempo parcial para las mujeres porque
esto aumenta el desequilibrio y la desigualdad. También sabemos que,
aunque nos resulte curioso, tampoco aumenta la natalidad por el hecho
de que las mujeres estén paradas y en condiciones más precarias,
puesto que, según la encuesta de fecundidad del año pasado, que usted
ya conoce, las mujeres paradas o asalariadas temporales tienen menos
hijos que las que gozan de estabilidad en el empleo. Seguramente esa
inseguridad significa no poder elegir y decidir libremente su
maternidad. Para conciliar la vida profesional y familiar hay que
tener empleo y ese es el gran problema de muchas mujeres españolas.

En todo caso, y tras esta reflexión, me gustaría que especificara más
las propuestas de su Ministerio para incrementar la red de atención a
la infancia y a las personas dependientes. Ya sé que mayoritariamente
estas políticas dependen de las Comunidades Autónomas, pero usted
mismo ha mencionado el Plan concertado a través del cual llegan
recursos económicos a las Comunidades Autónomas para que puedan poner
en marcha este tipo de políticas. Si no desarrollamos políticas
públicas que descarguen a las mujeres -y digo descarguen entre
comillas, yo tengo dos hijas y estoy encantada de la vida- de esas
responsabilidades familiares, tardaremos muchísimo tiempo en
incorporarnos en igualdad de condiciones al mundo laboral. Creo que
es nuestra obligación y todos coincidimos en el diagnóstico, pero en
este caso el tratamiento le corresponde aplicarlo a usted, que es el
responsable y el representante esta tarde aquí del Gobierno. Si el
diagnóstico es acertado contará con nuestro apoyo, no le quepa la más
mínima duda y, si no es así, también le haremos nuestra crítica
constructiva. Espero que tengamos más suerte que con la Ley de
conciliación.

Usted se ha referido, y yo también quiero hacerlo, a las pensiones de
viudedad y a la jubilación de las personas que, por determinadas
circunstancias, desde luego mayoritariamente mujeres, se han dedicado
de manera



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exclusiva al cuidado del hogar. Algunos aspectos competencia de su
Ministerio respecto a la protección social de las mujeres son
claramente preocupantes; uno de ellos es la menor capacidad de poder
adquisitivo de las mujeres que viven de nuestro sistema de pensiones.

El hecho de depender de pensiones con rentas escasas, como la de
viudedad, hace que en general las mujeres que tienen algún tipo de
pensión reciban una menor retribución, puesto que ellas no son las
que han cotizado a la Seguridad Social, sino que reciben la
prestación de la pensión de viudedad por la cotización de su marido.

A pesar del aumento de esa pensión de viudedad en los Presupuestos de
este año, creemos que sería necesario incidir en el incremento de las
pensiones mínimas y buscar la manera de garantizar la posibilidad de
una pensión para todos y para todas, y no me estoy refiriendo
exclusivamente a las pensiones no contributivas. En nuestra opinión,
hay que buscar fórmulas que permitan tener una pensión a las personas
que, por determinadas circunstancias, mayoritariamente mujeres, se
hayan dedicado de manera exclusiva al cuidado de la familia y del
hogar. Habría que buscar una fórmula para que, de alguna manera,
pudieran contribuir al sistema de la Seguridad Social y tuvieran
garantizada una pensión el día que llegara el momento de jubilarse.

Son muchos los temas que nos preocupan al Grupo Parlamentario
Socialista y no creo ser osada si digo que también preocupa al
conjunto de las mujeres, a la sociedad en general y a todos los
grupos políticos que estamos aquí esta tarde. La reflexión sobre la
situación de las mujeres españolas y la búsqueda de soluciones
eficaces y ambiciosas es lo que necesitamos convertir en un problema
prioritario en la agenda del gobierno, no sólo por el interés de las
mujeres, sino porque ese cambio social necesario y el fin de la
desigualdad es también de interés de los varones y del conjunto de la
sociedad.

Voy a referirme también a la violencia de género porque es un aspecto
que preocupa prácticamente a toda la sociedad -todavía no preocupa a
los agresores porque, si no, no cometerían las agresiones- y
coincidimos en que en la mayoría de los casos a las mujeres se nos
agrede por el simple hecho de ser mujeres. Me parece que se está
creando una gran sensibilización en toda la sociedad, pero tenemos
que erradicar un problema que desde el punto de vista del Grupo
Parlamentario Socialista nace, precisamente, de esa subordinación
histórica que las mujeres hemos tenido respecto a los varones. Cuando
hay una educación en igualdad, cuando hay respeto, no hay agresión.

Nadie agrede a quien considera igual, se agrede a quien se considera
más débil. Por lo tanto, si vamos desarrollando cada día más esa
igualdad entre hombres y mujeres iremos erradicando definitivamente
esa violencia que hoy siguen padeciendo muchísimas mujeres y, por
extensión, muchísimos menores en este país. Y sabemos también que los
menores que sufren violencia o viven una situación
de violencia son potenciales maltratadores después. Ahí tenemos
todavía un gran reto.

Señor Ministro, se elaboró un Plan de Acción Contra la Violencia
respecto del que ya manifestamos nuestra posición. Usted ha anunciado
que se va a presentar un nuevo plan y me gustaría pedirle que lo
hiciera dentro de esta Comisión Mixta donde estamos representados
todos los grupos políticos con el fin de que todos podamos aportar
las soluciones que creamos viables para erradicar esa violencia. En
aquel momento se presentó el Plan sin contar con esas aportaciones de
los grupos políticos, y me gustaría sugerirle que el próximo Plan
contra la violencia, ya que en este no es posible, se hiciera con
partidas presupuestarias concretas y específicas para cada una de las
medidas, porque eso ayuda a la hora de poder evaluar dicho plan. Es
una sugerencia que espero tenga en cuenta. Lo de menos es la
coincidencia o no en el número de mujeres muertas, mientras haya una
sola mujer muerta tenemos la obligación de adoptar medidas para
terminar con esa violencia.




Como la señora Presidenta me avisa de que se me ha acabado el tiempo,
termino diciéndole que hoy deseábamos conocer cuál era el plan de
trabajo de su Ministerio. Estaremos aquí haciendo un seguimiento y
una evaluación de esas políticas que usted hoy nos anuncia y que se
pondrán en marcha. Contará con nuestra colaboración en todo aquello
que entendamos que es bueno para la sociedad y, en concreto, para las
mujeres, porque estamos en la Comisión Mixta de los Derechos de la
Mujer, así como con nuestra crítica constructiva en aquellos aspectos
que entendamos pueden mejorarse.

Gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Navarro.

Habíamos pensado que los portavoces dispondrían de 10 a 15 minutos.

Somos ocho grupos parlamentarios los que tenemos que intervenir, por
lo que sugiero a los señores Senadores que, si es posible, se atengan
al tiempo establecido, y eviten abrir un debate entre los portavoces
porque el compareciente es el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
de modo que nos atengamos al Reglamento y nos dirijamos al señor
Ministro, como muy bien ha hecho la señora Navarro.

En nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Pigem.




La señora PIGEM PALMÉS: Muchas gracias, señora Presidenta.

Señor Ministro, ante todo quiero agradecerle, en nombre del Grupo
Parlamentario Catalán Convergència i Unió, su comparecencia hoy ante
esta Comisión para informar sobre las líneas generales de su
Departamentoen políticas de mujer.




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Como usted mismo ha manifestado en su exposición, al inicio de la
anterior legislatura todavía no se había aprobado el III Plan de
Acción para la Igualdad de Oportunidades 1997-2000 y ahora,
transcurrido más de medio año desde la finalización del mismo, sería
oportuno revisar si en líneas generales se ha cumplido su objetivo,
consistente en que al finalizar el año 2000 estuvieran ya implicadas
y movilizadas todas las políticas y medidas generales para poder
alcanzar la igualdad entre los géneros.

En este balance, señor Ministro, es de justicia dejar constancia de
que desde la aprobación del III Plan ha habido un avance en la
consecución del objetivo de la igualdad; avance en la implementación
de las medidas que se aprobaron para las distintas áreas de acción,
que usted ha remarcado al analizar las diferentes medidas
transversales, y también y muy especialmente un claro avance en la
sensibilización social que ha de propiciar el cambio de actitudes,
que deriven en un cambio de las actuales estructuras aún
discriminatorias. Y creo que todos y todas podemos felicitarnos de
este avance y de haber contribuido a él cada uno desde el ejercicio
de sus respectivas responsabilidades y competencias. Pero, señor
Ministro, la constatación de que estamos avanzando, de que estamos,
en definitiva, en el buen camino, no impide que seamos conscientes de
lo mucho que queda todavía por hacer.

He escuchado atentamente su exposición y también la de la portavoz
que me ha precedido en el uso de la palabra e intentaré, para no
cansarle y para ajustarme al tiempo que nos ha dado la Presidenta, no
reiterar lo ya dicho, aunque comparto todas las preocupaciones ya
manifestadas, lo que pone de manifiesto una vez más la coincidencia
en detectar los problemas que nos afectan a las mujeres.

Desde el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió hemos
defendido siempre, y continuaremos defendiendo, que la política para
la igualdad de oportunidades ha de basarse en el consenso político y
en la colaboración social, y deseo reiterarle hoy que en este
consenso y en esta colaboración a nosotros siempre nos encontrarán.

Desde este espíritu de colaboración, permítame que le exponga las
preocupaciones que tenemos y que ceñiré, para no alargarme, a algunos
de los temas que por demás, y como ya he dicho, todos hemos tratado.

Uno de ellos, efectivamente, es el del empleo. Aunque somos
conscientes de lo mucho que se ha avanzado en los últimos años, y que
usted ya lo ha expresado, hay un largo trecho para conseguir una
efectiva igualdad de géneros en el ámbito laboral. La Comisión
Europea -y lo ha dicho ya la portavoz socialista-, en su reciente
informe de 6 de septiembre, critica la situación y evolución del
empleo femenino en el Estado español, significando que la tasa de
empleo femenino es la más baja de la Unión Europea, con un 38 por
100, mientras que la tasa de empleo masculino supera el 69 por 100,
con lo que el diferencial, superior al 30 por 100, se ha convertido
en el más pronunciado de la Unión.

Por lo que se refiere al desempleo, la tasa estimada de paro femenino
es del 23 por 100, mientras que el paro masculino se sitúa muy poco
por encima del 10 por 100 de la población activa y, por contra, en la
Unión Europea el diferencial entre la tasa de paro por sexos apenas
llega a los dos puntos.

La semana pasada se aprobó una proposición no de ley presentada por
el Grupo Parlamentario Popular por la que el Congreso instó al
Gobierno para que se impulsara la incorporación del principio de
igualdad de oportunidades en la Carta de Derechos Fundamentales. Al
manifestar la posición de nuestro Grupo parlamentario, naturalmente
favorable a esta iniciativa, ya expuse, y coincidí con alguna otra
portavoz, que desearíamos que este impulso se diera también aquí, en
el marco del Estado español. Reitero ahora esta preocupación y, por
tanto, me alegra conocer las medidas que tienen previsto adoptar al
respecto, incluyendo las de acción positiva, no sólo como respuesta a
las recomendaciones de la Comisión, sino porque el tema del empleo es
un pilar básico en la estructura de la igualdad, y es evidente que
las medidas que se han adoptado hasta el presente, aunque buenas, han
resultado insuficientes.

Nos felicitamos también de que tengan muy presente impulsar medidas
para reforzar el principio de igualdad retributiva para trabajos de
igual valor, principio consagrado a nivel legal pero que se sigue
vulnerando en la realidad social, como usted bien ha constatado.

La pasada legislatura, y enlazando con el tema de la Ley de la
conciliación de la vida familiar y laboral, se aprobó esta Ley que
supuso un paso importante en lo que respecta a la protección legal
frente al despido por embarazo. Esta Ley, señor Ministro, que nace
muy coja culturalmente, porque esta conciliación debe hacerse también
entre hombres y mujeres y estamos lejos de ello, precisa, para logar
los objetivos que marca en su preámbulo, seguir desarrollándose y
seguir haciéndolo de manera inminente en lo que respecta a los
permisos y excedencias parenterales, separando los permisos del padre
y de la madre y desarrollando también la acción protectora.

Nos alegramos de conocer las medidas que nos ha anunciado el señor
Ministro al respecto en cuanto a la acción protectora y deseamos
saber la previsión en cuanto a la individualización de los permisos
entre padre y madre.

A nivel más general, en la Declaración de Beijing + 5, se constató
que la globalización podía tener efectos negativos para las mujeres e
incrementar la feminización de la pobreza. La globalización no tiene
por que significar una alteración en el volumen de trabajo, pero sí
una alteración en determinados sectores del empleo, porque puede
suponer la desaparición del trabajo menos cualificado y, en
definitiva, del empleo de muchas mujeres que han accedido al mundo
del trabajo



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más tardíamente, más precariamente y con menor formación. Desearíamos
saber si tienen previstos mecanismos para la formación de todos estos
colectivos, especialmente de las mujeres, que pueden verse afectados
por este fenómeno.

Por lo que se refiere a la violencia contra las mujeres, creemos -y
vemos con satisfacción que usted lo comparte absolutamente- que es un
tema muy preocupante. A tenor de la Memoria que el Fiscal General del
Estado ha elevado al Gobierno, ha habido un aumento de denuncias del
38 por 100 en el año 1999 frente a las habidas en el año 1998. Es
cierto que el aumento puede deberse en parte a que las mujeres han
perdido el miedo a denunciar -eso es bueno-, pero no es menos cierto
que simplemente con la denuncia, que es un primer paso, no
conseguimos resolver el problema, sino lo que es peor, en muchas
ocasiones agravarlo.




Señor Ministro -usted lo ha dicho-, hay más muertes por violencia
doméstica que por terrorismo. Este dato, totalmente riguroso, se
invoca por muchas de las asociaciones de mujeres como una llamada de
atención para que el Gobierno adopte medidas para la prevención y
efectiva erradicación de la violencia, medidas por lo menos tan
contundentes como las que se adoptan contra el terrorismo. No nos
cabe ninguna duda de que el Gobierno, a través de los planes de
acción contra la violencia, está dedicando medios y esfuerzos, pero
la percepción que se tiene por parte de las mujeres es que estos son
todavía insuficientes. Creemos que sería importante una mayor
participación a escala institucional, participación en presencia y en
la condena de estos atentados cuando desgraciadamente se produce uno
de estos asesinatos. De esta manera se haría más visible la
preocupación que no dudamos tiene el Gobierno.

Desearíamos saber también si tienen prevista la campaña de
«tolerancia cero» -y lo pongo entre comillas porque era una campaña
de la que se ha hablado muchas veces- para potenciar el rechazo
social a los agresores y, en caso afirmativo, en qué consistiría.

En la pasada legislatura se avanzó en las reformas legales que
culminaron en la modificación que en 1995 se hizo del Código Penal,
pero aun siendo importante este avance, no produce en la realidad los
efectos apetecidos, por lo que nos planteamos si sería efectivo hacer
una Ley integral contra la violencia, que sería quizá más eficaz y
dejaría menos discreccionalidad a los jueces para aplicar unas u
otras medidas, o incluso nos planteamos si sería más efectivo agravar
las penas, como se ha hecho recientemente en Costa Rica, con la
introducción del delito de «femicidio». Pero, además de considerar la
oportunidad de nuevas reformas legales, deberíamos implantar las
medidas suficientes para que las mujeres se sientan realmente
protegidas cuando denuncian estas agresiones. Desde la colaboración,
la subsidiariedad y el respeto a la distribución competencial,
las Comunidades Autónomas deben seguir aunando esfuerzos al
respecto. El País Vasco y Cataluña han iniciado programas de
reeducación del agresor. En Cataluña se ha incrementado un plan
piloto con la pulsera «home-link» que permite que las mujeres en
situación de riesgo puedan, mediante este mecanismo, solicitar la
protección. Hay que avanzar también, a nuestro entender, en el
control de que la medida que consiste en que el agresor no se acerque
a la víctima, se cumpla. Este tema, señor Ministro, está también muy
ligado al empleo. La violencia, según dicen los expertos, va en
cascada, aumentando de forma paulatina, hasta que desgraciadamente
culmina en el asesinato. Muchas mujeres soportan esta escalada que
acabará con sus vidas por la dependencia económica del agresor y la
imposibilidad de tener otra fuente de sustento para ellas y para sus
hijos. La prevención y erradicación de la violencia pasará también
por potenciar los mecanismos para que las mujeres tengan recursos
propios.

Y respecto a los recursos -y con ello acabaré- hay dos cuestiones
pendientes, desde nuestro punto de vista: el fondo de garantía de
pensiones y las pensiones de viudedad. El primero de ellos es un tema
que podríamos llamar recurrente. Hace casi diez años que vienen
produciéndose iniciativas en las que se solicita y por parte de todos
los gobiernos se dice que sí, sin que luego se acabe aprobando nada
al respecto, supongo que por razones presupuestarias, porque creo que
todos somos conscientes de la gravedad de la situación y de que las
denuncias por impago de pensiones siguen aumentando -el último año en
un 10 por 100 a tenor de la Memoria del Fiscal General del Estado que
antes he citado-. Al inicio de la anterior legislatura se nos dijo en
esta Comisión por el entonces Ministro que se abordaría el tema,
pero, finalmente, acabó la legislatura sin aprobarse. Por tanto, me
gustaría que nos dijera si tienen previsto resolverlo en esta
legislatura y si tienen ya acabado el proyecto de ley al respecto,
proyecto que se estaba preparando al final de la anterior
legislatura.




En cuanto a las pensiones de viudedad, que afectan a todos, hombres y
mujeres, pero especialmente a las mujeres, creemos que debe abordarse
sin más dilación el aumento de las pensiones más bajas, así como el
poder hacerlas compatibles con otras como las del SOVI o, incluso,
mantenerlas en caso de contraer nuevo matrimonio. Señor Ministro,
ahora no estamos en situación de crisis económicas y pensamos que es
de justicia no demorar por más tiempo esta cuestión. Es de justicia
porque las mujeres cobran unas pensiones que no les permiten siquiera
subvenir a su manutención, y esto después de una vida de trabajo no
remunerado, supliendo la iniciativa del Estado en el cuidado de sus
mayores, de sus disminuidos, de sus hijos, y ahora, cuando son
mayores, están condenados a una pobreza que sobrellevan con absoluta
dignidad -yCáritas y las organizaciones no gubernamentales nos



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podrían ilustrar al respecto- y que es de absoluta justicia remediar.

Esta reflexión lleva a otra, por lo que deseo preguntarle si tienen
previsiones presupuestarias y sociosanitarias para incrementar estos
servicios que hasta ahora han llevado a cabo las mujeres y que
previsiblemente dejarán de hacer.

Finalizo, señor Ministro, reiterando el ofrecimiento del Grupo de
Convergència i Unió en la colaboración y el compromiso de consenso
para avanzar en todos los cambios que permitan conseguir la igualdad
de oportunidades, por justicia con las mujeres y también por el bien
de la sociedad.

Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Pigem, especialmente por
atenerse al tiempo que habíamos decidido para este turno.

En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador
Cámara.




El señor CÁMARA FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.

Señor Ministro, muchas gracias por su comparecencia.




Inicio este turno manifestándole el acuerdo en líneas generales con
la descripción de los problemas. No obstante, la cuestión radica en
que no solamente hay que describir, sino también recetar y dar trigo
y, por tanto, adoptar las medidas oportunas para abordar los
problemas, respecto de los que, efectivamente -insisto-, todos
podemos estar de acuerdo en su descripción.

En primer lugar -y creo que voy a agotar todo el tiempo de que
dispongo-, quiero manifestar que el cambio social, político y
cultural necesario requiere fundamentalmente de la adopción de
medidas concretas, al tiempo que la consideración de la aportación de
la mujer a esos cambios es primordial, no solamente porque las
mujeres representan numéricamente mucho, sino porque aportan a nivel
social, político y cultural nuevos valores que es conveniente
considerar.

En mi opinión, la cuestión relativa a la igualdad de oportunidades y
los derechos de la mujer debe basarse esencialmente en su autonomía y
libertad, aspectos muy ligados a sus posibilidades de empleo, así
como a numerosos problemas relativos a su dependencia, donde podemos
ubicar, según recientes estudios, algunos elementos de la violencia
doméstica y el aguante de las mujeres ante dicha violencia, producto
de la limitación de su libertad y autonomía y, por ende, también de
su autoestima.

Junto a esta reflexión, creo que también es conveniente plantearnos
la conveniencia de la adopción de leyes y medidas de carácter
garantista. Teóricamente, esta idea está en contra de lo que más o
menos predomina hoy en día, o, al menos, algunos manifiestan. Así, en
debates celebrados en el Congreso de los Diputados y en el Senado se
hace gala de ello. Me refiero a la idea
de que el mercado lo puede regular todo. Y en este caso no es verdad,
por lo que hacen falta medidas de carácter garantista que permitan el
ejercicio y la concreción de esa igualdad de oportunidades y derechos
de la mujer. Por tanto, creo que habría que adoptar algunas medidas
más concretas, más precisas, aunque figuren ya en los programas y la
filosofía que usted, señor Ministro, ha planteado.

Efectivamente, la adopción de todo tipo de medidas que favorezcan el
acceso al mercado laboral es un hecho importante, incluso de aquellas
discriminatorias en sentido positivo, sin olvidar las relativas a la
permanencia en el puesto de trabajo y la conciliación entre la vida
familiar y el tiempo laboral. Ya se ha puesto de manifiesto en esa
Comisión que hay tasas globales de actividad del mercado laboral
español por debajo de la media europea en ocho y nueve puntos, y más
bajas aún si se refieren a la mujer. La tasa femenina en ocupación
laboral es bastante menor y, por tanto, la contratación de las
mujeres sigue siendo, aunque haya aumentado, escasa e
insuficientemente.

Por cierto, hay un tipo de contrato altamente infeminizado: que es el
contrato a tiempo parcial. Quiero hacer un paréntesis para decir que
este tipo de contrato es utilizado por muchos empresarios, incluso
ilegalizando el contrato inicial. Es más, en la práctica, en muchos
casos no es verdad que se cumplan las jornadas contratadas, como
ocurre normalmente, sino que son mucho más amplias. Se firman
contratos a tiempo parcial, aunque posteriormente son jornadas más
prolongadas, especialmente en algunos sectores. Así, la debilidad en
la relación contractual por parte de los trabajadores y trabajadoras
es manifiesta debido a un creciente poder empresarial y ello
simplemente porque hay mucha eventualidad y rotación, lo que hace que
los trabajadores sean más débiles al exigir la concreción de los
derechos en el marco laboral de la empresa. Ya sé que este es un
papel que deben desempeñar los sindicatos, pero quiero hacer hincapié
en aquello que decía relativo a medidas garantistas y medidas que
terminen con este tipo de discriminaciones.

Otra cuestión importante para mí, en referencia a la filosofía y la
descripción de los hechos, es que, en el caso del debate que
recientemente se celebró respecto a la Ley concerniente a la
conciliación de la vida laboral y la vida familiar, algunos grupos
presentamos enmiendas y algunas creo que eran positivas -respecto a
otras se podría estar en desacuerdo-, pero no fue aceptada ninguna.

Digo esto por aquello del discurso y los hechos, que es conveniente
manifestarlo y repetirlo aquí y cuantas veces sea necesario, porque
no hubo ni el más mínimo consenso para conseguir un acuerdo sobre
este tipo de cuestiones.

Otro aspecto importante es el relativo a las medidas encaminadas a la
protección social, cuáles son las inversiones y los presupuestos
necesarios que se traspasan a las Comunidades Autónomas y
ayuntamientos



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para alcanzar los niveles de protección social que permitan hacer
factible ese acceso al mercado laboral, su conciliación con la vida
familiar, etc., porque hoy en día, objetivamente, siguen recayendo
sobre las mujeres numerosas tareas respecto de las que no hay un
aumento de la protección social, como el cuidado y la atención a las
personas mayores, sino que, sinceramente, creo que se avanza en
sentido contrario.

Para hacer gala de lo que antes decía -y tampoco quiero sobrepasar el
tiempo de que dispongo-, creo que hay que asegurar el principio de
igualdad en el marco legal y adoptar otras medidas relativas a la
ejecución práctica de ese marco legal. Desde ese punto de vista hace
falta revisar las medidas sancionadoras, en todos los órdenes y en
todos los sentidos, contra toda discriminación, porque creo que la
protección jurídica de los derechos ha de ser mucho más efectiva.

Junto a ello, es conveniente hablar en las políticas transversales de
que hay que cambiar los patrones socio-culturales a fin de poder
eliminar las conductas discriminatorias, lo que pasa fundamentalmente
por la adopción de medidas en la educación y en la información. Me
parece importante señalar este aspecto, por lo que quisiera conocer
qué medidas se van a desarrollar para abordar convenientemente este
tipo de problemas.

El aumento de la economía ha motivado un nivel de crecimiento del
empleo importante, pero también es verdad que parece que hay
nubarrones sobre el futuro debido a la subida de los precios del
petróleo, de los tipos de interés, etc., es decir, todo lo que se
está comentando en las últimas semanas. Lógicamente, cualquier signo
de recesión de la economía y, por tanto, de disminución de la
creación de empleo va a afectar al conjunto de los trabajadores, pero
muy especialmente a las mujeres. Por otra parte, esa tasa de
actividad, que se corrige demasiado lentamente, y esa tasa de empleo,
cuyo aumento es ligeramente importante pero, desde luego,
insuficiente, requieren una reflexión, y es que puede ocurrir que se
destruya empleo con más facilidad debido a que muchos trabajadores,
pero sobre todo mujeres, tienen empleos eventuales y se encuentran en
el mercado en una rotación permanente, es decir, un tipo de mano de
obra bien conocida en la actualidad y cuya expulsión del mercado
laboral es fácil. Por tanto, cuidado con las ideas que se tienen
respecto a lo bien que van las cosas. Hay que adoptar medidas a fin
de mitigar los efectos que puedan derivarse de una previsible
disminución de la economía, que conllevaría, fundamentalmente, un
aumento del desempleo, en este caso, de carácter femenino.

Por último, debo plantear que, efectivamente, la pobreza es
marcadamente femenina y, además, se nota fundamentalmente en aquellas
Comunidades Autónomas donde en el sector servicios -antes se
planteaba que hay seis profesiones donde las mujeres trabajan- hay
una tasa de actividad mucho mayor, la mujer tiene más acceso al
empleo y, sin embargo, en otras Comunidades
Autónomas eso es más problemático. Yo sinceramente considero
que hay que abrir el abanico e intentar el acceso al empleo a más
profesiones para evitar esa discriminación y desigualdad.

Señor Ministro, le agradezco una vez más su comparecencia. Estoy de
acuerdo con la descripción de los hechos. Le han faltado a usted
algunas cosas, pero no tiene importancia. En cualquier caso, no sólo
es conveniente describir la realidad, sino cambiarla, y para eso
estamos aquí, para intentar cambiar la realidad que nos rodea, si no,
estaríamos en la conformidad más absoluta.

Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Seguro que es así, Senador Cámara. ¿Desea
intervenir la señora Castro en nombre del Grupo de Izquierda Unida?



La señora CASTRO FONSECA: Naturalmente, señora Presidenta.




La señora PRESIDENTA: Tiene su señoría la palabra.




La señora CASTRO FONSECA: Muchísimas gracias, señora Presidenta.

Gracias, señor Ministro, por comparecer en la Comisión Mixta de los
Derechos de la Mujer, gracias en nombre del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida y en el mío propio.

Dicho esto, lo primero que voy a señalar es que estoy por la
conciliación, y lo voy a demostrar; es decir, voy a ser brevísima,
porque concilio conmigo misma. (Risas.) Señor Ministro, sitúa usted
los ejes centrales de los problemas de las mujeres en cuatro
cuestiones, y empezaba señalando que tanto al gobierno como a usted
les preocupan el acceso y la permanencia en el empleo de las mujeres,
la conciliación, el acceso a puestos de responsabilidad y la
violencia de género.

En nombre de mi grupo parlamentario, quiero manifestar que lo que más
le preocupa a Izquierda Unida en aras de avanzar en políticas de
igualdad es la intervención en la escuela como instrumento
potenciador de valores culturales, como la igualdad, la paz, la
solidaridad, etc. Es el instrumento clave, porque, como indicaba
alguno de los compañeros que me han precedido en el uso de la
palabra, todo está relacionado con cuestiones como la permanencia y
la conciliación. A mí me preocupa mucho eso porque es como la
pescadilla que se muerde la cola, si se analiza se ve que todo tiene
relación.

Me preocupa muchísimo cambiar las pautas culturales, porque en la
medida en que la igualdad formal la hemos conseguido las mujeres de
la mano de la democracia, lo que nos queda por conquistar, aparte de
establecer los mecanismos de vigilancia y de control jurídico para
que esa igualdad formal sea una realidad,repito, lo que nos queda por
conquistar -y estamos



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ahí en ese largo camino- es la igualdad real, y ésta sólo la
conquistaremos cuando seamos capaces de cambiar las pautas
culturales, en definitiva, las mentes, que es un proceso más lento,
más largo y más difícil que cambiar un gobierno o un sistema. Por lo
tanto, partiendo de ahí, la educación es una cuestión clave para
nosotros.

El empleo es fundamental, porque todo el mundo sabe -y no venimos
aquí a darnos lecciones- que la dependencia económica genera todo
tipo de dependencias, la primera, la ideológica, y de ahí podríamos
seguir hablando eternamente. Por lo tanto, empleo y formación para el
empleo que reclamamos las mujeres de este país, señor Ministro, en
condiciones de igualdad con los hombres. Nada de institutos paralelos
en los ayuntamientos donde parece que la formación para el empleo de
las mujeres tiene un cauce diferente. Las mujeres tenemos que
formarnos para el empleo en igualdad de condiciones y de
oportunidades con los hombres, que yo sepa, a través del INEM, no a
través de programas paralelos que vacían de contenido cantidad de
iniciativas que funcionan por ahí y acaban convirtiéndose en
cuestiones paliativas de algo que tiene que garantizar el Ministerio
de Trabajo. Es decir, queremos también formación para el empleo en
condiciones de igualdad.

En cuanto a que el acceso y la permanencia en el puesto de trabajo es
difícil, naturalmente, señor Ministro ¿cómo no va a ser difícil? Por
cierto, señor Ministro, desde aquí no puedo verle bien. Estoy
demasiado cerca de la Mesa. Por un trabajo de igual valor se obtiene
un 30 por 100 menos de salario. Como usted puede comprender, la
subestima cabalga en las mujeres, no sólo la feminización de la
pobreza, sino la subestima personal. Pero es que, además, si a eso le
añadimos que no hay redes de apoyo familiar y social -y no las hay
o las que existen son claramente insuficientes-, la conciliación
laboral está metida en el mismo paquete. ¿De qué conciliación
hablamos? ¿Con quién conciliamos las mujeres? Las mujeres que estamos
incorporadas al mercado laboral somos un mal ejemplo para el resto de
las mujeres, somos disuasorias, porque vamos con la ojera en el
tobillo, no nos sentimos cómodas, ni siquiera cuando nos ocupamos de
nuestros hijos, porque todo tiene que ser con un estrés que todos
conocemos. Como he indicado, está todo relacionado. Ocurre lo mismo
en el caso del acceso a puestos de responsabilidad que usted situaba
como uno de los ejes centrales. Para competir en política hay que
hacer política como los hombres, que son la mayoría, y hacer política
como los hombres que son la mayoría nos lleva a las mujeres a la
ruina.

Creo que todas estas cosas las tenemos todos claras, sin embargo, no
le he oído comentar nada -le pido disculpas si ha sido por error mío-
sobre el fondo de garantía alimentaria para mejorar la vida y librar
de angustia a ese colectivo amplio de mujeres -también
hay algún hombre pero somos mayoría las mujeres- que tienen hijos a
su cargo y que por determinadas razones no reciben pensiones
alimentarias del cónyuge. ¿Piensa el Gobierno resolver esta
situación? Porque considero que estas son las cuestiones que
preocupan tremendamente a las mujeres que nos podrían estar
escuchando.

Coincidimos en el diagnóstico, cuestión que celebro, y es un avance
que hemos conseguido las mujeres. ¿Cómo me iba yo a imaginar hace
quince años que un Ministro se iba a sentar en una mesa e iba a estar
impregnado de la filosofía feminista, cuando nos ha costado tantos
años que se nos escuche incluso en los propios partidos? Por lo
tanto, es de agradecer el diagnóstico.




No voy a entrar en guerras de cifras porque es absurdo, pero hay una
cuestión que sí quiero decir al Ministro, y es que una cosa es el
diagnóstico, otra el pronóstico -y esta tercera se la digo a mi
compañera Micaela Navarro- y otra muy distinta el tratamiento.

Coincidimos en el diagnóstico pero, señor Ministro, en el pronóstico
hay plazos. Cuando un médico dice qué enfermedad tiene uno, ha hecho
un diagnóstico, pero cuando dice qué posibilidades tiene uno de
seguir adelante con esa enfermedad está entrando en el pronóstico.

Eso es lo que quiero yo saber, qué pronóstico tiene el Partido
Popular para el colectivo de las mujeres en su conjunto, para las
españolas y, por supuesto, qué tratamiento piensa aplicar para
remediar nuestro mal.

Señor Ministro, para no reiterarme, y termino, los períodos de
bonanza económica como el que ha disfrutado el Gobierno del Partido
Popular hay que aprovecharlos para crear empleo, inversiones, para
muchas cosas, y considero que se ha desaprovechado esta etapa de
bonanza económica en todo lo relacionado con el colectivo de las
mujeres. Me preocupa, al igual que al resto de las compañeras y
compañeros que se sientan en esta mesa, lo que va a pasar con el
colectivo de las mujeres, ahora que parece ser que entramos en un
período por lo menos de cierta inquietud, donde la economía ya no
parece que tiene tan buen pronóstico, por lo menos de un modo
inmediato.

Señor Ministro, usted conoce igual que nosotras que cuando la
economía va bien las mujeres apenas nos enteramos, pero cuando la
economía va mal el colectivo de las mujeres es el primero en
retroceder.

Por lo tanto, señor Ministro, apuesten ustedes claramente por la
construcción del Estado de bienestar, del que somos beneficiarias
absolutas las mujeres; háblenos usted de plazos, de calendarios, de
presupuestos -estamos en etapa presupuestaria-, y a lo mejor
encontramos las diferencias que, desgraciada o afortunadamente, no
aparecen en esta sesión, pero existen.

En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, le
anuncio que, como mujer, como feminista y como parlamentaria, voy a
ser beligerante en todo lo que tenga que ver con la vida de las
mujeres.




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Nada me es ajeno, pues soy mujer. Sepa que no me voy a conformar con
literatura o con planes de igualdad que no tienen presupuestos ni
calendarios detrás. Las mujeres, señor Ministro, tenemos prisa, y el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida comparte esta prisa
con las mujeres. Por tanto, como Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, esperamos que su sensibilidad -sensibilidad que yo le
supongo, como se lo hice saber en la Cámara el primer día que le vi
intervenir- se transforme en beligerancia dentro del propio Gobierno
para que las mujeres españolas obtengamos la respuesta que debemos
recibir ya en el año 2000, que es no seguir cabalgando infinitamente
en la precariedad, en la economía sumergida y en la pobreza.

Señor Ministro, gracias por su comparecencia y por su voluntad
política. Le repito que será nuestro aliado y que tendrá nuestro
apoyo en la medida en que usted sea beligerante con el Gobierno del
Partido Popular en defensa de los derechos de las mujeres.

Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Castro.

En nombre del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene
la palabra la Senadora Cid.




La señora CID PAÑELLA: Buenas tardes.

En primer lugar, quiero pedir disculpas, señor Ministro, a la
Presidenta y miembros de la Comisión porque, por causas ajenas a mi
persona y de tipo mecánico, no me ha sido posible llegar a la hora de
inicio de la sesión. Por ello, evidentemente, no he podido escuchar
la exposición del señor Ministro, al que agradecemos su
comparecencia, y sería una desconsideración por mi parte consumir por
completo mi tiempo sin haber estado presente en el momento de su
intervención.




De todos modos, al ser nueva en esta Casa y en esta Comisión, me he
tomado la molestia de recoger las comparecencias celebradas en la
legislatura anterior en el seno de esta Comisión, así como el trabajo
que ésta misma desarrolló. He podido comprobar que los objetivos son
comunes y que los problemas han sido definidos de igual manera por
todos, y todos sabemos cuáles son, pero el análisis de algunos de los
planteamientos que ha venido haciendo el Gobierno -baste citar el
Plan de acción contra la violencia de género, que discutimos
recientemente en el Senado por otra cuestión que surgió y que hizo
necesario crear una Comisión de estudio dentro de esta Comisión
Mixta, o el Plan de acción para el empleo en relación con las
mujeres, en definitiva, diferentes planes que no hacen más que
desarrollar algunos de los aspectos del III Plan para la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres- dan muestra de que se avanza,
pero no todo lo que se debiera. Y no se avanza en cambiar las
estructuras culturales,
que son, a nuestro entender, la base de gran parte del
problema.

Otra reflexión que quería hacerle es que pensamos que hay que
distinguir entre los objetivos que son alcanzables a corto plazo y
los que lo son a largo plazo. En cuanto a los objetivos a corto
plazo, teniendo en cuenta que la economía va tan bien, según nos
dicen, deberíamos tener una buena muestra en los presupuestos, de
modo que problemas que tienen solución con recursos económicos -como
es el Fondo de garantía de pago de pensiones alimentarias, del que ya
he visto que durante la legislatura pasada se hablaba continuamente,
o la mejora de pensiones de viudedad, que también sería un tema
económico y presupuestario- fuesen resueltos por este Gobierno cuanto
antes.

Existen otras cuestiones cuya resolución hay que buscar a largo
plazo, y nosotros creemos que ello depende no tanto de los objetivos
como del tratamiento e instrumentalización que se haga de los medios
para conseguir estos objetivos. Me refiero, por ejemplo, al Plan de
conciliación, al que no se puede atender sólo con dinero, sino que
hace falta también seguir unas estrategias adecuadas. Por lo tanto,
si me permite señor Ministro, le traslado mi idea: hemos de
solucionar pronto aquello que tiene un fundamento económico, de forma
que se vea reflejada nuestra voluntad de arreglar los problemas
puntuales que tanto afectan al colectivo de la mujer, discutir sobre
los objetivos a largo plazo y sopesar los planes puntuales que se
vayan presentando.

Confiamos en tener la complicidad de trabajar por los mismos
objetivos, algo que ya he detectado al analizar el trabajo realizado
por esta Comisión en la legislatura pasada, y podrá contar con
nuestro consenso. Evidentemente, nuestro Grupo no dudará en presentar
enmiendas en determinados momentos, aunque no nos las acepten, pero
coincidiremos en la dirección del trabajo. En todo caso, vamos a
estar muy atentos a cómo instrumentalizamos y cómo gastamos el dinero
para que sea posible obtener los mejores resultados.

Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora Cid.

Corresponde intervenir a la representante del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, la Senadora Morales, pero, como ahora no está
presente en la sala, pasamos al siguiente turno de portavoces.

En nombre del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos,
tiene la palabra la Senadora Loroño.




La señora LOROÑO ORMAECHEA: Muchas gracias, señora Presidenta.

Buenas tardes, señor Ministro. En primer lugar, quiero agradecerle su
presencia en la Comisión Mixta de Derechos de la Mujer y, al igual
que los que me hanprecedido en el uso de la palabra, decirle que
comparto



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el diagnóstico que ha hecho de la situación actual de las mujeres,
como también comparto muchos de los posicionamientos que han
manifestado aquí los portavoces que me han precedido en el uso de la
palabra.

Quiero señalar ciertos aspectos, señor Ministro, y hacer una
reflexión en voz alta, que en el fondo creo que es lo que estamos
haciendo todos los intervinientes, pero al mismo tiempo me gustaría
aportar una serie de sugerencias porque entiendo que nos corresponde
a todos avanzar en ese camino hacia la igualdad real y efectiva entre
mujeres y hombres.

Hay que incidir en un aspecto importante que ya se ha planteado aquí
en referencia al ámbito educativo. En estos momentos, tanto mujeres
como hombres tenemos garantizado el derecho a la educación. Sin
embargo, creo que debe intervenirse a fin de eliminar ciertos
patrones y estereotipos que se han ido configurando desde el marco
educativo, y avanzar en la línea de una coeducación es importante. De
esa forma podemos romper estereotipos, moldes tradicionales y
culturales de asignación de papeles y roles en nuestra sociedad y en
el entorno social y familiar a hombres y mujeres, y posteriormente
podremos avanzar en la consecución de ese logro que es conciliar la
vida laboral y la vida familiar. En estos momentos, tal y como ha
explicado la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, a las
mujeres se nos ha educado en el marco de unos patrones que nos hacen
responsables del entramado familiar y de las situaciones de
dependencia que existen en el entorno de la familia. Tenemos una Ley
de conciliación de la vida familiar y laboral, pero mientras no
hagamos ver a los integrantes del ámbito familiar que incluso dentro
de la propia familia hay que conciliar y repartir las tareas,
difícilmente las mujeres vamos a poder conciliar la vida familiar y
laboral. En ese aspecto hay que avanzar, y creo que eso se consigue
ahondando en el marco educativo y buscando la concienciación social y
entre las mujeres, algo que nos corresponde tanto a hombres como a
mujeres.

En concreto, ha planteado una serie de problemas con los que se
enfrenta a lo largo de esta legislatura y ha incidido en cuatro
aspectos. Uno era el tema del empleo, el acceso y la permanencia en
el empleo. En ese sentido, comparto con usted el hecho de que las
mujeres tenemos cierta dificultad de acceso al mercado laboral, sin
embargo, se da una paradoja: en estos momentos el porcentaje de
mujeres con altos niveles de formación es mayor que el de los
hombres, e incluso también lo es en el ámbito universitario.

Se consiguen mayores éxitos de las mujeres frente a los hombres,
incluso en el proceso de formación y, sin embargo, esto no tiene un
reflejo proporcional en el acceso al mercado laboral, sino sólo y
exclusivamente -es algo constatable- en aquellos procesos selectivos
que se dan desde parámetros de igualdad, mérito y capacidad, que son
los constituidos en el marco de la Administración Pública. De hecho
-los datos están
ahí y se pueden comprobar- es mayor el número de mujeres que de
hombres que accede a los distintos puestos de trabajo que se
convocan.

Señor Ministro, el acceso al trabajo no es un privilegio, es un
derecho, y es un derecho de las mujeres, no por el hecho de serlo,
sino como personas integrantes de esta sociedad, y hemos de avanzar,
unir esfuerzos y trabajar todos conjuntamente.

Usted ha insistido -y pienso que lo compartimos todos los grupos
parlamentarios presentes en esta Comisión- en que a igual trabajo no
hay igual retribución. Humildemente, sin entender mucho en esta
materia, pienso que es necesaria una regulación bajo parámetros de
igualdad en los convenios de trabajo. Tienen ustedes una labor
importante que realizar, una labor de vigilancia, control e
inspección -tal y como ha anunciado el señor Ministro- y es uno de
los elementos clave que nos puede permitir avanzar en esa igualdad
retributiva. Y me refiero a la misma categoría profesional, no al
número de horas trabajadas en un sector concreto de hombres y
mujeres, sobre todo en la empresa privada, porque en el sector
público, dada la valoración de puestos de trabajo, es más difícil.

Tema distinto es la posibilidad que tienen las mujeres incluso en el
sector público de acceder a puestos de responsabilidad y de toma de
decisiones, dados los procesos de selección existentes. En este
sentido no contamos todavía con esa igualdad. Yo le sugeriría -y creo
contar con el apoyo de todos los grupos parlamentarios- que se
trabajara en concienciar al mundo empresarial y al mundo sindical en
que es necesario garantizar esa igualdad en las condiciones de
trabajo, porque existen diferencias no sólo a nivel de retribución
sino también de condiciones laborales y, por tanto, es otro de los
aspectos en los que tenemos que incidir.

Señor Ministro, usted ha mostrado su preocupación -que todos
compartimos- por un problema de envergadura social, como es el de la
violencia, que afecta fundamentalmente a las mujeres. Habla de
medidas de prevención, medidas de resarcimiento, medidas de
reinserción para la mujer víctima de malos tratos y en concreto ha
brindado -al menos así lo he querido entender- la posibilidad de
participar en el esbozo y en la elaboración de ese segundo plan sobre
violencia doméstica; pienso que también podemos hacer aportaciones
desde el seno de la Ponencia que al efecto se va a constituir dentro
de esta misma Comisión.

En ese sentido, señor Ministro, nuestro grupo considera que no sólo
debe hablarse de las mujeres víctimas de agresiones violentas en su
entorno sociofamiliar que precisan de apoyo específico en función de
las circunstancias personales que rodean ese entorno, sino sobre
todo, y tal como indicaba la portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, de los menores que viven esos malos tratos, que son -los
datos lo constatan- virtuales maltratadores, que se están educando y
formando en un ambiente en el que ven el mal trato como forma



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habitual de vida, como algo inherente a su propia familia, es algo
que se asume y que se vuelve a manifestar en otros ambientes. Por
consiguiente, hay que diversificar recursos y programas.

Quiero incidir en otro aspecto, señor Ministro, en las medidas de
protección a la víctima. En estos momentos podemos prevenir una
situación no deseada por ninguna de las personas aquí presentes ni
por ningún integrante de esta sociedad y es el desenlace fatal de una
agresión; la muerte de la mujer. Se puede prevenir si garantizamos a
las víctimas que cuando denuncien una agresión no van a ser objeto de
acoso, de persecución y de nuevos malos tratos. La víctima, cuando
finalmente denuncia, va a ser un testigo potencial en la causa que se
genere de la misma. En estos momentos muchas mujeres no se atreven a
recurrir a los servicios sociales, a los servicios que se les ofrecen
desde las distintas instituciones por temor a que esas agresiones se
repitan, a que aumenten en cuanto a su gravedad. Existe cierto
rechazo por parte de las propias mujeres a presentar una denuncia e
incluso encubren el hecho de ser víctimas de malos tratos; tratan de
resolver los problemas entre las cuatro paredes de su casa antes de
ponerse en manos de expertos que puedan asesoralas y orientarlas para
intentar paliar esa situación. Por supuesto, estas mujeres precisan
todo tipo de apoyo, porque en muchas ocasiones no cuentan con ningún
tipo de apoyo económico con el que hacer frente a sus necesidades y
a las de su entorno familiar, así como otro tipo de medidas,
fundamentalmente de inserción social y laboral.

Para concluir, quiero insistir en otro aspecto importante y es que la
violencia debe abordarse de forma global, teniendo en cuenta el
entorno en el que ésta se produce. Debe existir una intervención
sobre el propio agresor. De hecho la portavoz del Grupo Parlamentario
Catalán de Convergència i Unió lo ha indicado en el País Vasco y en
Cataluña hay programas específicos de intervención con el agresor, y
los datos de que se disponen en estos momentos demuestran que se
están consiguiendo resultados altamente positivos y estas situaciones
no se vuelven a repetir, se recompone la estructura familiar y en
algunas ocasiones, si se llega a la separación, esta se produce sin
trauma y sin peligro de acoso para la víctima, la mujer o compañera,
que ha sufrido esos malos tratos.

Me gustaría comentar algo más, pero ya tendremos ocasión de debatir
distintos temas a lo largo de otras comparecencias del señor
Ministro. Únicamente deseo decirle que todas aquellas medidas que se
adopten desde su Ministerio y desde el conjunto de todos los que
conforman el Gobierno para conseguir esa igualdad real y efectiva de
las mujeres, contarán con el apoyo de nuestro Grupo Parlamentario y
si consideráramos que alguna no fuera oportuna, recibiría la
correspondiente crítica, pero en tono constructivo.

Muchas gracias, señor Ministro.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora Loroño.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Sainz.




La señora SAINZ GARCÍA: Muchas gracias, señora Presidenta.

Señor Ministro, en nombre del Grupo Popular también le doy la
bienvenida a la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, le
agradezco su exposición y le felicito por la misma.

Compartimos con usted la importancia del diálogo y el consenso como
el mejor instrumento político, y le manifestamos nuestro compromiso
con el mismo en la seguridad de que es el más eficaz para toda la
política social y, desde luego, para la política de igualdad de
oportunidades.

El Grupo Popular valora de forma positiva la gestión que el Gobierno
ha venido realizando de forma eficaz a lo largo de estos más de
cuatro años en el área de la igualdad de oportunidades y,
genéricamente, en el área de la mujer. Y esta valoración no sólo le
atañe por los meses que lleva desempeñando el cargo de Ministro, sino
también por el importante y eficaz trabajo que ha realizado como
Secretario de Estado de la Seguridad Social. Y es que creemos justo
recordar que hemos vivido los cuatro mejores años de la Seguridad
Social y que alrededor de 1.200.000 mujeres se han afiliado a la
misma en estos últimos años, lo cual supone seguridad para el
presente, y bienestar y mucha más seguridad para el futuro.

Hemos escuchado algunas manifestaciones y, en su caso, críticas, a mi
juicio inconsistentes, dicho con la mayor cordialidad. En cuanto a la
valoración del Grupo Popular respecto de su intervención, he de
empezar diciendo que nuestro Grupo considera necesario tener en
cuenta la realidad de la que partimos hace unos años -y más
concretamente, hace cuatro-, por ejemplo, en el terreno del empleo,
que aquí se ha analizado con intensidad, en el que la mujer llegó a
cifras récord; cifras de las que, afortunadamente, hemos salido. O en
el terreno de la violencia doméstica, en el que la gravedad viene de
antiguo -ahí estaba-, aunque a nuestro juicio ha sido este Gobierno
el que por primera vez lo ha abordado como un problema de Estado, y
también en colaboración con las Comunidades Autónomas, como no podía
ser de otra forma ya que la inmensa mayoría de las competencias se
encuentra en su ámbito, así como con las ONGs. También se está
trabajando de forma pionera en ese sentido en Europa. Y como ha dicho
el señor Ministro, se seguirá trabajando -que es lo que nos importa-
con rigor y buen sentido en busca de esa tolerancia cero -como ha
recordado una compañera-, que nosotros también hemos puesto sobre la
mesa al hablar de estos temas porque entre todos hemos de conseguir
alcanzarla.




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La realidad demuestra que hay una serie de compromisos del Gobierno
en el área de la mujer. Así, se comprometió en la aprobación de
importantes planes de acción, que son documentos de trabajo, y por
primera vez un Gobierno ha aprobado en cuatro años dos planes
dirigidos a abordar problemas relacionados con la igualdad, planes
cuyo grado de cumplimiento estamos próximos a evaluar -sin duda
tendremos trabajo en esta Cámara en ese sentido-. A ello hay que
añadir el esfuerzo por usted ya destacado para introducir la igualdad
en todas las políticas del Gobierno y articular importantes acciones
de discriminación positiva de forma muy eficaz en el área del empleo,
que además tienen un marco en los distintos planes de empleo que
usted ha mencionado.

Señor Ministro, en opinión de nuestro Grupo lo importante es que de
esas medidas se han beneficiado muchas mujeres. Afortunadamente, el
objetivo del empleo, que fue una obsesión del Gobierno del Partido
Popular, como lo sigue siendo, consciente de que la creación de
empleo es la mejor política social, ha beneficiado a las mujeres.

Siguiendo con los grandes bloques o aspectos tratados por su señoría,
compartimos la idea de la importancia del empleo, al igual que lo han
hecho los portavoces de todos los grupos que han intervenido. En ese
sentido, ha hecho usted referencia a los planes de empleo y al pilar
de la igualdad, que nuestro Grupo valora de forma positiva; sabemos
que es ambicioso y que tiene como eje el empleo de la mujer, en
coincidencia, como es lógico, con el programa de Gobierno del Partido
Popular en las últimas elecciones. En estos cuatro años se han dado
pasos importantes para avanzar en esta materia. No obstante, no somos
triunfalistas, sino conscientes de que es preciso seguir avanzando.

También sabemos que el paro femenino ha descendido en más de un 7 por
100, pero pensamos que es preciso progresar con más intensidad para
alcanzar el objetivo de la igualdad en el empleo. Es cierto que la
incorporación de la mujer al mercado de trabajo es ya significativa,
como aquí se ha dicho, y que en ocasiones avanzamos a un ritmo más
rápido que el de los hombres, como usted acaba de recordar. Pero
también consideramos -como ya se ha manifestado- que la diferencia
sigue siendo importante y que por ello todos los esfuerzos son
necesarios.

Junto a la reducción del paro me gustaría destacar el hecho de que
haya aumentado en mayor medida la tasa de actividad femenina. Me
parece importante, a pesar de que todavía estemos lejos de la
actividad que deseamos para las mujeres. Como digo, las cifras han
ido mejorando, aunque no se ha solucionado el problema de fondo -que
no podemos olvidar-, como es la peor situación que desde el pasado
arrastra la mujer en nuestro país. Afortunadamente, hoy se trabaja
desde el Gobierno para corregir esa situación. Lejos de aquellas
manifestaciones -que algunas veces recordamos-
acerca de que la mujer era la culpable del paro, hoy se destaca -como
usted mismo ha hecho- la importancia de la incorporación de la mujer
al mercado laboral, porque en ello está, en parte, la solución del
mantenimiento de una sociedad capaz de generar riqueza y bienestar.

Además, como también han dicho algunas compañeras, la mujer tiene
derecho a un empleo digno que le permita tener una independencia
económica y ser verdaderamente libre.

Por ello, nos alegra haber escuchado la voluntad de su Ministerio de
intensificar las políticas tendentes a corregir las discriminaciones
o dificultades actuales, favorecer el incremento de la tasa de
actividad de las mujeres, combatir la segregación vertical y
horizontal y las diferencias salariales, etc. Asimismo, tenemos que
prestar todo nuestro apoyo al anunciado desarrollo de la Ley de
conciliación, de gran importancia para facilitar la participación de
hombres y mujeres en todas las áreas en una verdadera igualdad de
condiciones.

Este es un reto importante, como también lo es conseguir que resulte
atractivo contratar a mujeres que hayan sido madres. En esa línea,
celebramos el que hoy se haya hablado aquí de la exención, por un
período de hasta dos años, de las cotizaciones a la Seguridad Social
en el supuesto de maternidad. E importantes son, desde luego, las
previsiones para promover nuevos servicios de guarderías y recursos
sociales, como así también lo han considerado otros grupos; todo
ello, en ese marco de colaboración -en el que usted ha insistido
y que es absolutamente justo y necesario- con las Comunidades Autónomas
y los ayuntamientos, por ser competentes en esta materia. Por tanto,
le animamos a seguir con las medidas de política de integración y
empleo de la mujer, que apoyamos decididamente. Por otra parte, las
cifras animan a seguir trabajando con esa esperanza. Afortunadamente,
hoy se ha podido comprobar con cifras reales que España está
transformando de forma bastante eficaz el crecimiento económico en
crecimiento de empleo, y eso beneficia también a las mujeres.

Creemos que ha destacado con acierto el hecho real de que las mujeres
estén en gran medida ausentes de los ámbitos de la toma de
decisiones. Por ello, nuestro Grupo se alegra de que haya abordado
esta cuestión de una forma tan clara, y compartimos con usted la
necesidad de que se facilite y promueva el acceso de la mujer a todo
centro de poder, desde el empresariado a la vida política. Así pues,
le pedimos su colaboración en este ámbito, porque es importante que
haya mujeres en todos los niveles de decisión, empezando por aquéllos
en los que se fijan los salarios en el sector privado, porque,
afortunadamente, como no podía ser de otra forma, en el ámbito de la
Administración no hay discriminación salarial.

Y en línea con la preocupación que todos tenemos y con la prioridad
con que su Ministerio y el Gobierno están trabajando al respecto, ha
abordado usted el grave



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problema de la violencia doméstica. Como bien ha recordado su
señoría, se trata de un atentado contra los derechos humanos y los
valores esenciales del respeto a la vida, la integridad y la dignidad
humana. Nuestro Grupo quiere recordar que por primera vez en España,
y de forma pionera en Europa, en 1998 se aprobó un plan de acción
contra la violencia doméstica para el período 1998-2000, y se ha
venido trabajando de forma seria y rigurosa en la búsqueda de las
mejores soluciones para dar la más pronta y eficaz respuesta a un
problema muy serio y contribuir a prevenirlo. Afortunadamente, hoy se
reconoce su gravedad y, a diferencia de lo que ocurría hace cuatro
años, no se considera un problema de índole privada, sino social. En
las Cámaras hemos llevado a cabo importantes reformas legislativas
que usted ha recordado. Por otro lado, las numerosas acciones que ha
enumerado indican que el Gobierno está asumiendo un papel claramente
activo, al tiempo que también existe una importante colaboración por
parte de todas las administraciones.

Resulta satisfactorio escuchar que el Gobierno elaborará un nuevo
plan de acción integral -y hago hincapié en esta última palabra-;
éste es un tema de preocupación, desde luego para quienes estamos
trabajando en esta Comisión, y, como aquí ya se ha dicho, a finales
de junio se aprobó la constitución de una Ponencia en el seno de esta
Comisión sobre la violencia doméstica que en breve se va a
constituir, y en la que estoy segura de que contaremos con la
colaboración de su Ministerio, de igual forma que usted tendrá toda
la nuestra para, juntos, tratar de erradicar esa grave lacra social
de la violencia doméstica.

Asimismo, sabe que también en el seno de esta Comisión se está
trabajando, a través de una Ponencia, sobre el tráfico de mujeres, de
niñas y niños. En ella abordamos un área importante que usted ha
tratado en su última intervención, la exclusión social, también de
enorme gravedad. Deseamos trabajar desde esta Comisión con el mejor
ánimo de contribuir entre todos a eliminarla. Importantes nos parecen
las acciones de apoyo a las mujeres rurales, entre las que
consideramos de gran interés las relativas a formación e información.

Señor Ministro, sabemos efectivamente que aún nos queda mucho camino
por recorrer para alcanzar la igualdad real; desde el Gobierno, y de
forma intensa desde su Ministerio, pensamos que son muchas las
acciones, programas y plantes en los que se está trabajando.




Termino, señora Presidenta, señor Ministro, diciéndole que el futuro
se está construyendo cada día, con acciones positivas por un lado,
con normas por otro, con leyes y también concienciando entre todos,
hombres y mujeres, a la sociedad. Compartimos con usted la voluntad
expresada de colaboración de todas las fuerzas políticas y sociales
en ese empeño.

Nuestro objetivo compartido es suscribir un contrato social
equitativo, claramente justo, para que podamos
vivir en un mundo más solidario y de mayor bienestar. Lo
perseguimos cada día y le ofrecemos, una vez más, toda esa
colaboración que en el inicio de mi intervención le manifestaba, en
nombre del Grupo Parlamentario Popular, al tiempo que quiero
agradecer la oferta que en ese mismo sentido han expresado la mayoría
de los grupos parlamentarios porque, sin duda, creemos que ésa será
la forma de avanzar con más intensidad.

Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Sainz.

Una vez escuchados todos los portavoces de los grupos parlamentarios
y habida cuenta de que la Senadora Morales, que no se encontraba bien
e incluso había solicitado intervenir la última, no se ha incorporado
finalmente a la Comisión, tiene la palabra el señor Ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales para responder a los portavoces de los
distintos grupos como estime conveniente.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Muchas gracias, señora Presidenta.

Trataré de contestar con la máxima cortesía y reciprocidad a lo que
ha sido, creo, un alto nivel de coincidencia en objetivos, como quizá
no podía ser de otra manera, y sobre todo una muy adecuada concreción
y corrección en los planteamientos. Insisto en que no pretendía, en
modo alguno, la simple adhesión a unas posiciones, pero sí es bueno
hacer -y voy a seguir el símil que antes explicaba- al menos un
diagnóstico en común, porque eso ya suele ser mucho camino andado de
cara a posteriores tratamientos o incluso a la emisión de un
pronóstico.

Como muy bien decía hace unos instantes la Senadora Sainz, también de
cara a la elaboración de ese diagnóstico, pueden ser muy importantes
las series analíticas -y permítanme que cada cual vaya por su camino
y quien les habla es químico-; pues bien, en esas series, las que
pueden ser mas objetivables a la hora de determinar si la situación
de las mujeres es igual, mejor o peor que la que teníamos hace cuatro
años, para mí los indicadores inequívocamente más positivos son los
que marcan dos tendencias básicas, no sólo el deseo de la mujer de
incorporarse al mercado de trabajo, que es tanto como incorporarse a
la creación de riqueza y a la creación de bienestar en España, donde
sin ninguna duda haber aumentado más de tres puntos su tasa de
actividad ya sería un buen dato, sino también que esa posibilidad,
esa disponibilidad se haya podido materializar para mas de 1.200.000
mujeres -si lo leemos en registro de Seguridad Social- y para más de
1.100.000 -si lo leemos en términos de encuesta de población activa.

Coincido con algunas de las apreciaciones que sehan hecho, si hubiese
-y yo no veo ningún signo-



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recesión económica, qué duda cabe que ante situaciones económicas más
desfavorables el empleo de la mujer puede ser más vulnerable que
otros empleos, igual que coincidíamos todos los intervinientes en que
puede ser más difícil el acceso y la permanencia, también debemos
admitir que puede haber mayor vulnerabilidad.




Yo confío en que también a lo largo de estos meses y de estos años
seamos capaces de ir sentando las bases de estabilidad de ese empleo.

Tal vez las claves en que ha de moverse el diálogo social, esa nueva
apelación a la responsabilidad de empresarios y de sindicatos, no sea
sólo el deseo de seguir siendo eficientes a la hora de traducir
riqueza a empleo, y en esto España ha mejorado mucho, para que se
dieran ritmos de creación de empleo semejantes a los que hemos visto
estos últimos meses y años, antes los crecimientos económicos tenían
que ser mucho más altos. Hoy no sólo tenemos que seguir aspirando a
traducir razonablemente crecimiento económico a empleo, que ya es de
por sí una forma de proteger y de dar protección social, sino también
de buscar estabilidad en esos mismos marcos, y sobre todo una
especial estabilidad a quien puede ser mas vulnerable. Estoy seguro
-y también coincidíamos todos- de que las mujeres jóvenes en España
van supliendo algunas de las carencias, algunos de los déficit
históricos, por el esfuerzo de la propia sociedad en su conjunto, por
ese haber conseguido entre todos los españoles y españolas tener un
sistema educativo en el que no existen discriminaciones
apriorísticas. Evidentemente, el reto no es solamente permitir esa
igualdad en origen, sino también la posibilidad real de permanencia,
y ahí la asignatura a mejorar, sin duda alguna, es la de conciliación
de vida familiar y laboral, porque algunas funciones son
biológicamente indelegables, al menos a fecha de hoy, con lo cual
entiendo que el camino correcto será también permitir no sólo que una
mujer pueda realizar esa función, para mí socialmente maravillosa,
que es la maternidad, sino que además no le suponga ni un trastorno
ni un decalage profesional significativo. Todo ello naturalmente
desde la libertad, desde políticas de igualdad y de respeto así como
de libertad en las decisiones.

Dicho eso, creo que hemos podido constatar que afortunadamente ya no
existen posicionamientos como los que hace unos años podían
preocupar, con razón, a la sociedad, en el sentido de que la
incorporación de la mujer al mercado de trabajo era un problema; hoy
creo que la mujer es parte de la solución que necesita la sociedad
española si desea mantener razonablemente ritmos de creación de
riqueza y de distribución de riqueza a través del empleo y del
bienestar social suficientes. Yo creo que ésa es la línea en la que
podemos y debemos manejarnos. También soy consciente de que lo bien
hecho es un papel que se descuenta rápido, en política y en la vida,
y probablemente algunos de los avances que han sido mencionados, en
algunos casos
desde la afinidad política y en otros desde un hecho cierto, como fue
la cooperación prestada por vía parlamentara y por otras vías a la
elaboración de algunos textos, son distintos y es diferente la
lectura, pero yo creo que hoy, si hacemos una lectura -como se ha
hecho- desde Seguridad Social, tenemos por ejemplo pensiones de
viudedad que distinguen algo más que la propia edad, que entiendo que
no es el único elemento determinante, aun siendo muy significativo,
para conocer cómo debe ser esa pensión. Hoy nuestro sistema distingue
respecto a las responsabilidades o cargas familiares, y distingue
también respecto al resto de circunstancias económicas.

Se dirá que es necesario intensificar y abundar; bien, para eso creo
que también se ha abierto una nueva ronda de ese diálogo social y
político que en modo alguno entenderemos como excluyente, sino antes
bien como complementario. Yo creo que en este ir mejor las cosas, sin
duda también se ha visto beneficiado el empleo de la mujer de la
desaparición del esfuerzo físico como determinante del acceso a
muchos empleos y a muchos trabajos, y permítanme que sea optimista en
la medida en que esa sociedad de la información, de las nuevas
tecnologías, entiendo que es por sí intrínsecamente más favorable
también al mundo del empleo femenino.

Comparto plenamente la reflexión que han hecho varias de sus señorías
en el sentido de que en Educación no puede bajarse la guardia; no
puede haber un solo resquicio a la tolerancia respecto a
comportamientos que todos hemos criticado y condenado con
anterioridad, como no puede haber un menoscabo de la educación en
valores; creo que en este momento tan importante como dar contenidos
objetivos de aptitud y de profesionalidad es también no perder nunca
la dimensión de los valores. Ese conjunto para mí es el que marca que
haya un verdadero concepto de humanidades en la formación; el que no
se relajen los mecanismos de seguir educando en valores democráticos.

Permítanme también que diga que, cuando se habla de violencia
doméstica -y voy a intentar corresponder a su brevedad con otra
semejante- hay que tener en cuenta que la complejidad del problema es
notable, no solamente por esas seis grandes áreas que contempla el
plan, sino porque tenemos que cambiar, como antes se decía, muchos
patrones, patrones que afectan a la propia Administración por sí;
patrones que afectan a muchos hombres que sin duda se han visto
impregnados, incluso por su propio ambiente familiar, de esa
tolerancia cuando no de esa permisividad en la violencia, pero
también patrones judiciales; creo que todos hemos sentido en algún
momento una falta absoluta de sintonía con lo que podemos pensar
viendo y leyendo algunos textos jurisprudenciales, por llamarles así.

Me preguntaba con toda concreción si esas campañas de sensibilización
van a seguir funcionando; la respuesta es sí. El primer paso para
resolver un problema



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es reconocerlo como tal. Creo que la sociedad española ha dado un
paso importante reconociendo la existencia como un problema real, no
como un supuesto o una hipótesis. Desde ese punto de vista, hay que
mantener estas campañas que recuerden a la sociedad la existencia del
problema. Ojalá haya un día en que puedan desaparecer, pero hasta
entonces me parecen importantes.

La campaña de Tolerancia Cero, que básicamente es una campaña de
afeamiento o de reproche de los comportamientos inadecuados, confío
en que esté en los medios de comunicación en los meses de octubre
y noviembre. El Instituto de la Mujer y la Secretaría de Asuntos
Sociales me informan que la dotación podría ser un presupuesto
superior a los 200 millones de pesetas.

Varias de sus señorías han hablado de la necesidad de proyectos
integrales, permítanme que a priori no descarte ninguna alternativa.

Sé que hay grupos políticos que han pedido la aplicación de una ley
integral. Admítanme también para quienes postulan este modelo, que no
es el más frecuente de los modelos llamados europeos, puesto que la
existencia de leyes integrales es más común o frecuente en países
iberoamericanos que tal vez han intentado paliar las debilidades de
su sistema penal o de otras normativas asociadas. Pero, insisto, no
creo que sea bueno posicionarse en ningún dogma.

La señora Castro habrá observado que es igual de fácil desplazarse un
poco de la izquierda hacia derecha que de la derecha hacia la
izquierda, cuando uno lo que busca es cumplir con un objetivo, en
este caso, de visibilidad, que es uno de los más simples que se me
ocurren. Pero le decía que, desde luego, sin descartar ningún modelo,
sí cabe que haya la mejor sistemática posible. Lo que no sería
aconsejable es que pretendiésemos, tal vez como algunos países han
hecho, disimular o maquillar las carencias últimas de ordenamiento
civil o penal con la creación de nuevas figuras que, en el fondo,
tendrían más problemas de solapamiento que de operatividad.

Confío también, indudablemente, en que esa Ley de conciliación de
vida familiar, que fue aprobada en la pasada legislatura, se tome
como creo que hay que tomarla, como una buena referencia y como un
punto de partida. No es un punto de llegada y, naturalmente, como el
resto de la obra humana, tendrá aspectos mejorables. De hecho, todos
los Grupos saben que podría ser perfeccionada, una labor en la que
estoy seguro de que vamos a poder progresar a lo largo de esta
legislatura.

Hay problemas que, sin el más mínimo deseo de eludirlos, habrá que
abordarlos dentro o fuera del ámbito parlamentario. Se ha hablado de
salarios femeninos, y me permito recordar que los determinan los
convenios colectivos y quienes firman dichos convenios. Sería
imperdonable, y desde luego la vigilancia es mucho más alta en el
ámbito de la Administración
Pública, felizmente en ninguna de ellas se han podido traer ejemplos
de discriminación. Es decir, son nuestros empresarios y nuestros
sindicatos los que determinan los salarios. Y estoy seguro de que la
presencia de más mujeres en la dirección de ambas organizaciones
evitaría la situación primera, que es el hecho de que existan estos
convenios. A continuación, habrá que buscarlos, localizarlos,
detectarlos y reprimirlos, por vía de inspección, pero, quizá, si se
quiere atajar el problema de fondo, habrá que lograr que no exista
convenio alguno que marque discriminaciones, algunas de ellas
francamente difíciles de trasladar a una situación administrativa,
porque cumplirían con todos los requisitos formales, y lo digo en
presencia de cualificadísimos profesionales de la inspección. En
algunos casos realmente no sería sencillo ni para el más cualificado
de los inspectores detectar discriminaciones por los aspectos que
pueden ser conocidos desde las administraciones. Lo importante es que
también esa misma filosofía de no discriminación llegue al ánimo de
los que han de firmar y suscribir el primer acuerdo, porque ya que a
cada cual nos asigna una responsabilidad la Constitución y el sentido
común, creo que en ánimo cumplirla lo mejor posible tenemos que estar
absolutamente todos.

Voy resumiendo porque si en algunas de las cuestiones que hoy se han
tratado buscase mecanismos de agotamiento, tal vez en lugar de
intentar una primera aproximación estaríamos intentando un primer
distanciamiento. En la protección a las víctimas de la violencia
doméstica, que es una cuestión que se ha suscitado en varios
momentos, tiene que haber límites. Naturalmente lo primero es
intentar que la persona que se ha visto sujeta a ese proceso de
destrucción, muchas veces de pérdida de la autoestima por falta de
autonomía personal o de una capacidad de poder organizar de manera
autónoma la vida, tenga la posibilidad de estar con dignidad en el
mercado laboral y de encontrar un empleo, pero -digámoslo de alguna
manera más gráfica- no podemos estar señalizando permanentemente o
colgando un cartel a las personas que tienen este problema. Tenemos
que articular su prioridad de acceso a las acciones formativas, pero
sin llevarles a otro tipo de segunda humillación que es viajar con un
extraño rótulo. Me vale también esta reflexión para los elementos de
localización y de apoyo que le permitan pedir la ayuda o, incluso, la
protección policial. Tienen que ser mecanismos útiles y eficaces,
pero no que tuviesen el perverso e indeseado efecto de señalizar, de
humillar, o de hacer más difícil la vida a las personas.

En ese esfuerzo estamos trabajando todos, y digo todos porque también
es evidente que todas las administraciones debemos comprometernos en
que existan unos centros para primera atención, unos centros para
estas acciones de formación o de ayuda familiar. Pensemos que muchas
de estas mujeres podrán trabajar si



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se les ayuda y se les auxilia de manera eficaz en la atención a esas
cargas familiares, que en muchas ocasiones son también motivo de una
mayor tolerancia ante una situación insoportable. Pero vuelvo a
insistir en que es un problema francamente complejo, y en el que
estamos buscando límites para que no resulte ningún efecto indeseado
o indeseable. Sin duda, tal y como se ha dicho también, en estos
ambientes familiares la violencia acaba siendo un elemento contagioso
y de impregnación que hace ver con más tristeza el futuro. Como muy
bien se ha dicho y se ha repetido, las familias y los niños que han
tenido contacto con la violencia doméstica son potencialmente más
proclives a su utilización, tal vez porque se ve con una naturalidad
indeseable.

Debo manifestar dos discrepancias severas. Ha podido quedar la
sensación, y no me quedaría tranquilo, de que no se ha aprovechado un
buen momento de la economía española. Como antes señalaba, pocas
veces se ha traducido tan eficientemente crecimiento económico y
crecimiento del empleo. Y pocas veces se ha utilizado también este
momento para intentar, y creo que conseguir en buena medida, frenar
lo que parecía imparable, es decir, el crecimiento de la temporalidad
que, además, afecta con más intensidad a las mujeres. En el sector
privado especialmente ha sido más perceptible aún, si cabe, ese
descenso de la temporalidad. Creo que no es para sentirse satisfecho,
menos aún para embelesarse mirando las cifras, pero sí que es un
motivo de estímulo para seguir ahondando, de la mano si es posible, y
ojalá sea posible, de los agentes sociales, en reformas de nuestro
mercado de trabajo, que precisamente resuelvan esa cuestión: saber
aprovechar al máximo los buenos momentos, en cantidad y en calidad.

Son los objetivos que debemos marcarnos como comunes porque, vuelvo a
coincidir con la opinión de la Unión Europea, sigue siendo muy
importante la brecha que existe entre empleo masculino y empleo
femenino, entre tasa de actividad masculina y femenina. Desde luego
todo lo que sea acortar esa brecha es también introducir elementos de
justicia, de racionalidad y de eficacia en la economía española, que
será lo correcto.

Por cerrar esta intervención, y en el caso de que hubiera quedado
alguna duda o no hubiese sido suficientemente claro en mi primera
exposición, aclaro en esta segunda que puede y debe seguirse
aprovechando lo que es un modelo de crecimiento más estable, que es
el que plantea en este momento Europa, en el que también de una
manera inequívoca y al igual que el resto de países de la Unión, se
piden políticas que atiendan con discriminación positiva y hasta
donde sea necesario a la mujer, porque vuelvo a insistir en que la
situación de partida no es la misma. Hay dos grandes grupos, que
antes citábamos, con dos líneas francamente distintas: mujeres
jóvenes, que probablemente sí que han tenido oportunidades de aptitud
y de aprender a valerse por sí mismas, junto a muchas mujeres
de más edad, que han sacrificado muchas de sus expectativas en favor
de varones o de la propia vida familiar. Se pedía concreción, y creo
que donde hay una formación suficiente hay que dar una oportunidad de
empleo, y donde lo único que hay es mucha experiencia pero muy poca
empleabilidad, hay que dar antes que nada esa empleabilidad y esas
políticas formativas que permitan ser hoy empleable en una sociedad
más compleja, no digo mejor ni peor, sino más compleja. Saber
distinguir entre ellas no va a descuadrar ninguno de los marcos que
España maneja ni interna ni externamente. Esas serían las reflexiones
únicas.

Finalmente, el fondo de garantía de alimentos es una cuestión que
inquieta a muchos Grupos y, como bien se ha dicho, no es nuevo. Es
difícil pensar que los mecanismos administrativos van a ser por sí
más eficientes a la hora de garantizar derechos que los propios
mecanismos judiciales, lo cual no debería ser una realidad. Hay que
hacer las dos reflexiones de ver si nuestras sentencias de los
juzgados familiares son suficientemente exigibles. No estaría de más,
aprovechando un marco en el que creo en la sinceridad de la oferta de
todos los grupos políticos en ese Pacto por la justicia, ver si
tenemos también la justicia de familia suficientemente exigible y con
la suficiente contundencia. Me atrevo a sugerir a todos los Grupos
que también en ese ámbito se vea si estamos en los niveles
suficientes, porque es muy difícil de entender que al final por vía
administrativa se pueda tener más contundencia, por decirlo de alguna
manera, que la que se obtiene por vía judicial. La disponibilidad del
Departamento es absoluta, a sabiendas de que al final tiene dos
dimensiones: una económica, pues parece ser que son muy importantes
los recursos que movilizaría, y la dimensión de la propia
exigibilidad judicial y de su incardinación con las situaciones
jurídicas. Es un terreno al que naturalmente seguimos abiertos, a
sabiendas de que en modo alguno es sencillo ni pacífico.




Muchas gracias, señora Presidenta. Si me he excedido en el tiempo, y
queda desproporcionado, naturalmente pido disculpas a sus señorías.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro, por su
comparecencia.

Tengo que decir a la Comisión que hace unos meses, cuando se
produjeron unos hechos tremendos de violencia doméstica que nos
provocaron una enorme preocupación, cuando incluso salíamos en los
medios de comunicación refiriéndonos a la cultura machista de este
país y de las costumbres que teníamos con respecto a tantas cosas,
escuché a su señoría referirse por primera vez -y espero que no lo
tenga como «copyright» ni como derechos adquiridos- a la incultura
machista. Quiero decir que me gustó que un Ministro no solamente
hablara de algo sino que, además,



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hiciera las cosas de otra manera, y no solamente me sorprendió, sino
que me dejó satisfecha saber que íbamos a contar con un Ministro que
lo sentía pero que, además, lo hacía efectivo en sus palabras y
esperemos que en sus hechos.

Le damos las gracias por su comparecencia ante esta Comisión y le
decimos que esta es su Comisión para cuantas veces quiera, cuando
quiera, que siempre será
bien recibido, y entre todas y entre todos intentaremos hacer las
cosas mejor para todos los hombres y mujeres de España.

Gracias, señor Ministro. Gracias, señorías.




Se levanta la sesión.




Eran las diecinueve horas y cinco minutos.