Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 305, de 16/12/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2003 VII Legislatura Núm. 305
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 282
celebrada el martes, 16 de diciembre de 2003
ORDEN DEL DÍA: Toma en consideración de Proposiciones de Ley: ...
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre regulación del tiempo de trabajo. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 218-1, de 15 de marzo de 2002. (Número de expediente 122/000193.) ...
Modificación del orden del día ... (Página 16105)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Continuación.): ...
- Del Grupo Parlamentario Socialista, de protección económica de las víctimas de actos de violencia en el marco de conflictos bélicos. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie B, número 366-1, de 31 de octubre de 2003. (Número de
expediente 122/000317.) ... (Página 16106)
Proposiciones no de Ley: ...
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre desarrollo rural.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 575, de 29 de julio de 2003. (Número de expediente 162/000773.) ... (Página 16112)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, de medidas de reforma del sistema público de seguridad ciudadana para garantizar la libertad y seguridad de todos los españoles. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 580, de 8 de
septiembre de 2003. (Número de expediente 162/000789.) ...
(Página 16121)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes: ...
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la tramitación de las OCMs mediterráneas (tabaco, aceite de oliva y algodón). (Número de expediente 173/000239.) ... (Página 16126)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de carácter general que piensa adoptar el Gobierno para luchar contra la pobreza y la exclusión social en España. (Número de expediente 173/000240.) ...
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la evolución y las perspectivas de la posguerra y la ocupación de Irak. (Número de expediente 173/000241.) ... (Página 16135)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideracción de proposiciones de ley ... (Página 16098)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre regulación del tiempo de trabajo ... (Página 16098)
Presenta la proposición de ley, para su toma en consideración, el señor Ruiz López, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Insiste una vez más en que el reparto del trabajo puede ayudar a combatir el desempleo que en
estos momentos sufre nuestro país y recuerda una serie de cifras que sitúan el escenario actual. Considera que existen razones objetivas para justificar la necesidad de instrumentos creadores de empleo distintos a las políticas aplicadas por el
Gobierno y dice que la reducción del tiempo de trabajo se ha convertido en una demanda del conjunto de la sociedad, ya que nuestro mercado laboral tiene un gran potencial de creación de empleo, como lo demuestran los cerca de 63 millones de horas
extraordinarias anuales declaradas en el año 2002, a las que habría que añadir una cantidad difícil de calcular de horas extraordinarias sumergidas, que no se declaran y a veces ni tan siquiera se pagan. Afirma que la mayoría de la población
española apoya la jornada de 35 horas frente a la posición numantina e ideológica del Gobierno y la patronal, que manifiestan una total cerrazón a negociar la reducción del tiempo de trabajo, incumpliendo este aspecto de los acuerdos
interconfederales firmados en el año 1997. Reclaman que se cumpla el artículo del Estatuto de los Trabajadores referido a la limitación de las horas extraordinarias y al establecimiento de los mecanismos de vigilancia y control de la Inspección de
Trabajo, y exigen que se fije un límite diario, semanal y mensual, y se reduzca el máximo anual de horas extraordinarias.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Jáuregui Atondo, del Grupo Parlamentario Socialista, y
Carriegas Robledo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Modificación del orden del día ... (Página 16105)
Conforme al artículo 68 del Reglamento, la Presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de incluir dentro del apartado décimo una serie
de dictámenes
de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Continuación.) ...
(Página 16106)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre regulación del tiempo de trabajo. (Continuación.) ... (Página 16106)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre regulación del tiempo de trabajo, se rechaza por 11 votos a favor, 160 en contra y 105 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Socialista, de protección económica de las víctimas de actos de violencia en el marco de conflictos bélicos ...
(Página 16106)
Presenta la proposición de ley, para su toma en consideración, el señor Caldera Sánchez-Capitán, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
Presentan una iniciativa que pretende establecer un estatuto para la protección integral de
aquellos españoles o al servicio de la Administración española que sufren daños o son víctimas de actos de violencia en zonas de conflicto, porque consideran que la dimensión o grandeza de un país no sólo se mide por su capacidad de proyección
política, económica o incluso militar, sino especialmente por las garantías y derechos que es capaz de ofrecer a sus ciudadanos, tanto cuando se encuentran en el interior del territorio nacional como cuando están en el extranjero. Opina que en los
casos de españoles en el exterior la protección estatal no debe limitarse a la atención consular sino que la Administración española debe ejercer activamente toda la protección de que sea capaz para intentar, en lo posible, que los derechos y
garantías que la Constitución y los tratados internacionales atribuyen a los ciudadanos españoles no pierdan su efectividad.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida; Companys Sanfeliú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y De Arístegui y San Román, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de protección económica de las víctimas de actos de violencia en el marco de conflictos bélicos, se rechaza por 131 votos a favor y 148
en contra.
Proposiciones no de ley ... (Página 16112)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre desarrollo rural ... (Página 16112)
Presenta la proposición no de ley el señor De Luis Rodríguez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Considera sumamente oportuna la proposición no de ley que su grupo presenta ante el Pleno de la Cámara, a pesar de estar
terminando la legislatura y de la publicación de las conclusiones del Libro Blanco del desarrollo rural. Con su iniciativa, el Grupo Parlamentario Popular pretende establecer un firme compromiso con la población que habita en núcleos de menos de
10.000 habitantes en nuestro país y que, según algunos datos, puede estar en torno al 25 por ciento de la población, y quiere que se entienda como una apuesta clara por su progreso y prosperidad, consiguiendo la oportuna revitalización del tejido
económico que lo sustenta. Finalmente explica los objetivos y una serie de medidas encaminadas a conseguir esos objetivos, algunas continuistas y otras con algún toque de novedad realmente importante.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Cuadrado Bausela, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Sedó i
Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
A los solos efectos de indicar la aceptación o rechazo de las enmiendas interviene el señor De Luis Rodríguez.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre desarrollo rural, en sus propios términos, se aprueba por 152 votos a favor, 106 en contra y 16 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Socialista, de medidas de reforma del sistema público de seguridad ciudadana para garantizar la libertad y seguridad de todos los españoles ... (Página 16121)
Presenta la proposición no de ley el señor Mayoral Cortés, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Considera que el 25 aniversario de la Constitución en el que nos encontramos es el momento de resaltar una particularidad que la
distingue de otras constituciones vigentes, y es la regulación que hace en el artículo 104.1 de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los que atribuye la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y la seguridad de
los ciudadanos.
Recuerda que la seguridad es, junto con la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, uno de los valores que propugna el Estado social y democrático de derecho de nuestra Constitución, y acusa al Gobierno del
Partido Popular de haber hecho de la seguridad un valor deficitario en el Estado de derecho, debido al incremento que se ha experimentado en la criminalidad, porque cada vez hay menos Estado social y la insolidaridad practicada desde el poder se
traduce en desigualdad y marginación. Critica duramente la política llevada a cabo por el Gobierno del Partido Popular y dice que el incremento de la inseguridad es debido a que no hay Estado de derecho sino instrumentos y servicios que deben darle
consistencia y hacerlo efectivo todos los días, y éstos se encuentran debilitados, disminuidos y degradados, incapaces de realizar las funciones para las que fueron creados. La seguridad, dice, deja de ser un servicio público al alcance de todos
para convertirse en una mercancía que solamente pueden adquirir los más acomodados porque, desde que gobierna el Partido Popular, el individualismo insolidario, que se va constituyendo progresivamente en responsable de su propia seguridad debido a
la insuficiencia de los servicios públicos, ha ido sustituyendo al valor superior de la seguridad constitucional. Como consecuencia del análisis que realiza el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, resulta necesario realizar un conjunto de
reformas que permita poner en marcha otra política más eficaz para luchar contra el delito, reformas que pasa a explicar.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista de medidas de reforma del sistema público de seguridad ciudadana para garantizar la libertad y seguridad de todos los españoles, se rechaza por 98 votos a favor,
154 en contra y 14 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 16126)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la tramitación de las OCM mediterráneas (tabaco, aceite de oliva y algodón.) ...
(Página 16126)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Centella Gómez, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Recuerda la intervención del señor ministro de Agricultura en el debate de la interpelación de
la semana pasada y la califica cuando menos de injusta e injuriosa, por culpabilizar a Andalucía de la penalización de los fondos de la OCM del aceite de oliva, exigiendo una rectificación.
Fruto de aquel debate es la moción que hoy plantean, en la
que rechazan clara y rotundamente las propuestas que ha presentado la Unión Europea referentes al aceite de oliva, al algodón y al tabaco, por ser claramente perjudiciales para los intereses de nuestra agricultura, y piden que se defiendan unas
propuestas alternativas, que explica a continuación.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Pliego Cubero, del Grupo Parlamentario Socialista, y Madero Jarabo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Companys Sanfeliú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Centella Gómez.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas de carácter general que piensa adoptar el Gobierno para luchar contra la pobreza y la exclusión social en España ... (Página 16130)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Campuzano i Canadès, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) Se refiere al debate de la semana pasada de la interpelación urgente y reitera lo dicho
entonces, y es que en España hay ciudadanos que son pobres y no es suficiente una buena política económica para reducir la pobreza, sino que es necesario un compromiso público de las administraciones y de la sociedad civil para hacer frente a esa
realidadon El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) pone hoy encima de la mesa una moción con la pretensión de que la Cámara la apruebe; anuncia el principio de acuerdo al que han llegado con el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso en función de una enmienda transaccional que han presentado, y agradece la enmienda del Grupo Socialista, aunque no la pueden incorporar. Explica a continuación los nueve puntos que constituyen el principio de acuerdo, al que espera se
puedan sumar el resto de los grupos parlamentarios, que marcan la necesidad, por un lado, de que este Parlamento, en la perspectiva de la próxima legislatura, sitúe en su agenda la cuestión de la lucha contra la pobreza como una prioridad compartida
por todos los grupos de la Cámara y, por otro, de que este papel del Parlamento sirva de estímulo a la actividad de las políticas sociales del Gobierno que se derive de las próximas elecciones del mes de marzo.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Pin Arboledas, del Grupo Parlamentario Socialista, y Montseny Masip, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Ruiz López, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la evolución y las perspectivas de la posguerra y la ocupación de Irak ... (Página 16135)
El señor Marsal Muntalá, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tras manifestar su satisfacción por la detención de Sadam Husein y la firme esperanza de que esa detención permita aumentar el ritmo de recuperación de la soberanía por
parte del pueblo iraquí y se pueda avanzar en el proceso de estabilización, de paz definitiva y de democratización de Irak, pasa a presentar la moción de su grupo, consecuencia de la interpelación urgente debatida la semana pasada. Se queja de que,
a pesar de los intentos de su grupo por ofrecer acuerdos, las respuestas del Grupo Popular o del presidente del Gobierno son siempre negativas, pero confía en que, ante una nueva oportunidad como la que les brinda de nuevo el Grupo Socialista con
esta moción, darán un paso adelante y la votarán favorablemente. Considera que el consenso es fundamental en política exterior y en política de seguridad para la credibilidad internacional de un país y también para la eficacia de su política
exterior a medio y largo plazo, y explica las propuestas de su moción que van en este sentido.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y De Arístegui y San Román, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Marsal Muntalá.
Sometido a votación, en primer lugar, el punto 1 de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la tramitación de las OCM mediterráneas (tabaco, aceite de oliva y algodón), se
rechaza por 92 votos a favor, 161 en contra y tres abstenciones.
Sometido a votación el punto 2 de la misma moción, se rechaza asimismo por 14 votos a favor, 153 en contra y 89 abstenciones.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de carácter general que piensa adoptar el Gobierno para luchar contra la pobreza y la exclusión
social en España, en los términos derivados de la enmienda transaccional, se aprueba por 257 votos a favor y una abstención.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre la evolución y las perspectivas de la posguerra en la ocupación de Irak, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que ha sido aceptada, se rechaza por 110 votos a favor, 146 en contra y dos abstenciones.
Se suspende la sesión a las nueve y veinte minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDAD, SOBRE REGULACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO. (Número de expediente 122/000193.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Se abre la sesión.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley.
En primer lugar, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre regulación del tiempo de trabajo.
Para la presentación y defensa de esta iniciativa, tiene la palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, esta proposición de ley que trae hoy el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida es una más de las que ha venido presentando a lo largo de esta legislatura. Nosotros seguimos insistiendo en que el reparto del trabajo puede
ser una consecuencia lógica para combatir el desempleo que en estos momentos sufre nuestro país. Voy a recordar algunas cifras para situarnos en el escenario que tenemos en la actualidad. El paro registrado en el pasado mes de noviembre aumentó en
32.262 personas, alcanzando la cifra total de parados en dicho mes 1.699.197, lo que supone que a esta fecha haya 21.229 parados más que hace un año y 142.300 más que al principio de esta legislatura. Eso nos lleva a constatar que ha sido una
legislatura perdida para la lucha contra el desempleo.
La tasa de paro, medida como el porcentaje de desempleados con respecto a la población no activa, se encuentra situada, según últimos datos de la EPA referentes al tercer trimestre, en el 11,2 por ciento, continuando la senda de crecimiento
que se produce desde el segundo trimestre de 2001, en el que era del 10,2 por ciento. Y según datos de Eurostat, referentes al pasado mes de octubre, España continúa con estos niveles del 11,2 por ciento, siendo el país de la Unión Europea con
mayor tasa de desempleo.
La tasa de temporalidad está situada en el 30,7 por ciento, lo que no supone siquiera un punto porcentual menos que hace dos años, cuando empezó a imponerse la reforma laboral, demostrándose el fracaso más rotundo de una
reforma emprendida para reducir la temporalidad que no consigue reducir el número de desempleos con contrato temporal. Los datos registrados por los servicios públicos de empleo en contratación del pasado mes reflejan que estamos en peor situación
que hace un año, pues se hacen más contratos temporales; en concreto se han hecho 113.663, cuando en noviembre de 2002 se reducía con respecto a un año la contratación temporal en niveles similares. Y no sólo es que se comporte mal la contratación
temporal, sino que la indefinida aumenta, pero muy poco. Así, la contratación temporal gana peso en el volumen total de contratación; se sitúa en el 91,7, valor superior a los alcanzados en este mismo mes en años anteriores; tenemos que irnos a
1998 para encontrar un peso en dicha contratación temporal de igual magnitud.
Existen, en una palabra, razones objetivas para justificar la necesidad de instrumentos creadores de empleo distintos a las políticas aplicadas por el Gobierno, que ni aumentan el empleo creado ni mejoran su calidad. En esta dirección, debe
considerarse que la demanda de la reducción del tiempo de trabajo se ha convertido en una demanda del conjunto de la sociedad. Reconozcamos que el mayor volumen de empleo, mejor de ocupación, que se está generando al abrigo del mercado laboral
liberalizado, no supone un mayor volumen del tiempo de trabajo. De hecho, las horas totales trabajadas siguen en niveles parecidos, lo que indica que buena parte de esos nuevos puestos de trabajo creados son el resultado simplemente de desdoblar el
tiempo existente mediante contrato a tiempo parcial o temporal. Dicho de otra manera, una reducción del tiempo de trabajo total a coste cero para las empresas. Quienes han pagado son los nuevos trabajadores, algunos de los viejos, y desde luego
los inmigrantes en términos de salarios y pérdida de derechos.
Nuestro mercado laboral tiene un gran potencial de creación de empleo y así lo demuestran las estadísticas laborales anuales, que revelan que se realizaron cerca de 63 millones de horas extraordinarias anuales declaradas en el 2002. A esta
cifra habría que añadir una cantidad difícil de calcular de horas extraordinarias sumergidas, que es razonable suponer que están aumentando en los últimos años; estas no se declaran y a veces ni tan siquiera se pagan. Además, la jornada laboral
efectiva de los trabajadores apenas se modifica. En el año 2002 volvió a crecer, interrumpiendo la senda de descenso que se inició en el año 1997. También en este terreno dejan ustedes las cosas peor que al principio de la legislatura. Las 1.767
horas de trabajo efectivo suponen un leve descenso allí donde hay negociación colectiva, en el sector industrial, y aumentan en la construcción y los servicios. La duración de la jornada, junto a la precariedad y los bajos salarios, son el tercer
indicador de la mala calidad del empleo que sufren especialmente mujeres, jóvenes e inmigrantes.
Estos excesos de jornada ponen de manifiesto que sí existen posibilidades de crear más puestos de trabajo, posibilidades que se ampliarían con la adopción de una jornada laboral de 35 horas semanales. Las 35 horas se han convertido ya en
una demanda social, a la que han sabido responder gobiernos de todo signo político en algunas comunidades autónomas que representan al 50 por ciento de los trabajadores de este país. La mayoría de la población española apoya la jornada de 35 horas.
Una encuesta reciente revela que el 61 por ciento está a
favor, cifra que se eleva al 72 por ciento en determinadas condiciones; entre los menores de 30 años, el porcentaje favorable supera el 77 por ciento; el 63 por ciento considera que tendrá efectos positivos; el 53 por ciento piensa que
consistiría fundamentalmente en el aumento del empleo; y el 10 por ciento, en mejorar la calidad de vida. Frente a esta posición generalizada se sitúa la actitud numantina e ideológica del Gobierno y patronal, que manifiestan una total cerrazón a
negociar la reducción del tiempo de trabajo, incumpliendo este aspecto de los acuerdos interconfederales firmados en el año 1997. En los mismos se plasmó el compromiso de los agentes sociales de instar al Gobierno a iniciar el período de consultas
previsto en el artículo 35.2 del Estatuto de los Trabajadores, para limitar o reducir las horas extraordinarias.
Este compromiso significaba que ambas partes compartían que la realización habitual de horas extraordinarias era perjudicial para el
empleo y contradictorio con el objetivo de reducir lo más rápidamente posible el paro. Se han incumplido los acuerdos interconfederales y continúan sin tomarse medidas para fomentar la creación de empleo, reduciendo las horas extraordinarias.
Nosotros debemos reclamar que se cumpla el artículo del Estatuto de los Trabajadores referido a la limitación de las horas extraordinarias y al establecimiento de los mecanismos de vigilancia y control de la inspección de trabajo.
A efectos de ejercitar un mayor control, exigimos asimismo que se fije un límite diario, semanal y mensual, y se reduzca el máximo anual de horas extraordinarias. Defendemos la implantación por ley de esta jornada de 35 horas semanales, ya
que la experiencia nos permite afirmar que las grandes reducciones de jornada se han conseguido para todos los trabajadores a través de esa fórmula. Según los datos disponibles, disfrutan ya de las 35 horas más de 1.300.000 trabajadores, de los que
casi 700.000 pertenecen a la Administración autonómica. Siete comunidades autónomas han desarrollado también medidas para fomentar la creación de empleo, reduciendo el tiempo de trabajo. En cuanto al sector privado, la evolución ha sido lenta,
positiva allí donde se ejerce la negociación colectiva, pero muy negativa en sectores como la construcción o los servicios.
Señorías, la reducción del tiempo de trabajo constituye hoy por hoy un elemento indispensable para cambiar la tendencia de la política de empleo en nuestro país. La reducción y organización de la jornada laboral y la reducción de horas
extraordinarias no sólo son formas reales de compatibilizar vida profesional y privada, sino un elemento sustancial para la creación de nuevos puestos de trabajo. El déficit de la economía española en esta materia es evidente, como lo demuestra la
resistencia de la población activa española a aumentar. La política de empleo en España se sigue alejando de la estrategia europea por el empleo. Al contrario, avanzan los elementos de sobreexplotación en términos de contratos, salarios y jornada
de los recursos humanos. Remover los obstáculos que impiden este déficit de nuestra economía implica una nueva dimensión de la política de empleo, en la que la reducción de la jornada juega un papel clave.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA(Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Ruiz.
¿Algún grupo desea hacer uso del turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: La proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida contiene una nueva regulación del tiempo de trabajo y opta, desde nuestro punto de vista acertadamente, por una reducción
generalizada de este tiempo de trabajo a las 35 horas semanales y por un marco más estricto con respecto a la realización del trabajo nocturno, ampliando además el período de disfrute de vacaciones.
Históricamente, la reducción del tiempo de
trabajo ha sido una reivindicación constante del movimiento obrero y, en el entorno europeo, ha dado lugar a que las jornadas laborales se reduzcan de una forma importante. La reducción de la jornada de trabajo ha favorecido una humanización de las
condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras y por ello se debería imponer una sensibilidad en el conjunto de la Cámara a la hora de atender estas demandas, pues mejoran el bienestar conjunto de la sociedad.
En el Estado español, actualmente se producen varias paradojas. Mientras que la productividad en el empleo aumenta -en términos de economía marxista se diría que se incrementa también la tasa de explotación-, se extiende el horario laboral
y fenómenos paralelos, como las horas extras, según ha señalado también el señor Ruiz. Al mismo tiempo que cada empleado trabaja durante más tiempo también se mantiene una elevada tasa de paro; en el Estado español, la mayor de la Unión Europea, y
en Galicia, de las más altas del conjunto del Estado español. Se está instalando un modelo laboral donde cada vez trabaja menos gente pero durante más tiempo y donde los aumentos de productividad no contribuyen a superar la atonía y parálisis del
sistema de empleo. Esto es especialmente preocupante si tenemos en cuenta el constante e importante aumento de la productividad en los últimos años por el desarrollo de nuevas tecnologías, implantación de nuevos sistemas de organización de la
producción y mejora de la cualificación profesional, entre otros factores. Si estas mejoras de la productividad no suponen, como en el resto de Europa, una reducción del horario de trabajo, se favorece un estancamiento en la creación de más puestos
de trabajo, lo que permitiría reducir los actuales niveles de desempleo.
Según datos recientes de la OCDE, los trabajadores en el Estado español destinan a su jornada laboral 1.812 horas anuales, cercanas a las 1.840 de los japoneses o a las casi 1.900 de los estadounidenses, pero en claro contraste con las 1.560
horas de Francia, Alemania o Italia, o las 1.400 de los Países Bajos y Noruega. Paralelamente, en estos países europeos que acabo de citar, donde la jornada laboral se reduce, es donde se presentan unas tasas de desempleo más reducidas, desde luego
mucho más que en el Estado español, en el caso de Holanda cercanas al 5 por ciento.
Ante este panorama, es realmente oportuna la medida que se contiene en esta iniciativa de reducción de la jornada laboral. Pero hay además otro motivo que abona
este apoyo a la reducción de la jornada laboral a las 35 horas semanales. Si se pretende realmente adoptar medidas eficaces de fomento del empleo, la reducción del horario laboral -desde luego junto con otras medidas- se ha demostrado como una de
las medidas de fomento del empleo más eficaces. Es muy oportuna en el Estado español, donde vemos cómo los programas anuales de fomento del empleo, basados exclusivamente en minorar las cotizaciones sociales de las empresas, no han logrado una
reducción significativa de las altas tasas de paro, especialmente en colectivos como los jóvenes y las mujeres, que son los que presentan un mayor índice de desempleo. Por tanto, es necesario implementar otro tipo de medidas de fomento del empleo
que incidan en el reparto del trabajo existente para poder avanzar en una mayor ocupación laboral y evitar la presencia de importantes bolsas de desocupación.
Nos parece también que, ante un panorama donde la creciente expulsión de trabajadores en sectores que empleaban hasta estos momentos una importante cantidad en mano de obra debido a la llegada de nuevas tecnologías -tónica que se mantendrá
en el futuro-, las medidas de reparto del empleo serán imprescindibles, si es que no se quiere asistir a un aumento de la masa de desempleados. Por todo esto no entendemos la posición cerrada al diálogo y al debate del Gobierno en este asunto y
también -hay que decirlo- del Grupo Popular y de amplios sectores del empresariado.
El Bloque Nacionalista Galego considera, por último, que son positivas las nuevas modificaciones relativas a un aumento del periodo de descanso vacacional, puesto que contribuyen a mejorar sustancialmente las condiciones de trabajo y de vida
de los trabajadores. En suma, la presente proposición de ley nos parece un buen paso adelante para avanzar hacia un reparto más equitativo y más justo del trabajo y del producto del trabajo.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Aymerich.
Para la fijación de posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
Con esta proposición de ley en el último pleno ordinario de esta legislatura, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida reabre un viejo debate, el debate de las 35 horas, que ha sido bandera de movilización social y política para
determinados sectores políticos y sociales, tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea, la convicción de que a través de políticas de reducción del tiempo de trabajo se podía crear empleo, se podía reducir el elevado nivel de desempleo
existente en nuestras sociedades. Seguramente, en la referencia de esas políticas, la experiencia francesa, la Ley Aubry, constituye el principal exponente de esa separación de esos sectores sociales y políticos, que, por otro lado, también han
encontrado siempre un amplio rechazo desde otras perspectivas, especialmente desde sectores empresariales, que han puesto en duda la existencia de una relación directa entre la reducción del tiempo de trabajo y la creación de empleo y que al mismo
tiempo han planteado las cuestiones relacionadas con el riesgo de aumento de los costes salariales que pueden tener estas políticas y sus repercusiones negativas, tanto en la competitividad de las empresas como en el propio proceso de creación de
empleo. También este debate, que, insisto, no es nuevo en esta Cámara en esta legislatura, se produce en un momento en el que en Francia se vive una marcha atrás sobre lo que supuso la experiencia francesa, entendiendo -luego diré alguna cosa más
sobre ello- que la Ley Aubry en términos sociales y en términos económicos no fue una buena experiencia.
En todos los debates que ha habido en esta Cámara, y cuando ha tenido responsabilidades de Gobierno en Cataluña, la posición de Convergència i Unió ha sido creer que tan sólo desde la negociación colectiva es posible avanzar hacia la
reducción de la jornada laboral y que, si se quiere que la reducción de la jornada laboral implique el aumento del empleo, se deben articular políticas específicas alrededor de esa reducción del tiempo de trabajo. Además, este tipo de políticas
debe partir de un hecho evidente, que es la diversidad del tejido económico existente en nuestras sociedades; sólo con la modificación del Estatuto de los Trabajadores difícilmente vamos a resolver nada.
Es más, en Convergència i Unió siempre hemos entendido que el debate sobre la reducción de la jornada laboral, el debate sobre las 35 horas, en el fondo, principalmente, es un debate sobre la necesidad de aumentar la flexibilidad en la
organización del tiempo de trabajo. A nuestro entender, ahí es donde se sitúa el núcleo duro del debate y de la discusión que se ha abierto, por ejemplo, desde la perspectiva del cómputo anual de las horas trabajadas, como elemento configurador de
una reordenación del tiempo de trabajo de las personas trabajadoras, o la introducción de elementos en función de la coyuntura o de la demanda que puedan permitir la variación de la jornada de carácter semanal. Sobre eso sí que
quizá se podría poner de acuerdo Convergència i Unió, en el ámbito de la negociación colectiva o en el marco de una mayor flexibilidad en el Estatuto de los Trabajadores, para avanzar hacia una posible reducción de la jornada de trabajo o
hacia una reorganización de esa jornada de trabajo.
Cuando hablamos de reducción del tiempo de trabajo es necesario, en la línea de lo que apuntan la mayoría de los estudios que en esta materia se están desarrollando hoy en todas partes, que vaya acompañada de acuerdos, por un lado, para la
moderación salarial, para evitar esos mayores costes salariales que la reducción del tiempo de trabajo puede tener para las empresas y para que no afecte a su competitividad, y al mismo tiempo de una reflexión mucho más amplia, para introducir
nuevos elementos que puedan permitir valorar de manera diferente lo que es el concepto salario, vinculando, por ejemplo, el salario a la productividad o a la participación de los trabajadores en los beneficios de las empresas. La moderación
salarial y aumento de la flexibilidad en la duración del tiempo de trabajo son dos elementos que de alguna manera configuran la aproximación que Convergència i Unió hace a esta discusión.
Les decía además que hay que reconocer la diversidad de situaciones existentes en nuestro tejido socioeconómico. No es lo mismo hablar de reducción de tiempo de trabajo en las grandes empresas o en los servicios de las administraciones
públicas que en las pequeñas y medianas empresas; no es lo mismo hablar de reducción de tiempo de trabajo para los trabajadores por cuenta ajena que para los trabajadores por cuenta propia; no es lo mismo hablar de reducción del tiempo de trabajo
para los trabajadores cualificados que para los que no lo son. La propuesta que nos trae Izquierda Unida obvia esas realidades y puede tener efectos sociales nocivos para los autónomos, para las pequeñas empresas, para las microempresas y para los
trabajadores menos cualificados. La experiencia francesa nos demuestra que los grandes perdedores de la Ley Aubry fueron los trabajadores con salarios modestos, los trabajadores con incapacidad para gestionar su propio tiempo de trabajo, los
trabajadores de las microempresas y de las pequeñas empresas. Desde esa perspectiva, la propuesta que formula Izquierda Unida, que es la modificación del Estatuto de los Trabajadores para introducir la jornada de 35 horas, nos parece socialmente
injusta. Señorías, estamos convencidos también de que hoy, en el año 2003, y superada la experiencia de la Ley Aubry, hay que ser capaces de situar el debate sobre la reducción de la jornada de trabajo en otra dimensión, en la convicción de que el
modelo de organización fordista de nuestras economías basado en la industria, ha sido superado; de que el sector servicios hoy configura, en la mayoría de las sociedades avanzadas, más del 60 por ciento del producto interior bruto de estas
sociedades; de que el proceso de individualización que viven nuestras sociedades, y que Ulrich Beck, el sociólogo de Munich, ha descrito de manera acertada en todos sus estudios, con nuevos estilos de vida y con transformaciones en el
comportamiento de las familias, pone en crisis esa rígida organización del sistema de horarios que se deriva de la sociedad industrial. Y a la crisis que existe del modelo industrial, del modelo fordista, Izquierda Unida da una respuesta fordista y
antigua, que es la reducción de la jornada laboral. Hoy esa ya no es la cuestión si queremos mantener empresas competitivas, si queremos dar respuesta a los intereses individuales y colectivos que están en juego en estas materias y si queremos
aumentar la calidad de vida, la calidad del trabajo de todos los trabajadores, no tan sólo de los de las grandes empresas o de los servicios públicos. En el marco del diálogo social, en el marco de la negociación colectiva por sectores, por
empresas, en el marco de las comunidades autónomas, en el marco del conjunto del Estado es donde hay que ser capaces de avanzar, seguramente no ya tanto en una reducción, sino en una reorganización de la jornada de trabajo que dé respuesta a esas
realidades, a la competitividad de las empresas, a los intereses individuales y colectivos que están en colisión y a la calidad de vida de los trabajadores.
Convergència i Unió hoy no va a votar favorablemente esta toma en consideración. Nos parece una medida equivocada, socialmente regresiva y que no responde a las necesidades en materia de empleo que tiene enmarcada la sociedad española y
nuestra economía. Hoy se nos exige reducir la precariedad, hoy se nos exige avanzar hacia el pleno empleo, hoy se nos exige aumentar las tasas de actividad de las mujeres mayores de 45 años, hoy se nos exige hacer frente a los problemas de salud
laboral o a los accidentes de trabajo, pero lo que hoy no se nos exige es una reducción por ley del tiempo de trabajo. Eso quizás fueron expectativas que se crearon en otro momento pero que la experiencia nos ha demostrado fracasadas.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Campuzano.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Señora presidenta, señoras y señores diputados, el Partido Socialista se plantea el debate sobre la reducción de la jornada que nos propone hoy Izquierda Unida sobre dos bases de reflexión que me gustaría ubicar en
el comienzo de mi intervención. En primer lugar, se puede abordar la reducción de la jornada considerándola una constante histórica, una evolución natural de las condiciones de trabajo, una liberación del tiempo de vida que los trabajadores
necesitan y, por tanto, reclaman una reducción progresiva de la jornada de trabajo. O se puede contemplar, como ha hecho en parte el portavoz que ha defendido la proposición de ley, como un instrumento de generación de
empleo. Es verdad que en la década de los noventa, en particular en los últimos años de la década pasada, se ha discutido mucho en toda Europa sobre la conveniencia de incorporar fórmulas de reducción o de reparto del tiempo de trabajo como
instrumento generador de empleo. Pues bien, la experiencia, lo que sabemos ya de todo lo que ha venido ocurriendo en los últimos iba a decir años, pero cabe decir incluso siglos, sobre lo que es empleo, jornada y vida, que es una ecuación que
podríamos llamar compleja, son, entre otras cosas, cuatro conclusiones que parecen evidentes. En primer lugar, señor Ruiz, la reducción del tiempo de trabajo sólo es un instrumento generador de empleo si fuera una medida universal. Si todos los
países del mundo se pusieran de acuerdo para que la jornada laboral se redujera se podría producir un efecto generador de empleo. Habría que incluir en esa reflexión la reducción de la jornada y del salario para que la repercusión en la
competitividad de las empresas no fuera negativa. Esta es una primera reflexión que es obligado hacer.
Yo también soy de los que ha soñado cuando era joven, y no tanto, con la idea de trabajar menos para trabajar todos, que es, sin duda, un
bellísimo eslogan. Pero hoy tenemos que concluir, por las experiencias que han ocurrido en todo el mundo donde estas medidas se han planteado de manera unilateral o local -y Francia es el mejor ejemplo-, que, sin perjuicio de que hayan podido
producir algún incremento parcial del empleo, han costado mucho dinero. Al Gobierno de la izquierda plural francesa le costó mucho dinero compensar a las empresas francesas por la pérdida de competitividad que experimentaba una reducción de la
jornada sin reducción salarial. Tenía que compensar a las empresas, puesto que ellas tenían que competir en un mercado global y sus competidores tenían de pronto una ventaja competitiva muy importante al haber perdido productividad con la reducción
de la jornada. ¿Qué tuvo que hacer el Gobierno? Compensarles. Fue una medida muy cara que produjo una gran distorsión en el conjunto de la población laboral. Es evidente que otras experiencias, por ejemplo la holandesa, se están revisando en
este momento. Señor Ruiz, la izquierda tiene que dejar de creer en algo que científicamente se ha demostrado que no es una ecuación correcta. No podemos seguir reivindicando imponer una reducción de la jornada por ley y creer que eso va a crear
empleo, cuando la experiencia nos ha demostrado que eso no es así. La izquierda no puede hacer retórica con sus medidas; tiene que ser consecuente. Tengo que decirle, señor Ruiz, que lo lamento muy sinceramente, pero con las experiencias
internacionales habidas no es posible decir que la medida de la reducción de la jornada equivalga a una generación de empleo.
En segundo lugar, querría decir a todas SS.SS. que la reducción de la jornada en la historia ha sido siempre consecuencia de dos grandes elementos: de una parte, las revoluciones tecnológicas y las mejoras de productividad y, de otra, la
negociación colectiva. En la reducción de la jornada de 80 a 60 horas semanales que se produjo a finales del siglo XVIII, cuando apareció la máquina de vapor y alteró los sistemas de producción en las viejas fábricas británicas -por poner un caso
del desarrollismo industrial del siglo XVIII-, tuvo un papel importantísimo la mejora de la productividad, y la reducción se materializa a través de una negociación colectiva. A finales del siglo XIX, con la aparición del motor eléctrico, se
produjo una reducción de 60 a 48 horas a la semana -las famosas 48 horas de Chicago-, como consecuencia -insisto- de una combinación entre lucha obrera y negociación colectiva y una mejora tecnológica, lo que produjo una formidable oportunidad para
el movimiento obrero de reducir la jornada. Al final del la Segunda Guerra Mundial se produjo la reducción de 48 a 40 horas a la semana, como viene siendo lo habitual en los países europeos que nos rodean. En todo caso, señor Ruiz, no son las
leyes las que reducen la jornada laboral, sino la combinación del incremento de la productividad en las empresas y una negociación colectiva paralela.
En tercer lugar, las leyes no han reducido la jornada. Lo que han hecho, sustancialmente, ha sido conformar en ley lo que ya se había puesto en práctica con estos instrumentos. Verbigracia, la ley que impuso la jornada laboral de 40 horas
en España en el año 1983, establecida por el entonces ministro Almunia, fue consecuencia en gran parte de una práctica ya existente. La mayor parte de las empresas ya operaban con una jornada laboral muy similar y lo que hace la ley es generalizar,
imponer un máximo de jornada, y por supuesto es muy benefactora, pero lo que la ley no hace es adelantar cuatro pueblos -como se dice vulgarmente- a la negociación colectiva, a la realidad, sino recoger lo que ya se está produciendo en esa
negociación.
Por último, hay otro elemento de reflexión contradictorio en el que tiene importancia que nos centremos y es que, curiosamente, la tercera revolución tecnológica que se está produciendo, a final del siglo XX y comienzos del XXI, combinando
microelectrónica, informática, telecomunicaciones y biogenética, no está produciendo, a pesar de que proporciona un incremento de productividad enorme en todos los procesos productivos, una reducción de la jornada. (La señora presidenta ocupa la
Presidencia.) Aquí sí es importante que examinemos a dónde vamos, qué sentido tiene esto, por qué en este momento no se está produciendo una reducción, sino un incremento de la jornada laboral. ¿Por qué la jornada laboral real de Estados Unidos, de
Inglaterra, de España, de Europa en general, está aumentando progresivamente en pleno siglo XXI y en plena tercera revolución tecnológica?
Estas cuatro conclusiones nos llevan, señor Ruiz, a exponerle nuestra posición. Avanzar en favor de la reducción de jornada es bueno y necesario. El Partido Socialista quiere que la jornada laboral se vaya reduciendo progresivamente, pero
no queremos hacerlo a través
de una ley porque una ley que imponga, por caso, el 1 de enero de 2004 o el 1 de enero de 2005, la jornada de 35 horas en España, tal como presenta este proyecto de ley, va a provocar sin duda efectos perversos.
El primero y el más
importante es que probablemente se reduciría el conjunto de la masa laboral, porque muchas empresas al ser afectadas por una pérdida de competitividad reducirían su plantilla. Esto está comprobado. Por tanto, no podemos decir sí a ese proyecto de
ley con carácter universal e impositivo a una fecha de veinte días después de que se apruebe aquí. Además, creemos que esa ley va a ser muy cara. Hace falta una ley marco, una legislación que tiene que ser fruto del diálogo social, señor Ruiz. No
podemos ser contradictorios. No podemos establecer una ley sin haber hablado para nada con sindicatos y con empresarios; no podemos imponerla a todo el mundo laboral en España sin que sea fruto y consecuencia de un consenso sociolaboral. No
podemos arriesgarnos tanto en esta materia. Por eso el Partido Socialista es más partidario de que un diálogo social entre las partes nos indique, nos canalice hacia qué ley marco favorecedora de una reducción de la jornada deberíamos caminar.
Este Parlamento o un Gobierno de izquierdas puede establecer una legislación favorable a la reducción de la jornada, pero nunca será impositiva, nunca será universal, sino que favorecerá una negociación colectiva que tenga en cuenta reducción de
jornada con mantenimiento de productividad y de competitividad.
Una reflexión final. Señorías, la reducción de la jornada es un embrión de liberación, de conciliación lógica de trabajo y vida, de trabajo y familia, de trabajo y sociedad. Habría que trabajar menos, es verdad, para que conciliáramos
mejor nuestra vida, una vida más participada en lo civil, en lo político, en lo social; una vida menos individualista; una vida mejor conciliada con familia, con educación de hijos, con cultura, con ocio y eso reclama una reducción de la jornada.
Hay que oponerse a que la jornada se prolongue de una manera exagerada. El Partido Socialista, por ejemplo, propone y defiende que en España el horario laboral se vaya acercando a la jornada europea de 9 a 5 de la tarde. Hay que trabajar en esa
dirección y hay que ayudar a los sindicatos y a los empresarios a llegar a un acuerdo. Una ley como la que propone el PSOE favorecería eso, pero no podemos decir sí a esta ley, señor Ruiz. Por eso, aun respondiendo a un espíritu que compartimos,
pero rechazando el contenido de la ley, nuestro grupo se abstendrá. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jáuregui.
En nombre del Grupo Popular, el señor Carriegas tiene la palabra.
El señor CARRIEGAS ROBLEDO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, buenas tardes. Subo a esta tribuna con el propósito de fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular con relación a la proposición de ley sobre regulación del tiempo de trabajo, presentada por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida. Les adelanto que nuestra posición será contraria a la toma en consideración de la iniciativa planteada.
En primer lugar, quiero agradecer al señor Ruiz, portavoz de Izquierda Unida, que haya tenido la deferencia de hacer al menos una sucinta exposición sobre cuáles son los motivos y la finalidad que les alienta a presentar el asunto que hoy
nos trae aquí, aunque no vale presentar cualquier cosa, sea lo que sea, salga lo que salga, para traer a esta Cámara un debate determinado. No parece tener el grupo proponente demasiada confianza en su iniciativa puesto que no la ha defendido,
únicamente ha presentado un debate político, un panorama irreal y catastrófico totalmente inexistente. Digo esto puesto que llama poderosamente la atención el hecho de que esta proposición de ley carezca de exposición de motivos. Este hecho -que
contraviene el artículo 124 del Reglamento del Congreso, que textualmente señala que las proposiciones de ley se presentarán acompañadas de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre ellas- nos resulta
llamativo, pero, sobre todo, contraviene el normal desarrollo del debate político en democracia, en el que resulta no ya razonable sino imprescindible el que los grupos políticos conozcan con claridad cuáles son los horizontes, los fines y los
objetivos de las medidas que se puedan libremente plantear para poder fijar una postura que resulte coherente y consecuente, que pueda enriquecer el debate y evitar un simple debate de sordos.
La iniciativa que nos trae hoy Izquierda Unida propone modificar los artículos 34, 36, 37 y 38 del Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. De las
modificaciones que plantea, fundamentalmente se persigue la reducción del tiempo de trabajo, que se concreta en el establecimiento de una jornada semanal de 35 horas, con dos días de descanso y 35 días de vacaciones anuales, al tiempo que sugiere
-desconocemos el porqué- la desaparición como fiesta de ámbito nacional de la fiesta nacional del España el día 12 de octubre. Al Grupo Parlamentario Popular le hubiera gustado que asuntos tan diferentes y al mismo tiempo de debate tan sugerente,
se hubieran traído a esta Cámara, por su enorme interés, por separado y, desde luego, nos hubiera entusiasmado haber tenido la oportunidad de leer en la exposición de motivos las causas por la que se pretende suprimir la fiesta de la Virgen del
Pilar.
El asunto nuclear hoy es conocer qué pretende lograr el grupo proponente con estas medidas. La cuestión no es si estas medidas son más o menos sociales, tendremos, algún día que acotar qué significa que una medida sea social porque si las
llamadas por algunos medidas sociales dejan a los ciudadanos sin empleo, no parece que sean demasiado sociales, sino justamente lo contrario. Insisto en que la cuestión no
es divagar sobre los supuestos efectos mágicos que algunos atribuyen a determinadas medidas; la cuestión es si las medidas que se contienen sirven o no para los fines que se persiguen. Nosotros pensamos que los supuestos fines perseguidos
no se lograrían jamás bajo las premisas de la proposición de ley de Izquierda Unida e intentaré abundar en los detalles desmenuzando la iniciativa.
Plantea Izquierda Unida, en su artículo 1, reducir de 40 a 35 horas la duración de la jornada máxima semanal, eliminando el inciso de promedio en cómputo anual. Más allá de la reducción de cinco horas, la redacción propuesta generaría una
enorme rigidez porque impediría anualizar la jornada y, sobre todo, impediría su distribución irregular a lo largo del año. La propuesta obligaría a realizar 35 horas de trabajo todas las semanas del año, con independencia de las necesidades de
producción, que por muchos motivos, pueden aumentar o descender a lo largo del año.
Pensemos, por ejemplo, en el sector turístico español. El Grupo Parlamentario Popular considera como criterio general que una reducción del tiempo de trabajo no
debe hacerse mediante una ley de alcance general. Sólo el libre juego de la autonomía de los agentes sociales, a través de la negociación en las empresas, en los sectores, a través de la negociación colectiva, es el instrumento idóneo para, en su
caso, reducir la jornada de trabajo en cada ámbito concreto para adecuar, en suma, el tiempo de trabajo a unas necesidades determinadas. La actual duración máxima -repito máxima- de la jornada de trabajo de 40 horas y las duraciones inferiores a la
máxima establecidas en numerosos convenios colectivos y contratos de trabajo constituyen un punto de equilibrio correcto, a nuestro entender, que permite una adecuada compatibilización del trabajo y de la vida personal y familiar. Históricamente el
origen de la institución de la jornada máxima legal se constituye desde el punto de vista de la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores.
Pero no parece que la actual regulación de las jornadas máximas legales y convencionales
plantee problemas en este sentido. Así lo pone de relieve la directiva comunitaria de noviembre de 1993, que fija en 48 horas la duración máxima de trabajo semanal en función de las necesidades de protección de la salud y seguridad de los
trabajadores, en términos, por tanto, ampliamente superados por la legislación española. Si la salud y la seguridad de los trabajadores están convenientemente protegidas, acaso esta iniciativa busque la creación de empleo. Si es así, el Grupo
Parlamentario Popular considera que las medidas que se proponen no lograrían la creación de empleo, sino más bien lo contrario, la destrucción de empleo. No existe una sola construcción teórica que demuestre un efecto positivo, en términos de
empleo, de una reducción generalizada de la jornada de trabajo. La experiencia demuestra la ausencia de una relación directa entre la jornada laboral y el nivel de empleo. En España, entre 1982 y 1996 la jornada laboral anual media pactada en
convenio colectivo se redujo, incluyendo la reducción por Ley de 1983, en un 5,7 por ciento. En ese periodo, la tasa de desempleo aumentó en un 5,8 por ciento. En el periodo de 1996 a 2002, años de Gobierno del Partido Popular, en el que la
jornada laboral anual se ha mantenido estable, es cuando se ha reducido el paro en nuestro país. Ello pone de relieve dos cuestiones: una, que no existe ninguna relación directa a medio y largo plazo entre jornada laboral y tasa de paro -el paro
aumenta o disminuye por otra serie de factores ajenos a la duración de la jornada laboral- y, dos, que cualquier eventual efecto positivo, en términos de empleo, derivado de una reducción de la jornada de trabajo no se puede producir, sin más, a
partir de la mera reducción legal de la jornada, sino en función de una serie de compromisos y de acuerdos entre los interlocutores sociales que complementen dicha reducción y ellos son necesariamente distintos para cada una de las empresas
españolas. En ausencia de ellos, la reducción de la jornada de trabajo puede ser, de hecho es, absolutamente inútil. Por otra parte, en una economía como la europea, si la reducción de la jornada establecida por ley no se aplica simultáneamente en
todos los países, se reduciría la competitividad del país en cuestión y se produciría una reducción de empleo, cuando no un fenómeno de deslocalización de empresas, dentro de las inmensas facilidades que para ello otorga el mercado único. Por todo
ello, en España una reducción generalizada por ley de la jornada de trabajo no produciría ningún efecto positivo sobre el empleo; antes al contrario, produciría, con toda seguridad, un efecto negativo.
En el artículo número 2, Izquierda Unida propone suprimir la habilitación al Gobierno para establecer ampliaciones, limitaciones y garantías adicionales en relación con la duración de la jornada de trabajo de los trabajadores nocturnos. En
nuestra opinión, esta supresión generaría enormes dificultades en la organización del trabajo de los sectores de actividades que necesitan específicamente una regulación diferenciada de la general. Pensemos, por ejemplo, en el sector de los
transportes o en el de la pesca. Asimismo, Izquierda Unida propone en este artículo que la negociación colectiva no pueda determinar una retribución específica para el trabajo nocturno, negando la autonomía de las partes. Izquierda Unida parece
pretender que el trabajo nocturno se monetarice y no se pueda compensar en descanso, disminuyendo así la seguridad y la salud de los trabajadores. Mostramos nuestro más firme rechazo a este planteamiento.
En el artículo 3, Izquierda Unida propone, en primer lugar, ampliar de día y medio a dos los días de descanso semanal, lo que por otra parte es cada vez más común en numerosos sectores, fruto del enorme tesoro que es el diálogo social, y se
impide la acumulación por periodos de hasta 14 días.
Aquí quiero recordar que la directiva
comunitaria establece un descanso semanal de un día y que los hechos avanzan adecuándose a las realidades de los sectores, sin necesidad de corsés inútiles. Izquierda Unida propone suprimir el traslado al lunes inmediatamente posterior de
las fiestas que coincidan con domingo, no sabemos por qué. Se modifican también, constriñéndolas, las posibilidades de traslado de fiestas por las comunidades autónomas. Tenga cuidado, señor Ruiz, que le van a tildar de centralista y
antiautonomista. Además, y sin venir a qué, se propone que desaparezca como fiesta de ámbito nacional el 12 de octubre, día de la Virgen del Pilar, la fiesta nacional de España. A juicio de Izquierda Unida, España debería ser el único país sin
fiesta nacional, ya que Francia la celebra el 14 de julio; Alemania, el 3 de octubre; Italia, el 2 de junio; Austria, el 26 de octubre; Bélgica, el 21 de julio; el Reino Unido, el 21 de abril, y así todos los países europeos. Para algunos, el
hecho de que tengamos fiesta nacional debe ser síntoma de ser nostálgico y de derechas. Yo les recomiendo que hagan una propuesta en el seno de sus manifestaciones contra el Plan Hidrológico en la capital de Aragón. Por último, en el artículo 4,
Izquierda Unida propone que se eleven de 30 a 35 los días de vacaciones anuales. Debemos recordar que la directiva comunitaria fija las vacaciones en 28 días anuales, mejorando, por tanto, este punto el ordenamiento jurídico español. En fin, si lo
que busca Izquierda Unida es crear empleo, yerra profundamente; si lo que busca Izquierda Unida es una mayor competitividad de nuestra economía, yerra profundamente; si lo que busca Izquierda Unida es la mejora de las condiciones de trabajo y de
la seguridad y salud de los trabajadores, yerra profundamente, puesto que la aplicación de la reducción generalizada por ley a todos los trabajadores españoles no traería ningún efecto positivo y supondría inevitablemente, en el contexto global en
que nos encontramos, un grave efecto negativo, que nos traería -este, sí; seguro que sí- enormes consecuencias sociales.
El Gobierno que este grupo apoya viene impulsando -y lo seguirá haciendo- una línea de acción dirigida a facilitar la reorganización del tiempo de trabajo, apostando de manera muy clara por el impulso de la contratación a tiempo parcial, en
detrimento de las horas extraordinarias, que le está dando muy buenos resultados. Nosotros no vamos a apoyar la reducción por ley, por las buenas, de la jornada laboral; pero instamos a los interlocutores sociales -patronal y sindicatos- a que
busquen consensos, conclusiones y acuerdos sobre reorganización del tiempo de trabajo, entre empresas o por sectores. El fruto de ese trabajo compartido, vía diálogo social y negociación colectiva, será aplaudido por este grupo y por nuestro
Gobierno.
Por último, quiero decirles que supone una enorme satisfacción para nuestro grupo que los debates sobre asuntos laborales versen, en pleno 2003, sobre las cuestiones laborales que parece que preocupan a los ciudadanos, como son: la
ampliación del período de vacaciones a 35 días, tener más horas y días de descanso, y la elaboración de otros calendarios de días festivos. Los hechos y las cifras cantan, por más que Izquierda Unida pretenda manipularlas. Hemos dicho adiós a las
políticas laborales equivocadas, y los españoles saben de qué hablamos. Esto significa...
La señora PRESIDENTA: Señor Carriegas, le ruego que concluya.
El señor CARRIEGAS ROBLEDO: Ahora mismo, señora presidenta.
Esto significa -mal que les pese a algunos- que la lucha contra el desempleo y el compromiso por el pleno empleo están en la buena senda.
Tomamos las medidas adecuadas, y los españoles -casi 17 millones de ocupados- saben que, con el
Partido Popular, las políticas de empleo están en buenas manos.
Votaremos en contra.
Nada más, y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Carriegas.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
La señora PRESIDENTA: Señorías, conforme al artículo 68 del Reglamento, la Presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de incluir en
el apartado X los siguientes dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales: Convenio complementario de Seguridad Social entre el Reino de España y la República Federativa de Brasil, de 16 de mayo de 1991, hecho en
Valencia el 14 de mayo de 2002; Acuerdo entre el Reino de España y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), sobre privilegios e inmunidades con ocasión de las reuniones del comité ejecutivo de la Asamblea General de dicha
organización que se celebrarán en Benidorm (España) del 29 de septiembre al 2 de octubre, hecho en Madrid el 4 de septiembre de 2003; Convenio entre el Reino de España y la República Dominicana sobre la ejecución de sentencias penales, hecho en
Madrid el 15 de septiembre de 2003; Acuerdo entre el Gobierno español y el Gobierno macedonio sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos y de servicio, hecho en Madrid el 3 de junio de 2003; y Canje de notas constitutivo de
acuerdo por el que se prorroga el Acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos de América en materia de cooperación educativa, cultural y científica, de 27 de octubre de 1994.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE REGULACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO. (Número de expediente 122/000193.) (Continuación.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre regulación del tiempo de trabajo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 276; a favor, 11; en contra, 160; abstenciones, 105.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE PROTECCIÓN ECONÓMICA DE LAS VÍCTIMAS DE ACTOS DE VIOLENCIA EN EL MARCO DE CONFLICTOS BÉLICOS. (Número de expediente 122/000317.)
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de la proposición de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, de protección económica de las víctimas de actos de violencia en el marco de conflictos bélicos. Para la presentación y defensa de la
misma, tiene la palabra el señor Caldera.
(Rumores.)
Señorías, por favor, es preciso que continuemos con el debate, por lo cual les ruego que ocupen sus escaños y guarden silencio. (Pausa.)
Adelante, señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señora presidenta.
Señorías, presentamos una iniciativa que pretende establecer un estatuto para la protección integral de aquellos españoles al servicio de la Administración española que sufren daños o son víctimas de actos de violencia en zonas de conflicto.
Creemos que la dimensión, la grandeza -si se quiere- de un país no sólo se mide por su capacidad de proyección política, económica, militar incluso, sino especialmente por las garantías y derechos que es capaz de ofrecer a sus ciudadanos, tanto
cuando se encuentran en el interior del territorio nacional como cuando están en el extranjero. En estos casos de españoles en el exterior, la protección estatal no debe limitarse a la atención consular, sino que el Estado, la Administración
española debe -en nuestra opinión- ejercer activamente toda la protección de que sea capaz para intentar, en lo posible, que los derechos y garantías que la Constitución y los tratados internacionales atribuyen a los ciudadanos españoles no pierdan
su efectividad. Los españoles en el extranjero, señorías, siguen siendo españoles y no sólo merecen sino que tienen pleno derecho a que el Estado no se desentienda de ellos, a que realice los esfuerzos de todo tipo que sean precisos ante cualquier
situación de dificultad en que se encuentren, especialmente si es con ocasión de una crisis o de un conflicto bélico. Por cierto, quiero hacer mención a un español, Ahmed Abderramán, preso en Guantánamo desde la guerra de Afganistán, año 2002, sin
que haya sido objeto todavía de una acusación formal. Este es el ejemplo de una protección que debía ser dispensada por el Estado español.
Esta necesidad, señorías, es particularmente ineludible cuando nuestro país ha incrementado su presencia
internacional. Desde el año 1999 participamos en misiones de paz de Naciones Unidas, también en acciones humanitarias ante catástrofes naturales. Hoy España es un país que afortunadamente presta ayuda y cooperación al desarrollo de otros países,
cuando ayer, hace sólo 20 años, era un país receptor neto de ayudas.
Durante esta última legislatura España ha participado también y participa en otro tipo de operaciones militares cuya legitimidad no es el objeto de esta intervención, de este
debate, pero que indudablemente han tenido como consecuencia una mayor presencia de ciudadanos españoles en zonas de conflicto. El caso es que España y los españoles cada vez actúan más en el exterior y ello nos llena de orgullo solidario, lo que
trae a su vez como consecuencia, señorías, que también cada vez más se vean envueltos en situaciones de alto riesgo, en zonas de conflictos bélicos, desarrollando su labor profesional o solidaria o cumpliendo una misión al servicio del Estado. Esas
labores, esas misiones pueden desarrollarse efectivamente al servicio de las Fuerzas Armadas o de la Administración, pero también se pueden desarrollar esas misiones, por ejemplo, en una labor profesional para los medios de comunicación que, al fin
y al cabo, cumplen una tarea imprescindible para que pueda satisfacerse el derecho de todos a recibir una información veraz; también se pueden prestar estos servicios en el seno de organizaciones internacionales, de organizaciones humanitarias,
como las que realizan los cooperantes o algunas órdenes religiosas en el extranjero. Todos ellos, señorías, cumplen una misión difícil que en ocasiones lamentablemente finaliza de modo trágico, sufriendo daños psíquicos o psicofísicos, incluso
perdiendo la vida a manos de cualquiera de los bandos en conflicto, en ocasiones de alguno de nuestros aliados o por causa de un accidente más o menos previsible y evitable.
Pues bien, a pesar de la cada vez mayor presencia de españoles en este tipo de actuaciones, en España, señoras y señores diputados, carecemos de un marco normativo que proteja económicamente -pero no sólo económicamente, quiero señalarlo-
estas contingencias de forma adecuada.
Como apunta la exposición de motivos de la proposición, la legislación española contiene diferentes disposiciones que contemplan el derecho a recibir ayudas, indemnizaciones, pensiones extraordinarias, a
quienes han sido víctimas de determinados siniestros o catástrofes, de delitos violentos, de actos de terrorismo. Asimismo, existen normas que suponen una determinación inicial más elevada de aquellas pensiones causadas por lesiones o
muerte de funcionarios en acto de servicio y se han dictado también medidas con objeto de dar cobertura a otras situaciones no previstas e incluso se ha llegado a otorgar pensiones excepcionales para evitar la desprotección de determinadas personas
ante contingencias no previstas por las leyes. Pues bien, señorías, esta legislación es manifiestamente insuficiente. No trata, desgraciadamente, a todos por igual. No puede seguir manteniéndose que las familias de quienes fallecen, por ejemplo,
en una emboscada de grupos terroristas en Irak o por un atentado contra la sede de Naciones Unidas en Bagdad tengan mayor protección económica del Estado que quienes pierden la vida como consecuencia de un accidente aéreo (recordemos el trágico
accidente del Yakolev-42) cuando vuelven de servir al Estado en esos mismos conflictos, o quienes caen abatidos por una andanada de las tropas de la coalición o simplemente por el disparo accidental de un compañero, o por cualquier otro acto de
violencia desarrollado en una zona de conflicto donde prestan servicio humanitario, profesional, en las Fuerzas Armadas o al servicio de la Administración española. Se precisa, por tanto, señorías, un estatuto de protección integral de los
españoles en este tipo de situaciones que sin duda debe ir más allá de la simple protección económica ante determinadas contingencias de riesgo. Y esta exigencia que planteamos es especialmente incuestionable cuando va a comenzar un año en el que
incluso los miembros de las Fuerzas Armadas que cumplan misiones en el extranjero dejarán de estar protegidos por el seguro colectivo de vida y accidentes del Ministerio de Defensa, que ha sido anulado. Si además, señorías, tenemos en cuenta que
tampoco se ha desarrollado el estatuto del cooperante, lo que supone un incumplimiento del mandato legal incluido en la Ley de Cooperación, a pesar de que este Congreso de los Diputados por unanimidad pidió su establecimiento, tendremos más claro
aún que es preciso desarrollar este estatuto que proponemos. Por tanto, la normativa existente debe y puede ser ampliada. Veinticinco años después de ser aprobada la Constitución debe hacerse con carácter retroactivo, porque a lo largo de estos
años, señoras y señores diputados, algunas decenas de españoles han perdido su vida en zonas de conflicto bélico con ocasión de cumplir misiones fundamentalmente humanitarias en nuestro nombre o de realizar estos actos al servicio de la nación, al
servicio de los ciudadanos españoles. Todos ellos, señorías, merecen nuestro reconocimiento, nuestro homenaje, nuestra consideración, nuestra ayuda, que en este caso recibirían sus familiares.
Todos ellos y sus familias merecen que se apruebe un
estatuto de protección integral que incluya medidas económicas de compensación y auxilio, pero también asistencia médica, psicológica y en su caso psicopedagógica que sean precisas para atender a las familias. Todos ellos deben ser recordados por
esta Cámara a la hora de tomar en consideración esta proposición de ley: los agentes del Centro Nacional de Inteligencia, los militares españoles fallecidos en Irak, los 62 militares muertos en el trágico accidente aéreo de Trebisonda y quienes
fallecieron durante la participación española en cualquier misión de Naciones Unidas, por ejemplo, para la pacificación de la antigua Yugoslavia. Pero no sólo ellos sino también los corresponsales de medios de comunicación que han fallecido como
consecuencia de cumplir esa arriesgada misión que es hacer llegar a los españoles la información a la que tienen derecho aún en las más difíciles situaciones bélicas. Juan Antonio Rodríguez, el fotógrafo Jordi Pujol, Luis Baltueña, Julio Fuentes,
Julio Anguita Parrado, José Couso y tantos otros deben merecer esta protección (Aplausos.), así como también los cooperantes españoles que llevaron su labor de solidaridad a las zonas más lejanas y peligrosas del mundo, empeñando y perdiendo su vida
en este trabajo, entre otros y por todos ellos, Mercedes Navarro, Flor Sirera, Manuel Madrazo o Iñigo Eguiluz. A todos ellos debe serles de aplicación este nuevo estatuto que toma como modelo el que estas Cortes Generales aprobaron para rendir
homenaje a las víctimas del terrorismo. De este modo, quienes fallezcan o sufran daños físicos o psíquicos encontrándose en un lugar de conflicto armado, por llevar a cabo labores de cobertura informativa para los medios de comunicación, formar
parte de una organización de ayuda humanitaria o con ocasión del cumplimiento de misiones al servicio de las Fuerzas Armadas o la realización de funciones por cuenta de la Administración española, tendrían derecho a recibir este tipo de ayudas.
Estas ayudas comprenderían indemnizaciones en un régimen similar al que se incluye en la Ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo, tanto en cuanto a beneficiarios -que incluirían, por cierto, las parejas de hecho, con independencia de su
orientación sexual- como a cuantías, incompatibilidades y exenciones fiscales. También se incluye, señorías, el reconocimiento de pensiones extraordinarias por fallecimiento o incapacidad. Estas pensiones tendrían una cuantía equivalente a las
extraordinarias ya existentes. Tampoco estarían sujetas a los límites de señalamiento inicial y de revalorización de pensiones previsto con carácter general. Sólo serían incompatibles con las que pudieran corresponder a sus beneficiarios por los
mismos hechos causantes y serían financiadas en la diferencia entre el importe de la pensión extraordinaria y de la pensión ordinaria que hubiera podido corresponder al beneficiario con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Por último, se
propone también la regulación de pensiones extraordinarias para quienes no tuvieran cobertura de algún régimen de protección pública. La cuantía de ellas sería el doble del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento; sería asimismo
garantía mínima para las pensiones extraordinarias que por la aplicación de este estatuto se reconocieran y abonaran
por cualquier régimen público de la Seguridad Social. Hay otras ayudas, como les decía, no sólo económicas sino académicas para las víctimas, cónyuges e hijos, para financiar tratamientos médicos, prótesis, intervenciones quirúrgicas o
recibir asistencia psicológica y psicopedagógica.
Señoras y señores diputados, constituye para la sociedad española un deber ético, moral, tratar a todos por igual, proteger a quienes en nuestro nombre o a nuestro servicio desarrollan tareas informativas humanitarias de seguridad en zonas
de conflicto armado y acabar con cualquier atisbo de discriminación, como ocurre con las parejas unidas por una relación de afectividad matrimonial, aunque no hayan contraído matrimonio, que quedan desprotegidas ante el fallecimiento de uno de
ellos. Por último, debo hacer notar, señorías, que la aprobación de esta iniciativa no tiene costes considerables que justifiquen su rechazo. Los económicos que pudieran derivarse serían inapreciables, aparte de que estoy convencido de que serían
gustosamente sufragados por el conjunto de los españoles.
En todo caso, señoras y señores diputados, las deudas morales pesan sobre los espíritus de los pueblos y hacerlas frente y saldarlas es lo que los dignifica. Señorías, eso pido: dignidad,
y espero que la Cámara la tenga al tomar en consideración este estatuto de protección integral de los españoles en situaciones de conflicto.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Caldera.
¿Turno en contra de la toma en consideración (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
La posición del Bloque Nacionalista Galego en relación con esta proposición de ley sobre protección económica de las víctimas de actos de violencia en el marco de conflictos bélicos... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Rodríguez, porque no se le oye.
(Pausa.)
Adelante.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Como les decía, esta proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre protección económica de las víctimas de actos de violencia en el marco de conflictos bélicos va a merecer el apoyo del Bloque Nacionalista Galego, y lo hacemos
en base a los siguientes argumentos. En primer lugar, hay que tener en cuenta que los últimos conflictos bélicos, desde el de la antigua Yugoslavia, pasando por Afganistán, hasta la actual guerra de Irak, se han caracterizado por la multitud de
víctimas civiles que en muchos casos superan las víctimas de los ejércitos en combate.
Bajo la denominación eufemística de daños colaterales se pretende esconder la cruel realidad de las guerras actuales y confundir a la opinión pública de que la
tecnología militar avanzada ayuda a elegir los objetivos, a evitar que la población civil sea objeto militar y a reducir sus sufrimientos durante un conflicto bélico. Pero, señorías, nada más lejos de la realidad. En la guerra de Irak ha habido
más víctimas civiles que militares, sobre todo en el bando iraquí, y en muchos casos por el uso de los ejércitos británico y estadounidense de verdaderas armas de destrucción masiva como las bombas de racimo o el empleo de munición con uranio
empobrecido. Entre las víctimas civiles destacan cada vez más las personas que son integrantes de organizaciones humanitarias o de medios de comunicación que asumen riesgos para garantizar la información sobre el conflicto con una indudable
vocación de servicio público. Si aplicásemos los convenios internacionales en virtud del derecho internacional humanitario, por cierto cada vez más relegado a papel mojado a la vista del poco respeto y cumplimiento por potencias mundiales como
Estados Unidos, con una fuerte presencia en muchos conflictos armados a escala internacional, la responsabilidad de protección de la población civil y del personal no militar en tareas de apoyo humanitario o de los reporteros de guerra sería sin
discusión y titubeos de las potencias ocupantes. Por tanto, si aplicásemos la Convención de Ginebra a los sucesos acaecidos en la guerra de Irak, en la que han muerto periodistas y personal humanitario, los responsables de otorgar en primera
instancia protección económica a sus familias deberían ser los Estados ocupantes y el Estado español exigir esa responsabilidad.
Es evidente que de forma conjunta a la necesaria reivindicación de la compensación y protección económica por parte de los responsables, sea por acción u omisión, es decir por incumplimiento del deber de protección por parte de las potencias
ocupantes a las víctimas en conflictos armados, compartimos la necesaria regulación en el ordenamiento jurídico interno de un apoyo a esas víctimas y sus familias, a través de la compensación económica, que contribuya a paliar la situación de
desequilibrio patrimonial que toda pérdida o mutilación derivada de actos de guerra ocasiona a la víctima y su familia. Por un lado, como afirma ya la exposición de motivos de la proposición de ley, la compensación a las víctimas de actos de
violencia en los conflictos bélicos es extraordinaria, pero no es rara en nuestro ordenamiento jurídico pues ya existen compensaciones de carácter extraordinario previstas para múltiples supuestos. Por otra parte, no podemos dejar sin una
protección adecuada de los poderes públicos a aquellos ciudadanos del Estado español que han sido objeto de actos violentos en conflicto armados donde desempeñaban labores auxiliares, como se ha dicho, humanitarias o de información, y tampoco a sus
familias.
En estos momentos no podemos dejar de asombrarnos ante la impasibilidad del Gobierno, que no reacciona a la hora de compensar a las familias de víctimas inocentes como José Couso, brutalmente asesinado en el marco de la guerra de Irak,
mientras existe una amplia corriente de solidaridad de muchos ciudadanos que se han volcado con su familia. Para que no se repita esta bochornosa situación y dejar en manos de un Gobierno cómplice con una versión militar la responsabilidad de
compensar a las víctimas civiles, nos parece oportuna esta proposición de ley y por eso vamos a apoyarla.
Finalmente, señora presidenta, también creemos necesaria esta regulación ante la errónea calificación genérica como víctimas de actos terroristas a las víctimas de conflictos bélicos que se pretende hacer desde el Gobierno, y por tanto su
compensación económica por la legislación aplicable a las víctimas del terrorismo, sino que habrá que tratar la compensación económica a las víctimas según la naturaleza del acto violento originario, razón por la cual nos parece al Bloque
Nacionalista Galego aún más acertada esta iniciativa.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, el señor Mardones tiene la palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo quiere dar a esta iniciativa como proposición de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista un voto de apoyo, que no solamente es un voto testimonial. Lamentamos que sea prácticamente al final de la legislatura, pero
quiero recordar un principio de solidaridad que ha regido en esta Cámara con las víctimas de cualquier violencia. En la pasada legislatura aprobamos, con el consenso de todas las fuerzas parlamentarias, una ley de ayuda, fundamentalmente de auxilio
económico y de distinciones a las víctimas del terrorismo en España. Hoy día la presencia de servidores del Estado, civiles o militares, en escenarios de conflicto internacional la hace también necesaria por los casos lamentables que han ocurrido,
tanto a personal civil como militar, bien víctimas de ataques directos en escenarios bélicos, bien por accidentes ocurridos en el transporte de ida y venida del territorio español al escenario de su actividad en país extranjero, de pérdida dolorosa
de vidas humanas, y si en algo se puede paliar es que sus familias puedan obtener los auxilios necesarios. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el personal militar muerto en accidente de avión en su traslado de Afganistán a España nos hace pensar
también que hay que evitar que el propio Gobierno, como ha hecho, apele inmediatamente a un acuerdo del Consejo de Ministros para obtener unas ayudas económicas que pudieran cubrir la póliza de accidentes que no estaba firmada y pueda existir esta
cobertura. Desde ese principio de solidaridad nosotros vamos a apoyar esta proposición, sin entrar en cuestiones de fondo que en un procedimiento normal, de ser aceptada a trámite, se presentarían las enmiendas perfeccionadoras y complementarias,
porque incluso el enunciado se refiere no solamente a las víctimas de actos de violencia en un marco bélico sino a las del Yak-42, y tendría que tener también la cobertura necesaria personal civil que ha muerto en estos accidentes o incidencias de
los conflictos bélicos. Por esa razón nuestro voto quiere circunscribirse en este aspecto testimonial y de vinculación con un problema común en que creo que cualquiera que sea la posición que adopte la Cámara estaremos todos en la misma sintonía
con aquellas familias cuyos cabezas de serie económica y familiar han fallecido en estos accidentes.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Muchas gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida cree que estamos ante una propuesta muy oportuna y bien medida, por lo tanto, la vamos a apoyar. No conocemos en principio la opinión del Partido Popular. Con independencia de los
argumentos que vayan a emplear -me parece que va a ser el señor Arístegui-, todos presumimos que va a ser una posición en contra, una posición negativa. No hemos tenido ni siquiera que molestarnos, lo sabemos. Este es el problema filosófico de
fondo, que no hay una respuesta patriótica con respecto a españoles y españolas que están sufriendo desamparo en el extranjero. Muchos españoles y españolas nos muestran esta desconfianza cada vez de manera más usual. Se sienten como extranjeros
respecto a España, una patria que no protege, unos patriotas que muchas veces son de pacotilla, que andan todo el día defendiendo la bandera, defendiendo ciertos principios más o menos abstractos, pero a la hora de la verdad, cuando se trata de
problemas de carne y hueso, no se responde o se responde con la inhibición, se responde con el desprecio, con el olvido y con la insensibilidad más profunda. En ciertas instituciones de este país hay un eslogan que a mí me parece incluso inhumano,
pero que está sirviendo de base para el funcionamiento patriótico de la gente, ese eslogan de todo por la patria, se sea trabajador civil o militar. Todo por la patria porque eso es lo que, por lo visto, se nos pide desde un punto de vista
sustancialista, medieval. Pero en ninguna institución figura el eslogan inverso: patria para todos. Este es el problema de fondo que tiene el Partido Popular. La patria no es igual con todos. Hay patria para unos sí y para otros no. El
ciudadano que está fuera y sufre un problema -estamos
hablando en este caso singularmente de conflictos bélicos- ya sabe dónde se mete; el presidente del Gobierno lo dijo con respecto a Couso: ya sabía él dónde se metía, ya sabía él qué consecuencias iba a haber.
Incluso en otros muchos
casos sin conflictos bélicos se ha demostrado esa gran insensibilidad. Le hemos tenido que preguntar por un español que estaba en el corredor de la muerte, en Estados Unidos, que después, por cierto, en un segundo proceso fue absuelto, y se
demostraba la más absoluta insensibilidad. El caso de Hamed Abderramán, en la base de Guantánamo, sin ningún proceso probatorio, al margen de cualquier constitución, al margen de cualquier estamento legal, que lleva sufriendo meses -lo que para él
seguramente son siglos de vida personal, de vida interna- sin que el Gobierno español proteste y muestre una sensibilidad patriótica.
Quizá es que la palabra patria sea demasiado fuerte. Estamos hablando del padre patrón, aquel que te dice: trabaja, gánate lo que sea, no pienses en nadie, nadie te va a proteger y, si te metes en algo, bajo tu responsabilidad sufrirás el
peso de la realidad que no has medido de antemano. Quizá por eso Celso Emilio Ferreiro, un poeta gallego, habló mejor de matria, de madre, y de España como matria de matrias, no patria de patrias. Porque hasta cierto punto daba a ver que el
Estado, no el Estado de Maquiavelo, el Estado real, tiene que proteger a sus hijos y a sus hijas, cosa que no se está haciendo en ningún caso, ni con los presos que hay fuera, ni con los daños colaterales en ninguno de los casos, ni con incidentes o
accidentes que ocurren, como en el caso de Atenas con respecto a dos integrantes del movimiento antiglobalización. Se les abandona. La relación interestatal, el Estado por encima del todo, la razón de Estado hace que en este Estado no se funcione
como en una patria real, mucho menos como en una matria. Por eso nosotros creemos que aquí hay por lo menos un enfoque concreto que afectaría a gente de la que ya hemos hablado aquí, como Couso u otros que han sido nombrados por el señor Caldera
desde la tribuna, y en este sentido sabemos que el Partido Popular va a votar en contra, desde su insensibilidad flagrante, desde esa insensibilidad que ha venido a configurar en esta legislatura la imagen dada por el señor Aznar de una España
antipática -era el logro que se tenía que conseguir-, una España que no tiene en cuenta nada excepto sus razones de Estado, que no tiene en cuenta el Estado real, el de la gente, el de los problemas de carne y hueso en el extranjero y singularmente
en este caso como daños colaterales de conflictos bélicos.
Por tanto, esa es la situación en general y sin preguntarlo sabemos que se va a emitir un voto contrario, un voto, a nuestro juicio, muy poco patriótico.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Alcaraz.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, intervengo desde el escaño para fijar posición con respecto a la proposición de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista sobre protección económica de las víctimas de los actos de violencia en el
marco de los conflictos bélicos.
Efectivamente, en un momento en que la presencia de los ciudadanos españoles en misiones de carácter humanitario cada día es más importante en los distintos conflictos que existen en el planeta, propia, por otra
parte, de los países más desarrollados y con mayores sensibilidades sociales; en un momento de grandes discursos en los que se habla continuamente de paz y seguridad, lo cierto es que, al menos de forma aparente, esa voluntad no se plasma en
realidad y a pesar de todo eso cada día hay más conflictos. Frente a esa realidad entendemos que se pone en evidencia una situación de falta de protección pública en general al conjunto de los ciudadanos que desarrollan su trabajo, por distintas
razones, en zonas donde existe un conflicto bélico. Como consecuencia de ello, sería bueno que tuviésemos una normativa que contemplase esas situaciones y que en ella encontrasen cabida no sólo los componentes de las Fuerzas Armadas o los miembros
de la Administración pública española, sino que también se debería estudiar cómo se incorporan los ciudadanos españoles que no tienen una dependencia orgánica del Estado y desarrollan su trabajo en zonas donde existen conflictos bélicos, como pueden
ser los miembros de las organizaciones no gubernamentales, los periodistas, los religiosos y otros profesionales de características análogas.
Es de todos sabido que esta proposición de ley, desde el punto de vista pragmático, es un brindis al sol ya que en el día de hoy, como máximo, se va a admitir a trámite, porque la legislatura está prácticamente terminada y las iniciativas
parlamentarias decaerán y tendrán que volverse a presentar en la próxima legislatura, o sea, a partir del mes de abril. Por tanto, lo positivo de esa propuesta es que la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios creemos que existe una laguna de
carácter legal que deja en el desamparo a ciudadanos españoles que prestan un servicio, ya sea de carácter humanitario o no, y que en realidad se pueden ver implicados en un conjunto de situaciones peligrosas que pueden acabar con su propia vida.
Por ello, creo que es una iniciativa que en un futuro deberá discutirse en esta Cámara, a fin de que sea a través de una nueva ley o modificando las existentes como se dé solución a esta situación que de facto existe de falta de cobertura de esas
personas en caso de que sean víctimas de violencia en el marco de un conflicto bélico.
Personalmente me gusta la música de esta propuesta, quizá habrá que adaptar la letra, pero para esas situaciones está la vía de las enmiendas y la participación de los diferentes grupos parlamentarios. No obstante, y aunque sea de forma
excepcional, sería bueno que el Gobierno habilitase los mecanismos adecuados para resolver de
forma inmediata las problemáticas de ese tipo que se produzcan antes de la entrada en vigor de la proposición de ley que estamos discutiendo o de una normativa análoga. Por ese motivo, como elemento también de solidaridad de nuestro grupo
parlamentario hacia los afectados, vamos a votar a favor de la toma en consideración de la proposición de ley.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señores diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Companys.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular , señor De Arístegui.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, en primer lugar, queremos agradecer muy sinceramente el tono muy constructivo del Grupo Socialista en esta proposición de ley.
Francamente, este es el tipo de tono, de altura de debate que nosotros siempre buscamos y creemos de
verdad que este es el tono que puede conseguir que en el futuro podamos recuperar el consenso en cuestiones elementales y básicas, esenciales para nuestra democracia. Alabamos también los buenos propósitos de la iniciativa, que compartimos en muy
buena medida, señor Caldera. Creo que han hecho ustedes un esfuerzo, aunque nosotros tenemos alguna reticencia, como le iré desgranando a lo largo de mi intervención. Creo que tiene usted razón en que un Estado serio, un servicio exterior sólido y
desde luego una política exterior que tiene pretensiones de ser eficaz en sus pilares básicos necesita consolidar y fortalecer los servicios consulares. Muchas de las cosas que se han dicho aquí vienen a demostrar que es una cuestión enormemente
compleja y poliédrica, que tiene muchos aspectos.
Me voy a centrar, en primer lugar, en la cuestión consular. Como diplomático de carrera he ejercido esas funciones, que son quizá de las más nobles que puede realizar un funcionario público en el extranjero, el preocuparse por sus
compatriotas, en necesidad o no; el dar unos servicios de calidad sólidos y serios a nuestros compatriotas que cada vez exigen mayor calidad en el servicio en todos los terrenos.
Evidentemente eso significa que tenemos que mejorar cada vez más, y
lo hemos venido haciendo de forma constante a lo largo de estos años, la preparación, los medios económicos y materiales de nuestros consulados.
Hemos hecho una provisión de medios, por ejemplo, para atender las nuevas necesidades que se van a
derivar de la reciente Ley de nacionalidad.
Desde esta tribuna, así como en declaraciones de prensa -no sólo yo, también la ministra de Asuntos Exteriores-, lo hemos calificado de auténtico agujero negro legal, no es una expresión mía, sino del más
alto tribunal jurídico del Reino Unido, también aliado de Estados Unidos en la intervención de Irak; creo recordar que la ministra de Asuntos Exteriores lo tildaba de limbo legal, de limbo jurídico. Pensamos que Guantánamo es un error, un profundo
error y es absolutamente incompatible con el concepto que todas las naciones democráticas tenemos de los derechos humanos.
Como digo, la protección de los españoles en el extranjero mezcla muchas cuestiones y tiene muchos matices. Queremos sumarnos muy sinceramente, señor Caldera, al homenaje que usted ha brindado desde esta tribuna a funcionarios, miembros de
las Fuerzas Armadas y periodistas que han perdido la vida fuera de nuestras fronteras cumpliendo con su deber, cada uno en su trabajo. Lo que pasa es que a lo mejor las buenas intenciones y las prisas por traer esta proposición de ley al final de
la legislatura les han llevado a dejar algunas lagunas, algunas imprecisiones, algunas imperfecciones técnicas que son justamente las que nos llevan a que tengamos ciertas reticencias. Pero desde esta tribuna nosotros vamos a hacer una reflexión en
voz alta que queremos compartir con el grupo mayoritario de la oposición. Entendemos que su iniciativa está inspirada -como usted mismo ha dicho- en la Ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo y en la Ley 32/1999, de ayuda y asistencia a
las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, que son muy buenos textos legales pero que tampoco cubren todos los temas y todos los aspectos que en este caso tenemos enfrente. Hoy en día existe, señoría, un amplísimo número de
normas que siguen vigentes y que tocan todos estos temas, que además atañen a las más diversas materias. A juicio de nuestro grupo de verdad que todos tenemos que hacer una reflexión más sosegada, todos, nosotros los primeros -y se lo digo con toda
humildad-, alejada del debate político. No estoy infiriendo en absoluto que ustedes hayan presentado esto con ánimo electoralista, pero a estas alturas de la legislatura un debate de estas características posiblemente se podría haber teñido por el
debate preelectoral. Pero, bueno, aunque no lo estuviera, no tenemos tiempo suficiente de hacer una reflexión seria y sosegada sobre estas cuestiones y nosotros creemos que la merece.
Como le decía, compartimos muchos de los fundamentos que usted ha presentado en esta tribuna, no pocos, créame, y las razones de nuestro voto en contra son, como digo, mucho más técnicas que políticas; en absoluto quiero que se derive de
mis palabras una intención política o de crítica a los fundamentos o las intenciones que subyacen en su iniciativa parlamentaria. Simplemente pensamos que algunas de sus propuestas podrían causar algún tipo de disfunción legal o quizá alguna
discriminación. Lo tenemos que mirar con más cuidado. Señorías, conozco bien la situación por la que atraviesan las familias cuando sufren una irreparable pérdida.
Yo estuve allí, yo sé lo que es y sé cuáles son las disfunciones a que las
familias se tienen que enfrentar cuando sufren la pérdida de un familiar querido en el extranjero. Esas mismas carencias, como usted mismo ha recordado en esta tribuna, se tienen que suplir desde
la excepcionalidad. Pero, alejándonos en lo posible de la emotividad, creo que tenemos que hacer una seria reflexión en torno a esta cuestión, una reflexión imprescindible, porque nosotros no decimos que no sea necesaria, todo lo contrario,
creo que tenemos que hacer una reflexión sobre qué medidas tenemos que adoptar en este terreno. Quizá habría que pensar si los instrumentos son suficientes o no lo son, si hay que complementarlos, si hay que derogar alguno que está completamente
desfasado. ¿Es necesario, por tanto, aprobar una ley exclusiva para estas materias? Hay que pensarlo. ¿No sería mejor o quizá suficiente armonizar la legislación existente, buscar algún tipo de medida legislativa que armonice los preceptos que ya
existen en nuestra legislación? Lo ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), no es una propuesta descabellada y convendría hacer alguna reflexión también.
¿No sería quizá mejor poner al día nuestra legislación vigente?
Porque indudablemente tiene lagunas, no vamos a negarlo aquí; complementar esas lagunas, buscar cuáles son los ámbitos en los que podemos tener una legislación más perfecta. Por último, además de actualizarla y de cubrir esas lagunas, como
decíamos, deberíamos buscar algún tipo de consenso parlamentario, buscar el concurso de unas negociaciones directas con el Gobierno y con los técnicos más cualificados en la materia. Todas estas son reflexiones que yo planteo aquí desde la tribuna,
señorías, y francamente quiero volverle a agradecer su tono constructivo, alejado del tono del todo vale de algún otro grupo parlamentario que, como ni siquiera había escuchado el discurso de este portavoz, ya inmediatamente decía: no, ustedes se
oponen a todo. Esto es lo que pasa.
Señorías, nosotros creemos que éste es el camino que nos puede llevar en esta Cámara, en asuntos de trascendental importancia como el que nos ocupa, a tratar de lograr reconstruir los consensos básicos en materia de política exterior y en
materia tan humana, tan emotiva, tan necesaria como la que ustedes han hecho. Señorías, les quiero agradecer la iniciativa. Nos ha puesto usted en el brete a todos de hacer una reflexión seria sobre esta cuestión y aunque, créame, tendremos que
votar en contra por esas reticencias técnicas que tenemos, le aplaudimos el tono, el talante y la iniciativa.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor De Arístegui.
Sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de protección económica de las víctimas de actos de violencia en el marco de conflictos bélicos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 279; a favor, 131; en contra, 148.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE DESARROLLO RURAL.
(Número de expediente 162/000773.)
La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: Proposiciones no de ley.
(Rumores.)
Señorías, ruego a aquellos que vayan a abandonar el hemiciclo lo hagan en silencio y mantengan las conversaciones fuera del hemiciclo para que podamos continuar con el debate.
Para la presentación y defensa de la iniciativa, tiene la palabra el señor De Luis.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la proposición no de ley que hoy propone el Grupo Popular al Pleno de la Cámara es para nosotros sumamente oportuna, a pesar del momento de la legislatura en que nos encontramos, sobre todo, después de que el Gobierno haya hecho
públicas recientemente las conclusiones del Libro Blanco de desarrollo rural. Esta iniciativa que hoy sometemos al Pleno pretende establecer, por lo menos así quiere mi grupo que lo consideren el resto de los grupos presentes en el debate, un firme
compromiso con la población que habita en núcleos de menos de 10.000 habitantes en nuestro país y que, según algunos datos, puede estar en torno al 25 por ciento de la población. Queremos que se entienda como una apuesta clara por su progreso y su
prosperidad, consiguiendo la oportuna revitalización del tejido económico que lo sustenta. Los grupos deben considerarla una oferta del Grupo Popular para que compartan nuestro análisis o compartan las medidas que proponemos al Pleno y nos
acompañen en la ejecución de las mismas para conseguir el objetivo que antes les he señalado.
Para nosotros la sociedad rural de nuestro país no solamente tiene un peso muy importante en las responsabilidades públicas que tenemos que afrontar en esta Cámara por su aportación al PIB, por su capacidad de generar empleo, sino también
porque su aportación es muy considerable en lo que a conservación del medio ambiente se refiere e incluso también en el concepto de seguridad en todo el territorio nacional. Para el Grupo Popular la conservación del medio ambiente es fundamental y
hay que incorporar en la valoración que hacemos de la sociedad rural lo que significa su aportación a este cometido. No es menos cierto que en los próximos tiempos va a haber dos factores que van a influir decididamente en el modelo o en el marco
en donde la sociedad rural española se desarrolla. En primer lugar, no se puede negar que en la Organización Mundial de Comercio existen hoy tensiones que pretenden una mayor liberalización en el tráfico de bienes y servicios. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor De Luis, por favor. Es imposible que se oiga su intervención. (Pausa.)
Adelante.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Como decía, en el modelo en el que se desarrolla nuestra sociedad rural, existen dos factores que van a afectar su devenir diario. Es evidente que en la Organización Mundial de Comercio existen tensiones en
virtud de las cuales se pretende una mayor facilidad para el tráfico comercial de los productos de esos países hacia los mercados más potentes que son los de los países más desarrollados. Esta es una realidad, en algún momento será cierto. Ellos
consideran que solamente el crecimiento económico basado en una realidad como la que acabo de describir es la que les va a llevar al desarrollo al que, por cierto, tienen todo el derecho. Otro factor que va a influir en el marco de la sociedad
rural española es la ampliación en mayo de 2004 de la Unión Europea. En ese momento se va a producir la incorporación de diez nuevos países y eso tendrá sus consecuencias también. En ambos casos los dos factores van a producir un efecto similar,
por un lado, van a significar un incremento del mercado potencial de nuestros productos, pero no es menos cierto que va a significar también un incremento de la competencia, y es precisamente ante esta realidad por lo que tenemos que reaccionar
incluso en este momento. El Grupo Parlamentario Popular está plenamente convencido de que nuestro objetivo no tiene que ser conservar lo que tenemos; nuestro objetivo tiene que ser aprovechar estos cambios que se van a producir para conseguir un
mayor crecimiento de la actividad de nuestro sistema rural, del tejido económico que sostiene a la población en el medio rural de España. Por cierto, en este trámite doy por defendida la enmienda que he presentado en tiempo y forma esta mañana y
que es una corrección técnica al planteamiento inicial de la iniciativa que se presentó en el mes de junio. Para conseguir estos objetivos nosotros proponemos una serie de medidas, algunas son continuistas y otras tienen algún toque de novedad que
realmente es muy importante. Por un lado están aquellas que entiendo deben desarrollar las administraciones públicas, y me refiero a las administraciones públicas con distinto ámbito de competencias, Administración central, Administración
autonómica y corporaciones locales. En el bloque que habrán de desarrollar las administraciones públicas -y en muchos casos ya se han puesto en marcha desde la Administración central-, es fundamental mantener la tensión para conseguir que siga
siendo prioritario el concepto de inversión destinado a obras de infraestructura. En efecto, la libertad de comunicación, la libertad de movimiento de las personas es fundamental; la mejora de las comunicaciones y telecomunicaciones es decisiva
para el objetivo que pretendemos, así como llevar a aquellas zonas de España donde el recurso es escaso -me estoy refiriendo al agua- los excedentes que pueden existir en otras partes del territorio nacional. El apartado relativo a infraestructura
en este planteamiento es una prioridad del Gobierno central no solamente en lo que significa derecho de libre circulación, sino también una necesidad incuestionable para el sistema económico, por cuanto hay que garantizar el abastecimiento y la
salida de los productos hacia los mercados potentes en los que se pueden colocar. En este mismo ámbito de las administraciones públicas es muy importante el compromiso de garantizar el adecuado nivel de la satisfacción del derecho que todos los
ciudadanos tienen a la educación, a la formación, a la cultura y desde luego a la sanidad. Es evidente que la dispersión que existe en el medio rural puede significar un inconveniente adicional, pero nosotros estamos firmemente comprometidos a que
esa dispersión no pueda impedir o perjudicar la necesaria satisfacción del cumplimiento de ese derecho. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la Presidencia.)
Por último, en este ámbito de las administraciones públicas también hay un capítulo de atención a los más necesitados. La política de apoyo a la familia ha de ser tan agresiva y completa como puede ser en el resto del territorio nacional.
Lo que más me preocupa es la atención a las personas dependientes, tanto aquellas que pertenecen a la tercera edad como los discapacitados. Aquí de nuevo el factor de la dispersión es una dificultad, pero quiero que se entienda que mis palabras hoy
en el hemiciclo significan un firme compromiso de mi grupo parlamentario y de lo que resulte de las elecciones de marzo para continuar trabajando en esta línea. Conseguir estos objetivos implica una perfecta sintonía y sinergia entre todas las
administraciones públicas, puesto que muchas de ellas tienen competencia en alguno de los conceptos que he señalado.
También corresponde a las administraciones públicas, en un planteamiento común, contribuir a informar y orientar a todas aquellas
personas o agentes económicos que se decidan a abordar nuevos proyectos empresariales que contribuyan al incremento de la riqueza y al incremento del empleo. Como antes he señalado y espero que haya quedado suficientemente claro, no es menos cierto
que para conseguir el objetivo resulta fundamental que la sociedad que hoy habita en el medio rural tenga unos medios y un tejido económico potentes que la mantenga. Es prioridad continuar trabajando, como antes señalaba, en el campo de la
educación para la formación de la mano de obra, su capacitación y su adaptación a los nuevos procesos, incluyendo como un concepto definitivo en todo el proceso el de calidad y respeto medioambiental, porque de esta forma podremos aumentar en
productividad y al final en competencia. Es también absolutamente necesario contribuir a la renovación de activos, para lo cual habrá que desarrollar todas aquellas líneas de actuación y apoyo necesarios, así como favorecer la adecuada dimensión de
las explotaciones agrarias para facilitar la competencia.
En esta sociedad rural existe un factor determinante que es la tierra, que muchas veces es la piedra angular que justifica el conjunto de la actividad. En relación con el factor tierra, entendemos necesario facilitar el acceso a su
propiedad y, lo que es más importante, en plena coherencia y en conversaciones con las comunidades autónomas, conseguir un tratamiento fiscal más favorable a dicho factor tierra. De esta forma conseguiremos que haya más titulares de tierra que
estén a jugar con ella en el modelo económico para conseguir riqueza y empleo. Todo esto no se puede conseguir sin dinero ni sin recursos financieros; por eso nosotros estamos firmemente comprometidos a trabajar para flexibilizar el criterio para
acceder a las ayudas y -una aportación novedosa y muy interesante-, en el ámbito de las instancias de la Unión Europea, proponemos que cuando en los proyectos confinanciados por Europa no exista dinero público disponible se pueda aportar dinero
privado. En conclusión, quiero dejar claro en este momento en que finaliza la legislatura que la iniciativa que traemos hoy aquí significa un compromiso firme con la sociedad del medio rural español, significa una necesidad inequívoca de aprovechar
las oportunidades que se pretenden para su relanzamiento económico y desde luego espero que los grupos parlamentarios que vayan a participar en el debate la valoren positivamente y estén dispuestos a acompañarnos en la realización de las medidas que
contempla y en la consecución de sus objetivos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor De Luis.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, si estuviésemos en uno de los primeros plenos de la legislatura, podríamos entrar a discutir y conceder alguna credibilidad a la proposición que se nos presenta por el Grupo Popular, pero estamos en el último pleno regular de la
misma, van cuatro años de gestión de un Gobierno popular y de actividad legislativa del Grupo Popular y la iniciativa que se nos presenta, la voluntad que se nos ha anunciado desde esta tribuna por el portavoz popular es, por decirlo de una forma
suave, contradictoria con lo legislado por el Grupo Popular y con lo que ha venido defendiendo el Gobierno popular, una Ley de Arrendamientos Rústicos que ha sido y es claramente contraria al mantenimiento de la actividad agraria de forma
profesional y que realmente sea positiva para el mundo rural, una Ley de Arrendamientos Rústicos que ha sido rechazada por todas las organizaciones agrarias y que se ha considerado una verdadera agresión al mundo rural. El Gobierno popular ha
estado involucrado en una reforma de la PAC que ha acabado con la ayuda a la producción, que en cierto modo está limitando la posibilidad de que las ayudas que vienen de la Unión Europea sean realmente ayudas al mantenimiento de la producción y por
tanto de la actividad agraria en el mundo rural. El Gobierno popular ha participado en un modelo de ampliación de la Unión Europea que mantiene el mismo presupuesto agrario para repartir entre más países, lo cual, salvo que ustedes cuadren el
círculo, significa disminución de los fondos para el mundo rural español.
El Gobierno popular intentó en su día reformar el subsidio agrario en Andalucía y Extremadura, en una clara agresión a lo que era el mundo rural de estas comunidades, y
gracias a la movilización y al esfuerzo del propio mundo rural tuvo que retirar esta propuesta. Por tanto, si algo no ha hecho el Gobierno del Partido Popular ha sido precisamente tener en cuenta el desarrollo del mundo rural, tener en cuenta que
el sector agrario y el sector ganadero de este país son claves para el mantenimiento de una actividad en gran parte de municipios españoles que hoy sufren la política del Partido Popular, porque la mejor defensa que hoy se puede hacer del mundo
rural, la defensa que se tenía que haber hecho es una defensa a ultranza, una defensa total de lo que es la ganadería y la agricultura profesional, de lo que es la actividad agraria, la actividad ganadera a tiempo total y, sin embargo, el Partido
Popular ha venido con su política planteando un modelo diferente de agricultura, un modelo diferente de ganadería, un modelo de ganadería y de agricultura intensivas que, si algo tiene, es que va expulsando del campo, del mundo rural a más familias
cada vez. Insisto en que poca credibilidad tiene en este momento la declaración de intenciones que representa esta proposición no de ley. No es ni más ni menos que una proposición de cara a las próximas elecciones intentando en cierto modo lavar
la cara de lo que ha sido una política claramente nefasta y contraria a los intereses de este sector de la población española.
Nuestras enmiendas son, pues, casi una enmienda a la totalidad. Plantean la necesidad de que se ponga en marcha una política de aumento y mejora de la prestación sanitaria y que se garantice el derecho a la salud en términos de igualdad,
sea cual sea el asentamiento de la población asegurada, comprendiendo que en la actualidad existe una clara diferencia de unas poblaciones a otras. También plantean como imprescindible garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo,
cultural, de formación y de atención a las personas de la tercera edad. Sobre todo hay una enmienda de sustitución del tercer guión de la letra b), que pretende el apoyo claro a la explotación familiar y cooperativa como fundamento de un tipo de
agricultura en el que el predominio de este modelo de explotación siga siendo la base de la agricultura. Esta es la mejor ayuda que se puede hacer al mundo rural, señorías. Evidentemente, habría que modificar algunas de las leyes aprobadas durante
esta legislatura, sobre todo la Ley de Arrendamientos Rústicos, que es -como decía- una de las mayores agresiones
que se ha hecho al mundo rural. También pedimos la participación de los agricultores y ganaderos a través de sus representantes en las tomas de decisión por parte de la Administración. La verdad es que en su día saludamos la elaboración
del libro blanco. El compromiso del ministro era que dicho libro blanco culminaría en una propuesta legislativa. Al final nos hemos encontrado con que el libro blanco ha sido una mera elaboración teórica que no ha venido a esta Cámara, tal y como
se comprometió el ministro, plasmado en un propuesta legislativa, en una ley del mundo rural, una ley de la agricultura y la ganadería, que es lo que se pretendía, otra cosa que se suma al debe del Gobierno.
Proponemos igualmente la necesidad de una intervención en forma de iniciativa y estímulos por parte de los poderes públicos para fomentar la mejora de la competitividad y de la estructura productiva y comercial para que aumente la
productividad. Al contrario de lo que pretende la iniciativa del Grupo Popular -o de lo que nosotros entendemos que pretende- al hablar de la dimensión de las explotaciones, nosotros no apostamos por la dimensión industrial de las mismas, sino que
pensamos que la mejor garantía tanto de la sanidad como de la competitividad es potenciar la agricultura profesional, eso sí, dotándola de todos los mecanismos para que sea competitiva.
Asimismo planteamos la intervención en el mercado de la tierra con la creación de un fondo o de un banco que se constituya con las tierras liberadas por jubilación para facilitar de esta manera el acceso de los jóvenes agricultores a la
propiedad de la tierra y para poder ampliar las explotaciones de escasas dimensiones. Todo lo demás, señorías, no son más que cantos de sirena o buenas palabras que al final chocan con su propia legislación, con sus medidas, que lo que están
haciendo es que sean cada vez más los jóvenes que abandonan el campo. Eso sí, eso les ayuda a cuadrar las cuentas, porque cuantos menos agricultores haya, más les sale a la hora de dividir la renta agraria, con lo cual consiguen un aumento -cuando
lo consiguen-, de esa forma un poco tramposa, al dividir entre menos agricultores.
Proponemos también que se apoye la concentración parcelaria con los medios técnicos y económicos necesarios en aquellas zonas en que sea posible, con el objetivo de un mejor aprovechamiento de los elementos de producción. Queremos una
mejora de la Ley de Arrendamientos Rústicos, como decía anteriormente, con el fin de dotar de mayor estabilidad legal a estos arrendamientos. No vamos a repetir lo que ya dijimos durante la discusión de esta ley, que consideramos que es una
agresión, como he dicho varias veces durante mi intervención.
Para terminar, al Partido Popular le sobran proposiciones no de ley e iniciativas de este tipo; lo que faltan son medidas legislativas y actuaciones del Gobierno para conseguir que lo que se planteaba como objetivo originario de la PAC -el
asentamiento de la población en el mundo rural- sea realmente posible, sea algo que vaya más allá de una declaración de intenciones para convertirse en una realidad. Para esto es fundamental que en las reformas de las OCM pendientes el Gobierno
adopte una postura valiente para evitar que las mismas se conviertan en agresiones que sigan eliminando población rural y un compromiso de que el Gobierno no va a repetir agresiones como las que intentó en esta legislatura contra los jornaleros,
contra los campesinos andaluces y extremeños, intentando acabar con el subsidio agrario. Por tanto somos contrarios a esta iniciativa que se nos plantea, repito, por considerarla contradictoria con la política del Partido Popular y claramente
electoralista. Sí nos gustaría que el Partido Popular cambiase su política agraria para que fuese de verdad de defensa del mundo rural.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Centella.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Cuadrado.
El señor CUADRADO BAUSELA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, inicio esta intervención justo minutos después de que el Parlamento de Cataluña haya elegido presidente a Pasqual Maragall.
(Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.) Por tanto lo hago con un estado de ánimo especial, ante una
propuesta que presenta el Grupo Popular que de una manera que me asombra pretende entre otras cosas que se avale como desarrollo rural el trasvase de agua del Ebro, porque gracias a dicho trasvase habrá desarrollo rural, regadíos, etcétera. ¡A
buenas horas, señorías del Partido Popular!
La verdad es que viendo el contenido de esta proposición no de ley se entiende que la haya propuesto y defendido alguien que no forma parte de la Comisión de Agricultura, lo que no quiere decir que no pueda presentarla, por supuesto, pero se
nota, porque llamarla propuesta de apoyo al desarrollo rural es una licencia excesiva. Es verdad que el mundo rural en España, que representa casi el 90 por ciento del territorio -usted ha hablado de 10.000 habitantes, no sé por qué, pero no es una
cuestión estadística-, que representa casi el 25 por ciento de la población -representa mucho en España-, en este momento, por ejemplo -sólo hay que leerse la contabilidad nacional trimestre a trimestre-, tiene una renta media que en su conjunto -y
en el mundo rural no solamente viven agricultores y ganaderos, viven otras familias, otras personas con otras actividades- representa poco más del 50 por ciento de la media nacional. ¿Qué está pasando en el medio rural? La renta de agricultores y
ganaderos desde que ustedes gobiernan no ha parado de bajar y hoy es inferior a la de 1996 en términos reales. Algo está pasando en el mundo rural y cuando ustedes llevan ocho años gobernando, justo cuando ustedes quieren que instemos desde el
Parlamento a un Gobierno a
que haga algo ante lo que está pasando, lo hace el grupo mayoritario que apoya al Gobierno que ha dado como resultado de su política lo que hoy tenemos en el medio rural. ¿Alguien entiende algo?
Voy a explicar tres cosas, la primera por qué vamos a votar en contra de esta propuesta. Vamos a votar en contra de esta propuesta porque no es una declaración, no es inocua, no es una cuestión que no sirva para nada, una declaración de
amor al mundo rural español, no, es algo más; es una propuesta que hace el grupo mayoritario que apoya al Gobierno y dice cosas concretas, otras no se entienden, pero viene a decir que ellos quieren apostar por una mejora de la situación de la
gente que vive en el campo en España. Por eso y por otras cuestiones que voy a señalar vamos a votar en contra, porque es inadmisible que lo hagan el Gobierno y el partido que apoya al Gobierno justo el último día, cuando ha terminado la
legislatura y cuando el Gobierno va a entrar en funciones dentro de muy poco. Es absolutamente inadmisible.
¿Qué texto es este? Es un texto que, en primer lugar, en gran parte no dice absolutamente nada. ¿Alguien entiende esto? Dice que en el campo hay que hacer lo siguiente. El impulso y la continuidad de estas distintas medidas lograrán
crear un marco favorable para el desarrollo de la actividad económica y social de la población rural, contribuyendo a fijar e incrementar los efectivos de población en este entorno. ¿Esto es una propuesta de qué? ¿Qué propone exactamente? ¿Esto
quiere decir algo, significa algo, propone alguna cuestión que algún gobierno pudiera entender que es una medida concreta de gobierno? Es poner algo por poner algo o es contradictorio con lo que están ustedes haciendo actualmente.
Por ejemplo,
ustedes dicen: Hay que impulsar las adecuadas ayudas para la adquisición de tierras como elemento imprescindible para el desarrollo de la actividad sin limitar los supuestos a los actuales casos de explotación prioritaria. ¿Ustedes dicen que hay
que hacer un banco de tierras? ¿Ustedes dicen que hay que ayudar a que los jóvenes que se instalan en el campo adquieran la propiedad de la tierra? ¿Ustedes, que acaban de aprobar la Ley de Arrendamientos Rústicos, ustedes que los quieren expulsar
del campo, ustedes que les dicen, por ejemplo, que para conseguir una ayuda de instalación hace falta mantenerse cinco años, pero que si tienen tierras en renta con tres años les puede expulsar el propietario de las mismas? Realmente, cuando
ustedes han escrito esto, ¿lo han escrito porque vale todo? Porque es peor que contradictorio con las medidas concretas de su política agraria en el campo en España en este momento.
En otros momentos es absolutamente ininteligible. Dicen ustedes que hay que apoyar la multifuncionalidad de las unidades productivas agrarias.
Que venga alguien a traducir esto. Hay que apoyar la multifuncionalidad de las unidades
productivas agrarias, incluyendo en su actividad ordinaria la transformación de sus productos, la participación activa.
¿Qué tienen que ver las medidas para que el valor añadido quede en el campo, mediante la transformación y la distribución, con
la multifuncionalidad? Cuando ha redactado esto ¿no le han explicado que son dos cosas contradictorias, que la multifuncionalidad tiene que ver con funciones no productivas de la actividad agraria, que las funciones productivas son las otras y que
hay que combinar las unas con las otras? Esto es incomprensible. ¿Alguien lo ha leído y lo ha entendido? No solamente es ininteligible en algunos casos. Por elegir un ejemplo concreto, ¿tiene alguna utilidad decir que hay que emprender y
desarrollar todas aquellas acciones conducentes a la mejora del nivel de vida de las poblaciones rurales, así como a la igualdad de oportunidades y bienestar social de las mismas en relación con los residentes en las zonas urbanas? ¿Tiene alguna
utilidad esto? Esto es inane, una declaración que puede servir para un roto, para un descosido o para lo que haga falta. ¿Esta es una medida concreta de algo?
Señorías, votaremos que no porque ustedes dicen, simple y llanamente, que piden al Gobierno próximo, después de marzo, que continúe haciendo lo que ha hecho este, que es justamente lo que ha llevado al campo a representar hoy poco más del 50
por ciento de la renta media del país. Ustedes dicen que hay que continuar haciendo lo que ha llevado al desastre al campo español en este momento, hasta el punto de que usted es testigo, señoría, de que incluso cuando llaman a alguien para que
diga que las cosas van bien, les dicen que el campo está enfermo, que la industria agroalimentaria está enferma y que por tanto hay que hacer algo. ¿Hay que emplear una receta que tenga que ver con lo mismo que han estado haciendo ustedes? No.
Hay que hacer una auténtica revolución en política agraria y rural en el medio rural y, por supuesto, ustedes son los menos indicados para hacer esa revolución, ese cambio, porque están acostumbrados a hacer justamente lo que ha llevado al campo
español a lo que hoy cualquier agricultor, cualquier ganadero, cualquier persona que viva en el mundo rural sabe, que el medio rural está absolutamente a años luz del medio urbano, que sus servicios sociales son absolutamente inaceptables, que la
urgencia médica, los transportes o las telecomunicaciones suponen un elemento negativo añadido para las condiciones de vida del mundo rural.
Por tanto decir que vamos a seguir haciendo lo mismo para llegar a ese resultado me parece bastante
contradictorio.
Dice usted que esta es una necesidad de reacción ante Cancún y ante la ampliación. ¡A buenas horas! ¿La globalización la han descubierto ustedes ayer? ¿La ampliación la han descubierto ustedes ayer y por eso ahora se presenta esto? No se
puede ser tan contradictorios. Es verdad que el Gobierno ha presentado un libro blanco, pero querer convertir un encargo académico como es el libro blanco en el programa electoral del Partido Popular parece algo excesivo. Hagan ustedes su programa
electoral, defiéndanlo y defiéndanlo en el campo además, porque allí conocen al Partido Popular, conocen la labor política del Partido Popular en el medio rural. Ustedes se
comprometieron -fue su gran oferta electoral para estos cuatro años que ahora terminan- a hacer una ley básica de la agricultura y el desarrollo rural. ¿La han hecho? No. Pues den cuentas y no vengan ahora diciendo que no han hecho
durante cuatro años una ley básica de la agricultura y el desarrollo rural, que era la base de su programa electoral, pero que la harán en los próximos cuatro años, porque cuando se dice una cosa así la credibilidad es muy pequeña.
¿Hace falta un programa de desarrollo rural en España por parte del Estado español? Claro que sí, pero, por si en la lectura a alguien se le ha pasado, ustedes dicen que el desarrollo rural se tiene que hacer desde el Estado y no en
cooperación con las comunidades autónomas; incluso convierten a las diputaciones provinciales en un instrumento de desarrollo rural. Lo digo por si alguien se despista en la lectura de esta propuesta que ustedes han hecho. Trasvase del agua desde
el Ebro, las comunidades autónomas con competencia exclusiva en desarrollo rural no pintan nada en su propuesta y, en definitiva, señorías, esto es un brindis al sol absolutamente inútil, no tiene ningún sentido, no sirve absolutamente para nada y
no porque estemos al final de la legislatura, sino porque si alguien coge esto para hacer un programa electoral, le saldrá cualquier cosa menos un programa electoral. En una cosa les doy la razón, señoría, después de marzo hay que seguir
trabajando, pero en materia rural ustedes ya lo han hecho todo. Descansen. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Cuadrado.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra en primer lugar el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Bloque Nacionalista Galego va a votar también en contra de esta proposición no de ley presentada por el Grupo Popular y no sólo porque es abiertamente extemporánea, es decir, que se presenta en el último Pleno de esta
legislatura, cuando el Gobierno parece que no va a poder corregir la política que ha llevado hasta ahora y que precisamente ha conducido a la situación de polarización cada vez mayor entre el ámbito urbano y el ámbito rural, a una política de
recesión económica, de recesión demográfica en el campo, sino porque parece que es un adelanto de la campaña electoral o una actuación propagandística, pero en absoluto eficaz. Para el Bloque Nacionalista Galego el atraso rural no es un fenómeno
casual, no se combate únicamente con ayudas, sino que es la consecuencia de las políticas que los diferentes gobiernos españoles han llevado a cabo siguiendo a pies juntillas y de forma acrítica lo diseñado desde Europa, siguiendo de forma acrítica
las directrices de la política agrícola común y el dictado de las grandes organizaciones internacionales impulsoras de la industrialización y de la transnacionalización agroalimentaria. Desde luego pensamos que esta disfunción debería ser corregida
y combatida desde el ámbito político, pero no con proposiciones no de ley presentadas el último día sino con una política distinta. Es cierto que en la exposición de motivos de la proposición no de ley aciertan ustedes, por lo menos parcialmente,
en el diagnóstico, pero cuando vamos a ver cuál es la terapéutica insisten en aplicar las mismas soluciones que hasta ahora provocaron precisamente ese atraso y esa recesión en el mundo rural. No se trata de aplicar medidas que ya se han demostrado
ineficaces, sino de promover una nueva orientación general de la política agrícola porque la principal fuente de actividad en el medio rural es precisamente la actividad agraria y la ganadera. Podían por ejemplo ustedes -van a tener ocasión la
semana que viene- votar en contra de las modificaciones introducidas por su grupo en la ley de acompañamiento y que vuelve, en el caso de Galicia, a penalizar a las explotaciones ganaderas con un régimen draconiano en lo que se refiere a la cuota
láctea. Podrían ustedes hacerlo y sería una gran contribución al desarrollo rural. Podrían también, como se ha dicho, reformar y derogar antes de que acabe la legislatura, aunque sea con una enmienda extemporánea en el Senado a última hora, esa
Ley de Arrendamientos Rústicos, pero parece que nada de esto es lo que van a hacer. El Bloque Nacionalista Galego no va a apostar desde luego en esta Cámara, al igual que los dos grupos que me han precedido en el uso de la palabra, por leyes
básicas estatales de desarrollo rural; las competencias son autonómicas. Son las comunidades autónomas que tienen competencia exclusiva en materia de agricultura y de ganadería las que dentro del marco establecido por la política agrícola común
deben establecer su propia estrategia y sus propias normas en materia de desarrollo rural.
Pero tampoco en el ámbito autonómico -y en Galicia tenemos el ejemplo- el PP tiene un historial demasiado radiante. En el caso de Galicia, las políticas
aplicadas por el Partido Popular y denominadas como desarrollo rural sólo han servido para afianzar el clientelismo político en el medio rural, pero no han logrado en absoluto reducir ni fijar la población rural en el campo ni reducir el atraso
relativo de las zonas rurales respecto de las zonas urbanas.
Por tanto, el Bloque Nacionalista Galego no va a apoyar esta iniciativa y esperamos que en la próxima legislatura se pueda adoptar desde el Gobierno y en el ámbito de sus competencias una política que no impida el desarrollo rural y una
política que no tiene en absoluto que ver con proposiciones no de ley presentadas en la prórroga.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Aymerich.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, el señor Mardones tiene la palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Desde hace años, la política de los gobiernos sobre el medio rural ha ido evolucionando desde la época de la autarquía agraria española del siglo pasado hasta las nuevas directivas y directrices que la Unión Europea viene imponiendo sobre
desarrollo del medio rural. No olvidemos que España en estos últimos 25 años de vigencia de nuestra Constitución ha seguido una evolución positiva en el medio rural acorde con los mismos fenómenos socioeconómicos que se daban en agriculturas
similares como la francesa, italiana, alemana o británica, que estaba caracterizada fundamentalmente por un aumento de la productividad agraria y una disminución de la población activa agraria. Cuando llegamos a cifras como las actuales, por debajo
del 5 por ciento de la población activa agraria, los poderes públicos deben esmerarse y dinamizar una política de complementariedad en el medio rural; ya no es solamente un punto de origen de unas producciones agrarias, incluyendo las agrícolas,
las ganaderas y las forestales.
En esta iniciativa que trae el Grupo Parlamentario Popular, y que ha defendido su portavoz don Teófilo de Luis, mi grupo encuentra una serie de valores positivos que es continuidad de un principio de mejora política del medio rural. Cinco
grandes epígrafes dan motivo a este texto con el que nosotros coincidimos, porque es necesaria una toma de conciencia de esta mejora del medio rural, no solamente en el aspecto puramente economicista, agrario tradicional de aumentar las producciones
agrícolas, ganaderas y forestales, sino de darle una calidad de vida, un bienestar y la búsqueda de otros recursos. Que duda cabe que aquí tiene que haber una sinergia entre una política legislativa y económica del Gobierno central y las
comunidades autónomas, porque muchas de las propuestas que aquí se traen o son compartidas o son de legislación estatal o son en su mayoría en el terreno de aplicación competencia estatutaria de las comunidades autónomas. Así tenemos, por ejemplo,
que en estos cinco grandes ejes en los que se desarrolla la iniciativa que ha defendido don Teófilo de Luis acertadamente está esa mejora de servicios públicos. ¿Cuántas veces hemos abogado por la escolarización de toda la población del medio rural
en edad escolar, por la facilitación de centros de maestros, por el transporte escolar, por la cuestión de la telefonía rural de los centros de convivencia en ese mundo?
También está el segundo pilar que es el factor de producción agraria, al que ya me he referido, porque ha sido el tradicional y clásico. Está el factor humano tomando cada vez mayor incidencia, incluso las nuevas directrices que trae la
política agrícola comunitaria va a menos en cuanto a las producciones y va a más en cuanto a una calidad también de los que están asentados en el medio rural como medio de vida. Nuestra legislación clásica española de estos últimos años de la
agricultura de montaña, de la explotación familiar agraria, de mejora del medio rural tiene también su continuidad en una declaración de principios como pueden ser en este caso las actividades relacionadas con la economía rural que ya no son las
propias. Hoy día cada vez oímos hablar más del turismo rural, de la puesta en servicio de una serie de construcciones que se habían quedado obsoletas en la producción y que hoy están constituyendo un verdadero y sólido principio de desarrollo
económico con el turismo rural, así como la cuestión cinegética o de servicios que se pueden dar en el área del turismo y sobre todo también de la artesanía. Hay que ver el medio rural como un depósito, como un nicho, tal y como se dice hoy día en
lenguaje económico, de producciones artesanales y de servicios turísticos. Eso se recoge aquí y por eso merece nuestro apoyo.
Finalmente, el escenario ejecutivo va a estar en el ámbito de las administraciones públicas y esto para los poderes políticos tiene que ser fundamentalmente una toma de conciencia. Las actividades administrativas se tienen que regular en
una legislación que impregne los Presupuestos Generales del Estado, leyes específicas básicas o de base generales sobre el medio rural y las producciones agrícolas, y ensamblar con la política de la Unión Europea, algo que a nuestro juicio también
se recoge aquí, y con ese sentido político de toma de conciencia hay que seguir mejorando el medio rural en el aspecto ecológico, defender un patrimonio ecológico hoy muchas veces cuestionado y añorado en los grandes núcleos urbanos, los cuales se
encuentran contaminados por emisiones y escapes de gases.
Por todas estas razones, entendiendo que se trata de una línea positiva y que puede ser un mensaje para las comunidades autónomas, cuyos estatutos, como se ha dicho y volvemos a repetir, incluyen las competencias ejecutorias de una serie de
actividades aquí relacionadas, esperamos que esto sirva para generar una conciencia de vertebración de la territorialidad rural de España y que el resultado sea positivo. De ahí, señora presidenta, que vayamos a votar a favor de esta iniciativa.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Señora presidenta, señorías, arratsaldeon, buenas tardes.
Recientemente, el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, nos ha enviado el Libro Blanco de la agricultura y el desarrollo rural, un libro que constituye un trabajo importante, ya que, aunque no hayamos tenido tiempo de estudiarlo a
fondo, nos ofrece una radiografía del sector agrario, ganadero y rural del Estado español. Yo diría que este trabajo con respecto a esta legislatura viene con algún retraso y sobre todo sin ninguna posibilidad de poder debatir y desarrollar el
mismo en la actual
legislatura, con lo que, lógicamente, tampoco cabe realizar la promesa que se hizo en su día de tramitar un proyecto de ley básica de la agricultura y desarrollo rural.
A nuestro entender, en otro nivel de cosas, no cabía discutir con anterioridad a la presentación de este trabajo y a la futura ley sobre temas como la Ley de Arrendamientos Rústicos ni desde luego ofrecer, como ha hecho anteriormente el
señor Cuadrado, este brindis al sol, que, con todos mis respetos a la exposición realizada, se nos plantea con esta proposición no de ley. Se trata de un planteamiento interno en el que se nos propone culminar el plan hidrológico y sobre todo la
deficitaria, bajísima y negativa gestión de ejecución que está realizando el Plan Nacional de Regadíos. Recientemente se ha hablado del porcentaje de ejecución y es una auténtica vergüenza.
Señores del Grupo Popular, el medio rural tiene en general la sensación, y por eso nos hubiese gustado debatirlo en esta legislatura, porque tiempo había, de que se le ha abandonado a su suerte, de que su realidad es una realidad abandonada
por casi todos los ámbitos de las instancias políticas del Estado. No voy a dejar de mencionar mis dudas sobre la falta de concreción y de adecuación a las realidades agrarias en los planteamientos que aquí se han hecho. Recientemente tenemos un
ejemplo.
No en el debate presupuestario ni en la propia ley de acompañamiento, que también forma parte de los presupuestos, sino a través de una enmienda elaborada deprisa y corriendo, el Partido Popular nos ha colado la aplicación de la reforma de
la PAC, una reforma que llevamos prácticamente cuatro años debatiendo y cuya aplicación se hace a través de una enmienda a la ley de acompañamiento que este Congreso casi no ha tenido posibilidad de debatir. ¿Qué es lo que nos dice además dicha
enmienda? La aplicación de la PAC de forma única, de forma unitaria en todo el Estado, cuando, como el Grupo Parlamentario Popular sabe perfectamente, las competencias plenas y exclusivas en muchas de las materias las tienen las comunidades
autónomas y sobre todo para adaptarlas y para aplicar estas reformas de la PAC.
Esta visión, que yo entiendo y quiero entender que es del Partido Popular solamente, me ha preocupado cuando he leído declaraciones del señor Cuadrado -que espero que no, señor Cuadrado, tras la defensa encendida que usted ha realizado- en
donde afirma que es importante que la reforma se aplique -y leo textualmente- con igualdad de criterios en todo el territorio nacional. Lo mantiene, pero dice que es indispensable que ese compromiso se adopte a partir de las negociaciones y de un
acuerdo con todos los gobiernos regionales, que usted sabe que no es posible, que no se va a dar, no se ha dado. Por tanto, yo le haría una pregunta: ¿Y si no hay acuerdo, qué pasa, igualdad de criterios y más de lo mismo? Espero que no, quiero
creer que no. A mí y a mi grupo nos preocupa esta visión unitaria, igualitaria, en un Estado diverso, con una agricultura y unas realidades ya no agrícolas y ganaderas, sino rurales completamente diferentes, con una agricultura que desde la
agricultura y ganadería de las zonas desfavorecidas, pasando por agriculturas y ganaderías periurbanas intensivas, extensivas, con unas realidades climatológicas de suelo, de mercados, de desarrollo rural, de servicios rurales, completamente
distintos, nos preocupa, digo, que se trabaje con esta visión única, unitaria, y además sin ninguna posibilidad de poder otorgar a las comunidades autónomas aspectos competenciales que son de su exclusiva competencia, y sobre todo que están a pie de
terreno en estas materias, y por lo menos darles la satisfacción de poder adecuar esta bruma que tiene todo el sector agrario y rural del Estado español, y de alguna manera aplicarlas al suelo y a las realidades diferentes.
Quiero hacer una reflexión mía que no es mía sino del portavoz, señor Trías, de Convergència i Unió, que a mí me gustó, una reflexión que realizó cuando debatíamos el sistema de pensiones, ese sistema de pensiones que, como usted sabe,
gobiernos autonómicos y diputaciones forales del propio Partido Popular le han dicho: déjese de tanta visión unitaria, permítame adecuar a nuestras realidades, permítame arbitrar complementos; que es completamente válido para lo que es el mundo
agrario, ganadero y rural. Y es que cuando ustedes hablan de igualdad el señor Trías -y yo suscribo lo que él decía- hablaba de equidad, que es un concepto distinto, un concepto mucho más profundo, mucho más real y mucho más serio, y hablaba de que
un modelo social no es de igualdad y él apostaba por un modelo de equidad. Yo afirmo que un buen modelo agrario, un buen modelo rural, no es un modelo igualitario, sino un modelo de equidad.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Txueka.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Señora presidenta, señorías, me toca intervenir voluntariamente en esta proposición no de ley sobre desarrollo rural, cuando yo no pertenezco a la Comisión de Agricultura, tampoco pertenezco a la Comisión de
Agricultura, como decían antes de otro interviniente, desde una situación especial que después ya justificaré.
Hoy se presenta una proposición no de ley sobre desarrollo rural y a mí me extraña mucho que estemos debatiendo este tema. Señorías, esta llamada proposición no de ley fue presentada el 30 de mayo por el Grupo Parlamentario Popular. En su
exposición de motivos empieza diciendo: Se puede entender por determinadas circunstancias, algunas de rango mundial, otras derivadas de nuestra pertenencia a la Unión Europea y otras derivadas de ciertos hábitos de consumo, que modifican las
coordinadas del escenario en el que desarrolla la actividad del mundo rural. Yo quito la palabra rural y podríamos poner
muy bien del desarrollo urbano, del desarrollo del sector industrial, del mundo marítimo, del mundo pesquero, de todos aquellos mundos de las actividades económicas que se desarrollan en nuestra sociedad. Porque el documento que se nos ha
presentado, que como decía el señor Txueka se ha redactado deprisa y corriendo, como proposición no de ley no existe. Esto no es una proposición no de ley. Yo creía que con la enmienda del Partido Popular podían subsanar la problemática que
presenta cuando dice: Proposición no de ley sobre desarrollo rural. El Congreso de los Diputados entiende conveniente, dentro de las medidas necesarias para el desarrollo rural, que entre entre otras, el Gobierno: a) En el ámbito de los servicios
públicos se entiende necesario...Se considera imprescindible...Se entiende conveniente...Se considera oportuno...Se valora imprescindible...En el campo de los factores de producción agraria se entiende...Se considera...Se entiende...etcétera. Y al
final de todos los campos, con relación al factor humano, también en actividades económicas, agrarias y en el ámbito de las administraciones públicas, en ningún momento se le insta al Gobierno a que haga algo. Si se hubiesen cambiado todos los
tiempos de los verbos en que fuese necesario que el Gobierno hiciese o en vez de que se considere imprescindible culminar se dijese que se insta al Gobierno a culminar y no que se considera imprescindible porque, ¿quién lo considera? ¿La Cámara?
Entonces no es una proposición no de ley, es una reflexión que ustedes han hecho, es un programa electoral que ustedes tienen para que todos lo votemos, pero no lo vamos a votar. Nuestra intención es votar que no, porque podíamos haber añadido otra
serie de temas. Es una reflexión que ustedes trajeron en aquel momento. Si no hubiesen seguido su camino deprisa y corriendo, a lo mejor desde el mes de mayo hubieran tenido tiempo de haberlo traído como una ley, como tantos otros que han venido
con celeridad en el último tramo de esta legislatura y se han aprobado. Por lo tanto, nuestro grupo no puede dar el apoyo a esta panacea para ustedes de presentación de cosas para el campo rural, porque también podría ser extensivo para otras.
Nuestro voto no va a ser negativo para la proposición no de ley.
Quiero agradecer a mi grupo la libertad que me da para decir en este momento que nos vamos a abstener. Y por mis palabras siguientes verán el porqué. Después de las palabras que voy
a dirigirles, no quiero acabar con una votación negativa. No me gustan las cosas negativas y nuestra votación será de abstención.
Yo pedí intervenir en esta ocasión, dado que el orden del día no me ofrecía la oportunidad de intervenir, porque hace algo más de 17 años, en mayo de 1986, tuve la satisfacción y el honor de ser elegido diputado a Cortes por mi demarcación,
Tarragona, y así sucesivamente, hasta ahora, obtuve la confianza de los electores. En suma, cinco legislaturas.
Finalizando esta séptima legislatura, en su última sesión dentro del trámite ordinario, quiero decirles, señorías, que considero que mi
labor parlamentaria ha llegado a su fin y, por tanto, para la próxima legislatura no seré candidato y consecuencia de ello no seré diputado.
Así pues, aprovecho esta intervención para mostrar, si me lo permiten, mis agradecimientos y mis buenos
deseos para todos en mi despedida, que eso son mis palabras. Agradecimientos, en primer lugar, a todos, en el más amplio abanico, a todos los servicios de la Cámara, a los de contacto directo, a los de detrás de la tramoya, a los que no vemos, a
los de los trabajos directos, a los de los trabajos indirectos, a los de seguridad, a los servicios internos y a los de carácter externo, a todos y a alguno que me debo haber dejado, les agradezco, de todo corazón y con estima, sus atenciones, su
cortesía en todos estos años.
En segundo lugar, mi agradecimiento a todos aquellos que en el debate en la gestión política, en la convivencia del trabajo, en el propio trabajo parlamentario han sido adversarios, pero en la realidad personal amigos.
No tengo ningún
recuerdo negativo de nadie; no me queda ninguno. Pero si algo hubiese quedado atrás, quizás en estos días por los debates en mi país, en Cataluña, ni estos, los he apartado ya de mi mente. Señorías, mi agradecimiento a todos ustedes y a sus
antecesores que coincidieron conmigo en esta Cámara.
Por último, mi gratitud a mi grupo parlamentario, también especialmente al grupo administrativo del mismo, por la confianza que han depositado en mí tanto Convergència Democrática de Catalunya, como Unió, mi partido. Y, cómo no, agradecer a
mi familia que ha permitido que desarrolle mi tarea siempre con ilusión, cuando algunas veces quizás me olvidaba de ellos. Mi gratitud.
Finalizo diciéndoles que me siento orgulloso de haber estado prestando mi sentido de servicio a los demás en esta Cámara. He aprendido mucho de todos ustedes. En mí, si lo precisan, encontrarán actitud amiga siempre.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Sedó. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señor De Luis, a los solos efectos de indicar la aceptación o rechazo de las enmiendas.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Por orden de presentación, señora presidenta, la enmienda de Izquierda Unida, que es contradictoria con la intervención...
La señora PRESIDENTA: Señor De Luis, no es para que argumente, sino para que acepte o rechace.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: No voy a aceptar la enmienda porque es contradictoria con la intervención, ha dicho no y resulta que es una enmienda muy trabajada.
En cuanto a la enmienda del Grupo Socialista, es pobre, carente de ideas y desde luego, señor Cuadrado...
La señora PRESIDENTA: Señor De Luis, ¿acepta o no acepta la enmienda? No establezca diálogos con otros escaños. Tiene la palabra a los solos efectos de indicar aceptación o rechazo de la enmienda.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: No voy a aceptar la enmienda.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor De Luis.
Señorías, sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre desarrollo rural, que se somete a votación en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 274; a favor, 152; en contra, 106; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE MEDIDAS DE REFORMA DEL SISTEMA PÚBLICO DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA GARANTIZAR LA LIBERTAD Y SEGURIDAD DE TODOS LOS ESPAÑOLES. (Número de expediente 162/000789.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de medidas se reforma del sistema público de seguridad ciudadana para garantizar la libertad y seguridad de todos los españoles.
Para la presentación y defensa de la iniciativa, tiene la palabra el señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señora presidenta, señorías... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Mayoral, por favor. A ver si es posible que sea audible su intervención. (Pausa.) Adelante, señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señora presidenta, señorías, ahora que celebramos el 25 aniversario de nuestra Constitución es el momento de resaltar una particularidad que ella tiene y que la distingue de otras constituciones vigentes: la
regulación que hace en el artículo 104.1 de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los que atribuye la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y la seguridad de los ciudadanos. De esta manera se consumaba un
cambio radical, una transformación histórica. El viejo concepto conservador de seguridad restringido al mantenimiento del orden público como valor supremo fue sustituido por la misión de tutelar el libre ejercicio de los derechos y libertades. Se
trata, señorías, de una conquista histórica a la que no podemos renunciar. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor, ruego que guarden silencio.
(Pausa.)
El señor MAYORAL CORTÉS: No podemos olvidar que la seguridad es, junto con la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, uno de los valores que propugna el Estado social y democrático de derecho de nuestra Constitución.
Sin embargo, toda limitación del Estado de derecho es una limitación de las libertades y toda limitación de las libertades implica una derogación del Estado de derecho. Así que nos encontramos con que hoy, desgraciadamente, desde que gobierna el
Partido Popular la seguridad es un valor deficitario en nuestro Estado de derecho, debido al alto incremento que se ha experimentado en la criminalidad; porque éste es cada vez menos Estado social y la insolidaridad practicada desde el poder se
traduce en desigualdad y marginación.
Desde que gobierna el Partido Popular se ha acrecentado la inseguridad ciudadana porque no hay Estado de derecho sin los instrumentos y servicios que deben darle consistencia y hacerlo efectivo todos los días.
En todos los lugares y a todas
las horas se encuentran debilitados, disminuidos y degradados, incapaces de realizar las funciones para las que fueron creados, trátese de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la Administración de justicia o de las instituciones
penitenciarias. Desde que gobierna el Partido Popular un valor negativo ha alcanzado mayor vigencia que el valor superior de la seguridad constitucional, el individualismo insolidario, conforme al cual el individuo se va constituyendo
progresivamente en responsable de su propia seguridad debido a la insuficiencia de los servicios públicos, que refleja una abdicación del monopolio de la violencia legal por parte del Estado. De este modo la seguridad deja de ser un servicio
público al alcance de todos y se transforma en una mercancía que solamente pueden adquirir los más acomodados. Vuelve a predominar, señorías, el irracional y primario planteamiento de combatir los efectos de la criminalidad y desconocer las causas
que la originan. Vuelve la consideración de que en la lucha contra la criminalidad, las políticas sociales educativas y preventivas así como la función reeducadora de las prisiones son irrelevantes, porque el delincuente, como se ha dicho en esta
Cámara, lo es por mera decisión personal.
La derecha rechaza que la sociedad tenga responsabilidad alguna en la restauración y reinserción del delincuente desde el punto de vista del trabajo social que hay que hacer. Finalmente, la derecha conservadora ha asumido la doctrina de la
tolerancia cero y la teoría de las ventanas rotas, inventada en Nueva York, para expresar el objetivo de una política de seguridad que centra su actuación preferentemente en la pequeña delincuencia,
marginados y vagabundos e inmigrantes indocumentados, a los que aplica un tratamiento de extrema dureza y les destina, como único tratamiento, el encarcelamiento, como ha ocurrido en Estados Unidos, lugar desde donde se copia esta política.
Que nadie entienda que nosotros estamos pidiendo la liberación de las personas, de los delincuentes que están en las cárceles; simplemente estamos expresando una crítica a una concepción que nos parece equivocada, incompleta y absolutamente
deficiente para abordar la lucha contra la criminalidad.
Tal es la política que refleja, señorías, el Plan Policía 2000 y tal es también el conjunto de filosofía que inspira el Plan de lucha contra la delincuencia, que en este momento se encuentra en vigor. Así pues, la concepción de la política
de seguridad está volviendo a las antiguas ideas de la concepción de esta política, basadas en la noción elemental del orden público como orden callejero y en la lucha contra los pequeños delincuentes, fundamentalmente inspirada en las viejas leyes
de vagos y maleantes, mientras que la gran delincuencia, la delincuencia más peligrosa, organizada, violenta y económica desgraciadamente campa por sus respetos.
Desde nuestro punto de vista y como consecuencia de este análisis, resulta necesario realizar una nueva política, un conjunto de reformas que permita poner en marcha otra política más eficaz para luchar contra el delito. Nosotros planteamos
dos elementos fundamentales: una política de solidaridad y de cohesión y una política capaz de generar un sistema público de seguridad, moderno, racional, coordinado e integrado como un sistema que pueda articular los diferentes elementos que en
este momento funcionan en orden disperso. Hay que impulsar políticas preventivas, un plan nacional de prevención de la delincuencia y abordar el problema de la delincuencia juvenil, hoy tan olvidado por parte del Gobierno. Es preciso abordar
también programas de integración de los inmigrantes.
Señorías, nosotros creemos que la reforma principal debe estar orientada a la constitución de un sistema público de seguridad ciudadana, descentralizado, especializado e integrado, con un
conjunto de reformas que abarcará y afectará evidentemente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que implique el reforzamiento de las funciones de coordinación y planificación de la seguridad ciudadana, con una mayor participación de las
administraciones locales y autonómicas, la creación de un mando único para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la modernización de su organización, de su material y de sus instalaciones y el reforzamiento de las facultades y competencias
de los alcaldes y las policías locales.
No voy a repetir ahora cuestiones que ya hemos planteado en otras ocasiones, pero sí quiero señalar aspectos novedosos que nosotros queremos que sean conocidos y que traemos como defensa y alternativa en el debate parlamentario de esta
tarde, sin ocultar -como a veces ocurre- las propuestas o sacándolas a última hora. Nosotros decimos que debe reformarse el artículo 10.2 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para crear un mando único bajo la inmediata dirección
del ministro del Interior, un mando único operativo ejercido por un director general de la Seguridad del Estado, de quien dependerán directamente la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, la constitución de unidades especiales conjuntas de
la Guardia Civil y de la Policía Nacional para la lucha contra el crimen organizado y violento, la inteligencia y la investigación, la lucha contra el terrorismo, la intervención policial y la desactivación de explosivos. También creemos que
debemos abordar una reforma que sea capaz de que las funciones básicas que hacen estos dos cuerpos se realicen de manera coordinada. La función de seguridad ciudadana, de policía científica, la información y gestión de recursos, etcétera, deben
integrarse. Propugnamos unas bases de datos policiales comunes, una agencia estatal de policía científica y crear un centro superior de estudios de seguridad.
Queremos también que se cree, para acabar con el actual desbarajuste de cifras, un centro nacional de estadística y evaluación de la seguridad. Y en relación con la especialización de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, que traemos
aquí para conocimiento público y debate en esta Cámara, planteamos que el Cuerpo Nacional de Policía se especialice en la función de lucha contra la delincuencia en los ámbitos y en las competencias estatales y supraestatales y en especial en la
lucha contra el terrorismo y las nuevas formas de criminalidad económica organizada internacional, extranjería y control de la seguridad privada. Con respecto a la Guardia Civil, propugnamos que su especialización creciente se haga en la dirección
de su especialización como cuerpo orientado al control de fronteras exteriores en las misiones internacionales de paz, en la lucha también contra el terrorismo, en el control de armas y explosivos, en la función de policía del mar, en el resguardo
fiscal del Estado y en la naturaleza y el medio ambiente.
Estas son las propuestas fundamentales que traemos y sometemos al debate y que constituyen las medidas que consideramos necesarias de reforma para cambiar el signo de las cosas. Si no tomamos medidas organizativas con detenimiento, si no
abordamos la incorporación de todas las administraciones al esfuerzo de lucha contra la criminalidad, será imposible conseguir resultados eficaces. No queremos aniquilar nada, señorías. Alguien dijo que nosotros, con nuestras reformas, queríamos
aniquilar algo. Se equivocaba radicalmente. Es más nocivo el estancamiento y la esclerosis, es mucho peor decir que las cosas no se muevan, como algún cargo público llegó a manifestar diciendo que todo estaba muy bien, que tratar de introducir,
por sentido de la responsabilidad, reformas creativas, reformas pragmáticas, reformas posibles, para que todos podamos llegar a estar más seguros. Porque a estas alturas nos encontramos con un problema grave en nuestro país, con un incremento de la
criminalidad en nuestro
país, que ha coincidido durante el mandato del Partido Popular. También nos encontramos con otra situación: había la creencia de que la derecha en estos temas era más eficaz, de que la derecha sería capaz de acabar con este problema y sin
embargo vemos que la derecha ha hecho una política de marketing, una política de reforma legislativa, una política fundamentalmente de apariencias, pero no ha abordado la cuestión fundamental.
Hay que ir a nuevos modelos de organización, hay que ir a la integración de los recursos de todas las administraciones públicas y hay que adoptar todo el conjunto de reformas que traemos aquí esta tarde, porque es a partir de ellas como creo
que conseguiremos cambiar el signo de las cosas y reorientar la vida en nuestro país, de tal manera que el Estado de derecho sea una realidad en todos los barrios, de los pobres y de los ricos, en todas las poblaciones, en todas las urbanizaciones y
no solamente en el centro de las ciudades, donde a veces, desgraciadamente, tampoco llega a ser real ni eficaz el Estado de derecho que propugnamos para todos.
En la esperanza de que sean entendidas así estas medidas, medidas planteadas desde la perspectiva de la búsqueda de eficacia, desde la búsqueda de una lucha por conseguir el Estado de derecho para todos, es como creemos que podemos conseguir
algo en nuestro país y así queremos que sean entendidas esta tarde por parte de los distintos grupos parlamentarios.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mayoral.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Muchas gracias, señora presidenta.
Últimamente se viene hablando del carné de conducir por puntos. Yo creo que habría que hacer una dialéctica inversa y es que las propuestas que se presentaran una serie de veces -como pasa con esta, que me parece que es ya la séptima u
octava vez que se presenta- pasaran por puntos, se aprobaran y pudieran discutirse de manera pormenorizada. Es una aportación que yo hago, señora presidenta, a la posible reforma del Reglamento.
En el discurso de hoy el Grupo Parlamentario Socialista ha corregido algunos de sus errores anteriores. El discurso, en cuanto al contenido, es interesante, porque pivota sobre el tema de los gastos sociales, sobre el tema de que la
sociedad estructuralmente tiene una parte importante de culpa a la hora de la reacción por ejemplo de los jóvenes en las barriadas marginadas. Ha pivotado ahí el discurso de una manera clara y nos parece interesante; cada vez se parece más al
nuestro en esta forma de enfocar las cosas. Es interesante también porque ya el señor Mayoral, al final de la legislatura, va dando la alternativa, va desglosando la alternativa. La alternativa no es ya como anteriormente decía el Partido
Socialista: más policía; ustedes, mil; nosotros, dos mil, y dos huevos duros. Ahora ya se va dando la alternativa, se va pormenorizando. Una alternativa todavía sonrosada, moderada, porque no pide la desmilitarización de la Guardia Civil, no
pide la fusión en un solo cuerpo, en una policía federal, tanto del Cuerpo Nacional de Policía cuanto del cuerpo de la Guardia Civil, pero por lo menos va dando la alternativa.
¿Sabe usted, señor Mayoral, lo que estaba ocurriendo a partir del debate tal y como se venía enfocando? Que aquellos señores, en función de la dinámica que se estaba creando, agudizaban la represión policial en barriadas y en función de la
pequeña delincuencia a la que usted ha hecho alusión, incluso la represión que se está estableciendo con los trabajadores, de manera indiscriminada, según el subdelegado del Gobierno que haya en una u otra provincia, como ha pasado con los
trabajadores de Astilleros, en Sevilla. Al mismo tiempo iban cambiando constantemente las leyes en el seno de esta especie de alarma social, alarma que no existe realmente, sino que se empezaba a crear a partir de un debate mal enfocado. Y
entonces el señor Michavila, que ve saltar un conejo e inmediatamente cambia el Código Penal, que está consiguiendo una especie de democracia penal, iba cambiando las leyes constantemente para terminar como en la película Todos en la cárcel, de
Berlanga. Todos, los pequeños delincuentes o, como se diría en el argot clásico, los pequeños y medianos delincuentes, la gente procedente de la extranjería, que en un treinta y tantos por ciento está llenando nuestras cárceles. Y digo que todos a
la cárcel porque en ningún otro momento de la historia de este país ha habido tantísima gente en las cárceles; creo que vamos por 53.000 aproximadamente.
Ahora sin embargo se plantea una alternativa, frente a esa idea del Partido Popular de limpiar las calles, esa idea que también completa la España antipática que están cuajando, que están cristalizando. Hay que limpiar las calles de pequeña
delincuencia, hay que barrer las calles, hay que meter la basura debajo de la alfombra y en absoluto hay que culpabilizar a la sociedad, sociedad en sentido concreto. ¡Cuántos gastos sociales se están realizando! Nueve puntos por debajo de la media
europea. Y qué tipo de coordinación se está teniendo entre los dos cuerpos fundamentales de las fuerzas de seguridad en este país, que en absoluto se coordinan y, como ya dijimos en otro momento, están duplicando las funciones sin ningún tipo de
efectividad en una serie de sectores. Por ejemplo en el campo, donde a partir de la falta de impulsos de una Guardia Civil, que no termina de ingresar en la democracia, de una Guardia Civil cuyas ordenanzas reprimen su libertad de asociación,
incluso su libertad de expresión e incluso el derecho a su propia intimidad -hay que recordar que hay 5.000 guardias civiles dados de baja por depresión-, la delincuencia en el medio rural ha aumentado un 26 por ciento, por ejemplo.
En definitiva, señor Mayoral, que tiene usted mucha paciencia, porque me parece que es la séptima o la octava vez que presenta usted esta propuesta. Pero veo que van mejorando, porque ya no caen en esa dinámica que creaba una supuesta
alarma social, de la que se aprovechaba el señor Gil Lázaro, por ejemplo, para ir restringiendo la libertad a partir de cambios constantes en el Código Penal y otras legislaciones al uso.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Alcaraz.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señoras y señores diputados, tiene razón el señor Alcaraz, llevamos mucho tiempo debatiendo la misma propuesta, con versiones distintas: en forma de moción consecuencia de interpelación urgente,
en forma de proposiciones no de ley en Comisión y en Pleno, etcétera. Tiene paciencia el señor Mayoral, pero también la tenemos el resto de los grupos parlamentarios, que nos vemos obligados a fijar posición.
El señor Mayoral ligaba la proposición no de ley presentada y defendida hoy con el aniversario de la Constitución y con una especie de reafirmación del Estado de derecho, y nos decía que este era el criterio que inspiraba la presentación de
esta proposición no de ley, la vigencia del Estado de derecho en todas las partes del territorio. Con sinceridad y cordialidad, señor Mayoral, creo que no es este el propósito; el propósito es plasmar en un texto su propio programa electoral, y
eso es legítimo y lícito, pero no pretenda que los demás grupos, ahora que se acercan las elecciones generales y que es seguro que vamos a coincidir en más de un debate en aspectos relativos a la seguridad ciudadana, podamos avalar con un voto
afirmativo todas las propuestas de su programa electoral. En esta proposición no de ley hay más de 25 propuestas concretas a votar, con lo cual esto es una especie de carta a los Reyes Magos -ahora que se acercan las fiestas navideñas- en la que,
legítimamente, un grupo parlamentario, en este caso el Grupo Parlamentario Socialista, nos plantea todo el programa electoral en materia de seguridad ciudadana en forma de proposición no de ley.
En algunos aspectos, evidentemente, estaríamos de acuerdo, pero hay uno -lo recordé hace pocas semanas en este mismo hemiciclo- en el que no podemos coincidir, el planteamiento relativo a la creación de juntas autonómicas de seguridad
ciudadana en todas las comunidades autónomas. No todas las comunidades autónomas tienen policía propia. En Cataluña existe, y figura en el Estatuto de autonomía vigente, la Junta de Seguridad, un organismo que funciona bien, con una composición
paritaria, en el que están representados el Gobierno de la Generalitat de Catalunya y la Administración general del Estado, y que tiene unas funciones específicas: el ejercicio coordinado y paralelo de unas mismas competencias por parte de dos
administraciones, ambas con competencia en materia de seguridad. Pero extender esto a todas las comunidades no es nuestro modelo, sino un modelo más homogeneizador, más de café para todos. Y el señor Mayoral sabe que en este caso no tiene la
aprobación del Grupo de Convergència i Unió.
Termino, para no reiterar lo que han sido múltiples debates en esta Cámara en materia de seguridad ciudadana. Como quizá este sea el último debate que realizaremos en el Pleno, con total cordialidad y con el afecto que nos tenemos los
distintos portavoces en materia de Interior diré que lo que pretendía directa y legítimamente el grupo proponente era trasladar miméticamente, en forma de proposición no de ley, todas las propuestas sectoriales en materia de seguridad, pero están a
la esquina las elecciones generales y todos tenemos nuestras propias alternativas. En políticas de seguridad también nosotros hemos propuesto en esta legislatura aspectos que entendemos que pueden contribuir a una mejora de la seguridad ciudadana y
que sus resultados tendrán; simplemente quiero recordar nuestra propuesta sobre los juicios rápidos, que al final se materializó en una ley aprobada, aunque no tuvo el apoyo de todos los grupos y sobre la que hubo legítimas discrepancias.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Muchas gracias, señora presidenta.
Tengo que comenzar haciendo un señalamiento que me parece obvio y que le parecerá obvio a toda la Cámara, el cambio de tono empleado en su discurso por el señor Mayoral. No me da la sensación de que sea un cambio de tono tendente a buscar
una orientación más constructiva, sino un cambio de tono producto del desistimiento ante lo que ha venido siendo una estrategia reiterada que ha dado malos frutos políticos y electorales para quienes así la han querido protagonizar.
Decía el señor Alcaraz -celebro que lo diga el señor Alcaraz- que ha apreciado en el discurso del señor Mayoral una voluntad de prescindir de ese viejo tono de meses anteriores tratando de generar alarma social, alarma social -decía el señor
Alcaraz- que se trataba de generar desde las filas socialistas y que era aprovechada -seguía diciendo el señor Alcaraz- por el Gobierno y por el Grupo Parlamentario Popular. Pero lo cierto es que el señor Alcaraz ha reconocido en su discurso que en
el tono, en el fondo y en el planteamiento de las intervenciones llevadas a cabo anteriormente, durante meses, por el Grupo Parlamentario Socialista sobre esta cuestión, había una voluntad manifiesta de generar alarma social, lo que es lo mismo que
yo venía denunciando en
esta tribuna reiteradamente, cuando decía que ese intento de generar alarma social respondía sin lugar a dudas a un planteamiento ciertamente retrógrado, ciertamente reaccionario y ciertamente extemporáneo, respecto a lo que debe ser un
planteamiento serio y riguroso de quien aspira a ser alternativa, en una cuestión como esta que, precisamente por ventilar el equilibrio entre libertad y seguridad, debe mover a todos al sentido común, a la voluntad de diálogo y consenso, y a
construir políticas que no sean de bandazos, sino que estén básicamente sostenidas por esa concepción de políticas de Estado. Celebro por tanto que haya habido -con sus matices- una aproximación en las valoraciones tanto del señor Alcaraz como en
la mía sobre el discurso de fondo en esta cuestión del Grupo Parlamentario Socialista durante los últimos meses.
Les decía que apreciaba no un cambio de tono de fondo del señor Mayoral, sino un cierto desistimiento. Ciertamente, el desistimiento está ahí. En su intervención de hoy, el señor Mayoral no ha hecho la más mínima referencia al contenido
del texto específico de la proposición no de ley que se somete hoy a la consideración de la Cámara. Es también muy significativa la mención que hacía S.S. -y vuelvo a coincidir con el señor Alcaraz- de los puntos. Quizá le fallaba la memoria al
señor Alcaraz, porque no creo que sea esta la sexta o séptima vez que se nos repite este texto; más bien es la enésima vez o la enésima vez elevada a la undécima potencia. Durante meses, durante años, se han repetido los mismos lugares comunes. Y
como los mismos lugares comunes y las mismas vaciedades terminan tropezando con la evidencia de la vaciedad y del lugar común, al final, cuando en un último gesto de ceremonia de clausura de la legislatura se quiere reproducir este debate, no se
tiene más remedio que pasar de puntillas sobre el mismo, sin hacer la más mínima alusión concreta -como no ha hecho el señor Mayoral- al texto de una proposición no de ley que es desfasada en su concepción, antigua en su concepción, y que va muy por
detrás de las políticas concretas del Gobierno en los aspectos singulares a que el texto que no ha defendido hoy el señor Mayoral hace referencia.
El señor Mayoral no ha dejado de sorprenderme a lo largo de estos meses y de estos años, y no ha dejado de sorprenderme tampoco hoy. Ha comenzado su intervención haciendo una referencia al 25 aniversario de la Constitución y a lo que la
Constitución supuso, desde su punto de vista -y nosotros eso lo compartimos-, de avance en el desarrollo de un mejor futuro histórico para la sociedad española, centrado en el hecho de la libertad. A continuación, el señor Mayoral se ha acogido a
esa mención para construir una teoría de lo que era, desde su punto de vista, la vieja concepción -ha dicho- conservadora de la seguridad, entendida exclusivamente como orden público. El señor Mayoral dice eso después de que ayer, a bombo y
platillo, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista -el mismo señor Mayoral- presentara una propuesta de programa electoral que parte ni más ni menos que de una cuestión que nos parece muy singular: el cambio de denominación del Ministerio del
Interior, que, conforme a la propuesta socialista, dejaría de denominarse Ministerio del Interior para denominarse Ministerio de la Seguridad.
Enhorabuena, señor Mayoral, porque en el binomio tradicional, que tiene que concebirse en función del equilibrio entre libertad y seguridad, ustedes parten de la propuesta que les hacen a los españoles, decantándose por el factor de la
seguridad, en detrimento, como es natural, del factor de la libertad. En una sociedad moderna, plural, dinámica y progresista, como la nuestra, no puede haber políticas si no están basadas precisamente en el equilibrio de los factores de libertad y
de seguridad y en la concepción de las políticas de seguridad al servicio exclusivo de la libertad, que, por cierto, señor Mayoral y señor Alcaraz, es también una forma social de concebir el factor y la aplicación de esas políticas de seguridad. El
Grupo Parlamentario Socialista nos dice como propuesta estrella de su programa electoral que quitará la denominación Ministerio del Interior, con lo que eso significa de equilibrio entre los factores de libertad y seguridad, y hará primar el factor
de seguridad, llamando al nuevo ministerio Ministerio de la Seguridad.
Hoy, como propuestas esencialmente novedosas -desde luego no las contenidas en el texto de su proposición no de ley-, el señor Mayoral nos habla de la creación de un mando único, de la creación de unidades especiales en la lucha contra el
delito, del centro nacional de estadística y de la especialización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Pues comenzaré por el final, señor Mayoral. La mención que ha hecho S.S. de lo que sería, según su propuesta, la especialización
del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil responde exactamente a lo que hoy es la especialización, la función competencial de cada uno de los distintos cuerpos. Por tanto, S.S. ahí no aporta ninguna novedad. En cuanto a la creación del
Centro Nacional de Estadística, es un empeño por autocorregirse, fueron ustedes los que crearon el programa de estadística de la criminalidad, que sigue estando vigente en este momento en el Ministerio del Interior porque, aunque ustedes no lo crean
y quieran eliminarlo, nosotros, aunque lo hicieron ustedes, hemos entendido que era un buen programa estadístico para medir los elementos de criminalidad. Si ustedes tratan de confundir eso con las estadísticas que emanan de la Fiscalía general,
que no miden procesos delictivos, sino que miden actuaciones de los órganos jurisdiccionales, se están equivocando, pero se están equivocando más gravemente cuando tratan de corregir el tiro, es decir, cuando tratan de calificar como malo algo que
ustedes hicieron bien.
Por lo que se refiere a crear unidades especiales en la lucha contra el delito, quiero entender que la propuesta de S.S. no es más que un puro giro dialéctico, porque sería muy grave que S.S. ignorara -o que, no ignorándolo,
quisiera transmitir un mensaje equivocado a la sociedad española- que, cuando este Gobierno en el año 1996 quiso impulsar la investigación especializada en la lucha contra el gran delito y se encontró con que esas estructuras de
investigación especializada no existían en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, creó las unidades EDOA, las unidades UDYCO, las unidades UCRIF, en definitiva, creó toda una estructura especializada de investigación y de élite en las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y en la cúpula de la Secretaría de Estado de Seguridad para presidir precisamente esa acción investigadora especializada.
Concluyo por donde debería haber empezado, porque casa perfectamente con esa filosofía a nuestro juicio absolutamente sorprendente, de querer llamar a un ministerio que es de la libertad, el Ministerio del Interior, ministerio de la
seguridad. Ustedes dicen -vuelven a empeñarse en el error- que hay que crear un mando único operativo. Ya les dijeron el señor Corcuera, hace escasas fechas, y el señor Barrionuevo -y no son sospechosos evidentemente de conmilitancia con el Grupo
Parlamentario Popular- lo que les tenían que decir en relación con la existencia y la operatividad ya de ese mando único. Probablemente porque el señor Corcuera y el señor Barrionuevo ya se lo dijeron, les recordaron específicamente que ese mando
único lo ejerce la Secretaría de Estado de Seguridad y que lo viene ejerciendo bien, en la medida en que ahí están los resultados importantes de eficacia policial, han decidido aplicar el mismo procedimiento de cambio de las denominaciones que han
hecho con el Ministerio del Interior, que ya no quieren llamar Ministerio del Interior, es decir, ministerio para la libertad, sino ministerio de la seguridad, es decir, ministerio para la represión. SS.SS., en un revival ciertamente peligroso y
francamente desmemoriado, dicen: No, ahora crearemos una dirección general de la Seguridad del Estado que será la que ejerza el mando único. Pues bien, si SS.SS. quieren ser precisos, tendrían que haber dicho no que crearán, sino que recrearán
una dirección general de Seguridad del Estado para ejercer ese mando único. El único problema es que en ese proceso de recreación, ustedes se olvidan que ya existió un director general de la Seguridad del Estado y que ese director general de la
Seguridad del Estado -señor Mayoral, créame que lamento decirlo, pero la historia es la que es- protagonizó uno de los hechos más chuscos y lamentables que se recuerdan en la democracia española, es decir, desde la cárcel, a donde estaba enviado por
un juez, abrió directamente un telediario para poner verde a ese juez.
Conviene ser muy rigurosos cuando se quieren decir cosas, y conviene ser especialmente rigurosos con la memoria. Ustedes durante meses se han equivocado, han querido aparentar la posibilidad de decir cosas nuevas cuando difícilmente podían
decirlas, entre otras cosas porque en esto, como en el teatro, está ya todo inventado. No es una cuestión de inventarse nada sino de administrar mejor, y eso es lo que ha hecho este Gobierno. Y es una cuestión de talante, de estar dispuestos a
tender la mano, a dialogar y a buscar fórmulas en común.
La señora PRESIDENTA: Señor Gil Lázaro, le ruego concluya.
El señor GIL LÁZARO: Termino, señora presidenta.
Ustedes prefirieron el tremendismo, ese intento de generar alarma social, al que muy bien aludía el señor Alcaraz, y los resultados son los que son. Hoy, al final de todo, su única propuesta rigurosamente novedosa es que al Ministerio del
Interior, que es ministerio de equilibro entre libertad y seguridad y que es, por tanto, un ministerio que tiene que concebir todas sus actuaciones al servicio de la libertad, quieren llamarle ministerio de la seguridad. Más allá de eso, están
ustedes ya, por lo visto, buscando entre sus filas voluntarios para ser el nuevo señor San Cristóbal. Confío en que no tendrán la intención de que ese futuro director general de la Seguridad del Estado vuelva a terminar en la cárcel o vuelva a
abrir un telediario desde la cárcel.
Nada más y muchas gracias (Aplausos.-Rumores y protestas.).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gil Lázaro
Señorías, sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de medidas de reforma del sistema público de seguridad ciudadana para garantizar la libertad y seguridad de todos los españoles.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 266; a favor, 98; en contra, 154; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LA TRAMITACIÓN DE LAS OCM MEDITERRÁNEAS (TABACO, ACEITE DE OLIVA Y ALGODÓN). (Número de expediente 173/000239.)
La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Les comunico a SS.SS. que la votación de las mociones tendrá lugar de manera sucesiva tras el debate asimismo sucesivo de las tres
mociones que figuran en el orden del día.
Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la tramitación de las OCM mediterráneas: tabaco, aceite
de oliva y algodón. Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Centella. (Rumores.)
Señorías, ruego que guarden silencio y mantengan las conversaciones, a ser posible, fuera del hemiciclo para permitir que la intervención del diputado que está en el uso de la palabra sea audible.
Adelante, señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias, señora presidenta.
La semana pasada se debatió una interpelación y el señor ministro tuvo una intervención que tengo que calificar, cuando menos, de injusta y, cuando más, de injuriosa, ya que culpabilizar a Andalucía de la pérdida de fondos, de la
penalización de los fondos de la OCM del aceite de oliva es, repito, cuando menos injusto y cuando más injurioso. No podemos admitir esta afirmación del señor ministro y desde esta tribuna le tenemos que exigir su rectificación, porque no se puede
criminalizar al sector olivarero andaluz. Fruto del debate de esa interpelación, presentamos hoy una moción que puede representar una clara apuesta por el futuro de los sectores del algodón, del aceite y del tabaco. Una moción que propone, en
primer lugar, rechazar clara y rotundamente las propuestas que ha presentado la Unión Europea referentes al aceite de oliva, algodón y tabaco por ser perjudiciales para los intereses de nuestra agricultura. Solicitamos asimismo que se defiendan
unas propuestas alternativas hasta el final y de forma rotunda y que esa defensa contenga al menos cinco principios.
En primer lugar, que se asegure el mantenimiento del nivel de ingresos de todas las comunidades autónomas, de forma que cualquier nuevo sistema no se sustente en una política de trasvase de rentas de unas comunidades a otras. Es grave -y
por eso no podemos aceptar de entrada la enmienda del Grupo Popular- que se admita una reducción, aunque no sea sustancial, de los apoyos que éstas vienen recibiendo. Si, además, esta reducción se va a cebar en Andalucía, una comunidad que ya de
por sí lo que necesita no es reducción sino aumento de ayudas, es un hecho realmente grave y no se pueda dar por perdida la batalla. No puede el Partido Popular, el Gobierno de España, empezar el debate admitiendo que alguna comunidad va a perder
recursos.
En segundo lugar, solicitamos el reconocimiento de la capacidad productiva española, porque ahí es donde radica la culpa de las penalizaciones y no en Andalucía. No se puede culpabilizar a Andalucía de las penalizaciones que ha sufrido el
olivar, el aceite de oliva español. Le dijimos a la entonces ministra Loyola de Palacio cuando se aprobó la OCM transitoria que la cantidad que se asignaba a España era pequeña y que iba a causar penalizaciones. La realidad nos ha dado la razón.
(La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la Presidencia.) No se puede plantear en este momento otra cosa que no sea exigir la capacidad productiva española, porque en el caso del aceite de oliva, cuando se planteó la prórroga
durante tres años, se hizo precisamente para valorar la capacidad productiva de cada país. Pues bien, van a pasar los tres años y no se han hecho los deberes. Ahora lo que se intenta es hacer una foto fija que mantenga esa pérdida de cupo de
nuestro país.
En tercer lugar, solicitamos el mantenimiento de la producción como elemento fundamental a la hora de determinar la ayuda a recibir porque, dentro de la reforma de la PAC, es posible, como ya hay en otros sectores, un cierto grado de ayuda a
la producción, y nosotros proponemos que sea el máximo posible. Además de posible, creemos que es justo.
Seguir manteniendo la producción como un elemento a la hora de determinar las ayudas es lo que garantiza el olivar, el algodón y el tabaco.
Seguimos apostando por un sector agrícola productivo, por una agricultura productiva y no por una agricultura de renta, no productiva. Por eso, estaríamos dispuestos a admitir todos los puntos de la enmienda que propone el Grupo Socialista, siempre
y cuando se añadiese este punto de nuestra moción: el mantenimiento de la producción como elemento fundamental a la hora de la determinación de la ayuda a recibir. Eso no es incompatible con lo solicitamos en cuarto lugar: que se haga una
proposición con una ayuda destinada al llamado olivar de baja producción a cargo del segundo pilar de la PAC en los fondos destinados al desarrollo rural. El ministro se equivocaba cuando nos decía la semana pasada que no apoyábamos este olivar
marginal de baja producción. Lo recogemos con toda claridad en nuestra moción porque también necesita de ayuda, pero no a costa del otro olivar. No se trata en estos momentos de enfrentar a los dos tipos de olivar, se trata de que ambos tengan un
tratamiento justo. No se trata de que pierda el olivar productivo para que el de baja producción pueda sobrevivir, se trata de sacar fondos para el olivar de baja producción. ¿De dónde tienen que salir? De los fondos de desarrollo rural. El
olivar de baja producción cumple un papel de mantenimiento de la población, del nivel de vida en el mundo rural. Por eso es importante que los fondos salgan de lo que está destinado al desarrollo rural. No se nos puede acusar de que nuestra moción
sea parcial, como decía el señor ministro, que solamente pretende -como si este diputado tuviese algún interés en ello- defender el olivar de alta producción. Al contrario, señorías, queremos el equilibrio y por eso nuestra moción es equilibrada.
En quinto lugar solicitamos la prohibición de mezclas del aceite de oliva, ya que entendemos que es una garantía de calidad. Apostar por una OCM del aceite de oliva es apostar por la calidad. Con motivo de la prórroga de la OCM del aceite
de oliva se dijo que se hacía para mejorar la calidad; sin embargo, nos encontramos con que, de nuevo, la OCM del aceite de oliva no ha buscado la calidad ni acabar con el fraude, sino simplemente eliminar recursos. Como decía al principio,
nuestra moción es equilibrada, atiende a todos los sectores y subsectores y plantea la ayuda al olivar marginal, a la producción,
que el algodón como producto tiene que tener un marco que le permita sobrevivir y que se debe acabar con el peligro de extinción que afecta al tabaco. En este sentido, pedimos el voto a favor de nuestra moción.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Centella.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Pliego.
El señor PLIEGO CUBERO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, está abierto el debate sobre tres OCM mediterráneas, la del aceite de oliva, la del algodón y la del tabaco, y, tal y como están planteadas, en términos de la propuesta de la Comisión, tengo que manifestar que son inaceptables para
el Grupo Parlamentario Socialista.
De salir adelante en esos términos, las consecuencias pueden ser muy negativas para los productores de estos cultivos. Ahora bien, a día de hoy no sabemos qué es más negativo desde el punto de vista de la
posición española: si la propuesta de la Comisión, que lo es, o que sea el ministro de Agricultura, el señor Arias Cañete, el responsable de llevar a término estas negociaciones. Sinceramente, no sabemos cuál de los dos es el elemento más
negativo. Conceptualmente, las propuestas de la Comisión son inasumibles e inaceptables, puesto que van en la dirección contraria a la política agraria comunitaria. Unas reformas cuya consecuencia final sea la desaparición del cultivo, sin lugar a
dudas en el caso del algodón o del tabaco, o la caída del olivar tradicional menos productivo, que supone un tercio del olivar que hay en España -esas son, de manera objetiva, las consecuencias de esas reformas-, son del todo inaceptables. Casi
350.000 olivareros en España, 260.000 en Andalucía, 10.000 algodoneros, de los que prácticamente el cien por cien se encuentran en Andalucía y en Murcia, y casi 20.000 familias que viven del tabaco en Extremadura. Esto es lo que está en riesgo y el
único responsable político de lo que ocurra es el ministro de Agricultura. Aquí hay que estar a las buenas y a las regulares. A partir de aquí, el elemento más grave de la propuesta es que se puedan cobrar ayudas sin producir, esto es, que las
ayudas pierdan legitimidad social. Es el principio del fin y, por lo tanto, el primer punto a defender por España.
Desde luego, no se deberá pasar por ahí en ningún caso, si bien con la forma que tiene de hacer amistades el Gobierno del Partido
Popular y Aznar en la Unión Europea, nos tememos que el final de todo esto sea bastante regular cuando no malo. Es inaceptable que se paguen ayudas por poseer tierras. Insisto en que pagar impuestos de los ciudadanos a cambio de, por la mera
posesión de la tierra, cobrar unas ayudas es el principio del fin de la PAC.
El ministro de Agricultura -y entro en la segunda parte de por qué me parece que es uno de los elementos más negativos- lo que quiere es no tener problemas políticos con estos temas. No está buscando una posición seria y sólida para España
y para ello ha elegido tres elementos. En primer lugar, enfrentar a las comunidades autónomas en los meses de julio y de septiembre en vez de buscar un punto de consenso en relación con los diferentes intereses de las comunidades autónomas. No
pasa absolutamente nada, sino que es razonable y de sentido común que éstas tengan intereses distintos, pero la tarea de un político con un mínimo de responsabilidad es buscar un punto de encuentro. Lo que ha hecho para sentirse cómodo, previendo
lo que puede venir detrás, es enfrentar a las comunidades autónomas. Es verdad que ahora está diciendo que él lo intentará. Hizo de pirómano y ahora viene de bombero con todo el equipo de la cabeza a los pies, pero esto es tan inaceptable como la
propuesta de la Comisión. En segundo lugar, atacar a la Junta de Andalucía con el tema de la reforma del aceite de oliva es la consigna del Gobierno de Aznar todos los días; atacar a la Junta de Andalucía con el argumento que sea. El tercer
elemento que está poniendo sobre la mesa es ponerlo todo difícil para que luego parezca que hemos conseguido algo. En julio decía que era imposible que España consiguiera más cupo. ¿Si Loyola de Palacio dijo aquí, con el espíritu que le
caracteriza, que la reforma del aceite de oliva era provisional porque no había datos del sector, ahora cuando la vamos a hacer definitiva y tenemos datos contrastados de cinco años, el punto de partida del Gobierno de España es renunciar al cupo
que nos corresponda? Ese es el elemento clave. Si el ministro consigue que a España le den el cupo que nos corresponde y que seamos tratados como al resto de los países, el 90 por ciento de los problemas desaparecerán. Si no, habrá sido un
fracaso de este Gobierno y a partir de ahí vendrán problemas más serios.
La posición del Grupo Parlamentario Socialista y nuestra enmienda, señor portavoz del Grupo de Izquierda Unida, va, en primer lugar, en la dirección de que a España le den el cupo que nos corresponda; en segundo lugar, que se mantenga a
toda costa la actividad, es decir, que para cobrar un euro de ayuda haya que mantener en explotación la actividad.
La señora VICEPRESIDENTA: (Mariscal de Gante Mirón): Señor Pliego, su tiempo ha concluido.
El señor PLIEGO CUBERO: Termino, señora presidenta.
Evitar el trasvase de rentas a las comunidades autónomas; y, en último lugar, garantizar unas rentas dignas a miles de agricultores. No estamos de acuerdo con mantener una ayuda a la producción en el caso del aceite de oliva, porque lo que
provoca eso es trasvasar rentas de los olivares y de los olivareros con menos renta del olivar tradicional al olivar intensivo que se ha puesto en los últimos diez años. Como no estamos de acuerdo con esa posición, no vamos a defender una ayuda a
la producción
que a estas alturas del curso nos parece inasumible desde cualquier punto de vista,
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA: (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Pliego.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Madero.
El señor MADERO JARABO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en nombre de mi grupo quisiera decir que he leído el 'Diario de Sesiones' del miércoles pasado y es cuando me he enterado de lo que el señor Centella quería decir; no por nada, sino porque mi capacidad de entendimiento hacia S.S.
es limitada. No es que vaya a pedir traducción simultánea, pero prefiero muchas veces esperar al sosiego del día siguiente y leer el 'Diario de Sesiones' para saber exactamente qué es lo que dice S.S. Parece ser que hoy -no voy a esperar a mañana-
echa la culpa al ministro de no sé qué cosa. No lo sé muy bien. Mañana cuando lea el 'Diario de Sesiones', en el pasillo lo podemos hablar S.S. y yo. A quien sí he entendido muy bien ha sido al señor Pliego cuando critica al señor ministro y al
Gobierno. Le recuerdo que en tema de ayudas europeas, en el 2004 España va a cobrar exactamente el doble que en 1996. Le recuerdo al señor Pliego, por si lo ha olvidado, que cuando gobernaba el PSOE las ayudas eran la mitad, era cuando había que
matar vacas, pagar multas de la leche, arrancar viñas, etcétera.
Hablando de la enmienda que ha presentado mi grupo a la iniciativa de Izquierda Unida, debe aceptarse porque explicita de forma muy clara los intereses de España en los cultivos del algodón, del tabaco y del olivar, sobre los que ha habido
unas propuestas de reforma de la Comisión y sobre las que hay que pronunciarse eventualmente y llegar a acuerdos si es posible. Señorías, en el texto de nuestra enmienda se insta al Gobierno a mantener una postura firme frente a la Comisión,
rechazando sus propuestas referentes a los tres cultivos: del olivar, del algodón y del tabaco. Asimismo, se insta al Gobierno a defender unas propuestas alternativas basadas en la exigencia del reconocimiento de la realidad productiva española y
en el mantenimiento de los apoyos financieros que vienen percibiendo cada una de nuestras comunidades autónomas.
En definitiva, señorías, entendemos que podemos aprovechar esta iniciativa de Izquierda Unida para instar, una vez más, al Gobierno a que siga haciendo lo que hasta ahora ha realizado con buen criterio y buenos resultados para el campo
español, porque es cierto que las propuestas del aceite, del tabaco y del algodón ya han sido rechazadas por parte del ministro de Agricultura. Por tanto, estima el Gobierno y estima mi grupo que no son adecuadas a la realidad productiva española,
al tiempo que el propio señor ministro abrió un debate interno para buscar posiciones comunes dentro de España en cada uno de los tres sectores. Me referiré brevemente, dentro del sector del aceite de oliva, a que ni el ministro culpó a Andalucía,
ni nadie culpa a ninguna comunidad autónoma ni a ningún sector. Lo cierto es que hay unos excedentes que suponen unas penalizaciones, y esas penalizaciones las pagan todas las comunidades autónomas, pero no en todas las comunidades autónomas se
producen los excedentes, solamente en parte de algunas de ellas. Y, señorías, seamos sensatos. No es lo mismo un olivar en Jaén magníficamente preparado, magníficamente regado, magníficamente cultivado como sólo lo saben hacer los olivareros
jienenses, con 80 kilos de aceituna por árbol, cuando en La Alcarria de mi tierra conquense con sacar seis u ocho kilos a cada árbol ya nos damos con un canto en los dientes. Entendemos que puede haber una diferencia de producción, unos excedentes
que conllevan unas penalizaciones que hay que señalar y que hay que corregir. Precisamente la enmienda de mi grupo es solidaria con las distintas clases de cultivos en cada una de las comunidades autónomas y, sobre todo, con los cultivos más
diferenciales en cuanto a producciones. Por eso, señorías, para que en los próximos meses haya una nueva regulación de las ayudas a los tres cultivos considerados, pedimos el apoyo a la enmienda que hemos presentado a la moción de Izquierda Unida
pensando, sinceramente, que es la mejor contribución que podemos hacer a las negociaciones que los ministros de la Unión están manteniendo en estos momentos.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA(Mariscal de Gante Mirón):Muchas gracias, señor Madero.
¿Grupos que desean fijar posición. (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, no descubro nada si en este momento me reafirmo en nuestro posicionamiento contrario a la reforma de la política agraria comunitaria que se efectuó con anterioridad a la conferencia ministerial de la Organización
Mundial del Comercio que se celebró en Cancún (México). Cuando uno va a negociar lo normal es que disponga de algunos ases en la manga que pueda poner encima de la mesa si es necesario. Pues bien, eso que parece lógico, no es lo que el señor
Fischler ha hecho. El comisario europeo de Agricultura, con base en una recomendación de la política agraria comunitaria de hacer una revisión a mitad de camino para adecuar la normativa a la realidad, aprovecha esta situación para modificar en
profundidad algunas OCM para adaptarlas a las posibles exigencias de la OMC, con lo cual los ministros de Agricultura llegan a la mesa de negociaciones habiendo renunciado a casi todo, y a pesar de esa
anticipación lo cierto es que los resultados de la reunión de Cancún no pasarán a la historia.
Nuestro grupo parlamentario y yo personalmente, en 1998, nos opusimos a la modificación de la normativa por la cual la superficie máxima garantizada pasó de calcularse para el conjunto de la Unión Europea al actual sistema de asignación por
Estados. Fue un primer paso para renunciar a la posibilidad de aprovechar la totalidad de la partida presupuestaria en ese tema. Si nos centramos en la propuesta que ha presentado el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, la implantación
de una ayuda a la producción real de entrada viene condicionada a una cantidad máxima garantizada de 760.000 toneladas métricas para el conjunto del Estado, cifra que está muy por debajo de la producción española, hecho que cada día se complica más
debido básicamente a las transformaciones de secano en regadío de las explotaciones olivareras con un efecto perverso, y es que los sobrepasamientos los producen las nuevas zonas olivareras de regadío donde ese cultivo es rentable, y esos excedentes
los tienen que soportar de una forma absolutamente injusta otras zonas con olivos de baja producción y que no producen excedentes. En los últimos tres años se ha constatado que la producción de aceite de oliva ha sido del 143 por ciento de la
cantidad nacional garantizada, hecho que ha conllevado altas penalizaciones que han tenido unos efectos desastrosos para las zonas con plantaciones de baja producción. Por tanto, nuestro grupo parlamentario estaría en contra de la propuesta de
Izquierda Unida de que sea la producción el elemento fundamental a la hora de determinar las ayudas a recibir, sobre todo si antes no se reconoce nuestra capacidad productiva real, hecho que nos parece en este momento muy difícil. Quiero que quede
claro que nuestro grupo parlamentario está en contra de que se termine pagando a los agricultores por no producir, puesto que este sería el principio del final del sector, es la deslegitimación de las ayudas, pero también es cierto que las ayudas
netas a la producción acaban beneficiando en muchas ocasiones a los que en justicia menos lo necesitan. Es más, las cooperativas de siete comunidades autónomas han presentado un documento en el que se pretende garantizar ese cultivo en las zonas
donde tradicionalmente se ha cultivado, asegurando de ese modo que lo pueden continuar realizando en el futuro. Esto se ha producido en Aragón, Cataluña, Madrid, Valencia, Murcia, Extremadura y Castilla la Mancha. En estas zonas se pide una ayuda
fija por hectárea y que esa ayuda fuese creciendo en función de la producción media de los últimos tres años, con lo cual aseguraríamos una renta fija al agricultor, que es en muchos casos la finalidad de la política agraria comunitaria. Pero si
eso es importante, para mi grupo hay otro tema que también es básico -y no voy a entrar en profundidad en él-, como es la prohibición total y más absoluta de las mezclas de los aceites de oliva con los aceites vegetales comestibles. Queda claro que
se tendrían que poner en marcha, de una forma especial, todos los mecanismos para evitar eso y, además, adecuar todo el tema que hace referencia al etiquetaje para evitar que el consumidor pueda sentirse engañado.
Resumiendo, señora presidenta, la situación que tenemos en este momento es la que es y, por tanto, el problema más importante que tenemos en la agricultura es el señor Fischler y lo tenemos que solventar.
Efectivamente, si hubiese un
incremento importante de la cantidad máxima garantizada, como ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, muchos de los problemas que tenemos se habrían resuelto, pero de momento parece que no está en las previsiones. Partiendo de la base de que la
cantidad máxima garantizada es de 760.000 toneladas métricas y que el sobreseimiento en los últimos tres años ha sido del 135 por ciento, nos parece injusto que se apliquen las penalizaciones por igual a todas las zonas, sobre todo aquellas zonas de
baja producción que no han producido los excedentes. Hemos adelantado porque ya no se utilizan los términos de olivos marginales. Creo que en este momento los cultivos de olivos de baja producción tendrían que tener un tratamiento paralelo al de
los intensivos y, por tanto, no nos gusta la propuesta de Izquierda Unida que...
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Companys, su tiempo ha concluido.
El señor COMPANYS SANFELIU: Termino enseguida.
...los quita del sistema tradicional y los envía al segundo pilar. Creo que esta propuesta no es buena para el sector y, por tanto, señora presidenta, termino diciendo que no podremos dar soporte a la propuesta que hace en este momento el
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Companys.
Señor Centella, a los únicos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, he entendido que el Grupo Socialista no aceptaba nuestra enmienda transaccional y, si es así, no aceptaríamos ninguna enmienda.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Centella.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA LUCHAR CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA. (Número de expediente 173/000240.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Punto 6, moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre las medidas de carácter general que piensa adoptar el Gobierno para luchar contra la pobreza y la exclusión
social en España. Para la defensa de la iniciativa, tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
Debatíamos la semana pasada con el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales una interpelación sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno en su lucha contra la pobreza y la exclusión social en España. El Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) quería constatar en ese debate una evidencia que seguramente no forma parte, con la suficiente intensidad, ni de la atención de este Parlamento, ni principalmente y sobre todo de la atención de la acción del Gobierno, como es
la existencia de ciudadanos que son pobres. Afirmábamos con toda rotundidad que en España hay pobres, y de ahí mi grupo derivaba que no era suficiente una buena política económica para reducir la pobreza, ni era suficiente la creación de empleo
para reducir la pobreza, sino que era necesario un compromiso público de las administraciones, de la sociedad civil, del conjunto de la ciudadanía, para hacer frente a esa realidad (La señora presidenta ocupa la Presidencia.). Decíamos también que
en el siglo XXI no había excusa para que un Estado miembro de la Unión Europea y de la OCDE tuviese pobres en su seno. Reclamábamos la puesta en marcha de esas políticas específicas y afirmábamos que el II Plan de inclusión social que hace unos
meses aprobó el Gobierno, siendo un instrumento que contiene aspectos positivos, a nuestro entender no contenía algunas de las medidas que nos parecían esenciales para avanzar hacia ese objetivo de reducción de la pobreza.
El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió pone hoy encima de la mesa una moción que pretendemos que la Cámara apruebe (con el principio de acuerdo al que hemos llegado en función de una enmienda transaccional presentada por el Grupo
Parlamentario Popular -transacción que luego daré a los servicios de la Cámara para que la distribuyan entre los grupos parlamentarios-, y agradeciendo la enmienda que nos presenta el Grupo Socialista pero que no podemos incorporar), que viene a
reconocer, en primer lugar, la necesidad de realizar estudios que nos permitan conocer de verdad cuál es la situación de la pobreza en España. La mayoría de los instrumentos que nos permiten analizar esa realidad son de 1999. En segundo lugar,
continuar avanzando en aquellas conclusiones del Pacto de Toledo que nos indican que las cuantías de las pensiones mínimas deben continuar aumentando, que las actuales pensiones mínimas son insuficientes, y yo añado que especialmente para el caso de
las personas viudas y de las personas mayores que viven solas. En tercer lugar, abordar un debate general sobre el funcionamiento de las rentas mínimas de inserción, desde la perspectiva de Convergència i Unió avanzando hacia su consideración como
un derecho subjetivo de las personas que no pueden incorporarse al mercado de trabajo. En cuarto lugar, impulsar una ley general de atención a la dependencia, una de las grandes cuestiones pendientes para el conjunto de la sociedad. En quinto
lugar, hacer real y efectiva la denominada cláusula social que se incorporó en la Ley de contratos del Estado en la pasada legislatura para permitir dar prioridad, especial capacidad de participar en la contratación pública a aquellas empresas que
den empleo a personas en situación de exclusión social. En la última legislatura en la que gobernó Convergència i Unió en la Generalitat se empezó a avanzar de forma clara precisamente en esa discriminación positiva hacia esas empresas de la
economía social que muchas veces dan empleo a personas excluidas. En sexto lugar, a nuestro entender fundamental y que en el diálogo que hemos mantenido con la señora Montseny ha llegado finalmente a buen puerto y ha sido esencial para Convergència
Unió, un mandato de reconocimiento explícito del papel central que en materia de lucha contra la pobreza deben tener y tienen las empresas de inserción laboral, reclamando el reconocimiento de su utilidad y reclamando que el Gobierno apoye sus
actividades. En séptimo lugar, en una línea que enlaza con algunos de los planteamientos del plan de inclusión social, reconocer como actividad prioritaria del mecenazgo las actuaciones de lucha contra la pobreza que realicen las entidades del
tercer sector. En octavo lugar, introducir, en la línea de lo que vienen haciendo algunas entidades privadas como la fundación Solomon, de La Caixa de Catalunya, microcréditos para permitir a personas en situación de exclusión social iniciar
proyectos de autoempleo, experiencia demostrada de manera exitosa a nivel internacional y que también hay que empezar a utilizar para combatir la pobreza en España. Finalmente, queremos recordar una cuestión que nos parece obvia, y es esa necesidad
de desarrollar también el contenido del actual plan de inclusión social.
En definitiva, son nueve puntos que constituyen un principio de acuerdo, al que espero que se pueda sumar el resto de los grupos de la Cámara, que marca la necesidad, por un lado, de que este Parlamento, en la perspectiva de la próxima
legislatura, sitúe en su agenda la cuestión de la lucha contra la pobreza como una prioridad compartida por todos los grupos de la Cámara y que este papel del Parlamento sirva de estímulo a la actividad de las políticas sociales del Gobierno que se
derive de las próximas elecciones del mes de marzo. También tenemos la convicción -y lo afirmábamos en el debate de la semana pasada- de que la lucha contra la pobreza responde a la necesidad de articular acciones que partan del convencimiento de
que la pobreza es un problema político al que hay que darle respuesta política, que la pobreza no es simplemente la fatalidad de aquellas personas que
por desgracia han caído en una situación de exclusión social, que la pobreza no es simplemente un acto de irresponsabilidad de aquellos que son pobres, sino que la pobreza es una situación a veces estructural en el funcionamiento de nuestra
economía y de nuestra sociedad que exige medidas específicas para hacerle frente y para superar los dramas humanos que se derivan de estas situaciones. Además, estamos convencidos de que todos los grupos de la Cámara compartimos que moral, ética y
políticamente es inaceptable que en España haya pobres. Si esta moción sirve para movilizar nuestros esfuerzos en esta línea seguramente habrá sido útil.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Pin.
La señora PIN ARBOLEDAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, como ya ha dicho el representante del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Campuzano, que ha llegado a un acuerdo con el Partido Popular, el Grupo Socialista no quiere dejar pasar esta ocasión para decir lo que
opina del tema que estamos tratando en este momento. Nos alegramos de las once medidas que en nombre del Grupo de Convergència i Unió ha presentado el señor Campuzano. Seguramente se podían haber mejorado o ampliado, pero como hemos visto han
hecho una reducción para poder llegar a un acuerdo con otro grupo de la Cámara. De todas maneras, ha sido una constante preocupación histórica de nuestro partido en el Gobierno y en la oposición realizar políticas que hicieran posible la superación
de las graves desigualdades existentes en la sociedad española desde siempre. Ante la constante actitud de este Gobierno de confundir la realidad con el deseo y de confundir a la mayoría de nuestros ciudadanos y ciudadanos con palabras y con
manipulaciones mediáticas continuas, la dura y terca realidad es que en España sigue habiendo una enorme cantidad de pobres. El señor Zaplana es conocido por su capacidad para enmascarar la realidad y para opinar sin ninguna responsabilidad sobre
lo que sea. En mi comunidad lo conocemos muy bien y ahora empieza a ser conocido en toda España. Por eso se convierte en un experto en el arte de hacer invisible la pobreza. Ya se sabe que una de las actitudes de los poderosos ante la pobreza, la
marginalidad y la exclusión es hacerla desaparecer. Otra actitud es la de considerarla como algo natural e inevitable o hacernos creer que la pobreza y la exclusión son responsabilidad de las personas pobres y excluidas y que en esta maravillosa
sociedad están así por su culpa. Otra de las magias del señor Zaplana consiste en tratar de vendernos que ellos han hecho más que nadie para que las cosas no sean así.
El señor Campuzano explicó muy bien el otro día las carencias de la política social del Partido Popular, y a ello me remito, no sin antes recordar que en el informe Foessa de 1998 más de ocho millones y medio de personas, o sea más del 22
por ciento de la población española, estaban viviendo en niveles de pobreza extrema, de pobreza grave, de pobreza moderada y de precariedad. Permítanme recordarles que todos estos años de gobierno del Partido Popular podemos considerarlos como
nefastos en sus repercusiones sociales, habiéndose hecho cada vez más evidente la brecha social en nuestro país, ya que la precariedad laboral, el deterioro progresivo de los servicios públicos y la falta de políticas reales en esta materia han
aumentado el riesgo de exclusión social. Ha habido un incumplimiento sistemático de los derechos sociales básicos, amparados por la Constitución que tanto dicen defender, en familias pobres y excluidas, con un aumento desorbitado de la precariedad
social vinculada al aumento correspondiente de la precariedad laboral, del trabajo a destajo o de la economía sumergida e irregular en diversos sectores, generándose preocupantes conflictos entre la población española con más carencias y algunos
emigrantes. Si comparamos nuestro gasto público en protección social con el de los países de la Unión Europea, la situación es aún más lamentable. Con datos del año 1999, la media europea con relación al PIB era del 27,6 por ciento, en España era
del 20,1 por ciento, por debajo nuestro sólo se encontraba Irlanda. ¿Cómo se explica la satisfacción del señor ministro por las políticas realizadas cuando en España no sólo se incumplen los derechos reconocidos en nuestra Constitución de 1978,
sino que también se incumplen los tratados internacionales ratificados y firmados por España y se miente descaradamente acerca de tales incumplimientos así como acerca de la propia realidad a la que se debería responder?
Señorías, permítanme recordarles que la situación se agrava cuando se piensa en el colectivo de mujeres. Alguien ha escrito que pobreza tiene nombre de mujer, y eso es cierto. La discriminación en el mercado laboral, el aumento del número
de familias monoparentales, la inevitable necesidad de atender a muchas personas mayores, la escasa retribución de muchas pensiones de viudedad y el aumento de la violencia de género hacen aún más urgente instar a este insensible Gobierno a dar
explicaciones serias. El Grupo Socialista sabe que esta legislatura está acabando y que esta moción posiblemente sólo tenga el valor de lo testimonial, pero también sabemos que esa es la clave de la diferencia entre nuestras políticas y las de
ustedes. No es suficiente airear grandes números y decir que hay más riqueza en nuestro país. Eso puede ser verdad, pero también hay que explicar quién recibe mucho más de ese aumento de riqueza y quién sufre condiciones más indignas de vida, qué
pocos se benefician y cuántos sufren marginación y exclusión para que los otros vivan mejor, y qué significa el absurdo discurso sobre las rebajas fiscales cuando esa tan cacareada
política de rebaja fiscal está llevando al deterioro o desaparición de los servicios públicos y a la privatización de servicios cada vez más necesarios, lo que empeora inevitablemente y empeorará cada vez más la calidad de vida de muchísimas
personas en nuestro país. Recuerden lo que pasó en Gran Bretaña con la señora Thatcher. Por estas razones, el Grupo Socialista, pese a que ha habido una pequeña variación en la moción que se presenta hoy, va a apoyar positivamente la moción que
platea el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, aunque nos hubiera gustado que en el punto 1 se hubiera incluido la adenda que el Grupo Socialista había presentado.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Pin.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, señora Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: Gracias, señora presidenta.
Señorías, esta portavoz del Grupo Parlamentario Popular en este momento casi no habría entendido la moción consecuencia de la interpelación de la semana pasada del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, si no fuera porque tengo la
certeza de que siempre que los distintos grupos parlamentarios queremos caminar en aras de conseguir una mayor solidaridad, una mayor cohesión social y de ayudar a todas aquellas personas que se encuentran fuera del mercado labora y en situación de
exclusión social, ese es un camino que compensa a los que podemos trabajar en el ámbito de la coherencia social y del reparto equitativo.
Me gustaría resaltar que a lo largo de los últimos ocho años el Gobierno no ha hecho otra cosa -y el señor
Campuzano lo sabe- que trabajar en esa línea.
Antes de defender de una forma concreta la enmienda que ha presentado mi grupo parlamentario, quisiera decir que desde mi grupo seguimos pensando que la mayor lucha contra la pobreza y la mejor lucha contra la exclusión social es un buen
puesto de trabajo. Por eso esta portavoz no entendía muy bien lo que decía la representante del Grupo Parlamentario Socialista en el sentido de que iba a apoyar esta moción, teniendo noticia de los acuerdos que se han producido entre los grupos
parlamentarios que han intervenido en la exposición de sus ideas. También me gustaría decirle que quizás hoy no podríamos estar hablando de una cantidad de 35.000 millones de euros destinada al Plan nacional de lucha contra la pobreza y la
exclusión social para el periodo 2003-2005 si siguiéramos teniendo el 23 por ciento de paro con el que se encontró el Gobierno cuando empezó a legislar para que la sociedad fuera capaz de crear todos aquellos puestos de trabajo y para que se
fomentaran las iniciativas privadas para llegar a casi 18 millones de puestos de trabajo, cuando antes teníamos doce.
Señorías, nuestra enmienda perfecciona en algún ámbito la presentada por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y además reconoce el esfuerzo del Gobierno, el esfuerzo de los distintos grupos parlamentarios para luchar contra la
exclusión social y contra la pobreza. Ha sido objeto de modificación en numerosos textos legislativos y, además, se ha cumplido lo acordado primero en la cumbre de Lisboa, después en la cumbre de Niza y finalmente en la cumbre del Consejo Europeo
de Barcelona. De todos es un objetivo prioritario luchar por el pleno empleo y si además de ello hoy podemos hablar de lucha contra la pobreza, de lucha contra la exclusión social, los fundadores de la Seguridad Social, Bismarck, Berberich y
Maluquer, que creó el Instituto Nacional de Previsión para regular los primeros seguros sociales en España, estarían orgullosos de este periodo en el que ya se ha constituido en gran parte y en gran medida un gran fondo de reserva para el futuro de
la Seguridad Social, que se va a doblar, según compromiso del Gobierno del Partido Popular para la próxima legislatura.
Señor Campuzano, usted tiene noticia y conocimiento de la enmienda que hemos presentado a su moción. Espero que la apoye porque de alguna forma se plasma que el Gobierno reconoce, en la confección del plan contra la exclusión social y la
lucha contra la pobreza y la infinidad de acciones de las 229 que ya ha iniciado previstas en ese plan, que hoy estamos de acuerdo en seguir trabajando juntos, pero la lucha contra la pobreza y la exclusión social ya se había iniciado de antemano,
cosa de lo que debemos sentirnos muy orgullosos todos los diputados de esta Cámara.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Montseny.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo va a votar favorablemente esta iniciativa, sobre todo una vez que hemos recibido y como acabamos de escuchar a la portavoz del Grupo Popular la enmienda transaccional que oferta al grupo proponente, el grupo Catalán de Convergència
i Unió, al que mi grupo quiere felicitar por esta iniciativa. Por tanto, si hay esta identidad de principios votaremos con mucha satisfacción el mismo fondo que comparten ambas iniciativas, tanto la original del Grupo Catalán de Convergència i Unió
como la de la enmienda alternativa de sustitución que presenta el Grupo Popular, que en el fondo es exactamente el mismo principio de solidaridad.
En la Comunidad Autónoma de Canarias se da este lamentable fenómeno de exclusión social y de pobreza. Quiero resaltar aquí los magníficos estudios que ha venido
realizando periódicamente la organización no gubernamental Cáritas en Canarias, muy vinculada a los principios de la Iglesia católica, que ha mantenido una sensibilidad muy especial y ha denunciado ante los poderes públicos y ante la opinión
pública la situación de exclusión, la situación de marginación y de pobreza en sensibles estratos de la población española y residentes, que tienen el mismo amparo constitucional que cualquier otro segmento económico y social de la población.
Cuando hay un fenómeno de globalización económica hay que parar la globalización de la pobreza, hay que parar la globalización de la exclusión, que está ahí en cifras muy significativas y que hace que la sociedad democrática tenga un componente de
injusticia. Un Estado social y de derecho debe velar fundamentalmente para que unos principios formales de la Constitución se transformen en principios reales, en el sentido en que lo tienen que percibir estas capas de población que viven en la
pobreza, en la marginación social y que son focos de vergüenza democrática, que son en verdad focos de una dislocación y una desvertebración de todo el sistema social que ha de tener una sociedad democrática y constitucional.
Nos congratulamos de esta iniciativa en los diversos puntos de acciones a tomar por los poderes públicos, desde los estatales a los autonómicos y los locales. No olvidemos que en una especie de mal entendida beneficencia pública, quien
percibe la realidad desvertebradora de esa sociedad son los municipios, porque esa población marginada socialmente, excluida y empobrecida vive en un municipio y se tienen que acercar a las instituciones benéficas y sociales de los ayuntamientos
porque es la primera puerta en la que tienen que tocar, como tocan en la puerta de Cáritas, de organizaciones no gubernamentales que realizan estas actuaciones benéficas y que tenemos que ir excluyendo. Porque la beneficencia es un viejo concepto
decimonónico que había en la asistencia hospitalaria, en la asistencia de las diputaciones provinciales, los fondos de beneficencia. Tenemos una Constitución que reconoce este derecho. Por ello, señora presidenta, mi grupo votará con plena
comodidad y con plena identificación los principios que ha traído esta iniciativa.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, ante esta propuesta que nos trae hoy aquí el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, he de decir que nos gustaba más la propuesta inicial que la que posteriormente han pactado, al parecer, con el Partido Popular, que, a nuestro
entender, vacía totalmente de contenido la propuesta que nos hacía Convergència.
Empezaré mi intervención recordando que los planes nacionales para la inclusión social nacen con el objetivo marcado por la Unión Europea en el año 2000 de llevar a la práctica una política coordinada de lucha contra la pobreza y la
exclusión social articulada en torno a cuatro objetivos previstos en las directrices aprobadas por el Consejo Europeo.
Coincidiendo con la Comisión Europea ya señalamos las carencias y falta de cumplimiento de los objetivos marcados en el primer
plan para la inclusión social del año 2001-2003. Lejos de corregirlas, el Gobierno español ahondó en las mismas en el segundo plan, no sólo por la falta de medidas que realmente tiendan al cumplimiento de los objetivos, sino por la ausencia de
concordancia entre las acciones propuestas y los indicadores que miden el grado de exclusión social. Con este plan el Gobierno únicamente pretendía dar cumplimiento al objetivo formal de la presentación en plazo, recopilando medidas que ya estaban
en vigor y que en algunos casos difícilmente podían considerarse dirigidas a personas en situación de exclusión social. Los parámetros que miden la pobreza son claros: un hogar es pobre si su renta anual es inferior al 50 por ciento de la media
nacional. De esta forma, en España se consideran pobres aquellas familias que sobreviven con unas 110.000 de las antiguas pesetas al mes y pobres extremos a los que sobreviven con 55.000 pesetas. En nuestro país más de dos millones de familias,
alrededor de ocho millones y medio de personas, se encuentran en el umbral de la pobreza y, de ellos, cerca de un millón y medio de españoles viven en la pobreza más extrema. La correlación entre los niveles de pobreza en un país con los índices de
desarrollo del mismo, así como los fondos que se dedican a las políticas sociales, es un hecho evidente. En nuestro país la mejora económica no ha supuesto un avance equivalente en la erradicación de la pobreza, sino que se ha precarizado la
situación de diversos colectivos.
Junto a los desempleados, los pensionistas suponen el colectivo con mayor incidencia de pobreza; la cuantía mínima de las pensiones de jubilación sitúa a estos colectivos en umbrales de exclusión social. Si
tenemos en cuenta que en muchos hogares la única fuente de ingresos es una exigua pensión, encontramos que existe un gran número de hogares que se encuentran en situación de pobreza. En este contexto, el esfuerzo del Estado en protección social es
a todas luces insuficiente y, lo que es peor, no demuestra ningún interés en mejorar la situación. Una muestra de esta situación son los propios informes sobre la dependencia que facilita el Gobierno. El problema no es otro que una redistribución
equitativa de los recursos del Estado, con una adecuada política fiscal que tenga en cuenta las nuevas realidades de las personas mayores, las dependientes o discapacitadas, las personas en riesgo de exclusión, así como de los núcleos familiares o
de convivencia. Todo ello partiendo de la consideración de que los sistemas de protección han de ser un todo integrado, pues las personas tenemos necesidades múltiples, pero no divisibles. Diríamos que esas
necesidades pueden aglutinarse en tres grupos, a los que se adaptan los correspondientes sistemas de protección: necesidades en materia de salud, a las que responde el sistema sanitario; aquellas que recoge el sistema educativo, y las
derivadas del sector social, a las que debe dar respuesta el sistema de Seguridad Social, juntamente con el de servicios sociales. Sin embargo, mientras que en nuestro país los dos primeros sistemas -el sanitario y el educativo- tienen un
reconocimiento universal y de carácter subjetivo, no ocurre igual con el tercero, especialmente en lo que se refiere a los servicios sociales. Nuestra propuesta consiste en ampliar y mejorar nuestro sistema de protección social, intentando
aproximarlo a las necesidades individuales y colectivas de nuestras sociedades actuales, de manera que se recoja sustancialmente la asistencia a personas dependientes o con discapacidad, la atención a las personas mayores y los servicios de atención
a la infancia, con la suficiencia que dichas necesidades reclaman. Para ello es preciso potenciar ciertas prestaciones sociales de carácter económico, ampliar la oferta de algunos servicios públicos y desarrollar otras medidas complementarias.
Como decía al principio, algunas de estas medidas, aunque no todas, estaban incluidas en esta proposición, que camina en la dirección en que hemos venido reflexionando.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA EVOLUCIÓN Y LAS PERSPECTIVAS DE LA POSGUERRA Y LA OCUPACIÓN DE IRAK. (Número de expediente 173/000241.)
La señora PRESIDENTA: Iniciamos el debate de la moción del Grupo Parlamentario Socialista sobre la evolución y perspectivas de la posguerra y la ocupación de Irak.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Marsal.
El señor MARSAL MUNTALÁ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, no querría empezar mi intervención sin manifestar públicamente lo que ya hemos repetido en otras declaraciones: nuestra satisfacción por la detención de Sadam Husein y la firme esperanza de que esta detención permita aumentar el
ritmo de recuperación de la soberanía por parte del pueblo iraquí y que con ello podamos avanzar también en el proceso de estabilización, de paz definitiva y de democratización de Irak.
Una vez hecha esta manifestación, paso a presentar la moción consecuencia del debate habido la semana pasada. Al empezar, querría retrotraerme unas horas en nuestros debates. Anteriormente hemos debatido sobre una propuesta del Grupo
Socialista, en relación con la cual el representante del Grupo Popular, el señor Arístegui -creo que también va a ser quien intervenga en este debate-, agradecía el tono constructivo de la propuesta del Grupo Socialista y remarcaba la necesidad de
reencontrar el consenso que hemos perdido. Para ello -decía el señor Arístegui- es necesario dar pasos; dar pasos en una misma dirección, dar pasos de encuentro, y decía que estos pasos debían darse tanto por parte nuestra como por parte suya.
Estamos de acuerdo y en ello estamos. Hace unos 15 días, en el debate sobre Irak, nuestro secretario general hizo un movimiento de abrir la mano, de ofrecer acuerdos. Desgraciadamente, la respuesta del presidente del Gobierno fue no únicamente
criticar, sino hacer un olvido y un menosprecio total de esta mano abierta. Hoy mismo, en el debate que señalaba, hemos dado también una muestra de planteamiento constructivo; no de un planteamiento a la contra, sino de un planteamiento que podía
ser asumido, y el señor Arístegui así lo ha manifestado. Sin embargo, a la hora de la verdad, ¿cuál ha sido la respuesta del Grupo Parlamentario Popular? Votar en contra. Pues bien, tenemos una nueva oportunidad. Hoy tenemos una nueva
oportunidad con esta propuesta de que, a estos pasos que estamos dando nosotros, el Grupo Parlamentario Popular pueda responder también en el mismo sentido y dé un paso votando favorablemente a esta moción que presentamos.
Todos estamos de acuerdo en que un país como el nuestro debe ocupar su puesto en el mundo. Ahora bien, para que el país ocupe su puesto en el mundo es necesario que cada uno de nosotros sepa encontrar su puesto en el país. Difícilmente
ocupará España, ni ningún país, un puesto significativo en el mundo si no existe un mínimo consenso en política internacional, en política exterior y en política de seguridad. El consenso en estos temas es fundamental; usted, señor De Arístegui,
estará de acuerdo conmigo en que esto es fundamental para la credibilidad internacional de un país y también para la eficacia de su política exterior a medio y largo plazo.
Nosotros estamos haciendo esfuerzos notables para recuperar el consenso. A ello responde esta moción que presentamos. Una moción que es coherente con el debate; que es coherente con lo que manifestó el señor Marín en su intervención; que
es coherente con las respuestas del ministro de Defensa. Es una propuesta en positivo; que no trata de poner en primer término los desacuerdos, sino los acuerdos: aquello en lo que estamos de acuerdo. Sobre todo, no lo hace desde la perspectiva
del pasado, desde la perspectiva de criticar aquello que creemos que no se ha hecho bien, sino en una perspectiva de futuro, teniendo en cuenta aquello que podemos encontrar para recobrar el consenso y para ayudar a la recuperación de la paz y la
democracia en Irak y en Oriente Próximo.
¿Qué propone nuestra moción? Propone tres cosas sencillas, en las que creo que hay acuerdo, que es difícil que no lo haya. En primer lugar, propone impulsar las iniciativas necesarias para que se lleve a cabo la devolución de las funciones
y atribuciones de gobierno al pueblo
de Irak tan pronto como sea viable. No criticamos nada; exponemos elementos en los que hay acuerdo y a los que se puede votar favorablemente. En segundo lugar, ¿qué proponemos? Apoyar y promover todas las actuaciones que sean precisas
para la utilización de manera transparente de los fondos económicos acordados en la Conferencia internacional de donantes. Es lo que dice la Resolución 1511, que tantas veces hemos citado todos y que fue aprobada por unanimidad. Tampoco aquí debe
haber ningún problema. Y, en tercer lugar, proponemos algo en lo que no tiene que haber ningún problema tampoco: mantener puntualmente informada a esta Cámara de los sucesos que haya, de acuerdo con los instrumentos reglamentarios existentes. No
hay problema en ello; puede haber un consenso, pueden votar ustedes favorablemente.
Convergència i Unió ha presentado la enmienda de adición que responde a la nueva situación creada por la detención de Sadam Husein. Propone algo que nos parece correcto y adecuado en cuanto al juicio que debe celebrarse contra Sadam Husein.
Nos parece correcto y, por tanto, lo aceptamos. No nos parece tampoco que su aceptación sea algo que pueda merecer el voto negativo del Grupo Parlamentario Popular. Los cuatro puntos son plenamente aceptables, es difícil oponerse a ellos, señor De
Arístegui; sé que usted estará de acuerdo conmigo.
Señor De Arístegui, hoy tenemos una nueva oportunidad de hacer eso que usted exigía: que unos y otros demos pasos. Nosotros hemos dado pasos y ustedes tienen la ocasión de darlo ahora, aceptando estas propuestas y votándolas
favorablemente. Nos habremos hecho todos un favor y, sobre todo, se lo habremos hecho al país.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señorías.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Marsal.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Guardans tiene la palabra.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señora presidenta, señorías, empezamos -ha empezado ya con el portavoz anterior- el que va a ser el último debate sobre Irak en esta legislatura, la enésima iniciativa parlamentaria sobre esta crisis. Sin
embargo, la realidad es que la podemos hacer con dos datos nuevos, uno muy importante en su simbología -está por ver si en sus consecuencias prácticas-, como es la detención de Sadam Husein. No cabe la más mínima duda que a efectos simbólicos sí
significa muchísimo esa detención, significa el final de una etapa, significa retirar un símbolo para aquellos que creían que cabía una vuelta al pasado -muchos ya sabíamos que no era posible una vuelta al pasado, pero es posible que en Irak algunos
sí creyeran que lo era-, aunque está por ver que algunos, precisamente porque hayan perdido el miedo a volver al pasado, por ejemplo algunos chiítas, se atrevan ahora a proponer cosas que hasta ahora no se atrevían. En cualquier caso, es evidente
que supone un cambio importante. Y sobre todo, lo que a mí más me interesa como portavoz de mi grupo en este ámbito, un principio de cambio -y no me habrán oído ustedes esto nunca hasta ahora- en el presidente de los Estados Unidos, que está por
ver si se consolida o no, no lo sé, pero que en todo caso se percibe en sus últimas intervenciones, incluida aquella en la que refleja la reacción norteamericana, prudente ante la detención de Sadam Husein, donde recalca que por un lado esto no
supone el final de la violencia en Irak y que, por otro lado, es un buen argumento para empujar, adelantar, precipitar hasta donde se pueda la recuperación por Irak de su propia soberanía. Por eso es especialmente oportuna esta iniciativa que
plantea el Grupo Socialista, que en su redacción es absolutamente prudente, y querría ver cómo el Grupo Parlamentario Popular la aprueba y permite así que en el último debate de política exterior de la legislatura seamos capaces de lograr un
consenso, porque ninguna de las cuestiones que pone sobre la mesa el Grupo Socialista en su texto ni aquello que nosotros hemos añadido como enmienda contradicen para nada en ningún sitio lo que vienen diciendo el portavoz de Asuntos Exteriores del
Grupo Popular ni la ministra de Asuntos Exteriores del Gobierno.
Hoy, de hecho, todo el tema de Irak, en el que no tengo tiempo de entrar con gran detalle, se centra en la resolución de tres ejes que se necesitan uno a otro, dos de ellos están claramente reflejados en esta proposición no de ley y el
tercero se vincula con ellos y ha sido exento precisamente porque es el más delicado. El primero, la recuperación por Irak de su soberanía, es el eje fundamental, y lo único que se dice aquí es que hay que dar pasos concretos en esa dirección, eso
es la doctrina ortodoxa, tampoco se precisa mucho más, pero se pide que se vaya en esa dirección y que avancemos tanto como sea posible, tan pronto como sea viable -dice el texto-, en esa línea. En segundo lugar, los fondos, la ayuda a la
reconstrucción, las consecuencias de aquella Conferencia de donantes, que eso se haga con respeto a la Organización Mundial de Comercio, que se haga sin corrupción, sin estafas, sin sanciones ilegales en concursos públicos, que por tanto se haga de
una forma transparente.
También eso es algo a lo que no creo que se pueda oponer el Gobierno español. Y hay un tercer eje que aquí no se menciona pero que estas dos cuestiones pueden resolver muy bien, que es el de la seguridad. Ese es el más
delicado, porque está por ver bajo qué mando y de qué manera se garantiza la seguridad en Irak, pero es obvio que la seguridad en Irak se garantiza más y mejor en la medida en que los iraquíes estén más cerca de la recuperación de su soberanía y se
garantiza más y mejor y con más participación de otros Estados en la medida en que se vea que se implica Naciones Unidas y que esos Estados no son sancionados por los Estados Unidos como si estuvieran repartiendo regalos de los Reyes
Magos en su gestión de los dineros de la reconstrucción. Por tanto, es un paquete, es un taburete de tres patas: soberanía de Irak, seguridad de Irak y reconstrucción de Irak. Las tres cosas se mezclan y están muy bien reflejadas. A ello
se suma lo que plantea mi grupo, que es, en el contexto más específico pero tremendamente importante por lo simbólico de la detención de Sadam Husein, que Sadam Husein tenga un juicio justo, quizá bajo el ámbito de Naciones Unidas, como ha propuesto
la propia ministra Ana Palacio -por tanto, también, doctrina ortodoxa-, o por los iraquíes, siempre y en todo caso con las garantías propias de las naciones civilizadas. Ni siquiera me atrevo a decir la expresión Estado de derecho, porque en Irak
va a tardar mucho en haber Estado de derecho, pero las garantías más básicas de las naciones civilizadas, esas sí, deberían garantizarse en el juicio a Sadam Husein. Esa es la enmienda que nosotros hemos incorporado y el conjunto da una moción que,
insisto, me gustaría ver aprobada por el Partido Popular, ya que no dice nada que no haya sido defendido por el portavoz de Exteriores en sus artículos de prensa, a los que nos tiene acostumbrados, ni por la ministra de Asuntos Exteriores; no dice
nada que no sea doctrina también del Partido Popular y, por tanto, podría hoy poner un pequeño broche, si no de oro, broche al menos, a la ruptura del consenso en esta legislatura consiguiendo que entre todos, aunque sea en algo tan suave, tan
pequeño, tan mínimo, pudiéramos llegar a un acuerdo. Todo lo que se ha dicho aquí lo firmaría Colin Powell, salvo las lecturas indirectas sobre los contratos a la reconstrucción. Acepto que quizá eso no lo firmaría Colin Powell, pero sí debería
poderlo firmar cualquier persona que afronte esta crisis con un poco de serenidad y sin dogmatismos.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guardans.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, el señor De Arístegui tiene la palabra.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Señora presidenta, señorías, nuevamente asistimos a un debate de tono correcto y adecuado, un tono que echábamos de menos en esta Cámara en debates de política exterior.
Voy a unirme a la manifestación de alegría y de satisfacción expresada por el portavoz socialista por la detención de un monstruo, de un auténtico criminal de guerra, de un criminal contra la humanidad como es Sadam Husein.
Nosotros estamos plenamente de acuerdo en que el espíritu de la moción socialista es constructivo. Sólo tenemos algunos comentarios que hacer, si me permiten, a veces incluso de redacción o de intención. Al primer punto hemos presentado
una enmienda que dice básicamente lo mismo que el punto 1 del texto socialista, pero la redacción de su punto 1 parece indicar más bien que el fin es reforzar el papel de Naciones Unidas y no el de la democracia. Si le podemos dar la vuelta a eso
de alguna manera, o si aceptan ustedes nuestro primer punto, creo que podríamos alcanzar un punto de encuentro bastante razonable, señorías. Lo que nosotros queremos poner de manifiesto es que los esfuerzos que todos los países estamos haciendo son
de reconstrucción del país, de estabilización del país, de pacificación del país; de eso que se llama la reconstrucción integral, tanto del Gobierno como de las instituciones básicas, como de las instituciones policiales, la ICDC, la IPS y todas
las fuerzas policiales que todavía no son operativas y que esperemos lo sean en breve. Por tanto, señorías, creo que deben ustedes hacer una reflexión para ver si pueden aceptarnos ese punto 1, porque según lo tienen ustedes redactado el fin no es
la democracia en Irak sino el reforzamiento del papel de Naciones Unidas.
En cuanto al punto 2 de su moción, hay instrumentos sobrados en las resoluciones de Naciones Unidas, en la 1483 y en la 1511, que el propio portavoz socialista nos acaba de citar, y creemos que hay que dar un voto de confianza a las Naciones
Unidas para que sean ellos quienes administren y también al Gobierno provisional iraquí. Ya saben ustedes que existe la junta de revisión estratégica iraquí, que esta conformada por la Autoridad Provisional de la Coalición, la CPA, y también los
ministerios iraquíes implicados, que son los que dictaminan el interés político y la dirección política de las inversiones de aquellos fondos que son exclusivamente de los iraquíes. En cambio, estamos viendo cómo hay una confusión en torno a los
fondos. Quizá podríamos hablar de la estética, tal vez cuestionable, de decir que sólo uno puede acceder a ellos, pero no hay ninguna duda de que si son 18.000 millones de dólares los que los Estados Unidos entregan a través de la Conferencia de
donantes a título bilateral, tienen todo el derecho de pedir que los retornos vayan a quienes ellos consideran más oportuno. Por tanto, creo que el punto 2 lo podíamos dar por obviado en el sentido de que está integrado en las reglas y normas de
las resoluciones 1483 y 1511.
Por último, respetamos íntegramente su punto 3, simplemente diciendo que esta Cámara ha sido informada, que hemos tenido muchísimos debates, este es uno más, y que nosotros estamos haciendo un esfuerzo. Hemos respetado íntegramente el
espíritu de la moción socialista. Estamos en un tono de debate completamente distinto, señorías, y queremos de verdad hacer ese esfuerzo para que entre todos podamos cerrar esta legislatura y los debates sobre Irak, como decía el portavoz de
Convergència i Unió, con un broche de oro de pleno consenso en torno a esta moción.
En cuanto a la cuestión del juicio, nosotros no podríamos estar más de acuerdo con que se hiciera una mención, por supuesto, al tirano, pero hay tres opciones, señoría; tres opciones, no una sola. Obviamente, un tribunal ad hoc, como los
que ha habido para los crímenes de Ruanda o para los crímenes de los Balcanes, es una opción perfectamente válida, así lo han dicho los grandes
expertos en materia de derecho internacional. Pero hay otras dos, es decir, si hay un avance sustancial en la institucionalización del país, si Irak se convierte en lo más parecido a un Estado de derecho y hay garantías plenas de que la
pena de muerte no será aplicada, que habrá independencia y que se hará justicia y no venganza, también es una opción que tenemos que tener en cuenta y uno de los mejores islamólogos del mundo, Gilles Kepel, así lo decía ayer en un excelente artículo
en El País. Por último, señorías, existe la posibilidad de un tribunal mixto, es decir, de un tribunal con jueces iraquíes destacados y con jueces designados por Naciones Unidas. Por tanto, la enmienda de Convergència i Unió, que nosotros
agradecemos, es incompleta en este sentido. En todo caso, nosotros no nos vamos a cerrar por esta cuestión, simplemente hemos hecho un esfuerzo, hemos aceptado íntegramente el punto 3, aceptamos íntegramente el espíritu del punto 1, aceptamos,
aunque con matices, la enmienda de Convergència i Unió porque nos hubiese gustado que incorporase esas otras dos posibilidades para no cerrarnos las puertas a ninguna y vamos a ver si entre todos logramos, como se ha dicho creo que con mucha razón,
cerrar con broche de oro esta legislatura en una cuestión tan compleja y delicada.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor De Arístegui.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo se congratula de esta iniciativa que contiene la moción que ha traído el Grupo Parlamentario Socialista y la va a apoyar si el grupo proponente acepta las enmiendas que se han planteado. Por lo que he escuchado al portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, señor Guardans, coincido plenamente con lo que ha dicho sobre el hecho nuevo de la detención del dictador Sadam Husein y, dado que ya existe el antecedente del juicio del dictador Milosevich ante
el Tribunal Internacional de La Haya en relación con la situación en Serbia o en la ex Yugoslavia, pues que en este caso sufra el peso de la justa razón que las sociedades democráticas y defensoras de los derechos humanos imparten en estos
tribunales. También coincidimos plenamente con la enmienda de adición del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió en el sentido de que el mundo occidental democrático debe dar el ejemplo de que a un dictador criminal se le juzga dentro
de los parámetros del derecho, de las sociedades que respetan el derecho, desde el habeas corpus a cualquiera de los argumentos que los abogados defensores, en su caso, tengan que alegar ante la magistratura que juzga al reo correspondiente.
Por
tanto, mi grupo espera -también lo ha dicho el señor Guardans, que se ha detenido a un poder simbólico- que todo el acto de resistencia, de guerrilla, de oposición pueda terminar, porque lo que preocupa allí ya no es la presencia del antiguo sátrapa
sino la presencia de un ejército de ocupación en un país que tiene que recuperar sus coordenadas de soberanía.
Entrando en la moción que trae causa de este debate, mi grupo la juzga con una prudencia... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor, guarden silencio, no se oye la intervención del diputado que está en el uso de la palabra.
Adelante.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta, por su amparo para que mis palabras puedan ser escuchadas. Mi grupo piensa que los tres puntos que trae la moción son perfectamente sensatos, de sentido común, prudentes. Hace una
apelación fundamental al papel de las Naciones Unidas para que la situación del avispero en que se han metido los Estados Unidos pueda ser reconducida hacia la pacificación del pueblo iraquí.
Creemos que la moción es prudente, es sensata, es una
moción que puede ser suscrita, como se ha dicho, por cualquier institución política que trate de buscar fórmulas de salida pacífica y reglada al conflicto iraquí y que nos permita a todos ver días mejores de esperanza. La moción entra plenamente en
nuestros posicionamientos. No vemos ninguna arista que tuviera que ser disminuida o corregida, porque estamos en el fondo y en la forma de acuerdo con lo que en la misma se ha planteado. Por tanto, desde el mantenimiento informado a la Cámara, qué
menos que una Cámara democrática exija al Gobierno que tenga una información pertinente y puntual a la misma, que haya transparencia en todos los fondos que se vayan a realizar para poner en marcha otra vez la economía iraquí, porque aquello parece
más bien un país privatizado en estos momentos por imperativo del mando norteamericano y de la Autoridad Provisional de la Coalición. Cuanto antes desaparezca esa situación, antes dejará de irritar principios de dignidad y de soberanía, ya que todo
pueblo, toda nación y todo Estado tiene derecho a buscar el amparo, y si es el de Naciones Unidas, nosotros nos congratularemos. Por estas razones -termino señora presidenta- votaremos favorablemente el resultado de esta moción, cuya forma, fondo y
contenido compartimos total y plenamente desde el Grupo de Coalición Canaria.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el señor Alcaraz tiene la palabra.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, sin duda este va a ser el último debate respecto a la guerra de Irak, esta guerra de invasión y ocupación ilegal a la que se ha procedido con la colaboración de este país.
Nosotros también queremos
dejar aquí clarísima nuestra posición, en la que no estamos dispuestos a bajar escalones; sí estamos dispuestos a analizar las novedades que se produzcan, pero en absoluto comprendemos el debate que ha tenido lugar hasta el momento sobre esta
moción, un debate que perfectamente lo podría firmar Heidi. No creemos que sea el momento, hay que analizar la situación y a eso nos vamos a dedicar nosotros en estos cinco minutos escasos.
El señor Sadam, el dictador, ha sido detenido. Bien. Un dictador que ha masacrado a la izquierda, a los progresistas, a la gente que luchaba por la libertad en Irak, entre ellos a los comunistas, por tanto nosotros nunca hemos sido
simpatizantes de este señor, a pesar de lo que dijo el señor Aznar de manera interesada confundiendo la pretensión de que no se fuera a la guerra, de que no se intentara solucionar el problema de Irak a través de una guerra con la idea de que se
podía coincidir en algún aspecto con el señor Sadam. El señor Sadam ha sido un dictador que ha acabado entre otras cosas con gran parte del partido comunista, junto con los kurdos y otros pueblos y gentes que luchaban por la libertad. A partir de
la detención del señor Sadam deducimos dos novedades de enorme importancia según las informaciones que nos llegan a través de todos los medios de comunicación. La primera es que ese señor en aquel zulo, y no sólo por el aspecto que tenía, no ha
podido coordinar la resistencia en Irak, no tenía medios para ello. Por tanto nosotros volvemos a la dialéctica que reprodujo Kofi Annan, secretario general de la ONU, cuando dijo que conforme la ocupación se consolidara se irían consolidando de
manera creciente la resistencia y los actos de terrorismo que pudieran ocurrir a partir de entonces en Irak. El señor Sadam no coordinaba la mayoría de la resistencia y no sé si de los actos de terrorismo. Todos hemos visto las imágenes y todos
sabemos lo que estamos diciendo. En segundo lugar, según parece, el señor Sadam ha declarado que nunca ha habido armas de destrucción masiva en Irak. Se dice que está colaborando, que está hablando, que está un poco parlanchín. Desde luego si
ahora no se descubren las armas de destrucción masiva, no sólo hemos ido a esta guerra de manera ilegal, sino que hemos ido con una excusa, con un engaño, falseando la realidad a la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas españoles.
Señor Arístegui, hay que cumplir las resoluciones de la ONU. Hay que cumplir la 1511, en la cual se establece como fecha límite el día 15 de diciembre para entregar un calendario al Consejo de Seguridad de la ONU.
(El señor De Grandes
Pascual pronuncia palabras que no se perciben.) Queremos verlo porque los norteamericanos han dicho que trasladan toda la operación al mes de junio, queremos verlo, claro está. Por lo tanto no se puede poner en una resolución sin conocer lo que
dice la 1511 lo que se establece en uno de los puntos alternativos a la moción del Grupo Socialista. Hay que ver si de cara a junio hay una posición de Estados Unidos en relación con la retirada de tropas o lo que sea, en función de los intereses
electorales, o si se cumple de manera rigurosa la Resolución 1511. Eso no está garantizado en este momento para que usted diga que se está entregando. Eso hay que verlo porque hasta ahora no se ha cumplido ni una sola de las resoluciones de
Naciones Unidas.
Nosotros, señores del Grupo Popular, no vamos a entregar en ningún debate y en ninguna resolución el sentimiento de los españoles contra la guerra, el sentimiento que tiene la inmensa mayoría de los españoles -así lo siguen diciendo las
encuestas- de que la guerra no sirvió para nada. Por lo tanto tenemos entre nuestras manos una moción de mínimos y no podríamos aceptar que se asumieran las enmiendas que acaba de plantear el Grupo Popular, que, entre otras cosas, adelantan
acontecimientos cuyas garantías no se han establecido hoy en esta Cámara. Así pues, desde ese punto de vista, volvemos a decir que las tropas tienen que volver y que no aceptamos la situación actual. La guerra sigue siendo absolutamente ilegal y
desde luego planteamos, como Convergència i Unió, que debe haber un juicio justo, un juicio que respete los derechos humanos para no volver a las cavernas, el cual fundamentalmente debe estar incardinado en el funcionamiento de Naciones Unidas.
Señores del Grupo Popular y del Grupo Socialista, si ustedes quieren conseguir el consenso en torno a una nueva situación, la misma no se ha producido, sino que sigue siendo una situación ilegal, una situación de invasión más ocupación que
aumenta en función de esa dialéctica la resistencia y las actividades de terrorismo. Por lo tanto nosotros vamos a seguir diciendo que vuelvan las tropas a España. No aceptamos esos debates idílicos que conducen a una situación que no conocemos y
no estamos dispuestos a pactar el sentimiento de los españoles en contra de la guerra, el sentimiento de los españoles de que la misma no ha servido absolutamente para nada.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Señor Marsal, a los efectos de indicar la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.
El señor MARSAL MUNTALÁ: Señora presidenta, tal y como he indicado, aceptamos la enmienda de adición del Grupo Catalán (Convergència i Unió), pero lamentablemente no podemos aceptar la enmienda de sustitución del Grupo Popular.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Marsal.
Iniciamos la votación de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre la tramitación de las OCM mediterráneas (tabaco, aceite de oliva y algodón). En primer lugar, sometemos a
votación el punto 1 de dicha moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 256; a favor, 92; en contra, 161; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Sometemos a votación el punto número 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 256; a favor, 14; en contra, 153; abstenciones, 89.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre las medidas de carácter general que piensa adoptar el Gobierno para luchar contra la pobreza y la exclusión
social en España, en los términos derivados de la enmienda transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 258; a favor, 257; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre la evolución y las perspectivas de la posguerra y la ocupación de Irak. Se somete a votación con la incorporación de la enmienda
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que ha sido aceptada.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 258; a favor, 110; en contra, 146; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Eran las nueve y veinte minutos de la noche.