Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 302, de 09/12/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2003 VII Legislatura Núm. 302
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 289
celebrada el martes, 9 de diciembre de 2003
ORDEN DEL DÍA:
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página 15971)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas: ...
- Del Parlamento de Canarias, de Regulación del Régimen Urbanístico de la Zona Periférica del Parque Nacional de Garajonay. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 325-1, de 4 de abril de 2003. (Número de expediente
125/000029.) ... (Página 15971)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley: ...
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de Estatuto del periodista profesional. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 368-1, de 31 de octubre de 2003. (Número de expediente 122/000319.) ...
Proposiciones no de Ley: ...
- De los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto, relativa a la candidatura olímpica de Madrid 2012. 'BOCG. Congreso
de los Diputados', serie D, número 630, de 28 de septiembre de 2003. (Número de expediente 162/000844.) ... (Página 15988)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre incremento de la seguridad vial y protección del derecho a la vida en el tráfico. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 580, de 8 de septiembre de 2003. (Número de expediente
162/000788.) ... (Página 15993)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes: ...
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el deterioro de los servicios públicos en España. (Número de expediente 173/000236.) ... (Página 16002)
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la construcción de equipamientos culturales en la ciudad de Zaragoza, especialmente del denominado 'Espacio Goya'. (Número de expediente 173/000237.) ... (Página 16006)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de carácter general que tiene previsto adoptar el Gobierno para defender el derecho de los ciudadanos españoles a dirigirse a las instituciones europeas en cualquiera
de las lenguas oficiales existentes en España.
(Número de expediente 173/000238.) ... (Página 16009)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores Diputados ... (Página 15971)
Toma en consideración de proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas ... (Página 15971)
Del Parlamento de Canarias, de regulación del régimen urbanístico de la zona periférica del Parque Nacional de Garajonay ... (Página 15971)
Presentan la proposición de ley del Parlamento de Canarias, para su toma en consideración, los señores Bethencourt Gámez, Matos Mascareño y Cruz Hernández, todos ellos diputados del Parlamento de Canarias.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; y los señores Martí i Galbis, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); López Aguilar, del Grupo Parlamentario Socialista, y Soriano Benítez de Lugo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Canarias, de regulación del régimen urbanístico de la zona periférica del Parque Nacional de Garajonay, se aprueba por 275 votos a favor y dos
abstenciones.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 15979)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de estatuto del periodista profesional ... (Página 15979)
Presenta la proposición de ley, para su toma en consideración, el señor Alcaraz Masats, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Considera que la situación de la comunicación en España con respecto a los aspectos
fundamentales es predemocrática y va en dirección contraria a la que se está siguiendo en el resto de Europa. No existe, dice, consejo audiovisual, ni cortapisas en función de las reformas legislativas a la patología de la concentración, no está
regulado el derecho de acceso de grupos sociales, no está regulado algo importantísimo que se prevé en el artículo 20 de la Constitución como es el secreto profesional, no existen consejos de redacción ni estatuto con respecto a los mismos, no
existe un control real de los medios públicos de comunicación, en definitiva, no existe
algo que en toda Europa se está aprobando que es el estatuto del periodista profesional. Afirma que si no se regula por ley la independencia de los periodistas y no se da una seguridad laboral, será muy difícil que los periodistas se
opongan al criterio de su empresa, al de los grupos políticos, al de los grupos ideológicos o, en definitiva, al de los grupos económicos. Por tanto cree que ha llegado el momento de desarrollar el artículo 20 de la Constitución en relación con el
estatuto del periodista profesional.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Grau Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); González Vigil, del Grupo Parlamentario Socialista, y
Ballestero de Diego, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Replica el señor Alcaraz Masats, y duplica el señor Ballestero de Diego.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de estatuto del periodista profesional, se rechaza por 112 votos a favor, 158 en contra y 15 abstenciones.
Proposiciones no de ley ... (Página 15988)
De los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto, relativa a la candidatura olímpica de Madrid 2012 ...
Presentan la proposición no de ley relativa a la candidatura olímpica de Madrid 2012 los señores González Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Lissavetzky Díez, del Grupo Parlamentario Socialista; Martí i Galbis, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Sometida a votación la proposición no de ley de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto, relativa a la candidatura
olímpica de Madrid 2012, se aprueba por 283 votos a favor y uno en contra.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre incremento de la seguridad vial y protección del derecho a la vida en el tráfico ... (Página 15993)
Defiende la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista el señor Mayoral Cortés. Pone de relieve la situación de inseguridad vial en España como lo demuestran los 76 fallecidos durante el último fin de semana. Existe esta situación
porque, dice, no se aborda por el Gobierno el problema, que es muy complejo, con fuentes y raíces muy diversificadas, que pasa a explicar. El Grupo Parlamentario Socialista propone una nueva política, capaz de cambiar las cosas, que se centre en el
cumplimiento fundamental del objetivo ya definido en el marco comunitario, que es conseguir que de aquí al año 2010 se reduzca en un 50 por ciento el número de víctimas de tráfico. Para ello proponen un conjunto de medidas articuladas capaces de
ensamblar todas las actuaciones que en este momento se desarrollan en orden disperso. Finalmente se refiere al funcionamiento de la subcomisión de tráfico y seguridad vial.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Torme Pardo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y
el señor Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Mayoral Cortés.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre incremento de la seguridad vial y protección del derecho a la vida en el tráfico, se rechaza por 103 votos a favor, 159 en contra y 19 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 16002)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el deterioro de los servicios públicos en España ... (Página 16002)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Martínez Sanjuán, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Acusa al Gobierno del Partido Popular de hacer del abandono de los servicios públicos una de sus estrategias
para frenar el Estado del bienestar y favorecer los intereses privados, y recuerda que el señor Montoro, con motivo de la interpelación urgente hace quince días, habló de un país ficticio, que dista mucho de la España real de 2003 que no mejora por
la errónea política económica y por la incompetencia de un Gobierno incapaz de asumir y de canalizar las justas demandas sociales y unos servicios públicos seguros, eficaces y de calidadon Reitera su reprobación a los ministros de Fomento y Defensa
que hizo en el debate de la interpelación urgente y asegura, como proponen en su moción, que es necesario garantizar a todos los españoles unos servicios públicos de calidad, en lo que se invierta lo necesario y no lo que quiera el señor Montoro.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; y los señores Grau Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Martínez-Pujalte López, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la construcción de equipamientos culturales en la ciudad de Zaragoza, especialmente del denominado 'Espacio Goya' ... (Página 16006)
El señor Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la moción consecuencia de interpelación urgente en la que pretenden conseguir que una de las figuras más universales de la cultura, como es el pintor Francisco de Goya, pueda
tener un espacio museológico propio en Aragón, que actúe como elemento expositor, eje de desarrollo turístico y factor imprescindible para entender y difundir su obra y su vida. Muestra algunas de las opiniones favorables de los expertos y
estudiosos de la obra del artista aragonés sobre esta cuestión y recuerda asimismo las palabras de la señora ministra de Educación, Cultura y Deporte, pronunciadas en el debate del pasado 26 de noviembre en este mismo Pleno en contestación a la
interpelación presentada, comprometiéndose a poner el máximo interés en estudiar cualquier proyecto que sobre este asunto le dirijan las instituciones aragonesas, tanto públicas como privadas.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, interviene el señor Moreno Bustos.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Gallizo Llamas, del Grupo Parlamentario Socialista.
A los efectos de aceptar o rechazar la enmienda presentada interviene el señor Labordeta Subías.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de carácter general que tiene previsto adoptar el Gobierno para defender el derecho de los ciudadanos españoles a dirigirse a las instituciones europeas en cualquiera
de las lenguas oficiales existentes en España ... (Página 16009)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el señor Guardans i Cambó.
Está convencido de que no conseguirá convencer a las señorías del Partido Popular de la bondad de su
propuesta, pero quiere evitar, por lo menos, que se manipule la intención de su grupo al presentarla. Explica el contenido de la moción porque quiere que quede claro para el grupo mayoritario, para el 'Diario de Sesiones' y, quizás, para algún
comunicador que pueda tener algún interés en el debate, la moción parlamentaria que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y que persigue el derecho individual de los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea a dirigirse a
las instituciones que los gobiernan, y a recibir de ellas una respuesta, en cualquiera de las lenguas oficiales existentes en España.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto; Pedret Grenzner, del Grupo Parlamentario Socialista, y Martínez Casañ, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el deterioro de los servicios públicos en España, se rechaza por 99 votos a favor, 160 en contra y 12 abstenciones.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la construcción de equipamientos culturales en la ciudad de Zaragoza, especialmente del denominado 'Espacio Goya', en los términos
derivados del debate y con la incorporación de la enmienda que ha sido aceptada, se aprueba por 275 votos a favor y una abstención.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de carácter general que tiene previsto adoptar el Gobierno para defender el derecho de los
ciudadanos españoles a dirigirse a las instituciones europeas en cualquiera de las lenguas oficiales existentes en España, se rechaza por 118 votos a favor y 159 en contra.
Se suspende la sesión a las ocho y cincuenta y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.
La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.
Asuntos previos al orden del día: Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución.
Conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento, se procede al llamamiento de la diputada, proclamada electa por la Junta Electoral Central, doña María Rosa Zaragoza Juncá, en sustitución de don Josep Piqué i Camps, para prestar juramento o
promesa de acatar la Constitución.
¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
La señora ZARAGOZA JUNCÁ: Prometo.
La señora PRESIDENTA: Doña María Rosa Zaragoza Juncá ha adquirido la condición plena de diputada. (Aplausos.)
Asimismo, conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento, se procede al llamamiento de la diputada, proclamada electa por la Junta Electoral Central, doña María Dolores Compte Llusa, en sustitución de don Joan Bertomeu Bertomeu, para prestar
juramento o promesa de acatar la Constitución.
¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
La señora COMPTE LLUSA: Sí, juro.
La señora PRESIDENTA: Doña María Dolores Compte Llusa ha adquirido la condición plena de diputada. (Aplausos.)
Por último, conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento, se procede al llamamiento de la diputada, proclamada electa por la Junta Electoral Central, doña Mònica Miquel Serdá, en sustitución de don Joan Saura Laporta, para prestar juramento
o promesa de acatar la Constitución.
¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
La señora MIQUEL SERDÁ: Sí, lo prometo.
La señora PRESIDENTA: Doña Mònica Miquel Serdá ha adquirido la condición plena de diputada. (Aplausos.)
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
- DEL PARLAMENTO DE CANARIAS, DE REGULACIÓN DEL RÉGIMEN URBANÍSTICO DE LA ZONA PERIFÉRICA DEL PARQUE NACIONAL DE GARAJONAY. (Número de expediente 125/000029.)
La señora PRESIDENTA: Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas.
Toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Canarias, de regulación del régimen urbanístico de la zona periférica del parque nacional de Garajonay.
En primer lugar, en nombre del Parlamento de Canarias, tiene la palabra don Esteban Bethencourt Gámez.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CANARIAS (Bethencourt Gámez): Señora presidenta, señorías, como diputado de Coalición Canaria por La Gomera en el Parlamento de Canarias, valoro muy positivamente la oportunidad que se nos brinda de
venir a esta Cámara para defender el texto de la proposición de ley que, por unanimidad, fue aprobada por el Parlamento canario en sesión celebrada los días 26 y 27 de febrero del año en curso, y que pretende la modificación del artículo 4 de la Ley
3/1981, de creación del parque nacional de Garajonay.
Con la entrada en vigor de dicha ley las poblaciones circundantes al parque y dentro de la zona de periferia del mismo se quedaron encorsetadas para su futuro desarrollo. Desde entonces, más de 20 años ya, unos 1.500 gomeros han visto
afectados sus derechos al prohibirse todo tipo de actuaciones en esta zona de protección del parque nacional de Garajonay. Efectivamente, en el artículo 4.2 de dicha ley se dice que por los organismos competentes se clasifican los terrenos de dicha
zona como suelos no urbanizables de protección especial, prohibiéndose toda construcción excepto las de interés público, siendo en todos
los casos necesario el informe del patronato. Esta medida, excesivamente rígida, deja indefensos y desprotegidos a los habitantes de la zona del preparque, que demandan no sólo que se puedan llevar a cabo obras de interés público, sino
también el mantenimiento y reparación de las edificaciones preexistentes y las necesarias para acomodarse al crecimiento vegetativo de la población residente.
Por otra parte, existen núcleos con edificación concentrada, como es el caso de Arure, Temocodá, Las Hayas, El Cercado, etcétera, que tienen todas las características de asentamientos agrarios o rurales en el suelo rústico, cuyo desarrollo
natural exige no sólo labores de rehabilitación de las edificaciones existentes, sino la rehabilitación moderada de nuevo suelo que permita la edificación para la creciente población residente.
En concreto con la modificación del artículo 4 de la
Ley 3/1981, de creación del parque nacional de Garajonay, pretendemos hacer compatible la protección y conservación de dicho parque con las aspiraciones de los vecinos de la zona. Esta proposición de ley trata de adecuar la norma a la realidad
social y a los propios intereses de conservación del parque nacional. Conseguir mejorar la calidad de vida de las poblaciones circundantes dentro de un criterio de desarrollo sostenible, compatibilizando sus actividades con la protección de los
recursos que justifican la creación del parque, es el objetivo que perseguimos. Los gomeros y los canarios todos nos sentimos muy orgullosos de nuestro parque nacional de Garajonay. Fue declarado por la UNESCO en 1986 patrimonio de la humanidad.
Está reconocido como el máximo exponente de la laurisilva canaria. Somos los primeros en reconocer que es vital para todos proteger la integridad de su gea, fauna, flora, vegetación, agua y atmósfera, así como sus valores arqueológicos, ecosistemas
en base de su interés educativo, científico, cultural, recreativo, turístico y socioeconómico. Sin embargo, los verdaderos protagonistas y vigilantes del parque son los que habitan en la zona de protección del mismo, los que han nacido allí junto a
la laurisilva, los que trabajan en él, los que más cerca están de los incendios y acuden con mayor rapidez, conocimiento del medio y acierto en las labores de extinción. Si logramos la deseada correspondencia, la armonía, la simbiosis entre el
parque nacional y sus moradores más inmediatos, que viven en la zona circundante y periférica al mismo, estaremos dando respuesta adecuada a sus demandas que parecen justas y razonables. Todos tenemos muy claro que la conservación y protección del
parque está por encima de todo, pero a la vez pensamos que los habitantes que han nacido, viven y vivirán junto al parque nacional tienen derecho a desarrollarse adecuadamente.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bethencourt.
Asimismo, en nombre del Parlamento de Canarias tiene la palabra el señor Matos.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CANARIAS (Matos Mascareño): Señora presidenta, señorías, desde el Grupo Popular del Parlamento de Canarias comparezco ante el Congreso de los Diputados, solicitando el voto de SS. SS. para la toma
en consideración de la proposición de ley del Parlamento autonómico por la que se modifica el artículo 4 de la Ley 3/1981, de creación del parque nacional de Garajonay.
En la tramitación de esta ley se dan dos circunstancias especiales. La primera de ellas es que el texto del artículo único que hoy se somete a consideración ha sido incluido en la ley de acompañamiento que habiéndose aprobado por este
Congreso de los Diputados se tramita en la actualidad ante el Senado. Dicha inclusión se debe a que los partidos con representación, tanto en el Parlamento de Canarias como en el Congreso de los Diputados, no querían que terminara la presente
legislatura sin que en virtud de la modificación del citado artículo 4 pudieran aplicarse a la zona periférica del parque nacional de Garajonay unas normas de ordenación absolutamente necesarias para que los habitantes de los pequeños núcleos de
población existentes en la zona puedan desarrollar su proyecto de vida. Sin embargo, el Parlamento de Canarias, a pesar de estar incluido el texto que hoy debatimos en la ley de acompañamiento, no podía renunciar a la defensa de la presente
proposición de ley. Eso es lo que hacemos hoy ante el Congreso de los Diputados. Estoy convencido de que si a la postre la modificación del artículo 4 entra en vigor por la ley de acompañamiento, la toma en consideración de la presente proposición
de ley adquiere hoy una enorme importancia política de respaldo a aquello, pues indica lo que es la voluntad de los canarios expresada por la unanimidad de su Parlamento.
La segunda circunstancia estriba en que un texto similar que hoy tomamos en consideración ya fue debatido en esta Cámara en virtud de una proposición de ley del Grupo Socialista que fue rechazada. Los motivos a ese rechazo, que fueron
espléndidamente defendidos por mi compañero Alfonso Soriano, no eran otros que el respeto a la autonomía canaria, que tiene la mayoría de las competencias en materia de ordenación del territorio y de los espacios naturales.
Señorías, el parque nacional de Garajonay es uno de los lugares más bellos del mundo. La ley que lo creó estableció a su alrededor una zona periférica de protección con el objeto de evitar los impactos ecológicos y paisajísticos procedentes
del exterior. En dicha zona se encuentran una serie de caseríos con
pequeños núcleos poblacionales cuyo mantenimiento es vital para la protección del parque. No hay peligro mayor para el parque que el que causaría su despoblamiento y el abandono por sus vecinos de esos asentamientos rurales. No queremos
ver chicos que emigran a otros municipios dejando las huertas que cultivaron sus padres y abuelos; no queremos casas en ruinas ni huertas abandonadas. Así opinan todas las autoridades en materia de ordenación y protección del territorio: las de
las islas de La Gomera, las de Canarias y las del Estado, a través de su patronato y de la comisión mixta, pero sólo puede mantenerse la población si se garantiza a los vecinos un mínimo de calidad de vida. Eso es precisamente lo que pretende la
presente proposición de ley.
Se mantiene la prohibición con carácter general de nuevas construcciones salvo las de interés general, y se introducen dos excepciones que siempre precisan informes vinculantes del patronato. Las viviendas destinadas a hacer frente al
crecimiento natural de la población que en la actualidad mantiene y conserva los sistemas agrarios tradicionales y la rehabilitación de edificaciones ya preexistentes con destino al turismo rural con el fin de posibilitar un nuevo sector económico,
otra fuente de ingresos para sus vecinos. Asimismo, en los núcleos con edificación concentrada el patronato del parque sólo puede emitir informe favorable a las nuevas viviendas cuando lo sean sólo por su colmatación interior. Por otro lado, se
prohibe la introducción de especies forestales o animales y la transformación de las zonas boscosas.
Por último, quisiera despejar la más mínima duda que pudiera tener un diputado sobre si con esta proposición de ley se relaja la normativa de protección de un espacio natural de la importancia del parque nacional de Garajonay. Señorías, el
mayor patrimonio y riqueza con que cuentan las Islas Canarias es su paisaje y su entorno natural. En Canarias vivimos casi exclusivamente del turismo, pero en Canarias el turismo no es sólo sol y playa, que también; en Canarias el turismo es sobre
todo paisaje y riqueza natural. Eso lo sabemos bien los canarios y lo hemos interiorizado de tal manera que la conservación del territorio y del paisaje es lo que más pesa en cualquier decisión política que tomamos. De los trece parques nacionales
de España, cuatro están ubicados en el archipiélago canario, las Cañadas del Teide, la Caldera de Taburiente, Timanfaya y Garajonay. Además de estos cuatro parques nacionales, en la actualidad existen otros 141 espacios protegidos. De las 744.000
hectáreas de superficie canaria, 310.000 corresponden a espacios protegidos. Nada más y nada menos que el 42 por ciento de un territorio muy reducido. Hay islas como Tenerife y Lanzarote en que el porcentaje del territorio protegido alcanza el 51
y el 60 por ciento respectivamente. Además no sólo nos hemos dedicado a fijar en un mapa o en un plano los espacios protegidos naturales, sino que nos hemos ido dotando de un cuerpo normativo idóneo para la protección de los espacios naturales y
para un consumo más racional de nuestro suelo. Me refiero a nuestra ley de espacios naturales, a nuestra ley de ordenación del territorio y a nuestra ley que aprueba las directrices generales de ordenación y las directrices generales del turismo,
normas todas ellas que solo persiguen el desarrollo sostenible de Canarias.
La proposición de ley para la que hoy solicitamos el apoyo de la Cámara para su toma en consideración persigue ese mismo fin.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Matos.
Por último, en nombre del Parlamento de Canarias, tiene la palabra el señor Cruz.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CANARIAS (Cruz Hernández): Señora presidenta, señorías, muy buenas tardes.
Es este un momento muy especial para mí como gomero y diputado por la isla de la Gomera, porque me cabe el honor de defender ante estas Cortes Generales, en este Congreso de los Diputados y en representación de los socialistas canarios, una
proposición de ley del Parlamento de Canarias, aprobada por unanimidad, con la que se pretende dar solución a un grave problema para los ciudadanos que habitan la zona periférica de protección del parque nacional de Garajonay que dura ya casi
veintitrés años.
Señorías, si bien esta Cámara ya introdujo, mediante enmienda en la ley de acompañamiento a los presupuestos que se tramitan en la actualidad en el Senado, una modificación idéntica a la pretendida, dado que aún no es ley entendemos que debe
tomarse en consideración esta proposición de ley que se defiende en este momento. El parque nacional de Garajonay, situado en la isla de la Gomera, en la comunidad canaria, reconocido como el máximo exponente de la laurisilva canaria, fue creado
por la Ley 3/1981, de 26 de marzo, con la finalidad de establecer un régimen jurídico especial para proteger la integridad de su gea, fauna, flora, vegetación, agua y atmósfera, así como sus valores arqueológicos y, en definitiva, el conjunto de sus
ecosistemas en razón de su interés educativo, científico, cultural, recreativo, turístico y socioeconómico. Para el cumplimiento de dicho objetivo y dentro de su régimen jurídico se contempla una zona periférica de protección cuyo fin es garantizar
una completa protección de los recursos naturales y evitar los posibles impactos ecológicos y paisajísticos procedentes del exterior al parque.
Señorías, para los gomeros el parque nacional de Garajonay es la joya de la corona, es nuestro bien más preciado, desde siempre lo hemos conservado y protegido, pero también queremos seguir viviendo en los núcleos de población existentes en
esa zona de protección establecida deprisa y corriendo en 1981 con la ley de su creación; ley de creación que califica el suelo de esa zona periférica como no urbanizable y de protección especial, prohibiendo toda construcción excepto las de
interés público, de forma tal que, aplicada sobre el territorio, impide de una manera importante a la mayoría de los habitantes de las medianías de la isla de la Gomera reparar, adecuar, ampliar su vivienda tradicional, impide nuevas viviendas para
los hijos y vecinos de esos núcleos de población, impide la rehabilitación de cientos de viviendas abandonadas por tantos problemas impuestos, impide en definitiva que los habitantes, entre otros, de los Aceviños, Arure, Cruz de Tierno, Epina, El
Cercado, El Cedro, Igualero, Imada, La Laja, Los Aportaderos, Los Loros, Los Manantiales, Temocodá y Zerpa puedan seguir viviendo donde siempre lo han hecho.
Señorías, esta proposición de ley trata de que esos habitantes recuperen el derecho a vivir con dignidad en su propio territorio. Los socialistas gomeros y canarios, todas las instituciones de la isla, el Parlamento de Canarias, todos,
creemos en la necesidad de seguir contando con ese patrimonio de la humanidad, con ese bosque de laurisilva existente desde el Terciario, que es el pulmón, que es el corazón de la isla de la Gomera, llamado parque nacional de Garajonay. Creemos
asimismo en la necesidad de seguir manteniendo una zona periférica de protección, pero, señorías, la regulación de esa zona de protección debe conjugarse con la necesidad, la urgencia de solucionar los problemas injustos que ha generado su
existencia, porque ha supuesto un aumento de la despoblación, ha supuesto infracciones urbanísticas, algunas inconcebibles, con sanciones pecuniarias importantes por simplemente adecuar la vivienda a las normas de higiene y de habitabilidad
impuestas por legislación sectorial, ha supuesto subdesarrollo económico y ha creado progresivamente en la zona un clima social adverso a la propia existencia del parque nacional.
Esta proposición de ley del Parlamento de Canarias pretende que en esa zona periférica de protección los habitantes de esos núcleos históricos puedan arreglar sus viviendas, que esos núcleos puedan desarrollarse dando respuesta a su
crecimiento natural, y pretende además la potenciación de la rehabilitación de la edificación preexistente con destino al turismo rural, como apoyo económico a la renta agraria-ganadera. En definitiva, queremos la posibilidad de mejorar o ampliar
de un modo planificado, moderado y con los debidos controles, el hábitat de la población residente, contribuyendo de forma directa a la mejora de su calidad de vida, dentro de un estricto criterio de desarrollo sostenible.
Señorías, los gomeros, y especialmente los habitantes de esta zona periférica del parque, desde siempre, cuando no existía ninguna ley escrita, ni normas de protección, hemos conservado, hemos mimado y vivido en armonía con nuestro monte,
defendiéndolo incluso con nuestra propia vida, encantados de que sea considerado patrimonio de la humanidad, de que tenga tanta biodiversidad, cientos de endemismos, pero también queremos nuestro derecho a vivir donde siempre lo hemos hecho, como
principales defensores de su existencia, conservación y mantenimiento para las futuras generaciones, como mandato de esa ley no escrita que los gomeros llevamos en nuestros genes.
Por todo ello, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista Canario, en nombre de todos los gomeros, en nombre de todos los canarios les pido esta tarde aquí en este Congreso la toma en consideración de esta proposición de ley de regulación
del régimen urbanístico de la zona periférica del parque nacional de Garajonay, para corregir la injusticia de haber olvidado durante tanto tiempo la especie más importante del ecosistema del parque nacional de Garajonay: los habitantes de las
medianías de la isla de la Gomera.
Gracias, señoría, gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cruz.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señora presidenta.
Sean mis primeras palabras de salutación a los compañeros diputados del Parlamento autónomo de Canarias que han defendido esta proposición de ley de nuestra Cámara territorial.
La ley que creó el parque nacional de Doñana durante los gobiernos de UCD puso unas limitaciones muy duras, muy drásticas a lo que se llamaba la zona perimetral de los parques nacionales. Cuando esta Cámara aprueba la Ley 3/1981, también
bajo gobierno de UCD, traslada y aplica al parque nacional de Garajonay en la isla de la Gomera, las mismas drásticas limitaciones que traía por razones objetivables el parque nacional de Doñana y, por tanto, genera un área perimetral donde
prácticamente no cabía ninguna actividad. ¿Qué ocurre? Pues, que muchas poblaciones agrocampesinas, rurales, ganaderas, empiezan a considerar el parque nacional como un enemigo molesto, un vecino que impedía un desarrollo agropecuario, sociológico
y económico de estas áreas de protección. Eso da origen a la Ley 4/1984 que viene a señalar en el año 1989 un corsé de menor presión. La
ley que va a regular en 1989 la conservación de los espacios naturales de la flora y de la fauna creará el instrumento que ahora hemos podido utilizar. Junto al patronato del parque crea una comisión mixta paritaria entre la Administración
general del Estado y la comunidad autónoma donde hubiera un parque nacional. Gracias a esto hemos podido llegar hoy a esta situación. Me cupo, en el año 1989 como diputado en esta Cámara por las Agrupaciones Independientes de Canarias, defender
ese concepto que, siendo proteccionista, permitía que las poblaciones rurales del entorno de un parque nacional no lo considerasen como un enemigo de su propia economía de situación y que hubiera una simbiosis de apoyos mutuos. Esto permitió,
incluso en parque nacionales españoles de la Península, reducir los incendios forestales, porque las poblaciones perimetrales no se consideraban defensoras del patrimonio forestal, zoológico, fitosanitario que existiera allí en aquel momento para
hacer la defensa. El artículo 30 del Estatuto de Autonomía de Canarias da facultades a nuestro Gobierno autonómico para regular los espacios protegidos. Ese es el otro factor, el tercer factor legal importante.
Cuando llegó a la Cámara esta iniciativa del Parlamento de Canarias, nos encontramos en la Junta de Portavoces -y quiero agradecer a la señora presidenta la comprensión que tuvo- con que tenemos que someternos a un régimen de tratamiento
mensual de una iniciativa de comunidad autónoma como proposiciones de ley. La situación en que nos encontrábamos era que si nos ateníamos a ese calendario, como lo estamos haciendo en verdad, solamente en un Pleno del mes de diciembre podía verse
esto, y estamos acabando la legislatura. De aquí que de mutuo acuerdo con el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria presenta una enmienda a la Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para al
menos acortar el espacio de tramitación que un proyecto, reglamentariamente presentado en la Cámara en el mes de diciembre, que era el turno que le tocaba a esta iniciativa del Parlamento de Canarias en la prelación que hay con las de otras
comunidades autónomas peninsulares o balear, iba a dejar esto fuera de efectividad, y no se podía seguir condenando a las poblaciones que están habitando el área periférica de protección del parque nacional de Garajonay a ese corsé de impedimentos.
Este texto que estamos debatiendo hoy es exactamente igual que el que ha merecido la aprobación de esta Cámara en el proyecto de Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, digo todavía proyecto de ley
porque está en el Senado y el próximo día 23 espero que esta Cámara ya sancione definitivamente, donde el texto es exactamente el mismo a lo que han pedido los tres portavoces del Parlamento autónomo de Canarias: darle flexibilidad al Plan general
de uso rector de gestión del parque nacional de Garajonay, en la isla de la Gomera, señalando unas vías para que la población pueda aumentar su bienestar económico, social y laboral, pero al mismo tiempo señalando también unas limitaciones. No
olvidemos que con este texto de la iniciativa que llega del Parlamento de Canarias como con el que aprobamos semanas atrás en el debate de la Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado, junto a estas posibilidades con informe
favorable del Patronato del parque nacional, con adaptación del Plan rector de uso y gestión del mismo, se van a permitir una serie de actividades, de ocupación de terreno, de viviendas, como bien han señalado los señores parlamentarios canarios,
para que esto se pueda realizar en beneficio de la población, pero también en beneficio del parque, porque el último párrafo de la iniciativa señala ese compromiso de la Administración canaria competente por este artículo 30 de nuestro estatuto de
autonomía, para tener una vigilancia de disciplina a fin de evitar que en el parque de Garajonay entren especies vegetales o animales dañinas o contradictorias con lo que es su plan de fauna y de flora. Es un patrimonio de la humanidad, como bien
han señalado los señores parlamentarios canarios, y así lo declaró UNESCO. Es una obligación, y nosotros, aunque va también por la vía paralela de la Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado, queremos dar aquí testimonio
accediendo a esa petición que nos han transmitido los tres parlamentarios del Parlamento de nuestro archipiélago, votando favorablemente lo que es una prueba de testimonio de que sintonizamos con una legislación con unas competencias estatutarias
autonómicas y con una declaración de UNESCO como patrimonio de la humanidad.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, la señora Urán tiene la palabra.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar quiero dar la bienvenida a los portavoces de los grupos parlamentarios del Parlamento canario desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Señorías, mi grupo no se va a oponer a la tramitación de este proyecto de ley. Creemos que siempre resulta complicado establecer cuál es el equilibrio entre la protección que debe tener un parque nacional de las características del parque
nacional de Garajonay y las necesidades y el desarrollo que las poblaciones que están establecidas en sus entornos y en sus
periferias necesitan para tener la calidad de vida que les corresponde, e incluso, y por qué no, el desarrollo económico al que también tienen derecho y que por tanto también les corresponde. Es cierto, señorías, que el despoblamiento, que
la población se vaya de las zonas que están incluídas en parques nacionales puede resultar perjudicial, y de hecho resulta, de la misma forma que resulta perjudicial para los ecosistemas el despoblamiento de las zonas rurales, puede resultar y
resulta perjudicial para el mantenimiento de esos ecosistemas; pero tenemos que reconocer que las limitaciones que se tienen que establecer han de ser rigurosas, muy rigurosas, porque no sólo puede perjudicar, en este caso al parque nacional de
Garajonay la posible introducción de especies exóticas o que no tengan nada que ver con la flora y la fauna que corresponde al propio parque, sino que un exceso de desarrollo poblacional de las zonas periféricas por la propia naturaleza de la
gestión del suelo también puede ser perjudicial para el parque nacional de Garajonay. Por eso, señorías, a pesar de que somos conscientes de que no va a tener un trámite parlamentario que nos pudiera permitir si no modificar sí al menos discutir
sobre aquellos problemas que nos puedan generar más dudas a la hora de respaldar, como lo vamos hacer, esta modificación, también creemos que es necesario que se tengan en cuenta por parte del Parlamento y del Gobierno canario que se tiene que ser
muy cuidadoso por lo que les decía antes. Una cosa es que se puedan introducir nuevas edificaciones, y sobre todo que se permita la rehabilitación de viviendas ya existentes para que se puedan asentar las poblaciones, y otra que se puedan producir
crecimientos urbanísticos desmedidos que acaben perjudicando las zonas periféricas y el propio parque natural. También es necesario tener en cuenta que los desarrollos agrícolas que se puedan producir en estas zonas protegidas han de tener en
consideración no sólo esos usos agrícolas, sino que su gran desarrollo tiene que estar en equilibrio con el mantenimiento, la consolidación y la protección del parque nacional; pero como sabemos que es complicado poder establecer estos equilibrios,
estamos convencidos de que esta modificación no va más allá de lo que pone el papel y por eso la vamos a aprobar. Si bien no compartimos que en aras a que se pueda acceder rápidamente en el parque nacional de Garajonay por la zona afectada, se
introduzca una enmienda en la Ley de acompañamiento que modifique la Ley de declaración de parque nacional y esto no se haga con el debido debate y modificación, en su caso, del resto de los grupos parlamentarios. Como sabemos que esto es
importante y su aplicación es necesaria lo más rápidamente posible, vamos a seguir manteniendo nuestro voto.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Martí.
El señor MARTÍ I GALBIS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, muy brevemente. En primer lugar quería dar la bienvenida a esta Cámara a los compañeros diputados del Parlamento canario que han hecho una defensa magnífica de esta proposición de ley. En segundo lugar, avanzar el apoyo
incondicional del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a la toma en consideración de esta proposición de ley que nos trae el parlamento canario, de modificación del artículo 4.º de la Ley 3/1981, de creación del parque nacional de
Garajonay, de la isla de la Gomera, que fue aprobado, como han dicho sus representantes, por unanimidad del parlamento canario. Mi grupo parlamentario va a votar a favor de esta toma en consideración por una doble razón. En primer lugar, todos los
grupos parlamentarios de esta Cámara votamos hace pocas fechas, también por unanimidad, a favor de lo que se pretende con esta proposición de ley a través de la Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para 2004, y también
porque mi grupo parlamentario creía hace días, desde que se tuvo conocimiento de la entrada de esta proposición de ley, que debía ser el Parlamento canario quien trajera a esta Cámara la iniciativa parlamentaria para su posterior debate y votación.
En tanto que portavoz de mi grupo parlamentario en la Comisión de Medio Ambiente de esta Cámara, junto con otros portavoces miembros de la Comisión de Medio Ambiente hemos tenido ocasión durante esta legislatura de conocer in situ algunos de
los parques naturales, espacios protegidos de las islas Canarias, que son espacios únicos en el mundo, y nos ha enriquecido personal y políticamente conocer cómo gestionan ustedes esas zonas protegidas; por tanto queremos avanzar ya que
sinceramente creemos que ustedes van a gestionar correctamente esta ampliación de la zona protegida. Aquí ha habido una intervención que cuestionaba con buenas palabras el difícil equilibrio entre la gestión de dichos espacios y la preservación de
la naturaleza. Creemos que ustedes tienen referentes suficientes y han dado muestras suficientes de una buena gestión del patrimonio natural, y por tanto estamos convencidos que de la literalidad de esta proposición de ley se va a derivar una buena
gestión del territorio, y por tanto del patrimonio natural.
Todos los grupos de esta Cámara estamos de acuerdo en que se debe hacer un esfuerzo para que sea compatible, como decía, la preservación del medio ambiente y de los espacios protegidos, con la promoción de una determinada actividad económica
integrada
en el entorno para evitar la despoblación, como antes se decía. Estamos totalmente de acuerdo en que este equilibrio no siempre es fácil, que hay entornos mucho más sensibles a la actividad humana como son las islas Canarias, que tienen
espacios absolutamente únicos en el mundo, pero ustedes, como decía antes, han sabido encontrar el equilibrio perfecto entre la gestión del patrimonio natural y la promoción económica mínima suficiente como para que la población pueda enraizarse en
su comunidad y no tener que irse a otros espacios. Por tanto estamos hablando todos de lo mismo, estamos hablando de cómo llevar adelante un desarrollo sostenible, estamos todos a favor del desarrollo sostenible, y por tanto creemos que votando a
favor de la toma en consideración de esta proposición de ley vamos a hacer posible el desarrollo sostenible en el ámbito de las islas Canarias.
Nada más, y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martí.
Señor López Aguilar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Gracias, señora presidenta.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista subo a esta tribuna para cumplir con gusto un turno parlamentario de fijación de posición con marcado acento canario. Lo cumplo con gusto porque creo con ello realizar varios deberes
parlamentarios. El primero, saludar a la representación del Parlamento de Canarias, Los grupos más representativos del Parlamento de Canarias se han sucedido aquí en turnos de palabra para abogar por una proposición de ley de origen autonómico que
el Grupo Socialista, segundo deber que realizo, se propone votar favorablemente; y se propone votar favorablemente no solamente por la coincidencia sustancial con los argumentos encadenados que he escuchado de los portavoces de los distintos
grupos, de Coalición Canaria, Partido Popular y Partido Socialista en el Parlamento de Canarias, sino porque coinciden sustancialmente con una proposición de ley que en el comienzo de esta legislatura defendió en esta tribuna mi compañero, diputado
por Tenerife, Pepe Segura; una proposición de ley que tenía exactamente por objeto, en coincidencia con ésta, la modificación del artículo 4.º de la Ley 3/1981, de 25 de marzo, de creación del parque nacional de Garajonay, y cuya exposición de
motivos, filosofía y hasta articulación coinciden, diría, en un noventa o cien por cien, con la que hoy se trae a la consideración de esta Cámara.
Efectivamente, los problemas están bien descritos. Un parque nacional de los varios con que la comunidad canaria se honra en proteger, en atención a la extraordinaria riqueza paisajística y ecológica de nuestra comunidad, el de Garajonay,
situado en la isla de la Gomera, recibe su protección legal por ley aprobada en estas Cortes en marzo de 1981, y de forma prácticamente inmediata se pone de manifiesto que dentro de las normas por las cuales se delimita el régimen jurídico especial
de protección de la zona periférica externa, se producen, junto a la defensa que se ha afirmado en los últimos veinte años, al menos dos disfunciones, dos insuficiencias del régimen jurídico. La primera relacionada con la calificación de sus suelos
como no urbanizables y de protección especial, a pesar de que en esa zona periférica externa especial de protección se incluyen de hecho pequeños núcleos de población, al menos una docena, con una población significativa, más de un millar. La
segunda, derivada del hecho de que los límites fijados en el anexo a la ley a la zona periférica de protección deben ser modificados en la medida en que no se incluyen en su seno zonas de gran valor conservacionista, entre ellas la zona conocida
como Monte verde gomero. De manera que se plantea de forma insistente desde entonces la conveniencia de revisar ese artículo 4.º de la Ley de creación del parque nacional de Garajonay y de hacerlo además en congruencia con las resoluciones
unánimemente adoptadas por los órganos representativos de la isla, los distintos ayuntamientos, el cabildo de la isla y el propio consejo rector del parque nacional de Garajonay, instando a llevar a cabo las modificaciones legales pertinentes que
subsanen los problemas descritos. De manera que frente a la imposibilidad de que el artículo 4.º de la ley encaje y dé satisfacción al desenvolvimiento normal de los caseríos situados en la zona periférica de protección, y en particular frente al
hecho de que algunos ayuntamientos, como los de Hermigua, Agulo y Vallehermoso, han iniciado en el curso de estos años la elaboración de proyectos de urbanización de los núcleos de población necesarios, pero sin posibilidades de ser aprobados
regularmente mientras no se modifique el artículo 4.º, es exactamente por lo que se trajo a la consideración de esta Cámara, en el inicio de la legislatura, la proposición de ley socialista, que sin embargo fue desestimada por razones de carácter
esencialmente competencial, que traían a la consideración de esta Cámara la necesidad de la iniciativa autonómica, la necesidad de contemplar y encajar previamente la participación de las instancias autonómicas que estén reguladas por una
legislación sobrevenida, entre la que por supuesto hay que tomar noticia de la Ley de protección de espacios naturales de 1989, la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna, que establece la gestión
compartida de los parques nacionales entre la Administración general del Estado y la comunidad autónoma y su interpretación por la jurisprudencia
constitucional establecida esencialmente a partir de 1995.
Por ello, por coincidencia plena con los argumentos que hemos escuchado de los grupos parlamentarios que se han sucedido en el turno de palabra, por congruencia con la posición que nosotros manifestamos aquí hace ya más de tres años -el 24
de abril del año 2000- y por estar plenamente convencidos, junto con las instituciones más representativas de la isla de Gomera, en la que por cierto el Partido Socialista ha tenido sólidas mayorías absolutas en el cabildo desde prácticamente el
establecimiento de la democracia, los socialistas vamos a votar favorablemente esta proposición de ley que saludamos y que agradecemos hayan traído a esta Cámara oportunamente los representantes del Parlamento de Canarias, no sin dejar de señalar
que el solapamiento evidente e innegable en esta tribuna respecto de la enmienda 206 -creo recordar-, interpuesta por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria a la Ley de acompañamiento, enmienda que tiene exactamente el mismo objeto que esta
proposición de ley fechada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 10 de noviembre del 2003, evidencia hasta qué punto no eran rigurosos los argumentos que se interpusieron contra la toma en consideración de la proposición de ley defendida
por mi compañero diputado por Santa Cruz de Tenerife, Pepe Segura, en la medida que con coincidencia de objeto se toma en consideración y a trámite una enmienda que tiene exactamente el mismo objeto que esta proposición de ley de iniciativa
autonómica.
Bienvenida sean la una y la otra mientras sirvan cuanto antes para reparar ese déficit de regulación y de adaptación a las necesidades de las comunidades agrarias, agropecuarias de la isla de Gomera que vienen demandando subsanación y a
la cual se aprestó con diligencia el Grupo Parlamentario Socialista en el inicio de esta legislatura, aunque veamos que sólo en este tramo final de la legislatura, a punto ya de culminar, viene a recibir la cumplida satisfacción que se le debe.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López Aguilar.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Soriano.
El señor SORIANO BENÍTEZ DE LUGO: Señora presidenta, señorías, sean mis primeras palabra de bienvenida a los dignos representantes del Parlamento de Canarias, don Julio Cruz, del Partido Socialista y natural de la isla de la Gomera donde
está enclavado el parque nacional; mi buen amigo Esteban Bethencourt, antiguo compañero de lides en la Unión de Centro Democrático y alcalde de Valle Gran Rey desde el año 1999 que ya es decir, y sobre todo Pablo Matos, compañero de partido,
natural de Tenerife y gran defensor de nuestra provincia.
El parque nacional de Garajonay, cuyo nombre recuerda los amores románticos entre Gara, de la Gomera, y Jonay, de Tenerife, nativos de las islas Canarias anteriores a la conquista, fue creado por la Ley 3/1981, de 25 de marzo, de la cual
tuve el honor de ser ponente como senador de Unión de Centro Democrático. Antes se habían reclasificado tres parques nacionales en las islas Canarias, el de la Caldera de Taburiente en la isla de La Palma, el de las Cañadas del Teide en Tenerife y
el de Timanfaya en Lanzarote, lo cual supone que las islas Canarias son la comunidad autónoma con más parques nacionales, a pesar de lo limitado de su territorio. El parque nacional de Garajonay, en la Gomera, fue declarado patrimonio de la
humanidad por la UNESCO como reliquia del terciario, de una laurisilva hoy desaparecida en el mundo y que se conserva como auténtica reliquia, como digo, en este parque nacional que tiene 4.000 hectáreas de superficie, lo que junto con el preparque
supone el 22 por ciento de la superficie total de la isla. Los seis municipios de la isla tienen terrenos en el preparque y en definitiva están afectados por la proposición de ley que hoy nos ocupa.
El objeto de la proposición de ley, cuya toma en consideración se debate hoy en esta Cámara, es establecer un régimen regulador singular para la zona periférica de protección del parque de Garajonay en la isla de la Gomera, modificando a
estos efectos la regulación establecida en el artículo 4.º de la Ley de su creación. Esta norma califica estos terrenos como suelo no urbanizable de protección especial, y prohibe toda construcción excepto las de interés público. La proposición de
ley que hoy nos ocupa permite que en los núcleos poblacionales existentes se puedan autorizar, con carácter excepcional, nuevas edificaciones destinadas a hacer frente al crecimiento natural de las poblaciones asentadas en dichos núcleos, que como
digo pertenecen a los seis municipios de la isla, así como rehabilitar edificaciones preexistentes destinadas al turismo rural.
El día 13 de febrero de 2001 -en esta legislatura- tuvo lugar en esta Cámara el debate sobre una proposición de ley del Grupo Socialista, como ha recordado nuestro compañero López Aguilar, brillantemente defendida por don José Segura donde
no se hacía mención al carácter de suelo no urbanizable de la zona periférica de protección, cosa que nosotros considerábamos entonces definitiva para no apoyar la proposición, aun estando de acuerdo con el fondo de la cuestión. Decía yo entonces
en esta tribuna, en primer lugar que la proposición de ley del Grupo Socialista es indudable que parte de una realidad socialmente conflictiva que requiere solución. En esto estamos todos de acuerdo y hay que reconocer que la
proposición de ley de Grupo Parlamentario Socialista está bien intencionada. En segundo lugar dicha función pasa por la modificación legal del régimen jurídico establecido en la zona periférica de protección del parque nacional de
Garajonay, y en concreto de su artículo 4.º En tercer lugar, sin embargo, la modificación es delicada y exige reflexión, dado que al propio tiempo que debe resolver los problemas existentes no puede propiciar el desencadenamiento de un proceso
generalizado de edificaciones en el entorno inmediato del parque nacional. De ahí que nos parezca grave -decíamos entonces- que en la modificación que se propugna no se haga mención alguna al carácter de suelo no urbanizable en la zona periférica
de protección especial del parque de Garajonay. En cuarto lugar, al situarse la zona implicada fuera de los límites del parque nacional, es al menos discutible -señalábamos en aquella ocasión-, que las competencias para la modificación correspondan
a estas Cortes Generales. Estos defectos que veíamos entonces han sido hoy subsanados y los tres grupos políticos importantes del Parlamento de Canarias se han puesto de acuerdo y nos presentan una proposición de ley que viene a colmar aquella
laguna que sin duda alguna tenía la proposición del Grupo Socialista, muy bien intencionada y cuyo fondo indudablemente compartimos como pusimos de relieve en aquel momento.
La propuesta presentada en esta proposición de ley del Parlamento de Canarias resulta respetuosa con el parque nacional de Garajonay, así como con la distribución de competencias en el mismo y da respuesta a un problema social relativo al
necesario equilibrio que debe mantener el parque con su entorno. En resumen, y para no cansar a SS.SS. puesto que en definitiva todos los intervinientes estamos repitiéndonos un poco en los argumentos, esta proposición de ley en primer lugar
resuelve un problema real que incide negativamente sobre la imagen del parque por afectar gravemente a las comunidades locales que viven en el entorno inmediato del mismo. En segundo lugar resuelve esta problemática incorporando suficientes
mecanismos de control como para prever que la solución propuesta no tendrá consecuencias negativas futuras sobre el parque nacional de Garajonay. En tercer lugar implica un reconocimiento expreso de la capacidad y la potencia del marco jurídico del
parque nacional de Garajonay para articular soluciones a las disfunciones que pueden derivarse de la existencia en su entorno de una zona periférica de protección; y en cuarto lugar reconoce el marco jurídico general de los parques nacionales y
refuerza el bloque de gestión y legislación del modelo de gestión compartido que ha establecido la Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna
silvestre en cumplimiento de la sentencia 102/1995 del Tribunal Constitucional.
Por todas estas razones, el Grupo Popular, aun teniendo en cuenta lo que ya se ha dicho con anterioridad, que en la Ley de acompañamiento a la Ley de Presupuestos Generales del Estado ha prosperado la disposición adicional vigesimosegunda,
donde se plasma literalmente la proposición de ley que hoy nos ocupa en esta Cámara, y fue apoyada por los grupos de la misma, por todas estas razones el Grupo Popular va a apoyar afirmativamente esta iniciativa del Parlamento de Canarias.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Soriano.
Señorías, sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley, del Parlamento de Canarias, de regulación del régimen urbanístico de la zona periférica del parque nacional de Garajonay.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 277; a favor, 275; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, DE ESTATUTO DEL PERIODISTA PROFESIONAL. (Número de expediente 122/ 000319.)
La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día, toma en consideración de proposiciones de ley. Toma en consideración de la proposición de ley, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de Estatuto del periodista profesional.
(Rumores.)
Señorías, es preciso que continuemos con el debate, por lo que les ruego que no obstruyan los pasillos y aquellos que vayan a salir lo hagan en silencio y de manera rápida.
Para la presentación y defensa de la iniciativa tiene la palabra el señor Alcaraz. (Rumores.)
Señorías, hay un diputado intentando hacer uso de la palabra en la tribuna. Les ruego, por favor, que guarden silencio y o bien ocupen los escaños o abandonen el hemiciclo, pero permitan que continúe el debate.
Adelante, señor Alcaraz. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la Presidencia.)
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados, a nuestro juicio la situación de la comunicación en España con respecto a los aspectos fundamentales es predemocrática y en cierto grado enfoca
un camino contrario a lo que se está haciendo en el resto de Europa. España es diferente. No existe consejo de la comunicación o, si se quiere, consejo audiovisual; no existen cortapisas, cada vez menos, en función de las reformas legislativas a
la patología de la concentración; no está regulado el derecho de acceso de grupos del tejido social y sindical de nuestro país; tampoco está regulado algo importantísimo que se prevé en el artículo 20 de la Constitución, como es el secreto
profesional; no existen consejos de redacción ni estatuto respecto a los mismos (Rumores.); no existe un control real de los medios públicos de comunicación que debieran servir de liderazgo...
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Alcaraz, un momento, por favor.
¡Silencio, señorías!
Adelante, señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: ... que debieran servir de liderazgo comunicativo e incluso con respecto al tratamiento laboral de los periodistas y, en definitiva, no existe algo que en toda Europa se está aprobando, que es el estatuto del
periodista profesional. Un estatuto que debiera tener rango de ley orgánica, por tanto bloque constitucional mismo. Para garantizar la comunicación y la información, la Constitución recogió en el artículo 20 la necesidad de una serie de aspectos
que requieren una proyección democrática urgente y que no se ha hecho en los últimos 25 años; solamente se ha recogido la cláusula de conciencia de manera anémica, anoréxica, y por tanto hacer una pieza independiente no tiene ninguna eficacia en
los momentos actuales. En este panorama, el artículo 20 de la Constitución no pasa de ser una declaración retórica.
Se suele decir desde el neoliberalismo que no hay que regular la comunicación, que la comunicación para que sea libre, que el derecho a la información para que sea auténticamente libre no tiene que tener ninguna traba, incluso a veces se
habla de la censura de los contenidos. Pero realmente este es un mensaje que conduce a que en un panorama sin ningún tipo de regulación gane el más fuerte, conduce a la ley del más fuerte, que siempre suelen ser los mismos, los grupos económicos y
los grupos políticos, que sin código de circulación en muchos casos incluso se dedican -lo estamos viendo en los medios públicos de comunicación- a atropellar las conciencias. El panorama de los medios públicos de comunicación es espeluznante. El
tema de hoy es, pues, fundamental. ¿Y por qué viene al final de la legislatura? El foro de los periodistas organizados, que son los auténticos autores de esta iniciativa, repartió el texto entre todos los grupos, pero el Partido Popular ha
diferido constantemente su respuesta. Al final no ha dado ninguna, sino que simplemente ha hecho una réplica contraria en la Comisión social y laboral a una proposición no de ley que presentó el Partido Socialista Obrero Español. Allí por primera
vez se pronuncia el Partido Popular y dice no a esta iniciativa, retrasándonos por tanto a todos, que estamos esperando una respuesta adecuada, tal y como se comprometió a darnos. Si no hay independencia estatuida, regulada, de los periodistas, no
hay información objetiva en ningún país, ni en este ni en ninguno. Y en este país hoy por hoy no está regulada, no está normativizada, no está legislada la independencia de los periodistas. O hay independencia de criterios y seguridad laboral o no
hay forma de que los periodistas puedan oponerse al criterio de sus empresas, al de los grupos políticos, al de los grupos ideológicos o, en definitiva, al de los grupos económicos. He dicho que se trata de un problema laboral, pero
fundamentalmente es un problema de libertades, un problema que hay que constitucionalizar. Se habla muchísimo este año del 25.º aniversario de la Constitución. Pues bien, sin un desarrollo del artículo 20 de la Constitución nos encontramos ante la
ley de la selva comunicativa.
Constantemente estamos denunciando todos desde la tribuna que no hay objetividad, no se respeta la pluralidad, no hay acceso social, no hay acceso sindical a los medios públicos, no hay control de los contenidos a
través de un consejo audiovisual o de un consejo de la comunicación con respecto a temas tan elementales como el de la televisión privada, porque no existe realmente la televisión privada, sino que se trata de una concesión privada que se hace con
respecto a un medio esencial, a un servicio público esencial.
Nosotros defendemos -esta Cámara lo sabe de sobra- la pluralidad de los medios de comunicación. Hemos presentado una ley contra la concentración en todas las especialidades de los medios de comunicación, una ley antitrust, una ley que
contenía también la creación de la figura del consejo de la comunicación y que por tanto tenía un área de funcionamiento superior a lo audiovisual, y se rechazó. Y hoy queremos decir que no sólo la pluralidad externa de los medios es condición de
existencia de la libertad, sino también la pluralidad interna, la pluralidad de los periodistas que expresan a partir de su criterio la pluralidad social, ideológica y política que realmente existe en la sociedad. Si no se puede preservar esa
pluralidad interna de los periodistas, que nadie nos hable hoy aquí -todos nos quejamos ampliamente- de una objetividad de la comunicación, de una libre circulación de la información, de un control público
de la comunicación. La comunicación en este país se ha convertido en un elemento de distribución comercial, en un hecho comercial y no en un derecho constitucional, en un derecho fundamental. Estamos en una democracia, en un sistema de
creación de la opinión, y si dicha creación de la opinión no está asegurada -y hoy no lo está; falta, entre otras piezas, esta que hoy está defendiendo aquí Izquierda Unida- que no se nos diga que estamos en una democracia plena. Nos encontramos
en una situación predemocrática y esto resulta más lamentable cuando estamos celebrando el 25.º aniversario de una Constitución que, por serlo, se definía fundamentalmente por salvar la dictadura a través de un sistema de libertades y, si es de
libertades, incluye la libertad de opinión, la libertad de la información y la plena objetividad de la comunicación. De ahí que esta propuesta recoja los elementos esenciales que aseguran esta libertad de manera objetiva.
No es sólo un discurso al aire, como pueden pensar SS.SS., son piezas muy concretas que no están constitucionalizadas en este país. Por ejemplo, la cláusula de conciencia se recogió efectivamente en 1997, pero se hizo en un texto de
mínimos, y al ser una pieza aislada del sistema no puede funcionar, no tiene vigencia real; y me remito a todos los conflictos particulares que hemos vivido. Los periodistas, en función de la cláusula de conciencia, podrán negarse a participar en
la elaboración de informaciones que vulneren el código ético. Si hay resolución de contrato, a los que tengan contrato fijo, se consideraría a todos los efectos como despido improcedente; y después hablaremos un poco de los derechos laborales.
Otra pieza clave que todavía no se ha acometido es la regulación del secreto profesional. El periodista puede mantener en secreto la identidad de su fuente frente al empresario y a las autoridades públicas, incluidas las judiciales, sin sufrir
ningún tipo de perjuicio. Será un delito del periodista -por cierto, ya viene recogido en el artículo 199 del Código Penal- la revelación de fuentes confidenciales. También hay que regular el derecho de acceso a las fuentes informativas, porque la
discrecionalidad es total. Hay que regular el derecho de acceso a los actos públicos, incluidos los judiciales, y aquí la discrecionalidad y la opacidad también son casi totales. Hay que regular de manera objetiva el acceso a las vistas
judiciales, de conformidad con el principio de publicidad recogido en el artículo 120.1 de la Constitución española, que no se ejerce totalmente.
Asimismo, los periodistas tienen derechos de autor pero hasta ahora no los alcanzan; los periodistas
tienen los derechos patrimoniales y morales de su trabajo, de acuerdo con el derecho de propiedad intelectual que se reconoce a todo tipo de autores, pero hasta ahora no los consiguen, en absoluto. Muchas veces no tienen ni derecho de firma, que
también se recoge en el texto que presentamos de proposición orgánica de ley para regular el estatuto del periodista profesional. Igualmente -lo hemos defendido varias veces en la Comisión de Control de Radiotelevisión Española con respecto a este
medio- se han de constituir en todas las redacciones los comités de redacción. El comité de redacción es una figura singularmente democrática. Lo hemos visto en películas norteamericanas desde que teníamos calzones cortos en este país, y nos
gustaba ese debate que se establecía en los consejos de redacción de los periodistas norteamericanos. Ahí empieza uno de los primeros principios de la objetividad y de la independencia. Esos consejos de redacción son la forma de mediar entre la
línea editorial y la conciencia del periodista; esos consejos de redacción son la forma a través de la cual el periodista participa en una línea editorial que si no tiene esta serie de piezas recogidas se convierte en una línea dogmática que, al
mismo tiempo, puede jugar con la gente ya que no tiene ninguna seguridad de conciencia ni laboral. También se recoge en el texto la necesidad de constituir el consejo estatal de información, que promueve los derechos de libertad de expresión e
información y salvaguarda la eficacia, la ejecutividad, la realidad concreta, día a día, de todos los temas que anteriormente he expuesto. Por tanto, estamos ante una pieza fundamental que rendiría cuentas ante este órgano legislativo, sede de la
soberanía popular. Efectivamente, si no se consolidan, si no se aseguran los derechos laborales, la seguridad laboral, seguimos hablando en el aire.
Actualmente, en este país, cerca de un 50 por ciento de los periodistas de la prensa diaria, de
los medios de comunicación diarios, no tienen seguridad laboral o funcionan bajo mínimos; no tienen derecho de acceso, a todos los niveles, a la negociación colectiva; en muchos casos pagan una seguridad social que no está en consonancia con el
salario que reciben y algunos, en función de ciertas figuras de las que tipificaré alguna como ejemplo, no pueden ni pagar la Seguridad Social, incluso se tienen que acoger a la sistemática de los autónomos porque no hay forma alguna de recogerlos,
tal como están las cosas, en este mercado laboral que subordina a los periodistas de una manera específica.
Esta promulgación del estatuto que nosotros hoy aquí defendemos debe ir acompañada de una regulación de unas muy deterioradas, hasta el momento, relaciones laborales. Por ejemplo, falta incorporar, a todos los niveles, a todos los sectores
de la comunicación en todos los ámbitos de la negociación colectiva. La precarización del sector ya he dicho que es galopante, espeluznante y SS.SS. pueden preguntarlo por ahí, incluso en estos pasillos que nos rodean, para ver que no exageramos
en absoluto. Es preciso que los periodistas que se denominan a la pieza tengan los
mismos derechos que el resto de los profesionales. Es necesario que los conocidos como periodistas por libre, con las excepciones consabidas, tengan también derecho al nivel correspondiente; igualmente otra serie de colaboradores que están
funcionando, incluso en prácticas, que naturalmente no tienen ningún derecho laboral y que a veces rinden la misma labor que un periodista cualquiera y que no están bajo ningún auspicio de independencia o de seguridad laboral.
Señorías, nosotros pensamos que no se puede funcionar, constitucionalmente hablando, sin un desarrollo del artículo 20 de la Constitución. Ustedes creen que el artículo 20 es suficiente tal como está más la cláusula de conciencia. Nosotros
decimos que eso no es posible. No hay calidad democrática en este país y una de las causas fundamentales es la falta de calidad a la hora de asegurar la información independiente. Ustedes dijeron en Comisión -el señor Pérez Corgos- que España es
un paraíso de los periodistas, que la calidad es suficiente, que la seguridad laboral es total y que gozan de absoluta independencia a la hora de referir y expandir su comunicación. Nosotros pensamos que no. Ustedes vienen a decir también que, en
todo caso, lo que nosotros pedimos aquí figura como derechos excepcionales en el Estatuto de los trabajadores. No es así tampoco. En el Estatuto de los trabajadores se dice que, aparte de las figuras que en él se recogen, el resto se recogería
como derecho excepcional, pero no niega la posibilidad. Además, el Estatuto de los trabajadores puede cambiarse. Ustedes dijeron en la Comisión -y ahora se encogen de hombros- que en todo caso debieran ponerse de acuerdo empresarios y trabajadores
a la hora de marcar un espacio laboral adecuado y objetivo. Y ustedes dijeron también en la Comisión que si no lo hacen intervendría el Gobierno. ¿Esperamos otros 25 años, señores del Partido Popular? Espero que no consigan ustedes la mayoría
absoluta porque, si no, no vamos a conseguir una democracia plena, pujante y absolutamente objetiva como la que estamos reclamando a partir del desarrollo de este artículo 20 de la Constitución.
Nosotros pensamos que todos los partidos políticos tienen que aprender una lección, no sólo ustedes, en el sentido de que hay que regular las cosas igual que se regula la circulación. Esto hay que regularlo porque, si no, no hay un
funcionamiento objetivo, un funcionamiento justo, un funcionamiento, en sus palabras, democrático. Las relaciones de las cúpulas partidarias con los poderes económicos y con el Gobierno a veces se remiten a establecer minutajes, a establecer
espacios, sin tener en cuenta que esto hay que regularlo en función de la independencia y de la seguridad laboral de los trabajadores y no a través de pasteleos detrás de las cortinas. Yo creo que ha llegado el momento de comprender que hay que
superar esta fase y hay que llegar a la fase de desarrollo democrático que nosotros estamos pidiendo aquí.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Alcaraz, le ruego que concluya.
El señor ALCARAZ MASATS: Nosotros solicitamos el voto favorable del Partido Popular y su comprensión, cosas que a estas alturas nos parecen absolutamente inalcanzables.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Alcaraz.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene en primer lugar la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista va a dar su apoyo a esta proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Y lo hace también con la convicción de que el artículo 20 de la Constitución española debe ser desarrollado si
queremos que, incluso desde el punto de vista formal, exista un derecho a la información que tenga en cuenta el pluralismo y un factor fundamental, la independencia de aquellos que están encargados de ejecutar ese derecho a la información, los
trabajadores de los medios de comunicación públicos y privados. En este momento la independencia de los periodistas merece una cobertura de carácter legal e institucional; lo merece porque en esta especial situación estamos asistiendo a un proceso
de concentración de los medios que el Gobierno en vez de rectificar o modificar se encarga de alentar, y lo estamos viendo con las últimas modificaciones en la ley de acompañamiento. Por tanto, cuando la propia situación del mercado de la
comunicación produce un fenómeno en el que ya no es necesaria la intervención política directa para lograr la censura, la desinformación, el control o la tergiversación, sino que funciona incluso como una especie de mecánica natural del sistema,
está claro que la cobertura para los principales agentes de la información, los trabajadores, es fundamental. Y es fundamental garantizar en concreto su independencia.
Para eso hay dos vías. Una, que nos parece que es muy importante, acabar con
las altas tasas de precariedad laboral que sufren los periodistas. En concreto habría que establecer una causalidad muy estricta, muy clara, a la hora de permitir contratos de carácter temporal en las empresas periodísticas para que estos fueran
exclusivamente residuales y justamente adecuados a aquello que fueran necesidades ineludibles por parte de las empresas y comprensible desde el punto de vista del regulador. Pero vuelvo a repetir que lo fundamental es
la precariedad laboral. Lo segundo sería lograr una institucionalización de la independencia a través de garantizar el derecho de los periodistas a informar conforme a su libertad de conciencia, al criterio de objetividad, al mantenimiento
del derecho al secreto profesional y el acceso a las fuentes informativas y actos públicos y también a la propiedad intelectual. Y, por cierto, crear algunos mecanismos internos frágiles pero que tendrían su importancia, como los comités de
redacción, para hacer de intermediarios entre la empresa y su línea editorial y el derecho de los trabajadores de esa empresa a mantener el derecho a informar, la libertad de conciencia y el secreto profesional. En definitiva, se trata, señorías,
de garantizar o de cuando menos reducir al máximo los peligros que tiene precisamente para esta libertad y este pluralismo informativo la imposición absoluta de la línea editorial económico-política de los medios de comunicación privados o de los
medios públicos que están sometidos muchas veces a los gobiernos de turno. Por tanto, se trataría de regular de tal forma que los derechos existiesen y no fueran puras caricaturas como hoy en día lo son. Por todo esto vamos a apoyar esta
proposición de ley que merecería, caso de ser aceptada a trámite, algún debate sobre la cuestión del conocimiento de las lenguas del Estado español para la acreditación de periodistas, cosa fundamental en cualquier medio tanto público como privado,
y algunas otras cuestiones dirigidas a aumentar las competencias de los consejos de información de las comunidades autónomas. Por lo demás, una ley de este tipo nos parece no solamente muy loable sino de una necesidad extrema.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rodríguez.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Grau.
El señor GRAU BULDÚ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo en esta proposición de ley que presenta el Grupo de Izquierda Unida sobre el estatuto del periodista para fijar la posición del Grupo Catalán de Convergència i Unió. Una vez más habremos mareado la perdiz en esta
legislatura, durante cuatro años, sin encontrar ninguna vía de solución. Ya ha recordado el señor Alcaraz que a esta Cámara han venido varias propuestas solicitando la aprobación de este estatuto del periodista profesional, y hoy Izquierda Unida
presenta una nueva proposición de ley que no va a tener, una vez más, la aprobación de esta Cámara. Ha presentado un nuevo proyecto de ley más estructurado, apelando a todos los elementos que definen el estatuto del periodista, incluso el consejo
de redacción y el código deontológico que presenta como anexo al mismo. Anticipo que ésta no es una vía adecuada para la regulación de la profesión periodística, como nuestro grupo ha manifestado en diversas ocasiones, y lo ha hecho solicitando una
pluralidad en el diálogo, una mayor atención para unos colectivos que precisan una solución especial, sobre todo los periodistas a la pieza o los periodistas free lance o por libre. Es preciso encontrar entre todos una cobertura de estos derechos
sociales y una garantía de la independencia y de la libertad de expresión de estos profesionales. A semejanza de lo que ocurre con los trabajadores autónomos, los trade, tienen una regulación fuera de este colectivo pero precisan homologar o al
menos coordinar su regulación como periodistas dentro del Estatuto de los Trabajadores y de alguna forma complementar lo que el Estatuto de los Trabajadores dice. En definitiva, es una relación específica que requiere una negociación con los
empresarios, una negociación que no se ha propuesto en la proposición de ley que se presenta aquí y que de alguna forma tendría que haber sido uno de los elementos que configurara las bases de dicha proposición de ley.
Nuestro grupo, consciente de la necesidad de regular esta situación, ha propuesto que estén presentes en esta negociación los empresarios, los periodistas, los sindicatos como representantes de los periodistas y, en definitiva, el Gobierno y
esta Cámara. Esto tendría que abordarse como otras cosas que hemos elaborado en esta Cámara, como hemos resuelto el tema de las pensiones en el Pacto de Toledo, mediante una ponencia y una subcomisión que estudiara completamente todo este problema
y que llegara a conclusiones consensuadas. Reitero, como el señor Alcaraz, que igual que hace dos días hemos recordado el consenso que obtuvo la Constitución española hace 25 años en esta misma Cámara, en este hemiciclo, tendríamos que trabajar en
este mismo sentido para conseguir que el Estatuto de los Trabajadores tuviera esta fuerza, este consenso y una solución; en definitiva, que fuéramos capaces de aprobar esta asignatura que en esta legislatura, señorías, no vamos a aprobar. Esta
salida deberíamos asumirla todos con un sentido de continuidad, una situación que han resuelto otros países, como ya se explica en el preámbulo de la proposición de ley, y que esta Cámara hoy no va a solucionar. No podemos obtener el aprobado y
tendremos que repetir esta solución. Dentro de nuestro sentimiento, porque la proposición de ley nos lo permite, proponemos a esta Cámara que retiren esta proposición de ley e inmediatamente, con el consenso de todos los grupos, se presente para la
semana próxima, en el último Pleno efectivo de esta Cámara, una proposición no de ley en la que se inste al Gobierno en un plazo lo más breve posible o ya previamente determinado a constituir la ponencia y la subcomisión. Sería éste un compromiso
explícito para la próxima legislatura, sería, fuera de la discusión de programas electorales, la resolución del problema del estatuto de los periodistas.
Desgraciadamente nada de esto va a ocurrir hoy y no se va a dar ninguna solución a este problema, como he dicho. Digo problema porque nuestro grupo lo asume como un problema y como tal reiteramos la necesidad de encontrar una solución al
mismo. Por ello, siendo una propuesta que intenta resolver la necesidad de un colectivo, nuestro voto no puede ser negativo a esta propuesta, no puede ser negativo a las necesidades del colectivo y es preciso darle una solución, pero el Reglamento,
como he dicho, nos impide hoy proponer enmiendas y transacciones a esta proposición de ley. No entra en nuestro sentir, por ello, dar vía libre a esta iniciativa. Nuestro voto a favor requeriría, como he dicho, un mayor consenso hacia este
problema y, reitero, escuchar a todas las partes integrantes para buscar una solución. Por tanto, nuestro voto será de abstención en consideración y respeto a este colectivo de periodistas que tienen una precariedad laboral que debe resolverse y
para que quede constancia de la necesidad de presentar lo más rápidamente posible una acción parlamentaria amplia y con el máximo consenso para dar solución a este tema. Reitero que nuestro voto será de abstención a la espera de que este problema,
en una próxima propuesta que se presente a esta Cámara, encuentre la solución que se merece y que requiere este colectivo.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Grau.
Para fijación de posición del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor González Vigil.
El señor GONZÁLEZ VIGIL: Gracias, señora presidenta.
Señorías, como ustedes saben y como ha recordado el portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el pasado 23 de septiembre el Grupo Socialista registraba en esta Cámara una iniciativa instando al Gobierno a promulgar un
estatuto del periodista profesional y a regular los deberes y los derechos laborales de los periodistas. Dicha iniciativa se debatió en la Comisión de Política Social y Empleo el día 5 de noviembre y fue rechazada con los votos en contra del
Partido Popular.
Saludamos, por tanto, este nuevo intento del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida para que se regulen los derechos y deberes de los periodistas profesionales y anunciamos ya, como es lógico, nuestro voto a favor.
¿Por qué un estatuto del periodista profesional? ¿Y por qué el Grupo Popular no debería volver a rechazar esta iniciativa? Fundamentalmente por tres razones: primero, porque creemos que es un mandato constitucional; segundo, porque
existe una recomendación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa al respecto, y tercero, porque creemos que es indispensable si queremos garantizar una información de calidad, plural y veraz en nuestros medios de comunicación.
La Constitución española, en su artículo 20, recoge el derecho fundamental a la libertad de expresión e información y en el apartado d) se dice textualmente que se tiene derecho 'a comunicar o recibir libremente información veraz por
cualquier medio de difusión'. Y sigue diciendo: 'La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades'. Pues bien, señorías, hoy sólo está regulada la cláusula de conciencia. En
contra de lo que aseguraba el portavoz del Grupo Popular en el debate de la Comisión de Política Social y Empleo, la Ley Orgánica 2/1997, de 19 de junio, sólo regula la cláusula de conciencia de los profesionales de la información, sólo la cláusula
de conciencia, y lo único que se necesita para saber si es cierto o no es leerse dicha ley, que es lo que debería haber hecho el portavoz del Grupo Popular antes de afirmar en repetidas ocasiones que estaba sobradamente reglamentado el derecho al
secreto profesional.
Sigue, por tanto, sin regularse este derecho, y seguimos, veinticinco años después de aprobarse la Constitución, sin desarrollar uno de sus mandatos.
Por otro lado, señorías, conviene recordar que España es el único país de la Unión Europea que carece de una regulación de la profesión periodística, a pesar de las recomendaciones hechas por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
en su resolución aprobada por unanimidad el 1 de julio de 1993 sobre el código europeo de deontología del periodismo. En ella, entre otros aspectos, se señala en su artículo 14 -y leo textualmente- que es necesario reforzar las garantías de
libertad de expresión de los periodistas, a quienes corresponde en última instancia ser los emisores finales de la información. En este sentido, es necesario desarrollar jurídicamente y clarificar la figura de la cláusula de conciencia y el secreto
profesional sobre estas materias para ejercerlas en el marco más amplio del espacio democrático europeo.
Asimismo, en su artículo 32, señala, también leo textualmente: Es necesaria la elaboración del estatuto de la redacción periodística con la
finalidad de ordenar las relaciones profesionales de los periodistas con los propietarios y editores en el interior de los medios de comunicación, con independencia de las obligaciones laborales. Señorías, prácticamente todos los países de la Unión
Europea han seguido estas recomendaciones, unos de forma más avanzada, más completa, otros en aspectos más parciales, pero prácticamente todos, excepto nosotros, han seguido esas recomendaciones, e incluso uno de los países más avanzado, nuestro
vecino Portugal, en su Estatuto de la prensa,
que se promulgó en el año 1999, recoge un completo elenco de estos derechos y deberes.
Por último, señorías, creemos que es necesario que los periodistas puedan realizar su trabajo con garantías de independencia, de libertad y de calidad porque estamos convencidos de que la independencia de los informadores es la mejor
garantía de una información de calidad para que se cumpla el derecho de la ciudadanía a ser informada de forma veraz y plural. Para ello es necesario la promulgación de ese estatuto en el que se recojan los derechos y los deberes de estos
profesionales de la información. A esto mismo anima la ya citada Ley orgánica reguladora de la cláusula de conciencia, cuando en su exposición de motivos se afirma que la información no puede ser objeto de consideración mercantilista ni el
profesional de la información puede ser concebido como una especie de mercenario, abierto a todo tipo de informaciones y noticias que son difundidas al margen del mandato constitucional de veracidad y pluralismo.
Señorías, si el PP votó en contra de la iniciativa socialista defendida en la Comisión de Política Social y Empleo el pasado mes de noviembre y si, como suponemos, hoy también vota en contra, es porque en el fondo el Partido Popular le tiene
miedo a la prensa, le tiene miedo al periodismo libre. Por eso, durante sus años de gobierno, no sólo en el fondo, sino en la forma, ha hecho y ha puesto en marcha de forma descarada y casi escandalosa la mayor operación de control y manipulación
informativa de nuestra democracia. En estos años de gobierno del Partido Popular hemos visto, repito, de forma descarada a amigos comprando medios de comunicación privados para ponerlos al servicio de la propaganda y la manipulación del Gobierno;
hemos visto y vemos continuamente favores y trato de privilegio a los medios afines; hemos visto y vemos responsables en los medios públicos que actúan a las órdenes directas de los diferentes ministros o de La Moncloa, y hemos visto y seguimos
viendo intervención directa en el nombramiento de los responsables informativos en medios de comunicación privados. Ello ha traído una consecuencia lamentable, que no es otra sino que estemos viviendo los momentos de menor pluralidad, libertad e
independencia informativa y periodística de estos 25 años de democracia.
Nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista, vamos a apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley, como dijimos al principio de la intervención, porque queremos que se garantice la máxima neutralidad y la máxima independencia
de los medios públicos de comunicación, porque queremos evitar la intromisión del poder político en la prensa, la radio y la televisión, porque queremos que los periodistas hagan su trabajo con las suficientes garantías de independencia, de libertad
y de calidad. En definitiva, porque, a diferencia del Partido Popular, los socialistas sí queremos que en nuestro país haya una información libre, plural y veraz, como mandata nuestra Constitución.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor González Vigil.
Para la fijación de posición del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ballestero.
El señor BALLESTERO DE DIEGO: Gracias, presidenta.
Subo a fijar la posición de mi grupo adelantando que vamos a votar en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley, pero dejando muy claro que el problema que se trae esta tarde a la Cámara nos preocupa especialmente en el
Partido Popular, y yo creo que el Gobierno ha dado muestras durante esta legislatura y la anterior de que también es una de sus preocupaciones, y lo es no sólo por las razones que han dado algunos otros portavoces, sino por algunas que no se han
comentado como, por ejemplo, la inestabilidad en la que hoy en día está trabajando una gran cantidad de periodistas, también porque hay una proliferación de medios de comunicación que es posible gracias a una política que ha apostado por ella.
Sí quiero hacer dos reconocimientos, uno a Izquierda Unida por el esfuerzo que hace en traer aquí esta normativa referente a la profesión de los periodistas, y otro, y sobre todo, al Foro de organizaciones de periodistas, que en sus
convenciones mantenidas tanto en Valladolid como en Tarragona han avanzado en este sentido y yo creo que nos traen debates que, por motivos que ahora diré, hoy no me parece el momento oportuno para tomar en consideración, pero sí son absolutamente
imprescindibles de cara al futuro.
Señorías, tomar en consideración esta proposición esta tarde sería un error mayúsculo porque creo sinceramente, después de desmenuzarla, que crearíamos más problemas de los que vamos a resolver. En primer lugar, por la propia sistemática
del debate, ya lo ha dicho algún otro portavoz como el de Convergència i Unió. Cuando en anteriores legislaturas se mantuvieron conversaciones sobre temas que vienen esta tarde, como es la objeción de conciencia o el secreto profesional,
concretamente en la V Legislatura, se hizo desde un ámbito mucho más amplio, se hizo creando una subcomisión, haciendo comparecer a los profesionales de los medios, a periodistas, a profesores universitarios, a los titulares de medios de
comunicación. El resultado fue un estudio mucho más detallado que pudiera constituir un mejor ámbito de propuesta. En segundo lugar, y ya lo decía mi compañero el señor Pérez Corgos en la Comisión de Política
Social y Empleo, a pesar de ese carácter excepcional que concede el Estatuto de los Trabajadores en la disposición adicional séptima para regular todas aquellas condiciones de trabajo que afecten en este caso a los profesionales del
periodismo, la sistemática ordinaria a la hora de regular este tipo de condiciones laborales es el debate entre los agentes sociales, entre sindicatos y empresarios, y no es el Partido Popular quien va a dejar de lado este debate de los agentes
sociales. Hemos apostado durante dos legislaturas por el diálogo social, creemos en él y vamos a conferirle no sólo menos ámbito, sino cada vez más ámbito de participación en la sociedad y en las respuestas que hay que ofrecer a los problemas. En
tercer lugar, porque yo creo que hay opiniones muy controvertidas en esta materia en todo el sector de los medios de comunicación. La última, y yo creo que refleja muy bien el espíritu que hay en estos momentos, del recientemente elegido presidente
de la Asociación de la Prensa en Madrid cuando nos decía que éste es un debate que no está suficientemente maduro. Hay opiniones para todos los gustos, y yo creo que la propia sistemática de traer aquí esta proposición de ley de esta manera
inhabilita el que la tomemos en consideración.
Hay problemas jurídicos importantes, tanto formales como de fondo, yo diría que insalvables. En cuanto a los problemas formales, a lo largo de toda esta proposición de ley pretenden regular a través de ley orgánica materias que deben ser
reguladas por medio de una ley ordinaria y viceversa. Por ejemplo, en el artículo 8, cuando habla del régimen de incompatibilidades de la profesión periodística, son normas de carácter orgánico. O el artículo 13, que habla de la cláusula de
conciencia, que, a pesar de la opinión del señor Alcaraz, debe hacerse por medio de ley orgánica, y en eso creo que estaremos de acuerdo. O el artículo 14, del secreto profesional, también debe hacerse a través de una ley orgánica.
Se comete otro
error jurídico en el artículo 2, en mi opinión, cuando se pretende que se fije un modelo de carnet por parte del Estado y que se imponga a los consejos autonómicos. La doctrina del Tribunal Constitucional dice que los modelos oficiales de impresos
no pueden considerarse básicos por ser un aspecto de carácter procedimental conectado al ejercicio de competencias de control, que en este caso corresponde a las comunidades autónomas. Además, en el artículo 25 y siguientes se plantea la creación
de un consejo estatal de la información, dotándolo de funciones más propias de los colegios profesionales. Entendemos que no es apropiado configurar un consejo como el propuesto en esta iniciativa como un organismo público, pues la LOFAGE regula
esta figura con fines y competencias distintas a las que se proponen para dicho consejo. Además, junto a estos errores formales, otros que son también de fondo. Por ejemplo, se plantean cuestiones absolutamente innecesarias en los artículos 13 y
14 -y vuelvo a ellos-, donde, además de estos errores jurídicos, también se aportan regulaciones que nada traen de novedoso a la ya existente. O el artículo 19, donde se pretenden regular los derechos de autor, cuando hay una regulación que es el
texto refundido de la Ley de propiedad intelectual 1/96, de 12 de abril, que es mucho más completa que la propuesta en esta proposición de ley. O el artículo 21, que al tratar de los directores de medios de comunicación hace una referencia
absolutamente innecesaria al artículo 30 del Código Penal, relativa a la responsabilidad punitiva a la que estos están sometidos, que nada aporta a este debate. Hay también pretensiones como las referentes a la regulación del acceso a las fuentes
informativas, a los actos públicos, aun siendo estos actos públicos de carácter privado, o a las vistas judiciales, que en nuestra opinión tratan de dotar a los periodistas de unas prerrogativas en algunos casos exorbitadas y en otros con muy pocas
garantías.
A la vista de todo esto, una vez que se desmenuza esta proposición, ¿qué nos queda?, ¿dónde está la intención política de verdad? Pues en el capítulo V, en los comités de redacción. Pero me hace mucha gracia, señor Alcaraz, que me cite a
Estados Unidos como artífice de estos comités. No lo diga muy alto no vaya a ser que en los próximos comicios no se le tenga muy en cuenta dentro de su partido por tener esta opinión tan favorable a Estados Unidos. Pero nos llama la atención. En
esta propuesta se dice, por un lado, que son órganos de mediación entre las empresas y los periodistas en lo que afecta a los derechos conferidos por este estatuto y cualquier cuestión profesional que pueda suscitarse. Es decir, que valen para
todo, como los sindicatos. Por otro lado, se dice que no asumen la representación laboral de los periodistas. Yo creo que es una contradicción. Por un lado, se pretende que los comités sean los garantes, según dicen, de un periodismo libre e
independiente y, por otro lado, son algunos sindicatos, especialmente algunos -cuando se han querido reunir con este portavoz lo han hecho desde Comisiones Obreras-, quienes están impulsando de una manera yo creo que parcial, importante y necesaria
pero parcial, estos comités de redacción.
Señorías, la independencia en el ejercicio de la profesión periodística depende de muchas cosas y tiene dos puntos de vista, no sólo el del periodista, sino, sobre todo, y también algo de lo que se ha preocupado mucho este Gobierno, el del
receptor de la información. Pero hay dos enfoques radicalmente diferentes. El primero es un enfoque que apuesta por regulaciones que podrían ser excesivas -aquí hay duplicidad de contenidos-, pero es un enfoque absolutamente pesimista, que no
confía en las personas, que no confía en la sociedad, que no confía en los profesionales. No sé si su idea de estos comités de redacción está
cercana a lo que está pasando en la ETB del País Vasco o a lo que está pasando, por ejemplo, en algún inspirador suyo como pueda ser Cuba.
Nuestra concepción dista bastante de esto. Apostamos por una concepción mucho más liberal, que
confíe en las personas, que confíe más en la sociedad, en la formación, en la ética periodística. Ese es el tipo de regulaciones por las que vamos a seguir apostando en el ámbito de la profesión periodística. Pero cuando hacemos este debate, hay
que hacerlo también desde el punto de vista del receptor de la información. En este sentido los avances de los últimos ocho años son importantes de cara al cumplimiento efectivo del artículo 20 de la Constitución, tan traído esta tarde. La actitud
del Gobierno ha sido la de posibilitar la multiplicación de vías de difusión, la convergencia tecnológica de redes, la diversificación de ofertas y audiencias y el apoyo al creciente acceso individualizado a los diferentes servicios. Hoy hay más
libertad, hay más transparencia y hay más medios de comunicación porque un gobierno del Partido Popular ha favorecido el protagonismo de toda la sociedad en el cumplimiento efectivo del artículo 20 de nuestra Constitución. Gracias a ello ni la
libertad de expresión ni el derecho a la información constituyen en este momento ninguna preocupación sustancial para los españoles, ni tienen que plantearse debates artificiosos en buena medida e irreales, como se han traído esta tarde a esta
Cámara.
Creo, en fin, que a pesar de que algunos grupos intenten decir que estos ocho años han sido ocho años de pasos atrás, los datos demuestran justo lo contrario. Algunos tendrán todavía en mente el modelo de pasado o querrán que vuelva Calviño
a Radiotelevisión Española. Algunos demuestran cómo quieren retratarse cuando tenemos que ver en Canal Sur entrevistas tan denigrantes para los profesionales como la que se veía el domingo pasado al señor González, pero sinceramente, después de dos
legislaturas de proliferación de medios de comunicación, creo que este es un debate al que le debemos dar la importancia suficiente como para que se haga desde luego contando muy especialmente con todo el ámbito de la profesión periodística.
Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Alcaraz Masats pide la palabra.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Ballestero.
Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señora presidenta, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha hecho un turno en contra, tenía derecho a hacerlo, pero al principio del debate, dándonos a nosotros posibilidad de réplica.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Alcaraz, dispone S.S. de dos minutos para contestar a las alusiones y turno en contra efectuado.
El señor ALCARAZ MASATS: Le agradezco su ecuanimidad, señora presidenta.
Señor Ballestero, está usted utilizando unos argumentos que realmente se contradicen con los del artículo 20 de la Constitución y su desarrollo.
Está usted utilizando argumentos absolutamente ultraliberales, en el sentido de que no se
regule nada porque todo queda a merced de los poderes económicos y de los poderes políticos, el resto sería exacerbar los derechos de los profesionales, tal como usted acaba de decir desde la tribuna, eso sí, edulcorándolo todo con un cierto
paternalismo dulzón de que usted recibe muy bien a los distintos agentes, a los distintos interlocutores y que están haciendo un trabajo parcial, pero sí, por lo visto, positivo. No, ustedes se niegan en estos ocho años a establecer cauces de
libertad objetiva. Ustedes se dedican en los medios de comunicación, tanto en los públicos -como venimos denunciando en la Comisión de Control de Radiotelevisión-, cuanto en los privados a concentrar, dominar y establecer circuitos que no permiten
la comunicación independiente, la comunicación plural y el acceso social a los medios de comunicación.
Señor Ballestero, usted por lo visto no conoce el funcionamiento del New York Times o del Washington Post. El funcionamiento es el que le he dicho desde la tribuna. He aludido a los Estados Unidos porque posiblemente es allí donde se
establecieron desde primera hora los consejos de redacción que he defendido desde la tribuna. No tengo en este sentido ningún prejuicio, veo cómo funciona el New York Times y usted lo que ha hecho ahí es una formulación que se parece mucho más al
funcionamiento de la prensa en un país como el que dirige Berlusconi. Usted está defendiendo una posición comunicativa berlusconiana, señor Ballestero, yo defiendo una posición que establece objetivamente unos cauces de participación plural, social
y democrática.
Señor Ballestero, en su ficha, como en la de otros portavoces de su grupo, como el señor Gil Lázaro, figura últimamente la palabra Cuba. El señor Gil Lázaro llegó a decir: Ese régimen fascista y terrorista. Si esto es así, señor
Ballestero, ¿por qué no rompen relaciones con Cuba? Señor Ballestero, ¿por qué no rompen las relaciones diplomáticas con Cuba? Déjense ustedes de hacer política paleta, cateta, porque están rompiendo todos los criterios a la hora de establecer una
política exterior consecuente, adecuada y moderna. Son ustedes unos auténticos catetos en política exterior.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Alcaraz.
Señor Ballestero.
El señor BALLESTERO DE DIEGO: Gracias, señora presidenta.
Señor Alcaraz, realmente no sé si usted ha escuchado mi intervención...
(Rumores.-Varios señores diputados: no se oye.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Ballestero, no es problema del micrófono, es problema del nivel de conversación del hemiciclo.
El señor BALLESTERO DE DIEGO: Intentaré subir la voz.
Señor Alcaraz, yo no sé si ha escuchado mi intervención o tenía demasiado preparado el intentar quedar bien de cara a algunos periodistas que están aquí, porque a usted esto de las pancartas es algo que se le suele dar bien. De cualquier
manera, el problema es importante, lo recogemos, lo reconocemos, lo sabemos. El problema de la situación de los periodistas viene también precisamente porque un gobierno liberal como el del Partido Popular ha hecho que proliferen los medios de
comunicación, que haya mucho más trabajo para los periodistas. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
Dicho esto, estamos por la labor de desechar cuantas regulaciones vengan aquí que no aporten absolutamente nada, que sean innecesarias y que sólo sean una trampa para volver a traer elementos antiguos, como los comisarios políticos. En nada
ayudarán los comisarios políticos que ustedes pretenden desde los comités de redacción de cara a solucionar la situación profesional y laboral de los periodistas en España. Ahora bien, nosotros sí tenemos claro que, siendo este un problema, lo
vamos a arreglar con soluciones liberales, no desde luego la solución de Cuba, no desde luego soluciones que no permiten avanzar a los medios de comunicación y que no permiten de verdad que haya un periodismo libre.
Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ballestero.
Sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de estatuto del periodista profesional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 112; en contra, 158; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO, SOCIALISTA, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, VASCO (EAJ-PNV), DE COALICIÓN CANARIA Y MIXTO, RELATIVA A LA CANDIDATURA OLÍMPICA DE MADRID 2012. (Número de
expediente 162/000844.)
La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día: Proposiciones no de ley. De los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (PNV), Coalición Canaria y
Mixto, relativa a la candidatura olímpica de Madrid 2012. (Rumores.)
Señorías, es preciso que continuemos con el debate, por lo cual les ruego que ocupen los escaños o abandonen el hemiciclo, ambas cosas en silencio.
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor González.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Gracias, señora presidenta.
Me van a permitir que antes de iniciar mi intervención dé la bienvenida a este hemiciclo a quien en todo caso tiene en estos momentos la responsabilidad de representar a la ciudad de Madrid como es su alcalde, don Alberto Ruíz-Gallardón, y
parte de su equipo, como es el vicealcalde, don Manuel Cobo. Bienvenido a este hemiciclo, señor alcalde.
Dicho esto y antes de iniciar la intervención sobre la proposición no de ley, me van a permitir que haga un recordatorio de una persona que hace muy pocas fechas ha dejado de estar entre nosotros. Como estamos hablando del mundo del
deporte, hago desde aquí el reconocimiento a una persona que ha sido un magnífico deportista a quien, desgraciadamente, se lo ha llevado de este mundo. Estoy hablando del Chava Jiménez. Ojalá tengamos muchísimos más deportistas como este buen
amigo que ya no está entre nosotros. (Aplausos.)
Haré a continuación una breve historia del trámite para llevar esta proposición no de ley hasta este momento en el que vamos a aprobarla, creo que por unanimidad. El 10 de julio de este año, hace muy pocos meses, y una vez tomada la
decisión por parte del Comité Olímpico Español de que Madrid era la candidata de España para los Juegos Olímpicos de 2012, en este hemiciclo ya se habló de Madrid. En las propuestas de resolución del debate sobre el estado de la Nación el Grupo
Parlamentario Popular ya hacía referencia a la petición al Gobierno para que en todo caso representara y diera su apoyo a la candidatura olímpica 2012 de la ciudad de Madrid ante el
Comité Olímpico Internacional. Al día siguiente, el día 11 de julio, el Consejo de Ministros manifestó su apoyo a la candidatura de Madrid 2012, asumiendo las responsabilidades que pudieran derivarse de la elección de Madrid como sede
olímpica en ese momento. Yo diría que, en una situación como esta, en un evento de las características de unos juegos olímpicos, cualquier apoyo es poco. Estamos hablando de que las ciudades candidatas en competición con Madrid son nada más y nada
menos que París, Londres, Moscú, Leipzig, Estambul, La Habana, Río de Janeiro y Nueva York. Como no sobra ningún tipo de apoyo para un evento de estas características, desde el Grupo Parlamentario Popular se propuso al resto de los grupos y desde
ese momento esa proposición de ley fue aceptada por todos ellos; por lo tanto, su paternidad es de todos los grupos del Congreso de los Diputados. Pensamos que esta era la mejor forma de expresar el apoyo a una candidatura para la celebración de
unos juegos olímpicos. Qué mejor forma que desde donde reside la soberanía popular (o incluso, como algunos dicen en esta Cámara, la soberanía de los pueblos de España) se muestre ese apoyo a algo que todos debemos desear, y es recoger la antorcha
olímpica para la celebración de nuevo de unos juegos en nuestro país. Cierto es que es una medida absolutamente innovadora; es la primera vez que el Congreso de los Diputados va a manifestar de una forma clara, contundente, rotunda y sin ambages
el apoyo a la candidatura de una ciudad española para la organización de unos juegos olímpicos; pero no es menos cierto que también el Congreso de los Diputados juega con ventaja, ya que la experiencia española en la organización de eventos
deportivos está sobradamente demostrada por su capacidad, por su ejecución y por los éxitos que hasta ahora hemos cosechado, como ocurrió en el caso de las olimpiadas de Barcelona 92, que nadie pone en duda que fueron las mejor organizadas de las
últimas celebradas. Yo creo que ha sido, fue y seguirá siendo durante mucho tiempo ejemplo a seguir por aquellos que tienen la responsabilidad en estos años hasta el año 2012 de organizar unos juegos olímpicos.
Sevilla en la organización de los Campeonatos del Mundo de Atletismo, la propia organización del mundial de fútbol, la recientemente elegida Valencia para organizar la Copa América 2007, son muchos, muchísimos los ejemplos que podríamos
poner desde esta tribuna para demostrar que estamos apostando con una ventaja manifiesta por la candidatura de Madrid 2012 con un éxito garantizado, porque estamos absolutamente seguros de que esto es así. A partir de ahora, señoras y señores
diputados, tenemos dos fechas claves. Entre esas dos fechas hay un trabajo intenso que realizar y un apoyo que manifestar desde esta tribuna, y espero que así lo hagamos todos los que tenemos representación aquí. La primera fecha se dará en junio
de 2004, que será cuando se manifieste por parte del Comité Olímpico Internacional el corte en donde se decida cuáles van a ser definitivamente las ciudades candidatas a ese juego, entre comillas, para ser elegidas sede olímpica del año 2012. La
segunda fecha, la definitiva, la más importante, la que todos esperamos que al final sea una fecha marcada y emblemática para España, para Madrid, será el 6 de julio de 2005. En esa fecha, el Comité Olímpico Internacional decidirá definitivamente
cuál será la ciudad del mundo que tendrá la responsabilidad de organizar los Juegos Olímpicos de 2012. A mi grupo le gustaría, y espero que a toda la Cámara, que cuando el responsable máximo del Comité Olímpico Internacional dé el nombre en esa
fecha del año 2005, el que saliera de sus labios, el que saliera de su boca fuera sin ningún género de dudas Madrid. Madrid es una ciudad abierta, una ciudad que acoge a todo el mundo por igual, que merece la organización de los juegos olímpicos.
No me voy a extender mucho más porque se podrían decir muchas cosas, pero todas andarían alrededor de una misma idea, Madrid 2012.
Decía hace pocas fechas el actual presidente de la Generalitat valenciana que él había sido voluntario en la organización de los Juegos Olímpicos de Barcelona'92. Pues bien, el voluntariado es algo individual, aunque seguramente podría ser
una expresión de voluntariado colectivo de mi grupo parlamentario. Como no lo puedo hacer, solamente a título individual, señor alcalde de Madrid, cuente con este diputado, en la responsabilidad que tenga en aquel entonces, como el primer
voluntario que se manifiesta desde esta tribuna.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Lissavetzky tiene la palabra.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Gracias, señora presienta.
Quiero dar la bienvenida al alcalde Madrid, al concejal Manuel Cobo y también -no lo he oído antes- a doña Trinidad Jiménez, portavoz de la oposición, del Grupo Socialista, que le agradezco que esté aquí.
(Aplausos.)
Ahora que estamos celebrando los 25 años de la Constitución española viene a cuento también hacer una reflexión sobre la importancia del deporte o la actividad física y el desarrollo que ha tenido con la Constitución.
Creo que ha habido un
cambio en las costumbres y que, afortunadamente, hemos pasado de aquella famosa frase del sillón ball a permitir la práctica deportiva y a realizar la actividad física a muchos
ciudadanos. Ha tenido mucho que ver el esfuerzo que ha hecho la sociedad en su conjunto, pero también los esfuerzos de los gobiernos de diferente signo de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos y también todo lo que se vertebra en
torno al deporte -las federaciones, los clubes deportivos, las asociaciones-. El deporte, obviamente, puede estar dirigido a diferentes objetivos; objetivos que tienen que ver con la salud y el desarrollo físico, con el ocio y el entretenimiento y
también con el deporte de rendimiento.
Creo que ha habido cierta sensibilización social respecto a la importancia del deporte, y que hoy todos aceptamos la necesidad de que haya deporte para todos y para toda la vida. Deporte para todos -jóvenes, mayores y personas con alguna
discapacidad-, aunque, por supuesto, sin pasarse, porque cuando se van cumpliendo unos años conviene ser prudente en la práctica deportiva. También hay que reconocer que el deporte juega un papel importante en los fenómenos de participación. Hay
una vertebración en torno a la sociedad para permitir el desarrollo del deporte. Todo esto viene a colación, porque el ayuntamiento de Madrid y los demás ayuntamientos piden ser sede de los juegos olímpicos con la tarea hecha.
Vienen con una tarea
hecha desde hace bastante tiempo y con un punto de partida importante: Barcelona'92. Barcelona'92 fue un éxito inolvidable.
Se hizo ciudad, se hizo afición, se hizo deporte, se consiguió la proyección internacional, se vendieron los valores de
solidaridad y de amistad, fue un gran éxito para Barcelona, para Cataluña y para España.
Desde Madrid queremos recoger también ese esfuerzo, esa experiencia, esa capacidad organizativa, de conexión con los ciudadanos y de proyección internacional
que tuvo Barcelona. Ahora toca hablar de Madrid. Madrid es mi ciudad y estoy orgulloso de que pueda optar a unos juegos olímpicos, porque cumple los requisitos imprescindibles para ser sede de los mismos: infraestructura, financiación, solvencia
y, sobre todo, ganas e ilusión.
Los madrileños tenemos ganas de que nuestra ciudad sea sede de los juegos olímpicos, para el bien de Madrid y para el bien de nuestro país en su conjunto.
Puesto que aquí se ha hecho una breve historia, yo quisiera ampliarla un poco más con la explicación de cómo hemos ido cumpliendo las tareas. He de decir -perdonen que hable en primera persona, aunque sea unos segundos- que me correspondió
ser consejero de Educación y Deportes cuando se inició la construcción de la pieza angular del proyecto de los juegos olímpicos de Madrid, el estadio de atletismo de la Comunidad de Madrid, cuyo proyecto encontré ayer buscando entre mis papeles. Lo
digo porque ese estadio de atletismo de la Comunidad de Madrid, conocido como la Peineta, y el desarrollo de una ciudad deportiva, fueron el primer paso para ponernos -entre comillas- en la carrera e intentar conseguir esos juegos olímpicos. En
este momento quiero recordar a los arquitectos que ganaron un concurso dificilísimo, don Antonio Cruz y don Antonio Villalón, buscando una solución global que permitiera la obtención de un compuesto donde la unidad se reconstruyera sobre la
diversidad de edificios y partes. Esta era la definición que ellos hacían de su proyecto.
Ahora que se acerca la Navidad y es fecha de agradecimientos y felicitaciones, quiero felicitar, en primer lugar, a quien fue presidente de la Comunidad de Madrid en aquel momento, don Joaquín Leguina, que nos acompaña hoy en el hemiciclo,
que recibió por parte de todos los madrileños la máxima condecoración desde el punto de vista olímpico, como es la Orden del Mérito Olímpico. También quiero recordar a quien apoyó el proyecto desde el principio, como don Ángel Pérez, portavoz de
Izquierda Unida, y reconocer el apoyo del actual alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, que en la fecha de inauguración dijo: este equipamiento va a ser crucial para el futuro de Madrid. En este ambiente de Constitución en el que nos
encontramos estos días, puedo decir que trabajamos con consenso. En aquel momento, los tres partidos políticos que teníamos representación parlamentaria en la Comunidad de Madrid llegamos a un consenso y hemos ido pasando esta antorcha en el relevo
del señor Leguina por el señor Ruiz-Gallardón, con su consejero de Educación, Gustavo Villapalos, y hemos seguido manteniendo el empuje y la ilusión para poder ser sede de los juegos olímpicos, reconociendo también el papel que ha jugado el
Ayuntamiento de Madrid y sus ediles, desde José María Álvarez del Manzano hasta el propio Juan Barranco o los portavoces Inés Sabanés, Fernando Morán, etcétera, pues sería larguísimo el agradecimiento a todas y cada una de estas personas. Pero
quiero que quede bien claro en esta Cámara que aquí se han hecho los deberes entre todos. Por lo tanto, yo espero, confío y deseo que ese esfuerzo que hemos hecho entre todos desde Madrid alcance el éxito a la hora de conseguir ser la sede de los
juegos olímpicos.
Como bien se ha dicho desde aquí, el Comité Olímpico Español eligió Madrid frente a Sevilla -ciudad que ha luchado por el deporte-, doliéndonos a todos los españoles que sólo pudiera ser una la candidata a los juegos olímpicos. Ahora le
toca al Comité Olímpico Internacional. Nosotros -aquellos que tengan mayores responsabilidades- vamos a trabajar con ilusión; ilusión por el hecho de que Madrid sea una capital deportiva mundial respetada, no sólo por los clubes de fútbol
profesionales sino también por estas infraestructuras y por ser sede de los juegos olímpicos. Tenemos ilusión también por cambiar la ciudad. No podemos, como Barcelona, abrirnos al mar, pero sí podemos abrirnos a un urbanismo que no sea tan
depredador, tan especulador como el que estamos
sufriendo aquí. Esta puede ser una buena oportunidad. Queremos cambiar la ciudad, queremos mostrar que Madrid tiene voluntarios, que Madrid emana solidaridad, que Madrid tiene las capacidades suficientes para albergar y ser la sede de
estos juegos olímpicos.
Por todo ello, hoy más que nunca, hay que dar las gracias a todos los que han trabajado y, sobre todo, al conjunto de los grupos de la Cámara, desde el Grupo Parlamentario Socialista hasta cada uno de los grupos parlamentarios que han
firmado esta proposición no de ley. Doy las gracias como madrileño, porque es un depósito de confianza hacia Madrid que haya una proposición no de ley que tiene su importancia política -porque cuando se habla y se habla desde dentro y se piensa
así, hay que decirlo alto y claro-, para que sepa todo el mundo que hay un apoyo a la candidatura de Madrid por parte de todo el arco parlamentario. Les aseguro que desde Madrid no les vamos a defraudar, esté quien esté en la alcaldía, esté quien
este en la comunidad, esté quien esté en el Gobierno. Es un proyecto madrileño, es un proyecto para toda España y desde aquí tiene que salir el compromiso -no sólo mío, que tiene el valor que tiene-, de todos los que hemos estado en una u otra
ocasión trabajando y están trabajando por Madrid, para conseguir ese éxito que sería extraordinario: Madrid sede de los juegos olímpicos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Lissavetzky.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Martí.
El señor MARTÍ I GALBIS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, brevemente para expresar, como no podía ser de otra manera, el apoyo total del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a esta proposición no de ley, atendiendo al hecho de que se trata de una iniciativa parlamentaria
presentada conjuntamente por todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, tal y como recordaba hace breves instantes el portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Como diputado portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), barcelonés de nacimiento, por tanto, natural de la ciudad que fue sede de los Juegos Olímpicos del año 1992 (según dijo el presidente del Comité Olímpico
Internacional en aquellas fechas, los mejores Juegos Olímpicos de la historia), me complace dar el apoyo de mi formación política a la candidatura de la ciudad de Madrid. Estamos, señorías, ante la posibilidad de que, por segunda vez en esta
historia reciente, el Estado español sea el escenario del mayor de los eventos deportivos. Los juegos olímpicos son una oportunidad única para situar a la ciudad y al país que los organiza en la primera línea mundial. Para Barcelona, los Juegos
Olímpicos de 1992 fueron un revulsivo desde muchos puntos de vista, y la elección de Madrid como sede de los Juegos Olímpicos de 2012 sería un gran trampolín, no sólo para su proyección internacional, que ya la tiene como capital del Estado, sino
también para el fomento del deporte -hemos avanzado mucho estos últimos años, pero todavía queda mucho camino por recorrer-, así como para la transformación urbanística de la ciudad de Madrid, aunque Madrid no necesita de pretextos ni excusas ni
ayudas exteriores para crecer en calidad y en cantidad, como lo está demostrando en estos últimos años.
No obstante, no podemos perder de vista, tal y como decía el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que juntamente con Madrid compiten ciudades de primer nivel que suponen una clara amenaza para la nominación. Se citaban antes las
ciudades de Nueva York, Moscú, Londres o París. Por tanto, ante esta competencia se van a tener que hacer muy bien las cosas, no solamente para superar el primer corte, sino para llegar a la final y conseguir el mayor premio, que sería la
nominación de Madrid como candidata para acoger estos juegos olímpicos. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) espera, sin duda alguna, que Madrid pase a formar parte, en su día, de la gran familia olímpica de la que Barcelona forma
parte ya desde 1986, año en el que Comité Olímpico Internacional le otorgó el privilegio de su organización y desde el año 1992, fecha de su exitosa celebración.
La iniciativa que hoy vamos a votar, y que esperamos será aprobada por unanimidad, es continuidad de otra iniciativa parlamentaria, y aquí quiero hacer un pequeño apunte en relación con lo que decía el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular. En la sesión plenaria de este Congreso, que tuvo lugar el 22 de octubre de 1985, se aprobó una moción que no instaba al Gobierno, sino que daba apoyo unánime a la celebración en Barcelona de los Juegos Olímpicos de 1992. Pues bien, esta
proposición no de ley que hoy debatimos y vamos a votar tiene su antecedente más próximo en esta moción institucional que aprobamos todos hace algunos años en favor de la ciudad de Barcelona.
Para acabar, quiero decir que, pese a que mi grupo parlamentario hubiera visto con cierta simpatía que la ciudad de Sevilla hubiera sido la elegida en su día por el Comité Olímpico Español para competir por la candidatura de los Juegos
Olímpicos de 2012, decisión que hubiera favorecido un mayor reequilibrio territorial del Estado, a partir de hoy va a apoyar sin fisuras la candidatura de Madrid y espera poder compartir la satisfacción de esta elección en su momento.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martí.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en primer lugar, en nombre de mi grupo parlamentario, me gustaría sumarme a la bienvenida dada a los representantes del Ayuntamiento de Madrid, con su alcalde a la cabeza.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida también respalda la candidatura de Madrid para los Juegos Olímpicos de 2012. Estamos convencidos de que es una gran oportunidad para la ciudad de Madrid y también para el conjunto del Estado
español. Los juegos olímpicos permanecen asociados a la ciudad que los organiza y para Madrid es un verdadero acicate para afirmar su presencia internacional, mejorar su situación económica y muy especialmente para dar pasos decisivos como ciudad
abierta, multicultural y cohesionada. Mi grupo parlamentario confía en la capacidad de la ciudadanía madrileña y esta es la primera razón que nos anima a apoyar la celebración de estos juegos olímpicos.
Estamos convencidos de que existe una
sociedad organizada capaz de intervenir y convertir el proyecto olímpico en un proyecto de mejora de la ciudad. Para que este proyecto sea beneficioso para la ciudad en su conjunto, los grandes objetivos estratégicos deben concertarse entre todos.
No basta con la mera enumeración, sino que en el proceso de definición y desarrollo del proyecto deben implicarse los agentes sociales, las organizaciones, las instituciones y el conjunto de la ciudadanía. Para Izquierda Unida, el proyecto olímpico
debe fomentar el reequilibrio social y territorial de Madrid. Las inversiones en infraestructura deben servir para primar las zonas de la ciudad que más lo necesitan, construir instalaciones deportivas y hosteleras, infraestructuras de transporte
público y entornos residenciales que sirvan para mejorar Madrid y las ciudades de su anillo metropolitano, tanto en el terreno deportivo como en el social y medioambiental.
La candidatura de Madrid, señorías, debe asumir el compromiso medioambiental con seriedad, debe asumir en todo el proceso que es necesario que se incorporen a él los conceptos de ahorro energético, de prioridad en el transporte público y de
respeto al entorno, de forma que se convierta no solamente en meras enumeraciones, sino en prácticas cotidianas de la ciudadanía madrileña y, a ser posible también, como ejemplo del conjunto del Estado español. El año 2012 queda muy lejos y los
problemas ambientales o de infraestructuras no se pueden aplazar ni abordarse desde políticas simplemente de imagen. Para mostrar a la comunidad internacional que Madrid se compromete con la sostenibilidad, es necesario impulsar desde ahora las
políticas clave que pueden configurar el éxito de su candidatura.
Los Juegos Olímpicos de Sidney, señorías, tuvieron éxito por su imagen, así como por el trato medioambiental que se dio a sus proyectos. Existió un trabajo intenso de colaboración entre la organización del evento y las organizaciones
sociales y medioambientales. Los Juegos Olímpicos de 2012 van a coincidir con una fecha que es muy importante en materia medioambiental para nuestro país: finaliza el primer período, el primer plazo, del compromiso de cumplimiento del Protocolo de
Kioto. Ese es el momento en que se debería ver si hemos conseguido reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero o si, por el contrario, continúan aumentando, porque eso también se va a tener en cuenta a la hora de optar por la
candidatura de Madrid como sede de los juegos olímpicos. No pretenderán SS.SS. que Madrid quede bien vista si se rodea por un montón de construcciones de centrales térmicas que aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero. La propuesta
sobre transporte urbano que busca que en 2012 todos los autobuses sean de hidrógeno ayudaría a reducir la contaminación atmosférica local de Madrid capital, pero sólo supondrá un avance para combatir el cambio climático si ese hidrógeno se obtiene
con fuentes de energías renovables, pues de lo contrario, señorías, simplemente estaremos trasladando la contaminación.
Esta candidatura de Madrid es el momento ideal para llevar a cabo una política energética y de transporte coherente, donde la prioridad sea la introducción masiva de fuentes de energía renovables, el ahorro y la eficiencia energética. Es
también un momento en el que esta candidatura se debería basar en la sostenibilidad económica, social y medioambiental.
Por tanto, señorías, la candidatura de Madrid para los juegos olímpicos no puede quedar como un mero enunciado de determinados
aspectos, sino que debe trasladar realmente ese fondo, en ese proyecto, para que de verdad se pueda hablar de Madrid como de una ciudad integradora, cohesionada en su desarrollo territorial y, fundamentalmente, como de un ejemplo a seguir en materia
medioambiental. Por ello, señorías, seguimos apostando, y vamos a seguir haciéndolo, para que Madrid sea sede de los Juegos Olímpicos de 2012, porque deseamos que los valores de la tolerancia, la diversidad y la multiculturalidad constituyan no ya
el emblema sino el mensaje de la candidatura ante un escenario internacional cargado de tensiones, con tendencias de exclusión y un grado de unipolarismo poco tolerante con la diversidad cultural.
En definitiva, señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida apoya los juegos, pero exige que se tengan en cuenta estas dimensiones que hemos apuntado de equilibrio territorial, medioambiental
y sostenibilidad económica y social, para que la preparación y futura celebración conviertan Madrid en una ciudad mejor para sus habitantes. La candidatura olímpica y todas las instituciones madrileñas deberán hacer un gran esfuerzo para
implicar a la ciudadanía y promover el voluntariado. La participación es un reto de ciudadanos y ciudadanas que constituye uno de los valores añadidos que puede ofrecer esta candidatura. Aprovechar el reto olímpico para dar un salto en cantidad y
calidad en el voluntariado madrileño constituirá, sin duda, una de las mejores posibilidades de futuro que la convocatoria de los juegos abre para Madrid.
Señorías, señora presidenta, este es un reto ampliamente compartido, un reto para la ciudad y para todos nosotros y nosotras, como responsables políticos. Hagamos que la unanimidad de nuestro apoyo se traduzca en unanimidad en las políticas
que lo hagan posible.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.
¿Grupo Parlamentario Vasco? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo hace suyas todas las palabras y sentimientos que han expresado quienes me han precedido en el uso de la palabra como portavoces de los grupos que hemos firmado conjuntamente esta proposición no de ley para apoyar que Madrid sea sede
de los Juegos Olímpicos del año 2012.
Coalición Canaria lo hace con un doble sentimiento, de proximidad y de identidad a una ciudad de síntesis: es la capital del Estado, es la capital del Reino de España. Ahí confluimos todas las posiciones
políticas que han firmado esta iniciativa. Nosotros lo hacemos también con la satisfacción de ser la comunidad autónoma más distante geográficamente, solamente geográficamente, en el mapa de la nación española, ocupando nuestro lugar en Madrid.
Que esto sirva de testimonio de solidaridad, sumado a los que han pronunciado los anteriores portavoces, para demostrar que hay un sentimiento de unanimidad y que la propuesta del Comité Olímpico Español tiene un refrendo -nunca mejor
empleada la palabra que en este lugar- de todo el hemiciclo, que es también un respaldo a esa sede olímpica, por la serie de valores que se han expresado aquí, no solamente de tipo deportivo. Es un evento que va más allá, que trasciende lo
meramente deportivo y por ello, desde el punto de vista del urbanismo, de las instalaciones y de las obras que se hagan tanto con cargo a presupuestos estatales como con cargo a otras administraciones que gestionen los Juegos Olímpicos del año 2012,
queremos tener nuestro lugar, participar en igualdad de condiciones. Que esto sirva de testimonio y ejemplo ante el Comité Olímpico Internacional a la hora de tomar la decisión definitiva, a la cual desde mi grupo, como los que han intervenido y
los que intervengan, sumamos nuestro voto.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
Sometemos a votación la proposición no de ley de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto, relativa a la
candidatura olímpica de Madrid 2012.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 283; en contra, uno.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE INCREMENTO DE LA SEGURIDAD VIAL Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIDA EN EL TRÁFICO. (Número de expediente 162/000788.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre incremento de la seguridad vial y protección del derecho a la vida en el tráfico.
Para la presentación y defensa de la iniciativa, tiene la palabra el señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señora presidenta, señorías, los datos sobre víctimas de tráfico durante el puente de la Constitución -76 fallecidos- vuelven a enviarnos el duro mensaje sobre la situación de la inseguridad vial en España, pero
esta cifra se corresponde a una trayectoria que en nuestro país resulta ya realmente insufrible. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la Presidencia.) En España, durante los últimos diez años han fallecido 58.000 personas y han
resultado heridas 1.500.000 personas, lo que supone 16 muertos y 450 heridos al día. Cada doce horas muere un peatón y cada tres días un ciclista muere en nuestro país. Todo esto, señorías, ha tenido un coste de 160.000 millones de euros para
nuestra sociedad.
España, señorías, tiene un grave problema. ¿Por qué se produce este grave problema? Existe un amplio número de elementos que no se abordan. Este es un problema complejo, cuyas fuentes y raíces son muy diversificadas. Como digo, hay
muchos elementos que no se abordan por un Gobierno y que explican la catástrofe que se produce en nuestro país. En primer lugar, falta compromiso y liderazgo por parte del Gobierno del Partido Popular a la hora de abordar la situación. En segundo
lugar, tenemos un balance muy pobre en la aplicación de la última reforma de tráfico y seguridad vial, la Ley de tráfico. No existe una planificación de la seguridad vial que merezca tal nombre. El plan aprobado por el Gobierno para el año 2004 es
una retahíla de medidas elaboradas en tres días, improvisadas, inconexas, carentes de objetivos y estrategias claras. Tenemos las carreteras más inseguras de Europa; un sistema educativo que está al margen del mayor problema nacional; una
formación de conductores que solamente atienden a la receta para aprobar el examen; insuficiente número de agentes de la Guardia Civil para atender el tráfico y la seguridad vial; órganos de gestión, de planificación y supervisión absolutamente
desfasados; generalizado incumplimiento de las normas de tráfico, con un elevado índice de asociación entre consumo de alcohol y velocidades excesivas; inseguridad de los conductores más jóvenes, que son los que están pagando el tributo más grave;
y por último, las conductas más graves habitualmente quedan impunes.
Todo esto y algo más es lo que hay que cambiar en nuestro país y es la apelación que hacemos aquí esta tarde, porque tenemos por delante una realidad difícil que se manifiesta incluso en situaciones como que en la propia Jefatura Provincial
de Tráfico de Madrid falta personal y los usuarios reciben una vergonzosa e inadmisible atención, como han puesto de manifiesto y denunciado los propios funcionarios; falta personal especialista en seguridad vial, con lo cual poco se puede hacer en
materia de investigación, educación vial y en materia de exámenes, porque falta personal para los exámenes, de tal manera que hasta resulta imposible realizar las inspecciones ordinarias a los centros de reconocimiento, autoescuelas y centros de
mercancías peligrosas. Esta es la realidad que tiene el tráfico y la seguridad vial en nuestro país.
Señor Jané, este es precisamente el motivo por el cual hemos traído aquí esta proposición no de ley, y hemos sido más respetuosos con esta Cámara que el Gobierno, que ha tomado medidas al margen de esta Cámara, estando en funcionamiento una
subcomisión de tráfico y seguridad vial. Señor Jané es más coherente que el Gobierno respalde esta proposición no de ley, en la medida en que se sitúa en el cumplimiento directo y exacto de la carta que recientemente firmábamos aquí todos los
grupos, o algunos de los grupos; una carta europea de tráfico y seguridad vial, promoviendo la seguridad vial en nuestro país. Por eso el Grupo Parlamentario Socialista propone esta tarde aquí una política nueva, una política distinta, una
política capaz de cambiar las cosas, una política que se centre en el cumplimiento fundamental del objetivo ya definido en el marco comunitario, que es conseguir que de aquí al año 2010 se reduzca en un 50 por ciento el número de víctimas de
tráfico. Es necesario hacerlo como otros países europeos que ya han adoptado ese camino, nuestros vecinos más avanzados. Nosotros planteamos incluso un objetivo a cinco años para conseguir una reducción al menos del 30 por ciento de las víctimas
que hay en este momento. Para eso proponemos un conjunto de medidas articuladas, capaces de ensamblar todas las actuaciones que en este momento se desarrollan en orden disperso. En este momento en nuestro país no existe un plan de seguridad vial
que pueda merecer tal nombre y nosotros planteamos que exista un plan integral donde se integren las actuaciones de todas las administraciones, de todos los sectores y de todos los elementos, con objetivos claros, financiaciones definidas,
definición de costes y programas que desarrollen una actuación que combata todos los problemas que antes hemos ido mencionando.
La creación de una agencia general de seguridad vial es para nosotros un objetivo irrenunciable si queremos conseguir una acción de conjunto sobre todos los elementos y todas las administraciones que concurren en la mejora de la seguridad
vial, como existe también en Alemania, que es un Estado federal. En Alemania existe la agencia federal de tráfico, en la que se articulan medidas, instrumentos y servicios para el común de todos los elementos y todas las administraciones
competentes en materia de seguridad vial. Diseñar carreteras más seguras y mejorar la seguridad de las existentes significa un combate, una acción decidida para eliminar los puntos de concentración de accidentes. Incorporar las nuevas tecnologías
y mayor investigación de la seguridad. Generalizar la educación vial de modo preceptivo -aquí quiero subrayar el elemento y la palabra preceptivo- en Primaria y en Secundaria como materia curricular común para todos los alumnos, de modo que la
educación no esté al margen, como antes decía, del mayor de los problemas que tiene la sociedad española. Necesitamos también reforzar la seguridad en el tráfico mediante el ejercicio de una mayor supervisión del mismo. Necesitamos urgentemente
3.000 guardias civiles más que atiendan la supervisión del tráfico y que desaparezca esa imagen, esa impresión que existe en nuestro país de que las carreteras están abandonadas y dejadas de la mano de Dios porque no hay nunca un agente y las
personas circulan durante muchos kilómetros sin que aparezca alguien que esté encargado
de preservar esa disciplina que es necesario desarrollar en el tráfico en nuestro país. También hay que asumir un tratamiento más severo a los infractores que causen muertes o discapacidades por imprudencia, no meter en la cárcel a
cualquier infractor, porque posiblemente por ahí no vayamos a resolver nada, sino pensar que en tráfico nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro, y eso debe ser penado. Finalmente, queremos dotar a Tráfico de personal especializado -del que
carece- en investigación, en pruebas de actitud, en inspección, en educación vial y en aplicación de medidas reeducadoras. Tampoco podemos olvidar a nuestros jóvenes. Los fines de semana y los puentes hay que plantear planes de acción especial,
así como en fechas vacacionales, y pensar que el tributo mayor en vidas lo están pagando los más jóvenes. Por eso hay que tomar medidas. Después de la catástrofe del puente de la Constitución, ¿piensan SS.SS. de Convergència i Unió o del Partido
Popular votar en contra de estas medidas? Porque estas medidas son un esfuerzo para combatir esta situación. ¿Piensan ustedes que así vamos a conseguir avanzar algo? Nosotros pensamos que es preciso que entre todos hagamos un esfuerzo para
cambiar esta tendencia y consigamos preservar la vida en las carreteras.
Finalmente, quisiera hacer una reflexión sobre una cuestión que sin duda se va a plantear posteriormente, y es el funcionamiento de la subcomisión de tráfico y seguridad vial. Nos hemos mantenido hasta el final en esta subcomisión y hemos
exigido que culminen en forma sus tareas y vengan a Pleno sus conclusiones. Esta es una tarea y un esfuerzo que hemos hecho en el Grupo Parlamentario Socialista por lealtad a los ciudadanos y no por lealtad al Partido Popular, al cual, por
supuesto, no le debemos ningún tipo de lealtades. No podemos dejar de denunciar que, mientras esta subcomisión se reunía y escuchaba uno tras otro los informes de los muchos expertos y representantes de organizaciones que han pasado por ella, el
Gobierno, sin informarla ni consultarla, ha tomado diversas medidas, decisiones importantísimas relacionadas con la seguridad vial.
Mientras esta subcomisión se reunía y escuchaba a todas estas personas -hemos tenido cerca de 30 comparecientes-, el
Gobierno ha aprobado, sin informarnos de nada, un plan especial de seguridad vial para el año 2004, con 19 medidas; ha modificado el Código Penal; ha modificado la Ley de tráfico y seguridad vial, y ha modificado la Ley de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. Lo que ha hecho en este tiempo, mientras estábamos reunidos en la subcomisión, supone, desde nuestro punto de vista, una marginación, un desprecio a este Parlamento, a esta casa y es la expresión de un bonapartismo emergente
en el Partido Popular que todos rechazamos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mayoral.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència y Unió), tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señorías, llega hoy al Pleno del Congreso un debate sobre seguridad vial, una propuesta que realiza el Grupo Parlamentario Socialista, y mi grupo no va a votar en contra, señor Mayoral, de esta
propuesta, como usted avanzaba en su intervención. No vamos a votar en contra de la propuesta -muchos de los puntos coinciden con las posiciones mantenidas por Convergència i Unió en temas de seguridad vial y de tráfico-, pero tampoco vamos a votar
a favor. No podemos votar a favor de esta proposición no de ley porque entendemos que, a pesar de que el contenido de las distintas propuestas puede ser ampliamente debatido en este Pleno del Congreso, estas propuestas, señor Mayoral, rompen el
ritmo de los trabajos de la propia subcomisión.
Llevamos más de un año trabajando en la subcomisión de tráfico y seguridad vial, hemos asistido a diversas comparecencias de gran interés, con aportaciones importantes en todos los aspectos para
mejorar la seguridad vial, para incidir en ese alarmante aumento del número de accidentes, que todos compartimos que debemos atajar y que la situación no puede continuar así. Entre muchos, con las aportaciones de los comparecientes y coincidiendo
también con su grupo, estamos realizando propuestas, que esperamos puedan tener un amplio consenso en este Pleno, dando el mensaje a la sociedad, a los propios comparecientes de la subcomisión y a sus propios trabajos, de que ha valido la pena
trabajar en esa subcomisión, de que hemos llegado a unas conclusiones y de que en temas de seguridad vial queda mucho por hacer. Por tanto, no vamos a votar en contra de su proposición no de ley, pero tampoco a favor. Nos vamos a abstener porque
votar en contra podría interpretarse como que estamos en contra de las medidas que proponen, y muchísimas de ellas comparten plenamente el sentido de Convergència i Unió. ¿Cómo no vamos a compartir la necesidad de impulsar un permiso de conducción
por puntos? Lo tienen Alemania, Francia y el Reino Unido. Es un permiso, señorías, que va a la actitud de quien conduce, no tanto a si tiene conocimientos o no, sino a que la persona que está conduciendo un vehículo a motor sabe que, si comete
infracciones, no es que vaya a pagar una multa más o menos elevada sino que va a poder perder ese permiso de conducción, con lo cual se implica más. Además, la propuesta del permiso por puntos que proponía Convergència i Unió durante la tramitación
de la Ley de tráfico de vehículos a motor y seguridad vial, permitía también al conductor que no cometía
infracciones incrementar el numero de sus puntos. Era un crédito que le dábamos al buen conductor, con lo cual implicábamos al conductor con su expediente sancionador.
Yo no voy, señor Mayoral, ni Convergència i Unió, a votar en contra, pero mi grupo lo que no puede hacer hoy es derivar este debate al que debe tener lugar en el Pleno de la próxima semana. En él, los distintos grupos tendremos que defender
nuestras propuestas. Usted dice, y con razón, que el Gobierno también se ha adelantado presentando planes específicos.
Evidentemente, el Gobierno, por deferencia a la subcomisión, debería haber presentado a la misma los proyectos de real decreto
antes de ser aprobados. El Gobierno tiene potestad reglamentaria y debe aprobar los reglamentos, pero no hubiera estado de más, repito que por deferencia a la subcomisión, que hubiera traído a la Mesa de la subcomisión el proyecto de real decreto y
de reglamento antes de aprobarlo el Consejo de Ministros. Pero no porque el Gobierno no haya cuidado esas formas, y coincido en ese planteamiento con el Grupo Socialista, ahora el Grupo Socialista tiene que hacer lo mismo y no respetar tampoco a la
subcomisión, haciendo unas propuestas que mi grupo parlamentario cree que pueden estar muy en sintonía con las propuestas que hará esta semana cuando el jueves, en el Registro, presentemos todos nuestras conclusiones finales.
Respetando la iniciativa de cada grupo, mi grupo parlamentario, Convergència i Unió, entiende que esta propuesta podía haber esperado una semana, podíamos haber tenido un amplio debate en el Pleno sobre medidas para mejorar ese índice que
coloca a España entre los países de Europa con mayor número de accidentes; sólo nos ganan Grecia y Portugal.
Quisiéramos estar en otros tipos de récord, pero la verdad es que, en temas de seguridad vial, no puede presumir nadie en este país,
porque vamos a la cabeza en número de accidentes. Lamentablemente, este fin de semana, este largo puente, ha confirmado una tendencia negativa: que, comparando el puente de este año con el de hace cuatro años, el número final de accidentes ha sido
superior. Y si comparamos el número de accidentes de este verano con el del verano del año pasado, también ha sido peor. Debemos dar un mensaje a la sociedad de que esto tiene que cambiar. Con medidas positivas, por supuesto. ¿Cómo las que
propone su grupo? Seguro que sí, y como las que van a proponer Convergència i Unió y otros grupos parlamentarios. Pero pido al señor Mayoral que, por respeto a la subcomisión, esperemos a la próxima semana para realizar ese gran debate sobre
seguridad vial, presentando, con el máximo consenso, unas conclusiones lo más unánimes posibles.
Termino ya, señora presidenta, señorías. Lo hemos afirmado a lo largo de la tramitación de la actual Ley de seguridad vial, ley que se aprobó por consenso. Aquí sería positivo que ante la sociedad los distintos grupos parlamentarios
diéramos un mensaje unívoco. Sería muy negativo que, intentando mejorar la seguridad vial, intentando mejorar la normativa sobre tráfico, al final no nos pusiéramos de acuerdo en las conclusiones y lanzáramos a la sociedad desde el Parlamento
mensajes contradictorios en un tema que debe tener un horizonte común, que es reducir el alto número de accidentes de tráfico. Deberemos incidir en el ámbito de la educación escolar y en el de las sanciones. Mi grupo tiene una especial
legitimidad, ya que hemos hecho propuestas en el Código Penal; fue mi grupo parlamentario el que propuso unas medidas arriesgadas pero que entendíamos que se encaminaban hacia ese horizonte, hacia dar un mensaje a la sociedad de que en estos temas
al final el objetivo debe ser compartido, el objetivo de reducir el número de accidentes. Este es el horizonte que tiene mi grupo parlamentario, un horizonte en el que espera encontrar un amplio consenso la próxima semana. Y les recuerdo que fue
mi grupo parlamentario el que propuso a esta Cámara crear una subcomisión, propuesta que se aceptó por unanimidad, y para no burlar los trabajos de la misma esperamos que la próxima semana podamos encontrar un amplio consenso. Hoy, en este trámite,
nos vamos a abstener.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Jané.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Torme.
La señora TORME PARDO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, a pesar de la sensación que se nos pudiera transmitir a través de las palabras pronunciadas por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, la seguridad vial es un objetivo prioritario para el Gobierno del Partido Popular. Lo
ha sido a lo largo de estas dos legislaturas y lo sigue siendo. Ello se ha puesto de manifiesto con las distintas medidas que han sido adoptadas en concreto en los últimos consejos de ministros.
Es un objetivo prioritario también para el Grupo
Parlamentario Popular y entiendo, y así ha quedado de manifiesto, que asimismo lo es para el resto de los grupos parlamentarios de esta Cámara. Precisamente con este carácter se han abordado iniciativas en materia de seguridad vial de gran
importancia y de gran repercusión, como ha sido la reforma de la Ley de tráfico o la constitución de la subcomisión sobre seguridad vial y los trabajos que en ella se vienen desarrollando. A lo largo de estos trabajos parlamentarios en estos dos
ámbitos fuimos capaces todos de
realizar un gran esfuerzo de diálogo y de entendimiento y sería muy deseable que ese clima y ese esfuerzo de diálogo continuara hasta la finalización de los trabajos de la subcomisión.
Negar la prioridad política con que este Gobierno aborda la seguridad vial es imposible, salvo que se quiera negar lo que es evidente. Para resaltar, sin ánimo de ser exhaustiva, cómo se afrontan todas las políticas relativas a la seguridad
vial con carácter prioritario, citaré algunos ejemplos. Cuando analizamos las inversiones queda muy patente el esfuerzo presupuestario que realiza un gobierno y en estos últimos 20 años el esfuerzo que ha realizado el Partido Popular es el mayor.
En estos 20 años, el mayor esfuerzo inversor se ha concentrado en estas dos legislaturas. Citaré el Plan de Infraestructuras, que contiene la realización de nuevas autovías. El desdoblamiento de carreteras nacionales hace que desaparezca uno de
los supuestos más graves de accidente, que es el de colisión frontal de vehículos. Dentro de los planes de infraestructuras, se contempla la realización de más áreas de descanso, inversiones en conservación, mejora de la señalización y eliminación
de los puntos negros. Se está haciendo un importante esfuerzo en renovar el parque de vehículos mediante el plan Prever y se están incrementando también los efectivos de la agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Hay que destacar el gran
esfuerzo en las ofertas de empleo público de los últimos años para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que son las mayores que conocemos. Se han construido nuevos centros de gestión de Tráfico, dotándolos de las más novedosas
tecnologías; se ha dotado de equipos y nuevos instrumentos tecnológicos a los efectivos de la agrupación de Tráfico de la Guardia Civil; se han hecho esfuerzos en educación y en campañas de concienciación. Pero no voy a seguir hablando de algo
que todos conocemos ya, pues todos sabemos cómo se han ido incrementando todas las inversiones para mejorar la seguridad vial.
Este carácter prioritario queda puesto de manifiesto a través del impulso político que se ha dado para conformar un nuevo marco normativo, no sólo con la reforma de la Ley de tráfico, sino también a través de su desarrollo reglamentario. Y
resulta paradójico que el señor Mayoral, en el momento en que el Consejo de Ministros aprobó los últimos reglamentos, por ejemplo, el de circulación, anunciara que el Grupo Parlamentario Socialista se estaba planteando abandonar la subcomisión de
Seguridad Vial, porque el Gobierno había aprobado esos reglamentos. No entiendo cómo un mandato que se ha dado desde la Cámara, que el propio señor Mayoral ha dado al Gobierno, se puede olvidar, porque precisamente cuando aprobamos la Ley de
seguridad vial se señalaba que el Gobierno, en un determinado plazo, debería desarrollar determinados preceptos mediante los correspondientes reglamentos. Cuando el Gobierno lo hace, el señor Mayoral se queja. Yo entendería que si no lo hace, el
señor Mayoral dijera que es algo prioritario, que el Gobierno tiene que actuar para que no haya dejación de funciones. Lo que resulta paradójico es que cuando el Gobierno, demostrando que la política de seguridad vial es una prioridad, desarrolla
los reglamentos correspondientes, el señor Mayoral, en una postura que podríamos calificar de infantil, tenga una reacción contraria a que el Gobierno ejerza las competencias que tiene atribuidas. Además, se han potenciado los órganos que tienen
competencias en materia de seguridad vial, como es el Consejo Superior de Tráfico o la Comisión interministerial de Seguridad Vial, que se creó en 1997, presidida por el vicepresidente primero del Gobierno, que engloba todos los ministerios que
tienen competencias en materia de seguridad vial y que es respetuosa con el reparto competencial de las comunidades autónomas que tienen competencias transferidas o delegadas y con las que el Estado sigue ejerciendo. La propuesta que se incluye,
por ejemplo, en esta proposición no de ley, crear una agencia nacional encargada de llevar a cabo las competencias en materia de tráfico, estaría en contradicción con el reparto competencial que ahora mismo tenemos en España.
El Gobierno, dando prueba de esa prioridad con que contempla todas estas medidas, aprobó el plan especial de seguridad vial, con medidas muy acertadas, 19, que han tenido una valoración muy positiva por el conjunto de la sociedad española y
por los propios expertos. Aquí, el ministro, el señor Acebes, hizo una especial mención a los trabajos de la subcomisión, señalando que en todo caso estaría pendiente y atento a las conclusiones que pudiéramos elevar al Gobierno, deferencia que ha
quedado de manifiesto en distintas reuniones que han sido solicitadas por los distintos grupos parlamentarios y en las que no ha habido ningún inconveniente. También en la reunión que tuvimos la semana pasada, el Gobierno, valorando y reconociendo
los trabajos que venimos realizando, nos dio un texto, la carta de seguridad vial europea, para que los miembros de esta subcomisión pudiéramos ser los primeros en España que nos adhiriéramos a la misma; así lo hicimos, por compartir todos sus
objetivos y medidas.
Decía que la seguridad vial es una prioridad para el Gobierno, pero también lo ha sido para esta Cámara y de una forma muy clara en toda esta legislatura, no sólo por esos nueve meses de esfuerzo que realizamos en la tramitación de la
reforma de la Ley de tráfico, sino también por ese trabajo serio y riguroso que se viene realizando en el seno de la subcomisión sobre seguridad vial. Ha habido comparecencias de un gran interés, y yo quiero expresar nuestro agradecimiento a
todos los expertos que han comparecido en ella, por el esfuerzo que han hecho y por sus valiosas aportaciones, que están siendo tenidas en cuenta por el Grupo Parlamentario Popular y por el resto de los grupos a la hora de elevar ese texto
que todavía estamos a tiempo de aprobar con el consenso de todos. Al Grupo Popular se nos ha pedido que esas conclusiones sean elevadas al Pleno y no hemos tenido en ello ningún inconveniente. La voluntad de diálogo del Grupo Socialista queda
clara; ya en una rueda de prensa oí decir que el Grupo Socialista exigía que fuera a Pleno. Me parece que esas exigencias no es la forma de ofrecer diálogo; lo hubiera sido que hubieran dicho: Consideramos que es oportuno que vayan al Pleno.
Nosotros, cuando desde CiU o desde el Grupo Socialista se nos ha pedido que las conclusiones fueran aprobadas por el Pleno, no hemos puesto ningún inconveniente; nos parece que es una cuestión suficientemente importante para que sea objeto
de ese debate. Se nos ha pedido una ampliación del plazo para la aprobación de estas conclusiones, por parte también del propio Grupo Socialista, y no hemos tenido tampoco inconveniente en que se haya ampliado ese plazo hasta el jueves. Pero lo
que nos parece realmente inadmisible es que el Grupo Parlamentario Socialista presente de una forma unilateral sus conclusiones, que pida por una parte ampliación y, por otra, de forma unilateral, presente sus propias conclusiones, rompiendo de una
forma clara el consenso, justo cuando estamos entre todos tratando de llegar a las propuestas que elevaremos al Gobierno.
Se vuelve a demostrar que los socialistas no son serios, que actúan con deslealtad hacia los otros grupos, hacia los expertos; que actúan con criterios oportunistas, tratando de buscar una ventaja partidista a costa de lo que sea. En
Cataluña tenemos un ejemplo, parece que no les importa pactar con partidos independentistas o reclamar un nuevo régimen fiscal.
(Rumores.) No nos sorprende esta actitud porque tampoco es nueva, aunque sí que nos duele que se utilice aquí el dolor
de los familiares de las víctimas de los accidentes de tráfico. Y es que los accidentes de tráfico no conocen ideologías, los expertos nos lo han señalado y nos han pedido que no haya discrepancias partidistas, que no entremos en el juego
partidista. Los accidentes de tráfico no han empezado ayer y, lamentablemente, no van a terminar tampoco mañana, pero sí que podemos, con el esfuerzo de todos, seguir impulsando medidas necesarias. Algunas tienen una gran complejidad, pero son
medidas que entre todos podemos impulsar para seguir avanzando en la lucha contra la siniestralidad en las carreteras, para que cada vez haya menos accidentes de tráfico y sus secuelas sean menores.
Teniendo en cuenta el clima de diálogo y de entendimiento que ha presidido el desarrollo de las distintas iniciativas y trabajos parlamentarios que en materia de seguridad vial se han desarrollado a lo largo de esta legislatura, además de
aprobar las peticiones que se nos han hecho para que se eleven al Pleno estas conclusiones o que se amplíe el plazo, en coherencia con todos estos planteamientos, hemos presentado una enmienda a esta proposición no de ley instando al Gobierno a que
impulse las recomendaciones que se aprueben en el seno de la subcomisión de seguridad vial y accidentes de tráfico. El señor Mayoral sabe que la práctica totalidad de las medidas que propone están siendo desarrolladas por el Gobierno y, en vez de
criticar, debería alegrarse de que lo que para nosotros en esta Cámara es prioritario también lo sea para el Gobierno.
Algunas de estas medidas, como la educación vial o el endurecimiento sancionador respecto a determinados conductores muy
peligrosos, han sido puestas en marcha en el plan especial de seguridad vial aprobado por el Gobierno.
No se podía dejar pasar la ocasión de una reforma del Código Penal. Porque ¿qué prefiere el señor Mayoral? ¿Que ese endurecimiento que usted mismo reivindica no se realice? ¿Que esperemos a que se disuelva la Cámara, a que haya
elecciones, a que haya una nueva legislatura para entonces reformar el Código Penal con una medida que compartimos todos? No se puede producir una dejación de funciones, hay que actuar dando cumplimiento a esa confianza que se ha depositado en
nosotros. Sería una gran irresponsabilidad y una falta de respeto enorme hacia las víctimas de los accidentes que se han producido en este puente, hacia sus familiares, hacia los expertos que han comparecido en la subcomisión de Seguridad Vial,
hacia los demás grupos parlamentarios que hemos intentado trabajar con seriedad y con rigor, presentar esta iniciativa ligándola además a los dramáticos datos de este fin de semana y con un desprecio absoluto hacia lo que todos hemos venido
defendiendo y trabajando.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señora Torme, le ruego concluya.
La señora TORME PARDO: Sí, señora presidenta. Concluyo solicitando a los miembros del Grupo Socialista que reflexionen, que no tenga tanta prisa, porque el mes de marzo está a la vuelta de la esquina, y que no echen en saco roto no ya el
trabajo de los otros grupos parlamentarios, sino el esfuerzo y esas valiosas aportaciones que nos han hecho llegar los distintos expertos. En la línea del oportunismo y del todo vale no nos van a tener, pero si vuelven a una actitud coherente, a
trabajar con seriedad y con rigor, a no desaprovechar todo ese caudal que ha habido en el seno de esta subcomisión, ahí nos tendrán y yo creo que entre todos seremos capaces de aprobar unas conclusiones, unas propuestas, al Gobierno, no defraudando
por esa confianza que los ciudadanos españoles han depositado en nosotros.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Torme.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, el señor Aymerich tiene la palabra.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
La proposición no de ley que hoy nos trae el Grupo Socialista nos habla de un problema gravísimo, de una verdadera tragedia que desafortunadamente no parece figurar entre las prioridades del Gobierno, ni de este Gobierno ni de gobiernos
anteriores. La siniestralidad en la carretera es una tragedia con un coste humano, un coste social y un coste económico inasumible, sobre todo en países como Galicia, cuyas provincias se encuentran dentro de las que presentan índices de
siniestralidad más altos de todo el Estado español. Y pensamos que no es porque los gallegos sean peores conductores que los de otras comunidades autónomas. Hay un plan, llamado Plan Nacional de Seguridad Vial, que a estas alturas debe reconocerse
fracasado. No lo dice el Bloque Nacionalista Galego, lo dicen asociaciones como la Unión Profesional de la Guardia Civil, que en un reciente informe manifiesta cómo las medidas previstas en este plan se han demostrado insuficientes, especialmente
en época estival y vacacional y en general en los fines de semana. Además, esta asociación profesional de la Guardia Civil así como otras asociaciones ciudadanas, por ejemplo Stop Accidentes, denuncian que no hay medios y que los que hay se emplean
mal. Los medios son escasos y los que se emplean se emplean mal. El Bloque Nacionalista Galego puede estar de acuerdo con algunas de las medidas propuestas en esta proposición no de ley, tanto en materia de prevención -el carné por puntos, la
reforma del acceso a los permisos de conducir, educación vial en las escuelas- como en materia represiva, pero pensamos que este no es exclusivamente el camino. La comparación con países que sí han logrado reducir los índices de siniestralidad vial
y de las infracciones en materia de tráfico así nos lo demuestra, y desde luego la eliminación de puntos negros en las carreteras.
Nosotros pensamos que quizás en cuanto se presenten las conclusiones elaboradas por la subcomisión creada al efecto en el seno de la Comisión de Justicia e Interior estas carencias que nosotros detectamos en la propuesta del Grupo Socialista
se puedan ver subsanadas. También hay medidas ya experimentadas en otros países y al parecer con buen resultado, que también deberían como mínimo experimentarse y probarse en el Estado español. Estas medidas serían, por ejemplo, establecer zonas
de limitación de velocidad a 30 kilómetros por hora en la proximidad de escuelas, centros sanitarios, etcétera, o fomentar el uso del transporte público, tanto por la ampliación de sus recorridos e itinerarios como de su horario, en especial los
fines de semana. Quiero recordar que hay subvenciones establecidas por el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado para la financiación del transporte público urbano; habría que extenderlas al transporte metropolitano, al transporte en
ámbitos que exceden de un municipio y, en el caso de Galicia, sobre todo en las metrópolis de Vigo y de A Coruña y en otras comarcas donde los lugares de residencia y de ocio no coinciden. Una medida que también echamos de menos y que algún día
habrá que abordar -este diputado ya la propuso en su momento en la Cámara- es la regulación de la publicidad de los automóviles. No podemos permitir por más tiempo que la publicidad de los automóviles siga apoyándose en reclamos que suponen
abiertamente una infracción de los límites de velocidad establecidos por la legislación vigente, quejándonos después, olvidando ese dato, de que esos límites no son respetados. Esta es una cuestión que nosotros pensamos que también debe ser
abordada, por incómoda que resulte y por muchas quejas que se reciban de la industria automovilística.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Aymerich.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
En su día, mi grupo, ante la iniciativa que ha recordado el señor Jané, presentó al Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió la propuesta de creación de una subcomisión que se ocupara de proponer medidas a la Administración general
del Estado ante el gravísimo problema que, día tras día, semana tras semana, mes tras mes y año tras año, se viene planteando en la seguridad vial, con miles de muertos y miles de heridos y de afectados. Votamos afirmativamente aquella iniciativa y
por tanto creemos que el escenario de trabajo de este Parlamento es ese escenario de la iniciativa de una subcomisión que ha venido funcionando, quizás en algunos momentos muy ralentizadamente y que incluso ha dado tiempo -porque el Gobierno tiene
que gobernar- a tomar medidas como las aprobadas en el último Consejo de Ministros, en el que se adoptaron una serie de regulaciones para el tráfico y la seguridad vial. Pero eso no menoscaba en absoluto el principio de competencia y de
legitimidad del escenario parlamentario que todos votamos de esa subcomisión para la prevención de accidentes de tráfico y de seguridad vial, y a ella se quiere remitir mi grupo.
Como hemos acordado que en la próxima semana -y tenemos abierto un plazo en estos días para presentar propuestas de enmiendas o de resolución al documento elaborado- se debatirá ese documento de la Comisión, ese es el documento sobre el cual
mi grupo quiere pronunciarse con toda extensión y detalle. Por tanto, si en el trámite de hoy el Grupo Parlamentario Socialista no acepta la enmienda del Grupo Parlamentario Popular -que nosotros aceptaríamos- mi grupo se abstendrá. No queremos
incurrir en un contrasentido cuando hay un texto, como el que trae el Grupo Socialista, en cuyo contenido literal hay aspectos que ya hemos leído estos días los miembros de la subcomisión creada en sede parlamentaria para abordar este problema.
Como no queremos ir en contra del fondo, nos pronunciamos de esta manera hoy en las formas. Sería mejor una retirada de esta iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista y dejar que la próxima semana la subcomisión -donde estamos representados
todos los grupos de la Cámara- traiga su propuesta para someterla a los poderes administrativos, previa votación de esta Cámara. Ese es el escenario de lógica política, de racionalidad parlamentaria, eso se tiene que hacer así. Por esta razón,
como he dicho, señora presidenta, nuestro voto irá en este sentido. O se acepta una enmienda que reconduzca esto a la próxima semana o se retira la iniciativa. Si no, nosotros nos abstendremos en la votación de esa iniciativa.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.
Señora Uría, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Nuestra formación política ha dudado si intervenir o no en este debate, porque tenemos la sensación de estar terciando en una disputa entre la alternancia posible -como suele denominarse al primer grupo de la oposición- y el Gobierno sobre
un tema en el que la sensibilidad social es tremenda. No nos gusta que exista esa actuación compulsiva por parte de una formación política por acreditar que se adelanta a lo que se entiende que puede estar liderado por otra de las formaciones
políticas, cuando lo que hay en esta Cámara en este momento es una subcomisión de la que formamos parte todas las formaciones políticas y cuyas conclusiones están a punto a producirse en la semana que viene.
Somos ciertamente conscientes, y ello nos ha llevado a intervenir, de que, como ha titulado un medio de comunicación, estamos ante una epidemia que deja en las carreteras un muerto cada dos horas. En los últimos 10 años, tal y como ha
señalado el portavoz del Grupo Socialista, han fallecido en accidente más de 57.000 personas, es decir, el equivalente a la población actual de Segovia. Además, somos también conscientes de que quizá desde las administraciones públicas, desde todas
las que tienen competencia, no se está acertando con las políticas públicas, pero no creemos que quepa hablar de inactividad. En esta Cámara se han tomado iniciativas, se ha modificado la Ley de seguridad vial, se han introducido incluso en la
última reforma del Código Penal tipos distintos, justo es manifestarlo, con la crítica de esta portavoz al entender que no está suficientemente cerrada la descripción de la tipicidad y que puede prestarse también al escape de determinadas conductas.
Pero insistimos en que la presentación de esta proposición no de ley por parte del Grupo Socialista nos coloca a la Cámara en una curiosa situación. Tenemos abiertos dos instrumentos para instar al Gobierno a hacer algo. El primero de ellos
procede de una sola formación política; el segundo, las conclusiones que apruebe la subcomisión, son el producto de un año entero de trabajo -un año con intermitencias, lo han dicho otros portavoces y justo es reconocerlo-, en el que han
participado expertos de todas las materias posibles a tener en cuenta. Han participado autoridades públicas de todas las instancias, incluidas las de las dos comunidades autónomas que tienen competencias asumidas en la materia, trasladando sus
experiencias en tono autocrítico -justo es decirlo- y de todo ello creemos que se pueden extraer consecuencias.
De los dos instrumentos, el traído a la Cámara por una sola formación política y el que ha sido objeto de análisis, debate y aportaciones también de la sociedad, también de los operadores en este área, nosotros preferiríamos que se aprobaran
y se debatieran esas conclusiones y sea un producto unánime de todos. No vemos además los adjetivos que el señor Mayoral ha atribuido a su iniciativa por traer algo nuevo y distinto. Una examina los 14 puntos de los que consta y de nuevo y
distinto, nada, no hay nada que no haya sido objeto de presentación anterior en esta misma Cámara pero sobre todo de debate en el seno de la subcomisión de la que hemos hablado. Cabe también hacer la crítica a la cierta tendencia que desde el grupo
mayoritario de la oposición se tiene a pensar que creando instrumentos de los que se denominan nacionales, una agencia nacional -eso sí, siempre salvando las competencias de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos-, todo tendrá una más
pronta salida.
El factor de la educación ha sido tratado con toda seriedad, con todo rigor, por cuantos han intervenido
como autoridades públicas con responsabilidades en comunidades autónomas concretas y por la propia representación del Ministerio de Educación en el seno de la subcomisión. Tenemos la asignatura pendiente de cómo conseguir que efectivamente
las sanciones sean cumplidas y tengan el efecto ejemplificador, el efecto de hacer daño al bolsillo, que es lo que se pretende, o el efecto de obligar a la reeducación o a la retirada del vehículo, como ocurre en otros países de nuestro entorno,
pero creemos que ello no se va a lograr sólo con una instancia al Gobierno, sino que va a requerir por nuestra parte o por quienes nos sucedan en la legislatura que viene la más cuidada elaboración y debate respecto de estas cuestiones. El llamado
carné por puntos ciertamente no es nada novedoso y se ha visto de las intervenciones de expertos la cierta dificultad que su puesta inmediata en práctica podría traer, puesto que no existe la suficiente coordinación o conexión entre las autoridades
locales, las autoridades autonómicas y las autoridades estatales con competencias para sancionar en esta materia, que también nos debieran obligar a la búsqueda de instrumentos que permitan la interconexión de los datos de todas estas instancias de
poder. En todo lo demás, ni siquiera la existencia de un plan estratégico es una novedad, puesto que el propio señor Mayoral conoce que ya hay comunidades que lo tienen elaborado y ha sido aportado en el día de hoy, se nos ha hecho llegar a todos
portavoces desde los servicios letrados de la Cámara.
En definitiva, nuestro grupo en el día hoy ha pensado abstenerse. Buscamos el consenso, el mismo consenso que se obtuvo en la Ley de seguridad vial, y nos gustaría que éste se pudiera formar a través de un trabajo celebrado en esta Cámara a
lo largo de todo un año y que quisiéramos no considerar inútil. Deseamos que sea en el seno de la Comisión, cuando se debatan las conclusiones, donde se pueda conseguir el consenso de todos y hoy por hoy, en esta iniciativa unilateral, preferimos
abstenernos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Uría.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señora presidenta.
El señor Mayoral ha pronunciado aquí hoy una palabra importante, ha hablado de que el Gobierno es bonapartista. Son palabras que en un momento determinado estallan como una bengala en esta noche maquiavélica que vive el Congreso de los
Diputados, fundamentalmente en el último periodo. A partir de esa caracterización que ha hecho el señor Mayoral y la reacción que se ha tenido ante los escandalosos hechos que se vienen sucediendo, que han tenido su refrendo trágico este fin de
semana, nos hace ver positivo ese impulso en defensa de la dignidad de la Cámara. Yo creo que hay ingenuidad cuando se habla de estas cosas de cara a la subcomisión, porque el Gobierno no está respetando ni respetará durante la campaña electoral
esa subcomisión. No se va a respetar. El Gobierno, al aportar 19 medidas, presentadas hace pocos días por el ministro, está apropiándose del trabajo de una subcomisión y no va a respetar en absoluto la iniciativa y el protagonismo de esta Cámara.
Por lo tanto, no se caiga en esa ingenuidad. Hay un intento de reacción democrática que nosotros compartimos, con independencia de que algunas medidas sean reiterativas, pero que demuestran que, de cara a hechos absolutamente escandalosos, todavía
hay capacidad de reacción de la Cámara. Nosotros saludamos esa capacidad de reacción, teniendo en cuenta que la acción del Gobierno, sobre todo en los cuatro años de mayoría absoluta, se ha caracterizado por la falta de respeto a la iniciativa de
la Cámara.
Nosotros saludamos este impulso y, por lo tanto, votaremos esta iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista.
En Francia, con medidas directas, concretas y realmente duras, según las noticias que nosotros tenemos, los accidentes han bajado en el último período un 30 por ciento. Aquí se está escamoteando esa posibilidad de dureza respecto a un
fenómeno que no podemos asumir como natural ni como un bien del progreso. No es lógico que España esté entre los tres países con más accidentes de tráfico y no podemos asumirlo con la resignación de que es una consecuencia lógica del progreso. No
es posible asumirlo.
Falta personal especializado, falta dureza y falta ese carné por puntos que sí es posible introducir y aceptar, como ha pasado en otros países de nuestro entorno, y falta decisión a la hora de acometer estos hechos y sobra
pacatería, sobra apropiación del Gobierno de los impulsos de esta Cámara y sobra el intento de tapar el trabajo de una subcomisión a la que no se ha respetado en absoluto y desde el 17 del mes anterior de manera muy específica.
Señora Torme, no creo que haya que meter al Gobierno de Cataluña en el capítulo de los accidentes viales, como usted ha hecho. (Risas.) El Gobierno de Cataluña es un conjunto institucional y democrático de partidos que tienen 74 escaños
frente solamente a los 61 de la derecha, y es una salida muy saludable a una situación de estancamiento en Cataluña.
Por lo tanto, por favor, no metamos en los accidentes de tráfico el asunto del Gobierno de Cataluña, pues sería exagerar hasta la
nota.
Tampoco vuelvan a reiterar la idea de que nosotros nos estamos aprovechando de las desgracias humanas a la hora de plantear alternativas a una situación absolutamente trágica. Ustedes, como grupo que soporta al Gobierno y muchas veces lo
apoya, no están a la altura de las circunstancias y no han hecho esta tarde una intervención adecuada. Nosotros votaremos positivamente este impulso de la Cámara frente al bonapartismo dominante por parte del Gobierno.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Alcaraz.
Señor Mayoral, tiene usted la palabra a los efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señora presidenta, en realidad no podemos aceptar ninguna de las enmiendas, ni la presentada por el Grupo Parlamentario Popular ni las que nos ha planteado el señor Jané. Yo le he ofertado la posibilidad al señor
Jané...
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Mayoral, según el Reglamento, tiene la palabra exclusivamente para la aceptación o rechazo de las enmiendas.
El señor MAYORAL CORTÉS: No aceptamos ninguna de las dos, si a usted le parece mejor.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mayoral. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, sometemos a votación en sus propios términos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre incremento de la seguridad vial y protección del derecho a la vida en el tráfico.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 103; en contra, 159; abstenciones, 19.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL DETERIORO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN ESPAÑA. (Número de expediente 173/000236.)
La señora PRESIDENTA: Punto IV del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Comunico a SS.SS. que se procederá a la votación de las mociones tras el debate sucesivo de las tres. (Rumores.) Señorías, por favor,
ruego guarden silencio.
Moción consecuencia de interpelación urgente. Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el deterioro de los servicios públicos en España. Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Martínez Sanjuán. (Rumores.)
Señorías, por favor.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Señora presidenta... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Martínez Sanjuán. A ver si es posible que pueda ser oída su intervención. (Pausa.)
Adelante.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Muchas gracias, señora presidenta.
El Gobierno del Partido Popular, que ha hecho del ataque a lo público y del abandono de los servicios públicos una de sus estrategias para frenar el Estado del bienestar y favorecer los intereses privados, nos habló hace quince días por boca
del señor Montoro de los servicios públicos y de su calidad en términos porcentuales, con subidas y bajadas, como si fuera una montaña rusa. Fue una intervención fría, tecnocrática, sin alma, sin pasión y sin un mensaje de esperanza ni de futuro.
Tuve la sensación de escuchar a un alto ejecutivo presentando una cuenta de resultados a un consejo, olvidándose de la realidad de las personas, de sus vivencias y de sus problemas.
El Gobierno nos dijo que el gasto público en el período 1995/2004 había crecido en términos per capita nada menos que un 58 por ciento. Lo que no nos dijo es que la riqueza nacional había crecido, en períodos iguales, al tiempo que las
necesidades del país, casi el doble. De esa percha totémica del 58 por ciento nos colgó sus letanías porcentuales y los benéficos efectos de la política de un país imaginario, en el que parecería que las inversiones en infraestructuras fueron
enormes o donde la siniestralidad y mortalidad en las carreteras disminuye, o donde el Prestige fue solamente un espejismo. El señor Montoro nos habló de un país en el que los militares están en una magnífica situación y viajan confortablemente.
Hace quince días, el señor Montoro nos habló de un país ficticio, que dista mucho de la España de 2003. Si escucho, como en el debate anterior, a la portavoz del Partido Popular, más pienso en lo ineficaz que es el Gobierno Popular porque dicen
hacer mucho pero parece que les cunde poco. Lo peor de todo es que esta situación no mejora, por la errónea política económica y por la incompetencia de un Gobierno incapaz de asumir y de
canalizar las justas demandas sociales y unos servicios públicos seguros, eficaces y de calidad.
En nuestra moción reprobamos a los ministros de Fomento y Defensa. La verdad es que podrían ser muchos más, porque razones hay para recordar a los responsables del fracaso INFO XXI y el retraso de las nuevas tecnologías en la información y
el conocimiento, o a los responsables de las administraciones públicas por el caos y la lentitud de la Administración, a pesar de las campañas publicitarias, o a tantos otros ministros. El señor Cascos ha demostrado al frente del Ministerio de
Fomento su manifiesta incapacidad para modernizar, en tiempo y precio, y garantizar a todos la seguridad de servicios públicos tan importantes como el salvamento marítimo, entre otros. Hoy estamos en una situación similar a la de hace un año, de
tal forma que si hubiese un nuevo caso Prestige todo el mundo coincide en que las consecuencias serían las mismas, porque no se han estudiado ni adoptado nuevas medidas ni decisiones oportunas. Fue el señor Cascos quien no asumió responsabilidad
alguna tras los gravísimos accidentes del tren talgo a Cartagena, o ante dramáticos accidentes en pasos a nivel, o ante la chapuza nacional del AVE Madrid-Lleida, mientras que por el contrario, eso sí, descalifica a todo aquel que ose criticarle.
El señor Cascos merece la reprobación por su irresponsabilidad política ante el deterioro de la red de carreteras, por continuar ignorando las demandas sociales y a los expertos, por ignorar la existencia de más de 700 puntos negros en las
carreteras españolas y por hacer oídos sordos a una dramática cantinela de estadísticas mortales cada fin de semana: sólo este pasado puente 76 muertos en la carretera y el Gobierno sin responder.
Es necesario, como proponemos en nuestra moción, garantizar a todos unos servicios públicos de calidad, en los que se invierta lo necesario y no lo que quiera el señor Montoro; es necesario un mayor control de los servicios públicos con
indicadores objetivos; es necesario crear en España, en colaboración con las demás administraciones públicas y con la participación de los usuarios, una agencia estatal que evalúe la calidad de los servicios públicos y las políticas públicas. Son
necesarios compromisos serios con los ciudadanos. No es la hora de cartas de servicios que parezcan sólo papelitos o folletitos publicitarios sino la de asumir responsabilidades ante los fallos, ante la falta de compromisos y de compensar a los
ciudadanos por los incumplimientos del Gobierno. Es el momento, señores del Partido Popular, de reforzar el control sobre aquellos servicios públicos que prestan otros, sean hospitales privados que hacen gestión pública o compañías aéreas que
transportan militares españoles.
Reprobamos la gestión del ministro de Defensa por la falta de competencia con ocasión del trágico accidente del Yakolev-42, en el que fallecieron 62 españoles; por su incapacidad y cicatería antes del siniestro y por su ineficaz gestión
tras el mismo; por su sordera ante las continuas quejas que se venían dando sobre la política de traslados de las tropas en estos vuelos y por el desprecio hacia las víctimas y sus familiares, ya que muchos tuvieron que encontrar los recuerdos de
los seres queridos gracias a un equipo de fútbol y a un partido en Turquía. Tristemente. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la Presidencia.)
El señor Trillo, cual dubitativo y shakesperiano Hamlet, ha demostrado su incapacidad y su tancredismo para facilitar, al igual que el señor Cascos, investigaciones imparciales en esta Cámara sobre los accidentes del Yakolev y del Prestige.
Al señor Trillo, imbuido en ese espíritu guerrero, le podríamos españolizar las palabras del senador norteamericano Robert Byrd cuando decía que después de haber engañado al pueblo español y emprendido la estampida hacia la guerra, esta
Administración y este ministro intentan mantener ahora una política a base de falsedades. Sin embargo, lo dramático es que desde que el senador Byrd pronuncio estas palabras en el Senado de los Estados Unidos, la situación ha empeorado,
lamentablemente, y al señor Trillo no parece preocuparle lo más mínimo seguir manteniendo la misma política errónea.
Lo único que parece preocupar al señor Trillo es que el presidente de Extremadura no pueda dirigirse, como máxima autoridad en la
región, a los soldados españoles que partieron de la base de Badajoz. El Gobierno de España ya no sólo desprecia la calidad de los servicios públicos y a los ciudadanos, sino que su miseria intelectual le lleva a situaciones esperpénticas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Martínez Sanjuán.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, mi grupo parlamentario va a apoyar con su voto afirmativo la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Nadie se atreve a poner en duda el papel esencial de los servicios públicos como factor de corrección de
desigualdades y garantía de derechos sociales, económicos y culturales de la ciudadanía. Sin embargo, la hegemonía de las tesis del neoliberalismo económico que el Gobierno ha aplicado, cada vez con más radicalidad, ha provocado una grave crisis y
una profunda degradación del propio
concepto de servicio público. Señorías, si quieren ustedes, podemos poner ejemplos. Ahora, los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid se instalan en el barrio de Salamanca, desde donde seguramente llegarán mejor a la población que
más necesidades pueda tener de ellos.
Al plantear para los de carácter económico, como el transporte, la energía, las telecomunicaciones o el abastecimiento del agua, la plena aplicación de la competencia prácticamente sin restricción alguna y para el resto de los servicios su
externalización, es decir, gestión privada, atribuyendo la responsabilidad de su gestión al ámbito de lo privado y quitándoles a las administraciones públicas el poder que tenían en su competencia, se ha abordado una estrategia de deterioro de
importantes consecuencias. El resultado no ha sido otro que la ausencia del Estado en cuestiones relevantes para regular la sostenibilidad del territorio o satisfacer las necesidades públicas. En la intervención del portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista se han puesto ejemplos y no hace falta que volvamos a insistir, pero seguramente, señorías, tendremos más ejemplos y esperemos que no sean de un carácter tan negativo como los que se han puesto hasta ahora encima de la mesa.
Les puedo recordar que la Ley de seguridad aérea privatiza la inspección técnica sin ningún tipo de control, por poner otro ejemplo bastante importante que nada tiene que ver con la seguridad, pero sí con los servicios públicos.
La filosofía con que el Ministerio de Fomento aborda la catástrofe del Prestige o la creación de infraestructuras es el mejor ejemplo de esta ausencia de parámetros públicos, de responsabilidad del Estado a la hora de intervenir en la
calidad de vida de la ciudadanía. La mercantilización, que es lo que ustedes han hecho, de los servicios de interés general ha generado evidentes problemas en materia de calidad, igualdad de acceso, universalidad, continuidad o transparencia, entre
otros, y nos podemos remitir a múltiples ejemplos. Además, entra en contradicción con la propia idea de servicio público, que remite necesariamente a la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas de dominar la gestión de los intereses colectivos y de
satisfacer necesidades fundamentales, como la salud, la educación o las políticas sociales, ya que el mercado no puede garantizar la prestación de un tipo de actividades cuya rentabilidad económica y social sólo está asegurada a largo plazo, en el
que la asignación de los recursos debe procurar la gestión óptima de los activos presentes y garantizar futuras inversiones.
Señorías, hemos dicho en muchísimas ocasiones que los servicios sociales o el papel de los servicios públicos esenciales no
pueden estar nunca basados en la rentabilidad económica y sí en la rentabilidad social, y ese parámetro ha desaparecido de la política que gestiona el Partido Popular a este respecto. Por otra parte, frente a lo que insistentemente ha transmitido
la propaganda, la privatización de la gestión de los servicios públicos no sólo no ha favorecido la competencia en estos sectores, sino que se constatan prácticas restrictivas de las mismas mediante la constitución de asociaciones o cárteles. Si
quieren ustedes, lo dejamos solamente ahí y no damos ninguna explicación más porque tiene todas las que caben en ello.
Un nuevo dato a tener en cuenta es la inquietud que en amplios colectivos sociales están provocando los efectos tanto de la desregulación de los servicios públicos como de la disociación regulador-operador, en términos de pérdida de la
capacidad de control de los mismos. Esta disociación está generando una nueva problemática originada por las dificultades que se imponen al efectivo ejercicio de las facultades de control sobre el operador por parte del regulador, y nada ya podemos
decir de la falta de control por parte de los usuarios de los servicios que se les tienen que prestar. Ninguno. No se les permite. En definitiva, la práctica privatizadora de los servicios de interés general, quitando el poder a las
administraciones públicas en su gestión, no ha demostrado en general una mayor calidad y eficiencia en los servicios prestados, a pesar de que la propaganda al uso insiste permanentemente en lo contrario. Les podemos poner ejemplos en la sanidad
donde la gestión se ha privatizado y se pagan cantidades impresionantes en recursos económicos para dar un peor servicio. Ese puede ser un ejemplo bastante práctico. Se hace necesario situar nuevamente el debate sobre los servicios públicos y su
auténtica naturaleza y, desde luego, mi grupo parlamentario está de acuerdo con la reprobación a los ministros de Fomento y de Defensa no solamente por las responsabilidades que tienen en el ejercicio de sus funciones, sino porque la privatización
de los servicios públicos que desde estos ministerios se ha hecho ha llevado a consecuencias trágicas para nuestro país.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Urán.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, señor Grau, tiene la palabra.
El señor GRAU BULDÚ: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo muy brevemente para manifestar que nuestro grupo se va a abstener en esta moción que presenta el Grupo Socialista por dos motivos fundamentales. El primero es porque nuestro grupo tradicionalmente no ha aprobado ninguna moción en
la cual se pida la reprobación de ministros, ya que entiende que estas reprobaciones ministeriales deben ser objeto de mociones de censura, en cuyo caso hubiéramos tomado posición distinta, más definitoria. En segundo
lugar, porque es una moción tan extensa y que engloba tantos puntos críticos que en algunos podríamos coincidir y en otros no. Tendríamos que manifestar determinadas coincidencias puntuales y, en otras, discrepancias. Por estas razones
nuestro grupo se va a abstener en la votación de esta moción.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Grau.
El señor Martínez-Pujalte, en nombre del Grupo Popular.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Martínez Sanjuán, si yo empezara mi intervención diciendo que no creo en el Estado del bienestar, que creo en un Estado dinamizador frente al Estado del bienestar, que el poder público debe tener un papel de promotor o corrector
simplemente, usted diría: esa es la posición del Partido Popular. No, señor Martínez Sanjuán. Quien dice que no cree en el Estado del bienestar es el asesor del Grupo Socialista, señor Sebastián; el que dice que no cree en el Estado del
bienestar en esta entrevista es el señor Sebastián. Mi grupo parlamentario cree en el Estado del bienestar y cree y está trabajando para hacer realidad el Estado del bienestar en España. Está trabajando para convertir el crecimiento en bienestar
para todos. Creemos en el mercado, creemos en la empresa privada porque son valores que están en la Constitución española, pero creemos que el Estado tiene que garantizar unos servicios públicos a los ciudadanos y no como dice el señor Sebastián,
que simplemente se necesita un Estado dinamizador, que parece que es la nueva corriente socialista de eliminación del Estado del bienestar. Creemos en el Estado del bienestar y estamos comprometidos con el bienestar de los ciudadanos, pero estamos
convencidos de que para garantizar el bienestar, para garantizar unos servicios públicos, para garantizar que las familias vivan mejor, que tengamos mejor sanidad, mejor educación, mejor transporte público es necesario crecer y crear empleo. Hace
S.S. un relato del Estado imaginario del señor Montoro, pero para Estado imaginario el suyo al decir que todo va fatal, que 17 millones de cotizantes a la Seguridad Social frente a 12 millones es un mal dato, que España no está creciendo más que
Alemania. Eso no es verdad, señor Martínez Sanjuán. España está creciendo y está creando empleo. (El señor Martínez Sanjuán: No he dicho nada de eso.) Hoy podemos estar hablando de mejorar los servicios públicos y hoy puede usted subir a la
tribuna y plantear un debate de mejora en los servicios públicos porque tenemos 17 millones de afiliados a la Seguridad Social. Si estuviéramos haciendo una política socialista, señor Martínez Sanjuán, si tuviéramos una política socialista como la
alemana, estaríamos planteándonos recortes en el Estado del bienestar, recortes en los servicios públicos.
Hoy nos estamos planteando en este país mejoras en los servicios públicos, y en los Presupuestos Generales del Estado, señor Martínez Sanjuán -usted lo sabe porque se los lee, yo sé que usted es estudioso de los temas-, hemos incrementado la
financiación de los servicios públicos, usted sabe que hemos mejorado la financiación de las políticas sociales y usted sabe, señor Martínez Sanjuán, sabe porque usted es estudioso y yo sé que se lo ha estudiado, sabe que cuando hemos hecho el
traspaso de competencias en materia sanitaria a las comunidades autónomas hemos hecho un traspaso de competencias que permiten mejorar el servicio público de salud a las comunidades autónomas, y les hemos hecho transferencias al coste efectivo del
servicio, pactándolas con ellos e incluyendo las inversiones necesarias para ir mejorando los servicios. Usted sabe, señor Martínez Sanjuán, que el sistema de financiación autonómica permitía mejorar los servicios públicos; pero señor Martínez
Sanjuán estamos en un debate hoy aquí en nuestro país sobre los servicios públicos porque hay una coyuntura económica de crecimiento y creación de empleo, si no estaríamos aplicando políticas como las socialistas de otros países con recortes del
Estado del bienestar.
Usted puede venir aquí a decir que se miente, que los ministros mienten, que los ministros son unos miserables intelectualmente, usted puede echar toda clase de insultos, señor Martínez Sanjuán. Yo no lo voy a hacer, yo creo que usted ha
hecho una explicación bastante simple para reclamar mejores servicios públicos sin ir al fondo de la cuestión que es necesario crecer y crear empleo, y sin ir al fondo de la cuestión, que es decir que como en España se está creciendo, se está
creando empleo y tenemos 17 millones de afiliados a la Seguridad Social, podemos mejorar las pensiones, podemos mejorar la sanidad pública, podemos mejorar la educación y podemos mejorar las políticas sociales.
Se está invirtiendo en infraestructuras, y usted sabe, señor Martínez Sanjuán, que se está invirtiendo en infraestructuras más que nunca, y en términos relativos al PIB más que el resto de países europeos, y hemos podido afrontar un proceso
de modernización por el bien de los ciudadanos.
Señor Martínez Sanjuán, mi grupo va a votar no; usted siga con esa política de decir que todo va muy mal y de que los ministros son...
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Martínez-Pujalte, su tiempo ha concluido.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Usted puede decir que los ministros son muy miserables, y nosotros seguiremos creando empleo para mejorar los servicios públicos.
Gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA, ESPECIALMENTE DEL DENOMINADO 'ESPACIO GOYA'. (Número de expediente 173/000237.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Moción del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la construcción de equipamientos culturales en la ciudad de Zaragoza, especialmente del denominado espacio Goya.
Para la defensa de la misma, tiene la palabra el señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Señora presidenta, señorías, creo que esta tarde podemos intentar llegar a un acuerdo importante entre todos los grupos políticos con representación en esta Cámara.
Pretendemos conseguir que una de las figuras más universales de la cultura, como es el pintor Francisco de Goya, pueda tener un espacio museológico propio en Aragón, que actúe como elemento expositor, eje de desarrollo turístico y factor
imprescindible para entender y difundir su obra y su vida.
Como decimos en la parte expositiva de la moción presentada, somos conscientes de los cambios experimentados en la concepción de museos y centros de arte en los últimos tiempos, y de que la política museística debe constituir un proyecto
cultural global. Entendemos que existe una necesidad de adecuar la realidad museística y cultural hacia un nuevo modelo, que por su actividad y por su instauración con el entorno contribuya al desarrollo en todos los ámbitos y se convierta mediante
esos proyectos concretos en referente artístico, cultural, social y turístico obligado.
En este sentido, la figura universal del pintor aragonés Francisco de Goya debería permitir articular alrededor de su obra y de su vida un proyecto cultural de vanguardia, que ubicado en Zaragoza dinamice los lugares de su entorno más
cercano donde se conserva parte de su legado, convirtiendo la capital aragonesa en punto imprescindible de referencia cultural sobre el pintor de Fuendetodos. De hecho queremos traer a esta Cámara la opinión concreta de varios expertos y estudiosos
de la obra del artista aragonés sobre la cuestión de crear un espacio Goya, en Zaragoza.
Juan Carlos Lozano, especialista en pintura aragonesa y profesor del departamento de Historia de arte de la Universidad de Zaragoza, explica: es del todo necesario para la cultura de Aragón poder contar con un centro que sea referente de la
obra de nuestro genial artista en todo el mundo, reuniendo el máximo de sus obras plásticas. Carlos Barboza, restaurador magnífico de las obras de Goya en el Pilar, dice: Aragón tiene que aprovecharse de esa marca mundial que es Goya para traer
público y recursos. Arturo Ansón, profesor del departamento de Historia del arte, especialista en la obra de Goya, dice: es muy necesario un espacio Goya con todas las obras que existen en Aragón, incluidos los bocetos que tiene el Cabildo, e
incluso con otras que están en El Prado y que allí no reciben atención adecuada. Belén Boloqui, responsable de la Asociación Apudepa en defensa del patrimonio artístico, dice: un proyecto para Goya es totalmente necesario. Ángel Azpeitia, crítico
de arte, dice: me parece estupenda la idea de aglutinar en un mismo espacio todo lo que tenemos en Aragón; siempre he dicho que es una barbaridad no utilizar la figura de Francisco de Goya como seña de identidad.
Solo pretendo mostrarles un pequeño apunte de la amplia y variada opinión de los expertos en esta cuestión. También me gustaría recordarles las palabras de la propia ministra de Educación, Cultura y Deportes, Pilar del Castillo,
pronunciadas en el debate del pasado 26 de noviembre en este mismo Pleno, fruto de la interpelación presentada. Dijo: El delegado del Gobierno en Aragón, como vicepresidente que es de la Comisión Nacional para la candidatura de Zaragoza para la
Exposición 2008, ha pensado en la posibilidad de crear un espacio Goya como algo que sería un valor magnífico añadido a ese año de conseguirse finalmente que Zaragoza fuese la sede de la exposición (el delegado del Gobierno, ante el prometedor
futuro que sin duda va a tener un caso que puede ser allí la exposición 2008, coincidiendo con el segundo centenario de los sitios de Zaragoza y con el centenario de la exposición hispanofrancesa), y continuaba: el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, como hace siempre, pone y va a poner el máximo interés en estudiar cualquier proyecto que sobre este asunto le dirijan las instituciones aragonesas, tanto públicas como privadas, en este caso la Diputación General de Aragón, el
Ayuntamiento de Zaragoza o Ibercaja, si ese fuera el caso.
Esperamos que tales proyectos tengan la concreción necesaria para que podamos estudiarlos y veamos la viabilidad de desarrollar una serie de acciones conjuntas, tanto a partir de
iniciativas de la comunidad, sean públicas o privadas, como a partir de la posible colaboración a la que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte siempre está dispuesto.
Entendemos y entiende la ministra que la figura de Goya tiene una
proyección universal. Consideramos
que el Ministerio de Cultura, junto al Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, pueden jugar un papel importante en la creación, desarrollo y sostenimiento de este proyecto cultural conocido ya como espacio Goya. Existen diversas
iniciativas desde distintos ámbitos, pero somos conscientes de que sólo bajo el acuerdo, el consenso y la colaboración entre instituciones públicas, con el apoyo de la sociedad civil, puede consolidarse un proyecto global de estas dimensiones.
Llegados a este punto de la exposición, donde se plantea la necesidad de este espacio, se avala con la propuesta de expertos y estudiosos y se cuenta con el compromiso del propio ministerio; no nos queda más que plasmar este acuerdo para
que se ponga en marcha el proyecto de forma consensuada. Por eso nos limitamos a plantear dos puntos, entiendo que razonables pero que serían el germen de una comisión cuyo nacimiento se hace más que necesario para no dispersar esfuerzos para
lograr el objetivo: un espacio Goya en el que entre todos se pueda lograr el mejor proyecto posible.
Por eso pedimos el voto afirmativo para que el Pleno del Congreso de los Diputados apruebe estos dos puntos esenciales: Primero, desarrollar las actuaciones precisas para la creación de una comisión que reúna a representantes del Gobierno
central, Ayuntamiento de Zaragoza, Gobierno de Aragón y entidades dispuestas a colaborar en el proyecto museológico espacio Goya en torno a la figura del pintor aragonés, entendiendo que un objetivo de estas características sólo puede alcanzarse
mediante el consenso y la colaboración institucional. Una vez conformada la comisión señalada en el punto anterior, elaborar entre las partes implicadas un proyecto de espacio Goya que ponga de relieve su obra y tenga su centro fundamental en un
espacio singular, dotado de referencia arquitectónica específica con capacidad para el proceso de colección, investigación, conservación y exposición prevista dentro de un proyecto cultural global.
Nada mas, y muchas gracias, señora presidenta; gracias señores diputados
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Labordeta.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Moreno.
El señor MORENO BUSTOS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la moción que hoy debatimos, consecuencia de la interpelación del pasado día 26 de noviembre del señor Labordeta a la ministra de Educación, Cultura y Deporte, relativa a la construcción de equipamientos culturales en la ciudad de
Zaragoza, y más concretamente el denominado espacio Goya, no es nueva. Digo esto porque la idea que muy hábilmente ha querido rescatar el señor Labordeta tiene sus antecedentes en un proyecto inicial, y único hasta la fecha, propuesto y presentado
ante la opinión pública por el Gobierno aragonés del entonces presidente don Santiago Lanzuela, en la IV legislatura. En aquel entonces ya se pusieron sobre la mesa distintas ideas, diferentes propuestas y argumentos que hicieron posible un debate
serio y riguroso. Lamentablemente el final de la legislatura no hizo posible este hecho y más cuando en la siguiente, y tras el cambio de Gobierno, el nuevo consejero del Partido Socialista y el Partido Aragonés de Cultura fueron incapaces de
avanzar en el proyecto, o en su caso presentar alguna alternativa que lo mejorase, abandonándolo, tenemos la sensación que por desinterés o por no haber sido una iniciativa suya o de su Gobierno. Este, señorías, es nada más que un ejemplo de cómo
en Aragón los grandes y buenos proyectos son incapaces de apoyarse en el tiempo por el hecho de qué formación política los haya presentado y esto, les aseguro, debería cambiar.
Por otra parte, no habría que recordar que hace más de 50 lustros Goya nació en Aragón y el conjunto de su obra no puede entenderse sin rastrear sus huellas en este territorio. Esas pisadas, que tan pronto se pierden hacia Madrid o Sevilla
como atraviesan los Pirineos, simbolizan la vocación abierta al mundo del pintor de Fuendetodos. De Fuendetodos, humilde cuna y modesta formación, a genio de la Ilustración, un camino, el de Goya, salpicado de esfuerzo, de sinsabores, de
reconocimientos, de introversión, y por encima de todo de rabiosa individualidad, de desbordante creatividad para diseccionar con ojos de precursor de cine la sociedad que le tocó vivir y también la condición humana que rompe las barreras del
tiempo.
Años más tarde, una idea vuelve hoy al primer plano de nuestra atención.
Nuevas propuestas, más o menos elaboradas, han hecho posible resucitar un proyecto importante para Aragón y más concretamente para Zaragoza. Está claro que un
proyecto que elaboró, que diseñó, que en definitiva hizo ver la luz un Gobierno popular hoy no podría estar en contra de él; pero también está claro que las cosas, y menos éstas, no se pueden ni deben imponer, sino que de nuevo deben ser las partes
implicadas, Administración central y autonómica, Ayuntamiento de Zaragoza y otras entidades o instituciones públicas o privadas, las que conformen un marco que haga posible ilusionar al conjunto de la sociedad civil deseosa de participar activamente
en el desarrollo y posterior disfrute del proyecto.
También sería bueno recordar, señor Labordeta, que esta iniciativa, es más la literalidad de esta iniciativa que usted presenta, fue a su vez presentada por su grupo parlamentario el pasado jueves en el Parlamento
aragonés y lamentablemente fue rechazada por los votos en contra del Partido Socialista y el Partido Aragonés que apoyan al actual Gobierno de Aragón. Espero y deseo, se lo aseguro, que hoy y en ese afán del consenso el Grupo Socialista
reconsidere su posición y vote a favor de la enmienda que presentamos, la cual busca el mayor consenso posible.
Por ello, señora presidenta, porque nosotros también estamos comprometidos con este proyecto, es por lo que hemos presentado al señor Labordeta una enmienda transaccional a nuestra enmienda de modificación, y que pasaré a la Presidencia tras
la finalización de mis palabras, con una doble intención, que es la de recoger mejor las posibilidades reales del espacio Goya para el futuro e intentar conseguir el mayor acuerdo posible. Una enmienda que en su primer punto propone la búsqueda,
viabilidad y compromiso de todas las administraciones públicas y privadas, desde un trabajo conjunto que como propietarios de las obras deben ser preguntados e informados sobre este proyecto. En su segundo punto reconoce la posibilidad real de
aprovechar la Comisión Nacional creada con ocasión de la candidatura de Zaragoza a la Exposición Internacional 2008, para constituir en ella un grupo de trabajo como punto de partida capaz de desarrollar un proyecto museológico como es el espacio
Goya.
Sí he de dejar claro que los contenidos de nuestra enmienda se sitúan en los términos y el alcance señalados por el delegado del Gobierno de Aragón, como mencionó la señora ministra de Educación, Cultura y Deporte en la interpelación, y que
por tanto no cabe hoy ni cabrá mañana darle una interpretación distinta.
Ojalá, y ya finalizo, señora presidenta, este proyecto y a título personal sirviera no sólo para reconocer a Zaragoza y Aragón como territorio Goya, sino también para aunar en positivo, y no como casi siempre en negativo, esfuerzos en un
proyecto común de todos.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA: (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Moreno.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Guardans tiene la palabra.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Gracias, señora presidenta.
Seré breve, sobre todo después de haber escuchado el nivel del portavoz del Grupo Popular y del portavoz de la propia Chunta Aragonesista que le ha precedido, con el que no me pretendo comparar en exaltación de la figura de Goya.
La verdad es que a este portavoz se le escapan y le sorprenden incluso algunas de las afirmaciones de ámbito estrictamente político aragonés que ha planteado el portavoz del Grupo Popular sobre quién voto qué en el Parlamento de Aragón. Yo
sólo sé en nombre de mi grupo, y es lo que aquí vengo a defender, que me parece una iniciativa acertada y que como tal va a recibir el apoyo de mi grupo. Es acertada porque efectivamente, como bien explica el diputado que ha defendido esta moción y
que defendió la interpelación, señor Labordeta, en el actual panorama museístico y en la actual tecnología técnica museística tiene enorme sentido concentrar en un solo lugar todo lo que pueda movilizar culturalmente un determinado territorio. Es
obvio que en el caso de Aragón tiene todo su sentido museístico, cultural, y por qué no decirlo turístico también, concentrar eso alrededor de la figura de Francisco de Goya, pintor de altísima categoría, antesala del cine como ha dicho también
alguno de los portavoces, y anticipo de ese examen del alma humana que se sabe hacer a través de la pintura cuando se sabe hacer. Por tanto, tiene todo su sentido que Aragón quiera centrar su proyección cultural exterior, igual que otros han hecho
con otros personajes, por ejemplo en el caso de Cataluña, entre otros, con Gaudí o con Salvador Dalí, y esperamos seguirlo haciendo por las generaciones que están por delante con otros artistas, tiene inmenso sentido que Aragón, no digo recupere
porque nunca lo ha llegado a perder, pero sí que ponga en su punto y en su sentido la figura de Francisco de Goya, y eso una de las formas concretas, que no la única de manifestarse, es un espacio museístico concreto, un ligar físico que precisa sin
ninguna duda el apoyo de todas las administraciones. Por tanto, desde ese punto de vista, tendrá el apoyo de mi grupo parlamentario.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Guardans.
Finalmente, señora Gallizo, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
(La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora GALLIZO LLAMAS: Gracias, presidenta.
Hablar de Goya es para un aragonés como hablar de la propia familia.
Cuando Ramón J. Sender decía esto no se refería sólo al hecho de que nuestro mayor genio, el mayor genio de nuestra pintura naciese en Zaragoza, sino a que identificamos
en Goya con cosas que forman parte de nuestra manera de estar en el mundo. Es verdad que los tópicos son construcciones interesadas, pero no siempre son inciertas. Goya, dice Sender, es el genio aragonés, el hombre sin máscara, la sinceridad a
costa de todo.
La Zaragoza de Goya apenas tenía 40.000 habitantes. En ella dio sus primeras clases y en su entorno
realizó algunas de sus primeras obras. Zaragoza es hoy una gran ciudad y tiene pendiente la tarea de construir un espacio singular e importante en torno a Goya, uno de nuestros aragoneses más ilustres si no el que más.
Un espacio
necesariamente diversificado que tenga en cuenta que poseemos una representación muy destacada de pintura mural en diversas localizaciones en Zaragoza y su entorno. Creemos que hay que hacerlo ya, que no puede tener más demoras esta tarea.
Zaragoza y Aragón tienen una herida abierta en la atención prestada hasta ahora a la obra de Goya entre nosotros, y en la poca generosidad del Gobierno central para ayudarnos a construir el espacio que la figura del genial aragonés demanda. La
moción de Chunta Aragonesista expresa la necesidad de que las instituciones colaboren en esa tarea. Ese creemos que es su interés más notable, y en aras a esta idea habíamos pensado dejar hoy de lado el memorial de agravios, no recordar las muchas
desatenciones que se han tenido con Aragón, para ayudarnos a promocionar lo mucho y muy valioso que tenemos de Goya y para ayudarnos a completar el espacio dedicado al genial pintor con otras aportaciones que en un gran museo generalista quizá no
tienen espacio para ser expuestas. Queremos ser positivos.
Quiero decirles también que el Gobierno de Aragón, que es por cierto quien tiene la competencia en materia de gestión cultural, tiene la máxima disposición para contribuir a esta tarea con
las demás instituciones y hacerlo de una manera totalmente colaboradora, porque, señoras y señores diputados, los sectarismos no ayudan a nada y menos en materia cultural.
Es verdad que quien tiene la mayoría en esta Cámara tiene obviamente la capacidad de que se acepte o se rechace una propuesta, pero cuando las cosas son razonables la obsesión por ser protagonista de algo no debería ser tan cegadora, sobre
todo porque yo no sé a qué está dispuesto a comprometerse el Gobierno, y me gustaría que nos dijesen si van a ceder obra, si van a aportar fondos con alguna generosidad, para que así encajemos mejor cuál es el protagonismo que se busca. Por otra
parte, se propone que el grupo de trabajo sobre el espacio Goya se constituya en el seno de la candidatura de Zaragoza para la Expo 2008, que es un proyecto muy importante y muy valioso para mi ciudad, pero francamente me parece desproporcionado que
la idea de dar a la figura de Goya el espacio que merece en Zaragoza dependa de este evento y de sus avatares. Goya es zaragozano, aragonés, español y sobre todo universal. Los aragoneses nos sentimos felices cada vez que el Estado compra goyas y
nos sentimos aún más felices de que las mejores salas de El Prado recojan su genio y de que sean millones las personas que reciban su mensaje. Algunas personas excepcionales ven más allá de lo que abarcan los ojos, pero muy pocas tienen el
privilegio de transmitir esa mirada al mundo. Goya enseña al mundo, no sólo como era España hace 200 años. Nos enseña también, como ha dicho alguien, cómo la guerra y el hambre pueden minar la moralidad y el instinto de compasión de los seres
humanos. Sólo por eso ya merecería que lo considerásemos un genio, pero queremos también que Goya tenga un lugar de honor en su casa y queremos, sobre todo, que el Gobierno central no obstaculice esa pretensión, incluso que colabore a construirlo y
que no sea una dificultad que quien gestiona la cultura en Aragón sea la DGA y que no sea una dificultad que quien gobierne Aragón sean los socialistas.
Como empecé reivindicando la sinceridad a costa de todo, les diré que votaremos esta moción para que nos se nos acuse de obstrucionistas, porque algunos creen que de aquí saldrá algo, pero yo de momento veo poca luz.
Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Gallizo.
Señor Labordeta, a efectos de indicar la aceptación o rechazo de la enmienda propuesta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Sí, señora presidenta, acepto la propuesta de la enmienda.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGENCIA I UNIÓ), SOBRE LAS MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO PARA DEFENDER EL DERECHO DE LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES A DIRIGIRSE A LAS INSTITUCIONES EUROPEAS EN CUALQUIERA
DE LAS LENGUAS OFICIALES EXISTENTES EN ESPAÑA.
(Número de expediente 173/000238.)
La señora PRESIDENTA: Moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de carácter general que tiene previsto adoptar el Gobierno para defender el derecho de los ciudadanos españoles a dirigirse a las
instituciones europeas en cualquiera de las lenguas oficiales existentes en España.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señora presidenta, señorías, con Constitución o sin ella, más bien a pesar de los 25 años de Constitución, la verdad es que uno, después de unos cuantos años de diputado en esta Cámara, ha llegado ya al
convencimiento de que
ningún discurso parlamentario puede llegar a tener por efecto convencer a SS. SS. de nada, y por tanto tampoco lo voy a pretender hoy, después de haber intervenido sobre este tema en la interpelación que tuvo lugar en esta misma Cámara,
incluso en una especie de interpelación durante la comparecencia de la ministra de Asuntos Exteriores, el pasado miércoles en la Comisión Mixta para informar entre otras cosas de la Conferencia Intergubernamental. Por tanto me voy a proponer un
objetivo bastante más sencillo que el de convencerles, y es el de intentar evitar que me manipulen, que manipulen la intención de mi grupo cuando presentamos esta iniciativa. Por lo menos eso espero que sí se pueda lograr. Intentar conseguir que
ustedes sepan qué votan, intentar que lo sepa el grupo mayoritario, que lo sepan los demás, que lo sepa el 'Diario de Sesiones' y que lo sepa quizá algún comunicador que pueda tener algún interés en seguir este debate a estas horas, porque una de
las técnicas que viene utilizando el grupo mayoritario, el Partido Popular, es en lugar de atacar de frente las iniciativas que no le gustan o que sabe que tiene poca justificación para atacar, convertirlas en una cosa distinta, ridiculizarlas, a
partir de ahí atacarlas y por tanto acabar atacando algo distinto de aquello que uno ha venido a plantear. Por tanto, con afán netamente pedagógico, permítanme que les explique qué es lo que van ustedes a votar, qué es lo que hoy, como moción
parlamentaria, presenta el Grupo Parlamentario Catalán después de la interpelación.
Lo primero que quiero dejar claro, para evitar discursos que no se fundamenten en los hechos, es que no existe la noción de lengua oficial de la Unión Europea. Vamos a empezar por desmontar algún argumento que se usa con demasiada
facilidad: no existen lenguas oficiales de la Unión Europea. En todo el proyecto de Constitución europea que va a ser aprobado no encontrarán el concepto de lengua oficial de la Unión Europea. Por tanto, CiU no está pidiendo que el catalán sea
lengua oficial de la Unión Europea porque no existen lenguas oficiales de la Unión Europea. Primera perogrullada que quiero dejar bien clara.
Tampoco viene el Grupo Parlamentario Catalán al Congreso a pedir, a establecer o a someter a votación cuáles son o han de ser las lenguas de trabajo de la Unión Europea. A nosotros en este momento no nos interesa, ni es el objeto de esta
votación, saber en qué hablan los funcionarios de la Unión Europea; en qué se discute en las salas de reuniones de la Unión Europea, o cuántas cabinas de traducción tienen las salas de reuniones de la Unión Europea. Tampoco esto se está sometiendo
hoy a votación, señorías, y tampoco esto es lo que hoy presenta el Grupo Parlamentario Catalán. A ver si con eso nos vamos entendiendo, porque tengo la impresión de que en la propia interpelación el vicepresidente Arenas, después de dos turnos
todavía no terminó de enterarse exactamente de qué es lo que se le estaba diciendo, de ahí la necesidad de explicarse.
¿Dónde está el problema? El problema está en que el proyecto de Constitución europea que antes o después, si España lo permite, se acabará convirtiendo en Constitución europea, reconoce como derecho fundamental, y está en la Carta de
derechos fundamentales y está en la primera parte, el derecho de todos los ciudadanos europeos a dirigirse a las instituciones de la Unión, en ejercicio de su derecho de petición, para poder recurrir al Defensor del Pueblo europeo; derecho de
peticiones al Parlamento Europeo; derecho de recurrir al Defensor del Pueblo y posibilidad de dirigirse a todas las instituciones y organismos consultivos de la Unión Europea. Es decir, estamos hablando del derecho individual de los ciudadanos y
ciudadanas de la Unión a dirigirse a las instituciones que les gobiernan y a recibir de ellas una respuesta, de eso hablamos. Una forma de dirigirse puede ser derecho de petición, que pueden ser alegaciones ante algo que les afecta, que puede ser
el recurso ante una multa o que puede ser tantas otras cosas, pero insisto no estamos hablando de las relaciones de la Unión Europea de puertas adentro, estamos hablando del derecho que tiene un ciudadano y una ciudadana de la Unión, que resida en
cualquier lugar de la Unión, a dirigirse a las personas que les gobiernan. Espero que se entienda que de eso es de lo que estamos viniendo a hablar hoy. Un derecho que, insisto, reconoce la Constitución.
Ahora bien, la Constitución europea que reconoce eso lo hace de una manera muy concreta y es que dice que ese derecho se puede ejercer en lo que la Constitución llama las lenguas de la Constitución y aquí es donde está el problema. ¿Cuáles
son las lenguas de la Constitución? Por remisiones sucesivas se acaba diciendo que las lenguas de la Constitución son aquellas en las que la Constitución es un texto auténtico, que son 25.
Eso lo dice por remisión; es decir, remite al artículo
final del texto que dice cuáles son los idiomas en los que ese texto da fe. El problema está ahí. El problema no está en reconocer que se puede dirigir cada uno en su idioma; el problema está en ese listado de idiomas. Millones y millones de
españoles se están empezando a dar cuenta (hasta ahora que yo sepa los catalanoparlantes, los baleares, los valencianos, los vascos, los gallegos, son tan ciudadanos españoles como los demás, hasta ahora sigue siendo así) y a descubrir la triste
realidad de que no pueden ejercer ese derecho como los malteses, los lituanos o los alemanes.
Resulta que millones de catalanes tiene peor derecho que 400.000 malteses ó 1.400.000 estonios. Lo único que pedimos es que los ciudadanos españoles que
tienen un idioma distinto del castellano puedan ejercer su derecho en su propio idioma, que es oficial allí donde viven, que afecta a millones de personas,
a muchas más que algunos de los países que acceden, y que la Constitución europea, con el apoyo de España, con el voto de España y con la negligencia en este punto negociadora de España, se lo prohibe; estrictamente eso. Por tanto,
someteremos a votación un texto que pide, primero, que el Parlamento reconozca que los derechos de los catalanohablantes o la gente que habla valenciano o balear -fíjense con qué sutileza lo planteo-, es decir, todos aquellos que hablen cualquier
idioma que se hable en España distinto de la lengua castellana y que además es oficial allí donde se habla, puedan dirigirse en él a las instituciones europeas; y segundo, que el Gobierno, una de dos, modifique ese listado introduciendo esas
lenguas o, mucho más sencillo, se reserve el derecho de decidir en qué lenguas permite a sus ciudadanos dirigirse a las instituciones de la Unión. Mientras no haga eso, la percepción clara y que nadie puede rebatir es que hay millones de ciudadanos
españoles que tienen peor derecho que otros ciudadanos europeos, y no porque se haya perdido en una negociación europea o internacional, sino porque su propio Gobierno los ha abandonado y porque su propio Gobierno no ha hecho absolutamente nada por
defender su legítimo derecho en la Unión Europea.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guardans.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Nosotros vamos a apoyar la moción del señor Guardans precisamente porque nos parece una posición absolutamente lógica y racional, ya que desgraciadamente en este país sigue existiendo una discriminación lingüística. Nosotros, los
aragoneses, entendemos perfectamente esta situación porque parte de nuestra gente son catalanoparlantes y nos encontramos también en una situación de inferioridad frente a los que hablamos el castellano. Por esa razón vamos a apoyar esta moción que
nos parece lógica y racional, y ya va siendo hora de que en este país empecemos a reconocer todos y nos sintamos orgullosos de los escritores en catalán, los escritores en vasco y los escritores en gallego.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Pedret.
El señor PEDRET GRENZNER: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, no sé cuáles serán las razones por las que a lo mejor yo tenga una visión más optimista de la vida política que la del señor Guardans, desde luego no la edad porque él es mucho más joven que yo, quizás razones de optimismo
ideológico respecto a las posibilidades de cambiar la sociedad. Pero yo no voy sólo a intentar explicar a SS.SS. lo que supone la moción que ha presentado Convergència i Unió en este acto y que preparó en la interpelación anterior, sino que voy a
intentar convencerles. Lo que sí sé, porque nos lo dicen los maestros parlamentarios ingleses, es que un discurso parlamentario jamás cambia el voto pero sí puede convencer. Si les convencemos ahora a lo mejor lo cambian después.
Señorías, estamos hablando de una cuestión estrictamente de derechos individuales de los ciudadanos, y estos derechos individuales de los ciudadanos, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico y constitucional, deben interpretarse a la luz
del artículo 10 de la Constitución, que habla del derecho al libre desarrollo de la personalidad, y de acuerdo con los tratados internacionales de los que somos parte. Señorías, en el derecho comunitario existen precedentes de reconocimiento de la
validez y eficacia de las lenguas que no son las oficiales del conjunto del Estado. Me refiero en concreto al Reglamento del Consejo 1348/2000, de 29 de mayo, en su artículo 4, y al Reglamento también del Consejo 1206/2001, de 28 de mayo, artículo
5, en los que se reconoce en el ámbito civil y mercantil -es cierto- la eficacia de las lenguas oficiales del Estado, de las lenguas cooficiales en aquellos lugares donde lo sean y de aquellas lenguas que cada Estado reconozca como válidas y
eficientes a los efectos de comunicación y de cooperación judicial en materia civil y mercantil. Por tanto, quienes nos sumamos en este caso a la postura defendida por el Grupo de Convergència i Unió porque nos parece adecuada, justa y correcta no
nos estamos inventando nada; estamos apelando al precedente en el ámbito comunitario y sobre todo, señorías, estamos apelando al desarrollo del derecho individual de nuestros ciudadanos, a quienes nuestro Estado debe amparar, proteger y procurar
siempre -porque lo dice la Constitución: los poderes públicos deben combatir y remover los obstáculos a la plena igualdad y a la plena libertad- que todos estos derechos, los lingüísticos incluidos, sean respetados en todos los ámbitos. Al
respetar derechos lingüísticos no se trata sólo de decir que se puede expresar en la lengua que quiere, sino que en el momento de dirigirse a una determinada administración debe hacerlo en otra lengua. Este derecho, señorías, ya lo tenemos recogido
en el proyecto de la Constitución europea. Cualquier ciudadano de este país puede dirigirse a la Unión Europea en maltés,
pero no puede dirigirse en su lengua propia, cooficial en su territorio.
Creo que esto, evidentemente, debe corregirse para ponernos de acuerdo con lo que dice el artículo 8.2 del proyecto de Constitución, que esperemos que se convierta
realmente en Constitución si evitamos los obstáculos que se oponen a su aprobación. El artículo 8.2 dice que la Unión reconoce la pluralidad, cultural, religiosa y lingüística. Y este reconocimiento, como todo reconocimiento constitucional, puesto
que se liga también con la Carta de los derechos de los ciudadanos, artículo 22, no puede quedar en una simple manifestación de intenciones, sino que debe poderse desarrollar en la práctica. Todo ciudadano tiene derecho a relacionarse, a hacer sus
gestiones y a expresar su visión del mundo en la lengua que le es propia. Por ello, votaremos a favor de la moción presentada y defendida por Ignasi Guardans. Insisto en que estoy convencido de que no voy a hacer que ustedes cambien el voto, pero
si abren la mente y dejan atrás pequeños corsés que impiden una visión de la realidad plural del mundo ustedes deberían estar convencidos de que esta postura es justa.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pedret.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Martínez Casañ.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, yo creo que el portavoz del Grupo catalán se equivoca porque el vicepresidente segundo del Gobierno, el señor Arenas, lo comprendió muy bien, como también lo ha comprendido muy bien la ministra de Asuntos Exteriores y como lo
comprendemos todos muy bien. Lo que nos asombra es que una persona inteligente y un jurista fino, que sabe de lo que habla, nos traiga esta moción en el día de hoy como nos la trae y nos dé los argumentos que nos da, que son erróneos, falsos o
inconsistentes. Yo comprendo que el Grupo Catalán esté nervioso, que el portavoz del Grupo Catalán esté nervioso, que piense que se le escapa el último tren, que por otro lado nunca ha existido -otros sí y ya se han marchado-, que se quiera montar
en él y que a la tremenda quiera tratar de convencernos de algo que es imposible.
Los artículos 28 y 41 del Tratado de la Comunidad Europea, según los cuales el régimen lingüístico de las instituciones debe ser fijado por unanimidad del Consejo, remiten al Consejo y éste en el Reglamento número 1 de 1958 dice que las
lenguas oficiales de la Comunidad y las lenguas de trabajo en las instituciones de la Comunidad serán las que son, o sea que hay concepto de lengua oficial de la Comunidad. Las lenguas oficiales de la comunidad son 12, aunque se utilizan solamente
11, y son aquellas que están vinculadas al territorio, aquellas que se hablan en todo el territorio de uno de los Estados miembros de la Unión. Yo comprendo que hay territorios que no son Estados, pero las lenguas oficiales -repito que existe
concepto de lengua oficial- son las que están vinculadas a un territorio entero de un Estado de la Unión. Efectivamente, el artículo 8 de la Constitución se remite al 10 y al 12 y se adopta un criterio restringido por el cual se dice que las
lenguas oficiales y las lenguas de trabajo serán las mismas, que son las que están contenidas en el Reglamento. Se mantiene el principio de restringir estas lenguas a aquellas que tienen el carácter de oficiales en el conjunto del Estado.
Esto es
así porque, si no, se organizaría un guirigay con la ampliación y sería completamente imposible de manejar. En el caso de Bélgica no se reconoce el flamenco que tiene alguna diferencia con el neerlandés. La tercera lengua oficial de Luxemburgo es
el luxemburgués y no se reconoce.
En el caso de Finlandia se reconocen el finés y el sueco, no otras lenguas. En el caso de Irlanda se reconoce el irlandés y el inglés, pero el primero no se usa. En el caso de Gales o de Escocia, ni los galeses
ni los escoceses se dirigen a las instituciones comunitarias en ninguna de sus lenguas. En el caso de Bretaña o de Córcega qué vamos a decir.
Comprendo que lo que está pidiendo el Grupo Catalán es algo que les interesa porque lo sienten, porque son titulares, porque se entra en la demagogia, es bonito y tal y cual, se presenta una iniciativa parlamentaria, vamos a ver qué es lo
que pasa y después vemos lo que tenemos que vender, pero no es realista ni pragmático en el proceso de construcción europea. Y sobre todo no nos confundamos. Según la Constitución, en Cataluña se habla la lengua castellana; la Constitución
establece la oficialidad de la lengua castellana para todos los españoles y el derecho de usar y el derecho de conocer, señalando además que las lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus
estatutos. A nadie se le está privando de la posibilidad de dirigirse a las instituciones comunitarias ¿o me van a decir ustedes que aparte de las lenguas que tan dignamente conocen porque son cooficiales en sus territorios no conocen la lengua
castellana? El propio Estatuto de Cataluña establece que la Generalidad garantizará el uso normal y oficial tanto del castellano como del catalán, lo que no parece que el hecho de dirigirse en castellano a las instituciones europeas suponga una
limitación o restricción para los ciudadanos de esa comunidad autónoma. No se excluye, señorías, a ningún ciudadano. Ojalá pudiésemos todos dirigirnos en todas las lenguas que quisiéramos, pero es irrealista, es imposible desde el punto de vista
de la gestión de los recursos a nivel europeo y sobre todo a las puertas de una ampliación que podría multiplicar
indefinidamente el uso de las lenguas autóctonas, el uso de las lenguas que todos y cada uno de los ciudadanos de la Unión Europea tendríamos legítimo derecho a exigir que se utilizasen cuando nos quisiésemos dirigir a las instituciones
comunitarias en defensa de los propios intereses. No creo que haya indefensión, señorías, y por tanto pienso que esta petición del Grupo Catalán tiene otras motivaciones y, como es imposible y no es útil ni eficaz, no la apoyaremos.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Martínez Casañ.
Señorías, iniciamos la votación de la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el deterioro de los servicios públicos en España.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 271; a favor, 99; en contra, 160; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la construcción de equipamientos culturales en la ciudad Zaragoza, especialmente del denominado espacio Goya, que se somete a votación en los términos
derivados del debate y con la incorporación de la enmienda que ha sido aceptada.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 276; a favor, 275; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de carácter general que tiene previsto adoptar el Gobierno para defender el derecho de los ciudadanos españoles a
dirigirse a las instituciones europeas en cualquiera de las lenguas oficiales existentes en España.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 277; a favor, 118; en contra, 159.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Eran las ocho y cincuenta y cinco minutos de la noche.