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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 300, de 27/11/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2003 VII Legislatura Núm. 300
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 287
celebrada el jueves, 27 de noviembre de 2003
ORDEN DEL DÍA: Modificación del orden del día ... (Página 15892)
Enmiendas del Senado: - Proposición de Ley sobre empleo público de discapacitados. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 302-1, de 21 de febrero de 2003. (Número de expediente 122/000268.) ...
- Proyecto de Ley de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 147-1, de 9 de mayo de 2003. (Número de expediente 121/000147.) ... (Página
15894)
Modificación del orden del día ... (Página 15899)
Enmiendas del Senado. (Continuación.): - Proyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 151-1, de 23 de mayo de 2003. (Número de expediente
121/000151.) ... (Página 15899)
- Proyecto de Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 152-1, de 23 de mayo de 2003.
(Corrección de error en BOCG,
serie A, número 152-2, de 9 de junio de 2003.) (Número de expediente 121/000152.) ... (Página 15906)
- Proyecto de Ley de medidas para la modernización del Gobierno Local.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 157-1, de 13 de junio de 2003. (Número de expediente 121/000157.) ... (Página 15912)
- Proyecto de Ley General Tributaria. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 155-1, de 6 de junio de 2003. (Corrección de error en serie A, número 155-4, de 17 de julio de 2003.) (Número de expediente 121/000155.) ...
- Proyecto de Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 167-1, de 23 de julio de 2003. (Número de expediente 121/000167.) ...
- Proyecto de Ley de Empleo. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 169-1, de 30 de julio de 2003. (Número de expediente 121/000169.) ... (Página 15930)
Informe anual sobre la Cuenta General del Estado: - Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas relativo a la Declaración Definitiva sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2000 y resolución
adoptada por la misma. (Número de expediente 250/000013.) ... (Página 15935)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Modificación del orden del día ... (Página 15892)
La señora presidenta propone al Pleno de la Cámara, conforme al artículo 68 del Reglamento y de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, la modificación del orden del día en el sentido de que el punto 35, relativo al debate
de las enmiendas del Senado al proyecto de ley general tributaria, pase a debatirse a continuación del punto 38, correspondiente al debate de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de estatuto marco del personal estatutario de los servicios de
salud, lo que se aprueba por asentimiento.
Enmiendas del Senado ... (Página 15892)
Proposición de ley sobre empleo público de discapacitados ... (Página 15892)
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Monzón Cabrera, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; los señores Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora García Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Belda Pérez-Pedrero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometidas a votación las enmiendas del Senado a la proposición de ley sobre empleo público de discapacitados, se aprueban por 174 votos a favor y dos abstenciones.
Proyecto de ley de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social ... (Página 15894)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); la señora López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Burgos Gallego, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Modificación del orden del día ... (Página 15899)
La señora presidenta propone al Pleno de la Cámara, conforme al artículo 68 del Reglamento y de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, la modificación del orden del día en el sentido de que el punto 35, relativo al debate
de las enmiendas del Senado al proyecto de ley general tributaria, pase a debatirse a continuación del punto 40, correspondiente al debate de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de medidas para la modernización del Gobierno local, lo que se
aprueba por asentimiento.
Proyecto de ley de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social (votación.) ... (Página 15899)
Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social, se aprueban por 154 votos a favor, 120 en contra y dos abstenciones.
Proyecto de ley del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud ... (Página 15899)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; las señoras Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV);
Riera i Ben, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y los señores Arola Blanquet, del Grupo Parlamentario Socialista, y Zambrano Vázquez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se procede a la votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud, que son aprobadas.
Proyecto de ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad ... (Página 15906)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ruiz López,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Rumí Ibáñez, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Belda Pérez-Pedrero, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, se aprueban por 162 votos a favor, dos en contra y 125 abstenciones.
Proyecto de ley de medidas para la modernización del Gobierno local ...
(Página 15912)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Jané i
Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Martínez Sanjuán, del Grupo Parlamentario Socialista, y Albendea Pabón, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se procede a las votaciones de las enmiendas del Senado al proyecto de ley para la modernización del Gobierno local, que son aprobadas.
Proyecto de ley general tributaria ... (Página 15921)
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Riera Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y los señores Fernández Marugán, del Grupo
Parlamentario Socialista, y López-Amor García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se procede a las votaciones de las enmiendas del Senado al proyecto de ley general tributaria, que son aprobadas excepto las enmiendas al artículo 200, apartado 3, que son rechazadas por 17 votos a favor, 264 en contra y nueve abstenciones.
Proyecto de ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales ... (Página 15926)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió); Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ruiz López, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; González Vigil, del Grupo Parlamentario Socialista, y Pérez Corgos, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, se aprueban por 265 votos a favor, uno en contra y 19 abstenciones.
Proyecto de ley de empleo ... (Página 15930)
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Monzón Cabrera, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; los señores Ruiz López, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida; Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); González Vigil, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Montseny Masip, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se procede a las votaciones de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de empleo, que son aprobadas.
Informe anual sobre la cuenta general del Estado ... (Página 15935)
Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas relativo a la declaración definitiva sobre la cuenta general del Estado del Ejercicio 2000 y resolución adoptada por la misma ... (Página
15935)
Interviene en defensa del dictamen de la Comisión el señor Bardisa Jorda, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno en contra interviene la señora Costa Campi, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
Replica el señor Bardisa Jorda, y duplica la señora Costa Campi.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Martí i Galbis, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
En virtud del artículo 71.3, en turno por alusiones, interviene la señora Costa Campi.
Sometido a votación el texto del dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, relativo a la declaración definitiva sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 2000 y resolución adoptada por la misma, se
aprueba por 151 votos a favor, 79 en contra y 13 abstenciones.
Se levanta la sesión a las tres y treinta y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego ocupen sus escaños. Se reanuda la sesión.
Señorías, conforme el artículo 68 del Reglamento, la Presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que el punto 35, relativo al
debate de las enmiendas del Senado al proyecto de ley general tributaria, pase a debatirse a continuación del punto 38, correspondiente al debate de las enmiendas del Senado al proyecto de ley del estatuto marco del personal estatutario de los
servicios de salud.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.
ENMIENDAS DEL SENADO
- PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE EMPLEO PÚBLICO DE DISCAPACITADOS. (Número de expediente 122/000268).
La señora PRESIDENTA: De acuerdo con esta modificación, iniciamos el debate del punto VI del orden del día: Enmiendas del Senado; en primer lugar, enmiendas del Senado a la proposición de ley sobre empleo público de discapacitados.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Señora presidenta, con toda brevedad. Anuncio el voto favorable del Bloque Nacionalista Galego a este proyecto de ley en su última fase de tramitación. También nos congratulamos de la modificación introducida en el
Senado, en virtud
de la cual se sustituye discapacidad por un concepto más amplio como es minusvalía.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señora Monzón.
La señora MONZÓN CABRERA: Gracias, señora presidenta.
En la misma línea anunciamos nuestro voto favorable a esta enmienda introducida en el Senado a la proposición de ley sobre empleo público de discapacitados.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Monzón.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
También el Grupo Vasco (PNV-EAJ) expresa su voto favorable. La enmienda del Senado incorpora una precisión terminológica que distingue entre lo que es la situación de discapacidad de lo que son los grados de minusvalía referidos a esa
situación; precisión terminológica necesaria, parece ser que importante, para que los exégetas de la ley pudieran comprenderla en su real alcance y contenido. Por tanto, es una gran aportación del Senado que agradecemos.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Erkoreka.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
Anunciamos el voto favorable de Convergència i Unió a las modificaciones que ha introducido el Senado, así como el apoyo a esta proposición de ley, que pretende ampliar la reserva de empleo público al 5 por ciento.
Tan sólo lamentamos que
el Senado, aparte de esta mejora técnica, no haya incorporado las enmiendas del resto de los grupos parlamentarios, que iban en dos líneas: por un lado, mantener el texto original de la proposición de ley que planteó en su momento el Grupo
Parlamentario Socialista, en el que se proponían fórmulas que podían permitir una efectiva concreción de esa previsión de alcanzar el 5 por ciento en la reserva de empleo público para las personas con discapacidad; y, por otro lado, las enmiendas
que Convergència i Unió presentó a esta proposición de ley, todas ellas orientadas a configurar no sólo una nueva obligación legal o una ampliación de la obligación legal existente, sino también la articulación de una política pública concreta, que
haga real y efectiva esta previsión que nuestra legislación contempla, que si hasta ahora no se ha cumplido no ha sido tan sólo como resultado de las dificultades que puedan existir o de la ausencia de medidas efectivas en el funcionamiento de la
propia administración, sino de la ausencia de una política global que permita, facilite, estimule y fomente esa incorporación de las personas con discapacidad al empleo público. Teniendo en cuenta la importancia de esta nueva obligación de alcanzar
el 5 por ciento, mi grupo votará favorablemente en este trámite.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora García.
La señora GARCÍA PÉREZ: Gracias, señora presidenta.
Intervengo para fijar la posición de apoyo del Grupo Parlamentario Socialista respecto a esta enmienda, pues nos parece una mejora respecto al concepto del texto original, pero no querríamos dejar pasar esta ocasión sin plantear nuestro
malestar por la actitud que ha tenido el Grupo Parlamentario Popular en todo el trámite de esta proposición no de ley, nacida originariamente del Grupo Parlamentario Socialista, pues a través del trámite de enmiendas, tanto en el Congreso como en el
Senado, ha impedido buscar medidas que hicieran efectiva la puesta en marcha de esta ley. Desde el Grupo Parlamentario Socialista planteábamos no sólo pasar del 3 al 5 por ciento de cuota de reserva en la función pública, sino la posibilidad de
acumulación de hasta un 10 por ciento en tanto en cuanto no se cumpliera el objetivo prioritario. Ese planteamiento ha sido rechazado por el Grupo Popular, lo que no entendemos, pues su portavoz reconoció en la primera fase de la tramitación de
esta ley que pasar del 3 al 5 por ciento de la cuota no iba a servir para favorecer la incorporación de los discapacitados en el mercado laboral. Con lo cual, si esta medida no servía, no entendemos por qué han sido rechazadas las propuestas del
Grupo Parlamentario Socialista y de otros grupos parlamentarios que hacían posible el cumplimiento efectivo de esta norma.
Consideramos que todavía estamos muy lejos de conseguir el objetivo prioritario. Sólo un 0,2 por ciento de las plazas están
cubiertas en la actualidad y, por lo tanto, hay que buscar instrumentos que favorezcan la incorporación de las personas con discapacidad en la función pública.
Nuestro grupo parlamentario introdujo una serie de enmiendas en el Senado, en la misma
línea de la proposición de ley planteada por la Comunidad de Castilla-La
Mancha, votadas favorablemente en el Congreso y posteriormente rechazadas.
Por lo tanto, queremos volver a insistir en nuestra satisfacción porque esta propuesta salga adelante, pasando del 3 al 5 por ciento, aunque debería haberse hecho un
esfuerzo mayor por conseguir la efectividad del cumplimiento de esta norma.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora García.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Belda.
El señor BELDA PÉREZ-PEDRERO: Gracias, señora presidenta.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular me congratulo por el acuerdo obtenido en esta propuesta. Ya anunciábamos en su día que pasar del 3 al 5 por ciento dependía solo y exclusivamente de la aplicación en el ámbito ejecutivo y por parte
de todas las administraciones públicas. Intervenir en el último lugar hace que no tenga que explicar cuál es el tenor de las enmiendas introducidas desde la Cámara Alta, pero sí haré dos precisiones: en primer lugar, que a partir de este momento
es preciso y conveniente llamar a todas las administraciones públicas a la adaptación de sus pruebas selectivas; y, en segundo lugar, contesto con toda amabilidad a la señora García Pérez acerca de la actitud de nuestro grupo parlamentario.
Nosotros desde el primer día hemos dado muestras de querer llegar a una entente con el resto de los grupos y especialmente con el principal grupo de la oposición, visto lo cual, y dudando mucho de la poca efectividad de su primera propuesta, hemos
querido seguir la tramitación, introduciendo simplemente mejoras técnicas. No hemos podido coincidir con el Grupo Socialista en el tema de la acumulación de las plazas, porque no casa temporalmente la determinación de una oferta pública con otra, y
eso se debería saber por parte de quienes han llevado muchos años las riendas de la Administración pública, salvo que tengan otra prioridad en la realización de los procesos electivos.
Como ha explicado bien el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Campuzano, el problema fundamental es el tratamiento global y desde hace mucho tiempo de la discapacidad. Es en esta VII Legislatura cuando ha
tomado cuerpo ese tratamiento integral y global, a salvo de muy loables iniciativas anteriores. En este caso el defecto fundamental está en la rémora del sistema educativo que arrastramos desde hace decenios y que ha imposibilitado que se llegara
al 2 por ciento y, como ahora no lo vayamos arreglando, al 5 por ciento de la reserva de estas plazas.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Belda.
Sometemos a votación las enmiendas del Senado a la proposición de ley sobre empleo público de discapacitados.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 176; a favor, 174; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
- PROYECTO DE LEY DE DISPOSICIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 121/000147.)
La señora PRESIDENTA: Enmiendas del Senado al proyecto de ley de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social. ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.-Rumores.) Señorías, ¿grupos que desean fijar posición respecto a las
enmiendas del Senado al proyecto de ley de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo va a votar favorablemente todas y cada una de las enmiendas que nos llegan de la Cámara Alta. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Mardones, por favor.
Señorías, ¿es posible que las conversaciones las mantengan fuera del hemiciclo y nos permitan continuar con el debate, de modo que podamos oír la intervención del señor Mardones?
Adelante, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta, por su amparo. Somos pocos, pero ruidosos.
Continúo con mi intervención, diciendo que el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria votará favorablemente todas las enmiendas que ha remitido la Cámara Alta a este proyecto de ley de disposiciones específicas en materia de Seguridad
Social. Voy a pasar por alto aquellas que pretenden mejoras técnicas y adecuaciones de estilo literario o de sintaxis, para fijarme en las fundamentales.
En primer lugar, con las que se han dirigido al artículo 12, de responsabilidades por cotizaciones y otros recursos, el Senado ha suprimido algunos textos enviados por esta Cámara. Dicha supresión era necesaria en congruencia con otras
enmiendas aceptadas por el Congreso de los Diputados, porque, si no, hubieran
creado confusión e incluso antagonismo jurídico al tratar de modificar el artículo 127 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por el Real Decreto legislativo 17/1994. Entendemos que los textos suprimidos,
algunos de ellos referidos al Estatuto de los Trabajadores, hubieran resultado incongruentes en un texto de armonización legislativa. También queremos destacar -las votaremos, como he dicho, favorablemente- las enmiendas dirigidas al artículo 180,
prestaciones familiares. Se ha hecho una modificación introduciendo un segundo párrafo, relacionado con el anterior, al artículo 180, que habla del período de cotizaciones efectivas. Así, el período será de 15 meses, si la unidad familiar de la
que forma parte el menor, en razón de cuyo cuidado se solicita la excedencia, es numerosa según la categoría general, y de 18 meses si tiene categoría especial. Al artículo 182, que señala los beneficiarios, se ha introducido una enmienda
fundamentalmente aclaratoria y de seguridad jurídica, que viene a especificar que, no obstante lo dicho en los textos anteriores que había considerado el Congreso de los Diputados, cuando se trate de personas que formen parte de familias numerosas,
de acuerdo con lo establecido en la Ley de protección de dichas familias, aquellas deben tener unos derechos determinados cuando hay asignación económica por hijo a cargo, que no será nunca superior a los 14.200 euros. Creemos que este texto supone
una mejora no sólo de tipo jurídico, sino también de tipo social. En la enmienda en el Senado al artículo 185, de los beneficiarios, se propone la introducción de un nuevo párrafo a efectos del cómputo del numero de hijos, que señala que podrán
beneficiarse de esta prestación cuando tengan una minusvalía certificada por el médico correspondiente superior al 33 por ciento y computarán el doble. Nos congratulamos de esta enmienda que hace una introducción de auténtica justicia social para
las familias beneficiarias de estas prestaciones.
Finalmente, señora presidenta, fijaré mi atención en las enmiendas amplias, de nuevo texto introducido, a las disposiciones adicionales, en primer lugar a la disposición adicional primera del proyecto de ley, donde se introduce una enmienda
dirigida a las infracciones del orden social. Era necesario hacer unas aclaraciones, unas matizaciones y unas consignaciones en los textos normativos dentro de la Ley general de la Seguridad Social. Desde 1994 se ha producido una serie de
modificaciones, tanto de orden social como económico, y era necesario que las infracciones de orden social quedaran perfectamente tipificadas por seguridad jurídica. La disposición adicional segunda, pensiones de jubilación, vamos a apoyarla porque
se ha hecho un meritorio trabajo de introducción y sensibilidad de los grupos parlamentarios, igual que en la disposición adicional tercera, de las cuentas de la Seguridad Social, donde era necesaria una autorización para el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales a efectos de que pueda disponer la no liquidación o en su caso la anulación y baja en contabilidad de todas aquellas liquidaciones de las que resulten deudas inferiores a la cuantía que se estime. Esto también era necesario
fundamentalmente para eliminar la hojarasca de una serie de expedientes que han venido colapsando por exceso de burocracia mal entendida estas actuaciones. Es un avance que va a permitir la agilización de lo que son puramente actos burocráticos
administrativos y de trámite, pues pese a estar mecanizados por ordenadores son una carga innecesaria que lleva a perderse en unos expedientes de este tipo cuyo análisis coste-beneficio ninguna empresa soportaría. Se hace una modificación con
enmienda expresa en la disposición adicional cuarta respecto a los aspectos de la contratación de la Seguridad Social. Estos cumplimientos de obligaciones también han venido a señalar unas obligaciones, unos tipos y unas exigencias de gestión
administrativa. No olvidemos que lo que estamos haciendo con las modificaciones de estas enmiendas es, en primer lugar, una actualización, una modernización de procedimientos de gestión, porque muchas veces la maquinaria de la Seguridad Social se
ha ido cargando excesivamente en todos estos aspectos de gestión y de control, y era necesario eliminar lastre para que el vehículo de la eficacia funcionara adecuadamente. Por estas razones, señora presidenta, mi grupo votará favorablemente estas
enmiendas.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Señora presidenta, señorías, muchas gracias.
Independientemente de las pequeñas aportaciones que se han producido en el Senado y que el portavoz anterior, señor Mardones, ya ha descrito, a nuestro juicio siguen sin resolverse las cuestiones fundamentales que nosotros habíamos planteado
para esta ley. El Estado pretende evitar que puedan establecerse prestaciones de carácter complementario a los sistemas de la Seguridad Social, y ello a nuestro juicio dando además clara réplica a la sentencia del Tribunal Constitucional. Asimismo
se siguen invadiendo competencias de las comunidades autónomas en materia de asistencia social sin que se perjudique la acción protectora de los poderes públicos.
Otra propuesta inicial presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) es que no se especifica el inicio de las transferencias a las comunidades autónomas o por lo menos el inicio de las gestiones para la reversión de la plena
titularidad de los inmuebles afectos a los fines de asistencia sanitaria y de atención social y servicios sociales, así como que los certificados expedidos una vez acordado el traspaso sean títulos
inscribibles. Por todo ello, nuestra posición será la misma que en la primera lectura.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Txueka.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
Tal como apuntaba el señor Txueka, nos llega este proyecto de ley que Convergència i Unió ha definido como una LOAPA social, como una ley que pretende impedir el libre ejercicio de las competencias en materia de asistencia social de las
comunidades autónomas, intentando dar respuesta legal y política a la capacidad de las diversas autonomías para complementar las pensiones públicas de carácter contributivo y no contributivo. En su trámite en el Senado, esta ley ha introducido
determinadas modificaciones de carácter técnico, pero esa cuestión esencial, esa voluntad de impedir que los parlamentos autonómicos aprueben complementos para aquellos pensionistas más pobres de sus territorios continúa manteniéndose. Esta ley,
por tanto, que expresa una concepción regresiva del Estado y una concepción reaccionaria de las políticas sociales no va a contar con nuestro apoyo sino con nuestro rechazo absoluto, no rechazo a estas enmiendas del Senado sino a la propia filosofía
de este proyecto de ley.
Esta misma semana el ministro Zaplana anunciaba una serie de subidas de las pensiones, algunas de ellas derivadas del marco legal existente y otras derivadas de los mandatos expresados por el Pacto de Toledo. En cambio, el Gobierno continúa
instalado en esa visión que niega a las comunidades autónomas que, en ejercicio de sus responsabilidades, puedan decidir que los pensionistas más pobres vean complementadas sus pensiones con aquellos recursos que los gobiernos autonómicos, los
parlamentos autonómicos, decidan destinar de sus partidas de asistencia social a este tipo de políticas. Yo creo que es difícil aceptar, apoyar o compartir una visión de una política social que pretende que el cumplimiento de la ley sea noticia,
que el cumplimiento del Pacto de Toledo sea noticia, y que al mismo tiempo pretenda negar esa capacidad de dar respuesta a los problemas sociales de la gente. Estoy seguro de que esta ley va a terminar en el Tribunal Constitucional, estoy seguro de
que diversos parlamentos autonómicos van a plantear recursos a la misma, y estoy seguro también de que el Tribunal Constitucional, de la misma manera que rechazó el recurso que planteó el Gobierno español en relación con la política de pensiones de
Andalucía, va a declarar que esta ley va a en contra de la Constitución, en contra del reparto competencial que establecen la Constitución y los estatutos de autonomía. Es más, también estoy seguro de que si en la próxima legislatura la correlación
de fuerzas políticas es diferente en esta Cámara, los artículos principales de esta ley van a ser derogados porque no responden a las necesidades de un modelo de Estado avanzado, progresivo y que desde el libre derecho a la autonomía de las
nacionalidades y regiones que lo componen pretende dar instrumentos para responder a los problemas reales de la gente.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora López.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, iniciamos hoy el trámite final de esta ley, una ley que creo sinceramente que va a generar muchos más problemas de los que va a resolver, una ley que nace no de la necesidad de solventar unos problemas sino del cabreo del Gobierno
ante una sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia 239/2002, que da la razón a la Junta de Andalucía en el sentido de que sí puede complementar las pensiones no contributivas. Ante esta sentencia el Gobierno nos plantea una ley que en sus
artículos 1 y 2 limita esa posibilidad. Señorías, en esta ley se plasma evidentemente la forma de gobernar del PP. No puede ser que se lleven al Tribunal Constitucional unos complementos que hace la Junta de Andalucía a unas pensiones no
contributivas, a unas pensiones mínimas, no puede ser que el Gobierno popular critique a la Generalitat de Cataluña porque complemente unas pensiones mínimas no contributivas y algunas pensiones mínimas contributivas y que, sin embargo, no diga
absolutamente nada de una ley de la Comunidad Foral de Navarra que complementa pensiones contributivas de viudedad hasta el salario mínimo interprofesional. Señorías, no se puede llevar a las comunidades autónomas ante el Tribunal Constitucional
por unos complementos de pensiones mínimas en función del color que gobierna cada comunidad autónoma, y si el color es el mismo que el del Gobierno central se consienta que complemente las pensiones, no sólo las no contributivas sino las
contributivas. Por tanto, lo primero que tenemos que decir es que el Gobierno tendría que tener coherencia para gobernar y pensar en el bien común y no en un bien partidista, tal y como nos tiene acostumbrados. Por otro lado, he escuchado al señor
Campuzano y mi grupo apoyaría en la futura legislatura la modificación de esta ley que hoy vamos a aprobar, aunque realmente ya está aprobada porque simplemente vamos a complementar aquellas modificaciones que ha hecho el Senado.
Sin embargo, esta ley tiene dos bloques más. El primero hace referencia a la recaudación, recargos, ingresos y aplazamientos y el segundo se refiere a las prestaciones.
El segundo y el tercer bloque sí los compartimos porque creemos que son positivos, que mejoran la gestión y que van a ir en beneficio de la eficacia del sistema. En relación con las prestaciones, creemos que se mejoran y clarifican algunas
y por eso nos abstuvimos en el trámite de Comisión dejando abierta la puerta a la posibilidad de que en el Senado se modificaran los dos artículos primeros, que son los que no comparte el Partido Socialista al estar radicalmente en contra de su
contenido. Hay otro artículo que no hemos conseguido cambiar y que pensamos que es muy negativo para la economía social. Señorías, decir que es subrogación dar continuidad a una empresa, que puede haber continuidad en una empresa porque contrate a
unos trabajadores de otra que está en quiebra, es certificar su defunción, eliminar la posibilidad de que pueda constituirse cooperativa o sociedad laboral alguna. Es decir, si unos trabajadores pierden su puesto de trabajo y deciden montar una
sociedad laboral, por el simple hecho de coincidir una buena parte de sus trabajadores con los de la empresa que anteriormente estaba en quiebra, eso no puede significar que tengan que subrogarse todas las deudas de la anterior empresa.
Comprenderán que así estamos haciendo inviable cualquier sociedad laboral o cooperativa. Creo que aquí también se tendría que haber hecho un esfuerzo y, aunque se ha hecho una modificación técnica en el Senado, la verdad es que el efecto será el
mismo. Por tanto, nosotros no podemos compartir el artículo 12, incluida la modificación del Senado.
Volviendo a lo que nos ocupa, señorías, quisiera hacer una reflexión.
Estamos viviendo unos momentos en los que desde el Gobierno y el Grupo Popular se está produciendo una ofensiva que nos lleva poco menos que a sentirnos excluidos,
haciendo una interpretación de la Carta Magna que es de todos, de todos los que la hemos defendido y la hemos votado, haciendo una defensa como si fuera exclusiva del Gobierno del Partido Popular, satanizando y casi excluyendo y tratando de
terrorista a todo aquel que dice que es posible una modificación para un mejor funcionamiento de las comunidades autónomas y luego, señorías, trayendo una ley que lo único que hace en su primer apartado es recortar las competencias de las
comunidades autónomas y, lo que es más grave, recortar las competencias que las comunidades autónomas vienen ejerciendo desde hace ya algunos años. Señorías, deberían hacer una reflexión importante, un acto en el que admitir que así no se puede
gobernar un país. Ustedes gobiernan el país como si fuera su partido o su propia casa y, señorías, el Estado supone gobernar para el conjunto de los ciudadanos. El respeto a las normas que nos hemos dado también implica respetar las competencias
de las comunidades autónomas, y respetarlas en normas como ésta, porque ustedes saben que no sólo se recorta la posibilidad de que se complementen las pensiones, es que estamos hablando de las pensiones más bajas del sistema, estamos hablando de
servicios sociales que son competencia casi exclusiva de las comunidades autónomas, y con esta ley lo que pretenden realmente es quitarles esas competencias.
Mi grupo rechaza radicalmente los artículos 1 y 2 de esta ley y espera que el cambio de fuerzas en este Parlamento, en la próxima legislatura, permita restituir lo que hoy se les quita aquí a las comunidades autónomas: un derecho legítimo a
complementar las pensiones no contributivas como estimen conveniente.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a votar favorablemente las enmiendas que vienen del Senado a este proyecto de ley. Son un conjunto de enmiendas que mejoran de forma relevante el
texto. Varias de ellas son de naturaleza gramatical o proceden a ordenar de forma más adecuada el mismo. Ello no deja de ser importante, señorías, sobre todo en estas materias en las que la proliferación legislativa exige un esfuerzo añadido por
mejorar la calidad técnica de las disposiciones y por salvaguardar la corrección del lenguaje en que se expresa. Otras persiguen una coherencia estricta con otros textos legales que o bien han sido objeto de tramitación paralela a la de este
proyecto de ley, en especial la Ley de protección de familias numerosas, o bien ya formaban parte del corpus legislativo en materia laboral y de Seguridad Social. Así se completa la regulación de las prestaciones familiares en su modalidad
contributiva, lo que compete al artículo 180 del texto refundido de la Ley de Seguridad Social, y lo hace incorporando el acogimiento familiar permanente o preadoptivo como supuesto al que será de aplicación el disfrute de la prestación de año de
excedencia, con reserva de puesto de trabajo y consideración de periodo de cotización efectiva en relación con diversas prestaciones de Seguridad Social, en coherencia con el resto de nuestro ordenamiento. Quiero recordar que el Congreso ya había
incorporado el cuidado de otros familiares entre los supuestos de aplicación de este artículo, algo de lo que mi grupo se siente especialmente orgulloso por lo que supone de avance notabilísimo en nuestro sistema de prestaciones familiares. De
igual manera se completa la regulación en lo que se refiere a la prestación por nacimiento o adopción de un tercer o sucesivos hijos, recogiendo una sugerencia del CERMI que el Senado ha hecho suya en el texto que hoy nos remite; o la regulación de
los niveles de ingresos compatibles con la asignación económica por hijo a cargo, que será de 14.200 euros, de acuerdo también con lo establecido en la Ley de protección de familias numerosas.
Otro conjunto de enmiendas incorpora el principio de territorialidad y, dado precisamente el carácter no contributivo de las prestaciones familiares, parece muy adecuado y coherente que quede constancia expresa en la ley que dichas
prestaciones quedan supeditadas a que el hecho causante se produzca en territorio español.
Nos parece también muy oportuna la transaccional suscrita en el Senado en relación con un aspecto que resultó un tanto controvertido en su paso por el Congreso, donde ya el Grupo Parlamentario Popular manifestó su disposición a encontrar una
fórmula que gozara del mayor consenso posible. Me refiero a la posibilidad de aplazamiento de pago de cuotas de trabajadores y de cuotas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que se contemplaba en el proyecto de ley. Creo que tal
planteamiento no fue entendido por otros grupos, por lo que, en aras de no suscitar suspicacias, nos ha parecido oportuno apoyar la supresión del segundo párrafo del apartado 2 del artículo 20 del texto refundido que contenía el proyecto de ley.
Las enmiendas que incorporan nuevas disposiciones adicionales también nos parecen adecuadas. La que aparece en el texto que viene del Senado como disposición adicional primera, sobre infracciones del orden social, nos parece que persigue un
objetivo razonable: que sea el orden social el que conozca de las resoluciones de la entidad gestora derivadas de la imposición de sanciones por comisiones de infracciones leves o graves. Es decir, conseguir la unificación respecto de las
impugnaciones por estas resoluciones en la misma dirección en que ya lo hace el sistema respecto a las dictadas por el INEM. También la disposición adicional segunda, sobre la pensión de jubilación, facilitará la gestión y resolverá innecesaria
conflictividad sin necesidad de acudir a los tribunales. De la misma manera, la disposición adicional tercera, cuentas de la Seguridad Social, nos parece muy oportuna de cara precisamente a gestionar más eficazmente los recursos de la Seguridad
Social en aras del interés general. Y especialmente relevante es la disposición adicional cuarta, sobre contratación en la Seguridad Social. El Pacto de Toledo ha vuelto a poner el acento en la necesidad de reducir la incidencia, la morosidad y el
fraude en materia de Seguridad Social. Esta medida impone la obligación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social para contratar con las administraciones públicas, y no sólo en el momento de formalización
del contrato previa certificación positiva al respecto por parte de la Seguridad Social, que es lo que ocurre hasta ahora, sino extendiendo tal obligación como exigencia para el cobro del precio del contrato y durante la vigencia del mismo. Esto,
señorías, constituye un relevante avance que impedirá la adopción de prácticas abusivas y fraudulentas por parte de algunas empresas y, por descontado, perjuicios económicos para la Seguridad Social. Es, por tanto, una mejora sustancial en la línea
de implantar prácticas correctas, de exigir el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social y de mejorar la eficiencia recaudatoria de nuestra Seguridad Social.
Sin embargo, desde la presentación del proyecto de ley en esta Cámara hemos asistido a varios acontecimientos relevantes en nuestro país. Por un lado, algunos procesos electorales donde se ha puesto de manifiesto que el recurso a las
pensiones como argumento electoralista sigue estando muy presente en algunas fuerzas políticas. La experiencia de estas semanas ha dado más razones a quienes pensamos que los principios de igualdad, de equidad y de solidaridad siguen siendo básicos
para la cohesión social y que un sistema moderno y eficaz es difícilmente compatible con la proliferación de elementos coyunturales, discrecionales o clientelares desde el punto de vista territorial, que por cierto el Partido Socialista ha apoyado
siempre que ha tenido ocasión. Y por otro lado está la renovación del Pacto de Toledo, que ha sido sin duda una gran noticia. Releyéndolo, la verdad es que no encuentro referencia alguna en el mismo al hecho de que los ciudadanos sean desiguales
en Seguridad Social o a que tengan que serlo por alguna razón en función de la comunidad autónoma en que residan. Más bien creo que sigue apostando por fortalecer un sistema único de Seguridad Social, modernizado sí, pero donde la unidad y la
igualdad sigan siendo signos distintivos inequívocos.
Señorías, nosotros pensamos que la Seguridad Social es un elemento de estabilidad y de cohesión social, que es valorada por los ciudadanos porque es fuerte, porque es una, porque es objetiva, porque es conocida, porque es predecible, porque
se asienta en derechos iguales para todos los ciudadanos exigibles ante los tribunales, susceptible de mejoras y de avances, por supuesto, pero que transmite confianza y seguridad. Es un sistema pensado precisamente para eliminar o minimizar las
incertidumbres de los ciudadanos, para ofrecer cobertura a quienes los azares de la vida han colocado ante situaciones de necesidad, no un sistema que abone las diferencias y las desigualdades o que reproduzca en protección social los mismos
factores que ha de contrarrestar en la sociedad. Otros quieren hacer pasar por más social, por más progresista y toda esa letanía de adjetivos que les sirven para justificarlo todo, lo que no es más que la vuelta a un concepto primitivo,
reaccionario, regresivo, pernicioso y antiguo; un concepto basado en la magnanimidad de los que mandan, en una concesión graciable de las comunidades autónomas o una dádiva al albur de las decisiones coyunturales; un sistema basado en pagas a los
pensionistas y no en derechos; un sistema basado en decisiones excepcionales y no en mejoras consolidadas para el futuro. Señorías, aunque toda cantidad resulte bienvenida a un pensionista, a mi grupo le parece una afrenta a la dignidad de
nuestros mayores que en lugar de afrontar las causas de necesidad para eliminarlas,
algunos se laven la conciencia o se compren voluntades con estas prácticas. La Seguridad Social que estamos fortaleciendo no puede convertirse en un batiburrillo de prestaciones diferentes en cada lugar, aleatorias en cada autonomía. Y no
hace falta recurrir a la desafortunada frase de su compañero de partido, el señor Bono, acusando al señor Pujol de haber perdido el juicio por pretender implantar estas prestaciones complementarias, porque a nosotros nos basta decir que si la idea
que tiene el Partido Socialista de la Seguridad Social pierde sus rasgos fundamentales, que son la igualdad, la equidad y la solidaridad, será otra cosa, será beneficiencia autonómica pero no Seguridad Social, y los ciudadanos verán no una Seguridad
Social única sino un sistema fraccionado, con generosidad variopinta, según las comunidades.
Señorías, la crítica de que esta ley es antiautonómica no se sostiene, no se hurta a las comunidades autónomas de actuar en asistencia social, sino que se delimita qué es y qué no es Seguridad Social para hacer más productiva y equitativa
esta actuación. Nuestro grupo quiere una Seguridad Social más justa, más equilibrada, más solvente y que nos permita actuar con más eficacia ante las situaciones de necesidad.
Señorías del Partido Socialista, lo disfracen como lo disfracen,
ustedes buscan que unos ciudadanos tengan peores pensiones que otros por el hecho aleatorio de residir en unas u otras comunidades autónomas. Lo pongan como lo pongan, esto es todo menos una política social. Puede ser lógico desde una óptica
nacionalista, porque hasta la insolidaridad pura y dura puede ser lógica desde el punto de vista nacionalista y hemos visto que incluso puede dar votos. Nosotros nunca hemos creído que su ideología produzca más bienestar ni más solidaridad, y la
historia es muy clara al respecto, pero al menos en el plano de las declaraciones, que no de las realidades, siempre se habían envuelto ustedes en banderas de igualdad, de equidad y de solidaridad. Hoy queda claro que ni en el plano de los
principios eso sigue siendo válido para el Partido Socialista en nuestro país.
La señora PRESIDENTA: Señor Burgos, le ruego que concluya por favor.
El señor BURGOS GALLEGO: Voy concluyendo, señora presidenta.
El Partido Popular va a seguir defendiendo un sistema de Seguridad Social igual para todos los españoles. Nos gustaría contar con su respaldo para reforzar su cohesión y que no sean colaboracionistas con quienes abogan por la ruptura y la
disgregación total o en cómodos plazos de la Seguridad Social, como componente estatal relevante de las políticas de cohesión social. Señorías del Partido Socialista, reflexionen. Si todavía aspiran a representar un proyecto para todos los
españoles, esta es una buena ocasión para demostrarlo.
La señora PRESIDENTA: Señor Burgos, le ruego que concluya, por favor.
El señor BURGOS GALLEGO: Si no, es tan sólo una franquicia en la que ustedes comparten las mismas siglas pero en realidad cada uno va a lo suyo.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Burgos.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
La señora PRESIDENTA: Señorías, conforme al artículo 68 del Reglamento, la Presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día, en el sentido de que el
punto 35, relativo al debate de las enmiendas del Senado al proyecto de ley general tributaria, pase a debatirse a continuación del punto 40, correspondiente al debate de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de medidas para la modernización
del Gobierno local.
¿Lo aprueba así la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobada la modificación del orden del día.
- PROYECTO DE LEY DE DISPOSICIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. (VOTACIÓN)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 276; a favor, 154; en contra, 120; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
- PROYECTO DE LEY DEL ESTATUTO MARCO DEL PERSONAL ESTATUTARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD. (Número de expediente 121/000151.)
La señora PRESIDENTA: Enmiendas del Senado al proyecto de ley del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud. (Rumores.)
Señorías, ruego que abandonen el hemiciclo aquellos que lo vayan a hacer en silencio y de la manera más rápida posible, para que nos permitan continuar con el debate.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Aymerich. (Rumores.)
El señor AYMERICH CANO: Señora presidenta, señorías, el Bloque Nacionalista Galego quiere aprovechar este trámite... (Continúan los rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Aymerich, perdone.
Señorías, hay un diputado esperando hacer uso de la palabra si el nivel de sus conversaciones se lo permite.
Adelante, señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Decía que el Bloque Nacionalista Galego quiere aprovechar este trámite para seguir manifestando su rechazo a este proyecto de ley reguladora del estatuto marco del personal estatutario de los servicios públicos de salud, que consideramos que
no ha mejorado, sino más bien todo lo contrario, después de las enmiendas introducidas en el Senado.
Para el Bloque Nacionalista Galego es necesario, y así lo viene reclamando la sanidad pública, un estatuto marco (de hecho es una asignatura pendiente del sistema desde el año 1986, desde que así se estableciera en la Ley General de
Sanidad), pero no es éste el que los usuarios y los profesionales del sistema reclaman. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la Presidencia.)
Creemos que es un proyecto de ley que degrada, que precariza, de forma evidente las condiciones de trabajo en la sanidad pública, en lo que se refiere al tiempo de trabajo. Las regulaciones que se contienen de la jornada ordinaria
complementaria, de la jornada especial, vienen a establecer para los profesionales sanitarios claramente una excepción respecto del régimen general del resto de los trabajadores, ya no hablamos de jornadas de 35, ni siquiera de 40 horas, sino de 48
horas semanales que se pueden ver directamente ampliadas por una decisión unilateral de la gerencia o de la dirección de los centros a través de lo que se llama la programación funcional, jornadas que para el caso de los médicos residentes se
incrementan hasta las 58 horas. Es un proyecto de ley que precariza y segmenta al personal sanitario, es decir, seguirá habiendo profesionales que por el mismo trabajo estén sujetos a regímenes diferentes y reciban, por tanto, retribuciones muy
distintas; que establece condiciones para el acceso a la excedencia voluntaria, endurece el régimen sancionador, con unas condiciones más gravosas y distintas en lo que se refiere a la promoción interna que las establecidas con carácter general
para los funcionarios públicos en la Ley 30/1984, de medidas para la reforma de la Función pública; que recorta para los nuevos profesionales los derechos sociales reconocidos actualmente en los estatutos vigentes como, por ejemplo, guardería, o
recibir la totalidad de la retribución en caso de baja, o anticipos retributivos, que sólo se reconocerán a partir de ahora para quienes ya tengan un nombramiento estatutario en el ámbito de los servicios de salud y, sobre todo, porque se trata de
un proyecto de ley que no resuelve lo que para nosotros es una cuestión fundamental, que es la financiación. Remitirse, como hace el proyecto de ley, al principio de lealtad institucional recogido en la LOFCA desde el año 1981 y que en estos 22
años de vigencia nunca se aplicó nos parece un brindis al sol, máxime cuando a la vista de los Presupuestos Generales del Estado para el 2004 ese fondo de suficiencia se va a dedicar prácticamente en su totalidad a la cobertura de la asistencia
sanitaria a desplazados. El Estado no prevé fondos suplementarios para equilibrar, para disminuir, las diferencias territoriales en materia de asistencia sanitaria.
En conclusión, es un proyecto de ley que pospone estos debates de la financiación, de la incompatibilidad, que nosotros consideramos que también están ligados y que debería regular ya de una vez el régimen retributivo de los profesionales
sanitarios. Por tanto, no merece la aprobación del Bloque Nacionalista Galego y en este trámite reiteraremos ese rechazo.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Aymerich.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.
Mi grupo consideró positivo el proyecto de ley que el Ministerio de Sanidad y Consumo remitió a esta Cámara para su debate. Sin embargo, eran necesarias mejoras en su texto y así se hizo en el trámite en esta Cámara. Asimismo, mi grupo
consideraba el texto un paso hacia delante para regularizar el régimen a veces disperso, muchas veces también caótico, así como los derechos de los profesionales sanitarios en los ámbitos autonómicos.
Nosotros creemos que con estas enmiendas del Senado se avanza y se perfecciona el proyecto de ley, subsanando olvidos que habíamos tenido en esta Cámara cuando posteriormente se remitió al Senado. Por tanto, consideramos globalmente
positivas todas las enmiendas de la Cámara Alta y por esa razón las vamos a votar favorablemente. Entendemos que mejoran el texto que se remitió desde el Congreso de los Diputados y que están en la línea de seguir avanzando y perfeccionando en
todos los aspectos profesionales y retributivos del personal estatutario al servicio de la sanidad nacional, sobre todo porque las comunidades autónomas reciben con estas enmiendas del Senado un plus de perfeccionamiento de sus competencias.
Qué duda cabe que en los aspectos financieros (y el Gobierno autónomo de Canarias, a través de nuestro grupo parlamentario, así se lo ha expresado a la ministra
de Sanidad en su momento) existen las necesidades de cubrir déficit financieros, bien por vía de Presupuestos Generales del Estado, bien por la utilización de los instrumentos de política fiscal y recaudatoria que tienen las comunidades
autónomas. Pero hasta este momento, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Canarias no ha hecho uso de la potestad de recurrir a un impuesto sobre la gasolina, sobre los combustibles, con el fin de financiar déficit autonómicos de la sanidad
pública. Nosotros entendemos que eso ya figura en los textos de las leyes consensuadas entre el Grupo de Coalición Canaria y el Grupo Parlamentario Popular, y de ahí un motivo más para nuestro apoyo a estas enmiendas.
En lo que se refiere a las enmiendas del Senado, la formulada al artículo 30 nos parece imprescindible para armonizar una reserva de plazas de hasta el 5 por ciento para las personas con discapacidad. Hace escasos minutos, en el primer
punto del orden del día del Pleno de hoy, acabamos de aprobar una proposición de ley sobre el régimen de los discapacitados en la Función pública, y era lógico armonizarlo. También dentro de unos minutos aprobaremos en esta Cámara un proyecto de
ley, remitido por el Senado, sobre atenciones a los discapacitados para que tengan un reconocimiento constitucional, pero en leyes específicas, de igualdad de oportunidades. Pues bien, esta enmienda del Senado viene a armonizar con esta ley esas
otras dos iniciativas: una proposición de ley que ya hemos votado y aprobado y un proyecto de ley que vendrá en breve, en la mañana de hoy.
La enmienda al artículo 33 viene a reconocer la capacidad que tienen las comunidades autónomas. No tenía que ser esta ley la que hablara de centros sanitarios sino que serán las comunidades autónomas las que, teniendo capacidad de organizar
sus servicios, de crear el organigrama de funcionamiento de los mismos en cuanto a garantías profesionales, señalarán desde la terminología hasta las competencias. Por tanto, los centros sanitarios se llamarán como quieran las comunidades
autónomas, por lo que mi grupo parlamentario y la Comunidad Autónoma de Canarias se sienten reconocidos en esta modificación.
La enmienda presentada al artículo 60 viene a redactar de una forma concreta que también las comunidades autónomas tendrán unas competencias y capacidades ya explícitamente reconocidas aquí, igual que ocurre en el artículo 61, cuando se
establece que las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, podrán conceder permisos retribuidos o con retribución parcial en las circunstancias expresadas en apartados anteriores.
Entendemos que una gran mayoría de las enmiendas que han llegado del Senado están cubriendo olvidos que se habían producido en los trámites parlamentarios de esta Cámara, por lo que hemos prestado nuestro apoyo en la votación de las
enmiendas del Senado que hoy nos llegan aquí, con el reconocimiento a las competencias de las comunidades autónomas en el artículo 65.
Sin embargo, quiero destacar una cuestión que se nos había pasado por alto: la habilitación del personal de oficios que, a veces, no tienen unas titulaciones modernas y adecuadas. A eso, a las habilitaciones para el ejercicio profesional,
se dirige la enmienda a la disposición adicional séptima. Observamos que cuando los distintos servicios de salud de las comunidades autónomas tienen que utilizar todo ese bosque amplio de profesiones, desde la clase médica a la farmacéutica, la de
auxiliares, la de enfermería, la de ATS, hasta los celadores que están en los centros de la sanidad pública, qué duda cabe que se encuentran con una serie de títulos que hoy día existen en la enseñanza profesional reglada pero que hace años no
existían, por lo que hay personas sin dichos títulos que están ahí y a las que no se podía tener fuera de unas plantillas porque tenían un título de oficios de los que se emplean en todas estas instalaciones, como servicios adecuados al
funcionamiento mecánico de los mismos, etcétera.
Finalmente, están las enmiendas que introduce la disposición adicional decimocuarta nueva, respecto al nombramiento de un personal estatutario a tiempo parcial, que no trabaja a tiempo total o absoluto, que también debe tener reconocidos sus
derechos en este régimen estatutario del que debe disponer.
Igualmente ocurre en la disposición transitoria séptima, que habla del régimen transitorio de jubilación, que era necesario que la ley expresamente lo consignara. Por tanto, entendiendo, señora presidenta, que estas enmiendas perfeccionan
el texto que se remitió desde el Congreso, que están en la línea de apoyo que mi grupo brindó al Gobierno a través de la señora ministra de Sanidad por entender que era un gran paso hacia delante para ir normalizando los problemas que a veces se
habían venido acumulando por cuestiones cuantitativas y cualitativas de personal profesional en el amplio uso de titulación y de profesionales del régimen estatutario de la sanidad pública y considerándolo positivo, votaremos favorablemente estas
enmiendas.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRIA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Vasco (EAJ-PNV) reitera ahora lo que fue su percepción al comenzar la tramitación de esta norma. Ciertamente nos encontrábamos ante una deuda que se podría calificar de histórica, ya que el artículo 84 de la Ley General
de Sanidad prevé la existencia de un estatuto marco.
También era histórica la postura manifestada una y otra vez en esta Cámara por
mi formación política en relación con una normativa de este estilo.
Nuestra suspicacia hacia la extensión de lo básico nos llevaba a pensar que quizá el texto del proyecto que se presentaba tenía un excesivo pormenor para lo que hubiese
sido nuestra querencia dado que la delimitación o señalamiento de lo básico, con un alto grado de detalle, incide, como ustedes bien saben, en la delimitación competencial y en las potestades de autogobierno que algunos creemos tener reconocidas en
los instrumentos de nuestra propia autonomía.
Admitíamos, eso sí, en el proyecto presentado una mejor disposición, puesto que ya desde la propia exposición de motivos se hacía referencia a la delimitación de competencias en materia de sanidad y asistencia sanitaria establecidas en la
Constitución y en los estatutos, y sabido es que las exposiciones de motivos algún valor tienen luego para la posibilidad de interpretación de lo contenido en el articulado.
Apostábamos no por la enmienda a la totalidad, que no apoyamos, sino por
las enmiendas parciales que tuvieron algún éxito durante el paso del proyecto por el Congreso, no así en el Senado. Ninguna de las enmiendas del Grupo Vasco (EAJ-PNV) ha tenido en ese momento aceptación. Sin embargo, llevados del espíritu que
siempre nos anima, hemos examinado lo que realmente se ha introducido en este trámite, hecha la excepción de algunos añadidos que nos parecen ambivalentes. Por ejemplo, cuando en el punto 4 del artículo 11 se atribuye al ministerio dentro de lo que
es el foro marco la posibilidad de convocar las reuniones, se hace con el término de posibilidad, pero antes no existía esta reserva competencial en manos del ministerio, de la misma manera que en el artículo 15.1 se hacía referencia a norma que
proceda, norma que, en nuestra interpretación a favor de las potestades autonómicas, nos llevaba a pensar que podría ser la norma propia de la comunidad y, sin embargo, ahora hay remisión expresa a normativa y a apartados concretos de esta ley
estatal que tiene el carácter de básico.
En otros añadidos -se ha manifestado por el portavoz que me ha precedido- se introducían precisamente, o lo eran en clave de salvaguarda, competencias de las comunidades autónomas, así en los artículos 30.6, 40.4 como también en los añadidos
que se hacen en los artículos 48.2 y 48.3. Entendemos que el requerimiento que existía en el texto inicial, respecto de la jornada complementaria y su cómputo semestral, ha quedado en alguna medida flexibilizado. Mejor hubiera sido que no
constase, pero tampoco ponemos pegas a la forma en la que ha quedado redactado en el Senado. En los artículos 51, 60.2 y 61 lo mejor respecto de estas cuestiones (por ejemplo, el régimen de jornada) hubiese sido que no existiese regulación desde
nuestra parte, pero, efectivamente, se introducen añadidos que permiten entender que hay una salvaguarda mayor de competencias propias de las comunidades autónomas. El pormenor nos parece excesivo en lo que se regula en la disposición adicional
segunda y en la disposición adicional séptima. La sensación final (lo he indicado al comienzo de mi intervención, mejor que otros intentos que ha habido de efectuar una regulación del estatuto marco del personal estatutario del Servicio Nacional de
Salud) es que nos parece excesivo, para el pormenor que nosotros hubiésemos deseado, para algo que se califica como marco y no como regulación de detalle, queda poco para competencia propia de las comunidades autónomas o para los instrumentos de
composición con los operadores sociales, pero, realmente, los añadidos introducidos en el Senado no alteran este balance final, no altera sustancialmente lo que decíamos y no hay inconveniente que mi formación política vote afirmativamente a todo lo
que se ha añadido.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Uría.
Señorías, antes de dar la palabra a la señora Riera, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tengo que recordarles que es imposible seguir las distintas intervenciones que se están produciendo por el volumen de las
conversaciones que existe en el hemiciclo. Rogaría que, si hablan, lo hagan en el tono en que pueda ser seguida la intervención y, por supuesto, recogida por los servicios de la Cámara.
Señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Gracias, señora presidenta.
Mi grupo parlamentario y esta portavoz ya dejó constancia en el debate del dictamen de la Comisión al proyecto de ley del estatuto marco, celebrado el pasado 11 de septiembre, que considerábamos fructífero el trabajo hecho en ponencia y en
Comisión, que había permitido incorporar enmiendas presentadas por todos los grupos parlamentarios y que, sin duda, estas incorporaciones enriquecían y mejoraban el texto de la orden presentada inicialmente por el Gobierno. No obstante, mi grupo
puso en evidencia que el texto que remitíamos del Congreso al Senado aún mantenía injerencias competenciales, ya que determinados artículos eran reglamentistas y, por consiguiente, no acordes con lo que se supone que debe ser una ley básica. En
concreto, me refiero a los artículos 60.2, límite de la jornada laboral, al artículo 61.3, permisos retribuidos, y al artículo 61.4, permisos no retribuidos o a retribuciones parciales.
Dije entonces que, para poder dar el voto favorable de mi grupo parlamentario al proyecto de ley, era imprescindible que en el Senado llegásemos a acuerdos respecto a los artículos mencionados, acuerdos que no habían prosperado en el
Congreso. Ofrecimos dos posibilidades: aceptación de las enmiendas presentadas a los mismos, o, simplemente, que la ley reconociera que estos artículos no eran básicos. En el Senado han prosperado nuestras enmiendas y, por consiguiente, celebro
poder decir que el nuevo redactado, el que compete a los artículos que he mencionado, es respetuoso, tal y como está ahora, con las competencias de las comunidades autónomas, pero, además, que nadie lo dude, la no injerencia en la capacidad
organizativa de las comunidades autónomas no sólo es importante, que ya es mucho, para respetar las distintas competencias que en materia de sanidad deben tener las distintas administraciones, sino que, además, denegar esta capacidad organizativa o
reglamentar la misma, de tal manera que vaciase el contenido de las competencias de las comunidades, era una manera de legislar anacrónica y, por consiguiente, ineficaz, perjudicando a los mismos que la ley pretende defender: los profesionales de
la sanidad y, por ende, a los usuarios del sistema.
Una ley básica no puede ni debe reglamentar sobre el límite máximo de la jornada a tiempo parcial, respecto a la jornada completa o cuándo pueden o no concederse permisos retribuidos o con retribución parcial para realizar estudios o para la
asistencia a cursos de formación o especialización que tengan relación directa con las funciones de los servicios sanitarios. No era razonable, lógico, ni de sentido común que una ley básica tan importante, que se promulga en un momento en que
todas las comunidades autónomas tenemos competencias en sanidad, limitase de manera tan flagrante la capacidad autoorganizativa de las mismas.
En otro ámbito no competencial, pero igualmente importante, quiero manifestar la satisfacción de mi grupo parlamentario por el hecho de que también en el Senado haya prosperado una enmienda presentada por mi grupo parlamentario al artículo
30.6, que también habían presentado otros grupos, referente a la reserva de cupo de plazas para discapacitados, que pasa de un mínimo de 3 por ciento, como venía en la norma enviada por el Gobierno, a un mínimo del 5 por ciento. Lo ha recordado
también el portavoz de Coalición Canaria en su intervención, y, al igual que ha hecho el señor Mardones, celebro que, además de hacer justicia, con esta modificación estemos en coherencia con las leyes que sobre el tema de discapacitados se aprobará
hoy en este Pleno y que, además, seamos coherentes con un año que todos hemos querido que sea el Año europeo de las personas con discapacidad. Señorías, hay que tener muy presente que las buenas intenciones deben verse reflejadas en las leyes, de
lo contrario, perdemos oportunidades para pasar de las proclamas a los hechos.
Termino ya, señora presidenta, señalando que con esta votación de hoy estamos ya en la recta final de la legislatura y, con toda seguridad, esta será la última gran ley que en materia de sanidad apruebe esta Cámara. Quiero señalar y
reconocer por parte de mi grupo parlamentario que, en términos generales, no sin dificultades, en las grandes leyes de sanidad, con el esfuerzo de todos, se ha conseguido llegar a grandes acuerdos. Y digo en términos generales, porque de la misma
manera que mi grupo va a votar favorablemente a esta ley al haber dado el Senado satisfacción a nuestras peticiones, quiero recordar que hace muy pocos días, con ocasión de la modificación de la Ley de reproducción asistida, mi grupo parlamentario
dijo que llegaría al Tribunal Constitucional para defender nuestras competencias. Todo ello evidencia, una vez más, que cuando se quiere, se pueden mejorar las cosas; que cuando hay voluntad política, si los proyectos que llegan a la Cámara no
respetan las competencias que tiene cada comunidad, pueden subsanarse los problemas.
Hoy estamos debatiendo la ley del estatuto marco y celebro que, sin ser la ley que cada uno de los grupos hubiera deseado, el diez que todos aspirábamos a
conseguir, por lo menos consigamos un acuerdo que nos permita dar a la ley un aprobado de manera mayoritaria y como esto es bueno para el sistema, es bueno para los profesionales, es bueno para los usuarios, reitero, una vez más, el voto favorable
de mi grupo parlamentario.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Riera.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Arola.
El señor AROLA BLANQUET: Muchas gracias, señora presidenta.
Sean mis primeras palabras en nombre de mi grupo para recordar -y distintos intervinientes lo han hecho- que este es un mandato que está recogido en la Ley General de Sanidad. Quiero con estas palabras hacer un homenaje a aquellas personas
que hicieron posible esa ley, muy especialmente, como ustedes recordarán, al ex ministro Ernest Lluch que tuvo el honor de defenderla, homenaje al que todos asistíamos ayer.
Dicho esto, señora presidenta, quisiera felicitarme por el contenido de algunas de las enmiendas que proceden del Senado, especialmente la que hace referencia a la reserva de cupo para los discapacitados. Como se ha dicho aquí, pasamos de
las palabras a los hechos y esta es una de las satisfacciones que los legisladores podemos tener: ofrecer soluciones a los problemas reales que hay. Por lo tanto, esta enmienda contará con nuestro apoyo.
Siendo larga la historia del estatuto marco, han quedado problemas pendientes. Mi grupo cree que se podía haber hecho mejor. Se podrían haber dado mejores soluciones y uno de los elementos fundamentales sería que esta ley hubiera tenido
realmente una memoria económica. No se extrañarán SS.SS. si digo que al no existir esta memoria económica, al no existir una partida presupuestaria, al no haber previsión económica, no es que uno vuelva a recordar aquello de yo invito y tú pagas,
sino que nos volvemos a situar en el pretendido y falso coste cero de algunas de las leyes que han venido a esta Cámara. Invocar la lealtad institucional de
forma unilateral no es la mejor manera de aclarar el futuro que pueda tener esta ley. Una ley que, a pesar de todo, deja en el aire algunos elementos, como puedan ser los de jornada, que influyen e influirán directamente en la calidad que
todos queremos del sistema, pero que influyen -desde nuestro punto de vista- negativamente tal y como viene aprobada la ley.
El desarrollo de esta ley puede tener un futuro incierto, porque desde el respeto a las competencias de las comunidades autónomas, a sus capacidades legislativas y organizativas quedan, sin embargo, abiertos una serie de temas que, con el
acuerdo de todos, se podían haber resuelto. Nosotros en su momento tampoco nos sumamos al voto que había presentado el Bloque Nacionalista Galego a esta ley, pero en la tramitación de la ley quedan vivas la mayoría de las dudas, de los desacuerdos,
que nosotros presentábamos a esta ley. Como ha dicho la diputada que me ha precedido en el uso de la palabra, cuando se quiere se puede y, por lo tanto, hay que preguntar por qué no se ha tramitado esta ley con la altura de miras que nosotros
considerábamos necesaria.
Efectivamente, es la última ley porque, en la que podría haber sido de verdad la última ley, la Ley de fecundación asistida, no se ha querido aceptar ninguna de las enmiendas que ha presentado el conjunto de los grupos
parlamentarios, y cito esto porque si saludamos los consensos también es preciso hacer notar los desacuerdos.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Arola.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Zambrano.
El señor ZAMBRANO VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, con este debate de las enmiendas del Senado cerramos el último trámite parlamentario de este estatuto marco para el personal estatutario de los servicios de salud. Como todos los grupos han intervenido ya y conocemos su posición,
y lógicamente -aunque no ha sido expresada- también se conoce la del Grupo Parlamentario Popular, caben ya pocas argumentaciones, pero sí una serie de reconocimientos y consideraciones sobre el trámite de esta ley.
En primer lugar, es justo el reconocimiento al Ministerio de Sanidad y Consumo por haber tenido la voluntad política de traer esta ley, como han dicho todas SS.SS., largamente esperada, y también al trabajo de la ministra de Sanidad y todo
su equipo por su tremendo esfuerzo para alcanzar, mediante diálogo, el consenso en este largo recorrido, que comenzó con las comunidades autónomas, siguió con las fuerzas sociales y profesionales y terminó, cómo no, con los grupos parlamentarios.
Por tanto, se mantienen discrepancias porque, como dije en mi anterior intervención en este Pleno, es imposible recoger la literalidad de todas las propuestas, pero mediante la transacción se respeta el sentido de esta ley que, al final, es lo que
pedíamos: una ley de todos y, lo más importante, para todos.
La posición de mi grupo es lógicamente de aceptación. Vamos a votar positivamente todas las enmiendas del Senado, porque mejoran y aclaran las competencias de las administraciones implicadas, la regulación de las relaciones laborales, el
foro de negociación y diálogo social y, además, amplía el tanto por ciento, tal y como pedían algunos grupos, de acceso de discapacitados en este año europeo, como ha dicho la portavoz de CiU, así como la opción de optimizar sus cotizaciones a los
mayores de 60 años. No voy a entrar en detalle en toda la serie de enmiendas, pero sí diré que se reforman 13 artículos, dos disposiciones adicionales y una transitoria y se incorporan una disposición adicional y una transitoria.
Paso a hacer algunas consideraciones sobre las intervenciones. Primero, quiero mostrar mi agradecimiento a los que van a apoyar esta ley, especialmente a los grupos nacionalistas y a Izquierda Unida. En cuanto a los que han mostrado su
discrepancia, los que presentaron una enmienda a la totalidad, como el BNG y el veto en el Senado, siguen diciendo lo mismo, como yo también sigo diciendo lo mismo: que unas discrepancias puntuales no justifican una enmienda a la totalidad ni un
veto y que esta ley, lejos de endurecer las relaciones, la regulación laboral de los trabajadores, las garantiza. Se garantiza la carrera profesional, se garantiza la estabilidad en el empleo, se garantiza la movilidad de los profesionales, se da
opción a la optimización de las cotizaciones a los mayores de 60 años, se establece el descanso mínimo ininterrumpido en un mínimo de 12 horas y se fijan tiempos máximos de jornadas, tanto ordinarias como especiales y también en referencia a los
MIR, adelantándonos un año a lo que harán los demás países de la comunidad europea.
El grupo mayoritario de la oposición, que nos llama algunas veces reglamentistas y nos acusa de invadir las competencias de las comunidades autónomas, paradójicamente, nos pide ahora que entremos en las jornadas y en los horarios; eso sí
que es reglamentar e invadir las competencias de las comunidades. También ha entonado la cantinela sobre la financiación, que entona en todas las leyes: la financiación, el coste cero de las leyes o el yo invito y tú pagas; en el Senado ha habido
alguna más diciendo que el Gobierno ha esperado, para traer esta ley, a que estuvieran aprobadas las transferencias, y que así el coste de la financiación no recayera en el Estado.
No hay ningún truco, señorías. Lo único que hay es financiación sanitaria suficiente, garantizada por una ley pactada, que recoge la revisión de la suficiencia y la garantiza. Además, hay un fondo de cohesión que garantiza la equidad y la
disponibilidad de todos los servicios sanitarios en toda España; sin necesidad de
invitaciones, señorías. Aquí no necesitamos invitaciones, porque todos consumimos y todos pagamos. Recuerdo a SS.SS. que la asistencia sanitaria se financia, desde el año 2000, con los impuestos, tal como demandaba la Ley General de
Sanidad. Nos dimos un modelo de Sistema Nacional de Salud, y aquí recuerdo también al ministro Lluch, a quien dimos ayer un homenaje. Por eso, porque elegimos este modelo, saben SS.SS. que se paga con los impuestos que recauda y distribuye el
Estado por medio de la Ley de financiación y de la Ley presupuestaria. Igualmente, gracias a la descentralización que ha llevado a cabo el Partido Popular, las autonomías tienen capacidades y competencias, precisamente para que la equidad no sea
sólo fruto de la solidaridad sino también de la corresponsabilidad. Por eso le pedí al portavoz socialista que reflexionara, y cambiara su abstención beligerante por un voto afirmativo, puesto que esta ley es importante -muy importante- para todos
los profesionales del sistema. Las razones que aducen para abstenerse no son suficientes. Además, en una sociedad abierta y con una Administración que cambia, señorías, tendrían su momento para cambiar esos puntos de discrepancia. Ya veo que,
como lo ven muy lejos, no entran en esas consideraciones. (Rumores.)
Para resumir, esta es una ley en la que todos hemos coincidido que era necesaria. Ha hecho frente a los cambios organizativos y culturales que se han producido, unifica los tres estatutos de personal preconstitucionales y da, por tanto,
seguridad jurídica a los trabajadores, aclarando sus derechos y deberes y rellenando todas esas lagunas que terminaban siempre en los juzgados. Es una ley que garantiza la movilidad de los trabajadores, mediante la creación de la Comisión de
Recursos Humanos, que propicia la planificación de los recursos humanos y establece un marco homogéneo para la promoción profesional. Así, mejora las condiciones laborales de los trabajadores y moderniza la normativa, adaptándola a la de la Unión
Europea, con la trasposición ajustada de las dos directivas europeas incorporando principios y excepciones e incluso en una de ellas se adelanta a los demás países europeos, como he dicho.
Esta ley fomenta y consolida la cohesión y la calidad, y lo hace, además, respetando las competencias de las comunidades autónomas, puesto que es fruto del consenso y de las distintas aportaciones. Al ser una normativa muy compleja en la
que se recogen reivindicaciones e intereses de distintos colectivos, algunos muy cualificados, muchas veces contrapuestos y competitivos y donde hay que conjugar y respetar las competencias de las comunidades autónomas y también recoger las
distintas concepciones ideológicas y de modelo de Estado, es lógico que tenga imperfecciones técnicas y jurídicas fruto de las transacciones, pero creo que por esas generosas aportaciones y por esa apertura esta es una ley equilibrada y lo que es
más importante va a ser una ley útil y sobre todo aplicable por todas estas aportaciones.
Sólo me queda concluir diciendo que una vez que este Gobierno ha hecho realidad mediante ley las transferencias sanitarias en su totalidad y la Ley de cohesión y calidad con la tríada de leyes destinadas a los profesionales sanitarios -la de
consolidación de empleo, la de profesiones sanitarias y la que hoy debatimos del estatuto marco-, el Gobierno, la Administración y este Parlamento superan la asignatura pendiente que tenían con todos los profesionales del sistema. Con ellas el
Gobierno y el Partido Popular cumplen con los compromisos contraídos y reiterados en las dos investiduras del presidente del Gobierno para consolidar y modernizar el Sistema Nacional de Salud para todos los españoles, aunque lógicamente no termina
todo aquí con la aprobación de este estatuto. A ninguno de nosotros se nos escapa que a partir de ahora será necesario un profundo proceso de desarrollo que ya compete más que al ministerio a las comunidades autónomas, a los centros e incluso a las
fuerzas sindicales y profesionales. Las limitaciones de jornada harán necesario no sólo financiación sino una reconversión profunda de todo el sistema sanitario, la modificación del funcionamiento de los centros y un seguimiento controlado en los
próximos años de la necesidad de especialistas. Por tanto sólo nos cabe esperar ahora que todo el sistema de salud, como el estudiante que supera la última asignatura y obtiene el título que lo capacita, cumpla desarrollando y aplicando esta
normativa de forma satisfactoria para poder lograr una mayor promoción y protección de la salud que recoge como derecho el artículo 43 de la Constitución, precisamente ahora y en este año en que celebramos su 25 aniversario.
Gracias, señorías por su atención.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Zambrano. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud.
En primer lugar, votamos las enmiendas al artículo 61.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 179; en contra, tres; abstenciones, 103.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas
Resto de enmiendas del Senado al referido proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 280; en contra, dos; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
- PROYECTO DE LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, NO DISCRIMINACIÓN Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. (Número de expediente 121/000152.)
La señora PRESIDENTA: Enmiendas del Senado al proyecto de ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas discapacitadas.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego va a votar favorablemente las enmiendas del Senado y este proyecto de ley en su conjunto, pero no puede dejar de precisar y de manifestar el desacuerdo con una forma de legislar que no merece, desde nuestro
punto de vista, otra calificación que la de demagógica o populista. Lo digo en el siguiente sentido. Con esta ley de protección de la igualdad y de la accesibilidad universal para las personas discapacitadas ocurre lo mismo que sucede con la Ley
de protección de las familias numerosas, que cuando una de estas familias quiere acudir a la ley para ver si le va a facilitar el acceso a una vivienda o a alguna prestación por hijos a cargo, etcétera, comprueba que es una ley vacía de contenido,
como no podía ser de otra manera, porque la mayoría de las materias que regula son de competencia de las comunidades autónomas. Salvo las que están relacionadas con la legislación laboral, con la legislación procesal y, en su caso, con la
legislación civil -por lo que se refiere a la Ley de propiedad horizontal-, el resto de las cuestiones reguladas en esta ley son de competencia autonómica.
Estamos ante un tipo de política social que podría denominar como política social de coste cero, es decir, se aprueban leyes que crean expectativas en las personas y en los colectivos sociales que, a priori, son sus destinatarios -en este
caso las personas con discapacidad y en el otro las familias numerosas-, pero resulta que cuando estas personas quieren ver si con estas leyes se va a mejorar en algo su situación personal, si con estas leyes se va a implicar más el Estado, si se
van a implicar más los poderes públicos en la protección social de estos colectivos, comprueban que no, y aquellas expectativas se ven lógicamente frustradas.
Esto es así porque la disposición final decimocuarta hace referencia no al fundamento constitucional, sino más bien a los títulos competenciales que el Estado invoca para legislar en esta materia. Así en el artículo 149.1.6.ª de la
Constitución, legislación procesal, podría hablarse también de legislación laboral, legislación civil, en ese caso una competencia básica, pero es que en el resto se habla de una competencia tan genérica como el 149.1.1.ª, es decir, las condiciones
básicas de igualdad de todos los ciudadanos del Estado español en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes establecidos en la Constitución. Nos parece un título competencial -y así lo ha dicho el Tribunal Constitucional-
demasiado genérico, un suelo muy poco firme como para que el Estado, salvo que sea -que es lo que nos tememos- por razones puramente propagandísticas y electorales, es decir, en este caso ya no sería el Estado sino el partido que soporta al Gobierno
en este momento, dicte una ley en la que como siempre con coste cero aparecerá como el adalid de la protección de unas personas a las que, en definitiva, quien las tiene que proteger y quien tiene competencias en la mayoría de los casos para mejorar
su situación no es la Administración del Estado sino las administraciones autonómicas.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo anuncia que apoyará todas las enmiendas procedentes del Senado y quiere dejar también testimonio del apoyo de mi grupo cuando estamos celebrando el Año europeo de los discapacitados. Tenemos una mayor sensibilidad al respecto, no
en vano, y lo recordaba en mi anterior intervención con respecto al personal estatutario de la sanidad pública, se ha introducido una enmienda en el Senado con una mención expresa a reservar un 5 por ciento de las plazas del personal estatutario de
la sanidad pública para discapacitados. En el Senado ya tuvimos ocasión también de hacer unas aportaciones apoyando este tema. Quiero recordar aquí la intervención de doña Claudina Morales, senadora del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,
que señala precisamente este apoyo y advierte también al Gobierno de que es necesario complementar esta ley con las medidas reguladoras de reglamento y también fundamentalmente sancionadoras. Son leyes que están obligando a un cumplimiento, no
solamente es una norma ética, no solamente es una declaración programática que queda en simple retórica, sino que hay que llegar también a un cumplimiento que debe tener las vías de reglamento y las vías de sanción para quien no las cumpla,
cualquiera que sea el nivel de Administración pública que no acepte el espíritu que está latiendo y que estamos apoyando aquí en la Cámara.
Quisiera destacar la enmienda procedente del Senado que se refiere al artículo 20, que se introduce como nuevo en el texto que remitió la Cámara, que viene a
regular criterios especiales sobre el problema de la carga de la prueba, en cuyos casos jurisdiccionales, cuando se deduzcan indicios de discriminación directa o indirecta por razones de discapacidad, hay que actuar. Esto lo digo por lo que
acabo de señalar de un reglamento de sanciones. Por tanto, si tenemos que dar paso a la carga de la prueba, debe de entenderse que va a haber un reglamento sancionador. En un país como el nuestro, con una Constitución que define un Estado social y
de derecho, esas garantías que tiene que recibir el beneficio de la ley tienen que hacerse cumplir, pero por supuesto con unas garantías de procedimiento que se basan fundamentalmente como es tradición en nuestro derecho penal en la carga de la
prueba.
Finalmente, quiero referirme a una iniciativa aprobada en el Parlamento de Canarias. Fue una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista canario apoyado con enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y el Grupo Parlamentario
Popular en nuestro Archipiélago sobre la lengua de signos. El colectivo de sordomudos en España necesita de una naturalidad para que le sean transmitidos los mensajes informativos bien por televisión bien en conferencias y en actos, de modo que
junto al orador en el lenguaje normal para oyentes un intérprete se exprese en la lengua de signos, para que no dejemos fuera de esa información al colectivo de sordomudos y que el lenguaje de signos vaya apareciendo cada vez más en una línea de
normalidad porque este colectivo también tiene el derecho constitucional de recibir toda la información que tengan los ciudadanos por cualquiera de los medios de expresión con que tiene que recibir este mensaje. Se recoge también en este proyecto
de ley y, nosotros lo vamos a pregonar constantemente, exigiéndoselo a todas las instituciones, que puedan dar el servicio del lenguaje de signos.
Por estas razones, señora presidenta, y por las demás que he dicho, en una línea de congruencia y de consecuencia normativa, mi grupo votará a favor de las enmiendas del Senado.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), el señor Txueka.
tiene la palabra.
El señor TXUEKA ISASTI: Señora presidenta, señorías, buenos días. Egunon.
En relación con esta ley, que en su día la definimos como de buena voluntad y bien intencionada en las exposiciones teóricas, seguimos comprobando que tras su paso por el Senado se nos remite en la misma onda que planteamos en el debate del
Pleno de este Congreso. Seguimos pensando que es una bonita ley de principios, fantástica, pero vacía de efectividad; una ley sin controles para su efectividad, que difiere su régimen sancionador a futuras regulaciones y además difiere el
cumplimiento de sus previsiones hasta 17 años. Una ley en estas condiciones creemos que es papel mojado. La obligatoriedad de las condiciones básicas se difiere en el tiempo de manera sorprendente. No se alcanza a entender que en los servicios
nuevos se establezcan plazos que en algunos casos van hasta los siete años, tampoco se alcanza a comprender por qué en estos supuestos de servicios nuevos las condiciones básicas no son de cumplimiento inmediato, y también quiero manifestar que la
disposición adicional tercera, de modificación de la Ley sobre Propiedad Horizontal, elude nuevamente algo que ya hemos denunciado, y es cómo poner remedio a la situación de muchas personas con discapacidad que se encuentran confinadas en sus
hogares porque las barreras existentes en los inmuebles les impiden moverse con normalidad.
Así pues, el Grupo Vasco va a mantener la posición que ha mantenido durante el debate de esta ley y nos abstendremos en este momento.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Txueka.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el señor Ruiz tiene la palabra.
El señor RUIZ LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, desgraciadamente las enmiendas que envía el Senado no modifican sustancialmente esta ley que ya tuvimos ocasión de debatir en la Cámara.
Para nosotros este proyecto de ley sigue siendo insatisfactorio, ya que su contenido es mucho
más limitado e impreciso de lo que refleja su propia denominación. En este sentido hay que partir de que en los últimos años los informes, recomendaciones y directivas de la Unión Europea son cada vez más claras, concretas y exigentes en lo que se
refiere a la necesidad de avanzar en el reconocimiento de la igualdad de oportunidades y en la no discriminación de las personas con discapacidad. El actual proyecto de ley se queda lejos de las propuestas de la Unión Europea y también de la
normativa existente o en elaboración en la mayor parte de los Estados comunitarios. En definitiva, estamos ante un proyecto de ley que a pesar de sus aspectos positivos tiene evidentes carencias y es poco ambicioso. El Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida considera que no se debería haber perdido la oportunidad de introducir los cambios y mejoras necesarias para que realmente el avance fuese sustancial en la no discriminación e igualdad de oportunidades de las personas con
discapacidad. Como ya dijimos en su momento, aunque se hubieran aceptado todas las enmiendas propuestas por nuestro grupo, que estaban y están en línea con lo defendido por el CERMI y por los documentos de la Unión Europea, y aun habiéndose
aprobado todas las enmiendas de los demás grupos parlamentarios, el proyecto
de ley no haría más que acortar importantes distancias con los objetivos que nos están marcando las instituciones comunitarias. En este sentido, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida repetirá su votación, que fue la abstención,
en este proyecto de ley que se nos plantea con estas carencias.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Campuzano tiene la palabra.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
Efectivamente, llega este proyecto desde el Senado introduciendo algunas mejoras al texto aprobado y previamente discutido en la Comisión de Política Social y Empleo. En concreto, mi grupo quiere destacar dos de las mejoras que se
introducen. Por un lado la que hace referencia al artículo 20, que fue objeto de amplísima discusión en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo, en el sentido de configurar lo que se conoce coloquialmente como la inversión de la carga de
la prueba, y en parte este nuevo redactado del artículo 20 viene a reconocer ese planteamiento cuando se deduzcan indicios de discriminación directa o indirecta por razón de discapacidad, y por otro lado la modificación que se introduce en el
artículo 15.3 con la creación de una oficina permanente especializada en la lucha contra la discriminación de las personas con discapacidad. Estas son dos mejoras que a nuestro entender no son menores y que tienen su importancia.
Señorías, la cuestión de fondo que se ha planteado a lo largo de toda la tramitación de este proyecto de ley, proyecto de ley muy impulsado por el sector asociativo en el Año europeo de las personas con discapacidad, más de 20 años después
de la aprobación de la LISMI y en plena tramitación parlamentaria de las conclusiones del informe de la subcomisión de la discapacidad, el debate que en este contexto ha pesado ha sido sobre las expectativas que los colectivos de personas
discapacitadas, sus familiares, los profesionales que trabajan cerca de ellos, las administraciones públicas que desarrollan sus políticas en ese ámbito tenían sobre el nuevo marco legal que se iba a producir en el año 2003.
En el inicio de esa
legislatura se pensaba que íbamos hacia una nueva LISMI, hacia un nuevo marco legal global que aceptase la discapacidad, que permitiese hacer cumplir aquello que la LISMI no había podido cumplir, y que introdujese las nuevas dimensiones que no se
podían contemplar cuando se elaboró la LISMI a principios de los años ochenta.
Hoy, con la aprobación definitiva de este proyecto de ley, es evidente que la mayoría de los grupos de la oposición, y creo que la mayoría del sector de la discapacidad,
se van a instalar en una cierta frustración.
Es evidente que se introducen cuestiones positivas. La inclusión del principio de no discriminación, la configuración de un régimen legal que puede permitir el ejercicio de los derechos cuando se vean
obstaculizados por razones de discriminación, la puesta en marcha de ese sistema arbitral, esa inversión de la carga de la prueba que en parte contempla el artículo 20, y el instrumento que se incorpora en el artículo 15 constituyen factores
positivos y nos consta que desde el sector de la discapacidad, especialmente desde el CERMI, ese aspecto de la ley tiene una especial importancia y una especial valoración.
También sabemos, señorías, que esta ley tiene importantes defectos, pues por ejemplo supone un retroceso en materia de accesibilidad. La LISMI marcó un calendario, que en todo caso no se habrá cumplido, pero no es de recibo que la nueva ley
que regula la accesibilidad proponga una demora de 17 años para la adaptación de obras ya existentes y que para la obra que se pone en marcha proponga una demora de un máximo de hasta siete años; por tanto se produce un retroceso en materia de
accesibilidad.
Pero, además, señorías -y el señor Txueka creo que ha sido claro en su intervención-, desde la perspectiva de un modelo de Estado avanzado que se base en la confianza, en la capacidad de los parlamentos autonómicos, de los gobiernos
autonómicos para legislar en ese ámbito, y partiendo del hecho de que desde mediados de los años noventa prácticamente todas las comunidades autónomas ya han regulado las cuestiones de accesibilidad, no es de recibo, señorías, que esta ley de
carácter estatal pretenda regular las obligaciones que sobre esta materia tienen las comunidades autónomas.
Por tanto, retroceso en la concepción del Estado; nos volvemos a encontrar con una nueva ley que el Grupo Popular pretende aprobar, que
supone un recorte de las competencias autonómicas, en este caso en materia de accesibilidad, una intromisión en la capacidad del resto de las administraciones públicas de regular este ámbito, pero también retroceso desde la perspectiva de las
expectativas que la LISMI había creado y desde la perspectiva de las posibilidades del desarrollo de la accesibilidad en lo que hace referencia al Estado, además con cuestiones que competen al Estado y que no van bien. No va bien, por ejemplo, la
puesta en marcha del tren de gran velocidad, sobre el que hace poco colectivos de personas discapacitadas indicaban que el tren de gran velocidad no iba a ser un tren accesible; o dificultades en cercanías de Barcelona en el ejercicio del derecho
de las personas con dificultades de movilidad para poder acceder al ferrocarril. En este sentido, esta ley tiene una dosis importante de frustración. Pero, además, señorías, esta ley obvia algunas de las cuestiones que son fundamentales para que
las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos de ciudadanía. Esta ley no aborda una revisión a fondo del sistema de protección social vinculado a las prestaciones no contributivas, uno de los elementos fundamentales para
garantizar la plena autonomía de las personas con discapacidad que no se pueden incorporar al mercado de trabajo. Con esta ley no abordamos la articulación de una política general de atención a la dependencia, elemento básico también para
la mayoría de las personas con discapacidad y de sus familias, y finalmente no aprovechamos este nuevo marco legal para dar una nueva vuelta a las políticas de creación de empleo. Hace poquísimas semanas La Caixa, en su último informe nos recordaba
que el Estado español es el Estado miembro de la Unión Europea con menos personas discapacitadas incorporadas al mercado de trabajo y con una tasa de paro altísima. Esta ley no aborda esa cuestión.
Aquello que al principio de esta legislatura se configuraba como una nueva LISMI, va a terminar siendo una ley que introduce el principio de no discriminación, que introduce mecanismos para garantizar ese principio de no discriminación, pero
que no supone ningún avance en materia de accesibilidad y que no da respuesta a esos problemas fundamentales de las personas con discapacidad y de sus familias. Eso sí, nos queda otra sensación. En el año 1981 -y al señor Belda le gusta
recordarlo-, con una mayoría de Unión de Centro Democrático, pero también con el impulso de un diputado histórico de la Minoría Catalana, don Ramón Trías Fargas, se impulsó la LISMI, una ley conocida por el sector de la discapacidad como la ley
Trías Fargas por el papel central que tuvo el ya fallecido Ramón Trías Fargas en la elaboración de la misma, pero en el debate de esa ley Ramón Trías Fargas, UCD y el Partido Socialista fueron capaces de ponerse de acuerdo en la configuración de un
marco legal avanzado, progresista, moderno y puntero en el conjunto de Europa. Una ley que se trabajó bajo la idea del consenso, y la sensación que los grupos de la oposición hemos tenido en este proyecto de ley es la ausencia del Grupo Popular
para alcanzar un consenso amplísimo en una materia en la que el propio sector exigía ese consenso. Por tanto, por desgracia y con pena, esta ley previsiblemente va a contar tan sólo con el apoyo explícito del Partido Popular. De nuevo la
expectativa que esa nueva LISMI había creado va a quedar frustrada, y mi grupo lo lamenta sinceramente. Eso sí, esperamos que en los días que nos quedan de vida en esta legislatura -me refiero a vida política; de vida física espero que mucha-
tengamos oportunidad, a través del informe de la subcomisión sobre la discapacidad, de alcanzar un consenso amplio, un consenso que nos pueda permitir decir que efectivamente en esta legislatura y este año la Cámara ha aprovechado para marcar nuevos
objetivos, nuevas ambiciones, para que efectivamente las personas con discapacidad puedan ejercer con plena igualdad sus derechos como ciudadanos del Estado español.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Rumí tiene la palabra.
La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Señora presidenta, señorías, con este debate se está certificando la pérdida de una oportunidad cuyos beneficiarios hubieran sido más de 3 millones y medio de ciudadanos (si contamos con sus familias, estaríamos
hablando de casi 9 millones de personas) para los que la discapacidad es una realidad que se hace presente a diario en sus vidas; oportunidad perdida para avanzar sustancialmente en la lucha contra cualquier forma de discriminación de la que son
objeto todavía las personas con discapacidad en nuestro país; oportunidad perdida también para garantizar plenamente la igualdad en el ejercicio de los derechos que les corresponden como ciudadanos; y oportunidad perdida para que el Gobierno
hubiera aprovechado el año europeo de las personas con discapacidad para alcanzar un consenso político en torno a esta ley. Esa hubiese sido la mejor expresión de una sociedad dispuesta a superar el déficit de ciudadanía al que se ven sometidos
tantos hombres y mujeres en nuestro país.
No ha existido voluntad de diálogo, porque de haberse hecho realidad el Gobierno tendría que haber aceptado que su proyecto de ley era manifiestamente mejorable, y de ahí la necesidad de trabajar en serio para superar sus déficit e
insuficiencias. Qué lástima que el Gobierno haya tirado por la borda la experiencia de la LISMI, aquella ley pionera que fue resultado de un excelente trabajo parlamentario y de un acuerdo entre todos los sectores políticos. En esta ocasión, 20
años más tarde y cuando nos incumbe la responsabilidad de completarla con un nuevo texto legislativo para adaptar la realidad de la discapacidad a nuestro país, no ha existido diálogo en torno a este objetivo, porque ni el Gobierno ni el Partido
Popular lo han permitido. Hoy deberíamos estar aprobando una ley con objetivos más ambiciosos, con plazos significativamente más cortos, con un universo de aplicación que comprendiese todas las esferas de la vida del discapacitado y dotada también
de aquellos instrumentos legales que garantizasen la igualdad y la plena integración en un tiempo razonable, es decir no alargando innecesariamente su realización como se ha hecho. En lugar de ello nos encontramos con algunas medidas dirigidas a
lograr la plena accesibilidad en infraestructuras o servicios cuya efectividad se pospone hasta 17 años. Señorías, todos somos conscientes de que la eliminación de barreras es una tarea compleja y costosa, pero el Grupo Parlamentario Socialista no
les está proponiendo lo imposible, sencillamente les instamos a un sensato acortamiento de plazos, porque no es posible postergar por tanto tiempo -prácticamente dos décadas- la consumación del derecho a la movilidad de tantas personas.
Tampoco podemos estar de acuerdo con que la ley nazca sin un régimen sancionador, cuya aprobación se remite a un nuevo plazo, esta vez de dos años. ¿Por qué no se incluye en el texto que entrará en vigor inmediatamente? Así se lo hemos
propuesto nosotros en distintas enmiendas, en las que hemos establecido infracciones y sanciones, enmiendas que ustedes han rechazado. Semejante ausencia convierte de facto en tiempo perdido estos primeros dos años de aplicación de la ley.
Llaman
también poderosamente la atención las restricciones introducidas en el ámbito de aplicación de la ley, precisamente en una norma destinada a convertirse en una especie de guía y de garantía de igualdad para el sector de la discapacidad durante
bastantes años, y que además debe asegurar su presencia en las distintas dimensiones de la vida colectiva, allí donde las personas con discapacidad han de ejercer sus derechos.
Pues bien, no parece que esto se haya tomado en consideración para
garantizar el acceso a prestaciones sociales, sanitarias y educativas, en lo que se refiere al empleo o a las condiciones de trabajo. Desde luego me parece que es una ausencia escandalosa, teniendo en cuenta que en nuestro país sólo trabaja uno de
cada cuatro ciudadanos con discapacidad.
También se han rechazado las enmiendas que ha presentado el Grupo Socialista para corregir esta carencia. A todo ello debemos añadir que se han negado a crear, tal y como les proponíamos, un órgano
responsable con funciones ejecutivas para avanzar real y efectivamente hacia la igualdad y luchar contra cualquier forma de discriminación.
No puedo detenerme con detalle, pero sí quiero citar otras carencias muy importantes del texto, que ponen en cuestión su efectividad para sectores significativos del mundo de la discapacidad. No es de recibo que esta ley ignore
prácticamente a los discapacitados psíquicos, un sector tan importante y que requiere de un decidido apoyo público. Señorías, si los plazos de realización del derecho a la igualdad se prolongan en algunos casos por más de década y media; si se
excluyen del texto importantes ámbitos de la vida personal, social y laboral del discapacitado; si la ley nace sin un régimen que establezca cuál ha de ser la sanción que se ha de aplicar a quien la vulnera; y si no cuenta con un instrumento
responsable de velar por su cumplimiento, entonces resulta difícil negar que los avances han sido cicateros y que era de mucho más alcance lo que hoy podíamos estar aprobando, a poco que el Gobierno y la mayoría hubiesen dispuesto de voluntad
política para lograrlo.
Es cierto que han accedido a algunas modificaciones en la tramitación del Senado, pero de alcance menor. Me voy a referir a lo que venimos denominando la inversión de la carga de la prueba. Si se hubiese llevado a cabo en los términos que
desde Grupo Socialista proponíamos, hubiésemos dispuesto de una extraordinaria repercusión en la vida de las personas con discapacidad, en tanto supone que sería la parte demandada a quien corresponde demostrar que no ha existido vulneración del
principio de igualdad de oportunidades. Sin embargo, ustedes han permitido tan sólo un pequeño cambio que no satisface el espíritu profundamente igualitario que animó esta propuesta, porque mientras que nuestra enmienda planteó aplicar el principio
a cualquier circunstancia, ustedes lo limitan tan sólo a aquellas situaciones que pudieran ser de aparente o suficiente gravedad, dejándolo además al criterio subjetivo del juez y al repetido podrán, en lugar de deberán (por cierto este podrán se ha
convertido en el lugar más común de esta norma), restándole sin duda garantías de efectividad. Esta norma va a nacer limitada por una doble circunstancia, señorías. Primero, la que se deriva de un Gobierno que no ha querido atender las propuestas
de la oposición. Segundo, un Gobierno más preocupado por los efectos mediáticos de su iniciativa, que por asegurar a la mayor celeridad la integración plena de las personas con discapacidad en la vida ciudadana, lo que equivale al ejercicio real e
inmediato de su derecho a la igualdad. Con seguridad, desde la mayoría se defiende que la ley en cualquier caso es un avance en relación a la situación de partida, ¡sólo faltaría que esta norma conllevara retrocesos para los discapacitados y sus
familias! Por supuesto que se producen ciertos pasos adelante; sin embargo le reprochamos que el impulso sea tan corto y que los contenidos de la ley sean tan modestos, cuando disponían de las condiciones y de la disposición, me atrevería a decir
de toda la Cámara, para haber avanzado de manera más sustancial y sin tantos imponderables como ustedes han impuesto a la legislación. Como ustedes han restringido y de manera grave esta posibilidad, también les anticipo que la ley tiene como
destino inmediato su propia reforma, con el objetivo de que en un futuro incorpore aquellos contenidos e instrumentos que la conviertan en una verdadera palanca para hacer de la integración una realidad que viva para cada persona con discapacidad.
Por otra parte, no deja de sorprenderme que tanto desde el Gobierno como desde el Partido Popular se insista en que supuestamente la ley ha sido fruto de un consenso con el sector y con sus organizaciones representativas. Les aseguro que si
fuese así el texto hubiese resultado más avanzado del que hoy vamos a votar. No ha existido tal consenso, y ustedes lo saben muy bien. Como es lógico el sector de la discapacidad es sensible y aplaudirá cualquier avance por limitado que sea,
aunque diste de ver reconocidas sus aspiraciones en esta ley. No confundan la realidad. Podría haberse avanzado en mucha mayor medida, con mayor determinación, pero ustedes lo han impedido. No han querido escuchar las apelaciones que
constantemente le hemos hecho llegar para aunar esfuerzos.
Las personas con discapacidad, señorías, son ciudadanos de pleno derecho y como tales hubieran merecido otra ley. Hoy la igualdad no se haya reconocida en
el acceso al empleo; hoy el porcentaje de analfabetismo de las personas con discapacidad en edad laboral es ocho veces superior al de la población en general, y el nivel de titulados superiores tres veces menor; hoy más del 90 por ciento
de quienes sufren una discapacidad severa son atendidos en exclusiva por sus familias sin apoyo público. El sistema de servicios de atención a la dependencia brilla por su ausencia.
Había trecho para avanzar más en una legislación crucial y no han querido recorrerlo. No se trata de exigir lo imposible, señorías, sino de haber hecho realidad lo que está a nuestro alcance, al alcance de millones de personas que reclaman
un trato justo y equitativo para afrontar desde la normalidad el desarrollo de su vida.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Rumí.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, el señor Belda tiene la palabra.
El señor BELDA PÉREZ-PEDRERO: Muchas gracias, señora presidenta, con la venia.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a votar a favor de las enmiendas que se nos remiten desde el Senado. Tengo que decir que a lo largo de todo este procedimiento he visto buena voluntad por parte de todos los grupos a la hora de
intentar llegar a determinados tipos de acuerdos, pero no nos duelen prendas reconocer que probablemente los avances fueran mayores si hubiera habido voluntad efectiva por parte de la dirección de algunos partidos, en concreto del principal partido
de la oposición, de no armar gresca desde el principio en este asunto.
¿Por qué creo que es muy distinta la actitud que ha tenido el Grupo Parlamentario Socialista de la que han tenido otros grupos parlamentarios de la Cámara? Fundamentalmente, porque SS.SS. han repetido el mismo discurso cuando comienza la
tramitación de este proyecto que cuando termina. Si ustedes hubieran tenido esa predisposición no hubieran seguido manejando la misma terminología y acusando a este proyecto de propaganda.
Desde el primer momento, ustedes no quisieron llegar a un acuerdo ni retratarse con nosotros, y tenían ustedes la mejor de las oportunidades.
Evidentemente, si habían guardado un silencio bochornoso durante cuatro legislaturas respecto de
esos esfuerzos de los que dicen ustedes que tendrían que aunar el Grupo Parlamentario Popular y las minorías nacionalistas, con que los hubieran aunado entre ustedes solitos en cuatro legislaturas que tuvieron de mayoría absoluta pudieron haber
hecho algo, pero no hicieron nada. Recordaba yo a lo largo de sus intervenciones de días precedentes y de la de hoy, esa famosa frase de María von Ebner de que tú tienes que tener paz si la procuras, si no quieres procurar esa paz jamás podrás
tener paz ni llegar a ningún tipo de consenso.
Señorías, pasando ya al contenido de las enmiendas, en el Senado se ha avanzado notablemente. El resto de los grupos parlamentarios han destacado algunas cuestiones de excepcional interés como la inversión en la carga de la prueba; creo
que es también fruto del consenso y que ustedes estaban de acuerdo en que era un avance necesario. Se ha aumentado la participación de los discapacitados y de sus familias, pero yo no quisiera pasar por alto otro aspecto fundamental que ha
incorporado el Senado a través de dos enmiendas de precisión técnica. ¿Qué es? No es otra cosa que el tratamiento diferenciado, dentro del gran universo de la discapacidad, de los distintos tipos de discapacidades.
Quiero señalar que el texto remitido por el Congreso no dejaba tan patentes las distintas respuestas que tienen que tener, dentro del colectivo de 3,5 millones de discapacitados, los distintos tipos de discapacidad. Es cierto que han de
permanecer juntos a efectos de la defensa de sus intereses esos 3,5 millones de personas y sus familias, pero también que los poderes públicos a través de esta ley deben inspirar políticas distintas, políticas divergentes adaptadas a cada tipo de
discapacidad.
Por último y en cuanto a las enmiendas del Senado, me quisiera referir a la lengua de signos. Señorías, no se trata de declarar la oficialidad de la lengua de signos; se trata de que en la práctica la lengua de signos tenga el mismo
reconocimiento que si la Constitución le permitiera ser lengua oficial del Estado. Es decir que una persona que no tiene otro remedio que manejarse con lengua de signos, en el trato con los poderes públicos o con el resto de la sociedad no tenga
problema alguno en su nivel de relación, en su nivel de protección, en su nivel de interacción jurídica. De eso se trata. Cuando ustedes echan en cara la escasa voluntad que parece que tiene este proyecto de resolver los problemas del sector y
acuden a los plazos se olvidan de una cosa. Ustedes nos podrán achacar eso cuando los plazos no se hayan cumplido, como nosotros ahora les podemos llamar la atención porque en los 14 años siguientes a la aprobación de la LISMI que tuvieron para
desarrollar esta normativa no hicieron nada, como nosotros les podemos dar la razón en cuanto al bajo nivel de empleabilidad y formación que tiene el colectivo de la discapacidad porque nosotros no estábamos gobernando cuando los que ahora están en
el mercado de trabajo eran los discapacitados que tenían 6, 7, 8, 12 ó 13 años, eran ustedes. Efectivamente, les podemos dar la razón, pero hay una diferencia entre ustedes y nosotros, y es que ya estamos dando prueba de que queremos cumplir esos
plazos que dicen ustedes que son regresivos, ya que se le daban dos años al Gobierno para el plan de accesibilidad y ya está presentado. La diferencia es que las estipulaciones de la antigua LISMI no se han cumplido.
Quisiera hacer también referencia a unos argumentos muy utilizados por parte de grupos de minorías nacionalistas, los señores diputados del Partido Nacionalista Vasco y también de Convergència i Unió, en cuanto a la posible invasión
competencial en materia de bienestar social, a la vez que achacaban escaso contenido a esta ley. Hay que repetir aquí una vez más que estamos hablando de la precisión de los derechos y libertades y, más en concreto, de la cláusula de igualdad del
artículo 14, referido al ámbito de la discapacidad. Es evidente que se podría haber ido más allá si no existiera el marco competencial que tenemos, de tal manera que una cosa es ser respetuoso con las comunidades autónomas y no invadir su marco
competencial y otra, como ustedes denuncian, un posible escaso contenido. Estamos donde estamos, no somos conscientes de invadir ningún ámbito competencial de las comunidades autónomas -y así hago también referencia a lo que se ha dicho desde el
Grupo Mixto- con el texto de esta ley.
Quisiera terminar haciendo una valoración general que probablemente sea distinta a la que ustedes hacen. En primer lugar, nosotros creemos en la eficacia de este proyecto, creemos que incluye la mayor parte de las cosas que aportaban tanto
el sector como, desde luego, la iniciativa del Gobierno y, por qué no decirlo, también las sensibilidades que ustedes nos han ido demostrando. Ustedes están en la oposición y tienen que pedir más, eso no tiene ningún tipo de discusión. Pero
quisiera leer la evaluación que hace, en uso de la libertad de prensa y también de la libertad de empresa, un diario cuya línea es manifiestamente adversa -ya digo, en uso de su libertad- de la del Gobierno y de la de la mayoría parlamentaria. El
diario El País, en su edición de opinión, que seguramente es seguida diariamente por todos ustedes para tomar el pulso del comportamiento parlamentario, habla de esta ley al día siguiente de que en el Senado se aprobara este texto que ahora se nos
remite a la Cámara. Comienza diciendo, y como es natural expresando la existencia de nubes y claros en la ley: Lo mejor de la Ley de igualdad de oportunidades para los discapacitados -leo el diario El País de 19 de noviembre-, que aprobó ayer el
Senado, es que se trata de un texto legal que aborda de manera sistemática y completa los problemas discriminatorios de diversa índole con que se enfrenta en su vida diaria este colectivo de tres millones y medio de españoles. Y concluye: La
legislación a favor de los discapacitados, tanto estatal como autonómica, ha sido abundante pero dispersa e incompleta. Se echaba en falta una ley marco o carta fundamental que sirviera de punto de referencia a las políticas de integración de este
colectivo. Por tanto, hay opiniones para todos los gustos. Desde luego no hemos solucionado todos los problemas del sector, pero, señorías, algo se ha hecho y les invito a que ustedes también se sientan orgullosos de ese trabajo.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Belda.
Señorías, sometemos a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 289; a favor, 162; en contra, dos; abstenciones, 125.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO LOCAL.
(Número de expediente 121/000157.)
La señora PRESIDENTA: Enmiendas del Senado al proyecto de ley de medidas para la modernización del gobierno local. (Rumores.)
Señorías, ¿es posible que mantengan las conversaciones fuera del hemiciclo? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Bloque Nacionalista Galego va a aprovechar este trámite para manifestar de nuevo su oposición al proyecto de ley de modernización del gobierno local que desde nuestro punto de vista ahonda en los trazos más negativos de la
actual Ley de bases de régimen local, como es el uniformismo. Uniformismo que se establece en esta ley, tanto a la hora de regular los órganos necesarios y complementarios de los entes locales como a la hora de determinar cuáles serán las ciudades
y ayuntamientos que se someterán a este régimen local especial. En las enmiendas que vienen del Senado se hace referencia a capitales de provincia de más 175.000 habitantes o en el caso de capitales de comunidades autónomas o capitales de provincia
con menor población, siempre que así lo decida la asamblea legislativa autonómica, pero esto, aparte de invadir competencias autonómicas como las que ostenta la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de régimen local, desde nuestro punto de vista,
supone desconocer la pluralidad y complejidad de la estructura local, de la planta administrativa local, que varía mucho en las diferentes partes del Estado y que en el caso de Galicia no tiene absolutamente nada que ver con la de Andalucía o
Castilla, por poner un ejemplo. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la Presidencia.)
En segundo lugar, esta uniformidad se nota también en la regulación de la estructura territorial de los municipios.
Se impone un determinado sistema de desconcentración territorial en el ámbito municipal, que pensamos que es una cuestión que debe dejarse a la determinación de las correspondientes legislaciones autonómicas e incluso -y en buena medida este
proyecto de ley lo coarta- a la propia autonomía organizativa de las entidades locales.
En tercer lugar, esta uniformización se nota -y esto es preocupante- en materia de participación ciudadana. Sabemos que este es uno de los eslóganes con los que el Partido Popular y los grupos que dan apoyo a esta ley presentan el proyecto
de ley, pero quizá no se repara suficientemente en que esta regulación congela determinados mecanismos de participación ciudadana, impidiendo en la práctica que los ayuntamientos e incluso las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus
respectivas competencias, puedan establecer sistemas, vías más ambiciosas de participación de la ciudadanía en la gestión de los asuntos públicos, precisamente en aquella administración más cercana a los ciudadanos. Por lo demás, es un proyecto de
ley centralista. El Bloque Nacionalista Galego nunca ha entendido el municipalismo como ariete en contra de las comunidades autónomas. Hay quien lo entiende así, como el actual presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, pero
ya digo que, como no sea con esta concepción, más propia de tiempos pasados, no entendemos por qué se refuerzan el papel y las competencias de las diputaciones provinciales. En el caso gallego las diputaciones provinciales no tienen mayor sentido,
no responden a la estructura poblacional ni a la estructura sociológica de la sociedad gallega y, por tanto, no entendemos por qué se refuerzan con esta nueva competencia de fomento económico, de desarrollo económico en el ámbito provincial, una
competencia que va a traer nuevos problemas y nuevos conflictos entre las comunidades autónomas y estos entes provinciales, que desde nuestro punto de vista, al menos en el caso de Galicia, deberían desaparecer a medio plazo.
En cuarto lugar, pensamos que esta ley supone un retroceso democrático porque refuerza la línea de presidencialismo, la línea de autoritarismo que ya se estableció, que se podía entrever en la reforma del régimen local y de la Ley electoral
del año 1999, en el sentido de fortalecer, de reforzar las competencias del alcalde y dejar al pleno municipal un papel realmente residual e incluso al establecer un paralelismo, que teóricamente y en abstracto puede ser lógico pero que en la
práctica es absurdo, entre el esquema administrativo municipal y el de otras administraciones superiores, como pueden ser la autonómica y la estatal.
Esa división de poderes en virtud de la cual el alcalde puede ahora nombrar libremente a personas
que no hayan sido elegidas por la ciudadanía, sólo la entendemos como una manifestación de ese presidencialismo e incluso de problemas graves. Porque, ¿qué impide a una organización política introducir, si es que hay personas tan brillantes para
llevar a cabo y para gestionar determinados ámbitos de la actuación municipal, a esas personas en sus listas? ¿O es que se quiere, sin haber sometido a esas personas al refrendo y a la votación de la ciudadanía, introducir por esa vía en los
gobiernos municipales a los representantes de intereses poco confesables? Porque todos y todas en esta Cámara sabemos a qué nos referimos -intereses de promotores, intereses de especuladores- y no sería demasiado edificante poner a esas personas
directamente en las listas e introducir después a sus testaferros en los gobiernos municipales bajo la capa de personas o particulares de reconocido prestigio o de reconocida experiencia.
Desde luego, el Bloque Nacionalista Galego se opone a este tipo de soluciones; en Vigo tenemos un ejemplo claro de a dónde llevan estas prácticas. Las estrellas, los independientes, las personas ajenas, en principio, a la política,
resultan ser, al final, lo más antipolítico, lo más autoritario y lo más ineficaz, en perjuicio de los ciudadanos.
Nada más, y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Aymerich.
Señor Mardones, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo va a votar favorablemente todas las enmiendas que han llegado del Senado a este proyecto de ley de medidas para la modernización del gobierno local. Ya tuvimos ocasión de apoyar esta iniciativa en los debates del Congreso de los
Diputados, presentando enmiendas cuya aceptación fue facilitada -tengo que reconocerlo aquí- por el buen entendimiento de los diputados del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria con los representantes de Gobierno de la nación: con los del
Ministerio de Administraciones Públicas y, anteriormente, con el vicepresidente segundo, señor Arenas. Esto permitió introducir en el texto del proyecto, cuando lo debatíamos aquí, una serie de referencias a las peculiaridades de la Administración
local de la Comunidad Autónoma de Canarias: el hecho insular, la figura ya tradicional de los cabildos insulares, con un régimen totalmente distinto que no es equiparable al de las diputaciones provinciales del área peninsular. El Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria se siente, pues, totalmente reconocido y reflejado en este proyecto de ley y en las enmiendas que las sucesivas negociaciones han permitido introducir por medio de los debates del Senado.
En la exposición de motivos, las enmiendas se refieren al régimen de los cabildos insulares canarios. Hay una referencia expresa a ellos en el apartado cuarto, que está en relación con el texto del artículo 121.1 b),
en el que se rebaja la cifra de 200.000 habitantes a la de 175.000 en nuestras capitales de provincia. Dentro del régimen básico de las corporaciones locales se reconoce el hecho insular canario y los cabildos insulares, según tenga o no la
característica de ser sede de la capital de la provincia. En Canarias habíamos salvado una norma general aplicable en la Península, dado que el archipiélago canario es la única comunidad autónoma de España que tiene una doble capitalidad; no hay
una capital en esta comunidad autónoma, hay dos: la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y la de Santa Cruz de Tenerife. Así, esta capitalidad compartida ha sido reconocida de facto y de iure en el texto que debatimos.
Otra de las enmiendas a las que éramos más sensibles es la que modifica el artículo 41, en razón del nuevo régimen de organización de los cabildos insulares de Canarias y de los consejos insulares de las Islas Baleares.
Esta enmienda
introduce una nueva disposición adicional decimotercera a la Ley reguladora de bases del régimen local.
Se introduce también una enmienda al artículo 47 de la ley, con el fin de unificar el quórum, cuestión que había quedado indecisa. Era necesario unificar el quórum de las corporaciones, para la adopción de acuerdos en las numerosas materias
que los requieren, sin complicar la interpretación administrativa que haga cada corporación.
Destacamos también la enmienda a la disposición adicional séptima, que modifica la regulación de la provisión de puestos reservados a los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional. Con la modificación
introducida en el Senado, se han incluido en el ámbito de aplicación del título X del proyecto los municipios de más de 75.000 habitantes, capitales de provincia, capitales autonómicas y sedes de instituciones autonómicas. Esta introducción del
Senado nos parece muy afortunada, porque da seguridad jurídica y profesional a estos funcionarios; si no, las ciudades que se encontrasen en estas circunstancias iban a quedar muy inseguras, desde el punto de vista profesional.
Igualmente la incorporación de una nueva disposición adicional decimotercera -otra enmienda en la que nos sentimos reconocidos y atendidos- para conseguir extender el régimen especial de organización de los municipios de gran población,
contenidos en el título X, a determinados cabildos insulares canarios. Esta característica de los cabildos insulares nos permite este reconocimiento.
Termino, señora presidenta, destacando la modificación hecha al artículo 135 de la Ley reguladora de bases de la Administración local para clarificar la naturaleza y funciones del órgano de gestión tributaria.
Era también necesario poner
orden, hacer una clasificación, una reglamentación y sobre todo señalar qué tipo de naturaleza jurídico-administrativa ha de tener. Igual que las funciones encomendadas a los órganos de gestión tributaria, tema que teníamos muy avanzado en los
órganos de gestión en la Comunidad Autónoma de Canarias y que por las peculiaridades del régimen económico y fiscal de Canarias se venían realizando. La modificación de añadir un nuevo párrafo a la disposición transitoria primera de la ley para
otorgar a los cabildos insulares incluidos en el ámbito de aplicación de la disposición adicional decimotercera de la Ley reguladora de bases del régimen local, con un mismo plazo de adaptación previsto para los municipios de gran población, era
asimismo algo necesario para armonizar y evitar distorsiones o desmarques que se pudieran hacer, impropios de una buena reglamentación.
Finalmente creemos muy oportuna la enmienda que añade una nueva disposición transitoria -en este caso la quinta-
para aclarar y por tanto dar seguridad jurídica a la situación de los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional que vienen desempeñando puestos a ellos reservados en los cabildos y consejos insulares,
incluyéndolos por tanto en el ámbito de la aplicación del título X de la Ley reguladora de bases. Por todas estas razones y por considerar que estas enmiendas lo han perfeccionado muy significativamente y con gran sentido de seguridad jurídica, de
reconocimiento de competencias por lo menos en el ámbito que estamos señalando de la Comunidad Autónoma de Canarias y considerando que es una mejora muy notable del texto original del proyecto de ley, mi grupo, señora presidenta, las va a votar
favorablemente.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.
Señor Erkoreka, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, las enmiendas aprobadas en el Senado incorporan al texto remitido por esta Cámara numerosas modificaciones de diferente sentido, de diferente alcance, contenido e importancia, por lo que voy a intentar hacer un análisis no tan
pormenorizado y exhaustivo como quisiera pero sí separado de las principales, porque la posición del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) en relación con las mismas evidentemente no va a ser idéntica en todos los casos.
Hay en primer lugar una serie de enmiendas que incorporan al texto remitido por la Cámara Baja correcciones terminológicas, gramaticales, ortográficas, etcétera, que son ya habituales en las aportaciones que la Cámara Alta viene haciendo a
la actuación legislativa de las Cortes Generales. En las correcciones gramaticales, por ejemplo, se sustituye la expresión 'pertenece' por la voz 'corresponde' en dos ocasiones; es evidentemente
más correcta y no encontramos oposición posible. También existen ciertas alteraciones terminológicas. La voz 'secretario' se convierte en 'secretario general', la expresión 'secretarios generales' se convierte en 'coordinadores generales',
pequeños detalles vinculados con precisiones terminológicas que aclaran el texto o fijan su contenido, contra las que no tenemos nada que objetar y por tanto las apoyaremos en este momento.
Las modificaciones tienen algunos aspectos de mayor relevancia. La intervención del Senado ha supuesto, entre otras cosas, la supresión para determinadas materias de la exigencia del voto favorable de las dos terceras partes del número de
hecho de la corporación local, una vieja reivindicación que nosotros compartimos y que por tanto apoyaremos. Esa era una previsión de la Ley de bases de régimen local que suponía hasta cierto punto un elemento perturbador en el correcto
funcionamiento de las corporaciones locales y su supresión probablemente constituye un paso adelante que va a contribuir a agilizar y a clarificar el régimen de las corporaciones. Las modificaciones incluidas en el texto por el Senado también
introducen retoques en el régimen previsto para la tramitación de la iniciativa popular municipal contemplada en el artículo 70 bis.2. En principio, es claro que el texto que fue remitido por la Cámara Baja al Senado era manifiestamente mejorable,
y en este sentido las modificaciones incluidas allí contribuyen a clarificar su contenido y a establecer más fijamente cuál es el régimen procedimental que ha de seguirse en relación con estas iniciativas de carácter popular.
Con todo, nosotros vemos la posibilidad de que el régimen previsto en el texto actual, el que procede del Senado, plantee algunos problemas. En relación con la tramitación de este tipo de iniciativas, el texto original, entendiendo por
original el remitido por esta Cámara, hablaba de que éstas, las iniciativas de carácter popular, serían sometidas al debate y votación del Pleno cuando las materias a las que se refiriese fueran de su competencia o, en su caso, serían resueltas por
el órgano municipal competente. Sin embargo, el texto procedente del Senado dice que estas iniciativas serán sometidas en todo caso al debate y votación por el Pleno, sin perjuicio de que sean resueltas por el órgano competente por razón de la
materia. Es decir, aquí nos podríamos encontrar con dos pronunciamientos de dos órganos distintos de la corporación municipal, uno del Pleno, que debate y vota en todo caso este tipo de iniciativas, y otro del órgano competente, a quien corresponde
también resolver, dictar resolución expresa en esta materia. Podríamos encontrarnos con dos pronunciamientos, con dos actos expresos de dos órganos distintos de la corporación municipal que se significan, y curiosamente podrían hacerlo en sentido
contrario en relación con una misma iniciativa. Esta disposición, tal y como la vemos nosotros, podría acarrear algún problema, pero son problemas que en todo caso habrán de ser resueltos por el exégeta, por el operador jurídico, en el momento en
que se planteasen. Nosotros nos limitamos a enunciarlo, pero no es un motivo para posicionarnos en contra de la ley, porque creemos que el procedimiento en el texto procedente del Senado clarifica las normas contenidas en el texto que la Cámara
Baja remitió al Senado.
También introducen las modificaciones del Senado una rebaja de 200.000 a 175.000 en el número de habitantes exigible para que las capitales de provincia puedan acogerse al régimen previsto en el título X de la ley.
Este, el umbral de
habitantes mínimamente exigible para que los municipios puedan acogerse a este régimen especial del título X de la ley, ha sido uno de los temas fundamentales, nucleares del debate político, ha experimentado sucesivas modificaciones a lo largo de la
tramitación del proyecto de ley y creemos que esta rebaja es positiva, que flexibiliza los rigores del texto original. Por tanto, tampoco tenemos nada que objetar; lo apoyaremos. Hay una serie de modificaciones, sin embargo, que nos plantean
mayores dificultades a la hora de fijar nuestra posición favorable al respecto. El texto remitido por el Senado después de incorporadas las modificaciones aprobadas en la Cámara Alta incluye unas modificaciones, bien que ligeras, en el régimen
previsto para las entidades públicas empresariales de carácter local. Algunas de ellas son simplificadoras del régimen previsto, eliminan rigideces en algunos de los contenidos que fueron aprobados por esta Cámara, pero en algún caso se añaden
elementos básicos que, a nuestro juicio, resultan excesivos. Más allá de la consideración que tengamos sobre la solución material, sobre la solución normativa que se adopta por la norma, creemos que el hecho mismo de que supongan una
intensificación de la regulación básica, que en esta materia es ya suficiente, nos previene contra las mismas y nos conduce, por lo menos, si no a votar en contra de ellas, a abstenernos. Por tanto, en relación con estas enmiendas que vienen del
Senado nos abstendremos, como también nos abstendremos en relación con las modificaciones que se han incluido en el Senado a propósito de la normativa básica relativa a los funcionarios de habilitación nacional, funcionarios de Administración local
con habilitación de carácter nacional. Se trata de una serie de normas que fijan ciertas condiciones que aseguran su condición jurídica y que garantizan algunos de sus estatus y el desempeño de algunas de sus atribuciones, pero por la misma razón,
más allá de la idoneidad o la inadecuación de la solución normativa que se adopta en este caso, suponen una intensificación de la normativa básica, que ya es excesiva en esta materia, por tanto, son previsiones que no van a contar con nuestro apoyo.
Por esa razón hemos pedido votación separada de la disposición adicional séptima, de la transitoria tercera y de la transitoria quinta, en las que el Grupo Vasco se abstendrá.
Finalmente, hay una serie de modificaciones también de contenido e importantes que hacen referencia al régimen específico del que gozarán los cabildos insulares canarios. Es una especialidad normativa singular, aplicable exclusivamente a
los cabildos insulares canarios, que -nadie lo cuestiona- gozan de una posición singular, de un estatus muy especial que procede en parte de su geografía y en parte también de su configuración sociológica, en la que nosotros evidentemente ni
entramos ni salimos; no entramos ni salimos porque, más allá de las objeciones puntuales que podrían plantearse en la adecuación normativa, en la corrección incluso técnica o jurídica de algunos planteamientos que allí se hacen, consideramos que si
es una normativa especial, singular, que procede de un determinado territorio y cuenta con el apoyo de la mayoría de ese territorio, nosotros, el Grupo Vasco, que procede básicamente de un territorio distinto, no tiene por qué plantear objeciones a
esa regulación específica que cuenta con el apoyo mayoritario de ese territorio. Esta ha sido nuestra posición tradicionalmente, la del Grupo Vasco, en relación con otras iniciativas del mismo tenor, del mismo carácter, que tenían un origen
singular, focalizado en un determinado territorio; me refiero lógicamente a reformas de estatutos de autonomía o de previsiones singulares, puntuales, locales, aplicables solamente a determinados ámbitos territoriales. Ha sido una posición general
que ha mantenido el Grupo Vasco en esta materia. El Grupo Vasco tampoco ha entendido que desde otros territorios se interfiera permanentemente o se tengan opiniones claras o absolutamente permanentes sobre lo que tiene que hacer el territorio vasco
en relación con su articulación interna o con su vertebración jurídica en el conjunto del Estado. Como expresión de esta nuestra posición absolutamente respetuosa con las fórmulas de organización territorial, de vertebración y de integración en la
estructura general jurídica del Estado que adopten nuestros territorios, quisiera apoyar casi a ciegas todas estas previsiones singulares que afectan a Canarias, sin entrar en sus contenidos, insisto, como expresión clarísima de nuestra voluntad,
que esperemos tenga correspondencia también en otros territorios cuando se trate de iniciativas de aplicación singularizada en el caso del País Vasco.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Erkoreka.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señora ministra de Administraciones Públicas, señoras y señores diputados, llega hoy al Pleno del Congreso de los Diputados el último trámite del proyecto de ley de medidas para la modernización
del gobierno local. Es en esta fase donde mi grupo quiere hacer una valoración global y final de este proyecto de ley, una valoración que no puede ser positiva. La que hoy vamos a aprobar es una modificación de la Ley de bases de régimen local.
Quiero recordar que en el año 1985, cuando se aprobó la vigente Ley de bases de Régimen Local, nuestro grupo parlamentario votó en contra.
Convergència i Unió votó en contra por entender entonces que el ámbito de lo que se consideraba legislación
básica dejaba poco margen a las comunidades autónomas para tener su desarrollo normativo propio, su solución diferencial en un aspecto como el régimen local en donde las comunidades autónomas tienen competencia exclusiva. Nosotros hicimos esa
consideración en el año 1985 y ahora, en el año 2003, comprobamos cómo se estrecha aún más ese ámbito normativo autonómico, porque vamos a aprobar un proyecto de ley que amplía la consideración de legislación básica.
Ello puede ser una opción del
legislador; si es así, nuestro grupo parlamentario, Convergència i Unió, no lo comparte. Nuestro grupo está en contra de esa ampliación, de lo que vamos a aprobar aquí hoy en cuanto a legislación básica. Voy a poner algunos ejemplos
significativos.
Todo el nuevo título X tiene la consideración de legislación básica; es un título nuevo que regula un régimen específico para los municipios de gran población y en él, por ejemplo, se permite que una capital de provincia siempre pueda ser
municipio de gran población, con independencia del número de habitantes que tenga, si así se decide por parte de su Parlamento autonómico. En cambio, en Cataluña no podemos considerar que una capital de comarca pueda ser municipio de gran
población, si no llega a 75.000 habitantes. Vamos a poner un ejemplo claro. Soria, si su parlamento autonómico así lo decide, puede llegar a ser un municipio de gran población al ser capital de provincia, y tiene 35.000 habitantes.
Manresa tiene
casi el doble, 64.000 habitantes, pero como no llega a 75.000, la capital de la comarca del Bages, no podrá ser nunca municipio de gran población. Este punto es el que quiere discutir mi grupo parlamentario, el de encorsetar demasiado la
posibilidad normativa de un parlamento autonómico en este caso. ¿Por qué no permitimos al Parlament de Catalunya establecer los criterios para definir en ese territorio qué poblaciones pueden tener la consideración de municipio de gran población?
¿Lo vamos a poder hacer? Sí, a partir de un tope rígido, 75.000 habitantes, tope que, por ejemplo, no existe en las capitales de provincia que pueden serlo con independencia del número de habitantes que esas capitales tengan. Este es un
planteamiento que mi grupo no comparte, como tampoco que hayamos ampliado en este proyecto de ley la legislación básica en el ámbito de las mancomunidades o en el ámbito de la gestión de los servicios públicos. Son aspectos concretos pero
importantes en los cuales la consideración de lo que es básico se amplía.
Este es un primer punto de discrepancia que mi grupo no comparte y que fue una de las premisas que mi grupo, cuando empezó la tramitación de este proyecto de ley, puso encima de la mesa. Teníamos dos: una, respeto absoluto a las
competencias autonómicas y, dos, que la nueva ley no fuera aplicable a la capital de Cataluña, a Barcelona, entendiendo que debíamos concretar un calendario para aprobar la carta municipal de Barcelona.
Estas eran las dos premisas. En cuanto a la
primera de ellas, el resultado final, señora ministra, señorías, no puede ser positivo y no puede merecer el voto favorable de mi grupo, que va a rechazar este proyecto de ley porque supone una conculcación de lo que para nosotros era una premisa
importante. En cuanto a la segunda, nos ha sorprendido la tramitación en el Senado de este proyecto de ley en un aspecto concreto, el de la carta municipal de Barcelona. Nos ha sorprendido porque habíamos avanzado y de manera muy positiva en el
Congreso; habíamos logrado un consenso sobre la necesidad de que el título X no fuera aplicable a la ciudad de Barcelona, porque debe tener su carta municipal. Incluso aquí, en el Congreso, diversos grupos, el Grupo Socialista, el Grupo Mixto, a
través del señor Puigcercós o del señor Saura, habían presentado enmiendas expresas, que no fueron aprobadas, también las presentó mi grupo, para fijar un calendario para la tramitación de esa carta municipal. ¿Qué ha pasado en el Senado?
Lamentablemente, mi grupo se ha quedado solo en el deseo de fijar un calendario para la tramitación de la carta municipal de Barcelona.
Se había avanzado en el Congreso, no en el Senado, en que se aplicase a Barcelona la nueva ley, pero no hemos sido capaces de concretar un calendario, incluso de adquirir un compromiso al que mi grupo se refirió en el Congreso cuando esta
ley salió de aquí. Podía ser un compromiso simbólico, pero podíamos tener un proyecto de ley redactado aún sabiendo que no hay margen en esta legislatura para que vea su aprobación final en el BOE. Sería ya el compromiso de que nos hemos puesto de
acuerdo en un texto que puede servir de base en la próxima legislatura, pero no hemos sido capaces de fijar ningún tipo de calendario. Por tanto, a nosotros nos ha sorprendido que los mismos grupos que en el Ayuntamiento de Barcelona están
gobernando y que piden allí un calendario, en la tramitación en el Senado, habiendo un grupo propio que es la Entesa Catalana de Progrés, que es un grupo distinto al Grupo Socialista, en el fondo hayan presentado las mismas enmiendas que el Grupo
Socialista, y no hemos sabido encontrar ni una sola que pidiera un calendario para la tramitación de la carta de Barcelona cuando esos mismos grupos lo pedimos en el Congreso. Una vez más Convergència i Unió se ha quedado sola en este aspecto
pidiendo que existiera algún tipo de compromiso, algún tipo de calendario, insistiendo una vez más en que éramos flexibles en cuanto a cuál debía ser ese calendario, pero entendíamos que en la ley final debía existir ese compromiso. Se trata de dos
aspectos que a Convergència i Unió le merecen una valoración negativa global. Convergència i Unió no va a votar en este trámite a favor de las enmiendas del Senado, más allá de lo que suponen en sí. En la fase final, este voto de Convergència i
Unió es un voto contrario al conjunto del proyecto de ley, y no tanto a las enmiendas del Senado, algunas de las cuales pueden merecer la valoración positiva de mi grupo, como aquellas que recogen una especialidad concreta para Canarias. No estamos
votando en contra de ese aspecto, sino que es un voto global a un proyecto de ley que mi grupo, el propio Gobierno de la Generalitat, otros gobiernos de comunidades autónomas y otros parlamentos autonómicos van a estudiar profundamente para ver
incluso si puede llegar a ser anticonstitucional la amplitud de la legislación básica que está realizando este proyecto de ley. Cierto es, señora ministra, señorías, que en muchas ocasiones el Tribunal Constitucional, al analizar recursos de
inconstitucionalidad sobre el alcance de lo que consideramos básico, afirma que es una opción del legislador. Nosotros no lo discutimos; si el legislador lo ha decidido así, es una opción del legislador, pero también el Tribunal Constitucional en
esas sentencias afirma que la opción del legislador podía haber sido distinta, que el alcance de lo que se considera básico por parte del legislador hubiera podido ser un alcance más favorable a las competencias de las comunidades autónomas. En
este caso, entendemos que no lo es, y de ahí que mi grupo vaya a votar en contra.
Por último, al comienzo de mi intervención he puesto el ejemplo de las capitales de provincia. Vemos en este proyecto de ley una nueva competencia para las diputaciones provinciales. Es también una opción, pero una opción que no comparte
mi grupo, un grupo que siempre ha defendido, por ejemplo en el caso de Cataluña, una estructura del territorio a través de municipios y comarcas, estructura que viene reconocida en el propio Estatuto de 1979. Por tanto, es una concepción que
tampoco comparte mi grupo. Ahora incluso en el Senado en la propia exposición de motivos se ha enfatizado aún más ese reforzamiento de las competencias en las diputaciones provinciales, algo que, repito, mi grupo no comparte. Este es un argumento
más que va a llevar hoy a Convergència i Unió a realizar una votación global en contra del proyecto de ley que hoy llega a su fase final.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Jané.
Señor Martínez Sanjuán, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo parlamentario va a fijar su posición con respecto a las enmiendas del Senado y a la valoración global que recoge la ley, pero no va a utilizar este turno para desahogarse y sacar los demonios que algún grupo parlamentario lleva
dentro en relación con determinados candidatos de su circunscripción, como ha hecho el BNG. No sé si tienen meigas o qué es lo que tienen, pero aprovechar el debate parlamentario para hacer una valoración sobre alcaldes de algún municipio o sobre
el papel de los independientes y otra serie de cuestiones realmente me parece de mal gusto. Otros grupos parlamentarios, por el contrario, han venido a fijar su posición sobre sus propias reflexiones y sobre cuestiones que tampoco tienen nada que
ver con las enmiendas que ha enviado el Senado.
Señora presidenta, no me resisto a decir sobre el tema de la ciudad de Barcelona y la aplicación de la ley que la ley incorpora los acuerdos mayoritarios de las fuerzas políticas que gobiernan el municipio de Barcelona. Algún grupo
parlamentario dice que no va a aceptar la ley -el mío sí, sobre todo por este tema en concreto- porque no incluye un calendario de negociación. Pues bien, no existe ninguna ley de bases -si algún grupo parlamentario conoce alguna que me lo diga-
que incorpore una previsión de calendarios con carácter legislativo y jurídico relacionados con una voluntad de diálogo. Hay un acuerdo, un compromiso y una responsabilidad de la ciudad de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya, del Gobierno
central y de los grupos mayoritarios que gobiernan en el Ayuntamiento de Barcelona para que, respetando el acuerdo de que el título X de esta ley no se aplique a la ciudad de Barcelona hasta tanto en cuanto no regule su propia aplicación y su propio
funcionamiento, tenga un calendario de discusión y de negociación que nos parece suficiente.
Mi grupo parlamentario quiere transmitir su satisfacción por aprobar globalmente una ley que se empezó a gestar en el Senado hace ya años, con una acuerdo que partió de unas conclusiones de la Comisión de estudio sobre el funcionamiento de
las ciudades y a partir de una proposición no de ley presentada al comienzo de este año, defendida en el Congreso de los Diputados por mi compañero don Álvaro Cuesta, que dio origen, mediante un mandato, unas consideraciones y unas sugerencias, a la
presentación de esta ley que hoy vamos a aprobar.
Quiero felicitarme, como lo hace el Grupo Parlamentario Socialista, por el nivel de entendimiento alcanzado desde el primer día a la hora de discutir cuestiones básicas de modernización que afectan a esta ley, no de cambio global del
funcionamiento de los ayuntamientos, no de una revisión global del papel de las diputaciones, no de una revisión integral del papel de las comunidades autónomas, no de un cambio profundo y total de la Ley del régimen local, sino de una adaptación de
dicha ley a un funcionamiento más moderno y más eficaz de los municipios, sobre todo, de los grandes municipios españoles. Hemos discutido desde la aproximación y desde el acercamiento de posturas con el Grupo Parlamentario Popular y con otros
grupos parlamentarios para mejorar la ley, porque en un principio no nos acababa de convencer totalmente. Eso me lleva a una reflexión, señora presidenta: Que cuando no se introducen elementos espurios en la discusión y en la negociación sobre el
futuro del municipalismo español somos capaces de llegar a acuerdos, no como cuando se introducen otras cuestiones como ha sucedido este pasado fin de semana para la elección de los cargos de la FEMP. Cuando se discute con responsabilidad, con
cercanía y con voluntad de llegar a acuerdos se llega a acuerdos importantes, como en esta ley. Es decir, ha habido un acercamiento de posiciones y también lo ha habido en el Senado, señora presidenta. Por eso, tengo que decir que la ley en el
trámite parlamentario del Senado ha mejorado en su vertiente técnica y en su sistematización. Concretamente nosotros daremos el visto bueno a dos enmiendas de carácter técnico: una, porque se había producido un error en el Senado, de forma que
donde aparecía consejeros insulares diga consejos insulares, como propone el informe de los letrados, y, otra, para que haya una sistematización de las disposiciones adicionales.
También nos parece importante e interesante que en el título X de la ley, que hace referencia a lo que vulgarmente se llama grandes municipios, se haya bajado el nivel de los 200.000 a los 175.000 municipios y que este tipo de organización
se aplique también a los cabildos y a los consejos insulares con un determinado tipo de población. En algunas ocasiones hay una interpretación acomplejada, y parece que no se puede entrar a formar parte -sea una comarca o sea un consejo insular- de
este club de grandes ciudades. La ley no impide que pequeños municipios o del tamaño que recoge la ley puedan adaptar parcialmente su sistema de distritos, su organización territorial o su funcionamiento orgánico. Esto no lo impide la ley ni en
una comunidad ni en otra, pero nos parecen importantes los cambios que se han producido. La ley ha incorporado en el trámite del Senado cuestiones conceptuales que mi grupo había presentado a lo largo de todo el proyecto, tanto en el Congreso como
en el Senado, y han sido recogidas, por ejemplo, que todas las iniciativas populares sean discutidas en el Pleno, en vez de que algunas tuvieran que ser discutidas en la junta de gobierno local, como estipulaba anteriormente el proyecto; que haya
más flexibilidad en la organización de las empresas públicas; que exista una separación clara entre las funciones de intervención y las de presupuestación; que sea el pleno del ayuntamiento el que apruebe la cuenta general del municipio; que se
clarifiquen mejor las funciones del secretario general del Pleno y que se garanticen y se mantengan en los actuales puestos a las tres figuras emblemáticas de altos niveles de representación
municipal, desde el punto de vista funcionarial, que son el secretario, el interventor y el recaudador. Nos vamos a abstener en dos enmiendas incorporadas en el Senado al artículo 127.1, en la medida en que a la junta de gobierno local se
le da un cierto grado de arbitrariedad y de poder, porque nos parece que debía de estar más residenciado en el pleno, y al artículo 136.3, en la figura del interventor.
Dije al principio que esta ley no solamente iba a adaptar la normativa de funcionamiento municipal a los grandes ayuntamientos, sino que a través de modificaciones de artículos parciales de la Ley de régimen local lo hace para que afecte no
sólo a los grandes municipios sino a todos los municipios españoles. Ya que ha habido una modificación de la Ley de régimen local, se ha perdido una gran oportunidad de incorporar a la legislación local un conjunto de derechos, de nuevos organismos
y de organización que debieran afectar no sólo a las grandes ciudades, sino al municipalismo español en su conjunto. Cuando los ayuntamientos tienen un papel cada vez más importante, en función de su cercanía a los problemas, a partir de un mayor
aumento de la democracia municipal y del papel que juegan los ciudadanos, hemos perdido la oportunidad de regular de otra forma el artículo 18, que habla de los derechos vecinales, y de incorporar como derechos de los ciudadanos la oportunidad y la
necesidad de recibir servicios de calidad y de participar en la elaboración, incluso con carácter voluntario, de los presupuestos municipales, como ya lo están haciendo algunos municipios españoles, a partir de las nuevas técnicas que la
Administración electrónica permite.
También hemos perdido la oportunidad de establecer nuevos órganos con carácter legislativo en la estructura municipal, no solamente en los grandes municipios, como la comisión de sugerencias, que es obligatoria en los grandes municipios
-nosotros pensamos que debiera haber sido obligatoria también en los municipios de más de 5.000 habitantes-, o la creación de una comisión de vigilancia de la contratación de las obras, o la creación de comisiones de investigación mejor reguladas
que en la actualidad, o la creación de oficinas presupuestarias que permitan que los grupos municipales que están en la oposición, dado que el nuevo sistema local establece un sistema de gestión municipal con más poder al equipo de gobierno, tengan
un suficiente grado de información y de participación en la gestión local. Por último, nos hubiese gustado, señora presidenta -se ha perdido también una gran oportunidad-, regular de una forma más seria y más real el estatuto del concejal,
incorporando un sistema de incompatibilidades, de derechos de participación y de otra serie de derechos, como el derecho al desempleo de muchas compañeras y compañeros que ocupan cargos de responsabilidad municipal y que después de haber cotizado,
cuando dejan de participar en la vida municipal, no tienen derecho a nada.
Termino diciendo que nos sentimos satisfechos por el trabajo realizado.
Creemos que se ha perdido la oportunidad de haber hecho una reforma más importante en la Ley de régimen local y que estos cambios debieran mejorar con el esfuerzo de
todos la vida de los ayuntamientos y, en definitiva, de los ciudadanos españoles.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Martínez Sanjuán.
Señor Albendea, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra.
El señor ALBENDEA PABÓN: Gracias, señora presidenta.
Antes de entrar a considerar las diversas enmiendas presentadas en el Senado a este proyecto de ley, voy a comentar algunos de los aspectos que han tratado los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. Es obvio que no puedo estar
de acuerdo con el señor Aymerich cuando dice que el proyecto de ley ahonda en los trazos más negativos de la Ley de bases de régimen local por su homogeneidad. Es evidente que no invade ninguna competencia autonómica y que es respetuoso con el
artículo 149.1.18.ª de la Constitución, que para nosotros es sagrado respetar, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas. Tampoco estoy de acuerdo con el señor Aymerich en que
la ley suponga un retroceso democrático. Todo lo contrario, señoría, da al pleno municipal un carácter más parlamentario, un carácter más abierto, un carácter más democrático. Por otro lado, con las enmiendas del Senado se refuerza la iniciativa
popular conforme al artículo 70 bis.
Es obvio que tampoco puedo estar de acuerdo con las manifestaciones del señor Jané. Yo creía que se iba a quedar muy satisfecho porque con el acuerdo de todos hemos dejado fuera al municipio de Barcelona, que era la obsesión de su grupo y
supongo que la suya personal. Dice S.S. que deja poco margen a las comunidades autónomas. Le digo lo mismo que al señor Aymerich. La ley es estrictamente constitucional, respetuosa con la Constitución y no va ni más allá ni más acá de lo que
establece el artículo 149.1.18. Siento también que el municipio de Manresa no pueda ser gran población, pero lo mismo podría decir, por ejemplo, del municipio de Carmona o del municipio de Ciudad Rodrigo -aquí tenemos a su alcalde- o del municipio
de Astorga, por citar tres poblaciones de hondo sentido histórico y de hondas raíces culturales, que tampoco lo son. ¡Qué le vamos a hacer! Lo lamento por Manresa y también por Carmona, que por cierto ya no serían grandes ciudades, pero ¿por qué
vamos a dar una peculiaridad al Parlamento de Cataluña y no al Parlamento de Andalucía o al Parlamento de Galicia? Y
vuelvo a decirles que han conseguido que Barcelona quede fuera de este ámbito. Estoy seguro de que se llegará a un acuerdo para que en la próxima legislatura haya un proyecto de ley que pueda dar virtualidad a la Carta municipal de
Barcelona.
No puedo sino celebrar el tono del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Martínez Sanjuán. Es verdad que ha habido un amplio consenso en este proyecto. Pocos proyectos de ley se han consensuado tanto como éste; tanto el
ministro Arenas como la ministra García-Valdecasas se han reunido varias veces con todos los grupos. Por tanto, le agradezco su tono, pero no puedo estar de acuerdo con S.S.
cuando habla de intereses espurios en relación con lo que pasó el domingo
en la FEMP; no estoy de acuerdo en absoluto. Quizá los elementos espurios los tengan otros grupos que se dejan someter a intereses radicales porque necesitan gobernar con ellos en Cataluña, pero nosotros de intereses espurios nada. (Aplausos.-Un
señor diputado: Jura de bandera.) Jura de bandera, sí.
Ahora voy a entrar en las enmiendas más relevantes del Senado, pues no puedo hacerlo en todas. La primera se refiere a la modificación del artículo 41 de la Ley reguladora de bases de régimen local, en razón del nuevo régimen de la
organización de los cabildos y de los consejos insulares de las Islas Baleares. Una nueva disposición adicional decimotercera extiende el régimen especial de organización de los municipios de gran población contenido en el título X a determinados
cabildos insulares canarios. Aprovecho para felicitar a todos los diputados canarios de esta Cámara, de todos los grupos sin distinción, porque han conseguido una aspiración que era muy lógica, que era tener acceso también al título X de la ley.
En otra enmienda se unifica el quórum para la adopción de acuerdos en numerosas materias, para lo que se refunden en un solo apartado materias contenidas antes en los números 2 a 4 del artículo 47 de la Ley de bases del régimen local, en las
que se requiere la mayoría absoluta para la adopción de acuerdo. Para que las iniciativas populares siempre sean objeto de debate y votación en el pleno se modifica el número 2 del artículo 70 bis de la citada ley. También se modifica el artículo
85 bis para que pueda ser de aplicación no sólo a los municipios sino a las diputaciones provinciales. En la disposición adicional séptima de la Ley de bases de régimen local se modifica la regulación de una provisión de puestos reservados a los
funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional, al haberse incluido en el ámbito de aplicación del título X los municipios con más de 75.000 habitantes, capitales de provincia, capitales autonómicas y sedes de
instituciones autonómicas.
En el artículo 123 se introducen determinadas modificaciones y se elimina de las competencias del pleno la disposición de gastos que se atribuye a la junta de gobierno local; el pleno aprobará la cuenta general. Se añade una nueva letra o)
en dicho artículo para atribuir al pleno la competencia de acordar la iniciativa por la que el municipio pueda incluirse en el ámbito de aplicación del título X de esta ley, para cuya decisión se requiere mayoría absoluta, así como para los acuerdos
referidos a las letras c), e), f) y j), además de la tramitación de los instrumentos de planeamiento general. Se adapta la denominación de los órganos directivos a la nueva terminología establecida en el proyecto de ley, modificando a tal efecto el
número 5 del artículo 124.
En el artículo 127 se establecen tres modificaciones en su número 1, en las letras f) y g) para clarificar el régimen de competencias de la junta de gobierno local y en la letra i) para adaptar la norma a lo establecido en la disposición
adicional séptima sobre la provisión de puestos reservados a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional. El número 2 del artículo 127 se modifica para adaptar el precepto a la nueva denominación de los órganos
directivos.
Se añade una nueva disposición transitoria, la quinta, para clarificar la situación de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional que vienen desempeñando puestos a ellos reservados en municipios, cabildos
y consejos insulares, incluidos en el ámbito de aplicación del título X de la Ley reguladora de las bases del régimen local. Las demás modificaciones introducidas en el Senado son adaptaciones formales o semánticas a las enmiendas sustantivas
introducidas por el Senado.
Señora presidenta, me voy a permitir someter a su consideración dos correcciones técnicas que es necesario realizar. En el artículo 41.3, donde dice 'los consejeros insulares de las Islas Baleares' debe decir 'los consejos insulares'. Por
otro lado, el proyecto de ley que estamos debatiendo introduce además de otros preceptos siete nuevas disposiciones adicionales, de la séptima hasta la decimotercera. Sin embargo, mientras estaba este proyecto de ley en el Senado se aprobó el día
21 de noviembre la Ley Orgánica 14/2003, de 20 noviembre, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y en ella se introdujo una modificación de la Ley de bases de régimen local creando una disposición adicional
séptima, con lo cual se daba la paradoja de que iba a haber dos disposiciones adicionales séptimas en la ley. Para evitar esta duplicidad en la numeración de las disposiciones adicionales proponemos que la disposición adicional séptima de este
proyecto de ley sea la octava y así sucesivamente, es decir que en lugar de terminar en la decimotercera lo haga en la decimocuarta. Como consecuencia de esas correcciones es preciso corregir las remisiones a estas disposiciones adicionales que se
efectúan en la disposición adicional séptima y en las disposiciones transitorias primera y quinta, de tal modo que en la remisión queda la nueva numeración. El letrado
de la Comisión tiene perfecto conocimiento de esto y es el que nos lo ha sugerido, así que no creo que haya ninguna dificultad.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Albendea. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, iniciamos la votación de las enmiendas al proyecto de ley para la modernización del gobierno local.
En el artículo 1.º, número 4, votamos las enmiendas a los artículos 127.1 y 136.3 de la Ley reguladora de las bases de régimen local.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 168; en contra, 13; abstenciones, 103.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
En el artículo 1.º, número 3, votamos la enmienda a la disposición adicional séptima de la Ley reguladora de las bases de régimen local y las enmiendas a las disposiciones transitorias tercera y quinta (nueva) del proyecto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 266; en contra, 13; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Resto de enmiendas con las correcciones técnicas recogidas en el escrito repartido.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 268; en contra, 13; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
- PROYECTO DE LEY GENERAL TRIBUTARIA. (Número de expediente 121/000155.)
La señora PRESIDENTA: Enmiendas del Senado al proyecto de ley general tributaria.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones. (Rumores.)
Señoría, ruego que guarden silencio y ocupen los escaños porque hay un diputado esperando para poder hacer uso de la palabra.
Adelante, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo va a votar favorablemente todas las enmiendas que nos ha remitido el Senado al proyecto de ley general tributaria.
Quiero agradecer a la señora presidenta la cortesía que ha tenido con este grupo y también con la Cámara de posponer el momento del debate de este punto del orden del día por estar a la espera la Cámara de la remisión del preceptivo informe
del Parlamento de Canarias, dado que así lo obliga la Constitución española en su disposición adicional tercera e igualmente el artículo 46.3 de nuestro estatuto de autonomía, que dice que toda ley del Estado que afecte al régimen económico y fiscal
de Canarias requiere constitucional y estatutariamente informe preceptivo previo del Parlamento autónomo de Canarias. Así cumplimentado, el Parlamento de la Comunidad canaria ha informado favorablemente las modificaciones que se han introducido en
este proyecto de ley de norma general tributaria del Estado español. Siendo favorable el informe de nuestro parlamento autonómico, queremos expresar nuestra conformidad con estas enmiendas del Senado porque, aunque en su mayoría sean técnicas, de
sistemática, de perfeccionamiento puramente instrumental del articulado del proyecto, algunas se refieren a medidas de tipo fiscal, de norma hacendística competencial, bien del Estado, bien de las comunidades autónomas, como es el caso de la canaria
que está exenta de IVA pero sometida al impuesto general indirecto canario -el denominado IGIC- y al respecto se ha buscado una armonización en el texto de las diferentes pero concordantes disposiciones y figuras tributarias y fiscales.
Queremos destacar la enmienda al artículo 134 de la Ley General Tributaria, que da una nueva redacción a sus apartados 1 y 3 para aclarar una seguridad jurídica, siendo preceptiva en este procedimiento la notificación de una propuesta de
liquidación que debe notificarse junto a la propuesta de la valoración realizada por la Administración tributaria correspondiente. Por tanto, se trata de una norma de seguridad jurídica para que el impositor sepa a qué atenerse en la normativa que
se está regulando. Igualmente, la enmienda al artículo 142 aclara que la facultad recogida en este apartado se aplica a todas las actuaciones que realice la inspección tributaria, eliminando las dudas que existían al respecto en cualquiera de las
leyes.
En la enmienda al artículo 167, en su apartado 4, creemos que ha sido oportuno eliminar la referencia a la providencia de embargo, pues resulta innecesaria una vez que esta Cámara aprobó la Ley Concursal, que ha solucionado el problema y,
por tanto, era innecesaria su reiteración en este texto del proyecto de ley.
Se han introducido enmiendas al artículo 182 buscando razones de coherencia, así como en el artículo 179, donde la enmienda del Senado introduce una mejora que parece técnica pero que es necesaria como
principio de seguridad jurídica, con objeto de implementar la seguridad jurídica de los obligados tributarios, que quedaban en una especie de limbo o nebulosa y nadie sabía exactamente qué medidas se les podía aplicar y exigir. Como digo,
la mayoría de las enmiendas son mejoras técnicas o de clarificación.
Las enmiendas a la disposición transitoria cuarta realizan una modificación que permite la determinación de los procedimientos sancionadores en un plazo que garantice la correcta aplicación del régimen sancionador más favorable. Creemos que
este es un principio de equidad en los aspectos fiscales de la persona física o jurídica sometida al imperio de la tributación, para que se pueda manejar con claridad este concepto.
Por último, la disposición final decimoprimera introduce una modificación que da coherencia a otros artículos introducidos en el proyecto de ley.
Por todas estas razones y en atención al dictamen del Parlamento autonómico canario, que ha cumplido los requisitos legales, constitucionales y estatutarios que he señalado, vamos a votar favorablemente este importante texto legal que, una
vez más, da un paso hacia delante de orden y claridad en las normas a veces confusas por lo amplias y difusas que son en el mundo tributario, imprescindible para una sociedad democrática y de derecho como la nuestra.
Nada más. Muchas gracias, señor Mardones.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
¿Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA REÑÉ: Señora presidenta, señorías, la Ley General Tributaria es la ley básica de nuestro sistema tributario y en ella se establecen los principios esenciales, se regulan las relaciones entre la Administración y los
contribuyentes y se organizan los procedimientos tributarios. Desde la promulgación de la Ley 230/1963, hace 40 años, ha habido numerosas transformaciones del ordenamiento jurídico español, así como de la práctica tributaria. Sin embargo, a pesar
de todas estas importantes novedades producidas en el ámbito tributario, los procedimientos de la gestión tributaria no han sido objeto de ninguna reforma de carácter sustancial. Ciertamente, en el ámbito de la gestión tributaria y de la mayor
garantía de los derechos de los contribuyentes cabe destacar como muy positiva la aprobación de la Ley 1/1998, de derechos y garantías de los contribuyentes, más conocida como el estatuto del contribuyente, cuya aplicación está permitiendo la
consecución de un cierto equilibrio en las relaciones entre la Administración tributaria y los ciudadanos. A pesar de la importancia del estatuto, el modelo de gestión tributaria no es lo suficientemente flexible como para evitar la litigiosidad.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), como manifestó en el debate de totalidad, consideraba que deberían adoptarse nuevos mecanismos para conseguir que no se plantearan tantos conflictos, modificando los actuales
procedimientos de gestión tributaria. Asimismo, atendiendo a la mayor corresponsabilidad fiscal asumida por las comunidades autónomas y con la finalidad de avanzar en la descentralización de la Administración tributaria y de dotar de mayor
eficiencia la gestión tributaria, nuestro grupo parlamentario consideraba necesaria una mayor y más importante implicación de las comunidades autónomas en la resolución de conflictos en materia tributaria y que éstas se doten de organismos que
permitan una mayor agilización de los procedimientos de gestión.
Si bien en esta ley hay importantes aspectos positivos que destacaríamos -ahora no me pararé a detallarlos-, sí quisiera evidenciar cinco aspectos negativos, dejando para el final el más relevante para nosotros, que es el artículo 43.1.
Entre los aspectos más negativos de la ley se encuentra el relacionado con la nueva regulación del conflicto en la aplicación de la norma tributaria y de la simulación. En ambos casos -artículos 15 y 16- nuestro grupo parlamentario manifestó la
necesidad de incrementar y reforzar los requerimientos necesarios para poder declarar la existencia del conflicto en la aplicación de la norma tributaria y de establecer una garantía similar a la prevista en el artículo 15, referente al informe de
la comisión consultiva para el supuesto de simulación.
Otro aspecto que consideramos negativo en esta ley es el relacionado con la compensación de deudas tributarias entre administraciones en los artículos 74 y 73.2, entendiendo que falta el principio de reciprocidad.
Cabe destacar en este
ámbito la responsabilidad solidaria de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales. No cabe duda que la disposición adicional séptima es una extensión para nosotros excesiva de la responsabilidad solidaria, por cuanto se hace
responsable a una persona por el hecho de participar en el capital del obligado tributario.
Otro aspecto negativo que quería destacar es el relacionado con los órganos económico-administrativo de las comunidades autónomas. Si bien en el trámite del Congreso se aprobó una enmienda, que nuestro grupo parlamentario defendió, que
permitía que las comunidades autónomas que tienen un amplio número de tributos cedidos puedan participar en el funcionamiento de los órganos contencioso-administrativos a través de la posibilidad de que se nombren vocales a este tribunal por parte
de las comunidades autónomas, pretendimos avanzar un poco más en el trámite del Senado y nos fue imposible.
Quisiera poner el acento en al aspecto más negativo para nosotros, el relacionado con el artículo 43.1. Desde Convergència i Unió hemos abogado y abogamos por la supresión de dicho artículo básicamente
porque entendemos que es perverso, confiscatorio, intimidatorio y desproporcionado. Entendemos también que su aplicación podría ser inconstitucional y produciría -y producirá en caso de que se aplique- confusión y arbitrariedad entre el
administrado y el administrador. La letra f) del artículo 43.1 establece una derivación injusta de las responsabilidades subsidiarias del subcontratista hacia el contratista.
Mientras que la responsabilidad subsidiaria que el artículo 43.1
establece respecto de otros responsables tiene su fundamento en la imputabilidad, en el nuevo supuesto de responsabilidad del empresario por las deudas tributarias de su contratista o subcontratista se prescinde de la conducta de aquél y se le
atribuye una responsabilidad objetiva. Este precepto pretende crear una responsabilidad objetiva subsidiaria para las empresas que contraten o subcontraten ejecuciones de obra y prestación de servicios por las retenciones e impuestos repercutidos,
sin alcanzar a las sanciones devengadas como consecuencia de las obras o la prestación de servicios contratados o subcontratados. Evidenciaré algunos aspectos a destacar en relación con este artículo. El primero está relacionado con la nueva
responsabilidad subsidiaria, que a su vez plantea diversos problemas. En primer lugar, desde nuestro punto de vista la responsabilidad subsidiaria es un mecanismo tan radical que la lógica que tiene en sede del Estatuto de los Trabajadores la
pierde aquí. En segundo lugar, y en relación con la responsabilidad subsidiaria, el empresario no debe convertirse en un inspector del cumplimiento de las obligaciones tributarias de aquellos con los que contrata. Se traslada la actividad de lucha
contra el fraude, que debe ser realizada por la Administración tributaria, con los medios y prerrogativas que la ley le confiere. Por otro lado, no se precisan los supuestos que se pueden plantear en la colaboración entre empresas.
Otro aspecto negativo a destacar es el relacionado con la exención de responsabilidad subsidiaria a través de la certificación. El proyecto establece que la responsabilidad subsidiaria no será exigible cuando el contratista o el
subcontratista hayan aportado un certificado específico de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, certificado emitido por la Administración tributaria durante los doce meses anteriores al pago de cada factura correspondiente a la
contratación o subcontratación. Ello comporta diversos problemas. Significará una complicación en la gestión administrativa y de las empresas, sobre todo de las pymes. El certificado se referirá al cumplimiento de obligaciones anteriores al
devengo de las cantidades a las que va a afectar la responsabilidad subsidiaria. El certificado positivo no acreditará la correcta situación ni va a otorgar mayor seguridad jurídica o certeza de estar al corriente de las obligaciones tributarias.
Tampoco queda claro si el certificado deberá decir que la empresa está al corriente de todas sus obligaciones tributarias o únicamente respecto a las cantidades retenidas o repercutidas. Si fuera el segundo caso, únicamente se trataría de
cantidades referentes al IVA y al IRPF, sobre todo en los supuestos de IRPF. Otro problema no resuelto es el caso de emisión de certificados falsos. ¿Existirá responsabilidad subsidiaria por parte del pagador?
Señorías, si el fin de este precepto del artículo 43.1 es que las empresas contratistas y subcontratistas paguen el IVA de sus operaciones y el IRPF de sus trabajadores, les diré que estos objetivos pueden perseguirse con el incremento de
las obligaciones de información, colaboración y coordinación entre las administraciones competentes. Como bien saben, nuestro grupo parlamentario ha formulado, tanto en el Congreso como en el Senado, la oportuna enmienda de supresión de este
apartado y reitera su más firme oposición a dicho artículo, entendiendo que atenta tanto contra el principio de personalidad jurídica como contra la limitación de la responsabilidad.
En cuanto a nuestra valoración general, tengo que decir que desde el inicio de la tramitación del proyecto nuestro grupo parlamentario ha compartido la necesidad de proceder a modernizar los procedimientos tributarios, a mejorar la
definición de los derechos y obligaciones de los contribuyentes frente a la Administración tributaria, a disminuir la litigiosidad en esta materia para hacer más eficaz y efectiva la relación entre Administración y contribuyentes y a hacer efectivo
el mandato constitucional de contribución al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente, pero, a pesar de haber puesto de manifiesto lagunas y aspectos tanto en el ámbito competencial, como de
justicia social y de seguridad jurídica, no hemos encontrado tampoco su apoyo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Riera.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señora presidenta, los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra han puesto de relieve que el mensaje motivado remitido por el Senado expresa con claridad la entidad de las modificaciones que se han
introducido a este proyecto de ley en la Cámara Alta. La inmensa mayoría de las mismas son de naturaleza técnica, por lo cual el equilibrio que podía haber tenido -que tenía- el proyecto de ley en el momento de salida del Congreso de los Diputados
no se ha visto modificado.
Desde el primer momento dijimos que nos parecía que este proyecto de ley incorporaba poco valor añadido, y que, además de no estar justificada -desde nuestro punto de vista- su tramitación, tenía dos problemas: que generaba situaciones de
inseguridad jurídica
y que ignoraba algunas cuestiones relevantes que se plantean en la gestión del sistema fiscal en España, dado que lo que existe hoy es un sistema de impuestos compartidos, en el que, en diferente proporción, distintas figuras tributarias
-las más importantes como el impuesto sobre la renta, el IVA y los impuestos especiales- nutren los recursos de las comunidades autónomas; así, la eficacia del sistema pasa a depender de su gestión.
Una vez que la gestión del sistema es correcta o
deja de serlo, las consecuencias se distribuyen entre la Hacienda central y las autónomas; los riesgos, por tanto, están diseminados y la gestión está unificada.
Esta es una situación que, se quiera o no, no se podrá mantener durante mucho tiempo.
Los dos grandes problemas, pues, que este proyecto de ley debería abordar, el de seguridad jurídica y el de establecer un sistema eficaz de gestión tributaria en España, no estaban resueltos. Tampoco están resueltos con las múltiples modificaciones
que se han introducido en el Senado, y a ellas me referiré a continuación.
Queremos destacar dos tipos de modificaciones: las que corresponden al artículo 43, como ha destacado la señora Riera, y el conjunto de disposiciones finales que se han establecido, entre la tercera y la octava. En torno al artículo 43,
que establece la responsabilidad subsidiaria de la deuda tributaria, los planteamientos que hizo el Gobierno en el momento que remitió este proyecto de ley al Congreso eran exagerados. Pronto se percataron quienes analizaron el proyecto que había
unas carencias y unas dificultades que harían difícilmente posible que la norma se aplicara tal como venía en el proyecto inicial. Hubo grupos que, como consecuencia de ello, enmendaron el proyecto, y se generó un volumen importante de presiones
-por decirlo de modo coloquial- en la opinión pública; supongo que las preocupaciones llegaron también a los grupos parlamentarios de la Cámara. Aquí no hubo solución, y la resolución del problema quedó pendiente para la tramitación en la Cámara
Alta. En el Senado tampoco ha habido solución, y nos hemos encontrado con que el proyecto que nos remite ahora la Cámara Alta sustituye el exceso de responsabilidad por un mero formalismo. Creo, señora presidenta, que no vamos bien por ahí, y que
este es un ejemplo claro de proyecto improvisado en un grado bastante mayor de lo que podría pensarse.
Las disposiciones finales se refieren a legislaciones relacionadas con patrimonio, con sucesiones, con el IVA, con los impuestos especiales, con el régimen fiscal de cooperativas y con el REF canario, como ha dicho el señor Mardones. Creo
que hacer este tipo de modificación deprisa, corriendo y en el Senado implica cierto grado de improvisación. Que en el Senado se modifiquen unas leyes tributarias concretas, para tipificar infracciones que deberíamos haber deducido que no estaban
correctamente señaladas en el régimen sancionador de esta ley general tributaria, es un hecho que no quisiera mi grupo que pasara desapercibido. No obstante, quisiéramos aprovechar la ocasión para hacer algunas consideraciones generales.
Esta ley, a lo largo de su tramitación, ha ido adquiriendo un claro sesgo sancionador, aspecto que requiere algunas puntualizaciones. Es verdad que la gestión de un sistema tributario plantea la necesidad de adoptar medidas coactivas.
Parece lógico y natural ya que a las arcas públicas se llega como consecuencia de la existencia de un poder tributario. La gran diferencia que uno puede encontrar entre las cajas de la Hacienda pública y los cepillos de las iglesias -por poner
elementos referenciales que de alguna manera puedan ser entendidos por todos- es que a las arcas de la Hacienda pública se llega a través de una norma que es obligatorio cumplir. En ese sentido la forma a través de la cual esa norma se produzca, el
contenido de la misma, la voluntad y la inteligencia con la que se dicte, se aplique, resultan importantes. Cabría la posibilidad de que yo citara aquí hoy una frase de Cavour, pero es extraordinariamente fiscalista, por tanto no la voy a enunciar.
Pero sí quisiera decir para terminar que en España nos encontramos con una legislación fiscal injusta. Nos encontramos con una Administración tributaria ineficaz.
Recuerdo que Keynes hablaba de solidez o apariencia de solidez. La Administración
tributaria en España quiere presentarse como sólida y sabemos cada vez más que es una Administración tributaria con importantes elementos de apariencia de solidez, no de solidez, y lo dicen el Tribunal de Cuentas y los propios funcionarios del
mismo.
Esta ley ha deslizado el contenido normativo hacia un régimen sancionador poderoso, musculoso. Sinceramente, manifiesto mi duda en esta combinación de legislación injusta, de gestión ineficaz y de régimen sancionador potente. ¿Por qué?
Porque creo que la consecuencia de semejante equilibrio no es otra cosa que la discrecionalidad administrativa en la gestión de una pieza tan fundamental como es el sistema tributario. Estas razones que afectan a los aspectos más importantes
modificados en el Senado en el artículo 43 y en las disposiciones finales justifican que mi grupo vaya a votar en contra de las enmiendas introducidas en la Cámara Alta.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Fernández Marugán.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor López-Amor.
El señor LÓPEZ-AMOR GARCÍA: Señora presidenta, señorías, hoy terminamos el ciclo parlamentario de tramitación de la ley general tributaria. Como saben todos ustedes, la ley general tributaria pretende ser un texto codificado que rija los
principios generales del ordenamiento tributario, así como los derechos y los deberes que tienen todos los sujetos pasivos, todos los
ciudadanos de nuestro país. Esta ley, como todos ustedes saben, viene a sustituir a la vieja Ley de 1963, tan ampliamente glosada y tan ampliamente alabada por toda la doctrina, por todos los que han intervenido en esta tribuna, y hoy la
despedimos aquí con pena, pero nace una nueva ley que tiene vocación de permanencia, vocación de estabilidad y que sin duda nos va a hacer olvidar con rapidez la vieja Ley General Tributaria.
Nuestro grupo evidentemente va a votar a favor de las enmiendas introducidas por el Senado, con la única excepción de la corrección de un error terminológico contenido en la enmienda número 350 y que afecta al artículo 200, párrafo tercero.
Salvo esa excepción para la corrección de un error gramatical, votaremos a favor de todas ellas. Y haciendo hoy una especie de glosa de lo que ha sido la tramitación parlamentaria, diré que nace bajo la vocación del consenso, que nos ha llevado a
aprobar un número importantísimo, más de 130 enmiendas planteadas por los diferentes grupos políticos representados en esta Cámara, y que además el diálogo ha estado permanentemente abierto porque entendemos que merecía la pena para un proyecto de
ley como el que hoy nos ocupa. Durante la tramitación hemos buscado ese consenso con un objetivo claro, que es encontrar una garantía de estabilidad de futuro y prolongar la vigencia en lo máximo posible de un texto que tiene un ánimo codificador.
Hemos de decir que desde que nace, con la necesidad de reformar todos los principios generales del ordenamiento tributario, se ha sometido a un procedimiento -entendemos- especialmente riguroso, pero especialmente cuidadoso también. Inicialmente se
crea una comisión para informar sobre la necesidad de reforma como resultado de la resolución de la Subsecretaría de Hacienda de 15 de junio de 2000, que llegó a la conclusión de la necesidad de adaptar un texto que era cronológicamente
preconstitucional a los nuevos tiempos que corren y, sobre todo, incorporando el estatuto de derechos y garantías del contribuyente de 1998, así como modificando el régimen sancionador de la Ley 25/1995, que a nuestro juicio no respondía más que a
épocas pasadas.
Creo que la refundición de todos estos textos adaptándolos a nuestra norma constitucional e incorporando y regulando con la amplitud que se hace en esta ley procedimientos de gestión, de inspección, de recaudación y de sanción ha hecho que
esta ley tenga un principio que la doctrina denomina de reserva larga frente a la reserva corta y del principio de legalidad.
Creo que esto, en contra de ser un defecto, es una virtud muy importante de esta ley y establece un marco de mucha mayor
garantía para el contribuyente y de mayor seguridad jurídica. Este proyecto de ley ha sido dictaminado favorablemente con carácter general por el Consejo de Estado en el informe preceptivo que emitió.
No voy a hablar de las novedades, pero este proyecto de ley plantea algunas muy importantes (citaré el artículo 15, de conflicto en la aplicación de la norma; el 16, de simulación, que regula los antiguos artículos 24 y 25 de la anterior
Ley General Tributaria; la interpretación de la norma tributaria en el 25 y en el 24, del fraude de ley) y nos da una solución de continuidad en el sentido de que a partir de ahora son aplicables los expedientes de conflicto en cumplimiento de la
norma, que es como ahora se llaman. El artículo 155 viene a establecer una novedad en el ámbito tributario español, que no en el europeo, que es la posibilidad de firmar un acta de acuerdo entre la inspección tributaria y el sujeto pasivo.
Estas son novedades importantísimas, así como la sensibilidad que ha tenido este proyecto de ley con respecto a las comunidades autónomas que conforman el actual Estado de derecho, y en este sentido la creación de órganos unipersonales y de
procedimientos abreviados en el Tribunal Económico-Administrativo por un plazo mayor de seis meses creo que es muy importante dentro del ámbito del mismo, pero es más importante en relación con lo que anteriormente decía sobre la creación de salas
especiales con funcionarios de las comunidades autónomas para resolver todos aquellos conflictos que se puedan producir con respecto a los tributos cedidos.
Creo que es una ley que va a dar mucho juego, que representa al futuro y que incorpora a nivel normativo la posibilidad de consultas telemáticas a Hacienda, de utilización masiva de toda la tecnología que está a disposición de todo el mundo
hoy en día y, en consecuencia, la incorporación con rango normativo a esta ley nos parece un aspecto positivo.
A partir de esta ley, que tiene importantes novedades, como he dicho anteriormente, se van producir consecuencias muy inmediatas de carácter positivo. En primer lugar, la disminución de la litigiosidad, que antes colapsaba las salas de lo
contencioso de las audiencias y del Tribunal Supremo y que en un número importantísimo de conflictos perdían la Administración del Estado y las administraciones autonómicas. Creo que eso es muy importante y que la nueva ley viene a consagrar
posibilidades de acuerdo que antes no existían, siempre con las debidas garantías, así como también se establece un procedimiento de revisión de oficio de los actos administrativos especialmente garantista, porque la revisión en vía administrativa
de un acto administrativo puede suponer la transacción sobre un crédito a favor de la Hacienda pública que, como la misma ley dice, es indisponible.
Esta ley, como dijo el ministro Montoro, hace que sea posible y mucho más fácil para todos los sujetos pasivos, para todos los ciudadanos, cumplir con las obligaciones tributarias y muchísimo más difícil defraudar. Creo que este Gobierno ha
demostrado suficientemente que es posible que el esfuerzo fiscal individual realizado sea mucho menor y que, sin embargo, pueda subir la recaudación fiscal. Es muy importante volver a consagrar esto a nivel normativo y creo que
esta ley permite este juego de relaciones jurídicas entre el contribuyente mayor de edad y la Administración pública; en esa línea va esta ley, de forma definitiva.
Por último, vuelvo a rendir un homenaje a la ley que hoy muere prácticamente en su totalidad, que es la Ley General Tributaria de 1963, y quiero manifestar que a partir de ahora, casi 40 años después, menos un mes y un día, hay que decir:
¡Viva la nueva ley general tributaria! (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López-Amor.
Señorías, iniciamos la votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley general tributaria. Votamos, en primer lugar, las enmiendas al apartado 7 del preámbulo, a los artículos 2, 3, 167, 172, 182, 187, 200, apartado 1.d), 208, 246,
disposición transitoria cuarta, disposiciones finales tercera a octava nuevas y disposición final undécima.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 178; en contra, 104; abstenciones, nueve.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Votamos las enmiendas al artículo 43.1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 166; en contra, 116; abstenciones, nueve.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Votamos las enmiendas al apartado seis del preámbulo en los artículos 68, 134, 142, 186, 198, 199, 203 y 236.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 179; en contra, 105; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Enmiendas al artículo 200, apartado 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 17; en contra, 264; abstenciones, nueve.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del Senado al proyecto de ley general tributaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 177; en contra, 103, abstenciones, 10.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- PROYECTO DE LEY DE REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. (Número de expediente 121/000167.)
La señora PRESIDENTA: Enmiendas del Senado al proyecto de ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
Mi grupo se abstuvo en el trámite de esta iniciativa en el Pleno del Congreso por entender que no respondía a las cuestiones de fondo que hoy se plantean en el ámbito de los accidentes de trabajo y además porque se introducían incertidumbres
jurídicas con nuevas atribuciones a los funcionarios de las comunidades autónomas en el ámbito de la salud laboral. El trámite del Senado no ha introducido ninguna mejora sustancial con respecto a esas dudas que había manifestado Convergència i
Unió. Es más, creemos que esta legislatura empezó con un problema grave: el elevado número de accidentes de trabajo existente en España. Creo recordar que una de las primeras iniciativas que Convergència i Unió planteó en esta Cámara fue la
creación de una subcomisión para estudiar esa realidad y fue rechazada por la mayoría. Es bueno recordar también que el Gobierno encargó al profesor Durán... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor, les ruego que guarden silencio.
Hay un diputado que está haciendo uso de la palabra.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Decía que el Gobierno encargó al profesor Durán un amplio informe sobre la problemática de los accidentes de trabajo, un informe interesante, sugerente, con muchísimas propuestas, y observamos que no se ha
avanzado ni en la elaboración ni en el cumplimiento de aquellas recomendaciones del profesor Durán, que la accidentalidad laboral en España continúa siendo grave y que incluso se introducen nuevas incertidumbres como resultado de decisiones tomadas
por determinados jueces, algunas en mi país, en Cataluña. Finalmente observamos que la respuesta es muy hispana: ante un problema, vamos a elaborar una nueva ley de prevención de riesgos.
A nuestro entender, el problema no es tanto introducir mayores formalidades al cumplimiento de las
empresas ni mayores penalizaciones a la actividad empresarial en este ámbito, sino sobre todo provocar un cambio cultural en el mundo de la empresa, en el de los empresarios y en el de los trabajadores. Ese cambio de cultura pasa también,
señorías, por un estímulo por la vía de la fiscalidad y por la vía de lo que coloquialmente se conoce como el bonus malus de ese nuevo sentido de la responsabilidad de las empresas. Esta ley no responde a eso, sino que simplemente introduce un
nuevo marco de obligaciones formales que seguramente van a dificultar su aplicación por parte de las pequeñas y medianas empresas. Así pues, desde el respeto absoluto que nos impone el hecho de que esta ley sea resultado de un acuerdo social entre
la Unión General de Trabajadores, Comisiones Obreras y el Gobierno, vamos a optar de nuevo por la abstención ante esta enmienda del Senado para significar nuestra abstención al conjunto del proyecto de ley.
Para terminar, quiero recordar que en la enmienda transaccional que se introduce en el Senado se hace referencia a la necesidad de reforzar el marco de las comisiones territoriales de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social. Creo
que fue una enmienda transaccionada con el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), pero queremos que conste en el 'Diario de Sesiones' que esta enmienda no supone ni muchísimo menos la renuncia a que en la próxima legislatura Convergència
i Unió y el Parlament de Cataluña reclamen la necesidad del pleno traspaso de la Inspección de Trabajo. Si el Estado quiere una mayor responsabilidad de los gobiernos autonómicos en materia de salud laboral y de accidentes de trabajo, hoy ya es
urgente que la Inspección de Trabajo se traspase al Gobierno de la Generalitat. En todo caso, ese va a ser un asunto para los próximos meses.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Gracias, señora presidenta, y disculpe, pero es que creo que a todos los portavoces nos ha ocurrido lo mismo por las prisas.
La señora PRESIDENTA: Señor Txueka, he preguntado y no ha habido más gesto que el del representante del Grupo Parlamentario Socialista y el del Grupo Catalán. En cualquier caso, tiene el uso de la palabra en este momento.
El señor TXUEKA ISASTI: Disculpe entonces. Voy a intervenir brevemente.
Esta ley, por lo que se refiere a los presupuestos de colaboración entre los funcionarios de la Administración del Estado y los pertenecientes a las comunidades autónomas en materia de prevención de riesgos laborales, sigue suponiendo una
nueva huida de las previsiones que en su momento estableció la Ley de 14 de noviembre de 1997, sobre ordenación de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social. Asimismo, relega las previsiones de colaboración contenidas en la Ley 42/1997 por la
vía del acuerdo bilateral a cuestiones puntuales, como son la colaboración pericial y el asesoramiento técnico a la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, obviando de forma absoluta la referencia al necesario acuerdo bilateral que habilite el
funcionamiento de las comisiones territoriales.
El ponente señor Belda ha afirmado que, en las cuatro leyes de índole sociolaboral que estamos discutiendo hoy, prácticamente todos los grupos de la oposición mantenemos un discurso reiterativo de las exposiciones que realizamos en su día
cuando se debatieron las mismas en este Congreso. Por lo que a nosotros respecta no se ha aceptado Ni una sola de nuestras enmiendas a ninguna de las leyes y que sepa tampoco ha habido un intento de negociación de ninguna de ellas. Por tanto,
nosotros seguimos manteniendo nuestra posición en contra de esta ley.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Txueka.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el señor Ruiz tiene la palabra.
El señor RUIZ LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el texto que nos reenvía el Senado es apenas una enmienda técnica, una redacción poco sustancial sobre el texto remitido por el Congreso, lo que supone un aval al compromiso asumido por el Gobierno con los interlocutores sociales
en los acuerdos de la Mesa de prevención de riesgos laborales del pasado 30 de diciembre del año 2002. Por tanto, el texto remitido incluye los aspectos positivos que se reconocieron en el momento de su debate y también sus deficiencias.
Resaltamos la importancia de esta cuestión y la necesidad de permanecer vigilantes sin dejarse llevar por optimismos de ninguna naturaleza. Los accidentes mortales se han reducido en un 15,3 por ciento durante los primeros siete meses de este año
respecto al mismo período del año anterior y los accidentes con baja se han reducido en un 6,3 por ciento. Esta bajada en el índice de siniestralidad... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Ruiz, por favor. (Pausa.)
Adelante, señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ: Decía que esta bajada en el índice de siniestralidad, que hoy reconocemos aquí, se debe en gran parte a la presión ejercida tanto por la acción de la justicia como por los sindicatos y por la preocupación política y de
la sociedad española. A pesar de esta tendencia positiva, España sigue estando
a la cabeza en accidentes laborales y se sitúa aún muy lejos de la media comunitaria. No obstante, hay que destacar los malos resultados registrados en Madrid y en Andalucía. En Madrid, la tendencia negativa se debe a un relajamiento de la
presión ejercida sobre las empresas para que prevengan la siniestralidad eficazmente. En Andalucía, el sector de la construcción es el que acapara el mayor número de accidentes debido a la excesiva subcontratación y a la prolongación de las
jornadas de trabajo.
La reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es positiva en esa dirección, pero quedan aún cuestiones que deben ser abordadas, como la reforma para la modernización de las mutuas, la subcontratación, etcétera;
propuestas que Izquierda Unida ha reiterado en esta Cámara y que no han sido asumidas. Otros temas pendientes son la creación de una fundación de riesgos laborales en cada sector y comunidad autónoma, la modificación del reglamento de las
auditorías que revisan los sistemas de prevención propios de cada empresa o la creación de una nueva lista de enfermedades profesionales y de un mecanismo de reconocimiento de las mismas.
Interesa señalar la necesidad de que la Fiscalía del Estado persiga, de oficio, los delitos contra la salud y seguridad en el trabajo. Las últimas sentencias dictadas por la Audiencia de Barcelona, por el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía y por la Audiencia de Pontevedra provocan situaciones injustas que vulneran el espíritu y la letra de las leyes que protegen el derecho de los trabajadores a su salud y seguridad. Debe reclamarse del sistema judicial una mayor
sensibilidad con estas situaciones en las que se incumplen con impunidad las normas de prevención de riesgos laborales en un mercado de trabajo con alta precariedad y siniestralidad laboral. En este sentido, es intolerable que en estos casos se
incumplieran una o varias normas de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que obligan al empresario a formar a sus trabajadores, a informar de los riesgos y a evitar los mismos, a realizar una evaluación de los riesgos y a establecer planes de
emergencia.
Señorías, los datos de septiembre con los que nos hemos desayunado esta mañana referentes a accidentes demuestran una vez más que no se trata solamente de aprobar leyes, que también, y que ésta que vamos a aprobar hoy seguramente es una
buena ley que mejora la ya buena ley que tenemos en vigor. Sin embargo, es solamente un problema de leyes. El problema de la siniestralidad y sus consecuencias se deben a un mercado laboral con una alta precariedad, con una alta temporalidad y de
muy mala calidad, la peor de los países de la Unión Europea. Mientras no resolvamos este problema, desgraciadamente, por muy buenas leyes que tengamos seguiremos desayunándonos con datos como los que hoy se acaban de publicar. Esto es un toque de
atención para que abordemos los verdaderos problemas que aquejan nuestro mercado laboral y que a nuestro entender son la alta precariedad, la mala calidad y la regulación de la subcontratación.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor González Vigil.
El señor GONZÁLEZ VIGIL: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el hecho de subir a la tribuna sólo para hacer una reflexión sobre una enmienda, y además de tipo técnico, tiene una explicación, y es que los últimos acontecimientos nos obligan a todos, al Gobierno, al grupo que lo sostiene y a
los grupos de la oposición, a hacer una reflexión seria sobre la ley que hoy vamos a aprobar definitivamente en esta Cámara.
Últimamente están ocurriendo cosas que me atrevería a calificar de un poquito raras, como por ejemplo que se hayan dictado tres sentencias en las que hacen responsables e imputan o condenan a los trabajadores por los accidentes que han
sufrido. Por otro lado, el número de accidentes sigue aumentando de forma alarmante y el señor ministro Zaplana, ajeno a esta realidad, quiere día a día edulcorar los datos y dar la sensación de que en España no tenemos este gravísimo problema de
la siniestralidad laboral.
Efectivamente, el proyecto de ley viene del Senado igual que se aprobó en esta Cámara el pasado 15 de octubre. Sólo se ha introducido una enmienda de mejora técnica al penúltimo párrafo del apartado cuarto del preámbulo, que no cambia en
nada el texto. Por ello, nuestro grupo sigue creyendo en la ley, vamos a votar favorablemente esta enmienda, pero sí queremos hacer constar que seguimos pensando, en contra de lo que estima el señor ministro, que esta ley no es la panacea ni para
frenar el continuo aumento de los accidentes de trabajo en nuestro país ni para que estos se reduzcan significativamente. Sin duda, la ley contribuirá a que se cumpla mejor la ley, a una cierta baja de la siniestralidad, pero, repetimos, estamos
convencidos de que no va a contribuir significativamente a que se reduzcan. Es más, ni siquiera a que se paren. ¿Por qué? Porque para que esto ocurra, señorías, hay que atajar las principales causas de la siniestralidad, como son la precariedad
laboral, la excesiva temporalidad y los abusos derivados de una subcontratación que sigue estando ejercida sin límite y sin control. Por ello, lamentamos que tampoco hayan sido admitidas las enmiendas que el Grupo Socialista ha defendido en el
Senado justo para corregir y para combatir la excesiva temporalidad, el uso abusivo y fraudulento que en muchos casos se hace de los contratos temporales y los abusos que producen en las subcontratas en general y en particular en el sector de la
construcción.
Lamentamos igualmente, señorías, que el Gobierno siga dando la espalda y siga haciendo oídos sordos a las reivindicaciones de los trabajadores y de las organizaciones sindicales. Como supongo que ustedes sabrán, señorías, el pasado día 5 de
noviembre, en Andalucía, se convocó una huelga general de la construcción que fue secundada por 370.000 trabajadores, una huelga para reivindicar justo lo que todos los grupos de esta Cámara, excepto el grupo que sustenta al Gobierno, vienen
pidiendo a lo largo de toda la legislatura: que se pongan medidas para acabar con la temporalidad, para acabar con la precariedad laboral y para que se regule la subcontratación. ¿Por qué se hace esta huelga? Porque en el sector de la
construcción sigue existiendo un aumento alarmante de los accidentes laborales. Señorías, a día 15 de noviembre -todavía no son datos oficiales del Ministerio de Trabajo, pero son datos verificados por los sindicatos, que se han personado en los
casos- ya se han producido 265 accidentes mortales, el 93,5 por ciento de ellos en las subcontratas.
Sólo el día 14 de noviembre, un día fatídico, ocurrieron en nuestro país seis accidentes mortales y tres muy graves. Hoy, señorías, nos
despertamos con el siguiente titular en un diario de tirada nacional: Las muertes por accidente laboral se disparan un 53 por ciento en septiembre; se mantiene así la media de entre cuatro y cinco muertos por día laborable. Por ello, señorías,
presumiblemente, en los primeros meses del año 2004 habrá una huelga general de la construcción en todo el país.
Ante esto, ¿qué hace el Gobierno? El Gobierno permanece impasible, callado, ajeno a la realidad, como si no pasara nada, cuando sí ocurre algo grave: que cada día en nuestro país salen cinco personas a trabajar y no vuelven a sus casas.
Eso es muy grave, señorías. Sin embargo, el Gobierno no toma ninguna medida. El señor Zaplana sólo está empeñado en vender que poco más o menos él ha sido el que ha inventado el diálogo social, que ya dará sus frutos. El señor Aznar, de viaje de
fin de carrera por Europa; se lo tiene merecido, buen viaje de estudios. El señor Rajoy, señorías, ya lo ven ustedes, no sabe, no contesta.
(Aplausos.) Y lo que es más grave, hay veces que no sabe y contesta, que eso es más grave. (Aplausos.)
Señorías, estamos hablando de integridad física de personas, estamos hablando de la muerte de personas. Con esta manifiesta falta de voluntad política del Gobierno para adoptar medidas eficaces que erradiquen las auténticas causas de la
siniestralidad laboral, difícilmente va a disminuir en nuestro país el altísimo número de accidentes laborales que se vienen produciendo año tras año desde que ustedes entraron al Gobierno en el año 1996, aunque aprobemos leyes como la de hoy que
esperamos, fundamentalmente por el bien de los trabajadores, dé frutos positivos en el menor tiempo posible.
Muchas gracias. (Aplausos.-Protestas.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Pérez Corgos.
El señor PÉREZ CORGOS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, voy a intervenir desde el escaño porque no creo que para reflexionar sea necesario bajar a la tribuna. Si hablamos de reflexionar, tengamos en cuenta y agradezcamos en el día de hoy el esfuerzo de reflexión, de
acercamiento de posturas y de consenso que ha manifestado el Gobierno de España, el Gobierno del Partido Popular y los agentes sociales para consensuar este proyecto de ley que hoy vamos a aprobar en esta Cámara.
Señorías hoy culminamos, después de dos debates en esta Cámara, uno en Comisión y otro en Pleno, y de su paso por el Senado, el trámite de aprobación definitiva de la modificación del régimen normativo de la prevención de riesgos laborales.
Es una ley que viene a perfeccionar una buena ley que aprobamos en el año 1995 y que entró en vigor en 1996, pero que entró -como todas SS.SS. saben- con mucho retraso en nuestro país. Esa directiva tendría que haber estado traspuesta desde mucho
antes y quizás eso contribuyó a dificultar que la cultura de la prevención no haya arraigado de una manera más importante en nuestro país.
Este proyecto de ley que hoy vamos a aprobar incide fundamentalmente no como decía el señor Campuzano en la imposición de más obligaciones formales para las empresas, sino en la tipificación de la conducta omisiva para la adopción de esas
obligaciones formales. No se establece ninguna obligación nueva. Sin embargo, ha sido una ley que ha merecido el beneplácito de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, en el que han participado también las organizaciones empresariales. También
incide en la necesidad de integración de la prevención en todo el sistema productivo de la empresa mediante la implantación y la revisión constante del Plan de prevención de riesgos laborales, en la regulación de la permanencia de los servicios de
prevención de la empresa en casos de riesgos especiales o de variación de riesgos, en el compromiso abierto de los agentes sociales, el Gobierno y las restantes instituciones en proceder al desarrollo del artículo 24 de la Ley de prevención de
riegos laborales en materia de subcontratación.
Señorías, ni el ministro, ni el Gobierno del Partido Popular, ni ninguno de sus diputados somos insensibles ante las tragedias que se producen en nuestra sociedad. Don Antero Ruiz reconocía que el índice de incidencia está descendiendo en
nuestro país, afortunadamente empieza a descender.
Lo que no podemos compartir son las exacerbadas críticas que el portavoz del Grupo Socialista nos ha hecho en la mañana de hoy. Quienes dejaron a este país con más 4 millones de parados, que
nos dejaron con un 20 por ciento de paro en nuestro país, que nos dejaron con el índice de temporalidad más alto, hoy se preocupan de la calidad del mercado de trabajo; quienes habían establecido los contratos basura, los contratos sin
cobertura social, hoy critican el sistema laboral español. Señorías, tenemos que ir dando pasos poco a poco entre todos, para superar aquella situación en la que ustedes nos dejaron. No queremos que se vuelva a repetir aquella situación.
(Rumores.)
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pérez Corgos.
Señorías, sometemos a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 265; en contra, uno; abstenciones, 19.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
- PROYECTO DE LEY DE EMPLEO (Número de expediente 121/000169.)
La señora PRESIDENTA: Enmiendas del Senado al proyecto de ley de empleo.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.-Rumores.)
Señorías, por favor, es preciso que permitan que continuemos con el debate, por lo cual les ruego guarden silencio. (Rumores.)
Señorías, ¿sería posible que mantengan las conversaciones fuera del hemiciclo? (Pausa.)
En primer lugar y en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Estamos viendo a lo largo de la mañana de hoy, y no es el único día, que los acuerdos entre las direcciones de los sindicatos de ámbito estatal y el Partido Popular no siempre, más bien raramente, redundan en medidas y en soluciones
conformes al interés general, conformes a los intereses de los trabajadores. Lo acabamos de ver en materia de prevención de riesgos laborales, lo pudimos comprobar en materia de formación continua y lo estamos comprobando en materia de empleo. Más
bien se trata de acuerdos que son funcionales a ambos, a unos porque coinciden con su interés político de centralización en el ámbito laboral, a otros porque coincide con su interés político de centralización del control de sus organizaciones
territoriales, y sobre todo por finalidades de financiación e intereses financieros que algún día también habrá que aclarar. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la Presidencia.)
Este proyecto de ley en materia de empleo, que se marca como objetivo teórico el incremento de la eficiencia y del funcionamiento del mercado de trabajo, sin embargo supone en realidad, como ya se ha señalado, una mayor centralización de las
políticas de empleo, dando cobertura legal a la no transferencia, en contra de lo que establece el bloque de la constitucionalidad, en contra de lo que establecen la Constitución y los Estatutos con los que muchos en esta Cámara se llenan a veces la
boca, no permitiendo la transferencia a las comunidades autónomas de algunas de estas políticas, singularmente las políticas de formación continua, y estableciendo los mecanismos para que recaigan sobre la Administración central competencias ya
transferidas o que puedan ser objeto de transferencia en el futuro. Por eso, en clara consonancia con el informe del Consejo Económico y Social sobre unidad de mercado y cohesión social, de junio del año 2000, curiosamente aprobado y votado a favor
por los representantes de los partidos estatales y también de los sindicatos estatales, se dice que la finalidad de esta ley es mantener la unidad de mercado en todo el territorio estatal, y por eso en contra de lo que establece la Constitución se
atribuyen al Estado competencias en materia de empleo claramente excesivas y lesivas de las competencias autonómicas.
Se hablará de la movilidad territorial, eufemismo para esconder la verdadera emigración que se sigue produciendo en determinadas
partes del territorio del Estado, como Galicia, hacia Canarias, hacia Barcelona o hacia Madrid. Se establecen competencias del Estado en materia de empleo, coordinación de las diferentes políticas, elaboración de legislación y reglamentación en
relación con la intermediación y colocación en el mercado de trabajo, fomento del empleo, formación ocupacional, profesional y continua, políticas activas de empleo no transferidas o de ámbito superior a la comunidad autónoma. ¿Qué ámbito queda
para las comunidades autónomas? Se niega a las comunidades autónomas -todas ellas con competencias- la posibilidad de coordinarse entre sí, es decir de establecer mecanismos horizontales de coordinación y de cooperación en una materia que tienen
asumida desde el punto de vista de las competencias. Parte de la misma concepción centralista el diseño de un sistema de información común, concebido -se dice en la ley- como la integración de los diferentes sistemas de información autonómicos
dentro de otro de nivel estatal. En un mercado en el que hay información de ofertas y demandas de trabajo, esta integración supone de hecho homogeneizar y centralizar el mercado laboral, imposibilitando a las administraciones autonómicas recurrir a
formas de organización y coordinación distintas de esa información común. También es criticable, y quizá aquí está el quid de la cuestión y del apoyo de ciertos sindicatos
a este proyecto de ley, que se centralice la gestión de los fondos europeos para la creación de empleo en la Administración del Estado. Se dice que será competencia del servicio público de empleo estatal percibir las ayudas de los fondos
europeos para cofinanciar acciones en esta materia, con lo cual no sólo se desconoce la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que impone territorializar estos fondos europeos cuando existan competencias materiales de las comunidades autónomas
en las materias a las que esos fondos se refieran, sino que además impide a las comunidades autónomas participar en el reparto y gestión de estos fondos.
Para comunidades autónomas como la de Galicia con la experiencia de años que tenemos en la gestión estatal de los fondos europeos, podemos ver cómo esta gestión estatal lejos de garantizar la igualdad y la no discriminación, es claramente
discriminatoria y lesiva para un país, el mío, Galicia, que sigue teniendo tasas de empleo y tasas de población ocupada muy diferentes y desde luego muy negativas respecto al resto del Estado.
Por todo ello, desde el Bloque Nacionalista Galego aprovechamos este trámite para manifestar nuestro rechazo al proyecto, y si se me permite también nuestra sorpresa por algunos apoyos que va a recibir este proyecto de ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Aymerich.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra la señora Monzón.
La señora MONZÓN CABRERA: Gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo votará a favor del proyecto de ley de empleo con las modificaciones introducidas en el Senado. En el trámite del Congreso se aprobó una enmienda de Coalición Canaria que como disposición adicional incluía el plan integral de
empleo de Canarias, de gran importancia para nuestra comunidad autónoma.
Entre las cuatro modificaciones que vienen del Senado, queremos destacar la supresión de la disposición final segunda, como consecuencia de las enmiendas presentadas por varios grupos, entre los que se encuentra el grupo mayoritario. Esta
disposición adicional fue introducida en el texto del proyecto de ley en el Congreso, a través de una enmienda del Grupo Popular que suponía la reversión al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de competencias transferidas a varias comunidades
autónomas, entre las que se encuentra Canarias. Nuestro voto en la Cámara a la introducción de esta enmienda fue negativo, por lo que celebramos su supresión en el Senado. Entendemos que el Gobierno y el Grupo Popular han reflexionado sobre un
hecho tan significativo como es la reversión de competencias de las comunidades autónomas al Gobierno central, donde difícilmente encontrará el apoyo de Coalición Canaria.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Monzón.
Señor Ruiz, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
El señor RUIZ LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el texto que nos remite el Senado respeta básicamente la ley que se aprobó en el Congreso. Cabe reiterar que respeta las dos cuestiones que apoyó Izquierda Unida en su debate en el Congreso. Por un lado satisface en buena medida
las posiciones de los agentes sociales, y hay que recordar aquí, una vez más, que gracias a esas negociaciones y a esas presiones se consiguió modificar el borrador inicial que el Gobierno planteaba -y es uno de los aspectos que nosotros hemos
reseñado como positivo-, y por otro lado se respeta el carácter de norma básica estatal que asegure la homogeneidad del sistema, su articulación y coordinación en el conjunto del Estado, algo para nosotros muy importante.
Ambas Cámaras convenimos en la definición de una política de empleo que comprende tanto los programas y medidas tendentes a favorecer la inserción de los demandantes de empleo, como la acción protectora de las prestaciones por desempleo.
Define una adecuada estructura del sistema nacional de empleo, garantizándose la participación de los interlocutores sociales en el Consejo general del Sistema Nacional de Empleo, y se garantiza que la intermediación en la colocación corresponde
fundamentalmente a los servicios públicos de empleo y a las agencias de colocación sin fines lucrativos. Entre las competencias del servicio público estatal se incluye la gestión y control de las prestaciones.
Reconoce, garantizando la cohesión
estatal a que me refería al inicio, el papel de las comunidades autónomas en las políticas activas, así como su coordinación en todo el Estado. Para terminar, cabe decir que la ley asegura que estas políticas se aplicarán por los servicios
autonómicos de empleo, definiendo los ámbitos de coordinación en lo que respecta a los ámbitos competenciales de las distintas administraciones.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Ruiz.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
Este proyecto de ley de empleo llega con cuatro modificaciones en el trámite del Senado, modificaciones valoradas positivamente desde el punto de vista de
Convergència i Unió, pero en la medida que no resuelven la cuestión de fondo que planteamos en la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley, como era que tuviese carácter básico -porque, señor Antero Ruiz, esta ley no tiene carácter
básico- y que permitiese un desarrollo por vía legislativa y por vía reglamentaria en servicios públicos de empleo y en políticas activas de empleo por parte de las comunidades autónomas, nuestro grupo quiere expresar su oposición a esta ley votando
en contra de estas cuatro enmiendas, en el supuesto de que se votasen de manera conjunta. Queremos destacar una enmienda introducida por el Senado que mi grupo aplaude, y es la supresión de la disposición final segunda. De una manera un poco
curiosa y original, el Grupo Parlamentario Popular introdujo esta disposición final segunda en el trámite del Congreso, que recuperaba para el Estado las competencias sancionadoras en materia de prestaciones de desempleo, capacidad sancionadora que
a través de diversos acuerdos de transferencias en materia de empleo habían empezado a ejercer diversas comunidades autónomas, entre ellas Cataluña. Con un discurso tremendamente antiautonómico y profundamente reaccionario se nos decía: ya que
ustedes no quieren ejercer esa competencia, nosotros, el papá Estado, les quitamos la misma para volver a ejercerla. Finalmente se ha impuesto el sentido común, se ha impuesto el funcionamiento lógico de las instituciones. Supongo que los
gobiernos autonómicos afectados por este cambio y gobernados por el Partido Popular habrán hecho llegar al Gobierno y al Grupo Parlamentario Popular en el Senado una reflexión: que la discrepancia entre Convergència i Unió y el Partido Popular en
esta materia no termine perjudicando al conjunto de comunidades autónomas que tienen reconocidas atribuciones en materia de sanción en prestaciones de desempleo. Bienvenido sea ese sentido común que el Grupo Parlamentario Popular ha tenido en el
Senado y que no mostró aquí en el Congreso. Esa rectificación pone en evidencia el mal planteamiento de fondo de esa enmienda que se aprobó en esta Cámara. Señorías les decía que esas modificaciones introducidas en el Senado son positivas, pero en
la medida que no resuelven ese modelo centralista, que niegan la capacidad legislativa en ese ámbito en nuestro caso a Cataluña, estamos convencidos de que la actual Constitución y el actual reparto de competencias establecido por los estatutos de
autonomía hubiesen permitido una ley diferente, una ley que otorgase capacidad legislativa a Cataluña en estos ámbitos. Esta ley no puede encontrar nuestro apoyo. Además, como ya dijimos en el trámite del Congreso y del Senado, esta ley no es
aceptable desde una perspectiva progresista y avanzada. Voy a leer parte de un artículo que hoy publica en La Vanguardia el secretario general de la Comisión Obrera Nacional de Cataluña, de Comisiones Obreras en Cataluña, el señor Joan Coscubiela,
que afirma: Las desigualdades no son imputables a 17 mercados laborales. La desigualdad en el trabajo se da entre hombres y mujeres, que cobran un 25 por ciento menos, la precariedad en el trabajo de los jóvenes y un fracaso escolar superior al 30
por ciento, que castiga especialmente a los trabajadores, y entre los inmigrantes utilizados como ejército de reserva precarizado y mano de obra entre empresas grandes y empresas pequeñas. El señor Coscubiela nos dice que la desigualdad no está en
el reparto competencial o en el modelo de Estado autonómico existente, la desigualdad está en otras realidades que hay que combatir. Lamento que los partidos que se autodenominan progresistas hoy avalen con su voto una ley regresiva, una ley que da
la razón a aquellos que entienden que las desigualdades sociales en España son el resultado de la diferencia, de la expresión de las diversas sociedades nacionales que componen España. Me parece un argumento absolutamente reaccionario.
Espero que
el sentido común se imponga en esta Cámara en los próximos tiempos y se recupere lo que en el inicio de la democracia fue un elemento esencial de consenso y de coincidencia en España, que es apostar por el desarrollo del Estado de las autonomías,
apostar por la capacidad de autogobierno de los territorios que componen el Estado español, que es también la mejor fórmula para combatir las desigualdades sociales existentes. Esa capacidad de desarrollar políticas en el ámbito de lo social, en el
ámbito de lo laboral desde la confianza en los poderes que están cerca de la gente es lo que garantiza el desarrollo de políticas orientadas a la reducción de las desigualdades.
Señorías, si hacemos balance del desarrollo del Estado de las autonomías en estos 25 años y somos conscientes de que aquellas regiones del Estado menos desarrolladas han avanzado y de que en muchos sentidos las desigualdades hoy han
disminuido, es porque nos hemos dotado de un modelo de Estado que ha dado a la gente, a la sociedad civil, a los poderes cercanos a la gente, esa capacidad de liberar energías. Esta ley responde a otra idea, a una idea equivocada, a una idea
antigua, a una idea que siempre ha fracasado, y por tanto Convergència i Unió hoy va a volver a rechazar este proyecto de ley.
Nada más, y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Campuzano.
Señor González Vigil, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor GONZÁLEZ VIGIL: Gracias, señora presidenta.
Señorías, de las cuatro enmiendas que se han introducido en el debate del proyecto de ley en el Senado, nuestro grupo valora positivamente tres de ellas, y por tanto vamos a votar a favor, y anuncia ya su voto en contra de aquella en la que
se da una nueva redacción a la antigua disposición final cuarta.
Valoramos positivamente el inciso que se ha añadido al segundo párrafo del artículo 25.1, en el que se incorpora el diseño de las políticas activas de empleo, el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación en
los términos previstos en artículo 2.a) de la ley. Se trata de una enmienda técnica, pero creemos conveniente resaltarlo.
Asimismo, valoramos positivamente la supresión, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, de la disposición
final segunda -que el mismo Grupo Popular introdujo a última hora en esta Cámara- por la que se contemplaba la reversión competencial al Ministerio de Trabajo de algunas competencias que habían sido transferidas a cuatro comunidades autónomas y que
se venían ejerciendo por ellas hasta la fecha. Como recordarán, nuestro grupo votó en contra de dicha enmienda por considerarla una medida drástica, excesiva e incorrecta desde el punto de vista del orden competencial. Nos congratulamos de que
haya sido el mismo Grupo Popular el que haya reconocido el error y haya sabido rectificar a tiempo.
También valoramos positivamente la incorporación de una nueva disposición final, la cuarta, por la que se pueden establecer convenios de colaboración entre el servicio público de empleo estatal y los servicios públicos de empleo de las
comunidades autónomas para la financiación de gastos compartidos correspondientes a la gestión estatal de prestaciones de desempleo que no impliquen la ampliación del coste efectivo traspasado a las comunidades autónomas. Creemos que es una medida
solidaria, pero por lógica casi obligatoria, que sin duda va a dar solución a los problemas surgidos por el modelo convenido para el traspaso de políticas activas de empleo, motivado por la prestación de servicios en el mismo espacio físico entre
personal de las comunidades autónomas y del servicio público de empleo estatal. Consideramos inaceptable, señorías, la nueva redacción que se da a la antigua disposición final cuarta, ahora tercera, en la que se suprime la referencia a la ratio que
se establecía en la misma.
En el debate de la ley en esta Cámara, se aprobó, con los votos del Grupo Parlamentario Popular, una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista por la que se establecía un incremento del personal de los servicios de empleo que permitiera
atender a los parados de España con una dotación de personal semejante a la media de los servicios de empleo de los demás países de la Unión Europea. En concreto un funcionario por cada 200 parados. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
Como hemos dicho antes, en el Senado se ha suprimido la ratio y se han limitado a indicar lo siguiente, leo textualmente: Con el fin de asegurar el cumplimiento de los fines del sistema nacional de empleo, los poderes públicos, en el ámbito
de sus respectivas competencias, velarán por que los servicios de empleo crea-dos en la presente ley estén dotados con el personal que en cada momento resulte necesario para el desempeño de las funciones que la ley encomienda. Señorías, esto y nada
es igual. Se deja al arbitrio de los responsables para que dictaminen cuánto personal es necesario y en qué momento. La enmienda es un paso atrás respecto al texto aprobado en esta Cámara, por ello anunciamos nuestro voto en contra y pedimos al
Grupo Parlamentario Popular que también rechace la enmienda, para que siga vigente la aprobada aquí en el mes de octubre con su apoyo.
Respecto al conjunto de la ley, vamos a mantener la misma posición que mantuvimos entonces: la apoyamos, pero con una posición crítica. Una posición crítica, porque esta ley no es la que hubiéramos querido hacer los socialistas. Es una
ley que deja casi todo igual; que desaprovecha una buena ocasión para impulsar, renovar y mejorar la política de empleo de nuestro país. Es una ley que se ha basado en un consenso resignado con el statu quo, que sin embargo y a nuestro juicio
reclamaba una fuerte sacudida de innovación, de modernidad y de aumento de recursos públicos para el empleo en nuestro país. No olvidemos, señorías, que seguimos teniendo la tasa de paro más alta de Europa; que seguimos teniendo la tasa de
actividad femenina más baja, y que seguimos teniendo un millón largo de parados de larga duración.
Sinceramente creemos que renovar una ley que fue sido elaborada hace casi 25 años -la vieja Ley básica de Empleo-, y en una materia tan importante como las políticas de empleo, debería haber merecido un mejor resultado.
Esta ley que vamos a
aprobar, señorías, no hace honor a la importancia de la materia ni a la entidad de los cambios que la vieja ley merecía y exigía. Estamos seguros de que el Grupo Parlamentario Socialista la cambiará sustancialmente en la próxima legislatura, cuando
tenga el Gobierno de la nación. (Un señor diputado: ¡Qué barbaridad!)
Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González Vigil.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señora Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: Señora presidenta, señorías, hoy se cumple el último trámite parlamentario para aprobar el proyecto de ley de empleo.
Cuando lo defendí en el trámite de aprobación por parte de esta Cámara dije que me sentía
especialmente satisfecha, puedo decir que hasta feliz porque ha sido una ley debatida a lo largo de dos años por el Gobierno con comunidades autónomas y luego con grupos parlamentarios. Ha sido una ley consensuada, ha sido una ley que persigue
fines claros, fines transparentes en términos autonómicos y constitucionales, que persigue fomentar el empleo, crear más en empleo, que es en
definitiva lo que se ha dicho muchas veces por parte de dirigentes de la fuerza política a la que yo represento. Recientemente lo ha dicho el señor Rajoy y yo estoy convencida como él de que el primer seguro social, señorías, el más
importante, el básico es tener un trabajo firme y estable. Ese es el primer seguro social. A partir de ahí, cuando consigamos el pleno empleo que se aprobó en la cumbre de Barcelona y anteriormente en la de Lisboa; conseguir ese pleno empleo para
el año 2010, independientemente de que se hayan mejorado muchísimas prestaciones sociales que no se han dejado de lado, pero el día que se consiga el pleno empleo podremos darnos por satisfechos porque desde la experiencia y lo que se ha podido
fomentar en el ámbito social en los últimos ocho años se puede hablar de que este proyecto de ley no se ha elaborado de forma precipitada ni de forma rápida ni de forma abstracta; es fruto de la experiencia y del respaldo de otros grupos
parlamentarios para la creación de empleo. Esto ha dado soluciones positivas, señorías, tenemos un empleo mucho mayor, un número de altas a la Seguridad Social como nunca había existido en España, el sistema de Seguridad Social está consolidado y
anteayer debatíamos en el Pleno aumentos no diré que espectaculares pero sí muy importantes en las pensiones mínimas que se han venido produciendo a lo largo de los cuatro últimos años y que ha mejorado notablemente esas prestaciones mínimas, que ya
no son tan precarias, en el sistema de protección social.
Desgraciadamente hubo en el Senado por parte de grupos de más tenor nacionalista cuatro vetos al proyecto de ley, pero afortunadamente grupos importantes de esta Cámara y del Senado favorecieron ese consenso también allí y la ley viene con
esa vocación de permanencia que hacía falta puesto que en nuestra sociedad, en los 20 años transcurridos desde que fue aprobada la anterior Ley de Empleo, se ha modificado la estructura social, se han producido grandes cambios, se han producido
notables avances y retrocesos en muchos aspectos del mundo laboral, y por tanto era sumamente necesario acometer esa reforma en profundidad para conseguir los fines que hemos dicho.
Señor Campuzano, lamento que usted no esté de acuerdo salvo en la supresión de la disposición adicional segunda, que ya en el Pleno, cuando se debatió la ley en esta Cámara era del tenor que nosotros seguimos y también el Grupo Parlamentario
Socialista. Lamento asimismo los derechos de veto por parte de grupos nacionalistas al igual que tengo que reconocer el esfuerzo de consenso del Grupo Parlamentario Socialista, y agradezco el tono al señor González Vigil así como al señor Ruiz
porque el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida no ha presentado en el Senado una sola enmienda. De alguna forma eso contribuye a demostrar que esa ley es la mejor que podíamos presentar, y aunque el Grupo Parlamentario Socialista diga que no es
la suya, ha tenido que reconocer debido a las grandes transacciones, a la incorporación de títulos literales en la ley que se han ido produciendo a lo largo del proceso, títulos propuestos por el Grupo Parlamentario Socialista, y ese consenso
-podría recordar aquí las votaciones que hubo en el Pleno de esta Cámara- es satisfactorio para la vida jurídica de esta ley en cuanto salga promulgada.
Para terminar, señorías, me gustaría decir que si bien algunos grupos ven de forma tan crítica esta ley de empleo que hoy vamos a aprobar definitivamente, cuando se votó en esta Cámara el dictamen de la Comisión, salvo la primera votación el
consenso fue tal que de 266 ó 267 votos 249 fueron a favor, cifra nada baladí para poder estar satisfecho de ese consenso, más dos abstenciones y 15 votos en contra.
Tengo que decir, señor Campuzano, que ya se ha acabado el proceso electoral en Cataluña, que ustedes debatieron en el Senado el día 20 de noviembre pero las enmiendas ya habían sido presentadas. Sigamos la construcción del Estado de las
autonomías con calma, continuemos con ese espíritu de consenso que hubo hace veinticinco años -nunca mejor año que este, en que vamos a celebrar aquí en breve, todos los grupos parlamentarios, el 25 aniversario de la Constitución- porque ese
consenso que nos dimos los españoles en el proceso de reforma política sería bueno que continuara. Las discrepancias de profundidad, no las de matices, no llevan a nada, la sociedad saldrá mucho más fortalecida si llegamos todos a acuerdos y
respetamos tanto el marco constitucional como el marco de los vigentes estatutos de autonomía y en especial el de Cataluña porque, como usted ha intervenido, es al que me quiero referir.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Montseny.
Señorías, sometemos a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de empleo. En primer lugar, enmienda a la antigua disposición final cuarta, ahora tercera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 271; a favor, 163; en contra, 97; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Resto de enmiendas del Senado al proyecto de ley de empleo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 268; a favor, 256; en contra, 11; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
INFORME ANUAL SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS RELATIVO A LA DECLARACIÓN DEFINITIVA SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DEL EJERCICIO 2000 Y RESOLUCIÓN ADOPTADA POR LA MISMA. (Número de expediente 250/000013.)
La señora PRESIDENTA: Punto VII del orden del día: Informe anual sobre la cuenta general del Estado. Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas relativo a la declaración definitiva sobre la cuenta general
del Estado del ejercicio 2000 y resolución adoptada por la misma.
¿Algún grupo quiere hacer la defensa del dictamen de la Comisión? (Pausa.)
Para la defensa del dictamen, tiene la palabra el señor Bardisa.
El señor BARDISA JORDA: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular -según me dice la Presidencia de la Cámara, así lo establece el Reglamento- al objeto de defender la declaración definitiva sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 2000 y la
resolución que sobre la misma adoptó la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, con fecha 17 de noviembre. La elaboración de la cuenta general del Estado del ejercicio 2000, integrada por la cuenta general de
las administraciones públicas, la cuenta general de las empresas estatales y la cuenta general de las fundaciones, se ha realizado de conformidad con lo contemplado en la Orden del Ministerio de Hacienda de 12 de diciembre de 2000, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 132 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. Dicha orden, por la que se regula la cuenta general, pretendía que los estados que la constituyen ofrecieran información global sobre la situación económica,
financiera y patrimonial, y sobre la ejecución y liquidación de los presupuestos de las entidades que la componen. La cuenta general del Estado del año 2000 fue la segunda que se remitió al Tribunal de Cuentas siguiendo el nuevo modelo fijado por
el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, que permite obtener una visión más amplia de toda la actividad del sector público estatal. El informe de la cuenta general del año 2000 es consecuencia del nuevo sistema implantado en el año
1999, con el que se pretende que la cuenta general del Estado ofrezca información consolidada de la actividad desarrollada por todo el sector público estatal. En este sentido, es importante la resolución aprobada por la Comisión para avanzar en el
proceso de consolidación de las próximas cuentas generales del Estado, ya que se reitera y se pide por la Comisión al Gobierno que modifique la Orden ministerial de 12 de diciembre de 2000, por la que se regula la elaboración de la cuenta general
del Estado en la línea de trabajo, como ya se expuso, de las propuestas de resolución de la propia Comisión, de forma que el proceso de consolidación se realice, como mínimo, al nivel de los presupuestos consolidados del Estado en relación con los
estados que además forman parte de los mismos.
También se solicita que las disposiciones transitorias de dicha orden ministerial establezcan un calendario de presentación de cuentas consolidadas para las administraciones públicas y con la remisión de cuentas anuales consolidadas de los
grupos de empresas más significativos. Además se pide al Gobierno que se desarrolle en el menor plazo posible el artículo 131 de la nueva Ley General Presupuestaria aprobada por esta Cámara, especificando en qué supuestos y condiciones será de
aplicación. El propio Tribunal de Cuentas aconseja que el proceso de consolidación se realice paulatinamente, empezando por la cuenta general de las administraciones públicas y posponiendo la consolidación de las otras dos cuentas generales. En
este sentido, creo que es importante resaltar la resolución que se aprobó también en la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en la que se reitera al Gobierno que analice la posibilidad de que la segunda
parte de la cuenta general del Estado, es decir, la cuenta de las empresas públicas estatales, pueda formarse con las cuentas de los distintos grupos consolidados del sector público.
El análisis de esta cuenta general, señorías, deja constancia de la buena gestión realizada por el Gobierno. Frente a la previsión inicial de un resultado presupuestario negativo de 11.162 millones de euros, la cuenta presenta un resultado
positivo de 2.441 millones. No sólo se ha gestionado el presupuesto mejor de lo previsto, sino que la gestión real ha superado la contabilizada en 367 millones de euros. Ha habido un alto grado de ejecución del presupuesto, ha existido mejor
gestión presupuestaria por parte de la Administración general del Estado, que ha reducido su déficit hasta un tercio del déficit del ejercicio anterior, con una mejor gestión de la Seguridad Social, que casi triplicó sus resultados positivos si se
toman como referencia los resultados económicos patrimoniales agrupados de la cuenta general de las administraciones públicas. El beneficio o ahorro queda cuantificado en 8.461 millones de euros. Consecuencia de ello, señorías, es que el sector
público estatal participó y contribuyó durante el año 2000 a la buena marcha de la economía española. Y además quiero hacer una comparación con el ejercicio 1999. El resultado presupuestario, según el Tribunal de Cuentas, en comparación con el año
anterior, pasaría de un déficit de 2.356 millones de euros en el año 1999 a un superávit de 2.808 millones de euros en
el año 2000. La mejoría fue especialmente en el Estado, que redujo su déficit casi a la tercera parte del registrado en 1999, y en la Seguridad Social, que dobló su superávit. De la comparación de datos entre 1999 y 2000 se deduce la
siguiente conclusión: el importe neto pendiente de imputar al presupuesto desciende de 2.180 millones de euros en 1999 a 1.887 en 2000. Destaca especialmente, como he dicho anteriormente, la gestión de la Seguridad Social, que pasa de tener en
1999 un importe neto pendiente de imputar de 68 millones a un importe neto negativo, es decir, más derechos que obligaciones, de 378 millones de euros en el año 2000.
Quiero hacer algunas reflexiones, puesto que la señora Costa, portavoz del Grupo Socialista, ha dado hoy una rueda de prensa y nos ha anticipado algo de lo que va a manifestar aquí. Lo dijo en Comisión y me imagino que hoy volverá a repetir
aquí que el Gobierno ha intentado disimular la falta de veracidad de los datos presupuestarios con ingeniería contable, etcétera. Pues bien, señoría, le pido a usted una cosa y es que compare estos datos con los del año 1995. Ese es el debate que
hay que hacer aquí, una comparación con lo que hicieron ustedes en 1995, con el último Gobierno del Partido Socialista. Y lea usted los diarios de sesiones de 1993, de 1994, etcétera. El análisis de la evolución de la ejecución presupuestaria en
los últimos años es todavía más elocuente. En el año 1995, en que gobernaban ustedes, se liquidó el presupuesto de la Administración del Estado con un resultado deficitario, convertido en euros, de 20.038 millones. En cinco años, es decir, en
2000, este déficit ha quedado reducido a 1.682 millones y transformado en superávit si se toman cifras agregadas, como ya he indicado anteriormente. Asimismo, el importe de los gastos pendientes de aplicar al presupuesto por parte de la
Administración general del Estado desde el año 1995 al año 2000 se ha reducido en una cuarta parte.
Le voy a decir una cosa, señora Costa. Usted ha dicho ahora en la rueda de prensa que las cuentas del Gobierno estaban en la UVI, pero considero que los que estaban en la UVI, y además muy mal, eran ustedes en el año 1995, porque nosotros
hemos podido pasar por la UVI pero hemos salido de ella.
Se lo vuelvo a repetir otra vez, si quiere hacemos este debate y le saco más datos del año 1995. Además le quiero decir que la ratificación de estos datos por el Tribunal de Cuentas es una
garantía de veracidad, lo que invalida cualquier afirmación no fundamentada, que se está haciendo estos días, sobre déficits ocultos en la ejecución presupuestaria. Usted debería darle alguna lección al señor Zapatero, porque está diciendo que hay
unos déficits ocultos. No hay ningún déficit oculto porque estos datos están avalados por el Tribunal de Cuentas, que es una garantía de veracidad. Por eso, el examen de la cuenta general del Estado debe diferenciarse del ámbito de la contabilidad
nacional para no incurrir en conceptos y cualificaciones erróneas.
En definitiva, señorías, quiero dejar constancia de tres conclusiones contables, pero sobre todo políticas, que han quedado probadas según el informe del Tribunal de Cuentas examinado. En primer lugar, se ha comprobado que, por lo general
-lo dice el Tribunal de Cuentas-, las cuentas integradas en la cuenta general del Estado presentan en su práctica totalidad una adecuada consistencia interna y se ajustan a lo dispuesto en la normativa aplicable. En segundo lugar, en el análisis de
las modificaciones presupuestarias, el Tribunal de Cuentas no ha observado ningún incumplimiento de la legalidad. Y en tercer lugar, en el informe del fiscal del Tribunal de Cuentas y del abogado del Estado no se detectan responsabilidades
contables. A la pregunta que formuló el Grupo Parlamentario Socialista -que también realizó este diputado- al presidente del Tribunal de Cuentas en su comparecencia ante la Comisión Mixta, sobre si el fiscal había detectado alguna responsabilidad
penal en su informe, el presidente del Tribunal contesta textualmente: A la pregunta que se nos hace sobre si se han detectado responsabilidades penales, tengo que decir que si no se detectan responsabilidades contables, mucho menos se detectan
responsabilidades penales por el ministerio fiscal.
Señorías, quiero finalizar mi intervención, sobre todo, destacando el trabajo realizado por el Gobierno, por la Administración general del Estado y por la Intervención General, que está facilitando, cada año más, la labor de todos los
diputados y de todos los grupos parlamentarios. Hay más cuentas presentadas que nunca, existen más datos que nunca para que puedan utilizarlos los grupos parlamentarios, pero para que se puedan utilizar, no para que se puedan manipular. Desde
luego, el Gobierno está haciendo un esfuerzo para que las cuentas públicas sean cada día más claras, más transparentes y además se está apoyando en una buena gestión, que hace que la economía española cada día vaya mejor, que se bajen los impuestos,
que se cree empleo y que España vaya cada día mejor económicamente. Actualmente ya somos la octava potencia mundial, delante de Canadá, y esto lo avala la gestión que está haciendo todo el Gobierno del Partido Popular. Por eso, señorías, el Grupo
Parlamentario Popular va a emitir el voto favorable a este dictamen que aprueba la cuenta general del Estado del ejercicio 2000.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bardisa.
¿Turno en contra? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Costa tiene la palabra.
La señora COSTA CAMPI: Señora presidenta, señorías, nos encontramos con un único debate de totalidad
sobre la cuenta general, la declaración elaborada por el Tribunal de Cuentas y las propuestas de resolución aprobadas por la Comisión Mixta, que no son otras que las presentadas por el Grupo Popular, ya que el grupo mayoritario rechazó las
del Grupo Socialista. Quiero volver a insistir en que un debate conjunto y posterior votación no es la forma más adecuada para resolver este trámite de debate en Pleno. El procedimiento que se sigue es el adoptado el 1 de marzo de 1984, que deja
sin resolver algunas cuestiones relevantes para el debate político. Esta legislatura se halla en su fin, pero en la próxima debería revisarse el procedimiento acordado y separar cada debate, debiendo darse la dimensión política que corresponde, con
un debate en Pleno exclusivamente a la cuenta general y a las propuestas de resolución, que debieran en buena lógica apoyarse en la declaración del Tribunal de Cuentas. Esta es, desde mi punto de vista, la lógica política que justifica que hoy el
Pleno del Congreso de los Diputados debata este punto del orden del día.
Aunque este es un tema árido, señorías, no debemos olvidar que es el examen que esta Cámara hace al Gobierno no sólo sobre los criterios de eficacia y cumplimiento de los procedimientos contables y administrativos establecidos, sino de
transparencia, de rendimiento de cuentas con los ciudadanos, y es de rigor denunciar que en esta cuenta general se demuestra que el Gobierno del Partido Popular altera los asientos contables con el objetivo de ocultar y amañar la realidad. Los
datos de la cuenta general obligan al Gobierno a explicar cómo ha gestionado el dinero de los contribuyentes y qué ha ocurrido con todos los movimientos de ingresos y gastos sobre los que no se ha enviado información alguna al Tribunal de Cuentas.
Porque, señorías, esta cuenta general no sólo muestra una mala gestión, sino también algo más grave: determinadas operaciones de compra y venta de activos de propiedad pública y concesiones de préstamos en procesos de privatización que han
desaparecido de las cuentas públicas. Y aquí hay responsabilidades que exigir. Señorías, por primera vez el Fondo Monetario Internacional se ha pronunciado sobre esta cuestión y en su último informe reprocha al Gobierno del Partido Popular la
opacidad con que elabora sus cuentas y la negativa a rendir éstas al órgano de control, al Tribunal de Cuentas. Me referiré a todo ello.
El Tribunal de Cuentas llega en su declaración a conclusiones y críticas contundentes respecto a las cuentas presentadas por el Gobierno.
Sorprende, señorías, el desprecio que el Gobierno tiene hacia instituciones que cumplen su función por
mandato constitucional, instituciones como el Tribunal de Cuentas que vienen advirtiendo de las malas prácticas con las cuentas públicas, malas prácticas que esconden peores intenciones. Señorías, de nuevo el Tribunal de Cuentas se lamenta de que
el Gobierno no recoja sus recomendaciones, de que no realice una contabilidad acorde con la normativa vigente y pide la reforma de la Orden del Ministerio de Hacienda de 12 de diciembre de 2000.
Nuestro apoyo al riguroso trabajo de investigación que nos ha presentado el Tribunal y que se ha visto obligado a realizar se refleja en esta declaración. A partir de la información obtenida, rechazamos la cuenta general del año 2000,
realizada y presentada por el Gobierno. Y por su limitado alcance rechazamos también las propuestas de resolución aprobadas. Las irregularidades, que paso a detallar, justifican nuestra posición y nuestro voto en contra. De nuevo se repiten las
malas prácticas contables: se repiten partidas, se elude la obligación de auditar, se acompañan las cuentas con auditorías desfavorables, pero posiblemente uno de los hechos más evidentes de la manipulación de la contabilidad pública para apoyar
eslóganes políticos deudores de una ingeniería contable es lo que ocurre con el famoso préstamo del Estado a la Seguridad Social. ¿Cómo, si no, calificar el hecho de que el Ministerio de Hacienda siga manteniendo como préstamo a la Seguridad Social
3.400 millones de euros, concedidos por el Estado para facilitar la universalización del servicio sanitario, objetivo de naturaleza contributiva, por lo que debe ser pagado por el Estado y no con las cotizaciones sociales, que han de dedicarse en su
totalidad a financiar pensiones futuras? El mantenimiento de estos préstamos tiene como única finalidad ocultar déficit público. Se utilizan las cuotas sociales como impuestos y con ello se subvierte el papel del sistema impositivo, se hacen
trampas en los datos presupuestarios, se juega con el saneamiento de la Seguridad Social y con el pago futuro de las pensiones y se impide la rebaja de las cuotas sociales. El ministro de Hacienda, en contra de las recomendaciones del propio
Tribunal de Cuentas y del Consejo Económico y Social, el pasado 13 de octubre reclamó también la condonación de este préstamo. En la actual Ley de acompañamiento -se coge antes a un mentiroso que a un cojo- el ministro de Hacienda se ha visto
obligado a ampliar la amortización de ese préstamo por 10 años, y ha dicho textualmente que su cancelación afectaría al equilibrio presupuestario. Señorías, estamos hablando del 0,5 por ciento del producto interior bruto. Esta deuda que se impone
forzadamente a la Seguridad Social conduce a otra irregularidad, a que se financie el fondo de reserva de la Seguridad Social con la deuda que tiene la Tesorería General con el INEM: no paga al INEM y esa cantidad va al Fondo de reserva. De este
modo, el Gobierno convierte al INEM en un organismo financiero sin derecho a réditos.
La propia Agencia Tributaria es censurada por el Tribunal de Cuentas al no cumplir con lo previsto en la resolución sobre dotación de insolvencias.
Todas las deudas tributarias tienen la misma clasificación de riesgo y esto permite a la
Agencia Tributaria no provisionar. El resultado de todo ello, dice el Tribunal de Cuentas, es que el volumen real de provisiones que hubiera
tenido que hacer la Agencia Tributaria sería 8,5 veces superior. Señorías, esto afecta a los resultados de ingresos y gastos e impide al Tribunal de Cuentas determinar el verdadero resultado económico patrimonial del ejercicio del año 2000.
Señorías, mal está que se nos diga que los saldos están saneados y que se cumplen los objetivos presupuestarios del Gobierno cuando no es cierto; peor aún es que se recurra a ingeniería contable, se oculten datos y se cambie la naturaleza de las
partidas, pero es inadmisible que por sistema el Gobierno traslade a ejercicios futuros todos los gastos que distorsionan desde sus intereses políticos el cierre del ejercicio, que además se detraigan recursos a la Seguridad Social y que digan que
de esto nada se hace. Se lo decimos nosotros, se lo dice el Tribunal de Cuentas y se lo dice el Fondo Monetario Internacional en su último informe. En la cuenta general del año 2000, el Tribunal de Cuentas calcula en 1.880 millones de euros lo que
se traslada a ejercicios futuros; por tanto, es un déficit oculto.
Podría hacer una larga relación de irregularidades, pero sin duda alguna estas que acabo de mencionar no son las mayores ni las más graves. Si pasamos a la cuenta de empresas públicas, nos encontramos con situaciones que sobrepasan la
descripción de lo que todos intuimos que hay detrás de los términos ingeniería contable. Quiero destacar que entre los problemas que afectan a la cuenta de empresas públicas está que no se han integrado 44 empresas. ¿Saben quiénes están entre
estas 44 empresas, y llamo sobre esto la atención a SS.SS? Aerolíneas Argentinas e Intervest. Ambas empresas -comprendo que les inquieten y no quieran ni escucharlo- acumulan unos activos de 1.500 millones de euros y unos resultados negativos de
más de 800 millones de euros. La SEPI se permite, como dice el Tribunal de Cuentas, no responder al Tribunal ni entregar sus cuentas, ni la memoria, ni sus auditorías. Señorías del Grupo Popular, ¿qué ocurre con estas dos empresas? ¿Ha perdido la
SEPI la documentación? ¿Tiene el Gobierno del Partido Popular algún interés que le lleve a negarse a los sucesivos requerimientos que sobre esta cuestión le ha realizado el Tribunal de Cuentas? ¿Cuáles son las relaciones financieras entre la SEPI
e Intervest y la nueva empresa Air Comet, que ha aparecido para nuclear préstamos que ha llevado SEPI a Argentina? ¿Cómo se cancelaron las deudas de Aerolíneas Argentinas? Todas ellas son preguntas que ya han sido planteadas al Gobierno, a través
de la diputada señora Mendizábal, sin haber recibido respuesta satisfactoria. También son preguntas que le surgen al lector de la declaración del Tribunal de Cuentas y que, como portavoz, traslado a esta Cámara y quiero que quede constancia en el
'Diario de Sesiones'. Es inconcebible que desaparezcan las cuentas públicas, que no se entregue al Tribunal de Cuentas los datos de la mayor operación realizada en el año 2000, operación que todos sabemos está en manos de la justicia argentina.
Toda la prensa argentina da detalles de esta situación, que, como mínimo y de forma bondadosa, calificaré con el término de irregular. Las causas abiertas plantean serias dudas respecto a lo que allí ha ocurrido, y ustedes están obligados a dar
transparencia a todas esas operaciones. Como orden de magnitud, señorías, les diré que el saldo negativo de Radiotelevisión Española, del que tanto se habla, está muy por debajo del de Aerolíneas Argentinas e Intervest. El saldo real negativo de
las empresas estatales, si sumamos el saldo negativo oculto de Aerolíneas Argentinas e Intervest, es un 244 por ciento superior al oficial que ha registrado el Gobierno. Es imposible leer toda una larga lista de irregularidades. Podría citar al
GIF. ¿Por qué el GIF tiene en su cuenta corriente el 50 por ciento de la Tesorería General sin que haya ningún movimiento y que diga el Tribunal de Cuentas que no está justificado? También nos preguntamos dónde van los intereses de tantos miles de
millones de euros. Es más, respecto al GIF y a las infraestructuras les dice el Fondo Monetario Internacional que estas formas de financiación alternativas, entre comillas, a la legalidad no debieran ser objeto de utilización.
Quedan las fundaciones. El Gobierno del Partido Popular tiene una gran vocación de desarrollar servicios públicos a través de fundaciones públicas, pero el Gobierno del Partido Popular no da el censo de todas las fundaciones públicas al
Tribunal de Cuentas. De las 39 que tiene censadas, de más de 50 que existen, diez además no le han entregado los datos. Señorías, todo ello es una muestra más de lo que para el Gobierno significa la transparencia y el sometimiento al control de
las cuentas públicas, que es algo que establece nuestra Constitución a la que tanto, señorías del Grupo Popular, les gusta instrumentalizar con fines partidistas. El Gobierno que tan interesado está en defender la Constitución debería volcarse en
el artículo 136 y en los principios que subyacen en la creación por orden constitucional del Tribunal de Cuentas.
El Gobierno no puede ocultar datos al Tribunal de Cuentas, ni puede hacer ingeniería financiera y contable y debe informar -porque es
su obligación por ley- de todo lo que hace con los fondos públicos.
Señorías, el Gobierno tiene que demostrar que no ha habido una desviación de fondos, como se pone de manifiesto en la prensa argentina, en los casos de Aerolíneas Argentinas y de Intervest. Han abierto SS.SS., ha abierto el Gobierno un
nuevo flanco a nuestra imagen internacional.
La señora PRESIDENTA: Señora Costa, le ruego concluya inmediatamente, por favor.
La señora COSTA CAMPI: Han abierto, decía, un nuevo flanco a nuestra imagen internacional: confusión, opacidad, irregularidades en nuestras cuentas públicas. Señorías, impedir que los mecanismos de
control establecidos por la Constitución puedan funcionar, tal y como desarrolla nuestro ordenamiento, es atacar el Estado de derecho, y ésta parece ser la misión prioritaria del Grupo Popular. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Costa.
En nombre del Grupo Popular, señor Bardisa.
El señor BARDISA JORDA: Muchas gracias, señora presidenta.
La señora Costa, como es habitual en ella, portavoz del Grupo Socialista, nos ha dibujado una situación que nada tiene que ver con la realidad, es toda una película de terror y miedo. Nos ha hablado de trampas, ocultación de datos,
manipulación, etcétera, pero creo que la manipulación de los datos la ha hecho ella. Por ejemplo, nos habla del exceso de tesorería del GIF, y es evidente que es mejor que haya exceso de tesorería a que no lo haya, porque esas inversiones
ferroviarias están comprometidas, por lo que el año que viene no tendremos ese exceso de tesorería. Siempre será mejor el exceso de tesorería que las enormes deudas que tenían sus gobiernos, que hacían las obras y no las pagaban, aunque, eso sí,
cobraban importantes comisiones a los proveedores, por ejemplo en el tema del AVE, como ha demostrado el Tribunal Supremo.
En cuanto a la SEPI, señora Costa, lo que dice no es cierto. La SEPI ha entregado toda la documentación, no hay desviación de fondos; lo que pasa es que la SEPI en el año 2000 era accionista mayoritaria de Aerolíneas Argentinas, compañía
que tenía muchas pérdidas y a la que había que aplicar una inyección para capitalizarla, por lo que hubo una inversión de 650 millones de dólares, aprobados por el Consejo de Ministros, es decir, totalmente justificados, sin trampa ni cartón. No es
cierto lo que usted ha dicho. Lo que sí hay actualmente es una auditoria del Tribunal de Cuentas a la SEPI, pero nada tiene que ver con lo que usted nos ha contado. Sin embargo, para entablar un debate serio, lo que tenemos que comparar es lo que
hicieron ustedes en el año 1995 con lo que se hizo en el año 2000, y se lo voy a decir para que conste en el 'Diario de Sesiones'. El resultado presupuestario, déficit naturalmente, porque ustedes lo único que generaban era déficit, comprobado por
el Tribunal de Cuentas, se redujo de 1995 a 2000 a menos de la décima parte, de 3,68 billones a 0,29 billones de pesetas. Los gastos realizados y no imputados al correspondiente ejercicio, que se trasladan a ejercicios futuros, han descendido a
menos de la tercera parte: de más de un billón de pesetas en el año 1995 a menos de 0,30 billones en el año 2000. Además de los 0,30 billones de 2000 al menos 117.600 millones de pesetas tienen la correspondiente cobertura crediticia para su
imputación a los presupuestos de los ejercicios 2001 y 2002. Acerca de un debate de ocultamiento de déficit podemos hablar de los gastos pendientes de imputar, que en el año 1995 eran de más de un billón de pesetas, cuando en el balance del Estado
aparecen partidas de activo como préstamos al consorcio, inversión ICO, regularización del saldo de la deuda de Rumasa, préstamos a la Seguridad Social, y además en el año 2000 se arrastran saldos de ejercicios de la etapa de los gobiernos
socialistas, que suponen déficit y pérdidas imputables a su gestión, a la de los gobiernos del Partido Socialista, que no supieron imponer el rigor en la gestión pública. ¿Ustedes qué me van a decir de deudas? ¡Si ustedes no pagan las deudas de su
partido! ¡Si en el informe de fiscalización de los partidos políticos se ha demostrado que deben 3.000 millones de deudas vencidas y no pagadas a los bancos! Es el único partido que no paga a los bancos.
¿Por qué no paga a los bancos? En
definitiva, señorías, ahora mismo el Estado, según el informe del ministro de Hacienda, ha obtenido un superávit récord -ha salido en la prensa y eso es lo que les duele a ustedes- en términos de contabilidad nacional de 8.576 millones de euros
entre los meses de enero a octubre; supone el 15,2 por ciento del producto interior bruto y el 15,6 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.
Señorías, la política contable y económica del Gobierno, la estabilidad presupuestaria es la que nos está llevando a crear más empleo, a bajar los impuestos, a que la economía vaya mejor, y desde luego no hay ninguna ocultación de datos en
el informe del Tribunal de Cuentas, porque así lo dice. Si usted conoce esos datos, señora Costa, díganoslo, dígalo usted, vaya usted al fiscal si quiere, pero no haga el discurso que nos está haciendo aquí cuando no es verdad.
La señora PRESIDENTA: Señor Bardisa, le ruego concluya, por favor.
El señor BARDISA JORDA: Muchas gracias, señora presidenta.
No tengo nada más que decir. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Señora Costa.
La señora COSTA CAMPI: Gracias, señora presidenta.
Realmente, señor portavoz del Grupo Popular, comprendo que haya sido el último en ser portavoz por su grupo en esta Comisión: ha dejado muy bien a quienes le precedieron, porque en realidad no sabe en qué consiste el debate sobre lo que hoy
nos ocupa. Confunde usted los temas. Este no es un debate sobre presupuestos, no se trata de discutir si hay más o menos déficit; se trata de saber si se han entregado todas las cuentas y si nada se ha quedado por el camino. Será la Comisión de
Presupuestos y la Economía las que discutan si es bueno o no para la economía déficit o superávit; por lo tanto, va usted muy confundido. Además se ha equivocado de carpeta, aquí hablábamos de la cuenta general.
Con respecto a la cuenta general, ya en la declaración sobre la cuenta general del año anterior el Tribunal de Cuentas argumentaba textualmente que no estaba justificado el saldo de libre disposición que tiene el GIF por los movimientos que
realiza, y este año señala lo mismo el Tribunal de Cuentas. Queremos saber nosotros a quién van los intereses de los miles de millones.
Señor portavoz del Grupo Popular, las hojas que a ustedes les acostumbra a enviar el Gobierno a lo mejor les impiden la propensión a la lectura. Le invito a que lea la página 173 del informe que textualmente dice: Entre las empresas que no
han entregado sus cuentas al Tribunal destacan por la magnitud de su activo y la importancia de sus resultados dos, ambas domiciliadas en el extranjero, Aerolíneas e Intervest, que en conjunto acumulan un activo no contabilizado en la cuenta oficial
de 1.462.829.000 euros (de forma rápida, 1.500 millones de euros) y unos resultados negativos de 853 millones de euros que no aparecen registrados en la cuenta que entrega la SEPI.
Permítanme que les diga, señorías, porque no he tenido tiempo en mi intervención anterior, que las cuentas de la SEPI que entrega al Tribunal también están mal, aparte de que faltan las dos empresas citadas -porque sumo varias veces todo-.
El Tribunal ha tenido que contar de nuevo todas las diferentes cuentas para la SEPI y no hay ni una cuenta de las calculadas por el Tribunal de Cuentas que coincida con las entregadas por la SEPI, y los porcentajes son del 20 al 30 por ciento de
desviación, siempre a favor de más ingresos y de menos pérdidas.
Señor portavoz, como no era el tema de déficit o de superávit -mírese un poco el Reglamento de la Cámara y cómo está organizado esto en comisiones- le diré una cosa que a lo mejor no sabe: es la primera vez en la historia que el Fondo
Monetario Internacional llama la atención a un gobierno de España en relación con las cuentas ocultas, y usted tendría que tenerlo en cuenta y, al menos, sonrojarse, ser prudente y no decir lo que ha dicho. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Costa.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Martí.
El señor MARTÍ I GALBIS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, permítanme que brevemente, y antes de entrar de manera sintética a justificar cuál va ser el voto del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en relación con la cuenta general del Estado del ejercicio del año 2000, haga
referencia a unas declaraciones que se han hecho hace breves instantes por el Grupo Parlamentario Socialista ante los medios de comunicación acreditados en esta Cámara, en una rueda de prensa, respecto a la posición ya avanzada por este portavoz
sobre cuál iba a ser el voto del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ante la cuenta general del Estado, que adelanto a SS.SS que será de abstención. En esta rueda de prensa el Grupo Parlamentario Socialista decía que el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) pretendía con su abstención hacer olvidar la colaboración que habíamos mantenido con el Gobierno del Partido Popular, muy especialmente en la anterior legislatura y en menor medida en la presente,
especialmente en la primera fase de esta legislatura que está a punto de acabar. Según la opinión del Grupo Parlamentario Socialista, el objetivo era que Convergència i Unió hiciera méritos en la negociación que ahora mismo se está desarrollando
para la configuración del nuevo Gobierno de Cataluña, y que obviamente esos méritos estaban dirigidos a Esquerra Republicana de Cataluña.
Añadían también que el alejamiento real producido -aunque según el Grupo Parlamentario Socialista sea virtual-
entre el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo Parlamentario Popular en los últimos tiempos no era más que una apariencia, en definitiva, que no era creíble, porque, textualmente -según me ha parecido oír en la rueda de prensa
y, si no, pediremos a los servicios de la Cámara el texto exacto de las declaraciones-, se decía que algunos diputados de Convergència i Unió se reunían, hablaban e incluso almorzaban con diputados del Grupo Parlamentario Popular en algunos
restaurantes cercanos a esta Cámara del Congreso de los Diputados. Señorías del Grupo Parlamentario Socialista, creo que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) puede afirmar -considero que es un factor más que positivo en política-
que está capacitado para tender puentes de diálogo con todos y cada uno de los grupos parlamentarios de esta Cámara, en esta legislatura, en la anterior y en todas y cada una de las precedentes desde la legislatura constituyente. Yo creo que esto
es positivo, lo hemos demostrado y lo seguiremos demostrando en el futuro, aunque tenemos que aceptar que a veces no es fácil llegar a según qué acuerdos, especialmente en determinadas circunstancias, con el Grupo Parlamentario Socialista. Decir lo
contrario, señorías, es desconocimiento de la realidad, desconocimiento del comportamiento político del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) o, en su caso, responde a mala fe. Sin embargo, nadie se ha atrevido nunca en Convergència i
Unió a pedir al señor Aznar que siga al frente de la nave del Estado, ante los peligros de ruptura territorial, como ha hecho hace poco el señor Rodríguez Ibarra. Tampoco se le ha ocurrido a nadie de Convergència i Unió hacer una pinza con el Grupo
Popular contra el nacionalismo del Grupo Parlamentario Vasco en la situación actual, donde la sensibilidad democrática y la prudencia son más necesarios que nunca. Por tanto, creo que estamos en unos momentos históricos que aconsejan prudencia.
Sí, señora Costa, aconsejan prudencia y no aconsejan demagogias ni soberbias.
A usted le he visto con una tendencia a la soberbia que no es de extrañar,
porque el señor Maragall está administrando con soberbia la derrota electoral que acaba de sufrir hace pocos días en Cataluña. (El señor Bel i Queralt pronuncia palabras que no se perciben.)
Dicho esto, señorías, señora presidenta, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a abstenerse en la votación relativa a la cuenta general del Estado del ejercicio 2000, en consonancia y coherencia con la filosofía argumental
que ha sostenido en las propuestas de resolución presentadas, debatidas y votadas el pasado 17 de noviembre en la Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas; propuestas de resolución que fueron rechazadas por el Grupo Parlamentario
Popular -en concreto ocho de las nueve presentadas por mi grupo parlamentario-, que tenían por objeto trasladar al debate parlamentario y, posteriormente, a la acción del Gobierno las propuestas y recomendaciones realizadas por el Tribunal de
Cuentas. Los análisis y las recomendaciones del Tribunal de Cuentas cuestionan de una manera contundente la representatividad de la cuenta general del Estado. Son distintas y de entidad suficiente las limitaciones detectadas al respecto por el
Tribunal de Cuentas, que estima que la información sobre la situación económica, financiera y patrimonial de las administraciones públicas estatales, los resultados, la ejecución y liquidación de los presupuestos es insuficiente. El Tribunal de
Cuentas también invoca la insuficiente consolidación de la información facilitada y la falta de homogeneidad en la elaboración de los respectivos estados contables. El Tribunal de Cuentas asimismo alerta sobre las deficiencias que existen en la
consistencia interna de las cuentas integradas en la cuenta general del Estado, que repercute negativamente en la representatividad de la cuenta.
En cuanto a las modificaciones presupuestarias -sin entrar en bailes de cifras, como se ha hecho hasta ahora; realmente pueden ser interpretadas en uno u otro sentido- quiero destacar que el Tribunal de Cuentas ha constatado como
deficiencias más significativas la ausencia de información suficiente sobre su financiación, la carencia de un concepto preciso de recurso aceptado y la imprecisa delimitación de la ampliación por recursos aceptados y de la generación como figuras
modificadoras de los créditos iniciales, todo ello sumado a las deficiencias detectadas en la ejecución presupuestaria relativas a la existencia de operaciones pendientes de aplicar al presupuesto, como ha dicho anteriormente otra portavoz, que no
han sido soportados por los presupuestos de ejercicios posteriores al año 2000, y que tendremos ocasión de comprobarlo en sucesivos debates de la cuenta general del Estado del año 2001 y siguientes. Todo ello nos obliga a mantener una posición
crítica respecto de esta cuenta general que nos impide darle apoyo.
Mi grupo parlamentario no prejuzga los posibles incumplimientos de legalidad a los que alude en más de una ocasión el Tribunal de Cuentas, puesto que nos movemos en un terreno susceptible de interpretación jurídica y contable, más allá de
las posibilidades de subsanación de las mismas en manos del Gobierno; sin embargo, la valoración política que realizamos en estos momentos en esta Cámara nos conduce a una abstención, ya anunciada anteriormente por este portavoz, como muestra de la
distancia y las reservas que mantenemos con la cuenta general del Estado del ejercicio 2000 a tenor de la claridad, de la valoración y de las deficiencias detectadas en la misma por el Tribunal de Cuentas.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martí. (La señora Costa Campi pide la palabra.)
Señora Costa, ¿a qué efectos?
La señora COSTA CAMPI: Señora presidenta, ateniéndome al artículo 71.3, dado que se ha hecho referencia a comentarios que no constan...
La señora PRESIDENTA: Señora Costa, tiene un minuto, en turno de alusiones.
La señora COSTA CAMPI: Señora presidenta, quiero recabar del buen criterio del anterior interviniente que sobre cosas que no ha oído, porque no son ciertas, pida disculpas por su excesiva imaginación. Nada más quiero advertir o señalar que
en una rueda de prensa que he dado, como sabe el portavoz del Grupo Popular, con relación a la cuenta general y a nuestra posición política, se me ha preguntado sobre lo que dice hoy la prensa: El Partido Popular negocia con Convergéncia i Unió el
apoyo a cuentas irregulares del Estado. A raíz de esta pregunta yo he contestado que, en todo caso, esa negociación se debía llevar fuera del Parlamento, porque en este momento no creo que las reuniones entre el Grupo Popular y Convergencia i Unió
fueran para Convergencia i Unió cómodas si se llevaran dentro de la casa.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Costa.
Señorías, sometemos a votación el texto del dictamen de la Comisión Mixta para la Relaciones con el Tribunal de Cuentas, relativo a la declaración definitiva sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 2000 y resolución adoptada por la
misma.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 243; a favor, 151; en contra, 79; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Se levanta la sesión.
Eran las tres y treinta y cinco minutos de la tarde.