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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 298, de 25/11/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2003 VII Legislatura Núm. 298
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 285
celebrada el martes, 25 de noviembre de 2003
ORDEN DEL DÍA: Toma en consideración de Proposiciones de Ley: ...
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la responsabilidad social de las empresas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 235-1, de 10 de mayo de 2002. (Número de expediente 122/000210.) ...
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de modificación de los requisitos requeridos para poder beneficiarse de las prestaciones del seguro obligatorio de vejez e invalidez. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número
304-1, de 28 de febrero de 2003. (Número de expediente 122/000270.) ... (Página 15806)
Proposiciones no de Ley: ...
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la lucha contra la violencia en el deporte. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 623, de 14 de noviembre de 2003. (Número de expediente 162/000840.) ...
- De los Grupos Parlamentarios Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto, de petición de investigación y juicio por el crimen del cámara de Tele 5 don José Couso.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 605, de 17 de octubre de 2003. (Número de expediente 162/000823.) ...
(Página 15820)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes: ...
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas de carácter general a adoptar por el Gobierno para potenciar la creación de un marco fiscal, administrativo y social para los trabajadores autónomos.
'BOCG. Congreso de
los Diputados', serie D, número 623, de 14 de noviembre de 2003. (Número de expediente 173/000233.) ... (Página 15829)
- Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre prioridades que va a plantear el Gobierno para que se tengan en cuenta en el Programa de Redes Transeuropeas de Transportes acordado en la última reunión del Consejo Europeo celebrada en
Bruselas el 16 y 17 de octubre. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 626, de 21 de noviembre de 2003. (Número de expediente 173/000234.) ... (Página 15833)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la posición del Gobierno español ante las políticas que vienen siendo definidas por las instituciones comunitarias vinculadas a las redes transeuropeas. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie
D, número 626, de 21 de noviembre de 2003. (Número de expediente 173/000235.) ... (Página 15836)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 15797)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la responsabilidad social de las empresas ... (Página 15797)
El señor Jáuregui Atondo presenta, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, esta proposición de ley que trata de la responsabilidad social de las empresas, que es uno de los acontecimientos más importantes en el análisis socioeconómico
del debate laboral, del debate empresarial, que tanto afecta a la sociedad de hoy. Define esta responsabilidad empresarial como responsabilidad social corporativa o RSC, que no es tanto una técnica en la gestión de las empresas como concepción de
la empresa en la sociedad sino más bien una estrategia global en la dirección de las empresas, una actitud que pretende compatibilizar beneficio, como un objetivo natural de una empresa, y sostenibilidad, como la exigencia que la sociedad demanda de
las empresas. Anuncia que el Partido Socialista incorporará este tema entre sus propósitos electorales porque consideran que es de enorme calado, un exponente de modernidad que proporcionará al país una cultura nueva sobre lo que es la empresa.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Labordeta Subías y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Ruiz López, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida; Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre responsabilidad social de las empresas, se rechaza por 126 votos a favor, 159 en contra y 17 abstenciones.
Declaración institucional ... (Página 15806)
La señora presidenta, con motivo del día 25 de noviembre, día internacional contra la violencia de género,
hace una declaración institucional en la que se recuerda una vez más la violencia que en todo el mundo se ejerce contra las mujeres y las niñas.
El Congreso de los Diputados hace un llamamiento a la sociedad, comprometiéndose a la búsqueda
de acuerdos para poner fin a esta violencia contra los derechos fundamentales que no tiene cabida en nuestra democracia, y al Gobierno de la nación y a los de las comunidades autónomas y corporaciones locales para que, en colaboración con las
organizaciones sociales y de mujeres, sigan impulsando nuevas medidas hasta que se erradique por completo esta lacra social, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma con consideración de proposiciones de ley. (Continuación.) ...
(Página 15806)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de modificación de los requisitos requeridos para poder beneficiarse de las prestaciones del seguro obligatorio de vejez e invalidez ... (Página 15806)
El señor Ruiz López presenta, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, la proposición de ley para su toma en consideración. El objetivo es evitar los problemas que sufren algunos pensionistas que fueron emigrantes en
los años cincuenta y sesenta a la hora de acceder a las prestaciones del seguro obligatorio de vejez e invalidez, pues pese a poseer muchos de ellos un extenso pasado laboral en España, tienen muchas dificultades para probar que cotizaron los 1.800
días mínimos de trabajo que se les exige.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y las señoras López i Chamosa, del Grupo Parlamentario
Socialista, y Montseny Masip, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de modificación de los requisitos requeridos para poder beneficiarse de las prestaciones del seguro obligatorio de
vejez e invalidez, se rechaza por 140 votos a favor, 167 en contra y una abstención.
Proposiciones no de ley ... (Página 15812)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la lucha contra la violencia en el deporte ... (Página 15812)
Presenta la proposición no de ley el señor González Pérez, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Se refiere al documento auspiciado por el Ministerio del Interior, el Consejo Superior de Deportes y la Real Federación Española de
Fútbol, y en el que participaron también la Liga Nacional de Fútbol Profesional y la Asociación de Futbolistas Españoles, donde se apoyaba un compromiso de lucha contra la violencia en el deporte y contra la violencia que se genera con ocasión de
espectáculos deportivos y en el que se adoptan una serie de medidas y actuaciones de promoción de los valores y comportamientos deportivos. Expone el objetivo del Grupo Popular al presentar esta proposición no de ley, que no es otro que reclamar al
Gobierno, a través del Congreso de los Diputados, que proceda a evaluar el resultado de las medidas adoptadas como consecuencia de la firma de ese programa de actuaciones y medidas contra la violencia en el deporte, para comprobar si los objetivos
alcanzados han sido los adecuados o por si, en su caso, fuera necesario proceder a impulsar nuevas medidas para erradicar la violencia en el deporte. Finalmente se refiere a las enmiendas presentadas a la proposición no de ley.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Nieto González, del Grupo Parlamentario Socialista; Pérez Tabares, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Martí i Galbis, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió)
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas defendidas, interviene el señor González Pérez.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la lucha contra la violencia en el deporte, se aprueba por 291 votos a favor y 19 abstenciones.
De los grupos parlamentarios Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto, de petición de investigación y juicio por el crimen del Cámara de Tele 5 don José Couso ...
(Página 15820)
Intervienen en la presentación conjunta de la proposición no de ley los señores Marín González, del Grupo Parlamentario Socialista; Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió): Alcaraz Masats, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida; la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Aymerich Cano, Núñez Castain y Labordeta Subías, del Grupo
Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor De Arístegui y San Román, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El señor Marín González invoca el artículo 72.2 del Reglamento para que se dé lectura a un documento que no presenta a la Mesa, por lo que no se puede llevar a efecto la petición.
Sometida a votación la proposición no de ley de los grupos parlamentarios Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), Coalición Canaria y Mixto, de petición de investigación y juicio por el crimen
del Cámara de Tele 5, don José Couso, se rechaza por 150 votos a favor y 168 en contra.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 15829)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas de carácter general a adoptar por el Gobierno para potenciar la creación de un marco fiscal, administrativo y social para los trabajadores autónomos ...
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Sánchez i Llibre, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), con la finalidad de discutir todas aquellas propuestas que su grupo parlamentario ha
presentado en la dirección de profundizar en los aspectos que hacen referencia a mejorar las prestaciones sociales que reciben los trabajadores autónomos y equipararlas cada vez más a las prestaciones que reciben los trabajadores por cuenta ajena.
Explica los aspectos planteados en la moción, en especial los referidos al ámbito fiscal, y se refiere a las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios Socialista y Popular.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora López i Chamosa, d el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Delgado Arce, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Frutos Gras, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas de carácter general a adoptar por el Gobierno para potenciar la creación de un marco fiscal,
administrativo y social para los trabajadores autónomos, se rechaza por 131 votos a favor, 155 en contra y cuatro abstenciones.
Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre prioridades que va a plantear el Gobierno para que se tengan en cuenta en el programa de redes transeuropeas de transportes acordado en la última reunión del Consejo Europeo celebrada en
Bruselas el 16 y 17 de octubre ... (Página 15833)
El señor Rivero Baute presenta la moción consecuencia de interpelación urgente en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Pone de relieve la importancia que el Programa de redes transeuropeas de transportes va a tener en la
vertebración de la nueva Unión Europea y el importante papel que va a jugar Canarias como frontera sur de la Unión Europea, siendo necesario arbitrar las medidas oportunas para incorporar el archipiélago canario -la región ultraperiférica- a la
cohesión territorial, social y económica en la que quiere avanzar Europa. Por lo tanto, su grupo pretende con esta moción que las regiones ultraperiféricas, en este caso concreto, Canarias, forme parte de los proyectos prioritarios que se tienen
que atender en los próximos años.
Finalmente, se refiere a las enmiendas de los grupos parlamentarios Socialista y Popular.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Segura Clavell, del Grupo Parlamentario Socialista, y Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria, sobre prioridades que va a plantear el Gobierno para que se tengan en cuenta en el programa de redes transeuropeas de transporte acordado en la última reunión del Consejo Europeo celebrada en Bruselas los días 16 y 17 de octubre, en
los términos derivados del debate y con la incorporación de la enmienda transaccional que ha sido propuesta, se aprueba por 275 votos a favor y uno en contra.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la posición del Gobierno español ante las políticas que vienen siendo definidas por las instituciones comunitarias vinculadas a las redes transeuropeas ... (Página
15836)
El señor Segura Clavell defiende la moción consecuencia de interpelación urgente en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Esta moción es consecuencia de la insatisfacción que produjeron en su grupo determinadas contestaciones del señor
ministro de Fomento en el debate de la interpelación urgente sobre la posición que mantiene el Gobierno español ante las políticas que vienen siendo definidas por las instituciones comunitarias vinculadas a las redes transeuropeas, y su texto está
integrado por una exposición de motivos, seguida de trece propuestas de resolución que pasa a explicar y para las que pide el voto favorable de la Cámara.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso interviene el señor Ayala Sánchez.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió)
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la posición del Gobierno español ante las políticas que vienen siendo definidas por las instituciones comunitarias vinculadas a las
redes transeuropeas, en los términos derivados del debate y con la enmienda transaccional que ha sido propuesta y aceptada, se aprueba por 270 votos a favor.
Se suspende la sesión a las nueve y treinta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS. (Número de expediente 122/000210.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.
Punto primero del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la responsabilidad social de las empresas.
Para la presentación y
defensa de la misma tiene la palabra el señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Señora presidenta, señorías, la proposición de ley que tengo el honor de presentar en nombre del Grupo Socialista afecta a uno de los temas que más importancia está teniendo en el debate socioeconómico y en el
debate sobre las empresas en la sociedad del siglo XXI que se viene produciendo desde hace algunos años. Yo creo que hablar de responsabilidad social de las empresas es hacerlo de uno de los acontecimientos más importantes en el análisis
socioeconómico del debate laboral, del debate empresarial, que tanto afecta a nuestra sociedad de hoy.
En primer lugar, me gustaría definir la responsabilidad social corporativa, la RSC, como la llamaré en adelante. No es tanto una gestión empresarial, una técnica en la gestión de las empresas como una cultura, una concepción de la empresa
en la sociedad. Es más una estrategia global en la dirección de las empresas, una actitud que pretende compatibilizar beneficio y sostenibilidad; beneficio como el objetivo natural de una empresa, pero sostenibilidad como la exigencia que la
sociedad demanda de las empresas. Se trata de una concepción de la empresa en su doble dimensión, que pretende responder no sólo al interés del accionista sino también a los intereses que tiene la sociedad con las empresas, que pretende
compatibilizar el beneficio, que es el objetivo natural de un negocio y de una empresa, con unas buenas relaciones en todo el ámbito que afecta a la empresa, con lo que llamaríamos una búsqueda de la excelencia en el comportamiento laboral por parte
de la empresa, una buena relación de la empresa con su entorno social, con la comunidad en la que está inserta, con las instituciones con las que se relaciona, y desde luego también con el entorno físico, con el medio ambiente en el que se sitúa la
acción de la propia empresa. Esto nos lleva a que cuando hablamos de RSC lo estamos haciendo de un conjunto de
protagonistas, lo que se llama en la terminología al uso los stakeholders, que viene a querer decir que la empresa ya no son sólo los accionistas, ni el cuerpo directivo ni los trabajadores, también son los inversores, los proveedores, los
consumidores, las instituciones con las que se relaciona la empresa. Es un hábitat social en el que tiene que desarrollar la empresa su finalidad y sus objetivos de negocio. La empresa así concebida no es una isla, no está en la sociedad
absolutamente aislada de las responsabilidades que el conjunto de la sociedad demanda a la empresa, sino que es un engranaje de la sociedad, es una pieza engranada del conjunto de la actuación de una economía que lo es de mercado -y nadie cuestiona
que lo sea- y en la que la empresa juega un papel nuclear pero que la obliga a su vez a asumir un conjunto de responsabilidades para con la sociedad. Es, pues, la responsabilidad social una cuestión que tiene una doble dirección; lo es de las
empresas para con la sociedad, pero también se demanda una sociedad responsable para con sus empresas.
El origen de esta cultura no es muy lejano. Allá por los comienzos de los noventa, Jacques Delors, entonces presidente de la Comisión Europea, ya empezó a reclamar de las empresas un compromiso por la cohesión social; él lo llamó el
compromiso de las empresas contra la exclusión social. Más tarde, en la cumbre de Lisboa 2000, la Comisión Europea marcó el objetivo de que se estableciera el sentido de la responsabilidad social de las empresas europeas. Es una cultura propia de
los países nórdicos, está muy instalada en los países del norte de Europa (Suecia, Dinamarca, Noruega), en donde la empresa forma parte del tejido humano de la actividad social, donde la empresa es muy apreciada por sus trabajadores y por la
comunidad, y donde a su vez la empresa asume una responsabilidad para con la comunidad y para con la sociedad en la que está inserta. Más tarde, Francia en 2000, Inglaterra en los mismos años, ha creado una secretaría de Estado para impulsar esta
política, y Naciones Unidas creó lo que se llama Global Compact, una iniciativa que apadrina Kofi Annan y que, casualmente, antes de ayer ha dado lugar a una cumbre muy importante en la sede de Naciones Unidas sobre empresas y sostenibilidad.
Global Compact, por ejemplo, ya ha sido creada en España con arreglo al protagonismo de una serie de instituciones universitarias y empresariales que han formado la llamada mesa cuadrada de la responsabilidad social.
Pero quizás el acontecimiento
más importante para definir el tracto histórico de esta materia es el libro verde que publicó la Unión Europea en julio de 2001 en el que se configura qué es la RSC. A esos efectos y siguiendo sus parámetros, los del libro verde, cabe hablar de que
la RSC incluye tres dimensiones. Una dimensión interna que implica que la empresa responda a una gestión excelente de los recursos humanos. Quiere esto decir que se está evaluando cuál es el comportamiento laboral de las empresas en torno a sus
parámetros laborales, su negociación colectiva, la estabilidad de sus plantillas, la conciliación laboral, el número de sus trabajadores o el crecimiento de sus plantillas, la participación en beneficios, todo lo que configura un marco de relaciones
laborales.
Cuanto mejor sea éste, mejor responde la RSC de esta empresa a este primer plano en el que la examinamos. La segunda dimensión es externa e incluye tres grandes conceptos. Primero, la relación de la empresa con el entorno social, cómo
se relaciona la empresa con su comunidad, con las instituciones en las que está inserta (ayuntamiento, gobierno de la comunidad autónoma), de qué manera se involucra en la resolución de los problemas que tenga esa comunidad (insertar disminuidos,
insertar parados, facilitar cooperación económica al desarrollo de planes integrales), cuál es en definitiva el entorno institucional de la empresa. El segundo plano es el que examina cómo se relaciona la empresa con la cadena de subcontratación
que seguramente alimenta la producción de esta empresa. Esto es muy importante a la hora de saber si una empresa que puede tener 100 ó 2.000 subcontratas trabajando para su producto no está produciendo vulneración grave de derechos humanos. Me
refiero al famoso caso de una empresa deportiva que descubrió en su cadena de subcontratación que parte de sus productos se hacían con el trabajo explotado de niños en Pakistán u otros casos semejantes que son ya muy conocidos. El tercer plano de
este análisis externo es hasta qué punto la empresa está actuando con respeto a los derechos humanos internacionales en todas partes donde opere. La tercera dimensión es la ecológica, es decir de qué manera la empresa es respetuosa con su entorno,
con el medio ambiente, y de qué manera se compromete con la sostenibilidad de su producto y de su actividad.
Para acabar la parte conceptual, la RSC no es sólo la transparencia, como suele decirse en algunos círculos confusos; no se trata de que la empresa sea transparente en la gestión de su consejo directivo, es algo más.
Tampoco es solamente
la acción social de una empresa que puede ejercer unmecenazgo patrocinando un club deportivo, organizando un concierto, eso no es RSC, eso es acción social, pero no es la estrategia de una empresa comprometida con la cultura de RSC. No es tampoco
una técnica de gestión, como ya he dicho antes. La RSC es algo mucho más de fondo, mucho más comprometido, muchísimo más importante para el futuro de nuestra sociedad y de nuestras empresas.
Un plano que querría destacar también es la cultura de RSC en relación con los fondos de inversión. Cada vez más frecuentemente los inversores, ya sean privados ya sean de fondos de pensiones, que representan -como se sabe- a veces a
millones de trabajadores o
a representaciones colectivas, deciden invertir no sólo allá donde haya un beneficio, sino en aquellas empresas que respondan a una cultura de RSC, es decir que sean compatibles con el medio ambiente o que tengan un comportamiento excelente
con lo laboral o con los derechos humanos. Es muy conocido el caso de los boicots que sufrieron las empresas sudafricanas por el apartheid. Se dice en los círculos económicos y políticos que el régimen de apartheid sudafricano cayó cuando los
fondos de pensiones norteamericanos, fundamentalmente, boicotearon a ese gobierno y a sus empresas por un régimen insostenible, y fue esa razón que arruinó las empresas sudafricanas haciéndolas corresponsables de un régimen político odioso lo que
permitió, en gran parte, ese cambio político tan importante como fue el cambio del régimen sudafricano.
Señorías, querría citar solamente -para ir acabando ya- la importancia de esta materia, por ejemplo, para las empresas españolas. Hay dos grandes bancos -el Bilbao Vizcaya Argentaria y el Banco de Santander- que han incluido ya en su
política la cultura de RSC. El Santander concretamente, en noviembre de 2002, a través de su presidente el señor Botín dijo: Este grupo bancario se compromete con la sociedad más allá de los resultados.
Y razonó esta medida porque el inversor lo
premia, el cliente lo demanda y motiva al empleado. El BBVA, unos días después, también se comprometió con lo que se llaman las inversiones socialmente responsables, y su presidente el señor González explicó que la orientación hacia la
responsabilidad social no se hace por motivos filantrópicos, decía literalmente, sino por una percepción inteligente de los intereses de las empresas a largo plazo. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
Señorías, la ley que el PSOE trae a esta Cámara pretende definir la RSC en España, pretende, pues, instalar en los términos solemnes de una ley qué es la RSC y qué debería de ser en nuestro país; la define y exige a las empresas que cotizan
en Bolsa en España, a todas ellas, que elaboren anualmente una memoria de sostenibilidad, una memoria no solamente contable sino que informe a los accionistas y, desde luego, a los inversores de cuál es su comportamiento medioambiental y social, y
que lo haga en una memoria que obviamente compromete a esa empresa. Naturalmente regula los fondos de inversión, de manera que los fondos de pensiones que quieran establecer prioridades o que establezcan una sanción a no invertir en empresas
armamentísticas, por poner un ejemplo que es un caso muy típico norteamericano, pueden incluirlo en sus estatutos para que las gestoras de los fondos no inviertan de esa manera en ese tipo de conceptos. La ley del PSOE establece también el
principio de que hay que estimular la cultura de RSC e introduce el tema en nuestro país con arreglo a unos parámetros que tratan de homologar qué es RSC y qué no lo es.
Voy terminando, señorías. Probablemente se me dirá por parte de los grupos que se oponen a esta proposición que hay, como se sabe, una proposición no de ley del PP que se aprobó en esta Cámara para que se estudiara esta materia en una
comisión técnica. Está bien. Me consta que se está estudiando, aunque a un ritmo que yo llamaría despectivamente caribeño, o sea que no se está haciendo nada, y se pueden hacer más cosas. Es importante que este Congreso, este Parlamento no quede
alejado de un debate tan significativo e incorpore a su reflexión legislativa una iniciativa de esta naturaleza. Se me dirá que la ley es imperfecta. Lo acepto, pero podemos corregirla. Me parece importante mandar una señal a los mercados de que
el Poder Legislativo español no está de espaldas a esta realidad. Esto está ocurriendo en todo el mundo, esto viene -perdónenme la expresión- como un tren, a toda velocidad. En España ya hay iniciativas muy potentes, hay fundaciones que lo están
promoviendo.
¿Por qué no entra el Poder Legislativo?
Quiero anunciar que el Partido Socialista lo va a incorporar a sus propósitos electorales porque nos parece un tema de enorme calado, de enorme modernidad, que proporciona al país una cultura nueva sobre lo que es la empresa. Si vale poner
un ejemplo, diré que me gustaría que España fuera un país que se sintiera orgulloso de sus empresas, pero a su vez que sus empresas se sintieran orgullosas de su país. Es el sentido de la doble responsabilidad social. Así ocurre en los países
nórdicos, en muchos países de centroeuropa, que están muy orgullos de sus empresas, pero a su vez ellas se sienten también muy orgullosas de un país que les apoya, que les promociona, que desarrolla su tecnología, su investigación, la formación de
sus trabajadores, etcétera. También hay -y con esto acabo, señora presidenta- una oportunidad para mejorar nuestro mundo socioeconómico y sociolaboral. Esto no es una panacea, esta no es una varita mágica, pero la RSC es una oportunidad -y así lo
reclaman los sindicatos, la izquierda, los consumidores y la sociedad civil-, es una oportunidad de hacer empresas más transparentes, más eficaces, más responsables socialmente con sus trabajadores, con sus consumidores, con la comunidad. Este es
el camino para hacer una sociedad en la que haya una economía de mercado, pero en la que haya también justicia y cohesión social.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Jáuregui.
¿Algún grupo parlamentario desea hacer uso del turno en contra? (Pausa.)
Para consumir un turno de fijación de posiciones, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar tiene la palabra el señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo para mostrar el apoyo de Chunta Aragonesista a la toma en consideración de esta proposición de ley sobre la responsabilidad social corporativa. Este tipo de actuaciones son un claro avance en gestión empresarial. En muchos casos
las empresas han estado de espaldas a la realidad social, siendo como son un elemento determinante en el desarrollo económico y social. La mayoría de las empresas sólo han basado su relación con la sociedad desde una perspectiva mercantil, se han
nutrido de trabajadores y de compradores y no han sabido o no han querido asumir el importante papel que socialmente tienen. Si bien desde hace años hasta ahora hemos visto que algunas empresas elaboran un balance social en el que detallan las
aportaciones que han realizado a diversos programas de ayuda social o al deporte, en la actualidad el concepto de responsabilidad social de la empresa es mucho más amplio y todavía queda por desarrollar mucho más. La responsabilidad social de la
empresa va mucho más allá del mero cumplimiento de la normativa vigente. No se puede premiar a las empresas por cumplir la ley. En otros casos las empresas utilizan algunas de sus mejoras sociales como elemento publicitario, cuando en realidad no
están aplicando una responsabilidad social genérica a toda su actividad, por lo que es muy complicado evaluar qué empresas están cumpliendo con ella.
La presente proposición de ley determina con claridad varios ejemplos de responsabilidad social que van a permitir su desarrollo en las empresas, además de establecer una serie de ventajas fiscales que van a facilitar su implantación en el
ámbito empresarial. El desarrollo de la responsabilidad social corporativa no será posible sin el compromiso de todas las partes involucradas: empresarios, trabajadores, sindicatos y sociedad, pero es necesario el impulso desde la Administración.
Por esta razón apoyamos esta proposición de ley.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Labordeta.
Tiene la palabra el señor Rodríguez. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
La responsabilidad social corporativa se presenta como un nuevo enfoque de la actividad y gestión empresarial, en el que las empresas atienden a la creciente demanda social de que no orienten su actuación únicamente a su máximo beneficio
particular, sino que deben asumir una serie de compromisos legales y éticos en el desarrollo de sus actividades económicas, sociales y medioambientales. A juicio del Bloque Nacionalista Galego, la aparición de ese concepto se debe a que la lógica
económica que guía la actividad de las empresas ha puesto en evidencia las contradicciones de un sistema económico que provoca injusticias, donde al mismo tiempo que los beneficios empresariales de las empresas multinacionales se incrementan de
forma fabulosa, y con ello las fortunas particulares de un reducido número de dirigentes empresariales, existe un deterioro cada vez más palpable de las condiciones sociales de la mayoría de la población y se destruye el medio ambiente. Ante esta
constatación, la responsabilidad social se presenta como un instrumento propagandístico que pretende atenuar las voces críticas que formulan alternativas de fondo al actual modelo económico, político y social. La prueba más palpable es que la
iniciativa lanzada por Kofi Annan, secretario general de Naciones Unidas, denominada Pacto Mundial, que comprende una serie de principios que deben guiar la responsabilidad social empresarial, fue presentada en la cumbre de Davos en 1999, es decir,
fue formulada desde uno de los centros ideológicos del capitalismo mundial más irresponsable socialmente. El Bloque Nacionalista Galego se muestra cauto ante esta iniciativa, pues la aparición de la responsabilidad social corporativa como tema
estrella responde a preservar la inocuidad de la lógica económica, y con ello presentar como socialmente responsables a empresas que presentan balances sociales al tiempo que acometen drásticos ajustes que tienen un importante impacto social o que
su actividad es gravemente perjudicial desde un punto de vista ambiental. La responsabilidad social de las empresas debe destacarse porque las mismas supediten la adopción de determinadas medidas que desde un punto de vista económico-productivo
deben estar sometidas al compromiso con su entorno.
En suma, aun compartiendo algunas de las actuaciones que se señalan como ejemplos que pueden realizarse dentro de una gestión empresarial responsable, por ejemplo la conciliación de la vida laboral y familiar, la transparencia en los órganos
de gobierno, los procesos de contratación no discriminatorios, el respeto por el medio ambiente, la contratación sólo con proveedores que cumplan criterios de responsabilidad, el Bloque Nacionalista Galego entiende que la mayor garantía para
conseguir el objetivo de que las empresas contribuyan a una mayor asunción de responsabilidades sociales es mediante una intervención más decidida por parte de los poderes públicos, reforzando sus responsabilidades y otorgándoles más capacidades a
los poderes públicos de intervención en la economía, no simplemente tutelando, orientando tímidamente las actividades empresariales. Por tanto, nosotros nos vamos a abstener en la votación de esta proposición de ley.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, el señor Mardones tiene la palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo quiere ser consecuente y congruente con la línea de apoyo político que hemos venido prestando, fundamentalmente en tiempos recientes, a iniciativas del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular.
Efectivamente, se ha recordado aquí
una iniciativa muy loable y adecuada presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que mi grupo apoyó, para ir trabajando en este sendero, en algo más que un surco jurídico. La creada entonces Comisión Olivencia fue sentando unos principios de
buenas prácticas y de transparencia en las empresas. Posteriormente se han llevado adelante también con la iniciativa del Gobierno, que mi grupo también apoyó junto con otros grupos de la Cámara, la denominada Comisión Aldama, donde se encuentran
las prácticas de buen gobierno, de transparencia, todo lo que son principios de códigos éticos de conducta y sobre todo las buenas prácticas. Esto afortunadamente se ha reflejado ya, como no podía ser menos en un Estado de derecho, en las
disposiciones legales aprobadas en esta Cámara para que aquellas entidades que cotizan en Bolsa, y desde el punto de vista de protección del usuario, del consumidor de acciones bancarias, bursátiles, etcétera, hubieran de tener una información en el
mayor régimen de transparencia; es decir, obligar a las empresas a un comportamiento ético. Con esta iniciativa que ahora llega creemos que se da un paso también en esa misma línea y vamos a dar nuestro voto para su toma en consideración -me ha
parecido muy moderado el discurso que don Ramón Jáuregui ha realizado en la defensa de este tema-, y lo hacemos en una línea de congruencia. Estamos a una altura de la legislatura en la que la toma o no en consideración de esta iniciativa nos deja
en dique seco, pero valga como testimonio porque quiero estimular la misma labor que viene realizando el Gobierno en este momento con esa iniciativa del Grupo Popular aprobada y que va en la línea de ir perfeccionando las cosas. Incluso hemos
recurrido a brindar nuestro apoyo a enmiendas que no pudieron presentarse en esta Cámara y se han tenido que presentar en el Senado, sobre todo referidas a las cajas de ahorro, para así también introducirlas en esa línea dinámica que nosotros
apoyamos: prácticas de buen gobierno, transparencia, principios éticos y, sobre todo, ese régimen informativo no solamente para las entidades que cotizan en Bolsa -obligadas a unos requisitos de información ante la opinión pública, ante la
ciudadanía y ante los usuarios de las mismas- sino también para las cajas de ahorro. Estas últimas son curiosamente las que han tenido una legislación más antigua en España sobre exigencias que estarían en armonía con el fondo de lo que pretende
hoy esta proposición de ley sobre la responsabilidad social de las empresas. No solamente se trata de responsabilidad social -cosa, además, armónica con un Estado de derecho y social, como señala nuestra Constitución- sino también de los requisitos
de información que las cajas de ahorro han tenido que cumplir para desarrollar un comportamiento de inversión en asuntos y materias de tipo social; requisitos que nunca se han exigido a la banca privada, pero sí a entidades de crédito como las
cajas de ahorro. De aquí que nosotros entendemos que para ensamblar esta pieza de la iniciativa socialista que hoy llega aquí, y dentro de esta responsabilidad social de las empresas, sería un complemento a la línea que se viene siguiendo con todas
estas entidades. Es más, incluso hemos manifestado nuestro apoyo a enmiendas que se presenten en el Senado a la ley de acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado para que esas prácticas de transparencia que tienen que desarrollar las
cajas de ahorro merezcan, junto a la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular y a las que puedan presentar otros grupos parlamentarios, el apoyo de nuestro grupo.
Por eso, señora presidenta, vamos a apoyar la toma en consideración, limitados -como estamos en estos momentos- por el periodo legislativo pero en el deseo de que esto se perfeccione. A juicio de mi grupo, hay tremendas ausencias en este
texto. Por tanto, si este texto tuviera la oportunidad de seguir su trámite parlamentario, se podría mejorar ensamblándolo con la línea de actuación que ha promovido el Gobierno con la legislación que hemos aprobado en esta Cámara.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre de Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el señor Ruiz tiene la palabra.
El señor RUIZ LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, quiero empezar diciendo que desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida vamos a apoyar esta propuesta que hoy nos trae el Grupo Socialista, esta toma en consideración de la proposición de ley que se nos plantea, para
decir a continuación que la cuestión de la responsabilidad social de la empresa es una reciente preocupación que, sin embargo, muchas empresas están confundiendo con el patrocinio y el mecenazgo o con compromisos que se convierten en marketing de
marca. La Confederación Europea de Sindicatos ha advertido de los peligros de los códigos éticos y de conducta, precisando que los trabajadores sólo están protegidos por la ley y los sindicatos
y que sería una ingenuidad pensar que las buenas prácticas voluntarias de las empresas y las distintas iniciativas que puedan impulsarse van a superar la actual estrategia sindical. Para situar esta reflexión debemos recordar los cambios
que se han venido produciendo en los modelos de gestión empresarial en un contexto sociopolítico que cuestiona cada vez más el Estado de bienestar. Las empresas ya no son únicamente responsables ante sus accionistas, que también, sino ante los
trabajadores y los sindicatos, la sociedad y los consumidores.
Compartimos con la proposición el hecho de que es imprescindible asumir que la empresa debe gestionar con responsabilidad los impactos sociales, éticos y ambientales asociados a sus
actividades. Ahora bien, no olvidemos que la responsabilidad de las empresas debería mejorar con la estabilidad y la calidad del empleo, corrigiendo la desigualdad de trato a la mujer o defendiendo unas reglas del tiempo de trabajo más acordes con
la generación de empleo. No compartiremos ideas de responsabilidad social que parezcan más un ejercicio de relaciones públicas que un intento de dar una orientación social a la organización de la producción.
Por otro lado, es fundamental la interpretación de lo que significa la responsabilidad social de las empresas, entendida como un compromiso asumido por la empresa con sus trabajadores y todos los interesados; es decir, un compromiso interno
de la empresa, no como una concesión, sino como una obligación, con la exigencia de información, consulta, participación y negociación con los representantes de los trabajadores.
Los elementos básicos para cumplir este fin son el mantenimiento y la
calidad del empleo, corregir las desigualdades de todo tipo -ya sean salariales o de discriminación por edad, sexo o raza-, la creación de un empleo estable, la mejora de las condiciones de trabajo, la participación de beneficios, el desarrollo
constante de las competencias y cualificaciones de los trabajadores, la formación, la salud y la seguridad, políticas alternativas al despido ante situaciones de reestructuración y servicios sociales para sus empleados y familiares.
En resumen, se trata de gestionar el cambio de forma conjunta por todos los estamentos afectados de la empresa. Tras la fijación de los objetivos anuales, se revisará el grado de cumplimiento y las tendencias manifestadas para constatar si
se avanza en la dirección adecuada. La responsabilidad social de las empresas no queda agotada con los compromisos internos, sino que ha de contribuir a la conservación del medio ambiente, al desarrollo local de la comunidad donde se ubique, a la
satisfacción de los consumidores y a las exigencias éticas de sus proveedores y clientes, sin olvidar a sus accionistas. Es evidente que la empresa es y seguirá siendo un lugar de poder. Por lo tanto, es preciso definir claramente los niveles y
campos de responsabilidad. Por esta razón, apostamos por un desarrollo de la responsabilidad social de las empresas que vaya más allá de un mero ejercicio de marketing. Todas las empresas deberían mantener en sus inversiones criterios de ética y
de respeto a las normas sociales subcontratadas, de promoción de derechos sindicales y de negociación colectiva, pero también contemplar los derechos sociales expresados en la Carta de Niza y en los convenios de la Organización Internacional del
Trabajo, presentando un informe social con carácter anual que contribuya a la evaluación y control de la política interna y externa de la empresa.
Los principios con los que enfrentamos el desarrollo de esta responsabilidad social son: exigir una mejor aplicación de los derechos existentes, incorporar nuevos derechos para los trabajadores y los ciudadanos, facilitar informaciones
fiables a los actores sociales y económicos, consumidores, otras empresas, sindicatos y a los poderes públicos, con el objeto de apoyar las movilizaciones sociales y las políticas públicas, reafirmar la necesidad de aplicar rigurosamente las
actuales leyes sociales y desarrollar nuevos derechos. No nos basta la autorregulación de la actividad de las empresas, es decir, la regulación de organismos privados opacos y captados por las empresas, y menos aun la privatización del derecho y
los patronazgos de las trasnacionales con socios más o menos representativos e independientes.
Para terminar, exigimos el fortalecimiento de la intervención pública, el control de los Estados y de las instituciones internacionales, para convertir en obligatorio el respeto a las convenciones de la OIT, con sanciones penales para las
violaciones, y hacer respetar los diferentes códigos laborales.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Empiezo mi intervención agradeciendo esta iniciativa del Grupo Socialista, y en concreto del señor Jáuregui, porque nos puede permitir, aunque sea con la brevedad propia de un trámite de estas características, continuar el debate que en su
día inició el señor Azpiroz con la presentación de una iniciativa relativa también a la responsabilidad social de las empresas. Nos recordaba el señor Jáuregui que vivimos en un momento de una cierta explosión pública, mediática y asociativa
alrededor de este concepto amplio y contradictorio que incorpora diversas dimensiones. El señor Jáuregui y yo tenemos la suerte de compartir al menos
un par de espacios en los que se debate sobre estas cuestiones.
Desde la perspectiva del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el concepto de la responsabilidad social de la empresa va más allá de una moda mediática o más allá de una moda de determinadas consultorías. Es un debate
importante, de fondo, que pretende redefinir cuáles son y cuáles deben ser las relaciones entre las empresas y la sociedad, aquella sociedad en la que se insertan y nacen. Es un nuevo debate sobre el necesario pacto entre el mundo del capital y el
mundo del trabajo para garantizar el funcionamiento de nuestras sociedades democráticas y avanzadas e incluso -si me permiten utilizar una expresión, quizá naif, no lo sé- puede ser un debate sobre si son compatibles el capitalismo y la felicidad de
las personas. En el fondo el debate sobre la responsabilidad social de las empresas gira alrededor de esas ideas. No deja de ser un debate sobre qué modelos de sociedad debemos ser capaces de articular y qué modelo de países queremos articular.
Es, por tanto, una discusión absolutamente necesaria e interesante, que enlaza con las reflexiones de la Unión Europea efectuadas en la última cumbre de Lisboa, sobre la necesidad de impulsar reformas que garanticen el modelo social europeo.
Después de estos últimos 25 años en la historia económica, política y social de Europa y del mundo y también de España, es evidente, señorías, que estamos en un momento en el que es necesario reequilibrar las relaciones entre la economía y
la sociedad, entre la capacidad de la iniciativa de los individuos y las posibilidades de impulsar sus aspiraciones personales. Es necesario formar parte de una comunidad en la que se comparten intereses y valores; en un momento en el que es
necesario reequilibrar los intereses particulares con los intereses colectivos; en un momento en el que es de nuevo necesario dar a la política su plenitud, su capacidad de dar respuesta a los problemas de la sociedad, partiendo de la propia
pluralidad de la sociedad.
El debate de fondo, señorías, sobre la responsabilidad total de las empresas figura alrededor de esa idea. En estos momentos son muchas las iniciativas que se están orientando en el conjunto de la sociedad europea y en el mundo alrededor de
esta materia. El señor Jáuregui hacía referencia (he podido saludar a un nuevo diputado del Grupo Socialista, el señor Escudero) a que en el ámbito del Instituto de la Empresa se impulsa precisamente la denominada mesa cuadrada. Ayer mismo pude
asistir a una iniciativa de una entidad sin ánimo de lucro, la Fundación Empresa-Sociedad, que otorga los premios sobre la acción social de la empresa. En este contexto, el Grupo Socialista trae hoy a la Cámara una proposición de ley elaborada hace
cerca de dos años, pero creo que el señor Jáuregui reconocerá conmigo que si el Grupo Socialista y él mismo tuviesen que presentar hoy a la Cámara una iniciativa de características similares, precisamente en función de los debates habidos en estos
dos últimos años formularía esta iniciativa en otros términos. Ahí existe por parte de Convergència una primera sensación de distancia respecto al texto que nos ofrece el Grupo Socialista.
Conviene recordar la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 6 de febrero de 2003 donde se efectúan algunas consideraciones que es bueno que la Cámara conozca. Por ejemplo, esta resolución del Consejo de la Unión Europea afirma que es
necesario el reconocimiento de la naturaleza voluntaria en la responsabilidad social de la empresa, y subrayo ese concepto de naturaleza voluntaria. También se afirma que es necesario que las prácticas de respuesta social sean dignas de crédito y
transparentes; se reclama atención a las necesidades específicas y características de la pequeña y mediana empresa, y se recuerda que para que esta RSE -en la terminología que utiliza la Unión Europea- sea eficaz es necesario un esfuerzo concertado
de todos los implicados con miras a alcanzar objetivos comunes: el diálogo social y civil, de conformidad con la legislación y los usos de cada Estado. Finalmente, esta resolución del Consejo, junto a la reclamación de que en el ámbito de los
Estados de la Unión Europea se fomente la RSE, haciéndola compatible con el esfuerzo que se hace a nivel comunitario, reclama que se fomente ese diálogo entre interlocutores sociales y civiles en el ámbito de los Estados, que se trabaje el
intercambio de información y experiencias sobre sus políticas y que la propia Administración incorpore en sus actuaciones la RSE.
Todas estas reflexiones que se efectúan en el marco de la Unión Europea, junto con estos dos años que han pasado desde que el Grupo Socialista elaboró esta iniciativa, hacen que Convergència i Unió entienda que esta no es su ley de
responsabilidad social de la empresa, que esta no es la ley que impulsaría Convergència porque nos parece que es insuficiente para la amplitud de cuestiones que se pretenden abordar; porque quizá está demasiado orientada hacia las grandes empresas,
que son las que hoy vienen liderando este proceso de puesta en marcha de la responsabilidad social de la empresa, pero olvidan que en una sociedad y en una economía como la española ésta debe ser una legislación abocada a la realidad de la pequeña y
mediana empresa; porque se aproxima a la cuestión de la RSE desde el riesgo que supone la introducción de trabas en la actuación de la empresa -a este texto le falta la sutileza necesaria para crear un marco favorable- y, sobre todo, no establece
lo que a nuestro entender es esencial en este ámbito: un marco legal clarificador de los conceptos y estimulador de esa responsabilidad social de las empresas y de todas las empresas, no sólo de la gran empresa y, además,
un marco legal que de pie a que las comunidades autónomas puedan desarrollar sus propias políticas. Ese marco legal debe enlazar con las directrices de la OCDE, con las posiciones de la Organización Internacional del Trabajo, con las
reflexiones del libro verde de la Unión Europea; por tanto, un marco más amplio, más complejo, seguramente menos intervencionista, que incorpore determinadas obligaciones, pero principalmente que incorpore un espacio de fomento, de estímulo de ese
compromiso de las empresas en la construcción de una sociedad mejor.
En este sentido, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) debe estar a la espera de los trabajos del grupo que se ha impulsado en el marco del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Mi grupo no conoce al dedillo los avances
del quehacer de ese grupo de trabajo -supongo que el señor Azpiroz nos podrá dar alguna primicia-, y no sé si el ritmo será caribeño o nórdico; espero que sea nórdico, es decir, sostenido, responsable y serio. Conozco a algunos de los miembros del
grupo de trabajo, que me ofrecen garantías plenas. De todos modos, es bueno recordar que lo que previsiblemente pondrá de manifiesto el grupo de trabajo no será sólo el hecho de que nos hace falta una ley de RSE, sino también el de que necesitamos
una política de RSE. Los ejemplos británico y danés -los más sugerentes- indican que, junto con la ley, debemos disponer del marco de la política que hoy no tenemos.
Estamos al final de la legislatura, y termino ya. En caso de que la Cámara tomase en consideración esta proposición de ley, es evidente que no habría tiempo de debatirla, de modo que mi grupo prefiere hacer un voto político. Esto es,
prefiere decir: no nos vamos a oponer a la toma en consideración de esta proposición de ley, pero queremos indicar a la Cámara que este no es el modelo que tiene Convergència i Unió sobre regulación de la responsabilidad social de la empresa, de
modo que optaremos por la abstención. Eso sí, agradecemos, como siempre, al señor Jáuregui, la oportunidad que ha dado a la Cámara de debatir durante cerca de una hora sobre la que nos parece una idea esencial para la defensa del modelo social
europeo.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, tomo la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular respecto a la proposición de ley que ha traído el Grupo Parlamentario Socialista sobre responsabilidad social corporativa, o responsabilidad
social de las empresas. Vaya por delante que aceptamos y agradecemos la reflexión en torno a esta cuestión, sobre la cual el señor Jáuregui ha hecho, además, una exposición sugerente y sugestiva. Ahora bien, por las razones que expondré a
continuación no nos avendremos en este debate a la aceptación a trámite, meramente estética, de una iniciativa que está abocada al fracaso, puesto que no habría tiempo para completar el plazo de enmiendas. De todos modos, no nos vamos a negar por
esta razón, sino por los motivos que voy a exponer. Insisto en que lo fácil sería decir que sí, pero hay discrepancias en cuanto al fondo y a la forma. Es un tema importante y con futuro, que seguirán debatiendo quienes estén aquí durante la
próxima legislatura.
Aparte, pues, de la cuestión preliminar de falta de viabilidad de la proposición de ley, a la que he aludido, este tema se entremezcla con un proceso de reflexión ya iniciado, que está madurando y sobre el que se ha sostenido un amplio
debate en la Unión Europea. Nos da la impresión de que, a veces, se considera equivocadamente necesario desarrollar en España, en paralelo, acciones o iniciativas que se están desarrollando ya en la Unión Europea. Con ello se olvida que la
política social de los Estados miembros es una, y que, si ésta se desarrolla en el ámbito comunitario, dicho ámbito es ya adecuado y suficiente. Haré un repaso: en julio de 2001 se aprobó el libro verde sobre la responsabilidad social de las
empresas; entre julio y finales de 2001, la Comisión tuvo oportunidad de recibir una multitud de contribuciones y respuestas de todos los agentes sociales de Europa; y, el 2 de julio de 2002, la Comisión Europea presentó una comunicación titulada:
Responsabilidad social de las empresas, contribución empresarial al desarrollo sostenible.
Hay que decir también que la estrategia de la Comisión se basa en una serie de acciones dirigidas fundamentalmente a dar a conocer mejor el impacto de la responsabilidad social, tanto en el ámbito de las empresas como en el de la sociedad.
Para facilitar dichos objetivos, la Comisión se ha dotado del llamado foro social, un foro multilateral europeo sobre la responsabilidad social, cuyo objetivo está previsto que concluya con unos trabajos en junio de 2004, y que previsiblemente se
traducirán en una recomendación de la Unión Europea sobre esta materia.
El portavoz de Convergència i Unió ha citado hace un momento la Resolución de 6 de febrero de 2003, remarcando el carácter voluntario de lo que se considera que hoy en día hay que definir, con más precisión y claridad, como tal
responsabilidad social.
Quiero recordar que el 17 de diciembre del año pasado esta Cámara, con tan sólo la abstención de 6 diputados, con casi 300 votos a favor, sacó adelante una proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular, que tuve el honor de defender
y que fue objeto
de una enmienda transaccional con el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo Parlamentario Mixto, Eusko Alkartasuna. En la misma se planteó la configuración de un comité de expertos en
el seno del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Así se ha hecho y, además, se ha configurado como un instrumento que debe acompasar y debe ser, de una parte, conocedor de los debates, del enriquecimiento progresivo que tenía la Unión Europea
en la materia, de las iniciativas que se van decantando e incluso del estudio final del foro social o de la recomendación que planteó la Unión Europea, de manera que permita adaptarlo a la realidad de nuestro mercado laboral, de nuestro país, de
nuestra economía y de nuestras empresas y, por tanto, ser más realista, más pragmático y efectivo en relación con lo que debe ser la realidad de la responsabilidad social de las empresas en España. Creemos que la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Socialista no ha considerado estas contribuciones y por la antigüedad de la iniciativa, de hace ya dos años, ha dejado fuera del tintero, como no puede ser de otra manera, los sucesivos avances a los que acabo de aludir.
En cuanto al texto concreto, nos sorprende el carácter marcadamente preceptivo y normativizado de la proposición, que contrasta con el carácter voluntario de lo que constituye en esencia la responsabilidad social corporativa. Quiero señalar
muy especialmente, porque nos parece que va en contra de esta filosofía, los artículos 1.2, 3.2, 5 y la disposición adicional tercera, apartado 1.
Por otro lado, también nos parece, aunque ya se ha señalado por otro portavoz hace un momento, que asumir los principios de la responsabilidad social, entre otros, el diálogo social y la negociación colectiva, y plantear una iniciativa en
términos estrictamente parlamentarios y, por tanto, totalmente ajena y ausente del diálogo social y del conocimiento de los interlocutores sociales que deberían tener la oportunidad de dar una opinión aquí, como la pueden dar en el comité de
expertos dentro del seno del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, al que antes he aludido, es incurrir en una cierta contradicción en los términos.
Por otra parte, la proposición de ley tampoco resuelve adecuadamente lo que en mi opinión constituye un verdadero problema de la responsabilidad social, que es justamente el deslinde entre lo que se consideran prácticas de responsabilidad
social y el mero cumplimiento estricto de la legalidad, sobre todo, en materias como la laboral y la medioambiental.
En particular, también nos parece que carece de sentido pretender resumir en unos pocos aspectos el contenido de la normativa
básica de seguridad y salud laboral, como se hace en el artículo 5.1 b) de la proposición de ley.
En el artículo 6 se establece y regula la certificación de responsabilidad social y se plantea de acuerdo con un equilibrio: normalización en seguridad y salud laboral-certificación de la gestión en la prevención de riesgos laborales. Esta
dicotomía nos parece que ha sido frontalmente rechazada, tanto por la Unión Europea, como por la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué es lo que han planteado como alternativa en este sentido la OIT y la Unión Europea? La alternativa que
han planteado no es la que recoge la proposición de ley, no es una certificación del cumplimiento de la legalidad en materia de prevención de riesgos para la salud y la seguridad laboral, sino justamente ayudar a las empresas que quieran ir más allá
del mero cumplimiento de las obligaciones legales sobre la gestión de prevención; es decir, no ya el cumplimiento estricto de la legalidad, sino la mejora voluntaria que incida en superar la legalidad a favor en este caso de medidas que preserven
la salud y eviten la siniestralidad laboral.
Agradecemos el debate y la forma en que se ha planteado, pero entendemos que se trata de una proposición antigua, como ha dicho el señor Campuzano. Sin duda ninguna, si el señor Jáuregui hubiera tenido oportunidad habría planteado un texto
más rico que hubiese contemplado la evolución de los acontecimientos en la Unión Europea; probablemente habría tenido en cuenta las sugerencias, planteamientos, propuestas y contribuciones que se han hecho desde la sociedad; probablemente habría
tenido la voluntad (al menos nosotros la solemos tener como grupo político) de ser sensibles a la opinión de los interlocutores sociales y probablemente también le podría haber dado un enfoque más actualizado y moderno.
Nosotros creemos que todo esto lo vamos a conseguir una vez concluya el debate a nivel de la Unión Europea y en paralelo haya una profundización de ese grupo de expertos que está trabajando seriamente, que es altamente cualificado y que va a
permitir adaptar las posibilidades de esta responsabilidad social de las empresas de carácter voluntario a las exigencias del mercado laboral, a las demandas de la sociedad y a la necesidad de tener un instrumento operativo en favor de la mejora de
la legalidad en el ámbito empresarial.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiroz.
Señorías, sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre responsabilidad social de las empresas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 126; en contra, 159; abstenciones, 17.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
La señora PRESIDENTA: El Pleno del Congreso de los Diputados, con motivo del día 25 de noviembre, Día internacional contra la violencia de género, recuerda una vez más la violencia que en todo el mundo se ejerce contra las mujeres y las
niñas. Aprovechando esta fecha, los grupos presentes en el Congreso de los Diputados quieren hacer un llamamiento a la sociedad y se comprometen a la búsqueda de acuerdos para poner fin a esta violencia contra los derechos fundamentales y que no
tiene cabida en nuestra democracia.
En España, a pesar de los esfuerzos que se vienen realizando, sigue habiendo numerosos casos de mujeres que han muerto por esta causa. Ello es la evidencia más brutal de la situación de desigualdad que viven las mujeres, todavía hoy, en
todos los ámbitos de la sociedad. Somos conscientes de que acabar con la desigualdad y la injusticia pondrá fin a la violencia y que atajar la violencia requiere de acciones concretas, pero también de una apuesta responsable por la igualdad en
todas las acciones y políticas que se lleven a cabo.
El Congreso de los Diputados considera un paso positivo la aprobación por parte de todos los grupos parlamentarios de la Cámara de la orden de protección de las víctimas de violencia doméstica. En estos tres meses, más de 3.000 mujeres han
contado con la protección de esta orden que se dicta en las 72 horas siguientes a su solicitud. Proporciona a las víctimas una protección judicial, policial y social que debe impulsarse en toda su plenitud.
También creemos, tal como señalaban las conclusiones de la ponencia sobre violencia doméstica creada en este Parlamento, que es necesario avanzar en medidas que garanticen una educación en igualdad y proveer con los recursos adecuados la
recuperación integral de las víctimas de la violencia. En esta línea nos comprometemos a seguir trabajando.
Proclamamos la tolerancia cero hacia la violencia contra las mujeres como una constante en nuestra actividad para lo que es imprescindible el compromiso colectivo de toda la sociedad.
Hacemos un llamamiento al Gobierno de la nación y a los de las comunidades autónomas y corporaciones locales para que, en colaboración con las organizaciones sociales y de mujeres, sigan impulsando nuevas medidas hasta que se erradique por
completo esta lacra social.
¿Lo aprueba la Cámara? (Asentimiento.-Aplausos.)
Muchas gracias.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (Continuación.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, DE MODIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS REQUERIDOS PARA PODER BENEFICIARSE DE LAS PRESTACIONES DEL SEGURO OBLIGATORIO DE VEJEZ E INVALIDEZ. (Número de expediente 122/000270.)
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de modificación de los requisitos requeridos para poder beneficiarse de las prestaciones del seguro obligatorio de vejez e
invalidez. (Rumores.)
Señorías, ruego que, por favor, mantengan las conversaciones fuera del hemiciclo. (Continúan los rumores.)
Señorías, les ruego, por favor, que ocupen los escaños y guarden silencio al objeto de poder continuar con el debate. (Pausa.)
Para la defensa de la iniciativa, en nombre del grupo proponente, tiene la palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo con suma brevedad no porque el tema carezca de importancia, sino porque es un asunto que hemos debatido ya reiteradamente. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Ruiz, por favor. (Pausa.)
Adelante.
El señor RUIZ LÓPEZ: Decía que este es un tema que hemos debatido ya reiteradamente, tanto en esta Cámara como en la Comisión de Política Social y Empleo, en el que los diferentes grupos tenemos ya bastantes coincidencias. Espero que hoy
esta toma en consideración de proposición de ley que se presenta aquí por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida pueda suponer un avance en esas coincidencias que vamos teniendo los diferentes grupos.
El objetivo de Izquierda Unida al presentar esta proposición de ley es evitar los problemas que sufren algunos pensionistas que fueron emigrantes en los años cincuenta y sesenta. Pese a poseer muchos de ellos un extenso pasado laboral en
España, tienen muchas dificultades para probar que cotizaron. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Perdone, señor Ruiz, por favor. Perdone que vuelva a interrumpir su intervención, pero es imposible que sea oído con los murmullos que hay en la Cámara. Ruego a los diputados, por favor, que no hagan corros de
conversaciones en el hemiciclo. Señorías, ruego que abandonen el hemiciclo aquellas señoras y señores diputados que están de conversación y que permitan oír la intervención del diputado que está en el uso de la palabra. (Pausa.)
Adelante.
El señor RUIZ LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Me imagino que esta situación se da porque, efectivamente, estamos todos de acuerdo y seguramente así lo plasmaremos a la hora de la votación.
Decía antes que muchos de estos emigrantes tienen dificultades para probar que cotizaron los 1.800 días mínimos de trabajo que se les exige, bien porque las empresas en las que trabajaban desaparecieron y no existen pruebas documentales ni
testimoniales o bien porque, aunque existan, las empresas incumplieron sus obligaciones legales de cotización en su momento.
Como señala la exposición de motivos de esta proposición, si no se modifican, flexibilizándolos, los actuales requisitos, nos encontraremos con una franja de nuestra población en edad de jubilación o próxima a ella que no posee derechos en
el sistema general de la Seguridad Social porque, cuando se instituyó, ya no estaban en España y han sido perjudicados dos veces: con el fraude de sus empleadores y ahora con el rechazo de la pensión que se derivaría de lo que cotizaron. Para
arreglar este problema, defendemos que se permita la impugnación de los datos de cotización con que cuente la Seguridad Social por considerar como prueba documental los documentos oficiales de cotización diligenciados por las oficinas recaudatorias,
así como los documentos justificativos que pueda aportar el trabajador, y porque, en ausencia de pruebas documentales, sea la Seguridad Social la que verifique en lo posible la buena fe y coherencia de las declaraciones del propio demandante.
Asimismo, mantenemos el criterio de regularizar los derechos adquiridos por los períodos de cotización en España complementados, si fuera necesario, por las cotizaciones realizadas en otro país de residencia antes del 1 de enero de 1967, con
independencia del país al que se emigró. Para el cálculo de la base reguladora que determina la pensión de vejez de los emigrantes debería considerarse la base de cotización de los salarios percibidos dos años antes del hecho causante. Es una
cuestión central para nosotros que a estos trabajadores emigrantes en su momento se les considere, para cumplir la carencia de 1.800 días para la obtención de la paga completa del SOVI, los períodos de bonificación, así como el tiempo pasado después
de los primeros nueve meses de servicio militar obligatorio.
Debemos insistir en la necesidad de revisar la incompatibilidad existente entre la pensión de viudedad y el seguro obligatorio de vejez, SOVI. En esta situación se encuentran actualmente alrededor de 330.000 mujeres, que además suelen
percibir unas pensiones más que insuficientes, lo que nosotros determinamos en el umbral de la pobreza.
Durante el debate parlamentario del proyecto de ley de acompañamiento a los presupuestos del año 2003 el Grupo Popular ya anunció que estaba estudiando el coste de una posible compatibilización de las pensiones de viudedad y las del seguro
obligatorio de vejez e invalidez, SOVI, pero con límites, y en los trabajos para la renovación del Pacto de Toledo hemos acordado esta equiparación. Pues bien, ya es el momento de dar pasos en esta dirección, superando la injusta sentencia
justificativa de la incompatibilidad establecida por el Constitucional, teniendo en cuenta que estas retribuciones son las más bajas del sistema de protección social y que están generando una importante bolsa de pobreza formada por personas mayores,
principalmente mujeres. ¿Por qué no volvemos a repetir los mismos argumentos que dijimos cuando pretendíamos equiparar las pensiones más bajas al salario mínimo interprofesional? Tenemos un sistema que está generando excedentes, tenemos las
pensiones mínimas más bajas de la Unión Europea y gastamos menos en pensiones que la media europea, un 10 por ciento frente al 13 por ciento del Producto Interior Bruto de media en la Comunidad Económica Europea.
Señorías, estos son los motivos por los que hoy traemos la toma en consideración de esta proposición de ley, que a nosotros nos gustaría, y esperaríamos, que por el Grupo Popular, que hoy sustenta al Gobierno, se tuviera la sensibilidad
suficiente y pudiéramos seguir avanzando en estos aspectos que, repito una vez más, en muchas ocasiones se han planteado como que hay coincidencias en superar estas injusticias. Creemos que este es un momento para poder avanzar en esta línea.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, el señor Rodríguez tiene la palabra.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
La presente iniciativa del Grupo Federal de Izquierda Unida aborda la modificación de determinados requisitos para acceder a las pensiones de vejez e invalidez, en concreto en tres aspectos puntuales desde una perspectiva progresista, pues
se trata de un paso adelante en la dirección de aumentar los niveles de protección
social y bienestar de la ciudadanía, por lo que anunciamos el apoyo del Bloque Nacionalista Galego.
En primer lugar, se eliminan trabas burocráticas en el acceso a mejores pensiones de viudedad. Con ello se favorece a muchas personas que han trabajado sin que las empresas hayan efectuado las correspondientes cotizaciones. Consideramos
positivo que la ley se flexibilice a favor de los trabajadores y trabajadoras, como se indica en la proposición de ley, pues es injusto hacer recaer en los mismos el incumplimiento de una obligación que no les incumbe directamente ya que son quienes
sufren en sus pensiones la falta de cotización por parte de las empresas. En segundo lugar, con esta proposición de ley retomamos una vez más en esta Cámara el debate sobre la incompatibilidad de las pensiones del extinguido seguro obligatorio de
vejez e invalidez y del retiro obrero, que afectan aproximadamente a 370.000 beneficiarios.
Desde el Bloque Nacionalista Galego nos mostramos de acuerdo con la regulación de esta iniciativa legislativa y reiteramos, en la misma línea de lo que ya hemos manifestado en ocasiones anteriores en esta Cámara, que la insuficiencia
cuantitativa de las pensiones del SOVI es evidente.
En la actualidad, la pensión media del SOVI apenas alcanza los 232 euros mensuales, frente a los 497 euros de media del sistema o los más aceptables 598 euros de media del régimen general de la
Seguridad Social.
Es preciso avanzar en la línea de dignificación de las pensiones del SOVI, eliminando la incompatibilidad legal con otras pensiones del sistema público, todo ello en coherencia con otras iniciativas ya aprobadas en el Congreso, en
concreto en la sesión del Pleno del martes 12 de febrero de 2002, donde se avanza en la equiparación paulatina de las pensiones mínimas del SOVI con las del sistema contributivo de la Seguridad Social. En tercer lugar, se pretende mejorar la
situación de muchos emigrantes que han trabajado y cotizado en el extranjero, reconociendo en todo caso las cotizaciones efectuadas.
El Bloque Nacionalista Galego ya planteó esta problemática en esta legislatura respecto a los trabajadores emigrantes en Noruega, pero compartimos que se amplíe a todo el contingente de trabajadores del Estado español que trabajaron en el
extranjero, muchos de ellos procedentes de Galicia. La situación de esos trabajadores es injusta, pues cuando pretenden acceder a una pensión contributiva de la Seguridad Social no les constan como efectivamente cotizados los períodos de actividad
laboral en aquellos países en los que el Estado español no haya firmado un convenio sobre Seguridad Social, truncando las expectativas de obtener unas pensiones acordes con los períodos de trabajo efectivos, al alcanzar el derecho a obtener estas
prestaciones sociales en cuantía reducida en relación con los períodos prolongados de actividad laboral que acreditan. La disposición adicional primera de esta proposición de ley contribuye a remediar esta situación, garantizaría a esos
trabajadores emigrantes unas pensiones análogas a las que podrían aspirar si hubieran desempeñado toda su carrera profesional en el Estado español y, además, está amparada en el principio de conservación de derechos en curso de adquisición recogido
en la legislación comunitaria. Por todos estos motivos, que son más que suficientes, vamos a dar nuestro apoyo a la iniciativa del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
La iniciativa que nos plantea el señor Ruiz de modificación de los requisitos requeridos para poder beneficiarse de las prestaciones del seguro obligatorio de invalidez, SOVI, vuelve a traer a este Pleno una vieja injusticia social que la
actual mayoría se ve incapaz de resolver, y permite a algunos de los miembros del Congreso recordar una reciente reunión en la embajada española en París, con representantes de la comunidad española de residentes en aquel país vecino, donde se nos
reclamaba a los miembros de la Comisión de Política Social y Empleo del Congreso de los Diputados sensibilidad ante la realidad de la emigración desde el Estado español, en este caso en Francia, en el resto de Europa y en todo el mundo. Una reunión
donde se nos reclamaba, entre otras cuestiones, que diésemos solución a la realidad de esa emigración española que por diversas razones, y el señor Ruiz y el señor Rodríguez en sus intervenciones han hecho referencia a ella, no les permitía acceder
a esa mínima, muy mínima protección social que el SOVI pretende garantizar a los ciudadanos que antes de 1967 cotizaron con el antiguo sistema de protección social existente entonces en el Estado español.
Aquellos ciudadanos nos plantearon en la embajada en París la necesidad de que la política de protección social del Estado español garantizase esa vida digna, esa vida en condiciones mínimas de dignidad a través del sistema de protección
social de España. También, señorías, nos recordaban aquellos ciudadanos que hoy el desarrollo económico y social de las diversas realidades nacionales y regionales que componen España es asimismo el resultado de ese fenómeno migratorio que permitió
aliviar de presión demográfica a nuestros mercados de trabajo debido a que el esfuerzo de las remesas fue un factor de desarrollo del conjunto de la economía y que incluso en el terreno de las mentalidades esa emigración española fue también un
factor de
modernización del conjunto de la sociedad. En la embajada en París se nos recordaba, se nos exigía, se nos pedía, se nos planteaba que ese cambio de la legislación española en materia de SOVI para favorecer también a los emigrantes
respondiera igualmente a ese deber moral que el conjunto de la sociedad tiene con aquellos trabajadores que abandonaron España en los años de la dictadura.
La iniciativa de Izquierda Unida vuelve a poner encima de la mesa una cuestión que Convergència i Unió viene reclamando a lo largo de esta legislatura de manera insistente, de manera reiterada y que de manera frustrante -y vuelvo a utilizar
ese calificativo que un día me fue respondido por una diputada del Grupo Popular- el Grupo Popular viene rechazando, como es superar la falta de compatibilidad entre la pensión SOVI y la pensión de viudedad. Lo hacemos con la sensación de que la
lógica con la que se mueve el Gobierno en esta materia es estrictamente burocrática; que una lógica basada en la justicia social hoy ya hubiese dado respuesta a ese absurdo de obligar a una persona que se acaba de quedar viuda a escoger entre una
pensión de 50.000 ó 60.000 pesetas de viudedad, derivada de la pensión que cobraba su marido, y la pensión SOVI, que son entre 44.000 y 46.000 pesetas. (La señora López i Chamosa: 46.000 pesetas.) Me recuerda la señora López i Chamosa que son
46.000 pesetas. Hoy la legislación española obliga a que esa persona, junto al drama de haber perdido su pareja de toda la vida, deba escoger entre esas dos pensiones de miseria.
En este sentido, la iniciativa de don Antero Ruiz es acertada, vuelve a poner encima de la mesa en este contexto esta necesidad y, por tanto, mi grupo, sabiendo que dada la tramitación parlamentaria no tendremos tiempo para evacuar esta
iniciativa, sí quiere que de nuevo la Cámara se pronuncie de manera inequívoca para resolver, de una vez por todas, la vergüenza del SOVI, en la línea de lo que ha apuntado ya el Pacto de Toledo. Parece que el señor Ruiz ha hecho referencia ya al
Pacto de Toledo, que mandata superar las inconveniencias, las contradicciones, las limitaciones en materia de SOVI que hoy existen, y además sabemos que en término de costes para el erario público estamos hablando de cuantías absolutamente
misérrimas. En respuesta parlamentaria que se publica el 19 de julio de 2003, se nos dice que en el límite de la concurrencia en la cuantía del salario mínimo interprofesional, o sea en la concurrencia de las dos pensiones con el límite del salario
mínimo interprofesional, que podría ser una solución escasísima, la medida afectaría a 26.000 pensionistas y que el incremento del gasto ascendería a más de 27 millones de euros anuales, una cifra hoy absolutamente asumible. Pero es más, si
quisiésemos ser más justos, se nos dice que si el límite de esa concurrencia fuere dos veces el salario mínimo interprofesional, la medida afectaría a más de 37.000 pensionistas y que el coste ascendería a 85 millones de euros anuales, otra cifra
perfectamente asumible. También se nos dice que si abordásemos esa cuestión, deberíamos también incorporar soluciones para los pensionistas de jubilación e incapacidad que además tienen una pensión SOVI y que en total cobran menos que el salario
mínimo interprofesional y los pensionistas que a partir de 1982 no pudieron acceder a una pensión SOVI por ser ésta concurrente con una ya existente en el sistema.
Con estas respuestas parlamentarias, creo que el Gobierno reconoce un hecho evidente, y es que en términos presupuestarios hoy sería perfectamente posible acabar con esa incongruencia, con esa injusticia social que supone mantener ese
régimen severo, cruel e inhumano de incompatibilidades. Tan sólo se exige voluntad política, y por desgracia hasta ahora la mayoría no ha mostrado voluntad política para resolver esta situación. Espero que a pesar de hoy volveremos a ver rechazada
una iniciativa, en este caso de Izquierda Unida, el año que viene el Gobierno, supongo que con voluntad de intentar volver a ganar las elecciones, resuelva esa cuestión. Si lo hace bienvenida será especialmente para los pensionistas del SOVI, la
pena es que no lo hayan hecho desde el año 2000, todos nos hubiésemos ahorrado muchísimos disgustos, muchísimas penas y tantísima injusticia social. Espero que la votación de esta tarde ayude a eso.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, quiero en primer lugar agradecer la iniciativa de Izquierda Unida, porque de nuevo nos plantea un problema que, como bien decía el señor Campuzano, hemos venido exponiendo
reiteradamente en esta Cámara, aunque desgraciadamente no hemos conseguido convencer al Grupo Parlamentario Popular para que vote afirmativamente en este caso. Señora Montseny, me llevaría la alegría del mes o del año, si ustedes votaran a favor de
esta proposición de ley de Izquierda Unida.
La proposición de ley plantea temas fundamentales. Uno de ellos es el que hace referencia a los emigrantes que cobran SOVI y a los que no sólo se les plantea el problema del reconocimiento de los 1.800 días, sino que también tienen otro
problema, que a veces es mayor, y es que cuando no llegan a los 1.800 días éstos pueden ser compensados con cotizaciones anteriores a
1967 generadas en cualquier otro país que tenga convenio con nosotros, pero al sumarles la Administración las cantidades para llegar a los 1.800 días lo que hace es sumar todos los días que tengan de cotización, luego hace una división y el
pobre pensionista se encuentra con que le pagan el 14, el 15 ó 20 por ciento de la pensión SOVI, porque hacen una interpretación restrictiva de la ley. Estaría bien que tuviéramos la suerte de que el Grupo Popular aceptara la proposición de ley,
porque aunque es bien cierto, como decía el señor Campuzano, que no tenemos tiempo para desarrollarla, no sería lo mismo que al iniciar la próxima legislatura los que estamos o los que nos sucedan pudieran retomar una propuesta en común para dar ya
solución al SOVI.
Evidentemente creemos que la proposición de ley es muy positiva porque resuelve ese problema para la emigración, que realmente tiene muchos.
Hablamos de la emigración de Francia, pero en un viaje que hicimos los miembros de la Comisión de
Política Social a Venezuela, vimos que allí estaban igual, había muchos pensionistas a los que lo único que les queda es la pensión no contributiva a la que pueden acceder o el SOVI, y estamos hablando de personas que no tienen ningún otro tipo de
ingresos.
Además, señorías, también hablamos de un problema real que afecta fundamentalmente a mujeres en nuestro país, y es la compatibilidad del SOVI con la pensión de viudedad. Durante el debate de la ley de acompañamiento les decía que existe un
informe de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, cuando el señor Aparicio era secretario de Estado de la Seguridad Social, hecho en virtud de una enmienda que hicimos para que se hiciera el estudio de cuánto costaba hacer compatible el
SOVI con la pensión de viudedad. Pues bien, nada más les voy a leer el último párrafo, y dice que no sólo es aconsejable, sino que establece el coste que tendría y además hace otra reflexión en el sentido de que la incidencia es menor porque al
compatibilizar el SOVI con la pensión de viudedad la persona mantendría la pensión de viudedad en su cuantía inicial, es decir que no cobraría el complemento a mínimos, y eso tendría una incidencia en el coste rebajándolo. En concreto dice que
hacer compatible el SOVI con la pensión de viudedad tendría un coste para las pensiones de 7.519 millones de pesetas, porque estamos hablando del año 1991. Señorías, estamos hablando de una cantidad que es perfectamente asumible en la situación que
tiene nuestro sistema público de pensiones.
No sé como podemos hablar sin que se nos caiga la cara de vergüenza, de que tenemos un fondo de reserva del sistema de más de 10.000 millones de euros, y tenemos a 360.000 personas que cobran el SOVI, que
a lo mejor estamos hablando de 360.000 viudas que podrían mantener el SOVI y las condenamos al hambre. Lo digo así porque es evidente que en este país hay muchas personas que cobran pensiones mínimas, como el SOVI o la pensión mínima de viudedad,
que pasan dificultades para llegar a final de mes, y no nos permitimos solventar ese problema cuando simplemente es hablar de 7.000/8.000 millones, y con la actualización para el 2003 podían ser 9.000 millones de pesetas. Por tanto, señorías, es
incomprensible que estemos teniendo esta discusión aquí, hoy y en este momento.
Cuando empezamos a hablar del SOVI en el año 1978, el SOVI afectaba a 453.000 personas; cuando se hizo este estudio dos años después, estábamos hablando de 403.000 personas; y hoy, en el año 2003, estamos hablando de 363.000 personas.
¿Qué nos dicen estos datos? Nos dicen que es una pensión totalmente en extinción. Es decir que están cuantificadas en el tiempo, porque cada vez hay menos personas que reúnen los requisitos para acceder a la pensión SOVI. Por tanto, cuando
hablamos de compatibilizar el SOVI con la pensión de viudedad, realmente estamos hablando de un coste mínimo y que además no va a ser creciente en el tiempo. Cuando me reúno con asociaciones de viudas, o con asociaciones de pensionistas, me dicen:
¿cómo es posible que no entiendan esta situación de injusticia y que no se corrija? Yo haría la misma pregunta al Grupo Parlamentario Popular: ¿cómo es posible que se siga manteniendo esta injusticia en el año 2003, con un coste tan insignificante
que realmente podríamos hacer y que la propia Secretaría de Estado en el año 1999 ya admite que es posible hacerlo? Por tanto, sólo me resta pedir al Grupo Popular que apoye esta iniciativa, sabiendo que no va a llegar a término por falta de tiempo
para la tramitación parlamentaria, pero sería mandarle un mensaje muy importante a estas personas con unas pensiones tan injustas de que todos los grupos parlamentarios estamos por la labor de mejorar sus pensiones.
Señorías, si el problema es que esta proposición de ley es del Grupo de Izquierda Unida, si el problema que había en los presupuestos es que la propuesta era del Partido Socialista o de Convergència, tienen ustedes la oportunidad de
solventar este problema, hagan una enmienda a la ley de acompañamiento en el Senado, nosotros la votaremos y ustedes llévense todo el mérito. Para mí no es importante el mérito de quién sube estas pensiones sino corregir la injusticia con unas
personas que por dignidad merecen una pensión más alta de la que están cobrando.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora López.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señora Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, quería empezar mi intervención con un tono muy suave, haciendo una reflexión sobre la petición que se hace en el contenido de la presente proposición de ley del Grupo de Izquierda Unida, pero antes me gustaría responder a la señora
López i Chamosa. Nosotros no queremos ningún mérito que no corresponda al Gobierno por una sola razón, porque el mérito en cuanto a subida de las pensiones ya lo tenemos reconocido por la sociedad. Le voy a recordar en tono muy suave -porque me
gusta ser constructiva y no me gusta herir susceptibilidades- que en un debate emitido en televisión en el año 1993 entre el secretario general del Partido Socialista Obrero Español y el presidente de mi partido, el señor Aznar, el señor González
acusó al presidente de mi partido de que iba a reducir en 8.000 pesetas todas y cada una de las pensiones reconocidas en el sistema único de Seguridad Social, y ese debate produjo tanta alarma que hoy lo hubiéramos podido recordar día tras día
viendo que el efecto ha sido totalmente el contrario. Me gustaría de verdad pensar en por qué el señor González le dijo eso al señor Aznar en aquellos momentos de situación de quiebra y de verdadera catástrofe. (La señora Romero López pronuncia
palabras que no se perciben.) Sí, señora Romero, de verdadera catástrofe en la Seguridad Social, había dos millones de deuda acumulada y medio billón anual de déficit en las cuentas de la Seguridad Social.
Quisiera saber por qué hizo ese
planteamiento ante las cámaras, y no voy a decir nada más. (Aplausos.)
Señorías, la presente proposición de ley va mucho más allá de cuestiones similares que se han debatido en esta Cámara en cuanto a la posibilidad de compatibilizar las pensiones de viudedad con las pensiones del seguro obligatorio de vejez e
invalidez ya extinguido. Va más allá por cuanto no sólo se pretende esta cuestión que acabo de mencionar, sino que también se pretende solucionar -no digo lo contrario- determinados problemas de españoles que han trabajado en países extranjeros,
que en su día fueron emigrantes, y que como decía el señor Campuzano contribuyeron al desarrollo de España, al aumento de la riqueza y de la renta per cápita; un esfuerzo que hay que agradecerles. Pretende también el señor Ruiz con esta
proposición que haya presunciones a favor de las personas que han efectuado cotizaciones al extinguido seguro obligatorio de vejez e invalidez. También pretende bonificaciones y el cómputo ficticio de los nueve meses siguientes a la finalización
del seguro obligatorio militar para hallar la base reguladora y calcular la pensión del extinguido seguro obligatorio de vejez e invalidez ya. Además, pretende modificar la carencia y la base reguladora propiamente dicha.
Señorías, el Gobierno ha anunciado hoy el aumento de las pensiones mínimas para el año que viene. Estamos hablando de un aumento del 4 por ciento para el SOVI, que con la desviación del IPC, índice de precios al consumo llegará
prácticamente al 5 por ciento, más un aumento de casi el 25 por ciento que se ha producido en los últimos años. Estamos hablando de un aumento de las prestaciones de cuantía única del seguro obligatorio de vejez e invalidez de casi el 30 por
ciento. El Gobierno también ha anunciado un aumento del 5 por ciento en las pensiones mínimas de todo el sistema, más el 1 por ciento que se podrá sumar cuando se incremente la desviación del índice de precios al consumo. Finalmente, las pensiones
de viudedad han aumentado el 10,5 por ciento, además de ese 1 por ciento al que me acabo de referir. Por tanto, creo que el sistema de Seguridad Social sale reforzado día a día en cuanto a los incrementos.
Hoy no apoyaremos esta proposición de ley por diversos motivos, pero sí quiero dejar abierta una puerta abierta a la esperanza, por cuanto el Gobierno en los últimos años no ha tomado decisiones sociales de forma unitaria ni en solitario,
sino que ha impulsado cada año los acuerdos con los agentes sociales en materia de reformas laborales acometidas en las distintas prestaciones que emanan del sistema de Seguridad Social, como puede ser el aumento de las pensiones mínimas de
jubilación e invalidez, y de una forma mucho más importante en las pensiones de viudedad, cosa que creo debe ser reconocida por la señora López i Chamosa. Los incrementos han sido cuantiosos en los últimos ocho años; de igual modo ha ocurrido en
las pensiones de orfandad, no sólo por el incremento de la percepción de la cuantía sino también por la prolongación de los períodos de cobro para los pensionistas de la prestación de orfandad, cosa que consideramos importante. El Gobierno ha
llevado a cabo cada uno de estos impulsos en virtud de acuerdos con los agentes sociales, para que haya esa paz social que todos necesitamos, donde los sindicatos han intervenido, incluso votando incluso legislaciones laborales como la última
reforma de la Ley de Empleo, avalada completamente por el señor Ruiz, pues Comisiones Obreras y la patronal firmaron el acuerdo, no ocurriendo lo mismo con UGT, pues aunque como fuerza sindical mantenía ciertas discrepancias con el Partido
Socialista cuando éste era Gobierno, luego ayuda en la oposición, cosa que entendemos perfectamente desde el Grupo Parlamentario Popular. Ese es el acuerdo y la paz que deben imperar. Desde el Grupo Parlamentario Popular solicitamos al Gobierno el
impulso del próximo acuerdo social que se firmará en breve, pero no para ganar las elecciones, señor Campuzano, si lo ha dicho usted pensando quizá en las recientes elecciones en Cataluña, donde han hecho una campaña en la que han prometido cosas
que a lo mejor no piensan cumplir.
Hay que saber aplicar con rigor todas las interpretaciones. Nosotros sí hemos demostrado a lo largo de ocho años y hemos sabido ser respetuosos con las cuestiones sociales y con el sistema de Seguridad Social, que no sólo se ha mantenido
sino que se ha incrementado, se ha mejorado y se ha garantizado para el futuro con esfuerzo de todos. Por tanto, no haga determinadas afirmaciones que puedan herir al ciudadano en el momento de votar. Lo hemos demostrado no sólo de cara al próximo
ejercicio, sino a lo largo de ocho años, y nuestro compromiso para que el Gobierno llegue al próximo acuerdo social respecto a esta prestación residual deficitaria del seguro obligatorio de vejez e invalidez en todas sus dimensiones, tanto respecto
a la compatibilidad total o parcial con las pensiones de viudedad como en cuanto a la mejora de aquellas expectativas de derecho que pudieran tener los emigrantes españoles que han trabajado en el extranjero. Con ello se consolidará el último
escollo que nosotros queríamos mejorar. No es este el momento, los momentos no los marca la oposición, los marca la sociedad, y en este acuerdo que firmarán los agentes sociales y que el Gobierno pondrá encima de la mesa, se resolverá una cuestión
justa que todos hemos perseguido, pero que no hemos debatido con interés desde ninguna expectativa electoral, por lo menos desde el Grupo Parlamentario Popular.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Montseny.
Señorías, sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de modificación de los requisitos requeridos para poder beneficiarse de las prestaciones del seguro
obligatorio de vejez e invalidez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 140; en contra, 167; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE. (Número de expediente 162/000840.)
La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: proposiciones no de ley.
En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la lucha contra la violencia en el deporte.
(Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio para permitir la continuidad del debate.
Para defensa de la iniciativa, en nombre del grupo proponente tiene la palabra el señor González.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, hoy sería un día perfecto para la presentación de esta proposición no de ley -para debatir en esta Cámara sobre violencia en el deporte- porque, afortunadamente, no ha habido ninguna portada de periódico, titular
de radio o imagen de televisión sobre ningún hecho luctuoso que afecte al deporte. Ese sería un buen comienzo, pero también es cierto que podría ser mucho mejor si no hubiera ninguna noticia -absolutamente ninguna- sobre hechos que todos
aborrecemos y que no quisiéramos que ocurriesen. Podría haber sido un día perfecto... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor González. Adelante.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Como decía, podría haber sido un día perfecto, aun habiendo ciertas noticias, si una persona miembro hasta hace poco de esta Cámara -un ex diputado del Grupo Parlamentario Socialista- no hubiera protagonizado un
notable incidente al final de un partido de la última jornada de la ACB: el partido Fuenlabrada-Manresa. Hace al caso traer esto a debate, no es gratuito. No es gratuito porque, si todos los que tienen -tenemos- que ser ejemplo para la sociedad
actúan de esta forma, por muchas actuaciones y medidas que se pongan en práctica, por muchos acuerdos a los que se llegue y por mucho trabajo que se realice contra la violencia en el deporte, difícilmente conseguiremos nada ni en el deporte ni en
sus aledaños. Digo esto sin ánimo de hurgar en ninguna herida; se trata simplemente de que todos los que estamos aquí, incluso cuando dejamos de estar, tenemos que ser puntos de referencia para quienes reciban las normas, la imagen y el mensaje
Violencia, no; se trata de que estos últimos tengan puntos de referencia y personas en las que mirarse para así llegar a erradicar la violencia en el deporte.
El 24 de julio de 2002, el Ministerio del Interior, el Consejo Superior de Deportes, la Real Federación Española de Fútbol, la Liga de Fútbol Profesional y la Asociación de Futbolistas Españoles firmaron un acuerdo de lucha contra la
violencia en el deporte y contra la violencia que se genera con ocasión de espectáculos deportivos. Los firmantes del acuerdo -las entidades que he citado y el Gobierno, a través del
Ministerio del Interior y del de Cultura por medio del Consejo Superior de Deportes- se comprometieron a llevar a cabo, en sus respectivos ámbitos, un programa contra la violencia en el deporte. El programa contiene una serie de medidas y
actuaciones de promoción de los valores y comportamientos deportivos desarrolladas por el Consejo Superior de Deportes, la Real Federación Española de Fútbol, la Liga de Fútbol Profesional, la Asociación de Futbolistas Españoles y la Policía
Nacional. También hay medidas normativas que han sido tratadas por distintos estamentos e instituciones para que se lleven a la práctica y se consiga con ellas reducir de forma sustancial los hechos que hemos venido viendo durante los últimos años,
esos hechos que se producen cuando el deporte deja de ser pasión para las personas para convertirse en un gasto de adrenalina mal entendido.
Todas estas normas y acuerdos tienen como función, como decía antes, que el espectáculo sea limpio, un espectáculo en el que la nobleza sea parte fundamental del mismo y en el que la nobleza no solamente la pongan aquellos que participan en
el rectángulo de juego o en cualquier otra actividad dentro del mundo del deporte, sino también los que están en las tribunas viendo ese desarrollo deportivo, que inciten a que esa nobleza sea la parte esencial del deporte, que sea un espectáculo
vibrante que a todos nos haga disfrutar, aplaudir, pasar un buen rato e incluso compartir con seres queridos esa imagen de que el deporte tiene que ser -como bien digo- sin más un espectáculo deportivo. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante
Mirón, ocupa la Presidencia.)
Después de 15 meses del acuerdo alcanzado por las instituciones antes nombradas y puesta en práctica la inmensa mayoría de esas medidas, consideramos que es el momento de que se realice una evaluación sobre el resultado de las mismas, no
solamente para saber el resultado que han dado estas medidas, sino fundamentalmente para saber si hay que potenciar alguna de ellas o innovar para lograr erradicar la violencia en el mundo del deporte. El acuerdo suscribía 22 apartados que venían,
de una u otra forma, a ratificar lo que he venido diciendo hasta ahora. El Grupo Parlamentario Popular entiende que la aplicación y puesta en práctica de aquellos acuerdos a los que llegaron dichas instituciones ha supuesto un éxito moderado.
El Grupo Parlamentario Popular pretende con esta proposición no de ley instar al Gobierno, a través del Congreso de los Diputados, a que proceda a evaluar el resultado de las medidas adoptadas como consecuencia de la firma de ese programa de
actuaciones y medidas contra la violencia en el deporte para -como he dicho antes- comprobar si los objetivos alcanzados han sido los adecuados o por si, en su caso, fuera necesario impulsar nuevas medidas para erradicar dicha violencia en el
deporte.
A esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por diferentes grupos. Voy a anticipar que aceptamos la enmienda que inicialmente presenta el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria que, de alguna manera, viene a ser un compendio,
que ayuda e impulsa más, si cabe, la propia proposición no de ley que planteamos para que el Gobierno dé cuenta en esta Cámara del resultado de dichas medidas. No aceptamos la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que de alguna manera viene
a darnos la razón porque, si de los 22 puntos de acuerdo a los que se ha llegado por todas las instituciones, según dice el Grupo Parlamentario Socialista, solamente hay dos que al parecer no se han puesto en práctica -sobre lo que discrepo y, si
hubiera más tiempo de debate, podría demostrarlo- significa que la cosa funciona y se está haciendo bien. No solamente se está haciendo bien por el Gobierno, que en este caso es una parte más de todas aquellas que tienen que participar en la
erradicación de la violencia en el deporte, sino que tanto los futbolistas, a través de la Liga de Fútbol Profesional, como las instituciones a las que representan -los clubes, las sociedades anónimas deportivas, la Asociación de Futbolistas, en su
faceta de, entre comillas, sindicato, como se le llama cariñosamente- están cumpliendo con aquel compromiso que se adquirió para la erradicación de esa violencia en el ámbito deportivo, que curiosamente surge mucho más en el mundo del fútbol, pero
desgraciadamente también surge en otros deportes, como hemos podido ver y como he manifestado al inicio de mi intervención. Como son 22 las apuestas -entre comillas- que se hicieron en aquel entonces y, al parecer, solamente son dos las que no se
han puesto en práctica -insisto- desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Socialista, que no coincide con el nuestro, no vamos a aceptar esa enmienda. No la vamos a aceptar porque, de alguna manera, condiciona el hecho de que se pretenda que
en un plazo delimitado en el tiempo, de treinta 30 días, se traiga a la Cámara el resultado de esa evaluación. Las evaluaciones tienen que hacerse sin prisa, con sosiego y con inteligencia, para tener claridad suficiente y averiguar si se han
puesto en práctica bien o menos bien.
Por tanto, vamos a aceptar la enmienda presentada por el Grupo de Coalición Canaria, una enmienda que agradecemos porque viene a impulsar de manera más contundente lo que nosotros pretendemos, y vamos a
rechazar las enmiendas de nuestros compañeros del Grupo Socialista y de Convergència i Unió, y permítanme que les llame compañeros en el término más estrictamente deportivo.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor González.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Nieto.
El señor NIETO GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, después de oír al portavoz del Grupo Popular es conveniente aclarar a la Cámara, aunque sea muy rápidamente, sobre qué estamos hablando porque da la impresión, después de escuchar al señor González, de que estamos hablando de una
cosa diferente.
¿Cuál es exactamente el contenido del texto de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular? Viene a decir que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a que proceda a evaluar el resultado de las medidas como consecuencia
de la firma del programa contra la violencia en el deporte para comprobar los objetivos alcanzados y, en su caso, si fuera necesario, proceder a impulsar nuevas medidas para erradicar la violencia en el ámbito deportivo. Eso es lo que dice el texto
de la proposición no de ley del Grupo Popular.
¿Qué pretende el PP trayendo a la Cámara una propuesta como ésta para su aprobación? ¿Pretenden ustedes recordar al Gobierno que tiene que hacer los deberes, que evidentemente no ha hecho? Este conjunto de propuestas para erradicar la
violencia en el mundo del deporte se aprobó hace ya tiempo y evidentemente el Gobierno no ha hecho los deberes. ¿Pretende usted, señor González, descalificar la política deportiva del Gobierno en esta materia? Yo creo que no es necesario, se
descalifica sola, no hace falta que realice usted ese esfuerzo. ¿Quizá pretende usted cubrir con una cortina de humo la incapacidad del Gobierno para aplicar el programa contra la violencia en el deporte? Posiblemente sea así. Digo esto,
señorías, porque la propuesta que nos trae el Grupo Popular es lo que tenía que estar haciendo el Gobierno y no ha hecho; tenía que estar haciéndolo desde el día 24 de julio de 2002, que es cuando se firmó este acuerdo con las entidades deportivas.
Han pasado -permítame que lo diga en estos términos, señor González- un año, cuatro meses y un día; una larga condena a la que nos ha sometido el Gobierno para no hacer absolutamente nada en relación con un tema que nosotros consideramos de gran
importancia. Tras la firma con diversas entidades deportivas del denominado programa de actuaciones y medidas contra la violencia en el deporte, el Gobierno debería haber comenzado inmediatamente la evaluación de la puesta en práctica de esas
medidas, que es lo que usted pide ahora, y evidentemente no lo ha hecho, a pesar de haber pasado ese largo tiempo.
Además, entre los acuerdos firmados por el Gobierno y las entidades deportivas había un punto que decía exactamente lo que usted nos plantea hoy en la proposición no de ley. El punto número 4 decía: los firmantes evaluarán y harán un
seguimiento del grado de ejecución del programa de actuaciones y medidas, etcétera. En un punto se acordó entre los firmantes que se llevasen a cabo esas evaluaciones y ese programa de seguimiento, que evidentemente no se ha hecho, y ahora está
usted sacando los colores al Gobierno diciendo que se haga. Yo, señor González, no le considero a usted tan audaz como para enmendar la plana al Gobierno, no lo ha hecho desde que le conozco y no creo que lo quiera hacer ahora.
Sigo insistiendo en
que creo que esto es una cortina de humo que el Grupo Parlamentario Popular pretende extender sobre este tema para que no se hable del fondo del mismo, para que no se hable de los incumplimientos de este programa, sino que simplemente se pida al
Gobierno una cosa puramente formal como es la de llevar a cabo una evaluación del programa -algo, insisto, que tendría que haber hecho-, programa que fue impulsado en su momento por el en aquel entonces vicepresidente del Gobierno y ministro del
Interior, señor Rajoy. Hoy usted le echa un capote con esta cortina de humo que extiende sobre el programa de medidas.
Si me permite, señor González, hacer un poco de historia, hay que recordar que el fin de la liga de la temporada 2001-2002 estuvo bastante cargado de violencia; desgraciadamente hubo una serie de acontecimientos violentos que asustaron al
Gobierno, que nos asustaron a todos. Ante aquellos acontecimientos, el Gobierno, como era su obligación, promete terminar con la situación y lo hace por boca del entonces ministro del Interior y vicepresidente, señor Rajoy. Fue una decisión loable
que terminó con la firma de un acuerdo con las entidades deportivas que suscriben este programa al que estamos haciendo referencia. Al mismo tiempo que se llegó a este acuerdo -acuerdo que nosotros aplaudimos y apoyamos en aquel entonces y que
dijimos que nos parecía muy bien-, se emprendió toda una campaña de propaganda intensísima en relación con lo bien que lo estaba haciendo el Gobierno para atajar esta situación. Creo que se confundieron dos cosas y hoy quieren hacer ustedes un poco
de lo mismo. Insisto, el programa de actuaciones y medidas contra la violencia en el deporte, firmado por el Gobierno y las entidades deportivas, fue un buen propósito, era un catálogo de medidas con el que estuvimos de acuerdo en todo momento, que
nos pareció correcto, pero que quedó ahí desde nuestro punto de vista. En aquel programa se proponía una serie de reformas normativas que afectaban a la Ley del deporte y al Código Penal y una serie de actuaciones concretas que tenía que ejecutar
de forma directa el Gobierno. Las reformas de la Ley del deporte se hicieron a través de la Ley de acompañamiento de los presupuestos para el año 2003, es decir, se aprobaron en diciembre de 2002. Ha pasado un año y se acaban de incorporar algunas
modificaciones al Código Penal en el mes de noviembre. Había muchos compromisos en este acuerdo que se trasladan a las leyes pero, una vez
incorporados a las leyes, ustedes no han hecho nada para cumplirlos. Han trasladado a las leyes esos veintitantos compromisos que usted decía, señor González, pero una vez trasladados a la Ley del deporte o al Código Penal, no han hecho
absolutamente nada. Cuando se modifican leyes, inmediatamente después de aprobar las modificaciones, hay que aplicarlas, hay que poner los medios suficientes y llevar a cabo toda una serie de actuaciones para hacer posibles esas modificaciones que
hemos introducido en la Ley del deporte o en el Código Penal para erradicar la violencia en el mundo del deporte poniendo sanciones más fuertes, haciendo que los delitos que se cometen en los alrededores o en el interior de los estadios sean
castigados con más fuerza, con medidas más contundentes.
Ustedes no han hecho eso, no han hecho nada, y ahora tienen la desvergüenza de venir a proponer al Gobierno, después de casi año y medio, que evalúe el resultado de aquel programa. Ustedes
decían que había que potenciar las funciones de la Comisión nacional contra la violencia en los espectáculos deportivos. A tal fin, decían, se propone la creación, en el marco de esta Comisión nacional, de comisiones provinciales de prevención de
la violencia. No lo han hecho, se ha quedado en papel mojado; se modificó la Ley del deporte, pero no han puesto en práctica estas comisiones provinciales. En este sentido, nada de nada.
Asimismo, decían que había que concretar la figura del voluntariado y su participación en los eventos deportivos. Trasladan también este acuerdo a la Ley de acompañamiento de los presupuestos para 2003, incluso introducen una disposición
transitoria -la sexta- de la Ley de deporte, a través de la Ley de acompañamiento, donde dicen que en seis meses regularán esta situación. Ha pasado un año y no han movido un dedo.
Decían ustedes en otros aspectos que se aplicarían de forma dura
las prohibiciones relativas al uso de simbología violenta, terrorista, xenófoba y racista en el interior y en los alrededores de los estadios; que se aplicarían de forma tajante las prohibiciones relativas a armas, instrumentos arrojadizos y
bengalas en el interior y en los alrededores de los estadios; que se aplicaría a rajatabla el control sobre el consumo de drogas y alcohol en los recintos deportivos. La simbología racista, xenófoba y fascista sigue viéndose de vez en cuando en
las gradas de los estadios y no mueven un dedo para evitarlo, ni en el interior ni en el exterior de los estadios. En cuanto a arrojar cosas a los campos de juego, se ha arrojado de todo; en un momento determinado hasta una cabeza, creo que de un
cerdo, se arrojó al interior de un campo de fútbol.
Señor González, en origen y al final de este proceso de año y medio, que es el que ha pasado desde que se aprobó el programa de medidas hasta hoy, ustedes han hecho muchas propuestas, han hecho mucha propaganda, pero no han emprendido
ninguna actuación concreta que haya incidido mínimamente en la mejora de esta situación. Ha triunfado lo que se conoce en todos los sitios, y cada vez más, como el estilo Rajoy, que es anunciar grandes medidas ante cualquier problema y no poner en
práctica ninguna medida para solucionar este problema cuando hay que atajarlo de verdad. Hoy les hemos propuesto una enmienda, que usted dice que contiene dos medidas, pero contiene más, una primera medida que engloba a muchas y, aparte de esa
medida general, contiene dos muy concretas. Si ustedes de verdad quieren que se ataje de una forma seria, con medios adecuados, la violencia en los espectáculos deportivos, hagan algo. Lo primero que debían hacer es aceptar una enmienda como esta
que proponemos nosotros, como la que propone Convergència i Unió, pues son enmiendas positivas que, de aprobarse, obligarán a que el Gobierno actúe; si no, evidentemente no va a hacer nada, va a seguir como hasta ahora. Yo le animo a que cambie su
posición y acepte estas enmiendas.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Nieto.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Pérez Tabares.
El señor PÉREZ TABARES: Gracias, señora presidenta.
Como se indica en el texto de la proposición no de ley, el pasado 24 de julio de 2002 fue suscrito por el Ministerio del Interior, el Consejo Superior de Deportes, la Real Federación Española de Fútbol, la Liga de Fútbol Profesional y la
Asociación de Futbolistas Españoles un escrito de compromiso de lucha contra la violencia en el deporte. Esta simple declaración de intenciones no sirvió, sin embargo, para evitar los tristes acontecimientos que se han registrado con posterioridad,
entre ellos el fallecimiento de un seguidor del Deportivo de la Coruña en un enfrentamiento registrado el pasado 7 de octubre durante el partido de la Copa del Rey entre el Deportivo de la Coruña y la Sociedad Deportiva Compostela. Este ha sido el
más triste episodio registrado en las últimas fechas, aunque cada domingo asistimos a otros hechos que constatan la violencia que rodea principalmente al fútbol.
Me gustaría reseñar un informe presentado el pasado día 12 de noviembre por el Movimiento contra la intolerancia en el que se destaca que en España existen entre 11.000 y 15.000 neonazis agrupados en 70 grupos, que perpetran 4.000 agresiones
al año. En este sentido, alerta sobre la proliferación de páginas web con contenido racista y la captación de nuevos miembros en los fondos de los estadios de los grupos ultra. Me gustaría subrayar una parte del contenido del informe
dado que, cada vez que se produce una muerte en los estadios de fútbol, hay una respuesta inmediata con compromisos para erradicar el problema, que muchas veces se diluyen sin lograrse hechos concretos. Esto sucede, tal como indica el
mencionado el informe, porque el Gobierno trata este asunto como si fuera un hecho eventual y no como un problema permanente.
Desde el 31 de enero de 1992, es decir, desde hace más de 11 años, existe la Comisión nacional contra la violencia en los espectáculos deportivos, que está adscrita orgánicamente al Ministerio de Educación y Cultura a través del Consejo
Superior de Deportes y que, en el ejercicio de sus competencias, actúa por iniciativa propia o a requerimiento del Consejo Superior de Deportes o del Ministerio del Interior. Entre las competencias de esta comisión figura la de realizar informes y
estudios sobre las causas y los efectos de la violencia en el deporte; promover e impulsar acciones de prevención ante los órganos en cada caso competentes; elaborar orientaciones y recomendaciones a las federaciones españolas, clubes deportivos y
ligas profesionales para la organización de aquellos espectáculos en los que razonablemente se prevea la posibilidad de actos violentos, así como emitir informes sobre aquellos proyectos de disposiciones que sean solicitados por las administraciones
públicas competentes en materia de espectáculos deportivos, especialmente los relativos a policías en dichos espectáculos, disciplina deportiva y reglamentaciones técnicas sobre instalaciones.
Yo me pregunto por qué se pretende obtener golpes de efecto en los medios de comunicación con la creación de nuevas comisiones de estudio cuando ya existe la Comisión nacional contra la violencia en los espectáculos deportivos, cuyo cometido
quedó en parte en entredicho con el acuerdo suscrito el 24 de julio de 2002. Ha llegado la hora de pasar de los estudios, cuyos resultados todos conocemos, a los hechos concretos, con medidas eficaces que pongan fin a la violencia que cada siete
días se vive, en mayor o menor grado, en los estadios de fútbol y en otros espectáculos deportivos. No obstante, vamos a apoyar esta proposición no de ley, puesto que consideramos que, aunque se trata de una iniciativa un tanto vacía de contenido,
es necesaria. Dado el pronunciamiento afirmativo del portavoz del Grupo Popular acerca de nuestra iniciativa, entendemos que la misma es en beneficio de la eliminación de la violencia en las entidades deportivas, teniendo en cuenta que más del 80
por ciento de esta violencia se registra en el fútbol.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Pérez Tabares.
Señor Martí, tiene la palabra para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor MARTÍ I GALBIS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) entiende que el debate relativo a las estrategias y las medidas orientadas a la lucha contra la violencia en el deporte, por su naturaleza y su importancia, debería ser
incompatible con determinados tratamientos simplistas o coyunturales. En ese sentido, queremos decir que nuestra opinión en relación con la presentación de esta proposición no de ley por el Grupo Parlamentario Popular, no por las cuestiones que
aborda ni por el objetivo que persigue, un objetivo -el fin de la violencia en el deporte, en definitiva el fin de la violencia en nuestra sociedad- que nos une a todos, sino por su estricto contenido y su alcance, es que no aporta nada nuevo a este
debate parlamentario, debate que hemos traído durante toda la legislatura, habiendo sido el señor González, el señor Nieto y yo protagonistas del mismo al menos en la Comisión de Educación Cultura y Deporte. Tampoco aporta nada nuevo en cuanto a
posibles medidas complementarias o que enriquezcan las medidas que sin duda alguna se están llevando a cabo, fruto del acuerdo, al que luego me referiré y al que han hecho referencia anteriores portavoces, del 24 de julio de 2002.
En todo caso,
estamos aún a medio camino.
El Grupo Parlamentario Catalán puede plantear su crítica a esta iniciativa parlamentaria y, repito, no por lo que se persigue sino por los términos en los que está planteada, por la sencilla razón de que ha sido uno de los grupos
parlamentarios más activos durante la presente legislatura en el abordaje de esta temática, como antes he dicho. Por esta razón, por las iniciativas presentadas por mi grupo parlamentario y por el apoyo dado en todo momento a las medidas que se han
ido planteando desde las instancias deportivas y gubernamentales competentes, estamos en disposición de defender la enmienda que hemos presentado, una enmienda que pretende que el Gobierno, en función de sus responsabilidades, competencias y
compromisos adquiridos, haga entrega en el plazo de un mes de la evaluación del resultado de las medidas contenidas en el acuerdo o compromiso de lucha contra la violencia en el deporte. Creemos que debe entregarse a los distintos grupos
parlamentarios, al resto de organismos y entidades deportivas que lo firmaron y, en definitiva, debe entregarse y ponerse en conocimiento de toda la sociedad. Este compromiso adquirido por el Gobierno a través del Ministerio del Interior y del
Consejo Superior de Deportes, así como por la Federación Española de Fútbol, por la Liga Nacional de Fútbol Profesional y por la Asociación de Futbolistas Españoles, establecía
un conjunto de acciones que deberían impulsarse al objeto de reducir y erradicar, en su caso, la violencia en el deporte. Este acuerdo o compromiso se ha ido desplegando, como decía anteriormente, paulatinamente, y en sede parlamentaria, a
través de diferentes comparecencias del secretario de Estado para el Deporte, hemos tenido ocasión de analizar poco a poco las medidas que se iban aplicando, las modificaciones legales que eran necesarias para su aplicación y el cumplimiento de los
compromisos adquiridos por las partes firmantes.
Como decía el señor Nieto, ha pasado casi un año y medio de la firma de ese compromiso y de la puesta en marcha del programa de actividades y medidas contra la violencia en el deporte. Mi grupo parlamentario considera que, al margen de los
requerimientos propios de determinadas modificaciones legales, como es el caso del propio Código Penal que ha sido modificado hace pocas fechas, en concreto en el artículo 557, obviamente ese tipo de trámites lleva su tiempo y no vamos a pedir hoy
la derogación de la aplicación de este artículo, pero sí creemos que casi un año y medio es tiempo más que suficiente para conocer con exactitud cuáles son los logros conseguidos y las asignaturas pendientes. De hecho ya los conocemos, al menos
todas las personas que nos dedicamos a este mundo. Creemos que se han conseguido avances, pero estamos a medio camino, como decía anteriormente y, por tanto, queda aún mucho trayecto por recorrer. En ese sentido el Gobierno está plenamente
capacitado para presentar de inmediato -y cuando decimos de inmediato es en el plazo de un mes, como planteamos en nuestra enmienda- a la sociedad en su conjunto el balance o la evaluación de ese compromiso de julio de 2002. Por este motivo hemos
presentado la enmienda de modificación y, a través de la misma, desearíamos evitar que, debido al próximo fin de la presente legislatura, el Gobierno no pudiera o se viese liberado de dar cumplimiento en sede parlamentaria, que es lo que
especialmente nos interesa, a la proposición no de ley.
Estamos ante una problemática que claramente trasciende nuestras fronteras. Todos los países europeos y del mundo entero sufren la problemática de la violencia en el deporte. Hay algunos países de nuestro entorno sociopolítico que nos
llevan una cierta ventaja al aplicar medidas de lucha contra la violencia en el deporte desde hace años. En todo caso, la violencia no es un patrimonio exclusivo del mundo del fútbol ni del deporte, nuestra sociedad es violenta lamentablemente.
Las causas de la violencia son muchas y sus manifestaciones muy complejas y de gran impacto social, como podemos comprobar estos días en el ámbito de la violencia de género y la violencia doméstica, y a ello me voy a referir para recordar el
manifiesto que hace breves instantes hemos aprobado por unanimidad en esta Cámara. Nos debemos referir forzosamente a causas como el desarraigo social, la desaparición de referentes morales, la crisis de identidad colectiva, la incertidumbre de
futuro para muchos jóvenes y adultos o la pérdida de referentes éticos como causas próximas y lejanas de la aparición y el mantenimiento de esa violencia en el deporte. Corregir o encauzar correctamente estos déficit no es nada fácil y, por
supuesto, incumbe a diversos actores más allá de las administraciones públicas o de las fuerzas del orden público. Sin embargo, podemos afirmar que es relativamente sencillo acabar con uno de los motores que generan la violencia en el deporte. Me
refiero al fanatismo promovido por clubes y medios de comunicación, directa o indirectamente. En ese sentido, mi grupo parlamentario debe poner un ejemplo muy contundente de compromiso sin fisuras contra los grupos organizados y los elementos
violentos que han gozado hasta ahora de una relativa impunidad. Este ejemplo a seguir para el resto de clubes de fútbol y otros deportes en el Estado español es el que protagoniza y lidera el presidente del Fútbol Club Barcelona y su junta
directiva, compromiso que está inspirado en la tolerancia cero hacia esos grupos y sus manifestaciones delictivas, pero que tiene un precio que debe asumirse, que no es otro que el del chantaje, el de la presión y el de la amenaza permanente que
deben soportar esas personas, esos dirigentes, ese club en concreto en sus propias carnes, y que hay que asumir y debe combatirse con todos los medios que tengamos a nuestro alcance. Mi grupo parlamentario quiere aprovechar este debate para hacer
expreso reconocimiento de las medidas adoptadas por la nueva junta directiva de este club ante esta grave enfermedad que afecta a nuestro deporte y al fútbol en particular. Pero no es una felicitación del grupo parlamentario al que represento, sino
que se suma a los elogios que en su día hizo la Delegación del Gobierno en Cataluña a esas iniciativas, hasta el momento difíciles de llevar a cabo, con un compromiso ético muy contundente.
Señora presidenta, voy a terminar con dos observaciones. La primera, en relación al conocimiento por parte del Gobierno y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los grupos violentos organizados, que son los causantes de un alto
porcentaje de los episodios violentos que se producen en los espectáculos deportivos, en las instalaciones donde se realizan y en los alrededores de los mismos. A ello se refería hace unos instantes el portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria. Hay detectados y fichados más de 70 grupos violentos en todo el Estado español, no desde hace un año, ni dos, ni cinco, sino desde la década de los ochenta, cuando se empezó a perseguir con medios a esos grupos que han ido creciendo al
amparo de cierta permisividad de algunas juntas directivas. Esos grupos están detectados y fichados. Por tanto, mi grupo parlamentario cree que, conociéndose
sus tendencias, conociéndose sus características, conociéndose a sus personajes, a sus miembros, sería bueno y oportuno ya que lucháramos con mayor eficacia contra esta lacra ahora y en el futuro, pero especialmente ahora, después de este
año y medio casi de vigencia del compromiso contra la violencia en el deporte, firmado por todo el mundo que tiene voz en ello en julio del año 2002.
En segundo y último lugar, y aunque no se deduce del texto de la proposición no de ley, mi grupo parlamentario quiere poner énfasis en el papel de las autoridades autonómicas, las deportivas y las responsables del orden público. Debemos
recordar que en Cataluña existe desde el año pasado la Comisión contra la violencia en espectáculos deportivos de Cataluña, iniciativa del Gobierno catalán en colaboración con las federaciones catalanas. Asimismo, el progresivo despliegue
territorial de los Mossos d'Escuadra, Policía autonómica catalana, ha convertido a este cuerpo policial en el responsable del orden público y también de la lucha contra la violencia en el deporte en aquellos municipios, en aquellas comarcas y en
aquellas zonas en donde realizan sus funciones, por lo que la colaboración del Gobierno catalán en la lucha contra la violencia en el deporte va a ser decisiva. Es oportuno y conveniente que sea tenido en cuenta por el Gobierno del Estado y el
resto de organismos e instituciones involucradas. Mi grupo parlamentario cree que ha llegado el momento de acabar con la permisividad y la tolerancia que han favorecido y dado alas a elementos y grupos violentos. Hacemos votos para que en la
próxima legislatura podamos afirmar que se ha invertido la tendencia y que la acción coordinada de todas las organizaciones y las instancias con responsabilidad en esta materia ha dado sus frutos en favor del juego limpio, de la deportividad y del
civismo.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Martí.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidente, señorías, hace unas semanas, una portavoz del Grupo Parlamentario Popular nos presentaba en nombre de su grupo otra proposición no de ley muy curiosa, muy graciosa ella -digo la proposición no de
ley-, relativa a una normativa para los parques infantiles, las ferias y esas cosas. Bien, pero cuál es nuestra sorpresa cuando hoy, un brillante parlamentario del Partido Popular nos trae una proposición no de ley de esta catadura, de esta
entidad. En el abecé del parlamentarismo, de los reglamentos parlamentarios, aparece que las proposiciones no de ley son unos mecanismos de impulso al Gobierno y uno, la verdad, a la vista de las declaraciones habidas en su momento, de las
manifestaciones hechas por el ministro de Justicia, señor Michavila, piensa que no había que impulsar al Gobierno, en todo caso ponerle parada y fonda o, si quieren ustedes, bozal y freno. Aquí no hay que impulsar al Gobierno a nada porque el señor
Michavila dijo que iba a cambiar el mundo mundial, la legislación, las vallas de los estadios, la gente, el tipo de policía; de impulso al Gobierno, nada. Por eso cuando a uno le dicen: Oye, que tienes que llevar este tema, uno esperaba, cuando
pide la fotocopia del boletín correspondiente, que fuera una iniciativa de mucha más enjundia, que ya se dijera hasta alguno de los elementos sobre los cuales en el futuro el Gobierno pudiera llevar a cabo estos compromisos.
Pues no, se ha quedado
usted, señor portavoz del Partido Popular, elegantemente, no impulsando, muy por detrás del señor ministro del ramo.
Y ya que estamos en el norte de África, el señor ministro del ramo ha ido para adelante, cual personaje de Beau Geste, cual
legionario, y usted se nos ha quedado en la costa propiamente diciendo: Los desiertos para usted, señor ministro.
En esa cuestión entremos en materia. Vuelvo a insistir en que no voy a ser yo, humilde diputado de un humilde grupo, el que le diga al grupo parlamentario que marque la estrategia o la táctica de si presenta o no presenta proposiciones no
de ley de impulso al Gobierno, no. Pero sí podré criticar, cuanto menos, que espera uno que tenga más contenido, más masa, porque lo que de verdad nos parece es un ejercicio de autoflagelación -y no va con segundas-, como si el Gobierno no hubiera
hecho las tareas y de pronto aquí el grupo parlamentario viniera a flagelar al Gobierno porque no ha evaluado, porque no ha hecho las tareas en cuanto al programa de actuaciones y medidas contra la violencia.
Señorías, no entendemos cómo no se ha desarrollado ya alguna normativa, más allá, vuelvo a insistir, de algunas advertencias de modificación de la ley que planteaba el ministro, que decía: voy a cambiar la ley para que ya no se mate la
gente en el fútbol, porque se va a castigar. Y yo me dije: yo de derecho lo justito y con café con leche, pero pregunté a la gente y me dijeron: no, si esa figura ya está tipificada. No se puede tipificar la figura de asesinato en el campo de
fútbol, no; hay otras tipificaciones normales y desde luego lo que ha dicho el ministro es una chorrada como la copa de un pino, pero el buen hombre tenía que decir algo y lo dijo y se quedó el buen ministro tan pancho. Pero más allá de la
propaganda, señorías, no hay nada, se han pasado ustedes una legislatura totalmente en blanco en esta materia, y lo que es peor, como viene siendo la tónica habitual de este Gobierno, lo que ustedes han hecho es dejar además de lado propuestas de
políticas educativas, preventivas
para todas las edades y en todos los ámbitos de nuestro deporte escolar, aficionado o profesional. No le he escuchado en su intervención si va usted a plantear el control y el recontrol del destino de la dotación de los fondos que a través
del presupuesto se aprueba para transferir al Consejo Superior de Deportes, a la Liga de Fútbol Profesional, con la finalidad de mejorar la seguridad de los estadios. No le he oído hablar de la contrapartida que se les exige a algunas directivas, a
algunos clubes cuando están poniendo la mano para recibir dinero proveniente de unos presupuestos aprobados en Cámara democrática y, por otro lado, están ellos mismos potenciando aviesos intereses, grupos fascistas, racistas y xenófobos por aquello
de que les calienten algunos fondos.
Finalmente, señorías, quiero aprovechar este Pleno para denunciar que el Gobierno ni siquiera ha tenido en consideración la guía que recientemente ha publicado la UEFA sobre estos temas para erradicar el racismo, la xenofobia, la violencia
de los campos de fútbol. No ha habido mención clara, no se le ha dado publicidad, no hay acciones para su difusión, apoyo y fomento entre deportistas, clubes, ayuntamientos, comunidades autónomas. Decían ayer: ¿Van a votar a favor o no? ¿Cómo no
vamos a votar a favor? Votaremos a favor de algo tan genérico y tan sin sustancia como que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que proceda a evaluar el resultado de las medidas adoptadas como consecuencia de la firma del programa de
actuaciones y medidas contra la violencia en el deporte para comprobar los objetivos alcanzados y, en su caso, si fuera necesario, proceder a impulsar nuevas medidas para erradicar la violencia en el deporte, porque, entre otras cuestiones,
señorías, en el propio programa se dice que había que hacer la evaluación y que si de la evaluación se procedía, en un momento determinado se tomaran nuevas medidas para erradicar la violencia. Es decir, se le ha dicho al mar sé mar, a la luna sé
luna y al sol sé sol. Eso, mire usted, está muy bien para otro tipo de grupos y no -como siempre he dicho- para el magnífico y todopoderoso Grupo Parlamentario Popular.
Termino anunciando, como he dicho, que vamos a votar a favor y denunciando que presenten ustedes este tipo de medidas con un carácter más preventivo, planteándoles a los propios clubes, a cambio de ese dinero que sale del presupuesto, que
haya unas políticas de formación, que promuevan valores, que haya otros sistemas de valoración distinta de los que están practicando algunos sectores a los que se les prima, sectores que son auténticos fermentos de fascismo, de violencia neonazi,
etcétera.
Por tanto, vamos a dar nuestro respaldo a esta proposición no de ley, pero, señorías, hagan ustedes las tareas y traigan iniciativas de más enjundia que por lo menos nos obliguen a esforzarnos un poco más.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rejón.
Tiene la palabra el señor González, a los efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Gracias, señora presidenta.
Quiero decir que el plazo de 30 días entendemos que es corto. Como habrá oportunidad de volver a presentar este tipo de iniciativa -si no diera tiempo, lógicamente, a que esto se pudiera traer aquí- al próximo Gobierno que presidirá el
señor Rajoy, estaremos abiertos a dar cuenta de aquello a lo que se haya procedido.
Permítame, señora presidenta, porque no voy a abrir el debate...
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor González, es exclusivamente a efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Quiero hacer referencia a una cuestión sobre mi circunscripción. No voy a reabrir el debate, simplemente quiero decir al señor Rejón, con cariño, que Ceuta es una ciudad verde... (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor González, no puede intervenir en ese sentido. Es sólo a los efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Bien, pues desde Ceuta, desde la Ceuta verde, no aceptamos las enmiendas que nos han sido propuestas.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor González. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la lucha contra la violencia en el deporte. Se somete a votación con la incorporación de la enmienda del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 291; abstenciones, 19.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, VASCO (EAJ-PNV), DE COALICIÓN CANARIA Y MIXTO, DE PETICIÓN DE INVESTIGACIÓN Y JUICIO POR EL CRIMEN DEL CÁMARA DE TELE 5 DON JOSÉ COUSO.
(Número de expediente 162/000823.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley de los grupos parlamentarios Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto, de petición de investigación y juicio por el
crimen del cámara de Tele 5 don José Couso.
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Marín.
El señor MARÍN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señora presidenta, señoras y señores, Gobierno de los Estados Unidos: Queremos repetir que la muerte de José Couso fue una tragedia y que los Estados Unidos sienten la más profunda compasión hacia su familia.
Gobierno de España: Mataron
al cámara José Couso y la muerte de Couso no tiene entidad suficiente para condenar a los Estados Unidos. Finalmente, llegó el informe de la Administración norteamericana que tanto se esperaba y se comunica al Gobierno español y a los familiares
del cámara muerto que fue una tragedia y que los Estados Unidos sienten la más profunda compasión hacia su familia. Y el Gobierno español, en vez de solicitar responsabilidades por la muerte de un connacional, considera que la muerte de este pobre
periodista no tiene entidad suficiente para condenar a Estados Unidos.
La proposición no de ley que le ha presentado toda la oposición en su conjunto pretende remediar esta situación y apelar al sentimiento más profundo del Gobierno para que se dé cuenta de que esto no son maneras de resolver este episodio.
¿Qué queda en este hemiciclo para la memoria de José Couso y para la dignidad de su familia? Tal vez, que sus colegas periodistas dieron un plantón en esta Cámara. Acaso es motivo para que el Gobierno no revise su posición. ¿Qué queda de la
memoria de José Couso y de la dignidad de su familia? La compasión del Gobierno de los Estados Unidos. Se pide una investigación. La respuesta es no. Se piden responsabilidades jurídicas al Gobierno norteamericano. La respuesta es no. Se pide
algo elemental, que se inicien acciones jurídicas por parte del Gobierno español, siquiera para que haya una reparación y compensación moral y, por supuesto, material para una viuda y unos hijos.
La respuesta es ni hablar; este asunto no tiene
entidad suficiente, aunque lo pida toda la oposición. ¿Qué le queda a la familia? Sólo la compasión conservadora. Cuando durante la campaña electoral norteamericana se debatía a propósito de la pena de muerte -que fue un debate muy sentido entre
los partidarios y los abolicionistas- me quedé absolutamente perplejo, se lo confieso, cuando oí esta expresión en boca del entonces candidato, hoy presidente: Soy partidario de la pena de muerte porque es una manera de ejercer la compasión
conservadora. A Couso y a su familia les queda, como se dice literalmente, la compasión.
Además, ustedes nos dicen repetidamente que toda la oposición, desde allí hasta allá, desde allá hasta allí, actuamos llenos de vileza porque nos atrevemos
una y otra vez a venir a este hemiciclo a utilizar aparentemente a los muertos para erosionar políticamente al Gobierno. Eso es lo que nos dicen normalmente. Pues bien, señorías, ese discurso se acabó ayer, y yo espero que no lo vuelvan a repetir.
Ayer por primera vez el presidente del Gobierno en Londres y la ministra por la mañana en Televisión Española -me imagino que esto no se produce por casualidad, teniendo en cuenta lo sofisticado de su maquinaria política- han comenzado a fabricarse
un discurso de protección y de impunidad. Por primera vez el presidente del Gobierno dijo: Se han cometido errores en la gestión de la crisis iraquí. ¿Qué significa esta expresión en impersonal: se han cometido errores? Los errores los habrán
cometido ustedes (Aplausos.-Un señor diputado: Claro.) porque en esta Cámara ha habido hasta seis resoluciones de toda la oposición alertando de que aquello sería un avispero y que probablemente sería terrible en términos geoestratégicos,
geopolíticos, de vidas humanas, de sufrimiento, de eclosión del terrorismo...No voy repetir nuestros largos debates en este hemiciclo y en la Comisión de Asuntos Exteriores. Decía que este discurso se acabó ayer porque ustedes no pueden hablar
usando el impersonal, diciendo que se han cometido errores. Los errores los han cometido ustedes, y pretenden que un error de este calibre les salga gratis. Los errores en política -sobre todo, cuando se reconocen y son tan fundamentales como ese-
han de asumirse. Asuman su responsabilidad. No es nada grave iniciar acciones frente al Gobierno norteamericano, simplemente para que esa familia reciba una compensación moral y material, que es lo que le está pidiendo hoy toda la oposición.
Además les decía que ese discurso se acabó ayer porque ¿qué quieren decir con errores en la gestión de la posguerra? Que se están preparando el camino, porque desafortunadamente la agenda de la posguerra va a depender de la agenda electoral
norteamericana, y dramáticamente nos quedaremos allí o saldremos de allí no en función de las necesidades objetivas o de los problemas de Irak, sino por lo que decida el estado mayor del partido republicano. Si las cosas se ponen muy mal,
probablemente haya una aceleración; si se
hacen insoportables, seguramente habrá una aceleración. Se han cometido errores. ¿La Administración norteamericana? No, ustedes. ¿Quién estuvo en las Azores? Por eso, yo les pediría, teniendo en cuenta que por primera vez ustedes han
asumido errores, que no olviden que en política se responde de ellos, y que sea la opinión pública decida; no vuelvan a repetir el argumento de la vileza pretendida de la oposición, utilizando no sé qué elementos de tragedia para erosionarles
políticamente. Digo esto, porque también la señora ministra nos dijo: Parece ser que existen en Irak graves problemas de seguridad. ¿Cuántas veces se lo hemos dicho en esta Cámara? Si hay errores y graves problemas de seguridad, yo espero que no
le ocurra ninguna desgracia a nuestra gente allá. Yo lo espero, pero si ocurre, y se han cometido errores, se tendrá que responder de ellos. ¿No le parece? Es lo elemental.
El primer error que debían compensar es el de José Couso, porque no cuesta nada. Ustedes no pueden dejar a la familia de este muchacho con la compasión conservadora. A mí me gustan mucho más ustedes cuando nos desbordan con su alma
centrista (Risas.), pero no me gustan nada cuando nos repiten sistemáticamente argumentos de compensación, cuando nos dicen que aquello es una tragedia, cuando nos dicen que allí falta seguridad y cuando nos dicen que se han cometido errores; eso
ya lo sabíamos. Le pedimos una cosa muy pequeñita: resuelvan el problema familiar de José Couso, resuelvan la dignidad de José Couso -no cuesta nada- y, por favor, demuéstrennos hoy que son capaces de concitar un consenso con la oposición en algo
que tiene que ver con algo más profundo que la compasión: simplemente hacer justicia.
Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Marín.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señora presidenta, señorías, esta es una iniciativa conjunta de todos los grupos parlamentarios de la oposición, por tanto, los que vayamos subiendo a la tribuna tenemos la ventaja de poder aprovechar las palabras
de los oradores que nos hayan precedido; viene a ser como sucesivos martillazos sobre el mismo clavo. Por tanto, yo hago propias todas y cada una de las palabras del portavoz del grupo parlamentario que me ha precedido en el uso de la palabra,
porque efectivamente compartimos todos el sentido de esta iniciativa de hoy.
Es una iniciativa que puede sorprender porque, si ustedes hacen memoria, verán que no es normal debatir en el Pleno del Congreso de los Diputados sobre un ciudadano en particular; como tampoco es normal estar debatiendo sobre los derechos y
legítimas aspiraciones de una familia española, cuando de lo que se trata es de los herederos de un difunto. Sin embargo -sólo eso les debería hacer pensar a ustedes-, aquí tienen una proposición no de ley presentada por todos los grupos de la
Cámara, excepto el suyo, que intenta hacerse portavoz, sí, de la sociedad española, pero muy específicamente de una familia española. ¿Por qué eso es así? Porque todos los que hemos suscrito esta proposición no de ley tenemos la percepción de que
detrás de su rechazo a reconocer el dolor de esa familia, detrás de su rechazo a ponerse en el lugar de esa familia -que es en el fondo lo único que se les pide- hay una pura confirmación de lo que viene siendo su política respecto de la crisis de
Irak desde que empezó. Este es un ejemplo claro de una determinada manera de hacer política del Partido Popular.
Es cierto -lo decía el portavoz del Grupo Socialista- que están ustedes empezando un lento proceso de rectificación; de hecho lo habían empezado antes. Hace pocos días, de forma sorprendente para todos aquellos que venimos siguiendo este
tema desde hace unos cuantos meses, la ministra de Asuntos Exteriores decía con gran solemnidad que España desde siempre había reclamado la presencia de la ONU en Irak y que ahora que Estados Unidos empezaba -por necesidad electoral interna, como
decía el diputado Manuel Marín- a pedir el adelanto de la transferencia de poder a los iraquíes, el adelanto de la cesión de soberanía, que eso -decía la señora ministra- es lo que siempre ha pedido el Gobierno de España: que cuanto antes los
iraquíes recuperen su propia soberanía y que eso sea conducido por Naciones Unidas. Cínicas palabras. Ahora, por las razones que sean -las hago propias, pero no sé hasta qué punto son esas las intenciones que han justificado las palabras del
presidente del Gobierno-, el hecho es que en veinticuatro horas el presidente del Gobierno y la ministra de Asuntos Exteriores se atreven a decir algo que es obvio, que no debería ser noticia porque lo ha dicho toda Europa desde hace meses, y que
ustedes sólo se atreven a decir -y estoy seguro que a partir de hoy hasta ustedes se atreverán a decirlo en las tertulias radiofónicas o en los foros a los que tengan acceso, porque ya les han dado luz verde- que en Irak se han cometido errores.
Han necesitado el permiso del presidente del Gobierno para empezar a reconocer algo tan obvio como que en Irak se han cometido errores; sólo que, como bien decía el portavoz socialista, no se sabe muy bien a quién atribuyen ustedes esos errores,
como si ustedes no tuvieran nada que ver con lo que aquí ha ocurrido. En el caso concreto de la muerte de José Couso ustedes pueden quedar, si quieren, exentos de esa muerte. Tienen a su disposición todos los instrumentos políticos, jurídicos e
incluso de comunicación para quedar exentos de la responsabilidad de
esa muerte; mientras no lo hagan, no lo están, porque no es un hecho de guerra.
Los testigos de ese hecho, periodistas todos, comprometidos en difundir la verdad -aunque la verdad en la guerra sea algo difícil de transmitir-, ya han declarado ante el Tribunal, ante la propia Audiencia Nacional, como ya venían haciendo
en sus medios de comunicación respectivos, que aquello no fue un hecho fortuito, que quien disparó contra el hotel Palestina sabía perfectamente lo que hacía, que no había habido amenaza ninguna, que sabían perfectamente que había periodistas en ese
lugar y que, a pesar de eso, alguien dio la orden de disparar y mató a José Couso. Lo único que nosotros les pedimos es que permitan, que pidan -que pida el Gobierno al que ustedes apoyan- una investigación profunda sobre estos hechos. Eso es lo
único que se está pidiendo aquí, ni siquiera se adelantan formalmente todas las conclusiones de esa investigación; se le pide un reconocimiento para la familia, un reconocimiento para esa persona y que asuman ustedes la defensa del ciudadano
español José Couso ante el Gobierno de los Estados Unidos, responsabilidad del ejército americano y de las personas que en ese caso tomaron esa decisión.
Es muy difícil hablar de esto sin recordar lo que ha ocurrido con la soldado Lynch, que sería una anécdota, algo para programas televisivos de la noche, casi de telebasura, si no fuera otro símbolo más -en Estados Unidos Lynch; aquí Couso-
de la necesidad de mentir y del miedo a afrontar la verdad de lo que ha sido esta guerra. A esta soldado se la presentó como una heroina y ella misma ha tenido que salir a desmentir al Pentágono y a decir que no había disparado ni un solo tiro.
Hasta que ella misma salió en televisión a decir que nunca había disparado un solo tiro, la única versión oficial era la del Pentágono, que decía que ella había disparado dos cargadores luchando contra los soldados iraquíes. No se hagan ustedes
cómplices de esas operaciones de propaganda, no tienen por qué. No les va el prestigio, no les va la relación bilateral con Estados Unidos ni les va nada. Tengan ustedes el coraje de proteger la verdad en defensa de una familia española y de la
propia dignidad del Gobierno al que apoyan; que el Gobierno sea capaz, sin ir al enfrentamiento -nadie les pide eso-, de dirigirse directamente de aliado a aliado, de hablar con el Gobierno de los Estados Unidos y de exigir una investigación
profunda, rigurosa e independiente sobre lo que ocurrió ese desgraciado 8 de abril. Antes de eso tengan ustedes el coraje de tratar a la familia de José Couso y a la propia memoria de José Couso como de un muerto de primera. Según los minutos que
dedican en sus discursos, tienen muertos de primera y muertos de segunda; esos minutos los tiene, más que ustedes como grupo parlamentario, el Gobierno al que ustedes apoyan. Para el Partido Popular, en las crisis internacionales, en Iraq, en
Afganistán, hay muertos de primera y muertos de segunda. José Couso es un muerto de segunda, es un muerto incómodo para ustedes y eso lo percibe la realidad social, lo percibe la sociedad y, sobre todo, lo percibe la familia, que se incorpora a ese
colectivo de familias doloridas con el Gobierno -hay otros casos que no son objeto de esta sesión, pero que están en la memoria de todos- y que sólo piden dos cosas: investigación y reconocimiento. Esto vale para otro supuesto del que no estamos
hablando hoy aquí y vale para el caso de Couso. Lo único que se les pide es coraje en la investigación y reconocimiento moral. Ese es el contenido de esta propuesta.
No sé si a medida que sigamos en este avance, cuando ya empezamos a reconocer errores en Irak y a aceptar que las cosas son como todos estamos viendo que son, tendrán el valor de empezar a rectificar también aquí y a hacer exactamente lo que
digo: defender la memoria de una persona que, sirviendo a los españoles como corresponsal, murió asesinada de forma absolutamente injusta y premeditada según todos los indicios -absolutamente todos los indicios-, apoyar a su familia y exigir la
correspondiente investigación. Eso es lo único que vamos a pedir aquí y lo que todos los grupos de la Cámara votarán favorablemente, previsiblemente, excepto ustedes.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guardans.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el señor Alcaraz tiene la palabra.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, de nuevo el Partido Popular solo; de nuevo el Partido Popular de la bronca y el dogmatismo solo, el Partido Popular de los Estados Unidos de Bush, es decir, el Partido Popular vinculado a la extrema
derecha norteamericana; solo como en tantos episodios del ultimísimo período. Ahora los grupos de la oposición, en solicitud de dignidad, se dirigen al Grupo Popular y al Gobierno -este último ausente, por cierto, del debate de un tema de tan alta
sensibilidad- para que voten a favor de algo que consideramos absolutamente justo. Se dirigen a ustedes 11.700.000 votos populares, 11.700.000 que piden una votación acerca de la búsqueda de la dignidad y de la justicia. Ante una situación injusta
y criminal solicitamos una condena formal del Gobierno; solicitamos también una investigación veraz y con garantía de independencia, que depure responsabilidades penales e indemnizatorias; solicitamos el reconocimiento institucional del trabajo
que realizaban José Couso y todos los periodistas que han muerto en la guerra de Irak.
El 8 de abril, poco después de las 11, un carro de combate norteamericano giró su torreta después de solicitar permiso, apuntó concienzudamente al hotel Palestina, sede conocidísima de los periodistas internacionales, y disparó a la altura
del decimoquinto piso. José Couso realizaba su trabajo desde la habitación 1403; poco tiempo después fallecía en el hospital Ibn Nafis. No hay razón, no encontramos la razón: a alguien que enfoca con una cámara se le apunta, se pide permiso y se
le dispara con un cañón; no hay razón, no hay justicia, consideramos que es un crimen.
¿Cuáles son los motivos? ¿Cuáles son, en todo caso, en la lógica de una invasión ilegal? El presidente Aznar dijo: Ellos sabían a lo que se arriesgaban
estando allí. Es decir, en su profesión de testigos, de notarios de la guerra, de la guerra mejor narrada desde La Iliada gracias a su heroísmo, los periodistas estaban ante las fuerzas invasoras cumpliendo con su labor, y el señor presidente del
Gobierno justifica que pudieran morir. Aznar justifica estas muertes; haciéndole el trabajo sucio al presidente Bush, justifica el impacto premeditado. En principio no habla de error, eso se hará poco después; justifica un motivo, justifica un
accidente y, con inmensa frialdad e insensibilidad, no da más explicaciones. La guerra es la guerra, se viene a decir, y Couso estaba allí; en todo caso ha muerto por el fuego de la civilización en lucha por la libertad y en la guerra mundial
contra el terrorismo que mantiene este líder unilateral, el señor Bush.
La misma altura moral mostró -sigo refiriéndome al presidente del Gobierno- cuando dijo que la oposición hubiese querido una guerra más larga, algo que sólo se le puede ocurrir a una mente enferma; o cuando dijo que estábamos esperando la
llegada de cadáveres, porque somos carroñeros, un argumento que se emplea constantemente en esta Cámara, sin entender cuál es el trabajo de la oposición. Esto se dice una vez pasada la guerra, una vez pasadas las elecciones en función del sitio en
que nos han colocado los votos populares. Es decir, según el Partido Popular, según su presidente del Gobierno, según su ministra de Asuntos Exteriores, estamos en una guerra justa, legal, querida por el pueblo y todo está justificado, excepto el
trabajo de la oposición. ¿Cómo pedimos entonces condena, investigación y resarcimiento por la muerte de José Couso? Nosotros pensamos que ustedes nos intentan situar al margen de los intereses de un Estado, pero en concepto maquiavélico, que en
absoluto compartimos. A partir de aquí se explica la situación actual hasta hace pocas horas o minutos. Hemos pasado de una invasión justa a una ocupación que por fin está dando estabilidad y mejor nivel de vida; sin embargo, en el último momento
se están cambiando los discursos y se están matizando relativamente los discursos. La señora ministra de Asuntos Exteriores nos dice que se ha pasado de una dictadura en la que se vivía mal a una situación en la que se vive peor. El señor Aznar
asume incluso un tono autocrítico cuando ha dicho que se han cometido errores. Se está intentando un viraje en función de una situación insoportable, porque efectivamente de una dictadura se ha pasado a un auténtico infierno y se está en una
ocupación de la que no se sabe cómo salir y que en la situación internacional está dibujando un panorama legal absolutamente inaceptable. Por tanto, pedimos que el Gobierno reaccione con dignidad ante el crimen de José Couso.
Hasta ahora se ha comportado patéticamente, con la frialdad espeluznante de alguien que se consideraba triunfador y que no tenía por qué atender a ningún tipo de víctima. El Gobierno anunció, en primer lugar, que no pedía explicaciones,
como se ha dicho aquí, y comparto todos los argumentos que han dado el señor Marín y el portavoz de Convergència i Unió. En segundo lugar, el Gobierno volvió a decir que si estaban allí tenían que asumir las consecuencias, que sabían a lo que se
arriesgaban.
En tercer lugar, intentó matizar -sin aceptar ninguna responsabilidad ni pedir ninguna explicación ni actuar en ningún momento bajo el pie de la dignidad de un país que pregunta por uno de sus ciudadanos- que en todo caso era un error
-lo dijo el señor Trillo-. Finalmente, dijo que el asunto no tenía la suficiente entidad para condenar al Gobierno de los Estados Unidos, ni siquiera para condenar los hechos. Por tanto, señorías, nosotros pensamos que en este momento corresponde
aprobar esta proposición no de ley que presentamos todos los grupos de la oposición, que integramos 11.700.000 votos según el resultado electoral. ¿Cuál es la escala moral de este Gobierno que no entiende la situación? ¿Cuál es la escala moral de
un Gobierno que ni siquiera condena -palabra que ha tenido un sentido fuerte a partir de ciertos momentos que se relacionan siempre con una muerte injusta- los hechos? ¿Por qué no se condenan ni siquiera los hechos y muchos menos al Gobierno que ha
promovido los hechos en virtud de una orden premeditada, de una acción premeditada de un carro de combate norteamericano que apunta durante varios minutos al sitio en el que estaba Couso, sabiendo con toda tranquilidad que nadie les apuntaba con
ningún tipo de armamento, sino que simplemente les estaban mirando? ¿Quizá estorbaban unos cuantos periodistas? Porque ese mismo día, en una secuencia inmediata, se produjeron también ataques a otros dos medios de comunicación. ¿Estorbaban los
notarios de la situación? A partir de ahí ¿qué ocurre? Que no podemos pedir justicia, que es de carroñeros pedir justicia, pedir condena, pedir resarcimiento, pedir investigación independiente para conseguir procesos penales indemnizatorios. Que
se pida un resarcimiento moral por el trabajo de don José Couso y de un montón de periodistas que han estado allí arriesgando la vida -y muchos de ellos perdiéndola-, no se entiende; no se puede
entender. Nosotros pensamos que de nuevo vais a vencer, compañeros de Cámara del Grupo Popular, pero en absoluto vais a convencer.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en esta Cámara, aun sin preverlo el Reglamento, se ha consagrado la práctica de que se utilice o no la tribuna según la extensión o la importancia relativa que se da a la cuestión que se debata. Yo no seré extensa, porque creo que
está casi todo dicho; sin embargo, la importancia humanitaria del asunto que hoy nos trae, firmado por todos los grupos de la Cámara a excepción del grupo de la mayoría, ha llevado a mi grupo a decidir la utilización de la tribuna. Insisto, no hay
mucho más que decir. Han intervenido varios grupos y, como dice el refranero, lo que está a la vista no necesita candil: un ciudadano español, muerto durante la guerra en Irak, parece que en acción intencionada.
El presidente Aznar -lo han dicho dos de los portavoces que me han precedido- ha reconocido ayer errores en la gestión de la posguerra, quizá debiera reconocer también errores anteriores, incluso la propia participación en la guerra; pero
incluso en la guerra no todo vale. Todas las vidas son iguales, ciertamente, y todas las muertes provocadas necesitan, primero, la repulsa, después, el reconocimiento de las víctimas y también la investigación de las circunstancias. Por ello,
instar al Gobierno, como dice la proposición no de ley, para que condene los hechos que culminaron con la muerte del cámara de televisión, José Couso, que a su vez inicie los trámites diplomáticos y políticos oportunos ante el Gobierno de Estados
Unidos y los organismos internacionales u otros órganos judiciales para el inicio de la investigación veraz, formal y con suficientes garantías de independencia que finalmente pueda culminar en las acciones y procesos judiciales oportunos, que
depuren por completo la responsabilidad penal e indemnizatorias que se puedan derivar del conjunto de los hechos, nos parece absolutamente sensato. Las acciones judiciales, señorías, avanzan -todos lo conocemos- sin que tengan el apoyo oficial de
quienes legalmente están obligados a impulsarlas. Hay que reconocer lo que su propia familia está realizando y también la labor de investigación de sus propios compañeros de Tele 5, con el apoyo de los demás medios de comunicación. Si quien forma
la mayoría parlamentaria es también la mayoría televisiva, les supongo a todos conocedores del excelente reportaje que a este respecto fue objeto de emisión -con importantísima audiencia de telespectadores- por la propia cadena en la que él
trabajaba, Tele 5.
Señorías, ocurre además que el ciudadano muerto, muerto -parece- por acción intencionada, era periodista, y desde hace ya tiempo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, ha existido la protección de los periodistas y de todas aquellas
personas que con riesgo de su propia vida asumen el compromiso de intentar explicar a quienes no están en el campo de batalla lo que allí está ocurriendo, a quienes incluso, deplorando estas acciones, las están observando desde sus casas. Se trata,
por tanto, de un profesional del periodismo, por eso la segunda parte de la proposición no de ley, en la que se dice que se solicita al Gobierno el reconocimiento institucional del trabajo profesional realizado por el cámara y reportero José Couso
Permuy y demás periodistas muertos en el conflicto de Irak, al igual que lo que se manifiesta en la primera parte, nos parece absolutamente sensato. Es más, encontramos difícil decir que no. Allá ustedes con las explicaciones que puedan darnos;
nos parece que su actitud quedará retratada a través de ellas. Nuestra formación política, insisto, se ha posicionado con el resto de formaciones de la Cámara y por supuesto vamos a dar nuestro voto favorable a la proposición no de ley que hoy se
trae.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señora presidenta.
Coalición Canaria se ha sumado a los grupos parlamentarios de la Cámara que han suscrito esta proposición no de ley sobre el caso del cámara de televisión español, don José Couso.
Hace pocas horas hemos aprobado por unanimidad en esta Cámara una declaración institucional contra la violencia de género (el maltrato de las mujeres, los asesinatos, las víctimas...) por qué, en esa misma línea de sintonía de todos los
grupos de la Cámara, no íbamos a condenar el asesinato de un periodista español al servicio de unos valores constitucionales. Cuando estamos celebrando los 25 años de nuestra Constitución tenemos que ver quiénes, en defensa del título I, de la
libertad de expresión, de la libertad de información, están en primera línea de fuego y han sufrido unas consecuencias. Los ciudadanos normales no entenderían que en la misma tarde condenemos aquí la violencia de género por un lado y que, por otro,
no condenemos un asesinato a un servidor de la información, uno de los derechos fundamentales.
Tres puntos esenciales tiene la proposición no de ley que hemos firmado.
En primer lugar, una condena -a la que ya me he referido- buscando una congruencia en los actos institucionales de la Cámara. Hay que hacer un acto institucional de
condena, por lo que significa el asesinato de una persona al servicio de la libertad de expresión, de la información, que es lo que hace el periodismo y los medios de comunicación en una sociedad democrática. Pedimos, como también especifica
nuestro texto, una investigación, a efectos penales y a efectos compensatorios para una familia que queda inerme, desprotegida, en un Estado que, según nuestra Constitución que cumple 25 años, tiene unos deberes de solidaridad y asistencia a quienes
se encuentran desprotegidos de todo tipo de seguridad económica. Y hacemos además una declaración pidiendo institucionalmente este reconocimiento a unos profesionales. Señorías, si una tropa desobedece órdenes superiores, comete una
extralimitación, los códigos de justicia militar, las leyes y reglamentos de disciplina militar tipifican penas y condenas para estas acciones de soldados en un frente de guerra que olvidan que están al servicio de unos países democráticos. El
corresponsal de guerra se encontraba en un edificio, como el hotel Palestina, perfectamente identificado. Conozco perfectamente, señorías, como conocemos todos, las leyes de enjuiciamiento militar y los códigos de justicia y de disciplina militar
españoles, que hemos debatido aquí; conozco también los reglamentos y códigos de disciplina militar norteamericana que señalan precisamente en muchas partes de su articulado las penas que merecen los militares de tropa o los oficiales que
desobedecen órdenes de sus mandos superiores o principios de respeto a los derechos humanos. Por tanto, no habría ningún inconveniente de tipo jurídico en la legislación española -que pudiéramos hacer comparativa- ni en la legislación de las
Fuerzas Armadas norteamericanas para castigar a aquellos que han cometido cualquier desafuero, cualquier exceso en el uso de las armas, que no está justificado en un militar profesional. Las Fuerzas Armadas españolas, hoy profesionales, tienen su
equivalencia en un ejército de profesionales; las Fuerzas Armadas norteamericanas son profesionales, no son soldados de aventura o de levas obligatorias; son militares profesionales que han tenido que recibir en los cuarteles de formación
profesional unas debidas instrucciones por parte de sus mandos. No entiendo por qué algún grupo pudiera sentirse excluido de esta exigencia. Nosotros, desde Coalición Canaria, con el respeto a unos principios constitucionales de exigencia de un
país democrático, como es España, a otro país democrático, como los Estados Unidos de Norteamérica, en igualdad de exigencia de quienes hemos firmado protocolos de justicia militar, de defensa de derechos humanos, pero sobre todo de solidaridad
constitucional, tenemos que ser firmes en exigir estos tres principios: condena, investigación y declaración institucional. Lo menos que se merecen los servidores de un valor democrático -sobre todo si han pagado con su vida el ejercicio de
informarnos- es recibir este reconocimiento parlamentario de nuestro Congreso de los Diputados. Nuestro voto está en ese lugar. Es el voto de la oportunidad política, de la oportunidad democrática y de la oportunidad institucional.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra, en primer lugar, el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Señora presidenta, señorías, 'los tanques que estaban apostados en los puentes sobre el río Tigris llevaban seis horas viéndonos, sabían que los que estábamos allí éramos periodistas porque había 40 cámaras y nos
veían tomar café; en el momento en el que se produjo el ataque no se estaba librando ninguna batalla ni había ningún francotirador en el hotel Palestina, como han dicho desde el bando agresor, es decir el de los Estados Unidos; el que disparó
sabía que iba a causar muertes entre los periodistas, estoy convencido de que dispararon de forma premeditada; los americanos llevaban mucho tiempo viéndonos porque todos los periodistas llevábamos cámaras y chalecos antibalas con la palabra Press
o TV bien visibles; todos los combatientes sabían que en el hotel Palestina sólo había periodistas'. Esto, señorías, señores del Partido Popular, es lo que dijeron los testigos directos del asesinato de José Couso, lo que sus compañeros
periodistas declararon en el marco del proceso abierto por la querella presentada por los familiares en la Audiencia Nacional. Su representante en ese proceso, por cierto, el señor fiscal Pedro Rovira estaba tomando café, lo mismo que el señor
portavoz del Grupo Popular, el representante del Gobierno señor Fernández Díaz, y todo el Gobierno que está tomando café mientras en esta Cámara se discute sobre el asesinato de un ciudadano del Estado español.
La conclusión es que el homicidio de José Couso fue premeditado y con intención de matar; es decir, técnicamente fue un asesinato. ¿Y qué hacen ustedes, señores del Partido Popular, ante este asesinato? En este momento el Gobierno se
halla enfrascado en una cínica polémica acerca de la calidad de vida en el Irak, destruido y posteriormente ocupado; pero este Gobierno sigue dando crédito al informe oficial remitido por la Administración norteamericana: Atacamos en un acto de
legítima defensa.
Ustedes dan crédito a eso. Quizá tenía razón el señor Colin Powell, quizá tiene razón ese informe de la Administración norteamericana.
Tenían que defenderse de la verdad, tenían que defenderse de aquellos que frente a sus mentiras querían informar a la gente, a la sociedad, de qué es lo que realmente estaba pasando en Irak. Sorprende que el Gobierno español no se considere
incumbido por la muerte de un periodista gallego, de un ciudadano de este Estado, y que lejos de amparar a sus familiares y amigos en su justa demanda de justicia instruya al ministerio fiscal precisamente para que se oponga a la querella de los
familiares, para que se oponga a la justicia. El Gobierno, señores del Partido Popular, debería interesar del ministerio fiscal una actuación más diligente, una actuación más respetuosa y, desde luego, una actuación más beligerante en la defensa de
los derechos de los ciudadanos del Estado español, incluso cuando sean violados por soldados de los Estados Unidos. ¡Qué paradoja que ustedes que reclaman ahora la entrada en el G-8, en el grupo de los poderosos, muestren tan poca grandeza, tan
poca altura moral y hagan ejercicio de tanta ignominia lamentando, como dijo la ministra de Asuntos Exteriores en esta Cámara, pero no condenando el asesinato de un periodista! Si esto lo dijese otra persona, si esto lo dijese el representante de
alguna organización política ilegalizada merecería la condena unánime de toda la Cámara, también la de este diputado. ¿A qué esperan para condenar también esas declaraciones de la ministra señora Palacio? ¿Siguen ustedes, señores del Partido
Popular, amparando esta actitud tan vergonzosa del Gobierno que apoyan? ¿Siguen ustedes, señores del Partido Popular, queriendo actuar como encubridores de los asesinos de José Couso? Pues hoy tienen una oportunidad de oro para lavar su dignidad,
para lavar el honor de su partido y para lavar también el nombre del Gobierno que ustedes apoyan, del Gobierno que depende de ustedes. Y sobre todo tienen una oportunidad de oro para amparar a las víctimas de un acto criminal como el asesinato de
José Couso, para amparar a sus familiares. Tienen una gran ocasión para recuperar la credibilidad pérdida a lo largo de estos meses y para demostrar que para ustedes no todos los muertos son iguales, que no hay muertos de primera y muertos de
segunda, que todas las víctimas merecen la protección y el amparo de su Gobierno. Si no lo hacen así, seguirán ustedes en la ignominia, seguirán ustedes en el descrédito de toda la sociedad.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Señora presidenta, señorías, en un minuto se puede decir lo que aquí estamos defendiendo. ¿Qué es el Estado de derecho? ¿Qué es la defensa de la Constitución? En estos tiempos que corren, ¿qué es la defensa de la
ciudadanía española? ¿Qué es la defensa de España? Aquí podemos discutir muchas cosas básicas y no básicas de la Constitución, pero hoy estamos con las fundamentales, con los derechos. Hoy hablamos de justicia, de indemnización, de investigación,
de que el Parlamento protege los derechos de los ciudadanos y de que el Gobierno debiera protegerlos. Lo que está haciendo aquí hoy la oposición es defender la Constitución. Esto sí es defender la Constitución y lo está haciendo el Grupo
Socialista, Izquierda Unida, Convergència i Unió, el PNV, el Grupo Mixto y Coalición Canaria, porque están pidiendo justicia, defensa de la ciudadanía española, defensa de los derechos e indemnización del daño causado por un asesinato absurdo e
injusto. No quiero entrar más en las posiciones que mantenemos aquí sobre la guerra, pero hoy hablamos de derechos, de Constitución y, por tanto, la posición andalucista tiene que ser nítida si nos queremos sentir orgullosos de ser ciudadanos de
esta España. Un ciudadano español ha sido asesinado y su familia se encuentra indemne, con un Gobierno que silba y mira al techo. No hay más comentarios.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.
Señor Labordeta, tiene la palabra.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Señora presidenta, señorías, hace ya unos cuantos años los americanos invadían Panamá de una manera también ignominiosa y a través de las crónicas de Maruja Torres conocimos el asesinato de un fotógrafo español,
pero nadie volvió a reclamar y nadie ha vuelto a acordarse. Hoy volvemos a insistir al reivindicar la ayuda, la regeneración y el reconocimiento por parte de Estados Unidos del asesinato de un cámara español, José Couso Permuy. El día 29 de mayo
preguntamos a la ministra si iban a reclamar responsabilidades al Gobierno de los Estados Unidos de América y nos dio una respuesta larguísima en la que al final el señor Powell decía que aquello había sido un accidente de guerra y que se había
producido porque el hotel Palestina estaba situado en zona de guerra. Naturalmente después descubrimos que aquello era una nueva mentira del señor Powell y una ignominia otra vez. Por eso hoy presentamos una proposición no de ley, precisamente
para dignificar la memoria de Couso y para reclamar a Estados Unidos ese acto, que en el fondo fue un asesinato por parte de sus Fuerzas Armadas para acabar fundamentalmente con la prensa, que estaba haciéndonos ver una guerra que no tenían ningún
interés en ver.
Por ese motivo vamos a firmar hoy la proposición no de ley.
La ventaja de ser el último es que todo lo que había que decir ya se ha dicho. No voy a repetir lo que han manifestado los colegas del Grupo Socialista, de CiU, del PNV, de Izquierda Unida, de Coalición Canaria y del Grupo Mixto, pero
quisiera aprovechar que estoy en esta tribuna y el tiempo que me queda para decir una cosa. El día 18 del mes de diciembre la gente que estamos en la calle y que estamos en contacto con otra mucha gente vamos a celebrar un festival musical en
solidaridad con la familia de Couso. Digo esto porque posiblemente muchos miembros del Partido Popular no vendrán, pero siempre está la fila cero. Se puede pagar la fila cero y apoyar de esta manera a la familia de José Couso, que se encuentra en
una situación bastante complicada, pues no es muy agradable quedarse viuda y con dos niños pequeños cuando se es joven. La gente de la calle, la gente de la canción, la gente de la música hemos decidido celebrar el día 18 este festival y, repito,
como mucha gente no podrá entrar porque el local no es muy grande, y mucha gente no irá por reparos políticos, vamos a hacer una fila cero. Ya saben ustedes que con la fila cero apoyan esta actitud y con ello las malas conciencias se verán
satisfechas.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Señor De Arístegui, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Señora presidenta, señorías, es la segunda vez que subo a esta tribuna para rendir un homenaje sentido, un homenaje sincero...(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: ...un homenaje desde el corazón, señorías, desde la solidaridad sincera a la familia de José Couso Permuy, pero también a las familias de Julio Fuentes, de Julio Anguita Parrado, de Juancho Rodríguez y de
tantos periodistas muertos en cumplimiento de su sagrado deber en pro de la libertad de expresión y del derecho a la información. (Aplausos.) En una intervención anterior los calificamos de héroes de la libertad de expresión y nos reafirmamos en
ello. Fue una terrible tragedia, señorías, y créanme que sé de lo que hablo.
El PP y el Grupo Parlamentario Popular de verdad se sienten legítimamente orgullosos de los medios de comunicación de España, de los corresponsales de guerra que nos han hecho un gran servicio a la democracia y a la verdad, que han traído
hasta nuestras casas, a la democracia, a este hemiciclo y a nuestro país la información para que todos podamos decidir e informarnos desde la libertad. Las circunstancias de esta tragedia, señorías, siguen siendo muy oscuras. Yo fui uno de los
españoles que vio el excelente reportaje de Tele 5. Con todo y con eso las circunstancias no quedan suficientemente aclaradas, no hay suficientes elementos de juicio, y creemos que hay muchos elementos de prejuicio en algunas de las intervenciones
de esta tarde en esta tribuna. (Rumores.) Señorías, estamos totalmente abiertos a que sigamos recibiendo información veraz, información equilibrada, razonable y fundamentada en sólidos argumentos.
Esas aportaciones sólidas las tendremos en cuenta.
Es falso que nosotros hayamos considerado cerrado el caso. En absoluto queremos dar la sensación a la opinión pública de nuestro alejamiento o de nuestra falta de solidaridad. Señorías, nosotros queremos hacer todo lo que sea necesario para que el
reconocimiento a José Couso Permuy sea cierto, y yo quiero además decirles que la condena que ustedes piden no se puede hacer sin ese esclarecimiento completo de los hechos. (Rumores.) Esa condena que ustedes dicen prejuzga los hechos y, por tanto,
nosotros queremos manifestar desde esta tribuna, y además lo hará seguramente mi grupo porque al finalizar mis palabras le voy a pedir una cerrada ovación en memoria de los héroes de la libertad de expresión (Rumores.-Aplausos.), que esa deferencia,
ese cariño, el respeto y la solidaridad la vamos a demostrar con hechos.
El Gobierno de España ha tenido contactos con el Gobierno de Estados Unidos, la ministra de Asuntos Exteriores tuvo tres conversaciones con su homólogo estadounidense; hemos recibido una carta del embajador de Estados Unidos, hemos recibido
ese informe del comando central de Estados Unidos. Entiendo y me parece no sólo legítimo sino razonable que muchos de ustedes y la familia consideren insuficiente el contenido de ese informe. Lamentablemente no tenemos otro elemento de juicio,
señorías.
Los representantes de la familia mantuvieron encuentros con el anterior vicepresidente primero del Gobierno. Las máximas instancias administrativas y políticas del Gobierno estaban buscando las fórmulas adecuadas para proceder al
encuentro de una solución razonable y equilibrada, justa y esperemos que también adecuada a las pretensiones de la familia. Nosotros mismos, el Grupo Parlamentario Popular, hemos mantenido encuentros con la familia y desde tribuna anunciamos que
queremos seguir manteniendo esos contactos, queremos seguir demostrando y enseñando nuestro cariño, nuestro respeto y nuestra solidaridad. Queremos anunciar que las instancias adecuadas -el Ministerio de la Presidencia- también desean seguir
manteniendo ese contacto y que nosotros desde el Grupo Parlamentario Popular lo seguiremos haciendo, como lo hemos hecho hasta ahora con una reunión. Señorías, nadie ni del Gobierno ni de este grupo parlamentario ha dicho nunca que este asunto no
tenga entidad; nadie dijo
nunca que hubiese muertos de primera y de segunda. Eso me parece no un lamentable error sino una manifiesta muestra de mala fe. (Rumores.) Señorías, se estudian las opciones. Estamos haciendo los esfuerzos que creemos oportunos y
necesarios. Creemos, además, que las acciones jurídicas que se han emprendido por otras partes acabarán culminando donde la justicia, el derecho y el Estado de derecho así lo tengan a bien.
Por último, señorías, cada vez que discutimos estas cuestiones nos encontramos ante el recurso constante a tratar de reabrir el debate de Irak. Ustedes ahora tratan de traer a esta tribuna -y esta vez sí voy a entrar en el debate de esta
cuestión- el reconocimiento de los errores, decían ustedes, por parte del presidente del Gobierno y de la ministra de Asuntos Exteriores. Un portavoz de los que me precedió en el uso de la palabra dijo incluso que teníamos que pedir permiso al
presidente del Gobierno. O no tiene memoria o no se lee los 'Diarios de Sesiones', porque desde esta misma tribuna hemos sido críticos cuando había que serlo (Rumores.), hemos denunciado lo que había que denunciar y hemos recordado a SS.SS. algún
nombre que seguramente no conocían, aunque a lo mejor ahora sí. Fuimos los primeros en denunciar a Ahmed Chalabi desde esta misma tribuna; fuimos los primeros en denunciar en los medios de comunicación la prematura disolución del ejército
iraquí... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: ...y fuimos también los primeros en denunciar en los medios de comunicación los errores en la planificación de la posguerra; pero ustedes, con una manifiesta mala intención política, confunden las
consecuencias de la intervención con las consecuencias de la posguerra. (Rumores.-Protestas.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio. Señor Navarrete, guarde silencio.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Si el único recurso que tienen ustedes a una exposición argumentada es el pataleo, eso no es muy democrático.
(Rumores.-Protesta.)
La señora PRESIDENTA: Señor Cuesta, le ruego que no interfiera en el debate. (Continúan los rumores.) Señorías, guarden silencio, por favor.
Adelante.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: A ustedes les conviene presentar un Gobierno de España sometido a un Gobierno republicano de Estados Unidos.
(Rumores.) Ustedes tratan de presentar ante la opinión pública un Gobierno de España que no
tiene una posición independiente en asuntos internacionales. (Continúan los rumores.) Ustedes tratan de convencer a la opinión pública, con artimañas políticas y mediáticas, de que el Gobierno de España hace seguidismo de la política del señor
Bush.
(Rumores.-Protestas.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Explíquennos, señorías, y expliquen a la opinión pública española por qué cuando se establece la desafortunada teoría del eje del mal la primera invitación para realizar una visita de Estado a un país
occidental la hace el Gobierno de España a la República Islámica de Irán; y por qué este es el primer Gobierno que el 11 de abril defiende a Siria ante algunos exabruptos de algunos miembros del Gobierno de Estados Unidos. No recuerdo que otro
Gobierno ni otros políticos lo hicieran. (Rumores.-Aplausos.) Además, también critican ustedes estas muestras de independencia cuando después del levantamiento de sanciones a la República de Libia, a la Gran Yamahiria Árabe Libia Popular y
Socialista (Continúan los rumores.), se produce el viaje oficial del presidente del Gobierno de España a Libia. Ustedes lo criticaron inmediatamente. Esa era una muestra de independencia de la política exterior de España, desde la responsabilidad
y el conocimiento de la delicada situación que atraviesa el Mediterráneo y el Magreb, señorías. Y hemos votado en sentido bien contrario al de Estados Unidos y otros de sus aliados en todas las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas
que giran en torno al muro que separa a palestinos de Israel y que nosotros hemos considerado que era una anexión ilegal de territorios.
(Rumores.) Señorías, hemos demostrado hasta la saciedad una posición autónoma, independiente y sólida en
política exterior. Ustedes sólo hacen y tienen el recurso de retorcer las palabras de la mayoría, a tratar de presentar el Gobierno de España como una especie de enano sometido a la voluntad de la extrema derecha, como dicen ustedes (Protestas.), y
no son capaces de reconocer cuándo este Gobierno tiene posiciones independientes.
Como prometí, señorías, quiero pedir a mi grupo parlamentario el más cariñoso y firme aplauso para homenajear... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio. Señor Quirós, guarde silencio.
El señor ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: ...a los héroes de la libertad de expresión. Y muchas gracias por su falta de respeto a mi intervención, señorías.
(Prolongados aplausos.-Prolongadas protestas. El señor Marín González pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
Señor Marín.
El señor MARÍN GONZÁLEZ: Señora presidenta, me pongo en su interpretación del Reglamento, apelo al artículo72.2 porque el señor Arístegui dijo como afirmado por algún portavoz lo que no se dijo nunca. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio, por favor.
Señor Marín, permítame. El artículo 195, que es el que regula el debate de las proposiciones no de ley, no prevé en ningún caso réplica y el artículo que hace referencia a las alusiones, que es el 71...
El señor MARÍN GONZÁLEZ: No. Invoco el 72.2, que se lea simplemente la entrevista publicada en el diario El Mundo a la ministra de Asuntos Exteriores para que se vea que no...
La señora PRESIDENTA: Señor Marín, si usted lo que desea es que por la Presidencia o un secretario de la Cámara se lea un documento, que es lo que ampara el artículo 72, le ruego que lo haga llegar a la Presidencia en este momento.
(Rumores.) Señorías, guarden silencio. (Continúan los rumores.) ¡Señorías, guarden silencio! (La señora presidenta agita la campanilla.) ¡Señorías, guarden silencio!
Señor Marín, el artículo 72, que es del que usted solicitaba la aplicación, dice en su punto 1: En cualquier estado del debate, un diputado podrá pedir la observancia del Reglamento, etcétera. Punto 2 -que es el que usted solicitaba-:
Cualquier diputado podrá también pedir, durante la discusión o antes de votar, la lectura de las normas o documentos que crea conducentes a la ilustración de la materia de que se trate. La Presidencia podrá denegar las lecturas que considere no
pertinentes o innecesarias.
Ni tan siquiera la Presidencia ha llegado hasta ahí. La Presidencia lo que le demanda es que si usted quiere que se lea un documento que en este momento lo haga llegar y si no, señor Marín, no es de aplicación el artículo 72.
El señor MARÍN GONZÁLEZ: Señora presidenta, ¿dónde dice que el diputado -él- tiene que entregar al secretario el documento? Pido que se ponga a disposición de la Cámara la entrevista de la ministra de Asuntos Exteriores para que se ponga
de manifiesto... (Rumores.-Aplausos)
La señora PRESIDENTA: Señor Marín, no está en el uso de la palabra.
Señor Marín, creo que es fácilmente deducible del contenido del artículo que es imposible prever qué documentos va a pedir cada diputado para que antes de la votación se dé lectura de ellos. Por tanto, es práctica inveterada en esta Cámara
que el diputado que solicita la lectura de un documento lo aporta a la Presidencia. Si usted no tiene el documento en estos momentos, lo lamento profundamente. (Rumores.)
Sometemos a votación la proposición no de ley de los grupos parlamentarios Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), Coalición Canaria y Mixto, de petición de investigación y juicio por el crimen
del cámara de Tele 5 don José Couso.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 150; en contra, 168.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la citada proposición no de ley.
(Rumores y protestas.)
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL A ADOPTAR POR EL GOBIERNO PARA POTENCIAR LA CREACIÓN DE UN MARCO FISCAL, ADMINISTRATIVO Y SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS.
(Número de
expediente 173/000233.)
La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.
Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas de carácter general a adoptar por el Gobierno para potenciar la creación de un marco fiscal, administrativo y social para los
trabajadores autónomos.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Grupo Catalán (Convergència i Unió) ha presentado esta moción ante el Pleno de la Cámara para que podamos discutir todas aquellas propuestas que van en la dirección de profundizar, todavía más de lo que se ha
hecho hasta ahora, en todos aquellos aspectos que hacen referencia a
mejorar la legislación, a mejorar las prestaciones sociales que reciben los trabajadores autónomos, para que cada vez más se equiparen a las prestaciones que reciben los trabajadores por cuenta ajena. Es decir, todas aquellas propuestas de
ámbito fiscal, laboral y administrativo que de una vez por todas puedan configurar un marco moderno y efectivo no solamente para los trabajadores autónomos, sino también para las microempresas, para todas aquellas pequeñas y medianas empresas, para
todo aquel tejido empresarial y para todo aquel mercado potencial de trabajadores emprendedores.
Es cierto que hasta la fecha se ha conseguido muchísimo en esta legislatura en todo lo que son cuestiones dirigidas a mejorar la legislación de los trabajadores autónomos, pero no es menos cierto que todavía hay algunos aspectos importantes
que ha planteado Convergència i Unió, en los que existe el compromiso del Grupo Parlamentario Popular de que antes de que finalice esta legislatura puedan ser aprobados y podamos hacer justicia a este colectivo tan importante de trabajadores
autónomos.
Durante muchos años todos los grupos hemos luchado por mejorar su legislación y finalmente, a pesar de que hasta la fecha hemos conseguido avances cualitativamente muy importantes, repito, no es menos cierto que quedan dos o tres
cuestiones fundamentales. Sería una verdadera lástima que a pesar de haber sido aprobado en la subcomisión y en las diferentes comisiones por el Grupo Parlamentario Popular, que es el que da apoyo y soporte al Gobierno del Estado español,
finalmente por falta de este soporte, por falta de cumplimentar el núcleo global de lo que nosotros hemos venido planteando a lo largo de toda esta legislatura, quedasen algunos aspectos en el tintero que quizás puedan llegar a empañar la buena
labor que hemos hecho todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, sin excepción, para mejorar dicha legislación. Queremos reiterar una vez más ante esta Cámara que todos aquellos aspectos positivos que se han aprobado en esta legislatura y que
han gozado del beneplácito de todos los grupos parlamentarios, especialmente del grupo parlamentario que da soporte al Gobierno, llevan el sello del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y que ha venido planteando a lo largo de
muchísimos años. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la Presidencia.)
En cuanto a los aspectos que hemos planteado en esta moción, hay algunos importantes que están dentro del ámbito de medidas fiscales y que ahora sería el momento oportuno para darles luz verde definitivamente.
Básicamente se refieren a
aspectos que hemos reiterado a lo largo de esta legislatura, que van en la dirección de posibilitar que las microempresas puedan tener un tipo reducido del impuesto de beneficios en función del tamaño de dicha actividad empresarial. También hemos
planteado en algunas ocasiones, y lo volvemos a hacer ahora en estos momentos, la posibilidad de que los diferentes administradores de las pequeñas empresas puedan tener una retención especial e inferior al 35 por ciento que hoy perciben los
administradores autónomos. Pensamos que para determinado grupo de empresas de pequeña dimensión son rendimientos y porcentajes muy elevados que afectan negativamente a las cuentas de explotación. Asimismo, creemos que ahora sería el momento
oportuno, ya que hemos sido capaces de aprobar que los trabajadores autónomos puedan deducir todos los gastos sanitarios, así como hacer extensiva esta posibilidad a aquellos trabajadores autónomos que no están en la estimación directa.
Respecto al ámbito de la Seguridad Social, pensamos que hay dos aspectos fundamentales con los cuales el Gobierno del Partido Popular está muy comprometido. Desde nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió pensamos que también es la
última oportunidad para dar la luz verde definitivamente a esta cuestión relativa a la posibilidad de que los trabajadores autónomos, que por causas objetivas tengan que cesar en su actividad por la dependencia de uno o pocos clientes, puedan tener
una cobertura especial consistente en un fondo de garantía. Esta es una cuestión que todos los grupos de la Cámara hemos planteado y hemos votado, pero que finalmente no va a ser posible. También queremos que exista la posibilidad de que se pueda
hacer justicia a los trabajadores autónomos en el sentido de que puedan incorporar al régimen general de la Seguridad Social al esposo o esposa o a sus hijos. Es terriblemente injusto que esta posibilidad no exista, y así lo han reconocido todos
los grupos parlamentarios de la Cámara, y hasta hoy no es posible. Por lo tanto, pienso sinceramente que ahora es la última oportunidad para hacer justicia ante este colectivo que viene demandando desde hace muchísimo tiempo estas cuestiones.
Tampoco hemos perdido la ocasión para plantear la posibilidad de que los trabajadores autónomos puedan cotizar a tiempo parcial. Al mismo tiempo, hemos planteado que estos trabajadores puedan jubilarse antes de los 65 años.
Se han presentado dos enmiendas, una por parte del Grupo Parlamentario Socialista, que va prácticamente en la misma dirección de lo que nosotros hemos planteado en esta moción. Yo le diría a la diputada socialista que aceptaríamos la letra
c) del apartado 2, que sustituiría a nuestro punto 2 letra c). En cuanto a la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, también estaríamos dispuestos a aceptar la letra a), pero no la letra b).
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda a la moción de CiU con un contenido y una orientación muy clara. En enero de 2002 defendimos en esta Cámara el estatuto del trabajador autónomo, que pretendía articular
una ley que garantizara todos sus derechos sociales y laborales. En definitiva, se trataba de articular un estatuto que recogiera a todos los trabajadores autónomos, teniendo en cuenta especialmente la nueva situación que se está dando con los
trabajadores autónomos dependientes. El estatuto del trabajador autónomo es el que recoge todas y cada una de las medidas que plantea el Grupo Parlamentario Socialista de protección en su conjunto.
El señor Sánchez i Llibre decía con razón que nuestra enmienda va en la misma línea que la moción. La diferencia es que la nuestra concreta mucho más lo que ellos dejan de manera más abierta. Esa es la intención de nuestra enmienda. En
ella solicitamos que tengan derecho a la jubilación anticipada. Hablamos también de que todos aquellos trabajadores que se quieran convertir en autónomos puedan cobrar el seguro de desempleo y de la creación de un fondo que garantice la posibilidad
de que puedan cobrar aquellos que, por causas ajenas a su voluntad, tengan que cesar en la actividad. Nos referimos también a la posibilidad de la contratación de familiares, cuya prohibición creo que está totalmente desfasada.
Planteamos
actualizar los programas de apoyo, con unas bonificaciones del 50 por ciento de la cuota de las cotizaciones a la Seguridad Social, para jóvenes menores de 30 años, mujeres, parados de larga duración y mayores de 45 años. Y, lógicamente, planteamos
regular los riesgos de salud laboral, problema que sufren en estos momentos todos los trabajadores de nuestro país, incluidos los autónomos -sobre todo los subcontratados por empresas constructoras, que han ido en aumento-, a efectos de especificar
de quién es la responsabilidad, es decir, de la empresa contratante.
Quiero reiterar que nuestra intención es que, igual que hay un Estatuto de los Trabajadores en general, hubiera un estatuto específico del trabajador autónomo que recogiera todas las especificidades de este trabajo, eliminara las
desigualdades existentes en protección social y especificara todas las desgravaciones fiscales que se proponen para este tipo de trabajadores, recogido en una sola ley, para que cualquier trabajador autónomo dependiente, trabaje en una tienda, con
una furgoneta o en la construcción, sepa cuáles son sus derechos y sus obligaciones.
Por lo tanto, señorías, a pesar de que CIU no acepte nuestra enmienda, votaremos a favor, porque no tendría sentido votar en contra, y agradecemos que se acepte
una enmienda tan importante como la de riesgos de salud laboral en la construcción. No podemos votar en contra, porque todo lo planteado aquí va en la línea de lo tratado en la subcomisión de la Comisión de Economía y Hacienda.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora López i Chamosa.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Delgado.
El señor DELGADO ARCE: Señora presidenta, señorías, mes y medio, aproximadamente, es el tiempo que queda para que culmine esta legislatura y, probablemente, desde distintas áreas se pensará en algún hito o tema concreto para identificarla.
Desde el ámbito económico, sin duda, se podría rubricar como la legislatura de las microempresas, la de las pymes y de los trabajadores autónomos. Lo ha sido porque se ha realizado un trabajo enorme en este campo para intentar corregir unas
situaciones de injusticia histórica que no fueron solucionadas en 13 años de Gobierno socialista, cuando los problemas estaban perfectamente identificados, y que se ha tenido el coraje y la decisión política de hacerlo en esta ocasión, desde la
perspectiva centrista del Partido Popular, que ha contado con el diálogo y el consenso, escuchando a los distintos sectores sociales y grupos políticos. Eso ha quedado plasmado en el informe de la subcomisión para el estudio de los problemas de la
microempresa, del trabajador autónomo y del emprendedor. No nos hemos quedado quietos ni un solo instante en esta legislatura, hemos estado constantemente impulsando medidas. Esto nadie lo puede negar y lo reconocen todas las organizaciones de
autónomos de España y toda publicación y analista económico que trate esta materia.
En el ámbito de la simplificación administrativa, con la ley de sociedad limitada de nueva empresa, pone fin a una demanda enorme de simplificación y reducción de tiempos para la creación de empresas.
Porque los pasos que se han dado en el
ámbito de la equiparación de la acción protectora del régimen de autónomos con el régimen general, han pasado por el reconocimiento de la prestación de la incapacidad temporal a partir del cuarto día de la baja; el reconocimiento de la cobertura de
los accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales para los autónomos; la posibilidad de exonerar del pago de las cuotas a aquel trabajador autónomo que tenga más de 65 años de edad y más de 35 años cotizados; la posibilidad de hacer un
mejor tratamiento de la pluriactividad; el
establecimiento de una cotización joven para los autónomos bonificada o para las mujeres mayores de 45 años; la práctica igualación de las prestaciones y el nuevo tratamiento, mucho más justo, más progresista y sobre todo más digno, del
trabajador autónomo del régimen especial agrario. Prácticamente la integridad de los planteamientos y posiciones defendidos en el informe de la subcomisión se han llevado ya a la práctica.
Lo mismo cabe decir, señorías, del importantísimo ámbito fiscal, que tanto preocupa a nuestros empresarios. Las reformas han sido generalizadas.
Desde la supresión del ingrato -y yo diría que hasta odiado- impuesto de actividades
económicas, que maltrataba a nuestros pequeños empresarios, o el tratamiento del impuesto sobre la renta de las personas físicas con la reducción de los tipos impositivos; el establecimiento de la estimación directa simplificada; la modificación
del régimen de estimación objetiva directa; la congelación de módulos este año 2003 y la que se ha anunciado para 2004; el reconocimiento en el impuesto sobre sociedades de una cifra de negocio inferior a seis millones de euros, que ha servido
para que todo el marco tributario del impuesto de sociedades sea mucho más justo para las pequeñas empresas; las nuevas deducciones para el uso de nuevas tecnologías y energías renovables; la reducción de la fiscalidad de las plusvalías y podría
continuar con el impuesto sobre sucesiones y donaciones o con el impuesto sobre el patrimonio. Todo esto son hechos, no son palabras, son referencias que se pueden leer en un Boletín Oficial del Estado y que están ya vigentes.
El Grupo Parlamentario Popular, señorías, no se duerme. Está satisfecho con la gestión realizada en este ámbito y, al mismo tiempo, está comprometido. En el debate sobre el estado de la Nación nos hemos comprometido a seguir impulsando
propuestas que no vamos a poder materializar en esta legislatura porque estamos a punto de concluirla, pero nuestro trabajo va a ser continuado, porque tenemos claro este tema, porque tenemos una filosofía de que este país crece si crecen las
pequeñas y medianas empresas, si ayudamos al trabajo de los autónomos de España. Por ello hemos presentado una enmienda constructiva, una enmienda que va en la línea de impulsar medidas en el ámbito fiscal que permitan adecuar los módulos, los
signos y los índices que utiliza el método de estimación objetiva del IRPF a la realidad actual de la actividad productiva de los autónomos, que inciden también en el marco de la estimación objetiva del IRPF, que persiguen la extensión a los
autónomos que están en el régimen de estimación objetiva de la consideración de gasto deducible de las primas del seguro de enfermedad satisfechas por el contribuyente, que ya tienen los que están en el régimen de estimación directa y directa
simplificada, que agiliza los instrumentos que faciliten a los autónomos una mejor interlocución con la administración fiscal y, entre otras cosas, potenciar la cuenta corriente tributaria. Y, por supuesto, reiteramos aquí, una vez más, nuestro
compromiso de continuar avanzando en este proceso de equiparación...
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Delgado, su tiempo ha terminado.
El señor DELGADO ARCE: Decía que reiteramos nuestro compromiso de continuar avanzando en este proceso de equiparación de los trabajadores autónomos adaptándolo a las nuevas necesidades. Reiteramos nuestro compromiso de traer a esta Cámara
los estudios de la contratación de los familiares de los trabajadores autónomos y de los trabajadores autónomos dependientes.
En ese camino vamos a seguir, como estamos ya demostrándolo con hechos en esta legislatura, y nos implicaremos en la próxima si los españoles quieren otorgarnos nuevamente, como nosotros esperamos, la confianza y el respaldo para formar
Gobierno.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Delgado.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Gracias, señora presidenta.
Vamos a votar afirmativamente esta moción porque nos parece adecuada a los problemas que tiene este amplísimo sector de autónomos. Me enternece este sentido social del Partido Popular, que dice que lo está arreglando todo ya. Debe tener
una percepción diferente de la que tengo yo, que tengo una relación bastante fluida con el sector de autónomos, entre los que hay gentes y autonomías muy diversas. El conjunto de propuestas que hace el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) son acertadas para hacer frente a muchos de los problemas que tiene este sector.
Nos hubiera gustado que Convergència hubiera aceptado la enmienda del Grupo Socialista, que en algunos casos mejoraba los puntos de su moción, como también nos hubiera gustado que el Partido Popular votara a favor, pero ya conozco esa
táctica parlamentaria que consiste en decir que el Gobierno lo ha hecho todo muy bien y en el momento en que un grupo parlamentario plantea algo, en este caso en interés de los trabajadores autónomos, para la solución de sus problemas concretos, no
se acepta.
Debería aceptarse con normalidad; deberían decir: señores, este Parlamento sirve también para recoger iniciativas parlamentarias de otros grupos y llegar a conclusiones.
Lo que ocurre es que en el tema social tenemos diferencias casi abismales, señores del Partido Popular; tenemos una concepción diferente, seguramente por el tipo de relaciones que cada uno tiene con la sociedad.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Frutos. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas de carácter general a adoptar por el Gobierno para potenciar la creación de un
marco fiscal, administrativo y social para los trabajadores autónomos, que se somete a votación en los términos derivados del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 131; en contra, 155; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE PRIORIDADES QUE VA A PLANTEAR EL GOBIERNO PARA QUE SE TENGAN EN CUENTA EN EL PROGRAMA DE REDES TRANSEUROPEAS DE TRANSPORTES ACORDADO EN LA ÚLTIMA REUNIÓN DEL CONSEJO EUROPEO CELEBRADA EN
BRUSELAS EL 16 Y 17 DE OCTUBRE. (Número de expediente 173/000234.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre prioridades que va a plantear el Gobierno para que se tengan en cuenta en el programa de redes transeuropeas de
transportes acordado en la última reunión del Consejo Europeo, celebrada en Bruselas el 16 y 17 de octubre.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Rivero. (Rumores.)
Adelante, señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Señora presidenta, señorías, hace una semana presentaba mi grupo parlamentario una interpelación acerca de la incorporación de las regiones ultraperiféricas a las redes transeuropeas de transportes. El nuevo espacio
europeo, de construcción europea, avanza de una forma rápida tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. Desde el punto de vista cuantitativo, más países, próximamente será la Europa de los 25, y pronto la de los 27. Desde el
punto de vista cualitativo, avanza con la aprobación durante los próximos meses del nuevo tratado constitucional europeo.
La vertebración de ese nuevo espacio desde el punto de vista territorial, económico y social no se puede llevar a cabo si no hay unas buenas redes de comunicación entre los distintos puntos de la Unión Europea. Por eso, el Programa de las
redes transeuropeas de transportes, que incluye tanto las carreteras y los ferrocarriles, como las autopistas del mar, va a ser el eje en el que se va a vertebrar la nueva Unión Europea. Canarias juega un papel importante como frontera sur de la
Unión Europea y es necesario arbitrar las medidas oportunas para incorporar el archipiélago canario -la región ultraperiférica- a la cohesión territorial, social y económica en la que quiere avanzar Europa. Mi grupo parlamentario presenta esta
moción para que las regiones ultraperiféricas, en este caso concreto Canarias, formen parte de los proyectos prioritarios que se tienen que atender en los próximos años ya que, como SS.SS. conocen, en estos momentos se está elaborando el catálogo
de proyectos para los próximos veinte años. A esta moción se han presentado dos enmiendas, una, por el Grupo Parlamentario Popular y, otra, por el Grupo Parlamentario Socialista, que prácticamente van en una misma dirección. Nosotros vamos a
aceptar la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular con una transaccional en la que se añade un nuevo punto 7, para que el Gobierno de España plantee la incorporación del eje canario, es decir, el eje del transporte intermodal en
Canarias, como proyecto prioritario. Es necesario conectar Canarias, es necesario conectar el Archipiélago entre sí y dicha función tiene que realizarse mediante la conexión de puertos, de aeropuertos, del ferrocarril previsto en las dos islas
mayores, en Gran Canaria y Tenerife, y con las carreteras más importantes que enlazan los puertos y los aeropuertos. Si se crea ese espacio canario único y se combinan los distintos sistemas de transportes es como podremos acercar las islas entre
sí y crear un único espacio canario y, a partir de la creación de dicho espacio, conectarlo con las redes transeuropeas de transportes a través del proyecto que tiene su canalización en las autopistas del mar.
Se trata de que esta región, que es frontera con el sur de Europa, tenga las mismas posibilidades de participar de ese nuevo espacio que estamos construyendo en Europa entre todos y que necesita que todos sus territorios tengan las mismas
condiciones, desde el punto de vista económico, social, de cohesión territorial y también político.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rivero.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha propuesto una enmienda a esta moción, presentada por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, que tiene su fundamento en lo siguiente. Sus
señorías saben que la Decisión comunitaria 1692/1996, sobre las orientaciones para el desarrollo de la red transeuropea del transporte, estableció una serie de considerandos.
Quienes han seguido las tramitaciones parlamentarias de estos temas saben
que el Grupo Parlamentario Socialista, desde el año 1996 hasta esta fecha, ha presentado una serie de propuestas de resolución que integraran las infraestructuras portuarias y aeroportuarias de los archipiélagos de Canarias, de Madeira, de Azores,
de Martinica y de Guadalupe, es decir, de las regiones ultraperiféricas, en el seno de la Unión Europea desde la perspectiva de las infraestructuras y de las redes transeuropeas.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista, tanto en el análisis llevado a cabo en la Comisión Mixta para la Unión Europea sobre los contenidos del Libro Blanco del Transporte, como en la que se produjo en el mes de marzo de este año
-también en el seno de la Comisión Mixta para la Unión Europea-, sobre las modificaciones derivadas del reglamento comunitario que se va a modificar, ha presentado iniciativas para que las infraestructuras y las políticas de transportes vinculadas a
Canarias reciban un tratamiento diferenciado. Por ello, mi grupo ha presentado dos enmiendas consecutivas a esta moción del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. La primera dice que con el fin de que las Islas Canarias, Azores y Madeira no
queden marginadas de los proyectos de autopistas del mar se transforme la denominación del proyecto número 21 (autopistas del mar suroccidental, Mediterráneo occidental) que enlaza España, Francia e Italia, incluida Malta, que enlaza la autopista
marítima de Europa suroriental, con la fecha referencial del año 2010 para su puesta en marcha; en otro texto, nosotros planteamos se recoja la singularidad de las Islas Canarias en su condición de región ultraperiférica de la Unión Europea y se
incorporen al referido proyecto 21. La segunda propuesta pide que se defienda ante los órganos competentes de la Unión Europea la aplicación en las Islas Canarias de los criterios para las redes transeuropeas del transporte recogidos en la Decisión
comunitaria 1629 y se incorpore en los correspondientes anexos de aquellas infraestructuras necesarias para el transporte intermodal en el archipiélago canario y de éste con el resto del Estado español.
El Grupo Parlamentario Socialista viene manteniendo la misma posición durante los ocho últimos años, como se puede comprobar en los 'Diarios de Sesiones' de las distintas sesiones en las que se ha debatido este tema.
Sin embargo, seamos
claros, para que nadie se lleve a engaño, y me dirijo fundamentalmente al señor Rivero. En la interpelación que el señor Rivero, en nombre de Coalición Canaria, hizo al señor ministro de Fomento el día 5 de noviembre, éste -está en el 'Diario de
Sesiones'- alardeaba de que a partir de ahora se integrarían los puertos y los aeropuertos canarios y las redes viarias de cada una de las islas en las redes transeuropeas del transporte, cuando ha de quedar muy claro que, desde hace 10 años, los
puertos y aeropuertos canarios y las redes de carreteras están dentro de un catálogo de las infraestructuras de la Unión Europea. En ese catálogo hay 330 aeropuertos, 270 puertos internacionales marítimos, 210 puertos interiores, 75.200 kilómetros
de carreteras, 78.000 kilómetros de ferrocarril, pero en esos aeropuertos está el de Barcelona, el de Sevilla, el de Madrid, el de Lyon... Están todos los aeropuertos de la red aeroportuaria de la Unión Europea, es decir, aquí no se incorpora nada
nuevo.
¿Qué es lo importante? Señorías, lo importante es que, hace muy pocas fechas, el presidente de la Comisión Europea, señor Prodi, me atrevo a decir que por razones electorales propias habida cuenta de las próximas elecciones al Parlamento
Europeo, ha planteado un documento muy peligroso para España, que será objeto de debate en el próximo punto del orden del día de la sesión de hoy. Ese documento es una iniciativa europea de crecimiento, y en esa iniciativa europea de crecimiento
plantea la quick start, es decir, la lista rápida de actuaciones infraestructurales que se van a llevar a cabo y, desgraciadamente, las autopistas marítimas que van a enlazar el oriente del Mediterráneo español no recoge los puertos de la comunidad
canaria, ni de Azores, ni de Madeira.
La señora PRESIDENTA: Señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Termino ya, señora presidenta.
Por ello, nosotros estamos planteando que en la lista de actuaciones rápidas se incluyan las llamadas autopistas del mar, que significa financiación para el sector transportista, para embarcaciones de alta velocidad que acerquen mercancías y
pasajeros con el resto del continente, y por encima de todo la financiación hasta un 50 por ciento de las infraestructuras. Por ello, hemos presentado estas enmiendas y pedimos que, desde el punto de vista de la razonabilidad política, sean
aceptadas por el grupo proponente.
Nada más, señora presidenta. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Segura.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ayala.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, en primer lugar me gustaría recordar que el ministro, en su intervención del día 5 en relación con la interpelación que ha dado lugar a esta moción, ya dejó bien claro cuáles eran las políticas del Partido
Popular y cuáles habían sido las actuaciones que desde el año 1996 se habían llevado a cabo cerca de la Unión Europea para el impulso, confección y definición de la red transeuropea de transportes; impulso a los proyectos españoles que tuvimos
ocasión de ver en la reciente cumbre de los días 16 y 17 de octubre. Por tanto, la línea política del Gobierno del Partido Popular es nítida y los resultados clarísimamente van en defensa de lo que han sido nuestros planteamientos y de cuáles han
sido los intereses de España para la mejor vertebración de nuestro territorio dentro de la Unión Europea. En ese sentido, las presiones que también se hicieron acerca del Informe Van Miert han supuesto la consideración e incorporación de nuevos
proyectos españoles, de nuevos proyectos que van a beneficiar la intermodalidad de nuestro transporte. Por señalar sólo alguno de ellos, ya que en la siguiente moción tendremos ocasión de hablar de otros más, de las cuatro autopistas del mar que se
incorporan como proyectos prioritarios europeos, dos de ellas afectan a España y hemos hecho especial énfasis tanto en la autopista marítima de la Europa occidental que va a enlazar la península Ibérica a través del arco atlántico con el mar del
Norte y el mar de Irlanda, como en la de la Europa suroccidental, Mediterráneo occidental, que conecta España, Francia e Italia, prolongándose hasta Malta y que enlaza con la de la Europa suroriental. Canarias siempre ha merecido la atención de
España a la hora de la especial sensibilidad que se ha tenido para que no quede alejada de los beneficios de la intermodalidad del transporte; por tanto, tiene un trato preferente en las autopistas del mar.
Esa es la razón por la que hemos decidido presentar la enmienda que refleja cuál es la política de España a nivel de todo el territorio nacional, a pesar de que en la moción presentada por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria sólo se
solicitaba la redacción de un informe en el cual se tuviera en cuenta el eje transinsular de transporte terrestre, marítimo y aéreo de las islas Canarias y como quiera que ello podía tener alguna incidencia directa en lo que puede ser la política
global del Gobierno. De esa misma manera, no nos importa en absoluto incorporar, tal y como ha solicitado el señor Rivero, el nuevo punto que, como transacción, hace a nuestra enmienda de sustitución a la suya y, por tanto, no tenemos ningún
inconveniente en que el transporte de Canarias se asegure su accesibilidad como región ultraperiférica y además que se haga como proyecto de tratamiento intermodal en los prioritarios de la Unión Europea. Quiero añadir esto a la petición que ha
realizado ya España para que tanto España como Portugal sean considerados como países dentro de las autopistas del mar, con lo que aseguramos y garantizamos que todas las islas pertenecientes a estos dos países, es decir, tanto Madeira como Azores y
por supuesto las islas Canarias, se incorporan a la red transeuropea del transporte y, por tanto, a las autopistas del mar.
Por consiguiente, entendemos que nuestra enmienda con la transacción que nos ofrece -y que aceptamos- el Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria mejora sensiblemente la moción presentada y además supone un apoyo a la política que ya el Partido Popular está realizando, aunque toda ayuda es poca para conseguir la mejora de todas nuestras redes de transporte.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ayala.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Sedó tiene la palabra.
El señor SEDÓ I MARSAL: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo brevemente para manifestar que nuestro grupo va a votar favorablemente esta moción, aún sea con la enmienda que presenta el Grupo Popular y añadiendo la transaccional. Sin embargo, nuestro grupo también hubiese votado a favor,
aunque se hubiese introducido en el texto la presentada por el Grupo Socialista. En la moción se pide que Canarias se incorpore al territorio continental mediante las redes transeuropeas de transporte y se insta al Gobierno a que en los marcos
adecuados promueva la redacción de un proyecto sobre este tema.
Verdaderamente, con la incorporación de las enmiendas la solución es mucho más amplia y, por tanto, votaremos a favor de una propuesta que incluirá todo el ámbito español por cuanto es de suponer que en la próxima moción, que básicamente
trata del mismo tema, deberá sumarse o deberá quedar en pie lo que no sólo para Canarias sino para todo el proyecto del Estado queda plasmado aquí en esta moción, ya que a lo mejor en la siguiente no queda tan especificado.
En realidad, señorías, esto es positivo porque en la propia moción se dice que Canarias, aunque es un territorio pequeño, alejado, fragmentado, produce una gran movilidad. En definitiva, es un territorio donde se
requiere incentivar la movilidad mediante medidas específicas para impulsar políticas de cohesión. Ello puede hacerse con lo que se propone en la moción y mucho más con la solución final que se le ha dado. Por tanto, nuestro voto será
favorable a la misma.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sedó.
Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre prioridades que va a plantear el Gobierno para que se tengan en cuenta en el programa de redes transeuropeas
de transporte acordado en la última reunión del Consejo Europeo celebrada en Bruselas el 16 y 17 de octubre, en los términos derivados del debate y con la incorporación de la enmienda transaccional que ha sido propuesta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 276; a favor, 275; en contra, uno.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO ESPAÑOL ANTE LAS POLÍTICAS QUE VIENEN SIENDO DEFINIDAS POR LAS INSTITUCIONES COMUNITARIAS VINCULADAS A LAS REDES TRASNEUROPEAS. (Número de expediente 173/000235.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente. Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la posición del Gobierno español ante las políticas que vienen siendo definidas por las instituciones comunitarias vinculadas a
las redes transeuropeas.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Señora presidenta, señorías, el pasado 5 de noviembre, el Grupo Parlamentario Socialista interpeló al Gobierno en el Pleno sobre la posición del Gobierno español ante las políticas que vienen siendo definidas por
las instituciones comunitarias vinculadas a las redes transeuropeas.
Recordarán SS.SS. que se produjo la interpelación, el debate pertinente con el ministro de Fomento, señor Álvarez-Cascos, y como consecuencia de la insatisfacción que determinadas contestaciones del ministro produjeron en el Grupo
Parlamentario Socialista ante la posición que al respecto mantiene el Gobierno español, y tal como establece el Reglamento, al día siguiente, 6 de noviembre, presentamos ante el registro de la Cámara el texto de la moción consecuencia de esa
interpelación, texto que estaba integrado por una exposición de motivos, seguida por doce propuestas de resolución que van a ser debatidas y votadas a continuación.
Sin embargo, señorías, el pasado día 11, es decir la semana posterior, se van desencadenando una serie de acontecimientos en las instituciones comunitarias, de forma tal que la Comisión Europea dio a conocer a la opinión pública la intención
de elevar a los países comunitarios un conjunto de medidas con el fin de acometer y potenciar la inversión en redes en toda la Unión Europea.
El informe conocido como Iniciativa europea de crecimiento, se pretende elevar por parte del presidente de la Comisión Europea al próximo Consejo Europeo de diciembre, y en ese documento se recogen las propuestas iniciales de la Comisión que
pretende acelerar en el tiempo, acortar en el tiempo el desarrollo de las 29 redes prioritarias transeuropeas de transportes e incluye en el documento final el llamado Programa Quick Start, que es un programa de puesta en práctica inmediata con los
criterios de financiación y carencia temporal en el desarrollo de los mismos.
Sorprendentemente, señorías, en el listado adjunto a esa iniciativa de la Comisión Europea, y en el registro tercero, denominado de líneas ferroviarias de alta velocidad en el sureste europeo, solamente figuran las actuaciones
Figueras-Perpignan, Lisboa-OportoMadrid.
Consiguientemente, la infraestructura ferroviaria básica que venimos denominando la Y vasca desapareció del listado de prioridades que propone la Comisión Europea en el informe provisional, insisto, sobre
Iniciativa europea de crecimiento. Por ello es por lo que mi grupo parlamentario ha añadido una nueva propuesta de resolución a las 12 propuestas que presentamos en el registro del Congreso el 6 de noviembre pasado; consiguientemente son 13, la
última con el texto siguiente: El Congreso de los Diputados reclama, dado que la propuesta de proyectos prioritarios de redes transeuropeas se encuentra aún en tramitación en el Parlamento Europeo, que la línea de alta velocidad ferroviaria
Madrid-Vitoria-Bilbao-San Sebastián-Irún-Hendaya-Dax se incorpore a la lista rápida del conocido programa Quick Start propuesto por el Consejo, beneficiándose así de los plazos más rápidos y de la financiación europea más elevada, de acuerdo con la
prioridad objetiva que esta línea ferroviaria transnacional posee. Es decir, señorías, se desencadenan una serie de decisiones, de acontecimientos en las instituciones comunitarias, que obligan a que las Cortes Generales de España den un mandato al
Gobierno, con el objeto de que el Gobierno se sienta respaldado en las instituciones comunitarias. Por ello hemos presentado estas propuestas de resolución.
A esas propuestas de resolución, con independencia de la decisión que tome el Pleno del Congreso, que esperamos sea positiva como justificaré a continuación, los diferentes grupos parlamentarios en el Parlamento Europeo ya se encuentran
elaborando aceleradamente sus propuestas de resolución. Así, pues, señorías, quede claro que por un lado se modifica la decisión comunitaria sobre las orientaciones para el desarrollo de la red transeuropea del transporte. En ese documento figura
un listado en el anexo final, con la ampliación del proyecto número uno, con la del número tres que es el eje ferroviario de alta velocidad Lisboa-Oporto-Madrid, o Dax-Burdeos, o la línea ferroviaria Sines-Badajoz, con el proyecto número 16. Por
ello, es por lo que planteamos se extienda también a Algeciras como puerto español fundamental en esa zona del Mediterráneo, y la autopista del mar como proyecto número 21, que ha sido objeto de debate en el punto anterior del orden del día. Pero,
a continuación, la Comisión Europea publica la iniciativa europea de crecimiento, donde nosotros creemos que el presidente de la Comisión con su decisión daña los intereses del Estado español, y esa iniciativa tiene un listado que me tomo la
libertad de recomendarles que lo consulten. Por ello aparecen nuestras propuestas de resolución.
Afortunadamente, y lo tengo que decir con toda limpieza parlamentaria, el Grupo Parlamentario Popular, a través del señor Ayala, su portavoz en la Comisión de Infraestructuras, ha hecho una propuesta al Grupo Parlamentario Socialista, en la
que estimamos que en una propuesta de enmienda global donde se recogen los planteamientos que este grupo ha hecho. Además, confiando en la palabra del ministro de Fomento, señor Álvarez-Cascos, en los contenidos recogidos en el 'Diario de Sesiones'
de 5 de noviembre de este año, concretamente en la página 15.394, reitero, confiando en la palabra del ministro que es quien negocia en representación del Reino de España en los consejos de ministros de Transporte, donde recoge de forma muy clara el
compromiso del Gobierno en la negociación para que el ferrocarril Zaragoza-Canfranc-Pau y la línea de gran capacidad a través de los Pirineos, figura clara junto con la autopista Barcelona-Puigcerdá-Toulouse, la expansión de la autopista
mediterránea en España y Francia y -repito- el ferrocarril Zaragoza-Canfranc-Pau como conexiones transfronterizas con Francia, como conexiones transpirenaicas, entendemos que así figura claramente ese compromiso del Gobierno. En consecuencia, el
punto número 2 que planteamos figura en la enmienda transaccional que ambos grupos parlamentarios, el Grupo Parlamentario Popular y este grupo en estos momentos y a través de este interviniente, en la defensa de nuestro planeamiento, anunciamos a la
Cámara, y así será presentada ante la Presidencia, una enmienda transaccional que estimamos quizá operativamente no ha llegado a los restantes grupos parlamentarios, pero que refleja el contenido unitario que el Estado español tiene que llevar en
las negociaciones comunitarias...
La señora PRESIDENTA: Señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: De ahí, señorías, nuestra satisfacción por el hecho de que estamos encontrando una línea de trabajo político de acuerdo, que a buen seguro se verá reflejado en las posiciones de los grupos parlamentarios en el
Parlamento Europeo en defensa de los intereses de nuestro país.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Segura.
Para defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, el señor Ayala tiene la palabra.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, en primer lugar quisiera volver a agradecer al Grupo Parlamentario Socialista el apoyo y el impulso que realiza a las políticas de infraestructura de transporte que el Gobierno está llevando a cabo con el apoyo
del Grupo Parlamentario Popular. Bien es verdad que la interpelación urgente que se presentó el pasado día 5 tuvo cumplida respuesta por parte del señor ministro, y por tanto debíamos habernos quedado tranquilos a la hora de saber cuál era el
futuro de nuestras redes transeuropeas de transporte, pero también es verdad que los hechos comunitarios se suceden repentinamente y a gran velocidad, como el señor Segura ha dicho, y no está de más que siempre estemos atentos a cualquier
circunstancia que pueda variar o ensombrecer la línea que el Partido Popular está llevando a cabo respecto a las redes transeuropeas de transporte.
Quisiera aquí recordar que la labor que se ha realizado por parte del Ministerio de Fomento ha sido tan intensa y tan constante que hoy día todos los puertos de interés general, menos uno, forman parte de la red transeuropea de transporte;
que toda nuestra red de alta velocidad forma parte de la red transeuropea de transporte; que en este momento -y así se refleja en el contenido de la enmienda transaccional, a la que también luego me referiré- el Gobierno ya ha reaccionado en el
sentido de la incorporación a la quick start última de aquellos proyectos que estaban dentro de las prioridades del último informe Van Miert. Por tanto, el Gobierno español, como he dicho anteriormente, ya ha solicitado la incorporación de España y
Portugal al concepto de autopistas del mar, de la misma manera que ya ha solicitado la incorporación de la Y vasca a la
lista del Quick Start, y por tanto a su inmediata gestión y posterior construcción.
Es verdad que en esa línea el Partido Popular no tienen ningún inconveniente en que las iniciativas del Partido Socialista, que como digo van de acuerdo con la política ya iniciada preferentemente por el Partido Popular, lleguemos a acuerdos
y pactos que den la idea en Europa de que el Parlamento español es consciente de la transcendencia de estas decisiones y es consciente de la importancia, y por tanto tiene una sola voz y una sola política.
No voy a repetir aquí el trámite que han de llevar estas propuestas posteriormente, porque lo ha hecho el señor Segura, pero sí quiero hacer expresa mención de que la enmienda transaccional que hemos suscrito entre los dos grupos supone la
incorporación de todos los puntos fundamentales de la moción del Partido Socialista y la incorporación lógicamente de la última autoenmienda relativa a la Y vasca, porque es evidente que el Gobierno español ya tiene unos objetivos generales que está
permanentemente difiniendo, porque la negociación que hemos llevado a cabo no solamente con Portugal, felizmente resuelta en nuestras conexiones ferroviarias y que se van a conseguir las nunca soñadas entre dos países hermanos y fronterizos, pero
también es bueno el apoyo de la Cámara a las negociaciones del Gobierno español con Francia, negociaciones que necesitan el apoyo constante, ya que la conexión transnacional a través de los Pirineos, intermodal, tanto ferroviaria como por carretera,
necesita nuevos impulsos, nuevos acuerdos, por cuanto no están perfectamente definidos.
No les quepa la menor duda al señor Segura y al Grupo Parlamentario Socialista de que el ministro de Fomento dice la verdad y mantienen sus compromisos como siempre lo ha hecho hasta la fecha, y no tengan ninguna duda de que esa confianza no
se verá en ningún caso frustrada, en ningún caso vulnerada, y por tanto si se ha dicho, como consta en la página que ha dicho el señor Segura, tenga plena confianza en ello.
Como quiera que esta enmienda supone el apoyo del Grupo Socialista y lógicamente del Grupo Popular a la política que se está llevando por parte del señor ministro de Fomento, hemos llegado a este convenio y solicitamos también al resto de
grupos de la Cámara que lo apoyen con su voto.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ayala.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo fundamentalmente para decir que vamos a votar a favor de esta moción, precisamente porque trata de algunos temas que como región fronteriza con Francia nos interesa muchísimo que salgan adelante, como son Canfranc o el nuevo túnel
que se abriría por el centro de los Pirineos.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.
Mi grupo va a votar favorablemente esta enmienda transaccional, tal como la ha anunciado el señor Ayala, y aceptamos lo dicho en la intervención del señor Segura. Nos sentimos reflejados en la anterior moción que se ha aprobado con el voto
de todos los grupos parlamentarios de este Congreso.
Vamos a votar a favor porque los puntos 1, general de transportes, y 4, que se señalan en esta enmienda transaccional y en el texto que había presentado el grupo socialista y que ha defendido el
señor Segura, también hacen referencia explícita a las redes que van por vía marítima uniendo todos los ejes transeuropeos, cuestión que afecta al archipiélago canario. Repito que vamos a votar favorablemente esta iniciativa.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Señor Sedó, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor SEDÓ I MARSAL: Muchas gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo también va a dar su voto favorable a la moción con la transaccional que ha sido presentada. En principio quería que se hubieran debatido las dos mociones conjuntamente, aunque una era particular para Canarias y la otra era de
tipo más general. También hubiésemos querido votar favorablemente cualquiera de ellas, aunque no tuviesen enmiendas, porque creemos que en el día de hoy, finalizando ya esta legislatura, es bueno que la Cámara deje constancia de la inquietud
positiva que sobre las redes transeuropeas de transportes tenemos todos los grupos.
Con las enmiendas presentadas todos los grupos llegan a un acuerdo, y por tanto votaremos favorablemente. Repito que tenía la idea de que se mezclase todo y así con una media ponderada podríamos dejar solucionado el tema. Esto se logra con
las transacciones, y esperemos que en un futuro podamos hablar de todos estos temas. El señor Segura, con su amplia exposición y por el alto conocimiento del
tema que demuestra, nos deja en una posición difícil para el debate -entre comillas lo de debate-, porque prácticamente no puede realizarse éste tal como debería ser en una moción. En el 'Diario de Sesiones' se reflejan las palabras del
señor ministro en su respuesta a la interpelación. Todos dicen prácticamente lo mismo, todos conocemos y creemos lo mismo, por tanto era una cuestión en la que teníamos que llegar a una conclusión positiva. Deberá llegarse en un futuro y esperamos
que entonces el diálogo sea más fluido en un debate de trabajo, que quizá es lo que nos ha faltado, para ir conociendo todos y cada uno de los trece puntos de la moción que presentaba el señor Segura, representante del Grupo Socialista, consecuencia
de la anterior interpelación así como poder analizar todas las palabras que dijo el señor ministro de Fomento el día de esa interpelación.
Satisfechos de que se haya llegado a esta transacción, daremos nuestro voto favorable.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sedó.
Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la posición del Gobierno español ante las políticas que vienen siendo definidas por las instituciones comunitarias
vinculadas a las redes transeuropeas, que se somete a votación en los términos derivados del debate y de la enmienda transaccional que ha sido propuesta y aceptada.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 270; a favor, 270.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Se suspende la sesión que se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Eran las nueve y treinta minutos de la noche.