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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 297, de 20/11/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2003 VII Legislatura Núm. 297
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 284
celebrada el jueves, 20 de noviembre de 2003
ORDEN DEL DÍA: Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 174-1, de 16 de octubre de 2003. (Número de expediente 121/000174.) (Continuación.) ...
- Proyecto de Ley de Arbitraje. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 173-1, de 3 de octubre de 2003. (Número de expediente 121/000172.) ... (Página 15778)
- Proyecto de Ley Orgánica complementaria del proyecto de Ley de Arbitraje, por la que se modifica la Ley Orgánica de Poder Judicial.
(Número de expediente 121/000175.) ... (Página 15778)
Votación de conjunto ... (Página 15789)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales:
- Convenio complementario al Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos de 25 de abril de 1994, hecho en Madrid el 8 de abril de 2003. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 459, de 4 de
julio de 2003. (Número de expediente 110/000259.) ... (Página 15789)
- Canje de Notas de fechas 13 de marzo y 15 de abril de 2003, constitutivo de Acuerdo entre España y Canadá sobre la modificación del Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canadá de 15 de septiembre de
1988. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 460, de 4 de julio de 2003. (Número de expediente 110/000260.) ... (Página 15789)
- Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Albania sobre transporte internacional de viajeros y mercancías por carretera, hecho en Tirana el 10 de abril de 2003. 'BOCG.
Sección Cortes Generales', serie
A, número 464, de 15 de julio de 2003.
(Número de expediente 110/000261.) ... (Página 15789)
- Enmienda al artículo 1 de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, firmada en Ginebra el 21 de diciembre de
2001. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 465, de 15 de julio de 2003. (Número de expediente 110/000262.) ... (Página 15789)
- Protocolo entre el Gobierno de España y el Gobierno de la República Argelina Democrática y Popular sobre circulación de personas, hecho en Argel el 31 de julio de 2002. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 466, de 15 de
julio de 2003. (Número de expediente 110/000263.) ... (Página 15790)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Albania para la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Madrid el 5 de junio de 2003. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 467, de 15 de julio de 2003.
(Número de expediente 110/000264.) ... (Página 15790)
- Convenio entre el Reino de España y la República Argelina Democrática y Popular para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Madrid el 7 de octubre de
2002. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 468, de 15 de julio de 2003. (Número de expediente 110/000265.) ... (Página 15790)
- Canje de Notas de fechas 13 y 14 de abril de 2003, entre el Reino de España y el Estado de Kuwait constitutivo de Acuerdo sobre el estatuto de las Fuerzas Armadas españolas en Kuwait. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número
472, de 20 de agosto de 2003. (Número de expediente 110/000266.) ... (Página 15790)
- Acuerdo de coproducción cinematográfica entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, hecho en Madrid el 8 de abril de 2003. 'BOCG.
Sección Cortes Generales', serie A, número 473, de 20 de agosto de 2003.
(Número de
expediente 110/000267.) ... (Página 15790)
- Declaración de aceptación por España de la adhesión de Guatemala al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A,
número 474, de 20 de agosto de 2003. (Número de expediente 110/000268.) ... (Página 15791)
- Convenio sobre transporte aéreo entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, hecho en Madrid el 8 de abril de 2003. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 475, de 20 de agosto de 2003. (Número de expediente
110/000269.) ... (Página 15791)
- Convenio de Rotterdam para la aplicación del procedimiento de consentimiento fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional, hecho en Rotterdam (Países Bajos) el 10 de septiembre
de 1998. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 481, de 26 de septiembre de 2003. (Número de expediente 110/000270.) ... (Página 15791)
- Convenio básico de cooperación entre el Reino de España y la República de Guinea-Bissau, hecho en Madrid el 7 de febrero de 2003. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 482, de 26 de septiembre de 2003.
(Número de expediente
110/000271.) ... (Página 15791)
- Decisión del Consejo de la Unión Europea por la que se modifica el Acto relativo a la elección de los Diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, anejo a la Decisión 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consejo, de 20 de
septiembre de 1976, hecho en Bruselas el 21 de mayo de 2002. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 480, de 19 de septiembre de 2003. (Número de expediente 110/000272.) ... (Página 15791)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República Islámica de Mauritania en materia de inmigración, hecho en Madrid el 1 de julio de 2003. 'BOCG.
Sección Cortes Generales', serie A, número 483, de 26 de septiembre de 2003. (Número de
expediente 110/000273.) ... (Página 15791)
- Convenio entre el Reino de España y la República de Lituania para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y Protocolo, hecho en Madrid el 22 de julio de 2003.
'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 484, de 26 de septiembre de 2003. (Número de expediente 110/000274.) ...
(Página 15792)
- Protocolo al Convenio de 1979 sobre contaminación atmosférica transfronteriza a larga distancia, relativo a la reducción de la acidificación, de la eutrofización y del ozono en la troposfera, hecho en Gotemburgo, Suecia, el 30 de noviembre
de 1999. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 488, de 10 de octubre de 2003. (Número de expediente 110/000275.) ... (Página 15792)
- Convenio Internacional sobre el control de los sistemas antiincrustantes perjudiciales en los buques, hecho en Londres el 5 de octubre de 2001.
'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 489, de 10 de octubre de 2003. (Número de
expediente 110/000277.) ... (Página 15792)
- Convenio entre el Reino de España y la República de Chile para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Madrid el 7 de julio de 2003. 'BOCG. Sección
Cortes Generales', serie A, número 490, de 10 de octubre de 2003. (Número de expediente 110/000278.) ... (Página 15792)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página 15736)
Proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social (continuación.) ... (Página 15736)
Título II ... (Página 15736)
El señor Núñez Castain, del Grupo Parlamentario Mixto, da por defendidas sus enmiendas.
El señor Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende sus enmiendas números 218 a 220, explicando su contenido concreto.
La señora Uría Etxebarría defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), aún siendo consciente de la inutilidad del esfuerzo.
Expone el contenido de las mismas y critica el que a través de esta ley de acompañamiento se
modifiquen nada menos que 50 leyes y se realice incluso la trasposición de dos directivas comunitarias. Se modifican leyes recientemente aprobadas, en algún caso de carácter orgánico como la del derecho de asociación, y todo ello aprovechando este
momento legislativo para hurtar el debate sobre temas que consideran importantes.
El señor Mardones Sevilla defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, números 189 a 191, relativas a la inclusión del seguro de los trabajadores autónomos en el régimen especial de la Seguridad Social y la
modificación de la actual ley de cooperativas, para que todo socio en plenitud de derechos pueda conceder su representación para la asamblea general a otros socios de su misma clase.
El señor Ruiz López defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señalando que las mismas, como ya es tradicional, se refieren a aspectos conexos a la débil situación social que se vive en España. Van dirigidas
a la mejora de la prestación por desempleo, actualización de subsidios, salario mínimo y renta mínima, fomento del empleo, derechos de jubilación y organización del mercado de trabajo.
Básicamente proponen un nuevo modelo de protección de los
trabajadores.
El señor Sánchez i Llibre defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), dirigidas a mejorar todas las prestaciones sociales de los colectivos más necesitados que existen en la sociedad española, como por
ejemplo las viudas y viudos, y otras contraprestaciones importantes en relación con las cuales todavía se está en unos mínimos inaceptables dada la situación de la economía española en estos momentos. Alude a continuación al contenido de algunas de
estas enmiendas, haciendo hincapié en la 541, por la que proponen la compatibilidad del SOVI con las pensiones de viudedad de la Seguridad Social.
La señora López i Chamosa defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Se refiere en primer lugar a las que guardan relación con la Seguridad Social, pidiendo una mejora para las pensiones más bajas y de viudedad; otro bloque
de enmiendas trata de los trabajadores autónomos, solicitando que puedan acceder a la jubilación anticipada a los 61 años y con 30 de cotización y, finalmente, en otro grupo de enmiendas pretenden la mejora del subsidio de desempleo y asimismo
mejoras en la inspección de trabajo y en la contratación temporal, de manera que se vigile el cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales, ya que no es asumible el número de accidentes mortales que se producen en nuestro país.
Proponen igualmente una mejora del subsidio de desempleo, dada la existencia de colectivos actualmente muy desprotegidos
En turno de fijación de posiciones interviene, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, la señora Montseny Masip.
Replican los señores Ruiz López y Sánchez i Llibre y la señora López i Chamosa, duplicando la señora Montseny Masip.
Título III ... (Página 15745)
El señor Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto, da por defendidas las enmiendas de otros partidos integrados en ese grupo y defiende las del Bloque Nacionalista Galego, de entre las que destaca las relativas a los militares y
oficiales de complemento, procurando corregir las carencias y deficiencias puestas de manifiesto con la aplicación de la Ley 17/1999 y permitiéndoles la promoción interna, así como su estabilidad laboral. Resalta asimismo la enmienda 229, por la
que tratan de corregir una injusticia histórica con los antiguos miembros nativos del Sahara de la denominada Policía territorial del Sahara, que al haber sido olvidados en la ley de amnistía del año 1977 no se les reconocen derechos pasivos.
El señor Mardones Sevilla defiende las enmiendas 192 y 193, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, por las que proponen una modificación del texto refundido de la ley de clases pasivas, para que tengan derecho a la pensión de viudedad
quienes hayan sido cónyuges legítimos del causante o hayan tenido con éste una análoga relación de afectividad, lo que denominaría pareja de hecho, y que vienen siendo discriminados actualmente. La segunda enmienda pretende la modificación de la
Ley 17/1999, sobre régimen del personal profesional militar, dado que ante la carencia de efectivos humanos de las Fuerzas Armadas no se entiende que a finales de año hayan de causar baja una serie de efectivos.
La señora Uría Etxebarría defiende la enmienda 158, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de carácter competencial y relacionada con la provisión de medios materiales, personales y económicos de la administración de justicia.
El señor Ruiz López da por defendidas las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y critica el que el Gobierno aproveche esta ley de acompañamiento de los presupuestos para modificar unilateralmente y sin negociación
aspectos relevantes de la política de empleo público.
El señor Martínez Sanjuán defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, manifestando que en este titulo III el Gobierno ha introducido algunas enmiendas que aceptan, en cuanto que suponen una mejora técnica y dan respuesta a
demandas de colectivos concretos. Sin embargo, se producen otros cambios que a su juicio no van en la dirección correcta, como es la modificación que se hace de la Ley 30/1984, de reforma de la función pública. Termina el señor Martínez Sanjuán
haciendo alusión a algunas otras enmiendas relacionadas con este título, así como con nuevas disposiciones adicionales vinculadas al mismo.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Albendea Pabón, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Títulos IV y V ... (Página 15750)
El señor Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto, da por defendidas las enmiendas de los demás partidos integrados en el grupo y defiende las del Bloque Nacionalista, números 230, 232, 235, 239, 245 y 246, aludiendo al contenido de cada
una de ellas.
El señor Núñez Castain, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas presentadas, por las
que pide la modificación de la Ley de navegación aérea en relación con los derechos de los pasajeros en caso de suspensión o retraso del viaje, y la Ley de propiedad intelectual en relación con cuestiones de conflicto audiovisual, sobre todo
con relación a los hoteles y los derechos de televisión.
El señor Azpiazu Uriarte da por defendidas las 10 enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), si bien hace referencia a algunas cuestiones que considera de enorme gravedad y que a su juicio suponen una intromisión en las competencias
de las comunidades autónomas, como las relativas a los órganos rectores de las cajas de ahorro o la normativa sobre regímenes de ayuda a los agricultores en el marco PAC.
El señor Mardones Sevilla defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria números 194 a 204. Retira la número 202 y alude brevemente al contenido de las restantes.
El señor Sánchez i Llibre defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), destacando y reiterando la preocupación de su grupo, ya puesta de manifiesto a lo largo de la legislatura, por la obsesión del Gobierno
del Partido Popular de legislar sobre materias referentes a las cajas de ahorro. Expone que si no se produce una modificación importante en el trámite del Senado del artículo 66 bis nuevo volverán a encontrarse con una invasión de competencias que
corresponden a las comunidades autónomas por parte del Gobierno popular.
Otras enmiendas de su grupo hacen referencia a la gestión de los aeropuertos catalanes y a cuestiones relacionadas con la Ley del medicamento.
La señora Costa Campi defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista al título IV, que tienen que ver con cuestiones de trasparencia y cajas de ahorro. Proponen la mejora de las normas sobre el gobierno corporativo, eliminando
rigideces y resolviendo algunas lagunas del actual ordenamiento. Aclara que su propuesta es respetuosa con las competencias autonómicas y con las necesidades de las cajas de ahorro.
Completa la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista el señor Segura Clavell.
En turno de fijación de posiciones interviene, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, los señores Martínez Maillo y Martínez-Pujalte López.
Replican la señora Uría Etxebarría y los señores Segura Clavell y Sánchez i Llibre, duplicando el señor Martínez Maillo.
Disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias, finales y preámbulo ... (Página 15762)
El señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, defiende la enmienda número 205, en la que solicitan una modificación en el artículo 32 de la Ley 34/1998, del sector de hidrocarburos; la enmienda 206, que solicita
la modificación de la Ley 13/1981, que creó el Parque Nacional de Garajonay; y otra serie de enmiendas a las disposiciones relacionadas con la consolidación de plantillas y la provisión de plazas del personal sanitario y del personal afectado de
los organismos del Sistema Nacional de Salud.
La señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), da por defendidas las enmiendas que su grupo mantiene a estos apartados y se centra únicamente en la enmienda 169, sustancialmente idéntica a la ya defendida número 155.
El señor Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya interviene en la misma línea que la señora Uría de intentar corregir las desviaciones de este cajón de sastre excesivamente centralista y centralizador.
Hace especial mención a la enmienda que propone que el salario mínimo interprofesional quede fijado en torno al 60 por ciento del salario medio de este país.
El señor Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Socialista, defiende sólo dos de las enmiendas presentadas por su grupo, porque, a su entender son las más importantes y también las más reiteradas en esta Cámara. La primera se refiere a
la posibilidad de que el trabajador autónomo pueda tener dentro del régimen de la Seguridad Social a sus familiares más directos, y la segunda se refiere a la posibilidad de que los trabajadores autónomos que dependan de pocos clientes y que por
condiciones objetivas tuvieran que cerrar sus negocios tuvieran la posibilidad de disponer de un fondo de cobertura.
El señor Bel i Queralt, del Grupo Parlamentario Socialista, anuncia que no va a hacer la defensa específica de ninguna enmienda presentada por su grupo a la ley que se está debatiendo, pero sí quiere referirse a una disposición final séptima
de la Ley de medidas de reforma económica que contiene un cambio en la exención del IVA de los sellos de correos.
Asimismo, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, interviene el señor Amarillo Doblado para defender la enmienda 397, que pretende la creación de un fondo que permita hacer frente a los probables desajustes económicos y pérdida de
actividad que se
puedan producir como consecuencia de la reforma de Altadis, antigua Tabacalera, y la potencial reestructuración de Cetarsa y, sobre todo, de la situación en que pueda quedar la OCM del tabaco.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Blancas Llamas, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
Replican los señores Bel i Queralt y Amarillo doblado, y duplica el señor Blancas Llamas.
Se procede a las votaciones de las enmiendas al proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social a partir del título II y del texto del dictamen.
Proyecto de ley de arbitraje ... (Página 15778)
Proyecto de ley orgánica complementaria del proyecto de Ley de Arbitraje, por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial ... (Página 15778)
En defensa de las enmiendas presentadas a ambos proyectos de ley intervienen la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Silva Sánchez,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Barrero López, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Bueso Zaera, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se procede a las votaciones de las enmiendas y el texto del dictamen al proyecto de ley de arbitraje.
A continuación, se procede a la votación del dictamen del proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de Arbitraje, por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Votación final de conjunto ... (Página 15789)
Sometido a votación de conjunto el dictamen del proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de Arbitraje, por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, por tener carácter orgánico, se aprueba por 270 votos a favor y cinco
abstenciones.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales ... (Página 15789)
Convenio complementario al Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos de 25 de abril de 1994, hecho en Madrid el 8 de abril de 2003 ... (Página 15789)
Sometido a votación, se aprueba por 265 votos a favor y una abstención.
Canje de notas de fechas 13 de marzo y 15 de abril de 2003, constitutivo de Acuerdo entre España y Canadá sobre la modificación del Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canadá de 15 de septiembre de
1988. ... (Página 15789)
Sometido a votación, se aprueba por 262 votos a favor y uno en contra.
Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Albania sobre transporte internacional de viajeros y mercancías por carretera, hecho en Tirana el 10 de abril de 2003 ...
(Página
15789)
Sometido a votación, se aprueba por 263 votos a favor y dos abstenciones.
Enmienda al artículo 1 de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, firmada en Ginebra el 21 de diciembre de 2001
... (Página 15789)
Sometida a votación, se aprueba por 265 votos a favor.
Protocolo entre el Gobierno de España y el Gobierno de la República Argelina Democrática y Popular sobre circulación de personas, hecho en Argel el 31 de julio de 2002 ... (Página 15790)
Sometido a votación, se aprueba por 260 votos a favor, uno en contra y una abstención.
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Albania para la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Madrid el 5 de junio de 2003 ... (Página 15790)
Sometido a votación, se aprueba por 261 votos a favor y una abstención.
Convenio entre el Reino de España y la República Argelina Democrática y Popular para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Madrid el 7 de octubre de
2002 ... (Página 15790)
Sometido a votación, se aprueba por 259 votos a favor, uno en contra y una abstención.
Canje de notas de fechas 13 y 14 de abril de 2003, entre el Reino de España y el Estado de Kuwait constitutivo de Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas Armadas españolas en Kuwait ... (Página 15790)
Sometido a votación, se aprueba por 260 votos a favor y tres abstenciones.
Acuerdo de coproducción cinematográfica entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, hecho en Madrid el 8 de abril de 2003 ...
(Página 15790)
Sometido a votación, se aprueba por 260 votos a favor y una abstención.
Declaración de aceptación por España de la adhesión de Guatemala al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980 ... (Página 15791)
Sometida a votación, se aprueba por 260 votos a favor y uno en contra.
Convenio sobre transporte aéreo entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, hecho en MMadrid el 8 de abril de 2003 ... (Página 15791)
Sometido a votación, se aprueba por 258 votos a favor y una abstención.
Convenio de Rotterdam para la aplicación del procedimiento de consentimiento fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional, hecho en Rotterdam (Países Bajos) el 10 de septiembre de
1998 ... (Página 15791)
Sometido a votación, se aprueba por 260 votos a favor, uno en contra y una abstención.
Convenio básico de cooperación entre el Reino de España y la República de Guinea-Bissau, hecho en Madrid el 7 de febrero de 2003 ... (Página 15791)
Sometido a votación, se aprueba por 258 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones.
Decisión del Consejo de la Unión Europea por la que se modifica el Acto relativo a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, anejo a la decisión 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consejo, de 20 de
septiembre de 1976, hecho en Bruselas el 21 de mayo de 2002 ... (Página 15791)
Sometida a votación, se aprueba por 257 votos a favor y dos abstenciones.
Acuerdo entre el Reino de España y la República Islámica de Mauritania en materia de inmigración, hecho en Madrid el 1 de julio de 2003 ...
(Página 15791)
Sometido a votación, se aprueba por 254 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones.
Convenio entre el Reino de España y la República de Lituania para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, y protocolo, hecho en Madrid el 22 de julio de 2003 ...
(Página 15792)
Sometido a votación, se aprueba por 259 votos a favor y una abstención.
Protocolo al Convenio de 1979 sobre contaminación atmosférica transfronteriza a larga distancia, relativo a la reducción de la acidificación, de la eutrofización y del ozono en la troposfera, hecho en Gotemburgo, Suecia, el 30 de noviembre
de 1999 ... (Página 15792)
Sometido a votación, se aprueba por 255 votos a favor y tres abstenciones.
Convenio internacional sobre el control de los sistemas antiincrustantes perjudiciales de los buques, hecho en Londres el 5 de octubre de 2001 ... (Página 15792)
Sometido a votación. Se aprueba por 255 votos a favor, tres en contra y una abstención.
Convenio entre el Reino de España y la República de Chile para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Madrid el 7 de julio de 2003 ...
Sometido a votación, se aprueba por 253 votos a favor y uno en contra.
Se levanta la sesión a las dos y cincuenta y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN SOCIAL (Número de expediente 121/000174.) (Continuación.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Buenos días, señorías. Se reanuda la sesión.
Continuamos con el debate del título II del proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que comprende los artículos 22 a 27.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Gracias, señora presidenta.
Intervengo para dar por defendida la enmienda.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Núñez.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Señora presidenta, voy a intervenir brevemente para defender una serie de enmiendas presentadas por el Bloque Nacionalista Galego a este título. En primer lugar, la enmienda 218 es de modificación del artículo 24.7
y pretende que las bonificaciones previstas para fomento del empleo por parte del INEM no se financien con cargo a las cotizaciones de desempleo sino con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. La enmienda 219 pretende la supresión del
último inciso del artículo 25.10. El artículo 28.1 establece una sanción accesoria en materia laboral que desde nuestro punto de vista afecta a un derecho básico de los trabajadores, como es el derecho a la formación y a la promoción profesional en
el trabajo, por eso en la enmienda 220 proponemos la adición de un inciso en el artículo 28.1 para que en el Estatuto de los Trabajadores, a continuación de la expresión denominación, se hable de características esenciales, precisamente para
garantizar la igualdad, el mérito y capacidad en los procesos de selección de personal en la Administración pública.
Nada más.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Aymerich.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.
Título II
Aun consciente de la esterilidad del esfuerzo, mi formación política ha presentado numerosas enmiendas, y creo que muy fundadas, a la ley de acompañamiento, enmiendas que vamos a defender en el trámite de esta mañana, a pesar, como digo, de
la inutilidad del esfuerzo.
En la ley de acompañamiento se han tocado esta vez más de 50 leyes y se hace incluso la trasposición de dos directivas, por una norma tan poco vistosa, tan poco elegante -dicho en lenguaje normal- como es la ley de acompañamiento, lo cual
resulta sorprendente. Les animaría a que en un futuro hagan leyes orgánicas de acompañamiento y así resultaría mucho más emocionante para los operadores jurídicos buscar cuál es el derecho aplicable en cada ocasión.
La primera enmienda que voy a defender es la número 155, referida al artículo 22. Hay una alteración en la numeración correlativa de las enmiendas presentadas por mi formación política y defenderé primero la 155 y luego la 154. Con esta
enmienda, que lo es al apartado 4 del artículo 22, pretendemos que a medida que se completen los traspasos de funciones y servicios a las comunidades autónomas en materia de asistencia sanitaria y de asistencia y servicios sociales procedentes de la
Seguridad Social el Gobierno acuerde las condiciones del traspaso a las comunidades autónomas de la plena titularidad de los bienes inmuebles. Les sonará, porque mi formación política lo viene reivindicando una y otra vez a partir de que en el año
2002 ya la financiación de la sanidad es íntegramente presupuestaria, cubriéndose así uno de los propósitos del llamado Pacto de Toledo. Nos parece llegado el momento de que se produzca esta transferencia en la titularidad y, además,
sorprendentemente, en las distintas ocasiones en las que lo hemos hecho objeto de pregunta se nos ha contestado desde el Gobierno -podría citar a los ministros concretos- que efectivamente, desde el punto de vista del derecho, en lo jurídico tenemos
toda la razón pero que no está en la voluntad política del Gobierno proceder a este traspaso de titularidad. Luego me dirán ustedes quiénes son los respetuosos del orden constitucional y estatutario querido en lo que es delimitación competencial.
La enmienda número 154 hace referencia al artículo 24, con la que nos proponemos, por un lado, impulsar el desarrollo autonómico pendiente respecto a las comunidades autónomas que a pesar de ostentar títulos competenciales no pueden
gestionar los programas de políticas activas de empleo que articulan incentivos a través del mecanismo instrumental de las bonificaciones y, por otro, adecuar el proyecto de ley de acompañamiento a lo que se ha establecido en fecha muy reciente en
la Ley de empleo. Nos parece que lo que se pretende en la ley de acompañamiento se contradice, en alguna medida, con lo que en esta norma tan recientemente aprobada se ha establecido.
La enmienda número 56 hace referencia al artículo 25 y pretendemos que se suprima este artículo en su totalidad porque, como cada año, el Gobierno pretende introducir una modificación importantísima en la Ley de infracciones y sanciones del
orden social. En este ámbito, sí que sí, señorías, no hay manera de saber cuál es la norma vigente porque hay que hurgar en las sucesivas leyes de acompañamiento. El propio Consejo Económico y Social, en el informe a la ley de acompañamiento,
sugiere que se haga a través de otros instrumentos normativos. Ocurre además que también se han aprobado con fecha reciente la Ley de prevención de riesgos laborales y la Ley de empleo, con lo cual, si en fecha tan cercana a su aprobación
definitiva se vuelve a producir una modificación a través de la ley de acompañamiento, un embarullamiento interpretativo a la hora de elegir cuál sea la norma vigente en materia tan importante y tan cercana a los derechos como es la potestad
sancionadora de la Administración y en un área tan sensible como es la de infracciones y sanciones del orden social, será completamente perjudicial.
La enmienda número 157 hace referencia al artículo 26, cuya supresión se pide también, ya que en este artículo la ley de acompañamiento pretende modificar la Ley Orgánica 1/2002, Reguladora del Derecho de Asociación.
No entendemos cómo
puede ser necesaria una reforma de una norma tan cercana en el tiempo, tan importante como es la Ley orgánica del derecho de asociación, si bien reconocemos que el precepto que se modifica no tiene ese carácter de orgánico. Sin duda, hay una falta
absoluta de sentido de la razonabilidad jurídica introduciendo cambios en bloques normativos tan importantes, tan troncales en un sistema jurídico, a través de preceptos de una ley que es una ley medida, una ley de adecuación a cada año. No tiene
además nada que ver -también en este caso me ciño a lo que dice el informe del Consejo Económico y Social- con los ingresos o con los gastos. Se trata de modificar por modificar aprovechando este momento normativo para hurtar el debate sobre un
tema que nos parece importante.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señora Uría.
Señor Mardones, tiene la palabra su señoría.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchísimas gracias, señora presidenta.
Mi grupo mantiene a este título II, en este trámite de Pleno, tres enmiendas. En primer lugar, defiendo la número 189, que está dirigida al área de los seguros en algo que nosotros entendemos que debe ser de justicia reconocerles. Pedimos
en nuestra enmienda -una vez más lo reiteramos porque el año pasado también la presentamos y no corrió buena suerte- que queden incluidos en el régimen especial de la Seguridad Social los
trabajadores por cuenta propia o autónomos, los corredores, agentes y subagentes de seguros que están sujetos a la Ley de mediación de seguros privados, la Ley 9 del año 1992, así como los que esta misma ley denomina corredores de seguros.
Entendemos que estas personas que están haciendo esta actividad laboral y profesional deben entrar en el régimen especial de la Seguridad Social. La enmienda 190 pretende un reconocimiento para que las cooperativas y sociedades laborales tengan con
carácter indefinido a socios trabajadores o de trabajo de duración determinada siempre que en el momento de la incorporación estuvieran inscritos en los servicios públicos de empleo. Finalmente, señora presidenta, con la número 191, que tiene como
finalidad reconocer un derecho en la actual Ley de Cooperativas, la Ley 27/1999, solicitamos una modificación en el ámbito de las diversas cooperativas, tanto por el grado que puedan tener, primero, segundo, etcétera, como por el tipo de
cooperativas, agrarias, industriales o de servicios. Pedimos que todo socio en plenitud de derechos pueda conceder su representación para la asamblea general o para las juntas preparatorias a otros socios de su misma clase. Es un problema que está
surgiendo, ya que se constriñen muchas veces los derechos del socio cooperativista, que no puede delegar expresamente su representación cuando hay tantas entidades corporativas y asociativas en las que esto está perfectamente regulado, desde reales
academias hasta sencillas asociaciones que pueden delegar esta representación.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ: Señora presidenta, señorías, como es tradicional en este apartado, las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida a este título se refieren a aspectos conexos a la débil situación social
que se vive en España. En este sentido, las enmiendas van dirigidas a la mejora de la prestación por desempleo, actualización de subsidios, salario mínimo y renta mínima, fomento del empleo, derechos de jubilación y organización del mercado de
trabajo.
Estas enmiendas responden al hecho objetivo de que uno de los aspectos más preocupantes del problema del desempleo en nuestro país es que los datos negativos de empleo conviven con unos ridículos niveles de protección social y un modelo de
rentas dual con el que se extienden las áreas en riesgo de marginación y pobreza. Las cifras de desempleo revelan el aumento del número de hogares con parados, prácticamente la mitad de los cuales se encuentran con que no tienen derecho a
prestación alguna por desempleo. Las tasas de cobertura de desempleo, la ausencia de rentas de inserción o la debilidad del salario mínimo constituyen otros tantos elementos que definen la política económica del Gobierno y determinan un espacio
social cada vez más amplio en riesgo de exclusión social.
Básicamente, lo que proponemos es un nuevo modelo de protección y la garantía de un modelo de rentas que tienda a limitar esa exclusión potencial. En síntesis, nuestras enmiendas pretenden lo siguiente: flexibilizar los requisitos de
acceso para generar derecho al subsidio a través de la revisión del límite de rentas imputadas a la unidad familiar, que implica la sustitución del concepto de carga familiar por el de unidad familiar, elevando el límite de renta real disponible
hasta el cien por cien del salario mínimo interprofesional y flexibilizando el límite temporal de acceso al derecho; y extender el subsidio a las personas en paro con responsabilidades familiares y a mayores de 45 años mientras se mantenga la
situación de necesidad, combinando la protección con medidas que mejorarán sus posibilidades de acceso al empleo.
Hemos propuesto en otras enmiendas configurar como un subsidio más la renta activa de inserción. Aquí proponemos una renta mínima para quienes no tienen acceso a subsidios de manera que sea un derecho objetivo no sujeto a la
discrecionalidad presupuestaria. Proponemos el pago de la Seguridad Social de los empleados por parte del INEM. Los datos de los presupuestos revelan que la economía española no realiza ningún ejercicio de solidaridad con los desempleados. Son
los activos por cuenta ajena, a través de sus cotizaciones, los que financian las políticas dirigidas a los desempleados como el fomento del empleo. En consecuencia, son los trabajadores y trabajadoras los que se ocupan del desempleo, la formación
y las políticas activas sin que el resto de la sociedad realice ningún esfuerzo para afrontar el problema del desempleo. Nosotros sugerimos otra interpretación de la política de empleo. Úsense las cuotas para aumentar la baja cobertura del
desempleo e incorpórense partidas del Estado a políticas activas y a mejorar las prestaciones asistenciales de desempleo. En un mercado tan dualizado como el español y con evidentes riesgos de exclusión basados en rentas bajas, el salario mínimo
interprofesional desempeña una importante función en el mercado laboral como garantía de rentas a favor de los trabajadores que se encuentran en situaciones económicas y sociales más difíciles. En estos casos se encuentra los siguientes colectivos:
trabajadores no amparados por la negociación colectiva, trabajadores perceptores del subsidio por desempleo y otros trabajadores cuyas rentas están referenciadas al salario mínimo interprofesional como los afectos por insolvencias empresariales y
que perciben prestaciones a cargo del fondo de garantía salarial o que perciben rentas mínimas de inserción o salarios sociales.
Pese a que el Estatuto de los Trabajadores recoge claramente cuatro criterios que el Gobierno debe tener en
cuenta para fijar anualmente el salario mínimo interprofesional, éste viene utilizando como elemento exclusivo para su actualización la previsión oficial del IPC para diciembre de cada año. Así viene sucediendo desde 1994, lo que ha
derivado en un crecimiento menor del salario mínimo del que le correspondería en todos estos años, vulnerando tanto el espíritu como la letra del Estatuto de los Trabajadores. Todo ello no hace sino profundizar la negativa situación del salario
mínimo, que lleva cinco años consecutivos perdiendo poder adquisitivo: seis puntos entre 1994 y el año 2002. El salario mínimo supone un porcentaje del salario medio manifiestamente insuficiente, en torno al 40 por ciento del mismo, muy inferior
al recomendado por la Carta Social Europea, el 60 por ciento del salario medio neto, siendo uno de los más bajos de la Unión Europea, sólo superior a los existentes en Grecia y Portugal.
Proponemos un salario mínimo interprofesional que trata de
evitar la discriminación por edad del salario mínimo, recupera la pérdida de capacidad adquisitiva del salario mínimo y aporta una cantidad adecuada para evitar la exclusión de las rentas más bajas, proponiendo una senda de acercamiento al 60 por
ciento del salario mínimo recomendado por la Carta Social Europea.
Estos presupuestos siguen sin contemplar incentivos en la organización del trabajo que tiendan al fomento del empleo estable, a la reducción de jornada, la fórmula más equitativa de reparto de trabajo, y a la jubilación flexible vinculada a
contratos de relevo. Estas medidas resultan una necesidad en la medida en que sólo iniciativas de carácter estructural pueden dotar a la economía española de capacidad de crear empleo estable y de calidad de forma suficiente. Por ello, nuestras
enmiendas incluyen medidas relativas al desarrollo de medidas para poner freno a la creciente temporalidad en el sector público; a favorecer la estabilidad a través de la contratación de obras y servicios por parte de las administraciones públicas;
al desarrollo de medidas concretas y conjuntas entre las distintas administraciones territoriales -servicios públicos de Empleo, Inspección de Trabajo- para un control efectivo de la contratación temporal; al control por parte de la Inspección de
Trabajo y de los servicio públicos de Empleo de las posibles situaciones de fraude; a reforzar la causalidad de los contratos de duración determinada; a evitar el abuso en la sucesión de contratos temporales; a incluir en el Estatuto de los
Trabajadores de forma expresa el principio de no discriminación de los trabajadores con contrato de duración determinada, incluidos los formativos, en relación con los trabajadores con contratos indefinidos y, por último, a actuaciones que
establezcan una discriminación económica negativa en la contratación temporal respecto a la contratación indefinida, reducción de jornadas y supresión de horas extras. A estos menesteres van referidas las enmiendas que hoy presentamos a este título
II de la ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Ruiz.
Por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán ha presentado a este título II un considerable número de enmiendas dirigidas básicamente, tal y como expresé ayer en mi intervención con motivo de la defensa del título I, a mejorar
todas aquellas prestaciones sociales de los colectivos más necesitados que existen en la sociedad española, como es el de los viudos, y otras contraprestaciones importantes en relación con las cuales todavía se está en unos mínimos inaceptables dada
la situación de la economía española en estos momentos. En esta intervención me voy a centrar en defender la enmienda que nosotros consideramos más importante, la número 541, en la que Convergència i Unió quiere proponer otra vez la compatibilidad
del SOVI, seguro obligatorio de vejez e invalidez, con las pensiones de viudedad de la Seguridad Social. Esta es una enmienda que hemos presentado reiteradamente a lo largo de estas dos últimas legislaturas. Concretamente, hoy hace un año, en el
debate de los presupuestos para el año 2003, el Partido Popular recogió la propuesta que hizo Convergència i Unió y, en palabras del señor Azpiroz, su grupo, en nombre del Gobierno, se comprometió a que dicha enmienda, en la que se compatibilizaba
el cobro del SOVI con la pensión de viudedad, fuera una realidad a lo largo del año 2003. Pues bien, ha transcurrido el año 2003 y, a pesar de que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha planteado varias veces al Gobierno el
cumplimiento de la promesa manifestada por el señor Azpiroz, todavía hoy no es posible la compatibilidad del SOVI con la pensión de viudedad. Ahora es el momento de denunciar la irresponsabilidad del Partido Popular en este aspecto, la
insensibilidad y desconsideración del Partido Popular para que todos estos viudos y viudas puedan hacer compatible su contraprestación cobrando las dos pensiones. Se trata de un colectivo pequeño, que abarca solamente a 60.000 viudos y viudas que,
a lo largo de estos últimos años, han tenido que renunciar a esta pensión del SOVI. Debo aclarar que es la pensión más baja que existe hoy en la Seguridad Social española, que solamente alcanza la cantidad de 265,32 euros al mes, equivalente a las
44.145 de las antiguas pesetas. Por lo tanto, desde el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) volvemos a presentar esta iniciativa para reclamar al Partido Popular el cumplimiento del compromiso que manifestó hace un año de hacer posible
esta realidad. Se haría justicia y daríamos una alegría a un colectivo que ha tenido que renunciar a estas 40.000 pesetas cada mes para poder
subsistir. Realmente, esta es una enmienda de carácter profundamente social. Cuando ustedes manifiestan que este es un presupuesto en el que los gastos sociales han experimentado un incremento considerable, yo les diría, señores del
Partido Popular, que tengan en cuenta también a un colectivo que no alcanza las 60.000 personas, un colectivo a extinguir, pues sólo tienen derecho a percibir dicha pensión todas aquellas personas, ya muy mayores, que estaban afiliadas al régimen
del retiro obrero antes del año 1940 o que hubieran cotizado durante 1.800 días en el SOVI entre el año 1940 y 1966. Por lo tanto, estamos hablando de un colectivo pequeño, a extinguir, desgraciadamente, al que ustedes están condenando a vivir
miserablemente. Vuelvo a repetir y a denunciar ante esta Cámara, señores del Partido Popular, que a pesar de que manifiestan que estos presupuestos son de gran contenido social, si se muestran insensibles ante esta propuesta a la que se
comprometieron hace aproximadamente un año, están condenando a vivir miserablemente a un colectivo de 60.000 personas aproximadamente. Yo me atrevería a afirmar con rotundidad que si hoy vuelven a ser insensibles ante esta propuesta de Convergència
i Unió, a pesar de que dicen mantener un presupuesto social que abarca a todas las capas de la sociedad española, va a ser un Grupo Parlamentario Popular sin alma. Por lo tanto, insistimos en que tendrían que reconsiderar su postura para hacer
justicia a este colectivo ha tenido que renunciar a una pensión que solamente alcanza las 40.000 pesetas al mes.
Hemos presentado otra enmienda importante, la número 548, en la que pedimos que eliminen de los apartados 1 y 2 del artículo 25 de este proyecto de ley de acompañamiento algunos aspectos relativos a los pactos en materia de horas
extraordinarias. Ustedes plantean la posibilidad de que, en caso de que hubiera incumplimiento de este pacto, la infracción pase de grave a muy grave. El incumplimiento significaría para el tejido industrial-empresarial español, compuesto
básicamente por pequeñas y medianas empresas, una multa entre 15 y cien millones de pesetas.
Entendemos que esta propuesta es de gran calado económico y social y convendría que la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a este
proyecto de ley de acompañamiento tuviera un debate más profundo en el que todos los grupos parlamentarios pudieran exponer sus propuestas, que, aunque fueran en la misma dirección, modularan las formas, a fin de evitar que muchas pequeñas y
medianas empresas de nuestro tejido empresarial se vieran inmersas en unas multas que podrían oscilar entre los 15 y los cien millones de pesetas. Por este motivo, agradeceríamos que tuvieran a bien aceptar nuestra enmienda número 548.
En la enmienda 536 planteamos la posibilidad de que todos aquellos patrimonios afectos a las comunidades autónomas en el momento de producirse los traspasos sanitarios de la Seguridad Social pudieran trasladarse al patrimonio único de la
Seguridad Social de las diferentes comunidades autónomas.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de sus enmiendas tiene la palabra la señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señora presidenta.
Intervengo para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista a este título II conjuntamente con las enmiendas a las disposiciones adicionales relativas a estos temas. Voy a dividir mi intervención en tres bloques, el primero de
los cuales hace referencia a la Seguridad Social.
Nuestra primera propuesta pretende cambiar lo que ha introducido el Gobierno en la ley de acompañamiento a través de una enmienda que perjudica a las pensiones más bajas. Como saben SS.SS., las pensiones de viudedad y de orfandad tienen
ahora un tope por arriba, pero con la nueva redacción se incluye alguna otra pensión que pudieran cobrar o algún otro ingreso que pudieran tener, perjudicando a aquellas personas que cobran dichas pensiones. Nuestra enmienda pretende que sigan por
lo menos como están en la actualidad. En los últimos años venimos discutiendo el tema de la viudedad. Realmente el porcentaje ha ido subiendo desde el 45 al 48 por ciento en el que está ahora, y el Gobierno anuncia que a primeros de año pasará al
52 por ciento, cosa que no está en la ley de acompañamiento, porque se hace al margen, evitando así su debate aquí. El Partido Socialista propone subir el porcentaje hasta el 56 por ciento, porque -como bien saben SS.SS.-aun con este porcentaje
muchos viudos y viudas se quedarán sin ningún aumento, ya que como estos porcentajes van a la base reguladora los complementos a mínimos absorben esa subida. Por tanto, creemos que es más justo subir más para que afecte a más personas.
Presentamos otra enmienda que se ha traducido en una recomendación del Pacto de Toledo y que ya defendimos cuando debatimos la Ley de jubilación gradual y flexible. Señorías, se ha hecho una injusticia total con los coeficientes reductores
de los prejubilados que son mutualistas. En la nueva Ley de jubilación gradual y flexible hemos establecido unos coeficientes que priman a aquellas personas que tienen menos años de cotización al régimen de la Seguridad Social, por lo que nos
encontramos con personas con más de 40 años de cotización que tienen un 40 por ciento de reducción. Por tanto, señorías, proponemos que se equiparen los coeficientes reductores de todos los prejubilados que
reúnan las condiciones que exige la ley, indistintamente de que sean mutualistas o no.
También proponemos que el SOVI sea compatible con la pensión de viudedad.
Esta es ya una enmienda clásica. El señor Sánchez i Llibre nos ha dado unas cifras, pero las personas a las que afecta el SOVI son más, son 360.000 en estos
momentos, aunque no todas son de viudedad. Llevamos dos legislaturas defendiendo la compatibilidad del SOVI. Hay un estudio de la Seguridad Social del año 1999 que establece que esto tendría un coste de 9.000 millones de las antiguas pesetas, que
es un coste más que asumible.
Ahora bien, señores de Convergència i Unió, introducir en este Congreso algo que dice 'seguir avanzando en la misma línea' o 'ir hacia' no significa nada. Eso es lo que pasó en el anterior debate de presupuestos y es
lo que va a volver a pasar hoy, porque el Grupo Popular va a rechazar de nuevo hacer compatible el SOVI con la pensión de viudedad.
También hemos presentado una enmienda que se refiere a los prejubilados de ITT España. Hay dos mandatos de este Congreso para que se arreglen sus problemas. Nosotros pedimos que se cumplan los dos mandatos que ha dado este Congreso al
Gobierno para que arregle la situación de estos trabajadores. Desde el año 1995, cuando el señor Rato planteó solventar los problemas de estos trabajadores, cosa que fue votada por todos los grupos de esta Cámara, han pasado años suficientes como
para que estos problemas estuvieran solucionados. También pedimos que se arregle la cuestión del vale del carbón para todos los trabajadores de los expedientes de 1986 y de 1997 que no lo cobran.
Hablamos también de los autónomos, de que puedan acceder a la jubilación anticipada a los 61 años con 30 años de cotización. Hablamos también de la posibilidad de que los autónomos tengan protección por desempleo cuando el cese de actividad
no sea imputable a su voluntad. Hablamos de la bonificación de la cuota del 50 por ciento de la Seguridad Social para todos los que se incorporen bien a autónomos, bien al REA, y rechazamos la propuesta del Gobierno de que coticen por el 70 por
ciento solamente, por una sencilla razón, señorías, porque eso significa que hoy tienen un ahorro del 30 por ciento en su cotización pero les estamos recortando sus prestaciones del futuro. También solicitamos establecer el cobro único del subsidio
de desempleo para los trabajadores autónomos en una nueva actividad o que se incorporen a una sociedad laboral o una cooperativa.
Es decir, planteamos la posibilidad de que vuelvan a cobrar una sola vez el subsidio de desempleo.
Hablamos también de otros aspectos como mejorar el subsidio de desempleo, mejorar y hacer un plan para la inspección de trabajo y mejorar la contratación temporal. Señorías, es lamentable que en la inspección de trabajo no haya un plan que
incorpore tres o cuatros aspectos fundamentales, que son los problemas más grandes que tiene nuestro mercado laboral como, por ejemplo, programas que realmente vigilen el cumplimiento de la prevención de riesgos laborales. Señorías, no es asumible
el número de accidentes mortales que hay este país. No nos podemos acostumbrar a que cada día -igual que sucedió ayer- muera un trabajador porque no se cumplen las normas de seguridad. Por eso planteamos un plan de la inspección de trabajo que
realmente vigile el cumplimiento de la prevención de riesgos labores, la igualdad de trato entre hombres y mujeres, el control del abuso de la contratación temporal -no creo que haga falta recordarles cuál es- y el control de las horas
extraordinarias, que se hacen a millones en este país. En definitiva, un plan de la inspección de trabajo que vigile que las normas que salen de esta Cámara tengan un grado de cumplimiento que mejore el mercado laboral. Hablamos de remitir un
proyecto que modifique la contratación temporal y que elimine el abuso que se hace de la contratación en precario. El objetivo es claro: luchar contra la temporalidad. A pesar de todo lo que hemos hecho hasta la fecha, planes y demás, la realidad
es que seguimos teniendo una temporalidad inadmisible; un 32 por ciento en nuestro mercado laboral es realmente inadmisible. También planteamos un programa de inserción sociolaboral en el desarrollo de los servicios sociales; un programa que dé
empleo a las personas con más dificultades para integrarse en el mercado laboral, mayores de 45 años y parados de larga duración, que sirva para dar unos servicios a la comunidad de calidad en la atención a personas mayores y niños. Con este
programa queremos conseguir dos objetivos: una mayor empleabilidad entre los colectivos con más dificultad y dar unos servicios a la sociedad que en estos momentos no tiene. Por último, proponemos una mejora del subsidio de desempleo. Tenemos
excedentes en las cotizaciones sociales por desempleo y tenemos colectivos que realmente están muy desprotegidos, sobre todo parados de larga duración, mayores de 45 años, personas cuyos ingresos están muy por debajo de las rentas mínimas de
supervivencia.
Creemos que hay dinero suficiente para aumentar las cotizaciones y así mejorar las condiciones de vida de estas personas. En definitiva, doy por defendidas las enmiendas 334, 335, 336 y las 409 a 421 a las disposiciones adicionales.
Permítanme, señores del Partido Popular, que les haga dos peticiones específicas para dos colectivos a los que me he referido ya con anterioridad, porque es una cuestión de voluntad política y no creo que estén ustedes diciendo que no por el
coste que supone. Uno es el SOVI.
Estamos hablando de 9.000 millones de pesetas para hacerlo compatible con la pensión de viudedad. Esta cantidad no me la estoy inventando, sino que está recogida en un estudio de la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social del año 1999, con el incremento por su actualización. Cuando en la legislatura pasada yo empecé en esta Cámara a reivindicar la
compatibilidad del SOVI existían 430.000 personas cobrándolo y hoy, casi ocho años después, hay 363.000 personas.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señora López i Chamosa, debe concluir. Su tiempo ha terminado.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Termino, señora presidenta.
Quiero decir que es una pensión dirigida a un colectivo que va en disminución, por lo que es cuantificable el efecto que puede tener en el futuro. El segundo aspecto se refiere a los coeficientes reductores de los prejubilados. No es
comprensible que la gente que lleva cotizando 40 y 42 años se tenga que jubilar con el 60 por ciento de su pensión, mientras gente con menos años de cotización, con 36 ó 38 años, se jubilen con el 68 ó el 70 por ciento porque les afecta la nueva Ley
de jubilación gradual y flexible. Creo que es de justicia social equiparar los coeficientes de unos prejubilados y de otros. Merecería la pena hacer un esfuerzo en esta dirección y, además, creo que es asumible.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señora López i Chamosa.
Por el Grupo Parlamentario Popular y en turno de fijación de posición, tiene la palabra la señora Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: Gracias, señora presidenta.
Me corresponde fijar nuestra posición a la ley presentada por el Gobierno de medidas fiscales, administrativas y del orden social en relación con el título II, que es el que trata esta cuestión específica del orden social.
Se ha dicho por el portavoz de un grupo parlamentario, que no está presente en la sala, que una vez más el Gobierno se había tomado la libertad de legislar en esta ley sobre materias que no debían haber sido objeto de regulación. Si hacemos
mención especial del programa de empleo presentado por el Gobierno para el año 2004, entiendo que lo que la ley hace a lo largo de los artículos 22 y 23 es concordar materias, normativa vigente para desarrollar la programación contenida en la
política económica del Gobierno incluida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y corregir ciertos matices que en modo alguno pueden ser criticados; por ejemplo, el subsidio de riesgo durante el embarazo a efectos de cómputo de
cotizaciones, porque es la primera vez que se reconoce esa situación de riesgo durante el embarazo, o la posibilidad de limitar la acumulación en las pensiones de viudedad y orfandad cuando existe concurrencia con otras prestaciones a favor de
familiares, es decir, unificar el límite de acumulación, así como también la posibilidad de regular un pequeño matiz en el ISFAS, en el régimen especial de las Fuerzas Armadas, cuando se dice que el plazo para la devolución de las cotizaciones
hechas indebidamente será de cuatro años, en concordancia con otras normas de carácter tributario. Finalmente, como tema muy importante se presenta un programa de empleo para el año 2004.
Señorías, ha habido grupos que han presentado más o menos enmiendas y el Grupo Parlamentario Socialista, que dejaré para el final, sólo ha presentado tres enmiendas. En primer lugar me voy a referir a las enmiendas que ha presentado don
Antero Ruiz, de la 43 a la 59. Es un criterio, señor Ruiz, hablar de la protección por desempleo anterior al año 1984, que usted conoce muy bien y sabe perfectamente que no fue precisamente este Gobierno el que modificó la protección por desempleo,
sino que se hizo mucho antes y por el hoy grupo parlamentario mayoritario de la oposición. De todas formas, creemos que no se puede volver a planteamientos del año 1984 porque hoy la situación económica es distinta, con un crecimiento sostenido de
la economía y una reducción del desempleo del 23 al 8,5 por ciento.
Usted nos habla también de aumento de prestaciones sociales. Sinceramente y con muchísima humildad creemos que desde el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular que lo respalda se ha hecho un esfuerzo muy importante para aumentar las
prestaciones sociales, por muchas razones: porque se han gestionado mucho mejor los recursos de la Seguridad Social y porque, a través de las iniciativas legislativas que ha traído el Gobierno a esta Cámara durante ocho años, se ha permitido la
posibilidad de que la pequeña y la mediana empresa creen trabajo y se haya fomentado la creación de empresas. Ha sido un trabajo colectivo de todos los agentes sociales y del Gobierno que ha presentado esas normas.
Propone usted un nuevo programa de empleo para el año 2004 totalmente distinto del que propugna el Gobierno. Yo sólo le quiero recordar una cosa, señor Ruiz. Usted apoyó la Ley de empleo recientemente aprobada en este Congreso de los
Diputados porque Comisiones Obreras había respaldado, en la firma con los agentes sociales, dicha reforma del proyecto de ley de empleo. Es una contradicción que usted haya apoyado una ley en su totalidad y que, si esta ley da pie al programa de
empleo para el año 2004 que presenta el Gobierno, usted presente un programa alternativo. Debemos ser coherentes y consecuentes globalmente.
Paso a referirme al portavoz del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, porque una cosa sí que me ha dolido un poco. Decir que nuestro grupo parlamentario no tiene alma es quitarnos una parte esencial de nuestra intimidad, de ese halo
que en oriente pueden llamar el tercer ojo, es decir, creo que es entrar en unos términos demasiado intimistas.
Señor Sánchez i Llibre, yo le podría responder que quizá ustedes tampoco han
tenido alma a lo largo de cuatro años en Cataluña cuando nosotros hemos dado toda la estabilidad a la institución catalana de la Generalitat y ustedes recibían nuestro apoyo pero miraban para otro lado, como si hubiera que ocultarlo;
algunos sí pero no todos lo han reconocido. El día del cierre de campaña electoral yo estaba en una emisora de radio y un compañero suyo de partido dijo: Yo no me avergüenzo, hemos gobernado gracias al apoyo del Partido Popular. Pero otros muchos
no lo dicen. Por tanto, cuidado con lo del alma, que todos podemos echar en cara pequeños reproches, y sabe que le digo esto con todo el cariño del mundo.
Habla usted del traspaso de la titularidad de los bienes inmuebles a la Generalitat de Cataluña. Usted conoce muy bien las normas de la tesorería general de la Seguridad Social y sabe que en el año 1978 fue creado por real decreto un
servicio común y que en virtud de todos aquellos acuerdos que había entre todas las fuerzas políticas, y del proceso transitorio de restauración democrática, se llegó a un acuerdo importante respecto a todas las normas de Seguridad Social: La
tesorería general de la Seguridad Social ostentaría un patrimonio único y cedería a cada una de las comunidades autónomas el uso, que no la titularidad de la propiedad, de aquellos edificios que ya antes de ese traspaso hubieran venido utilizando
para el desarrollo de sus competencias.
En relación con el aumento de prestaciones sociales, señor Sánchez i Llibre, con toda sinceridad le digo que estoy segura -no me cabe ninguna duda- de que aunque este año, fruto de los pasados comicios catalanes, no hayan podido respaldar
los Presupuestos Generales del Estado como han venido haciendo durante siete años, usted reconoce que se ha hecho un gran esfuerzo en material social, en mayores prestaciones, en aumento de la pensión de viudedad, en recorte del desempleo, gracias a
Dios, porque ha habido creación de empleo y en subir pensiones mínimas por encima del incremento del IPC. Le voy a decir una cosa y con ello contesto también a la señora López i Chamosa. El seguro obligatorio de vejez e invalidez, que estuvo
muchísimos años congelado por el Gobierno anterior, ha subido en estos años un 25 por ciento, bastante más por encima del IPC, aproximadamente el 4 por ciento.
La señora López i Chamosa ha dicho que la tasa de temporalidad es del 35 por ciento. No, señora López i Chamosa, es del 32 por ciento. (La señora López i Chamosa: He dicho del 32 por ciento.-El señor Martínez-Pujalte López: Del 35 por
ciento era cuando estaban ustedes; con nosotros ha bajado.) Perdón, ha dicho 32, en el 35 estábamos con ustedes (El señor Martínez-Pujalte López: Exacto.), pero también le voy a recordar que estábamos en el 23 por ciento de paro. Con todo respeto
también le digo que no entiendo cómo en determinados discursos de carácter social se atreven ustedes a criticarnos en lugar de apoyarnos porque ¡cómo estábamos y cómo estamos!
El señor Sánchez i Llibre ha citado a mi amigo y compañero señor Azpiroz.
Tengo que decirle que si alguien se ha preocupado por todos estos temas que usted ha mencionado es justamente el señor Azpiroz. No sólo lo ha dicho desde esta
tribuna sino que yo le he visto trabajar los temas para lograr mejoras en el ámbito social, como le prometo que también lo he hecho yo. Hay que decir lo que es justo.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señora Montseny, debe concluir. Su tiempo ha terminado.
La señora MONTSENY MASIP: Voy terminando, señora presidenta.
Para finalizar, me cuesta no responder a algo que también ha dicho la señora López i Chamosa. Ha dicho muchas cosas, pero con carácter global y con lo que le he contestado hasta ahora ya ve usted que no podemos compartir -porque usted
tampoco se ajusta a la verdad cuando dice lo que dice- lo relativo a los coeficientes reductores. Resulta que los coeficientes reductores también han mejorado ahora, aunque no con efectos retroactivos porque las normas de carácter general no se
pueden aprobar con efectos retroactivos, ya que cuesta muchísimo dinero al erario público. Y el SOVI no cuesta 9.000 millones de pesetas sino muchísimos más recursos. Estoy de acuerdo en que debemos hacer un esfuerzo en intentar mejorarlos, pero
hay que decir las cifras verdaderas. Los coeficientes reductores, señora López i Chamosa, que eran de un 8 por ciento por año que faltaba para cumplir los 60 años, hoy se han reducido, según los años cotizados, hasta un 7 y hasta un 6 por ciento.
Señora López i Chamosa, está en el Pacto de Toledo.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señora Montseny, le reitero que debe concluir.
La señora MONTSENY MASIP: Termino inmediatamente, señoría, diciendo que el Grupo Popular va a respaldar esta ley de medidas administrativas, fiscales y de orden social que tan sólo complementa aquella normativa dispersa para adecuarla a la
normativa global y poder desarrollar la política económica prevista en la ley de Presupuestos Generales del Estado.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señora Montseny.
Señor Ruiz, tiene la palabra por tres minutos.
El señor RUIZ LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Voy a utilizar menos de tres minutos. Simplemente quiero decir a la señora Montseny que me parece que
confunde la velocidad con el tocino y que el Grupo de Izquierda Unida va a apoyar en esta Cámara cualquier iniciativa que suponga un paso hacia delante. Para que lo entienda la señora Montseny, si la ley de empleo supone un avance con lo
que había antes, porque es una ley negociada con los agentes sociales y con los sindicatos, este grupo parlamentario va a apoyar esa ley como así lo hicimos y lo dijimos. Pero eso, señora Montseny, no significa ni que este parlamentario se vaya a
afiliar al Partido Popular ni que vayamos a renunciar a nuestra ideología y a nuestro programa. En ese sentido, bienvenido sea todo avance en cualquier iniciativa, pero permítanos que sigamos teniendo nuestros programas, nuestros planteamientos,
que van mucho más allá de cualquier iniciativa que pueda suponer un paso hacia delante, porque lo contrario, señora Montseny, es lo absurdo. Por eso le digo que no confunda lo que pueden ser buenas intenciones con lo que tiene que ser la rendición
más absoluta. En este sentido, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a seguir defendiendo sus planteamientos en políticas de empleo, políticas de protección social y políticas sociales.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Ruiz.
Señor Sánchez i Llibre, ¿su señoría quiere intervenir?
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Solamente quiero hacer una precisión, constatar un hecho que es una realidad, y no es otro que dar crédito de los esfuerzos que ha realizado el señor Azpiroz para que el Gobierno del Partido Popular y su grupo parlamentario posibiliten que
exista esta compatibilización entre la pensión de viudedad y el SOVI. Esta es una realidad que he podido observar a lo largo de este año, pero hay que decir a continuación que su grupo parlamentario y su Gobierno han sido totalmente insensibles al
esfuerzo del diputado señor Azpiroz.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señora presidenta.
Señora Montseny, quiero decirle dos cosas. En relación con el SOVI, la cifra que le doy es el estudio que ha realizado la Secretaría de Estado de la Seguridad Social. Sólo tiene que pedir una copia y si no yo se la doy. Esa es la cantidad
que figura porque hablamos sólo del SOVI referente a la pensión de viudedad, no toda la pensión SOVI. Segundo, señora Montseny, usted me dice que los coeficientes reductores han cambiado. No. Las personas que son mutualistas y que han cotizado
antes del 1.º de enero de 1967, si se jubilan hoy, aunque lleven 40 años de cotización, lo hacen con un coeficiente reductor del 8 por ciento. Sí, señoría. Y la Ley 16/2001 sólo afecta a las personas que no son mutualistas y que se jubilan con 61
años. Les ruego que lean la ley porque conocimientos tienen del tema.
Señora Montseny, sólo desde una actitud totalitaria o antidemocrática me puede usted decir a mí cómo me atrevo a criticar. Señoría, me atrevo a criticar porque en un Estado de derecho democrático, como es el nuestro, la crítica es saludable
y además debería ser agradecida. Cuando gobernamos nosotros había una situación en este país, y cuando presenten ustedes una situación como la nuestra de universalidad de las pensiones, universalidad de la sanidad, infraestructuras, pensiones no
contributivas, la integración de España en la Comunidad Económica Europea, entonces podrán presumir, mientras tanto tienen mucho que callar y aguantar. (El señor Martínez-Pujalte López: ¿Tenemos que callar con cinco millones de empleos?)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señora López i Chamosa.
Señora Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: Gracias, señora presidenta.
Contestando al señor Ruiz, yo he hecho una reflexión política. No se enfade, señor Ruiz. A mí me parece que si ustedes respaldaron en su integridad la Ley de empleo, un programa de empleo para el año 2004 que va en esa dirección no debe
ser tan malo. También le voy a decir otra cosa. He oído decir a algunos compañeros suyos que la Ley de empleo es buena, y a otros compañeros suyos que la ley no es excesivamente mala.
Son criterios de diputados desde su propio grupo
parlamentario. Todo depende del color del cristal con que se mira.
Señor Sánchez i Llibre, con todo el cariño que sabe que le tengo he de decirle que, a pesar de que su grupo no haya respaldado por primera vez la ley de Presupuestos Generales del Estado de este año, vamos a aceptar la enmienda relativa a
las sanciones e infracciones número 548 presentada por su grupo parlamentario.
Me reitero en lo dicho antes, aunque sin ánimo de acritud. Espero que en un futuro podamos volver a acuerdos que han sido buenos para la sociedad española, quizá no en algunos términos de índole más nacionalista, pero sí de cara a la
pequeña y mediana empresa y a cuestiones sociales. Creo que nuestra andadura a lo largo de siete años, aunque principalmente reconocida por el Grupo Parlamentario Popular o por el Partido Popular, ha sido positiva.
Finalmente, señora López i Chamosa, yo no lo he dicho en términos no democráticos, lo que le he dicho
es que si yo estuviera al revés respecto de ustedes y ustedes hubieran reducido el desempleo, creado empleo y ayudado a crear pequeñas y medianas empresas, no me atrevería a decir algunas afirmaciones que ustedes hacen. Ustedes hicieron
cosas bien, por supuesto que sí, y yo lo reconozco y lo reconoceré siempre porque la objetividad no hay que perderla nunca. Ustedes aprobaron las pensiones no contributivas, mejoraron prestaciones sociales, pero también es cierto, señora López i
Chamosa, que, en un momento determinado en que ustedes olvidaron el capital productivo de la sociedad española gobernando aquí y pactaron con un capital financiero, llegamos a tasas preocupantes de paro, y hoy, con aquellas políticas económicas, no
se hubiera podido hacer lo que se está haciendo, comprometerse a tener para la próxima legislatura 24.000 millones de euros para un fondo de reserva.
Estudiaremos el documento que usted ha dicho y miraremos si podemos seguir trabajando en ese sentido, porque no hay nadie en esta Cámara, incluida esta humilde diputada, que no quiera mejorar cuestiones sociales. Otra cosa es la posibilidad
y la responsabilidad de poder hacerlo, porque son gastos que se fijan anualmente en la Seguridad Social y hemos comprometido un fondo de reserva yo creo que importante para la legislatura que viene, pero tiene nuestro compromiso para seguir
mejorando todas aquellas prestaciones sociales sin poner en peligro el sistema único de la Seguridad Social.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señora Montseny.
Pasamos al debate del título III del proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que comprende los artículos 28 a 37.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Doy por defendidas las enmiendas presentadas por los otros partidos integrados en el Grupo Mixto y paso a defender las presentadas por el Bloque Nacionalista Galego, haciendo especial hincapié en dos asuntos. En primer lugar, un conjunto de
enmiendas que se refieren a los militares y oficiales de complemento. Las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego pretenden corregir las carencias, las deficiencias que durante los cuatro años de aplicación práctica de la Ley 17/1999 se han puesto
de manifiesto. (La señora presidenta ocupa la presidencia.) En concreto, pretendemos permitir el acceso de estos militares a las enseñanzas militares, a la promoción interna, permitir su estabilidad laboral, es decir, el acceso a una relación de
servicios permanente con las Fuerzas Armadas, y permitir para los que así lo deseen su acceso a actividades de apoyo a la reincorporación laboral.
Por otra parte, quisiera también hacer especial hincapié en la enmienda 229, con la que nuestro grupo quiere corregir -e invitamos a los demás grupos de la Cámara a que lo consideren- una injusticia histórica cometida, con el olvido
realizado por la Ley de amnistía del año 1977, con los antiguos miembros nativos del Sahara, la denominada policía territorial del Sahara, a los que, hoy por hoy, no se les considera miembros de ese cuerpo ni se les reconocen, como a otros militares
o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, derechos pasivos. Pretendemos que estas personas se puedan beneficiar de la Ley de amnistía, que se les reconozcan, se equiparen sólo a estos efectos, derechos pasivos como a otros
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas, salvo, lógicamente, para aquellos que antes de la fecha de disolución del cuerpo de policía territorial del Sahara causasen baja en el mismo, en virtud de un
documento público en el que se recogiese su voluntad inequívoca de apartarse de este cuerpo. Pensamos que con esto no se va a cerrar el capítulo de la vergonzosa actuación del Estado español en el Sahara, pero sí contribuiríamos, como mínimo, a
resolver el problema de unas personas que no cometieron otro delito que negarse a disparar contra su propio pueblo.
Por otro lado, por si alguien está preocupado acerca de la repercusión económica por la aprobación de esta enmienda, quiero indicarles que se trata de un colectivo pequeño de personas y que, más que ante un problema económico, estamos,
repito, ante un problema de voluntad política y de justicia histórica.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Aymerich.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canarias, el señor Mardones tiene la palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.
A este título III mantenemos dos enmiendas, la 192 y la 193. Las dos tienen una trascendencia, permítanme la expresión, porque afectan en fundamento jurídico a derechos que un Estado democrático y de libertades debe tener para todas
aquellas opciones que los ciudadanos adoptan con respecto a su vida en pareja. Se trata de una modificación que pretendemos de la ley del texto refundido de las clases pasivas para que tengan un derecho a la pensión de viudedad quienes hayan sido
cónyuges legítimos del causante, o hayan tenido con éste una análoga relación de afectividad, lo que denominaríamos también pareja de hecho, y que vienen siendo discriminados en caso de fallecimiento. Nosotros entendemos que a estas alturas se
tiene que reconocer esta refundición de ideas para modificar las
Título III
limitaciones o exclusiones que actualmente la Ley de clases pasivas tiene y que se da tanto en funcionarios civiles, como en funcionarios militares. Tenemos varios casos, incluso de personal militar, fallecido en el lamentable accidente del
Yak-42, que venía desde Afganistán con 62 militares españoles fallecidos trágicamente y donde ya se han dado casos de parejas de hecho en donde la pareja no tiene tal reconocimiento.
La segunda enmienda es la 193 y se refiere también a una modificación de la Ley 17/1999, sobre régimen del personal profesional militar. Aquí se han adoptado por el Ministerio de Defensa una serie de decisiones que entendemos van a ser muy
graves para el contingente de efectivos totales de las Fuerzas Armadas. No se ha podido cumplir la exigencia de 86.000 componentes de las Fuerzas Armadas a nivel de tropa y marinería, las cifras son sensiblemente inferiores, y resulta que a 31 de
diciembre de este año tendrán que causar baja una serie de efectivos humanos, pertenecientes tanto a carreras de oficiales de complemento, como de cabos primero. Me estoy preguntando qué va a pasar el 31 de diciembre con los efectivos militares
españoles que en este momento están formando parte de la brigada Plus Ultra en Irak. No sé cómo se podrá explicar a quienes están en estos momentos sirviendo, como ha dicho el Gobierno, en misiones de paz y con el uniforme de las Fuerzas Armadas
españolas que el día 1 de enero no forman parte de estos efectivos. No sé a qué estamos jugando con la presencia de nuestras Fuerzas Armadas, porque verdaderamente no se entiende que, ante la carencia de efectivos humanos, se abra el grifo y se
vayan de las mismas. Por esta razón, nosotros pedimos la consideración de la enmienda número 193.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), la señoría Uría tiene la palabra.
La señora URÍA ETXEBARRIA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo sólo tiene una enmienda a este título, que es la número 158, referida al artículo 35. Nuevamente, señorías, la Administración del Estado, el Gobierno se acuerda de las competencias asumidas solamente en los casos en los que le
parece conveniente. Cuando se regulan en el artículo 35 de la ley de acompañamiento los procesos selectivos, provisión de vacantes y promoción profesional del personal laboral de la Administración general del Estado, se les olvida que existen
comunidades, y, entre ellas, la vasca, que recibieron transferencias para materializar sus competencias en relación con la denominada administración de la Administración de justicia y, en concreto, en materia de provisión de medios personales,
materiales y económicos al servicio de las funciones y servicios, que, dentro del territorio del País Vasco, hace la Administración del Estado en esta materia. Los reales decretos de traspasos 1684/1987 y 410/1996 han de ser respetados. No bastan
las proclamas de respeto al marco constitucional y estatutario si luego vemos que, día a día, se excepcionan cuando parece conveniente.
No quiero dejar de hacer mención a un apartado referido a la materia de sanidad, que ha sido introducido en el dictamen de la Comisión a este mismo título III de la ley de acompañamiento. Vaya por delante que, considerando que el Ministerio
de Sanidad tiene fama de ordenado y serio en su quehacer, sin embargo, a la hora de elaborar los presupuestos y en la ley de acompañamiento ha tenido algunos deslices, que nos parecen interesantes señalar. Cierto es que, tras la asunción de
competencias por todas las comunidades autónomas, al Ministerio de Sanidad sólo le queda para manejar el 17 por ciento del gasto de los sistemas de salud, pero, dentro de este porcentaje, no ha tenido previsión ninguna para los convenios, para
renovarlos y pagarlos, con las entidades colaboradoras de la Seguridad Social, que desde el año 1999 están en blanco. No debe olvidarse, cuando se hacen proclamas de respeto a la realidad vasca, que el Grupo Mondragón tiene un extraordinario número
de personas que pertenecen a este tipo de entidades colaboradoras de la Seguridad Social, que está sin financiación -y no le corresponde a la comunidad autónoma vasca- desde hace muchos años. Me refería a una cuestión introducida en el dictamen y
que nos parece profundamente inadecuado, como es la referencia que se hace a la previsión en la disposición adicional segunda del Real Decreto 1497/1999 de que los llamadas mestos -los médicos especialistas sin título oficial- no vean perjudicadas
sus expectativas de acceso en próximas convocatorias.
Señorías, en esta legislatura el panorama normativo de la materia sanidad ha quedado extraordinariamente clarificado. Hemos aprobado una ley de profesiones sanitarias, está a punto de volver del Senado un estatuto marco. Entonces, ¿qué
hacen disposiciones chapuza, si se me permite esta expresión, de este tipo en la ley de acompañamiento? ¿Estamos ante una norma que es básica o no, va a haber enmiendas de este tipo cuando creíamos que había un marco estable y consolidado, aprobado
por todos en esta Cámara? Nos parece que debiera despejarse esta cuestión y saber todos a qué estamos. Singularmente es importante saber si excepciones de este estilo se considera desde el Gobierno que tienen el carácter de básico. No queríamos
que dejara de constar nuestra oposición a que una previsión así quede consolidada en esta ley que hoy se aprobará.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Ruiz tiene la palabra.
El señor RUIZ LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Intervengo para dar por defendidas las ocho enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida a este título III de la ley de acompañamiento.
Hay que seguir interpretando y planteando que con la presentación del anteproyecto de ley de acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado y la introducción de enmiendas de urgencia al texto, el Gobierno continúa utilizando este
mecanismo legislativo para modificar unilateralmente y sin negociación aspectos relevantes de la política de empleo público. Ya denunciábamos en la sección 22 de los Presupuestos Generales del Estado que entre las medidas incorporadas este año
destaca una nueva regulación de los contenidos básicos de las relaciones de puestos de trabajo. Tras varias sentencias judiciales que obligan a las administraciones a completar las relaciones de puestos de trabajo, con la descripción funcional de
los mismos, el Gobierno en este caso promueve una enmienda a la legislación vigente para la supresión de este requisito. De aprobarse esta modificación se dificultaría la valoración efectiva de los puestos de trabajo, se flexibilizaría la
posibilidad de modificación funcional de los mismos, sin garantías para los empleados públicos, y se harían menos transparentes los concursos de traslado y promoción al desconocer los aspirantes los cometidos a desempeñar.
Al mismo tiempo, también se pretende burlar la negociación realizada el año pasado sobre la tasa de reposición de efectivos al cien por cien. En ese sentido, entendemos que con el planteamiento que hace el Gobierno se intenta vulnerar ese
acuerdo del año pasado con las fuerzas sociales y sindicales. Lo que pretenden nuestras enmiendas es denunciar una vez más los incumplimientos que puede haber de los propios acuerdos que se realizaron, repito, el año pasado.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Pausa.) ¿Las dan por defendidas? (Asentimiento.)
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Muchas gracias, señora presidenta.
Al título III, del personal al servicio de las administraciones públicas, mi grupo parlamentario tiene presentado un conjunto de enmiendas, porque el Gobierno ha introducido en modificaciones legislativas de leyes en vigor una serie de
cambios; algunos los aceptamos, porque suponen una mejora técnica, dan respuesta a demandas de colectivos concretos o suponen una razonable reducción de cuerpos y escalas que pueden redundar en una mejora de la Administración pública española. Sin
embargo, se proponen cambios que mi grupo parlamentario piensa que no van en la dirección correcta. Concretamente a través del artículo 28 se modifica en diferentes apartados la Ley 30/1984, de reforma de la Función pública. No nos parece
razonable la modificación que establece la ley, de tal forma que en la relación de los puestos de trabajo, conocida en la Administración pública por RPT, se elimine en la descripción de los mismos las características de esos puestos, manteniendo,
eso sí, la forma de acceso, las características que deben reunir las personas que lleguen a esa plaza, etcétera. Desaparece la descripción de las características esenciales de los puestos de trabajo, tema que ha sido condenado y rechazado por
varios tribunales ante demandas de sindicatos y de empleados públicos. Esta desaparición de la descripción y de las características de los puestos de trabajo, de tal forma que cuando alguien opta a un concurso de traslado o a ocupar determinada
plaza, debe conocer qué tipo de trabajo va a desempeñar, no mejora la trasparencia informativa, los méritos y la publicidad a la hora de ocupar los puestos públicos.
En el artículo 28.4 de la ley de acompañamiento se propone añadir un nuevo párrafo, computando a efectos de trienios el período de tiempo trabajado en organismos y entidades del sector público, que hoy no computan cuando el empleado esté en
situación de excedencia voluntaria. A través de la enmienda 339 proponemos excepcionar los casos en los que voluntariamente el empleado público haya decidido ir a empresas públicas. El Grupo Parlamentario Popular creo que nos va a presentar una
enmienda transaccional a la 339. Si aceptáramos la transaccional retiraríamos la 339, pero ya haré referencia a ello si me lo pide la presidenta.
Como consecuencia del último acuerdo entre la Administración y los sindicatos, por fin la oferta pública de empleo recoge la vieja aspiración, que era una necesidad urgente de las administraciones públicas, de que la tasa de reposición de
efectivos no se realice sobre el 25 por ciento de los efectivos sino sobre el cien por cien. Esta aceptable decisión proponemos que se incorpore con carácter permanente y estable en la ley de medidas de la Función pública.
Con las enmiendas números 342 y 343, similares a las que ya presentamos a la ley de presupuestos, proponemos que se incorpore por ley al artículo 23 de la Ley 30/1984 el concepto de lo que es paga extraordinaria, con una acepción más amplia.
Sobre el concepto de paga extraordinaria, la ley de medidas sigue diciendo que aquélla se calculará por el salario base y la antigüedad.
En los dos últimos ejercicios presupuestarios, evidentemente, y como consecuencia del acuerdo entre sindicatos y empleados públicos, se ha conseguido que una parte del complemento de destino forme parte de la paga extraordinaria, pero si no
lo consolidamos con carácter estable en la ley pensamos que puede ser flor de un día, de tal forma que sería importante y bueno que esto se incorporara en el concepto de paga extraordinaria.
Vamos a retirar en estos momentos la enmienda número 344 porque se ha incorporado en el dictamen de Comisión una enmienda del Grupo Parlamentario Popular que da satisfacción a una demanda recogida en ella.
Se trata de que aquellos
funcionarios civiles que están en prácticas, pero en período de formación, no es que se les pueda conceder una licencia, sino que efectivamente se les concederá. Al haberse incorporado esta enmienda, nosotros retiramos la 344. Con la enmienda
número 346 proponemos crear la escala ejecutiva de especialistas de seguridad vial, dependiente de tráfico, como colectivo especializado en una mejor y mayor seguridad vial, tan escasa por otra parte, dado que cada fin de semana conocemos una triste
estadística de accidentes de tráfico, sobre todo de muchos jóvenes que sufren las consecuencias de una mala educación vial, de una serie de prácticas no favorables para una mejora de la seguridad vial. Queremos integrar en el cuerpo de profesores
de enseñanza secundaria, especialidad de psicopedagogía, a los funcionarios que procedentes del cuerpo de maestros y con titulación oportuna ya obtuvieron plaza en los equipos psicopedagógicos, pero ocupan en la actualidad plazas del grupo B.
A través de varias enmiendas queremos proponer una serie de disposiciones adicionales que tienen que ver con la política de personal de las administraciones públicas. Con la enmienda número 374 proponemos que el Gobierno vaya adoptando las
medidas necesarias para adaptar la jornada laboral en la Administración general del Estado a las 35 horas. También proponemos y sugerimos al Gobierno que durante 2004, en el marco de la profundización del diálogo sindical en las administraciones
públicas, se adopten medidas nuevas tendentes a reducir la temporalidad en el empleo y a consolidar el proceso de funcionarización que ya se había puesto en marcha.
Hemos presentado cinco enmiendas, concretamente de adición, como nuevas disposiciones adicionales que hacen referencia a problemas existentes en el ámbito de la función militar y del Ministerio de Defensa que exigen, desde nuestro punto de
vista, soluciones urgentes para que se aborden en una ley como la de acompañamiento de los presupuestos porque, además, en el título III hay expresamente modificaciones legislativas que afectan a los funcionarios militares. Las dos primeras, las
números 386 y 387, proponen incorporar hasta final del año 2004 la prórroga de los compromisos de determinados militares de complemento y profesionales de tropa y marinería que lo soliciten. El incumplimiento por parte del Gobierno de la
responsabilidad en adoptar las medidas que faciliten tanto la promoción interna, como la reincorporación laboral de los militares, con relación de servicio de carácter temporal, ya hizo necesaria esta prórroga el año pasado, que se formalizó en la
disposición adicional vigesimonovena de la Ley de acompañamiento de los presupuestos actuales.
Tampoco ha sido el Gobierno capaz durante este año de cumplir sus compromisos en esta materia, por lo que proponemos una nueva prórroga que permita
adoptar las medidas necesarias para evitar una situación de desamparo, en la que quedarían numerosos militares españoles, especialmente cuando no se están alcanzando los objetivos de incorporación fijados en el proceso de profesionalización.
La enmienda número 388 pretende evitar algún tratamiento discriminatorio que se produce en el ámbito del personal militar respecto a situaciones similares en otros colectivos, adecuando los efectos retributivos y de fijación de haberes
reguladores para la determinación de los derechos pasivos de personal militar al grupo de clasificación correspondiente de alférez.
La enmienda 389 es para nosotros muy importante y llamaría la atención al Grupo Parlamentario Popular para que la analizara con especial cariño.
Esta enmienda propone mantener las retribuciones también a los militares procedentes de la
reserva transitoria hasta alcanzar las edades determinadas para pasar a la reserva según empleo. La Ley 17/1999, en su disposición transitoria undécima, declaró a extinguir la situación de reserva transitoria, manteniendo el principio de que los
militares profesionales que se encontraban en situaciones de reserva procedentes de la reserva transitoria permanecieran en ella hasta su pase al retiro, manteniendo el régimen que tuvieran con anterioridad. Sin embargo, al concretarse dicho
régimen no se aplica la regla general contenida en el Real Decreto 1000/1985, de creación de la reserva transitoria sobre las retribuciones y que siguieran éstas las nuevas vicisitudes y cambios que experimenta el personal en servicio activo. En
concreto, la de mantener las retribuciones de servicio activo hasta cumplir, según empleo, las nuevas edades de pase a la reserva. La enmienda pretende mantener en esta materia el principio de igualdad. Además, es una cuestión cuya aprobación no
supondría unos costes excesivos para las arcas públicas.
Por último, señora presidenta, me quiero referir a la enmienda número 383 que hemos presentado...
La señora PRESIDENTA: Perdone un momento, señor Martínez Sanjuán.
Los servicios de la Cámara comprueban que está haciendo referencia a un número de enmiendas que no afectan al título III, que es el que en este momento está en discusión.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Señora presidenta, en mis primeras intervenciones he manifestado que iba a referirme no sólo al título III, sino también a algunas enmiendas adicionales que son concordantes con el mismo y que voy a defender en
este momento.
La señora PRESIDENTA: De acuerdo. No encontrábamos esas enmiendas.
Gracias, señor Martínez Sanjuán.
Puede continuar.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Estas enmiendas hacen relación a política de personal, de tal forma que al final a la hora de discutir las disposiciones adicionales, transitorias y finales es tal totum revolutum que entendíamos desde mi grupo
parlamentario que para facilitar un debate más o menos homogéneo me iba a referir en estos momentos a aquellas que tienen relación con el título III.
La señora PRESIDENTA: De acuerdo.
Gracias.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Terminaba, señora presidenta, haciendo referencia a la enmienda número 383. De la misma manera que mi grupo parlamentario ya presentó una enmienda similar a la ley de presupuestos, otros grupos parlamentarios la
han presentado en términos similares. Lo que proponemos es que, a través de la ley de acompañamiento, se puedan regular las prestaciones por desempleo de los cargos electos locales.
Creo que es -y así lo entendemos muchos grupos parlamentarios-
una deuda pendiente o un olvido que afecta a unas personas que teniendo cotización en los ayuntamientos, porque tienen una dedicación total o parcial, sin embargo, al término de su gestión no tienen los derechos que puedan tener por las cotizaciones
que se han realizado. Por eso en la enmienda 383 proponemos crear una disposición adicional nueva que tiene dos partes.
Una, que se modifique la Ley de régimen local y, dos, que se faculte al Gobierno para que, a través de los contactos en las
decisiones necesarias, pueda regular esta cuestión a través de la Seguridad Social.
Este es el paquete de enmiendas que tiene que ver con el título III y con nuevas disposiciones adicionales vinculadas al mismo.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez Sanjuán.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Albendea.
El señor ALBENDEA PABÓN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, yo no voy a hablar más que del título III. Las disposiciones adicionales las defenderá mi compañero el señor Blancas. El título III, como SS.SS. saben, contiene una serie de medidas que afectan no sólo al personal al servicio de
las administraciones públicas, sino también al personal del sector público estatal.
Voy a glosar algunas de las enmiendas que en la Comisión de Economía, por no estar presentes los representantes de sus grupos, no tuve oportunidad de comentarlas; sí lo hice del resto de los grupos que estaban presentes.
Me refiero ahora
al Partido Nacionalista Vasco que en la enmienda 158 pretende contemplar expresamente la asunción por parte de determinadas comunidades autónomas de competencias en relación con el personal laboral al servicio de la Administración de justicia. El
artículo 35 no afecta al personal de las comunidades autónomas -este personal queda sometido a la normativa propia de dichas comunidades-, sino al personal laboral al servicio de la Administración general del Estado y de los organismos autónomos.
También voy a referirme a algunas de las enmiendas, las que considero más relevantes, presentadas por el Bloque Nacionalista Galego. La enmienda 224 propone modificar el artículo 66 de la Ley de régimen de personal de las Fuerzas Armadas
con el fin de que a los militares de complemento se les posibilite el acceso a la escala inmediatamente superior a la de su adscripción, así como reservar un 30 por ciento de las plazas que se convoquen para el acceso por promoción interna a la
enseñanza militar para la incorporación a los diversos cuerpos de las Fuerzas Armadas. Hay que tener en cuenta, señoría, que los militares de complemento no están adscritos a las escalas, sino a los cuerpos militares, con las excepciones de los
cuerpos de Ingenieros y de Sanidad. La enmienda que propone el Bloque tiene otras repercusiones más serias, por ejemplo un ingeniero técnico tendría la posibilidad de acceder a la escala superior de oficiales del mismo cuerpo sin que se le
requiriera para ello tener la licenciatura correspondiente o en sanidad convertir a los ATS en médicos sin haber hecho la carrera. La reserva del 30 por ciento de plazas obligaría a convocar plazas careciendo de la flexibilidad necesaria para
ajustarse a las circunstancias de cada momento. La enmienda 226 propone el acceso de los militares de complemento a una relación de servicios de carácter permanente mediante un proceso de consolidación del puesto de trabajo. El término
consolidación del puesto de trabajo parece entenderse que persigue la adquisición de unos derechos de permanencia en el puesto o a perpetuarse en el mismo destino y uno de los aspectos singulares de la condición de militar es la obligatoria
movilidad geográfica. Ello introduciría un trato discriminatorio al personal que hubiera accedido por esas circunstancias a la condición de militar de carrera. Sin duda, afectaría al funcionamiento y operatividad de las Fuerzas Armadas al permitir
que personal de las mismas se perpetuara en los destinos. La enmienda 227 pretende que los profesionales de
tropa y marinería puedan acceder a una relación de servicios de carácter permanente cuando tengan ocho años de servicio, bien continuadamente o como resultado de la suma de varios períodos alternos prestados en uno o varios de los tres
ejércitos. La permanencia continuada en un mismo ejército lleva aparejada la adquisición de una amplia experiencia que no es en ningún caso equiparable a la suma de experiencias diferentes.
Mucho juego le ha dado a la oposición, señorías, la modificación de la Ley de medidas para la reforma de la Función pública que se contempla en este proyecto de ley en la parte relativa a qué elementos se estiman como características
esenciales del puesto de trabajo que deben figurar en la relación de puestos de trabajo para la Administración general del Estado y para el conjunto de las administraciones públicas. La sustitución del concepto vago y poco preciso de
características esenciales por una descripción puntual de esas características, como la denominación, tipo y sistema de provisión del puesto de trabajo, requisitos exigidos para su desempeño, nivel de complemento de destino y en su caso el
complemento específico que corresponda a los mismos, es una precisa redacción que nos parece más adecuada.
En el proyecto de ley se promueve también la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, que podrán solicitar reducción de jornada cuando precisen encargarse del cuidado directo de un familiar hasta el segundo
grado de consanguinidad y afinidad que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, fijando, lógicamente, la disminución de la jornada y la reducción de las retribuciones.
El Grupo Popular incorporó en ponencia una enmienda para darle carácter imperativo y no potestativo a la concesión de licencia a los funcionarios en prácticas por razones de estudio. Estamos muy en línea con la enmienda número 344, del
Grupo Socialista. Sólo nos separa que dicho grupo menciona que la licencia se concederá sin que sea de aplicación el artículo 74 del texto articulado de la Ley de funcionarios civiles del Estado. Proponemos al Grupo Socialista que retire su
enmienda, ya que el artículo 74 se refiere no sólo a licencias por estudios, sino también a vacaciones y a licencias por asuntos propios, que no es de lo que estamos hablando. Además, el artículo 74 no es aplicable a los funcionarios en prácticas,
que es el colectivo del que estamos tratando en este momento.
En alguna enmienda se trata de imponer la edad de jubilación a los 65 años, lo que supone ir en sentido contrario a la tendencia vigente en el mundo laboral. La propuesta resultaría contraria también a la situación demográfica del país y la
del resto de países de la Unión Europea, que han adoptado medidas flexibles para las jubilaciones, además de influir negativamente en la estabilidad económica de los sistemas públicos de pensiones. En lo que se refiere a los funcionarios de las
entidades locales, este proyecto de ley modifica el texto refundido, aprobado por Real decreto-legislativo 781/1986, de 18 de abril, suprimiendo el límite de edad de 55 años para acceder a la función pública local.
Señor Martínez Sanjuán, S.S., una vez más, se congratula de que se haya aumentado el límite de la tasa de reposición de efectivos del 25 por ciento al cien por cien. A usted le oído decir varias veces que era lo que venía solicitando el
Partido Socialista. Los buenos deseos son muy loables, pero lo cierto es que el límite del 25 por ciento lo estableció el Partido Socialista y el que lo ha elevado al cien por cien ha sido el Partido Popular. Sin embargo, no se conforman con esa
ambición de haber conseguido algo que ustedes anhelaban y que la falta de confianza ciudadana les impidió ejecutar, sino que ahora quiere S.S. dar a ese límite carácter permanente. Señorías, son ustedes insaciables con la responsabilidad ajena.
Ponen ustedes el límite, nosotros lo quitamos y, ahora, dicen que no debe ser algo coyuntural sino permanente. A lo mejor es para que no tengan ustedes la tentación de volverlo a quitar cuando vuelvan a gobernar, pero no se preocupe, porque para
eso falta todavía mucho y ya habrá ocasión en muchas leyes de acompañamiento de los próximos años de ver qué carácter le damos. Nosotros vamos a dejarlo como está. Está en el acuerdo con los sindicatos, que tiene una vigencia de dos años. Cuando
se negocie la renovación del acuerdo se verá si la tasa de reposición debe ser del cien por cien, del 80 por ciento o del 150 por ciento.
Sí le voy a proponer al señor Martínez Sanjuán una transaccional sobre la enmienda número 339 del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con el cómputo para la percepción de trienios del período de prestación de servicios en organismos
o entidades del sector público. El señor Martínez Sanjuán la tiene en su poder, al igual que le he hecho entrega de ello a la señora presidenta de la Cámara. Por tanto, sólo me queda pedir al señor Martínez Sanjuán que la acepte.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Albendea.
Señor Martínez Sanjuán, ¿va a ser retirada su enmienda número 339, al objeto de someter a votación el texto transaccional que propone el Grupo Parlamentario Popular?
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Efectivamente, lo había anunciado anteriormente y lo confirmo ahora.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Martínez Sanjuán.
Finalizado el debate del título III, iniciamos el debate de las enmiendas y texto del dictamen de los títulos IV y V que, al igual que en Comisión, serán debatidos conjuntamente.
Títulos IV yV
En primer lugar, para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Intervengo para dar por defendidas las enmiendas de los demás partidos del Grupo Parlamentario Mixto y para defender, en concreto, las presentadas por el Bloque Nacionalista Galego a estos títulos.
En primer lugar, la enmienda número 230 pretende modificar la nueva redacción que el proyecto de ley da en su artículo 56 a la regulación de las obras en zonas de interés para la defensa del Estado. Nosotros pretendemos que estas obras
estén regidas por los principios de coordinación y colaboración entre todas las administraciones, pero no de la forma en que este artículo lo regula, es decir, sin otorgar a la administración militar del Estado una potestad discrecional y exenta de
cualquier control urbanístico, municipal o autonómico para la autorización y control de la realización de estas obras.
En la enmienda 232, en relación con el artículo 58 bis, pretendemos añadir un nuevo apartado tercero, en el que se amplía la cobertura de los seguros agrarios combinados a las explotaciones ganadera de forma integral. De esta manera
pensamos que se cumple una de las finalidades de los seguros agrarios, como es proporcionar la cobertura necesaria por igual a todas las explotaciones agrarias, contemplando los riesgos que puedan sufrir las mismas y no caminar hacia una política,
que es en la que parece embarcado el actual Gobierno del Partido Popular, de crear las condiciones favorables para que las aseguradoras privadas se vean favorecidas por la pasividad de los poderes públicos.
También pretendemos hacer especial incidencia en la enmienda número 235, al artículo 75 del proyecto de ley, en la que se regula de una forma muchísimo más dura y más estricta el régimen de la cuota láctea, regulación que además no ha
contado con ninguna interlocución previa con los agentes sociales representativos del sector lácteo. Se trata de endurecer el régimen sancionador de la tasa suplementaria de la leche sin respetar, desde nuestro punto de vista, los principios de
equidad, proporcionalidad y congruencia; se profundiza de este modo en una reconversión traumática del sector lácteo, con especial incidencia en Galicia, y se condena a muchas explotaciones ganaderas a su falta de viabilidad.
La enmienda 239 incide en una cuestión de actualidad, como es la regulación de los créditos al consumo, en especial en lo que se refiere a las academias de idiomas, a la enseñanza no reglada.
Una cuestión en la que también pretendemos hacer especial incidencia la planteamos mediante la enmienda 244, sobre pensiones de viudedad, tanto en lo que se refiere al régimen general de la Seguridad Social como a la Ley de Clases Pasivas
del Estado, para que estas pensiones se reconozcan también a quien mantuviese con el causante análoga relación de afectividad a la conyugal, con independencia de cuál sea su orientación sexual, cuestión que aún está pendiente y que en asuntos como
el que acaba de recordar el representante de Coalición Canaria tan dramáticos como el accidente del Yak-42 se han demostrado también de actualidad.
Finalmente, dos enmiendas. La número 245 pretende ampliar el parque nacional de las Islas Atlánticas a archipiélagos que no están en este momento incluidos en su ámbito territorial y que sin embargo sí que son representativos de un
ecosistema marino, litoral, y tienen valores ambientales relevantes, como es el archipiélago de las islas Lobeiras, el de las Sisargas y el de la isla de San Simón, en la Ría de Vigo.
Por último, la enmienda 246 pretende modificar el decreto-ley 4/2003, de 20 de junio, el famoso real decreto de adelanto de las indemnizaciones a los afectados por la catástrofe del Prestige. Mediante esta enmienda, el Bloque Nacionalista
Galego busca alcanzar varias finalidades: en primer lugar, eliminar el chantaje que supone que quienes pretendan firmar con el Estado ese convenio de adelanto de indemnizaciones tengan que renunciar a cualquier acción de reclamación de daños
futuros, cuando la evidencia científica en este momento demuestra que las consecuencias de la catástrofe se van a prolongar por lo menos durante 10 años. En segundo lugar, eliminar igualmente los topes indemnizatorios y desde luego modificar los
criterios de evaluación del daño sufrido, incluyendo dentro del daño el ambiental y el lucro cesante ocasionado en las actividades directa o indirectamente relacionadas con la pesca, el marisqueo o la acuicultura.
Estas son las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego y esperamos por parte de los grupos parlamentarios que si no todas sí algunas merezcan su toma en consideración y su aprobación.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Muchas gracias, señora presidenta.
Con mucha brevedad voy a defender las enmiendas presentadas al título V.
Aparte de en la primera, de carácter técnico, sobre la Ley de Sociedades Anónimas, quiero insistir sobre dos enmiendas que ya se vieron el año pasado. Una es de
modificación de la Ley de navegación aérea, respecto a los derechos de los pasajeros en caso de suspensión o retraso del viaje, que creemos necesaria. Se refiere a las indemnizaciones que tienen que soportar las compañías con respecto a estas
cancelaciones. La otra es relativa a la Ley de Propiedad Intelectual,
referida a las cuestiones de conflicto audiovisual, sobre todo con los hoteles y los derechos de televisión, que nos parece que es un tema que aunque ya ha habido acuerdos parciales con el sector deberíamos dejar recogido desde el punto de
vista legislativo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Nuñez.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo ha presentado diez enmiendas a estos dos títulos, pero antes de darlas por defendidas, quisiera referirme a una serie de cuestiones que entendemos que son de enorme importancia y de enorme gravedad.
En primer lugar, señores del Partido Popular, me estoy refiriendo a la introducción de un nuevo párrafo en el apartado 3, del artículo 2, de la Ley 3/1985, de 2 de agosto, de regulación de normas básicas sobre órganos rectores de las cajas
de ahorro, lo que supone claramente una nueva intromisión en las competencias de las comunidades autónomas. Hemos oído y leído hasta la saciedad que este artículo incluido en la ley de acompañamiento es un artículo contra la Ley vasca de cajas de
ahorro, a la que se tacha de discriminatoria y, cómo no, también de excluyente. El Partido Popular no se ha conformado con el recurso de inconstitucionalidad que ya ha planteado, sino que pretende también decir lo que es básico en esta materia,
tratando de imponer a las comunidades autónomas el sistema de elección y representación, en contra de la sentencia 49/1988 del Tribunal Constitucional, que señala expresamente el carácter no básico del artículo de la LORCA que regula el sistema y
atribuye a las comunidades autónomas la facultad de escoger el sistema de elección y representación que consideren conveniente. Aunque el Partido Popular lo pretenda, esta modificación de la LORCA no va contra la Ley vasca de cajas de ahorro, que
por otra parte no tiene nada de particular en esta materia, pues es copia de la legislación catalana y pondera la representación de corporaciones municipales e impositores sobre la base de parámetros también utilizados por otras comunidades
autónomas, como son el número de oficinas, depósitos y habitantes; al contrario, el precepto va contra el propio concepto de caja de ahorro como entidad de ámbito territorial y afecta a la mayoría de las leyes reguladoras de cajas de ahorro.
Quiero apercibir a los representantes de las comunidades autónomas ante esta intromisión y exceso regulador, porque les va a generar un auténtico desaguisado en las diversas leyes autonómicas de cajas de ahorro, que deberán ser modificadas por
segunda vez en un plazo de seis meses. Todo vale contra el nacionalismo vasco, aunque haya que cambiar la concepción social de las cajas de ahorro y modificar las propias leyes elaboradas por el Partido Popular y el PSOE en diversas comunidades
autónomas durante las últimas décadas.
En el artículo 66 bis, sección 4, capítulo 1, título V, el Partido Popular plantea que la representación de la asamblea, el consejo de administración y la comisión de control deben reflejar con criterios de igualdad la proporción en que las
corporaciones municipales, impositores, empleados y otros grupos estén presentes en las diferentes comunidades autónomas. Señores del Partido Popular, si trasladamos esta disposición al ámbito de representación en las Cortes Generales y sustituimos
impositores por electores, debería haber diputados en Cortes en proporción a la presencia del grupo de electores en cada comunidad o en cada provincia o municipio. Todo el mundo sabe que el número de electores para obtener un diputado por Soria es
inferior al necesario para obtenerlo por Madrid. Esta circunstancia no hace que la Ley electoral española sea tachada de excluyente, supone que existen razones objetivas y técnicas para que los de Soria estén sobrerrepresentados en las Cortes
Generales. También existen razones objetivas y fundadas para mantener el principio de territorialidad en los órganos de Gobierno de las cajas. De hecho, este principio, reconocido por el Tribunal Constitucional, lo recogen la mayoría de las leyes
autonómicas. La deslocalización de las cajas sería un paso previo a su privatización, que sería un error histórico.
Es también conocido que además de los cuatro grupos previstos en la LORCA -corporaciones, impositores, empleados y entidades fundadoras-, numerosas leyes de comunidades autónomas contemplan la presencia de otros grupos o colectivos en los
órganos de gobierno de las cajas. Así, la reciente Ley 4/2003, de 11 de marzo, de cajas de ahorro de la Comunidad de Madrid, prevé la presencia del 10 por ciento de consejeros generales nombrados por la Asamblea de Madrid; asimismo, la Generalitat
Valenciana nombra el 25 por ciento de los consejeros generales, el Parlamento de Cantabria nombra el 23 por ciento de los consejeros generales y lo mismo ocurre en otras comunidades autónomas. La pregunta es obvia: ¿Por qué no se permite la
presencia de otros representantes autonómicos de las comunidades autónomas que tengan abiertas oficinas, por ejemplo, de Caja Madrid? ¿Estas tres comunidades gobernadas por el Partido Popular han sido excluyentes? ¿Lo que se pretende imponer para
representantes de corporaciones municipales, impositores y empleados no se aplica a los representantes de las asambleas de las comunidades autónomas en los órganos de gobierno de las cajas? Evidentemente la hipocresía es clara.
¿Hay que cambiar
otra vez todas las leyes recientemente aprobadas y adaptar la Ley 44/2002, del sistema financiero? La disposición introducida en la ley de acompañamiento por el Partido Popular, vía enmienda, trata de imponer un criterio de
proporcionalidad estricta entre el número de corporaciones, impositores y empleados existente en cada comunidad autónoma. La normativa de numerosas comunidades autónomas utiliza criterios de ponderación diferentes del modelo de
proporcionalidad estricta que se pretende imponer: o han establecido sistemas de ponderación que tienen en cuenta la población, o incluso simplemente no contemplan la posibilidad de representantes de las comunidades autónomas diferentes a las del
domicilio social de la caja.
Leyes, todas ellas aprobadas por el Partido Popular y por el Partido Socialista. Así podemos citar las siguientes leyes: la Ley 5/2001, de 4 de julio, de Cajas de Ahorro de Castilla y León, Ley 4/1997, de 10 de julio,
de Cajas de Ahorro de Castilla-La Mancha, Ley 2/2002, de 23 de junio, de Cajas de Ahorro de Asturias, Ley 1/1997, de 23 de julio, de Cajas de Ahorro de la Comunidad Valenciana.
Señores del Partido Popular, el principio del anclaje territorial es necesario preservarlo para evitar la exclusión financiera de los pequeños núcleos de población y de las zonas rurales. La deslocalización y posterior privatización de las
cajas de ahorro sería un error histórico que el Partido Popular va camino de cometer. Ya lo hizo Thatcher en Inglaterra donde se ha producido el cierre masivo de servicios financieros y la aparición de fenómenos de exclusión financiera que afectan
ya a más de 9 millones de habitantes. A nuestro juicio la vinculación territorial de las cajas, reconocida por el Tribunal Constitucional, es un elemento esencial a conservar. El proceso de cierre de oficinas en pequeños municipios iniciado por
determinadas cajas controladas por el Partido Popular, basándose en su falta de rentabilidad nos preocupa. Supone la exclusión de los representantes de esos municipios de las asambleas de las cajas en aras a su sustitución por representantes de
grandes núcleos urbanos. Esto está en contra, incluso, de las recomendaciones comunitarias y del Fondo Monetario Internacional.
Espero y deseo que el Grupo Popular corrija este grave defecto cuando el proyecto de ley de acompañamiento pase por el
Senado. Más vale tarde que nunca.
Me quiero referir también a un par de cuestiones antes de finalizar que son las siguientes. Otro ejemplo del modo de actuar sin ningún respeto parlamentario, introduciendo de tapadillo y mediante una enmienda del Grupo Popular a las leyes
de acompañamiento, es la enmienda 309 al artículo 77, capítulo III, título V; enmienda que se refiere a la normativa básica sobre regímenes de ayuda a los agricultores en el marco de la PAC, en donde se propone que el régimen de pagos únicos se
realizará a escala nacional. La competencia, señores del Partido Popular, para la aplicación de las normas comunitarias relativas a la PAC corresponde a las comunidades autónomas porque no cabe adopción de disposiciones comunes de Estado miembro,
no están previstos en el reglamento europeo y lo desvirtuaría debido a que se daría una duplicidad de criterios comunes contraviniendo la naturaleza del reglamento y el régimen de distribución competencial. Si en la Conferencia sectorial de
Agricultura algunas comunidades autónomas ceden al Estado dicha responsabilidad, que en su caso les sea de aplicación a los mismos y no en las comunidades autónomas que quieren ejercer plenamente su exclusiva competencia en la materia. Señores del
Grupo Popular, esa enmienda la tienen ustedes que reflexionar y por lo menos en el trámite del Senado han de replantearlo con unos términos modificados.
Para concluir, señora presidenta, me quiero referir exclusivamente a las enmiendas 167 y 168, presentadas por el Grupo Vasco, que se refieren a la recién aprobada Ley de calidad de cohesión en la que se introduce una serie de matices en
materia de medicamento que claramente inciden en las competencias de las comunidades autónomas. Doy por defendidas el resto de las enmiendas presentadas por nuestro grupo a estos dos títulos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones, que tiene enmiendas al título V, no así al IV.
El señor MARDONES SEVILLA: Exactamente, señora presidenta. Creí que se iba discutir aisladamente el título IV y agradezco su benevolencia.
Nuestras enmiendas al título V comprenden las números 194 a 204, ambas inclusive. Comienzo por señalar a los servicios de la Cámara que retiro la enmienda número 202. Las otras enmiendas que mantenemos podemos agruparlas en tres conceptos
diferentes y relacionados entre sí, por cuanto, en términos generales, vienen a cubrir aspectos de la Ley de seguros o de las normas para asegurar determinados bienes, servicios, etcétera.
Por ejemplo, con la primera enmienda, la 194, se trata de regular una adecuación a la Ley de ordenación de la edificación para aclarar cuándo hay una vivienda unifamiliar, autoconstruida o autopromovida, para que no se tengan que exigir las
condiciones de calidad de edificación dirigidas a los edificios de viviendas colectivas, etcétera, ya que son otros los promotores, individuales, como personas jurídicas o físicas. Esto nada tiene que ver con el concepto que planteamos en nuestra
enmienda para adecuar esta Ley de ordenación de la edificación con las exigencias de garantías de seguros de la calidad de esa edificación, cuando se trate, repito, de viviendas autoconstruidas o autopromovidas con un destino y una estructura
unifamiliar.
También quiero destacar que las enmiendas 195, 196, 197 y 198 tratan de hacer una adecuación de la Ley de ordenación y de supervisión de los seguros privados, con las normativas que incluye fundamentalmente
la Ley de regulación de planes y fondos de pensiones. Hay que hacer una armonización para cuando al amparo de la Ley de regulación de planes y fondos de pensiones haya que hacer transmisiones de bienes, servicios, etcétera, a los deudos,
así como de las pólizas de seguros de cobertura compartida.
Finalmente, quiero destacar, señora presidenta, la enmienda 204 que se refiere a introducir una excepcionalidad en la Ley 23/2003, de garantías de bienes de consumo, porque la referida ley da un cierto tratamiento en las cuestiones de
garantía de las reparaciones, sobre todo en el mundo de los talleres de automóviles, y sigue una línea como si el bien fuera siempre nuevo. Es decir, si se compra un automóvil, se lleva al taller correspondiente y hay que darle una garantía porque
se le reponen piezas defectuosas de origen, de fábrica, etcétera, y resulta que se está dando el mismo tratamiento cuando se trata de estas reparaciones en talleres de bienes de segunda mano. En este segundo caso consideramos que se tienen que
regir por un principio de proporcionalidad en cuanto al coste de la mano de obra y de los materiales empleados. De ahí nuestra enmienda porque entendemos que en estos hechos diferenciales del bien objeto de la protección jurídica hay que distinguir
entre los bienes nuevos y los bienes usados.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, mi grupo parlamentario presenta una serie de enmiendas a los títulos IV y V, que vienen a plantear, en primer lugar, la supresión de algunos artículos.
Todos somos muy críticos con la Ley de acompañamiento, diciendo que no puede ser el cajón de sastre, pero después, cuando presentamos enmiendas, hacemos tres cajones de sastre. En fin, por aquello de que no falten los cajones ni los
sastres, sigamos en ello. No obstante, estas cosas tienen un límite, que debe quedar en un cierto pudor.
Aparecen artículos, como el 45 ó el 51, de los que planteamos la desaparición, porque, de una manera u otra, en el artículo 45 se hace una excepcionalidad que si se pretendiera y estuviera en razón del servicio podría arbitrarse otra
metodología, pero que traerla aquí lo que marca es una diferencia con respecto a otros niveles y a otros estados de la Administración. En el punto 5 del artículo 45 se dice: 'Se autoriza al Centro Nacional de Inteligencia a disponer del 14 por
ciento del total de los créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios de su presupuesto de gastos'..., y en el punto 6 del mismo artículo: 'Se autoriza al Centro Nacional de Inteligencia a disponer del 2,5 por ciento del
total de los créditos del capítulo de inversiones'...
Alguien puede decir: Es que aquí es donde nosotros tenemos el 007 (no el 0,7), aquí tenemos los servicios de inteligencia y espionaje y hay que darle una determinada discrecionalidad. La
discrecionalidad está en la propia estructura del Centro Nacional de Inteligencia. Esta inclusión es como un trato de favor en detrimento de otros. ¿Por qué no determinados departamentos del Ministerio del Interior, que en algún momento tienen que
atender a cuestiones imprevistas y que además pueden tener una mayor razón para esta discrecionalidad? Por tanto, nosotros planteamos la desaparición de este artículo.
Asimismo, proponemos la supresión del artículo 51, relativo a la modificación de la Ley 53/2002, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, en relación con AENA. ¿Por qué? Porque pensamos que ya es el penúltimo o el último
escalón antes de una total privatización de esta entidad.
Respecto al resto de las enmiendas, queremos centrarnos en dos. Una se refiere al artículo 56. Señorías, son muchos los debates que ha habido y que hay (la próxima semana se celebrará la asamblea de la FEMP) sobre las relaciones entre las
administraciones central y autonómicas y las corporaciones locales a la hora de obtener las licencias, si hay tasas o no, si hay que pedir permiso o no cuando son obras de titularidad estatal. Hay sentencias. Todavía hay municipios que tienen que
pelear con la comunidad autónoma para que le pidan licencia de construcción de un colegio. Eso todavía se está debatiendo, pero lo que desde luego no nos parece razonable, y es a todas luces una intromisión en demérito de las competencias
municipales, es que en el artículo 56 se diga: 'Las obras de nueva construcción, reparación, conservación y demolición, así como las agrupaciones y segregaciones de fincas, llevadas a cabo en zonas declaradas de interés para la defensa nacional o
en las instalaciones militares' ... 'no estarán sometidas a la obtención de licencias y demás actos de control preventivo municipal'.. No. Otra vez es el mismo argumento. En el artículo al que antes de me refería, se aducía que eran los
servicios secretos, ahora es la defensa. Esas altas palabras, instalaciones de interés para la defensa nacional, en este caso no significan nada, porque algunos conocemos zonas de baño y zonas de recreo en la provincia de Cádiz para los mandos
militares. Me parecen muy bien y muy razonables esas cuestiones, pero no se deben vestir con el rimbombante título de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional.
Señorías, todo lo que se refiere a la realización de cualquier obra, demolición, reforma, movimiento de tierra, etcétera, en un término municipal ha de tener la preceptiva licencia municipal, y si en algún momento el ministerio
correspondiente -muy limitados- entiende que no debe participar, por entender que tiene carácter más confidencial o carácter secreto de toda la obra que se va a realizar, se debe adjunte un informe,
pero todo tiene que estar bajo el control de la autorización y licencia municipal, señorías, nada puede escapar. Podríamos discutir ahora sobre si en el caso al que me refería, cuando simplemente se haga una indicación somera de la obra a
realizar, el ayuntamiento tiene derecho a cobrar las tasas. En ese momento eso es lo de menos. Yo podría entender que puesto que no se ha prestado por completo un determinado servicio de análisis de la adecuación de la obra a realizar o a reformar
sobre la normativa urbanística del municipio, no se debe cobrar las tasas en su integridad. En el caso del Ministerio de Defensa, a lo mejor no hay que presentar el proyecto si verdaderamente es un caso relativo a la defensa y se considera que no
es conveniente que se conozcan urbi et orbi las obras que se van a realizar. En ese caso se manda una memoria descriptiva y eso que llaman simpáticamente los arquitectos en el mundo de la construcción unos monos, para poder trabajar sobre ello. Es
indiscutible que el ayuntamiento tenga conocimiento y debe autorizar la licencia. Esto viene a demostrar todavía la concepción del señor Trillo, otrora mucho más liberal en estos aspectos, que en estos momentos echa para atrás y con un sentido
corporativo dice: El ministro de Defensa, a propuesta de los jefes de Estado Mayor, señalará aquellas obras de nueva construcción, reparación que afecten directamente a la defensa nacional y que serán calificadas como de interés general. Esto es
ya de corralito. En todo caso, que sea el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Defensa.
Por último, señorías, hay una guinda de lo que no debe ser la Ley de acompañamiento: el artículo 79, declaración de urgente ocupación de determinadas obras hidráulicas. En el Plan Hidrológico Nacional, que se podría haber sacado en un
momento determinado y en otros aspectos o mediante otros impulsos o asientos legislativos, nos encontramos con que se declaran de urgente ocupación para la expropiación forzosa a una serie territorios, de zonas que afecten a la Confederación
Hidrográfica del Norte, del Duero, Canal Bajo de los Payuelos, ramales principales del Canal Alto de los Payuelos, etcétera. No nos parece adecuado que el asiento, para luego iniciar el procedimiento de expropiación de esta zona, sea la Ley de
acompañamiento. Vale un cajón de sastre, pero no un batiburrillo tan impresionante.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán ha presentado diferentes enmiendas a los títulos IV y V, pero quizá las enmiendas más importantes, las fundamentales desde nuestro punto de vista, van orientadas a manifestar la
preocupación que nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ya ha venido manifestando a lo largo de esta legislatura, y es constatar y reiterar nuestra preocupación por esta obsesión que tiene el Grupo Parlamentario Popular de legislar sobre
materias referentes a las cajas de ahorro. Nuestro grupo ya lo ha manifestado en diferentes ocasiones, y hemos podido ver a lo largo de esta legislatura esta obsesión del Partido Popular de legislar esta materia en proyectos de ley en cuya
exposición de motivos y articulado no había ningún pronunciamiento o artículo referido a las cajas, y en el Senado siempre han intentado legislar a hurtadillas, con una obsesión permanente, la limitación territorial en cuanto a la expansión de las
cajas de ahorro. También cabe decir a continuación que el Partido Popular y Convergència i Unió siempre han acordado todas aquellas cuestiones referentes a preservar las competencias autonómicas en legislaciones que hacen referencia a las cajas.
Hasta la fecha siempre hemos llegado a un acuerdo positivo para que todas las comunidades autónomas preserven sus competencias autonómicas en legislaciones que afectan a las cajas.
Como no podía ser de otra manera, ha llegado la Ley de acompañamiento, y otra vez hemos constatado que el Partido Popular ha vuelto a legislar en materia de cajas, incorporando en el debate de la ponencia el artículo 66 bis, nuevo, que va
referido a todas aquellas cuestiones que hacen referencia a las cajas de ahorro respecto a la representación y constitución de sus asambleas generales, en cuanto se pueda tener en cuenta las oficinas que tengan las cajas de ahorro territorializadas
en todo el Estado español. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
En este aspecto, también queremos plantear que si no existe una modificación importante de este artículo en el Senado, porque aquí en el Congreso ya es totalmente imposible, en el que se preserven todas aquellas competencias y las normativas
autonómicas que hacen referencia al desarrollo de las constituciones de las asambleas generales de las corporaciones municipales y de los impositores en lo relativo a las cajas de ahorro, volveremos a estar en una invasión importante de competencias
por parte del Grupo Parlamentario Popular, por parte del Gobierno del Partido Popular. Si no hubiera posibilidad de corregir dicha enmienda introducida por el Partido Popular en el trámite de ponencia, estaríamos otra vez en la invasión de
competencias por parte del Ejecutivo, por parte del Partido Popular sobre aspectos que corresponden a las comunidades autónomas y se haría realidad aquella obsesión del Partido Popular, también obsesión manifestada por el gobernador del Banco de
España, que varias veces en Comisión
y en medios de comunicación ha constatado que quizás sería necesario limitar la expansión territorial de las cajas de ahorro en función de donde proceda o donde sea el origen de los diferentes consejos de administración. Por tanto, nosotros
aquí volvemos a reiterar, volvemos a manifestar que planteamos al Partido Popular una modificación importante de este artículo 66 bis, nuevo, y cuando se produzca el debate en el trámite del Senado nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió
va a presentar una enmienda en la cual va a quedar muy claro que todos aquellos aspectos que hacen referencia a las cajas de ahorro que tengan oficinas en más de una comunidad autónoma, se constate que en primer lugar será básica la legislación que
afecta a las normativas autonómicas, en desarrollo de las cuales se podrán prever dichas representaciones de las corporaciones municipales y de los impositores en las asambleas generales, y desde esta perspectiva siempre queden preservadas las
competencias autonómicas.
Es una propuesta de Convergència i Unió y también nos gustaría que en este aspecto, aunque sea al final en el último momento, en el último segundo, podamos ponernos de acuerdo con el Partido Popular y con el resto de fuerzas políticas que
componen esta Cámara, ya que sería una lástima que después de las incorporaciones en esta legislatura en todos los aspectos que hacen referencia al sistema financiero español, a la Ley financiera, a la legislación de las cajas, aunque sea al final
también nos podamos poner de acuerdo y quede reflejada la sensibilidad de los diferencias grupos parlamentarios, como Convergència i Unió y como el Partido Nacionalista Vasco, que planteamos propuestas positivas para que se respeten las competencias
autonómicas y se respeten todas las legislaciones que hayan implementado o haya desarrollado los diferentes gobiernos autonómos en función de sus competencias autonómicas. Si no fuera así, no va a haber tiempo de poderlo debatir en el Congreso
porque ya estaremos a final de legislatura y final de periodo de sesiones, y asistiríamos atónitos ante una dinamitación del sistema financiero español.
Esperamos que esto no se produzca porque finalmente imperará el sentido común, la lógica legislativa que ha imperado hasta la fecha en todas aquellas cuestiones que hacen referencia al sistema financiero español, y finalmente entendemos que
se preservarán las competencias de los diferentes gobiernos autonómicos respecto a las cajas. Nos gustaría saber cuál es la opinión del representante del Partido Popular ante este aspecto que consideramos importantísimo.
En estos títulos IV y V hemos planteado otras enmiendas importantes. En el título IV hemos presentado la enmienda 561, que hace referencia al traspaso de todas aquellas cuestiones que afectan a la gestión por parte de la Generalitat de
Catalunya de los aeropuertos que están territorializados en Cataluña. Es una posibilidad que está perfectamente contemplada en el artículo 11.8 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, a fin de que esta gestión pueda ser realizada a través de un
traspaso por parte de la Administración central, en este caso a la Generalitat de Catalunya.
Dentro del título V hemos planteado enmiendas que hacen referencia a cuestiones dirigidas a la Ley del medicamento. Esta cuestión preocupa a Convergència i Unió, que recoge las preocupaciones del sector farmacéutico español pidiendo una
flexibilización de la fórmula matemática para poder calcular todos aquellos precios de referencia en el momento de la creación del producto y después de proceder a las revisiones periódicas, impidiendo en todos los casos que exista una reducción de
más del 20 por ciento en el precio de dichos productos farmacéuticos. Esta es una reflexión importante del sector farmacéutico español y pensamos valdría la pena que el Grupo Parlamentario Popular estudiara con sensibilidad, la estudiara a fondo, y
si no pudiera ser en este trámite lo pudiera analizar en un futuro en el trámite del Senado, para no afectar negativamente a las cuentas de explotación de un conjunto de empresas farmacéutica españolas que se verían afectadas por cuanto se tendrían
que producir reducciones de plantilla importantísimas que considero negativas para el sector y para la economía española.
Estas son señorías, señora presidenta, las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y pedimos que el Grupo Parlamentario Popular sea sensible básicamente a estas dos o tres cuestiones que hemos
planteado.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, en primer lugar tiene la palabra la señora Costa.
La señora COSTA CAMPI: Señora presidenta, señorías, las enmiendas presentadas por mi grupo al título IV, sistema financiero, hacen referencia a los temas sobre transparencia y cajas de ahorro. Hemos presentado una amplísima enmienda que
tiene como objetivo mejorar las normas sobre el gobierno corporativo, eliminar rigideces y resolver algunas lagunas que padece el actual ordenamiento. Desde un enfoque basado en el carácter complementario que respecto a la autorregulación debe
tener siempre la legislación sobre esta materia, proponemos que los mecanismos de control de la gestión respondan en su concepción al diseño previsto por lo expresado y defendido en los códigos de buena conducta, y esto es que el comité de auditoría
en lugar de estar formado en su mayoría por consejeros independientes, esté formado en su totalidad. Este es el planteamiento correcto que se defiende en los informes Olivencia y previamente Cadbury, y esta forma de configurar
la comisión de auditoría es la única que elimina riesgos de conductas oportunistas.
Con el mismo objetivo defendemos que las operaciones vinculadas pasen por un filtro más rigurosos que el actual, y que sea preciso un acuerdo ex ante de toda operación vinculada por la junta de accionistas y que la decisión esté apoyada por
un informe de auditoría externa. A nadie se le escapa que el crecimiento de las operaciones cruzadas que se está haciendo en nuestros mercados, exige la puesta en funcionamiento de nuevos mecanismos de prudencia que impida que quienes se sienten en
el consejo tomen decisiones que favorezcan sólo sus intereses en contra de los accionistas minoritarios. Los acuerdos tomados por la junta respecto a las operaciones vinculadas deben hacerse públicos en los informes semestrales, cuyo acceso debe
poderse hacer a través de la página web, tanto de la entidad como de la CNMV. También debe hacerse pública la relación con los nombres de las personas del consejo o de la dirección que tienen acceso a la información privilegiada, los llamados
insider natos. Precisamente hoy sale en la prensa un comportamiento delictivo, respecto al uso privilegiado de información, que vuelve a poner de manifiesto la necesidad de que los mercados conozcan esa relación de insider natos. La actual
normativa la fija para cada operación y eso da una gran opacidad. El objetivo de transparencia y de defensa del accionista que no se sienta en el consejo, exige también la eliminación de asimetrías, y el actual marco normativo las introduce al
exigir sólo a las cajas de ahorro determinados requisitos, como son la creación de las comisiones de nombramientos, retribuciones y de inversiones. Estas dos comisiones deben estar formadas por miembros del consejo, a diferencia de lo que ocurre
con las de auditoría.
Queremos expresar nuestra satisfacción porque la enmienda que presentamos ha recibido el apoyo de los otros grupos y está en el texto del dictamen, artículo 65 bis, nuevo. En ella introducimos una serie de variaciones respecto a las
operaciones vinculadas y a las comisiones de inversión y retribuciones que entendemos permiten la operativa de las cajas, aseguran la transparencia y solucionan los problemas que en su día denunciamos, que creaba la disposición adicional de la Ley
de reforma del mercado de valores. Nuestro texto es respetuoso con las competencias autonómicas y con las necesidades de nuestras cajas de ahorro. Sería muy positivo para el buen funcionamiento de los mercados financieros, que se dejara ya
definitivamente de legislar a salto de mata y con cierta opacidad en el debate parlamentario sobre esta cuestión, en leyes no concebidas para las cajas de ahorro, incorporando la normativa que las afecta a través de adicionales o de enmiendas.
Discrepamos de la enmienda que presentó el Grupo Popular y que forma el artículo 66 bis, nuevo, en su número 1, no así en los números 2 y 3. ¿Por qué? Porque este punto número 1 puede provocar un cambio en el modelo de cajas, un cambio que
puede perjudicar los intereses y la imagen de estas instituciones financieras, porque esa aplicación genera externalidades negativas a los que serían auténticos propietarios de esos activos, es decir los ciudadanos que forman parte del territorio
donde nace, donde se crea esa caja, y va en contra de las competencias autonómicas, como queda ampliamente recogido en las sentencias del Tribunal Constitucional cuando se pronunció sobre esta cuestión. No obstante, nos cabe la esperanza
fundamentada de que esta será una cuestión que podrá resolverse en el Senado.
Quiero recordar a los otros grupos que han intervenido que esta diputada, en nombre de su grupo, fue la única que se manifestó en contra de la pretensión de regular desde esta Cámara cuestiones que afectaban a competencias autonómicas.
Señorías, el único grupo parlamentario que en Comisión votó en contra del punto número 1 del artículo hoy 66 bis, nuevo, del dictamen fue el Grupo Socialista; el único grupo que se opuso al artículo 8 de la Ley financiera, porque afectaba a
competencias autonómicas, fue el Grupo Socialista. Por tanto, no es cuestión de polemizar con nadie en particular, sino de que vuelva a quedar recogido en el 'Diario de Sesiones' algo que ya ha sido puesto de manifiesto en otras ocasiones. Esta
diputada, como portavoz en el trámite de las leyes financieras y en nombre del Grupo Socialista, ha sido la única que en esta Cámara ha defendido las competencias autonómicas y los intereses del sector financiero en el ámbito de las cajas de ahorro,
y esto se manifiesta en recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Además, invito a la Cámara a que se lea el 'Diario de Sesiones'. No obstante, creo...
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señora Costa, le ruego que concluya.
La señora COSTA CAMPI: Sí, señora presidenta.
No obstante creo, y vuelvo a insistir, me consta con fundamento que se va a resolver el aspecto relativo al número 1. Todos los grupos van a contar con nuestra colaboración para buscar una solución alternativa al punto 1 que respete las
competencias autonómicas, y satisfaga a los grupos y por supuesto a las cajas de ahorro.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Costa.
Señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Señora presidenta, señorías, en representación del Grupo Parlamentario Socialista voy a defender en primer lugar la enmienda que hemos presentado al artículo 70, y a continuación una serie de propuestas adicionales
que figuran en la
última parte del conjunto de enmiendas presentado por este grupo.
Mi grupo parlamentario en absoluto quiere que el artículo 70, garantía financiera a buques que soliciten acceso a lugares de refugio, pase desapercibido. Señorías, según el proyecto del Gobierno, parece que el buque Prestige no ha existido,
parece ser que no se hundió, parece ser que no estuvo 6 ó 7 días prácticamente a la deriva en aguas españolas, parece ser que no se tienen que estar buscando miles de millones de pesetas para financiar a los damnificados, y por ello es por lo que
pasa casi a escondidillas este artículo. El artículo dice: 'La autorización de entrada de un buque en un lugar de refugio podrá condicionarse por la Dirección General de la Marina Mercante, directamente o a través de la Capitanía Marítima
correspondiente a la concurrencia' -es decir, se condicionará- 'de determinadas circunstancias que hagan de esta medida la más adecuada para la seguridad de las personas, del tráfico marítimo, de los bienes', etcétera. 'A los efectos de llevar a
cabo lo establecido en el párrafo anterior, el Ministerio de Fomento podrá adoptar las medidas'... Lo anterior se entiende sin perjuicio de la normativa nacional o internacional.
Señorías, nos parece que, tal como está redactado el artículo, abre unos horizontes de incertidumbre que nosotros tenemos que denunciar; horizontes de incertidumbre porque no existen en España todavía definidos los lugares de refugio para
atender buques que transporten mercancías peligrosas y que se encuentren en situaciones de emergencia. Por ello nosotros presentamos una enmienda de adición, en la que planteamos que el Ministerio de Fomento deberá elaborar un mapa de zonas de
refugio para buques en estado de avería o en situación de emergencia. Los lugares designados a tal fin deberán dotarse de un plan de contingencia que prevea las medidas a tomar en función de los posibles casos, así como de los medios materiales,
técnicos y humanos para poder desarrollarlo de forma eficaz. A continuación, otro párrafo: El acceso a las zonas de refugio será guiado y supervisado por las autoridades marítimas españolas a través de la capitanía marítima competente, en función
de la ubicación geográfica de la zona de refugio correspondiente y en coordinación con Salvamento Marítimo, todo ello en los términos previstos en el plan de contingencia previamente establecido.
Señorías, queremos poner de manifiesto que en el artículo 20 de la Directiva comunitaria 2002/59, del Parlamento Europeo y del Consejo -matizo el dato-, de 27 de junio de 2002, sobre lugares de refugio, que vino impulsada por las
circunstancias vividas en el salvamento del buque Castor en aguas del Mediterráneo en los primeros días del año 2001, relativa a establecimiento de un sistema comunitario de seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo, por la que se
deroga otra directiva anterior, establece literalmente que los Estados miembros, previa consulta a las partes interesadas, elaborarán, teniendo en cuenta las directrices pertinentes de la organización marítima internacional, planes para albergar en
las aguas que están bajo su jurisdicción buques en peligro. Ese artículo 20 termina diciendo: Los Estados miembros informarán a la Comisión a más tardar el 5 de febrero del año 2004 de las medidas adoptadas en aplicación del primer párrafo.
Señorías, que quede claro -lo digo de forma rotunda- que este artículo no puede pasar desapercibido en este batiburrillo de artículos de la Ley de acompañamiento. El Prestige ha sido uno de los acontecimientos más impactantes de los últimos
años; procuremos que no vuelva a ocurrir un acontecimiento de esa índole. Por ello, el Estado español tiene que dotarse de una política de designación de lugares de refugio. Pero no se trata de decir en tal punto del litoral del Mediterráneo, en
tal punto del Cantábrico, en tal punto de Canarias o en tal punto de Baleares, sino que hay que dotar a ese punto de los elementos tecnológicos, de los elementos de ayuda a la navegación, de helicópteros, de todo tipo de embarcaciones de remolque,
de todo tipo de embarcaciones de recogida de productos de desecho que contaminan nuestras aguas y de todo tipo de elementos tecnológicos que posibiliten el salvamento de vidas en la mar, de acuerdo con lo que dicen la normativa comunitaria y los
convenios internacionales suscritos por el Reino de España. En consecuencia, señorías, cómo se puede poner ese artículo que es parcial cuando debería ser un artículo global donde se recogiese todo un plan de emergencias, señalando, designando
lugares de refugio y, repito, equipamiento para poder atender a los salvamentos en la mar.
Señorías, nosotros también hemos presentado otro conjunto de enmiendas en forma de disposiciones adicionales que queremos reflejar de manera muy rápida. Con la enmienda número 361 planteamos que el Ministerio de Fomento debe desarrollar los
estatutos de AENA, especialmente en lo relativo a la corresponsabilidad en la gestión de los aeropuertos españoles entre distintos entes públicos y privados que de acuerdo con las funciones encomendadas a AENA por la normativa en vigor presenten
ámbitos competenciales de interés en la gestión aeroportuaria. Es decir, gobiernos autonómicos, gobiernos locales o entidades supralocales, junto con la iniciativa privada, deben coparticipar en la gestión aeroportuaria. Esa es la filosofía que
nosotros planteamos en la enmienda 361, que hemos reiterado en diversas ocasiones.
Asimismo, señorías, presentamos varias enmiendas específicas vinculadas al transporte aéreo. Con la enmienda 399 pretendemos crear una nueva disposición adicional. Pedimos una nueva ley de navegación civil y aeropuertos que reemplace a la
vieja, a la obsoleta, prehistórica y preconstitucional, vigente aún, Ley de navegación aérea del año 1960. No entendemos cómo no modernizamos normativamente el transporte
aéreo español. Con la enmienda 400, de creación de otra disposición adicional, planteamos la declaración de obligaciones de servicio público, con dotaciones presupuestarias, en los tráficos aéreos entre las islas Baleares, entre las islas
Canarias y entre las islas Baleares y la Península. Con la enmienda 405, con una suficiente exposición de motivos que la justifica, planteamos la adición de otra disposición adicional dirigida a los ciudadanos que residen en las ciudades autónomas
de Ceuta y Melilla. En Ceuta se acaba de construir un helipuerto y consiguientemente nosotros demandamos la calificación de ruta de interés público entre el helipuerto de Ceuta y los restantes.
Si tiene la amabilidad, señoría, en medio minuto nada más planteo la última enmienda, la número 403, vinculada a la calidad del servicio en el suministro eléctrico en la comunidad canaria. La comunidad canaria, de acuerdo con los parámetros
publicados por la Administración general del Estado, tiene los valores más elevados de los índices -el TIEPI, el NIEPI, etcétera- con los que se cuantifica la calidad de prestación del servicio y, como saben SS.SS., cuanto más alto es el valor
numérico más baja es la calidad del servicio, dadas las características, además, de sistemas termoenergéticos aislados que no pueden recibir energía de comunidades próximas.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Segura, le ruego que concluya.
El señor SEGURA CLAVELL: Sí, señoría.
Por ello planteamos en esa enmienda la suscripción de un convenio entre el Gobierno de España, el Gobierno de la comunidad autónoma y la entidad que genera, transporta, suministra y comercializa la energía eléctrica en la Comunidad Autónoma
de Canarias.
Nada más, señora presidenta. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Segura.
En turno de fijación de posiciones, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez Maillo.
El señor MARTÍNEZ MAILLO: Señora presidenta, señorías, voy a tratar de defender brevemente la posición del Gobierno en relación con los títulos IV y V de esta Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Eso sí, no es mi
pretensión como portavoz entrar en grandes debates al albur de algunas enmiendas presentadas por los distintos grupos políticos, debates que sin duda ya se han realizado en esta Cámara y que corresponden a temas de actualidad y que también, sin
duda, serán objeto en otros momentos de sucesivos debates, ni tampoco introducir debates referidos a competencias autonómicas al albur también de algunas enmiendas presentadas que, sin duda, lo fueron por la cercanía de unas elecciones autonómicas.
Señorías, estamos ante una Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social que en los títulos IV y V introduce diversas medidas de gestión y de acción administrativa tendentes al cumplimiento de los objetivos establecidos en los
presupuestos generales del Estado, fundamentalmente dos importantes: una política de crecimiento económico y una política de creación de empleo. Todas estas medidas coadyuvan a la consecución de dichos objetivos. En relación con el título IV y
entrando en alguna de las enmiendas que han sido presentadas, se da solución a una antigua demanda de los miembros de las Fuerzas Armadas -que no a los de la Guardia Civil como trata de plantear mediante enmienda el Grupo Socialista-, concretamente
con la ampliación de los supuestos que dan derecho a una compensación económica por una vivienda en régimen de arrendamiento especial a los miembros de las Fuerzas Armadas por cambio de destino o de localidad y se exceptúan de la prohibición de
disponer que pesa legalmente sobre la adquisición de viviendas de carácter militar los actos de gravamen consistentes en la constitución de una hipoteca.
Siguiendo con el tema de Fuerzas Armadas, en relación con algunas enmiendas presentadas fundamentalmente por el Grupo Parlamentario Vasco referidas al control preventivo municipal de obras, señores del Partido Nacionalista Vasco, esta
ausencia de control preventivo municipal de determinadas obras se refiere concretamente a zonas de interés para la defensa nacional. Yo me planteo, cuando no existe un concepto claro por parte de su grupo de lo que es la defensa nacional, y mucho
menos de zonas de interés para la defensa nacional, que difícilmente van a poder entender el contenido de este precepto, entre otras cosas porque no se establece una ausencia total de control por parte de las autoridades municipales, sino que
fundamentalmente lo que se establece es que en determinadas zonas calificadas como tales, taxativamente calificadas como zonas para la defensa nacional reguladas por ley, a través de un reglamento de ejecución de la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de
zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional, se establece, repito, según dice literalmente la ley: sin perjuicio de agotar los mecanismos de cooperación administrativa. Por tanto, no se trata de crear zonas de opacidad
administrativa, sino todo lo contrario, y preservar zonas de defensa nacional.
En cuanto a la enmienda presentada por Convergència i Unió en relación con los procesos de apertura y liberalización económica respecto a la comercialización de juegos de titularidad estatal fuera del territorio nacional, he de decir que
afecta concretamente a los juegos que tienen competencia de titularidad estatal y nunca de competencia autonómica.
En relación con el título V referido a la acción administrativa, se introducen importantes modificaciones en materia de ordenación económica y fundamentalmente en relación con las enmiendas presentadas por el Grupo
Socialista referidas a la garantía financiera a los buques en los lugares de refugio. Pues bien, yo he estado leyendo muy detenidamente la enmienda del Grupo Socialista y alguna otra y da la sensación de que estamos de acuerdo en algo y es
en regular la autorización de entrada de un buque en un lugar de refugio. Pero lo que hace esta ley es crear el marco jurídico global para la autorización de entrada de un buque en un lugar de refugio y que se condicionará, bien por la Dirección
General de la Marina Mercante o a través de capitanía marítima, a la concurrencia de determinadas circunstancias. Fundamentalmente son tres, con las cuales seguramente estamos todos absolutamente de acuerdo. En primer lugar, garantizar la
seguridad de las personas, en segundo lugar, el tráfico marítimo y de los bienes y, en tercer lugar, el medio ambiente. Se introduce también una importante novedad, que ha sido señalada, que es la garantía financiera, para el propietario, para el
operador y para el cargador del buque, precisamente para evitar los posibles daños que en el futuro se pueda crear por algún tipo de accidente. Yo creo que en esto estamos absolutamente todos de acuerdo. Se habilita precisamente al Ministerio de
Fomento y al Gobierno para regular los criterios, los casos, los procedimientos y los demás extremos necesarios para garantizar ese acceso y para garantizar esa prestación financiera por el acceso a los lugares de refugio.
Pues bien, si estamos de acuerdo en lo sustancial, como es regular ese acceso, no entendemos cómo se pretende añadir otras cuestiones ajenas a esta ley y que sin duda serían objeto de un debate mucho más amplio y no el recogido precisamente
en el contenido. Pero es que se obvia también el contenido del artículo 73, que incide también en relación con los buques, que se refiere a la actualización de las inscripciones de los buques, de las empresas navieras en el registro oficial
existente que el próximo año van a tener que pasar -como dice taxativamente la ley y se obvia aquí en este debate- un reconocimiento extraordinario por parte de inspección marítima donde se va a comprobar todo lo referido al material del casco, a la
potencia y demás características de los buques. Por tanto, son medidas orientadas precisamente a evitar algunas catástrofes como la producida por el Prestige, pero que coadyuvan a conseguir dichos objetivos. Las enmiendas planteadas pretenden un
debate completamente distinto, en el cual nosotros no vamos a caer.
En cuanto a otras enmiendas presentadas en relación con la aplicación de la política agraria común, entendemos que precisamente para evitar la existencia de desigualdades en la percepción de ayudas en función de las comunidades autónomas
donde radiquen las explotaciones son necesarios los criterios mínimos para que se produzcan desigualdades. Sin duda alguna el Partido Nacionalista Vasco tiene poco interés en esta cohesión.
En relación con el comité de auditoría que plantea el Grupo Socialista como enmienda a la Ley del Mercado de Valores, quiero decir que para garantizar esta transparencia nosotros sí pensamos que ese comité de auditoría cumple sus funciones
cuando precisamente en su composición hay consejeros no ejecutivos del consejo de administración, es decir, que no posean funciones directivas o ejecutivas ni mantengan relación contractual distinta a la condición por la que se le nombre.
Por último, en cuanto a la enmienda de Convergència i Unió en relación con los aspectos competenciales, como es la exclusión de la gestión de AENA de los aeropuertos de interés general, nosotros pensamos que tanto la ordenación, como la
dirección, la coordinación, la explotación y conservación de los aeropuertos públicos de ámbito civil debe ser única y unitaria, porque sin duda garantizamos mayor eficacia y eficiencia en su gestión y eso no supone la infracción de ninguna norma
competencial, sino todo lo contrario.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Martínez Maillo, le ruego concluya.
El señor MARTÍNEZ MAILLO: Acabo enseguida, señoría.
En relación con las enmiendas planteadas a las cajas de ahorro, será mi compañero Martínez-Pujalte el que se refiera a ellas.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Martínez Maillo.
Señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señora presidenta, intervengo con mucha brevedad.
Hoy recoge un diario económico que las cajas de ahorro han mejorado su beneficio un 17,3 por ciento más y consiguen una mayor cuota de mercado.
Eso es lo que se viene repitiendo desde 1996. El Partido Popular confía en las cajas de ahorro
y en la naturaleza jurídica de las mismas, puesto que cumplen una misión extraordinariamente importante en el mercado introduciendo competencia en la sociedad a través de la obra social y además evitando la exclusión de muchos ciudadanos del sector
financiero, ya que tienen una red amplísima de oficinas y de cajeros.
Dicho esto, señorías, es verdad que el Grupo Parlamentario Popular, como ha manifestado el señor Sánchez i Llibre, ha trabajado para mejorar el ordenamiento jurídico de las cajas de ahorro y lo ha hecho en dos direcciones. Una, dándoles
mayores instrumentos para que puedan acceder a recursos propios y desarrollar sus procesos de expansión e incluso de diversificación y de presencia en otros sectores. Y luego hemos trabajado enormemente para mejorar la profesionalización en la
gestión de la cuenta de resultados en las cajas de ahorro. Así pues, hemos introducido mejoras y, en cuanto a las que hoy figuran en la ley de acompañamiento, que pido a los servicios de la Cámara que eviten la duplicidad
con la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular e introducida en Comisión y la enmienda presentada por el Grupo Socialista, la voluntad es que en lo equivalente prevalezca la enmienda del Grupo Socialista, que fue la que se
votó la última. En esas enmiendas, en las que reflejamos cómo deben constituirse las comisiones de retribuciones e inversiones, señor Sánchez i Llibre, lo único que hacemos es recoger lo que nos ha pedido por unanimidad la Confederación Española de
Cajas de Ahorro, en la que están presentes cajas de origen catalán, cajas de origen valenciano y cajas de todas las comunidades autónomas. Nos piden una mejora técnica y yo entiendo que el grupo catalán quiera preservar las competencias de las
comunidades autónomas, porque al Grupo Popular le pasa lo mismo, pero en el inicio de la enmienda del Grupo Socialista, que es la que está incorporada, pone, para que no haya ninguna duda: sin perjuicio de las competencias de las comunidades
autónomas. No sé qué más quiere que se ponga, señor Sánchez i Llibre. Se preserva y lo que hace la enmienda es solicitar que los órganos de gestión de las cajas de ahorro sean profesionales y no los ponga el poder político. No sé si es que debajo
de los informes que usted tiene, señor Sánchez i Llibre, hay una intencionalidad de que el poder político controle las cajas.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Martínez-Pujalte, le ruego concluya.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Concluyo.
Y sobre la enmienda relativa al proceso electoral, lo que mi grupo quiere es que no exista discriminación ni de impositores ni de ayuntamientos. En eso vamos a trabajar y si hay que hacer alguna mejora técnica la realizaremos en el Senado,
porque lo único que nos mueve es que no haya discriminación ni de impositores por el lugar de nacimiento o por el lugar en el que tienen los depósitos ni de las corporaciones locales. El funcionamiento del proceso electoral es competencia de las
comunidades autónomas y eso no se toca en absoluto.
Muchísimas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte.
Señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Me gustaría decir al portavoz del Grupo Popular, señor Martínez Maillo, que evite la descalificación de un plumazo tópico de las argumentaciones o de las enmiendas que presenta mi formación política. Ha hecho
referencia a nuestra enmienda número 159 y el objeto de la misma no es la materia Defensa, aunque a él le sea muy útil para luego descalificar, sino que lo que pretendemos es hacernos eco del dictamen del Consejo de Estado cuando aludía al proyecto
de ley reguladora del contrato de concesión de obras públicas, obras públicas en general, y mostraba su preocupación por la multiplicidad de este tipo de disposiciones, que llevan a exceptuar con carácter general a las obras públicas de interés
general de todo control previo municipal, concebida tal exoneración en términos demasiado amplios. Por tanto, aludíamos a obras públicas en las que no hay control municipal, no se refería a esa concreta materia. Además, en este caso, al
descalificarnos e insultarnos, estaba insultando el criterio de una alta institución del Estado.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Uría.
Señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo en estos momentos en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para hacer una serie de matizaciones al interviniente del Grupo Parlamentario Popular, señor Martínez Maillo, pues creo que merece la pena, dada la importancia del
contenido del artículo 70: Garantía financiera a buques que soliciten acceso a lugares de refugio. El artículo dice: La autorización de entrada de un buque en un lugar de refugio..., etcétera, etcétera, podrá condicionarse a la prestación de una
garantía financiera por parte del propietario operador o cargador del buque para garantizar los posibles daños que dicho buque pueda ocasionar.
En principio, académicamente, parece muy bien. Pero, señorías, señor Martínez Maillo, imagínese usted
olas de 6, 7 u 8 metros y un buque en situación de emergencia, con 300.000 toneladas de crudo a bordo o productos tóxicos de las características que sean, y que desde la capitanía marítima se le pregunta: ¿el armador tiene dinero para pagar la
reparación? ¿El fletador tiene dinero? ¿Ustedes llevan dinero a bordo? Hasta que no me lo garanticen no le dejo entrar y no le presto auxilio.
Eso es lo que dice el artículo y no se puede interpretar de otra manera.
(La señora presidenta ocupa
la presidencia.) En consecuencia, el Grupo Parlamentario Socialista plantea una enmienda de adición, donde no solamente decimos que haya que elaborar un mapa de zonas de refugio y que los lugares designados deberán dotarse de un plan de
contingencia, sino que el acceso a la zona de refugio tiene que cumplir, como primera medida, las normas internacionales. Se le auxilia y al mismo tiempo se le piden garantías financieras. No se le puede tener 24 horas o 6 días bailando en el
Atlántico, sometido a un mar duro y que no se les ayude hasta que no garanticen que van a pagar. Eso no puede tolerarse y queremos dejar constancia de ello, no solamente con esta intervención, sino con el contenido de la motivación con la que
fundamentamos nuestra iniciativa. En el punto 4 de la motivación nosotros decimos que no se puede supeditar el auxilio a un buque a la prestación de una garantía financiera, dándose a entender que, de no satisfacerse esa garantía financiera, no se
le dará
refugio si la Administración marítima española no quiere, dado que tal decisión puede acarrear graves consecuencias para la vida humana, la seguridad de la navegación y el medio ambiente marítimo. Ese concepto queremos dejarlo claro.
Sin duda alguna, coincidimos en lo sustancial. Esta enmienda no es para destruir, sino para construir, obviamente, como todas las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Les pedimos que reconsideren la posición y acepten la enmienda,
porque entre todos estamos contribuyendo a un futuro mejor del transporte marítimo en nuestras aguas.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Segura.
Señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero precisar dos cuestiones. La primera de ellas es que, a tenor de las manifestaciones del señor Martínez-Pujalte, entiendo que en el trámite del Senado se van a tener en cuenta los planteamientos de Convergència i
Unió, en el sentido de poder modular ese artículo para que, en todos aquellos procesos de elección o representación de las asambleas generales de las corporaciones locales y en todas aquellas cajas de ahorro que tengan representación en más de una
comunidad autónoma, se tengan en cuenta las normativas autonómicas de desarrollo que tiene como competencia cualquier comunidad autónoma que haya legislado en esta dirección.
Otra cuestión. Mi grupo parlamentario no tiene ningún informe que vaya en la dirección de posibilitar que haya una injerencia política en la designación de los diferentes consejos de administración de las cajas de ahorro. Señor
Martínez-Pujalte, si hay un ejemplo en España de no injerencia de un Gobierno autonómico en las cajas de ahorro es el del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, que en toda la historia de la legislación autonómica ha existido ni va a existir
ninguna injerencia política para promover diferentes representantes en los distintos consejos de administración. No quiero citar ejemplos porque los conoce perfectamente S.S. de otros gobiernos autonómicos en sus representaciones en los diferentes
consejos de administración de las cajas de ahorro.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Señor Martínez Maillo.
El señor MARTÍNEZ MAILLO: Muy brevemente, señora presidenta.
Señora Uría, desde luego no ha sido pretensión de este portavoz insultar o descalificar. Simplemente nos habíamos hecho eco de las manifestaciones de su compañero de partido, ni más ni menos. Simplemente deseo decirle que cuando no se
tiene un concepto claro y específico de la defensa nacional es muy complicado lograr entender por qué determinadas obras no están sujetas a una autorización administrativa concreta, sin perjuicio de los actos de cooperación administrativa que debe
existir entre distintas administraciones para controlar la ejecución de las obras. No he dicho nada más que una realidad objetiva. No creo que con esto esté descalificando a nadie.
Señor Segura, simplemente deseo manifestarle que usted utiliza el etcétera como considera conveniente, pero es conveniente también leer el etcétera hasta el final. En ese sentido, hay que leerse el último párrafo de este artículo, que dice
que el Gobierno regulará los criterios, casos, procedimientos, cuantías y demás extremos necesarios para desarrollar lo previsto en este artículo. Lo que recoge son los principios básicos, la base fundamental, en definitiva en lo que estamos de
acuerdo ustedes y nosotros, que es crear unas garantías mínimas financieras de acceso de los buques a los lugares de refugio. Será una ley posterior la que determine los casos y los procedimientos concretos necesarios para regular el acceso.
Es cierto que nos unen muchísimas cosas en esta materia y precisamente por eso es fácilmente entendible su apoyo a este artículo de la Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez Maillo.
Finalizado el debate de los títulos IV y V, iniciamos el debate de las disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias, finales y preámbulo.
En primer, enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. (Pausa.)
¿Enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria? (Pausa.) Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
A este último paquete de disposiciones de la Ley de acompañamiento de los presupuestos tenemos presentadas las enmiendas que voy seguidamente a defender.
En primer lugar, la enmienda número 205, por la que solicitamos una modificación en el artículo 32 de la Ley 34/1998, del sector de hidrocarburos, que es el que da pie legal para las actividades en el subsuelo marino. En nuestra enmienda
pedimos que se recoja una cuestión de competencias de las comunidades autónomas cuando estas actividades de prospección, sobre todo de materias petrolíferas en suelo marino, a través de las plataformas correspondientes, requieran no de forma
Disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias, finales y preámbulo
vinculante, pero sí preceptiva, un informe previo de la comunidad autónoma afectada. Es decir, que cuando la Administración general del Estado vaya a conceder la explotación de yacimientos petrolíferos o gasísticos en zonas próximas a las
comunidades autónomas, parece lógico que la comunidad autónoma tenga conocimiento oficial de que una empresa petrolífera y gasística de gases de hidrocarburos ha solicitado la concesión pertinente. Los trabajos que se desarrollan en las
proximidades de este subsuelo marino es un tema muy sensible en Canarias, sobre todo cuando ese espacio marítimo de soberanía nacional incluye playas en que se desarrolla la actividad turística, factor fundamental en la generación del producto
interior bruto, como es el caso del archipiélago canario.
Así, pues, es conveniente que lo conozca la comunidad autónoma para que pueda tomar disposiciones cautelares de defensa del medio ambiente, de protección de playas, de embarcaciones
deportivas, etcétera. Todas estas medidas cautelares, ordinarias y constructivas requieren una vinculación entre la concesión de la explotación del yacimiento por parte de la Administración general del Estado y la repercusión en las competencias de
la comunidad autónoma. No pedimos que este informe previo de la comunidad autónoma sea vinculante a la decisión de la Administración concesionaria de la explotación, pedimos que sea preceptivo para que las cosas se hagan bien.
La enmienda número 206, señora presidenta, solicita la modificación de la Ley 3/1981, que creó el Parque Nacional de Garajonay en la isla de Gomera. Pretendemos que haya una zona de protección, modificando el artículo 4 de la citada ley.
En este momento hay una gran sensibilidad hacia esta protección y todos los informes al respecto han sido favorables. Un centro con tal riqueza, sobre todo en flora laurisilva, verdadera reliquia fósil del archipiélago canario, hace necesario
adoptar todas las medidas protectoras que plantea un buen razonamiento de explotación.
Las siguientes enmiendas se refieren a las disposiciones relacionadas con la consolidación de plantillas y la provisión de plazas del personal sanitario y del personal afectado de los organismos del Sistema Nacional de Salud. Señalo aquí a
los servicios de la Cámara, aunque ya se ha hecho por escrito, señora presidenta, que la enmienda 207 está retirada formalmente.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Doy por defendidas las enmiendas que mantiene mi grupo a estos apartados. Voy a hacer única y especial mención a la que sostenemos como enmienda número 169, sustancialmente idéntica a la que ya he defendido antes
como 155. Se me preguntará el porqué de dos enmiendas parecidas. En la 155 se introducía dentro del apartado referido a la Seguridad Social y aquí, desde otra óptica, lo vemos desde el punto de vista de los inmuebles sanitarios. Dado lo caótico
de esta ley de acompañamiento, creemos que no desluce ni estropea la posible incardinación de los preceptos en un apartado u otro. Se trata única y exclusivamente de que se transfiera a las comunidades autónomas la plena titularidad de los
inmuebles afectos a los fines de asistencia sanitaria, atención social y servicios sociales, tal y como consta en los decretos de traspaso de las comunidades autónomas que asumimos estas competencias en los primeros tiempos, así como los
certificados expedidos, una vez acordado el traspaso, para que puedan ser títulos inscribibles. Una y otra vez se nos contesta que esto es lo legalmente correcto, pero que no existe voluntad política de hacerlo de momento. No es una razón
excesivamente poderosa. Nos gustaría que en materia de delimitación competencial y decretos de traspaso se cumpla lo que está ya acordado, al menos respecto de las comunidades autónomas que tenemos así efectuadas las transferencias, como son
concretamente la vasca, la catalana y creo que también la valenciana.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, intervengo en la misma línea que la señora Uría. Mi grupo plantea que este cajón de sastre, que todo el mundo critica pero que todo el mundo copia, no sea utilizado para recortar aún más competencias
de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Las enmiendas que presentamos intentan corregir las desviaciones de ese cajón de sastre excesivamente centralista y centralizador.
Especial mención hacemos a la enmienda que propone que el salario mínimo interprofesional quede fijado en torno al 60 por ciento del salario medio de este país. Hacemos una apuesta muy fuerte por que se produzca una revisión ajustada y
seria del salario mínimo no en torno a las previsiones del Gobierno, sino a la realidad de la economía española.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Del conjunto de enmiendas presentadas por mi grupo parlamentario vamos a defender sólo dos de ellas, ya que a nuestro entender son las más importantes y también las más reiteradas en esta Cámara. Volvemos a denunciar un incumplimiento por
parte del Partido Popular en dos cuestiones que hacen referencia a los autónomos; cuestiones que fueron aprobadas en la subcomisión correspondiente con el compromiso de todos los grupos parlamentarios de darles luz verde antes de que finalice esta
legislatura. La primera cuestión es la posibilidad de que el trabajador autónomo pueda tener dentro del régimen de la Seguridad Social a sus familiares más directos, al esposo, a la esposa o a sus hijos. Esta es una cuestión que hemos planteado
reiteradamente, que ustedes se comprometieron a resolver antes de que finalizara la legislatura y casi ya no hay tiempo. Esperemos que nos lo aprueben ahora o, en todo caso, que en el Senado tengan más suerte los familiares de los trabajadores
autónomos y puedan acogerse a este régimen general. La segunda cuestión en la que ustedes están muy comprometidos -al igual que el Grupo parlamentario Convergència i Unió, que fue el promotor de la idea- se refiere a la posibilidad, antes de que
finalice esta legislatura, de que los trabajadores autónomos que dependan de pocos clientes y que por condiciones objetivas tuvieran que cerrar sus negocios dispongan de un fondo de cobertura, de un fondo de garantía que les permita tener un
paraguas para sobrevivir e iniciar otro proyecto empresarial. Estas son las dos cuestiones más importantes; ustedes están muy comprometidos respecto de este colectivo tan importante que son los trabajadores autónomos españoles y esperamos que se
aprueben dichas enmiendas en este trámite parlamentario.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez i Libre.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, señor Bel.
El señor BEL I QUERALT: Muchas gracias, señora presidenta.
En este primer breve y medio turno del Grupo Socialista no voy a hacer la defensa específica de ninguna enmienda adicional presentada por nuestro grupo. Posteriormente, el diputado don Francisco Amarillo hará una defensa específica de la
enmienda número 395. En este turno quiero referirme a una de las disposiciones adicionales que fueron aprobadas en ponencia y se incorporaron al dictamen de la Comisión y, como se trata de una disposición adicional, he considerado que era
pertinente este momento. La Comisión de Economía se celebró el miércoles día 12 de noviembre y ese mismo día fue publicada en el BOE la Ley de medidas de reforma económica -el mismo día que se celebra la Comisión de Economía-, que contenía en su
disposición final séptima un cambio en la exención del IVA de los sellos de correo. El Grupo Parlamentario Popular registró en esta Cámara, antes de la publicación en el BOE de esta ley, una enmienda que alteraba esta disposición. Nos ha
sorprendido esto -y vamos a votar en contra- porque el texto que salió en la Ley de medidas económicas fue aprobado por unanimidad y después de una transacción entre el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió a la que se adhirieron el resto de grupos parlamentarios. ¿Qué hacía en sustancia esta transacción? Extender a todos los operadores legales, regulados y conocidos, del negocio del correo una exención del IVA
con la que los socialistas en principio no estábamos de acuerdo, porque sólo se concedía a una serie de empresas con autorizaciones discrecionales del regulador con problemas de expedientes fiscales abiertos en la Agencia Tributaria. Entonces,
dijimos: no nos gusta la medida pero, si la extienden a todos los operadores, al menos, no distorsiona la competencia. Esa transacción hicimos. No sabemos qué ha pasado, pero la exención del IVA vuelve a establecerse, se establecerá a partir del
2 de enero, sólo para las empresas que tengan máquinas de franqueo autorizadas, lo que, repito, es una concesión discrecional del regulador, que acostumbran a ser algunas de las grandes.
Lo que sí les diré es lo que se plantea el sector, sobre todo las medianas y las pequeñas empresas, ante tamaña riesgo regulatorio, porque el PP tendrá el privilegio de hacer descender la tasa de participación del sector privado en el correo
postal en España, país en el que históricamente -y cuando digo históricamente no me refiero a la etapa del PSOE sino de antes- el sector privado había tenido una presencia mayor que en otros ámbitos. El sector privado se pregunta: ¿Qué pasa, es
que Correos quiere comprar alguna empresa con problemas fiscales y quiere quitarle el pasivo fiscal pero no quiere que los pequeños operadores disfruten de esta medida? Porque quien vaya a un pequeño operador tendrá que pagar IVA por los sellos y
quien vaya a uno autorizado discrecional, no. ¿Qué pasa, es que sólo se trataba de liquidar algunos expedientes fiscales, dado el carácter retroactivo de la medida? ¿Alguien ha trincado? (Rumores.) Les aseguro que esto es lo que se preguntan las
asociaciones de pequeños y medianos operadores del sector, que no entienden cómo en la España del siglo XXI se puede conceder una exención del IVA sólo a una parte del sector y no a otra. No entienden el qué ni entiende el porqué, y nosotros
tampoco. Explíquenlo bien. No van a conseguir que votemos a favor, aunque lo expliquen bien, pero tal vez consigan que en el sector no se pregunten algunas cosas que se están preguntando.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bel.
Asimismo, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señor Amarillo.
El señor AMARILLO DOBLADO: Gracias, señora presidenta.
Señores diputados, intervengo en nombre de mi grupo para defender la enmienda número 397 y, mirando los escaños de la Cámara, lo primero que constato es que casi no hay diputados extremeños en ella, aunque hay que hacer una excepción.
Paso a defender una enmienda que pretende la creación de un fondo a fin de tener una percha jurídica que nos permita hacer frente a los probables desajustes económicos y pérdida de actividad que se puedan producir como consecuencia de la
reforma de Altadis, antigua Tabacalera, por un lado, de la potencial reforma y reestructuración de Cetarsa, empresa pública cien por cien y, sobre todo y muy particularmente, de la situación en que pueda quedar la OCM del tabaco. Estamos hablando
de 30.000 familias, estamos hablando de distintas ciudades españolas a las cuales afecta de manera importante, como Jijona o Cádiz, pero sobre todo estamos hablando de Extremadura, de algunas comarcas de la provincia de Cáceres, cuya dependencia
económica puede llegar al 75 por ciento.
Es cierto que el Gobierno lo primero que tiene que hacer es luchar por la mayor, y la mayor es que esta reforma de la OCM no se produzca, pero no tenemos garantías de que eso no vaya a ser así. Por otro lado, ya hay una parte que,
independientemente de los resultados de la cumbre de Bruselas, está en marcha; me refiero a la reestructuración de las industrias de primera y segunda transformación, tanto de Cetarsa como de Altadis. Por tanto, en este contexto, creo que todos
tendríamos que estar de acuerdo y aceptar las previsiones para tener una percha jurídica que pudiera dotar de manera inmediata un fondo con el cual se pudiera hacer frente al grave quebranto económico que se puede producir en algunas comarcas cuya
dependencia de la industria y del cultivo del tabaco es muy alta. De ahí nuestra enorme sorpresa cuando esta enmienda fue rechazada en el trámite de Comisión. Esperamos que ahora, en este trámite final, sea aceptada. No podemos entender que no se
acepte cuando no implica en estos momentos crecimiento del gasto, cuando es una previsión muy prudente y cuando es el marco jurídico idóneo para intentar resolver los problemas que se puedan plantear.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Amarillo.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Blancas.
El señor BLANCAS LLAMAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, me corresponde defender la parte final de esta denostada ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que, como SS.SS.
conocen, es una ley que viene a complementar los objetivos de política económica de los
Presupuestos Generales del Estado, lógicamente, para una mejor ejecución de los programas del Gobierno en materia tributaria, en materia administrativa y en materia laboral.
En Comisión y en Pleno han sido debatidas y defendidas todas las enmiendas, excepto las relativas a las disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales. La ley se divide en cinco títulos, con 86 artículos, que lógicamente se
incrementarán con las aportaciones recogidas en las enmiendas aceptadas, y no solamente del Grupo Popular; se han aceptado enmiendas de otros grupos parlamentarios, léase Coalición Canaria, léase Grupo Parlamentario Socialista, esas dos enmiendas
que el señor Bel jubilosamente ayer nos recordaba.
Yo quisiera hacer un pequeño inciso para recordar al señor Bel que nos anunció en la Comisión que quizá fuesen las últimas enmiendas a la ley de acompañamiento que defendería en esta legislatura. Sinceramente, yo tengo un grato recuerdo de
su presencia como parlamentario y si su deseo es dejar esta Cámara, reciba nuestra cordial felicitación por su talante, por su cualificación profesional, que ha demostrado a lo largo de esta legislatura en las leyes que hemos tenido la oportunidad
de compartir, con distintos prismas y puntos de vista. Me parece que es un ejemplo a seguir por muchos de sus compañeros en esta Cámara, que creo que han dado un mal ejemplo en la ley de presupuestos y en esta ley de acompañamiento.
Permítanme que comience con las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria que ha defendido el señor Mardones para manifestarle que las enmiendas 205 y 206 serán aceptadas mediante una transaccional.
La primera es relativa a la
exploración, investigación y explotación de yacimientos de hidrocarburos en la zona del archipiélago canario, a la que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una transaccional que obra ya en poder de la Mesa y espero sea aceptada por usted. A
la número 206, que se refiere al parque natural de la isla Gomera conocido como Garajonay, también ha sido presentada una enmienda transaccional para su aceptación. No ocurre así con las restantes enmiendas defendidas por usted.
En cuanto a don Josep Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, conocido por su defensa del mundo de los autónomos, le reitero lo que le decía en la Comisión de Economía y Hacienda. Es un derecho que comparto a
título personal porque considero que exactamente igual que una sociedad con personalidad jurídica puede tener familiares en primer grado y segundo grado, sobre todo en primer grado, al
amparo del régimen general de la Seguridad Social, ¿por qué no puede tenerlo una persona física autónomo? De todas formas, esta enmienda queda abierta y será estudiada con sensibilidad, como usted dice, en la segunda lectura en la Cámara
Alta. En cuanto a la defensa que ha hecho nuevamente de las cotizaciones de la prestación del desempleo para los autónomos, no es que me oponga a ello, pero quiero decirle que las cotizaciones para estas prestaciones no se cotizan hoy día en el
RETA, en el régimen especial de trabajadores autónomos, lo cual quiere decir que primero habría que habilitar unas cotizaciones para que en su día, si se producen esas causas objetivas de fuerza mayor que puedan dar lugar a la quiebra de un
autónomo, dicho autónomo pueda percibir la prestación del desempleo. Crear un fondo sin tener la cobertura de la prestación y la cotización no procede de momento. No obstante, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales está estudiando el tema con
bastante cariño.
Con relación a las enmiendas defendidas por el Grupo Socialista, concretamente la 389, el señor Martínez Sanjuán ha hecho alusión a unos derechos para potenciar y favorecer al personal militar que estaba en situación de reserva. Quiero
recordar que se han mantenido los derechos que tenían reconocidos en la situación de servicio activo de las personas que voluntariamente han pasado a la situación de reserva, se les garantiza por una instrucción del Ministerio de Defensa. O sea,
que han sido recogidos los derechos de estas personas en la Ley 17/1999 y en la instrucción que la desarrolla. En cuanto a la enmienda 399 -defendida por el señor Segura con tanto ardor y fundamento, hay que decirlo, como nos tiene acostumbrados en
esta Cámara-, en la que solicita una nueva adicional para incorporar una nueva ley de navegación aérea, recientemente en esta Cámara, no hace más de cuatro meses, fue defendida y aprobada la Ley de Seguridad Aérea que complementaba la antigua Ley
48/1960, de Aviación Civil. La nueva Ley 21/2003, de Seguridad Aérea, complementa y garantiza la seguridad aérea en nuestro territorio nacional. En relación con la calidad de los servicios eléctricos, enmienda 403, he de decirle que efectivamente
es competencia estatal y no de la comunidad autónoma el suministro de energía eléctrica, lo cual no quiere decir que pueda existir un convenio, en un futuro, entre la Comunidad canaria y el Estado.
Quiero referirme a un comentario sobre la disposición adicional decimocuarta, recogida en la ley de acompañamiento e introducida por el Grupo Popular, relativa a la exención del IVA, artículo 20, que modifica una enmienda a su vez
introducida en el Real Decreto 2/2003, de medidas económicas, que ha sido publicado recientemente, creo que a primeros de este mes, en el Boletín Oficial. Efectivamente, entró en vigor hace unos días. Quiero decirle que si se puede cometer un
error al redactar una ley, de sabios es rectificar, y si realmente se ha introducido esta disposición adicional decimocuarta en la ley de acompañamiento, no tiene por objeto perjudicar a las pequeñas empresas dedicadas a la ayuda complementaria del
servicio de Correos, sino al contrario, actualizarlas y potenciar las empresas electrónicas modernas que tengan concierto con el servicio de Correos. Por supuesto que la aplicación de esta normativa no tiene carácter retroactivo, que entrará en
vigor lógicamente a partir del día 1 de enero de 2004. Hay muchas más enmiendas, enmiendas de calado profundo que se han introducido, pero que no han sido debatidas y a las que no me voy a referir para no sobrepasar mi tiempo ni hacer excesivamente
larga mi intervención.
La ley de acompañamiento es una ley que lo que trata es de perfeccionar, de cumplimentar cierto número de leyes, y este año SS.SS. estarán conmigo que ha sido un buen año legislativo y que la ley de medidas viene a complementar esta
normativa dispersa.
Señor Amarillo, olvidaba su enmienda número 397, relativa a una zona muy querida por usted, por ser extremeño, pero que a todos los diputados nos afecta y nos interesa. La creación de un fondo sin tener una provisión de dinero para crearlo,
sin saber qué personas van a administrarlo y a regularlo, pedirlo simplemente por si mañana estas personas pueden verse afectadas por la OCM del tabaco, que hoy día se está tramitando en la Unión Europea, parece que es, como yo le decía en Comisión,
ponerse el parche antes de que salga el grano, permítame la vulgar expresión. Sí quiero decirle que en la actualidad el 75 por ciento de los ingresos de los productores de tabaco se derivan del sistema de ayudas comunitarias, o sea, no es un sector
que está abandonado, ni mucho menos. Al contrario, España recibe 115 millones de euros en ayudas comunitarias. Existe en la actualidad un fondo comunitario para la reconversión de este tipo de industrias tabaqueras. Concretamente, se van a
incrementar en el 5 por ciento en el año 2004. Como usted conoce, la OCM actual se está debatiendo en Bruselas y hace escasas fechas nuestro ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca ha presentado unos acuerdos suscritos por los cinco Estados
ribereños mediterráneos, que son Grecia, Italia, Francia, Portugal y España, para potenciar y que no sea tan lesiva la propuesta que el señor Fischler lleva a la OCM del tabaco, que ha sido aceptada por estos países productores de tabaco, que apoyan
la iniciativa del señor Arias Cañete porque defiende los intereses de los productores.
La señora PRESIDENTA: Señor Blancas, le ruego concluya.
El señor BLANCAS LLAMAS: Termino, señor presidenta.
También le recuerdo que no puede un Estado miembro de la Unión Europea potenciar una industria como puede ser el tabaco, como puede ser el olivar, por ejemplo, siempre y cuando haya convenios porque son
incompatibles con las ayudas comunitarias. Sería meternos en la boca del lobo, crear un fondo o una subvención nacional para potenciar un cultivo que la Unión Europea está ya regulando con una OCM del tabaco especial.
Por mi parte, termino como comencé, diciendo que el minicódigo como yo llamo coloquialmente a la ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social ha sido mejorada en la primera lectura y espero que en la segunda lectura en la
Cámara Alta se incorporen algunas enmiendas que no han sido tenidas en cuenta en este momento. Espero, como digo, que en el texto definitivo para su aprobación en el mes de diciembre por esta Cámara incorporemos algunas enmiendas y mejoremos lo que
se persigue con la aprobación de la ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Blancas.
Señor Bel.
El señor BEL I QUERALT: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo muy brevemente, en primer lugar, para agradecerle al señor Blancas el afecto de sus consideraciones, que sabe que son recíprocas; y, en segundo lugar, para volver al fondo del asunto. No estamos en presencia, lo digo con toda
cordialidad, de una medida destinada a incentivar a las empresas que tienen mejoras tecnológicas, porque esto del franqueo es una máquina muy normalita que el regulador decide discrecionalmente a quién se la da y a quién no se la da. No hay algo
así como una aplicación que pide si es automático, no; el regulador decide si la tienes o si no la tienes, y no tiene nada que ver con nuevas tecnologías.
¿Sabe cuál es el problema que se plantea? Que quien la tenga por una decisión discrecional del regulador no cobrará IVA y quien no la tenga, sí, y son empresas compitiendo. ¿Sabe por qué hay dudas? Porque cuando se tramitó la ley de
medidas se abatió la primera oposición, la de Hacienda, por la pérdida de la recaudación. Créame, estábamos de acuerdo desde el Grupo Socialista y por eso nos oponíamos en principio a la medida. ¿Sabe por qué hay preguntas? Porque quien se ha
opuesto a la redacción final -y es sabido- ha sido el Ministerio de Fomento, el regulador, y lo que está haciendo en el mejor de los casos es una distorsión del mercado en beneficio de empresas particulares o el abaratamiento de la compra de algunas
empresas por parte de Correos. Señor Blancas, en el peor de los casos ni le digo lo que se está haciendo. Lo que le he dicho es que en el sector se lo preguntan, porque esto no tiene nada que ver con el I+D+I.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bel.
Señor Amarillo, tiene la palabra.
El señor AMARILLO DOBLADO: Gracias, señora presidenta.
Brevemente también, agradeciéndole el tono al señor Blancas, quiero lamentar que un diputado tan brillante no haya captado el fondo de la cuestión. No se trata para nada de establecer ayudas para los agricultores en el caso de que la OCM
tuviese un resultado muy distinto al que tiene. Tenga en cuenta que las cifras a que usted hace alusión son las que se cobran hasta ahora, y lo que pasa es que estas son justamente las que se van a dejar de percibir. Por tanto, estamos hablando de
esa previsión que ojalá no llegue a producirse. Aparte de los agricultores está el sector industrial, y más allá del sector industrial está la actividad económica de la zona, la que afecta al comerciante, al distribuidor, al transportista, y
estamos hablando precisamente de eso.
Sabe usted que el fondo es un concierto que no se establecía dónde se iba a dotar, pero aprobado en una ley como la que estamos debatiendo es un compromiso que obliga y, por tanto, de lo que se trata es de que
haya un compromiso que obligue al Gobierno por si se producen unas circunstancias y un marco que ninguno deseamos pero que la racionalidad y la prudencia nos dicen que sería lógico que lo tuviésemos en cuenta y lo tuviéramos dispuesto. De eso es de
lo que se trata, y me sorprende -sigo sorprendiéndome- que a una previsión tan lógica y tan razonable se diga que no.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Amarillo.
Señor Blancas, tiene la palabra.
El señor BLANCAS LLAMAS: También seré breve. Quiero agradecer recíprocamente el tono en que ha tenido lugar este debate de la ley de medidas especialmente en lo que a mí respecta, las disposiciones adicionales, transitorias, finales y
derogatoria, y me gustaría que hubiese sido así todo el debate presupuestario y de la ley de medidas.
Quiero decir al señor Bel que recíprocamente me tiene en la Costa del Sol, donde usted sabe que en Málaga tiene un amigo. Independientemente de eso, no subyace en el Ministerio de Fomento ni en el Gobierno ninguna intencionalidad de hacer
daño a las pequeñas empresas que trabajan en el servicio de Correos.
Señor Amarillo, reconociendo su sensibilidad, tenga en cuenta que también nosotros somos sensibles y estamos en ello. Yo le he dado referencias del trabajo que está realizando nuestro ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, señor Arias
Cañete, que está defendiendo con uñas y dientes a la agricultura española frente a ese llamémosle, entre comillas, ogro señor Fischler, y me parece que los resultados se verán en un corto plazo. No tenga miedo por esos paisanos suyos de Extremadura
y diga al señor Rodríguez Ibarra, por cierto, que visite la empresa Cetarsa, que está ubicada ahí y
que está defendiendo los intereses de todos los extremeños.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Blancas.
Señorías, vamos a iniciar las votaciones de las enmiendas y del texto del dictamen al proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social a partir del título II, que comprende los artículos 22 a 27.
Votamos primero las
enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar la número 136, del señor Saura.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 13; en contra, 254; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 138.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 15; en contra, 167; abstenciones, 101.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas del señor Puigcercós.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 103; en contra, 169; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Núñez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 15; en contra, 173; abstenciones, 101.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 103; en contra 170; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. En primer lugar la número 189.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, siete; en contra, 169; abstenciones, 112.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 99; en contra, 166; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). En primer lugar la número 155.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 21; en contra, 176; abstenciones, 91.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 27; en contra, 258; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En primer lugar la número 63.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 14; en contra, 261; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 44, 45, 46, 54, 55, 57 y 59 a 61.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 103; en contra, 169; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, nueve; en contra, 170; abstenciones, 109.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 98; en contra, 168; abstenciones, 21.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar la número 536.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 19; en contra, 170; abstenciones, 100.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 537.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 114; en contra, 166; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda 543.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 24; en contra, 169; abstenciones, 94.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 544 a 547, 549 y 550.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 115; en contra, 173; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 548.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 189; en contra, 99; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 111; en contra, 168; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el texto del dictamen. En primer lugar el artículo 23.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 172; en contra, 13; abstenciones, 104.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Votamos el artículo 25, apartados 3, 4, 5, 6, 8, 8 bis, 8 ter, 11 bis y 11 ter.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor 260; en contra, 28; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
Resto del artículo 25 y artículos 26 y 27.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 275; en contra, una; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
Resto del dictamen del título II.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 171; en contra, 102; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Iniciamos la votación de las enmiendas y texto del dictamen del título III, artículos 28 a 37. En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, del señor Saura, la número 139.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 107; en contra, 166; abstenciones 16.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del señor Saura.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 104; en contra, 168; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda del señor Puigcercós.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 19; en contra, 167; abstenciones, 102.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas del señor Rodríguez. En primer lugar la número 222.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 15; en contra, 167; abstenciones, 104.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 224 y 226.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 15; en contra, 258; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 220, 221 y 223.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 99; en contra, 174; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 104; en contra, 169; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. En primer lugar la número 192.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 116; en contra, 168; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 193.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 104; en contra, 169; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 28; en contra, 169; abstenciones, 92.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En primer lugar la número 68.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 16; en contra, 170; abstenciones, 102.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 72.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 116; en contra, 169; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 100; en contra, 166; abstenciones, 21.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar la número 557.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 15; en contra, 174; abstenciones, 98.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 558.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 117; en contra, 168; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 552 y 553.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 17; en contra, 257; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 17; en contra, 267; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, votamos la enmienda transaccional del Grupo Popular a la enmienda número 339 de dicho grupo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 264; en contra, cinco; abstenciones, 19.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 100; en contra, 167; abstenciones, 20.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación del texto del dictamen. En primer lugar, votamos los artículos 29 a 31, 32, 32 bis y 33.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 263; en contra, 13; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
Votamos el artículo 28.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 174; en contra, 104; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Votamos el resto del dictamen del título III.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 171; en contra, 15; abstenciones, 101.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Iniciamos la votación de las enmiendas y texto del dictamen del título IV, artículos 38 a 56. En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, señor Saura.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 104; en contra, 167; abstenciones, 18.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda del señor Puigcercós.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 103; en contra, 169; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda del señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 106; en contra, 169; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 28; en contra, 171; abstenciones, 90.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En primer lugar las números 74 y 75.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 104; en contra, 170; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 104; en contra, 170; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar la número 559.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 119; en contra, 169.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 112; en contra, 177.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 100; en contra, 169; abstenciones, 19.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el texto del dictamen. En primer lugar, los artículos 38 a 44, 53, 54 y 56.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 268; en contra, uno; abstenciones, 19.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Votamos el resto del dictamen del título IV.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 171; en contra, 15; abstenciones, 101.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Iniciamos la votación del texto del dictamen y de las enmiendas del título V, artículos 57 a 86 bis.
En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, las números 149 y 150, del señor Saura.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 19; en contra, 170; abstenciones, 100.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del señor Saura.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 102; en contra, 170; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda del señor Puigcercós.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 15; en contra, 170; abstenciones, 101.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 442 del señor Núñez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 15; en contra, 169; abstenciones, 102.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 443.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, ocho; en contra, 165; abstenciones, 110.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 444.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, ocho; en contra, 168; abstenciones, 109.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 232 a 234 y 237 del señor Rodríguez. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 102; en contra, 169; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 14; en contra, 168; abstenciones, 104.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 200 y 201 del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 93; en contra, 170; abstenciones, 25.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 195.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 15; en contra, 168; abstenciones, 105.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Comienza la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, dos; en contra, 170; abstenciones, 116.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas 164 y 166 del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 27; en contra, 170; abstenciones, 91.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 160.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 24; en contra, 259; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas 167 y 168.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 18; en contra, 258; abstenciones, nueve.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 165.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 115; en contra, 168; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 117; en contra, 167; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En primer lugar, las números 82, 89, 93, 95 y 98.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 103; en contra, 171; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas número 85, 88 y 91.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 10; en contra, 255; abstenciones, 22.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 9; en contra, 168; abstenciones, 106.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, las números 562 y 563.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 18; en contra, 169; abstenciones, 100.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas número 564 a 567, 569 a 571, 574 a 579 y 583.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 115; en contra, 169; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 568.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 115; en contra, 168; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 572, 573 y 582.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 115; en contra, 170; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 580, 581 y 589 a 591.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 22; en contra, 169; abstenciones, 95.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 585, 592 y 593.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 20; en contra, 168; abstenciones, 98.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 106; en contra, 169; abstenciones, 10.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar, la número 355.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 95; en contra, 170; abstenciones, 21.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 354.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 91; en contra, 170; abstenciones, 25.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 356 y 361.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 100; en contra, 169; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 99; en contra, 170; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación del texto del dictamen del Título V, que comprende los artículos 57 a 86 bis. En primer lugar, votamos los artículos 65 bis y 85, apartado 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 258; en contra, 17; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
Votamos el artículo 66 bis, apartado 1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 174; en contra, 112.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Votamos el artículo 66 bis, apartados 2 y 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 168; en contra, 106; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Votamos los artículos 78, 81, 82, 83, 85 apartado primero y 86.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 167; en contra, 106; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
Votamos los artículos 77 ter y 83 bis.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 170; en contra, 116; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
Resto del dictamen del Título V.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 260; en contra, 14; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Iniciamos la votación de las enmiendas y texto del dictamen correspondiente a las disposiciones adicionales primera a decimonovena, transitorias primera a segunda quáter, derogatoria única y finales primera a undécima y préambulo.
En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, señor Saura.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 107; en contra, 166; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda 430 del señor Puigcercós.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 104; en contra, 167; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas 433 y 435.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, ocho; en contra, 174 abstenciones, 102.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda 434.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 103; en contra, 168; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del señor Puigcercós.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 14; en contra, 257; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda 445 del señor Nuñez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 105; en contra, 168; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del señor Núñez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 102; en contra, 170; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda 241 del señor Rodríguez Sánchez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 14; en contra, 170; abstenciones, 102.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 104; en contra, 169; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Enmienda número 206.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 273; en contra, uno; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda número 208.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 93; en contra, 164; abstenciones, 27.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda transaccional del Grupo Popular a la enmienda 205.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 260; en contra, tres; abstenciones, 24.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda número 209.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 104; en contra, 168; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda 169 del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 18; en contra, 175; abstenciones, 90.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda 170.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 26; en contra, 167; abstenciones, 91.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 115; en contra, 166; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 104 y 122, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 13; en contra, 258; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 105, 106, 111, 117, 121, 123 y 124.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 101; en contra, 168; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, ocho; en contra, 256; abstenciones, 21.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 607, 613, 655 y 656 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 24; en contra, 167; abstenciones, 92.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 606, 611 y 630.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 19; en contra, 261; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 616.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 18; en contra, 173; abstenciones, 93.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 627.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 112; en contra, 168; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 620, 626, 628, 629 y 632.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 106; en contra, 172; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 602, 603, 610, 612, 615, 618, 621, 624, 625 y 631.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 106; en contra, 169; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 111; en contra, 166; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 383 del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 100; en contra, 166; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda 389.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 278; a favor, 97; en contra, 169; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 390, 394, 399, 412, 413 y 424.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 92; en contra, 173; abstenciones, 19.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 378, 385 y 406.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 91; en contra, 168, abstenciones, 26.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 98; en contra, 168; abstenciones, 17.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación del texto del dictamen.
Votamos las disposiciones adicionales primera a sexta, octava a décima, decimoquinta y decimosexta y las disposiciones finales primera, segunda, quinta y sexta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 258; en contra, 23; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Votamos las disposiciones adicionales sexta bis, sexta ter, decimoctava y decimonovena, la disposición derogatoria única y las disposiciones finales cuarta, séptima, décima y undécima.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 162; en contra, 22; abstenciones, 99.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Votamos las disposiciones adicionales duodécima y decimocuarta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 174; en contra, 110; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Votamos el resto del texto del dictamen del proyecto, relativo a las disposiciones adicionales, transitorias, finales y preámbulo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 170; en contra, 102; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- PROYECTO DE LEY DE ARBITRAJE. (Número de expediente 121/000172.)
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA COMPLEMENTARIA DEL PROYECTO DE LEY DE ARBITRAJE, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL.
(Número de expediente 121/000175.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a iniciar el debate del proyecto de ley de arbitraje y del proyecto de ley orgánica complementaria del proyecto de ley de arbitraje, por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Anuncio a SS.SS. que la votación final de conjunto, dado el carácter orgánico del proyecto de ley orgánica complementaria del proyecto de ley de arbitraje, por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, no se producirá antes de
las catorce horas. (Rumores.)
Señorías, es preciso que continuemos con el debate, por lo cual les ruego que aquellos que vayan a abandonar el hemiciclo, lo hagan de la manera más diligente posible y en silencio. (Continúan los rumores.)
Señorías, ¿sería posible que no obstruyeran los pasillos? (Pausa.)
Dictamen de Comisión del proyecto de ley de arbitraje y del proyecto de ley orgánica complementaria del proyecto de ley de arbitraje por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto se dan por decaídas.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señora Uría, tiene la palabra.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, ignoro si es reglamentariamente posible, pero me gustaría solicitar que las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto puedan ser sometidas a votación. No sé si este trámite, que es posible en Comisión, lo es también en Pleno. En
todo caso, quisiera hacer el gesto de deferencia hacia esta formación política dando por subsistentes sus enmiendas, si es que es posible reglamentariamente.
Señorías, nos encontramos en el debate y aprobación del dictamen de la Comisión respecto del proyecto de ley de arbitraje, proyecto que se ha tramitado por el procedimiento de urgencia y que nos hubiera gustado se tramitase con más sosiego,
que hubiese sido posible su debate social, que los sectores afectados fuesen escuchados, puesto que se trata de una normativa básica, con importantes repercusiones sociales, y que, sin embargo, va a pasar prácticamente inadvertida por esta celeridad
en la tramitación. Se trata de modificar la Ley de Arbitraje 36/1988 y, si hacemos caso de las palabras que con ocasión de su presentación manifestó el propio ministro de Justicia, se trataría, con este proyecto, de hacer de España un centro de
referencia para el arbitraje internacional, sobre todo en la comunidad iberoamericana. Nos hubiese gustado, si es esto lo que el proyecto pretende, más poso en su tramitación.
La ley tiene como ejes centrales modernizar el arbitraje, y para ello se hace eco de la existencia de nuevos medios de comunicación... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Uría, por favor. (Pausa.)
Adelante.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.
Pretende también la homologación internacional del arbitraje y, por eso, esta ley toma como base la Ley modelo de la Comisión de Naciones Unidas para el derecho mercantil europeo, pensada para los conflictos de comercio internacional. Se
invierte la regla de la Ley de arbitraje de 1988 actualmente vigente a favor del arbitraje de equidad y ahora se establece la preferencia por el arbitraje de derecho. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.) En
tercer lugar, hay una flexibilización y agilización del proceso arbitral. En cuarto, hay una ampliación de la competencia de los árbitros y, en quinto, una regulación más exhaustiva para lograr la eficacia de los laudos. En la exposición de
motivos del proyecto se dice que responde a un sutil compromiso entre las tradiciones jurídicas europeo-continental y anglosajona. El Consejo General del Poder Judicial en su informe critica esta sutilidad diciendo que el sutil compromiso en
realidad no es tal, pues en el texto queda claramente recogido el arbitraje de corte anglosajón con todas sus consecuencias jurídicas, muy distintas y lejanas de la ley que se pretende ahora sustituir. Se intenta que sea una ley general aplicable,
por tanto, íntegramente a todos los arbitrajes que no tengan una regulación especial, regulación unitaria, por tanto, es lo que se pretende, y nos parece que nada hay que objetar a la aprobación de un proyecto de ley de este estilo que propicie una
mayor eficacia en la resolución extrajudicial de los conflictos entre particulares y que contribuya también a la descarga procesal de la justicia ordinaria. Para ello, sin embargo, nos parecería interesante que la regulación proyectada se basase en
una reflexión general, y es que conviene no perder de vista que el arbitraje es una interesante alternativa para la resolución extrajudicial de los conflictos, que goza de escasa tradición en España y ésta sólo se conseguirá si se logra la confianza
de los ciudadanos en esta institución para que la usen.
Las enmiendas que nosotros hemos presentado sólo pretendían la mejora técnica de los aspectos de lo que se regula, excepción hecha de una última en la que nos quejamos de lo poco respetuosa que es con las competencias autonómicas relativas
al derecho procesal, ligado al derecho civil sustantivo de las comunidades autónomas y con el régimen de conservación, modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles, forales o especiales allí donde existan. Para
ello proponíamos una redacción distinta de la disposición final segunda.
¿Qué enmiendas presentó el Grupo Vasco? Varias, bastantes de las cuales, para lo que estamos habituados, han sido ya objeto de incorporación al dictamen de la Comisión. En la número 1 sólo pretendíamos hacernos eco de una sugerencia de la
Fiscalía General del Estado que pedía una mayor pormenorización en aras a la mayor seguridad jurídica en las materias objeto de arbitraje, y no hemos tenido éxito. La enmienda número 2 pretendía modificar el artículo 9, en su apartado 6, sobre
forma y contenido del convenio, de manera que nos parecía que técnicamente se unificaban criterios ya vigentes y se hacía referencia a lo previsto en el Convenio de Bruselas de 22 de diciembre de 2000. Con la enmienda número 3, a la hora de hablar
del convenio arbitral y demanda en cuanto al fondo en el tribunal, pretendíamos mejorar la técnica jurídica del texto. La enmienda número 4 proponía, nada más, añadir para el arbitraje institucional que los reglamentos arbitrales a los que se alude
fuesen protocolizados notarialmente, sin que tampoco en esto hayamos tenido éxito. La enmienda número 5, sobre motivos de abstención y recusación, está íntegramente contenida en su pretensión dentro del dictamen de la Comisión. Sobre la número 6,
respecto del procedimiento de recusación, insistiremos en el Senado puesto que nos parece que en algunos aspectos el propio juez recusado se erige, con la regulación que se pretende, en juez y parte e insistiremos en que esto no sea así.
La enmienda número 7 pretende prever las cuestiones incidentales para que éstas alteren el tiempo de emisión del laudo, que se paralice el procedimiento de existir éstas, teniendo más tiempo para que el laudo se emita. La número 8 está ya
incorporada al dictamen, al igual que la número 9. Con la enmienda 10 pretendíamos prever que las instituciones arbitrales conserven la documentación cuando hayan sido ellas las que hayan gestionado el arbitraje, lo que nos parece absolutamente
razonable.
La enmienda número 11 figuraba como mantenida hasta este trámite, pero he hecho ya objeto de comunicación a los servicios de la Cámara indicando que consideramos que la totalidad de su contenido está ya incluido en aspectos distintos del
dictamen de la Comisión y que, por lo tanto, la consideramos incluida y no la hacemos objeto de votación. En cuanto a las normas aplicables, pretendíamos introducir un segundo párrafo en el artículo 44 porque nos parecía adecuado prever la
posibilidad de consulta a los árbitros en el caso de que se produjeran incidentes que diesen lugar en los supuestos de ejecución y que consistan en obligaciones de hacer, con la única finalidad de que los árbitros se pronuncien sobre la adecuación
de la ejecución que se va a llevar a cabo respecto del propio laudo arbitral.
La enmienda número 13 alude a la cuestión a la que antes me he referido, en cuanto a la competencia exclusiva, al amparo de la cual dicta esta normativa mercantil, procesal y civil el Estado, el artículo 149, en sus apartados 1, 6 y 8, pero
también haciendo referencia a las competencias de las comunidades autónomas que puedan tener especialidades procesales derivadas de su derecho civil sustantivo y de las competencias en orden a la conservación, modificación, desarrollo y
actualización.
Una pega importante le vemos a este proyecto, es que no se haya aprovechado el mismo, tuve ocasión de manifestarlo al abordar el debate en Comisión, para efectuar una regulación también de los arbitrajes entre administraciones o entre
ciudadanos y la Administración. No cabe duda de que el artículo 107.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las administraciones públicas y de procedimiento administrativo común en la redacción dada en la Ley 4/1999, de 13 de enero, supone un impulso para este debate al hacer referencia a la técnica
arbitral como uno de los mecanismos que puede sustituir el recurso administrativo de alzada o de reposición. Además, la disposición adicional segunda de esta Ley 4/1999 impone al Gobierno un plazo de 18 meses, para que presente a las Cortes
Generales los proyectos que resulten necesarios para desarrollar este artículo 107.2, plazo que se ha cumplido con creces. Nos da pena, lamentamos que una ley que se pretende global e integral sobre el arbitraje no haya recogido finalmente este
llamamiento que se hace a la regulación por el propio artículo 107.2 y también por la disposición adicional, dando un tiempo en el año 1999 de 18 meses, insistimos, que no ha sido objeto de recogida en este proyecto.
Ahora, que han pasado 15 años,
y hemos esperado 15 años para reformar la Ley de Arbitraje, nos parecía que era ya hora de abordar el arbitraje administrativo como auténtico equivalente jurisdiccional, esto es, como alternativa a la vía contencioso-administrativa, dando un paso
más allá a lo que está previsto en la legislación vigente donde luego es posible el recurso en los tribunales de la jurisdicción competente.
Quiero hacer también referencia a la ley orgánica, complementaria de la Ley de Arbitraje, por la que se modifica la orgánica del Poder Judicial.
Nada que objetar a lo que acordamos todos los portavoces tras haber aceptado una enmienda in
voce presentada por el propio Grupo Popular por la que se residenciaban en los juzgados de lo mercantil los supuestos en los que hubiese recurso frente a los laudos. Nos parece que era el momento adecuado para efectuarlo y es también adecuada la
técnica legislativa de desdoblar el proyecto de ley presentado inicialmente a la Cámara con una ley orgánica complementaria. De la misma manera que consideramos adecuado que la entrada en vigor se quiera hacer simultáneamente con la de la ley
orgánica que acompaña a la concursal puesto que van a ser, como he indicado, los juzgados de lo mercantil los que sean competentes para el conocimiento de estas cuestiones.
Sin más, mi formación política, además de hacer las objeciones que ha manifestado y que intentará estructurar en enmiendas para el paso de la ley por el Senado, manifiesta ahora que no tiene ningún inconveniente en votar favorablemente el
contenido del dictamen que aprobamos en Comisión.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Uría.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, mi grupo parlamentario no justifica el trámite de urgencia para la tramitación de un proyecto de ley que entendemos que ni siquiera es muy necesario. Desde luego no consideramos que sea una
prioridad legislativa, y menos ya una prioridad legislativa de fin de siglo. No consideramos que sea necesaria una prioridad el desarrollo de un nuevo marco jurídico de arbitraje. No dudamos de la necesidad de adaptar la legislación española a las
normas internacionales, pero no creemos que sea una materia especialmente urgente. Además, el proyecto de ley tiene entre sus objetivos más destacables la regulación del arbitraje internacional, por tanto, no nos engañemos, esta ley beneficiará
claramente los intereses de los grandes despachos que son los más interesados en liberalizar mucho más el procedimiento de arbitraje, permitiéndole llevar arbitrajes internacionales. No digo que sea esto malo, simplemente aclaratorio.
No estamos de acuerdo con algunos aspectos concretos que se recogen en el articulado del texto y que hemos intentado modificar con la enmienda que hemos presentado. No es suficiente la incorporación de enmiendas, aunque agradecemos, de
entre ellas, la número 35, de nuestro grupo parlamentario. Creemos que las mejoras son mínimas y que el texto es manifiestamente mejorable por lo que emplazamos al Gobierno para que en el trámite del Senado se abra el diálogo y se introduzcan
nuevas enmiendas a este proyecto de ley.
Desde Izquierda Unida consideramos que se deben introducir nuevos contenidos y mejorar algunos de los recogidos en el proyecto. Por este motivo, a través de su enmienda, mi grupo parlamentario ha querido reflejar una serie de puntos
débiles. En primer lugar, entendemos que deben introducirse mecanismos para fomentar este arbitraje de consumo con medidas que garanticen la protección de los consumidores y usuarios. Una ley de arbitraje realmente útil debería enmarcarse en el
marco jurídico de la legislación de consumidores y usuarios, de forma que se permitiese la solución extrajudicial de muchos conflictos que hoy por hoy se inician en sede judicial, con un coste muy elevado para el consumidor -el ejemplo último es el
caso de la academia de inglés Opening-, o bien en los que el consumidor no acude a la vía judicial porque no se fía o se siente distante de ella.
En segundo lugar, proponemos la exclusión expresa del ámbito de aplicación de esta ley, el artículo 1.º.4, de los arbitrajes de consumo, porque el arbitraje de consumo no tendría que estar incluido en el ámbito de aplicación de esta ley. A
la vista del proyecto, el modelo propuesto es extremadamente liberal, en la medida en que se deja todo a la voluntad de las partes, pensando siempre que se trata de comerciantes. Sin embargo, un arbitraje con unas características tan particulares
como el arbitraje de consumo no puede regirse por la absoluta libertad de las partes, dado que el consumidor siempre estará en posición de desequilibrio. El arbitraje de consumo debe tener un desarrollo específico con mecanismos de protección,
incluso con árbitros con un perfil concreto. La renuncia que recoge el artículo 6.º debe
ser expresa, clara y terminante, no cabiendo la renuncia tácita en los trámites judiciales, en los que el procedimiento es de derecho necesario.
Tercero, parece lógico que la asistencia judicial en la práctica de pruebas deberá regirse por lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, es decir, que los tribunales no estén subordinados a la actuación del árbitro en la realización
de trámites judiciales, sino que deben ser los jueces sometidos a la Ley de Enjuiciamiento Civil los que dirijan estas actuaciones.
Cuarto, por otro lado, dado que en el presente proyecto de ley se introduce el auxilio social para el arbitraje, sería conveniente, a nuestro entender, establecer el pago de costas o una especie de tasa por la actuación judicial, puesto que
no tiene sentido que el arbitraje sea de pago para las partes y que sin embargo puedan acudir a los tribunales para realizar trámites sin coste alguno.
Quinto, las causas de abstención y recusación se deberían remitir a las causas señaladas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, puesto que el artículo 17 utiliza una fórmula muy anglosajona al establecer una cláusula genérica de
independencia e imparcialidad.
En general, como decía, estamos ante un texto cuya urgencia y necesidad es más que cuestionable y ante un proyecto de ley que necesita mejoras porque presenta importantes lagunas en su regulación, por lo que solicitamos del Gobierno un
esfuerzo para enmendarlo y en la medida de lo posible para articular arbitrajes de consumo eficaces y con auténticos mecanismos de protección para los consumidores y usuarios, que quedan relegados a un segundo plano respecto al arbitraje entre
comerciantes y multinacionales, incluso en el ámbito internacional.
No obstante, como decía, a la vista de que se han incorporado algunas enmiendas, haciendo un esfuerzo de voluntad y esperando que ese encuentro se siga dando en el Senado, mi grupo parlamentario va a abstenerse.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rejón.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Ciertamente en la valoración conjunta de la ley hacemos nuestra la formulación que se efectuaba por el Grupo Parlamentario Vasco respecto de la situación o no de compromiso entre el sistema anglosajón y el sistema latino. Valoramos
positivamente el planteamiento monista en cuanto a esa unificación de arbitrajes internacionales y de arbitrajes de derecho interno, y ciertamente también lamentamos que, a pesar de que llegamos a conocer durante esta legislatura algún borrador, no
se haya podido avanzar en el arbitraje administrativo, al que también se hacía referencia.
En cualquier caso, en los trámites de ponencia y de comisión nos han sido aceptadas cinco o seis enmiendas y, por tanto, pasaré a defender muy sumariamente las enmiendas que todavía tenemos vivas, empezando por aquellas que tienen una
vertiente o una lectura, si se quiere, más autonómica, entre comillas. Por un lado, de la misma manera que lo manifestaba la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), presentamos la enmienda 62, en el sentido de que entendíamos necesario
recoger en el texto de la ley que sin perjuicio de que la legislación procesal es competencia exclusiva del Estado en virtud de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª, sin embargo no es menos cierto que este mismo artículo de la Constitución admite
la competencia de las comunidades autónomas en materia procesal cuando ésta deriva de especialidades de su propio derecho sustantivo o de su propia organización administrativa. Eso era lo que pretendíamos trasladar al artículo 1 del proyecto,
aunque quizá tuviera una ubicación más correcta en alguna de las disposiciones adicionales.
En segundo lugar, la enmienda número 74 hace referencia al artículo 14 del proyecto en el que se recoge el arbitraje institucional. Nosotros pretendíamos, de la misma manera que se establece en el proyecto de ley la posibilidad de que las
partes encomienden la administración del arbitraje y la designación de árbitros a corporaciones de derecho público que puedan desempeñar funciones arbitrales según sus normas reguladoras, y se hace una mención específica al Tribunal de Defensa de la
Competencia en la medida en que con la Ley 1/2002, de 21 de febrero, y cumpliendo una sentencia del Tribunal Constitucional, se regula la coordinación de competencias del Estado y de las comunidades autónomas en materia de defensa de la competencia,
pretendíamos, repito, que debiera ser objeto también de una mención específica, si no al Tribunal de Defensa de la Competencia, a aquellos órganos equivalentes de las comunidades autónomas.
La enmienda número 90 pretende establecer o desarrollar el régimen de la lengua en materia de arbitraje también en un sentido por lo menos próximo a lo que se establece en el artículo 231 de la actual Ley Orgánica del Poder Judicial, que
regula que las lenguas que se pueden utilizar en un procedimiento judicial sea alguna de las oficiales en el territorio donde se tramita dicho procedimiento. De ahí que nosotros, con la enmienda número 90, pretendamos regular este régimen y, en
cualquier caso, establecer la posibilidad de administrar, resolver o tramitar el procedimiento arbitral en la lengua propia de la comunidad autónoma correspondiente y el derecho de los ciudadanos de esa comunidad a que, si se tramita en otra lengua,
les deba ser traducido, sin obviamente cargo a su parte, los procedimientos correspondientes cuando se pueda alegar indefensión.
Otras enmiendas van referidas al cuerpo más estricto de la ley, la materia objeto de arbitraje. En este caso, el proyecto de ley que nos ocupa sigue el criterio de 1988 de señalar que sólo son susceptibles de arbitraje aquellas materias que
son de libre disposición. Nosotros preferíamos una mayor concreción, entendido que también cabe arbitraje respecto de aquellas materias que tienen
un contenido patrimonial, porque si bien es cierto que las normas de derecho imperativo van cada vez introduciéndose con mayor fuerza en el ámbito de nuestro derecho privado y, por tanto, en materia de competencia, de propiedad industrial y
en materia societaria, es cada vez mayor el número de estas normas de carácter imperativo. Nosotros pretendíamos que quedase muy claro que el hecho de que en una materia existiesen estas normas no impedía que se sometiera a arbitraje aquellas
materias no reguladas precisamente por estas normas de carácter imperativo, sin perjuicio de que se pudiera configurar como causa de nulidad del laudo que se hayan vulnerado las normas de estas características. Por tanto, entendíamos que definía
mejor esta situación el hacer referencia a la posibilidad de someter a arbitraje cuestiones de contenido patrimonial, además de hacer referencia a las materias de libre disposición. También, como la del Grupo Parlamentario Vasco, la enmienda número
64 trasladaba alguno de los planteamientos contenidos en el informe de la Fiscalía General del Estado.
Las enmiendas siguientes hacen referencia concretamente al artículo 5 sobre notificaciones, comunicaciones y cómputo de plazos. En algún sentido se nos ha incorporado parcialmente la enmienda al proyecto, sobre todo lo que hacía referencia
a la utilización de medios como fax, telex y medios telemáticos para la práctica de las notificaciones. Sin embargo, para nosotros el planteamiento es insuficiente. Por un lado, pretendemos también que las partes puedan comunicarse con los
árbitros, precisamente mediante estos procedimientos y no sea sólo un sistema de práctica de notificaciones, sino de comunicación ordinaria con todas las garantías que se señalan en la enmienda entre las partes y el órgano arbitral, y también
pretendíamos establecer garantías de cara a las notificaciones.
Entendemos que no puede darse por notificado si ha habido un único y simple intento de notificación. En los procedimientos no arbitrales, además de requerir ese intento de
notificación, luego se establecen mecanismos de publicación a través de edictos, en los diarios oficiales o en los tablones de anuncios. Por tanto, aquí lo que veníamos a exigir es un segundo intento de notificación para entender el día a quo de
inicio del cómputo del plazo. De la misma manera que también pretendíamos introducir en esta ley lo que ya introdujimos en la Ley de Enjuiciamiento Civil: esto es, las posibilidades de las partes de comunicar un domicilio a efectos de
notificaciones y que a partir de ese momento se entiendan practicadas y se puedan practicar las notificaciones en dicho domicilio.
Por otra parte, respecto a las competencias, nos ha sido aceptada la enmienda número 70, pero queríamos que los
recursos contra los laudos arbitrales fuesen objeto de conocimiento y, por lo tanto, tuvieran competencia no las audiencias provinciales, sino los tribunales superiores de justicia. Una cincuentena de audiencias provinciales son incapaces de
unificar doctrina en esta materia cuando incluso la doctrina en sus propias secciones muchas veces es contradictoria. Por lo tanto, entendíamos que el traslado de la competencia a los tribunales superiores de justicia para conocer el texto de los
recursos garantiza en cualquier caso la interpretación uniforme.
La enmienda número 71 pretende establecer otros mecanismos para constancia del convenio arbitral. La enmienda número 72 pretende que la ley reconozca que cuando el arbitraje surge de una relación multilateral, la renuncia de una de las
partes no impide el uso de arbitraje por parte de los restantes. Igualmente tenemos interés en algunos aspectos muy vinculados a medidas cautelares. Por un lado, la enmienda número 73 pretende abrir la posibilidad a la adopción de determinadas
medidas cautelares manteniendo el criterio de la declinatoria que establece la ley. El árbitro, ante la declinatoria, puede continuar el procedimiento o puede suspenderlo. Nosotros entendemos que, en caso de que acuerde la suspensión del
procedimiento, debe o puede practicar medidas de aseguramiento de la prueba, por ejemplo, o aquellas otras medidas cautelares que, en caso de dilatarse su práctica, pudieran originar perjuicios irreparables a las partes. De la misma manera, en
otras enmiendas, cuyo número no citaré ahora, pretendemos que quede claro que hay algunas medidas cautelares o alguno de sus aspectos que, en todo caso, por afectar a derechos fundamentales, requieren la intervención judicial, así como también la
posibilidad de acordar en casos de urgencia la adopción de la medida cautelar in audita parte y, por lo tanto, sin haber notificado previamente o sin contradicción, como ocurre también en los procedimientos ordinarios. También efectuábamos una
regulación específica de la medida cautelar en aquellos supuestos en los cuales se hubiese solicitado la remoción de uno de los árbitros y determinase la interrupción del procedimiento, así como también en aquellos casos en los que estuviese el
propio árbitro valorando su propia competencia.
Reconocemos que en nuestras enmiendas tenemos un planteamiento expansivo por lo que hace referencia a exigir contenido a los reglamentos arbitrales de las instrucciones. Requerimos en cualquier caso
que se protocolicen notarialmente, pero que se pueda definir también a través de esta ley buena parte de su contenido.
Hay alguna otra enmienda que no procede en estos momentos citar, pero mantenemos un notable interés en regular dentro del procedimiento las funciones de custodia, documentación y constancia de documentos que atribuimos al presidente del
órgano arbitral cuando esté constituido por tres o más personas, así como también lo que sería el procedimiento de recusación que queda bastante huérfano en esta regulación. En cualquier caso, y como ha señalado algún otro interviniente, no
entendemos que responda a un principio de independencia ni otorgue garantías suficientes que sea el propio árbitro recusado, el propio órgano arbitral, el que valore la recusación. Entendemos que hay que dar entrada al juez de primera instancia y,
en su caso, teniendo en cuenta lo que vamos a establecer en la Ley Orgánica del Poder Judicial, al propio juez de lo mercantil. También nos parecía que existía una omisión importante en cuanto a la determinación de los honorarios, de ahí que lo
pretendamos introducir con la enmienda en el artículo 82. Finalmente, nuestra pretensión también es ajustar más el propio contenido del arbitraje a lo que se establece en
el propio artículo 3.1,c) del proyecto, al arbitraje internacional en la medida en que queda vinculado este arbitraje internacional precisamente a la afectación, a los intereses del comercio internacional, cosa que en este momento no se
realiza.
Tenemos una posición intermedia por lo que hace referencia a la cualificación que deben reunir los árbitros. Entendemos que cuando el arbitraje es de derecho, debe administrarse por personas cualificadas en derecho, lo cual no significa que
tengan que ser abogados colegiados, pueden ser, obviamente, personas que ostenten esta cualificación, catedráticos de universidad o que estén vinculados a algunos otros órganos, pero debe obtenerse esta cualificación en el ámbito del derecho.
Finalmente dos aspectos, y acabo. Entendíamos que era bueno configurar como causa de nulidad la emisión del laudo fuera de plazo como un buen mecanismo de control de la agilidad del arbitraje y también atribuir a los árbitros la resolución
de aquellos incidentes que se promuevan en la fase de ejecución del laudo arbitral. Por lo demás, procederemos a votar a favor del texto del dictamen y de la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, lamentando que, precisamente por ser
posiblemente ésta la última ley de esta legislatura en esta materia, también nos hayamos visto abocados a una tramitación quizá algo más veloz de la que correspondía.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Silva.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Barrero.
El señor BARRERO LÓPEZ: Señora presidenta, señorías, efectivamente viene al último trámite parlamentario dentro de esta Cámara un proyecto de ley importante, como es el proyecto de ley de arbitraje, que en la misma línea que han dicho el
resto de grupos parlamentarios, el Grupo Socialista tiene que denunciar una vez más que accede al Pleno de esta Cámara sin un debate suficiente, sin un debate sosegado, poco más de dos horas y media de debate entre ponencia y Comisión, que se ha
hecho por tanto de puntillas, alegando unas razones de urgencia que no se nos han concretado y sin la presencia en este acto del ministro de Justicia, ausencia sin duda realmente difícil de entender.
No se entiende la urgencia, no sólo porque no se han dado razones sino porque durante los últimos ocho años el Gobierno sin duda podía haber remitido una iniciativa de estas características y haberla sometido a un debate tranquilo, sólido,
sereno y reflexivo. Da la impresión de que el Parlamento, sobre todo en esta última etapa y no nos cansaremos de decirlo, no deja de ser para el Gobierno sino una especie de apéndice, una especie de instrumento más para hacer la política partidaria
de este Gobierno que ve con cierta pasividad y con una desgana cómo transcurren, a ser posible con rapidez, sus iniciativas parlamentarias para darles después el contenido propagandístico necesario en otras sedes, en otros organismos,
fundamentalmente en los telediarios.
Una vez más sentimos esta falta de respeto al Parlamento, la denunciamos, queremos que así conste y confiamos en que poco a poco esto vaya cambiando de manera que los que tenemos una especial pasión por el derecho y un especial interés
porque la convivencia humana se rija por leyes correctas, que tengan residencia en este Parlamento, sólidamente asentadas en la doctrina, también en la realidad y con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, de la representación popular.
Ojalá la fecha de marzo pueda ser un momento de inflexión, de manera que recuperemos realmente la labor parlamentaria de esta Cámara, que sin duda es fundamental la función legislativa, en los términos de solidez que venimos denunciando y reclamando
al mismo tiempo.
Hay algunas enmiendas del Grupo Socialista que penden todavía sobre el proyecto. Ni el Gobierno ni su grupo han sido generosos a la hora de aceptar enmiendas del Grupo Socialista, en esa obsesión última por castigar toda reflexión que venga
de los bancos más mayoritarios de la oposición, pero nosotros vamos a seguir manteniendo nuestras enmiendas en la confianza de que en el Senado puedan tener mayor nivel de satisfacción nuestras iniciativas, y consecuentemente con ello que pueda ser
más atractiva la ley que salga de este Congreso y del Senado.
Una de las enmiendas, señorías, como aquí se ha venido solicitando, trata de excluir del arbitraje el consumo. Creemos que estamos en la misma situación que los arbitrajes laborales, donde no hay una relación de equilibrio entre las partes
que parece evidente en el mundo laboral, aunque no deja de ser menos claro en el mundo del consumo. En consecuencia, pedimos que ese tipo de controversias se alejen del laudo arbitral. Es verdad, que tienen que mantenerse sistemas de mediación;
se podía haber aprovechado esta ley para que fuera de arbitraje y mediación, como pedíamos cuando la incluimos en el pacto por la reforma de la justicia, pero limita sus actuaciones al arbitraje no a la mediación y habrá que pedir una buena
mediación en el sistema de consumo con suficientes transferencias de dinero por parte de este Gobierno para hacerla posible.
La enmienda 101 pone de manifiesto nuestro enfrentamiento con parte de las decisiones del Gobierno a la hora de regular esta materia de una forma tan liberal. Ustedes saben que el proyecto que hoy va a ser aprobado con la mayoría del
Partido Popular permite someter a arbitraje todos y cada uno de los asuntos y las materias que sean de libre disposición de las partes, por tanto prácticamente todas. Es difícil de entender la contradicción que esto implica con algunas normas de
derecho internacional, especialmente reglamentos de la Unión Europea, que obligan a someter a los tribunales del país donde residen determinados derechos, por ejemplo inmuebles, este tipo de controversias. Dicho de otra manera, ¿qué va a ocurrir si
el arrendamiento de un inmueble situado en un país extranjero es sometido a arbitraje, con árbitro español,
por dos españoles que residen en España? Es una contradicción bastante clara que hemos querido poner de manifiesto para no romper las normativas internacionales a las que nos debemos, pero con un escaso éxito. Es evidente además que hay
materias que no pueden ser objeto de arbitraje.
Lo han denunciado todos los grupos y nosotros insistimos en ello. No pueden ser objeto de arbitraje algunas de carácter evidente como pueden ser aquellas que hayan sido motivo de resolución firme
anterior, porque no tendría sentido que la voluntad de las partes y su autonomía llevara a cambiar una resolución firme, aunque sea de carácter civil o de carácter mercantil, como consecuencia de esa libertad de las partes. Tampoco es posible que
sean objeto de arbitraje las intervenciones del ministerio fiscal o aquellos asuntos en donde quepa la intervención del ministerio fiscal en reclamación o representación de otras personas, especialmente de menores. Hay otras enmiendas que también
creemos deberían dar lugar a una reflexión mayor, por si eso concluyera en aceptación por parte del Partido Popular, insisto, obcecado por renunciar a lo que nosotros, los socialistas en esta Cámara, podamos aportar de positivo que además
históricamente no ha sido poco, y que les brindamos una vez más para su reflexión. No es posible que la abstención y la recusación de un árbitro -también lo han dicho otros grupos parlamentarios- sean prácticamente innecesarias de acuerdo con la
legislación que ustedes quieren implantar; tiene que haber al menos las mismas causas que existen para la abstención y la recusación de los jueces, pero además tiene que haber otro tipo de abstención o de recusación, o dicho de otra manera hacer
imposible que un árbitro al que acceden las partes termine resolviendo en forma de laudo una controversia, por ejemplo cuando ha incumplido encargos anteriores por haber dejado pasar el plazo dando sensación de insolvencia o de falta de interés, o
también por supuesto cuando ha tenido una responsabilidad judicial como consecuencia de una mala acción en un arbitraje anterior.
Esto obviamente debe llevar a que no pueda conformar arbitrajes con posterioridad durante algún tiempo. Además, es
importante en esta enmienda destacar algo que a nosotros nos parece de enorme interés y que también ha sido puesto de manifiesto por todos y cada uno de los grupos parlamentarios. Es verdad que esta ley tiene como sistema común el laudo en derecho
y no el laudo en equidad, es decir cambia en buena medida nuestro derecho, la Ley de 1988, el derecho continental, y va directamente a ponerse en manos del derecho anglosajón sin una historia que le pueda avalar esa posición y ese acercamiento con
tanta pasión, al menos una historia jurídica, aunque sí es verdad que una historia reciente de carácter político podría entender esta especie de abrazo desesperado al mundo anglosajón, pero no es entendible en términos jurídicos y parece rechazable,
no ya en términos jurídicos sino por puro sentido común, que si el laudo más apetecible por la ley, el que va a ser el común es el laudo en derecho, no sea al menos resuelto por juristas.
Pues bien, señorías, deben saber los señores parlamentarios
que el laudo en derecho, a partir de esta ley va a ser posible que no sea decidido por juristas o que sea decidido por juristas que no tienen suficiente experiencia, por juristas que han terminado la carrera hace dos días, o por juristas que siendo
funcionarios tendrían cierta incompatibilidad para llevarla a cabo, no sólo jurídica sino moral, como pueden ser notarios y registradores. De ahí que nosotros, señoría, en nuestras enmiendas pidamos que se vuelva a la tesis de que el laudo en
derecho, por obvio, por jurídico, por coherente y por sentido común, lo realicen juristas de reconocida competencia para llevarlo a cabo.
Otras enmiendas, señora presidenta y voy terminando, están también llenas de sentido común y de razón. No sé si eso será suficiente para que sean aceptadas por el Grupo Parlamentario Popular, no sé yo si la razón será mérito suficiente,
pero algunas como la número 109 pide que se evite que en aquellos supuestos en los que un tribunal arbitral, es decir varios árbitros, no se pongan de acuerdo, por sentido común debe resolverse por mayoría. Pues bien, hay un artículo en este
proyecto que en lugar de sostener que sólo la mayoría dará lugar a la resolución en este caso, permite que las partes dispongan otra cosa; es decir permite en el fondo que las partes acepten que por minoría un tribunal resuelva, lo cual
evidentemente es un exceso de autonomía de las partes, que ha venido siendo denunciado por el fiscal general del Estado en el informe que adjunta a la memoria.
La enmienda número 110 recuerda que los plazos para la prórroga de los laudos deben ser escasos y que el plazo para los recursos de nulidad debe ser limitado en el tiempo, con el fin de lograr obviamente la rapidez que se quiere conseguir
con el laudo que evita una controversia en términos jurisdiccionales, y que evitará por tanto una dilación de nuestros pleitos. Quiero que sepan SS.SS. que los laudos, que el arbitraje en el fondo busca evitar la dilación en los procesos, las
resoluciones de carácter más inmediato, más rápido entre las partes, evitando por tanto una de las grandes lacras de este país, bien azuzada por cierto por el Gobierno del Partido Popular, que es la dilación en los procesos, y por tanto su
injusticia.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Barrero, le ruego que concluya.
El señor BARRERO LÓPEZ: Termino inmediatamente.
Nos parece también lógico que haya más motivos de anulación de los laudos.
Por ejemplo, cuando se vulnera el derecho de defensa no debe ser objeto de parte la decisión para la anulación del laudo, sino sencillamente de oficio. El derecho
de defensa es uno de los derechos más queridos dentro del sistema jurídico español, y por tanto no puede estar al albur de las partes la anulación, cuando hay una vulneración de derechos de defensa de una de las partes. El laudo fuera de plazo
también debe ser motivo de anulación, con el fin -insisto-, de evitar dilaciones y tener una sanción que las impida.
Respecto al reconocimiento de los arbitrajes extranjeros, conocen bien SS.SS., y de manera destacada el portavoz del Grupo Popular, que tenemos interés en que ello se reconozca, máxime ahora con el reconocimiento de las sentencias de todo
tipo que hemos firmado no hace mucho, que también se reconozcan los laudos sin necesidad de legalizar los documentos, y por supuesto que el no reconocimiento venga dado cuando hay una vulneración también de los derechos de esa defensa.
Cuando exista una solicitud de asistencia judicial, que así lo permite la ley, es evidente y debe ser una confusión por parte del Gobierno de la nación que ese tipo de asistencia judicial tendrá que estar sometido al mismo precio público que
están sometidos estos procesos de carácter mercantil o de carácter civil gracias a la última regulación de tasas judiciales que hemos tenido en el Parlamento español. Por tanto, no tendría ningún sentido que el arbitraje judicial cuando accede a
los tribunales no tenga ese pago de tasas que tiene el resto de personas que acceden a tribunales mercantiles o a tribunales civiles.
Termino, señora presidenta, diciendo que a pesar de todo confiamos en que el Senado dé muestra y medida de lo razonable del Grupo Popular en aquella Cámara -no digo yo que no sea aquí-, que asuma lo razonable de aquí y lo razonable de allí y
consiga aceptar...
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Barrero, debo rogarle que termine.
El señor BARRERO LÓPEZ: Consiga aceptar enmiendas del Grupo Socialista, que -termino, con la generosidad de la señora presidenta- creemos que pueden ayudar a hacer más positiva esta ley de arbitraje, muy querida por todos los grupos y
articulada en el pacto por la reforma de la justicia, gracias a una iniciativa del Grupo Socialista.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Barrero.
¿Grupos que deseen fijar posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo va a votar favorablemente este proyecto de ley, ya que lo considera verdaderamente oportuno y necesario.
Corría el año 1981 cuando el Gobierno dictó el Real Decreto 1094 de ese año, para hacer frente a una serie de contenciosos mercantiles que estaban surgiendo entre empresas o empresarios españoles e iberoamericanos. Después se aprobó la
segunda pieza fundamental del ordenamiento jurídico español, la Ley 36/1988, de Arbitraje. Ya se tenía prácticamente un modelo y en el año 1985 el propio comité específico y la Comisión de Naciones Unidas redactan el 21 de junio la llamada Ley
modelo, recomendando a los países miembros de la Organización de Naciones Unidas que en el derecho mercantil fueran adoptando situaciones que permitieran cubrir espacio, incluso como el que tenía España más limitado al área iberoamericana y con el
uso de la lengua castellana, y que era necesario entrar en procesos de arbitraje que llevaran a laudos en el derecho mercantil internacional con países fundamentalmente de lengua anglófona, francófona o alemana. Esto es lo que consigue en este
primer escalón legislativo la Ley 36/1988.
Hoy se ha superado la dinámica y los procesos de globalización mercantil, comercial y económica internacionales llevan principalmente a la necesidad de disponer de este instrumento. Nosotros vamos a votar a favor de este proyecto de ley
porque consideramos que en este momento no sólo es oportuno y necesario, como he dicho, sino también imprescindible. No cabe duda de que es un proyecto de ley muy técnico. Tiene que serlo.
Nosotros no criticamos que los intervinientes, las
personas físicas o jurídicas en todo proceso de arbitraje que conlleve el dictado de un laudo soliciten exigencias profesionales de garantía, puesto que el mundo de la globalización lo plantea. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista se ha
referido acertadamente al laudo en derecho y nosotros lo respetamos. Nosotros juzgamos positivamente esa mayor flexibilidad, esa amplitud de exigencias para los árbitros. Este proyecto ha tenido mucho cuidado en no hablar de tribunal arbitral.
Nosotros hubiéramos aceptado la tesis de exigencia, como exigimos que un tribunal esté formado por jueces o magistrados de carrera, pero aquí no se habla de tribunal arbitral, siendo acertado que se hable de los árbitros. Al árbitro, en todo
proceso que lleva a un laudo tenemos que darle la dinámica que debe tener, cubriendo unos mínimos de exigencia profesional, y ya se encargarán las partes que entran en el contencioso de aceptar a los árbitros que tengan prestigio personal y humano.
Hemos visto muchas veces ejemplos en casos de huelgas en nuestro país. Recuerdo una de las últimas en que hubo un conflicto, y uno de los árbitros fue don Fernando Abril Martorell, que en paz descanse. ¿Por qué? Porque aportaba un concepto de
prestigio político, profesional e independiente que fue aceptado por ambas partes. Hay una aceptación consensuada de las partes que entran en el litigio para obtener un laudo y para que los árbitros sean respetados no solamente por imperativo
legal, sino que el árbitro tiene que aportar unos valores personales de estima y cualificación para que al final todo lo que regula este proyecto de ley se pueda llevar afortunadamente a cabo. Al contemplarse aspectos que aquí son muy importantes,
como las especificidades acerca de la arbitrabilidad de una controversia que tiene que coincidir con la disponibilidad de su objeto por las partes dentro de ese mismo objeto, la práctica incluirá también esta situación de calidad personal,
profesional y humana de los árbitros que incidan en el proceso.
La regulación de la figura del árbitro o de los árbitros está contemplada en el título III del proyecto de ley, concediendo además un
amplio margen de garantías de procedimiento, puesto que fija cómo debe ser el laudo, plantea prácticamente cuál es el contenido del mismo, cuál es el plazo para emitirlo, la forma y desde luego sus anulaciones y revisiones, proceso
garantista imprescindible. La impugnación de la validez de un laudo tiene que ser llevada a un área, puesto que cuando tenga que ir a instancias superiores las exigencias de seguridad jurídica tendrán que ser máximas. En estos momentos de
proyección de la economía internacional de España dentro del contexto de la Unión Europea, dentro de la globalización de la economía y de todas las operaciones mercantiles que se están realizando, es imprescindible que España cuente con un
instrumento legal como este proyecto de ley una vez que se transforme en ley de arbitraje, que nos equipara con todos los países de máxima solvencia económica y de seguridad jurídica en el proceso del comercio internacional.
Nuestro grupo, señora presidenta, votará favorablemente este proyecto.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Bueso.
El señor BUESO ZAERA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, en primer lugar quiero agradecer a todos los grupos parlamentarios sus aportaciones a este proyecto de ley, y por supuesto el tono de todos y cada uno de los que han intervenido. Creo que ha sido un tono muy
constructivo, y han hecho aportaciones importantes que se vieron reflejadas en el trámite de Comisión. Por no ser reiterativo en cuanto a lo que ya dije en Comisión, voy a dar por reproducidos todos los argumentos que allí expuse respecto a los
detalles de las enmiendas, independientemente de que me pueda referir a alguna de ellas durante el tiempo que me queda. A este respecto, agradezco de manera especial al PNV su apoyo; al señor Rejón, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, su tono que creo ha sido muy constructivo, independientemente de que no compartamos algunas cuestiones sobre si es necesaria o no la urgencia, y también a Convergència i Unió, como siempre por las importantes aportaciones de todas sus
enmiendas, algunas de las cuales, aunque todavía no se han aprobado, se están estudiando y posiblemente se acepten en el trámite del Senado.
Respecto al Grupo Parlamentario Socialista, tengo que agradecer el tono del señor Barrero, independientemente de que no podemos compartir la primera parte, cuando ha echado de menos la presencia del señor ministro.
El señor ministro de
Justicia no está aquí sencillamente porque tenía otros compromisos adquiridos, no por otra circunstancia, pues él hubiera estado muy gustosamente en este debate. En cuanto a lo que ha dicho el señor Barrero de que el Parlamento es apéndice de la
política partidaria, en cuanto al tema de la publicidad y la falta de respeto al Parlamento, ya estamos acostumbrados a oírlo y creo que es una soflama que tampoco tiene ninguna base, aunque teniendo en cuenta lo que se ha dicho estos días en otros
debates, forma parte de determinadas estrategias.
Independientemente de ello, sí quiero reconocerle -aunque veo que está un poco distraído, pero supongo que lo leerá en el 'Diario de Sesiones'-, las aportaciones que ha hecho y el tono constructivo
de las mismas. No debe pensar que el Grupo Parlamentario Popular pretende castigar las reflexiones del Grupo Parlamentario Socialista; creo que sus enmiendas se van a seguir estudiando, y posiblemente en el trámite del Senado, con más tiempo y
sosiego dado el momento en que nos encontramos, se pueda llegar a determinados acuerdos. Usted ha hecho reflexiones importantes y eso se lo tengo que reconocer.
En cuanto a Coalición Canaria, tengo que decirle al señor Mardones que ha estado muy bien, como siempre y como es costumbre en él. Conoce la ley perfectamente y creo que ha dado una clase de sentido común, desbrozando las cosas importantes
de esta ley. No hay que olvidar que el objetivo de la ley de arbitraje es la resolución de conflictos sin necesidad de acudir a los tribunales. Este proyecto de ley cuenta con los informes favorables del Consejo General del Poder Judicial y del
Consejo de Estado. Tampoco hay que olvidar que el crecimiento de la confianza del ciudadano ha supuesto un aumento del 20 por ciento en los asuntos planteados ante los tribunales, hasta superar la cifra de 7 millones de casos el pasado año. La
creación de 800 nuevas plazas de jueces y magistrados, la sustitución de 644 jueces no profesionales por jueces de carrera, unido por otro lado al impulso de procedimientos más ágiles y eficaces establecidos en las nuevas leyes, como son la Ley de
Enjuiciamiento Civil y la Ley de lo Contencioso Administrativo y los juicios rápidos, está permitiendo que por primera vez los tribunales resuelvan más asuntos de los que entran.
Esta ley de arbitraje trata de dar un paso más precisamente en estas medidas a las que acabo de hacer referencia, facilitando los instrumentos de resolución extrajudicial de los conflictos. Además, potenciará el arbitraje español como
referente para el tejido empresarial de todos los países iberoamericanos. En definitiva, los ejes centrales de la ley de arbitraje son: modernización del arbitraje, pues se introducen algunas soluciones novedosas a cuestiones que venían planteando
dificultades en la práctica arbitral; el uso de nuevos medios de comunicación y nuevas tecnologías; la homologación internacional del arbitraje, ya que se tiene en cuenta la Ley modelo elaborada por la Comisión de las Naciones Unidas para el
derecho mercantil internacional, que ha sido adoptada por más de 35 países; se regula el arbitraje internacional y se establece el arbitraje en derecho al que han hecho referencia la mayor parte de los intervinientes cuando no haya un pacto expreso
de las partes, como en la mayoría de las legislaciones de nuestro entorno; la flexibilización y agilización del proceso arbitral, pues se suprime el
carácter preceptivo de la protocolización notarial del laudo y se regula la designación judicial de los árbitros y la anulación del laudo arbitral a través del juicio verbal; asimismo, se deja mayor libertad a las partes en cuanto a la
designación de árbitros. También hay una ampliación de las competencias de los árbitros; es decir se reconoce con mayor margen de libertad a los árbitros para resolver los conflictos e incluso se les faculta para adoptar medidas cautelares.
Finalmente, hay un aumento de la eficacia del laudo, es decir se atribuye al laudo fuerza ejecutiva e incluso en caso de que se ejercite la anulación se permite la suspensión de la ejecución, siempre que se presta caución suficiente.
No quiero terminar sin decir que el proyecto es muy bien recibido y valorado en muchos colectivos y produce progresos muy esperados en una serie de materias, consagrando el deseado acoplamiento de nuestro sistema arbitral al marco del
arbitraje internacional. No hay que olvidar que desde 1988 los abogados han asumido el importante rol que el legislador de entonces les atribuyó como árbitros de derecho. En el ejercicio de esa responsabilidad han sido precisamente abogados en
ejercicio los que han desempeñado la función arbitral de derecho y es necesario resaltar la alta calidad de los resultados obtenidos, pues en 15 años transcurridos se han tramitado grosso modo, como mínimo 7.000 arbitrajes, la mayor parte de ellos
de carácter institucional. Uno de los frutos más significativos de aquella ley fue la apertura de las puertas del ordenamiento español a la entrada del arbitraje institucional. Las corporaciones implicadas, es decir las cámaras de comercio, los
colegios de abogados y otras constituidas han hecho un esfuerzo notorio de organización, de promoción y financiación del sistema, asumiendo los arbitrajes y con una altura y una exigencia de calidad muy importante. La respuesta de los numerosos
arbitrajes ad hoc también se ha llevado a cabo y ha sido importante. Se han dictado en estos 15 años 315 sentencias, cifra reducida si se compara con el total de arbitrajes, y revela el altísimo nivel de aceptación que entre los destinatarios de la
función arbitral, es decir las partes contendientes, tienen los laudos arbitrales. Resulta más confortable decir que de esos 315 recursos de nulidad tramitados, sin contar los que han desistido antes de llegar a sentencia, casi 250 han merecido una
resolución desestimatoria del recurso de nulidad y sólo 72 han dado lugar a la estimación de la nulidad; además hay que añadir los millares que se hacen cada año en materia de consumo y en otras áreas específicas. (La señora presidenta ocupa la
Presidencia.)
Este proyecto de ley contiene un giro importante. A partir de ahora se presume que si el arbitraje no es expresamente de equidad será de derecho. También tengo que reconocer que no se ha hecho mal hasta la fecha, no se han regateado
esfuerzos para que el arbitraje crezca, despacio si se quiere, pero de una forma rigurosa y seria y hoy es una realidad cuajada y en expansión. Por tanto, no debe haber ningún temor cuando en esta ley se habla de quien tiene que ser árbitro, porque
como bien han expuesto tanto el señor Silva, de Convergència i Unió, como el señor Mardones, de Coalición Canaria, si hay libertad cada parte escogerá, por la cuenta que le trae, a las personas que tienen mayores conocimientos y mayores capacidades
y a las que la legislación aplicable en cada sitio no les impida ejercer su profesión, para que sean los que tienen esa experiencia y esa preparación los que lleven a cabo ese papel tan importante de árbitro.
Entrando en algunas de las enmiendas a las que se ha hecho referencia, quiero decir simplemente que en lo que respecta a las materias objeto de arbitraje hay algunas enmiendas de Izquierda Unida, de Eusko Alkartasuna, de Convergència i Unió
y del Grupo Socialista con las que no estamos de acuerdo, porque la comisión general de codificación consideró más correcto establecer el ámbito de manera positiva para evitar que la emisión de algún supuesto plantease problemas interpretativos.
Respecto a otra enmienda a la que se ha hecho referencia por parte de Convergència i Unió, tengo que decir que en cuanto al ámbito de aplicación esa competencia autonómica está prevista en el artículo 149.1.8.ª de la Constitución española y
a él se refiere la disposición final segunda.
En cuanto a la materia objeto de arbitraje, consiste en tratar de evitar que se mantenga la doctrina jurisprudencial que duda de la inclusión de materias como propiedad intelectual o industrial. Esta es precisamente una de las enmiendas que
se está estudiando. Lo mismo sucede con alguna otra enmienda, como puede ser la 74, respecto del arbitraje institucional.
En lo que respecta a las enmiendas del Grupo Socialista -y termino ya, señora presidenta-, no compartimos la adición al artículo 2.1 bis y 3 nuevos, porque la propuesta pretende volver a la redacción de la Ley de 1988 y la comisión general
de codificación consideró más correcto establecer el ámbito de manera positiva, como he dicho anteriormente.
La señora PRESIDENTA: Señor Bueso, le ruego concluya, por favor.
El señor BUESO ZAERA: Sí, señora presidenta.
En cuanto a la enmienda 112, que se refiere al carácter extranjero del laudo, el texto del proyecto garantiza la debida tramitación del exequátur de laudos extranjeros. Debe tenerse en cuenta en especial la remisión que se hace al artículo
46.2, al procedimiento establecido en el ordenamiento procesal civil para sentencias dictadas por tribunales extranjeros.
Señora presidenta, señoras y señores diputados, termino diciendo que este es un proyecto de ley en el que se han hecho importantes aportaciones; es un proyecto de ley sencillo -cualquiera que lo lea lo entiende perfectamente, como muchas de
las leyes que se han aprobado últimamente- y desde luego en el trámite que queda, de aquí hasta el Senado, puede mejorarse en algunas cuestiones.
Termino diciendo lo que al principio: agradezco a todos los grupos su participación, su colaboración y su tono en este proyecto de ley.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bueso. (Rumores.)
Señorías, ruego ocupen sus escaños.
Sometemos a votación las enmiendas y el texto del dictamen al proyecto de ley de arbitraje. Al haber sido retiradas las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, de la señora Lasagabaster, iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En primer lugar, la enmienda número 39.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 275; a favor, cuatro; en contra, 256; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 14, 16, 17, 20 y 22 a 24.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 275; a favor, tres; en contra, 171; abstenciones, 101.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 274; a favor, 90; en contra, 167; abstenciones, 17.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco, PNV.
En primer lugar, votamos la número 1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 275; a favor, 19; en contra, 166; abstenciones, 90.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco, PNV.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 273; a favor, 104; en contra, 167; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) En primer lugar, votamos las números 61, 62, 64, 71, 73, 77, 79, 82, 83, 85, 88 y 99.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 276; a favor, 15; en contra, 171; abstenciones, 90.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 69, 74, 76, 81, 84, 88, 90 y 91.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 276; a favor, 12; en contra, 255; abstenciones, nueve.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 275; a favor, 17; en contra, 170; abstenciones, 88.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 274; a favor, 90; en contra, 168; abstenciones, 16,
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el texto del dictamen. En primer lugar, la disposición adicional única.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 275; a favor, 188; en contra, 84; abstenciones, tres,
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Votamos la exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 274; a favor, 184; en contra, uno; abstenciones, 89.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos el resto del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 276; a favor, 271; en contra, tres; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Señorías sometemos a votación el dictamen del proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de arbitraje, por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 276; a favor, 185; en contra, uno; abstenciones, 90.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
VOTACIÓN FINAL DE CONJUNTO.
La señora PRESIDENTA: Señorías, votamos a continuación la votación final de conjunto, por tener el proyecto de ley carácter orgánico.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 275; a favor, 270; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES.
La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales.
¿Algún grupo desea intervenir? (Denegaciones.)
- CONVENIO COMPLEMENTARIO AL CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE 25 DE ABRIL DE 1994, HECHO EN MADRID EL 8 DE ABRIL DE 2003. (Número de expediente 110/000259.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la votación de los referidos dictámenes.
En primer lugar, Convenio complementario al Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos de 25 de abril de 1994, hecho en Madrid el 8 de abril de 2003.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 266; a favor, 265; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- CANJE DE NOTAS DE FECHAS 13 DE MARZO Y 15 DE ABRIL DE 2003, CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y CANADÁ SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL GOBIERNO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE CANADÁ DE 15 DE SEPTIEMBRE DE
1988. (Número de expediente 110/000260.)
La señora PRESIDENTA: Canje de notas de fechas 13 de marzo y 15 de abril de 2003, constitutivo de acuerdo entre España y Canadá sobre la modificación del Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canadá de
15 de septiembre de 1988.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 263; a favor, 262; en contra, uno.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE ALBANIA SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE VIAJEROS Y MERCANCÍAS POR CARRETERA, HECHO EN TIRANA EL 10 DE ABRIL DE 2003. (Número de expediente 110/000261.)
La señora PRESIDENTA: Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Albania sobre transporte internacional de viajeros y mercancías por carretera, hecho en Tirana el 10 de abril de 2003.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 265; a favor, 263; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- ENMIENDA AL ARTÍCULO 1 DE LA CONVENCIÓN SOBRE PROHIBICIONES O RESTRICCIONES DEL EMPLEO DE CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES QUE PUEDAN CONSIDERARSE
EXCESIVAMENTE NOCIVAS O DE EFECTOS INDISCRIMINADOS, FIRMADA EN GINEBRA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2001. (Número de expediente 110/000262.)
La señora PRESIDENTA: Enmienda al artículo 1 de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, firmada en Ginebra el
21 de diciembre de 2001.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 265; a favor, 265.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
- PROTOCOLO ENTRE EL GOBIERNO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGELINA DEMOCRÁTICA Y POPULAR SOBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS, HECHO EN ARGEL EL 31 DE JULIO DE 2002. (Número de expediente 110/000263.)
La señora PRESIDENTA: Protocolo entre el Gobierno de España y el Gobierno de la República Argelina Democrática y Popular sobre circulación de personas, hecho en Argel el 31 de julio de 2002.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 262; a favor, 260; en contra, uno; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE ALBANIA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES, HECHO EN MADRID EL 5 DE JUNIO DE 2003. (Número de expediente 110/000264.)
La señora PRESIDENTA: Acuerdo entre el Reino de España y la República de Albania para la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Madrid el 5 de junio de 2003.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 262; a favor, 261; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ARGELINA DEMOCRÁTICA Y POPULAR PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, HECHO EN MADRID EL 7 DE OCTUBRE DE
2002. (Número de expediente 110/000265.)
La señora PRESIDENTA: Convenio entre el Reino de España y la República Argelina Democrática y Popular para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Madrid
el 7 de octubre de 2002.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 261; a favor, 259; en contra, uno; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- CANJE DE NOTAS DE FECHAS 13 Y 14 DE ABRIL DE 2003, ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL ESTADO DE KUWAIT CONSTITUTIVO DE ACUERDO SOBRE EL ESTATUTO DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS EN KUWAIT. (Número de expediente 110/000266.)
La señora PRESIDENTA: Canje de notas de fechas 13 y 14 de abril de 2003, entre el Reino de España y el Estado de Kuwait constitutivo de acuerdo sobre el estatuto de las Fuerzas Armadas españolas en Kuwait.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 263; a favor, 260; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- ACUERDO DE COPRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, HECHO EN MADRID EL 8 DE ABRIL DE 2003. (Número de expediente 110/000267.)
La señora PRESIDENTA: Acuerdo de coproducción cinematográfica entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, hecho en Madrid el 8 de abril de 2003.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 261; a favor, 260; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE GUATEMALA AL CONVENIO SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 25 DE OCTUBRE DE 1980. (Número de expediente 110/000268.)
La señora PRESIDENTA: Declaración de aceptación por España de la adhesión de Guatemala al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 261; a favor, 260; en contra, uno.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- CONVENIO SOBRE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, HECHO EN MADRID EL 8 DE ABRIL DE 2003. (Número de expediente 110/000269.)
La señora PRESIDENTA: Convenio sobre transporte aéreo entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, hecho en Madrid el 8 de abril de 2003.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 259; a favor, 258, abstención, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- CONVENIO DE ROTTERDAM PARA LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONSENTIMIENTO FUNDAMENTADO PREVIO A CIERTOS PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS OBJETO DE COMERCIO INTERNACIONAL, HECHO EN ROTTERDAM (PAÍSES BAJOS) EL 10 DE SEPTIEMBRE
DE 1998. (Número de expediente 110/ 000270.)
La señora PRESIDENTA: Convenio de Rotterdam para la aplicación del procedimiento de consentimiento fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional, hecho en Rotterdam (Países Bajos)
el 10 de septiembre de 1998.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 262; a favor, 260; en contra, uno; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- CONVENIO BÁSICO DE COOPERACIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE GUINEA-BISSAU, HECHO EN MADRID EL 7 DE FEBRERO DE 2003. (Número de expediente 110/000271.)
La señora PRESIDENTA: Convenio básico de cooperación entre el Reino de España y la República de Guinea-Bissau, hecho en Madrid el 7 de febrero de 2003.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 262; a favor, 258; en contra, dos; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- DECISIÓN DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA POR LA QUE SE MODIFICA EL ACTO RELATIVO A LA ELECCIÓN DE LOS DIPUTADOS AL PARLAMENTO EUROPEO POR SUFRAGIO UNIVERSAL DIRECTO, ANEJO A LA DECISIÓN 76/787/CECA, CEE, EURATOM DEL CONSEJO, DE 20 DE
SEPTIEMBRE DE 1976, HECHO EN BRUSELAS EL 21 DE MAYO DE 2002. (Número de expediente 110/000272.)
La señora PRESIDENTA: Decisión del Consejo de la Unión Europea por la que se modifica el acto relativo a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, anejo a la decisión 76/787/CECA, CEE, Euratom del
Consejo, de 20 de septiembre de 1976, hecho en Bruselas el 21 de mayo de 2002.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 259; a favor, 257; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE MAURITANIA EN MATERIA DE INMIGRACIÓN, HECHO EN MADRID EL 1 DE JULIO DE 2003. (Número de expediente 110/000273.)
La señora PRESIDENTA: Acuerdo entre el Reino de España y la República Islámica de Mauritania en materia de inmigración, hecho en Madrid el 1 de julio de 2003.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 258; a favor, 254; en contra, una; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE LITUANIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO Y PROTOCOLO, HECHO EN MADRID EL 22 DE JULIO DE 2003.
(Número de expediente 110/000274.)
La señora PRESIDENTA: Convenio entre el Reino de España y la República de Lituania para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y protocolo, hecho en Madrid el 22
de julio de 2003.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 260; a favor, 259; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- PROTOCOLO AL CONVENIO DE 1979 SOBRE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA TRANSFRONTERIZA A LARGA DISTANCIA, RELATIVO A LA REDUCCIÓN DE LA ACIDIFICACIÓN, DE LA EUTROFIZACIÓN Y DEL OZONO EN LA TROPOSFERA, HECHO EN GOTEMBURGO, SUECIA, EL 30 DE NOVIEMBRE
DE 1999. (Número de expediente 110/000275.)
La señora PRESIDENTA: Protocolo al Convenio de 1979 sobre contaminación atmosférica transfronteriza a larga distancia, relativo a la reducción de la acidificación, de la eutrofización y del ozono en la troposfera, hecho en Gotemburgo,
Suecia, el 30 de noviembre de 1999.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 258; a favor, 255; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE EL CONTROL DE LOS SISTEMAS ANTIINCRUSTANTES PERJUDICIALES EN LOS BUQUES, HECHO EN LONDRES EL 5 DE OCTUBRE DE 2001.
(Número de expediente 110/000277.)
La señora PRESIDENTA: Convenio internacional sobre el control de los sistemas antiincrustantes perjudiciales en los buques, hecho en Londres el 5 de octubre de 2001.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 259; a favor, 255; en contra, tres; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE CHILE PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, HECHO EN MADRID EL 7 DE JULIO DE 2003. (Número de
expediente 110/000278.)
La señora PRESIDENTA: -Convenio entre el Reino de España y la República de Chile para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Madrid el 7 de julio de
2003.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 254; a favor, 253; en contra, uno.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y cincuenta y cinco minutos de la tarde.