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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 294, de 17/11/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2003 VII Legislatura Núm. 294
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 281
celebrada el lunes, 17 de noviembre de 2003
ORDEN DEL DÍA:
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página 15463)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas: ...
- Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 172-1, de 2 de octubre de 2003. (Corrección de error en BOCG. Serie A, número 172-3, de 20 de octubre de 2003).
(Número de expediente 121/000173.) ... (Página 15463)
Modificación del orden del día ... (Página 15498)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas (continuación): ...
- Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 172-1, de 2 de octubre de 2003. (Corrección de error en BOCG. Serie A, número 172-3, de 20 de octubre de 2003).
(Número de expediente 121/000173.) ... (Página 15498)
SUMARIO
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página 15463)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página 15463)
Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 ...
(Página 15463)
Títulos I y II ... (Página 15463)
El señor Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto, da por defendidas las enmiendas del señor Rodríguez Sánchez, del Bloque Nacionalista Galego.
El señor Fernández Marugán defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista a unos Presupuestos que califica de continuistas, rutinarios y carentes de novedades. Desde el Gobierno se les dice siempre por estas fechas que España
crecerá mucho y lo hará con poca inflación, pero al finalizar el ejercicio el cantar es otro. Dado que el Grupo Parlamentario Socialista cree que el año 2004 el crecimiento estará por debajo del 3 por ciento, piensan que existe otra política desde
el mayor realismo en la previsión económica y en el funcionamiento de las cuentas públicas, ya que es precisamente la Seguridad Social la que equilibra las cuentas de las administraciones públicas, con lo que el esfuerzo de estabilidad corre a cargo
de los trabajadores empleados, cuando resulta que en nuestra sociedad existen problemas de empleo y existen bajas prestaciones.
En turno en contra de las enmiendas interviene el señor De Juan i Casadevall, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Título III ... (Página 15466)
El señor Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto, da por defendidas las enmiendas de sus compañeros de Grupo señora Lasagabaster Olazábal y señor Rodríguez Sánchez.
El señor Núñez Castain, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las 13 enmiendas presentadas a este título, repetitivas de las del año anterior, lo que es una muestra de que los problemas no se solucionan. A través de sus enmiendas pretende
que la subida de los funcionarios públicos se fije alrededor del 2,8 por ciento para que no pierdan poder adquisitivo. Pide también que la oferta de empleo público sea más flexible, ajustándose a las necesidades de la Administración.
El señor Ruiz López defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, encaminadas a evitar la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos, con el establecimiento de una cláusula automática y consolidable que evite
esa pérdida de capacidad adquisitiva.
El señor López de Lerma i López, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), defiende las 8 enmiendas que mantienen a este título. Las tres primeras tratan de compensar, aunque sea de manera parcial, las pérdidas sufridas por los
trabajadores del sector público en los últimos años, incrementando las retribuciones del 2 por ciento propuesto por el Gobierno hasta el 2,5. Termina aludiendo al contenido de las cinco enmiendas restantes.
El señor Martínez Sanjuán defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Comienza mencionando algunos rasgos preocupantes referentes a la Administración General del Estado como la desmotivación de los empleados públicos, mala
retribución, envejecimiento, altas cifras de temporalidad e interinidad y de ahí la importancia de este título por lo que puede suponer de continuidad o cambio de rumbo de la política del Gobierno. Se refiere también a la permanente pérdida de
poder adquisitivo de los empleados públicos mientras que mayores son las retribuciones de los altos cargos públicos.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Albendea Pabón, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Replica el señor Martínez Zanjan, duplicando el señor Albendea Pabón.
Títulos IV, VII y sección 07 ( Clases pasivas.) ... (Página 15474)
El señor Núñez Castain, del Grupo Parlamentario Mixto, da por defendidas sus enmiendas referidas al incremento de las pensiones.
El señor Labordeta Subías da por defendidas las enmiendas del señor Rodríguez Sánchez, ambos diputados del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor Ruiz López, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, defiende sus enmiendas reiterando una vez más la necesidad de equiparación de las pensiones mínimas, especialmente en el ámbito de la viudedad y la orfandad, al nivel
del salario mínimo interprofesional, y propone, en relación con las pensiones públicas, eliminar el criterio de no revalorización de las mismas, por entender que éstas deben revalorizarse en todos los casos al menos el IPC.
El señor López de Lerma i López, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), defiende las tres enmiendas que mantienen al título IV, por entender que por razones de justicia social procede incrementar hasta un 4 por ciento las
pensiones no contributivas y en el mismo porcentaje las pensiones mínimas contributivas del sistema de la Seguridad Social.
La señora López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista, después de referirse a la intervención anterior del señor Albendea Pabón en lo referente a la quiebra de la Seguridad Social, pasa a defender las enmiendas presentadas por su
grupo a los títulos IV, VII y sección 07, clases pasivas. Plantea incrementar en un 2,8 por ciento todas las pensiones, contributivas y no contributivas, y un 10 por ciento de incremento para las pensiones del SOVI, y propone actualizar los
baremos, para cuantificar las rentas mínimas de las personas, y una aportación por parte de los Presupuestos Generales del Estado, procedente de la fiscalidad general, a los complementos a mínimos. Finalmente da por defendidas las enmiendas 1254,
1256, 1263, 1264, y 1266 a 1271.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Título V y sección 06 (Deuda pública.) ... (Página 15479)
El señor Frutos Gras defiende las dos enmiendas que el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida mantiene al título V, pidiendo que se sustituya la referencia que se hace a la cifra de 672 millones de euros por la de 290 millones, para
adecuar la partida presupuestaria al gasto real. Solicitan asimismo la incorporación de un artículo 56 bis, destinado a la creación de un fondo de 300 millones de euros para reducir la deuda que mantienen con nuestro país los Estados más
desfavorecidos económicamente.
El señor Fernández Marugán defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. A veces piensa que esta sección y este título deberían desaparecer de la Ley de Presupuestos. Considera poco comprensible que se conceda autorización al
Ministerio de Economía para emitir deuda pública cuando llevan varios años diciendo que existe equilibrio presupuestario.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor De Juan i Casadevall, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Replica el señor Fernández Marugán, duplicando el señor De Juan i Casadevall.
Título VI ... (Página 15483)
El señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la enmienda de su grupo que pretende suprimir el párrafo tercero del artículo 62.1, por entender que el redondeo al alza de determinadas tasas supone un incremento de la
presión fiscal por la vía de los impuestos indirectos.
El señor Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto, da por defendidas las enmiendas de los señores Saura Laporta y Puigcercós i Boixassa, también del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor Frutos Gras defiende, en nombre de Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, dos enmiendas de adición en el título VI, una en el capítulo 1, sección 3, relativa a los impuestos locales, en la que proponen la actualización del
cuadro de tarifas reguladas por la Ley 39/1988, y otra en el impuesto sobre actividades económicas, para actualizar las tarifas de dicho tributo a fin de evitar su obsolescencia en términos monetarios.
El señor López de Lerma i López da por defendidas, en sus propios términos, las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
El señor Fernández Marugán, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, acusa a las autoridades del Ministerio de Hacienda de ocultar información en relación con una encuesta sobre el sistema fiscal y se refiere a la intención del señor
Gallardón, alcalde de Madrid, de subir los impuestos y al diagnóstico sobre la realidad tributaria española realizado por los más cualificados funcionarios de la administración tributaria, que dicen que no les parece que en este momento se estén
cumpliendo adecuadamente las funciones de lucha contra el fraude, sin hacer mención de las enmiendas que su grupo tiene presentadas a este título VI.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Blancas Llamas, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Títulos VII y secciones 32 (Entes territoriales) y 33 (Fondo de Compensación Interterritorial.) ... (Página 15488)
El señor Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto, da por defendidas en primer lugar las enmiendas presentadas por lo señores Saura y Puigcercós, y pasa a defender en bloque las diez enmiendas presentadas por su grupo a esté título
VII, así como a la sección 32, destacando la propuesta que pretende incluir a Aragón dentro de los territorios que pueden percibir ayudas del Fondo de Compensación Interterritorial, y la que plantea la necesidad de lograr un convenio a tres bandas
para financiar la puesta en marcha de un servicio ferroviario de cercanías para Zaragoza y su entorno.
El señor Núñez Castain, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas andalucistas que afectan a tres cuestiones: una primera a la llamada deuda histórica; una segunda, a la dotación del Fondo de Compensación Interterritorial, y
una tercera, a las obras de metro.
El señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las cuatro enmiendas que el Bloque Nacionalista Galego presenta al título VII.
El señor Mardones Sevilla, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, defiende las cinco enmiendas que su grupo mantiene a esta sección 32 y que afectan a aspectos de apoyo y fomento en el transporte colectivo de cinco cabildos
insulares.
El señor Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, muestra su total acuerdo con las intervenciones de los señores Labordeta y Núñez en relación con el Fondo de Compensación Interterritorial, y defiende sus enmiendas
referidas, un primer bloque, en contra de la deuda histórica; un segundo bloque que plantea la compensación a los ayuntamientos españoles de la generosidad del Gobierno para con las autopistas de peaje, y por último las referidas al Fondo de
Compensación Interterritorial.
El señor López de Lerma i López, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), mantiene dos enmiendas: una, que trata de aplicar las ayudas concedidas por servicios de transporte colectivo urbano a todos los municipios
mayores de 20.000 habitantes, y otra que trata de la disposición transitoria segunda de la Ley reguladora de las haciendas locales, que establece la vigencia de una antigua bonificación del 95 por ciento que gozaban las sociedades concesionarias de
autopistas respecto a la antigua contribución territorial urbana. Asimismo defiende las cinco enmiendas que su grupo mantiene a la sección 32, entes territoriales.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Rodríguez Bolaños defiende las enmiendas que su grupo mantiene en el título VII y en la sección 32, resaltando la falta de suficiencia financiera de las entidades locales.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Martínez-Pujalte López, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Disposiciones adicionales, transitorias y anexos ... (Página 15494)
El señor Labordeta Subías da por defendidas las enmiendas de la señora Lasagabaster Olazábal y de los señores Saura y Puigcercós, todos ellos del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende cuatro enmiendas presentadas a las disposiciones adicionales y transitorias. La primera pretende la supresión de la disposición adicional vigesimocuarta; la segunda y la
tercera son de adición, y la cuarta propone la supresión de la disposición transitoria cuarta.
El señor Mardones Sevilla defiende, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, la enmienda 953, que propone una disposición adicional nueva que persigue una compensación mínima del 33 por ciento del flete marítimo y de las
tarifas portuarias para luchar contra la competencia marroquí.
El señor Rejón Gieb, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, defiende las enmiendas relativas a la tan aplaudida retirada del IAE de la vida municipal y a la dotación de una cantidad, aunque fuera simbólica, a todas
aquellas personas, familiares y viudas de ciudadanos y ciudadanas españoles demócratas que sufrieron desde la muerte al encarcelamiento durante el régimen franquista.
El señor López de Lerma i López, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), mantiene unas cuarenta enmiendas en este trámite, de las que resalta las referidas al incremento de las cuantías de las prestaciones por hijo a cargo en
un porcentaje superior al establecido para el incremento general de los precios para el año 2003, y la enmienda 1875, que permite hacer partícipes a los centros de investigación que determinen las comunidades autónomas de los beneficios derivados de
las actividades y programas prioritarios de mecenazgo. Asimismo se refiere a la propuesta de creación del fondo interterritorial para la integración de los inmigrantes, con una capacidad financiera autónoma y partida presupuestaria propia, a los
efectos de facilitar la ejecución
de una política de integración de los inmigrantes por las comunidades autónomas, y a las enmiendas 1883, referida a las políticas activas de empleo que tienen asumidas las comunidades autónomas, 1886, sobre el mecanismo que producirá la
compensación a las comunidades autónomas en concepto de incremento del gasto que han supuesto para esas administraciones leyes aprobadas por las Cortes Generales, y finalmente la 1891, que trata de una disposición adicional nueva relativa a becas y
ayudas a estudiantes de la Dirección General de Cooperación Territorial de Alta Inspección.
El señor Cuesta Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, se refiere a la enmienda 1293, en relación con los pagos a la Iglesia católica en el año 2004.
En turno en contra interviene el señor Bardisa Jorda, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Modificación del orden del día ... (Página 15498)
La Presidencia, conforme al artículo 68.1 del Reglamento y de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de incluir un nuevo punto relativo al
dictamen de Comisión del proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de Arbitraje, por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, para su debate a continuación del punto 3 del orden del día relativo al dictamen de la Comisión del
proyecto de ley de arbitraje, lo que se acuerda por asentimiento.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas (continuación.) ... (Página 15498)
Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 ...
(Página 15498)
A continuación se procede a las votaciones de las enmiendas defendidas y mantenidas para el Pleno a los títulos y secciones del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 debatidos en la sesión de hoy, así como el
texto del dictamen.
Se suspende la sesión a las nueve y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Punto previo al orden del día: Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución. (Rumores.) Señorías, ruego que ocupen los escaños y que guarden silencio.
Conforme al artículo 20.1.3 del Reglamento, se procede al llamamiento del diputado proclamado electo por la Junta Electoral Central, don Manuel María Escudero Zamora, en sustitución de don José Quintana Viar, para prestar juramento o promesa
de acatar la Constitución.
¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor ESCUDERO ZAMORA: Sí, prometo.
La señora PRESIDENTA: Don Manuel María Escudero Zamora ha adquirido la condición plena de diputado. (Aplausos.)
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2004.
(Número de expediente 121/000173.)
La señora PRESIDENTA: Punto I del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. En primer lugar, dictamen de Comisión del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004.
De acuerdo con la ordenación del debate, procederemos a debatir conjuntamente los títulos I y II. En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Doy por defendidas las enmiendas presentadas por el señor Rodríguez Sánchez, del Bloque Nacionalista Galego.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Las doy por defendidas.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
Titulos I y II
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señora presidenta, señoras y señores diputados, cuando entramos en la recta final del debate presupuestario en el Pleno del Congreso ya hemos adquirido una visión bastante precisa de cuáles son las
características del mismo. Según el Grupo Parlamentario Socialista, nos encontramos ante unos presupuestos continuistas, rutinarios, carentes de novedades y expresivos de la acción de un Gobierno que lleva bastante tiempo situado al tran tran de
cuanto les ocurre a los ciudadanos españoles. Estos cansinos presupuestos presentan un déficit modesto del 0,47 por ciento, que en moneda común se cifra en 3.683 millones de euros y, a la vista de estas magnitudes, nosotros queremos referirnos a
los mismos en términos de su adecuación coyuntural.
Si el Gobierno de España cree seriamente que el crecimiento económico será del 3 por ciento en el año 2004, estos presupuestos reinciden en la política económica expansiva que ha venido llevando a
cabo a lo largo de los últimos 4 años. Hemos venido discutiendo la pertinencia de la misma, señalando aquellas disfunciones que se ocasionan desde el punto de vista de la estabilidad macroeconómica y de la competitividad de los bienes y servicios
producidos en España.
Señorías, desde el Gobierno siempre se nos dice lo mismo por estas fechas: que España crecerá mucho y que lo hará con poca inflación. Pero al finalizar cada ejercicio, otro es el cantar. Vemos que el crecimiento se ha reducido y que los
precios se han desviado. Así son los datos, la reducción del crecimiento sobre la previsión inicial fue de 8 décimas en 2001, de 9 décimas en 2002 y dicen que va a ser de 7 décimas en 2003, pero la desviación del deflactor de los precios del
producto interior bruto fue mayor y de distinto signo, al haberse preocupado el Gobierno de la marcha de la inflación. El error aquí es al alza, en el año 2001 alcanzó la magnitud de 1,9 puntos, en el año 2002 de 1,5 y en el año 2003 dicen ustedes
que será también de 1,5 puntos. Por lo tanto, nos encontramos con unos presupuestos que son monótonos, que siempre establecen la misma previsión inicial del PIB monetario -el 5,9-, que luego se liquida en el 6,7 y que incorpora una desviación del
crecimiento de 0,8 décimas a través de la cual ustedes consiguen altos ingresos recaudatorios. Nos encontramos, pues, ante un Gobierno que presume de hacer una política ortodoxa, que va por el mundo diciendo que tiene hechos los deberes, que trata
de dar lecciones a la vez que optimiza una de las más viejas recetas que ha habido jamás en política económica: la de envilecer el poder de compra de los ciudadanos a través de continuos deslizamientos de los precios, deslizamientos que son
destacados sobre todo si se comparan con los inicialmente previstos.
Desde el Gobierno se hacen permanentes proclamas acerca de la bondad de la estabilidad y de la disciplina pero, al margen de ellas, en la práctica se deja llevar por aquella frase conocida de San Agustín, el obispo de Hipona, que decía:
Señor, dadme la castidad, pero todavía no. Sus apelaciones a la estabilidad son continuas; ahora bien, el vivir de la inflación es permanente. La razón de esta política es bien conocida: los ingresos públicos dependen del PIB nominal y el PIB
nominal tiene que ver algo con la marcha de los precios. Y los precios son los que justifican en España más del 60 por ciento, el 63 por ciento del crecimiento, y por lo tanto menos del 40 por ciento, en concreto el 37 por ciento, es debido al
acrecentamiento de bienes y servicios. Hay otra manera de entender la situación económica: nosotros creemos que en el año 2004 el crecimiento estará por debajo del 3 por ciento y que estará además por debajo del producto potencial. Desde este
enfoque sí tiene sentido que los presupuestos incorporen un pequeño déficit presupuestario para que ayude al discurrir de los estabilizadores a lo largo del ciclo y para que posibilite la aproximación al crecimiento. Cabe, por lo tanto, otra
política distinta desde el mayor realismo en la previsión económica, desde un tono diferente en la política económica y en el funcionamiento de las cuentas públicas. Cabe la posibilidad de actuar tratando de cerrar la brecha estructural, eso que en
la jerga de los economistas se denomina el output gap, actuando para que el PIB real se aproxime al PIB potencial a lo largo del año 2004.
Además de los problemas de adecuación coyuntural, a nosotros nos preocupa la composición del déficit de la Administración central. En el año 2004 los presupuestos vienen con un déficit próximo a 6.900 millones de euros en el agente Estado y
a un superávit, por el contrario, que se estima que tendría que ser del orden de 3.500 millones de euros en la Seguridad Social. Visto con perspectiva, este es un modelo que viene funcionando a lo largo de los últimos años. La tendencia del
déficit en el agente Estado no se ha estabilizado, sino todo lo contrario. El déficit viene aumentando a pesar del auge económico experimentado en la sociedad española a lo largo de los últimos años, y eso es, sin lugar a dudas, el resultado de su
errónea política fiscal. En la Seguridad Social ocurre lo contrario: el superávit ha ido elevándose a lo largo de los últimos años y ustedes tratan de disimular esta cuestión porque fijan inicialmente el superávit en el 0,4 por ciento en términos
de PIB, para admitir poco después que el excedente existente al finalizar el ejercicio se elevará al 0,8, como va a ocurrir en el próximo año. Dejando a un lado este movimiento bietápico, hay razones para pensar que en el próximo ejercicio el
excedente de la Seguridad Social superará los 7.000 millones de euros.
Por lo tanto, la Seguridad Social equilibra las cuentas de las administraciones públicas. Dicho llanamente: son las cotizaciones sociales las que vienen dando de sí para pagar
sus propias facturas, las del gasto contributivo, y también para pagar una parte de la factura de los otros, las del gasto social, que debería corresponder al Estado.
Convendría no ignorar que en una sociedad como la española, que tiene las desigualdades que tiene en materia de distribución personal de la renta y de la riqueza, ustedes están imponiendo un modelo social en el que el esfuerzo de estabilidad
corre a cargo de los trabajadores, quienes han visto que la presión fiscal de sus cotizaciones se ha intensificado, sin que se haya producido la elevación de la correspondiente acción protectora como consecuencia de que el gasto en pensiones ha ido
cayendo respecto del PIB. Entre los años 1996 y 2002, la presión contributiva de las cotizaciones se ha elevado en 0,5 puntos en términos de PIB; el gasto en pensiones, incluido el fondo de reserva, se ha reducido en 0,5 puntos en términos de PIB.
Señora presidenta, estas cuestiones pueden contemplarse desde dos perspectivas. Una perspectiva está relacionada con la competitividad, puesto que los costes de la mano de obra están influidos por la fiscalidad y España es una de las
naciones de la Unión Europea donde los salarios han visto cómo la fiscalidad que los grava se ha ido elevando en los últimos años como consecuencia de que el tipo de las cotizaciones se ha situado deliberadamente por encima del tipo de equilibrio.
También se puede contemplar desde una perspectiva social, ya que en nuestra sociedad existen problemas de empleo y bajas prestaciones. El 73 por ciento de los pensionistas españoles reciben pensiones inferiores a 650 euros mensuales.
Contempladas conjuntamente estas cuestiones, debería pensarse sobre el orden de prioridades. Es muy discutible que para el sistema productivo español y para el interés general de los españoles estén justificadas las reducciones continuas
del IRPF, mientras que las cotizaciones sociales de la Seguridad Social permanecen inamovibles. Señorías -con esto termino-, el crecimiento no se ha traducido en España durante la época del Gobierno de Aznar en mayores cotas de igualdad. Los
pensionistas han visto que el gasto en pensiones reducía su participación en la riqueza nacional. Los ciudadanos en su conjunto han podido ver que no disponen de mayores servicios públicos en educación, en sanidad, en justicia, en seguridad
ciudadana, en servicios sociales o en bienes culturales; servicios públicos que hubieran podido contribuir a su prosperidad material. Por eso este periodo de Gobierno hegemónico de la derecha política se ha traducido en dos hechos: en la búsqueda
por parte del Partido Popular del empobrecimiento de la vida política española -empobrecimiento y algo más- y en la apropiación por parte de esos grupos reducidos para los que ustedes trabajan de amplias porciones de la riqueza material que entre
todos hemos creado.
Señora presidenta, señoras y señores diputados, sobre estas cuestiones fijaremos nuestras posiciones de manera profusa a lo largo de los próximos días.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Fernández Marugán.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
¿Grupos que no han sido enmendantes? (Pausa.)
¿Turno en contra de las enmiendas? (Pausa.)
Señor De Juan.
El señor DE JUAN I CASADEVALL: Muchas gracias, señora presidenta.
Iniciamos el debate de los títulos I y II del proyecto de ley de presupuestos, que se refiere a la aprobación del estado de ingresos y del estado de gastos, en el que se puede ver claramente la foto del presupuesto, como me gusta decir a mí,
la expresión cifrada del programa de Gobierno que hoy trae a esta Cámara como proyecto de ley de presupuestos. Si revelamos la foto de ese presupuesto veremos exactamente cuál es el grado de compromiso del Gobierno con la sociedad, con una
determinada política, cuál es el pacto de esta sociedad en un programa de Gobierno, en un programa político, para que este país, para que España, siga avanzando en la senda de progreso real y de solidaridad. De esa foto, del estado de gastos, se
desprende básicamente que es un presupuesto social y no reconocer esto es no revelar bien esa foto que es el presupuesto, no manejar bien el obturador, o tener un problema de obturación intelectual a la hora de abordar las partidas que constituyen
el estado de ingresos y de gastos.
Respecto a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 probablemente se podrá decir lo que se quiera, pero desde luego no se puede decir que no son unos presupuestos sociales. El Gobierno de la nación cree en el Estado del
bienestar, al igual que el Partido Popular.
Por ello precisamente las políticas de cohesión social engullen casi la mitad de los recursos presupuestarios que constituyen ese Presupuesto General del Estado: uno de cada dos euros se destina a gasto
social. El grueso del estado de gastos va a seguridad, protección social, promoción social, sanidad, educación, vivienda y urbanismo, cultura y a otros servicios comunitarios y sociales, según el precitado estado de gastos.
¿A qué se destina
concretamente ese gasto social? Pues básicamente a mantener los actuales niveles de cobertura, a ampliar los colectivos beneficiarios y a aumentar las prestaciones recibidas. El presupuesto social aumenta un 7 por ciento respecto al ejercicio
anterior; se aumenta en 3.000 millones de euros la dotación del fondo de reserva de la Seguridad Social hasta llegar a un importe de 12.000 millones de euros; se mantiene el poder adquisitivo de las pensiones; se avanza en el proceso de
convergencia entre los regímenes especiales y el régimen general de la Seguridad Social, al tiempo que se amplían los niveles de protección de aquellos; se incentiva el empleo de los beneficiarios de la prestación de desempleo; se mejoran las
condiciones para conciliar la vida laboral y la vida familiar, y se desarrollan las correspondientes políticas solidarias de integración social. Al mismo tiempo, se
aumenta el gasto sanitario y como consecuencia de un Gobierno que cree en la igualdad de oportunidades en el gasto educativo, se aumenta la dotación para las becas.
En segundo lugar, este presupuesto invierte en el futuro. Si la primera prioridad es el gasto social, la segunda es la inversión pública porque la dotación de capital público es fundamental para el crecimiento a medio y largo plazo de
nuestra economía, para avanzar en la productividad y en la competitividad de nuestra economía, y sin duda para impulsar el crecimiento y la creación de empleo, que sigue siendo el objetivo fundamental de los Presupuestos Generales del Estado. Hay
una fuerte dotación presupuestaria en el estado de gastos para infraestructuras que se complementa con una consignación presupuestaria del GIF, de AENA y de otros entes públicos, y que en su conjunto determina que el incremento de dotaciones para
infraestructuras se halle en el 10 por ciento respecto al ejercicio anterior. Eso sólo puede hacerlo un Gobierno que cree en este país y que cree en su futuro; que cree en las políticas de equilibrio presupuestario que permiten mantener una senda
de estabilidad macroeconómica y orientar el presupuesto hacia aquellas políticas que de verdad inciden en el crecimiento. La batalla por la competitividad, por la cualificación del producto, por el valor añadido, es decir, la batalla por la
dotación tecnológica en un escenario de integración monetaria en el que ya no es posible recurrir a devaluaciones competitivas para arañar cuota de mercado a nuestros competidores, está presente también en el estado de gasto de los presupuestos. El
fomento de la I+D+I, cuyas partidas se incrementan un 7 por ciento, conjuntamente con una política tributaria de estímulo fiscal, también son una apuesta para el futuro de este país y para la competitividad de nuestra economía.
En tercer lugar, éste es un presupuesto que potencia los servicios públicos esenciales, los típicos de un Estado de derecho. Me refiero a prioridades del Gobierno como son la libertad y la seguridad, ambas indisociablemente vinculadas
porque no existe una relación dialéctica entre la libertad y la seguridad y, en ese sentido, no se pueden oponer ambos conceptos. La seguridad es un presupuesto de la libertad y la libertad un presupuesto de la seguridad, y en ese sentido se
aumentan las dotaciones presupuestarias de los ministerios de Interior y de Justicia en un 6 y un 7,5 por ciento, respectivamente.
En cuarto lugar, éste es un presupuesto que refleja el elevado grado de descentralización política alcanzada en el Estado autonómico. Frente a aquellos planes unilaterales que pretenden quebrar nuestro orden constitucional de convivencia
democrática, el presupuesto refleja su compromiso con la descentralización del gasto público, con unos niveles desconocidos, incluso, en el derecho comparado. Basta con analizar nuestro nivel de descentralización del gasto público respecto a otros
niveles de descentralización de gasto público de otros Estados descentralizados. En España, el gasto que se asigna a las comunidades autónomas representa un 33 por ciento del gasto público; en Estados tan descentralizados como Estados Unidos
representa tan sólo un 29 por ciento.
Finalmente, señorías, éste es un presupuesto cuyo estado de ingresos refleja el compromiso del Gobierno con la reducción de impuestos. Desde 1996, el Partido Popular se ha esforzado en reducir la fiscalidad de las pequeñas y medianas
empresas, en reducir o suprimir aquellos impuestos injustos, como el impuesto sobre actividades económicas, o en reducir y contener la carga fiscal que representaba el IRPF para asalariados, pensionistas y familias en más de un 25 por ciento
respecto a lo que era la carga tributaria originaria. El efecto acumulado de la reforma fiscal de los años 1998 y 2002 supone efectivamente que los españoles se ahorren uno de cada cuatro euros que otrora destinaban al erario público, y ésa sin
duda es una política muy importante, que genera aumento de renta disponible, que anima el consumo, la inversión y que genera importantes flujos de ahorro para las familias.
Estos son unos presupuestos, señorías -y concluyo ya, señora presidenta-, que proyectan nuestro país hacia el futuro, impulsan el crecimiento y la creación de empleo, contribuyen a diseñar un nuevo escenario de un país plenamente integrado
en Europa, moderno, competitivo, adalid de grandes transformaciones políticas y económicas. Es el presupuesto, señorías, del reformismo centrista y liberal del Partido Popular y el presupuesto, entendemos, que tendrá que aplicar el primer Gobierno
de Mariano Rajoy.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor De Juan.
Iniciamos el debate del título III. En primer lugar, para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Doy por defendidas las enmiendas de la señora Lasagabaster y del señor Rodríguez Sánchez.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Muchas gracias, señora presidenta.
A este título hemos presentado 13 enmiendas, lamentablemente coincidentes.
Yo creo que la mejor prueba de que los presupuestos son inerciales y rígidos es que es muy fácil hacer enmiendas, tristemente son repetidas del año anterior, es
decir, no hay que hacer demasiado esfuerzo porque parece que las cosas no se
Título III
solucionan. Este título se refiere a una cuestión que llevamos ya muchos años discutiendo, que es si los Presupuestos Generales del Estado no deben contener la garantía de que los funcionarios, el personal laboral de la Administración -las
pensiones ya la tienen-, no pierdan valor adquisitivo. No me parece que tengan credibilidad los presupuestos del Gobierno; en esto también hay tradición, ya que los tres presupuestos anteriores nunca se han cumplido las previsiones respecto a la
inflación.
Por tanto, nosotros proponemos que la subida se fije alrededor del 2,8, pero yo vuelvo a insistir lo mismo que el año pasado y el anterior en que no se trataría tanto de un debate de quién lleva la razón, de cuánto va a ser la inflación
el año que viene, sino de un artículo simple que diga que se ponga una paga luego, a partir de la previsión, que compense de la pérdida posible que haya con respecto a las previsiones.
La segunda cuestión que se aborda en este título es la oferta de empleo público, que desde nuestro punto de vista debería ser más flexible de lo que es y ajustarse a las necesidades reales de la Administración, en vez de esa rigidez de no
incrementar la oferta pública de empleo, más que la que se produce por baja.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Ruiz tiene la palabra.
El señor RUIZ LÓPEZ: Gracias, señor presidenta.
Señorías, en esta materia que abordamos en este título III de los Presupuestos Generales del Estado para nuestro grupo resulta relevante mantener una política que impida la pérdida de capacidad adquisitiva de las remuneraciones de los
empleados públicos. Pretendemos con nuestras enmiendas acercar la subida salarial a la inflación real del ejercicio en curso porque el presupuesto recoge para 2004 una subida salarial inferior a la inflación, que ya este año estamos sufriendo. Por
tanto, esta propuesta no resarce a los empleados públicos de la desviación que en el presente ejercicio se está produciendo, ya que la inflación real está cerca de un 1 por ciento más a final de este año. Este hecho se ve agravado con la realidad
vivida por los empleados públicos desde que gobierna el Partido Popular, desde 1997 a 2002. Sus previsiones de inflación han sido erróneas todos los años al alza, por lo que los trabajadores de la Administración pública han perdido poder
adquisitivo.
La necesidad de un marco estable para evitar esta pérdida implicaría establecer una cláusula automática y consolidable para evitar la pérdida de capacidad adquisitiva de los trabajadores de las administraciones públicas que se añade a
la pérdida de casi el 9 por ciento ya acumulada desde 1997 a 2003.
En lo que se refiere a la reposición estos presupuestos no son ni tranquilizadores ni una buena traducción de los acuerdos que el pasado año se alcanzaron con los sindicatos. Deben tenerse en cuenta todos los años en los que la oferta
pública de empleo ha tenido la tasa de sustitución congelada o limitada al 25 por ciento de las vacantes generadas en el proceso de privatización de servicios encubiertos a los que hemos asistido con la política de disminución de empleo público, a
pesar de las posibilidades que daban las distintas leyes de presupuestos.
A pesar del abuso que el Gobierno ha hecho de la limitación de la tasa de reposición, este se ha demostrado como un instrumento ineficaz o válido para la racionalización de
los recursos humanos en las administraciones, por lo que no entendemos por qué no se usa la planificación efectiva de recursos necesarios, instrumento que ya se planteó en 1993 en el debate de la modificación de la Ley 30/84 de medidas para la
reforma de la Función Pública. A esta cuestión debe añadirse que sin acuerdo sindical la Ley de acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado de 2003 incluyó en el cómputo de los puestos susceptibles de cobertura los desempeñados por
personal interino al tiempo que eliminó las excepciones que recogía en ejercicios anteriores. Con estas medidas se producía una congelación real de las plantillas de las distintas administraciones sin posibilidad de adecuación a las necesidades y
demandas ciudadanas.
Para 2004 el Gobierno propone algunas mejoras al excluir a las policías locales de la imposibilidad de crecimiento de sus efectivos fijos. Al mismo tiempo se abre la posibilidad de ampliación de efectivos en las administraciones, siempre
que la misma se realice mediante personal interino. Con ello y sin la posibilidad de creación de nuevo empleo fijo, al menos en los servicios de extinción de incendios, atención al público, servicios sociales o en los municipios de menos de 50.000
habitantes, excepciones que regían en 2002, el empleo público mantendrá su aportación negativa de los últimos años a la temporalidad en el conjunto del mercado de trabajo español, todo ello en el contexto de utilización intensiva y sin garantías de
los contratos de inserción y otras modalidades de contratación precaria. La disminución de efectivos en los servicios básicos de la Administración está obligando a las administraciones a dos grandes defectos que queremos evitar: realizar ingentes
gastos de contratación de servicios externos a través de empresas privadas y, de otra parte, la contratación de personal temporal para trabajos de carácter fijo, que llega a unas tasas superiores al 20 por ciento del empleo total del conjunto de las
administraciones, generando una externalización de funciones y servicios propios de la Administración que supone un despilfarro económico y una ineficacia administrativa.
Además, a pesar de los acuerdos de noviembre de 2002 Gobierno-sindicatos, que suponía que los Presupuestos Generales del Estado para 2003 hablaban en un artículo similar del compromiso de que el número de plazas de nuevo ingreso llegaría al
cien por cien de la tasa de reposición, la realidad ha sido que al día de
hoy las plazas sacadas en la oferta de empleo público han sido similares a las de años anteriores, por lo que se ha continuado por el camino de la disminución de empleo público. Se trata de añadir transparencia e información para controlar
estas decisiones del Gobierno que usan la temporalidad y la contratación de servicios. El Gobierno ha incrementado año tras año la externalización de trabajos que deberían realizar los empleados públicos, lo que está produciendo el vaciamiento del
contenido del trabajo de muchos trabajadores de la Administración perfectamente cualificados para realizarlos, lo que añade ineficacia en la gestión de los recursos del Estado. Debería evitarse, por último, que las retribuciones con cargo a la
productividad sean el camino para subir significativamente las retribuciones del personal que es adepto al jefe del departamento, al margen de la eficacia o capacidad y preparación, y distribuidas de forma arbitraria sin la participación sindical y
negociación colectiva para que llegue a todos los que participan en el esfuerzo común.
A estos planteamientos que hemos hecho van dirigidas las enmiendas que planteamos en este título III.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor López de Lerma.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, a este título III, como ustedes conocen muy bien, nuestro grupo parlamentario ha mantenido ocho enmiendas para este trámite ante el Pleno. Tres de ellas, las numeradas 1855, 1856 y 1859, tratan de compensar, aunque sea de manera
parcial, el esfuerzo en pro de la contención del gasto público realizado por los trabajadores al servicio del sector público a lo largo de los últimos años, y proponen incrementar la retribución del 2 por ciento que propone el Gobierno al 2,5 por
ciento. Desde siempre el establecimiento de topes a los incrementos retributivos se ha fundamentado en los gastos del personal, que constituye uno de los elementos más importantes del gasto público. Por tanto, su limitación para todo el sector es
un importante instrumento de política económica, como ha puesto de manifiesto aquí de manera reiterada el ministro de Hacienda, y es una materia que además está incluida dentro de la planificación general de la actividad económica del Estado de
acuerdo con nuestra Constitución. Sin embargo, sin perjuicio de lo que acabo de decir y, por tanto, de cuanta incidencia tiene en el marco presupuestario y en su ámbito macroeconómico concretamente, la fijación del tope de un 2 por ciento se ha
demostrado que resulta del todo insuficiente. Son varios los ejercicios que vamos arrastrando un incremento, cuando lo ha habido -a veces ni tan siquiera se ha producido-, inferior a la inflación, con lo cual el personal al servicio del sector
público ha ido viendo cómo se iba mermando su capacidad adquisitiva. Nuestra propuesta es muy modesta, incrementar sólo un 0,5 por ciento de lo que está previsto en el presupuesto, y trata de resituar en unas coordenadas posibilistas esa realidad.
Las enmiendas 1857 y 1862 tratan de modificar el proyecto presupuestario al considerar que el artículo correspondiente, el artículo 19, debería prever hasta un 0,5 por ciento adicional de la financiación para aportaciones a planes de
pensiones y empleo, contratos de seguros colectivos, que puedan incluir entre otras cosas la cobertura de la contingencia de jubilación para el personal incluido en esos ámbitos.
Nuestro Grupo Parlamentario considera conveniente que este artículo
esté referido únicamente a la Administración general del Estado para dar así cumplimiento al acuerdo entre la Administración del Estado y los sindicatos. Entendemos que la extensión de este acuerdo a la totalidad de las administraciones públicas lo
que hace es exceder las competencias que otorga el Estado (artículo 149.1, regla 13.ª de la Constitución), vaciando de contenido tanto las comunidades autónomas en sus potestades como también a las administraciones locales.
La enmienda 1858 trata de suprimir los párrafos segundo, tercero y cuarto del apartado tres del artículo 19 del texto que estamos debatiendo, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional. Tiene dicho el Tribunal Constitucional en
sentencias más que conocidas, y a menudo reiteradas en este hemiciclo, que las leyes de presupuestos deben regular materias exclusivamente referidas a la previsión de ingresos y habilitación de gastos; es decir, en un momento dado el Tribunal
Constitucional nos dice que debemos separar lo que entendemos como proyecto presupuestario, lo que es, y lo que venimos denominando como ley de acompañamiento. En cambio aquí se altera esa doctrina del Tribunal Constitucional; en consecuencia,
nuestro grupo parlamentario entiende que la regulación referida de planes de pensiones, fijación de la obligatoriedad, forma de cálculo, etcétera no debería ir en este proyecto, sino, si acaso, en el llamado proyecto de ley de acompañamiento.
La enmienda 1860 trata sobre la convocatoria de plazas para el ingreso de nuevo personal del sector público. Las competencias del Estado para la fijación de las bases y la coordinación de la planificación general de la actividad económica,
es decir, los artículo 149.1, regla 13.ª y 156. 1 de la Constitución, no pueden hacer una habilitación al Estado hasta el extremo de fijar los límites cuantitativos al número de efectivos que puedan ser objeto de oferta de empleo público; no
pueden alcanzar tanto a la Administración central como a la Administración autonómica, como a las administraciones locales. De ahí nuestra prevención y nuestra enmienda al respecto.
Por último, la enmienda 1861, señora presidenta, trata precisamente de recoger una excepción a la tasa de reposición de efectivos de la policía local según la Ley de bases de Régimen Local y según la autonomía municipal, extensible también a
las diputaciones como corporaciones de gobierno de las provincias.
Nada más, señora presidenta. Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López de Lerma.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, voy a defender y fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista sobre el presente título y sobre las enmiendas que hemos presentado concretamente a este título III de la ley de presupuestos, que se refiere a los gastos de
personal, aunque la verdad es que se debiera de llamar de la política de personal, porque no sólo marca los criterios retributivos de los empleados públicos, sino que ordena la evolución de las plantillas, e incluso marca algunos de los derechos de
los empleados públicos. Así que este título en esta medida es muy importante no sólo para los empleados públicos sino para las administraciones, que es más que los empleados públicos, y sobre todo para los ciudadanos, que en definitiva somos los
destinatarios de las políticas que llevan o no a la práctica las administraciones públicas, y en este caso, hablando de los Presupuestos Generales del Estado, la Administración general del Estado; una Administración que gracias a una mala política
del Gobierno conservador presenta, según todas las aproximaciones teóricas y prácticas que se hagan, y las haga quien las haga, algunos rasgos preocupantes en temas como desmotivación de los empleados públicos, mala retribución, peor enjuiciamiento
por parte de la sociedad, a pesar de los spots publicitarios del ministerio (de los que ya hablaremos a lo largo de este debate); una Administración envejecida, con altas cifras de temporalidad y de interinidad que, eso sí, hábilmente el Gobierno
central ha trasladado a las respectivas comunidades autónomas y administraciones territoriales. De ahí la importancia de este título en los presupuestos, por lo que puede suponer o no de cambio en el rumbo de una política equivocada en materia de
personal de las administraciones públicas a lo largo de estos años.
La política de gasto en materia de los empleados públicos afecta a 17 de cada 100 euros de los presupuestos del Estado, y debiera ser realmente el aceite lubricante que ayudase a funcionar eficazmente a la Administración pública. Sin
embargo, el Gobierno lo utiliza como guía y escaparate de políticas retributivas frente a los demás sectores de la actividad económica al marcar y definir objetivos de inflación y retribuciones con incrementos similares, afectando a todos los
empleados públicos que carecen de cláusula de revisión salarial, no así los empleados del sector privado, a una permanente y reiterada pérdida de poder adquisitivo.
Este año, al igual que el pasado, el proyecto de presupuestos incorpora, eso sí, los tres logros más importantes que consiguieron los sindicatos en el acuerdo 2003-2004, y que mi grupo lleva años defendiendo -por tanto, en este caso también
lo apoyamos-: aumentos salariales reales, vía pagas extra por encima del 2 por ciento; planes y fondos de pensiones como vía complementaria del incremento salarial, aunque sea diferido para las administraciones generales del Estado; y elevación
de la tasa de reposición a las nuevas ofertas de empleo. Sin embargo, la especial concepción del Gobierno del Partido Popular del modelo de distribución del poder en España y de la alergia que le produce el diálogo, la concertación y el acuerdo con
las restantes administraciones, le hace de nuevo adoptar decisiones con carácter básico sin acuerdo previo en materia de retribuciones y estructura de las mismas que le van a afectar, concretamente en materia del 2 por ciento y de plan de pensiones.
El acuerdo 2003-2004 nos pareció -y ya lo hemos dicho reiteradamente- un avance, y así también lo pensaron los sindicatos, pero es insuficiente, porque todo el diseño y aplicación de aquel acuerdo se ha hecho partiendo de tres realidades
falsas: una, que la inflación al final del ejercicio del 2003 y del 2004 será del 2 por ciento, que nadie cree; dos, que las políticas retributivas de la Administración del Estado son transparentes y que de esta forma, con este acuerdo y con estas
medidas, se acabará la temporalidad en el empleo público. Y no, señores del Grupo Popular, porque ningún año los precios han bajado del 2 por ciento, incluso en este presupuesto y en el cuadro macroeconómico plantean un deflactor del producto
interior bruto en materia de bienes de consumo para las familias del 2,6, superior al 2. Además, la tasa de reposición que plantean este año en los términos firmados en el acuerdo es insuficiente, porque consolida puestos que ya existen en la
Administración y no da lugar a una reposición de efectivos real. Por último, en materia de retribuciones la transparencia y la política retributiva es un auténtico dislate. Lo digo siempre, señor Albendea, porque sé que usted me contestará; se lo
digo todos los años. A mayor opacidad en los Presupuestos Generales del Estado -qué curioso-, mayores retribuciones de los responsables y de los altos cargos públicos.
Se lo decía el otro día en la Comisión a mi compañera Juana Serna, cuando defendíamos una enmienda que abogaba por la transparencia y por la comunicación de las retribuciones de los empleados o, mejor dicho, de los presidentes de las
empresas públicas al Congreso de los Diputados. Y usted le decía: Tiene la oportunidad y la posibilidad de conocer el sueldo. Es absolutamente imposible, y usted lo sabe, que a este Congreso de los Diputados, a este diputado, porque lo he pedido
en varias ocasiones, se nos dé información de las retribuciones y de los emolumentos de los presidentes de empresas públicas o de las retribuciones complementarias, vía gratificaciones o vía productividad, de muchos sectores de la
Administración. Se puede dar globalmente, pero nunca individualizadamente. De tal forma que se está produciendo un auténtico dislate, debido fundamentalmente a la opacidad con la que funcionan las retribuciones en el sector público. Le voy a
poner dos ejemplos. Haciendo base cien las retribuciones de un subdirector general, por ejemplo de Hacienda, con un nivel 30, con un complemento de destino importante y una alta productividad, tenemos que el presidente de la CNMV gana el 246 por
ciento más respecto a ese salario de referencia. El presidente de la CNMV gana más del doble que el ministro del que depende o el que lo ha propuesto. Un secretario de Estado o un subsecretario gana no sólo más que el ministro del que depende,
sino más que el presidente del Gobierno. La falta de transparencia, la falta de conocimiento de estos presupuestos en materia de retribuciones es absolutamente kafkiana, señor Albendea. No le extrañe que cuando hablemos de la política retributiva
digamos que es un caos, oscurantista, carece de criterios objetivos y da pie a favoritismos. Por eso hemos presentado, señor Albendea, señores del Grupo Popular, una serie de enmiendas a las que me referiré brevemente.
Queremos que se dé publicidad a las gratificaciones de los empleados públicos, lo mismo que se hace con las productividades; queremos que se ponga límite a las productividades de altos cargos; y queremos que se dé información respecto a
las retribuciones de los presidentes de las empresas públicas. A través de las enmiendas 1295 y 1296 proponemos, también este año, que después de las continuadas y pertinaces desviaciones, en cuanto a la inflación prevista y la inflación real, que
existan dos disposiciones adicionales nuevas, con el fin de vincular, como lo está pidiendo todo el mundo, las retribuciones de los empleados públicos a la tasa real de inflación que se haya producido al final del año 2004, lo mismo que tienen los
pensionistas españoles. No estamos pidiendo cosas que puedan ser de otro planeta, estamos pidiendo para los empleados públicos lo mismo que se les está concediendo por ley a los pensionistas españoles. Si los precios al final del año son
superiores al 2 por ciento, pedimos que haya una compensación en concepto de desviación de la inflación. Sé que se puede decir que este año de una forma directa en retribuciones básicas, en complementarias a través de las pagas o a través de los
planes y fondos de pensiones, para los empleados públicos pueden subir hasta el 3,2 por ciento, pero todo se ha hecho con un objetivo básico que es el 2 por ciento. De tal forma que, si falla la cláusula y el aspecto inicial que da pie a todo el
montaje de revisión salarial de este año, nos encontraremos con que se ha caído todo el invento y todo el acuerdo o pacto firmado con los sindicatos. Sé que hay veces que se dirá: Esto lo pide el Grupo Socialista porque está en la oposición y no
sabe lo que supone realmente. Señor Albendea, un punto de masa salarial de los empleados públicos de la Administración general del Estado en concepto de desviación, si se llegara a producir una desviación de un punto, supone 110 ó 120 millones de
euros. Eso es sólo la décima parte de los beneficios fiscales que en el impuesto sobre la renta de las personas físicas deja de recaudar la Hacienda pública en concepto de desgravación por planes de pensiones. Dígame si no se puede hacer un
esfuerzo de mantener el poder retributivo de los empleados públicos en debidas condiciones.
La enmienda 1255, al artículo 19, propone cambiar su propuesta de que las retribuciones del personal no suban más del 2 por ciento, sino que lo hagan el 2,5, al igual que los gastos indemnizatorios por residencia a los empleados públicos que
trabajan o están en sitios donde tienen derecho a esa retribución de gasto indemnizatorio. Usted sabe que a sus empleados les van a subir el 2 por ciento en nómina, además de las pagas, y un 0,5, porque así lo pactaron en el acuerdo, en salario
diferido.
Ustedes han decidido que en definitiva suban el 2,5 por ciento las retribuciones de los empleados públicos además de las pagas. Si esto es así, ¿por qué no lo dicen así? ¿Por qué hacen una especie de montaje para que no se diga que a
los empleados públicos se les va a subir de una forma directa el 2,5 por ciento? Para evitar que el resto de las administraciones públicas, señor Albendea, no puedan utilizar el 0,5 en función de los intereses que ellos tengan. Y al final les
dicen a las administraciones públicas: O el 0,5 se aplica en concepto de planes y fondos de pensiones, o no hay subida adicional, no respetando algo tan normal y tan lógico como lo que son las responsabilidades en materia de decisiones sobre
personal. ¿O es que el Gobierno quiere colocar planes y fondos de pensiones al todo el mundo? ¿O es que el Gobierno se ha convertido en un representante, en un agente de los bancos o de las compañías de seguros? ¿O es que el Gobierno no permite
que las comunidades autónomas y las corporaciones locales decidan que si tienen que subir el 0,5 adicional lo suban en concepto de lo que quieran? ¿O es que tiene que ser en lo que ustedes quieren? ¿Es que esa es la voluntad de acuerdo, de
diálogo, de responsabilidad en un espacio compartido y en un espacio como el que tenemos en estos momentos de un conjunto de administraciones públicas con sus responsabilidades? En definitiva, señor Albendea, creo que es, como le han dicho muchos
grupos parlamentarios, hacer una mala interpretación del Estado de las autonomías, de que existen responsabilidades en muchos sitios que no solamente son la Administración del Estado.
Voy terminando, señora presidenta, de tal forma que defenderé muy brevemente la propuesta que hacemos de que en la oferta pública de empleo, que este año la aumenta el Gobierno hasta un nivel de un cien por cien de la tasa de reposición, se
permita, lo mismo que hay excepciones en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
o en Fuerzas Armadas, que el Ministerio de Trabajo pueda aumentar en un periodo de cinco años a un nivel de un 20 por ciento cada año la plantilla de inspectores y subinspectores de trabajo, para abordar y dar respuesta a un problema serio
de la economía española, que es la contratación ilegal y la siniestralidad laboral, temas verdaderamente dramáticos que se producen en el mundo laboral y que el Ministerio de Trabajo con su actual plantilla, con la falta de efectivos, no puede
abordar.
En definitiva, son un conjunto de enmiendas que, junto a las que hemos presentado a la ley de acompañamiento, tratan de dar respuesta distinta a las de este Gobierno y a las necesidades de la Administración española y de sus empleados
públicos. Proponemos salarios dignos, transparentes y ecuánimes; proponemos plantillas ajustadas a las necesidades de los servicios públicos; proponemos diálogo, negociación y acuerdo con los empleados públicos como garantía del mantenimiento de
su poder adquisitivo y no como una estrategia electoral y coyuntural que utiliza el Gobierno en función del tiempo que transita. Señores del Gobierno y del Grupo Popular, los empleados públicos son los garantes de una buena y eficaz administración
prestadora de servicios públicos para la mayor parte de los millones de españoles que no pueden acudir, como parecen orientar las acciones políticas del Gobierno, al mercado privado para dar satisfacción a sus necesidades educativas, sanitarias,
asistenciales o de seguridad.
Muchas gracias, señora presidenta, por su benevolencia. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez Sanjuán.
¿Turno en contra de las enmiendas? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Señor Albendea, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
El señor ALBENDEA PABÓN: Gracias, señora presidenta.
Señor Martínez Sanjuán, no estoy de acuerdo con nada de lo que ha dicho salvo con el comienzo de su intervención. Estoy de acuerdo en que quizá fuera más correcto que el título III se denominara de la política de personal. Se podría haber
llamado así, verdaderamente sería más correcto.
Podía haber presentado su señoría una enmienda y seguramente mi grupo se la hubiera aceptado. En lo demás no puedo estar en mayor desacuerdo porque la Administración no está, como usted dice,
desmotivada, no está mal pagada, ni muchísimo menos.
Varias enmiendas de los distintos grupos de la oposición proponen modificar sensiblemente al alza el porcentaje de incremento de las retribuciones en el ejercicio 2004, y cuando no se tiene la responsabilidad de gobernar, todo el monte es
orégano. Así, un año más el BNG propone nada más y nada menos que una subida de hasta el 5,5 por ciento; el señor Núñez, el 2,8 por ciento, y él mismo ha dicho que es igual que el año pasado, igual que el anterior e igual que el anterior, y el
Partido Socialista, el 2,5 por ciento. Son prácticamente las mismas enmiendas que el año pasado, y la inflación, señorías, no es la misma, ni muchísimo menos. La oposición parte de la falsa premisa de que los empleados públicos pierden poder
adquisitivo con el porcentaje propuesto en el proyecto de ley de presupuestos. Nada más lejos de la realidad. A la hora de fundamentar esa falsa premisa la oposición se olvida de dos aspectos esenciales: las retribuciones no crecen sólo el 2 por
ciento que dice el artículo 19 del proyecto de ley, pues a eso hay que agregarle la nueva estructura de las pagas extraordinarias, en las que el complemento de destino pasa del 20 al 40 por ciento, lo que representa un incremento del 0,70 por ciento
sobre el conjunto de la retribución. Además ha de considerarse la aportación del 0,50 por ciento para financiar planes de pensiones con el concepto de salario diferido. El incremento en conjunto, señor Martínez Sanjuán, es del 3,2 por ciento y no
del 2,5 por ciento, como dice su señoría. Quiero recordar a SS.SS. que la tasa interanual de inflación se encuentra en estos momentos en el 2,9 por ciento, la más baja desde 1999, por tanto, tres décimas por debajo de la subida prevista para este
año en los presupuestos de 2004. Además, a los funcionarios, como al conjunto de los ciudadanos, les va a seguir repercutiendo positivamente la reducción de impuestos, que es una de las características del Gobierno del Partido Popular, y va a
seguir siéndolo, conforme ha prometido el señor Rajoy, cuando la próxima primavera sea presidente del Gobierno. Por tanto, nada de pérdida de poder adquisitivo.
Y en esos cálculos no he considerado los deslizamientos que lógicamente se producen en
todas las escalas y en todos los cuerpos por antigüedad, promociones, etcétera.
Señorías, la política económica del Gobierno del Partido Popular, que tan buenos resultados ha dado y va a seguir dando a la sociedad española, se asienta sin duda en un pilar básico, que es el equilibrio presupuestario.
Si empezamos a
remover los cimientos de ese pilar, se pueden venir abajo tantos logros conseguidos en los siete años y medio de Gobierno del Partido Popular: logro tan evidente como el progreso indiscutible en la convergencia europea; logro tan incontestable
como la creación de más de 4.300.000 empleos; logro tan incontrovertible como la reducción de la tasa de paro a más de la mitad de la existente en 1995, del 23 al 11 por ciento; logro tan palmario como haber alcanzado el récord de afiliación a la
Seguridad Social, con más de 16 millones de personas; logro tan irrefutable como el de haber creado un fondo de reserva de 12.000 millones de euros, dos billones de las antiguas pesetas, con lo que han ganado en solidez las pensiones presentes y
también las futuras; logro tan innegable como que este año el Estado se ahorra 600 millones de euros, 100.000 millones de las antiguas pesetas, en intereses de la deuda pública. Ese ahorro, señorías, es
posible por el prestigio y la confianza de que goza la economía española en los mercados internacionales. Señorías, en 1995 -me parece que lo he explicado varias veces- el diferencial de garantía entre los bonos a diez años de Alemania y
España era de 600 puntos básicos. Hace diez días, en otra intervención parlamentaria, recordé que ya no existía diferencial.
La semana pasada, sin embargo, hemos visto reflejado en los medios de comunicación un dato histórico: el diferencial a
favor de Alemania no es que haya desaparecido sino que en estos momentos es favorable a España.
No ha ocurrido nunca en la historia económica de Europa, señorías.
Pues todos esos logros, señores de la oposición, se los quieren cargar ustedes con propuestas demagógicas. Una oposición responsable tiene que hacer propuestas responsables, y no es responsable atacar los fundamentos económicos de un país.
Yo ya no sé si ustedes son hinchas del déficit cero o adversarios, señores del Partido Socialista; sinceramente, no lo sé, porque tan pronto aparecen como los mayores detractores que como los mayores conversos. Los empleados públicos prefieren sin
duda incrementos razonables de retribuciones y que se siga creando empleo, que siga disminuyendo la tasa de paro y que el pleno empleo pueda pasar de ser una aspiración a una realidad en el próximo quinquenio. Estos logros se podían ir a pique si
desequilibramos el presupuesto, y los españoles lo saben. Por eso no les van a dejar a ustedes que vuelvan a ser responsables del gobierno de España. Eso significaría volver a tasas de paro insoportables, tipos de interés inaccesibles al ciudadano
medio, resquebrajamiento del sistema de pensiones, quiebra de la Seguridad Social, pérdida de la confianza internacional en nuestra economía.
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor ALBENDEA PAVÓN: No podemos debatir sobre el título III del proyecto de ley de presupuestos sin glosar, aunque sea brevemente, el acuerdo Administración-sindicatos que se suscribió el 13 de noviembre del pasado año. Me sorprende
que ahora el Grupo Socialista se quiera apuntar el tanto del acuerdo con los sindicatos. El acuerdo fue entre los sindicatos del sector público y el Ministerio de Administraciones Públicas del Gobierno del Partido Popular, no entre los sindicatos y
el Partido Socialista, porque, entre otras cosas, no hubiera servido para nada porque no gobiernan ustedes. Quiero recordar que dicho acuerdo tuvo refrendo legal por vía de enmiendas en el Senado que fueron ratificadas posteriormente por esta
Cámara. Creo que es de justicia reconocer el sentido de responsabilidad que dieron las centrales sindicales del sector público al suscribir aquel acuerdo. En aquel acuerdo hubo muchas cosas importantes para la mejora y modernización de la
Administración pública y para avanzar en la profesionalización de los empleados públicos.
Quizá uno de los puntos más relevantes del acuerdo fuera el de superar la limitación del 25 por ciento de la tasa de reposición en la oferta pública de empleo establecida en 1995 por el Gobierno socialista y elevarla al cien por cien. Pues
eso se pactó con los sindicatos, cobró estado legal en los presupuestos de 2003 y seguirá vigente la oferta de empleo público a lo largo de 2004. Algunas enmiendas quieren dar a ese cien por cien carácter permanente. No sería prudente, señorías.
Lo lógico es que cuando la mesa de la Función pública vuelva a reunirse para negociar la renovación del vigente acuerdo bianual, se analice, se mida, se pondere si es necesario o no que ese porcentaje de oferta pública se mantenga igual para el
próximo futuro o si ha de alterarse hacia arriba o hacia abajo. ¿Por qué ha de comprometerse un gobierno en una tasa de reposición de efectivos del cien por cien, si a lo mejor con el avance de las nuevas tecnologías no hace falta o hace falta más
porque se están prestando mayores y mejores servicios a la sociedad que hoy no se prestan? Además, en el proyecto de ley se contemplan excepciones a la limitación de la tasa de reposición, y ustedes saben que no es aplicable a las Fuerzas Armadas,
tampoco a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ni a las policías autonómicas, ni al personal de la Administración de justicia, ni en la Administración local a la policía local. Eso es lo prudente, lo razonable: analizar cada año las
necesidades y los medios. Establecer sistemáticamente una reposición total sería una muestra de una Administración manirrota, y quizás a eso es a lo que estaban acostumbrados ustedes, señores del Partido Socialista, cuando gobernaban. Ustedes
están criticando mucho la externalización de algunos trabajos habitualmente realizados por el sector público. Son trabajos rutinarios, muy mecanizados, que si pueden ser prestados por el sector privado a menor coste, ¿por qué no ha de hacerse? La
externalización, naturalmente, incidirá a la baja en la oferta pública de empleo, pero repercutirá al alza en la oferta al sector privado y al final con ese sistema también se contribuirá a alcanzar el pleno empleo, que debe ser el objetivo de
todos.
No puedo dejar pasar por alto el tema de la precariedad en el empleo público. No lo puedo dejar pasar porque el Grupo Socialista, tanto en la Comisión de Administraciones Públicas como en la de Presupuestos, ha hecho un uso torticero del
informe del Defensor del Pueblo titulado La provisionalidad y temporalidad en el empleo público. Además, en la Comisión de Administraciones Públicas trató de dar estado parlamentario a un informe que todavía no había entrado en la Cámara sobre la
base de recortes incompletos de periódicos. Pues bien, el informe ya está en la Cámara y fue expuesto por el Defensor en la Comisión mixta competente la semana pasada. Ahora sí podemos hablar con rigor y con verdad del informe sobre la precariedad
del empleo público. Si queremos extraer alguna conclusión sintética de ese informe, podemos hacerlo recordando los porcentajes de empleo precario en cada una de las tres administraciones.
En enero de 2002 el porcentaje de funcionarios interinos
sobre el total de plazas reservadas
a funcionarios era del 1,61 por ciento en la Administración general del Estado; en la Administración autonómica ese porcentaje de interinidad representaba el 16,87 por ciento del total y en la Administración local el 11,1 por ciento. Eso
en cuanto a los funcionarios. En cuanto al personal laboral, el porcentaje de temporalidad en la Administración general del Estado era del 21,89 por ciento del total de dicho personal, mientras que en la Administración autonómica ese porcentaje se
elevaba al 27,74 por ciento y en la Administración local al 56,8 por ciento.
Señoría, yo podía tener ahora la tentación de decir que los mayores porcentajes de precariedad en el empleo corresponden a las comunidades autónomas o a los ayuntamientos
gobernados por el Partido Socialista, pero no sería riguroso porque, analizado someramente, no se ha abierto una línea clara de tendencia en un sentido o en otro a favor o en contra de los gobiernos de este u otro partido. Lo que sí está claro es
que en la Administración general del Estado, cuya responsabilidad sí compete desde hace casi ocho años al Partido Popular, la tasa de temporalidad es notablemente inferior a la de las otras dos administraciones. Por tanto, señores del Grupo
Socialista, no interpreten sesgadamente informes que ni siquiera tenían ustedes en su poder cuando los invocaron como algo incontrovertible. Tampoco parece muy razonable oponerse abiertamente, como hacen algunas enmiendas, a que se pueda contratar
personal laboral con carácter temporal para la realización de obras o servicios con cargo a los respectivos créditos de inversiones, máxime cuando para hacerlo han de cumplirse una serie de requisitos muy estrictos que se especifican en el artículo
35.
En cuanto a algunas de las consideraciones que ha hecho el señor Martínez Sanjuán en relación con la opacidad de las retribuciones, tengo que decir que en los presupuestos, como S.S. sabe muy bien, se refleja desde la retribución del
presidente del Gobierno hasta la de los altos cargos de los órganos constitucionales, y la de los presidentes de las empresas o sociedades públicas y la de los organismos autónomos públicos figura en los presupuestos de cada uno de esos entes. Así
pues, señoría, de opacidad nada. Y me sorprende que diga usted que ha solicitado información al ministerio y que no le ha sido facilitada. Me sorprende muchísimo, puesto que no he oído a S.S. protestar por eso y podía haber formulado una protesta
formal.
Señorías, los presupuestos del año 2004 suponen un nuevo impulso al pleno empleo, a la seguridad y a la bajada de impuestos. Para ello hace falta una Administración eficaz y austera, y esas son, señorías, las características de los
presupuestos del Ministerio de Administraciones Públicas, que en su faceta más importante, la de los empleados públicos, he tenido el honor de defender aquí.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Albendea.
Señor Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Señora presidenta, invoco el artículo 71.3.
La señora PRESIDENTA: Señor Martínez Sanjuán, hay previsto un turno de réplica, otra cosa es que no se haga uso del mismo. Tiene usted la palabra por cinco minutos.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Qué agradable sorpresa, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: No, señor Martínez Sanjuán, es la ordenación del debate según el Reglamento de la Cámara.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Siempre se aprende una cosa nueva, señora presidenta.
No quería utilizar un turno formalmente en contra de los argumentos del señor Albendea, sino tan sólo hacer referencia para que conste en el 'Diario de Sesiones' a algunas inexactitudes y juicios de valor que ha empleado. Ha vuelto a hacer
una interpretación un tanto sui géneris respecto a las facultades de un grupo parlamentario, en este caso el mío, para enjuiciar y valorar lo que nosotros conocimos a través de un medio de comunicación, y que es un informe que fue presentado por el
Defensor del Pueblo la semana pasada. Señor Albendea, da la casualidad de que desde que existen las fotocopiadoras en este mundo los informes a veces llegan a los medios de comunicación antes que al Parlamento. ¿Qué culpa tengo yo, señor Albendea?
Lo que usted me tiene que decir es si lo que figuraba en ese informe o si lo que decían esos periodistas respecto al informe tan demoledor del Defensor del Pueblo sobre una política en materia de personal que había producido en los últimos años un
aumento impresionante en materia de temporalidad e interinidad, era cierto o no.
Y la realidad es que es cierto, le guste o no al señor Albendea, a su grupo parlamentario o a la ministra de Administraciones Públicas. Lo que se demostró en aquel
informe, que parece que un medio de comunicación tuvo a bien facilitar a los ciudadanos a través de una página en el periódico, es real, tan real como la vida misma y como lo que en definitiva opinan muchos ciudadanos y expertos de este país y
también la encuesta de población activa, que, siendo un documento oficial, dice exactamente las mismas cosas que decía el Defensor del Pueblo. Así que, señor Albendea, mi grupo parlamentario hace el uso político que democráticamente considera que
debe hacer de las informaciones a las que tiene acceso.
También ha puesto en tela de juicio algo que he dicho en mi intervención: que era difícil conocer las retribuciones de los presidentes de las empresas públicas de este país. Me decía que están en los presupuestos.
Señor Albendea, usted
sabe -creo que lo sabe, o al menos debería saberlo- que cuando este Congreso
de los Diputados aprueba los presupuestos de las empresas públicas, aprueba lo que se llaman los antiguos PAE, en los que hay una valoración y una descripción de ingresos y gastos de cuenta de explotación global y en los que no hay ninguna
derivación ni separata respecto a las retribuciones y las características ni del presidente ni del equipo directivo. Le voy a decir más, señor Albendea, es verdad que las empresas públicas niegan información a los parlamentarios de esta casa. ¿Por
qué? Porque piensan que actúan en régimen privado y en régimen mercantil y no creen que tienen la obligación de suministrar datos que dicen, en una interpretación muy sui géneris, que pueden afectar al mercado y a las reglas de la competencia en la
que están trabajando.
Así que, señor Albendea, si usted cree que me puede ayudar -desde el Gobierno a la oposición- a conocer el estado de las retribuciones de los presidentes y de los altos cargos de las empresas públicas o de las que tiene representación
cualquier organismo del país, le invito formalmente en este Congreso a que lo haga y que nos traiga de la forma en que usted quiera, a través del Gobierno, a través de preguntas parlamentarias, a través del artículo 7 del Reglamento o a través de lo
que quiera, los datos de las retribuciones de las empresas públicas. Porque le garantizo lo que he dicho anteriormente, señor Albendea, señores del Partido Popular: a más opacidad informativa en los Presupuestos Generales del Estado, más
retribuciones. Realmente es un hecho escandaloso que las retribuciones de decenas de altos cargos de este país y de la Administración española no se puedan conocer en los Presupuestos Generales del Estado, porque no las conoce ni usted ni yo.
¿Usted sabe cuál es la productividad del subsecretario de cualquier ministerio? ¿En qué página de los Presupuestos Generales del Estado figura? Las retribuciones de cualquier empleado público están; las retribuciones de un ministro están; las
retribuciones de un ministro están; las retribuciones del presidente del Consejo de Estado, al que por cierto ustedes le suben el 9 por ciento, es decir, cuatro veces más de lo que suben al resto de los funcionarios, están, y, sin embargo, las de
decenas de altos cargos y de presidentes de empresas públicas no están. Esa es una política que dista mucho de la transparencia informativa y de dar a conocer a los ciudadanos y a los empleados públicos los emolumentos de los altos empleados y de
los altos responsables públicos. Aunque solamente fuera por eso, teníamos que presentar una enmienda a la totalidad de devolución al título III, que usted con tanto ardor ha defendido.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez Sanjuán.
Señor Albendea.
El señor ALBENDEA PABÓN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Martínez Sanjuán, de mis actitudes y juicios de valor, nada. (El señor Martínez Sanjuán: Todas.)
La señora PRESIDENTA: Señor Martínez Sanjuán, guarde silencio.
El señor ALBENDEA PABÓN: Cuando su compañera la portavoz en la Comisión dijo que había un informe del Defensor del Pueblo que hablaba de la precariedad en la Administración, no dijo que fuera un recorte de un periódico, dijo que era el
informe del Defensor del Pueblo. Esto es lo que he criticado, porque estaban tergiversando ustedes la información.
Naturalmente, nadie ha hablado de un recorte del periódico tal o cual.
Ustedes hablaron del informe del Defensor del Pueblo, sin
hacer referencia a ningún medio de comunicación, y ahí está el 'Diario de Sesiones' de la Comisión. Eso es lo que yo les criticaba a ustedes.
Naturalmente, ustedes pueden hacer uso de la información de prensa que quieran, pero siempre que la
mencionen. Por cierto, tampoco es verdad que haya crecido la precariedad laboral con el Gobierno del Partido Popular; en absoluto. No ha crecido la precariedad laboral. Yo sí he visto ya el informe, que tiene cuatrocientas treinta y tantas
páginas. El pasado fin de semana me he ocupado de analizarlo y desde luego no ha subido la precariedad laboral, ni muchísimo menos. Y menos, como he dicho anteriormente, en la Administración General del Estado, que es la responsabilidad directa
del Gobierno del Partido Popular.
En cuanto a la opacidad de las retribuciones, no estoy de acuerdo con S.S.
Agote las armas que el Reglamento de la Cámara le da, y estoy seguro de que accederá a toda la información. No las habrá agotado, y ese es su problema. Yo desde
luego no le voy a ayudar a que las agote.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Albendea.
Finalizado el debate de las enmiendas al título III, iniciamos el debate de las enmiendas a los títulos IV, VIII y sección 07, conjuntamente.
En primer lugar, para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Muchas gracias, señora presidenta.
Doy por defendidas las enmiendas que se refieren al mismo tema que el anterior, el incremento de la subida salarial, pero en este caso de las pensiones.
Nada más.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.
Señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Doy por defendidas las enmiendas del señor Rodríguez Sánchez.
Muchas gracias.
Títulos IV, VIII y sección 07
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Labordeta.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el señor Ruiz tiene la palabra.
El señor RUIZ LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en este momento debatimos sobre las pensiones públicas y las pensiones no contributivas asistenciales. No hemos dejado de señalar en sucesivos debates que las prestaciones, especialmente en diversos ámbitos, son demasiado bajas.
Ya en el debate sobre el futuro del Pacto de Toledo señalamos, por ejemplo, la necesidad de equiparación de las pensiones mínimas, especialmente en el ámbito de la viudedad y la orfandad, al nivel del salario mínimo interprofesional. Este es el
momento de reiterar esta propuesta en relación con las pensiones a las que se refiere el artículo 38 de la ley de presupuestos. El salario mínimo, reducido por sí mismo, debe constituir la referencia del valor de las pensiones mínimas si no
deseamos que el mundo de los pensionistas se acabe convirtiendo en un mundo de riesgo de exclusión.
Señalaremos, por otra parte, que esta circunstancia afecta muy especialmente a un colectivo, el de las mujeres, especialmente sensible a problemas en sus carreras de jubilación. Para las mujeres, la situación del sistema de protección es
notablemente insatisfactoria. La tardía incorporación de las mujeres al mercado de trabajo (años sesenta), así como el hecho de ocupar el 80 por ciento de los contratos a tiempo parcial, algunas de cuyas modalidades no contemplan siquiera efectos
de jubilación e invalidez, y que en caso de tener historia laboral, está llena de periodos en blanco o abandono para cuidar hijos o mayores, hacen que las mujeres lo tengan muy difícil a la hora de beneficiarse del sistema contributivo. La reforma
de 1985 pasó de dos a ocho años el periodo mínimo de cotización y ya se dejó notar de manera sensible. En el periodo 1983-1994 el número de mujeres con derecho a pensión de jubilación creció un 19,6 por ciento, frente al 61,8 de los hombres. La
dificultad de acceso de las mujeres a prestaciones por derecho propio y no derivados es evidente. De los prácticamente siete millones de pensiones contributivas en el año 1995, aproximadamente el 50 por ciento eran de mujeres y más de la mitad eran
de viudedad. Sólo 1,6 millones lo eran por derecho propio: jubilación o invalidez. Además las mujeres son las principales beneficiarias de las prestaciones asistenciales y no contributivas: el 77 por ciento de las asistenciales, el 82 por ciento
de la LISMI y el 76 por ciento de las no contributivas. Debe recordarse que la pensión de jubilación media de las mujeres sólo alcanza el 62 por ciento de la de los hombres y que 1,6 millones de viudas de más de 60 años de edad cobran una pensión
media de 350 euros, es decir, 58.316 pesetas al mes. Asimismo, la pensión media por incapacidad permanente de las mujeres es de 446 euros al mes -el 70 por ciento de la de los hombres-, no cubre minusvalías entre el 33 y el 65 por ciento y es
incompatible con trabajos a tiempo parcial, en un contexto en el que debe recordarse que las mujeres de 60 años constituyen la primera generación que cuida a la vez de sus padres y de sus nietos, una circunstancia que debería hacernos reflexionar no
sólo sobre la necesidad de revalorización de estas pensiones, sino también sobre la necesidad de primar su esfuerzo de contribución a la conciliación del trabajo doméstico y profesional.
En relación con las pensiones públicas, debe recordarse que el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto 670/1987, regula y contempla las pensiones extraordinarias como de carácter indemnizatorio, y
su señalamiento inicial es del 200 por cien del regulador general sólo para aquellas originadas por el hecho causante de incapacidad permanente para el servicio, inutilidad ocasionada en acto de servicio o como consecuencia del mismo y las
originadas como consecuencia de actos de terrorismo. Este hecho extraordinario no es real, con excepción de los de actos terroristas, si estas se encontraran afectadas por el límite máximo general de las pensiones ordinarias de jubilación,
enfermedad, etcétera. Sería un contrasentido o un causante de perjuicio injusto que estas pensiones extraordinarias no tuvieran un límite extraordinario en consonancia con la casuística de su señalamiento inicial. En esta dirección de evitar
tratamientos injustos, no podemos dejar de recordar la necesidad de una cláusula de revisión para todas las pensiones públicas idéntica a la fijada para las pensiones públicas contributivas del régimen de la Seguridad Social, con el objetivo de
igualar el tratamiento dado a todas las pensiones públicas frente a la inflación.
En consecuencia, proponemos en nuestras enmiendas eliminar el criterio de no revalorización de las pensiones públicas, por entender que estas deben revalorizarse en todos los casos al menos el IPC. Llamamos la atención sobre las pensiones
extraordinarias del régimen de las clases pasivas originadas por incapacidad o inutilidad física en acto de servicio o como consecuencia del mismo. Finalmente, las normas establecidas en los presupuestos impiden la compatibilidad de las pensiones
que pudieran sobrepasar la limitación extraordinaria establecida en el número 9 del artículo 40 para este tipo de pensiones extraordinarias. A estos fines que acabamos de exponer van referidas las enmiendas que planteamos a los títulos IV y VIII de
esta ley de presupuestos.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor López de Lerma.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, para este trámite mantenemos tres enmiendas al título IV que constituyen motivo de discrepancia respecto al documento que nos ha aportado el Consejo de Ministros, como ya expuso en su momento el portavoz de este grupo
parlamentario, el señor Trías, desde esa tribuna.
Entendemos que por razones de justicia social procede incrementar hasta un 4 por ciento las pensiones no contributivas y en un mismo porcentaje, que pasaría del 2 al 4, las pensiones mínimas contributivas del sistema de la Seguridad Social,
es decir, por encima de la inflación más o menos prevista. También, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el acuerdo sobre el desarrollo de la Seguridad Social, en lo referido al incremento de las pensiones más bajas del sistema, en este caso las
del SOVI -tema que venimos arrastrando desde hace quinquenios-, proponemos un incremento del 2 por ciento -por lo tanto, un 4 por ciento- de lo previsto en el presupuesto. Tenemos ante nosotros un horizonte económico lo suficientemente agradable,
al menos en sus previsiones, para asegurar un crecimiento económico estable para el próximo año. Si además tenemos presente que la caja de la Seguridad Social ya en la pasada legislatura hizo limpieza -si se me permite la expresión coloquial- y
pasamos de un déficit de 1 billón de las entonces pesetas a un superávit que se mantiene y que se incrementa en esta legislatura; si tenemos en cuenta la sorpresa -yo entiendo que positiva- que nos dio el ministro de Hacienda en el debate de
totalidad, en el sentido de que existe ya para el presente ejercicio, previsión 31 de diciembre, superávit respecto del producto interior bruto, sería bueno -y esta es nuestra aportación a este debate y nuestra sugerencia en estas enmiendas-
acentuar todavía más -no diré que no esté acentuado- el ámbito social del documento presupuestario. Concretamente en lo que hace referencia a las pensiones no contributivas y contributivas y las del SOVI. Aunque se van a incrementar de acuerdo con
la inflación prevista y con esa red de protección que nos dimos hace años todos los grupos parlamentarios, por ley, consistente en que, si se incrementa la inflación por encima del aumento previsible, también hay una paga digamos extraordinaria en
el mes de enero, nosotros entendemos que aún, teniendo en cuenta todo esto, hay margen más que suficiente para el erario público, en este caso estatal, para un aumento de un 2 por ciento en esos tres ámbitos que yo he citado.
Estoy seguro de que
esto sería bien recibido por aquellos que se encuentran en esas situaciones, que podría pacificar no pocas controversias que existen entre comunidades autónomas y el Gobierno central respecto de prestaciones, ayudas, subvenciones a personas que
realmente no pueden vivir con lo que a través de los Presupuestos Generales del Estado les abonamos mensualmente y que podríamos resolver, probablemente digo yo, de una manera pacífica entre todos los grupos parlamentarios una injusticia social,
notable, tangible, que venimos arrastrando desde hace años. De ahí, señora presidenta, nuestras propuestas.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López de Lerma.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, voy a defender las enmiendas de mi grupo parlamentario referentes a los capítulos IV y VIII, clases pasivas. Antes de empezar con ello, hay una cuestión de la que a mí me gustaría dejar constancia.
El señor Albendea ha llegado
aquí y en su defensa de totum revolutum ha hablado de la quiebra de la Seguridad Social, como siempre. Yo entiendo que ustedes, cuando cogen un latiguillo, lo repiten y lo repiten y a base de repetirlo se lo llegan a creer ustedes mismos.
Recordemos el de España va bien y este de la quiebra de la Seguridad Social. Sin embargo, existe una realidad -supongo que se puede consultar en esta Cámara- y es que desde el año 1978, que llegan a la Cámara los presupuestos de la Seguridad
Social, los remanentes contributivos están ahí. Todos los presupuestos de la Seguridad Social desde el año 1978 han tenido superávit. Yo les voy a dar dos cifras a ustedes que están tan contentos por el remanente que hay en estos momentos: en los
años 1989, 1990, 1991 y 1992 el remanente fue de 2,09 y 2,23 del PIB, mientras que en los años 2001 y 2002 estamos en el 1,78. Como mínimo, deberíamos ser rigurosos cuando hablamos de porcentajes. Estamos hablando de unos presupuestos que, como
bien decía el señor Núñez en su intervención, son prácticamente una copia de los presupuestos anteriores. El objetivo de irnos llevando siempre hacia el déficit cero hace que con estos presupuestos, de nuevo, van a pagar más los que menos tienen.
Y este apartado al que se dirigen las enmiendas que yo voy a defender es uno de los que más lo ponen de manifiesto.
Señorías, con la moda del Partido Popular de no incluir un objetivo de inflación en los presupuestos y limitarse a colocar el 2 por ciento a todas las subidas, el dato del Banco Europeo, ¿qué sucede? Que todos los pensionistas, todos, desde
el primer mes del año ven cómo van mermando sus ingresos, porque de entrada sabemos que a final de año el aumento no va a ser del 2 por ciento. Si no, remitámonos a todos los años anteriores y podremos ver que todos los pensionistas recuperan la
diferencia en enero con una paga, pero que han ido perdiendo mes a mes, lo cual ha permitido a la Seguridad Social jugar con un dinero en Caja para uso exclusivo del Gobierno. Y no son palabras mías, porque el señor Arenas, cuando estaba en la
oposición, decía siempre que cuando se desviaba la inflación, perdían los pensionistas. Pues bien, señorías, malo es que se desvíe la inflación cuando hay un objetivo, pero cuando desde un principio ni siquiera se marca un objetivo, creo que de
entrada se está jugando con el dinero.
Nosotros hemos presentado una serie de enmiendas a cuatro apartados.
Primero, pedimos incrementar en un 2,8 por ciento todas las pensiones, en todos sus apartados, contributivos y no contributivos. Les recuerdo, señorías, que el año pasado
también proponíamos el incremento del 8 por ciento para los presupuestos de este año y me parece que al final no vamos a estar muy lejos del 2,8 por ciento. Pues bien, volvemos a proponer un 2,8 de incremento para
todas las pensiones. Para el SOVI, sabiendo que estamos hablando de una pensión prácticamente de subsistencia, pedimos un incremento del 10 por ciento.
En los últimos años, todo lo que son las cantidades de renta que sirven como baremo para saber las personas que tienen acceso a las pensiones llevan años suponiendo una pérdida de valor adquisitivo, porque no se han venido actualizando.
Nosotros proponemos que se actualicen los baremos para cuantificar las rentas mínimas que las personas tienen, fundamentalmente para los que tienen derecho a un complemento para alcanzar la pensión mínima, que llevan más de tres años sin recuperar
el poder adquisitivo. Por otro lado, planteamos una mayor aportación por parte de los Presupuestos Generales del Estado, de la fiscalidad general, a los complementos a mínimos. Ustedes hablan de que la Seguridad Social estaba en quiebra, pero
fíjense que en los presupuestos que presenta el Partido Popular en el año 1997 disminuye drásticamente, a más de la mitad, la aportación de los Presupuestos Generales del Estado a los complementos a mínimos. En el año 2001, el Gobierno firma un
acuerdo en el que se dice que los complementos a mínimos sean absorbidos por el Estado en 12 años, y en los últimos años la aportación ni siquiera se ha ido correspondiendo con ese acuerdo. Es más, recientemente en esta Cámara hemos llegado al
acuerdo de revisar el Pacto de Toledo en lo relativo a que los complementos a mínimos sean absorbidos por los Presupuestos Generales del Estado en los próximos cinco años. Nosotros pretendemos que haya una aportación de 300.000 euros para los
complementos a mínimos por parte de los Presupuestos Generales del Estado. Nuestras enmiendas son, para que se den por defendidas en su totalidad: la 1254, la 1256, la 1263, la 1264, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270 y 1271.
Termino como empezaba, señorías. Una cosa es la realidad y lo que se plantea por escrito y otra cosa es que ustedes machaconamente nos digan lo que a ustedes les gustaría que fuera la realidad. Que tengamos que oír en esta tribuna que la
precariedad en el empleo, que tampoco hay tanta -lo hemos oído esta tarde-, que la precariedad en el empleo público no es tanta y que es necesaria, cuando hay informes del CES del incremento brutal que está teniendo el empleo en precario en las
administraciones públicas, no sólo es falsear los datos de la realidad, sino que es casi una ofensa para todos los trabajadores. Yo les podría hablar de casos concretos, de convocatorias del INEM, para plazas temporales y que luego ni siquiera
permiten, cuando tienen que ampliar las plazas, que ese mismo personal, que ha estado trabajando en precario y con contrato, pueda luego optar a las plazas fijas.
Yo les pediría, señorías, un poco más de respeto a aquellos trabajadores que desgraciadamente viven en precario, tienen un contrato en precario y que, de seguir así a lo largo de toda su carrera, con grandes altibajos, difícil lo van a tener
para, cuando lleguen a una edad más que razonable, poder acceder a una pensión digna.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora López.
Turno en contra de las enmiendas. (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Señor Azpiroz, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señora presidenta.
Intervengo para fijar la posición del Grupo Popular en relación con las enmiendas formuladas a los títulos IV, VIII y sección 07. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
Reproducimos un debate monotemático a lo largo de estos cuatro años en el presupuesto en estos títulos. En lo relativo al fondo de las enmiendas parciales entré a analizarlas con detalle en el debate en Comisión, al cual me remito, y que no
era sino una reproducción argumental de lo que hemos venido manifestando en los últimos años, pero antes de entrar a hacer una valoración global de las posiciones que se han mantenido esta tarde aquí, haré alguna reiteración puntual por cuanto se
han reiterado también las enmiendas que se defendieron ya en Comisión.
Con relación a la enmienda 299, de Izquierda Unida, les diré simplemente que no tienen razón, porque su pretensión, relativa al artículo 40.1, de revisión de todas las pensiones públicas con una cláusula idéntica a la fijada para las
contributivas de la Seguridad Social, viene regulada en el artículo 27 de la Ley de clases pasivas del Estado y se introdujo una modificación en la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social. Por lo
tanto ya se contiene esta cláusula de revisión que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones del régimen de clases pasivas en términos idénticos a los que se produce en los diversos regímenes del Sistema de la Seguridad Social.
En Comisión, Izquierda Unida también centró su importancia política en la enmienda número 300, relativa al artículo 41.1, donde pretendían eliminar el criterio de no revalorización de determinadas pensiones. Nuestro rechazo, ya explicado y
aquí repetido, se debe a que el criterio de no revalorización que se contempla en el artículo 41 del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2004 afecta única y exclusivamente a aquellas pensiones cuyo importe íntegro mensual supera el
límite máximo de percepción que se fija para todas las pensiones públicas, porque SS.SS. saben bien que el sistema de Seguridad Social tiene un tope en cuanto al derecho a las prestaciones de las pensiones que pueden percibir los diversos
beneficiarios, así como para su revalorización, y también porque aquí se regulan determinadas prestaciones de carácter residual y que se vienen manteniendo por no extinguirlas en los sucesivos ejercicios presupuestarios. Ya me referí a ellas en el
debate en Comisión.
La enmienda 1269, del Grupo Parlamentario Socialista, consideramos que no tiene razón de ser, por cuanto que lo que nos piden ya se hace. Nos piden actualizar
el umbral de renta para poder percibir los complementos a mínimos de acuerdo con el IPC real. Pues se viene haciendo; por poner un año próximo, en el año 1999 la subida fue del 1,8; en el año 2000, del 2,9; en 2001, del 4,10; en 2002,
del 4,10; y en principio en 2003 está fijado en el 2,70. ¿Por qué? Porque no se está incluyendo tan sólo la inflación prevista, sino que se está incrementando con el diferencial sobre la inflación que realmente se produce, con lo cual la cuantía
de actualización de estos ingresos para poder percibir los complementos a mínimos está perfectamente garantizada y no hay absolutamente ninguna microdécima de inflación que se quede en el camino; es realmente actualizada. Yo les ruego que
consideren la argumentación que les estamos dando.
La enmienda 1290 -lo dije en Comisión y lo repito ahora-, en la medida en que el proyecto de ley de reforma económica ha introducido una novedad en relación con el REAS, que es la voluntariedad para los trabajadores por cuenta propia
incluidos en ese régimen con anterioridad al 1 de enero de 2004 de poder acogerse al nuevo sistema de cotización que va convergiendo con el RETA, con el régimen especial de trabajadores autónomos, en la medida que definitivamente resulte así habrá
que buscar una fórmula que contemple una solución a este caso, que inicialmente no lo hacían los Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, aunque no estamos de acuerdo con el tenor literal de la enmienda, sí reconocemos que tiene una razón de
ser y que en su momento habrá que atenderlo, vía una disposición transitoria que se pueda contemplar en el Senado o por la vía que se estime definitivamente oportuna.
Por último, en cuanto a la enmienda 1870, de Convergència i Unió, la incapacidad temporal incluye contingencias comunes y profesionales en el REAS. Su enmienda supondría una mejora cualitativa del régimen agrario.
¿Por qué? Porque los
trabajadores del régimen especial de trabajadores autónomos tienen además una cotización adicional por contingencias profesionales, que es de carácter variable en función del tipo de actividad, mientras que en el caso de los trabajadores agrarios
estaría subsumida, en virtud de su enmienda, en el tipo contingencias comunes.
Creemos que es una razón técnica que debería satisfacer la pretensión del grupo enmendante, que debería proceder en coherencia a la retirada de su enmienda.
En el fondo del debate subyace la pretensión de varios grupos políticos de plantear incrementos a las pensiones del sistema de Seguridad Social por encima de la inflación prevista en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que para
el año 2004 el Gobierno ha fijado en un 2 por ciento. El Grupo Socialista lo hace de un modo podríamos decir que moderado, en un 2,8 por ciento; el Grupo de Convergència i Unió sube el listón hasta un 4 por ciento y el Bloque Nacionalista Galego
sube hasta un 5,5 por ciento. Nosotros hemos de repetir que, gracias a una ley que propició, apoyó e hizo entrar en vigor el Grupo Popular, el Partido Popular y el Gobierno Popular, tenemos por ley garantizada la revisión de las desviaciones que se
puedan producir en el IPC, de manera que si hay una desviación sobre el 2 por ciento previsto no sólo habrá un incremento en una paga extraordinaria, que por supuesto habrá una paga extraordinaria correctora de esa diferencia, sino que además pasará
a incorporarse dentro de la base de pensión, que será objeto de las sucesivas mejoras e incrementos que se produzcan en el ejercicio siguiente. Aquí sí hay realmente una diferencia con prácticas anteriores en lo que se llamaba una bufanda. Ha
habido años, antes del Gobierno Popular y antes de que los pensionistas tuvieran garantizado por ley este derecho, en los cuales el Gobierno de turno lo que hacía era abonar la diferencia de la paga, pero no incrementarlo en la base. De esa forma
sí es cierto que entonces -pero no gobernaba precisamente el Partido Popular- había una pérdida de poder adquisitivo.
Nosotros estamos convencidos de que este presupuesto tiene margen suficiente para cumplir los compromisos contraídos con el Gobierno.
Ahora, con el análisis del IPC, habrá la correspondiente paga rectificatoria del IPC, pero habrá también
el cumplimiento de la subida del 48 al 52 por ciento de las pensiones de viudedad y estoy seguro de que habrá un nuevo esfuerzo por el incremento en las pensiones mínimas que, como su propio nombre indica, lamentablemente tienen tal carácter de
mínimas.
Dicho esto, yo no puedo, porque no responde a la realidad, admitir que las pensiones, a lo largo de los mandatos del Gobierno Popular, han sido objeto de pérdida del poder adquisitivo. Al contrario, no hay absolutamente ninguna pensión que
tan sólo haya tenido la garantía del incremento del poder adquisitivo del mantenimiento del IPC producido en este periodo. Así, les diré que, por ejemplo, la incapacidad absoluta ha subido un 3,52 por ciento por encima del IPC; la jubilación para
menores de 65 años ha subido un 5,81 por ciento por encima del IPC; la pensión de viudedad para mayores de 65 años, un 3,52 por ciento; la pensión de viudedad de 60 a 64 años, un 5,81 por ciento; las pensiones de las viudas menores de 60 años con
cargas familiares, que tan necesitadas están de una actualización de pensiones, han tenido la sensibilidad social del Gobierno Popular, traduciéndose en un incremento de más del 38 por ciento, con relación al poder adquisitivo, han subido un 60,81
por ciento en este periodo, y, deflactando, por la inflación, un 38,89 por ciento de ganancia del poder adquisitivo, y si es sin cargas familiares, del 10,66.
No ha habido ninguna pensión, ni SOVI, ni no SOVI, ni mínimas, ni viudedad, ni de
orfandad, ni de jubilación, ni de incapacidad, ninguna, que no haya tenido un incremento por encima de lo que ha sido el IPC.
Ustedes dirán lo que quieran, pero el hecho cierto es que en el año 1996, y califíquenlo como deseen, no había dinero para
pagar las pensiones y hubo que recurrir al crédito privado. Yo no sé si había, como dicen, excedentes; creo que no. No voy a entrar en esa discusión. Lo que sí sé es que hoy los
excedentes se transforman en garantía de las pensiones, en mejora de las mismas y en un fondo de reserva que, gracias a Dios, hoy tenemos y hace seis años, no.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Azpiroz.
Pasamos a debatir el título V. En primer lugar, para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Voy a defender brevemente un par de enmiendas al título V. Una de ellas pretende cambiar una cifra que se apunta aquí, de 672 millones de euros, por la de 290 millones de euros. A nuestro entender, se trata de adecuar
la partida presupuestaria al gasto real y mantener la tendencia a disminuir el peso de la ayuda ligada en el total de la ayuda oficial al desarrollo para aproximarse a la media europea.
Pensamos, y además está suficientemente demostrado, que la
partida de 672 millones de euros está sobredimensionada, ya que el importe real de préstamos aprobados desde el año 1995 es muy inferior año por año a esta cifra. Ello nos lleva a la conclusión de que es necesario adecuar la partida presupuestaria
al gasto real.
Hay otra enmienda al artículo 56, del título V, en la cual pedimos añadir un nuevo párrafo, in fine, para que la utilización de este fondo al que se refiere este artículo cumpla todos los requisitos recogidos en la Ley de cooperación para el
desarrollo y su reglamento correspondiente. La motivación para ello es que consideramos fundamental que la financiación de la cooperación bilateral quede regulada en el marco de la Ley de cooperación y no en otro marco. Finalmente, hay una tercera
enmienda de adición, en la que se propone la creación de un nuevo artículo 56 bis.
Sería un artículo que iría destinado a la creación de un fondo de condonación de deuda externa, un fondo de 300 millones de euros, que serviría para reducir la deuda
que mantienen con nuestro país los Estados más desfavorecidos económicamente y que se podría ejecutar tanto para operaciones relacionadas con la deuda con el Estado español como en aportaciones a operaciones multilaterales. Nosotros creemos que en
nuestro país ha habido en los últimos años un avance importante de la conciencia del grave problema que implica para los pueblos empobrecidos, los pueblos del sur del mundo, pero fundamentalmente los pueblos empobrecidos, para no andarnos con
retóricas, lo que ha representado la deuda externa para la posibilidad de desarrollo económico, social, cultural, educativo, sanitario, de estos países. Consideramos que la deuda externa debe ser abolida, tal como pidieron más de un millón de
ciudadanos hace muy poco. En este camino los 300 millones de euros deben ejecutarse tanto en operaciones relacionadas con la deuda por el Estado español como en aportaciones a operaciones multilaterales.
En definitiva, nos parece que toda la propaganda del Gobierno destinada a hacer creer a la ciudadanía que nuestro país es absolutamente solidario con los países empobrecidos del mundo es una comedia y que realmente el dinero destinado a todo
eso es muy poco. Por ello presentamos estas enmiendas muy concretas para intentar que haya un fondo para el desarrollo real y efectivo, que sirva para hacer frente a las realidades concretas. Sin medidas de este tipo en nuestro país, en los otros
países y en el conjunto de la Unión Europea, no se puede hablar en ningún caso de reducción del empobrecimiento de estos países y desarrollo armónico y gradual de los mismos. Esto, además de ser una profunda injusticia social, que rompe cualquier
signo de solidaridad entre países y entre personas, es un símbolo de ceguera política. En la medida en que haya un montón de países en el mundo que ni tan siquiera participan en el circuito comercial del mercado, habrá problemas, problemas graves y
profundos, en las sociedades desarrolladas, porque habrá una parte importante del mundo que no es capaz de acceder a un mínimo consumo en bienes de consumo o en bienes y servicios. Por tanto, todo esto va destinado a una política cuya tendencia
sería que hubiera programas de desarrollo en los países desarrollados y programas que, controlados democráticamente, tuvieran en consideración la realidad concreta de cada país.
Gracias, presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA: (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Frutos.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señora presidenta, señoras y señores diputados, en el sosiego de este debate parlamentario permítanme que les diga que a veces he pensado que esta sección y este título deberían desaparecer de la ley de
presupuestos. Es más, pensándolo un poco bien creo que la supervivencia se podría sostener mejor en los capítulos postreros, los que hablan del ICO y de los avales transitoriamente, pero no encuentro serias razones para que se mantenga el capítulo
de la deuda pública. Es poco comprensible que estemos concediendo autorizaciones al Ministerio de Economía para emitir deuda pública cuando llevamos varios años diciendo que tenemos equilibrio presupuestario.
Me ocurre lo que yo creo que les ocurre a muchos ciudadanos españoles, que han oído al señor Aznar, han oído al presidente del Gobierno, decir que su Gobierno sólo gastará aquello que ingresa. Por tanto, si sólo gasta aquello que ingresa
por impuestos, mantenemos una actitud de cierta extrañeza sobre algunas magnitudes de los presupuestos y de las cuentas públicas. Nosotros nos hemos ido al informe económico financiero, que tiene un nivel de información superior al que tiene el
texto de la ley, y allí nos hemos encontrado con que, desde que gobierna el Partido Popular, en España, la deuda pública
Título V y sección 6
del Estado en circulación se ha elevado en 84.000 millones de euros. Nos ha surgido la primera duda. ¿Es que el señor presidente está mal informado? Porque cabe la posibilidad de que el señor Aznar López esté mal informado. Nos hemos
puesto a estudiar este problema y a preparar una respuesta a este interrogante. Si hasta el año 2003, el volumen de la deuda en circulación adquiere la magnitud de 84.000 millones de euros, nos hemos encontrado con que las Cortes autorizan de nuevo
al Gobierno a endeudarse por 12.500 millones más. ¿Para qué necesita el Gobierno de España, el Gobierno del señor Aznar, esos dos billones de pesetas adicionales? ¿Cómo es posible que gaste una cantidad tan elevada por encima de lo que ingresa?
Porque, desde una perspectiva doctrinal, la deuda pública se emite única y exclusivamente cuando se gasta más de lo que se ingresa, pero ese supuesto lo niegan una y otra vez. Este Gobierno dice que no gasta más que lo que ingresa.
Nos hemos dedicado a averiguar por dónde se podía producir semejante desajuste y lo hemos encontrado en el agente Estado. En el agente Estado, el Gobierno de España gasta más de lo que ingresa y lo hace en una cuantía, como dije en mi
intervención anterior, de 6.764 millones de euros. Sin embargo, esa cuantía es insuficiente, pues la autorización que le concedemos es de 12.500. Ya hemos encontrado una explicación, pero no es toda la explicación, quedan 5.803 millones de euros,
una cantidad cercana a un billón de pesetas, de deuda que se emite con alguna otra finalidad. La pregunta siempre es la misma: ¿Qué cosas son esas de las que no se habla, que se ignoran y que en el próximo ejercicio van a financiar actividades en
una proporción escasamente moderada? En un presupuesto tan opaco como es el español, no resulta fácil averiguar la aplicación de estos recursos; en algún lugar recóndito estarán, alguien los habrá puesto dificultando el acceso e impidiendo que
estén al alcance de la mano. Pues bien, también hemos encontrado esos 5.803 millones de euros, que se contabilizan bajo la rúbrica de variación neta de activo financiero, que tiene la característica de no computar a la hora de medirse el déficit;
es gasto público, pero no computa como déficit público. Es una variación neta, es decir, hay un minuendo, hay un sustraendo y hay un saldo, como ha sido siempre en las cuentas, de restar en este caso. El minuendo incorpora los gastos financiados
por estos activos financieros, que son 6.261 millones de euros, el sustraendo lo constituyen 457, y el resto corresponde a esos 5.803 millones de euros de gasto, que no computa en el déficit público pero que financia actividades. Ya hemos
averiguado algo que no sabíamos al principio.
¿Este tipo de prácticas se hace por primera vez en el año 2004? Si se hicieran en el año 2004 por primera vez, disculparía al presidente del Gobierno; el señor presidente del Gobierno tiene muchísimas ocupaciones y, a lo mejor, no ha
podido enterarse de que en este año 2004 su Gobierno piensa gastar mucho más de lo que ingresa. Además, después de hacer esta averiguación sobre la sostenibilidad política de las afirmaciones del señor Aznar, trataría de averiguar a qué se han
dedicado estos gastos.
Pues bien, estas prácticas se vienen haciendo desde 1997, por lo que tengo la sensación de que el señor presidente del Gobierno se viene haciendo el distraído a lo largo de los últimos años. No son gastos de pequeña
magnitud, el informe económico y financiero los cuantifica y dice que el 3 por ciento del gasto del Estado se realiza a través de este mecanismo de activos financieros, que no computa a la hora de medir el déficit. Vienen siendo algo así como
830.000 millones de las viejas pesetas y que se han acumulado, desde 1997 para acá, hasta el año 2002, en una cuantía de 24.000 millones de euros. No digo los de 2003 porque no está cerrado el ejercicio.
¿A qué se dedican? Se dedican a cuatro cosas: a préstamos dentro del sector público, 883 millones de euros; a préstamos al sector privado, 2.495 millones de euros; a adquisiciones de acciones, 736 millones de euros; a aportaciones
patrimoniales, 2.146 millones de euros. Decir esto es decir poco porque son conceptos económicos, categorías económicas, habría que ver qué políticas se financian, al margen del déficit público, a través de estas actividades. La primera, por su
magnitud -tengo siete que he ordenado por su magnitud-, las aportaciones para la línea del tren de alta velocidad -ahora no se computan como déficit, antes sí se computaban como déficit- y suman 1.352 millones de euros; los préstamos para proyectos
de tecnología cualificada de la función Defensa, 1.070 millones de euros; las adquisiciones de acciones del patrimonio, de las sociedades de agua, de los regadíos, del medio ambiente, 736 millones de euros; préstamos para los promotores de
autopistas, 665 millones de euros; para la investigación básica, 615 millones de euros; para las sociedades mercantiles herederas de los antiguos organismos autónomos, 415 millones de euros, y para proyectos de la sociedad de la información, 298
millones de euros. De verdad, demasiadas políticas por debajo de la línea, demasiadas políticas underground, que no computan a la hora de la medición del déficit y que no puede permanecer durante mucho tiempo oculto porque eso le hace poco
tolerable. Por eso nosotros hemos presentado una enmienda, la 1272, que trata de clarificar definitivamente estas cuestiones.
¿Terminan en estos 12.000 millones de euros las operaciones financieras que se autorizan desde este título de la ley de presupuestos? No, señorías. Hay avales del Estado y de la SEPI; el Estado avala por 1.743 millones de euros y la SEPI
por 1.210 millones de euros, es decir, hay avales por 2.950 millones de euros. Hay algo más, hay operaciones de crédito a largo plazo en una serie de organismos que figuran atrás, que apenas si se sabe dónde están, en el Anexo III: a
Radiotelevisión Española, 668 millones de euros; a los organismos de Fomento -AENA, RENFE, FEVE, GIF, Puertos-, 4.600 millones de euros; al FEGA 90 millones de euros; a las confederaciones hidrográficas, 101
millones de euros; al ICO, 3.606 millones de euros. En total, 9.065 millones de euros. Señorías, el conjunto de autorizaciones que vamos a aprobar en esta ley se resume en tres cifras: 12.567 millones de euros en concepto de deuda
pública; 2.282 millones de euros en avales, sin contar aquí los de Radiotelevisión Española; 9.065 millones de euros en créditos a largo plazo de una lista enorme de organismos públicos. En total, 23.914 millones de euros, 3 billones 977.000
millones de las antiguas pesetas que se gastan, que se endeudan, que se avalan, que se contraen como riesgo y de los que nunca nos informan ni Montoro, ni Rato, ni Aznar.
Señorías, he hecho esta intervención para aclarar las ideas al presidente del Gobierno. Pido encarecidamente a los representantes del Partido Popular que le trasladen el texto de la misma. No me preocupa que mienta en su calidad de
presidente del Partido Popular, me duele mucho que mienta por el mundo en su condición de presidente del Gobierno de España.
Muchas gracias, señor presidente.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Fernández Marugán.
¿Grupos que desean hacer uso del turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor De Juan.
El señor DE JUAN I CASADEVALL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, concluimos el análisis del título V y de la sección 06 del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado. Como SS.SS. conocen -hacía referencia a ello hace un momento el señor Marugán-, es un título del
proyecto y una sección que básicamente en cuanto al articulado contiene una autorización genérica para asunción de endeudamiento público del Estado y de los organismos autónomos y que regula también la función de avales por determinados organismos
públicos, así como los avales que, con la finalidad de facilitar la actividad productiva empresarial, puede otorgar el Estado para garantizar los valores emitidos por fondos de titularización de activos. Autorización genérica para emitir deuda
pública que conoce obviamente una doble limitación. En primer lugar, una limitación formal, que es la obligación de información a las comisiones tanto del Congreso como del Senado, sin duda para hacer frente a aquellas supuestas e infundadas
denuncias que por parte del Partido Socialista y de su ponente el señor Marugán en tantas ocasiones hemos oído sobre supuesta opacidad o sobre supuesta falta de transparencia. En segundo lugar, un límite material a la capacidad de endeudamiento que
se corresponde con los objetivos de estabilidad presupuestaria que tiene fijada la política económica del Gobierno de la nación.
Diga lo que diga el señor Marugán, en nuestro país se ha hecho, en perspectiva histórica, un importante esfuerzo para reducir el nivel de endeudamiento público. Quiero recordarle que la herencia que nos dejó el Partido Socialista, la
herencia económica en términos de endeudamiento público, rozaba casi el 70 por ciento. Esa herencia no podía aceptarla uno a beneficio de inventario y decir que no asumía las deudas que se le legaban al nuevo Gobierno; el nuevo Gobierno tuvo que
afrontar ese nivel de endeudamiento público y hacer un importante esfuerzo de reducción de ese endeudamiento. En ese sentido se ha reducido considerablemente el endeudamiento público, obviamente en relación al producto interior bruto.
El señor
Marugán prefiere hablar de endeudamiento en términos absolutos; si habla en términos absolutos, quiero recordarle que en gran medida el grueso de ese endeudamiento público, el 70 por ciento del PIB -68 por ciento para ser exactos-, lo heredamos en
el año 1996 de una no muy buena gestión de trece años de Gobierno socialista. Ciertamente, en el análisis económico uno se puede hacer trampas en el solitario y utilizar los argumentos que más le convengan, como hablar en este caso del
endeudamiento en términos absolutos, pero lo innegable es el esfuerzo que ha hecho nuestro país para reducir el nivel de endeudamiento público.
Tanto es así que hemos pasado de una situación en la que teníamos que endeudarnos para hacer frente a
gastos corrientes a una situación en la que no tenemos que endeudarnos para afrontar la inversión pública. Tanto es así que hemos conseguido eliminar un 7 por ciento del déficit público e incrementar considerablemente el nivel de inversiones
públicas en el período que va del año 1995 al año 2003, hasta conseguir el equilibrio presupuestario, ahora ya sí, señorías, como un elemento normativo de nuestro ordenamiento jurídico en virtud de una Ley de estabilidad presupuestaria. Lo hemos
hecho porque consideramos que el equilibrio presupuestario -que mereció feroces diatribas del principal partido de la oposición y hoy parece que no es objeto de críticas- contribuye a la estabilidad macroeconómica, mejora las condiciones de
financiación de nuestra economía, genera importantes flujos de ahorro público y deja jugar a los estabilizadores automáticos evitando la introducción de elementos procíclicos en nuestra política fiscal. Además, nos dota de grandes márgenes de
maniobra para desarrollar una importante política social, pensemos en algún país de nuestro entorno europeo que está aplicando la tijera al gasto social porque afronta situaciones de déficit superior al 3 por ciento; por cierto, en alguno de esos
casos gobernado por un partido socialdemócrata, por un partido socialdemócrata tan emblemático como es el SPD, el partido socialdemócrata alemán.
El equilibrio presupuestario, señorías, también nos ha permitido orientar nuestro presupuesto hacia esas políticas -hacíamos referencia hace un momento- que contribuyen al crecimiento, a la productividad, a la inversión pública, a la I+D+I.
Además, señorías, ese esfuerzo de contención del endeudamiento público y del déficit se ha desarrollado mediante una estrategia de
consolidación fiscal que a nuestro juicio es la apropiada para producir los efectos favorables que necesitaba nuestra economía. En primer lugar, ha sido una estrategia de consolidación fiscal intensa en la cuantía. En el año 1995 teníamos
un déficit del 7 por ciento del producto interior bruto, hoy presentamos un presupuesto que por cuarto año consecutivo está fijado en función del equilibrio presupuestario. Ha sido intenso en el tiempo, ya que hemos pasado de un nivel de
endeudamiento público del 68 por ciento del PIB a una situación de endeudamiento del 53,8 por ciento en el año 2002. Además, basado en la disciplina del gasto corriente, no en la exigencia de nuevos ingresos. Por tanto, creo que raya en el
sarcasmo más descarnado que hoy se venga a criticar al Gobierno por el aumento del endeudamiento en términos absolutos, cuando en gran parte es una herencia recibida de 13 años de gobiernos anteriores, y me estoy refiriendo al nivel de endeudamiento
del año 1995.
¿Qué ha supuesto ello? Ha supuesto una considerable reducción de la prima de riesgo que tradicionalmente viene soportando nuestra economía. En el año 1995, la deuda pública soportaba un diferencial de 500 puntos básicos en relación con el
bono alemán; hoy ha desaparecido esa diferencia de rentabilidad. Se ha basado en la disciplina del gasto público, por lo que hoy los agentes económicos revisan al alza su expectativa de renta disponible, con el efecto que ello tiene en términos de
consumo y en términos de inversión, y ha posibilitado importantes e intensas rebajas impositivas. Por tanto, no se ha cuadrado ese equilibrio presupuestario con un aumento de ingresos, sino con una considerable reducción de la carga impositiva y un
aumento de la recaudación.
En segundo lugar, la estrategia de consolidación fiscal ha contribuido a la estabilidad macroeconómica. Impide que se produzcan presiones indebidas sobre la demanda agregada, que puedan dar lugar a tensiones inflacionistas y, además, modera
las necesidades de financiación de nuestra economía, adaptando el presupuesto al momento cíclico de la economía, de tal suerte que se deja jugar a los estabilizadores automáticos.
El tercer elemento de esa estrategia de consolidación fiscal ha sido que se ha basado en una disciplina del gasto corriente, por consiguiente sin perjuicio del gasto de inversión o, lo que es lo mismo, sin perjuicio de que el presupuesto
pueda enfatizar aquellas políticas que se consideran más positivas para el crecimiento económico. Veámoslo en perspectiva histórica. Desde el año 1995 al año 2003, la inversión en infraestructuras se ha incrementado un 130 por ciento, en un
esquema económico en que hemos sido capaces de reducir impuestos y de equilibrar el presupuesto; es muy fácil decirlo. Lo mismo podríamos decir en cuanto a la inversión en I+D+I y más habríamos hecho si no hubiéramos tenido la herencia económica
que hemos tenido en términos de endeudamiento. La última característica de la estrategia de consolidación fiscal que ha seguido nuestro país ha sido la disciplina jurídica del gasto público.
Por ello hemos aprobado una Ley de estabilidad
presupuestaria, por ello hemos aprobado recientemente una Ley general presupuestaria, por ello hemos aprobado, también recientemente, una Ley de subvenciones.
Concluyo ya, señora presidenta. Legamos a las generaciones futuras una economía sin hipotecas, una economía sin endeudamiento, una economía saneada y una economía con capacidad para invertir en el futuro de España y en el bienestar de sus
ciudadanos. Ese es el modelo del Partido Popular; el modelo del Partido Socialista sigue estando por ver.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor De Juan.
Señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Muchas gracias, señora presidenta.
La verdad es que mi intención no era criticar -lo digo sinceramente-, mi intención era proporcionar al presidente del Gobierno de España algunos elementos de juicio para que, cuando vaya por ahí sacando pecho, lo haga con solvencia porque
puede ocurrir que alguien le haga la cuenta. Me he encontrado con que lo que me dice el señor De Juan es que van a dejar una España sin hipotecas. ¿Qué hipotecas? La verdad es que hay hipotecas de todo tipo, pero hoy no es el día en que hay que
hablar de eso. Ahora, sinceramente, las autorizaciones legales de endeudamiento, de avales y de compromisos de inversión a largo plazo se elevan a una cifra espectacular, y un Gobierno que hace de la ortodoxia el leit motiv fundamental de su
política económica no debería incurrir en tamaña contradicción.
No me gusta repetirme a lo largo de la tarde, pero hoy se ha recordado aquella frase de San Agustín: Dadme la castidad, pero todavía no. Pues habrá que decírselo a ustedes alguna vez. ¿Cómo es posible que un Gobierno que presume de hacer
esas cosas insista en una política tan heterodoxa? Yo, que leo con alguna atención las posiciones políticas de los responsables del Partido Popular, le he oído decir al señor Rajoy que hay que hacer lo contrario de lo que dice el PSOE. A lo mejor,
desde su perspectiva, el señor Rajoy tienen razón. Ahora, si ustedes encontraron una sociedad endeudada, ¿por qué han persistido por ese camino? ¿Por qué las autorizaciones son 84.000 millones de euros, una bonita cantidad a la que este año
añadimos 12.000 millones de euros más en deuda, 2.200 millones de euros más en avales y 6.000 más en endeudamiento de órganos que no cuentan a la hora del déficit público?
Señor De Juan, hoy todos sabemos cuál es el truco; hace unos años quizá no. Hoy sabemos que hay múltiples organismos autónomos, múltiples actividades públicas que se sitúan por debajo de la línea de definición del déficit, que hacen
inversiones. Usted lo ha dicho hoy. Usted ha presumido aquí de que el presupuesto
incorpora una inversión pública del 10 por ciento. Tómese la molestia de averiguar si esa inversión pública sale de los capítulos 6 y 7. ¿A que no? El 10 por ciento es producto de los capítulos 6, 7 y 8, y el capítulo 8 no computa a
través de todas esas actividades y proyectos de gasto público que le he enunciado. Uno puede sorber o puede soplar, pero lo difícil es sorber y soplar a la vez. En buena medida, ustedes han creído establecer un principio que les ha funcionado. Yo
no tendría que recurrir a criterios de autoridad, pero todavía hoy hay una organización empresarial que dice que el primer problema de la economía española es la ausencia de competitividad, y que ese problema viene derivado por una política
económica que ustedes han llevado y que quiere situar volúmenes crecientes de inversión pública en holdings empresariales, propiedad del Gobierno, que no se someten al criterio de definición del déficit cero.
Por eso el déficit cero y el déficit
público, tal como lo presentan ustedes, es una estafa política, una mentira. Insisto, está feo que lo haga Aznar como presidente del PP, pero como presidente del Gobierno de España con nuestra complacencia en modo alguno lo puede hacer.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Fernández Marugán.
Señor De Juan.
El señor DE JUAN I CASADEVALL: Muchas gracias, señora presidenta.
La verdad es que me sorprende usted, señor Fernández Marugán, porque yo siempre había asociado la defensa de la castidad más a santo Tomás de Aquino que a san Agustín. Sin embargo, he de decir que con usted siempre se aprende mucho.
Otrora, aprendíamos las máximas ignacianas en la Comisión de Presupuestos; este año no nos ha obsequiado con máximas ignacianas, pero hemos aprendido algo del santo de Hipona, por lo cual nos felicitamos.
Dejamos un país sin hipotecas, ciertamente, o dejamos un país que no tiene las hipotecas que tenía en el año 1995, que sigue avanzando y seguirá avanzando con una política económica rigurosa. ¿Qué hipotecas hemos conseguido superar? La
hipoteca del endeudamiento, que estaba en un 68 por ciento en relación con el PIB y hoy está en un 53 por ciento. ¿Qué otra hipoteca hemos conseguido superar? La del déficit público, que en 1995 estaba en un 7 por ciento y hoy está en un cero por
ciento. ¿Qué otras hipotecas hemos conseguido superar? La de la voracidad fiscal desenfrenada que ustedes protagonizaron con todas las reformas del IRPF, siempre respondiendo a una constante: subir impuestos y subir impuestos precisamente a los
que tenían un nivel de renta más reducido. Nosotros hemos ido reduciendo impuestos. ¿Qué otra hipoteca teníamos en el año 1995? El paro, que estaba en el 23 por ciento. También hemos reducido esa hipoteca. De lo que no nos puede hacer
responsables, señoría, es de que no contabilicen los organismos públicos o de un fenómeno muchísimo más extendido, como es el de la huida del derecho administrativo, que le he explicado en varias ocasiones y que consiste en crear entes públicos.
¿Lo hemos inventado nosotros? No, también es una herencia de sus gobiernos.
Ustedes fueron creando entes públicos y separándolos de la Administración general del Estado. Por tanto, yo no voy a asumir la paternidad, sino que sencillamente hemos
continuado utilizando el mismo instrumento.
Coincido con usted, señor Marugán, y con ello concluyo, en que hay que avanzar en la mejora de la competitividad de nuestro país, pero yo siempre digo lo mismo, que una cosa es fijar el diagnóstico y otra muy distinta recetar la medicina.
Yo no sé cuál es su medicina, pero la nuestra consiste en reformas estructurales, en una política de incentivos fiscales a la I+D+I y en aumentar el gasto de I+D+I. Última hipoteca que hemos eliminado: desde el año 1995 a 2003 hemos aumentado en
más de un 240 por ciento el gasto en I+D+I. En el año 2003, este Gobierno, después de ocho años, deja un país sin hipotecas, un país que puede afrontar con ilusión su futuro y yo creo que será con un gobierno del Partido Popular.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor De Juan.
Debatimos a continuación el título VI. En primer lugar, para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego ha presentado al título VI una enmienda que pretende suprimir el párrafo tercero del artículo 62.Uno. Pensamos que el redondeo al alza de determinadas tasas supone un incremento de la presión fiscal por la vía
de los impuestos indirectos. Por otra parte, las tasas que se incrementan en ese apartado son exigibles por prestaciones de servicios de la Administración central, que en este momento presentan un balance favorable para esta Administración, es
decir, se trata de servicios con superávit, especialmente en todo lo que se refiere a la jefatura de Tráfico, por lo que el incremento de tasas constituye un espurio instrumento recaudatorio en vez de compensar el coste de los servicios prestados
por la Administración. Este es el motivo de nuestra enmienda de supresión.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rodríguez.
Señor Labordeta.
Título VI
El señor LABORDETA SUBÍAS: Doy por defendidas las enmiendas de los señores Saura y Puigcercós.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Labordeta.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Gracias, señora presidenta.
El Grupo de Izquierda Unida presenta dos enmiendas al título VI. Una de ellas es de adición y propone que se añada un artículo nuevo al título VI, capítulo 1, sección 03, relativa a los impuestos locales. Se trataría de un artículo que
habla del impuesto sobre los vehículos de tracción mecánica, que tendría efectos a partir del 1 de enero de 2004, actualizando las cuotas del impuesto sobre los mencionados vehículos contenidas en el cuadro tarifario del artículo 96.1 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales, mediante la aplicación de un coeficiente del 5 por ciento. Proponemos la actualización del cuadro de tarifas reguladas en la ley antes citada, relativo al impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica, a fin de evitar su obsolescencia en términos monetarios, puesto que han transcurrido varios ejercicios sin que se haya corregido. Se trata, pues, de mantener actualizada la base imponible del impuesto, lo cual no significa un
aumento de la presión fiscal, sino el mantenimiento de la presión fiscal que ya había. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
Otra enmienda, en la que se propone añadir un artículo nuevo sobre el impuesto sobre actividades económicas, con diversos apartados, que sería el 60 ter, diría lo siguiente: Uno. Con efectos del 1 de enero de 2004 se incrementarán en un 5
por ciento las cuotas, importes mínimos, así como los valores en euros por metro cuadrado del elemento tributario superficie de los locales consignados en el Real Decreto legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, y en el Real Decreto legislativo
1259/1991, de 2 de agosto. Dos. Se modifica la nota común a los grupos 811 y 812 del Real Decreto legislativo 1175/1990, añadiendo el siguiente redactado: ..siempre que dichas actividades no supongan la ordenación por cuenta propia de medios de
producción y de recursos humanos, o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. Tres. Se modifica el Real Decreto legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, con la inclusión en el grupo
151 de un nuevo epígrafe: Producción de energía termoeléctrica en centrales térmicas de ciclo combinado. Por cada kilovatio de potencia en generadores: 0,60 euros. En definitiva, la aplicación de nuevas tecnologías en el ámbito de la generación
de energía ha dado lugar a una nueva actividad de ciclo combinado no contemplada en el real decreto legislativo antes citado y que razonablemente debería de incluirse. Por tanto se trataría de actualizar las tarifas del tributo a fin de evitar su
obsolescencia en términos monetarios y de mantener la base imponible, lo que no conduce -como he dicho en la enmienda anterior- a un aumento de la presión fiscal sino a su mantenimiento.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Frutos.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor López de Lerma.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Quedan defendidas en sus propios términos.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López de Lerma.
Señor Fernández Marugán, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señora presidenta, si los hombres fueran ángeles, no sería necesario ningún gobierno; si los ángeles tuvieran que gobernar a los hombres, no serían necesarios ni controles externos ni controles internos de los
gobiernos. Esta es una bella frase de James Madison, de 1790, que se sitúa en un ideal lejano de la realidad política española de hoy en día, porque hoy, las autoridades del Ministerio de Hacienda vienen demostrando un gran interés en ocultar
cuanta información pueda producirse con arreglo a las consecuencias que se derivan de sus actos y han recurrido a los procedimientos más impropios de cualquier régimen democrático: a perseguir a los funcionarios, a expurgar las publicaciones, a
secuestrar los libros.. De la última gesta, de la última hazaña de Montoro nos acabamos de enterar la semana pasada y es la ocultación de una encuesta sobre el sistema fiscal porque la mayor parte de los encuestados dudaban de la equidad de la
legislación tributaria vigente en España. Comportamientos como los que acabo de relatar retratan al titular de ese departamento y le hacen responder a las características, en el sentido literario, de un triste y torpe Torquemada. (La señora
vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la presidencia.)
Señorías, en las sociedades democráticas, el estrechamiento de los espacios que los censores tratan de perseguir no abarca todas las posibilidades. Nosotros lo hemos vivido y lo hemos superado en tiempos no muy lejanos. Por tanto mis
palabras van más allá de la mera queja de que una persona del talante y de la ideología de don Cristóbal Montoro haya llegado en una democracia liberal a ser ministro de Hacienda. Por encima de este tipo de contingencia, tener un ministro como
Montoro tiene un coste y desde luego se va a ver en distintos renglones de la política de la Hacienda pública conforme vaya pasando el tiempo. De momento, mi
grupo querría pronunciarse sobre la reforma de 1999, que con tanto celo él ha tratado de ocultar. Si se compara la aportación de los contribuyentes poseedores de menor renta, de los de la primera decila, antes y después de la reforma, hemos
de decir que en 1998 su aportación al total de lo recaudado por el IRPF era del 1,48 y en 1999, después de la reforma, era del 1,51. Ingresaron un poco más, no mucho más, porque este tipo de contribuyentes tiene poca renta y por lo tanto poca
posibilidad de aportar más, pero en el otro extremo, en el de la decila 10, donde están los contribuyentes que tienen mayor renta y mayor riqueza, ha ocurrido lo contrario. La aportación de esos contribuyentes al IRPF en el año 1998 fue del 23,16
por ciento. En el año 1999, después de la reforma, fue del 21,78. El resultado, pues, de la reforma es que quienes más tienen y más pueden aportan menos y el efecto distributivo del impuesto lo han notado los contribuyentes poderosos y ha pasado
desapercibido para todos los demás. Eso coincide en buena medida con las publicaciones que vienen haciendo en este momento algunos organismos internacionales, como la OCDE, que ha dicho que en España, entre 1995 y 2002, la presión fiscal se ha
elevado 2,8 puntos respecto del PIB, dos puntos durante la primera legislatura y las restantes décimas durante la primera mitad de la segunda. Al calor del revuelo que se ha organizado con estos datos, nos hemos enterado de que el señor Rato
presume de que mientras él fue ministro de Hacienda no se elevaron los impuestos y por tanto los casi tres puntos de incremento de la presión fiscal se los ha colocado íntegramente al señor Montoro. Créanme, señorías, que este es un planteamiento
político extemporáneo. Que el máximo representante de los intereses de la plutocracia en el seno del Partido Popular se ufane jactanciosamente de que sus actuaciones políticas son radicalmente distintas a las que llevó a cabo mientras desempeñaba
el cargo de ministro de Hacienda no me parece aceptable. Es más, pienso que el simple hecho de que le haya sucedido en el despacho de ese departamento un ciudadano menestral cuyo único mérito conocido es el de ser funcionario empresarial no exime
al señor Rato Figaredo de las responsabilidades que haya podido contraer en su momento por las decisiones políticas adoptadas, porque, entre otras cosas, los datos de la OCDE coinciden con los de la Intervención General del Estado. En España, desde
el año 1996 hasta el año 2002 se ha elevado la presión fiscal en 2,8 puntos, 1,5 ha sido debido a sociedades, 0,7 a las cotizaciones sociales, 1,4 a la imposición indirecta y sólo ha habido un impuesto que ha bajado ocho décimas, el IRPF.
Al margen de la solvencia de las estadísticas proporcionadas por la IGAE o por la OCDE, la clarificación de su política fiscal se ha producido recientemente y de una manera muy atropellada. El señor Gallardón ha anunciado el propósito de
elevar los impuestos en la ciudad de Madrid para financiar un conjunto de proyectos que él tenía como alcalde. A partir de ese momento se ha producido una confusión en la escena, tanto por parte del Gobierno como del Partido Popular. Primero se le
dijo al señor Gallardón que explicase sus propuestas a los ciudadanos; después, el señor Rajoy vio durante algunas horas que era conciliable mantener menos impuestos y subirlos un 25 por ciento en Madrid. De los empujones que ha recibido el señor
Gallardón de los de Economía y de los de Hacienda les hago gracia, porque entre otras cosas han sido públicos y manifiestos. De poco sirvieron las palabras de Arenas diciendo que el enredo había quedado zanjado. Su frivolidad no duró 24 horas, que
no es poco viniendo de donde viene. En cualquier caso, lo cierto y verdad es que mientras esto decía, Rato madrugaba, y madrugaba deprisa, y las cosas no terminaron ahí. A Gallardón no le permitieron explicarse. Simplemente le dijeron que tenía
que rectificar y toda esta astracanada ha servido para que queden claras algunas cosas, primero, cuál es su política fiscal, segundo cuál es la doblez política con la cual se desenvuelven y tercero cómo y cuáles son los intereses que han venido
defendiendo.
Señorías, ustedes no han discutido sobre si hay que subir o no los impuestos, ¡no!; ustedes lo que han discutido es de si los españoles deben percatarse o no de que lo han hecho, porque si los españoles se percatan de que ustedes han
subido los impuestos, la política es mala, es lo que creen; y si los españoles no se percatan de que se han subido los impuestos, qué más da. Ese es el fondo de la cuestión; eso, además de una operación en la que de nuevo han quedado explicitados
sus compromisos políticos. Mire usted, Rajoy, Rato y Montoro han subido en España los impuestos a las rentas del trabajo, y mucho, de tal manera que hoy España es la nación de la Unión Europea en la que la fiscalidad de los salarios ha subido más
en los últimos años, y a esos mismos ciudadanos a los que ustedes han subido los tributos sobre sus salarios les dicen ahora que les van a subir el IBI de sus casas y sus impuestos, y lo hacen sin complejos. Las cosas no quedan ahí, porque ¿se
suben los impuestos a todos? No, a todos no; se los van a subir a algunos. En defensa de quienes se han instalado en la multipropiedad, en defensa de quienes han alimentado la especulación inmobiliaria, ¡cómo no!, ha venido rápidamente Rato, y ha
venido con la dureza con la que actúa quien está dolido porque cree que le deben algo. Ese es, señorías, el fundamento de la política fiscal del Partido Popular.
No quedan ahí las cosas, porque a lo largo de los últimos días nos hemos encontrado con un diagnóstico sobre la realidad tributaria española realizado nada más ni nada menos que por los más cualificados funcionarios de la Administración
tributaria, que nos han dicho que no les parece que en este momento se estén cumpliendo adecuadamente las funciones de lucha contra el fraude; que las autoridades fiscales no se esfuerzan lo suficiente; que se promueven normas que dificultan la
persecución del fraude fiscal y han dicho algo más, han dicho que se distribuye desigualmente la presencia inspectora; que se observa -y lo digo textualmente- que los esfuerzos de la Inspección se centran cada vez
más en comprobar el grado de cumplimiento de los contribuyentes que están sometidos y que mejor cumplen sus obligaciones tributarias, grupo formado por los trabajadores asalariados y por los pequeños y medianos empresarios, que se ven así
sometidos a una presión por parte de la Inspección de Hacienda muy superior a la que correspondería a sus auténticos factores de riesgo. Esta denuncia, señorías, es gravísima; esta denuncia implica que se está utilizando la Inspección tributaria
del Estado, un servicio de la Administración pública española, para una aplicación injusta de la carga fiscal. Además, los inspectores hablan de la mala calidad del trabajo inspector, porque se está impulsando a los servicios de inspección a
regularizar las manifestaciones más visibles del incumplimiento tributario, pero no se hace nada por cubrir y por evitar el fraude sofisticado, y denuncian la falta de equilibrio y responsabilidad de las autoridades del Ministerio de Hacienda
diciendo que hay normas que responden a la actuación de grupos de presión, cuyo acceso cada vez más fácil a los responsables políticos en beneficio propio o en el de sus clientes origina un fuerte desánimo entre los funcionarios de Hacienda. He
elegido seis frases de ese documento; podía haber elegido algunas más. Esta denuncia ha ido acompañada de la enumeración de una serie de caladeros fiscales, y cuando una denuncia adquiere la publicidad que ha adquirido en este caso, en modo alguno
puede eludirse la respuesta a la misma. Si las afirmaciones hechas por los inspectores son ciertas, surge una duda en torno a la entidad y al papel que desempeña en este momento el ministro de Hacienda, surge una duda sobre la ética de su
comportamiento, sobre su actuación, y cabría preguntarse ¿a qué se dedica? ¿Es que acaso es una tapadera? Si por el contrario estas afirmaciones no son ciertas, la duda se traslada al colectivo de funcionarios, que a partir de haberlas formulado
difícilmente podrán dirigirse a un solo contribuyente para hacer la más simple y la más rutinaria de las comprobaciones. Tratar de evitar el problema planteado recurriendo a la rastrera argumentación de que quienes han hecho esta denuncia sólo
pretenden alzas salariales mediante modificaciones cuantitativas de su esquema retributivo es un exponente más de la anestesia que afecta en este momento a importantes miembros políticos del Partido Popular. Señorías, el Estado de derecho se
fundamenta en la comprobación real de las normas que se aprueban, en la seguridad de que las normas fiscales se aplican por igual, en la responsabilidad de todos: de los actuarios, quienes de ser ciertas estas afirmaciones habrán incurrido en una
altísima responsabilidad que afectará a su dignidad profesional, y de las autoridades políticas del Ministerio de Hacienda, a las cuales no les queda más remedio que demostrar que estas acusaciones son infundadas. El silencio en este asunto es
notorio, porque me temo que es un silencio cómplice.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor Fernández Marugán.
¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Blancas.
El señor BLANCAS LLAMAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, me corresponde posicionar y fijar la postura del Grupo Parlamentario Popular, al que represento, en el título VI relativo a normas tributarias, aunque de la intervención del señor Fernández Marugán, al cual contestaré cuando llegue
su turno, parecía ser que estamos hablando de otra cosa
El título VI recoge las normas tributarias, es decir, aquellas leyes o normas sustantivas de los distintos tributos, llámese o léase impuestos, contribuciones especiales y tasas, lógicamente para el ejercicio próximo de 2004. En relación
con los impuestos directos hay que señalar la escasa modificación que ha tenido este título. Concretamente en el IRPF, artículo 57, se actualizan los coeficientes de los valores de adquisición de los inmuebles. No tiene mayor trascendencia, ha
sido incorporada la enmienda en trámite de ponencia y se respeta el texto legal con las referencias hechas del Real Decreto-ley 5/1996, sobre medidas urgentes de carácter fiscal. El impuesto sobre sociedades no sufre modificación. Se actualizan
los coeficientes de corrección monetaria para las transmisiones y se modifica el pago fraccionado del impuesto sobre sociedades durante 2004. En cuanto los tributos locales, impuesto sobre bienes inmuebles, se actualizan los valores catastrales
aplicándole el 2 por ciento como incremento. Los impuestos indirectos, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, apenas sufren modificación.
En cuanto a las tasas -y entro en el tema de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas por el señor Rodríguez, Bloque Nacionalista Galego- se actualizan para adaptarlas a la inflación prevista en los presupuestos de 2004,
concretamente para aplicarles el 2 por ciento. Es cierto que hay tasas a las que se les aplica el redondeo.
Siempre se ha hecho, especialmente en esas tasas complejas de las jefaturas provinciales de Tráfico. No se trata de incrementar los
impuestos, sino simplemente de redondear y facilitar al ciudadano sus relaciones y sus trámites con la Administración, pero no suponen en absoluto incremento de impuesto alguno.
En cuanto a las enmiendas números 305 y siguientes, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, le comento al señor Frutos que efectivamente esta enmienda trae ya una secuela de otros años. Solicitan el incremento del 5 por ciento
en la cuota del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, vulgarmente conocido como circulación de vehículos.
Quiero decirle lo mismo que le comentaba a su compañero señor Rejón en el trámite de Comisión, que es un tributo local, donde las
entidades locales, los municipios, tienen facultad normativa para poder aplicar índices
correctores a este tipo de impuestos, por lo que no creemos conveniente incrementar y aumentar los impuestos sobre los vehículos de tracción mecánica como ustedes solicitan. En cuanto a su solicitud de incrementar el impuesto sobre
actividades económicas hay que recordar también que efectivamente ya han sido autorizadas las haciendas locales, cuando se modificó la Ley 51/2002, que reformaba la Ley 39/1988, de régimen de haciendas locales y facultaba a los municipios para poder
incrementar los impuestos que competen, como saben SS.SS., al impuesto sobre actividades económicas. Hay una enmienda, relativa a la producción de energía termoeléctrica en centrales termodinámicas, que coincide con la 1866, del Grupo de
Convergència i Unió y que ha dado por defendida su portavoz, y con las enmiendas 840 y 1702, del señor Saura, de Iniciativa per Catalunya, y del señor Puigcercós, de Esquerra Republicana, a la que me voy a referir brevemente. Como SS.SS. conocen,
existen sentencias del Tribunal Supremo en las que se dice que para aplicar este tipo de cuotas hay que tener un estudio pormenorizado de las cuotas que se intentan implantar. Aparte de eso, como SS.SS. saben, en el Real Decreto legislativo
1175/1990, que aprueba las tarifas y las instrucciones del impuesto sobre actividades económicas, existe un epígrafe, que yo llamo de cajón de sastre, en el que puede quedar perfectamente englobado este tipo de cuotas por producción de energía, ya
que ahí se habla de producción de energía, no especificada en otros epígrafes anteriormente.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, efectivamente hemos oído un mitin del señor Marugán. Comenzó hablando de mística, después de política económica general, antes habló de política municipal, del Ayuntamiento de
Madrid, y terminó haciendo referencia al manifiesto de un congreso recientemente celebrado por los inspectores financieros y tributarios. Yo me he quedado perplejo porque no le he oído hablar para nada de lo que son las normas tributarias, siendo
él como es inspector financiero y tributario. Le repito lo que le recordaba en el trámite de Comisión y es que el Partido Popular no ha deflactado -no le he oído hablar de ello- las tarifas del impuesto, puesto que la deflactación de los impuestos
se produce cuando hay índices elevados de inflación. Yo no voy a recordarle ahora los índices sufridos -y digo sufridos- en los años 1990 hasta 1995 por todos los contribuyentes, que me parece que estaban entre el 5 ó el 6, y ya al final del año
1995 se llegó al 4,7, un índice de inflación moderado, cuando el crecimiento económico, curiosamente, estaba dos puntos por debajo, en el 2,7. Usted es muy aficionado a citar a Schumpeter y a Paul Samuelson. Yo le voy a decir simplemente que
tenemos catedráticos españoles que escriben muy bien y muy claro y no hay que traducirlos. En este caso hay un grupo de autores españoles que escriben sobre la política económica española en general y ahí puede encontrar los datos que se reflejan
por parte de un profesor, Vicente Fernández. No conozco la ideología de este profesor-catedrático, pero puede leerlo y verá cómo refleja los índices que le he dicho. En el año 1995 el Gobierno socialista tenía una inflación del 4,7 por ciento y el
crecimiento económico estaba en el 2,7, siempre por encima la inflación del crecimiento. Curiosamente, y usted lo conoce perfectamente, estamos en unos índices de crecimiento de la renta del 5,9 y la inflación está por debajo, regla de oro en
economía, que la inflación esté siempre por debajo del crecimiento. Ustedes nunca la aplicaron porque al final de cada ejercicio siempre generaban déficit público. No lo voy a reiterar porque mi compañero Jordi de Juan ya le ha dicho que el
déficit público del 7 por ciento, desde los años 2001, 2002, 2003 y 2004, ha quedado establecido en cero, o sea, no se gasta más de lo que se ingresa. Usted ha citado en cierta ocasión al señor Samuelson en relación con la confianza. Yo le invito
a que lea un artículo de un profesor catedrático de economía aplicada que a usted no le agrada, el señor Montoro, para que vea cómo la confianza de la sociedad española ha llevado a una estabilidad política, a un acercamiento de la convergencia real
con Europa, y eso se ha producido gracias a esa confianza de la que el profesor Montoro habla en este artículo y que le recomiendo, para que no se vaya al extranjero. Gracias a esa política de estabilidad económica se ha generado una política de
estabilidad general en todo el Estado y gracias a eso se ha impulsado la economía, se ha generado confianza en la empresa, se ha generado confianza en la sociedad y se ha llegado a un mayor empleo. Esa es la política que ha aplicado el profesor
Montoro, que a usted no le agrada, pero que al parecer hoy en día ya se vitupera menos, porque parece ser que ustedes están de acuerdo con el déficit cero y la política de la Ley de estabilidad presupuestaria.
Usted dice que no, que la OCDE, según los datos macroeconómicos que usted maneja, dice que no se han bajado los impuestos en España. Yo le dije en Comisión que pregunte a los 2.200.000 españoles que no pagamos, porque yo me incluyo entre
ellos, el impuesto sobre actividades económicas; pregúnteles a ver si eso ha sido una rebaja de impuestos o no ha sido una rebaja de impuestos; pregunte a las familias españolas, pregunte a las mujeres españolas, pregunte a los mayores, pregunte a
los disminuidos, a ver si con la Ley 46/2002, de reforma del impuesto sobre la renta, y con la Ley 40, aprobada también durante el Gobierno del Partido Popular, no se les ha reducido los impuestos. Esos españoles con menos capacidad económica que
declaran menos de dos millones de pesetas -12.000 euros- han visto sustancialmente reducido su tipo impositivo, y no le quiero traer las cifras a las que se tributaba cuando ustedes estaban ejerciendo la política económica española, nada más y nada
menos que al tipo del 25 por ciento, después redujeron al 20, como mucho, y el tipo marginal máximo estaba con ustedes en el 56. El Gobierno del Partido Popular redujo los impuestos en este caso sobre la renta nada menos
que al 18 por ciento en la primera bajada de impuestos y en la segunda al 15 por ciento; con la ley que entró en vigor el día 1 de enero de 2003, el tipo marginal ha pasado del 56 al 45. Si eso no es bajar los impuestos, yo creo que usted
ha cambiado el destino ahora mismo y tiene que volver, como le decía, a estudiar un poco más profundamente en la facultad donde estudió.
Termino diciendo que ahí está el incremento de empleo, que ha supuesto para la sociedad española más recaudación de impuestos, ha hecho posible la segunda rebaja y está haciendo posible -lo ha anunciado el futuro, y digo futuro porque lo
será, presidente, don Mariano Rajoy- esa tercera rebaja de impuestos que se ha anunciado ya, gracias a que la recaudación no ha disminuido, al contrario, se ha incrementado, política completamente distinta a la de ustedes. Ustedes tuvieron la
política de crear más impuestos y generar paro; la política del Gobierno popular ha sido menos impuestos, más empleo.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor Blancas.
Concluido el debate del título VI, pasamos al debate del título VII y de las secciones 32 y 33. Para la defensa de las enmiendas presentadas a este título y secciones, tiene la palabra el señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, querría dar por defendidas las enmiendas presentadas por el señor Saura y el señor Puigcercós.
Queremos defender las diez enmiendas presentadas al articulado de este título del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, así como a la sección 32. De entre las propuestas queremos destacar la que pretende incluir a Aragón
dentro de los territorios que pueden percibir ayudas de los fondos de compensación interterritorial. Entendemos que la estadística ha privado de recursos económicos a las comarcas rurales del Ato Aragón y de la actual provincia de Zaragoza. En
este momento en que van a modificar los criterios existentes hasta ahora para el acceso a estos fondos en la Unión Europea, tras la entrada de nuevos países miembros, creemos que ya es tiempo de incluir el fenómeno de la despoblación como un
elemento más objetivo y revelador de la situación social, económica y demográfica de un territorio. Por estos motivos presentamos las enmiendas al artículo 96 mediante la modificación del mismo y la adición de un nuevo punto 96. b). Igualmente
queremos destacar, en la sección 32, la necesidad de lograr un convenio a tres bandas para financiar la puesta en marcha de un servicio ferroviario de cercanías para Zaragoza y su entorno.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor Labordeta.
Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el señor Núñez Castain.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Muchas gracias, señora presidenta.
Las enmiendas andalucistas a este paquete afectan a tres cuestiones: una primera es la llamada deuda histórica, disposición adicional segunda del Estatuto de Andalucía; una segunda, la dotación del Fondo de Compensación Interterritorial, y
una tercera, las obras de metro.
Respecto a la primera, vuelvo a insistir, como hace tantos años, tantos como desde la propia publicación del estatuto y del refrendo de esta Cámara, en que es una deuda constitucional que está escrita en la disposición adicional segunda de
un estatuto que ha sido refrendado por esta Cámara y que intenta corregir el desfase en el momento de las transferencias de determinadas competencias que se pasaron a la Junta de Andalucía. Para eso la volvemos a dotar de un fondo que año tras año
vemos que no se cumple. No se cumplió en la etapa de los gobiernos del Partido Socialista, tampoco se ha cumplido en esta etapa de los gobiernos del Partido Popular.
Una segunda se refiere a la cuantía del Fondo de Compensación Interterritorial, el único mecanismo constitucional de corrección de desequilibrios. Hoy mismo leíamos en prensa en las declaraciones de la patronal que la pérdida de
competitividad de las empresas de este país sólo es posible corregirla corrigiendo los desequilibrios. La cuantía del Fondo de Compensación Interterritorial es menor del 0,5 por ciento del presupuesto. Tardaremos décadas en converger y, por tanto,
hemos hecho una propuesta de incremento de este fondo hasta 1.850 millones de euros.
Por último, que se concreten partidas específicas para el metro de Sevilla, para lo que la Junta de Andalucía ya tiene dotados 35 millones de euros este año para
la anualidad del año que viene, y para el estudio del metro de Granada, que tampoco tiene dotación presupuestaria.
Estas son las cuestiones que afectan a este paquete. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor Núñez.
Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego presenta cuatro enmiendas al título VII, destinadas, en primer lugar, al artículo 85.2.a), a una modificación en cuanto que la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y las sucesivas leyes de Presupuestos
Generales del Estado no contemplan una asignación de recursos económicos del
Título VII y secciones 32 y 33
Estado a entidades asociativas supramunicipales que presten el servicio de transporte colectivo urbano, sino que reducen esa asignación únicamente a los municipios que presten el servicio de transporte de forma individualizada. Está claro
que esta política no tiene justificación, sobre todo si atendemos al mandato del artículo 142 de la Constitución.
Pensamos que se deben adoptar las medida necesarias e incrementar los recursos disponibles para que las entidades locales puedan
seguir prestando ese servicio en las mejores condiciones, eliminando simultáneamente trabas injustas como la limitación al reparto de las subvenciones estatales por la prestación del transporte colectivo urbano a las mancomunidades o entidades
municipales asociativas.
La segunda enmienda se refiere a un apartado 3 nuevo en el artículo 87, para que la exención del IBI de los bienes afectados a la defensa nacional, contemplada en el artículo 63.1.a) de la Ley de haciendas locales, que supone un fuerte
impacto en la hacienda local del Ayuntamiento de Ferrol puesto que alrededor de un 20 por ciento de su superficie está ocupada por edificios vinculados al Ministerio de Defensa, sea compensada debidamente, ya que esto conlleva una reducción de los
ingresos por este concepto. Dada la singular situación de este municipio en el Estado español y teniendo en cuenta que de esa exención otorgada en el impuesto local no se deriva ningún beneficio o posición privilegiada para el ayuntamiento a
efectos de adquisición de los bienes militares cuando son desafectados para la defensa del Estado, pedimos esta compensación.
Por último, hay dos enmiendas que se refieren a aumentar sensiblemente la cantidad asignada para el Fondo de Compensación Interterritorial al ser insuficiente la inicialmente dotada, ya que el citado Fondo de Compensación Interterritorial no
ha cumplido la función de hacer efectivo el principio de solidaridad de manera que las comunidades autónomas menos desarrolladas pudiesen ser favorecidas por las inversiones ejecutadas con la dotación de ese fondo. Se considera conveniente, por
tanto, prestar mayor prioridad a este fondo, aumentar su dotación para que los desequilibrios interterritoriales puedan ser superados y hacer efectivo el principio de solidaridad.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Rodríguez Sánchez.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones para la defensa de sus enmiendas.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.
Mi grupo mantiene para el artículo correspondiente a la sección 32, entes locales, cinco enmiendas que afectan a aspectos de apoyo y fomento en el transporte colectivo de cinco cabildos insulares de nuestro Archipiélago, como son los no
capitalinos de Tenerife y Gran Canaria que están fuera de las enmiendas que presentamos y van dirigidas a lograr una dotación que permita el equilibrio presupuestario que está pactado en los contratos programa que existen para el apoyo y fomento del
transporte colectivo, verdadera situación de necesidad económica y social en el archipiélago canario para los cabildos insulares de las denominadas islas menores o periféricas, como son concretamente -y a cada uno de ellos se dirigen las enmiendas
números 965 a 969- los cabildos de Fuerteventura, Lanzarote, Gomera, Hierro y La Palma.
Nosotros pedimos que se respete el documento jurídico vinculante, que es documento suficiente a los efectos de actualizar el equilibrio presupuestario pactado por los contratos programa. Se piden unas dotaciones de diversa cuantía, según la
necesidad de cada uno de los cincos cabildos insulares que he dicho y consideramos, no solamente de justicia sino de cumplimiento de cláusulas contractuales del contrato-programa que existe para las aportaciones de la Administración general del
Estado, en un 50 por ciento más o menos, según los pactos hechos a través del contrato programa, que se pueden llevar a efecto.
Estamos pidiendo sólo algo que, de cumplirse automáticamente las cláusulas contractuales del contrato-programa, no
habría ni que pedirlo pues debería funcionar automáticamente el mecanismo de resolución de la anualidad del año 2003 para el 2004, igual que se había hecho ya en el contrato-programa del año 2002 a 2003. Hemos presentado correctamente la técnica
reglamentaria presupuestaria de los conceptos que se dan de alta en estos cinco cabildos insulares canarios y las correspondientes bajas en entes territoriales en la idoneidad del trasvase del presupuesto de transferencias corrientes a las
corporaciones locales. Por tanto, pedimos la consideración del grupo mayoritario y del Gobierno a estas enmiendas.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón para la defensa de las enmiendas.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, sean mis primeras palabras para mostrar mi total acuerdo con las intervenciones de don José Antonio Labordeta y del señor Núñez, tanto por el contenido como por la forma. ¡Quién sería yo
para meterme con la forma!
Estamos totalmente de acuerdo en que a la hora de hacer frente a la esta reforma del FCI y al fondo de nivelaciones se tenga en cuenta la especial peculiaridad y particularidad de la despoblación de la Comunidad Autónoma de Aragón. (La
señora presidenta ocupa la presidencia.) No le voy a hablar al señor Núñez de deuda histórica, ya que no podría enseñarle sobre este tema. Al fin y al cabo, fue un invento que me costó más
de un dolor de cabeza. Sobre la deuda histórica hay que entender que no solamente la Comunidad Autónoma de Andalucía sería beneficiaria por la aplicación del bloque constitucional. Está claro que el Estatuto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía tiene una disposición adicional segunda donde se recoge lo que decía el señor Núñez, pero también el de la Comunidad Autónoma de Extremadura tiene la misma redacción en su disposición adicional segunda. Por tanto, son dos comunidades que
tienen derecho por cumplimiento del bloque constitucional, porque viene en sus propios estatutos y en el bloque constitucional, a que se les resarza por cantidades no satisfechas por el Estado desde la aprobación de los respectivos estatutos.
Nuestra enmienda afecta también al tema de la deuda histórica. Dicho esto, un segundo bloque de enmiendas plantea la compensación a los ayuntamientos españoles de la generosidad con que el Gobierno de la nación produce exenciones a autopistas de
peaje en el IBI, a colegios y centros concertados. Si son generosos, séanlo con su dinero, no lo sean con el bolsillo de los ayuntamientos de este país.
Por último, en el fondo de nivelación les pedimos que cumplan algo que año tras año han ido metiendo en sus presupuestos, dotándole de 5.000, 10.000 ó 12.000 millones de pesetas, aunque escribían al lado: se creará una comisión que
estudiará la forma de repartirlo, cuando todavía existía en su redacción originaria el artículo 15 de la LOFCA, y decían: y repártase con los criterios... Al final ni se crea la comisión, ni se reparte con criterios, ni sigue el artículo 15 de la
LOFCA tal cual fue hecho.
Nosotros lo que decimos es: cúmplase aquello que en distintos presupuestos se introdujo y que entra dentro del mandato constitucional.
En cuanto al Fondo de Compensación Interterritorial, habría que cambiar el valor
absoluto sobre el que se aplica el porcentaje. Los porcentajes no pueden estar sobre algo tan manipulable, tan maleable -en el buen sentido de la palabra- como las obras nuevas, porque se pueden desagregar cantidades en esa fiebre privatizadora,
hacia el exterior, de determinadas actividades públicas, porque el concepto de obra nueva viene a menos. El porcentaje correspondiente puede ser modificable, no en cuanto a subirlo cuando vayan bajando los valores absolutos de obra nueva, pero
entiendo que se debería fijar un porcentaje sobre valores mensurables, como puede ser el PIB anual. Nosotros planteamos una cantidad similar, que se fije el 0,15 del PIB. El posible portavoz del Grupo Popular en este tema ha dicho que es igual.
Pues no lo es, porque al PIB no se le puede ir raspando a la baja, ni apartando, salvo que yo en mis cortas luces no me haya enterado Lo que nos gustaría es que se fijara sobre unos criterios determinados que no se puedan modificar en virtud de
razones políticas. Estamos hablando de un mandato constitucional que no puede estar trabajando sobre valores absolutos, vuelvo a insistir, plenamente maleables.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor López de Lerma.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Señora presidenta, señorías, a este título VII nuestro grupo parlamentario mantiene un par de enmiendas.
La primera de ellas trata de aplicar las ayudas concedidas por servicios de transporte colectivo urbano a todos los municipios mayores de 20.000 habitantes que presten de una manera efectiva este servicio, con independencia del número de
unidades urbanas censadas. La segunda trata de la disposición transitoria segunda de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, que establece la vigencia de una antigua bonificación del 95 por ciento que, de acuerdo con la entonces vigente
normativa, gozaban las sociedades concesionarias de autopistas respecto a la antigua contribución territorial urbana. La continuidad de esta bonificación hasta la extinción de la concesión se hace recaer sobre el nuevo impuesto sobre bienes
inmuebles de naturaleza urbana, impuesto de nueva creación en la propia ley, de entrada en vigor en enero de 1990, como ustedes recordarán, y que constituye uno de los impuestos de carácter local respecto a los cuales, de acuerdo con el artículo 9
de esta ley, toda bonificación o exención que se constituya ha de ser compensada por el Estado, única Administración que tiene competencia para aprobarlas y para concederlas. Por lo tanto, contemplar su vigencia en el nuevo impuesto debe
compensarlas en cumplimiento y equiparación de los supuestos de ese artículo 9 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. La vigencia de esta bonificación, así como su derecho compensatorio, han sido reconocidos por los tribunales, en concreto
por el Tribunal Supremo, que ya de una manera definitiva ha zanjado el asunto a favor de los municipios.
A la sección 32, entes territoriales, nuestro grupo parlamentario mantiene en este trámite cinco enmiendas. La primera de ellas es una modificación de la dotación para la autoridad del transporte metropolitano de Barcelona, toda vez que en
las previsiones del contrato-programa -previsiones que se podrán cumplir o no- que se están negociando en la actualidad hay una diferencia notable respecto de cuanto está presupuestado. Nosotros lo enmendamos en el sentido de incrementar la
dotación correspondiente. Asimismo, hay una adecuación de los recursos para la financiación de la Policía autonómica derivada del convenio de financiación. Entendemos que esto irá a misa, como se dice coloquialmente, pero no lo encontramos
recogido de manera correcta en los presupuestos y por ello presentamos esta enmienda.
La enmienda número 2110 trata de modificar el estado de gastos de esa sección, entes territoriales, para dotar a las comunidades autónomas de recursos para iniciar el cumplimiento del principio de lealtad institucional
que el artículo 7 de la Ley de modificación de la Ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas establece. La siguiente enmienda se refiere a un incremento para el departamento de Justicia e Interior de la Generalitat de
Catalunya para el ejercicio de sus competencias en materia de protección civil. Y la última, la número 2112, trata de la compensación en ese 95 por ciento de manera igual a la que ya hemos defendido sobre el impuesto de bienes inmuebles, de acuerdo
con la Ley Reguladora de las Haciendas Locales referida siempre a las sociedades concesionarias de autopistas.
Muchísimas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López de Lerma.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Rodríguez Bolaños.
El señor RODRÍGUEZ BOLAÑOS: Gracias, señora presidenta. Señorías, voy a defender las enmiendas que nuestro grupo mantiene en este trámite parlamentario al título VII, entes territoriales, con la sección 32, financiación de los entes
territoriales. Tanto el articulado como las secciones trasladan en este presupuesto para el año 2004 los sistemas de financiación consecuencia de los modelos financieros aprobados para las comunidades autónomas y para los ayuntamientos españoles,
como no podía ser de otra manera. Dicho esto, en coherencia no debería haber enmiendas sustanciales ya que ha existido acuerdo, y reciente, con las comunidades autónomas y con la Federación Española de Municipios y Provincias en cuanto a su sistema
de financiación. Pero nada más lejos de la realidad ya que son múltiples, como hemos visto, las enmiendas presentadas, y no sólo por mi grupo, sino por el conjunto de los grupos políticos de esta Cámara. Estas enmiendas están elaboradas a
instancia de las diferentes comunidades autónomas y de los ayuntamientos españoles, que nos muestran su insatisfacción por la situación financiera en que se encuentran. Ayer mismo se publicaba en una revista de economía un titular significativo:
Los municipios y regiones emitirán más deuda para financiarse. Además reconocía el Ministerio de Hacienda que esto es así porque necesitan emitir deuda por sus crecientes necesidades de gastos y para abordarlos.
Por tanto, no han satisfecho en
absoluto estos recientes acuerdos entre el Gobierno y las administraciones del Estado, comunidades y ayuntamientos en relación con su financiación.
En lo que respecta a las comunidades autónomas, tiene tres elementos por los que se exterioriza esa insatisfacción: la cicatería con la que el Gobierno contempla conceptos e interpretaciones de los propios acuerdos adoptados; la falta de
garantía sobre la financiación de la sanidad y los flecos pendientes que año tras año traemos a este debate presupuestario, porque el Gobierno no tiene voluntad política por resolverlos. Haciendo una referencia rápida a todas estas cosas, diré que
la cicatería se demuestra claramente a la hora de aplicar e interpretar por parte del Gobierno el fondo de suficiencia para las comunidades autónomas, tanto en lo que se refiere al cálculo como a la liquidación de dicho fondo. Y no estamos hablando
de que se interprete de una manera más generosa, sino de que se aplique estrictamente el artículo 15.1 de la LOFCA, que es el que hace referencia al fondo de suficiencia y que se aplique también lo relativo a la liquidación de dicho fondo. En ese
sentido van presentadas las enmiendas números 1280 y 1281.
Hablaba de la endeblez existente en la garantía que para las comunidades autónomas tiene la financiación de la sanidad. Me voy a remitir a una prueba que es suficientemente convincente: las propias comunidades autónomas gobernadas por el
Partido Popular -me refiero a la Comunidad Autónoma de Galicia entre otras- tienen que recurrir a la elevación de determinados impuestos, el de la gasolina, a través de recargos estatales para financiar la sanidad. Eso nos da una prueba evidente de
que a la hora del acuerdo sobre la financiación de la sanidad, no ha sido el Gobierno lo suficientemente sensible para atender no solamente al gasto que en aquel momento producía, sino a la evolución de dicho gasto. Hay otro aspecto que quiero
también destacar aquí y es el de que, como otros portavoces han hecho mención, se dé por fin solución a las deudas que tienen contraídas algunas comunidades autónomas, como la llamada deuda histórica de Andalucía y Extremadura, o que se dé
cumplimiento a la liquidación definitiva del quinquenio 1997-2002 para la Comunidad Autónoma de Andalucía.
A la hora de ver la financiación de las corporaciones locales, señorías, nuestra posición tiene que ser necesariamente más crítica, ya que pensamos que los ayuntamientos españoles no han mejorado con la nueva ley de financiación y siguen en
una situación de insuficiencia financiera preocupante. La financiación de las corporaciones locales está basada, aparte de los tributos propios, en la participación en los ingresos del Estado, en el fondo de suficiencia y en la participación en una
serie de fondos en los que una vez más el Gobierno es insensible y cicatero. Se ha hablado -y tenemos presentadas enmiendas en esa dirección- de la subvención del transporte público urbano, que lleva años en que no va acompañado ese crecimiento de
financiación del crecimiento del déficit de este capítulo trascendente para el conjunto de los ayuntamientos. Hay algo más chocante, que es la compensación por beneficios fiscales, que graciosamente el ayuntamiento pone en marcha, pero con cargo a
arcas que no son suyas. Lo ha dicho el señor Rejón y lo vuelvo a decir: es fácil invitar a copas cuando pagan otros. Y ustedes dicen: vamos a eximir fiscalmente del IBI a las autopistas de peaje, pero es que ese IBI no es suyo, señores del
Gobierno, es un IBI que correspondería a las corporaciones locales y ustedes graciosamente eximen a los propietarios con cargo a las arcas municipales; o los terrenos ocupados
por el Ministerio de Defensa, en los territorios que decide el Gobierno y que no son los ayuntamientos; o el desprecio a los pequeños ayuntamientos, en el que año tras año nos reiteramos, porque no hay una situación de sostenibilidad
financiera para el conjunto de los pequeños ayuntamientos. Tan es así, que es difícil que puedan cumplir no solamente con lo que se consagra como suficiencia financiera sino con los elementos mínimos de representación democrática e institucional
que serían exigibles a cualquier ayuntamiento. Por otro lado está la necesaria colaboración que el Gobierno tiene que tener en la cofinanciación del metro de Sevilla, en el de Málaga o en el de Granada; el compromiso con la autoridad del
transporte metropolitano de Barcelona, etcétera. Como verá, son múltiples las enmiendas que planteamos a este título, que van encaminadas a la financiación de las corporaciones locales y comunidades autónomas. Por otra parte, tenemos la
compensación del impuesto sobre actividades económicas. En el impuesto sobre actividades económicas no puede regatearse ni una peseta. El acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias lo que dice es que todo aquello que pierdan los
ayuntamientos porque dejan de percibir un impuesto propio sea compensado al cien por cien por el Gobierno para el conjunto de los ayuntamientos.
Esto no se está produciendo. Ustedes han contemplado un momento determinado de ese impuesto para hacer
a partir de ahí la evolución de dicho impuesto, sin tener en cuenta cuál sería la voluntad política de los ayuntamientos para tratar de un impuesto que les es propio.
Finalizo ya mi intervención. Como conclusión he de decir que con la ley que se acordó con la Federación Española de Municipios y Provincias -por cierto, tiene un anexo que está sin cumplir, aunque no venga al caso, pero creo que es
importante, que es la participación de los ayuntamientos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ya que en este momento tiene que tomar decisiones importantes sobre tributos y en el órgano donde se decide los ayuntamientos están ausentes- no
se han cumplido las obligaciones que el Gobierno tenía con los ayuntamientos. Echamos de menos, porque es un clamor de los ayuntamientos españoles, el deseado y ya manido pacto local. Desde hace siete años los ayuntamientos no han visto mejorada
su financiación, yo diría que la han visto perjudicada.
Por tanto, los ayuntamientos no están mejor con el Partido Popular, están peor que hace siete años. Ustedes se han limitado a decir en una ley: Vamos a suprimir un impuesto, pero no se
preocupen que les compensaremos, sin incrementarles adicionalmente ningún fondo. No es irracional, no es anormal que los ayuntamientos recurran a lo único que pueden recurrir, a subir los impuestos. Tiene razón el señor Gallardón cuando dice:
Para mantener mi nivel de suficiencia financiera, como ustedes en una ley me suprimen un impuesto y no me incrementan la suficiencia financiera, tendré que recurrir a lo único que me permiten, que es subir los impuestos. Lógicamente se produce la
pregunta que perturba a la opinión pública: ¿Qué hace el Partido Popular, sube o baja los impuestos? Hay veces que los suben, pero los camuflan y parece que no los suben, pero hay veces que es tan evidente que no pueden evitar que alguien diga:
Yo los subo porque no tengo suficiente dinero. Eso es lo que hacen los ayuntamientos españoles, señores del Gobierno, señores del Partido Popular, porque ustedes no les dejan otra opción.
En la Comisión de Presupuestos el señor Albendea me decía algo curioso: Usted no cree en la autonomía municipal. ¡Claro que creo en la autonomía municipal! Pero también creo en algo que consagra nuestra Constitución y que están sin
cumplir, que es la suficiencia financiera. Es decir, creo en la autonomía local y creo en la suficiencia financiera. La autonomía local se puede cumplir, pero quien tiene la responsabilidad de mantener la suficiencia financiera, que es el Gobierno
del Partido Popular, no lo está haciendo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: ¿Turno en contra de las enmiendas? (Pausa.)
¿Fijación de posición? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Antes de empezar, quiero dar la bienvenida al señor Escudero, con el que he compartido muchas horas de tertulia en la radio, que se ha incorporado a esta Cámara.
Decía el señor Rodríguez Bolaños, al igual que el señor Martínez Sanjuán hace una semana en la Comisión, que el título VII y las secciones 32 y 33 trasladan a la ley de presupuestos los modelos de financiación de las comunidades autónomas y
de las corporaciones locales, y añadía ahora mismo en la tribuna: como no podía ser de otra manera. Efectivamente, aquí se hace un traslado de los modelos de financiación de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales a la ley de
presupuestos para el año próximo. Decía el señor Rodríguez Bolaños, creo que con justicia, que no es normal que aquí se presenten enmiendas sustanciales puesto que el modelo de financiación autonómica ha sido aprobado por una gran mayoría de esta
Cámara en muchas fases de su proceso, aunque luego el Grupo Socialista unas veces votaba que sí y otras que no, pero en lo sustancial, en la votación final votó que sí al modelo de financiación. Prueba de ello es que posteriormente se firmaron
acuerdos bilaterales con todas las comunidades autónomas. Si exceptuamos las dos forales, las 15 comunidades autónomas de régimen común aceptaron el modelo de financiación autonómica. El modelo de financiación de las corporaciones locales contó
con un amplísimo acuerdo, que además fue aprobado por una amplísima mayoría en la Federación Española de Municipios y Provincias. Y sigue diciendo el señor Rodríguez Bolaños: Siendo esto así,
que lo que se hace es trasladar a la ley los modelos de financiación autonómica y de las corporaciones locales y que no se deberían presentar enmiendas sustanciales, mi grupo -el Grupo Socialista-, a instancias de las comunidades autónomas y
de las corporaciones locales, presenta unas enmiendas porque no se siente satisfecho. Mi primera consideración, señor Rodríguez Bolaños, es: aquí todos somos mayores, las corporaciones locales son mayores y las comunidades autónomas son mayores.
Cuando firman unos acuerdos, me imagino que será para cumplirlos. Me imagino que cuando firman acuerdos bilaterales con el ministro de Hacienda será porque les satisface el modelo.
Posteriormente, se refería a la financiación de la sanidad. Cuando las comunidades autónomas, muchas de ellas gobernadas por el Partido Socialista, aceptan la transferencia de la sanidad a un coste efectivo, será porque lo ven bien. ¿O lo
firman y luego protestan? No me parece congruente esa posición y a usted tampoco le parecerá. Si dos señores se reúnen y firman la transferencia de la sanidad, lo que no puede ser es que a los tres días se diga: yo firmé, pero ahora opino de otra
manera.
Aquí se ha construido un modelo de financiación de las comunidades autónomas que tiene vocación definitiva, que no se ajusta a temporalidad, que no es un modelo quinquenal, como había hasta ahora, que es un modelo con vocación de
permanencia, por el cual las comunidades autónomas tienen competencias normativas en una gran parte de los impuestos y desde luego participan en la recaudación de todos los impuestos excepto dos, el impuesto sobre sociedades y un impuesto menor
especial. Participan en la recaudación de todos los impuestos y todas las comunidades lo aceptan. No tiene sentido que hoy nos estemos planteando una revisión del modelo cuando se ha firmado a lo largo de este año.
Daba usted tres razones. Primero, que hay cicatería. Dice que el fondo de suficiencia no está bien dotado. Cuando se firma el modelo de financiación autonómica se le da un contenido al fondo de suficiencia.
Usted ha hecho referencia al
artículo 15.1 de la LOFCA. Usted sabe cuándo se aprobó la LOFCA y los años que transcurren desde que se aprueba la LOFCA hasta que deja de gobernar el Partido Socialista. ¿Sabe cuál fue la financiación del fondo de suficiencia a lo largo de todos
los años que tuvo responsabilidad el Partido Socialista? Ninguna, señor Rodríguez Bolaños, cero. El fondo de suficiencia fue dotado con cero pesetas.
Ahora, ¿se ha avanzado en el actual modelo para dotar al fondo de suficiencia con alguna
financiación para algunos fines determinados que fueron asumidos por las comunidades autónomas? Usted y yo convendremos que lo que se ha avanzado es mejor que cero.
Segunda razón. Habla sobre la garantía en la sanidad y hace referencia al impuesto en la gasolina, al impuesto minorista que tiene alguna comunidad autónoma, cuyos ciudadanos han votado posteriormente al partido que había establecido ese
impuesto. Será que han entendido que el servicio que se les está dando es bueno para ellos y es justo que se pida a los ciudadanos la contraprestación adecuada. Lo que es un poco extraño, señor Rodríguez Bolaños, es que el Partido Socialista
pusiera el grito en el cielo y ahora algunas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista lo estén aplicando, porque lo están aplicando, como sabe. Se ha referido a una, pero usted sabe que hay otra comunidad autónoma gobernada por el
Partido Socialista donde se está aplicando.
La tercera gran razón está en los flecos. Se refería a la deuda histórica con Andalucía, ustedes tardaron años en resolverla, y al quinquenio 1997-2002. Sabe que se debió a una posición política de las comunidades autónomas gobernadas por
el PSOE, sabe que no firmar ese acuerdo se debió a un motivo político, pero que luego lo firmaron en 2002 y además voluntariamente. Señor Rodríguez Bolaños, también ha hecho referencia a las corporaciones locales. Se ha firmado un acuerdo de
financiación para las corporaciones locales que les da más autonomía y más suficiencia. Así lo han reconocido los principales alcaldes y hemos tenido unas elecciones locales recientemente. Está en el ser de las cosas, no lo voy a negar, que los
partidos de la oposición pidan más dinero al Gobierno. Está en el ser de las cosas que ustedes traigan aquí reivindicaciones de sus ayuntamientos y nos pidan más dinero. Ustedes son oposición, no tienen responsabilidad de Gobierno en España y es
lógico que pidan más dinero.
Sin embargo, usted sabe también -y le agradezco la actitud que hoy tenía, la elegancia con la que ha hecho su exposición cuando se ha subido a la tribuna- que aquí se ha cumplido lo que se pactó con las corporaciones
locales, que tienen más dinero y más autonomía en los impuestos. ¿Que se podía haber avanzado más? ¿Dónde se estima la suficiencia? ¿Cuánto dinero hay que tener? Lo que hemos hecho ha sido dotarlas con más financiación de la que tenían hasta el
momento y darles más competencias para que puedan tomar sus decisiones en materia de ingresos, que hasta ahora no las tenían.
Dice usted: han suprimido el IAE y están tomando una decisión con dinero de las corporaciones locales. Yo le digo que no, porque se ha compensado.
Este año hay una compensación del IAE para los ayuntamientos, pero la compensación del IAE,
como sabe bien el señor Rodríguez Bolaños, no sólo ha venido porque hay algunos contribuyentes a los que se les ha reequilibrado la cuota, porque aquí se ha dado cumplimiento a la promesa electoral del Partido Popular, que es la supresión del IAE
para el 90 por ciento de las pymes, en concreto para el 92 por ciento, y las corporaciones locales siguen recibiendo unos ingresos del IAE. Además se les compensa por lo que han perdido, aparte de que las corporaciones locales están teniendo
ingresos adicionales por el aumento de actividad derivada de haber ayudado a las pymes a que desarrollen sus proyectos empresariales, porque bajando impuestos, señor Rodríguez Bolaños, se puede generar más actividad, se
puede generar más empleo y se puede producir más recaudación.
Hacía usted una pregunta: ¿Se han subido o se han bajado impuestos con el Partido Popular? Pues se han bajado impuestos. Lo que ha sucedido con el Partido Popular es que, con menos impuestos a las pymes y a la familia, ha habido más
recaudación. Suprimiendo el IAE se va a compensar a los ayuntamientos, pero estos además van a tener más ingresos derivados de un mayor empleo, lo que se va a traducir en un mayor consumo, en una mayor compra de vivienda y en una mayor actividad
económica. Y esto, señor Rodríguez Bolaños, se hace con un gobierno del Partido Popular, cosa que no ha ocurrido con los gobiernos del Partido Socialista. ¿Sabe usted, señor Rodríguez Bolaños, cuándo se subió por última vez el IVA? Porque algunas
veces se habla de subir y bajar impuestos, de subir y bajar impuestos indirectos. La última vez que se subió el IVA lo hizo el Partido Socialista, que incrementó en un punto porcentual el tipo mínimo, el tipo reducido y el tipo normal. ¿Sabe qué
pasó, señor Rodríguez Bolaños? Pues lo que suele suceder cuando no se hacen las cosas bien, que se subieron los impuestos y encima bajó la recaudación. Con el Partido Popular, y eso también pasa en los ayuntamientos, se han suprimido impuestos. A
los ayuntamientos se les ha compensado y además van a tener más ingresos, razón por la que van a tener más suficiencia y mayor autonomía para llevar a cabo sus políticas.
Muchísimas gracias, señoría.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte.
Realizado el debate del título VII, secciones 32 y 33, iniciamos el debate de las disposiciones adicionales, transitorias y anexos. En primer lugar, para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Doy por defendidas las enmiendas de la señora Lasagabaster y de los señores Saura y Puigcercós.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Labordeta.
Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: El Bloque Nacionalista Galego presenta cuatro enmiendas a las disposiciones adicionales y transitorias. Una de ellas pretende la supresión de la disposición adicional vigesimocuarta.
Queremos garantizar una
compensación a las entidades locales por las posibles pérdidas en sus haciendas a causa de la modificación del IAE siempre que se acredite una reducción y sin que se condicione que la misma suponga más de un 10 por ciento de lo liquidado en el
ejercicio anterior. Todos recordamos que esta condición supone alterar el acuerdo alcanzado con la representación de los ayuntamientos durante la tramitación de la reforma de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, además, por supuesto, de
contravenir lo dispuesto expresamente en la Ley 51/2002.
Nuestra segunda enmienda es de adición. Pretende que se añada una nueva disposición adicional, la cual está en coherencia y es un complemento de la enmienda al artículo 69.2.a), puesto que, además de las leyes relativas a los Presupuestos
Generales del Estado, la Ley reguladora de las Haciendas Locales tampoco contempla una asignación de recursos económicos del Estado a entidades asociativas supramunicipales que presten el servicio de transporte colectivo urbano, sino que reducen esa
asignación a los municipios que presten el servicio de transporte de forma individualizada, con lo cual muchos municipios se van a encontrar con este problema sin resolver.
Asimismo, nuestra tercera enmienda también es de adición, pretendiendo que se añada una disposición adicional nueva que va en la línea de una reclamación social relativa a la pensión media del SOVI. Como todos sabemos, este seguro
obligatorio de vejez e invalidez apenas alcanza los 232 euros mensuales frente a los 497 euros de media del sistema o incluso los más aceptables 598 de media del régimen general de la Seguridad Social. Hay antecedentes en el Pleno del Congreso, en
concreto en el celebrado el día 12 de febrero de 2002, en que se aprobó la necesidad de equiparar paulatinamente las pensiones mínimas del SOVI con las del sistema contributivo de la Seguridad Social. Con esta iniciativa pretendemos continuar en
esa línea de dignificación de las pensiones del SOVI, de manera que se elimine la incompatibilidad legal con otras pensiones del sistema público y además se incrementen las exiguas pensiones de muchos pensionistas incluidos en esta categoría.
Por último, proponemos una enmienda de supresión de la disposición transitoria cuarta, en coherencia con lo que hemos defendido en los artículos 19.3 y 21.1.d), relativa a la introducción de una remuneración a los empleados públicos
consistente en aportaciones a planes privados de pensiones, lo que para nosotros supone privatizar aún más el sistema público de protección social, que es el que habría que reforzar, amparar e institucionalizar no solamente como fundamental, sino
como básico.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señora presidenta.
Disposiciones adicionales, transitorias y anexos
Mantenemos viva la enmienda número 953, que propone una disposición adicional nueva, que viene a solicitar una compensación al hecho discriminatorio y grave para la economía canaria motivado por los acuerdos habidos entre la Unión Europea y
el Reino de Marruecos, en los que se concede un aumento del contingente de tomate de exportación marroquí hacia las áreas continentales de la Unión Europea. Esto ha supuesto una alarma entre los productores de tomate canarios y con esta enmienda
queremos que haya una compensación al transporte de esta mercancía al territorio continental y peninsular, en razón de la lejanía del archipiélago canario, de los costes añadidos por fletes y, al mismo tiempo, por las tarifas portuarias. Se
pretende sencillamente la aplicación de la norma contenida en el Real Decreto 199/2000, de 11 de febrero, que viene a regular el reparto de consignaciones presupuestarias contenidas en los Presupuestos Generales del Estado para realizar las
compensaciones al transporte de productos agrícolas, tanto del archipiélago canario hacia el continente -como en este caso- como viceversa. Este principio se ha venido manteniendo y no podemos aceptar callados un agravio comparativo tan lesivo para
nuestras producciones. No nos oponemos a un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos, pero pedimos que se realice la compensación que está comprendida tanto en las leyes actualmente en vigor, como en el Real Decreto 199/2000, que he
citado. En nuestra enmienda pedimos concretamente que, al menos para este producto, haya una compensación mínima del 33 por ciento del flete marítimo y de las tarifas portuarias, porque si no, la competencia marroquí sería verdaderamente desleal,
primada y, lo que es más grave, lesiva para los legítimos intereses de los agricultores canarios. De aquí que solicitemos el apoyo a nuestra enmienda número 953, para la subvención y compensación de dicho transporte.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el señor Rejón tiene la palabra.
El señor REJÓN GIEB: Primera cuestión. En su intervención anterior, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Martínez-Pujalte, dirigiéndose al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, decía: Ustedes no tienen ninguna
autoridad para reclamar el tema de la deuda histórica, porque durante su mandato ustedes... Puedo suscribir plenamente esas palabras, pero es que aquí no estamos hablando de tener autoridad o no, estamos hablando de un tema de legalidad.
Independientemente de que uno pida una cosa que en su momento no cumplió -lo que entra en otro capítulo del ámbito político-, en el ámbito presupuestario existe una legalidad y una deuda contraída, porque el Estado, no los gobiernos, en su momento
no satisfizo algo que viene recogido en las disposición adicional segunda del Estatuto de Extremadura y del Estatuto de Andalucía.
Segunda cuestión. Vuelvo a lo mismo, me parece muy bien que la compensación por el IAE, por la detracción o volatización del IAE -saludada por mi grupo parlamentario-, aparezca en los Presupuestos Generales del Estado, pero no es bueno que,
anualidad tras anualidad, vaya apareciendo de una forma graciable. Lo que planteamos en una de nuestras enmiendas, aunque estaríamos dispuestos a aceptar cualquier redacción o cualquier texto, es que aparezca de forma rigurosa, tasada y concreta
cómo se va a compensar y cómo va a ir creciendo esa cantidad que no van a percibir los ayuntamientos por -vuelvo a insistir- una saludada y bien aplaudida retirada del IAE de la vida municipal. Por tanto, nosotros planteamos que, además de
recogerse presupuesto a presupuesto, algo que siempre es un posible, como dirían los clásicos, esté regulada, porque a esos acuerdos se llegó en su día con la Federación Española de Municipios y Provincias.
Por último, tenemos una serie de enmiendas, yo creo que justas y sensatas, para dotar de una cantidad, que por muy grande que fuera siempre sería simbólica, a todas aquellas personas, familiares y viudas de ciudadanos y ciudadanas demócratas
españoles, que en su día sufrieron desde la muerte al encarcelamiento en su lucha por la democracia durante el régimen franquista. Ha habido aquí bastantes reconocimientos y lo que planteamos es que, al mismo tiempo que ese reconocimiento
-importante, sin duda-, haya también una compensación económica que, vuelvo a insistir, por muy grande que fuera, como toda compensación económica, no pasa de ser simbólica.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor López de Lerma.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Señora presidenta, señorías, para este trámite, que incluye, como SS.SS. saben, las disposiciones adicionales, transitorias y anexos, nuestro grupo parlamentario ha mantenido unas cuarenta enmiendas, de las
que entresaco aquellas referidas al incremento de las cuantías de las prestaciones por hijo a cargo en un porcentaje superior al establecido para el incremento general de los precios para el año 2003, para así poder compensar la pérdida del poder
adquisitivo de las familias españolas.
También quiero destacar en este momento la enmienda 1875, que permite hacer partícipes a los centros de investigación que determinen las comunidades autónomas de los beneficios derivados de las actividades y programas prioritarios de
mecenazgo. Igualmente, deseo destacar en este trámite la propuesta, que ya viene de otros proyectos presupuestarios, de creación
del fondo interterritorial para la integración de los inmigrantes, con una capacidad financiera autónoma y una partida presupuestaria propia, a los efectos de facilitar la ejecución de una política de integración de los inmigrantes
continuada y firme por parte de las comunidades autónomas, que son administraciones competentes en esta materia y que son las que conocen al detalle lo que está ocurriendo en sus territorios respecto de esta inmigración.
Otra enmienda que quisiera destacar en este momento es la 1883, referida a las políticas activas de empleo que tienen asumidas las comunidades autónomas. Deberían poder disponer de los créditos para subvenciones correspondientes a movilidad
geográfica en su ámbito territorial con los mecanismos de compensación que acuerde la conferencia sectorial correspondiente. Entendemos que no se justifica la centralización de la gestión de ayudas por el mero hecho de tener por finalidad dedicarse
a programas que faciliten la movilidad geográfica, pues ese sería un elemento de extraterritorialidad de los programas concretos que en nada alteraría la competencia autonómica.
También desearía en este turno citar, entre las casi 40 que mantenemos a las disposiciones adicionales, transitorias y anexos, la enmienda 1886, que sugiere que el Gobierno proceda durante el primer trimestre del año próximo a determinar el
mecanismo por el cual deberá producirse la compensación a las comunidades autónomas en concepto de incremento del gasto que han supuesto para esas administraciones leyes que han sido aprobadas por estas Cortes Generales. Esto viene a cuento -y
varias enmiendas se refieren a lo mismo desde perspectivas distintas- porque en los presupuestos no prevemos los gastos que van a suponer leyes que se aprueban en el ejercicio siguiente -por tanto en el ejercicio correspondiente a los presupuestos
que estamos tramitando en estos momentos- para las comunidades autónomas que tienen competencia para ello. Es decir, disponemos algo que supone un gasto para las comunidades autónomas, que no tienen en sus previsiones presupuestarias ni en sus
transferencias económicas previsión alguna al respecto.
Quisiera citar también la enmienda 1891, que trata de una disposición adicional nueva relativa a becas y ayudas a estudiantes de la Dirección General de Cooperación Territorial de Alta Inspección. Esta enmienda refleja el interés de nuestro
grupo en este tema, interés que creo que será compartido por la totalidad de la Cámara, aunque por supuesto esta enmienda va a ser rechazada como el resto; señor Marugán, qué paciencia tenemos que tener en este trámite. Creo que todos estaremos de
acuerdo en que España debe converger con los países de la Unión Europea en el número de estudiantes becados. Por esta razón, proponemos que en el año 2006 se duplique el importe destinado a esta finalidad.
Nada más, señora presidenta. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López de Lerma.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cuesta.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
El Grupo Socialista va a dividir su intervención a través de dos parlamentarios, el señor Fernández Marugán y yo mismo, para referirse al grupo de enmiendas que presentamos a las disposiciones adicionales, transitorias, etcétera, del
proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado. Por mi parte, me voy a referir fundamentalmente a la enmienda 1293, que presentamos a la disposición adicional undécima, pagos a cuenta a la Iglesia católica en el año 2004. La enmienda del
Grupo Parlamentario Socialista pretende marcar una orientación muy oportuna en el vigésimo quinto aniversario de la Constitución española, una Constitución que realza entre muchos valores -los derechos del artículo 16 de la misma- la concepción
laica, neutral y aconfesional del Estado español y el respeto a la libertad religiosa. En nuestra enmienda decimos que, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución española, durante el año 2004, el Gobierno remitirá a las Cortes una nueva
regulación del sistema de asignación tributaria a la Iglesia católica, en la que se suprimirá el carácter de mínimo de los pagos a cuenta. Esta redacción un tanto oscura, porque oscura es la terminología que maneja la normativa presupuestaria en
esta materia, pretende acabar con una discriminación que existe en nuestro ordenamiento. Como SS.SS. conocen, la Iglesia católica recibe como asignación tributaria todos los años una cantidad en concepto de anticipo de lo que se recauda en virtud
del 0,5 por ciento proveniente del impuesto sobre la renta de las personas físicas, es decir, un anticipo de lo que supone la aportación de las españolas y de los españoles, vía impuestos, para la financiación de la Iglesia católica.
Pero, ¿qué
ocurre? Que lo que recibe a cuenta siempre es mucho más de lo que realmente recauda. ¿Y qué hacemos todos los años? Pues aprobamos una fórmula un tanto ambigua, que simplemente dice: se elevan a definitivas las cantidades entregadas en el año
anterior; es decir, se condonan o se perdonan. En esta línea, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo que la Iglesia católica recibe 138 millones de euros, por hablar de la cantidad que se contempla en los actuales presupuestos y que recauda una
cantidad sensiblemente inferior, de tal manera que cuando se elevan a definitivas estas cantidades hay un superávit a favor del Estado que se perdona directamente a la Iglesia católica. Les voy a dar algunos datos. En el año 2000 la diferencia
entre lo entregado por el Estado a la Iglesia católica y lo finalmente recaudado por el impuesto sobre la renta de las personas físicas superó, según datos de la propia Agencia Tributaria y según datos del propio Gobierno español, los 48 millones de
euros, es decir, se perdonaron 48 millones de
euros. En los últimos diez años, con datos también del Gobierno español, la Iglesia católica recibió de más, es decir, en concepto de perdón, 240 millones de euros. Para ilustrar a SS.SS. son 40.000 millones de pesetas de más para un
sistema que se llama sistema de asignación tributaria. Con este mecanismo estamos situados en una perversión que vulnera de alguna forma el tenor del artículo 16 de nuestra Constitución, porque estamos encubriendo con este sistema lo que es un
sistema dotacional, es decir, un sistema de subvención a una iglesia por considerarla iglesia de Estado o iglesia oficial, que era la concepción que tenía la antigua partida denominada retribución de culto y clero que existía en la época
preconstitucional. Por lo tanto, entendemos que es importante hacer una adaptación definitiva y en el futuro un gesto de voluntad claro instando, no quitando nada a nadie, a que haya una acomodación a la Constitución del actual sistema de
relaciones económicas entre el Estado español y la Santa Sede, porque los acuerdos sobre asuntos económicos entre el Estado español y la Santa Sede de 1979 ni están por encima de la Constitución ni obligan al Estado español a un sistema dotacional
como el que tenemos aquí, sino que establecen un compromiso de autofinanciación progresiva, y no es el caso.
Por esta razón, señorías, en aras de ese artículo 16 de la Constitución española, y qué menos que en un Estado que se define laico y como reitera sobre todo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional cuando se refiere al artículo 16 que
dice: La Constitución española define al Estado como laico, lo que implica su neutralidad, evitando toda discriminación positiva o negativa entre ciudadanos por sus creencias y su separación de las iglesias, con esta enmienda pretendemos hacer
realidad esta línea que nuestro Tribunal Constitucional define y expresa como espíritu del artículo 16.
La señora PRESIDENTA: Señor Cuesta, le ruego concluya.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Quiero hacer una última manifestación, señora presidenta.
En la España de hoy, del año 2003, en el 25.º aniversario de la Constitución española, existe un dato que hay que poner en evidencia: que hoy la Iglesia católica tiene un nivel de discriminación positiva, en su favor, superior al existente
en España en el momento de la elaboración y de la aprobación de nuestra Constitución, y hay que acabar con esa práctica.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cuesta.
¿Señor Fernández Marugán? (Denegación.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Bardisa.
El señor BARDISA JORDA: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de fijar nuestra posición respecto a las enmiendas presentadas por los diversos grupos parlamentarios a las disposiciones adicionales, transitorias y finales de la ley de
presupuestos para el año 2004.
Para empezar quiero decir lo que venimos reiterando todos los años respecto a este tipo de enmiendas desde el Grupo Parlamentario Popular.
Las enmiendas a las disposiciones adicionales son el cajón de sastre de las reivindicaciones
políticas de los grupos de la oposición que no tienen cabida en ninguna otra sección y que están condenadas a su fracaso por su inviabilidad presupuestaria, puesto que en su gran mayoría suponen un aumento del gasto y no se plantea ninguna enmienda
alternativa, por lo que, como conocen SS.SS., no pueden prosperar. Si estuviesen en alguna de las secciones, ya de entrada, por el Reglamento, ni siquiera se podrían tramitar. De todas formas yo voy a referirme a algunas enmiendas de la oposición
por su carácter más significativo y, sobre todo, porque son temas importantes que se tratan en las disposiciones adicionales, y debe quedar constancia de la posición del Grupo Parlamentario Popular.
Izquierda Unida, que nos plantea todos los años prácticamente las mismas enmiendas, vuelve este año a plantear la red nacional de carriles-bici, que según ellos debe ser financiada por el Gobierno. No podemos aceptar esta iniciativa por
tres motivos: primero, porque destinar el 0,1 por ciento de los ministerios de Fomento y del de Medio Ambiente supone no realizar otras actuaciones prioritarias previstas, como es el tren de alta velocidad o el Plan Hidrológico Nacional; segundo,
porque ustedes no proponen una enmienda complementaria al estado de gastos; y, tercero, porque deben ser los ayuntamientos los que financien los carriles-bici.
Por cierto, yo le aconsejo que vaya usted a Majadahonda, un municipio muy cerca de
Madrid, donde hay un amplio carril-bici que está financiado por el ayuntamiento. Claro, Majadahonda es un municipio que está gobernado por el Partido Popular. En la enmienda 351 proponen otra vez la eliminación de las autopistas de peaje, con lo
que no estamos de acuerdo, ya que para el Partido Popular el peaje es un instrumento fundamental para el desarrollo socioeconómico y además es la forma de dar entrada a la empresa privada en la financiación de las obras públicas, para conseguir el
necesario equilibrio en el reparto de los elevados costes que dichas obras conllevan. Desde luego, no podemos aceptar su enmienda 358, que plantea unos tipos más elevados, es decir, un aumento del IRPF.
Señorías, las reformas realizadas por el
Gobierno del Partido Popular en el impuesto sobre la renta de las personas físicas en los años 1998 y 2002 han supuesto un ahorro importante para los trabajadores, para las familias, para los pensionistas, para los discapacitados, con una reducción
generalizada en todos los tramos de la tarifa del impuesto, y ha resultado ser un impulso decisivo en el fomento del empleo y en el crecimiento económico, por lo cual no vamos a renunciar a esa conquista.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista la mayoría de las enmiendas que se plantean suponen aumento del gasto, ninguna acompaña memoria sobre la repercusión económica que supondría su posible aceptación, por lo que de entrada es imposible
nuestro voto favorable, pero quiero citarlo principalmente para que en el 'Diario de Sesiones' conste la posición del Grupo Parlamentario Popular, ya que existe una elevada dosis de demagogia en las propuestas. Por ejemplo, el Grupo Socialista en
su enmienda 1306 plantea un aumento de las ayudas al transporte aéreo a los residentes de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Para el Partido Popular, el hecho insular se perfila como una circunstancia especialmente digna de protección, porque
además es un mandato constitucional plasmado en el artículo 138.1 de nuestra Carta Magna, que establece que el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado
y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. El Gobierno, siendo sensible al hecho insular, ha ido aumentando desde el año 1998 las dotaciones presupuestarias de ayuda
al transporte aéreo a los residentes en Baleares, en Canarias, en Ceuta y en Melilla, que se han incrementado en un 73 por ciento. Para el año 2004 el presupuesto se sitúa en 189 millones de euros. Siguiendo esa línea demagógica, que permite
enmendar sin ninguna contraprestación presupuestaria, el Grupo Socialista solicita un sorteo especial de Lotería Nacional a favor de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, cuando ustedes saben, señorías, o por lo menos deberían saber
dos cosas: primero, que cualquier alteración del destino de los beneficios procedentes de la Lotería Nacional deben ser obligatoriamente aprobados por ley; y, segundo, que desde luego supone una nueva minoración de los ingresos al Tesoro público.
El señor diputado del Grupo Socialista ha estado defendiendo fundamentalmente una enmienda en relación con el Estado no confesional, en lo que desde el Grupo Popular estamos totalmente de acuerdo, así lo dice la Constitución, pero yo le digo
una cosa. Ustedes, que son demócratas, que nadie lo duda -nosotros también somos demócratas-, deberían tener en cuenta una cosa, que la religión católica es mayoritaria en el pueblo español; por lo tanto, si la religión católica es mayoritaria en
el pueblo español, lógicamente tiene que tener una financiación superior al resto de las religiones, pero eso no significa ninguna discriminación, sino simplemente la situación de los ciudadanos con una religión. No quiero insistir mucho en este
tema porque quiero también hablar de la enmienda 1294, del Grupo Socialista -hay una enmienda también de CiU en el mismo sentido- sobre la compensación por las pérdidas de ingresos para las entidades locales derivadas de la reforma del impuesto de
actividades económicas. El cumplimiento del principio de compensación ya está contemplado en la reforma de la Ley de Haciendas Locales desde el 1 de enero del 2003, y el pasado viernes el Consejo de Ministros ya dictó una serie de requisitos para
que se cumpla esta compensación de las pérdidas por los ingresos del IAE.
En resumen, señorías, el Grupo Popular apoya el texto de las disposiciones adicionales, transitorias y finales porque son una parte importante de los Presupuestos Generales del Estado para el 2004, presupuestos que deben calificarse como
realistas, eficientes, equilibrados y sociales, y que son la culminación de las dos legislaturas más fructíferas de la economía española.
Señorías, las dos reformas tributarias aprobadas por el Gobierno Aznar suponen que las familias españolas paguen este año por IRPF un 25 por ciento menos que en el año 1998. Desde 1996 se han creado cuatro millones y medio de empleos, el 80
por ciento indefinidos. En 1995 había una tasa de desempleo del 23 por ciento, en la actualidad la tasa de desempleo es de un 11 por ciento. La renta per cápita de los españoles alcanzará este año el 85 por ciento de la media comunitaria frente al
78 por ciento del año 1995. Las cuentas públicas registrarán por segundo año consecutivo superávit frente al déficit del 6,6 por ciento del PIB del año 1995. En definitiva, señorías, con estos presupuestos nuestra economía seguirá creciendo y
seguirá elevándose el nivel de renta y de bienestar social de todos los españoles. Por eso, desde el Grupo Popular vamos a aprobar el texto de estos presupuestos.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bardisa.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
La señora PRESIDENTA: Señorías, conforme al artículo 68.1 del Reglamento, la presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de incluir
un nuevo punto relativo al dictamen de Comisión del proyecto de ley orgánica complementaria de la ley de arbitraje, por la que se modifica la Ley orgánica del Poder Judicial, para su debate a continuación del punto 3 del orden del día relativo al
dictamen de Comisión del proyecto de ley de arbitraje. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (CONTINUACIÓN)
- PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2004.
(Número de expediente 121/000173.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, iniciamos la votación de las enmiendas y dictamen de Comisión correspondientes al proyecto de ley de Presupuestos
Generales del Estado de aquellos títulos y secciones que han sido debatidos en la tarde de hoy.
Iniciamos la votación de las enmiendas y texto del dictamen al título I.
En primer lugar, enmiendas del Grupo Mixto, firmadas por el señor Rodríguez Sánchez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 112; en contra, 173; abstenciones, 10.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 110; en contra, 173; abstenciones 14.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 107; en contra 176; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos el texto del dictamen del título I, que comprende del artículo 1 al artículo 12, sin perjuicio de las variaciones que puedan experimentar las cifras como consecuencia de la aprobación de enmiendas en el curso del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 175; en contra, 107; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Iniciamos la votación de las enmiendas y texto del dictamen al título II.
En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, firmadas por el señor Rodríguez Sánchez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 114; en contra, 168; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el texto del dictamen del título II, que comprende del artículo 13 al artículo 18.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 173; en contra, 111; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Iniciamos la votación de las enmmiendas y el texto del dictamen del título III. En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, firmadas por la señora Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 10; en contra, 173; abstenciones, 113.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas firmadas por el señor Núñez.
Comienza la votación. (Pausa)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 114; en contra, 171; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas presentadas por el señor Rodríguez; en primer lugar, las números 978, 979 y 994.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 110; en contra, 170; abstenciones, 17.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 11; en contra, 173; abstenciones, 112.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; en primer lugar, las números 286, 289 y 292.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 10; en contra, 172; abstenciones, 115.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 108; en contra, 168; abstenciones, 10.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); en primer lugar, las números 1855, 1860, 1861 y 1862.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 126; en contra, 171.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 24; en contra, 170; abstenciones, 100.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista; en primer lugar, la número 1255.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 119; en contra, 168; abstenciones, 10.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 104; en contra, 171; abstenciones, 18.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el texto del dictamen del título III, que comprende los artículos del 19 al 35.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 175; en contra, 107; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Iniciamos la votación del título IV. En primer lugar, enmiendas presentadas por el señor Núñez, del Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 116; en contra, 169; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Rodríguez, asimismo del Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 110; en contra, 171; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 109; en contra, 171; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió.)
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 126; en contra, 171.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 120; en contra, 170; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el texto del dictamen del título IV, que comprende los artículos 36 a 45.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 174; en contra, 106; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Iniciamos la votación de las enmiendas y el texto del dictamen del título VIII. En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, firmadas por el señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 110; en contra, 171; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió.) En primer lugar, la número 1870.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 119; en contra, 171; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 1871.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 127; en contra, 170.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 117; en contra, 172; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el texto del dictamen del título VIII, que comprende los artículos 97 y 98.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 176; en contra, 107; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Votamos a continuación la sección 07, clases pasivas. Por no tener enmiendas, votamos el texto del dictamen de la referida sección 07.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 174; en contra, 108; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Iniciamos la votación de las enmiendas y el texto del dictamen del título V. En primer lugar, enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 112; en contra, 169; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar, la número 1272.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 106; en contra, 171; abstenciones, 20.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 1273.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 122; en contra, 171; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos el texto del dictamen del título XV, del artículo 46 al artículo 56, sin perjuicio de las variaciones en las cifras del artículo 46 que puedan resultar de la aprobación de enmiendas en el curso del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 172; en contra, 111; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Votamos la sección 06, deuda pública. Por no tener enmiendas, votamos directamente el texto del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 174; en contra, 108; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Iniciamos la votación de las enmiendas y texto del dictamen del título VI.
En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, del señor Saura Laporta, la número 840.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 125; en contra, 169; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del señor Saura.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 110; en contra, 170; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Puigcercós.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 110; en contra, 170; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del señor Rodríguez Sánchez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 109; en contra, 171; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 109; en contra, 170; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 25; en contra, 269; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 103; en contra, 172; abstenciones, 20.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el texto del dictamen del título VI, que comprende del artículo 57 al artículo 63.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 177; en contra, 107; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Iniciamos la votación del título VII, artículos 64 a 96. En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, las presentadas por el señor Labordeta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 112; en contra, 170; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Saura. En primer lugar, las números 837 y 841.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 124; en contra, 169; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del señor Saura.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 109; en contra, 170; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Puigcercós.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 109; en contra, 168; abstenciones, 17.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Núñez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 114; en contra, 169; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 111; en contra, 171; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 110; en contra, 169; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 126; en contra, 171.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, las número 1275, 1277, 1278 y 1279.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 120; en contra, 170; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 108; en contra, 168; abstenciones, 19.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el texto del dictamen del título VII, que comprende los artículos 64 a 96.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 177; en contra, 107; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Iniciamos la votación de la sección 32, entes territoriales. En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, las presentadas por el señor Labordeta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 14; en contra, 178; abstenciones, 104.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del señor Núñez a la sección 32, entes territoriales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 115; en contra, 169; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 110; en contra, 171; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En primer lugar, las números 712 y 714.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 110; en contra, 170; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 713, del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 13; en contra, 175; abstenciones, 109.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, las números 2108, 2109 y 2112.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 123; en contra, 171; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda 2110, del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 18; en contra, 174; abstenciones, 105.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 2111, asimismo del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 23; en contra, 170; abstenciones, 103.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar, la número 1670.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 121; en contra, 170; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 106; en contra, 169; abstenciones, 20.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos la sección 32, entes territoriales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 171; en contra, 110; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Iniciamos la votación de las enmiendas y el dictamen de Comisión de la sección 33, Fondo de Compensación Interterritorial. Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 110; en contra, 172; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el texto del dictamen de la sección 33, Fondo de Compensación Interterritorial.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 174; en contra, 111; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Iniciamos la votación de las enmiendas y el texto del dictamen de las disposiciones adicionales y transitorias. En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. De las firmadas por la señora Lasagabaster, la número 747.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 109; en contra, 173; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de enmiendas de la señora Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 107; en contra, 171; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del señor Saura. En primer lugar, las números 844 y 845.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 124; en contra, 169; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 842.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 25; en contra, 174; abstenciones, 98.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 846.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 10; en contra, 173; abstenciones, 113.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas del señor Puigcercós. En primer lugar, números 1702 y 1707.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 121; en contra, 170; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas 1678 y 1682.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 22; en contra, 173; abstenciones, 100.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del señor Puigcercós.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 23; en contra, 270; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Rodríguez. En primer lugar, la número 1032.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 109; en contra, 169; abstenciones, 18.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 1035.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 11; en contra, 171; abstenciones, 114.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 1033 y 1034.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, nueve; en contra, 269; abstenciones, 17.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 108; en contra, 171; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En primer lugar, las números 321, 322, 323 y 335.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 110; en contra, 171; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 11; en contra, 269; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, las números 1874, 1883, 1887 y 1899.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 18; en contra, 273; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda 1875.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 21; en contra, 163; abstenciones, 105.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 1898.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 18; en contra, 270; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 118; en contra, 172; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar, las números 1291, 1294, 1295, 1301 a 1303, 1305 a 1310, 1312 y 1314.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 119; en contra, 170; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 1298 y 1299.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 103; en contra, 170; abstenciones, 23.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 106; en contra, 170; abstenciones, 20.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el texto del dictamen de las disposiciones adicionales y transitorias.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 174; en contra, 104; abstenciones, 17.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Iniciamos la votación de las enmiendas al texto del dictamen de los anexos del I al XI.
En primer lugar, las enmiendas números 1904, 1905 y 1910, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 118; en contra, 172; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 117; en contra, 170; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 1317, del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 100; en contra, 174; abstenciones, 21.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 1318 y 1319.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 119; en contra, 170; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el texto del dictamen de los anexos I a XI, sin perjuicio de las variaciones que resulten de la aprobación de enmiendas en el curso del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 177; en contra, 108; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las nueve de la mañana.
Eran las nueve y cinco minutos de la noche.
Corrección de error. En el 'Diario de Sesiones' número 257, correspondiente a la sesión plenaria celebrada el miércoles, 11 de junio de 2003, en la pregunta formulada por el señor Estrella Pedrola al señor ministro de Defensa -página 13291,
sumario- figura como número de expediente el 180/001993, cuando el correcto es 180/001999. Por otra parte, y en relación también con esta pregunta, en la página 13288 aparece como enunciado de la misma 'Apoyó el Gobierno español la decisión de OTAN
de descartar contratos con Iberia y Air-Europa', cuando éste fue sustituido por el de 'Cuando conoció el informe sobre el vuelo a Kabul remitido por conducto reglamentario por el teniente coronel Solar el 14 de enero'.