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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 291, de 04/11/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2003 VII Legislatura Núm. 291
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 278
celebrada el martes, 4 de noviembre de 2003
ORDEN DEL DÍA: Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas: ...
- De las Cortes de Castilla-La Mancha, de modificación de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 321-1, de 21 de marzo de 2003. (Número de expediente 125/000028.)
... (Página 15312)
Modificación del orden del día ... (Página 15320)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley: ...
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre estímulos económicos y sociales para el acercamiento de los precios de los productos agrarios en destino a los precios en origen. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 323-1, de 4 de
abril de 2003. (Número de expediente 122/000287.) ... (Página 15320)
Proposiciones no de Ley: ...
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre seguridad en atracciones de feria y parques infantiles. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 610, de 27 de octubre de 2003. (Número de expediente 162/000830.) ...
- Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al desestimiento de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Presidente del Gobierno contra leyes del Parlamento de Cataluña. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número
601, de 10 de octubre de 2003. (Número de expediente 162/000817.) ... (Página 15333)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes: ...
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas de política general para mejorar los sistemas de acceso y tratamiento de la información policial por parte de las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, número 611, de 28 de octubre de 2003. (Número de expediente 173/000230.) ... (Página 15341)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas a tomar para reducir y limitar la precariedad, la temporalidad y la subcontratación en el empleo. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 611, de 28 de octubre
de 2003. (Número de expediente 173/000231.) ... (Página 15346)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el continuado, grave y reiterado incremento de la inseguridad ciudadana en España. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, número 611, de 28 de octubre de 2003. (Número de expediente
173/000232.) ... (Página 15349)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas ... (Página 15312)
De las Cortes de Castilla-La Mancha, de modificación de la Ley 11/1998, de 24 de abril, general de telecomunicaciones ... (Página 15312)
Defienden la toma en consideración de la proposición de ley el señor Molina Martínez, representante de la Cortes de Castilla-La Mancha.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Labordeta Subías y Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); la señora Díez de Baldeón García, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor De Grandes Pascual, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En un segundo turno intervienen la señora Díez de Baldeón García, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Moreno Bonilla, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Modificación del orden del día ... (Página 15320)
La Presidencia, conforme al artículo 68 del Reglamento y de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que el punto 43, relativo a las enmiendas
del Senado al proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, pase a debatirse después del punto 38, relativo a las enmiendas del Senado al proyecto de ley de protección patrimonial de
las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la normativa tributaria con esta finalidad, lo que se acuerda por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas.
(Votación.) ... (Página 15320)
De las Cortes de Castilla-La Mancha, de modificación de la Ley 11/1998, de 24 de abril, general de telecomunicaciones ... (Página 15320)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de las Cortes de Castilla-La Mancha, de modificación de la Ley 11/1998, de 24 de abril, general de telecomunicaciones, se rechaza por 126 votos a favor, 157 en contra y
dos abstenciones.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 15320)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre estímulos económicos y sociales para el acercamiento de los precios de los productos agrarios en destino a los precios en origen ... (Página 15320)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Amarillo Doblado, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Recuerda en primer lugar la fecha de publicación de la proposición de ley en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales, que es del 4 de abril, hace por lo tanto unos cuantos meses, y pasa a explicar cómo se elaboró y confeccionó esta proposición de ley, resumiendo que nació del consenso de los agentes económicos y sociales que intervinieron en el
asunto. Pone de relieve el descontrol que han alcanzado los precios de los productos frescos, que tacha de escandaloso, y la repercusión enormemente negativa que tiene en los precios al consumo. Achaca éste a dos sistemas de redes en la
organización comercial: una, la red de los mercados de zonas rurales que hay en cada provincia o en cada ciudad, que conduce a una economía negra, y otra, la increíble concentración que tiene el sector de la distribución en destino, y manifiesta
que con su iniciativa pretenden contribuir de una manera significativa a solucionar el problema concentrando todos los esfuerzos de la Administración que ahora están descoordinados.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Companys Sanfeliú, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y Madero Jarabo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre estímulos económicos y sociales para el acercamiento de los precios de los productos agrarios en destino a los precios en origen,
se rechaza por 112 votos a favor, 166 en contra y tres abstenciones.
Proposiciones no de ley ... (Página 15328)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre seguridad en atracciones de feria y parques infantiles ... (Página 15328)
La señora Arévalo Araya presenta, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, esta proposición no de ley que entienden necesaria, oportuna y muy demandada por la sociedadon Antes de pasar a explicar el contenido de la
proposición no de ley recoge de manera sucinta algunas características de la idiosincrasia en esta materia de España, con importantes tradiciones culturales ancestrales arraigadas en el sentir popular. Se refiere asimismo a los parques temáticos
que han proliferado en todo el territorio nacional y a los accidentes acontecidos en las últimas fechas, que han supuesto una merma importante de la confianza de los usuarios en estas instalaciones de ocio. Su grupo, consciente del clamor popular y
de la necesidad del sector, que son los primeros interesados en que se regule específicamente cuáles son sus obligaciones y derechos en esta materia de seguridad, presenta esta proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a estudiar un marco
legislativo de seguridad específica para estos recintos y a que se acabe con la dispersión normativa de que adolece el tratamiento jurídico de la misma y con las importantes lagunas legales que actualmente se detectan.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley intervienen la señora Pin Arboledas, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
A los solos efectos de indicar la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señor Arévalo Araya.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre seguridad en atracciones de feria y parques infantiles, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), se aprueba por 283 votos a favor y uno en contra.
Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al desestimiento de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el presidente del Gobierno contra leyes del Parlamento de Cataluña ... (Página 15333)
Defiende la proposición no de ley la señora Chacón Piqueras, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Manifiesta que la Constitución de 1978 estableció el derecho al autogobierno de las regiones españolas, camino fructífero en muchos
terrenos, pero especialmente en la consolidación del Estado de las autonomías, que ha puesto a España a la cabeza de los estados más descentralizados de Europa y que, sobre todo, ha hecho posible un acercamiento de la decisión pública al ciudadano y
una profundización de nuestra democracia y del Estado del bienestar, como lo prueba el importante apego de los ciudadanos a su autogobierno, según los últimos datos del CIS. Aunque el Estado de las autonomías no ha sido el remedio de todos los
males, dice, a estas alturas hay que estar muy cargado de prejuicios para no aceptar las virtudes de la apuesta constitucional que supo ver en la descentralización política el camino a la solución de muchos de los problemas históricos de este país y
se pregunta qué le pasa al Gobierno que todavía hoy es incapaz de comprender no sólo la realidad del país que estamos viviendo sino, más allá, el sentido profundo del consenso al que los españoles llegaron en el pacto constitucional, y llega a la
conclusión de que algunos llegaron tarde, mal y con recelo a la Constitución, sobre todo al título VIII. Por eso, añade, hoy no se reconoce que en dicho título VIII hay un artículo 149.1.8 que reconoce a las comunidades autónomas competencia para
la conservación, modificación y desarrollo de su derecho civil especial o foral allí donde exista y que, en desarrollo del mismo, el artículo 9.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña concibe la competencia de la Generalitat de Catalunya para la
conservación, modificación y desarrollo del derecho civil catalán. Se refiere a la presentación por parte del actual presidente del Gobierno de sendos recursos de inconstitucionalidad contra las leyes del Parlament de Catalunya 25/2001, de accesión
y ocupación; 19/2002, de derechos reales de garantía, y 29/2002, la primera ley del Código Civil de Cataluña. Considera que la interposición de estos recursos, especialmente en el caso de la primera ley del Código Civil catalán, constituye una
negación radical de los principios de colaboración y entendimiento y se pregunta por qué no se ha puesto en marcha el procedimiento de cooperación y solución negociada de este tipo de conflictos que prevé el artículo 33 de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional y si el Gobierno no ha convertido el conflicto y el enfrentamiento sistemático en el verdadero oxígeno de su proyecto político.
En defensa de la enmienda presentada a la proposición no de ley interviene el señor López de Lerma i López.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario Mixto; Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y López-Medel Bascones, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
A los solos efectos de manifestar la aceptación o rechazo de la enmienda presentada interviene la señora Chacón Piqueras.
Sometida a votación en sus propios términos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al desestimiento de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el presidente del Gobierno contra las leyes del
Parlamento de Cataluña, se rechaza por 125 votos a favor y 154 en contra.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 15341)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas de política general para mejorar los sistemas de acceso y tratamiento de la información policial por parte de las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ...
El señor Jané i Guasch, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), trae ante el Pleno de la Cámara una moción, consecuencia de interpelación urgente, directamente relacionada con el caso King, por entender que el
sistema no fue capaz de dar respuesta a la información ya proporcionada por cuerpos policiales, en este caso de la Policía británica a través de Interpol. Explica que su propuesta intenta dar pautas que contribuyan a mejorar la coordinación en los
datos policiales
cuando se produzca un caso como el de King y acotar claramente los supuestos en que se puedan tratar informáticamente los datos personales que lleguen al Estado español procedentes de otras policías del mundo.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista interviene el señor Mayoral Cortés.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Alcaraz Masats, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de indicar la aceptación o rechazo de la enmienda presentada interviene el señor Jané i Guasch.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas a tomar para reducir y limitar la precariedad, la temporalidad y subcontratación en el empleo ... (Página 15346)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Ruiz López, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Denuncia una vez más el crecimiento del empleo temporal, a un ritmo del 2,65 por ciento anual, según
la última encuesta de población activa, a lo que se une que los trabajadores con contratos temporales son los que sufren las mayores tasas de siniestralidad laboral. Por lo tanto, concluye, es incontestable que la accidentabilidad tiene una
estrecha relación con el paulatino deterioro del mercado de trabajo. Añade que el factor estructural que explica cómo con sistemas de contratación muy parecidos las tasas de temporalidad y de siniestralidad en España son muy superiores a las
europeas es la subcontratación y la descentralización productiva. Con su moción pretenden afrontar, disciplinando la subcontratación, una estrategia de reformas necesarias para mejorar la calidad y estabilidad del empleo y eliminar los abusos y
perversiones en la subcontratación
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor González Vigil, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Pérez Corgos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de indicar la aceptación o rechazo de la enmienda presentada interviene el señor Ruiz López.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el continuado, grave y reiterado incremento de la inseguridad ciudadana en España ... (Página 15349)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Mayoral Cortés, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Denuncia la situación de inseguridad ciudadana y acusa al Gobierno del Partido Popular de haber fracaso
reiteradamente en los intentos de solucionar el problema. Explica las carencias importantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, como la falta de coordinación y planificación, la falta de un mando único que, de existir, dice, no tiene
ninguna eficacia, y la carencia de efectivos en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Considera que es preciso crear el mando único en el Ministerio del Interior, potenciar los elementos comunes de los cuerpos policiales, revisar los
despliegues de los dos cuerpos policiales y compartir las bases de datos, porque sólo así se rentabilizarán los medios existentes.
Asimismo es preciso coordinar y planificar la seguridad en los distintos niveles del Estado, de las comunidades
autónomas y de los municipios.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno por alusiones intervienen los señores Alcaraz Masats y Gil Lázaro.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas de política general para mejorar los sistemas de acceso y tratamiento de la información policial por
parte de las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los términos derivados del debate y con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, se aprueba por 267 votos a favor, uno en contra y una abstención.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas a tomar para reducir y limitar la precariedad, la temporalidad y la subcontratación en el empleo, con la
incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, se rechaza por 103 votos a favor y 168 en contra.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el continuado, grave y reiterado incremento de la inseguridad ciudadana en España, se rechaza por 113 votos a favor, y 158 en
contra.
Se suspende la sesión a las nueve y quince minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
- DE LAS CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 11/1998, DE 24 DE ABRIL, GENERAL DE TELECOMUNICACIONES. (Número de expediente 125/000028.)
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas. En primer lugar, toma en consideración de la proposición de ley de las Cortes de Castilla-La Mancha, de modificación de la Ley 11/1998, de
24 de abril, General de Telecomunicaciones.
En nombre de las Cortes de Castilla-La Mancha, tiene la palabra don José Molina.
El señor REPRESENTANTE DE LAS CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA (Molina Martínez): Señora presidenta, señorías, esta proposición de ley, iniciativa de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, persigue un objetivo sencillo y al mismo tiempo
de enorme trascendencia para millones y millones de ciudadanos: pretendemos ni más ni menos que el servicio de telefonía móvil sea un servicio universal.
Saben sin duda que el crecimiento del mercado de la telefonía móvil supera incluso las previsiones que habían realizado las propias operadoras. En este momento, en España estamos por encima de los 33 millones de usuarios de móviles,
prácticamente el doble de los abonados de la telefonía fija.
Este asombroso crecimiento no se ha producido de manera equilibrada desde un punto de vista territorial, pues existen desequilibrios entre los distintos territorios de las comunidades
autónomas. En algunas zonas de la Unión Europea los niveles de penetración de la telefonía móvil llegan hasta el 98 por ciento, tanto del territorio como de la población, mientras que hay lugares del territorio español en los que los niveles de
penetración no sobrepasan el 60 por ciento. Este no es un problema de regulación, en el sentido de que en determinados ámbitos geográficos se haya sido más estricto con las condiciones que deben cumplir las antenas de telefonía móvil para
garantizar la preservación de la salud de los ciudadanos o del medio ambiente. Por ejemplo, en las inspecciones realizadas por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, que dispone de una norma exigente en materia de protección de los derechos
de los ciudadanos y de los intereses del medio ambiente, ninguna de las antenas existentes ha sobrepasado los límites establecidos, todas ellas estaban emitiendo con frecuencias por debajo de los mismos, por lo que no ha habido que desmontar ni una
sola antena de telefonía móvil. Por tanto, sería una argumentación raquítica pretender que sobre la base de esa legislación se están produciendo determinados niveles de pérdida de calidad. Es más, señorías, el propio Tribunal Constitucional se ha
pronunciado al respecto, porque el Gobierno de España recurrió esa ley ante él por entender que se estaban invadiendo competencias del Estado que no eran propias de las comunidades autónomas. No es así; el Tribunal Constitucional levantó la
suspensión cautelar, dejando bien claro que era necesario preservar por encima del interés de las compañías el interés de los ciudadanos, tanto en materia de salud como en materia de medio ambiente.
Esa ley establece también otra serie de cuestiones, como la necesidad de un plan de despliegue para garantizar que el servicio de telefonía móvil se pueda prestar en condiciones de calidad, pero la realidad es que tenemos zonas en las que
hay problemas de cobertura. Sin embargo, SS.SS.
saben perfectamente, y lo saben sin duda alguna los ciudadanos, que el principal problema que tenemos en este país en materia de telefonía móvil es la calidad del servicio: comunicaciones que se
cortan; comunicaciones que por saturación de las líneas en un determinado momento no pueden llegar a establecerse pasando al buzón de voz si éste está activado; comunicaciones que se cortan y en las que la rellamada se vuelve a cobrar y a incluir
en el recibo. Estudios de las organizaciones de consumidores establecen que los recibos pueden llegar a contener hasta el 40 por ciento de servicios cobrados, pero no realizados. Por tanto, señorías, como les decía, la cobertura y la calidad de la
telefonía móvil no están de acuerdo con el siglo XXI y con el papel que juega la telefonía móvil en la comunicación social y en la prestación de servicios a los ciudadanos.
También saben, sin duda alguna, señorías, que tanto por parte del Instituto Nacional de Consumo como por parte de las organizaciones de consumidores se ha certificado el enorme incremento que se está produciendo en las reclamaciones de este
tipo de servicios y un estudio que realizaba la CEACCU, organización de consumidores de España, establecía que hay una falta de cobertura, una falta de calidad y que se producen interrupciones de las llamadas. Esto ya era una obligación que se
tendría que haber garantizado por parte de este Gobierno, porque tanto en la Ley 1998, hoy ya derogada, como en los propios contratos de concesión de las operadoras ya se establecía un plazo para garantizar la cobertura y la calidad en toda la red
de comunicaciones del Estado -en las autovías y en las carreteras nacionales y en los municipios de más de 10.000 habitantes-, pero en dichas redes no se puede garantizar hoy la calidad de la comunicación. Se podrá hablar de coberturas geográficas
importantes, pero no hay calidad en la prestación del servicio. Si me permiten SS.SS., me parece que aquí se ha estado más preocupado de rebajar los avales que se han exigido a las compañías para el desarrollo de la telefonía de tercera generación
que de prestar realmente la atención y el servicio a los ciudadanos.
Si este es un servicio que tiene hoy más abonados que la telefonía fija, que está garantizando un importante nivel de servicios para todos y cada uno de los consumidores y que además tenemos una legislación comunitaria (si bien no fija la
obligación literal de tener que declarar la telefonía móvil como universal, sí establece la posibilidad de hacerlo; es más, saben SS.SS., que se establece una revisión para marzo del año que viene, es decir, para dentro de 3 meses, en la que uno de
los elementos específicos de dicha revisión es la movilidad), desde la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha no se entiende muy bien que habiendo aprobado recientemente este Congreso de los Diputados, hace unos días escasamente, una nueva Ley
General de Telecomunicaciones, no se haya incluido lo que es una demanda claramente de los ciudadanos de este país, y es que la telefonía móvil tenga las garantías suficientes para asegurar un servicio de calidad.
Por eso, la iniciativa legislativa de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha plantea la modificación de la anterior Ley General de Telecomunicaciones de 1998, aunque si SS.SS. tienen a bien admitir a trámite esta iniciativa legislativa
podrán corregirlo perfectamente, porque no se trata de la Ley de 1998, sino de la Ley General de Telecomunicaciones de 16 de octubre de 2003, y no haríamos referencia al artículo 37, sino al nuevo artículo 22, pero el contenido es el mismo, porque
esta ley no ha satisfecho la necesidad de la que estaba hablando, que no es otra que -como les decía anteriormente- regular la telefonía móvil dotándola del carácter universal para que tenga unas condiciones de garantía.
Además también planteamos en una disposición adicional, en primer lugar, que en el plazo de tres meses se reglamente por parte del Gobierno para garantizar la calidad de ese servicio; en segundo lugar, los casos en los que por razones de
seguridad nacional o de la protección del medio ambiente se podría estar eximido en la prestación de esas garantías de calidad a las que hacíamos referencia y, en tercer lugar, asegurar que estos servicios, con esos niveles de calidad exigibles en
una sociedad moderna como la nuestra, se den en las carreteras de interés del Estado, en la red básica regional y en todas las localidades y núcleos principales de todo el territorio nacional, asegurando que esto se llevará a cabo en todos sus
extremos en el plazo no superior a un año desde la entrada en vigor de esta ley.
Señorías, en este asunto concreto tiene hoy esta Cámara la oportunidad de ponerse claramente del lado de los ciudadanos y de no velar más por los intereses de unas compañías que tienen beneficios más que sobrados y que en pleno siglo XXI y
en una sociedad moderna -como les decía- están obligados a prestar servicios de calidad y en unas condiciones de defensa de los derechos de los consumidores suficientes para que no se conviertan en un engaño y en un fraude, que es en lo que se está
convirtiendo la telefonía móvil en España en muchos casos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Molina.
¿Turno en contra de la proposición de ley? (Pausa.)
¿Grupos que desean intervenir para fijar su posición? (Pausa.)
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Saludamos la iniciativa de las Cortes de Castilla-La Mancha y mostramos el apoyo de Chunta Aragonesista a su toma en consideración. Celebramos que, una vez más, la iniciativa legislativa de los parlamentos autonómicos traiga a este Pleno
propuestas como la presente, que actúa sobre cuestiones tan cotidianas y necesarias como la regulación del uso de la telefonía móvil. Coincidimos en la necesidad de modificar el vigente texto de la Ley General de Telecomunicaciones que ha quedado
sobrepasado por la realidad y apoyamos la inclusión de un nuevo artículo con varias disposiciones, para que se establezca una regulación adecuada para la prestación del servicio telefónico móvil.
Situaciones como la del pasado 20 de febrero de 2003, en que una compañía de telefonía dejó de prestar el servicio, tienen que tener un reglamento en el que se dicten las características del servicio, los niveles de calidad de la prestación
y la cobertura del territorio. Se trata de defender al usuario y de evitar que se produzca
una nueva brecha entre el mundo rural y el urbano, por la que los habitantes de las ciudades puedan disponer de servicios que no se puedan disfrutar en los pueblos del interior.
Por todos estos motivos, votaremos a favor de esta iniciativa.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Intervengo en nombre del Bloque Nacionalista Galego para saludar esta iniciativa y anunciar el voto favorable del BNG a su toma en consideración.
Nosotros en toda esta legislatura batallamos por la ampliación del concepto de servicio universal en materia de telecomunicaciones, y no sólo en Internet (por cierto, se trata de una iniciativa planteada por CiU y que estuvo paralizada y aún
sigue estándolo, por razones que habrá que explicar, en la Comisión de Ciencia y Tecnología), sino también para que esta ampliación supusiese que todos los habitantes, de todo el territorio del Estado, en concreto en aquellas zonas rurales que aún
siguen atendidas con los denominados TRACK, teléfonos rurales de acceso celular, pudiesen acceder a la sociedad de la información y de los servicios de telecomunicaciones en condiciones de igualdad con el resto de los ciudadanos.
En materia de telefonía móvil esta ampliación y esta garantía legal nos parecen necesarias, sobre todo porque hay antecedentes de apagones, por decirlo así, de determinadas compañías que luego no se resolvieron con ningún tipo de
indemnización y tampoco con ningún tipo de sanción a la compañía, no voy a decir culpable, pero sí responsable de esa falta de servicio. Porque las caídas y la ausencia de cobertura siguen siendo muy importantes en muchas zonas del territorio, en
concreto en Galicia, y porque, en definitiva, como ha dicho el representante de las Cortes de Castilla-La Mancha, no estamos hablando de un momento inicial, de un momento de expansión de esa tecnología, sino de un momento ya en el que las compañías
están consolidadas y las cifras de negocio y los beneficios que tienen, aun cuando no se haya constituido ese fondo de financiación del servicio universal en materia de telecomunicaciones, les permiten afrontar sin grandes quebrantos estas garantías
de un servicio de calidad para todos los ciudadanos y en todo el territorio del Estado.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
En nombre de mi grupo, quiero enviar un primer saludo cordial al representante de las Cortes de Castilla-La Mancha que ha presentado hoy ante nuestra Cámara esta proposición de ley.
La Ley 11/1998, General de Telecomunicaciones, requiere una actualización permanente por el avance tecnológico que se da en este campo. Mi grupo lo reconoce así y entiende que esta ley tiene que ir periódicamente sufriendo actualizaciones
por el propio impulso de la tecnología, y más aún cuando tratamos de aplicar una relación en la telefonía móvil en un área muy dispersa. Desde Canarias conocemos estos problemas, como territorio archipielágico, y, por tanto, fragmentado, lo que
hace necesaria una vertebración, a través de las telecomunicaciones y la telefonía móvil -como bien lo ha expresado el representante de las Cortes de Castilla-La Mancha-, entre el mundo rural y el mundo urbano, para que tampoco haya necesidad de
desplazamientos físicos cuando la información y las actuaciones que se pueden hacer en la sociedad civil se tienen que realizar a través de la telefonía.
Nosotros damos la bienvenida a esta iniciativa y, en la línea que siempre ha seguido el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, por entender que viene desde un Parlamento democrático autonómico, en este caso el de Castilla-La Mancha,
apoyaremos su toma en consideración para que después de los trámites parlamentarios oportunos se pueda conseguir la pieza que yo creo que la ciudadanía está demandando y necesita en este momento. De aquí, señora presidenta, que nuestro voto será de
apoyo a esta iniciativa, sin entrar en otras cuestiones de fondo o de aplicación tecnológica en el territorio, porque esto se consigue por vía legal y por vía de la técnica que en este momento puedan prestar las distintas empresas de telefonía.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señoras y señores diputados, mis primeras palabras son para agradecer al representante de las Cortes de Castilla-La Mancha la defensa que ha hecho ante el Pleno del Congreso de esta proposición de
ley, cuya toma en consideración quiero adelantar que va a recibir el voto favorable del Grupo Catalán.
El portavoz del Bloque Nacionalista Galego recordaba antes cómo Convergéncia i Unió, en el ámbito de la extensión de lo que debe considerarse como servicio universal, ha sido pionero en esta Cámara. Ya en la pasada legislatura, el entonces
portavoz en materia de telecomunicaciones, Lluís Recoder, defendió que Internet
fuera servicio universal y la primera proposición de ley que presentó nuestro grupo en esta legislatura planteaba precisamente que Internet se integrara dentro de ese concepto de servicio universal, lo que fue logrado finalmente a través de
unas enmiendas transaccionales, presentadas también por nuestro grupo en el Senado, en lo que es ya la Ley de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico y también en la recientemente aprobada Ley General de
Telecomunicaciones, que viene a modificar la Ley del año 1998. Por tanto, anuncio nuestro voto a favor de la toma en consideración, pero deberíamos hacer algunas acotaciones a la propuesta que hoy nos traen las Cortes de Castilla-La Mancha.
¿Cuáles son esas acotaciones? En primer lugar, una acotación formal. No podemos modificar la Ley del año 1998 cuando en el BOE acaba de ser publicada una nueva Ley General de Telecomunicaciones. Si se toma en consideración esta
proposición de ley, evidentemente, debería resituarse y ser una modificación a la ya nueva Ley General de Telecomunicaciones que aprobó esta Cámara el pasado mes de octubre. Por tanto, una primera acotación formal.
Segunda acotación. Se nos pide que ese concepto de servicio universal para la telefonía móvil, concepto que compartimos, sea extensible a todo el territorio. Este es el sentido del artículo único. Nosotros entendemos que este objetivo,
hoy en día, no se puede conseguir. No se trata de que todo el territorio esté cubierto con telefonía móvil, sino todos los núcleos de población. Es una acotación importante porque no estamos pidiendo que la telefonía móvil llegue a todos los
lugares, sino a todos los lugares que están poblados, en los que existe un núcleo de población, porque los ciudadanos tienen derecho a recibir la telefonía móvil, entre otras muchas razones -y lo decía muy bien el representante de las Cortes de
Castilla-La Mancha-, por el hecho de que la misma es ya un elemento esencial en la vida de los ciudadanos. La extensión de la telefonía móvil, el desarrollo que la misma tiene para la plena implantación de la sociedad de la información, las
posibilidades de futuro que nos va a traer la telefonía móvil con los móviles de tercera generación, que harán compatible la telefonía móvil con el acceso a través de ella a Internet, señorías, ya no es un concepto de telecomunicaciones, es un
concepto más amplio, un concepto de comunicaciones electrónicas, un concepto que claramente camina por la vía de la necesidad de ampliar ese servicio universal.
La tercera acotación formal que existe por parte de Convergència i Unió es en cuanto a la financiación. ¿Cómo se financia el servicio universal? Podemos extender ese servicio universal, pero debemos encontrar fórmulas de financiación que
sean posibilistas y que aquellas obligaciones que incorporamos como nuevo servicio universal puedan realizarse después en la práctica. De ahí que nuestro grupo ya defendió sin éxito, pero defendió, en la tramitación de la actual Ley General de
Telecomunicaciones, aprobada el pasado mes de octubre, una financiación mixta del servicio universal, entendiendo que no puede rehuirse que en algunas ocasiones puedan también destinarse fondos públicos a financiar el mismo. Y ponía un ejemplo:
gracias a que Internet ya está dentro del servicio universal vamos a suprimir todos los TRACK, toda la telefonía rural de acceso celular. ¿Por qué no vamos a poder destinar fondos europeos, fondos FEDER, a esa financiación para sustituir los TRACK
y permitir una telefonía que sea compatible con Internet? Para nosotros es importante también la financiación y, si esta proposición de ley se toma en consideración, nuestro grupo presentará enmiendas para lograr que pueda tener lugar esa
financiación mixta del servicio universal.
El último elemento que mi grupo quería precisar, que el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió quería acotar, es el tema de las antenas, que son un instrumento esencial para el despliegue de esa telefonía móvil. La expresión popular
dice que no podemos ir a misa y repicar a la vez. Lo que no se puede hacer es pedir que todo el territorio tenga acceso a la telefonía móvil y no afrontar con seriedad el problema del despliegue de las antenas. Sin antenas de telefonía móvil no es
posible llegar a todos los núcleos de población. De ahí que mi grupo valore positivamente el esfuerzo, el consenso de todos los grupos de la Cámara al aprobar recientemente la disposición adicional duodécima que se ha incorporado a la hace poco
aprobada Ley General de Telecomunicaciones, disposición que tiende a buscar puntos de encuentro entre las distintas partes que deben hacer posible el desarrollo de esas antenas de telefonía móvil, el desarrollo de esas infraestructuras de
radiocomunicación, en especial de las redes de telefonía móvil y fija inalámbrica. ¿Cómo vamos a hacerlo? Con un principio esencial, preservando en todo momento y en todo lugar la garantía de la salud de los ciudadanos, pero buscando unos
parámetros que sean compartidos por todos. De ahí que esa nueva disposición adicional duodécima, de la que mi grupo se siente autor, debe permitir un punto de encuentro entre las distintas administraciones, las corporaciones locales, las
comunidades autónomas que tienen competencias en la materia, también la Administración general del Estado y las operadoras, y tiene que buscar cuáles son los parámetros que deben poner de acuerdo a todas las partes para que ese desarrollo de la
telefonía móvil, que es futuro, que es una apuesta para la sociedad de la información, sea posible, sea viable. Por tanto, mi grupo, como un paso más para conseguir ese objetivo que compartimos, votará hoy a favor de la toma en consideración de
esta proposición de ley.
Termino como empecé dando las gracias al representante de las Cortes de Castilla-La Mancha por su defensa y por lo que representa también una inquietud compartida, entiendo yo, con matices o plenamente por el conjunto de grupos de esta
Cámara.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Díez de Baldeón.
La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la iniciativa legislativa que nos trae esta tarde a la Cámara las Cortes de Castilla-La Mancha aborda dos cuestiones esenciales que, tanto la Ley del año 1998, como la recientemente aprobada Ley General de Telecomunicaciones, no
contemplan. Nuestro grupo apoya esta iniciativa, que saludamos, porque no solamente está en sintonía con las enmiendas que el Grupo Socialista ha presentado a esta ley, sino porque, como decía, aborda dos cuestiones esenciales, dos cuestiones
nucleares que no se han contemplado en la misma. La primera cuestión hace referencia a la extensión de la cobertura de los teléfonos móviles con carácter universal y la segunda cuestión nuclear que la ley no atiende es garantizar unos mínimos de
calidad para los consumidores y los usuarios de acuerdo a una normativa de la que también esta legislación carece.
Respecto a la primera cuestión -garantizar por ley que la telefonía móvil sea un servicio universal-, los españoles tenemos derecho a poder usar los teléfonos móviles con unas garantías de calidad en todo el territorio nacional, lo contrario
implica unos desequilibrios sociales y territoriales que no son deseables y que van en contra de esa deseada cohesión social y territorial.
Señorías, si la telefonía fija tiene carácter de servicio universal, no entendemos por qué la telefonía móvil no tiene la misma consideración, máxime si atendemos a un hecho importante y claro y es que ahora mismo la telefonía móvil ha
desbancado a la telefonía fija. En España los usuarios de teléfonos móviles son el doble, 33,5 millones de usuarios frente a los usuarios de telefonía fija. Eso ha hecho que en España la penetración de telefonía móvil sea superior a la media
comunitaria alcanzando unas cuotas de penetración que hace que en España tengamos el 87,7 por ciento de abonados de teléfonos móviles por cada cien habitantes frente al 79,3 que es la media europea. Sin embargo, aquí se produce una situación
curiosa, el avance y la consolidación de los móviles en España en muy poco tiempo y con carácter espectacular no ha evitado que se estén produciendo unos fuertes desequilibrios territoriales. Un informe reciente de Telefónica, titulado La sociedad
de la información, presente y perspectivas, pone el dedo en la llaga al señalar los marcados desequilibrios territoriales entre las distintas comunidades autónomas.
Así nos encontramos con que, mientras hay comunidades autónomas como Madrid,
Cataluña, la Comunidad Valenciana o Baleares, que tienen prácticamente el cien por cien de cobertura, otras comunidades autónomas, como son Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia o Navarra, tienen una cobertura que está en torno
al 60 por ciento.
Señorías, en mi comunidad, en Castilla-La Mancha, por ejemplo, son 1.609 las localidades donde no existe cobertura de teléfonos móviles. Eso implica que más de 39.000 personas no tengan acceso a que puedan utilizar su teléfono
móvil en el lugar donde residen.
Si esta es la situación de Castilla-La Mancha, me van a permitir que haga un pequeño inciso referente a las declaraciones que ha hecho el portavoz del Grupo Popular, Luis de Grandes, después de la presentación de esta iniciativa por el
presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, don José Bono. Por el señor De Grandes se ha dicho, según recogen los teletipos, que no tiene ni pies ni cabeza que esta iniciativa la haga el presidente de una comunidad autónoma que ha hecho una ley
restrictiva, una de las más restrictivas de Europa. Señoría, lo que no tiene ni pies ni cabeza es que usted confunda los términos, porque en Castilla-La Mancha lo que se ha hecho es una ley pionera y muy buena que lo que hace es garantizar los
derechos de los consumidores y usuarios, dar garantías y regular para que esos servicios se produzcan, y si no hay cobertura no es por culpa de esta legislación de Castilla-La Mancha, será por otras razones en las que por cierto el Gobierno tiene la
responsabilidad última, el Gobierno del Partido Popular. Por eso, señor De Grandes, sus declaraciones, con todo respeto se lo digo, son las que no tienen ni pies ni cabeza y están desajustadas a una realidad social.
¿Qué es lo que subyace en el fondo de este desequilibrio social y territorial? Lo que subyace es un fuerte conflicto de intereses entre el beneficio de las operadoras y las garantías de los consumidores y los usuarios. ¿Por qué? Porque
las operadoras lógicamente atienden a sus intereses comerciales y puede que no les interese tener cobertura en determinadas zonas geográficas donde no les resulta rentable, pero en este conflicto de intereses, ¿qué es lo que debería hacer el
Gobierno? ¿Qué tiene que hacer el Gobierno? Desde luego garantizar los derechos de los consumidores y de los usuarios. No lo ha hecho, no lo hizo en la ley de 1998, no lo ha hecho en la reciente ley que hemos aprobado el pasado 16 de octubre en
esta Cámara y no lo hace pese a la normativa comunitaria, que nos insta, en la Directiva 2002/22/CEE, de 7 de marzo, a que todos los ciudadanos tengan el derecho a acceder a los servicios de telecomunicaciones con calidad, precios asequibles y
cobertura territorial completa. El Gobierno no lo ha hecho, no solamente no se ha puesto de parte de los usuarios de los teléfonos móviles, que son más de 33 millones en este país, sino que ha estado más preocupado, como se ha dicho ya aquí, de
garantizar los avales a las operadoras para hacer la extensión de las redes de la tercera generación de teléfonos móviles, y la cantidad de la rebaja en estos avales ha sido ni más ni menos que de 6.000 millones de euros, una cantidad
extraordinaria.
La segunda cuestión que se plantea esta tarde en esta iniciativa es precisamente la garantía de la calidad en la prestación de este servicio, un servicio que por cierto quisiera decir que es el que más quejas y reclamaciones plantea en la
Unión de Consumidores y Usuarios. El número de reclamaciones es extraordinario, se han producido por deficiencias intolerables en el servicio, deficiencias por cierto que hacen que no haya cobertura en algunas autovías y carreteras de la red
nacional ni en carreteras de las redes autonómicas y que haya cortes intolerables. Por cierto, señorías, cuando nosotros utilizamos el móvil y se nos corta y volvemos a conectar, lo pagamos de nuestro bolsillo, y eso tiene un nombre, que es fraude,
porque el corte no es imputable al usuario, sino a las propias operadoras, a las compañías. Por eso urge regular este servicio.
El Gobierno sigue sin atender este tema, no solamente incumplió su propia normativa -quedó obligado en el año 1999 a presentar una normativa para regularizar el servicio y la calidad de los teléfonos móviles y no lo ha hecho-, sino que sigue
sin hacerlo por esta legislación que hemos aprobado. Por tanto, como nunca es tarde si la dicha es buena, tenemos la oportunidad esta tarde de que el Partido Popular vote a favor de esta iniciativa, como parece que lo van a hacer los restantes
grupos de esta Cámara, y así enmendar sus propios errores.
¿Por qué? Quisiera contestar también al representante de CiU, que ha planteado el tema de la financiación. Hablando de financiación, nosotros consideramos que esta medida puede llevarse adelante sin que cueste ni un solo euro al erario
público, porque tienen que ser las compañías las que recorten parte de sus multimillonarios beneficios y garanticen la cobertura universal. Por tanto, el dinero no saldría de los fondos públicos, serían las propias operadoras las que pondrían el
dinero suficiente para garantizar el servicio universal y la cobertura territorial completa. Quisiera recordarles cuál es la situación.
Telefónica Móviles tiene 19 millones de clientes, Vodafone tiene 9.300.000 y Amena 7.600.000. Entre ellos
tienen una cobertura de mercado que les da, como digo, beneficios extraordinarios. Por tanto, el dinero no saldrá del bolsillo de los españoles, en todo caso saldrá del bolsillo de los accionistas, que tendrán que renunciar a una parte magra de sus
ganancias para un fin que es importante si queremos caminar de acuerdo a la directiva comunitaria.
Señorías, termino diciendo que los encajes legales a los que se referían también algunas de SS.SS. no tienen problema. ¿Por qué? Porque esta iniciativa entró en esta Cámara en marzo. Por tanto, teníamos que referirnos a la ley anterior,
a la Ley del año 1998, y en el texto que ustedes tienen la enmienda era al artículo 34. Esta ley ha cambiado recientemente y el texto sigue siendo plenamente válido y sería aplicable como enmienda al artículo 22.
La señora PRESIDENTA: Señora Díez de Baldeón, le ruego concluya, por favor.
La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Acabo ya, señora presidenta, diciendo que la iniciativa de las Cortes de Castilla-La Mancha tiene un objetivo esencial que es dar un plazo de un año para que en ese tiempo se garantice el servicio universal
de la telefonía móvil y un plazo de tres meses para garantizar los niveles de calidad, para hacer un mapa territorial que nos diga todos los sitios donde los móviles tienen que contar con cobertura, que son todos los núcleos de población de los
municipios de este país y al mismo tiempo también todas las carreteras nacionales, carreteras autonómicas y vías de emergencia.
Termino subrayando que la telefonía móvil es un factor estratégico de desarrollo y bienestar social y, por tanto, solicito del Grupo Popular que vote a favor de esta iniciativa. Una iniciativa que, insisto, no va a costar al erario público
ni un solo euro y que, sin embargo, tiene más de 33 millones de usuarios, que van en aumento, que lo agradecerían mucho y no se explicarían que este Gobierno y el Grupo Popular voten en contra de una iniciativa como esta.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.-El señor De Grandes Pascual pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Díez de Baldeón.
Señor De Grandes.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Señora presidenta, parece claro que ha habido una alusión. (Protestas.)
La señora PRESIDENTA: A efectos del artículo 71, tiene tres minutos, señor De Grandes.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Muchas gracias. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Señora diputada, con toda cordialidad. Usted ha pretendido interpretar mis palabras sin citarlas bien y yo pretendo hacerlo en los mismos términos en que me he pronunciado esta mañana. Esta mañana la noticia
ha sido que el presidente de la Junta de Comunidades ha venido al Congreso de los Diputados a defender esta iniciativa. Lo que me parece bien. Es insólito, pero bienvenido. Por parte de nuestro grupo, y yo personalmente, se han dicho dos cosas:
Una, esta es una pretensión legítima, pero que choca con un problema legal que es inequívoco. La Directiva 2002/22 impide que la telefonía móvil pueda elevarse a rango de servicio universal y por eso esta Cámara no lo ha hecho. Dos, he dicho y lo
reitero, que
esta es una pretensión en estos términos oportunista en concreto en Castilla-La Mancha. Cuando hubo toda una polémica social porque las antenas supuestamente afectaban a la salud, el señor Bono y la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha legislaron en los términos -reitero- más restrictivos de Europa para que no se instalaran antenas presuntamente porque incurrían en peligro. Los operadores no han podido hacer la extensión y cobertura que podían hacer y hay una desigualdad,
en perjuicio de Castilla-La Mancha, con otras partes de España. (El señor Díaz-Cano del Rey: No es verdad.) Ahora, como se trata de una demanda social de la telefonía móvil y mayor cobertura, haciendo lo mismo y lo contrario, el señor Bono viene a
propugnar esta iniciativa. Eso, señora diputada, es soplar y sorber a la vez. Es imposible. El señor Bono lo hace muy bien, es muy populista, pero no puede hacer eso. (Aplausos.-El señor Díaz-Cano del Rey: No es así.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor De Grandes.
Señora Díez de Baldeón.
La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Señor De Grandes, le voy a leer lo que dice el teletipo de EFE, que es como yo he tenido conocimiento de sus palabras. Entre otros párrafos, leo lo siguiente: No tiene ni pies ni cabeza que el presidente de Castilla-La Mancha acuda al
Congreso a reclamar cobertura universal para la telefonía móvil cuando es autor de la legislación más restrictiva de Europa para la colocación de antenas. Y sigue: De Grandes, quien recordó que la directiva comunitaria al respecto impide la
reivindicaciones populistas de Bono, afirmó que este tiene bastante responsabilidad de que a bastantes sitios de Castilla-La Mancha no llegue la cobertura. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Señor De Grandes, puesto que usted en parte reabre un debate, me veo en la obligación de contestarle. Si fuera cierto lo que usted dice se restringiría la falta de cobertura únicamente a Castilla-La
Mancha, pero el tema afecta también a Castilla y León, a Extremadura, a Galicia, a Navarra; es decir, son muchas las comunidades autónomas donde existe este problema. (El señor Hernando Fraile: Igual, no.)
Usted también confunde a la opinión pública, porque el señor Bono, en Castilla-La Mancha, se ha llevado adelante una ley que trata de garantizar los derechos de los consumidores y los usuarios haciendo una regulación pionera, positiva y
progresista. (El señor Hernando Fraile: ¡Sin antenas!) Si no existe cobertura no es por culpa de esta legislación, sino de un Gobierno, de su Gobierno, que no está legislando para garantizar la calidad y que está más de parte de las operadoras que
de los usuarios. (Rumores.-Aplausos.-Un señor diputado: ¡Eso es!)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Díez de Valdeón.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Moreno.
El señor MORENO BONILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, hoy traen a esta Cámara una iniciativa legislativa por parte de la Junta de Comunidades de Castilla y León. (Rumores.) De Castilla-La Mancha, perdón.
La señora PRESIDENTA: Señorías guarden silencio. (Rumores.)
Señor Díaz Cano, guarde silencio.
Adelante, señor Moreno.
El señor MORENO BONILLA: Señorías, una iniciativa que con los datos absoluta, escrupulosa y objetivamente en la mano, tenemos que tachar de claramente populista y electoralista. Qué casualidad que esta iniciativa se tramitase a pocas
semanas de que se disolvieran las Cortes de Comunidades de Castilla-La Mancha; qué casualidad que tan sólo unas semanas antes de que se disolviera, el Gobierno de Castilla-La Mancha mantenga una iniciativa de estas características y le venda a la
opinión pública en general, al conjunto de los ciudadanos de Castilla-La Mancha que con ella se van a paliar y resolver los graves problemas tanto de calidad como de cobertura que tienen allí, supuestamente gracias a esta iniciativa; una iniciativa
que la hacen sabiendo perfectamente que faltan pocas semanas para las elecciones autonómicas, una iniciativa que se hace sabiendo que choca frontalmente, como muy bien ha definido el portavoz del Grupo Popular, con las iniciativas europeas.
Señorías, ni las comunidades autónomas ni tan siquiera los Estados miembros somos competentes para incluir servicios dentro del concepto de servicio universal, eso es así. La legislación europea de telecomunicaciones, que bien ha recordado el
portavoz del Grupo Popular, señor De Grandes, tiene una directiva, que es la 2002/22, que es clara y concisa y regula de una manera absolutamente meridiana el servicio universal, que lo define y delimita los servicios incluidos. Ya se respondió por
parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología en mayo de este mismo año a las Cortes de Castilla-La Mancha explicando la inviabilidad de este proyecto.
El servicio telefónico fijo y el acceso funcional a Internet están dentro del servicio universal porque España y este Gobierno, al que usted ha criticado y que dice que está al lado de los operadores, fue precisamente el que se mojó y el que
le impulsó. Hoy tenemos a Internet dentro del servicio universal gracias a que durante su presidencia de la Unión Europea España
tomó esa iniciativa. Los Estados miembros -por eso es muy importante leérselo- sólo pueden transponer a su ordenamiento los servicios dentro de la propia directiva europea de servicio universal, y hay que recordar que la revisión del ámbito
de servicio universal únicamente puede llevarse a cabo por el procedimiento diseñado en dicha directiva y que se circunscribe al ámbito de la Unión Europea y más concretamente al artículo 15. Por tanto, señoría, esta es una iniciativa cargada de
tintes electoralistas y de tintes populistas, que corresponde más a esa tendencia a la que tanto nos tienen acostumbrados algunos dirigentes socialistas de brindar al sol y de utilizar la Cámara como altavoz en la antesala de unas elecciones
autonómicas.
En cuanto a la calidad del servicio, la distribución y el desarrollo de las antenas tiene mucho que ver con que se pueda oír a lo largo de una carretera. También se ha dicho de una manera clara que cuando España traspuso una directiva
comunitaria que era de obligado cumplimiento a través de un real decreto, basándose en las consideraciones que hacía la Organización Mundial de la Salud, era claramente garantista de las obligaciones y, sobre todo, los derechos de los usuarios en
materia de salud. Hasta tal punto este real decreto que impulsó el Gobierno es garantista con los ciudadanos en términos de salud, que nuestra actual legislación en materia de antenas es mucho más restrictiva que la de países como Estados Unidos o
la de países de nuestro entorno europeo como Suecia. Sorprende que, una vez más, el Gobierno autónomo de Castilla-La Mancha sacara una norma, sacara unos reglamentos, sacara una legislación claramente más restrictiva, que no era necesaria porque
para eso estaba el real decreto y que, como muy bien decía el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, crea agravios comparativos, porque hay una legislación en Castilla-La Mancha que perjudica el desarrollo integral de las telecomunicaciones en el
conjunto de Castilla-La Mancha. Sin embargo, en otras comunidades de España donde obedecen el real decreto impuesto por el Gobierno, tienen más posibilidades. Esta iniciativa legislativa que se sacó antes del real decreto es claramente populista,
pese a que el Ministerio de Ciencia y Tecnología le informó que desde el Gobierno se estaba trabajando para crear ese marco regulador de competencia. Sin embargo, el Gobierno de Castilla-La Mancha, una vez más, quiso sacar una iniciativa que iba
mucho más allá, que era mucho más garantista, hasta el punto de que fue criticada por el conjunto de los operadores y de los ciudadanos.
No se puede decir de una manera tan sencilla que el Gobierno está al lado de los operadores y que se aparta del servicio universal porque nosotros tenemos intereses y siempre nos fijamos en los poderosos, que es lo que se desprende de sus
palabras. Si no hubiera sido por el Gobierno del Partido Popular hoy en día 33 millones de ciudadanos no podrían disfrutar libremente de la telefonía móvil. Si no hubiera sido por este Gobierno, que liberalizó el sector, hoy en día, en el año
2003, no tendríamos las posibilidades de desarrollo en UMTS que vamos a tener en los próximos meses. Quiero recordar a S.S., que tanto ha atacado a este Gobierno con esa iniciativa, que fue el gobierno socialista el que negoció en Bruselas que no
se liberalizara el sector hasta este mismo año 2003. Por tanto, si este Gobierno no hubiera tomado la iniciativa política, si este Gobierno no hubiera sido lo suficientemente reformista, no es que hoy no hubiera cobertura en algunos puntos de
Castilla-La Mancha, es que no habría cobertura en ningún punto de España. Es fácil hacer demagogia, es fácil presentar iniciativas populistas y es fácil intentar desde la tribuna decir cosas que no corresponden a la verdad, pero las cosas, al
final, se saben y se ponen en su sitio.
Sorprenden también los distintos criterios que tiene el Grupo Parlamentario Socialista. Pedía su portavoz que la financiación del servicio universal de la telefonía móvil se hiciera mediante una financiación de los propios operadores,
cuando en la reciente Ley General de Telecomunicaciones que hemos debatido su grupo pedía que fuese una financiación mixta, por lo que hay mensajes contradictorios sobre un mismo tema. Lo cual nos lleva, una vez más, a la conclusión de que no
tienen las cosas claras en el mundo de las telecomunicaciones.
Tampoco se puede pedir mucho a los demás y poco a nosotros mismos. Usted ha dado un plazo, a través de esta iniciativa legislativa, de un año para el despliegue universal de la telefonía móvil y un plazo de unos tres meses para lo que sería
la calidad del servicio de la telefonía móvil.
Sin embargo, en su comunidad se ponen otros plazos que son distintos, por ejemplo a la hora de que los operadores puedan hacer y adaptar el servicio universal del cable, para el que nada más y nada
menos han dado un plazo de veinticuatro años. No se puede pedir tanto a los demás y tan poco a uno mismo. Esto tiene mucho que ver...(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio, por favor.
El señor MORENO BONILLA: Señorías, esta es una iniciativa que es atemporal, porque es una enmienda a un proyecto de ley que ya prácticamente está desaparecido, porque va a entrar en el Boletín Oficial del Estado en breve la nueva Ley
General de Telecomunicaciones. En segundo lugar, es una ley que es claramente electoralista, porque se hace a tan solo una semana de unas elecciones autonómicas, a las que lógicamente se presentaba el Partido Socialista, y que quería justificar los
problemas internos con un proyecto de ley de esta envergadura. En tercer lugar, es una ley que no se ajusta a derecho, que no se ajusta a las condiciones, a los reglamentos y a la base jurídica que tenemos no solamente en España, sino en la Unión
Europea. Por tanto, si es sorprendente que nos traigan una iniciativa legislativa de esta magnitud a esta Cámara, lo es todavía
más que precisamente venga a presentarla el propio presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, señor Bono, que sé que tiene querencia a esta casa, que sé que le gusta estar en esta casa, que tiene querencia a esos bancos y
que, probablemente, en breve estará en esos bancos. Sin embargo, lo que sin duda no puede apoyar el Grupo Popular es un proyecto de ley errático, vacío, electoralista y que solamente persigue confundir a los ciudadanos sin solucionar ni uno de los
problemas que tiene Castilla-La Mancha que, por cierto, es la última comunidad autónoma en el desarrollo de Internet en las cinco provincias.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Moreno.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
La señora PRESIDENTA: Señorías, conforme al artículo 68 del Reglamento, la presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que el
punto 43, relativo a las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, pase a debatirse después del punto 38, relativo a las enmiendas del Senado al proyecto de
ley de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la normativa tributaria con esta finalidad. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda
aprobada la modificación del orden del día.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Continuación)
- DE LAS CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 11/1998, DE 24 DE ABRIL, GENERAL DE TELECOMUNICACIONES (Número de expediente 125/000028.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley de las Cortes de Castilla-La Mancha, de modificación de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 126; en contra, 157; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y SOCIALES PARA EL ACERCAMIENTO DE LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS AGRARIOS EN DESTINO A LOS PRECIOS EN ORIGEN. (Número de expediente 122/000287.)
La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. (Rumores.)
Señorías, les ruego guarden silencio y ocupen sus escaños.
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista sobre estímulos económicos y sociales para el acercamiento de los precios de los productos agrarios en destino a los precios en origen. Para la presentación y defensa de la
misma, tiene la palabra el señor Amarillo.
El señor AMARILLO DOBLADO: Gracias, señora presidenta.
Subo a la tribuna a defender, en nombre de mi grupo, la proposición de ley sobre estímulos económicos y sociales para el acercamiento de los precios de los productos agrarios en destino a los precios en origen. Este es un tema de rabiosa
actualidad en estos momentos, como saben SS.SS., y lo primero que querría hacer es llamar su atención sobre la fecha de publicación de esta proposición de ley en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, el 4 de abril, hace ya unos meses. Además,
permítanme que les ilustre sobre cómo se elaboró y confeccionó esta proposición de ley. Se elaboró un borrador y se mantuvieron conversaciones muy amplias con las organizaciones profesionales agrarias, en particular con la Unión de Pequeños
Agricultores y con la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos, con las que se llegó a un acuerdo de texto con aportaciones enormemente importantes por parte del sector. Se establecieron también relaciones con la Confederación Española de Comercio,
con la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos, que tiene en su seno miles de comerciantes, y con algunas asociaciones de supermercados, las cuales, a su vez, hicieron numerosas aportaciones, así como con cooperativas de todo tipo, agrarias y de
comercio, que también hicieron sus aportaciones.
Por tanto, esta proposición de ley que presenta el Grupo Socialista nace del consenso de los agentes económicos y sociales que intervienen en este proceso.
Es un hecho que en este momento los precios de los productos frescos han alcanzado una situación tal que podemos hablar de total descontrol, y yo añadiría que, además de descontrol, de escándalo. Resulta escandaloso que la diferencia entre
los precios que percibe un
agricultor y los precios que tiene que pagar una ama de casa por muchos productos hortícolas sea la relación de 1 a 10, que en las frutas sea la relación de 1 a 6 y que en la carne el ama de casa pague tres veces más de lo que cobra el
ganadero. Todo ello ha tenido y está teniendo una repercusión enormemente negativa en el índice de precios al consumo.
Señorías, según los datos oficiales del Gobierno, según los datos que recoge el informe económico de la FIAB -la Federación
Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas- y según los datos que recoge también la propia memoria de Mercasa, en 1999 el índice de alimentos no elaborados había tenido un crecimiento del 2 por ciento, en el año 2000 salta bruscamente y
sobrepasa el 6 por ciento, en el año 2001 sigue sobrepasando el 6 por ciento, en el año 2002 alcanza el 7 por ciento y en los últimos meses del año 2003 la situación es enormemente grave, se supera, con mucho, el 7 por ciento. El Gobierno conoce
esta situación alarmante y su reacción fue pedir estudios. Ha pedido diversos estudios, incluida la Universidad Complutense de Madrid, y es cierto que ha silenciado o ha intentado silenciar algunos de estos estudios cuando no le gustaba para nada
lo que decían. Todos venían a decir que hay una situación de precios descontrolados. Esa es la situación que tenemos, una situación muy grave de precios totalmente descontrolados. Es bueno que se hagan estudios, y nosotros nos alegramos de que
sigan investigando, pero en el fondo este descontrol de precios tampoco tiene tantos misterios.
Hay dos sistemas de redes en la organización comercial. Está la parte de la organización comercial de productos agrarios en origen, que afortunadamente estábamos superando gracias al impulso del movimiento cooperativo, gracias al impulso de
las organizaciones productoras agrarias, pero que sigue existiendo; es esa red de mercados de zonas rurales que hay en cada provincia o en cada ciudad más o menos centralizada, más o menos grande, que se celebran los martes, los jueves y los
sábados, en los cuales unos agentes, que normalmente suelen llevar dinero metálico en el bolsillo o un talonario -expenden talones siempre al portador-, compraban y siguen comprando, favoreciendo una economía negra frente a la cual el propio sector
había reaccionado mediante el movimiento cooperativo e intentaba que se fuera restringiendo. Sin embargo, la pérdida de rentas en el sector agrario y la situación de incertidumbre que ha creado la reforma de la política agraria comunitaria y sobre
todo estas diferencias abismales que, con escándalo, ven los agricultores y ganaderos que se producen, aparte de la necesidad de financiación que tiene el propio sector por su endeudamiento progresivo, han conducido a que esta economía negra
comience a florecer. Y hay otra parte que actúa sobre todo en destino y que es fundamentalmente la causante del incremento de precios que estamos teniendo. Se da la circunstancia de que el debate de esta ley coincide con los trabajos de la
subcomisión sobre industria agroalimentaria. Esta mañana, tanto la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas como la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos, en representación de los agricultores, como el movimiento
cooperativo, absolutamente todos, coinciden en el mismo causante. ¿Cuál es este causante? La increíble concentración que tiene el sector de la distribución en destino; es increíble, señorías.
Datos oficiales y datos de la encuesta Nielsen, que es mundialmente reconocida, ponen de manifiesto cuestiones tan graves como la siguiente: que en 2001 ya se había alcanzado un grado de concentración tal que ocho empresas copaban el 68,3
por ciento del mercado y solamente una, Carrefour, suponía el 25,9 por ciento. Alguien puede decir que Carrefour es un hipermercado y que estos sólo representan el 11 por ciento en el sector de la transformación de alimentos frescos, en el sector
de la comercialización de frutas y hortalizas. No, Carrefour es un grupo empresarial que, entre otras cosas, ha comprado la cadena Día, que es descuento duro, hard discount, una cadena con precios baratos, y ha comprado también toda la cadena
Champion. Por tanto, supone un dominio total de este mercado. Antes teníamos ocho centrales de compra que abastecían a los supermercados y en estos momentos quedan dos centrales de compra, la cadena IFA y la cadena Euromadi. Cuando esta
concentración existe estamos en una situación de oligopolio y de monopolio, en la que tampoco debemos ignorar que hay elementos importantes relacionados con ustedes, con personas que han pertenecido a su grupo y que han ocupado puestos de relevancia
hasta hace muy poco tiempo. Algo tienen que influir, nos consta que algo están influyendo, que funcionan los teléfonos, que funciona la presión, en definitiva, que este grupo de presión ha creado una situación de oligopolio y que, como consecuencia
de ello, los precios están descontrolados. En un sistema empresarial como el nuestro es el marco legal el que tiene que poner límite al beneficio.
Ellos no se van a autolimitar nunca este beneficio. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante
Mirón, ocupa la presidencia.) El beneficio tendrá que regularse a través de leyes, como la que nosotros traemos aquí, que pueden matizarlo y que pueden empezar a enderezar esta escandalosa situación de descontrol y de encarecimiento de precios al
consumidor. Además supone ya un problema de economía nacional, porque esta repercusión está influyendo en el IPC y por tanto en la inflación.
Existe un vector inflacionario que forzosamente tenemos que corregir porque si no, toda nuestra economía
sufre y pierde rentabilidad.
Nosotros tenemos esperanzas de que ustedes tomen en consideración esta proposición de ley y lo hagan porque nosotros no pretendemos resolver todo el problema, sino contribuir de una manera significativa a resolverlo. Nosotros pretendemos,
en primer lugar,
concentrar todos los esfuerzos de la Administración. Tenemos muchos instrumentos en la Administración, tenemos terminales de Mercasa en cada una de las capitales de provincia, tenemos dos grandes centros que están trabajando con dos
observatorios de precios diferentes, en dos ministerios distintos, tenemos muchos funcionarios trabajando en el tema de precios, pero están descoordinados, cada uno sigue una lucha por su lado, independiente, y eso tiene que estar concentrado en una
unidad que tenga como fin primordial acabar con el descontrol de precios. Tenemos instrumentos de clarificación del mercado y tenemos que avanzar en ese sentido como un elemento básico para poder atajar este descontrol.
Dentro de esa clarificación está el tema del etiquetado de los productos.
Nosotros pedimos en esta proposición de ley la trazabilidad del etiquetado, que es algo muy distinto del doble etiquetado. El doble etiquetado, a trancas y barrancas
y motivado por la presión, se intenta poner en marcha, y desde algunos sectores se dice que es imposible hacerlo a la vez. La trazabilidad es algo más, no es sólo saber lo que ocurre en origen y en destino, sino qué pasa en el proceso intermedio.
Eso es la trazabilidad, lo que va ocurriendo en cada paso para que los precios vayan creciendo de esta manera. Nos queda aproximadamente un 35 ó 40 por ciento de tejido comercial no cautivo, porque una de las cosas que han hecho las grandes
superficies -Carrefour, entre otras- es crear sociedades destinadas exclusivamente a la compra de productos frescos, entre ellos hortalizas y frutas, dentro y fuera de España. Hay que establecer alguna alternativa para que la economía de mercado
funcione como tal. Esto, en el marco de la voluntariedad, implica -y es lo que ofrecemos en nuestra proposición de ley- que tendremos que compensar a aquel que quiera establecer una autodisciplina de precios. Nosotros le compensamos por la vía de
descontar en el impuesto sobre la renta de las personas físicas o en el impuesto sobre sociedades cantidades que van del 10 al 30 por ciento, según el grado de compromiso que tenga en esta autodisciplina. Esto, señorías, no va a significar para
nada pérdida de ingresos. Que nadie suba a esta tribuna para decir que perdemos ingresos, porque el afloramiento de la economía negra más el incremento de la actividad que representa meterse en este marco de voluntariedad implica que no va a haber
pérdida de ingresos. Pero, a mayores, si los hubiere, tienen ustedes que saber que la actualización de las pensiones como consecuencia del crecimiento de la inflación estaría en una relación de 1 a 40, es decir, que se perdería 1 euro, pero si no
estableciéramos el marco de estabilidad serían 40 euros. Por tanto, desde un punto de vista de economía global, la cuestión no tiene vuelta de hoja.
Nadie se ampare tampoco en que se está bordeando de alguna manera la normativa comunitaria, porque con eso lo único que indicaría sería una ignorancia tremenda sobre dicha normativa. Les digo más, estamos en un marco de voluntariedad, pero
acabamos de aprobar la semana pasada una miscelánea de decreto que contenía una serie de estímulos económicos para favorecer el alquiler de viviendas. Desde un punto de vista cualitativo, no hay diferencia alguna entre lo que nosotros proponemos y
se debate hoy y lo que propusieron ustedes y se aprobó la semana pasada, es idéntico.
Por tanto, si se utiliza este argumento, están ustedes invalidando los argumentos que emplearon la semana pasada. Esta es una cuestión que, por si alguien tiene
reparos, pertenece al ordenamiento general de la economía del Estado, es totalmente respetuosa con todas las competencias de las comunidades autónomas y lo único que pretende es establecer un cambio de rumbo. Se lo decimos desde aquí: estamos
abiertos...
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Amarillo, le ruego concluya.
El señor AMARILLO DOBLADO: Termino, señora presidenta.
Nosotros estamos abiertos a consensuar lo que haya que consensuar y a pactar lo que haya que pactar, pero no tenemos tiempo para nuevos estudios. El tiempo se ha acabado ya, tenemos muy cerca las navidades y lo único que nos queda es una
amarga duda que hoy nos van a despejar ustedes. Hoy vamos a saber si ustedes tienen algunas hipotecas con los grandes grupos y si estas hipotecas les impiden tomar en consideración esta proposición de ley, que intenta arreglar una situación que se
hace totalmente insostenible. Les invitamos a que digan sí. En todo caso, la responsabilidad será del Grupo Popular, que es el que tiene votos suficientes para poder inclinar la balanza a favor o en contra.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Amarillo.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo va a mantener una posición contraria a la proposición de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, vamos a votar en contra.
Si una ley similar se aplicara en estos momentos en el archipiélago canario, por ejemplo, la
dependencia de fletes y transportes en las producciones hortofrutícolas respecto al mercado peninsular, bien de origen o bien de destino, sería verdaderamente una dislocación de todas las estructuras comerciales; sería ir en contra de la libre
empresa; sería ir en contra de la ley de la oferta y de la demanda, y sería ir en contra de unos principios de defensa tanto de los productores agropecuarios como de los consumidores finales de la cadena alimenticia.
Nosotros entendemos que la prudencia aconseja abordar con respeto estas leyes de mercado, pensando por supuesto en la defensa de los consumidores, por eso nos han parecido oportunas unas iniciativas del Ministerio de Economía poniendo en
marcha los instrumentos de defensa de la competencia y al mismo tiempo poniendo en marcha lo que consideramos que es el instrumento principal, que es el Observatorio de precios. ¿Qué ocurre? Que una de las iniciativas que plantea el Observatorio
de precios es el doble etiquetado de determinados productos. Cualquiera que se haya asomado o que conozca someramente el mercado alimenticio, la cadena alimentaria de productos frescos y no envasados, desde el productor al consumidor, se dará
cuenta de la complejidad que existe y de las variaciones y oscilaciones, estacionales o no. Se ha organizado una polémica por este encarecimiento verdaderamente preocupante y llamativo de productos agropecuarios, que ha multiplicado por 3 ó 5 la
diferencia entre el precio pagado al agricultor o ganadero productor de productos frescos hortofrutícolas y lo que paga al final el consumidor. Unos lo han achacado al calor, a la temperatura de este verano, como la asociación de supermercados, que
está dispuesta a considerar determinados estudios de márgenes comerciales si también lo hacen las grandes cadenas de distribución. Éstas han dicho que no les hicieran a ellas responsables de este calentamiento y del diferencial de los precios al
consumidor, porque las grandes superficies tienen entre un 11 y un 12 por ciento de la cuota de mercado en estos productos y al consumidor no solamente se han encarecido en ese 11 por ciento de territorio económico reservado a la distribución de las
grandes superficies. Por ello nos parece oportuno que se reúna y siga trabajando el pleno del Observatorio de precios, donde están representados todos los agentes implicados en la cadena alimentaria, para analizar estas oscilaciones.
Con todos los respetos, la proposición de ley que nos trae el Grupo Parlamentario Socialista nos preocupa y además la vemos inviable en cuanto que pretende crear, como se señala en su artículo 2, una tabla clasificatoria en función de
tiempos y condiciones de conservación, y crear dos grupos según que estos alimentos perecederos estén o no conservados en temperatura, humedad y medio atmosférico idóneos para la conservación de estos productos. Si se traen aquí los productos a
considerar sin una especificación y, al mismo tiempo, se crea la comisión asesora de estos productos, podríamos encontrarnos con la paradoja de que estamos reinventando la comisaría de abastos, es decir, volveríamos casi al año 1940, a la CAT,
Comisaría de Abastecimientos y Transportes, y a montar una especie de fielatos para poder controlar esta evolución. Vamos a ser responsables y sensatos, aquí hay que correr los riesgos de una economía libre de mercado que está en los principios
constitucionales.
Aquí se pretende, con una filosofía puramente intervencionista, volver a las competencias de la ya hace muchos años desaparecida comisaría de abastecimientos o transportes, a aquellas famosas juntas de abastos de la España de la
autarquía en relación con las producciones.
Respecto del etiquetado de los productos que figuran en el artículo 7, nos parece más oportuno que se siga discutiendo un doble etiquetado en los mismos, pero no para confundir equivocadamente -valga la redundancia- al consumidor, que se
encuentra con un producto hortofrutícola en el que le dicen el precio que se pagó al agricultor. Pero al agricultor, ¿dónde? ¿En qué parte del territorio se quiere ubicar esto, cuando hay una libertad de comercio que ha costado alcanzar? Por
ejemplo, en el plátano canario destinado al mercado peninsular habría que poner un doble etiquetado diciendo lo que se ha pagado al agricultor canario por su producción hortofrutícola, igual que con el tomate y otros productos que vienen al mercado
peninsular, pero se está metiendo por medio lo que es el coste de los fletes. Nos encontramos en el momento -y mi grupo parlamentario ha presentado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado- de pedir un aumento de la dotación de la
subvención, de hasta el 50 por ciento, a los fletes de traída al mercado peninsular del tomate producido en Canarias, que se encuentra con la competencia, en plan dumping, del tomate marroquí. Desde luego, por esta vía se confundiría mucho más y
sería totalmente inaplicable en cuanto a lo que estamos hablando. Fíjense que en el artículo 9 de esta iniciativa que ha defendido el señor Amarillo -que yo respeto, pero que es totalmente inviable en nuestro Archipiélago-, para los productos del
grupo A se introduzca un coste de más de 750 kilómetros de transporte. Esto es inviable para el mercado interior canario, un territorio fragmentado donde en una isla se colocan productos de otra, y al consumidor se le va a decir: usted va tener un
etiquetado en razón del artículo 7. Además, tampoco define cómo puede ser ese etiquetado que se propone aquí.
En cuanto a los productos del grupo B, no se requieren más análisis porque llegaríamos a una situación verdaderamente kafkiana, pues no se sabría responder cuál es el beneficio del agricultor, el coste de un producto en origen y cuál es el
destino; respecto al consumidor, se introducirían unos factores que aquí se olvidan. El consumidor elige el producto que quiere comprar y, si acepta el precio que está marcado, que esté dentro de los precios generados por la ley de la oferta y la
demanda y de una economía libre de mercado, lo compra o no, pero no lo va a dejar de comprar porque el diferencial en un doble etiquetado haga abismales los porcentajes en que están planteadas las cifras.
Vamos a ser responsables y serios con un problema que no es de fácil solución. Las propias alteraciones que tenemos en los mercados de los productos perecederos, sobre todo del sector hortofrutícola, nos llevan a esperar a ver qué dice el
Observatorio de precios, qué
medidas se toman y, como ha anunciado el ministro de Agricultura, qué posibilidades hay de aplicar el doble etiquetado a determinados productos sin producir una dislocación y una especie de acusación a determinados segmentos que introducen
su actividad legal y legítima en la comercialización de todos estos productos. Verdaderamente, esto llevaría a un intervencionismo si no lleva al caos en estas cuestiones.
En este sentido, mi grupo es prudente al no admitir esta iniciativa, a la espera de ver qué dice el Observatorio de precios y qué productos pueden ser objeto de un doble etiquetado en defensa de los intereses del consumidor. Hay que saber
claramente que, según la ley de la oferta y la demanda, si el producto final, sin o con doble etiquetado, tiene un precio inasequible al consumidor, éste dejará de comprarlo -así de claro, sencillamente-, esté el producto vendido por las grandes
superficies de distribución o por los mercados detallistas. Por tanto, señora presidenta, repito que mi grupo votará en contra de esta iniciativa porque la consideramos totalmente improcedente e inviable.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista nos presenta una iniciativa enormemente oportuna. Nuestro grupo va a votar a favor de su toma en consideración aunque no estemos de acuerdo con la
totalidad de la propuesta que se nos presenta; en caso de admitirse a trámite, participaremos con nuestras enmiendas para que salga una buena ley.
Resulta significativo que, en este último periodo de sesiones, el Partido Popular sólo haya tenido especial interés en sacar adelante la Ley de arrendamientos rústicos y, sin embargo, otras iniciativas que podrían tener una importante
repercusión en el sector agrario no van a ver la luz, incluso cuando, como en este caso, se podría aprobar puede ser rechazada por el Partido Popular.
Señorías, es una realidad que nadie puede negar que la sociedad tiene hoy un problema grave y que necesita una urgente actuación. Es una realidad que quienes, en nombre del liberalismo económico, miran hacia otro lado, se están convirtiendo
en cómplices de una situación que está perjudicando muy directamente al ciudadano y al agricultor y que está beneficiando, como muy bien ha dicho el señor Amarillo en su anterior intervención, a quienes menos aportan a la economía productiva.
Señorías, el sacrosanto mercado se convierte en estos casos en una trampa, que no es, como se ha dicho anteriormente por un portavoz, lo que nuestra Constitución establece sino algo bastante diferente, y hay que decir que esta trampa puede llevarse
por delante bastantes economías. No estamos hablando de un debate teórico, de un debate para expertos, sino de algo que afecta hoy a miles de familias, tanto al sector productor como a los consumidores.
Esta situación no puede admitir parches que
solamente busquen mejorar la imagen, sino que hay que ir hasta el fondo para resolver el problema que existe en estos momentos y también para el futuro.
Tal y como se nos había anunciado, los ministerios de Agricultura, Economía y Sanidad han empezado a publicar en sus respectivas páginas de Internet las listas de precios en origen y en destino de una selección de al menos diez alimentos
frescos, principalmente frutas y hortalizas. Pues bien, la realidad es que el precio de origen se ha multiplicado por siete cuando llega al consumidor, es decir, el propio ministerio admite que el precio de los productos frescos se puede
multiplicar por siete entre el origen y el destino. Esto no tiene explicación ninguna por más calor que haya hecho este verano ni por más frío que pueda hacer este invierno, esto solamente tiene la explicación de los que quieren hacer el negocio a
costa de la economía de la mayoría de los españoles.
Es una realidad que la cadena agroalimentaria se encuentra totalmente desequilibrada, percibiendo el agricultor por un mismo producto un valor que en muchos casos se sitúa un 30 por ciento por debajo de lo que paga el consumidor, y esta
grave distorsión que se observa en el mercado agroalimentario provoca en muchos casos el desánimo, la pérdida de ilusión de los agricultores. Durante toda esta legislatura estamos analizando medidas para intentar incentivar la producción agraria,
para incentivar a los españoles que decidan dedicarse a la agricultura como principal actividad. Pues bien, casos como éste van en sentido totalmente opuesto.
Del análisis de los precios se deduce que si los productos frescos o elaborados suben en destino y, por el contrario, los precios en origen suben en menor medida, los incrementos que se observan en el IPC tienen que achacarse a los
crecientes márgenes de beneficios de la cadena agroalimentaria, de la que no son protagonistas precisamente ni los agricultores ni los consumidores y sí otros agentes económicos. Se evidencia, por tanto, que hay problemas de transparencia, pero
también que existen problemas a la hora de comercializar los productos agrarios, sobre todo los productos frescos perecederos. La distribución comercial actúa con un gran poder de compra y de dominio sobre el resto de la gente de la cadena
agroalimentaria. Eso es una realidad que nadie discute y, si no se le pone freno, acabará ocasionando perjuicios tanto a la agricultura como a los consumidores. La realidad es que el poder ejercicio por las grandes superficies les sirve para
acumular exceso de beneficios manteniendo los precios altos y su poder se manifiesta también en los mercados locales
porque tiene una repercusión a todos los niveles. Aquí es donde hay que actuar y no nos podemos quedar, como decía, en actuaciones muy limitadas.
El doble etiquetado, con todas las dificultades que contiene, es una iniciativa positiva, pero que nadie se engañe, no solamente es insuficiente, sino que puede quedar en nada si se presenta solamente esa iniciativa. Hay que apostar,
Izquierda Unida así lo defiende, por políticas de regulación de mercado, aunque eso a algunos oídos les pueda sonar a algo raro, pero preferimos seguir defendiendo la regulación de los mercados a defender un neoliberalismo que al final lo único que
hace es acabar machacando al consumidor. Hay que adoptar medidas que estén basadas en nuestra regulación en función de los precios del mercado, con el objetivo de evitar la disminución de los precios en origen a la vez que aumentan los precios en
destino.
Junto con el doble etiquetado, es necesario también que se pongan en marcha otros instrumentos que tienen que ir directamente a un conocimiento más profundo de la comercialización de los productos agrarios, en aras de dotar al mercado de una
mayor transparencia. Esto es, señorías, lo que desde Izquierda Unida consideramos que esta iniciativa puede aportar; si hoy aquí se aborta, si hoy aquí se frena, sumaremos una frustración más para los agricultores y una desazón más para los
consumidores. El debate que se plantea hoy aquí puede abrir las puertas a que se mejore una situación que hoy es grave, pero se puede agravar más si al mercado se le sigue alimentando en sus propias contradicciones. El Partido Popular se puede
situar hoy aquí claramente al lado del sector menos productivo, del sector que menos ayuda a la agricultura de este país.
Señores de Partido Popular, Izquierda Unida va a votar favorablemente, como se puede desprender de mi intervención. Hacemos un llamamiento extensivo a todos los grupos para que hoy se abra un debate, se pueda discutir esta proposición de
ley, se pueda modificar y se pueda consensuar, como ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, pero que no se dé hoy carpetazo a esta propuesta pues, repito, solamente vendría a significar frustración, frustración y frustración.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Centella.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Señora presidenta, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Socialista trae a esta Cámara para su debate una proposición de ley que está pensada para resolver un grave problema que existe, la fuerte
disparidad entre los precios que percibe el agricultor productor y los que realmente tiene que pagar el consumidor final. Según datos a los que he tenido acceso, mientras que la media de ese incremento de precios en la Unión Europea es de 2,3, en
España estamos alrededor del 3,7 o sea un 160 por ciento más. Por tanto, partimos de una situación no deseada desde el punto de vista de estabilidad económica. El Partido Socialista propone la creación de una clasificación de alimentos en grupos A
y B, la creación de una comisión asesora de precios agrarios como órgano de seguimiento, elaborar un conjunto de índices de referencia para el autocontrol de los precios, crear un registro en el cual se tendrían que inscribir las personas físicas y
jurídicas que fuesen las colaboradoras con la estabilidad de los precios, y se otorgan beneficios fiscales en impuestos de sociedades e IRPF a las personas inscritas en dicho registros.
Es cierto que existe un malestar del conjunto de la sociedad por esta situación. Por otro lado, no somos capaces de asegurar que existe una absoluta igualdad de posibilidades en el comercio y, sobre todo, se pone de manifiesto la necesidad
de tomar algunas medidas adecuadas para evitar la imposición de los oligopolios. Una vez detectado el problema, hay que buscar una situación adecuada y honradamente pensamos que la propuesta que ha presentado el Partido Socialista no resuelve el
problema. ¿Por qué? Porque el espíritu de la propuesta parte de dos principios con los que no estamos de acuerdo, que son el intervencionismo y el centralismo.
La propuesta es intervencionista porque pretende, mediante una ley de Estado, la regulación económica entre particulares, dando un paso más allá de las normativas básicas previstas en la Constitución en la defensa de la economía de mercado.
No resuelve una serie de interrogantes que la propia ley crea, no explica la fórmula para el cálculo, no explica si habrá un sistema de ponderación, no explica qué elementos se tendrán en cuenta para evaluar los costes de la distribución, no precisa
cómo se tomarán los precios que paga el consumidor, si los tomarán en las grandes superficies, en los mercados, en el comercio de proximidad, en el comercio especializado; no tiene en cuenta la situación geográfica, el tamaño de la ciudad, de las
zonas turísticas, etcétera. En esa propuesta no se tiene en cuenta que en muchos casos los precios están influidos en su formación por el impacto de las relaciones internacionales. Ese factor no se puede olvidar, ya que nuestro mercado en ese
momento no es estrictamente estatal, yo diría que en muchos casos es mundial, pero como mínimo se proyecta sobre los quince países de la Unión Europea y dentro de muy poco sobre los veinticinco. El sistema de ofrecer beneficios fiscales sin
distinguir cómo se aplicarán a las empresas no teniendo en cuenta, entre otras cosas, la dimensión económica y productiva de las mismas, es una barbaridad, ya que el ahorro fiscal no tiene los mismo efectos en una gran multinacional que en una
pequeña o mediana empresa.
La propuesta es centralista ya que aplica criterios uniformes y sin ningún tipo de matización. Sin embargo, lo más grave es que, si bien el actual Observatorio de precios de alimentos, creado por el Real decreto 509/2000, de 4 de abril,
prevé que en la composición del mismo figurarán como mínimo siete vocales procedentes de las comunidades autónomas, en la actual propuesta se suprime esta presencia de las comunidades autónomas eliminando de esta forma la posibilidad de transmitir
las peculiaridades específicas de cada territorio. Además, la propuesta restringe el pluralismo y no diferencia, por ejemplo, a los representantes procedentes de la gran distribución del sector minorista, como si los dos sectores tuviesen los
mismos intereses. Por lo que hace referencia a la comisión asesora, incluye en ella competencias claramente ejecutivas, por tanto no asesoras, como fomentar el establecimiento de acuerdos de colaboración.
Incluso en el texto, a mi entender, se
confunde el Tribunal de la defensa en la competencia, con el Servicio de defensa de la competencia, que es el órgano al que corresponde la instrucción de los expedientes.
¿Qué se puede hacer? Hay un camino largo que recorrer y nosotros estamos de acuerdo que hay que caminar en la línea del control de la inflación, del fomento del asociacionismo agrario con la finalidad de mejorar la comercialización en
origen eliminando intermediarios, con una política fiscal clara que favorezca el acercamiento de la oferta con el consumo, debilitando de esta forma los entramados intermediarios que dificulta la libertad de mercado; incitar a que los mecanismos de
defensa de la competencia actúen, así como la creación a nivel autonómico de tribunales de defensa de la competencia; una mayor coordinación en los procesos de elaboración de los índices de precios al consumo, que elabora en estos momentos el
Ministerio de Economía, que también elaboran el Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio de Agricultura y MERCASA, utilizándose metodologías diferentes, con lo cual terminan creando confusión, y la constitución de órganos autonómicos,
similares al Observatorio de precios, con competencias en su ámbito territorial, pero dotándoles de la capacidad de formular denuncias, Es necesaria, sobre todo, una política de potenciación del pequeño comercio que ha decidido modernizarse, el
comercio de proximidad, que es un elemento que en parte rompe el oligopolio de las grandes superficies.
A esas propuestas se les puede añadir las que quieran, pero sería bueno que el Gobierno se tomase en serio el problema, porque hay que hacerle frente de una forma clara. Repito, si en vez de presentar una proposición de ley hubiesen
presentado una proposición no de ley instando al Gobierno a resolver el problema, nosotros habríamos votado a favor, pero entendemos que la propuesta que han presentado crea más problemas que soluciones, por lo que nos vemos en la obligación de
votar en contra.
Muchas gracias, señora presidenta, muchas gracias, señora y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Companys.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Madero.
El señor MADERO JARABO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo en nombre de mi grupo para fijar su posición sobre esta proposición de ley que nos trae en la tarde hoy el Grupo Parlamentario Socialista, en un loable intento de evitar que haya una disparidad de precios en los
productos alimenticios desde las manos del agricultor hasta las del consumidor. Antes de entrar en el debate de la misma, haré unas breves consideraciones que surgen al hilo de la intervención del portavoz del Grupo Socialista, el señor Amarillo,
que ha amenazado al Grupo Popular con que están cerca las Navidades. Pues sí, es un dato, están cerca las Navidades, y cuente, señor Amarillo, con la felicitación que este portavoz ha remitido puntualmente cada año a S.S.
Como causas imaginarias, en nuestra opinión, para justificar esta iniciativa habla de un gran escándalo -pues yo no sé a qué escándalo se refiere el señor Amarillo- y de que hay gran incertidumbre por la PAC.
Pues no, por la PAC no hay
incertidumbre, los agricultores tienen una seguridad en su futuro que es bastante loable. Si el señor Amarillo fuera jugador de mus, le habríamos cazado en un farol porque dice que habla en nombre nada menos que de las organizaciones profesionales
agrarias, de todos los autónomos, de todas las asociaciones de comerciantes, de todas las cooperativas. Señor Amarillo, eso es un farol, S.S. habla en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, y lo ha hecho muy bien, por cierto, pero no en nombre
del mundo mundial, y desde luego no habla urbi et orbi todavía.
Sin ironías, señor portavoz, en mi grupo por lo menos debemos hacer la consideración de que es de pésimo gusto venir a esta tribuna a citar empresas y a hacer insinuaciones, que nos parecen absolutamente intolerables, contra algún directivo
de esas empresas que dice que son monopolios. Se habla con esas empresas y con esos directivos, pero no se dan aquí nombres cuando es un ataque absolutamente injustificado. Eso, señor Amarillo, es mal estilo, como lo es decir que el Partido
Popular tiene alguna hipoteca con los grandes grupos. Pues no. No le preguntaré yo en sentido contrario, simplemente, ante esa torpe insinuación, le digo que no existe esa hipoteca; es una auténtica irresponsabilidad insinuar lo contrario. Desde
luego su planteamiento es absolutamente intolerable: o votan que sí o están ustedes hipotecados. Eso me parece una absoluta necedad. Vamos a votar que no, téngalo usted claro,
porque su proposición de ley, entre otras cosas, es muy mala y muy floja.
Trataré de demostrárselo.
Compartimos con S.S. la preocupación por el tema, pero vamos a entrar a analizar el contenido de esa proposición de ley que nos presenta su grupo en la tarde de hoy. Debemos decir que ya de entrada, en la motivación de la proposición de
ley, existe una flagrante contradicción, pues por una parte se dice que hay que actuar dentro de la legislación de la Unión Europea y de la Organización Mundial de Comercio -eso es una obviedad-, pero por otra parte, en la misma motivación de la
proposición de ley, se dice textualmente que tienen que intervenir los poderes públicos en la conformación de precios. Es decir, se dice una cosa y la contraria, se dice que hay que hacer exactamente lo contrario de lo que se prohibe con las
legislaciones citadas anteriormente a nivel europeo y a nivel mundial. Además, esa hipotética intervención de los poderes públicos que se propone es porque sería absolutamente inoperante por la complejidad de comprensión y de aplicación de los
numerosos índices y valores por los cuales finalmente se determinen los precios de cada escalón de la cadena comercial y que se especifican en el título II de la proposición de ley.
No hay quien entienda eso que nos proponen. Sinceramente, señor
Amarillo, tras la lectura del texto de la iniciativa y tras escuchar a S.S. no entendemos ese complejísimo mecanismo de intervención que nos propone, además de que tal intervención ya he dicho que sería ilegal por lo expuesto anteriormente.
El portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria se pregunta -y nosotros nos preguntamos con él- si es que SS.SS. pretenden resucitar el servicio nacional del trigo de la España autárquica, nos preguntamos si quieren volver a
inventar la comisaría de abastos y si quieren poner fielatos, quizá a lo mejor hasta cartillas de racionamiento.
Señorías, debemos señalar que, además de que adolece de estos defectos, el artículo 1 deja prácticamente sin contenido la propia proposición de ley al considerar como objeto de la misma exclusivamente los alimentos aptos para el consumo
inmediato, es decir, que quedan excluidos los productos alimenticios antes de su selección, preparación, almacenamiento y conservación, precisamente las fases durante las que se producen incrementos notables de los precios. Además el citado
artículo 1 no considera objeto de la proposición de ley a las producciones agrarias destinadas a la alimentación humana que hayan sido producidas fuera de España. Señorías, esto es simplemente insostenible, pues estamos en un mercado agrícola
europeo sin fronteras; además, tal hecho supondría una discriminación negativa para las producciones agrarias españolas.
Señora presidenta, quizá la idea nuclear de esta proposición de ley sea la creación de la comisión asesora de precios que ha sido criticada, entiendo que de manera acertada, por el portavoz de Convergència i Unió.
La naturaleza y contenido
de esta comisión asesora se explicita en el capítulo IV y siguientes; me permito recordar a la Cámara que lo que aquí se propone es un ente igual al que ya existe y que se llama Observatorio de precios de los alimentos, que está constituido y está
funcionando dentro del Ministerio de Agricultura, y precisamente a través de sus informes es como se ha conocido la distorsión de precios, sin ir más lejos, hace unas semanas. Este observatorio tiene su origen, como aquí se ha dicho, en el Real
Decreto 509/2000, de 14 de abril. Debemos señalar que algunas de las frases que se citan en la presente proposición de ley son exactamente una copia literal del real decreto por el que se creó el Observatorio de precios de los alimentos.
Señorías, cuando se produce una disfunción en el mercado, cuando el precio de algunos alimentos se incrementa de forma notable, hay que acudir a los múltiples procedimientos que nuestro sistema económico tiene para favorecer la competencia,
y no tratar -entre otras cosas sería un intento vano- de regular artificiosamente y de forma ilegal el mercado. Debemos señalar que en España están funcionando, y funcionando razonablemente bien, las interprofesionales que es donde se han
establecido los mecanismos de colaboración, y los ha establecido precisamente este Gobierno, entre agricultores, comerciantes e industriales; en muchos casos, se están obteniendo resultados positivos para todas las partes.
Asimismo es la hora de
incrementar las acciones en favor del asociacionismo agrario para producir y comercializar. Son numerosas las sociedades de agricultores y de ganaderos que funcionan adecuadamente, logrando precios razonables y sostenidos para sus propios
productos.
Mención especial merecen las sociedades cooperativas agrarias que, desde hace muchos años, están funcionando de manera ejemplar en favor de sus socios.
Señorías, el Grupo Popular reitera su no rotundo al intervencionismo y su sí rotundo a la transparencia del mercado y por ello nos parecen positivas todas las medidas que el Ministerio de Agricultura ha puesto en marcha en fechas recientes.
Además, ha estudiado los problemas y no ha ocultado nada, señor Amarillo, no ha ocultado ninguno de los problemas.
Entre las medidas que ha adoptado, una vez visto el problema precisamente a través del Observatorio de precios de los alimentos, nos
parece positivo el doble etiquetado de algunos productos, con indicación de los precios para el agricultor y consumidor; así, este tiene información para optar por tal o cual establecimiento. Asimismo, nos parece muy positiva la publicación de los
precios de origen y destino en las páginas web de los ministerios de Agricultura y Economía, como aquí se ha citado por algún portavoz. Esta comparación de precios se actualiza semanalmente y contribuye de manera decisiva a informar al consumidor y
dotar de mayor transparencia el proceso de formación de precios. De hecho, tras varias fechas de publicación de los precios y de la
actuación, para nosotros en la buena línea, de los propios agentes económicos, ya se ha visto una clara corrección de la distorsión observada en los meses pasados. Estimamos, señorías, que el camino correcto es la asociación de agricultores
e información al consumidor y en ningún caso intervencionismo para la formación artificiosa de precios que, ni es de recibo en una economía como la nuestra, ni daría el resultado que se busca, simplemente daría el resultado contrario.
Nada más y muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Madero. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre estímulos económicos y sociales para el acercamiento de los precios de los productos agrarios en destino a
los precios en origen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 112; en contra, 166; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE SEGURIDAD EN ATRACCIONES DE FERIA Y PARQUES INFANTILES. (Número de expediente 162/000830.)
La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día: Proposiciones no de ley. En primer lugar, proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre seguridad en atracciones de feria y parques infantiles. (Rumores.)
Señorías, ruego, por favor, que guarden silencio y ocupen los escaños o abandonen el hemiciclo aquellos que lo vayan hacer, también en silencio, al objeto de poder continuar con el debate.
Para la presentación y defensa de la iniciativa, tiene la palabra la señora Arévalo.
La señora ARÉVALO ARAYA: Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, me llena de satisfacción en mi nombre y en el del grupo parlamentario al que represento traer esta proposición no de ley que entendemos necesaria, oportuna y muy
demandada por la sociedad, especialmente en las últimas fechas. Antes de pasar al detalle de esta proposición, me gustaría recoger de manera sucinta algunas características de la idiosincrasia de nuestro país en esta materia. España, como todos
conocen, es un país de importantes tradiciones culturales ancestrales arraigadas en el sentir popular. Estas tradiciones se reflejan en nuestras festividades y ferias locales, que tienen en su desarrollo un importante... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Arévalo. (Pausa.)
Adelante.
La señora ARÉVALO ARAYA: Gracias.
Como decía, estas tradiciones cuentan con un importante reflejo en las festividades locales y dentro de ellas el apartado lúdico lo protagonizan, sin duda, las atracciones de feria instaladas y montadas expresamente para la ocasión. Como
SS.SS. también conocen perfectamente, España es el segundo país a nivel turístico mundial, y se ha consolidado como un destino cultural e idiomático, en el que además últimamente prolifera y tiene una mayor importancia la oferta de ocio temático.
Valga como ejemplo las importantes inauguraciones de parques temáticos a lo largo de todo el territorio nacional.
Al margen de estas instalaciones de carácter temporal derivadas de las festividades y también del ocio temático, en España las entidades locales han realizado un importante esfuerzo inversor para conseguir unos espacios dedicados al
divertimento y al juego infantil, consiguiendo que la tendencia sea la de imponer prácticamente en cada barrio instalaciones destinadas al juego y al divertimento de los menores. Sin embargo, somos conscientes, señorías, de que los accidentes
acontecidos en las últimas fechas han supuesto una merma importante de la confianza de los usuarios de estas instalaciones. Mi grupo, consciente del clamor popular y consciente además de la necesidad del sector, primer implicado y también principal
interesado en que se regule específicamente cuáles son sus necesidades, sus obligaciones y derechos en esta materia de seguridad, se ha puesto a trabajar en este sentido y ha presentado esta proposición no de ley, instando al Gobierno a que regule,
a que estudie un marco legislativo de seguridad específica para estos recintos y además que se acabe con la dispersión normativa de que adolece el tratamiento jurídico de la misma y, por qué no reconocerlo, señorías, con las importantes lagunas
legales que actualmente se detectan en el sector. Estas lagunas legales aparecen recogidas desde 1998 en un informe del Defensor del Pueblo, en donde se instaba a su integración normativa.
El juego creo que todos reconocemos que es un derecho fundamental y un instrumento importantísimo para el desarrollo armónico de los jóvenes, de los menores, pero para que esto efectivamente sea así se hace necesario que se den unas
condiciones de seguridad y de salubridad. Para actuar, para ser justos con esta proposición y para que no se vulnere ningún texto legislativo
ni ninguna de nuestras competencias, esta proposición debemos decir muy claramente que no pretende vulnerar las competencias otorgadas a las comunidades autónomas y a las entidades locales; antes al contrario, queremos ser sumamente
respetuosos con las mismas. Sin embargo, el Estado -y así lo reconoce el Tribunal Constitucional en algunas de sus sentencias- en materia de seguridad puede entrar a regular la seguridad no sólo de las instalaciones, sino de los productos,
ejerciendo posteriormente las comunidades autónomas todo lo que se refiere a la ejecución normativa.
Señorías, los importantes avances tecnológicos que se han producido en nuestro país nos sorprenden cada día con instalaciones de feria más novedosas y más llamativas para los usuarios; sin embargo, estas instalaciones hasta ahora no han
sido nunca abordadas desde una visión integradora de la seguridad; antes al contrario, solamente estaban sometidas a controles de defecto industrial. Son lagunas legales de diverso orden las que afectan al tema que ahora abordamos aquí.
Evidentemente, no queremos hacer, porque entendemos que este no es el lugar, un análisis exhaustivo de la normativa jurídica y de los problemas jurídicos que esto supone, pero sí me gustaría recoger de manera sucinta y genérica algunas
consideraciones. Hemos encontrado problemas, por ejemplo, en la cuestión de qué tipo de culpas se derivan de los accidentes y de los defectos de estas instalaciones. ¿Se trata de una culpa de carácter contractual? ¿Es una culpa de carácter
extracontractual? Aquí queda abierta la puerta a la casuística jurisprudencial. Los abogados están teniendo problemas también a la hora de enmarcar en un texto legislativo de carácter general las responsabilidades dimanantes. En este sentido
existen dos leyes fundamentales que yo quiero citar muy brevemente: la Ley 26/1984, de 19 de julio, para la defensa de los consumidores y usuarios, y la Ley 22/1984, que adapta una directiva comunitaria y que es la ley de responsabilidad por los
fallos en los productos defectuosos.
La primera de estas leyes, señorías, habla de las responsabilidades de los servicios pero no hace una diferenciación clara entre los servicios y los productos. La segunda, en cambio, acota su ámbito de actuación exclusivamente a los fallos
producidos en los productos. Corresponde, pues, al abogado encargado de defender el tema decidir si quiere nombrar una ley o quiere referirse a la siguiente, con lo cual vemos que la actuación queda muy poco definida. También entenderán ustedes
que la búsqueda de subsanación de las responsabilidades dimanadas de los accidentes en estas instalaciones cuando se producen en recintos municipales es todavía mucho más compleja. Si pretendemos lograr que se diriman responsabilidades de carácter
penal, en función del principio del derecho penal que obliga a que esté tipificado para exigir responsabilidades, como estas no están claramente puntualizadas en ningún texto normativo no sabremos si se ha actuado con negligencia, con dolo o con
culpa. En cuanto a la normativa de la Unión Europea sólo hemos encontrado algunas normas tipo UNE, normas de carácter técnico que en ningún caso contemplan una visión integral del problema sino que se refieren a cuestiones puntuales.
Para ir finalizando, señorías, me gustaría realizar unos breves apuntes en relación con los últimos accidentes producidos en nuestro país. En ningún caso pretendemos realizar juicios de valor a posteriori ni decidir si se debieron a fallos
en la seguridad, a fallos humanos o si simplemente fueron causados por la fatalidad que nos golpea sin que humanamente podamos hacer nada por evitarlos, pero sí somos conscientes de que estos accidentes han sembrado una importante alarma social, han
producido una quiebra en la confianza. Esto tiene unas inmediatas consecuencias para los progenitores de nuestro país. En un momento dado los padres podemos entender que lo que está en juego es la seguridad de nuestros hijos frente a su derecho al
divertimento y podremos actuar intentando restringir el uso de esos recintos. El sector empresarial, señorías, de industriales feriantes -que como yo decía son unos de los primeros interesados en que esto se regule definitivamente-, que es de
índole familiar, generador de puestos de trabajo tanto por cuenta ajena como autónomos, puede sufrir una crisis económica por la quiebra de la confianza. También las entidades locales se pueden ver desincentivadas para continuar haciendo el
despliegue inversor que han hecho últimamente, con lo cual se demuestra la necesidad de que esta proposición no de ley prospere. Lo más importante es el valor de la seguridad, ese es el valor primordial, el bien jurídico a proteger. De la
regulación de la seguridad, señorías, se va a obtener de manera inmediata una nueva relación de confianza entre los usuarios y los empresarios de las ferias, que nos divierten y acompañan en todas nuestras festividades, y asimismo se va a fomentar
el máximo desarrollo instando a las entidades locales a continuar con la progresión de inversiones en este sentido.
Señorías, me gustaría contar con el apoyo unánime de esta cama, perdón, de esta Cámara, porque entiendo que el texto que finalmente se elabore debe ser un texto que se enriquezca con las aportaciones de todos: de los agentes sociales, de
los empresarios y de todas las asociaciones para elaborar un texto pionero en nuestra legislación y en el marco de la Unión Europea.
Finalmente, me gustaría explicar el sentido del voto en contra de las enmiendas presentadas por Convergència i Unió y el Grupo Socialista.
Siendo muy respetuosa con las enmiendas presentadas, me gustaría decir, en cuanto a la enmienda
presentada por CiU, que pide que respetemos las competencias de las comunidades autónomas, que de mi intervención se deduce que lo vamos a hacer, con lo cual consideramos que es una redundancia. En cuanto al otro matiz que introduce la enmienda del
Grupo Socialista, me gustaría decirles que cuando nosotros instamos a regular un marco de seguridad
específico para este tipo de recintos -en el punto segundo además proponemos que se contemplen las particularidades de los menores, de los niños- nos referimos a todos los niños. Hablamos de los niños, de las niñas, de los niños más
pequeños, de los niños mayores, de los niños con discapacidad y de los niños sin discapacidad.
La señora PRESIDENTA: Señora Arévalo, le ruego concluya, por favor.
La señora ARÉVALO ARAYA: Voy concluyendo, señora presidenta.
Señorías, nuestra intención era contemplar una legislación específica para los niños y sus particularidades y esperamos que nos den su apoyo, porque entendemos que esta es una importante proposición que va a beneficiar a todos los españoles.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Arévalo.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Pin.
La señora PIN ARBOLEDAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, desgraciadamente parece que sólo la repetición de sucesos luctuosos como los ocurridos en ferias y parques infantiles mueve a este Gobierno a preparar el marco legislativo necesario para evitar la repetición de esos tristes sucesos
y sus dramáticas consecuencias, sucesos que vienen ocurriendo de forma reiterada, especialmente con la proliferación durante todos estos años de diferentes instalaciones; instalaciones que no cuentan con ningún tipo de seguimiento y control por
parte de la Administración pública, máxime cuando se trata de investigar las causas de los hechos que producen lesiones, daños y muerte a los usuarios de las mismas, sobre todo a usuarios de especial protección como son los menores.
Los trágicos sucesos que han ocurrido últimamente en atracciones feriales traen a esta Cámara el debate de una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular relativa a la seguridad en atracciones de feria y parques
infantiles. Quizá tengamos que decir que más vale tarde que nunca, porque la realidad es que estamos otra vez sin datos objetivos para analizar la situación de partida y detectar dónde están las causas de que en el año 2003 nuestros hijos accedan a
sus derechos de ocio poniendo en peligro sus vidas. Como expresa el informe de la Comisión Europea respecto a la seguridad de los servicios prestados a los consumidores, este es el principal obstáculo que tiene la Comisión al elaborar la directiva,
y obviamente este es el eje desde el que debería partir cualquier proposición no de ley: cuantificar y analizar las causas que provocan estas situaciones, que no deberían darse jamás. La verdad es que ha habido tiempo más que suficiente para
concretar las medidas de seguridad de este sector de servicios, pero no es menos cierto que existe legislación sectorial y que, debidamente aplicada y fiscalizada, hubiera evitado alguno de los accidentes producidos, todo ello unido a una debida
información a los consumidores, tal y como establece el artículo 51 de la Constitución que no está de más recordar: Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces la
seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar
a aquéllos, en los términos que la ley establezca. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regula el comercio de interior y el régimen de autorización de productos comerciales.
Si tenemos en cuenta los bienes jurídicos que se presentan a proteger -que no son otros más que la integración física de la infancia y la juventud, su derecho al ocio, aparte de proteger sus derechos de consumidor- y encima tenemos en cuenta
que se han transferido a las comunidades autónomas todas las competencias de espectáculos, establecimientos públicos y actividades recreativas, que se ha transferido a las comunidades autónomas la normativa sobre consumo, que el Gobierno de la
nación mantiene las competencias de seguridad pública sin perjuicio de la existencia de policías autonómicas y que además existen competencias en la aplicación de esta materia en la Administración local, no entendemos cómo a estas alturas, a no ser
que existan intereses meramente electoralistas, pretende el Grupo Parlamentario Popular estudiar un marco legislativo de seguridad, así como una regulación específica. Durante dos legislaturas ha habido tiempo más que suficiente para recopilar las
normas existentes y aprobar una ley de armonización de la legislación existente en diferentes ámbitos de seguridad, tanto de máquinas, de componentes, de aparatos e instalaciones, de equipos de emergencia, así como de incendios en establecimientos.
El informe de la Comisión Europea considera que el nivel de seguridad real de un servicio viene determinado básicamente por efectos agregados a los siguientes aspectos principales: la seguridad de los locales, la estructura y equipos para prestar
el servicio, la capacidad profesional del prestador del servicio, la disponibilidad y calidad de la información sobre los aspectos de seguridad del servicio prestado al usuario o al consumidor del mismo, el modo de ejecución del servicio por parte
del prestador, las aptitudes y comportamientos del consumidor y la disponibilidad del procedimiento y equipos de emergencia que permitan reducir los daños en casos de accidente. Pues, señorías, todos estos aspectos ya están legislados en diferentes
normas -además disponemos de la norma UNE 76.601 de 2001, de seguridad en maquinaria y estructuras para ferias y parques de atracciones-, aprobados por los órganos de gobierno de AENOR, donde se recogen estos aspectos de forma exhaustiva y
sistematizada. No es tiempo de estudiar y no es tiempo para demagogias. Apliquen lo que está legislado y, si tienen alguna duda, consulten la norma UNE a la que he hemos hecho referencia.
Señorías del Grupo Popular, a la hora de elaborar la normativa hay que tener en cuenta también las condiciones de accesibilidad y disfrute para personas discapacitadas de acuerdo con la Ley 1/1998, de 5 de mayo, sobre accesibilidad y
supresión de barreras arquitectónicas, que posibilitan precisamente el disfrute real de espectáculos por parte de personas discapacitadas. Se lo menciono porque no lo hemos visto reflejado en su exposición de motivos; por si acaso se les olvida,
nosotros tenemos interés en recordárselo. Este aspecto es fundamental no sólo porque este año esté dedicado a sensibilizar a los Estados en el tema de la discapacidad, sino porque es obligación de todos y de todas, ya que las personas con
discapacidad son titulares de los mismos derechos y deberes, entre los que se encuentra el derecho al ocio, que el resto de los ciudadanos y ciudadanas, y como tales reclaman la plena equiparación de oportunidades y de acceso a los recursos
disponibles. Dada la importancia del fenómeno del ocio en la sociedad actual, es necesario destacar las potencialidades y posibilidades de un modelo inclusivo que adopte medidas políticas, que trabaje la educación y que gestione proyectos de manera
que las personas con necesidades especiales participen plenamente en una sociedad madura y responsable. Las personas con discapacidad son un grupo heterogéneo con un repertorio diverso de necesidades. Se estima que tanto en Europa como en todo el
Estado español el 10 por ciento de los ciudadanos y ciudadanas tienen alguna discapacidad.
Señorías, en nuestra enmienda se pide la supresión de la palabra 'estudiar' y su sustitución por la palabra 'elaborar' y, en su defecto, añadir a la palabra 'estudiar' la palabra 'elaborar' para que no se quede esta proposición en meras
intenciones y estudios, como acostumbran a hacer ustedes, y que, en caso de ser aprobada, se concrete y se sustancie en algo. Se trata, por tanto, de que esta Cámara inste al Gobierno a elaborar y presentar una clara regulación del sector de las
ferias y parques infantiles. Se trata de dar respuesta clara a las peticiones de las distintas organizaciones de consumidores. Se trata de señalar con claridad las medidas preventivas de tipo obligatorio y de control y de clarificar los sistemas
de responsabilidad con los daños causados. Se trata, señorías, de coordinar con claridad la función de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Todo esto, como pueden comprender SS.SS., no se puede quedar en un mero estudio, como
pretenden ustedes en su proposición no de ley. En nuestro grupo parlamentario pensamos que sería necesario coordinar nuestra legislación sectorial con la legislación de todos los Estados de la Unión, comenzando por proporcionar datos suficientes y
fiables sobre sistemas europeos de vigilancia de los accidentes en el hogar y en las actividades del ocio para que se pueda tener una base suficiente y fiable y se pueda elaborar la correspondiente legislación comunitaria.
El Gobierno del Partido Popular ha tenido tiempo más que suficiente para crear el marco legislativo necesario para asegurar que nuestros niños y niñas puedan disfrutar sin ningún riesgo su tiempo de diversión. El Grupo Socialista es un
grupo responsable y conoce perfectamente la inquietud que la sociedad española experimenta ante estos hechos. Por eso hemos presentado una enmienda de sustitución al primer punto que dice: Elaborar, respetando las competencias de las comunidades
autónomas en la materia, el marco legislativo de seguridad apropiado y específico que garantice la seguridad de las atracciones de ferias y parques infantiles y su adaptación al ámbito de la discapacidad en aras de un ocio de inclusión. Deseamos
que esta enmienda sea aceptada por el Grupo Popular.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pin.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Jané tiene la palabra.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señorías, intervengo brevemente para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a esta proposición no de ley.
Señorías, nosotros compartimos la finalidad de esta proposición no de ley; compartimos que puede ser útil estudiar un marco normativo, un marco legislativo de seguridad que sea apropiado y que sea específico para garantizar la seguridad en
las atracciones de feria y en los parques infantiles. Hemos tenido ejemplos recientes de fallos en los mecanismos de seguridad, y en estos supuestos la víctima es siempre especialmente indefensa porque es un menor. Por tanto, compartimos
plenamente la finalidad que se persigue con esta proposición no de ley, es decir, que se estudie ese marco legislativo, no tanto que se elabore, como decía ahora la portavoz del Grupo Socialista, porque tal vez el Gobierno no sea el competente para
elaborarlo, sino que se estudie ese marco, y evidentemente cualquier marco legislativo en este ámbito tiene que respetar -es una obviedad, lo ha dicho usted, pero es verdad- las competencias de las comunidades autónomas y de las corporaciones
locales.
Los ayuntamientos tienen competencias para autorizar la instalación de una feria en su término municipal, y las comunidades autónomas tienen competencias en materia de seguridad ciudadana y en materia de
industria, de ahí que esto pueda parecer una obviedad, pero no lo es tanto. El Grupo Popular nos dice que es redundante, pero no lo es. Cuando se estudia un marco legislativo que puede afectar a competencias autonómicas o a competencias de
las corporaciones locales, nunca es redundante que en el texto que se vota -porque no se vota ni la exposición de motivos, ni la defensa de la proposición que se ha hecho desde esta tribuna; lo que se vota concretamente son los dos párrafos de la
proposición no de ley- figure que este marco legislativo se hará respetando plenamente las competencias de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales en este ámbito. La introducción de esta enmienda no perjudica en nada a la
proposición no de ley, pero ¿en qué la beneficia? En que si se aprueba esta enmienda, la proposición de ley será sin ninguna duda acorde con el marco competencial y con la estructura territorial que nos hemos dado. De ahí que si se quiere el voto
afirmativo de Convergència i Unió, es fundamental que figure esta precisión, que, repito, en nada enmienda el resto del texto de la proposición no de ley. El Grupo Popular nos puede decir: Es una obviedad; por supuesto que vamos a respetar las
competencias. Pues entonces se pone, como hemos hecho en muchas otras ocasiones en esta Cámara. Sería un mal precedente no aceptar una enmienda que es una cautela y que enriquece el texto final. Ustedes, desde el Grupo Popular, pueden afirmar:
¡Cómo no vamos a respetar el marco competencial! Pues como lo van a respetar, lo que les pide Convergència i Unió, si quieren nuestro voto afirmativo, es que en el texto que se nos propone votar se diga claramente que ese marco normativo se hará con
pleno respeto a las competencias de las corporaciones locales y a las competencias autonómicas.
Nada más, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.
¿Grupos que desean fijar posición?
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, la proponente del Grupo Popular pedía a los miembros de esta cama -luego corrigió y dijo: los miembros de esta Cámara- que respaldaran afirmativamente la proposición que traía. Quiero
dejar claro desde el principio que mi grupo parlamentario va a votar favorablemente más por lo que haya afectado y pudiera afectar cualquier actuación a los ciudadanos y ciudadanas y, más particularmente, al mundo de los niños, que por el propio
texto.
Señorías, este portavoz estaba muy consternado ante el hecho de que se estaba terminado la legislatura -estamos ya en el otoño de esta legislatura- y quedaba por cumplir una de las grandes promesas del debate de investidura del presidente
del Gobierno, señor Aznar, cual era llevar la centralidad a este Parlamento. Estaba muy consternado hasta que he visto esta iniciativa. Que el grupo parlamentario que soporta al Gobierno traiga esta iniciativa a esta Cámara viene a cubrir con
creces la propuesta del presidente del Gobierno de hacer de esta Cámara la centralidad de la vida política.
Ustedes pueden hacer lo que les dé la gana con su grupo parlamentario, porque para eso tienen mayoría absoluta, saben mucho y tienen mucha gente detrás, pero, por Dios, no falten al respeto, al rigor y a la seriedad de esta Cámara; por
favor, no le falten. Independientemente de otras cuestiones que han planteado el resto de los portavoces, ustedes vienen a decir aquí que se cree un marco legislativo de seguridad apropiado y específico que garantice la seguridad en las atracciones
de ferias y parques infantiles. Esto es lo que pone el texto. Pero la similitud que hay a la hora de la seguridad entre las atracciones de ferias y los parques infantiles es como si alguien dijera que se traiga aquí un marco normativo para la
seguridad en las fuentes públicas y los parques acuáticos. Más o menos igual. Este es el parecido que hay entre una cosa y otra, ítem más cuando la portavoz añade los parques temáticos.
Primera cuestión. No es lo mismo una atracción de feria que un parque infantil. Ya han pasado aquellos tiempos infantiles de los que somos más mayores en los que a lo máximo que podíamos aspirar era a los caballitos y ya han pasado los
tiempos en los que lo único que queda, cultamente, es la noria del Prater en la magnífica película El tercer hombre. Ya han pasado aquellos tiempos y hoy en las ferias sobre todo de las grandes ciudades, de los grandes municipios y de las grandes
conurbaciones nos encontramos con un más difícil todavía, con auténticos mecanismos en los que lo que se prima es el riesgo y la técnica y en los que el público es fundamentalmente joven, tirando a mayor, porque además hay disposiciones sobre el
público que hace uso de estos mecanismos. Es decir, no es un público infantil, señorías. Además hay una relación casi contractual, porque se paga un precio alto por utilizar una atracción de feria. ¿Qué tiene que ver esto con el tobogán del
parque o de la barriada de un municipio? Dígame usted qué tiene que ver. Nada, no tiene que ver nada en absoluto. Uno siempre esperaba y espera seguir aprendiendo del partido que soporta al Gobierno, por aquello de que es muy grande, son muchos,
tienen muchos técnicos, muchos asesores y además el Gobierno de la nación y todas esas cosas. Uno quiero aprender, pero, por Dios, enséñennos algo distinto de esto. Porque repito que no es lo mismo la problemática de seguridad que hay en esas
atracciones del más difícil todavía -de los martillos de no sé qué y de unos toboganes impresionantes, en la que hay una contraprestación porque se paga un precio determinado y hay determinadas inspecciones- que los columpios -ya hoy más o menos
prohibidos- o los toboganes de los parques.
No es lo mismo ver un problema de seguridad donde existen unos riesgos altísimos que el problema de los parques infantiles, cuyo problema reside fundamentalmente en el tipo de material del que están hechos, en el mantenimiento y en la
vigilancia, incluso en que no se metan unos gamberros o personas de más edad a fastidiar a los niños en un momento determinado. Son unos mundos, repito, completamente distintos, y si además añade los parques temáticos, como le digo, el tema se me
complica más.
Señorías, uno escucha con respeto, como mínimo, las intervenciones de las personas que intervienen aquí, y de pronto nos hablan de algo que, por más que le he dado vueltas no ya al texto de la proposición no de ley sino incluso a la
exposición de motivos, son las sanciones y las responsabilidades que pudiera haber. Pero si están hablando aquí de la seguridad, no me hablen de la responsabilidad, porque ese es otro capítulo que no está aquí. No mezclen unas cuestiones y otras,
porque desde luego es muy fuerte. Vamos a votar a favor, aunque ya ven que los votos que podemos dar son muy pocos, porque no queremos que quede duda de que hemos intentado que se mejore la seguridad en cosas tan dispares. Me da igual, que no
quede por ello. Pero, desde luego, señorías, se les solicita mucho más rigor a la hora de hacer una iniciativa por el grupo que soporta al Gobierno, que va dirigida al Gobierno -aunque se lo podría decir en los pasillos, en sus reuniones matinales
o en sus congresos-, y cuando vengan aquí, traigan una cosa más trabajada y más medida. Porque ustedes, cuando quieren, saben hacerlo bien. Indistintamente de que estemos de acuerdo o no, en el contenido ustedes lo saben hacer bien cuando quieren.
Por tanto, coincidiendo con la intervención de la portavoz socialista y del portavoz de Convergència i Unió, señor Jané, por último, no es que haya que decir lo obvio - como decía Brecht, malos tiempos cuando hay que defender lo obvio-, pero
conocida la tentación -ya lo veremos en el punto siguiente- que tienen ustedes de saltarse las competencias de otros niveles competenciales -perdón por la redundancia-, aquí se podrían haber planteado otros mecanismos distintos del marco legislativo
de seguridad, que los hay en la ley, en la vida administrativa y en la vida política, porque en este tema no solamente hay mucha experiencia, muchísima, algunas veces desastrosa pero muchísima experiencia, de comunidades autónomas y de ayuntamientos
sino que también, miren ustedes por dónde, tienen muchísimas competencias las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Por tanto, vamos a votar a favor, pero, por amor de Dios, la próxima vez estén ustedes a la altura del maravilloso Partido
Popular.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
Señora Arévalo, a los solos efectos de indicar la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.
La señora ARÉVALO ARAYA: Gracias, señora presidenta.
Simplemente quiero decir que, a la vista de la intervención del compañero de CiU, me remito a lo dicho, pero vamos a votar a favor de su enmienda y vamos a mantener el voto negativo en cuanto a la enmienda del Grupo Socialista por los mismos
argumentos antes mencionados.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Arévalo.
Señorías, sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, sobre seguridad en atracciones de feria y parques infantiles, que se somete a votación con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario
Catalán de Convergència i Unió.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 283; en contra, uno.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Rumores.)
Señorías, ruego que aquéllos que vayan a abandonar el hemiciclo lo hagan de manera diligente y sin entorpecer los pasillos.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA AL DESESTIMIENTO DE LOS RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTOS POR EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO CONTRA LEYES DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA. (Número de expediente 162/000817.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al desestimiento de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el presidente del Gobierno contra leyes del Parlamento de Cataluña.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra la señora Chacón.
La señora CHACÓN PIQUERAS: Señora presidenta, señorías, la Constitución de 1978, cuyo 25 aniversario celebramos en estas fechas, estableció, como saben, el derecho al autogobierno de las diferentes nacionalidades y regiones españolas.
(Continúan los rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Chacón, por favor. (Pausa.)
Adelante.
La señora CHACÓN PIQUERAS: Decía que la Constitución de 1978 estableció el derecho al autogobierno de las nacionalidades y regiones españolas, un camino, señorías, que ha sido fructífero en muchos terrenos, pero especialmente en la
consolidación de un modelo de Estado, el de las autonomías, que nos ha puesto a la cabeza de los Estados más descentralizados en Europa, pero que sobre todo ha hecho posible un acercamiento de la decisión pública al ciudadano, del poder al ciudadano
y asimismo una profundización de nuestra democracia y del Estado del bienestar. La prueba más evidente son los últimos datos del CIS y el importante apego de nuestros ciudadanos a su autogobierno que el mismo refleja. (La señora vicepresidenta,
Rubiales Torrejón, ocupa la presidencia.) Es evidente que el Estado de las autonomías no ha sido el remedio de todos los males, que ha habido problemas que siguen sin solucionarse, disfuncionalidades que han surgido, pero sobre todo lo que tenemos
por delante son nuevos retos que afrontar. No obstante, a estas alturas uno tiene que estar muy cargado de prejuicios para no aceptar las virtudes de nuestra apuesta constitucional, que supo ver en la descentralización política el camino a la
solución de muchos de los problemas históricos que ha tenido este país. Por ello no les voy a esconder que 25 años más tarde, cuando alguien está preparando una proposición no de ley como la que hoy defiende el Grupo Socialista, se obliga a
reflexionar qué le pasa a nuestro Gobierno hoy, que todavía es incapaz de comprender no sólo la realidad del país que estamos viviendo, sino, más allá, el sentido profundo del consenso al que los españoles llegamos en el pacto constitucional. Uno
se pregunta por qué esas dificultades y llega a determinadas conclusiones: que algunos llegaron a la Constitución tarde y mal, que llegaron a la Constitución con recelo y, sobre todo, al título VIII negándolo y con pavor. Por eso hoy no se
reconoce que en el título VIII hay un artículo 149.1.8 que reconoce a las comunidades autónomas competencia para conservación, modificación y desarrollo de su derecho civil especial o foral allí donde exista y que, en desarrollo del mismo, el
artículo 9.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña concibe la competencia de la Generalitat de Catalunya para la conservación, modificación y desarrollo, por tanto, del derecho civil catalán. Además, a lo largo de estos 25 años de democracia el
Parlament de Catalunya ha ejercido pacíficamente su potestad legislativa en esta materia en cuestiones que afectan profundamente a la vida cotidiana de los ciudadanos catalanes, el testamento vital o la Ley de parejas de hecho, y ha sido sin
conflictos de especial relevancia. Y allá donde se han presentado fueron resueltos por la vía en que deben resolverse, señorías, estas cuestiones, a través de una negociación tranquila entre las instituciones afectadas.
Pues bien, señorías, este balance positivo toma ahora un giro copernicano como consecuencia de la presentación por el actual presidente del Gobierno de sendos recursos de inconstitucionalidad contra las leyes del Parlament de Catalunya
25/2001, de accesión y ocupación; 19/2002, de derechos reales de garantía y, más importante aún, señorías, la 29/ 2002, la primera Ley del Código Civil de Cataluña. Como ustedes sabrán, la presentación de un recurso de inconstitucionalidad es una
decisión política de especial relevancia que genera por sí mismo efectos políticos y jurídicos muy significativos, con independencia de cuál sea la decisión final del proceso, y que tal decisión, por tanto, debe llevar incorporada necesariamente una
aplicación como mínimo prudente y como mínimo mesurada. Una mesura y una prudencia aún más necesarias si además lo que se hace, como ha hecho el presidente del Gobierno en este caso, es invocar un artículo como el 161.2 de la Constitución, que
ustedes saben que tiene como efecto la suspensión temporal de esa ley del Parlamento autonómico. Mesura y prudencia que el Gobierno no ha tenido, señorías, y que ha tenido que venir el Tribunal Constitucional a ponérsela, levantando la suspensión
de esa ley, la Ley 29/2002, primera del Código Civil de Cataluña, que había solicitado el Gobierno invocándola. Por eso también hoy sería motivo de reflexión por parte del Grupo Parlamentario Popular la decisión del Tribunal Constitucional a este
efecto.
Una vez más, señorías, quienes nos gobiernan han preferido como siempre el conflicto a la colaboración y al entendimiento, que es una descripción benévola si tenemos en cuenta que el presidente lo era ya cuando impulsó la Ley orgánica
1/2000, que nos dice que debe sustancialmente buscarse el intento entre todos, dentro del respeto al marco competencial indispensable, de métodos siempre flexibles y adecuados de convergencia que disminuyan la conflictividad en un Estado compuesto
entre instituciones de Gobierno. La interposición de estos recursos, especialmente en el caso de la primera ley del Código Civil, constituye una negación radical de estos principios y entonces uno se hace determinadas preguntas. La primera es por
qué no se ha puesto en marcha el procedimiento de cooperación y solución negociada de este tipo de conflictos que prevé el artículo 33 de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional, siendo el derecho civil, señorías, el que afecta a una parte
sustantiva de la vida de ciudadanos y ciudadanas y por lo tanto una materia especialmente susceptible a efectos de negociación. Por qué, además, la impugnación, en contra de lo habitual, afecta a la totalidad de la ley y no sólo a artículos o
preceptos concretos de la misma. Por qué se invoca también el 161.2, cuya utilización, insisto, requiere todavía más dosis de prudencia. Y por qué el Gobierno opta por utilizar todos los mecanismos que legítimamente tiene pero para alentar el
conflicto en vez de los que legítimamente tiene para encauzarlo por la vía negociada. Entonces se llega también a otra pregunta probablemente más concluyente y es si este es un Gobierno que persigue el
conflicto y el enfrentamiento de manera sistemática hasta convertirlo, señorías, en el verdadero oxígeno de su proyecto político.
Esto es lo que está sucediendo y lo peor es que ni siquiera hace falta, señorías, remontarse muy atrás para responderse a esta pregunta, porque desde la misma transición Cataluña ha sabido sortear las distintas amenazas a la convivencia que
han planeado sobre ella. La última, de Mayor Oreja, -deleznable, señorías-, comparando una fuerza política democrática y pacífica con una banda criminal y asesina. De ésta también saldremos indemnes en nuestra convivencia los catalanes. Pero, por
favor, quienes en el Partido Popular tengan poder sobre él -el señor Rajoy, el señor Aznar, quien sea-, que paren al señor Mayor Oreja, que le pidan que deje de decir más barbaridades, que nos dejen en paz hacer una campaña democrática en nuestras
elecciones y que nos dejen en paz nuestra convivencia, que Cataluña no le necesita y, si me lo permiten, tampoco necesitan al señor Mayor Oreja ni Euskadi ni España. Pasará el señor Mayor Oreja a la historia como el señor que llegó tarde a los
presupuestos, pero también como el que siempre habló demasiado. Por favor, eviten más disparates. (Aplausos.)
Con Mayor Oreja o sin él, este Gobierno, con estos recursos, ya ha generado una profunda preocupación en sectores mayoritarios de la sociedad catalana, que han cristalizado en la constitución de una comisión de juristas para la defensa del
derecho catalán con la participación de colegios profesionales, universidades y academias, en la firma de un manifiesto en defensa de nuestro derecho civil y finalmente en la aprobación por amplísima mayoría de una resolución parlamentaria sobre
defensa de la competencia del Parlamento de Cataluña en materia de derecho civil. Éste es el objeto y no otro, señorías, de esta proposición no de ley. Lo que convierte la legislación civil en algo vivo es su capacidad para adaptarse a los cambios
sociales, para mantener su carácter de instrumento útil al servicio de la mejora de la vida cotidiana de los ciudadanos.
¿Se han preguntado ustedes, señores del Partido Popular, qué están negando exactamente a los ciudadanos de Cataluña? Están negando a Cataluña el derecho a su derecho, el derecho a su especificidad jurídica y a su progreso social y defender
el derecho civil también de Cataluña es, señorías, obligación de todos y cada uno de los diputados y diputadas que estamos aquí sentados. Esto no es nuevo, es lo de siempre. Es un Partido Popular negando la España real, que no es otra que la
España plural, la que es respetuosa con su diversidad y la que es capaz de convertir la pluralidad en un elemento medular de la identidad de este país y en una oportunidad para multiplicar nuestras energías y afrontar con garantías nuestro papel en
un mundo cada vez más complejo. Pero para este Gobierno la España de verdad, la plural, es sólo una amenaza ante la que hay que estar vigilantes, y con esa concepción uniformadora de España niegan la propia Constitución española, que establece un
sistema de nueva planta que en lo jurídico abandona la aspiración a un código civil único y consagra la pluralidad de nuestro ordenamiento. Nos están negando la igualdad en el derecho al derecho, señorías, eso nos está negando este Gobierno. (El
señor De Grandes Pascual: ¡Qué barbaridad!)
Por ello los recursos que se plantean aquí no son en realidad una cuestión de competencias, estamos respondiendo a un planteamiento ideológico que vicia y contamina el derecho de los parlamentos autonómicos. Pero tampoco es nuevo, esta es
la concepción de este Partido Popular, que por cierto lleva ocho años no en soledad, sino ocho años en coalición con Convergència i Unió, que hoy seguro que vendrá a esta tribuna a rasgarse las vestiduras. Pero, señores de Convergència i Unió,
ustedes ya no engañan a nadie, todo el mundo sabe que los únicos diputados catalanes que se sientan en esta Cámara y que por dos veces han votado la investidura del señor Aznar, además de los del Grupo Popular, son los diputados y diputadas de
Convergència i Unió. Ya no engañan ustedes a nadie.
La cuestión que traemos aquí es al fin y al cabo si quienes hoy nos gobiernan están en condiciones de comprender algo tan simple como que la legislación civil especial no es sólo patrimonio de territorios y de ciudadanos y ciudadanas,
catalanes en este caso, que lo utilizan, sino que esa legislación civil constituye una parte sustantiva de nuestro patrimonio jurídico común. La cuestión, en definitiva, aquí y ahora es si el partido que sustenta al Gobierno es capaz de abrir la
puerta al desistimiento, una opción que ya ha sido utilizada anteriormente con relación a la potestad legislativa del Parlament de Catalunya en materia de derecho civil, para deshacer un camino que el Gobierno ha emprendido en una dirección
equivocada. En la senda constitucional, señorías, cabemos con toda seguridad todos, siempre que ésta se recorra de buena fe y sin vocación de exclusividad. Podríamos celebrar hoy también los veinticinco años.
Gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Gracias, señora Chacón.
Para la defensa de la enmienda presentada a la proposición no de ley, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor López de Lerma.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Señora presidenta, señorías, lo primero que voy a decir -y no va a sorprender a la señora Chacón, por supuesto-, en esta línea de que ya no podemos engañar a nadie, es que nuestro grupo parlamentario expresa
su conformidad respecto de la proposición no de ley que estamos debatiendo, y además, señora presidenta, con la enmienda que hemos presentado la ampliamos, porque
ya es todo o nada. No podía ser de otra manera. El derecho, en este caso la legislación civil, constituye expresión diferencial de nuestra singularidad nacional, la catalana, y en consecuencia, sometida a la protección constitucional y
estatutaria como está, y así lo ha citado la señora Chacón, la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra la primera ley del Código Civil de Cataluña constituye un motivo de grave preocupación.
Por cierto, señora Chacón, también lo constituyó en su día que su Gobierno, el Gobierno socialista, presentara recurso de inconstitucionalidad ante otra materia de especial singularidad en el ámbito nacional catalán como es la ley de
normalización lingüística de Cataluña, que además tuvieron el honor de perder ante el Tribunal Constitucional. Por tanto, cuando usted habla del título VIII de la Constitución y habla de su desarrollo armónico correcto, sitúese y diga que cuando el
Parlamento de Cataluña, con acuerdo del PSC, desarrolló el tema de la normalización lingüística, ustedes, PSOE, lo impugnaron ante el Tribunal Constitucional, perdiéndolo además. (Aplausos.-Rumores.) La preocupación, lógicamente -no se pongan
nerviosos-, no sólo es de índole política, que también lo es, sino... (Una señora diputada pronuncia palabras que no se perciben.) ¿Habla usted o hablo yo? (Pausa.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señorías, por favor.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Decía que la preocupación no es sólo de índole política, que también lo es, sino sobre todo de marcada significación social, como así lo ha puesto de manifiesto, entre otros, el Colegio de Abogados de
Barcelona, o la constitución, como SS. SS.
saben, de la Comisión de juristas para la defensa del derecho catalán.
Esto en primer lugar. En segundo lugar debo manifestar mi perplejidad o la perplejidad de mi grupo parlamentario. Yo, la verdad,
llegaría aquí un poco sonrojado presentando esta propuesta, por el interés coyuntural y el uso absolutamente partidista que esconde esta iniciativa. Si otros fueran los tiempos, ¿hubieran presentado esta iniciativa? Es indudable que nunca habrá
respuesta, pero es también innegable que, si hacemos un rastreo histórico encontramos dos precedentes, señora Chacón, dos precedentes relativos a la actitud del Gobierno socialista, respecto del amplio enunciado, dice el Tribunal Constitucional, del
sin perjuicio que matiza el artículo 149.1, regla 8.ª de la Constitución por usted citado. (La señora Cunillera i Mestres pronuncia palabras que no se perciben.) En 1987, señora Cunillera, el Gobierno socialista presentó recurso de
inconstitucionalidad contra la Ley sobre sucesión intestada del Parlamento de Cataluña, derecho civil. En 1991, el Gobierno socialista hizo lo mismo con respecto a la Ley de filiación, derecho civil. En ambos casos el PSOE se encargó, desde el
Gobierno y desde aquí, de desautorizar al PSC de Cataluña, que lo habían votado. (Aplausos.) En ambos casos. Y en ambos casos, cuando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional era ya firme, estaba asentada, se había producido en distintos
momentos y, además, no sobre Cataluña, sino sobre Navarra y sobre el País Vasco en concreto. Y era una jurisprudencia donde el Tribunal Constitucional fijaba que hacía posible el título VIII de la Constitución, el artículo que usted ha citado,
señora Chacón, el crecimiento orgánico -cito literalmente- del derecho civil especial o foral preexistente a la Constitución de 1978 y no sólo su conservación y modificación, es decir, la momificación en el tiempo, podíamos decir, del derecho civil
preexistente, y el Gobierno socialista dio marcha atrás y desistió en 1993. ¿Por qué desistió? (Una señora diputada: No sé.) Pues sí que lo sé yo. Porque ustedes necesitaban nuestros votos. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señorías, por favor, guarden silencio y dejen al diputado que intervenga. Es su turno. (Rumores.)
Señorías, por favor, guarden silencio.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Muchísimas gracias, señora presidenta.
Ante la pérdida de distintos recursos de inconstitucionalidad, Ley de normalización lingüística, y ante el hilo conductor, finísimo, del Tribunal Constitucional, ustedes, como necesitaban nuestros votos, echaron marcha atrás, retiraron el
recurso, y aquí paz. (Rumores.) Hablo del año 1993. Reitero, si estos fueran otros tiempos, ¿se hubiera suscrito esta proposición de ley? Parece que no, a tenor de los precedentes. Por tanto, sólo un interés político coyuntural explica esta
proposición no de ley.
¿Qué ocurre ahora? Ocurre que, por un lado, tenemos un Gobierno que parece discrepar de la doctrina emanada del Tribunal Constitucional respecto de la conservación, modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos
civiles, forales, especiales, allí donde existieran en el momento de la aprobación de la Constitución de 1978. Un Gobierno, el del Partido Popular, que no acepta ese hilo conductor que he citado del Tribunal Constitucional. La noción
constitucional de desarrollo permite -dice- una ordenación legislativa de ámbitos hasta entonces, 1978, no normados por el derecho preexistente. O, dice el Tribunal Constitucional, que cabe que las comunidades autonomas dotadas de derecho civil
foral o especial regulen instituciones conexas con las ya reguladas dentro de una actualización o innovación de los contenidos; es decir, se opone a lo que yo denomino momificación del derecho civil preexistente a la Constitución de 1978, como ya
tiene reiteradamente dicho el máximo interprete constitucional. Pero pasa que el Gobierno actual, del Partido Popular, parece aceptar conservar
lo antiguo, pero no actualizarlo para que sea simplemente útil.
Pasan también más cosas: que las elecciones al Parlament de Catalunya están a la vuelta de la esquina -eso es lo que pasa- y se precisa de un barniz de catalanidad que en modo alguno se tuvo en los años 1987 y 1999, pues el Gobierno
socialista se opuso a sendas leyes catalanas inscritas en el ámbito de lo civil. Ahora toca hacer ver que y antes tocaba oponerse a. Esa es la diferencia que marcan los tiempos distintos en que nos encontramos. El cambio parece que se llama 16 de
noviembre. Pasa además que el Tribunal Constitucional ha levantado la suspensión que pesaba sobre el Código Civil de Cataluña a partir del recurso interpuesto por el actual Gobierno, permitiendo así su entrada en vigor el 1 de enero próximo. Tan
mal no lo habrá hecho el Parlament de Catalunya cuando se ha levantado la suspensión. En cambio, la acción del Ejecutivo estatal ha producido que 324 entidades catalanas se hayan unido al liderazgo social, que no político, que encabeza el Colegio
de Abogados de Barcelona en defensa del derecho civil propio de Cataluña.
Estamos, pues, ante una para nosotros torpeza política del Gobierno Popular, revestida de naturaleza jurídica, y ante un aprovechamiento partidista, el del Grupo Socialista, que se explica en términos coyunturales. Nuestro grupo político
sigue estando donde siempre estuvo -y usted nos conoce suficientemente, señora Chacón-, en la defensa de uno de los signos de identidad nacional de Cataluña. Lástima que en aquellos tiempos nos quedamos solos y que ustedes desde el apoyo en el
Parlamento y desde la impugnación en el Tribunal Constitucional quisieran laminar el derecho civil catalán.
Muchísimas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor López de Lerma.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, estamos hoy ante una proposición no de ley del Grupo Socialista que seguramente debe tener el punto de referencia en las elecciones al Parlamento de Cataluña que tenemos próximamente. No es de extrañar,
no es el primer grupo que presenta este tipo de propuestas, de iniciativas, porque también hace poco el Grupo de Convergència i Unió, y nos parece muy bien, presentó en esta Cámara una proposición no de ley para que las selecciones deportivas
catalanas pudieran competir internacionalmente. Nos parece legítimo, tanto como lo hace el Grupo de Convergència i Unió como el Grupo Socialista. Pero hoy estamos ante una situación que no es baladí, que es una constante de este Gobierno, que lo
ha sido de todos los Gobiernos, hoy del Partido Popular, antaño del Partido Socialista Obrero Español, que cuando hay mayoría absoluta hay una voluntad de recurrir permanentemente la acción legislativa, en este caso del Gobierno de Cataluña; una
actitud recurrente, permanente, que tiende a la voluntad de, bajo el concepto de armonización, buscar la homogeneización permanente de la legislación, tendiendo seguramente a la ley única.
A nuestro entender, nos parece que en la actual legislatura ha habido dos actitudes: una por activa, con un uso y abuso de las leyes de base por parte de este Gobierno, y otra por pasiva, ahogando con recursos de inconstitucionalidad a los
diferentes Gobiernos. Además de esta actitud beligerante del Grupo Popular, hay que añadir la inquietante actitud del presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Jiménez de Parga. Y decimos inquietante actitud porque no le vemos precisamente
con los criterios de objetividad y de ecuanimidad para juzgar y buscar referencias. Aún en este caso hay que reconocer que ha sido este mismo Tribunal Constitucional quien ha desactivado la suspensión de las diferentes leyes que en su momento hizo
el Parlamento de Cataluña, y en este caso del derecho civil catalán. La actualización del derecho civil catalán, una necesidad, parece que este Gobierno la quiere impedir y alimenta curiosamente la teoría de aquellos que apelan a la sustitución por
el derecho civil español por su falta de vigencia. Aquellos que critican este derecho como antigualla niegan las modificaciones que pueda hacer el Gobierno catalán, retroalimentan su mismo discurso.
Esto no es nuevo, como decíamos, es una constante de los Gobiernos españoles, que primero presentan los recursos y seguramente después preguntan. El celo centralista y la capacidad de dialogar de todo Gobierno español cuando tiene mayoría
absoluta forjan el uso y abuso de los recursos de inconstitucionalidad. Por eso entendemos que la enmienda, en este caso de Convergència i Unió, pondría el marcador a cero. Y nosotros, con enmienda o sin enmienda, apoyaremos esta propuesta del
Grupo Parlamentario Socialista. Pero, a nuestro entender, la enmienda del Grupo de Convergència i Unió pondría el marcador a cero en lo que ha sido una legislatura involucionista. Su responsabilidad, señores del Grupo Socialista, como sería la
responsabilidad en una próxima legislatura del Grupo de Convergència i Unió y otros grupos nacionalistas de la Cámara, en el cual incluyo a Esquerra Republicana de Catalunya, sería deconstruir algún día esta madeja centralista de radialismo
legislativo y jurídico que ha construido el Partido Popular con la mayoría absoluta. Esta voluntad obstruccionista de suspender permanentemente la acción legislativa del Gobierno catalán lleva a crear leyes únicas, un modelo único y centralista.
Por esta razón nosotros votaremos favorablemente la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, pero también agradeceríamos que se aceptara la enmienda del Grupo de Convergència i Unió, porque, repito, pondríamos el reloj a cero. Como
mínimo, la voluntad mayoritaria de los grupos de la oposición de esta Cámara, oposición o no tanto oposición, que discrepan de los planteamientos centralistas y nacionalistas españoles del Grupo Parlamentario Popular. Desde Esquerra Republicana
nosotros decimos que apoyaremos esta proposición no de ley, pero que creemos necesario que haya una reflexión por parte del Grupo Parlamentario Socialista de que no sólo en la defensa del derecho civil catalán hay problemas en los recursos de
inconstitucionalidad, sino que ha habido una actitud activa y por omisión por parte del Gobierno español de intentar frenar cualquier acción legislativa, en este caso del Gobierno de Cataluña.
Gracias, señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Puigcercós.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, mi grupo parlamentario va a votar a favor de esta proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Socialista. Siempre hemos pensado que la interposición de recursos de
inconstitucionalidad contra las leyes de cualquier Parlamento, de cualquier gobierno, tiene un claro significado político y unas consecuencias políticas también que no podemos obviar. En estos momentos queremos resaltar algunos elementos. En
primer lugar, que estas actuaciones ponen de manifiesto un centralismo exacerbado del Gobierno del Partido Popular, cuestionando competencias reconocidas por la Constitución a las comunidades autónomas en materia de desarrollo, modificación y
conservación de su propio derecho civil, especial o foral.
En segundo lugar, lo ha dicho la interviniente, porque obstaculiza el desarrollo de las competencias conferidas a la Generalitat de Catalunya en el artículo 9.2 de su propio Estatuto de
Autonomía. En tercer lugar, porque supone un caso más de judicialización de la vida política, que en varias ocasiones durante esta legislatura el Gobierno ha puesto en marcha y otras ha amagado y ha estado a punto de dar. En cuarto lugar, porque
el Gobierno no ha intentado la solución del conflicto a través del diálogo, a través del debate político, a través del procedimiento de cooperación que recoge el artículo 43 de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional.
Y, en último lugar, porque
las consecuencias políticas son evidentes, puesto que ha supuesto la suspensión temporal de la entrada en vigor de las leyes, lo que probablemente esté en el fondo de la interposición de los recursos por parte del Gobierno.
Mi grupo parlamentario valora que las acciones de la vocación centralista y dominante del Gobierno hayan tenido respuesta política en Cataluña a través tanto de resoluciones del Parlamento respaldadas por la gran mayoría, defendiendo y
reafirmando sus competencias, como a través de movilizaciones sociales y ciudadanas, firmando y poniendo sobre la mesa manifiestos apoyos y reivindicando la defensa del derecho civil y catalán. Más allá de las cuestiones de fondo que se discuten en
el proceso judicial, es importante destacar la nula voluntad política del Gobierno del Partido Popular para solucionar los conflictos entre Gobierno central y Gobierno autónomo a través de la negociación. Los conflictos competenciales, señoría,
entre administraciones tienen una profunda raíz política y por tanto deberían ser atajados por los políticos en primera instancia. Sin embargo, con el Gobierno del Partido Popular se ha incrementado el litigio, en detrimento de los cauces de
colaboración en una materia tan compleja y fronteriza como son las competencias en nuestro modelo de Estado, lo cual deja en evidencia el fracaso de las conferencias sectoriales creadas por distintos ministerios como cauce de cooperación.
En definitiva, el Gobierno del PP recurre estas leyes autonómicas en lo que supone un repunte más de diente de sierra, donde casi las bajadas eran mínimas, un repunte más de su filosofía centralista, respondiendo a una voluntad política de
confrontación sistemática con el más mínimo desarrollo constitucional del Estado de las autonomías. El mínimo ya tenía una confrontación; ni que decir tiene la posición que toma cuando el desarrollo del modelo de Estado se plantea dentro del marco
normativo actual.
Y termino. Es curioso observar los representantes parlamentarios que hemos subido a esta tribuna. Es evidente que estamos en elecciones catalanas.
Hay grupos que incluso ni han intervenido, en temas que además les podían ser queridos,
porque también a ellos les tocan mucho las cuestiones de los recursos. Un servidor no va a echar gasolina ni va a meterle el dedo en el ojo a nadie, porque, entre otras cuestiones, a nosotros nos va bien y además no estamos empatados con nadie,
nadie quiere empatar con nosotros. A mí me parece que hay que saludar cuestiones como esta y procurar descargarlas de los elementos electorales que tienen. Yo hago una reflexión, no tan fuerte como la que hacía la portavoz del Grupo Socialista
sobre la situación de CiU. Con el permiso de mi gran amigo Manel Silva, diré: ¡Dios mío, si esto hacen con el árbol verde, qué no harán con el seco!
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Rejón.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor López-Medel.
El señor LÓPEZ-MEDEL BASCONES: Señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados, ciertamente el contenido de una petición, recogida en una proposición no de ley, puede ser muy amplio, pero hoy asistimos a algo nuevo, a un golpe de
efecto de los que nos tiene acostumbrados últimamente el Partido Socialista, asistimos a una ocurrencia más en su forma de hacer oposición. Nunca, en ningún momento, ninguna proposición no de ley sustanciada ante este Pleno había tenido por objeto
solicitar al Gobierno de la nación que desistiera de un recurso interpuesto contra una decisión de una comunidad autónoma. Es inaudito, señorías, que un partido que se supone que quiere ser alternativa de gobierno en el nivel nacional y que tiene
que transmitir a los ciudadanos una imagen de responsabilidad se dirija al Gobierno para que desista del recurso de inconstitucionalidad, que desista, en definitiva, de sus propias responsabilidades. Porque no es capricho, señora Chacón, sino que
es un deber del Gobierno de la nación, cualquiera que éste fuera, impugnar aquellas decisiones de las comunidades autónomas que a su entender pudieran vulnerar el orden constitucional establecido en la Carta Magna; al igual que también es un deber
y es legítimo que lo hagan las comunidades autónomas frente al Estado. Y nadie va a decir lo contrario.
Por ello, acudir ante el Tribunal Constitucional ha de observarse con naturalidad, con normalidad democrática, con confianza en lo que son las
instituciones de derecho, sin que supongan ataques a ninguna comunidad autónoma en sí mismo.
Señorías, un recurso de inconstitucionalidad, al menos por este Gobierno, no se interpone por capricho, sino cuando se aprecian razones de suficiente envergadura para entender que existe una vulneración de las competencias estatales que
configura el artículo 149.1 de la Constitución. Por tanto, si esas razones se mantienen sí que sería un capricho, sí que sería una irresponsabilidad desistir del recurso.
Hace unos momentos se ha hecho referencia a lo que supone que por el Tribunal Constitucional precisamente se haya alzado la suspensión. Quiero decir -lo saben muy bien todas SS.SS., particularmente el señor López de Lerma, que ha
intervenido con brillantez en esta tribuna- que precisamente la suspensión del recurso de alzada, cuando se cumple el plazo que prevé la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, es acordado en un 95 por ciento de los casos y, por tanto, no supone
prejuzgar nada acerca de cuál va a ser el futuro de la resolución que hubiera de dictarse. Les decía hace un momento que hay que entender que acudir al Tribunal Constitucional es normal en las relaciones entre los entes públicos territoriales, les
comentaba que hay que verlo con naturalidad, sin aspavientos y asumiendo cada uno sus responsabilidades.
Permítanme que les dé dos datos. En los 13 años, en las cuatro legislaturas en las que gobernó el Partido Socialista en España en 77 ocasiones impugnó ante el Tribunal Constitucional, por vía de recurso o por vía de conflicto, decisiones
tomadas por el Consell o por el Parlament de Cataluña; repito, 77 en casi 14 años. En cambio, de los casi ocho años de gobierno que lleva el Partido Popular tan sólo en 12 ocasiones se ha acudido desde el Gobierno central al Tribunal
Constitucional impugnando decisiones tomadas por las instituciones de autogobierno de Cataluña. Podría hacerlo, señorías, pero desde luego no estoy criticando ese uso tan frecuente y tan reiterado que el Partido Socialista, cuando gobernaba a nivel
nacional, hacía contra actuaciones provenientes de la Generalitat catalana. No lo estoy criticando porque quiero pensar, aunque después de la intervención de la señora Chacón me surgen dudas, que el Gobierno acudía al Tribunal Constitucional
solicitando al intérprete supremo que aclarase, que fijase las reglas, que fijase cuáles eran los puntos esenciales y que se depurasen los excesos que pudiese haber, y estoy absolutamente seguro, aunque decía que después de su intervención ya no
tanto, de que eso lo hacían de buena fe.
Luego el Tribunal Constitucional daría o no razones, pero estoy convencido de que siempre actuaría desde la sana intención de las partes.
Esta es precisamente también la sana intención que tiene el Gobierno del Partido Popular cuando en uso y en el ejercicio del deber de responsabilidad que tiene, precisamente en defensa de la Constitución, pide al Tribunal Constitucional que
aclare precisamente cuál es el alcance de esas leyes impugnadas y si vulneran o no preceptos constitucionales. Además quiero decir que, al menos desde que gobierna el Partido Popular, los desistimientos que se han producido han sido bien porque ha
habido sentencias del Tribunal Constitucional que han aclarado absolutamente el asunto o bien como consecuencia de modificaciones normativas que han dejado sin efecto el objeto del recurso de inconstitucionalidad.
Decía que ni esas 77 impugnaciones interpuestas por el Partido Socialista cuando gobernaba ni las 16 que ha formulado el Gobierno del Partido Popular pueden leerse, tal y como algunas personas han dejado entrever de una manera ofensiva, como
ataques a Cataluña. También les decía que no es ningún capricho la impugnación de estas normas provenientes del Parlament. Aun cuando por cuestiones de tiempo no voy a poder entrar a explicar las razones individuales de cada uno de los tres
recursos, quiero detenerme particularmente -permítanme que lo haga- en la Ley 29/2002, de 30 de diciembre, la primera ley del Código Civil de Cataluña, que supone, que determina la no aplicación con carácter general en el territorio catalán del
derecho civil común, implantándose un régimen distinto del actualmente vigente. Con estas normas, sobre todo con esa norma que he mencionado, el legislador autonómico ha
roto el marco que existía iniciando un proceso de codificación del derecho civil catalán, entendiendo como un sistema jurídico, incluso exclusivo y excluyente, el cerrado y completo, que incluso supone la exclusión de otras fuentes del
derecho, tal y como son también las fuentes del derecho civil común que son aplicables por mor del juego del artículo 149.1.8 de la Constitución, que atribuye competencia exclusiva al Estado en materia de legislación civil, sin perjuicio de las
competencias autonómicas sobre conservación, modificación y desarrollo del derecho civil foral o especial allí donde existiera. Así pues, la Constitución y el Tribunal Constitucional lo que hacen es obligar a cohonestar ambos sistemas, el derecho
foral y el derecho común, pero sin que el alcance del concepto desarrollo del derecho foral pueda entenderse en términos tan expansivos como se hace en la norma impugnada, que supone, como decía anteriormente, la no aplicación en el territorio de
Cataluña del Código Civil común, estableciendo un sistema de fuentes ajeno al previsto por el Estado.
Por estas razones básicas, por estas extralimitaciones tan evidentes, por el salto en el vacío que supone y además por razones exclusivamente técnicas, el Gobierno del Partido Popular interpuso recurso de inconstitucionalidad. A diferencia
de lo que se ha dicho, quiero poner de relieve que por parte del Ministerio de Administraciones Públicas se intentó buscar fórmulas que evitasen acudir al Tribunal Constitucional.
Quiero recordar la existencia de tres cartas, de fechas 19 de
septiembre de 2001, 15 de marzo y 27 de mayo de 2002, dirigidas por el Ministerio de Administraciones Públicas a la Generalitat de Cataluña, advirtiendo de los defectos que se consideraba que podían vulnerar la Constitución. No se modificó ni un
ápice lo que se solicitaba en dos de estas cartas, e incluso ni siquiera llegaron a contestar a la tercera, con lo cual, lamentablemente, aunque se intentó por nuestra parte, no fue posible llegar a un procedimiento negociado que hubiera evitado
esto. Esta es la solución que a nosotros nos hubiera agradado porque defendemos la foralidad en Cataluña, en Aragón, en los territorios históricos vascos y en los demás lugares de España donde esto existe.
De un modo especial, quiero señalar que el Partido Popular de Cataluña ha defendido en el Parlament y se ha sentido muy orgulloso de lo que supone tener un derecho civil catalán, e incluso ha promovido iniciativas como la relativa al
observatorio del derecho privado. En todo caso, el derecho catalán, para todos los representantes del Grupo Parlamentario Popular en esta Cámara, es un elemento histórico que refleja lo que supone un mecanismo de identidad y somos profundamente
defensores del mismo. Pero una cosa es eso y otra cosa es lamentablemente la burda copia del Código Civil que pretende regular no ya lo que es estrictamente derecho catalán, sino lo que son instituciones de derecho común. Por ello, pedir, desde un
partido que no gobierna en Cataluña, el desistimiento de estos recursos supone, a nivel del Estado, una carga importante de irresponsabilidad, pero sobre todo, a nivel de Cataluña, su gesto es profundamente oportunista y demagógico. No creo que con
estas actitudes puedan conseguir muchos votos en Cataluña, queriendo aparentar que son más nacionalistas que nadie, y les aseguro que con ello ponen en evidencia otro de los males que aquejan al Partido Socialista a nivel del Estado.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señor López-Medel, concluya, por favor, su tiempo ha terminado.
El señor LÓPEZ-MEDEL BASCONES: Concluyo, señora presidenta.
No tienen claro cuál es su modelo de Estado, defendiendo conceptos de derecho foral o derecho común diferentes y antagónicos según intereses puntuales en cada parte del territorio nacional. Frente a ello hay personas, con particular mención
a Jaime Mayor Oreja, que con gran dignidad son capaces de articular lo que es la defensa y un mensaje de libertad, de convivencia, de honestidad y de paz en Euskadi, en Cataluña y en toda España. Los españoles muy pronto tendrán la palabra y entre
ustedes y el señor Rajoy y el señor Mayor Oreja, me temo, señorías, que no hay color alguno.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Gracias, señor López-Medel.
Señora Chacón, a los solos efectos de manifestar su oposición o aceptación de la enmienda.
La señora CHACÓN PIQUERAS: Por los argumentos que he expuesto en la tribuna, no se acepta.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, sometemos a votación en sus propios términos, al haber sido rechazada la enmienda que se había presentado, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al desistimiento de los
recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el presidente del Gobierno contra leyes del Parlamento de Cataluña.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 279; a favor, 125; en contra, 154.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE MEDIDAS DE POLÍTICA GENERAL PARA MEJORAR LOS SISTEMAS DE ACCESO Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN POLICIAL POR PARTE DE LAS DISTINTAS FUERZAS Y CUERPOS Y SEGURIDAD. (Número de
expediente 173/000230.)
La señora PRESIDENTA: Punto IV del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Anuncio a la Cámara que la votación de las mociones se producirá al finalizar el debate de la última de ellas.
(Aplausos.)
Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas de política general para mejorar los sistemas de acceso y tratamiento de la información policial por parte de las distintas
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Para la presentación y defensa de la iniciativa, tiene la palabra el señor Jané. (Rumores.)
Señorías, por favor, ruego que guarden silencio, ocupen los escaños y permitan que continúe el debate. (Pausa.)
Adelante, señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señorías, Convergència i Unió trae hoy ante el Pleno de la Cámara una moción directamente relacionada con un tema de plena actualidad, el caso King. Es evidente que en el caso King el sistema ha
fallado, porque no fue capaz de dar respuesta a la información ya proporcionada por cuerpos policiales, en este caso a través de Interpol, por parte de la policía británica. Falló el sistema.
Por tanto, nuestra moción intenta dar pautas que
contribuyan a mejorar la coordinación en los datos policiales cuando se produce un caso como el que sucedió... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Por favor, señorías, ruego guarden silencio. Se está oyendo más las conversaciones de los escaños que la intervención del diputado que está en la tribuna.
Adelante, señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Decía que el sistema ha fallado. ¿En qué ha fallado? ¿Dónde podemos detectar las lagunas, las omisiones, los aspectos que en este caso concreto denotan una clara insuficiencia? Pues en la propia información que nos facilitó Interpol.
El 15 de septiembre de 1998, Interpol aportó una serie de datos sobre el señor King, entre los cuales estaban sus antecedentes penales en el Reino Unido. Se nos decía claramente que todas sus víctimas habían sido mujeres, que todos los
delitos que había cometido eran delitos contra la libertad sexual; se relataban hechos de forma insuficiente y se acababa diciendo de forma genérica que el señor King era una amenaza potencial para las mujeres en España. Esta información llegó a
nuestros poderes públicos, incluso llegó a un ámbito territorial concreto, Málaga, y sin embargo un año después, en ese mismo ámbito territorial se cometía un asesinato, el de Rocío Wanninkhof, y nadie fue capaz de relacionar esos hechos delictivos
con la presencia en esa provincia de una persona con los antecedentes que tenía el señor King.
¿Por qué sucedió esto? Puede que haya habido mucha descoordinación, pero a los efectos de la moción que hoy defiende mi grupo, lo cierto es que con la legislación sobre protección de datos y con la interpretación que hace de la misma
-podemos compartirla o no- el director de la Agencia de Protección de Datos (que es el organismo que, según la ley orgánica, tiene como función expresa interpretar la ley y establecer sanciones), esos datos que habían llegado al Estado español no se
podían tratar informáticamente y el hecho de haberlos tratado hubiese merecido una sanción.
¿Cuál es el núcleo del problema? Que cuando llega esa información -y no es la única que llega, nos llega mucha más- no puede ser tratada, a pesar de que puede ser una información sensible. En este caso, era una información sensible, nos
aportaba unos antecedentes en delitos contra la libertad sexual y nos advertía incluso de un riesgo potencial. Sin embargo, con la ley en la mano, quien está encargado de interpretarla nos dice que esos datos no se podían tratar informáticamente,
que tenían que guardarse en un cajón o, ni eso, que tenían que destruirse. Evidentemente, ante esta interpretación, que hoy podemos compartir o no, pero que objetivamente existe, es obligación de esta Cámara impulsar una reforma legislativa expresa
pero acotada, expresa pero con límites, que permita que una información como esta no vuelva a ser destruida, no vuelva a guardarse en un cajón y no vuelva a ser irrelevante a efectos de investigaciones policiales posteriores.
El objeto de nuestra moción es acotar claramente los supuestos, porque el tratamiento informático de datos personales por ficheros policiales siempre supone un peligro. Debemos enmarcar esta moción con las debidas garantías
constitucionales. Nuestro grupo está dispuesto a impulsar una modificación legislativa, pero limitando los supuestos: En primer lugar, en delitos que sean graves; no en cualquier acto delictivo, sino en delitos contra la vida o contra la libertad
sexual. En segundo lugar, en delitos cuya información es aportada por cuerpos policiales de terceros países, por tanto delitos que no conocía ninguna fuerza o cuerpo de seguridad del Estado español. Además, al tratarse de delitos cuya
información se ha generado fuera, esa información nunca es completa, por lo cual es importante poderla retener cuando nos llega y tener un amparo legal para poder hacerlo. En tercer lugar, estos datos no pueden tenerse in illo tempore,
debemos acotarlos en el tiempo y debemos regular el derecho de acceso, el derecho de rectificación y el derecho de cancelación de esos datos. Ahora bien, cuando nos llegan esos datos, no podemos obviar que han llegado y no tenerlos en cuenta.
Debemos reformar la ley para que este supuesto quede expresamente regulado y cuando la sociedad nos pregunte qué ha pasado, aunque haya habido más insuficiencias, no se pueda buscar el argumento de que la insuficiencia se debe a la ley. En la ley
debe quedar acotado y ello debe hacerse con el máximo consenso de todos los grupos, con las máximas garantías constitucionales y con la urgencia debida, pero sin prisas, porque estamos regulando un derecho fundamental.
La señora PRESIDENTA: Señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Termino ya, señora presidenta.
El segundo punto de la moción es importante. En el caso King había pruebas del ADN, pero no existían bases de datos que compartieran la información sobre el ADN o sobre las huellas dactilares, por lo que también es importante una mayor
colaboración en todos estos aspectos; de ahí que el segundo punto de nuestra moción incida en estos aspectos.
Quiero agradecer el esfuerzo de todos los grupos en buscar un punto de consenso que pueda permitir hoy aprobar en esta Cámara esta moción.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Mayoral tiene la palabra.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señora presidenta, señorías, el señor Jané ha presentado una moción bienintencionada, tiene el crédito que le otorga haber sido ponente de la Ley orgánica de Protección de Datos, en cuyo artículo 22.2 -que como ya
reconocía el señor Jané y cuya posición es coincidente con la Comisión de Libertades e Informática- permite el tratamiento de los datos de carácter personal para fines policiales en aquellos supuestos en que resulten necesarios para la prevención de
un peligro real para la seguridad pública. Por ello, como muy bien decía el señor Jané -incluso lo dijo el 15 de octubre pasado-, la actuación de la Dirección General de la Policía en el caso King debería haber tratado de incorporar esos datos,
porque se trataba de una persona buscada, con antecedentes penales y peligrosa, es decir, se daban todos los supuestos y características exigidas por la Ley de Protección de Datos.
Desde nuestro punto de vista, en el Ministerio del Interior se cometió un grave error que impidió a los investigadores de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía -que cada cual investigaba por su lado- tener en sus bases de datos
la información sobre el presunto peligroso delincuente que había anunciado Interpol. Este error trató de ser encubierto por el señor ministro del Interior mediante lo que un diario de mucha circulación nacional y afín al propio señor ministro
denominó coartada retrospectiva y que otro diario calificó como escurrir el bulto desparramando responsabilidades hacia otros sectores y no asumiendo las propias. Por ello, la opinión más solvente es que no es necesario modificar la Ley orgánica de
Protección de Datos. Es más, algunos consideran que se han creado o se intentan crear bases de datos en el Ministerio del Interior que no tendrían base legal y mucho menos siguiendo la interpretación rigorista a la que se ha apuntado últimamente el
Ministerio del Interior. No voy a mencionar a qué bases de datos me refiero, pero hay bases de datos en las que figuran personas que en realidad podrían ser calificadas de sospechosas, como es el caso del fichero de implicados en hechos no
aclarados. Esta es la situación y la preocupación que nos embarga, sobre todo, teniendo en cuenta que hay 70.000 ciudadanos extranjeros delincuentes que, según Interpol, residen en estos momentos en la Costa del Sol.
Pues bien, señorías, a pesar de todo vamos a examinar de manera constructiva la posición del señor Jané. El señor Jané considera que existen algunas dudas que deben ser despejadas. Desde luego, no comparto la posición en relación con lo
que ha dicho el presidente de la Comisión de Protección de Datos, porque es la opinión del presidente y quisiera saber si es un dictamen de la Comisión. Por tanto, por nuestra parte no seremos la causa por la que no se adopten y se aborden las
medidas que sean necesarias para evitar acontecimientos como el que se ha producido con ocasión del caso King.
Por otra parte, nosotros mismos traemos aquí una moción, que se verá a continuación, en la que se abordan soluciones para impedir que sucedan casos similares de descoordinación como el ocurrido en el caso King.
Nuestra enmienda al texto del
señor Jané se aproxima en el juicio posibilista que ha hecho y excluye, en todo caso -esto lo queremos dejar bien claro-, la firma de ningún aval o de ningún cheque en blanco para que el Gobierno nos pueda sorprender cualquier día con una reforma
por la vía de urgencia. Esta es la garantía que evidentemente vamos a tratar de preservar en todo caso.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mayoral.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo va a votar favorablemente esta moción que nos ha traído el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió. Nos parece muy oportuna, muy al hilo de recientes acontecimientos que han puesto en evidencia determinadas deficiencias,
aunque no sean intencionadas. A veces, la complejidad en los sistemas policiales, no sólo internacionales sino nacionales, hace que tengan esta casuística, que se trata de perfeccionar.
Según nuestro juicio y criterio, al apoyar esta moción valoramos una serie de hechos que se contemplan en la misma y que tratan de establecer una racionalidad, en este primer caso concreto con una adecuación de la Ley orgánica 15/1999, de
proceso y protección de datos de carácter personal, que es la que da un principio de legalidad y legitimidad a todo dato que se tenga. Cualquier sistema informático que tenga una base a utilizar por los poderes públicos tiene que responder, en
primer lugar, a un principio de legalidad. La obtención de los datos tiene que ser legal, con la protección adecuada que deban tener de discreción, de reserva, para los institutos, instrumentos u organismos que tengan que hacer uso, también legal y
legítimo, de los mismos, segunda condición. No sólo se trata de un principio de legalidad y de legitimidad de la base de datos en sí misma sino del principio de legalidad y de legitimidad para hacer un uso adecuado y pertinente en aras de un bien
jurídico a proteger, en aras de un bien común de la sociedad para protegerse frente a los delincuentes.
El segundo principio es que exista interconexión. Se trata de una cuestión puramente mecánica pero de orden interno, de que cada país en sí mismo tenga la base común de uso de datos para los institutos u organismos que tengan que
utilizarlos, pero después está la extensión a los escenarios en los que España tiene acuerdos, tratados, etcétera, bien en el seno de la Unión Europea, bien en cualquier territorio en que se actúe policial y judicialmente en la persecución del
delito y de los delincuentes. Por ejemplo, tenemos el escenario clásico -no único- de Interpol y de Europol que tratan de avanzar en la obtención de estas bases de datos en la persecución de la delincuencia, sobre todo, teniendo en cuenta que las
bases de datos se van nutriendo a medida que la tecnología de la Policía científica y de investigación va teniendo nuevos instrumentos. La materia de las huellas dactilares es ya antigua y está plenamente aceptada; últimamente se introduce el
conocimiento de determinadas bases genéticas, como la del ácido desoxirribonucleico, o ADN en el lenguaje abreviado común del acróstico, por lo que tenemos que contar con esos principios.
En las cámaras hemos tratado ya de adecuar la Ley de
enjuiciamiento criminal a la posibilidad de obtención por jueces y policías de las muestras de ácido desoxirribonucleico de presuntos delincuentes halladas en el cuerpo del delito o en la víctima del mismo, para hacer las indagaciones pertinentes
que lleven a la obtención del dato que permita poner a disposición de la justicia a los delincuentes, de acuerdo a lo que se está tratando aquí.
La propuesta del Grupo Popular nos parece sensata y adecuada. Sobre la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que cambia el término de potencial de riesgo por el de peligro real, también nos parece que responde al léxico con que está
contemplado en la Ley de protección de datos, y, por tanto, vamos a votar favorablemente esta moción.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), la señora Uría tiene la palabra.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
En principio, nuestro grupo es poco partidario de respuestas normativas inmediatas por un suceso concreto. Así tuve ocasión de destacarlo en la reciente comparecencia del ministro del Interior, manifestando el miedo que nos causaban las
reacciones normativas inmediatas cuando de leyes orgánicas estamos hablando. Sí creemos, sin embargo, que un suceso concreto puede activar la alarma sobre algo que no ha funcionado bien y que requiere reflexión, quizá reflexión inmediata, pero
desde luego serena y cuidada. Tal es el tenor que nos parece que tiene la iniciativa que ha presentado el Grupo Catalán (Convergència i Unió) -primero fue interpelación, hoy lo recogemos en moción- para mejorar la efectividad que debe darse a
determinadas informaciones procedentes de policías de otros países, en el marco del espacio europeo de libre circulación de personas y de seguridad.
Es importante que se recoja en la moción que ha de promoverse el máximo consenso parlamentario (hablamos de la modificación de una ley orgánica, de la que también tuve el honor de ser ponente en la legislatura pasada) y también nos parece
interesante que en la propia moción se recoge que habrán de preservarse todas las garantías constitucionales en el respeto y la salvaguarda de los derechos fundamentales de la persona, puesto que estamos hablando de la modificación del artículo 22
de la Ley orgánica 15/1999, de protección de datos.
Estamos de acuerdo con la enmienda que ha introducido el Grupo Socialista, ya que la expresión que se utiliza
de potencial riesgo para la seguridad pública resulta notablemente más abierta que la de peligro real, que es la que finalmente propone el Grupo Socialista, y creemos que cerrar el ámbito de la posible normativa que vaya a establecerse es
adecuado cuando estamos hablando de algo que supone, en principio, restricción de derechos. El hecho de que se refiera únicamente a delitos graves cometidos en el extranjero contra la vida o la libertad sexual deberá valorarse en el momento de
hacer la iniciativa, puesto que esto nos parece en principio correcto pero quizá haya otros tipos delictivos.
Respecto al determinado tiempo en el que deban mantenerse esos datos y la regulación del acceso, rectificación y cancelación, es ahí donde los legisladores y quienes efectúen el paso inicial que es el proyecto deberán tener especial cuidado,
teniendo en cuenta que nos encontramos otra vez en el binomio seguridad y eficacia frente a las garantías que han de ser tenidas en cuenta.
Se alude finalmente, y es muy importante, a fomentar el intercambio de información policial dentro de Europa con la creación de bases comunes, de huellas dactilares, de balística, de ADN, de datos biométricos, con el objetivo de continuar
impulsando la creación de instrumentos comunes para mejorar la lucha contra el delito. Suscita esto la eterna pregunta: Cómo fluirá después en el ámbito interno esa información, qué se va a hacer, si se trasladará o no a las dos policías que en
este momento tienen el carácter de policías integrales. No hemos presentado enmienda al respecto, puesto que no es más que una moción que llama a la obtención del máximo consenso parlamentario. En el momento en que se traiga un proyecto y se
intente obtener este consenso, quizá sea el momento de tener en cuenta ésta nuestra intranquilidad por el momento.
Hecha esa salvedad, mi formación política está en condiciones de anunciar que votará favorablemente el contenido de la moción. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señora presidenta.
Esta moción que plantea el Grupo Catalán (Convergència i Unió) deriva, sin duda, del debate que tuvimos respecto a Tony Alexander King en la Comisión de Justicia e Interior. En principio he de decir como la señora Uría: Estamos legislando
en caliente constantemente. Es una costumbre muy mala, pero nos estamos dejando deslizar por una pendiente de sociología barata que nos puede conducir a errores de bulto, como está conduciendo de hecho al señor Michavila en muchas ocasiones que se
están dando y que todos conocemos porque incluso se han publicado. En todo caso, en ese debate que tuvimos en Comisión lo que sí se detectó por la mayoría de los grupos -exceptuando al grupo del Partido Popular, que nunca ve la viga en su ojo- es
que había habido una gran descoordinación, que incluso había prevalecido el tema del perfil delincuencial a la hora de intentar conseguir al culpable, al que incluso se le incoa expediente, se le abre juicio y se generan una serie de propuestas que
conducen a la condena.
Pues bien, a partir de ahí, lo que se intenta ocultar es el gravísimo error que hay a la hora de haber comprobado los datos que en un momento determinado había mandado Scotland Yard a través de Interpol, y que siguen figurando en los
archivos de Interpol para su consulta ulterior en caso de que este señor hubiera sido sospechoso en algún momento de alguna acción. No se consultan estos archivos ni se recuerda la recepción de estos datos por parte de Scotland Yard, que sí
colabora de manera sistemática con la Policía española, aunque en la Costa del Sol haya muchos agentes de la Policía española que no saben inglés y en muchas ocasiones ni siquiera saben traducir lo que se les está diciendo, pero sí llegan los datos
de Tony Alexander King. Estos datos se archivan en un cajón de la Policía española y figuran en el registro de Interpol, como dijo el señor ministro, para su consulta ulterior en caso de que fuera preciso, pero ni se consultan ni se sacan del
archivo los papeles. A partir de ahí el señor ministro inventa una lectura de la Ley de protección de datos, la 15/1999, diciendo que por la interpretación que ellos hacen del artículo 22, creo que es la referencia concreta que da, no se puede
archivar de manera sistemática, no se pueden retener los datos del señor Tony Alexander King. Es una lectura para tapar un error.
A partir de ahí lo que abunda no mata. Convergència i Unió plantea lo que dice el artículo 22, no otra cosa, e
incluso había un condicional por ahí que se ha sustituido, según la enmienda del Grupo Socialista, por un imperativo, por un podrá o deberá y al final nos encontramos con la redacción real del artículo 22. Esto quiere decir que lo que abunda no
mata, habrá que apoyarlo, pero que tiene ese sentido un tanto metafísico de un debate que sirvió para tapar un error debido a la interpretación de una ley y al final vamos a aprobar lo que dice esa ley. Por tanto, habrá que aprobarlo, pero esta
situación es un poco surrealista. Es como decía Woody Allen: es urgente no hacer nada. Eso es lo que vamos a hacer hoy aquí, nada porque todo estaba previsto. Se podía haber localizado a este señor si se hubiera tenido un poco de memoria, si se
hubiera archivado, si se hubiera programado tal como prevé la Ley de protección de datos con total cuidado, con total pulcritud o se hubiera consultado el archivo que sigue en pie en los datos de Interpol. Sin embargo, respondamos aunque sea
metafísicamente al escándalo popular, pero que no sirva para tapar lo que ha sido un monumental fallo del Ministerio del Interior y de la falta de coordinación entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
En nombre del Grupo Popular, señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Jané, en nombre de mi grupo parlamentario quiero agradecerle que S.S. y su grupo tuvieran a bien recoger la invitación hecha en su momento ante la Comisión de Justicia e Interior, por parte del ministro de Interior, para que juntos
pudiéramos iniciar un camino (que no va a ser un camino apresurado, sino que es un camino que tiene que ser necesariamente largo porque exige meditación, exige reflexión, exige equilibrio entre las razones de la libertad y las razones de la
seguridad, las razones garantistas, afortunadamente garantistas, que presiden todo el espíritu y la letra de nuestro ordenamiento jurídico y, al mismo tiempo, las razones de eficacia en el avance, en los métodos y en las posibilidades legales de la
investigación criminal), a través de un debate constructivo, como se celebró hace dos semanas en este Pleno durante el trámite de la interpelación y hoy en el contenido de la moción. Tengo que expresarle la sorpresa de mi grupo por que en el tono
de ese debate constructivo auspiciado por su grupo y por S.S. recogiendo esa invitación del ministro del Interior, hayamos vuelto a escuchar las voces tronantes, los acentos demagógicos, el discurso del sinsentido que algunos grupos han hecho
también presente otra vez esta tarde, pero eso no es responsabilidad de S.S. ni de mi grupo y queda exclusivamente en el acervo y, en todo caso, en la responsabilidad de quienes así actúan. Hay algunos que probablemente porque no han entendido
nunca lo que es el Estado de derecho ni la división de poderes hacen los discursos que hacen y esta tarde acabamos nuevamente de escucharlo, porque intentar establecer como excusa lo que es el estricto cumplimiento de la ley parece cuanto menos un
sarcasmo. Y decir que el ministro del Interior se inventa esto o aquello para esconder este o aquel hipotético error en el juicio o en la valoración de un grupo va más allá del sarcasmo. Cuando en este país la Ley de protección de datos establece,
como ha recordado S.S., que es la Agencia de Protección de Datos la que formula la interpretación auténtica de los contenidos de la ley y la Agencia de Protección de Datos fue muy clara, muy tajante, muy terminante diciendo que los datos relativos a
Tony Alexander King transmitidos en 1998 por la Policía británica no podían ser incorporados a ninguna base de datos españoles conforme a la legislación española, intentar ahora decir otra cosa, vuelvo a repetir, viene simplemente a ser una excusa
vacía, intelectual y políticamente para justificar un discurso vacío, intelectual y políticamente.
Aquí lo que importa es que hoy el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) nos plantea el inicio del camino de esa reflexión, y nos parece bien. Tengo que decirle para que nadie se lleme a engaño que mi grupo abordará esa reflexión
con un sentido mucho más amplio que el contenido de la propia moción, de lo que también hizo referencia el señor ministro del Interior en su comparecencia ante la Comisión de Justicia e Interior, porque lo que ha sucedido en el caso King, en
relación con la imposibilidad de archivar esos datos conforme a la literalidad de la legislación vigente española no se agota en términos de garantía y eficacia situando la posible reforma solamente en el ámbito de ciudadanos extranjeros; también
habrá que entender que probablemente esa reforma tiene que avanzar mucho más allá y tiene que situarse sin ningún género de hipocresías ni de miedos en el terreno de los ciudadanos españoles, de los ciudadanos de la Unión. Todo ello desde el
planteamiento que ha hecho S.S. con un profundísimo respeto a las garantías constitucionales y a los derechos fundamentales, desde una voluntad máxima de consenso, de diálogo, de entendimiento y de acercamiento de posiciones, como no puede ser de
otra forma; desde una limitación clara en cuanto al contenido, alcance y sujetos a integrar esas bases. Ahora se trata de responder, desde luego sin hipocresías y sin timideces a lo que tiene que ser una opción absolutamente legítima del Estado de
derecho en defensa de la libertad, de la seguridad y de los derechos de los ciudadanos; de preservar desde esos contenidos garantistas que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Estado de derecho, los órganos jurisdiccionales dispongan
de instrumentos garantistas pero eficaces en la lucha contra las nuevas formas de delito.
Concluyo, señora presidenta, señor Jané, y les doy la enhorabuena desde la posición de mi grupo porque ustedes han respondido de una manera constructiva a la invitación lanzada en su momento por el ministro del Interior. Iniciamos ahora un
camino que será un camino técnicamente difícil pero ahí está el reto, un reto importante para mejorar los mecanismos del Estado de derecho y desde luego contarán en ese sentido con el voto favorable de mi grupo en los términos también del
señalamiento claro, hoy sin complejos que acabo de hacer en cuanto a cómo nosotros de partida vemos, con un carácter mucho más omnicomprensivo que esta moción, el alcance de la posible reforma.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gil Lázaro.
Señor Jané, a los efectos de indicar la aceptación o rechazo de la enmienda presentada.
El señor JANÉ I GUASCH: Sí, señora presidenta.
Nuestro grupo acepta la enmienda que ha planteado el Grupo Socialista y además quiere precisar que lo que votaremos será estrictamente el texto de la moción con la enmienda aceptada y con las acotaciones y límites que ese texto conlleva.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE MEDIDAS A TOMAR PARA REDUCIR Y LIMITAR LA PRECARIEDAD, LA TEMPORALIDAD Y SUBCONTRATACIÓN EN EL EMPLEO. (Número de expediente 173/000231.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas a tomar para reducir y limitar la precariedad, la temporalidad y la subcontratación en el empleo.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la última encuesta de población activa ha puesto de relieve lo que muchos venimos denunciando reiteradamente. En términos relativos, aumenta más el empleo temporal, el 1,6 por ciento, que el indefinido, que es el 0,95 por ciento,
lo que hace que se produzca un cambio de tendencia respecto al año pasado cuando más del 80 por ciento del empleo creado fue indefinido y el empleo temporal se estancó. Ahora, por el contrario, el empleo temporal está creciendo a un ritmo del 2,65
por ciento anual.
A esta temporalidad creciente se une que los trabajadores con contratos temporales sufren las mayores tasas de siniestralidad laboral, acaparan el 60 por ciento de los accidentes de trabajo, el 50 por ciento de los accidentes mortales y el
55 por ciento de los accidentes graves. En una palabra, es incontestable que la accidentabilidad tiene una estrecha relación con el paulatino deterioro de nuestro mercado de trabajo.
España mantiene una tasa de temporalidad que triplica la media de la Unión Europea, de cada once contratos sólo uno fue indefinido en el año 2002.
Por otra parte, un total de 1.101 trabajadores perdieron la vida mientras realizaban su
trabajo en el año 2002, 74 trabajadores más que en el año 2001, es decir, un 8,1 por ciento más y un 12 por ciento más que desde el año 1996. Durante 2002 se mantiene la tendencia de disminución de la siniestralidad en los sectores de agricultura e
industria, pero sigue aumentando un año más en construcción y servicios. El hecho objetivo es que hay un factor estructural que explica cómo con sistemas de contratación muy parecidos las tasas de temporalidad y de siniestralidad en España son muy
superiores a las europeas. Este factor no es otro que la subcontratación y la descentralización productiva que intentamos regular con esta moción que hoy presentamos.
Sabemos que el desarrollo reglamentario del artículo 24 de la Ley de prevención de riesgos puede permitir que queden reguladas las relaciones empresariales de coordinación entre empresas contratistas y subcontratistas, pero esto no es
suficiente. Nuestra moción tiende a contemplar criterios para el desarrollo reglamentario del citado artículo 24, pero también a considerar en su conjunto el problema de la subcontratación. Proponemos que se impulsen medidas que obliguen a los
contratistas a verificar la regulación de las subcontratas en materia de pago de las cuotas de la Seguridad Social, a establecer la responsabilidad solidaria del empresario principal, de las obligaciones salariales y extrasalariales de los
subcontratistas con sus trabajadores y atribuir a los trabajadores de la empresa principal la representación de los trabajadores a efectos de formular reclamaciones en relación con las condiciones de la actividad laboral en lo que atañe a la
prestación de servicios de la empresa principal.
Llamamos la atención sobre la necesidad de afrontar con claridad el problema de la cesión ilegal de trabajadores, estableciendo la condición del trabajador fijo de la empresa principal cuando se produzca fraude con cesión ilegal de
trabajadores. El citado desarrollo reglamentario de la ley de prevención debería establecer la responsabilidad del titular del centro de trabajo en la coordinación de contratas y subcontratas, prohibir las subcontratas en actividad de riesgo y
fijar competencias de los delegados de prevención de las empresas principales en relación con las empresas contratistas, subcontratistas y suministradoras.
Nuestra moción insiste, como en otras ocasiones, en la necesidad de crear un servicio especial de delitos en el ámbito laboral que intervenga en especial en todos aquellos procedimientos relacionados con homicidios o lesiones con imprudencia
motivados por un accidente de trabajo, delitos contra los derechos de los trabajadores, contra la Seguridad Social o los que afectan a sus derechos fundamentales y libertades públicas.
Reiteramos la necesidad de primar en la contratación y
licitación de las administraciones públicas la estabilidad, cualificación y seguridad de las plantillas a la hora de adjudicar y contratar con las administraciones públicas.
Señorías, hemos insistido en esta Cámara en que las prácticas de subcontratación en España se traducen en utilización abusiva de los contratos de trabajo, en inestabilidad de la relación laboral y en riesgos de seguridad, porque la
contratación o subcontratación entre empresas no implica ni debería implicar la temporalidad del empleo de los trabajadores. Estas prácticas abusivas son las que se reflejan en las estadísticas, en la sucesión de múltiples contratos temporales cada
año del mismo trabajador con la misma empresa, en accidentes y en fraude de ley. Este es, en efecto, el fondo de la cuestión que planteamos hoy en esta moción y que reclamamos afrontar con rigor y seriedad. Nuestras propuestas pretenden afrontar,
disciplinando la subcontratación, una estrategia de reformas necesarias para
mejorar la calidad y estabilidad del empleo y eliminar los abusos y perversiones en la subcontratación.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor González Vigil.
El señor GONZÁLEZ VIGIL: Gracias, señora presidenta.
Señorías, si una persona no reconoce que está enferma, difícilmente podrá curarse, difícilmente podrá ir al médico para que le cure su enfermedad.
Pues eso es lo que le ocurre al Gobierno del Partido Popular con el tema de la calidad del
empleo.
El pasado miércoles le decía el señor ministro al portavoz de Izquierda Unida, cuando denunciaba la precariedad laboral en nuestro país, que describía una realidad de España que no existe, una realidad de la política económica y de la
política de empleo de España que no existe, y seguía diciendo: Lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos ocho años es que en España se ha creado empleo estable y empleo de calidad. Pues bien, señorías, ante estas afirmaciones del ministro,
nosotros tenemos que hacerle dos preguntas, al menos, al Gobierno: Una, ¿están ustedes hablando de España o de otro país? Dos, si están ustedes hablando de España, ¿a quién o a quiénes quieren engañar? Porque, señorías, a pesar de los discursos
triunfalistas del Gobierno, de haber convertido a España en una potencia económica de primer orden, la realidad es que España tiene la peor situación laboral de Europa, y así lo corroboran tanto los informes de Eurostat y de la OCDE como los datos
del INEM. La realidad es que España es el país de Europa que tiene la mayor tasa de paro, el 11,4 por ciento, frente al 8 por ciento de los países europeos. Hoy existen en nuestro país 2.085.000 desempleados, de los que una cuarta parte son
jóvenes menores de 25 años y más de la mitad, 1.200.000, son mujeres.
Casi medio millón de hogares tienen a todos sus miembros en paro. La realidad, señorías, es que España es el tercer país con más baja tasa de empleo de los países de la Unión
Europea. De las personas con edad de trabajar tan sólo el 58,4 por ciento tienen empleo, lo que representa estar a 5,8 puntos de la media europea y a 5,6 puntos del objetivo del 70 por ciento para el 2010, marcado en la cumbre de Lisboa. Dato que
incluso es aún más desfavorable en el caso de las mujeres. Sólo tienen empleo el 44 por cierto de las mujeres con edad de trabajar, lo que nos sitúa a 11,5 puntos de la media europea y 16 puntos del objetivo del 60 por ciento para el 2010 marcado
en la cumbre de Lisboa. La realidad, señorías, es que España es el país con la mayor tasa de temporalidad en el empleo, el 31,2 por ciento, frente al 13,1 por ciento de la media del resto de los países de la Unión Europea. Alrededor de 4.200.000
asalariados, es decir, algo más de tres de cada diez asalariados españoles, tienen un contrato temporal. Además, si tenemos en cuenta los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, que indican que tan sólo el 58 poro ciento de los
afiliados tienen contrato de carácter indefinido, el nivel de precariedad en nuestro mercado laboral es aún más elevado que el que refleja la EPA. Esta es la realidad, señorías, y no otra. Estamos en un país donde nueve de cada diez contratos que
se firman son temporales, donde el 60 por ciento de los contratos que se están haciendo duran menos de un mes, y donde están los salarios más bajos de Europa. Aquí el salario mínimo interprofesional es el más bajo de Europa, exceptuando Portugal.
Por tanto, señores del Gobierno, dejen de hacer discursos triunfalistas intentando convencernos de una realidad que no existe. ¿No se dan cuenta de que no pueden engañar a los españoles? ¿No se dan cuenta de que son las familias españolas las que
sufren cómo alguno de sus miembros está en paro, o sufren la sensación de inestabilidad laboral que producen los contratos temporales, o ven cómo sus hijos no se pueden independizar por no tener un empleo estable y dignamente remunerado? Dejen de
mentir y tomen medidas eficaces para reducir el desempleo, para crear empleo estable y de calidad, y para reducir el elevadísimo número de accidentes laborales que cada día se producen en nuestro país.
Para ello y por ello vamos a votar afirmativamente la moción del Grupo de Izquierda Unida, que ya nos ha anunciado que admite las cinco enmiendas de adición presentadas por nuestro grupo para intentar reducir la precariedad laboral que
ustedes continuamente y día a día están alimentando en este país.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González Vigil.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
Izquierda Unida nos plantea esta iniciativa pocas semanas después de haber debatido algunos proyectos de ley en esta Cámara que abordaban la cuestión laboral. Sería bueno recordar hoy también que precisamente en ese ámbito que afecta a
algunas de las consideraciones que se efectúan en la moción de Izquierda Unida se aprobó un proyecto de ley de prevención de riesgos laborales que pretendía abordar algunos de los problemas de la subcontratación, ley que estamos tramitando ahora en
el Senado, que Izquierda Unida votó favorablemente, no así Convergència i Unió por entender que esa iniciativa del Gobierno que había nacido de un diálogo social parcial, tan sólo con las organizaciones sindicales,
no respondía a algunas de las necesidades que observábamos en esa materia.
En cambio hoy, superando las previsiones del propio diálogo social y del proyecto de ley, Izquierda Unida nos plantea una batería amplísima de propuestas, de líneas de acción legislativa y política, que no van tan sólo más allá de ese
proyecto de ley y de ese diálogo social, sino que entran en contradicción con algunas consideraciones que figuran en el mismo, por ejemplo lo contemplado en el diálogo social y en el proyecto de ley sobre el desarrollo del marco regulador del
artículo 24 de la Ley de prevención de riesgos.
Nosotros no entendemos hoy el sentido de esta moción. Quizá Izquierda Unida se siente culpable de haber votado ese proyecto de ley, no lo sé, pero no entendemos el sentido de esta moción; una moción que se produce además al final de la
legislatura, con escasísimos meses para que un Gobierno pueda desarrollar esas previsiones y donde se hace un mandato general al diálogo social por parte del Gobierno y de los agentes sociales para abordar determinadas cuestiones que nos preocupan a
todos.
A nosotros nos parece que hoy no toca plantear este tipo de mociones. Si Izquierda Unida hubiese abordado una cuestión concreta y específica de las deficiencias de nuestro mercado de trabajo, si esa propuesta fuese razonable y respondiese
al mismo diagnóstico que Convergència hace del problema quizá la votaríamos, pero hoy no podemos votar esta moción con pretensión de totalidad a la política del Gobierno en este ámbito.
Eso sí, mi grupo continúa entendiendo, igual que lo entienden los organismos de la Unión Europea, que las recomendaciones del Consejo y de la Comisión en este ámbito respecto a la política de empleo en España son muy claras: tenemos un
grave problema de temporalidad; mantenemos aún la tasa de desempleo más elevada de la Unión Europea; nuestras tasas de actividad continúan siendo insuficientes, y tenemos un grave problema de siniestralidad laboral. En el diagnóstico de los
problemas quizá estaríamos de acuerdo, pero no estoy seguro de que coincidiésemos en las soluciones que nos propone Izquierda Unida que, a nuestro entender, van en la línea de introducir mayor rigidez en el funcionamiento de las relaciones laborales
y no tanto en la línea de introducir un marco legal que favorezca la responsabilidad de las empresas en determinadas cuestiones, especialmente en las que afectan al ámbito de los riesgos laborales, del empleo saludable y de los accidentes de
trabajo. Desde esa discrepancia en las cuestiones de fondo y en las cuestiones de forma, Convergència i Unió no puede votar esta moción y nos vamos a oponer a la misma.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Pérez Corgos.
El señor PÉREZ CORGOS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, quién no va a coincidir en el diagnóstico. Efectivamente, tal como decía el señor Campuzano, vivimos en una realidad que no podemos desconocer. Otra cosa es que compartamos la descripción catastrófica que se ha hecho, tanto por
el portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida como por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Como decía el señor Campuzano, no entendemos la presentación y defensa de esta moción en este momento, cuando hace escasamente
unas semanas hemos aprobado en esta Cámara un proyecto de ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, a la que tanto el Grupo Parlamentario Socialista como el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida dieron su
apoyo con sus votos. Señorías, todos estaremos de acuerdo en que a lo largo de estos siete años de vigor de la Ley de prevención de riesgos laborales nos hemos encontrado con muchas dificultades y hemos avanzado en muchas materias. Han sido más de
20 normas las que el Gobierno ha dictado en desarrollo de esa legislación, que han dado lugar a la trasposición de otras tantas directivas. Esto nos ha dotado de un marco homologable en cuanto a seguridad y salud laboral con el resto de los países
de la Unión Europea.
Señor Ruíz, quiero agradecerle que en su intervención haya reconocido lo que no ha hecho a lo largo de la legislatura, que a lo largo de estos años el 80 por ciento de los contratos que se han firmado en nuestro país han sido indefinidos.
Usted lo ha reconocido hoy por primera vez en esta tribuna. Efectivamente, la inmensa mayoría de la contratación laboral que se ha producido en nuestro país ha sido indefinida. ¿Y eso por qué? Porque el Gobierno del Partido Popular ha adoptado la
responsabilidad de tomar medidas para combatir la temporalidad en el empleo, como la nueva regulación de los contratos formativos, la restricción de la contratación temporal sin causa productiva que lo justifique, la nueva modalidad de contrato
indefinido de fomento del empleo, la reducción de la duración máxima de los contratos temporales, la equiparación de derechos entre los trabajadores temporales y los trabajadores con contrato indefinido, la indemnización de ocho días de salario por
año trabajado en la finalización de determinados contratos temporales y el incremento de las cuotas de la Seguridad Social para evitar la utilización abusiva de la contratación temporal.
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista iniciaba su intervención diciendo que si una persona no reconoce que está enferma difícilmente podrá curarse. Señoría, permítame que acepte el aforismo y se lo aplique a usted. Corra, señoría,
a urgencias porque no reconoce usted la realidad. Efectivamente, tenemos una de
las tasas de paro más altas de la Unión Europea, consecuencia de 14 años de gobiernos socialistas. Les recuerdo que cuando ustedes empezaron a gobernar, en el año 1982, nuestro país tenía un 8 por ciento de paro y cuando ustedes dejaron el
gobierno nuestro país tenía un 36 por ciento de paro. ¿Que tenemos parados en España? Claro que lo sabemos. ¿Que sabemos de su sufrimiento? Por supuesto que lo sabemos. ¡Si lo sabíamos también cuando gobernaban ustedes! Pero, señorías, hay que
recordar que si en el año 1996 había 9.400.000 trabajadores con contrato indefinido, hoy tenemos 13.700.000 trabajadores. No tenemos contratos basura porque todos los contratos, aun los temporales, tienen la misma cobertura social que los contratos
indefinidos. El Partido Socialista ha presentado un plan para combatir la temporalidad, que no es más que otro papel mojado de los que nos acostumbra a presentar el Partido Socialista. Porque si de verdad el Partido Socialista quisiera combatir la
contratación temporal tendrían que recordarle al presidente Chaves, de la Junta de Andalucía, que adeuda a los empresarios desde el año 1998, desde hace cinco años, las bonificaciones y los incentivos por contratación temporal. Habría que
recordarles a sus dirigentes autonómicos que empiecen a cumplir con sus promesas electorales y con los compromisos que adquieren con la sociedad.
Señorías, no vamos a admitir la moción que hoy nos presenta Izquierda Unida ni la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, porque entendemos que el camino que está siguiendo el Gobierno es el adecuado para resolver un dificilísimo
problema que tiene la sociedad española.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pérez Corgos.
Señor Ruiz, a los solos efectos de indicar la aceptación o rechazo de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor RUIZ LÓPEZ: Señora presidenta, para aceptar la enmienda que se ha presentado por parte del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL CONTINUADO, GRAVE Y REITERADO INCREMENTO DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN ESPAÑA. (Número de expediente 173/000232.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el continuado, grave y reiterado incremento de la inseguridad ciudadana en España.
Para la presentación y defensa de la misma, el señor Mayoral tiene la palabra.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señora presidenta, señorías, la inseguridad ciudadana es una calamidad nacional a la que hay que poner remedio. Los remedios utilizados hasta ahora por el Gobierno del Partido Popular han fracasado reiteradamente.
No basta con reformar leyes ni anunciar promesas, la realidad es que nuestro Estado de derecho no es vivido ni compartido de igual manera por todos los españoles. Para muchos es insuficiente, como insuficientes son precisamente los servicios
públicos que deben garantizar la libertad y la seguridad de todos los españoles.
(La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
Pues bien, señorías, la eficacia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que constituyen el servicio público fundamental para garantizar la seguridad ciudadana, se encuentra limitada por dos carencias importantes. En primer lugar,
la falta de coordinación y planificación, como puso de manifiesto el caso King, que antes comentábamos, donde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actuaron no sólo descoordinadamente, sino competitivamente entre sí. No hay mando único y si
ese mando único existiera, mucho nos tememos que no sabemos a qué se dedica; posiblemente ni el señor ministro del Interior sepa a qué se dedica puesto que no tiene ninguna eficacia. Reclaman este mando único muchos profesionales; la opinión
pública lo desea. Recientemente en mi tierra, en Extremadura, una encuesta arrojaba un 67,7 por ciento a favor de la existencia de un mando único entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es preciso, pues, señorías, crear el mando único
en el Ministerio del Interior, potenciar los elementos comunes de los dos cuerpos policiales, revisar los despliegues de los dos cuerpos policiales y compartir las bases de datos. Sólo así se rentabilizarán los medios existentes. Es preciso
coordinar y planificar la seguridad en los distintos niveles del Estado, de las comunidades autónomas y de los municipios. Por eso planteamos en nuestra moción una reforma de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, potenciar la
participación de las comunidades autónomas y de los municipios, extrayendo recursos nuevos que permitan desarrollar una política más amplia de seguridad ciudadana.
Para eso queremos y planteamos potenciar la autoridad de los alcaldes y atribuir
nuevas funciones a las policías locales, de tal manera que vengan a convertirse también en policías de proximidad, en policías judiciales para delitos pequeños, para pequeña delincuencia.
Por otra parte, existe otra carencia muy importante que nosotros queremos señalar y a la que es preciso también buscarle rápidamente remedio, y es la carencia de efectivos en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. El Cuerpo Nacional
de Policía, señorías, en
febrero de este año ha llegado a su mínimo histórico, a un mínimo histórico de 43.800 agentes. En este momento, según los datos de septiembre, el Cuerpo Nacional de Policía tiene un déficit de 12.275 agentes, según el catálogo. Comparemos
la cifra de policías en activo, comparemos el catálogo aprobado y veremos que hay un déficit de 12.275.
La Guardia Civil tiene en este momento -el año pasado lo denunciaba una asociación profesional- unas carencias porque se han ido a casa, por
decirlo de alguna manera, 4.000 agentes y apenas han ingresado 2.200.
Así pues, nosotros planteamos una reconstrucción de este, digamos, desaguisado que se viene produciendo desde el año 1996. Planteamos que se convoquen durante cinco años 6.000 puestos en el Cuerpo Nacional de Policía, no solamente para
eliminar el déficit existente, sino para poder crear nuevas comisarías en muchas localidades donde es necesario que existan y no existen. Por otra parte, planteamos que la Guardia Civil crezca a un ritmo de 3.000 agentes anuales, de tal manera que
en cinco años se acumulen 15.000 nuevos agentes, no solamente para cubrir el déficit histórico sino también para cubrir las necesidades de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que apenas llega a los 8.000 agentes. Señorías, ¿esto es
aniquilar al Cuerpo de la Guardia Civil? Nosotros más bien consideramos que se aniquila a un cuerpo o a cualquier ser viviente mediante el inmovilismo y la negativa a reformar su régimen disciplinario o impidiendo el asociacionismo profesional
entre sus miembros.
Por último, también queremos señalar en nuestra moción que las estadísticas de criminalidad no son materia reservada ni clasificada, no son secretos de Estado, no deben ocultarse ni maquillarse ni negarse a la oposición ni a los diputados de
esta Cámara. Todo ello ha culminado en el caso Valenzuela, funcionario estadístico de la Función pública en el propio Ministerio del Interior, que ha sido privado de su puesto de trabajo, del título concreto y de su función concreta, con grave
incumplimiento de la Ley de la Función Pública Estadística. Por ello, señorías, proponemos dotar de calidad y transparencia a la estadística de criminalidad; la creación de un instituto nacional de estadística y evaluación de la criminalidad;
cumplir la Ley de la Función Pública Estadística; restituir la dirección del programa estadístico del Ministerio del Interior en la Secretaría General Técnica y la publicación periódica de los anuarios estadísticos de criminalidad, cosa que en este
momento no se hace.
En definitiva, señorías, tratar de desinformar a la sociedad es un poco una práctica bonapartista y antidemocrática, impropia del Estado democrático de derecho. Desgraciadamente es una práctica que se está asentando en España en estos
últimos tiempos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mayoral.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo con gran brevedad. Mi grupo va a votar en contra de esta moción que trae el Grupo Parlamentario Socialista porque en la legislatura pasada, cuando creamos una Comisión para estudiar el modelo policial, nosotros entendíamos que
siempre nos habíamos basado en la vigente Ley de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; ahí está precisamente la figura del secretario de Estado de Seguridad, que es vértice para la coordinación entre el Cuerpo Nacional de Policía y la
Guardia Civil.
En el archipiélago canario tenemos una serie de problemas con la seguridad que se vienen negociando y hablando reiteradamente entre el Gobierno autónomo de Canarias y el Ministerio del Interior; prueba de ello es que ayer mismo hubo una
reunión de trabajo, larga y fructífera, entre el ministro del Interior, señor Acebes, y el presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, don Adán Martín, para atender, dentro de este programa de seguridad ciudadana, lo que es fundamental en
nuestro archipiélago, la dotación completa de las vacantes de toda la plantilla orgánica operativa, tanto de la Guardia Civil como del Cuerpo Nacional de Policía.
No nos parece oportuno traer aquí esta moción con los planteamientos que hace el Grupo Parlamentario Socialista, porque de esto ya se viene hablando y no quisiéramos que las fechas preelectorales agudicen un debate que tiene que ser
escenificado en un marco de responsabilidad común compartida, de consenso entre todas las fuerzas parlamentarias y sobre todo con aspectos muy concretos. Un plan de esta envergadura queda un poco deslavazado con la iniciativa que ha presentado el
señor Mayoral, que es de una complejidad y de una heterogeneidad que hace prácticamente inviable una aprobación en la Cámara por esta vía. Se comienza, como dice el punto primero, con la creación de un mando único operativo para coordinar las
actuaciones de los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. Me remito a la Ley que se aprobó bajo mandato de don Felipe González, en la época socialista, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Habrá que motivar
unas aplicaciones presupuestarias, unas aplicaciones de plantilla, pero el tema está ahí.
Traer el debate en los términos en que se ha traído aquí no nos parece serio. Nos parece que estos temas deben tratarse fuera del calor preelectoral, con la
responsabilidad de todas las fuerzas políticas en una cuestión de Estado que atañe a una demanda de la sociedad en estos momentos, pero sin escenificaciones de magnitudes
que no responden en este momento a la realidad de los esfuerzos que se vienen haciendo. No se puede hacer este planteamiento de una manera gratuita con respecto a las comunidades autónomas y a la Administración local (hay comunidades
autónomas que tienen policías autonómicas, como el País Vasco o Cataluña, pero el resto de comunidades tienen fuerzas de Policía municipal) porque tiene que haber una coordinación adecuada a la casuística de cada comunidad. A nosotros, por tanto,
desde una línea de prudencia, de respeto y de sensatez necesaria para abordar estos temas, no nos parecen aceptables los planteamientos, con todo respeto, que se pueden traer aquí de una manera deslavazada. La voluntad es una cosa y la realidad, en
el campo de la seguridad ciudadana, es otra. Por tanto, señora presidenta, nuestro grupo no va a votar favorablemente esta iniciativa sino que la votaremos en contra.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.
Señor Alcaraz, para fijar la posición del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señora presidenta.
Hay que saludar la tenacidad del señor Mayoral porque me parece que es la cuarta o quinta vez que plantea temas que nosotros, por cierto, siempre hemos apoyado, para que nadie crea que podemos apoyar en función de nuestro voto cualquier
discurso que sobre este tema haga el señor Gil Lázaro. La paciencia del señor Mayoral es algo a tener en cuenta a partir de ahora, sobre todo si tenemos que negociar algo con él algún día.
Nosotros no compartimos la política actual del Gobierno, sustentada por el discurso constante, como un chorro imparable, del señor Gil Lázaro, a la hora de defender mecánicamente estos temas. Estamos apoyando una política de seguridad
ciudadana basada en un concepto amplio de seguridad, que incluye también la seguridad alimentaria, la seguridad en la vivienda, la Seguridad Social, la seguridad en el empleo y también el funcionamiento policial, pero no únicamente el funcionamiento
policial y no únicamente la restricción de libertades, para lo que es además una consecuencia y no una causa, con respecto a los temas que se están planteando en nuestras calles. El Partido Popular, en el fondo, lo que está haciendo es limpiar las
calles de pequeños delincuentes, de pequeñísimos delincuentes o sospechosos, llevando a las cárceles (en este momento hay 53.000 presos, muchos de ellos en prisión preventiva) al mayor número de personas en la historia de este país, superior al de
cualquier otro periodo de la historia. Por tanto, no podemos compartir la teoría del señor Gil Lázaro, que ha planteado el tema anteriormente, de una manera irresponsable, como una reducción de libertades sin complejos. Yo he hablado con el señor
Jané y con el señor Mayoral porque lo que intentábamos aprobar era una aplicación adecuada del artículo 22 de la Ley de Protección de Datos, no otra cosa, pero el señor Gil Lázaro sube a la tribuna y emite su teoría del orden público en función de
esa moción, que no dice nada de lo que él ha dicho en la tribuna. Ha dicho: nosotros iremos mucho más allá, nosotros haremos algo mucho más omnicomprensivo y lo haremos sin complejos. Pues usted, entonces, no estaba hablando de la moción que aquí
aprobaremos. Yo he consultado y me han dicho que de ahí no se puede uno mover, que es una aplicación en el marco del Estado de derecho, en el marco de la Constitución, que usted ha rebasado, como siempre, de manera absolutamente irresponsable. Por
tanto, volvamos al cauce de una discusión parlamentaria en el marco del Estado de derecho, sin confundir seguridad con restricción de libertades, cosa que usted constantemente hace, como ha hecho aquí esta tarde desde la tribuna en el debate de la
primera moción.
Nosotros, incluso presupuestariamente, lo estamos justificando porque se puede ir subiendo un poquito el déficit, no subiéndolo al 4,2 por ciento como en Francia o al 4,8 por ciento como en Alemania, sino subiéndolo al 1,5 por ciento. Se
puede dedicar mucho dinero, sin subir los impuestos, como en Madrid, por ejemplo, a planes de choque con respecto a las barriadas marginales de este país, que son la fuente, que son el motor de esa pequeña delincuencia que ustedes persiguen sin
dedicar dinero a los gastos sociales, partida que ha disminuido en el último periodo en un 9 por ciento con respecto a la media europea. A partir de ahí, y con este déficit que hemos introducido en nuestra enmienda al presupuesto, nosotros creamos
las policías de barrio, las policías de cercanía, e iniciamos una política no sólo de coordinación de la cúpula policial -ya lo expusimos en la subcomisión sobre el modelo policial-, sino también de creación al final del proceso de una policía
federal de los dos cuerpos, absolutamente descoordinados, que están funcionando en el panorama de la seguridad española, el Cuerpo Nacional de Policía y el Cuerpo de la Guardia Civil, que desde luego cuesta poquísimo dinero. Por cierto, a los pocos
días de decir el señor ministro que se iba a aniquilar a la Guardia Civil, la Asociación Unificada de la Guardia Civil y el Sindicado Unificado de la Policía salían diciendo que, efectivamente, ellos compartían la necesidad no sólo de coordinar,
sino de ir a una convergencia que fusionara los dos cuerpos en uno para evitar todas las disfunciones que en este momento están haciendo que sea poco operativo el funcionamiento de las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en este país.
Termino, señora presidenta. Por lo tanto, señor Gil Lázaro, vamos a votar a favor de la primera moción, a pesar de su intervención, porque están muy acotadas la terminología, la seguridad y la aplicación del Estado de derecho. Usted se lo
ha saltado.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Alcaraz.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señorías, el Grupo Socialista nos plantea hoy una moción extensa e incluso me atrevería a decir que sobrepasa lo que normalmente es el contenido de una moción parlamentaria en una tarde de martes.
El texto de la moción que hoy nos trae el Grupo Socialista es de tal magnitud -contiene todo un conjunto de medidas en materia de seguridad ciudadana- que es difícil posicionarse globalmente, pero existe un punto de coincidencia básico, y ahí se
justifica el voto que hoy emitirá mi grupo parlamentario.
En Cataluña hemos aprobado en esta legislatura la Ley 4/2003, de 7 de abril, de ordenación del sistema de seguridad pública en Cataluña. Pues bien, en el texto estricto de esa ley hay una clara coincidencia con muchísimos puntos de la
moción que hoy nos trae el Grupo Socialista. El planteamiento global de un plan de seguridad es mimético en algunos supuestos de la moción. Incluso por parte de mis compañeros en el Parlamento de Cataluña se nos decía: ¿puede ser que se haya
copiado la ley que acabamos de aprobar en esta legislatura en Cataluña? Me dice el señor Mayoral que no, pero realmente había un cierto mimetismo, y si hoy mi grupo no apoyara esta moción podría llegarse a interpretar que hemos rectificado aspectos
que tenemos en la ley recientemente aprobada en Cataluña. No es obstáculo, señor Mayoral, que ante una moción tan extensa, haya aspectos en los que no coincidimos. Estamos en la misma línea en lo que se refiere al concepto territorial de compartir
políticas de seguridad las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pero al crear lo que sería un café para todos, un consejo de seguridad que agrupara a todas las comunidades autónomas, ¿va a ser operativo a todas o a aquellas que tengan policía
propia? Debemos vigilar este aspecto. En Cataluña ya existe, y de forma muy operativa y muy eficaz, la Junta de Seguridad, creada en el propio estatuto, que claramente ejerce funciones de codecisión entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y, en el caso de Cataluña, los Mossos d'Esquadra. Por tanto, en algún punto de su moción existe el riesgo de intentar medidas de homogeneización o de armonización. Por consiguiente, el voto que hoy emitimos que no se entienda que es a favor
de ese café para todos, que no compartimos. En cambio, hay otros aspectos, en materia de personal, en materia de apoyo a un incremento de plantillas, que van en la misma línea de nuestro grupo parlamentario. Muy expresamente quería destacar esta
coincidencia con puntos, prácticamente calcados, de nuestra Ley 4/2003, aprobada recientemente por el Parlament de Catalunya. De ahí que el voto afirmativo no se entienda como un voto global a todos los puntos, sino como un voto no contradictorio
con medidas concretas que se establecen en la legislación catalana recientemente aprobada.
Señora presidenta, señorías, en cuanto a la primera moción, a la que hacía referencia el señor Alcaraz, el sentido del voto se referirá al contenido de lo que hoy se somete a votación, que son los puntos exactos de la moción, con la
incorporación de las mejoras puntuales que se han introducido a lo largo del debate.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Jané.
Tiene la palabra el señor Gil Lázaro para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular.
El señor GIL LÁZARO: Muchas gracias, señora presidenta.
Debería empezar por referirme esencialmente a nuestra posición en relación con esta moción y lo voy a hacer con toda rotundidad. Sin embargo, el desarrollo del debate me obliga a hacer primero una precisión. Señor Alcaraz, si aquí hay
alguien que aplica la política de reducción de libertades sin complejos, esos son exactamente ustedes, que están apoyando, auspiciando y apadrinando el plan Ibarretxe, que es un plan para eliminar la libertad de unos ciudadanos que tienen derecho a
vivir, a expresarse y a sentir como quieren; ustedes están apoyando eso.
(Aplausos.) Si hay alguien que apoya restricciones a la libertad sin complejos son ustedes, que están apoyando el régimen criminal y fascista de Castro en Cuba. Si hay
alguien que ha apoyado una política de restricciones de la libertad sin complejos, son todos aquellos de ustedes que no tenían ningún inconveniente en algún determinado momento en pasearse por las dachas del mar Báltico. Esa es la cuestión, señor
Alcaraz.
Su señoría puede decir lo que quiera, pero con ese viejo discurso, tan rancio y tan absolutamente antiguo, no van a impedir en absoluto la libertad de expresión de este grupo, que dice y reafirma lo que acabo de decir en el anterior debate,
que está muy claro en los términos de esa moción, pero cuando avancemos en esa reforma, nosotros defenderemos, desde contenidos absolutamente garantistas, que esa reforma también pueda aplicarse en su caso a ciudadanos españoles precisamente para
evitar el mismo riesgo. ¿O es que un asesino es más asesino por ser inglés que por ser español? ¿O es que un criminal puede plantear en un determinado momento mayor riesgo por ser belga que por ser español?
Nosotros no tenemos ningún complejo, señor Alcaraz. Precisamente porque no tenemos que saldar ni excusar ninguna deuda histórica, decimos que estamos con la libertad, estamos con los derechos fundamentales, estamos con una legislación que
tiene que estar profundamente comprometida con la libertad y que tiene que ser profundamente garantista. Por eso estamos también en disposición de abordar las mejoras necesarias en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro sistema de derecho de
libertades, para impedir que unos cuantos
criminales puedan campar por sus respetos y para defender, desde la libertad, desde el ordenamiento jurídico y la democracia, a todos aquellos ciudadanos que en el País Vasco tienen derecho a vivir como quieran, a sentir como quieran y a
pensar como quieran, y eso de momento no lo están haciendo ustedes.
Dicho esto, señor Mayoral, el señor Alcaraz casi me ha interpretado porque yo iba a decirle que lo suyo es meritorio. Usted, cada equis tiempo, viene a pasear aquí el mismo texto, unas veces bajo forma de interpelación, otras veces bajo
forma de moción, otras veces bajo forma de pregunta, pero siempre el mismo texto vacío. ¿Cree S.S. que pueden hablar con legitimidad de desaguisado, como literalmente ha hecho usted, referido a las políticas de seguridad? ¿Creen ustedes que se
puede hablar, con respeto a la memoria histórica de este país, de desaguisado cuando ustedes hicieron del Ministerio del Interior lo que hicieron y cuando ustedes, sobre la base de supuestas razones de eficacia -de no se sabe qué eficacia- en la
lucha contra el delito, hicieron del Ministerio del Interior lo que hicieron y pisotearon la libertad y las garantías constitucionales en los términos en que lo hicieron? (Protestas.-Rumores.)
Mire, señor Mayoral, vamos a decir las cosas claras y sin complejos. ¿Cómo se atreve usted a venir aquí a hablar de la política de personal del Ministerio del Interior cuando este Gobierno ha hecho en los últimos años los mayores niveles de
oferta de empleo público frente a unas plantillas que ustedes descapitalizaron humanamente porque estaban mucho más ocupados en pensar en otras cosas, en pensar en los sobres de los fondos reservados o en las excursiones de algún funcionario
policial a algún casino extranjero? Estaban ustedes pensando mucho más en esas cosas.
(Rumores.) ¿Cómo puede S.S. hablar de mando único, si se lo ha dicho el señor Barrionuevo, si el señor Barrionuevo les dijo el otro día que si ustedes estaban
pensando en la creación de un mando único era mucho mejor que reflexionaran, que eso era una tontería, que eso ya existía, que eso se aplica y se aplica con eficacia? (El señor Mayoral Cortés: ¿A qué viene esto?) ¿O es que cree S.S. que los
importantes éxitos conseguidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra el terrorismo, en la lucha contra las nuevas formas de delincuencia vienen porque sí o porque existe una
estructura de coordinación? (Protestas.-La señora López i Chamosa: ¡Tiempo! Está rojo.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Gil Lázaro, su tiempo ha concluido.
El señor GIL LÁZARO: Me quedan 11 segundos. (Rumores.-Protestas.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): No, señor Gil Lázaro, son los que lleva consumidos de su turno. (Protestas.)
El señor GIL LÁZARO: Concluyo, señora presidenta, (Fuertes protestas.), diciendo: Hasta la próxima, señor Mayoral. (Aplausos.-Protestas.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Gil Lázaro. (El señor Alcaraz Masats pide la palabra.)
¿Señor Alcaraz?
El señor ALCARAZ MASATS: Señora presidenta, en función de lo que dice el artículo 71.1, que habla de alusiones. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Alcaraz, tiene la palabra por un minuto, dado el tiempo de intervención en las mociones.
El señor ALCARAZ MASATS: Señora presidenta, no intentaba contestarle en serio, aunque cuando el señor Gil Lázaro se pone el correaje es tremebundo. (Risas.-Aplausos.) Claro que, a partir de intervenciones como esta, hablar de que el
Partido Popular es de centro resulta realmente una ironía. (Una señora diputada: ¡Y reformista!) Ha hablado de Ibarretxe; por cierto, nosotros no apoyamos el plan Ibarretxe. (Rumores.) Dígale usted a A.U. -Alfredo Urdazi, pero ya sabe usted
CC.OO.-que por favor publique nuestra posición: estamos en contra, tenemos un texto alternativo. Ha ido usted desde Castro a las dachas del Báltico; señor Gil Lázaro, las dachas estaban en el Caspio, no en el Báltico. (Risas.-Un señor diputado:
Qué bien lo sabes.) Es un problema de geografía. Está usted un poco como Trillo, como un pollo sin cabeza. (Varios señores diputados: Ja, ja, ja.-Rumores.) Efectivamente, un pollo sin cabeza puede vivir hasta dieciocho meses, como se ha
demostrado en los Estados Unidos.
(Risas.) No murió porque le faltara el adminículo, sino porque se atragantó con un pedacito -iba a decir de galleta- de maíz.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Por tanto, señor Gil Lázaro, no ponga más en ridículo a su grupo parlamentario. (Aplausos.-Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Alcaraz. (El señor Gil Lázaro pide la palabra.)
Señor Gil Lázaro, muy brevemente. (Fuertes protestas.)
El señor GIL LÁZARO: Señora presidenta, hay un principio de reciprocidad en la aplicación del 71.1 (Protestas.); si no, el señor Alcaraz ha tenido un turno extra. (Fuertes protestas.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Gil Lázaro, no continúe hablando. (Continúan las protestas.)
El señor GIL LÁZARO: No, no, no. Señora presidenta...
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): ¡Señor Gil Lázaro, no continúe hablando, porque no se le oye! (Fuertes rumores.)
El señor GIL LÁZARO: No le oigo. (Continúan los rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Por eso, cállese, porque no se le oye.
Vamos a ver si conseguimos que su intervención sea audible y entonces dispondrá de un minuto para replicar al señor Alcaraz. (Protestas.)
El señor GIL LÁZARO: Mire usted, señor Alcaraz, yo creo sinceramente, lo cree este grupo parlamentario, lo cree una gran parte de la sociedad española, y yo lo lamento, lo lamenta este grupo parlamentario y lo lamenta una gran parte de la
sociedad española, que los únicos que se han puesto el correaje son ustedes para azotar, desde ese correaje y desde el apoyo al plan Ibarretxe, a una parte muy importante de la sociedad vasca.
(Aplausos.) Se han puesto ustedes el correaje pero, en
la mentalidad histórica de S.S., ustedes no se han quitado nunca el correaje aunque se les cayera el muro de Berlín.
Por lo demás, señor Alcaraz, cuando hablamos de cosas tan importantes como es la libertad y la seguridad de los ciudadanos, convendría que empleara el sentido común, aunque difícilmente lo podrá hacer (Protestas.) porque, por sus orígenes
históricos, sabe mucho de seguridad, pero sabe poco, muy poco, de libertad.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Gil Lázaro. (Aplausos.-Protestas.-La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, iniciamos la votación de la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, sobre medidas de política general para mejorar los sistemas de acceso y
tratamiento de la información policial por parte de las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los términos derivados del debate y con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 269; a favor, 267; en contra, uno; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas a tomar para reducir y limitar la precariedad, la temporalidad y la subcontratación en el empleo, que se somete a votación con la
incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 271; a favor, 103; en contra, 168.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el continuado, grave y reiterado incremento de la inseguridad ciudadana en España.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 271; a favor, 113; en contra, 158.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Eran las nueve y quince minutos de la noche.
Corrección de error.-En el 'Diario de Sesiones' número 289, correspondiente a la sesión plenaria del martes, 28 de octubre de 2003, en la intervención del ministro de Hacienda, señor Montoro Romero -página 15210, primera columna, línea 39-,
donde se dice que 'hoy trabajan en España 18.600.000 personas', el señor ministro quiso decir que 'hoy trabajan en España 16.800.000 personas'.