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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 286, de 15/10/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2003 VII Legislatura Núm. 286
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 273
celebrada el miércoles, 15 de octubre de 2003
ORDEN DEL DÍA: Preguntas ... (Página 15036)
Interpelaciones urgentes: ...
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el continuado, grave y reiterado incremento de la inseguridad ciudadana en España. (Número de expediente 172/000318.) ... (Página 15060)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas de política general que tiene previstas el Gobierno para mejorar los sistemas de acceso y tratamiento de la información policial por parte de las distintas Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad. (Número de expediente 172/000319.) ... (Página 15066)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas a tomar para reducir y limitar la precariedad, la temporalidad y la subcontratación en el empleo. (Número de expediente 172/000320.) ...
(Página
15071)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Preguntas ... (Página 15036)
Del Diputado don Pere Grau i Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al Excmo. Sr. Ministro de Fomento: ¿Cuáles son los términos de ejecución de las obras de desdoblamiento de la N-II en el tramo
Cervera-Santa María del Camí? (Número de expediente 180/002156.) ... (Página 15036)
Del Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Fomento: ¿Qué consecuencias materiales se derivan de la sentencia del Tribunal de las Comunidades
Europeas de Luxemburgo que exime del cumplimiento en Gibraltar de determinadas normas de transporte marítimo? (Número de expediente 180/002160.) ... (Página 15037)
De la Diputada doña María Amparo Ferrando Sendra, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Fomento: ¿Cuáles son las características de los concursos de hermanamiento, en materia de obras
públicas, de Polonia y Rumanía que han sido recientemente adjudicados al Ministerio de Fomento? (Número de expediente 180/002161.) ... (Página 15038)
De la Diputada doña María Teresa Costa Campi, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Fomento: ¿Qué opinión le merece al Vicepresidente 1.º el informe del Tribunal de Cuentas de Fiscalización del
cumplimiento de objetivos del Plan de Vivienda 1998-2001? (Número de expediente 180/002168.) ... (Página 15039)
Del Diputado don Isidro Fernández Rozada, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Educación, Cultura y Deporte: ¿Cuáles han sido las conclusiones de la Conferencia de Ministros Europeos de
Educación, celebrada en Berlín el pasado día 19 de septiembre? (Número de expediente 180/002163.) ... (Página 15040)
Del Diputado don José Ramón Calpe Saera, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Educación, Cultura y Deporte: ¿Qué principios recoge la Declaración firmada por los Ministros de Cultura de
España e Italia el pasado 31 de agosto, en Venecia, para potenciar la distribución de sus respectivas cinematografías? (Número de expediente 180/002164.) ... (Página 15041)
Del Diputado don Paulino Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿Qué medidas de apoyo a los productores canarios del sector agrícola piensa
impulsar el Gobierno de España, ante el principio de acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Marruecos, por medio del cual se garantiza la importación comunitaria de hasta 220.000 toneladas de tomates en los próximos cuatro años, libres de
aranceles? (Número de expediente 180/002151.) ... (Página 15042)
Del Diputado don Ramón Antonio Moreno Bustos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Medio Ambiente: ¿Cuál es el balance del año hidrológico que acaba de terminar en la cuenca del Ebro?
(Número de expediente 180/002158.) ... (Página 15043)
Del Diputado don Ángel Pintado Barbanoj, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Medio Ambiente: ¿Cuál es el compromiso del Gobierno con el Pacto del Agua de Aragón en los presupuestos del
2004? (Número de expediente 180/002159.) ...
(Página 15044)
Del Diputado don Francisco Antonio González Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro del Interior: ¿Cuál está siendo la evolución de repatriaciones de inmigrantes en situación irregular en
España? (Número de expediente 180/002162.) ...
(Página 15045)
De la Diputada doña Delia Blanco Terán, en sustitución del Diputado don José Quintana Viar, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro del Interior: ¿Qué va a hacer el Gobierno para impedir el incremento de los
delitos más graves denunciados por el Fiscal General del Estado en su última Memoria? (Número de expediente 180/002170.) ... (Página 15046)
Del Diputado don Jaime Lissavetzky Díez, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro del Interior: ¿Cuál ha sido la evolución de la inseguridad ciudadana en Madrid durante el año 2003? (Número de expediente
180/002171.) ... (Página 15047)
Del Diputado don Victorino Mayoral Cortes, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro del Interior: ¿Cómo piensa el Gobierno resolver la descoordinación existente en el desarrollo de sus funciones en los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado?. (Número de expediente 180/002172.) ... (Página 15048)
De la Diputada doña María José López González, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro del Interior: ¿Cómo puede justificar la condena de una persona inocente porque según usted tiene un 'perfil
delincuencial verosímil'? (Número de expediente 180/002173.) ...
(Página 15049)
Del Diputado don Jordi Pedret Grenzner, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro del Interior: ¿Por qué se opone el Ministro del Interior a la necesidad de dotar de un mando único a los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado?. (Número de expediente 180/002174.) ... (Página 15050)
Del Diputado don Gaspar Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Primero y Ministro de Economía: ¿Qué responsabilidades políticas asume el Gobierno en el permanente incremento
de la vivienda que le aleja de ser entendida como un derecho social? (Número de expediente 180/002155.) ... (Página 15052)
Del Diputado don Ángel Escuredo Franco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Primero y Ministro de Economía: ¿Cómo se está comportando el suministro eléctrico ante los incrementos de
demanda que se están registrando a lo largo del año? (Número de expediente 180/002157.) ... (Página 15053)
Del Diputado don Pablo Marcial Izquierdo Juárez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Primero y Ministro de Economía: ¿En qué medida está comprometida España con el desarrollo de los
países pobres? (Número de expediente 180/002165.) ...
(Página 15054)
Del Diputado don Jesús Caldera Sanchez-Capitán, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Primero y Ministro de Economía: ¿Ratifica el Vicepresidente Primero que existen responsabilidades políticas de su
Gobierno por los sucesivos incrementos del precio de la vivienda? (Número de expediente 180/002166.) ...
(Página 15055)
De la Diputada doña Rosa Peris Cervera, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Primero y Ministro de Economía: ¿Qué medidas piensa adoptar el Vicepresidente 1.º para hacer posible el acceso de los
ciudadanos a la vivienda, una vez reconocido por Vdon la responsabilidad política por su escandalosa subida de precios? (Número de expediente 180/002167.) ... (Página 15056)
De la Diputada doña Isabel Pozuelo Meño, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Primero y Ministro de Economía: ¿Qué piensa hacer el Gobierno para ayudar a las familias españolas sobreendeudadas como
consecuencia del escandaloso incremento del precio de la vivienda? (Número de expediente 180/002169.) ...
(Página 15058)
Del Diputado don Gerardo Torres Sahuquillo, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Primero y Ministro de Economía: ¿Considera el Vicepresidente Primero que ha sido responsabilidad del Gobierno que los
beneficios de las sucesivas rebajas de tipos de interés hayan ido a manos de promotores y especuladores en lugar de favorecer a los ciudadanos? (Número de expediente 180/002175.) ... (Página 15059)
Interpelaciones urgentes ... (Página 15060)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el continuado, grave y reiterado incremento de la inseguridad ciudadana en España ... (Página 15060)
El señor Mayoral Cortés presenta, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, la interpelación urgente sobre la inseguridad ciudadana que es, dice, una calamidad nacional que se ha ido agravado en los últimos tiempos. Achaca al Partido
Popular el haber alcanzado durante su mandato máximos que se pueden considerar históricos y añade que todos los planes de lucha contra la delincuencia que ha puesto en marcha el Partido Popular hasta la fecha han fracasado, incluido el PP-2000, que
fue el buque insignia de las pasadas elecciones, y que el actual es una incógnita que tendrá que despejar el señor ministro, aportando datos rigurosos. Afirma que el Gobierno cuando aborda esta cuestión o no asume responsabilidades o busca
culpables y su grupo considera que es necesario, cuando el reto de la criminalidad es tan fuerte, no solo proveer de medios, sino también dimensionar la escala de organización y mejorar aquellas cosas que en este momento no están funcionando, y pide
el mando único operativo, responsable de elaborar, ejecutar y supervisar un programa anual de actuación integrada de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la coordinación operativa cotidiana.
Contesta, en nombre del Gobierno, el señor ministro del Interior (Acebes Paniagua). Rechaza las acusaciones del señor interpelante y asegura que el señor Astarloa es el mejor secretario de Estado de Seguridad y da el perfil perfecto de
mando único, muchísimo mejor que el de los secretarios de Estado de Seguridad que tuvo el Partido Socialista. Afirma que los datos dados por el señor Mayoral y, sobre todo, las descalificaciones carecen del más mínimo rigor y que los que da el
ministerio son los verdaderos, pero como han mejorado respecto de los del año 2001 no los quieren creer. A continuación pasa a dar los datos sobre delincuencia con fecha de septiembre, por lo que, dice, no se le puede acusar de falta de celeridad
en traer a la Cámara los datos más recientes de los que dispone el Ministerio del Interior. Expone la política del Gobierno y se refiere al plan de lucha contra la delincuencia, al endurecimiento de las penas en el Código Penal, a las medidas
operativas y a planes específicos en materia de turismo, de violencia doméstica y narcotráfico, con resultados extraordinarios.
Replica el señor Mayoral Cortés, duplicando el señor ministro del Interior.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas de política general que tiene previstas el Gobierno para mejorar los sistemas de acceso y tratamiento de la información policial por parte de las distintas Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad ... (Página 15066)
El señor Jané i Guasch, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), presenta ante el Pleno de la Cámara una interpelación, dice, instrumentada, porque lo que persigue su grupo con este debate es llegar a una moción final
que permita a esta Cámara buscar un consenso sobre los interrogantes que se abrieron en el debate celebrado en la Comisión de Justicia e Interior en relación con el llamado caso King y las posibles reformas que, por parte de todos, se deducían de
ese debate.
Analiza los hechos ocurridos en relación con el caso King y el tratamiento dado de acuerdo con el artículo 22 de la Ley orgánica de protección de datos personales, y concluye que su grupo considera necesario emprender reformas para que
cuando una persona que está en España sea buscada por otro país por la comisión de un delito, ésta figure en una base de datos; por lo tanto, añade, habrá que buscar la fórmula y el consenso para que datos de naturaleza delictiva importante puedan
tener un tratamiento distinto.
Contesta el señor ministro del Interior (Acebes Paniagua), en nombre del Gobierno. Agradece el tono de la intervención y muestra su acuerdo con la mayoría de las cuestiones y afirmaciones planteadas, así como con las reflexiones suscitadas.
Comparte con el interpelante la afirmación de que una de las preocupaciones fundamentales de las sociedades modernas es la de establecer los mecanismos adecuados para garantizar la intimidad de las personas frente a cualquier intromisión ilegítima,
incluidas las que puedan venir desde los organismos públicos, pero es preciso conjugar estas limitaciones constitucionales y legales con las necesidades propias de la investigación criminal moderna. A continuación pasa a referirse concretamente al
caso King, al que ha aludido también el señor Jané. Está de acuerdo en que se abra un debate sobre el tema y ofrece la posibilidad de crear una base de datos de personas, potencialmente peligrosas para la seguridad pública, aunque no estuviesen
sometidas a una investigación concreta y aunque sus antecedentes penales estuvieran cancelados. Es una materia delicada, añade, en la que sería conveniente alcanzar un amplio consenso entre los grupos parlamentarios para que el ordenamiento
jurídico diera una respuesta adecuada a las nuevas formas de delincuencia, a las necesidades de cooperación internacional y a las organizaciones delictivas transnacionales y transfronterizas.
Replica el señor Jané i Guasch, duplicando el señor ministro del Interior.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas a tomar para reducir y limitar la precariedad, la temporalidad y la subcontratación en el empleo ... (Página 15071)
Presenta la interpelación urgente el señor Ruiz López, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Se refiere al gravísimo accidente producido recientemente en la refinería Puertollano que, opina, pone de manifiesto la
realidad laboral española. Manifiesta su solidaridad con los trabajadores subcontratados por considerar que la lucha que están llevando a cabo es justa y desea que el conflicto se resuelva lo antes posible con el cumplimiento de las
reivindicaciones de los trabajadores, y emplaza al Ministerio de Trabajo para que ponga de su parte todo lo que haya que poner. Gracias a la denuncia y presión continuada de los sindicatos, dice, se está avanzando en el cumplimiento de las
obligaciones empresariales en materia de prevención de los riesgos laborales, pero este progreso no dará unos resultados eficaces si no se dan pasos decididos en la lucha contra las causas últimas de la mayor siniestralidad laboral que se produce en
nuestro país. Se refiere a continuación a la subcontratación, a la temporalidad y a la calidad del empleo y no ve motivos para el triunfalismo del que hace gala el Ejecutivo; por el contrario su grupo opina que existe un mercado de trabajo con
acusada tendencia a la precariedad, de mala calidad y con escasas perspectivas de ofrecer una alternativa a los trabajadores en desempleo, siendo la subcontratación una de las principales causas de la excesiva temporalidad del empleo en España. Y
termina su intervención recordando que realizar las reformas necesarias para mejorar la calidad del empleo es la única forma de reducir los accidentes laborales.
Contesta en nombre del Gobierno el señor ministro de Ciencia y Tecnología (Costa Climent). Agradece al interpelante sus manifestaciones de solidaridad con los trabajadores que pudieran estar afectados de manera directa por las graves
consecuencias del accidente de Puertollano, y por supuesto con todos los trabajadores españoles, y afirma que ese es también el sentimiento manifestado por el Gobierno desde el primer momento, estando a la espera de la investigación que se está
llevando a cabo para sacar
las conclusiones oportunas. Sin embargo, considera que en el contexto de la interpelación se describe una realidad de la política económica y de la política de empleo que no existe en España, porque en España, a lo largo de los últimos
años, se ha invertido totalmente la tendencia desde el punto de vista del comportamiento del mercado de trabajo, creándose empleo estable y de calidad y cambiando una tendencia que se generó a mediados de los años ochenta y que tuvo su momento más
álgido en el año 1995, en el que la tasa de temporalidad en España se duplicó. En cuanto a la siniestralidad laboral, asegura que es sin duda una preocupación clara del Gobierno, como lo ha venido demostrando a lo largo de los ocho años en los que
ha tenido responsabilidades de gobierno, y considera que, desde el diálogo social y el consenso, se debe colaborar con otras administraciones públicas que también tienen responsabilidades, con el fin de mejorar las condiciones de trabajo de los
trabajadores españoles.
Replica el señor Ruiz López, duplicando el señor ministro de Ciencia y Tecnología.
Se suspende la sesión a las siete y cuarenta y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
PREGUNTAS:
- DEL DIPUTADO DON PERE GRAU I BULDÚ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿CUÁLES SON LOS TÉRMINOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE DESDOBLAMIENTO DE LA N-II EN EL TRAMO CERVERA-SANTA
MARÍA DEL CAMÍ? (Número de expediente 180/002156.)
La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
Punto V del orden del día: Preguntas. En primer lugar, las dirigidas al señor ministro de Fomento. Pregunta número 14 que formula el diputado don Pere Grau i Buldú.
El señor GRAU I BULDÚ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, recientemente se han publicado noticias en la prensa sobre la aceleración de las obras en el tramo Sant Pere dels Arquells hasta Santa María del Camí, como la tercera subfase del desdoblamiento de Cervera-Igualada. Mi
pregunta tiene dos objetivos, señor ministro, en primer lugar, conocer cuáles son las previsiones del ministerio para la finalización de las obras y de la puesta en servicio del nuevo tramo y, en segundo lugar, si se han variado y cómo las
características del proyecto. Por ello le formulo la pregunta como figura en el orden del día.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Grau.
Señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Álvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, las obras de este tramo se licitaron en 1999, por el sistema conocido como método alemán, se adjudicaron en 2001 a las empresas FCC y Ploder, por 113 millones de euros y un plazo de 30 meses, que habiendo empezado las obras en
julio de 2001 vencerían el 18 de enero de 2004. Con fecha 19 de diciembre de 2002 ya se abrieron al tráfico cinco kilómetros de los 22 y en la actualidad las obras del resto se encuentran a buen ritmo, trabajando a tres turnos, si bien con fecha 4
de julio de 2003 se autorizó la redacción de un proyecto modificado, impulsado por la necesidad de realizar algunos cambios en el proyecto inicial. Los más importantes son construir un tercer carril, modificar el sistema de drenajes, modificar la
ejecución de dos falsos túneles, pasos bajo la autovía, medidas de protección de desmontes, actualización del presupuesto de los servicios afectados y ejecución de una barrera rígida de hormigón en la mediana. Este proyecto supuso un adicional
económico de 13,9 millones de euros, es decir, el 12,23 por ciento, que de acuerdo con el reglamento de la Ley de contratos conlleva un aumento de cinco meses en el plazo de ejecución de la obra, por lo que la fecha contractual de terminación sería
hoy el 18 de julio de 2004. De todas las maneras, los trabajos de lo que queda por abrir marchan a buen ritmo, es previsible que se pueda abrir antes del plazo contractual, siempre que una serie de circunstancias como las meteorológicas ayuden a
que se mantenga el buen ritmo de la obra y pueda inaugurarse antes de la fecha límite. También quiero subrayar la importancia de su puesta en servicio por sumarse a las que en el año 2000 permitieron abrir la variante de Cervera y en 2001 el tramo
Santa María de Camí-Igualada, con lo que toda la N-II entre Lleida y Barcelona estaría ya como autovía al servicio de las necesidades del transporte en todo el territorio.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Grau.
El señor GRAU I BULDÚ: Muchas gracias, señor ministro, por sus explicaciones, que realmente no fueron conocidas por la prensa en su momento y que agradezco mucho que me facilite hoy. Reconozco con usted que es una obra muy importante,
porque en definitiva al fin en Cataluña tendremos dos capitales de provincia unidas por una autovía libre de peaje y por primera vez. Cuando usted puso la primera piedra de esta obra en Cervera se preveía la inauguración del tramo Cervera-Sant Pere
dels Arquells en seis meses y me sorprende que ahora usted informe que ha tenido una demora de seis meses más; después de la demora que tuvo ya esta inauguración porque se hizo un proyecto después de la adjudicación de la obra, vuelve a tener otros
cambios. Esto es sorpresivo, el ritmo del inicio de las obras fue fulgurante, los desmontes espectaculares y todo hacía prever que esta obra se inauguraría durante este año que estamos a punto de acabar. Usted manifestó personalmente que esperaba
inaugurarlo como ministro dentro de esta legislatura. Me sorprenden estos cambios y que se hayan producido prácticamente en la segunda mitad de la obra, casi al final; me habla de cambios en el mes de julio, cuando ya estábamos casi a un tercio
del plazo de entrega. Me sorprende también que se hayan eliminado falsos túneles por su impacto ambiental y supongo que habrán necesitado un nuevo estudio para respetar el medio ambiente. Por ello, señor ministro, le he realizado la pregunta y
manifiesto mi sorpresa de que seamos informados tan tarde del resultado o, al menos, de la variación de esta obra.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Grau.
Señor ministro, le quedan escasos segundos.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Álvarez-Cascos Fernández): Gracias, señora presidenta.
Señor diputado, la mayor parte de los cambios que se han introducido son para mejorar la funcionalidad de la vía. Supongo que S.S. no estará en discordancia con ello.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ IGNACIO LANDALUCE CALLEJA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿QUÉ CONSECUENCIAS MATERIALES SE DERIVAN DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
DE LUXEMBURGO QUE EXIME DEL CUMPLIMIENTO EN GIBRALTAR DE DETERMINADAS NORMAS DE TRANSPORTE MARÍTIMO? (Número de expediente 180/002160.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 18, que formula el diputado don José Ignacio Landaluce Calleja.
El señor LANDALUCE CALLEJA: Con la venia, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, es indiscutible la preocupación medioambiental de la población por los accidentes marinos de buques petroleros que han derramado importantes cantidades de hidrocarburos al mar con desastrosos efectos para el
ecosistema marino de las zonas afectadas. También es indiscutible que el Gobierno de España está concienciado, se preocupa y se ocupa de este tema. Tan es así que España, como muestra de su liderazgo en seguridad marítima, ha sido el primer país
de la Unión Europea que en cumplimiento del acuerdo del Consejo de Ministros de Transportes ha puesto en marcha la prohibición respecto de los petroleros de casco único, que transportan los hidrocarburos más contaminantes y persistentes. También el
Gobierno español ha encomendando a la Agencia Europea de Seguridad Marítima que preste una atención especial al estrecho de Gibraltar y a la bahía de Algeciras. Se acaba de cumplir un año del plan de vigilancia de dicha bahía, que puso en marcha el
ministerio que usted dirige, con unos resultados tremendamente satisfactorios y notables. Pues bien, el Gobierno sigue adoptando y haciendo cumplir medidas de seguridad en el transporte marítimo más rigurosas que nunca en nuestra historia y muy por
encima de los estándares internacionales actuales, pero a la bahía le afectan distintas legislaciones, también la gibraltareña, y hace unos días se ha conocido una sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas de Luxemburgo que exime del
cumplimiento en Gibraltar de determinadas normas del transporte marítimo. Es por lo que le pregunto, señor ministro, qué consecuencias se derivan de la mencionada sentencia.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Landaluce.
Señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Álvarez-Cascos Fernández): Gracias, señora presidenta.
Señor diputado, ninguna de las 14 directivas cuyo incumplimiento en Gibraltar no ha merecido la condena del Tribunal forma parte de los paquetes de seguridad marítima conocidos como Erika I y Erika II. Los argumentos del Tribunal no
conducen necesariamente a que las directivas sobre seguridad marítima tengan que considerarse también indisociablemente relacionadas con la libre circulación de mercancías, que es la razón por la cual no se aplican las otras 14, porque una cosa son
dichas mercancías y otra muy distinta el medio de transporte que se utilice para trasladarlas y los requisitos mínimos de seguridad para personas y bienes que
tales medios han de reunir en todo el ámbito comunitario y en función, incluso, de la peligrosidad misma que cada mercancía o categoría de mercancía pueda tener. Además, señorías, debe subrayarse, en coherencia lógica con lo anteriormente
argumentado, que el fundamento jurídico del derecho positivo comunitario en materia de seguridad marítima se encuentra en el artículo 80 del tratado constitutivo y no en los preceptos utilizados por la sentencia para rechazar en esta ocasión el
recurso interpuesto por la Comisión Europea y apoyado por España. Por ejemplo, una norma de tanta relevancia como el reglamento que prevé la retirada anticipada de los petroleros monocasco, ya aprobado por el Consejo y de inmediata publicación en
el Diario Oficial de la Comunidad Europea, será aplicable también al puerto de Gibraltar. España seguirá por tanto exigiendo que en todo el territorio de la Unión Europea se cumplan las normas de seguridad marítima con el mismo nivel de exigencia y
vigilancia en su cumplimiento que se ha logrado mediante el plan especial de vigilancia de la bahía de Algeciras, gracias al cual y tan sólo un año después de su entrada en vigor se ha conseguido una reducción del 33 por ciento de los episodios de
contaminación en dicha bahía; se ha mejorado la coordinación institucional, las infracciones han sido perseguidas y en su caso sancionadas con el máximo rigor y han desaparecido casi en su totalidad las prácticas fraudulentas en los equipos de
prevención a bordo de dichos buques. Desde septiembre de 2002 a 2003 los datos de buques inspeccionados, avisos a navegantes y operaciones de vigilancia y control son la mejor prueba del funcionamiento de este plan especial para la bahía de
Algeciras.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA AMPARO FERRANDO SENDRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL MINISTRO DE FOMENTO: ¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONCURSOS DE HERMANAMIENTO, EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS, DE
POLONIA Y RUMANIA QUE HAN SIDO RECIENTEMENTE ADJUDICADOS AL MINISTERIO DE FOMENTO? (Número de expediente 180/002161.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 19, que formula la diputada doña María Amparo Ferrando Sendra.
La señora FERRANDO SENDRA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, la incorporación de nuevos Estados miembros a la Unión Europea está comportando que se creen escenarios donde los diversos países de la Unión van a poder actuar desarrollando políticas más beneficiosas en materia de
obras públicas. España adquiere cada vez mayores compromisos en la Unión Europea y una mayor apertura de mercados para nuestro país. En materia de infraestructuras, el nivel de ejecución en el conjunto de las obras que realiza el ministerio en
estos momentos es alto, sobre todo gracias a la capacidad técnica de los que proyectan, de los que dirigen y de los que construyen. Posiblemente, nuestro modelo en materia de obras y de sistemas de provisión de infraestructuras coloca a nuestro
país a la cabeza de los países de la Unión Europea en esta materia. A ello también tenemos que añadir el nuevo marco legal, con la aprobación de la reciente Ley de regulación del contrato de concesión de obra pública, todo lo cual ha hecho que
España alcance un gran nivel en materia de obras en Europa. El pasado mes de septiembre se rubricó un concurso de hermanamiento entre Polonia y España, con la finalidad de que el Ministerio de Fomento español preste asistencia técnica al Ministerio
de Infraestructuras de Polonia, sobre todo para gestionar fondos europeos en materia de infraestructuras. Ha existido también un acuerdo de idéntica finalidad con Rumania. Para España supone un gran prestigio haber sido adjudicataria de los
concursos de hermanamiento y posiblemente se deba a estas dos razones que he mencionado: nuestro modelo de sistema de infraestructuras y el nuevo marco legal. Por ello, señor ministro, siendo un tema novedoso los concursos de hermanamiento, le
hago la pregunta que figura en el orden del día y que viene referida a las características de los mismos en materia de obras públicas.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ferrando.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Álvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señora presidenta.
Señora diputada, en el ámbito de la colaboración con los países candidatos en su proceso de integración europea, la Unión desarrolla programas de apoyo técnico y de formación en diferentes áreas y, como S.S. acaba de señalar, el Ministerio
de Fomento de España ha resultado adjudicatario de dos concursos de proyectos de hermanamiento -twining,en la denominación inglesa- para colaborar con los ministerios de Infraestructuras de Polonia y de Rumania. El objeto de estos hermanamientos es
colaborar en la elaboración de un plan de infraestructuras de transporte en estos países -en proceso de homologación sus infraestructuras con las de sus socios comunitarios- y en la eficiente gestión de los fondos europeos, todo ello a través de
programas de asistencia técnica, asesoría y formación de niveles directivos de las administraciones de Rumania y Polonia. El convenio con Rumania tiene un presupuesto
de millón y medio de euros para un periodo de un año, ampliable a medio año más, y está previsto el inicio de sus actividades a partir del próximo mes de enero. Por su parte, el de Polonia asciende a 2,4 millones de euros para un periodo de
dos años y está previsto su inicio en junio de 2004.
Que el Ministerio de Fomento español, en competencia con países como Francia, Alemania, Italia u Holanda, que optaban también a ellos, haya resultado adjudicatario es evidentemente por algunas de las razones que ha subrayado su señoría.
Disponemos de un sistema de provisión de infraestructuras flexible y eficaz, con fórmulas de financiación privadas que comprenden la presupuestaria y la no presupuestaria, así como la privada de concesiones y la mixta con sociedades estatales,
consorcios y concesiones, que es un sistema que está permitiendo desarrollar un plan de infraestructuras muy ambicioso, probablemente el más ambicioso de Europa y que la Unión Europea elige hoy como modelo para exportar a los países para la
ampliación. Gracias a este sistema de provisión de infraestructuras, el Grupo Fomento dispone de la primera unidad europea gestora de fondos estructurales y de cohesión de toda la Unión, que ha sido capaz de absorber en el periodo 1994-1999 el cien
por cien de los fondos europeos; le hablo del último periodo cerrado y continuamos en el actual. Además, quiero subrayar la importancia de estos convenios porque van a permitir exportar el modelo concesional de nuestra Ley de concesiones y van a
dar una ventaja competitiva a nuestros grupos empresariales, que han manifestado el deseo de participar en la construcción de infraestructuras en estos países.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA TERESA COSTA CAMPI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿QUÉ OPINIÓN LE MERECE AL VICEPRESIDENTE PRIMERO EL INFORME DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE FISCALIZACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL PLAN DE VIVIENDA 1998-2001? (Número de expediente 180/002168.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 26, que formula la diputada doña María Teresa Costa Campi.
La señora COSTA CAMPI: Señor ministro, el Gobierno debe impedir que la vivienda se transforme en un mercado alternativo al financiero, función que usted concede a este sector en unas declaraciones que han debido molestar al señor Rato, al
pasarle a usted mi pregunta acerca de su opinión respecto al demoledor informe del Tribunal de Cuentas sobre su plan de vivienda.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Costa.
Señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Álvarez-Cascos Fernández): Sí, señora diputada, es tan demoledor el informe que el ministro de Fomento está totalmente de acuerdo con lo que indica el Tribunal de Cuentas en el mismo. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señorías, guarden silencio.
Señora Costa.
La señora COSTA CAMPI: Usted está de acuerdo en que su Gobierno ha creado unas condiciones que ayudan a la burbuja inmobiliaria. La escalada de precios les ha regalado ingresos fiscales añadidos, a los que ustedes han respondido minorando
sus gastos en vivienda protegida. Han reducido objetivos y presupuesto en vivienda, eliminando ayudas por más de 1.100 millones de euros; sólo el 5 por ciento de las viviendas que se construyen son de protección oficial, frente al 22 por ciento
del periodo socialista. Su promesa de ayudar a 300.000 familias ha quedado en 40.000.
Además, ¿cómo puede explicar que tan poco presupuesto le permita renunciar a su total ejecución? ¿Por qué no han promocionado la vivienda de alquiler, cuando
España está en el noveno lugar en la ayuda al alquiler en vivienda y sobre ello les advierte el Tribunal de Cuentas? Poco y muy mal, señor ministro. Establecer las ayudas en función de un diferencial de los tipos de interés cuando al ir estos a la
baja es el período de amortización la variable relevante en la deuda hipotecaria es otro gran disparate. No han sabido llegar a acuerdos con el sector. No se ha llegado a reunir ni una sola vez con la comisión estatal de seguimiento del plan y
sólo en cinco ocasiones han reunido la comisión conjunta con las comunidades autónomas, sin cuya colaboración es imposible hacer nada. Con este panorama es insólito que sitúe en los mercados financieros el problema de la vivienda. El Tribunal de
Cuentas les señala a ustedes, a los diferentes gobiernos del Partido Popular, en los que usted, señor Cascos, siempre ha ocupado una cartera. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Costa.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Álvarez-Cascos Fernández): Gracias, señora presidenta.
Al preparar la contestación a esta pregunta tenía la impresión de que S.S.
no había leído el informe del Tribunal
de Cuentas y su respuesta me lo acaba de confirmar. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Álvarez-Cascos Fernández): En primer lugar, porque el alto Tribunal llega a la misma conclusión que llegó el Gobierno cuando puso en marcha el Plan de vivienda 2002-2005 y es que había que modificar
sustancialmente las previsiones del anterior. Yo voy a citar literalmente al Tribunal de Cuentas, S.S. no lo ha hecho ni una sola vez, ni una sola vez ha citado al Tribunal de Cuentas, yo sí lo voy a citar.
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Álvarez-Cascos Fernández): Yo sí lo voy a citar: precisamente para corregir -cito- la pérdida de rentabilidad para los promotores privados en comparación con la vivienda libre y el encarecimiento y escasez de
suelo. El Plan de vivienda 2002-2005 en su primer año ha superado el 104 por ciento de sus objetivos. Segundo, el Tribunal de Cuentas aconseja -se lo explico para que lo entienda bien, citándolo literalmente- la actualización de los precios
máximos de la vivienda protegida para que la haga más atractiva a los promotores -fin de la cita-. El vigente plan de vivienda permite a las comunidades autónomas elevar hasta un 56 por ciento el precio básico nacional.
Tercero, el Tribunal
recomienda la ampliación de la vivienda protegida en régimen de alquiler. En el plan de vivienda no sólo hemos potenciado la compra de vivienda, sino que también hemos adoptado medidas para favorecer el régimen de alquiler en el propio plan y con
deducciones fiscales. Cuarto, el Tribunal de Cuentas, reconociendo -y cito- que el Estado tiene competencias muy limitadas -escuche, señoría- tanto en materia de vivienda en general como de suelo, considera urgente un gran pacto sobre el suelo
entre todas las administraciones para frenar su precio. El Ministerio de Fomento propuso este pacto el pasado mes de enero, y ya está en marcha con medidas concretas, pacto que suscribieron todas las comunidades autónomas, menos las gobernadas por
el Partido Socialista. Como usted no se conoce el informe, ahora que lo conoce, invite a las comunidades gobernadas por el Partido Socialista a cumplir las recomendaciones del Tribunal de Cuentas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON ISIDRO FERNÁNDEZ ROZADA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿CUÁLES HAN SIDO LAS CONCLUSIONES DE LA CONFERENCIA DE MINISTROS EUROPEOS DE EDUCACIÓN,
CELEBRADA EN BERLÍN EL PASADO DÍA 19 DE SEPTIEMBRE? (Número de expediente 180/002163.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Educación, Cultura y Deporte. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio.
En primer lugar, la pregunta número 21, que formula el diputado don Isidro Fernández Rozada.
El señor FERNÁNDEZ ROZADA: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, el pasado 19 de septiembre tuvo lugar en Berlín la Conferencia de ministros europeos de Educación a la que asistió nuestra ministra de Educación, Cultura y Deporte. En la misma se han analizado los importantes avances que
se han logrado hasta el momento en la construcción del espacio europeo de educación superior; espacio europeo de educación superior que, como SS.SS. saben, se inició con la declaración conjunta realizada por los ministros europeos de Educación en
Bolonia, el 19 de junio de 1999 y que fue suscrita por 29 Estados.
Nuestra ministra ha declarado públicamente, y son conocidas sus aseveraciones, que desde la perspectiva de España, el desarrollo del proceso de Bolonia constituye una de las
prioridades de nuestra política universitaria. Por ello, señora ministra, quiero preguntarle cuáles han sido las conclusiones de la Conferencia de ministros europeos de Educación celebrada en Berlín el pasado 19 de septiembre.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Gracias, señora presidenta.
Señoría, en primer lugar quisiera señalar que, tras la Conferencia de Berlín, el proceso de Bolonia pasa a estar integrado por cuarenta miembros, ya que se ha aprobado el ingreso de siete nuevos países. La incorporación de estos nuevos
países, así como la implicación de todos ellos en importantes reformas de sus sistemas universitarios nacionales y la colaboración, por otro lado, de la Unión Europea muestran que estamos ante una situación de fortaleza y de vigencia absoluta del
proceso de Bolonia. La contribución española a la Conferencia de Berlín se centró principalmente en dos ámbitos derivados en los dos casos de la presidencia española de la Unión Europea, por un lado, la incorporación de los estudios de doctorado a
los temas de
debate en el proceso de Bolonia y, por otro, la participación en la conferencia de países ajenos al espacio europeo de educación superior, con la asistencia de invitados de diferentes países, entre otros México y Brasil. Asimismo la
delegación española participó activamente en las reuniones de la conferencia con representación en los cuatros grupos de trabajo relativos a las cuestiones centrales del proceso, como son la movilidad y acreditación de la calidad, los estudios de
doctorado y la movilidad, el grado y mercado laboral y los títulos conjuntos. También se acordó específicamente trabajar en tres ámbitos hasta el año 2005, primero, acreditación y evaluación de la calidad para reforzar el sistema universitario;
segundo, generalización del sistema universitario organizado en dos ciclos principales, grado y posgrado, y, por último, la conveniencia de facilitar el reconocimiento de títulos y periodos de estudios.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministra.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ RAMÓN CALPE SAERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿QUÉ PRINCIPIOS RECOGE LA DECLARACIÓN FIRMADA POR LOS MINISTROS DE CULTURA DE
ESPAÑA E ITALIA EL PASADO 31 DE AGOSTO, EN VENECIA, PARA POTENCIAR LA DISTRIBUCIÓN DE SUS RESPECTIVAS CINEMATOGRAFÍAS? (Número de expediente 180/002164.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 22, que formula el diputado don José Ramón Calpe Saera.
El señor CALPE SAERA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora ministra, desde que usted tomó posesión de su cargo, no se puede negar que ha tratado de impulsar el sector cinematográfico y audiovisual y una buena prueba de ello es que el primer proyecto de ley que su ministerio remitió a esta
Cámara fue precisamente el de promoción de la cinematografía y el sector audiovisual. Precisamente en la exposición de motivos de esa ley se considera la creación en este campo como parte destacada de la cultura y con una importancia decisiva en el
mantenimiento de la diversidad cultural y se dice que el cine presenta en la sociedad actual una dimensión de primera magnitud, no sólo como patrimonio, también como proyección de nuestro país en el exterior, como expresión de su personalidad, de
sus historias, formando parte de la identidad viva de un país. En su discurso de presentación del proyecto de ley en esta Cámara, con ocasión del debate de totalidad, usted añadió que, aparte de la importancia cultural, había que valorar también la
importancia económica y la creación de empleo de la industria audiovisual. Con todo ello se justifica sobradamente que las administraciones públicas apoyen al sector para facilitar la dura competencia que sostiene con las producciones
norteamericanas, situación que es común a los países de la Unión Europea y, por tanto, también a Italia, a quien me refiero en esta pregunta.
Si repasamos la cartelera de hoy en Madrid, nos encontramos con la sorpresa de que sólo podemos ver dos producciones italianas, una en la Filmoteca Nacional, otra en una sala con versión original subtitulada y además de un clásico del año
1962, Mamma Roma, de Pasolini, y siendo un poco generosos podríamos añadir una tercera, que es una coproducción francoitaliana, que también podemos ver en versión original subtitulada y contrastando con una situación de hace años, pero que algunos
recordamos perfectamente, en que los directores, los títulos italianos, incluso los compositores de bandas sonoras o los estudios de Cinecittá eran sobradamente conocidos en España y ejercían una notable influencia en nuestra cultura. El pasado 31
de agosto usted asistía en Venecia a un seminario, con los ministros de Cultura y de lo Audiovisual de la Unión Europea, en el que trataban de analizar el papel de la codistribución y de las nuevas tecnología como apoyo al cine europeo.
Aprovechando su estancia en ese seminario, firmó usted con don Giuliano Urbani -el ministro italiano- una declaración en la que expresaban la necesidad de impulsar la industria audiovisual europea, especialmente en el ámbito de la distribución como
fórmula de cooperación entre ambos países. Tengo que felicitarle por esta iniciativa, que espero que contribuya a que los italianos conozcan mejor nuestro cine.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Calpe.
Señora ministra, tiene la palabra a los efectos de dar respuesta a la pregunta que figura en el orden del día.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Gracias, señora presidenta.
Señoría, empezando por sus últimas palabra, estoy segura de que así será, que los italianos van a conocer nuestro cine mejor. Paso ahora a explicar en qué consisten los acuerdos de esta declaración que firmé, junto con el ministro italiano
de Cultura, en Venecia. La declaración pone de relieve la necesidad de impulsar la codistribución de las producciones cinematográficas, como nueva fórmula de cooperación entre España e Italia, para llevar a cabo lo cual se adoptan los siguientes
acuerdos. En primer lugar, los dos ministerios se comprometen a promover las medidas necesarias para que la distribución recíproca de las películas nacionales sea efectiva. En segundo lugar, las películas deberán ser de
alta calidad y seleccionadas teniendo en cuenta el carácter de las dos cinematografías nacionales, con el fin de representar la variedad y diversidad cultural de los dos países. En tercer lugar, estas medidas podrán ser estructuradas de
manera distinta, tanto en Italia como en España, para responder así a la diversidad de los respectivos sistemas de apoyo a la distribución y de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias de ambos países. Asímismo se expresa la disposición de
los dos ministerios para promover una mayor presencia de las películas italianas en festivales y manifestaciones celebrados en España en los que el Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales sea parte activa, así como para facilitar
encuentros entre profesionales de los países firmantes que contribuyan a un mayor conocimiento y a una colaboración más estrecha entre ambos. Igualmente, el ministerio español, considerando que las películas constituyen una parte muy relevante del
patrimonio cultural, artístico y documental, manifiesta su disposición a colaborar, a través de la Filmoteca Española, en la preservación y restauración del cine de ambos países. Por último, el ministerio italiano ofrece su apoyo a las películas
españolas a través de las actividades desarrolladas por el propio ministerio con los instrumentos a su disposición, como el Istituto Luce y los circuitos de propiedad pública, para promover con ello la distribución y promoción del cine español en
Italia, de manera que -como afirmaba usted al final de su intervención- se conozca mejor nuestro cine allí y el suyo aquí.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON PAULINO RIVERO BAUTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN: ¿QUÉ MEDIDAS DE APOYO A LOS PRODUCTORES CANARIOS DEL SECTOR AGRÍCOLA PIENSA IMPULSAR
EL GOBIERNO DE ESPAÑA, ANTE EL PRINCIPIO DE ACUERDO ALCANZADO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y MARRUECOS, POR MEDIO DEL CUAL SE GARANTIZA LA IMPORTACIÓN COMUNITARIA DE HASTA 220.000 TONELADAS DE TOMATES EN LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS, LIBRES DE ARANCELES?
(Número de expediente 180/002151.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida el señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, la número 10, que formula el diputado don Paulino Rivero Baute.
El señor RIVERO BAUTE: Señor ministro, hace unos días, el comisario europeo de Agricultura anunciaba un acuerdo entre los negociadores comunitarios y los marroquíes en el sentido de elevar a 220.000 toneladas los envíos de tomate de este
último país a la Unión Europea, con el consiguiente perjuicio para el sector en Canarias. ¿Qué medidas piensa impulsar el Gobierno, señor ministro, para compensar a los productores canarios del sector?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rivero.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias Cañete): Muchas gracias, señora presidenta.
El Gobierno hará una valoración del acuerdo que se alcance entre la Unión Europea y Marruecos cuando se conozcan los términos definitivos del mismo, es decir, cuando concluya el proceso negociador en el que todavía nos encontramos. Por otra
parte, quiero destacar que en la Unión Europea no se prevén medidas de apoyo o compensaciones a los productores comunitarios por razón de la conclusión de acuerdos con terceros países.
Cualquier apoyo o compensación que se conceda tiene que estar
basado en la normativa comunitaria y ser compatible con la misma para no ser considerado como una ayuda de Estado.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, el sector del tomate representa en Canarias una superficie cultivada de alrededor de 3.000 hectáreas. Da empleo directo a 20.000 personas e indirecto a otras 30.000. A las dificultades que se anuncian, de acuerdo con el
incremento del cupo de Marruecos, hay que añadir las que ha tenido que superar el sector con las dos últimas cosechas debidas fundamentalmente a dos enfermedades: el llamado virus de la cuchara y la clavibacteria, que han afectado a casi el 35 por
ciento de la producción canaria.
Entendemos que hay vías para apoyar al sector en Canarias, señor ministro, a través de incrementos de las ayudas al transporte. Es muy urgente que, de acuerdo con el real decreto en vigor, se llegue a incrementar la ayuda al transporte de
mercancías de este sector hasta que alcance el 33 por ciento previsto por dicho real decreto; ayudas que en este momento están limitadas al 29 por ciento. En una segunda fase, habría que proceder a la modificación del real decreto para que las
ayudas al transporte que prevén las normas comunitarias puedan alcanzar hasta el 50 por ciento. En ese sentido, Coalición Canaria, señor ministro, en el caso de que de
hecho no se plantee este incremento presentará la enmienda correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado, tendente a alcanzar el 33 por ciento, y las iniciativas parlamentarias para la modificación de ese real decreto hasta
alcanzar el 50 por ciento que prevé la normativa comunitaria.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rivero.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias Cañete): Muchas gracias, presidenta.
Los acuerdos con Marruecos no han causado perjuicio a las exportaciones de tomate con origen en España. En el año 1995 España exportaba 705.000 toneladas y se le concedieron 150.000 a Marruecos; en el año 2000 España exportaba 812.000
toneladas y se le concedieron a Marruecos 168.000 y en el año 2002 exportamos 856.000 toneladas. Es decir, nuestras exportaciones han crecido, desde que ha habido acuerdos con Marruecos en 156.000 toneladas y el valor de las mismas en 268 millones
de euros. Esta es una realidad. En el caso de que hubiera perjuicios, tiene razón el señor diputado, con Canarias hay dos mecanismos de actuación. Por una parte, el Poseican, que contempla el tomate, si bien no en igualdad con el resto de las
frutas y hortalizas, porque en frutas y hortalizas tenemos un 10 por ciento del valor de la producción y en el tomate apenas llega al 1 por ciento aunque cubre 300.000 toneladas, pero sería posible actuar en el marco del Poseican, si hubiera unos
perjuicios que en la evolución de exportaciones no se han detectado. Es verdad que hay una normativa que regula el transporte bien hasta la península Ibérica o bien hasta los centros de distribución de la Unión Europea. Sin embargo, habrá que
analizar, en primer lugar, si hay perjuicios porque la evolución hasta el momento demuestra que los acuerdos con Marruecos han generado un mayor incremento de las exportaciones españolas y no un perjuicio de las mismas ni en tonelaje ni en euros.
Sí es cierto, por el contrario, que en las islas Canarias ha habido incidencias de plagas que han afectado al tomate gravemente. Afortunadamente se ha podido establecer un seguro colectivo del tomate, que en la pasada campaña lo hemos indemnizado
en 23 millones de euros, en la campaña anterior en 8 millones de euros y las subvenciones que se han aportado a estas pólizas han superado los 5 millones de euros en los dos últimos años. El Gobierno tiene una especial sensibilidad con los
productores de tomates de las islas Canarias por la importancia social de este cultivo y, si hubiera perjuicios, analizaríamos el contexto de la normativa que permite apoyar el transporte.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias señor ministro.
- DEL DIPUTADO, DON RAMÓN ANTONIO MORENO BUSTOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MNISTRA DE MEDIO AMBIENTE: ¿CUÁL ES EL BALANCE DEL AÑO HIDROLÓGICO QUE ACABA DE TERMINAR EN LA CUENCA DEL EBRO?
(Número de expediente 180/002158.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Medio Ambiente. En primer lugar, la número 16 que formula el diputado don Ramón Moreno Bustos.
El señor MORENO BUSTOS: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra de Medio Ambiente, las interpretaciones, y más en el tema que me preocupa, suelen ser siempre o casi siempre subjetivas y contradictorias. Es verdad que no hay nada más objetivo que los datos o las cifras que por muy frías
son incontestables. En un tema tan manido como el agua los datos y sólo estos pueden acercarnos a la realidad de un hecho que aclare, por una parte, y descubra por otra, la falsedad de quienes en un tema tan importante como éste prefieren seguir
jugando con el enfrentamiento y la confusión. Como decía, toda planificación hidráulica necesita conocer los datos de aportación hidrológica del ámbito que se mide. El destino de los recursos que discurren por nuestros ríos viene condicionado por
las aportaciones que con carácter anual efectúan los mismos. En este sentido, los embalses juegan un papel fundamental tanto en el almacenamiento del agua, que con irregularidad aportan los ríos de la cuenca del Ebro, como en su función de
laminación de avenidas que evitan en la medida de lo posible las inundaciones. Por otra parte, en la confección de cualquier documento de planificación hidráulica juega un papel fundamental el estudio y análisis de las series históricas que
determinan a futuro las infraestructuras necesarias para un aprovechamiento sostenible de los sistemas. En el caso que nos ocupa, el río Ebro, conocemos que las aportaciones del mismo son una variable irregular que en ocasiones condicionan la
explotación del mismo. Por eso, partiendo de una premisa irrefutable como son los datos y en ese deseo de conocerlos, le formulo la siguiente pregunta: ¿Cuál es el balance del año hidrológico que acaba de terminar en la cuenca del Ebro?
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Moreno.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Rodríguez Herrer): Señora presidenta, señoría, coincido con usted en que debemos basarnos en datos, en cifras ciertas, para poder sacar conclusiones, y para realizar el balance del año hidrológico en la
cuenca del Ebro y comprender su realidad debemos extendernos a lo que ha sido el balance hidrológico en todo el territorio. Este año que acaba de terminar el 30 de septiembre ha sido razonablemente bueno, aunque llovió casi un 9 por ciento menos
que en la media de las series largas que nosotros usamos, que son los últimos setenta años. La lluvia cayó una vez más en los embalses de la vertiente atlántica, sobre todo en los de Galicia, País Vasco, cuenca del norte y Cataluña, Guadalquivir y
Ebro. No ocurrió lo mismo en los ríos de la vertiente mediterránea, las cuencas del Júcar, el Segura y el sur fueron nuevamente las que menos aportaciones de agua recibieron, es decir, que un año más se demuestra que estamos ante una España húmeda
y una España seca, y lo digo con datos, lo digo con realidades, lo digo con hechos tangibles que entienden los ciudadanos españoles vivan donde vivan.
En la cuenca del Ebro la aportación media en el último año superó los 18.300 hectómetros cúbicos, los embalses de la cuenca terminaron el año con 506 hectómetros cúbicos más de agua almacenada que el año anterior, gracias, entre otros
factores, a la buena gestión. El consumo de los usuarios de la cuenca, de los campos y las ciudades del Ebro rondó los 5.500 hectómetros cúbicos. Además se reiteró la necesidad de regulación de la cuenca, la necesidad de las obras del pacto del
agua de Aragón, ya que durante el pasado período hidrológico se registraron cuatro grandes avenidas con puntas superiores a los 1.000 metros cúbicos por segundo.
Durante este período hidrológico el Ebro vertió al mar 12.305 hectómetros cúbicos. Si
a esto le restáramos los 1.000 hectómetros cúbicos previstos en el trasvase del bajo Ebro, se hubieran seguido vertiendo al mar más de 11.000 hectómetros. Mientras tanto, la cuenca del Júcar terminó el año al 24 por ciento de su capacidad y la del
Segura con apenas el 8 por ciento.
A buen entendedor, señoría, sobran las palabras, y los datos que no falten. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON ÁNGEL PINTADO BARBANOJ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: ¿CUÁL ES EL COMPROMISO DEL GOBIERNO CON EL PACTO DEL AGUA DE ARAGÓN EN LOS PRESUPUESTOS DEL 2004?
(Número de expediente 180/002159.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 17, que formula el diputado don Ángel Pintado Barbanoj.
El señor PINTADO BARBANOJ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora ministra, en 1992 los aragoneses nos dimos la mano para tratar de solucionar definitivamente los problemas que de una forma secular afectaban en materia del agua a Aragón, algunos incluso, entre los que yo me encuentro, ingenuamente
pensamos que de esta forma habíamos cerrado una batalla que duraba ya varias décadas y que hacía imposible la viabilidad en cuanto a marcar los objetivos que los aragoneses necesitábamos para solucionar los problemas del agua. En ese año nació el
pacto del agua, pacto del agua que hemos reiterado en distintas ocasiones que es más que un mero catálogo de obras, pacto del agua que a nuestro juicio encarna a la perfección la nueva cultura del agua en tanto en cuanto prevé no solamente los
planes de restitución, sino un reequilibrio territorial sobre la base de la riqueza del agua, un desarrollo sostenible y también, como una cuestión fundamental, el hecho de la no inundación de municipios.
En esto, como aragoneses, nos tenemos que sentir pioneros, en el sentido de que propiciamos la variación incluso del modelo legislativo español, en cuanto a la reforma de la Ley de Aguas, para que los planes de restitución fueran un objetivo
prioritario de la propia Ley de Aguas, objetivo que el Gobierno de la nación ha cumplido con creces, y ponemos el caso de varias obras ejecutadas en estos momentos en Aragón en las que todavía no se ha empezado la obra como tal de regulación y en
cambio va con muy buen avance el plan de restitución. El Plan Hidrológico Nacional sancionó definitivamente el pacto del agua de Aragón, elevándolo a rango de ley, con lo cual tiene las suficientes garantías para su ejecución.
El Ministerio de Medio Ambiente en estos últimos años ha ido más allá del espíritu y de la letra del pacto del agua incluso al firmar con cuarenta y dos ayuntamientos de los municipios del Pirineo aragonés importantes ayudas para trabajar y
para solucionar problemas, problemas que, como ya dije en su día, son del ámbito competencial del Gobierno de la comunidad autónoma, hoy en manos del Partido Socialista y del Partido Aragonés.
Para todo esto, siendo importante, hace falta una voluntad política, y esa voluntad política, como usted bien sabe, señora ministra, se manifiesta en los Presupuestos Generales del Estado, presupuestos que si mantienen el mismo ritmo
inversor de los últimos años serán muy importantes para que el pacto del agua sea una realidad. En este sentido le formulo la pregunta que figura en el orden del día.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pintado.
Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Rodríguez Herrer): Señora presidenta, señoría, los Presupuestos Generales del Estado destinan el próximo año para el denominado pacto del agua de Aragón más de 377 millones de euros. Además, como usted
decía, señoría, el ministerio tiene en Aragón más inversiones que no están en el pacto del agua, ascendiendo el total a más de 433,5 millones de euros. Aragón es la segunda comunidad autónoma en inversión del Ministerio de Medio Ambiente, después
de Andalucía.
En estos presupuestos aparecen obras tan importantes como los embalses de Mularroya, La Fresnada-Torre del Compte, Biscarrúes, Montearagón o la continuación de los trabajos para el recrecimiento de Yesa. También el embalse de Lechago, del
que puse la primera piedra al comienzo de mi responsabilidad como ministra de Medio Ambiente. Asimismo, hemos previsto actuaciones de menor cuantía, pero de importante calado social que, como usted se refería, son los abastecimientos en los
municipios del Pirineo aragonés o los planes de restitución territorial, como el del valle del Ésera.
Desde que se firmó aquel histórico acuerdo entre todas las fuerzas políticas de Aragón hasta la actualidad, hemos puesto en marcha más del 45 por ciento de las inversiones previstas en el pacto cuando en el año 1996, es decir, cuatro años
después de haberse firmado, tan sólo se había puesto en marcha el 6 por ciento de las inversiones previstas. Como decía, fue el Plan Hidrológico Nacional el que le otorgó en 2001 la absoluta garantía legal. Señoría, esta es la situación. El pacto
del agua de Aragón requiere un volumen anual de agua de 6.550 hectómetros cúbicos, de los que aún están pendientes de obras 3.600 hectómetros cúbicos para atender las demandas de los aragoneses; es decir, y de una forma más gráfica, el pacto del
agua garantiza para Aragón la cantidad equivalente a más de seis veces el trasvase del bajo Ebro previsto en el Plan Hidrológico Nacional. Esto tiene que ser explicado en Aragón, señoría. El pacto del agua marcó unas directrices de la política
hidráulica que en aquel entonces firmaron todas las fuerzas políticas aragonesas, y que hoy el Gobierno asume y sigue manteniendo como demuestra el compromiso presupuestario del año 2004.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON FRANCISCO ANTONIO GONZÁLEZ PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INTERIOR: ¿CUAL ESTA SIENDO LA EVOLUCIÓN DE REPATRIACIONES DE INMIGRANTES EN SITUACIÓN IRREGULAR EN
ESPAÑA? (Número de expediente 180/002162.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro del Interior.
En primer lugar, la número 20 que formula el diputado don Francisco González Pérez.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, una de las prioridades del Ministerio del Interior es fortalecer el papel de la inmigración legal y ordenada, de tal forma que se posibilite a estas personas que quieran venir a nuestro país a trabajar, como vía de desarrollo
personal, profesional, social, etcétera.
No se le escapa al señor ministro que, como diputado por Ceuta, represento a una ciudad que vive intensamente toda la problemática relacionada con la inmigración en nuestro país. Para conseguir este
objetivo, no es menos cierto que el Gobierno lucha seriamente contra la inmigración ilegal, que tampoco debemos olvidar que está promovida por mafias que se aprovechan de estas personas, explotándolas y poniendo en la mayoría de las ocasiones en
riesgo sus propias vidas, como hemos podido ver casi todos los días desgraciadamente a través de los medios de comunicación. Se devuelve a todas estas personas que utilizan métodos y vías ilegales para llegar a nuestro país que, además, perjudican
notablemente al inmigrante legal. Una de las partidas presupuestarias que destaca en el presupuesto de la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración del año 2003, tanto como en el 2004, son los gastos del transporte para la
reintegración de extranjeros que han entrado de forma irregular en España a sus países de origen. Por todo ello, señor ministro, le pregunto: ¿Cuál está siendo la evolución de repatriaciones de inmigrantes en situación irregular en España?
Muchas gracias, señora presidenta, muchas gracias, señor ministro.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González. Señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Paniagua): Gracias, señora presidenta.
Señor diputado, como bien decía, España se ha convertido en los últimos años en un país de acogida de inmigrantes, una sociedad abierta a la llegada de trabajadores extranjeros. Al mismo tiempo, y como eje básico de nuestra política,
queremos que esa inmigración sea legal, ordenada y controlada en beneficio de los propios inmigrantes y del conjunto de la sociedad. Para ello el Gobierno ha emprendido una serie de medidas entre las que puedo destacar la modificación del marco
normativo, con las modificaciones llevadas a cabo en la Ley de extranjería que en estos momentos se encuentra
en tramitación. También la intensificación de los acuerdos y del diálogo con países que son de origen o tránsito de la inmigración para facilitar la devolución de los ilegales que salen de su territorio, o la creación de unidades
específicas para luchar contra la inmigración clandestina.
Estas unidades han llevado a cabo la desarticulación de 500 organizaciones en lo que va de año, para darnos cuenta de la dimensión del problema que afrontamos.
Como resultado de estas medidas, y el aumento de la presión migratoria ilegal, entre los años 1998 y 2003 se ha producido un incremento considerable y continuado en cuanto al número de extranjeros repatriados por razón de su situación
irregular en España, pasando a ser estas cifras de los 32.294 repatriados durante el año 1998 a 45.544 en el 2001, 77.713 en el 2002 y 71.212 en el 2003, a fecha 6 de octubre. También estamos ampliando y abriendo nuevos centros de internamiento,
que son absolutamente imprescindibles para la detención y puesta a disposición de la autoridad judicial de los extranjeros objeto de un expediente de expulsión, y para que la resolución judicial pueda ser realmente efectiva. Este año incrementamos
en un 69 por ciento el presupuesto para estos centros. Además, es absolutamente imprescindible que los países de origen y de tránsito de la inmigración clandestina, como Marruecos, controlen sus fronteras exteriores, porque una vez que salen de los
países de origen o de tránsito la única solución es la devolución, como hoy mismo se ha producido.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA DELTA BLANCO TERÁN, EN SUSTITUCIÓN DE DON JOSÉ QUINTANA VIAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿QUÉ VA A HACER EL GOBIERNO PARA IMPEDIR EL INCREMENTO DE LOS DELITOS MÁS
GRAVES DENUNCIADOS POR EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO EN SU ÚLTIMA MEMORIA? (Número de expediente 180/002170.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 28, que formula la diputada doña Delia Blanco Terán.
La señora BLANCO TERÁN: Gracias, presidenta.
Señor ministro, ¿qué va a hacer el Gobierno para impedir el incremento de los delitos más graves denunciados por el fiscal general del Estado en su última memoria?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Blanco.
Señor ministro de Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Paniagua): Gracias, presidenta.
Señoría, qué va a hacer y qué está haciendo el Gobierno. Aplicar todas las medidas previstas en el Plan de lucha contra la delincuencia: más policías y con más medio, reformas legislativas para que las penas sean proporcionales a la
gravedad de los delitos y la cooperación entre las Administraciones. Esto ha comenzado a dar buenos resultados y vamos a insistir en estas medidas.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señora Blanco.
La señora BLANCO TERÁN: Gracias, presidenta.
Señor ministro, ¿qué es lo que ha empezado a dar resultados? Porque según la fiscalía general del Estado y la propia policía se han incrementado los delitos más graves, los delitos de verdad que se cometen contra las personas -homicidios,
asesinatos- en un 7 por ciento; sólo los delitos menores han disminuido un 3 por ciento. Ya le hemos oído esta mañana por todas las televisiones y las radios anunciando cómo habían disminuido los delitos en general. Pues bien, han disminuido los
delitos leves, las faltas, un 3 por ciento; los graves se han incrementado en un 7 por ciento y los delitos contra la libertad sexual se han incrementado un 29 por ciento. Son datos de la fiscalía y de la propia policía. En Madrid, 90 personas
han perdido la vida de forma violenta, 15 más que en el año 2002, y en sólo diez meses, ministro. Ustedes han elaborado seis planes de lucha contra la delincuencia en siete años de Gobierno y todos ellos se han demostrado un fracaso.
Mi grupo parlamentario lleva muchísimo tiempo recordándoles que ustedes promueven reformas legislativas muy apresuradas; han disminuido las dotaciones de miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado; hay descoordinación policial; han
desmantelado los grupos de investigación; no han creado grupos de análisis de nuevas formas de delincuencia, de lucha contra las mafias organizadas. Ustedes han privatizado en gran parte la seguridad de todos los españoles, en esa frase ya
histórica de que quien quiera seguridad que se la pague, señor ministro. Eso lo dijeron ustedes, pero ustedes no gobiernan sólo para los que tienen recursos y pueden pagarse la seguridad, ustedes gobiernan para todos los españoles, también para los
que no les han votado, para los que nos les vamos a votar nunca. ¿Le parece injustificado el reproche de que es absolutamente insuficiente la lucha contra las mafias organizadas? Pues lo es, es insuficiente, y además usted sabe que nos asiste la
razón, les guste o no escucharle. Somos conscientes, ministro, de que es muy difícil sostener la razón cuando el Gobierno se equivoca, porque su maquinaria mediática es imponente. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Blanco.
Tiene la palabra el señor ministro de Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Paniagua): Por lo de la maquinaria mediática, si hoy he salido en las televisiones y en las radios ha sido contestando a una pregunta de su grupo parlamentario. Es pintoresca esta forma de hacer
oposición. Ustedes me citan, voy al Senado, contesto, y ahora critica que les haya contestado. La verdad es que el asunto es pintoresco. (Aplausos.)
La verdad de los datos. Es verdad que en 2001 la delincuencia creció en España. El ritmo de crecimiento se estabilizó en 2002. Según las diligencias a las que hace referencia S.S., que son de 2002, la Fiscalía general del Estado establece
que el crecimiento es el 0,69 por ciento respecto al año anterior y este año está descendiendo. Entre los meses de enero y septiembre, ya le puedo facilitar datos nuevos a fecha 30 de septiembre, los delitos, no las faltas, señoría, es al revés de
lo que usted dice, han disminuido 7,69 por ciento. Lo que se han incrementado son las faltas. Por eso, el número total de infracciones penales ha disminuido un 2,58 por ciento, pero lo que han disminuido son los delitos.
Somos nosotros los que estamos incrementando el número de policías y de guardias civiles. Este año se han incorporado ya 1.923 nuevos policías y 2.280 nuevos guardias civiles. El próximo se incorporarán 3.000 miembros más al Cuerpo
Nacional de Policía y 2.280 nuevos guardias civiles. En los tres años siguientes, 20.000 nuevos policías y guardias civiles. El proyecto de presupuestos del Ministerio del Interior es el que más crece de todos los ministerios, un 8,6 por ciento.
Es decir, más policías con más medios, más recursos y reformas legislativas adecuadas, a las que, por cierto, SS.SS. están votando en contra, para endurecer las penas para los criminales y expulsar de España a los delincuentes extranjeros que
vienen a delinquir a España. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JAIME LISSAVETZKY DÍEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿CUAL HA SIDO LA EVOLUCIÓN DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN MADRID DURANTE EL AÑO 2003? (Número de expediente
180/002171.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 29, que formula el diputado don Jaime Lissavetzky Díez.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, la inseguridad ciudadana es el principal problema de los madrileños, según las encuestas realizadas. Los datos de los juzgados de Madrid muestran que en el primer semestre de este año 2003 se han incrementado los delitos
contra las personas en relación al segundo semestre de 2002. Además, los juicios rápidos no funcionan adecuadamente y se frustran en un gran porcentaje. Ante esta situación, ¿qué opinión le merece, señor ministro, la evolución negativa de la
inseguridad ciudadana en Madrid?
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Lissavetzky. Tiene la palabra el señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Paniagua): Entre los meses de enero y septiembre de 2003, de nuevo a fecha 30 de septiembre, en la Comunidad Autónoma de Madrid el número de delitos ha descendido en un 1,21 por ciento. Se ha
incrementado el número de muertes violentas. En 2003, ha habido 83. En 2002, hubo 66. En 2001, hubo 95. La eficacia policial ha mejorado. El 98 por ciento de los homicidios y asesinatos ya están esclarecidos, el 90 por ciento de los delitos de
lesiones y malos tratos y el 97,5 de los delitos de tráfico de drogas.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro. Señor Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Gracias, señora presidenta.
Ministro, salga usted del florido pensil en que se encuentra. Usted es incapaz de reconocer la situación. ¿O es que no es cierto que en el primer semestre han aumentado los robos con violencia, 108 al día, diez más que en el semestre
anterior? ¿Los robos con fuerza, 225 al día, 25 más que en el semestre anterior? ¿Los hurtos, 401 al día, frente a 386 de antes? Una media, aquí en Madrid, de más de 700 delitos cada día, uno cada dos minutos, aproximadamente. ¿Le parece a usted
que esto es mejorar la seguridad ciudadana en Madrid?
Usted, señor Acebes, también es ineficaz porque sigue aumentando la inseguridad y usted es incapaz de corregirlo, por ejemplo, con los juicios rápidos. ¿Sabe usted que en Madrid se frustran el 41 por ciento de los juicios rápidos por falta
de medios, jueces, peritos, testigos? ¿Sabe usted en qué condiciones están los juzgados? Por citarle dos ejemplos, Arganda o Alcalá de Henares con una ratio de un juez por 28.000 habitantes cuando la media de España es un juez por cada 11.000
habitantes? ¿Sabe usted, señor ministro, es consciente de que la Unidad de Intervención Policial (UIP) tiene el 40 por ciento de la plantilla sin cubrir y que en Madrid aproximadamente de las 900 plazas convocadas sólo se han cubierto 200 y ha
habido 400 traslados? Esa es la situación de Madrid y, con esta proyección, tendríamos que llegar al año 2009 para estar en la
misma situación que el año 1996. Hay alarma social, hay a veces miedo porque han aumentado los delitos contra las personas en un 7,1 por ciento, y hay insolidaridad porque se potencia la seguridad privada y hay menos seguridad pública.
Señor ministro, cumpla con su obligación, tome medidas y tómelas ya, se lo agradecerán los ciudadanos porque la seguridad es un derecho y no un privilegio.
Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Lissavetzky.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Paniagua): En algún momento deberían cambiar el discurso de la seguridad privada, que está basado en la nada, ustedes lo repiten de manera permanente y no lo justifican, exactamente igual que los datos
que ha facilitado su señoría. Le he dicho la verdad, están disminuyendo en Madrid los delitos y se han incrementado las muertes violentas. Es que es la verdad, es lo que es. (Rumores.)
Como lo importante es qué medidas estamos adoptando, le tengo que decir que hemos incrementado 1.000 miembros del Cuerpo Nacional de Policía este año en Madrid y lo vamos a seguir haciendo. Por cierto, es completamente distinto de lo que
ustedes hicieron, que años como 1988 no convocaron ni una sola plaza de policías y ahora sufrimos las consecuencias.
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Paniagua): Como nos preocupa, y tomamos medidas, el incremento de los homicidios perpetrados en Madrid, hemos procedido a crear un nuevo grupo operativo de investigación de homicidios que ha venido a
sumarse a los tres que ya estaban en funcionamiento. Este cuarto grupo está integrado por catorce funcionarios de distintas categorías, más ocho agregados de distintas especialidades.
Este grupo está dedicado a la persecución de la delincuencia
organizada, que no tiene como fin inmediato la muerte violenta en sí, sino que los integrantes del grupo se dedican a la perpetración de otras actividades delictivas, y que por motivos de rivalidad o ajustes de cuentas, dan muerte a otros, que, por
cierto, son la mayoria de las muertes violentas que se producen.
También estamos potenciando los tres grupos de investigación de homicidios ya existentes, porque frente a las nuevas formas de delincuencia organizada que están ocurriendo en todas las ciudades de Europa, es absolutamente imprescindible
potenciar y dotar de más medios personales y materiales a la investigación policial, y un plan de lucha contra la delincuencia extranjera, para el que nos servirán las nuevas medidas legislativas. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON VICTORINO MAYORAL CORTÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿ CÓMO PIENSA RESOLVER EL GOBIERNO LA DESCOORDINACIÓN EXISTENTE EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES EN LOS CUERPOS Y
FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO? (Número de expediente 180/002172.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 30, del diputado don Victorino Mayoral Cortés.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señor ministro, una pregunta que se hace gran parte de la opinión pública en este momento: ¿Cómo piensa resolver el Gobierno el problema de la descoordinación existente entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mayoral. Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Paniagua): La coordinación cada vez es mejor y trabajamos cada día para que así sea con medidas concretas.
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.
Señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Totalmente decepcionante, señor ministro, porque no es cierto. El caso King ha venido a demostrar, señor ministro, las nefastas consecuencias de la falta de coordinación existente entre el Cuerpo Nacional de
Policía y la Guardia Civil: duplicidad de investigaciones, que han existido en este caso, bases de datos duplicadas, competitividad en lo que se refiere a la actuación de los cuerpos y, finalmente, no compartir recursos que son y debieran ser
comunes. De esta manera se está esterilizando una gran parte de los recursos, de los medios personales y de los medios instrumentales que tienen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Nosotros pensamos, señor ministro, que frente al reto que
significa el incremento de la criminalidad es preciso reaccionar a la altura del problema que tenemos y S.S. está demostrando con su contestación que no tiene reacción ninguna, que es el inmovilismo el único credo que le inspira.
Por eso planteamos, señor ministro, soluciones organizativas a la escala del problema que tenemos, y uno de los problemas que tenemos es la falta de coordinación, que resta eficacia a las Fuerzas y Cuerpos de
seguridad del Estado. Por eso exigimos y proclamaremos la necesidad de que se cree un mando único, eso es lo que nosotros estamos pidiendo, señor ministro, y no otra cosa. Un mando único que no existe, ¿o es que cree usted que existe el
mando único? (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señor Ministro, creo que el secretario de Estado de Seguridad no es mando único y si fuera mando único, ¿a qué se dedica? ¿Por qué existe esa descoordinación si es el mando único?
En consecuencia, señor ministro, proponemos que se haga esta reforma, que se cree el mando único como instrumento de lucha contra la inseguridad ciudadana. Pensamos que la solución no es simplificar, como dijo usted recientemente en Ávila.
Cree usted el instrumento que consideramos necesario, déjese de simplificaciones y no considere que el inmovilismo le va a conducir a ninguna solución ni a ningún efecto positivo...
(Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mayoral.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Paniagua): Gracias, señora presidenta.
Trabajamos cada día para mejorar la coordinación potenciando bases de datos comunes de acceso directo y compartido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, contamos ya con el servicio automático de identificación dactilar, el servicio de
identificación balística, el sistema de registro de investigaciones en materia de drogas y hemos terminado de implantar el sistema único de radiocomunicaciones digitales para la policía y la Guardia Civil. Se lo recuerdo para el conjunto de los
ciudadanos porque sé que a usted esto le importa muy poco.
Con la excusa de la coordinación han dicho en la prensa: El PSOE quiere fusionar la policía y la Guardia Civil para evitar casos King. Pues bien, ahora para lograr ese objetivo, que es la fusión de la policía y de la Guardia Civil y, por
tanto, que desaparezcan los dos cuerpos, también le hace falta al Partido Socialista una base de datos conjuntos que le permita coordinar lo que van a hacer. Lo más llamativo de todo es la confusión del Partido Socialista en una materia tan grave.
Dicen que quieren unificar, pero no saben cómo. Hoy leemos: Simancas aboga por una sola policía uniformada en las calles, la Policía local, que reforzada tenga competencias y capacidad de actuación como Policía judicial. Todo el mundo sabe que la
Policía judicial hoy es la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía. Pues bien, el señor Simancas acaba de proponer que esas competencias desaparezcan y las tenga la Policía local y que ellos se queden reservados sólo para asuntos de
terrorismo, asesinatos y narcotráfico a gran escala.
Por si esto fuese poco, a continuación, es decir, hoy mismo, un destacado presidente autonómico no opina igual. Dice: Tiene que haber una Policía local, una autonómica y nacional unificada, dependiendo del alcalde o del presidente de la
comunidad para delitos menores, para seguridad ciudadana y que luego haya una Policía federal nacional para grandes delitos. Esto sí que es hacer aportaciones a la confusión reinante que ha generado el Partido Socialista, que tiene un objetivo:
que desaparezcan la Policía Nacional y la Guardia Civil, pero no saben cómo. (Aplausos.-Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR ¿CÓMO PUEDE JUSTIFICAR LA CONDENA DE UNA PERSONA INOCENTE PORQUE SEGÚN USTED TIENE UN 'PERFIL DELINCUENCIAL
VEROSÍMIL'? (Número de expediente 180/002173.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 31, que formula la diputada doña María José López González.
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Aterrados estamos, señor ministro, desde su comparecencia en esta Cámara, cuando usted afirmó que Dolores Vázquez reunía el perfil delincuencial más verosímil. ¿Cómo puede un ministro en un país democrático instalarse en la presunción de
sospecha en vez de hacerlo en la presunción de inocencia?
Por eso le pregunto, ¿cómo puede usted justificar la condena de una persona inocente porque según usted tiene un perfil delincuencial verosímil? (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora López.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Paniagua): Señoría, nunca he justificado la condena de una persona inocente. Jamás. (Rumores.-El señor Caldera Sánchez-Capitan: ¿Cómo que no? ¡Qué cara!-El señor Gil Lázaro: ¡Para cara la suya!.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora López.
Señorías, guarden silencio. Señor Gil Lázaro, guarde silencio.
Adelante, señora López.
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Señor ministro... (Rumores.-El señor Gil Lázaro pronuncia palabras que no se perciben.)
La señora PRESIDENTA: Señor Gil Lázaro, guarde silencio.
Señora López.
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Señor ministro, la magnitud de esa afirmación es de tal irresponsabilidad que tiene usted que explicarla. ¿Va a significar eso que a partir de este momento las instrucciones en política criminal en el ministerio
van a ser para buscar delincuentes por perfiles de sospecha? ¿Eso significa que por razones de raza buscamos negros? ¿Qué por razones de nacionalidad buscamos extranjeros? (Rumores.-El señor Revuelta Méndez pronuncia palabras que no se perciben.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
Señor Revuelta.
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: ¿Qué por razones de religión buscamos islámicos? ¿Qué por razones de inclinación sexual buscamos homosexuales?
Señor ministro, usted sabe que no se puede condenar a nadie sin pruebas irrefutables y a Dolores Vázquez se le condenó. Está claro que hubo errores en la investigación, en la acusación, en el proceso y en la sentencia; se le condenó por
presunciones y porque un informe psicológico decía que era fría, firme, distante y lesbiana. ¡Vamos, que era la prima hermana de la ama de llaves de Rebeca!. Según usted, delincuencia verosímil. Esta afirmación es la primera vez que un ministro
democrático la hace, pero es tan grave que yo le exijo que rectifique. ¿Qué pasa, señor ministro, que esta afirmación que usted ha hecho es porque hay tablas en el ministerio? ¿Y una de esas tablas es que sea mujer? ¿Que sea fría? ¿Que sea
distante? ¿Que sea lesbiana? Señor ministro, esto tenía solución. Era mucho más fácil asumir la presunción de inocencia, la coordinación de las fuerzas de seguridad y los recursos en investigación.
Lope de Vega explicaba esto muy fácilmente:
pecar, hacer penitencia y volver a empezar. El único problema es que usted no está dispuesto a volver a empezar y a hacer penitencia. ¿Sabe usted cuál es su perfil? (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora López.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Paniagua): Señoría, yo no he dicho nada de toda la intervención que S.S. ha pronunciado en este Parlamento.
(Rumores.-El señor Mayoral Cortés pronuncia palabras que no se perciben.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio. Señor Mayoral, guarde silencio.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Paniagua): He explicado, con carácter general, cuál es la línea de investigación que siguen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en España y en cualquier otro lugar. Para llevar una línea de
investigación tienen que hacer un perfil del delincuente -y ahí me he quedado- para poner a disposición del fiscal y del juez indicios y pruebas. Esa es la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Está usted olvidando que quien acusa es el
fiscal, no son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; quien imputa es un juez, no son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; quien procesa es un juez, no las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; y quien condena es un tribunal del jurado, no las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad. (La señora Fernández de la Vega Sanz pronuncia palabras que no se perciben.)
La señora PRESIDENTA: Señora Fernández de la Vega.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Paniagua): En España y en cualquier otro lugar del mundo, con acierto o con error, ponen a disposición del juez indicios y pruebas. Ahí es donde esta la línea de investigación y el perfil
delincuencial a que hace referencia S.S. y que yo manifesté en mi comparecencia en este Congreso de los Diputados. (La señora Rodríguez Díaz pronuncia palabras que no se perciben.)
La señora PRESIDENTA: Señora Rodríguez.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Paniagua): Y no es más que un intento de manipulación para politizar y sacar ventaja partidista de una desgracia. (Aplausos.-Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JORDI PEDRET GRENZNER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿POR QUÉ SE OPONE EL MINISTRO DEL INTERIOR A LA NECESIDAD DE DOTAR DE UN MANDO ÚNICO A LOS CUERPOS Y FUERZAS DE
SEGURIDAD DEL ESTADO? (Número de expediente 180/002174.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 32, que formula el diputado don Jordi Pedret.
EL señor PEDRET I GRENZNER: Quiero formular al señor ministro del Interior una pregunta en la que quizá no sea muy experto en la respuesta, porque
hemos visto que realmente es experto en la definición de perfiles delincuenciales verosímiles; definición a la que asistí yo en segunda fila en aquella ocasión en la Comisión de Justicia e Interior y que por más que niegue, está en el
'Diario de Sesiones'. Como de esto sí que sabe -de lo que no sabe demasiado es de coordinación del Gobierno- y de la respuesta que ha dado a la pregunta del diputado señor Mayoral queda claro que no sabe cómo coordinar los Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, le formulo la pregunta que consta en el orden del día, es decir, ¿por qué se opone usted a la existencia de un mando único?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pedret.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Paniagua): Lo que he dicho siempre es que no sé qué proponen y, por tanto, a lo mejor esta intervención y esta pregunta nos sirven para algo. Ese mando único que ustedes proponen, ¿qué es: un mando
político o un mando funcionarial, es decir, profesional? (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Paniagua): Una vez que me aclare esto, le diré cuál es mi opinión.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Muchas gracias, señora presidenta.
Le aseguro a usted, señor ministro, que no tendré ningún inconveniente en contestar a todas sus preguntas en cuanto usted me controle o nos controle a nosotros desde la oposición. (Rumores.-Aplausos.) En este momento le toca a usted
contestar, le toca a usted -que simplemente acusa, hace befa y mofa de manifestaciones de políticos de nuestro partido- decir por qué usted, miembro del Gobierno, no sabe que el día 7 de octubre se publica el dictamen de la Comisión del proyecto de
ley de medidas para la modificación del Gobierno local, en el que -y supongo que en esta Comisión, como en las otras tiene mayoría el Grupo Popular- se aprueba el establecimiento de una disposición adicional novena sobre policías locales, que dice
textualmente: Se potenciará la participación de los cuerpos de Policía local en el mantenimiento de la seguridad ciudadana como policía de proximidad, así como en el ejercicio de las funciones de Policía judicial, a cuyos efectos por el Gobierno de
la nación se promoverán las actuaciones necesarias para la elaboración de la norma que defina y concrete el ámbito material de dicha participación.
Señor ministro, si usted -que no es el responsable de coordinar, sino que lo es el hoy ausente
presidente del Gobierno- no conoce siquiera lo que hace su Gobierno y su grupo parlamentario, difícilmente puede coordinar.
Vaya al mando único. Defienda, como es su obligación, la seguridad de todos los ciudadanos y deje de atacar a la oposición.
Lo que debe hacer es gobernar, no lo otro.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pedret.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Paniagua): Señoría, es usted quien me ha preguntado mi opinión sobre una propuesta suya en la que no saben lo que quieren proponer. (Protestas.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Paniagua): Lo que acaba de leer no es incompatible con la confusión que ha generado el señor Simancas esta mañana. Aboga por una sola policía uniformada en la calle. ¿Saben ustedes lo que acaba de
proponer? Que desaparezca el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. (Protestas.-Varios señores diputados: ¡Venga, hombre!.-Las señoras Blanco Terán y Gallizo Llamas pronuncias palabras que no se perciben.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
Señora Blanco, señora Gallizo, guarden silencio.
Un momento, señor ministro. (Continúan los rumores.-El señor Hernando Fraile pronuncia palabras que no se perciben.)
Señorías, guarden silencio. Señor Hernando, guarde silencio también.
Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Paniagua): Yo comprendo que les siente mal que haya declaraciones de este tipo porque a estas alturas no saben qué hacer con la seguridad ni con el modelo policial, pero insisto en que el señor
Simancas -para que lo conozcan los madrileños y el resto de los españoles- aboga por una sola policía uniformada en las calles: la Policía local. Por tanto, tienen que desaparecer como policía uniformada la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de
Policía, que es exactamente lo mismo que ustedes vienen proponiendo desde hace días. (Protestas.) Bien es verdad que hoy el presidente de una destacada comunidad autónoma ha dicho que no, que no es la Policía local; que es la Policía local, más
Policía autonómica y eso sí, la Policía nacional, una Policía federal. No saben qué hacer. Tienen una confusión total en un tema fundamental como es la
seguridad de los españoles que afecta a sus derechos y libertades fundamentales. (Rumores.) Cuando ustedes tuvieron responsabilidades en la seguridad generaron un problema de unas dimensiones que hoy sufrimos.
(Protestas.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Paniagua): Y si algún día tienen la responsabilidad de volver a gobernar será un caos para la seguridad.
(Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON GASPAR LLAMAZARES TRIGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA: ¿QUÉ RESPONSABILIDADES POLÍTICAS ASUME EL GOBIERNO EN EL PERMANENTE
INCREMENTO DE LA VIVIENDA QUE LE ALEJA DE SER ENTENDIDA COMO UN DERECHO SOCIAL? (Número de expediente 180/002155.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía.
En primer lugar, la número 13 que formula el diputado don Gaspar Llamazares Trigo.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor vicepresidente del Gobierno, usted acaba de decir que el Gobierno asume su responsabilidad en la carestía de la vivienda. No sabemos muy bien quién la va a asumir, si usted o si el candidato señor Rajoy.
¿Quién va a asumir esa responsabilidad? Nos parece evidente que, al cabo de ocho años, tienen ya responsabilidad. Usted mismo dijo que en España se solucionaría el problema de la vivienda, por una parte liberalizando el suelo y, por otra,
disminuyendo la intervención pública en la vivienda. ¿Cuál ha sido el resultado? Especulación del suelo, 600.000 viviendas están retenidas en Madrid por parte de los especuladores y el difícil acceso a la vivienda por buena parte de los ciudadanos
que no tienen suficiente dinero para comprar hoy una vivienda o que hipotecan la mitad de su salario para acceder a ella.
Si ese es el resultado de su política de vivienda no me extraña que asuma la responsabilidad, pero yo me pregunto quién va a
asumir esa responsabilidad, señor vicepresidente.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora presidenta; gracias, señor diputado.
Indudablemente, el Gobierno asume las responsabilidades que le son propias, según sus competencias. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor vicepresidente, no sé si S.S. recuerda estas frases, que no son del programa electoral de Izquierda Unida ni del de EA: 'Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
Los poderes públicos promoverán las condiciones regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación'. ¿Sabe usted lo que hacen? Se pasan la pelota en materia de responsabilidades políticas: el
ministro de Fomento al vicepresidente del Gobierno, el vicepresidente del Gobierno al presidente del Banco de España, pero luego, en relación con qué hacer para cambiar esa política de vivienda, se empecinan en el error. El incremento del gasto en
vivienda pública en los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año está por debajo del crecimiento de la economía y de la inflación, es decir, disminuyen el gasto en vivienda pública para solucionar el grave problema de la vivienda
pública. Si esto no fuera suficiente, trasladan la oficina de Romero de Tejada a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y al Ministerio de Defensa, la oficina de especuladores que ahora van a intentar privatizar desde el propio
Gobierno y vender 40.000 inmuebles y van a convertir al Ministerio de Defensa en el gran especulador del Gobierno. Señor vicepresidente del Gobierno, ustedes no están al servicio de los ciudadanos, ustedes están al servicio de los especuladores y
de los inversores inmobiliarios.
(Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora presidenta.
Señor diputado, para hablar de datos, en primer lugar, sería muy interesante conocer, dentro de las responsabilidades políticas de cada uno, cuándo va a asumir responsabilidades políticas su partido sobre las políticas que gestiona su
partido en los municipios en los que está y en las viviendas de protección oficial. Sería muy interesante, pero en cualquier caso, mi obligación es darle a S.S. respuesta sobre las que nos compete a nosotros. Tiene razón en que el precio de la
vivienda se ha incrementado desde el año 1996 en un 80 por ciento, pero en lo que no tiene razón -se lo tengo que decir con toda claridad- es en que haya menos ciudadanos que acceden a la vivienda, porque los datos son muy claros. En el
censo del año 1991, el 78,3 de las familias españolas eran propietarias. (El señor Llamazares Trigo pronuncia palabras que no se perciben.) A S.S. no le importa nada, ya lo sé, pero al resto de la humanidad sí que le importan los datos, es una
cuestión de tener un mínimo de seriedad intelectual. En el censo del año 2001, el 81 por ciento de las familias españolas vivían en vivienda de propiedad, por tanto, estamos hablando de que no hay una limitación del acceso a la vivienda, sino al
contrario. El parque total de viviendas en España está cerca de los 21 millones de viviendas, frente a los 17 millones de vivienda que había en su momento y ninguno de los datos indica que el porcentaje del número de viviendas vacías haya aumentado
sobre el que había hace 10 años.
El Plan Nacional de Vivienda, que se ha ejecutado por encima del cien por cien en el año anterior y en estos momentos está ejecutándose a un ritmo muy importante en este año, indica lo mismo que el año anterior, que no es menor sino mayor
que los que se hacían -desde el punto de vista de viviendas iniciadas- entre los años 1990-1995 y 1996-2002. Es un plan que sin duda S.S. no quiere conocer, pero que además de dedicar 3.380 millones de euros a la vivienda protegida, es decir, un
32 por ciento más que el anterior, introduce conceptos totalmente novedosos, como es ayudar a los jóvenes exclusivamente por su edad, dar ayudas a la entrada y además dar ayudas a personas que tengan salarios que no superen el 1,5 del salario mínimo
interprofesional. S.S. hace bien en plantear este debate de responsabilidades, pero sería bueno que algún día Izquierda Unida aceptara alguna de las suyas. Nosotros aceptamos las nuestras, tanto las que van bien como las que van mal, y acabo de
explicarle a su señoría... (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
- DEL DIPUTADO DON ÁNGEL ESCUDERO FRANCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA: ¿CÓMO SE ESTÁ COMPORTANDO EL SUMINISTRO ELÉCTRICO ANTE LOS
INCREMENTOS DE DEMANDA QUE SE ESTÁN REGISTRANDO A LO LARGO DEL AÑO? (Número de expediente 180/002157.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 15, que formula el diputado, don Ángel Escuredo Franco.
El señor ESCUREDO FRANCO: Gracias, señora presidenta.
Señor vicepresidente, señorías, como ustedes saben el mercado de producción de energía eléctrica se engloba en el conjunto de los mecanismos que permiten conciliar la libre competencia en la generación de energía con la experiencia de
disponer de un suministro que cumpla con los criterios de seguridad y calidad requeridos. El mapa de agentes que intervienen en el sistema eléctrico español está compuesto básicamente por generadores, productores en régimen especial,
transportistas, distribuidores, comercializadores, consumidores cualificados y consumidores no cualificados. Como es lógico suponer, la energía la producen y la entregan los generadores a la red de transporte en las cantidades y en las horas que se
asignan a los mercados. Además, la energía que se está consumiendo se está produciendo en ese mismo instante. Este es el principal problema que tiene la electricidad, que no se puede almacenar en las cantidades suficientes, tanto para el consumo
industrial como para el doméstico. El transporte lo gestiona Red Eléctrica empleando su propia red y la de otros transportistas, que hacen entrega física de la energía a los distribuidores y a algunos consumidores en alta tensión. Los
distribuidores reciben la energía de transporte y la entregan a los comercializadores transformada a nivel de tensión y éstos a su vez a los minoristas, y los distribuidores y comercializadores hacen entrega y factura de la energía. Básicamente así
funciona nuestro sistema eléctrico, que es sólido y que genera confianza.
Con la planificación efectuada en estos últimos 10 años, estamos convencidos de que no vamos a tener ningún problema. Aún así, los apagones en diversos países de los
denominados del primer mundo han suscitado, como es lógico, cierta inquietud en el nuestro. Por eso, señor vicepresidente del Gobierno, mi grupo parlamentario quiere saber cómo se está comportando el suministro eléctrico ante los incrementos de la
demanda que se están registrando a lo largo del año.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Escuredo.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA (Rato y Figaredo): Gracias, señora presidenta; gracias, señor diputado.
Efectivamente, se han producido este verano importantes acontecimientos, negativos en muchos casos, en varios países desarrollados (Estados Unidos, Italia, Inglaterra), que indican la importancia del debate energético, especialmente en un
país como España que se ha preparado para un procedo liberalizador muy intenso que empezó en enero de este año. En concreto, nuestros documentos de planificación energética establecían un crecimiento medio de aquí al 2011 del 3,75 por
ciento de la demanda eléctrica interanual y en el año 2003, en los nueve primeros meses, está creciendo al 5,4. Además, este año se han superado tanto las puntas de demanda de invierno como las de verano. Es bueno recordar que la punta de
invierno de hace dos años, cuando la oposición se interesaba en esta Cámara por los temas energéticos y eléctricos, fue de 34.500 megavatios, cuando en este año esa punta ya se ha producido en el verano y en el invierno hemos rondado los 37.125
megavatios. No cabe duda de que la respuesta del parque eléctrico español, tanto de generación como de distribución, está siendo muy satisfactoria ante puntas extraordinariamente elevadas. Es bueno recordar también que, frente a previsiones de
algunos grupos parlamentarios en cuanto a la caída de las inversiones, han entrado en los últimos dos años 4.400 megavatios, que han comenzado a operar a lo largo de los años 2002 y 2003 y tenemos previsto un aumento de los próximos años, entre el
periodo 2003-2012, en infraestructuras de red, de 2.700 millones de euros, a los que hay que sumar 6.500 para ciclos combinados y 12.000 millones para energías renovables.
Desde el punto de vista del tiempo de interrupción equivalente, una cuestión que también se ha planteado en otros momentos en esta Cámara, en el primer semestre de 2003 se sitúa en una situación récord (1,3 horas), una caída desde una cifra
muy reducida del año 2002 de 2,88 horas. En lo sucesivo probablemente el debate debería centrarse en la reducción de los tiempos de interrupción a nivel local en determinadas zonas, semiurbanas, rurales y algunas industriales muy competitivas desde
el punto de vista del uso de la electricidad. Estamos hablando de una capacidad de generación instalada en nuestro país de 58.469 megavatios en territorio peninsular...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
- DEL DIPUTADO DON PABLO MARCIAL IZQUIERDO JUÁREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN QUÉ MEDIDA ESTÁ COMPROMETIDA ESPAÑA CON EL DESARROLLO DE LOS PAÍSES POBRES? (Número de expediente 180/002165.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 23, que formula el diputado don Pablo Izquierdo Juárez.
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: Gracias, señora presidenta.
Señor vicepresidente primero, el 3 de diciembre de 1991 España ingresó en el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. Durante los años setenta se crearon algunos instrumentos para canalizar fondos de ayuda al desarrollo y ya en 1977
aparecemos como donantes netos, aportando 112 millones de dólares. Desde esta fecha hasta 1995, con excepciones en algunos años, la ayuda española a los países pobres se incrementa paulatinamente, pero está siempre por debajo del esfuerzo medio que
realizan los 23 países más desarrollados del mundo. Es en 1997, con los primeros presupuestos aprobados por el Partido Popular, cuando la cooperación española comienza a dar un salto sustancial en su compromiso con los países pobres.
Muchos datos se pueden aportar para confirmar esto, pero yo sólo diré uno y muy deprisa: en España, mientras el PSOE tuvo la responsabilidad de Gobierno, durante casi 14 años, se destinaron 6.657 millones de euros para ayudar a los países
pobres, aproximadamente un billón de las antiguas pesetas; en ocho años -en menos años-, el Gobierno del Partido Popular ha destinado 11.700 millones de euros, casi dos billones de las antiguas pesetas. Todo esto, señorías, señor vicepresidente
primero, en un marco de saneamiento de las cuentas públicas, de los presupuestos equilibrados, de reducción del déficit y la deuda, de aumento de la educación para los españoles, de la sanidad para los españoles, de las pensiones para los españoles
y del empleo para los españoles.
¿Cómo ha sido posible todo esto? Muchos han contribuido al esfuerzo, qué duda cabe, pero yo tengo que decir que tenemos el mejor Gobierno de la democracia. (Risas.-Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: En algunos años... (Continúan los rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: En algunos años y con un poco de perspectiva se verá que tenemos un Gobierno realmente importante en la historia contemporánea de España. Y yo digo, señor vicepresidente primero, que usted es protagonista
principal de todo esto. (Varios señores diputados: ¡Hala!) Lo digo desde mi opinión personal y desde la opinión... (Nuevos rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: Lo digo desde mi opinión personal y desde el ámbito de mi responsabilidad política, que por cierto no es original, es la de muchos españoles.
¿En qué medida, señor vicepresidente primero, está comprometida España con el desarrollo de los países pobres? (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Izquierdo.
Señor ministro.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora presidenta; gracias, señor diputado.
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor vicepresidente.
Señorías.
Adelante.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): El Fondo Monetario Internacional, en su publicación anual, acaba de publicar por primera vez el informe sobre el índice de compromiso con el
desarrollo, que sitúa a España como el primer país, de los países más grandes, en la ayuda al desarrollo. Ocupamos, en términos generales, el puesto número 6, detrás de países pequeños que tradicionalmente están muy volcados en este tipo de
políticas de solidaridad internacional, como son los Países Bajos, Suiza, Dinamarca, Nueva Zelanda y Suecia.
El Gobierno comparte el criterio de este índice: que la responsabilidad de los países desarrollados hacia los países más pobres no acaba sólo en la ayuda al desarrollo y que otras cuestiones, como la apertura de mercados, la política de
inmigración o el fomento de la inversión directa en esos países son elementos sustanciales de la política de desarrollo. Este índice premia los esfuerzos políticos por el desarrollo y no sólo el pacto de políticas mismas. Es bueno conocer que hay
seis políticas valoradas: comercio, inversión exterior, ayuda al desarrollo, inmigración, medio ambiente y mantenimiento de la paz. Nosotros nos situamos en tres de ellas por encima de la media.
Quisiera recordar el compromiso que España mantiene con todas las iniciativas, especialmente con las que van dirigidas a los países más pobres. En los últimos 20 años hemos multiplicado por 10 nuestra ayuda al desarrollo. En el año 2002,
el 40 por ciento de nuestra ayuda se canalizó, vía cooperación multilateral con la Unión Europea, con organizaciones financieras internacionales y con organizaciones internacionales no financieras, y el 60 por ciento restante se canalizó de forma
bilateral. También es bueno recordar que en la iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres más altamente endeudados -la conocida como HIPC-, España se sitúa como séptimo país contribuyente en términos absolutos, exactamente detrás
de los países del G-7, lo cual nos sitúa en un esfuerzo de casi el 4 por ciento a nivel mundial, en una de las iniciativas más importantes de solidaridad internacional.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
- DEL DIPUTADO DON JESÚS CALDERA SANCHEZ-CAPITÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE ECONOMÍA: ¿RATIFICA EL VICEPRESIDENTE PRIMERO QUE EXITEN RESPONSABILIDADES POLÍTICAS DE SU
GOBIERNO POR LOS SUCESIVOS INCREMENTOS DEL PRECIO DE LA VIVIENDA? (Número de expediente 180/002166.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 24, que formula el diputado don Jesús Caldera Sánchez-Capitán.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Señor Rato, ha tenido usted que reconocer la evidencia en la responsabilidad del Partido Popular, del señor Rajoy, de usted y de su Gobierno en la extraordinaria subida del precio de la vivienda. Resulta
extraño que alguien tan autosuficiente como usted haga ese reconocimiento, quizás sea porque no le han elegido como sucesor, pero lo importante es lo que dice el Banco de España. El Banco de España dice que la subida del precio de la vivienda, el
endeudamiento de las familias españolas y la inflación son las principales amenazas para el crecimiento económico. Señor Rato, tres capítulos donde ustedes hoy suspenden. ¿Pueden hacer algo por evitar la subida del precio de la vivienda?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Caldera.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora presidenta. Gracias, señor diputado.
Lo que hemos hecho en primer lugar es evitar que subiera lo mismo que cuando gobernaban ustedes. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Protestas.) Tiene usted que tener en cuenta que el precio de la vivienda ha crecido efectivamente un 80
por ciento entre 1996 y 2002, pero crecía cuando ustedes eran responsables un 170 por ciento. Por lo tanto, señoría, hemos hecho eso, aparte de otras muchas cosas que le indicaré en mi respuesta.
Me gustaría también saber si ustedes tienen criterios fijos sobre la política de vivienda o si cambian cada mes, por algunos datos últimos que tenemos, que afectan directamente a la gestión política de la dirección del Grupo Socialista.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Señor Rato, eso para el año que viene.
Nos lo pregunta cuando seamos Gobierno. (Rumores.)
Señor Rato, no es lo que dice el Banco de España.
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: En todo caso, fíjese qué consuelo. Usted dice que subió el 170 por ciento el precio de la vivienda. ¡Pues vaya un consuelo! Ustedes le han metido otro cien por cien. Son ustedes unos gestores
desastrosos.
¿Qué ofrece usted? Literalmente cero. Nada para resolver este problema, más de la política que han utilizado. ¿Le digo cuáles son los resultados de su política? Señor Rato, ha subido un 80 por ciento el precio de la vivienda no en 7
años, en 4 años sólo. Lo dice el Banco de España. Ha desaparecido la vivienda de protección pública, lo dice el Tribunal de Cuentas, el 5 por ciento de las viviendas que se construyen. ¿Sabe usted lo que dice el Banco de España? Que el 20 por
ciento del precio de la vivienda es especulación pura y dura, señor Rato. ¿Sabe lo que dice el Banco de España? Que los españoles tienen que destinar el 50 por ciento de su salario al pago de la hipoteca. Por cierto, ¿cuánto han recaudado ustedes
con la burbuja inmobiliaria? ¿Nos lo puede decir, cuánto ha recaudado el Gobierno con esta burbuja?
El problema tiene solución, señor Rato. Ayer -y esto es un clamor en la calle- presentamos propuestas aquí, aprobadas por todos los grupos de la Cámara menos por ustedes: en apoyo de los jóvenes, en apoyo del alquiler de viviendas y de
modificación del valor del suelo. ¿Sabe lo que pasa? Que usted, que ha creado el problema, no puede resolverlo, porque además se aprovecha de él, pero sí habrá otro Gobierno que resolverá un acceso digno de los españoles a la vivienda. En marzo
lo verá. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Caldera.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Caldera.
Me alegro de que S.S. mencione la iniciativa de ayer del Grupo Parlamentario Socialista, que supongo que estaría firmada por S.S., como también estaría firmada una enmienda, la número 66, a la Ley de patrimonio de administraciones públicas,
que precisamente propone lo contrario con respecto al suelo público que proponía usted ayer. Y las dos están firmadas por usted. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!) Lo que tienen que saber los españoles es que S.S. no sabe lo que es la
subasta con referencia al concurso en cuanto al suelo público o, si lo sabe, en septiembre pensaba una cosa y en octubre piensa otra, lo cual es sorprendente para un responsable político.
A la cuestión, señoría. Efectivamente, los españoles dedican en este momento exactamente, después de las modificaciones fiscales, el 40 por ciento en un préstamo medio sobre la renta familiar en el primer año.
Tenga usted en cuenta las
bonificaciones fiscales, porque las voy a comparar con lo que pasaba con ustedes. Con ustedes, teniendo en cuenta las bonificaciones fiscales, el esfuerzo era del 61 por ciento. Luego usted me puede criticar a mí, señoría, pero le es difícil
defender la gestión del Partido Socialista en estas cuestiones. Es cierto que en estos momentos se construyen viviendas iniciadas en el período 1996-2002, un promedio de 54.000 viviendas. Y es cierto que ustedes en el promedio 1990-1995 construían
52.000, pero es que en el promedio 1990-1995 en España sólo se construían 190.000 viviendas y en nuestro promedio se construyen casi 400.000.
Dicho de otra manera, para que los españoles nos entiendan, cuando ustedes gobernaban en los últimos años se destruyó 300.000 empleos en la construcción y cuando nosotros gobernamos se han creado 900.000 empleos en la construcción. Esa es
la gran diferencia, señor Caldera, que usted no quiere trasladar a los ciudadanos. Efectivamente, señor Caldera, se ha producido un incremento en el precio de la vivienda, pero no está relacionado en gran parte con las políticas que son competencia
de esta Cámara, sino con políticas que les hemos planteado a SS.SS. en otros ámbitos para llegar a acuerdos... (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ROSA PERIS CERVERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE ECONOMÍA: ¿QUÉ MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL VICEPRESIDENTE PRIMERO PARA HACER POSIBLE EL ACCESO DE LOS
CIUDADANOS A LA VIVIENDA, UNA VEZ RECONOCIDO POR USTED LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA POR SU ESCANDALOSA SUBIDA DE PRECIOS? (Número de expediente 180/002167.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 25, que formula la diputada doña Rosa Peris Cervera.
La señora PERIS CERVERA: Gracias, señora presidenta.
Señor vicepresidente, si usted quiere podemos hablar de lo que le costaba al hombre de Cromagnon acceder a la cueva, pero yo creo que esa no es su responsabilidad política ni tampoco lo que hoy preocupa a los ciudadanos.
Ustedes llevan ocho
años gobernando
y tienen que responder de su gestión. Tienen ustedes, señor ministro, una manera muy curiosa de asumir sus responsabilidades políticas, porque para hablar de los años anteriores ustedes ponen el grito en el cielo, pero a partir de que
ustedes llegan al Gobierno, su actitud es la siguiente: Primero, niegan el problema. Todavía en esta Cámara recordamos las declaraciones del señor Cascos diciendo que no había problema y que en España subían los precios porque los españoles éramos
más ricos. Segundo, la siguiente posición suya fue que, cuando ya no pudieron evitar el problema, buscaron culpables. Eso sí, siempre fuera del Gobierno. En comunidades, ayuntamientos y oposición. Y ahora, en un acto de irresponsabilidad
política, ustedes acaban dejando en los ciudadanos la responsabilidad del ajuste brusco en el precio de la vivienda que ustedes anuncian. Todo, señor ministro, menos tomar las medidas que tienen que adoptar.
Por eso le pregunto: ¿Qué medidas piensa adoptar para hacer posible el acceso de los ciudadanos a la vivienda, una vez reconocida por usted la responsabilidad política en su escandalosa subida de precios?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Peris.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora presidenta. Gracias, señora diputada.
Me permitirá una pequeña broma. Cuando habla usted del hombre de Cromagon, ¿se refiere usted a Felipe González o a Alfonso Guerra? (Protestas.-Aplausos.) Es una broma, señorías. Yo estoy hablando de ese período, no estoy hablando del
hombre de Cromagon. (Rumores y protestas.-Varios señores diputados: ¡Fraga, Fraga!)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): En un debate político, señorías... (Protestas.-La señora Cortajarena Iturrioz pronuncia palabras que no se perciben.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor vicepresidente.
Señorías, guarden silencio. (Rumores.)
¡Señora Cortajarena, guarde silencio! (Pausa.)
Adelante.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): En un debate político, señoría, hacer referencia al hombre de Cromagnon no tiene sentido, pero hacer referencia al Gobierno anterior es parte del
debate político, salvo que S.S. se sienta avergonzada de pertenecer al grupo parlamentario que pertenece. (Rumores y fuertes protestas.-Aplausos.) Y estoy convencido de que no se siente avergonzada. Por lo tanto, ni yo me refiero al hombre de
Cromagnon ni usted se refiere al hombre de Cromagnon. (Rumores.) Nos referimos a los gobiernos democráticos en España, señoría.
En concreto, lo que nosotros hemos planteado en las competencias de esta Cámara, y le rogaría que cuando ustedes hacen propuestas no hicieran una en septiembre y otra en octubre, como les ha sucedido con la utilización del suelo público...
(La señora Cunillera y Mestres: Te han dado los datos mal; despide a alguien.) Perdóneme usted.
La señora PRESIDENTA: Señora Cunillera, guarde silencio. (Rumores.)
Adelante, señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Lo que les quería decir es que hemos puesto en marcha medidas que en ningún caso han contado con su respaldo, es verdad, para favorecer el aumento de
viviendas en alquiler en este país, que claramente puede incidir sobre el precio de la vivienda. Como acabo de explicar a su compañero el señor Caldera, no existe en estos momentos un problema de accesibilidad, pero existe un problema de precio.
Yo lo reconozco. Y en ese problema el Gobierno no tiene todas las competencias, como ustedes saben perfectamente, porque las competencias las fija el Tribunal Constitucional.
En cuanto a las medidas que favorezcan el alquiler, quisiera subrayarles el aumento de la seguridad jurídica en la Ley de Arrendamientos Urbanos, que ustedes no han respaldado; los incentivos para los arrendadores, que ustedes no han
respaldado; la modificación de haciendas locales para que se pueda encarece el IBI de los pisos vacíos, que ustedes no han respaldado; los recursos destinados a la vivienda protegida en alquiler en los últimos planes de vivienda, que ustedes no
han respaldado y que sus comunidades autónomas, sí, una vez más, como en otras muchas cuestiones; conseguimos que los gobiernos del Partido Socialista en comunidades autónomas actúen con más responsabilidad que el grupo parlamentario nacional.
(Rumores.)
En materia de suelo, hemos planteado liberalizaciones desde los años 1996 y 1998 y hemos planteado un pacto con todas las comunidades autónomas y ayuntamientos que su grupo parlamentario y su partido no han querido aceptar. Yo le rogaría
que...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente. (Aplausos.)
Señora Peris.
La señora PERIS CERVERA: Señora presidenta, señor ministro, una broma.
Cuando hablamos del hombre de Cromagon, ¿de quién hablamos, de Fraga o de Franco? De quien usted quiera.
Señor ministro, y ahora en serio, la realidad es que los españoles tienen verdaderas dificultades para acceder a la vivienda. Usted sabe que hoy lo que les está ocurriendo a los ciudadanos es que tienen que pagar más dinero para acceder a
una vivienda. Desde el año 1997 el precio de la vivienda ha subido seis veces más que el salario medio. Pero no sólo tienen que pagar más, sino que, además, lo tienen que hacer por más tiempo, porque cada vez los ciudadanos alargan más las
hipotecas. Lo único bueno que ha ocurrido en este último período es que han bajado los intereses. Pero ni siquiera eso se lo tenemos que agradecer a usted, sino a algunos países de la Unión Europea que han sabido contener la inflación y han
permitido al Banco Central Europeo poder mantener los tipos de interés que tenemos. Por tanto, en este aspecto no hay nada que agradecerles a ustedes.
¿Qué es lo que ustedes han hecho y para quién, señor ministro? Su política ha convertido a España en un gran mercado para los especuladores, donde la riqueza de millones de ciudadanos está terminando en los bolsillos de unos pocos, como
bien sabe su buen y querido amigo, líder del PP en Madrid, el señor Romero de Tejada.
Estamos asistiendo, señor ministro, a un injusto trasvase de rentas de la mayoría de los ciudadanos a la cuenta de resultados de unos pocos especuladores y grandes propietarios, que siguen pidiendo hoy más recalificación de terrenos, más
beneficios y más especulación. Y ¿sabe cómo lo quieren hacer? A costa de la inmensa mayoría de los ciudadanos, y además lo quieren hacer con la connivencia del Gobierno del Partido Popular, para su vergüenza y la de su Gobierno. (Aplausos.-El
señor vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, De Rato Figaredo, pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Peris.
Señor vicepresidente, ha consumido todo su tiempo en su respuesta anterior. (Rumores.-Protestas.)
- DE LA DIPUTADA DOÑA ISABEL POZUELO MEÑO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE ECONOMÍA: ¿QUÉ PIENSA HACER EL GOBIERNO PARA AYUDAR A LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS SOBREENDEUDADAS COMO
CONSECUENCIA DEL ESCANDALOSO INCREMENTO DEL PRECIO DE LA VIVIENDA? (Número de expediente 180/002169.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 27, que formula la diputada doña Isabel Pozuelo Meño.
La señora POZUELO MEÑO: Señor ministro, el Banco de España viene alertando del elevado crecimiento del endeudamiento de las familias españolas -más de 35 puntos en los últimos siete años- y de la situación de riesgo que ello conlleva ante
situaciones inesperadas. La primera causa de la asfixia económica de las familias españolas, cuya tasa de endeudamiento se sitúa ya en el 84 por ciento de su renta disponible, es el disparatado precio de la vivienda en nuestro país. El porcentaje
medio de ingresos que las familias españolas destinan a pagar las viviendas se sitúa ahora en el 50 por ciento de sus ingresos, cuando en el año 1996 era sólo del 30 por ciento.
Por eso le pregunto: ¿Qué piensa hacer para ayudar a las familias sobreendeudadas como consecuencia del escandaloso incremento del precio de la vivienda?
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Pozuelo.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora presidenta. Gracias, señora diputada.
Su grupo parlamentario, señoría, se distingue en temas sensibles e importantes por no centrarlos desde el punto de vista del equilibrio y con ello pierde la credibilidad. Ha sucedido ya varias veces y parece que siguen ustedes, en un tema
de tanta importancia como este, no reconociendo la evidencia.
La evidencia es la siguiente: es verdad que el incremento del precio de la vivienda se ha producido, pero es verdad también que es un incremento menor que el que se había producido en años anteriores. De todos modos, hay algo que es más
importante. (La señora Pozuelo Meño pronuncia palabras que no se perciben.) Bueno, señoría, a usted no le importa nada más que criticar al Gobierno, pero a los ciudadanos les interesa la realidad y la realidad es que el esfuerzo inversor que tienen
que hacer las familias es hoy del 40 por ciento, teniendo en cuenta las modificaciones fiscales, y era del 61 por ciento, teniendo en cuenta los salarios, el esfuerzo y los tipos de interés, en el último período del Gobierno socialista. Desde el
punto de vista del endeudamiento, este se ha incrementado en nuestro país, pero no a niveles superiores de la media europea; estamos acercándonos a ese mismo nivel.
Lo que sí parece importante es comprobar que las familias españolas sí han tenido efectos muy beneficiosos en cuanto a su patrimonio neto y su riqueza neta, que ustedes no quieren reconocer. Sí, señoría. Y es importante que los ciudadanos
conozcan esos datos. Mirando la situación patrimonial de los hogares desde 1995 a 2002, observamos que el patrimonio neto
de las familias se ha multiplicado por dos. En los años 1992-1993 la rentabilidad media de una vivienda se situaba en el 2,2 y 3,9 respectivamente; en estos momentos, esa rentabilidad supera el 18 por ciento. La riqueza inmobiliaria de
los españoles ha pasado de representar tres veces el producto interior bruto a representarlo 4,4 veces. Y, lo que es más importante, lo que los españoles se han ahorrado en tipos de interés, como consecuencia de la política del Gobierno, supone el
equivalente a un 0,6 del PIB.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
Señora Pozuelo.
La señora POZUELO MEÑO: Señora presidenta, eso no es lo mismo que piensan las familias españolas, y me refiero a datos de su propio ministerio, señor Rato. Cada vez son más las familias que tienen dificultades para llegar a fin de mes. La
encuesta de presupuestos familiares nos ha dicho hace apenas tres semanas que son 7.600.000 familias las que tienen dificultades para llegar a fin de mes, el 55,6 por ciento de las familias españolas. Por tanto, son estas familias las que están
soportando como una auténtica losa lo que es la adquisición del precio de la vivienda.
No es esto sólo, señor Rato. Los consumidores españoles hemos soportado durante dos años cómo ustedes han sido absolutamente inoperantes en la transición al euro, lo que ha hecho subir los precios. Hemos soportado las continuas subidas de
las tarifas eléctricas, de los servicios del gas, de Telefónica, de la bombona del butano. Y últimamente han dicho ustedes que van a estudiar por qué razón suben los precios de los alimentos frescos. Señor Rato, este año son 500.000 familias más
las que han empeorado sus circunstancias económicas y las que tienen dificultades para llegar a final de mes. Por eso, cuando ustedes rechazan las propuestas socialistas para prevenir y para tratar el sobreendeudamiento de las familias tenemos que
preguntarles: Si no les valen nuestras propuestas, ¿cuáles son las suyas, señor Rato? (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pozuelo.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato Figaredo): Gracias, señora presidenta. Gracias, señora diputada.
El esfuerzo en porcentaje del producto del crédito de adquisición de viviendas es en España el 32 por ciento, frente al 47 por ciento en Alemania y en Portugal, el 60 por ciento en Gran Bretaña y el 67 por ciento en Dinamarca.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
- DEL DIPUTADO DON GERARDO TORRES SAHUQUILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE ECONOMÍA: ¿CONSIDERA EL VICEPRESIDENTE PRIMERO QUE HA SIDO RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO QUE LOS
BENEFICIOS DE LAS SUCESIVAS REBAJAS DE TIPOS DE INTERÉS HAYAN IDO A MANOS DE PROMOTORES Y ESPECULADORES EN LUGAR DE FAVORECER A LOS CIUDADANOS? (Número de expediente 180/002175.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 33, que formula el diputado don Gerardo Torres Sahuquillo.
La señora TORRES SAHUQUILLO: Muchas gracias, señora presidenta.
¿Considera el vicepresidente primero que ha sido responsabilidad del Gobierno que los beneficios de las sucesivas rebajas de tipos de interés hayan ido a manos de promotores y especuladores en lugar de favorecer a los ciudadanos?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Torres.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato Figaredo): Gracias, señora presidenta. Gracias, señor diputado.
Esa afirmación es imposible, señoría, porque no es cierta. ¿Cómo puede usted decir eso cuando una hipoteca de 60.000 euros a 15 años en 1995 suponía una cuota de 683 euros al mes y en estos momentos supone 500 euros, es decir, 2.196 euros
menos al año? ¿Que eso ha ido a quién? Ha ido a los consumidores, señoría, a los consumidores. Y todas las rebajas que el Gobierno ha hecho de aranceles de bancos, de notarios y de registradores han ido a los consumidores y todas han estado
votadas en contra por su grupo parlamentario, que mantenía esos aranceles más altos cuando gobernaba.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor vicepresidente.
Señor Torres.
El señor TORRES SAHUQUILLO: Gracias, señora presidenta.
No han ido a los consumidores, señor Rato, han ido a los especuladores.
Dejémonos de zarandajas y de bromas,
porque lo que estamos hablando no es para bromear y usted tampoco tiene gracia. (Rumores.) Usted forma parte de las 150.000 familias de este país más poderosas, 150.000 familias que tienen la parte sustancial de la riqueza de este país, y
usted es el vicepresidente primero de este Gobierno y ministro de Economía precisamente por esa condición. No por su condición de técnico aventajado, que yo no le niego, sino porque usted está inmerso en las familias del pelotazo financiero e
inmobiliario.
(Rumores.)
Usted, desde el Gobierno, hace lo que tiene que hacer, influye decisivamente para que los más ricos de España lo sean cada día más y sea además a costa de todos los demás ciudadanos, para que se llenen los bolsillos de algunos y se vacíen
los de los más. Por ejemplo, en Madrid cuando se recalifica un terreno que pasa de rústico a urbano, la plusvalía media que se obtiene por hectárea es de 1.200.000 euros, señorías, y esa simple recalificación ha venido posibilitando plusvalías
próximas a los 8.000 millones de euros anuales, que es el 10 por ciento de la renta de los madrileños, que se reparte -lo dice el autor que ahora citaré- entre un puñado de entidades y personas introducidas en el sector. El autor es don José Manuel
Naredo, que publicó un artículo en La Vanguardia el pasado día 4 de este mes. Uno de los destacados protagonistas, por cierto, señor Rato, de estos pelotazos es el secretario general del Partido Popular en Madrid, el señor Romero de Tejada, al que
algunos llaman De Tajada, su compañero. Si no, ¿cómo es posible, señor Rato, que el SCBH o el HSBC le preste a usted un crédito con tantas ventajas que no da a nadie más o que el señor Zaplana se pueda comprar un piso de 500 metros cuadrados, que
vale tres millones de euros, en la Castellana? ¿Cómo es posible? Eso es posible porque ustedes trabajan para los que trabajan, para los especuladores, a favor de los que son de su mismo grupo. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Torres.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Señoría, por razones personales no le puedo consentir a S.S. que me insulte. Llevo ocho años de ministro de Economía de este país y S.S. y su grupo
parlamentario, siguiendo su propio criterio, han hecho más de 25 preguntas personales. Por tanto, tengo todas mis explicaciones dadas en esta Cámara. Y S.S. puede criticar la política del Gobierno.
(Rumores.) Sí, sí, pero si su grupo
parlamentario quiere explicarnos algo debería explicarnos por qué su partido firma acuerdos con sus propios miembros para viviendas de protección oficial que sólo benefician a personas del Partido Socialista. (Aplausos.) Porque eso, señoría, es
dinero público, no es dinero privado. Es dinero público. (La señora Cunillera pronuncia palabras que no se perciben.)
La señora PRESIDENTA: Señora Cunillera.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): En cualquier caso, señorías, desde el punto de vista del interés de los ciudadanos quiero recordarles que la carga hipotecaria de este país ha caído
gobernando el Partido Popular 4.410 millones de euros anuales, es decir, el equivalente al 0,6 del PIB de 2003; que una hipoteca de 60.000 euros a 15 años ahorra hoy al consumidor más de 2.000 euros anuales; que la riqueza inmobiliaria de las
familias españolas que S.S. no quiere reconocer ha pasado de ser tres veces el producto interior bruto a ser 4,4 veces; que el patrimonio neto de las familias, teniendo en cuenta sus deudas financieras, se ha multiplicado por dos gobernando el
Partido Popular y que además cuando nosotros gobernamos se crean casi 900.000 puestos de trabajo en la construcción y cuando ustedes gobiernan se destruyen 300.000. Esta es la realidad, señoría, y por mucho que S.S.
la quiera disfrazar de insultos
esa es la realidad por la que ustedes pierden las elecciones y las van a volver a perder. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL CONTINUADO, GRAVE Y REITERADO INCREMENTO DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN ESPAÑA. (Número de expediente 172/000318.)
La señora PRESIDENTA: Punto VI del orden del día: Interpelaciones urgentes.
En primer lugar, interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre el continuado, grave y reiterado incremento de la inseguridad ciudadana.
Para la presentación y defensa de la misma tiene la palabra el señor Mayoral. (Rumores.-Pausa.) Señorías, es preciso que continuemos con el debate. Les ruego que las conversaciones las mantengan fuera del hemiciclo.
Adelante, señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señora presidenta, señorías, la inseguridad ciudadana es una calamidad nacional en este momento, una calamidad nacional que se ha ido agravando estos últimos tiempos. El Gobierno del Partido Popular ha alcanzado
durante su mandato máximos que podemos considerar históricos: crecimiento de la criminalidad, un 26 por ciento desde el año 1996; disminución del número de agentes
en 11.000 aproximadamente, también en la misma época; crecimiento de la seguridad privada en un 30 por ciento y crecimiento del número de reclusos, pasando de 42.000 a 55.000; un modelo, en definitiva, señorías, de carácter puramente
represivo y que además está fracasando. Todos los planes de lucha contra la delincuencia que ha puesto en marcha el Partido Popular hasta la fecha han fracasado, incluido el PP-2000, que fue el buque insignia que llevaron en las pasadas elecciones
generales del año 2000. El actual plan de lucha contra la delincuencia es una incógnita que tendremos que despejar y saber cuando el señor ministro esté en disposición de aportar los datos que sin duda en este momento no son adecuados desde el
punto de vista de gran parte de la opinión pública y de la propia oposición.
El Gobierno, señorías, nos tiene acostumbrados a dos soluciones cuando trata de abordar esta cuestión. Por una parte, no asumir responsabilidades y buscar culpables. Aquí hemos visto ya culpables al Partido Socialista; a la herencia;
incluso se ha llegado a culpabilizar a Scotland Yard, en el caso King; y a los inmigrantes, con una nueva versión de la acusación y responsabilización de los inmigrantes, como es la doctrina reciente que podíamos llamar doctrina Acebes-Ansuátegui.
(La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.) Cuando dice, con ocasión de los 90 homicidios que van ya contabilizados en las calles de Madrid, el señor Ansuátegui: No es que a la gente se la mate en la calle. Los
crímenes son fruto de ajustes de cuentas protagonizados por ciudadanos de otros países. Señor ministro, ¿esto nos sirve de consuelo? ¿Cómo es posible que cuando ciudadanos pacíficos van por la calle y se producen tiroteos y muertos se pueda decir
que el único problema que existe aquí es que los muertos no son españoles, que son extranjeros, y nos quitamos la cuestión de encima? No es una manera correcta, ni mucho menos responsable, de examinar los problemas de inseguridad ciudadana negar la
realidad controlando los datos sobre criminalidad. Esta es la otra salida, el otro intento de buscar algún tipo de escudo frente a lo que ocurre, que está practicando en este momento el Partido Popular y concretamente el señor ministro del Interior
en su gestión actual en el ministerio. Negar la realidad controlando los datos sobre criminalidad. El señor ministro prácticamente ya lo ha conseguido. Sólo sale de su ministerio aquel dato que es coincidente con los deseos e intereses del señor
ministro y de la política que él cree que debe hacer.
Hay muchas quejas sobre lo que está pasando con este conjunto de datos. Se quejan los periodistas, se quejan los diputados, yo mismo y otros muchos nos hemos quejado, de cómo están apareciendo datos incompletos, contradictorios y atrasados.
Y finalmente tenemos lo que a nosotros nos parece todavía más grave, que es la supresión de la oficina de Estadística, la Dirección de Programas Estadísticos, dependiente de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior. Aquí tengo que
referirme a una queja del funcionario que era director de ese servicio estadístico, donde al Defensor del Pueblo le dice lo siguiente: Esta decisión de suprimir este programa significa la intención de ocultar con mayor impunidad el estudio y
análisis estadístico de la delincuencia a sus legítimos destinatarios. Sigue diciendo este funcionario al Defensor del Pueblo: El error es entender el estudio y análisis estadístico de la delincuencia como un secreto a custodiar. Las
estadísticas, incluidas la de criminalidad, no son materia reservada ni clasificada, señor ministro.
Esto es lo que dice este funcionario, destituido prácticamente, al Defensor del Pueblo.
Con estos precedentes, señoría, ¿pretende usted, señor Acebes, que le creamos? ¿Pretende, señor Acebes, que aceptemos sus cifras como dogmas de fe? El día 7 de octubre compareció en el Congreso para exponernos los resultados del Plan de
lucha contra la delincuencia. Pocos le creyeron, señor Acebes. Hubo algún periodista que dijo, y este fue el resumen que yo asumo también, porque todos estuvimos presentes: El señor ministro no aportó datos estadísticos completos y se limitó a
espigar algunos datos parciales, pero no reveló el número de homicidios, asesinatos, lesiones y delitos de mayor gravedad. Según un portavoz de Interior, también mencionado en esa misma información periodística, las lesiones con resultado de muerte
habían crecido, cosa que ese día no dijo el señor ministro, un 5 por ciento. Pero hay otros datos de expertos que dicen que los homicidios este año han crecido un 5 por ciento; que las lesiones han subido un 3 por ciento; las faltas contra las
personas, un 7,6 por ciento; los delitos contra la libertad sexual, un 29,2 por ciento, señor ministro. En resumen, los delitos contra las personas han crecido durante este año un 7,1 por ciento. Estas y otras cifras similares serían, en
definitiva, las que el señor ministro quisiera ocultar o las que al señor ministro no le gustarían.
El señor ministro quiso hacernos creer que se habían conseguido resultados importantes en descenso de criminalidad como resultado de la aplicación del Plan de lucha contra la delincuencia, incluso antes de ponerse en vigor la mayor parte de
estas medidas, porque no están puestas en marcha todas las medidas de reformas legislativas, penales, penitenciarias y procesales: los juicios rápidos comenzaron en el mes de mayo y la ampliación del número de efectivos policiales, señor ministro,
se producirá en adelante, pues los 4.200 policías que dice usted que se han convocado este año estarán en activo en el año 2006. Señor Acebes, a un ministro no se le pide que haga milagros, lo que se le pide es que sea eficaz y transparente; a un
ministro no se le pide que se decante por el lado de la milagrería, sino por el lado de la realidad, porque la milagrería no le va a llevar a ninguna parte, como no les llevó tampoco a ministros anteriores que también siguieron esta misma estrategia
de tratar de ocultar la realidad.
En el mes de septiembre ha salido el informe del fiscal general del Estado, y el panorama que ofrece es sombrío. Yo sé que a S.S. el contenido de este informe no le ha producido ningún efecto significativo, a pesar de los datos tan
importantes que contiene sobre incremento de homicidios, torturas, delitos contra la libertad sexual, etcétera. Pero yo quisiera hacer referencia en relación con este informe a lo que en él se dice sobre la delincuencia juvenil: 92.787 menores de
18 años fueron detenidos en el año 2002. ¿Es que esto no nos tiene que hacer meditar y pensar algo, señor Acebes? ¿Es que la sociedad y el Estado no tienen nada que hacer, simplemente reformar una ley y endurecerla? ¿O estamos en la obligación de
tomar medidas de carácter preventivo, reinsertador y educativo, y gastarnos el dinero mejor en esto que en otro gasto, como pudiera ser el propio del policía o de instituciones penitenciarias? Píenselo, señor Acebes: 92.000 jóvenes menores de 18
años detenidos, y sin que hasta la fecha conozcamos qué política piensa hacer el Gobierno para afrontar este fenómeno sociológico y no solamente penal o penitenciario.
En este marco de violencia, de robo, de corrupción, que desgraciadamente es cada día más abundante en nuestras calles, nuestros servicios públicos de seguridad ciudadana se encuentran limitados por una serie de problemas: pérdida importante
de efectivos y la impresión de que existe una política de imprevisión y de falta de política de personal. En la Dirección General de la Guardia Civil, según decía hace poco su director general, no se cubrirá su plantilla hasta el año 2006; en el
Cuerpo Nacional de Policía la situación es que en este momento existe un déficit de 8.000 policías. Esa es la realidad. Y no es cierto lo que ha dicho usted respecto a que en el año 1988 nosotros no habíamos hecho ninguna oferta pública de empleo
para policías nacionales. Las mayores ofertas públicas de empleo para policías y guardias civiles las hicieron los gobiernos socialistas, alcanzando hasta 9.000 plazas de convocatoria, y la más pequeña la hicieron ustedes en el año 1998.
Esta situación obviamente viene complementada por otra todavía más grave, que es la falta de coordinación. El caso King ha demostrado que no solamente no se coordinan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sino que a veces compiten entre sí:
ambos cuerpos no comparten las bases de datos, al menos la mayor parte de ellas; no comparten investigaciones, tienen servicios duplicados; tampoco comparten plenamente los sistemas de comunicaciones; no comparten elementos de formación,
etcétera. ¿Esto está bien? ¿Están bien las cosas como están, como decía su director general de Policía recientemente en Ávila, o conviene que tomemos medidas de carácter reformador? Nosotros estamos por la reforma, señor ministro del Interior,
por mucho que S.S. intente confundir las cosas. Lo que dijo el señor Simancas hace unos días ya le ha dicho el señor Pedret lo que significa para la policía local. Y lo que ha dicho un presidente autonómico, cuyo nombre no ha querido revelar
S.S., también se lo podemos decir: la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad prevé tres niveles de policías, así es que no trate de confundir las cosas.
Para nosotros, ganar eficacia significa cambiar también organización. El reto de la criminalidad es tan fuerte, que no sólo debemos proveer medios sino también dimensionar la escala de organización y mejorar aquellas cosas que en este
momento no están funcionando. Y en este momento, por mucho que diga S.S., no funciona la coordinación entre fuerzas y cuerpos.
El señor secretario de Estado no tiene la competencia suficiente para hacerlo funcionar, porque las competencias
directivas básicas las tienen los directores generales de la Guardia Civil y de la Policía. Por otra parte, si fuera cierto lo que dice S.S. respecto a que el mando único ya existe, tengo que preguntar entonces a qué se dedica. Si existe el mando
único y todo va descoordinado, ¿a qué se dedica el mando único? Mucha gente no ve cara de mando único al señor Astarloa, hombre respetable, hombre, por supuesto, letrado, una persona digna en todos los sentidos, pero algunos no le vemos como tal
mando único.
La señora VICEPRESIDENTA(Mariscal de Gante Mirón): Señor Mayoral, su tiempo ha concluido.
El señor MAYORAL CORTÉS: Para que luego no pregunte qué entendemos por mando único, señor Acebes, se lo voy a decir en dos palabras. Para nosotros mando único es, en primer lugar, un mando único operativo. En segundo lugar, responsable de
elaborar, ejecutar, supervisar un programa anual de actuación integrada de ambos cuerpos y la coordinación operativa cotidiana. Eso es lo que nosotros entendemos por mando único.
La señora VICEPRESIDENTA(Mariscal de Gante Mirón): Señor Mayoral, su tiempo ha concluído. Sabe S.S. que el tiempo está tasado en las interpelaciones.
El señor MAYORAL CORTÉS: Un segundo. Termino ya, se lo aseguro, señora presidenta.
Este afán de mejora y perfeccionamiento ha tratado de tergiversarlo el Gobierno, ha tratado de tergiversarlo S.S. Ha sido maliciosamente manipulado por S.S, porque lo que nosotros pretendemos no es el aniquilamiento de nada, y la prueba de
ello es que puede leer usted en nuestras propuestas parlamentarias que hemos pedido 15.000 guardias civiles en cinco años para reforzar lo que nosotros consideramos que está debilitado.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA(Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mayoral.
Señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Paniagua): Gracias, señora presidenta.
Señoría, debatimos el partido de vuelta de la semana pasada en materia de inseguridad, en el que claramente no quedó satisfecho el Grupo Socialista -y no me extraña nada que no quedase satisfecho-, por lo que pretende un partido de vuelta a
ver si tiene mejor fortuna. Aunque con la intervención que ha realizado S.S. no lo va a conseguir.
Puede que no le guste el perfil del señor Astarloa como mando único o como secretario de Estado de Seguridad. A mí sí. Y como soy el que tenía la responsabilidad de nombrarle, es, creo, el mejor perfil para secretario de Estado de
Seguridad. Desde luego, infinitamente mejor que el de los secretarios de Estado de Seguridad del Partido Socialista en el señor Vera. Cuando usted quiera, puede hacer una comparación en los ámbitos que desee para ver quién es mejor secretario de
Estado de Seguridad, quién es mando único y quién prefieren los españoles y el Estado de derecho que tenga en sus manos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en todos los ámbitos, en la lucha contra el terrorismo o contra la inseguridad. Para venir a
criticar al señor Astarloa, lloviendo lo que ha llovido con los cargos del Partido Socialista en el Ministerio del Interior, hace falta bastante descaro. (Aplausos.)
En cuanto al resto de la intervención de S.S., de nuevo los datos que ofrece, y sobre todo las descalificaciones de los que le da el ministro y el Ministerio del Interior, carecen del más mínimo rigor. Señoría, insisto, le cuento la verdad
sobre los datos de los que dispone el ministro del Interior y el de los servicios que no han sido modificados.
Insiste sobre un señor a quien se le cambió el nombre y parece que está enfadado porque se le cambió el nombre de su cargo. Aquí no se
ha modificado nada desde que, por cierto, el Partido Socialista creó esa unidad. Los datos que me facilitan son los que le traigo. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando las cosas van mal, entonces sí que los creemos, pero cuando las cosas van bien,
no los creemos y entonces es que el ministro del Interior no dice la verdad. En el año 2001 le parecían muy bien, los datos del Ministerio del Interior eran los fiables. Ahora no, como las cosas van mejor, resulta que no son fiables. Pues bien,
le voy a seguir dando los datos de los que dispone el Ministerio del Interior en cuanto a delincuencia. La semana pasada se los daba con fecha de agosto y ahora estoy en disposición de darlos con fecha de septiembre. Por tanto, usted podrá invocar
lo que quiera, pero no falta de celeridad en traer a esta Cámara los datos más recientes y novedosos de los que dispone el Ministerio del Interior, porque estos se han cerrado ayer, son los datos a 30 de septiembre. Y los datos que se cerraron
ayer, a 30 de septiembre, dicen que la delincuencia ha disminuido un 2,58 por ciento, las infracciones penales respecto a igual periodo del año anterior. Los delitos han disminuido un 7,69 por ciento, y usted, en lugar de alegrarse, no se alegra,
le sienta mal y descalifica el dato. Las faltas han aumentado un 2,51 por ciento. Esta es la verdad, porque si quisiese decirle que todo ha bajado, le diría lo mismo de las faltas y de los delitos, pero no, las faltas han subido y se lo digo, y
los delitos han bajado, que es, por cierto, lo que más preocupa a los ciudadanos y lo que a usted más le disgusta, pero han bajado.
Respecto a la política del Gobierno, que de nuevo creo que es lo más útil y lo que más importa a los ciudadanos, efectivamente, el Plan de lucha contra la delincuencia está en marcha y lo va a estar con una permanencia y voluntad de
permanencia en el tiempo. Se han dictado medidas legislativas y se han puesto en marcha los juicios rápidos -como ustedes conocen, ya han entrado en funcionamiento-, por los que hoy se puede juzgar en horas lo que antes tardaba diez o doce meses en
ser juzgado, y, por tanto, para un delito o una falta que ahora se juzga en veinticuatro o cuarenta y ocho horas, antes se tardaba diez meses. ¿Eso es un avance? Su señoría podrá ponerle los lazos que quiera, pero es un avance. ¿Que ahora los
delitos se juzgan en menos de quince días y antes tardaban una media de diez a quince meses? Usted podrá descalificar lo que quiera, pero, ¿es un avance? Es un avance.
Endurecimiento de penas en el Código Penal. También hemos hecho una reforma para que los delincuentes estén en la cárcel en lugar de en la calle. Por cierto, sus señorías han votado en contra. El Partido Socialista, que tan preocupado
está por la seguridad, vota en contra de que haya más penas para los delincuentes. Se oponen a que los inmigrantes ilegales delincuentes, los que vienen a España no a trabajar, no a convivir, sino a delinquir, sean inmediatamente expulsados. Al
Partido Socialista tampoco le gusta esto y quiere que se queden. Ahora, las faltas, que, como vemos, es lo que sigue incrementándose, tienen una impunidad prácticamente total gracias al Código Penal socialista de 1995, que pudo tener aciertos, pero
se equivocó en dejar impunes las faltas, y por eso están creciendo. Proponemos cambiar el arresto de fin de semana, que, como he dicho tantas veces, ni es arresto ni se cumple los fines de semana, sino que no se cumple nunca, por penas de prisión,
porque estas faltas perjudican a la sociedad, y ustedes se oponen y votan en contra.
¿Dónde está su preocupación por la seguridad? Si tienen medidas educativas que proponer, me parece muy bien, pero usted está interpelando al ministro del
Interior.
Medidas operativas. ¿Que necesitamos más policías y más guardias civiles? Sí, estamos de acuerdo, es una de las medidas esenciales del Plan de lucha contra la delincuencia. Ojalá tengamos, y además sostenido en el tiempo, gobierne quien
gobierne, más policías y más guardias civiles. Le voy a contar lo que nosotros hemos hecho. Este año 2003 se han incorporado 1.923 policías. ¿Son más o son menos? Son más, son 1.923 policías más y 2.280 nuevos guardias civiles. El próximo
año, el 2004, van a ingresar 3.000 policías más y 2.280 guardias civiles.
No sé lo que a usted no le gusta de todo esto, porque habrá 3.000 policías más y 2.280 guardias civiles. No me diga que hay menos. Hay más.
Y en 2005, 2006 y 2007
se incorporarán 4.200 policías cada año y 2.400 guardias civiles. Es la mayor oferta de policías y de guardias civiles de la historia. Le gustará o no, pero no puede decir a los ciudadanos, con razón y con seriedad, que esto supone una disminución
del número de policías y de guardias civiles. Por tanto, cuando las cosas son así de claras, debemos coincidir en el mensaje que damos.
Además hay planes específicos, como conoce, en materia de turismo, violencia doméstica y narcotráfico, por cierto, con resultados extraordinarios. Hay que felicitar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por la intervención de ayer en la que
se aprehendieron ocho toneladas de cocaína o por la desarticulación que hicieron también ayer de una banda de estafadores, con 103 detenidos, la mayoría de nacionalidad nigeriana.
Salvo que a usted esto le preocupe. Son 103 detenidos y la mayoría
son extranjeros. ¿Qué es lo que le preocupa que diga el delegado del Gobierno en Madrid, que la mayoría de las muertes violentas se producen por ajustes de cuentas entre bandas organizadas? ¡Pero si es verdad! Es que no hay más que leer los
periódicos. ¿Qué quiere que le digamos, que no es eso? No se trata de hacer una valoración ni de excusarse, sino de dar información. La mayoría son peleas entre bandas rivales y ajustes de cuentas entre bandas de delincuentes organizadas. Por
eso tomamos medidas específicas como las que mencioné en la comparecencia.
Voy a plantear algo a lo que no ha hecho ninguna referencia. ¿Le parece importante que creemos un grupo operativo más de investigación de homicidios en Madrid para esta nueva forma de delincuencia? Es verdad que son nuevas formas de
delincuencia que no son específicas de Madrid. Las hay en las grandes capitales de Europa y nos preocupan a todos los ministros de Interior, pero estamos tomando medidas para reducir y atajar este problema. Hay bandas organizadas que se dedican a
otro tipo de crímenes: tráfico ilícito de armas, estupefacientes, automóviles, etcétera, pero luego en ajustes de cuentas provocan homicidios, y, por tanto, para que esto se pueda combatir con la máxima eficacia desde la investigación, que es lo
que más nos importa, hemos creado un grupo operativo con catorce funcionarios de distintas categorías y ocho especialistas.
Respecto a que haya un Plan de lucha contra la delincuencia extranjera, le pregunto lo mismo: ¿Se está produciendo o no se está produciendo? Esto no significa, señoría, de ningún modo, relacionarlo con los inmigrantes legales que vienen a
convivir; estamos tomando medidas y además hemos hecho una legislación que hemos acordado entre todos. Pero hay también bandas organizadas de extranjeros que vienen a delinquir, y lo sabe el conjunto de los ciudadanos, y a éstos hay que
expulsarlos y para los delitos más graves meterlos en la cárcel. Ya se están tomando medidas en esta dirección y expulsando a aquellos ciudadanos extranjeros que vienen a delinquir a nuestro país.
Para poner en marcha todas estas medidas es necesario incrementar los recursos, son necesarios los medios materiales y los sistemas científicos y tecnológicos más avanzados. Estamos absolutamente decididos a dotar a nuestras Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad de todos los materiales necesarios para combatir la delincuencia, para garantizar los máximos niveles de seguridad y para que cuenten con los medios tecnológicos más avanzados que pueda haber en el mundo. Para eso hacen falta
recursos económicos. Ustedes han reclamado muchas veces los medios materiales y personales; a los personales ya he hecho referencia y ahora lo hago respecto a los medios materiales, a los dineros. Pues bien, el Ministerio del Interior crece un
8,6 por ciento en los presupuestos. ¿Es el que más crece de todos los departamentos ministeriales? Sí, es el que más crece.
¿Eso significa algo respecto a la política de prioridades del Gobierno? Significa algo. A lo mejor, en vez de un 8,6,
usted hubiese puesto mucho más, eso se lo acepto, pero significará que entre las prioridades del Gobierno la máxima es la seguridad porque es a la que ha destinado más recursos, con un 8,6 por ciento. Además estamos tomando medidas de cooperación
entre todas las administraciones. Hay más de 21 municipios, gobernados por todos los partidos políticos, con los que hemos llegado a acuerdos de cooperación con la policía local. Además, hay otros tres para firmar en las próximas semanas. Esto
significa coordinación y colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con las policías locales en el ámbito competencial que establece la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para combatir la delincuencia y garantizar los derechos
y las libertades de los ciudadanos. Así lo han entendido muchos ayuntamientos, y estamos haciendo un enorme esfuerzo para que continúe en el futuro porque nos parece que es la dirección correcta para garantizar la seguridad de los ciudadanos, que
estamos dispuestos a garantizársela y sabemos cómo hacerlo.
Gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor ministro.
Señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Gracias señora presidenta.
No es una segunda vuelta, señor ministro, es la reiteración de la existencia de un problema que ustedes no son capaces de abordar ni resolver correctamente. Eso es lo que trajimos la semana pasada y lo que traemos hoy a este Parlamento.
Por otra parte, yo no he intentado ni intento, por supuesto, desacreditar al señor Astarloa. Lo que digo es
que su perfil -ahora que se habla tanto de perfiles y usted habla bastante de perfiles- no es el de mando operativo, y eso lo sabe él, lo sabe usted y lo sabemos todos los que conocemos esta Cámara, porque ha estado aquí sentado muchísimo
tiempo. Por otra parte, si empezamos a comparar cosas y personas, ¿por qué no comparamos al señor Astarloa con Fraga, que fue ministro del Interior y cuyas andanzas en la época de la transición y lo que pasó todos conocemos? Así es que, señor
ministro, es mejor no mencionar ciertas cosas.
Por lo que se refiere al problema de los servicios estadísticos de su ministerio, no es usted capaz usted de contestarme. Yo sé que le preocupa, pero es cierto que la competencia en esta materia la tiene la Secretaría General Técnica de su
ministerio, su Dirección General de Estudios, y el programa estadístico ha sido laminado de una manera muy sencilla, cambiándole de nombre. Y si quiere usted, le doy toda la documentación, que está pendiente en el Defensor del Pueblo. Así que ese
es un problema real y pone en evidencia esa cuestión. La comparación que le he hecho en relación con cómo se manejaba antes esa información en su ministerio y cómo la está manejando usted lo que pone en evidencia es que usted ha producido un apagón
informativo de estadísticas oficiales. Usted maneja muchas cifras, pero solamente las que le convienen y las que quiere sacar cada día, pero no ha sido capaz de transmitir toda esa información como un anuario o como una información que se entrega
completa y no filtrada, no manejada, como a mí me ha llegado en alguna ocasión de su ministerio. Y mientras usted siga haciendo eso, mientras siga usurpando el derecho que tiene la opinión pública de conocer datos estadísticos públicos y vulnere la
Ley de la función estadística pública, mientras se siga haciendo eso, nosotros no le vamos a creer, ni le creerá la opinión pública. Cuando usted traiga información transparente le creeremos.
En cuanto a los datos de criminalidad, ¿cómo me voy a alegrar yo de que se incremente la criminalidad? Nuestra batalla es que disminuya la criminalidad y estamos instando al Gobierno a que actúe para que la haga bajar realmente. Pero el
Gobierno se está equivocando porque no pone los recursos ni entiende que hay una labor importante que hay que resolver, que es la coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El incremento de personal es un flatus vocis. Eso se producirá en
el futuro.
En este momento no hay incremento del número de efectivos sino que está disminuyendo, y la política que está siguiendo el Gobierno es de endurecimiento de las penas. Por tanto, es una política puramente represiva, que no va a dar
resultados porque entrará mucha gente en la cárcel que va a salir peor, por la sencilla razón de que en las cárceles, con el hacinamiento, cada día hay peores posibilidades de dar tratamiento penitenciario y de reinsertar.
En cuanto a los inmigrantes, señor Acebes, hay una nueva versión de la culpabilización de los inmigrantes. A nosotros nos da igual que los que asesinan en las calles de Madrid sean inmigrantes o no, y a la gente le da igual. El problema es
que eso está en la calle. Lo que dice el señor Ansuátegui da a veces la sensación de que se parece a lo que decía el burgués de la película de Berlanga: Que se lleven este muerto, que no es de la familia. Aquí no hay muerto de la familia o no de
la familia, aquí hay un problema cada vez más grave de criminalidad violenta que está en la calle y que produce cada día los acontecimientos que ya conocemos.
Por lo que se refiere al número de policías y guardias civiles, usted ha dicho que este año han ingresado 1.923 policías, pero ¿cuántos se han ido? Han ingresado 2.200 guardias civiles, pero usted sabe perfectamente que se han dado de baja
cerca de 4.000. Por tanto, sigue decreciendo. Y su director general de la Guardia Civil ha dicho que hasta el año 2006 no estará completa la plantilla de la Guardia Civil.
Señor Acebes, la primera impresión que tengo sobre el presupuesto del Estado es que crece menos que el año pasado. La primera comparación de cifras del presupuesto inicial que he realizado indica que es inferior al del año pasado. Si usted
quiere que midamos los propósitos por las cifras que aportemos cada cual, vamos a hacerlo. Usted dice que se va a producir un incremento del 8 y pico por ciento. Pues bien, quite usted el importe de los gastos electorales previstos para el año
2004. Nosotros planteamos un crecimiento del presupuesto del Estado para materia de Interior del 13,7 por ciento porque le queremos dar auténtica prioridad. Ustedes no le han dado prioridad, porque si empezamos a quitar y deflactar cantidades,
verá que son inferiores a las del año pasado.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Mayoral, su tiempo ha concluido.
El señor MAYORAL CORTÉS: Espero discutir este tema con usted en el debate de presupuestos, no en este momento en el que tenemos que debatir otras cuestiones.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mayoral.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Paniagua): Gracias, señora presidenta.
Señorías, no he querido insistir mucho en la elaboración de estadísticas porque lo discutimos durante muchas horas hace pocos días, pero dado que insiste, y sobre todo viendo su preocupación por un funcionario determinado, me referiré a
ello. El servicio en el que está destinada esta persona es la Secretaría General Técnica, como acaba de decir, y debería saber que la Secretaría General Técnica no elabora estadísticas propias sino que recopila las de otras entidades del
departamento. Las estadísticas de seguridad corresponden a la Secretaría de Estado de Seguridad a través de lo que se llama programa estadístico de seguridad. Debería saberlo, y si no, tome nota para no volver a repetir cosas equivocadas a
partir de este momento. El funcionario no ha sido cesado sino que se ha cambiado la denominación del puesto, de director de programas estadísticos a jefe de programas, con el mismo nivel 26. Por tanto, únicamente ha habido un cambio de
denominación del puesto que desempeñaba esta persona.
Le he dicho antes cuáles eran las propuestas del Plan de lucha contra la delincuencia que el Gobierno está llevando adelante: más policías, con más medios, mejor formados, más especialización en cuanto a la investigación y medidas
legislativas para incrementar determinadas penas respecto a los delitos más graves y aquellos que más influyen en la seguridad ciudadana. Ya me explicará usted y explicará a los ciudadanos lo que ha dicho acerca de que meter a los delincuentes en
la cárcel no sirve para nada. Efectivamente, es lo que hizo el Partido Socialista cuando tuvo responsabilidades de gobierno: sacar a los delincuentes de la cárcel. Y ahora usted lo ha vuelto a decir: la cárcel no sirve para nada porque salen
peor. Usted me explicará qué hacemos con los delincuentes.
(Una señora diputada: Reinsertarlos.) Ya sabemos que lo que proponen son medidas sociales y educativas. Los españoles tienen que saber que la propuesta de S.S. es no a la cárcel y sí
medidas sociales y reeducativas.
(El señor Mayoral Cortés: No seas demagogo.)
En definitiva, lo que están proponiendo es un modelo policial distinto, que, bajo esa inexplicada e inexplicable forma de unificar de mando -al final hemos acabado en el señor Astarloa y ahora la discusión se centra en la persona y no en el
mando único o mando unificado-, es lo que dijeron desde el primer momento, que es la desaparición del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil y su cambio por otro modelo alternativo y distinto que partiese de la supresión de la Guardia
Civil y del Cuerpo Nacional de Policía. Es verdad que alguien les dijo que se tiraba de los pelos cuando escuchaba eso por la inoportunidad, no por el fondo del asunto, y desde entonces intentan maquillarlo sólo con la primera fase, que es el mando
único, respecto a lo cual al final hemos acabado discutiendo sobre si el señor Astarloa tiene el perfil adecuado o no. En medio de esa confusión que generan en todo el partido, buscan cuál es la fórmula: bien las policías locales del señor
Simancas o bien la policía federal a la que se refería hoy ese presidente de comunidad autónoma. Por tanto, proponen modelos distintos, pero todos pasan por la desaparición de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía, al menos -en palabras
del señor Simancas- como cuerpos uniformados.
Insisto, defienden el Código Penal de 1995. Claro, quien no cree en el cumplimiento de las penas pone penas que no se cumplen, como el arresto de fin de semana, y votan en contra cuando les proponemos otra alternativa. Efectivamente, en
coherencia con todo eso, cuando hay una modificación del Código Penal realmente eficaz para luchar contra las nuevas formas de la delincuencia, ustedes votan en contra o se oponen porque prefieren que se queden aquí los inmigrantes ilegales que
vienen a delinquir. ¿Que proponemos expulsarlos cuando son penas inferiores a 6 años? Ustedes no, ustedes proponen que se queden aquí, pero como tampoco quieren que estén en la cárcel, entonces están en la calle y luego vienen a reclamarnos que
hay problemas de seguridad.
En definitiva, este programa sería una catástrofe para la seguridad en manos del Partido Socialista, como ya ocurrió cuando tuvieron responsabilidades. Frente a eso, le ofrezco -insisto- a S.S. los datos de los que dispongo en este
momento, son los más recientes, la semana pasada le di hasta el 31 de agosto y hoy le he dado hasta el 30 de septiembre, lo que pasa es que a S.S. no le gustan porque no se compadecen con su discurso de que los planes que propone el Gobierno son
malos porque dan mal resultado, porque si dan buen resultado usted tiene que aceptar que los planes son buenos y que están encaminados en la buena dirección como está ocurriendo, a pesar de su señoría...
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor ministro, ha concluido su tiempo.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Paniagua): Y va a seguir ocurriendo en los próximos años.
Gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor ministro.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE MEDIDAS DE POLÍTICA GENERAL QUE TIENE PREVISTAS EL GOBIERNO PARA MEJORAR LOS SISTEMAS DE ACCESO Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN POLICIAL POR PARTE DE LAS DISTINTAS FUERZAS Y
CUERPOS DE SEGURIDAD. (Número de expediente 172/000319.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Interpelación del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, sobre medidas de política general que tiene previstas el Gobierno para mejorar los sistemas de acceso y tratamiento de
la información policial por parte de las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Para la defensa de la iniciativa, tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señoras y señores diputados, señor ministro del Interior, el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió presenta hoy ante el Pleno de la Cámara una interpelación que, si me lo permiten, es
una interpelación instrumentada, y lo es porque lo que persigue nuestro grupo con este debate es llegar a una moción final que permita a esta Cámara buscar un consenso sobre los interrogantes que se abrieron en el debate celebrado en la Comisión de
Justicia e Interior en relación con el llamado caso King y las posibles reformas que todos dedujeron de ese debate que podían realizarse.
Nosotros presentamos hoy esta interpelación porque han sucedido unos hechos, aparentemente no hay ningún
funcionario público que no haya actuado de acuerdo con lo que marca la legislación y, en cambio, todos coincidimos en que finalmente el resultado no es el deseado. El resultado final del tratamiento de unos datos -en este caso los que la policía
británica nos trasladó a España sobre el señor King- no es el adecuado con respecto a lo que después se ha demostrado que debería haberse hecho realmente, pero formalmente nadie ha incumplido ninguna ley. De ahí que sea necesario emprender reformas
para que, si volviera a suceder un supuesto similar, el tratamiento de los datos discurriera por lo menos por otro cauce. No me atrevo a decir, señor ministro, que con ello se hubiera evitado, porque esto no lo sabe nadie y decir que si se hace
esto seguro que no hubiera pasado lo otro siempre es un futurible, y mi grupo no va a caer en esa demagogia. Pero seguro que con un cauce distinto de los datos, la información de que hubiesen dispuesto los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad hubiera
sido una información más esclarecedora y, a lo mejor, hubiese aportado alguna luz cuando se estaba investigando la desaparición y posterior asesinato de Rocío Wanninkhof, el 9 de octubre de 1999. Aquí se han producido unos hechos, señor ministro,
que no han tenido en apariencia aquel tratamiento que deberían de haber tenido por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Vayamos a analizar cuáles son los hechos y cuál es el tratamiento. Los hechos fueron relatados por el propio ministro del Interior en su comparecencia y podríamos decir que en lo que a esta interpelación puedan afectar, los hechos empiezan
cronológicamente el 15 de septiembre de 1998, fecha en la que desde Interpol-Reino Unido se comunica a Interpol-España una serie de datos sobre una persona extranjera que supuestamente está residiendo legalmente en España. ¿Cuáles son esos datos
objetivos? Se dice que es una persona que en el Reino Unido está buscada por un delito de intento de violación. Por tanto, no es un sospechoso más; es una persona buscada por un país de la Unión Europea por un delito. A pesar de ello, y puede
parecer una contradicción, las autoridades judiciales británicas no solicitan la extradición ni le aplican a esa información una importancia relevante. El hecho objetivo es que se le estaba buscando por un delito y así se nos comunicó. No era un
ciudadano más; era un ciudadano buscado por un delito. Además, se nos indica que en el Reino Unido el señor King tiene antecedentes de intento de estrangulamiento, agresión grave, posesión de arma ofensiva e intento de robo y posesión de arma de
fuego; es decir una serie de informaciones que a nuestro entender son relevantes. La información de Interpol acaba estableciendo que puede suponer una amenaza potencial para las mujeres en España.
Ante esta información objetiva, ¿en qué base de datos se introduce? En la de Interpol-Madrid, ahí se queda, no hay más almacenamiento ni tratamiento de estos datos. ¿Por qué motivo? Porque existe una legislación sobre protección de datos
personales aprobada en esta Cámara, ley orgánica de la que yo fui ponente y conozco bien cuál fue el desarrollo de los trabajos parlamentarios de esa ley orgánica. En esa ley orgánica existe un artículo, el 22, y el director de la Agencia de
Protección de Datos ha afirmado que de acuerdo con esta legislación no podían ser tratados los datos del señor King. Yo admito, señor ministro, que esto podría abrirnos un debate. Es discutible lo que dice el director de la agencia, con todos mis
respetos hacia su criterio. De ahí que de la moción subsiguiente a esta interpelación pueda surgir un criterio que esclarezca en qué supuestos y en cuáles no es aplicable el artículo 22.
Si leemos el artículo 22, en su apartado 2 se dice que la
recogida y tratamiento para fines policiales de datos de carácter personal por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sin consentimiento de las personas afectadas están limitados a aquellos supuestos y categorías de datos que resulten necesarios para la
prevención de un peligro real para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales, debiendo ser almacenados en ficheros específicos establecidos al efecto. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
En este supuesto, señor ministro, el director de la agencia entiende que no había justificación, sin el consentimiento del afectado -en este caso del señor King-, para que pudiéramos tratar con fines policiales esta información que nos había
llegado del Reino Unido. Tanto usted como yo y el resto de los parlamentarios quizás pudiéramos llegar a coincidir en que, tal y como se trasladó esa información, quedaba justificada como prevención de un peligro real para la seguridad pública. Es
opinable. Yo respeto al director de la agencia, pero quizás de esta Cámara deba salir un criterio distinto. Quizás de esta Cámara deba salir una moción en la que claramente se afirme que cuando una persona que está en España es buscada por otro
país por la comisión de un delito, que es lo que afirmaba la nota de Interpol-Reino Unido, debe figurar en una base de datos. Si de la ley entendemos estrictamente, como entiende el director de la agencia, que esto no es así, quizá deberíamos
modificar esa ley para esclarecer los supuestos en los que entendemos que existe un peligro
real para la seguridad pública. El artículo 22 habla de la prevención de un peligro real, por lo cual nuestro grupo parlamentario entiende que son posibles diferentes interpretaciones. Por tanto, respetando la opinión del director de la
agencia, muchos podemos pensar que para prevenir un peligro real para la seguridad pública deberían haberse tratado estos datos, porque a pesar de que Interpol los clasificaba de importancia baja, lo cierto es que en ellos se estaba diciendo que era
una persona buscada por un delito de violación, se estaban dando los antecedentes penales y se estaba afirmando que era una amenaza potencial para las mujeres en España. De ahí que, sin censurar lo que ha pasado, debamos mirar hacia delante y ver
cómo podemos modificar en el futuro en nuestra legislación el tratamiento de estos datos, cómo podemos modificar la operatividad de las bases de datos, para que una información relevante como esta pueda ser tratada de acuerdo con lo que establece la
Ley orgánica de protección de datos de carácter personal. Es un debate jurídico, pero de una enorme trascendencia práctica. Permitir el tratamiento de los datos de una persona sin su consentimiento siempre es un peligro y, si no se realiza con las
necesarias acotaciones y garantías, puede significar una vulneración de los derechos fundamentales de la persona. De ahí que no debamos frivolizar este debate, ni podamos modificar la ley en un sentido que pudiera parecer que damos una
excepcionalidad a un tratamiento de datos sin el consentimiento del afectado, pero en este caso el afectado era una persona buscada en el Reino Unido por un delito de intento de violación; no era una persona sin antecedentes penales, tenía
antecedentes penales. Deberíamos buscar una acotación, deberíamos buscar entre todos una solución normativa porque si la sociedad pregunta a los legisladores, como parte de un poder importante del Estado, qué hemos hecho, nosotros no podemos decir
que no hemos hecho nada. Hemos conocido el caso King, hemos visto lo que pasó, aquí se aplicó la Ley orgánica de protección de datos con un criterio que yo respeto pero que podría ser discutible, y esos datos no tuvieron ninguna relevancia.
Se ha dado un contrasentido enorme. En Málaga se estaba buscando al posible asesino de Rocío Wanninkhof y se hizo una investigación buscando todas las informaciones posibles. En cambio, de la información que se transmitió a la misma
provincia a la que había llegado unos meses antes la información de Interpol-Reino Unido no había quedado huella. Se había comprobado el domicilio, se conocían los antecedentes y, al final, eso no tuvo la repercusión que el ciudadano espera, porque
el ciudadano confía en que cuando una información de este tipo se traslada de un país a otro tenga una consecuencia distinta.
La señora PRESIDENTA: Señor Jané, le ruego termine.
El señor JANÉ I GUASCH: Termino, señora presidenta.
El motivo de mi interpelación es instrumental. Busquemos la fórmula y el consenso para que datos de esta naturaleza y de esta importancia puedan tener un tratamiento distinto.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.
Señor ministro de Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Paniagua): Gracias, señora presidenta.
Señoría, agradezco el tono con el que ha llevado a cabo esta interpelación. Además, estoy muy de acuerdo con la mayoría de las cuestiones y afirmaciones que ha planteado, así como de las reflexiones que ha suscitado porque en buena parte
son coincidentes con las que ya tuve la ocasión de hacer en la comparecencia que realicé en la Comisión de Justicia e Interior para tratar de este asunto.
Efectivamente, comparto que una de las preocupaciones fundamentales de las sociedades modernas es establecer los mecanismos adecuados para garantizar la intimidad de las personas frente a cualquier intromisión ilegítima, incluidas las que
puedan venir desde los organismos públicos.
Por ello abundan en el derecho comparado, en todos los Estados de derecho, preceptos constitucionales cuyo objetivo es defender a los individuos de este tipo de intromisiones. Nuestra propia Constitución
garantiza estos derechos en su artículo 18 y, fruto de esta previsión constitucional, se aprobó la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos, aparte de que tenemos que tener en cuenta las obligaciones y tratados
internacionales. Todo ello puesto en relación -S.S. lo conoce muy bien- con el artículo 24 de la Constitución, que consagra la presunción de inocencia, y el artículo 25, en virtud del cual nuestro sistema de penas debe de estar orientado
fundamentalmente a la reeducación y a la reinserción social. Dicho todo esto para enmarcar jurídicamente el asunto que estamos tratando, es preciso conjugar estas limitaciones constitucionales y legales con las necesidades propias de la
investigación criminal moderna. He señalado en muchas ocasiones cómo están apareciendo nuevas formas de criminalidad hasta hace pocos años desconocidas fruto de la progresiva superación de fronteras entre los Estados, lo que implica la aparición de
un espacio criminal común y, por tanto, la necesidad también de un espacio de seguridad común. De esta manera los criminales se benefician de la progresiva supresión de las fronteras para delinquir en un Estado, después pasan a otro donde confían
en no ser perseguidos y así sucesivamente, sin que por el momento las policías y los sistemas judiciales tengan la misma facilidad de desplazamiento. Por tanto, es necesario avanzar,
acabar con esta situación y dotar a nuestras policías de mecanismos de coordinación y de información que impidan a los criminales beneficiarse de ellas. Esta es la segunda de las premisas en las cuales debe moverse el tratamiento
automatizado de datos personales en relación con la investigación criminal. Es necesario asegurar que los sistemas de información de las fuerzas policiales permitan luchar eficazmente contra el delito, sin perder de vista la salvaguarda y tutela de
los derechos fundamentales.
Hechas estas dos afirmaciones, voy a referirme expresamente al denominado caso King, al que ha aludido S.S. en esta interpelación. Hay que recalcar que la comunicación que remite la policía británica el 15 de septiembre de 1998 no permitía
por sí sola, como también ha afirmado S.S., ser introducida en una base de datos automatizada policial. Es importante volver a insistir, aunque creo que quedó suficientemente explicado en mi comparecencia el día 1 de octubre, que las bases de datos
policiales son las que están constituidas con arreglo a la ley. Es importante tener en cuenta esto, señorías, porque las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no disponen de más bases de datos que las que están constituidas con arreglo a la ley
y debidamente autorizadas y registradas en el registro general de la Ley de protección de datos. Este es un dato muy importante porque de las declaraciones del director de la agencia hay que destacar que donde se registran y quien tutela las bases
de datos de la policía es la propia Agencia de Protección de Datos. Por tanto, estas bases funcionan con unos criterios y limitaciones determinados.
Otro aspecto importante es que la ley impone la obligación de cancelar los datos consignados en los ficheros de investigación policial cuando terminaron las averiguaciones que dieron lugar a su almacenamiento. Por tanto, señoría, ¿qué es lo
permitido? Lo permitido es que se lleven bases de datos de investigación policial relacionados con actuaciones o investigaciones en curso. Esta es la limitación esencial que en este momento tenemos, expresada por la Agencia de Protección de Datos
pero también tenemos diversas resoluciones judiciales que así lo han establecido. Tiene que existir una denuncia, una orden de busca y captura, una extradición, unas requisitorias, análisis de policía científica relacionadas con un determinado
delito que se está investigando, pero no se permite un almacenamiento ni indiscriminado ni mucho menos para siempre relativo a los datos de una persona.
Según todo lo que acabo de exponer, resulta que la comunicación relativa a King, recibida en septiembre de 1998, no podía ser almacenada en una base de datos policial sin que existiesen actuaciones concretas de investigación sobre este
sujeto. No lo permitía nuestra legislación.
Había una advertencia del tenor literal que ha expresado S.S., pero la policía española sólo puede iniciar una investigación cuando se dan uno de los supuestos de orden de busca y captura, extradición,
etcétera; es decir, la que la legislación internacional admite para poder iniciar una investigación y, por consiguiente, tener acceso a una base de datos. Por tanto, las declaraciones del director de la agencia son muy clarificadoras en tanto en
cuanto nuestras bases de datos policiales están sometidas a su control y decisión. Textualmente dice: Si el Ministerio del Interior hubiera conservado los datos de King en 1998 -especifica en 1998- como delincuente potencial, habría infringido la
ley, y si lo hubiéramos sabido en la agencia, habríamos tenido que actuar con un expediente sancionador. Después se podrá hacer la interpretación jurídica que queramos, pero esta es la afirmación de quien tiene el control sobre nuestras bases de
datos policiales. Y sobre la interpretación de la ley -S.S. se ha referido a ello y es cierto que siempre caben distintas opiniones-, quien la tiene que dar, la sustancial, que es el director de la agencia, dice de nuevo: La existencia de esa
base de datos vulneraría el artículo 22 de la Ley de protección de datos. Digo esto porque nos debe servir para nuestra reflexión que con esta interpelación comienza. Sigue: Desde esta agencia nos tendríamos que oponer si no se produjera
previamente una reforma legal. Ya conocemos, respecto a la interrogante que formulaba S.S., qué ocurriría si incorporamos estos datos a las bases actuales sin una reforma legislativa: que la agencia tendría que oponerse, y por eso lo que establece
es que haya una reforma del artículo 22.
Como bien recordará S.S., yo ya propuse en Comisión que abriésemos un debate respecto a esta cuestión. Me parece que merece la pena que lo tratemos y además con una serie de características. Se trataría de examinar la posibilidad de crear
una base de datos de personas potencialmente peligrosas para la seguridad pública aunque no estuviesen sometidas a una investigación concreta y aunque sus antecedentes penales estuvieran cancelados. Estos supuestos se recogerían no sólo en las
propuestas internacionales, sino que también darían solución a un problema que cualquier día se puede producir en España. Cuando han sido cancelados los antecedentes penales, se realiza la inspección oportuna de la Agencia de Protección de Datos y,
por lo tanto, tienen que desaparecer de las bases policiales. Podría ocurrir. Si vamos a entrar en este tema, deberíamos afrontarlo.
Esta base de datos tendría las siguientes características: deberían ser incluidas en ella las personas que hubiesen sido previamente condenadas, aunque sus antecedentes personales estuviesen cancelados -insisto-. El almacenamiento de la
información se haría por un determinado espacio de tiempo y se regularían los derechos de acceso, rectificación y cancelación. Por fin, se referiría únicamente a determinados delitos graves, como los delitos contra la vida o los de carácter sexual,
y ello supondría necesariamente una reforma del artículo 22 de la Ley de protección de datos de carácter personal.
Se trata de una materia delicada -ya lo dije en su momento, e insisto en ello-, en la que sería conveniente alcanzar un amplio consenso entre los grupos parlamentarios. Ahora bien, el ordenamiento jurídico tiene que dar una respuesta
adecuada a las nuevas formas de delincuencia, a las necesidades de cooperación internacional y a las organizaciones delictivas transnacionales y transfronterizas. Con todas las garantías, con la protección de todos los derechos fundamentales, pero
tomando decisiones que nos permitan continuar en la dirección correcta.
(Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señorías, señor ministro, le agradezco el tono que ha dado a su respuesta a esta interpelación.
Creo que la propuesta que estaba formulando a la Cámara de posible reforma de la Ley orgánica de protección de datos personales debe abordarse con dos premisas: la primera es el consenso. Se trata de la reforma de un aspecto tan sensible
como el tratamiento de los datos personales. Por mi parte, hago una invitación a todos los grupos de la Cámara a contribuir a que se llegue por consenso a la solución que se dé. La moción habría obtenido un mal resultado si, al final, no diéramos
a la ciudadanía la imagen de que estamos de acuerdo en cuanto a los supuestos que pueden dar lugar a ese tratamiento automatizado.
La segunda premisa es el equilibrio, señor ministro; un equilibrio difícil. Por un lado, está la privacidad absoluta de los datos personales, que todos deseamos para los propios. Los ciudadanos no quieren que sus datos personales sean
tratados sin su consentimiento y sin su conocimiento. Es un bien constitucional que debemos preservar. En el otro lado de la balanza está el hecho de que la ciudadanía quiere que se traten determinadas informaciones que, por su contenido, puedan
suponer un potencial peligro para la colectividad. Hablamos de aspectos muy sensibles, como los delitos contra la libertad sexual; estamos hablando de informaciones sobre personas que pueden haber cometido violaciones en tercero países y a pesar
de que hayan cumplido ya su pena.
Se trata de personas como el señor King, que había cometido multitud de agresiones sexuales contra mujeres en el Reino Unido; las agresiones eran conocidas, fue juzgado por ellas y condenado a diez años de cárcel,
de los cuales cumplió cinco. El ciudadano quiere que, si llega esa información, se trate. Ahora bien, debemos buscar el equilibrio. No se trata sólo de ampliar, debemos ver en qué supuestos permitimos ese tratamiento; deben ser muy limitados y
concretos y acordados por amplio consenso. La reforma no debe tener, al final, el carácter de gran ampliación de los supuestos en que los datos pueden ser tratados sin el conocimiento del afectado.
Los legisladores que participamos en la ponencia de la Ley orgánica de protección de datos entendíamos que habíamos conseguido en el artículo 22 el equilibrio de que les hablo. Por la información del director de la agencia que usted nos ha
aportado, me temo que no es así, que los ponentes nos equivocamos. Sin embargo, en la voluntad de los ponentes, se lo aseguro, señor ministro, en la redacción actual del artículo 22, claramente hablábamos de unos datos que nunca podían ser
tratados, como eran los relativos a las creencias, religión, orientación sexual, raza..
Estos eran unos datos que en ningún caso podían ser tratados. En cambio, hay otro conjunto de datos relativos a aspectos que pueden suponer un peligro real
para la seguridad pública, una prevención y en este caso podríamos entender que se daba este supuesto. ¿Por qué nos comunica Interpol, Reino Unido, que el señor King puede suponer un peligro potencial para las mujeres en España? Para que hagamos
algún caso a esa información. Si no la podemos tratar, por qué nos la comunican, si ya tenía los antecedentes cancelados en Reino Unido, que los tenía, si aparentemente en Reino Unido sólo le quedaba saldar un posible delito de intento de violación
a una ciudadana húngara, que incluso fue retransmitido por las cámaras de televisión y eso provocó que el señor King, asustado y a pesar de que no tenía una cuenta que saldar con la justicia, como le habían reconocido, prefirió salir de Reino Unido
y venir a España, aunque estaba en una situación legal. Cuando nos comunican esa información desde Reino Unido, alguna finalidad debía tener esa comunicación. Si esa es la interpretación que se da al artículo 22, mi grupo está dispuesto, si existe
consenso, que era la otra premisa, a buscar una acotación para clarificar lo que entiendo yo que era la voluntad de los ponentes que intervinimos durante más de un año en la elaboración de la Ley de protección de datos de carácter personal, una ley
en la que lo que debe primar siempre es la garantía de que ningún ciudadano verá tratados sus datos sin su consentimiento, pero caben excepciones y esas excepciones son las que debemos matizar y acotar muy bien con el máximo consenso.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Paniagua): Gracias, señora presidenta.
Señoría, con toda brevedad, le agradezco de nuevo el tono constructivo y las propuestas que ha formulado. Partimos de una buena base. Estoy de acuerdo con los hechos que ha manifestado S.S., tal y como se produjeron, del caso que nos trae
a esta reflexión, pero que puede ser de aplicación a otros supuestos con otros países
y también dentro de España, insisto, y por tanto tenemos que dar una solución que abarque ambos. Usted ha centrado muy bien el debate. Se trata de si podemos hacer un registro, con base automatizada de los datos para su tratamiento, de
delincuentes de riesgo potencial, es decir, una vez que en España o fuera de España han cancelado sus antecedentes, han cumplido con la justicia, pero pueden ser un riesgo potencial de futuro para la sociedad respecto a determinados delitos
especialmente graves como delitos contra la libertad sexual o delitos contra la vida.
Tendremos que intentar avanzar en esa dirección, porque ese riesgo potencial lo es para la sociedad de manera grave y por tanto se tienen que incorporar a esa
base de datos automatizada. Hago esta afirmación a sabiendas de la complejidad que tiene, porque estos individuos, una vez que han cumplido sus sentencias, una vez que han saldado sus deudas con la justicia, insisto, en España o fuera de ella,
¿cuánto tiempo pueden estar en esas bases de datos? ¿De manera ilimitada? ¿Cuánto tiempo va a durar el riesgo que puede existir para la sociedad respecto a esas personas por muy graves que sean los delitos? Será una reflexión que tengamos que
abordar antes de producir una modificación legislativa, pero está en lo cierto, señoría, es un problema real, es un problema que puede volver a existir y en el que además las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están especialmente interesados
en tener la seguridad jurídica suficiente a la hora de tratar las bases de datos, porque aun poniéndonos en cualquiera de los supuestos de que la interpretación sea dudosa, no ya la interpretación tan clara que ha hecho la Agencia de Protección de
Datos, la responsabilidad es de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que incorporan a las bases de datos esos supuestos de riesgo potencial. Yo creo que el Parlamento tiene que dar la suficiente cobertura jurídica y seguridad a nuestras
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para saber hasta dónde pueden llegar, qué datos pueden incorporar, cuándo los tienen que cancelar y cuánto tiempo pueden permanecer en la base de datos, y eso al menos en esos dos supuestos, cuando haya
habido condenas en España o fuera y hayan saldado sus responsabilidades con la justicia en España o fuera de España. ¿Se pueden incorporar, sí o no, cuánto tiempo y a través de qué procedimiento se pueden cancelar? Tenemos que dar respuesta a esas
tres preguntas. Yo creo que estaremos avanzando en la lucha contra las nuevas formas de criminalidad, pero también estaremos dando la seguridad jurídica suficiente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la hora de incorporar esa
información a sus bases de datos y sobre todo, lo más importante, yo creo que estaremos avanzando para garantizar la mayor seguridad al conjunto de los ciudadanos en delitos que sean especialmente graves.
Deseo mostrar la mejor disposición durante este tiempo para alcanzar un acuerdo en la moción y si como consecuencia de la misma hay que hacer una reforma legislativa, deseo y espero que haya un consenso amplio para llevar a cabo, si
consiguiésemos alcanzar ese acuerdo, una reforma por consenso de la mayoría de los grupos parlamentarios.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE MEDIDAS A TOMAR PARA REDUCIR Y LIMITAR LA PRECARIEDAD, LA TEMPORALIDAD Y LA SUBCONTRATACIÓN EN EL EMPLEO. (Número de expediente 172/000320.)
La señora PRESIDENTA: Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre medidas a tomar para reducir y limitar la precariedad, la temporalidad y la subcontratación en el empleo. Para la presentación y defensa
de la misma tiene la palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, el gravísimo accidente producido recientemente en la refinería de Puertollano, independientemente de sus causas concretas, ha tenido la virtualidad de poner nuevamente de manifiesto la realidad laboral española.
Como usted sabe, dicho accidente incluso está produciendo en estos momentos, como consecuencia de la situación laboral por la que atraviesan los trabajadores subcontratados, un conflicto que sufre hoy la plantilla. Desde esta tribuna vaya nuestra
solidaridad con lo que creemos que es una lucha justa y nuestro deseo de que ese conflicto se resuelva lo antes posible con el cumplimiento de las reivindicaciones justas de los trabajadores, emplazamiento que hacemos también al Ministerio de
Trabajo para que ponga de su parte todo lo necesario al objeto de resolver el conflicto que sufren estos trabajadores.
Es indudable que por la denuncia y presión continuada de los sindicatos se está avanzando en la mejora de la eficacia y en el cumplimiento de las obligaciones empresariales en materia de prevención de los riesgos laborales, pero este
progreso no dará unos resultados eficaces si no se dan pasos decididos en la lucha contra las causas últimas del aumento de la siniestralidad laboral que se produce en España. El desempleo sigue sin reducirse, señor ministro, 17.583 parados más en
un año, y aunque septiembre tradicionalmente es un mes malo para el empleo, este año se ha registrado el peor dato desde 1997. Además, empeora la calidad del empleo. Cada vez se hacen menos contratos indefinidos y aumentan los temporales. Incluso
los datos de afiliación a la Seguridad Social, de los que el Gobierno y su ministerio tanto presumen, han sido bastante peores que los alcanzados en años precedentes. Por tanto no existen razones para el triunfalismo del que el Ejecutivo hace gala,
salvo que sea para justificar mes tras mes que no se toman medidas para solucionar los graves problemas estructurales del empleo. Un año más se
ha vuelto a desaprovechar la oportunidad que brindan los Presupuestos Generales del Estado y el Plan nacional de acción por el empleo para cumplir con los objetivos europeos de más y mejor empleo. Los datos de contratación publicados no
sólo no rompen la tendencia de años anteriores de uso excesivo de la temporalidad, sino que la empeoran. El peso de la contratación indefinida, que se situó en el 8,1 por ciento, se encuentra por debajo del nivel registrado en septiembre del año
pasado, que fue del 8,8 por ciento, y la contratación temporal aumenta su peso en siete décimas respecto a la registrada el pasado año, llegando a niveles del 91,9 por ciento, teniendo que remontarnos a 1998 para encontrar un mes de septiembre donde
la contratación temporal, sobre el total de la misma, fuera de mayor cuantía.
Está absolutamente probada la conexión directa entre la precariedad del empleo y los accidentes de trabajo, de tal forma que aunque se mejore todo el sistema de prevención de riesgos, no es posible conseguir la reducción de estos últimos sin
corregir de una vez por todas los factores que provocan la temporalidad y la rotación del empleo. En este punto debemos exigir desde Izquierda Unida la dimisión del delegado del Gobierno tras la brutal carga policial efectuada contra los
trabajadores de las contratas de Puertollano, carga que revela la sensibilidad de este Gobierno sobre este problema de la calidad del empleo, de los efectos de la subcontratación y de los derechos de los trabajadores. Lo que denunciamos, señor
ministro, es que la subcontratación o descentralización producida conlleva más precariedad laboral con más temporalidad. La descentralización productiva da a las empresas niveles de flexibilidad infinitamente mayores que los de cualquier reforma
laboral soñada por los empresarios y el Gobierno, como son los siguientes: contratos precarios, desregulación de la jornada, costes y causas de despido, dobles escalas salariales, menor representación sindical, etcétera. Por otro lado, desorganiza
las reglas del juego laborales, en consecuencia el derecho al trabajo. Los trabajadores de las contratas y subcontratas tienen niveles de precariedad muy altos, mayores según aumenta la distancia de su empresa respecto a la principal en la cadena
de subcontratación. La empresa principal reduce su responsabilidad con los trabajadores, reduce su propia plantilla y tiene menos trabajadores y la responsabilidad se diluye en la cadena de subcontratación. Hemos reiterado la necesidad de proponer
cambios normativos en la regulación de la ley sobre la responsabilidad compartida de las empresas por considerar esta insuficiente, puesto que no afecta a toda la cadena ni a las actividades auxiliares ni a indemnizaciones por despido ni a los
accidentes de trabajo y la subrogación queda invalidada por la generalización de los contratos de obra. En unos y otros campos las respuestas del Gobierno no sólo están ausentes, sino que sus políticas reafirman lo que una y otra vez hemos señalado
en esta tribuna: España tiene la peor calidad laboral de la Unión Europea.
La radiografía de las características y calidad del empleo en España muestra a las claras que la situación comparada es la peor de Europa.
Unos datos básicos ponen de manifiesto tal realidad. La tasa de temporalidad del empleo en España es
la más alta de los quince Estados miembros de la Unión Europea, es decir, el 31,7, y supera en 18 puntos la media europea. De los 18 millones de trabajadores temporales de toda la Unión Europea, cuatro millones son españoles. Sólo tenemos el 9 por
ciento de los asalariados europeos, pero el 22 por ciento de los temporales. En todas las ramas de actividad sin excepción la tasa de temporalidad española es superior a la media europea. Hay una desaforada rotación en el empleo y encadenamiento
de contratos temporales, la mayoría de los cuales es de muy corta duración, casi el 30 por ciento de los contratos duran menos de un mes, siendo de ellos el 52 por ciento de menos de siete días y otro 30 por ciento duran entre uno y seis meses.
Según registran las propias estadísticas de la EPA, como mínimo un millón de trabajadores lleva trabajando en su empleo actual más tiempo que el transcurrido desde el comienzo o renovación del contrato, es decir, no es su primer contrato en ese
mismo empleo. La excesiva temporalidad del empleo, en lugar de corregirse, no cesa de aumentar, como hemos dicho anteriormente. En 1996 eran 2.850.000 trabajadores los que tenían un contrato temporal; en el año 2002 eran 3.882.000 trabajadores,
esto es, el Gobierno del Partido Popular ha aumentado radicalmente la temporalidad del mercado de trabajo en cerca de un millón de trabajadores.
En resumen, esta es la situación del empleo en España, que se parece en buena medida a una jungla en cuanto a la manera en que se usa y abusa de los contratos temporales. La conclusión obvia de todo ello es que, por buenas que sean las
medidas en materia de salud laboral, no es posible resolver el problema de la siniestralidad sin atacar sus causas originarias, que están en la precariedad y deterioro del empleo en España, y, a su vez, atacar las causas de esta precariedad,
desconocida a estos niveles en los restantes países europeos. Esta situación ha sido confirmada por los datos relativos al paro registrado, como hemos dicho, en el pasado mes de septiembre. Nos encontramos ante un mercado de trabajo con acusada
tendencia a la precariedad, de mala calidad y con escasas perspectivas de ofrecer una alternativa a los trabajadores en desempleo. Señor ministro, la subcontratación es una de las principales causas de la excesiva temporalidad del empleo en España.
Termino recordando que realizar las reformas necesarias para mejorar la calidad del empleo es la única forma para reducir los accidentes laborales. Quisiera recordarle también, y este es en efecto el fondo de la cuestión y la tarea que
llevamos demandando, que en el año 2000 se realizó un intento a través del diálogo entre sindicatos y organizaciones empresariales que terminó en fracaso; se
han traído a esta Cámara dos iniciativas legislativas populares por parte de los sindicatos que tampoco se han tenido en consideración; el Gobierno, a comienzos de 2001, impuso por decreto-ley una reforma laboral que ha fracasado totalmente
en el objetivo de mejorar la calidad y estabilidad del empleo; la Comisión Europea ha llamado la atención al Gobierno español en los dos últimos años para que tome medidas al respecto, medidas que no han llegado. Debemos insistir nuevamente en la
necesidad de tomar medidas para lo siguiente: recuperar la estabilidad del empleo suprimiendo todos los supuestos de abusos y exceso en la contratación temporal; reformar la regulación de la subcontratación en empresas; asegurar la
responsabilidad plena de las empresas con las condiciones de trabajo y de seguridad de los trabajadores subcontratados que operen en su ámbito de actividad. En definitiva, las medidas en materia de salud laboral sólo serán eficaces dentro de un
planteamiento en el que se hagan las reformas necesarias para mejorar la calidad y estabilidad del empleo y eliminar los abusos y perversiones de la subcontratación.
Señor ministro, tenemos un problema: una muy mala calidad en el empleo que generamos, que genera las consecuencias que una vez más ponemos sobre el tapete.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz.
Señor ministro de Ciencia y Tecnología.
El señor MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Costa Climent): Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero agradecer a S.S. la manifestación de solidaridad con los trabajadores españoles y por supuesto con todos los que se pudieron ver afectados de manera directa por las graves consecuencias del accidente de Puertollano.
La solidaridad, la preocupación y el sentimiento del Gobierno han sido manifestados desde el primer momento.
Esperamos las conclusiones de la investigación que se está llevando a cabo para sacar las consideraciones oportunas.
En cuanto al contexto de su interpelación, S.S. describe una realidad de España que no existe, una realidad de la política económica y de la política de empleo de España que no existe. Es muy difícil hacer propuestas rigurosas desde el
punto de vista político si en el diagnóstico no se hace un análisis riguroso de la realidad. Lo que ha ocurrido en España a lo largo de los últimos años es que se ha invertido totalmente la tendencia del comportamiento del mercado de trabajo. Lo
que ha ocurrido a lo largo de los últimos ocho años es que en España se ha creado empleo estable y empleo de calidad y se ha cambiado una tendencia que se generó a mediados de los años ochenta, que tuvo su momento más álgido en el año 1995, en el
que la tasa de temporalidad en España se duplicó. Ya le habría gustado al Gobierno del Partido Popular haber tenido un mejor punto de partida en el año 1996. Ya nos habría gustado que el Partido Socialista hubiera hecho otra política de empleo,
pensando más en las necesidades de los trabajadores y más preocupados por la estabilidad en el empleo y la calidad del mercado de trabajo, pero nosotros hemos tenido que actuar sobre la base de las consecuencias y de la situación a la que nos
enfrentamos en el año 1996. Esa situación era que en el tercer trimestre de 1995 -y es importante que estemos de acuerdo con los datos y que hagamos un análisis serio de las cifras- la tasa de temporalidad en España era del 35,2 por ciento. Esa
tasa de temporalidad prácticamente se duplicó a lo largo del período 1985-1995.
En estos momentos, la política de empleo del Gobierno ha permitido que la tasa de temporalidad se reduzca en cinco puntos en un período de ocho años. Es una situación que se ha producido en España, mientras que en el conjunto del mercado de
trabajo de la Unión Europea la tendencia ha sido justamente la contraria, ha aumentado la temporalidad del empleo y se han reducido los empleos estables, a diferencia de lo que ha ocurrido en nuestro país. Desde el punto de vista de la creación de
empleo es muy importante que seamos conscientes de que de los 4.200.000 empleos creados a lo largo de los último años, el 80 por ciento, 3.300.000, son empleos estables y el resto son empleos temporales. Por lo tanto, señoría, que en estos momentos
el 80 por ciento de los nuevos asalariados que acceden al empleo lo hagan con un contrato indefinido es un cambio radical del mercado de trabajo en nuestro país. Lo que está pasando en España en estos momentos, a diferencia de lo que ocurría en
épocas de crecimiento económico anteriores, es que antes se sustituían empleos estables por empleos temporales y hoy ocurre exactamente lo contrario. Si hacemos un análisis de la evolución del empleo por sectores de actividad, vemos que hay
sectores, los sectores en los que las razones estructurales para que exista temporalidad son menores, en los que el esfuerzo de reducción de la temporalidad ha sido mucho más alto. Su señoría probablemente sabrá que la temporalidad en la
construcción se ha reducido en casi siete puntos desde el año 1995. Es un cambio de tendencia muy importante que hay que reconocer. ¿Qué nos gustaría estar en una posición mucho mejor? Sin duda nos gustaría que fuera así, pero hay que reconocer
las realidades. En el sector industrial se ha reducido la tasa de temporalidad alrededor de siete puntos a lo largo de los últimos ocho años, hasta situarse en el 22,6 por ciento. En el sector de los servicios también se ha reducido la tasa de
temporalidad. Sólo en el marco de lo que es el sector agrario y de la agricultura los niveles de temporalidad no han experimentado ese cambio de tendencia al que he hecho alusión.
En muchas ocasiones ustedes buscan referentes fuera de España y plantean políticas sobre la base de experiencias que dicen que se producen en otros países
europeos. Es muy importante saber también lo que ha ocurrido en Europa, donde únicamente cinco países, Austria, Dinamarca, Finlandia, Irlanda y Luxemburgo, han reducido su tasa de temporalidad. En Reino Unido prácticamente se ha mantenido
estable en diferencias y en el resto de los países ha aumentado la tasa de temporalidad, pero ha aumentado además en el conjunto de los quince países de la Unión Europea donde, a pesar de los esfuerzos hechos por países como España, la tasa de
temporalidad media ha aumentado en 1,1 puntos porcentuales.
Hay que partir de una realidad y es que la política del Gobierno ha supuesto un cambio de tendencia en el mercado de trabajo en España; que en estos momentos se sustituye empleo temporal por empleo estable, en términos de peso en el mercado
de trabajo; que la tasa de temporalidad más alta la alcanzamos en el año 1995 y desde ese momento se ha producido un cambio de tendencia; que la temporalidad aparece claramente asociada en estos momentos en España a las actividades más
estacionales y más discontinuas; que no se producen bolsas de temporalidad permanentes ya en nuestro país, a diferencia de lo que ocurría antes, y que además las mujeres y los jóvenes -y este es un dato especialmente importante- se han beneficiado
de manera singular de las políticas de estabilidad en el empleo. La calidad del empleo ha aumentado sensiblemente en los últimos años, señoría, y en ese sentido las políticas de formación desarrolladas en los últimos años son muy relevantes y, como
he dicho, la tasa de temporalidad ha cambiado en nuestro país con relación a Europa. Este no es el resultado de una política económica no preocupada por la adopción de medidas en relación con el mercado de trabajo; este es el resultado de una
política económica preocupada claramente por la creación de empleo, pero además es el resultado de muchas medidas de política de empleo, hechas en el marco de acuerdos con los interlocutores sociales, y eso es lo que nos ha permitido recorrer ese
camino. Que S.S. me diga que ese camino es insuficiente se lo puedo aceptar como valoración, pero hay al menos que reconocer que se ha producido un recorrido muy importante a lo largo de los últimos años, y eso ha sido como consecuencia de unas
determinadas políticas: la restricción de la contratación temporal sin causa productiva que lo justifique -eso lo hizo el Gobierno del Partido Popular-; la nueva regulación de los contratos formativos; la creación de una nueva modalidad de
contrato indefinido de fomento del empleo; la reducción de la duración máxima de los contratos eventuales; la equiparación de los derechos de los trabajadores contratados temporalmente con los contratados de manera indefinida; el establecimiento
de indemnizaciones de ocho días de salario por año de servicio a la finalización de determinados contratos temporales; el incremento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social para evitar la utilización abusiva de la contratación temporal;
el mantenimiento del contrato para el fomento del empleo, única y exclusivamente adaptándolo a determinadas modalidades y condiciones; evitar de manera reiterada la contratación temporal abusiva o fraudulenta. Todas esas medidas han sido de
carácter político, aprobadas, apoyadas y adoptadas por el Gobierno, con el consenso de los interlocutores sociales y con la finalidad de avanzar, a diferencia de lo que ha ocurrido en muchas otras partes, para cambiar una foto que es la del mercado
de trabajo con la que nos enfrentamos en el año 1995 y que sin duda era un mercado caracterizado por la precariedad y en el que la tendencia era de empleo de poca calidad, aparte de destrucción de empleo en el marco de lo que es el empleo estable.
La siniestralidad laboral es sin duda, señoría, una preocupación clara del Gobierno, como ha venido demostrando no sólo a lo largo de esta legislatura, sino a lo largo de los ocho años en los que ha tenido responsabilidades de gobierno. Es
sin duda una preocupación que debe llevarnos a todos a colaborar, a buscar mecanismos, a tomar decisiones de carácter político, con diálogo social y con consenso con otras administraciones públicas que tienen responsabilidades también, con el fin de
mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores españoles.
Sólo le voy a decir que en esta línea el Gobierno ha aprobado más de veinte normas desde el año 1997, pero hay que destacar de manera relevante el hecho de que el Gobierno, en
octubre del año pasado, promovió el reinicio de la mesa de diálogo social. Como consecuencia de ese reinicio de la mesa de diálogo social se adoptó el 30 de diciembre un acuerdo sobre prevención de riesgos laborales entre las organizaciones
empresariales, Comisiones Obreras, UGT y que fue refrendado posteriormente. Se han adoptado medidas en cuatro órdenes: marco normativo, Seguridad Social, vigilancia y control a través de la Inspección de Trabajo y sistemas de información. Sabe
S.S. que el proyecto de ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, que tiene como finalidad principal combatir de manera activa la siniestralidad laboral, introduce novedades, modificaciones que tienen precisamente
como objetivo velar por algunas de las inquietudes a las que S.S. ha hecho referencia, como integrar la prevención en todos los sistemas de gestión de la empresa, el hecho de que los recursos preventivos estén presentes en el centro de trabajo en
las situaciones de mayor riesgo o peligrosidad o también, como es obvio, el desarrollo reglamentario del artículo 24 de la Ley de prevención de riesgos laborales, con el objetivo de coordinar las actividades empresariales en los casos en los que
concurren en un mismo centro de trabajo trabajadores de diferentes empresarios.
Sería muy importante que desde el punto de vista de lo que es la realidad del país y el esfuerzo hecho por el Gobierno su grupo parlamentario reconociera las situaciones de las que hemos partido y la transformación tan importante que se ha
producido en el mercado de trabajo.
Sin duda hay muchas decisiones políticas que probablemente se podrán seguir adoptando y que habrá que adoptar, pero el Gobierno ha tomado muchas medidas, tanto para el fomento del empleo estable, tanto para mejorar la calidad del empleo en
nuestro país, como para prevenir la siniestralidad desde el punto de vista laboral. Su señoría sabe que a lo largo de los siete primeros meses de este año se han registrado descensos en todos los tipos de accidentes. Esa tampoco es una situación
que nos deba llevar al consuelo, de ninguna manera; sin duda, en la medida en que sigan existiendo accidentes laborales en nuestro país hay que seguir adoptando medidas, hay que seguir poniendo en marcha políticas para acabar con ese tipo de
situaciones que afectan a la integridad física de las personas.
Por otra parte -y voy concluyendo, señora presidenta-, tampoco se pueden sacar conclusiones de fenómenos o de situaciones de carácter económico.
La subcontratación es un fenómeno económico. Usted me puede decir a mí que hay que evitar que
se produzca subcontratación cuando desde el punto de vista estructural en una empresa, en un centro de trabajo no concurren las condiciones para que ese empleo sea un trabajo desarrollado a través de la subcontración, pero no se puede tampoco
sacralizar la subcontratación de una manera negativa. Estoy seguro de que en el Congreso de los Diputados habrá trabajadores que están prestando sus servicios en el marco de la subcontratación, a lo mejor hasta en su propio grupo parlamentario hay
trabajadores que están desarrollando servicios en el marco de la subcontratación o en algunas sedes de su partido, y nadie está recriminando a su grupo parlamentario el hecho de que esté promoviendo empleo precario o empleo de mala calidad. Por
tanto, señoría, las valoraciones desde el punto de vista político hay que tomarlas teniendo en cuenta las realidades y analizando los fenómenos económicos con rigor.
La señora PRESIDENTA: Señor ministro, le ruego que concluya, por favor.
El señor MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Costa Climent): Hemos mejorado la estabilidad en el empleo en España, estamos haciendo un esfuerzo para reducir la siniestralidad en el mercado de trabajo; eso lo estamos haciendo sobre la base de
decisiones políticas, decisiones que han funcionado y sobre la base del diálogo social. En ese encuentro y en ese marco de trabajo su grupo parlamentario sin duda puede participar siempre que reconozca la realidad, reconozca los progresos y lo haga
con ánimo constructivo.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, tenga usted la certeza y la seguridad de que los datos que he ofrecido aquí son absolutamente rigurosos -y usted lo sabe- porque están sacados de estadísticas que no nos inventamos nosotros. Otra cosa es -y creo que ahí es
donde puede estar la diferencia- que usted, su Gobierno y su ministerio se sientan a gusto con estos datos o se sientan cómodos, que es donde efectivamente podemos empezar a discrepar. No se puede ignorar la mala calidad del mercado de trabajo en
España, el deterioro de los niveles de cohesión y la tendencia a la exclusión cada vez de un mayor número de trabajadores. Estos son hechos que ninguna propaganda podrá ocultar y que yo creo que resulta indecente ocultar cuando el análisis se
refiere a la temporalidad y a la siniestralidad.
Señor ministro, 500 trabajadores han muerto en el primer semestre del año. Tres trabajadores mueren al día en España. Eso es una realidad. Las principales causas de estos accidentes laborales son,
diga lo que diga el Gobierno, el incumplimiento de las normas de prevención de riesgos y el frecuente uso de la subcontratación, que es el problema que hoy traemos aquí. El elevado número de accidentes de trabajo mortales y graves que se ha
producido desde enero permite creer que en el conjunto del año las muertes en accidentes laborales superan las registradas en el 2002, cuando según datos del Ministerio de Trabajo se produjeron 1.104 fallecimientos.
El problema objetivo es que las empresas no cumplen los planes de prevención de riesgos laborales y reaccionan a posteriori, cuando ya han tenido algún conflicto, que es lo que suele pasar normalmente. La mayor parte de los incumplimientos
se dan en la pequeña y mediana empresa y en sectores que operan principalmente con subcontratas, como la construcción, los servicios y la industria; está localizado absolutamente todo. En el caso de la industria, por ejemplo, el 30 por ciento de
los trabajadores están empleados a través de subcontratas. Cabe confiar en que la reforma de la ley de prevención de riesgos laborales, que actualmente tramita el Parlamento y que mañana veremos aquí como proyecto de ley, se centre en el efectivo
cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo y dote de recursos a las administraciones para controlar y atajar este problema. No le quepa la menor duda de que vamos a estar ahí apoyando y dando impulso a todas las iniciativas y a todas las
medidas que tomen de estas características. Sin embargo, queda pendiente en la reforma la coordinación de las actividades preventivas en todas las empresas que comparten el mismo centro de trabajo; esto es, señor ministro, la subcontratación. El
ejemplo dramático del accidente que el pasado 14 de agosto tuvo lugar en la factoría de Repsol, en Puertollano, con el trágico balance de nueve trabajadores fallecidos y uno gravemente herido, todos ellos trabajadores pertenecientes a empresas
subcontratadas, debería ser suficiente para abordar esta realidad de forma inmediata. Como se viene demostrando, la desregularización
y flexibilización de las condiciones laborales, así como la externalización de los costes con la brutal proliferación de las subcontratas, guardan una estrecha relación y resultan determinantes para los elevadísimos niveles de siniestralidad
que se producen en los centros de trabajo. De la temporalidad se pasa a la precariedad y a su vez a la inseguridad laboral con el obsesivo objetivo de maximizar los beneficios empresariales. Este es el hecho objetivo al que el Gobierno no quiere o
no puede o no ve necesidad de dar respuesta, y nosotros creemos que esa es su realidad política.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz.
Señor ministro.
EL señor MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Costa Climent): Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, le tengo que decir a S.S. que los datos que le ha presentado el Gobierno son rigurosos y que no es una cuestión de que el Gobierno se sienta cómodo con los datos, es una cuestión también del reconocimiento político y de lo
que opina el conjunto de los ciudadanos españoles. Desde el punto de vista de realidades solamente le haría a S.S. una pregunta. Dígame un solo país de la Unión Europea en el que en los últimos ocho años se hayan creado más de cuatro millones de
empleos y en el que el 80 por ciento de esos empleos sean estables y solamente el 20 por ciento temporales. Esa es una realidad incontestable. ¿Qué puede ser importante y necesario seguir reduciendo los índices de temporalidad en España? Sin
duda. Esa va a ser la política del Gobierno y es la política que ha venido aplicando a lo largo de los últimos ocho años con los resultados positivos que se han alcanzado. Sin embargo, sabe S.S. que la situación de la que partíamos en el año 1995
era la que era, y no voy a decirle a S.S. quién era el responsable del Gobierno en el año 1995 y además en qué condiciones desarrolló su política de empleo.
La evolución de los riesgos laborales y de la siniestralidad laboral en España es una preocupación del Gobierno y es una preocupación clara. Ese ha sido el motivo por el que se ha buscado y se ha intensificado el diálogo social y los
acuerdos con la patronal y con los sindicatos a lo largo del último año. Su resultado han sido iniciativas importantes, como la reforma de la ley a la que ha hecho referencia S.S. que va a permitir mejorar la coordinación con otras
administraciones y que va a permitir fortalecer la inspección. Además hay un acuerdo político para el desarrollo reglamentario del artículo 24 de la Ley de prevención de riesgos laborales que, sin duda, desde el punto de vista de la concurrencia de
trabajadores procedentes de distintas empresas en el mismo centro de trabajo, es una medida imprescindible para seguir avanzando en la reducción de la siniestralidad laboral. Yo sólo le digo que durante los siete primeros meses del año la
siniestralidad laboral en España se ha reducido y lo ha hecho en los diferentes órdenes. Si me da cualquier cifra en términos absolutos, le tengo que decir a S.S. que es igual una persona o quinientas. Sin duda, esa es no sólo la preocupación del
Gobierno sino que entiendo que también es la preocupación de todos los agentes económicos y sociales y de cualquiera de los grupos parlamentarios que están representados en esta Cámara. Lo que no podemos hacer es no reconocer la realidad y que hay
decisiones políticas en marcha, que hay decisiones adoptadas y que esas decisiones permiten mejorar los índices de siniestralidad que, lamentablemente, están lejos de lo que a todos nos gustaría, no solamente para España, sino para cualquier país de
la Unión Europea. Ha hecho referencia al sector industrial, por ejemplo, y yo le he mencionado antes también el sector de la construcción. En el sector industrial la temporalidad se ha reducido en siete puntos. En el sector de la construcción
también se ha reducido la temporalidad aproximadamente siete puntos. Por lo tanto, esos son avances que hay que reconocer. Si S.S. me plantea que en ocasiones se acuerdan fórmulas de contratación abusivas, que no están justificadas y que no
obedecen a razones estructurales de organización del trabajo, sin duda le puedo decir que esa es una preocupación clara que podemos compartir sobre todo cuando puede tener consecuencias negativas desde el punto de vista no sólo de la estabilidad en
el empleo sino también de la necesaria formación y de la prevención de los riesgos laborales que es lo que a todos nos preocupa y de lo que estamos hablando, pero también tiene que comprender S.S. -y se lo vuelvo a decir- que no se puede
generalizar.
Usted mire en su grupo parlamentario cuántos empleos son consecuencia de subcontrataciones. (Denegaciones.) Seguro que en su grupo parlamentario habrá alguna subcontrata de servicios y, si no, en cualquier institución o en cualquier
empresa pública o en su partido político. Por lo tanto, no podemos hablar de las cosas sin criterio, sin rigor y de una manera generalizada.
Señoría, a lo largo de los próximos meses su grupo parlamentario va a tener la oportunidad de aportar propuestas y consensos políticos. Me gustaría que reconociera el diagnóstico, la realidad y que avanzara en ese camino. Sin duda sabe que
el Gobierno y nuestro grupo parlamentario siempre están dispuestos a avanzar en esa dirección.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las nueve de la mañana.
Eran las siete y cuarenta y cinco minutos de la tarde.