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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 282, de 30/09/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2003 VII Legislatura Núm. 282
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 269
celebrada el martes, 30 de septiembre de 2003
ORDEN DEL DÍA: Toma en consideración de Proposiciones de Ley: ...
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre modificación de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número
345-1, de 12 de junio de 2003. (Número de expediente 122/000303.) ... (Página 14815)
Modificación del orden del día ... (Página 14825)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Continuación.)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre modificación de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número
345-1, de 12 de junio de 2003. (Número de expediente 122/000303.) ... (Página 14825)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de crédito al consumo. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 306-1, de 28 de febrero de 2003.
(Número de expediente
122/000272.) ... (Página 14825)
Proposiciones no de Ley: ...
- De los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió) y de Coalición Canaria, relativa al cierre del Centro Cultural Español de La Habana. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 592,
de 26 de septiembre de 2003. (Número de expediente 162/000814.) ... (Página 14831)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre mejora de la accesibilidad de los procesos electorales para las personas con discapacidad. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, número 580, de 8 de septiembre de 2003. (Número de
expediente 162/000787.) ... (Página 14839)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes: ...
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre posición del Gobierno ante la próxima Conferencia Intergubernamental de la Unión Europea. (Número de expediente 173/000225.) ... (Página 14843)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno en relación al expediente de regulación de empleo presentado por Antena 3 Televisión y los motivos existentes para adoptarlas. (Número de
expediente 173/000226.) ... (Página 14849)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 14815)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre modificación de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual ... (Página 14815)
Presenta la iniciativa, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor López Aguilar. Pone de manifiesto la preocupación de su grupo por la inseguridad ciudadana que, según su opinión, se ha deteriorado de forma espectacular desde
la llegada del Partido Popular al Gobierno. Por ello, los socialistas traen a la Cámara esta proposición de ley que, junto con otras iniciativas, atienden a su principal dimensión: la del reforzamiento de la seguridad pública a través de la
potenciación de la eficacia policial, de la coordinación operativa entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependientes del Gobierno de la nación y la necesidad, por tanto, de dar una respuesta en términos de eficacia en la lucha y en la
represión del delito. Considera que muchas de las medidas adoptadas por el Gobierno son de orden propagandístico, sin traducción alguna en una reducción de la criminalidad en términos prácticos, e incompletas porque no atienden a las víctimas del
delito. El Partido Socialista, dice, ha manifestado siempre un compromiso inequívoco con las víctimas de los delitos violentos, como lo prueba la regulación actualmente en vigor que lleva cuño socialista, la Ley 35/1995, de 11 de diciembre,
reguladora de las ayudas y asistencia a las víctimas de los delitos violentos y contra la libertad sexual, que tiene su continuación en el trabajo que los socialistas han desempeñado en la protección de las víctimas de los delitos terroristas.
Acusa al Gobierno del Partido Popular, a quien le ha correspondido el desarrollo de la ley a través de su Reglamento, de hacerlo de manera cicatera e ineficaz, que ha condicionado, lastrado e impedido que la ley pudiese alcanzar sus objetivos.
Explica, por otra parte, los objetivos de la proposición de ley y plantea la política integral de seguridad que defiende su grupo no solamente desde la prevención, la lucha contra la marginalidad, la lucha contra las desigualdades que están en el
origen de ese incremento de la criminalidad, sino también como una manifestación efectiva de cohesión y de solidaridad con las víctimas desde un enfoque sustancialmente progresista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; la
señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Silva Sánchez, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Ollero Tassara, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Modificación del orden del día ... (Página 14825)
La Presidencia, conforme al artículo 68 del Reglamento y de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de incluir como último punto del orden del día
de la sesión correspondiente al jueves, día 2 de octubre de 2003, el informe elaborado por la Comisión no permanente para la valoración de los resultados obtenidos por la aplicación de las recomendaciones del Pacto de Toledo, lo que se aprueba por
asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley (continuación.) ... (Página 14825)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre modificación de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual ... (Página 14825)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre modificación de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la
libertad sexual, se rechaza por 127 votos a favor, 154 en contra y tres abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de crédito al consumo ... (Página 14825)
La señora Riera i Ben, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), propone a la Cámara la toma en consideración de una proposición de ley para modificar la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de crédito al consumo, aunque es
consciente, dice, de que el tema ya ha sido abordado en otras ocasiones en el Congreso de los Diputados, la última vez por al señora Pozuelo, quien interpeló a la señora ministra de Sanidad y Consumo a raíz del cierre de las academias Opening.
Considera que la problemática es de sobra conocida por SS. SS., y son muchas las personas que se sienten estafadas, engañadas y que, además, perciben que están desprotegidas por la ley. Las organizaciones de usuarios y consumidores -las de las
comunidades autónomas y las organizaciones estatales- han sido las que en mayor medida se han movilizado ante estos casos, pero, se pregunta, qué han hecho las distintas administraciones, las autonómicas y la central, y su respuesta es que todas han
procurado encontrar soluciones puntuales a problemas concretos, pero lo que empezó siendo un problema que afectaba a 45.000 consumidores, hoy afecta a más de 100.000, sin garantías de que no pueda seguir aumentando el número de afectados por casos
similares. Por ello, su grupo presentó en febrero esta proposición de ley, con la voluntad de ser un punto de partida legislativo para atajar la situación descrita sin más dilaciones, y para la que pide el voto afirmativo de la Cámara para su toma
en consideración.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Pozuelo Meño, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Bueno Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de crédito al consumo, se rechaza por 127 votos a favor y 157 en
contra.
Proposiciones no de ley ... (Página 14831)
De los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió) y de Coalición Canaria, relativa al cierre del Centro Cultural Español de La Habana ... (Página 14831)
Presentan la proposición no de ley los señores De Arístegui y San Román, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Yáñez-Barnuevo García, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista; Grau Buldú, en nombre del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Mardones Sevilla, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto interviene el señor Rodríguez Sánchez.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
A los efectos de manifestar la posición de los distintos grupos parlamentarios en relación con la enmienda presentada por el señor Rodríguez, intervienen los señores De Arístegui y San Román, Yáñez-Barnuevo García, Grau Buldú y Mardones
Sevilla.
Sometida a votación la proposición no de ley de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió) y Coalición Canaria, relativa al cierre del Centro Cultural Español de La Habana, en sus propios
términos, se aprueba por 268 votos a favor y cinco abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre mejora de la accesibilidad de los procesos electorales para las personas con discapacidad ... (Página 14839)
Presenta la proposición no de ley la señora Rumí Ibáñez, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, y lo hace en los últimos meses del Año Europeo de las personas con discapacidadon Se trata, dice, de superar de una vez por todas la
discriminación que aún hoy viven un número importante de personas con discapacidad a la hora de ejercer su derecho al voto. Ante los procesos electorales que se avecinan en los próximos meses, en los que todas las fuerzas políticas, sin excepción,
apelarán a la ciudadanía española para que acuda a las urnas y participe en la elección de sus representantes, su grupo propone que se eliminen las barreras que siguen existiendo, tanto de carácter procedimental como físicas, en los colegios
electorales para las personas con discapacidadon Afirma que el sistema político español no puede tolerar por más tiempo seguir conviviendo con semejante arbitrariedad, que además contraviene la legislación, desde la propia Constitución hasta lo
establecido en la Ley Electoral General y en otras disposiciones.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; López de Lerma i López, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y Belda Pérez-Pedrero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre mejora de la accesibilidad de los procesos electorales para las personas con discapacidad, se rechaza por 123 votos a favor y 154 en contra.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 14843)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre posición del Gobierno ante la próxima Conferencia Intergubernamental de la Unión Europea ... (Página 14843)
El señor Estrella Pedrola presenta la moción consecuencia de interpelación urgente, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. El objetivo fundamental de su iniciativa es que, ante la Conferencia Intergubernamental que se va a iniciar el
próximo día 4 de octubre, el Gobierno de España vaya con una posición común de la Cámara de lo que han sido los resultados de la Convención, de lo que representa el proyecto de Constitución europea y de lo que consideran que son los ejes
fundamentales que deben preservarse. Explica el contenido concreto de la moción y se refiere finalmente a las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y el señor Martínez Casañ, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
A los efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas interviene el señor Estrella Pedrola.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre posición del Gobierno ante la próxima Conferencia Intergubernamental de la Unión Europea, con la incorporación de la enmienda
transaccional del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y en los términos derivados del debate, se rechaza por 101 votos a favor, 149 en contra y 24 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno en relación al expediente de regulación de empleo presentado por Antena 3 Televisión y los motivos existentes para adoptarlas ...
El señor Alcaraz Masats presenta la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida porque, dice, no se puede dar una mayor injusticia laboral y política que la que se intenta a través del
expediente de regulación de empleo de Antena 3. Pone de relieve que los profesionales de Antena 3, a todos los niveles y en todas las especialidades, llevan 14 años construyendo con dedicación y profesionalidad la que, posiblemente, sea la primera
televisión privada de este país. Por ello, su grupo pide en su moción que el Gobierno asuma su responsabilidad y solucione el problema que él mismo ha generado, no aprobando el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales el expediente de regulación de
empleo, porque de lo contrario, se confirmarían las sospechas que tienen sobre el acuerdo entre Gobierno, Telefónica y Planeta, la empresa compradora, con respecto a la serie de consecuencias que iba a tener esa nueva venta, entre ellas el
expediente de regulación de empleo.
En defensa de la enmienda presentada a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, interviene el señor Díaz-Cano del Rey, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Grau Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno con relación al expediente de regulación de empleo, presentado por Antena 3
Televisión, y los motivos existentes para adoptarlas, con la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, se rechaza por 92 votos a favor y 159 en contra.
Se suspende la sesión a las ocho y cuarenta y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MODIFICACIÓN DE LA LEY 35/1995, DE 11 DE DICIEMBRE, DE AYUDAS Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE DELITOS VIOLENTOS Y CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL. (Número de expediente 122/000303.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señorías, se abre la sesión.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley.
Proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre modificación de la Ley 35/1995, de fecha 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de
delitos violentos y contra la libertad sexual. Para la presentación y defensa de la iniciativa tiene la palabra en nombre del grupo parlamentario proponente el señor López Aguilar.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Gracias, señora presidenta.
Señorías, hemos tenido ocasión de debatir en numerosas ocasiones sobre una preocupación emergente de la ciudadanía, coincidente en el tiempo con el transcurso de esta legislatura. Esta preocupación es la inseguridad ciudadana y no ha venido
a esta tribuna de la mano de la mayoría absoluta del Grupo Popular, aunque evidentemente guarda una relación causal con ella porque durante este tiempo de Gobierno la inseguridad ciudadana se ha deteriorado de forma espectacular. El incremento de
la criminalidad al que hemos tenido que asistir no conocía precedentes y precisamente por ello los socialistas hemos traído esta proposición de ley a esta tribuna, al debate del Congreso, con iniciativas que atienden a su principal dimensión, la del
reforzamiento de la seguridad pública a través de la potenciación de la eficacia policial, de la coordinación operativa entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependientes del Gobierno de la nación y la necesidad por tanto de dar una
respuesta en términos de eficacia en la lucha y en la represión del delito, pero ahí no acaba el problema. Las respuestas represivas no bastan para hacer frente a las distintas dimensiones del problema y desde luego no cuando se caracterizan por su
perfil virtual, consiguientemente inefectivo, cuando no contraproducente. Perfil virtual es el que han tenido muchas de las medidas de orden propagandístico que no se han traducido en absoluto en una reducción de la criminalidad en términos
prácticos. Además de ser virtuales y propagandísticas resultan incompletas cuando no atienden lo que los socialistas consideramos que es, a todas luces y a estas alturas de la película, el eslabón más débil y más desprotegido en la cadena del
delito, el más desatendido
precisamente por la tarea de Gobierno del Partido Popular: el que afecta a las víctimas del delito.
El Partido Socialista ha manifestado un compromiso inequívoco con las víctimas de los delitos violentos y prueba de ello es que la regulación actualmente en vigor lleva cuño socialista. Hablamos de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre,
reguladora de las ayudas y asistencia a las víctimas de los delitos violentos y contra la libertad sexual, que por supuesto tiene su continuación en el trabajo que los socialistas hemos desempeñado en la protección de las víctimas de los delitos
terroristas, pero si protección merecen sin duda ninguna las víctimas de los delitos terroristas, también merecen protección las víctimas de los delitos violentos y de aquellos delitos que más fuertemente inciden en la estadística de la inseguridad
ciudadana en España. El desarrollo de esta legislación se ha correspondido con el tiempo de Gobierno del Partido Popular y el dato cronológico es claro: la ley es de diciembre de 1995 y el Partido Popular llega al Gobierno en marzo de 1996. Esto
es lo que explica que el reglamento de la ley -Reglamento 738/1997, de 23 de mayo-, que es condición imprescindible de su efectividad, sea del Gobierno del Partido Popular y ello explica su carácter restrictivo, la cicatería y la ineficacia, que ha
condicionado, lastrado e impedido que la ley pudiese alcanzar sus objetivos. Para empezar, el reglamento estableció el silencio negativo, contradiciendo así la filosofía general con que el silencio -esta figura del derecho administrativo- había
sido regulado con carácter general en la Ley 30/1992, de procedimiento administrativo común y del régimen jurídico de las administraciones públicas. Su cicatería se proyecta de manera indiscutible sobre los datos objetivos que nos explican la
aplicación práctica que ha tenido esta ley desde 1997 hasta la fecha. La ley vino acompañada en 1995 de una memoria económica de nada menos que 90 millones de euros -15.000 millones de pesetas-, de los que hasta la fecha sólo se ha concedido una
media el 1,7 por ciento de su previsión inicial, y los datos cantan por sí solos. El número de los que recibieron la ayuda en el año 1998 fue de 65 personas, en el año 1999, 89, en el año 2000, 123, unas cifras raquíticas que no admiten la menor
comparación con las que podemos manejar provenientes de los distintos países de la Unión Europea. Exactamente lo mismo sucede en relación con los montantes de protección a las víctimas del delito. En otros países europeos -véase el ejemplo de
Reino Unido, de Alemania y Francia-, las cantidades que se han administrado en España se multiplican por muchos enteros: en Reino Unido, para el año 2002, 350 millones de euros, en Francia, 150 millones de euros, en Alemania, 107 millones de euros,
por señalar tan sólo algunos ejemplos que, acompañados de los datos relativos al montante del número de solicitantes -en Reino Unido cerca de 80.000, en Francia cerca de 15.000 y en Alemania cerca de 10.000-, dejan la estadística española en esa
dimensión raquítica y abochornante que ofrece un contraste insostenible con la dimensión de la política y del gasto social que debe acompañar a una verdadera política de justicia. Por esto denunciamos que ha habido ineficacia y cicatería, que
alcanza su corolario en la deficiente implantación del mecanismo previsto en la ley -las oficinas de asistencia a las víctimas de los delitos- al objeto de garantizar que en el desarrollo del proceso y en su conclusión las víctimas obtuviesen la
ayuda psicológica, legal, económica y de todo tipo de la que son merecedoras, de acuerdo con la propia ley.
Pues bien, ocho años después de la entrada en vigor de la ley, esta experiencia arroja como balance un triste fracaso, un nuevo ejemplo de
patético contraste entre la propaganda gubernamental y la realidad de las cosas, que además ha obligado a las comunidades autónomas y hasta incluso a algunos ayuntamientos -véase el ejemplo de Andalucía, en el plano de las comunidades autónomas, o
de Fuenlabrada, en el plano de los ayuntamientos- a establecer su propia red autonómica o municipal de oficinas de asistencia a las víctimas de los delitos, que queda mejor puntuada que la garantizada por el Estado de acuerdo con la reciente
encuesta del Consejo General del Poder Judicial. Esto se explica muy bien cuando contemplamos que la tarea ministerial para establecer esta red de oficinas de asistencia a las víctimas se ha contraído exclusivamente a la instalación de alguna
ventanilla en los juzgados, atendida por un oficial o por un auxiliar sin preparación específica ni en criminología ni en asistencia psicológica, lo que ha desincentivado y desmotivado la solicitud de estas ayudas y explica el carácter raquítico e
insignificante de las demandas y consiguientemente de su obtención.
El objetivo de esta iniciativa que hoy traemos a la consideración de la Cámara no es otro que aumentar sustancialmente el importe de las ayudas reconocidas para conseguir que ninguna persona con derecho a ellas pueda quedar fuera de esta
cobertura por haber dejado de solicitarla ante los obstáculos o barreras impuestas por la Administración contra el ejercicio del derecho. Además pretendemos una convergencia real con las medidas de protección a las víctimas propiciadas desde la
Unión Europea a través de los siguientes instrumentos: la ampliación de los supuestos indemnizables a favor de las víctimas, tanto para incluir nuevos conceptos de indemnización como para, descendiendo al umbral de renta, ampliar el número de
beneficiarios y anticiparnos a ellos, en una directriz perfectamente marcada ya por la Unión Europea, en lo que se denomina espacio de libertad, justicia y seguridad, que está llamado a constituir una verdadera dimensión constitucional en materia de
justicia e interior de la Unión Europea, de la que ya es testimonio la directiva marco aprobada por la Comisión Europea en marzo de 2001 y el Libro Verde de indemnización a las víctimas de los delitos, aprobado el 28 de septiembre
de 2001 por las instituciones europeas. Por tanto, porque tenemos margen financiero en política social, marcado por el contraste entre la memoria económica de la propia ley y su administración en la práctica, porque ha crecido la
inseguridad ciudadana y existe por tanto un incremento espectacular de las víctimas del delito que reclaman su adecuada protección y porque así lo marca la Unión Europea, es imprescindible una propuesta y una respuesta, traducida en una modificación
de la Ley de 1995, para, en el horizonte marcado por la Unión Europea, introducir las modificaciones que se contienen en la proposición de ley que traemos a la consideración de la Cámara, en primer lugar, en relación con la atención prioritaria que
merecen las víctimas de la violencia de género, de la violencia doméstica, del acoso sexual y hasta las víctimas de la explotación sexual que así haya sido certificado por sentencia judicial que pruebe su condición de sujetos pasivos del odioso
tráfico de personas que en estos momentos está rampando en España en la estadística de la criminalidad y de la delincuencia.
Los objetivos que persigue esta proposición de ley pueden enumerarse como siguen. En primer lugar, incorporar nuevos conceptos de indemnización, ampliando el elenco de los beneficiarios dentro de este espectro de víctimas de la violencia
doméstica, de la violencia sexual y de la explotación sexual. En segundo lugar, ampliar en términos subjetivos el elenco de los beneficiarios, introduciendo las figuras que ya estén instauradas en el derecho europeo, conocidas en la criminología
europea como paseantes y buenos samaritanos. Con la figura metafórica de paseante se denomina a quien ha sido víctima de un delito con ocasión de su tránsito o circunstancial implicación en un hecho delictivo del que resulte sujeto pasivo
simplemente porque pasaba por allí. Con la otra alusión metafórica del buen samaritano se denomina también a la persona que arriesga su vida y su integridad física como consecuencia del gesto solidario de ayudar a quien esté siendo víctima de un
delito. Resulta un completo contrasentido que ya no tiene lugar en el derecho europeo que se considere accidente laboral el sufrido por los profesionales de la seguridad y de los servicios sociales que ponen en riesgo la propia integridad física
como consecuencia de la evitación de un delito y, sin embargo, no se considere cubierta esta situación, ya no sólo desde el punto de vista laboral, sino que incluso es desaconsejable desde el punto de vista de la legislación de los seguros que una
persona pueda poner en riesgo su seguridad, en la medida en que, actuando voluntariamente en beneficio de la víctima de un delito, pueda ser descatalogada o desclasificada por las agencias y consorcios de seguros, en la medida en que ha asumido un
riesgo voluntario que no estaba a cubierto de la póliza. El contrasentido alcanza su paroxismo cuando contemplamos que el artículo 195 del Código Penal tipifica como delito la omisión de socorro y, consiguientemente, tipifica penalmente la conducta
de sustraerse a la prestación de ayuda, mientras que no existe ningún tipo de incentivación legal ni de compensación para la persona que, socorriendo, asume un riesgo y contrae por ello un perjuicio.
La proposición de ley pretende igualmente incrementar el número de supuestos protegibles con motivo de lesiones corporales o daños graves sufridos como consecuencia de delito. La legislación de 1995 establece el umbral de las lesiones o de
los daños para poder acceder a esta compensación en la certificación de un período de incapacidad temporal fijado en seis meses, claramente excesivo en relación con el patrón más generalizado en el derecho europeo, por lo que la proposición de ley
que hoy traemos a la consideración de esta Cámara propone rebajarlo a cuatro semanas. De la misma forma apostamos por la cobertura de aquellos daños materiales que causen, como consecuencia del delito, dificultades financieras excepcionales a la
víctima, en particular cuando el autor del delito del que sea consecuencia el daño, tanto personal como material o patrimonial, fuese un delincuente evadido de prisión o de la custodia policial, estableciendo así, como señala la disposición
adicional segunda de la proposición de ley, un mecanismo de responsabilización por parte de los poderes públicos como consecuencia de esa disfunción proveniente del mal funcionamiento de la Administración de justicia, que ha repercutido en una
victimización que se debe poner bajo la cobertura de la protección establecida en la ley.
En la proposición de ley se plantea también la cobertura de los perjuicios inmateriales, no solamente por tanto daños físicos a la integridad personal o daños económicos, sino también aquellos daños psicológicos provenientes del sufrimiento
causado a la víctima, con la consiguiente distorsión de su desenvolvimiento personal, familiar o social y, como consecuencia, de la garantía del derecho de toda víctima de un delito violento a una cobertura sanitaria y gratuita de las consecuencias
médicas, pero también del tratamiento psicológico, cuando así se acredite necesario, con cargo lógicamente a la partida presupuestaria que debe acompañar la ampliación de los supuestos de beneficio a las víctimas de los delitos consecuente con la
legislación que proponemos.
Finalmente, consideramos también importante la mejora y la potenciación de los mecanismos de gestión de las ayudas de las víctimas de los delitos.
Tenemos un sistema que se ha probado ineficiente, francamente deficiente en su funcionamiento
práctico. Para ello proponemos, homologando el sistema a lo que es el patrón dominante en el derecho europeo, una incardinación en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de la responsabilidad de la extensión de las oficinas de asistencia a las
víctimas de los delitos, pero también un mandato de incorporación de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos en una red integrada de servicios
de asistencia a las víctimas de los delitos que dé a los equipos interdisciplinares especializados cabida, coordinación y colaboración en el seno de un esquema integrado por las distintas instancias de poder territorial que desarrollan
competencias en este ámbito.
En definitiva, señorías, en nombre del Grupo Socialista, creo que esta proposición de ley de asistencia y ayuda, de modificación de la actualmente vigente de 1995, significará una dimensión social necesaria de una verdadera política integral
de seguridad ciudadana y, consiguientemente, de corrección de los defectos que ha probado y de los problemas que se han manifestado en el curso de la última legislatura en relación con el incremento sensacional de delincuencia y de inseguridad.
Es
una respuesta que, más allá y por encima de la batería de refritos de iniciativas consensuadas en corresponsabilidad con otros grupos parlamentarios, pero vendidas siempre con el aparato de propaganda que caracteriza la actuación del Gobierno, y que
más allá de las medidas virtuales de dudosa o nula eficacia y de las medidas puramente represivas que tanto gustan al Gobierno, plantea esa proyección necesaria de la política integral de seguridad, no solamente sobre la prevención, la lucha contra
la marginalidad o la lucha contra las desigualdades que están en el origen de ese incremento de la criminalidad, sino que también es una manifestación efectiva de cohesión y de solidaridad con las víctimas desde un enfoque sustancialmente
progresista...
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor López Aguilar, le ruego concluya.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Concluyo, presidenta.
... con propuestas alternativas que sitúen a la víctima, ese eslabón desatendido en la cadena del delito, en el centro de una iniciativa legislativa específica perfectamente congruente con las directrices dimanantes de esa dimensión
constitucional de la Unión Europea que, como he citado, está llamada a constituir el capítulo europeo de justicia y de interior, y hacerlo además de una forma social frente a la deriva antisocial que ha caracterizado la aproximación del Gobierno del
Partido Popular a la problemática de la seguridad ciudadana.
La palabra pertenece a la Cámara y pedimos de los grupos parlamentarios que la integran el voto favorable y de apoyo para esta iniciativa progresista, esta iniciativa profundamente social, esta iniciativa identificada con las preocupaciones
de las víctimas de los delitos.
Requerimos por tanto un paso en positivo que traspase la ventanilla y por supuesto traspase la pura propaganda y la política virtual para tocar de lleno la fibra sensible de las preocupaciones y de las esperanzas del
conjunto de la sociedad española.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor López Aguilar.
¿Algún grupo desea hacer uso del turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean intervenir para fijar su posición? (Pausa.) En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Intervengo brevemente para manifestar el apoyo del Bloque Nacionalista Galego a esta iniciativa y asimismo la intención, si sobrepasara este trámite de toma en consideración, de mejorarla a través de enmiendas.
Nosotros entendemos que igual
que sucede con las víctimas del terrorismo, la protección y la atención psicológica, económica y social a las víctimas de delitos violentos se fundamenta en un deber, si no de responsabilidad, sí de solidaridad del Estado y del conjunto de la
sociedad para con estas personas. Somos conscientes de que el objeto del proceso penal no es primariamente la protección de estas víctimas sino la tutela de bienes jurídicos de carácter público, pero también es cierto que dentro del proceso penal
progresivamente se van abriendo mecanismos para tutelar intereses particulares, intereses privados de estas personas, y sobre todo, al margen del proceso, a través de los servicios sociales y a través de la atención de los poderes públicos, para
permitir que estas personas sean objeto de atención económica, psicológica y social.
Valoramos positivamente, frente a la situación actual, la sustitución del silencio negativo, que como excepción a la regla general contenida en la Ley 30/1992 se establece en la ley, por el silencio positivo, ante la pretensión y ante las
instancias y las solicitudes de atención y de indemnización por parte de estas personas. Apoyamos esta iniciativa porque pensamos que puede no sólo invertir la actual tendencia cicatera y estrecha en la atención a estas personas, sino también -y a
eso se dirigirán nuestras enmiendas- respetar lo que son las competencias autonómicas -estamos hablando de servicios sociales- y sobre todo impedir la privatización de unos servicios que desde nuestro punto de vista deben ser públicos.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Aymerich.
Señor Mardones, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Hemos leído esta proposición de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista y que ha defendido su portavoz hace escasos momentos. Nosotros participamos de esa línea de fondo que impregna esta
proposición de ley para aumentar todas las ayudas que estaban contempladas en la Ley 35/1995, en la que este diputado participó, en una línea progresista, de auténtica justicia social y de un Estado de derecho. Sin embargo, planteamos
algunas observaciones que nos llevan a mostrar nuestra abstención en este trámite. Nos vamos a abstener en la votación, por las siguientes razones.
Es una iniciativa esta proposición de ley que ha de tener un sentido horizontal, porque no afecta solamente a competencias del Ministerio de Justicia, sino que también están implicados los ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y de
Economía. No es posible meterse en el debate de esta proposición de ley sin una memoria económica. Precisamente, el propio preámbulo o exposición de motivos que alega el Grupo Parlamentario Socialista atinadamente cita que cuando el Gobierno mandó
aquí, en 1995, el proyecto de lo que después fue la Ley 35/1995, de ayudas y asistencia a víctimas de delitos violentos, trajo una memoria económica y de ahí se deduce un sentido horizontal de competencias ministeriales, en el que hay una
resultante, fundamentalmente económica, donde esto tiene que ser tenido en cuenta. Además, no olvidemos que la Ley 35/1995 fue desarrollada posteriormente por el Decreto 738, dos años después, en 1997, que viene a delimitar todos los compromisos
que hubiere. Entendemos que esto va a ser motivo de debate en la próxima legislatura. Ahora no estaríamos en condiciones de calendario ni de tiempo de aprobar una iniciativa de este tipo sin un compromiso por parte del Gobierno, sobre todo para
saber cuál es el pronunciamiento del Ministerio de Trabajo y del de Economía, por los efectos económicos que esto tiene, porque esta ley, con todos los argumentos de fondo, de tipo progresista o como se les quiera llamar, si no tiene un soporte de
viabilidad presupuestaria, con una memoria económica, no es nada, se queda en una retórica de buenas intenciones y en esa retórica de buenas intenciones sobramos aquí para tener argumentos que consoliden un principio en esta línea.
Las cifras con que se viene dotando anualmente las ayudas, con los datos que también aquí se aportan y los que nos ha facilitado el Ministerio de Hacienda de cómo han ido creciendo las dotaciones desde 1998, entonces en pesetas, ahora
traducidas a euros, desde 979.000 euros hasta llegar a la cifra del año 2001 con más de dos millones de euros, y lo que se sobrepasará en el año 2002, nos hacen ser muy prudentes al tramitar este tipo de iniciativas, porque, repito, si no hay ese
soporte de garantía presupuestaria esto queda sencillamente en un texto de buenas intenciones. En ese fondo estamos de acuerdo, pero en la forma de conseguirlo entendemos que tienen que producirse las concordancias. Sobre todo, mi grupo no puede
pronunciarse en una cuestión de este tipo, con la repercusión económica que tiene, sin una memoria económica al respecto, y eso quien lo puede hacer es una iniciativa del Gobierno, que desde el poder puede saber cuál es el ajuste presupuestario
necesario para solventar esta cuestión. Nosotros, repito, participamos del fondo de buenas intenciones con que se impregnó la Ley 35/1995, ya que su exposición de motivos sigue siendo perfectamente válida, y el Reglamento de 1997, cuando ya se
había producido un cambio de Gobierno. No olvidemos que en 1995 hay un Gobierno del Partido Socialista y que en 1997, cuando se hace el reglamento, en concordancia con aquella ley, hay un Gobierno del Partido Popular. De ahí que nuestro grupo, en
una línea de prudencia, se va a abstener en este trámite de la iniciativa.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el señor Rejón tiene la palabra.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, mi grupo parlamentario, como no podía ser menos, va a votar a favor de la proposición de ley que presenta el Grupo Socialista sobre modificación de una ley del último Gobierno del Partido
Socialista en este país, en concreto la Ley 35/1995, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, en primer lugar, porque compartimos con carácter general el espíritu que impulsa esta iniciativa y su
motivación. Sin embargo, queremos aprovechar la ocasión para reiterar nuestra más absoluta disconformidad con las numerosas reformas parciales (reformas parche) que en esta legislatura ha venido haciendo el Gobierno del Partido Popular porque, a
nuestro entender, centra exclusivamente las soluciones a la inseguridad ciudadana desde una perspectiva policial y en casi todas las ocasiones supone un recorte de garantías y de derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas. Esta
proposición de ley, en cierta manera, vendría a tapar un olvido más del Gobierno y del partido que lo soporta.
Señorías, Izquierda Unida entiende que la forma de abordar los problemas que se puedan derivar del aumento de la inseguridad ciudadana -y no olvidemos que la protección de las víctimas es uno de ellos- no se puede centrar en campañas
publicitarias puntuales con fines electoralistas pero que en la práctica son incompletas e ineficaces. En este contexto es donde es necesario abordar un debate integral sobre la inseguridad ciudadana. Desde mi grupo parlamentario vamos a seguir
defendiendo, aun a riesgo de nadar contra corriente cual si estuviéramos subiendo en este momento la carrera de San Jerónimo, un modelo social, jurídico y político basado en la prevención del delito, la remoción de las causas sociales y económicas
del mismo, conjugando la resocialización y la reinserción del penado o de la penada con medidas políticas de integración social y entre ellas, cómo no, de atención a las víctimas que centran el objeto de la proposición de
ley que hoy debatimos. Izquierda Unida defiende un sistema de protección y defensa de las víctimas en toda su amplitud y sin paliativos.
No está aquí el señor ministro -me imagino que últimamente, como está a medio camino entre Lauren Postigo y el Duque de Ahumada, tiene problemas de ropaje-, pero por lo menos desde el ministerio se nos podrá decir que ya existe un marco
legal suficiente en esta materia y que cada año se dota un presupuesto destinado a la protección y defensa de las víctimas de delitos violentos, pero en la práctica todos sabemos que en los ocho años de vida de la Ley 35/1995, la aplicación de la
misma ha sido deficiente, en corto tiempo por el Partido Socialista y en la mayoría del tiempo por el Partido Popular. Urge por tanto, señorías, tomar la iniciativa para modificar la ley, por un lado, para mejorarla y enriquecerla en el caso de que
sea tomada en consideración, pero siendo conscientes de que nuevamente volverá a hacer falta voluntad política para aplicarla eficazmente, volverá a hacer falta la partida presupuestaria correspondiente en este sentido, entre otras cosas y
fundamentalmente porque los resultados desde la entrada en vigor de la ley ponen de manifiesto que se ha llevado a cabo una mala gestión que además de ser mala ha sido tacaña, rácana, que sólo ha reclamado un número muy bajo de víctimas, lo que
evidencia la ausencia de campañas de divulgación y de información o de ofrecimiento de acciones dentro de los propios procedimientos (quien no lo conoce no sabe dónde acudir), que en la práctica se ha aplicado restrictivamente puesto que las ayudas
han sido muy pocas y que las cantidades presupuestadas se han quedado obsoletas en comparación con los países de nuestro entorno; antes se han ofrecido unas cifras concretas en las que no voy a seguir insistiendo.
Todos estos datos apuntaban la
necesidad de mejorar nuestro sistema de aplicación de la normativa comunitaria en esta materia y de afrontar con el mayor consenso de todas las fuerzas políticas la reforma de esta ley y de llevar a la práctica un aumento considerable del importe de
las ayudas reconocidas. Pues bien, estamos ya en este trámite, hay un intento por parte de un grupo parlamentario de modificar la ley, han tomado la iniciativa y nuestra posición va a ser la de apoyarla, sin olvidar que hay que introducir sin duda
mejoras en el texto que presenta el Grupo Socialista, pero, aun planteando eso, no dejamos de reconocer que el espíritu que impulsa, el espíritu que hay detrás de esta reforma es un espíritu positivo y que está en sintonía con otras iniciativas
presentadas por mi grupo parlamentaria en esta Cámara, bien de forma separada o bien con otros grupos.
Estos elementos que quiero recalcar son la ampliación de los beneficiarios y de las beneficiarias, incluyendo víctimas de violencia doméstica, acoso sexual y explotación sexual independientemente de la nacionalidad y de la situación
administrativa de la víctima, que es un paso importante aunque sea contradictorio con algunas connivencias en la Ley de Extranjería, pero, vale, las contradicciones son buenas en la vida. Segundo, una inclusión de quienes sufren daños intentando
socorrer a la víctima o auxiliando a la policía. Tercero, la obligatoriedad de prestar asistencia sanitaria gratuita incluyendo los tratamiento médicos y farmacéuticos, si no tuviera derecho a los mismos, igualmente también sin distinción de la
situación administrativa o de la nacionalidad de la víctima. El establecimiento de un subsidio -habrá que recordar que hay que poner en marcha y bien el que está aprobado en esta Cámara-. Y finalmente, señorías, pese a seguir demandando un debate
integral al margen de todos los parches y de defender un modelo que conjugue medidas que garanticen el resarcimiento a las víctimas en toda su amplitud, su máxima protección y su defensa con medidas políticas y sociales que ataquen a la raíz los
desequilibrios sociales y que garanticen la adecuada reinserción del penado en cumplimiento del artículo 25 de la Constitución, mi grupo parlamentario va a votar a favor de la toma en consideración de la proposición de ley para su posterior mejora,
toda vez que compartimos con carácter general su espíritu. Hasta aquí la intervención con respecto a la posición de mi grupo parlamentario ante esta proposición de ley.
Parece ser, señorías, que posiblemente ésta sea la última vez que un diputado, el señor Ollero, sube a esta tribuna. Diputado Ollero, amigo Ollero, profesor Ollero, como se dice en nuestra tierra, vaya usted con Dios.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rejón.
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) desea intervenir a través de la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta
Señorías, ruego disculpen el desorden de la intervención en nombre de la formación política a la que represento, pero no quería dejar en el día de hoy de intervenir no sólo por el cariz o el tono de la disposición que se trae a toma en
consideración sino además por tratarse, como ha manifestado el representante del Grupo Federal de Izquierda Unida, del último día que estará en esta Cámara el diputado del Grupo Popular y portavoz de Justicia en su formación política Andrés Ollero.
Mi formación política anuncia ya desde ahora que votará a favor de la toma en consideración de esta iniciativa que mejora o pretende mejorar la posición de las víctimas en el sistema penal español. Todos conocemos que el derecho español a
partir de la Constitución, por haber optado expresamente en los artículos 24 y 25 por la protección o la reinserción del reo y por el principio in dubio pro reo, como no podía ser de otra manera, durante un tiempo ha estado quizá en exceso volcado
en los derechos y garantías del delincuente,
quedando descompensada esa otra parte que es los derechos de las víctimas.
Poco a poco se ha ido abriendo camino, sin demérito por supuesto de los derechos de quienes son presuntos acusados de delitos, la idea de ayudar a las víctimas y por
eso la Ley 35/1995, de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos que hoy se pretenden modificar, fue completada con disposiciones reglamentarias, lo mismo que quiero traer a colación en esta momento la Ley orgánica de protección de testigos y
peritos, puesto que fue a iniciativa de la propia formación política a la que yo represento que también tiene en cuenta a las víctimas. No se puede dejar de citar en esta Cámara la Ley 32/1999, fruto del consenso de todas las formaciones políticas
en la legislatura pasada. Es también esta materia en la que muchas comunidades autónomas han hecho cosas, en concreto merece ser citada la Comunidad de Madrid, que tiene la Ley 12/1996, y la propia comunidad autónoma donde tiene implantación la
formación política a la que yo represento, a cuya regulación y puesta en marcha de instituciones me referiré más adelante.
Creemos que, desde el punto de vista de las mejoras que se introducen, la proposición de ley que presenta el Grupo Socialista es poco criticable.
Las ayudas de Estado respecto de los tipos de delitos a los que se refería, la experiencia e
incluso el propio desarrollo reglamentario, que es cicatero, nos demuestran que han reducido incluso las propias previsiones que la ley podía entender que eran factibles. El gasto ha sido mínimo, incluso en muchos casos inferior a lo previsto, y
cabe pensar que en muchísimos supuestos ha existido desinformación. Es importante, por tanto, que vuelva en esta Cámara a hablarse de esta cuestión, que se amplíen los ámbitos de los beneficiarios, además de los de la explotación sexual también aun
cuando no radique la noción de nacimiento o de residencia, que las ayudas sean más elevadas, que se introduzcan los daños morales y que además se ayude también a quienes ayudan a los que padecen estos daños, es decir, a los samaritanos.
En cuanto a la gestión de las ayudas, con una posible impugnación ante la comisión nacional formada por distintos departamentos ministeriales representantes del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía para luego tener que ir al
contencioso, nos parece que es más adecuado que ahora se residencie en el Ministerio de Trabajo y posteriormente en una comisión en la que tienen parte las comunidades autónomas. Existe además la posibilidad - 'podrá', dice el texto de la norma- de
que se delegue mediante convenio con las comunidades autónomas. En principio, señorías, nosotros diríamos que si estamos ante un título competencial que son asuntos sociales, no debiera entrar el Estado, pero una vez que el Estado ha entrado
-conocemos que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional lo permite-, está mejor intentar descentralizar, y cuando el texto de la norma dice 'podrá' en su artículo 8 parece que posibilita esta cuestión. (La señora presidenta ocupa la
presidencia.)
Además de las ayudas económicas, en lo que hace referencia a la asistencia tendríamos mayores pegas competenciales. Se habla de las oficinas, que en la ley vigente dependen del Ministerio del Interior y se pretende que pasen a depender del
Ministerio de Justicia, pero ocurre que las comunidades autónomas que tienen transferidos los medios personales y materiales tienen ya estas oficinas de asistencia a la víctima hace mucho tiempo. En concreto, en el País Vasco existen desde el año
1991 en Bilbao, es decir, antes de la vigencia de la norma, desde 1994 en Donostia-San Sebastián y desde 1995 en Vitoria-Gasteiz. Están además servidas por profesionales, psicólogos, asistentes, médicos y abogados que son personal propio de las
comunidades autónomas, y así pretendemos que siga siendo. Es decir, de tomarse en consideración, de tramitarse esta iniciativa habría de introducirse alguna salvaguarda en este sentido. De la misma manera que debería ser enmendado el artículo
6.º.bis cuando se habla de las ayudas sanitarias. Estamos ante un título competencial distinto, bien está su generalización, pero tendrá que ser conforme a los títulos y a la distribución de competencias que en materia de sanidad existen. Algo
tendría que decir el Consejo Interterritorial en esta materia puesto que no se puede decir a las comunidades autónomas que tienen obligatoriamente que asumir como prestaciones y que deben sufragar también como prestaciones obligatorias. En todo
caso, nada que no pueda ser enmendado con enmiendas parciales y, en la voluntad que he dicho al comienzo de la exposición de mejorar la posición de la víctima en el sistema penal español, la formación política a la que represento posibilitaría la
tramitación en la Cámara de esta proposición de ley.
Quiero también referirme a la circunstancia que he enunciado al principio de ser el día de hoy el último en el que estará como diputado en esta Cámara el portavoz del Grupo Popular Andrés Ollero. Le despedimos ya los representantes de todas
las formaciones políticas el otro día en Comisión, pero en el día de hoy, ya que estamos en Pleno -Pleno no muy nutrido, debo decir, pero en Pleno sí-, me gustaría hacer una reflexión que tiene mucho de personal, de personal político diría más bien,
es decir, político desde la perspectiva de la formación a la que yo represento, desde mi propia ideología. Me ha gustado que en los casi ocho años en los que hemos confrontado nuestras respectivas posturas en un número importantísimo de proyectos
de ley jamás haya oído por parte del portavoz señor Ollero una sola alusión a que mi formación política o yo misma fomente, ampare, tutele, subvencione o esponsorice el entorno violento, y ello es así, creo yo, por tres circunstancias que me parece
importante señalar. La primera, porque siempre ha tenido argumentos, argumentos sólidos que le evitaban utilizar los tópicos o agredir con los tópicos. La segunda, que también es muy importante, es que sintiéndose
sólido y firme en su ideología y en la de su propio partido, no se sentía en la obligación de loar a quienes puedan ser sus superiores en el partido o en el Gobierno y, por tanto, no necesitaba tirar de argumentario como en tantas ocasiones
ocurre. Y la última y fundamental porque, desde mi propia perspectiva, es un demócrata, un demócrata que cree en uno de los valores que consagra el artículo 1.º de la Constitución, que es la creencia y la convicción de que existe el pluralismo
político. Yo se lo agradezco. Ha sido un placer trabajar con él. Espero seguir coincidiendo en otras ocasiones de la vida no sólo políticas, sino también quizá académicas y, por qué no decirlo, lúdicas si se tercia.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Uría.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, ya se ha hecho constar qué dos motivos nos convocan hoy aquí a los portavoces de justicia de los diversos grupos parlamentarios. Por lo que hace referencia al primero de estos motivos mi grupo va a apoyar la toma en consideración
de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista. Ciertamente Convergència i Unió ha tenido a lo largo de esta legislatura tres preocupaciones fundamentales: por un lado, la lucha contra el delito, pero además contra alguna modalidad de
delito muy concreta, el delito reincidente, organizado, el delincuente inserto en una organización o reincidente. En segundo lugar, una apuesta por la resocialización del delincuente, de ahí que introdujésemos a través de una enmienda una modalidad
nueva de libertad condicional, y ciertamente el apoyo, solidaridad y asistencia a las víctimas. Por tanto, si el Grupo Parlamentario Socialista nos trae un texto para que hablemos de las víctimas, nosotros decimos que sí y estamos dispuestos a
hablar de las víctimas.
Esto no supone que en esta legislatura no se haya hecho absolutamente nada. Ciertamente se ha avanzado en algunos aspectos en la asistencia a las víctimas de delitos de violencia doméstica, limitadamente, pero estableciendo la ayuda de los
300 euros en aquellos supuestos en los cuales se puede ser beneficiario de una renta mínima de inserción, y en otros aspectos de protección a estas víctimas a través de la misma orden de protección. También se ha efectuado este avance en materia de
víctimas de terrorismo, incluso a través de la constitución de una subcomisión instada por el Grupo Parlamentario Vasco que fue acordada la semana pasada. Y ciertamente también a través de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la
Administración de justicia se ha tenido en cuenta a una serie de colectivos que necesitan una especial atención también, los discapacitados, los inmigrantes, los menores, pero también las víctimas, y no quiero recordar aquí a SS.SS. el contenido de
la carta al respecto, que mi grupo también está intentando que, en la tramitación de la ley orgánica del Poder Judicial en el Senado, reciba una mayor concreción.
Tampoco voy a hacer referencia a lo que desde la Generalitat de Cataluña se ha
avanzado en esta materia. Por tanto, vamos a votar a favor de que podamos discutir de estos temas, pero quiero decirles que siendo muy importante, que lo es, el apoyo psicológico, la asistencia que podemos denominar económica y toda la asistencia
extraprocesal, con lo que en modo alguno podemos considerarnos satisfechos es con la propia situación de la víctima o del perjudicado dentro del proceso. A través de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en lo que hace referencia a los
juicios rápidos e inmediatos, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha sido capaz de introducir algunas enmiendas de cara a mejorar la situación del perjudicado o víctima que no es parte en el procedimiento y, por tanto, a instar una
relación especial con el ministerio fiscal.
Desde luego que en esa materia se ha de avanzar, pero también hay que avanzar en materia de protección a las víctimas y de las víctimas dentro de los procedimientos en otra ley, que es la Ley de
responsabilidad penal de los menores. Saben SS.SS. que a pesar de las transacciones que fuimos capaces de impulsar en la legislatura pasada, la situación de estas víctimas, sobre todo de las víctimas de graves delitos ocasionados por menores
mayores de 16 años, la situación de los perjudicados en el procedimiento de la Ley de responsabilidad penal de los menores no tiene garantías suficientes para dar una satisfacción, ni siquiera moral, a las víctimas de estos delitos o a sus
familiares. La prueba es lo que ha venido ocurriendo a lo largo de estos años. Por tanto, señor López Aguilar, estamos de acuerdo en la tramitación de la proposición de ley.
Hay que realizar un esfuerzo mayor de solidaridad, de incremento de la
situación económica y de apoyo y asistencia a las víctimas, pero hay que hablar de varias cosas de las víctimas y de los perjudicados.
El segundo motivo al que hacíamos referencia era la despedida del portavoz de justicia del Grupo Parlamentario Popular, el profesor Ollero, después de 17 años en esta Cámara. Yo únicamente he podido compartir con él ocho años. Sin lugar a
dudas la huella que dejan los hombres en las instituciones tienen que ver con el tiempo, en este caso un tiempo prolongado, 17 años, pero tiene mucho más que ver con sus características y sus cualidades, y yo creo que al profesor Ollero, al diputado
Ollero, le han caracterizado dos muy fundamentalmente: de un lado, la brillantez, y es cierto que ha escrito yo creo que algunas de las páginas más brillantes de nuestra historia parlamentaria reciente; en segundo lugar, el rigor. Es cierto
también que este rigor tiene dos vertientes: el rigor intelectual, y aquí sí que tengo
que decir que este portavoz ha disfrutado y ha aprendido notablemente del rigor intelectual del profesor Ollero; y en algunos casos el rigor casi físico, y debo decirle que en este caso lo más que ha podido hacer este portavoz y el Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió es gozar, entre comillas, no siendo su principal destinatario. Yo creo que es algo en lo que ha concurrido también la capacidad de mi grupo parlamentario de hacer surf, como dicen algunos, y posiblemente la
simpatía que el profesor Ollero sienta ante esta persona. Acudiendo a la terminología a que hacía referencia, y lo digo con mucho respeto, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ante ese rigor casi físico que el doctor Ollero ha empleado
con su grupo, nosotros hemos sido más paseantes que buenos samaritanos, y es algo de lo que también nos tenemos en este caso que acusar. En cualquier caso, hago mías las palabras del portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida: Señor
Ollero, vaya usted con Dios y que con nosotros también se quede.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, el señor Ollero tiene la palabra.
El señor OLLERO TASSARA: Señora presidenta, señorías, es para mí un gran honor el fijar hoy la posición de mi grupo gracias a la amabilidad de mi compañera María Jesús Sainz, a la que le hubiera tocado por razones competenciales, pero que
me ha brindado ésta para mí inolvidable oportunidad.
Se trata sin duda de una proposición de ley que refleja una preocupación que mi grupo comparte de manera plena y que me lleva a expresar la satisfacción por la trayectoria que sobre la preocupación por las víctimas de los delitos violentos
viene llevando en los últimos tiempos.
Basta recordar, por ejemplo, que si en 1998, cuando estaba arrancando la ejecución de esta Ley de 1995, fueron 2.228 las actuaciones que tuvieron lugar, en 2002 habían ascendido ya a 61.728. Me parece que es
una comparación -cifras poco discutibles- que habla por sí sola y que además se ha visto acompañada de una serie de medidas complementarias, incluso de reformas legislativas, que tienden a confluir en un problema que no es fácil abordar de una
manera lineal. Por una parte, los convenios que el Ministerio de Justicia ha suscrito con el Consejo General de la Abogacía para la asistencia jurídica gratuita, incluso con guardias de 24 horas en los casos de violencia doméstica; convenios
también con el colegio oficial de psicólogos para este mismo fin y reformas como la que ya se hizo en 1999 tanto del Código Penal como de la Ley de Enjuiciamiento Civil con relación a los malos tratos; la ratificación en el año 2001 del Convenio
del Consejo de Europa, que era nada menos que de 1983 y que hasta 2001 no llega a ratificarse; la Ley de Juicios Rápidos, la 38/2002, que sin duda va a tener una enorme influencia, está teniéndola ya, sobre este tipo de problemas; o la Ley
27/2003, en la cual se perfila la orden de protección que permite coordinar, entre otras cosas, actuaciones en el ámbito civil y en el ámbito penal. Todo esto junto con las que todavía hay en trámite en este momento, por ejemplo, la reforma de la
prisión provisional y la reforma del Código Penal que, entre otras cosas, va a terminar con la existencia de faltas en lo que se refiere a la violencia doméstica, lo cual tendrá a su vez una repercusión respecto a la posibilidad de medidas
cautelares, entre otras la prisión provisional, por ejemplo, en los casos en que se infrinja el alejamiento del agresor respecto a la víctima. Todo esto marca un panorama bastante distinto del que existía antes.
Por otra parte, la exposición de motivos de la ley a la que ha tenido buen cuidado de no aludir el brillante portavoz socialista, que me alegra particularmente que haya sido hoy el señor López Aguilar, es muy sintomática porque, más que un
texto dirigido al común de los ciudadanos de quien espera realmente que se convierta en ley, parece el guión partidista para la defensa del programa de un partido porque incluso, lo cual es llamativo en una exposición de motivos, se llega a hablar
de la preocupación socialista -en una ley- plasmada en el pacto de Estado. Ya es mala suerte que le haya tocado intervenir al señor López Aguilar alabando el pacto de Estado porque la exposición de motivos lo alaba justo a los pocos días en que
equivocadamente el Grupo Socialista ha decidido romperlo y, como consecuencia, no beneficiarse de sus propias expresiones laudatorias sobre el citado pacto. Lo que vemos en nuestro grupo es la necesidad de realizar esta reforma que se propone, y
que sin duda acabará en su momento consumándose, con serenidad y de una manera armónica. Por ejemplo, en esta proposición no se intenta buscar un equilibrio entre las medidas que aquí se proponen y las existentes para las víctimas de violencia
terrorista, llegándose a la situación sorprendente de que muchas de las propuestas que se hacen para víctimas de delitos violentos son más generosas que las que actualmente están en vigor para víctimas del terrorismo. Por ejemplo, en los casos de
incapacidad temporal se prevé que haya una ayuda que sea 2,26 el salario mínimo, cuando para una víctima de un delito terrorista es únicamente el duplo. O en caso de gran invalidez serían 147 mensualidades, mientras que si es víctima de un delito
terrorista serían 140. Incluso en el caso de muerte, en esta propuesta tendríamos 136 mensualidades y, sin embargo, sólo 130 en las de víctimas de delitos terroristas. Esto demuestra un cierto desaliño y una falta de haber remansado un tanto el
planteamiento.
Esta es una ley que lo que pretendía en aquel momento era ocuparse de las víctimas de delitos violentos, algo central dentro del pacto de Estado por la justicia, excluyendo al
terrorismo, pero en esta proposición se ve claramente un énfasis, quizá un poco forzado, para dirigirla hacia la violencia doméstica en concreto.
Esto hace que también se resienta un poco la proposición a la hora de buscar una cierta
armonía. Sería interesante reconsiderar en su momento las consecuencias diversas que derivan, por un lado, del maltrato doméstico, de la violencia doméstica y, por otro, del acoso sexual, que son dos elementos diversos y con consecuencias dispares
y que resulta forzado intentar acompasar a la hora de reglamentarlo.
El portavoz socialista ha hablado de indemnizaciones. En la ley no se habla de indemnizaciones, se habla de prestaciones. En ese sentido, la proposición confunde bastante, porque no sabemos cuándo estamos hablando de prestaciones, cuándo
estamos hablando de responsabilidad patrimonial del Estado, que serían más bien esas indemnizaciones, o en qué medida el Estado debería incluso ser responsable subsidiario de las indemnizaciones de un tercero. Hay ahí un conflicto técnico que no
está bien resuelto y que convendría depurar para que fuera más positiva esta iniciativa.
Por otro lado, no explica el porqué del traslado actual del Ministerio de Hacienda, ya que al fin y al cabo es una prestación económica lo que se contempla, al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. No se explica el porqué de ese
trasvase que supondría la organización de toda una estructura nueva. Quizá es porque se pretende que las comunidades autónomas tengan mayor participación en ello, pero no se explica.
Igualmente, esta ley de 1995, como recordamos, se hizo en un
momento en que Justicia e Interior estaban unidos. Afortunadamente ya no es el caso, pero el intento de trasladar las competencias de Interior a Justicia justo cuando los juicios rápidos dan a la policía un especial protagonismo a través de su
tarea de policía judicial es también un poco chocante y demuestra que hay algo que no se ha pensado ni se ha madurado adecuadamente.
Por último, se habla del desarrollo del Libro Verde europeo y de la necesidad de un estudio comparativo. Quisiera recordar al portavoz socialista que, después del Libro Verde de la Unión Europea, hay ya una propuesta de directiva, de 16 de
octubre del año pasado, que ha sido incluso informada favorablemente por el Comité Económico y Social en febrero pasado y que va a dar paso a una directiva de un momento a otro.
Este es el sentido de la posición de nuestro grupo, que entiende que
sería más razonable, precisamente porque lo que pretende esa directiva europea es armonizar la respuesta en los diversos ordenamientos de los Estados miembros de la Unión, esperar a contar con esa directiva inminente para entonces, abordando lo que
llama el informe la violencia con víctimas transfronterizas, poder abordar la cuestión con mayor seriedad.
Con esto termino mi intervención y con mi intervención termino también diecisiete años de tarea parlamentaria. Permítame, señora presidenta, que consuma unos minutos en una breve despedida, que va a ser sobre todo una muestra de
agradecimiento personal, agradecimiento por las lecciones que he recibido en esta Cámara, lecciones de todo tipo. Las lecciones de compañerismo de esa espléndida diputada que es Marga Uría; las lecciones de capacidad de abordar cualquier problema
parlamentario de ese todo terreno que es Luis Mardones; lecciones de laboriosidad de tantos diputados; lecciones incluso de diputados cuyo recuerdo sigue aquí, aunque ellos no estén, como Pablo Castellano, cuya bonhomía tiene hoy un heredero
particular en Luis Carlos Rejón, o Manuel Núñez Pérez, a quien tampoco podemos olvidar. Todo esto unido a algo que envidio y es la capacidad de Manuel José Silva para combinar la firmeza en las convicciones con la capacidad de no exponer ni una
arista, ni una arruga en sus exposiciones que pueda molestar al adversario; algo que le envidio y que me lleva inmediatamente a pedir perdón mirando, lógicamente, de manera particular a los escaños socialistas, porque puede que el apasionamiento y
la ironía, que la carga el diablo, en alguna ocasión me hayan hecho ir más lejos no sólo de donde merecía el adversario, sino de donde yo mismo pretendía. Si hiciera ahora un elenco de todos los agraviados nos darían las del alba, entonces voy a
personificarlo en Alfredo Pérez Rubalcaba, a quien que conocí antes de estar en esta Cámara, cuando él era jefe de gabinete del ministro Maravall y yo presentaba un libro sobre la LRU, de la que tuve luego ocasión de ocuparme. Quiero, por tanto,
pedir perdón por cualquier exceso que en ese sentido haya cometido.
Quiero igualmente agradecer a los servicios de la Cámara, al Cuerpo de Letrados, que es un orgullo para esta institución, a los taquígrafos, que me han aguantado y soportado durante horas, y a todo el personal -biblioteca, informática- que
está ayudándonos a ser más eficaces.
De mi grupo algo tendré que decir, pero la verdad es que me quedo un poco sin palabras y me veo obligado a hacer algo imperdonable en un académico, que es plagiar, pero como hasta mañana no me reincorporo al servicio activo, hoy voy a
plagiar al portavoz de mi grupo, que terminó su intervención en el último debate del Estado de la nación diciendo: Hoy su grupo parlamentario -se dirigía al presidente del Gobierno-, que ha tenido que hacer de las convicciones su fortaleza, quiere
expresarle el reconocimiento a quien ha puesto todo al servicio del interés general.
Para mí, para su grupo, para todos nosotros, ha sido un alto honor estar con usted. Yo quiero a mi vez repetir hoy que quiero expresar mi reconocimiento a quien
ha puesto todo al servicio del interés general y que para mí ha sido también un alto honor estar con todos los miembros de mi grupo trabajando con ellos codo con codo.
Esto es todo. Me ha preguntado más de un compañero si no voy a sentir nostalgia al irme. Supongo que sí, pero de todas maneras me queda el consuelo de que esa nostalgia se va a ver neutralizada por un sentimiento muchísimo más profundo,
que es el de una sana envidia, porque estoy convencido -y quiero que sean mis últimas palabras en este hemiciclo- de que en política no hay situación ninguna, por mucho poder que se pueda ejercer o por mucho protagonismo que conceda, comparable al
honor de ser democráticamente elegido por nuestros conciudadanos, como lo han sido todas SS.SS. y como yo ahora renuncio a serlo en lo sucesivo.
Muchas gracias a todos. (Fuertes aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ollero.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
La señora PRESIDENTA: Señorías, conforme al artículo 68 del Reglamento, la presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de incluir
como último punto del orden del día de la sesión correspondiente al jueves, día 2 de octubre de 2003, el informe elaborado por la Comisión no permanente para la valoración de los resultados obtenidos por la aplicación de las recomendaciones del
Pacto de Toledo.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
Q ueda aprobada la modificación del orden del día.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PRORPOSICIONES DE LEY. (CONTINUACIÓN)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MODIFICACIÓN DE LA LEY 35/1995, DE 11 DE DICIEMBRE, DE AYUDAS Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE DELITOS VIOLENTOS Y CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL. (Número de expediente 122/000303.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre modificación de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos
violentos y contra la libertad sexual.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 127; en contra, 154; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la toma en consideración
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 7/1995, DE 23 DE MARZO, DE CRÉDITO AL CONSUMO. (Número de expediente 122/000272.)
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al Consumo.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra la señora Riera. (Rumores.)
Señorías, debemos continuar con el Pleno, para lo cual les ruego que las conversaciones las mantengan fuera del hemiciclo y permitan continuar con los debates.
Adelante, señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, buenas tardes. Permítanme que enmarque el contexto de la iniciativa legislativa que, en nombre del Grup Parlamentari Catalá de Convergència i Unió, tengo el honor de presentar. Proponemos a la Cámara la toma en consideración de
una proposición de ley para modificar la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al Consumo. Lo primero que debo decir es que somos conscientes de que el tema que abordamos ya ha sido objeto de debate en otras ocasiones en el Congreso. A raíz del
cierre de las academias Opening, el Grupo Socialista, la señora Isabel Pozuelo en concreto, interpeló hace ahora un año a la señora ministra de Sanidad y Consumo acerca de las decisiones que pensaba tomar el Gobierno para buscar
soluciones...(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Riera, por favor.
Señorías, ¿sería posible que mantuvieran las conversaciones fuera del hemiciclo al objeto de que la intervención de la diputada que está en el uso de la palabra sea audible? (Continúan los rumores.)
Señorías, reitero, ¿sería posible que mantenga las conversaciones fuera del hemiciclo y permitan seguir en unas condiciones mínimas de audición la intervención de la diputada?
Adelante, señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Gracias, señora presidenta.
Decía que hace un año la portavoz del Grupo Socialista, la señora Pozuelo, interpeló a la señora ministra de Sanidad y Consumo acerca de las decisiones que pensaba tomar el Gobierno para buscar soluciones para las más de 45.000 personas que,
en mayo o menor grado, hace un año resultaron perjudicadas por el cierre de los 74 centros de las academias Opening en las que se habían matriculado contratando un crédito para pagar los gastos. La problemática es de sobra conocida
por todas SS.SS. y, por consiguiente, no voy a extenderme en ella, pues ha sido titular en todos los medios de comunicación. Son muchas personas las que, con toda la razón, se sienten estafadas, engañadas y además -lo que es aún más
lamentable- perciben estar desprotegidas ante la ley. Han sido las organizaciones de usuarios y consumidores -las de las comunidades autónomas y las organizaciones estatales- las que en mayor medida se han movilizado ante estos casos; han
atendido, asesorado e incluso en algunos casos han emprendido medidas legales en defensa de las personas afectadas.
Frente a esta situación de movilización de los usuarios y consumidores y de los alumnos clientes, nos podemos preguntar qué han hecho las distintas administraciones, todas, las autonómicas y la central.
Señorías, mi grupo parlamentario cree
que la respuesta es que todas las administraciones han procurado encontrar soluciones puntuales a problemas concretos. En algunos casos, se ha procurado que los alumnos pudieran continuar sus clases en otros centros; en otros se ha intentado
negociar con la entidad financiera la rescisión del contrato; unas administraciones recomendaron dejar de pagar los créditos; otras, por el contrario, aconsejaron a los afectados seguir pagando porque de lo contrario -decían- podía ser que el
colofón, el desaguisado, el súmum, fuese que los alumnos afectados entraran, además, a formar parte de las listas de morosos de las entidades de crédito.
Señorías, a pesar de la buena voluntad para encontrar soluciones, a pesar del interés de las distintas administraciones competentes y a pesar de las movilizaciones, lo que empezó siendo un caso, el caso Opening, ha ido derivando en otras
situaciones idénticas que han afectados a otros centros y otras academias. Ha habido expedientes de quiebra -alguno incluso con indicios de fraude- y expedientes de regulación de empleo, y detrás de estas circunstancias siempre están atrapados los
consumidores, los usuarios, los alumnos -llámemoslos como SS.SS. prefieran-, que habían accedido a la financiación de los cursos ofertados por dichas academias a través de préstamos bancarios regulados por la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito
al Consumo. Lo que en un principio, tal como afirmaba en su día la señora Pozuelo, afectó a unos 45.000 consumidores hoy, transcurrido un año de aquella fecha, afecta ya a más de 100.000 personas, y nada nos garantiza que la cifra no pueda ir
aumentando.
Por este motivo, señora presidenta, señorías, mi grupo presentó en la Cámara esta proposición de ley el pasado mes de febrero, para modificar la Ley de crédito al consumo, porque parece indiscutible que a estas alturas el problema no está
bien resuelto ni, por descontado, con la ley vigente podemos evitar sucesivos episodios como los que ya han sido noticia hasta ahora. Es difícilmente razonable seguir esperando que una directiva europea, a la que ya se refirió la señora ministra de
Sanidad hace un año, solucione un problema grave, que en nuestro país no es un problema de futuro, sino de pasado y de presente. Es más, si esta directiva europea sobre crédito a los consumidores finalmente se aprueba, tendrá lógicamente un periodo
de adaptación, que suele ser lo bastante amplio como para no permitir atajar el problema que tenemos que solucionar desde hace demasiado tiempo. Puestos a ser autocríticos, señorías, mi grupo parlamentario cree que sería mucho más ajustado decir
que la iniciativa legislativa que presentamos llega tarde antes que decir que no es oportuna o que llega pronto porque ya se resolverá en el ámbito europeo. Decía la señora ministra de Sanidad y Consumo hace un año, con motivo de la interpelación,
que estaba segura de que la directiva sobre crédito a los consumidores iba a posibilitar que, en el futuro y en el ámbito comunitario, se introdujeran importantes modificaciones en las normativas actuales, de forma que estas situaciones, como las
que se discutían en el caso Opening, se iban a solucionar e iban a quedar superadas. Parece indiscutible, transcurrido un año desde que se produjo esta situación, que no ha sido así: ni tenemos directiva ni tenemos problema resuelto;
desgraciadamente estamos lejos de un horizonte tan favorable. Bienvenida sea, desde luego, si esta directiva al final se materializa; no será mi grupo quien la cuestione, por descontado que no, pero no nos parece justo ni correcto que en el
ínterin estemos manteniendo una situación y que desde este Parlamento no se legisle ni se regule.
Nuestra proposición de ley está presentada con voluntad de ser un punto de partida legislativo para atajar la situación descrita sin más dilaciones; las personas afectadas lo esperan, las organizaciones de consumidores y usuarios así lo
reclaman. Nuestra propuesta consiste en modificar el punto 2 del artículo 14 de la Ley 7/1995 que dice: Eficacia de los contratos vinculados a la obtención de un crédito. El actual redactado, señorías, es confuso, contempla demasiadas
circunstancias y pensamos que debe ser claro y taxativo. Nuestra propuesta es escueta: el incumplimiento del contrato cuyo objeto sea la satisfacción de la necesidad de consumo comportará la ineficacia del contrato expresamente destinado a su
financiación. Así de simple. Consecuentemente a esta modificación, y por pura coherencia, proponemos también la supresión del actual artículo 15 en su totalidad, los derechos ejercitables en los contratos vinculados. Son matizaciones sobre las
que un consumidor o usuario podría sentirse agraviado. En consecuencia, proponemos que el artículo 16 -oferta vinculante- obligue al empresario que ofrezca un crédito a un consumidor a entregar un documento con todas las condiciones de crédito como
oferta vinculante. Quiero recordar a SS.SS. que, en la actual ley, no es de obligatoriedad entregar este documento, pero sí se entregará si lo pide el usuario o el consumidor.
Sus señorías saben que, por todas estas desgraciadas circunstancias que se han dado en las academias, los
perjudicados, los consumidores, los usuarios, muchas veces eran personas jóvenes, incluso a veces menores, con lo cual sus familias, sus padres se han visto de repente en una situación que desconocían por completo. Por descontado, se tiene
que entender que han sido abusivas las cláusulas que han derivado en que, no recibiendo los servicios, les puedan aún ser reclamadas las cuotas del crédito que, de alguna manera, les colocaron como un solo paquete. Señorías, nuestra proposición es
de articulado simple porque simple es lo que pretendemos con ella. Pretendemos, primero, atacar de una vez por todas esta situación evitando que se siga actuando de una manera que ha derivado en casos muy confusos, algunos de los cuales no tendrán
solución, porque se han perdido las cuotas que se habían abonado y, por descontado, pensamos que es totalmente necesario que demos transparencia a todos estos contratos. Las entidades de ahorro también lo estiman necesario y alguna de ellas han
sido las primeras en abogar por la necesidad de que los créditos sean transparentes y que cada uno sepa perfectamente a qué se compromete.
Con esta voluntad conciliadora, nosotros presentamos esta iniciativa legislativa. Sabemos que todos los grupos parlamentarios han sido sensibles a la problemática que ha ido surgiendo durante este largo año en los medios de comunicación y
que, como decía, se ha debatido ampliamente en la Cámara en forma de preguntas, de interpelación y moción. Echamos en falta en el grupo mayoritario que sustenta al Gobierno la voluntad de atajar de manera definitiva un problema que no tiene
solución si no modificamos la ley. Preveo que el Grupo Parlamentario Popular dirá que, aun siendo sensibles al tema, están pendientes de una directiva europea. Me parece un argumento de cierta pobreza porque, en circunstancias que podríamos llamar
paralelas, estando pendientes de directivas europeas que todos vamos a asumir, ha habido interés del Gobierno en anticiparnos a la directiva y legislar en esos terrenos con el apoyo de otros grupos, como en el caso de la Ley de Puertos. No vemos
por qué en una cuestión tan sensible como esta, que afecta a los usuarios y consumidores, a gente joven, a gente que, en muchas ocasiones, no tiene una gran disponibilidad económica, gentes que se han visto atrapadas por una situación de puerta
cerrada, que no pueden ir a clase a una academia que desapareció y exigiéndoles, además, que sigan cotizando un crédito, incluso con tintes dramáticos en algunos casos, sirva de excusa esperar a que una directiva europea solucione este problema.
Señorías, no es contradictorio, incluso si se aprueba esta directiva, que se deriven de la misma los puntos esenciales que podrían acoplarse perfectamente a una ley que saliera de este Parlamento.
Señorías, pedimos hoy el voto favorable de los grupos parlamentarios de esta Cámara a la toma en consideración de esta proposición de ley. Soy consciente de que no les pido el voto favorable con mi mejor rostro, con el rostro más amable,
pero sí les solicito, con toda sinceridad y sin ninguna prepotencia del grupo al que represento, a pesar de que el rostro no es el más adecuado, que hagan suya la petición que nosotros hacemos, pues todos compartimos esta inquietud, y que nos den un
sí a esta toma en consideración. Si lo hacen así, en el trámite parlamentario podremos ser capaces de mejorarla, dando satisfacción a las necesidades e inquietudes de muchas personas afectadas por una situación que nunca hubo de producirse.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Riera.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, los recientes escándalos de cierres de academias de enseñanza no reglada, en su mayor parte de enseñanza de idiomas como Opening, Wall Street o Aidea, ponen de manifiesto la existencia de una práctica abusiva por parte de algunas
empresas del sector, que incumplen la obligación de prestar servicios a los alumnos, obteniendo de éstos por adelantado el coste total de los servicios de enseñanza y sin garantía alguna de continuidad de la empresa. Esto ha provocado una situación
general de desconfianza. Muchos alumnos, muchos usuarios de estos centros de enseñanza los han encontrado con las puertas cerradas, se han encontrado con la imposibilidad de reanudar sus estudios, y lo que es peor, sin atisbos de poder recuperar
las cantidades pagadas por adelantado. Es evidente que también esta situación ha perjudicado a otras empresas del sector que ofertan y actúan correctamente en este mercado.
A juicio del Bloque Nacionalista Galego las lecciones que cabe extraer de estos sucesos son de diversa índole. En primer lugar, pensamos que es necesario que en el ámbito de la enseñanza no reglada se dicten normas de competencia justa y
leal entre las pequeñas academias y las grandes empresas de enseñanza. En segundo lugar, estos fraudes ponen también de manifiesto la existencia de lagunas legales en la normativa sobre crédito al consumo, que establece de forma ambigua las
circunstancias en que se produce la ineficacia del contrato vinculado a la obtención de un crédito. Esta proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) aborda este segundo aspecto de forma, a nuestro parecer,
satisfactoria. Dispone de una forma taxativa la ineficacia del crédito destinado a la financiación de un contrato que satisface una necesidad de consumo y esta previsión, que es oportuna y justa, obliga también a las entidades financieras a asumir
la mala gestión de aquellas empresas que oferten
servicios a los consumidores y no cumplan con su cometido, pues a nadie se le oculta que, en muchos casos, estas entidades financieras que prestan su apoyo financiero a la operación se sirven también de las empresas prestadoras de servicios
para colocar en el mercado sus productos financieros y existe, por tanto, una relación de colaboración mutua y de mutua complicidad.
Por otra parte, y aunque reconocemos que la modificación propuesta en esta iniciativa clarificaría y evitaría la ambigüedad de la normativa vigente, debemos señalar que con relación a los cierres de las academias de inglés ya existen
sentencias de diversos juzgados y audiencias provinciales que, sobre la base de la actual redacción de la Ley de Crédito al Consumo, reconocen, en la práctica, la vinculación entre el contrato de financiación de los cursos y la prestación del
servicio contratado y, en consecuencia, declaran la ineficacia de los contratos de financiación, condenando a las entidades financieras. Ante esta situación donde ya se va determinando judicialmente la vinculación entre entidades financieras y
empresas de enseñanza no reglada, el Gobierno, sin embargo, sigue manteniendo una posición de inexplicable distanciamiento y de inexplicable también falta de intervención y de falta de apoyo a los afectados. Hasta el momento, la única acción
desarrollada por la señora ministra de Sanidad y Consumo fue ofrecer una salida a un limitado número de alumnos de Opening a través de Wall Street, empresa que al final también quebró y cesó en sus actividades y, al margen de este intento fallido,
el Gobierno no ha dado ni un solo paso más. A pesar de ello, los afectados siguen peleando judicialmente y siguen defendiendo en los tribunales su derecho a no satisfacer los créditos contratados, vinculados a la obtención de enseñanzas no
regladas.
En definitiva, desde el Bloque Nacionalista Galego entendemos que esta iniciativa está más que justificada, al igual que lo estaría una intervención más decidida del Gobierno, para solventar la situación de miles de alumnos que han sido
defraudados, puesto que, además, no hablamos de simples consumidores, sino de alumnos que completan en estas academias su formación, dadas las actuales carencias del sistema educativo.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señora Pozuelo.
La señora POZUELO MEÑO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, hace poco más de un año, en septiembre de 2002, en plena crisis de las academias de idiomas, miles de usuarios, entonces eran cuarenta y tantos mil, hoy son más de 100.000, se encontraban en una lamentable situación porque, además
de que veían cerrados los centros de las academias con las que habían contratado un servicio y se habían quedado sin percibirlo, se encontraban con la necesidad de tener que seguir pagando los créditos que habían concertado con las entidades
bancarias para poder financiarlo. En aquel momento, el Grupo Parlamentario Socialista presentó una interpelación a la ministra de Sanidad y Consumo pidiéndole que interviniera en defensa de estos ciudadanos que en todo el territorio español se
veían afectados por una crisis de esta naturaleza.
En la moción, consecuencia de aquella interpelación, proponíamos una solución a las carencias legislativas que se habían puesto de manifiesto y en evidencia con motivo de la crisis de las academias
de idiomas. En aquella moción pedíamos la modificación urgente de la Ley de Crédito al Consumo, reclamando que se modificara el artículo 15, para que se suprimiera la exigencia de exclusividad con la entidad concedente del crédito, para que el
consumidor pudiera ejercitar frente a ésta los mismos derechos que le correspondieran frente al acreedor de bienes o servicios adquiridos mediante un contrato de crédito, y la modificación del artículo 16, de manera que fuese obligatoria, antes de
la celebración del contrato, la entrega de un documento con todas las características y condiciones del crédito ofertado. Además de la modificación de la Ley de Crédito al Consumo de 1995, propusimos también la reforma de la disposición adicional
primera de la Ley general básica para la defensa de los consumidores y usuarios, con la incorporación, como derecho de los usuarios que contrataran un servicio continuado, de la posibilidad de elegir el pago fraccionado del mismo, y que no se les
obligara al pago en una sola vez y con antelación del servicio que estaban contratando.
En aquel momento, aquella moción no fue aprobada en esta Cámara. Me alegro de que ahora el Grupo de Convergència i Unió rectifique su posición, traiga de nuevo a debate una iniciativa como la que nos ha presentado la señora Riera, y espero
sinceramente que el Grupo Popular modifique su posición de hace un año y, ante la evidencia, sea capaz de dar un paso adelante y aprovechar esta nueva oportunidad para votar a favor de algo que está siendo un clamor por parte de toda la sociedad
española, que no es, ni más ni menos, que dar un paso adelante en la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios de servicios en nuestro país. En aquel momento, el Grupo Parlamentario Popular utilizó, fundamentalmente, dos argumentos:
Por una parte, que estaban pendientes de la elaboración o aprobación de la nueva directiva de la Unión Europea y, por otra, que esto era un problema de competencia de las comunidades autónomas. La semana pasada, o hace dos semanas, volvimos a
escuchar esos mismos argumentos cuando presenté aquí la proposición de ley de prevención y tratamiento para las situaciones de sobreendeudamiento de los consumidores. En esta proposición
se incorporaban medidas preventivas que suponían una modificación de la normativa actual de la Ley de Crédito al Consumo. De nuevo, el Grupo Popular se remitió a la muy lejana aprobación de la directiva comunitaria y de su traslación a
nuestro ordenamiento jurídico, limitándose a decir que se pedía la intervención de las comunidades autónomas. La experiencia nos dice que el Gobierno nunca tiene prisa cuando se trata de proteger a los consumidores y usuarios españoles; que suele
estar más ocupado en buscar responsables cuando existe un problema, para achacarles esa responsabilidad, que de prevenir y mejorar la protección de los consumidores españoles.
Señorías, la actual Ley de Crédito al Consumo necesita mejoras sustanciales para incrementar la protección de los españoles. El inmovilismo de este Gobierno es incompatible con una sociedad moderna, con un mercado que evoluciona a un ritmo
trepidante, alimentado por las nuevas tecnologías y por una economía cada vez más globalizada, y este inmovilismo está dejando a España y a los consumidores españoles a la cola de Europa. Como en tantas otras cuestiones, también en ésta.
El cierre masivo de las academias de idiomas, Opening, Brighton, etcétera, puso de manifiesto las carencias que tiene actualmente nuestra legislación. La Ley de 1995 supuso en su momento una mejora sustancial en la protección de los
consumidores y en lo que hacía referencia a las contrataciones de créditos al consumo, pero hoy en día ya se ha hecho claramente evidente la necesidad de amoldarse a las nuevas circunstancias sociales y económicas. España se está convirtiendo en
una excepción dentro de Europa, donde las políticas de la defensa de los consumidores ocupan un espacio político cada vez mayor y donde, por referirme más concretamente a la legislación que nos ocupa, la mayoría de los países han mejorado sus
normativas de crédito al consumo sin esperar a la nueva directiva europea que se está tramitando ahora mismo en el Parlamento Europeo.
Mi grupo parlamentario, por coherencia política con todo lo que he expresado aquí y con las propuestas que hemos hecho en diversas ocasiones, va a votar favorablemente esta propuesta que nos hace hoy Convergència i Unió. Y no solamente por
ser coherente con nuestras posiciones, sino porque coincide de manera clara y nítida con el espíritu y con la letra de las proposiciones que hicimos en aquellas dos ocasiones a las que he hecho referencia. Aunque las modificaciones de la Ley de
Crédito al Consumo que hoy vemos a mi juicio son poco ambiciosas, no cabe duda que mejoran la protección de los usuarios españoles y por eso vamos a apoyarla, más aún cuando el principal objetivo de esa norma es mejorar dicha protección en el
recurso al crédito al consumo. Somos conscientes de que los consumidores españoles no pueden esperar a la aprobación de la directiva europea de crédito al consumo y a su trasposición para beneficiarse de una situación como la que estamos analizando
hoy aquí.
Espero que, en esta ocasión, el grupo del Partido Popular rectifique y dé marcha atrás en sus posiciones y apoye las tímidas modificaciones que hoy se ven en esta Cámara. Si vuelve a repetir una vez más el argumento de que hay que
esperar a la normativa comunitaria, lo que realmente querrá decirnos es que sólo protege a los consumidores cuando no le queda más remedio y cuando se ve obligado por las normas europeas, y aun así con un retraso considerable, tal como nos tiene
acostumbrados y como hemos visto cuando se han trasladado a nuestro ordenamiento jurídico las directivas que mejoran la posición jurídica de los consumidores como, por ejemplo, la de multipropiedad o la de garantía de bienes de consumo.
Señorías, al Grupo Socialista le hubiese gustado que se hubieran abordado modificaciones de un mayor calado en la normativa de créditos al consumo.
La proposición de ley de prevención y tratamiento del sobreendeudamiento, a la que me
refería anteriormente, incorporaba algunas medidas que, en el terreno preventivo, sería necesario introducir en España: el derecho de desistimiento, con el que cuentan en estos momentos países como Alemania, Bélgica, Francia, Reino Unido o
Luxemburgo, y la prohibición del perfeccionamiento de los contratos de crédito en el domicilio de los consumidores. Son dos elementos de carácter preventivo que tendrían una gran eficacia para evitar la situación de endeudamiento de los
consumidores y de las familias españolas.
En el caso Opening, al que le fue sucediendo el cierre de otras academias, todos sufrimos un cierto bochorno ante la actitud del Gobierno de España, que se mostró sumiso y llegó a dar cobertura política a las reivindicaciones de las
entidades financieras, dejando de lado a miles de usuarios injustamente perjudicados. Hoy este caso todavía no está resuelto, aunque ha tenido que ser una comunidad autónoma, la andaluza, la que con su apoyo técnico y financiero consiguiera que las
asociaciones de consumidores obtuvieran una primera sentencia favorable a los intereses de los afectados. Cualquier medida, por escasa y tímida que sea, creo que servirá para evitar situaciones como las acontecidas hace más de un año y, por eso, mi
grupo apoyará, sin duda y sin excusas ni esperas innecesarias, esta propuesta que hoy debatimos en la Cámara.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pozuelo.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Bueno, tiene la palabra.
El señor BUENO FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, subo a la tribuna para fijar la posición del Grupo Popular, adelantando, y lo siento por la intervención y el tono de la diputada señora Riera, que no va a ser favorable a la proposición de ley.
La exposición de motivos de la citada proposición de ley considera que el cierre de varias academias privadas de enseñanza de idiomas ha puesto de relieve la situación en que se hallan los consumidores que han solicitado un crédito al
consumo para financiar un servicio que luego no les es prestado y, en principio, se compartiría la necesidad general de dar una regulación más adecuada, según se pone de manifiesto. A fin de paliar esta situación, se propone la modificación de la
Ley 7/1995, de Crédito al Consumo, de forma que en el caso de que un consumidor contrate determinados servicios mediante un crédito, y la prestación de los mismos no se produzca, el usuario pueda dejar de hacer frente al crédito y sea la empresa
prestadora la que asuma la deuda ante la entidad.
En el primero de los tres artículos de la proposición se hace referencia al artículo 14.2 de la citada ley, del que ahora se propone una nueva redacción, suprimiendo parte del mismo en lo que se refiere a los artículos 15 y 9. Es
conveniente subrayar el aspecto en que sustancialmente se diferencia la redacción alternativa y la vigente pues, en la práctica, como se puede comprobar, el artículo 14.2 que se postula se limita a suprimir las remisiones actualmente previstas a los
artículos antes reseñados, de forma que la insatisfacción del servicio que justifica el contrato de crédito determine la ineficacia del mismo sin excepciones. Pues bien, la propuesta de eliminación de la necesidad de concurrencia de las
circunstancias previstas en el artículo 15.1 guarda coherencia con el resto de la iniciativa puesto que también se postula la íntegra supresión del artículo 15, pero no impide que, a nuestro juicio, la regla general de ineficacia del contrato de
crédito que parece perseguirse en la propuesta no resulte completa sin el ejercicio de los derechos derivados de la declaración de ineficacia, tal y como actualmente se recoge en el artículo 15 de la Ley de Crédito al Consumo.
Se propone la
supresión íntegra del artículo 15, sobre derechos ejercitables en los contratos vinculados. Que la descripción de estas acciones en ejercicio de derechos del consumidor en los contratos vinculados desaparezca sin que se ofrezca una redacción
alternativa no parece coherente con el propósito general de la iniciativa de proteger los derechos de los usuarios. En aras de la seguridad jurídica, entenderíamos necesaria una descripción y regulación de las acciones susceptibles de ejercicio por
parte de los usuarios de contratos vinculados en una ley sectorial como la que nos ocupa.
Respecto al artículo 16, oferta vinculante, que corresponde al tercer punto de la proposición de ley, se suprime la frase 'si el consumidor así lo solicita', quedando el resto igual. Parece obvio que para recibir esta oferta vinculante el
usuario ha de solicitarla antes, por lo que ha de concluirse que tanto de la actual redacción del artículo como de la que se propone en su lugar se consigue el mismo resultado. No se considera necesaria esta obligatoriedad puesto que ni siquiera la
recoge la directiva. La propuesta de directiva sólo establece en su artículo 6 que el consumidor tendrá derecho a recibir toda la información necesaria de manera precisa y completa sobre el contrato de crédito previsto.
Con independencia de lo expuesto, debe recordarse que la Ley 7/1995, de Crédito al Consumo, tiene por objeto la incorporación al derecho español de la directiva 87/102 del Consejo de las Comunidades Europeas, relativa a la aproximación de
las disposiciones legales reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de crédito al consumo.
Hemos de recordar que en la actualidad se está preparando en la Unión Europea una directiva que modifica la 87/102 señalada,
relativa a la aproximación de los Estados miembros en materia de crédito al consumo, entre cuyas medidas se recogen hasta el momento algunas de las que se sugieren en la proposición de ley. Quiero decir -y la proposición de ley está bien enfocada-
que parte de ellas se van a incorporar ya a la directiva.
La Comisión presentó el 11 de septiembre de 2002 una propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo en materia de crédito a los consumidores. La misma se encuentra en fase de discusión, pero sus planteamientos básicos deben ser
tenidos en cuenta a la hora de cualquier análisis que deba realizarse sobre la normativa de crédito al consumo.
Ello nos conduce a estimar la conveniencia de que en una nueva legislación comunitaria se regularan con mayor nivel de exigencia de
garantías para los usuarios las relaciones de créditos al consumo, que traspuesta a nuestro ordenamiento tendría el carácter de legislación básica, susceptible de desarrollo y ejecución por las comunidades autónomas, tal y como se desprende tanto de
la respuesta del Gobierno a pregunta oral como a pregunta escrita.
En este sentido, la ministra de Sanidad y Consumo respondió en su día a este diputado -estamos hablando de septiembre de 2002-, lo siguiente -y voy a hacer un resumen de la respuesta-: En el Consejo de consumidores y usuarios reunido en
Bruselas reiteró este ministerio la petición de una nueva directiva sobre el crédito al consumo que contemplara criterios más exigentes con respecto a los contenidos actualmente, añadiendo que el esfuerzo llevado a cabo por las distintas
administraciones y asociaciones nos acerca a una solución que permitirá que en el futuro sea más difícil que situaciones como las ya vividas puedan repetirse. En este mismo sentido, ha de significarse la voluntad del Gobierno, también manifestada
en la pregunta antes señalada, de contar próximamente con una nueva directiva sobre el crédito al consumo con criterios más exigentes de los contenidos en la vigente, de forma que se impida la producción de hechos como los que han
motivado la proposición de ley. Una modificación de estas características supondría el incumplimiento de lo dispuesto en la Directiva 87/102, que en su artículo 11 establece cuáles deben ser las características de los contratos para
considerar que existe vinculación y que la normativa española sigue fielmente.
Debo decir que el Ministerio de Sanidad y Consumo ya ha propuesto en estos días incluir una modificación puntual de la Ley de Crédito al Consumo en la Ley de medidas administrativas, fiscales y de orden social, para superar algunos límites
de su ámbito de aplicación, elevando a 30.000 euros su techo e incluyendo los créditos gratuitos, además de eliminar la exclusividad como elemento definidor de los contratos vinculados.
Por todo ello, el Grupo Popular, aunque se va a oponer a la toma en consideración de esta proposición de ley, tiene la seguridad de que el grupo proponente entenderá que todos coincidimos en esa voluntad y que nos emplazamos a la aprobación
de la directiva y su trasposición para dejar resuelta definitivamente una situación no deseada. En esta línea, al igual que lo hace el Gobierno, seguiremos trabajando todos para una mayor seguridad y protección de los consumidores.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bueno.
Sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) de modificación de la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al Consumo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 127; en contra, 157.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO, SOCIALISTA, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) Y DE COALICIÓN CANARIA, RELATIVA AL CIERRE DEL CENTRO CULTURAL ESPAÑOL DE LA HABANA. (Número de expediente 162/000814)
La señora PRESIDENTA: Punto II del orden día: Proposiciones no de ley. En primer lugar, proposición no de ley de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió) y Coalición Canaria, relativa al
cierre del centro cultural español de La Habana.
(Rumores.-Pausa.)
Señorías, ¿es posible que faciliten el que continuemos con los debates? Abandonen el hemiciclo en silencio aquellos que lo vayan a hacer.
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor De Arístegui.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Señora presidenta, señorías, hoy es un día... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor De Arístegui, por favor. (Pausa.)
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Señora presidenta, como decía, hoy es un día en el que vamos a intentar hacer un ejercicio de reconstrucción del consenso en materia de política exterior. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante
Mirón, ocupa la presidencia.)
El pasado mes de abril se produjeron unos gravísimos incidentes en Cuba.
La dictadura cubana recurrió a la violencia, a la falta de respeto a los derechos humanos, a los juicios sumarísimos, a tratar de aplastar, una vez más, la voluntad
democrática del pueblo cubano. Nosotros, como miembros de la Unión Europea, como Estado especialmente vinculado a Iberoamérica, como país que tiene a Latinoamérica muy cerca del corazón, hemos querido siempre estar cercanos a los problemas, a las
aspiraciones y a los objetivos legítimamente democráticos de todos los pueblos de Latinoamérica. Cuando se produjo aquel terrible incidente, juicios sumarísimos, detenciones arbitrarias, tres ejecuciones sin suficientes garantías jurídicas, pena de
muerte y demás barbaridades, tuvimos una reacción ejemplar: se organizaron manifestaciones contra las embajadas de España y de Italia por parte del régimen cubano; se congregó a una serie de personas que corearon insultos contra el presidente del
Gobierno de España. Y a todo eso reaccionó, tanto el Partido Popular, al que tengo el honor de representar esta tarde aquí, como el Gobierno de España, con enorme equilibrio, sensatez y prudencia. Pero nada de eso, ni esa violencia verbal ni esos
malos modos políticos, pueden dejar que nosotros perdamos la perspectiva de lo que realmente es importante, y lo que realmente es importante es la transición política hacia la democracia en Cuba.
Durante mucho tiempo diferentes instancias han hecho declaraciones institucionales sobre la democracia en Cuba y la falta de libertad: una declaración institucional de esta Cámara, de 25 de abril de este año; dos declaraciones
institucionales del Parlamento Europeo, de 10 de abril y de 4 de septiembre, ambas de este año; una declaración de la Unión Europea, de 5 de junio de este mismo año también; y más recientemente, y quizá de forma más importante en el ámbito del
Consejo Europeo, las conclusiones del Consejo Europeo de Salónica, de 21 de julio de 2003. Lo que pretendemos en todo momento para Cuba, para el pueblo cubano, no
es nada distinto de lo que queremos para España: democracia, libertad, pleno respeto a los derechos y libertades fundamentales y que la transición cubana, como dijo el presidente Aznar no hace muchas fechas, se logre desde dentro; esa
transición que se ha producido en muchos países del mundo y que en Cuba todavía no acaba de ver la luz.
Se cerró el centro cultural español en La Habana, y para nosotros se trató más de una excusa que de otra cosa. Esta iniciativa se gestó bajo el mandato del secretario de Estado de Cooperación Internacional, José Luis Dicenta Ballester, bajo
Gobierno socialista, y vio la luz en 1997 en el primer Gobierno del Partido Popular. Desde 1997 hasta la fecha del cierre, las actividades culturales y científicas del centro cultural español en La Habana han sido ejemplares, se enmarcan con toda
nitidez en las actividades generales de los centros culturales de la red de centros pertenecientes a la Agencia Española de Cooperación Internacional. Pero hubo algunas disputas, hubo algunos desencuentros, algunas discrepancias con las autoridades
locales. La primera, algo tan sencillo como que el Gobierno cubano simplemente no quiso aceptar que el centro cultural español en La Habana tuviese un acceso directo a Internet, algo de lo que gozan millones de seres humanos del planeta. El
Gobierno cubano no quiso que Internet fuese libremente accesible a los cubanos que visitaran el centro español de La Habana. La revolución y el Gobierno cubanos tienen la exclusiva competencia y el monopolio de las relaciones con el mundo cultural.
Por eso exigían una suerte de censura previa a los programas culturales que presentaba la Embajada de España y el centro cultural. Eso para nosotros resultaba pura y simplemente inaceptable. Por otra parte, a las acusaciones que se han hecho al
Gobierno de España, a la Embajada de España y al centro cultural de que el centro servía a propósitos políticos de la oposición cubana, simple y llanamente tenemos que afirmar que no es cierto. En ningún caso y bajo ningún concepto el centro
cultural español en La Habana ha sido empleado para fines distintos y con voluntad distinta de la promoción cultural y de la cooperación cultural.
A nuestro juicio, el cierre de nuestro centro cultural en La Habana obedece pura y simplemente a una
reacción del Gobierno cubano a algo que se estaba convirtiendo en un referente de la vida cultural de ese país: a un referente de libertad, a un referente de pluralismo. Porque, señorías, todas las declaraciones institucionales a las que me he
referido en esta intervención hablan continuamente de lo mismo: de libertad, de pluralismo, de democracia, de transición a la democracia, de libertad de mercado, de libertad, en definitiva, para el pueblo cubano. Nada de esto está ocurriendo. Y
ni los insultos, ni los improperios, ni las manifestaciones orquestadas por las autoridades cubanas ante la Embajada de España o la Embajada de Italia van a hacer que el empeño de España, sin injerencia en los asuntos internos de un país soberano,
declinen ni un milímetro. No vamos a ceder. Seguiremos defendiendo la democracia aquí y en todas partes. Durante la dictadura de Franco muchos países y muchos parlamentos recordaron la falta de libertad de nuestro país y de nuestro pueblo.
Entonces nadie censuró desde otros parlamentos democráticos que se nos recordara que el régimen de Franco no respetaba los derechos y libertades básicos y fundamentales de los españoles. No estaríamos cumpliendo con nuestro sagrado deber
democrático si no hiciéramos lo propio hoy.
Me voy a referir muy brevemente a la enmienda presentada por el Bloque Nacionalista Galego. Podríamos estar en principio de acuerdo con los puntos primero y segundo, pero, francamente, el punto tercero que hace referencia a la necesidad de
mediar entre la Unión Europea y las autoridades cubanas nos parece completamente fuera de lugar porque esta crisis no la han creado las autoridades europeas. Los quince Estados miembros de la Unión Europea por unanimidad y por iniciativa de la
presidencia italiana, no de España, adoptaron una serie de medidas ante lo que era un flagrante, un inadmisible aplastamiento de los derechos y libertades fundamentales de los cubanos. Por eso no podemos aceptar que en el punto tercero se diga que
el Gobierno de España tiene que mediar con las autoridades de la Unión Europea para tratar de mejorar el clima de diálogo entre Cuba y la Unión Europea y sus representantes. ¿A qué se debe esta presentación? A nuestro juicio, quienes han causado
la crisis han sido las autoridades cubanas. Son ellos los que han detenido a decenas de opositores. Son ellos los que no permiten a su pueblo gozar de mayores cotas de libertad. Son ellos los que no han permitido que se inicie un proceso de
transición político en la isla. Son ellos los que no permiten el libre acceso a Internet a sus ciudadanos. Son ellos los que han cerrado el centro cultural en La Habana. Son ellos los que con tres ejecuciones sumarísimas han provocado la reacción
lógica de las autoridades comunitarias, imponiendo una serie de medidas y de sanciones a las autoridades de Cuba. No es otra cosa. Por lo tanto, los causantes, los autores de esta crisis no somos los europeos, son los cubanos.
Nosotros proponemos
desde esta tribuna y como una fórmula aceptable que se elimine del punto tercero esa referencia a la necesidad de mediar entre la Unión Europea y las autoridades cubanas, o una votación por separado de los puntos primero y segundo. Si no se
aceptara esta enmienda in voce, mi grupo se vería en la obligación de rechazar el punto tercero.
Señorías, no me quiero retirar de esta tribuna sin reiterar cuáles son los principios claros y básicos que rigen la política del Gobierno que apoya mi grupo parlamentario en América Latina y Cuba. Hemos dicho muchas veces, incluso cuando se
nos insultó desde allí, que nosotros no queríamos para los cubanos nada que no quisiéramos para los españoles: democracia, libertad,
derechos humanos, transición política y plena transparencia. Espero que si logramos esta tarde la unanimidad en torno a esta iniciativa firmada por casi todos los grupos de esta Cámara, mandemos un mensaje claro e inequívoco a las
autoridades cubanas: que su sistema político constituye un claro y grave anacronismo político en el siglo XXI.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor De Arístegui.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Yáñez.
El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCÍA: Señora presidenta, señorías, se me brinda hoy una oportunidad personal, además de la representación del grupo, única en un parlamentario de haber podido intervenir esta mañana en la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa y hacerlo esta tarde en el Congreso de los Diputados, con un denominador común: la defensa de los derechos humanos. Porque no otra cosa sino esa es el cierre unilateral decidido por el Gobierno cubano del centro cultural español
de La Habana en un hecho grave, insólito, injustificado y arbitrario, fruto de una decisión característica de un régimen totalitario: sólo un régimen de esas características cierra un centro cultural abierto por un país tercero, negociado con el
Gobierno anfitrión naturalmente, porque sólo un régimen totalitario teme a la libertad de expresión, a la libertad de manifestación y a la libertad de creación cultural diversa. Y es que el centro cultural español en La Habana era -lo ha sido en su
corta pero intensa vida- una ventana abierta por la que los cubanos veían a la España cultural diversa, libre, plural y, a través de España, también veían y oían otras caras, otras voces y no sólo las oficiales del régimen cubano.
Conviene recordar, como lo ha hecho mi predecesor y colega Gustavo de Arístegui, cuál es el origen de este centro cultural. Hay otros centros culturales en el mundo, pero éste tiene unas características especiales de una larga gestación que
tiene su origen -al menos hasta donde yo sé- en el V Centenario en la época y ha sido un anhelo de diversos gobiernos democráticos, como ha dicho el señor De Arístegui. Lo fue, entre otras instituciones como la Casa de América, el Instituto
Cervantes o las cumbres de jefes de Estado iberoamericanos, y se concreta al más alto nivel en la quinta de estas cumbres, la de Cartagena de Indias, en el año 1995, propuesta personalmente por el presidente del Gobierno de España, Felipe González,
al presidente de Cuba, Fidel Castro. Y ustedes dirán: Bueno, ¿y un centro cultural requiere tanto? Cuando es un régimen de las características del cubano, sí; se resistía como gato panza arriba a que se abriera un centro cultural foráneo en su
país. Quería y quiere el monopolio de la manifestación cultural y de difusión de las ideas en su propio país. Para ese fin se crea en 1996, todavía con Gobierno socialista, la consejería cultural en la Embajada de España en La Habana y se nombra a
un diplomático Ion de la Riva, experto en ese tipo de funciones, en la apertura de centros culturales, que había abierto la Casa de América y hoy es director de la Casa Asia, en Barcelona. Cuando el PP llega al Gobierno mantiene ese nombramiento y
le reitera ese mismo encargo, esa misma función. Después de largas y difíciles negociaciones se inaugura por fin, como ha dicho mi predecesor, el centro cultural en la bellísima pero derruida casa de las Cariátides, en el también bellísimo malecón
habanero. Esa restauración corre a cargo del Estado español que se gasta más de tres millones de dólares en ella, e inaugura el centro cultural el sospechoso y bueno con Joaquín Ruiz-Giménez, con una conferencia tan machadiana que se titula: Se
hace camino al andar.
Desde entonces -sería muy largo y no tendría tiempo para exponer todas las actividades que se han desarrollado en dicho centro- por allí han desfilado artistas, escritores, pintores, escultores, cineastas españoles y cubanos
de toda tendencia, tanto cultural como política, sin exclusiones ni sectarismo alguno; hago esta afirmación sabiendo que su gestión ha sido responsabilidad del Gobierno del Partido Popular. Y sin embargo, el Gobierno cubano desde el principio,
desde la propia conferencia de don Joaquín Ruiz-Giménez, ya estaba descontento, ya estaba incómodo, no quería que se dijeran cosas que ellos no querían oír, pero que no eran en absoluto ni injerencias, ni radicalidad alguna. Ahora ese centro
magníficamente restaurado pasa a manos del Gobierno cubano que lo convertirá -no me cabe la menor duda- en otro de los muchos que hay en La Habana de puro adoctrinamiento, un foco de propaganda y una plataforma para halagar a los intelectuales
sumisos o acríticos y para ignorar o denigrar a los hostiles o indiferentes.
Antes en Cuba era casi imposible divulgar -era imposible de manera legal, de manera clandestina sí se podía- o glosar las obras, por ejemplo, de Cabrera Infante, de Vargas Llosa, de Carlos Fuentes o de Jorge Edwar; ahora los vigilantes de
la ortodoxia castristas van a sumar a la larga lista de personas non gratas los nombres de Jorge Semprún, Pedro Almodovar, José Saramago y tantos otros. Sin embargo, no debemos cejar en la lucha, en la medida en que podamos, pacífica y democrática,
por la libertad y por la democracia en Cuba, como hemos hecho siempre los socialistas, y lo hemos reiterado desde esta tribuna en otros debates, en contra de todas las dictaduras en el pasado, en el presente y lo haremos también en el futuro. No
nos cansaremos de repetir que tenemos una especial responsabilidad como demócratas, pero la tenemos especial y particularmente con la nuestra propia -lo ha citado con otras palabras Gustavo de Arístegui muy acertadamente-; nuestra responsabilidad
principal es restañar las heridas de las secuelas que la dictadura franquista
ha dejado en nuestro país atendiendo a los familiares de los fusilados y desaparecidos, a las asociaciones de presos y exilados, que todavía existen y seguirán existiendo, pero no debemos rasgarnos las vestiduras por eso. Sé que esta
afirmación, que yo ya he hecho otras veces con otros motivos desde esta tribuna, me costará los insultos del inefable Jaime Capmany, pero para eso estoy y es un honor para mí.
Por último -termino ya-, la enmienda del Bloque Nacionalista Galego nos parece acertada. No coincido con Gustavo de Arístegui sólo en que ese punto tercero de la enmienda significa mediar entre la Unión Europea y Cuba. Yo he leído la
enmienda mientras él hablaba y no he visto que hable de mediar sino de contribuir a crear un clima de diálogo entre países de la Unión Europea y la Unión Europea misma y Cuba. Creo que su redacción es perfectamente aceptable. Veo a los portavoces
hablando de la misma y quiero que sepan que nosotros apoyaremos esa enmienda si es aceptada por todos los grupos y, si no lo es, votaremos el texto original que hemos pactado con otros tres grupos parlamentarios.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Grau.
El señor GRAU BULDÚ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, nuestro grupo ha suscrito esta proposición no de ley que hoy presentamos junto a la de los grupos Popular, Socialista y Coalición Canaria ante este Pleno y esperamos, como ha dicho el portavoz del Partido Popular, que se reitere
aquí una voluntad de consenso para la aprobación de esta proposición no de ley.
Nuestro apoyo no debe entenderse como una expresión de un exilio fanático sino como una voluntad de libertad, de apertura de un diálogo con el pueblo cubano. Nuestra actitud al suscribir esta proposición no de ley se corresponde básicamente
con la defensa de los derechos humanos y no específicamente para Cuba; mi grupo suscribiría una declaración en defensa de los derechos humanos, por ejemplo, para Libia sin ninguna duda y sin ningún rubor. Esta es una declaración que se hace desde
el máximo respeto al pueblo de Cuba y nuestro apoyo es para los cubanos que quieran decidir su futuro desde el respeto a la libertad y a los derechos humanos. Este apoyo, como decía, es para compartir con los demócratas que desde dentro trabajan
para mejorar la convivencia del pueblo cubano, para los que se comprometen con el futuro de su país, con una Cuba democrática y con la convicción de que el futuro de su país pasa por el respeto a la ley, emanada de la voluntad popular, libre y
universalmente expresada.
Gentes que basan sus iniciativas políticas en la legalidad, generando actuaciones que parten desde el estrecho margen que les permiten las leyes cubanas que, una vez iniciadas, como ocurre en algún caso, se cambian sin
ningún rubor. No quisiera dejar de mencionar de manera especial a personas como Oswaldo Payá o Julio Gutiérrez Menollo, que sufren persecución en su país y que desde su convicción democrática practican la defensa de la pluralidad, creen en la
posibilidad de evolución desde el propio sistema y tienen la voluntad de avanzar desde el respeto a todas las opciones y el rechazo absoluto a la violencia. Los reconocimientos internacionales a estas personas que se han hecho en diferentes países
son la prueba más fehaciente de la voluntad democrática que ellos expresan con su esfuerzo.
El centro cultural de España en La Habana, como han dicho los dos portavoces anteriores que han manifestado gobiernos de diferente sentido, tenía un objetivo común cual era el transportar allí la especifidad española y la capacidad de
creación y actuaciones de prestigio, vetada porque la Unión Europea ha tenido un acuerdo unánime. Es el veto a una posibilidad de cooperación que se brindaba desde España, una posibilidad de diálogo que se ha perdido, desde la vía cultural, en un
ambiente de libertad y respeto para todas las personas.
Señorías, nuestro grupo reitera su voto favorable a esta proposición y nuestro deseo de que el consenso de todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara sirva para reabrir, como en el pasado, este centro cultural lo más pronto
posible. Nuestro grupo desearía, por todos los medios, consensuar con la enmienda presentada por el Grupo del BNG un texto transaccionado que nos permitiera a todos los grupos dar nuestro voto porque si algo tenemos que defender hoy en esta
proposición no de ley es el sentimiento de voluntad democrática, de crear una vía hacia el diálogo entre las personas. El acuerdo será la mejor fuerza que podamos demostrar al pueblo cubano a través de nuestro Gobierno, instándole mediante esta
proposición no de ley a que se reabra el diálogo y a que se abra esta institución que representa a España. Nuestro grupo desearía que en el tercer punto, que nos gustaría compartir y que es transaccionable porque la parte dispositiva del texto que
presentamos no dista de las intenciones contenidas en la enmienda, podamos llegar a un acuerdo.
Espero que de aquí al momento de la votación seamos capaces de demostrar este acuerdo. Nuestro grupo reitera que va a votar a favor del texto reformado
o, si no, la propuesta tal y como la hemos presentado.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Grau.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, el señor Mardones tiene la palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señora presidenta.
Señorías, el tema cubano en el archipiélago canario, por una tradición secular histórica, es de entrañable sensibilidad, de fraternidad entre los ciudadanos de Cuba y del archipiélago canario como puente de la España peninsular hacia el
Caribe. Esta perla del Caribe, como se denominó siempre a Cuba, ha estado en nuestras cuitas y avatares de forma permanente. Las situaciones políticas, las situaciones históricas han hecho un entramado -como yo había calificado antes- entrañable.
De aquí que haya una tremenda sensibilidad en Canarias a todo lo cubano. Nosotros queríamos hacer un texto que no fuera agresivo, y así lo expresamos cuando días pasados firmábamos con los otros grupos parlamentarios que acompañan esta proposición
no de ley. De ahí -por esta congruencia con lo que hablamos los grupos- que mi grupo quiera votar el texto originario de la proposición no de ley, que conocen sus señorías. Como el Grupo Parlamentario Mixto, el Bloque Nacionalista Galego, ha
presentado una enmienda, mi grupo quiere decir lo siguiente: Respeta cualquier planteamiento que haga cualquier otro grupo. Los puntos 1 y 2 están implícitos y explícitos dentro del texto que hemos hecho, pero el punto 3 tiene un carácter
-permítanme la expresión en la naturalidad del calificativo- beligerante, porque también encomienda a España una especie de papel que le correspondería a la Unión Europea.
No olvidemos que en junio la Unión Europea toma en el Parlamento Europeo un acuerdo por una amplia mayoría, acuerdo que produce una reacción desorbitada, contraria, opuesta e irritada del Gobierno cubano. Dice el refrán que cuando uno no
quiere, dos no riñen, pero también que cuando uno no quiere, dos no pactan. Esto es una realidad. Pero ese grado de responsabilidad no está del lado de España, está del lado del Gobierno cubano de Fidel Castro. Y es allí donde tienen que
producirse los procesos de reflexión y de reconducción de este problema. Nosotros no podemos adoptar aquí una disposición que suplante a un pronunciamiento del Parlamento Europeo, que es el que tendría que actuar y para eso tiene sus instrumentos
de proyección exterior para acercarse a Cuba. Es el Gobierno cubano el que produce el rechazo de todo el planteamiento de la Unión Europea. Cuba no solamente niega determinadas líneas de apoyo y de cooperación española, sino que se las niega
-digamos- a todo el contexto de la Unión Europea y ésta adopta unas posiciones, dentro del sentido de la dignidad institucional, como la restricción de visitas, etcétera.
Sobre el caso español se produce una situación en la que la responsabilidad
la tiene el Gobierno de Cuba, el Gobierno de Fidel Castro, con el cierre del Centro Cultural de La Habana.
De aquí que todos los grupos que firmamos la proposición no de ley hayamos comenzado nuestra intervención deplorando el cierre de este centro, pero ese cierre no es una voluntad del Gobierno español ni de la Agencia Española de Cooperación,
que además ha gastado en el acondicionamiento tres millones de dólares con cargo a los presupuestos, como se ha recordado aquí y está en el texto de la iniciativa que hemos presentado.
Es el Gobierno cubano el que tiene que medir la repercusión de
sus actos.
En este momento, si hay un ofendido es el Gobierno español, es el Parlamento español y son las medidas de la Agencia Española de Cooperación, cuya inversión parece que queda hecha a fondo perdido y con carácter de desaparecer
prácticamente en un edificio que requiere unos presupuestos de mantenimiento y de conservación, etcétera.
El texto que en su día presentamos los grupos parlamentarios es un texto sin aristas, es un texto que deplora la situación pero deja abiertas todas las puertas, sin hacer ninguna injerencia en la política cubana.
Allá ellos. Veo que la
enmienda del Grupo Mixto, del Bloque Nacionalista Galego, es beligerante en su tercer apartado y encomienda a España una especie de sustitución del Parlamento Europeo. En ese terreno no debemos entrar. El texto que hicimos fue un texto muy
reflexionado, muy meditado, que no tiene aristas -como he dicho-, que no ofende y que está siempre respetando una voluntad de amistad entre el pueblo español y el pueblo cubano. Así lo entendemos en nuestro archipiélago. El tiempo irá resolviendo
los problemas. La desaparición de las personas está en la condición biológica de sus vidas. Lo que permanecerá será Cuba, lo que permanecerá será España, lo que permanecerá será el pueblo cubano y el pueblo español. Aquí es donde tenemos que
mantener siempre el entendimiento perfecto y no hacer ninguna injerencia que en estos momentos desborda los motivos principales que inspiraron esta proposición no de ley que, como iniciativa, hemos presentado algunos grupos. Primero, deploramos ese
cierre del Centro Cultural Español de La Habana y, segundo, deploramos una reacción que no esperábamos del Gobierno cubano sobre la Unión Europea y que le coloca en una situación de haber rechazado todas las ayudas. Quien tiene que hacer un proceso
de reflexión es el Gobierno cubano, ante la generosidad y el sentido de la dignidad que tenemos que tener las instituciones europeas y concretamente las españolas. Lo demás sería, como ha señalado el señor De Arístegui, mandar un mensaje equívoco
sobre la población cubana, que tiene que responder también con su presión social a la demanda que le ofertaba el Centro Cultural.
Mi grupo, con todo respeto, se reafirma en votar el texto original por estas condiciones de bondades y de virtudes que creemos que encierra, incluso para la utilización diplomática del mismo, al servicio de los intereses de la política
exterior española sobre Cuba, que son permanentes, al servicio de la identidad de nuestros pueblos y al servicio de la congruencia con la Unión Europea. Lo que no podemos hacer ahora es desentonar de las posiciones que los otros grupos
parlamentarios del Parlamento Europeo, de los distintos países de
la Unión Europea, han tomado al respecto. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la presidencia.) De aquí que nuestro voto irá en la línea que he indicado, por no poder aceptar esa especie de intromisión en la política del
Gobierno cubano. Con todas las reprobaciones que tengamos que hacerle, la pelota está en su responsabilidad y volverla al terreno del juego del entendimiento, por lo que le interesa al pueblo cubano, está en manos del Gobierno de la perla del
Caribe.
Nada más y muchas gracias, señorías.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Mardones.
Para la defensa de la enmienda, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego considera que siempre, especialmente en las circunstancias en que está viviendo el mundo, sería muy de desear una actitud ponderada, una actitud de diálogo y una actitud clara, pero al mismo tiempo tendiendo la
mano siempre para recuperar, en un sistema de relaciones multilaterales, lo que es el acuerdo entre naciones libres y por lo menos un mínimo común denominador de convivencia. Por eso vemos totalmente lógico que haya una preocupación por que el
Gobierno cubano cerrase unilateralmente el Centro Cultural Español de La Habana, aunque con la misma claridad queremos afirmar que comprendemos también la actitud de un gobierno cada vez más aislado y que comprueba cómo gobiernos del mundo
occidental no tienen una actitud ponderada, sino una actitud muchas veces aislacionista y profundamente agresiva en estrategias que desde luego no están pensadas conforme a sus intereses.
En el conflicto con La Habana la posición del Gobierno español, desde el punto de vista del Bloque Nacionalista Galego, no fue ponderada, ni comprensiva, ni dentro de la tradición histórica, no ante el cierre del centro cultural, sino en los
momentos anteriores que dieron lugar precisamente a ese cierre. En segundo lugar, pensamos que lo importante en una institución parlamentaria, sobre todo cuando se trata de un debate y de un punto del orden del día, sería más intentar recuperar o
restaurar lo que son las relaciones diplomáticas y, en este caso, conseguir la reapertura del Centro Cultural Español de La Habana, porque es una institución vital precisamente en bien de la amistad de ambos pueblos, que ya data de hace muchos años,
y de unos vitales intercambios culturales, que no solamente el pueblo cubano agradece, sino también los artistas, y la presencia española en la isla les es muy reconfortante.
Los intercambios culturales con España no se rompieron nunca a lo largo
de la historia desde que Cuba es independiente, lo cual ya es decir, como para que a la altura del siglo XXI se venga a producir una situación de estas características. En tercer lugar, señorías, y es lo más importante, el Bloque Nacionalista
Galego no tiene la menor duda de que el régimen cubano tiene múltiples defectos, si bien, si lo comparamos en el conjunto de los regímenes políticos del mundo, no es ni el más deplorable ni el más abyecto, ni siquiera el más contrario a los derechos
humanos. Sin ir más lejos, en muchos de los Estados con los cuales el Estado español firma canjes de notas e incluso relaciones diplomáticas, son auténticas dictaduras donde la pena de muerte no es una excepción sino que es un hecho continuo y
donde las libertades fundamentales se caracterizan por su inexistencia práctica, por no hablar del nivel de vida y de las condiciones de dignidad de la inmensa mayoría de la población. Pero no es esto lo que debemos debatir y es lógico que en este
aspecto podamos tener discrepancias.
Lo que sí nos preocupa es que se pueda avalar absolutamente un tipo de diseño de política internacional totalmente unilateral al dictado de los Estados Unidos y cumplir la función de ariete de esa política internacional. Nos explicamos.
Creo que hay que apoyar a la oposición interna de Cuba y por lo tanto a la que está por actuar en la isla y por conseguir, a través del diálogo y de las actitudes pacíficas, la evolución del régimen a algo que resulte de más anuencia o de más
consenso entre la inmensa mayoría de los ciudadanos que estén dispuestos a quedarse y a vivir en la isla. Lo que no nos parece lógico es avalar cualquier tipo de iniciativa internacional, por muy auspiciada que esté por los Estados Unidos,
consistente en el acoso y en el derribo, en la agresión, incluso en el uso del terrorismo y, lo que es más grave, con el objetivo último de integrar a Cuba como otro Estado de la Unión, con las características no perfectamente asumibles para
cualquier hispano de una colonia como Puerto Rico.
Para este tipo de objetivos, señorías, no van a poder contar con nosotros, que de una forma clara pero ponderada, centrada sobre todo en el efecto importante, que es la recuperación del diálogo, habíamos presentado esta enmienda, para no
dejar lugar a dudas de cuál es nuestra posición en el terreno internacional respecto de un tema tan candente como el cubano, que esperamos que no acabe exactamente igual que el caso de Irak.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para fijar su posición, tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, señorías, quisiera comenzar señalando y dejando claro que, si esta iniciativa pretende realmente tratar de lo ocurrido en el Centro Cultural Español de la Habana,
nos parece algo desproporcionada, pero si lo que quiere es intentar resolver en lo posible la situación, la consideramos inadecuada. Decimos esto porque estamos convencidos de que la situación creada solamente se puede mejorar desde la
negociación y sobre todo desde el respeto al espíritu y a la letra del protocolo por el cual se debe regular la puesta en marcha de este centro, espíritu y letra que debía ser el de la colaboración y la cooperación entre los dos países firmantes y
no el de la confrontación. Si de lo que se trata es de pasar de este problema a un debate general sobre Cuba, eso ya es otra cosa, y eso ya evidencia de nuevo una doble vara de medir, con la cual se está tratando de configurar el nuevo orden
mundial unipolar, en el que unos países se tratan de una manera o de otra en función de su relación con el centro del imperio.
Volviendo al asunto del centro cultural, es evidente que un centro oficial adscrito a la Embajada del Reino de España en Cuba, que se sitúa en un palacio que fue cedido, como ya se ha dicho, por el Estado cubano, no debería ser elemento de
confrontación, sino de cooperación. Y es de sentido común pensar que esto era conocido por los dos países. Es una realidad, señorías, que nuestra Embajada en La Habana se utiliza como un centro de apoyo y de coordinación de la oposición cubana, y
es conocido y admitido por el propio Gobierno español que otras delegaciones de España en otros países también se utilizan como apoyo y coordinación de la oposición cubana. Si esto es así, y está reconocido por el propio Gobierno español, no
entendemos por qué cerrar un centro cultural, establecido para la cooperación y que debería haber seguido siendo elemento de cooperación, salvo que lo que se quisiera sea otra cosa, que lo que se quisiera fuera aumentar la crispación. Nosotros
repetimos que es necesario el diálogo y el entendimiento para que la cultura española tenga en Cuba la dimensión que se merece y que se debería retomar este diálogo desde el respeto a la independencia de cada Estado. El Partido Popular, como ha
hecho su presidente en un viaje reciente a Estados Unidos, puede manifestarse como mejor considere oportuno sobre la realidad de Cuba y sobre su futuro, pero entendemos que no debería implicar al Estado español en sus declaraciones internacionales.
A nosotros nos parece que con esta iniciativa se intenta traer de nuevo el debate sobre Cuba a esta Cámara, quizá porque ese fuese uno de los compromisos que adquirió nuestro presidente en su reciente viaje a Florida. Tenemos que recordar
cómo, no hace mucho, ya discutimos sobre Cuba en este Pleno y cada grupo, empezando por el nuestro, dejó muy clara su posición, tanto en las intervenciones como en las votaciones. Nuestro grupo considera que sería lógico que antes de volver a
tratar el mismo tema, a lo que nosotros nunca nos vamos a negar, se abordara la situación de otros países de la que también debería haberse discutido en este Pleno. Por ejemplo, podrían haber traído iniciativas sobre la situación que sufren los
presos retenidos de forma inhumana en Guantánamo; podíamos hablar de la situación de la democracia en la antigua colonia española de Guinea Ecuatorial; de la situación del incumplimiento de resoluciones de Naciones Unidas sobre Palestina; de la
situación que viven miles de saharauis, obligados a vivir en el desierto mientras esperan que se les dé el derecho a decidir sobre su independencia; al menos podríamos haber debatido alguna proposición sobre periodistas condenados en Marruecos.
Pero estos temas no son políticamente correctos y no estarían bien vistos por el centro del imperio, que ahora indica claramente que toca seguir presionando a Cuba.
Como saben SS.SS., mi grupo ya se pronunció sobre este tema y dijimos claramente nuestra postura contraria a la pena de muerte; también nos pronunciamos sobre otros temas relacionados con las libertades públicas y los derechos humanos.
Digo esto porque en la exposición de motivos se mezclan varias cuestiones y conviene resaltarlo. Nos gustaría conocer la opinión de otros partidos, fundamentalmente la del Partido Popular, que condenasen con claridad la pena de muerte. Porque lo
que no es creíble es que uno condene con dureza y reiteradamente la pena de muerte en Cuba y después vaya a aplaudir y a felicitar a quien firma penas de muerte en Estados Unidos. Esto tiene un nombre muy claro y muy contundente y, como decía,
evidencia esa doble vara de medir con la que se trata de plantear las relaciones internacionales. Asimismo sería normal que se condenase el terrorismo en todos y cada uno de los sitios, porque lo que no es de recibo es que se condene y se diga que
hay que perseguir el terrorismo y luego se dé el nombre de luchador por la libertad a quien comete actos terroristas en Cuba.
Señorías, sinceramente creemos que este no es el camino para ayudar al pueblo cubano -cosa que todos decimos querer- ni mucho menos para construir un mundo más justo y más equilibrado en sus relaciones internacionales. Nosotros consideramos
que en la proposición no de ley se mezclan demasiados temas; no busca resolver el problema ni busca mejorar la situación de relaciones entre España y Cuba, sino todo lo contrario, busca cumplir las directrices que se dieron desde el centro del
imperio hace pocos días a nuestro presidente. Pero ya que ustedes han sacado en su iniciativa un montón de temas, desde manifestaciones hasta juicios y condenas de muerte, etcétera, a nuestro modo de ver les falta una cuestión que evidencia el
sentido de esta iniciativa -y se lo digo con toda sinceridad- y es que cuando volvamos a tratar temas sobre Cuba -a los que estoy seguro que volveremos-, no se olviden de tocar un tema que no es nada pequeño ni banal y que me siento en la obligación
de subrayar.
Ese tema no es otro que el bloqueo, la existencia de un bloqueo que de forma injusta e inhumana sufre el pueblo cubano desde hace ya cuarenta años; un bloqueo impuesto por Estados Unidos de forma ilegal, bloqueo
que rompe las reglas internacionales de convivencia entre Estados y que ustedes en su iniciativa se olvidan de condenar. Deberían al menos haberlo mencionado.
No entendemos cómo se puede valorar la situación cubana, como ustedes la valoran, sin exigir la terminación inmediata de ese bloqueo. No entendemos cómo puede ser creíble una proposición no de ley sobre Cuba que no contenga clara y
explícitamente la condena de esa agresión que durante décadas viene sufriendo el pueblo cubano y toda una serie de leyes que lo complementan. Voy a citar un ejemplo y pido a SS.SS. que hagan una reflexión. Piensen qué ocurriría en nuestras costas
si hubiese una legislación que permitiese a los ciudadanos africanos tener el mismo tratamiento que tienen los cubanos que llegan a las costas de Estados Unidos. Estoy convencido de que las costas españolas aparecerían con cientos de miles de
africanos intentando conseguir simplemente lo que les prometen a los cubanos que puedan alcanzar las costas de Estados Unidos.
Hay que ser algo más coherentes. Les recordaría también, ya que traen esta iniciativa, que olvidan otro elemento y es la
situación en la que se encuentran cinco ciudadanos cubanos detenidos en Estados Unidos y que podían denunciar las condiciones en las que se está desarrollando este proceso. Porque no es normal pedir solidaridad para unos cubanos y luego olvidarse
de otros, sólo porque esta vez quien los tiene detenidos y los tiene encarcelados sean los Estados Unidos.
Quiero reiterar que nuestra postura contra la pena de muerte es sobradamente conocida, pero contra todas las penas de muerte y en todos los sitios y muy contundentemente cuando ésta se aplica sobre menores o sobre disminuidos psíquicos.
Todos ustedes saben en qué país ocurre eso y todavía no hemos visto al presidente del Gobierno ni al Partido Popular condenarlo. Señorías, siempre van a encontrar a nuestro grupo para condenar la pena de muerte en todo el mundo, siempre van a
encontrar a Izquierda Unida, pero no solamente en Cuba, como quería el Grupo Popular, sino también en Estados Unidos y en otros países del mundo. Donde no van a encontrar nunca a Izquierda Unida es en la estrategia de criticar a Cuba lo que se
aplaude o al menos se tolera en otras partes del mundo.
Donde nunca van a encontrar a Izquierda Unida es en una campaña para intentar criminalizar al pueblo cubano; ahí nunca van a encontrar a Izquierda Unida.
Para terminar, he de reiterar que, si lo que se quiere es resolver el problema, lo que hay que hacer es propiciar el diálogo entre los gobiernos cubano y español, crear un clima en el que Gobierno español deje de verse como un simple
ejecutor de los dictados del Gobierno de Estados Unidos o, peor incluso, de la extrema derecha cubana, como recientemente ha ocurrido con nuestro presidente. Si se quiere recuperar el clima de respeto mutuo dentro de las diferencias que existen y
van a seguir existiendo entre ambos Estados, lo que hay que hacer es plantear que no haya injerencia en los asuntos de ambos Estados. Repito que debe entenderse nuestra abstención en este tema como que no se respalda este debate, que creemos, como
decía al principio, que es un debate desproporcionado e inadecuado; un debate que lo que busca no es resolver una situación sino todo lo contrario, crispar aún más una situación.
Consideramos que es una iniciativa con la que este tema no se va a
resolver y que a lo único que van a contribuir ustedes es a enturbiar aún más unas relaciones que nos parece que por el camino del diálogo y de la cooperación es como se pueden resolver.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor Centella.
A los efectos de manifestar la posición de los distintos grupos parlamentarios en relación con la enmienda presentada por el señor Rodríguez, señor De Arístegui.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Señora presidenta, consultados los demás grupos firmantes de la iniciativa y viendo que hay algunas dudas con respecto a la enmienda presentada por el BNG, nosotros también vamos a rechazarla y vamos a
votar nuestro propio texto.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
Señor Yáñez.
El señor YÁÑEZ-BARNUEVO GARCÍA: Señora presidenta, como he anunciado en mi intervención, a nosotros nos parece bien la enmienda del BNG, es una enmienda aceptable, pero ya habíamos dicho que, si no era aceptada por el Grupo Popular y el
resto de los grupos, votaríamos el texto original.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
Señor Grau.
El señor GRAU BULDÚ: Señora presidenta, me manifiesto en el mismo sentido.
Nuestra posición era favorable a los puntos 1 y 2; discrepábamos y habíamos intentado una negociación en el punto 3, pero no ha sido posible, por lo que mantenemos
la proposición no de ley en los términos en que la hemos suscrito.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Mi grupo mantiene la iniciativa en los términos originarios en que la signamos todos los grupos y por tanto no aceptamos la enmienda.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, sometemos a votación la proposición no de ley de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió) y de Coalición Canaria, relativa al cierre del Centro Cultural
Español de La Habana, que se somete a votación en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 273; a favor, 268; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LOS PROCESOS ELECTORALES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. (Número de expediente 162/000787.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre mejora de la accesibilidad de los procesos electorales para las personas con discapacidad.
Para la presentación y defensa de la iniciativa, tiene la palabra la señora Rumí. (Rumores.-Pausa.)
Señorías, ¿es posible que nos faciliten el continuar con el debate y que las conversaciones las mantengan fuera del hemiciclo? (Pausa.)
Adelante, señora Rumí.
La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, cuando afrontamos los últimos meses del Año Europeo de las Personas con Discapacidad, el Grupo Parlamentario Socialista ha querido traer para su debate en la Cámara una iniciativa de hondo sentido igualitario. Se trata de superar
de una vez por todas la discriminación que aún hoy viven un número importante de personas con discapacidad a la hora de ejercer su derecho al voto.
En los dos próximos meses los ciudadanos serán convocados a las urnas en dos comunidades autónomas y más tarde lo van a ser para las elecciones generales, para otra comunidad autónoma y para el Parlamento Europeo. (La señora vicepresidenta,
Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.) Todos nosotros, sin excepción, el conjunto de las fuerzas democráticas, apelaremos a la ciudadanía española para que acuda a las urnas y participe en la elección de sus representantes. Pues bien, la
misma democracia que llama a los ciudadanos a expresar libremente sus preferencias, todavía hoy, tras más de un cuarto de siglo de experiencia, no ha logrado evitar que muchos hombres y mujeres vean impedido o al menos dificultado el ejercicio de un
derecho tan fundamental a causa de las barreras que siguen existiendo, tanto de carácter procedimental como físicas, en los colegios electorales y también en lo referente a la comunicación. Con seguridad, a muchos les pasarán inadvertidas, pero
pueden tener la certeza, señorías, de que en nuestro país, en el arranque de un nuevo milenio, en una sociedad moderna, con los avances tecnológicos a su alcance, existen personas que quieren ejercer su derecho al voto y que no lo hacen porque no
pueden o deben sortear toda suerte de dificultades para conseguirlo. En suma, se les hurta el derecho al sufragio en condiciones de plena igualdad con el resto de los ciudadanos.
El sistema político español no puede tolerar por más tiempo seguir conviviendo con semejante arbitrariedad, que además contraviene la legislación, desde la Constitución hasta lo establecido en la Ley Electoral General y en otras
disposiciones. Alrededor de un 10 por ciento del censo electoral (unas 3.400.000 personas) tienen discapacidades de diverso tipo y por ello se incluyen en el universo potencial de aquellos que se topan con barreras para participar en estos procesos
electorales.
Y no me refiero tan sólo al ejercicio del derecho al voto sino también a las trabas y muchas veces a los imponderables que encuentran para participar en igualdad, insisto, en las distintas dimensiones que conforman unas elecciones.
Por un lado, en cuanto a las severas limitaciones que sufren para acceder a la información electoral tanto institucional como a las distintas ofertas programáticas, especialmente acuciante en lo que se refiere a las personas con una discapacidad
auditiva o una discapacidad visual. Por tanto, primer derecho conculcado.
También en lo que se refiere a la accesibilidad a los colegios electorales, es decir, la suma de obstáculos de toda índole que se le presentan fundamentalmente a quien tiene
una discapacidad física y que ponen a prueba su tenacidad cuando llegan a votar. En algunos casos, por lamentable que sea tener que constatarlo, votar se convierte en una cuestión de empecinamiento, desde luego admirable, para rebasar todos los
obstáculos de quien quiere llegar hasta la urna. Les quiero recordar, señorías, que las barreras subsisten contra toda legalidad, ya que un real decreto establece taxativamente que los locales seleccionados para las votaciones deberán ser
accesibles a las personas con limitaciones de movilidad, pero no es así. Segundo derecho conculcado. Para no extenderme, me quiero referir ahora a la quiebra de la garantía del secreto del voto, también protegido expresamente en la Ley Electoral y
violentado para un número importante de ciudadanos, en especial los ciegos, y también en el caso de muchos discapacitados físicos. Tercer derecho conculcado.
No hay excusa para seguir prolongando por más tiempo una situación de desigualdad y de discriminación por la que se trata a los ciudadanos de diferente modo también en el momento más importante, yo diría que hasta más solemne, de la
democracia, o sea, cuando se acercan a la mesa para ejercer su derecho al sufragio. El Grupo Socialista, que especialmente a lo largo de este año ha presentado en la Cámara un buen número de iniciativas para mejorar la situación de los ciudadanos
que viven con alguna discapacidad, para garantizar sus derechos civiles y para promover una real integración social, no podía olvidar la situación de desventaja con la que se encuentran los discapacitados a la hora de participar democráticamente.
Desde esta convicción, proponemos a los grupos políticos que se sumen a nuestra propuesta para cambiar una realidad que es intolerable, y además hacerlo con celeridad, para que entre todos promovamos las reformas normativas necesarias que garanticen
el ejercicio al derecho del sufragio activo por parte de las personas con discapacidad, así como impulsar aquellas actuaciones que en un tiempo razonable acaben por desterrar las barreras físicas y comunicativas que se siguen levantando en los
distintos momentos del proceso electoral.
Para ello, señoría, el Grupo Socialista les propone un catálogo de actuaciones concretas que llenen de contenidos un compromiso dirigido al Gobierno, desde luego un compromiso que hoy mismo debiera hacerse común en este Parlamento: la
elaboración de un mapa que defina las condiciones de accesibilidad de los colegios electorales; la realización de un estudio acerca de los problemas procedimentales en relación con la accesibilidad y sus propuestas de reforma; la promoción de
acuerdos con las instituciones locales para garantizar que el criterio de la accesibilidad sea plenamente respetado a la hora de determinar cuáles van a ser las dependencias de los colegios electorales y avanzar en la necesaria revisión del voto por
correo, de tal modo que sea accesible para todos e incluir las necesidades de las personas con discapacidad en las campañas institucionales. Estas son, entre otras, iniciativas necesarias que no podemos retrasar por más tiempo, porque lo que está
en juego es nada más y nada menos que el ejercicio de un derecho y además en un ámbito muy sensible. Son realizaciones que nosotros consideramos se deben convertir en una prioridad. Además, no queremos que el Gobierno lleve a cabo este ambicioso
programa de reformas sin contar con la opinión, con el criterio y con el asesoramiento de los primeros interesados, las personas con discapacidad. Sería un error despreciar el caudal de conocimientos y experiencias de las organizaciones
representativas de la discapacidad, máxime cuando constituyen el sector social más articulado y representativo de nuestro país. Por tanto, debe quedar claro en nuestro pronunciamiento que el Ejecutivo esta vez no debe ignorar, no puede
permitírselo, la inestimable contribución del movimiento asociativo a la tarea que le estamos encomendando.
Señorías, a la par que hablamos de la vulneración de un derecho, que es lo primero y lo más grave que hoy nos ocupa aquí, también debemos considerar que el sistema democrático no puede permitirse que muchos ciudadanos se sientan marginados y
tratados con desigualdad, porque eso es tanto como empujarlos hacia la desafección en relación con la política democrática.
Nuestra democracia se legitima en su capacidad para integrar al conjunto de la ciudadanía, para que todos los individuos se
sientan representados, para que no se sientan excluidos ni por un solo momento de las reglas y de los procedimientos que hacen a todos iguales a la hora de decidir quién gobernará sus intereses. Si alguien quiere participar, ejercer su derecho al
voto, y se le impide o se le restringe, nuestra respuesta no puede ser la de la resignación, la de apelar a que más adelante lo vuelva a intentar. Nuestra obligación es sellar un inequívoco mandato de este Parlamento para que de inmediato pueda
ponerse fin a esta situación.
Señorías, ¿saben cómo podría resumirse la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista? Pues sencillamente en que reclamamos que se abran nuevos pasillos para llenar las urnas de papeletas, pasillos físicos, pasillos comunicativos, y
también nuevas definiciones en cuanto a las normas, para que nuestras reiteradas apelaciones a los ciudadanos para ejercer su primer derecho democrático, que es el de participar, no encuentren su más grave contradicción en el testimonio de quienes
se han visto privados de poder hacerlo. Sinceramente, no creo que existan razones, al menos verosímiles, que pudieran justificar un rechazo a nuestra propuesta. El diagnóstico es inapelable en cuanto a los obstáculos que se interponen todavía
entre el ciudadano discapacitado y la urna. Las soluciones no debieran ser controvertidas, están a nuestro alcance, tan sólo se requiere la voluntad política imprescindible para ponerlas en marcha. No se entendería, por tanto, una negativa para
que este Parlamento se pronuncie en el sentido que estamos proponiendo, y además entiendo que debemos hacerlo cuanto antes, sin más demora, porque la realización de un derecho tan sensible se ha pospuesto ya demasiado tiempo como para prolongarla
indefinidamente.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Rumí.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta. Intervengo muy brevemente para expresar el voto favorable del Grupo Vasco a esta iniciativa. Se trata de una proposición no de ley a la que difícilmente puede alguien oponerse, por
dos cosas fundamentalmente:
primero, por la bondad de sus objetivos, porque habla de garantizar plenamente el ejercicio del derecho del voto por parte del personal discapacitado, removiendo los obstáculos de todo tipo, materiales, procedimentales e incluso legales que
lo puedan estar limitando, y en segundo lugar, por su contenido, porque prácticamente se agota en el plano de las declaraciones de principios y en el terreno de las medidas blandas de la Administración pública: estudios, análisis, elaboración de
mapas, estudios cualitativos, diseño de modelos de colegio y demás.
Probablemente la iniciativa debería haber incluido un diagnóstico más elaborado de la situación actual, podría haber hecho una mayor y más precisa identificación de las lagunas legislativas y de los problemas tanto materiales como
procedimentales que hacen que el voto de los discapacitados sea hoy en realidad más difícil que el de las personas que no adolecen de ninguna minusvalía, pero esto no ocurre, los redactores intuyen y en algún caso constatan que existen estas lagunas
y estos problemas e instan al Gobierno a que los identifique, los estudie y los analice a través de metodologías adecuadas.
La iniciativa, como decía, es impecable, no tiene ni en sus objetivos ni en las medidas que plantea nada que pueda justificar una posición contraria, por lo que va a contar con el apoyo del Grupo Vasco.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Erkoreka.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, intervengo con brevedad, en la misma línea que el señor Erkoreka, para decir que vamos a apoyar esta iniciativa que propone una serie de medidas lógicas, racionales, tendentes a garantizar, a nuestro
entender y al entender de cualquier bien pensante, el ejercicio del derecho fundamental del sufragio pasivo de las personas con discapacidad. En este sentido, señorías, es imprescindible recoger y traducir en reformas las reivindicaciones que desde
hace tiempo vienen reclamando tanto las personas como los colectivos o las asociaciones que representan a personas con discapacidad. No son novedosas las quejas de estas asociaciones y la demanda de medidas que garanticen su derecho al voto en
condiciones de igualdad con el resto de los ciudadanos, incluso el derecho al secreto del voto. La realidad pone de manifiesto la existencia de obstáculos, tanto físicos como legales, para votar en los colegios electorales.
Desgraciadamente,
estamos hablando de problemas cotidianos a los que se enfrentan las personas con discapacidad, pero que tienen un reflejo específico y una especial incidencia el día de las elecciones, cuando se pone en quiebra para un colectivo importante de
ciudadanos y ciudadanas españolas un derecho fundamental, en una palabra, el derecho a votar recogido en el artículo 13.2 de la Constitución.
Es evidente, pues, señorías, la necesidad de mejorar la accesibilidad de los procesos electorales, utilizando e instalando medios y avances tecnológicos que faciliten e incentiven la participación de las personas que padecen alguna
discapacidad. Sólo hace falta voluntad política que se vea plasmada en medios económicos suficientes para llevar a cabo esta reforma. Lo que se demanda, y ya se ha puesto en práctica en otros países con éxito, no es más que incorporar en los
procesos medios adecuados a las personas con distintas discapacidades -por ejemplo, en Méjico se habilitaron papeletas con el sistema Braille- o generalizar el uso de cabinas adaptadas. Por otro lado están los problemas derivados del mapa de
colegios electorales, entre los que se incluye alguno que no cumple los mínimos requisitos de accesibilidad. Quién no recuerda, por haber sido miembro de una mesa o interventor o interventora apoderado de una fuerza política, las veces en que una
persona en una silla de ruedas ha exigido, con todo su derecho, que el presidente o la presidenta de la mesa baje a recogerle el voto porque no puede acceder al colegio. Si no fuera porque afecta a personas, se podía recordar la picaresca de una
persona en Córdoba ligada familiarmente a un miembro del Gobierno.
Señorías, es necesario que el Gobierno, a través del Ministerio de Interior, que es el responsable de la administración electoral, se ponga a trabajar de forma conjunta con las fuerzas políticas y, cómo no, también con las entidades
representativas de las personas con discapacidad, para hacer un diagnóstico fiable, serio y responsable a fin de que, una vez detectadas las deficiencias tanto del marco legal como de los obstáculos y barreras físicas que impiden el libre ejercicio
del derecho al voto de este colectivo, se comience en el menor plazo de tiempo posible -la premura la ha recordado la portavoz socialista- a acometer las reformas legales necesarias, a promover la coordinación con ayuntamientos, comunidades
autónomas, cabildos, etcétera, y, en definitiva, a adoptar todas las medidas que sean necesarias para facilitar el acceso a los colegios electorales de aquellas personas con discapacidad y también, cómo no, para incentivar su participación en los
procesos electorales en condiciones de igualdad.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rejón.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor López de Lerma.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Señora presidenta, señorías, nuestro grupo parlamentario también se va a sumar a la votación favorable de esta proposición
no de ley. Suscribimos aquí en su literalidad cuanto ha manifestado la respetada portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, es decir, lo que subyace detrás de las propuestas concretas, el problema latente, un problema que cuando
redactamos y tramitamos la Ley orgánica del Régimen Electoral General ya previmos, y en la misma moción se hace referencia a esa previsión. Pero, realizada una labor de mentalización, una labor legislativa, por ejemplo, la ley Trías Fargas, de
nuestro grupo parlamentario, y otras mejoras en el ámbito del derecho positivo en leyes sectoriales, la verdad sea dicha, como acaba de expresar el portavoz de Izquierda Unida, existen objetivas realidades que nos dicen que lo que está escrito, lo
que está mandado por el legislador, no se cumple al cien por cien, ni muchísimo menos. Lo que ocurre es que es responsabilidad nuestra en parte, y ya la hemos asumido a través de la LOREG o la vamos a asumir hoy instando al Gobierno, si es que el
Grupo Parlamentario Popular también lo aprueba, pero hay otras responsabilidades que yo sitúo en el ámbito local, ya que son los ayuntamientos los que deben ofrecer a las juntas electorales los espacios para colegios electorales, y ocurre que las
administraciones públicas en general -no quiero responsabilizar exclusivamente a las administraciones locales- no cumplimos -digámoslo así, nos ponemos como sujetos activos en el incumplimiento- con las normas que dan las Cortes Generales o, en su
caso, los Parlamentos autonómicos y, en su caso también, los ayuntamientos u otras corporaciones locales, como las diputaciones.
Las propuestas concretas que se nos presentan son de una lógica aplastante, aunque probablemente sea difícil elaborar un mapa de condiciones de accesibilidad del llamado parque de colegios electorales, porque, como SS.SS. saben y conocen
por haberlo practicado, nos van cambiando las ubicaciones de los mismos, pero en la medida en que esto ayude a mentalizar a las corporaciones locales de que esos espacios públicos, que a veces no son sólo de administraciones locales sino también de
administraciones autonómicas, por ejemplo, los centros de enseñanza, en la medida en que esto pueda ayudar a esa mentalización y al logro de evitar que los discapacitados tengan una frontera, una barrera ante sí para ejercer el derecho al voto,
nosotros vamos a votar esta propuesta afirmativamente.
Muchas gracias, señorías.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor López de Lerma.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Belda.
El señor BELDA PÉREZ-PEDRERO: Gracias, señora presidenta, con la venia.
Señorías, con franqueza, el grupo parlamentario mayoritario de esta Cámara comparte con ustedes la necesidad de que las trabas que se dan de forma circunstancial en el ámbito del proceso electoral puedan ser erradicadas y que en el próximo
mes de marzo y en las siguientes consultas que hay en todos los niveles territoriales, incluso en el espacio de dos meses, ningún discapacitado tenga ningún problema para acceder a la urna. Pero les voy a decir también con toda franqueza que,
estando de acuerdo con el contenido de gran parte de las apreciaciones que todos ustedes ponen encima de la mesa, por razones de coherencia respecto a lo que está haciendo ya el Gobierno y lo que estamos aprobando este mes en esta misma Cámara, no
podemos adoptar la técnica legislativa de reiterar cuestiones que están ya y que hemos aprobado en el transcurso de dos semanas. Les recuerdo que la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal prevé abordar esta
cuestión, y sobre todo que el Gobierno está erradicando, en la medida de sus posibilidades, cualquier mal funcionamiento en el sistema a la hora de acceder a la urna.
Lo puedo decir con toda claridad: nos gusta todo de esta propuesta menos la propuesta en sí. Parafraseando al maestro Serrán, me gusta todo de ti pero tú no. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo a iniciativa
del Gobierno. Les voy a poner un ejemplo de por qué esto no puede salir adelante, y lo entenderán sobre todo los grupos minoritarios que me han precedido y que han expuesto sus argumentos con mucha coherencia y solidez. Es imposible que un
Gobierno pueda aceptar sin datos que no se está cumpliendo el derecho fundamental de la participación política del artículo 23. ¿Cómo es esto posible? ¿Cuántos recursos conocen ustedes de la antigua Ley 62/1978 en los treinta procesos electorales
que hemos tenido en los últimos veinticinco años? ¿Conocen ustedes alguna sentencia del Tribunal Constitucional en la que haya dicho que se ha vulnerado el derecho de voto o, como ahora veremos, el voto secreto? No, señores, y vamos ya por la VII
Legislatura constitucional.
En este proceso de erradicación de barreras hemos querido tomar durante mucho tiempo determinadas soluciones, y ya en la LISMI se prevén una serie de metas que tenían que haber cubierto los ejecutivos que desarrollaron su labor desde octubre
de 1982 hasta marzo de 1996.
Nosotros hemos ido más allá y hemos puesto un plazo de dos años en la Ley de igualdad para erradicar definitivamente cualquier anomalía y trabas puntuales con ocasión de la discapacidad en la nueva Ley de igualdad y en
todos los edificios públicos de tres a quince años. Efectivamente, puede ser mucho tres a quince años, pero si este mismo plazo se hubiera puesto en los años 1983 y 1984 y se hubiera cumplido en estos años, probablemente no estaríamos hablando de
las trabas. Quisiera decir con toda franqueza que si la población discapacitada, tanto los tres millones y medio como los nueve millones afectados directamente, nos están oyendo, pueden pensar que se está vulnerando, como se ha dicho aquí
textualmente, el derecho
al voto, y está bien forzar los argumentos de tal manera que justifiquemos nuestras posiciones, pero no es muy ajustado a la realidad. Los cinco principios constitucionales del derecho de sufragio se cumplen perfectamente en el ámbito de la
población discapacitada: universalidad, voto directo, voto igual y voto secreto. El voto secreto exige la implantación de cabinas electorales. Ha sido durante esta etapa de gobierno cuando se han ido introduciendo paulatinas mejoras en el acceso
a las cabinas y se prevé que en el plazo de dos años todas las cabinas sean accesibles. El Ministerio del Interior ha trabajado en la materia.
En cuanto a otras cuestiones que proponen, las iniciativas legislativas que no están contenidas en el ámbito de la Ley de igualdad, por corresponder al ámbito de actuación propia de la labor del Ejecutivo, están en el plan de accesibilidad.
Fíjense qué importante es la voluntad del Gobierno de afrontar de una vez por todas los problemas efectivos de accesibilidad, que precisamente se ha adelantado a la promulgación de la ley que ahora está en el Senado para dar conocer el plan de
accesibilidad, es decir, las acciones ejecutivas que van a impedir estas anomalías. Desgraciadamente, nos podremos seguir encontrando multitud de anécdotas, pero eso no quiere decir que una persona invidente o un gran discapacitado, salvado ese
acceso, no pueda llegar a emitir el voto en las mismas condiciones secretas que las del resto de los ciudadanos. En cuanto al voto por correo, el Ministerio del Interior y el de Administraciones Públicas, como ustedes saben a través de
informaciones que han solicitado, están trabajando en el asunto. A nivel técnico están siendo asesorados por la Universidad Politécnica de Madrid, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre está trabajando también y en el ámbito del Consejo de Europa
se está trabajando en este grupo. En definitiva, el grupo de la mayoría así lo alentó en el Senado desde el año 2001 en una moción al respecto. En cuanto a las campañas institucionales, ustedes saben que se están efectuando en todos los niveles
territoriales, y el Ministerio del Interior, en la petición de voto a nivel nacional, ha trabajado ya en el acceso de las personas discapacitadas y así se compromete a hacerlo en el año 2004, sus titulaciones, mensajes hacia este colectivo,
etcétera. El acceso a correos también lo está trabajando el Ministerio de Fomento. Es interesante lo que ustedes proponen respecto a que quien vaya a ejercitar el voto por correo tenga la misma posibilidad de acceder a los edificios públicos. En
el paquete de medidas que hemos tratado en este mes de septiembre también se encuentra esta faceta. En cuanto a la consulta al sector de los discapacitados para desarrollar estas medidas, esta ha sido la tónica habitual tanto de la consulta
conjunta del Gobierno como la consulta a través de los ministerios, y en la medida de lo posible estamos conectados con ellos.
Quiero, por cierto, saludar al representante del sector de la discapacidad presente aquí en la tribuna.
Mis últimas palabras tendrían que ser, como las del principio, para tranquilizar a los grupos minoritarios de la Cámara tanto por el contenido de su exposición como por los retos que intentan perseguir con el voto, pero les pido que
entiendan que no estamos diciendo que no a la accesibilidad, ni siquiera al espíritu y la finalidad de esta iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, que entiendo que también es suya por adhesión, sino que estamos diciéndoles con toda claridad
que estamos trabajando en este mes, y ustedes lo saben porque también han participado en la elaboración de esta ley, y que el Ejecutivo ha dado y está dando pasos en esta materia.
Por último, como bien ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), hay cuestiones que son de cajón. No se puede de aquí al año 2004 elaborar cuestiones como un mapa de accesibilidad. De lo que se trata es de
remover, como dice el artículo 9.2 de nuestra Constitución, todo tipo de obstáculos para la efectividad de este derecho al voto. Espero y deseo que en los próximos comicios no haya casos en los que se vea impedido el derecho al voto del sector de
la discapacidad, y sobre todo quiero dejar claro que en ningún caso faltarán los cinco principios esenciales del sufragio activo.
Les anuncio que mi grupo está trabajando en una iniciativa al Gobierno para vigilar el ámbito de aplicación de esta normativa y les haremos llegar próximamente algo que queríamos incorporar como enmienda transaccional a la propuesta del
Grupo Socialista, pero que evidentemente caía por su propio peso al perseguir una serie de cuestiones que, como digo, constituirían reiteración legislativa.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Belda.
Señorías, procedemos a la votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre mejora de la accesibilidad de los procesos electorales para las personas con discapacidad.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 277, a favor, 123; en contra, 154.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE POSICIÓN DEL GOBIERNO ANTE LA PRÓXIMA CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL DE LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente 173/000225.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Mociones consecuencia de interpelación, en primer lugar, del Grupo Parlamentario Socialista sobre posición del Gobierno ante la próxima Conferencia Intergubernamental de la Unión Europea.
Para la presentación de la misma tiene la palabra el señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Gracias, señora presidenta.
Una razón fundamental mueve al Grupo Socialista a traer hoy esta moción consecuencia de interpelación y esa es la razón además que preside el espíritu y la letra de nuestra iniciativa, el objetivo de que ante la Conferencia
Intergubernamental que se va a iniciar el próximo día 4 de octubre, el Gobierno de España vaya con una posición común de la Cámara y que intentemos adoptar una visión común de lo que han sido los resultados de la Convención, de lo que representa el
proyecto de Constitución europea y de lo que consideramos que son prioridades, los ejes fundamentales que entendemos deben preservarse. De ahí que en la moción se destaque en primer lugar esa valoración global del trabajo de la Convención, del
proyecto de Constitución, nuestra valoración de que ese texto constituye la base adecuada, lo cual no debe maniatar en absoluto a la Conferencia Intergubernamental para que sea la Conferencia quien plasme definitivamente ese proyecto en una
Constitución europea. Nuestra moción se centra también en enunciar algunos de los elementos que consideramos más importantes, más novedosos y más significativos de las aportaciones del proyecto de Constitución europea, desde la simplificación de
instrumentos normativos y de procedimientos, la extensión de la codecisión, la propia inclusión en la Constitución europea de la Carta de Derechos Fundamentales con carácter jurídicamente vinculante o la importante reforma institucional que se
aborda, por no hablar del impulso de la acción de la Unión en la escena internacional, guiada por unos principios y objetivos que son también incorporados como señas de identidad de la Unión en la propia Constitución, en particular la voluntad de
impulsar soluciones multilaterales a los conflictos, a los problemas comunes, de manera especial en el marco de Naciones Unidas.
Nuestra moción constata que el proyecto de Constitución que va a debatir la Conferencia Intergubernamental tiene también implicaciones para nuestro propio país y para este Parlamento. Hay un protocolo sobre el papel de los parlamentos
nacionales en el que se establece un procedimiento reglado, en este y en el protocolo de subsidiariedad, para que dichos parlamentos nacionales puedan invocar violaciones del principio de subsidiariedad. Eso va a exigir, por una parte, reforzar los
instrumentos al servicio del Parlamento español, hoy enormemente magros, para el seguimiento y el control de la política europea, pero va a exigir sin duda una reforma de la actual Ley reguladora del funcionamiento de la Comisión Mixta
Congreso-Senado para la Unión Europea.
Hay otra evidencia que se desprende del texto que ha presentado la Convención y es que esta reconoce el hecho regional en Europa. Reconoce que las regiones forman parte de la realidad de una Europa donde, eso sí, existe una doble
legitimidad: la de los pueblos, la de los ciudadanos, y la de los Estados, y en ese reconocimiento del hecho regional el borrador del texto de la Constitución articula en primer lugar la necesidad de que las leyes marco de la Comisión Europea
tengan en cuenta incluso la legislación de las regiones y también establece la vía para que los parlamentos nacionales, en el ejercicio de sus competencias en materia de subsidiariedad, consulten o puedan consultar a los parlamentos regionales.
Esto en nuestro país podría parecer un debate alejado de nuestra realidad plural si no fuese porque en la práctica nuestra arquitectura institucional, nuestro diseño incluso político está alejado también de nuestras necesidades. Tenemos pendiente
la articulación de un modelo que garantice de manera efectiva -la de hoy es claramente insuficiente y está agotada- la participación de las comunidades autónomas en la formación de la voluntad del Estado ante la Unión Europea. Esa reforma va a ser
necesaria. Nos gustaría que la Cámara tomase nota y declarase su voluntad de abordar ese debate. También va a ser necesario potenciar un instrumento para que las regiones puedan actuar de consuno en las materias que son de su competencia, las
materias transferidas y en cuestión de subsidiariedad, mediante la reforma del Senado. Esto es lo que se le pide al Gobierno que haga.
Hemos tratado de obviar el debate de si la prioridad de España es volver a Niza o no volver a Niza. Queremos dar al Gobierno la máxima autonomía en la negociación para utilizar los instrumentos que estime oportunos. Por eso al Gobierno le
decimos que en la defensa de los intereses específicos de España adopte una actitud constructiva que conduzca al éxito final de la negociación y a la aprobación del texto con esos elementos esenciales.
Creemos que es enormemente respetuoso del
margen necesario para el Gobierno.
Se han presentado diversas enmiendas. Haré dos observaciones muy rápidas.
Hay dos enmiendas de la señora Lasagabaster. No tengo tiempo de entrar en el fondo. En parte de su texto se acercan a la voluntad expresada por el Grupo
Socialista, pero nos plantean algunos problemas para aceptarlas. No ocurre igual con la enmienda del Grupo de Coalición Canaria que, mediante una enmienda transaccional, incorporaríamos al texto de la moción. El Grupo de CiU y el Grupo Popular han
presentado textos sendos alternativos, enmiendas a la totalidad, lo que plantea un problema desde el punto de vista procedimental porque pretenden sustituir el texto del grupo proponente por el suyo. Nuestro grupo ha estado y está dispuesto a
intentar incorporar a la moción elementos positivos de los textos
de Convergència i Unió y del Grupo Popular para que finalmente se pase a la votación con el consenso de todos los grupos, algo que nos parecería importante porque significaría un inicio de reconstrucción del consenso y un respaldo a una
posición común ante la próxima Conferencia Intergubernamental.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Estrella.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Socialista nos presenta una moción que hace referencia a un tema de vital importancia para todos nosotros y especialmente para nuestro futuro: el llamado proyecto de construcción europea materializado en lo que puede ser
una Constitución; aunque jurídicamente no sea tal, sí lo es coloquialmente o por el sentido de lo que pretende. Creemos que los trabajos han sido positivos a pesar de que no hayamos podido intervenir -y lo sentimos- en relación con cómo fue
configurada esa participación de las Cortes en esa Convención y que se ha avanzado mucho en múltiples materias, singularmente en democratización, participación y transparencia a la hora de legislar por parte del Consejo, por la inclusión con
carácter vinculante de una Carta de Derechos Fundamentales y por una participación mayor del Parlamento Europeo y ello nos satisface. Creemos que hay cuestiones que deben ser mejoradas como por ejemplo la política exterior o la política fiscal,
pero en definitiva creemos que hay cosas muy positivas. Por tanto nos adherimos a la satisfacción por los trabajos realizados. Sin embargo, creemos que en estos tres meses -al menos en el calendario pueden ser tres meses, sin perjuicio de que se
pueda extender un poco más- se puede aún trabajar para que en la Conferencia Intergubernamental se pueda incidir en dos elementos que para nosotros son básicos y que, al día de hoy, no han sido tenidos en consideración como nosotros creemos que se
debería haber hecho. El primero es que en la Convención no se hayan reconocido explícitamente -soy consciente de que en el protocolo sobre subsidiariedad y proporcionalidad aparecen mencionados- los entes subestatales. Creemos que hay que recoger
la realidad jurídica europea y, al menos, la realidad jurídica y política del Estado español. Lamentamos que el Gobierno del Estado no haya hecho hincapié en defender no ya un desideratum de unos u otros, sino la realidad de lo que hoy existe. Por
eso nuestra primera enmienda contiene ese lamento que creemos que debe ser subsanado y es lo que pretendemos en la segunda enmienda. Queremos que se defienda -ya adelanto que hay un error técnico: no es difunda sino defienda- por parte del
Gobierno del Estado lo que hoy hay, no otra cosa. ¿Qué es lo que hay hoy en la construcción del Estado español? Hay unos entes subestatales, unas comunidades autónomas que tienen competencias legislativas propias en importantes materias. Queremos
que eso aparezca reflejado de forma clara en ese proyecto de Constitución europea. No estamos pidiendo nada que no esté ya recogido en nuestro propio ordenamiento jurídico y creemos que esa debe ser una de las posiciones claves del Gobierno del
Estado. Sin embargo -lo digo aquí, no ha sido así en el pasado-, creo que el mandato de este Congreso debiera ser claro a este respecto. Pedimos que se recoja el reconocimiento explícito y que se recoja la posibilidad de que en el ámbito de sus
competencias esos entes subestatales -llamémosles como queramos- puedan tener acceso directo, tanto en la parte legislativa como en la parte de legitimación activa, al Tribunal de Justicia porque en definitiva no es otra cosa que recoger lo que hoy
tenemos en el ordenamiento jurídico. Hacemos una mención a cómo va a ser el procedimiento de negociación en esa Conferencia Intergubernamental.
Lamentamos que el representante del Gobierno no nos dijera nada al respecto la semana pasada y
lamentaríamos muy mucho que el Gobierno del Estado realmente pusiera un veto porque no haya conseguido subsanar lo que fue una mala negociación en el Tratado de Niza; fue un error del Gobierno del Estado que nos dejó sin 14 escaños en el Parlamento
Europeo y creemos que no merece la pena proceder a un veto de la manera que lo está haciendo. Es mucho mejor una aportación constructiva al proyecto de construcción europea -hay que construir, no hay que destruir- y por tanto le pedimos que su
intervención en la Conferencia Intergubernamental sea constructiva y no sea a la defensiva como viene haciendo y nos viene acostumbrando el Gobierno del Partido Popular.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Lasagabaster.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Gracias, señora presidenta.
La enmienda del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria va en la línea de valorar primero el trabajo que ha venido haciendo el Gobierno del Estado, que entendemos ha sido importante, en la defensa globalmente de la posición de España dentro
del nuevo tratado constitucional europeo y fundamentalmente en lo que se refiere a los temas específicos de Canarias, que lograron su encaje en el Tratado de Amsterdam a través del artículo 299.2. En el mismo sentido valoramos positivamente la
moción que presenta el Grupo Parlamentario Socialista; sin embargo, la enmienda de mi grupo
va en el sentido de completar lo que entendemos es una moción importante e interesante. Hay un territorio del Estado que tiene unas características específicas, como indicaba anteriormente, reconocidas en el Tratado de Amsterdam, cuyo
artículo 299.2 ha sido trasladado al texto de la Convención. Sin embargo en este texto surgen nuevas normas legales jerárquicas desde el punto de vista de leyes de ámbito europeo, leyes marco, que al menos, desde el punto de vista de la
interpretación tecnicojurídica, suscitan algunas dudas que es necesario despejar, bien dentro de los trabajos técnicos que van a tener lugar antes de la celebración de la Conferencia Intergubernamental o posteriormente en la propia mesa de
negociación, en un texto que ya ha elaborado el Gobierno portugués. Por lo tanto, concretando, la propuesta de enmienda de Coalición Canaria es para que se reafirme lo que ya viene siendo una posición del Gobierno del Estado español de respetar el
carácter ultraperiférico y por lo tanto las especificidades del Archipiélago canario, y despejar las dudas que en este momento se concitan desde el punto de vista tecnicojurídico al aparecer las normas jerárquicas, considerando que al menos pueden
ser objeto de interpretación.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rivero.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, desde Convergència i Unió coincidimos con buena parte del texto de la moción. La valoración que hacemos del resultado de los trabajos de la Convención es también globalmente positiva. El hecho mismo de la Convención, que exista
una Constitución, la atribución de una personalidad jurídica única a la Unión, la inclusión de la Carta de Derechos Fundamentales con carácter jurídicamente vinculante, una Unión Europea más trasparente, más ágil, con más capacidad de rendir
cuentas, con mayor legitimidad democrática, con mayor capacidad de afrontar el futuro de la Europa ampliada y reflejando mejor en sus textos las ambiciones que nos caracterizan a todos aquellos que creemos en Europa, todo esto nos parece positivo.
No voy a alargarme más en este punto porque la valoración global que mi grupo parlamentario hace creo que la conocen todos ustedes sobradamente porque ha sido expuesta ya en numerosas ocasiones tanto por don Ignacio Guardans como por doña Inmaculada
Riera.
Estaríamos también de acuerdo en el punto 5 de la moción, al que hemos introducido únicamente unos matices que creemos que mejoran su texto, un punto que hace referencia a cuál tendría que ser la posición del Gobierno español en la
Conferencia Intergubernamental en lo que al sistema de voto propuesto en el proyecto de Constitución se refiere, incidiendo en que la legítima defensa de los intereses de España sea tan dura en lo que a términos de negociación respecta como sea
necesario, pero que deba hacerse desde una posición constructiva, integradora y europeísta.
Finalmente, coincidimos en la conveniencia de promover el debate social necesario para que los ciudadanos y las ciudadanas tengan el mayor conocimiento
posible del texto y del alcance de la nueva Constitución, como paso previo e indispensable al referéndum. Hasta aquí las coincidencias, pero desde Convergència i Unió entendemos -y a esto obedece nuestra enmienda de sustitución- que la moción no
refleja que al texto del proyecto de Constitución le falta un mayor reconocimiento de la realidad política europea en lo que concierne al papel de las denominadas regiones, en particular de aquellas que tienen competencias legislativas.
Señorías,
para nosotros es imprescindible dejar constancia de que lamentamos que se haya hecho un progreso escaso en este reconocimiento de la realidad política europea. Con ello estoy diciendo que no vamos a poder apoyar un texto en donde no se recoja esta
valoración que, por otra parte, fue votada favorablemente por el Grupo Parlamentario Socialista en la moción que nuestro grupo parlamentario presentó con este mismo texto a finales del pasado mes de junio. Este lamento no es una visión negativa, es
una visión real. No estamos plasmando una posición partidista, que por otra parte no tendría nada de ilegítima, sino que dejamos patente que en la Convención, tanto por parte del Gobierno como parte de los representantes de esta Cámara, que han
hecho un magnífico trabajo, no ha quedado reflejado el conjunto de sensibilidades o de pensamientos que están aquí representados, porque no se ha defendido nuestro modelo constitucional. En definitiva, se ha actuado como si España no fuera un
Estado autonómico, no se ha defendido, ni poco ni mucho, un mayor reconocimiento de nuestro modelo de Estado, que es autonómico, ni tampoco se ha apoyado por parte de nuestros convencionales ninguna iniciativa seria, que se podía haber perdido pero
que ni siquiera se ha defendido, en el sentido de un mayor reconocimiento de que existen entes subestatales con competencias legislativas propias.
Finalmente, aunque se cita en la moción, estimamos importante subrayar la necesidad de articular legislativamente el nuevo papel que jugarán tanto los parlamentos llamados nacionales como las comunidades autónomas y sus respectivos
parlamentos a tenor de lo dispuesto en los protocolos sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.
Estos principios que aseguran algo tan importante como que las decisiones se tomen lo más cerca posible de los
ciudadanos exigen la articulación a nivel interno del procedimiento a través del que se va a hacer efectivo lo dispuesto en este protocolo de subsidiariedad y conocer
cuál va a ser la correa de transmisión en las dos direcciones: la formación de la voluntad exterior del Estado y también la posibilidad de fiscalizar, examinar y recibir por parte de las comunidades autónomas las propuestas legislativas de
la Comisión. Solicito al grupo proponente que acepte esta enmienda en los términos que hemos presentado, en cuyo caso votaríamos a favor; de no ser así, no vamos a poder apoyarla.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Pigem.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular y para la defensa de la enmienda presentada por dicho grupo, tiene la palabra el señor Martínez Casañ.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el espíritu de mi grupo parlamentario al presentar esta enmienda ha sido ni más ni menos el de recoger todo aquello que había de positivo, y había mucho, en la moción del Grupo Parlamentario Socialista, dándole una estructura más
sistemática, más clara y más didáctica para que fuera más fácil de entender por aquellos a quienes va dirigida y más fácil de utilizar por el Gobierno, mostrando el respaldo de este Parlamento y añadiendo todos aquellos elementos que han sido la
base de la negociación del Gobierno del Reino de España a lo largo de todos estos meses.
Los convencionales han hecho un excelente trabajo, empezando por los de aquí, por los que han representado a las dos Cámaras del Parlamento español, al igual que el resto, incluidos los representantes personales de los primeros ministros y
de los presidentes de Gobierno. Consideramos que todo ello es una excelente base para la negociación que tendrá lugar dentro de pocos días en el seno de la Conferencia Intergubernamental; negociación que para España tiene que suponer la defensa de
sus intereses y la defensa de todos aquellos logros que hemos ido consiguiendo los sucesivos gobiernos del Reino de España a lo largo de todo el proceso de construcción europea. Por todo ello, hemos querido introducir mediante nuestra enmienda esa
gran base que ha supuesto Niza, los equilibrios de Niza, los acuerdos de Niza, que en el fondo y en la forma son la base de la Conferencia Intergubernamental y la base de la Convención. La Convención y la Conferencia tienen lugar porque en Niza se
llegó a unos acuerdos y se mandató en Niza y en Laeken a los convencionales y a los gobiernos para que llevasen a cabo ese debate y esa negociación. Por tanto, uno de los puntos esenciales de la enmienda que nosotros presentamos es el respeto a los
acuerdos formales de Niza, el respeto a lo conseguido en defensa de los intereses de España.
A partir de ahí, introducimos también otros elementos que nos parecen básicos en el proceso de construcción europea, como es, por ejemplo, la reafirmación de la doble naturaleza de la Unión, que es una unión de Estados y de ciudadanos que da
una doble legitimidad al proceso de construcción europea; la extensión de la codecisión, que ha sido siempre una de las piedras angulares de este Parlamento en la defensa de la democracia comunitaria; la mejor clarificación entre las competencias
atribuidas a la Unión y las que son propias de los Estados miembros, que es la base de lo que después ha sido el artículo 5, que todos ustedes pueden leer para ver de qué manera se ha hecho una clarificación que para algunos no resultará demasiado
aparente; el fortalecimiento del método comunitario, que es el corazón del sistema de construcción europea, y la extensión del voto por mayoría cualificada. Hemos introducido también en el texto del Grupo Socialista, respecto a la política
exterior europea de seguridad y defensa, la afirmación de que se debe hacer con un espíritu abierto a la mayor participación en número de Estados posible y en un marco de cohesión y solidaridad dentro de la Unión para que no se divida, sino para que
se sume, para que la política de defensa y la política exterior de seguridad sea una política de todos. Finalmente, hemos introducido una felicitación a todos y al Gobierno también por las medidas que se están llevando ya a cabo en esta Cámara
mediante la presentación de los proyectos de ley oportunos para que todo esto se pueda someter a referéndum y los ciudadanos españoles puedan tener algo que decir en este punto tan importante para el futuro de España.
Finalmente, respecto al punto 4, le he comentado al portavoz del Grupo Socialista que íbamos a presentar una enmienda in voce con el siguiente texto: Así como el establecimiento de unos mecanismos adecuados que, en el marco de lo dispuesto
en el nuevo protocolo de la Unión Europea sobre subsidiariedad, posibilite la mayor participación de las comunidades autónomas a través de los parlamentos regionales y en colaboración con el Senado en el control del respeto al principio de
subsidiariedad.
Todo esto, señorías, no han sido ni más ni menos que mejoras que intentamos introducir en el texto socialista y connotaciones de lo que es la realidad, algunas de los cuales para nosotros son irrenuciables.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Martínez Casañ, su tiempo ha concluido.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Por todo ello, solicito al diputado del Grupo Socialista que tome en consideración esta enmienda que presenta mi grupo parlamentario. (Aplausos.)
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Martínez Casañ.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, señorías, los trabajos de la Convención han constituido ciertamente un avance sobre lo hecho hasta ahora por la Comisión y el Consejo de Europa en el proceso de construcción europea, de tal forma
que el texto de la Convención ha mejorado, aunque no llega a superar las inercias del pasado y además consagra un modelo económico y social neoliberal.
El aspecto de avance lo queremos situar en que se involucre a los representantes de la ciudadanía europea en su construcción, superando así el método intergubernamental. Tampoco se puede subestimar el hecho de consultar en el proceso de
elaboración de forma regular con colectivos ciudadanos sobre los más diversos temas y que, fruto de esto, se ha introducido un mayor grado de democracia y de participación en el funcionamiento democrático. Pero también tenemos que señalar que se ha
quedado a medio camino entre una reedición simple del Tratado de Maastricht, de Laeken y de Niza y lo que realmente debe ser una Constitución europea a la altura de las circunstancias.
Dicho esto, hay que tomar en consideración cuáles deben ser, a nuestro juicio, las exigencias para constituir el marco de una verdadera Constitución europea. La realidad, señorías, es que la propuesta de Constitución no llega a superar los
déficit democráticos que se vienen arrastrando. El proyecto que se nos presenta no alcanza los mínimos que cualquier sistema democrático exigiría para ser considerado realmente como tal. Además, junto a estos déficit democráticos, también es muy
negativo que la fiscalidad y buena parte de la política social queden al margen de esta Constitución europea. Como decíamos, en materia económica y social hay muy pocos progresos y los contenidos más avanzados de los materiales de la Convención se
ven claramente limitados por el papel que se da a la política monetaria común o a las orientaciones generales de política económica. El modelo social europeo no ha estado a la altura de lo que entendemos sería necesario si realmente queremos
configurar una Europa solidaria y una Constitución europea que no se sitúe por detrás de lo ya aprobado en nuestra propia Constitución. En este momento, para Izquierda Unida el debate no está centrado en torno al sí o el no a Europa sino sobre qué
Europa queremos construir, y en este debate apostamos por construir una Europa que configure claramente a la Unión Europea como democrática, eficaz en la defensa de su propia soberanía, capaz de mejorar la distribución de la riqueza y de avanzar
hacia un pleno empleo. Entendemos que sólo de esta manera la Unión Europea puede ser un referente básico en el desarrollo de un nuevo orden internacional, multipolar y más solidario.
Decir, como se ha dicho, que estamos ante el mayor paso dado por los europeos hacia una soñada unión política queda incompleto si no se dice que ese paso es insuficiente y que se pretende consagrar una Unión Europea que represente una unión
política realmente democrática, de carácter social y con capacidad para realizar una política exterior independiente. Resulta al menos paradójico que la Europa que se atribuye a sí misma la creación de la democracia, como bien se dice en su
preámbulo, no contemple para sí misma una Constitución basada en la plena soberanía del Parlamento, basada en una división clara de poderes y en la que ningún poder quede al margen de la representación popular, como ocurre con el Banco Central
Europeo, porque eso sí tiene realmente gravedad. En ese sentido, es especialmente grave que no se contemple ningún espacio social único que garantice constitucionalmente un conjunto de derechos sociales. Entendemos que la Carta de Derechos
Fundamentales supone una armonización a la baja de los derechos actualmente reconocidos en los distintos países. Es grave, repito, que derechos recogidos en nuestra propia Constitución no se vean recogidos en la pretendida Constitución europea.
¿Y qué no decir de la independencia militar cuando se afirma que se respaldarán las obligaciones derivadas de la pertenencia a la OTAN? Es evidente que esta sola frase ya evidencia que se renuncia a una independencia en el ámbito militar.
Por último, también consideramos negativo el galimatías institucional en el que aparecen demasiados personajes a la hora de representar la política exterior. Pensamos que estamos ante una configuración de Europa con demasiadas sombras que
no deben olvidarse, que deben superarse si queremos una Unión Europea que sea realmente independiente, realmente solidaria, que sea socialmente avanzada, tal y como las fuerzas sociales de izquierda estamos defendiendo. Esta, señorías, es la Europa
que hay que construir y no una Europa que, repito, tenga menos democracia y menos derechos sociales que la propia Constitución española.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Centella.
Señor Estrella, exclusivamente a los efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas, aun cuando en su intervención se pronunció sobre las mismas.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Señora presidenta, efectivamente, anuncié una posición inicial sobre las mismas a la espera de escuchar a los grupos parlamentarios.
La tesitura -y lo digo en 15 segundos- es la siguiente. Hay dos grupos parlamentarios que han presentado sendos textos alternativos y le dicen al Grupo Socialista: El mío es mejor que el vuestro; si no, no acepto ni el vuestro ni el del
otro grupo.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Estrella, le tengo que rogar que manifieste su aceptación o rechazo, exclusivamente.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Podría decir, señora presidenta, aquellos aspectos del texto del Partido Popular o del Grupo de Convergència i Unió que estaríamos dispuestos a incorporar, si ellos están dispuestos a entrar en ese juego; en caso
contrario, el Grupo Socialista no va a aceptar ninguna referencia que introduzca los aspectos que no nos gustan en la Convención. Al Grupo Socialista no le gusta en materia de fiscalidad o de política social, lo que nos lleva a rechazar algunos
aspectos. Lo mismo vale para la señora Lasagabaster, pese a que sus enmiendas son coherentes y sensatas como siempre, aunque discrepemos de algunos aspectos de ellas.
Me va a permitir que lea el texto que habíamos acordado con el Grupo de Coalición Canaria, que en la práctica supondría dividir su enmienda en dos. Al punto 3 se le añadiría un subapartado nuevo que diría: La consolidación en el futuro
Tratado constitucional del actual artículo 299.2 -luego lo pasaré a la Mesa-, relativo a las regiones ultraperiféricas, entre las que se encuentra Canarias. Y un nuevo punto 5 bis, que diría: Insta al Gobierno para que incluya entre sus
prioridades, de cara a la CIG, la eliminación de cualquier incertidumbre sobre el alcance jurídico del texto propuesto por la Convención en lo referido a las regiones ultraperiféricas -artículo 330- y a su desarrollo mediante normas europeas de
mayor rango, de acuerdo con las orientaciones acordadas por España, Francia, Portugal y los siete territorios que tienen tal consideración de regiones ultraperiféricas.
Lamentamos que no haya sido posible alcanzar un consenso en un momento en que era importante y entendíamos que posible.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Estrella.
Se somete a votación la moción del Grupo Parlamentario Socialista, sobre posición del Gobierno ante la próxima Conferencia Intergubernamental de la Unión Europea, con la incorporación de la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria y en los términos derivados del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 274; a favor, 101; en contra, 149; abstenciones, 24.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO EN RELACIÓN AL EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO PRESENTADO POR ANTENA 3 TELEVISIÓN Y LOS MOTIVOS EXISTENTES PARA ADOPTARLAS. (Número
expediente 173/000226.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Moción del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno en relación al expediente de regulación de empleo presentado por Antena 3 Televisión
y los motivos existentes para adoptarlas. Para su defensa, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, el miércoles pasado debatíamos una interpelación con el señor ministro de cara a algo que consideramos un acto de justicia. No se puede dar una mayor injusticia laboral y política que la que se intenta
a través del expediente de regulación de empleo de Antena 3.
Nosotros queremos señalar desde el principio que los profesionales de Antena 3 a todos los niveles y en todas las especialidades llevan 14 años construyendo con dedicación y profesionalidad la que posiblemente sea la primera televisión
privada de este país. ¿Qué pedimos en la moción? Simplemente que el Gobierno asuma su responsabilidad, que el Gobierno solucione el problema que él mismo ha generado. En otras ocasiones, cuando intentamos implicar al Gobierno en la mediación o en
la defensa a la hora de no aprobar un expediente presentado por una empresa, planteamos esa actuación del Gobierno desde la responsabilidad política del mismo; en este caso hay algo más, mucho más. Estamos ante un problema que el Gobierno ha
generado, por tanto, el ministro de Trabajo no puede aprobar este expediente de regulación de empleo. Si lo aprueba, va a confirmar las sospechas que todos tenemos, y es el acuerdo entre Gobierno, Telefónica y la empresa que ha comprado, Planeta,
con respecto a la serie de consecuencias que iba a tener esa nueva venta, entre ellas el expediente de regulación de empleo.
Las dificultades de Antena 3 Televisión surgen del proyecto del presidente Aznar a la hora de intentar controlar políticamente Antena 3 en el marco del intento de crear una trinchera distinta, una estructura multimedia frente a la estructura
multimedia que ellos pensaban que iba directamente contra el Gobierno. De ahí parten las dificultades de Antena 3 Televisión. A partir de ahí, naturalmente este problema no se puede entender si no es en clave política, no hay otra inteligibilidad
del asunto si no vamos al fondo de la cuestión a la hora de justificar nuestra posición y a la hora de intentar
argumentar que no es justo el expediente de regulación de empleo que se plantea. La situación actual parte del triunfo electoral del Partido Popular en 1996. El señor Aznar se fija como objetivo la creación de un gran grupo de comunicación
que le sea fiel. El Partido Popular controla Radiotelevisión Española, es verdad, pero ellos saben que cuando se pierde el poder se pierde también Radiotelevisión Española, que se está utilizando desde hace muchísimos años como un instrumento
simplemente electoral, y al mismo tiempo tampoco tienen las ideas claras con respecto a lo que quieren hacer con Radiotelevisión Española porque está empezando a surgir con fuerza la alternativa de una televisión marginal, como la de los Estados
Unidos, y poco después meten a Televisión Española en la SEPI, que a partir de ahí empieza a hablar de la viabilidad y de reducir la dimensión de Televisión Española. Por lo tanto, el Partido Popular se lanza a la necesidad de controlar Antena 3 y
de hacer un grupo multimedia. Presiona a la señora Asensio que vende a Telefónica sus acciones, una empresa que generaba enormes ganancias al señor Asensio, y, a partir de ahí, aparece la línea editorial de los informativos que comienzan a
dictarse, a nuestro juicio, desde La Moncloa.
Tras un periodo de cinco años, con muchas dificultades de gestión, de imagen y también de estructura financiera y económica el señor Villalonga tiene que irse de Telefónica. Se va de Telefónica y naturalmente hay que ajustar la situación.
Se liquida el grupo multimedia de comunicación y, a partir de ahí, se genera una nueva situación que sin duda están también tutelando Génova y Moncloa. Hay una entrevista los días 18 y 19 de febrero en el despacho de Planeta, y en esa entrevista
sin duda se está gestionando la venta a un precio relativamente módico. Pero no se puede entender ahora esa venta, de cara incluso a la salida a Bolsa, si no se ha gestionando al mismo tiempo un expediente de regulación de empleo, porque además el
interlocutor de la dirección de Planeta en el despacho de Planeta es el señor Zaplana. Por lo tanto, nosotros creemos que va en el mismo bloque, en el mismo paquete, y nos encontramos con una situación en la que la empresa pide la rescisión de 390
contratos fijos, ni más ni menos que 390, además de cara a elegir quiénes son con una discrecionalidad total. Nosotros pensamos que no es aceptable, que el Gobierno ha creado esta situación -lo he intentado sintetizar- y tiene que solucionarla, que
no hay pérdidas en la empresa, no se pueden confundir pérdidas con inversiones en Onda Cero, etcétera, y que a partir de ahí nosotros planteamos una moción que en síntesis viene a decir, primero, que hay que hacer cumplir el convenio que tenía la
empresa en el sentido de garantizar el mantenimiento de equilibrios de ésta incluidos los puestos de trabajo. Hemos matizado esta situación con más rigor a partir de una autoenmienda del Grupo de Izquierda Unida.
En segundo lugar, que se realice una auditoría pública externa por disponer Antena 3 Televisión de concesión pública de televisión privada.
No existe la televisión privada, existe la titularidad privada o pública pero la televisión siempre
es servicio público, y por lo tanto se tiene que hacer esta auditoría atendiendo a los criterios de viabilidad técnica y económica del proyecto para poner de relieve el estado real de las finanzas, porque a nuestro juicio hay beneficios.
En tercer lugar, que una vez finalizada la auditoría el Gobierno no admita el ERE hasta que no exista un acuerdo entre las distintas partes en colusión, los distintos actores del proyecto, y además que no se acepte en esta empresa la
sustitución de empleo indefinido,
En el último punto pedimos la elaboración y remisión al Congreso de los Diputados, en el plazo máximo de un mes, de un informe que recoja los criterios utilizados por el Gobierno para utilizar el cambio de titularidad de acciones de Antena 3
Televisión entre Telefónica y Planeta. Queremos seguir este proceso a fondo porque aquí está una de las causas fundamentales de lo que está pasando.
En este orden de cosas, nosotros creemos que la enmienda que plantea el Grupo Socialista es aceptable, establece algunos matices que nos parecen interesantes y, por tanto, la vamos a asumir y pedimos la votación de esta moción que
consideramos absolutamente justa.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Alcaraz.
Para la presentación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Díaz-Cano.
El señor DÍAZ-CANO DEL REY: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, seguramente alguien se subirá a esta tribuna a preguntarse por qué estamos debatiendo en esta Cámara una moción que afecta a una empresa privada, puesto que, si es una empresa privada, no habría espacio para el debate político de
este asunto en el Congreso de los Diputados, y lleva razón, si alguien lo planteara esa señoría llevaría razón, pero yo creo que solamente la preocupación por el empleo sería motivo suficiente como para poder estar debatiendo en esta Cámara este
asunto y, siendo verdad que estamos hablando de una empresa privada, Antena 3 Televisión es ahora una empresa privada y antes también lo era. Me explicaré.
Era una empresa privada cuando un secretario de Estado de Comunicación del Gobierno del Partido Popular llamó al principal accionista y empresario de Antena 3 para amenazarle con que iría a la cárcel si no vendía sus acciones a Telefónica.
(Aplausos.) Era empresa privada y, si era empresa privada, ¿por qué el secretario de Estado de Comunicación de un Gobierno democrático puede en ese sentido coaccionar a un
empresario? Pero es que esta empresa, Antena 3, parece que es la empresa de los secretarios de Estado de Comunicación del Gobierno del Partido Popular, porque otro secretario de Estado, el segundo, el señor Pedro Antonio Martín Marín, es
miembro del consejo de administración de Antena 3 Televisión en representación de Telefónica. Lo que pasa es que, si Telefónica se va ahora a deshacer de sus acciones, va a dejar de ser -algo muy curioso- consejero dominical para ser consejero
independiente, y aquí procedería una carcajada: el señor Pedro Antonio Martín Marín consejero independiente de Antena 3 Televisión. La verdad es que es sarcástico este asunto. (Aplausos.) Y si era una empresa privada Antena 3 Televisión, hoy
también lo es, una empresa privada que siente la amenaza del despido, especialmente sus trabajadores, el 25 por ciento de su plantilla, aproximadamente 400 trabajadores, y en este sentido creo que el Gobierno del Partido Popular no puede zanjar este
asunto con el mero trámite de que esto es una decisión que solamente se saldará desde el punto de vista de la tramitación del expediente de regulación de empleo cuando llegue en el caso de que no haya acuerdo entre las partes, porque si ahora es una
empresa privada antes también lo era.
El problema es que en el Gobierno del Partido Popular puede prevalecer la idea de que es preferible, al precio que sea, aun a costa de despedir a 400 trabajadores, controlar treinta minutos de informativos tres veces al día durante los siete
días de la semana los 365 días del año (Aplausos.), y probablemente ese sea el error del Partido Popular y del Grupo Parlamentario Popular a la hora de apreciar este asunto, porque Antena 3 Televisión es un medio de comunicación, evidentemente, pero
es que ha sido la empresa privada más visitada por parte del Partido Popular que se conozca en la historia. Si salvamos a Telefónica, a Endesa y a Altadis, probablemente Antena 3 es la casa donde han entrado y han salido más miembros del Partido
Popular que de ninguna otra empresa de este país, de tal suerte que el responsable del grupo de comunicación de Telefónica, don Pedro Antonio Martín Marín, al mismo tiempo que era presidente del grupo Admira, que controlaba el grupo mediático de
Telefónica, seguía siendo presidente de Hispasat. Ahora va a recuperar la presidencia, pero desde el punto de vista ejecutivo, y se va a incorporar, como consejero independiente, al consejo de administración de Antena 3 Televisión. El director del
gabinete del ministro de Ciencia y Tecnología recientemente nombrado ha sido miembro del consejo de administración de Antena 3 Televisión hasta que ha sido nombrado director del gabinete del ministro de Ciencia y Tecnología. Por cierto, este
ministerio, con esta persona en el mismo, ha sido el responsable de fijar los servicios mínimos en esta empresa en la jornada de huelga pasada. La verdad es que es un poco promiscuo, como dije el otro día, este contacto entre PP, Gobierno del
Partido Popular y Antena 3 Televisión. Esto es poco justificable.
En cualquier caso, en la enmienda que hemos presentado a la moción de Izquierda Unida, pedimos que en este asunto prime, si es posible -y sabemos que es muy difícil en el Partido Popular-, el interés por el empleo y no por el control de la
información.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Díaz Cano.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Grau.
El señor GRAU BULDÚ: Muchas gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo va a votar en contra de esta proposición porque entiende que estamos en la tramitación de un expediente de regulación de empleo que está suficientemente reglado por esta Cámara. Seríamos poco objetivos si no damos aquí el
mismo trato que corresponde a pequeñas y medianas empresas que han sufrido estos expedientes de regulación de empleo. En todos los casos, las grandes empresas han llegado a acuerdos sindicales, acuerdos que se tienen que propiciar; el problema de
las pequeñas empresas no ha sido acogido en esta Cámara porque no tenían dimensión para tratarlo específicamente. Esto, que está suficientemente reglado, tiene que seguir, porque así lo ha establecido esta Cámara, un proceso de resolución.
Nos habría gustado que esta interpelación del Grupo de Izquierda Unida hubiese sido presentada después de un proceso injusto, no transparente o no bien documentada la solución, como un amparo que tiene que dar esta Cámara a unos
trabajadores. No es que desdeñemos el problema de 390 trabajadores, que son los que se ha anunciado que estarán afectados por esta regulación, pero la empresa está estableciendo negociaciones y se dieron un primer plazo hasta el 15 de octubre.
Sabemos que se ha extendido este plazo hasta un periodo posterior, que hubo una oferta inicial de 20 días por año trabajado y después ha habido una mejora hasta 39, cuando la solicitud es que sean 60 días. Estos son términos de negociación y de
convenio que tenemos que propiciar y esperar que fructifiquen antes de que pasen al dictamen del inspector de Trabajo y de la autoridad de la Dirección Nacional de Trabajo. Por eso que nos habría gustado que este tema hubiera seguido su proceso y
hubiese venido posteriormente a esta Cámara. Si apoyáramos esta iniciativa, seríamos injustos frente a otras situaciones y tampoco favoreceríamos una negociación, a la que tienen derecho los trabajadores, que pueda propiciar una solución objetiva.
En la iniciativa del Grupo de Izquierda Unida y en la enmienda del Grupo Socialista, se propone que haya una auditoría externa y que se tenga una información suficientemente amplia de esta empresa para que el dictamen
que pueda hacer la Inspección de Trabajo y la Oficina Nacional de Empleo sean lo suficientemente claras y tengan en cuenta todos los condicionantes que afectan a esta decisión. Nosotros instamos a que sea así y seguiremos atentamente la
resolución de este problema para que la solución que se dé, negociada y pactada entre el comité de empresa y la empresa, garantice la continuidad de los puestos de trabajo, la rescisión del mínimo número posible de empleos y la continuidad y la
estabilidad del empleo de las personas que eventualmente puedan quedar trabajando.
Como Gobierno de Cataluña, entendemos que es posible una acción de Gobierno paralela sin menoscabar en absoluto este proceso de gestión, que sería no obstaculizar
esta negociación, pero sí instar, por ejemplo, vía INEM, un plan para recolocar trabajadores o, en caso de empresas en crisis, crear un sistema de control, vigilancia y gestión de estas empresas, sin menoscabo, como he dicho, de esta acción legal
regulada por esta Cámara en su día. El Ejecutivo está para ayudar con sus acciones de recolocación y resituación de estos trabajadores y de control exacto y vigilancia de las empresas que tienen crisis. Por otro lado, está la negociación y el
acuerdo entre las partes implicadas.
Siguiendo estas vías y coherentes con esta posición, votaremos en contra de esta solución, lamentando que estos trabajadores vean amenazados sus puestos de trabajo.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Grau.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, no creo que pueda añadir mucho a lo que ya expuso el pasado miércoles el ministro de Trabajo en relación con la entonces interpelación, pero evidentemente algo tengo que añadir, empezando por decir que a mí el
debate me parece bueno siempre que sea correcto.
En primer lugar, el problema de Antena 3 es de estricta índole laboral.
Como bien decía el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, no queremos ningún despido en España, pero puede haber circunstancias, como las de este caso o de otros
muchos casos de pequeñas empresas, de talleres, que no voy a traer a colación aquí y que, sin embargo, también suponen pérdida de empleo, y desde luego son objeto de preocupación del Gobierno y del Partido Popular.
Este problema, como acaba de indicar el portavoz de Convergència i Unió, tiene en nuestro ordenamiento jurídico una vieja norma que tasa y regla el proceso que debe de seguirse en los casos del expediente de despido colectivo, de expediente
de regulación de empleo. Así lo regula el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, desarrollado por el Real Decreto 43/1996, de 19 de enero. Saben ustedes perfectamente que en esta materia lo primero que establece la ley es la posibilidad de
que las partes negocien; más aún, arenga a que las partes lo hagan, y lo hagan de acuerdo con la buena fe. Para ello establece como mínimo, en el caso que nos ocupa, un período de 30 días. Como ya se ha expuesto, la empresa ha hecho pública su
voluntad de incrementar el período mínimo, que puede durar dos meses, tres, los que sean precisos, si efectivamente hay interés y voluntad en ambas partes de intentar llegar a un acuerdo. El acuerdo será al que ellos puedan llegar. Aquí no podemos
prejuzgar si va a ser la asunción plena de la extinción de 390 contratos de trabajo, de 90, de 200 o de ninguno, ni las condiciones en que se puede propiciar la extinción del contrato, ni el plan social para luego intentar reintegrar en el mercado
laboral si se asumen esas extinciones de trabajo. Eso es algo que los interlocutores -empresa y sindicatos-, el comité de empresa en representación de los trabajadores, deben hacer. De hecho, según nuestras noticias, en algún supuesto anterior ya
se ha hecho con un acuerdo entre trabajadores y la empresa, es el caso de Antena 3 Temática.
Hay que esperar a ver qué sucede en la negociación porque ustedes saben que, si hay acuerdo, la única función que tiene la autoridad laboral es refrendarlo y ratificarlo, salvo que sea nulo de pleno derecho porque hay violencia,
intimidación, coacción o abuso de posición de las partes. Si eso no lo hay, hay que convalidar el acuerdo ipso iure, automáticamente.
Eso es lo que marca nuestro derecho hace ya prácticamente un cuarto de siglo, y a eso tenemos que esperar. Si lo
hay, ¿qué ocurre? Que la Dirección General de Trabajo es la competente para resolver. ¿Cómo? Pues en adecuación a lo que esta Cámara mandató en su día, que es el artículo 51, que antes he citado, del Estatuto de los Trabajadores, por lo tanto con
el estricto, escrupuloso y único cumplimiento de la ley como fórmula posible. La ley que dice que deben concurrir, en todo caso, una serie de requisitos y causas de índole organizativa, técnica, económica o de producción. Nos dice más, nos dice:
Se entenderá que concurren dichas causas cuando la adopción de las medidas propuestas contribuya, si las aducidas son económicas, a superar la situación económica negativa de la empresa; si son técnicas u organizativas o de producción, a garantizar
la viabilidad futura de la empresa y del empleo en la misma a través de una más adecuada organización de los recursos. Dicho de otro modo, la finalidad y la función del ERE, Expediente de Regulación de Empleo, es una finalidad en la cual pivota el
principio de proporcionalidad. Es decir, si hay causas que objetivamente avalan la necesidad de una empresa, llámese Antena 3 o como fuere, las medidas que se ponen en marcha deben ser superadoras de una mala situación, medidas subsanadoras, deben
ser una terapia que se le da al organismo empresarial para poder continuar existiendo y viviendo, aunque no sea
en plenitud. Si no se dan, el expediente se puede rechazar. Para ello, existe la garantía adicional de que la Inspección de Trabajo preceptivamente debe informar. Las auditorías que se piden a la resolución existen ya por ley en una
empresa de las características de Antena 3, y lo dispone la autoridad laboral a la hora de emitir el correspondiente dictamen.
Tengo que concluir porque el tiempo se me acaba. Me gustaría decir alguna cosa más, pero no puedo. Simplemente quiero decir que, ante los planeamientos del Grupo Parlamentario Socialista de injerencia en las empresas privadas, según ha
señalado ahora su portavoz, nosotros seguimos apostando por una política que ha dado éxito no ya al Gobierno del Partido Popular sino a España. Ahora hay ya cuatro millones largos de empleo, cuatro millones de empleo con escrupuloso respeto a la
ley y en libertad.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Azpiroz.
Procedemos a la votación de la moción del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno en relación al expediente de regulación de empleo, presentado por Antena 3 Televisión, y los motivos
existentes para adoptarlas, con la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 251; a favor, 92; en contra, 159.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazada la moción.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las dieciséis horas.
Eran las ocho y cuarenta y cinco minutos de la noche.