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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 281, de 25/09/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2003 VII Legislatura Núm. 281
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 268
celebrada el jueves, 25 de septiembre de 2003
ORDEN DEL DÍA: Enmiendas del Senado: ...
- Proyecto de Ley sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica, parcialmente, la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 122-1, de 29 de noviembre de 2002. (Número de expediente 121/000122.) ... (Página 14717)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales: ...
- Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República de Uzbekistán, hecho en Madrid el 28 de enero de 2003. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 432, de 19 de mayo de 2003.
(Número de expediente 110/000239.) ... (Página 14720)
- Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Filipinas, hecho en Manila el 12 de noviembre de 2002. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 433, de 19 de mayo de 2003. (Número de expediente
110/000240.) ... (Página 14720)
- Convenio número 180 de la OIT relativo a las horas de trabajo a bordo y la dotación de los buques, hecho en Ginebra el 22 de octubre de 1996.
'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 434, de 19 de mayo de 2003. (Número de
expediente 110/000241.) ... (Página 14720)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Guinea-Bissau en materia de inmigración, hecho en Madrid el 7 de febrero de 2003. 'BOCG.
Sección Cortes Generales', serie A, número 436, de 30 de mayo de 2003.
(Número de expediente
110/000242.) ... (Página 14720)
- Canje de Cartas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República Francesa sobre el régimen fiscal de las instituciones docentes y culturales, por el que se modifica el Acuerdo actualmente vigente, de 28 de febrero de 1974,
hecho en Málaga el 26 de noviembre de 2002. 'BOCG.
Sección Cortes Generales', serie A, número 437, de 30 de mayo de 2003.
(Número de expediente 110/000243.) ... (Página 14720)
- Protocolo que modifica el Convenio por el que se crea una Oficina Europea de Policía (EUROPOL) y Protocolo relativo a los privilegios e inmunidades de Europol, los miembros de sus órganos, sus directores adjuntos y sus agentes, hecho en
Bruselas el 28 de noviembre de 2002.
'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 438, de 30 de mayo de 2003. (Número de expediente 110/000244.) ... (Página 14720)
- Convenio entre el Reino de España y la República Bolivariana de Venezuela para evitar la doble tributación y prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Madrid el 8 de abril
de 2003. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 439, de 30 de mayo de 2003. (Número de expediente 110/000245.) ... (Página 14720)
- Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República Islámica de Irán, hecho en Madrid el 29 de octubre de 2002. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 440, de 30 de mayo de
2003. (Número de expediente 110/000246.) ... (Página 14720)
- Acuerdo de cooperación científica entre el Reino de España y los Estados Unidos de América sobre la estación de seguimiento de la NASA, hecho en Madrid el 28 de enero de 2003. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 444, de 10
de junio de 2003. (Número de expediente 110/000247.) ... (Página 14720)
- Acuerdo por el que se establece una asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Chile, por otra, hecho en Bruselas el 18 de noviembre de 2002. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A,
número 445, de 10 de junio de 2003. (Número de expediente 110/000248.) ... (Página 14720)
- Canje de Notas, de fechas 13 y 21 de febrero de 2003, constitutivo de Acuerdo entre España e Irlanda para la extradición de nacionales, complementario al artículo 6 del Convenio Europeo de Extradición de 13 de diciembre de 1957. 'BOCG.
Sección Cortes Generales', serie A, número 446, de 13 de junio de 2003. (Número de expediente 110/000249.) ... (Página 14720)
- Protocolo al Tratado del Atlántico Norte relativo a la adhesión de la República de Bulgaria, hecho en Bruselas el 26 de marzo de 2003. 'BOCG.
Sección Cortes Generales', serie A, número 447, de 13 de junio de 2003.
(Número de expediente
110/000250.) ... (Página 14721)
- Protocolo al Tratado del Atlántico Norte relativo a la adhesión de la República de Lituania, hecho en Bruselas el 26 de marzo de 2003. 'BOCG.
Sección Cortes Generales', serie A, número 448, de 13 de junio de 2003.
(Número de expediente
110/000251.) ... (Página 14721)
- Protocolo al Tratado del Atlántico Norte relativo a la adhesión de la República Eslovaca, hecho en Bruselas el 26 de marzo de 2003. 'BOCG.
Sección Cortes Generales', serie A, número 449, de 13 de junio de 2003.
(Número de expediente
110/000252.) ... (Página 14721)
- Protocolo al Tratado del Atlántico Norte relativo a la adhesión de la República de Eslovenia, hecho en Bruselas el 26 de marzo de 2003. 'BOCG.
Sección Cortes Generales', serie A, número 450, de 13 de junio de 2003.
(Número de expediente
110/000253.) ... (Página 14721)
- Protocolo al Tratado del Atlántico Norte relativo a la adhesión de la República de Estonia, hecho en Bruselas el 26 de marzo de 2003. 'BOCG.
Sección Cortes Generales', serie A, número 451, de 13 de junio de 2003.
(Número de expediente
110/000254.) ... (Página 14721)
- Protocolo al Tratado del Atlántico Norte relativo a la adhesión de la República de Letonia, hecho en Bruselas el 26 de marzo de 2003 'BOCG.
Sección Cortes Generales', serie A, número 452, de 13 de junio de 2003.
(Número de expediente
110/000255.) ... (Página 14721)
- Protocolo al Tratado del Atlántico Norte relativo a la adhesión de la República de Rumania, hecho en Bruselas el 26 de marzo de 2003.'BOCG.
Sección Cortes Generales', serie A, número 453, de 13 de junio de 2003.
(Número de expediente
110/000256.) ... (Página 14721)
- Acuerdo entre la República Francesa y el Reino de España sobre la readmisión de personas en situación irregular, hecho en Málaga el 26 de noviembre de 2002. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 454, de 13 de junio de 2003.
(Número de expediente 110/000257.) ... (Página 14721)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Namibia para la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Windhoek el 21 de febrero de 2003. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 456, de 20 de junio de
2003. (Número de expediente 110/000258.) ...
(Página 14721)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
- Proyecto de ley de firma electrónica. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 158-1, de 20 de junio de 2003. (Corrección de error en serie A, número 158-4, de 18 de julio de 2003.) (Número de expediente 121/000158.) ...
- Proyecto de Ley General Tributaria. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 155-1, de 6 de junio de 2003. (Corrección de error en serie A, número 155-4, de 17 de julio de 2003.) (Número de expediente 121/000155.) ...
- Proyecto de Ley de modificación y adaptación a la normativa comunitaria de la legislación de seguros privados. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 159-1, de 20 de junio de 2003. (Número de expediente 121/000159.) ...
- Proyecto de Ley orgánica por la que se autoriza la Ratificación del Tratado de Adhesión a la Unión Europea de la República de Chipre, la República de Eslovaquia, la República de Eslovenia, la República de Estonia, la República de Hungría,
la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Malta, la República de Polonia y la República Checa. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 161-1, de 1 de julio de 2003. (Número de expediente 121/000161.) ...
Votación de conjunto ... (Página 14759)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas. (Continuación.)
- Proyecto de Ley General de Subvenciones. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 163-1, de 1 de julio de 2003. (Corrección de error en escrito con núm. reg. 140782.) (Número de expediente 121/000163.) ...
Debates de totalidad de Convenios Internacionales:
- Canje de Notas de fechas 13 y 14 de abril de 2003, entre el Reino de España y el Estado de Kuwait constitutivo de Acuerdo sobre el estatuto de las Fuerzas Armadas españolas en Kuwait. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número
472, de 20 de agosto de 2003. (Número de expediente 110/000266.) ... (Página 14767)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley Reguladora del Museo Nacional del Prado. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 170-1, de 20 de agosto de 2003.
(Número de expediente 121/000170.) ... (Página 14769)
Avocación por el Pleno ... (Página 14782)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Continuación.)
- Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 171-1, de 20 de agosto de 2003. (Número de expediente 121/000171.)
... (Página 14782)
Avocación por el Pleno ... (Página 14800)
Solicitudes de creación de Comisiones de Investigación.
- Solicitud de 84 Diputados del Grupo Parlamentario Socialista, de creación de una Comisión de Investigación sobre evaluación de los planes, medios y protocolos de actuación preexistentes encaminados a prevenir crisis como la que ha tenido
lugar con el petrolero 'Prestige', sobre el análisis de la respuesta dada por las Administraciones Públicas a la crisis del 'Prestige' en todos sus aspectos y sobre las eventuales responsabilidades políticas que se pudieran derivar, así como sobre
la elaboración de propuestas de futuro para evitar en lo posible crisis como la que nos ocupa. (Número de expediente 156/000020.) ... (Página 14800)
- Solicitud de los Grupos Parlamentarios Mixto, Vasco (EAJ-PNV) y Federal de Izquierda Unida, de creación de una Comisión de Investigación para establecer las causas del siniestro del 'Prestige' en las costas de Galicia, la adecuación de las
actuaciones oficiales en el caso y la evaluación de las consecuencias de la catástrofe provocada, con el objetivo de establecer las consecuentes conclusiones y medidas. (Número de expediente 156/000019.) ... (Página
14800)
Propuestas de creación de Subcomisiones:
- Propuesta de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, de creación de una Subcomisión para el estudio de la situación de la industria alimentaria. (Número de expediente 158/000063.) ... (Página 14809)
- Propuesta de la Comisión de Justicia e Interior, de creación de una Subcomisión sobre las víctimas del terrorismo. (Número de expediente 158/000065.) ... (Página 14809)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
Enmiendas del Senado ... (Página 14717)
Proyecto de ley sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica, parcialmente, la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres ...
Intervienen en la defensa de las enmiendas presentadas por el Senado al proyecto de ley el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; y
los señores Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Contreras Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista, y Ortiz González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de
ordenación de los transportes terrestres, se aprueban por 228 votos a favor y uno en contra.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales ... (Página 14720)
Intervienen en relación con el convenio de asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros y la República de Chile, los señores Yáñez-Barnuevo García, del Grupo Parlamentario Socialista; Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y Herrera Antonaya, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República de Uzbekistán, hecho en Madrid el 28 de enero de 2003 ... (Página 14720)
Sometido a votación, se aprueba por 258 votos a favor y uno en contra.
Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Filipinas, hecho en Manila el 12 de noviembre de 2002 ... (Página 14720)
Sometido a votación, se aprueba por 262 votos a favor y una abstención.
Convenio número 180 de la OIT relativo a las horas de trabajo a bordo y la dotación de los buques, hecho en Ginebra el 22 de octubre de 1996 ...
(Página 14720)
Sometido a votación, se aprueba por 263 votos a favor y uno en contra.
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Guinea-Bissau en materia de inmigración, hecho en Madrid el 7 de febrero de 2003. ...
(Página 14720)
Sometido a votación, se aprueba por 258 votos a favor, dos en contra y cinco abstenciones.
Canje de cartas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República Francesa sobre el régimen fiscal de las instituciones docentes y culturales, por el que se modifica el Acuerdo actualmente vigente, de 28 de febrero de 1974,
hecho en Málaga el 26 de noviembre de 2002 ...
(Página 14720)
Sometido a votación, se aprueba por 263 votos a favor y dos abstenciones.
Protocolo que modifica el Convenio por el que se crea una Oficina Europea de Policía (EUROPOL) y Protocolo relativo a los privilegios e inmunidades de Europol, los miembros de sus órganos, sus directores adjuntos y sus agentes, hecho en
Bruselas el 28 de noviembre de 2002 ... (Página 14720)
Sometido a votación, se aprueba por 257 votos a favor y seis abstenciones.
Convenio entre el Reino de España y la República Bolivariana de Venezuela para evitar la doble tributación y prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Madrid el 8 de abril
de 2003 ... (Página 14720)
Sometido a votación, se aprueba por 264 votos a favor.
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República Islámica de Irán, hecho en Madrid el 29 de octubre de 2002 ... (Página 14720)
Sometido a votación, se aprueba por 265 votos a favor y una abstención.
Acuerdo de cooperación científica entre el Reino de España y los Estados Unidos de América sobre la estación de seguimiento de la NASA, hecho en Madrid el 28 de enero de 2003 ... (Página 14720)
Sometido a votación, se aprueba por 264 votos a favor y uno en contra.
Acuerdo por el que se establece una asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Chile, por otra, hecho en Bruselas el 18 de noviembre de 2002 ... (Página 14720)
Sometido a votación, se aprueba por 261 votos a favor y dos abstenciones.
Canje de notas, de fechas 13 y 21 de febrero de 2003, constitutivo de Acuerdo entre España e Irlanda para la extradición de nacionales, complementario al artículo 6 del Convenio Europeo de Extradición de 13 de diciembre de 1957 ...
Sometido a votación, se aprueba por 265 votos a favor.
Protocolo al Tratado del Atlántico Norte relativo a la adhesión de la República de Bulgaria, hecho en Bruselas el 26 de marzo de 2003 ...
(Página 14721)
Sometido a votación, se aprueba por 258 votos a favor, cinco en contra y una abstención.
Protocolo al Tratado del Atlántico Norte relativo a la adhesión de la República de Lituania, hecho en Bruselas el 26 de marzo de 2003 ...
(Página 14721)
Sometido a votación, se aprueba por 256 votos a favor, cuatro en contra y tres abstenciones.
Protocolo al Tratado del Atlántico Norte relativo a la adhesión de la República Eslovaca, hecho en Bruselas el 26 de marzo de 2003 ... (Página 14721)
Sometido a votación, se aprueba por 260 votos a favor, tres en contra y una abstención.
Protocolo al Tratado del Atlántico Norte relativo a la adhesión de la República de Eslovenia, hecho en Bruselas el 26 de marzo de 2003 ...
(Página 14721)
Sometido a votación, se aprueba por 254 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones.
Protocolo al Tratado del Atlántico Norte relativo a la adhesión de la República de Estonia, hecho en Bruselas el 26 de marzo de 2003 ...
(Página 14721)
Sometido a votación, se aprueba por 257 votos a favor, cuatro en contra y una abstención.
Protocolo al Tratado del Atlántico Norte relativo a la adhesión de la República de Letonia, hecho en Bruselas el 26 de marzo de 2003 ...
(Página 14721)
Sometido a votación, se aprueba por 260 votos a favor, cuatro en contra y una abstención.
Protocolo al Tratado del Atlántico Norte relativo a la adhesión de la República de Rumania, hecho en Bruselas el 26 de marzo de 2003 ...
(Página 14721)
Sometido a votación, se aprueba por 259 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones.
Acuerdo entre la República Francesa y el Reino de España sobre la readmisión de personas en situación irregular, hecho en Málaga el 26 de noviembre de 2002 ... (Página 14721)
Sometido a votación, se aprueba por 260 votos a favor, uno en contra y una abstención.
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Namibia para la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Windhoek el 21 de febrero de 2003 ... (Página 14721)
Sometido a votación, se aprueba por 263 votos a favor y tres abstenciones.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página 14725)
Proyecto de ley de firma electrónica ... (Página 14725)
En defensa de las enmiendas presentadas al proyecto de ley intervienen el señor Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; el señor Jané i
Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Muñoz Santamaría, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Moreno Bonilla, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se someten a votación las enmiendas presentadas, que son rechazadas.
A continuación se somete a votación el texto del dictamen del proyecto de ley de firma electrónica, que es
aprobado por 154 votos a favor, 108 en contra y 21 abstenciones.
Proyecto de ley general tributaria ... (Página 14735)
En defensa de las enmiendas presentadas al proyecto de ley intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, y Otxoa de Eribe Elorza, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que las dan por defendidas; Frutos Gras, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario
Socialista, y López-Amor García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
La Presidencia pide el consentimiento de la Cámara para la tramitación de la enmienda transaccional que propone el Grupo Popular con respecto a la número 366 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y que ha sido aceptada por
dicho grupo.
Se someten a votación las enmiendas presentadas al proyecto de ley general tributaria, que son rechazadas, excepto la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en relación con la enmienda 366 del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que es aprobada por 184 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones.
Se someten a votación, en primer lugar, los artículos 29, 43.1 letra f), 74 y disposición adicional séptima, del texto del dictamen del proyecto de ley general tributaria, que son aprobados por 167 votos a favor, 119 en contra y 10
abstenciones.
Sometido a votación el resto del dictamen, se aprueba por 179 votos a favor, 107 en contra y diez abstenciones.
Proyecto de ley de modificación y adaptación a la normativa comunitaria de la legislación de seguros privados ... (Página 14746)
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Frutos Gras, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que da por defendidas las que se mantienen
vivas; Sánchez Garrido, del Grupo Parlamentario Socialista; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se someten a votación las enmiendas presentadas al proyecto de ley de modificación y adaptación a la normativa comunitaria de la legislación de seguros privados, que son rechazadas.
A continuación se somete a votación el texto del dictamen, que es aprobado por 176 votos a favor, uno en contra y 107 abstenciones.
Proyecto de ley orgánica por la que se autoriza la ratificación del Tratado de Adhesión a la Unión Europea de la República de Chipre, la República de Eslovaquia, la República de Eslovenia, la República de Estonia, la República de Hungría, la
República de Letonia, la República de Lituania, la República de Malta, la República de Polonia y la República Checa ... (Página 14751)
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto, y los señores Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió); García Breva, del Grupo Parlamentario Socialista, y Martínez Casañ, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometido a votación el texto del dictamen del proyecto de ley orgánica por la que se autoriza la ratificación del Tratado de adhesión a la Unión Europea de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de
Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca, se aprueba por 291 votos a favor.
Votación de conjunto ... (Página 14759)
Sometido a votación de conjunto el proyecto de ley por su carácter orgánico, se aprueba por 291 votos a favor, uno en contra y una abstención.
Proyecto de ley general de subvenciones ... (Página 14759)
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Lasagabaster Olazábal y los señores Rodríguez Sánchez y Puigcercós i Boixassa, que da por defendidas sus enmiendas, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora López González, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor De
Juan i Casadevall, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Debates de totalidad de convenios internacionales ... (Página 14767)
Canje de notas de fechas 13 y 14 de abril de 2003, entre el Reino de España y el Estado de Kuwait constitutivo de acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas Armadas Españolas en Kuwait ... (Página 14767)
En defensa de la propuesta de negación de la autorización presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida interviene el señor Centella Gómez.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Marsal i Muntalá, del Grupo Parlamentario Socialista, y Landaluce Calleja, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página 14769)
Proyecto de ley reguladora del Museo Nacional del Prado ... (Página 14769)
Presenta el proyecto de ley la señora ministra de Educación, Cultura y Deporte (Del Castillo Vera), y aprovecha la ocasión para hacer algunas consideraciones sobre la política cultural del Gobierno y los fundamentos en los que se sustenta.
Explica los tres elementos fundamentales: primero, la atención al patrimonio y su conservación; segundo, la promoción y difusión de los distintos aspectos de nuestra cultura y, tercero, el reconocimiento y estímulo de los valores emergentes, y
afirma que es precisamente en este contexto en el que hay que enmarcar el proyecto de ley reguladora del Museo Nacional del Prado. Añade que el texto normativo que contiene este proyecto de ley convierte al Museo Nacional del Prado en un organismo
público de carácter especial, bajo un régimen jurídico sujeto al derecho público pero con posibilidad de actuación en el marco del derecho privado y muestra su convencimiento de que, tras la aprobación del proyecto de ley, el Museo Nacional del
Prado tendrá la mejor oportunidad de su historia para situarse a la altura de la excelencia de sus colecciones y del reconocimiento de la sociedad española como su máximo exponente cultural entre los primeros del mundo occidental.
En defensa de la enmienda a la totalidad presentada a este proyecto de ley, interviene el señor Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Leguina Herrán, del Grupo Parlamentario
Socialista, y Rodríguez-Salmones Cabeza, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas (continuación.) ... (Página 14781)
Se someten a votación las enmiendas al proyecto de ley general tributaria, que son rechazadas.
Sometido a votación el texto del dictamen, se aprueba por 168 votos a favor y 120 en contra.
Debates de totalidad de convenios internacionales (continuación.) ...
(Página 14782)
Canje de notas de fechas 13 y 14 de abril de 2003, entre el Reino de España y el Estado de Kuwait constitutivo de acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas Armadas Españolas en Kuwait ... (Página 14782)
Sometida a votación la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que supone la denegación de la autorización del referido canje de notas, se rechaza por diez votos a favor, 274 en contra y tres
abstenciones.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas (continuación.) ...
(Página 14782)
Proyecto de ley reguladora del Museo Nacional del Prado ... (Página 14782)
Sometida a votación la enmienda a la totalidad de devolución, presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, al proyecto de ley reguladora del Museo Nacional del Prado, se rechaza por 11 votos a favor, 177 en contra y 99
abstenciones.
Avocación por el Pleno ... (Página 14782)
Proyecto de ley reguladora del Museo Nacional del Prado ... (Página 14782)
La Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley reguladora del Museo Nacional del Prado, lo que se aprueba
por asentimiento.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas (continuación.) ...
(Página 14782)
Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas de reproducción asistida ... (Página 14782)
Presenta el proyecto de ley la señora ministra de Sanidad y Consumo (Pastor Julián), en nombre del Gobierno. Manifiesta en primer lugar que la modificación de la Ley de reproducción asistida es ante todo un ejercicio de responsabilidad,
porque la sociedad demanda a los poderes públicos que resuelvan los problemas reales de los ciudadanos y éste que hoy se debate no es un problema baladí, puesto que afecta de lleno a la salud de las personas. Afirma que el Gobierno ha hecho
efectivamente un ejercicio de responsabilidad analizando con detalle la situación, consultando a expertos, encargando estudios y presentando una reforma equilibrada y respetuosa con el carácter plural de nuestra sociedad y con los legítimos
intereses de todos. En segundo lugar afirma que esta propuesta mejora la situación existente, como lo corrobora la opinión de la Comisión de reproducción humana asistida y el sentir mayoritario de la sociedad, por lo que considera que no está
justificada la enmienda a la totalidad que hoy se presenta al proyecto de ley. A continuación pasa a explicar los objetivos de la reforma, que son: primero, evitar las gestaciones múltiples y mejorar cada una de las fases del proceso de
reproducción asistida; y segundo, resolver el problema de la actual acumulación de embriones crioconservados, dando una solución ética y abierta a nuevas líneas de investigación. Finalmente reitera que es una solución equilibrada porque ha sido
construida desde la búsqueda del consenso entre las diferentes posturas existentes ante cuestiones tan trascendentes como es el respeto a la vida, el deseo de la fertilidad de las parejas y el respeto a la libertad de investigación, a favor siempre
de la salud humana.
En defensa de la enmienda a la totalidad con texto alternativo interviene el señor Lissavetzky Díez, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; las señoras Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV); Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Martí i Galbis, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Mingo Zapatero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la enmienda a la totalidad con texto alternativo, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas de reproducción asistida, se
rechaza por 94 votos a favor, 176 en contra y dos abstenciones.
Avocación por el Pleno ... (Página 14800)
La Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley por la que se modifica la Ley 35/1988, de 22 de noviembre,
sobre técnicas de reproducción asistida, lo que se aprueba por asentimiento.
Solicitudes de creación de comisiones de investigación ... (Página 14800)
Solicitud de 84 diputados del Grupo Parlamentario Socialista, de creación de una comisión de investigación sobre evaluación de los planes, medios y protocolos de actuación preexistentes encaminados a prevenir crisis como la que ha tenido
lugar con el petrolero 'Prestige', sobre el análisis de la respuesta dada por las administraciones públicas a la crisis del 'Prestige' en todos sus aspectos y sobre las eventuales responsabilidades políticas que se pudieran derivar, así como sobre
la elaboración de propuestas de futuro para evitar en lo posible crisis como la que nos ocupa ... (Página 14800)
Solicitud de los grupos parlamentarios Mixto, Vasco (EAJ-PNV) y Federal de Izquierda Unida, de creación de una comisión de investigación para establecer las causas del siniestro del 'Prestige' en las costas de Galicia, la adecuación de las
actuaciones oficiales en el caso y la evaluación de las consecuencias de la catástrofe provocada, con el objetivo de establecer las consecuentes conclusiones y medidas ...
(Página 14800)
Presentan las solicitudes de creación de una comisión de investigación sobre la catástrofe del 'Prestige', los señores Díaz Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista, que explica las razones por las que era necesaria una comisión de
investigación hace nueve meses y lo sigue siendo ahora; Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, que expone los principios básicos que están siendo violados, dice, por el Gobierno en el caso de la catástrofe del 'Prestige' y sus
consecuencias; y la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que insiste en que sigue siendo necesario la creación de una comisión de investigación porque sigue existiendo el problema y no se han investigado ni las
causas ni las actuaciones que se han llevado a cabo.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Sainz García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la solicitud de 84 diputados del Grupo Parlamentario Socialista, de creación de una comisión de investigación sobre evaluación de los planes, medios y protocolos de actuación preexistentes encaminados a prevenir crisis
como la que ha tenido lugar con el petrolero 'Prestige', sobre el análisis de la respuesta dada por las administraciones públicas a la crisis del 'Prestige' en todos sus aspectos y sobre las eventuales responsabilidades políticas que se pudieran
derivar, así como sobre la elaboración de propuestas de futuro para evitar en lo posible crisis como la que nos ocupa, se rechaza por 89 votos a favor, 163 en contra y ocho abstenciones.
Sometida a votación la solicitud de los grupos parlamentarios Mixto, Vasco (EAJ-PNV) y Federal de Izquierda Unida, de creación de una comisión de investigación para establecer las causas del siniestro del 'Prestige' en las costas de Galicia,
la adecuación de las actuaciones oficiales en el caso y la evaluación de las consecuencias de la catástrofe provocada, con el objetivo de establecer las consecuentes conclusiones y medidas, se rechaza por 89 votos a favor, 163 en contra y siete
abstenciones.
Propuestas de creación de subcomisiones ... (Página 14809)
Propuesta de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, de creación de una subcomisión para el estudio de la situación de la industria alimentaria ... (Página 14809)
Sometida a votación la propuesta de creación de una subcomisión para el estudio de la situación de la industria alimentaria, se aprueba por 259 votos a favor, uno en contra y una abstención.
Propuesta de la Comisión de Justicia e Interior, de creación de una subcomisión sobre las víctimas del terrorismo ... (Página 14809)
Sometida a votación la propuesta de creación de una subcomisión sobre las víctimas del terrorismo, se aprueba por 261 votos a favor.
Se levanta la sesión a las ocho y cinco minutos de la noche.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
ENMIENDAS DEL SENADO:
- PROYECTO DE LEY SOBRE MEJORA DE LAS CONDICIONES DE COMPETENCIA Y SEGURIDAD EN EL MERCADO DE TRANSPORTE POR CARRETERA, POR LA QUE SE MODIFICA PARCIALMENTE LA LEY 16/1987, DE 30 DE JULIO, DE ORDENACIÓN DE LOS TRANSPORTES TERRESTRES. (Número
de expediente 121/000122.)
La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
Punto VI del orden del día: Enmiendas del Senado. Enmiendas del Senado al proyecto de ley sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo va a votar favorablemente todas y cada una de las enmiendas que nos remite el Senado a este proyecto de ley, que trata de mejorar las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera y viene a
modificar algunos artículos de la vigente Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres. Las enmiendas que ha introducido la Alta Cámara son de perfeccionamiento técnico-jurídico del texto que les remitimos desde el Congreso de los
Diputados, sobre todo ajustándose a unas terminologías nuevas de directivas, normas o acuerdos europeos sobre el transporte internacional. Por ejemplo, con la modificación del artículo 140 se especifica claramente que se puede llevar a cabo una
acción punitiva sancionando al transportista por la simple instalación en el vehículo de aparatos o instrumentos de control que hayan sido manipulados o alterados indebidamente. Esto responde al principio de seguridad de tráfico vial. En este
sentido trabaja en esta Cámara dentro de la Comisión de Justicia e Interior la subcomisión sobre medidas a proponer a las distintas administraciones y servicios de la seguridad del transporte por carretera para evitar los accidentes de tráfico, tan
lesivos para todo el sistema socioeconómico nacional, por la alta cifra de muertos y heridos anuales que se registran. Con esta modificación que se ha introducido en el Senado, cualquier infracción que pueda provocar un accidente de tráfico queda
sujeta a esta reglamentación. Asimismo en este artículo, se hace una modificación en cuanto a las mercancías pertenecientes a clases limitativas, por la nueva terminología derivada del acuerdo europeo de transporte internacional de mercancías
peligrosas por carretera, lo que se denominan actualmente mercancías sujetas a autorización previa.
La enmienda al artículo 141 fija una sanción administrativa para la no devolución de cualquier documentación que haya caducado o haya sido revocada por la administración competente y así se encuentre establecido reglamentariamente. Esta
matización del Senado es importante, pues así se evita que solamente estuviera reconocido en un reglamento y esta acción administrativa sancionadora no tuviera un respaldo legal, con lo cual nos podríamos ver abocados a un recurso de amparo ante el
Tribunal Constitucional por parte de cualquier afectado. Es lo que ha ocurrido algunas veces cuando tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo han tenido que decidir en temas relativos a la inmigración, por lo que está en trámite en
la Cámara la modificación de la Ley de inmigración, por una sentencia del Tribunal Supremo sobre algo que solamente se había fijado en un reglamento. Igualmente, el apartado 5 del artículo 141 introduce los supuestos sancionables en cuanto a la
obligación de pasar la revisión periódica de los aparatos de control.
Como digo, todas estas enmiendas responden a un principio de seguridad en el tráfico a través de acciones administrativas competentes y por tanto, señora presidenta, las vamos a
votar favorablemente, porque perfeccionan y garantizan técnica y legalmente el texto originario.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a votar a favor de las enmiendas que ha introducido el Senado, dado que ha recogido algunas de las que este grupo parlamentario presentó en esta Cámara y que fueron rechazadas.
Aunque no sustancialmente, se ha mejorado el texto del proyecto. Las escasas modificaciones y cambios que se introdujeron en el proyecto que salió de aquí no han recogido determinados aspectos que en la normativa europea ya se habían incorporado y
se estaban aplicando y aquí se negó esa posibilidad. Por ello, señorías, no es que el texto haya cambiado sustancialmente, pero las enmiendas sí que vienen a recoger algunos de los aspectos que en el Congreso no se admitieron. Por lo tanto, sin
ese cambio sustancial, va a mejorar el texto que salió de esta Cámara en determinados aspectos, puesto que recoge algunas de las apreciaciones que los profesionales del transporte venían reivindicando en algunos aspectos. Por eso, señorías, mi
grupo parlamentario
votará a favor de las enmiendas, sin que por ello esté de acuerdo con el texto que presentó el Gobierno y que salió de esta Cámara, puesto que no va a ser útil en cuanto a determinados aspectos que el sector del transporte viene
reivindicando y que no han quedado recogidos en el texto.
Nada más y muchas gracias, señor presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Muchas gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo va a votar favorablemente todas las enmiendas que provienen del Senado, por cuanto algunas de ellas recogen cuestiones que en el debate en el Congreso no habían podido prosperar y ahora se han podido introducir a través de
alguna de las transacciones que se votarán hoy.
Son importantes las enmiendas a los artículos 140 y 141, referidas a nuevas figuras en supuestos sancionables, porque lo que se pretende con ellas es no dejar nada fuera de la ley, aunque siempre
quedará algo, como es lógico. La redacción también ha mejorado, lo cual es importante, ya que es interesante que todo aquello que se refiere a supuestos sancionables tenga una redacción muy clara, para que los usuarios, que son muchos en este tema,
sepan cuáles son las obligaciones que tienen que cumplir. Como ya he dicho, algunos de los supuestos que figuran son resultado de la aceptación por parte del grupo mayoritario de cuestiones que no habían llegado a buen fin en el debate en el
Congreso y que en el Senado se han podido introducir. En la disposición adicional novena, a la que habíamos presentado enmiendas, también se ha recogido nuestro redactado. Por tanto, como es lógico, tenemos que dar nuestro voto favorable a todas
estas enmiendas.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sedó.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Contreras.
El señor CONTRERAS PÉREZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, me van a permitir que haga una breve síntesis de la tramitación parlamentaria del proyecto de ley sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado del transporte por carretera.
Comenzaré por las
circunstancias que motivan la presentación de este proyecto de ley y que nosotros compartimos. Es cierto, como se afirma en la exposición de motivos, que en los últimos años se ha producido una serie de cambios que exigen una adaptación de la Ley
de Ordenación del Transporte Terrestre (LOT) a la nueva realidad del transporte por carretera. Entre los cambios más significativos producidos cabe destacar el paso de un mercado intervenido a otro más liberalizado, que exige que la inspección
persiga conductas lesivas a la libre competencia; el nuevo régimen jurídico de las autorizaciones, que nos obliga a la adecuación de los tipos constitutivos de infracción, y, finalmente, el análisis de la jurisprudencia sobre esta materia hace
necesario adecuar la precisión de las conductas y los supuestos constitutivos de infracción.
Estas razones, así como el amplio consenso logrado entre el sector y el Ministerio de Fomento para que se produjese un cambio legislativo, llevaron al Grupo Socialista a no presentar una enmienda de totalidad, con la esperanza de que a
través de enmiendas parciales se lograse una mejora sustancial del proyecto de ley, que a nuestro entender se caracterizaba por su complejidad, por lo farragoso de los supuestos de infracción, por el excesivo número de infracciones muy graves y por
la formulación enrevesada de los tipos de infracción. El Grupo Socialista presentó cerca de 60 enmiendas, de las que se aceptaron menos de una decena, y el texto aprobado siguió caracterizado, a nuestro entender y al del Consejo de Estado, por la
falta de claridad, claridad que se debe exigir a un texto que puede dar lugar a sanciones de hasta 18.000 euros, tres millones de las antiguas pesetas.
El texto que viene del Senado añade ocho enmiendas que, como es obvio, no mejoran sustancialmente el proyecto de ley, aunque sí reconocemos que suponen mejoras puntuales. La primera, al artículo 33, apartado 4, modifica el texto del
precepto para incluir los casos del mal funcionamiento del tacógrafo imputable al transportista entre los supuestos en los que la inspección de transporte terrestre puede ordenar el traslado forzoso del vehículo para su examen. La enmienda a la
disposición adicional novena, que se introdujo en el debate en Comisión, modifica el texto inicial para permitir al desarrollo reglamentario de la ley valorar en su caso el cumplimiento de los planes individualizados de innovación y mejora de la
calidad, llevados a cabo por las empresas concesionarias a efectos de la adjudicación de los concursos que se convoquen para el otorgamiento de concesiones de transporte de viajeros.
Al artículo 140, relativo a la tipificación de las infracciones muy graves se han aprobado en el Senado tres enmiendas. La primera, apartado 10.2, al objeto de permitir sancionar al transportista por la instalación en el vehículo de
aparatos o instrumentos de control que hayan sido manipulados o alterados indebidamente. La segunda, al apartado 25.15, para adaptarlo al acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera, y la tercera, al
apartado 25.16, para incluir entre los supuestos sancionables la utilización de paneles inadecuados.
Al artículo 141, relativo a la tipificación de las infracciones graves, se han aprobado otras tres enmiendas.
En la primera, al apartado 2, se ha incluido como supuesto sancionable la no devolución de cualquier documento que haya sido revocado o haya caducado. En la segunda, al apartado 5, se ha añadido entre los supuestos sancionables el
incumplimiento de la obligación de pasar revisión periódica de los aparatos de control en los plazos y forma establecidos.
Finalmente, en la tercera, al apartado 11, se ha incluido como supuestos sancionables la carencia no significativa de datos
registrados en el aparato de control de los tiempos de conducción y descanso o en las tarjetas de los conductores.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista va a votar favorablemente todas las enmiendas que vienen del Senado, pero queremos dejar constancia de que a pesar de las puntuales mejoras técnicas que suponen las mismas, el proyecto de ley sigue
careciendo de la claridad exigible a una norma tipificadora de infracciones, tanto por su excesivo reglamentismo, como por la redacción enrevesada de las conductas y supuestos constitutivos de infracción. Por ello estamos convencidos que esta falta
de rigor en la redacción, especialmente de los artículos 140 y 141, en los que se tipifican las faltas muy graves y graves respectivamente, dará lugar a largos procesos en los tribunales que irán en detrimento de las empresas más débiles del sector.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Contreras.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Ortiz.
El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta
Señorías, la exposición que acaba de hacer el señor Contreras me exime en buena parte de una referencia explícita a todas y cada de unas las enmiendas que ha incorporado el Senado. En todo caso, con este proyecto de ley sobre mejora de las
condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, estamos ante la presencia de una ley ciertamente muy
importante para el mercado, como se ha puesto en evidencia en las intervenciones de todos y en el debate en Comisión el pasado 7 de mayo.
La nueva regulación supone un avance fundamental y, como ha subrayado el portavoz del Grupo Socialista, valora de un modo muy especial el cambio del entorno. Hemos pasado de un entorno de transporte intervenido a un ámbito, por el
contrario, de un mercado liberalizado. La ley tiene una preocupación básica por la competencia transparente y sobre todo por los niveles de seguridad adecuados. Entre otras cosas, trata de perseguir las prácticas anticompetitivas contrarias a la
seguridad: los excesos de peso, excesos de los tiempos de conducción, abusos de carga y descarga, tal como se aprobó en octubre del año 2000 con cargadores y transportistas. En efecto, como se recuerda, el 4 de octubre del año 2000 se alcanzó un
acuerdo entre los ministerios de Hacienda, Fomento y Economía y las organizaciones profesionales, en cuya base novena se recogía el compromiso fundamental de someter al principio de reserva de ley la definición, en sentido penal, de los tipos
infractores.
En esencia, los objetivos de la nueva regulación, a los que ha sido plenamente fiel el Senado en sus enmiendas, son que los mecanismos de transporte del mercado por carretera estén inspirados en la máxima transparencia, que se refuercen los
mecanismos de inspección y control, que se persiga y sancione la práctica de competencia desleal y se mejore la coordinación de los distintos departamentos y administraciones cuyas competencias afectan al ejercicio de la actividad de transporte.
Por eso se modificaban los artículos 22, 23, 33, 35.2, 38, 42 y 45 y naturalmente, lo que es más importante, todo el título V referido al régimen sancionador. En su momento el texto fue informado favorablemente por el Consejo Económico y Social y
por el Consejo de Estado.
Las novedades de la ley son importantes, novedades relativas a la competencia y transparencia, entre las cuales está la mejora de la coordinación administrativa, fundamentalmente de coordinación entre la Dirección General de Transportes por
Carretera, la de Tráfico, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social; novedades relativas a las potestades regulatorias de control administrativo, con una mejor definición de las competencias, y la posibilidad de presentar la documentación en las
oficinas públicas, así como la habilitación a las fuerzas de vigilancia de carretera para ordenar el desplazamiento de un vehículo a un taller de una zona determinada, hasta una distancia de 30 kilómetros, que a algunos grupos parlamentarios pareció
excesiva pero que está más en la realidad.
Finalmente, se introducen mejoras en materia de seguridad en el ejercicio de esa actividad y sobre todo el sometimiento al principio de reserva de ley de los nuevos tipos infractores, de acuerdo, como ha
recordado acertadamente el señor Contreras, con la jurisprudencia en la materia.
En definitiva, el proyecto de ley es un paso importante. Ya en el trámite en Comisión, con competencia legislativa plena, aceptamos 22 enmiendas del total de las que se propusieron, bien mediante su aceptación pura y simple o bien mediante
la formulación y aceptación de enmiendas transaccionales. Las enmiendas del Senado, que son pocas, me parece que afectan a cuatro preceptos, insisten en los objetivos de mejora de la ley. Son las enmiendas al artículo 33.4, a la disposición
adicional novena, a la que se ha referido el señor Contreras, que tiene un origen en la petición del Grupo Socialista, y fundamentalmente los artículos 140 y 141, sobre normas sancionadoras, a los apartados 10, 25.15 y 25.16 del artículo 140 y a los
apartados 2, 5 y 11 del
artículo 141. En definitiva, algunas de las enmiendas son de una cierta importancia y significación, pero son enmiendas de matiz, son meros retoques al texto fundamental que lo mejoran sustancialmente y que por tanto se podrían incorporar
al grupo de mejoras de carácter técnico.
Coincidimos con el Grupo Parlamentario Socialista en que queda un texto legal bastante bueno e importante pero farragoso, con la farragosidad de la norma que se mueve entre lo legal y lo reglamentario, entre
el casuismo y la generalidad, pero las enmiendas del Senado son absolutamente aceptables y mi grupo, como es obvio dada la mayoría en el Senado, y coincidiendo en esto con todos los grupos de la Cámara, las va a votar favorablemente.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ortiz.
Señorías, sometemos a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de
julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 229; a favor, 228; en contra, uno.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES.
- ACUERDO PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE UZBEKISTÁN, HECHO EN MADRID EL 28 DE ENERO DE 2003. (Número de expediente 110/000239.)
- CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE FILIPINAS, HECHO EN MANILA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2002. (Número de expediente 110/000240.)
- CONVENIO NÚMERO 180 DE LA OIT RELATIVO A LAS HORAS DE TRABAJO A BORDO Y LA DOTACIÓN DE LOS BUQUES, HECHO EN GINEBRA EL 22 DE OCTUBRE DE 1996.
(Número de expediente 110/000241.)
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE GUINEA-BISSAU EN MATERIA DE INMIGRACIÓN, HECHO EN MADRID EL 7 DE FEBRERO DE 2003. (Número de expediente 110/000242.)
- CANJE DE CARTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA FRANCESA SOBRE EL RÉGIMEN FISCAL DE LAS INSTITUCIONES DOCENTES Y CULTURALES, POR EL QUE SE MODIFICA EL ACUERDO ACTUALMENTE VIGENTE, DE 28 DE FEBRERO DE 1974,
HECHO EN MÁLAGA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2002.
(Número de expediente 110/000243.)
- PROTOCOLO QUE MODIFICA EL CONVENIO POR EL QUE SE CREA UNA OFICINA EUROPEA DE POLICÍA (EUROPOL) Y PROTOCOLO RELATIVO A LOS PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE EUROPOL, LOS MIEMBROS DE SUS ÓRGANOS, SUS DIRECTORES ADJUNTOS Y SUS AGENTES, HECHO EN
BRUSELAS EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2002.
(Número de expediente 110/000244.)
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN Y EL FRAUDE FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, HECHO EN MADRID EL 8 DE ABRIL
DE 2003. (Número de expediente 110/000245.)
- ACUERDO PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN, HECHO EN MADRID EL 29 DE OCTUBRE DE 2002. (Número de expediente 110/000246.)
- ACUERDO DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SOBRE LA ESTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA NASA, HECHO EN MADRID EL 28 DE ENERO DE 2003. (Número de expediente 110/000247.)
- ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE UNA ASOCIACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA DE CHILE, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2002. (Número de expediente 110/000248.)
- CANJE DE NOTAS, DE FECHAS 13 Y 21 DE FEBRERO DE 2003, CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE ESPAÑA E IRLANDA PARA LA EXTRADICIÓN DE NACIONALES, COMPLEMENTARIO AL ARTÍCULO 6 DEL
CONVENIO EUROPEO DE EXTRADICIÓN DE 13 DE DICIEMBRE DE 1957. (Número de expediente 110/000249.)
- PROTOCOLO AL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE RELATIVO A LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE BULGARIA, HECHO EN BRUSELAS EL 26 DE MARZO DE 2003.) (Número de expediente 110/000250.)
- PROTOCOLO AL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE RELATIVO A LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE LITUANIA, HECHO EN BRUSELAS EL 26 DE MARZO DE 2003. (Número de expediente 110/000251.)
- PROTOCOLO AL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE RELATIVO A LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA ESLOVACA, HECHO EN BRUSELAS EL 26 DE MARZO DE 2003. (Número de expediente 110/000252.)
- PROTOCOLO AL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE RELATIVO A LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA, HECHO EN BRUSELAS EL 26 DE MARZO DE 2003. .) (Número de expediente 110/000253.)
- PROTOCOLO AL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE RELATIVO A LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE ESTONIA, HECHO EN BRUSELAS EL 26 DE MARZO DE 2003. (Número de expediente 110/000254.)
- PROTOCOLO AL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE RELATIVO A LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE LETONIA, HECHO EN BRUSELAS EL 26 DE MARZO DE 2003. (Número de expediente 110/000255.)
- PROTOCOLO AL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE RELATIVO A LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE RUMANIA, HECHO EN BRUSELAS EL 26 DE MARZO DE 2003. (Número de expediente 110/000256.)
- ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA FRANCESA Y EL REINO DE ESPAÑA SOBRE LA READMISIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN IRREGULAR, HECHO EN MÁLAGA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2002. (Número de expediente 110/000257.)
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE NAMIBIA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES, HECHO EN WINDHOEK EL 21 DE FEBRERO DE 2003. (Número de expediente 110/000258.)
La señora PRESIDENTA: Punto VII del orden del día: Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales.
¿Grupos que desean intervenir en alguno de estos convenios? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señor Yáñez.
El señor YÁÑEZ-BARNUEVO GARCÍA: Señora presidenta, señoras y señores diputados, voy a intervenir brevemente. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Yáñez.
Señorías, guarden silencio, por favor.
Adelante.
El señor YÁÑEZ-BARNUEVO GARCÍA: Decía que creíamos que merecía la pena intervenir en el convenio de asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros y la República de Chile. Es un tratado de tanta trascendencia histórica que creo
que no merecía pasar desapercibido en esta Cámara en su trámite de ratificación, porque sentimos una gran satisfacción por este acto de ratificación de un convenio largamente esperado. El motivo de la satisfacción es doble; en primer lugar, que
sea Chile con quien se haga, se firme, se ratifique el mayor tratado de asociación estratégica que tengan la Unión Europea y sus Estados miembros con cualquier país del mundo que no sea candidato a ingresar en la Unión Europea. En segundo lugar,
que coincida esta ratificación parlamentaria con las fechas de la conmemoración del 30.º aniversario de la muerte trágica del presidente Salvador Allende y, exactamente en el día de ayer, del 30.º aniversario de la muerte no menos trágica del gran
poeta Pablo Neruda, víctima también indirecta de la dictadura pinochetista.
Chile ha sido y es un ejemplo de concertación y de consenso democrático, de progreso social y eficacia económica con todos los gobiernos democráticos, tanto con los presidentes Elwin y Frey como con el socialista Ricardo Lagos, actual
presidente de la República de Chile. Ese país ha conseguido en estos años el prestigio, el reconocimiento y el respeto del mundo entero.
Este ambicioso tratado trae origen remoto y reciente. Desde el año 1990, como dice el propio tratado en su preámbulo, en que se firma el acuerdo de cooperación entre la Comunidad Europea y Chile, ya se empiezan a sentar las bases de este
tratado más ambicioso y más perfeccionado. Desde 1990 pasamos a 1995, en el Consejo Europeo de Madrid, en el que, bajo la presidencia de Felipe González, se dedican las primeras ideas sobre la asociación estratégica como tratado de nueva generación
de la Unión Europea con terceros países. Ya en el Consejo Europeo de Florencia, en la primavera de 1996, se firma ese concepto de asociación estratégica por el presidente de Chile Eduardo Frey, por Romano
Prodi y por el comisario español Manuel Marín, empezándose en aquel momento a negociar los tratados de asociación estratégica con países terceros. Todo ello culmina en Madrid en mayo de 2002 siendo entonces presidente de Chile ya Ricardo
Lagos y de España el señor Aznar López. Es decir, que es un tratado que tiene un recorrido, como no puede ser menos en las relaciones internacionales, que va superando gobiernos de un color o de otro, siempre democráticos, y el trabajo común de
todos lleva a este resultado ampliamente satisfactorio del que todos debemos sentirnos orgullosos.
Quizá un pequeño pero. Nos hubiera gustado que el Gobierno trajera a ratificación este acuerdo antes, porque hemos estado a punto, por razones de agenda parlamentaria, de terminar la legislatura sin haber ratificado este importante
convenio, convenio que consta de 206 artículos, 17 anexos y de las declaraciones de las partes. No voy a detenerme en un documento tan amplio, de más de 1.500 páginas, porque sería obviamente prolijo, pero además de las múltiples medidas de
liberalización de los intercambios y fomento de las inversiones, se subraya el carácter político e ideológico de la relación entre ambos países porque su relación se basa -comillas- en el pleno compromiso del respeto a los principios democráticos y
a los derechos humanos fundamentales establecidos en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de Naciones Unidas. Es algo que parece obvio pero que hace pocos años no lo era porque entonces predominaba mucho más la idea de la continuidad
del Estado, fuera en dictadura o fuera en democracia. Este tipo de tratados solamente pueden establecerse entre democracias y cae automáticamente si alguno de los países sufriera, que no parece el caso, un golpe de Estado, un retroceso en la
democracia.
Quiero, por último, saludar en el Chile democrático de hoy la firmeza y la dignidad de un pueblo que, formando parte su Gobierno en estos dos años del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ha sabido soportar sin doblegarse las presiones y
amenazas de los fuertes para cambiar su posición en relación con la crisis de Irak. Hoy comprobamos que los grandes respetan a los pequeños, a los pequeños y amigos que se respetan a sí mismos. Chile no sólo tiene hoy, con esto que hoy
ratificamos, una asociación con la Unión Europea, sino que acaba de firmar también un tratado del mismo tipo con los Estados Unidos de Norteamérica, un buen ejemplo para muchos otros miembros del Consejo de Seguridad.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Yáñez.
En nombre Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), aunque sea fuera del orden establecido, señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Gracias por su generosidad, señora presidenta.
Muy brevemente, porque efectivamente en esta Cámara estamos muy acostumbrados a que pasen sin pena ni gloria gran número de convenios internacionales que realmente pasan en la sombra del voto de todos nosotros, y creo que es muy importante y
ha sido muy oportuno que pidiera la palabra un grupo, e imagino que lo va a hacer también Grupo Popular, para sacar del anonimato un tratado de estas características y dejar claro que es mucho más importante que otros muchos tratados que hayamos
aprobado aquí, no tanto como otro que en forma de ley orgánica aprobaremos después, que es el de la ampliación de la Unión Europea, pero sí que es tanto en el ámbito económico, financiero, de inversiones, como sobre todo por la enorme carga de
simbología política que lleva, uno de los tratados más importantes que hemos ratificado aquí en los últimos meses.
El Tratado de adhesión de la Unión Europea con Chile es el fruto de un larguísimo periodo que, como muy bien ha dicho el portavoz socialista, empieza bajo el mandato del comisario Manuel Marín. Es de justicia recalcarlo y subrayarlo aquí
por encima de diferencias ideológicas que unos y otros pudieran tener y espero que otros tengan la generosidad de hacerlo. Es fruto de un empujón político que empieza en ese momento y, a partir de ahí, se culmina, a pesar de las presiones y de las
inconveniencias de algunos que podían o creían ver perjudicados sus intereses con la apertura de los mercados de Chile, en un tratado que hoy pone a Chile en pie de igualdad con quien mejores relaciones comerciales pueda tener en este momento con la
Unión Europea y le pone la mejor de las condiciones, exceptuando aquellos que puedan integrarse en la Unión Europea. Si Chile estuviera un poco más cerca, se nos dice con este tratado, si no tuviera el mar por medio, Chile sería miembro de la Unión
Europea. No lo puede ser, a lo máximo que puede llegar es a lo que firmamos hoy y creemos que es importante destacarlo con nuestro voto.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guardans.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Herrera.
El señor HERRERA ANTONAYA: Gracias, señora presidenta.
Para nuestro grupo también resulta obligado intervenir en este turno, como ya lo hicimos ante la Comisión de Relaciones Internacionales de este mismo Congreso, por lo señalado y por la importancia que tiene para España, para la Unión Europea
y para la República de Chile. Nos felicitamos de que se haya apostado por abrir líneas de colaboración con América Latina apoyándose precisamente en un país que es ejemplo de apertura, ejemplo por su transición política y ejemplo por su estabilidad
política, cultural y económica.
Hace unos días, el pasado 11 de septiembre, aprobábamos una declaración institucional reconociendo el esfuerzo que había hecho la sociedad chilena por transformarse en una sociedad democrática, por llegar la democracia después de un penoso
periodo de dictadura. En la historia reciente de Chile va a haber tres momentos esenciales, el momento del golpe de Estado, la recuperación de la democracia y, sin duda, la firma del acuerdo que hoy celebramos. Ese acuerdo es también muy
beneficioso para España y para la Unión Europea. La colaboración no solamente comercial sino política, cultural, de cooperación en la lucha contra el terrorismo, en numerosos campos, es en definitiva el camino que se abre para todos aquellos países
que deben aprovechar, que pueden aprovechar las ventajas de la globalización. Creemos firmemente en las oportunidades que ofrece la globalización, lo hemos afirmado en numerosas ocasiones y entendemos que lo que hoy hace Chile convirtiéndose en
ejemplo para el resto de América Latina es el camino a seguir para otros muchos países.
Se refería el portavoz del Grupo Socialista en su intervención al contenido del tratado. El contenido está ahí, son 1.500 páginas de acuerdos, muchos de ellos puestos ya en marcha en la parte estrictamente comercial tras la firma por el
Parlamento Europeo y por el Gobierno chileno, y ya se pueden observar las ventajas y los efectos positivos. Lo que hoy hacemos es ampliar el resto de campos con la ratificación por parte de este Parlamento. Decía que es un acuerdo que no va
solamente enfocado al ámbito comercial pero, sin duda, en ese aspecto también es más que beneficioso. Que se eliminen aranceles de manera progresiva hasta llegar en determinados campos al 90 y 95 por ciento de la eliminación definitiva de los
aranceles hace, como bien decía el señor Guardans, que Chile, sin ser un país miembro de la Unión Europea, se convierta en un referente, en lo que podría ser el país número 26 de la Unión, al que quizá solamente le separan la distancia kilométrica y
un océano de por medio. Hablaban también de los plazos de la negociación de este acuerdo.
Es necesario recordar que es cierto que ha habido dos cumbres Unión Europea-América Latina por medio, la primera en el año 1999, en Brasil, y la segunda en
Madrid en el año 2002, y que entre medias ha habido 10 rondas de negociación entre la Unión Europea y el Gobierno chileno.
También es necesario recordar, como hice en la Comisión de Relaciones Internacionales de este Congreso, que sin el impulso
definitivo del Gobierno español no habría sido posible meter este asunto en la agenda de la cumbre de Madrid. Por tanto, transmitimos nuestra felicitación al Gobierno y al pueblo de Chile, al Gobierno español le agradecemos también los esfuerzos
que ha hecho para materializar este esfuerzo y para que esa firma simbólica se realizara en Madrid y, sin duda, estamos ante un día grande para las relaciones internacionales y para esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Herrrera.
Señorías, iniciamos las votaciones de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales.
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República de Uzbekistán.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 259; a favor, 258; en contra, uno.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Filipinas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 263; a favor, 262; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Convenio número 180 de la OIT relativo a las horas de trabajo a bordo y la dotación de los buques.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 264; a favor 263; en contra, uno.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Guinea-Bissau en materia de inmigración.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 265; a favor, 258: en contra, dos; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Canje de Cartas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República Francesa sobre el régimen fiscal de las instituciones docentes y culturales, por el que se modifica el Acuerdo actualmente vigente, de 28 de febrero de 1974.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 265; a favor, 263; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Protocolo que modifica el Convenio por el que se crea una Oficina Europea de Policía (Europol) y Protocolo relativo a los privilegios e inmunidades de Europol,
los miembros de sus órganos, sus directores adjuntos y sus agentes.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 263; a favor, 257; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Convenio entre el Reino de España y la República Bolivariana de Venezuela para evitar la doble tributación y prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. (Rumores.)
Rogaría a SS.SS. de las últimas filas que guarden silencio y permitan que la votación transcurra sin incidentes.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 264; a favor, 264.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República Islámica de Irán.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 266; a favor, 265; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Acuerdo de cooperación científica entre el Reino de España y los Estados Unidos de América sobre la estación de seguimiento de la NASA.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 265; a favor, 264; en contra, uno.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Acuerdo por el que se establece una asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Chile, por otra.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 263; a favor, 261; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Canje de notas, de fechas 13 y 21 de febrero de 2003, constitutivo de acuerdo entre España e Irlanda para la extradición de nacionales, complementario al artículo 6 del Convenio Europeo de Extradición.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 265; a favor, 265.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Protocolo al Tratado del Atlántico Norte relativo a la adhesión de la República de Bulgaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 264; a favor, 258; en contra, cinco; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Protocolo al Tratado del Atlántico Norte relativo a la adhesión de la República de Lituania.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 263; a favor, 256; en contra, cuatro; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Protocolo al Tratado de Atlántico Norte relativo a la adhesión de la República Eslovaca.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 264; a favor, 260; en contra, tres; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Protocolo al Tratado del Atlántico Norte relativo a la adhesión de la República de Eslovenia.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 260; a favor, 254; en contra, cuatro; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Protocolo al Tratado del Atlántico Norte relativo a la adhesión de la República de Estonia.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 262; a favor, 257; en contra, cuatro; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Protocolo al Tratado del Atlántico Norte relativo a la adhesión de la República de Letonia.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 265; a favor, 260; en contra, cuatro; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Protocolo al Tratado del Atlántico Norte relativo a la adhesión de la República de Rumanía.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 265; a favor, 259; en contra, cuatro; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Acuerdo entre la República Francesa y el Reino de España sobre la readmisión de personas en situación irregular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 262; a favor, 260; en contra, uno; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Namibia para la promoción y protección recíproca de inversiones.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 266; a favor, 263; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Señorías, anuncio a la Cámara que la votación final de conjunto del proyecto de ley orgánica por el que se autoriza la ratificación del Tratado de Adhesión a la Unión Europea de la República de Chipre, la República de Eslovaquia, la
República de Eslovenia, la República de Estonia, la República de Hungría, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Malta, la República de Polonia y la República Checa se producirá al finalizar el debate del referido punto
del orden del día y, en cualquier caso, no antes de las once y media, bien entendido que se está haciendo referencia únicamente a la votación final de conjunto de ley orgánica, no al resto de votaciones que se producirán al finalizar cada debate.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROYECTO DE LEY DE FIRMA ELECTRÓNICA. (Número de expediente 121/000158.)
La señora PRESIDENTA: Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas.En primer lugar, proyecto de ley de firma electrónica.
(Rumores.)
Señorías, ruego que o bien abandonen el hemiciclo los que lo vayan a hacer, o que ocupen los escaños en silencio para poder continuar con el debate. (Pausa.)
En primer lugar, para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, como hice notar en el debate en Comisión, que tuvo lugar el pasado 16 de septiembre, el Grupo Vasco ha presentado un conjunto de 38 enmiendas al proyecto de ley de firma electrónica. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante
Mirón, ocupa la presidencia.) Hoy, superado ya aquel trámite y habiendo tenido oportunidad de evaluar sus resultados, estoy en condiciones de añadir a aquello que, de las 38 enmiendas presentadas, solamente una, la número 47, ha sido incorporada al
texto del dictamen, a través de una transacción propuesta por el Grupo Popular, que afectaba a otra enmienda, la número 180, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En las 37 restantes no ha encontrado, al parecer, el grupo
mayoritario de la Cámara ni interés ni entidad suficiente como para justificar una alteración del texto original del proyecto. Digo al parecer porque las razones que se adujeron en Comisión para fundamentar el voto contrario del Grupo Popular a
nuestras enmiendas fueron tan concisas, tan escuetas, casi tan formularias y estandarizadas, que no siempre nos han permitido conocer cuáles son las causas reales por las que han sido rechazadas.
En mi intervención de hoy, quisiera reiniciar el esfuerzo argumental que desarrollé entonces, lógicamente de modo más resumido. Para ello, quisiera poner especial énfasis en tres grupos de enmiendas: las que hacen referencia al régimen
establecido en el proyecto para la certificación electrónica de las personas jurídicas, las que se refieren al DNI electrónico y, en fin, las que plantean cuestiones de carácter competencial. Tres bloques, por tanto, a los que me referiré a renglón
seguido. De estos tres grupos, es el primero el que alberga mayor número de enmiendas, un total de once, que afectan a diferentes artículos del proyecto, sistemáticamente emplazados en capítulos diferentes del texto, pero materialmente
indisociables porque guardan una estrecha relación entre sí.
En conjunto, estas once enmiendas -a las que me referí exhaustivamente en Comisión y, por tanto, no lo voy a repetir- plantean una solución alternativa a la
que adopta el proyecto en torno a la certificación electrónica de las personas jurídicas. Proponen sustituir la regulación actual, que carece de una cobertura directa en el derecho comunitario y además plantea problemas, como ha puesto de
manifiesto el informe del Consejo de Estado, con la teoría general de la representación, tal como aparece configurada y reconocida en nuestro ordenamiento jurídico; proponen, insisto, sustituir esta regulación por un régimen que soslaye estos dos
inconvenientes, que tienen su relevancia, sin merma alguna ni de la flexibilidad ni de la agilidad que requiere el tráfico mercantil ordinario. En esencia, este objetivo se lograría eliminando la regulación contenida en el artículo 7, que es el que
establece la disciplina básica de la certificación electrónica de las personas jurídicas, contemplando en su lugar un nuevo tipo de certificación electrónica -lo que denominamos el certificado reconocido de empleado- con una regulación flexible y no
necesariamente vinculada a la representación legal formalizada a través de escritura pública, en tanto que aparece asociada al régimen previsto en el artículo 292 del Código de Comercio, que permite el apoderamiento no solamente a través de
escritura pública sino literalmente mediante pacto escrito o verbal; un certificado electrónico que sería útil para todos los agentes del tráfico mercantil, es decir, tanto para las personas jurídicas como para los empresarios individuales, y que
además ofrece todas las garantías de seguridad, ahorrándose los inconvenientes de la solución normativa propuesta en el proyecto, alguno de los cuales ha sido puesto de manifiesto particularmente por el Consejo de Estado, como antes decía.
Nuestra propuesta fue rechazada en Comisión arguyendo -y leo textualmente el 'Diario de Sesiones'- que el esquema regulatorio recogido en el proyecto de ley para los certificados de persona jurídica es el que cuenta, dentro de las numerosas
opciones posibles que se han contemplado, con mayor respaldo general. Esta frase formularia, que se repite literalmente en dos ocasiones por el portavoz del Grupo Popular, resulta en principio difícil de objetar y de contrastar, porque no nos han
desvelado cuáles son las opciones que se han contemplado ni cuáles son los instrumentos de los que se han servido para conocer con tanta precisión cuál es la que cuenta con lo que llaman mayor respaldo general.
Tampoco tenemos claro que eso a lo
que genéricamente se denomina mayor respaldo general haya de prevalecer, siempre y en todo caso, frente a cualquier solución alternativa, por buena, por acreditada que esta se demuestre. En cualquier caso, creemos que la fórmula propuesta a través
de nuestras enmiendas participa de todas las ventajas que puedan atribuirse a la regulación contenida en el proyecto y no adolece de ninguno de sus inconvenientes, como antes he comentado, algunos de ellos, por cierto, según hemos visto, de una
importancia no desdeñable.
El segundo grupo de enmiendas al que quiero referirme hoy tiene que ver con la regulación del DNI electrónico. Como expresé en Comisión, la regulación contenida en el proyecto atribuye al DNI unas funcionalidades que exceden con mucho de
las meramente identificativas que hasta la fecha le han sido atribuidas por el ordenamiento vigente en materia de seguridad pública. Desde la entrada en vigor de la ley, en el supuesto de que el proyecto sea finalmente aprobado con sus contenidos
actuales, el DNI pasará de ser un documento destinado exclusivamente a acreditar la identidad de las personas a constituir algo cualitativamente diferente: un instrumento que permita al ciudadano firmar en el ámbito telemático dotando a los
documentos firmados de garantía de autenticidad y de integridad. De entrada, no compartimos esta alteración funcional, pero compartimos menos aún la idea de que, a través de esa transformación del sentido y de las funciones del documento nacional
de identidad, se abra a la Administración pública, y en este caso al Ministerio del Interior, la posibilidad de penetrar en el mercado de los prestadores de servicios de certificación y hacerlo, además, en unas condiciones de ventaja y privilegio -a
las que me referí más exhaustivamente en el debate en Comisión- que, en cualquier caso, serán incompatibles con el principio de libertad que ha de regir en este sector del mercado. Si una institución pública pretende incidir en este mercado, y más
si pretende hacerlo con la enorme fuerza expansiva con la que lo haría el Ministerio del Interior si el proyecto sale finalmente aprobado, creemos que esto sólo puede hacerse con estricta sujeción a las reglas del libre mercado y con estricta
sujeción al derecho comunitario, también en el caso de que quienes pretendan hacerlo sean instituciones públicas. Se nos dijo en Comisión que el DNI electrónico permitirá -y también leo literalmente- impulsar el desarrollo de nuevos servicios
telemáticos en España.
Instaurará -se nos asegura- en los ciudadanos una cultura de uso de la firma electrónica que impulsará el uso adicional de otros certificados y, sobre todo, las inversiones en el desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas
y servicios basados en la firma electrónica. Es un augurio que se puede o no compartir y que de hecho muchos agentes del sector no comparten. Yo conozco alguna empresa del ramo que interpreta esto como una clarísima intromisión ilegítima del
Estado en un campo que le es ajeno y que le debe seguir siéndolo. No dudamos -no tenemos por qué hacerlo- de las buenas intenciones que animan al Gobierno, pero tampoco compartimos este optimismo desaforado sobre el efecto promotor o estimulante
que puede producir el DNI electrónico en relación con la difusión de la firma electrónica. Lo que sí está claro es que si el proyecto se aprueba en los términos actuales, el Ministerio del Interior acabará erigiéndose en un líder indiscutible del
mercado de los servicios de certificación, ocupando espacios de mercado que en caso contrario,
si no lo hiciera, serían ocupados por otros prestadores de servicios, y que además lo hará en unas exorbitantes condiciones de ventaja y privilegio, que no sabemos hasta qué punto son incluso respetuosas con el derecho comunitario.
Finalmente, y de modo breve, me referiré a las enmiendas que plantean reivindicaciones de carácter competencial. El proyecto no parece redactado por juristas. Su fuerte componente técnico probablemente ha hecho que, en su confección, el
protagonismo de los técnicos especialistas en la materia haya prevalecido frente a los técnicos en derecho. Este dato, -no voy a decir que sea una deficiencia- se percibe singularmente en el tratamiento competencial que recibe la norma.
La disposición final primera asegura que se dicta al amparo de cuatro títulos competenciales, los recogidos en los puntos 8, 18, 21 y 29 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución, pero no especifica, como exige la jurisprudencia
constitucional, qué preceptos del texto se amparan en cada uno de estos cuatro títulos competenciales. He aquí un primer aspecto a corregir que hemos planteado en nuestra enmienda número 76 y que ha sido rechazada, alegando literalmente la
existencia de diferentes implicaciones competenciales en muchos artículos de la ley. A nuestro juicio, este dato, la existencia de numerosas implicaciones competenciales en el articulado de la ley, constituye un motivo más para abordar en todo caso
la clarificación normativa que demandábamos, porque los cuatro títulos en juego a los que antes he hecho referencia son muy diferentes. Algunos atribuyen al Estado competencias plenas en las materias a las que se refieren; otros, competencias de
carácter exclusivamente básico. Es decir, en esos ámbitos existe una competencia autonómica de desarrollo posible y prevista en los estatutos correspondientes. Los títulos no son homogéneos, por tanto su habilitación no puede recogerse de la misma
manera de modo uniforme en el texto de la ley, como si todo el texto de la ley se apoyara en unos títulos habilitantes que tienen el mismo alcance y contenido; no lo es.
Otros no son básicos. Además, las materias que entran en juego en la
aplicación de la norma son más que las que se citan en esta disposición final primera. Algunas de competencia autonómica o parcialmente autonómica, como la de industria, por ejemplo, se citan en nuestra enmienda número 68, por no hablar de las
competencias de naturaleza hacendística, que en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca y de la Comunidad Foral Navarra gozan de un régimen singular en el proyecto. Esto hemos intentado meterlo también a través de una enmienda que ha sido rechazada.
A nuestras enmiendas de carácter competencial se ha respondido por el grupo mayoritario con un razonamiento también formulario, que se repite literalmente tres veces en la intervención de su portavoz, que dice: No resulta necesario añadir
una referencia a las competencias que ya tienen las comunidades autónomas. La norma, es cierto, no va a ser inconstitucional porque no lo haga, pero si lo hiciera contribuiría decisivamente a clarificar el panorama normativo, que en este momento es
confuso, y contribuiría también a facilitar la tarea del operador jurídico.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Erkoreka.
Para la defensa de las enmiendas de Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, mi grupo parlamentario ha presentado bastantes enmiendas al proyecto de ley de firma electrónica, la mayoría de ellas orientadas a reflejar en el texto legislativo aquellos artículos de la Ley Orgánica de Protección de Datos que
consideramos que son adecuados para introducir claridad en el texto que nos había presentado el Gobierno. Son datos que se pueden apoyar en el argumento con el que acababa su intervención el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, que este texto
parece realizado más por técnicos que por juristas o que quizás han predominado más los técnicos que los juristas, que han introducido muchos elementos técnicos, pero muy pocos de ámbito jurídico.
La denuncia de esas carencias y esas ambigüedades que generan inseguridad jurídica en el proyecto de ley no ha tenido el eco que esperábamos en el Grupo Parlamentario Popular. El texto, a la vista de las enmiendas que se transaccionaron en
Comisión, ha mejorado algo en algunos aspectos, pero realmente no ha cambiado otros que para nosotros eran los más conflictivos o los que más dudas nos generaban. No creemos que en este texto, que nos ha traído el Gobierno, estemos hablando de
seguridad en las comunicaciones cuando se utilizan términos tan ambiguos como las mejores tecnologías disponibles -por decirlo de alguna manera aunque no sea exactamente lo que dice el texto del Gobierno- o cuando se habla de situaciones en las que
se introduce la duda o la excepción, sin determinar de una manera clara y taxativa aquello a lo que se está refiriendo el propio texto legislativo.
Ante las enmiendas de Izquierda Unida, se nos argumentaba en la Comisión que la Ley Orgánica de Protección de Datos era aplicable al texto. Sí, señorías, todas las leyes son aplicables a todo cuando tienen interrelación, pero si no se
refleja en un texto están ustedes obligando a los usuarios, que en un momento determinado piensen que sus derechos han sido transgredidos, a tener que recurrir a los tribunales para que realmente interpreten la ley. No creemos, señorías, que la
obligación de esta Cámara sea la de inducir a la ciudadanía a tener que utilizar de manera permanente los tribunales
para que sus derechos se reconozcan a través de sentencias judiciales. Es mucho más eficiente que queden recogidos en la legislación aquellos aspectos de otros títulos o de otras leyes que les son aplicables, por tanto, se deben tener en
cuenta a la hora de que los prestadores de servicios cumplan todas las garantías sobre protección de datos.
Refiriéndome a la enmienda número 10 que presentó mi grupo parlamentario al artículo 5.1, seguimos defendiendo que es necesaria la autorización previa para garantizar que las empresas que van a prestar los servicios de certificación estén en
las condiciones técnicas y de seguridad que deben de tener para asegurar dicha seguridad en las comunicaciones electrónicas, que ustedes dicen que es uno de los objetivos del texto que estamos discutiendo hoy. Nosotros seguimos pensando que la
autorización previa se debe producir, que el Ministerio de Ciencia y Tecnología, como Administración central del Estado y como ministerio que regula, tiene que ser el que garantice la solvencia técnica y el cumplimiento de los requisitos legales de
los prestadores de servicios en el reconocimiento y la autorización de los certificados de firma electrónica. Esa es una de las garantías que los usuarios deberían de tener, como mínimo, para que realmente se cumpla otro de los objetivos, que es
promover el uso de la firma electrónica como dinamizador del comercio electrónico. Estas palabras o frases dejan todo muy claro para quien las está escuchando, pero después no queda reflejado tan claramente en el texto del proyecto de ley. Ustedes
se empeñen en decir que existe mucho interés en los sectores consultados, pero una cosa es que exista interés -que lo hay y es mucho- y otra es cosa es que estén de acuerdo con el texto que ustedes han traído a esta Cámara. Por los debates que se
han venido produciendo en la Comisión no parece que el sector esté tan de acuerdo con lo que ustedes están planteando. Mi grupo parlamentario sigue creyendo que hay que incidir en la autorización previa y que no es necesario, cuando ustedes eso lo
utilizan como norma, aplicar una directiva europea que pueda ir más allá para garantizar que estamos en mejores condiciones de avanzar en la utilización de la firma electrónica y cumplir la dinamización del comercio electrónico. Los usuarios no
solamente tendrán dudas, sino escasas garantías de que sus datos vayan a estar protegidos con las tecnologías más avanzadas que se puede exigir a las empresas prestadoras de servicios. Se dejará a una ambigüedad, posiblemente calculada, para que no
haya exigencias totales.
Otra de las enmiendas que hemos presentado ha sido al artículo 18, d).
Habría que hacer una nueva redacción a fin de garantizar un servicio de consulta sobre la vigencia de los certificados rápido y de carácter gratuito. Esta enmienda ya
suscitó controversia en el debate en Comisión.
Ustedes se empeñan en que no se garantice que la consulta de los certificados sea rápida ni gratuita. Señorías, si realmente queremos que a estos servicios de firma y comercio electrónicos pueda
acceder la mayoría de la ciudadanía deberán contemplar que el servicio de consulta para la seguridad de los usuarios sea al menos gratuito. Si no, señorías, los usuarios seguirán teniendo dudas sobre las garantías de la consulta y sobre los datos
que tienen que poner en la red para hacer posible el uso de la firma y el comercio electrónicos. El servicio tiene que ser rápido y esa rapidez se tiene que garantizar para que la agilidad permita su utilización. Asimismo, la consulta tiene que
ser gratuita, entre otras cosas para que los ciudadanos puedan utilizar ese servicio sin necesidad de tener determinado nivel económico. En la firma electrónica o en los servicios que puede prestar la red no se puede mantener la discriminación en
función de la capacidad económica de los usuarios, como ustedes están haciendo al no universalizar los servicios de Internet.
Señorías, volvemos a incidir en la ambigüedad, posiblemente calculada, que hay en todo el texto. En el artículo 20.1.c) hacen una calificación, por decirlo de alguna forma, de los requisitos que se deben de reunir para ser reconocidos como
prestadores de servicios de certificación. Nosotros creemos que en el texto legislativo debe quedar claro que los profesionales deben de tener la cualificación profesional concreta y específica de algunas de las áreas de la tecnología de la
información y de las comunicaciones; se debe incidir porque hay que garantizar la profesionalidad de los prestadores de certificación de firma electrónica.
El texto mantiene la ambigüedad y, ante la negativa del grupo mayoritario de la Cámara a
modificarlo, estamos prácticamente convencidos de que esa ambigüedad está calculada para favorecer al sector, aunque no lo hacen, pues en todo caso generan las dudas suficientes para su no utilización.
Por último, señorías, mi grupo parlamentario plantea la supresión de las disposiciones adicionales cuarta y quinta. Este es uno de los temas que también suscitó controversia en la Comisión. Ustedes facilitan a la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre -Real Casa de la Moneda- la prestación de unos servicios que no facilitan al resto de las empresas que compiten en el sector; prácticamente le conceden el monopolio para la extensión de los certificados que se van a reconocer como válidos.
Asimismo, en la disposición adicional quinta introducen la exención de la garantía económica que el resto de las empresas sí van a tener que presentar para que se les pueda reconocer como prestadores de servicios.
Además, establecen un único
modelo, que sirve para todo el territorio nacional, a través de la Fábrica de Moneda y Timbre, y no permiten que las comunidades autónomas puedan tener reconocidos certificados que también sean válidos para el resto del Estado. Por otro lado, no sé
cómo van a hacer ustedes para reconocer aquellos certificados que puedan venir de países de la Unión Europea, porque seguramente ellos sí reconocerán más de una certificación.
Señorías, mi grupo parlamentario va a mantener el voto que emitió en Comisión y no va a respaldar este proyecto de ley porque, reconociendo que es necesario, también reconocemos que no es útil para las necesidades que tiene hoy el comercio
electrónico y para el reconocimiento de la firma electrónica. Con esa libertad de mercado y de comercio, de la que ustedes hablan permanentemente, pretenden generar una ambigüedad que lo único que crea es inseguridad jurídica. Por otra parte,
monopolizan ustedes determinados aspectos que van a impedir un funcionamiento ágil y rápido del mercado, con un reconocimiento generalizado para todo el Estado español que no permite la utilización de otras certificaciones de firma electrónica que
pudieran establecer las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Urán.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y para la defensa de las enmiendas mantenidas, tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señoras y señores diputados, el Pleno del Congreso debe dictaminar hoy el proyecto de ley de firma electrónica tras su paso por la Comisión.
Nuestro grupo presentó 79 enmiendas, de las cuales 20 han sido aceptadas, ya sea de forma literal, ya sea de forma transaccional. El porcentaje de enmiendas aprobadas a nuestro grupo está en torno al 25 por ciento de las presentadas.
Nuestro grupo entiende que se ha hecho un esfuerzo de transacción; si ese balance lo traducimos en conceptos, las enmiendas aceptadas son en su mayoría de carácter técnico, de mejora del proyecto, de mejora de determinadas definiciones, pero no
recogen los aspectos sustanciales que planteaba nuestro grupo parlamentario.
Queremos hacer una excepción a esta valoración global escéptica. Valoramos positivamente la aceptación de nuestra enmienda 234, por unanimidad, en la Comisión de Ciencia y Tecnología. Se trata de una enmienda de adición de una nueva
disposición adicional octava por la que se introduce expresamente en el proyecto de ley la garantía de accesibilidad para las personas con discapacidad y de la tercera edad. En esta nueva disposición se establece expresamente que los servicios,
procesos, procedimientos y dispositivos de firma electrónica deberán ser plenamente accesibles a las personas con discapacidad y de la tercera edad, las cuales no podrán ser en ningún caso discriminadas en el ejercicio de los derechos y facultades
reconocidos en esta ley por causas basadas en razones de discapacidad o edad avanzada. Entendemos que este mensaje social dirigido a las personas mayores y a las personas que padecen algún tipo de discapacidad es positivo, ya que de ninguna forma
las nuevas tecnologías pueden suponer un motivo de exclusión para este colectivo. De ahí que los legisladores tengamos la obligación de introducir estas garantías en cada una de las leyes. Así lo hicimos también en la Ley de servicio de la
sociedad de la información y del comercio electrónico y lo hicimos al definir el servicio universal en el proyecto de ley general de telecomunicaciones, que actualmente se está tramitando en el Senado. No podemos dejar de introducir estas garantías
expresas en todos los ámbitos. Más allá de esta enmienda 234 y de las restantes 19 enmiendas que mi grupo ha conseguido transaccionar e incorporar al proyecto de ley, mi grupo parlamentario sigue manteniendo en el Pleno de la Cámara aspectos
puntuales que merecen una abstención global a la votación final del dictamen, una abstención que es el reflejo de una voluntad de incorporar aspectos, pero de no llegar hasta el final y de no haber conseguido en aspectos sustanciales modificar el
proyecto de ley.
De las enmiendas que hemos mantenido en el Pleno podríamos destacar diversos bloques. Aunque ya se hizo en Comisión una defensa detallada de las mismas, quisiera destacar simplemente algunos aspectos importantes para Convergència i Unió.
Es importante introducir mejoras en el concepto y en el reconocimiento de la firma electrónica e introducir una mejora conceptual en el proceso de generación de la firma electrónica. Quiero reconocer aquí, una vez más, la excelente aportación
técnica que ha realizado l'Agència Catalana de Certificació a los distintos grupos parlamentarios. Ha sido una aportación certera que lamentablemente no ha tenido después el reflejo que debería haber tenido en la aprobación de enmiendas.
Quiero destacar, por ejemplo, nuestras enmiendas 158, 159 y 160 en las cuales introducimos el concepto de solicitante como persona que solicita un certificado, que no tiene por qué coincidir con el suscriptor.
Asimismo, introducimos el
concepto de suscriptor como persona física o jurídica que aparece identificada en el certificado. Para nosotros es necesario ir más allá del planteamiento que realiza el proyecto de ley porque sólo prevé la figura del firmante, mientras que los
roles que se dan en la práctica en el procedimiento de la firma electrónica evidencia la necesidad de diferenciar el suscriptor del firmante para conseguir que todas las relaciones internas y externas que se asocien a la generación de una firma
estén previstas desde un punto de vista jurídico.
Hay otro bloque de enmiendas, coincidente también con el planteamiento que hacía el señor Erkoreka, por parte del Grupo Parlamentario Vasco, dirigido especialmente a los certificados electrónicos de personas jurídicas. Cuando se celebró,
con el entonces ministro Piqué, el debate a la totalidad mi grupo ya tuvo oportunidad de destacar en el Pleno de la Cámara las incertidumbres que podía generar la regulación que el proyecto incorpora de los certificados electrónicos de
personas jurídicas. Nuestras enmiendas 175, 176, 177, 178 y 179 van encaminadas a que el actual proyecto de ley no modifique el actual sistema de representantes de personas jurídicas e incluso pedimos un cambio de denominación, al igual que
hace el Grupo Parlamentario Vasco.
En nuestras enmiendas 175 y 176 pedíamos que se aludiera a certificados electrónicos de representación de personas jurídicas, porque lo que no podemos hacer en este proyecto de ley es alterar en este ámbito las
normas de representación ya establecidas en las distintas ramas del derecho privado en cuanto a representación de las personas jurídicas.
Otro bloque de enmiendas va dirigido al aspecto competencial.
Evidentemente el Estado tiene título competencial, lo tiene, pero es un título que debe concretar qué artículos del mismo son básicos y cuáles no lo son. No se puede simplemente
citar el título competencial del Estado y después no especificar el alcance final que tienen las competencias del Estado, porque no todas ellas son exclusivas. Hay competencias que van sólo en el ámbito de la legislación básica y debemos concretar
entonces cuáles de esos preceptos tienen esa consideración de legislación básica.
Asimismo, desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) la regulación del título III, prestación de servicios de certificación,
debería salvaguardar expresamente las competencias que tienen asumidas las comunidades autónomas en materia de protección de los consumidores y usuarios. Por tanto, en este ámbito competencial, nuestro grupo mantiene una discrepancia que provoca
que no podamos hacer del mismo una valoración positiva.
Ligado a ese ámbito competencial, mi grupo quiere introducir una reflexión sobre la regulación que el proyecto incorpora del llamado DNI electrónico. No queremos dudar que disponer de un DNI electrónico va a ser una gran innovación, pero
cualquier regulación de este nuevo instrumento debe tener muy en cuenta varios aspectos, como su plena compatibilidad con documentos de identificación que existan en el ámbito autonómico para la acreditación de un ciudadano ante esa administración,
u otras administraciones, a los efectos de los servicios que se prestan desde esa comunidad autónoma. Desde hace muchísimos años ya se está realizando en Cataluña la tarjeta sanitaria. Y lo que nosotros pedimos es que el DNI electrónico no entre,
en ningún caso, en una competencia desleal con tarjetas ya existentes, tanto en el ámbito autonómico como en el local. Se nos dijo por el Grupo Popular en la Comisión, y quiero agradecerlo expresamente, que nuestras enmiendas no se aceptaban porque
no correspondían a este proyecto de ley, que no se prohibía que la Generalitat de Catalunya, por ejemplo, pueda tener su propia tarjeta sanitaria y que, evidentemente, si no se aceptaba la enmienda no era por establecer una prohibición sino porque
no encajaba en el proyecto de ley.
La regulación que en este proyecto de ley se realiza del DNI electrónico es incipiente, es simplemente un anuncio de que posteriormente se va a regular. Esperemos que en esa futura regulación se tenga en cuenta
ese marco global que debe comprender el DNI electrónico, pero también la existencia de otras tarjetas y, sobre todo, evitar que la regulación del DNI electrónico entre en competencia desleal con otros servicios y prestadores de servicios de
certificación. También tenemos que velar por la libre competencia en el mercado, y de ahí que nuestro grupo coincida plenamente con el planteamiento que realizaba Izquierda Unida en cuanto a no dar un trato específicamente de favor fiscal a la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, para que esa entidad pueda tener una situación real de privilegio sobre un mercado que es libre, por lo que también aquí nuestro grupo coincide con las argumentaciones de la señora Urán, en el sentido de suprimir
esa disposición, que establece ese trato específico de privilegio para la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
Hay muchísimos aspectos que podríamos destacar. Mi grupo se congratula de haber podido incorporar ese porcentaje de enmiendas. A pesar de que muchas de ellas tienen ese alcance técnico, quiero, una vez más, referirme a esa nueva
disposición para los discapacitados, que entiendo que es buen mensaje que hoy envía la Cámara al conjunto de la sociedad.
Para finalizar, mi grupo reitera su posición global de abstención. No podemos votar en contra de este proyecto de ley por un motivo claro: que estamos cumpliendo una directiva comunitaria. Estamos dando cumplimiento a una directiva del
año 1999, a la que parcialmente un decreto-ley se anticipó, pero había aspectos que era necesario incorporar. De ahí que este proyecto de ley no pueda merecer el voto en contra de nuestro grupo, pero sí una abstención global por el hecho de no
haber conseguido hoy introducir esos aspectos de concepto que han delimitado la posición del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, y aún esperamos que en el trámite del Senado podamos seguir en esa línea de transacción para intentar
incorporar nuevos aspectos que entendemos mejorarían globalmente la redacción del actual proyecto de ley.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Jané.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, y para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ SANTAMARÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, en el mes de julio se debatió la enmienda de devolución que presentó nuestro grupo. Ya explicamos que considerábamos que esta ley tenía grandes deficiencias, y hemos trasladado todas las correcciones
en forma de enmiendas, con objeto de mejorar esta ley. Antes de entrar en los contenidos, queremos destacar el gran retraso con el que llega esta ley, que creemos que es muy importante para crear las garantías en el uso de la firma
electrónica, con el fin de desarrollar la sociedad de la información en nuestro Estado y, por tanto, ser una potencia en desarrollo económico y competitividad. Sabemos que es importante. En cambio, también queremos constatar la gran precipitación
en la tramitación parlamentaria. Creemos que las formas en democracia son importantes, que hubiera habido tiempo para contrastar con expertos y con usuarios algunos de los aspectos sobre los que, como todos saben, existe polémica en esta ley y
entre todos podríamos haber llegado a buenas soluciones. Con este texto han conseguido incluso, y por temor de las personas del sector, que se cree un foro de firma electrónica. Lo han creado los prestadores de servicios privados, las comunidades
autónomas que prestan servicios, los expertos de la universidad y los grupos de defensa de los usuarios, para unir sus esfuerzos. Y afirman, textualmente -con lo cual coincidimos-, su inquietud respecto al texto propuesto porque, de facto, este
texto no respetará la libre competencia y porque no incluye el necesario fomento de los estándares europeos. En este momento, quiero agradecer las aportaciones del Foro de firma digital, de l'Agència Catalana de Certificació y de la Comisión de
libertades informáticas, puesto que sus debates y sus propuestas nos han permitido traducirlas en enmiendas. Sabemos, a diferencia de otros, que no tenemos verdades absolutas, que la política consiste en contrastar, en aprender y en llegar a las
mejores soluciones.
Nuestras enmiendas van en tres grandes líneas: en mejorar la ley con enmiendas técnicas, para adaptar el texto a la realidad necesaria y para extender realmente la firma electrónica; en garantizar los derechos ciudadanos al no repudio y a
una real equivalencia jurídica entre firma manuscrita y firma digital, y en garantizar la libre competencia y que esta ley no sirva para el intervencionismo del Gobierno.
En primer lugar, pasaré a enumerar las mejoras técnicas de la ley. Nuestra opinión y la de muchos expertos es que la ley no sirve para lo que debería servir: para ampliar y extender el uso de la firma digital. Da la sensación de que es
una ley hecha con miedo, porque incluye reparos respecto a la utilización de los certificados reconocidos por la Administración pública. Si la propia Administración pública se guarda la posibilidad del uso de la firma reconocida, la más segura,
¿qué garantías vamos a tener los ciudadanos? Existe, como se ha dicho aquí, una falta de rigor en el texto, pero yo diría que no sólo en aspectos jurídicos sino también en aspectos técnicos. Además, queremos constatar que en los aspectos jurídicos
hay graves irregularidades, por ejemplo, en el objeto de la ley, ya que olvida que es una ley de eficacia general de la firma a la que se pueden acoger o no privados entre ellos. Olvidaron inicialmente -y al final han aceptado una transaccional-
que la ley no sólo regula el derecho privado sino que también tiene que aplicarse a las administraciones públicas y, por tanto, es una ley de bases administrativas. Respecto al sujeto de la ley, encontramos que sólo afecta a los prestadores de
servicios, cuando también afecta y debería afectar -como será- a las personas físicas y jurídicas. Esta ley no regulará sólo a los prestadores de servicios, sino que afectará a todos los ciudadanos y ciudadanas, a su uso, es decir, cuando reciban
una firma electrónica, qué obligaciones y derechos tienen.
Hay un grave vacío que han detectado todos los grupos de la Cámara menos el Grupo Popular: no distingue entre firmante, solicitante y suscriptor.
Hemos visto enmiendas en este sentido de todos los grupos. La ley sólo hace referencia al
firmante y muchas veces confunde quién es el solicitante y quién es el suscriptor. La mayoría de los certificados que hoy en día están generando los prestadores de servicios privados están siendo emitidos a administraciones públicas, ayuntamientos
y empresas, y en este caso el solicitante es la empresa o entidad, pública o privada, y los firmantes serán los trabajadores. Al no hacer esta distinción y hablar de personación, la consecuencia será clara: una empresa no podrá pedir certificados
para todos sus empleados, sino que, por ejemplo, los 3.000 empleados de una empresa tendrán que personarse en el prestador de servicios para pedirlos, con lo que ello supone de falta de agilidad en la utilización de la firma.
No entraré en más temas, pero quiero decir que en toda la ley existe una gran obsesión por la personificación, cuando precisamente estamos hablando de firma digital. Además, han rechazado todas nuestras enmiendas en este sentido, enmiendas
que consideramos técnicas y que darían agilidad al funcionamiento. En Comisión ya alegaron que crearía inseguridad jurídica y me gustaría que me dijeran qué inseguridad jurídica crea. No creo que encuentren ninguna razón porque más roles, si están
bien definidos, y qué obligaciones y qué deberes tienen cada uno de ellos, no significa menos seguridad jurídica. La representación en general no significa menos seguridad jurídica. Hay otros aspectos ambiguos y vamos al aspecto también de la
seguridad. ¿Quién comprueba la identidad de un suscriptor? La ley habla de los órganos encargados de verificar la identidad ¿Quiénes son? Nosotros hacemos una propuesta muy concreta. Creemos que han de ser los propios prestadores de servicios
porque si no la posible solución sería que fuera la Administración y además de presentarse los 3.000 ampleados tendrían que ir no sólo al prestador de servicios sino a la Administración pública. Otra parte importante de aportaciones técnicas es que
la ley contiene la obligación, tanto de la presentación como que una información necesaria en un certificado reconocido es el DNI. No aceptar nuestras mejoras, que lo que contienen es que pueda ser el DNI, el NIE o para otros ciudadanos extranjeros
el equivalente,
hace que los prestadores de servicios españoles no puedan prestar servicios a residentes en España, porque no tienen DNI ni a residentes en otros países porque tampoco lo tienen. Aunque han aceptado una transaccional en el artículo 13.1,
queríamos dejar patente hoy aquí que es muy importante que hagamos esta modificación también en el artículo 11.2 porque no podrán prestar servicios y porque explícitamente la ley dice que si no tendrán una sanción grave.
Voy a hablar ahora de una serie de enmiendas y de aportaciones en que hablamos de los derechos ciudadanos y ya he dicho que se han olvidado a los ciudadanos, incluso en el objeto y en el sujeto de la ley. La ley tal como está escrita no
protege al ciudadano respecto a la necesaria aceptación de cualquier certificado reconocido, el llamado derecho a no repudio. Queremos incluir el derecho a no repudio como un derecho ciudadano, porque si no el ciudadano se puede encontrar ante el
hecho de que ha pagado con un certificado reconocido de máxima seguridad y una administración, porque así lo recoge la ley, de forma unilateral decide no aceptárselo. Será difícil que la ciudadanía confíe en comprar un certificado si no sabe ante
quien lo puede utilizar o puede encontrarse con que se lo rechacen. La firma electrónica reconocida, según la directiva europea, debe ser equivalente a la manuscrita. Hemos incluido una enmienda explícita en ese sentido. Este tendría que ser uno
de los grandes resultados de esta ley, que después de esta ley, allá donde cualquier ley o cualquier trámite pida una firma manuscrita, podamos presentar la firma manuscrita o la firma electrónica. Votaremos a favor, de la solución concreta que
propone Convergència i Unió de modificación del Código Civil, porque en este sentido creemos que queda más patente.
La ley recoge, ya decimos que no tan explícitamente, la aceptación de la firma reconocida, pero después -ahora entraré en ello- pone una serie de reparos, de posibles condiciones para aceptarla o no, que contradicen realmente el derecho a no
repudio y de la verdadera equivalencia. La Administración pública puede, de forma unilateral, rechazar un certificado reconocido poniendo condiciones concretas, sólo tiene que ser aceptado por todo el mundo el DNI electrónico. Haré un símil para
que todo el mundo me entienda. Es como si a la hora de firmar, como hemos hecho hasta ahora de forma manuscrita, alguien nos obligara a utilizar un bolígrafo o una pluma concreta o nos obligara a utilizar un papel o una marca de papel. Es
absolutamente lo mismo. Si la firma reconocida es la máxima segura, esa máxima tiene que ser aceptada por todo el mundo. Es muy importante que todos reconozcamos la firma electrónica reconocida porque si no esto creará desventajas a nuestros
ciudadanos respecto a otros usuarios de la Unión Europea y, además, una clara desventaja de los prestadores de servicios ubicados en el territorio español, porque la normativa europea de libre competencia hará que en España no se pueda rechazar
ningún certificado reconocido emitido por un prestador de servicios europeo no ubicado en España y, en cambio, sí se podrá rechazar uno de un prestador de servicios español. De hecho, cuando hablábamos con l'Agència Catalana de Certificació, se nos
decía que si la ley sigue adelante para operar de forma efectiva le sería más útil trasladarse a Perpignan para que realmente puedan hacer competencia y vender certificados. Incluyen un reparo claro a la aceptación de la firma electrónica como
prueba en un juicio. ¿Por qué ponemos estos reparos? A partir de ahora, ¿funciona la firma o no? Podrá ser admitida, como una mera posibilidad. Nosotros creemos que tiene que ser admitida. También agradecemos, como ha dicho el compañero de
Convergència i Unió, que hayan aceptado la transaccional para las garantías de accesibilidad de personas discapacitadas y mayores.
Ahora entraré a todo el bloque que pretende que el Estado no actúe como un monopolio de la libre competencia necesaria. Esta ley tendrá una consecuencia clara de facto, la creación de un monopolio, un monopolio -tal como está redactada la
ley- con dos certificados que serán mayoritarios en su uso, el DNI electrónico y el certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. De nuevo el Gobierno demuestra su intervencionismo en el ámbito de las telecomunicaciones. El DNI creará
monopolio porque, según la ley, es el único de obligada aceptación, con una clara desventaja para el sector, pero el problema no es que genere firma o no, que lo podemos discutir, sino que sea el único que cualquier administración pública tenga que
aceptar, y el de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre porque sabemos que la mayoría de ciudadanos, si la Agencia Tributaria sólo acepta este certificado, tiene que presentar la declaración de la renta y por lo tanto lo tendrán. También quedan
discriminados claramente los certificados que con esfuerzo y apoyo han puesto en marcha las agencias promocionadas por las comunidades autónomas. ¿Por qué se tiene que aceptar el DNI y no un certificado generado por una comunidad autónoma, que es
una administración pública? Nos podíamos encontrar además con la eventualidad que, por ejemplo, l'Agencia Catalana de Certificació, de Cataluña, emita un certificado, como es lo más habitual, justificando y certificando que alguien es funcionario
de Sabadell, y este certificado no sea aceptado en Almería.
Además, vuelvo a decir, esto no lo podremos hacer con cualquier certificado que se emita en el ámbito europeo, porque tenemos que aceptar la libre competencia.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señora Muñoz, le ruego concluya.
La señora MUÑOZ SANTAMARÍA: En este sentido, creemos que cualquier administración pública debe aceptar cualquier firma reconocida, hecha por una comunidad autónoma o hecha por un privado, si es reconocida.
Presentamos una serie de enmiendas para incluir la protección de datos.
Hay términos ambiguos, como se ha dicho aquí, como razonablemente o razonable, y creemos que no son los óptimos. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
Acabo diciendo que debemos votar no, por responsabilidad, porque esperamos que en el trámite al Senado revisen las enmiendas de varios grupos y las opiniones de los expertos; que sean más receptivos y mejoren la ley, que han dedicado dos
años, sí es verdad, a tener publicado en Internet un borrador, pero en realidad han dedicado más tiempo a intentar hacer un equilibrio entre diferentes ministerios y diferentes intereses que en incorporar las opiniones de los expertos; que han
realizado un trámite precipitado; que aprovechan que la mayoría de los ciudadanos no sabe lo que es la firma electrónica, y seguramente no lo saben porque su Plan INFO XXI fue un verdadero desastre, y que no les interesa realmente la extensión de
los prestadores de servicios privados y una competencia española.
La señora PRESIDENTA: Señora Muñoz, le ruego que concluya, por favor.
La señora MUÑOZ SANTAMARÍA: Creemos además que esta ley debería garantizar claramente tres aspectos: los derechos ciudadanos en el uso de la firma, el derecho a la libre competencia y el no intervencionismo del Estado.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Muñoz.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Moreno.
El señor MORENO BONILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, nos encontramos en el día de hoy con un proyecto de ley del que se ha hablado de su complejidad técnica, incluso de sus dificultades desde el punto de vista de comprensión por parte de muchos de los grupos y diputados que hemos
participado en este magnífico, a nuestro juicio, proyecto de ley, que sin duda alguna va a ser un instrumento generador de confianza en las comunicaciones telemáticas, un proyecto de ley que va a ser un elemento también dinamizador de la
Administración y del propio comercio electrónico, un proyecto de ley que permite y va a permitir tramitar a través de Internet becas, ayudas, subvenciones o diferentes programas que se gestionan por parte del conjunto de las administraciones.
Precisamente con la tramitación de este proyecto de ley se confirma una vez más que el adecuado desarrollo de Internet y de la sociedad de la información es una de las prioridades políticas del Gobierno para esta legislatura.
Señorías, desde mi grupo parlamentario estamos convencidos de que con la existencia de un marco legal adecuado sobre el uso de la firma electrónica se constituye un punto de partida absolutamente esencial para conceder la confianza necesaria
al conjunto de los usuarios de Internet y conseguir fomentar la sociedad de la información y el propio comercio electrónico. Tras la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico del primer texto de referencia de firma electrónica -me estoy
refiriendo, como SS.SS. saben, al Real Decreto-ley 14/1999-, se va modificando, se va viendo una evolución dentro de las transacciones electrónicas en el conjunto de nuestro país. Las ventas electrónicas al consumidor en España, lo que se conoce
en el argot como BTC, han sido durante el año 2002 de 1.160 millones de euros, que es el doble de lo que se facturó en el año 2001, que a su vez fue el doble de lo que se vendió en el año 2000, o sea, que se incrementa más de un cien por cien cada
año que va pasando. Siguiendo con las cifras, tengo que decirles que el número de usuarios que compraron durante el año 2002 en Internet fue de 2.500.000 frente a 1.100.000 en el año 2001. Se ha ido evolucionando, estos datos van demostrando que
era necesario, después de esa orden ministerial y en cumplimiento de directivas europeas, traer un proyecto de ley a esta Cámara, proyecto de ley que ha sido madurado y cimentado en el consenso y en el trasvase de datos. Nuestro grupo parlamentario
sabe que una parte muy importante de los aspectos básicos relacionados con la seguridad en el uso de Internet puede ser resuelta mediante la utilización de la firma electrónica, pues la firma electrónica aporta sin lugar a dudas a los procedimientos
electrónicos las cualidades de autenticidad e integridad y no repudio que esto requiere para ofrecer unas claras garantías adecuadas a lo que es la red, pues no en vano se convirtió en uno de los ejes absolutamente primordiales del plan de acción
Europe 2005, que no es otro que potenciar la seguridad en el uso de Internet.
En línea con todo ello el Gobierno se ha comprometido en esta legislatura a impulsar también el DNI electrónico, gestionado por el Ministerio del Interior, sobre el cual recaen las competencias, cuya incorporación permitirá una gran difusión
y generalización de la firma electrónica.
Como saben SS.SS., España ha sido uno de los primeros países en desarrollar una legislación sobre firma electrónica. Como ya he mencionado antes, hace más de tres años y medio, concretamente el 19 de
septiembre de 1999, entraba en vigor el real decreto sobre firma electrónica, entre cuyos aspectos más importantes estaba equiparar el valor jurídico de la firma manuscrita y de la firma electrónica, teniendo validez esta última como prueba en
juicio, siempre que la firma electrónica se haya generado en las condiciones de seguridad necesarias.
A pesar de la existencia de esta norma jurídica, existen algunas razones para que este proyecto de ley haya visto la luz. En la nueva norma se
recogen las observaciones de la propia Comisión Europea al texto del Real Decreto 14/1999 y se incorporan a este proyecto de ley la experiencia obtenida y los avances técnicos
y normativos desde la entrada en vigor del propio real decreto. Además este nuevo texto incorpora las tecnologías de firma electrónica que permitirán solicitar y finalizar los trámites a través de Internet de becas, ayudas o subvenciones de
los diferentes programas que gestiona el conjunto de las administraciones.
Esta nueva norma jurídica contempla la emisión de certificados de personas jurídicas, reconociendo que la firma electrónica, a diferencia de la firma manuscrita, es susceptible de integrarse en procedimientos automatizados sin la
intervención directa de una persona física. Este concepto permite dotar a estas entidades de mayor flexibilidad en la utilización de las herramientas de firma electrónica, pudiendo ser una herramienta de especial utilidad en el caso de las pequeñas
y medianas empresas. También se revisan la terminología y la sistemática del texto con vistas a facilitar su comprensión y aclarar los conceptos de los contenidos. Por ejemplo, se introduce la denominación de firma electrónica reconocida para
identificar con mayor claridad aún a la firma electrónica, que cumple los requisitos necesarios para ser considerada equivalente a la firma manuscrita.
Para resaltar alguna modificación clara respecto al texto anterior, tenemos la eliminación del registro de prestadores de servicios de certificación, previsto en el Real Decreto-ley 14/1999, con el objetivo de hacer más dinámica y fluida la
prestación de servicio. También se promueve la autorregulación de la industria, modificando el concepto de certificación de prestadores de servicio, de certificación para otorgar mayor libertad y protagonismo al sector privado. Dado que la
prestación de servicio de certificación no está sujeta a autorización previa, se ha reforzado la capacidad de inspección y control por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Otra característica básica de este nuevo texto es que se modifica
la obligación de constitución de una garantía económica por parte de los prestadores de servicio de certificación que emitan certificados reconocidos, estableciendo una cuantía mínima única en torno a los tres millones de euros.
Señorías, este proyecto de ley da al DNI electrónico el soporte legal necesario para su emisión. En efecto, el DNI electrónico permitirá a su titular utilizarlo en las comunicaciones electrónicas para identificarse y para firmar documentos
electrónicos. Su incorporación va a permitir una gran difusión y generalización de lo que es la firma electrónica. Los ministerios de Administraciones Públicas y de Ciencia y Tecnología, como resultado del informe y recomendaciones presentados el
1 de abril de 2003 por la Comisión de estudios para el desarrollo de la sociedad de la información, conocida como Comisión Soto, hicieron público el plan de choque para el impulso de la administración electrónica en España, que recoge 19 medidas que
conseguirán acelerar la implantación de nuevos y mejores servicios electrónicos de los distintos ministerios y organismos públicos con garantía de la accesibilidad para todos los ciudadanos, entre ellos, el DNI electrónico.
La importancia de la firma electrónica, que reconocen todos los grupos parlamentarios en el inicio de sus enmiendas, ha motivado que el Gobierno aprobara este real decreto y que lo complementara con un proyecto de ley que, en discrepancia
con lo que dice la portavoz del Grupo Socialista, no ha sido fruto de la improvisación, sino que es un proyecto de ley que ha sido cimentado en el contraste de opiniones, en el que han participado distintos sectores en una elaboración ardua y, al
mismo tiempo, muy sistemática. Nos encontramos con un proyecto de ley maduro, que tiene capacidad de dar respuesta a las necesidades que la sociedad y el sector demanda; un proyecto de ley que, sin duda alguna, va a dinamizar al sector y al
desarrollo de la sociedad de la información. Debemos añadir que se trata de un proyecto de ley que también ha contado con el apoyo de los distintos grupos parlamentarios. Hemos tenido un debate intenso en Comisión, que no he querido repetir, donde
el Grupo Parlamentario Popular ha dado respuesta, una por una, a todas las enmiendas que han presentado los distintos grupos parlamentarios, ha dado razones y motivaciones de por qué se aceptaban o rechazaban cada una de las enmiendas que se
presentaban, y donde se ha hecho un esfuerzo de diálogo y de comprensión, especialmente por parte del Grupo Popular, para llegar a acuerdos. De hecho, de estos acuerdos han salido 17 transacciones que han sido aprobadas y han redundado en beneficio
del proyecto de ley pues lo ha mejorado. También ha habido enmiendas importantes que se han aprobado por unanimidad, como la que se recordaba aquí por parte de otros portavoces, la de garantía de accesibilidad para personas con discapacidad y la
tercera edad, que me parece sumamente interesante y que todos los grupos lo hemos recogido e incorporado. Señorías, es un texto bien elaborado, que ha sido mejorado técnicamente para dar respuesta a cualquier inquietud que subsista; tiene vocación
de respetar los derechos de los ciudadanos, como no podía ser de otra manera; no es intervencionista, pues lógicamente se basa en el ámbito competencial en el que está apoyado y respaldado; da seguridad, mejora las posibilidades de las
transacciones electrónicas y, en definitiva, pone una vez más las bases para contribuir a ese desarrollo tecnológico de la sociedad de la información y conseguir ese gran objetivo de que los ciudadanos tengan cada vez mayor calidad de vida y más
oportunidades gracias al desarrollo de la nueva tecnología aplicada al conjunto de las administraciones públicas. Sin lugar a dudas, dentro de unos años le recordaremos por ser un gran proyecto de ley y por ser la base de ese desarrollo tecnológico
y social que tendremos en los años venideros.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Moreno.
Iniciamos la votación de las enmiendas al dictamen de Comisión del proyecto de ley de firma electrónica. En
primer lugar, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco números 40, 42, 43, 50, 58, 66 a 73 y 77.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 126; en contra, 154; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 46, 49, 57, 60, 62 y 65.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 29; en contra, 249; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV.)
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 28; en contra, 154; abstenciones, 99.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En primer lugar, las enmiendas números 3 a 8, 11, 28 y 39.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 127; en contra, 154; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 10, 12 a 14, 16, 17, 19 a 27, 31 y 33 a 36.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 12; en contra, 255; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 14; en contra, 156; abstenciones, 113.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió.) En primer lugar, las números 175 a 177, 182, 200 y 207.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 26; en contra, 155; abstenciones, 102.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió.)
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 121; en contra, 155; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 104; en contra, 156; abstenciones, 23.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el texto del dictamen del proyecto de ley de firma electrónica.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 154; en contra, 108; abstenciones, 21.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- PROYECTO DE LEY GENERAL TRIBUTARIA. (Número de expediente 121/000155)
La señora PRESIDENTA: Punto 59 del orden del día: Dictamen de Comisión del proyecto de ley general tributaria. (Pausa.)
En primer lugar, para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria presenta para este debate en Pleno las enmiendas que traíamos vivas de ponencia y Comisión, anunciando
ya a los servicios de la Cámara que no procede la votación de las enmiendas números 120 y 126, porque han sido objeto de transacción por parte del Grupo Popular y aceptadas por mi grupo en los trámites de ponencia y Comisión. Las enmiendas
que permanecen vivas tienen un agrupamiento que paso a defender.
Las enmiendas números 121, 122, 123, 124 y 125 contemplan una justificación semántica para corregir lo que en el proyecto del Gobierno es una indeterminación que puede llevar a confusión en las garantías en el proceso de tipificación de las
figuras fiscales. En el proyecto se habla de la base imponible para determinar los regímenes que, a nuestro juicio, deben ser tres, aunque los dos primeros están mal especificados.
Proponemos que estos regímenes: directo, el objetivo y el
indirecto en la estimación, se denominen de determinación directa, determinación objetiva y estimación indirecta. Decimos esto porque las leyes no regulan métodos de determinación de las bases sino regímenes de determinación. Los métodos son un
procedimiento técnico. El método -aceptado por la jurisprudencia- es una cuestión propia de la técnica fiscal y no del derecho tributario. El derecho tributario, por tanto, tiene que fundamentarse en un soporte legal que legitime el principio y
los métodos que ahí puedan regularse.
Defendido este bloque de enmiendas, paso a comentar las que se refieren a las competencias de las comunidades autónomas. Con la enmienda 127 proponemos que la colaboración para el tratamiento posterior de los datos con fines exclusivamente
estadísticos, conforme a la legislación reguladora de la función estadística pública, no sea sólo del Instituto Nacional de Estadística sino también de los órganos equivalentes de las comunidades autónomas. En esta enmienda hacemos unas salvedades
porque creemos que las comunidades autónomas no pueden verse menoscabadas ni apartadas de un proceso de colaboración con el Instituto Nacional de Estadística, pero tampoco este organismo, que puede centralizar toda la acumulación de datos para su
lectura e interpretación, puede estar sin un servicio que las comunidades autónomas tienen ya instalado desde hace muchos años, que son estos organismos de la estadística propia de cada comunidad autónoma.
El tercer bloque de enmiendas que presenta nuestro grupo se refiere a figuras competenciales del régimen específico de Canarias. Con la enmienda 128, similar a las números 129 y 130 que presentamos, pedimos que al tipificar el proyecto de
ley lo que son infracciones graves éstas se extiendan también a la figura de los tributos repercutidos. Proponemos en nuestra enmienda la inclusión de la expresión tributos repercutidos, figura que se da en Canarias con el impuesto general
indirecto canario.
Estamos de acuerdo con el fondo del proyecto, pero en su forma hay que extenderlo a esta figura fiscal propia del archipiélago canario. En la actual Ley General Tributaria vemos -y no nos oponemos sino que lo apoyamos- que se
incrementa el porcentaje de sanción de las infracciones graves no solamente cuando se dejan de ingresar cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresar a cuenta, sino también -y aquí viene el matiz- cuando se dejan de ingresar
cantidades que han sido objeto de repercusión jurídica de acuerdo con el artículo 88 de la citada Ley General Tributaria. No nos parece justificado eliminar en este texto los supuestos de agravación de la infracción tributaria prevista en el
artículo 191 del proyecto de ley, por cuanto no solamente es el caso del IVA, que es una figura impositiva que no existe en el archipiélago canario por su régimen especial, pero sí tenemos la figura correspondiente -digámoslo así, en arquitectura
fiscal- que es el impuesto general indirecto canario que genera la exigencia de que debe ser objeto de repercusión a los adquirentes de bienes o servicios que deben tributar por el mismo. En estos casos se lesionan los intereses de la Hacienda
pública, tanto de la estatal como de la canaria -de aquí que nosotros hagamos esta defensa ya que el Gobierno autónomo de Canarias quiere ver reconocidos sus ingresos públicos por esta vía-, que no puede permitir que se agraven con el
enriquecimiento injusto del infractor.
Porque puede haber un infractor en el archipiélago canario que, por esta ausencia de mención explícita en el proyecto de ley, soslaye los tributos repercutidos que hacen referencia al ámbito del impuesto
general indirecto canario. Con esta misma justificación hemos presentado las enmiendas que he dicho 129 y 130.
Señora presidenta, la enmienda número 131 pretende que se incluya una disposición adicional nueva que recoja la peculiaridad y singularidad del régimen fiscal canario a través de su régimen económico y fiscal, el denominado REF. Entendemos
que esto tiene que quedar recogido en esta ley general tirbutaria, porque si no quedaría coja en su aplicación y en su respeto a la peculiaridad, que está recogido en la Constitución española y en su estatuto de autonomía, a su régimen económico.
Tiene que ser oído el Parlamento autónomo de nuestra comunidad y, al mismo tiempo, recogerse las salvedades que dan garantía a los preceptos constitucionales y estatutarios. Con esta disposición adicional nueva pretendemos una referencia explícita,
concreta, en el proyecto de ley al régimen económico y fiscal de Canarias, diciendo que lo establecido en este proyecto de ley se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa específica fiscal y económica canaria. Será reclamable, en vía
económico-administrativa, ante los órganos económico-administrativos de la Comunidad Autónoma de Canarias, porque hay que reconocerle a la comunidad autónoma lo que ya figura en la Constitución y lo que se deriva de su estatuto de autonomía, el
estatuto orgánico como ley orgánica que tenemos en la comunidad canaria, al igual que en las otras comunidades, pero la canaria reconoce el principio constitucional de su especificidad y de su singularidad y, por tanto, hay una administración fiscal
canaria que tiene
que ejercer unas competencias con base legal. Por consiguiente, todas las reclamaciones que tenga que hacer este órgano tienen que tener su base legal correspondiente. Debe quedar claro que a la Comunidad Autónoma de Canarias le
corresponde la competencia para contestar las consultas tributarias relativas a los tributos derivados del régimen económico y fiscal de Canarias, porque como el proyecto de ley está regulando una serie de competencias en lo que se refiere a
consultas a órganos de la Hacienda estatal, pero es la que está regida por el impuesto del IVA, sería absurdo que un contribuyente canario que tuviera alguna duda fiscal por aplicación de las figuras y de los tipos impositivos canarios, tuviera que
dirigirse al Ministerio de Hacienda en Madrid para que le interpretase la idoneidad del tributo, cuando esa ventanilla de consulta existe ya en la Administración tributaria canaria. Pedimos que se reconozca, porque el Gobierno, al hacer esta
figura, se ha olvidado de que existe un territorio dentro del Estado español, que es Canarias, que tiene un régimen económico y fiscal totalmente diferente del resto del territorio peninsular más Baleares. Es decir, que de 17 comunidades autónomas,
16 se rigen por un principio general del Estado excepto la número 17, que es Canarias, que va por otro régimen distinto.
Sencillamente lo que pretendemos es una adecuación de esa potestad que no va contra nada, sino a favor del respeto de unas
competencias y de racionalidad de que el contribuyente del archipiélago canario se dirija en consulta a los órganos propios sobre si puede aplicar una desgravación o sobre el impuesto que tiene que pagar del IGIC, etcétera, porque preguntarle eso a
un técnico del Ministerio de Hacienda en Madrid parece absurdo. Estas interpretaciones se deben referir al área competencial y administrativa. Es lo que pretendemos con nuestra enmienda 131.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Señora presidenta, las damos por defendidas.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), señor Otxoa. (Pausa.) Entiendo que las da por defendidas. (Asentimiento.)
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Gracias, presidenta.
Diputados, diputadas, hoy vamos a acabar de debatir y a aprobar ya la ley general tributaria. Nuestras enmiendas tienen un primer signo político y social; voy a intentar explicar el agrupamiento que hacemos y a hacer una defensa de las
enmiendas en conjunto. Parece que hay una especie de carrera para ver quién recorta más los impuestos, quién da más duros a cuatro pesetas. Eso sí, los impuestos directos, porque los indirectos, que gravan a las clases más humildes de la sociedad,
continúan creciendo.
Y ¿qué hace que los impuestos no se hayan reducido en los últimos años, sino que hayan cambiado el signo entre directos e indirectos? A través de esta reducción de impuestos hay una constante apelación al sentido más
insolidario y egoísta de la gente. Te rebajaremos impuestos es un discurso dirigido a la parte más miserable o más recelosa del individuo ante lo que puede hacer el Estado, en este caso concreto en relación con los impuestos y los servicios que
puede dar el Estado. Impuestos, piensa Izquierda Unida, los justos, los necesarios, que sean además equilibrados y progresivos. El que tiene más que pague más. En definitiva, sacar el dinero de donde lo hay.
En la filosofía del impuesto se contiene un concepto de sociedad u otro más solidario, menos solidario, más social, menos social, que favorece más a unos sectores de la sociedad, minoritarios, o que favorece al conjunto de la sociedad como
mayoría que necesita unos servicios públicos eficientes. La gente de la calle debe saber que de los impuestos salen los servicios y salen servicios mejores o peores; servicios sobre salud, sobre educación; becas; servicios sociales; si hay o no
hay residencias para ancianos de carácter público; si hay o no hay guarderías de carácter público, que no las hay en la cantidad suficiente. Hoy sale una noticia de Madrid en la que, después de explicar que han reducido impuestos y que lo hacen
tan bien, se dice que, por ejemplo, hay listas de espera que hacen que una embarazada, a través del servicio público, tarde a lo mejor ocho meses en ser atendida por un ginecólogo. Se pueden reducir impuestos, pero luego no habrá los suficientes
médicos, infraestructura o capacidad para atender en tiempo real a la gente que lo necesita. La sociedad ha avanzado convirtiendo en derecho universal lo que antes eran privilegios, así avanza una sociedad democrática, una sociedad con signo
social. Lo que antes eran privilegios para unos cuantos se convierte en un derecho universal, normalmente por la lucha, por el movimiento obrero, por la izquierda, por la democracia, en definitiva; no excluyo a nadie, todo el mundo se ve
contaminado por esta lucha y por esta necesidad de convertir en derechos universales lo que antes eran privilegios. En una sociedad en la que los bienes fueran públicos, el Estado debería encargarse de financiarlo todo, pero en una sociedad
privatizada esto debe salir de los impuestos y el Estado debe disponer de los impuestos necesarios para hacer cumplir eficazmente sus funciones.
Vuelvo al principio y digo que el discurso actual tiende a convertir lo colectivo y público en el enemigo y lo individual en lo moderno. Y esto, debe saberlo la
gente, lo pagan los más débiles de la sociedad, los sectores más pobres de la sociedad, si no quieren utilizar los términos de pobreza y riqueza -que también la hay-, los más débiles de la sociedad, repito. Además, en la medida en que los
impuestos no funcionen y que el Estado no tiene la caja suficiente para hacer frente a determinadas necesidades, nos encontramos con desbarajustes totales y degradaciones de servicios públicos, como ocurre por ejemplo en el Reino Unido o en los
Estados Unidos de América; redujeron impuestos, redujeron capacidad recaudatoria para hacer obra pública y en un momento concreto se han encontrado con desastres como el que ha ocurrido en los Estados Unidos este verano o en el Reino Unido hace
años, en relación con la sanidad, con el sistema ferroviario, etcétera.
Repito que duros a cuatro pesetas no existen. La sociedad debe saber que debe haber impuestos, los justos, los necesarios, equilibrados, progresivos, pero debe haber impuestos. Lo que no debe tolerarse de ninguna forma son los impuestos
altos o no tan altos y malos servicios, porque si se pagan impuestos y además hay malos servicios, mal asunto. El que tiene que pagar los impuestos no se va a responsabilizar nunca de pagarlos, los va a pagar a regañadientes y hará todas las
trampas posibles para no pagarlos. Tampoco se debe permitir que haya impuestos injustos o excesivamente injustos entre unos y otros, que no haya progresividad; que haya evasión o elusión multimillonaria a partir de asesores de tercera categoría,
que asesoran cómo tienes que hacer para trampear, para hacer fraude, para eludir o para evadir. Y lo que tampoco se debe permitir es que haya dinero que vaya a paraísos fiscales y que se eludan los impuestos impidiendo que la caja del Estado tenga
suficiente recaudación para hacer frente a las necesidades del país.
Izquierda Unida defiende la cultura democrática del impuesto como una contribución solidaria, como una acción de civismo del conjunto de los ciudadanos. Este proyecto que hoy vamos a acabar de debatir y a aprobar no hará una fiscalidad más
justa. Este proyecto forma parte de una política desfiscalizadora, a nuestro entender, basada en la capacidad privada más que en la garantía de los derechos básicos universales, y es una lástima, ya que la ley general tributaria es el eje
vertebrador de todo el ordenamiento tributario español. Digo que es lástima, pero es lógico, porque cada uno defiende lo que defiende y tiene los intereses que tiene. No se ha hecho caso de las propuestas de los inspectores en relación con el
régimen de sanciones, procedimientos de inspección, acotamiento del tiempo para estudiar el delito fiscal, etcétera. No contiene las reformas necesarias de la gestión tributaria para hacer frente al fraude fiscal y para hacer aflorar todas las
potencialidades recaudatorias y permite todo tipo de estratagemas para no pagar y cambiar, si es necesario, el nombre de la empresa.
Nosotros, por eso, hemos mantenido una serie de enmiendas que van en el sentido que voy a expresar, defendiéndolas de forma colectiva: para aclarar y mejorar las relaciones tributarias entre las distintas administraciones públicas y en
especial entre el Estado y las comunidades autónomas y los entes locales, en el sentido de que estas administraciones puedan compensar deudas fiscales de forma recíproca, lo cual hasta ahora no era posible. Van en el sentido de eliminar o rebajar
un tipo de instrumentos que hay en este proyecto de ley, por ejemplo las actas de acuerdo, para combatir el fraude. Las actas de acuerdo no nos convencen. Van en el sentido de rebajar los tipos de recargo a aplicar a los sujetos pasivos por los
distintos motivos estipulados en el proyecto cuando éstos hayan sido originados por errores imputables a la propia Administración tributaria. Van en el sentido de elevar algunos tipos de recargo para determinadas conductas, con el fin de que esto
sea disuasorio y por tanto combatir de esta forma el fraude y el no pago. Van en el sentido también de elevar las sanciones para determinados tipos de infracciones y conductas. Van en el sentido de mantener la redacción existente de algunos
preceptos contenidos en la Ley de derechos y garantías de los contribuyentes, contribuyentes que en este proyecto de ley quedan desvirtuados. Y también en el sentido de introducir medidas que intenten evitar lo que se denomina deslocalización de
activos, con el fin de disuadir el enorme fraude por insolvencia que sufrimos en la actualidad. En general, a nuestro entender, se trata de mejorar la relación de los obligados tributarios con las administraciones tributarias y la información
recíproca que deben mantener entre estos así como eliminar o modificar ciertos aspectos que podrían producir cierta indefensión hacia el sujeto pasivo inspeccionado. Hay también finalmente una serie de medidas para establecer un sistema de
consultas por Internet, donde se puedan ver los sujetos insolventes, los que tienen deudas con apremio, mejorando así el sistema fiscal del IVA y los pagos a realizar por las administraciones tributarias en este tipo de sujetos.
En definitiva, el conjunto de enmiendas que mantenemos va en la línea de convertir la ley general tributaria en el eje vertebrador de toda la política de impuestos en nuestro país, para que ésta sea más democrática, más eficiente y más
social.
Muchas gracias, señoras y señores diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Frutos.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió va a defender en este trámite parlamentario todas aquellas enmiendas que quedaron pendientes en el debate en Comisión. En dicho
debate, quiero manifestarlo, nos fueron aprobadas alrededor de 20 enmiendas, dirigidas básicamente a reforzar las garantías de los contribuyentes, a dotarles de mayor seguridad jurídica, a impulsar la unificación de criterios en la actuación
administrativa y a disminuir la litigiosidad entre el administrado y el administrador. Estas enmiendas nos parece que perfeccionan y modernizan la Ley General Tributaria y lo valoramos positivamente. Sin embargo han quedado dos o tres cuestiones
que nos preocupan muchísimo y que queremos exponer a la Cámara, para ver si existe la posibilidad de que el Grupo Popular sea sensible al respecto.
Voy a referirme en primer lugar a la enmienda 283, de Convergència i Unió, al artículo 43.1.f. Es la famosa enmienda de la responsabilidad subsidiaria, que tenemos un gran interés en que sea aceptada por el Grupo Popular, dada la grave
preocupación existente en el sector de la construcción; nos hacemos eco de dicha preocupación y nos gustaría que fuera aprobada. Se propone que los contratistas sean responsables subsidiarios de las obligaciones tributarias, tanto IVA como
retenciones, que debieran repercutirse en el tráfico mercantil entre los contratistas y los subcontratistas. Convergència i Unió aboga por la supresión de dicho artículo, básicamente porque entendemos que es un artículo perverso, confiscatorio,
intimidatorio y desproporcionado. Y voy a añadir otra cuestión que incrementa dicha gravedad: entendemos que la aplicación del mismo podría ser inconstitucional. Su aplicación produciría confusión, caos y arbitrariedad entre el administrado y el
administrador.
¿Cómo es posible, señorías, que se pretenda que el empresario o el contratista sea el responsable solidario, sea el inspector o sea el tutor de las obligaciones de las empresas que contraten, que son los subcontratistas? (El señor
Martínez-Pujalte López: Subsidiario.) Será que Hacienda no tiene todos aquellos mecanismos parar poder controlar dichas actuaciones. En la Agencia Tributaria existe un gran capital de recursos humanos, que son efectivos en la lucha para que todos
los contribuyentes asuman sus obligaciones y entendemos que esta labor de inspección no la puede asumir nunca el empresario. Asimismo Hacienda tiene una cantidad de medios informáticos a su alcance que son muy importantes para poder controlar dicha
situación. Aquí nos podríamos trasladar a aquella famosa pretensión que tuvo en su momento el ministro Borrell de hacer responsables subsidiarios a los asesores fiscales del cumplimiento de las obligaciones fiscales de los clientes. Esto
finalmente no prosperó y entendemos que en este trámite parlamentario sería necesario buscar la complicidad del Grupo Parlamentario Popular para que no prosperara dicho artículo. Nosotros entendemos, señoría, que este artículo atenta contra el
principio de la personalidad jurídica; atenta contra la exclusión de la responsabilidad política y atenta contra la limitación de la responsabilidad, que no deja de ser la base del tráfico mercantil que hoy existe entre todos los agentes económicos
españoles.
Nosotros pensamos, señorías, que el papel lo aguanta todo, pero el derecho también tiene sus límites; no se puede estirar el derecho como un chicle.
De la misma manera que el contribuyente puede escudarse o no en una fórmula jurídica para
infringir la normativa tributaria, nosotros entendemos, señorías, que la Administración tributaria tampoco debe poder ampararse en una norma jurídica para vulnerar la Constitución. Y aquí quisiera hacerles unos breves recordatorios. ¿Se acuerdan
ustedes de lo que pasó con el recargo del artículo 61.2 de la Ley General Tributaria? Pues bien, dicho artículo fue declarado inconstitucional, de acuerdo con la sentencia 276/2000, que declaró inconstitucional el recargo aplicado por efecto
sancionador para todos aquellos contribuyentes que presentaban la declaración de la renta fuera de plazo. No hay que ser profeta para predecir que lo mismo ocurrirá con este sistema de responsabilidad si ustedes no aceptan nuestra enmienda o no lo
modifican en el Senado, ya que entendemos que es un caso similar. Y finalmente, si alguien lo recurriera -y nosotros desde nuestro grupo parlamentario apoyaríamos dicha iniciativa-, sería también declarado inconstitucional, porque entendemos que
este es un precepto que no deja de ser un instrumento sancionador que se basa en la responsabilidad objetiva vedada por la Constitución.
Hemos de manifestar que hemos tenido un debate profundo entre el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo Parlamentario Popular y que ha existido una voluntad importante por parte del diputado del Grupo Parlamentario
Popular don Fernando López-Amor, para mejorar dicho artículo o para su supresión. Es verdad que hemos llegado a un acuerdo en un 20 ó 30 por ciento de nuestras posiciones, pero finalmente no hemos conseguido que existiera, valga la redundancia,
convergencia y unión en nuestras posturas. No descartamos seguir negociando en el trámite parlamentario del Senado, pero nos parece necesario denunciar ante esta Cámara la grave responsabilidad de todos los grupos parlamentarios en poder incorporar
este artículo 43.1.f en la Ley General Tributaria. Nosotros, repito, lo denunciamos como un precepto perverso, confiscatorio, intimidatorio, desproporcionado y que con toda seguridad, si se lleva al Tribunal Constitucional, se nos dará la razón,
por todo lo que yo acabo de exponer.
Otros aspectos que mi grupo parlamentario considera determinantes y básicos hacen referencia a cuestiones autonómicas; por ejemplo, la participación de las comunidades autónomas en los tribunales económicos administrativos. Es verdad que
el Grupo Popular presentó una enmienda en Comisión, en la que dábamos un paso cualitativamente importante, pero no el que nosotros queríamos conseguir. En este trámite parlamentario el Grupo Popular va a presentar otra enmienda,
que también va en la dirección de reforzar todas aquellas cuestiones que hacen referencia a la participación de las comunidades autónomas en los tribunales económicos y administrativos regionales, pero, a pesar de que la vamos a aceptar,
todavía nos parece insuficiente. Nosotros pretendemos avanzar en la dirección de nuestra enmienda y repito que es verdad que daremos un paso cualitativamente importante pero insuficiente en función de los objetivos que pretendíamos conseguir. Con
nuestra enmienda lo que pretendemos es que pueda existir la descentralización de los tribunales económicos administrativos, que se pueda permitir que, dentro de los tribunales económicos administrativos regionales, se puedan constituir salas
especiales formadas por los órganos económicos administrativos de las comunidades autónomas, para que puedan resolver los conflictos sobre los tributos cedidos o aquellos tributos del Estado cuyo rendimiento al cien por cien es de las comunidades
autónomas.
Esta es la propuesta de Convergència i Unió, que, repito, no alcanza los objetivos del Grupo Parlamentario Popular, cuya propuesta de todas formas vamos a aceptar, aunque vamos a seguir negociando para que en el Senado podamos conseguirlo.
Entendemos que, si llegáramos a ello, es probable que descongestionáramos todos aquellos tribunales y salas de lo contencioso-administrativo, en que existe una aglomeración de documentación muy importante. Concretamente en Cataluña tenemos más de
4.000 expedientes por resolver, que si no se resuelven van prescribiendo, lo que no deja de ser un impedimento para lo que representa una administración moderna, ágil y efectiva. Por tanto, vamos a continuar en esta línea de negociar que finalmente
puedan existir salas especiales dentro de los tribunales económicos administrativos de las comunidades autónomas.
Hay otros aspectos que, desde la óptica autonómica, también consideramos importantes, a los que hacen referencia las enmiendas 364, 296, 304 y 308, que van en la misma dirección de conseguir ciertas posibilidades de independencia entre todas
aquellas cuestiones que hacen referencia a los tributos cedidos y respecto de las consultas que se puedan generar desde la Administración tributaria en general. Y, aunque ahora no vamos a poder gozar del visto bueno del Grupo Parlamentario Popular,
sí vamos a continuar insistiendo para que en el Senado podamos resolver estas cuestiones autonómicas, que nos parece que son muy importantes y respecto de las cuales ya hemos dado un paso cualitativamente importante en este trámite parlamentario.
Hay otra cuestión que yo diría que es fundamental y primordial: poder resolver la supresión del artículo 43.1.f, que afecta a la responsabilidad subsidiaria de los subcontratistas respecto a las obligaciones de IVA y exenciones; querríamos
conseguir el consenso con todas las fuerzas parlamentarias y evitar que se pueda promover un recurso de inconstitucionalidad al respecto. También les quiero anunciar desde esta tribuna que, cuando se haya tramitado dicha ley y en caso de que no
hubiéramos podido llegar a un acuerdo, nuestro grupo parlamentario impulsaría una iniciativa parlamentaria para poder instar a la supresión de dicho artículo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señora presidenta, señoras y señores diputados, hace ya algunos siglos que Leonardo da Vinci dijo que la práctica debe estar edificada en la buena teoría, y esa idea de tan ilustre personaje nos permite
preguntarnos sobre la edificación de este proyecto de ley que discutimos en la mañana de hoy.
En Comisión y en el debate de totalidad nosotros pusimos de relieve la existencia de dos grandes problemas. En primer lugar, la legislación que a lo largo de estos años ha ido aprobando esta Cámara a instancias del Gobierno del Partido
Popular ha abierto una brecha enorme entre la renta económica y la renta fiscal y, como consecuencia de esa brecha enorme entre renta económica y renta fiscal, estamos viendo cómo la distribución de los impuestos en España se hace con profunda
desigualdad, en detrimento de la renta del trabajo y haciendo que sean los asalariados de nivel medio y bajo las víctimas de la legislación tributaria. En segundo lugar, la aplicación de las normas se efectúa con bastante ineficacia, y lo ha puesto
de relieve el Tribunal de Cuentas en una investigación que está pendiente de resolución en esta Cámara.
No hay que ser muy versado para saber que uno de los elementos que valora a un sistema tributario es la capacidad que se tenga para disponer de una organización adecuada en la que se sustente, también que los ciudadanos se percaten de la
entidad y de la cualidad de las normas tributarias, y un sistema fiscal sólo puede tener éxito cuando es equitativo y los ciudadanos lo perciben así. Este proyecto de ley no resuelve los problemas del sistema tributario español y no avanza en la
búsqueda de una mayor justicia tributaria. Es más, al PP no le ha bastado la propia configuración de los tributos, donde se consagra una dolorosa desigualdad entre contribuyentes, sino que ha completado el recorrido dando traslado de la desigualdad
a la aplicación de la norma tributaria. En el fondo, en este proyecto de ley hay sólo tres elementos que merezcan ser destacados: las actas de acuerdo, los procedimientos de revocación de los actos tributarios y los conflictos en la aplicación de
la norma. Veamos cómo funcionan esas teselas en este proyecto. Imaginemos a un contribuyente selecto. Éste puede empezar negociando con la
Administración tributaria la aplicación de la norma, puede pactar y cuantificar su efectiva aportación a la magnitud y al volumen de las cargas públicas; ello no impedirá que, llegado el caso, por motivos que no se explicitan bien en esta
norma, la Administración pueda revocar en su momento el acto de liquidación y, por último, siempre quedará el recurso al conflicto, en la aplicación de norma tributaria, en virtud del cual este contribuyente influyente, a pesar de haber utilizado
todo tipo de artificios con la exclusiva finalidad de eludir la correcta tributación, no es ni sancionado ni reprochado por parte de la Administración tributaria.
Hecho este análisis en un contribuyente selecto, ¿se podrán desplegar estas tres potestades en los contribuyentes normales, en esos miles y miles de ciudadanos que, en una situación de inocencia y de virginidad tributaria, siguen reclamando
la existencia de un sistema tributario imparcial? ¿Hay alguno de nosotros que pueda imaginar a un trabajador, a un directivo de una empresa, a un cuadro cualificado, negociando la renta del trabajo, pactando con la Administración el IRPF que
incorpora en su declaración? ¿Verdad que no es imaginable esta situación? En cambio, sí lo es la transacción, el pacto, el acuerdo en la tributación, por ejemplo, de un sofisticado producto financiero; producto financiero que a veces se complica
solamente con el propósito de posibilitar la existencia de un acuerdo de la naturaleza que se regula en esta norma tributaria.
Nos hemos preguntado en el Pleno, en Comisión, hoy aquí: ¿En quién está pensando el Gobierno y el Grupo Popular cuando
hace esta modificación de la Ley General Tributaria? Y ha venido a mi memoria una frase que hace años pronunció don Benito Juárez: A los amigos, gracia y justicia; al resto, la ley. Esa es la filosofía de esta norma tributaria que ha auspiciado
el Partido Popular, y nosotros hemos presentado un conjunto de enmiendas con una filosofía, la de restaurar el principio de igualdad como interdicción de la arbitrariedad, que diría Leibholz. Esa es una de las críticas que hacemos en nuestras
enmiendas a este proyecto de ley.
Les decía, señoras y señores diputados, que este era un proyecto sin cimientos y que vivíamos en una lamentable ucronía porque el redactor del mismo ha querido identificar erróneamente la gestión del sistema tributario de masas, en el que
vivimos hoy día, con aquel sistema tributario artesanal que existía en España en el año 1963. Esta ley y este esquema de la Administración tributaria no responden a las necesidades del sistema fiscal español y tampoco responden al dibujo
institucional que nos hemos dado en España con la Constitución de 1978.
Me explico. Vivimos en un Estado complejo en el que se vienen estableciendo acuerdos en materia financiera entre el Gobierno central y las administraciones territoriales de
las comunidades de régimen común.
Ha habido varios, el último del año 2002. Se trata de un acuerdo general que financia homogéneamente de manera integrada todas las competencias; un acuerdo estable en el tiempo y de aplicación indefinida; un
acuerdo que modifica de manera importante la estructura del ingreso y la del gasto. En los gastos, como consecuencia de la recepción por las comunidades autónomas de las competencias de sanidad y de educación, el gasto público de estas funciones ya
pesa más del 50 por ciento y es gasto corriente, y el peso del gasto corriente es más importante en términos relativos que el gasto de capital. Además, es un gasto que le da a la hacienda territorial un componente de hacienda de servicios. Y en el
ingreso, el acuerdo del año 2002 cierra la vía al endeudamiento, reduce las transferencias centrales y establece unos mecanismos de ingresos fiscales que pasan a ser la fuente financiadora del conjunto de las comunidades autónomas. Es decir, que el
viejo modelo de segregación de fuentes y de administraciones que ha estado en vigor hasta el final del siglo XX es sustituido por otro en el que se amplía de manera muy notoria la lista de los impuestos compartidos. De este grupo de los llamados
impuestos compartidos entran a formar parte las dos principales figuras tributarias del sistema de renta y de gasto que hay en las sociedades avanzadas del occidente europeo, el IVA y el IRPF. Hoy, este modelo ya se encuentra con algunos problemas,
y el primero se deriva de los cambios normativos que se producen en algunos impuestos. En el mismo año en el que se produce la entrada en vigor del acuerdo del año 2002 el Gobierno del Partido Popular establece una reforma de gran impacto en el
IRPF que reduce la base imponible de esta figura, ocasionando un riesgo recaudatorio en las comunidades autónomas. Es más, sin que hayan adoptado ninguna medida tributaria las comunidades autónomas, estas ven cómo se merma la cuantía de sus
recursos y cómo se pone en riesgo el nivel de prestación y la calidad de algunos servicios a los que hemos hecho alusión aquí esta mañana, los servicios educativos y los sanitarios.
Además, los riesgos no quedan reducidos a que la legislación del
Partido Popular limite y estreche la magnitud de lo que se grava. Los riesgos también pueden extenderse a la mera aplicación del sistema tributario, a la eficacia recaudatoria, y lo que está ocurriendo es que tenemos un sistema de impuestos
compartidos con una administración centralizada, porque las únicas competencias que hay en gestión del sistema tributario corresponden al Gobierno central y no a ninguna comunidad autónoma.
Me pregunto y me planteo siempre la misma pregunta. En política hay un binomio que hay que saber conjugar, que es el binomio poder con responsabilidad. Y esta ley ¿posibilita una solución razonable al binomio poder con responsabilidad?
No. El sistema de impuestos compartidos exige responsabilidades igualmente compartidas, en virtud de las cuales haya una colaboración y una cooperación en la gestión del sistema tributario y que sean todas las administraciones las que corran con el
riesgo de aplicar con justicia la fiscalidad.
Por tanto, el dibujo tributario que auspicia este proyecto de ley no favorece la estabilidad funcional de la Administración tributaria. Una organización integrada es el modelo coherente con el actual sistema de impuestos compartidos, y no
se da un paso en esa dirección.
Otra cuestión que quisiéramos plantear es qué debería hacer un Gobierno preocupado de verdad con la aplicación honesta y sincera del sistema fiscal y dónde tendrían que estar las líneas de reforma de la Ley general Tributaria. Primero, en
facilitarle la tarea al ciudadano cumplidor, proporcionándole educación, información y asistencia. Nosotros hemos presentado una enmienda que dice que la Administración tributaria debería contribuir a la educación tributaria de los ciudadanos
españoles, y el Grupo Popular la ha rechazado. Hay enmiendas que son emblemáticas, pero hay también decisiones que son tan abruptas, tan duras, que lo único que ponen de relieve es la rudeza ideológica de quien las rechaza, y esta es una de esas
actitudes. La segunda actuación que debería hacer una administración preocupada por el cumplimiento de la legislación tributaria, por conseguir una justicia tributaria, sería reforzar la lucha contra el fraude, a través de un mensaje inequívoco.
Hay que decir a los ciudadanos que la Administración tributaria dispone de los medios que permitan detectar y corregir con rapidez y con eficacia los incumplimientos fiscales. Por higiene social y democrática se tiene que admitir que la más
importante desmoralización se produce cuando los ciudadanos que cumplen ven y constatan que quienes no cumplen no son sancionados ni perseguidos por quienes tienen la responsabilidad de aplicar el sistema tributario. La tercera de las actuaciones
que debería tener una Administración tributaria comprometida en la lucha y en la aplicación eficaz de la legislación tributaria sería la de comprometerse con sus propios resultados. En España tenemos que decir que los resultados que obtiene la
Administración tributaria son pobres y que además se obtienen de aquellos contribuyentes que son cumplidores, optimizando lo que en la jerga profesional se llama el cumplimiento voluntario, y, en cambio, la actuación de la Administración tributaria
con el contribuyente resistente no sólo no avanza sino que retrocede. En el año 1992 los ingresos por actuaciones de liquidación representaban el 2,2 del conjunto de los ingresos tributarios; en el año 1996, en el último año de gestión del Partido
Socialista, representaban el 2,8. En pocos años, bajo la Administración del Partido Popular, se ha vuelto otra vez a los niveles de 1992.
La señora PRESIDENTA: Señor Fernández Marugán, le ruego concluya.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Voy terminando, señora presidenta.
El número de efectivos que hoy trabajan en la Administración tributaria en España está bloqueado desde 1997. Hay un dato que quiero poner de relieve: en Europa hay un empleado público que trabaja en la Administración tributaria por cada
508 ciudadanos; en España hay un empleado público por cada 1.343 ciudadanos. Yo admito, creo y además sostengo que nuestros funcionarios tienen el mismo interés, la misma dedicación y la misma cualificación que los europeos, pero para obtener los
resultados que se obtienen en la Comunidad Europea aquí hay que desarrollar un triple esfuerzo. No hay voluntad política, por lo tanto, de facilitar el mejor cumplimiento de la legislación tributaria.
La señora PRESIDENTA: Señor Fernández Marugán, le ruego concluya.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Termino. Ustedes han querido una administración pequeña, insuficiente, falsamente barata, sin objetivos claros y anestesiada en la lucha contra el fraude. Nosotros, sinceramente, no podemos apoyar esa
Administración tributaria y tampoco podemos apoyar esta ley que lamentablemente se va a aprobar esta mañana aquí, desde luego con el voto en contra del Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Fernández Marugán.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor López-Amor.
El señor LÓPEZ-AMOR GARCÍA: Señora presidenta, señoras y señores diputados, por segunda vez el orden del día de este plenario me conduce sin remisión a la defensa, en mi caso, de las bondades del proyecto de ley general tributaria. Antes
ha recorrido un largo camino en sede parlamentaria que ha llevado a nuestro grupo a rechazar las enmiendas de totalidad presentadas, a confeccionar los informes de ponencia y a la discusión -y ahí quiero llamar la atención- de las diferentes
enmiendas presentadas por los grupos en Comisión. Quiero decir desde aquí que ha sido un trabajo duro y muy responsable, en el que todos los grupos han aportado dosis importantes de responsabilidad. Se ha podido llegar a determinados acuerdos -en
otras cuestiones ha sido imposible- y en la tramitación parlamentaria este proyecto de ley se ha enriquecido de forma notable, por lo que agradezco la colaboración que han prestado los diferentes grupos políticos representados en esta Cámara. Se
han incorporado al proyecto alrededor de cincuenta enmiendas de los grupos de oposición y las treinta presentadas por el Grupo Parlamentario Popular.
Por tanto, podemos afirmar que es un proyecto que, como he dicho antes, se ha enriquecido con las
aportaciones parlamentarias. Se cierra hoy el círculo antes del envío del proyecto al Senado, círculo
que conviene recordar que comenzó con la creación de una denominada comisión de expertos y que ha hecho un largo recorrido en el que el anteproyecto de ley se ha convertido en el proyecto que hoy discutimos antes de su envío al Senado.
Señorías, me permitirán que me pregunte en alta voz el porqué y el ahora de esta nueva ley general tributaria, y a vuela pluma se me ocurren diversas razones. Una de ellas es el cumplimiento del programa electoral del Partido Popular con el
que se presentó a las elecciones generales en el año 2000, porque para mi grupo el programa electoral es de obligado cumplimiento. Esta declaración programática era producto de una reflexión sobre lo mucho que habían evolucionado las relaciones
jurídicas entre Administración y contribuyentes, la evolución de la sociedad en su conjunto, con el empleo masivo de medios telemáticos, y la evolución de nuestro sistema fiscal en su conjunto, que se había convertido en un sistema fiscal de masas y
basado fundamentalmente en las autoliquidaciones practicadas por los contribuyentes. Son argumentos que no agotan el tema en sí mismo, pero son suficientes para explicar el porqué de una nueva ley general tributaria, y el momento, el ahora, hay que
situarlo o enmarcarlo dentro de la política económica que el Gobierno aplica desde el año 1996, con notable éxito por cierto. Desde 1996, y según la EPA, se han creado 3.850.000 empleos, con un crecimiento del empleo femenino de alrededor del 41
por ciento y de los jóvenes de alrededor del 28 por ciento. El número de afiliados a la Seguridad Social se ha incrementado en más de 4,3 millones de trabajadores y ha batido todos los récords, llegando a los 16,7 millones de trabajadores,
permitiendo crear un fondo de reserva de 7.370 millones de euros en sólo dos años para asegurar el cumplimiento del pago de pensiones.
Todos estos datos permiten ratificar y certificar la buena salud económica de nuestro país, que crece en términos de PIB por encima de la media europea. A esta situación se ha llegado por una disciplina presupuestaria, con el objetivo de
reducir el déficit público, que permitiera pasar del 6,6 del déficit heredado del Partido Socialista a la estabilidad presupuestaria alcanzada en esta legislatura, en concreto en el año 2001. Una proyección de la política fiscal realizada por el
Partido Socialista hasta 1995, de haber continuado, determinaría que nuestros niveles de deuda estarían en el 90 por ciento del PIB, en lugar del 54 por ciento actual. Este es el marco en el que se debe entender el nuevo proyecto de ley general
tributaria y que determina no sólo la oportunidad de una nueva ley sino también que esta política económica, con la incorporación de cuatro millones y pico de personas al mercado laboral, ha permitido ensanchar las bases imponibles y, en
consecuencia, sin bajar la recaudación, bajar los impuestos. En este marco se han reformado diferentes piezas esenciales de nuestro sistema fiscal.
Primero, reduciendo los impuestos directos con marcado carácter de protección a los más débiles,
como las familias numerosas, los discapacitados, protección a la mujer, a las pymes, etcétera. Segundo, aprobando un nuevo sistema de financiación para las comunidades autónomas, aprobando un nuevo concierto económico para el País Vasco y
reactualizando el convenio de Navarra. Tercero, reformando la Ley de Haciendas Locales y suprimiendo aquella figura tan temida del impuesto de actividades económicas. En cuarto lugar, el broche final es la reforma de la antigua Ley de 1963 con la
nueva ley general tributaria, que se aplica en todos los ámbitos, sea el estatal, el autonómico y el local.
Las novedades principales de esta ley son las siguientes. La ley consolida y refuerza los derechos y garantías del contribuyente, incorporando la Ley 1/1998 y estableciendo una nueva regulación de los intereses de demora, que no se exigirán
cuando la Administración incumpla los plazos máximos de resolución. En las deudas afianzadas se exigirá el interés legal, sin incrementarlo, como hasta ahora, en un 25 por ciento. También se amplían en 15 días los plazos para ingresar deuda
tributaria en periodo voluntario y para presentar recursos y reclamaciones. Se regulan los supuestos de reembolso del coste de las garantías, las consultas escritas pasan a ser todas vinculantes para todos los órganos de la Administración y se crea
un nuevo recurso extraordinario de unificación de doctrina ante una sala especial del Tribunal Económico-Administrativo Central. Esta ley fomenta y prevé la utilización de medios telemáticos informáticos a la aplicación de los tributos; profundiza
en la lucha contra el fraude fiscal, introduciendo el concepto de conflicto en la aplicación de la norma, previsto en su artículo 15, en sustitución del fraude de ley de la antigua Ley de 1963 y exonerando ex lege de responsabilidad por infracción
tributaria, en aplicación de la doctrina del Consejo de Estado, por entender que esta exención incurriría o violaría el principio constitucional de tipicidad. Reduce los recursos de apremio y de recargos ejecutivos. En este sentido, si lo admiten
los grupos parlamentarios, quisiera tramitar una enmienda in voce al artículo que establece la responsabilidad subsidiaria de la que tanto ha hablado el representante de Convergència i Unió. Es nuestro deseo que todavía se pueda seguir trabajando y
en el trámite parlamentario en el Senado pueda incluso profundizarse, mejorando la aportación que, con esta enmienda in voce, quiere introducir el Partido Popular. Se la daré a los servicios de la Cámara para que se la hagan llegar a todos los
miembros de la Cámara.
Esta ley establece también un nuevo régimen sancionador basado en los principios constitucionales de tipicidad, culpabilidad, irretroactividad, proporcionalidad y no concurrencia, haciendo una separación conceptual de deuda y sanción
tributaria que es absolutamente novedosa. Introduce también el acta con acuerdo para evitar la litigiosidad, aunque sea recurrible por el contribuyente en vía contencioso-administrativa exclusivamente
por vicio de consentimiento. Se reducen las sanciones al 50 por ciento en este caso y se ha de constituir, para que se pueda tramitar el acta con acuerdo, un depósito o aval por parte del contribuyente.
Crea la ley un procedimiento abreviado -y esta es una novedad importantísima que ha pasado bastante desapercibida- a resolver por órganos unipersonales para agilizar la endémica acumulación de recursos ante los tribunales
económico-administrativos. En este sentido, en cuanto a las pretensiones de carácter autonómico del Grupo Catalán, el Grupo Popular ha presentado una enmienda transaccional a la enmienda 366 de Convergència i Unió por la que se crea una sala
especial de los tribunales económico-administrativos respecto a las reclamaciones relativas a aquellos tributos del Estado cuyo rendimiento corresponda exclusivamente a las comunidades autónomas.
El PP defiende esta nueva ley general tributaria frente a todos aquellos que tienen un discurso político de izquierda socialdemócrata que me parece trasnochado, esquizofrénico - sea dicho sin ánimo de ofender- y equivocado; y me viene a la
memoria la poesía de Alberti. El PP defiende este nuevo proyecto de ley general tributario, que es un corpus iuris esencial de nuestro sistema jurídico y más en particular del sistema tributario, y debo decir que la concepción maniqueista en
general de la izquierda de esta Cámara en materia presupuestaria y fiscal nos llevó en el pasado a unas tasas de paro horrorosas. Hay que decirle a la sociedad que lo progresista es crear empleo y que si pudiera, la izquierda establecería más
impuestos en el futuro, rompería la disciplina del gasto público, despilfarrándolo, y establecería unas relaciones con los contribuyentes de manifiesta desigualdad que inconscientemente han aflorado en la intervención del señor Marugán.Por el
contrario, el Partido Popular ha devuelto a la sociedad civil su protagonismo devolviendo aquello que el Estado no debía tener, lo que nos hace estar instalados en la mayor bonanza económica de nuestra historia, con menos impuestos y más empleo,
mientras que las concepciones impositivas de la izquierda la llevarían otra vez a tasas importantes de paro, como en el año 1996. Este país sabe que con la izquierda suben los impuestos y el paro y que con el PP crece el empleo y baja los
impuestos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López-Amor.
Señor López-Amor, la enmienda in voce no cabe en el Reglamento del Congreso; tendría que ser una enmienda transaccional, lo que significa que algún grupo parlamentario acepte retirar una de sus enmiendas y que además sea admitido por toda
la Cámara. No sé si cuando usted se refería a enmienda in voce quería decir enmienda transaccional, pero como tal enmienda in voce no puede ser tramitada.
Señor Sánchez i Llibre, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha anunciado la propuesta de una enmienda transaccional a la número 366 de su grupo. Esta presidencia desconoce si ustedes la aceptan.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Gracias, señora presidenta.
Ya he manifestado en mi intervención que aceptábamos la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sánchez i Llibre.
¿Algún grupo se opone a la tramitación de esta enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Popular respecto a la del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Pausa.)
Señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señora presidenta, deberían facilitarnos un texto escrito de la enmienda, porque bien está que sea in voce, pero aprobarla al oído no me parece lo más correcto.
La señora PRESIDENTA: Señor Fernández Marugán, la enmienda in voce no se tramita porque no tiene cobertura parlamentaria; lo que está en vías de tramitación, si ningún grupo se opone, es una enmienda transaccional a la enmienda 366 de
Convergència i Unió, que se está repartiendo a los portavoces de los grupos.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Mi grupo no se opone a la tramitación de esta enmienda.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Fernández Marugán.
Iniciamos la votación de las enmiendas y del dictamen de Comisión del proyecto de ley general tributaria. Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto firmadas por el señor Rodríguez Sánchez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 109; en contra, 164; abstenciones, 19.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas de Coalición Canaria. En primer lugar, las números 121 a 125.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 19; en contra, 268; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas 127 y 131.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 18; en contra, 263; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 25; en contra, 264; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV.) En primer lugar, las números 5, 9 y 12.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 122; en contra, 165; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 129; en contra, 166.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 109; en contra, 162; abstenciones, 23.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, enmiendas números 264, 265, 269, 270, 282 a 284, 287, 328 a 332, 341, 345, 347, 348, 364 y 372.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 122; en contra, 171; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación las enmiendas números 263, 267, 271, 272, 286, 288, 292, 294, 296, 300, 304, 312 a 314, 316, 318 a 321, 323, 333, 334, 337, 338, 344, 346, 349, 350, 354, 358, 359, 367, 368, 371, 374, 375, 377 y 378.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 122; en contra, 166; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda transaccional a la número 366.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 184; en contra, 110; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 129; en contra, 161; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar, las números 158, 203, 204 y 207 a 210.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 100; en contra, 165; abstenciones, 30.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 107; en contra, 167; abstenciones, 22.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación del texto del dictamen.
En primer lugar, los artículos 29, 43.1 letra f), 74 y disposición adicional séptima.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 167; en contra, 119; abstenciones, 10.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
Votamos el resto del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 179; en contra, 107; abstenciones, diez.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN Y ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA COMUNITARIA DE LA LEGISLACIÓN DE SEGUROS PRIVADOS. (Número de expediente 121/000159.)
La señora PRESIDENTA: Dictamen de Comisión del proyecto de ley de modificación y adaptación a la normativa comunitaria de la legislación de seguros privados. (Rumores.)
Señorías, es preciso que continuemos con el debate, por lo cual les ruego que las conversaciones las mantengan fuera del hemiciclo.
En primer lugar, para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
En este trámite mi grupo mantiene vivas a efectos de votación -unas las vamos a dar por defendidas y otras las defenderemos explícitamente- las enmiendas números 5... (Continúan los rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Mardones, porque no se le oye en absoluto. (Pausa.)
Adelante.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
Decía que vamos a mantener para votación en este trámite de Pleno las enmiendas del Grupo de Coalición Canaria números 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 y 21. Las primeras traen una causa común, que es recoger normativas de las
directivas de la Unión Europea y hacer un ajuste en lo que es el mundo de las entidades aseguradoras en España, que desde la modificación de la vigente Ley de los seguros privados necesita ir adecuándose periódicamente a la dinámica que todo el
sector asegurador español está teniendo al respecto. Hemos seguido con mucho detenimiento observaciones que se han hecho llegar a los grupos parlamentarios, sobre todo por parte de entidades agrupadas en el sector empresarial asegurador español,
como es UNESPA, que tratan de adecuarse al régimen de controles que existen ahí. Hemos querido introducir estas enmiendas, que son especificaciones garantistas de mayor seguridad jurídica, de mayor alcance técnico y de mayor precisión en figuras
que quedan a veces desdibujadas en los propios apartados que trae el proyecto de ley, que en términos generales consideramos positivo -nuestro grupo lo va a votar favorablemente-, pero quisiéramos sobre todo que el grupo parlamentario mayoritario,
el Grupo Popular, tuviera en cuenta una serie de razones que creo que son perfeccionadoras, que no van en contra de ningún principio de fondo del proyecto de ley del Gobierno, pero sí hacen una adecuación y suponen un enriquecimiento en el campo de
la seguridad jurídica que debe merecer el mundo del seguro, el mundo que a nivel de la calle siempre se ha dicho que era el de las pólizas de la letra pequeña que no se lee nadie. Pues bien, ahí deben estar las especificidades garantistas en un
Estado de derecho como el nuestro. Por ejemplo, en lo que se refiere a la enmienda número 13, a la que nosotros destinamos un razonamiento muy extensivo, creemos que las directivas comunitarias deben impregnar el texto de nuestro proyecto en cuanto
a las condiciones generales, en el sentido de que en ningún caso en las pólizas o contratos de seguros deben ser abusivas. Vamos precisamente a una defensa del usuario de dichos contratos, en los que hay que evitar que se produzcan estas
condiciones llamadas cláusulas abusivas, porque cuando sucede el hecho fortuito que debe amparar este contrato de seguro, surgen las sorpresas, las denuncias, las reclamaciones y surge muchas veces un contencioso-administrativo que está impregnado
de una inseguridad jurídica, porque el texto de la ley reguladora no lo hizo con la precisión necesaria en su momento.
Mi grupo quiere dedicarle una atención especial a la enmienda número 19 -y después haré una breve explicación de la enmienda número 21-, al mundo de las mutuas. A nuestro juicio, el mundo de las mutuas, por la polivalencia, por la amplitud,
por la globalización que tienen de conceptos muy distintos, debe tener una regulación legal especial y específica, para que no ocurran las sorpresas desagradables que muchas veces se producen para los beneficiarios de una mutua, dada la
pluridiversidad que el mundo de las mutuas tiene en España. Fijémonos tan sólo en lo que ha ocurrido en este último contencioso que se ha producido en un banco con las mutuas en relación con el ámbito de competencia de la Generalitat de Cataluña.
Pues bien,
si eso ha ocurrido ahí, el mundo variopinto, a veces muy atomizado, de mutuas de las más diversas aplicaciones, orígenes y cometidos requiere una regulación. Con esta enmienda número 19 pretendemos añadir una disposición adicional nueva con
una redacción que haga referencia a las mutuas de seguros y las mutualidades de previsión social, para que dispongan de códigos de conducta, porque nos hemos quedado cortos. Todo lo que fue el informe de la comisión Aldama, en el sentido de pedir
transparencia a las entidades empresariales, fundamentalmente en el mundo de la banca donde ya la comisión Olivencia había hecho un avance de unas normas éticas de transparencia y de regulación, lo hemos aplicado a los bancos, a las cajas de ahorro
y sin embargo no hemos llegado a las mutuas, y en muchas de ellas -salvando siempre las que tienen una conducta transparente, de dar información a todo su colectivo de mutualistas, etcétera- se ve una serie de zonas no digo ya grises sino oscuras u
opacas en cuanto a una serie de funciones de gestión y de administración de sus consejos. Pues bien, nosotros pretendemos que también el mundo de las mutuas esté informado de los principios de la comisión Aldama, de transparencia, de normas éticas
de comportamiento, de regulación de sus órganos directivos para que, como decimos en nuestra enmienda, se hagan los códigos de conducta con reglas específicas para las mutuas respecto a sus inversiones financieras temporales, que deberán ajustarse a
los límites de diversificación y de dispersión establecidos en la normativa de ordenación y de supervisión de los seguros privados y determinarán la información a suministrar anualmente a los mutualistas sobre su grado de cumplimiento, que, como
digo, en muchas es muy deficiente y con una sustracción de los derechos del mutualista.
Con nuestra enmienda número 20, señora presidenta, queremos recoger igualmente un antiguo mundo que las mutuas profesionales, sobre todo de funcionarios y de profesiones liberales, han tenido a través de los colegios respectivos. Cuando
estamos potenciando la función colegial profesional, como es el caso del proyecto de ley de ordenación de las profesiones sanitarias, y estamos poniendo orden legislativo a un presunto olvido que tenía el legislador para compaginar las competencias
de la Administración general del Estado, de estas Cortes Generales, con las de los parlamentos autonómicos de las entidades territoriales competentes en la materia también debemos prestar atención a esto.
La enmienda número 21 -y con esto termino, señora presidenta- se dirige in extenso precisamente al principio de control de las mutuas, cooperativas y mutualidades de previsión social, porque, como digo, nos encontramos ante una verdadera
selva institucional de mutuas de muy diversos orígenes, cometidos, competencias y alcance. Hay mutuas que verdaderamente son de una opacidad absoluta, pero también nos encontramos con las mutuas cooperativas y con las mutualidades de previsión
social.
El texto de nuestra enmienda va dirigido a que, al menos, se vaya creando un surco y un sendero para que se penetre en su actuación, como se ha hecho con las cajas de ahorros o con las entidades empresariales bancarias.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Gracias, señora presidenta.
Doy por defendidas las enmiendas que se mantienen vivas.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Frutos.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sánchez Garrido.
El señor SÁNCHEZ GARRIDO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, esta ley que debatimos hoy, a la que el Grupo Parlamentario Socialista mantiene todavía tres enmiendas vivas que voy a pasar a defender, tenía unos objetivos concretos y era que había que hacer la transposición de tres directivas
comunitarias que se referían al saneamiento y a la liquidación de las empresas de seguros, al margen de solvencia de las empresas de seguros y al seguro de vida. Estos objetivos de la trasposición se han cumplido en el trámite de Comisión con la
incorporación de las enmiendas, fundamentalmente porque eran enmiendas técnicas y han sido recogidas en el dictamen, y a nosotros concretamente se nos han admitido las enmiendas que hemos presentado. Sin embargo, voy a referirme a las tres
enmiendas que quedan vivas, que son consecuencia de que el Gobierno -sin causa que lo justifique y aprovechando esta ley que trata del seguro y, muy posiblemente, presionado por el lobby asegurador- se lanzó a modificar la tabla sexta de la Ley
30/1995. Ello ha dado lugar a que las indemnizaciones y el baremo de las mismas que se contienen en dicha tabla desciendan sensiblemente, con lo que las personas que sufren accidentes de tráfico ven mermadas dichas indemnizaciones en una cuantía
realmente importante. No hay ni un solo país de la Unión Europea que al hacer la trasposición de estas directivas comunitarias haya aprovechado la ocasión para rebajar las indemnizaciones. Este es un caso realmente inaudito, precisamente cuando
una norma legal de lo que trata fundamentalmente es de favorecer al perjudicado, en este caso a las víctimas, y, cómo no, de buscar el bien común. Es cierto, y lo contrario sería faltar a la verdad, que el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo
Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, a través de
dos enmiendas, creo recordar que las números 27 y 50, reformaron la posición que tenía el Gobierno con respecto a la tabla sexta y hay que reconocer que a través de dichas enmiendas 41 de las secuelas que habían bajado vuelven a tener el
mismo valor que les otorgaba la Ley 30/1995, pero quiero dejar bien claro que lo que han hecho estas enmiendas es devolver a los ciudadanos españoles lo que ya tenían; es decir, habían bajado en la tabla sexta en el proyecto de ley de ordenación
del seguro que se había presentado en la Cámara y ahora, en virtud de esas enmiendas, vuelven a tener el mismo valor que tenían y por lo tanto no mejoran nada, pero sí agradecemos que al menos recuperen su valor. A pesar de las enmiendas, 13
secuelas siguen perdiendo su valor.
En definitiva, creo que con las enmiendas números 27 del Partido Popular y 50 de Convergència i Unió se comprueba que 42 secuelas todavía siguen perdiendo valor y 87 desaparecen, y eso a pesar de todos los adelantos médicos que se han
producido y de todas las circunstancias modernas que se dan. Esa es la pura realidad. A título orientativo y para que quede constancia en el 'Diario de Sesiones', voy a señalar algunas de las secuelas que pierden valor en el proyecto de ley: por
ejemplo, la pérdida de sustancia ósea que no requiere craneoplastia, la pérdida de sustancia ósea que sí la requiere, la afasia, la epilepsia, la hemiplejia, la hemiparesia, leve; también pierde valor la amnesia, la alteración de la personalidad,
la hiposmia, la anosmia, la anosmia con alteraciones gustativas, la ablación de un globo ocular, los vértigos esporádicos, los persistentes, el cuadro clínico derivado de hernia, las artrosis postraumáticas, las escoliosis; también pierden valor
las fracturas de costillas, las insuficiencias respiratorias, las hernias diafragmáticas, las parálisis parciales de músculos del abdomen con ocasión de lesiones en los nervios, la insuficiencia cardiaca, la insuficiencia cardiaca en grado I y en
grado III y así muchísimas de esas ciento cuarenta y tantas que todavía pierden valor y que no puedo reseñar una a una. Por esto quisiera decirles que es absolutamente insuficiente lo que se ha hecho con las enmiendas números 27 del Partido Popular
y 50 de CiU.
Las indemnizaciones, desde que se publicó la Ley 30/1995, se han ido actualizando con el IPC anual, mientras que si hacemos una simple comprobación, el precio de los seguros del automóvil se ha triplicado con el IPC; es decir, mientras que
las indemnizaciones subían al ritmo del IPC, las primas subían el triple. Quiero llamar la atención a SS.SS.
sobre la bajada de las indemnizaciones a las que nos venimos refiriendo, porque pueden tener unas consecuencias realmente graves e
importantes para aquellas personas que sufren un accidente de automóvil y es que, como consecuencia de esta rebaja, no entra como factor de corrección lo que se contempla en la tabla 4 de la misma Ley 30/1995, con lo que todavía se produce un mayor
perjuicio a las personas afectadas, en este caso a las víctimas. Sorprende el papel que han desempeñado las aseguradoras en esta ley. Yo creo que han sido las que más han presionado para conseguir sus objetivos. Es cierto que en parte sí los han
conseguido y en este caso no es aceptable, por una razón muy sencilla, porque si nosotros hubiéramos comprobado que las aseguradoras hubieran tenido unas pérdidas importantes o que el negocio del seguro estuviera en un momento delicado, como podría
haber ocurrido hace años, hubiéramos aceptado esto o al menos lo hubiéramos comprendido, pero, señorías, ustedes saben, porque se ha publicado en prensa, que concretamente en el ramo de automóviles el volumen de negocios alcanzó una cifra muy
respetable, de 9.720 millones en primas, y los seguros en este ramo crecieron un 9,6 por ciento en el año 2001. Además esto supuso un beneficio de 700 millones de euros a las compañías aseguradoras. Las primas no han bajado, las indemnizaciones sí
y, sin embargo, he tenido ocasión de leer alguna declaración de alguna compañía aseguradora diciendo que tal y como quedan las tarifas actualmente, les satisface y no van a subir las primas. ¡Faltaría más!
Yo quiero en estos momentos apelar personalmente a los responsables del Grupo Popular y de CiU que han hecho estas enmiendas en el sentido de que no se puede apoyar tanto a las compañías aseguradoras en estos casos, cuanto que se perjudica
notoriamente a las personas. Se perjudica fundamentalmente a aquellas que han tenido nada menos que un accidente de automóvil, cuando el espíritu de la norma, como decía al principio, es favorecer a la víctima y, al mismo tiempo, no perjudicar en
absoluto a la persona que ha sido atropellada o que ha sufrido un accidente de circulación. Por eso quiero hacerles una apelación personal para que en el trámite del Senado esto se pueda mejorar todavía más. Se han mejorado 41 secuelas, 41
epígrafes, eso es cierto, pero todavía quedan 142 que pierden, por lo que creo que se debe hacer un esfuerzo importante.
Mantenemos vivas dos enmiendas que voy a comentar brevemente. Una de ellas se refiere a los seguros para los jóvenes y a los seguros para ciclomotores y motocicletas. Esta es una enmienda que Convergència i Unió debería tener muy en cuenta
y debería apoyar por una razón muy sencilla.
Las compañías aseguradoras están adoptando unas tarifas disuasorias muy importantes por lo que se refiere a las motocicletas y a los ciclomotores; son tan altas que impiden que los jóvenes y los menos
jóvenes puedan acceder a este tipo de vehículos. Buena prueba de ello es que muchas empresas de Cataluña dedicadas a la fabricación y a la venta de estos vehículos se están resintiendo. Precisamente en Madrid, en Arganda del Rey, hay una empresa
que fabrica una marca de motos muy conocida -que no cito por aquello de la publicidad- y que ha tenido que cerrar debido a estas tarifas disuasorias. El Gobierno, desde su posición, debe intervenir para regular el mercado
del seguro de otra manera, de tal forma que estas empresas puedan sobrevivir. Además los jóvenes no pueden hacer frente a las primas tan elevadas que las compañías aseguradoras les ponen y por eso hay una gran cantidad de ellos -según datos
de la DGT, más de un tercio de los ciclomotores y motocicletas- que circulan sin seguro. Esto es un peligro y, entre otras cosas, los accidentes que sufren los tiene que pagar el Consorcio de compensación de seguros, que en definitiva somos todos
los españoles.
La otra enmienda que mantenemos viva hace referencia a la posible cooperación de la Dirección General de Tráfico con las compañías aseguradoras. Esto es muy importante porque facilitaría el control de aquellas personas que circulan sin
seguro. Nos consta -en honor a la verdad así hay que decirlo- que UNESPA ha ofrecido a la DGT todos los medios materiales y técnicos que tiene a su disposición para controlar mejor a todas estas personas. Cuando llegue el momento, en los
presupuestos, volveremos a pedir que la Dirección General de Tráfico emplee gran parte del dinero que recauda por multas, tasas y otros conceptos en fomentar la inspección, para que no ocurra lo que está ocurriendo en estos momentos y es que hay una
gran cantidad de personas que circulan sin seguro.
Para concluir diré que tenemos la esperanza -me dirijo especialmente al señor Martínez-Pujalte- de que en el trámite del Senado la tabla reciba todavía un empujón y se mejore, por el bien de todos los ciudadanos españoles y,
fundamentalmente, por el bien de aquellas personas perjudicadas que son víctimas de un accidente de circulación.
Nada más, señorías. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Sánchez Garrido.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) valora positivamente todas aquellas incorporaciones que se produjeron en la fase del dictamen de la Comisión de Economía y Hacienda, que afectaban al proyecto
de ley de modificación y adaptación a la normativa comunitaria de la legislación de seguros privados. En dicho trámite parlamentario hemos modernizado y actualizado la ley del seguro privado en España y hemos incorporado todas aquellas
modificaciones objeto de las trasposiciones necesarias para adaptarla a las disposiciones que hoy están vigentes en la Unión Europea. En el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) estamos satisfechos porque en dicha tramitación todas las
fuerzas políticas que componen el espectro parlamentario hemos conseguido un alto grado de consenso y básicamente porque también ha existido consenso entre las dos grandes fuerzas parlamentarias, el Grupo Socialista y el Grupo Popular, que junto con
Convergència i Unió hemos intentado consensuar una serie de aspectos que afectaban al núcleo principal de este proyecto de ley. Nosotros consideramos interesante los baremos que hemos consensuado entre todas las fuerzas políticas porque van a
ayudar en dos aspectos fundamentales.
En primer lugar, van a incrementar la seguridad jurídica de todos los asegurados y, al mismo tiempo, se va a evitar la litigiosidad que pueda existir entre la compañía aseguradora y el asegurado. Con el
consenso que hemos alcanzado en la Comisión, se van a poder adecuar las tablas a todos aquellos avances que ha significado el incremento de tecnología en el ámbito médico. Esto debe llevar aparejado, a nuestro entender, un corolario que no es otro
que el de la reducción de las primas de seguro que pagan las ciudadanas y los ciudadanos españoles. Este es uno de los aspectos importantes que nosotros valoramos muy positivamente. En este trámite parlamentario acogemos la propuesta que nos ha
formulado el diputado socialista, señor Sánchez, en el sentido de poder acometer en el Senado aquellos aspectos que, desde la perspectiva de lo que significa esta ley, no han sido consensuados por todas las fuerzas políticas.
Desde Convergència i Unió hemos mantenido en este trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados algunas enmiendas que no fueron aceptadas, que también van en la dirección de ampliar la participación de los socios de mutuas y
cooperativas a primas fijas en la toma de decisiones. También hay que precisar que los créditos preferentes deben estar cubiertos por activos aptos para la cobertura de provisiones técnicas, así como la necesidad de llevar registros de activos que
cubran todas aquellas provisiones técnicas. Hay algún aspecto que hace referencia al establecimiento de la preferencia absoluta de los créditos de los asegurados sobre los activos representados en provisiones técnicas.
Asimismo, desde nuestra
perspectiva autonómica, hemos incorporado una serie de enmiendas que van en la dirección de mantener la competencia de las comunidades autónomas en todos aquellos aspectos que hacen referencia al desarrollo normativo y ejecución de la materia,
evitando, como hace el proyecto, reducir la capacidad de estas administraciones respecto a la autorización, control, sanción y resolución de la actividad de los mediadores de seguros. Es necesario revisar el criterio de delimitación de competencias
entre el Estado y las comunidades autónomas, respetando la capacidad del Estado de fijar las bases para la ordenación del sector asegurador y también las competencias de las comunidades autónomas recogidas en sus respectivos estatutos para el
desarrollo de la normativa básica y la ejecución de la misma. Esta enmienda número 52 es congruente con la delimitación de competencias y con la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional.
Convergència i Unió va a votar favorablemente aquellas enmiendas que hacen referencia a las primas de los seguros de las motocicletas que ha planteado el señor Sánchez en su discurso porque consideramos que este es un aspecto importante.
Reclamaríamos del Grupo Popular su sensibilidad para poder aprobarlas en este trámite y, si no es posible en este trámite, poder conseguir este consenso en el Senado en una ley que nosotros hemos considerado importante para modernizar y agilizar
nuestra legislación adaptándola a la legislación europea.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, en turno de fijación de posiciones, tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Estamos dando trámite en el Pleno del Congreso a la aprobación de un proyecto de ley que ya se debatió en Comisión, que fue aprobada sin ningún voto en contra, con la abstención de algunos grupos parlamentarios y con el voto afirmativo de
todos. Por tanto, es una ley que, de alguna manera, en sus aspectos básicos goza de un amplio consenso. Quiero decir que es una ley compleja que SS.SS. entenderán que proviene de la Ley de ordenación y supervisión del seguro privado de 1995, en
la que se hacen algunos cambios fundamentales derivados de directivas comunitarias que quieren implementar el mercado único en los servicios financieros. Se trata, por tanto, de un aspecto que no se estudia en dos tardes, se necesitan algo más de
dos tardes para aprenderlo. Es un tema que requiere fundamentación, un tema, señorías, que guarda muchísima relación con la confianza en los servicios financieros y aseguradores de los consumidores.
Estamos trasponiendo dos directivas: una para mejorar el saneamiento y liquidación de las entidades aseguradoras garantizando los derechos de los asegurados, y otra para mejorar el margen de solvencia de las compañías, también con el
propósito de dar mayores garantías a los asegurados. Y luego otras directivas que pretenden que el mercado único funcione bien en los servicios financieros y con garantías para los asegurados, teniendo en cuenta que ahora compañías de otros países
pueden vender sus productos en cualquier país comunitario, y eso requiere que el asegurado tenga garantías de adónde debe acudir, a qué tribunales debe acudir, de que la compañía que él está contratando tenga solvencia, etcétera, y también que
mejoremos la supervisión a escala comunitaria. En todos esos puntos estamos de acuerdo todos los grupos parlamentarios, y eso es el fundamento de esta ley.
El señor Sánchez Garrido, al que agradezco todo el esfuerzo que ha hecho en la tramitación para dialogar, se refería a los baremos. Sé que el señor Sánchez Garrido tiene una voluntad de no liarla, de ser constructivo, como es él, y esa
voluntad se plasma en unas enmiendas la mitad de las cuales fueron aprobadas en la Comisión, unas en su totalidad y otras porque quedaron incluidas parcialmente. Sabe el señor Sánchez Garrido que todos los grupos parlamentarios han dialogado con
las asociaciones representativas del sector, no con interlocutores espúreos, lógicamente todos hemos hablado con ellos, como no puede ser de otra manera y, además, de forma transparente.
En el baremo lo que estamos haciendo es decir: esto viene de hace bastantes años, vamos a adaptar el baremo. Dicho baremo significa lo siguiente, señorías: todos los asegurados tienen garantizadas todas las atenciones médicas y todas las
atenciones de rehabilitación. Y después se establece una puntuación, para que sea referencia de los órganos jurisdiccionales, de las distintas enfermedades, y se ha mejorado en el 90 por ciento de los casos de las que se producen. Pero no estamos
hablando de la cuantía de las indemnizaciones, como muy sabe el señor Sánchez Garrido, porque la cuantía de las indemnizaciones se fijará por la cuantía de los puntos. El señor Sánchez Garrido puede presentar una enmienda diciendo: cada punto
supondrá equis euros, y subir las cuantías.
Lo que sí ha de tener en cuenta es que el baremo tiene que tener un sequitor lógico, es decir, si un señor pierde -con perdón, porque hablar de estos temas siempre es complejo- dos dedos de una mano
tendrá menor indemnización que si le cortan toda la mano, porque tiene que haber un itinerario lógico. Pero no se habla de la cuantía, la cuantía se establece cuando se valora el punto y eso no lo hace esta ley, que sólo habla de una correlación de
puntos. Además, con la enmienda del Partido Popular se ha mejorado ostensiblemente.
Por último, señorías, se ha hablado del seguro de las motocicletas. A mí me parece que la inquietud del señor Sánchez Garrido y del señor Sánchez i Llibre es compartida por mi grupo. No sé si el diputado de mi grupo que ha defendido muchas
veces este tema estará presente, pero ustedes saben, señorías, que mi grupo llegó a un acuerdo con todos los grupos para que el Fondo de compensación de seguros se hiciera cargo del seguro de las motocicletas cuando una compañía no la aseguraba.
Ahora bien, señor Sánchez i Llibre, los productos alimenticios los consumen todos los ciudadanos. ¿Le parecería a usted lógico que el precio de los productos alimenticios los estipulara el Gobierno? ¿A usted le parecería lógico que el Gobierno
pusiera el precio de las conservas por decreto-ley? No sé, señor Sánchez i Llibre, si eso le parece lógico. A mí me parece que lo que tendríamos que hacer nosotros es decir: Cualquier joven que quiera tener el seguro de motocicleta y una compañía
privada no se lo haga, se lo hace
el Fondo de compensación de seguros, y además a un precio lógico. Pero de ahí a decir que las fábricas de conservas tienen que tener los precios regulados por decreto-ley, señor Sánchez i Llibre, creo que ni usted defendería eso, y mucho
menos otros que usted y yo conocemos. No sé si a usted se le ha ido la mano en este punto en intervencionismo público.
Señorías, creo que estamos avanzando ostensiblemente con esta ley y que, de verdad, hemos hecho una mejora en la modernización del sector asegurador, hemos incorporado la directiva y estoy seguro de que en el Senado seguiremos avanzando.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, iniciamos la votación de las enmiendas y el dictamen de Comisión del proyecto de ley de modificación y adaptación a la normativa comunitaria de la legislación de seguros privados. En primer lugar, las
enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Votamos la número 18.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 114; en contra, 159; abstenciones, nueve.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas números 20 y 21.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 17; en contra, 162; abstenciones, 103.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 10, 13, 15, 16, y 19.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 23; en contra, 253; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 17; en contra, 259; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 120; en contra, 161; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, votamos las números 48, 52 y 53.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 31; en contra, 159; abstenciones, 93.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 22; en contra, 162; abstenciones, 100.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 124; en contra, 158.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
A continuación, texto del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 176; en contra, uno; abstenciones, 107.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE AUTORIZA LA RATIFICACIÓN DEL TRATADO DE ADHESIÓN A LA UNIÓN EUROPEA DE LA REPÚBLICA DE CHIPRE, LA REPÚBLICA DE ESLOVAQUIA, LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA, LA REPÚBLICA DE ESTONIA, LA REPÚBLICA
DE HUNGRÍA, LA REPÚBLICA DE LETONIA, LA REPÚBLICA DE LITUANIA, LA REPÚBLICA DE MALTA, LA REPÚBLICA DE POLONIA Y LA REPÚBLICA CHECA. (Número de expediente 121/000161.)
La señora PRESIDENTA: Punto 62 del orden del día: Proyecto de ley orgánica por la que se autoriza la ratificación del Tratado de adhesión a la Unión Europea de la República de Chipre, la República de Eslovaquia, la República de Eslovenia,
la República de Estonia, la República de Hungría, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Malta, la República de Polonia y la República Checa.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Soy consciente de que el orden del día está muy cargado y que tenemos todos intención de hacerlo lo más ágil posible, pero no me parecería razonable que un tema de tanta trascendencia pasara por este Pleno sin que nos hubiéramos felicitado,
al menos en mi caso, de esta ratificación porque es realmente importantísimo en el proyecto de construcción europea. A quien les habla -no sé si los demás, supongo que también- le parece que tiene gran importancia este proyecto de construcción
europea y desde luego nos felicitamos de que nuevos países formen parte de este proyecto conjunto. Creemos que esto va a producir un intercambio muy positivo entre todos los que componemos la Unión Europea y que en definitiva va a permitir una
aportación a la diversidad, un proyecto conjunto con valores comunes, pero también una diversidad de nuevas culturas y nuevas lenguas, que es lo que siempre ha sido Europa y creemos que debe ser Europa.
Decimos que la diversidad y los valores comunes son importantes, y no le voy a ocultar, señora presidenta, y a todas SS.SS. que nos produce una sana envidia. Nos alegramos por esas culturas y esas lenguas, pero nos puede producir una sana
envidia que lenguas que van a tener el mayor reconocimiento y protección oficial en la utilización puedan sobrevivir de manera clara con ese reconocimiento y protección. Curiosamente en esa misma diversidad y en ese mismo proyecto de construcción
europea otras lenguas, por no gozar de ese reconocimiento, pueden tener más dificultades, me refiero al gallego, el euskera o el catalán, que también lo hablan otros muchos ciudadanos y que debieran ser objeto de reconocimiento como el maltés...
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Lasagabaster, porque no se puede oír su intervención con el murmullo que hay en la Cámara.
Adelante, señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Lamento que el tema europeo pueda no ser de gran interés, pero para nosotros desde luego lo es. En todo caso, decía que nos gustaría que también otras lenguas que componen la diversidad de esa cultura europea, de ese proyecto europeo,
tuvieran el mismo reconocimiento, y la verdad es que también es para felicitarse que países como Eslovenia y otros hayan conseguido tener participación directa, protagonismo directo, no hace tanto tiempo -recordemos que Eslovenia en el año 1991
consiguió la independencia- y ello no haya sido en ningún caso obstáculo para que sean miembros de ese proyecto de construcción europea.
Quisiera reseñar con esta satisfacción que tenemos mucho que hacer también en esta Cámara, porque nos vamos a tener que acomodar o adaptar a todo este nuevo mundo, a estos nuevos países y nuevas culturas, y permítanme que les diga que yo
creo que al día de hoy todavía no tiene muy asimilado la sociedad del Estado español en su conjunto que realmente hay que hacer un gran esfuerzo desde los poderes públicos, pero también desde la sociedad, desde la empresa, para tratar de tener una
mayor relación económica, social y cultural, que hablemos con la misma soltura con que podemos hablar de otros países de la Unión Europea también en lo que se refiere a intercambio empresarial, a intercambio económico. Creo que en este tema tenemos
mucho que hacer, especialmente aquellos que tienen la responsabilidad de Gobierno.
Por último, quisiera hacer una reflexión sobre el papel de esta Cámara en esta materia como en otras materias del proyecto de construcción europea.
Creo que en este tema, aunque ha habido una subcomisión -no señalo la responsabilidad de
nadie y quizá la responsabilidad a la vez de todos-, no hemos sabido poner toda la carne en el asador para ver qué se podía hacer. La falta de medios, la estructura propia de un debate en esta materia requiere una reflexión profunda no sólo por la
cuestión de la ampliación, sino también por todo lo que va a representar el nuevo mecanismo relativo al principio de subsidiariedad, en el cual esta Cámara va a tener que participar de manera activa, directa y rápida, y esto es una reflexión para la
que ya entiendo que a lo mejor no sea hoy el mejor día, pero permítanme que les diga que, si no estamos a la altura de las circunstancias, esta Cámara no estará cumpliendo su obligación ni con el papel que le corresponde.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
¿Otros grupos que deseen fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, señorías, es verdad que es importante la ratificación que hoy discutimos, que va a contar con el voto favorable de Izquierda Unida. Nos hubiese gustado... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Centella.
Señorías, hay un diputado en el uso de la palabra en la tribuna. Les ruego que, si van a salir, lo hagan de manera diligente y provocando el menor ruido posible y, si no, que ocupen sus escaños, y también reitero una vez más que su nivel de
conversaciones permita que sea audible la intervención del diputado que está en el uso de la palabra.
Adelante, señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias.
Discutimos hoy la ratificación de este Tratado de adhesión a la Unión Europea de diversos países, que, como decía, contará con el voto favorable de Izquierda Unida, pero no con el entusiasmo que la ampliación de la Unión Europea debería
despertar. La verdad es que no solamente no estamos entusiasmados, sino que estamos preocupados, y lo estamos porque esta ampliación se hace sin dar una respuesta clara y positiva a los retos que tiene planteados Europa y a los retos que esta
ampliación suponía para el Estado español. La ampliación es algo positivo, pero no es suficiente para la construcción europea. Si esta ampliación no va acompañada de una construcción de la Unión Europea realmente democrática, independiente y
social, no tendremos finalmente un avance que merezca la pena y que repercuta positivamente en los ciudadanos europeos. Izquierda Unida defiende claramente que construir Europa significa cambiar el modelo que actualmente se está desarrollando,
significa que haya más Europa, lo cual no se puede traducir en desmantelamiento de políticas comunes, de servicios públicos, ni tampoco en disminución de políticas sociales.
Señorías, la Unión Europea necesita un impulso político, que podía venir en esta ampliación, que reafirmara su independencia, ya que la clave de una política exterior independiente debe de ser una de las señas de identidad de la Unión
Europea. Esa identidad debe estar, además, en los valores y objetivos que figuran en los preámbulos de los tratados, como la democracia, la ciudadanía, la defensa de la paz, el respeto a los derechos humanos, el imperio de la ley y el laicismo.
Digo que figuran en los preámbulos de los tratados, pero pueden quedar en papel mojado si no se cambia el modelo de construcción que parece imponerse en la Unión Europea. En este marco, resulta estéticamente inoportuno que hoy mismo en este
Parlamento haya votado la ampliación de la OTAN, porque votar el mismo día la ampliación de la OTAN y la de de la Unión Europea, repito, cuando menos es estéticamente inadecuado. Desde su inicio, la construcción europea ha estado marcada por las
relaciones con los Estados Unidos y, sobre todo, ha estado limitada por la OTAN. Una Unión Europea que sea independiente realmente tiene que tener el mismo nivel de integración social, de integración económica, de independencia militar y de
capacidad democrática de funcionamiento. La realidad es que, visto lo que vemos diariamente, estamos muy lejos de tener una política exterior independiente, ni siquiera una política exterior de la Unión Europea. La realidad es que nuestro
presidente de Gobierno es un ardoroso defensor de una España supeditada a los intereses de los Estados Unidos, al dictado de lo que se decide en la Casa Blanca, y esto es totalmente incompatible con una Unión Europea independiente y que pueda hacer
una política exterior propia. Más Europa nunca puede ser menos independencia; más Europa nunca puede ser menos instituciones controladas democráticamente.
Tenemos que denunciar desde esta tribuna que hay un doble lenguaje que no vamos a seguir admitiendo como bueno, un doble lenguaje de los que se visten con la bandera europea, pero luego van a la Casa Blanca a recibir órdenes; hay un doble
lenguaje de quien habla de más Europa y luego la vacía de contenido; hay un doble lenguaje de aquellos que no están participando en una construcción de la Unión Europea, sino en una ampliación de mercado. Por esto desde Izquierda Unida vamos a
defender claramente lo que debe ser la nueva Europa, una Europa al servicio de los pueblos y no de los intereses económicos, una Europa de paz y una Europa claramente solidaria. Desde Izquierda Unida vamos a trabajar por una Europa plenamente
democrática y con un claro componente social y vamos a denunciar a quienes traten de confundir Europa con un modelo que cada vez está más vacío de contenido. Eso, señorías, no puede nunca confundirse con Europa. Más Europa es trabajar por un
modelo de construcción Europea que tiene que tener en cuenta su independencia como primer elemento fundamental. Supeditarse a Estados Unidos nunca pude ser el camino para construir Europa. Por el contrario, la Unión Europea tiene que ser un
contrapeso de la política exterior de Estados Unidos; política exterior que se basa fundamentalmente en el unilateralismo y que sólo puede tener sentido si se supedita a ella la Unión Europea.
También hay un doble lenguaje cuando se saluda la ampliación, pero se niegan fondos para que la entrada de nuevos países se haga con plenas garantías; países que además presentan importantes problemas sociales.
Todo esto, señorías, se
quiere cuadrar sin ampliar los fondos; la realidad es que no se pueden cuadrar los círculos. Más países, más agricultores para entendernos, significa irremediablemente que tiene que haber más fondos si no se quiere que alguien salga perjudicado.
Por mucho que nuestro ministro de Agricultura nos haya querido cuadrar el círculo, los agricultores saben
muy bien que la ampliación de la Unión Europea va a recaer sobre sus espaldas, mejor dicho, sobre sus explotaciones. Este no es el modelo de desarrollo que entendemos que debe seguirse en la construcción de la Unión Europea, por lo que
vamos a denunciar claramente que este modelo de Europa no solamente no es el más justo sino que no es el que interesa a los intereses -valga la redundancia- de España. Habría que escoger un camino en el que se defendiesen los intereses de Europa y
de los europeos. Por tanto, nuestro voto favorable no es ese voto entusiasta que debería ser.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Centella.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señora presidenta, señorías, en el Reglamento de la Cámara o en la práctica parlamentaria podríamos establecer que la aprobación de determinadas leyes fuera acompañada de la presencia de maceros a la derecha y a
la izquierda de la presidencia, más o menos como se hace en los días grandes protocolarios. Hay ocasiones en las que todos sabemos que aquí ocurre algo importante porque todos los policías que habitualmente se ocupan de nuestra seguridad llevan
guantes blancos, porque hay flores en los pasillos, hay banderas en la entrada, hay bandas de música que dan la recepción a determinados personajes -jefes de Estado, presidentes de Gobierno- o incluso en ciertos actos en este propio hemiciclo
aparecen los maceros ahí detrás dando toda la solemnidad a una determinada reunión parlamentaria. Con la aprobación de leyes como esta, deberíamos estar haciendo algo similar. Es muy importante que tengamos todos claro que lo que se va a aprobar
hoy no es una simple ley orgánica de las que hoy se aprueban y mañana se modifican, es una ley orgánica que se tramita como ley orgánica precisamente por imperativo del artículo 93 de la Constitución, porque se trata de delegar el ejercicio de
competencias derivadas de la Constitución; eufemismo que en su momento se estableció para, de hecho, ir a modificaciones -mutaciones, dirían los expertos- de la propia Constitución. Eso es lo que estamos haciendo hoy cuando entre todos vamos a
aprobar la ampliación de la Unión Europea.
Hoy, el Pleno del Congreso de los Diputados va a decir sí a la ampliación de la Unión Europea en nombre del conjunto de los ciudadanos de España no sólo jurídicamente sino políticamente. Ya sé que eso es lo que hacemos cada día cuando
votamos, pero en el debate político acerca de si esta decisión debía o no someterse a referéndum, como se han planteado otros Estados, siempre nuestro argumento es decir que no hace falta referéndum porque el Pleno del Congreso de los Diputados es
soberano y los representa a todos. Así es, pero sería bueno y útil que todos nosotros, cuando hoy votemos este texto, seamos conscientes de que estamos diciendo que sí a la modificación más importante de la Unión Europea desde su fundación en la
extensión, en lo que le supone de transformación profunda de su propia identidad al incorporar a millones de nuevos ciudadanos con sus culturas, con su idiosincrasia y con su propia historia.
Desgraciadamente, la preparación por España para esta ampliación es directamente proporcional al entusiasmo que esta ley está teniendo hoy en estos escaños y probablemente en la prensa de mañana o en los anticipos que los teletipos hacen
acerca de las votaciones del día. Es algo que pasa desapercibido, como si estuviéramos votando aquí una modificación menor de cualquier tema. Eso es lo que, en primer lugar, de forma clara querría decir en nombre de mi grupo. Mi grupo apoya sin
la más mínima reserva la ampliación de la Unión Europea, la ha apoyado desde que se empezó a plantear, y evidentemente la apoya hoy absolutamente en esta votación, ya formal, de ratificación del Acta de Adhesión. Sin embargo, eso no nos impide
decir que creemos que debería haber mucho más ruido político, mucho más entusiasmo, y que eso en parte es falta de quien tiene la obligación de difundir ante la sociedad, ante los agentes económicos, sociales, sindicales, empresariales y culturales
la trascendencia de lo que hoy está ocurriendo y de lo que supone la ampliación. Todavía está a tiempo de hacerlo, pero quiero dejar claro que creo que ni hay conciencia en la sociedad española de lo que, entre comillas, se nos viene encima, ni se
ha hecho todo lo posible por transmitirlo. No lo digo en términos negativos, lo que se nos viene encima en muchos casos no son cosas negativas, son retos que habrá que afrontar; retos en el ámbito industrial, retos en el ámbito cultural, retos en
el ámbito de las inversiones, retos en el ámbito del mercado, retos administrativos, incluso, de la gestión de esa nueva Unión Europea que se nos viene encima, muchísimos retos. No confundamos lo que es apoyar con entusiasmo la ampliación de la
Unión y, como decía hace poco alguien, como estamos todos de acuerdo, no hace falta que lo debatamos.
No, porque eso es lo que está pasando, señorías, que precisamente porque todos estamos de acuerdo con mayores o menores matices, está pasando
desapercibida una transformación espectacular del entorno económico, social, industrial y político del Reino de España, si me permiten decirlo de forma solemne. Lo dice este portavoz, lo dice la UGT en sus informes colgados de la página web, lo
dice la CEOE y lo dice cualquiera que se haya sentado a estudiar un poco este tema. No se ha hecho la preparación oportuna. ¿Se está a tiempo? Depende. El tiempo lo dirá, pero en todo caso no se está haciendo la preparación oportuna y, sobre
todo, más allá de la preparación, no se está transmitiendo al conjunto de los ciudadanos la trascendencia. Estamos moviéndonos todavía en algo como si fuera propio o de interés de unas elites interesadas en
temas europeos, y eso puede acabar perjudicándonos a todos. Por tanto, planteémoslo en positivo, que el Gobierno asuma ese reto y asuma el reto de difundir con campañas, por lo menos tan importantes como la que celebra los 25 años de la
Constitución, probablemente más, con más fondos que difunda ante la ciudadanía lo que está ocurriendo y lo que supone esta ampliación.
Como le gusta decir al director general de la Comisión Europea en materia de ampliación, la familia europea crece y la familia europea cambia de naturaleza. A partir de hoy, para ser más exactos a partir del mes de mayo, cada vez que
hablemos de la Unión Europea, estaremos hablando de algo distinto de lo que han conocido todos ustedes, de lo que hemos conocido todos. Es algo nuevo, es otra cosa. ¿Mejor? Lo veremos.
Probablemente, sí. En todo caso, es un imperativo histórico
que así sea.
Asumamos la transcendencia del momento porque el adjetivo histórico se usa y se gasta con demasiada frecuencia. Cuando dentro de 20 años alguien mire para atrás, sabrá que hay un hito espectacular que es el momento en que la Unión
Europea decidió ampliarse con los antiguos miembros del Pacto de Varsovia, los antiguos satélites de Moscú o tantos otros adjetivos que hoy nos parecen propios de la prehistoria y tan lejanos como las guerras napoleónicas y que, sin embargo, están a
la vuelta de la esquina.
En términos más concretos, desde el punto de vista de mi grupo, querría hacer referencia a dos puntos específicos. En primer lugar, algo que no hemos querido plantear como una enmienda a la ley orgánica y que más bien debatiremos en su
momento como una proposición no de ley en la comisión mixta, pero que quiero adelantar ya desde aquí porque se trata de pedir al Gobierno un compromiso político. Me refiero a la libre circulación de trabajadores. Señorías, es muy poco serio que
España, que si de algo sabe es de lo que supone la emigración, si de algo sabe es de la trascendencia que para un país es la emigración, tenga tanto miedo, como parece que tiene, a la emigración, a la libre circulación de trabajadores de los ahora
países candidatos y dentro de muy poco países miembros. Cuando en su momento, algunos países, no España, liderados por Alemania, pidieron un período transitorio, aterrorizados ante la invasión de trabajadores polacos, checos, eslovacos, etcétera,
España en su momento, como era obvio, dijo que ese miedo no tenía sentido. Lo dijo, entre otras cosas, porque la propia experiencia española demostró que esos miedos no tenían sentido. Cuando España se unió a la Unión Europea, en lugar de salir
disparados todos los trabajadores hacia fuera, ocurrió exactamente al revés, los trabajadores españoles que estaban trabajando en Alemania, en Francia, en Austria, etcétera, lo que hicieron fue volver porque España ya se había integrado a ese nuevo
marco económico. Eso es lo que nosotros creemos que va a ocurrir con los húngaros, los polacos, los eslovacos y los checos. Por tanto, pedimos al Gobierno, como ya han hecho otros Estados, que haga una declaración unilateral, por la cual renuncie
a la aplicación del periodo transitorio en materia de libre circulación de trabajadores respecto de los trabajadores de los países candidatos; que lo haga, si quiere, con determinadas salvaguardas, lo puede hacer; que se cubra las espaldas en
determinados sectores económicos, lo puede hacer, incluso en determinadas zonas geográficas, lo puede hacer, pero que lance un mensaje político, de enorme calado y de enorme importancia viniendo de España, sabiendo que para nosotros, al día
siguiente de que Polonia entre en la Unión Europea, los trabajadores polacos serán trabajadores comunitarios, y los trabajadores húngaros serán trabajadores comunitarios. Lo podemos hacer, insisto, si se quiere, con salvaguardas que sean la venda
antes que la herida; si alguien la necesita se la puede poner, pero no juguemos a periodos transitorios que sólo tienen sentido desde miedos que España bien conoce que ya no tienen más contenido.
Finalmente, otra referencia muy específica a la situación de Chipre, que pasa muy desapercibida pero que es, en términos políticos, más referidos a la política exterior, una de las partes más delicadas de lo que estamos aprobando hoy.
Chipre, como ustedes saben, está absolutamente dividido y hoy está entrando en la Unión Europea la mitad, en un ejercicio diplomático de enorme sutileza, que es la forma como está redactada en este texto esa entrada de medio Chipre en la Unión
Europea. Nosotros, juntamente con todos los demás responsables en la Unión Europea, esperamos que, antes de que esa ampliación tenga realmente lugar, pueda haberse llegado a un acuerdo entre las dos partes de Chipre, la controlada por Turquía y la
República de Chipre, y podamos tener una República de Chipre que se integre en su totalidad. Es un tema aparentemente, menor, pero al que no quería dejar de referirme haciendo votos en ese sentido.
Termino como empezaba. Esto es mucho más importante de lo que se puede deducir viéndolo desde fuera y pedimos formalmente al Gobierno que desarrolle su capacidad de convocatoria, su capacidad de transmisión cuando un tema le interesa, a
través de muchas campañas de prensa, de telediarios, de lo que quiera -tiene mil instrumentos a su disposición-, para transmitir a la sociedad española que es muy importante esta ampliación y que además es positiva. Hoy por hoy, da la sensación de
que no es importante y ni siquiera tenemos claro que es positiva; lo tenemos políticamente, pero no lo tienen otros, puede no tenerlo un ciudadano porque el ciudadano ve cómo el Gobierno se lanza a difundir las cosas en las que cree y ve que el
Gobierno no gasta ninguna energía en explicar las excelencias de esto. Eso lo sabe perfectamente cualquiera que haya visto al Gobierno mostrar las excelencias de otras propuestas que ha tenido que defender.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guardans.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor García Breva.
El señor GARCÍA BREVA: Señora presidenta, señorías, hoy el Congreso de los Diputados, en representación del pueblo español, va a aprobar la ampliación de la Unión Europea a diez nuevos Estados del centro y el este de Europa.
Para el Grupo Parlamentario Socialista se cumple hoy una de nuestras más firmes convicciones, con una decisión que supone un paso de gigante en el proceso de construcción europea, proceso al que los socialistas hemos sido leales, poniendo a
España desde 1986 en la vanguardia de los Estados que, dentro de la Unión, han querido avanzar más profundamente en el proyecto político de Europa, y por convicción seguiremos luchando por que España recupere otra vez ese puesto de vanguardia que
antes tuvo en la construcción europea, porque estamos convencidos, señorías, de que la mejor bandera del presente y el futuro de España es la bandera de Europa.
(La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la Presidencia.)
El 8 de junio del año pasado, tuvo lugar en el Senado una reunión con delegaciones de los parlamentos nacionales de todos los países candidatos, más Rumanía y Bulgaria, y nos pidieron que no se dilatara el proceso de adhesión, porque para
todos ellos la ampliación era una cuestión existencial y una necesidad política para defender mejor así sus jóvenes democracias. Hoy, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, les podemos decir que hemos apoyado y cumplido con esa necesidad,
incluyendo a Rumanía y Bulgaria para el año 2007. Para los españoles es un deber moral apoyar la ampliación, porque pocos como nosotros saben que la integración europea es el mejor instrumento para consolidar la democracia, que es el factor de paz
más importante que hoy tiene el mundo globalizado.
Con nuestro voto favorable, los socialistas hoy queremos manifestar que esta Europa ampliada deberá dejar de ser un escenario o un simple espectador de lo que acontece en el mundo, siguiendo en muchos casos las decisiones que se toman al
otro lado del Atlántico por los norteamericanos. Europa tiene que pasar a convertirse en un actor de primer orden en un mundo crecientemente globalizado e interdependiente, en el que la Unión tendrá que estar dispuesta no sólo a proclamar sino
también a defender los valores y los principios que han inspirado desde el primer momento el proceso de construcción europea: la solidaridad, la tolerancia, el respeto al otro, la diversidad, la defensa de las libertades, el respeto a los derechos
fundamentales del ser humano y el consenso político, señorías. Por eso, la decisión que hoy aprobamos es también una decisión europeísta para reforzar, a partir de la ampliación, las políticas comunes de la Unión Europea, como la política de
cohesión, la política exterior y la política de seguridad y defensa, para que Europa tenga un mayor peso en el mundo. El hecho de que en estos momentos la ampliación coincida con el proyecto de Constitución europea, la Convención y la próxima
Conferencia intergubernamental pone en primer plano la voluntad de avanzar en el proyecto de unión política y la dimensión política de Europa, frente a una visión simplemente contable, como se deja ver con demasiada frecuencia en los últimos tiempos
de la política española.
La ampliación es también una oportunidad para España, una oportunidad para defender el modelo social europeo y el modelo de crecimiento económico europeo basado, de acuerdo con la estrategia de Lisboa, en el incremento de la productividad a
través de la innovación tecnológica, las tecnologías de la información, la cualificación de recursos humanos, la competencia de los mercados y la cohesión económica y social. Los socialistas tenemos que decir que España carece de estrategia para
afrontar las oportunidades y retos que plantea el hecho de que el centro de gravedad de la cohesión va a pasar, a partir de ahora, del sur de Europa al centro y al este de la Unión Europea. Hay datos que se pueden calificar de escandalosos.
Nuestro comercio exterior con los países candidatos apenas llega al 3 por ciento de nuestras exportaciones y al 2 por ciento de las importaciones. Las inversiones totales de España en estos países apenas llega al 0,1 por ciento de nuestras
inversiones, y la inversión directa extranjera de España en estos países apenas llega al 0,5 por ciento de toda la inversión que están recibiendo. Los indicadores de innovación de la Comisión Europea nos pueden decir en estos momentos que hay ocho
países candidatos que invierten más que nosotros en las tecnologías de la información, incluso cinco de ellos duplican el gasto de España en estas tecnologías. En estos países, el porcentaje de población con la enseñanza secundaria terminada llega
al 78 por ciento, cuando en España apenas supera el 42 por ciento. Los costes salariales de estos países prácticamente son tres veces menores que los españoles. Lo que cabe preguntarse es qué se ha hecho por el Gobierno español para mejorar tan
pésimos datos. Nosotros hemos constatado que el Gobierno español se ha quedado a la defensiva.
Queremos decir hoy también que España está en condiciones de afrontar este reto con otra política económica que aproveche de mejor manera que hasta ahora los efectos positivos de la extensión del mercado interior de la Unión Europea y que
optimice la aplicación de las ayudas estructurales hasta el año 2006 y en el próximo período de programación, a partir de 2007; que la ampliación sea un éxito para los nuevos Estados que se van a incorporar en mayo de 2004 y para España exige
defender y mantener la política de cohesión y el enfoque regional de los fondos estructurales, frente a los planteamientos que se han hecho este año de renacionalización
de las ayudas europeas. España -hay que dejarlo bien claro hoy- mantiene intactos sus fondos estructurales hasta el año 2006 y, a partir de 2007, seguirá teniendo fondos estructurales, menos pero los seguirá teniendo.
No podemos pretender,
como hoy, ser receptores netos en 2013, pero tampoco contribuyentes netos en 2007. Por eso planteamos al Gobierno que se deben reforzar las ayudas a todas las regiones Objetivo 1, con salidas suaves para todas, tanto para las que salgan por el
efecto de convergencia como las que salgan por el efecto estadístico, y que se defina una política de alianzas en la Unión Europea basada en la defensa de la política de cohesión y del enfoque regional de las ayudas estructurales y no en la soledad
más absoluta, como el Gobierno está al día de hoy.
Finalizo, señora presidenta. España se encuentra ante un gran reto y una gran oportunidad ante la que hay que adoptar nuevas políticas. Los socialistas seguiremos luchando por que España vuelva a situarse de nuevo en la vanguardia, junto
con aquellos Estados que quieran profundizar más en el proyecto de la Unión Europea. El voto afirmativo que el Congreso hoy va a emitir es, antes que nada, un voto por la paz, un voto por la paz en el continente europeo y un voto por la paz en el
mundo, y ésa no es ni la vieja Europa ni la nueva Europa, ésa es la Europa por la que siempre estuvimos.
Muchas gracias, (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor García Breva.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez Casañ.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, como ya han dicho los que me han precedido en el uso de la palabra, el tema que nos ocupa es de gran solemnidad, porque no se trata de un trámite parlamentario como cualquier otro, por importante que sea en el proceso legislativo,
sino de un trámite parlamentario fundamental para el futuro de nuestro país, como es el futuro de Europa. Es un momento de gran trascendencia no sólo política, sino también estratégica, como tuvimos ocasión de debatir en el trámite anterior en la
Comisión de Asuntos Exteriores.
Como se ha dicho ya, la Europa que se amplía mediante este trámite legislativo es una Europa que corresponde muchísimo mejor a las expectativas que desde el Partido Popular y desde los sucesivos gobiernos de España hemos tenido de Europa.
Es una ampliación que poco a poco va situando al continente europeo en el lugar que le corresponde estar desde siempre; un continente que de una manera solidaria y cohesionada debe jugar en le contexto mundial un papel de mediador, de pacificador,
de garante de la paz y de la estabilidad en el mundo, una paz que empieza dentro del propio continente europeo. La Europa de hoy, la Europa que conseguimos con este trámite parlamentario, es una Europa de mayor envergadura, es una Europa que supone
la reconciliación, la unificación del gran continente europeo que vamos realizando poco a poco. Nos habría gustado que este trámite contemplase una Europa todavía mayor, que países como Bulgaria y Rumanía, que tan denodados esfuerzos han hecho y
continúan haciendo para poder sumarse a esta ampliación, estuviesen también presentes. Desafortunadamente, no ha podido ser así, pero hay esperanzas fundadas para contemplar una próxima adhesión en el año 2007, lo cual nos satisface. Desde este
momento, quiero expresar el compromiso del Gobierno y del grupo parlamentario que lo sustenta para que la incorporación en 2007 sea una realidad para países como Bulgaria y Rumanía y otros que lo puedan hacer en el futuro próximo.
Es cierto que el mapa europeo que contemplamos desborda completamente las expectativas de lo que hubiese sido hace diez o quince años, y eso nos satisface, es el mapa de una nueva Europa, de la Europa del siglo XXI. A España le corresponde
la satisfacción de haber liderado desde el principio este proceso, y a estos gobiernos del Partido Popular les corresponde la satisfacción de haber acelerado este proceso, de manera que no solamente estamos ahí desde el origen, sino que estamos en
la vanguardia de todos los esfuerzos que se han hecho en los últimos años para conseguir que esto fuera una realidad. A nadie se le escapa la gran labor que realizó el Gobierno de España cuando desempeñó la presidencia de turno de la Unión para
conseguir cerrar no solamente los capítulos que le correspondían respecto a la ampliación, sino otros muchos capítulos, con lo cual facilitó este proceso para las presidencias posteriores. A nadie se le escapa el gran esfuerzo que hizo esta
presidencia de la Unión, no sólo para ir avanzando en el cumplimiento de los criterios de Copenhague que, desde el punto de vista de los tratados constitucionales europeos tenían que cumplir los países candidatos a la adhesión, sino por haberlos
asociado, desde el primer momento, a los criterios de Lisboa.
España, desde el primer momento, tuvo la sensatez y la visión de ver cuán importante era que estos países de la adhesión fueran incorporándose poco a poco, incluso antes de llegado el
momento, a los criterios de Lisboa.
¿Por qué? Para que sus mercados no se encontraran en una desventaja flagrante en temas como las políticas sociales, de empleo y el sistema productivo, frente a la Europa mucho más rica, a la que se iban a
adherir. Por eso, España, que con los gobiernos populares había sido líder en los criterios de Lisboa desde que se impulsaron dichos criterios, fue también líder en asociar, por primera vez, los países de la ampliación a los consejos europeos.
Todos recordamos con qué éxito todos los países de la ampliación, no solamente estos que acogemos en este momento sino otros que vendrán después, fueron invitados a la cumbre de Barcelona, lo cual sirvió para marcar las pautas necesarias para los
sucesivos
consejos y para poner plazos, que es lo que se tiene que hacer cuando verdaderamente se quiere asociar a alguien y se quiere trabajar con el éxito asegurado. Políticas y criterios de Lisboa que han dado un resultado excelente en este país y
que lo darán -estoy seguro- en los países miembros de la ampliación. Lo que nos empuja a aceptar a estos países no es solamente un criterio de solidaridad, sino que también nos empuja un criterio, desde el pragmatismo, de beneficio para nuestro
país, porque vamos a ampliar los mercados de la Unión a las empresas españolas.
Vamos a tener muchos más mercados para vender los productos, para hacer que los ciudadanos españoles, que son innovadores y competitivos, puedan establecerse y puedan
llegar hasta esos rincones de la Unión Europea que, a partir de este momento, serán mucho más próximos y mucho más nuestros.
Para conseguir eso, el Gobierno de España ha llevado a cabo un plan estratégico de implantación en estos países, un plan
estratégico que se concreta, por ejemplo, en que antes de final de año se abrirán cuatro nuevas embajadas del Reino de España en los países de la ampliación, tres en los países bálticos y una más en Malta, de las 7 nuevas embajadas que contempla
abrir el Gobierno de España en el mundo. Estas políticas también se han concretado en las campañas que han hecho el Ministerio de Economía, los organismos relacionados con el tema de la expansión del comercio exterior de España en estos países y
las oficinas comerciales en el exterior.
Por todo ello, en ese camino hacia la ampliación, pero no solamente para ayudar a los países de la ampliación sino para ayudarnos a nosotros mismos, el Gobierno de España ha tenido muy claro desde el principio lo mucho que representa no
solamente para España en su conjunto sino para todos y cada uno de los españoles. Pero no solamente es el interés comercial, sino que también es el interés estratégico, porque esta nueva Europa que todos contemplamos es una Europa que, nacida de la
reconciliación entre los dos bloques que desafortunadamente dividió el telón de acero, tiene una vocación hacia la seguridad y la estabilidad en el mundo, desde la desafortunada experiencia que han tenido, que enriquece la postura de España y la
postura de la Unión Europea en su conjunto. La Europa que sale de todo eso, una Europa que tiene vocación de integración en lo político, en lo económico, en la seguridad y en la defensa, es una Europa, que con los países de Europa Central y del
Este, pero también con esos dos países meridionales de la Europa del sur como son Chipre y Malta, puede afrontar, de una manera mucho más lógica y mucho más completa, los desafíos en el ámbito de la seguridad que, por otra parte, señorías, son
desafíos cuya importancia e interés conocemos todos nosotros a raíz de los acontecimientos que nos han ocupado en el último año. Sin esos nuevos países de la Unión Europea, la Unión Europea en su conjunto no podría progresar como lo va a hacer a
partir de ahora en el terreno de la seguridad y la defensa.
Por todo ello, señorías, la solemnidad de este momento es patente. Quizás se nos escapa a muchos lo que significa, pero es tarea de todos y cada uno de nosotros y de cada uno de los territorios y de las administraciones españolas transmitir
a los ciudadanos, en la medida de sus posibilidades, lo que esto representa. Ya digo que es la culminación de un largo proceso que nos satisface y hace que estemos orgullosos de lo que hemos contribuido. A partir de ahora, señorías, los nuevos
países que entran en la Unión tendrán que hacer frente a sus responsabilidades. No solamente nosotros vamos a ayudarlos y a acompañarlos en el proceso, sino que ellos van a tener que hacer frente a sus responsabilidades como nuevos miembros de
pleno derecho de la Unión. A mí me gustaría que nosotros, desde este Parlamento y desde los otros parlamentos de Europa y desde el resto de los gobiernos de Europa, les demos la oportunidad de participar, en la medida en que les corresponde, en el
diseño de la Europa del futuro. El primer escalón en el diseño de la Europa de futuro en el que tenemos que asociar a estos países es precisamente el de la arquitectura institucional europea. Dentro de pocos meses tendremos que decir lo que
queremos que sea la arquitectura institucional de Europa, la nueva Constitución europea. Yo espero y deseo que estemos a la altura de las circunstancias y que sepamos asociar a los nuevos países de la ampliación a este trámite tan importante para
el diseño de Europa y que por lo tanto les demos la oportunidad de decir cuál es la Europa que desean, esa Europa que han negociado o esa Europa que estamos a punto de cambiar, espero que para lo positivo, entre todos.
Antes de acabar esta intervención en nombre del Grupo Popular, señora presidenta, y agradeciendo al Grupo Socialista las dos enmiendas que planteó en el trámite en Comisión y que mejoraron técnicamente el texto, quiero proponer una
corrección técnica que espero cuente con el apoyo de la Cámara. Al aprobar por unanimidad, señorías, las dos enmiendas del Grupo Socialista en la Comisión de Asuntos Exteriores, se produjo una incorrección técnica entre el título y la exposición de
motivos del proyecto de ley orgánica, puesto que el texto de las enmiendas contemplaba un orden en la enumeración de los países de la adhesión distinta al del orden que se sigue en el título de la ley. Por consiguiente, propongo una corrección
técnica. Sería: Proyecto de ley orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Adhesión a la Unión Europea de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de
Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca, que es como se lee el texto tras la aprobación de las dos enmiendas del Grupo Socialista.
Sin más, y anunciando el voto positivo de nuestro grupo parlamentario, le agradezco la concesión de la palabra, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Martínez Casañ. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Iniciamos la votación del dictamen de Comisión del proyecto de ley orgánica por la que se autoriza la ratificación del Tratado de adhesión a la Unión Europea de la República Checa, la República de Estonia, la República
de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca.
En primer lugar, votamos el texto del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 291.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
VOTACIÓN DE CONJUNTO.
La señora PRESIDENTA: Señorías, a continuación procedemos a la votación final sobre el conjunto del texto por tener carácter orgánico.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 291; en contra, uno; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado. (Aplausos.)
Señorías, el debate va continuar ininterrumpidamente, pero no se producirán votaciones hasta las cuatro de la tarde o momento posterior en el que el debate lo permita.
- PROYECTO DE LEY GENERAL DE SUBVENCIONES. (Número de expediente 121/000163.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto del orden del día, proyecto de ley general de subvenciones. (Rumores.)
Señorías, debemos continuar con el debate, por lo cual les ruego que lo faciliten abandonando el hemiciclo en silencio aquellos que lo vayan a hacer. (Pausa.)
En primer lugar, para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Doy por defendida las enmiendas del señor Puigcercós y también las mías propias. Sólo me referiré a que la base de nuestras 15 enmiendas intenta recoger en la ley el respeto a las competencias de otras administraciones, de otras comunidades
autónomas, que tienen competencias en la materia. Este proyecto de ley, desde luego, violenta esas competencias y atribuye una regulación básica a cuestiones que no debieran de serlo. Por ello, rápidamente diré que esas 15 enmiendas tienen
básicamente esa línea argumental y nos gustaría que fueran recogidas en la medida en que simplemente proponen un respeto a una estructura jurídica política que existe en este momento en el Estado español.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Según el Bloque Nacionalista Galego, una vez más el Gobierno nos trae un proyecto de ley que no pretende sino centralizar en las instituciones centrales del Estado competencias legislativas y ejecutivas que, de acuerdo con el Tribunal
Constitucional, corresponden a las comunidades autónomas. Presenta al Estado, y en especial al Gobierno, como garantes del orden y de la buena administración de los recursos públicos amenazados, según él, por un proceso autonómico que habría ido
demasiado lejos y que conviene revisar.
Bajo el disfraz de la eficacia ya hemos manifestado que este proyecto de ley está animado por la ideología españolista y excluyente del actual Gobierno. Como ya indicamos en nuestra enmienda a la totalidad estaríamos de acuerdo con el
proyecto de ley y podríamos encauzar, a través de enmiendas al articulado, nuestras disensiones puntuales si este persiguiese, como los vigentes artículos 81 y 82 de la Ley general presupuestaria, la regulación de la actividad subvencional de la
Administración general del Estado y de los organismos de ella dependientes. Si ese fuese el objeto del proyecto de ley -vuelvo a repetir- lo valoraríamos como un paso adelante, seguramente insuficiente mientras los instrumentos de control interno y
externo no se hallen en disposición de llevarlo a la práctica respecto de la situación actual. El Bloque Nacionalista Galego no puede avalar que a través de la regulación básica contenida en este proyecto de ley, de acuerdo con lo dispuesto en la
disposición final primera, se recorten competencias autonómicas en materia financiera, de autoorganización, de establecimiento, regulación y gestión de ayudas y subvenciones e incluso de las establecidas por la Administración general del Estado y la
Unión Europea, revisando de forma inconstitucional lo
que el Tribunal Constitucional viene afirmando de forma constante desde hace 11 años.
Por eso, nuestras enmiendas persiguen dos objetivos básicos. En primer lugar, restringir el alcance de este proyecto de ley al ámbito que le es propio, es decir, el de la actividad subvencional de la Administración del Estado y de los
organismos de ella dependientes. Sólo en un caso, el de la regulación del procedimiento de concesión de subvenciones, sería admisible, desde nuestro punto de vista, el carácter básico del proyecto de ley. En segundo lugar, se persigue el siguiente
objetivo: luchar contra la huida del derecho, es decir, contra la exención de controles que el proyecto de ley posibilita para las fundaciones, sociedades y demás entidades de derecho privado creadas por la Administración del Estado que sólo
estarían sujetas a los principios y no a la completa regulación de la ley. Proponemos una solución lógica y simple por analogía con lo establecido en la vigente Ley de contratos de las administraciones públicas; no es la forma jurídica, sino la
naturaleza de la actividad el criterio a tener en cuenta para fijar qué entidades y organismos están o no sujetos y en qué grado a la normativa subvencional pública. Estos son, señora presidenta, señorías, el sentido y el objetivo básico de
nuestras enmiendas.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Entiendo que dan por defendidas las enmiendas del señor Puigcercós.
(Asentimiento.) Muchas gracias.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.
Habiéndose aceptado ya en el trámite de Comisión una enmienda transaccional a la número 75 del Grupo de Coalición Canaria, transaccional que nos había ofertado el Grupo Popular y que, repito, aceptamos, queda para este trámite la defensa en
el Pleno de las enmiendas números 72, 73, 74, 76 y 77.
La enmienda número 72 trae causa de la enmienda 75, que ahora explicitaré.
La enmienda número 73 quiere dar entrada a la audiencia de las comunidades autónomas. Estamos de acuerdo en todo el planteamiento que trae el principio del proyecto
del Gobierno en cuanto a las compensaciones financieras que deben realizarse como consecuencia de las actuaciones señaladas dentro del texto articulado y en que haya una competencia de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, del
ministerio correspondiente. Pero junto a estas competencias que ejerce la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, así como otros departamentos competentes (porque aquí se reparten las funciones competenciales en distintos niveles y
especificidades, en el Ministerio de Economía, por un lado, y el de Hacienda por otro), entendemos que habiendo este escenario competencial no puede estar ausente del mismo la correspondiente Consejería de Economía y Hacienda. Es el caso de la
Comunidad Autónoma de Canarias, que nosotros extendemos aquí a todas las comunidades, tengan como tengan estructurada orgánicamente la composición del gobierno autónomo, bien sea juntas las consejerías de Economía de Hacienda, como es el caso en
este momento de la Comunidad Autónoma de Canarias, o bien separadas. En cualquier caso, debe darse entrada a la audiencia de las comunidades autónomas porque, si no, estaríamos dejando fuera un área competencial localizada, porque la ley no dice
que las entidades que van a recibir subvenciones tengan que estar obligatoriamente en una determinada comunidad autónoma, están en todo el conjunto del Estado español y, por tanto, dentro del territorio competencial, en esos aspectos, de una
comunidad autónoma. A las que les toque esa ubicación geográfica deben permitir que las autoridades de la comunidad autónoma competentes en materia económica y hacendística puedan ser escuchadas y tenidas en cuenta en esta audiencia.
La enmienda 74 sólo contempla una cuestión técnica de estilo.
Me fijo especialmente, señora presidenta, en la enmienda fundamental del bloque planteado por Coalición Canaria, de la que trae consecuencia, como ya he dicho antes, la enmienda número 72 y va a traerla también nuestra última enmienda, la
número 76.
¿Qué queremos decir con la enmienda 75, en la que planteamos una modificación del texto del proyecto? Queremos dejar bien claro y sentado que una concesión de subvenciones, para evitar juicios salomónicos de ir partiendo a una criatura en
partes, según determinados intereses coyunturales, debe hacerse bajo el régimen de concurrencia competitiva.
Es decir, que en una oferta de subvención que saque un organismo determinado con competencia para conceder subvenciones haya un anuncio
público, transparencia, principios de igualdad, y que a pedir esa subvención, en una cuantía determinada, concurran una, dos, varias o múltiples entidades de todo tipo, que tienen acceso legal y legitimado para concurrir a solicitar una subvención
de un organismo oficial. Por tanto, entendemos que tiene que quedar muy claro el órgano que va a conceder la subvención, previo el informe de un órgano instructor que hace la propuesta correspondiente. La secuencia sería: un anuncio público de
concesión de subvenciones y cubierto el período de tiempo para presentar las solicitudes las entidades que las han presentado, una vez cerrado el plazo, las analiza el órgano instructor, y se hace el baremo, puntuación o propuesta correspondiente
que tenga que elevarse al órgano concedente. Pero toda la filosofía que tiene que imperar ahí es la del régimen de concurrencia competitiva. Es decir, las entidades que solicitan la subvención compiten entre ellas
con un baremo de méritos. Si no, estamos dentro de unas líneas de opacidad que han conducido muchas veces no solamente a las clásicas demandas judiciales contencioso-administrativas, sino a escándalos que han trascendido a través de los
medios de comunicación. Nosotros estamos de acuerdo con el principio de fondo que plantea el texto del proyecto del Gobierno y, con nuestra enmienda, queremos perfeccionarlo con esta línea garantista de que el procedimiento ordinario de concesión
de subvenciones se tramitará siempre en régimen de concurrencia competitiva. Esto va a permitir que, por tanto, la subvención se concederá por un órgano otorgante y con el informe que eleva el órgano instructor al respecto.
Damos entrada a las
excepcionalidades de que algunas subvenciones puedan concederse en determinados prorrateos cuando el régimen de concurrencia competitiva haga llegar a dos o tres últimos peticionarios, con unos baremos prácticamente iguales y que el órgano
instructor haya estimado correctos. Ante esta igualdad de los baremos de acuerdo con los criterios de valoración de la solicitud, creemos que nuestra enmienda contribuye a unos principios de claridad, de responsabilidad, de transparencia y de
equidad, con el fin de evitar las discrecionalidades, entre comillas, que muchas veces se han traído aquí.
La enmienda número 76 -y con esto termino, señora presidenta- trae causa de la enmienda anterior, la número 75, en la que nosotros proponemos una modificación del texto del proyecto del Gobierno en la línea de introducir una cuestión
puramente procedimental. Lo que nosotros hacemos aquí es establecer una línea procesal -vamos a llamarla así con un lenguaje jurídico- y un procedimiento reglado, transparente y normativo para que sepamos que los órganos instructores, igual que en
el derecho procesal, están actuando dentro de una misma norma y de acuerdo con los criterios pertinentes. Aquí establecemos una serie de principios conforme a los que debe cumplimentarse el expediente del órgano instructor: examen de las
alegaciones aducidas en su caso por los interesados, cómo se tiene que construir el expediente, finalizar y elevar al órgano concesionario.
Hacemos esto en una línea, creemos, constructiva con el texto del proyecto del Gobierno, para evitar las
circunstancias penosas, de falta de credibilidad de muchas instituciones que se han visto sometidas a escándalos en la concesión de las subvenciones.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), señor Azpiazu, tiene la palabra.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.
Señorías, mala hora para hablar de cualquier cosa, y también de subvenciones, pero tenemos que decir desde el Grupo Vasco que, hoy, en este sentido estamos peor que hace dos meses, cuando celebramos en esta Cámara el debate de totalidad del
proyecto de ley general de subvenciones. Y estamos peor puesto que, pasado el debate en Comisión, el Grupo Parlamentario Popular no ha realizado el mínimo esfuerzo para tomar en consideración algunas de las enmiendas planteadas por el Grupo Vasco
con el fin de mejorar el proyecto, por una parte y, por otra, y muy importante, de respetar el marco jurídico-político vigente establecido en el bloque de constitucionalidad.
Se ignora a las comunidades autónomas, se ignora al Gobierno vasco, se ignora al Gobierno de Navarra, se ignora a las diputaciones forales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, se ignora a los ayuntamientos vascos y se ignora también al resto de
las administraciones e instituciones públicas del Estado. Se consigue, por lo tanto, incordiar, entrometerse y, si me permiten la expresión, mangonear en el conjunto de las instituciones públicas del Estado, ignorándolas tanto en el proceso de
elaboración del anteproyecto como en el trámite parlamentario que hemos tenido que sufrir como Grupo vasco. El propio Consejo de Estado les recordaba que no habían prestado atención suficiente a las comunidades autónomas y a otras instituciones a
la hora de elaborar el anteproyecto. Y digo que hemos sufrido, como Grupo Vasco, porque, desde nuestro punto de vista, es desgarrador observar cómo desde el Gobierno del Partido Popular proyecto a proyecto, ley tras ley, se atenta contra un Estado
autonómico que tanto dicen defender. Este proyecto de ley general de subvenciones representa a las claras -no sólo lo dice el Grupo Vasco, sino que el Grupo Catalán (Convergència i Unió) y otras formaciones políticas de esta Cámara son de la misma
opinión- un nuevo paso atrás, un nuevo golpe al Estado autonómico. La involución autonómica a la que ley tras ley nos llevan el Partido Popular y su Gobierno no es un concepto gratuito al que apela el Grupo Vasco en el Congreso. Es una realidad
que se puede observar con toda su crudeza también en este proyecto de ley general de subvenciones.
Cuando desde su Gobierno se pusieron en contacto con nuestro grupo parlamentario con el fin, según ustedes, de discutir y tomar en consideración nuestras enmiendas, al menos las que ustedes saben que son esenciales, nos pusimos a su
disposición para avanzar en tal sentido. He de reconocer mi ingenuidad y quizá mi torpeza al creer que sus intenciones eran sinceras o, al menos, posibles. Lo único que ocurría a finales de julio era que todavía ustedes no sabían que el señor
Rajoy iba a ser el sucesor. Una vez que tienen el sucesor y se ven de nuevo ganadores en marzo, ignorar al Grupo Vasco continúa siendo un mérito para mantener una buena disposición en el futuro Gobierno o Congreso.
Señores del Partido Popular, su empeño en retrotraernos al Estado español preautonómico no aguanta una vuelta de tuerca más. Están abusando demasiado y se
les va a romper el tornillo. Su comportamiento descarado y totalitario refleja los tics de una derecha que nos hubiera gustado ver ya desaparecida. La lectura que ustedes hacen de la Constitución para dictar este proyecto legislativo, y
concretamente sus artículos 141.1, 13, 14 y 18 defendiendo que no les resulta de aplicación el mismo, la doctrina constitucional en relación con el poder de gestión del Estado y su incidencia en las competencias autonómicas recopiladas por el
Tribunal Constitucional en la conocida sentencia 13/1992, de 6 de febrero, en la medida que entiende que este proyecto legislativo no se refiere al ejercicio de la potestad del gasto subvencional ni a la regulación neutral con respecto al gasto,
resulta al menos curiosa. En nuestra opinión, la delimitación del ámbito de lo básico que realiza este proyecto no se adecua al orden constitucional de distribución de competencias al invadir directamente las competencias normativas de las
comunidades autónomas en este ámbito material. El legislador estatal sólo puede regular el régimen subvencional para la Administración del Estado.
No hacerlo así significa entrometerse e invadir competencias autonómicas y locales. Además, en el
caso de Euskadi, los objetivos de estabilidad presupuestaria se realizan atendiendo al régimen foral propio, según lo dispuesto en la ley de concierto. No se entiende, por tanto, imponer límites a las competencias de las instituciones vascas
apelando a la estabilidad, al margen de lo establecido en el concierto. No voy a ahondar más argumentando en este sentido, porque lo dije ampliamente en el debate de totalidad y les remito a SS. SS. a aquel debate, al igual que a la Comisión en
la que defendí las enmiendas del Grupo Vasco.
El Grupo Vasco ha presentado 33 enmiendas, muchas de ellas competenciales, cuyo fin es respetar el ámbito competencial de cada nivel institucional establecido, por cierto, en la Constitución y en los estatutos de autonomía. Pretendemos con
ellas evitar las invasiones competenciales que se contienen en el proyecto de ley. Otras enmiendas son de carácter técnico y pretenden mejorar los aspectos técnicos -valga la redundancia- del proyecto. El Grupo Popular conoce perfectamente el
carácter, el contenido y el alcance de las mismas. El Grupo Popular sabe perfectamente que para el Grupo Vasco, en coherencia con el resto de las leyes de carácter económico aprobadas y otra aún en tramitación como la Ley General Tributaria, es
imprescindible que acepte la enmienda 31 presentada por nuestro grupo. Los diputados del Grupo Popular no pueden estar en desacuerdo con lo que la enmienda propone, y yo sé que en algún caso no lo están. Por ello, proponemos una enmienda de
adición de una nueva disposición final segunda denominada aplicación de esta ley en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que puede extenderse a la Comunidad Foral de Navarra, que diría: En virtud de su régimen foral, la aplicación a la Comunidad
Autónoma del País Vasco, y a la Comunidad Foral de Navarra en su caso, de lo dispuesto en la Ley de concierto económico y en la disposición adicional segunda de la Ley de bases de régimen local... Esta enmienda tan sólo pretende que esta ley
contemple un respeto al concierto económico, al igual que lo hacen otras de carácter económico, financiero y tributario, ámbito de actuación propia de concierto económico, salvaguardando los derechos históricos y el régimen especial en materia
municipal. Esta enmienda cobra más significado si cabe si tenemos en cuenta que la estabilidad presupuestaria ha sido la impulsora última de este proyecto. En la ley de concierto económico se establece, como conocen SS.SS., que el escenario de
estabilidad presupuestaria de las instituciones públicas vascas será acordado en el seno de la comisión mixta de concierto. Tan sólo pedimos respeto al concierto económico y de igual modo al convenio económico con Navarra, aprobados por unanimidad
en esta Cámara.
El resto de enmiendas, que doy por defendidas, pretenden, amén de mejorar el texto, que éste sea respetuoso con el reparto competencial existente y con la realidad del Estado autonómico, que no conviene olvidar aunque algunos lo pretendan.
En Comisión, el Grupo Popular planteó al Grupo Vasco dos enmiendas transaccionales de escasa relevancia, pero que aceptamos porque el Grupo Popular se comprometió a realizar un esfuerzo adicional para aceptar la enmienda 31 a la que me he referido
anteriormente. Si no la aceptan hoy, que sería lo deseable, lo pueden hacer incluso en el trámite del proyecto en el Senado. De no ser aceptada, tendríamos que denunciar políticamente tal actitud y explicar a los ciudadanos vascos, incluidos los
navarros, el alcance de las decisiones para Euskadi que están adoptando el Partido Popular y el Gobierno.
Eskerrik asko.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Sánchez Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, escuchando atentamente la defensa de las enmiendas que ha defendido por el Partido Nacionalista Vasco el diputado Pedro Azpiazu, podríamos dar por defendidas todas nuestras enmiendas y asumir los planteamientos
que ha hecho en su exposición, pues coinciden básicamente con la exposición que hizo nuestro grupo parlamentario (Convergència i Unió) cuando defendimos ante el Pleno de esta Cámara las enmiendas a la totalidad. Es cierto que ha existido un debate
en Comisión, no es menos cierto que el Grupo Parlamentario Popular le ha aceptado a nuestro grupo tres o cuatro enmiendas técnicas que modificaban los aspectos formales de algunos artículos de dicha ley, pero nuestras enmiendas de fondo, básicas y
fundamentales, que iban directamente a defender aquellas
competencias autónomas que tenía la Generalitat de Cataluña, no han gozado del apoyo del Grupo Parlamentario Popular. Vale la pena destacar que el diputado del Grupo Parlamentario Popular, señor Jordi de Juan, ha hecho un esfuerzo
importante en la negociación para intentar llegar a acuerdos, pero la distancia era tan grande y tan de fondo que nos ha sido imposible alcanzar más acuerdos importantes en los aspectos fundamentales.
Nuestro grupo continúa teniendo la misma preocupación que cuando se celebró el primer debate ante esta Cámara. Convergència i Unió sigue pensando que existe una actividad frenética en esta legislatura por parte del Gobierno del Partido
Popular que invade competencias autonómicas aprovechando su mayoría absoluta, sin tener en cuenta las partes afectadas. En este caso no se han tenido en cuenta bajo ningún concepto las comunidades autónomas y las corporaciones locales, ha habido
una gran falta de sensibilidad hacia estas dos instituciones. Nosotros consideramos que aquellas comunidades autónomas que tienen competencias exclusivas en determinadas materias no dejan de ser un Estado, como también lo reconocemos en aspectos en
los que el Estado español tiene competencias básicas en alguna legislación. Ante estos planteamientos, Convergència i Unió, llega a la conclusión de que estamos otra vez ante un proceso preocupante de involución autonómica que nos recuerda aquellos
tiempos tristes y lamentables de gobiernos de antaño -en este caso de la UCD y del Partido Socialista-, que desembocaron en la nefasta legislación de la LOAPA, en la que finalmente el Tribunal Constitucional puso orden ante aquel atropello y falta
de respeto por parte del Estado y de estos partidos hacia las comunidades autónomas. Señorías, ante este tipo de legislación, como el proyecto que hoy estamos debatiendo, totalmente innecesario desde nuestro punto de vista, como más adelante me
referiré, uno tiene la percepción de que uno de los objetivos básicos que tiene el Gobierno del Partido Popular es el de vaciar, laminar, invadir y erosionar al máximo las competencias autonómicas y volver a la España uniforme de los años 1970 y
1975. Esto es un proceso de involución autonómica, tal como también ha manifestado el diputado del PNV, don Pedro Azpiazu, en el que el Estado, a través de esta legislación básica, recupera competencias que no son suyas y que están en manos de las
comunidades autónomas.
En segundo lugar, una gran parte del articulado de este proyecto de ley que se declara básico afecta también a materias que las comunidades autónomas ya han regulado o pueden regular en el futuro en base a sus competencias -esto es muy
importante- y a la potestad organizativa de las corporaciones locales, que por este proyecto de ley se ven afectadas. El sometimiento de esta actividad, que a tenor de la redacción del proyecto incluye la determinación o aprobación de planes
específicos en los que se debe concretar la política de subvenciones de una comunidad autónoma, implicaría someter a esta administración a un control inaceptable desde la potestad de su autogobierno. En materia de subvenciones el Estado puede
regular las condiciones de otorgamiento hasta donde lo permita su competencia de coordinación, pero siempre que deje un margen, un espacio legal, a las comunidades autónomas para que éstas puedan desarrollar la regulación de las condiciones de
otorgamiento de las ayudas, así como su tramitación. La configuración del marco jurídico implementado por el proyecto para todas las administraciones territoriales cercena sustancialmente el ejercicio de libre actividad, de fomento, pieza esencial
en la política administrativa, e interfiere por tanto en la normativa, tal como me he referido al inicio de mi intervención, de las comunidades autónomas y en la potestad organizativa de las corporaciones locales. Respecto a la normativa de las
comunidades autónomas, querríamos dejar constancia de que en algunos aspectos diferentes comunidades autónomas, y en este caso la Generalitat, ya han regulado materias subvencionadas a través de diferentes reales decretos.
En tercer lugar, nos parece inadecuada esta norma que afecta a un conjunto de administraciones públicas y a diversos sectores ya que en general no han tenido la participación ni el trámite suficiente para conocer la redacción de la misma y,
en su caso, aportar las consideraciones pertinentes. Hacemos nuestro el informe que ha elaborado el Consejo de Estado, del que querríamos resaltar que es significativa la mención a que tanto la Generalitat de Catalunya como el Gobierno vasco no han
entrado en el fondo del asunto por falta de tiempo. Manifiesta dicho organismo que no parece demasiado aventurado afirmar que los defectos que se acaban de señalar traen causa de la excesiva premura en que se ha llevado a cabo la tramitación del
anteproyecto en sus últimas fases, lo que afecta negativamente al contenido de la norma para asegurar -añade el Consejo de Estado- la participación de las comunidades autónomas y de algunas entidades representativas de los sectores afectados, lo que
habría enriquecido el expediente con sus aportaciones y podría haber tenido un eventual efecto preventivo en la litigiosidad en dicha materia.
No hemos querido entrar en el detalle de nuestras enmiendas porque defienden la posición de nuestro grupo parlamentario que, repito, coincide en este caso como en muchos otros en las cuestiones que afectan a las competencias de las
comunidades autónomas con el planteamiento que ha hecho el portavoz del Partido Nacionalista Vasco y seguramente también con lo que puedan opinar algunos de los componentes del Grupo Mixto.
Vamos a votar en contra del dictamen de la Comisión para
ser consecuentes con el planteamiento de nuestro grupo parlamentario.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez i Libre.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señora López González.
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, esta mañana -mejor dicho, esta tarde- se nos trae al Pleno una ley cuya regulación en el ámbito de las subvenciones es compleja y difícil, porque algunas comunidades autónomas ya habían elaborado iniciativas legislativas para
regular las subvenciones. No se nos escapa que es un asunto fronterizo entre el derecho financiero y el derecho administrativo y que a veces es difícil sustanciar adecuadamente esta legislación. Debo decir que últimamente estamos con el desenfreno
de tramitar determinados proyectos de ley con excesiva rapidez, y éste no se escapa a esa situación. Si hubiese habido un poco más de tiempo -el propio informe del Consejo de Estado así lo determina- y las administraciones autonómicas hubieran
podido elaborar un informe, probablemente no estaríamos en la situación en la que nos encontramos ahora en la que ni siquiera las comunidades autónomas pudieron hacer su aportación a este proyecto de ley.
La ley que nos presenta el Gobierno sigue debatiéndose en los dos campos a los que hacía referencia con anterioridad. Ha elegido una regulación muy escueta pues sólo ha desarrollado 79 artículos, olvidando, como decía al inicio, que ya hay
comunidades autónomas que han adelantado legislaciones sobre este asunto y que estas materias ya están reguladas. El Partido Socialista entiende que este proyecto legislativo debía haber evitado -pero no lo ha conseguido- esta fragmentación en la
regulación.
Consideramos que el Gobierno ha traído a la Cámara una ley excesivamente reglamentista, en algunos asuntos desproporcionada, excesivamente minuciosa y algo arbitraria. Con gran vehemencia establece grandes principios generales, pero
inmediatamente los excepciona, hasta el punto de que la ley se convierte en una materia muy opaca. Hay asuntos de gran relevancia, como el plan estratégico de subvenciones, que queda sustraído al debate de esta Cámara. Ese plan nunca va a estar
aquí si no se admiten las enmiendas que hemos propuesto algunos grupos de esta Cámara, entre ellos el Grupo Socialista, que son de gran relevancia para conocer las subvenciones. Por otra parte, el Tribunal Constitucional en diferentes sentencias ya
había arbitrado cuáles eran las competencias que correspondía a cada una de las administraciones autonómicas y a la Administración central y había hecho un reparto consensuado de las mismas que, desde nuestro punto de vista, no respeta esta ley. En
definitiva, el desarrollo de la ley no tiene nada que ver con la exposición de motivos en la que se establece que va a ser un instrumento regulador de la actividad financiera en el sector público, que aprovecha la reducción del gasto corriente y la
selección en las políticas de ayuda y control que le va a permitir ampliar las posibilidades financieras del sector privado, dinamizando la actividad y creando empleo. A pesar de que es uno de los principios que aparecen en la exposición de motivos
de la ley, su articulado posteriormente no desarrolla esa idea inicial. También se compromete esta ley a ser instrumento de homogeneización de las subvenciones y en cualquier ámbito de las administraciones públicas, comprometiéndose a su mejor
control, gestión, al seguimiento de éstas y a resolver la inseguridad jurídica, pero esto no se consigue en el desarrollo del articulado de esta ley. No creemos que se hayan puesto a nuestro alcance los medios que se le exigen al legislador para
arbitrar medidas que nos comprometan a resolver la inseguridad que pueden producir las subvenciones si no se gestionan ni se controlan ni se hace un seguimiento exhaustivo de las mismas. El articulado no desarrolla estos principios ni materializa
esa voluntad que expresa en su exposición de motivos, amén de que no se respetan las competencias de las comunidades autónomas y trata de recortar las competencias de éstas. Se olvida asimismo que las comunidades autónomas y la Administración local
tienen órganos de control que son válidos para lograr la transparencia que solicitamos en esta ley.
La mayoría de las enmiendas que presenta el Grupo Socialista iban dirigidas a mejorar el texto y a enriquecer algunos elementos de la ley que nos parecen importantes. Debemos decir que el partido Socialista presentó 32 enmiendas, muchas de
ellas técnicas que, en caso de haber sido aceptadas por el Grupo Popular, hubiesen mejorado mucho el texto. De las mismas sólo dos se transaccionaron, lo cual quiere decir que el bloque mayoritario de las enmiendas que presentó el Partido
Socialista no han sido aceptadas por el Partido Popular y por el Gobierno. No les voy cansar a SS.SS. ni les voy a amenazar a esta hora de la tarde contándoles las 32 enmiendas que el Partido Socialista ha presentado a este proyecto de ley, pero
sí quiero incidir en algunas que nos parecen muy importantes. Las primeras serían las comprendidas en el bloque que va desde la 78 a la 82, que se refieren al ámbito de definición y determinación mejor previsto que el que viene en el texto, cuáles
son las subvenciones que deben estar dentro de esta ley y cuáles aquellas que no deben estarlo porque no tienen tal carácter. La número 82 tiene para nuestro grupo una gran relevancia puesto que afecta a la autonomía financiera de las comunidades
autónomas, por tanto, las subvenciones, su gestión y su control tienen que ser consensuados con las comunidades autónomas, existiendo para ello el Consejo de Política Fiscal y Financiera. No obstante la importancia de tal enmienda, el Partido
Popular caso omiso. La segunda cuestión de gran relevancia en este proyecto es que la ley debe hacer posible que la duración del plan estratégico tenga un período máximo de un mes y que ese plan estratégico pase por
esta Cámara. La citada enmienda tampoco ha sido admitida por el Partido Popular. Seguimos pensando que cuanta más transparencia en la tramitación de estos procedimientos, mejor. Sería un buen inicio para hacer creer a la Cámara que ese es
el sentido de esa ley.
Dentro del bloque de enmiendas que van desde la 83 a la 93, del capítulo II y para mayor transparencia, como he mencionado en la introducción anterior, los miembros de los asociados beneficiarios de las subvenciones tendrían que estar
igualmente controlados en razón a las distintas figuras jurídicas privadas; pero ninguna de las enmiendas que hemos presentado para ese control ha sido admitida. Todas las enmiendas a este capítulo pretenden mejorar de forma evidente la
transparencia, que no se ve reflejada tal y como viene redactado el proyecto, relativa a que no realicemos excepciones en las convocatorias del seguimiento y el control de las subvenciones en determinados momentos y nos saltemos la norma general.
Si seguimos haciendo eso, esta ley -se supone que la aprobarán con su mayoría absoluta- no servirá para nada. Era el momento de poner límite para que en ningún caso el beneficiario contratante con terceros pudiera exceder en esa contratación en más
de un 20 por ciento. Ustedes la cifran en un 50 por ciento. Si el beneficiario de una subvención contrata a esos niveles, difícilmente podemos controlar la gestión, el uso o el abuso en un momento determinado de esa subvención. (La señora
vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.) Una cuestión importante que nos queda por destacar es que este texto no garantiza que la petición de ofertas -cuando se hagan ofertas directas- se respete y se ajuste el valor de
mercado si esas empresas son de servicio. No ha sido aceptada la enmienda que incluye una memoria de por qué se adjudica esa oferta a una determinada empresa y no a las demás.
A pesar de que el Partido Popular nos ofreció dos pequeñas transaccionales a las que hacía referencia, una de ellas relativa a los partidos políticos, y la otra a la intervención del Banco de España, adelantamos que no vamos apoyar este
proyecto. Esperamos que en el Senado el Partido Popular sea consciente de que las enmiendas que presenta el Partido Socialista son claramente constructivas y mejoran el texto, pero de momento vamos a rechazar este proyecto legislativo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA(Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora López.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor De Juan.
El señor DE JUAN I CASADEVALL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, con la máxima brevedad posible. Concluimos hoy aquí una primera fase en la tramitación de este proyecto de ley con el sometimiento del dictamen de la Comisión a la consideración del Pleno de esta Cámara, un
proyecto de ley que constituye, señorías, un precipitado normativo que viene a regular los distintos aspectos de la relación jurídica subvencional y por consiguiente viene a colmar una laguna normativa de que adoleció nuestro ordenamiento jurídico,
dando una respuesta satisfactoria a una demanda social ampliamente sentida y compartida por la doctrina y por alguna institución pública que había manifestado la necesidad de una norma de esta naturaleza, como es el Tribunal de Cuentas, en concreto,
que se había pronunciado en alguna ocasión en ese sentido.
La subvención tendrá, cuando concluya la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley, un nuevo escenario normativo que responderá adecuadamente a la doble naturaleza que en nuestro derecho presenta siempre la subvención: en primer
lugar, como un instrumento esencial en la llamada acción administrativa de fomento y, en segundo lugar, como una manifestación, una proyección del gasto público, por cierto, señorías, cada vez más importante, tanto desde el punto de vista
cuantitativo como desde el punto de vista cualitativo, máxime en el actual escenario de integración europea. Y por consiguiente y a consecuencia de esa consideración como proyección del gasto público y en ejecución o desarrollo del mismo,
entendemos, señorías, que debía de producirse y se produce precisamente en esa ley un mayor control financiero del gasto público, en consonancia con las políticas de disciplina presupuestaria que tantos y tan buenos resultados nos han proporcionado
en el terreno económico.
Con una vocación normativa general y, a nuestro juicio, con un escrupuloso respeto al orden constitucional de distribución de competencias, como así ha dicho precisamente el propio dictamen del Consejo de Estado, el proyecto viene a regular
diversos aspectos del régimen jurídico de la subvención, desde los principios generales, los requisitos para el otorgamiento de las subvenciones, las obligaciones de los beneficiarios y de las entidades colaboradoras, los procedimientos de concesión
y de gestión de subvenciones, el reintegro de las subvenciones por indebida obtención o aplicación, el procedimiento administrativo que se aplica o, en definitiva, el control financiero de las subvenciones y el régimen de infracciones y sanciones
tipificado.
Señora presidenta, quiero manifestar que, pese al tono, a veces duro, a veces contundente, de alguno de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, pese a los malos augurios que destilaban las enmiendas de totalidad cuando
se inició la andadura parlamentaria de este proyecto de ley en esta Cámara, mi grupo ha hecho un esfuerzo para consensuar enmiendas con otros grupos. Ha hecho ese esfuerzo desde la convicción, sentida y manifestada en el propio debate de totalidad,
de que las aportaciones de los grupos podrían enriquecer, mejorar, ayudar a aquilatar el texto inicialmente remitido por el Gobierno de la
nación. Durante la tramitación en comisión propusimos algunas transacciones a algunos grupos, propusimos -y no lo parece por el tono del portavoz del Partido Nacionalista Vasco, que me ha precedido en el uso de la palabra- algunas enmiendas
al Grupo Vasco sobre diversos aspectos, enmiendas transaccionales que fueron aceptadas y fueron incorporadas en el dictamen de Comisión, por ejemplo, en orden a reconocer las competencias de los órganos de control externo de las comunidades
autónomas, de los tribunales de Cuentas y los órganos de fiscalización externa, en definitiva, de las comunidades autónomas, o en orden también, señorías, a excluir de la publicidad las subvenciones, cuando esa publicidad pudiera ser lesiva para la
intimidad personal que protege la Ley orgánica de Protección de Datos y que tiene su apoyatura constitucional en el artículo 18 de la Norma Fundamental.
Ofrecimos también, señorías, una transacción al Partido Nacionalista Vasco a su importante enmienda número 31, que viene a reconocer los derechos históricos que corresponden a las diputaciones forales, de conformidad con lo que establecen
las disposiciones adicionales de la Ley de Bases de Régimen Local. Lo ofrecimos incluso siendo conscientes de que probablemente la materia que regula la ley es absolutamente ajena a lo que es esa materia o esos derechos históricos, en la medida en
que no genera flujos financieros sino que exclusivamente viene a regular la relación jurídica subvencional. Sin embargo, pese a nuestro esfuerzo de presentar una enmienda transaccional, con lo que intentábamos y pretendíamos ser sensibles a esa
realidad, no pudimos pactarla, la transacción no fue aceptada. Nosotros entendemos que no existe esa situación de involución autonómica que algunos vienen defendiendo; tampoco comparto, señor Azpiazu -se lo dije en una ocasión y se lo reitero
hoy-, que exista una situación de golpe de Estado autonómico o de golpe del Estado de derecho, como decía usted en su enmienda de totalidad. No somos nosotros, señorías, los que estamos por planteamientos de ruptura institucional.
No creo tampoco que estemos en un escenario de involución autonómica, como denunciaba el portavoz y ponente de Convergència i Unió. Desde 1996 este Gobierno viene desarrollando un importante esfuerzo en el desarrollo del Estado autonómico;
ha culminado, ha completado el proceso de transferencias autonómicas y se ha desarrollado el Estado autonómico como no se había hecho en épocas anteriores. Hemos conseguido un nuevo pacto, un nuevo acuerdo de financiación autonómica que no sólo
mejora sustancialmente los recursos económicos en poder de las comunidades autónomas, sino que incrementa sensiblemente también su autonomía financiera, su capacidad normativa en materia tributaria o, en definitiva, su corresponsabilidad fiscal.
Tanto es así que, contestando al señor Sánchez i Llibre, yo le diría que en el último debate de presupuestos en el Parlamento de Cataluña, precisamente el conseller de Economía reconocía que si se había aumentado el presupuesto de la Generalitat era
debido a la mejora de financiación que suponía ese pacto de financiación autonómica. Y podríamos hablar de muchísimas otras cuestiones, desde el desarrollo de la policía autonómica, la transferencia de gestión portuaria o, en definitiva, la
transferencia de políticas pasivas de empleo. No existe por tanto -y quiero puntualizárselo a Convergència i Unió- esa situación de involución autonómica. En esta ley se respeta lo que es la definición de las normas básicas que se efectúa en la
propia Constitución. Tanto es así, señorías, que incluso el propio Consejo de Estado viene a reconocer que existirían otras materias susceptibles de calificarse como normas básicas. No hay involución autonómica. Lo que hay es, probablemente,
legítimamente, premura electoral o exceso de celo electoral en estas fechas, en Cataluña, si bien creo que estas son cuestiones que se van a dirimir el próximo día 16 de noviembre.
Pues bien, señora presidenta, a pesar de la oposición de CiU y a sus propias, particulares y, a estas alturas ya, perentorias exigencias de discurso político, a pesar de lo que puede ser el aumento de la temperatura electoral en esta
comunidad autónoma, hemos aceptado diversas enmiendas de Convergència i Unió que vienen a plantear la reciprocidad en la actuación de administraciones públicas en el ejercicio de competencias previstas o incluso la mejora en la tipificación de las
infracciones y sanciones que se contemplan. Son enmiendas que han sido aceptadas de la misma forma que se han aceptado otras del Grupo Socialista, de mejora técnica o de mejora en la redacción de la ley, siguiendo siempre el criterio seguro del
Consejo de Estado, criterio seguro del más alto cuerpo consultivo del Gobierno, como dice el artículo 107 de la Constitución, que sin embargo no hemos seguido en otros aspectos como era la definición de lo básico, porque precisamente tan alto órgano
consultivo nos ha dicho que existían muchas otras normas en el texto de la propia Ley de subvenciones que bien merecían el calificativo de básicas y que el Gobierno de la nación no había calificado como básicas.
Son enmiendas como las que se han
aceptado también de Coalición Canaria y que vienen a enriquecer sustancialmente el texto inicialmente remitido por el Gobierno.
Quiero subrayar por ello que, a pesar de todas las enmiendas de totalidad que se presentaron y que saludaron el inicio aciago de la tramitación parlamentaria de esta ley, mi grupo ha mantenido siempre un criterio de diálogo, de consenso y de
permeabilidad a las aportaciones y enmiendas de los demás grupos. Así lo ha hecho y así lo seguirá haciendo, desde la convicción de que con esas aportaciones se pueden mejorar sustancialmente los proyectos de ley. Otra cosa son las agendas
electorales o los discursos políticos preconcebidos de algunos.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor De Juan.
DEBATES DE TOTALIDAD DE CONVENIOS INTERNACIONALES.
- CANJE DE NOTAS DE FECHAS 13 Y 14 DE ABRIL DE 2003, ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL ESTADO DE KUWAIT CONSTITUTIVO DE ACUERDO SOBRE EL ESTATUTO DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS EN KUWAIT. (Número de expediente 110/000266.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Punto IX, debates de totalidad de convenios internacionales. Canje de notas de fechas 13 y 14 de abril de 2003, entre el Reino de España y el Estado de Kuwait, constitutivo de acuerdo
sobre el estatuto de las Fuerzas Armadas españolas en Kuwait.
Para la defensa de la propuesta de denegación de la autorización, presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, señorías, para Izquierda Unida el canje de notas que hoy se nos presenta, por el cual se aprueba el estatuto de las tropas del Ejército español en Kuwait durante al menos un año y su posible
renovación, viene a reafirmar una vez más el apoyo del Gobierno español a la invasión de Irak por parte de los ejércitos de Estados Unidos y del Reino Unido; lo viene a reafirmar tanto en los planos político y diplomático como en el militar. La
verdad es que para Izquierda Unida la premeditación de ese apoyo y de su planificación logística incluye jugar con las fechas para informar y para publicitar determinadas acciones. Entre otras cosas, apoyo logístico, secciones de espacio aéreo y
puesta al servicio de la invasión de medios técnicos personales y materiales, como ha hecho nuestro país.
Si tenemos en cuenta las fechas y vemos cómo estos canjes de notas exigen una redacción y una negociación previa, nos viene a cuadrar todo lo que en este país se ha vivido durante meses a la hora de intentar confundir a la opinión pública en
algo que ya se tenía predeterminado. Por otra parte, la petición de ratificación de este canje de notas por el Gobierno español, tras el apoyo que ha prestado a los ejércitos invasores y hoy ocupantes en lo que mal se llamó la operación Libertad
Iraquí, que fue diseñada y llevada a cabo bajo la jerarquía militar de Estados Unidos, en cierto modo viene a intentar aprobar a posteriori una serie de hechos consumados, como son la participación de España en la invasión y ahora en la ocupación y
en la guerra. Para nosotros, ésta es una cuestión ilegítima, al no haberse pronunciado las instituciones que en este país tenían que haber refrendado la participación de nuestro país en una guerra, porque cuando se disparan cañones, cuando hay
acciones militares, cuando mueren soldados, no estamos ante otra cosa que ante una guerra, máxime cuando, como muy bien se viene repitiendo -aunque parece ser que nuestro presidente de Gobierno, que lee la prensa internacional, no la lee cuando el
que habla es el secretario general de Naciones Unidas-, no existe ninguna declaración explícita de haber actuado de acuerdo con los mandatos de Naciones Unidas.
La realidad, señorías, es que la ocupación está provocando en estos momentos respuestas armadas contra los ejércitos ocupantes, porque lo que hay en Irak no es ni más ni menos que una ocupación militar. Se la puede vestir como se quiera,
pero, cuando un ejército de un país extranjero ocupa otro país, no es ni más ni menos que una ocupación y, a pesar de que el presidente de Estados Unidos el día 1 de mayo dijo haber acabado con el grueso de los combates, la realidad es que los
combates no sólo no han terminado, sino que las muertes, los heridos que ha habido después de estas fechas siguen siendo mayores que los que pudo haber incluso antes.
Sigue existiendo en Irak una situación de guerra y sigue existiendo la necesidad
de que las tropas españolas, cuando participan en una operación militar, tengan que tener la necesaria aprobación de este Congreso de los Diputados y la ratificación del Jefe del Estado. Mientras, seguimos estando ante una actuación ilegítima y por
tanto todo lo que se genere en torno a ella tiene que tener, por parte de nuestro grupo al menos, el más contundente de los rechazos. No podemos avalar de ninguna manera, de forma directa o indirecta, la presencia de soldados españoles en la
ocupación de Irak.
Hemos presentado esta enmienda de totalidad para rechazar este canje de notas, entendiendo también que el mismo revela la sumisión plena y total a los intereses y al núcleo de las empresas de Estados Unidos. Revela que la democracia y los
derechos humanos son elementos que se utilizan como propaganda por diversos gobiernos, entre ellos el español, pero que en nada se parecen luego a la realidad; que la democracia y los derechos humanos se pueden utilizar como arma arrojadiza por
determinados Gobiernos, pero que luego se olvidan de ellos cuando tienen que aplicarlos allí donde les interesa. Entendemos que este canje de notas no cumple las condiciones que debiera de cumplir y, en función de ello, solicitamos que se vote
favorablemente esta enmienda de totalidad.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Centella.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Efectivamente, este canje de notas de fechas 13 y 14 de abril deja muy claro que las tropas españolas estuvieron primero en la retaguardia, como apoyo logístico a los ejércitos agresores de Irak, sin que tuvieran ninguna resolución relevante
de la ONU que diese cobertura a esta presencia de tropas precisamente para apoyar a una misión de guerra. Por lo demás, el propio tono y los propios Estados que intercambian este canje de notas dejan muy claro que están dentro de la estrategia de
Estados Unidos. Uno de ellos, Kuwait, como un Estado títere dentro del mundo árabe, a su servicio, y está claro que el Gobierno kuwaití acepta e intercambia estas notas en función de una señal y de un mensaje de Estados Unidos.
Aceptar una presencia de tropas extranjeras, en este caso españolas, en un territorio del mundo árabe como Kuwait, convierte a este país en un cómplice contra sus hermanos y, en el caso de las tropas españolas, en unas tropas que actúan al
margen de la opinión pública y al margen del debate y de la votación legítima, a su debido tiempo y en debida forma y manera, en este Congreso de los Diputados. Por eso resulta muy paradójico que vayamos hoy a aprobar -los que lo aprueben- un canje
de notas que legitima la planificación y la participación en la guerra y en la posterior ocupación, pero deja bien a las claras y evidencia que no hubo debate para aprobar la participación española en esa turbia y cínica agresión colonial con la
posterior, humillante y opresiva ocupación de Irak contra la voluntad de su pueblo y de todas sus organizaciones representativas.
Llama la atención además que vaya a ser de duración ilimitada esta presencia de tropas españolas, en la medida en que se hacen prorrogables los períodos de 12 meses, y deja en evidencia también hasta qué punto se está atacando a ese país
desde bases logísticas extranjeras y con un patio a perfecto descubierto. Lo que no pueden encubrir, y los propios agentes tampoco lo pueden negar ya, es que esta agresión se hizo y se justificó sin tener la mínima cobertura lógica, argumental,
democrática y conforme a derecho. Fue una burda mentira y por eso sigue habiendo tantos interrogantes y tanta oposición en todas las personas de buena voluntad.
Se evidencia ahora que estamos asistiendo a una guerra de resistencia popular en
contra del invasor. Estamos comprobando la oposición de la inmensa mayoría de la población civil iraquí. También comprobamos la hostilidad de los grupos políticos organizados, sean estos laicos o religiosos, y además comprobamos cómo incluso desde
Estados con vocación imperialista, como Francia o Alemania, se pide la devolución urgente de la soberanía al pueblo de Irak. Es en todo caso, señorías, una petición la del pueblo iraquí que coincide con principios básicos del derecho internacional,
como es el derecho de autodeterminación y el derecho a vivir en paz sin injerencias extranjeras.
Al Bloque Nacionalista Galego le causa vergüenza este estatus de ejército invasor, de ejército de ocupación, que se da a las tropas españolas y la connivencia con un régimen reaccionario, en el caso del canje de notas, al servicio de Estados
Unidos en la zona y tenemos el deber democrático, humano y elemental, de votar en contra. Además, queremos decir que ni por activa ni por pasiva estamos dispuestos a legitimar esta forma de hacer política contra un pueblo, que nos cubre de
indignidad y nos subleva, en una atmósfera internacional en la que se quieren tirar por tierra los principios básicos, acumulados durante tantos años, del derecho internacional y de los derechos humanos.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rodríguez.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) no desea intervenir.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Marsal tiene la palabra.
El señor MARSAL MUNTALÁ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, una vez más el Grupo Parlamentario Socialista ratifica su posición política de oposición a la presencia de fuerzas militares españolas en Irak actuando o colaborando con las fuerzas de ocupación.
Nuevamente nosotros también
ratificamos la necesidad de una nueva resolución del Consejo de Seguridad que, dentro del marco de legalidad internacional, dé cobertura a un tipo distinto de operación bajo mandato de ONU y con un calendario de devolución de soberanía a los
iraquíes.
Pero ahora no es esto lo que discutimos; lo que discutimos hoy es un canje de notas entre Kuwait y España dentro de la práctica internacional relativa al estatuto de fuerzas armadas presentes en otro país, en este caso Kuwait. Hemos
expresado también repetidamente nuestro apoyo a los militares presentes y hemos defendido que deben tener el máximo de garantías y de seguridad y no creemos que, desechando este canje de notas, mejorase la seguridad y la seguridad jurídica de
nuestras tropas.
Por ello, no votaremos el rechazo que presenta Izquierda Unida a este canje de notas.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Marsal.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Landaluce.
El señor LANDALUCE CALLEJA: Con la venia, señora presidenta.
Señorías, para el Grupo Parlamentario Popular y para el Gobierno que apoyamos siempre han sido vitales la paz, la estabilidad y la seguridad en el mundo. Por eso mismo hemos atendido y hemos acudido al llamamiento que hace Naciones Unidas a
través de su
Resolución 1483, para que cuantos más países mejor participen en la pacificación y estabilización de Irak. Esto, unido al deseo del Gobierno de España de proteger y dar la mejor cobertura posible a nuestras Fuerzas Armadas, impulsa este
canje de notas entre el Estado de Kuwait y el Reino de España. Se hace por tanto desde la responsabilidad, la sensatez y el sentido del deber. Por esta razón, señorías, el Grupo Parlamentario Popular no entiende cómo se puede plantear una enmienda
de totalidad ante este canje de notas, un canje de notas que sólo viene a dar cobertura, protección y salvaguarda a nuestros soldados en su estancia en dicho país. Con su enmienda de totalidad están, por un lado, perdiendo una magnífica ocasión
para demostrar que realmente les preocupa la situación de los hombres y de las mujeres integrados en nuestros ejércitos y, por otro, están demostrando una absoluta irresponsabilidad política -vuelvo a repetir, una absoluta irresponsabilidad
política- porque es muy fácil oponerse a este canje de notas en el convencimiento de que al menos el Grupo Parlamentario Popular no va a consentir que se deniegue. Estamos seguros de que, si pensaran que pudiera prosperar su enmienda, no la
presentarían. Esta actitud en política, señorías, tiene una definición muy clara, que raya el cinismo, en los términos de la Grecia clásica.
El Gobierno de España, con apoyo de las resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y por acuerdos de la Comisión delegada para situaciones de crisis y del Consejo de Ministros de 21 de marzo de 2003, decidió la
participación de una unidad conjunta de las Fuerzas Armadas españolas para apoyo humanitario en la crisis de Irak. El 11 de abril, como consecuencia necesaria del anterior acuerdo del Consejo de Ministros, autorizó la firma del canje de notas y su
aplicación provisional de un convenio al que había llegado con el Gobierno de Kuwait, en el ejercicio legítimo de sus competencias y en cumplimiento de la responsable salvaguarda de nuestros soldados, que a todos nos preocupa o a todos debería de
preocuparnos. El despliegue de una fuerza militar para apoyo humanitario requiere asegurar la posibilidad de sostener la operación logísticamente, lo que incluye procurar los abastecimientos y evacuaciones necesarios y, estratégicamente, los
acuerdos con un país limítrofe permitían tal apoyo logístico, con la posibilidad de sobrevuelo, de uso de puertos, de aeropuertos y de tránsito terrestre. La firma del acuerdo con el Estado de Kuwait permitió la realización exitosa de la misión
humanitaria realizada por la unidad conjunta española, que, tal como ha quedado acreditado, no tuvo carácter previo a la autorización del despliegue de las fuerzas ni puede ser contemplado como apoyo político a las operaciones militares llevadas a
cabo por la coalición contra el régimen de Sadam Husein, sino que forma parte de la necesaria cobertura de derecho internacional que se requiere para el despliegue de unidades españolas, sea en misiones humanitarias o de seguridad, estabilización y
lucha contra el terrorismo.
Es totalmente procedente por todo ello, señorías, la sanción favorable de este canje de notas, que supone la demostración, le guste a quien le guste, de que el Gobierno de España ha actuado y sigue actuando en todo momento bajo la cobertura
de las resoluciones de Naciones Unidas, en el marco más exigente del derecho internacional y de acuerdo con los tratados internacionales bilaterales. Cualquier otra postura no hace más que poner de manifiesto lo que hasta ahora hemos venido
constatando, una oposición irresponsable, con motivaciones muy lejanas al interés de España y con una visión partidista y sectaria de la ventaja política inmediata. No obstante, la perspectiva temporal permite que la tierra de las aguas turbulentas
se pose y se aprecie la transparencia, legalidad y legitimidad de la acción política de nuestro Gobierno, que hoy, una vez más y de forma colateral, trata de ser enturbiada.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Landaluce.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY REGULADORA DEL MUSEO NACIONAL DEL PRADO. (Número de expediente 121/000170.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Punto X: Debates de totalidad de iniciativas legislativas. Proyecto de ley reguladora del Museo Nacional del Prado.
Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra la señora ministra de Educación, Cultura y Deporte.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Señora presidenta, señorías, estamos hoy ante un día ciertamente importante, un día en el que vamos a hacer el debate de totalidad del proyecto de ley reguladora del
Museo Nacional del Prado. Me van a permitir, señorías, que haga algunos apuntes a propósito de este debate sobre la política cultural del Gobierno y los fundamentos en los que se sustenta.
La política cultural del Gobierno se sustenta, señorías, en tres elementos fundamentales: primero, la atención al patrimonio y su conservación; segundo, la promoción y difusión de los distintos aspectos de nuestra cultura y, tercero, el
reconocimiento y estímulo de los valores emergentes. La atención que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte está prestando a los museos, ilustrada por los buenos resultados del Plan integral de museos, es plenamente coherente con estos tres
fundamentos.
Es precisamente en este contexto en
el que hay que enmarcar el proyecto de ley reguladora del Museo Nacional del Prado.
Como saben SS.SS., el Museo Nacional del Prado se encuentra en la actualidad en uno de los momentos más cruciales y fascinantes de su ya casi bicentenaria historia. Desde que abriera sus puertas, en noviembre del año 1819, hasta nuestros
días, el Prado ha sido indudablemente uno de los máximos referentes de la cultura española para todo el mundo y testimonio excepcional de su historia, consolidándose como uno de los patrimonios artísticos más importantes de toda la cultura
occidental.
Constituido su núcleo fundamental por las extraordinarias colecciones de pinturas y esculturas reunidas a lo largo de los siglos por los Reyes de España, la riqueza de sus fondos se fue completando a lo largo del siglo XIX con la
incorporación en 1872 de los fondos del Museo de la Trinidad, primero, procedentes en gran parte de los bienes eclesiásticos desamortizados en 1836, junto a las obras adquiridas por el Estado a los artistas contemporáneos de esos años y mucho más
recientemente, en 1971, con la adscripción de las colecciones del siglo XIX pertenecientes al existente Museo Nacional de Arte Moderno. Junto a este considerable aumento patrimonial de sus fondos, resultante de la absorción de otros museos
desaparecidos, el Prado ha ido incrementando simultáneamente la riqueza verdaderamente única de su patrimonio artístico a través de generosos legados y donaciones, sin los cuales sería ciertamente imposible entender en su globalidad la excelencia de
las colecciones del museo, tal y como lo conocemos hoy.
Paralelamente al crecimiento y expansión de sus fondos, el Museo del Prado ha ido adaptando a lo largo de su historia su naturaleza jurídica al ritmo de los tiempos desde que se constituyera en su origen como una institución vinculada
directamente a la corona hasta convertirse en un museo de carácter nacional que mantiene en la actualidad, sin duda, el primero en rango e importancia de nuestro país. En 1985 el Museo Nacional del Prado se constituyó en organismo autónomo,
dependiente del entonces ministerio de Cultura, con el fin de adaptar las necesidades de la institución y sus modelos de gestión a la realidad social de aquellos años. Sin embargo, la verdadera revolución que ha experimentado el mundo de los museos
en los años ochenta y noventa, así como las nuevas exigencias técnicas, científicas y también sociales que tiene en la actualidad la museística moderna y que demanda a instituciones de la envergadura y rango del Museo del Prado, lo que se traduce en
un espectacular aumento de visitantes, ha provocado en el ámbito internacional un extraordinario esfuerzo de desarrollo y de adaptación de los museos de rango semejante a las necesidades actuales: mayores espacios expositivos, instalaciones
técnicas de vanguardia que garanticen la conservación de su patrimonio, equipos científicos de la máxima especialización que conviertan a los museos en verdaderos centros de investigación de primer orden, junto con la proyección didáctica y
educativa, sin olvidar desde luego el resto de los visitantes, los que no son niños ni escolares. Todo ello exigía del Museo del Prado un extraordinario esfuerzo de desarrollo y expansión para poder situarlo en el puesto de vanguardia que con toda
justicia le corresponde entre la cabecera más destacada de los museos internacionales de rango y características semejantes. Este esfuerzo pasaba inexcusablemente por una ampliación de sus instalaciones, reducidas entonces al hermoso Palacio de
Villanueva, sede histórica del museo, y al Casón del Buen Retiro, adscrito al Prado desde 1971 para albergar las colecciones del siglo XIX.
Así, el tan necesario proceso de ampliación del Museo Nacional del Prado comenzó el 31 de mayo de 1995,
fecha en que la Comisión de Educación y Cultura del Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley presentada por los grupos Popular, Socialista, Catalán y Vasco. En ella se propugnaba, además de mejorar la utilización de esos edificios
históricos, la incorporación al Museo del Prado del antiguo Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro, actualmente, como saben, sede del Museo del Ejército, así como la actualización del solar que albergaba el claustro del antiguo convento de los
Jerónimos, aledaño, como también saben, al museo.
Tan ambicioso plan de ampliación se puso en marcha durante la pasada legislatura, y permítanme que les diga que a su conclusión el Museo del Prado está integrado por un total de cinco edificaciones museables: el edificio de Villanueva, sede
original del museo, el Casón del Buen Retiro, que albergará de nuevo las colecciones del siglo XIX, el edificio de nueva planta en construcción en el solar del claustro de los Jerónimos, que se dedicará a salas de exposiciones temporales, almacenes
y talleres de restauración, además de a espacios de acogida y servicios para visitantes, y el antiguo Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro, que, tras su necesaria remodelación, recuperará el perfil histórico y testimonial que este complejo
palaciego del reinado de Felipe IV tuvo, además del edificio de oficinas de la calle Ruiz de Alarcón, adscrito al museo en 1997. A este conjunto de inmuebles se incorporó más recientemente la casa de los Águila, en Ávila, adscrita por el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte al museo del Prado durante la pasada legislatura y en la que se ubicará el centro de gestión de depósitos del museo. Este nuevo centro, absolutamente pionero y único en la museística española, consolidará la
descentralización del Prado a través de la conservación y difusión de sus fondos depositados, con carácter estable, en todas las comunidades autónomas, y promoverá la organización de exposiciones temporales de sus colecciones que hagan llegar la
riqueza de su patrimonio a las principales ciudades del país, haciendo así aún más tangible su auténtica naturaleza de museo nacional.
Este ambicioso plan de ampliación, absolutamente imprescindible para atender las necesidades actuales de un museo de la categoría del Prado y para dar respuesta a todas las expectativas y demandas de la sociedad a la que sirve, desde la
comunidad científica especializada a todos y cada uno de los grupos de público a los que debe atender, exige, indiscutiblemente, un replanteamiento de su estructura organizativa y de gestión que garantice la adecuada atención al incremento de
actividades que se va a producir en su nueva proyección. Con esta ampliación, el Museo del Prado adquiere una dimensión única y extraordinariamente singular en el panorama de la museística en España, lo que exige un tratamiento también singular en
el diseño de su régimen jurídico que sea garante del carácter irrenunciablemente público del museo, pero permita a la vez una gestión ágil de sus recursos a través de unas vías de financiación que garanticen un rendimiento óptimo del museo como
servicio público y haga posible una mejora sustancial de sus actividades, de sus equipos científicos y técnicos, de su oferta educativa y de su atención al visitante, elevando a la vez su capacidad para conseguir un mayor nivel de autofinanciación.
Ello conlleva paralelamente la necesidad de una mejora en la dotación presupuestaria que garantice la adecuada cobertura de todas las áreas y servicios que compondrán tan nuevo y tan ambicioso complejo museístico, de dimensiones exponencialmente
superiores a su situación actual.
Pues bien, el texto normativo que contiene este proyecto de ley convierte al Museo Nacional del Prado en un organismo público de carácter especial, bajo un régimen jurídico sujeto al derecho público pero con posibilidad de actuación en el
marco del derecho privado. Y todo ello, ¿para qué? Para algo muy sencillo, para el óptimo cumplimiento de sus fines, sometiéndose, en todo caso, a las disposiciones de la Ley General Presupuestaria. Con esta fórmula jurídica, el Museo del Prado
podrá, a partir de la aprobación del proyecto de ley, ejercer sus funciones con una adecuada autonomía de gestión, obedeciendo siempre en sus actuaciones a la garantía del interés público, la satisfacción de las necesidades culturales de la sociedad
española y la integridad, seguridad y conservación de las colecciones y fondos museísticos que le están adscritos, cuya naturaleza pública es absolutamente inalienable, como pertenecientes que son al patrimonio histórico del Estado español y a la
herencia más excelsa del acervo cultural de nuestro país. En este sentido quisiera subrayar que la mayor parte de los grandes museos internacionales, en especial los museos públicos europeos como la National Gallery de Londres, el Rijswijk Museum o
el museo del Louvre, han emprendido o están en vías de desarrollar, paralelamente a la ampliación de sus instalaciones y servicios públicos, la modificación de su naturaleza jurídica. Estos procesos se han encaminado a dotar a estos grandes museos
de un régimen jurídico que, sin dejar de lado su carácter público, les permita un funcionamiento más ágil y más flexible en el terreno administrativo y además obtener recursos financieros para sufragar en parte los costosos gastos de inversión y
mantenimiento que requieren.
Por otra parte, el proyecto de ley consolida la estructura organizativa básica que regirá la gestión del museo, señalando como sus órganos rectores un presidente del organismo, el Real Patronato y el director del museo. El ministro de
Educación, Cultura y Deporte -o la ministra, en su caso- ostentará la presidencia del Museo Nacional del Prado, correspondiéndole la tutela del mismo, lo que consolida la naturaleza pública de la institución y sus vínculos con la Administración del
Estado. Asimismo, son atribuciones del presidente del organismo la aprobación de los planes generales de actuación del museo y el anteproyecto de presupuesto que le someta el Real Patronato para su aprobación. (La señora vicepresidenta, Rubiales
Torrejón, ocupa la Presidencia.) A su vez, el proyecto de ley designa al Real Patronato como el órgano rector colegiado del museo, bajo la presidencia de honor de Sus Majestades los Reyes de España, reafirmando su naturaleza y entidad, consolidada
ya desde hace muchas décadas por la historia de la institución. Este órgano, presente en todos los grandes museos del mundo de características semejantes al Prado, se constituye en el garante de estabilidad, pluralidad y control en las grandes
líneas de actuación del museo, manteniendo una estructura y funcionamiento semejantes a los actuales. Por su parte, corresponde al director la función ejecutiva y de coordinación de los planes generales de actuación aprobados por el Real Patronato
y de todas las actividades del museo, así como la dirección de sus diferentes órganos y unidades y de todo el personal a ellos adscritos. Precisamente, una de las mayores ventajas que supondrá la aplicación de la nueva ley, para que el Museo
Nacional del Prado pueda acometer con las debidas garantías los múltiples desafíos que le plantea la sociedad en este nuevo milenio, estriba en el nuevo régimen de personal que entrará en funcionamiento tras su aprobación.
En este proyecto de ley el Gobierno ha realizado un enorme esfuerzo por dotar al museo del Prado de un régimen laboral que permita el óptimo desarrollo de su organigrama de personal, tanto desde el punto de vista científico y técnico como de
conservación, mantenimiento y de atención al visitante. De esta manera, los trabajadores al servicio del Museo Nacional del Prado tendrán un régimen de personal único, basado en el derecho laboral, con una división en dos categorías claramente
diferenciadas: un régimen laboral acogido a convenio colectivo y un régimen excepcional de contratación de alta dirección para los puestos de mayor responsabilidad del museo. Evidentemente, quedan plenamente garantizados, como no podía ser de otra
manera, a través de las disposiciones transitorias del
proyecto, los derechos consolidados de los actuales empleados públicos del museo.
Por otra parte, el nuevo modelo de gestión económica que establece el proyecto resulta en nuestros días absolutamente imprescindible para atender las necesidades de un museo como el Prado, si verdaderamente queremos situarlo -yo creo que en
esto podemos estar todos de acuerdo- a la vanguardia de los mejores museos del mundo de su categoría, y sin perjuicio de asegurar los debidos sistemas de justificación y control de su actuación a través de la Intervención General de la
Administración del Estado y del Tribunal de Cuentas.
Otro de los aspectos fundamentales que pretende impulsar el proyecto de ley consiste en proveer al museo del Prado de fórmulas de captación de recursos económicos que permitan y garanticen a la institución la mejor consecución de sus fines y
la adecuada cobertura y atención de todas sus actividades, siendo esta una de las condiciones básicas y absolutamente imprescindible para situar al Prado en el circuito de los grandes museos internacionales. Si pensamos simplemente en la
celebración de grandes exposiciones temporales de primer rango, actividad en la que el Prado está haciendo en estos últimos tiempos un esfuerzo espectacular, con resultados deslumbrantes -a la vista de todos está- y que han tenido una respuesta de
primer orden por parte del público y la comunidad científica internacional, vemos que esta actividad implica unas necesidades de financiación cada vez más elevadas y a las que la Administración no puede dar respuesta por sí sola, siendo
imprescindible una política de patrocinios que sea ambiciosa y que esté bien dirigida. A ello contribuirá muy favorablemente la reciente Ley de mecenazgo para hacer frente a este tipo de actividades que la sociedad exige con el máximo nivel a
instituciones del rango del museo del Prado y que contribuyen de manera extraordinariamente eficaz a afianzar el prestigio de la institución en el panorama de la museística internacional y, lo que es más importante, a elevar y enriquecer la
convivencia cultural de la sociedad hacia la que se proyecta.
Algo semejante ocurre en el terreno de las adquisiciones, en el que, frente a la obligación y voluntad del Estado de recuperar la mayor cantidad de obras de nuestro patrimonio para disfrute de todos, se encuentra la continua alza de las
cotizaciones en el mercado del arte, que precisamente alcanza sus máximas cotas en los grandes maestros que son objeto del interés del Prado para enriquecer aún más sus colecciones, objetivo este de actuación prioritaria para el museo que supone un
enorme esfuerzo de inversión presupuestaria y que también ha proporcionado en los años más recientes algunas de las incorporaciones más significativas a sus fondos. Así, con el nuevo régimen jurídico se pretende que el museo del Prado, a partir del
año 2006, tenga un nivel de autofinanciación próximo al 50 por ciento, lo que le permita afrontar con seguridad estas y otras líneas de actuación de especial envergadura económica, muy difíciles de soportar en exclusiva por la Administración.
Como pueden fácilmente imaginar SS. SS., el despliegue de edificios, de personal, de actividades y de medios que configurarán el futuro inmediato del Museo Nacional del Prado como resultado de su ampliación, exigirá de su estructura
organizativa una capacidad de maniobra amplia y efectiva que garantice el óptimo cumplimiento de todos sus fines. Para ello se parte con ventaja de la condición básica, que no es otra que estamos ante la presencia de una de las mejores colecciones
de pinturas del mundo. Se cuenta además con la decidida voluntad de la sociedad española, a través de sus representantes políticos, para hacer del museo del Prado el máximo exponente cultural de nuestro país y una de las instituciones museísticas
de primera referencia en el panorama mundial. A estas dos premisas fundamentales se une el empeño del Gobierno de dotar al museo del Prado de un instrumento legal más adecuado para ver cumplidas las expectativas de toda la sociedad, tanto española
como internacional, y las que tienen todas ellas puestas en nuestra mejor pinacoteca, en esa gran pinacoteca del mundo que es el Museo del Prado.
Estoy absolutamente convencida de que, tras la aprobación de este proyecto de ley, el Museo Nacional del Prado tendrá la mejor oportunidad de su historia para situarse a la altura de la excelencia de sus colecciones y del reconocimiento de
la sociedad española como su máximo exponente cultural entre los primeros del mundo occidental.
Muchas gracias por su atención. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señora ministra.
Para la defensa de la enmienda de totalidad presentada a este proyecto de ley, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señora presidenta.
Señorías, este proyecto tenía su recta de tribuna, a la hora de ser aprobado, como fecha hace dos años aproximadamente, en el año 2001. Por entonces, una serie de medios de comunicación publicaron propuestas, críticas e incluso editoriales.
En uno de esos medios se decía que se trataba de un proyecto personalmente avalado por don José María Aznar, como se dijo en aquel editorial. Luego intentaremos explicarnos por qué ha tardado dos años en verse este proyecto y por qué se ve muy al
final de la legislatura y cómo está articulada la táctica con vistas a aprobar temas fundamentales en los próximos tres o cuatro meses. A nosotros nos parecía que, teniendo en cuenta que el señor Aznar iba a terminar su carrera política con esta
segunda legislatura, es lógico que avalara proyectos como este, que los siguiera
personalmente y que tuviera en cuenta las consecuencias que se pueden derivar.
Creo que fue uno de los escritores de la generación perdida, no sé si fue Hemingway, que tantísimas veces vino al Hotel Suecia para estar cerca del Prado, quien dijo aquello de que España es un sitio donde está el Museo del Prado; o don
Manuel Azaña, quien dijo aquello de que el Museo del Prado es más importante que la república y la monarquía juntas.
Efectivamente, se trata de un generador de prestigio inmenso, y en esa táctica cabía la proyección que le daba cierto editorial de
un periódico que nunca se equivoca respecto al futuro de La Moncloa. No lo dijo Mundo obrero, lo dijo otro periódico. En esa misma editorial -dos periódicos hablaron fundamentalmente de este tema, junto a otros que lo tocaron no tangencialmente
sino con cierta profundidad- se decía que la racionalización del Prado no debería pretender convertirlo en un remedo de la Ford, El Corte Inglés o Carrefour. En la misma dirección hablaban -el propio ABC- de que se está pensando en un museo mucho
más mercantilista que de servicio a la sociedad, buscando beneficios económicos más que culturales. Había por lo tanto una crítica real a esa transformación del Museo del Prado, a esa especie de modernización que no lo iba a conducir por caminos
aceptables para muchos. Yo creo que entonces se pospuso la aprobación de este proyecto de ley, y ahora se nos presenta un tanto de tapadillo, incluso ayer tenían ustedes una pregunta procedente del Grupo Popular respecto al Museo del Prado que se
retiró, y se presenta con una parte clave del proyecto, que es la redacción del estatuto, supeditada a la aprobación de este proyecto en el plazo de tres meses a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de este proyecto, una
redacción del Estatuto, pongan ustedes noviembre, diciembre-enero, o diciembre-enero-febrero, que va a redactar la señora ministra, como presidenta del Museo Nacional del Prado. Nos vamos a enterar todos por el Boletín Oficial del Estado de
aspectos fundamentales en función de los pilares que ya figuran en el proyecto y que básicamente afectan a la entidad jurídica y al tema de la estructura de personal.
Estará, por lo tanto, la redacción del estatuto en manos de la presidenta, no del
director, que se convierte en un gerente y se le quitan muchísimas competencias ahora y después, se supone, en el estatuto. Y, señora ministra, no nos fiamos, qué quiere usted que le diga, no nos fiamos. Ya veremos, no adelanto más
caracterizaciones, ya veremos cuando conozcamos el estatuto si teníamos razón o no, pero esta ley es un pie forzado con vistas a un estatuto que está claro que va a terminar en las condiciones que ya anunciaron una serie de medios de comunicación en
junio del año 2001.
Dos instrumentos de la ley marcan el cauce de esta aprobación: el organismo público, con capacidad para operar pública y privadamente, y sin el corsé de la Ley de los contratos del Estado precisamente, y otra figura que, a partir de la
criminalización de los funcionarios, a partir de una crítica implícita a la estabilidad de los funcionarios, aporta una estructura de personal laboral en el marco de las leyes actuales, con lo cual introduce una gran inestabilidad en un tema muy
específico como es el Museo del Prado. La base de toda esta operación es un estudio de la empresa norteamericana Boston Consulting que todos conocemos, por filtraciones, por unos cauces o por otros. Este estudio parte de la consideración real de
lo que es el Museo del Prado. Dice en uno de sus párrafos que es la primera institución cultural de España con proyección mundial y una de las más significativas de la cultura occidental y el máximo instrumento de proyección cultural y política de
España en el mundo. En esto estamos de acuerdo, en el resto no estamos de acuerdo en nada con este estudio de la Boston Consulting, que es la base, la plantilla a partir de la cual se redacta esta ley y suponemos -no podría ser de otra manera- que
se va a redactar dentro de tres meses y medio o cuatro el estatuto. A partir de esta afirmación, no sólo los medios -algunos de ellos los he citado- sino también los conservadores del museo establecieron una crítica en profundidad, porque este
estudio de la Boston Consulting desconoce la realidad del museo, la realidad sociocultural y socioeconómica de España, utiliza datos de otras instituciones que parece desconocer, tergiversa datos procedentes de otras instituciones, no tiene en
cuenta la singularidad del Prado, su colección única, irrepetible, y no tiene en cuenta las reformas que se vienen haciendo desde hace años, la ampliación o la reordenación de la colección.
Este estudio, como conclusión final, dice que hay que plantear el modelo anglosajón norteamericano de gestión, y eso es lo que se asume directamente en este proyecto. Se ha citado aquí la National Gallery o el Museo del Louvre. Ahora
diremos cuáles son las referencias reales, que no son las que ha dado la señora ministra, al menos en todos los parámetros.
A partir de ahí descubrimos que las contradicciones saltan constantemente sobre el texto. Por ejemplo, es tan importante el
Museo del Prado que, sin embargo, no se va financiar con dinero de los Presupuestos Generales del Estado; tan importante es el Museo del Prado, que tiene que someterse a un sistema de generación de recursos cuyo balance comercial anual será la
clave a la hora de evaluar el éxito del Museo del Prado. Por lo tanto, el documento que se nos presenta -y adivinamos que será así la redacción del estatuto- está sometido a las leyes del mercado, con lo cual el visitante, que somos gente que vamos
al Museo del Prado y somos protagonistas junto a los cuadros, las molduras y las esculturas, junto al espacio del Museo del Prado, nos convertimos directamente en clientes que vamos a aportar una cantidad en función de una oferta comercial que
después va a ser el parámetro fundamental a la hora de definir el éxito anual del Museo del Prado. Y el Prado real, el cultural, el científico, que debe estar, a nuestro juicio,
totalmente alejado del criterio de rentabilidad económica, queda sometido a este otro criterio.
La Boston Consulting es precisamente la que mete la idea de las muestras de impacto, ante las cuales S.S. se siente absolutamente fascinada. Esta propuesta es típica de museos que intentan disimular o tapar las carencias de sus
colecciones. Por tanto, no se puede situar a ese nivel de excelencia en el que S.S. lo sitúa. Sólo le ha faltado hablar de las colas y del dinero que han dejado esas muestras, lo cual indicaría que efectivamente ustedes tienen a partir de ahora
un concepto absolutamente comercial del funcionamiento del Museo del Prado. A nuestro juicio, se hace un análisis inaceptable de la colección desde ese punto de vista, y se dice en el estudio de la Boston Consulting que hay lagunas en la colección
y que está estancada -creo que lo dice precisamente en el mismo año en que se compra el cuadro de Goya-, que hay que cambiar, que hay que modernizar, que hay que avanzar, y a partir de ahí nos ofrece esa visión absolutamente comercial, sin decir,
por otra parte, que la política de adquisiciones es siempre responsabilidad del Ministerio, no del Museo ni de sus dirigentes y mucho menos de los conservadores.
Usted ha puesto como ejemplo la National Gallery de Londres, un ejemplo que les sirve a ustedes para todo menos para el tema de la gratuidad. La National Gallery es gratuita; sin embargo, la Boston Consulting nos dice que hay que subir el
precio de la entrada del Museo del Prado al nivel del Museo del Louvre, sin tener en cuenta la distinta escala sociocultural, fundamentalmente socioeconómica, que existe entre Francia y España. Esperemos que en el estatuto no se recoja esa realidad
porque sería subir la entrada hasta un precio inaceptable desde el punto de vista de la situación económica española.
Con respecto al personal, señora ministra, con esa demonización que existe siempre en el modelo de gestión anglosajón norteamericano, se demoniza la Función pública como una pesada carga para la Administración por su carácter vitalicio, pero
se demoniza en abstracto, sin tener en cuenta que estamos hablando de la Función pública de conservadores y especialistas del Museo del Prado, no de cualquier museo.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señor Alcaraz, debe ir concluyendo.
El señor ALCARAZ MASATS: A partir de ahí se desconoce que los altos cargos son de confianza, designados por la dirección, que ahora van a ser pagados y nombrados como los ejecutivos de las empresas, con un estatus laboral especial distinto
de la estructura común del Museo del Prado. Al mismo tiempo se desconoce que la continuidad -termino, señora presidenta- de los funcionarios es clave a la hora de garantizar las líneas de actuación al margen de los cambios políticos y de los
cambios de dirección. La temporalidad en la contratación va contra el museo y contra su colección, y eso es lo que se introduce directamente. Es clave la fijeza en el cuidado de la colección permanente, y ustedes lo desconocen.
Por eso nosotros
nos oponemos a esta ley y vamos a esperar con atención el estatuto, cuya redacción se va a sustraer al debate de la Cámara, que depende específicamente de usted, señora ministra. No tenemos confianza en que introduzca parámetros que nos salven de
esta comercialización, de esta mercantilización, de esta especie de sensación de que nos roban una parte del museo cuando nos convierten en clientes del museo y éste pasa a tener una lógica absolutamente comercial a partir de ahora.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Alcaraz.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, señora ministra de cultura, quiero que entienda mis palabras, pronunciadas, como canario y español y en nombre de mi grupo parlamentario, con un sentimiento de respeto a una institución señera en todo aspecto de
la cultura española en la historia: el Museo Nacional del Prado. Cuando conocí el texto del proyecto remitido por el Gobierno no me lo creí. Nos vino el deseo de presentar una enmienda de totalidad. Hemos presentado en el día de hoy una batería
de enmiendas que tratan de corregir este dislate, señora ministra. Yo le pediría que leyera con atención el proyecto que se ha remitido, porque alguien ha tratado de meter un gol al Gobierno -así lo creo-, un gol a los sentidos de defensa de un
patrimonio del Estado, en la figura del Museo del Prado, y extorsionar la finalidad de un bien patrimonial para transformarlo, como si fuera una sociedad anónima o limitada, en una mercantilización del patrimonio más rico de cultura y de referencia
que tenemos.
Yo le haría una pregunta. Cuando el Gobierno remite a esta Cámara el proyecto lo ha hecho sólo con una memoria económica. Me llamó la atención que no trajera dictamen del Consejo de Estado. Efectivamente, si vemos la Ley orgánica 3/1980,
del Consejo de Estado, esta cuestión museística no es obligatoriamente preceptiva de dictamen por parte del Gobierno -obligado en este caso, pero no vinculante-, del Consejo de Estado. Llega sin el dictamen del Consejo de Estado y, sin embargo,
como ha recordado el señor Alcaraz, ha habido un informe de la Boston Consulting. Elevamos a un nivel superior a la Boston Consulting sobre el Consejo de Estado.
Los artículos 20 y 24 de la Ley
orgánica 3/1980, del Consejo de Estado, dicen que, aunque haya materias que no sean obligatoriamente preceptivas del dictamen, el Gobierno o el ministro correspondiente puede solicitar del Pleno o de la Comisión del Consejo de Estado el
dictamen preceptivo.Yo me pregunto, señora ministra: una institución, cuyo origen, aparte del patrimonio de los cuadros de las casas de Austria y de Borbón en España, provenía de los Reales Alcázares, cuando existían, y de los palacios reales como
patrimonio fundacional; una institución señalada en la historia y con inscripción en 1819 como es el Museo del Prado, ¿no es merecedora de que el Gobierno solicite un dictamen del Consejo de Estado para elaborar un proyecto de ley por la
trascendencia que tiene? Si esto se quiere sustituir por el informe de la Boston Consulting, habría que preguntarse quién encargó a la Boston Consulting el dictamen preceptivo, porque ahí está uno de los orígenes de la causa. Me extraña -lo digo
sin suspicacias- que, teniendo el actual patronato del Museo del Prado un presidente que ha sido ministro en la anterior legislatura del Gobierno y destacado abogado del Estado, este abogado del Estado ignore la existencia de la Ley orgánica 3 de
1980, del Consejo de Estado, para pedir un dictamen preceptivo al respecto. Por lo menos, debería tenerse la honestidad de decir para qué se quiere este proyecto de ley.
Señora ministra, habíamos legislado mucho en este país sobre el Museo del Prado. El Museo del Prado no ha sido una cuestión baladí para los respectivos gobiernos. Me voy a remontar solamente a los más inmediatos, tanto de la época anterior
de gobiernos socialistas de don Felipe González como a la etapa actual de gobiernos populares de don José María Aznar, sin invocar los que venían de antes, para citar, por ejemplo, el Real Decreto 1432 de 1985 que es el que desarrolla el mandato que
la Ley 50 de 1984, de Presupuestos Generales del Estado, da para crear el fundamento legal del organismo autónomo Museo Nacional del Prado y establecer sus normas estatutarias; ya se fijan las normas estatutarias allí, pero en este proyecto que
ahora se nos presenta no están.
Posteriormente, el Real Decreto 59 del año 2002, promulgado durante el mandato del Gobierno del Partido Popular, se modifica este Real Decreto 1432 del año 1985, constituyendo el organismo autónomo Museo Nacional del
Prado y estableciendo sus normas estatutarias.
Pues bien, si nos vamos al texto actual del proyecto que ha remitido el Gobierno y vemos su artículo 7, comprobamos que esto es prácticamente entregar a un señor privado -es una auténtica privatización mercantilista- un consejo de
administración en el cual no va a tener poder ni su ministerio, señora ministra, ni el Estado en su conjunto.
Solamente se contempla la apelación a una presidencia de honor de Sus Majestades los Reyes, que -vamos a decirlo perfectamente claro- no
tiene ningún poder ejecutivo. Se le va a permitir al presidente del Patronato del Museo del Prado hacer de su capa un sayo y hacer lo que quiera: cesiones de cuadros del museo para exposiciones en otros países; no se contemplan, ni siquiera para
algunos cuadros -como ocurre con otros museos nacionales-, cláusulas restrictivas de prohibición absoluta de salida de las obras de arte de los recintos del museo nacional para ir a otros sitios por riesgos que puedan existir -recordemos las
polémicas suscitadas en nuestro país por el caso del Guernica. Por cuestiones técnicas hay que dictar una serie de disposiciones que impidan su salida y su manipulación porque pueden producir deterioros irrecuperables en ese bien cultural. Nos
encontramos con que en el artículo 7 del proyecto no se distingue en la composición quiénes van a ser vocales natos de vocales designados; pero ¡oh, casualidad!, los actuales decretos señalan que 10 vocales natos serán cargos de la Administración
del Estado -desde el presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, hasta el alcalde o directores generales de Bellas Artes, etcétera, es decir, personas comprometidas con unos órganos o que van a ser controlados por sus asambleas parlamentarias
autonómicas correspondientes, como pueden ser controlados por esta Cámara y por el Senado, por las Cortes Generales- y van a gozar de una total independencia, impunidad y falta de control; total y absoluta. Es más, aquí se dice que los vocales
natos serán como mínimo cinco; o sea, encima se reducen a la mitad, con lo cual, como se dice que el número total de vocales estará entre 20 y 30, nos podemos encontrar con un consejo en el cual 25 señores fueran designados libremente por el
presidente del Patronato y solamente cinco estuvieran vinculados a cargos oficiales. Señora ministra, no pierda usted el control de esto. Le oferto una solución de enmiendas o lo que ustedes quieran decidir a este respecto. No pierda el Gobierno,
el Estado, el control del Museo del Prado, que no se lo privaticen delante de sus narices, que no les hagan una mercantilización encubierta. La finalidad del Museo de El Prado no es recaudar dinero -no es un órgano de contribuyentes, sino un bien
cultural del Estado-; no se puede cobrar por mirar el Acueducto de Segovia o la Mezquita Aljama de Córdoba, que forman parte del patrimonio de la humanidad, y la propia Unesco está detrás. No puede ser utilizado con una excusa mercantilista, como
se ha recordado aquí por el anterior ocupante de la tribuna, en el informe de Boston Consulting -que las tarifas son menores de las del Louvre; se han dicho auténticos dislates-, y se pierde el control.
Después se hace un menoscabo de la función de los cuerpos de funcionarios del Estado, de cuya idoneidad el Gobierno tiene que ser el primer defensor, porque, si no, ¿para qué tiene el Estado cuerpos de funcionarios, si ahora toda la
administración de este museo va a ser por vía laboral? Se hace un menoscabo del cuerpo de conservadores del Museo del Prado, a los funcionarios de bellas artes, a todas las universidades españolas. Si el profesor Camón Aznar levantara la cabeza y
viera
este dislate legislativo sobre el Museo del Prado, se tendría que rasgar las vestiduras. Verdaderamente es una cuestión a tener en cuenta en estos principios; es un menoscabo y la práctica extinción de los cuerpos de funcionarios propios
de la administración del Museo del Prado; es más, como no se suprimen los cuerpos de museos y de bellas artes, se aplica al Museo del Prado unas normas de absoluta libertad y flexibilidad que se les niega a otros museos nacionales. ¿Por qué el
Museo Nacional de Escultura de Valladolid no va a tener un rango similar al del Museo del Prado? Señora ministra, esta es una pregunta que tiene que hacerse y todos en defensa del patrimonio cultural. No se puede hacer este menoscabo y aplicarle a
un cuerpo la extinción. Hay unas especialidades, y un organismo autónomo trata de tener personal laboral, que se jubila obligatoriamente a los 65 años, y a preclaros profesores del Museo del Prado y de cualquier otro que ingresan por
concurso-oposición, no a dedo, en un cuerpo de alta especialidad, como se requiere para ser conservador, o restaurador, o especialista de mantenimiento o de obras pictóricas del Museo de El Prado, a ellos se le va a decir ahora: No, no, a usted le
voy a aplicar normas laborales de otros organismos. Cuando se creó el organismo AENA, al personal técnico se le dijo: O se queda en AENA con contrato laboral hasta los 65 años o se va a otro ministerio, menos a los controladores. Curiosamente,
como los controladores se plantaron en huelga, se les admitió el que siguieran perteneciendo al cuerpo del Estado de controladores. Si hay estos antecedentes, ¿por qué a los cuerpos especiales no se les da esta raigambre? Se considera en el
informe de Boston Consulting que son más inteligentes, más listos, que están más preparados en lo que respecta a conocimiento de pintura los contratados laborales. Ya empezó la batalla el año 2002, cuando se desvinculó de la pertenencia a los
cuerpos del Estado al director del Museo del Prado, para producir un contrato, generado porque lo decidió don Eduardo Serra, presidente del patronato. Se dijo: Quitamos a los funcionarios del Estado de la obligatoriedad de ser director del Museo
del Prado para traer a un señor cogido de la calle, porque le gusta al presidente de turno. Señora ministra, a usted le birlaron esta posibilidad, y al Gobierno también. Estoy aquí defendiendo...
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señor Mardones, debe de concluir.
El señor MARDONES SEVILLA: Termino, señora presidenta.
En la justificación he querido decir que como testimonio vamos a votar favorablemente la enmienda de totalidad que ha presentado el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. No coincidimos en muchos de los argumentos de fondo, que es lógico,
pero he querido dar testimonio desde la lejanía geográfica de mi grupo parlamentario pero desde la intimidad, con el corazón cultural de la nación española que es el Museo del Prado.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora ministra, señorías, querría hacer un pequeño inciso, un excurso, y es qué peculiar procedimiento parlamentario el que tenemos en esta Cámara donde, si no fuera porque Izquierda Unida ha presentado enmienda a la totalidad, no
estaríamos debatiendo aquí, y habría sido absolutamente imposible, en un trámite legislativo que se plantea con competencia legislativa plena, que existiera ni un solo debate en el Pleno del Congreso de los Diputados; qué absurdo y que llamada de
atención para los portavoces parlamentarios. (El señor Cisneros Laborda pronuncia palabras que no se perciben.) No, no se va a avocar al Pleno; además hay un acuerdo por razones de calendario de que no se avoque al Pleno, señor Cisneros. Es una
nota a pie de página, pero en los ejemplos prácticos es donde se ve cuándo los que pueden hacerlo se decidirán a reformar el Reglamento de la Cámara. Por tanto, bienvenida sea la enmienda de totalidad de Izquierda Unida, aunque la vayamos a votar
en contra, pero por lo menos nos permite a todos fijar posición y tener un debate de cierta altura, aunque discrepemos unos de otros, acerca de un proyecto de ley que sin duda es tremendamente importante en el ámbito concreto en el que se mueve.
Es un proyecto de ley en el que mi grupo espera que se logre un consenso equivalente al que ha habido en los anteriores hitos de reforma jurídica, de mayor o menor alcance, ninguno con el alcance de este proyecto de ley, que han ido
sucediéndose en la historia del Museo del Prado, el último de los cuales fue encabezado por la hoy ex ministra Carmen Alborch, aquí presente también, que en su momento logró un consenso de las fuerzas políticas en lo que fue el último acto de
impulso al Museo del Prado, que llevó hacia su ampliación. Hoy en lo que estamos es no tanto en la reforma física del museo, sino en algo mucho más profundo que es el marco jurídico, económico, financiero, mercantil en el que se tiene que mover el
Museo del Prado a partir de ahora.
Querría dejar claro en nombre de mi grupo, para que no haya lugar a dudas, que nosotros vamos a apoyar este proyecto de ley, por tanto, vamos a rechazar hoy esta enmienda a la totalidad. Vamos a apoyar este proyecto de ley, además de por la
satisfacción que nos da por una vez poder apoyar con cierto gusto un texto legal procedente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte -es siempre una satisfacción que en algún
punto nos podamos encontrar-, porque creemos que es un proyecto de ley que responde a las necesidades del Museo del Prado y a lo que tiene que ser en los albores del siglo XXI. La propia noción de museo es la primera que ha evolucionado.
No nos atasquemos en el fondo jurídico, sino pensemos que el derecho -se lo dice alguien que es un apasionado del derecho- sólo tiene sentido si sirve aquello a lo que pretende proteger. El derecho es un traje, y cuando el derecho no es un traje,
sino un corsé que ahoga, pierde toda su función. Ya vale para el derecho público, como para el derecho privado. Toda aquella normativa que intente sobreproteger una determinada figura, una determinada entidad, una realidad de la vida, y que no
sirva para esa realidad a la que intenta salvar, está siendo desnaturalizado, está perdiendo todo su sentido; algo así ocurre con el actual marco jurídico del Museo del Prado. Un museo es hoy mucho más de lo que era antes. Es, por supuesto, algo
muy elemental, que es la custodia del patrimonio que tiene a su disposición; en el caso del Museo del Prado, sin ninguna duda, una de las mejores colecciones de pintura del mundo, sin matices y sin ningún tipo de nota a pie de página. Es eso, pero
es mucho más; es un auténtico foco de irradiación cultural: es un centro de investigación.
En el siglo XXI, en el siglo del ocio, en el siglo en que la cultura del ocio es la que realmente pesa y se convierte también en generadora de recursos, es un elemento más, que sin perder respetabilidad, sin perder dignidad, sin perder todo
su sentido, desde el punto de vista del consumidor, aunque a alguno le puedan doler los oídos al escuchar eso porque se habrá quedado, quizá, en tiempos antiguos, hoy el Museo del Prado compite con parques temáticos y con otras muchas cosas;
compite hasta con películas y con comedias musicales en la calle Alcalá y en la Gran Vía, para ser más exactos. Eso desde el punto de vista del usuario es también el Museo del Prado; triste sería que lo redujéramos a eso, pero viviríamos en un
mundo absolutamente irreal si redujéramos el Museo del Prado a una institución al servicio de los conservadores de la pintura del siglo XVIII. No, evidentemente ha de servir a los conservadores de la pintura del siglo XVIII, pero mi grupo desea que
el Museo del Prado también sirva a aquella gente que, a lo mejor, por una vez en su vida va a visitar Madrid y por una vez en su vida va a poder contemplar esas obras, las va a contemplar en todo su esplendor y con ellas va a aprender, va aprender
historia del hombre, cultura y va a reflexionar sobre la vida y todo lo que se podría estar diciendo de lo que es el arte, con riesgo de caer en cursilerías, pero no por eso rebajando ni un ápice lo que es y lo que se puede derivar de la
contemplación de una pintura. Todo eso es un museo. Por tanto, no reduzcamos el debate sobre el Prado a debates menores sobre su naturaleza jurídica. Precisamente porque creemos eso, entendemos que en el siglo XXI el Museo del Prado no puede
funcionar ni como Correos ni como una simple dirección general ni como un organismo administrativo. Tiene que funcionar, evidentemente, con una salvaguarda absoluta que mi grupo entiende que queda perfectamente preservada en esta ley, algo que es
servicio público, propiedad pública y que está controlado y fiscalizado por el poder público, sin excepción, sin matices y sin coladeros en su gestión y en su control presupuestario. Eso entendemos que es exactamente así en este texto, por tanto,
no compartimos -lo digo con enorme respeto y simpatía- los miedos con tonos distintos que han presentado los dos portavoces que me han precedido. Mi grupo no comparte esos miedos; hasta tal punto no los comparte que este mismo modelo de gestión lo
ha utilizado la Generalitat de Cataluña en otros ámbitos. Hoy la noción de lo que es público en el siglo XXI tiene otros mecanismos de traslación distintos de la simple esquematización clásica de un cuerpo de funcionarios, absolutamente monolítico
y de una gestión directamente dirigida desde el Ministerio de Cultura. No, se puede ser público, se puede estar controlado por el Estado y, al mismo tiempo, tener agilidad de operación en el ámbito mercantil, sin que eso suponga -con esa especie de
adjetivo que se utiliza como maldición- una mercantilización del proceso. Si percibiéramos la mercantilización la condenaríamos, lo dejo bien claro. Si nosotros tuviéramos la sensación de que con este proyecto de ley el Museo del Prado peligra un
ápice en su control público lo diríamos en voz alta. Entendemos que no es así, por ello, después de haber estudiado este texto, le vamos a dar nuestro apoyo.
Es cierto -comparto, aunque entiendo que no podría ser de otra manera, alguno de los miedos que plantea el autor de la enmienda a la totalidad- que la ley no lo dice todo; es cierto que no podremos tener una idea cabal de lo que es el
régimen jurídico del Museo del Prado hasta que conozcamos sus estatutos. Del contenido de esos estatutos, que serán aprobados en Consejo de Ministros, esperamos recibir información cumplida, a pesar de que por razones de calendario puede coincidir
casi con el final de esta legislatura. Esperamos que eso se haga con toda transparencia, que se nos informe y que el Consejo de Ministros cumpla con su obligación de velar en esos estatutos por que no haya los riesgos que algunos plantean de esa
mal llamada mercantilización.
Dicho esto y con esa prevención, permitir que en el Museo del Prado haya altos cargos que no sean funcionarios públicos y que se puedan hacer contratos mercantiles nos parece absolutamente positivo. Un español, señorías, dirige hoy la Tate
Modern de Londres; es un ciudadano español.
¿Por qué? Porque la Tate Modern ha considerado que es el más cualificado en toda Europa en este momento para dirigir ese museo. Nos parece espléndido; nos parece espléndido que un conservador inglés
tenga determinadas responsabilidades en el Museo del Prado hoy, y mañana las puede
tener un conservador norteamericano. Eso es normal, eso no reduce ni el control político ni el control público sobre el museo, sencillamente introduce al Museo del Prado en la primera liga, o más bien permite que se mantenga en la primera
liga de los museos del mundo. Pretender mantener el Museo del Prado como una institución, en términos de su gestión funcionarial y patrimonial, más propia de la Rusia que ya empieza a desaparecer, sería a nuestro entender absolutamente
contraproducente y algo que perjudicaría a la larga e incluso a la corta la propia supervivencia del Museo del Prado. Control político, sí; puro régimen funcionarial, esquemas de puro derecho público en toda su gestión, no, en absoluto. Tiene que
ser mucho más ágil.
Mi grupo va a presentar a este texto dos o tres enmiendas. Ya veremos cómo se materializan. Serán enmiendas en dos líneas, en las que esperamos poder encontrar acuerdo en el Grupo Parlamentario Popular. Las dos son caras de la misma
moneda. Nosotros entendemos, y supongo que no sorprende a nadie, que el Museo del Prado no es un museo de Madrid; es un museo controlado por la Administración general del Estado, un museo que depende de la Administración general del Estado, pero
es un museo de todos los españoles; es un museo que tiene que ser sentido por todos como propio, y desde esa perspectiva siempre le hemos dado nuestro apoyo y lo seguiremos haciendo. Desde esa perspectiva vamos a sugerir que en el nuevo Patronato,
tal como queda configurado, al menos dos -es posible que más, pero por lo menos dos- de sus miembros, siendo designados quizá por la propia ministra de Cultura, lo sean a propuesta de los consejeros de Cultura de las comunidades autónomas. Eso no
modifica la dependencia del Museo del Prado de la Administración general del Estado, pero puede permitir que se oigan determinadas voces que al fin y al cabo transmitan esa sensación de: ¡ojo¡, este es un museo al servicio de todos. En la misma
dirección -ya lo materializaremos como enmienda- vamos a solicitar que adquiera rango legal la obligación de que el Museo del Prado firme determinados convenios y los cumpla, sin detallar exactamente en qué términos, con las administraciones
competentes en materia de protección del patrimonio cultural en las distintas comunidades autónomas.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señor Guardans, su tiempo ha concluido.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Termino en menos de un minuto.
Esas administraciones públicas, de las que ya habla la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español, en ámbitos muy generales, tienen competencias y objetivos muy similares a los que el Museo del Prado establece: que se firmen convenios y
que se permita una mayor colaboración con un cierto marco legal y no sólo, como viene siendo hasta ahora, fruto de la buena voluntad de unos y otros. De todos modos, nada de eso obsta -son pequeños detalles que entendemos importantes, pero
parciales- para que demos nuestro apoyo global a esta ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Guardans.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Leguina.
El señor LEGUINA HERRÁN: Señora presidenta, señora ministra, señorías, empezaré glosando brevemente tanto la literatura que acompaña al proyecto de ley como lo que ha dicho aquí la señora ministra, donde yo detecto un toque de adanismo muy
propio del PP, y que no viene a cuento. Ese afán de reescribir la historia, sobre todo la historia reciente, no lleva a ningún lado.
Señora ministra, el proyecto de ampliación del Museo del Prado se hizo en tiempos del Gobierno del Partido Socialista y otros proyectos, por ejemplo, el de autonomía, que ahora se amplía, también se hicieron entonces. ¿Por qué obviamos eso
si vamos en la misma dirección, en este único caso? Quiero quitarles de la cabeza, tanto al señor Mardones como al señor Alcaraz, algunos pesares sobre el Boston Consulting. No le den ustedes tanta importancia, eso es lo que se hace cuando se
quiere hacer algo. Me explico. Los señores que llevan el Prado querían hacer esto y se buscan un alibí, un apoyo externo, lo que pasa es que nos cuesta una pasta, pero no le den tanta importancia. Esta es una voluntad que en una parte yo creo que
está bastante bien y que es apoyable y en otra, como lo dicen los extranjeros... Seguimos siendo un poco paletos, pero eso ya lo sabíamos.
Voy a la ley. Estamos -en eso coincido plenamente con el señor Alcaraz- ante una ley que le hubiera encantado al señor Figueroa, que era Conde de Romanones, a quien se le atribuye un pensamiento poco piadoso con los legisladores, es decir,
con nosotros. Dicen que el tal conde decía: Déjalos que hagan las leyes, que yo haré los reglamentos. Esto es lo que ocurre con esta ley. Es una ley que no hay por dónde cogerla, pero no en el sentido peyorativo, sino que es muy difícil de
enmendar; es como una esfera a la que no hay forma de meterle mano, porque deja todo para un proceso posterior, concretamente el reglamento, que aquí toma la forma de estatuto del Prado. Ahí está el gran problema de esta ley; mejor dicho, el gran
problema de saber lo que contiene esta ley es que tenemos que esperar a saber cuál es el reglamento, es decir, el estatuto. Como órgano legislativo nosotros nunca vamos a tener que decir nada en torno a ese estatuto porque se lo reserva el
Gobierno. Ese es el problema que tiene esta ley, que es una ley marco. Ahora bien, yo no sé si era necesaria una ley para ordenar el Museo del Prado, tengo muchas
dudas, pero en España, ya se sabe, cualquier problema se pretende resolver mediante una ley. En ello estamos: el Partido Popular nos anuncia que quiere aprobar, antes del final de la legislatura, 50 leyes. ¡Madre mía! ¿Por qué no ponen
ustedes algo más de interés en hacer cumplir las leyes existentes, que en cargar a los ciudadanos -¡qué negocio para los abogados!-con más leyes? Pero esto no es un mal que haya inventado el Partido Popular, yo creo que viene desde los romanos;
esto es tremendo.
Ustedes han decidido hacer una ley, porque quieren resolver un problema. Y ¿cuál es el problema? ¡Hombre!, yo creo que El Prado tiene, en efecto, algunos problemas evidentes. Voy a poner un ejemplo: gracias al decreto apresurado que
dictó el Partido Popular nada más acceder al Gobierno, hoy, cuestiones cotidianas -de funcionamiento del museo- las ha de resolver nada más y nada menos que el patronato. Naturalmente, eso hay que resolverlo, y puesto que ustedes vienen
rectificando, no vamos a ser nosotros quienes les desanimemos: ¡a rectificar! Por eso tiene esta ley que pasar por aquí, y va a pasar; espero que con bien.
¿Qué contiene esta ley? Es un breve marco, que contiene, básicamente, tres puntos: se dota al museo de mayor autonomía -que creo que es bueno-, se describen los órganos directivos o el organigrama -se describen, no se concretan demasiado-,
y se laboraliza al personal. Aparte de eso, en la literatura adyacente hay algunos brindis al sol, que nos ha recordado aquí la ministra, como la pretensión de que el museo, dentro de unos años, se autofinancie en un 50 por ciento de sus gastos.
Yo me voy a atrever -con su permiso, señores del PP- a parafrasear al señor Fraga, y diré aquí: dentro de ese tiempo, me cuentan ustedes a qué precio han vendido los garbanzos. ¡No se lo cree nadie! A no ser que piensen vender Las meninas;
entonces, me callo. (Aplausos.) ¡Claro!, tanto Boston Consulting y tanto mirar siempre allende los mares, en España no existe la costumbre ni la cultura -que sí existe en Estados Unidos- de financiar cosa pública, etcétera. En general, aquí los
ciudadanos -sobre todos los que tienen mucho dinero- lo público lo miran como los que no tienen un duro: sitio de donde sacar dinero, no donde entregar dinero. (Aplausos.) Se van a encontrar con ese problema. De todos modos, yo no soy de los que
creen que el infierno está empedrado de buenas intenciones. Yo creo que el infierno, de estar empedrado, lo estará de malas intenciones; y ustedes, aquí, no tienen ninguna mala intención. Es un buen pensamiento, una buena intención; creo que van
a fracasar, pero no me importa demasiado. ¿Por qué? Porque la importancia -valga la repetición- del Museo del Prado no está en que se autofinancie en un porcentaje o en otro, sino en que se modernice y en que realmente sea una institución cultural
de primer orden; que ya lo es, evidentemente, pero que puede serlo mucho más eficazmente.
El asunto que tiene más aristas, dentro de esa esfera, es el problema de los trabajadores. Hay, en cuanto a los trabajadores, algunas cosas en la ley que ustedes no debieran llevar adelante, y que nosotros enmendaremos.
Por ejemplo,
quieren laboralizar, y, sin embargo, ponen mecanismos que van a dificultar ese paso hacia el régimen laboral; van a dificultar la movilidad laboral de esas personas que hoy trabajan en El Prado. Y, si se quiere laboralizar, lo tendrán que
facilitar, no dificultar. Les vamos a enmendar la ley en estos puntos, y espero que entren en lo que yo creo que es la razón.
Lo que esta ley no puede hacer es instaurar en el Museo del Prado el reino de la arbitrariedad, ni en el asunto laboral ni en ninguno. Por eso vamos a presentar un paquete de enmiendas, y -me dirijo directamente a los diputados del PP-, si
quieren ustedes el consenso, lo van a tener con nosotros. Si están dispuestos a discutir y a aceptar el espíritu puramente racionalista con que están redactadas estas enmiendas, llegaremos a un consenso; pero si no, no. Si no, no; sépanlo bien:
¡si no, no! Lo cual nos obligaría, en el momento en que lleguemos al Gobierno, a cambiar la ley y creo que no es bueno cambiar la ley. ¿Por qué? Por lo que he dicho al principio y a ello me remito: es bueno para El Prado y es bueno para la buena
administración de cualquier institución de ese tamaño e importancia una estabilidad en el tiempo de las normas jurídicas que lo impulsan y controlan. Por eso les animo a tomar nota de esas enmiendas, cuando las tengan en su poder, y a portarse bien
con nosotros, pobrecitos, ¿no? Porque si no, no.
Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Leguina.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Rodríguez-Salmones.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, señora ministra, anticipo como es lógico que a la enmienda a la totalidad que presenta Izquierda Unida nuestro grupo va a votar negativamente, y casi abarco a su grupo, señor Mardones, puesto que también ha adoptado una posición
bastante cercana a los términos de la enmienda a la totalidad. Sin embargo, quiero anunciarles a ambos que haremos esfuerzos, no diré que me temo que baldíos pero nos tendremos que empeñar muy seriamente para que a lo largo de esta tramitación
podamos al menos difuminar -si no despejar del todo- los recelos y las objeciones que nos han puesto. También al señor Leguina y al señor Guardans.
Especialmente al señor Leguina con ese si no, no. Pues esperemos que sí, que sepamos llegar a un
acuerdo y pueda ser que sí. Insisto en que nada nos gustaría más que poder llegar a un acuerdo más amplio a lo largo de la tramitación y por supuesto mantenerlo durante la elaboración
del estatuto. La ley es breve y tiene que ser así, pero el estatuto no se va a elaborar con nocturnidad, una cosa es que la Cámara esté disuelta y otra que no haya una participación real de todos en su elaboración y un periodo de consultas
importante. Igual que pongo eso por delante, quiero agradecer, reconocer a los grupos que han expresado su voluntad de que si todo sucede como esperan que suceda puedan dar un voto favorable desde esta posición de partida. Esperemos que podamos
plasmarla como hicimos en 1995 con aquel acuerdo que fue decisivo para la historia de El Prado, era entonces ministra la señora Alborch y no fue un pacto de silencio como a veces nos ha dicho el señor Alcaraz, sino sencillamente un proyecto común
que ha sido importante para la vida del museo y que ahora entre todos deberíamos intentar reconstruir.
Por el texto de la enmienda y por las palabras de los dos portavoces que más se han opuesto -que se han opuesto realmente al texto- podemos ver que hay una serie de objeciones. Son múltiples pero yo diría que lo que les preocupa es el
carácter público del museo, mantenerlo y garantizarlo y que eso el nuevo marco no lo haga. Les preocupa especialmente, creo que lo ha dicho el señor Alcaraz pero también el señor Mardones, que el proyecto científico-artístico se diluya en un marco
más amplio pues parece que hoy hay una demanda social de arropar este núcleo con una serie de actividades. Eso a ustedes les preocupa y también les preocupa por supuesto el aspecto laboral, lo han dicho tres de sus formaciones. Yo no voy a repasar
el proyecto aquí, no voy a ir punto a punto porque la ministra antes que yo lo ha hecho perfectamente; yo lo haría mucho peor y además más aturulladamente. La ministra ha sido el verdadero motor del proyecto junto con -y sé que no les va a gustar-
el presidente del Gobierno, que ha colaborado muy directamente, y me parecería injusto no decirlo, con el patronato y con la dirección de este museo. (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.) Contaba con que dijeran esto,
pero me parece de justicia reconocerlo. (Rumores.)
Voy a dar un repaso a los grandes ejes, para responder a la enmienda a la totalidad y a la posición expuesta por el señor Mardones. Se hace, como ha dicho el señor Guardans, un nuevo traje, un nuevo marco jurídico, administrativo y
económico, porque es necesario para un Prado ampliado, para un Prado que va a tener el doble de espacio, el doble de visitantes, el doble de presupuesto y que, además, tiene que desempeñar unas funciones sociales que cada día la sociedad demanda
más. Ahora bien, este traje jurídico está perfectamente encajado en la disposición décima de la LOFAGE; en cuanto a los términos contractuales, en la Ley de contratos de las administraciones públicas; en cuanto a la gestión económica, en la Ley
general presupuestaria; naturalmente, en todas las leyes que rigen nuestro patrimonio histórico-artístico, y, por supuesto, sujeto absolutamente a los controles de la Intervención y del Tribunal de Cuentas. El carácter público es absoluto, los
controles públicos son absolutos, pero es un proyecto más flexible. Una vez dicho que el carácter público es indiscutible, gustará una redacción u otra, lo que no es discutible es el carácter público, que se mantiene al cien por cien.
A otro de los ejes importantes de este proyecto se refiere el Grupo Izquierda Unida en su enmienda, porque, como dijo ayer el señor Alcaraz, que les parece que se convierte en un centro comercial. Señor Alcaraz, esta simplificación casi no
es digna de usted. ¿Ha visto los espacios comerciales que tiene ahora el Museo del Prado y ve lo que ofrecen los demás museos? Esta es una parte completamente accesoria pero muy importante y decir esto es realmente indigno de una persona de su
finura parlamentaria.
El proyecto científico, artístico, investigador, el proyecto que abarca a conservadores, restauradores, investigadores, que abarca el enriquecimiento de las colecciones y su exhibición, ése, es el núcleo del museo y el núcleo de este
proyecto. El museo es una organización al servicio de una pinacoteca, no es otra cosa y, desde luego, no es lo contrario. Ahora bien, ese equipo de los conservadores, los restauradores, la dirección, está remando y dedicando sus energías a salvar
obstáculos que hoy se pueden salvar cambiando el marco jurídico.
Señorías, están haciendo un trabajo excelente, pero démosles los instrumentos que nos piden, además de darles las gracias por el trabajo que están llevando a cabo hasta ahora.
Otra cuestión importante es lo que arropa a este núcleo. A este núcleo lo arropan una serie de actividades y de servicios que hoy se demandan de un museo. La función social de un museo, de éste y de todos, todos están sufriendo este
proceso, es una función casi nueva pero creciente. Lo que son exposiciones, proyectos pedagógicos, publicaciones, y en el ámbito de los servicios hablemos de la biblioteca o los horarios de apertura, hoy, señorías, son imposibles con el marco
actual, realmente imposibles, aunque vuelven a ser salvables de una manera verdaderamente milagrosa.
Hoy no se puede hacer un curso por el museo. Las exposiciones, la de Manet que venga, la de Tiziano que se ha cerrado ahora, son como un milagro.
Entonces, demos los instrumentos para que las energías se vuelquen hacia esta actividad y estos servicios. Señorías, como ejemplo de servicios, citemos que el museo se está abriendo ahora los festivos por la tarde y los domingos. Esto ha sido una
labor de titanes, hecha con la voluntad de un personal y entro ahora en el capítulo de personal, que realmente ha puesto de su parte mucho más de lo que su relación laboral les exige. Ha sido gracias a ese esfuerzo de este personal, cuyo estatuto
ahora se racionaliza, donde conviven casi 20 cuerpos, con multiplicidad de situaciones laborales, que está poniendo mucho más de lo que debieran.
¿Por qué el dar la racionalidad
más la facultad de elegir más la capacidad transitoria al que lo quiera puede ser algo negativo?
Por último, señorías, les preocupa a ustedes el marco económico y financiero. Pues bien, además de decir que está perfectamente controlado, sujeto a todos los controles, igual que hasta ahora, les tengo que anunciar que se duplicarán los
presupuestos públicos y que se duplicarán los presupuestos propios. Tengan en cuenta que hoy el 50 por ciento de los visitantes del museo acceden a él de forma gratuita y esto hay que ampliarlo no hay que reducirlo, pero hay que recabar el dinero
de la sociedad, señorías. La condesa de Chinchón se ha comprado en parte gracias a un legado; el palacio de los Águila, en Ávila, que será el núcleo de descentralización de este museo, se está arreglando por acuerdo con una entidad financiera;
otra entidad financiera pone más de 4 millones de euros, que ya es poner, y ustedes dicen que desconfían. Hay que dar todos estos medios y nos sorprende mucho que a ustedes eso les inspire el menor recelo.
Quiero terminar diciendo sencillamente que creo que -como otras veces en esta Cámara, no es el primer cambio del marco legislativo que se ha traído aquí- es un honor, y esperamos que todos podamos estar de acuerdo en ello, ayudar a que el
museo se dote de los instrumentos que necesite.
Para cada uno de los diputados, para este Gobierno y, desde luego para mí misma, es un honor poder colaborar en ello y haremos todos los esfuerzos para que podamos tener su voto favorable al final de
la tramitación.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Rodríguez-Salmones.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (Continuación.)
- PROYECTO DE LEY GENERAL DE SUBVENCIONES. (Número de expediente 121/000163.)
La señora PRESIDENTA: Iniciamos la votación de las enmiendas y el dictamen de Comisión del proyecto de ley general de Subvenciones. En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, las firmadas por la señora Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 22; en contra, 168; abstenciones, 96.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas firmadas por el señor Saura Laporta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 11; en contra, 178; abstenciones, 96.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Puigcercós.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 20; en contra, 170; abstenciones, 94.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Aymerich.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 19; en contra, 173; abstenciones, 92.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 15; en contra, 169; abstenciones, 103.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). En primer lugar, las enmiendas números 7, 10, 12, 13, 14 y 30.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 15; en contra, 169; abstenciones, 103.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 19; en contra, 166; abstenciones, 98.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En primer lugar, las enmiendas números 154 bis, 156, 161, 162, 166, 169, 172 a 174, 176, 179 y 183.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 16; en contra, 172; abstenciones, 99.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 20; en contra, 170; abstenciones, 97.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 97; en contra, 182; abstenciones, nueve.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
A continuación votamos el texto del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 168; en contra, 120.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
DEBATES DE TOTALIDAD DE CONVENIOS INTERNACIONALES (Continuación.)
- CANJE DE NOTAS DE FECHAS 13 Y 14 DE ABRIL DE 2003, ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL ESTADO DE KUWAIT CONSTITUTIVO DE ACUERDO SOBRE EL ESTATUTO DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS EN KUWAIT. (Número de expediente 110/000266.) (Continuación.)
La señora PRESIDENTA: Iniciamos la votación del canje de notas de fechas 13 y 14 de abril de 2003, entre el Reino de España y el Estado de Kuwait constitutivo de Acuerdo sobre el estatuto de las Fuerzas Armadas españolas en Kuwait.
Se somete a votación la enmienda a la totalidad, presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que supone la denegación de la autorización del referido canje de notas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 10; en contra, 274; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (Continuación.)
- PROYECTO DE LEY REGULADORA DEL MUSEO NACIONAL DEL PRADO. (Número de expediente 121/000170.) (Continuación.)
La señora PRESIDENTA: A continuación sometemos a votación la enmienda a la totalidad de devolución, presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida al proyecto de ley reguladora del Museo Nacional del Prado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor 11; en contra, 177; abstenciones, 99.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
AVOCACIÓN POR EL PLENO
- PROYECTO DE LEY REGULADORA DEL MUSEO NACIONAL DEL PRADO.
La señora PRESIDENTA: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, se somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley reguladora del Museo Nacional del Prado. ¿Lo
acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
En consecuencia, queda aprobada la propuesta de avocación.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (Continuación).
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 35/1988, DE 22 DE NOVIEMBRE, SOBRE TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA. (Número de expediente 121/000171.)
La señora PRESIDENTA: Debate de totalidad de iniciativas legislativas.
Debate de totalidad del proyecto
de ley por la que se modifica la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas de reproducción asistida. (Rumores.)
Señorías, es preciso que continuemos con los debates, por lo que les ruego que intenten abandonar el hemiciclo aquellos que lo vayan a hacer de la forma más rápida y silenciosa posible. (Pausa.)
Para la presentación del referido proyecto de ley, tiene la palabra la señora ministra de Sanidad y Consumo.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Pastor Julián): Señora presidenta, señorías, la modificación de la Ley de reproducción humana asistida es ante todo, si me lo permiten, un ejercicio de responsabilidad; de responsabilidad porque
nuestra sociedad demanda a los poderes públicos que resolvamos los problemas reales de los ciudadanos; de responsabilidad porque lo que hoy debatimos no es un tema baladí; se refiere a algo que afecta de lleno a la salud de las personas. Creo que
el Gobierno ha hecho un ejercicio de responsabilidad, ha analizado con detalle la situación, ha consultado a expertos, ha encargado estudios y ha presentado una reforma equilibrada, respetuosa con el carácter plural de nuestra sociedad y con los
legítimos intereses de todos. Y todos estamos de acuerdo en que es necesario reformar la Ley de reproducción humana asistida. La Comisión nacional de reproducción humana asistida así lo ha dicho, el Comité asesor de ética de ciencia y tecnología,
las sociedades científicas, todos coinciden en esta necesidad.
El segundo aspecto, señorías, que me gustaría destacar es si esta propuesta mejora la situación existente. De nuevo tengo que afirmar que sí y que así lo cree la Comisión de reproducción humana asistida, que una semana antes de que lo
aprobara el Gobierno 'valoró de forma muy positiva la iniciativa del proyecto presentado'. Así lo cree el sentir mayoritario de la sociedad, si hacemos caso a lo que nos manifiestan estudios de prestigio realizados recientemente o a lo que recogen
los propios medios de comunicación. Así lo han manifestado personas tan poco sospechosas de ser aliadas del Gobierno como el propio portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Ciencia y Tecnología, que consideró un día después de
aprobar el proyecto el Gobierno que era un paso adelante. La reforma era necesaria y se trata, de verdad, de un paso adelante.
¿Realmente está justificada una enmienda a la totalidad como la que debatimos hoy? ¿Tal vez -y este es el tercer objeto del debate de hoy- hay textos alternativos mejores? Sinceramente, señorías, en este caso les digo que no,
independientemente de que el texto que hoy presenta la oposición recoja muchos de los aspectos de nuestra propuesta, lo que no ocurría por cierto con la proposición de ley que presentaron el año pasado. Hay cosas con las que no estoy de acuerdo.
No estoy de acuerdo, señorías, con que se obvie el contenido del Convenio de Oviedo, en el sentido de no arbitrar los mecanismos que impidan que se puedan generar embriones cuyo fin único sea la investigación. No estoy de acuerdo con que,
contrariamente a lo que proclama la Ley de cohesión y calidad, pueda haber 17 regulaciones de la investigación con embriones, especialmente en un ámbito en el que la cooperación y el esfuerzo conjunto es imprescindible. La investigación biomédica
en España tiene que basarse en la coordinación de nuestros investigadores mediante redes que permitan avanzar más rápidamente hacia la consecución de resultados. No estoy de acuerdo con mirar hacia otro lado cuando hay todos los días decenas de
miles de embriones congelados y todos los días se generan embriones congelados. Esto no es lo más normal, o así no les parece a los países de nuestro entorno. Además, mi obligación como responsable sanitaria es velar por la salud de los
ciudadanos, es garantizar que las terapias para la infertilidad y las técnicas de fecundación in vitro no entrañen riesgos y cumplan el objetivo de facilitar una maternidad sin riesgos para aquellas mujeres, aquellas parejas que no puedan lograrla
por problemas de infertilidad. En definitiva, creo que esta reforma es necesaria, que se trata de un paso adelante y que afronta los problemas generados y no resueltos.
¿Cuáles son los objetivos de la reforma? La norma que hoy presentamos está dirigida a incrementar la salud de nuestros ciudadanos y tiene dos principales objetivos. El primer objetivo es evitar las gestaciones múltiples y mejorar cada una
de las fases del proceso de reproducción asistida. Así, sin disminuir un ápice la eficacia de las técnicas, se incrementará el número de nacidos vivos sanos, se disminuirá el riesgo para las madres y se evitará la acumulación de embriones
congelados. El segundo objetivo es resolver el problema de la actual acumulación de embriones crioconservados, dando una solución ética y abierta a nuevas líneas de investigación que contribuyan a aliviar el sufrimiento y a mejorar la salud de
muchos miles de enfermos que hasta la fecha no tienen una solución definitiva a sus padecimientos y que ojalá la investigación pueda descubrir que se pueden curar.
En relación con el primero de los objetivos, a ese tan importante de las gestaciones múltiples de los nacidos vivos, conviene recordarles a ustedes sólo algunos datos que son muy clarificadores, que son los problemas que originan los
embarazos múltiples. Los embarazos múltiples están asociados a mayores riesgos para la salud de la madre y de los hijos. El número de prematuros pasa del 9 por ciento en embarazos simples -y digo del 9- al 44 por ciento en los dobles y al 91 por
ciento en los triples. Los embarazos múltiples incrementan la mortalidad perinatal, pasando esta del 9,1 por mil en los embarazos simples, al 25,4 por mil en los dobles y al 42 por mil en los triples.
Simultáneamente a estos problemas sanitarios, que son los que más nos preocupan, los embarazos múltiples suponen un elevado coste personal y también social. Centrándonos en España, alrededor de un 20 por ciento de parejas tienen problemas
de infertilidad, como consecuencia de ello, cada vez son más demandadas las técnicas de reproducción humana asistida. La tasa de partos múltiples se ha ido incrementando paralelamente a la utilización de técnicas de reproducción asistida. Según
los últimos datos disponibles sobre la fecundación in vitro, las tasas de embarazos y partos múltiples registradas en España son muy superiores a las deseables. Les voy a dar algunos datos. Nuestro país, con un 32,9 por ciento de partos múltiples
en relación con las técnicas de FIV, se desmarca de los países de nuestro entorno. Por ejemplo, Finlandia alcanza tasas del 24,6; Suiza, del 24,7; Francia, del 25,1; Reino Unido, del 25,4; Grecia, del 25,9, y Rusia, del 26,7. Es especialmente
llamativa la tasa de partos triples, que en España es de un 5 por ciento del total de partos, y la de cuádruples, que es de un 0,2 por ciento. La tasa de partos múltiples está relacionada con el número de embriones que se transfieren.
Hasta el momento, España se ha situado entre los países europeos que mayor número de embriones transfiere por ciclo. Según los últimos datos ofrecidos por la Sociedad Europea de Reproducción Humana relativos al año 1999, en el 30 por ciento
de los ciclos que se realizaron en España se transfirieron cuatro o más embriones, mientras en países como Finlandia, Suecia o Alemania nunca se llegan a transferir más de tres embriones. Las diferencias entre las tasas de partos múltiples están
íntimamente relacionadas con la legislación de cada Estado. Los países cuyas legislaciones restringen el número de embriones que se pueden transferir en cada ciclo, siempre por debajo de tres, apenas tienen partos triples, como dice el sentido
común, ni ninguno cuádruple, como también dice el sentido común. Por el contrario, los países que como España han estado transfiriendo un número medio elevado de embriones por ciclo registran tasas de partos múltiples superiores a la media. La
práctica de las técnicas de reproducción humana en nuestro país debe atender a este importante reto, que es la reducción de las elevadas tasas de embarazos y partos múltiples.
Con relación al primero de los objetivos que le señalaba de nuestro proyecto, es decir, incrementar el número de nacidos vivos y sanos, disminuir el riesgo para las madres y evitar la acumulación excesiva de embriones, resulta imprescindible
referirnos también a la calidad de las técnicas de reproducción humana asistida. Los niveles de calidad a la hora de abordar las técnicas de reproducción asistida varían considerablemente. El importante avance que se ha experimentado en los
últimos años no se recoge de idéntica forma ni en todos los países, ni tampoco dentro de los mismos países, ni dentro de los mismos centros.
Ante la misma patología de una pareja, señorías, no se adoptan siempre los mismos criterios sobre el número
de embriones a fecundar y a transferir. En este sentido, es imprescindible adecuar cada uno de los pasos del proceso de reproducción asistida a los mejores niveles de conocimiento, con el objeto de obtener los mejores resultados en salud, tanto
para la madre como para el futuro hijo, evitando la reducción embrionaria y la generación de embriones supernumerarios. Los procedimientos terapéuticos han de adaptarse a sus mejores prácticas y ajustarse y tener en cuenta la evidencia científica.
El número de embriones que se pueden transferir en cada ciclo y el número de ovocitos que es necesario fecundar para que la pareja pueda haber realizado su proyecto reproductivo no puede dejarse en el escenario de la intención o la consideración
individual porque en ese caso estaríamos exactamente en la misma situación en la que nos encontramos ahora, con una de las tasas de partos múltiples más altas de los países de nuestro entorno y con todos los riesgos que para la salud en esta
circunstancia lleva para madres y para hijos, así como la constante generación de embriones supernumerarios. Una de las condiciones que más ha incrementado la calidad en todos los procedimientos tanto diagnósticos como terapéuticos es
protocolización, es decir, la elaboración por parte de expertos de las normas de actuación que han de llevarse a cabo ante un problema de salud.
Las técnicas de reproducción asistida no pueden ser ajenas a esto. Estas técnicas tienen que ajustarse
a lo que dicen los científicos y los expertos: mejorar la calidad, la seguridad y la eficacia de las técnicas de FIV no es ningún caso o uso regresivo; regresivo es seguir permitiendo que pase lo que está pasando. Tenemos que tener en cuenta que
las tasas se están elevando, que los embarazos múltiples, el número de niños prematuros y la mortalidad perinatal asociada a la FIV es hoy una realidad.
Nuestro proyecto, señorías, entiende que los científicos tienen que decir y tienen que protocolizar la atención, y así lo entienden instituciones tan prestigiosas como el NICE británico, que recientemente ha publicado una primera propuesta
de protocolización de las técnicas de reproducción humana asistida. También en Francia ha quedado plasmada esta preocupación y han regulado las buenas prácticas en reproducción humana asistida, limitando la transferencia de embriones a dos y
limitando la fecundación a tres ovocitos en los casos en que la pareja no asuma los compromisos de la crioconservación, vía que por cierto está aprobada hace varios años.
Nuestro proyecto, señorías, camina en esa dirección establece unos límites máximos por ciclo a la transferencia de embriones y a la fecundación de ovocitos. Junto a estos límites generales prevé que la Comisión nacional de reproducción
humana asistida elabore un protocolo que regule el número de embriones que se deben fecundar y transferir, de acuerdo con las diferentes
tipologías fisiopatológicas de la pareja. Permítame que insista, serán los expertos más prestigiosos, que afortunadamente forman parte de la Comisión de reproducción asistida, los que, después de analizar con detalle la evidencia
científica, establecerán las diferentes tipologías fisiopatológicas con precisión sobre el número de embriones a fecundar y a transferir. Esta es una garantía esencial si queremos avanzar en la calidad de las técnicas. Por eso, nuestra propuesta
no sólo no reduce la eficacia de la fecundación in vitro sino que, al incorporar a través del protocolo el estado más actual la ciencia, va a suponer sin duda un estímulo para la mejora de todos los profesionales. Así lo han entendido muchas
asociaciones de pacientes con las que hemos tenido ocasión de reunirnos, que han demostrado una actitud constructiva en todo momento y que comparten con nosotros este objetivo de avanzar en la calidad.
En los casos en los que haya que crioconservar embriones sobrantes, se hará por un plazo equivalente a la vida fértil de la mujer, solicitándose a los progenitores la firma de un compromiso de responsabilidad sobre sus embriones. Además, y
por coherencia con el principio establecido en el Convenio de Oviedo, por el que se prohibe 'el que puedan generarse embriones con fines de investigación', la ley establece con claridad que el destino de los embriones supernumerarios será el de ser
transferidos a su madre o ser donados con fines reproductivos a otras parejas. Éstas son las disposiciones que se incorporan a nuestro proyecto para cumplir el primer objetivo que enuncié al principio: mejorar las tasas actuales de nacidos vivos,
evitando gestaciones múltiples y la generación de embriones supernumerarios. Éstos, señorías, son los retos que tenemos pendientes y a los que la reforma va a dar solución. La ley es respetuosa con la eficacia, porque protocolizar, señorías, no es
limitar, protocolizar es atenerse a la mejor evidencia científica.
Sin embargo, nada de esto sería suficientemente positivo si no tomáramos en cuenta el acceso a las técnicas de FIV. Por ello, como desarrolló la Ley de cohesión y calidad, se está procediendo ya a aprobar la cartera de servicios del Sistema
Nacional de Salud, que va a garantizar una cobertura pública con garantías de seguridad, calidad y tiempo a todos los ciudadanos que lo precisen, incorporando las técnicas más eficaces, según la evidencia científica disponible. Quiero anunciarles
que antes de que termine la legislatura todas las parejas que tengan que realizar tratamiento de FIV tendrán asegurado un tiempo de espera uniforme en todo el territorio nacional y una forma de acceso a estas técnicas. No tengan duda de que el
Gobierno tiene la firme determinación de que todas aquellas personas que lo necesiten van a tener acceso a una reproducción asistida de calidad.
El segundo objetivo de esta ley, señorías, señora presidenta, es resolver el problema de la actual acumulación de embriones, dando una solución ética y abierta a nuevas líneas de investigación. Desde hace años se había estimado ya que en
España existían 40.000 embriones congelados.
Recientemente un único centro de FIV nos informaba públicamente de que ésta era la cifra de embriones crioconservados en un solo banco, en su banco, a partir de los cuales estimaba que en la actualidad
podría haber más de 200.000 embriones crioconservados, muchos de los cuales no tienen ninguna posibilidad de ser utilizados para el fin por el que fueron generados en la ley vigente. El origen de este problema se encuentra en que la Ley de
reproducción humana asistida no establecía ningún límite al número de óvulos que se podían fecundar ni embriones que se podían transferir, tan sólo establecía un mandato genérico a que se transfiera el número más adecuado de una forma imprecisa que,
por cierto, se vuelve a proponer en la enmienda que hoy debatimos. En concreto, se señala que se transferirán 'el número adecuado para asegurar razonablemente el embarazo'. Muchos nos hemos preguntado qué ha ocurrido para que en España existan
200.000 embriones, según dicen los expertos, haciéndose 8.000 ciclos al año, mientras que otros países, como Estados Unidos, realizando diez veces más ciclos, tienen una cifra de embriones crioconservados que no llegan ni a un tercio de la que
tenemos nosotros. Y no les digo las cifras que tienen los países europeos. Asimismo, la ley no establecía cuál sería el destino de los embriones no transferidos transcurridos los cinco años. Ambas deficiencias de la norma, unido a una práctica
clínica compleja, han llevado a la acumulación de ese número que les he señalado de embriones según recogen los expertos, que constituye, en palabras de la Comisión nacional de reproducción humana asistida, 'un grave problema de responsabilidad
social'.
¿Y cuáles son nuestros horizontes en la investigación? En paralelo con la presencia del problema de la acumulación de embriones que les he señalado, para los que se venía reclamando una solución, ha surgido un nuevo fenómeno: el desarrollo
de la investigación celular, que de una forma indirecta ha acabado convergiendo con el debate del destino de los embriones crioconservados. Desde que en 1988 se produjeran los primeros descubrimientos en materia de las células troncales se está
produciendo una intensa actividad investigadora a nivel mundial para explorar el potencial que dichas células tienen de cara al tratamiento y curación de enfermedades tales como el parkinson o la diabetes o distintas afecciones cardiovasculares.
Según algunos, podríamos estar ante una nueva forma de hacer medicina, que podría transformar en algunos años el modo en que los médicos abordamos muchas patologías. En estos años se han producido avances importantes en la regeneración de células
de tipo cardiovascular, sanguíneo, pancreático o neuronal a partir de células troncales adultas, de médula ósea y de cordón umbilical. Asimismo, se están produciendo avances importantes en el campo de las células troncales
embrionarias, que están abriendo muchas expectativas para la investigación básica farmacológica y eventualmente terapéutica.
Señorías, les voy a dar algunos datos. En la convocatoria de redes temáticas para 2003 se han aprobado en España dos redes de centros y tres redes de grupos relacionados con la investigación en células madre. En este momento están
trabajando profesionales del ámbito de la investigación básica y de la investigación clínica en la Facultad de Medicina de Valladolid, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en la Comunidad de Madrid, donde participan profesionales de toda España
con proyectos tan relevantes como, por ejemplo, la influencia del fluido cerebroespinal embrionario en el comportamiento de las células del sistema nervioso central, o como, por ejemplo, la sangre del cordón umbilical como fuente alogénica de
células madre o -cómo no decirlo- ese importante proyecto sobre la insulina prepancreática y extrapancreática, la regulación del promotor embrionario y las funciones de las células madre. Señorías, en este momento en nuestro país hay grupos que
están investigando ya con una dotación económica en las redes temáticas de investigación cooperativa en el ámbito de las células troncales adultas.
Después de un primer momento y para abordar todas estas cuestiones que les he señalado, el Gobierno hizo un llamamiento a la prudencia y al análisis riguroso de la realidad científica y de las implicaciones éticas, recordando que no era
momento para hacer política con minúsculas, hacer política con la salud de los ciudadanos, ni crear falsas expectativas sobre unas líneas de investigación que eran incipientes. Nuestra actitud ha sido la de consultar a los expertos para conocer
cuál era el estado de la ciencia y las implicaciones sanitarias y éticas de las distintas alternativas. Hemos valorado el estado de situación de los distintos países del mundo. Hemos visto la legislación. Hemos visto los problemas que tienen
todos y cada uno de ellos. Nos hemos reunido con sociedades científicas nacionales e internacionales y con equipos de otros ministerios de otros países. Y surgió la necesidad de que el Ministerio de Ciencia y Tecnología también encargara un
informe al Comité asesor de ética de ciencia y tecnología, y de que se llevaran y analizaran o se actualizaran los dos importantes informes de la Comisión nacional de reproducción humana asistida; comisión que, por cierto, se creó 11 años después
de ser aprobada la Ley de reproducción humana asistida.
Los expertos de la Comisión nacional de reproducción, junto a quienes han trabajado en el Comité de ética de ciencia y tecnología han recomendado el modo de abordar el destino de los embriones crioconservados que fundamentan el proyecto de
ley que hoy estamos defendiendo. En concreto, en los informes de ambas comisiones se recomendaba de forma expresa lo siguiente: Primero, modificar la legislación actual con el fin de reducir al máximo el número de embriones supernumerarios
mediante la firma de un formulario de responsabilidad antes de iniciar el tratamiento. Segundo, condicionar el inicio de un nuevo ciclo a la existencia de embriones crioconservados de la pareja en otro centro. Tercero, posibilitar su donación con
fines reproductivos. Cuarto, permitir la investigación bajo unas estrictas normas de control en los casos en los que no se produjera la transferencia del embrión y como alternativa a su descongelación, destinando las células obtenidas al desarrollo
de líneas celulares con fines potencialmente terapéuticos, con el objeto de intentar avanzar en la resolución de importantes problemas de salud. En último lugar, solicitar el consentimiento informado de los progenitores y evitar el carácter
lucrativo de los proyectos y centrar su objetivo en la reducción del sufrimiento humano. Todas estas recomendaciones las recoge el proyecto de ley.
Por el contrario, si se me permite, la alternativa que hoy debatimos no incluye el compromiso de responsabilidad sobre los embriones generados ni condiciona el inicio de un nuevo ciclo a la existencia de embriones crioconservados de la misma
mujer ni tampoco propone la investigación como alternativa a la destrucción para los actualmente congelados. En este sentido, el proyecto de ley establece que serán las parejas progenitoras las que, mediante consentimiento informado, determinarán
el destino de los embriones supernumerarios que hayan sido crioconservados hasta la fecha de entrada en vigor de la reforma, pudiendo elegir entre mantener el estado de crioconservación hasta que le sean transferidos, donarlos con fines
reproductivos a otras parejas, permitir que el material biológico obtenido tras la descongelación pueda ser utilizado con fines de investigación u optar por su descongelación sin otro fin. En aquellos embriones que no vayan a ser transferidos o
donados a otras parejas y cuya única alternativa sea su descongelación, se permite la opción de utilizar sus células para la investigación. El proyecto de ley es en este punto, como en toda la reforma, respetuoso con el embrión, no permitiendo su
manipulación, abre la posibilidad de utilizar el material biológico obtenido en el momento de la descongelación. El contenido ético de esta alternativa se basa, a juicio de los expertos, en el paralelismo que existe entre la situación del embrión
congelado que no puede ser transferido ni donado y la del enfermo irreversible que depende de unos medios extraordinarios para seguir viviendo. La descongelación del embrión se plantea como una situación similar a retirar dichos medios
extraordinarios y la obtención de células como la extracción de órganos para trasplantes. Sólo se permite el uso de las células de los embriones actualmente conservados, lo que no se permite es que se puedan generar embriones ad hoc para la
investigación, como dice y recoge el Convenio de Oviedo. Además se ponen los medios posibles para que no vuelvan a acumularse embriones en el futuro. La propuesta del Gobierno, señorías, quiere dejar margen para la
investigación, salvaguardando el respeto que nuestro ordenamiento jurídico otorga al embrión, que el Tribunal Constitucional considera como un bien singular digno de protección.
Otro aspecto importante de la reforma es la prohibición de comercializar el material celular que pudiera obtenerse, que será tratado según los mismos principios que rigen el uso de células y tejidos de origen humano destinados a trasplantes.
Quiero recordarles en relación con este punto dos hechos: el primero, que la mayoría de las líneas celulares de origen embrionario que existen actualmente en el mundo son objeto de patentes comerciales y restringen considerablemente el uso que
pueden recibir por los investigadores, y el segundo, que el propio Convenio de Oviedo dice lo siguiente: ni el cuerpo humano ni sus partes pueden ser objeto de lucro comercial. Por coherencia con este principio, para mantener el acceso universal a
los beneficios terapéuticos que pudieran obtenerse de las líneas celulares y en contraposición con el texto que hoy debatimos, se mantiene la prohibición ya existente en la Ley 35/1988 a la comercialización, importación y exportación de embriones
humanos y de sus células.
Para asegurar el cumplimiento de las condiciones del proyecto de ley para la investigación a la que me he referido, se crea un centro nacional de trasplantes y medicina regenerativa que se encargará de aplicar el proceso de descongelación de
los embriones cuyas células vayan a ser objeto de investigación; un centro que, con el nuevo marco para la investigación biomédica que ha diseñado la Ley de cohesión, trabajará al servicio de los centros de investigación que haya en todo el país y
buscando aunar esfuerzos, no dividirlos, a favor de los investigadores y de la investigación en España. Además, este nuevo centro se va a beneficiar de la experiencia tan positiva de la Organización Nacional de Trasplantes, que ha demostrado a lo
largo de estos años lo que se puede llegar a hacer coordinando esfuerzos. En el nuevo centro se llevará un registro de centros de investigación autorizados, se creará un banco nacional de líneas celulares y una comisión de seguimiento y control de
donación y utilización de células y tejidos. El centro se encargará también de asignar y controlar las líneas celulares que pudieran obtenerse para la investigación, así como de potenciar la investigación con células troncales adultas, de médula
ósea y de cordón umbilical, que actualmente presentan, señorías, un perfil terapéutico muy interesante.
En este sentido, como hasta ahora hemos hecho, el Gobierno seguirá aplicando las recomendaciones del Comité de ética de ciencia y tecnología y
de la Comisión nacional de reproducción asistida. Según el informe del Comité de ética de ciencia y tecnología, las investigaciones con células troncales animales deben ser priorizadas cuando sus resultados sean directamente extrapolables a los que
se puedan obtener con células humanas. Asimismo 'considerando el gran potencial de las células troncales adultas humanas, el comité recomienda que se intensifique también la investigación en estos tipos celulares' y manifiesta también que la
investigación con células troncales embrionarias pueden generar resultados potencialmente aplicables a la prevención o al tratamiento de enfermedades graves, que es lo también queremos potenciar. Tengo aquí que felicitar a los grupos de expertos
que han trabajado en estos informes tan complejos y tan claros que están sirviendo a muchos países europeos para reflexionar y abordar reformas legislativas en todos ellos.
¿Cuáles son otras recomendaciones de los comités que se han tenido en cuenta? Quiero subrayar que con este proyecto se da cumplimiento también a aumentar el plazo de la crioconservación del semen hasta el momento que sea indicado por el
donante, a ajustar la situación de la crioconservación de óvulos a los últimos avances de la técnica, en línea con el Real Decreto 120/2003, de 31 de enero, que aprobó el Gobierno, y se introduce la necesidad de que los centros de FIV cuenten con un
seguro o instrumento equivalente para proteger a los embriones crioconservados hasta que sean transferidos. Nosotros hemos preferido seguir la recomendación de los científicos reunidos en la Comisión de reproducción humana asistida y realizar
experiencias controladas sobre la congelación de ovocitos. Por el bien de los niños y por el bien de las madres, hasta que no esté garantizada la seguridad de las técnicas es preferible realizar experiencias controladas. El texto alternativo que
se presenta es 'autorizar la congelación de óvulos con fines de reproducción asistida' sin ningún tipo de garantías.
Termino ya, señorías, señora presidenta. Cuando el Gobierno abordó esta reforma se encontraba con un problema y un reto. El problema de un número muy elevado de partos múltiples asociados a decenas de miles de embriones congelados, y el
reto de los nuevos horizontes que se abren a la medicina regenerativa. El Gobierno ha querido tratar ambas cuestiones como se merecen, con profundidad y con seriedad. No se trata de aprovechar la existencia de embriones congelados para llevar
adelante nuevas líneas de investigación. Se trata de mucho más. Se trata de eso y también de ir a las causas y a las implicaciones últimas de estas cuestiones. Se trata de mejorar las técnicas de reproducción humana asistida porque la prevalencia
de embarazos múltiples, como les he dicho, y la existencia de ese número de embriones congelados nos están diciendo que hay un amplio campo para mejorar. Y se trata de hacerlo como lo están haciendo los países serios, estableciendo protocolos
elaborados con los mejores profesionales para dar garantías a los ciudadanos y que las parejas tengan asegurado el éxito de tener niños sanos. Tampoco la investigación se puede despachar, como se había venido haciendo hasta ahora, diciendo
simplemente que se autorizan los proyectos que se realizan. Se trata de analizar el problema en toda su extensión, de mantener el
respeto que nuestro ordenamiento jurídico le otorga al embrión, de fijar las condiciones estrictas en que esta investigación se puede llevar a cabo, de crear las herramientas jurídicas que lo hacen posible y de aprovechar lo mejor de nuestro
Sistema Nacional de Salud para que esta apuesta tenga resultados.
Señora presidenta, señorías, esta es la reforma que presenta el Gobierno.
Es una solución rigurosa, responsable, respetuosa, ética y equilibrada.
Es una solución rigurosa porque parte de las recomendaciones de los expertos y del análisis
profundo de la realidad científica y jurídica nacional e internacional. Es una solución responsable porque reduce las gestaciones múltiples y evita la acumulación indiscriminada de embriones congelados, poniendo los medios para que con la
colaboración de los médicos y los usuarios de las técnicas de reproducción asistida el problema no se vuelva a repetir. Es una solución respetuosa porque da a la pareja la última palabra sobre el destino de los embriones que se encuentran
actualmente congelados. Es una solución ética porque no permite la manipulación de embriones e imposibilita el lucro en la utilización de las líneas celulares. También lo es porque se fundamenta sobre unos principios sólidos, como son que sólo se
puede aceptar la generación de embriones humanos con fines reproductivos, según señala el Convenio de Oviedo, la propia Ley 35/1988 y el Código Penal, que el embrión humano no es una cosa sino una realidad con un valor singular que le hace merecedor
de protección, como dice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y que ni el cuerpo humano ni sus partes pueden ser objeto de lucro comercial, como dice el Convenio del Consejo de Europa de Oviedo sobre derechos humanos y biotecnología del
consejo. Y es una solución equilibrada porque ha sido construida desde la búsqueda del consenso entre las diferentes posturas existentes ante cuestiones tan trascendentes como el respeto a la vida, el deseo de la fertilidad de las parejas y el
respeto a la libertad de investigación en favor siempre de la salud humana. Por estos motivos me gustaría que esta ley llegase al final de su tramitación con la búsqueda de ese equilibrio, de esa seriedad, de ese respeto que se merecen sobre todo
los ciudadanos. Por estos motivos quiero decirles, señorías, que espero contar con su colaboración para impulsar este proyecto porque, no lo duden, ha sido redactado trabajando y pensando únicamente en el bien general de los ciudadanos. Espero que
lo hayamos conseguido. (Aplausos.)
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
Para la defensa de la enmienda a la totalidad con texto alternativo, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Gracias, señora presidenta.
Subo a esta tribuna para defender la enmienda a la totalidad con texto alternativo sobre la modificación de la Ley de reproducción asistida que presenta el Grupo Socialista. En primer lugar, quiero decir a la ministra que nos alegra que
haya tenido tanta atención sobre el texto alternativo -una parte de su intervención ha ido dirigida a él-, nos alegra que despierte ese interés en el Gobierno lo que planteamos los socialistas.
Me parece estupendo. Dicho esto, usted hace unas
preguntas. Habla usted de responsabilidad y de consenso. Respecto al consenso, usted no se ha sentado con nosotros ni tampoco su grupo -en términos políticos-, sentado de verdad, es decir, con papeles para plantear la posibilidad de acercar
posiciones. A ver si es posible que a lo largo de esta tramitación podamos llegar a un consenso o al menos acercar posiciones.
La enmienda a la totalidad la presentamos por varios motivos. Podemos decir que llega con retraso. Hace tres años, tres, la Comisión nacional de reproducción humana asistida en su segundo informe ya pedía la investigación con una serie de
condiciones con estas células troncales embrionarias, provenientes de embriones sobrantes de la fecundación in vitro. Es una ley que tiene imprecisiones, errores, como todas, y que es insuficiente, pero estos no son los motivos fundamentales por
los que hemos presentado una enmienda a la totalidad. Todo ello puede ser subsanable -espero- en la tramitación, pero hay algunos aspectos que hacen que esta ley no sea un cauce para las investigaciones o para la medicina reproductiva, sino que a
veces se convierta en un dicho.
A lo largo de esta legislatura nosotros hemos mantenido una posición en mi opinión moderada pero firme. Moderada en el sentido de que hemos intentado acotar cómo podíamos extraer esas células madre embrionarias; hemos dejado aparcado un
debate al que no renunciamos, que es el de la transferencia nuclear, y nos hemos centrado en los embriones sobrantes de la fecundación in vitro. Hemos actuado con moderación pero firmemente.
Hemos tenido muchas iniciativas, más de una treintena.
Hemos traído aquí proposiciones de ley que en el fondo caminaban en la misma dirección que una parte de lo que la ministra ha reflejado ahí. Nos comprometemos a mantener esta moderación y esta firmeza en el trámite parlamentario que siga a esta
enmienda a la totalidad, pero sinceramente también queremos decirle que la vemos con poco espacio. Yo comprendo que usted puede tener sus dificultades. Evidentemente usted está en un equilibrio inestable e intenta justificarlo todo con
equilibrios. Espero que ese equilibrio inestable se convierta en estable, aquí está la mano del Grupo Socialista para avanzar, si somos capaces de ponernos de acuerdo en algunos aspectos, y conseguir algo que beneficie a la sociedad. Tiene nuestro
compromiso si de verdad hay un diálogo democrático poniendo las cartas encima de la mesa.
En cuanto a la investigación, ¿qué nos separa de lo que hay en el proyecto? Lo que podíamos denominar una discriminación injustificable. El proyecto de ley permite la investigación con células troncales embrionarias de embriones sobrantes
actuales antes de la ley, pero no la permite con aquellos preembriones después de aplicar la ley. Además, una cosa es que estemos todos de acuerdo en que hay que reducir el número de preembriones, nosotros lo estamos, pero ¿me puede explicar cuál
es la razón para que con unos preembriones ya existentes se pueda investigar y con los de después no? ¿No cree que es absolutamente ilógico? ¿No cree que es un doble rasero ético y moral con respecto a esos preembriones? No es de sentido común.
Realmente es una ley de punto final de investigación con preembriones sobrantes. No parece que sea lógico que los que existen ya puedan usarse para investigación en determinadas condiciones y no aquellos que van a crearse, porque va a seguir
habiendo un stock por mucho que queramos disminuirlo, serán menos pero lo va a haber, y lo recoge el proyecto de ley. Además, llegamos a una situación más absurda cuando usted obliga -entre comillas- a que los nuevos se cedan para reproducción.
Usted sabe que no va a poder obligar a los progenitores -que tienen esa libertad- a que donen esos preembriones sobrantes. Hay parejas o mujeres que no quieren que los preembriones formados a partir de sus gametos puedan dar lugar al nacimiento de
un nuevo ser en el seno de otra pareja. ¿Qué hacemos con esos embriones que no son cedidos, que no son donados para reproducción? Los dejamos en un limbo jurídico.
Ustedes no permiten que se investigue con ellos. Si no los quieren ceder para
reproducción y tampoco se presenta en el proyecto de ley la alternativa de, llamémosle así, la descongelación, ¿qué hacemos con ellos? Con el paso del tiempo, volveremos a tener el mismo problema que tenemos ahora con mayor o menor número de
preembriones. Me parece tan ilógico, de tan poco sentido común, que merece la pena que lo tratemos y que lo hagamos con absoluto rigor. Yo no encuentro ninguna justificación a esto. No hay embriones de primera y de segunda, embriones viejos y
embriones nuevos. Tratémosles igual y, si pensamos que la investigación es buena para la sociedad y la permitimos, permitamos también esa investigación con los nuevos preembriones que se crean, aunque coincidamos en que hay que disminuir ese número
de preembriones.
La segunda cuestión importante tiene que ver con la medicina reproductiva.
Usted decía que el portavoz socialista de la Comisión de Ciencia y Tecnología -refiriéndose a mi persona- había dicho que este proyecto de ley era un paso adelante.
Lo dije y lo digo, pero pasó una cosa, que usted tuvo una tremenda habilidad mediática y presentó en el frontispicio de su intervención en la rueda de prensa un titular que es magnífico: En España se va a permitir investigar con células madre
embrionarias. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo si mi grupo está peleando por eso toda esta legislatura? Pero usted no dijo la otra parte. Dijo: Sí, vamos a poder investigar con esto, pero no dijo las limitaciones ni dijo lo que a nuestro modo de
ver ocurre con la redacción del proyecto de ley: que la medicina reproductiva en nuestro país retrocede. Es decir, usted avanza por un lado, da un paso adelante, pero da dos pasos atrás por otro. ¿Por qué digo esto? Porque usted hablaba de tres
preembriones a transferir y, posteriormente, en el artículo 4.3 dice que sólo permitirá fecundar tres ovocitos. Todo el mundo sabe que la fecundación de tres ovocitos no lleva a la consecución de tres preembriones. Si se permiten tres
preembriones, ¿por qué vamos a limitar el número de ovocitos si resulta que las recomendaciones de la Comisión nacional de reproducción humana asistida dicen que no es beneficioso cifrar en números? ¿Qué decimos nosotros? Nosotros decimos que hay
que favorecer a la pareja o a la mujer sola con la obtención del mayor éxito posible en la consecución de su proyecto reproductivo, y añadimos -figura así y creo que usted no lo ha dicho-: procurando la disminución de las gestaciones múltiples.
Claro que asumimos también este aspecto, pero creemos que tenemos que tener en cuenta el proyecto reproductivo, la situación clínica de la pareja, la opinión médica y las condiciones científicas. Y yo le hago una pregunta: ¿quién puede garantizar
que fecundando tres ovocitos se van a conseguir tres preembriones viables adecuados para transferencia? ¿Lo puede hacer usted? No, no lo puede asegurar nadie y la estadística muestra que no es así. Ya no es que lo diga el Grupo Parlamentario
Socialista; hay montones de sociedades de fertilidad, sociedades de obstetricia y ginecología, de andrología, ASEBIR, etcétera, que lo están planteando. Usted misma parece que ha creado una subcomisión, dentro de la Comisión de reproducción humana
asistida, para intentar arreglar este asunto que genera un problema de difícil acuerdo y consenso entre nosotros. No se puede limitar a tres el número de ovocitos. Hay que obtener el mayor éxito posible en la consecución del proyecto reproductivo,
en función de la situación clínica, de las opiniones de los médicos y de las consideraciones científicas. Por tanto, repito que no se debe limitar de esa manera porque tiene efectos negativos y la principal perjudicada es la mujer, la pareja en su
conjunto pero sobre todo la mujer. En el caso de que no se obtenga éxito en un primer proceso, habrá que volver a la estimulación ovárica, a obtener más ovocitos. Eso genera no sólo sufrimiento sino riesgo y además encarece el proyecto. Confiemos
en los médicos, en los que ustedes desconfían. ¿Por qué no lo dejamos a criterio médico? En lo que yo entiendo, que es relativo, en lo que a medicina reproductiva se refiere creo que hay que hacer un tratamiento a la
medida de cada caso. Cada caso tiene que tener un tratamiento específico, y de alguna manera usted lo decía en su intervención. No es razonable ni riguroso fijar límites tan estrictos como los que fija el proyecto de ley. Este es un
segundo aspecto que nos separa de ustedes y que justifica la enmienda a la totalidad.
Así, en primer lugar, investigación sí, pero con todos los preembriones sobrantes. En segundo lugar, vamos a trabajar en el camino que se ha dicho, pero no perjudiquemos el proyecto reproductivo; tengamos más en cuenta la opinión médica, y
avancemos en una dirección que no haga retroceder la medicina reproductiva en nuestro país; medicina reproductiva en la que hemos sido pioneros. Aquí me permito cinco segundos para recordar a nuestro compañero Marcelo Palacios, que fue uno de los
padres de la Ley de 1988, que ha sido muy beneficiosa. Claro que hay que mejorarla, que hay que cambiarla, pero hagámoslo en la dirección adecuada. Hay un paso adelante en investigación -indeciso, vacilante-, y un paso atrás en medicina
reproductiva. Nosotros queremos alcanzar el equilibrio, y hacerlo con rigor.
Tercer aspecto: no entiendo que se olvide usted de las comunidades autónomas en el proyecto de ley; no lo entiendo. Las comunidades autónomas existen, y hay algunas que no sólo han manifestado su deseo de llevar a cabo estas
investigaciones sino que, en el uso de sus competencias, también las están regulando. Estamos de acuerdo -y lo hemos propuesto- en que haya un marco nacional, una ley que modifique la anterior; en lo que no estamos de acuerdo es en que las
comunidades autónomas no puedan ejercer sus competencias. Usted ha dicho algunas cosas. Claro que estamos de acuerdo en trabajar en red y en que hay que unificar, coordinar, etcétera, pero no quiero deducir de sus palabras -y si no dígalo aquí-
que se está planteando presentar un recurso ante en Tribunal Constitucional contra el proyecto de ley que se está debatiendo en el Parlamento de Andalucía a favor de la investigación con células madre embrionarias, permitido por las competencias de
Andalucía y en desarrollo de las mismas. No creo que quiera usted decir eso. Una cosa es que usted no trate este tema en su proyecto de ley -aunque me parece un error- y otra distinta que de sus palabras -las leeré con detenimiento- pueda
deducirse eso. Si es así, dígalo ya. Esta ley es buena si la mejoramos entre todos, pero no puede retrasar lo que otras comunidades autónomas, con competencias en sanidad, en fomento de la investigación o en inspección de centros de fecundación in
vitro están llevando a cabo.
No la podemos retrasar, no podemos inmiscuirnos en ello. El conjunto de la ley rezuma que de acuerdo con la coordinación, pero hay aspectos que pueden mejorarse con la participación de las comunidades autónomas, que
existen y están ahí. Nos parece bien que exista un centro nacional coordinador, pero también puede haber otros centros en las comunidades autónomas; y puede haber bancos de células en otras comunidades autónomas, en coordinación con el centro
nacional. Sin embargo aquí hay un desprecio importante.
Hay otros aspectos que añadimos al proyecto de ley y que quería comentarle aunque tengo un tiempo limitado. Añadimos una disposición para garantizar la universalidad y gratuidad de las prestaciones de reproducción asistida. Usted sabe que
en el sector público existen listas de espera para este servicio. Creemos que hay que ampliar la cartera de servicios basándonos en el desarrollo de la Ley de cohesión y calidad que aprobamos este año. Lo ha dicho usted aquí pero no figura en la
ley. Lo van a poner, pues pónganlo, porque será otro punto de acuerdo, y si podemos llegar a un acuerdo en ese punto será positivo. Ahora bien, usted lo dice pero no lo pone. Otro aspecto es el que tiene que ver con el Centro nacional de
investigación. No creemos que sea razonable sumar la Organización nacional de transplantes, que funciona razonablemente bien.
¿Por qué sumamos eso y sumamos al Centro nacional de investigación en medicina regenerativa? Les traiciona el
subconsciente. Si se lee el último párrafo de la exposición de motivos se está refiriendo a su idea inicial. No se han acordado de quitarlo. Se está refiriendo a un centro nacional de esas características, no ha puesto 'trasplantes'. A quien le
haya ayudado a hacerlo se le ha olvidado. Es más razonable. Lo que hace es intentar solucionar problemas de equilibrios internos que entiendo, pero sinceramente creo que no son positivos. Habla usted de sangre de cordón umbilical. ¿Por qué no
hay una disposición específica como la que planteamos nosotros con el banco de sangre de cordón umbilical? ¿Por qué no se tiene en cuenta la necesaria cooperación institucional entre administraciones y centros? No queda claro en el proyecto de ley
si los centros que tengan una calidad acreditada y con todo el control y evaluación del centro nacional van a poder realizar esas investigaciones.
Es necesario aclararlo. Otro aspecto es la importación y exportación de líneas celulares. ¿Sabe
usted que España votó en el mes de septiembre del año pasado a favor de la importación y exportación de líneas celulares en el Consejo Europeo? ¿Sabe usted que el Programa marco europeo financia estos proyectos de investigación, que están
permitidos, y lo ha reconocido aquí el señor Piqué cuando era ministro de Ciencia y Tecnología? Nosotros decimos que se permita porque vamos a favorecer a nuestros investigadores, está permitido y financiado por el Programa marco europeo y hemos
votado que sí en septiembre del año 2002 en el Consejo Europeo. Por tanto existen contradicciones, algún desconocimiento y una tarea difícil para poder avanzar. Habla usted de conservación de semen, por ejemplo, y se refiere a los donantes. ¿Y
los pacientes? Dice: No, que se conserve al menos durante la vida de los donantes. ¿Cómo hacemos el seguimiento de esos donantes y cuándo sabemos que han fallecido? ¿Qué
interés tiene conservar el semen de un donante? Hablemos de los pacientes.
En esto es mucho más ajustada nuestra redacción.
Señora ministra, son muchos los errores que tiene este proyecto de ley, pero es muy importante que no demos un paso adelante exclusivamente en investigación -que es un paso indeciso y vacilante-, no demos pasos atrás en medicina
reproductiva, tengamos en cuenta a las comunidades autónomas y sobre todo seamos más rigurosos. El convenio de Asturias permite la utilización de embriones para fines terapéuticos. Usted solamente cita la investigación. Discutamos de las cifras
reales, de los porcentajes, de los partos múltiples. Y si comparamos España, Alemania y Francia verá usted que no tiene toda la razón en lo que dice.
Señora ministra, le vuelvo a decir -ya para ir terminando mi intervención- que no he querido hacer referencia a lo que han sido estos tres años en los que, repito, hemos querido actuar con moderación y con firmeza. No voy a referirme a las
descalificaciones que hemos sufrido por parte del grupo que apoya al Gobierno. Se nos llamó progres de boquilla, se nos dijo que pasábamos al lado oscuro, se nos llamó irresponsables, incluso en una última intervención miserables. Yo paso página,
no tiene importancia, quiero mirar hacia el futuro y por eso no quiero que usted, señora ministra, dé un paso adelante y uno o dos hacia atrás. Pongamos sobre la mesa aquellos aspectos en los que podamos llegar a acuerdos. No tenemos una posición
marcada a priori, no tenemos más que el deseo de trabajar con respeto, que se intente consensuar -que es la esencia de la democracia- con nosotros, que se permita la presencia aquí de representantes, de expertos, que tampoco se ha permitido. La
vamos a tratar a usted con suma delicadeza porque sabemos que su posición -y lo digo de buena fe- es difícil y sabemos que hay que hacer leyes que la sociedad pueda digerir, pero no podemos hacer leyes que no sean -no quiero utilizar la palabra, voy
a bajar el tono- suficientemente avanzadas para lo que la sociedad necesita, y no podemos engañar a los ciudadanos ni a nosotros mismos. Si queremos que haya investigación, y nosotros sí la queremos, con células troncales embrionarias, digamos
claramente sí, sin utilizar trampas de con estos embriones sí y con estos no. Si queremos que la medicina reproductiva siga adelante en nuestro país como hasta ahora, mejorando con la distribución de preembriones, difundiendo esas tasas de
gestación múltiple, hagámoslo entre todos, pero no perjudiquemos a los pacientes, a los usuarios, no encarezcamos el modelo y hagamos una reflexión colectiva global. Si creemos en las comunidades autónomas, tengámoslas en cuenta, no las dejemos
fuera de todo esto porque algunas han trabajado y lo han hecho bien. Por eso -y ahora sí que termino- esa suma delicadeza en nuestro trato para que su posición no se fragilice, para que ese difícil equilibrio se convierta en una posición sólida y
no enmascaremos más las cosas. Yo terminé una intervención en esta Cámara diciendo que en el fondo este era un debate entre optimistas y pesimistas, y me declaraba optimista porque creía que de alguna manera teníamos la fuerza de las razones. Hoy
estoy satisfecho en el sentido de que seguimos defendiendo unas posiciones y hemos visto cómo algunos que no estaban en ellas, aunque sea de manera tibia, se han pasado a nuestras posiciones. Las posiciones no deben ser de unos ni de otros, sino de
todos. Bienvenidos al club. Pero ya que estamos todos juntos vamos a hacer las cosas con cabeza, con rigor y con sensatez. Y por favor, señora ministra, no hagamos demagogia ni digamos cosas que no son toda la verdad.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Lissavetzky.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
La Ley de reproducción asistida constituyó un importante avance jurídico pues respondía a la necesidad de actuar en las prácticas que rodeaban la reproducción asistida, por entonces una técnica incipiente y realizada en un marco legal
difuso, para adecuarlas a una serie de principios y normas aprobados después de la participación de los interesados directos y de producirse un largo y maduro debate social. Al amparo de esta normativa se han producido avances importantes, pero
también es cierto que el transcurso del tiempo o la evolución de las técnicas aplicadas de reproducción asistida han hecho surgir problemas cuya solución no estaba prevista en la ley y que aconsejan su modificación. En concreto nos referimos a la
crioconservación de embriones por un plazo máximo de cinco años. En estos momentos, esa limitación temporal normativa es un problema de importantes dimensiones, pues según el primer informe anual de la Comisión nacional de reproducción humana
asistida, elaborado en 1998, se estimaba que al menos el 15 por ciento de los embriones congelados, de un total de 25.000, superaba el plazo máximo de conservación de cinco años.
Ante esta situación, se puede llegar a la paradoja de que la realidad
desplace a la normativa, de manera que ésta no sea cumplida tajantemente al ser superada por la evolución de la realidad descrita y que en estos momentos se haya agravado aún más debido a que esa más que probable acumulación de embriones haya
aumentado de forma creciente en los últimos años. Entendemos que esta situación debe ser evitada y en gran parte este proyecto de ley responde a ello. La propia Comisión apuntaba, como una de las soluciones, la posibilidad de acometer reformas
legales como la ampliación del plazo de conservación
en relación con la vida reproductiva de la madre, así como concretar qué hacer con los embriones que finalmente alcancen los plazos máximos de conservación sin haber sido utilizados. En todo caso, el citado informe se inclina hacia la
consideración de la destrucción como última medida, y en este punto está totalmente de acuerdo el Bloque Nacionalista Galego.
Es cierto que quedan temas pendientes por resolver en esta materia o que algunas de las soluciones legales aportadas pueden ser mejoradas, pero conscientes del importante problema generado, el Bloque Nacionalista Galego no considera oportuno
presentar enmienda a la totalidad a este proyecto de ley, sin que ello signifique renunciar a presentar enmiendas parciales para que el texto final resultante sea mejorado. Entre esas enmiendas ya avanzamos que mostraremos nuestra preferencia para
que al lado de la alternativa a la utilización de los embriones para fines reproductivos a lo largo de toda la vida fértil de la mujer se sitúe, en igual posición, la utilización de los preembriones crioconservados para la investigación científica,
como avanza la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Consideramos positiva aunque tardía la iniciativa gubernamental, puesto que este problema ya se había planteado en sede parlamentaria y, sin duda, servirá como
inicio de un debate sobre la problemática del futuro de los preembriones crioconservados, descartando de antemano una de las medidas menos satisfactorias: la destrucción de los preembriones crioconservados.
Además, esperamos que el Gobierno no se
cierre al diálogo y sea receptivo con las otras alternativas presentadas por los grupos parlamentarios de la Cámara en el trámite posterior. En suma, el Bloque Nacionalista Galego resalta que lo importante es abrir la posibilidad a la hora de
abordar una situación que cada día que pasa se hace más grave y que, de no remediarla a través de una modificación legal, puede dar lugar a que se precipite la desaparición de miles de embriones congelados. El Gobierno aporta una alternativa
factible, que puede ser mejorada desde nuestro punto de vista reforzando la protección legal para la utilización de los preembriones humanos crioconservados para investigación científica, dentro de los límites del Convenio de bioética, por lo que
nos abstendremos en la enmienda de totalidad formulada al proyecto de ley.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Recordemos los debates que tuvimos aquí en los años 1987 y 1988 en aquella comisión de estudio que se creó en este Congreso de los Diputados y a la que asistieron expertos muy cualificados tanto en el mundo del derecho civil como de la
ginecología, de ramas de la biología y de la reproducción, que tuvo el efecto positivo de un gran acuerdo parlamentario para aprobar la Ley 35/1988, de técnicas de reproducción asistida. Aquel escenario fue marco adecuado para responder a una serie
de problemas, demandas y exigencias de la sociedad, tanto de las mujeres en edad reproductora como de los especialistas en la rama de la medicina correspondiente y de todas las entidades jurídicas y sociológicas que opinaron de la cuestión. Ahora
nos encontramos con que lo que entonces fue una respuesta, hoy en día ya se nos ha quedado insuficiente, pero también ha generado un efecto (la ministra lo ha citado aquí, está en muchas informaciones periodísticas y no solamente especializadas de
los últimos años) de almacenamiento, de embalsamiento de los embriones criocongelados que no han sido utilizados. La ministra ha dado hoy la cifra de 200.000 y otros hablan de la mínima de 40.000. En cualquier caso, esa horquilla entre 40.000 y
200.000 requiere una clarificación y una solución, porque si no se tomaban medidas, como creo que el proyecto del Gobierno acertada e inteligentemente toma -lo ha defendido muy bien la señora ministra de Sanidad y Consumo hoy en la Cámara-, era
llegar prácticamente a una especie de holocausto. A la creencia que tuviera cualquier persona por convicciones religiosas o no, biológicas o de otro tipo, había que darle una solución que no fuera el horno crematorio o la destrucción de entre
40.000 o 200.000, la cantidad que fuera. Eso no podía tener como solución la destrucción. Era una cuestión ética incluso para personas dentro de mi grupo que tenemos a veces diferentes maneras de interpretar los valores religiosos, personales o el
simple conocimiento; una contradicción también que no teníamos que dejar prosperar en la sociedad española con una dubitación sobre qué solución se le da. Entendemos que en este aspecto el proyecto de ley del Gobierno da tres opciones
fundamentales que son el mantenimiento de la criocongelación, donde además hay una voluntad de los dueños biológicos, la pareja o la mujer, que han hecho posible la fecundación o la conservación de lo que hayan utilizado o no -ahora se le pueda dar
una solución-, bien una donación sin ánimo de lucro para que otras parejas lo puedan utilizar, o el destino a unas aplicaciones de investigación y ciencia.
Quiero reconocer aquí a la ministra el trabajo de semántica que se ha hecho en el proyecto de ley para no herir susceptibilidades de sectores que con todos los respetos se oponían a una solución razonable, científica, acorde con las
libertades de la mujer, de la pareja, las libertades humanas, teniendo que emplear a veces un lenguaje paracientífico, digamos, pero muy adecuado, lo tengo que reconocer, desde el punto de vista de la semántica. Se viene a hablar aquí de
estructuras biológicas -en biología cabría toda una teoría de qué se entiende por una estructura biológica-, de qué son los
preembriones, de qué se interpretaría en genética y en embriología, por un embriólogo, sobre qué es un preembrión en el sentido de que la ley trata de dar solución a un problema. Pues bien, bienvenidos sean los eufemismos, bienvenida sea
cualquier paráfrasis que permita solucionar jurídica, biológica y humanamente el tema.
Mi grupo participa en gran medida también de las reflexiones que ha hecho el señor Lissavetzky como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Casi me hubiera visto tentado -lo he consultado con mis compañeros de grupo-, respetando la
benevolencia que hay aquí, a hacer una opción de aproximación, una especie de voto de abstención a este respecto; pero nosotros queremos hacer este significado, porque algunas enmiendas del Grupo de Colación Canaria van a ir en la línea que ha
señalado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Lissavetzky, y he interpretado de las palabras de la señora ministra que van a tener una recepción. En relación con los ovocitos, si solamente se van a permitir tres para la
transferencia, ¿cómo es que solamente se quedan tres atrás? Eso en un sistema terapéutico nadie lo aceptaría. Hay una regla de oro en terapéutica y en farmacología: es preferible que sobre una dosis de un medicamento curativo a que falte esa
dosis. Si la dosis falta, puede haber peligro para la vida del enfermo, pero si la dosis sobra y se queda en la caja de viales o en la jeringuilla, no pasa absolutamente nada. En este caso, por prudencia se va a autorizar la transferencia de un
máximo de tres preembriones de una mujer en cada ciclo, pero nosotros no compartimos que ese proceso de fecundación se realice solamente con tres ovocitos y por ello vamos a presentar una enmienda para que sean cinco, porque debe quedar esa reserva.
Lo ha señalado también el señor Lissavetzky. Hay una serie de expertos hoy día en ginecología que han dicho: si estoy en estas instrumentalizaciones de los preembriones y de los ovocitos, tengo que tener un mínimo de reserva por los fallos de la
tecnología que se están dando. Hablo, señora ministra, con la experiencia no solamente ya por una encomienda de mi grupo, sino por haber tenido que utilizar estas técnicas en familiares de mi primera generación de hijos.
Es decir, tengo una gran
información de centros de ginecología que están practicando esta actuación.
Nosotros vamos a apoyar el proyecto del Gobierno esperando la recepción de las enmiendas. Nuestra oposición no es tal oposición a la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, porque nos ha permitido este debate y pido al señor
Lissavetzky que así lo entienda y a los compañeros del Grupo Parlamentario Socialista que apoyan esta enmienda de totalidad muy razonablemente planteada, pero entendemos que el proyecto del Gobierno mejora sensiblemente la ley anterior. No quiero
comparar el proyecto del Gobierno con la enmienda de totalidad del Grupo Socialista; quiero enfrentar el proyecto del Gobierno con la vigente Ley 35/1988, de técnicas de reproducción asistida, y el proyecto del Gobierno la mejora sensiblemente. Ya
de por sí es un escalón y un paso y en estas leyes a veces, cuando han llegado determinadas cuestiones muy específicas, los partidos políticos hemos tenido que recurrir a la cláusula de conciencia.
Aquí tenemos un proyecto de ley que a ningún grupo
parlamentario le va a suponer cuestión de objeción de conciencia, por lo menos al mío no.
Posiblemente nos falten unos cuantos escalones mas, pero el tiempo dará soporte ideológico a la sociedad española, aparte de la tecnología, para que dentro de
unos años haya una modificación de técnicas de reproducción asistida posiblemente a los niveles en que ha situado prudentemente el listón el señor Lissavetzky; hoy muchos centros de reproducción asistida, catedráticos de ginecología y embriología
vienen hablando ya de estas posibilidades, pero solamente a unos años vista tendremos una solución de garantía plenamente técnica.
Por tanto, comparando la Ley 35/1988, de técnicas de reproducción asistida, con el proyecto que trae el Gobierno, nos quedamos plenamente con el proyecto del Gobierno. ¿Que le falten dos escalones más en el campo de la experimentación?
Pues vamos a salvar el campo de la experimentación del uso de embriones o de células embrionarias madre, que es donde está el meollo de la cuestión, hasta que este procedimiento madure. ¿Quién no recuerda los debates que tuvimos aquí en el año 1988
con los expertos que concurrieron a la Comisión? Claro que había confrontación...
La señora PRESIDENTA: Señor Mardones, por favor, acérquese más al micrófono, porque se está marchando la voz y los taquígrafos no están consiguiendo captarlo con nitidez.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias.
Pues bien, como la cuestión fundamental de discrepancia podía estar en el uso de las células madre para cualquier tratamiento, entendemos que ya hay una percha de enganche en el propio proyecto del Gobierno que nos va a permitir una tercera
opción que se da ahí de las estructuras biológicas o el nombre con que se las quiera reconocer en cualquier tratado de embriología. Se pueden llamar estructuras biológicas, si es un eufemismo bienvenido sea, y vamos a utilizarlo en este proyecto de
ley. Aquí verdaderamente la única cuestión técnica operativa que nos están reclamando es precisamente el grado de fecundación, el número máximo de ovocitos que se pueden fecundar para tener las reservas correspondientes, y por si hay fallos en los
tres ovocitos con esto se solucionará fundamentalmente para que no se produzca. No se puede pasar en este momento la cantidad de óvulos y de preembriones que están criocongelados ni mantener la cifra de 40.000 ó 200.000 y tampoco dejar que con la
nueva ley se siga otra vez renovando todo ese parque, todo ese depósito inmenso,
porque nos seguiremos encontrando con el problema de su eliminación. Desde luego mi grupo se hubiera opuesto y continúa con el criterio de que la eliminación fuera, como llamábamos nosotros en el argot, vía horno crematorio, vía destrucción
de unas estructuras biológicas que podían servir para fines reproductivos o para fines de investigación terapéutica.
Señora ministra, nosotros apoyamos el proyecto del Gobierno y esperamos su oferta con la introducción de algunas de nuestras enmiendas, que son puramente administrativas y se refieren a la competencia de las comunidades autónomas que tienen
transferencias en Sanidad, para que formen parte de esos órganos de nueva creación que usted propone, como el Centro nacional de transplantes y medicina regenerativa, que pueda prestar asesoramiento a las Consejerías de Sanidad de las comunidades
autónomas que tienen estas actuaciones en su ámbito competencial, igual que va a prestarlo al Ministerio de Sanidad y Consumo. En los hospitales y en los centros de planificación familiar que tengan las comunidades autónomas se va a realizar una
labor complementaria y de convergencia para que todos sintamos esta institución como propia del Estado, y nadie diga que es un órgano centralizado. El Estado somos todos, somos España, somos 17 comunidades autónomas, que además tienen las
transferencias de Sanidad en sus territorios y cuentan en este momento no solamente con prestigiosísimas facultades de medicina, donde los estudios de embriología están en primera línea, sino que también tienen hospitales y centros de reproducción
asistida con profesores muy preclaros, que son orgullo de la medicina ginecológica española y reproductiva en cualquier congreso internacional, para que nuestros científicos puedan asistir a cualquier congreso internacional de reproducción asistida
con la satisfacción de que tienen un apoyo y una base, que no les lleve a ninguna cláusula de conciencia sino a un principio de legalidad, y que puedan ejercer algo que está demandando la población.
Nosotros vamos a votar en contra de esta enmienda a la totalidad, respetando la misma,pero recogiendo la oferta del discurso de la señora ministra y apoyando un proyecto que es un significativo paso adelante en la situación legal que tenemos
actualmente.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), la señora Uría tiene la palabra.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señora ministra, todos convenimos en que la Ley 35/1988 se ha quedado viejita o cuando menos se ha quedado corta. Lo ha dicho usted, lo dice la exposición de motivos donde se manifiesta que desde 1988 se han producido avances
considerables en la técnica y en la práctica médica, y lo dice incluso la propia ley de 1988 que ya de antemano reconoce que normalmente los avances científicos cursan por delante del derecho.
Además, en 15 años se ha generado la acumulación de un
elevado número de preembriones humanos sobrantes, cuyo destino, pasados esos cinco años, necesita ser precisado. La Comisión nacional de reproducción asistida y también el Comité asesor de ética para la ciencia y la tecnología han pedido la
intervención del legislador con el tenor que figura en los informes; informes que han sido citados por los intervinientes que me han precedido, y que no volveré a hacer gala de cita en esta intervención. El Gobierno al presentar su proyecto (y
existen bastantes motivos para que lo presente, la ministra ha hablado de ejercicio de responsabilidad al regular, y así también lo creemos nosotros), concreta el interés de la reforma en evitar la generación y acumulación de embriones
supernumerarios y también en reducir la tasa de embarazos múltiples, modificando para ello sólo -lo que a nosotros nos parece poco- los artículos 4 y 11 de la Ley 35/1988, mas una serie de adiciones. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante
Mirón, ocupa la presidencia.)
El Grupo Parlamentario Socialista, en su enmienda a la totalidad con texto alternativo, articula una regulación a la que da unos objetivos ligeramente distintos. En principio habla de favorecer a la pareja, en concreto a la mujer, para la
obtención del mayor éxito posible en la consecución de su proyecto reproductivo. Aquí coincidimos realmente en que esto sea fijado como objetivo de la ley, tal como hace el Grupo Parlamentario Socialista, lo que también se verá cuando haga la
exposición de las enmiendas que mi formación política presente.
En segundo lugar, y en esto sí coincide con el texto del Gobierno, permitir la investigación con preembriones humanos sobrantes de fecundaciones in vitro básicamente en las condiciones referidas por la Comisión nacional de reproducción
humana asistida.
Hay un tercer aspecto al que se han referido previamente varios de los intervinientes, que es incardinar las modificaciones que la ley prevé a un Estado que se define como autonómico. Creemos que en el proyecto del Gobierno no se ha tenido
en cuenta que el Sistema Nacional de Salud, fruto de una realidad competencial en la que todas las comunidades autónomas disfrutan de las previsiones constitucionales y estatutarias, hace aconsejable establecer estrategias de cooperación y de
coordinación, y nos parece que en la ley no se establecen con la debida precisión.
El proyecto socialista modifica los artículos 4, 11, 16 y 20, más el añadido de un artículo 17 bis. ¿Qué pretende el Grupo Vasco, me dirán ustedes? Lo voy a exponer brevemente y de ahí se deducirá cuál ha de ser nuestra postura ante la
bondad en la tramitación del proyecto y la aceptación o no del texto alternativo. El Grupo Vasco quiere que el proyecto se tramite y ha
apostado por la vía de las enmiendas parciales. Para ello, nos ha parecido imprescindible tocar el artículo 3, cuando se dice que está prohibida la fecundación de óvulos humanos con cualquier fin distinta a la procreación humana, añadiendo
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11, en la manera que luego queda regulado en la ley. Aunque la finalidad primera y fundamental de las técnicas de reproducción humana es la procreación, es conveniente hacer una salvaguarda para cuando
ésta no es posible en los plazos que legalmente se establecen, que permita utilizar este material genético sobrante en la investigación y en el avance de la resolución de graves problemas de salud, cuando así además lo determinen los progenitores.
Coincidimos con la enmienda socialista cuando modificamos el artículo 4 pidiendo la supresión de los aspectos que limitan a tres el número de ovocitos que pueden ser fecundados y posteriormente implantados. Creemos que va a suponer en la
práctica una merma sustancial del éxito reproductivo, y por ende un notable encarecimiento del coste de cada embarazo. Ello es así por varias razones. La tasa de fertilización de las dos técnicas involucradas, las dos conocidas, es de 60/70 por
ciento en todos los centros del mundo; además no es posible predecir qué ovocito se va a fecundar y cuál no, y la tasa de implantación embrionaria, cuando no se seleccionan los embriones por su escaso número, es del 10 por ciento aquí y en
cualquier parte del mundo. De transferir dos embriones no seleccionados, la tasa de embarazo por ciclo caerá el 15 por ciento, que es menos de la mitad de lo que ahora tenemos. La señora ministra ha dicho que no se reducirá el número de embarazos;
nuestras consultas a la comunidad científica nos indican que sí será así.
La ley plantea además reducir el porcentaje de embarazos multifetales y sin embargo, como no se afecta a otras técnicas de reproducción como la estimulación ovárica o la inseminación, creemos que el impacto sobre los embarazos múltiples, tal
y como se prevé en el proyecto, llegará en definitiva a resultar muy moderado.
En el artículo 11 pretendemos salvar lo que para nosotros es un contrasentido de difícil explicación, y es autorizar la posibilidad de investigación con los preembriones crioconservados hasta la entrada en vigor de la ley y negar esta
posibilidad a partir de ese momento. Tan preembriones son unos como otros, por lo que no tiene justificación utilizar criterios diferentes para el mismo problema y restringir, de manera a nuestro modo arbitraria y contradictoria, las posibilidades
de la investigación que puedan brindar una solución importante respecto de determinados casos de problemas de salud. El número de preembriones disponibles para la investigación creemos que disminuiría notablemente para finalmente agotarse. En ese
momento se habrían agotado también las posibilidades de investigación en áreas importantísimas de la biomedicina, que ahora, y al parecer sólo de forma temporal, este proyecto pretende autorizar.
Pretendemos modificar también el artículo 15 de la ley, porque creemos que debe regularse dentro de él la investigación y el destino de los preembriones crioconservados. En coherencia con el planteamiento general que hacemos, que permite la
investigación con preembriones humanos supernumerarios, se hace necesario, desde nuestra perspectiva, retocar también este artículo 15.
En el 16 nos hemos esforzado en regular, en las condiciones previstas en los artículos 14 y 15, exactamente qué se autoriza hacer. Hay una enumeración exhaustiva que ustedes tendrán ocasión de ver, que no tengo tiempo ahora para enumerar,
cuando nuestras enmiendas sean objeto de publicación en el Diario Oficial de la Cámara.
A partir de aquí entran ya en juego los aspectos competenciales. La disposición adicional única creemos que introduce una grave distorsión.
Con la actual redacción que tiene nos encontraríamos con la paradoja de que un organismo autónomo
dependiente del Ministerio de Sanidad sería el encargado de gestionar la política de trasplantes de órganos, tejidos y células de origen humano, echando por tierra no sólo la organización actual de toda esta área de trasplantes en el Estado, que por
otra parte funciona correctamente y así es reconocido por todos, sino incluso los cimientos del propio Estado de las autonomías, al arrogarse el poder central una competencia de gestión sanitaria que creemos exclusiva de las comunidades autónomas.
Nos parece un exceso, que se supera ampliamente el ámbito competencial cuando se pretende que se cree un único banco nacional de líneas celulares para todo el Estado.
Hay además, señora ministra, una pequeña trampa que me permito ponerle ya de manifiesto. Cuando en la disposición final segunda se dice en virtud de qué títulos competenciales se legisla, se hace sólo a medias, al citar el 149.1.15.ª y el
149.1.16.ª de la Constitución, y cuando se dice que se tiene competencia exclusiva en fomento y coordinación de la investigación científica y técnica y en materia de bases de la sanidad, se omite decir que ese fomento y esa coordinación son
generales. La dicción que se emplea en el texto con la eliminación de la palabra generales podría llevar al absurdo de pensar que el fomento de la investigación, que debe ser un objeto prioritario de todas las administraciones en sus respectivos
ámbitos, es sólo competencia del poder central. Si se citan los preceptos constitucionales deben citarse en su integridad, y al Estado le incumbe el fomento y la coordinación general, el resto, de ahí hacia abajo, es distribuible entre las
administraciones, y todas ellas tienen obligación de hacer investigación.
Entonces, ¿dónde se sitúa el Grupo Vasco? Podría pensarse que nuestra postura en algunas materias es parecida a la que sostiene la enmienda socialista, si bien no entramos en la comercialización, ni tampoco
aludimos a la cartera de prestaciones, pero nuestra óptica política ha sido distinta: apostamos por el principio de conservación del proyecto y por la redacción de enmiendas parciales. No queremos devolver el proyecto al Gobierno, queremos
que se tramite cuanto antes, pero siendo esta una posición en parte coincidente con la del Grupo Socialista, tampoco podemos decir no a su enmienda a la totalidad. Apostamos por tanto por la abstención respecto de la enmienda, y también, señora
ministra, por una negociación en la Cámara, que pueda resultar lo más fructífera posible en la forma que su ministerio nos tiene acostumbrados.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Uría.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, mi grupo parlamentario se felicitó cuando la señora ministra hizo pública la presentación de este proyecto de ley en el mes de agosto ante esta Cámara. Nos felicitamos porque por fin habíamos conseguido que el Gobierno del Partido
Popular entrara en razón y presentara un texto en la Cámara que permitiera avanzar en la investigación con células madre embrionarias. En esta Cámara se habían producido debates insistentes sobre este tema, y si alguno de los textos presentados,
tanto por el Grupo Parlamentario Socialista como por mi grupo se hubieran tomado en consideración, hubiéramos podido tener un debate sereno, sosegado y con la participación de expertos, y hubiera permitido no sólo tener en cuenta su forma de pensar
o su forma de sentir, por lo que el texto hubiera sido mucho más consensuado de lo que nos tememos pueda ser el texto que ha presentado hoy el Gobierno, a pesar de la voluntad que la ministra ha expresado desde esta tribuna al presentar el proyecto
de ley. Los textos que habíamos presentado los distintos grupos parlamentarios eran tan responsables y tan éticos como puede ser el texto que ha presentado el Gobierno; todos los textos tenían y tienen posibilidades de mejora, los presentemos
quienes los presentemos, señora ministra, y desde luego el texto que ha presentado el Gobierno, desde el punto de vista de mi grupo parlamentario también las tiene. Esas mejoras que se puedan introducir o no -eso va a depender de la voluntad de
negociación- van a tener que ver con lo que propia Comisión nacional de reproducción asistida ha remitido y que el Gobierno ha hecho junto con el texto que se ha presentado hoy en esta Cámara. Podemos seguir insistiendo todos y cada uno de los
portavoces en los pros y contras de lo que se ha presentado aquí hoy, pero la Comisión nacional de reproducción asistida nos viene a decir que existe acuerdo mayoritario respecto a la posibilidad de destinar a la investigación los embriones
sobrantes actualmente crioconservados. Además se ha señalado que sería deseable extender el mismo principio a los embriones crioconservados en un futuro. No es explicable, no tiene lógica, señora ministra, que ustedes pretendan cerrar la
posibilidad de investigación una vez que hayan solucionado el problema que hoy existe.
Ustedes están enfocando el proyecto de ley de una forma que mi grupo parlamentario no comparte. No se puede decir que modificamos la ley porque tenemos un
problema, por un lado la posibilidad de los partos múltiples que todos sabemos y compartimos su peligrosidad tanto para la madre como para las futuras criaturas, y al mismo tiempo ustedes están planteando la modificación para quitarse de encima el
problema que hay sobre qué hacer con tanto embriones criocongelados, no porque realmente tengan ustedes la intención o el convencimiento de que sin que generemos embriones criocongelados para la investigación podamos permitir la fecundación con
resultados óptimos para las parejas o para las mujeres que así lo pretendan, y al mismo tiempo si sobran embriones se pueda investigar con ellos. De ahí que mi grupo parlamentario piense que la actitud del Gobierno en cuanto a dividir lo que hay
antes de la entrada en vigor de la ley a lo que pueda haber después, realmente no es por un convencimiento de necesidad de la investigación, sino sencillamente como una posibilidad de eliminar el problema que hoy tenemos y que no se vaya a producir
en un futuro. Además señora ministra sabe, tan bien como lo sabemos los demás, que eso no va a ser factible; posiblemente se reduzca y sería bueno, pero no van a desaparecer. Sin embargo, ustedes sí pueden estar introduciendo un mecanismo de
retroceso a la hora de solucionar el problema que tienen las parejas o las mujeres que acuden a la fecundación in vitro. La propia Comisión nacional de reproducción asistida, con relación al artículo 4 del anteproyecto de ley que establece límites
al número de ovocitos fecundados, manifestaba su deseo de que se compatibilice el espíritu de la norma, minimizar la generación de embriones sobrantes -con eso estamos todos de acuerdo-, con el mantenimiento de la eficacia de la reproducción
asistida. Por tanto, señorías, desde mi grupo parlamentario creemos que habrá que acometer ese tipo de modificaciones.
Además, existen otros temas que a mi grupo parlamentario le han llamado la atención. Por ejemplo en el artículo 11, apartados 3 y 4, del texto que han remitido al Congreso se establece la excepcionalidad cuando se hayan generado
preembriones supernumerarios, y dicen ustedes que tendrán que ser donados con fines reproductivos como única alternativa. Ustedes introducen una modificación diciendo que cuando no sea posible localizar a los progenitores para que puedan dar su
consentimiento tanto para que sean donados con fines reproductivos o no, sencillamente vayan todos a fines reproductivos. Señora ministra, no sé -porque no voy
a calificarlo- si esto es más ético o no. Para mí como persona, aunque no fuera capaz de poder dar mi consentimiento sería muchísimo mejor no saber que hay una criatura que me pertenece biológicamente o que forma parte de mí biológicamente,
que yo no he dado mi consentimiento para que así sea, a saber que esos óvulos o esos preembriones se han donado para la investigación, porque si yo no he querido tener más criaturas tampoco tengo por qué donarlas para que las tengan otros, si yo no
quiero; y si ustedes no me localizan no pueden hacer que existan esas criaturas con mi cadena genética sin que yo lo haya consentido. No pueden ustedes hacer eso y eso es lo que están planteando en el texto cuando dice que si no se localiza a las
parejas o personas donantes sólo se pueden destinar a la reproducción. Sí, señora ministra. Le puedo indicar que está recogido en la disposición final primera, destino de los preembriones crioconservados con anterioridad a la entrada en vigor de
esta ley, página 10 del texto que ustedes nos remitieron, no en la publicación, el segundo párrafo, apartado 2 dice: 'Cuando se desconozca la pareja progenitora, o la mujer en su caso, de los preembriones crioconservados, o cuando no se haya
recibido el consentimiento informado en el período de un año, se mantendrán crioconservados durante un plazo de cuatro años más, con el fin de que puedan ser donados con fines reproductivos a otras parejas que estén en lista de espera de Fecundación
in Vitro'. Ustedes establecen una excepción, señora ministra, que no es válida, no lo es. Ustedes hablan de cuando no se produce la donación, es decir, si yo no adopto, sí los llevo a la investigación. Señora ministra, sin consentimiento no
pueden mandarlos a la reproducción. Eso es lo que tendría que fijar el texto del Gobierno, y no lo hacen.
Señora ministra, aunque es un paso adelante y no compartamos sus criterios, se ajusta mucho más a lo que hemos venido defendiendo el texto que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, y por eso lo vamos a apoyar. Sería conveniente,
antes de que acabe esta legislatura, tener aprobado un texto legislativo que permita no sólo reducir los partos múltiples sin los condicionantes que ustedes están estableciendo, sino la investigación, que fundamentalmente era por lo que se tenía que
haber traído este texto a la Cámara.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Urán.
En nombre de Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Martí.
El señor MARTÍ I GALBIS: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, señorías, iniciamos hoy, con este trámite parlamentario, el debate sobre un proyecto de ley de gran calado político -con letras mayúsculas y no con letras minúsculas, como decía antes la señora ministra- y social, que va a
modificar la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas de reproducción asistida. Sin duda, este texto legal en su momento marcó una pauta de progreso de primer orden en el ámbito de la medicina reproductiva.
Son muchas las leyes, y más en nuestros días, que después de quince años de más o menos diligencia y aplicación requieren de ciertos ajustes o retoques debido a que los avances que se producen en campos como el de la ciencia y la
investigación médica superan con creces la capacidad del derecho de regular los nuevos escenarios que dibujan esos avances, como se ha dicho repetidamente por parte de varios portavoces. El proyecto de ley que ahora debatimos es un claro ejemplo de
ello.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) expresa su satisfacción porque la presentación de este proyecto de ley va a permitir que el nuevo texto legal se apruebe en esta legislatura, aunque con cierto retraso. Algún portavoz se
ha referido antes a que hace tres años la Comisión nacional de reproducción humana asistida emitió su dictamen relacionado con la necesidad de introducir los cambios para mejorar la ley vigente del año 1988.
Nuestro grupo cree que en ningún caso debemos desaprovechar esta oportunidad ni defraudar las expectativas, las grandes esperanzas de miles de ciudadanos, no sólo de expertos sino de futuros usuarios de estas técnicas de reproducción y de
profesionales de la medicina, investigadores y de las ciencias de la salud, que esperan disponer de un instrumento legal, eficaz y adecuado a los niveles de progreso científico alcanzados en los últimos años del siglo pasado y en el comienzo de este
siglo XXI.
El proyecto de ley del Gobierno es manifiestamente mejorable, como han reiterado anteriores portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, en distintos aspectos, por lo que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ya
está trabajando desde hace tiempo en la línea de la elaboración y presentación de varias enmiendas parciales al articulado que presentaremos en tiempo y forma en los próximos días. Con ellas confiamos poder contribuir a poner al día la Ley de 1988,
al objeto de que la nueva norma sea un instrumento útil para las parejas, y en su caso a las mujeres, que recurren a las técnicas de reproducción asistida, así como eficaz desde el punto de vista científico, técnico y procedimental para los
profesionales, especialistas, investigadores, de este ámbito de las ciencias de la vida.
La opción elegida, es decir, la presentación de enmiendas al articulado, no nos permitirá dar apoyo a la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, aunque, desde el absoluto respeto, no debe ser obstáculo para
nuestro grupo parlamentario, como antes ha manifestado algún portavoz, para intentar llegar a los máximos consensos posibles que
permite la actual coyuntura política. Entendemos que debería ser así. Mi grupo parlamentario está esperanzado en que ello sea así, a no ser que este diputado peque de ingenuidad. Celebraríamos que fuera así, teniendo en cuenta el buen
tono de la ministra en su intervención de hoy al presentar el proyecto de ley del Gobierno ante la enmienda a la totalidad. Igualmente, celebramos el bueno tono que han tenido las intervenciones de todos y cada uno de los portavoces que me han
precedido en el uso de la palabra, desde la discrepancia lícita que algunos estamos teniendo en relación con la enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Socialista.
Evidentemente, no estamos ante una ley cualquiera. Las cuestiones y las realidades objeto de regulación por esta reforma parcial de la Ley de 1988 trascienden el ámbito material propio de la mayor parte de las normas y discusiones legales
que aprobamos en esta Cámara. Conscientes de las repercusiones que este tipo de leyes tienen en muchos ámbitos, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) considera muy importante no perder de vista los análisis, las recomendaciones y las
conclusiones de los especialistas y profesionales involucrados en estas disciplinas y de los organismos, como las comisiones y comités éticos y asesores en reproducción humana asistida. Frente a ello debemos hacer un gran esfuerzo para dar
respuestas concretas a los nuevos retos que nos ofrece la ciencia y el conocimiento con el objetivo de dar alivio a los problemas reproductivos de miles de personas, de mejorar la calidad de vida de la población y de dar esperanzas y soluciones a
las personas afectadas por enfermedades hoy en día incurables, pero que pueden dejar de serlo en el futuro, así como a los familiares.
En cualquier caso, el Grupo Parlamentario Catalán considera imprescindible e inaplazable la aprobación de una nueva ley que llene los vacíos, zanje determinadas incógnitas y supere las limitaciones y las inseguridades jurídicas que se
desprenden del actual marco jurídico de aplicación. En ese sentido, creemos que el proyecto de ley presentado por el Gobierno implica un discreto avance respecto a la situación actual, aunque mi grupo parlamentario no comparte algunas de las
soluciones y de las alternativas que se proponen en el texto del proyecto de ley, ni algunas de las restricciones que se establecen en lo relativo a las técnicas de reproducción asistida. Tampoco puede estar de acuerdo de ningún modo y de manera
bastante radical con los planteamientos competenciales que contiene el proyecto de ley, gravemente lesivos, según criterio de este grupo parlamentario, para las atribuciones competenciales de las comunidades autónomas en materia de investigación
biomédica, que son competencias avaladas reiteradamente por jurisprudencia diversa del Tribunal Constitucional en la línea de lo que antes aludía el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista al defender su enmienda a la totalidad. De cualquier
forma, ya tendremos ocasión de discutir y contrastar estas discrepancias en el trámite parlamentario de ponencia y en la Comisión de Sanidad y Consumo en próximas fechas. Esperamos que en dichos trámites parlamentarios el Ministerio de Sanidad y
Consumo y el Gobierno, así como el Grupo Parlamentario Popular tengan sensibilidad, tengan flexibilidad, tengan cintura política y la generosidad suficientes para poner en valor los puntos de vista y las propuestas no sólo de este grupo
parlamentario o del resto de grupos parlamentarios, sino también de una gran parte de la comunidad científica que mi grupo parlamentario ha intentado recoger e incorporar en una parte de las enmiendas que presentaremos próximamente.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) quiere volver a hacer un llamamiento sincero a todas las fuerzas políticas de esta Cámara, y especialmente, como no puede ser de otra forma, al grupo parlamentario mayoritario que da apoyo
al Gobierno, al diálogo y al consenso desde la plena consciencia de las dificultades que nos encontraremos en este camino. No va a ser un camino de rosas, no va a ser un camino llano. Va a ser un camino lleno de dificultades que tenemos que ser
capaces de superar en la medida de lo posible en aras del interés general. Antes otros portavoces se referían a que el interés de las personas que esperan esta ley es lo que debe prevalecer en nuestra acción política. En todo caso, tenemos esta
obligación política de dotarnos de una ley que dé solución a los problemas y a los vacíos creados por la Ley de 1988 y de evitar que la nueva ley abra la puerta a nuevos conflictos o déficit que tengan que ser subsanados en un corto espacio de
tiempo por otra ley.
Quizás estamos fuera de contexto o en un contexto completamente diferente, pero no le gustaría nada a mi grupo parlamentario que al superar esta hipotética ley futura las limitaciones de la presente le pasase como a la de extranjería y la
inmigración, que en esta legislatura hemos estado aprobando y reformando constantemente. Por tanto, creemos que debemos aprovechar al máximo esta oportunidad. Mejoremos la ley entre todos y no nos emplacemos ni nos resignemos a confiar que el
desarrollo reglamentario posterior a la aprobación de la ley matice algunas de las limitaciones que, a criterio de este portavoz y de mi grupo parlamentario, contiene este proyecto de ley del Gobierno. En el trámite parlamentario anterior del
proyecto de ley, que afectaba al régimen jurídico patrimonial del Museo del Prado, un portavoz se refería al Conde de Romanones, que decía: dejadme a mí los reglamentos y que hagan otros las leyes. Creo que, en este caso, no debemos resignarnos y,
por tanto, debemos trabajar lo máximo conjuntamente para conseguir el consenso.
Seguramente nos van a encontrar en ese consenso.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Martí.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Mingo.
El señor MINGO ZAPATERO: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías; buenas tardes, señora ministra.
El Gobierno envía a la Cámara la reforma de la Ley 35/1988 sobre reproducción humana asistida, que ha presentado Ana Pastor, ministra de Sanidad y Consumo, y que la ha definido como realizada siguiendo la recomendación de los expertos,
aportando soluciones equilibradas, abierta a la investigación y respetuosa con el embrión humano. Nuestro grupo parlamentario apoya esta ley que envía el Gobierno y lo hace porque persigue tres objetivos que, a nuestro juicio, son de extraordinaria
importancia: en primer lugar, porque se introducen medidas para reducir el número de partos múltiples y para que desaparezca la reducción embrionaria, y creo que todos los médicos y científicos están de acuerdo en este aspecto de una manera
especial; en segundo lugar, se modifica la ley vigente para evitar que se vuelvan a acumular embriones en un próximo futuro, y están de acuerdo también los científicos y los juristas, así como todos los países europeos; en tercer lugar, se
resuelve el problema de la acumulación de los embriones sobrantes de la fecundación in vitro, dando una solución abierta de gran contenido ético para fomentar la investigación de células embrionarias.
El portavoz del Grupo Socialista ha dicho, en la defensa de su texto alternativo, que esta ley da un paso adelante, que significa la posibilidad de la investigación con células troncales, y ha mencionado que también da un paso atrás.
Nuestro grupo está lejanísimo del concepto paso atrás porque uno de los pasos que da adelante la ley son los cambios introducidos en relación con la fecundación in vitro. La nueva ley dice textualmente: Antes de iniciar el tratamiento, el equipo
médico analizará la situación de cada pareja con el objeto de ajustar el tratamiento a la causa de su infertilidad, a las circunstancias de cada pareja y a su proyecto reproductivo; es un gran paso adelante en beneficio de las mujeres, de su
fertilidad y de su fruto.
¿Por qué defendemos que tiene que haber un máximo de tres embriones por ciclo para transferir? Lo ha dicho la ministra: para evitar los partos múltiples. Porque las diferencias de la presencia de partos múltiples en las legislaciones
cuanto más restrictivas son, mejores resultados.
Mejores resultados en salud para la madre y para el niño y la disminución de la mortalidad perinatal. Un máximo de tres embriones para fecundar, salvo que la patología exija más, por un concepto que
es de enorme actualidad, porque es imprescindible adecuar cada uno de los pasos del proceso de reproducción asistida a los mejores niveles de conocimiento, porque no estamos haciendo la ley a espaldas de los médicos y de los científicos, señor
Lissavetzky, sino escuchando a los médicos y a los científicos y buscando, por encima de todo, que el proyecto reproductivo de la pareja sea el más adecuado a sus necesidades sanitarias.
Las técnicas de reproducción asistida no pueden ser ajenas a estos adelantos en los procedimientos diagnósticos y terapéuticos que representan la protocolización en la actualidad en una medicina basada en la evidencia. Y así lo dicen los
técnicos y los expertos. Estas técnicas no pueden seguir el arbitrio de un proceder individual. Han de ajustarse de forma que se resuelvan definitivamente los problemas que tenemos hoy.
No podemos, señorías, permitirnos que todos los días se
generen decenas de embriones supernumerarios que, de antemano, sabemos que no podrán ser asumidos en el destino para el que fueron generados, que es ser implantados en una madre. La ministra ha hecho esta tarde un anuncio importante: va a proceder
a la elaboración de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud y va a incorporar adecuadamente la protección de la reproducción asistida de calidad. Esto creo que será de satisfacción para la mayor parte de las mujeres que están en esa
tesitura.
El segundo aspecto importante de esta ley que ya he comentado, pero que me gustaría insistir, lo da el Convenio de Oviedo, señor Lissavetzky, donde participaba su fantástico y admirado profesor Marcelo Palacios. ¿Que dice? Que se prohibe
el que puedan generarse embriones con fines de investigación. Esto lo aclara más aún el sexto programa marco de la Comisión Europea y esta es la línea que ha elegido la ministra y el Gobierno para afrontar el problema. La tercera posibilidad que
abre es la investigación. Frente a una posición que dice: es un paso adelante, viene la parte segunda de la expresión, diciendo se ponen puertas a la investigación. Esto es una ley de punto y final. No. Lo que al Grupo Parlamentario Popular le
gustaría es, y así se contempla en la ley, que sea una ley de punto y final en cuanto a la acumulación de embriones humanos sobrantes. Pero en la investigación, no. En la investigación, con los casi 200.000 embriones congelados que hay, ¿cuántas
líneas celulares de investigación se pueden abrir, si en este momento hay 77 y de las 77, 6 prácticamente son viables? Con 200.000 embriones las líneas de investigación son extraordinarias. No es, por tanto, una ley que sea de punto y final. Al
revés, ni siquiera de punto y seguido. Es una ley que abre, desde criterios éticos y de respeto al embrión, las posibilidades de la investigación en el ámbito de las células troncales embrionarias.
Vamos a abrir, pues, nuevos caminos en esta
investigación, pero no digamos a la sociedad que esta es una ley de punto final porque, señor Lissavetzky, señores del Grupo Socialista, eso, tengo la impresión, es buscar tres pies al gato.
Antes de finalizar, me gustaría insistir en otro aspecto de extraordinaria importancia que se contempla en el texto alternativo presentado por el Partido Socialista. Se pretende, de alguna forma, la comercialización, la importación y la
exportación de embriones humanos y de sus células y nosotros entendemos que eso es abrir un camino con el que no está de acuerdo la Comunidad
Europea y personalmente tampoco lo comparto. La señora ministra ha mencionado dos argumentos de peso en su intervención. El primero, lo conocen SS.SS., es el Convenio de Oviedo, que dice que ni el cuerpo humanos ni sus partes pueden ser
objeto de lucro comercial. El segundo, que la mayoría de las líneas celulares de origen embrionario que existen actualmente en el mundo son objeto de patentes comerciales y restringen considerablemente, por lo tanto, la labor de los investigadores.
Vamos a potenciar la investigación, y lo vamos a hacer de una manera organizada. Para ello se crea el centro nacional, dependiente del Ministerio de Sanidad, que será el responsable de la descongelación de los embriones, que obtendrá las
células válidas para investigar, que asumirá la gestión de esas líneas celulares y no se limitará a esa gestión de las líneas celulares, sino que también promoverá la investigación de células madre, de tejidos adultos, de médula ósea y de cordón
umbilical. Y dependiendo de ese Centro nacional de trasplantes y medicina regenerativa se incorpora la organización nacional de trasplantes, de la que podemos presumir, y se crean tres organismos que son de extraordinaria importancia para
garantizar la investigación en red, como ha dicho la señora ministra: El banco nacional, que se encargará de obtener, conservar y gestionar las líneas celulares; la comisión de seguimiento y control de donación y utilización de células y tejidos
humanos, para garantizar la calidad y la ética de esa investigación, y el registro de investigación, dependientes del centro nacional. Por tanto, la ley que trae el Gobierno soluciona problemas que tenemos desde hace muchos años, que lo hace de una
manera equilibrada, que lo hace con rigor científico, que lo hace pensando en las mujeres y en los niños, que respeta al embrión, que lo hace siguiendo las recomendaciones de la Comisión nacional de reproducción humana asistida y del Comité de ética
de ciencia y tecnología, y lo hace siguiendo los criterios de la mayoría de los países europeos, del Convenio de ética y de bioética de Oviedo y abriendo nuevas expectativas en la investigación que la sociedad está reclamando.
Por ello, nuestro grupo va a votar en contra de la enmienda a la totalidad con texto alternativo del Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mingo. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego ocupen los escaños.
Sometemos a votación la enmienda a la totalidad con texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario Socialista al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas de reproducción asistida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 272; a favor, 94; en contra, 176; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
AVOCACIÓN POR EL PLENO
La señora PRESIDENTA: Señorías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, se somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley por la que se modifica la Ley 35/1988,
de 22 de noviembre, sobre técnicas de reproducción asistida.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobada la propuesta de avocación.
SOLICITUD DE CREACIÓN DE COMISIONES DE INVESTIGACIÓN.
- SOLICITUD DE 84 DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE EVALUACIÓN DE LOS PLANES, MEDIOS Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PREEXISTENTES ENCAMINADOS A PREVENIR CRISIS COMO LA QUE HA TENIDO
LUGAR CON EL PETROLERO PRESTIGE, SOBRE EL ANÁLISIS DE LA RESPUESTA DADA POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS A LA CRISIS DEL PRESTIGE EN TODOS SUS ASPECTOS Y SOBRE LAS EVENTUALES RESPONSABILIDADES POLÍTICAS QUE SE PUDIERAN DERIVAR, ASÍ COMO SOBRE LA
ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE FUTURO PARA EVITAR EN LO POSIBLE CRISIS COMO LA QUE NOS OCUPA. (Número de expediente 156/000020.)
- SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS MIXTO, VASCO (EAJ-PNV) Y FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA ESTABLECER LAS CAUSAS DEL SINIESTRO DEL PRESTIGE EN LAS COSTAS DE GALICIA, LA ADECUACIÓN DE LAS
ACTUACIONES OFICIALES EN EL CASO Y LA EVALUACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS DE LA CATÁSTROFE PROVOCADA, CON EL OBJETIVO DE ESTABLECER LAS CONSECUENTES CONCLUSIONES Y MEDIDAS. (Número de expediente 156/000019.)
La señora PRESIDENTA: Punto undécimo del orden del día: Solicitud de creación de comisiones de
investigación. Solicitud de 84 diputados del Grupo Parlamentario Socialista, de creación de una comisión de investigación sobre evaluación de los planes, medios y protocolos de actuación preexistentes encaminados a prevenir crisis como la
que ha tenido lugar con el petrolero Prestige, sobre el análisis de la respuesta dada por las administraciones públicas a las crisis del Prestige en todos sus aspectos y sobre las eventuales responsabilidades políticas que se pudieran derivar, así
como sobre la elaboración de propuestas de futuro para evitar en lo posible crisis como la que nos ocupa. Esta iniciativa se debatirá conjuntamente con la solicitud de los grupos parlamentarios Mixto, Vasco (EAJ-PNV) y Federal de Izquierda Unida,
de creación de una comisión de investigación para establecer las causas del siniestro del Prestige en las costas de Galicia, la adecuación de las actuaciones oficiales en el caso y la evaluación de las consecuencias de la catástrofe provocada, con
el objetivo de establecer las consecuentes conclusiones y medidas.
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Díaz.
El señor DÍAZ DÍAZ: Señora presidenta, señoras y señores diputados, el Parlamento Europeo acaba de aprobar la creación de una Comisión de estudio e investigación para esclarecer lo sucedido en la catástrofe del Prestige. Este Parlamento
nueve meses después de la catástrofe acepta discutir el tema. Una vez más Europa, la Europa de más allá de los Pirineos no nos entiende. Abrimos la discusión después de que el eslogan de asunto terminado, ampliamente publicitado por el Gobierno,
haya tenido cierta eficacia. El tema está, pues, cerrado por parte del Gobierno, y forma parte de la misma estrategia que nos dejen discutirlo hoy aquí; digo que nos dejen discutirlo hoy aquí porque esta es la quinta vez que mi grupo parlamentario
solicita la inclusión de este punto en el orden del día. Nos dejan discutir el tema diciendo: Ahora que todo está atado, pataleen. ¿Esta es la idea que tienen SS.SS. del papel de este Parlamento? Pues bien, señores del Gobierno y del Grupo
Popular, se equivocan. La comisión de investigación era necesaria hace nueve meses y por las mismas razones y también por otras nuevas es necesaria hoy.
Enfocando la cuestión en positivo, como corresponde por su gravedad, les explicaré algunas de
esas razones.
Continúa siendo necesario saber cómo y por qué se actuó así para valorar qué fue lo que falló el día 13 de noviembre. El señor Sterckx, ponente del Parlamento Europeo, dice en su informe que no tiene sentido retirar un buque a 200 millas
porque eso sólo empeora las cosas. ¿Por qué lo hicieron entonces? Durante seis días -seis días, señorías-, la mayoría de ellos con condiciones normales de viento el barco herido fue remolcado con tres rumbos distintos, sin tomar una sola medida de
contención, recogida y eliminación de fuel de la nave. Señorías se estaba gestando una marea negra y no hicieron nada. ¿Nadie es políticamente responsable? Señores, estamos hablando de un accidente de 140 horas de duración, ¡140 horas de
duración! El desenlace sorprende a la Administración de caza, claro; como la sorprende, la Administración improvisa la respuesta.
Tampoco para esto hay responsables; este desaguisado no tiene responsables. ¿Cuál fue el agravante de esta
tragedia, señorías? ¿La inexistencia de puertos refugio? No, claro que no. El problema es la prepotencia que lleva a este Gobierno a obsesionarse con minimizarlo. Me imagino que el señor Aznar o el señor Cascos dirían: A nosotros no nos pueden
pasar estas cosas, en consecuencia no hay accidente. Señorías, también hay que investigar para al tiempo extraer conclusiones sobre medios e infraestructuras necesarios, protocolos de actuación, coordinación de recursos, etcétera, para evitar que
en el futuro se repita una catástrofe similar. Además hay que evaluar los trabajos de la comisión científica y preguntarse, primero, cómo y por qué se constituyó y finalmente por qué no se tuvo en cuenta; segundo, por qué el Gobierno demanda de
esta comisión asesoramiento en un tema ajeno a la especialización de sus componentes. ¿Qué pasa, se trataba de instrumentalizar el mundo científico en su maniobra de ganar tiempo en la resolución de los restos del Prestige? Parece que sí. Por
otra parte continúa siendo necesaria una comisión de investigación porque hay que evaluar los trabajos de recuperación del medio afectado llevado a cabo en la limpieza de rocas y fondos y también en las esplendorosas playas.
Tenemos que saber qué
hacer en el futuro inmediato para facilitar la recuperación productiva de las zonas afectadas, señorías, porque no es lo mismo limpiar que recuperar y conservar.
Es necesaria la evaluación del estado actual de los recursos afectados por la marea negra para poder implementar políticas de recuperación y corrección de cara al futuro. La recuperación de los recursos y de su cadena reproductora tampoco
se ha abordado aún con rigor, y urge porque la recuperación económica y social de las zonas afectadas depende en gran medida de la recuperación del medio físico y de sus recursos. La experiencia de catástrofes similares a la del Prestige nos dice
que los efectos negativos sobre los ecosistemas afectados y, en consecuencia, sobre los recursos marinos van a durar varios años. Por último, un año después hay que evaluar la situación socioeconómica en la amplia zona afectada por el impacto de
las medidas correctoras decretadas por el Gobierno para diseñar con mayor eficacia políticas futuras. En la evaluación de los impactos lo más importante es determinar la importancia de los daños, los efectos sobre la fauna, las especies piscícolas
y el ecosistema natural, así como los efectos sobre las personas, la economía y la vida social. Hay dos motivos para hacerlo: uno, que sin una evaluación correcta no hay política de recuperación ni
de reparación que sea eficaz. El segundo, de igual importancia, es que somos responsables ante la opinión pública para explicar lo ocurrido y sus efectos. La opinión publicó miró primero sobrecogida y después se quedó estupefacta con la
respuesta del Gobierno. Ahora la ciudadanía afectada reclama conocer el tiempo que tardará en recuperarse la zona y cuánto perdurarán los efectos inevitables. Para ello se requieren conocimientos científicos, datos, análisis, rigor y no decretos
del Gobierno cerrando los daños a 31 de diciembre. Señorías, ¿con este cierre ustedes creen que se pueden poner puertas al mar? Es precisamente la responsabilidad la principal causa de que hoy reclamemos aquí una comisión; responsabilidad en su
momento y responsabilidad ahora, porque lo suyo es la irresponsabilidad. Sin conocer el alcance real de la catástrofe, por razones estrictamente partidarias, intentan desde el primer momento cerrar el asunto: primero, minimizándolo y después
tomando las medidas para una normalización forzada sin importarles las consecuencias futuras.
El Gobierno pretende enterrarlo definitivamente y quiere hacerlo gestionando para los afectados las subvenciones del FIDAC, a cambio de que ellos renuncien a todo tipo de reclamaciones presentes y futuras. Los esfuerzos del Gobierno por
minimizar el problema a nivel interno sirvieron también, señorías, por lo menos hasta ahora, para convencer a la Unión Europea de que el asunto no era grave y que, en consecuencia, no era necesaria una financiación extraordinaria.
Los señores del Gobierno entendieron, como siempre, que todo podía comprarse, y compraron la normalización; por ayudas que no quede, dijeron. Lo grave es que quieren comprar el presente y el futuro, y la experiencia nos dice que hay daños
aún no evaluados que no se pueden comprar. Irresponsablemente no son capaces de reconocer que, aunque se vaya Aznar, nos dejará varios años de herencia Prestige. Es también una irresponsabilidad o, si lo prefieren, una falta de respeto a la
Constitución que altos cargos de la Administración española, que responden ante diputados franceses y que van a tener que responder ante los europeos en relación con el Prestige, se nieguen a explicarse ante esta Cámara. Ustedes se empeñan en que
España siga siendo diferente y así lo somos. ¿Por qué no aceptaron con normalidad comparecer ante esta Cámara? Sabemos que detrás de su decisión se esconde una razón poderosísima, la del porque sí, porque tenemos mayoría; flaco favor a la
democracia. Es una obscenidad política que haya una negativa a una comisión de investigación en este Parlamento, y que mientras se negaba una comisión de investigación se quisiera investigar al movimiento ciudadano Nunca Máis; impresentable.
Es cierto que en este conflicto -por cierto, no sé si es un conflicto, una catástrofe o un invento mediático; si hago caso a un conselleiro de la Xunta sería un invento mediático-, tengo que reconocerlo, al señor Rajoy le tocó hacer un
papelón. Con todos los respetos para su persona, el señor Rajoy no fue de caza, como otros, pero le cazaron. Nos imaginamos que era el peaje de ser el sucesor. Primero, como gallego, le utilizaron para minimizar el asunto y nos sale con los
hilillos de plastilina, por lo que seguramente junto con otro gallego ilustre, el señor Sancho Rof, pasará a la pequeña historia, ligado a los hilillos de plastilina(El señor Pérez Corgos pronuncia palabras que no se perciben.).
La señora PRESIDENTA: Señor Pérez Corgos, guarde silencio.
El señor DÍAZ DÍAZ: Para el señor Rajoy se trataba de tranquilizar, con manipulación, y hay que decir que cumplió mansamente las instrucciones.
Finalmente cumple su último papel con el decreto de punto final y el cese de Martín Villa, para
transmitir la idea de que el problema afortunadamente ya ha dejado de existir. El Gobierno, señorías, por boca de su vicepresidente acusaba a la oposición -lo hará después la señora Sainz- de irresponsable por alarmar sin base, pero aún es más
irresponsable negar lo sucedido y dar ahora seguridades sin fundamento para descubrir después el engaño. La catástrofe del Prestige no pasó ni estamos preparados para otra porque ustedes, señores del Grupo Popular, se niegan a sacar lecciones de la
que estamos viviendo. Para ustedes, señores del Gobierno, la solución se resume en limpieza, que no en recuperación del litoral, de forma que no queden manchas visibles, y en compensar a los afectados por los daños pasados, que no por los daños
causados. Nosotros, responsablemente, no podemos pasar página porque el vertido no ha terminado, el riesgo de nuevas mareas negras sigue latente y dependemos aún de que los vientos nos sean favorables. Señores, no es serio renunciar, como están
haciendo, a afrontar una extracción del fuel del barco simplemente por razones electorales. Les recuerdo que los ecosistemas afectados tardarán años en recuperar su capacidad productiva y, en consecuencia, el mar, su riqueza y la gente que depende
del mar tiene sus rentas hipotecadas. Por ello, para nosotros el asunto del Prestige aún no ha concluido. Señorías, el pueblo reclama que, al igual que ocurre en la vida privada, cuando uno toma una decisión equivocada pague por ello. No es
venganza, es garantía de que en el futuro los responsables políticos sopesarán mejor sus decisiones, garantizando así un mayor acierto. Se equivocaron al retrasar la comisión de investigación, se equivocaron al retrasar una comisión que debe seguir
para que el pueblo recobre la confianza en sus instituciones y se equivocan de nuevo si lo impiden ahora, cuando quedan aún temas fundamentales por investigar. Por todo lo expuesto reclamamos una comisión de investigación permanente y de estudio
que tendrá a nuestro entender tres objetivos claros: descubrir la verdad para que nunca más vuelva a suceder lo que ha sucedido, promover medidas positivas para la más rápida recuperación de la zona
afectada y depurar responsabilidades políticas. Por favor, no nos digan que nunca hubo en esta Cámara más preguntas, interpelaciones y comparecencias que sobre este tema. La comisión de investigación es algo diferente; la comisión de
investigación es la única que tiene instrumentos constitucionales y que permite ir a fondo en la investigación. ¿A qué tienen miedo? ¿Por qué impidieron la investigación en el Parlamento gallego? ¿Por qué no quieren investigar aquí? ¿Por qué
tratan de torpedear la decisión del Parlamento Europeo? ¿Qué tienen que ocultar? ¿A qué tienen miedo si se hizo todo bien?
Señorías, resumiendo, diez meses después de la catástrofe no tenemos ninguna garantía de que se le dé una solución definitiva al petrolero hundido; segundo, el Gobierno pretende, con la subordinación de la Xunta de Galicia, camuflar una
mala gestión bajo visiones triunfalistas, desconociendo que los patrones de funcionamiento de la naturaleza no obedecen a criterios políticos; tercero, hoy día aún no se conoce con rigor la situación de los fondos marinos, de los recursos pesqueros
y de su evolución; cuarto, el desarrollo del plan de salvamento está en fase de intenciones, la situación es la misma que antes de la catástrofe del Prestige y las consecuencias están a la vista. Con todo este contexto nos dicen que no hay nada
que investigar. Por favor, señores del Grupo Parlamentario Popular, seriedad.
Para terminar quiero hacer una mención especial a los voluntarios que, junto con marineros, bateiros y mariscadores impidieron que la catástrofe fuera mayor y que entrase también en las Rías Baixas. Señora Sainz, Muxía sí, pero cuando
hablen de Muxía hablen también de Carnota, Muros, Umbría, Camariñas, Vimianzo, Laxe, Malpica, Viveiro, Foz, Ribadeo, Cudilleiro, Llanes, Colunga, Avilés, Santoña, Pasajes, etcétera, puertos todos del Cantábrico afectados por la marea negra donde
gobiernan fuerzas progresistas.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Díaz.
Para la defensa de la segunda iniciativa, por orden de firma, en primer lugar tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Quizá hoy sea un día en el que debamos hablar de la democracia como transparencia, de la democracia como responsabilidad y responsabilización, de la democracia como control de los actos del Gobierno, de la democracia como informaciones
claras y veraces, de la democracia como medidas y soluciones a los problemas, con participación y debate plural. Todos estos principios básicos están siendo clamorosamente violados por el Gobierno en el caso de la catástrofe del Prestige y sus
consecuencias. Es paradójico que vivamos en un Estado donde solamente se pueden buscar las responsabilidades de un Gobierno a través de los tribunales de justicia, mientras no existe ninguna posibilidad de buscarlas en el terreno parlamentario y,
por tanto, en el terreno de la depuración de las responsabilidades políticas. Vivimos una situación en la que es imposible la transparencia, la información, la explicación plural que, en contraste, sí se da en Estados de nuestro entorno, como en la
Asamblea de la República Francesa o últimamente -por lo menos esa posibilidad remota y condicionada, pero simbólicamente importante- el Parlamento Europeo. Mientras, el Gobierno español se dedica exclusivamente a la propaganda, a la justificación
absoluta de todos los actos que realizó, imposibilitando -eso sí- cualquier tipo de investigación plural contrastada para sacar conclusiones y para exigir responsabilidades, si hubiese lugar en esta Cámara. Pero quedan, señorías, varias cuestiones
que no pueden ser contrastadas precisamente por esta deficiencia democrática en relación, en primer lugar y fundamentalmente, con el comportamiento del Gobierno. Hay -entre otros, el Gobierno- quien opina que las decisiones tomadas fueron
correctas, pero somos muchos los que pensamos que fueron temerarias no solamente por tener una incardinación política crítica, sino porque coincidimos con la experiencia del pasado y con muchos hombres conocedores de la mar y, en concreto, de las
específicas condiciones de la zona de Fisterre.
Voy a volver a recordar hoy, para que no quede lugar a dudas, que hay experiencias en el pasado, incluso en un pasado supuestamente con menos medios y con menos capacidades, en las que se trasladó a un petrolero con un boquete inmenso -se ve
en la fotografía que muestro- en la zona de Fisterre en pleno invierno, el Ildefonso Fierro, al puerto de A Coruña.
Esto es una experiencia histórica, no es un invento. Por tanto, que no se diga que no había antecedentes contrastados. Somos
muchos los que podemos incluso exculpar de forma momentánea al Gobierno por haber tomado una decisión evidentemente condicionada por la falta de medios de prevención y de lucha contra la contaminación. Pudimos observar, y no es un invento, que el
sistema de salvamento marítimo era obsoleto y condicionado por intereses privados. No fue un invento tampoco comprobar la descoordinación de la Administración del Estado y los muchos días que pasaron en exclusiva los responsables del departamento
de Marina mercante al frente de la situación, sin que ninguna autoridad política del máximo nivel diese la cara, y como consecuencia de ello las informaciones ocultaban la gravedad, mentían sobre la entidad de los vertidos y sobre los peligros que
acechaban a la costa gallega. Esto no se puede caracterizar más que como prepotencia de la Administración central, que tampoco -y no es un invento- fue diligente a la hora de pedir ayudas a otros
Estados miembros de la Unión Europea porque tampoco lo tenía muy claro. Se le preguntó sucesivamente sobre el hecho de que fuese condicionada en sus decisiones por otros Estados del entorno, pero tuvimos que enterarnos prácticamente por
informaciones de la Asamblea de la República Francesa de los condicionantes que había impuesto cuando menos el Gobierno francés de forma burocrática y administrativa. No fue menor la indiferencia del presidente del Gobierno, el mutismo del señor
ministro de Fomento y desde luego el traslado a un factor multiuso, como el señor Rajoy y después el comisionado, de lo que era la capacidad e incluso el deber de dar la cara frente a la ciudadanía.
No nos olvidamos que en esa comisión de investigación también habría que investigar de manera objetiva cuál es la legalidad internacional en el terreno marítimo, cuál fue el comportamiento del capitán y cuáles son los deberes y el
comportamiento de la compañía aseguradora y de la casa armadora, para que se vea cuál era la transparencia y la legalidad de una legislación que efectivamente puede y debe de ser criticada y puede y debe de ser cambiada. Exactamente igual que
observamos cómo las compañías de salvamento marítimo actúan algunas veces por su cuenta y riesgo, sin una incidencia política clara de los Estados y siempre en función de intereses económicos privados. Señorías, no es solamente esto, es que las
medidas del Gobierno -para explicar su corrección y para que incluso se pueda contar con la opinión pública afectada- debían de prestarse al sometimiento de una comisión con un debate continuo para que pudiese sacar conclusiones. A nosotros nos
preocupa la insuficiencia de las medidas legales tomadas para paliar las catástrofes incluso de aquellos afectados que están en el primer nivel. Nos preocupa cómo se hizo y cómo se puede hacer en el futuro la lucha contra la contaminación. ¿No
merecería hacerse un análisis del comportamiento de la empresa pública Tragsa? ¿No merecería realizar un análisis de cuál fue el uso de competencias autonómicas que se cambiaron a capricho de la Administración central, diciendo que unas veces los
voluntarios dependían del Ministerio de Medio Ambiente y otras veces de la Xunta de Galicia a conveniencia política momentánea y oportunista? ¿Es que esto no hay que analizarlo en función de las catástrofes que se puedan repetir en el futuro? No
estuvo claro y no lo está que seguimos sin tener una evaluación de cuáles fueron los daños provocados de forma global por la catástrofe. ¿Es que mentimos cuando hablamos de que todos aquellos que protestaron fueron amenazados por criminalización o
es que mentimos también cuando aun hoy no tenemos una información veraz, contrastada y responsable sobre la diferencia entre la apariencia de limpieza de las costas y realidad de la contaminación de los fondos marinos de la plataforma litoral?
¿Cómo va a quedar afectado el sistema? ¿Cuál va a ser su regeneración posible y las consecuencias para la pesca, para toda la fauna y para todo el ecosistema, en particular de Galicia y en general de toda la cornisa cantábrica?
Señorías, ¿no habría que debatir si es lógico y democrático que se pueda realizar la entrega por adelantado de las indemnizaciones del FIDAC a que los afectados se limiten a contentarse con esa posición y con no reclamar nada por vía
judicial? ¿No deberíamos debatir y concluir si es correcto que se pueda enfrentar una catástrofe de este tipo con reasignación de créditos y solamente contando con los Fondos de Cohesión, con los Fondos Estructurales, con el FEOGA-Garantía, con el
IFOP y con la ridícula cantidad de 8 millones de euros que acaba de ofrecer el Fondo de Solidaridad? ¿No tenemos derecho a contrastar -y al Gobierno no le convendría saber para hacernos comprender cuál es su comportamiento- por qué y cómo recurre a
procesos judiciales en el exterior y cómo van las demandas que se están realizando en el interior contra el Estado español? ¿No sería interesante debatirlo solidariamente y concluir cuál es la marcha del proceso? Señorías, ¿no creen ustedes que
las medidas para el pecio y para el fuel que aún contiene debían ser continuamente debatidas e informadas en la Cámara? En definitiva, ¿no creen que es legítimo que los representantes del pueblo nos sublevemos porque estamos comprobando que el Plan
Galicia es un fiasco total que no incide en absoluto en el producto interior bruto de Galicia? ¿No tenemos derecho a que, cuando menos, podamos debatir el problema y que el Gobierno esté dispuesto a llegar a unas conclusiones que sean positivas
para las zonas afectadas? Como ven son muchos los motivos para seguir insistiendo en la creación de esta comisión de investigación para que se den conclusiones, no solamente sobre el pasado, sino sobre el presente y el futuro. ¿A qué teme un
Gobierno con mayoría absoluta? Es sintomático, debe temer a sus propias temeridades, a su falta de prevención, a su orientación partidista de las acciones y, en definitiva, al blindaje para no responsabilizarse ni de un solo aspecto negativo de la
catástrofe. Es interesante ver el espíritu autocrítico y la capacidad de ensimismamiento de este Gobierno con mayoría absoluta. A pesar del control a piñón fijo, no podrán huir de las evidencias, señorías. La evidencia en este momento es que
todos impulsan una investigación. Ustedes no, a pesar de saber que podrían tener controladas las conclusiones finales con su mayoría parlamentaria. Es grave que esto no se pueda hacer donde más estamos afectados, donde más competencias habría para
actuar. Es una evidencia clamorosa de que tienen mucho que ocultar, señorías. Si no, no actuarían de esta manera.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, seguramente si hiciésemos caso a la propaganda del Gobierno sobre la situación o los daños causados por el Prestige nos podrían decir que para qué, a estas alturas, una comisión de investigación, si todo está bien, si las playas
están limpias, o aparentemente limpias, y si ya no existen problemas relevantes para tratar esta situación. Sin embargo, la realidad, señorías, bajo nuestro punto de vista, es distinta. Sigue existiendo el problema y, sobre todo y
fundamentalmente, no se ha investigado cuáles han sido las causas, cuáles han sido las actuaciones que han llevado a que un accidente se haya convertido en una catástrofe ecológica nunca vista en ningún país de nuestro entorno, nunca padecida en
ningún país.
Es importante y necesario que se pueda volver a insistir una vez más en la necesidad de crear una comisión de investigación. Por mucho que se empeñe el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular que lo sustenta en decir que todas las
decisiones que se adoptaron han sido las correctas, que todas las decisiones y las actuaciones que se han llevado a cabo han sido, sin lugar a dudas, las únicas que se podían adoptar, que además son los únicos que se preocupan por el futuro de la
comunidad autónoma gallega, de sus ciudadanos y ciudadanas y que son los únicos que ponen en marcha medidas para agilizar su remonte económico, tendremos que seguir diciendo que por mucho que se empeñen, y a pesar de todos los planes que han
anunciado, que han explicado a bombo y platillo, seguimos en una situación, si no igual, muy parecida.
Señorías, para que no se nos vuelva a tildar de demagogos como de manera habitual se hace, voy a leer algunos de los apartados que utiliza el ponente del informe que ha servido de base en el Parlamento europeo para aprobar una comisión no
permanente que investigue lo que sucedió con el accidente del Prestige. Dice: Considerando que el tiempo constituye un factor esencial en estas catástrofes, que a causa de la situación del buque en aquel momento era imposible alcanzar el
dispositivo de remolque de emergencia que se encontraba en la parte trasera del barco y que a causa de la falta de efectivos, entre otras cosas, fueron necesarias casi 24 horas para amarrar el Prestige a los remolcadores. Considerando que todas las
partes implicadas consideraron desde un primer momento que el Prestige estaba tan dañado que no podría soportar la tempestad. (Se le manda más lejos todavía.) Considerando que el barco había perdido sólo entre 1.000 y 3.000 toneladas de fuel,
cuando podía haber sido dirigido a un lugar de refugio, como pusieron de manifiesto los expertos en la audiencia parlamentaria. Considerando que en un puerto seguro se habrían evitado nuevos vertidos y podrían haberse concentrado los medios de
extracción de fuel vertido, evitando la contaminación generalizada y el hundimiento del buque. Considerando que las autoridades españolas dieron la orden de remolcar a alta mar el maltrecho buque, por estar convencidas de que de esta forma
contarían con más tiempo para luchar contra la contaminación, esa decisión ha sido la causa de que la contaminación se haya extendido por una zona geográfica mucho más amplia.
Eso concluye el Parlamento Europeo, eso dice quien ha hecho de ponente a través de las entrevistas y de las investigaciones que el Parlamento Europeo ha llevado a cabo. Espero que desde esta tribuna no se llame también demagogo a este
ponente, a este diputado, porque eso es lo aquí hemos estado pidiendo que se investigue, para no volver a cometer los mismos errores, para que no vuelva a suceder una catástrofe de estas características en nuestro país gracias a que se tomen
decisiones equivocadas por parte del Gobierno de turno, me da igual el que sea. Eso es lo que concluye el Parlamento Europeo y tiene el mismo derecho que tenemos nosotros a poder investigar, la lástima, señorías, es que en el Parlamento Europeo
parece ser que sí que hay democracia y en el Parlamento español se huye de ella; directamente, señorías, se huye de ella.
La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo también les dice que se han equivocado, que han cometido errores por doquier y que han tomado las decisiones más equivocadas posibles. Es más, la Comisión Europea también se preocupa de
algo que deberíamos investigar y sobre lo que ustedes se niegan a dar información permanentemente en las distintas comparecencias: ¿Cómo se está almacenando el fuel? Además, ya se sabe que el fuel no solamente contamina el mar, sino que tiene una
composición que puede provocar en las personas problemas de salud de tipo cancerígeno.
Señorías, ustedes han negado esa posible investigación para tomar las medidas sanitarias que impidan realmente que no sólo las personas, sino también los
entornos marinos, que son los que están más dañados, sufran este tipo de problemas. Es más, señorías, se les está diciendo que hay que investigar también para saber si las medidas que ustedes están adoptando en estos momentos están siendo realmente
útiles para conseguir que haya una regeneración ecológica de la zona lo más pronto posible, y no lo están haciendo. El otro día compareció el secretario de Estado de Aguas y Costas y le preguntamos si se estaban tomando medidas para investigar cómo
estaba afectando este problema a los peces y al marisco de la zona, no solamente en la costa, sino también en los bancos, y el señor secretario de Estado nos dijo que no había habido problemas y que en principio no se suponía que hubiera una
reducción de las capturas, cuando los propios marineros están diciendo que se están produciendo reducciones en las
capturas en las zonas que se han abierto a la pesca. Por tanto, señorías, habrá que analizar también si las medidas que se están adoptando son las correctas o si hay que corregirlas. Todos los grupos parlamentarios debemos aportar nuestro
mejor saber y entender, aprovechando el conocimiento de los demás. No es eso lo que ustedes están planteando de manera permanente y además de manera prepotente. Ustedes lo han hecho todo bien, aquí no ha pasado nada y simplemente hay un acoso y
derribo por parte de la oposición para hacer daño al Gobierno del Partido Popular. Espero que no piensen ustedes que eso mismo es lo que hace el diputado del Partido Liberal del Parlamento Europeo, que es compañero de su grupo parlamentario. Por
tanto, señorías, esperemos que al menos empiecen a cambiar esa argumentación que emplean de manera permanente, porque según ustedes ya no sólo empleamos la demagogia los grupos de la oposición de esta Cámara, sino que también la utilizan el Partido
Liberal Europeo y algún otro partido que no tiene nada que ver ni con el Partido Socialista ni con el Partido de la Izquierda Unitaria Europea.
Consientan que se cree una comisión de investigación, no solamente por el bien de la democracia, como les decía el portavoz del BNG, sino por el bien de la institución, para que esta Cámara sea realmente la representación del pueblo español,
que pueda investigar la actuación de un Gobierno y que pueda aportar las medidas que crea convenientes no solamente para paliar los efectos de esta catástrofe, sino para que se puedan evitar catástrofes futuras. Pónganse ustedes a trabajar y no le
tengan tanto miedo, porque ya sabemos, y además no lo denunciamos solamente nosotros, sino que también lo denuncia el Parlamento Europeo, que no tenían ustedes ni tan siquiera los medios. Las privatizaciones les pueden producir a ustedes beneficios
a corto plazo, pero a largo plazo y de manera general a la ciudadanía provoca los perjuicios que hoy está causando el Prestige en las costas gallegas y en la costa cantábrica.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo no va a apoyar la solicitud de creación de las comisiones de investigación, pero tampoco va a votar en contra. Nosotros creemos, después de la experiencia de muchos años, que las comisiones de investigación verdaderamente
tienen -además de todo lo que se pide en ellas, que a veces es una serie de teorías buenas en algunas cosas, aunque no tanto en otras- una finalidad, que es el desgaste del Gobierno o del grupo que en aquel momento es investigado. La intención de
desgaste, los comparecientes que vienen obligados a dar testimonio en las comisiones de investigación y la gran presión mediática es una componente negativa respecto a cómo nosotros creemos que debe funcionar una comisión de investigación. La
experiencia nos lleva a afirmar que sería más conveniente la creación de una subcomisión, ya que no tiene tanta tensión como las comisiones de investigación, sin que ello sea una bicoca, pero su fin acaba en unos informes dispares por los que se
puede llegar a saber la verdad. Aquí se habla de muchas cosas, se habla de asuntos que se presentan como elementos de lo que son las comisiones de investigación. De las intervenciones se desprende que muchas de ellas recogen comentarios
prepotentes y solamente críticas y nada positivo para el futuro. Por lo tanto, aunque la finalidad de las comisiones de investigación sea la que nosotros creemos que las define y aunque entre paréntesis pueda haber una buena definición de comisión
de investigación, la realidad es que no se llega a ninguna solución en ellas.
Nosotros estamos de acuerdo en algunos temas de los que se pide aquí, porque aquí se habla de evaluación de los planes, medios y protocolos de actuación preexistentes encaminados a prevenir crisis como la que ha tenido lugar con el petrolero
Prestige y sería interesante trabajar en ello. Sin embargo, se podría añadir que el informe del Parlamento Europeo no dice nada de las disposiciones o normativas europeas que ya estaban aprobadas, pero no estaban vigentes o no se hacían aplicar,
después de la catástrofe del Erika. Por lo tanto, la primera causa del accidente son las malas condiciones meteorológicas, cómo funciona el barco, y no solamente el Prestige, sino quizá otros barcos. Es una pena que no se haya podido entrar más a
fondo en muchos de los temas, ya que sería interesante conocer de manera oficial lo que ya se conoce de una manera indirecta. Si se hubiese creado una subcomisión, tal como pedimos nosotros en su momento, que fue votada en esta Cámara y que el
Grupo Popular tampoco lo apoyó, podríamos haber quitado al menos tensión en todo este tema. Nosotros no vamos a cambiar nuestra posición respecto a las comisiones de investigación, creemos que no son buenas y por lo tanto, no las vamos a apoyar.
Sin embargo, lógicamente no vamos a votar en contra porque tampoco se aceptó que pudiese actuar la subcomisión. Si hay que votar que no, que vote no quien quiera. Nosotros tenemos muy claro que con una subcomisión se hubiese llegado a unas
conclusiones correctas.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sedó.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Sainz.
La señora SAINZ GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, si algo está claro es que este es un debate que no busca para nada el esclarecimiento de la verdad porque conocer la verdad sobre el Prestige nunca les interesó. Lo único que demuestran es que cada vez caen más en el espíritu del
radicalismo electoralista, a pesar, señorías, de que los ciudadanos ya han sacado sus conclusiones muy claras, ya han expresado su veredicto, el día 25 de mayo en las urnas, en Muxía, en la costa gallega y en toda Galicia; apostaron por el Gobierno
del Partido Popular y rechazaron precisamente la demagogia de ustedes, su catastrofismo. ¿Por qué apostaron? Por el Partido Popular, por el trabajo, por la seriedad para hacer frente al desastre con clara eficacia.
No le quepa la menor duda, señor Díaz, de que el señor Rajoy pasará a la historia, pero por su compromiso con Galicia, por sus desvelos y por su trabajo para solucionar, de forma eficaz, una tragedia en la que el Gobierno no tuvo ninguna
culpa; seguirá pasando a la historia de España cuando desde el Gobierno haga realidad e impulse todo el Plan Galicia, en el que tenemos puestas todas las esperanzas. (Aplausos.)
Señorías, ustedes claramente son diestros, y lo demuestran manipulando todo. Aquí han vuelto a faltar a la verdad, porque no es cierto que se haya aprobado en el Parlamento Europeo una comisión de investigación.
Sencillamente es falso,
porque en Europa no se puede constituir comisión de investigación cuando hay un proceso judicial abierto, y hay varios. Lo único que se aprobó fue solicitar, a la conferencia de presidentes, que se constituyera una comisión temporal, mandato que
todavía no se ha producido y que tiene como principal finalidad estudiar el grado de cumplimiento de las normas de seguridad marítima y proponer medidas adicionales para evitar que se produzcan nuevas catástrofes en la mar.
Por tanto, no engañen ni
a esta Cámara ni a los ciudadanos. No se ha constituido ninguna comisión de momento, y de investigación en ningún caso. El mandato, si se produce, no se ha concretado, pero del informe se desprende que fundamentalmente sería sobre las normas de
seguridad marítima, más allá de que se pueda hablar de las causas y de las consecuencias del Prestige, de lo que en esta Cámara hemos hablado hasta la saciedad. Se trata, por tanto, desde la experiencia, de evitar futuros accidentes, y hay que
buscar medidas que refuercen en todos los ámbitos la seguridad. Eso es lo que desde el primer momento el Gobierno español y el Partido Popular han venido impulsando. Es el Gobierno del Partido Popular, algo que no hizo nunca el Gobierno
socialista, el que está realizando una intensa actividad en todos los foros internacionales y europeos para promover la reforma de las normas de la seguridad marítima para tomar medidas jurídicas que eviten que en el futuro se produzcan nuevas
catástrofes como las que conocemos.
Sabemos, y lo tenemos muy claro, que con su actitud y con su alegría por los últimos acontecimientos lo único que han buscado aquí ustedes y sus parlamentarios europeos es hacer daño al Gobierno. Con ello, una vez más, han evidenciado su
deslealtad, y lo digo muy claro, con España. Con su actitud para nada ayudan a los pescadores, para nada ayudan a los marineros (Protestas.), en definitiva, para nada ayudan a los gallegos y a todos los ciudadanos de la costa cantábrica, sino a las
aseguradoras, a la sociedad clasificadora, con una falta de solidaridad, que eso sí que pasará a la historia. No nos extraña porque conductas como las demostradas por representantes de dos de sus grupos, la eurodiputada gallega Rosa Miguelez o el
del Bloque Nacionalista Galego, Camilo Nogueira, al no comparecer a votar precisamente en la Cámara europea para apoyar la rápida implantación de los buques de doble casco para el transporte de hidrocarburos pesados dicen claramente cuál es el
interés de ustedes. Ese sí que era el interés de nuestro país, de nuestra gente y de todas nuestra gentes del mar. Por otra parte, esto concuerda, señorías socialistas, con algo que es muy claro. Ustedes ahora dicen mucho y piden muchas cosas,
pero cuando gobernaron no actuaron; no hicieron absolutamente nada, ni en España, ni en el Parlamento Europeo, ni en los organismos internacionales. Ustedes simplemente se quedaron esperando la llegada de la próxima catástrofe con los brazos
caídos cuando sucedió el gravísimo accidente del Cason, y llegó la del Mar Egeo y siguieron sin hacer nada para evitar que estos hechos pudieran volver a ocurrir. La pasividad de ustedes contrasta claramente con la actuación inmediata del Gobierno
actual. Esa es la gran diferencia entre el Gobierno socialista y el Gobierno de ahora. En el pasado no hubo voluntad política para mejorar la seguridad marítima; en definitiva, para evitar estos accidentes porque carecían de una política de
seguridad marítima. Hubo que esperar al Gobierno del Partido Popular, hubo que esperar a que hubiera una activa comisaria Loyola de Palacio para que, de verdad, se tomasen medidas y se actuara con diligencia. (Protestas.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
La señora SAINZ GARCÍA: Le recuerdo que los paquetes Erika 1 y Erika 2 fueron paralizados por muchos países. mientras que España los impulsó, la comisaria europea los sacó adelante y hoy muchas de sus acciones ya están en marcha. Esa es
la gran diferencia.
Ahora, señorías, nos vienen con lo del libro blanco que es una broma de mal gusto. Es un libro lleno de contradicciones realmente increíbles.
Recordaba el otro día en esta Cámara la del señor Lobeto -uno de los autores de ese libro- quien
cuando era director general de la Marina Mercante en el año 1991 publicó un libro para ejemplificar lo que había que hacer en el caso
de que hubiera accidentes diciendo que había que alejar de las costas canarias un buque y lo señalaba como uno de los ejemplos a seguir en la actuación. Según ustedes esto no sirve para el caso actual. ¿En este libro que ustedes llaman
blanco ahora se desmiente? ¿Qué ocurre? ¿Que se trata de las costas gallegas? ¿O es porque al final lo que querían ustedes no era crear un libro de coherencia y científico sino de ataques al Gobierno? (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señora Blanco, guarde silencio.
La señora SAINZ GARCÍA: Señorías, el colmo es que uno de los autores del libro es un abogado -atiendan bien-, José Luis Goñi, que pertenece al gabinete jurídico de la empresa ABS que certificó el buen estado del barco sin examinar el
interior de los tanques de lastre, incumpliendo los deberes de inspección. Esa es una empresa contra la que España ha presentado una demanda y también el Gobierno vasco. Presentarle como un experto es, sinceramente, una inmoralidad. ¿Cómo quien
defiende los intereses privados de una aseguradora puede aparecer en un libro que ustedes consideran magnífico juzgando lo que ha hecho el Gobierno? ¿Esos son sus expertos? ¿Cómo se va a fiar alguien de lo que ustedes dicen? ¿Cómo se va fiar
alguien de ese libro? Escuchen con atención también otras palabras -no son mías, ya lo adelanto- sobre el libro blanco que dicen: Es simple y llanamente una chapuza integral, una forma de hacer el ridículo; lo que se plantea en una página se
contradice en la siguiente.
Las conclusiones pertenecen a otra esfera. Y continúa: Más que un libro blanco es un despropósito. ¿Saben quién lo firma? Antón Salgado, vicepresidente de la Asociación Española de la Marina Mercante en un artículo
de La nueva España recientemente publicado. Esa es la valoración de su libro blanco. Por lo tanto, nadie puede creer, señorías, que ahora quieran una comisión de investigación para lo que dicen. Ustedes sólo están en la estrategia de la
destrucción, de la radicalización y de liarlo todo, en palabras del señor Caldera. Es lo único que pretenden y lo ha dicho claramente su portavoz. (Aplausos.)
El Gobierno ha estado permanentemente informando a todo este Parlamento y el día 14 vendrá el comisionado a seguir informando. ¿Saben ustedes que se han celebrado más de 105 horas de debate sobre el Prestige en esta Cámara? Ahora, que está
todo prácticamente normalizado, piden la comisión de investigación. ¿Para qué? Para construirla sobre los papeles marcados, para manipular la información, para liarlo todo, como quiere hacer el señor Caldera hasta con el Pacto de
Toledo.(Protestas.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
La señora SAINZ GARCÍA: Nosotros rechazamos categóricamente las descalificaciones gratuitas que aquí se han dado y las manifiestas falsedades. ¿Qué credibilidad van a tener cuando critican las decisiones del Gobierno de alejar el barco y
10 meses después de estarlo estudiando dicen que esos técnicos, científicos maravillosos, no especifican todavía lo que había que hacer con el barco, a dónde había que llevarlo? No lo dicen. (Protestas.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio. Señora Sainz, le ruego que concluya, por favor.
La señora SAINZ GARCÍA: Señora presidenta, voy terminando.
Hoy, señorías, está demostrado desde el rigor científico que la decisión de alejar el buque era la única posible y que, llevarlo a puerto, hubiera sido imposible. Por otro lado me gustaría que me dijeran, para que yo se lo diga mañana a mis
paisanos, si el barco había que llevarlo al puerto de Vigo, a la ría de Corcubión, a Ferrol, a La Coruña, porque no lo han dicho todavía. (Protestas.-Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
La señora SAINZ GARCÍA: Lo único que está claro es que quieren mantener vivo lo que afortunadamente está superado, porque, en definitiva, están secos de ideas, carecen de proyecto y sólo están a enredar, señorías.
(Protestas.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
La señora SAINZ GARCÍA: Lecciones de democracia, señorías, ninguna. Cuando el Cason se negaron ustedes en el Parlamento gallego y aquí a una comisión de investigación y lo mismo con el Mar Egeo. ¿Saben ustedes lo que decía su ilustre
diputado cuando negaba eso? (El señor Díaz Díaz: Ya lo has dicho.) Ya lo dije una vez, efectivamente. Dijo: Lo rechazamos porque no tenemos interés político en ello. Esas eran las razones que daba. (Protestas.)
La señora PRESIDENTA: Señora Sainz, le ruego concluya definitivamente.
La señora SAINZ GARCÍA: Termino, señora presidenta, diciendo que nadie les puede por lo tanto creer, señorías. No se pueden atrever a decir que no ha habido transparencia y que no ha habido información. (Varios señores diputados: ¡Oh,
oh!) Nada se ha escondido porque nada había que esconder, nada se ha manipulado porque los únicos que son diestros en eso son ustedes y su portavoz a la cabeza. (Protestas.-Varios señores diputados: ¡Oh, oh! - Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Señora Sainz, le ruego que concluya definitivamente, por favor.
La señora SAINZ GARCÍA: Señorías, la sociedad sabe muy bien que el Gobierno, en cambio, sí está por trabajar, por solucionar de forma solidaria, inmediata y de manera eficaz todos los problemas hasta el final, y lo seguirá haciendo.
(Protestas.-La señora Cortajarena Iturrioz: ¡Termina ya!)
La señora PRESIDENTA: Señora Sainz, termine definitivamente, por favor.
La señora SAINZ GARCÍA: Lo haremos para que Galicia progrese a pesar de ustedes, señorías. (Protestas.-Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
Sometemos a votación la solicitud de 84 diputados del Grupo Parlamentario Socialista, de creación de una comisión de investigación sobre evaluación de los planes, medios y protocolos de actuación preexistentes encaminados a prevenir crisis
como la que ha tenido lugar con el petrolero Prestige, sobre el análisis de la respuesta dada por las administraciones públicas a la crisis del Prestige en todos sus aspectos y sobre las eventuales responsabilidades políticas que se pudieran
derivar, así como sobre la elaboración de propuestas de futuro para evitar en lo posible crisis como la que nos ocupa.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 260; a favor, 89; en contra, 163; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Solicitud de los grupos parlamentarios Mixto, Vasco (EAJ-PNV) y Federal de Izquierda Unida, de creación de una comisión de investigación para establecer las causas del siniestro del Prestige en las costas de Galicia, la adecuación de las
actuaciones oficiales en el caso y la evaluación de las consecuencias de la catástrofe provocada, con el objetivo de establecer las consecuentes conclusiones y medidas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 259; a favor, 89; en contra, 163; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
PROPUESTAS DE CREACIÓN DE SUBCOMISIONES.
- PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN PARA EL ESTUDIO DE LA SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA. (Número de expediente 158/000063.)
La señora PRESIDENTA: Punto XII del orden del día: Propuestas de creación de subcomisiones. En primer lugar, sometemos a votación la propuesta de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, de creación de una subcomisión para el
estudio de la situación de la industria alimentaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 261; a favor, 259; en contra, uno; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
- PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA E INTERIOR, DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN SOBRE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. (Número de expediente 158/000065.)
La señora PRESIDENTA: Propuesta de la Comisión de Justicia e Interior de creación de una subcomisión sobre las víctimas del terrorismo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 261; a favor, 261.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Se levanta la sesión.
Eran las ocho y cinco minutos de la noche.
Corrección de error.-En el 'Diario de Sesiones' número 280, correspondiente a la sesión plenaria celebrada ayer, miércoles, 24 de septiembre, en la contestación de la señora ministra de Sanidad y Consumo a la pregunta del señor Román
Jasanada -página 14669, segunda columna, línea 40-, figura por error la cifra de nueve millones, cuando la correcta es cuatro millones.