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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 279, de 23/09/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2003 VII Legislatura Núm. 279
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 266
celebrada el martes, 23 de septiembre de 2003
ORDEN DEL DÍA: Toma en consideración de Proposiciones de Ley: ...
- Del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 11/1991, de 17 de junio, del régimen disciplinario de la Guardia Civil. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 231-1, de 19 de abril de 2002. (Número
de expediente 122/000207.) ... (Página 14610)
Modificación del orden del día ... (Página 14617)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Continuación.)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 11/1991, de 17 de junio, del régimen disciplinario de la Guardia Civil. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 231-1, de 19 de abril de 2002. (Número
de expediente 122/000207.) ... (Página 14617)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de transferencia de medios personales, materiales y funcionales en materia de gestión de los aeropuertos catalanes a la Generalidad de Cataluña. 'BOCG. Congreso de los Diputados',
serie B, número 332-1, de 24 de abril de 2003. (Número de expediente 122/000293.) ... (Página 14618)
Proposiciones no de Ley: ...
- Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre modificación de la emisión del voto de los españoles inscritos en el Censo de Residentes Ausentes (CERA). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 555, de 20 de junio de 2003.
(Número de expediente 162/000763.) ... (Página 14629)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para garantizar el ejercicio del derecho de voto a los españoles residentes en el
extranjero. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 255, de 29 de octubre de 2001. (Número de expediente 162/000364.) ... (Página 14629)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la situación en el Ayuntamiento de Marbella. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 583, de 15 de septiembre de 2003. (Número de expediente 162/000807.) ...
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, por la que se insta al Gobierno a que al amparo del art. 61 de la Ley 7/1985, por la Presidencia del Gobierno, previo los trámites legales establecidos, se eleve al Consejo de Ministros
el acuerdo de la disolución de la Corporación Municipal de Marbella, con los efectos previstos en el mencionado precepto. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 579, de 20 de agosto de 2003. (Número de expediente 162/000800.) ...
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes: ...
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Aymerich), sobre posición del Gobierno durante la última Cumbre celebrada en Cancún por la Organización Mundial del Comercio entre los días 9 y 15 de septiembre de 2003. (Número de expediente
173/000222.) ... (Página 14645)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas de carácter general a adoptar por el Gobierno en materia de prejubilaciones.
(Número de expediente 173/000223.) ... (Página 14651)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre política de supervisión y control de entidades financieras y de seguros y su resultado en el caso Eurobank. (Número de expediente 173/000224.) ... (Página 14655)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 14610)
Del Grupo Parlamentario Socialista, orgánica de reforma de la Ley Orgánica 1/1991, de 17 de junio, del régimen disciplinario de la Guardia Civil ... (Página 14610)
Presenta la proposición de ley para su toma en consideración el señor Mayoral Cortés, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Afirma que la Dirección General de la Guardia Civil es favorable a la mayor parte del contenido de la
proposición de ley que su grupo presenta esta tarde en el Congreso de los Diputados. Argumenta esta afirmación basándose en declaraciones del director general de la Guardia Civil en diversas reuniones y ponencias sobre los derechos, libertades y
deberes de los guardias civiles así como sobre la legalidad de la sanción disciplinaria de arresto. Asegura también que el señor López Valdivielso dijo, a preguntas del señor Gil Lázaro en la sesión de la Comisión de Justicia e Interior del día 27
de mayo, que el dictamen del grupo de trabajo de la Dirección General de la Guardia Civil abogaba por la necesidad de elaborar un anteproyecto de ley de reforma del régimen disciplinario.
Esto es justamente lo que su grupo propone en la proposición
de ley y que se configura en torno a dos elementos mínimos: suprimir una sanción que se considera obsoleta y modificación del régimen disciplinario.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Torme Pardo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Modificación del orden del día ... (Página 14617)
Conforme al artículo 68 del Reglamento, la Presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día, en el sentido de que el punto 60, relativo al dictamen de la
Comisión del proyecto de ley de firma electrónica, pase a debatirse antes del punto 59, relativo al dictamen de la Comisión del proyecto de ley general tributaria, lo que se acuerda por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley (continuación.) ... (Página 14617)
Del Grupo Parlamentario Socialista, orgánica de reforma de la Ley Orgánica 11/1991, de 17 de junio, del régimen disciplinario de la Guardia Civil ... (Página 14617)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, orgánica de reforma de la Ley Orgánica 11/1991, de 17 de junio, del régimen disciplinario de la Guardia Civil, se rechaza por 121 votos
a favor, 142 en contra y dos abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de transferencia de medios personales, materiales y funcionales en materia de gestión de los aeropuertos catalanes a la generalidad de Cataluña ... (Página
14618)
Presenta la proposición de ley para su toma en consideración el señor Sedó i Marsal, en nombre de Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) Manifiesta que los aeropuertos constituyen una infraestructura vital para el desarrollo
económico y social del territorio, por lo que una gestión eficiente y eficaz de las infraestructuras aeroportuarias es una condición necesaria para garantizar la competitividad futura en todos los órdenes de dicho territorio. Cataluña, añade,
cuenta en la actualidad con una importante red aeroportuaria, gracias básicamente a su localización estratégica, pero no dispone de capacidad de gestión autónoma de una de las mayores infraestructuras para un país como son los aeropuertos, que está
encomendada al organismo público de ámbito estatal AENA, lo que dificulta la adopción de soluciones adecuadas en el ámbito del transporte aéreo. Tras referirse a los diferentes antecedentes de la proposición de ley que presentan, explica su
contenido, que consiste en modificar el texto de la Ley de acompañamiento de 2002, que hace referencia a modificar el artículo 82.2 donde se originaban las funciones de AENA.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Núñez Castain, del Grupo Parlamentario Mixto; Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Otxoa de Eribe Elorza, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Rejón
Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Segura Clavell, del Grupo Parlamentario Socialista, y Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de réplica intervienen los señores Sedó i Marsal, Segura Clavell y Ayala Sánchez.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de transferencia de medios personales, materiales y funcionales en materia de gestión de los aeropuertos catalanes a
la Generalitat de Cataluña, se rechaza por 132 votos a favor y 142 en contra.
Proposiciones no de ley ... (Página 14629)
Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre modificación de la emisión del voto de los españoles inscritos en el censo de residentes ausentes (CERA.) ... (Página 14629)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para garantizar el ejercicio del derecho de voto a los españoles residentes en el
extranjero ... (Página 14629)
Se debaten conjuntamente las dos proposiciones no de ley sobre el censo de residentes ausentes. La primera,
presentada por el señor Rivero Baute, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, está orientada a la mejora de los mecanismos para garantizar el voto de los inscritos en el censo electoral de residentes ausentes. Hace una breve
defensa de su iniciativa por haber sido debatido ya este asunto tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, pero el que sea breve, dice, no significa que el asunto no sea importante, puesto que se refiere a garantizar los derechos
fundamentales que tienen los ciudadanos españoles, unos derechos que tienen más de un millón de compatriotas que en este momento están inscritos en el censo de residentes ausentes.
En segundo lugar defiende la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el señor Rejón Gieb. Asegura que aunque es una vieja proposición no de ley, ésta no está muerta, puesto que tiene vigencia y actualidad,
y no sólo para los próximos períodos electorales sino también por contribuir al respeto y a la limpieza del voto y de la expresión democrática. Se trata de poner fin y corregir irregularidades que rodean el ejercicio del derecho de voto de los
españoles y españolas residentes en el extranjero; se trata en suma de garantizar ese derecho de forma libre y transparente, procediéndose a la actualización del censo consular y con él del censo de españoles residentes ausentes. Asimismo muestra
su conformidad con la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
En defensa de las enmiendas presentadas a las proposiciones no de ley intervienen la señora Marón Beltrán, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Vera Pro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y López de Lerma i López, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas intervienen los señores Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En turno de réplica intervienen los señores Vera Pro y Aymerich Cano.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre modificación de la emisión del voto de los españoles inscritos en el censo de residentes ausentes, que se somete a votación en los términos
derivados del debate y con la incorporación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso que han sido aceptadas, se aprueba por 178 votos a favor y dos abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para garantizar el ejercicio del derecho de
voto a los españoles residentes en el extranjero, en sus propios términos, se rechaza por 138 votos a favor y 142 en contra.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la situación en el Ayuntamiento de Marbella ... (Página 14638)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, por la que se insta al Gobierno a que al amparo del artículo 61 de la Ley 7/1985, por la Presidencia del Gobierno, previo los trámites legales establecidos, se eleve al Consejo de Ministro
el acuerdo de la disolución de la Corporación Municipal de Marbella, con los efectos previstos en el mencionado precepto ... (Página 14638)
Se debaten conjuntamente las dos proposiciones no de ley sobre el Ayuntamiento de Marbella, pidiendo la señora Muñoz Uriol, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, una solución a la crisis institucional que vive el
Ayuntamiento de Marbella, sin entrar en el ámbito electoralista, sino siendo profundamente justos con los ciudadanos de aquel municipio. Muestra su conformidad en alcanzar un consenso entre todos para avanzar en el pacto antitransfuguismo y adoptar
medidas que vayan encaminadas a evitar situaciones como las que se dieron en el Ayuntamiento de Marbella y explica el contenido de la proposición no de ley en la que su grupo insta al Gobierno a efectuar un informe amplio que diga cuáles son las
medidas que se deben tomar para poner freno a los desmanes que están ocurriendo en el Ayuntamiento de Marbella.
A continuación, el señor Centella Gómez, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, manifiesta que, sin dejar de lado ninguna propuesta, su grupo presenta una autoenmienda que se basa en su convencimiento de que la
disolución
de la Corporación Municipal de Marbella sigue siendo la mejor medida, quizá la única legal que existe en este momento para resolver el problema que tiene la corporación, y pide que este Parlamento, poniendo punto final al debate sobre
Marbella, reconozca que allí la situación es grave y perjudicial. Considera incompleta la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, por lo que la van a rechazar y anuncia la abstención en relación con la iniciativa que plantea el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas a las dos proposiciones no de ley intervienen los señores Núñez Castain, del Grupo Parlamentario Mixto, y Asenjo Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas planteadas intervienen la señora Muñoz Uriol y el señor Centella Gómez.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la situación en el Ayuntamiento de Marbella, en sus propios términos, se aprueba por 246 votos a favor, uno en contra y 27 abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, por la que se insta al Gobierno a que al amparo del artículo 61 de la Ley 7/1985, por la Presidencia del Gobierno, previos los trámites legales
establecidos, se eleve al Consejo de Ministros el acuerdo de la disolución de la Corporación Municipal de Marbella, con los efectos previstos en el mencionado precepto, con la incorporación de la enmienda del propio grupo parlamentario, se rechaza
por cinco votos a favor, 146 en contra y 124 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 14645)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Aymerich), sobre posición del Gobierno durante la última cumbre celebrada en Cancún por la Organización Mundial del Comercio entre los días 9 y 15 de septiembre de 2003 ...
El señor Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto, dice que esta moción está redactada con el espíritu abierto e integrador que refleja la posición que él, en representación del Bloque Nacionalista Galego, mantuvo en el debate de la
semana pasada con el vicepresidente primero del Gobierno. No considera una buena noticia el fracaso de la cumbre de Cancún, pero piensa que quizá sea mejor ningún acuerdo que un mal acuerdo y apuesta por la continuidad del multilateralismo en el
ámbito comercial, respetuoso con el derecho de los pueblos a determinar democráticamente su propio modelo de desarrollo económico y social. Explica el contenido de la moción en la que se insta al Gobierno a promover una nueva ronda de negociaciones
en el marco de la Organización Mundial de Comercio que resuelva el problema de la garantía del acceso de todos los ciudadanos de cualquier país del mundo a los medicamentos esenciales para el mantenimiento de la salud, y a dar una solución justa al
problema del acceso a los mercados por parte de los productos, sobre todo los manufacturados, que proceden de los países en vías de desarrollo.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen los señores Díaz Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista; y Frutos Gras, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; y las señoras Riera Reñé, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y Báñez García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de rechazar las enmiendas presentadas, con el fin de permitir la votación separada de los cuatro puntos de la moción, interviene el señor Aymerich Cano.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas de carácter general a adoptar por el Gobierno en materia de prejubilaciones ... (Página 14651)
El señor Campuzano i Canadès presenta la moción, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y anuncia a la Cámara en primer lugar la aceptación del contenido de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular,
así como el rechazo de las enmiendas planteadas por los grupos Socialista y de Izquierda Unida. Pone de manifiesto, como ya se hizo en la interpelación, que uno de los principales problemas de nuestro mercado laboral es la tasa de actividad para
los trabajadores mayores de 55 años. Reitera lo que ya se dijo en la interpelación y es que las cifras de parados mayores de 50 años y la alta tasa de prejubilaciones son un despilfarro y afecta a la convivencia, a la
calidad de vida de las personas y a su autoestima, además de suponer un grave riesgo para la sostenibilidad de nuestros sistemas públicos de pensiones y de reparto en el medio y largo plazo. Por ello, asegura, era necesaria una ley de
jubilación gradual y flexible y es necesario ahora proceder a una adecuación de la misma.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista; y los señores Ruiz López, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Burgos Gallego, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre política de supervisión y control de entidades financieras y de seguros y su resultado en el caso Eurobank ... (Página 14655)
La señora Costa Campi, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, manifiesta que su moción tiene como objetivo proteger los legítimos intereses de los afectados por el caso de Eurobank y exigir las responsabilidades que tuvieran las
autoridades supervisoras implicadas, tanto independientes como jerárquicas, a nivel central y autonómico, y proceder, si es preciso, a las modificaciones legales pertinentes. Por ello plantean a la Cámara la necesidad de establecer los adecuados
mecanismos para la satisfacción de los intereses de los perjudicados, procediendo a mejorar de forma inmediata entre otras medidas los niveles de cobertura del Fondo de Garantía de Depósito, y exigiendo el compromiso del Gobierno para buscar todas
aquellas soluciones que permitan recuperar a los afectados la totalidad de sus depósitos. Estas medidas, añade, necesitan una reforma en profundidad del modelo de supervisión, una modificación de la actual normativa para que las autoridades de los
órganos supervisores respondan política y jurídicamente, cambios normativos que permitan aún una intervención inmediata si la inspección del Banco de España y los auditores informan de la existencia de irregularidades muy graves y un mayor respeto a
la distribución competencial, constitucional y estatutaria en materia de supervisión financiera.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Frutos Gras, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene la señora Costa Campi.
Se someten a votación en primer lugar los diferentes puntos de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señor Aymerich, sobre posición del Gobierno durante la última cumbre celebrada en Cancún por la
Organización Mundial de Comercio entre los días 9 y 15 de septiembre de 2003, que son rechazados.
En segundo lugar se somete a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas de carácter general a adoptar por el Gobierno en materia de prejubilación, en los
términos derivados del debate y con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular que ha sido aceptada, que es aprobada por 257 votos a favor, dos en contra y ocho abstenciones.
Sometida a votación finalmente la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre política de supervisión y control de entidades financieras y de seguros y su resultado en el caso Eurobank, en los
términos derivados del debate y con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida que ha sido aceptada, se rechaza por 109 votos a favor 154 en contra y cuatro abstenciones.
Se suspende la sesión a las diez de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 11/1991, DE 17 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA GUARDIA CIVIL. (Número de expediente 122/000207.)
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley.
En primer lugar, toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, orgánica de reforma de la Ley orgánica 11/1991, de 17 de junio, del régimen disciplinario de la Guardia Civil. Para la presentación y
defensa de la iniciativa, tiene la palabra el señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señora presidenta, señorías, buenas tardes.
Comenzaré mi intervención con una afirmación: La Dirección General de la Guardia Civil es favorable a la mayor parte del contenido de la proposición de ley que presentamos esta tarde en el Congreso. Esta afirmación no es baladí y se
fundamenta en los siguientes argumentos. En primer lugar, la Dirección General de la Guardia Civil convocó unas jornadas, bajo el título Derechos, Libertades y Deberes de los Guardias Civiles, en abril del año pasado. En ellas, el director
general, que las inauguró, indicó que lo que se pretendía fundamentalmente era debatir acerca de si estaban o no justificadas las limitaciones existentes sobre las libertades y derechos de los guardias civiles y anunció dos iniciativas de carácter
legal; por una parte, una ley de derechos, deberes y libertades de los guardias civiles, que vendría a esta Cámara antes de finalizar esta legislatura y, por otra, un proyecto de ley de régimen disciplinario.
En aquellas jornadas hubo una ponencia con el siguiente título: El derecho de la libertad personal, la sanción disciplinaria de arresto a los guardias civiles. Allí, una catedrática de derecho constitucional recordó el artículo 25.3 de la
Constitución donde se dice que la Administración civil no podrá imponer sanciones que directa o subsidiariamente impliquen privación de libertad. El general Pardo Aldea, allí presente y partícipe en estas jornadas, cuestionó en su intervención la
legalidad de la sanción de arresto y expresó la necesidad de dictar una nueva ley de régimen disciplinario. En diversas ocasiones, el director general de la Guardia Civil se ha manifestado favorable a la supresión de la sanción de arresto.
Recuerdo una sesión de la Comisión de Justicia e Interior, celebrada el día 27 de mayo, donde el señor Gil Lázaro, formuló una pregunta (hay que entender que cuando la mayoría pregunta al Gobierno no es precisamente para fastidiar al
Gobierno, sino para que se luzca, y entendimos todos que se trataba de que el señor director general, a instancia del señor Gil Lázaro, expresara su opinión y su propósito) al director general.
Este dijo que, efectivamente, se había constituido un
grupo de trabajo y que había dictaminado dos cuestiones. Primero, que en la próxima renovación del Convenio de derechos humanos se levantaría la reserva que el Estado español tiene sobre alguno de sus artículos en función de la existencia en España
de la sanción de arresto para los guardias civiles.
El señor López Valdivielso justificó, a instancias de la pregunta del señor Gil Lázaro, con una serie de argumentos que ahora indicaré, por qué motivos había que suprimir la sanción de arresto a
los guardias civiles.
En primer lugar, porque no tiene -son palabras literales del señor López Valdivielso, director general de la Guardia Civil, por si a alguien se le ha olvidado- ninguna justificación, en los tiempos que vivimos, para un cuerpo
con las misiones que tiene la Guardia Civil. Decía también: produce malestar y rechazo entre la población, los guardias civiles, etcétera. Terminaba diciendo: en la actualidad ha dejado de tener contenido y utilidad. Es decir, se trata de una
sanción que ni siquiera tiene una justificación mínimamente funcional. Por ello, la Dirección General de la Guardia Civil aconsejó, y es una doctrina existente en la dirección general, que no se impusieran sanciones de arresto, de tal suerte, que
se ha producido una disminución espectacular en la imposición de este tipo de sanciones, pasando de 4.000 en el año 1994 a 800 en el año 2001.
Finalmente, el señor López Valdivielso, a preguntas del señor Gil Lázaro, dijo que el dictamen del grupo de trabajo de la Dirección General de la Guardia Civil aboga por la necesidad de elaborar un anteproyecto de ley de reforma del régimen
disciplinario, justamente el contenido de la proposición de ley que traemos aquí esta tarde, que se configura en torno a dos elementos mínimos en lo que se pueda referenciar una reforma de un régimen disciplinario: suprimir una sanción que se
considera obsoleta, que el propio director general de la Guardia Civil considera inútil, improcedente e incluso vejatoria, y, por otra parte, modificar el régimen disciplinario. Aquí la traemos para referir la reforma fundamentalmente a elementos
relativos a los órganos competentes que seguidamente indicaré.
Después de aquellas jornadas, de aquella comparecencia del director general de la Guardia Civil, de aquella pregunta interesada del señor Gil Lázaro, ha pasado el tiempo. ¿Por qué el Gobierno no ha remitido aquí ese proyecto de ley? ¿Por
qué no lo ha remitido si había tanta convicción, si se habían hecho hasta unas jornadas y todo el mundo estaba de acuerdo, desde la base de la Guardia Civil, la Asociación Unificada de la Guardia Civil, generales de la Guardia Civil, el director
general de la Guardia Civil, el señor Gil Lázaro? ¿Por qué no traen la ley? Habría que preguntarse quién lo impidió. ¿Qué piensa el señor Acebes sobre esta cuestión? ¿Qué opina el señor Trillo sobre esta cuestión? ¿Es verdad que Defensa se
opone? Habría que decirlo para que la opinión pública se entere. ¿O es que estamos mareando la perdiz para que unos y otros no se enteren? Podemos empezar por los asociados de la Asociación Unificada de la Guardia Civil que, recibidos en
distintas ocasiones por el director general de la Guardia Civil, fueron informados de que era propósito de la dirección general modificar el régimen disciplinario para suprimir la sanción de arresto. No sé lo que
ocurre, nos lo tendrá que decir el Grupo Parlamentario Popular.
Sería lamentable, señorías, que esta tarde se escenificara la misma situación que se escenificó cuando el Grupo Parlamentario Popular trajo a esta Cámara la proposición de ley de asociacionismo profesional de los guardias civiles. Después
de reiterados pronunciamientos favorables del director general de la Guardia Civil, de las aspiraciones de la base de la Guardia Civil y de muchas personas conocedoras de estos temas en este ámbito de profesionalidad, después de tantas opiniones
positivas y de la creencia de que el Grupo Parlamentario Popular asumiría las posiciones del director general del cuerpo, nos encontramos con que lo que había defendido el señor director general del cuerpo fue rechazado, negado y literalmente
aplastado por la mayoría parlamentaria del Grupo Parlamentario Popular, que se opuso a algo que se entendía como un derecho fundamental, algo que definitivamente tiene que regularse porque los tribunales fuera del marco del ámbito competencial de la
Guardia Civil ya han decidido. En esta ocasión tenemos más motivo para la esperanza porque si aquella conjunción de opiniones y propósitos entre el señor Valdivielso y el señor Gil Lázaro se manifestó aquel día en la Comisión de Justicia e
Interior, supongo que el señor Gil Lázaro habrá procedido a convencer incluso al propio ministro de Defensa, que es donde parece que se encuentra la posición más renuente a la aprobación de esta proposición de ley.
Ante la pasividad que hemos encontrado en el Gobierno, nosotros hemos asumido compromisos que consideramos imprescindibles, con reformas que entendemos necesarias, para que este cuerpo de la Guardia Civil gane eficacia y modernización. La
Ley de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, señorías, supuso la delimitación de la Guardia Civil como fuerza de seguridad del Estado, dotada de un régimen disciplinario propio y diferente del de las Fuerzas Armadas, de las que no forma parte.
Es en esta dirección en la que hay que ir y no por la que hoy asume el Gobierno. Digo esto porque hemos tenido información de la existencia de un proyecto de real decreto titulado sobre misiones del carácter militar de la Guardia Civil en
colaboración con las Fuerzas Armadas, que ha sido dictaminado por el Consejo de Estado. Pues bien, en este proyecto de real decreto se produce un giro de remilitarización de la Guardia Civil, sin duda debido a las necesidades que tiene el
Ministerio de Defensa y que todos conocemos. No ha sido precisamente un éxito la creación del Ejército profesional, más de un 30 de por ciento de plazas de profesionales militares no se cubre y si, además, como consecuencia de este neoimperialismo
en el que estamos jugando estos últimos tiempos, se producen intervenciones como la de Irak y se amplían los compromisos de España en intervenciones exteriores, obviamente no es suficiente con los profesionales de las propias Fuerzas Armadas, y da
la impresión de que se hubiera producido la tentación de tirar en cierta medida de la Guardia Civil. Se ha hablado mucho de que la Guardia Civil iría a Irak, se ha hablado mucho de que los aliados de la ocupación de Irak pedirían la intervención de
la Guardia Civil allí, que finalmente no se ha producido.
Lo que preocupa es que se oriente otra vez el régimen disciplinario de la Guardia Civil, sobre todo que se reoriente la política de la Guardia Civil, que es una fuerza de seguridad del
Estado, otra vez pensando en las necesidades de defensa y no en las primarias, elementales y fundamentales necesidades que existen en la seguridad ciudadana en España en un momento en que se ha producido una elevación importantísima de la
criminalidad en nuestro país, y que son insuficientes las actuales fuerzas de seguridad para afrontar el fenómeno de incremento de la criminalidad que en este momento existe en nuestro país. Siendo eso así, no tiene sentido remilitarizar funciones
hacia la Guardia Civil, sino mantenarla en la función esencial de cuerpo de seguridad del Estado, que es para lo que esencialmente fue creada.
La Guardia Civil, señorías, no forma parte de las Fuerzas Armadas -esto es ya doctrina constitucional y figura en los preámbulos de nuestras leyes-, sino de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y ahí es donde realiza su dedicación
ordinaria. Es lógico, por lo tanto, señorías, que el órgano sancionador de las conductas de los guardias civiles en el desempeño de sus funciones de seguridad bajo mandos y funciones que no son militares corresponda al Ministerio del Interior, que
es lo que planteamos en esta proposición de ley. Es preciso avanzar también en la clarificación del régimen disciplinario desde el punto de vista del órgano competente para aplicarlo, que tiene que ser el Ministerio del Interior y culminar en el
contencioso civil ordinario y no en el contencioso militar extraordinario a que actualmente se ve sometido. No es lógico que la máxima sanción que se puede imponer a un funcionario público, que es la separación del servicio, por funciones,
actividades y desarrollo de su trabajo en un servicio determinado, bajo la dependencia de unas autoridades de carácter civil, en cuestiones de seguridad ciudadana, acabe finalmente dependiendo del Ministerio de Defensa. La separación de un guardia
civil que cometa una serie de infracciones o una infracción que sea considerada muy grave no depende del Ministerio del Interior, según la ley, depende del Ministerio de Defensa. Sin embargo, ¿a quién ha estado obedeciendo ese señor durante todo el
tramo de su ejercicio profesional? ¿Quién le ha dado las instrucciones? ¿Quién le ha ordenado el trabajo? ¿En qué ámbito ha desarrollado su función? En el de la seguridad ciudadana. ¿Cómo es posible que finalmente sea el Ministerio de Defensa
el que le separe de las funciones? Es algo que no tiene lógica y manifiestamente incoherente.
También nos parece carente de sentido que, cuando se produce la instrucción de los procedimientos sancionadores,
sea un instructor jurídico militar el que desarrolle la instrucción de esos procedimientos, cuando en la Guardia Civil existen oficiales, existen agentes en número suficiente para poder instruir los expedientes ordinarios que deriven del
desarrollo del ejercicio de las funciones propias de la Guardia Civil en materia de seguridad ciudadana. No tiene sentido introducir aquí a los jurídicos militares, que ya tienen sus funciones en el ámbito de las Fuerzas Armadas.
Así pues, señorías, nuestra proposición no de ley plantea significativas modificaciones, aunque pocas, no sólo referidas a la sanción de arresto, sino también a un cambio en la competencia sancionadora en función del ámbito en que se
produzca la actuación del agente: en tiempo de paz, agente trabajando en materia de seguridad ciudadana, el órgano sancionador tiene que ser el Ministerio del Interior; en tiempo de guerra y en misiones militares, el órgano sancionador tiene que
ser el Ministerio de Defensa.
Pues bien, esto es lo que consideramos que necesita en este momento, como una medida imprescindible, la Guardia Civil. Consideramos imprescindible esta medida por una razón importante: queremos mantener el nivel de eficacia de la Guardia
Civil. Consideramos que es una fuerza útil, necesaria y prestigiosa en el ámbito de la seguridad del Estado, pero para mantener su eficacia y su nivel de actuación no viene bien el estancamiento. Una política excesivamente conservadora aquí puede
perjudicar a la larga a la Guardia Civil, por eso es mejor trabajar por el perfeccionamiento, por la eficacia y por la elevación de la moral. No olvidemos datos que desgraciadamente están en la opinión pública y en las estadísticas de la propia
Guardia Civil. La tasa de suicidios y de tentativas de suicidios en la Guardia Civil es alta. Este no es un tema sobre el que a mí me guste ampliar mi intervención, ni creo que le guste a nadie, pero solamente tenemos que recordar que la tasa de
suicidios en España es del 8,6 por 100.000, mientras que en la Guardia Civil es del 27 por 100.000, tasa similar a la que existe en Finlandia o en Japón.
Tenemos que evitar esto, y tenemos que evitar también las frecuentes bajas psicológicas. Para
eso, tenemos que poner remedios, y posiblemente alguno de esos remedios pase por la reforma del régimen disciplinario de la Guardia Civil, que no es tampoco un dogma de fe. Pedimos coherencia al Grupo Popular.
Recuerdo una vez más lo que he dicho anteriormente. Hemos traído aquí esta iniciativa en función de la pasividad del Partido Popular a la hora de abordar un propósito que ha surgido de la propia Dirección General de la Guardia Civil y que
es reclamada por amplios sectores del cuerpo. Por eso, entre otras cosas, hemos traído aquí esta iniciativa, y porque valoramos, cuidamos y tenemos más afecto a una organización en la medida en que buscamos en su perfeccionamiento la solución a los
problemas que tiene planteados. Espero que el Grupo Popular sea coherente y vote a favor de esta iniciativa y, desde luego, espero que no tengamos aquí una vez más el recordatorio de la Chanson de Roland, con la que tan frecuentemente tratamos de
evadirnos de la realidad cuando planteamos los crudos problemas que en ella existen.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mayoral.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego va a apoyar la proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica 11/1991, de régimen disciplinario de la Guardia Civil, que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, y lo hace con la convicción de que hay que
dar pasos, aunque sean pequeños, para que este cuerpo, que pertenece a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pueda ser amparado por el libre ejercicio de derechos y libertades de carácter fundamental. No deja de ser una ironía que
precisamente la Constitución española, atribuyendo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la protección del libre ejercicio de derechos y libertades y la garantía de la seguridad ciudadana, deje en cierta manera desamparado a uno de los
actores fundamentales en esta protección.
Es cierto que con esta modificación se va a reducir el rigurosismo y el uso arbitrario de la ley. Seguramente va a incidir positivamente en el ambiente que se puede vivir dentro del cuerpo de la Guardia Civil, en cuanto a mayor estabilidad
psicológica y a menos problemas de depresión que puedan conducir a situaciones irreversibles. También es cierto que hace una opción clara por la eliminación de la sanción de arresto típicamente militar que se venía utilizando efectivamente con
excesiva frecuencia y además sin garantía de ningún tipo.
Tenemos que recordar que una de las claves de las contradicciones del cuerpo de la Guardia Civil está precisamente en su carácter híbrido.
Mientras no se supere este carácter híbrido optando plenamente por su consideración como un cuerpo de
seguridad de Estado y homologándolo a todos los efectos a la policía como una policía especial, no habrá una solución adecuada para sus problemas. El propio grupo proponente recuerda que la Guardia Civil depende normalmente del Ministerio del
Interior y solamente para algunas actuaciones o funciones, que pueden ser en caso de guerra o incluso en actividades de carácter secreto relacionadas con controles de determinado tipo, puede depender del Ministerio de Defensa.
Los proponentes dan
dos detalles que a nuestro modo de ver son fundamentales, no solamente depende del Ministerio del
Interior en la vida ordinaria, sino también el sistema de retribuciones y la organización del cuerpo dependen del Ministerio del Interior. La consecuencia lógica sería, por lo tanto, que fuera un cuerpo de policía más, dependiente de este
ministerio. En todo caso, nosotros vemos con buenos ojos que, ya que no se opta por acabar con este hibridismo, por lo menos se garantice la proporcionalidad en las sanciones, que se clarifique el tipo de sanciones eliminando las que son vejatorias
y de carácter militar más agudizado y además, que quede claro quiénes son las autoridades que pueden hacerlo, optando por que mayoritariamente sean autoridades vinculadas al Ministerio del Interior.
Por todo esto, porque es un adelanto y una posibilidad de eliminación de abusos y de arbitrariedades, aunque no acabe con la dualidad y el hibridismo, vamos a apoyar la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señora presidenta.
Señoría, vamos a tocar de nuevo un tema de enorme importancia, y lo vamos a tocar con timidez en función de la propuesta que a través de una proposición de ley hace el Grupo Socialista.
Nos encontramos con un problema de gran volumen, un problema que se intenta ocultar, pero las contradicciones internas de la Guardia Civil con respecto a su entorno, a sus mandos, con respecto a su naturaleza, están haciendo que estalle en
cuestiones que poco a poco muestran que la situación es insostenible. Daba datos el señor Mayoral con respecto a depresiones, suicidios, con respecto a una violencia interna que sólo se va a poder solucionar a través de la autoestima -situemos este
término en principio- de la Guardia Civil, que no encuentra manera de ser formulada de forma democrática. Esa es la palabra, la Guardia Civil está al margen de una filosofía estrictamente democrática. Sigue el dogmatismo en la dirección del
Gobierno de este país; creo que el señor Valdivieso es consciente de esta situación, pero va a pasar a la historia, si es cesado después de esta legislatura, sin haber solucionado el tema fundamental de la Guardia Civil.
La naturaleza de la Guardia Civil es dual, son como centauros. Se puede definir como una policía funcionarial normal, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero al mismo tiempo tiene una dependencia militar que hace participar a sus
miembros en misiones de tipo militar en Kosovo, etcétera; incluso ahora, de cara a Irak, se habla de que puede haber un destacamento que participe en cualquier tipo de operación. Son unos auténticos centauros y no es posible que encuentren su
autoestima en esta definición bifronte, es imposible encontrarla. Fíjense si es difícil encontrar la autoestima cuando te están dirigiendo el señor Trillo y el señor Acebes. Sólo esto explicaría gran parte de lo que le pasa a la Guardia Civil,
dependen al mismo tiempo de Trillo y de Acebes. Es imposible, a partir de ahí, generar una solución de compromiso que vaya abriendo paso a una solución absolutamente democrática.
Desde la misma capacidad adquisitiva de la Guardia Civil, como se ha señalado aquí por el señor Rodríguez, desde los mismos emolumentos que perciben, se muestra que están fuera de la situación normal, que están en una posición exótica.
Ganan cantidades que no son parangonables, en ningún caso, a las de cualquier agente municipal de cualquier ayuntamiento, por muy pequeño que sea. A partir de ahí, tienen un sistema de trabajo que en absoluto está siendo respetado por las formas de
aquellos que les dirigen, les controlan y sancionan cualquier eventualidad que se produzca en ese trabajo. No hay forma humana de que puedan defenderse porque no tienen derecho de asociación. A veces, tienen que recurrir a las mujeres, a los
hijos, a los familiares, que hacen una labor de intermediación porque ellos no pueden salir a defenderse, en función de esta incapacidad para asociarse. Al mismo tiempo, no consiguen el objetivo de fondo, que viene recogido desde 1979 en la
Asamblea General de Naciones Unidas, con la resolución 690 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 1979, no consiguen que se desmilitarice el cuerpo.
Existía un dogmatismo que hacía pensar que la Guardia Civil tenía una esencia inmutable, que podían sufrir, podían comer mal, podían vivir en la endogamia de las casas cuarteles, podían tener problemas de asociación y problemas familiares,
pero tenían una esencia oculta que era como la operación Plus Ultra: nunca decaerían. Sin embargo, resulta que son hombres y mujeres normales, y la democracia no lo quiere reconocer. No, ustedes manténgase ahí, esto es como la mezcla del monje
soldado, ustedes son más monjes que soldados o soldados y monjes. Eso no es así, hay 5.000 guardias civiles con depresión, es verdad que hay muchos intentos de suicidio, y no hay forma humana de que consigan una autoestima porque no encuentran
interlocución real en este Gobierno, no la encuentran.
Aparece aquí una tímida posibilidad de entrar en un proceso de discusión, que se va a rechazar. Es una posición de mínimos que nos podría permitir avanzar en el trabajo de la recuperación de esa autoestima, pero parece que el Partido
Popular nos va a venir a decir que la Guardia Civil va fabulosamente, que todo está coordinado, que no hay problema de ningún tipo, que aquellos a los que aludimos están inventado por nosotros y que son un cuerpo que puede vivir al margen de la
realidad. Eso es lo que se nos viene a decir con otras palabras, y no es verdad. Se ha llegado a una contradicción
tal que en un momento determinado este tema estallará de una forma u otra, ya está estallando. No es posible mantener esta situación. Si se mantiene es por la responsabilidad de los agentes de la Guardia Civil -¡que yo tenga que decir
esto!-, no de los mandos, no del Gobierno, que están generando una situación bastante insostenible.
Nosotros vamos a apoyar esta proposición de ley para modificar la Ley Orgánica 11/1991, aunque sea con una posición de mínimos, y pensamos que si el Partido Popular tuviera una mínima sensibilidad y no aceptase la presión constante de los
jefes disciplinantes, de aquellos que piensan que todo se hace por huevos, como diría el señor Trillo, y nada más, no hay más justificación, no hay más explicación, podríamos entrar en una fórmula de raciocinio, de equilibrio, de discusión
democrática, de cara a conseguir la desmilitarización, la modernización y, naturalmente, la recuperación de la autoestima de la Guardia Civil.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, el señor Jané tiene la palabra.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señorías, el señor Mayoral presenta hoy una propuesta de modificación de la Ley orgánica 11/1991, del régimen disciplinario de la Guardia Civil.
Se ha comentado ya en anteriores intervenciones la necesidad de reformar esta ley. Incluso existen ya grupos de trabajo dirigidos a uno de los elementos troncales de la propuesta que esta tarde se debate en el Pleno del Congreso de los
Diputados, que es la supresión de la sanción disciplinaria de arresto. Nuestro grupo está de acuerdo con esta propuesta y, por tanto, votará a favor de su toma en consideración.
Sabemos que es una propuesta de mínimos, pero Convergència i Unió
entiende que esto daría lugar a un debate legislativo en que cual todos los grupos parlamentarios tendríamos la oportunidad de plantear enmiendas para dar respuesta a una situación, la persistencia de esta sanción de arresto que, como se recordaba
bien, desde la propia jerarquía de la Guardia Civil, desde sus máximos responsables no se está aplicando como se debería aplicar de acuerdo con la ley porque ni se entiende justificada ni se entiende que tenga el contenido que debería tener en el
actual modelo de Guardia Civil que se pretende ni se considera que sea útil. Con lo cual se nos da una paradoja y es que no modificamos la ley, pero se tiende a no aplicarse. Bueno es que desde esta Cámara demos ejemplo de que las leyes son para
ser aplicadas. Por tanto, cuando entendemos que no existe esa justificación, es positiva la proposición de ley que hoy se trae.
Hay otros motivos que también merecen la valoración positiva del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió. Concretamente, cuando estamos ante una sanción de separación del servicio, actualmente y con la ley en la mano, compete al
Ministerio de Defensa siempre. Es bueno realizar legislativamente lo que debe ser una bifurcación, y debe corresponder al Ministerio del Interior o al Ministerio de Defensa en función de la misión encomendada que dio origen a esa sanción. Con lo
cual también aquí existe esa pervivencia, que otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra ponían encima de la mesa, de la falta de adecuación global de lo que debe ser el cuerpo de la Guardia Civil. De ahí que ese primer paso que
sería esa modificación merezca hoy la valoración positiva de Convergència i Unió.
Para finalizar, y sin querer extenderme más, hay otro aspecto que no recuerdo que se haya citado, pero que sí está en la proposición de ley y que tiene una significación especial, que es el régimen supletorio. ¿Qué régimen supletorio se
aplica a una norma? Cuando esa norma tiene una laguna siempre vamos a buscar el régimen supletorio y el régimen supletorio siempre era el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas.
Con la propuesta que hoy se nos trae, el régimen supletorio
puede no ser el correspondiente a las Fuerzas Armadas, sino el de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que es más acorde en la mayoría de los supuestos.
Globalmente, entendemos que existen hoy razones para que el Pleno del Congreso tome en consideración esta proposición de ley y que, a partir de esa aceptación a trámite, los distintos grupos, en ponencia, pudiéramos realizar aportaciones
sobre el modelo final y dar una respuesta a lo que desde Convergència i Unió entendemos que es una inquietud del propio cuerpo. Estoy seguro de que, con un voto favorable, vehicularíamos también políticamente, porque ésta es una Cámara de decisión
política, la respuesta que se espera por parte de los directamente afectados.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, la señora Torme tiene la palabra.
La señora TORME PARDO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la cuestión que hoy debatimos en esta Cámara constituye sin duda una preocupación compartida por el Grupo Parlamentario Popular, así como por el propio Gobierno. En este sentido, entre otras iniciativas, hemos presentado en mayo
del año pasado una proposición no de ley sobre el régimen disciplinario de la Guardia Civil. Por su parte, el Gobierno, tras muchos meses de estudio con detenimiento, ha elaborado un borrador de anteproyecto de una nueva ley reguladora del régimen
disciplinario de la Guardia Civil. Y es que,
señorías, estamos hablando de uno de los puntales del régimen estatutario de este personal, que aborda el tratamiento que ha de darse al incumplimiento de los deberes profesionales de los guardias civiles. Se trata de una materia de una
gran complejidad desde el punto de vista técnico y normativo, cuya reforma legislativa requiere un profundo estudio y el máximo rigor en los planteamientos. No sólo se ha de valorar, analizar y modificar en su caso la potestad disciplinaria, la
supresión de la sanción de arresto y otros aspectos sobre competencias en función del ámbito en el que se desenvuelven las funciones, sea nacional o sea extranjero, así como de las funciones bien militares o de seguridad ciudadana que desarrollen
los guardias civiles, además es necesario abordar la reforma en su conjunto, revisando las actuales conductas reprobables disciplinariamente y sus sanciones, los procedimientos, las autoridades y mandos con competencia sancionadora o, por ejemplo,
el régimen aplicable del personal en el extranjero en misiones de paz en colaboración con las Fuerzas Armadas, todo ello con el fin de adaptarse a los nuevos tiempos y realidades. En la medida en que se legisle sobre todas estas cuestiones de una
manera acertada, la repercusión será inmediata en el buen desempeño de la actividad profesional de los miembros del instituto. Por ello, a pesar de compartir con el Grupo Socialista la preocupación y el interés por dotar a los miembros del
instituto de la Guardia Civil de un régimen disciplinario nuevo, vamos a rechazar esta proposición de ley orgánica que lo que hace es introducir una modificación incompleta, además de ser técnica y jurídicamente deficiente.
En el Grupo Popular consideramos que esta iniciativa no es fruto del requerido análisis profundo y sosegado que exige la naturaleza y la complejidad de esta materia, sino que más bien pudiera incluso pensarse que es fruto del oportunismo,
tratando de tomar una iniciativa que ya estaba llevando adelante el Gobierno, mediante una reforma parcial en la que la supresión de la sanción de arresto es el estandarte de la misma.
Sin embargo, hay que tener en cuenta, como he señalado
anteriormente y como viene siendo recogido también en los medios de comunicación o como expuso en su momento el director general de la Guardia Civil en la Comisión de Justicia e Interior, a la que ha hecho referencia el señor Mayoral, que el
Gobierno lleva casi dos años trabajando con detenimiento en la elaboración de un texto que acomete una reforma integral que contempla además de la modificación de la sanción de arresto otros muchos aspectos que para nosotros son muy relevantes. En
este sentido, en julio de 2001, tras 10 años de vigencia de la Ley orgánica 11/1991, de régimen disciplinario de la Guardia Civil, sobre la base precisamente de la experiencia adquirida y de la nueva realidad social imperante, el director general de
la Guardia Civil ordenó la constitución de un grupo de trabajo integrado por personal de las distintas subdirecciones generales para que reflexionara sobre la posibilidad de modificar y actualizar en parte su redacción y contenido, evaluando
adecuadamente y con detenimiento la conveniencia y oportunidad de las mejoras que se estimasen oportunas. El citado grupo concluyó sus trabajos en diciembre de 2001, presentado propuestas de modificación de la ley disciplinaria con diverso alcance
y de elaboración de una nueva ley de régimen disciplinario de la Guardia Civil. Analizadas las diversas propuestas se consideró conveniente iniciar los trabajos para la elaboración de una nueva ley disciplinaria para la Guardia Civil, por lo que,
el 30 de enero de 2002, el director general de la Guardia Civil ordenó que el citado grupo, con la incorporación de nuevos miembros, elaborase un borrador de anteproyecto de nueva ley de régimen disciplinario para la Guardia Civil, que con tiempo
suficiente abordase con detenimiento las lagunas, también las deficiencias detectadas, así como su acomodación a las nuevas situaciones derivadas de recientes misiones de colaboración con Fuerzas Armadas en el extranjero y de la propia Ley 42/1999,
de régimen de personal del cuerpo de la Guardia Civil. Finalizado dicho trabajo, se ha elaborado un borrador de anteproyecto de ley reguladora del régimen disciplinario de la Guardia Civil que se encuentra ahora mismo en la fase de los preceptivos
informes.
Por tanto, podemos afirmar que coincidimos con el grupo proponente en cuanto a la necesidad de reformar el régimen disciplinario de la Guardia Civil, pero discrepamos en cuanto al método. No compartimos que se haga mediante retoques que son
puntuales, que se pueden considerar como parches en el régimen disciplinario y, por otra parte, no compartimos ese contenido que a nuestro juicio es incompleto y deficiente, argumentos que comparte también incluso el grupo proponente, así como el
señor Alcaraz, que han hablado de que se incluye un retoque mínimo o que se trata de una reforma tímida. Consideramos que si hay que reformar el régimen disciplinario debe hacerse de manera integral y con detenimiento.
Consideramos, en nuestro
grupo parlamentario, que un nuevo texto de régimen disciplinario de la Guardia Civil debe contar con una serie de aspectos, a nuestro juicio fundamentales, que requieren esa reforma integral y no puntual de la ley orgánica. Entre estos aspectos
fundamentales cabe destacar, junto a la modificación de la sanción de arresto, la mejora en la definición o tipificación de las faltas para determinar con mayor precisión los elementos que nos permitan diferenciar su gravedad, así como mejoras
procedimentales, tales como recoger alguna medida cautelar nueva, incrementar las garantías del interesado en el procedimiento por falta leve y los derechos de quienes dan parte disciplinario. También es necesario hacer un ajuste técnico al
contenido de la ley que he mencionado anteriormente, a la Ley del régimen de personal del cuerpo de la Guardia Civil, promulgada con posterioridad a la Ley orgánica de 1991 e íntimamente ligada a la misma, que exige actualizar la denominación de
escalas, categorías, sus situaciones administrativas, así como incorporar el tratamiento de nuevas materias entre las que destaca el sometimiento de los vocales del consejo asesor de personal, en el ejercicio de sus cometidos, a la
competencia disciplinaria del director general del cuerpo. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es la regulación de la potestad y competencia disciplinarias de los mandos de unidades de las Fuerzas Armadas en los que se integre personal de la
Guardia Civil para el cumplimiento de funciones militares, la regulación de la aplicación de la ley a los alumnos de los centros de formación o la tramitación de expedientes disciplinarios incoados a miembros del cuerpo que, por diversos motivos
previstos en las leyes y antes de que aquellos sean resueltos, dejen de estar sometidos al régimen general de derechos y deberes profesionales.
Señorías, a mi juicio, los aspectos apuntados, derivados de la experiencia acumulada durante los 12 años de vigencia de la referida ley orgánica, proporcionan elementos objetivos de juicio que nos permiten afirmar la existencia de razones
suficientes para modificar y actualizar su redacción y contenido, ajustándola a las nuevas realidades sociales imperantes, así como a los cambios sufridos en el seno del cuerpo, pero consideramos que no ha de hacerse mediante retoques puntuales sino
elaborando un nuevo texto completo y coherente.
Ya señalaba al inicio de mi intervención que la proposición de ley orgánica del Grupo Socialista es incompleta, además de ser también técnica y jurídicamente defectuosa. Asimismo, destacaba, como han hecho también los distintos portavoces
intervinientes, que se centra casi exclusivamente en la supresión de la sanción de arresto, tema que sin duda mediáticamente es estrella, tiene muchísima repercusión, es una cuestión muy importante pero no la única que motiva una reforma integral de
la vigente ley orgánica. Por ello, como señalaba al inicio de mi intervención, votaremos en contra de esta proposición de ley orgánica, considerando que se limita a abordar una reforma puntual y deficiente.
Quiero en este mismo momento señalar y
dejar constancia de nuestra disponibilidad al diálogo y dejar constancia de nuestro interés en abordar una profunda reforma de manera integral, porque la complejidad de esta materia y su repercusión en una institución como es la Guardia Civil,
encargada de garantizar la libertad y los derechos de los ciudadanos, exige un análisis sosegado y una reforma profunda y rigurosa.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Torme.
(El señor Gil Lázaro pide la palabra.)
Señor Gil Lázaro, ¿a qué efectos?
El señor GIL LÁZARO: Muchas gracias, señora presidenta.
A los solos efectos de dejar constancia...
La señora PRESIDENTA: No, señor Gil Lázaro, por favor.
El señor GIL LÁZARO: Señora presidenta, en virtud...
La señora PRESIDENTA: Señor Gil Lázaro, por favor. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio.
Señor Gil Lázaro, le ruego que indique en base o en función de qué artículo pide usted la palabra. (Rumores.) Señor Gil Lázaro, por favor.
Señor Gil Lázaro, un momento. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio.
Señor Gil Lázaro, ¿en base a qué artículo?
El señor GIL LÁZARO: Al artículo 70.1, que estaba intentando decírselo a S.S. y que S.S. no me ha permitido terminar la frase. (Rumores.-El señor Alcaraz Masats: Eso nos pasa a todos.) Claro, habrá que decírselo.
La señora PRESIDENTA: Señor Gil Lázaro, un momento. Señor Gil Lázaro, lamento decirle que el artículo 70.1 no le ampara su derecho a intervenir.
El señor GIL LÁZARO: A mi juicio, sí.
La señora PRESIDENTA: Si se refiere al artículo 71.1, que es el que hace referencia a las alusiones, desde la presidencia le indico que no se entiende que haya habido alusiones.
Muchas gracias.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
La señora PRESIDENTA: Señorías, conforme al artículo 68 del Reglamento, la presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día, en el sentido de que el
punto 60, relativo al dictamen de la Comisión del proyecto de ley de firma electrónica pase a debatirse antes del punto 59, relativo al dictamen de la Comisión del proyecto de ley general tributaria.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (CONTINUACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 11/1991, DE 17 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA GUARDIA CIVIL. (Número de expediente 122/000207.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 11/1991, de 17 de junio, del régimen disciplinario de la Guardia Civil.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 265; a favor, 121; en contra, 142; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE TRANSFERENCIA DE MEDIOS PERSONALES, MATERIALES Y FUNCIONALES EN MATERIA DE GESTIÓN DE LOS AEROPUERTOS CATALANES A LA GENERALIDAD DE CATALUÑA. (Número de expediente 122/000293.)
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de transferencia de medios personales, materiales y funcionales en materia de gestión de los aeropuertos catalanes a
la Generalidad de Cataluña.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Señora presidenta, señorías, los aeropuertos constituyen una infraestructura vital para el desarrollo económico y social del territorio. (Rumores.) Por este motivo, una gestión eficiente y eficaz de las
infraestructuras aeroportuarias es una condición necesaria para garantizar la competitividad futura en todos los órdenes de dicho territorio. (Rumores.) Cataluña cuenta en la actualidad con una importante red aeroportuaria... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Sedó, por favor.
Señorías, con el nivel de murmullo que hay en la Cámara, debido a las conversaciones que están efectuando SS.SS. desde los escaños, es imposible que aquellos diputados que tienen interés en seguir la intervención del ponente que está en el
uso de la palabra lo puedan hacer. Por lo cual les agradecería que guarden silencio o, cuando menos, mantengan las conversaciones en un tono de voz moderado. En muchas ocasiones se oyen más las intervenciones de los diputados en sus escaños, sus
conversaciones privadas, que la del diputado que está en el uso de la palabra.
Adelante, señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Cataluña cuenta en la actualidad con una importante red aeroportuaria gracias básicamente a su localización estratégica. Sin embargo, Cataluña no dispone de capacidad de gestión autónoma de una de las mayores
infraestructuras para un país como son los aeropuertos. En estos momentos la gestión de los aeropuertos del Prat, en Barcelona, Girona, Reus y Sabadell está encomendada al organismo público de ámbito estatal AENA, hecho que dificulta la adopción de
soluciones adecuadas en el ámbito del transporte aéreo. A causa de ello, los aeropuertos catalanes no son lo eficientes que podrían ser y su gestión no responde a las particularidades de su territorio, y a veces incluso llegan a constituir un freno
para el desarrollo económico de Cataluña.
Tener más capacidad para gestionar grandes infraestructuras, es decir, diseñar un modelo aeroportuario catalán, caracterizado por una fuerte implicación del territorio en el que se ubica y de los diferentes
agentes implicados, Generalitat de Cataluña, Administración local, operadores y sociedad civil, está previsto, tanto en el estatuto de autonomía como en la Constitución. En efecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1.20.ª de la
Constitución española, se reserva al Estado la competencia, por un lado, sobre el control del espacio aéreo, tráfico y transporte aéreo y, por otra parte, sobre los aeropuertos de interés general. Mediante la Ley 4/1990, de 29 de junio, de
Presupuestos del Estado para 1990 -esta ley de presupuestos se aprobó fuera de fecha-, se creó el ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea. Después, en virtud de lo que establece el artículo 82.2 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre,
de medidas fiscales, administrativas y del orden social, o sea, en la Ley de acompañamiento del año 2002, corresponde a este ente, entre otras funciones, la ordenación, dirección, coordinación, explotación, conservación y administración de los
aeropuertos públicos de carácter civil, así como de los aeródromos, helipuertos y otras superficies aptas para el transporte aéreo cuya gestión se le encomiende.
Asimismo, el Real Decreto 905/1991, de 14 de junio, que aprobó el estatuto del ente
público, determinó también que su objeto sería la gestión de los aeropuertos civiles de interés general.
Por lo que respecta al estatuto de autonomía, el artículo 11.8 asigna a la Administración catalana las funciones para ejecutar la legislación del Estado respecto a los aeropuertos de interés general cuando el Estado no se reserve la gestión
directa. El marco legal vigente permite el desarrollo de las competencias ejecutivas estatutariamente reconocidas a la Generalitat de Cataluña sobre los aeropuertos de interés general situados en su territorio, pero previamente se requiere la
exclusión de los mismos del ámbito de la gestión directa reservada al Estado mediante la correspondiente modificación de la legislación estatal relativa a la creación y asignación de funciones del ente público -las dos leyes que antes he mencionado,
la de creación del ente y la de acompañamiento, que fijaba las funciones
de AENA-. Ello posibilita una intervención de la Administración catalana en la gestión de los aeropuertos comerciales de Cataluña en el marco de un modelo más flexible y descentralizado, similar al que existe en la mayoría de países
europeos, con la participación de los agentes y la posibilidad de incorporar fórmulas de gestión privadas. Dicha descentralización de la gestión de los aeropuertos catalanes a favor de la Generalitat de Cataluña y de otras administraciones y
sectores implicados no sólo contribuiría a dotar a estos de un mayor dinamismo y ajustarlos a las necesidades de desarrollo de los factores productivos, sino que indudablemente dotaría de mayor eficiencia a todo el sistema aeroportuario español.
Así pues, el proceso que se presenta en la proposición de ley que en estos momentos debatimos consiste en modificar el texto de la Ley de acompañamiento de 2002, que hace referencia a modificar el artículo 82.2, donde se originaban las
funciones de AENA. Así pues, el texto de la proposición de ley viene a ser el siguiente: artículo 1. Modificación del artículo 82.2.a) de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990. Este artículo 82 quedaría
redactado como sigue, en cuanto a las funciones de AENA: a) Ordenación, dirección, coordinación, explotación, conservación y administración de los aeropuertos públicos de carácter civil, así como de los aeródromos, helipuertos y otras superficies
aptas para el transporte aéreo cuya gestión se le encomiende, y de los servicios afectos a los mismos; la coordinación, explotación, conservación y administración de las zonas civiles de las bases aéreas abiertas al tráfico civil. Prácticamente el
mismo texto que ahora figura. Debería añadirse: se excluyen del ámbito de las funciones que se encomienda al ente, por razón de su asunción por la Generalitat de Catalunya, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.8 de su estatuto de
autonomía, las señaladas en el párrafo anterior respecto de los aeropuertos de interés general situados en el territorio catalán -es decir, Barcelona, Girona, Reus y Sabadell- y, en general, del resto de aeródromos, helipuertos y otras superficies
aptas para el transporte aéreo del mismo ámbito territorial. La disposición adicional diría: En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, la Administración general del Estado, con el acuerdo previo adoptado por la Comisión
mixta de transferencias Estado-Generalitat de Catalunya, adoptará las disposiciones necesarias para hacer efectivo el traspaso de medios personales, materiales y funcionales precisos para el ejercicio de estas funciones por parte de la Generalitat
de Catalunya. Y una disposición final que diría: La presente ley entrará en vigor al día siguiente -o cuando fuese- de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Como pueden ver, señorías, es un texto corto pero suficiente, porque es
adaptable a cualquier comunidad autónoma que desee tener la gestión de los aeropuertos de interés general de su zona. Por tanto, se podrían introducir enmiendas de mayor amplitud, en el trámite correspondiente, en cuanto a su desarrollo.
Son antecedentes de la proposición de ley que presentamos los artículos 149.1.20 de la Constitución, el artículo 11.8 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, la Ley 6/1997 -de 14 de abril- de organización y funcionamiento de la Administración
general del Estado, proposiciones no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) que se han presentado en esta Cámara sobre facultades ejecutivas de titularidad estatal que actualmente prestan órganos territoriales y la
Administración general del Estado en Cataluña, y una proposición no de ley de nuestro grupo parlamentario para posibilitar la participación de la Generalitat y de otras administraciones y sectores implicados en la gestión de los aeropuertos
generales.
Recientemente tuvimos varios debates sobre el funcionamiento de AENA y en diciembre de 2001 debatíamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, presentada por el Bloque Nacionalista Galego, de transferencia de competencias a
la Comunidad Autónoma de Galicia de aeropuertos y tráfico aéreo. En aquellos momentos exponíamos que, de prosperar la proposición, tendríamos que introducir muchas enmiendas, ya que nosotros no hablamos del tráfico aéreo. Ya sabemos que la NA de
AENA es competencia no transferible porque está ligada a la normativa europea que hay sobre esta materia. En el debate de la proposición no de ley del Bloque Nacionalista Galego decíamos que en nuestros programas siempre había estado presente la
necesidad de impulsar un nuevo modelo de gestión de aeropuertos similar al de la de los puertos de interés general, que tan bien ha funcionado, aunque en este momento el Gobierno pretenda eliminar ese buen funcionamiento introduciendo un
supercontrol desde arriba y una gran centralización de los puertos del Estado. Entonces decíamos que fuera similar al de los puertos de interés general, más próximo a los sistemas europeos que son participativos y dinámicos, que se alejase del
actual modelo basado en una concepción centralista y estatalista.
Nuestra propuesta se basa en la creación de unas autoridades aeroportuarias que no actúen de espaldas al territorio. Señorías, ¿quieren ver lo implicada que está AENA en el territorio? Yo les voy a contar unas anécdotas ceñidas a
aeropuertos que me conciernen muy directamente, los de Reus y Barcelona. En el aeropuerto de Barcelona podemos ver de manera más amplia los fallos de gestión: aún esperamos saber cómo se resolvió el handling, las maletas que curiosamente siempre
se pierden de forma masiva en el aeropuerto y donde hay tantos problemas de limpieza con las huelgas. Todo el mundo sabe que allí pasa algo y que la principal razón no es la limpieza sino que existe otro motivo, la seguridad del aeropuerto. En el
aeropuerto de Barcelona todo el mundo sabe quiénes son las personas
que se dedican a nutrir su economía particular, los que se dedican al choriceo; casi los podría señalar con el dedo; todo el mundo lo sabe, pero nadie hace nada. En varias ocasiones me ocurrió en Barcelona algo muy significativo, en una
estaba conmigo mi compañera Mercè Pigem, y es que el avión llegó al aeropuerto pero estuvo 25 minutos esperando a que un autobús viniera a buscarnos porque no nos metieron directamente en la terminal. Yo llamé por teléfono y me dijeron que
enseguida venía, pero esperamos allí 25 minutos y nadie sabe por qué. Cosas así y otras relacionadas con el entorno de Barcelona pasan; no están incluidas en el esquema territorial y tienen que estarlo. Las otras anécdotas se refieren al
aeropuerto de Reus. Hay un avión que hace la línea Madrid-Reus -yo he ido en él y supongo que otros compañeros de Reus también-, en muchas ocasiones llega puntual, pero el avión da dos o tres vueltas -a mí me ha pasado- y durante ese tiempo se oye
al piloto que dice: Les ruego que disculpen, señores pasajeros; daremos unas vueltas por encima de la zona de Tarragona porque en estos momentos la torre de control de Tarragona todavía no está funcionando. Y resulta que es verdad, que el avión
llega bien de hora y tiene que esperar a aterrizar porque AENA no tiene la facultad de gestión para ampliar el horario de unos encargados de la torre de control. ¡Es tremendo! Y les sucede a todos los pasajeros. Yo le podría dar nombres de
personas de Madrid a las que les ha extrañado muchísimo el que les avisen de que el avión dará tres vueltas porque AENA no tiene todavía al señor que tiene que encender las luces del aeropuerto y darle el control de entrada. Esto demuestra lo
implicada que está AENA en el aeropuerto de Reus. Otra anécdota, que ustedes conocen porque se empezó a vivir aquí. En esta Cámara se aprobó la creación del Colegio oficial de pilotos de aviación comercial. Esta agrupación, que junto con el
Ayuntamiento de Reus y con la Generalitat tiene un programa importante de escuela universitaria incluido en los programas universitarios de la Universidad Rovira y Virgili, ha creado una fundación en Reus que tiene un centro de enseñanzas del aire,
prácticamente de pilotos, que está funcionando. Tiene seis avionetas que han podido costearse entre el ayuntamiento y distintas industrias...
La señora PRESIDENTA: Señor Sedó, le ruego concluya, por favor. Ha sobrepasado el tiempo.
El señor SEDÓ I MARSAL: Después de un par de años reclamando respuesta a una carta que se había enviado, el presidente de AENA responde que no les podrá dar espacio porque es posible que el aeropuerto lo necesite para futuras ampliaciones;
futuras ampliaciones que tienen un plan director de dos pistas en el que, por encima del espacio donde tiene que ir la segunda pista, el Ministerio de Fomento ha proyectado el paso del enlace ferroviario del corredor del Mediterráneo lo que implica
la no ampliación de pistas de este aeropuerto. AENA ni se enteró y aún tiene que contestar el presidente de AENA cuántas alegaciones habían presentado a aquel proyecto. No lo sabía.
La señora PRESIDENTA: Señor Sedó, le ruego concluya.
El señor SEDÓ I MARSAL: Concluyo, señora presidenta.
Esta es la gestión de AENA. Podría dar más detalles sobre los aeropuertos de Girona o Sabadell relativos a los ruidos. Parece claro que es necesaria la gestión por parte de otras entidades que, con las comunidades autónomas y otras
personas implicadas, mejorarían la mala gestión de AENA en los aeropuertos.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sedó.
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Mixto, señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN. Gracias, señora presidenta.
Señorías, a nadie se le oculta la relación directa que hay entre la colectividad y el desarrollo de un territorio. El territorio andaluz tiene más de 90.000 kilómetros cuadrados, con casi 700 kilómetros, y el modelo aeroportuario tiene
necesariamente que estar imbricado en el resto de los modos de transporte: ferroviario, viario y portuario. La base económica de Andalucía tiene mucho que ver con el sistema aeroportuario porque casi el 12 por ciento del PIB proviene del turismo.
Tenemos un modelo aeroportuario estatal absolutamente centralista, donde para ir de cualquier sitio a cualquier otro hay que rebotar, como si fuera un rebote obligatorio de tenis, en el aeropuerto de Barajas. Nosotros llevamos tiempo pidiendo la
gestión directa del sistema aeroportuario. El Estatuto de Andalucía cuenta con el artículo 17, similar al artículo 11 del Estatuto catalán, que lo permite y creemos que es bueno para la eficacia de la gestión y de los intereses territoriales de
cada aeropuerto. Son muchos los aeropuertos, son muchas las condiciones que afectan a zonas de cada uno de ellos, las conexiones directas con el AVE o con los puertos del propio sistema aeroportuario que harían mucho más eficaz la gestión por la
comunidad autónoma. Nosotros apoyamos esta proposición de ley que presenta el Grupo Catalán porque, en caso de ser aprobado, presentaríamos una serie de enmiendas ya que también en el caso de Andalucía habría que transferir la gestión del sistema
aeroportuario a la Junta de Andalucía.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Señoras y señores diputados, Coalición Canaria va a apoyar la toma en consideración de la proposición de ley que presenta el Grupo Catalán (Convergència i Unió) porque comparte el espíritu de esta iniciativa que está
orientado a la descentralización de la gestión de AENA para buscar una mayor eficiencia, una mayor eficacia en la gestión de la red aeroportuaria.
Hay territorios que sin ninguna duda tienen justificado que se adapten fórmulas de gestión a sus condiciones específicas. Hay territorios que necesitan de esa descentralización. Hay territorios en los que la combinación del transporte
intermodal es necesaria, en los que es fundamental la combinación de la gestión de los aeropuertos con la del puerto, con la de la red de carreteras, con todas las posibilidades de comunicación, dadas sus peculiaridades. Compartimos que los
aeropuertos son instrumentos vitales para el desarrollo social y económico de una zona del Estado español, de un determinado territorio. Si la reflexión que se está haciendo aquí por parte de quienes me han precedido en el uso de la palabra es
considerar vitales estas infraestructuras para el desarrollo social y económico de sus respectivos territorios, imagínense qué valor le damos nosotros en un territorio como el archipiélago canario, que está alejado, fragmentado y que tiene unas
consideraciones muy singulares y específicas. Es un Archipiélago que no tiene la alternativa del ferrocarril o de la carretera, en el que prácticamente todo su desarrollo social y económico depende de la buena gestión de los elementos más
importantes y vitales para su progreso, que son los aeropuertos. Para lograr una verdadera cohesión territorial, primero, dentro del Archipiélago y, segundo, de éste con el exterior, es vital la coordinación de esfuerzos de la gestión de estas
infraestructuras con otro tipo de transportes. La peculiaridad canaria está reflejada en su estatuto de autonomía, que contempla claramente la posibilidad de gestionar estas infraestructuras.
Cuando hablamos de las infraestructuras aeroportuarias hay que tener en cuenta que el archipiélago canario tiene ocho aeropuertos y que la red canaria ocupa el segundo lugar en movimiento de mercancías, de pasajeros y de tráfico de
aeronaves. La sanidad, la educación y los hospitales especializados están situados en las islas mayores, así como las universidades y la movilidad a efectos del trabajo depende también de la buena gestión de esas infraestructuras. Estamos hablando
de un territorio en el que el 80 por ciento de su economía depende del turismo, que entra también a través de los aeropuertos, y lo que es más importante, el balance de la gestión económica de esos aeropuertos es altamente positivo. A cosas
diferentes, señorías, soluciones diferentes. A territorios diferentes, cosas adecuadas a esas especificidades, a esas singularidades. Si hay una parte del territorio del Estado que aspira a ello, con el respeto debido a las legítimas aspiraciones
de otras comunidades autónomas y en línea con lo que dice su estatuto de autonomía de descentralización de la gestión a favor de una comunidad autónoma, esa es Canarias. Los canarios aspiramos a la gestión de nuestros aeropuertos.
Ese es un
objetivo claro que tiene la Comunidad Autónoma canaria. Pero hasta que esto se produzca queremos que se estudien -y así se lo demandamos al Gobierno del Estado- fórmulas que permitan de forma inmediata la cogestión o la participación de la
Comunidad Autónoma canaria con AENA. Por ejemplo, la participación de la comunidad autónoma en el consejo de administración de AENA o en los órganos de gestión de AENA, como puede ser el nombramiento de los directores de aeropuerto, en línea
similar a lo que se ha hecho con las autoridades portuarias y que ha sido beneficioso para el conjunto del funcionamiento de la red de Puertos del Estado, o la constitución de un organismo que agrupe la red de aeropuertos canarios con la gestión del
tráfico de aeronaves y, por tanto de pasajeros, que permita la coordinación del aprovechamiento de estas infraestructuras vitales para nuestro desarrollo social, para la cohesión social y económica del archipiélago canario. Por tanto, estamos
absolutamente de acuerdo con el espíritu de la proposición de ley. Es necesario crear fórmulas descentralizadas de gestión, hay que perseguir fórmulas que mejoren la eficiencia y la eficacia en la gestión de los aeropuertos. Insisto en que a cosas
diferentes, medidas diferentes.
Muchas gracias, señorías.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rivero.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Otxoa.
El señor OTXOA DE ERIBE ELORZA: Gracias, señora presidenta. Intervendré brevemente y desde el escaño.
Es bien conocida la postura del Grupo Nacionalista Vasco, a través de sus programas electorales y de nuestras sucesivas declaraciones e intervenciones parlamentarias, en el sentido de pedir una modificación de este sistema de ordenación
aeroportuario que tenemos en el reino. No estamos de acuerdo con el sistema encomendado a AENA, con su funcionamiento. Es un sistema lento, centralista, caro, que no da respuesta a las necesidades reales de los tiempos actuales. Hemos proclamado
siempre que una separación de servicios en tierra de la cobertura del espacio aéreo es absolutamente necesaria, dando apertura a esos servicios en tierra y a la organización aeroportuaria a las entidades autónomas, a los entes locales, incluso a las
cámaras de comercio.
Aunque discrepamos en algún punto de la proposición elaborada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), vamos a apoyarla para discutirla, encontrar un punto de entendimiento y mejorar esta calidad, para nosotros muy mala, que
en este momento se da en los servicios de los aeropuertos españoles.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Otxoa.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, intervendré también con brevedad y desde el escaño para apoyar la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El otro día, cuando estuvimos debatiendo aquí la Ley de Puertos, este portavoz hizo alusión a que, con todo el juego que se iba a hacer, la reconversión y la reutilización de la zona franca en algunos puertos, iba a ser una especie de modelo
Corte Inglés en lo que se están convirtiendo algunos aeropuertos. El presidente de AENA, en comparecencia parlamentaria, vino a decir que él saludaba esta nueva manera de entender el aeropuerto, como centro comercial además de la condición de
aeropuerto, porque ayudaba mucho a gestionar y a pagar los costes de construcción de las ampliaciones de las distintas terminales y los desarrollos aeroportuarios. La complejidad y la complicación cada vez mayor de estos elementos del transporte
aéreo es lógico que lleve a las distintas comunidades autónomas a plantear la necesidad y la conveniencia de ser ellas quienes los gestione, legisle y desarrolle. Pero, señorías, discrepo, humildemente, en el orden argumental que utiliza la
iniciativa de Convergència i Unió, que se ha vuelto a repetir en alguna que otra intervención. Ustedes dicen que así saldría mucho más rentable y que sería menos costoso. A mí no me gusta utilizar esos baremos cuando hablo de servicios públicos, y
más en temas de transporte; yo utilizo más el segundo argumento que ustedes han dado: estatutariamente así es, constitucionalmente así es. Y luego el desarrollo del Estado de las autonomías -nosotros podemos hacer una apuesta en un proceso
federalizante- recibe bien que la gestión, administración, etcétera, del aeropuerto lo lleven las comunidades autónomas. En el orden argumental de la exposición de motivos se decía: primero, porque se puede gestionar mejor y ser rentable y, luego,
porque aquí está toda la argumentación estatutaria. Yo utilizaría primero la argumentación estatutaria y luego porque se puede gestionar mejor y ser rentable. Alguien ha dicho que esto es más costoso. Desde mi filosofía, el coste económico no es
un baremo que se deba utilizar para gestionar en uno o en otro sentido el transporte.
Vuelvo a insistir en que desde la coincidencia en ese proceso de desarrollo y de mayor enriquecimiento constitucional, nuestro respaldo va en la línea que siguen otros portavoces: ojalá esto se apruebe y en el trámite de enmiendas uno
planteará Canarias, otro Euskadi, otro Andalucía y al final hablaremos de que aquellas comunidades autónomas cuyos parlamentos o gobiernos lo demanden. Lo importante es saludar la iniciativa y respaldarla porque va en la filosofía que predicamos.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Segura tiene la palabra.
El señor SEGURA CLAVELL: Señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista va a votar favorablemente la admisión a trámite de esta iniciativa parlamentaria.
Se trata de una proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), en la línea general que ha venido mantenido en esta legislatura el Grupo Parlamentario Socialista. Por ello, y a efectos de que quede
claro el argumento de este interviniente, es bueno referirnos a algunos de los contenidos recogidos ya en el 'Diario de Sesiones' de esta legislatura, vertebrados en distintas intervenciones. En primer lugar, señorías, el 17 de septiembre del
pasado año 2002, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) hizo una interpelación urgente al Gobierno sobre el funcionamiento del aeropuerto de Barcelona. La semana posterior presentó las propuestas de resolución, como consecuencia de
esa interpelación. En esas propuestas de resolución el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) planteaba una serie de puntos. En primer lugar, que se presentara ante la Comisión de Infraestructuras del Congreso, al final de cada periodo
de sesiones, un análisis sobre el funcionamiento del aeropuerto del Prat. En segundo lugar, que antes de que finalizara, el pasado año 2002, ante la Comisión de Infraestructuras del Congreso, se presentara un informe sobre las distintas incidencias
acaecidas en ese aeropuerto. En tercer lugar, activar la contratación de una nueva concesión en el servicio de handling en el aeropuerto del Prat y, en cuarto lugar, presentar ante la Comisión de Infraestructuras del Congreso documentación sobre
los distintos modelos de gestión aeroportuaria. El Grupo Parlamentario Socialista, a través de la diputada socialista catalana Carme Miralles, reiteradamente manifestó la escasa solidez de cuatro propuestas que no decían nada, cuatro propuestas que
debilitaban el carácter institucional de las Cortes Generales en una resolución de un tema que afecta tanto a todas las comunidades autónomas: a la cohesión territorial en el Estado español, a la movilidad en el Estado español de personas y
mercancías, a las políticas del transporte de un país periférico en el seno de la Unión Europea como
es España, donde las infraestructuras aeroportuarias y las políticas del transporte aéreo han de vertebrarse con las redes de infraestructuras y con las políticas europeas que vienen impulsadas por el libro blanco, en sus distintos modos,
recogidas en tal texto.
El Grupo Parlamentario Socialista presentó una propuesta de resolución que transcribo textualmente y que, en consecuencia, justifica la coherencia de nuestro voto a favor de la admisión a trámite de esta proposición de ley. Proponía el
Grupo Parlamentario Socialista, y presentó al grupo proponente, es decir, a CiU: Primero, desarrollar de forma compartida con todas las instituciones implicadas una estrategia global para potenciar el aeropuerto de Barcelona y garantizar su
integración en el territorio metropolitano, con el objeto de analizar y adoptar todas aquellas medidas infraestructurales de organización de los espacios aeroportuarios y de los servicios, orientadas todas ellas a una configuración incentivadora del
transporte aéreo, para aportar los medios y recursos que precisen tanto las compañías aéreas españolas como las alianzas internacionales de las que formen parte, con el objeto de utilizar el aeropuerto del Prat como auténtico hub de las mismas; es
decir, como base redistribuidora de flujos aeronáuticos intercontinentales. Para ello, AENA, antes de finalizar el año -y debía haber sido el año pasado- convocará a las instituciones oficiales y sociales pertinentes y elevará a la Administración
aeronáutica española el conjunto de propuestas que deriven de la convocatoria.
Segunda propuesta: potenciar el trabajo conjunto de las distintas administraciones para asegurar que la dotación del transporte público hacia o desde el aeropuerto tenga la dimensión, la eficacia y la intermodalidad adecuada, especialmente
con el transporte ferroviario -tren convencional, alta velocidad y metropolitano-, con el objeto de convertir el aeropuerto de El Prat en un punto intermodal referencial en el arco mediterráneo español.
Tercera propuesta: avanzar en la elaboración de propuestas sobre el modelo de gestión aeroportuaria, con la voluntad de encontrar los consensos y los acuerdos necesarios para mejorar la gestión en beneficio de la potencialidad del
aeropuerto de Barcelona y el resto de la red estatal de aeropuertos.
Cuarta propuesta: instar al Ministerio de Fomento a desarrollar -y esta es una de nuestras propuestas esenciales- los estatutos de AENA, especialmente en lo referente a la corresponsabilidad en la gestión de los aeropuertos españoles entre
distintos entes públicos y privados que, de acuerdo con las funciones a ellos encomendadas por la normativa en vigor, presenten ámbitos competenciales de interés en la gestión aeroportuaria. Asimismo, en la referida línea de trabajo, iniciar un
proceso de negociación con el resto de las administraciones territoriales, para crear un ente coparticipado entre las distintas administraciones -autonómica, local o supralocal- y con la iniciativa privada, todo ello con el objetivo de crear unas
líneas estratégicas de desarrollo plenamente integradas en el territorio en el que se ubica el aeropuerto. Es decir, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista planteó la necesidad de la corresponsabilidad en la gestión de los aeropuertos con las
diputaciones provinciales, con los ayuntamientos, con las comarcas y con el órgano de Gobierno de la comunidad, que tiene importantes competencias en materia territorial: de ordenación del territorio, de ordenación del transporte y de gestión de
toda índole.
Estimamos que los estatutos de AENA no han sido suficientemente explotados, explorados y optimizados en función de las potencialidades que encierran. Por ello, hemos defendido estos cuatro puntos. Defendíamos la cogestión y la
seguimos defendiendo.
Pues bien, esa enmienda que presentó la diputada Miralles, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, no fue aceptada por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, que era el proponente de la moción consecuencia de
interpelación. Es más, el señor Sedó, que intervenía por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, dijo algo que yo interpreté de forma bastante poco elegante. Leo textualmente, página 9.306 del 'Diario de Sesiones'. Dijo: Hay una enmienda
que nosotros no podemos considerar de ninguna manera, es una especie de canto al sol -es decir, Convergència i Unió interpretaba que la corresponsabilidad era un canto al sol; no sabemos qué quería decir-, es mucha teoría -es decir, para
Convergència i Unió era teoría que la gestión de los aeropuertos catalanes fuese coparticipada por la Generalitat, por los ayuntamientos competentes, por las cámaras de comercio y por la representación social, empresarial y sindical-.
Sinceramente,
es impresionante que Convergència i Unió haya dicho eso. Y continuaba diciendo el señor Sedó: Es un elemento de teoría de funcionamiento o de creación de nuevas gestiones o de nuevo funcionamiento interesante, pero no viene al caso en la moción de
hoy, es más bien un canto electoral -y estábamos en el mes de septiembre del año pasado-.
Voy a seguir haciendo referencia a otras posiciones que ha mantenido el Grupo Parlamentario Socialista. Otra posición del Grupo Parlamentario Socialista se materializó en una proposición no de ley que presentó mi grupo parlamentario sobre
la gestión de los aeropuertos de Barcelona, Girona y Reus, con cuatro puntos, que fue votada en contra por el Grupo Parlamentario Popular (Boletín Oficial del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2003). También les diré, señorías, que a la Ley
de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado en vigor, del año 2003, el Grupo Parlamentario Socialista presentó la enmienda número 249.
Entonces planteábamos una enmienda al artículo 74 de la Ley de Acompañamiento, en la que se
consolidó y sacralizó la construcción de aeropuertos privados por parte de la iniciativa privada, financiados por la iniciativa privada y dándoles el Ministerio de
Fomento el carácter de aeropuerto de interés general. Esta enmienda fue votada en contra por el Grupo Parlamentario Popular y por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió en el Pleno, como podrán constatar si acuden a la referencia
bibliográfica. Tengan la amabilidad de prestar atención a esta breve redacción. Pedíamos: El Ministerio de Fomento desarrollará los estatutos de AENA especialmente en lo referente a la corresponsabilidad en la gestión de Aeropuertos Españoles
entre distintos entes públicos y privados que, de acuerdo con las funciones a ellos encomendadas por la normativa en vigor, presenten ámbitos competenciales de interés en la gestión aeroportuaria. Todo ello con el objetivo de la configuración de
consorcios coparticipados por las diferentes administraciones, autonómica, local o supralocal, y con la iniciativa privada en los ámbitos geográficos en los que se sitúen los aeropuertos.
Este es nuestro historial en la presente legislatura.
Es más, señoría, se acaba de aprobar, se publicó en el Boletín Oficial del Estado en los primeros días del mes de agosto, la Ley de seguridad aérea.
En esa ley muy bien podría el Grupo Parlamentario Popular haber introducido las
modificaciones de los estatutos de AENA que ahora introduce en este proyecto de ley, y es más, también podía el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) haber apoyado las iniciativas que nosotros hemos promovido en esta Cámara para
modificar la Ley de navegación aérea de 1960. Es inadmisible que en el año 2003 las Cortes Generales hayan aprobado iniciativas del Gobierno, con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), como
la Ley de seguridad aérea, que no modifica la estructura de gestión aeroportuaria, que sigue manteniendo en vigor una ley franquista del año 1960, elaborada por los militares del Ejército del Aire en función de aquel momento, una ley antiquísima,
que da un ropaje antiquísimo a la gestión aeronáutica en España.
Consiguientemente, señoría, ¿cómo es posible que en los dos o tres últimos meses de una legislatura, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que ha mantenido una actitud opuesta a la modernización normativa de la aeronáutica
española, que no ha traído ninguna iniciativa en el sentido de producir la armonización con Europa en la gestión del transporte aéreo, en la gestión de la tecnología de elementos de ayuda a la navegación, en la modernización de la estructura, que ha
votado en contra de los planteamientos de corresponsabilidad que nosotros hemos hecho o de corresponsabilidad en la gestión aeroportuaria, nos traiga esta iniciativa? Nosotros vamos a votar a favor -que quede muy claro- de la admisión a trámite de
un proyecto de ley porque es un planteamiento democrático ante el que no nos queremos cerrar, pero tampoco queremos dejar de poner de manifiesto la incoherencia, la falta de nivel que ha tenido el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió en este
planteamiento. Como consecuencia del próximo proceso electoral, aceleradamente, a trompicones, sin rigor, sin método, con una incoherencia que le ha caracterizado en la presente legislatura, trae una iniciativa que sabe que en la presente
legislatura no hay tiempo para su tramitación parlamentaria, porque a buen seguro que el Grupo Parlamentario Popular votará en contra y a buen seguro que si votase a favor y fuese admitida a trámite va a tener el mismo recorrido que una iniciativa
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, otro de los puntales y apoyo del Partido Popular, en otra iniciativa parlamentaria sobre la delimitación de las aguas canarias, que no hace más que experimentar...
La señora PRESIDENTA: Señor Segura, le ruego concluya.
El señor SEGURA CLAVELL: Termino, señora presidenta.
...ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas que el grupo mayoritario plantea. Esta iniciativa parlamentaria lamentablemente no va a tener recorrido en la presente legislatura, pero la posición del Grupo Parlamentario Socialista
es clara y rotunda: planteamos la coparticipación en la gestión de todas las entidades que tengan algo que aportar en representación de su territorio.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Segura.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Ayala.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, estamos debatiendo hoy aquí, 23 de septiembre, justo un mes y medio antes de que se celebren las elecciones autonómicas catalanas, una proposición de ley del Grupo Catalán y parece que tanto las intervenciones
del señor Sedó como del señor Segura han sido redactadas por los respectivos candidatos a la comunidad autónoma, aunque si bien de la soflama del señor Segura, de la que luego hablaremos, podemos ver que se ha apartado un poco de la doctrina oficial
que últimamente estamos teniendo que oír y soportar.
Si atendemos a la exposición de motivos de esta proposición de ley, sólo podemos decir que es absolutamente gratuita. Si acaso, no tiene más justificación que el deseo de acaparar competencias, en contra de los más insignes principios que
fundamentan nuestra solidaridad y vertebración territorial. Voy a ser contundente, porque entiendo que hay que dejar las cosas bien claras y no caer en las contradicciones y en los olvidos, en esa amnesia tan absoluta en la que caen algunos
portavoces que tratan de referirse a intervenciones de otros portavoces en lugar de referirse a las suyas propias, que
son las que deben comprimirles la conciencia, si es que algo les queda.
Como decía, voy a ser muy contundente en cuanto a los fallos que tiene esta proposición de ley.
En primer lugar, no tiene justificación formal alguna. Su texto es vacuo e impreciso y tiene idéntica redacción, hasta en las comas, que una proposición de ley aún no debatida en la Comisión de Infraestructuras, relativa a posibilitar la
participación de la Generalidad y de otras administraciones en la gestión de los aeropuertos. Si ustedes creen que es serio hacer idéntico planteamiento para posibilitar compartir una gestión entre varias administraciones -esté más o menos
justificado, que tampoco lo está- o para modificar la ley para atribuir en exclusividad a la Generalidad todas las competencias de AENA, desde luego tenemos distinto concepto de la seriedad y del rigor de los planteamientos políticos, y es inaudito
que se pretenda justificar tanto una cuestión como la otra con semejante planteamiento. A ustedes les dan lo mismo los argumentos, que les sirven lo mismo para un roto que para un descosido.
Y, por lo que he visto, me da la sensación de que al
señor Maragall también.
En segundo lugar, la proposición de ley no tiene justificación material, ya que no señala en ningún caso los motivos de esa modificación legal, y mucho menos las ventajas. Porque decir que AENA dificulta la adopción de soluciones adecuadas
es no decir nada, si a continuación no se dicen cuáles son esas soluciones y qué errores o defectos vendrían a solucionar, porque anécdotas tenemos todos para contar aquí, incluso sobre el coste de los peajes de las autopistas catalanas, como el
mejor ejemplo de descentralización, o de la gestión o cogestión de la iniciativa privada dentro de las infraestructuras. Por tanto, más vale que nos dejemos de anécdotas y vayamos a la seriedad de los planteamientos. Decir que los aeropuertos
catalanes, como ha dicho aquí el señor Sedó, no son eficientes e incluso atreverse a decir que constituyen un freno para el desarrollo económico de Cataluña es, sencillamente, un dislate. Afirmar que sólo la transferencia a Cataluña permite la
posibilidad de flexibilizar e incorporar fórmulas de gestión privada es, sencillamente, un capricho, porque si algo ha demostrado el Partido Popular es la habilitación de fórmulas para una mayor, mejor y más solvente intervención de la iniciativa
privada en la construcción y explotación de infraestructuras, también, por supuesto, las aeroportuarias. Al Grupo Parlamentario Popular le gustaría conocer cuáles son los perjuicios que causa ahora mismo, en qué ahoga AENA a Cataluña, dónde está la
asfixia y sobre todo dónde está el oxígeno, ese oxígeno que ustedes se creen que van a conseguir con esta transferencia.
En tercer lugar, falta justificación legal. Y falta justificación porque precisamente la posibilidad prevista en el artículo 11.8 del Estatuto de Autonomía de 1979, es decir, la posibilidad de ejecutar la legislación del Estado respecto a
los aeropuertos de interés general cuando el Estado no se reserve la gestión directa, desaparece a partir de 1990, al haber legislado el Estado en tal sentido y haber creado AENA, asignándole las funciones de gestión de los puertos de interés
general. Por tanto, esa posibilidad, mientras el Estado mantenga la regulación y se reserve su gestión directa, no tiene contenido de ningún tipo.
En cuarto lugar, carece de justificación territorial. No alcanzamos a comprender qué tiene Cataluña que no tenga el resto de las comunidades autónomas, de la misma manera que no alcanzamos a comprender cómo no se han presentado enmiendas
por el resto de los partidos regionalistas, o de los partidos que van a apoyar la proposición de ley, tratando de incorporar esta transferencia a todas las comunidades autónomas. ¿O es que están esperando a ver qué pasa con Cataluña para luego
unirse? Entendemos que siguen cayendo en una incoherencia. Estamos ante una excepción subjetiva que sólo afecta a Cataluña, que justifica que no se dé el mismo trato al resto de los territorios que conforman el Estado español. Esta excepción a
una norma con vocación de generalidad se pone mucho más de manifiesto si observamos que hay muchos otros estatutos de autonomía que contienen idéntica o similar cláusula a la del artículo 11.8 del Estatuto catalán y que, sin embargo, se ven
excluidos de la proposición de ley, lo cual evidencia, repito, la falta de justificación territorial y lo inadecuado de la solución desde el punto de vista de la razonabilidad jurídica.
En quinto lugar, carece de justificación constitucional porque entendemos que debería de haber sido una ley orgánica la única que podría otorgarle las competencias a esta comunidad autónoma.
Por último, carece de justificación funcional. El funcionamiento de AENA en Cataluña no tiene mácula, a pesar de lo que se quiera decir. Señorías, permítanme que les traslade una información, siquiera sea somera, de algunos datos que son
elocuentes por sí solos. La red aeroportuaria de AENA, a nivel nacional, ha tenido el primer trimestre de 2003 un crecimiento del 5,3, mientras que en el aeropuerto de El Prat, del 8,9; en Reus -el criticado Reus-, de un 40,2 y en Gerona, un 46,6.
En cuanto al tráfico de pasajeros, Barcelona ha atendido a un cuarto de millón de pasajeros más y Gerona ha subido sólo un 1.400 por ciento en el primer trimestre del año 2003 con referencia a 2002. Si quieren otro dato que debe ser significativo
en sus parámetros económicos -que por cierto también son los nuestros-, las tasas aeroportuarias de Gerona son hasta un 74 por ciento más baratas que las de Stanted, en Londres, un 58 que las de Montpellier o un 42 que las del aeropuerto de
Ciampino, en Roma, es decir, de los aeropuertos de similares características. El crecimiento de las operaciones aeronáuticas en los aeropuertos de Cataluña están muy por encima del crecimiento medio estatal, lo cual se ha debido fundamentalmente al
incremento de las inversiones de modernización, pues el
Ministerio de Fomento tiene especial empeño en conseguir, en concreto para el aeropuerto de El Prat, un tráfico de 40 millones de pasajeros y 90 frecuencias por hora. Por ello, sin ser triunfalistas, la gestión de AENA en Cataluña tiene que
ser considerada como muy buena.
Ahora bien, ¿qué es lo que se pretende con el cambio de titularidad? ¿Mejora de instalaciones? Entendemos que no. ¿O es que quieren que el Estado siga invirtiendo y que Cataluña mantenga la titularidad? ¿Mejora de los servicios? No es
posible. ¿Mayor oferta aérea? Depende de las compañías. ¿Mayor coordinación entre las administraciones? No. El Plan director está absolutamente consensuado con todas las administraciones territoriales y fue aprobado con el consenso de todos. A
no ser que Cataluña pretenda no coordinarse luego con el Estado para la gestión de los aeropuertos catalanes.
La rotura del modelo aeroportuario que pretende esta proposición de ley no puede ser sostenida por el Partido Popular, cuya política se basa en la conservación del sistema integrado y del mantenimiento de la titularidad estatal, como por
otra parte prevé la Constitución, y que ni desde el punto de vista de la gestión ni desde el punto de vista de la financiación debe ser fragmentado, ya que es objetivo de los planes directores y del Plan de infraestructuras dotar a los aeropuertos
españoles de capacidad suficiente para atender la demanda del tráfico aéreo, manteniendo un sistema que funciona bien, como ha quedado demostrado. En todo caso, habrá que estar a lo que resulte de la aplicación del cielo único europeo, que por
cierto nada he oído hablar de él en toda la tarde. Por lo tanto, señorías, en ningún caso nosotros podemos sostener esta proposición de ley.
Quisiera hacer especial mención, con independencia de lo que he dicho de otros partidos, de la intervención del representante del Partido Socialista. Parece que el señor Segura, al que respeto y admiro como parlamentario, sólo ha tenido
interés en leer los diarios de sesiones correspondientes a intervenciones distintas a las suyas, porque en el año 2001 usted mantuvo una postura idéntica a la que está manteniendo el Partido Popular aquí hoy. Por lo tanto, no entendemos cómo se va
hacia las intervenciones de compañeras suyas que tienen dependencia territorial distinta a la suya, y que incluso podríamos estar de acuerdo en algunas de sus determinaciones. Porque hablar de coordinación, hablar de que el aeropuerto de El Prat ha
de tener el mayor hub o un hub interterritorial, hablar del trabajo conjunto de las administraciones, hablar de avanzar en el consenso, por supuesto que lo hemos estado hablando en todo caso, pero hoy no estamos debatiendo aquí eso, señor Segura.
Hoy, aquí estamos debatiendo una proposición de ley que trata de excluir exclusivamente a Cataluña de la regulación de AENA del tráfico aéreo, y usted sabe que hay regulación que por ley tiene que estar reservada al Estado, y así se ha legislado.
Por lo tanto, no trate usted de obtener una coherencia en los planteamientos de hoy de su partido porque son exclusivamente electorales, a un mes y medio de las elecciones, y con el fin de dejar al Partido Popular en la exclusiva defensa, más
difícil y por supuesto mucho menos defendible ante un atril en la plaza de Barcelona, del mantenimiento de la unidad del Estado y del sistema aeroportuario español integrado, que tan magníficos resultados está dando y que responde a la coherencia de
toda la política del Partido Popular en temas de infraestructura, con compromisos de inversiones que en ningún momento tienen capacidad de atacar.
Señorías, dejando bien clara cuál es la postura del Partido Popular y la incoherencia de los demás planteamientos, vamos a votar en contra de esta proposición de ley.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ayala. (El señor Sedó i Marsal pide la palabra.)
Señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Gracias, señora presidenta.
Pedía la palabra para alusiones.
La señora PRESIDENTA: Señor Sedó, a efectos de réplica, por cuanto que no ha sido utilizado nominalmente un turno en contra, del contenido de las intervenciones se puede deducir un turno en contra de su defensa. Por tanto, tiene la palabra
para un turno de réplica y, a continuación, la tendrán los otros diputados.
El señor SEDÓ I MARSAL: Va a ser un turno de réplica muy breve.
Respecto al señor Ayala, quisiera decirle que con su discurso escrito contesta a lo que habíamos presentado, y ocurre lo mismo que con todas las acciones que planteamos últimamente. Cuando se trata de temas de carácter competencial hay una
gran barrera que es imposible superar. Ha comentado que hay otro texto en una proposición no de ley en trámite de Comisión. Existe otro texto en una proposición, pero hay momentos en los que se pueden debatir unos u otros, según vengan las
circunstancias. En Comisión es muy difícil debatir proposiciones no de ley porque nuestro cupo es pequeño. No hacemos mucho uso de él porque además las reuniones en Comisión para el debate de proposiciones no de ley son muy escasas.
Supongo que
en este momento ya habrá encontrado la moción que se aprobó en este Pleno y podrá comunicar al presidente de la Comisión que debe ponerse en marcha una subcomisión, ahora que se acaba la legislatura, cuando ya hace casi un año que debería estar en
funcionamiento.
Me choca mucho que me hable de los peajes de Cataluña. No sé que ha querido decir con los peajes de Cataluña, pero lo que le puedo decir es que en Cataluña, desde hace muchos años, todos los que circulamos
en coche y queremos ir por una vía rápida tenemos que pagar, y tenemos que oír que alguien que viene de fuera de Cataluña nos diga: Cuando llegamos a Cataluña los catalanes nos hacéis pagar, cuando eso no es verdad. En Cataluña pagamos
siempre, desde hace mucho tiempo, y ya estamos hartos.
En cuanto al señor Segura, me ha sorprendido mucho. Antes de subir a la tribuna ya me ha dicho que iba a tener ciertas críticas. No esperaba que fuese por ahí, pero si no hemos apoyado algunos de sus textos, como los que ha citado, es
porque el señor Segura, o el Grupo Socialista en la Comisión de Infraestructuras, tiene la costumbre de presentarnos unos textos, ya sea de mociones o de proposición no de ley, que contienen páginas y páginas, y no llevan nunca a una situación
concreta. Hoy en nuestra proposición no de ley fijamos el camino exacto que hay que seguir para modificar todo ello y no quiero darle más importancia a lo que ha dicho. Ha sido una verborrea y, en todo caso, he de decirle que en el año 2000, con
objeto de una proposición de ley que había presentado el Bloque Nacionalista Galego, la cual he citado en la tribuna, el Grupo Socialista votó en contra, no sé por qué, juntamente con el Grupo Popular. Cada momento es el momento que es.
Por último, quiero decirle al señor Ayala que he dejado abierto con mis palabras, no en el escrito, que era un texto que podía ser usado por otras comunidades autónomas y que en el trámite de enmiendas, si prosperaba, se podía escribir lo
que quisiese cada grupo. No con las palabras de cielo único europeo, pero yo sí que he dicho desde la tribuna que la NA de AENA nosotros la considerábamos intocable porque era una competencia no sólo estatal sino también ligada con Europa.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sedó. (El señor Rejón Gieb pide la palabra.)
Señor Rejón, de su intervención esta presidencia no ha deducido que haya realizado usted un turno en contra de la propuesta del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y en la réplica del señor Sedó tampoco se ha hecho referencia
a su intervención. No sé a efectos de qué artículo pide la palabra.
El señor REJÓN GIEB: Al amparo del artículo 72.2, puesto que el señor Ayala en su intervención ha llamado a los portavoces de la oposición vagos y...
La señora PRESIDENTA: Señor Rejón, no está en el uso de la palabra.
El señor REJÓN GIEB: Déjeme que me defienda. Me ha llamado vago.
La señora PRESIDENTA: Señor Rejón, por favor, no está en el uso de la palabra en este momento.
Seguimos con el turno de réplica. Señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo fundamentalmente para hacerle llegar al señor Sedó, en representación del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), en primer lugar, mi reconocimiento y mi agradecimiento por la valoración que hace de las iniciativas
parlamentarias de este diputado, en representación de su grupo, con exposiciones fundamentadas, rigurosas, serias, metodológicamente bien vertebradas, como no podía corresponder menos hacia quien tiene un profundo respeto hacia la democracia
española, como este diputado. En segundo lugar, nuestras propuestas de resolución también son rigurosas, metodológicamente bien vertebradas, como se recoge en el 'Diario de Sesiones'. En tercer lugar, nosotros entendemos las dificultades en las
que se encuentran el señor Sedó y su grupo parlamentario, porque, señoría, después de tres años de legislatura siendo mantenido con el Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento catalán, manteniendo y apoyando constantemente al Grupo Popular en
esta Cámara, ahora, en la última singladura de los dos últimos meses, qué difícil es borrar esa cohabitación cariñosa que le ha caracterizado a lo largo de estos tres años. En cuarto lugar, señoría,... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor SEGURA CLAVELL: ...qué difícil es para los candidatos de CiU a las próximas elecciones catalanas mantener la cara cuando los coleguillas -se lo digo respetuosamente- candidatos del Partido Popular han estado trabajando
coordinadamente en un modelo conservador y paralizador de la actividad económica en la Comunidad catalana.
Señorías, tenemos muy claro que queremos que las instituciones con responsabilidades de gobierno en ámbitos territoriales participen en la gestión de los aeropuertos, y llevamos toda esta legislatura diciéndolo.
Ello no implica ni
debilitamiento de la red aeroportuaria ni debilitamiento del equipamiento de ayuda a la navegación, implica reforzar los valores democráticos en la gestión, como ha venido ocurriendo con las autoridades portuarias en todo el litoral español.
Estamos planteando, señorías, que en efecto se acepte a trámite, que en esta aceptación a trámite presentaremos las correspondientes enmiendas, cuando se abra el plazo de presentación de enmiendas y tengamos debates rigurosos y serios. Queremos,
señorías, que los espacios aéreos contiguos, los distintos espacios aéreos bajo control español, francés, italiano, etcétera, se vertebren con tecnologías modernas. No logramos entender la mención al cielo único al que ha hecho referencia el
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que lógicamente se ve impulsado a leer el documento que le manda el Gobierno.
Señorías, tiene que quedar muy claro que en toda España, en Canarias, en Andalucía o en la Comunidad murciana, defendemos consejos de administración donde participen representantes de las comunidades autónomas, de las diputaciones
provinciales, de los ayuntamientos, de las cámaras de comercio, de las centrales sindicales y que el desarrollo aeroportuario, la aprobación de los planes directores que se han publicado en reales decretos -y aquí por parte del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) no se ha objetado ni uno sólo de los cinco artículos resolutivos de cada uno de los planes directores recogidos en los correspondientes reales decretos- no han impulsado un auténtico desarrollo del sector aeroportuario
español. Tampoco hemos oído a CiU hacer ningún planteamiento realmente objetivo a la Ley de seguridad aérea, que privatiza la titularidad de las infraestructuras aeroportuarias, la inspección aeronáutica, que pone en manos del estamento militar la
inspección de las aeronaves; y no hemos visto ninguna enmienda en la que plantee que el Ayuntamiento de Barcelona o los ayuntamientos que tengan competencia en esas materias en distintos puntos de la comunidad catalana participen como miembros de
hecho de los consejos de administración de las entidades aeroportuarias. Eso es lo que nosotros hemos venido planteando y es lo que no le hemos oído al grupo parlamentario de CiU. He hecho referencia a la posición de mi grupo parlamentario en esta
legislatura porque es una posición firme, fruto también del análisis de una realidad cambiante en Europa que nos va llevando a una posición de solidaridad y de defensa de la cohesión territorial en el Estado español, entendiendo claramente que las
infraestructuras aeroportuarias y las políticas de transporte aéreo están al servicio de la movilidad de personas y mercancías desde la perspectiva unitaria en el Estado español.
La señora PRESIDENTA: Señor Segura, muchas gracias.
El señor SEGURA CLAVELL: Termino, señora presidenta.
Naturalmente, señorías, esa es nuestra posición. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Segura.
Señor Ayala.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
En este turno por alusiones, que debería llevárselo al próximo mitin que tenga que dar en Barcelona el señor Segura, porque desde luego que conseguirá muchos más votos.
La señora PRESIDENTA: Perdón, señor Ayala, solamente a efectos del 'Diario de Sesiones', un turno de réplica. Lo digo para no entorpecer. Es un turno de réplica previsto en el Reglamento.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
En los mismos términos señalo tanto al señor Sedó como al señor Segura que yo no leo nada, no tengo esa costumbre, ni siquiera algunos términos que han utilizado en sus intervenciones. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor AYALA SÁNCHEZ: En cuanto al Partido Popular, utiliza, gestiona, respeta y legitima el ejercicio de las competencias que cada Administración tiene, y evidentemente la participación de las Administraciones territoriales en el ámbito
de sus competencias de ordenación del territorio y de urbanismo, en cada una de las decisiones que comportan la aprobación de los planes directores de todas y cada una de las áreas aeroportuarias, ha estado en el frontispicio de la decisión del
Ministerio de Fomento, y así ha constado. Buena prueba de lo cual es que el Plan director de los aeropuertos catalanes ha sido aprobado con el informe favorable de esas administraciones territoriales. Luego difícilmente se puede venir aquí a
hablar del ejercicio de competencias distintas al ejercicio de la legalidad, que en todo caso ha sido respetado.
El señor Sedó ha reconocido las seis faltas de justificación de la proposición de ley, porque de todos es conocida la facilidad en el trato del tiempo que se da en una Comisión de Infraestructuras en relación con la del Pleno, cuyo tiempo
está tasado, y por tanto si la misma justificación la emplea para un caso que para otro, más valdría que hubiera tratado de justificar con razones y con peso unas competencias que, como he dicho en mi intervención, en ningún momento ha demostrado
cuáles son los casos en que mejoraría la competencia de la Generalitat de Cataluña, porque da la sensación de que en todo aquello que puede ser criticado, aunque sea con anécdotas, la alternativa es que la comunidad autónoma lo haría mejor. Eso es
demasiado sencillo, demasiado vacuo, y desde luego va en contra de una gestión como la de AENA y de unas inversiones que el Estado, sin tener en cuenta nada más que la eficacia y el progreso del sistema aeroportuario español, está realizando en
Barcelona y en Cataluña mucho más que en el resto de las zonas aeroportuarias.
Entendemos, pues, que se han salido del debate tanto el señor Sedó como el señor Segura, que en un momento determinado no sabíamos contra quién disparaba, si contra unos o contra otros; el caso es que seguía pareciendo que estaba, él sí,
leyendo el discurso del señor Maragall.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.-La señora Cunillera i Mestres: Que ya se ha acabado la carrera de la sucesión, no hace falta hacer méritos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ayala.
Sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de transferencia de medios personales, materiales y funcionales en materia de gestión de los aeropuertos catalanes
a la Generalidad de Cataluña.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 274; a favor, 132; en contra, 142.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE MODIFICACIÓN DE LA EMISIÓN DEL VOTO DE LOS ESPAÑOLES INSCRITOS EN EL CENSO DE RESIDENTES AUSENTES (CERA). (Número de expediente 162/000763.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS DIPOSICIONES PREVISTAS EN LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL PARA GARANTIZAR EL EJERCICIO DEL DERECHO DE VOTO A LOS ESPAÑOLES RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO. (Número de expediente 162/000364.)
La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: Proposiciones no de ley.
En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre modificación de la emisión del voto de los españoles inscritos en el
Censo de Residentes Ausentes, y la del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley orgánica de Régimen Electoral General para garantizar el ejercicio del derecho de voto a los españoles
residentes en el extranjero, que serán debatidas conjuntamente.
(Rumores.)
Señorías, ruego que aquellos que vayan a abandonar el hemiciclo lo hagan de manera diligente. (Continúan los rumores.)
Señorías, ¿es posible que ocupen los escaños y guarden silencio o abandonen el hemiciclo, también en silencio, por favor? Es preciso que continuemos con el debate de los puntos que hay en el orden del día.
(Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, la proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, orientada a la mejora de los mecanismos para garantizar el voto de los inscritos en el censo electoral de residentes ausentes, es
un asunto que ya ha sido debatido tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.) Por tanto, mi intervención va a ser breve, pero que sea breve no quiere decir que
el asunto no sea importante, porque un asunto importante es aquel que se refiere a garantizar los derechos fundamentales que tienen los ciudadanos españoles, unos derechos que tienen más de un millón de compatriotas que en este momento están
inscritos en el censo de residentes ausentes.
No cabe duda de que hay coincidencia de todos los grupos parlamentarios en cuanto a que hay que arbitrar fórmulas que mejoren las garantías para la emisión del voto. Entre otras cosas, porque en gran parte de los países en los que en estos
momentos residen muchos residentes ausentes, los servicios que tienen que ser el vehículo para garantizar el voto que se emite no tienen, obviamente, el control de la Administración española.
Son servicios que no funcionan adecuadamente, como el de
correos en Venezuela, en Argentina o en Brasil, lo que afecta gravemente al derecho que tienen estos ciudadanos. En ese sentido hay anécdotas para todos los gustos y en cualquier circunscripción electoral del Estado. La última nos muestra que los
votos de miles de ciudadanos de algunas comunidades autónomas que ejercieron su derecho al voto en tiempo y forma, antes del 21 de mayo, y que pusieron en el correo con su certificado correspondiente, al no llegar para el momento del cierre de las
mesas electorales -el domingo 25, antes de las ocho de la tarde-, no pudieron ser contabilizados. Incluso hay alguna anécdota -si se quiere interpretar como tal- de la Dirección General de Correos en el sentido de que la avería de un avión impidió
que se contabilizaran los votos que venían de Venezuela, al no llegar a tiempo para entregarlos.
No hay, pues, ninguna duda de la coincidencia en cuanto a la necesidad de hacer un esfuerzo para mejorar los instrumentos que sirven para garantizar el derecho de estos ciudadanos a votar. Hay ejemplos de medidas en los países de nuestro
entorno que van desde la ampliación del plazo para emitir el voto por correo hasta la posibilidad de votar en las embajadas u oficinas consulares; incluso se estudia la posibilidad de votar en todas las embajadas y oficinas consulares de los países
de la Unión Europea. En cualquier caso, no vamos a apuntar cuál es el mejor camino para resolver este espinoso y complicado asunto. Apostamos por el entendimiento y el consenso entre las fuerzas políticas, entre los grupos parlamentarios y por que
haya un acuerdo que permita garantizar el ejercicio de este derecho por parte de los ciudadanos.
Como SS.SS. saben, en este momento hay una ponencia constituida al efecto en el Senado que viene trabajando desde 2001 y que ha tenido 15 sesiones de trabajo, la última de ellas el 15 de septiembre. Sin embargo, no termina de concretarse
una propuesta clara y precisa que sirva para modificar la Ley electoral y permita conseguir los objetivos que planteamos en la exposición de motivos de la proposición no de ley. En conclusión, la propuesta está orientada a que de forma inmediata
concluyan los trabajos de la ponencia de modo que el Gobierno pueda presentar un proyecto de ley con el consenso necesario. Estamos hablando de la modificación de la Ley electoral, y desde nuestro punto de vista es conveniente -si no
imprescindible- un gran consenso para afrontar este asunto.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señorías.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rivero.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y para la defensa de la proposición no de ley presentada, tiene la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, intervengo en defensa de la iniciativa de proposición no de ley de mi grupo parlamentario. Es una antigua, una vieja proposición no de ley, aunque no muerta puesto que tiene vigencia y
actualidad, y no sólo para los próximos períodos electorales sino también por contribuir al respeto y a la limpieza del voto y de la expresión democrática. Reiteramos esta tarde una vez más una iniciativa que trata de poner fin y corregir
irregularidades que rodean el ejercicio del derecho del voto de los españoles y españolas residentes en el extranjero. Mediante esta iniciativa pretendemos sencillamente que se garantice ese derecho de forma libre y transparente, procediéndose a la
actualización del censo consular y, con él, del censo de españoles residentes ausentes.
Mi grupo parlamentario no entiende el inmovilismo del Gobierno y del grupo parlamentario que lo apoya ante un tema que ha suscitado distintas iniciativas y magníficas intervenciones, como la del señor Aymerich en nombre del Grupo
Parlamentario Mixto o la de quien me ha precedido en el uso de la palabra por Coalición Canaria. Todas proponen, señorías, medidas que intentan abordar las reformas necesarias para garantizar la transparencia y efectividad del proceso electoral y
el principio de igualdad. Se nos recordará que hay una ponencia en el Senado que está trabajando en ello. Pues ad kalendas graecas, ¿no? Señorías, los procesos electorales se siguen sucediendo y este no es un problema de vivillos, como me
recordaban antes de subir a la tribuna, sino que el problema es que hay muchos muertos que votan en estos registros consulares, y el Gobierno no hace nada al respecto. Urge por tanto acometer las reformas necesarias y adoptar medidas urgentes que
garanticen la transparencia en el ejercicio del derecho de voto de los españoles y españolas residentes en el extranjero. Es necesario que el gobierno revise de oficio el censo de forma que aparezcan en él sólo aquellos y aquellas residentes en el
extranjero con derecho a voto. Es necesario que se ponga la Administración consular española al servicio del voto libre y directo de los ciudadanos y de una campaña plural y limpia también entre los residentes en el extranjero. En los últimos
procesos electorales han venido denunciando la mayoría de fuerzas políticas la existencia de prácticas de captación fraudulenta del voto español en el extranjero, y negar esas irregularidades a estas alturas sería una clara irresponsabilidad. Esas
prácticas implican irregularidades de todo tipo, desde el uso de fondos públicos por gobiernos de distintas comunidades autónomas para captar el voto emigrante para el partido que sustenta al Gobierno a la utilización de campañas institucionales de
invitación al voto o la utilización de las redes de casas regionales en América para el mismo fin. Recuerdo una carta del encargado del censo en el consulado de España en Nueva York que hacía una crítica durísima a los años del Partido Socialista.
Yo no digo que no se merezca la crítica, pero no creo que sean los responsables del censo quienes se tengan que dedicar a esas cuestiones. Hay que corregir prácticas que, como decía anteriormente, significan, legitiman o amparan -legitimar nunca,
amparar en todo caso- el voto efectivo de muertos o de emigrantes más que centenarios, lo cual evidencia que el registro llamado censo, por supuesto, no está actualizado. Habrá que vigilar la no exigencia de acreditar la identidad para votar por
correo, lo cual implica que determinados enviados de ciertos partidos mandan sacas enteras de voto emigrante sin necesidad de acreditar su identidad.
En definitiva, se pueden manipular perfectamente los votos, y a los que atacamos este tipo de fraudes, a los que los denunciamos, se nos dice que estamos dañando la democracia y el sistema democrático. Señorías, no matemos a los mensajeros,
matemos los malos mensajes, los votos de gente que no vive, matemos los votos de gente que no existe. Señorías, nuestra democracia, como la de nuestro entorno, es fuertemente representativa, pero la gente no participa en la gestión de la res
publica sino a través de sus representantes elegidos en sufragio, de ahí que haya que vigilar mucho la limpieza de este proceso. Por ello, un fraude en la elección es un torpedo en la línea de flotación de la legitimidad del sistema democrático y
puede suponer la alteración de la voluntad popular, que es la soberana en cualquier sistema democrático. Garantizar, por tanto, los derechos reconocidos en nuestra Constitución corresponde al Gobierno, como responsable directo de la Administración
consular a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y como responsable de los procesos electorales a través del Ministerio del Interior. Esperemos, señorías, que desde el Gobierno no se trate de
relativizar la importancia del tema, porque de ser así, debemos recordar una vez más que, por ejemplo, el voto emigrante gallego proviene del CERA, que representa entre un 10, un 15 o un 17 por ciento del censo electoral gallego, y que las
denuncias de fraude por parte incluso de algunos sectores del PP hacia las actuaciones del señor Fraga y de sus adláteres en este sentido han sido varias. La totalidad de las fuerzas parlamentarias hemos tenido que recurrir tanto a la labor de
control del Gobierno en las Cortes Generales, con innumerables preguntas, como a la petición de tutela y amparo de la Junta Electoral Central, todo ello hasta el momento sin éxito. El Gobierno, como hemos manifestado, mira hacia otro lado como si
no fuera con ellos el problema o, a lo sumo, se ha ocupado de minimizar los problemas sin resolverlos, como sucedió en los casos de Baleares o de Galicia.
Mi grupo parlamentario está de acuerdo con la proposición que presenta el Grupo de Coalición Canaria porque se aprecian en la LOREG múltiples resquicios abiertos a la manipulación fraudulenta del CERA e incluso de las votaciones de los
inscritos en el mismo. Coincidimos con el Grupo de Coalición Canaria en que el problema que plantea el procedimiento de votación y escrutinio de los votos emitidos por los españoles inscritos en el CERA sólo se puede acometer mediante una reforma
de la LOREG. Con carácter general es hora de sentarnos y hablar tranquilamente pero al mismo tiempo con prisa de las reformas de la LOREG que permitan blindar el CERA contra los manejos y los fraudes, impulsando de esta forma y de una vez por todas
la reforma de la LOREG en aquellos aspectos que garanticen la limpieza absoluta de los procesos electorales en España, con especial énfasis en aquellas comunidades autónomas con un importante contingente de votantes ausentes, como es el caso de
Galicia.
Señorías, a estas iniciativas han presentado una enmienda el Grupo Socialista, que agradezco, y otras el Grupo Popular. Las enmiendas del Grupo Popular son todas del mismo estilo cuando tocamos estos temas: cuando nosotros decimos que se
hagan las cosas, el Grupo Popular dice que se continúen los trabajos. Me da igual. No me importa reconocer o no reconocer que ustedes llevan siglos haciendo cosas en este aspecto, eso es lo de menos; lo importante es que se hagan las cosas
suficientes y necesarias para concluir esto y hacerlo de buena forma. Sabemos que existe una ponencia en el Senado, a la que habrá que urgir toda vez que hay un montón de consultas electorales en puertas y más adelante hay más.
No voy a decir como
mal menor, porque nunca he creído en los males menores, pero creo que la enmienda del Grupo Popular -no tengo por qué dudar de su buena voluntad- puede ser válida para acelerar los procesos en el seno de esa ponencia y que al final se hagan las
reformas necesarias en la línea que demanda mi grupo.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rejón.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Marón.
La señora MARÓN BELTRÁN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, en diferentes ocasiones se han debatido en esta Cámara aspectos relativos a la situación de los españoles residentes ausentes, como ha sido apoyo institucional, servicios básicos, políticas sociales, de información, etcétera. No
olvidemos que casi 1.200.000 ciudadanos componen el censo electoral de ciudadanos residentes ausentes y necesitan recursos y compromisos. Hoy las dos iniciativas que se debaten tienen que ver con los derechos constitucionales y el ejercicio
democrático del voto. El Grupo Parlamentario Socialista está de acuerdo con las dos iniciativas, si bien las exposiciones de motivos son bien diferentes y la parte dispositiva también tiene algún matiz. La de Izquierda Unida pide expresamente la
actualización del censo consular y con ello del CERA, con la que estamos totalmente de acuerdo, y la de Coalición Canaria solicita la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General en lo relativo al procedimiento y escrutinio de los
votos de españoles residentes en el exterior, cuestión que trataré de explicar.
El Grupo Parlamentario Socialista considera que los españoles residentes en el exterior son un gran capital, en primer lugar, afectivo y, en segundo lugar, de derechos y en ambos aspectos podríamos profundizar ampliamente, pero hoy nos
centraremos en lo que es objeto de debate. En esa línea hemos presentado una enmienda de adición a la proposición no de ley de Coalición Canaria para concretar un poco más la reforma de la LOREG, toda vez que entendemos que no se trata tanto de
alargar los plazos para contabilizar los votos, como parece desprenderse de la exposición de motivos de la iniciativa, sino que debe tratarse del ejercicio de derechos democráticos, de garantizar el voto en urnas, de garantizar la libertad y el
secreto del voto, de garantizar que el voto del CERA se emita con las mismas garantías que tienen los ciudadanos residentes en el territorio español. Los españoles residentes en el exterior, que en la mayoría de los casos arrastran sobre sí la dura
experiencia de la emigración, del desarraigo familiar y territorial, necesitan apoyo, comprensión, derechos a prestaciones sociales, como hemos puesto de manifiesto en diferentes ocasiones, pero también el derecho al ejercicio del voto democrático y
en libertad. Decía que más de un millón de personas dispersas en diferentes países, como Argentina, Venezuela, Brasil, Uruguay, etcétera, hacen en cada elección un esfuerzo enorme para votar, actúan de buena fe y su voluntad en muchos casos no se
respeta, por actuaciones de personajillos sin escrúpulos dispuestos al mercadeo del voto,
despreciando esa buena voluntad de los ciudadanos que de algún modo están expuestos a la vulnerabilidad de un sistema. No podemos volver a vivir situaciones conocidas por todos, en las que queda bajo sospecha el tráfico de votos, incluso en
algún caso con posible sospecha de implicación institucional, dejando dudas de la transparencia democrática.
Pongo algunos ejemplos de casos que bajo ningún concepto deben repetirse ni como sombra, todos ellos con actuaciones judiciales en marcha.
Hablo del caso Formentera en Baleares, que sin entrar en el fondo es todavía una sombra alargada, del caso Finisterre o Fisterra en Galicia -Galicia tiene casi 300.000 ciudadanos inscritos en el CERA-, donde se van a repetir las elecciones el
próximo 26 de octubre por falsificación de 82 certificaciones y que tiene consecuencias graves: la primera, la fragilidad del sistema y, la segunda, que a estas alturas no está constituida la Diputación Provincial de A Coruña y no podrá hacerlo por
lo menos hasta que se repitan las elecciones en esa mesa donde se recibe el voto del exterior. De actualidad postelectoral también está Canarias, donde en las pasadas elecciones ha quedado al descubierto la vulnerabilidad del sistema y la actuación
desaprensiva -tengo que decirlo- de personajes que tratan de rentabilizar los votos con métodos antidemocráticos. Señorías de Coalición Canaria, con todo respeto, no se trata sólo de ampliar plazos para la recepción de votos, que a lo mejor hay que
revisar, sino de que ese voto se ejerza con garantías democráticas y sin manipulaciones interesadas. Ahí está el informe de Ipostel, el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela, de 18 de julio de 2003, que deja bien a las claras la situación
fraudulenta del voto de residentes canarios en Venezuela, y eso es mucho más grave que la contabilización de un puñado de votos. Por tanto este tema debe ser una cuestión de Estado, de prioridad política, de credibilidad del sistema electoral y
para ello se harán las reformas precisas para que el voto nunca pueda ser utilizado como moneda de cambio, en función de si beneficia o perjudica a un determinado partido político. No sirve con que sea posible contabilizar votos si estos están bajo
sospecha. Por tanto, señorías, modificación de la Ley Orgánica del Régimen General Electoral sí, pero la prioridad tiene que ser las garantías democráticas: votación libre, secreta, en urna, y depuración periódica y actualización del CERA, para
que no lleguen a las juntas electorales o mesas papeletas escritas con frases como: era mi padre, ha fallecido, yo voto por él; papeletas recordando pensiones o promesas de partidos políticos y un sinfín de anécdotas que podríamos comentar, que
aparecen reflejadas en la ponencia desarrollada en el Senado, donde se evidencia en las distintas comparencias la vulnerabilidad que venimos comentando.
Señorías, un sistema democrático tiene que tener instrumentos legislativos e institucionales para acabar con gente sin complejos, sin escrúpulos, dispuesta a la manipulación del voto de los ciudadanos, que en la mayoría de los casos son
desconocedores de la situación. En esa línea, el Grupo Parlamentario Socialista solicita las modificaciones legislativas necesarias, la apertura de procedimientos civiles y penales para quienes, de un modo u otro, intervienen en fraudes electorales
y, ante la inmediatez de procesos electorales, pediremos a la Junta Electoral una instrucción para exigir la identificación -aquí se ha hablado de ello- mediante documento suficiente para que nadie pueda arrogarse representaciones ajenas.
Finalizo, señora presidenta, señorías. Sabemos que 500.000 votos del censo español de residentes ausentes pueden determinar una mayoría. Por ello, desde el valor constitucional que significa un ciudadano, un voto libre y secreto, el Grupo
Parlamentario Socialista hablará mucho más de garantías y mucho menos de contabilizar votos y para ello impulsaremos y apoyaremos las reformas necesarias desde cualquier partido político que las presente en esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Marón.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Vera.
El señor VERA PRO: Con la venia, señora presidenta.
Una vez más examinamos y debatimos sobre dos proposiciones no de ley relativas al censo de españoles residentes ausentes. La iniciativa de Coalición Canaria pretende que en el plazo de seis meses el Gobierno presente un proyecto de ley
modificando la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en lo relativo al procedimiento de votación y escrutinio de los votos emitidos por los españoles residentes en el extranjero. La iniciativa de Izquierda Unida tiene un alcance mucho más
concreto, trata fundamentalmente de la actualización del CERA. En todo caso, el tema al que se refieren las dos proposiciones ha sido profusamente suscitado a lo largo de la presente legislatura mediante iniciativas parlamentarias. Sin embargo,
señora presidenta, antes de entrar en los detalles de las propuestas concretas que se recogen en estas proposiciones no de ley, debo referirme a alguna cuestión previa, al hilo de las intervenciones de algún portavoz que me ha precedido en el uso de
la palabra. Como digo, algún portavoz ha aprovechado su turno de fijación o de defensa de las enmiendas para referirse al caso Formentera o caso Mapau, como ustedes prefieran llamarlo, y no voy a entrar en el juego salvo para decir que son
posiciones demagógicas. No voy a entrar en ese juego de abrir juicios paralelos sobre hechos que, como ha dicho la portavoz socialista, están en sede judicial, en este caso en el Tribunal Supremo, y sobre los que nadie, ni siquiera usted, señora
Marón, puede anticipar conclusión alguna. Podríamos
hablar de casos que ya han sido juzgados por tribunales. Me estoy refiriendo al asunto del voto por correo en Madrid en las elecciones municipales del año 1991. Durante diez años, algunos partidos políticos sostuvieron durísimas
acusaciones contra once personas, para las que se llegó a pedir penas de prisión y que finalmente resultaron absueltas. Dos de esas personas murieron durante la tramitación del proceso y todavía estoy por ver alguna disculpa de esos partidos o de
que alguien haya asumido alguna responsabilidad por haber sostenido durísimas acusaciones frente a personas que después demostraron su inocencia. Durante esos diez años se aprovechó cada ocasión que hubo, siempre en la cercanía de los periodos
electorales, ¡faltaría más!, para airear este supuesto fraude mediante filtraciones interesadas en los medios de comunicación social.
Ahora quieren hacer lo mismo con el caso Mapau o Formentera y nosotros no vamos a entrar en ese juego de abrir
juicios paralelos de un asunto que está sub iudice. En su momento, la justicia pondrá a cada uno en su sitio.
El señor Rejón se ha referido a la existencia de fraude, a manipulaciones del censo, a la vulneración del carácter libre, secreto y personal del voto, que son acusaciones muy graves y que por supuesto a todos nos interesaría que se
resolvieran si fueran reales, pero le tengo que decir, señor Rejón, que es muy fácil hablar y nunca aportar ninguna prueba, algo a lo que algunos nos tienen acostumbrados. Seguramente, el señor Aymerich, en su intervención, volverá a hacerlo. Si
alguien cree que hay algún tipo de fraude o manipulación, que acuda a los tribunales y aporte alguna prueba. Mi grupo se sumará gustoso a esa iniciativa. Pueden estar seguros que no pretendemos ser más que nadie en la defensa de la limpieza de los
procesos electorales, pero también lo pueden estar de que no vamos a ser menos que nadie en esa defensa. Imputar al Gobierno el aumento del CERA tampoco es una cosa que se ajuste a la realidad. El crecimiento que se produce en dicho censo es
debido a una reforma de la Ley electoral del año 1995, que hizo que el mismo se convirtiera de rogado a un censo de oficio.
Señora presidenta, me voy a centrar en el debate sobre el contenido de las proposiciones no de ley presentadas. En primer lugar, me voy a referir a la de Izquierda Unida porque recientemente dicho grupo presentó esta misma proposición no de
ley en la Comisión Constitucional. Por eso me sorprende, señor Rejón, que cuando recientemente su grupo y el mío llegamos a un acuerdo transaccional sobre este asunto en la Comisión Constitucional y que fue votado unánimemente, vuelva de nuevo un
año después a recuperar sus postulados originales rompiendo aquel consenso alcanzado en la mencionada Comisión. No me diga que este acuerdo ha quedado obsoleto, porque un año es muy poco tiempo, es demasiado reciente, para que su grupo pueda
considerarlo superado. Ustedes, en el texto de su proposición no de ley hacen mención a la reciente modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Pues bien, esa reciente modificación de la ley, como ustedes la califican, es del
año 1995, es decir, de hace ocho años. Por eso me ha sorprendido que no considere reciente lo que acordamos hace un año y califique de reciente una modificación de hace ocho. Señor Rejón, el acuerdo de hace un solo año a nosotros nos parece
reciente y además entendemos que fue un buen acuerdo y a juicio de mi grupo sigue pareciéndolo.
El Gobierno está avanzando en la actualización del censo, como sin duda siguen avanzando los trabajos de la ponencia constituida al efecto en el Senado, a la que naturalmente me tengo que referir y recordar su existencia; una ponencia en la
que todos los grupos están intentando alcanzar unas conclusiones que puedan facilitar todas estas cuestiones sobre la base indispensable del conocimiento de la realidad. A todos nos interesa, y al Grupo Popular tanto como a los que más, que los
españoles residentes ausentes tengan todas las oportunidades y facilidades necesarias para ejercer en plenitud sus derechos. No voy a reiterar hoy lo que nuestro grupo parlamentario ha venido manifestando en los diferentes debates producidos en
esta Cámara, pero que nadie dude que existe una voluntad explícita y decidida por parte del Gobierno en aras a la efectiva actualización del censo de españoles residentes ausentes. Es lo que se viene haciendo todos los meses, porque la propia Ley
electoral obliga a que la actualización del censo sea permanente y se actualice mensualmente. Otra cosa es que puedan seguir existiendo errores. Es muy posible. También existen en el censo nacional de electores, pero esos errores, como es lógico,
se vienen subsanando día a día. De hecho, estoy convencido que en las pasadas elecciones municipales y autonómicas muchos españoles residentes en el extranjero habrán podido subsanar posibles errores utilizando la vía legal de rectificación en
periodo electoral, prevista en el artículo 39 de la Ley electoral, contribuyendo así a la actualización del censo.
Cuestión distinta nos plantea Coalición Canaria, que pretende que en el plazo de seis meses el Gobierno presente un proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, para facilitar el derecho de sufragio a los
españoles residentes en el extranjero. Creo, señor Rivero, que la mayoría de los grupos -no sé si todos- participamos de ese lógico objetivo de facilitar el ejercicio del sufragio a todos los españoles que residen fuera de España. Sin embargo,
solicitar sin más un sistema o una reforma que garantice que los sufragios legalmente emitidos lleguen a su destino y puedan ser contabilizados sin proponer medidas concretas no añade nada nuevo, como usted mismo ha reconocido en su intervención.
Precisamente para eso, para profundizar en ese asunto, para buscar medidas concretas y para encontrar soluciones más eficaces, se constituyó una ponencia en el seno de la Comisión
Constitucional en el Senado. El problema es que si la ponencia no termina sus trabajos o no elabora sus conclusiones bajo el espíritu del consenso que tiene que presidir toda reforma de la Ley electoral, se estaría pidiendo al Gobierno que
de manera unilateral presentase un proyecto de reforma que probablemente no resultaría satisfactorio para todas las fuerzas políticas. Por otro lado, dado el plazo que prescribe, que es de seis meses, no tendría virtualidad respecto a las
elecciones generales, aunque ya sé que se está refiriendo a las elecciones municipales y autonómicas fundamentalmente. Precisamente por eso yo creo que lo prudente y lo sensato es que desde una posición de respeto a nuestros compañeros que están
trabajando en este asunto en la Cámara Alta permitamos que concluyan su trabajo, permitamos que elaboren sus conclusiones y sus propuestas, para que sobre las mismas podamos abordar la necesaria reforma, una reforma que persigue un objetivo que
compartimos todos: facilitar el derecho de sufragio de nuestros compatriotas residentes en el extranjero. A tal fin y teniendo en cuenta estas consideraciones, el Grupo Popular ha presentado una enmienda para que esta preocupación se refleje esta
tarde en un texto en el que todos podamos estar de acuerdo. El texto de nuestra propuesta obra en poder de los grupos y por tanto voy a ahorrar su lectura. Creo, señorías, que este texto puede y debe ser un punto de encuentro para todos los
grupos. Es un paso más para afrontar esta cuestión, una cuestión que por su naturaleza es tan importante que debemos abordarla no sólo desde el consenso sino desde la responsabilidad compartida.
Muchas gracias. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Vera.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, en nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, no me resisto a hacer referencia a las afirmaciones que acaba de hacer el señor Vera. Es lógico que por parte del Grupo Popular, que apoya la guerra preventiva, se haga también alusión a título preventivo a los ataques que
podrían venir de mí, pero ya se sabe que unas doctrinas llevan a otras. Ahora bien, si el señor Vera quiere pruebas, se las podemos dar. Si ustedes quieren llevar a alguien a los tribunales, lleven -le voy a dar un nombre, tome nota, por favor- al
señor Washington Pena, que era el jefe del Partido Popular en Montevideo.
Ese señor es el que, en el año 1997, puso anuncios en periódicos como El Diario Español de Montevideo, se supone que pagados por el Partido Popular, invitando a los gallegos
de Montevideo a ir a votar a la sede del Partido Popular. ¡Por favor! Parece que este señor también está implicado en algunas irregularidades en la República de Uruguay. Supongo que esa es la catadura que exigen ustedes a sus representantes en el
exterior. Por tanto, si quiere pruebas, si quiere materia para investigar, le animo a que investigue. También le animo a que investigue siguiendo una máxima de las películas negras: seguir el rastro del dinero. Siga el rastro del dinero, señor
Vera. ¿A quién beneficia que la Diputación de A Coruña aún no se haya podido constituir precisamente por irregularidades en el voto emigrante? (Rumores.) Sí, sí, a ustedes. Les beneficia a ustedes, porque ahora el que aún es presidente de la
Diputación en funciones ofrece a la mayoría que va a gobernar la misma negociar el presupuesto del año que viene. ¡Fíjese si no les beneficia a ustedes! Es decir, un partido que ya no tiene mayoría en una diputación provincial se apoya en los
fraudes cometidos con el voto emigrante para tener una capacidad de influencia que, por el número de votos, ya no le corresponde a la Diputación y apoyándose en esa situación de hecho ofrece negociar un presupuesto, cuando lo que tendría que hacer
es simplemente votar en contra de ese presupuesto que seguramente no le agradaría porque tendría más gasto social, más compromiso con la cultura y más compromiso con los pequeños ayuntamientos -y menos sectarismo, por cierto- de los que ustedes
aprobaron en todos estos años.
Estamos refiriéndonos a un tema que no es nuevo. Hace dos años, un día de infausto recuerdo por lo que sucedió el 11 de septiembre de 2001, yo mismo en nombre del Bloque Nacionalista Galego defendía en esta Cámara una proposición de ley de
reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que perseguía unos objetivos bien claros, proposición de ley a la que ustedes se opusieron. Pretendía dotar de garantías la emisión de voto por parte de los ciudadanos inscritos en el CERA,
depurar ese censo, aún a día de hoy lleno de irregularidades, de duplicidades, de muertos que votan, y en definitiva eliminar los graves fraudes que la vigente regulación del voto emigrante y, también hay que decirlo, la falta de ética democrática
que algunos partidos como del suyo, señor Vera, posibilitan. Decía en aquella ocasión que en esta legislatura la Cámara iba a iniciar con seguridad otra reforma, la reforma del Código Civil en materia de nacionalidad, y les decía: señoras y
señores diputados del Partido Popular, ¿creen ustedes honradamente que se puede reformar el régimen de la nacionalidad española sin solucionar previa o simultáneamente los muchos y graves problemas que hoy presenta el censo de residentes ausentes?
¿Piensan, señoras y señores del Grupo Popular, que cuando el censo de residentes ausentes en Galicia pase del 12 por ciento actual al 20 por ciento se va a poder seguir votando igual? Es decir, ¿van a seguir pudiendo ir agentes electorales de su
partido a recoger voto por voto los sobres en Argentina y en Uruguay? ¿Van a poder ir esos alcaldes a Argentina y volver con
los votos, como pasó ya en estas elecciones municipales, condicionando el resultado no sólo en pequeños municipios sino en el conjunto de la comunidad gallega? ¿Piensan ustedes realmente eso, señor Vera? ¿O es que quieren tener una reserva
de votos, una reserva de fraude, para cuando los residentes en Galicia no les sean tan propicios? ¿Es eso lo que ustedes pretenden? Díganlo, porque si no entraremos en una crisis grave de legitimidad del propio sistema democrático. En Galicia ya
existen ayuntamientos donde el 20 por ciento del voto procede de personas que en la vida pisaron ese ayuntamiento y que además votan en el país en el que residen. Esas personas que no cuentan a la hora de determinar qué número de ediles componen su
corporación, qué número de senadores se eligen por su provincia o qué número de diputados se eligen por su circunscripción son los que condicionan quién va a gobernar en ese municipio. Eso es lo que está sucediendo y eso es algo a lo que ustedes
tendrán de una vez -si quieren- que dar solución.
Aluden ustedes a la comisión creada en el Senado, comisión creada a iniciativa de una moción del Bloque Nacionalista Galego, pero ustedes en comisiones tienen mucha experiencia. Fíjense, en el Parlamento gallego, en la legislatura pasada,
se creó también a iniciativa del BNG una comisión para estudiar la situación de la emigración gallega. Se gastaron 30 millones de pesetas en viajes. Se fue a Venezuela, a Argentina, a Uruguay. Hubo entrevistas con los cónsules, con los
embajadores. Todos los miembros de esa comisión, incluso los del Partido Popular, quedaron abochornados por ejemplo cuando en Caracas el embajador y el cónsul general de España en dicha capital les relataron que no podían hacer nada ante el fraude
que ellos conocían del voto emigrante. Resultado: esa comisión se disolvió sin que se aprobaran conclusiones. ¿Por qué? Porque lógicamente esas conclusiones supondrían u obligarían a una reforma del sistema del voto emigrante y esas conclusiones
supondrían una asunción de responsabilidad política por su parte. Por tanto no nos hable de comisiones. Díganos si existe voluntad política en su partido de que esa Comisión que está trabajando en el Senado llegue antes de que acabe esta
legislatura a algún tipo de conclusión útil.
Nuestra propuesta es clara y la hemos expuesto en numerosas ocasiones: queremos igualdad real, para los de dentro y para los de fuera, que voten pero que cuenten; que no les den ustedes, hipócritamente, con una mano, con la Ley del Régimen
Electoral General, lo que les quitan con la otra, con la Ley de extranjería. Esas personas que votan quieren que también sus hijos puedan entrar en territorio español y puedan trabajar y residir aquí; quieren que sus mujeres, que no tienen la
nacionalidad española, no se tengan que enfrentar a múltiples trabas que su Administración les pone y que su legislación consagra, señores del Partido Popular, para que no puedan ser reconocidas como ciudadanas de pleno derecho. Por tanto, que
voten, sí, pero que cuenten también como ciudadanos, a todos los efectos, frente a su hipocresía. Sobre esta base, señorías, el Bloque Nacionalista Galego se va a abstener en la proposición no de ley de Coalición Canaria, porque pensamos que ante
una situación tan grave lo último que hay que hacer es flexibilizar aún más, dar más tiempo al fraude, y sí vamos a apoyar la presentada por el Grupo de Izquierda Unida y defendida por el señor Rejón, porque coincidimos con su exposición de motivos,
coincidimos con el espíritu y los objetivos que la animan y coincidimos también con la literalidad de esa proposición no de ley. Coincidimos en que es necesario, de una vez, pero falta voluntad política, depurar el censo de residentes ausentes.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Aymerich.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
Como ya han hecho notar varios portavoces, es la enésima vez en esta legislatura que nos enfrentamos a los problemas que plantea el régimen legalmente previsto para el voto de los residentes ausentes. Hoy se someten a nuestra consideración
dos iniciativas que, al menos en una primera lectura, ofrecen diferente orientación y contenido. La primera de ellas, primera en términos estrictamente cronológicos, es una proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida que, sin
cuestionar la idoneidad de la norma vigente, parte del supuesto de que los problemas se plantean sobre todo en el momento de su aplicación y concluye instando al Gobierno a adoptar una serie de medidas orientadas fundamentalmente a garantizar la
transparencia en el ejercicio efectivo del derecho al voto por parte de los españoles residentes en el extranjero. La segunda, cuya paternidad corresponde al Grupo de Coalición Canaria, es más ambiciosa.
Pretende que en el plazo de seis meses el
Gobierno remita a la Cámara un proyecto de modificación de la LOREG que reforme el procedimiento de votación y escrutinio de los votos emitidos por los españoles inscritos en el CERA. Propone, pues, una modificación formal de la Ley electoral, una
reforma en toda regla de la ley, una propuesta, la de la reforma de la ley, que no es nueva por cierto. Ha sido planteada y debatida en numerosas ocasiones en la Cámara a lo largo de esta misma legislatura.
Por ejemplo, hace ahora tres años, una
moción del Bloque Nacionalista Galego, aprobada por cierto por unanimidad, instaba a promover modificaciones legislativas a fin de facilitar el voto de los emigrantes españoles y garantizar su tramitación y efectividad en similares condiciones a las
del resto de los españoles. Por aquel entonces parece que todos los grupos parlamentarios
de la Cámara coincidían en la necesidad de abordar en esta materia una reforma legislativa propiamente dicha, en abordar una modificación de la Ley electoral. Sin embargo, al año siguiente, en junio de 2001, un nuevo debate sobre el tema
dio pie al Grupo Popular para apartarse de este criterio que parecía unánime y, rechazando una enmienda transaccional de muchos grupos, que planteaba precisamente abordar una reforma legislativa en esta materia, impuso con sus votos una resolución
que instaba al Gobierno a elaborar un informe sobre el funcionamiento del CERA. El informe se elaboró y se remitió a la Cámara. Como cabía suponer, defendía básicamente el régimen establecido, pero detectaba algo que calificaba textualmente de
defecto muy grave. ¿En qué? Decía que este defecto radicaba en los plazos legalmente establecidos para recibir y enviar a tiempo el voto por correo, de tal manera que llegue al escrutinio. Los consideraba por tanto excesivamente cortos. Sin
embargo, la práctica electoral de los últimos años ha puesto de manifiesto que los problemas que se plantean en relación con el voto de los residentes ausentes van mucho más allá de la brevedad de los plazos, al que hacía referencia el informe. La
prueba más elocuente de lo que digo es el altísimo número de ocasiones en que el tema ha sido traído a la Cámara, envuelto además, como hoy mismo ha ocurrido, en denuncias de irregularidades de todo tipo.
Ha habido quejas en torno a aspectos tan
diversos de la gestión del proceso electoral como la limpieza y exactitud del propio censo de residentes ausentes, la disponibilidad del censo por parte de las formaciones políticas, que parece ser que no es igual en todos los casos, y, lo que es
más grave, sobre el funcionamiento mismo de la Administración electoral. Voy a poner una serie de ejemplos. Yo no voy a acusar a nadie ni voy a traer indicios ni pruebas porque no las tengo, pero sí tengo datos que pueden ilustrar lo que está
ocurriendo en este ámbito. En las elecciones del pasado 25 de mayo, la notificación que la Oficina del censo electoral remitió a los residentes ausentes decía literalmente -fíjense-: El próximo 25 de mayo se celebrarán en España elecciones
municipales y autonómicas en 13 comunidades (todas, excepto Andalucía, Cataluña, Galicia y País Vasco). La conclusión que muchos de los receptores de este documento extrajeron de la lectura de esta ambigua y oscura frase, como pueden comprobar, fue
la de que en las cuatro comunidades que se citaban nominativamente no había elecciones de ningún tipo, ni autonómicas ni municipales.
Un correo electrónico procedente, por ejemplo, de una casa vasca de Argentina alertaba sobre el particular: ¡Atención, atención! -decía-, están llegando desde el Gobierno español unos impresos con una redacción confusa. Informan de que en
el País Vasco no hay elecciones, ni autonómicas ni municipales. ¿Es esto cierto? Es reproducción literal de un correo electrónico que recibimos en la sede de nuestra formación política. De una casa vasca de Brasil, se quejaban de no recibir
documentación y observaban, también textualmente: Nos parece realmente extraño y hasta sospechoso, pues siempre nos llega la documentación con bastante antelación y este año, hasta la fecha de hoy, nada. Esperamos que por algún problema de Correos
sólo haya pasado esto en Brasil. Muy confiados los brasileños, porque esto no solamente había ocurrido en Brasil. De otra casa de Argentina, decían: Algunos ciudadanos vascos que residimos aquí, otra vez, nos hemos quedado con las ganas de votar.
(Esto lo escribían el 4 de junio, después ya de celebradas las elecciones).
Sabemos que estamos empadronados, pero no nos llegaron los votos. En oportunidades anteriores llegaron días después del comicio, ahora ni eso.
Y lo más preocupante,
señorías, es el modo en que el escrito concluía, que decía: Algo no funciona bien en el servicio electoral o alguien puede tener interés en que no votemos.
Como pueden ver, denuncias de irregularidades, de cosas que no funcionan bien, de causas extrañas que interfieren en la gestión de los procesos electorales pululan por doquier en todos los ámbitos y en todos los círculos. Señorías, no son
meras anécdotas. Yo las he traído a colación aquí a modo ilustrativo, pero no son meras anécdotas. El propio Defensor del Pueblo, en su último informe, detectaba expresamente problemas en la gestión del voto de los residentes ausentes por parte de
la Administración electoral, y comunica literalmente a las Cortes su criterio sobre que resulta urgente abordar las reformas necesarias para resolverlos (está pensando también en reformas legislativas imprescindibles), máxime, añade el informe,
cuando los mismos guardan tan directa relación con un derecho fundamental básico para nuestro sistema representativo como es el de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos por medio del sufragio.
Como pueden ver, hay muchísimas razones, y han sido debatidas en numerosas ocasiones, que justifican la necesidad de abordar seriamente esta cuestión. No podemos estar retrasándola permanentemente, ad calendas graecas, ni solicitando
informes al Gobierno sobre el funcionamiento del CERA ni estancando la cuestión en una Comisión, como lleva ya durante varios años en el Senado, que parece ser que no avanza porque nadie quiere que avance. Por tanto, nunca tendremos una resolución
mínimamente satisfactoria en relación con el funcionamiento del CERA y las reformas legislativas que habrán de llevarse a cabo para corregir los eventuales errores que existan en su devenir diario.
Con todas estas consideraciones como preámbulo, señora presidenta, no me queda sino expresar la posición favorable del Grupo Vasco a las dos proposiciones no de ley. Vamos a apoyarlas, esperando que el tema no siga dando vueltas y no
continuemos, sin límite temporal alguno, haciendo denuncias de irregularidades que no ven horizonte final de ningún tipo.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Erkoreka.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor López de Lerma.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Señora presidenta, señorías, creía que mi memoria no me iba a traicionar y, viendo a quienes han hecho uso de la palabra, así es en el sentido de que en esta misma legislatura se ha tratado por este Pleno de
iniciativas parlamentarias semejantes a las que nos presenta hoy el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, así como en la Comisión Constitucional. Además, como se ha recordado aquí, debemos
remontar nuestra enmienda a legislaturas pasadas para conocer, saber y a la vez reconocer que cuanto aquí se ha manifestado de necesidad de reforma legal y acuciante debida a los hechos explicitados se había detectado, reitero, ya en la pasada
legislatura.
Las dos proposiciones no de ley traen causa de un déficit legislativo o normativo y a la vez de un déficit funcional u operativo y, además, como se ha puesto en evidencia, de muy recientes experiencias que no hablan bien, sino todo lo
contrario, de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General en esa materia o de la operatividad que se aplica para asegurar un derecho fundamental, en este caso para no asegurarlo. Si el deseo del legislador ha sido -y creo que éste ha sido porque
entre otras cosas he participado tanto en la redacción de la primera y originaria ley como en las respectivas reformas- el de garantizar el sufragio -y creo que esa es la voluntad absolutamente unánime de esta Cámara, garantizar el sufragio en los
términos constitucionalmente establecidos-, lo cierto es que se han puesto de manifiesto dificultades y deficiencias en la emisión del voto por parte de los ciudadanos españoles inscritos en el censo electoral de residentes ausentes que viven en el
extranjero. Será deficiencia legal o bien alternativamente insuficiencia de medios, insuficiencia técnica para asegurar el derecho al voto o quizá, ese es mi parecer, probablemente se deba a la suma de ambos elementos. En todo caso, lo que es
evidente, y se ha puesto de manifiesto por todos cuantos han participado en ese debate, es que el resultado final no es el apetecido, que evidentemente está lejano del precepto constitucional y crea perjuicios, agravios y crea además la
imposibilidad material en algunos supuestos de cumplir estrictamente lo que marca la Constitución y respetar, por tanto, un derecho inherente al ciudadano español.
Nuestro grupo parlamentario se viene sumando desde hace tiempo, y hoy en esta tarde se suma a la denuncia que comporta cuanto se expone en ambas iniciativas parlamentarias y cuanto aquí se ha dicho porque es un problema absolutamente
innegable y además, creemos, subsanable, y ve con simpatía la enmienda que presenta el Grupo Popular no tanto por su contenido, que realmente es excesivamente equilibrado y prudente en el tiempo tanto en su literalidad como en la circunstancialidad
del tiempo, pero al menos se observa una aproximación, una voluntad política de aproximación al tema y a la solución del problema que aquí se ha puesto de manifiesto. Por tanto, nuestro grupo se dispone a votar a favor de ambas iniciativas
parlamentarias y, en el supuesto de que se acepten las enmiendas del Grupo Popular, la resultante de la misma.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor López de Lerma.
Señor Rivero, a efectos de la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.
El señor RIVERO BAUTE: Señora presidenta, señorías, aceptamos la enmienda que presenta el Grupo Popular, que nos parece que es una síntesis de los problemas que se están planteando, por una parte, la actuación del censo y, por otra parte,
para buscar instrumentos de consenso entre los distintos grupos parlamentarios que sirvan para mejorar la Ley Electoral General. No podemos aceptar en esa misma línea la enmienda presentada por el Grupo Socialista, habida cuenta que en estos
momentos está constituida la ponencia al efecto en el Senado y que es necesario impulsar y concluir los trabajos, porque la enmienda presentada por el Grupo Socialista se está decantando ya por una solución desde una posición que entendemos que no
es adecuada sino desde el esfuerzo por el consenso.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Rivero, la intervención debe constreñirse a la aceptación o rechazo.
Señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Sí, señora presidenta.
Como ha dicho el portavoz de Coalición Canaria, ellos aceptan la enmienda del Partido Popular y rechazan la del Partido Socialista.
Mi grupo parlamentario, que va a votar la iniciativa de Coalición Canaria con la enmienda del Partido Popular por entender que es una salida posible e interesante, como estamos seguro de que va a salir, va a aceptar la enmienda del Partido
Socialista y no la del Partido Popular para que se voten las dos y de esta manera, por un lado, salga la postura del Partido Popular pero, por otro lado, desde un sector de la Cámara se impulse a que se acelere esa iniciativa.
Nada más y muchas gracias. (El señor Vera Pro pide la palabra.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rejón.
Señor Vera, ¿a efectos de qué artículo?
El señor VERA PRO: A efectos del artículo 71.1 del Reglamento.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muy brevemente, señor Vera.
El señor VERA PRO: Quería decirle al señor Aymerich que no es a mí a quien corresponde acudir a los tribunales, que si usted tiene pruebas de fraude y de manipulación, usted debería tener la vergüenza política de acudir a los tribunales y
demostrarlo. Desde luego, no ampararse en la tribuna para lanzar acusaciones demagógicas. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.-El señor Aymerich Cano pide la palabra.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Vera.
Señor Aymerich, quiero hacerle notar que S.S. utilizó un turno en contra de determinada posición y no fijación de posiciones en relación con las proposiciones no de ley presentadas.
Muy brevemente, señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: No voy a entrar en polémica con el señor Vera sobre a quién compete acudir a los tribunales. Únicamente le digo que tiene materia para investigar, sea en la Comisión de garantías de su partido o donde sea, si es que
están realmente empeñados en eliminar esas prácticas. Lo que sucede es que me temo que, como en tantas otras cosas, como se decreta que el Partido Popular es incompatible con la corrupción, se piensa que eso es igual a que el Partido Popular no
incide en corrupción, y son también en materia de voto emigrante cosas tristemente muy distintas.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Aymerich. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre modificación de la emisión del voto de los españoles inscritos en el censo de residentes ausentes, en los términos
derivados del debate y con la incorporación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular que han sido aceptadas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 178; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para garantizar el ejercicio del derecho
de voto a los españoles residentes en el extranjero, en sus propios términos al no haber sido aceptada la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 138; en contra, 142.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA SITUACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA. (Número de expediente 162/000807.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE AL AMPARO DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY 7/1985, POR LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, PREVIO LOS TRÁMITES LEGALES ESTABLECIDOS, SE ELEVE AL CONSEJO DE
MINISTROS EL ACUERDO DE LA DISOLUCIÓN DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE MARBELLA, CON LOS EFECTOS PREVISTOS EN EL MENCIONADO PRECEPTO. (Número de expediente 162/000800.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la situación en el Ayuntamiento de Marbella, que se debatirá conjuntamente con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida, por la que se insta al Gobierno a que al amparo del artículo 61 de la Ley 7/1985, por la Presidencia del Gobierno, previo los trámites legales establecidos, se eleve al Consejo de Ministros el acuerdo de la disolución de la
Corporación Municipal de Marbella, con los efectos previstos en el mencionado precepto.
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ URIOL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, es la cuarta vez en menos de un mes que esta Cámara debate en Pleno o en Diputación Permanente la situación del Ayuntamiento de Marbella. La semana pasada aprobamos por unanimidad una propuesta de Izquierda Unida para avanzar
dentro del pacto antitransfuguismo en medidas que vayan encaminadas a evitar situaciones como las que se dieron en el Ayuntamiento de Marbella. Con esta medida lo que se pretendía era precisamente eso, que no se repitieran situaciones como las que
se han dado este verano en
nuestro ayuntamiento que, con votos tránsfugas -no sé si llamarles votos tránsfugas o votos cómplices, porque no todos han dejado bien clara cuál es su postura-, han hecho posible que concejales del Partido Andalucista y del antiguo Partido
Socialista, apoyando a concejales del GIL, hagan una moción de censura en el cual no se ha reflejado ni un programa de Gobierno ni un proyecto político ni qué va a ocurrir en el Ayuntamiento de Marbella. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Muñoz, por favor. (Pausa.)
Adelante, señora Muñoz.
La señora MUÑOZ URIOL: La verdad es que esa crisis política no se debe volver a repetir. La semana pasada debatíamos precisamente eso, hoy traemos otro gran problema estructural: la crisis institucional que actualmente padece el
ayuntamiento de Marbella.
Marbella ha sido y debe ser una ciudad emblemática, una ciudad con gran calidad de vida, con poder económico y donde se cree riqueza, pero, desgraciadamente, en los últimos años se han utilizado los recursos de esta ciudad en beneficio
propio y se ha hecho de la política un negocio.
Para poder actuar, para poder tomar decisiones claras sobre qué medidas tenemos que tener en cuenta para evitar ese tipo de situaciones, el Partido Popular insta a este Gobierno a efectuar un informe
amplio que diga cuáles son las medidas que se deben tomar. Nosotros decíamos entonces que esos informes deberían avalar una posible disolución, que entendíamos que era una medida extrema, u otras medidas que pusieran freno a estos desmanes. En los
últimos años -y yo me voy a referir brevemente a cuál es ahora la situación de este ayuntamiento, pero esto también tiene importancia- Marbella ha acumulado una deuda en torno a los 400 ó 500 millones de euros, la verdad es que es difícil
cuantificarla porque tenemos poca información al respecto, pero sí sabemos que desde 1991 no se pagan las cuotas de Seguridad Social, no se paga a Hacienda y no se está haciendo frente a las deudas contraídas con las entidades financieras; que
tenemos embargos de propiedades municipales por no haber hecho frente a esas deudas desde el año 1991; que se ha hecho un cobro adelantado de los impuestos -estamos hablando de más de 25 millones de euros-, y que tenemos una lista interminable de
acreedores del ayuntamiento. Como referencia, podemos decir que no se paga a la empresa que gestiona la planta de residuos, lo cual obliga a que este último mes los camiones de basura del ayuntamiento hayan tenido que pararse a la entrada y hacer
frente de manera inmediata a un adelanto de pago; no se paga el agua que se consume; no se paga la planta desaladora; la situación de descontrol de las empresas municipales en el ámbito económico es obvio, puesto que, cada presupuesto, un tercio
de ese presupuesto municipal se desvía de manera sistemática hacia esas empresas municipales; no existe inventario municipal desde 1991, por lo que inmuebles que son de propiedad municipal son usados con otros fines o incluso, todavía peor, son
vendidos o cedidos sin que el pleno del ayuntamiento tenga conocimiento; las licencias municipales se otorgan de manera irregular; los convenios urbanísticos pueden estar en torno a los 500 ó 600, sin tener una relación de los mismos, y la
Comisión Provincial de Urbanismo parece que ha denegado al anterior alcalde la idea que tenía de poder construir 100.000 viviendas más en Marbella. Con este panorama, nosotros nos planteamos que hay que actuar de manera clara, contundente, que hay
que tomar todas las medidas posibles, pero teniendo información previa, porque de todo lo que yo les he relatado a usted no se tiene conocimiento porque hayan dado la información las personas que deberían hacerlo, en el pleno, sino por
comunicaciones periódicas, fundamentalmente a posteriori, del informe del Tribunal de Cuentas.
Nosotros entendemos que ese informe va a dar una visión de conjunto de lo que se debe hacer en el Ayuntamiento de Marbella, porque necesitamos un informe
que dé salida, que diga exactamente cuál es la situación jurídica, urbanística, económica y financiera. Por ello, instamos al Gobierno a elaborar ese informe, exactamente igual que hemos hecho -y se ha recogido por parte de otros grupos- en el
Parlamento de Andalucía y también, en forma de moción, en el Ayuntamiento de Marbella, porque entendemos que las personas que están al frente del Ayuntamiento de Marbella, que tienen que velar por la legalidad en ese ayuntamiento, el interventor y
el secretario de la corporación, deben colaborar en la elaboración de los informes que se redacten por el Parlamento de Andalucía y por esta Cámara. Todos tenemos que tener como prioridad la búsqueda de soluciones y para nosotros es fundamental que
la solvencia, tanto económica como política e institucional, vuelva a Marbella.
Creo que he sido suficientemente clara, y no sólo en esta intervención, sino también a lo largo de toda esta crisis y a través de todas las intervenciones que hemos ido realizando. Nuestro grupo parlamentario, tanto aquí como en el
Parlamento de Andalucía y en el Ayuntamiento de Marbella, no ha tenido ambigüedad ninguna. ha sido muy claro en los razonamientos. Hemos expuesto claramente por qué no avalábamos la moción de censura, y el tiempo nos da la razón cada día que pasa.
Hemos sido muy claros en el Parlamento de Andalucía, pidiéndo a la Junta de Andalucía que actúe, fundamentalmente en el ámbito de sus competencias -las competencias urbanísticas-, para frenar los desmanes de este ayuntamiento. También hemos sido
muy claros aquí, a lo largo de todas las intervenciones.
Por eso quiero pedirles consenso alrededor de la iniciativa que presenta nuestro grupo. Se podrían dar muchas interpretaciones y podríamos hacer muchas variaciones; sin embargo, el hecho de que no sólo el
Partido Andalucista presente una enmienda a nuestra propuesta, sino también el de que el Partido Socialista lo haga a la de Izquierda Unida, o el de que Izquierda Unida haga una autoenmienda a su iniciativa, dejan claro que lo que aquí nos
trae es tener una solución de consenso. En nuestra exposición de motivos se refleja con claridad lo que queremos hacer: queremos dar una solución a la crisis institucional que vive el ayuntamiento. Queremos ser profundamente justos con Marbella y
con los ciudadanos, no queremos usar ningún ámbito electoralista, queremos ser muy claros y que las soluciones sean lo mejor para Marbella y para los ciudadanos. Precisamente por eso es por lo que pedimos que acepten nuestra propuesta.
Ustedes saben que nuestro grupo -y yo, en este caso, que soy la portavoz- ha querido siempre que las soluciones se alcancen por consenso; es más, ustedes saben que yo soy una persona muy dada al diálogo. En este caso, nuestra propuesta
está suficientemente avalada por las decisiones que se han adoptado durante todo este tiempo: desde que estalló la crisis de la moción de censura, antes y después. Precisamente por eso es por lo que pediremos al resto de los grupos que acepten la
proposición que hoy presentamos.
El giro que ha dado Izquierda Unida, ampliando las medidas y dejando a un lado la petición de disolución inmediata, acerca aún más si cabe su postura a la nuestra. Creemos que lo que recogemos en nuestra iniciativa abre todos los caminos, y
precisamente por eso, porque quedan abiertas todas las posibilidades -porque se abre completamente el abanico-, es por lo que pedimos el apoyo del resto de los grupos.
No sería bueno que salieran de aquí muchas peticiones. Estoy convencida de que lo que pretendemos todos, en el fondo, es atajar de una vez por todas lo que ha ocurrido en Marbella, lo que ha ocurrido en el ámbito político y lo que está
ocurriendo hoy mismo en el ayuntamiento. No podemos olvidar que el Gobierno que hoy está al frente del Ayuntamiento de Marbella es continuación de lo que ha habido, y se ve en las decisiones que toma día a día. Precisamente por eso tiene que
ponerse de manifiesto que los partidos democráticos, los que no utilizan la política para sus propios fines sino que lo hacen como debe ser -como política con mayúsculas, en beneficio de los ciudadanos-, están de acuerdo en algo fundamental para el
desarrollo de Marbella.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Muñoz.
Para la defensa de la iniciativa del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias, señora presidenta.
Como ya se ha dicho aquí, la semana pasada quedó bien clara la posición que cada grupo mantenía en relación con lo ocurrido en el Ayuntamiento de Marbella y en cuanto a las medidas que se deben tomar. De esta manera, sin dejar de lado
ninguna propuesta, para no repetir debate, hemos presentado una autoenmienda que se basa en nuestro convencimiento de que la disolución de la Corporación de Marbella sigue siendo la mejor medida, quizá la única que tiene en este momento legalidad
para resolver el problema que todavía tiene la corporación. Por tanto, no hemos dejado de lado ninguna propuesta, sólo nos parecía absurdo repetir el debate. Con esta autoenmienda hemos tratado de situar en este Parlamento una nueva realidad,
desde el convencimiento de que el debate sobre disolución sí o disolución no del Ayuntamiento de Marbella no puede servir de justificación para paralizar ninguna actuación de las que cada vez vienen siendo más urgentes.
La realidad, señorías, es que, con el actual gobierno, ya se están clarificando las cosas. Nadie puede decir que hay un nuevo gobierno y que no se sabe lo que va a hacer, por lo que no corresponde tomar medidas en función de que no sabemos
qué va a hacer. Una vez que se han retirado los focos de la prensa, una vez que ha dejado de ser noticia de primera plana, el continuismo de la situación es claro y evidente. El entramado que existía antes de la moción de censura no se ha
desmontado y además el transfuguismo generalizado es el que hoy gobierna Marbella, de tal manera que sólo una pequeña parte de los concejales que hoy tiene el Ayuntamiento de Marbella sigue manteniéndose en las mismas siglas que votaron los
ciudadanos de Marbella el 25 de mayo; la inmensa mayoría está bajo siglas que los ciudadanos no votaron.
La realidad es muy simple, y el ex alcalde Jesús Gil lo decía muy claramente cuando justificaba la moción de censura. El día 6 de agosto, en una entrevista en el diario Sur de Málaga, el señor Gil decía muy claramente que el problema más
grave era que el urbanismo no tenía contenido para nadie. Decía: Una vez que se acepte lo que ha aprobado Muñoz, que es volver al año 1986, supondrá que se quedarán en paro 60.000 obreros, que aquí nadie pondrá un ladrillo durante cuatro años y
-aquí viene lo más grave- todos los que hemos ido a declarar al juzgado hemos cometido perjurio, por mucho que le eximan a él de responsabilidad. Le pregunta el periodista que si eso había puesto nerviosos a los concejales que habían firmado la
moción de censura, a lo que responde el señor Gil: Hombre, saben que los que han estado en la comisión de gobierno tienen una responsabilidad clara y esto es ponérselo en bandeja a los abogados del PSOE. Es decir, el objetivo de la moción de
censura era evitar que el señor Gil, en sus múltiples pleitos todavía pendientes, pudiese en este caso, como él mismo reconocía, ser acusado de perjurio. El día 9 de septiembre, el nuevo gobierno local recurre ante la Junta de Andalucía la
anulación
del plan de 1998, es decir se sitúa en la línea que planteaba Jesús Gil el día 6 de agosto, evitando que lo que quería hacer el entonces alcalde Muñoz, volver al plan de 1986, se pudiese aplicar. Ese es el objetivo de la moción de censura y
esa es la realidad actual del Ayuntamiento de Marbella. Una realidad donde la mayoría se sustenta única y exclusivamente en la necesidad de blindar al señor Gil y a su equipo de las decenas de procesos judiciales que todavía tiene pendientes.
Por todo, esto Izquierda Unida sigue pensando que no es posible blindar democráticamente el Ayuntamiento de Marbella sin desmontar el entramado que se montó y que sigue organizado para burlar el Estado de derecho.
Esto debe tener
evidentemente el reconocimiento de que el único plan vigente válido durante estos años ha sido el de 1986, pero también debe haber, como se ha dicho, un esclarecimiento de las finanzas y de todo lo que ha estado oculto durante estos años en la
corporación marbellí, de manera que el Estado de derecho pueda de una vez por todas aplicar la ley en esta corporación. Nuestro texto es muy claro y considera muy grave y perjudicial para los intereses generales la situación que vive el
Ayuntamiento de Marbella. Estamos convencidos -no es un juicio de valor, hay datos que lo avalan, hay datos que se han expuesto en esta tribuna- de que la actual situación es muy grave y perjudicial para los intereses generales de Marbella, tanto
porque se incumple la legalidad como por un caso generalizado de transfuguismo. Por tanto, se insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para que se corrija ya esta situación y, en la línea que defendíamos la semana pasada, que se impulsen
las reformas legales que eviten la repetición de estas situaciones.
Esto es fundamental para recuperar la credibilidad democrática en Marbella. Allí ha fallado el Poder Judicial, también han fallado, como venimos diciendo, los controles internos del ayuntamiento, los controles de la Junta de Andalucía, los
del poder central, en definitiva ha fallado todo el mundo. Lamentamos que la semana pasada no se quisiera investigar parlamentariamente lo que allí ocurrió; habría sido muy interesante y esclarecedor y habríamos podido sacar unas enseñanzas
aplicables no sólo a Marbella sino al conjunto de la legislación. Lamentamos que no se entendiese así. Creemos que es el momento de que este Parlamento, poniendo punto final al debate sobre Marbella, al menos reconozca que allí la situación es
grave y perjudicial; si este Parlamento lo único que hace es pedir un informe, no habrá hecho ningún juicio sobre Marbella, y ahí no nos podemos quedar.
No vamos a admitir la enmienda del Grupo Socialista porque creemos que es incompleta. Como decíamos la semana pasada, el Gobierno, cuando tenga que tomar la decisión de disolver el ayuntamiento, si hay que tomarla, lo hará en función de
informes. Nadie puede poner en duda que este Gobierno tome alguna decisión que pase por el Consejo de Ministros sin que haya informes previos, eso se da por sabido. Por tanto, la iniciativa es incompleta y no llega al fondo del asunto, lo que hay
que plantear clara y rotundamente -es lo que nosotros pedimos hoy que se vote, sería la esencia de nuestra proposición- es que la situación es grave y perjudicial para los intereses generales, que es claramente asumible por todos los grupos. De
igual forma creemos que hay que actuar ya en función de lo que aquí venimos planteando.
Vamos a abstenernos en la iniciativa que plantea el Grupo Popular, como y a lo hicimos en otros foros, porque la consideramos insuficiente. Si hoy aquí al menos fuésemos capaces de hacer ese reconocimiento, el pueblo de Marbella vería que
este Parlamento se ha posicionado en lo que entendemos que opinan la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de Marbella y de todo el Estado, que han visto abochornados lo que ha ocurrido durante este verano. Vuelvo a repetir que, más allá del
folklore, más allá del esperpento, más allá de la España de charanga y pandereta que se ha mostrado, existe de verdad un entramado corrupto, un entramado hecho para delinquir, para saltarse el Estado de derecho, y ahí es donde hay que atacar; si
no, el cáncer que supone para la democracia experimentos como el de Gil en Marbella se pueden repetir y con peores consecuencias.
Señorías, pedimos el voto favorable al texto resultante de nuestra enmienda, que vamos a admitir como no podía ser de otra forma, porque creemos que con ello nos situaríamos ante lo que la sociedad de Marbella reclama de nosotros.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Centella.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Muchas gracias, señora presidenta.
Doce años son muchos y doce años son los que han pasado desde que el Ayuntamiento de Marbella fue tomado por el Grupo Independiente Liberal, por Jesús Gil. En doce años hemos visto muchas cosas, hemos visto prensa rosa de cómo iba Marbella,
hemos visto una etapa donde una eficaz política de limpieza o de zonas verdes e incluso de seguridad ciudadana a la vista ocultaba ese tejido, ese entramado de convenios y de relaciones urbanísticas y de desafueros administrativos y económicos del
ayuntamiento (no se veían) y hemos visto, cuando el globo ha reventado, que detrás de esa aparente política teóricamente eficaz había un caos. Se habla de mucho dinero, se habla de una deuda del ayuntamiento con la Seguridad Social y con Hacienda
que alcanzaría la cifra de 25.000 millones; hay cifras que, ampliadas a la red de empresas que se montaron con el ayuntamiento, hablan ya de 80.000 ó
90.000 millones. Hay una cierta sensación de impunidad absoluta del Ayuntamiento de Marbella, de desafuero, de hacer lo que le viene en gana, de no contestar ni colaborar con la Junta de Andalucía, con la Administración del Estado, con el
Tribunal de Cuentas, con el fiscal anticorrupción. Todo esto ha terminado, porque la justicia es lenta pero al final llega, con el encarcelamiento e inhabilitación de Jesús Gil, pero con la continuidad de muchas de las personas que estaban en esa
trama.
Hemos asistido hace pocos meses a una moción de censura en un ayuntamiento que ahora mismo está controlado por tránsfugas de sus respectivos partidos. Estamos, por tanto, ante una situación sin duda de excepcionalidad, en la que, por un
lado, hay que reconstruir urgentemente el orden jurídico, es decir, que se sepa que hay colaboración entre las administraciones y que lo que se hace entra dentro del marco de la legalidad y, por otro lado, pedir cuentas de lo que ha pasado, dónde
está ese dinero que se ha perdido, quién se ha enriquecido ilegalmente y conocer los datos desde dentro. Se ha dicho en esta tribuna que lo que sabemos son los datos desde fuera, pero no conocemos los datos desde dentro. Ante esta situación, ya el
Parlamento andaluz llegó a un acuerdo, con máximo consenso, respecto a la necesidad de elaborar un informe por si procediera aplicar el artículo correspondiente -61, creo que es- de la Ley de Bases de Régimen Local respecto a la necesidad de
disolver el ayuntamiento o aquellas otras medidas jurídicas, económicas o políticas que hubiera que tomarse para que volviera el orden a Marbella.
Hemos presentado una enmienda al texto que presenta el Grupo Popular en el sentido de aclarar que no se trata de hacer un informe para ver qué pasa sino, entre otras cosas, que sea un informe para ver nítidamente si se dan las condiciones
excepcionales que permiten algo tan grave como disolver un ayuntamiento; tan grave porque va en principio contra el orden democrático -los que allí están son los que han elegido los ciudadanos directamente-, pero la ley prevé que, cuando se dan
circunstancias excepcionales -habrá que ver mediante el informe si aquí concurren estas circunstancias-, sería necesario que volviese el Estado de derecho y que no sea posible que un ayuntamiento forme una burbuja y haga durante más de una década lo
que le da la real gana, con gran escándalo por la impotencia, por la falta de fuerza del sistema para volver a la legalidad.
Estoy totalmente de acuerdo en que esto es solamente posible con el consenso de todas las fuerzas políticas. Utilizar el caso de Marbella partidariamente nunca es bueno, pero en el caso de Marbella sería un error gravísimo. Todo el arco
parlamentario debería estar pidiendo, exigiendo ese informe, que debe venir a esta Cámara y que sea esta Cámara la que decida, a la luz de los datos, lo que hay que hacer con este ayuntamiento. Marbella es una ciudad símbolo desde el punto de vista
de la imagen turística andaluza y española. Habrá que distinguir lo que significa Marbella para la industria turística, lo que significa Marbella para los marbellíes, para los ciudadanos andaluces y españoles, de lo que ha significado una
administración corrupta, una administración que ha distorsionado el sistema, en la que ha habido enriquecimientos personales, y ahí está la querella del fiscal anticorrupción.
Estamos de acuerdo con la proposición. La enmienda que hemos presentado aclara el objeto del informe, pero, si no se acepta, como ha dicho la portavoz del Grupo Popular, porque cree que su enmienda es una síntesis, este grupo va a apoyarla,
porque no es razón la letra para salirnos del espíritu: que estamos absolutamente todos para romper el desafuero, para romper lo increíble de la situación de Marbella. Debíamos mantener este consenso en todos los órdenes.
Se ha hablado del problema del transfugismo la semana pasada. Ojalá fuera este el único caso de transfugismo en nuestro país, hay otros muchos y habrá que ver, de acuerdo con todos los partidos, cuándo acabamos con esta situación; habrá
que ver cómo se mira hacia adelante, cómo se arregla la situación. Estamos diciendo que el plan vigente, desde el punto de vista legal, es el de 1986, pero sabemos que desde 1986 hasta 2003 la realidad física ha cambiado la realidad jurídica.
Desde el punto de vista de un urbanista, hoy por hoy, ya no cabe en Marbella las reservas de suelo que exige la Ley del suelo para la población de Marbella, habría que tirar de términos colaterales. Este es el estado de colmatación que tiene ahora
mismo el término. En estos momentos, hablar de crecimiento alocado parece una locura. Desde aquí habrá que revisar el plan, habrá que partir de la legalidad, supongo que habrá que legalizar realidades físicas que están por encima de las jurídicas,
pero sin olvidar nunca la demanda a las personas que han provocado este terrible caos, que son responsables de que, donde había una zona verde pintada en el plan general, haya ahora mismo edificios de viviendas llenos de gente, con varias
transferencias unos a otros en estos años. Será difícil sanear las haciendas de Marbella con las cifras que hablamos, será muy difícil todo, pero lo que no podemos hacer es tapar el agujero sin mirar para atrás. No sé los agujeros que tendremos
que tapar, pero habrá que mirar para atrás y exigir responsabilidades, hasta el último céntimo, a las personas que han provocado durante estos doce años la situación de caos en que se encuentra Marbella.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Asenjo tiene la palabra.
El señor ASENJO DÍAZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señor Centella, quiero reconocer el esfuerzo que han hecho usted y su formación con su enmienda por aproximar posiciones porque, como han dicho los portavoces que me han precedido, crear un consenso en torno a este tema es crear
las condiciones adecuadas para abordar un problema que es complejo, y sin duda tardará tiempo en resolverse la situación que hoy vive el Ayuntamiento de Marbella. De todas formas, no he retirado mi enmienda por el riesgo que supone intentar ser más
preciso y describir más situaciones. Por ejemplo, usted habla del urbanismo, que no es competencia del Gobierno central, lo es de la comunidad autónoma, o habla del transfuguismo, que no es una cuestión del Gobierno sino de los grupos
parlamentarios, de los partidos. En cuanto a la aplicación del artículo 61, este hace referencia a la legitimidad de ejercicio y no de origen, que sería el caso del transfuguismo que ha dado pie a la moción de censura. Esperamos que más adelante,
en el debate que está pendiente en el Parlamento andaluz, se produzca un acuerdo de todos los grupos. Esto es crear las condiciones adecuadas para abordar esta situación.
Señora Muñoz, hoy aquí algo ha insinuado y algo dijo en su intervención la semana pasada. La posición del PSOE ante la moción de censura ha sido nítida y clara. Usted argumentó sus insinuaciones sobre la base de que la ex portavoz
socialista, actual miembro del Grupo Mixto, dice que sigue siendo miembro del Partido Socialista. Eso es una media verdad, porque el partido, a raíz de la firma de la moción de censura, excluyó de su disciplina a los firmantes, incluso disolvió la
agrupación de Marbella.
Es verdad que los partidos democráticos funcionan mediante un sistema de garantías y lógicamente hay un procedimiento hasta la definitiva expulsión del partido. Por tanto, aunque hoy en día está excluida de la disciplina
del partido, se puede decir que sigue siendo militante porque posiblemente no esté aún resuelto el expediente de expulsión, pero, dada la gravedad de los hechos, es evidente que será expulsada.
Su iniciativa se ajusta a los términos, como usted ha dicho, del acuerdo al que se llegó en Andalucía, pero hay que profundizar más, no en el texto, pero sí en el discurso, en la reflexión a la que nos debe conducir lo que ha pasado en
Marbella. En primer lugar, ha habido un fallo del Estado de derecho. El Estado de derecho ha manifestado su insuficiencia ante una situación de corrupción generalizada e ininterrumpida. Las primeras denuncias que formuló la Junta de Andalucía
sobre edificios y construcciones ilegales en Marbella datan del año 1995 y las primeras resoluciones de los tribunales son del año 2002; es decir, que durante siete años se han estado produciendo de forma ininterrumpida irregularidades e
ilegalidades. Lógicamente, esa lentitud del aparato de justicia para resolver los problemas lo que ha hecho es complicarlos más.
Esto demuestra una incapacidad para abordar una situación de corrupción tan generalizada como la de Marbella. Por lo
tanto, yo creo que hay que hacer la reflexión de que hay una insuficiencia no solamente del Estado de derecho, sino de la democracia porque, pese a que han intervenido la Fiscalía, los jueces, el Tribunal de Cuentas, ha pasado lo que usted aquí ha
narrado. Por lo tanto, ha habido insuficiencia. También ha fallado desgraciadamente la sociedad civil. Es decir, ha habido un fallo colectivo de la democracia y esto debe de ser motivo de reflexión. Aquí se ha dicho todo sobre Marbella, que yo
comparto, se ha descrito la situación pavorosa de Marbella, que yo comparto, pero debemos de dar un salto e ir más allá de la reflexión. Llevamos 25 años de democracia y creo que es bueno que saquemos conclusiones y reflexiones sobre lo que ha
pasado en Marbella.
Marbella es un modelo según el cual un gobierno elegido para defender el interés general se convierte en instrumento para beneficio privado de sus miembros y de las personas próximas a las que componen el equipo de gobierno. El fraude de
Marbella se puede evaluar en cientos de miles de millones de las antiguas pesetas; no lo tengo traducido aún a euros, pero evidentemente es pavoroso. Marbella, dentro de ese modelo, representa el exceso, representa en cierta medida la hipérbole de
un modelo que por desgracia no es exclusivo de Marbella. Hemos visto, por escándalos que han surgido en otros sitios, en torno al escándalo de la comunidad de Madrid, cómo ocurren estas cosas en otros sitios. De forma menos visible, menos
exhibicionista, menos escandalosa, hay una metástasis que se ha introducido en nuestro sistema de estructura municipal. Afecta especialmente a los municipios que sufren mayor presión especulativa, que son los municipios del litoral y los municipios
en torno a las grandes ciudades; pequeños y medianos municipios que no tienen capacidad de hacer frente a la enorme presión de los intereses urbanísticos que se manejan en sus territorios. Esta es la reflexión que debemos hacer todos, así como
pensar cómo podemos evitar en el futuro este tipo de situaciones que se están generalizando. Lo peor de todo es que estamos repitiendo un modelo que fue propio de la dictadura, un modelo que fue un fenómeno de los años 60 y 70, que llamamos el
desarrollismo; en el caldo de cultivo de la dictadura y en el desarrollo económico de la época surgió ese modelo, que tuvo un efecto devastador para nuestras ciudades y para nuestro litoral. En democracia se está reproduciendo un modelo que fue y
es propio de una dictadura; es una reflexión que debemos hacer, así como sobre la debilidad de las estructuras locales de nuestro país en zonas donde hay una gran presión urbanística y donde se dan fenómenos que en Marbella, insisto, es hacerlo ya
con exhibicionismo, pero que no es exclusivo de Marbella. Debemos sacar esta consecuencia, que está implícita de alguna forma en las iniciativas que se han presentado. Por tanto,
estando de acuerdo con su iniciativa y manteniéndonos dentro del acuerdo que se ha producido en Andalucía, la votaremos a favor y nos abstendremos en la presentada por el Grupo de Izquierda Unida.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Asenjo.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
Muy brevemente, voy a intervenir para fijar la posición de mi grupo en relación con las dos proposiciones que se nos someten a consideración.
Quisiera anunciar la abstención de nuestro grupo en ambas proposiciones, una abstención que se apoya en razones de principio, de coherencia con los planteamientos que hemos venido manteniendo sistemáticamente, no durante esta legislatura,
sino prácticamente desde los comienzos del sistema democrático, en relación con el instrumento que se quiere utilizar en este caso para la disolución del Ayuntamiento de Marbella. Me refiero al artículo 61 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen
Local.
Durante la tramitación de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local actualmente vigente, allá por los años ochenta, por la concepción que teníamos de la autonomía local y porque considerábamos que un instrumento de injerencia de estas
características era incompatible con esa concepción, nos posicionamos radicalmente en contra. En aquel momento hubo muchos grupos de la oposición que compartían este punto de vista, entre otros el Grupo Popular, que votó en contra de este precepto
del artículo 61 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local. El grupo abanderado de ese planteamiento del artículo 61 era lógicamente el grupo que apoyaba al Gobierno, el Grupo Socialista. Recientemente se ha producido una modificación de este
artículo y hemos mantenido exactamente la misma posición. Otros grupos han cambiado de criterio, pero nosotros hemos seguido manteniéndolo. Por tanto, por coherencia con este principio, por coherencia con el planteamiento de que este tipo de
instrumentos no concuerda con la idea que nosotros tenemos de la autonomía local, nos vamos a abstener.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Erkoreka.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señoras y señores diputados, los dos grupos autores de las dos proposiciones no de ley que hoy debatimos, en la redacción inicial de las mismas, ponen en evidencia la grave situación que está
afectando al Ayuntamiento de Marbella. No es una situación nueva, es una situación que se viene arrastrando desde el año 1991, año en el cual la candidatura llamada GIL y encabezada por don Jesús Gil obtuvo la mayoría absoluta en el consistorio. A
partir de ese momento, las irregularidades han sido constantes; irregularidades en todos los ámbitos, en el ámbito de la gestión financiera, en el ámbito de la creación de sociedades interpuestas, en el ámbito de los pagos a la Seguridad Social, en
el ámbito del pago de los correspondientes tributos.
Son tales las irregularidades que el consenso entre las fuerzas políticas representadas en este hemiciclo es absoluto. Detectamos anomalías, actúa la Administración de justicia, actúa la propia
Fiscalía, y ello con la repetición constante de unos resultados electorales que avalan la actuación de ese consistorio, resultados que ponen en grave crisis la propia subsistencia de lo que entendemos como el normal funcionamiento del Estado de
derecho, un funcionamiento que debe trasladarse a todos los ámbitos, también al municipal, y a un consistorio tan importante como el de Marbella.
De ahí que, en un debate como el que hoy se celebra, no podamos dejar de reflejar lo que para nosotros es un profundo motivo de preocupación. Lo que está sucediendo en Marbella, señorías, rompe los cimientos de la propia convivencia
democrática en tanto que pone en cuestión la propia legitimidad democrática, pone en cuestión la actuación de aquellas personas elegidas democráticamente. Sin ninguna duda, algo no se está haciendo bien en la actuación global de las fuerzas
políticas en Marbella para que no se consiga resolver una situación tan escandalosa, tan perjudicial y que rompe de manera tan directa con los cimientos de ese Estado de derecho. De ahí que mi grupo quiera trasladar a la Cámara una preocupación,
una preocupación que constatamos que pone en crisis el propio debate político. Muchas veces en esta Cámara se discute si la política está cercana o no a la sociedad, si los ciudadanos nos ven como algo próximo o como algo lejano; sin duda lo que
ocurre en Marbella, lo que ocurre en la Asamblea Legislativa de Madrid no ayuda en nada a esa necesaria proximidad entre las instituciones, el poder público y la ciudadanía en general. Queremos constatar esa preocupación. Nosotros, en tanto que no
concurrimos a las elecciones municipales en Marbella, tenemos poca legitimidad para aleccionar a nadie sobre lo que su grupo municipal debería hacer o no en ese consistorio. No somos los más indicados para hacerlo, pero sí para constatar que algo
está fallando en ese consistorio y en la actuación global de los distintos grupos para que se haya dado una situación como la que se está plasmando y que, repito, desde Convergència i Unió entendemos que perjudica, y mucho, esa necesaria proximidad
entre poder público, entre la propia legitimidad democrática y la ciudadanía en general. Es una luz de alarma que mi grupo quiere poner de relieve y entre todos debemos buscar, se decía por parte de todos los
portavoces, una solución de consenso sin duda. De ahí, que mi grupo parlamentario no va a votar en contra de las dos proposiciones no de ley.
Quiero recalcar que mi grupo coincide con el espíritu final tanto de la autoenmienda de Izquierda Unida como de la propuesta que realiza el Grupo Popular, aunque no las vamos a votar tampoco a favor por un tema muy formal, pero para nosotros
muy simbólico. Entendemos que aquí existe una competencia exclusiva en materia de régimen local por parte de las comunidades autónomas. Esa consideración, el alcance de esa exclusividad, nos lleva a pensar que todos los estudios y toda esa
intervención que se está solicitando del Gobierno debería realizarse no al Gobierno, sino a los poderes autonómicos andaluces. Es una posición que mi grupo ha sostenido no ahora, sino en el año 1984 en nuestras enmiendas 1004 y 1005 a la Ley
Reguladora de Bases de Régimen Local, que ya iban en esa misma dirección, y esa fue la posición de mi grupo también en nuestra intervención en la recientemente aprobada Ley de garantía de la democracia en los ayuntamientos.
Sin embargo, nuestro grupo parlamentario no quisiera que hoy nos quedáramos en esa formalidad que va a impedir el voto afirmativo, sino que queremos realzar lo que es el argumento de fondo. Hay unas graves irregularidades que deben
preocuparnos y debemos buscar una solución de consenso. Debemos buscar de qué forma se interviene, garantizando también esa competencia exclusiva autonómica en materia de régimen local. Desde Convergència i Unió, constatando esa preocupación,
constatando la decadencia de un proceso -la propia moción de censura ha sido la guinda que faltaba para desacreditar toda esa legitimidad-, apela a buscar esa solución de consenso y hace suyas, una vez más, las argumentaciones en contra del
transfuguismo y a favor de buscar una solución que realmente conduzca a una solución final, en la cual el Ayuntamiento de Marbella deje de ser noticia por su actuación y sea noticia por lo positivo que tiene, seguro, para la ciudadanía en general y
por lo que puede hacer ese consistorio con unos responsables políticos distintos. De todos depende que logremos al final dar un cambio a una situación, que evidentemente siempre deberá pasar por la necesaria legitimidad democrática.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.
Señora Muñoz, desde esta presidencia se ha entendido, su posición de no aceptar la enmienda que le había presentado el Grupo Parlamentario Mixto.
La señora MUÑOZ URIOL: Señora presidenta, nosotros entendemos que queda clarísima la redacción de nuestra proposición no de ley, en tanto en cuanto instamos al Gobierno a elaborar un informe sobre la situación del Ayuntamiento de Marbella y
en qué forma puede afectar esta realidad al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y a la gestión de los intereses generales. Nos parece que somos muy claros. No es un informe abstracto, sino que hace referencia muy clara a los puntos.
Por lo tanto, la rechazamos.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Muñoz.
Señor Centella, asimismo su grupo no acepta la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, si no he entendido mal.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Efectivamente.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Centella.
Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la situación en el Ayuntamiento de Marbella, que se somete a votación en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 274; a favor, 246; en contra, uno; abstenciones, 27.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, por la que se insta al Gobierno a que al amparo del artículo 61 de la Ley 7/1985, por la Presidencia del Gobierno, previos los trámites legales
establecidos, se eleve al Consejo de Ministros el acuerdo de la disolución de la Corporación Municipal de Marbella, con los efectos previstos en el mencionado precepto. Se somete a votación con la incorporación de la enmienda del propio grupo
parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 275; a favor, cinco; en contra, 146; abstenciones, 124.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR AYMERICH), SOBRE POSICIÓN DEL GOBIERNO DURANTE LA ÚLTIMA CUMBRE CELEBRADA EN CANCÚN POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO ENTRE LOS DÍAS 9 Y 15 DE SEPTIEMBRE DE 2003. (Número de expediente
173/000222.)
La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.
Comunico a SS.SS. que la votación de las mociones se producirá de manera sucesiva al finalizar el debate de la última moción. (Aplausos.)
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre posición del Gobierno durante la última cumbre celebrada en Cancún por la Organización Mundial del Comercio entre los días 9 y 15 de septiembre de 2003.
Para la presentación y defensa de la iniciativa, tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Señora presidenta, señorías, esta moción que tengo el honor de presentar es una moción redactada con un espíritu abierto e integrador y que refleja la posición que este mismo diputado, como representante del Bloque
Nacionalista Galego, mantuvo en el debate de la semana pasada con el vicepresidente primero del Gobierno, señor Rato.
Para el Bloque Nacionalista Galego no es una buena noticia el fracaso de Cancún, pero en este caso pensamos que quizá sea mejor ningún acuerdo que un mal acuerdo, al igual que apostamos por la continuidad del multilateralismo en el ámbito
comercial, de un multilateralismo respetuoso del derecho de los pueblos a determinar democráticamente su propio modelo de desarrollo económico y social, de un multilateralismo realizado en el marco de organizaciones internacionales más democráticas,
más apegadas a la realidad y más libres del dogmatismo neoliberal del que aún son prisioneras. En este sentido, del fracaso de Cancún, como decía la semana pasada, se pueden sacar algunas lecciones provechosas. De hecho, la aparición de un nuevo
polo de poder, el denominado Grupo de los 21, un grupo de países con grandes contradicciones también internas, ya provocó que la Organización Mundial de Comercio y la reunión ministerial de Cancún responda con más fidelidad a los diferentes
intereses en juego y no sólo al de los países desarrollados o, por decirlo con más exactitud, a los intereses de ciertas elites de esos países.
Por eso, en esta moción instamos al Gobierno a que promueva una nueva ronda de negociaciones en el marco de la Organización Mundial del Comercio que, en primer lugar, resuelva un problema para nosotros fundamental: la garantía del acceso de
todas las personas, de todos los ciudadanos de cualquier país del mundo a los medicamentos esenciales para el mantenimiento de su salud. Pensamos que el acuerdo de mínimos al que se llegó este verano es un acuerdo insatisfactorio e insuficiente,
insuficiente porque no resuelve el problema, y el señor Rato no pudo contestar a ello la semana pasada, de qué va a suceder a partir del año 2005 cuando los principales países productores de las versiones genéricas de medicamentos contra el sida o
la tuberculosis introduzcan la protección de patentes para esos medicamentos. ¿De dónde van a poder los países africanos sin capacidad industrial, por ejemplo, importar esos medicamentos genéricos? Pero insuficiente además porque los plazos
establecidos de no introducir hasta el año 2017, en el acuerdo de Doha, la protección sobre patentes en los países en vías de desarrollo a través de la coacción bilateral que Estados Unidos y, a través de él, las multinacionales farmacéuticas,
ejercen sobre países que, como Camboya, acaban de entrar en la OMC, suponen adelantar hasta bastantes años antes la introducción de esa protección. Por tanto, pretendemos que se garantice el derecho de todas las personas a la salud eliminando, en
primer lugar, la restricción a las exportaciones a los países en vías desarrollo de versiones genéricas de los medicamentos esenciales y también que se reformen -no nos llega un acuerdo interpretativo- las normas sobre patentes de la ADPIC para que
los países en vías de desarrollo puedan decidir cuándo y con qué alcance introducen la protección de patentes sobre los fármacos.
Queremos también que se dé una solución justa al problema del acceso a los mercados por parte de los productos, sobre todo de los productos manufacturados que proceden de los países en vías de desarrollo. Y en este sentido nos parece una
petición nada radical y bastante asumible, por todo el arco parlamentario, que los aranceles aplicados a las importaciones de países en vías de desarrollo se igualen en promedio a las aplicadas a los países industrializados. Asimismo, pretendemos
que mientras no se resuelvan estas cuestiones y mientras no se dé una solución satisfactoria al problema agrícola al que luego me referiré, se eliminen de la agenda de la OMC los llamados temas de Singapur, las negociaciones en curso y sobre las que
tanto insistió el señor Pascal Lamy, comisario europeo en Cancún, sobre inversiones directas extranjeras, prestación de servicios y contratación pública. Son unos acuerdos que, como el acuerdo general sobre comercio de servicios, desde nuestro
punto de vista atentan libremente contra el derecho al desarrollo y contra el derecho de autodeterminación política de los pueblos.
Sobre la cuestión agrícola, anunciamos que pensamos que el debate, tal y como se reflejó en los medios de comunicación, se reflejó de forma parcial. No se trata sólo de un debate entre Norte y Sur, entre países que ejercen, y de hecho lo
hacen, como la Unión Europea o los Estados Unidos, el dumping agrícola, y países que tienen problemas, y de hecho también es así, para que sus producciones agrarias alimentarias puedan acceder al mercado de los países desarrollados sino, sobre todo
-también así lo manifestábamos-, de un debate entre diferentes formas de concebir la producción agraria y la producción de alimentos. Y nos pronunciamos claramente por un modelo que atienda a las poblaciones, al mercado interior, al desarrollo
rural, a la soberanía y la seguridad alimentarias y a la protección
del medio ambiente, que son preocupaciones ajenas en este momento de la Agenda de la OMC.
En coherencia con esto, pretendemos también que el Gobierno español promueva en el seno de la Unión Europea la eliminación, la retirada de la reciente reforma de la política agraria común, por una razón de coherencia que es fácil de
entender. El señor Fischler justificó esta reforma que, por cierto, ayer el conseller de Agricultura de la Xunta de Galicia reconocía en el Parlamento gallego que no es una reforma positiva para Galicia, pero decía que hay que acatarla. Pues bien,
nosotros somos insumisos, no la acatamos. Si esta reforma se justificaba -decía Fischler- en adaptarnos a las exigencias de la OMC, fracasada la cumbre de Cancún parece que esas exigencias no existen, salvo que de lo que se trate sea un designio de
perjudicar a los agricultores gallegos, por cierto no sospechosos de recibir ayudas para la exportación.
Queremos también que por parte del Gobierno se informe periódicamente al Parlamento, a las comunidades autónomas y a la opinión pública de estas negociaciones y, como dije, que se promueva también una reforma de la Organización Mundial del
Comercio y de los demás organismos económicos internacionales en el sentido de democratizarlos, de evaluar previamente los efectos sociales y ambientales de las medidas que se propongan introducir y la transparencia y escrutinio público de sus
actividades y decisiones.
La señora PRESIDENTA: Señor Aymerich, su tiempo ha concluido.
El señor AYMERICH CANO: Sobre las enmiendas que han sido presentadas, adelanto cuál va a ser la posición de mi grupo. Éramos partidarios de introducir las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida y parcialmente alguna de las enmiendas del
Grupo Socialista, pero por facilitar el consenso y el mayor apoyo a esta moción, no vamos a aceptar ninguna de estas enmiendas para permitir el voto separado de cada uno de los puntos de esta moción.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, señor Díaz.
El señor DÍAZ DÍAZ: Señora presidenta, señorías, en la OMC conviven países desarrollados que tienen como único objetivo alcanzar el libre comercio internacional, que venden como positivo para todos. Otros, que exigen unas normas que
favorezcan el comercio justo que contribuya al progreso de los países menos desarrollados. En este contexto los avances no son fáciles porque en la batalla interesada por un orden económico y social más justo son los países desarrollados los que
más tienen que ceder. El fracaso de Cancún se explica así por el hecho de que numerosos países en vías de desarrollo no han recibido los beneficios de la anterior ronda ni ven que el comercio internacional sirva a su desarrollo. Esto es así porque
algunos países desarrollados olvidaron que el objetivo de las negociaciones era también el crecimiento económico de todos sus miembros, tanto de los países más industrializados como de los países en desarrollo.
Señorías, aprovecharemos este debate para explicitar en el Parlamento nuestra posición y al tiempo justificar nuestras enmiendas. Por coherencia y eficacia creemos que es en la Unión Europea donde, defendiendo nuestros intereses, debemos
trabajar en la conformación de una postura común en las negociaciones de la OMC, y al tiempo que exigimos un comportamiento leal de la representación europea, que no siempre se da, criticamos que este Parlamento no fue escuchado y ni siquiera
informado a la hora de conformar la postura española. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.) Sabemos que la obligación del Gobierno es defender objetivos de interés nacional.
Compartimos en abstracto la defensa
de nuestra economía, pero un mundo más justo, y en consecuencia más seguro, es también objetivo de interés de todos los españoles. El Gobierno debe admitir que los problemas de la paz y de la seguridad exigen un nuevo orden económico internacional
que hay que ayudar a construir. Cada vez somos más los que creemos que las guerras no son el mejor camino para conseguir la paz y la seguridad en el mundo. Consumado el fracaso de Cancún, los socialistas nos reafirmamos en el compromiso de
trabajar por la reforma del sistema mundial de comercio en interés del progreso, de la equidad, la democracia, el desarrollo sostenible y la lucha contra la pobreza. En coherencia, creemos que todos los países deben ver reconocida su soberanía
alimentaria con el fin de garantizar el acceso seguro a alimentos a través de la multifuncionalidad de la agricultura, así como utilizando sus propios recursos agrarios.
Creemos que España dentro de la Unión Europea tiene que defender una política
agraria que compatibilice la defensa de la renta de los productores comunitarios y el desarrollo rural con las evoluciones sustanciales y los aranceles a las importaciones de productos agrícolas procedentes de países en desarrollo y menos
desarrollados, y la eliminación de subsidios a las exportaciones. España y la Unión Europea después de Cancún deben insistir en la necesidad de regular cuestiones no comerciales que afectan a la competitividad y al comercio, especialmente las
exigencias medioambientales, la transferibilidad y etiquetado de los transgénicos o los productos de determinadas denominaciones geográficas o de calidad, siempre en el marco del protocolo de bioseguridad de Cartagena.
En lo que se refiere al sector industrial, consideramos necesario que se establezca una distinción clara entre medidas reguladoras legítimas y el uso de medidas
destinadas a establecer barreras injustificadas al comercio. En el tema de la salud pública global valoramos los avances de Cancún, pero creemos que es necesario cumplir sin reservas con la letra y el espíritu de la redacción de Doha sobre
propiedad intelectual y salud pública. Sobre provisión de servicios públicos, estimamos que se debe garantizar el derecho de cada miembro de la OMC a regular los suyos y que, por tanto, no se debe promover la liberalización de servicios públicos
como la educación, la salud u otros servicios esenciales. En esta línea, España debe defender que la UE se posiciones claramente para que los países en vías de desarrollo y los países menos adelantados no sufran presiones encaminadas a la
liberalización de sus servicios públicos.
En lo que se refiere a temas medioambientales, ahora y antes consideramos necesario que la Organización Mundial de Comercio incluya en sus normas y decisiones medidas encaminadas a garantizar la sostenibilidad ambiental y evitar el dumping
ecológico. Respecto al funcionamiento de la OMC, hay que mejorar su democracia interna y forzar a la Unión Europea a hacer más transparente su proceso. Por último, creemos que las normas comerciales deben proteger los derechos fundamentales de los
trabajadores frente a los Gobiernos o empresas que intenten beneficiarse de una ventaja injusta en el comercio internacional mediante la violación de las normas fundamentales de la OIT. Un ejemplo al respecto sería que el sector naval español sería
hoy una realidad diferente si estas prácticas fuesen eliminadas.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Díaz.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Gracias, presidenta.
Cancún ha fracasado y la OMC (Organización Mundial del Comercio) será pronto un cadáver, eso sí, un cadáver exquisito si no provoca de forma inmediata profundas reformas en su funcionamiento, en su normativa y en todo, por una sencilla
razón: porque no aborda los problemas reales de los países más pobres, más empobrecidos, más expoliados, ni plantea un comercio justo ni equilibrado en el mundo. Es un instrumento para la imposición de las condiciones de los países ricos, de los
países primeros, en el terreno comercial, financiero y económico a nivel internacional. Afortunadamente ha nacido el Grupo de los 22, ha nacido un pequeño contrapoder que veremos hacia dónde va.
La Unión Europea desgraciadamente -y es algo que nos atañe directamente- se ha aliado con los Estados Unidos, en vez de hacerlo con este grupo. Ya sé que en la Unión Europea hay mucho neoliberalismo y en los Estados Unidos también, pero el
neoliberalismo de la Unión Europea todavía no es tan despiadado como el de los Estados Unidos, que arrasa, saca los beneficios, produce hecatombes sociales como las que ha producido en toda América Latina durante los diez últimos años. Según los
informes -no míos- del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, la CEPAL, en diez años en toda América Latina no ha habido un solo avance en el terreno económico, social y laboral. No son mis cifras, son las cifras reales de las organizaciones
internacionales. La Unión Europea ha ayudado a Estados Unidos a presionar a los pequeños para sumarlos a sus posiciones. Es de sentido común no esperar a que haya pacto entre los verdugos y sus víctimas. No puede haberlo. La gente se tiene que
defender y hay un principio de defensa adecuado, racional, político en esos veintidós países que han hecho una serie de propuestas y que han logrado que fracasara esta cumbre tramposa de la Organización Mundial del Comercio.
No se pueden reescribir
los acuerdos de Doha que propugnaban avanzar en la supresión de subsidios agrarios y en la reducción de aranceles porque esto va contra los más pobres y, a la larga también, contra los países más desarrollados.
Nosotros hemos presentado una enmienda con varios puntos al apartado primero de la moción. Estamos de acuerdo -no lo argumento porque no tengo tiempo- en el contenido de la moción respecto a la salud, patentes, aranceles, inversiones,
dumping, etcétera, pero este punto se reforzaría con las propuestas que hacemos para garantizar el derecho de los gobiernos a regular la presencia de empresas extranjeras en beneficio del desarrollo sostenible. Se enfrenta directamente con el
acuerdo multilateral de inversiones, que salió por la puerta pero que está intentando entrar por la ventana. En segundo lugar, pretendemos que se garantice que el acuerdo sobre servicios no promoverá la privatización de servicios públicos
esenciales. En tercer lugar, que se garantice que los acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual se opongan a todas las patentes sobre la vida, es decir, a beneficios inmorales que se consiguen a través de la salud y la vida de las
personas por parte de los grandes grupos transnacionales; que las normas comerciales protejan los derechos fundamentales de los trabajadores. En este punto defendemos algo elemental, porque a través de determinadas decisiones que toma la OMC y las
privatizaciones se liquidan empleos fijos y estables en muchos países, servicios públicos esenciales y se privatizan, pero no se mejora el servicio ni el empleo en ningún país. Finalmente, se solicita que se garantice el derecho de los gobiernos a
no importar ni producir transgénicos en su país. Es una norma de prudencia. Ya veremos, cuando se experimente de forma suficiente, qué dan de sí determinados transgénicos para poderlos importar posteriormente en cada país. En definitiva, hemos
presentados
esta enmienda que consta de una serie de puntos, para intentar mejorar la redacción de la moción del Bloque Nacionalista Galego, que vamos a apoyar.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Frutos.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA REÑÉ: Señora presidenta, señorías, la lectura de los resultados de la cumbre de Cancún no puede ir exclusivamente en la dirección del fracaso ni puede constituir una lectura similar la total desacreditación del
multilateralismo. Cancún constituía una etapa intermedia entre Doha y la ronda del desarrollo, y por ello se hace necesario objetivar los resultados. Cancún no debe implicar necesariamente ni el fracaso de la ronda del desarrollo ni el fracaso de
la puesta en marcha de los objetivos fijados en Doha.
Es oportuno hacer dos consideraciones previas. En primer lugar, más allá de los resultados formales de la cumbre, que han sido poco alentadores y han defraudado las expectativas de muchos, no podemos esconder los pequeños pasos que se han
dado acercando posiciones, a través también de la revisión de las políticas económicas y comerciales de los países industrializados. El problema es que dichos avances no han sido suficientes. En segundo lugar, continuamos convencidos de la validez
del multilateralismo como instrumento de comunicación, de acuerdos para llegar conjuntamente a objetivos que permitan el necesario reequilibrio del comercio mundial, reequilibrio que pasa, por una parte, por una mayor participación de los países en
vías de desarrollo en el comercio mundial y, por otra, en una cesión y en una mayor apertura de las economías industrializadas. La libertad de comercio es un objetivo común; el conseguir un mayor reequilibrio mundial, también; el desarrollo de
los países más pobres y la mejora sustancial de las economías de los países en vías de desarrollo en aras a ganar en crecimiento, competitividad, ocupación y bienestar, también. Esta es la orientación que está siguiento Europa; más lentamente de
lo deseado, pero estamos en ello. El crecimiento de los países menos desarrollados es también el nuestro y el mayor equilibrio económico y social a nivel internacional es sinónimo de estabilidad. La creciente interdependencia, el mismo fenómeno de
la globalización y las crecientes diferencias económicas y sociales nos imponen una única vía, la vía del acuerdo, del libre comercio, de la apertura como vía de crecimiento.
Estando de acuerdo con la filosofía que inspira la moción, discrepamos en algunos de sus términos. En primer lugar, no podemos obviar los acuerdos que se han alcanzado en materia de medicamentos y genéricos, facilitándose su entrada en los
países menos desarrollados y más necesitados. En segundo lugar, es necesario recordar que la Unión Europea tiene los aranceles más bajos del mundo y que nuestra política intenta avanzar en la reducción de ayudas y subvenciones, tal como está
orientada la política europea, y a la que responde la misma en la reunión de Cancún. Por último, nuestro grupo parlamentario entiende que ha de defender el paquete global de Doha, un paquete que no puede ser parcializado.
Con relación a la reciente reforma de la PAC, acordada en el seno de la Unión Europea, estamos convencidos, más allá de las legítimas discrepancias puntuales que podamos mantener, de la validez del nuevo modelo acordado, un modelo que supone
un cambio de orientación en la política agraria de la Unión Europea, pasando de un sistema orientado a la producción y a los precios a un modelo orientado hacia la sostenibilidad y el desarrollo agrario y rural. Es un buen modelo que, además, puede
contribuir de forma efectiva a favorecer la apertura de los mercados y el libre comercio. Es necesario subrayar las diferencias que, en términos de política agraria y de ayudas al sector, existen entre la política europea y la política
estadounidense, una política esta última sumamente proteccionista y orientada a dar fuertes ayudas, especialmente a la exportación. Estas dos diferentes orientaciones se han manifestado en la reunión de Cancún, donde el esfuerzo y la contribución
de los Estados Unidos para lograr un acuerdo no se ha manifestado en los términos deseados.
Nuestro grupo parlamentario ha presentado una enmienda de sustitución en la que pretendíamos destacar los ejes que han de orientar las líneas básicas de actuación del Gobierno. En este sentido, avanzar en la apertura de los mercados y en el
libre comercio requiere un compromiso de todos para impulsar los trabajos de la ronda de desarrollo a fin de conseguir un equilibrio entre la apertura de mercados industriales, agrícolas y de servicios y la implementación de reglas de comercio que
tengan en cuenta las necesidades del desarrollo de los países menos avanzados y, sobre todo, promover una verdadera recuperación de la confianza. Hemos de hacer una apuesta clara y contundente por el multilateralismo como instrumento eficaz, pero,
tal como manifestamos en nuestra enmienda, para ello necesitamos abordar una reforma de los métodos de trabajo de la Organización Mundial de Comercio a fin de que gane en transparencia y en apertura y que ésta se traduzca en una mayor relación con
otras organizaciones internacionales y, en nuestro ámbito, esta mayor apertura signifique más información sobre los procesos abiertos en sede de Congreso, Senado y con las comunidades autónomas.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señora Riera, le ruego que concluya.
La señora RIERA REÑÉ: Termino, señora presidenta.
Más allá de anunciar nuestro voto favorable a esta moción, quiero decir que con la misma hemos conseguido algo importante, abrir un debate más profundo sobre este asunto en el Congreso de los Diputados, lo que supone una gran oportunidad,
pues es un debate que nos afecta a todos y que afecta a nuestro presente y a nuestro futuro económico y social.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Riera.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Báñez.
La señora BÁÑEZ GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el pasado miércoles, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía informó cumplidamente a esta Cámara sobre el resultado de la reunión de la Organización Mundial del Comercio en Cancún. El papel de la conferencia
era la revisión a medio plazo del desarrollo de las negociaciones de Doha, para tomar nota de los progresos realizados y relanzar la fase definitiva de las mismas; objetivo que, lamentablemente, no se ha alcanzado, por lo que dichas negociaciones
deberán continuar. La agenda de Doha, como SS.SS. recuerdan, fue una conferencia destinada principalmente a conseguir ayudar a los países pobres, y estableció unos objetivos ambiciosos para proseguir la liberalización del mercado internacional,
con especial atención a la agricultura, al acceso al mercado de productos no agrarios, al tratamiento especial y diferenciado de los países en vías de desarrollo y a una serie de cuestiones conocidas como los temas de Singapur, que en la conferencia
de Cancún fueron introducidos a instancias de la Unión Europea. Como ustedes ya saben, el resultado final de la cumbre no ha sido el deseado. Bien es verdad que no es fácil poner de acuerdo a 146 países en temas tan importantes, pues cada cual
está en su perfecto y democrático derecho de defender sus posiciones en interés de su país y de sus ciudadanos. Pero hay que tener en cuenta, a pesar de las manifestaciones de alegría de determinados grupos antiglobalización y de algunos países
pobres, que son en realidad los países en vías de desarrollo los que más sufrirán las consecuencias del retraso en alcanzar acuerdos sobre temas tan esenciales como los relacionados con el comercio internacional.
Dicho esto, tenemos que reconocer la voluntad de todos los países de acercar sus posiciones, y confiamos en que continúen las negociaciones para conseguir avances en el futuro. Hoy, que aparecen voces que cuestionan la Organización Mundial
de Comercio y que presentan los acuerdos bilaterales como alternativa, el Grupo Parlamentario Popular quiere subrayar que la existencia de una institución multilateral de las características de la OMC es imprescindible, a pesar de las muchas
imperfecciones que pueda presentar, al ser un árbitro del comercio mundial y poseer al menos la virtud de ser una institución multilateral con reglas comunes y un mecanismo de resolución de contenciosos.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha estudiado con atención la moción presentada por el señor Aymerich, y ha decidido presentar una enmienda de modificación, que paso a defender. En ella instamos al Gobierno a que, en el marco de las
posiciones comunes de la Unión Europea, promueva primero la atención a los graves problemas de salud pública que afectan a muchos países en vías de desarrollo y a países menos avanzados mediante la vigilancia de la aplicación del sistema establecido
en el importante acuerdo alcanzado el 30 de agosto, que permite a cualquier miembro de la OMC la exportación de productos farmacéuticos fabricados bajo licencia. En segundo lugar, pedimos la continuación de las negociaciones de la agenda de Doha,
buscando un resultado final beneficioso y equilibrado para todos los participantes; en particular, para los intereses y preocupaciones de los países en vías de desarrollo. Ello incluye la concesión de un trato favorable a estos países,
estableciendo disposiciones sobre trato especial y diferenciado en los diversos acuerdos de la OMC.
Por lo que respecta a los mercados de productos agrícolas, cuya liberalización es una de las demandas más importantes de algunos países en vías de desarrollo, se deberá avanzar en facilitar el acceso al mercado, en la eliminación de
subvenciones a la exportación para los productos de especial interés para estos países, y en la reducción de las ayudas más distorsionantes, conforme a los criterios de la reforma de la PAC aprobada este año. En cuanto a los productos no agrícolas,
también se deberá avanzar en la reducción arancelaria para favorecer el incremento de los intercambios -incluidos los sur/sur- y, en definitiva, el crecimiento del comercio mundial. Para hacer efectivo el tratamiento especial y diferenciado a favor
de los países en vías de desarrollo en este ámbito, se les concederán períodos de aplicación más largos en el cumplimiento de los compromisos adquiridos y se establecerán exenciones para los países menos avanzados. También es preciso avanzar en la
liberalización del sector servicios, en el que los resultados son modestos hasta el momento, concediendo especial atención a los servicios prestados con el desplazamiento físico de personas al país de recepción, que constituye la principal demanda
de los países en vías de desarrollo.
En las negociaciones deberá tenerse en cuenta el derecho de los miembros a regular e introducir nuevas disposiciones en cumplimiento de objetivos de política nacional. Se impulsará el inicio de las
negociaciones en los temas de Singapur, para extender las reglas multilaterales a nuevos campos, con una creciente interrelación con el comercio, al que dotan de
mayor calidad, teniendo en cuenta las especiales sensibilidades de los países en desarrollo. Por último, es importante la inclusión en las negociaciones de los temas medioambientales, de modo que el desarrollo del comercio mundial se haga
compatible con el adecuado y necesario respeto al medio ambiente, promoviendo así un desarrollo sostenible.
Esta, señorías, es la propuesta que presenta esta tarde el Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Báñez.
Señor Aymerich, a los efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.
El señor AYMERICH CANO: Señora presidenta, rechazo las enmiendas presentadas para permitir la votación separada de los cuatro puntos de la moción; en concreto, de los dos primeros y últimos puntos.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Aymerich.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL A ADOPTAR POR EL GOBIERNO EN MATERIA DE PREJUBILACIONES.
(Número de expediente 173/000223.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas de carácter general a adoptar por el Gobierno en materia de prejubilaciones.
Para la presentación y defensa de la iniciativa, tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
Subo a la tribuna en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para presentar esta moción y anunciar a la Cámara la aceptación del contenido de la enmienda que a la misma ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, así
como el rechazo de las enmiendas de los grupos Socialista e Izquierda Unida.
En el debate del pasado miércoles pusimos de manifiesto con el ministro de Trabajo la coincidencia con el conjunto de los grupos de la Cámara en algo que esta semana el último informe de perspectivas de empleo de la OCDE también remarcaba.
Se afirmaba en ese informe -afirmábamos en el debate de la Cámara, en el debate social- que uno de los principales problemas de nuestro mercado laboral es nuestra tasa de actividad para los trabajadores mayores de 55 años. Ese informe de la OCDE
afirmaba que en el colectivo de entre 55 y 64 años la tasa de actividad es de un 39 por ciento, dos puntos por debajo de la media de la Unión Europea, 10 puntos por debajo de la media de los países de la OCDE. En el debate también poníamos de
manifiesto la cifra de 240.000 parados mayores de 50 años, la mayoría de ellos parados de larga duración, y la referencia de 600.000 personas que se han calificado de prejubilados. Coincidía la sociedad en que estas cifras son un despilfarro desde
todos los puntos de vista. Entendíamos entonces y queremos reafirmar también hoy que eso afecta a la convivencia, a la calidad de vida de las personas y a su autoestima, además de suponer un grave riesgo para la sostenibilidad de nuestros sistemas
públicos de pensiones y de reparto en el medio/largo plazo. Marcaba una necesidad: que la ley de jubilación gradual y flexible constituía un primer paso. Seguramente no era una ley efectivamente orientada a las prejubilaciones, como en las
conversaciones que hoy mismo me recordaba el señor Burgos, pero introducía formas de estímulo a esa permanencia activa de los trabajadores mayores en nuestro mercado de trabajo. Señorías, entendíamos que era necesario proceder a una adecuación de
la ley.
El texto que hoy va a votar la Cámara, resultado de este acuerdo entre el Grupo Popular y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), recoge aspectos que van a ser importantes precisamente para incentivar mecanismos que hagan
posible esa presencia activa de los trabajadores mayores de 55 años en el mercado de trabajo. Finalmente el texto que el Grupo Popular y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presentan a la Cámara parte del hecho de establecer nuevas
bonificaciones para los trabajadores mayores de 55 años. Hoy la ley abre esa posibilidad tan sólo a los trabajadores que tengan más de 60 años. Quiero recordar que en el caso de Cataluña eso puede afectar a cerca de 300.000 trabajadores, hoy
incorporados al mercado de trabajo. Ahí estamos creando un instrumento que va a permitir a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, mantener a esos trabajadores con costes laborales extremadamente más bajos. Por tanto, vamos
a introducir una medida de estímulo y de fomento.
En segundo lugar, aceptamos la necesidad de buscar un mecanismo específico que pueda resolver la cuestión de las prejubilaciones para las pequeñas y medianas empresas. Algunas de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista y de
Izquierda Unida, seguramente bien intencionadas, olvidan esa realidad de las pequeñas y medianas empresas. Con las propuestas que formulan seguramente crearíamos mayores dificultades para el mantenimiento de estos puestos de trabajo en el tejido de
las pyme. En este sentido, mi grupo opta por la prudencia, opta por el sentido común, opta por solicitar al Gobierno que busque soluciones específicas para estos supuestos, buscando el equilibrio de nuestro sistema de Seguridad Social. Por otra
parte, proponemos una cuestión que ha sido objeto de diversos debates
en la Cámara y que lo va a ser en el Pacto de Toledo, en el que el Parlamento debe reiterar la necesidad de encontrar una solución global, como es hacer frente a las personas que se jubilaron de manera anticipada antes del 1 de enero de
2002. Es un tema que continúa pendiente y la Cámara reitera la necesidad de que el Gobierno proporcione una solución, teniendo en cuenta los ingresos de los pensionistas, así como los diversos supuestos en los que se produjo ese cese de trabajo.
Finalmente, nos reafirmamos en la necesidad del sistema de formación continua, manteniendo nuestra discrepancia con el modelo que aprobó el Consejo de Ministros de manera radical. En la gestión de la formación continua debemos ser capaces de
resolver lo que hoy es un problema: que la formación continua no ha sido para los trabajadores de más de 55 años una prioridad. Las cifras de participación en estos procesos de reciclaje, tan esenciales en un momento de cambio tecnológico, son
extremadamente bajas. Formulamos ese mandato para que se tengan en cuenta esas necesidades.
Señorías, Convergència i Unió, más allá de que el Pacto de Toledo va a ser un buen instrumento para continuar la política iniciada en 1995, plantea una política orientada desde la lógica del fomento, desde la lógica del estímulo, desde la
lógica de entender que son las empresas que llevan tiempo con trabajadores en sus plantillas que hoy ya tienen una edad madura las que deben encontrar un marco legal que facilite esa permanencia en sus puestos de trabajo a través de las
bonificaciones de la Seguridad Social y del establecimiento de recursos de la formación continua que mantengan las condiciones de ocupabilidad de esos trabajadores. Nos alejamos de otros planteamientos que hoy se van a defender en esta Cámara que,
a nuestro entender, pueden crear muchos más problemas de los que hasta ahora hemos tenido. Le manifestábamos al señor Zaplana que necesitábamos un liderazgo que marcase claramente que las prejubilaciones son una mala práctica. Nos parece que con
esta moción de hoy y con el Pacto de Toledo que aprobaremos en las próximas semanas vamos a lanzar el mensaje de que esas prácticas no son buenas para nadie, ni para las familias, ni para los trabajadores, ni para las empresas.
Esperamos contar con
el máximo apoyo posible a esta moción.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Campuzano.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, lo primero que tendríamos que afirmar es que estamos ante una moción no oportuna sino con claro oportunismo electoral, porque no ofrecemos solución alguna para evitar las prejubilaciones ni solventar los problemas de los
prejubilados que hay en estos momentos.
Decía el señor Campuzano que espera tener los votos de toda la Cámara. Es evidente, señoría, que los va a tener porque esto es tanto como no decir nada. Propone S.S. hay que hacer un estudio que posibilite las prejubilaciones en las
pequeñas y medianas empresas y señala que el Grupo Socialista lo plantea en otra dirección. Con claridad: prejubilaciones para los autónomos. Eso es lo que propone la enmienda del Grupo Socialista. Se refiere S.S. a hacer un estudio sobre la
situación de los prejubilados anteriores al 1 de enero de 2002, pero nosotros, de entrada, decimos que se equiparen los coeficientes de los prejubilados anteriores al 1 de enero de 2002 con la ley de jubilación gradual y flexible. Eso en primer
término. ¿Sabe S.S. cuánto tiempo lleva el Gobierno del Partido Popular prometiendo a los prejubilados que iba a estudiar lo que dicen aquí que va a estudiar? Cuatro años, señorías. Cuatro años estudiando y ahora decimos que lo vamos a estudiar.
Yo creo que lo que estamos haciendo es tomarles el pelo a todos los prejubilados, a las asociaciones de prejubilados con las que nos hemos reunido. Es verdad que hay una novedad: la formación continua, esto es totalmente nuevo y es realmente
positivo.
Respecto a bonificar a las empresas por aquellos trabajadores que se contraten mayores de 55 años, ganamos cinco años, porque estaba en 60, por tanto, bienvenidos sean los cinco años. Pero, señorías, si planteamos un tema como este, en un
momento en el que estamos a punto de votar un texto de renovación del Pacto de Toledo, por lo menos hagámoslo encaminados a solventar los problemas que realmente existen en estos momentos. Y si proponemos algo, hagámoslo como lo hacemos en el Pacto
de Toledo: impidamos que algunas empresas que están prejubilando por mala gestión, por dedicar el dinero -como es el caso de Telefónica- a comprar medios de comunicación para ponerlos al servicio del Gobierno, lo hagan, y que ahora lo tengan que
pagar los trabajadores. Digamos que eso no se puede hacer. Eso sí sería una buena solución para evitar prejubilaciones de cara al futuro. Digamos que una empresa que tenga superávit, que tenga unos beneficios importantes, como es el caso de
Altadis, la antigua Tabacalera, que se ha privatizado -y se dijo en esta tribuna que no se iban a reducir los puestos de trabajo-, no puede hacer prejubilaciones como está pretendiendo en la actualidad con un plan industrial. Digamos aquí también
esto, porque, si no, señorías, lo que estamos haciendo es marear la perdiz y decir: vamos a hacer un estudio, vamos a mirar, vamos a hacer, pero llevamos años mirando esto. Démosle soluciones, eso es ponerle voluntad política.
Señorías, a mí me preocupan las pequeñas y medianas empresas. Por eso no se puede prohibir la jubilación anticipada a los 60 años. Cuando una empresa
pequeña cierra y deja en la calle a sus trabajadores, hay que tener una red que proteja a ese trabajador. Pero también hay que añadir que hay muchas pequeñas empresas que son autónomos y consideramos que los autónomos deben tener derecho a
la jubilación anticipada. Señorías, nuestra enmienda iba encaminada a impedir que haya prejubilaciones en determinadas situaciones, a solventar el problema de los prejubilados que hay en la actualidad y que están en una situación de injusticia y
solicitar la jubilación anticipada para los autónomos, es decir, para las pequeñas empresas.
Señor Campuzano, decir esto y no decir nada es igual, pero lógicamente va a contar usted con nuestro voto, porque decir que no tampoco tiene ningún sentido.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora López i Chamosa.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, empezaré calificando de injusto que más de 50.000 trabajadores españoles se hayan visto sometidos a un proceso de prejubilación, no precisamente porque ellos estuvieran de acuerdo, porque fuera su voluntad, sino a través de
expedientes, como comentaba la portavoz del Grupo Socialista. De esos 50.000 trabajadores, aproximadamente 20.000 son de grandes empresas, donde hay una correlación de fuerzas suficiente por parte de las organizaciones sindicales y solvencia por
parte de las empresas, por lo que se produce un ajuste de los que llamamos no traumáticos. Pero hay otros 30.000 trabajadores pertenecientes a pequeñas empresas que, año tras año, a partir de cumplir 50 años aproximadamente, son despedidos y se van
con la indemnización lisa y llanamente. En este sentido, parece exigible un marco jurídico en términos de reconocimiento de un derecho voluntario para las prejubilaciones en España de carácter universal, donde se definan los mecanismos de
financiación que permitan sostener este proceso que se va a seguir manteniendo en el tiempo, tanto en la gran empresa como en la pequeña. Aquí es donde se debería plantear que hubiera una mayor aportación a un hipotético fondo de prejubilaciones
por parte de las grandes empresas.
Hay que decir que la responsabilidad de las prejubilaciones registradas en España es de las compañías, como decíamos anteriormente, ya que se han encontrado con marcos para que la gente que se tenga que ir de esas empresas por despido lo
decida la propia sociedad ante un cambio de estrategia. Los sindicatos sólo tienen la capacidad legal para conducir esos procesos de forma no traumática y beneficiosa para los empleados y no para parar las prejubilaciones, que sería lo deseable.
Las prejubilaciones están planteando problemas graves a varios niveles. En primer lugar, suponen un coste muy importante para los presupuestos públicos y el sistema de pensiones, ya que durante dos años las prejubilaciones cobran del INEM
el seguro de desempleo. Hay un segundo problema que tiene que ver con el funcionamiento del mercado de trabajo, si bien es verdad que muchos de estos trabajadores, en particular aquellos que se acercan a la edad de jubilación, están deseosos de una
jubilación real. Puede haber otros que, jóvenes aún y con necesidades económicas, vuelvan al mercado de trabajo pero de forma sumergida y de una manera temporal, como impone el propio mercado. La experiencia y cualificación de que gozan algunos
facilita esa entrada. Ello no sólo dificulta la regulación del mercado de trabajo sino que obstaculiza la entrada al mismo de otras personas. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
Por último, no es menos importante señalar, como ha hecho el Consejo Económico y Social en su dictamen del año 2000, que prescindir de fuerza de trabajo tan joven y con tanta experiencia constituye un derroche que la sociedad no debería
permitirse. En definitiva, el cambio de regulación de las prejubilaciones debe ser amplio y no sólo inducido por la necesidad de ampliar la edad laboral, que parece ser la única preocupación de la moción que se presenta hoy aquí.
En este terreno seguimos defendiendo el principio de jubilación flexible como un derecho subjetivo del trabajador, entendiendo esto como la posibilidad de abandonar el puesto de trabajo, propiciando contratos de relevo. Insistimos en
recomendar y proponer que en el marco del diálogo social se mejoren las posibilidades de la reducción de la edad legal de jubilación de forma flexible, el reconocimiento de la jubilación anticipada como derecho voluntario del trabajador o
trabajadora, la disminución de los coeficientes reductores y establecer mecanismos para penalizar la expulsión de trabajadores y trabajadoras de más edad.
Por otra parte, en el contexto de esa nueva regulación de las prejubilaciones a las que me refería llamamos a impulsar las medidas necesarias para limitar las llamadas prejubilaciones consideradas legalmente como despidos. En concreto,
proponemos, si a eso se refieren las enmiendas que presentamos, una regulación que evite que las empresas sigan desprendiéndose con facilidad de trabajadores en plena edad productiva, endureciendo y encareciendo su despido o penalizando a las
empresas que se desprendan de los trabajadores de más edad, incrementando las cuotas sociales.
La señora PRESIDENTA: Señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ: Termino rápidamente.
Asimismo, proponemos evitar la discriminación entre trabajadores de grandes y pequeñas empresas y, por último, poner en marcha los mecanismos precisos
para atender la protección de los trabajadores de más edad despedidos de forma individual. Repito, a esos objetivos van dirigidas nuestras enmiendas.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, el señor Burgos tiene la palabra.
El señor BURGOS GALLEGO: Señora presidenta, señorías, la moción que Convergència i Unió nos presenta nos permite reflexionar y analizar una realidad actual y futura en relación con el problema de las prejubilaciones y las jubilaciones
anticipadas. Como principio, debo decir que para ser precisos en el diagnóstico no cabe hablar hoy de un problema de mayor gravedad en España en relación con esta cuestión que en épocas pasadas. El reflejo que en los medios de comunicación tienen
algunos expedientes de regulación de empleo, por la propia relevancia de las empresas afectadas, podría llevarnos a una conclusión equivocada. Ya lo dijo el ministro de Trabajo: Este año hay menos expedientes que el año pasado y afectan a menos
trabajadores. Y este es un proceso que además muestra una tendencia decreciente muy acusada desde 1995, como ha puesto de manifiesto el Consejo Económico y Social. En todo caso, señorías, supone un despilfarro social y conviene que este sea un
mensaje que traslademos hoy sin paliativos a la sociedad en este debate.
Los criterios que guían la enmienda de mi grupo parlamentario son muy claros. En primer lugar, que juzgamos, en relación con la moción, que aún es pronto para solicitar una revisión, una actualización de la Ley 32/2002. Señorías, modificar
la cultura de la jubilación en un país no es una tarea de un año. Nuestro sistema es pionero en Europa, incorpora aspectos que necesitan tiempo para calar en la sociedad, siempre hemos dicho que hay que estar muy atentos a los incentivos que
contempla la ley y mejorarlos si es pertinente, pero necesitamos tiempo para valorar sus efectos en su justa medida.
En segundo lugar, las bonificaciones en la cotización para trabajadores de más de 55 años fueron ya objeto del acuerdo social con los agentes sociales de abril de 2001, en el que se acordó hacer extensivo, en la medida de lo posible, este
sistema de bonificaciones, primero, hasta los 60 años -ya está cumplido este criterio- y posteriormente a los trabajadores con más de 55 años de edad. Apoyar por tanto esta iniciativa está en plena sintonía con lo que ya está haciendo este Gobierno
y con sus compromisos con los agentes sociales. El objetivo para nosotros también está muy claro: que quienes ya tienen un empleo no lo pierdan.
En tercer lugar, la implantación de un sistema específico de jubilaciones anticipadas en las pequeñas y medianas empresas. Señorías, cabe estudiar mecanismos para implantar este sistema específico, porque aunque son las actividades, son las
profesiones o los requisitos individuales y no el tamaño de la empresa lo que ha de tenerse en cuenta ante la posibilidad de jubilación anticipada, es oportuno. Vamos a estudiarlo, aunque evidentemente determinando aquellos mecanismos de
financiación necesarios para salvaguardar el equilibrio financiero del sistema. Con el Partido Popular, el derecho a la jubilación anticipada se ha extendido, pero una cosa es la extensión de los derechos y otra que no tengamos absolutamente claro
que nuestros objetivos son la prolongación de la vida laboral y la desincentivación de las jubilaciones anticipadas.
En cuarto lugar, sobre la situación de los pensionistas que han accedido a la jubilación anticipada con el fin de mejorar su pensión, parece evidente, por los análisis realizados, que los coeficientes aplicados antes de la reforma de la Ley
32/2002, penalizaban de forma excesiva la anticipación de la edad de jubilación y mucho más injusta cuando ello no era achacable a la voluntad del trabajador y más cuando era independiente del esfuerzo de cotización realizado por éste a lo largo de
su vida laboral. Entendemos, por tanto, que es oportuno, en línea con lo que estamos planteando en el Pacto de Toledo, avanzar en la prioridad de unos objetivos que han de tener en cuenta necesariamente los ingresos del pensionista y el carácter
voluntario o no de su salida del mercado laboral.
En quinto lugar, creemos absolutamente fundamental la formación y el reciclaje de los trabajadores de mayor edad como prioridad del sistema de formación continua que pretendemos implantar. Ya se contempla en el nuevo modelo aprobado por el
Gobierno que los trabajadores mayores de 45 años serán uno de los colectivos prioritarios. Y, señorías, es oportuno decir hoy aquí que es rentable, muy rentable, formar a los trabajadores mayores, porque su capacidad de aprender no disminuye con la
edad y porque además el rédito que obtienen las empresas de apostar por la continuidad de esos trabajadores es sin duda muy superior al de cualquier otra cuestión.
Señorías, los gobiernos del Partido Popular vienen trabajando desde el año 1996 para fomentar la prolongación de la vida laboral de los trabajadores, buscando favorecer cada día más el mantenimiento del empleo, la transición del trabajo a la
jubilación de forma progresiva, cambiando paso a paso una cultura que penalizaba a los mayores por otra en la que se aprecia su capacidad y su experiencia. Todo lo que aportemos en esta dirección será positivo. Evitar la expulsión anticipada del
empleo y reducir la especial vulnerabilidad de los mayores ante las exigencias de una economía globalizada no son sólo objetivos de justicia social de primer orden, sino también una exigencia de la propia eficiencia económica, cuando nuestras
sociedades empiezan a adolecer de trabajadores adecuados en
algunos sectores; un reto de futuro al que, como a tantos otros, sabremos también dar respuesta desde el Gobierno del Partido Popular.
Esta moción, señorías, con nuestra enmienda, puede ayudar en gran medida a ello, nos felicitamos por eso y agradecemos a Convergència i Unió y a su portavoz, señor Campuzano, su disposición al acuerdo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Burgos.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
En el pasado debate de la interpelación que presentó el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre las prejubilaciones, escuchamos con satisfacción los planteamientos tanto del señor ministro como del portavoz del grupo
proponente, y hoy nos congratulamos también de esta moción, con la que coincidimos plenamente. También celebramos que exista armonía con la enmienda presentada por el Grupo Popular, porque recoge las soluciones a una situación que se nos presenta
en España y sobre la que los sociólogos y los economistas llaman la atención cada día. Las tasas de longevidad han aumentado, superando plenamente los 70 años de edad, tanto para la población femenina como para la masculina, debido a razones
sociológicas, económicas, sanitarias y a avances en los medicamentos que han prolongado las expectativas de vida. Al mismo tiempo, se produce un dato descendente, contrario a la tasa de longevidad, que es el de la edad de prejubilación. En el caso
de algunos sectores, como el sector servicios, sobre todo en la banca, las prejubilaciones son algunas veces llamativas, por no decir escandalosas, mientras que en la pequeña y mediana industria, en la pequeña y mediana empresa, son a veces
difíciles de alcanzar.
La legislación de esta Cámara debe abordar ese problema y la iniciativa que hoy debatimos es buena en ese sentido. Además, va en la línea de conseguir un equilibrio, porque tampoco interesa una salida de recursos de las cajas de derechos
pasivos, de pensiones, de las distintas entidades públicas o privadas que existen en el sector, porque estamos detectando algunas situaciones críticas para la Seguridad Social y el mundo de las pensiones. Tampoco se puede dejar a una masa laboral,
entre los 50 y los 75 años, en una situación de abandono en cuanto a su formación profesional, su formación técnica y su incorporación. La aportación del Grupo Catalán se basa en una idea muy novedosa que ya se viene practicando en algunos países
escandinavos, según la cual a personas prejubiladas se les hace compatible la pensión de prejubilación con unos salarios percibidos por la prestación de servicios sociales, normalmente a las familias, a los enfermos, en trabajos domiciliarios o como
custodios de museos. Se trata de actividades que la sociedad no puede retribuir de un modo elevado, como en el caso de un vigilante de cuestiones culturales, o de unos animadores de determinados sectores, o de la formación de una juventud que llega
a determinados centros sociales y a la que le hace falta una experiencia vital. Creo que debemos enfocar y resolver este problema por esa vía. La disparidad entre la cifra de longevidad, que crece, y de la cifra de prejubilaciones, que se reduce,
nos va dejando el problema de personas de edades intermedias, entre los 55 y los 75 años, a las que no podemos abandonar. Según los estudios actuariales de las compañías de seguros, tenemos un fragmento de 20 años, entre los 55 y los 75 años, y
debemos estudiar qué hacemos con ese fragmento. Esto requiere una respuesta legislativa y gubernamental en todos los sentidos. De aquí que veamos con complacencia la iniciativa de hoy, que vamos a votar favorablemente, con la enmienda aceptada por
el grupo proponente, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), participando plenamente de los discursos que aquí se han hecho sobre política social y coincidiendo también con lo que ha dicho el portavoz del Grupo Popular, porque este es
un problema real que hay que resolver.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE POLÍTICA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ENTIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS Y SU RESULTADO EN EL CASO EUROBANK. (Número de expediente 173/000224.)
La señora PRESIDENTA: Finalizado el debate de la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), iniciamos el debate de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre política de supervisión y control de
entidades financieras y de seguros y su resultado en el caso Eurobank.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra la señora Costa.
La señora COSTA CAMPI: Gracias, señora presidenta.
Señorías, nuestra moción tiene como objetivo proteger los legítimos intereses de los afectados por el caso de Eurobank y exigir las responsabilidades que tuvieren las autoridades supervisoras implicadas, tanto independientes como
jerárquicas, a nivel central y autonómico, y proceder, si es preciso, a las modificaciones legales pertinentes. Por ello planteamos a esta Cámara
la necesidad de establecer los adecuados mecanismos para la satisfacción de los intereses de los perjudicados, procediendo a mejorar de forma inmediata, entre otras medidas, los niveles de cobertura del Fondo de Garantía de Depósito.
Proponemos no sólo aumentar a 30.000 euros la cobertura, sino que exigimos el compromiso del Gobierno para buscar todas aquellas soluciones que permitan recuperar a los afectados la totalidad de sus depósitos. Estas medidas exigen una reforma en
profundidad de nuestro modelo de supervisión, una modificación de la actual normativa para que las autoridades de los órganos supervisores respondan política y jurídicamente, cambios normativos que permitan aún una intervención inmediata si la
inspección del Banco de España y los auditores informan de la existencia de irregularidades muy graves y de un mayor respeto a la distribución competencial, constitucional y estatutaria en materia de supervisión financiera.
Señorías, nuestro modelo de supervisión no funciona. Su diseño institucional es desequilibrado. La coexistencia entre órganos supervisores jerárquicos e independientes facilita todo tipo de injerencias políticas y a la vez disuelve las
responsabilidades políticas que debe dar el Ejecutivo. Es un modelo que va en contra de los intereses de los ciudadanos y que quiebra la confianza de los ahorradores en el sistema financiero. Es un modelo obsoleto, que no se corresponde con la
complejidad de los mercados donde operan conglomerados financieros. Hoy no es posible establecer una línea divisoria entre el negocio bancario y los seguros, por lo que es preciso buscar soluciones de cooperación basadas en la lealtad
institucional, como apunta la directiva europea sobre la materia. Quiero recordar a SS.SS. que nuestro grupo advirtió de la necesidad de reformar este modelo. En el debate de la ley financiera defendimos eliminar los órganos de supervisión
jerárquicos y aumentar la independencia que tienen ya las agencia independientes. Sin embargo, el Grupo Popular rechazó nuestras propuestas que hoy se demuestran como enormemente correctas.
El buen trabajo que han realizado los inspectores del Banco de España no ha continuado su recorrido con la misma diligencia. Nuestra normativa obliga a un trabajo más intenso, a una mayor diligencia por parte de los responsables de la
supervisión. ¿Cómo es posible que se admita que una entidad opere con recursos propios por debajo del mínimo legal durante 1 año y que el gobernador declare que no se puede intervenir una entidad sólo porque el Banco de España piense que es
inviable cuando la ley de disciplina dice lo contrario? Bajo el palio de la independencia del órgano supervisor e instrumentalizando nuestra leal colaboración en el funcionamiento del Estado al apoyar los nombramientos de gobierno del Banco de
España, el ministro de Economía rehuye cualquier responsabilidad, cuando no debe olvidarse además que la Dirección General de Seguros depende de su ministerio. La dimensión real del problema de Eurobank se sustancia en la operativa de las mutuas
sometidas a la competencia supervisora catalana. Este ámbito de la crisis es hoy todavía una caja negra. El ministro de Economía informó que desde el 25 de febrero el Gobierno catalán tiene información precisa y continuada y, sin embargo, no
intervienen en las mutuas hasta 6 meses más tarde y a fecha de hoy no se ha emitido ningún informe y se han negado al control parlamentario. No es esta la sede oportuna para el control del supervisor catalán, pero se ha de destacar aquí el apoyo
del Grupo Popular para impedir que dicho control parlamentario fuera realizado en el Parlamento autonómico. Es inadmisible que la misma fuerza política que impide el control parlamentario en Cataluña alegue después deficiencias autonómicas para
justificar las suyas. Y aún es más inadmisible que con la negligencia de la actuación del Gobierno catalán y su coincidencia de intereses con el Partido Popular se contribuya, como desembocadura del proceso, a que el Gobierno del Partido Popular
pretenda disminuir las competencias de la Generalitat y lleve al Tribunal Constitucional la Ley de mutuas.
Para el Grupo Socialista la solución no es restablecer el centralismo, como defiende el Gobierno del Partido Popular, sino que cada autoridad competente sea controlada en la sede parlamentaria correspondiente. Las nuevas formas de control
en una economía basada en la libre competencia, con autoridades administrativas independientes, tiene como uno de sus peligros la disolución de su responsabilidad. Este peligro no puede superarse volviendo a formas jerárquicas duplicadas, como
ocurre actualmente, o restableciendo soluciones centralistas, como defiende el Gobierno del Partido Popular, sino permitiendo que todas las autoridades competentes, jerarquizadas o independientes, centrales o autonómicas, respondan jurídica y
políticamente.
La lealtad institucional y la cooperación son las líneas de solución de los problemas derivados de la pluralidad de los órganos de supervisión, pero lo que es intolerable, señorías, es que el Estado se escude en los errores de la Generalitat
o ésta, como está haciendo, en los del Estado, cuando la realidad es que ambos supervisores han actuado con graves deficiencias y culpabilidad.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Costa.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Gracias, presidenta.
Nosotros vamos a votar favorablemente esta moción porque nos parece oportuna y concreta. El Banco de España detecta en este banco problemas en los años 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, etcétera, toma decisiones
y aplica sanciones y amonestaciones públicas, pero parece que el Banco de España no se entera de la realidad de Eurobank, que está a punto de entrar en bancarrota. Por tanto, la moción es oportuna y concreta.
Además, coge la palabra al señor Caruana, gobernador del Banco de España, que dijo que no hay suficientes normas y mecanismos para controlar exhaustivamente desde el Banco de España la situación que se puede producir en cualquier empresa de
banca o de seguros que esté en el mercado, por lo que exige a este Parlamento que se pongan en marcha estos mecanismos, estas normas, nuevas leyes, etcétera. Por ello, repito, me parece oportuna esta moción, y el Partido Popular, siguiendo en este
caso concreto la orientación o la consigna del gobernador del Banco de España, debería actuar consecuentemente y aprobar la moción que se plantea, enmendada o no enmendada, no lo sé.
De todas formas, nosotros proponemos una enmienda que es una ampliación de la letra b) del punto primero; ampliación que está basada en la argumentación y letra del conjunto de la moción, y más en concreto de este punto, porque pensamos que
nuestra propuesta hace este punto más completo, más concreto y más detallado. Además, va en la línea de establecer sistemas de registros adicionales y accesibles para el conjunto de los ciudadanos, entre ellos la página web del Banco de España, con
el fin de que puedan tener acceso en tiempo real a información fiable, referente a posibles irregularidades detectadas por éste en entidades financieras, así como a los calendarios que se establezcan para su corrección y a la situación actual en que
se encuentren los posibles expedientes realizados a las mismas, aumentando de esta forma la información, los servicios y las garantías a prestar a los ciudadanos por parte del órgano regulador, a la hora de realizar un determinado proceso de ahorro
o inversión. Creemos que esta redacción mejoraría, detallaría y concretaría este punto y esperamos que el Grupo Socialista acepte esta enmienda, que es en definitiva una ampliación.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Frutos.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, el señor Sánchez i Llibre tiene la palabra.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a votar en contra de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, aunque ustedes nos aceptaran la enmienda que ha presentado mi grupo parlamentario, básicamente por los
siguientes motivos. En primer lugar, porque ustedes han intentado colar, con nocturnidad y alevosía, una enmienda mal llamada de corrección de errores que justamente ha desvelado los auténticos motivos de esta mal llamada enmienda de corrección de
errores, que no son precisamente los de velar por los intereses de los impositores, sino todo lo contrario: atacar electoral e irracionalmente al Gobierno de la Generalitat. Con esta enmienda presentada a hurtadillas, han desvelado sus verdaderos
motivos, han perdido la razón y han demostrado su desconocimiento en cuanto a la actuación de la Generalitat de Catalunya, que conocen perfectamente los diputados del Partido Socialista de Cataluña, y también han demostrado su gran desconocimiento
sobre la solvencia económica de las mutuas respecto a Eurobank, que es lo que nos trae a esta discusión.
Nosotros entendemos que con esta actuación, a hurtadillas, a escondidas, como si de niños se tratara -y ustedes pueden analizar cuál ha sido la actuación en la presentación de esta enmienda, que no es de corrección de errores sino de
modificación y de adición-, repito, han actuado hipócritamente, con cinismo político, y me atrevería a decir, señorías, que en este caso su actuación podría calificarse de juego sucio y de falta de ética política. (Rumores.-La señora Cunillera i
Mestres: ¡Hala!) Creemos sinceramente que a ustedes, los socialistas, en este caso sólo les interesa la táctica electoral, el juego a corto plazo, que cuanto peor vayan las cosas, mejor para ustedes, y si los impositores no cobran, pues también
mejor para ustedes. (Rumores.) En absoluto les interesa la defensa de los intereses de los ahorradores, de los impositores, que éstos recuperen sus ahorros, que la relación y la coordinación entre la Generalitat de Catalunya y el Estado haya sido
correcta -y así lo ha dicho perfectamente el gobernador del Banco de España- y que haya existido una perfecta y correcta coordinación entre las diferentes administraciones.
Pues bien, lo que realmente le interesa al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) es que los impositores de Eurobank y los mutualistas recuperen todos sus ahorros. (Rumores.-Varios señores diputados: ¡Hala!),
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Lo que probablemente va a pasar, señorías, es que van a recuperar sus ahorros. Esta es una gran noticia y seguramente es una mala noticia para ustedes, aunque lógicamente no lo van a reconocer públicamente.
(Rumores.) Nos interesa la solvencia del sistema financiero español, y por eso hemos presentado la enmienda que iba en la dirección que ustedes habían presentado inicialmente, la enmienda del señor Cuevas, no la de la señora Costa. Nos interesa que
lo que ha pasado con Eurobank no vuelva a suceder nunca más. Por este motivo, señorías, creemos, después de analizar esta situación, que bien se podría aplicar aquí aquella expresión famosa que mi buen amigo Alfonso Guerra dirigió al también buen
amigo mío el ex presidente del Gobierno Adolfo Suárez
llamándole tahúr del Mississippi con el chaleco floreado al autor de esta supuesta enmienda de corrección de errores. ¿Cómo se puede llamar, si no, a quien cuando están repartidas todas las cartas, la moción y las enmiendas de esta moción,
se saca de la manga otra carta? Señores, su problema es que el Partido Socialista unas veces se pasa y otras no llega. O se pasa, como en el caso que estamos debatiendo hoy, o no llega, como cuando pactan con el Partido Popular la reforma de la
Ley de extranjería con absoluto desprecio a las competencias de la Generalitat de Catalunya. Esta es la triste realidad del Grupo Socialista, que ha actuado, a nuestro entender, en esta interpelación con hipocresía, con cinismo, con falta de ética,
en definitiva, con traicción y las cartas marcadas.
Muchas gracias, señoría, señoras y señores diputados. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Señorías, guarden silencio.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta, voy a intervenir con brevedad.
En primer lugar quiero decir que mi grupo va a votar en contra de esta moción por los siguientes argumentos. El primero es de índole de competencias de las comunidades autónomas y, en este caso, de competencia de la Generalitat de Cataluña
respecto a las mutuas. Se trata de un debate, con todos los respetos, cuyo escenario mi grupo entiende que es el Parlamento catalán, donde los grupos parlamentarios allí representados pueden hacer uso de su potestad reglamentaria, democráticamente
entendida, para hacer los planteamientos respecto a los sistemas de control que la Generalitat de Cataluña debe tener sobre estas mutuas. El segundo argumento es que con los datos de la comparecencia que tuvimos del señor Caruana, el gobernador del
Banco de España, en la Cámara, mi grupo entiende en este momento, y lo expresa este portavoz en nombre de Coalición Canaria, que hay elementos de análisis suficientes para, con los mecanismos existentes, corregir los daños. Aquí se ha dado ya la
información del cobro de todos los perceptores con los fondos correspondientes de garantía bancaria para que se pueda hacer así. No queremos entrar en el terreno de los cambios que se han producido incluso en la propia iniciativa del grupo
proponente, desde la moción que tiene entrada hasta las enmiendas que se le hacen a la moción, incluyendo una a la exposición de motivos sobre unas supuestas responsabilidades del Banco de España no a posteriori sino a priori. Entendemos que eso ha
quedado aclarado por la información que nos facilitó el gobernador del Banco de España, señor Caruana, y mi grupo quiere ser aquí muy prudente. Por tanto, por respeto a las competencias de la Generalitat de Cataluña y a las del Banco de España, mi
grupo va a votar en contra de esta moción en cualquiera de sus fórmulas, la original o la enmendada posteriormente.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, decía la señora Costa, a quien agradezco el tono de su intervención, que subía a la tribuna por dos razones. Una, por defender los intereses de los ahorradores, en lo que nos va a encontrar a todos los grupos políticos y que
estamos haciendo desde el primer día y, en segundo lugar, para determinar responsabilidades. Y yo, señora Costa, con todo afecto, le quiero decir que aquí estamos hablando del Banco de España, del organismo supervisor que está regulado por dos
leyes, la Ley de autonomía y la Ley de disciplina, que son de 1994 y 1995, hechas por el señor Solbes, que forma parte de lo que se está llamando estos días el comité electoral o el comité de programa del Partido Socialista, es decir, es de los
teóricos del Partido Socialista. Él es quien hizo las leyes, que nosotros hemos respetado, y además las hizo en consenso con nosotros.
En el Banco de España, señora Costa, como usted sabe porque usted es estudiosa, no teórica del programa, pero sí de la Universidad, lo cual le honra, el Banco de España tiene una comisión ejecutiva que forman cuatro personas: el gobernador,
el subgobernador y dos consejeros ejecutivos, y sabe que dos de esas personas fueron propuestas por su grupo. Además, una de esas dos personas también es uno de los teóricos del Partido Socialista, uno de los que forman parte del comité de
programa, el señor Julio Segura, que, junto con Pedro Solbes, Carlos Solchaga, Miguel Angel Fernández Ordóñez y el señor Miguel Sebastián, son los teóricos y los que ponen a disposición de los pedagogos el que vayan defendiendo el programa por ahí,
y todas las decisiones del Banco de España, y estaba el señor Segura, que es de los teóricos del Partido Socialista, se han tomado por unanimidad, señora Costa.¿Cómo podemos hablar de responsabilidades? Estamos hablando, señora Costa -y a mí no me
va a encontrar en la demagogia- (Rumores.), del Banco de España, que ha actuado bien. Yo podía decir ahora fácilmente que el señor Solbes tiene problemas en Bruselas y mi grupo podía atacarle, pero no, está defendiéndole. Y podía decir del señor
Segura que forma parte de la comisión ejecutiva de las cuatro personas que toman las decisiones en el Banco de España y que ha votado favorablemente todo lo que se ha hecho sobre Eurobank;
podía atacarle, pero no. Creo que el señor Segura ha hecho todo lo mejor que ha podido su trabajo. Como lo han hecho los inspectores del Banco de España. Yo no voy a entrar en demagogia. Creo que el Banco de España lo ha hecho bien, que
ha estado siguiendo a esa entidad, y por eso hoy podemos afirmar en esta tribuna que todos los afectados van a poder recibir sus ingresos si no hay pasivos ocultos, porque el Fondo de Garantía les va a cubrir.
Ustedes dicen que se podría subir el Fondo de Garantía, y yo les digo que se podría subir, pero les digo también que el Fondo de Garantía de 20.000 euros es el mismo que tiene Austria, que tiene Bélgica, el mismo que tiene Finlandia, el
mismo que tiene Alemania, el mismo que tiene Irlanda.
Son 20.000 euros, señoría, lo mismo. No estamos hablando de cantidades diversas. ¿Se podía subir? Sí, señoría, pero creo que el Banco de España ha hecho una tarea encomiable. Usted ha dicho
que los inspectores lo han hecho bien y yo se lo ratifico. Creo que hoy podemos decir que todos van a percibir sus ingresos; creo que la coordinación con las administraciones ha funcionado bien, aunque ustedes quieran usar este tema electoralmente
en Cataluña, lo cual me parece normal por la disputa electoral catalana, pero creo, señoría, que estamos ante un tema que se ha llevado bien y en el que no hay que ser sectarios. Estamos ante un tema que preocupa a los ciudadanos que han perdido
sus ahorros, pero el Fondo de Garantía ha actuado y van a cobrarlos en la quiebra los que no puedan. Se podría decir que se podía haber intervenido antes. Pues a lo mejor sí y a lo mejor no, porque si metemos mucha discrecionalidad en el sistema,
como sabe S.S., pondríamos en dificultades a entidades que han salido a flote en las que muchos ahorradores han salvado sus dineros gracias a que se ha actuado con prudencia y no se han cortado las alas a una entidad financiera al primer problema
que han tenido. Señorías, por eso vamos a votar que no. Les dejamos con su problema electoral en Cataluña, y desde luego yo digo que hasta el teórico del PSOE ha hecho su trabajo lo mejor que ha podido.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte.
Señora Costa, a los solos efectos de indicar la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas,
La señora COSTA CAMPI: Señora presidenta, el Grupo Socialista conoce perfectamente el Reglamento y, de acuerdo con la defensa de los principios democráticos en que se inspira el control parlamentario, tiene que rechazar la propuesta de
Convergència i Unió, y de paso su intervención, y acepta la del Grupo Federal de Izquierda Unida.
(Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Costa.
Iniciamos la votación de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señor Aymerich, sobre posición del Gobierno durante la última cumbre celebrada en Cancún por la Organización Mundial de Comercio entre
los días 9 y 15 de septiembre de 2003.
En primer lugar, de acuerdo con la petición de algunos grupos parlamentarios, sometemos a votación el punto 1 apartado a).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 267; a favor, 124; en contra, 143.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Votamos a continuación los apartado b), c), d) e) y f) del punto 1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 267; a favor, 112; en contra, 145; abstenciones, 10.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazados.
Votamos a continuación el punto 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 267; a favor, 10; en contra, 155; abstenciones, 102.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Votamos por último los puntos 3 y 4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 266; a favor, 122; en contra, 144.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazados.
Iniciamos la votación de la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas de carácter general a adoptar por el Gobierno en materia de prejubilación, que se somete a votación en los
términos derivados del debate y con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, que ha sido aceptada.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 267; a favor, 257; en contra, dos, abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre política de supervisión y control de entidades financieras y de seguros y su resultado en el caso Eurobank, que se somete a votación en los términos
derivados del debate y con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que ha sido aceptada.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 267; a favor, 109; en contra, 154; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Eran las diez de la noche.