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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 276, de 16/09/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2003 VII Legislatura Núm. 276
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 263
celebrada el martes, 16 de septiembre de 2003
ORDEN DEL DÍA:
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores Diputados ... (Página 14496)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la prevención y el tratamiento del sobreendeudamiento de los consumidores. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 336-1, de 9 de mayo de 2003. (Número de expediente 122/000295.)
... (Página 14496)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de modificación de la Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, por la que se regulan los Criterios Básicos de la Defensa Nacional, para regular la decisión por las Cortes Generales de la
participación de España en la guerra y para hacer la paz (Orgánica). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 317-1, de 21 de marzo de 2003. (Número de expediente 122/000283.) ... (Página 14505)
Proposiciones no de Ley: ...
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a promover y a facilitar la integración de las federaciones deportivas de la Comunidad Autónoma de Cataluña y de otras Comunidades Autónomas que así lo
decidan en las correspondientes federaciones deportivas internacionales. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 459, de 20 de diciembre de 2002. (Número de expediente 162/000623.) ... (Página 14515)
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre modificación normativa y cambios organizativos para hacer efectivo el reparto competencial en materia deportiva. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 365, de 7 de junio de
2002. (Número de expediente 162/000524.) ...
(Página 14515)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Lasagabaster y Sr. Puigcercós), sobre el reconocimiento de las selecciones nacionales deportivas vasca y catalana. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 376, de 24 de junio de 2002.
(Número de expediente 162/000538.) ... (Página 14515)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sres. Aymerich, Rodríguez y Vázquez), relativa al reconocimiento de las selecciones nacionales de Galicia.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 443, de 22 de noviembre de 2002. (Número de
expediente 162/000597.) ... (Página 14515)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre cambio climático. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 575, de 29 de julio de 2003. (Número de expediente 162/000776.) ... (Página
14526)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la limitación del cambio climático y al incremento del uso de las energías limpias y de la eficiencia energética. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 580, de 8 de septiembre
de 2003. (Procedente de la Proposición no de Ley en Comisión, núm. expte. 161/002247.) (Número de expediente 162/000808.) ... (Página 14526)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes: ...
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las consecuencias de la catástrofe del buque 'Prestige'. (Número de expediente 173/000219.) ...
(Página 14532)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas de carácter general a adoptar por el Gobierno en materia de formación continua. (Número de expediente 173/000220.) ... (Página 14537)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las actuaciones que ha adoptado o piensa adoptar el Gobierno para acometer una regeneración democrática y, en particular, los criterios de aplicación del artículo 61 de la Ley de
Régimen Local en general y, singularmente, en el caso del Ayuntamiento de Marbella. (Número de expediente 173/000221.) ... (Página 14542)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página 14496)
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 14496)
Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la prevención y el tratamiento del sobreendeudamiento de los consumidores ... (Página 14496)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista la señora Pozuelo Meño. Asegura que mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y conseguir una sociedad más justa y solidaria ha sido
siempre una de las metas irrenunciables de todas las propuestas del Grupo Parlamentario Socialista. Explica que la proposición
de ley que presenta su grupo pretende llenar un vacío legal existente en España, que deja a su suerte a las personas que, como consecuencia de una situación inesperada y ajena a su voluntad, ven disminuir notablemente sus ingresos y no
pueden hacer frente a sus deudas. Se trata, añade, de poner al día el sistema de protección al consumidor, para equipararlo al de aquellos países europeos que cuentan con algún sistema de protección frente a las situaciones de quiebra que, por
circunstancias imprevistas, pudiera aparecer a lo largo de su vida.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Frutos
Gras, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el señor Bueno Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la prevención y el tratamiento del sobreendeudamiento de los consumidores, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista,
se rechaza por 109 votos a favor, 161 en contra y 17 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de modificación de la Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, por la que se regulan los criterios básicos de la defensa nacional, para regular la decisión por las Cortes Generales de la
participación de España en la guerra y para hacer la paz (Orgánica.) ... (Página 14505)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Alcaraz Masats, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Explica que su grupo trae esta iniciativa de nuevo para su toma en consideración porque las
nuevas circunstancias y los nuevos episodios que se producen con respecto a la guerra y a la secuencia decisión-invasión-ocupación justifican cada vez más la necesidad de rectificar una ley sin tener que rectificar por ello el artículo 63.3 de la
Constitución. Con su iniciativa pretenden que se modifique el artículo 6 de la Ley Orgánica 6/1980, por la que se regulan los criterios básicos de la defensa nacional. Su grupo quiere que se vote en el Congreso de los Diputados la participación de
las tropas españolas en una guerra, la participación de las tropas españolas en cualquier otro evento al margen de las fronteras nacionales y que, en todo caso, cualquier operación, sea de guerra o de apoyo o de cualquier otra entidad logística, se
haga sobre las bases de las resoluciones de las Naciones Unidas.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV); y los señores Companys Sanfeliú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Estrella Pedrola, del Grupo Parlamentario Socialista, y Atencia Robledo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de modificación de la Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, por la que se regulan los criterios básicos de la defensa
nacional, para regular la decisión por las Cortes Generales de la participación de España en la guerra y para hacer la paz, se rechaza por 131 votos a favor y 159 en contra.
Proposiciones no de ley ... (Página 14515)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a promover y a facilitar la integración de las federaciones deportivas de la Comunidad Autónoma de Cataluña y de otras comunidades autónomas que así lo
decidan en las correspondientes federaciones deportivas internacionales ... (Página 14515)
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre modificación normativa y cambios organizativos para hacer efectivo el reparto competencial en materia deportiva ... (Página 14515)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Lasagabaster y señor Puigercós), sobre el reconocimiento de las selecciones nacionales deportivas vasca y catalana ... (Página 14515)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez), relativa al reconocimiento de las selecciones nacionales de Galicia ...
(Página 14515)
Defienden las cuatro proposiciones no de ley los señores Martí Galbis, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que pide el pleno reconocimiento internacional de las selecciones deportivas catalanas vasca y gallegas como
selecciones representativas de estas naciones históricas, y de aquellas selecciones, que representen a su vez a otras comunidades autónomas del Estado español, que lo deseen; Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que solicita
una modificación normativa y cambios organizativos para hacer efectivo el reparto competencial en materia deportiva; la señora Lasagabaster Olazábal y el señor Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario Mixto, que plantean una vez más la
legalidad del reconocimiento de las selecciones nacionales deportivas catalana, vasca y gallega; y el señor Aymerich Cano, también del Grupo Parlamentario Mixto, que defiende la proposición no de ley presentada conjuntamente con los señores
Rodríguez Sánchez y Vázquez Vázquez, que tiene como objetivo eliminar las trabas que la vigente ley estatal del deporte del año 1990 opone a la presencia de combinados nacionales gallegos en competiciones deportivas internacionales.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Pérez Tabares, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Pedret i Grenzner, del Grupo Parlamentario Socialista,
y González Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a promover y facilitar la integración de las federaciones deportivas de la Comunidad Autónoma de Cataluña, y
de otras comunidades autónomas que así lo decidan en las correspondientes federaciones deportivas internacionales, se rechaza por 33 votos a favor, 156 en contra y 89 abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre modificación normativa y cambios organizativos para hacer efectivo el reparto competencial en materia deportiva, se rechaza por 32 votos a favor, 156
en contra y 89 abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señora Lasagabaster y señor Puigcercós, sobre el reconocimiento de las selecciones nacionales deportivas vasca y catalana, se rechaza por 33 votos a favor, 155 en
contra y 90 abstenciones.
Sometida a votación finalmente la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez, relativa al reconocimiento de las selecciones nacionales de Galicia, se rechaza por 32 votos a favor, 154 en contra
y 91 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre cambio climático ... (Página 14526)
Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la limitación del cambio climático y al incremento del uso de las energías limpias y de la eficiencia energética ... (Página 14526)
La señora Urán González defiende, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, la proposición no de ley sobre el cambio climático, que se debate conjuntamente con la del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la
limitación del cambio climático y al incremento del uso de las energías y de la eficiencia energética, defendida por el señor Morlán Gracia.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Otxoa de Eribe Elorza, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martí i Galbis, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora De Lara Carbó, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre cambio climático, se rechaza por 124 votos a favor, 153 en contra y una abstención.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la limitación del cambio climático y al incremento del uso de las energías limpias y de la eficiencia energética, se rechaza por 123 votos a favor,
153 en contra y una abstención.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 14532)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las consecuencias de la catástrofe del buque Prestige ... (Página 14532)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor López Garrido, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Tras acusar al Gobierno de no haber hecho el más mínimo análisis, ni estudio, ni informe sobre el buque
'Prestige', se refiere al libro blanco, que es -dice- un trabajo exhaustivo y riguroso, encargado por el Gobierno de Asturias a la Fundación Alternativa, de un grupo de expertos que llega a conclusiones que considera demoledoras para la posición del
Gobierno. Explica que su moción recoge algunas de esas conclusiones y recomendaciones y muestra su disconformidad con la decisión de la Mesa de la Cámara, en realidad de los miembros del Grupo Popular que la integran, de censurar el texto de la
moción que trata de reprobar la mala actuación del Gobierno en la gestión de la catástrofe del 'Prestige'
En defensa de la enmienda presentada a la moción consecuencia de interpelación urgente interviene el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones interviene la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; el señor Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Sainz García, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor López Garrido.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas de carácter general a adoptar por el Gobierno en materia de formación continua ... (Página 14537)
El señor Campuzano i Canadès, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), defiende la moción consecuencia de interpelación urgente que el miércoles pasado su grupo planteó al señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
sobre las medidas que debe adoptar el Gobierno en materia de formación continua. Y lo hace, dice, presentando una moción clara y centrada en el rechazo que Convergència i Unió quiere que adopte la Cámara en relación con la decisión que tomó el
Consejo de Ministros el pasado 1 de agosto, por entender que choca frontalmente con las sentencias del Tribunal Constitucional que dieron la razón a los recursos que plantearon en su día la Xunta de Galicia y el Gobierno de la Generalitat de
Cataluña y que establecen que la titularidad de la competencia y ejecución en la materia de formación continua corresponde a la Generalitat de Cataluña.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista interviene el señor Jáuregui Atondo.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto, y Ruiz López, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y la señora Corres Vaquero, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las actuaciones que ha adoptado o piensa adoptar el Gobierno para acometer una regeneración democrática y, en particular, los criterios de aplicación del artículo 61 de la Ley de
Régimen Local en general y, singularmente, en el caso del Ayuntamiento de Marbella ... (Página 14542)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Centella Gómez, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Reitera lo dicho en el debate de la interpelación urgente en el sentido de que, a pesar del
pacto antitransfuguismo que firmaron todos los partidos políticos parlamentarios en el año 1998, los acontecimientos que se han vivido tanto en la Comunidad Autónoma de Madrid como en el Ayuntamiento de Marbella obligan a que las fuerzas políticas
promuevan la regeneración democrática en la vida política para garantizar el respeto a la voluntad del electorado y también la transparencia en la gestión política.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Asenjo Díaz, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Muñoz Uriol, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Centella Gómez.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las consecuencias de la catástrofe del buque 'Prestige', con la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto, en los términos derivados del debate, se rechaza por 100 votos a favor, 147 en contra y 13 abstenciones.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas de carácter general a adoptar por el Gobierno en materia de formación continua, con la
incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, se rechaza por 112 votos a favor, 146 en contra y dos abstenciones.
Se procede a la votación separada de los tres puntos de la moción consecuencia de interpelación urgente, presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las actuaciones que ha adoptado o piensa adoptar el Gobierno
para acometer una regeneración democrática y, en particular, los criterios de aplicación del artículo 61 de la Ley de Régimen Local en general y, singularmente, en el caso del Ayuntamiento de Marbella.
Sometido a votación, en primer lugar, el punto primero de la citada moción, se rechaza por siete votos a favor, 240 en contra y 13 abstenciones.
Sometido a votación, a continuación, el punto segundo, se rechaza por 6 votos a favor, 252 en contra y una abstención.
Sometido a votación, finalmente, el punto tercero de la moción, se aprueba por 253 votos a favor y cinco en contra.
Se suspende la sesión a las diez y treinta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señorías, se abre la sesión.
Como punto previo del orden del día, conforme al artículo 20.1.3 del Reglamento, se procede al llamamiento del diputado proclamado electo por la Junta Electoral Central, don Jon Jauregi Bereziartua, en sustitución de don José Juan González
de Txabarri Miranda, para prestar juramento o promesa de acatar la Constitución.
Señoría, ¿juráis o premetéis acatar la Constitución?
El señor JAUREGI BEREZIARTUA: Sí, prometo.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): En consecuencia, don Jon Jauregi Bereziartua ha adquirido la condición plena de diputado.
(Aplausos.)
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DEL SOBREENDEUDAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES. (Número de expediente 122/000295.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la prevención y el tratamiento del sobreendeudamiento de los
consumidores.
Para su presentación y defensa, tiene la palabra la señora Pozuelo.
La señora POZUELO MEÑO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos y conseguir una sociedad más justa y solidaria ha sido siempre una de las metas irrenunciables en todas nuestras propuestas e iniciativas. La proposición de ley que hoy
defiendo en esta Cámara en nombre del Grupo Parlamentario Socialista pretende llenar un vacío legal existente en España que deja a su suerte a las personas que, como consecuencia de una situación inesperada y ajena a su voluntad, ven disminuir
notablemente sus ingresos y no pueden hacer frente a sus deudas. Esta iniciativa es una respuesta de liderazgo e innovación a las demandas de una sociedad moderna y dinámica, que llena también un vacío político dejado por el Gobierno, al que no ha
interesado buscar soluciones al problema de endeudamiento alarmante que sufren los consumidores españoles. Para los socialistas la defensa del consumidor ha sido siempre una prioridad política. Proteger al consumidor supone la defensa de la parte
más débil del mercado, de aquél que, más allá de la consideración de puro agente económico, es titular de derecho cuya defensa y garantía corresponde a todos los poderes públicos. Mejorar la protección de los consumidores significa avanzar en la
construcción de un Estado moderno que aspira a situar a sus ciudadanos en las condiciones de bienestar que ya se disfruta en muchos países de nuestro entorno.
Señorías, esta ley trata de poner al día nuestro sistema de protección al consumidor para equipararlo al de los países europeos. La mayoría de los consumidores europeos cuenta hoy con algún sistema de protección frente a las situaciones de
quiebra que, por circunstancias imprevistas, pudieran aparecer a lo largo de su vida. En la resolución del Consejo de la Unión Europea, de noviembre de 2001, relativa al crédito y al endeudamiento de los consumidores, ya se señalaba que diez
Estados miembros de la Unión disponen hoy en día de una legislación específica relativa a la liquidación colectiva de deuda para ofrecer un trato social, jurídico y económico a los consumidores en situación de sobreendeudamiento, mientras que en los
restantes Estados miembros siguen aplicándose procedimientos ordinarios de cobro. A este segundo grupo pertenece España. Con esta proposición de ley nosotros aspiramos a dotar a nuestros consumidores de instrumentos de prevención y de protección
frente al sobreendeudamiento, los mismos de los que ya gozan millones de ciudadanos europeos, situando a nuestro país en el conjunto de los que mejor protegen a sus ciudadanos y de los más sensibles a los riesgos de exclusión social de los mismos.
No existe, por tanto, ninguna directiva comunitaria, ninguna norma europea, que trate este problema. Actualmente se trabaja en la elaboración de un borrador de directiva sobre créditos al consumo, que trata de mejorar la protección del consumidor
ante los contratos de crédito, aumentando la transparencia y la seguridad de los mismos. En ningún caso esta directiva, que tardará años en ser aplicada, en entrar en vigor, se ocupa de establecer procedimientos o tratamientos para abordar el
problema de sobreendeudamiento. Pero sí países como Francia, Alemania, Austria, Bélgica, entre otros, cuentan ya desde hace años con sistemas consolidados de protección frente a la quiebra económica, que puede afectar a los consumidores y a sus
familias, incardinándolo como una de las medidas básicas de su sistema de protección social, con el fin de evitar el riesgo de marginación derivado de la falta de recursos económicos.
Señorías, son numerosas las voces en nuestro país que han pedido al Gobierno la implantación de un sistema de prevención y protección frente a la quiebra económica de los consumidores. El Consejo Económico y Social en su informe 'Los
derechos del consumidor y la transparencia del mercado', de 1999, concluía literalmente: Al no existir instituciones que en la práctica sirvan para solucionar el problema del sobreendeudamiento los acreedores ejecutan aisladamente los créditos y,
de hecho, el consumidor carece de instrumentos que le permitan reconducir la situación y establecer las bases que le permitan rehacer su vida hacia el futuro desde el punto de vista económico. En dicho informe el Consejo Económico y Social
considera que en España debe implantarse un sistema para solucionar estos problemas de los consumidores y que aquellos ciudadanos que hayan quedado en paro, que hayan sufrido una enfermedad importante o cualquier otra circunstancia que hubiera
cambiado su vida desde el punto de vista económico sin culpa alguna merecen un sistema que les proteja y les ayude a reconducir su situación. El Consejo de Consumidores y Usuarios, máximo órgano de representación y consulta de los consumidores
españoles, en el estudio que publica en diciembre de 2001 titulado 'El sobreendeudamiento de los consumidores de los servicios financieros', establece que sería deseable que, bajo la tutela de la Administración con competencias en materia de
consumo, se instaurara un procedimiento sencillo, ágil, eficaz y gratuito cuya finalidad sería alcanzar una solución pactada que permitiera el restablecimiento de las condiciones financieras del consumidor sobreendeudado por causas sobrevenidas.
Como pueden comprobar SS.SS., hemos recogido estas recomendaciones en la proposición de ley que hoy les presentamos. Organizaciones nacionales de consumidores como Amas de casa, OCU, la Unión de Consumidores de España, Hispacoop, Adicae,
etcétera, han manifestado reiteradamente durante los últimos años la necesidad de una legislación específica que establezca de manera clara el procedimiento a seguir en estos casos. Desde el Grupo Socialista llevamos años reclamando la
incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de este sistema de prevención y tratamiento del sobreendeudamiento de los consumidores para que reconduzcan sus situaciones familiares más graves en aquellos casos en los que, por circunstancias
imprevistas, el nivel de ingresos haya disminuido de tal forma que resulte imposible hacer frente a sus obligaciones contraídas.
Se trata de dotar a las familias de un instrumento jurídico equiparable al que tienen las empresas españolas con la Ley
concursal, recientemente aprobada en esta Cámara, que establece y ordena los procedimientos para hacer frente a sus dificultades económicas. Hasta la fecha, el Gobierno se ha mostrado sordo a esta petición y, lo que es más grave, insensible ante un
problema social hoy preocupante. Es por eso por lo que finalmente mi grupo ha elevado a esta Cámara las reivindicaciones de instituciones y asociaciones entre cuyos principales cometidos se encuentra la representación de los consumidores y de sus
asociaciones.
Si fuimos los socialistas quienes, desde el Gobierno, trasladamos a este Parlamento en el año 1984 el pilar de lo que ha sido la construcción del derecho de consumo en España con la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios,
quienes implantamos el sistema arbitral de consumo, ejemplo entre el resto de los países europeos de procedimiento extrajudicial de resolución de conflictos entre comerciantes y consumidores, y fuimos los vertebradores e impulsores del movimiento
consumerista en España, somos hoy también quienes desde la oposición parlamentaria damos un nuevo impulso absolutamente necesario a la protección y defensa de los más de cuarenta millones de consumidores españoles. El parón sufrido en las políticas
de consumo en nuestro país en los últimos siete años desde la llegada al poder del Partido Popular ha supuesto, en la práctica, un claro retroceso en la posición que ocupan en estos momentos en nuestra economía los consumidores como sujetos
titulares de derechos. La globalización de la economía
y la concentración del poder económico están imprimiendo cambios vertiginosos, tanto en las relaciones económicas y comerciales como en las técnicas de venta y de publicidad, y en los modos de acceso de los consumidores a los bienes y
servicios que se ofertan en el mercado.
Cualquier parálisis de los poderes públicos en la actuación y en la mejora de la posición del consumidor en la economía incrementa claramente su indefensión y le sitúa en una posición más vulnerable de
reconocimiento de sus derechos. Es tal la falta de convicción de este Gobierno en la protección y defensa de los consumidores que nos ha llegado a privar durante largo periodo de tiempo de los avances acordados en la Unión Europea. El retraso en
la trasposición de las directivas comunitarias comienza a producir bochorno y condenas incluso al Gobierno de España.
Señorías, hoy más que nunca es necesaria la aprobación de una ley como la que se debate en esta Cámara. La situación de endeudamiento de los consumidores españoles fomentada directamente por la política económica del Gobierno, plegada a los
intereses de los poderosos, exige de este Parlamento y de todos los poderes públicos articular mecanismos que eviten los graves riesgos de exclusión social que se pueden generar a raíz de circunstancias extraordinarias que produzcan la disminución
de ingresos en nuestras familias. Hoy desde las más altas instituciones financieras se alerta del grave riesgo al que están sometidos nuestros ciudadanos debido al ritmo y al nivel de endeudamiento de las economías domésticas. El Banco de España,
en diciembre de 2001, publicó un estudio que, bajo el epígrafe 'Sobreendeudamiento de las familias en España', citaba el dato de que en el año 2000 el endeudamiento de los hogares había sobrepasado el 70 por ciento de su renta bruta disponible,
habiendo sufrido un incremento de más de 25 puntos desde 1995. En el boletín de noviembre del año pasado el nivel de endeudamiento superaba el 80 por ciento durante la primera mitad del año 2002 y en el informe anual -el referido al año 2002- se
citaba que se había concluido este año con un nivel de endeudamiento en torno al 83 por ciento de las rentas disponibles. Como es fácil de apreciar de todos estos datos, lo más sorprendente y destacable es el vertiginoso crecimiento del
endeudamiento familiar en España sin parangón con el resto de los países europeos, más de 35 puntos en siete años. El propio gobernador del Banco de España ha alertado reiteradamente en este Parlamento del elevado ritmo de crecimiento del recurso
al crédito de las familias y de la situación de vulnerabilidad en que coloca a las mismas ante cambios y perturbaciones inesperadas.
La evolución del endeudamiento familiar en España tiene mucho que ver con la evolución del precio de la vivienda, consecuencia de la ineficacia de las medidas liberalizadoras impulsadas por el Gobierno y de la escasísima inversión en
vivienda protegida, que se deriva de haber desarrollado en los planes cuatrienales de vivienda escasos programas en este sentido. En un reciente informe de los servicios de estudios de la Caixa, se cifraba el incremento del precio de la vivienda
entre 1967 y el primer trimestre del año 2003 en un escalofriante 91 por ciento. Ante esta cifra y tratándose de un bien básico y de un derecho constitucional, las declaraciones que hemos oído de los responsables del Gobierno, del ministro de
Fomento y del ministro de Economía no muestran más que la terrible insensibilidad social de este Gobierno. Según los últimos datos provisionales de la encuesta de presupuestos familiares, referentes al primer trimestre de este año, más de la mitad
de los hogares españoles, concretamente el 55 por ciento, manifiesta algún grado de dificultad para llegar a fin de mes y el 64 por ciento de los hogares españoles no puede dedicar ningún dinero al ahorro. En los datos de este trimestre se pone
también de manifiesto la enorme vulnerabilidad económica de los hogares españoles, máxime si tenemos en cuenta la enorme precariedad de nuestro mercado laboral y el volumen de cargas financieras que soportan estos mismos hogares, el doble de la que
soportaban en 1995. La situación, por lo tanto, no puede ser más delicada.
Señorías, por todo lo expuesto, considero que pocas veces ha estado más justificada la tramitación de una ley como en el caso que nos ocupa. Los poderes públicos tienen la obligación de procurar a los ciudadanos sistemas que permitan
prevenir, informar y tratar en aquellos casos más graves el sobreendeudamiento de los consumidores y de las familias. El sistema de tratamiento que traslada la ley propuesta al ordenamiento jurídico español sigue los principios políticos de los que
parten casi todos los sistemas implantados en Europa, un modelo que considera a los consumidores como ciudadanos responsables y no como puros agentes económicos. La idea del Estado de bienestar y la importancia atribuida a la sociedad, además de al
individuo, permiten también justificar el principio de que no es justo que la sociedad asuma el recurso al crédito y después no se responsabilice de sus consecuencias. Nuestra ley contempla la construcción jurídica de un sistema específico y
prevalente de prevención y protección extrajudicial y judicial de los consumidores sobreendeudados. Incorporamos como beneficiarios de este sistema de protección a todos los consumidores de buena fe que, por circunstancias imprevistas, se ven en la
posibilidad actual y continuada de hacer frente al cumplimiento de sus compromisos no profesionales de deudas vencidas y exigibles. El sistema de prevención que establece la ley se articula en dos aspectos básicos. De un lado, una serie de
garantías, derechos y prohibiciones, que incide en aspectos sectoriales de la normativa de defensa del consumidor: publicidad, transparencia de los créditos, prohibición del perfeccionamiento de contratos de crédito fuera del establecimiento
comercial, datos personales, derecho de retracto, etcétera. Y, de otro lado, la articulación de un sistema de información y asesoramiento al deudor, con la creación de unidades de información de sobreendeudamiento, con funciones de información y
apoyo jurídico y técnico en materia de endeudamiento y crédito a los consumidores. Con la finalidad de no duplicar órganos y
de aprovechar las estructuras existentes de defensa del consumidor, el texto de la propuesta facilita la posibilidad de que estas funciones las cubran las oficinas municipales de información al consumidor. Por lo que respecta al
procedimiento extrajudicial, el órgano encargado de llevar a cabo esta función es el centro de arbitraje de sobreendeudamiento que, al igual que lo señalado para el sistema de información, se inserta dentro de la actual estructura del arbitraje de
consumo. En concreto, sus funciones serían desempeñadas por las juntas arbitrales autonómicas de consumo, creadas en base al artículo 31 de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios de 1984, todo ello sin perjuicio de las
competencias autonómicas para organizar estos centros. La función de estos centros de arbitraje de sobreendeudamiento serían la evaluación de la situación del consumidor y la elaboración, en su caso, del correspondiente plan de saneamiento y, de
otro lado, la mediación entre el consumidor sobreendeudado y sus respectivos acreedores. Con ello se persigue amoldar la carga financiera a las nuevas circunstancias personales o familiares causadas por la disminución de los recursos económicos,
evitando que la ejecución aislada de las deudas pueda desembocar en situaciones de exclusión social.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señora Pozuelo, le ruego concluya.
La señora POZUELO MEÑO: Enseguida, señora presidenta.
Este procedimiento puede concluir de 3 formas: la no aceptación por parte de los acreedores, un acuerdo amistoso de pago o la aceptación del arbitraje. En el caso de que los acreedores no acepten un acuerdo extrajudicial, el texto de la
propuesta prevé el procedimiento judicial para tratar el sobreendeudamiento. En caso de acudir a la vía judicial, se trasladaría al órgano judicial el plan de saneamiento elaborado por el centro de arbitraje de sobreendeudamiento, con la finalidad
de que sirva de base a la decisión judicial y facilite la labor del juez. El objetivo del procedimiento y la resolución que en el mismo se adopte es restablecer la situación financiera del deudor y de su familia, permitiendo pagar las deudas, de
manera que pueda reconducir y recuperar su economía doméstica. Para ello se otorga al juez la potestad de imponer una propuesta judicial de pago que pueda comportar medidas como el fraccionamiento, reducción de los tipos de interés, etcétera.
Señorías, estos son, muy resumidamente, los motivos, objetivos políticos y el contenido de nuestra proposición de ley. Espero sinceramente que, por encima de los intereses partidistas, pueda considerarse y aprobarse por todos los grupos de
esta Cámara. Si es cierto lo que estamos oyendo estos días sobre la necesidad de resolver los problemas reales de los ciudadanos anunciados por el Gobierno de la nación, esta iniciativa se verá reflejada hoy en esta Cámara por parte del Grupo
Parlamentario Popular apoyando esta proposición. Creemos que la protección y defensa de los consumidores y usuarios españoles, indicador del avance social y de la modernidad de un Estado, y la homologación que este sistema supondría con el resto de
los ordenamientos jurídicos de los países europeos de nuestro entorno, merece que sea tomada en consideración esta proposición de ley, que no tiene más objeto que beneficiar y ocuparse de un serio problema social que hoy tienen los españoles.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señora Pozuelo.
¿Algún grupo desea hacer uso del turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos parlamentarios que desean fijar posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la bajada de tipos de interés ha provocado una generalización en la utilización del crédito para el consumo de bienes y servicios, además de un constante aumento en la concesión de préstamos hipotecarios para la adquisición de
viviendas. Diversas instituciones, asociaciones de consumidores o centros de estudios e investigación han puesto de manifiesto y encendido las luces de alerta ya que esta situación puede generar un sobreendeudamiento de las economías familiares,
recordando, además, la vulnerabilidad de esas economías ante riesgos tan tangibles y tan frecuentes como la pérdida de empleo, el incremento, aunque sea leve, de los tipos de interés o la reducción de rentas.
Por citar sólo algunos de los informes que denuncian esta situación, podemos hacer referencia al Banco de España, que recuerda que el endeudamiento de las familias en el Estado española ha alcanzado casi el 80 por ciento de su renta bruta
disponible y ha advertido también de que este crecimiento del nivel de deuda puede tener implicaciones macroeconómicas y financieras relevantes. La Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa denuncia también que el 59 por ciento de
los españoles tiene problemas para llegar a fin de mes y el 11 por ciento denuncia que se halla en esa situación con frecuencia. Según su informe, elaborado a partir de 1.835 entrevistas, el nivel de ahorro de los hogares está en mínimos debido al
alto endeudamiento, ya que el 42 por ciento de los ciudadanos destina más del 25 por ciento de sus ingresos mensuales al pago de créditos. Otro estudio realizado por UNESPA en colaboración con el Instituto Gallup coincide en señalar que seis de
cada diez hogares españoles no ahorra, que de ellos el 31,3 por ciento no ahorra absolutamente nada y el 27,2 por ciento lo hace de forma insignificante. Existen, además, factores que se añaden a esta situación, como la creciente inestabilidad en
el puesto de trabajo: sólo 9 de cada 100 nuevas contrataciones son indefinidas, porcentaje que en el caso de las mujeres disminuye hasta el 2 por ciento. La precariedad de las nuevas contrataciones, el 50 por
ciento de éstas son de una duración inferior a seis meses y un tercio, aproximadamente, se realiza por un período de tiempo inferior a 30 días, datos que nos alertan sobre el peligro de mantenernos en un panorama donde convive una situación
de endeudamiento a largo plazo, con la incertidumbre en la obtención de rentas por las dificultades en el acceso a trabajos estables y dignos. Este panorama requiere una actuación desde los poderes públicos, pues en el vigente derecho concursal,
aunque de reciente modificación, esta situación familiar no se contempla, no se prevé ninguna situación ni se articula mecanismo alguno que esté particularmente dispuesto para solventar las situaciones de crisis financiera en las economías
domésticas. Esta proposición de ley muestra una preocupación, que el Bloque Nacionalista Galego comparte, por arbitrar instrumentos que remedien el sobreendeudamiento familiar y que intenten soluciones, como se constata por diversas instituciones y
entidades, esta problemática. Hasta ahora únicamente en algunos Estados ×de nuestro entorno, como Francia y Alemania, se han introducido mecanismos normativos para proteger al consumidor del sobreendeudamiento que consisten, básicamente, como se
propone aquí, en analizar las condiciones en que este endeudamiento excesivo se produce, conceder aplazamientos de pago al consumidor-deudor y evitar de este modo que se adentre de forma automática en situaciones de insolvencia que agravarían, aún
más, su situación económica.
En definitiva, apoyaremos esta iniciativa que incorpora la creación de un procedimientos amistoso para la aplicación de un plan de reembolso que abarque todas las deudas de consumidor, que podrá ser mejorado durante su tramitación
parlamentaria, sobre todo en lo relativo a la adopción de medidas previas para que el plan de reembolso tenga las mayores probabilidades de éxito y se puedan introducir mecanismos que eviten nuevas situaciones de sobreendeudamiento.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): El Señor Labordeta no pidió la palabra. (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo ha leído con afecto y con atención esta iniciativa como proposición de ley que nos ha traído el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la prevención y el tratamiento del sobreendeudamiento de los consumidores. Precisamente el
propio enunciado, en el artículo 3 apartado 3 de la propuesta, en cuanto a definiciones de este sobreendeudamiento, lo achaca a cuatro situaciones fundamentales: el desempleo, la temporalidad o precariedad en el empleo, la incapacidad temporal o la
permanente, la separación, el divorcio o el fallecimiento del cónyuge.
Hay un escenario precisamente de estímulo a este sobreendeudamiento: por un lado, la facilidad crediticia que bancos y cajas vienen dando en una economía globalizada de consumo, con bajos tipos de interés, y una competitividad entre todas
las entidades financieras, bancos o cajas por la captación de estos clientes, vamos a llamarles así, de la hipoteca. La demanda fundamentalmente de estas cuatro situaciones que trae la proposición de ley que nos presenta el Grupo Parlamentario
Socialista a través de su portavoz, tienen que verse aceleradas por dos factores en el escenario, uno que ya se cita, que es la situación de desempleo, como un puesto de trabajo de donde obtener las rentas y el capital necesario para hacer frente a
estos gastos de consumo de hipotecas o de cualquier orden de aprovisionamiento de bienes y de servicios, electrodomésticos en la familia, vehículos etcétera. Otro es fundamentalmente la situación que se da con el sector vivienda donde está el
máximo de los préstamos hipotecarios que en este momento están concediendo la banca y las cajas en España. De aquí que nosotros vemos con interés la medida que propone el Grupo Parlamentario Socialista; pero vamos a hacer unas observaciones.
Una,
a la altura que estamos de la legislatura desearíamos que esto fuera un compromiso para el próximo período parlamentario en el que con un Gobierno nuevo aquí haya un compromiso, porque esto es una realidad verdaderamente evidente. Hasta el 31 de
diciembre no sé si habría posibilidades de tener aprobada una ley que es complicada en cuanto a sus efectos financieros y de trasposición de una deuda a otra.
La realidad es que ya se están produciendo señales de alerta. Hay luces rojas encendidas. Una de ellas precisamente la propia banca y las cajas la vienen observando y están ofertando ya pólizas de seguro sobre las hipotecas, porque ven que
puede ocurrir que sobre todo en hipotecas a largo plazo de 15 ó 20 años, si dentro de 15 años haya un calentamiento y una elevación de los intereses y del precio del dinero la situación verdaderamente puede ser muy grave en todas las economías
domésticas y en el conjunto de la economía de consumo de la nación. Curándose en salud, estas entidades financieras de bancos y cajas ya están ofertando las pólizas de seguro sobre los créditos concedidos, sobre todo para hipotecas en vivienda
donde el bien tangible es más de uso para poderlo subastar y no los electrodomésticos o los bienes de consumo que tiene la familia.
Me quiero referir también a que otra señal de alarma, no solamente esta de precaución y cautela de seguro hipotecario que tienen los bancos y cajas, la acaba de dar en junio el gobernador del Banco de España, señor Caruana. El informe que
ha presentado en junio, hace escasamente dos meses el gobernador del Banco de España, es muy preocupante; y es muy preocupante porque ya en el año 2002 la deuda contraída por los hogares españoles aumentó ese año el 14 por ciento, hasta alcanzar un
máximo histórico, y lo define así el gobernador Caruana, de 448.282 millones de euros y una de las explicaciones que da es a la que ya nos hemos referido: la caída de los tipos de interés. El gobernador Caruana desglosa esta cifra de los 448.282
millones de euros en
dos siguientes conceptos, aunque lo hace en tres pero el tercero es insignificante a efectos bancarios, financieros y de cajas de ahorro. De estos 448.000 millones -en números redondos-, 350.599 millones corresponden a préstamos a largo
plazo, y sólo 22.000 millones a contratos a corto plazo. Esto quiere decir que ciertas situaciones que se den en las familias que tienen contraídos compromisos incluidos en estas cifras pueden abocar a las mismas a una catástrofe económica, social
y familiar por lo que se podría llamar sobreendeudamiento sobrevenido, y creemos que es la razón de fondo de la proposición de ley que trae el Grupo Parlamentario Socialista.
Habría que pensar en una fórmula jurídica legal, similar a la que tienen Francia y Alemania en este momento, y similar también a la que hemos aprobado recientemente en el Congreso con la Ley contractual. Cuando hemos visto a las empresas -a
las personas jurídicas- en peligro por suspensiones de pagos o quiebras, hemos traído el concepto moderno de la nueva Ley concursal española, tratando de salvar a dichas empresas. Pues bien, si el legislador tiene voluntad política de salvar a las
personas jurídicas -a las empresas- en situación de quiebra, ¿por qué no hacerlo también con las personas físicas -las familias- que puedan verse en una situación que aquí se llama de sobreendeudamiento, pero que es una situación de crisis económica
o de quiebra? Es una quiebra de la entidad familiar como consumidora.
Queremos exponer y aportar este principio en apoyo de la idea que se nos trae. No la vamos a votar, pero tampoco nos vamos a oponer a ella. Nos abstendremos, haciendo una reflexión al respecto, porque el problema no es de fácil solución.
Ya vemos los años que han transcurrido en España hasta que al final hemos aprobado la Ley contractual para salvar de la quiebra a trabajadores, empresarios, líneas productivas o subcontratas, dentro de las personas jurídicas que son las empresas
industriales o comerciales. Sea, pues, bienvenido este principio de fondo.
Nos vamos a abstener, como digo, por cuestiones de procedimiento de tramitación, para que esto sea objeto de un gran consenso entre el Gobierno del país a la sazón y las comunidades autónomas, dado que esta iniciativa que trae el Grupo
Parlamentario Socialista involucra de manera económicamente activa a las comunidades autónomas. Desde luego, las comunidades autónomas tienen que ser oídas; por mi parte, no me atrevería a hacerles un brindis al sol. Eso sí, defendiendo su
competencia hay un compromiso detrás, porque la banca y las cajas de ahorro dirán, y además sería legítimo y de sentido común: oiga, usted, y de mi préstamo, ¿qué? ¿Quién me lo devuelve? Si no me lo devuelve el prestatario, a quien he dado la
hipoteca, alguien me lo tendrá que devolver. ¿Dónde hay un fondo de garantía estatal o bancario, como ocurre con la banca, que lo tiene para hacer frente a cualquier proceso de quiebra o de suspensión de pagos de una entidad financiera?
Nada más, y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.
Intervengo para anunciar simplemente el voto favorable de nuestro grupo a la proposición presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, porque entendemos que hoy día el sobreendeudamiento de los consumidores y las familias es un problema
real que por lo menos merece un debate en esta Cámara.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Azpiazu.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Presidenta, diputados, diputadas, nosotros vamos a apoyar esta proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista. Yendo al grano, porque con esta propuesta si se es consecuente hasta el final y en todo se puede
empezar a poner en marcha otra concepción del consumo que sin duda favorecería a toda la sociedad.
Es una propuesta correcta, oportuna y necesaria por todo lo que está ocurriendo, y más allá de lo que está ocurriendo por el enfoque de un tipo de sociedad frente a algunos sectores del tipo de sociedad que tenemos ahora. Además, viene
marcada y obligada por dos grandes realidades. La primera realidad es el mercado de trabajo: precario, temporal, que genera inseguridad, que genera una situación entre muchos trabajadores y trabajadoras de incertidumbre ante el futuro; por tanto
está bien que haya este elemento que contemple esta realidad. Pero incluso dentro de esta realidad porque tiene en cuenta a personas que en un proceso puedan sufrir enfermedades de larga duración o tener accidentes, que naturalmente repercuten en
las finanzas que tienen estas personas o familias para hacer frente a las obligaciones que han contraído en créditos de todo tipo, algunos de ellos a veces de carácter superfluo o innecesario, al menos para las economías de las que estamos hablando.
La otra realidad es que intenta acercarse, aproximarse a lo que está ocurriendo con una política diferente a esta que hay actualmente de incitación al consumismo desenfrenado. Como cultura de crecimiento irracional produce efectos positivos
-se dice- en el producto interior bruto; pero a partir de una incitación al consumismo como cultura de crecimiento irracional, y todo ello produce un sobreendeudamiento de mucha gente, de muchas familias que naturalmente en el momento en que hay
una pequeña crisis de carácter individual o de carácter colectivo o social, produce efectos devastadores en el terreno social, en el terreno de las economías de estas familias. El Banco de España, ya se ha dicho y se ha citado, alertó el año pasado
por medio de su gobernador, sobre los peligros que apuntaban determinados fenómenos que se estaban produciendo en el terreno del consumismo.
Por otro lado, la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista intenta, y es un elemento positivo, acercarse a los parámetros legislativos más sociales y avanzados de la Unión Europea en relación a la protección del consumidor y a
la liquidación colectiva de deudas, naturalmente protegiendo los intereses de los acreedores pero al mismo tiempo poniendo énfasis en la protección de los intereses de los consumidores. Pero sobre todo valoramos positivamente esta proposición
porque opta entre dos posibles opciones o sistemas de consumo. Uno, el que podríamos calificar de más neoliberal y como mínimo asocial, que es el que representan fundamentalmente Estados Unidos de América, y otro, todavía -no sé hasta cuándo- más
social, equilibrado y que tiende a hacer consumidores un poco más responsables, por tanto que apuesta por una sociedad más informada y más sabia en el consumo, que es todavía el sistema que hay en Europa y que está sufriendo un fuerte embate de
otras culturas de consumo que vienen allende los mares, pero todavía está aguantando y diciendo que se debe contemplar el conjunto del problema: el consumidor, la persona como tal, el conjunto de sociedad que estamos creando, los derechos sociales
del conjunto de esta sociedad. Aquí deben notarse dos cosas: las diferencias en sistemas económicos, que me interesa remarcar, y que no sé si es intención del autor o de la autora.
Las diferencias que se ven en el conjunto de propuestas en
sistemas económicos sociales, ambos de raíz capitalista. No es que sean contradictorios uno del otro sino de raíz capitalista, pero con diferencias importantes en el planteamiento. Y desde luego aquí también se reflejan diferencias entre los
planteamientos que pueda hacer la izquierda, más social en general, y los que pueda hacer la derecha en el momento de tomar opciones ante la relación consumo, deuda, satisfacción de las necesidades. En definitiva, si me permiten la metáfora o la
licencia poética, con la felicidad de la gente, o si no queremos decir con la felicidad de la gente podemos llamarlo supresión de angustias innecesarias de la gente. Para ello debe haber una educación, una pedagogía que emana de las leyes, emana de
la educación que se da al conjunto de los ciudadanos. Nos parece que esta proposición de ley contiene elementos en este sentido.
En resumen, compartimos la propuesta de prevención del sobreendeudamiento y protección extrajudicial y judicial, si se produce, conciliando los diversos intereses que hay (acreedores, consumidores) y sobre todo apuntando hacia otras pautas
de consumo que sean más racionales y que tiendan a la construcción o al desarrollo de una sociedad más equilibrada. Por ello nos parece interesante la proposición de ley que presenta el Grupo Socialista y la votaremos favorablemente.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Frutos.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Señora presidenta, señorías, el gobernador del Banco de España, en distintas comparecencias y en su discurso anual ante el Consejo de Gobierno del mismo Banco de España, hizo una lectura positiva de la economía
española durante el año 2002. El crecimiento de la economía, por encima de los países de la Unión Europea, y el aumento del empleo fueron aspectos destacados en su intervención. Compartimos muchas de las consideraciones que el gobernador hizo en
su discurso y compartimos también muchas de las preocupaciones que emergieron del mismo.
Es cierto, señora presidenta, señorías, que la economía española está creciendo a un ritmo superior a la media europea (actualmente estamos en el 2,3 por ciento del PIB frente al 0,4 por ciento). Frente al dato positivo de nuestra economía
en términos de crecimiento y creación de empleo, el menor crecimiento e incluso el crecimiento cero de algunos países miembros de la Unión Europea, por efecto de la misma dependencia económica de estas economías con la nuestra, es para nosotros un
factor preocupante.
Es cierto que nuestra economía ha registrado avances muy significativos en su crecimiento, en su competitividad y en la generación de empleo, resultado en gran medida de las políticas económicas y de las políticas fiscales que se han ido
impulsando en los últimos años, pero también es cierto que al lado de estos avances y del reconocimiento de nuestra actual y privilegiada situación frente a países como por ejemplo Alemania o Francia, en los que continúa una desaceleración económica
importante y preocupante, nuestra economía tiene aún algunas asignaturas pendientes.
En primer lugar, una serie de reformas estructurales imprescindibles para la competitividad de nuestra economía y de nuestro tejido empresarial e industrial y para
la mayor apertura de sectores clave; en segundo lugar, unos déficit en términos de políticas económicas más concretas, por ejemplo en términos de políticas de ocupación a fin de mejorar la calidad y la estabilidad de la ocupación y políticas de
inversión en I+D sobre todo para las pymes, eje de nuestro crecimiento, y políticas de las que depende la mejora de la competitividad y de la productividad. Estos son déficit que hemos de colmar a fin de consolidar el crecimiento, hacerlo
sostenible a largo plazo y poder afrontar con éxito los retos de futuro que nos afectan como miembros de la Unión Europea. Por último, nuestro crecimiento depende hoy en gran medida del sector de la construcción, que favorecido por las reducciones
de los tipos de interés y por efecto también de las últimas medidas fiscales adoptadas ha tenido un fuerte impulso y un peso muy específico en el mismo crecimiento, un crecimiento en el que estamos convencidos y creemos que los sectores más
productivos han de ganar en peso. En este sentido, el gobernador se refirió en su discurso a ciertos riesgos de nuestra economía. En primer lugar, nuestro modelo se está basando en el consumo de las familias y el empuje como decía de la
construcción, que no ofrece más recorrido. En segundo lugar, la financiación recibida por familias y
empresas creció el año pasado un 14 por ciento, una tasa muy superior a la europea. No se puede descartar que los volúmenes de deuda acumulados puedan afectar en el futuro al ritmo de recuperación económica, dado que limita el margen
disponible para que las empresas y familias puedan continuar incrementando sus recursos a la financiación ajena. El gobernador del Banco de España se refirió también a otros riesgos como los precios de las viviendas que empiezan a ser excesivos por
lo que resulta probable y deseable que la tasa de crecimiento del precio de la vivienda comience a dirigirse, de una manera progresiva y ordenada, hacia niveles más moderados. Las políticas económicas -hacía referencia el gobernador- deben
encaminarse también a fortalecer la competitividad del sector productivo y la rentabilidad empresarial, y a promover la estabilidad macroeconómica. Propuso la liberalización del suelo y mayores estímulos a las viviendas de alquiler.
Convergència i Unió comparte muchas de estas observaciones y por ello hemos propuesto varias medidas que consideramos necesarias a fin de disminuir la presión de las familias, no por la vía de implementar un sistema de arreglo en caso de
sobreendeudamiento, como pretende el Grupo Parlamentario Socialista con la proposición de ley que debatimos, sino por la vía de solventar todas aquellas situaciones que consideramos totalmente injustas desde cualquier punto de vista, sea cual sea la
situación económica, tanto la internacional como la particular. Por ejemplo, rebaja de los tipos de interés de comisiones sobre descubierto en cuenta, rebaja de las facturas en telefonía, rebaja del IVA en los suministros habituales, rebaja del
tipo impositivo de IVA en prendas de vestir de niños, rebaja del tipo impositivo aplicable a los pañales -enmienda al proyecto de ley de familias numerosas-, aumentar las cuantías de las prestaciones de la Seguridad Social por hijos a cargo,
incrementando su importe cuando se trate de familias numerosas y proceder a su actualización anual -enmienda también al proyecto de ley de familias numerosas-, incrementar el importe de la prestación económica por nacimiento del tercer hijo
estableciendo su actualización periódica en los Presupuestos Generales del Estado -enmienda también al proyecto de ley de familias numerosas- y esto por citar algunas medidas que de forma directa afectan a la situación económica de nuestras
familias.
¿Qué pretende el Partido Socialista con esta proposición de ley? ¿Arreglar la situación a posteriori? No es éste nuestro objetivo prioritario.
Creemos que ante todo y en primer lugar debemos hacer una apuesta decidida por un crecimiento
estable y equilibrado de la economía española, un desarrollo basado en la progresiva reducción de los desequilibrios macroeconómicos, el saneamiento presupuestario, la estabilidad y el reforzamiento de las propias bases del sistema productivo a
partir de una mayor liberalización e incremento de la competencia en los sectores clave de la economía. Debemos hacer una apuesta firme de mejora de nuestro sistema económico y de un marco estable para el desarrollo de nuestras familias:
accesibilidad a la vivienda, ayudas para su desarrollo, arreglo de desajustes, fomento del empleo, etcétera. También debemos promover los cambios necesarios para superar todas aquellas situaciones que por sí mismas son injustas, como las
anteriormente citadas. No cabe duda de que las medidas propuestas en la proposición de ley que debatimos afectan al sistema financiero español, y desde nuestro punto de vista debemos alcanzar un consenso en este tema que no se ha podido dar con la
presentación de esta iniciativa.
En el texto de la exposición de motivos de la proposición de ley se habla de diferentes modelos, tanto europeos como de otras zonas, orientados al tratamiento del sobreendeudamiento. Estamos convencidos, señorías,
de que las acciones miméticas no son exportables a nuestro ordenamiento.
En resumen, desde nuestro Grupo Parlamentario, desde Convergència i Unió pretendemos de forma directa la mejora de la capacidad económica de las familias, proponiendo medidas dirigidas a la superación de situaciones injustas en sí mismas y
que afectan a la capacidad de pago de nuestras familias.
La propuesta presentada por el Grupo Socialista nos parece que no coadyuva en la mejora de la situación económica de las familias. Una propuesta como la planteada en la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista estamos
convencidos que necesita de consenso parlamentario y no se ha dado. Por todo ello, nos vamos a abstener en la votación de esta proposición.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Riera.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Bueno.
El señor BUENO FERNÁNDEZ: Señora presidenta, señorías, subo a la tribuna para fijar la posición en nombre del Grupo Parlamentario Popular y ya adelanto que nuestra postura va a ser votar en contra de la toma en consideración de la
iniciativa del Grupo Socialista, y no porque tengamos dudas de la voluntariedad de todo aquello que nos han planteado en la iniciativa, porque en el fondo todos somos consumidores. Digo todos, porque no es un patrimonio de un grupo, sino de todos
los ciudadanos españoles, obviamente de todos los grupos de la Cámara, y a su vez porque en estos momentos el tema de consumo está transferido a las comunidades autónomas y lógicamente depende de ellas. Por ello, a la vista de la proposición, donde
hay un exhaustivo detalle de procedimientos y creación de nuevos organismos, con una superposición de las juntas de arbitraje con los centros de arbitraje de sobreendeudamiento -que vuelvo a repetir pertenece a las comunidades autónomas-, así como
las unidades de información de sobreendeudamiento que también va relacionado con las OMIC, a su vez dependientes de consumo y de las comunidades autónomas, pero que esa faceta ya la tienen y por tanto entendemos que sería ampliar o intensificar en
ese aspecto las explicaciones. Después se habla de los procedimientos
extrajudicial y judicial del pago de las deudas y al final la propuesta insta al Gobierno a presentar un plan económico de actuación y un programa específico de acuerdo con las comunidades autónomas y en colaboración con las organizaciones
de consumidores y usuarios. En este aspecto me gustaría hacer alguna consideración y después hablar de las iniciativas que ha tomado ya el Gobierno. Dentro de las consideraciones, estimamos que la estabilidad económica, el crecimiento y
estabilidad en el empleo, la reducción de los costes financieros, como consecuencia de la bajada de tipos tanto en el mercado hipotecario como en el del crédito al consumo, son entre otras causas a las que puede imputarse el crecimiento en el nivel
de endeudamiento de los hogares españoles. Debe considerarse que el crédito hipotecario a la vivienda es el que representa el mayor porcentaje de endeudamiento, y con datos referidos a 2001, del total de crédito a los hogares españoles, el 67 por
ciento se destinó a inversión en vivienda, el 13 por ciento al consumo y el 20 por ciento al resto. En todo caso resulta relevante considerar que el nivel de endeudamiento de los hogares españoles se sitúa en torno al 76 por ciento, frente a la
media europea que se sitúa en cifras próximas al 80 por ciento. Hay un dato significativo, las tasas de morosidad están en mínimos históricos. Ante esto ha habido algunas iniciativas, obviamente por parte del Gobierno y del Instituto Nacional de
Consumo, que ha impulsado la realización de estudios que permitieran aproximarse a esta situación de endeudamiento para realizar un diagnóstico preciso sobre la evolución y los eventuales riesgos sobre endeudamiento. Así ha financiado con el 61 por
ciento del coste total en el año 2002 y el 64 por ciento en 2003, es decir durante dos ejercicios consecutivos, sendas campañas de prevención de sobreendeudamiento realizadas por la Confederación española de organizaciones de amas de casa,
consumidores y usuarios. En la campaña del 2002, y con la colaboración del instituto, esta organización de consumidores realizó, editó y divulgó el estudio sobre los españoles y el sobreendeudamiento. En la misma línea, la Dirección General de
Comercio y Consumo de la Generalitat valenciana ha patrocinado el estudio realizado por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, sobre el sobreendeudamiento de las familias, como una propuesta para el ordenamiento jurídico español. Si
analizamos, puestos a analizar, el sistema francés -del que se hablaba antes y que es próximo al modelo propuesto por el Grupo Parlamentario Socialista- está siendo objeto, como todos sabemos, de un importante debate interno y algunas opiniones
sostienen que al encarecerlo ha originado un estancamiento de la posibilidad de acceso al crédito de los consumidores y, simultáneamente, una menor flexibilidad del sistema financiero, manteniendo tipos significativamente más altos que el sistema
español.
Con carácter general puede señalarse que el Gobierno del Partido Popular se mantiene alerta sobre el fenómeno, indudablemente, y en aquellos ámbitos en los que se aprecia una elevación del riesgo de un endeudamiento superior al prudente se
han adoptado las medidas preventivas pertinentes. El profundo debate al que se está sometiendo la propuesta directiva de créditos a los consumidores -de la que luego hablaremos-, también en el seno del Parlamento Europeo, permite calificar como
precipitada la adopción de medidas unilaterales coincidentes en gran medida con los aspectos que están generando más polémica. Lo prudente en este caso es contribuir activamente al debate e impulsar la adopción de decisiones en el marco
comunitario. En esta línea parecen pronunciarse los órganos de participación social de la Unión Europea. Puede estimarse pertinente la realización -y esto lo ofertamos- por el Gobierno de una campaña de sensibilización e información a los
consumidores sobre endeudamiento más amplia que la realizada hasta ahora por las asociaciones de consumidores con el apoyo del Gobierno.
La proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista es coincidente, por ejemplo con la Ley Concursal, en algún punto; con el Real Decreto-Ley 2023, de reforma económica, en su capítulo V, mercado hipotecario, tipos de interés, novación
y subrogación; con la Ley de Crédito al Consumo, el artículo 17, y con la directiva europea en materia de crédito a los consumidores; en concreto, el artículo 5, publicidad de contratos, de la proposición de ley se corresponde con el artículo 17
de la Ley de Crédito al Consumo. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Un momento, señor Bueno.
Señorías, no es posible que quien quiera atender las argumentaciones del señor diputado pueda seguir mínimamente con audición lo que se está diciendo. Ruego que las conversaciones, si es necesario mantenerlas, sean en voz baja y, a ser
posible, sean fuera del hemiciclo. (Pausa.)
Adelante, señor Bueno.
El señor BUENO FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.
El artículo 6, sobre contratos fuera de los establecimientos comerciales, se corresponde con el artículo 5 de la propuesta comunitaria. Los artículos 7, 8 y 9 de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista se corresponden
también con los artículos 7 y 8 de la propuesta comunitaria. El artículo 10, sobre retractación, con el artículo 11 de la propuesta comunitaria. Indudablemente vemos cómo se repite, digamos que es adelantarse a lo que la directiva comunitaria, no
tardando, pondrá en marcha de una manera definitiva y que traspondremos a la legislación española. Como ejemplo de esta trasposición de directivas tenemos la Ley de Garantía de Bienes al Consumo, que fue aprobada últimamente en esta Cámara, y sobre
la que nadie pondrá en duda que hubo un total acuerdo, tanto de la Cámara como del Gobierno, con las organizaciones de consumidores y usuarios, dentro de un diálogo y un consenso que es la política de este Gobierno del Partido Popular.
Resumo diciendo que el contenido es coincidente con otras normas, que tendremos en breve una directiva comunitaria en materia de créditos a los consumidores y que experiencias similares en otros países, como Francia, que hemos señalado, no
han resultado positivas. Por ello, consideramos prudente y necesario esperar, sin abandonar nuestro trabajo en este campo, ya que, según todos los informes, no requiere medidas urgentes.
Termino sin más, manifestando de nuevo nuestro rechazo a la proposición de ley.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Bueno. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la prevención y el tratamiento del sobreendeudamiento de los consumidores.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 109; en contra, 161; abstenciones, 17.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1980, DE 1 DE JULIO, POR LA QUE SE REGULAN LOS CRITERIOS BÁSICOS DE LA DEFENSA NACIONAL, PARA REGULAR LA DECISIÓN POR LAS CORTES GENERALES DE LA
PARTICIPACIÓN DE ESPAÑA EN LA GUERRA Y PARA HACER LA PAZ (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000283.)
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de modificación de la Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, por la que se regulan los criterios básicos de la defensa
nacional, para regular la decisión por las Cortes Generales de la participación de España en la guerra y para hacer la paz.
(Rumores.)
Señorías, debemos continuar con el debate. Les ruego que aquellos que vayan a abandonar el hemiciclo lo hagan en silencio y el resto ocupe sus escaños. (Continúan los rumores.)
Señorías, les agradecería que ocupasen los escaños y mantuviesen las conversaciones fuera del hemiciclo para permitir que continuemos con el debate. (Continúan los rumores.)
Señorías, ¿sería posible que continuasen las conversaciones fuera del hemiciclo? (Pausa.)
Para presentación y defensa de la iniciativa, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venía, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, de nuevo traemos aquí una iniciativa que ha sido debatida en alguna otra ocasión, pero lo hacemos por un motivo específico: las nuevas circunstancias y los nuevos episodios que se producen con respecto
a la guerra y con respecto a la secuencia decisión-invasión-ocupación justifican cada vez más la necesidad de rectificar una ley sin tener que rectificar por ello el artículo 63.3 de la Constitución. Nosotros intentamos con esta proposición de ley
que se modifique el artículo 6 de la Ley orgánica 6/1980, por la que se regulan los criterios básicos de la defensa nacional. Intentamos que se rectifique, repito, sin necesidad de tocar la Constitución, que establece que la guerra la declaran las
Cortes Generales. En función de eso, quizá habría que partir también de un nuevo concepto de guerra, y eso sería fácil de objetivar debido a las cosas que están ocurriendo. La dificultad a la hora de objetivar el nuevo concepto de guerra no deriva
exactamente de las cosas que ocurren, sino del proceso de unilateralidad permanente que se está dando en nuestros días a partir de la hegemonía del señor Bush, a la que después me voy a referir.
Nosotros queremos que se vote en este Congreso la participación de las tropas españolas en una guerra, la participación de las tropas españolas en cualquier otro evento al margen de las fronteras nacionales y que, en todo caso, cualquier
operación, sea de guerra, de apoyo o de cualquier otra iniciativa logística, se haga sobre la base de las resoluciones de Naciones Unidas. A partir de ahí, con este texto que nosotros aportamos desarrollando el artículo 63.3 de la Constitución, que
creemos que no se cumple, ninguno de los hechos vergonzosos, a nuestro juicio, que están ocurriendo en este país se hubiera podido dar, tal como no se da en Estados Unidos, donde hay permiso del Congreso, ni se da en Reino Unido, donde también hay
una autorización de la Cámara para participar en los hechos en los que están participando.
Hay una congelación seria de la soberanía popular a través de los debates que se dan en esta Cámara y el Gobierno ha asumido decisiones que no puede asumir en función del unilateralismo que se está imponiendo por parte de Estados Unidos. El
Gobierno invade las competencias de este Congreso de los Diputados y a partir de ahí no sólo deja indefenso al Congreso, sino que hace una relectura de la Constitución absolutamente inaceptable. Nosotros planteamos resoluciones de la ONU para poder
intervenir fundamentalmente en una guerra, pero también en cualquier otro tipo de acción, legalidad internacional y naturalmente la actuación de los inspectores de la ONU en este proceso. Todo se ha dado a la inversa.
Tan a la inversa se ha dado,
tan de forma irregular se ha dado, que cuando ahora habla el señor presidente del Gobierno no se refiere a lo que ha pasado, sino a lo que debiera haber ocurrido. Últimamente, el presidente del Gobierno ha dicho: nosotros actuamos bajo la
legalidad internacional.
Constantemente lo repite. Vuelve a decir el presidente del Gobierno, y desde ese escaño lo ha repetido, que se actúa de acuerdo con las resoluciones concretas de la ONU, y con respecto a la existencia de las armas de destrucción masiva,
repite constantemente que ellos se han apoyado en las resoluciones de los inspectores. Dice todo lo contrario de lo que ha ocurrido, absolutamente todo lo contrario, y lo dice con la mayor desvergüenza del mundo, últimamente con la dejadez del
telonero. Lo dice tranquilamente, porque él piensa que aquí no va a ocurrir nada, y los hechos han ocurrido de manera absolutamente distinta a lo que él pregona.
Aquí se está actuando fuera de la legalidad internacional. El señor Blix, jefe de los inspectores de la ONU, pidió más tiempo porque no encontraba las armas de destrucción masiva y nunca dijo que existieran, sino que pedía más tiempo hasta
ver si podía localizarlas. Últimamente el señor Blix acaba de decir que puesto que el Gobierno de Estados Unidos ahora tiene una relación con todos los que rodeaban a Sadam Husein, una relación de quien los ha hecho prisioneros, por tanto tienen
que haber hablado lo suficiente para saber cuál es la realidad, y teniendo en cuenta que no aparecen por ningún lado las armas de destrucción masiva, el señor Blix presume que ya no existen. El señor Aznar dice lo contrario y aquí no pasa nada, y
ha dicho algo mucho más grave que no hubiera podido sostener en el proceso de aprobación que nosotros planteamos para el artículo 63. El otro día dijo algo a nuestro juicio bastante sorprendente. Dijo que con respecto a la relación con Al Qaeda y
con respecto a la causa de cara a la guerra de la existencia de armas de destrucción masiva, ya la prensa internacional lo decía en aquellos momentos y que el Gobierno español no ha actuado en función de los servicios secretos de este país ni de
otros países. Si el presidente del Gobierno dice esto pone en solfa los servicios secretos de este país. Nos podríamos ahorrar 140 millones de euros al año, por decirlo en plan de caricatura. El fondo de la cuestión es que el presidente dice que
se ha apoyado en algunos prestigiosos periódicos de publicación internacional y no en las resoluciones del servicio secreto español. Esta es una situación gravísima. Por dignidad, el señor Dezcallar tendría que irse o, en todo caso, en función de
cualquier tipo de cese le pueden quedar muy pocos telediarios. Hemos conocido, a través de los medios de comunicación, que había tres notas informativas, tres resoluciones, tres estudios del Centro Nacional de Inteligencia, que mantenían
exactamente lo contrario de lo que ha llevado al presidente -a él solo, absolutamente solo-, en las Azores, junto a los otros socios, a declarar la guerra, a invadir, a ocupar y a mantener ahora que aquello es un campo de batalla contra el
terrorismo; simplemente eso, en función de lo que ha dicho el señor Bush. Había tres resoluciones. Una de ellas decía que no se podía comprobar la relación entre Sadam Husein y Al Qaeda. La segunda decía que no se podía documentar, si es que
estaban en algún sitio, la existencia en ese momento de las armas de destrucción masiva. La tercera nota informativa del Centro Nacional de Inteligencia, por las declaraciones del señor Colin Powell, que anunció y creó una gran expectación de cara
a demostrar la existencia de armas de destrucción masiva, decía: Colin Powell utiliza argumentos concluyentes pero nunca pruebas. Es decir, utiliza un tono, una semántica rotunda, contundente, pero no la apoya en ningún tipo de prueba. Esto
decían las tres notas informativas del Centro Nacional de Inteligencia.
En un Estado absolutamente democrático, en una situación no de demodura como ésta sino de democracia plena -utilizo un término de Luis García Montero, Premio Nacional de Poesía-, estos informes tendrían que haber servido de base para
autorizar, por la sede de la soberanía popular, la asistencia a una invasión y a una ocupación, y no se han utilizado. El señor Aznar nos ha dicho que en periódicos de alto prestigio internacional ya lo estaban diciendo y que por eso se lanzó el
ruedo y copatrocinó, como diría la ministra de Asuntos Exteriores, la guerra y sus posteriores consecuencias.
En este momento estamos en una situación de absoluta indefensión. De cara a la próxima resolución de la ONU, que a lo mejor se ve en los próximos días, hay una encrucijada que todo el mundo discute. Francia, Alemania, Estados Unidos y
Reino Unido están discutiendo una encrucijada desde una dialéctica, como siempre, de dos polos. Una de las posiciones dice: No se puede romper la cadena de mandos. Ésta debe estar en Estados Unidos. Se puede dar una mayor participación a la ONU
pero siempre bajo la cadena de mandos unificada de los Estados Unidos y hay que recabar la ayuda de más países, internacionalizando la pérdida, el costo que va a tener la guerra y manteniendo el Gobierno títere que actualmente está interviniendo en
Irak. Esta es una de las posiciones que se están debatiendo. La otra posición, por ejemplo, Francia o nosotros aquí, dice: Hay que devolver de inmediato la soberanía a Irak por medio de un Gobierno de verdad representativo, hay que emprender el
camino de la soberanía, hay que romper la cadena de mando para que no sea una cadena unilateral como hasta ahora y para que la ONU tenga un papel de dirección del proceso.
Solamente devolviendo esa soberanía se podría desbloquear en parte la
internacionalización de los gastos, tal como pide Estados Unidos, aunque ellos quieran mantener el mismo poder que en estos momentos y sin ceder ningún tipo de colaboración real y sustancial a Naciones Unidas.
Esta es la situación, pero esto no se debate en la Cámara. No hay posibilidad. La interpretación que se da del artículo 63 de la Constitución es la interpretación que da hoy la Ley orgánica 6/1980 que, aunque está por debajo de la
Constitución, no permite este debate. Es una interpretación previa a la del artículo 63.3. No sólo es esto, señorías, sino que, desde el punto de vista del debate hay dos posiciones que aquí no podemos analizar porque el señor Aznar tiene una sola
idea: el terrorismo. Todo el mundo está intentado distinguir dos elementos en el campo de batalla de Irak: terrorismo y resistencia.
Todo el mundo lo hace menos España. Aquí todo es terrorismo. Nosotros condenamos el atentado a la ONU como acto terrorista, pero se están dando un montón de cuestiones -y están cayendo de media dos soldados americanos cada 48 horas- que
son fundamentalmente actos de resistencia, como está manteniendo gran parte de la Europa más Europa. Nosotros nos estamos situando con la Europa más reticente, con la Europa más trasatlántica, con la Europa menos Europa. Bien, pues aquí no se
discute. Se ha dicho, como ha hecho el señor Bush, que aquello es un campo de batalla del terrorismo y la señora ministra y el señor Aznar, a pies juntillas y en posición de firme, aceptan que aquello es un campo de lucha contra el terrorismo y
nada más. Por lo tanto, aceptan que la resistencia francesa frente a los nazis y las cosas que ocurrieron eran actos de terrorismo.
No podemos estar de acuerdo con esto y no podemos estar de acuerdo fundamentalmente con que no se pueda discutir
esto aquí, en la Cámara.
Por eso queremos el cambio del artículo 6 de la Ley orgánica de 1980 que ya he citado anteriormente.
Se me podrá decir que el unilateralismo nos obliga a esto -no se van a atrever a decirlo- o que el señor Bush nos obliga constantemente a tener que tomar decisiones sin ningún tipo de garantías democráticas porque la cosa es así. No,
señorías, no es así ni en Estados Unidos ni en Reino Unido, los dos países que van por delante de nosotros a la hora de decidir la situación. En Estados Unidos cualquier envío de tropas al extranjero, bien para perseguir objetivos de política de
defensa del propio país o bien para ayudar a ejecutar resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, necesita la autorización del Congreso.
Cualquier decisión, como esta última, necesita autorización como así ocurrió en las
intervenciones en Líbano en 1983, en Irak en 1991, en Somalia en 1993, en Haití en 1994, en Afganistán en 2002, etcétera. Allí sí hay debate y autorización. La sede de la soberanía popular asume su responsabilidad y quienes votan una cosa asumen
la suya electoralmente respecto a sus ciudadanos. En el Reino Unido ocurre exactamente igual. El envío de fuerzas armadas al extranjero necesita la autorización de la Cámara de los Lores, como consecuencia de un uso constitucional muy asentado.
La Cámara de los Lores debe ser consultada y debe aprobarse una resolución favorable antes de cada envío de tropas al extranjero. Así se hizo, por ejemplo, cuando el envío de tropas al Golfo Pérsico en 1991, a Kuwait en 1994, a Zaire en 1996 y a
Kosovo en 1999. Nosotros estamos al margen. Hoy nos parecemos más, por lo menos en este aspecto, a una sistemática bananera que a una sociedad profundamente democrática como expresa la Constitución. Como nosotros aprobamos la Constitución, no
aceptamos este funcionamiento bananero del Gobierno de la nación. Estados Unidos tampoco lo aceptaría porque aunque no entro en el contenido, sí han cumplido perfectamente el procedimiento y también Reino Unido, cuyo contenido tampoco compartimos,
ha cumplido rigurosamente el procedimiento. España es el único país que no ha cumplido el procedimiento y está hurtando el debate democrático no sólo a esta Cámara sino a la mayoría de los ciudadanos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego considera que es efectivamente urgente la adaptación de la Ley orgánica 6/1980, que regula los criterios básicos de la defensa nacional, y que es urgente hacerlo en la dirección que marca la propuesta del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida cuando pide que las prerrogativas de la Constitución de 1978 a las Cortes Generales queden perfectamente establecidas y garantizadas a la hora de declarar la guerra o, lo que es lo mismo, de las acciones militares en
el extranjero.
Está claro que el artículo 63.3 de la Constitución en gran parte está siendo violado cuando, de forma subrepticia, el Gobierno del Estado envía tropas españolas a acciones militares -no se pueden caracterizar de otra manera- en el
extranjero. Es por eso por lo que la propuesta que hace el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, de modificación del artículo 6 de la Ley orgánica 6/1980, tenía pleno sentido para nosotros en el año 2001.
Se trataría de que quedase claro desde
el punto de vista formal, no solamente implícito, y teniendo en cuenta las nuevas circunstancias internacionales que cualquier envío de tropas fuera del territorio del Estado tendría que ser aprobado por las Cortes y que podría hacerse además
solamente con cobertura de la ONU o bien de la Unión Europea o de los tratados internacionales que obligasen a ello, pero nunca a través de una dependencia de Estados Unidos o de otra gran potencia, sin la menor cobertura de carácter legal, sin la
menor justificación interna y por lo tanto planteada como una guerra de carácter defensivo. Está claro que esta proposición de ley fue redactada en momentos anteriores al inicio de la guerra en Irak; sin embargo, es curioso que ahora que no
estamos formalmente en guerra pero sí precisamente en la fase que tiene dudosa justificación moral, política y legal, cual es la ocupación de ese país, cobra precisamente toda su validez. Ahora se demuestra y tenemos claro -no hay posibilidad de
contrarrestar esta conclusión- que la guerra se hizo a pesar de que Irak no tenía armas de destrucción masiva, a pesar de que no era un Estado terrorista y, en todo caso, con una convicción prejuiciosa de que formaba parte de un conjunto de Estados
malignos a los que había que atacar, deteriorar o destruir. Por lo tanto ahora el ejército del Estado español está participando en la ocupación de un país, forma parte de las tropas que ellos llaman aliadas ocupantes con más de 1.500 hombres y, eso
sí, ironías, bajo mando extranjero. Este tipo de envío de tropas se
hizo sin el debido debate, conocimiento y aprobación de las Cortes, contra la opinión pública mayoritaria del Estado español, a la que sin duda se quiere conducir a que acepte como normal lo que no lo es y lo que ella misma considera que no
lo es, a no ser después de mucho tiempo de aceptarlo como un mal que no se puede discutir, simplemente porque figura en las agendas del Gobierno del Estado español como algo que no está incidiendo de forma directa en los intereses de los ciudadanos.
En todo caso, señorías, para nosotros es muy importante que se vea que esta fuerza de ocupación en muchos momentos tiene que ser fuerza de agresión y de dominio, que pone en peligro las vidas humanas de los militares españoles y ayuda a que se
pongan en peligro las vidas humanas de muchos iraquíes, de la población civil, y ayuda a consolidar una ocupación extranjera, una injerencia que no es compartida por la población, que vive desde que hay este ejército de ocupación en un mayor caos,
más humillada y en todo caso siempre sometida a colonización.
La propuesta de Izquierda Unida cobra sentido porque indica que los programas de armamento a corto, medio y largo plazo deben ser aprobados por las Cortes. Recientemente, hemos visto cómo el Consejo de Ministros aprobaba de forma
unilateral, por valor de 4.000 millones de euros, un programa de armamento, cuya justificación no sabemos muy bien cuál es. En todo caso, la creación de puestos de trabajo se puede lograr a través de la inversión pública que, curiosamente, el
Gobierno del Estado español se niega a hacer en un montante suficiente como para que ponga en peligro el denominado Pacto de Estabilidad.
Es posible que la Constitución española sirviese para un Gobierno y un Parlamento bienintencionados, incluso en la actual circunstancia internacional. No creemos que sea necesaria mucha aclaración sobre lo que dice de forma textual y
contundente, pero posiblemente los que la hicieron nunca pudieron imaginar en el mundo una situación similar, una situación tan cínica, donde a la guerra y a la ocupación se les llama ayuda humanitaria y colaboración en la lucha contra el
terrorismo. Nunca pudieron imaginar, a pesar de toda la integración en el mundo occidental, que fuese tan degradado políticamente y servil el alineamiento del Estado español con una gran potencia que actúa de forma unilateral y sin cobertura
internacional, incluso con un entusiasmo digno de mejor causa.
Cuando escuchábamos a la señora ministra de Asuntos Exteriores emocionarse ante los colores de la bandera americana porque representan la libertad y la democracia, francamente, choca
bastante con esta tradición de la historia oficial española, que nos ha habituado, incluso a los que no nos sentimos partícipes de ese criterio, a pensar siempre en la historia del Estado español en una guerra continua por la soberanía nacional.
Vuelvo a repetir que esta Cámara ha estado presidida por hombres ilustres de esa tradición histórica oficial. No es posible que sigamos teniendo un Gobierno que pueda estar blindado frente a la Constitución y frente a la opinión pública,
acostumbrándonos a hechos consumados que no nos queda más remedio que aceptar, simplemente, como considera la gente, como un mal menor o como algo que, mientras no nos toque a nosotros directamente, no vale la pena seguir discutiendo en la calle.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo ha escuchado con atención los argumentos que el portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Alcaraz, ha hecho en la defensa de esta proposición de ley, que pretende modificar el artículo 6 de la Ley orgánica
6/1980, de los criterios básicos de la defensa nacional. Mi grupo está de acuerdo en el fondo de la cuestión que se plantea y vamos a votar favorablemente su toma en consideración, porque, de ser tenida en cuenta -sabemos que hay un imposible casi
de calendario parlamentario-, le haríamos enmiendas en forma y contenido adecuadas. ¿Por qué digo esto? Porque la ley de 1980 acaba de cumplir el pasado mes de julio 23 años y quiero recordar que en la primera legislatura de estas Cortes
Generales, hubo un consenso pleno entre el grupo parlamentario de UCD y los demás grupos parlamentarios, especialmente el Grupo Parlamentario Socialista, y se llegó a un diálogo de política de Estado de compromiso y de consenso para sacar adelante
esta Ley de criterios básicos de la defensa nacional, donde el teniente general Gutiérrez Mellado jugó también un papel de conciliación y de puente en el entendimiento de los grupos parlamentarios de la Cámara.
Desde 1980 se han cumplido 23 años y
esta ley no se ha tocado. Creemos que no sólo sería necesaria la modificación en su artículo 6, en una vinculación de las Cortes Generales con toda declaración de guerra o de operaciones militares que se tengan que hacer dentro de otro escenario.
En 1980, ni España formaba parte de la OTAN ni estaba dentro de la Unión Europea ni dentro de estos escenarios que hoy día se hacen gráficos con los casos azules, en las operaciones de Naciones Unidas, etcétera, que es donde tenemos que encontrar el
acomodo de esta nueva vinculación, de una política de defensa obtenida de un consenso parlamentario y de unas operaciones exteriores de las Fuerzas Armadas españolas bajo mandatos de Naciones Unidas claros y nítidos, donde no haya dudas ni pros ni
contras de que se está dentro de un principio tanto de legalidad internacional como de legitimidad parlamentaria para llevar a cabo estas actuaciones.
De ahí que nosotros consideremos importante sentarnos a dialogar con serenidad, con reflexión,
con sentido de la responsabilidad sobre la política exterior de Estado para evitar todo un debate interno que en otros países tienen perfectamente superado. Habrá el debate de oportunidad respecto a intervenir o no, pero con una
comodidad de principios de legalidad internacional, por tanto una vinculación del Parlamento para que no haya sombra de intentos de marginación, en un compromiso que si tiene que tener reflejo en leyes, en acuerdos, en presupuestos hacia
nuestras Fuerzas Armadas, lo tenga. El Gobierno tiene que respetar sus compromisos. Tiene que haber un compromiso de la adecuación al momento actual de la escenificación de la presencia de España en organismos internacionales, sea ONU, sea OTAN,
sean fuerzas hacia el exterior como los cascos azules, y tiene que haber un compromiso de renovar y actualizar los criterios básicos de la defensa nacional. No se puede estar en líneas de incumplimiento, porque si en la pasada legislatura aprobamos
la Ley 17/1999, del régimen profesional militar, y aprobamos una disposición adicional séptima, mediante la que se obligaba a 31 de diciembre del año 2002 a que el Gobierno trajera una ley de adecuación de la defensa nacional, incluyendo los
deberes, obligaciones y derechos de los militares profesionales, que se cumpla lo que escribimos en las propias leyes, porque van a ser ya dos años de incumplimiento de esta disposición. Por tanto el Parlamento tiene que tener un sentido de
responsabilidad, que le da nuestra propia Constitución, de decirle al Gobierno, en los trámites de control: cumplamos con lo que está escrito y cumplamos también lo que está en el criterio de adecuación hoy en día de la política de defensa
española, y no andar con subterfugios, con recursos al diccionario de sinónimos, que a veces son antónimos, porque tenemos que emplear un lenguaje igual para todos, claro y contundente, porque el principio de legalidad, como una de las fórmulas del
derecho, es que el lenguaje exprese claramente la situación y el objetivo de lo que se quiere definir como sujeto de la frase que debe después reflejarse en los textos legales. De ahí que, con esta situación de testimonio, sin estar de acuerdo en
fórmulas puramente literarias, nosotros vamos a dar nuestro voto a favor de esta iniciativa por las razones que he expuesto.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, mi grupo no puede sino felicitar por su tesón al Grupo Federal de Izquierda Unida, que ha presentado una vez más esta iniciativa que ya ha sido vista en su tenor literal en otras ocasiones en esta legislatura en esta Cámara e
indirectamente también en alguna ocasión a la luz de iniciativas presentadas por el Grupo Socialista.
Resulta curioso para la formación política a la que pertenezco que el Gobierno quiera rehusar completamente cualquier intervención parlamentaria respecto de las cuestiones que atañen al envío de tropas o a lo que daremos en llamar
participación en conflictos bélicos, cuando en otras ocasiones -la semana pasada lo podíamos comprobar- y cuando se habla de la presencia de las comunidades autónomas en la Unión Europea, uno de los motivos esgrimidos desde el Gobierno del Estado es
el de argumentar que si participase alguien en representación de las comunidades autónomas, no podría exigírsele después en esta Cámara responsabilidad alguna porque estaría vinculado a algún Parlamento autonómico. Es curioso que cuando el artículo
63.3 de la Constitución tiene una previsión expresa como la que tiene, en este caso se rehuye el tenor literal de la disposición y en otros casos se hacen esos arabescos laterales para impedir que determinadas cuestiones puedan ser reconducidas a la
posibilidad de control por esta Cámara. Efectivamente, todos conocemos que el 11 de febrero de 2003, a propuesta de Izquierda Unida, se debatió en esta Cámara esta misma iniciativa en los términos que constan en el propio 'Diario de Sesiones' y que
contienen algunos elementos que a mi formación política le parece muy interesante resaltar.
En primer lugar, se hacía referencia por parte de quien presentaba la iniciativa a que la misma se había planteado ante esta Cámara en enero de 2001 sin que
se hubiese pedido su rescate posterior, pero que en relación con lo que era la situación prebélica, con la guerra de Afganistán, creían que tenía mucha más razón resucitarla en el momento en el que lo hacían, el 11 de febrero, insisto, del año 2003.
Al responder a esta iniciativa, por parte del grupo mayoritario en la Cámara se aducía que no había prisa alguna en introducir los elementos que pretendía la proposición de ley, y que sigue pretendiendo hoy, del Grupo Federal de Izquierda Unida
porque existía un cierto compromiso del ministro de Defensa de incorporar en la nueva ley que se trajese a esta Cámara los elementos de control parlamentario que son ahora objeto de debate.
Evidentemente, si entre entonces y ahora no ha habido
nada, parecería necesario, puesto que las relaciones internacionales, las relaciones bélicas están siendo las que son, que aunque se vaya a traer un proyecto terminado y acabado respecto de esta materia, ya se pudiese desde hoy dilucidar, debatir o
aprobar la cuestión que es objeto fundamental de la modificación que desde el Grupo de Izquierda Unida se pretende.
De igual manera nos parece interesante resaltar que el diputado que entonces intervino en nombre del Grupo Socialista, el señor Marsal, aludía a cómo en el ámbito doctrinal se está teniendo en este momento muy especialmente en cuenta lo que
hace referencia al concepto de la guerra y las competencias del Gobierno y del Parlamento en relación con las actividades en esta materia. A ello me referiré más adelante, pero nos parece que es especialmente necesario que también en este momento
la Cámara tome puntual nota de estas consideraciones, y es que, señorías, la iniciativa que nos presenta Izquierda Unida, y que mi grupo va a votar favorablemente, se ancla directamente en el artículo 63.3, precepto que la verdad es que no fue
objeto de muy especial consideración en el debate constituyente -lo digo porque tuvo escasas enmiendas y todas ellas del entonces Grupo Parlamentario Comunista, misma denominación que a ustedes
les gusta dar en el momento presente al Grupo Federal de Izquierda Unida-, en el que únicamente se pretendía introducir lo que era histórico en la idea constitucional que alentaba en los textos antecedentes españoles, como es el artículo 6
de la Constitución de 1931, cuando se decía que España renunciaba a la guerra como instrumento de política nacional, y la referencia que en este mismo texto podía hacerse en relación con los acuerdos de derecho internacional aprobados por España.
Bien es cierto que la doctrina constitucional ha entendido con posterioridad que esta interpretación podría estar reforzada en la idea de que ya en el preámbulo de la Constitución, preámbulo que fue en su día obra del profesor Tierno Galván, se
proclama la voluntad de colaborar en el fortalecimiento de las relaciones pacíficas y en la eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra. Esto nos parece estupendo, pero nos parece que el preámbulo de la Constitución es una cosa, su
tenor literal es otra y el devenir posterior es otra bien distinta. Es además curioso constatar cómo eminentes profesores de derecho internacional, como Elisa Pérez Vega y Alejandro Rodríguez Carrión, según los comentarios a la Constitución que la
propia Cámara nos suministra a todos los diputados, consideran que el tenor de este artículo tiene un cierto carácter primitivo de la norma comentada que técnicamente ha de recibir un juicio negativo, se dice. Justifica un cierto optimismo -bien
está que los constituyentes fuesen optimistas-, y es que tal vez la falta de interés en su elaboración demuestra en sus raíces profundas la convicción de que el hecho bélico, proscrito a nivel jurídico, es visto por los españoles -por los españoles
de 1978- como una eventualidad lejana en una sociedad internacional que avanza con dificultad pero sin desmayos en la vía de su institucionalización. Esto está escrito, señorías, a la luz del tenor del artículo de 1978, a la luz de la publicación
de estos comentarios a la Constitución, que son de 1977. De entonces allí ha habido muchas cosas y precisamente uno de los artículos menos felices de la Constitución, en cuanto a las nuevas realidades que ha de afrontar, es el artículo 63.3, al que
hace referencia el proyecto que hoy nos presenta el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Hay que tener en cuenta además que los constitucionalistas cada vez más se hacen eco de la necesidad si no de modificar el precepto constitucional
-sabemos que para muchos es anatema tocar el precepto de la Constitución-, sí de que el mismo tenga un desarrollo posterior. En el séptimo congreso iberoamericano de derecho constitucional, recientemente celebrado, alguien tan prestigioso como el
profesor Giuseppe de Vergottini, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Bolonia, dedicaba uno de los puntos fundamentales de dicho congreso a los nuevos aspectos de la guerra y las relaciones entre el Parlamento y el Gobierno.
Decía él que se debe revisar el concepto de guerra; que hay que recuperar el concepto de soberanía; el porqué la soberanía de la potencia hegemónica limita la soberanía de los demás Estados que compongan una determinada alianza internacional;
cuál ha de ser el método por el que los gobiernos y los parlamentos tomen acto de iniciativa en un conflicto; los ámbitos de la posición política parlamentaria; los ámbitos de control parlamentario -y de ello estamos hablando- y cómo se limita el
conocimiento de los acontecimientos, cómo se limitan los derechos y cómo se limitan las tipologías de las guerras, aspectos respecto de los cuales la reciente doctrina constitucional está siendo abundantísima.
Nos parece que es innecesaria la reflexión que hacía el grupo mayoritario en momentos anteriores de este mismo debate en la Cámara, diciendo que ya presentará el Gobierno, por iniciativa del ministro de Defensa, una ley global al respecto.
Están ocurriendo demasiadas cosas. Las diputaciones permanentes de este verano han traído esta cuestión una y otra vez al debate parlamentario. Nos parece por tanto que es honesto, coherente y necesario, de acuerdo con el criterio constitucional,
de cuya vigencia celebramos ahora 25 años, que se esté a la luz de lo que manifiestan sus preceptos. Por esta razón a la formación política a la que pertenezco le parece que hoy debe tomarse en consideración la iniciativa presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida y creemos que, respecto de estos aspectos, debería debatirse en esta Cámara antes de que termine el presente período de sesiones, que será también terminación de legislatura. Creemos que el texto
constitucional resultaría enriquecido con la interpretación nueva que se dé al 63.3 y tal es la querencia a la luz de cómo se desenvuelve la política internacional -repito- y lo que la política que hace referencia a la participación en conflictos
bélicos de unos u otros Estados hace exigible en este momento. La formación política a la que represento se manifiesta por tanto en este trámite partidaria de que se tome en consideración esta iniciativa y de que, respecto de ella, con las
enmiendas que sean necesarias, resulte alguna articulación en lo que queda de período legislativo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, estamos debatiendo en este momento una proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre la necesidad de modificación de la Ley orgánica 6/1980, de 1 de julio, sobre los criterios
básicos de la defensa nacional, para regular la decisión por las Cortes de la participación de España en la guerra y para hacer la paz. Aunque el redactado de la proposición de ley no es exactamente el mismo, lo cierto es que a principios del mes
de febrero de este año hubo un debate con el mismo contenido: la modificación del artículo 6 de la Ley orgánica por la que se regulan los criterios básicos de la defensa. En el redactado se propone que sea obligatoria la aprobación
expresa de las Cortes Generales para que el Ejecutivo pueda enviar tropas españolas a misiones que tengan lugar fuera del territorio nacional, exigiendo además para poder salir que sea imprescindible tener cobertura de Naciones Unidas, de la
Unión Europea o de cualquier otro tratado internacional ratificado por el Estado español. La necesidad de una modificación de la Ley 6/1980 sobre la defensa nacional y, a nuestro entender, del artículo 6 ya la hicimos patente en el debate que se
realizó en el mes de febrero. De hecho, en aquella ocasión, y hoy mismo, reflejamos el compromiso del ministro de Defensa de que, antes de que terminase esta legislatura, presentaría ante esta Cámara un proyecto de ley para reformar dicha ley.
Cosa diferente es si se cumplirá; mayoría no le falta, pero el tiempo y los plazos para que sea posible cada día son más reducidos.
¿Existe la necesidad de la puesta al día de la Ley orgánica 6/1980 por la que se regulan los criterios básicos de la defensa nacional? Desde nuestro grupo parlamentario entendemos que sí e incluso el grupo mayoritario, en la intervención
que hizo en el mes de febrero, estaba de acuerdo. ¿Cuáles deben ser algunas de las líneas importantes de las modificaciones a abordar? En primer lugar existe un conflicto del uso adecuado de la palabra guerra; de hecho desde la Segunda Guerra
Mundial formalmente no se ha declarado ninguna guerra más, pero lo cierto es que existen y en abundancia. Ahora las guerras se llaman conflictos.
Colaborar activamente asegurando la retaguardia a un bando que está en conflicto parece que ya no es
participar en lo mismo, como sucedió por ejemplo con el envío de fragatas al Golfo Pérsico en 1990. Bombardear zonas estratégicas de la antigua Yugoslavia (Bosnia en 1995, Kosovo en 1999) parece que tampoco es una agresión. En un borrador que me
ha caído en las manos de la ley orgánica del código militar, en muchas ocasiones como agravante se habla de forma constante de conflicto armado. Por tanto estamos multiplicando la confusión. Lo cierto es que la sociedad en la que vivimos las
confrontaciones armadas no tienen buena acogida y los ejecutivos intentan evitar la palabra guerra, sobre todo cuando esta además comporta un debate en el Congreso, que es el órgano que tiene autoridad para autorizarlo. Por tanto una mayor
exactitud en definir qué es la guerra sería un paso importantísimo de cara a situar las responsabilidades donde corresponden.
Otro dato importante que hay que afrontar es si es posible la aplicación automática del artículo 5 del Tratado de Adhesión. Si partimos de la base de que la integración de España en la OTAN no se hizo a través del artículo 93, es decir,
mediante ley orgánica, o sea, que es necesaria mayoría absoluta y que se trasvasa a las organizaciones internacionales el ejercicio de las competencias derivadas de la Constitución, sino que se utilizó la vía del artículo 94, es decir, la puerta
pequeña, mayoría simple y dándole a la integración el rango de tratado, ello tenía su ventaja, que no requería mayoría absoluta como la ley orgánica, pero el inconveniente de que esa vía del artículo 94 no comporta cesión automática de soberanía en
materia de defensa, y por tanto los mandatos de la OTAN en caso de guerra están siempre sujetos a la previa autorización por las Cortes Generales según defienden algunos de los más importantes especialistas en derecho constitucional. Por tanto, a
nuestro entender, ante cualquier acción militar exterior de nuestras tropas, aunque sea en el supuesto contemplado en el artículo 5 del Tratado de Adhesión, en el caso de que un Estado miembro sea atacado, también será preciso el asentimiento de las
Cortes Generales.
Desde Convergència i Unió entendemos que las actuales normativas son claras pero no suficientes. Una redacción más adecuada del artículo 6 de la Ley 6/1980 permitiría resituar el problema y evitar que se pudiesen dar situaciones no sujetas
de facto al espíritu de la ley. En consecuencia, teniendo en cuenta la capacidad de intervención de esta Cámara, que aparece recogida en el artículo 6 de la Ley orgánica por la que se regulan los criterios básicos de la defensa y la organización
militar, teniendo en cuenta que la situación política en este momento no es la misma que cuando se redactó la ley y que las estrategias que se emplean en estos conflictos modernos tampoco tienen nada que ver con el año 1980 y que no es bueno que
temas tan importantes para el conjunto de la sociedad no pasen por el debate de esta Cámara, entendemos en este momento que sería bueno que aprovechando esa proposición no de ley que ha presentado Izquierda Unida hubiese un debate. Nosotros no
estamos de acuerdo con la literalidad de la propuesta y en esa línea presentaríamos enmiendas al respecto. En todo caso es bueno que se trabaje en esa línea y esta proposición de ley ayudaría a cumplir la voluntad del ministro de forma especial en
el momento en que dijo que antes de terminar la legislatura presentaría una ley al respecto.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoras y señores diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Companys.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Gracias, señora presidenta.
Querría, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, agradecer a Izquierda Unida que haya traído de nuevo esta cuestión y felicitarnos por el tono general del debate, del que espero que se pueda felicitar también el Grupo Popular, así como
de las conclusiones que están explícitas en las intervenciones de todos los portavoces que hemos tomado la palabra hasta el momento. Nosotros ya lo dijimos en su día, creemos que está bien traída esta proposición de ley de Izquierda Unida y que la
vía es la adecuada, la reforma del artículo 6 de la Ley de 6/1980, con independencia de que en la tramitación probablemente plantearíamos enmiendas al modelo que ahí se establece. Quiero recoger de las últimas intervenciones que aunque en este
debate está gravitando la situación actual y reciente de guerra de Irak, de ocupación
de Irak, ésta no es una iniciativa nueva que venga al fragor y al calor de ese conflicto de Irak. Este es un debate que llevamos arrastrando desde hace varios años en este Parlamento y que se refiere esencialmente al papel del Parlamento en
las decisiones que implican a España en acciones militares internacionales en terceros países, acciones que en la mayoría de los casos ponen en riesgo vidas de soldados españoles y comprometen los intereses españoles internacionales y de seguridad.
Eso es lo que estamos debatiendo, ese es el debate a que se comprometió el presidente del Gobierno en 1999, en la legislatura pasada; nos dijo que iba a enviar una propuesta sobre cómo articular la consulta al Parlamento ante supuestos como de los
que estamos hablando y no lo ha hecho hasta ahora.
Mi grupo parlamentario planteó en el año 2000 una iniciativa que debatimos en la Comisión de Defensa a principios del año 2001 y el portavoz del Grupo Popular nos dijo que lo iba a hacer el
Gobierno, que el Gobierno iba a traer una propuesta para articular esta relación.
El pasado mes de diciembre -el señor Mardones ha hecho referencia a algunos mandatos legislativos que obligaban a haber resuelto ya la reforma de esta ley a finales del año pasado-, en la Comisión de Defensa, el ministro de Defensa se
comprometió solemnemente a remitir a la Cámara una propuesta integral de reforma de esta ley, lo que ocurre es que es conocida la mezquindad del ministro Trillo (Rumores.-Un señor diputado: ¡Hombre!) cuando se trata de la verdad o cuando se trata
del cumplimiento de los compromisos adquiridos, y hay pruebas suficientes de ello. El portavoz del Grupo Popular, en el debate que hubo en esta Cámara el pasado mes de febrero, esgrimió como argumento central ese compromiso solemne - decía él- del
ministro de traer a la Cámara la reforma. Pues bien, lo que plantea Izquierda Unida y lo que estamos planteando con la toma en consideración de esta proposición de ley es si el Grupo Popular considera que 25 años después de aprobada nuestra
Constitución, con todo lo que ha llovido, tiene valor el modelo actual, si tiene sentido seguir hablando de que solamente cuando se trate de declarar la guerra hay que venir al Parlamento, o si por el contrario, con la experiencia que ya hemos
tenido, no tendríamos que ir hacia un modelo que yo me permitiría invocar de corresponsabilidad constitucional. (Rumores.) Yo sé que para el Grupo Popular nociones como la lealtad institucional (lo hemos visto la semana pasada en esa reunión que
iba a ser un encuentro entre parlamentarios y embajadores de España y se convirtió en un acto ritual y protocolario por miedo al encuentro de los embajadores con los parlamentarios), por no hablar de lealtad constitucional, está un tanto distante,
pero quería hacerles una llamada -y demuéstrenlo con su toma de posición en la toma en consideración de esta proposición de ley- para que incorporen a su vocabulario, a su concepto político e ideológico la idea de corresponsabilidad constitucional.
Lo único que les planteamos es que, al igual que otros países de nuestro entorno lo han venido haciendo a lo largo de los últimos años (Alemania, Holanda, Noruega, Italia, aunque ésta última no por vía de reforma legislativa, y otros países)
introduzcan mecanismos para crear esos procedimientos en los que el Parlamento pueda expresar su posición antes de que el Gobierno ejerza sus competencias constitucionales, en algunos casos sometido a la autorización del Parlamento y en otros no
sometido, para que el Parlamento, conociendo todos los extremos de lo que el Gobierno pretende hacer, pueda expresar al Gobierno su posición y el Gobierno actúe con conocimiento pleno de la posición del Parlamento y el Parlamento lo pueda hacer con
conocimiento pleno de las motivaciones, el mandato, los compromisos, las consecuencias de la decisión que pretende adoptar el Gobierno.
No es ocioso que en la revisión estratégica de la defensa, tan reciente, se diga en su criterio básico número uno que el ministro de Defensa dirige la actuación de las Fuerzas Armadas bajo la autoridad del presidente del Gobierno, en el
marco de la política de defensa y con el control del Parlamento. Y el control del Parlamento no es una preguntita en la sesión de control; el control del Parlamento no es meramente la comparecencia del secretario de Estado o del ministro para
responder a preguntas más o menos inteligentes de los portavoces; el control del Parlamento es la comunicación formal al mismo sobre los compromisos que pretende adquirir el Gobierno y la consulta al Parlamento antes de comprometer los intereses,
la soberanía de España y la vida de ciudadanos españoles. De eso se trata, sencillamente, esas son las situaciones que afrontamos hoy en el siglo XXI y, si ustedes no lo entienden, la verdad es que están bastante lejos de esa noción de lealtad
constitucional y de corresponsabilidad constitucional que desde el Grupo Socialista estamos planteando, porque da la sensación de que les gusta la situación actual que tenemos en este país de quiebra del consenso en política exterior -como reconocía
la ministra el otro día- y, parafraseando a alguien que lo decía recientemente, puede que haya algunos que se estén relamiendo con esa situación de ruptura del consenso internacional, de testosterona en la política exterior al margen del Parlamento,
pero que para nosotros significa una enorme irresponsabilidad y eso perjudica a la democracia parlamentaria de España y a los intereses de España. Por eso les convocamos a la reconstrucción de ese consenso a partir del establecimiento de un
procedimiento como el que se podría alcanzar mediante la toma en consideración y ulterior debate, con enmiendas, de la proposición de ley de Izquierda Unida.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Estrella.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Atencia.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Con la venia, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, de nuevo, como han dicho algunas de SS.SS., repetimos el mismo debate del pasado 11 de febrero, también en esta misma sede, en el
Pleno de esta Cámara, con una iniciativa de tenor literal idéntico en su parte dispositiva a la que en el día de hoy nos ha presentado el Grupo de Izquierda Unida, una modificación puntual de la Ley 6/1980, por la que se regulan los
criterios básicos de defensa nacional. Y trae idéntica iniciativa a la que fue rechazada por el Pleno de esta Cámara y en la que sólo se ha modificado, en parte, la exposición de motivos. La verdad, señorías, es que los argumentos que utilicé en
aquella ocasión en nombre del Grupo Popular siguen siendo absolutamente válidos para fijar nuestra posición. Asistimos hoy a un debate en el que, hasta la anterior, ha habido intervenciones respetuosas, leales, constructivas, aunque con posiciones
diferentes, pero curiosamente en la última intervención se ha pretendido dar lecciones de parlamentarismo apartándose de las anteriores intervenciones que iban todas en el mismo tono. En cualquier caso, señor Estrella, he venido a debatir con
Izquierda Unida -después le diré a usted alguna cosa-, porque son los autores de la iniciativa; son ellos los que han planteado una serie de razones en las que siguen insistiendo y de las que nosotros discrepamos en el aspecto básico, pero después,
si tengo tiempo, me referiré a su exposición.
Señor Alcaraz, el objeto de su iniciativa, sin ninguna duda, es seguir insistiendo en algo que yo respeto, aunque no comparta, que es adicionar al artículo 6 de la ley orgánica un nuevo párrafo por el que se establecen dos cosas: por una
parte, la necesidad de autorización parlamentaria para cualquier despliegue de tropas españolas en el exterior y, en segundo lugar, la necesidad de que haya cobertura internacional para el envío de tropas españolas al extranjero. Vuelvo a dejar
claro -no voy a engañar a ninguna de SS.SS, si me permiten la expresión-, como hice el pasado 11 de febrero en nombre de mi grupo parlamentario, que nuestro grupo no va a respaldar esta iniciativa, y no lo va a hacer por razones que ya en su momento
pudimos explicar. En primer lugar, hay razones de carácter procesal. La Ley orgánica 6/1980, que regula los criterios básicos de la defensa nacional y de la organización militar, que fue modificada en el año 1984, es anterior a la incorporación de
España a la Alianza Atlántica, es anterior a la integración plena de España en la Alianza Atlántica realizada en la pasada legislatura con la incorporación a la estructura militar y, además, se ha producido recientemente, como recordábamos en el
anterior debate y lo ha dicho alguna de SS.SS., gracias al impulso político del presidente Aznar, un amplio consenso político para llevar a cabo la revisión estratégica de la defensa, un profundo proceso de revisión estratégica de la defensa. Por
tanto, hay un escenario que obliga a la reforma, pero no puntual, sino profunda, global de esta ley. Es uno de los mandatos implícitos de la revisión estratégica de la defensa, alcanzado por consenso político y esta ley hay que reformarla por
consenso también, después me referiré a ello. En consencuencia creemos que, independientemente de la propuesta puntual que se plantea, hay razones de carácter global que aconsejan su revisión. Pero, señorías, esta ley ha de realizarse en sintonía
con los criterios básicos que se recogen en la revisión estratégica de la defensa y el criterio básico número uno dice claramente que la actuación de las Fuerzas Armadas, que dirige el ministro de Defensa bajo la autoridad del presidente del
Gobierno, será sometida al control parlamentario.
Lo que propone Izquierda Unida -insisto- es una modificación puntual de la ley. En nuestra opinión debe ser remplazada por otra ley, porque la actual está superada por los acontecimientos políticos y además debe ser actualizada a los nuevos
requerimientos y a las nuevas estrategias de la defensa que se establecen en la reciente revisión. La reforma de esta ley que proponemos requiere en opinión del Grupo Parlamentario Popular un amplio consenso político, similar al que permitió
aprobar hace menos de un año la revisión estratégica de la defensa, consenso que hoy no es posible por el momento político en el que nos encontramos y por la posición cambiante, acomodaticia e irresponsable, señor Estrella, del principal grupo de la
oposición. Ya tendremos ocasión en la próxima legislatura, con gobierno del Partido Popular, para acometer esa revisión. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Señor Estrella, para acometer el proceso de revisión de esta ley el sentido común, el mismo espíritu que animó la elaboración de la ley que se quiere reformar, requeriría una posibilidad de consenso entre el Grupo
Parlamentario Popular, que tiene votos para sacarla adelante, y algún otro grupo. Su señoría debería saber, o por lo menos el portavoz titular de su grupo que hoy no está -no sé dónde estará-, las razones por las que su grupo es incapaz en este
momento de respaldarlo. No me haga usted entrar en debates que algunas de SS.SS.
conocen y que no sería oportuno sacar aquí. Señorías, simplemente por estas razones podríamos rechazar la iniciativa que se plantea, pero hay razones de fondo, que
no sé si podré entretenerme en recordar, que impiden respaldar la iniciativa concreta que se propone. El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida quiere de nuevo interpretar el artículo 63.3 de la Constitución española a fin de equiparar la
declaración formal de guerra, que se establece en este precepto constitucional, a cualquier envío de tropas españolas al exterior. Esta interpretación que hace el Grupo de Izquierda Unida implica una extensión desmesurada del concepto guerra y
atenta contra el sistema de separación de poderes establecido en nuestra Carta Magna. En efecto, se dice en la exposición de motivos de la propuesta del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida que el espíritu de los constituyentes fue
reservar la decisión de máxima transcendencia militar, la declaración de guerra, a las Cortes Generales, manteniendo con ello un equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en materia militar. Pero, señorías, esta iniciativa atenta
precisamente contra ese equilibrio, porque de llevarse a cabo se vulneraría el principio de división de poderes por cuanto se pretende atribuir a las
Cortes Generales no sólo el control de la acción del Gobierno establecido en el artículo 66.2 de la Constitución, sino también el diseño y la dirección de la política exterior y de la política de defensa, que, como SS.SS. saben, de acuerdo
con el artículo 97 de la Carta Magna, corresponde con claridad meridiana al Gobierno, y todo ello sin perjuicio de las competencias legislativas, presupuestarias, de tratados y convenios internacionales y de control que corresponde al Parlamento.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida alega -y lo señala en la exposición de motivos de la proposición de ley que ha defendido hoy el señor Alcaraz- la necesidad de interpretar el artículo 63.3 de la Constitución en un contexto
internacional como el actual en el que la declaración de guerra parece una institución obsoleta, dado que la mayoría de las acciones militares se desarrollan sin recurrir a la misma.
Sin embargo, SS.SS. olvidan que estas situaciones de conflicto
no declarado, de acciones puntuales de castigo en legítima defensa y de operaciones de paz de Naciones Unidas ya existían cuando se redactó la Carta Magna en el año 1978 y, a pesar de ello, no se fue más allá de lo prescrito en el artículo 63 de la
Constitución. Si la declaración de guerra es, afortunadamente, algo muy excepcional en el mundo de hoy, ello se debe a las graves implicaciones del estado de guerra para la organización interna y las relaciones internacionales de un país, que son
precisamente las que justifican la necesidad de la solemne autorización parlamentaria, como prevé nuestro texto constitucional.
Podría extenderme en recordar supuestos en los que España ha tenido tropas en el exterior, en Kosovo, o cuando se planteó con ocasión de haberse invocado el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte como respuesta a los ataques terroristas
del 11 de septiembre, o las operaciones que mantiene España en muchos lugares del mundo con presencia de militares, incluso con fuerzas policiales, en operaciones de paz realizadas en el marco de Naciones Unidas, de la OTAN, de la OSCE, de la Unión
Europea Occidental e incluso de la propia Unión Europea. También podría recordar que la mayoría de nuestros socios y aliados no tienen previsto en su legislación la necesidad de la autorización parlamentaria previa para el desplazamiento de tropas
al exterior y que el caso de Alemania, que se utiliza a menudo, se debe a un contexto político histórico concreto que obligó a incluir eso en sus normas de carácter constitucional.
Señorías, la cuestión está suficientemente clara desde el punto de vista constitucional respecto a lo que son las competencias del Gobierno y las responsabilidades y facultades del Parlamento. La cuestión está clara y debida y sobradamente
debatida. Lo que hoy se debate aquí, en el tenor de la iniciativa, no es lo de perfeccionar o mejorar los mecanismos de control del Ejecutivo por parte del Parlamento y, concretamente, en política de defensa y de política exterior. Este no es el
debate, ese es un debate al que sin duda no estamos cerrados, pero este debate requiere tranquilidad, requiere serenidad, requiere sentido común y requiere coherencia y, en este momento, considero que el principal grupo de la oposición no está en
condiciones de ofrecer ninguna de estas cosas, porque en esta materia ha dicho una cosa y la contraria. El señor Estrella recuerda hoy una iniciativa que se presentó en la Comisión de Defensa, pero olvida una iniciativa en la que quería establecer
mecanismos de control y la exigencia al Gobierno de pedir autorización al Parlamento antes de desplegar tropas en el exterior, que su grupo parlamentario también ha defendido aquí por boca del señor López Garrido.
El Grupo Parlamentario Socialista,
según quien habla, dice unas cosas.
Por tanto, señorías, vayamos a lo que es fundamental. Hay que reformar esta ley, hay que reformarla de forma global, pero hay que reformarla en el momento político en el que sea factible ese consenso. Si no hay
este consenso hoy, no es responsabilidad de este grupo ni del Gobierno. No queremos insistir más, pero quien no sabe de esto o quien no esté a la altura de las circunstancias no pretenda echar a nuestras espaldas lo que no es nuestra
responsabilidad; asuman ustedes las suyas. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!)
Por cierto, con respecto a los calificativos que se han dicho, señorías, no voy a entrar en ninguno de ellos. Quien iba a intervenir muy moderadamente ha utilizado todo tipo de descalificativos que, probablemente, mirándose a un espejo se
vería perfectamente reflejado. A nosotros nadie nos va a dar lecciones de lealtad institucional. El Grupo Parlamentario Popular ha cumplido siempre sus compromisos con esta Cámara y los que ha alcanzado con la oposición. Mire usted, señor
Estrella, en los bancos de su grupo por qué no se cumplen los compromisos que SS.SS.
han asumido y por qué su palabra se queda en nada.
Señoras y señores diputados, votaremos en contra de la toma en consideración de la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley de criterios básicos de la defensa porque, como he dicho, nuestro grupo parlamentario entiende que ha de
abordarse una reforma profunda, con tranquilidad y con las propuestas que tiene que hacer el Gobierno, y, en segundo lugar, porque la reforma puntual que hacen los proponentes no se ajusta, y lo digo con el máximo respeto, al marco constitucional y
al juego de equilibrio y división de poderes que se hace en nuestra Carta Magna.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Atencia.
Sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de modificación de la Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, por la que se regulan los criterios básicos de la defensa
nacional, para regular la decisión por las Cortes Generales de la participación de España en la guerra y para hacer la paz.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 131; en contra, 159.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PROMOVER Y A FACILITAR LA INTEGRACIÓN DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA Y DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS QUE ASÍ LO
DECIDAN EN LAS CORRESPONDIENTES FEDERACIONES DEPORTIVAS INTERNACIONALES. (Número de expediente 162/000623.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE MODIFICACIÓN NORMATIVA Y CAMBIOS ORGANIZATIVOS PARA HACER EFECTIVO EL REPARTO COMPETENCIAL EN MATERIA DEPORTIVA. (Número de expediente 162/000524.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA LASAGABASTER Y SEÑOR PUIGCERCÓS), SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE LAS SELECCIONES NACIONALES DEPORTIVAS VASCA Y CATALANA. (Número de expediente 162/000538.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORES AYMERICH, RODRÍGUEZ Y VÁZQUEZ), RELATIVA AL RECONOCIMIENTO DE LAS SELECCIONES NACIONALES DE GALICIA.
(Número de expediente 162/000597.)
La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: Proposiciones no de ley.
En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a promover y a facilitar la integración de las federaciones deportivas de la Comunidad Autónoma de Cataluña y de
otras comunidades autónomas que así lo decidan en las correspondientes federaciones deportivas internacionales.
Asimismo, se debatirán conjuntamente la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre modificación normativa y
cambios organizativos para hacer efectivo el reparto competencial en materia deportiva, así como la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señora Lasagabaster y señor Puigcercós, sobre el reconocimiento de las selecciones nacionales
deportivas vasca y catalana y la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez, relativa al reconocimiento de las selecciones nacionales de Galicia. (Rumores.)
Señorías, ruego abandonen el hemiciclo de la manera más rápida y en silencio, a ser posible.
En primer lugar, Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Martí.
El señor MARTÍ I GALBIS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, aunque en estas fechas la política deportiva gira en torno a cuestiones como el éxito de la selección española en el Eurobasket, con medalla de plata... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, por favor. (Pausa.)
Adelante, señor Martí.
El señor MARTÍ I GALBIS: Gracias, señora presidenta.
Decía que aunque en estas fechas la actualidad del deporte y de la política deportiva gira en torno a varias cuestiones diferentes de las que ahora estamos tratando, y en concreto, por ejemplo, el éxito de la selección española en el
Eurobasket (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.), con medalla de plata incluida, conquistada gracias a la contribución decisiva de jugadores catalanes, o a los nervios o a las invectivas del Partido Socialista de
Cataluña y de su ejército mediático por el catalanismo, del que hace gala el presidente del Fútbol Club Barcelona, y por su sintonía con los candidatos nacionalistas a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, como se refleja estos días en
titulares importantes de periódicos editados en Barcelona, la verdad es que hoy, no obstante, vamos a ver reproducido el debate, un debate político que refleja a todas luces que, pese a los intentos del Partido Popular y del Gobierno de dar por
cerrado el modelo de Estado, estamos ante un marco abierto sobre el que queda mucho por decir y por hacer y que deberá abordarse y resolverse en los próximos años. El pleno reconocimiento internacional de las selecciones deportivas catalanas,
vascas y gallegas como representativas de estas naciones históricas y de aquellas selecciones que representen a su vez a otras comunidades autónomas del Estado español que lo deseen, en función de las competencias asumidas por sus respectivos
estatutos de autonomía y de la determinación política de sus gobiernos, como digo, este pleno reconocimiento que perseguimos es una legítima aspiración democrática que debe respetarse y canalizarse adecuadamente. Estamos, pues, ante una de las
muchas dimensiones o manifestaciones de la plurinacionalidad del Estado, que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista han sido capaces de conducir correctamente como principales fuerzas que se han alternado en el Gobierno del Estado durante
estos últimos veintidós años.
Decía que se iba a reproducir un debate porque en la presente legislatura ya hemos tenido ocasión de fijar posición al respecto. Este mismo diputado que les habla, en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, ya ha tenido ocasión de
intentar abrir el debate, de promover
en varias ocasiones la necesidad de este reconocimiento internacional. En este Pleno una interpelación de la diputada Begoña Lasagabaster y la posterior moción, sustanciada el pasado 4 de febrero, dieron cauce a un interesante debate en el
que cada cual tuvo oportunidad de tomar partido y, si me permiten la expresión, de retratarse ante la ciudadanía y ante el electorado. Es conocido que la postura del Partido Popular corresponde a una formación política que niega hasta la fecha el
carácter plurinacional del Estado y que aspira a reducir el papel de las comunidades autónomas a simples diputaciones supraprovinciales, tal y como se está viendo estas últimas fechas con la presentación de proyectos de ley que cercenan, que laminan
continuamente las competencias autonómicas. Por esta razón nuestras esperanzas en el éxito de estas cuatro proposiciones no de ley son nulas. Quizá sea igualmente triste y lamentable el papel del Partido Socialista, que en esta cuestión ha actuado
hasta la fecha desde el más absoluto de los seguidismo respecto del Partido Popular, y me remito al 'Diario de Sesiones' del pasado 4 de febrero en el que se han plasmado para la posteridad las argumentaciones de su portavoz con motivo del debate de
la moción a la que antes he hecho referencia; argumentaciones que acabaron dando pie a una abstención que, en el supuesto de reiterarse el día de hoy, dejaría en el peor de los lugares al señor Pascual Maragall y al Partido Socialista de Cataluña.
Por supuesto, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a votar favorablemente las cuatro proposiciones no de ley que debatimos, la propia de Convergència i Unió, las dos del Grupo Parlamentario Mixto y la que lleva el sello
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), por muchas razones: por principios políticos, por coherencia ideológica, porque el objetivo que persiguen responde a un anhelo mayoritario de la sociedad catalana y porque en esta cuestión existe plena
sintonía y coincidencia programática entre Convergència i Unió y los partidos que promueven las diferentes proposiciones no de ley. La oposición del Grupo Parlamentario Popular y una hipotética abstención del Grupo Parlamentario Socialista no serán
un obstáculo para que el reconocimiento internacional de las selecciones deportivas catalanas, vascas y gallegas continúe formando parte de la agenda política de los próximos años. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) anuncia desde
ahora que ésta va a ser una reivindicación en la próxima legislatura, con o sin mayoría suficiente, tal y como recoge el nuevo Estatuto nacional de Cataluña, que propugna, que impulsa Convergència i Unió para garantizar el progreso social, económico
y político de nuestro país, de Cataluña.
En el debate al que antes he hecho referencia, correspondiente a la moción del pasado 4 de febrero, varios de los intervinientes tuvimos ocasión de aportar razonamientos de suficiente base jurídica que avalan, según este portavoz, el pleno
derecho de las naciones históricas y del resto de comunidades autónomas del Estado español a participar, con carácter oficial, en las competiciones deportivas de ámbito internacional. Esta Cámara no es el ámbito académico ideal para discusiones
exclusivamente jurisprudenciales o para contrastar la solvencia técnica de diferentes doctrinas o interpretaciones del marco legal vigente. Sin embargo, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) quiere poner énfasis en cuatro aspectos
legales que vienen a desmontar las tesis del Partido Popular y las de los que se oponen al reconocimiento que perseguimos. En primer lugar, debe quedar claro que la competencia sobre el deporte es exclusiva de las comunidades autónomas y en la
Constitución española no hay referencia alguna a la jurisdicción de la Administración general del Estado sobre el deporte, por lo que debe considerarse dicha competencia como exclusiva stricto sensu. Es más, creemos que no hubo ninguna clase de
olvido en el constituyente a la hora de plasmar con esta claridad la competencia exclusiva de las comunidades autónomas por lo que se refiere al deporte y a su impulso. En segundo lugar, existe abundante jurisprudencia constitucional en el sentido
de que el alcance territorial de las competencias autonómicas no permite al Estado crear competencias ex novo donde no tiene un reconocimiento explícito en el bloque de la actual constitucionalidad. En tercer lugar, las relaciones internacionales a
las que se refiere el artículo 149.1.3 de la Constitución, y en las que el PP se apoya para negar la participación de las selecciones autonómicas en competiciones deportivas internacionales de carácter oficial, no tienen nada que ver con las
relaciones internacionales que regulan el funcionamiento de las entidades y de los sujetos de naturaleza privada, como son las federaciones deportivas y los organismos deportivos supraestatales, que son los auténticos actores del escenario deportivo
internacional. En cuarto lugar, la Ley 10/1990, del deporte, no es ni orgánica ni de bases, por lo que no puede acudirse a ella para sustentar una posible inconstitucionalidad de las leyes del deporte vasca y catalana, de 1998 y 1999
respectivamente, por lo que los conflictos entre ambas legislaciones sectoriales deben ser resueltos sobre la base del principio de competencia y no del principio de jerarquía.
Hay, pues, suficientes razonamientos y argumentaciones jurídicas para sustentar sólidamente una posición política como la que subyace en las cuatro proposiciones no de ley que ahora debatimos, pero sobre todo estamos ante una cuestión de
voluntad política, de sensibilidad democrática y de capacidad política de llegar a consensos. En muchas materias se ha conseguido y en el marco del actual bloque de constitucionalidad se puede llegar a un consenso político para permitir esa
proyección internacional de la identidad nacional de Cataluña, País Vasco y Galicia. Otros países de la Unión Europea y del ámbito internacional han sido capaces de hacerlo, y en estos momentos vemos participar en distintas disciplinas deportivas,
en campeonatos internacionales y en juegos olímpicos a selecciones cuyas federaciones pertenecen a naciones sin Estado. Más allá de los éxitos deportivos internacionales que, por ejemplo, selecciones catalanas
pueden alcanzar en disciplinas como el tenis, el baloncesto, el balonmano, el fútbol o la natación, etcétera, está el derecho colectivo de proyectar la propia realidad nacional en el escenario internacional. Si ahora se aborta una y otra
vez el debate político y el reconocimiento de esta realidad, los responsables de tal decisión deberán asumir no sólo el coste político de la misma, sino el incremento de los niveles de desapego y de rechazo a lo que simbolizan las selecciones
deportivas estatales entre numerosos segmentos de la población de los territorios a los que se niega su proyección internacional en el ámbito deportivo. Y no debería ser así de ninguna de las maneras por la sencilla razón de que el deporte debe ser
un espacio de encuentro y de realización cultural y comunitaria a todos los niveles.
Finalizo, señora presidenta, señorías, poniendo de relieve el fraude político que supondría que las diputadas y diputados catalanes del Grupo Parlamentario Socialista dieran la espalda a estas iniciativas. El pasado 9 de julio el señor
Pascual Maragall se hacía la foto con los representantes del deporte catalán y prometía su apoyo a las selecciones deportivas catalanas en lo relativo a su presencia en las competiciones internacionales de carácter oficial. La foto se la hace todo
el mundo.
(El señor Martí i Galbis muestra varios recortes de prensa.) Diez de julio, periódicos catalanes: Maragall se enfunda la cuatribarrada; Maragall promete impulsar las selecciones deportivas catalanas; Maragall aboga por la presencia
internacional del deporte catalán. La votación de hoy es una ocasión inmejorable para ejercitar la coherencia política y cumplir la palabra dada. Un voto contrario o una abstención del Grupo Parlamentario Socialista y de los diputados socialistas
catalanes, no a la proposición no de ley del grupo catalán sino a las cuatro proposiciones no de ley conjuntamente, sería un paso atrás y la prueba del nueve que demostraría la inconsistencia del proyecto político del Partido Socialista de Cataluña,
el nulo valor de los compromisos electorales del señor Maragall y la comprobación de la fuerza de la sumisión del Partido Socialista de Cataluña al Partido Socialista Obrero Español. Por todo ello, mi grupo parlamentario ha presentado esta
proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a remover todos los obstáculos que legalmente están establecidos hasta la fecha para hacer posible la participación de las selecciones deportivas catalanas...
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Martí, le ruego que concluya.
El señor MARTÍ I GALBIS: ...vascas y gallegas y de otras comunidades autónomas que lo deseen en competiciones internacionales de carácter oficial.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Martí.
Para la defensa de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, no es la primera vez que traemos a la Cámara el debate sobre la normalización de las selecciones deportivas autonómicas en el ámbito internacional. Se trata de una reivindicación muy arraigada y de creciente apoyo, además, en
algunos territorios del Estado que enlaza con una aspiración que en muchos casos casi podríamos calificar de secular.
En el caso del País Vasco, que es el que evidentemente mejor conozco, correspondió nada menos que al abuelo del actual presidente
del Gobierno, al periodista Manuel Aznar Zubigaray, el honor de ser hace ya casi noventa años uno de los principales abanderados de este popular anhelo.
En junio de 1914 Manuel Aznar, quien a la sazón era cronista deportivo del diario Euskadi -un
diario nacionalista, como todos ustedes sabrán-, animaba desde su columna a la formación de una selección vasca de fútbol: un proyecto -aseguraba literalmente- que ha cuajado admirablemente en todas partes y que seguramente el año próximo se
llevará a la práctica.
Evidentemente ni el año próximo ni en sucesivos se llevó este proyecto a la práctica, pero al año siguiente él continuó con el empeño y en otra columna muy significativa decía literalmente: 'Hace tiempo que se habla por ahí
de la constitución de un equipo vasco seleccionado entre los mejores a fin de luchar lejos de la patria, en Francia, en Inglaterra, etcétera. ¿Por qué no se organiza, pues, este equipo de jugadores que habría de representarnos cuando llegue la
normalidad ante las indicadas naciones? ¿Por qué -continuaba- no se constituye este equipo que lleva con nuestro nombre el afecto de todos los vascos? Abrigamos la firme esperanza de que esto pasará pronto, de que nos curaremos a no tardar del
ataque de pequeñez que padecemos'. Así escribía Manuel Aznar, el abuelo del presidente del Gobierno, hace ya varias décadas. Hoy, casi un siglo después, y pese al entusiasmo que entonces puso junto a otros muchos el periodista Manuel Aznar,
todavía la posibilidad de contar con unas selecciones deportivas propias que puedan participar sin límites de ningún tipo en los encuentros y competiciones deportivos de carácter internacional sigue siendo una aspiración muy extendida en el País
Vasco, pero también en otros territorios autonómicos con vocación y con conciencia nacional; una aspiración legítima y compartida -insisto- por cientos de miles de ciudadanos que, sin embargo, tropieza con un obstáculo principal; se encuentra con
otras dificultades también pero sobre todo con un obstáculo principal. ¿Cuál es este obstáculo? La tenaz y radical negación del Estado español -de ese Estado español que dice de sí mismo que es el más descentralizado del mundo- a facilitar algo
que en otros Estados no solamente es posible sino que constituye una realidad completamente normalizada y asumida. Pero se preguntarán cuál es la razón por la que el Estado español, el
más descentralizado del mundo, se opone a dar satisfacción a esta cada vez más masiva y cada vez más insistente reclamación popular. Se nos dice que la razón radica en el marco constitucional y estatutario de distribución de competencias.
Según los rectores del Estado, la pretensión de las selecciones deportivas autonómicas no puede ser satisfecha porque lo impide el esquema de distribución competencial que resulta del bloque de la constitucionalidad. ¿Pero es esto cierto? ¿Es
correcto afirmar, como se nos hace desde los poderes centrales del Estado, que son la Constitución y los estatutos de autonomía los que hacen imposible atender la reivindicación de las selecciones deportivas autonómicas? Veámoslo.
Analicemos en primer lugar cuál es el ente público territorial competente en materia de deporte, porque evidentemente estamos en el ámbito material del deporte. El artículo 149.1 de la Constitución, que relaciona nada menos que en 32 largos
puntos las competencias exclusivas del Estado, no hace ni una referencia al deporte, ni directa ni indirecta, ni explícita ni implícita, nada; el deporte sencillamente no figura entre las competencias que el constituyente ha querido dejar en manos
del Estado.
Frente a ello, sin embargo, nos encontramos con que todos, absolutamente todos los estatutos de autonomía sitúan esta materia -la del deporte- entre las competencias exclusivas de las respectivas comunidades autónomas. Nos hallamos,
pues, ante una materia de las que el Tribunal Constitucional ha calificado como de competencia exclusiva en sentido estricto. Ya lo ha dicho el portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió) que me ha precedido en el uso de la palabra, que hay un
montón de sentencias que podríamos citar que definen la caracterización de la competencia autonómica exclusiva en sentido estricto. Pero si el deporte constituye una competencia autonómica exclusiva en sentido estricto, ¿cómo puede ser posible -se
preguntarán- que el Estado nada menos que legisle y además desarrolle una intensísima y amplísima acción administrativa en esta materia? ¿Cómo puede ser que, careciendo de competencias, el Estado incida normativa y administrativamente en lo que
constituye el núcleo mismo del deporte como título competencial específico del bloque de la constitucionalidad? Se nos dice que sólo lo hace para disciplinar el deporte supracomunitario. Según los rectores del deporte estatal que defienden esas
tesis, la competencia exclusiva autonómica se refiere exclusivamente al ámbito territorial de cada comunidad autónoma, de suerte que la regulación del deporte supracomunitario correspondería al Estado. Sin embargo, esta tesis también tiene sus
fallas porque cuando la Constitución quiere reservar al Estado la competencia sobre la expresión supracomunitaria de una competencia que es inequívocamente autonómica, como ocurre en el ámbito del deporte, lo dice expresamente. Podríamos citar
numerosísimos casos del propio artículo 149.1 de la Constitución en los que esto ocurre. El Estado, el constituyente señala expresamente que una competencia que es de titularidad autonómica, cuando se proyecta sobre un objeto que es
supraterritorial, supracomunitario, la competencia pasa de la comunidad autónoma al Estado: ferrocarriles, transportes terrestres, aguas, obras públicas de interés general, etcétera. Sin embargo, esto que el constituyente hace con otras muchas
materias no lo hace con el deporte; esto no ocurre con el deporte. Y por si ello no fuera suficiente, el Tribunal Constitucional ha fijado una doctrina muy restrictiva en torno a la posibilidad de que la dimensión supracomunitaria del objeto de
una determinada competencia autonómica pueda justificar el desplazamiento de su titularidad desde las comunidades autónomas al Estado. El alto tribunal ha dicho que cuando el objeto de una competencia inequívocamente autonómica, como es la del
deporte, presenta un alcance territorial superior al de una comunidad autónoma, ésta no pierde la titularidad de la competencia en cuestión, sino que sigue poseyéndola, sigue reteniéndola en sus manos, salvo que -y vuelvo a leer textualmente el
contenido de la sentencia- la actividad pública que sobre él se ejerza no sea susceptible de fraccionamiento y, aun en este caso, cuando dicha actuación no pueda llevarse a cabo mediante mecanismos de cooperación y coordinación. En el caso del
deporte es evidente que no se da esta excepción, porque el deporte supracomunitario puede ser perfectamente abordado por las comunidades autónomas, únicas titulares de la competencia en la materia, a través de mecanismos de cooperación y
coordinación. Por tanto, incluso para el deporte supracomunitario la competencia autonómica sigue siendo exclusiva en sentido estricto. Si esto es así, se preguntarán: ¿sobre qué bases jurídicas se apoya el Estado entonces para impedir la
actuación internacional de las selecciones deportivas? Nos dicen que sobre la competencia exclusiva de la que goza el Estado en materia de relaciones internacionales, ésa que se apoya en el punto tercero del apartado primero del artículo 149 de la
Constitución. Sin embargo, cuando el Tribunal Constitucional ha determinado el tipo de relaciones internacionales que quedan integradas en este título competencial describe una realidad que es muy diferente a lo que es una competición deportiva.
El Tribunal Constitucional ha dicho, en sentencia de 26 de mayo de 1994, que las relaciones internacionales sobre las que el Estado tiene competencia exclusiva son: relaciones entre Estados soberanos, relaciones entre sujetos
internacionales sometidas al derecho internacional y, además, relaciones que deben producir una serie de efectos en el ámbito de la responsabilidad internacional o de la política exterior del Estado que, evidentemente, no voy a pormenorizar aquí
porque no tendríamos tiempo para hacerlo. Basta una leve aproximación a esta caracterización jurídica de las relaciones internacionales que hace el Tribunal Constitucional para darse cuenta de que los encuentros deportivos de carácter internacional
no pueden encajar en este título competencial. En primer lugar, clarísimamente, porque los sujetos que actúan en un encuentro deportivo no son ni Estados soberanos, evidentemente, ni sujetos internacionales sometidos al derecho internacional, sino
unos entes asociativos de naturaleza
estrictamente privada. Los clubes o las federaciones revisten un carácter inequívocamente privado. Son entes privados, con todas las consecuencias que de ello se derivan, y quizás la más importante de ellas sea que la selección deportiva
no representa al Estado, por mucho que algunos se empeñen, casi en un esfuerzo patético, en intentar demostrar que es así; sólo representan a una federación deportiva, es decir, a un ente privado.
Y en segundo lugar, porque las relaciones entre
estos sujetos de naturaleza estrictamente privada ni afectan al derecho a concertar tratados internacionales, ni originan al Estado obligaciones inmediatas frente a poderes públicos extranjeros, ni generan responsabilidad frente a otros Estados, que
son los requisitos que exige el Tribunal Constitucional para que podamos hablar propiamente de una relación internacional en los términos del artículo 149.1.3 de la Constitución. En las competiciones deportivas no hay, pues, relaciones
internacionales propiamente dichas.
Señorías, este es el panorama jurídico en el que el Estado se empeña en obstaculizar la libre participación de las selecciones autonómicas que así lo deseen en las competiciones deportivas de carácter internacional; un panorama que no le es
precisamente favorable porque, hasta hoy, ni el bloque de la constitucionalidad ni la jurisprudencia constitucional -aunque esta última pueda ir evolucionando en el sentido más favorable de las tesis contrarias- le habilita para intervenir en el
ámbito deportivo, ni tampoco para impedir la actuación extraterritorial de las selecciones deportivas autonómicas. Como ven, señorías, basta una lectura cabal y razonable del marco vigente de la Constitución y de los estatutos para hacer posible la
reivindicación que planteamos con esta iniciativa, no ya una lectura abierta o flexible sino una lectura razonable, cabal y lógica. Con la Constitución y los estatutos como únicos instrumentos es, pues, posible dar satisfacción a esta iniciativa
sin necesidad de apelar a planteamientos ideológicos que podrían ir mucho más allá, o planteamientos estrictamente nacionalistas que nada influyen en este terreno, aunque para ello somos conscientes de que sea precisa una exégesis de los marcos
constitucionales y estatutarios que no es posible exigir a un Gobierno que profesa un nacionalismo de Estado bastante excluyente y que combate los afirmaciones o los esfuerzos de expresión nacional que no coinciden con lo que consideran la única
nación admisible. En julio del año 1999, el entonces ministro de Educación, Cultura y Deporte y hoy candidato ungido para la presidencia del Gobierno por el Partido Popular, Mariano Rajoy, decía que iba a desarrollar desde el ministerio una intensa
política de presión diplomática para impedir que las estructuras deportivas internacionales permitieran el acceso directo de las estructuras autonómicas a su marco de funcionamiento ordinario.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Erkoreka, le ruego que concluya.
El señor ERKOREKA GARVASIO: Concluyo ya, señora presidenta.
Este es el nacionalismo radical, excluyente, contra el que nos expresamos a través de esta iniciativa.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Erkoreka.
Para la defensa de la proposición no de ley presentada conjuntamente con el señor Puigcercós, tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el reconocimiento de las selecciones nacionales deportivas catalana, vasca y gallega es un tema recurrente. No es la primera vez que esta diputada en este mismo hemiciclo plantea la necesidad, la legitimidad, la realidad y la
legalidad de hacer este reconocimiento. El hecho de que una vez más, apenas meses después, volvamos a debatir esta cuestión con cuatro proposiciones no de ley es significativo de que realmente lo que hay detrás es una necesidad, una legitimidad y,
en definitiva, una voluntad de querer llevarlo a la práctica, aunque ya sabemos que nos va a costar un poco. Es legítima esta solicitud de reconocimiento porque entendemos que lo que pretende hacer es manifestar la existencia de una cultura. Todos
sabemos que el deporte forma parte de la cultura, forma parte por tanto de la existencia de una determinada identidad, ni mejor ni peor, de una identidad, forma parte de una nación, forma parte de una realidad propia y diferente. Esto es lo que
nosotros pretendemos: la manifestación de la cultura como reconocimiento de la identidad, de una existencia propia, de un hecho diferencial propio, o como ustedes puedan entender esta cuestión, para nosotros de una nación.
No es algo que sólo
nosotros hayamos defendido, sino -perdónenme que les diga, señoras y señores diputados de todos los partidos y grupos- que está reconocido en la propia Constitución. Hay un reconocimiento de hechos diferenciales, de naciones, de nacionalidades, de
identidades, de realidades singulares, históricas y sociales. Y esto es lo que realmente nosotros pretendemos. Aquí se ha dicho que no aparece de la noche a la mañana y, lógicamente, no se recoge en un ordenamiento jurídico rápidamente. Tiene una
historia larga, una historia de mucho apoyo por detrás. Se han citado algunos ejemplos tanto de Euskadi como de Cataluña, pero yo citaré otro: el papel que jugaron determinadas selecciones en el exilio, en el caso del fútbol la selección vasca,
cuando trataban de reconocer la sensación de una libertad en contra de una dictadura, de la dictadura de Franco. Por tanto es legítimo, es reconocido y es una reivindicación que en nada se aparta del ordenamiento jurídico que hoy existe. Además,
es también legal. No voy a citar -lo hice en su momento en la interpelación y en la moción, se ha dicho ya en esta ocasión por dos veces- los argumentos, pero el propio reconocimiento del ordenamiento jurídico articula el deporte como competencia
exclusiva de las comunidades autónomas. No voy a hablar del porqué esa ley del deporte, la Ley 10/1990, que no está en el bloque de constitucionalidad, no puede ser el eje según el cual se nos diga que todo lo demás tiene que adaptarse a
esa ley, porque eso no es así. Hay que primar la competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Tampoco nos pueden decir que en virtud de la competencia de política internacional, del 149.1.3.ª, tendría que estar supeditada esta competencia a
la política internacional, porque también sabemos que incluso el propio Tribunal Constitucional reconoce los efectos externos de las competencias propias de las comunidades autónomas. No seguiré ahondando en esta materia porque ninguno de los
argumentos que señaló la ministra de Educación en su momento contradecían lo que nosotros señalábamos de la competencia clara y de la posibilidad de ese reconocimiento. Y hay apoyo y voluntad. Hablarán de Cataluña. Hablaré, en este caso, de que
el propio Parlamento vasco, recientemente, en mayo de 2002, reconocía, adoptaba y aprobaba esa voluntad y esa solicitud para que se establecieran las medidas pertinentes en el reconocimiento de la selección -en aquel caso- vasca de fútbol. Por
tanto, hay legitimidad, hay apoyo mayoritario y, además, democrático de un parlamento, en el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y hay legalidad. ¿Qué es lo que no hay? Hay una falta de voluntad de un Gobierno del Partido Popular que lo
que hace es contradecir lo que fueron acuerdos claros en un momento clave en la transición, contradecir lo que es la legalidad e ir en contra de los sentimientos mayoritarios y del reconocimiento de las realidades que existen hoy. Pero es que,
además, esto no es una cuestión que sea ajena a lo que ocurre en nuestro entorno. Lo que conocemos es que en otros Estados se producen las mismas realidades y no hay problema para que, por ejemplo, en Escocia, en Gales tengan su propia selección de
fútbol.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señora Lasagabaster, le ruego concluya.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Concluyo, señora presidenta.
Alguno decía: Mire usted, es que Escocia ha sido casi el origen del fútbol. Pues bien, explíquenme ustedes por qué se oponen, por ejemplo, aunque no sería el único caso, a que en el deporte de pelota vasca tampoco se le reconozca a la
Federación vasca la posibilidad de competir internacionalmente al mismo nivel que otras federaciones.
Señorías, se hablaba de que en el recurso que presentó el Gobierno del Estado a la Ley del deporte de 1998 se decía que no se admitía porque dañaba la imagen de España. Miren ustedes, nosotros no pretendemos que España no pueda competir,
que compita. Ustedes no es que nos estén dañando la imagen, es que nos niegan la realidad y nuestra existencia. Si a ustedes les duele, también a nosotros. Creo que es hora ya de que se apruebe este reconocimiento.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señora Lasagabaster.
Señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, la propuesta que presentamos hoy desde Esquerra Republicana de Cataluña conjuntamente con Eusko Alkartasuna no es una novedad, es una propuesta que se ha debatido en esta Cámara en diferentes comisiones.
Y alguien podía aducir que permanentemente partidos como Esquerra Republicana de Cataluña, Convergència i Unió, Eusko Alkartasuna, Bloque Nacionalista Galego y Partido Nacionalista Vasco recurrimos a lo que es la reivindicación de lo que podríamos
definir como lo simbólico. Pero como decía hace tiempo un dirigente del primer partido de la izquierda española, el señor Rodríguez Zapatero, si a un país se le quita la moneda, se le quita lo que podríamos definir las aduanas, las fronteras como
tales, si a un país, incluso, se le puede llegar a quitar el ejército o la trasposición a un futuro ejército europeo, ¿qué le queda a un país? Le queda, como decía don José Luis Rodríguez Zapatero, la identidad. Hoy estamos hablando de identidad.
¿Qué mejor embajador de la identidad, de la cultura, de la idiosincrasia de un pueblo, que unos juegos olímpicos o unos campeonatos deportivos del mundo? Son la mejor muestra de la identidad.
Hoy aquí, Esquerra Republicana de Cataluña, seguramente en consonancia con lo que han defendido y defenderán diferentes grupos parlamentarios, está defendiendo nuestra identidad. La identidad hoy es un aspecto importante, y por eso Cataluña
reclama selecciones nacionales, selecciones nacionales deportivas en competiciones oficiales. ¿Quiere esto decir -para aclararnos, y para que no haya ambigüedades- que Esquerra Republicana de Cataluña quiere y desea que, en unos hipotéticos
campeonatos del mundo de hockey sobre patines, por ejemplo, haya un partido España-Cataluña? Pues, sí; sin agravios, sin crispación, pero sí; creemos sencillamente que el deporte es eso: jugar y representar diferentes idiosincrasias y a
diferentes pueblos.
Por eso decíamos que en Cataluña hay un clamor mayoritario de ciudadanos y ciudadanas que reclaman la creación de selecciones deportivas catalanas en competiciones oficiales. Este clamor ya llegó a la constitución, en su momento, del Comité
Olímpico de Cataluña; más tarde, a la creación de la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña -es decir, a la unión de federaciones catalanas-; y, finalmente, a la recogida de 500.000 firmas por parte de la plataforma pro selecciones
nacionales de Cataluña. Ha sido un clamor no sólo del Parlamento de Cataluña, y no sólo del Gobierno de Cataluña; ha sido un clamor también de las diferentes federaciones y de muchos deportistas a título individual. Se basaba en la competencia
exclusiva que nos otorga el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Hemos asistido al hecho de que el Parlamento de Cataluña aprobara por una mayoría abultada la Ley 9/1999, de 30 de julio, de apoyo a las
selecciones deportivas catalanas, ley que fue recurrida por el Gobierno español en el Tribunal Constitucional. El recurso se amparó en lo que se podría definir como competencia exclusiva del Estado en las relaciones internacionales.
Discutible; estamos contraponiendo la competencia exclusiva en materia deportiva a las relaciones internacionales, cuando hablamos estrictamente de federaciones deportivas, que son de derecho privado y se acogen al derecho privado. Los fundamentos
jurídicos de esta sentencia son, pues, más que cuestionables. No son cuestionables, sin embargo, los fundamentos políticos. En Esquerra Republicana de Cataluña no vamos a renunciar a tener selecciones deportivas en competiciones oficiales.
Alguien podrá decir que la Constitución no ampara esta voluntad. La Constitución no va a permitir -nos decía el Grupo Popular las veces anteriores que hemos discutido- que haya selecciones deportivas nacionales catalanas, vascas o gallegas. Pues
nosotros creemos que sí; y, si esta Constitución no nos permite tener selecciones deportivas en competiciones oficiales, tendremos que cambiar de Constitución o, como decimos en catalán: l'autonomia que ens cal es l'autonomia de Portugal; es
decir, que la autonomía que le hace falta a Cataluña es la autonomía de Portugal: disponer de un Estado propio. Hemos visto este fin de semana cómo Lituania, que antaño formaba parte de la Unión Soviética, es ya una república independiente y se
permite ganar campeonatos de Europa de baloncesto.
Esta es la realidad: hay una voluntad mayoritaria del pueblo de Cataluña para tener selecciones. Aquí hay un conflicto de intereses que, desde el punto de vista pacífico, democrático y del diálogo, hay que solucionar.
Puede haber
diferentes alternativas, pero nosotros creemos que la alternativa pasa por el reconocimiento de las competencias exclusivas en materia deportiva por parte, en este caso, de Cataluña, y también por el apoyo del Gobierno a las modificaciones legales y
a las disposiciones que pueda haber para que las federaciones catalanas que lo deseen puedan participar en las federaciones internacionales. Y reconociendo incluso el derecho de que de otros territorios -en este caso, de los países catalanes-
puedan incorporarse deportistas, si quieren, a estas selecciones deportivas catalanas. Creemos que es así. ¿Creemos en Esquerra Republicana que tiene que haber 17 selecciones nacionales en España? No es este el debate. Todos somos conscientes de
que el grado de voluntad, de consciencia o de cohesión nacional o cultural es diferente en las diferentes comunidades autónomas. Desde Cataluña y desde Esquerra Republicana de Cataluña no somos nadie para decir si Andalucía podrá o no tener
selecciones nacionales algún día; eso atañe al pueblo andaluz, o a los gobernantes y federaciones andaluzas.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Puigcercós, le ruego que concluya.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Voy acabando, señora presidenta.
En el caso de Cataluña existe la voluntad mayoritaria de que un día, en unos campeonatos mundiales o en unos juegos olímpicos, puedan desfilar los deportistas -hombres y mujeres catalanes- con una bandera: la suya, la bandera de Cataluña,
la bandera que les es propia. Este es nuestro deseo. Seguramente hoy no triunfaremos aquí con esta iniciativa, pero les aseguro que en Esquerra Republicana de Cataluña vamos a seguir con esta línea de trabajo, para que los hombres y mujeres
deportistas catalanes puedan estar representados internacionalmente.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Puigcercós.
El señor Aymerich, para la defensa de la proposición no de ley presentada juntamente con los señores Rodríguez y Vázquez, tiene la palabra.
El señor AYMERICH CANO: Señorías, esta iniciativa del Bloque Nacionalista Galego tiene un objetivo claro y simple: pretende eliminar las trabas que la vigente Ley estatal del deporte del año 1990 opone a la presencia de combinados
nacionales gallegos en competiciones deportivas internacionales, unas trabas que además de desmentir las alegres afirmaciones de que el español es el Estado más descentralizado del mundo responden a una decisión legislativa carente de base
constitucional y que desconoce, como ya se ha manifestado de forma flagrante, la competencia exclusiva que Galicia asumió a través del artículo 27.22 del Estatuto de Autonomía en materia deportiva, competencia exclusiva frente a la que el Estado no
puede contraponer ningún otro de los títulos competenciales enumerados en el artículo 149.1 de la Constitución y desde luego menos que ninguno el de relaciones internacionales, porque como se ha indicado ya por otros portavoces esta competencia -ha
sido así declarada en reiteradas ocasiones por el Tribunal Constitucional- se circunscribe al ius legationis y al ius ad tractatum, es decir al derecho a enviar embajadores a la representación internacional del Estado como sujeto internacional y al
derecho también del Estado como sujeto internacional a celebrar tratados con otros Estados. Y a este diputado se le escapa cómo, de qué manera la presencia de selecciones gallegas, la presencia de equipos nacionales gallegos de las distintas
disciplinas puede menoscabar, puede afectar o puede invadir esta competencia estatal.
Esta iniciativa pretende también otra cosa, que aparte de la modificación de la ley y de los decretos que la desarrollan, por parte de la Administración, por parte del Gobierno español, no sólo no se impida sino que se promueva este
reconocimiento internacional de la pluralidad del Estado español también en el ámbito deportivo. Y lo hacemos en sintonía con muchos ciudadanos gallegos y además con muchos deportistas gallegos que por ejemplo en el ámbito del fútbol animan y
apoyan iniciativas
como Selección Galega Cha o la denominada Iniciativa Cidada, o la Selección Galega. Deportistas como los futbolistas Fran y José Ramón, como la mayoría de las peñas futbolísticas gallegas, como renombrados entrenadores de fútbol gallegos
como don Fernando Vázquez que pretenden, al igual que nosotros, que el carácter diferenciado de la sociedad gallega, nuestra identidad nacional, pueda también expresarse en el ámbito deportivo internacional al igual que sucede ya con otras naciones
sin Estado europeas: Escocia, País de Gales, Irlanda del Norte, las islas Feroe. Nos preguntamos a quién puede molestar esta aspiración, quién se puede sentir lesionado por esta demanda, al margen, claro es, de quienes pretenden sustentar sobre el
deporte, en la más rancia tradición franquista, una identidad española excluyente, de quienes se escandalizan de que una selección gallega pueda competir con la Selección Española, y esto ya ha sucedido, por ejemplo el 14 de enero en Vigo, en el
Pabellón de As Travesas, una selección gallega de balonmano se enfrentó a la Selección Española. Ganó la Selección Española, pero no se registró ningún problema de orden público: era un partido amistoso y un partido por una buena causa: recaudar
fondos para los damnificados por la catástrofe del Prestige. ¿Qué sucedería -me pregunto, señorías- si esta fuese una competición de carácter oficial? Pues absolutamente nada.
Esta proposición no de ley no va contra nadie, ni tampoco niega el derecho de nadie, lo único que pretende es conseguir para Galicia lo que ya tienen otras naciones. Entendemos que esto contribuiría a promover el deporte gallego y a apostar
por los deportistas gallegos, como por ejemplo por esos piragüistas que el pasado fin de semana obtuvieron siete medallas de oro en los mundiales de piragüismo, lo que hubiese convertido a Galicia, si tuviésemos una selección propia, en toda una
potencia mundial en esta disciplina deportiva.
Esperamos el apoyo de todos los grupos a esta iniciativa; de unos, porque sería una muestra mínima de coherencia en ese aliento autonomista recuperado, esperamos que de forma sincera, en Santillana del Mar; de otros, porque tienen una
ocasión óptima para corregir el exceso centralista cometido en 1990 por otro gobierno que no era precisamente de su color. A nadie le puede molestar y esperamos, como en el deporte, que actuemos todos con faire play. Esperamos que se respeten las
reglas, que se respete la Constitución y que se respete el estatuto de autonomía, que exista alguien que haga cumplir las reglas. Si las reglas no se respetan y nadie las hace cumplir, tendremos que empezar a pensar en hacer otras reglas que sí se
respeten y que nos permitan, como sociedad y como pueblo diferenciado, competir internacionalmente.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Aymerich.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Pérez Tabares.
El señor PÉREZ TABARES: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo desea manifestar la aceptación de las cuatro proposiciones no de ley presentadas porque entendemos que la integración de las federaciones deportivas que lo deseen en las organizaciones internacionales es una justa reivindicación de
esas comunidades autónomas. Por ello, nuestro grupo votará afirmativamente las cuatro proposiciones.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Pérez Tabares.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Gracias, señora presidenta.
Señorías, he escuchado con la atención que se merecen, como no podía ser de otra forma, a los distintos portavoces de los grupos parlamentarios que me han precedido. De la intervención del señor Erkoreka uno llega a la conclusión de que
cualquier Aznar pasado fue mejor, más que aquello de que cualquier tiempo pasado fue mejor; sin embargo, me alegro muchísimo de que nuestro hombre en Cataluña no se llame Maragall y de que uno, cuando va a Santillana del Mar, vaya a cuestiones tan
nobles como la de tomarse un buen sobao y no a enredarse en el tema del Estado.
Señorías, yo he notado un mayor ardor en el debate de este tema que en el de la presencia de las comunidades autónomas en la Unión Europea. Aquí ha habido más ardor. Quizá porque estábamos hablando de deporte aquí se ha puesto mucha carne:
a ver lo que van a hacer ustedes porque entonces se va a enterar Maragall si está por debajo o por encima del Partido Socialista. Mi grupo parlamentario, que tiene serias dudas en algunas de estas cuestiones y que estaba entre la abstención y el
voto positivo -es verdad que el 80 por ciento para el voto positivo y el 20 por ciento para la abstención- al final va a dar un voto positivo del cien por cien porque uno no quiere que, con la abstención, se considere que está haciendo el juego a
aquellos señores de allí enfrente y a la España irredenta. Digo esto porque son cuestiones que, a nuestro entender, no están suficientemente claras en la Constitución española y en las distintas sentencias. Ni lleva razón en estos momentos el
Gobierno central o el partido que soporta al Gobierno planteando que como ya tienen las relaciones internacionales ni mijita para todos los demás, ni entiende mi grupo parlamentario, humildemente, que considerar que el deporte está reconocido como
competencia exclusiva te da casi mecánicamente la capacidad de presencia en las competiciones internacionales. Son esos puntos, sin duda, sobre los que nosotros ya presentamos una enmienda a la moción que planteó en su día el Grupo Mixto,
intentando buscar un punto de encuentro, de debate y de consenso en estas cuestiones, por entender que no estaban suficientemente claras.
Esto, desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista político, vamos a votar a favor, entre otras
cuestiones porque, sin duda... (Se interrumpe la sesión por indisposición de una señora diputada.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señorías, se está avisando al servicio médico.
Se suspende brevemente el Pleno. (Pausa.)
Señorías, se reanuda la sesión. Ruego ocupen los escaños. Señorías, ruego silencio con el objeto de poder reanudar la sesión de manera ordinaria.
Señor Rejón, estaba en el uso de la palabra y puede continuar con ella.
El señor REJÓN GIEB: Sí, señora presidenta.
Dicho con todo el cariño a mi amiga Paca Pleguezuelos, prometo que será la última vez que defienda al Partido Socialista para que a su diputada no le dé una subida de tensión.
Decía que mi grupo parlamentario va a votar afirmativamente -teníamos un 80 por ciento para el voto positivo-, y entendemos el valor político que también tienen estas medidas.
En la sesión pasada defendíamos la presencia de las comunidades autónomas ante la Unión Europea. Sin duda es un tema importantísimo, pero muchas veces árido para la pedagogía y para el interés general, porque parece un tema alejado. Si un
tema tan cotidiano, tan cercano a la gente, como es el que pueda jugar la selección de balonmano de Galicia con la de España, sirve para popularizar y abrir un debate sobre un necesario desarrollo federalizante de la Constitución española,
bienvenido sea. No obstante, esta claro que en cualquiera de estos procesos todas las comunidades autónomas deberían de estar en igualdad de oportunidades independientemente de que hubieran accedido desde el hecho histórico y popular de un 28 de
febrero o desde el artículo 143.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rejón.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, una vez superado -espero que felizmente- el incidente que nos ha hecho suspender la sesión -y deseo la pronta recuperación de la compañera Pleguezuelos-, vamos a hablar del tema que nos ha traído a la Cámara el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) y al que se han añadido luego otros grupos parlamentarios.
Señor Martí i Galbis, los saduceos son más conocidos históricamente por su habilidad para tender trampas dialécticas, con el intento de que cualquier solución que se pudiera dar fuera siempre perjudicial para el adversario, que por sus
doctrinas de fondo sobre la inmortalidad o no del alma, que negaban, o la negación de la resurrección de los cuerpos. Me temo que S.S. tiene que estudiar mucho para llegar a la habilidad de los saduceos, porque a usted, en su intervención exaltada
y vibrante, se le ha notado tanto cuál es la razón por la que ha traído hoy aquí esta proposición, que no es ni más ni menos que el hecho de que el aún presidente de la Generalitat ha dicho ya que el día 16 de noviembre hay elecciones en Cataluña,
que no es necesario entrar a desmontar argumentos. Sobre los argumentos de fondo se ha hablado en otras ocasiones, varias veces en esta Cámara. En este momento, curiosamente, con todas las comillas del mundo, se trae cuando estamos ya,
prácticamente, en campaña electoral, que, si no, oficial sí es real.
Pero, ¿cuándo se habló por última vez de este tema en el Parlamento de Cataluña, tema tan preocupante para usted? He tenido la curiosidad de entrar en la web del Parlamento de
Cataluña, en la sección del servicio de información de actividades parlamentarias y resulta que la última ocasión en la que se habló de este tema en el Parlamento de Cataluña, a propuesta de su partido, porque luego no ha presentado ninguna otra
iniciativa de este tipo, fue en julio de 1999, cuando se iba a disolver el Parlamento de Cataluña y se iban a convocar elecciones autonómicas en Cataluña. Fue durante la tramitación de la Ley 9/1999, de 30 de julio, de apoyo a las selecciones
catalanas. Desde entonces, lo que ha provocado su ardor guerrero en esta tribuna no ha sido objeto de preocupación alguna por parte de ustedes, donde debiera de serlo, en cualquier caso, que es en el Parlamento de Cataluña.
Resulta sorprendente esta cadencia de cada cuatro años en coincidencia con las elecciones. También resulta sorprendente, señores de Convergència i Unió, cuando lo cierto es que llevan -quiéranlo o no, pero es la realidad- siete años de
coalición parlamentaria con el Partido Popular, con el que seguramente han consensuado ahora el disenso para plantear cuestiones de este tipo. En estos siete años han votado cada vez los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Partido
Popular y ya han anunciado ustedes o alguno de sus representantes en la prensa de hoy -creo haber visto la foto del señor Durán y del señor Trías Fargas- que, si eran buenos, iban a votar también los de este año. Ustedes no han pedido jamás a sus
aliados parlamentarios que resolvieran esta cuestión.
Vienen a plantearlo ahora, cuando hay elecciones. Con ello, van a intentar dejar en mal lugar a otros grupos parlamentarios. Piense usted, señor Martí i Galbis, antes de hacer estos juegos
dialécticos, que quien realmente queda mal aquí, quien queda mal en cuanto a la defensa de los intereses de Cataluña, de los intereses reales de los ciudadanos de Cataluña, de la sociedad catalana, son aquellos diputados catalanes que por dos veces
han votado la investidura del señor Aznar. Y estos diputados catalanes sólo se encuentran en su grupo parlamentario. La mayoría de los diputados catalanes que militamos en otros grupos parlamentarios no hemos votado al señor Aznar. Ustedes sí y
se quejan ahora de esto. (Rumores.) A pesar de los gestos que haga, señor Martí i Galbis, no podrá negar que usted ha votado las investiduras que ha votado y que no ha pactado nada de esto con anterioridad. Su interés es algo que a lo mejor
puede sorprender a diputados que no son de las circunscripciones catalanas, pero nosotros no nos vamos a sorprender. Llevamos ya meses de campaña electoral en Cataluña, con las fotos de su candidato en las paredes, con la campaña realizada
en la televisión pública de Cataluña, pagada por todos los ciudadanos, a favor del actual Gobierno de la Generalidad, y aquí asistimos a otro acto de propaganda electoral. Yo no creo que esto les dé a ustedes muchos réditos. La utilización de lo
público para los intereses partidistas no es lo adecuado, pero ustedes sabrán cómo establecen sus estrategias.
El ataque en una única dirección, el coincidir -cosa de la que casi diré que me alegro- en sus ataques desaforados al líder de mi partido en Cataluña con los ataques desaforados del Partido Popular al líder de mi Partido en Cataluña, deja
claras las cosas. Hay unos que estamos para intentar solucionar problemas, que entendemos que la identidad de los pueblos, de las sociedades, se hace construyendo su sociedad civil, no disminuyendo los gastos sociales, arreglando las escuelas y no
dejando niños fuera de las mismas, no construyendo barracones ni especulando con los terrenos de las cárceles, y que el exaltar pasiones, el excitar los sentimientos, el flamear banderas, fueren las que fueren, no es el sistema de hacer política,
para entendernos entre todos. No lo es. Es puramente un acto de propaganda electoral.
Respecto del tema que usted dice que trata aquí -por- que en realidad está tratando de elecciones autonómicas catalanas-, se ha hablado mucho en la Cámara. Es un tema complejo, como ha dicho hoy y dijo también el 4 de febrero el señor
Rejón. Si ustedes quisieran que esto pudiera llegar a un buen acuerdo sería cuestión de plantearlo con tiempo, con calma, sin exaltaciones, sin insultos ni provocaciones, hablando de cuáles son las condiciones que se pueden cumplir, qué es lo
sensato, qué es lo favorable para todos, qué es lo que conjuga los intereses de unos y otros, qué es lo respetuoso con la norma 34 de la Carta Olímpica, qué es lo respetuoso con el artículo 2 del Tratado de Roma, qué es lo respetuoso con todo el
conjunto de interpretaciones jurisprudenciales que se han hecho al efecto. Seguramente, si usted lo planteara en otro momento, con otras formas, sería posible llegar a un consenso; sobre temas bastante más difíciles se ha alcanzado. Planteado de
forma estrictamente de campaña electoral, utilizado sólo como arma arrojadiza, presumiendo determinada votación por grupos que están en otras posiciones políticas distintas a las suyas, no se soluciona el problema, si existiera; no se hace nada a
favor del deporte catalán, el deporte de base, el deporte de los barrios, el deporte escolar, lo único que se hace es intentar dividir a los ciudadanos, explotar sus sentimientos y pretender (creo que los ciudadanos están mucho más educados en la
política, en el deporte y en otros aspectos), a través de esta excitación, captar su voto. Desde luego, por este camino podemos los socialistas ir tranquilos a las elecciones.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Pedret.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor González.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el debate ha sido interesante porque, gracias a un tema deportivo, nos hemos enterado de que Cataluña tiene un nuevo estatuto de autonomía -he creído entender-, un estatuto nacional de Cataluña, del que se van a
desprender las futuras selecciones nacionales catalanas. También nos hemos enterado de que el abuelo del actual presidente del Gobierno, don Manuel Aznar, promovía -según los textos que se han leído aquí- las selecciones deportivas vascas fuera del
entorno de la comunidad vasca. En fin, ha habido una serie de acotaciones que han enriquecido por lo menos el conocimiento y la sapiencia de este portavoz.
Seguramente yo podría emplear todos los argumentos jurídicos que se han utilizado aquí exactamente igual, pero en una posición absolutamente contraria, porque el Grupo Popular entiende que tanto los artículos de la Constitución como las
distintas sentencias del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional a los que se ha hecho referencia aquí favorecen las tesis de que no pueden existir las selecciones autonómicas internacionales -por decirlo de alguna forma-, porque entrarían en
conflicto con las competencias del Estado en materia internacional. No me voy a centrar en el ámbito jurídico, porque ya he dicho que podríamos hacer referencia a los mismos artículos y sentencias y tener visiones distintas, pero sí voy a hacer
mención a lo que puede suceder si ese clamor popular, del que se ha hablado aquí, se hiciera fiel reflejo de la opinión de aquellas personas que en este caso parece que sufren o participan en competiciones deportivas. Yo me hago una pregunta: ¿Qué
pensarán o que dirán los señores jugadores y directivos del Deportivo de la Coruña, del Celta, de la Real Sociedad o del Athletic de Bilbao que están participando en competiciones deportivas internacionales si esa posibilidad se les cercena como
consecuencia de lo que se está debatiendo aquí? Habría que hacer esa pregunta. Hagámosla en el ámbito territorial correspondiente y pensemos cómo afectaría a esos magníficos deportistas, que verían cercenadas sus posibilidades de expansión
internacional como consecuencia de lo que aquí se pretende aprobar.
Dicho esto, sinceramente sigo sin ver esa masiva reclamación popular de la que estamos hablando. Yo viajo al País Vasco y a Cataluña con bastante asiduidad; voy a Galicia, hablo con personas muy vinculadas al mundo del deporte y no percibo
esa sensación de presión ambiental para conseguir las selecciones deportivas internacionales de las distintas comunidades autónomas. Es más, afirmo aquí, desde este atril, que aquellas personas que están en el mundo del deporte han llegado a
afirmar en algún caso que lo que se propone es una auténtica barbaridad. Yo no lo voy a decir, porque legítimamente se
puede pedir todo aquello que se quiera: se viene aquí, se hace la propuesta, se defiende, se vota y se gana o se pierde. En este caso, la representación que tiene el Grupo Popular presenta una ventaja sobre algunos partidos, sean
nacionalistas o no lo sean, y es que este portavoz que está interviniendo en estos momentos en representación del Grupo Popular dice exactamente lo mismo que diría un diputado del Grupo Popular que estuviera aquí representando a la comunidad de
Cataluña, del País Vasco o de Galicia. Hay otros partidos que no pueden decir lo mismo; tienen que subir a la tribuna a defender cuestiones distintas en función del momento electoral. Es un tema en el que queda reflejado cuál es el criterio de
convicción y unanimidad de una representación, en este caso institucional, de un partido político.
Pero voy a avanzar un poco más. El hecho de traer esta propuesta aquí en reiteradas ocasiones no obedece realmente a un planteamiento político; político en el contexto del que se está hablando aquí, en otras palabras, de aspiraciones. No.
Se trae aquí por un momento político excepcional en algunos casos. En el caso del País Vasco, obviamente como consecuencia del intento de salirse del marco jurídico constitucional con el plan Ibarretxe, y esto acompañaría al plan Ibarretxe. En el
ámbito catalán, obviamente estoy hablando de las futuras, cercanas y próximas elecciones catalanas, que vienen a exaltar el planteamiento que se tiene desde Cataluña, no solamente por parte de los partidos con representación nacionalistas sino
también de partidos que supuestamente tienen representación en Cataluña y que no son nacionalistas, aunque tendrían que tener portavoces que representaran al partido en concreto; terminaré explicando esto de una forma bastante más clara y
meridiana.
No se puede pedir lo que no está recogido en la Constitución. Si ustedes están tan absolutamente convencidos de que tienen razón, de que las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo les dan la razón, acudan al ámbito
jurisdiccional, al ámbito jurídico para demostrar lo que están diciendo, sabiendo que trayéndolo aquí por el partido que hoy representa la mayoría de esta Cámara se les va a decir que no. Tengan valor. Háganlo. Recurran. Si tan convencidos están
de que jurídicamente tienen razón, vayan a los ámbitos donde se supone que les van a dar la razón o donde se supone que ya se la han dado en otras ocasiones. Yo sinceramente creo que no, que es una ensoñación de algo que se pretende hilar con
situaciones distintas en función de la representación de la comunidad. Hay que ser bastante más serio en la posición que se adopta.
Por cierto -se lo digo cariñosamente al representante del Grupo Nacionalista Vasco-, mi abuelo era socialista y
también tenía derecho legítimamente a estar equivocado. Yo no lo soy, y creo que no lo estoy.
Se lo digo porque S.S. hace referencia a personas y a relaciones familiares que no tienen mucho sentido. Cada uno piensa lo que quiere, actúa como
estima oportuno y como legítimamente cree que es lo mejor para los intereses de lo que representa. Y lo que representa el presidente del Gobierno es nada más y nada menos que a España, al Estado español. Por tanto, no se circunscribe a defender
los intereses de una región, comunidad o país en concreto dentro de esa plurinacionalidad de la que estamos hablando en España. Sinceramente, creo que lo que hay que hacer es formular los planteamientos allá donde se supone que se les va a dar la
razón. Aquí, desde luego, con ayuda o sin ayuda de otros partidos de ámbito nacional, lo que sí puedo decirles es que el Grupo Popular no va a apoyar, bajo ningún concepto, el institucionalizar las selecciones deportivas internacionales, porque
entendemos que ni jurídica ni políticamente en estos momentos es viable y porque entorpece fundamentalmente el mundo del deporte, a los deportistas, y conseguiría empobrecer en general tanto a unos como a otros. Cuando Etxeberría, en la selección
española de fútbol, mete un gol, les garantizo que me siento tan vasco como español; y cuando mete una canasta de tres el señor Gasols en el campeonato de Europa de baloncesto, me siento tan catalán como español. Eso es lo importante de este
grupo, de este lado de la Cámara, que no tenemos que hacer esas distinciones para sentirnos representados por ustedes o por nosotros.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor González.
Vamos a proceder a la votación de las proposiciones no de ley que han sido examinadas. En primer lugar, votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a promover y
facilitar la integración de las federaciones deportivas de la Comunidad Autónoma de Cataluña, y de otras comunidades autónomas que así lo decidan en las correspondientes federaciones deportivas internacionales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 278; a favor, 33; en contra, 156; abstenciones, 89.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazada.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre modificación normativa y cambios organizativos para hacer efectivo el reparto competencial en materia deportiva.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 277; a favor, 32; en contra, 156; abstenciones, 89.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazada.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señora Lasagabaster y señor Puigcercós, sobre el reconocimiento
de las selecciones nacionales deportivas vasca y catalana.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 278, a favor, 33; en contra 155; abstenciones, 90.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazada.
Finalmente, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez, relativa al reconocimiento de las selecciones nacionales de Galicia.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 277; a favor, 32; en contra, 154; abstenciones, 91.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO. (Número de expediente 162/000776.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A LA LIMITACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y AL INCREMENTO DEL USO DE LAS ENERGÍAS LIMPIAS Y DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA. (Número de expediente 162/000808.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Punto VII del orden del día: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre cambio climático, que se debatirá conjuntamente con la del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la limitación del cambio climático y al incremento del uso de las energías limpias y de la eficiencia energética.
Para la presentación y defensa de la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el día 20 de septiembre del año 2000 la Comisión de Medio Ambiente aprobó por unanimidad una proposición no de ley a iniciativa de este grupo parlamentario -del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-, en la que se decía
textualmente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
La elaboración durante el primer semestre del año 2001 del plan de acción sobre el cambio climático, al objeto de garantizar el cumplimiento de los compromisos de Kioto sobre emisiones de gas de efecto invernadero de un incremento de
emisiones inferior al 15 por ciento;
A que en este marco se incorporen objetivos cuantificables, acciones, medidas y previsiones presupuestarias y fiscales encaminadas a reorientar los actuales modelos de transporte y energético en un sentido sostenible.
(La señora
vicepresidenta, Rubiales Torrejón ocupa la presidencia.)
Bien, señorías, hace tres años la Comisión de Medio Ambiente aprobó por unanimidad esta iniciativa y va a hacer tres años que el Gobierno tenía que haber presentado, de acuerdo con el mandato por unanimidad de esta Cámara, el plan de acción
sobre el cambio climático, o si quieren ustedes la estrategia de lucha contra el cambio climático. Han pasado casi tres años de esta iniciativa y de este mandato que se le había dado al Gobierno y seguimos estando, señorías, sin estrategia de lucha
contra el cambio climático. Lo grave no es estar solamente sin estrategia de lucha contra el cambio climático, sino que nuestro país sigue aumentando de manera permanente esas emisiones de gases de efecto invernadero sin que se tome ningún tipo de
medida por parte del Gobierno, sin que haya voluntad política de asumir el mandato de esta Cámara y desde luego sin que haya voluntad de cambiar la política energética, la política de transporte o cualquiera de las actividades económicas que son las
que inciden en la emisión de gases de efecto invernadero.
Señorías, es verdad que un mayor desarrollo de nuestro país puede suponer un mayor consumo tanto energético como de cualquier otro tipo de producción industrial, que implique un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero
hay que recordar a SS.SS. que la burbuja europea nos permitía un aumento de las emisiones del 15 por ciento.
Nuestro país estaba en condiciones de establecer una estrategia aumentando las emisiones; con independencia de que mi grupo parlamentario
no lo compartiera, podía perfectamente establecer mecanismos para impedir que las emisiones pudieran traspasar la frontera del 15 por ciento. En estos momentos, señorías, el aumento de emisiones con referencia al año base, que es 1990, está por
encima del 38 por ciento. No solamente estamos en ese proceso, sino que además las políticas que se van aprobando y desarrollando por parte del Gobierno del Partido Popular, con el respaldo del Grupo Parlamentario Popular en esta Cámara, implican
un aumento mayor si cabe precisamente en el periodo que se tenían que cumplir los compromisos de Kioto. Podemos hablar, por ejemplo, del documento aprobado en esta Cámara con los votos del Partido Popular de planificación de las redes de transporte
eléctrico y gasista 2002-2011, que en las previsiones de cumplimiento y con el escenario más favorable supone un 64 por ciento de aumento en las emisiones de CO2 respecto al año base de 1990, es decir nuestros planes energéticos en lugar de
favorecer que se luche contra el cambio climático y se reduzcan las emisiones de CO2 apostando realmente por las energías renovables, están enfocados de una manera clara y directa a favorecer esas emisiones con los supuestos y los escenarios más
favorables y unos aumentos de hasta el 64 por ciento. Además,
señorías, las medidas que se puedan adoptar en previsión de las reducciones de los gases de efecto invernadero, como podía ser la estrategia de ahorro y eficiencia energética, que en estos momentos está en fase de borrador y que todavía no
se ha aprobado, en el mejor de los escenarios -es decir con su cumplimiento íntegro- supone una reducción de sólo el 7,2 por ciento de las emisiones en el periodo comprendido entre el año 2004-2012. Si al 64 por ciento le restamos el 7,2 por
ciento, nos siguen quedando unas cifras bastantes espeluznantes. Si además, señorías, tenemos en cuenta que en los bosques de nuestro país, o la estrategia forestal española que se supone tienen que contabilizar como efecto sumidero, por una mala
estrategia forestal o por una mala gestión de los bosques, y desde luego por la falta de una política del Gobierno central para una mejor coordinación y prevención de los incendios forestales se están quemando, como por ejemplo en este año, desde el
mes de enero hasta nuestros días 119.000 hectáreas de bosques y montes, y que el efecto sumidero sólo podría suponer un 2,5 por ciento del total de reducción de las emisiones, nos encontramos ante un escenario bastante desfavorable.
Si tenemos en
cuenta que el Gobierno cuando contabiliza el efecto sumidero de los bosques lo hace incluyendo también las repoblaciones forestales, siendo consciente como es de que en los primeros años de repoblación no hacen de efecto sumidero sino que emiten
CO2, entonces nos encontramos ante un escenario todavía mucho peor. Por tanto no existe estrategia, no hay voluntad de cumplir los mandatos de esta Cámara y quedan escasas, por no decir nulas previsiones del cumplimiento del protocolo de Kioto.
Señorías, queda muy bien decir que el Estado español no solamente es firmante sino que además esta Cámara ratifica el protocolo de Kioto, pero los hechos nos llevan a que hemos dispuesto de muchos años para poder establecer la estrategia. Recuerdo
que en la legislatura pasada, en torno al año 1998, ya hablábamos de un borrador de estrategia de lucha contra el cambio climático, y en el año 2003 todavía estamos esperando que se presente esa estrategia, que se incida y se trabaje de verdad para
tener una estrategia de lucha contra el cambio climático. ¿Qué alternativas quedan si se sigue sin hacer caso a la preparación de la estrategia? Nosotros lo vemos de una manera muy clara.
Ustedes saben que dentro de los acuerdos adoptados por la
comunidad internacional, cuando se refrendó el protocolo de Kioto en la cumbre de Buenos Aires, se estableció el mecanismo de la compra de emisiones. Esa compra de emisiones, desde el punto de vista de mi grupo parlamentario es sencillamente una
forma de rebajar o de seguir manteniendo nuestras emisiones de manera injusta e insolidaria con los países en vías de desarrollo, y además estamos convencidos de que le resultará bastante cara a nuestro país. Con independencia del precio, lo
realmente grave de esto es que comprando emisiones no tiene uno por qué adaptarse a cumplir los mandatos de un convenio que España ha firmado y que hemos ratificado en esta Cámara.
Señorías, no se puede seguir funcionando así. Creemos que este verano ha sido un exponente claro, y lo siguen siendo las temperaturas que seguimos padeciendo en estos momentos, de que el cambio climático no solamente es un efecto que puede
venir, sino que ya está ahí, que ya está afectando a nuestra forma de vida, ya está afectando a nuestros ecosistemas, y desde luego a la salud de los ecosistemas y de las personas, en el presente y en un futuro próximo. Creemos que no se puede
seguir dilatando en el tiempo la aprobación de una estrategia; por eso planteamos, en cumplimiento del mandato de esta Cámara, que el Gobierno presente aquí de manera inmediata la estrategia de lucha contra el cambio climático. En nuestra
iniciativa planteamos que esa estrategia no puede venir llena de ambigüedades. Tiene que ser una estrategia que en colaboración y coordinación con las comunidades autónomas establezca los objetivos, que sean cuantificables y verificables en el
tiempo, y que además esté dotada de recursos económicos para poderlas llevar a cabo, porque sin recursos económicos, señorías, todas las estrategias que ha aprobado el Ministerio de Medio Ambiente se quedan en una presentación muy bonita, pero en
papel mojado, no se ponen en práctica, no hay recursos económicos porque no se les quiere dotar de ellos.
Señorías, también estamos dispuestos a que se hable de fiscalidad para mejorar nuestro medio ambiente y evitar el aumento de emisiones de CO2.
Creemos que es necesario, pero hay que hacerlo ya. No podemos seguir esperando, no pueden seguir
pasando los años sin que esta Cámara y sin que el Gobierno cumpla un compromiso firmado y ratificado, continúe obviando las necesidades y desde luego el empeoramiento de nuestro medio ambiente; en definitiva el empeoramiento de la calidad de vida
de la ciudadanía y de la salud de las personas que viven en nuestro país. No sirven las excusas. Ya no caben más excusas. En muchas ocasiones se nos ha dicho que es una tarea compleja, en la que intervienen muchos ministerios y muchas
administraciones, pero eso sólo sirve para justificar un incumplimiento reiterado, no sólo de un compromiso internacional, sino además de un mandato de esta Cámara.
Esperamos que el Grupo Parlamentario Popular sea coherente con lo que aprobó en el año 2000 y exija y demande al Gobierno, de la misma manera que lo pretendemos hacer los restantes grupos de la Cámara, una necesidad imperiosa ya en estos
momentos: la estrategia de lucha contra el cambio climático.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señora Urán.
Para defensa de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, después del tiempo que ha pasado desde que ustedes llegaron al poder en la anterior legislatura, en 1996, me pregunto si el Grupo Popular, si el Gobierno cree que existe un cambio climático. Cree que las inundaciones que existen,
que la desertificación, que las sequías, que la pérdida de la capa de ozono son elementos suficientes para considerar que existe un cambio climático. Si lo creen, no están actuando con arreglo a esas previsiones, a esas circunstancias; y si no lo
creen, desde luego están actuando de acuerdo con ello.
Desde que ustedes crearon el Ministerio de Medio Ambiente y la señora Tocino tomó posesión como ministra, ustedes dijeron que iban a traer a esta Cámara una estrategia de lucha contra el cambio climático. El señor Matas se comprometió a
traer a esta Cámara una estrategia de lucha contra el cambio climático. La actual ministra no ha tenido todavía suficiente tiempo para elaborarla, fue más cauta y dijo que hasta que no estuviera solucionada la directiva sobre el comercio de
emisiones, no traería la estrategia; que se trabajaría y se estudiaría en la oficina del clima para dar alguna alternativa. Lo cierto es que a la vista de los datos objetivos que da el propio Instituto Nacional de Estadística, a la vista de los
datos internacionales que existen sobre el volumen de emisiones que hay en España, que se han ido incrementando de manera muy importante y preocupante, ustedes tenían que haber reaccionado de manera muy diferente a como lo han hecho.
Saben SS.SS. y sabe la señora De Lara, que me imagino será la portavoz del Grupo Popular, que el año de referencia es 1990. En el año 1990 en la Unión Europea las emisiones de gases de efecto invernadero suponían 4.216.000 toneladas; en
el año 2000, curiosamente la Unión Europea disminuyó el volumen de las emisiones a 4 millones de toneladas; sin embargo España, que en el año 1990 emitía 286.000 toneladas, en el año 2000 emitió 385.000 toneladas. Estos datos son del Instituto
Nacional de Estadística. Si vemos los datos del año 2002, podemos observar que el incremento de las emisiones todavía ha sido superior, aunque se ha incrementado en el 4,5 por ciento, que unido al 34,5 de los años comprendidos entre 2000 y 1990
supone un incremento de emisiones del 38 por ciento. Ante semejante realidad, ante semejante volumen de contaminación, el Gobierno está cruzado de brazos diciendo que tiene que estudiar, que tiene que trabajar y que ya verá cuándo nos puede traer a
esta Cámara una estrategia de lucha contra el cambio climático.
Señorías, si he hecho la pregunta inicial de si creían o no, ha sido porque todo lo que están haciendo en cualquiera de las áreas de la política de medio ambiente, en las políticas ambientales, en materia de suelos, en materia de
contaminación, son normas que ustedes las ponen encima de la mesa, pero a la hora de llevarlas a la práctica no corrigen, eliminan ni ayudan a corregir cualquiera de las emisiones o contaminaciones que se producen como consecuencia de las
actividades del hombre. Por ejemplo, la ley de IPPC que nosotros planteamos era bueno que tuviera por parte de las empresas una ayuda para actualizar y modernizar sus estructuras debido a que se había traspuesto a nuestro derecho con dos años de
retraso, ustedes lo negaron y han pasado la responsabilidad a las comunidades autónomas. Como dicen que las comunidades autónomas son las que tienen competencia en estas materias, ustedes elaboran la norma, y el que tenga que pagar que pague, pero
que sean otros y no el propio Estado central, siendo bien cierto que cuando lo quieren, y así lo hacen, plantean ayudas que tienden a paliar o a minimizar los impactos de determinadas acciones políticas que hay que llevar a cabo.
La ley de montes que está en debate actualmente tendría que servir para que los montes, como efecto sumidero que pueden provocar, tuvieran un desarrollo importante y adecuado, de acuerdo y en colaboración y coordinación con las comunidades
autónomas, y supusiera que las masas forestales se fueran incrementando en España y fueran sirviendo para minimizar los impactos que se producen por la contaminación. Pero eso a ustedes les da lo mismo. Ustedes van a lo suyo, se ponen las orejeras
al lado de sus oídos, miran hacia el frente y dicen: lo que digan los demás nos da lo mismo. Nuestros intereses y nuestros beneficios van en dirección contraria a la que se plantea como intereses generales. Eso sí, a bombo y platillo venden que
hemos ratificado el protocolo de Kioto; por supuesto, toda la Cámara lo ha ratificado. A bombo y platillo dicen ustedes que están trabajando para que el cambio climático tenga una lucha adecuada en España; sin embargo eso no se observa. La
práctica no es la que ustedes están planteando y la práctica nos dice lo contrario. Si en Europa, debido a los convenios internacionales, tenemos una disminución antes del año 2012 del 8 por ciento en las emisiones y España puede emitir gases en
cantidad superior hasta el 15 por ciento, indudablemente esa posición de ventaja no la han sabido aprovechar y no han sabido llevar a cabo las políticas correspondientes para minimizar todo el proceso de contaminación que existe.
Ustedes elaboraron un plan de energía renovable, a los primeros que enfadan es a los propios empresarios que tienen que poner en marcha el plan y su desarrollo no está alcanzando los objetivos que tenían previsto. Por tanto, lo que hay que
hacer es corregir el plan e intentar que esas energías renovables, que vendrían muy bien para luchar contra el cambio climático, tengan una plasmación práctica en la acción del Gobierno central en coordinación con las comunidades autónomas.
Cuando hablamos de estas cosas parece que estamos hablando contra un frontón y que los oídos sordos que se nos ponen enfrente no tienen nada que ver con los intereses reales que puede tener una sociedad como la española que debería entender
que la calidad de vida de sus ciudadanos está por encima de muchos intereses de carácter partidista. Ustedes me imagino que vendrán a decirme, como ha pasado con el proyecto de ley de responsabilidad civil, que como está pendiente de aprobación la
directiva correspondiente sobre el comercio de emisiones, hasta
que no se apruebe esa directiva no van a traer a la Cámara una estrategia de lucha contra el cambio climático. También nos dijeron hace tres años, cuando presentaron a bombo y platillo la estrategia de desarrollo sostenible en el palacio de
la Moncloa, que iba a ser un documento de estudio y de trabajo muy serio que iba a suponer una mejora de nuestra calidad de vida en el conjunto del Estado español, y todavía estamos esperando la estrategia. Ha sido una labor continuada de
incumplimiento de compromisos adquiridos en esta Cámara. Tenía razón la señora Urán cuando decía que aquí hemos acordado que esta estrategia se presentaría -pero pasa que no es la única vez que acordamos cosas que luego no se cumplen- y ustedes lo
siguen incumpliendo. Si tan razonable puede ser ahora que no la presenten hasta que no tengan la directiva del comercio de emisiones, hagan el favor de no engañar, de no mentir a la gente y no decir que con la presentación de la estrategia o con el
anuncio de la presentación de una estrategia están solucionados todos los problemas porque eso no es cierto, señora De Lara.
Imagino que cuando S.S. llegue a esta tribuna empezará a acusar y criticar al Partido Socialista o a otros grupos políticos que no entendemos lo que está pasando, pero los datos son tozudos. Son tan tozudos que si usted no es sensible a
este aumento progresivo de la contaminación en nuestro país, si usted no es sensible a que cada vez la calidad de vida de los ciudadanos se va deteriorando como consecuencia de no adoptar las medidas necesarias, señora De Lara, creo que ustedes no
son sensibles y no creen que existe un auténtico cambio climático en nuestro país y en el conjunto del planeta. Creo que cumplir con las normas de carácter europeo, transponer las directivas comunitarias, plantear en todo momento que es necesario
que exista una auténtica política para luchar contra el cambio climático, no deben ser solamente meras palabras sino algo más concreto, más sólido y algo en concordancia con los intereses de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos y con el
conjunto de la sociedad que nos permita mejorar nuestro nivel y nuestra calidad de vida.
Señores del Grupo Popular, la propuesta que hace el Partido Socialista a través de esta proposición no de ley es una propuesta completa, en la que se plantea la exigencia de elaboración y aprobación de esa estrategia; en la que se plantea
la aprobación de una ley sobre eficiencia energética y energías renovables; en la que se plantea modificar y reformar su plan de energías renovables, e introducir otros aspectos de política energética que tengan que ver con la lucha contra el
cambio climático, con la lucha a favor del desarrollo sostenible, y en definitiva con la lucha a favor de una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos de este país.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Morlán.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Otxoa.
El señor OTXOA DE ERIBE ELORZA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la inactividad del Gobierno del Reino, desde que el 20 de septiembre del año 2000 se aprobase en la Comisión de Medio Ambiente de esta Cámara la proposición no de ley a la que ha hecho alusión la representante del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, hace que nos parezcan oportunas -muy oportunas- las proposiciones no de ley presentadas hoy, que van a contar con el voto positivo del Grupo Parlamentario Vasco para que esta Cámara las tome en
consideración.
Ya es hora de que el Gobierno central y el partido que le apoya bajen de su pedestal, abdiquen de su soberbia, reconozcan su inoperancia en esta materia, adquieran la sensibilidad que ahora les falta y se pongan a trabajar de verdad en este
asunto. Si no saben cómo hacerlo, tienen dónde aprender, porque ya en el año 2000 el Gobierno vasco preocupado por esta situación, y ante la pasividad del Gobierno central, se encargó de poner en marcha su programa marco ambiental 2002-2020, que ya
ha obtenido los primeros resultados consiguiendo que la comunidad autónoma esté en este momento en los niveles medios de la Comunidad Económica Europea por unidad de producción, habiéndose localizado que tanto la producción energética como el sector
de transporte son los principales causantes del grado de contaminación medioambiental que ahora tenemos, y en ese sentido se está favoreciendo, por ejemplo, la modificación de las centrales eléctricas productivas por otras de ciclo combinado de
menor contaminación.
Insisto. Ya es hora de que el Gobierno trabaje en este ámbito, ya es hora de que cumpla sus promesas siempre incumplidas -repetidamente incumplidas, como ha dicho el representante del Grupo Parlamentario Socialista-, y por tanto vamos a
apoyar estas dos iniciativas.
Nada más, y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Otxoa.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Martí.
El señor MARTÍ I GALBÍS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) también valora positivamente, como decía el Grupo Parlamentario Vasco, el contenido de las dos proposiciones no de ley presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida y por el Grupo Parlamentario Socialista. Creemos que tienen contenidos fácilmente asumibles y correctos, y por tanto mi grupo parlamentario va a dar apoyo a las dos iniciativas.
La señora Urán decía antes y con toda razón, que la Comisión de Medio Ambiente aprobó en su día una iniciativa parlamentaria sobre esta cuestión. En el seno de la Comisión de Medio Ambiente de esta Cámara hemos tenido unos cuantos debates
sobre estos asuntos, sobre la estrategia de desarrollo sostenible y sobre temas paralelos o coincidentes, relacionados con la problemática del
cambio climático. Una de las últimas veces que tuvimos ocasión de discutir esta cuestión fue durante la primera comparecencia de la nueva ministra de Medio Ambiente ante la Comisión de Medio Ambiente. En esa sesión, el 9 de abril pasado,
la ministra se comprometía, como bien recordaba Presentación Urán, del mismo modo que lo hizo el ministro anterior don Jaume Matas, a impulsar la conclusión de la estrategia española de lucha contra el cambio climático. Por otra parte y en
paralelo, se comprometía también a avanzar hacia la oportuna aplicación del proyecto de directiva de la Unión Europea por la que se establece el régimen de comercio de emisiones a que hacía referencia anteriormente el portavoz socialista, siempre y
cuando fuese a partir de la entrada en vigor de esa directiva.
La verdad es que a pesar de ambos compromisos políticos y del tiempo transcurrido desde la primera comparecencia el pasado mes de abril, yo diría que no se ha avanzado en casi nada, y si soy injusto pediré disculpas. Mi grupo parlamentario
cree que en el aspecto medioambiental el Gobierno no podrá incorporar en la actual legislatura como un activo, como una victoria, avance alguno en su acción gubernamental relativa a la lucha contra el cambio climático. Creemos que su balance en
este aspecto no va a ser demasiado rico y que en todo caso debe trabajarse mucho más profundamente para evitar las consecuencias a que aludía anteriormente la portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Señorías, creo que todos coincidiremos en que estamos ante uno de los problemas más graves, contra el que debemos luchar y debemos enfrentarnos no solamente ahora sino después de unos años, y es cierto que la lucha contra el cambio climático
no sólo implica a los gobiernos y a las administraciones públicas; implica a toda la sociedad y a todos los países globalmente. El cambio climático es un fenómeno global que nos afecta y sus efectos en todo caso no discriminan a los países y a los
gobiernos que hacen los deberes respecto de los que no los hacen, los efectos son globales y afectan de igual manera o casi de igual manera a todos los países, a todos los territorios del globo. La demostración más palpable de que eso es así son
algunos datos que aparecen en el reciente informe editado por el Worldwatch Institute, de Washington, según el cual el 85 por ciento de las catástrofes producidas en el año 2002, el año pasado, se debieron a fenómenos meteorológicos asociados a
cambio climático, cuyo coste económico se incrementó en un 93 por ciento, casi el cien por cien más respecto a los costes que esos resultados tuvieron en 2001, o sea que cada año tenemos un cien por cien de aumento. Además en los últimos meses se
han hecho públicos datos oficiales sobre la emisión de gases contaminantes -no sé si antes algún portavoz se ha referido a estos datos oficiales- y en todo caso el inventario estatal de emisiones por comunidades autónomas, referido a las emisiones
correspondientes al año 2001, sitúa al Estado español con un aumento del 32 por ciento, cuando el límite está establecido en el 15 por ciento en el plazo conocido por SS.SS. que va desde el año base 1990 -establecido en el Protocolo de Kioto, como
SS.SS. conocen; ratificado, recuerdo, en su momento, por el Estado español- al periodo 2008-2012. Lo más preocupante es que la estrategia de ahorro y eficiencia energética de España 2004-2012, aún no concluida del todo, ratificada o aprobada, que
es un documento elaborado por el Ministerio de Economía, prevé que en el año 2012 el incremento de emisiones alcance el 58 por ciento, lo que va a suponer, si se confirma, el simple incumplimiento del Protocolo de Kioto.
No hay más que decir y creo
que todos debemos ir preparándonos para esa mala noticia, con las multas multimillonarias que ello va a suponer para todos aquellos Estados del la Unión que no cumplan el contenido de ese tratado.
Tampoco podemos olvidar el coste que va a tener para las empresas y las industrias la adaptación de sus instalaciones y centros productivos a los requerimientos y exigencias del IPPC, la ley traspuesta a través de la directiva de prevención
y control integral de la contaminación, a la que se refería el portavoz socialista y aprobada por esa Cámara, cuya entrada en vigor recuerdo a SS.SS. es el año 2007, por tanto va a concatenarse, va a encajarse casi con la fecha límite 2008-2012 por
lo que hace referencia a las emisiones contaminantes. Los últimos datos conocidos sobre esta cuestión, al menos por este diputado, correspondientes a finales de este mes de agosto, por tanto hace escasas fechas, quizá 15 días o tres semanas, son
los contenidos de un estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y alertan de que el incremento de emisiones acumulado hasta el año 2002 en España alcanza el 50 por ciento respecto al año 1990, lo que nos coloca en una posición
extremadamente delicada.
Por todo ello, y aunque el año 2012 parezca una fecha lejana, creemos que es absolutamente imprescindible una acción urgente y conjunta, repito, entre la sociedad, entre toda la sociedad, entre todas las administraciones públicas
competentes, municipales, autonómicas y también obviamente el Gobierno central y/o conjuntamente con el sector productivo industrial para poner en marcha los mecanismos de lucha contra las emisiones de gases efecto invernadero y sus consecuencias
nefastas. En este sentido, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ve con buenos ojos las dos iniciativas parlamentarias, en todo caso porque entendemos que debe aprobarse esta estrategia española contra el cambio climático. Eso no
puede esperar más, por tanto apoyaremos estas dos iniciativas y pedimos a las administraciones competentes, especialmente a la que tiene más responsabilidad, que es la Administración central del Estado, al Gobierno español, al Ministerio de Medio
Ambiente, que tome esa lucha de manera seria y que afronte las consecuencias nefastas que puede tener para nuestra sociedad la superación de los límites establecidos en lo que se refiere a las emisiones de gases de efecto invernadero.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Martí.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, debatimos hoy un tema de enorme transcendencia, las emisiones de gases de efecto invernadero y el cambio climático, tema que por la magnitud de sus posibles efectos constituye uno de los problemas ambientales más importantes del
presente siglo.
En el tercer informe de evaluación del grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático se confirma que a lo largo del pasado siglo la temperatura media global en la superficie de la tierra ha aumentado y por primera vez se
atribuyen las causas del calentamiento observado a la actividad humana, concretamente al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Mi grupo parlamentario comparte algunas de las afirmaciones hechas por los portavoces parlamentarios que me han precedido en lo que a la gravedad de la situación se refiere y a la necesidad de una estrategia española para el cumplimiento del
Protocolo de Kioto, pero rechaza los textos de las proposiciones no de ley, en las que se solicita que de manera inmediata el Gobierno presente esta estrategia, porque o bien los portavoces socialistas y de Izquierda Unida desconocen el mecanismo de
elaboración de la citada estrategia, lo que sería enormemente grave, o bien, conociéndolo, actúan de manera demagógica e irresponsable. No sé cuál de las dos posibilidades es la correcta.
Parece evidente que los portavoces de medio ambiente de los Grupos Parlamentarios Socialista y de Izquierda Unida deberían conocer que en el Real Decreto 1188/2001 se remodela el Consejo Nacional del Clima, ampliando la representación en el
mismo a todas las administraciones y agentes sociales implicados en la lucha frente al cambio climático.
Parece asimismo evidente que las señorías socialistas y de Izquierda Unida deberían conocer que la comisión permanente del Consejo Nacional del
Clima, en la que se hallan representados todas las administraciones, sindicatos, asociaciones de consumidores y usuarios, las ONG, empresarios, docentes e investigadores, recibió el mandato de elevar al pleno del consejo con la mayor brevedad
posible una propuesta de estrategia para el cumplimiento del Protocolo de Kioto, y también es evidente, señorías socialistas y de Izquierda Unida, que ustedes conocen o deberían conocer que desde febrero de 2003 hasta la fecha la comisión permanente
del Consejo Nacional del Clima ha celebrado 16 sesiones para analizar, debatir y consensuar un texto que se elevará al pleno del consejo para su valoración y en su caso aprobación.
En estos momentos, señorías, supongo que están informados, el 72 por ciento de las propuestas ya están consensuadas en la comisión permanente.
Lo que parece menos evidente es que, señorías socialistas y de Izquierda Unida, compartan ustedes
el objetivo del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular, que es conseguir un texto negociado y aceptado por todos, dadas las implicaciones que tendrá el cumplimiento del Protocolo de Kioto, que afectará a los sectores energético, de transporte,
industrial, agrícola, forestal, tratamiento de residuos y un largo etcétera. En definitiva, señorías, son muchos los sectores que deberán asumir las exigencias de reducción de emisiones y lo que no hará el Gobierno es impedir que el Consejo
Nacional del Clima alcance el consenso deseado. No compartimos por ello sus afanes intervencionistas sino que somos partidarios de que el citado Consejo Nacional del Clima apruebe la estrategia española para el cumplimiento del Protocolo de Kioto
con la mayor brevedad posible pero también con el mayor grado de consenso y posteriormente lo presente al Gobierno para su posterior aprobación en el Consejo de Ministros.
Tampoco, señorías socialistas, consideramos necesario redactar el proyecto de ley que solicitan sobre eficiencia energética y energías renovables, y no lo consideramos necesario por un triple motivo. De un lado, porque se encuentran en fase
de trasposición las directivas relativas a la promoción de la electricidad generada a partir de las fuentes renovables, la directiva sobre fomento de uso de biocarburantes en el transporte y la directiva sobre eficiencia energética en los edificios;
de otro, porque el Plan de fomento de las energías renovables contempla de manera más exigente varias de las medidas consideradas en la directiva y, por último, porque el Gobierno está elaborando ya una estrategia de ahorro y eficiencia energética,
horizonte 2004-2012, en la que se analiza la evolución de los diversos sectores productivos desde el punto de vista de su consumo energético e identifica las medidas a poner en marcha para los próximos años y que España pueda reducir su consumo de
energía por unidad de producto.
El notable incremento económico experimentado en España en los últimos años, precisamente durante los gobiernos de José María Aznar, ha propiciado que las emisiones hayan crecido por encima del límite asignado. Parece evidente que cuando se
contabilicen los descuentos que generan los sumideros y los mecanismos de flexibilidad, como el comercio de emisiones y la transferencia de tecnologías limpias, se reducirán las emisiones netas. En todo caso, señorías, la próxima aprobación de la
estrategia española para el cumplimiento de Kioto marcará un hito en la lucha contra el cambio climático, lo que supone sin duda un reto de todo el Estado español, no sólo de una Administración concreta. En los últimos años muchas son las
iniciativas puestas en marcha por el Gobierno del Partido Popular para reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero, iniciativas que, indudablemente, pronto empezarán a dar resultados. Veamos, señorías, algunos ejemplos de lo que
ustedes han negado en sus intervenciones. Se han tomado medidas de liberalización del sector eléctrico que fomentan la eficiencia y la competitividad, con primas e incentivos a la producción eléctrica renovable; se ha establecido y puesto en
marcha un Plan de fomento de las energías renovables; se ha fomentado el uso del gas; se ha apostado
por el ciclo combinado; se está mejorando la calidad de los combustibles; se han mejorado las infraestructuras de los transportes, fomentado el ferrocarril y los transportes públicos, como los trenes de cercanías y la línea de Metro -un
ejemplo claro lo tenemos en la Comunidad de Madrid-; está en marcha el Plan nacional de residuos que prevé la práctica eliminación de emisiones de metano de los vertederos; está en vigor la Ley de control integrado de la contaminación que exige la
aplicación de las mejores técnicas disponibles para cumplir unos límites de emisiones; se está aplicando la directiva de techos nacionales de emisión y de grandes instalaciones de combustión; está en vigor el Plan nacional forestal cuyas medidas
de mejora y aumento de nuestra masa forestal llevan aparejadas captaciones de unos 60 millones de toneladas de dióxido de carbono por efecto de la fotosíntesis.
No se puede negar la evidencia de las actuaciones emprendidas porque sería una actitud demagógica e irresponsable y denota una falta de grandeza política en nuestros compañeros socialistas a la que ya nos tienen acostumbrados. Nunca,
señorías, se habían tomado más iniciativas medioambientales en España que las que ha adoptado el Gobierno del Partido Popular. Hoy se nos plantea un enorme reto, el cumplimiento del Protocolo de Kioto y el Grupo Popular considera que debe abordarse
en términos positivos. Es indudable que conllevará un coste y que exigirá cambios de hábitos sociales, pero también aportará enormes beneficios que redundarán en la modernización del país, en la mejora de la competitividad, el desarrollo
tecnológico, la generación de empleo y el incremento de la calidad de vida. El Gobierno debe liderar el proceso, pero todas las administraciones, organismos y sectores afectados, públicos y privados, deberán colaborar. Será necesario el esfuerzo y
la colaboración de todos los ciudadanos y de todas sus señorías, también de la oposición.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señora De Lara. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señorías, ocupen sus escaños.
Vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre cambio climático.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 278; a favor, 124; en contra, 153; abstenciones, una.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazada.
Votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la limitación del cambio climático y al incremento del uso de las energías limpias y de la eficiencia energética.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 277; a favor, 123; en contra, 153; abstenciones, una.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LA CATÁSTROFE DEL BUQUE PRESTIGE. (Número de expediente 173/000219.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Punto III del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Anuncio a SS.SS. que se procederá al debate sucesivo de las diferentes mociones presentadas y la votación
será al final de las mismas. (Aplausos.)
Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las consecuencias de la catástrofe del buque Prestige.
Para la presentación y defensa de la iniciativa, tiene la palabra el señor López Garrido. (Rumores.)
Señorías, un diputado se encuentra en la tribuna esperando poder hace uso de la palabra. Ruego a SS.SSS. que las conversaciones las mantengan en tono bajo o, a ser posible, fuera del hemiciclo. (Pausa.)
Adelante, señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Señora presidenta, señorías, la semana pasada, en el debate que tuve el gusto de sostener con el señor Arenas, quedó claro que en relación con el buque Prestige el Gobierno no ha hecho el más mínimo análisis, ni
estudio, ni informe. No ha querido descubrir absolutamente nada de lo que ha sucedido ni ha preparado nada al respecto para que no vuelva a ocurrir. Es algo que quedó muy claro en el anterior debate. En concreto hice varias preguntas al señor
Arenas respecto a qué había hecho el Gobierno en 10 meses y me dijo que nada, absolutamente nada, sobre el conocer qué había sucedido y por qué, sobre la actuación de las administraciones públicas, etcétera.
Desde entonces, en estos días hemos recibido los grupos parlamentarios un libro blanco sobre el Prestige, que tengo en la tribuna. Son 400 páginas de un trabajo exhaustivo, riguroso, de un grupo de expertos, que sería algo así como el
resultado de la comisión de investigación que nunca hubo en esta Cámara, o el resultado de un trabajo que debía haber hecho el Gobierno y que nunca hizo. Es un informe encargado por el Gobierno de Asturias a la Fundación Alternativas y en su seno
un grupo de expertos llega a conclusiones que son demoledoras
para la posición del Gobierno. Por poner un ejemplo, una de las tesis de este informe dice así: El siniestro fue mal evaluado y atendido de forma incompetente. La posterior gestión política de la catástrofe es un ejemplo de torpeza y
manipulación. Esta es una de las tesis resultado de este trabajo, frente al cual el Gobierno no tiene nada que ofrecer, no lo tiene, porque no hay nada parecido a un estudio de este tipo que haya hecho o impulsado el Gobierno y que ha prohibido en
esta Cámara. Esto, por lo menos, se ha hecho. El Gobierno tiene exactamente cero, comparado con ese trabajo exhaustivo que hemos recibido los grupos parlamentarios.
En nuestra moción consecuencia de interpelación hemos acogido algunas de las conclusiones y recomendaciones que aparecen aquí, pero, ante nuestra sorpresa, resulta que hay una parte de esta moción, de la que tienen las señoras y señores
diputados en su poder, que no va a podrá ser objeto de votación por esta Cámara. Exactamente el punto primero, éste que aparece aquí, señora Sainz -creo que será usted quien tenga el honor de intervenir por el Grupo Popular-, con la palabra
censurado en letras rojas. Esto es lo que hoy aquí no se va a poder votar. (Un señor diputado: ¡Qué barbaridad!) Esto que aparece aquí muy claramente como censurado. No se va a poder votar esto. (Rumores.) ¿Qué es lo que dice exactamente que es
tan peligroso para las representantes del Grupo Popular en la Mesa de la Cámara, y aunque los demás grupos no han estado de acuerdo, en absoluto, con esto? ¿Qué es lo que dice tan peligroso para que no se pueda votar aquí, para que se impida a esta
Cámara pronunciarse?
Yo voy a leer lo que no vamos a poder votar en esta moción. Dice: El Congreso de los Diputados reprueba la actuación del Gobierno en relación con la catástrofe del Prestige por: no adoptar las órdenes correctas cuando decidió a alejar el
buque, lo que contribuyó al agravamiento de la catástrofe; no gestionar adecuadamente la crisis; ocultar y manipular la información relativa a la catástrofe; no disponer aún de una política marítima ni de los medios adecuados para garantizar la
seguridad de nuestro espacio marítimo; impedir una comisión de investigación en el Congreso y obstaculizarla en el Parlamento gallego; no haber realizado las investigaciones necesarias en el seno de la Administración para esclarecer las
circunstancias y depurar las responsabilidades; evaluar el impacto ambiental económico y social del vertido y no adoptar las medidas eficaces para que esta catástrofe no vuelva a suceder. Responsabilidades políticas que entendemos que debe asumir
el presidente Aznar y todo el Gobierno, que durante estos 10 meses ha estado representado en la gestión de la crisis por quien fue su vicepresidente primero, señor Rajoy. Sobre esto, aquí no vamos a poder pronunciarnos.
Esta ha sido la consecuencia de haber presentado esta moción: la censura antiparlamentaria producida por ustedes, por el Gobierno, porque evidentemente es quien está detrás de esta censura, diciendo, lo cual es absurdo, que se trata de una
moción de censura constructiva; diciéndoselo a un grupo parlamentario como el socialista que es el único que tiene la posibilidad de presentar una moción de censura constructiva si quisiera presentarla, porque puede hacerlo. Esto no es una moción
de censura constructiva, esto es una reprobación, lo que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua es actuar mal, y se trata de reprobar una actuación mala del Gobierno en la gestión del Prestige.
La razón por la cual ustedes se niegan a que el Parlamento pueda pronunciarse sobre esto en una interpelación es clara, y es que en la acción del Gobierno hay tan evidentes errores, la responsabilidad política es tan incontestable y la
posición del Gobierno es tan débil que no ha tenido más remedio que acudir al autoritarismo. Ha hecho con el Prestige exactamente lo mismo que con Irak. La posición del Gobierno no es especialmente fuerte porque pueda hacer esto, al contrario,
muestra su enorme debilidad, sus enormes responsabilidades políticas, tantas y tan indefendibles que han tenido que acudir a una actuación tan autoritaria como la de yugular, impedir que este Parlamento pueda pronunciarse sobre la actuación del
Gobierno en una determinada política, como dice el Reglamento del Congreso en cuanto a las interpelaciones.
El otro día decía el señor Arenas que aquí se han batido los récords mundiales de comparecencias; aquí lo que se ha batido es el récord mundial de antiparlamentarismo. En esta legislatura especialmente, el Gobierno ha tratado a esta Cámara
como lo que no debe ser, porque en el XXV aniversario de la Constitución hay que decir que la Constitución española establece un sistema parlamentario, es decir un sistema en el que el Parlamento es el centro de la vida pública y es el que tiene que
vigilar y controlar al Gobierno, por eso se llama parlamentario y no presidencial. Es muy triste que el señor Aznar se despida una vez más con actuaciones así, y es especialmente triste que arranque así la hégira en la que el señor Rajoy, candidato
a presidente del Gobierno, se manifiesta en una actuación tan brutal, tan antiparlamentaria como es esta de yugular la posibilidad de este Parlamento de pronunciarse sobre la actuación del Gobierno en relación con el buque Prestige.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor López Garrido.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Gobierno intenta convertir la catástrofe del Prestige en un asunto superado, en un asunto del pasado, de forma que no haya ningún tipo de responsabilidades en lo ocurrido y, sobre todo, no haya una atención y
una preocupación por lo que está sucediendo y por el futuro que se va a deparar precisamente a las zonas más afectadas.
Primero optó por desviar
la atención cara a un comisionado del Gobierno, el señor Martín Villa, que recientemente acaba de declarar que ahora tampoco él es necesario, porque se trataría -de mantener la categoría de secretario de Estado y toda la estructura
correspondiente- de matar moscas a cañonazos. Efectivamente, el Gobierno piensa que lo que quedan son moscas, moscas molestas, pero realmente lo que hay son muchos interrogantes, muchos problemas y necesarias soluciones. En todo caso, no estamos
en el punto final, ni desde el punto de vista de la justicia ni desde el punto de vista de las consecuencias de la catástrofe, porque me van a permitir que recuerde brevemente algunas de estas consecuencias. Tenemos aún un pecio hundido al que se
le buscó una solución retardataria y, podríamos decir hoy, fraudulenta -tanta ciencia reunida para tan poco resultado-, dejando todo en manos de una empresa privada, que nos viene a descubrir ahora, tarde, mal y a rastro, que el petrolero hundido
solamente contiene en sus bodegas 14.000 toneladas de crudo. Indudablemente, esto indica la tamaña dimensión de la contaminación sufrida por las costas gallegas y por las costas del Cantábrico. Tampoco está clara cuál es la situación del
ecosistema. No se trata del grado de limpieza aparente, sino del proceso de regeneración y de las consecuencias que tuvo la catástrofe para la flora y fauna marinas, lo cual está aún muy lejos de ser evaluado en todas sus consecuencias, lo sabremos
paulatinamente en los años futuros, y es más grave desde el punto de vista político que no tengamos una evaluación de la catástrofe. El señor Martín Villa habló de gastos por un total de 600 millones de euros, pero no habló en absoluto de cuál es
el impacto en el PIB, por lo menos en el gallego, en la zona más afectada, y desde luego no existe ninguna evaluación oficial de la catástrofe.
Tampoco se habla de si es justo o está indicado que para cobrar las indemnizaciones pendientes de pagar
por el FIDAC haya que pasar por las horcas caudinas que establece el Gobierno: renuncia a litigios y además, muy importante, el chantaje de que las indemnizaciones servirán en todo caso para hacer que las ayudas cobradas se amorticen de forma
correlativa. Realmente queda claro a estas alturas que estamos con una costa totalmente indefensa. ¿Cuáles son los cambios que hubo entre noviembre y hoy respecto de la protección de las costas gallegas para contar con grandes remolcadores capaces
de arrastrar barcos de gran tonelaje y de luchar contra la contaminación? Ninguno. Ni siquiera se cambió de lugar el Alonso de Chaves, sigue en Gijón. A estas alturas sería conveniente saber que en el año 1975 un caso similar acontecido en
Fisterre, en la costa atlántica y en el invierno, el 25 de enero de 1975, un gran transatlántico con un boquete enorme, fue conducido al puerto de A Coruña porque en aquel momento histórico había relativamente más medios para controlar una
catástrofe de los que había a comienzos del siglo XXI.
Aquí tiene la respuesta el Gobierno: 1975, traslado de un petrolero cargado de petróleo al puerto de A Coruña en pleno mes de enero. Aquí hubo dos días por lo menos en alta mar en que hubo
una calma chicha total y que no se tomó la iniciativa no por falta de inteligencia, sino porque se sabía que no había garantías ni siquiera de un control mínimo de la contaminación alrededor del barco.
En definitiva, ¡tanta propaganda con el Plan Galicia! Yo les quiero asegurar a todos los representantes políticos de las distintas comunidades autónomas que no se dejen llevar por el hecho de que estamos siendo beneficiados. El Plan Galicia
no está contemplado presupuestariamente desde ningún punto de vista. Hay respuestas que sonrojan. Cuando nos hablan de los incentivos regionales son patéticas las respuestas del Gobierno. Hay incentivos regionales mayores para Extremadura, para
Canarias y no son zonas afectadas, y nos venden a nosotros que somos privilegiados; o cuando se habla incluso de fondos estructurales que se reasignan o de fondos IFOP o de fondos de Feoga-garantía. Señorías, hay 77 millones que corren por cuenta
de estos fondos básicamente, reasignados al presupuesto de Galicia también, para hacer caminos, caminos rurales, o para montar empresas que nunca aparecen. Esta es la realidad del Plan Galicia. En función de todo esto hemos presentado unas
enmiendas adicionales en las que solicitamos la ubicación de la Agencia Europea de Seguridad Marítima en Galicia, sencillamente porque es la zona más peligrosa, con mayores experiencias catastróficas, muy vinculada al mar y además siendo una gran
potencia pesquera. En segundo lugar, pedimos que se tenga en cuenta que la cornisa cantábrica no abarca Galicia, solamente una parte y no la más afectada por la contaminación. Es la fachada atlántica gallega. Galicia es Atlántico y es Cantábrico.
Hay una tendencia general en la política española a hablar del Cantábrico incluyendo Galicia de una forma en todo caso desconsiderada. En tercer lugar, que quede claro que es fundamental la limpieza y recuperación de los fondos marinos aunque haya
que hacerlo de una manera muy amplia en el tiempo y con un horizonte muy lejano.
Además queremos pedir para el litoral gallego medidas anticontaminantes aquí y ahora y que se evalúe el impacto de la catástrofe y las consecuencias para Galicia y que
se reforme el Real Decreto-ley 4/2003, que es para todas las comunidades autónomas, de forma que no se haga el chantaje sobre los afectados de que si quieren las indemnizaciones, deben renunciar a la vía judicial y además que les van a equiparar la
indemnización con la ayuda, de tal manera que todo lo que reciban de ayuda será restado de la indemnización. Acabo ya, señora presidenta, diciendo que queremos que se dote de contenido real a un Plan Galicia del que se hace propaganda de una manera
fraudulenta. Pensamos que los hechos son los que cuentan y por ellos debemos luchar.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rodríguez.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, es verdad, como decía el vicepresidente primero del Gobierno en el debate de la interpelación, el señor Arenas, que en esta Cámara hemos tramitado muchas iniciativas sobre el Prestige hablando de las consecuencias del accidente,
analizando la gestión del Gobierno, pero no podemos medir la calidad de las iniciativas por la cantidad. Hemos presentado muchas iniciativas con la intención de que fueran constructivas, de aportar la perspectiva de los diferentes grupos
parlamentarios para solucionar o paliar los efectos de una decisión, además de un accidente, del Gobierno catastrófica y sin pretender en ningún caso hacer victimismo o utilizar a las personas afectadas por esta catástrofe. No nos sirve que se diga
que se han tramitado ochocientas y pico iniciativas, porque en realidad la mayoría de las iniciativas que han presentado los distintos grupos parlamentarios han tenido el mismo final, es decir, rechazo por parte del grupo mayoritario. Las
comparecencias del Gobierno en esta Cámara para explicarnos cuál era la situación del Prestige servían más para hacerse propaganda que realmente para dar una información clara y concreta, porque al final, señorías, la propia empresa a la que se le
han concedido los trabajos de extracción del buque petrolero o de lo que queda en el pecio de fuel ha venido a demostrar que se ha estado faltando a la verdad permanentemente por parte del Gobierno. De la misma manera, se falta a la verdad o no se
dice toda la verdad cuando se manifiesta: las playas aparentemente están limpias.
Señorías, las playas no han estado limpias, ha seguido llegando chapapote a las arenas y se sigue sin tener en consideración, se sigue sin estudiar qué impacto real
ha habido no sólo en la cornisa cantábrica sino también en la zona de Galicia por el vertido del fuel. Esto es muy importante porque el impacto no solamente es ambiental; es económico y es social, es muy amplio. Ustedes se han empeñado no sólo en
intentar dar carpetazo ya al tema, sino que han obviado paliar los efectos de la catástrofe. Han venido aquí a justificar su actuación diciendo: hemos aprobado las ayudas económicas más rápidas, hemos hecho...Sencillamente lo que han hecho ha sido
cubrir el expediente. No han trabajado para saber cuáles son los impactos y las consecuencias a largo plazo, que las hay. Esto no se soluciona con que a la playa ya no llegue chapapote, que va a seguir llegando porque en el mar queda mucho, además
del que pueda haber en el pecio. Es que los efectos medioambientales y económicos se van a seguir produciendo durante un período de tiempo lo suficientemente largo.
El señor vicepresidente primero decía en el debate: se va a licitar el estudio de impacto ambiental por la Fundación Parques Nacionales por un valor de 1.600.000 euros, si no he tomado mal la nota. Lo que no dice el señor vicepresidente
primero es que el estudio de impacto ambiental solamente se va a utilizar para los parques nacionales, es decir, para el parque nacional afectado por la catástrofe del Prestige. No se va a hacer el estudio de impacto ambiental de toda la costa que
ha sido afectada por el buque Prestige. Tampoco dice que han negado ustedes la posibilidad de acceder a la ayuda europea, entre otras cosas porque la Unión Europea va a controlarles y les va a exigir más de lo que ustedes están dispuestos a hacer
en el estudio de impacto ambiental. Por tanto es necesario que volvamos a hablar del Prestige en esta Cámara.
Por otra parte, mi grupo parlamentario, con independencia del resultado final del debate que ha habido en la Mesa y en la Junta de Portavoces en cuanto al primer punto de esta moción, reprueba, lo ha dicho públicamente y lo ha presentado en
esta Cámara, la actuación del Gobierno en esta gestión. Por tanto, aunque al final no se vote, mi grupo parlamentario está convencido de que el Gobierno, de manera colectiva, ha tenido una gestión nefasta ante un problema de unas características
tan importantes.
Se ha pretendido minimizar el accidente en principio y la catástrofe después desde que se produjo y no han reconocido que se equivocaron, que tomaron las decisiones equivocadas y han metido al Estado español en una serie de
conflictos jurídicos internaciones que ya de antemano el propio Gobierno sabe que tiene muy pocas posibilidades de ganar. Por todo ello, señorías, vamos a apoyar esta moción, pero además también queremos decirle al Grupo Parlamentario Socialista
que no solamente sirve con que le reclamemos al Gobierno que impulse determinadas actuaciones en el ámbito de la Unión Europea..
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señora Urán, su tiempo ha terminado.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Concluyo, señora presidenta.
Han perdido ustedes la oportunidad de exigirle al Gobierno que aplique los paquetes Erika I y Erika II en nuestro propio país, lo que sí puede hacer porque ya están aprobados.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Urán.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Muchas gracias, señora presidenta.
El proponente de la moción ha empezado diciendo que en el debate que tuvo la semana pasada con el ministro vicepresidente del Gobierno quedó claro todo lo que él proponía respecto a lo que queda pendiente en torno al Prestige. Yo, que
desgraciadamente he ido siguiendo desde el primer día el tema del Prestige, que he estado visitando por mi cuenta las playas y sitios de Galicia ya en el mes de abril o mayo, que incluso tengo pequeñas muestras de chapapote para un futuro estudio si
me interesase técnicamente, después de leer la exposición de motivos de la interpelación urgente y de leer detenidamente
el debate sobre la misma -no estuve presente pero sí lo he leído y he podido subrayar frases tanto de interpelante como del vicepresidente del Gobierno contestando- y después de ver hoy la extensa motivación que precede a los puntos de la
moción, francamente llego a una conclusión muy clara y es que de lo que se trata hoy aquí es de dejar abierto nuevamente el cúmulo de debates que tienen un aspecto político que ha estado por encima del debate real, en busca del desgaste del
adversario. Se nos habla de la comisión de investigación francesa de la Asamblea del país vecino; comisión que después resulta no ser de investigación sino de estudio. Se nos habla de informes y del libro blanco, entre cuyas conclusiones se nos
destaca hoy aquí la que se refiere a la negativa gestión política que ha hecho el Gobierno, pero también se nos dice en la motivación que está realizada y apoyada, lógicamente, en todo momento por el Grupo Socialista desde la Comunidad Autónoma de
Asturias.
Nuestro grupo habría intentado la votación separada del punto primero -que hoy no se va a votar-, en el que se pedía la reprobación de la actuación del Gobierno, para votar que no, puesto que no tenemos costumbre de dar apoyo favorable a las
reprobaciones. Respecto a los otros dos puntos de la moción, nos vamos a abstener. Hay que tener en cuenta que estos dos puntos hablan de muchas cosas que en otras mociones o en otras proposiciones no de ley que se han presentado en esta Cámara
hemos apoyado, tanto en el ámbito internacional sobre la seguridad del transporte marítimo como sobre los dispositivos de separación del tráfico marítimo a la altura de Finisterre, sobre que se ponga en marcha de una vez la normativa del Erika I y
Erika II o sobre el doble casco. En el caso de que estas proposiciones que se hacen aquí hubieran estado recogidas en una simple frase de un par de líneas, de forma muy concreta, hubiéramos podido votar favorablemente, pero todas estas solicitudes
van acompañadas de comentarios que están más en una línea distinta a la de buscar un voto positivo; más bien lo que pretenden es el desgaste del adversario. Así pues, nuestro grupo, reconociendo que muchas cosas que se solicitan en los puntos 2 y
3 las hemos votado y hemos considerado positivas para todo el desarrollo de lo que debe hacerse y lo que quede pendiente del Prestige, en este momento no le daremos el apoyo total, pero, eso sí, tampoco vamos a negar que son cosas relativamente
factibles de hacer y es necesario que las haga el Gobierno.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Sedó.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Sainz.
La señora SAINZ GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor López Garrido, usted ha querido quedar muy bien ante sus compañeros de grupo, pero desde luego a nosotros no nos ha convencido y en el fondo lo que ha hecho ha sido una clara censura a esos compañeros de grupo, miembros de la Mesa de
esta Cámara, y lo ha hecho porque el día 6 de junio señalaban precisamente sus compañeros, y está en el acta que tengo aquí, que los precedentes de inadmisión se refieren al término reprobación, que es lo único que ha aplicado la presidenta. Por lo
tanto esa es la realidad, es lo único que se ha empleado y lo demás es todo el teatro que ustedes aquí han utilizado. (Aplausos.)
Moción, señorías, e intervención como la escuchada hoy aquí en el fondo lo que revela es que el PSOE carece de un proyecto de futuro, que sigue anclado en un pasado afortunadamente ya superado. Seguir a vueltas con el accidente del
Prestige, cuando por otro lado ya los ciudadanos el día 25 de mayo han expresado lo que piensan de la gestión, a quiénes creen, en quién confían y de manera muy especial en los ayuntamientos especialmente afectados, de nada les va a servir. Les
aseguro que ya no van a engañar a nadie, que no van a conseguir arrancar, arañar ese voto que fue el único objetivo con el que ustedes se enfrentaron a esta terrible tragedia.
Ustedes pueden reprobar lo que quieran la gestión del Gobierno, pero
deberían de recapacitar porque cada vez se alejan más de la realidad que perciben los ciudadanos. ¿Saben ustedes que mientras ustedes presentaban aquí un panfleto político, hecho a su medida, los vecinos de Muxía agradecían al señor Rajoy lo que
había hecho como vicepresidente y su dedicación? ¿Lo saben ustedes? ¿No lo vieron claramente? Es que, frente a la demagogia, frente al catastrofismo, la gente, señorías, apoya a los gobiernos que trabajan con rigor, a los gobiernos que trabajan
con seriedad y que se comprometen para sacar adelante los problemas y que además son capaces de impulsar nuevas oportunidades para los ciudadanos, como ha hecho este Gobierno, encabezado por el presidente Aznar y por el vicepresidente señor Rajoy,
del que el Plan Galicia, mal que les pese, es una realidad que está en marcha, una realidad que ha permitido que Galicia siga creciendo al mismo ritmo que España en el primer y segundo trimestre, ya confirmado, y que incluso está generando más
empleo que la media española. En donde hubo chapapote hoy disfrutan los ciudadanos de las playas, de las costas y de sus productos. Por lo tanto, señorías, por mucho que se esfuercen, no van a confundir ni a engañar a nadie. Lo que ustedes
pretenden barnizar por otro lado con un tinte de libro científico es un panfleto político hecho a su medida, hecho por gentes afines a ustedes, como aquí se ha dicho. De blanco solamente tiene el nombre que han querido darle. Es un libro hecho al
estilo del señor Caldera, sí señor, que utilizó la técnica menos democrática: la falsificación de un documento público. Este libro está lleno de falsificaciones, de instrumentalización política y de puras contradicciones, porque, señorías, en el
año 1991 uno de los autores de ese libro, el director de Marina Mercante, también decía en otro libro -aquí están sus pastas y lo que contiene- que creía conveniente alejar el petrolero Khark 5 de las costas canarias. ¿Por qué ahora lo que servía
para las
costas canarias no sirve para las costas más ricas de nuestro país que son las gallegas, señorías? (Aplausos.) ¿Cómo lo justifican ustedes? (Rumores.)
El tema del Prestige, señorías, ha batido todos los récords de información en el Parlamento, por tanto, nada de ocultación. Otra cosa es que la verdad no encaje con su pretensión de manipular la realidad y que ustedes lleguen a conclusiones
falsas, dando crédito a quienes les interesa y rechazando opiniones científicas, como la de la primera autoridad europea en catástrofes marítimas, el señor Michel Girin, que hoy precisamente -y aquí están los teletipos- decía en Córdoba que el
Gobierno de España había hecho lo mejor que se podía hacer ante una catástrofe como la del Prestige; lo mejor, dicho por el primer técnico en estos temas. Por lo tanto lo que ha pasado aquí es que la responsabilidad es realmente la de quienes,
para conseguir unos mayores lucros, han utilizado unos buques claramente basura.
En relación con el resto de la moción, ustedes desconocen la realidad.
Revela que no han estudiado los temas...
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señora Sainz, su tiempo ha concluido.
La señora SAINZ GARCÍA: Sí, señora presidenta.
... que, en definitiva, se han llenado de una serie de propuestas, todas ellas cumplidas y todas ellas puestas en marcha. Por lo tanto, una vez más, lo único que hacen es llegar tarde. Revelan que no se enteran, que no conocen la realidad,
que están anclados en el pasado y que no tienen propuestas frente al Grupo Parlamentario Popular, que tiene propuestas claramente rigurosas y serias de futuro, para Galicia y para toda España.
(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señora Sainz.
Señor López Garrido, a los meros efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada por el señor Rodríguez.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Nuestro grupo va a aceptar las enmiendas planteadas por el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto.
Le sugeriríamos al señor Rodríguez una transacción sobre la enmienda de adición al apartado 3, que
habla del litoral gallego, añadiendo: y cantábrico. En la enmienda de adición al apartado 6 b), cuando se hable de las gestiones ante las instituciones de la Unión Europea para conseguir una sobreinversión en Galicia de los fondos europeos,
pedimos que se añada: y demás comunidades autónomas afectadas.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor López Garrido, mediante gestos, el señor Rodríguez me indica que acepta la transacción ofrecida.
Muchas gracias, señor López Garrido.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL A ADOPTAR POR EL GOBIERNO EN MATERIA DE FORMACIÓN CONTINUA. (Número de expediente 173/000220.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Moción del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió sobre medidas de carácter general a adoptar por el Gobierno en materia de formación continua. Para la presentación de la
iniciativa, tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
Subo a esta tribuna a defender esta moción consecuencia de la interpelación que planteamos al señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales el pasado miércoles sobre las medidas que debe adoptar el Gobierno en materia de formación continua.
Lo hacemos presentando una moción clara y manifiesta, muy centrada en el rechazo que Convergència i Unió quiere que esta Cámara adopte en relación con la decisión que tomó el Consejo de Ministros el pasado 1 de agosto.
Nosotros entendemos que la aprobación de este sistema de formación profesional continua choca frontalmente con las sentencias del Tribunal Constitucional que dieron la razón a los recursos que plantearon en su día la Xunta de Galicia y el
Gobierno de la Generalitat de Cataluña.
Dichas sentencias establecen, de manera absolutamente inequívoca, que la titularidad de la competencia y ejecución en la materia controvertida, o sea, la formación continua, corresponde a la Generalitat de
Cataluña, declarando que vulneran el orden constitucional de competencias las partes del acuerdo tripartito entre los agentes sociales y el Gobierno donde se establecen las transferencias correspondientes de dinero del INEM al ente paritario estatal
y además se determina que es inconstitucional donde el Gobierno y las organizaciones firmantes convienen todos los aspectos relativos a la organización, gestión, distribución de fondos, etcétera, etcétera. La sentencia, señorías, es absolutamente
clara. La formación continua profesional debe ser gestionada por las comunidades autónomas. Por tanto el decreto que aprobó el Consejo de Ministros y que se ha publicado recientemente choca con eso. Además, señorías, el Pleno de esta Cámara, con
los votos de la mayoría, aprobó también una moción el pasado mes de febrero por la que se instaba al Gobierno a cumplir esas sentencias del Tribunal Constitucional para que se pudiera garantizar la gestión de la formación continua por parte de las
comunidades autónomas que tengan asumidas las competencias en la materia. Se trata de dos sentencias del Tribunal Constitucional y de una moción aprobada por el Pleno de la Cámara. El real decreto tan sólo prevé una presencia testimonial de las
comunidades autónomas en el nuevo órgano de gestión que se crea en el mismo, que es el Patronato de la fundación estatal para
la formación en empleo. Con este real decreto el Gobierno recentraliza el sistema de formación continua, reconcentra la capacidad de decisión del Instituto Nacional de Empleo y refuerza la burocracia del INEM. Va a quedar en manos de la
burocracia del INEM la financiación, la distribución de créditos, la definición de los módulos de formación, la definición de los mecanismos de cofinanciación, las comunicaciones sobre los gastos que se produzcan por parte de las empresas, la puesta
en marcha de los contratos programa y el control de ese gasto. Quienes salen reforzados de este nuevo sistema es, insisto, la burocracia del INEM y otras burocracias vinculadas también a aparatos de carácter estatal. Por tanto, señorías, un real
decreto que se aleja absolutamente de esas sentencias del Tribunal Constitucional y que además refuerza, recentraliza y da más poder al Estado de ninguna manera puede contar con nuestro apoyo. Además el sistema que se configura va a ser
absolutamente inútil e ineficaz desde la perspectiva de dar respuesta a las necesidades de nuestras empresas y especialmente del tejido real del mundo empresarial, que lo constituyen en España -en Cataluña, en el País Vasco, en Andalucía y en
Galicia- las pymes. Un sistema que se base fundamentalmente en la cuota como elemento de referencia de la financiación siempre favorecerá a las grandes empresas y nunca va a llegar a tener capacidad de incidencia en la pequeña y mediana empresa.
Un sistema que tan sólo prevé que las organizaciones de referencia para el diálogo social, para la participación en la gestión de estos asuntos sean las organizaciones de carácter estatal, reforzando por tanto las estructuras de la CEOE, de
Comisiones y UGT en el nivel confederal, pero que no permite a las organizaciones territoriales de esas mismas organizaciones participar en la gestión de la formación continua, va a ser, en el caso de las pymes, absolutamente ineficaz. Si alguien
cree que desde la capacidad de gestión de la CEOE se va a representar al mundo de las pymes, se lleva a engaño. Eso no va a funcionar. Finalmente, este sistema no introduce ningún tipo de flexibilidad respecto a cómo deben organizarse las pymes
para poder cumplir con sus objetivos en esa materia. Si alguien cree que es lo mismo una empresa de 3.000 trabajadores que una empresa de cinco, es que vive en otro mundo. En definitiva, señorías, es un nuevo sistema que incumple las sentencias
del Tribunal Constitucional, que es ineficaz, que supone un desprecio a la capacidad de diálogo de los agentes sociales en Cataluña y en Galicia. He de recordarles que hoy mismo se reunía en Barcelona la fundación que ha propiciado el Gobierno de
la Generalitat con la participación de Comisiones Obreras, de UGT, de Foment del Treball y de Pymes-SEFES. En Galicia el Gobierno en su día propició -y no sé qué posición mantiene hoy- un acuerdo con los agentes sociales en aquel ámbito
precisamente para poder desarrollar esas políticas. Por último, es un sistema en términos de aquello que afirmó Lampedusa: todo cambia para que nada cambie. Volvemos a ese sistema centralizado que las sentencias del Tribunal Constitucional han
rechazado; un sistema que nos va a dar más centralismo, más ineficacia en la administración de los recursos de los trabajadores y de las empresas y menos ocupabilidad para esos trabajadores y menos competitividad para nuestras empresas. Además,
nuestra moción también reclama que se instale un nuevo sistema que responda a los planteamientos de las sentencias del Tribunal Constitucional e insta al Gobierno para que en 2004 se pueda aplicar ya ese nuevo sistema que respete las sentencias del
Tribunal Constitucional.
En relación con la enmienda que nos plantea el Grupo Socialista, no tenemos ningún inconveniente en incorporarla, tan sólo proponemos cambiar el orden de los sustantivos en el sentido de que se haga referencia, en primer lugar, a las
comunidades autónomas y luego a los agentes sociales, precisamente para enfatizar que el principal acuerdo se debe producir alrededor de las comunidades autónomas que son quienes tienen atribuida esa competencia en función de esas dos sentencias del
Tribunal Constitucional.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Campuzano, concluya, por favor.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Termino, señora presidenta.
Nos gustaría, señorías, que la frustración que tuvimos el pasado miércoles con el ministro Zaplana, cuando se pusieron de manifiesto nuestras diferencias, no suceda esta tarde y que esta moción pueda ser aprobada.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Campuzano.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Señora presidenta, nuestro grupo va a apoyar la moción que ha defendido Convergència i Unió. Nosotros creemos que este decreto que se acaba de publicar el pasado viernes sobre la formación profesional continua es
una ocasión perdida. Siempre se ha dicho que el sistema de formación profesional de un país es el elemento determinante de su competitividad, de su aparato productivo. Yo vengo diciendo hace mucho tiempo, y lo he repetido en esta tribuna, que la
formación profesional en España no funciona bien y desgraciadamente uno de sus subsistemas, el de la formación continua, el de la formación de los trabajadores ocupados, a partir de este decreto entra en un camino que yo considero completamente
erróneo. Primero porque, como se ha explicado, este decreto hurta a las comunidades autónomas un nivel competencial, una participación en el diseño de la formación profesional continua que les viene obligado no solamente por la ley sino, como se ha
dicho muy bien, por el Tribunal Constitucional que en dos ocasiones ha reiterado que es una competencia netamente de las comunidades autónomas. Hoy
este decreto burla este mandato constitucional de una manera yo diría que grosera. Les quiero recordar, por ejemplo, que en la conferencia sectorial en la que el ministro de Trabajo expuso a las comunidades autónomas su propuesta, la
Comunidad de Galicia protestó airadamente porque fue la Comunidad de Galicia la que presentó un recurso contra el anterior sistema y había obtenido una sentencia del Tribunal Constitucional precisamente acordada en esta misma dirección. A mí me
consta, porque me lo han contado, que el ministro de Trabajo le dijo al representante de la Comunidad de Galicia: No te preocupes, lo arreglaremos. Pero no lo han arreglado, han mantenido el decreto como pretendían. Este es un decreto
profundamente centralista que burla, insisto, una competencia que está ordenada por el Tribunal Constitucional. Además, probablemente es un modelo ineficaz porque los tres subsistemas de la formación profesional, la inicial, la ocupacional y la
continua, es decir, la formación profesional de los chavales, la de los parados y la de los ocupados, tiene que estar concebida, planificada, dirigida desde una autoridad política común y ésta es la comunidad autónoma. No tiene sentido que ahora
fracturemos el conjunto de los subsistemas de la formación profesional y no permitamos que la comunidad autónoma participe, junto a los agentes sociales, empresarios y trabajadores, en la planificación, en la organización de la formación profesional
en la comunidad autónoma. Además, creo que este decreto es totalmente inconstitucional, y ya les anuncio que varias comunidades autónomas -socialistas, desde luego, pero también nacionalistas- van a recurrir este decreto ante el Tribunal
Constitucional. Me consta que lo harán la catalana y la vasca, pero también la andaluza, la asturiana, la aragonesa, la catellanomanchega y la extremeña. Y van a volver a obtener una sentencia favorable, con lo cual entramos en una conflictividad
jurídica absurda, absolutamente impresentable, después de que el Tribunal se haya pronunciado en dos ocasiones anteriormente, como ya he dicho.
También creo que es un sistema bastante injusto, porque traslada a las empresas gran parte del protagonismo de la formación profesional continua. Este, como bien ha dicho el señor Campuzano, es un sistema que puede ser correcto para las
empresas grandes en general; a mí me parece bien -aprovecho el momento para decirlo- que las empresas grandes realicen la formación profesional que ellas quieren porque eso permite una adecuación de la formación profesional a los trabajadores de la
empresa, eso es correcto. Sin embargo, el problema es que, como ustedes saben, el 80 por ciento del sistema productivo español está integrado por las pymes y a ver cómo aseguramos que las pequeñas y medianas empresas accedan a estos fondos y
realicen esta formación. Lo hacen si hay una comunidad autónoma que las impulsa, que les planifica, que les organiza los cursos, que lleva a los centros de formación profesional, a las escuelas, la formación para sus trabajadores, pero esto ahora
no va a funcionar así, sino que la empresa que realice la formación se descuenta de la cuota. Por cierto, ¿cuántas van a descontarse sin hacer formación? ¿Cuánto fraude se va a alimentar, a partir de este decreto, en aquellas empresas que
acrediten -entre comillas- que han realizado formación profesional continua -aunque no la hayan hecho- sólo para descontarse de sus cuotas de formación? Sobre todo, ¿cuántas empresas españolas se van a quedar completamente al margen de la formación
porque no tienen capacidad, no tienen organización y no tienen siquiera la previsión de hacer formación para sus trabajadores? Esto tiene graves problemas.
Por eso, además de centralista y anticonstitucional, además de ineficaz, me parece que este decreto es injusto. Es por todo eso, señorías, por lo que el Grupo Parlamentario Socialista va a votar a favor de esta moción.
Les anuncio que
habrá de nuevo recursos al Tribunal Constitucional -o a la Audiencia Nacional, en su caso- contra este decreto. Les anuncio que la conflictividad jurídica irá acompañada probablemente por una gran ineficiencia en el sistema en su conjunto y que
España perderá una oportunidad en un tema importante. Insisto en que la formación profesional, aunque sea la hermana pobre de la educación, es muy importante para el sistema productivo de nuestro país. Nuestra enmienda, que complementa la moción
que ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), pretende recuperar el consenso con las comunidades autónomas y con los agentes sociales, y pretende sobre todo que se respete al Tribunal Constitucional.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Jáuregui.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Bloque Nacionalista Galego apoyará esta moción presentada por el Grupo Parlamentario Catalán. Lo hará porque estamos asistiendo, desde nuestro punto de vista, a un ataque más al bloque de constitucionalidad y al ámbito de
competencias asumido por la Comunidad Autónoma de Galicia.
Este decreto, que se aprobó el día 1 de agosto, fue publicado el 12 de septiembre. ¿A qué se debió el retraso? Parece ser que se debió a un varapalo que el Consejo de Estado dio al Gobierno -sorprendente que el Consejo de Estado le dé un
varapalo al Gobierno-; por nuestra parte, desconocemos el contenido del informe del Consejo de Estado; lo pedimos, pero aún no nos lo han dado. El Consejo de Estado le dijo lo que es lógico y de sentido común, que este real decreto no respeta la
distribución de competencias y constituye una conculcación de aquello que a finales del año pasado declaró el Tribunal Constitucional: que la formación continua es competencia autonómica y que los fondos destinados a la misma, sea cual sea su
origen -incluso los que proceden
del Fondo Social Europeo-, deben ser gestionados por las comunidades autónomas. Pues bien, este real decreto hace justamente lo contrario: centraliza y privatiza. Centraliza en manos de la Administración central, pero también en manos de
los sindicatos de ámbito estatal -justamente, y hay que decirlo, aquellos en los que el Tribunal de Cuentas detectó irregularidades en la gestión de los fondos de formación continua- la gestión del sistema. Centraliza también en manos de la CEOE la
gestión del sistema y de nuevo podríamos hablar de las irregularidades detectadas por parte de organizaciones integradas en la CEOE como la Confederación de Empresarios de Galicia, cuyo presidente es el señor Ramil, con más de 1.000 millones de
fraude con fondos de la formación continua. Como premio se centraliza y se privatiza también impidiendo, como ya se ha señalado, que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a la formación. ¿O creen ustedes que con una financiación de 90
euros por trabajador y año las pequeñas empresas van a poder realizar y ejecutar un verdadero plan de formación para sus trabajadores? Sobre todo teniendo en cuenta además que el tamaño medio de las empresas gallegas es inferior al tamaño medio de
las empresas en el conjunto del Estado español.
Lo que hacen ustedes, señores del Grupo Popular, si apoyan este decreto y si no apoyan esta moción es atacar el sistema de distribución de competencias, atacar convenios firmados por gobiernos de su color, por la Xunta de Galicia con los
agentes sociales gallegos, atacar resoluciones unánimes en este sentido del Parlamento de Galicia y asestar -seguramente esa es la finalidad- un golpe al sindicalismo nacionalista y en concreto a la CIBA. Están impidiendo ustedes con este real
decreto que más de 100.000 trabajadores gallegos puedan acceder a la formación continua y están haciendo que estos trabajadores tengan ahora que acudir a esa formación a través de empresas privadas o de chiringuitos que ustedes montarán en una
especie de sector parapúblico de academias y gestoras del sistema de formación continua y al final veremos adónde van esos fondos, si es que no van para formación continua, a qué tipo de organizaciones y a qué partidos políticos van a financiar.
Por eso defendemos desde el Bloque Nacionalista Galego que se siga manteniendo un sistema de formación continua que permita hacer efectivo el traspaso a Galicia tanto de la totalidad de los fondos destinados a la formación profesional continua como
de las competencias asociadas, que se establezca el retorno total a Galicia de la cuota de participación en formación profesional que las trabajadoras y trabajadores gallegos hacen al subsistema de formación continua, así como que la Xunta de
Galicia gestione la cuota que le corresponde en función de la población ocupada gallega en las aportaciones del Fondo Social Europeo. También queremos que se transfiera específicamente a la Xunta de Galicia los recursos económicos destinados a
cubrir los gastos generados por la gestión administrativa del subsistema de formación continua en Galicia y que se garantice la participación, algo que este real decreto impide, de los sindicatos más representativos en el ámbito gallego pero también
en el ámbito estatal, como es la Confederación intersindical Galega, en la planificación, en la programación y en la ejecución del subsistema de formación continua.
Siento no tener la misma confianza y el mismo optimismo que tenía el señor Jáuregui en que el Tribunal Constitucional nos dé la razón y vuelva a poner las cosas en su sitio, porque aquí también, y todo hay que decirlo, gracias a un pacto con
el Partido Socialista aseguraron ustedes una mayoría centralista y una mayoría no demasiado sensible en esas cuestiones en el Tribunal Constitucional.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Aymerich.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, básicamente la regulación de la formación continua ha supuesto una rectificación fuerte del Gobierno del Partido Popular, que ha pasado de un borrador inicial bastante agresivo a una regulación que puede permitir avanzar en la
formación en los próximos ejercicios, periodo en que el modelo sería mejorable.
La firmeza de los sindicatos ha sido bastante eficaz a la hora de evitar los efectos negativos que introducía la propuesta inicial del Gobierno, mantiene los ejes de los acuerdos en vigor y los sindicatos nos han llamado la atención sobre un
factor que no contempla la propuesta de CiU: la necesidad de una norma básica estatal que asegurara la homogeneidad del sistema, su articulación y coordinación en el conjunto del Estado.
No es el momento de enfatizar las incorporaciones que el proceso negociador ha producido en la propuesta inicial del Gobierno o de señalar las insuficiencias que todavía persisten. No obstante, merece la pena señalar que el riesgo de que el
Gobierno pretendiera utilizar la sentencia del Tribunal Constitucional para devaluar los acuerdos existentes en esta materia ha sido corregido por la acción y la voluntad negociadora de los sindicatos en aspectos esenciales tales como el
reconocimiento y desarrollo del protagonismo de los agentes económicos, el equilibrio necesario entre una mayor competitividad de las empresas y el derecho a la formación de los trabajadores, el refuerzo de la solidaridad con las empresas de menor
tamaño, se mantiene y desarrolla la relación entre la formación continua y la negociación colectiva sectorial, se dota a la norma de mayor estabilidad y por último se logra despejar cualquier duda sobre la transparencia y control del subsistema así
como sobre calidad y eficacia. Sin duda alguna, la mejora del subsistema de formación continua debe ser una preocupación permanente y pueden añadirse propuestas que respeten los derechos de los trabajadores y la mejora en la eficacia del
subsistema. El proceso negociador ha resuelto un equilibrio que pretende sintetizar el mantenimiento de las estructuras de participación de los agentes sociales
con los requerimientos de las comunidades autónomas. Se mantienen los órganos de decisión y gestión con las funciones existentes y con la inclusión en las mismas de las comunidades autónomas. Este es, sin duda, un elemento sobre el que
reflexionar y que la experiencia dirá si puede ser mejorado. No puede olvidarse que la pretensión del ministerio era acabar con principios del anterior acuerdo que han sido refrendados por el Tribunal Constitucional y que tienen tanto valor como
los principios que inspiran la propuesta del Grupo Catalán, acuerdos y principios en los que la garantía de homogeneidad de una norma estatal es fundamental.
Nuestro grupo no cree que falte razón a los agentes sociales para reclamar ese carácter de norma básica que asegure la homogeneidad del subsistema, su articulación y coordinación en el conjunto del Estado. La proposición centra su
preocupación no precisamente en la vigencia del modelo sino en una de sus versiones de desnaturalización. En esa dirección, respetando la sentencia del Tribunal Constitucional, parece lo más razonable la inclusión de las comunidades autónomas en
los órganos de gestión.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Ruiz.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Corres.
La señora CORRES VAQUERO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, vayan mis primeras palabras dirigidas al señor Campuzano en el sentido de que no es mi intención que usted se vaya hoy de aquí frustrado, ni mucho menos, lo que sí es cierto es que usted tendrá que entender que nosotros podamos
defender nuestra postura desde un criterio distinto al suyo. Espero que el tiempo dé la razón al Gobierno de España en materia de formación continua como se lo ha dado en otras cuestiones.
Como saben SS.SS., el pasado 1 de agosto, el Gobierno aprobó el real decreto que regula el nuevo subsistema de formación continua, que comenzará a aplicarse a partir del próximo año. Este nuevo real decreto ha visto la luz tras un largo
proceso negociador y ha contado con el visto bueno de los agentes sociales más representativos de nuestro país.
El señor Campuzano decía la semana pasada que la foto de aquel acuerdo no había sido una foto de entusiasmo; no sé si la foto fue de
entusiasmo o no fue de entusiasmo pero lo que sí es cierto es que se produjo el acuerdo. Este nuevo real decreto ha contado con el acuerdo de los agentes sociales y con el respaldo de la mayoría de las comunidades autónomas de nuestro país.
Desde esta tribuna se han realizado algunas acusaciones principalmente dirigidas a imputar al Gobierno el incumplimiento de determinadas sentencias del Tribunal Constitucional. Pues bien, señorías, frente a dichas acusaciones el Grupo
Parlamentario del Partido Popular quiere defender la posición del Gobierno basándose precisamente en el tenor de lo que el propio Tribunal Constitucional dictaminó a través de tales sentencias. Lo que el Tribunal Constitucional dijo fue, ni más ni
menos, que la regulación de la materia de la formación continua pertenece al ámbito de la legislación laboral, con lo cual el artículo de aplicación de nuestra Constitución a este caso sería el 149.1.7.º, en el que se determina que al Estado le
corresponderá la competencia exclusiva de dictar normas, mientras que a las comunidades autónomas se les atribuye la función ejecutiva de la legislación laboral. Con el ánimo de mejorar los resultados del sistema de formación continua, el Gobierno
tomó la determinación el pasado mes de agosto de revisar el sistema vigente hasta ahora. De este modo se atenderían más fielmente estas sentencias del Tribunal Constitucional y se adaptaría también la formación continua al nuevo sistema nacional de
cualificaciones y formación profesional, corrigiendo las pegas o posibles disfunciones del sistema anterior. Una de las mayores pegas o disfunciones con que contaba el sistema anterior era el exceso de burocracia en la gestión de las ayudas. Por
ello, el nuevo real decreto establece que la mayor parte de estas ayudas se canalicen a través de la aplicación directa de las bonificaciones por parte de las empresas. De este modo ni el Estado ni las comunidades autónomas tendrán que realizar
esta gestión ni podrán entorpecer esta gestión. En cualquier caso me gustaría también decir que la participación de las comunidades autónomas en el nuevo sistema de formación continua ha quedado plenamente garantizada. ¿Y por qué digo esto? Digo
esto porque el nuevo real decreto establece que las comunidades autónomas formarán parte de la Comisión estatal de formación continua y del Patronato de la fundación estatal para la formación en el empleo, y también garantiza el nuevo real decreto
que las comunidades autónomas podrán participar no sólo en la gestión de las acciones complementarias y de acompañamiento sino también en la resolución de los posibles conflictos existentes entre la empresa y los representantes legales de los
trabajadores en lo que afecte precisamente a los programas formativos. Por tanto, las comunidades autónomas van a seguir teniendo un papel importante en aquello que les competa, quizá no en la medida que al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió) le hubiese gustado, pero siempre respetando desde el punto de vista del Gobierno y desde el punto de vista de nuestro grupo parlamentario el reparto competencial establecido en nuestra Constitución.
Señorías, este nuevo sistema pretende hacer posible que cada vez sea mayor el número de empresas, especialmente el de pequeñas y medianas empresas, que puedan acceder a las ayudas de formación continua. El Grupo Parlamentario Popular
coincide con el Gobierno al creer que no existe mayor grado de descentralización territorial que el que hace posible que todas las empresas, independientemente de su ubicación, puedan deducirse directamente los costes de sus acciones formativas de
sus cotizaciones a la Seguridad Social, sin que exista una gestión administrativa de concesión de las ayudas. Por tanto, este nuevo sistema establecido en el real
decreto es un sistema sin duda alguna mejor, más ágil, menos burocrático y dirigido principalmente a las pymes, teniendo en cuenta también, como novedad fundamental, a los autónomos y que en ningún caso falta al respeto al modelo
constitucional de distribución de competencias vigente.
Por todo lo dicho, debo concluir mi intervención manifestando que el Grupo Parlamentario Popular no puede respaldar la moción que Convergència i Unió ha presentado ante esta Cámara, sintiendo que el señor Campuzano se vaya hoy frustrado.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Corres.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LAS ACTUACIONES QUE HA ADOPTADO O PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA ACOMETER UNA REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA Y, EN PARTICULAR, LOS CRITERIOS DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE
RÉGIMEN LOCAL EN GENERAL Y, SINGULARMENTE, EN EL CASO DEL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA. (Número de expediente 173/000221.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Moción del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las actuaciones que ha adoptado o piensa adoptar el Gobierno para acometer una regeneración democrática y, en particular,
los criterios de aplicación del artículo 61 de la Ley de Régimen Local en general y, singularmente, en el caso del Ayuntamiento de Marbella.
Para la presentación y defensa de la iniciativa, tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, ya decíamos la semana pasada que a pesar del pacto antitransfuguismo que firmamos todos los partidos políticos parlamentarios en el año 1998, los acontecimientos que se han vivido tanto en la Comunidad Autónoma de Madrid como en el
Ayuntamiento de Marbella obligan a que las fuerzas políticas promovamos un objetivo prioritario que sea el de la regeneración democrática en la vida política para garantizar el respeto a la voluntad del electorado y también garantizar la
transparencia en la gestión política. De manera que, ante la situación que se vive y que es de verdadero riesgo de la credibilidad del sistema democrático, es necesario articular, promover, estudiar posibles reformas legales que propongan sistemas
de elección de cargos públicos basados en la transparencia, de forma que se impida que la voluntad popular pueda ser alterada por intereses ligados a la vida económica, a oscuros intereses inmobiliarios, a intereses no confesables.
Por eso
planteamos claramente en nuestra moción unos objetivos que, desde la voluntad de ir al fondo de la situación, queremos plasmar dando una respuesta a una contundente demanda social, tal y como proponemos en el punto 3 de nuestra moción. También
queremos ser claros y queremos dar por supuesto que cada nivel de la Administración asumirá su responsabilidad.
Por eso, cuando planteamos que se inste a que se tramite la propuesta de disolución del Ayuntamiento de Marbella ya damos por supuesto
-y así lo hacemos constar en nuestra moción- que se van a realizar todos los trámites legales establecidos, entre los que nadie puede dudar que estarán incluidos los informes que toda acción de Gobierno debe contemplar. Nosotros no contemplamos que
este Gobierno tome ninguna decisión sin esos acuerdos previos, pero la realización de cualquier tipo de informe no debe de frenar el inicio del expediente, que tiene que partir de la constatación de que en estos momentos el gobierno de Marbella, en
la medida que no ha desmontado el entramado que generó el grupo GIL, que diseñó para vulnerar el Estado de derecho, está suponiendo ya un serio perjuicio para Marbella. Eso es lo que aquí hoy se vota: si los grupos políticos estamos o no estamos
convencidos de que lo que queda del grupo GIL supone un perjuicio para Marbella. Si estamos convencidos, hay que votar a favor de iniciar los trámites de la disolución de su corporación. Evidentemente, en ese trámite se incluirán todos los
informes necesarios. Quien no esté convencido de que eso es así, evidentemente, no votará hoy la propuesta de disolución.
También presentamos un segundo punto, que nos sorprendería que hoy aquí no alcanzase el acuerdo de la mayoría de los grupos de esta Cámara, que propone la creación de una comisión de investigación que determine las circunstancias que han
dado lugar a que en Marbella se llegue a una situación que tiene un final de esperpento, pero que también puede tener un final de tragedia. Planteamos que hay que investigar por qué en Marbella ha fallado el Estado de derecho, por qué en Marbella
aquello que se llamó de una forma muy suave fenómeno GIL se convirtió en un verdadero cáncer para la democracia, un cáncer que utilizaba el voto ciudadano para gobernar al margen del Estado de derecho y que, por tanto, vaciaba de contenido la
democracia, vaciaba de contenido la representación popular.
Un fenómeno que ha comprado cargos públicos de todos los partidos, de todos, a lo largo de la Costa del Sol. Un fenómeno que ha burlado la ley hasta ver a su fundador inhabilitado. Un
fenómeno que saludaba, que vitoreaba a la Policía local cuando apaleaba a periodistas y que hacía apología del racismo. En definitiva, un fenómeno en el que, al igual que otros fenómenos fascistas, llegaban al poder mediante las urnas para luego
romper el Estado de derecho. Pues bien, este cáncer de la democracia necesita que se generen anticuerpos, necesita que desde el máximo respeto al Estado de derecho se impida que ninguna mayoría electoral pueda suponer impunidad a la hora de
gobernar. Pero para que esto sea posible, con toda claridad
y además con toda seriedad, es necesario investigar los motivos por los cuales se ha llegado a esta situación. Más allá de esa España de charanga y pandereta que hemos vivido este verano en torno al Ayuntamiento de Marbella, hay que
determinar realmente cuál ha sido el fondo de la cuestión y hay que determinar qué medidas pueden evitar que esto se repita. Hay que ver por qué ha fallado la justicia, porque en Marbella ha empezado fallando la justicia. Se ha producido escándalo
tras escándalo y el hecho de que haya sumarios desaparecidos y no encontrados es solamente un eslabón más y evidencia que la justicia no fue capaz de que en Marbella se defendiese el Estado de derecho. Pero también han fallado los controles
internos del ayuntamiento. Una corporación local debe tener y tiene elementos para controlar la gestión de los cargos electos. Sin embargo, estos controles han fallado. También han fallado los controles del ejecutivo central y autonómico que no
fueron capaces de poner freno a los desmanes en Marbella. Señorías, cuando la autonomía local, de la cual Izquierda Unida es ferviente defensora, no tiene los límites del Estado de derecho, deja de ser autonomía y deja de ser local para convertirse
en una verdadera dictadura, donde cualquier alcalde puede hacer a su antojo.
Es evidente que lo que Jesús Gil decía en Marbella lo llevaba a rajatabla, aquello de que sobraban los jueces, la prensa y el Parlamento.
Por tanto, una comisión de
investigación que, sin que sea un arma arrojadiza de unos grupos contra otros, llegue al fondo de la cuestión y proponga medidas que puedan evitar que se repita esta burla permanente del Estado de derecho y que se plantee lo que debe de ser ese
código ético de la democracia, para que no sea algo que solamente suene bien, como decía la semana pasada el señor vicepresidente, sino una verdadera necesidad que nos permita recuperar la credibilidad que hoy por hoy está puesta en duda por muchos
ciudadanos y ciudadanas, pero sobre todo que dé garantías a los representados de que sus representantes no van a utilizar de forma bastarda el voto que les ha sido encomendado. Por ello, como decía también la semana pasada, sería difícil de
entender que hoy se negase aquí esta investigación. Creemos que de esta Cámara hoy puede salir reforzado el Estado de derecho, la necesidad de que se disuelva una corporación que hoy por hoy no garantiza la Constitución en Marbella, que abra
también la puerta a que se investigue lo que ha pasado en Marbella y, por último, como propone nuestro punto 3 de la moción, que se inste al Gobierno a promover ese acuerdo que de una vez por todas actualice el de 1998 y que sirva de elemento
determinante a la hora de generar esos anticuerpos con los que la democracia pueda defenderse frente a vejaciones como las que han ocurrido en Marbella.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Centella.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Asenjo.
El señor ASENJO DÍAZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Lo primero que quiero dejar claro -y lo digo porque este debate ya se ha producido en otros ámbitos como el Parlamento de Andalucía- es que mi grupo -y creo que casi todos los grupos de esta Cámara- es contrario a la disolución del
Ayuntamiento de Marbella. Todo lo que ha explicado usted que ocurre en Marbella -y lo explicó también en su intervención en la interpelación- es cierto. Diría más, en Marbella lo que se ha producido es un expolio y un saqueo del ayuntamiento de la
ciudad, de las arcas municipales, y también una ocupación intensiva e ilegal del territorio.
Pero todas estas razones no pueden llevar directamente a la propuesta que ustedes hacen. Nosotros, estando de acuerdo con la disolución, no estamos de
acuerdo con la fórmula que ustedes han elegido.
Señor Centella, se trata de determinar si en Marbella se dan las circunstancias que establece el artículo 61 para disolver un ayuntamiento, que es una previsión excepcional, porque disolver un ayuntamiento es una decisión muy grave y es tan
excepcional que no se ha hecho hasta ahora. Por tanto, se establecen unas previsiones concretas y son éstas las que tienen que darse, porque con toda la gravedad de los hechos que usted ha narrado, no están contemplados en la ley, por muy graves
que sean, y éstas no son las circunstancias que prevé la ley para disolver el ayuntamiento. Por tanto, se trata de establecer si realmente se dan esas circunstancias. Por ello, antes de que el Parlamento inste al Gobierno, porque lo puede estar
instando a que vaya más allá de los límites que establece la ley, lo que conviene es que se hagan los estudios jurídicos y económicos pertinentes para establecer si se dan esas circunstancias. Señor Centella, en democracia las formas determinan los
fines y si queremos restablecer la unidad democrática en un ayuntamiento, mal lo hacemos si estamos instando al Gobierno a que fuerce la ley y a que se extralimite en lo que marca. Por tanto, parece obvio que lo que hay que establecer es si
realmente se dan las circunstancias concretas que la ley determina, porque todas las demás circunstancias y todos los hechos que usted ha explicado están en manos de la justicia y del Tribunal de Cuentas, por lo que hay ámbitos donde tienen que
depurarse esas responsabilidades. Hay que establecer, lo que nos parece que hay que instar al Gobierno a que realice los estudios y ver que realmente quede claro que se dan esas circunstancias.
En cuanto a la comisión de investigación somos partidarios de la fórmula que ustedes plantean en el punto 3. Nos parece que hay un principio de autonomía municipal que hay que respetar. Además, en Marbella ya ha actuado la Fiscalía
Anticorrupción, ha actuado la Judicatura y ha actuado el Tribunal de Cuentas, por lo que el precedente de que el Parlamento investigue a un ayuntamiento parece que en este caso no procede. Y tampoco me parece que es la vía adecuada para encontrar
una solución a un problema tan complejo. Nosotros, el PP y el PA hemos llegado a un acuerdo en Andalucía, hemos
firmado un documento para alcanzar un consenso y abordar un tema que es complejo y delicado. Nosotros les invitamos a que se sumen a ese consenso, porque lo único que nos diferencia es su empeño en instar ya el Gobierno a que proceda a la
disolución. Insisto en que eso es pedir al Gobierno que vaya más allá del límite que establece la ley, y precisamente el que haya límites al poder es la fortaleza de la democracia. Lo que ha pasado en Marbella es que ha habido una extralimitación
del poder, un abuso del poder continuo y permanente; un abuso del poder en el que efectivamente han fallado los mecanismos del Estado de derecho. El otro día decía el señor ministro que ha funcionado el Estado de derecho en Marbella porque ha
actuado la Fiscalía y ha actuado la Judicatura, pero en Marbella se ha producido una situación continuada de abuso de poder, y eso, durante más de una década, indica que han fallado los mecanismos establecidos para limitar el abuso del poder. Por
tanto, nosotros sí estamos de acuerdo en el punto 3, que es el que invita a crear la comisión para investigar, sacar las conclusiones de lo que ha pasado y establecer las normas legales que impidan que vuelva a ocurrir un hecho así.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Asenjo.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Muñoz, para la defensa de la enmienda presentada por dicho grupo.
La señora MUÑOZ URIOL: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi intervención va a ser breve y espero que sea suficientemente clara. Lo que se evidencia a lo largo de todas las intervenciones que ha habido para tratar el tema de Marbella es que existe una honda preocupación.
Creo que es compartida
por todos los grupos, y no sólo en esta Cámara sino también en el Parlamento de Andalucía, y les puedo asegurar que también es compartida esa preocupación por la gente de Marbella. Lo que ha ocurrido en Marbella (aunque es verdad que en la moción
que presentan también hacen referencia a Madrid, pero si me lo permiten me voy a centrar en el tema de Marbella por lo cercano que me es) ha tenido una doble condición: por un lado ha habido una grave crisis política y, por otro lado, una grave
crisis institucional. Por tanto, si establecemos un mecanismo para buscar soluciones deberíamos dejar bien claro qué es lo que queremos hacer para poder solucionar la crisis política, separándola de lo que debe ser la crisis institucional.
Nuestro grupo ha presentado una enmienda a los puntos 1 y 2. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho aquí que ha ocurrido el diputado por Málaga, Pepe Asenjo, y todos somos conscientes de qué es lo que ha pasado. Si ustedes se empeñan
en ir en solitario con una propuesta de disolución, sin unos informes técnicos y jurídicos que la avalen, no es que ustedes ganen más ni menos, es que perdemos todos, porque parece -y esto es importante resaltarlo- que hay algún grupo que está en
contra de la disolución. Y lo que hay que dejar muy claro, por lo menos es lo que yo he sacado de todas las intervenciones, es que aquí no hay nadie que se oponga a una disolución del Ayuntamiento de Marbella. Evidentemente se trata de una medida
excepcional, también lo es la situación que vive Marbella, pero no podemos aplicar esa medida sin estar avalada por informes técnicos y jurídicos. Por tanto, nuestra enmienda ha ido en esa dirección. Entendemos que antes de tomar una decisión se
tiene que contar con ese informe técnico y jurídico, y ese ha sido el sentido de nuestra enmienda, que espero que ustedes la puedan considerar: que los puntos 1 y 2 se puedan sustituir por la enmienda que nosotros les hemos presentado, que es muy
parecida y va en el mismo sentido que la del Grupo Socialista.
Hay otro aspecto que hay que considerar, y es la crisis política. En ello sí que tienen mucho que ver todos los grupos y sí que tienen que ver las medidas que se puedan tomar hoy aquí. Somos conscientes de lo que ha pasado. No podemos
olvidar que hace cuatro meses hemos tenido unas elecciones y que ha habido cuatro grupos que han sacado una representación municipal, entre ellos el Partido Popular, el Partido Socialista y el Partido Andalucista. Por cierto, me apena no ver aquí
al diputado que representa a esa formación, porque el hecho de que nunca hayamos oído la postura del Partido Andalucista en un municipio de la importancia que tiene Marbella evidencia que no se toman suficientes decisiones cuando son de calado
político. Cuando se está hablando de ámbito político se tiene que ser muy, muy claro. El Partido Socialista fue muy claro desde el principio y desautorizó la moción de censura y la postura que tomó su grupo, pero yo iría un poco más allá. Tengo
que decir a los miembros del Partido Socialista que hoy por hoy no se evidencia esa clara ruptura entre la postura que tomó la portavoz del Partido Socialista entonces y lo que está ocurriendo hoy día. Es más, fíjense que a día de ayer, que tuvimos
un pleno del Ayuntamiento de Marbella, la señora García Marcos, antigua portavoz del Grupo Socialista, continuaba afirmando que seguía siendo miembro del Partido Socialista, que no había sido expulsada y que no tenía conocimiento de que se le
hubiera impuesto ninguna sanción. Es un error y es algo que tenemos que remediar a nivel político. También los señores del Partido Andalucista tendrían que ser claros a la hora de definir qué va a pasar con sus representantes políticos, porque ahí
sí que tenemos que actuar los partidos políticos.
Por eso, si se votan por separado los puntos de la moción que ha presentado Izquierda Unida, nosotros vamos a votar favorablemente su punto 3. Los partidos políticos tenemos responsabilidad
política, tenemos que evitar que esto vuelva a ocurrir y por eso entendemos que dentro de ese pacto antitransfuguismo en el que están representadas todas las fuerzas políticas se pueden encontrar argumentos, vías y soluciones que eviten conflictos
como los que han ocurrido en Madrid, en Marbella y en algunos otros sitios. Entendemos que esa debe ser nuestra postura.
Creemos que es lo más lógico,
y de verdad nos gustaría que hoy saliera de aquí una postura de consenso, que la gente visualizara que todos estamos preocupados y que intentamos acercar posturas para conseguir lo mejor no para un partido, porque evidentemente ésta sería
otra cuestión, sino para Marbella y para los ciudadanos de Marbella.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Muñoz.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.
Intervendré con brevedad. Mi grupo, a la vista de esta moción presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, quiere hacer las siguientes observaciones al fijar su posición, que coincide en grandes líneas con algunas de
las observaciones que han hecho aquí tanto el portavoz que ha defendido la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista como la portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Queremos mantener una posición escrupulosa de no intromisión en ámbitos competenciales tanto de la Administración local -el propio Ayuntamiento de Marbella-, como del Parlamento andaluz. La precipitación en una actuación de este Congreso de
los Diputados puede suponer una flagrante intromisión tanto en principios de defensa constitucional como en las leyes de bases de la Administración local. Nos mantenemos en un principio de respeto porque este Parlamento no puede suplantar al
Parlamento andaluz ni puede entrometerse en actos competenciales tanto del propio ayuntamiento, como Administración local, como -en la España de las autonomías- del Parlamento de Andalucía. Por tanto, nuestra postura es la de no llevar a cabo una
intromisión ni una suplantación, ni precipitarnos en lo que en un orden jerárquico político tiene que estar en el nivel del Parlamento de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Nuestra postura es también de respeto a las competencias constitucionales.
Sobre la base de estos principios, no podemos aceptar los puntos 1 y 2 de la moción. En cambio, como bien ha señalado la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, donde existe un compromiso de las fuerzas políticas es en los pactos
antitransfuguismo. El Grupo de Coalición Canaria ha venido haciendo causa común con las otras fuerzas parlamentarias tanto en el pacto antitransfuguismo que firmamos a nivel de las administraciones locales como en las nuevas adicionales que se han
hecho por esta casuística, lo que nos da una legitimidad parlamentaria, una legitimidad política para suscribir todo lo que sea un reforzamiento de las medidas eficaces contra el transfuguismo. A nuestro juicio, esto solamente se ve reflejado en el
punto número 3, que votaríamos favorablemente, porque ni es intromisión en competencia del Parlamento de Andalucía, ni es suplantar ninguna otra institución, sino estar en la sintonía de la lucha contra el transfuguismo como práctica a erradicar o a
hacer desaparecer porque es una auténtica situación patológica del principio democrático de la representación.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Señorías, con la máxima brevedad dada la hora que es, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ante esta moción quiere reiterar lo que fue su posición cuando se tramitó la Ley de Bases de Régimen Local, concretamente nuestras
enmiendas 1005 y 1006 al actual artículo 61, que era coincidente con la que también mantuvo nuestro grupo, a través de su ponente Manel Silva, en la Ley de garantía de la democracia en los ayuntamientos y seguridad de los concejales. En esa
ocasión, en 1984, nuestro grupo se manifestó contrario al hecho de que la disolución de un ayuntamiento corresponda al Gobierno central. Entendemos que las comunidades autónomas tienen competencia exclusiva en materia de régimen local y de ahí que,
entendiendo que es grave la situación política de Marbella, nuestro grupo piense que esa decisión, esa hipotética disolución tras los necesarios estudios jurídicos debiera adoptarse en sede autonómica, en el Parlamento andaluz o en el Gobierno
andaluz, con lo cual nuestro grupo no puede apoyar ese punto, como tampoco el de una comisión de investigación que no sería el instrumento eficaz para dar respuesta a la grave crisis que está afectando de manera directa al Ayuntamiento de Marbella.
En cambio, mi grupo valora positivamente la literalidad del punto 3 de la moción de Izquierda Unida.
Estamos a favor de medidas de lucha contra el transfuguismo, de medidas que tiendan a eliminar la corrupción en todos los niveles, también
evidentemente a nivel local, y por tanto mi grupo votaría a favor del punto 3 si fuera objeto de una votación separada. En caso de no aceptarse ninguna enmienda por el Grupo de Izquierda Unida, pediríamos votación separada de ese punto número 3.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Jané.
Señor Centella, a los meros efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.
El señor CENTELLA GÓMEZ: No aceptamos las enmiendas presentadas y sí aceptamos la votación separada de los tres puntos.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Centella.
Señor Centella, ¿ha pedido votación separada de los tres puntos o votación separada del tercero?
El señor CENTELLA GÓMEZ: Votación separada de cada uno de los tres puntos.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Votación de la moción del Grupo Parlamentario Socialista sobre las consecuencias de la catástrofe del buque Prestige, con la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Mixto, en
los términos derivados del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 260; a favor, 100; en contra, 147; abstenciones, 13.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazada.
Moción, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas de carácter general a adoptar por el Gobierno en materia de formación continua, con la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 260; a favor, 112; en contra, 146; abstenciones, dos.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazada.
Moción, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las actuaciones que ha adoptado o piensa adoptar el Gobierno para acometer una regeneración democrática y, en particular, los criterios de aplicación del artículo 61 de la Ley
de Régimen Local en general y, singularmente, en el caso del Ayuntamiento de Marbella. Votamos, en primer lugar, el punto 1 de la citada moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 260; a favor, siete; en contra, 240; abstenciones, 13.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazado el punto 1.
Punto 2 de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 259; a favor, seis; en contra, 252; abstenciones, una.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazado el punto 2.
Punto 3 de la moción de referencia.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 258; a favor, 253; en contra, cinco.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda aprobado dicho punto.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las dieciséis horas.
Eran las diez y treinta minutos de la noche.