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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 262, de 24/06/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2003 VII Legislatura Núm. 262
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 253
celebrada el martes, 24 de junio de 2003
ORDEN DEL DÍA: ...
Toma en consideración de Proposiciones de Ley: ...
- Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se garantiza el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el empleo. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie B, número 335-1, de 5 de mayo de 2003.
(Número de expediente
122/000294.) ... (Página 13568)
Modificación del orden del día ... (Página 13575)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley (continuación): - Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se garantiza el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el empleo. (Número de expediente 122/000294.) ...
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de modificación del artículo 46 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias. 'BOCG. Congreso de los Diputados',
serie B, número 211-1, de 1 de marzo de 2002. (Número de expediente 122/000187.) ... (Página 13576)
Proposiciones no de Ley: ...
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de la candidatura de Vandellós como emplazamiento para el desarrollo del proyeccto ITER. (Número de expediente 162/000768.) ... (Página
13580)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, para el establecimiento de un programa integrado de seguridad ciudadana en el municipio de Madrid.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 531, de 5 de mayo de 2003. (Número de expediente
162/000735.) ... (Página 13582)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes: ...
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre competencias pendientes de transferencia a la Comunidad Autónoma de Galicia y otras necesarias para el desarrollo del marco estatutario gallego. (Número de expediente 173/000214.) ...
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre adopción urgente de las medidas que permitan la plena aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores. (Número de expediente
173/000215.) ... (Página 13596)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la posición del Gobierno ante el proyecto de Constitución Europea. (Número de expediente 173/000216.) ... (Página 13602)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 13568)
Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se garantiza el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo ...
(Página 13568)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista la señora Navarro Garzón. Expone que es un hecho notorio y aceptado por la sociedad en general que las mujeres han sido y son discriminadas por la
simple razón de ser mujeres. Por el hecho de nacer mujeres les resulta bastante más difícil encontrar un empleo y, si lo consiguen, tendrán más dificultades a la hora de la promoción profesional y seguramente cobrarán un salario inferior. Por otra
parte, al ser las mujeres las principales encargadas de las tareas del hogar y del cuidado de la familia, su acceso al mercado laboral es más difícil y con la consecuencia directa de verse discriminadas, viéndose obligadas muchas veces a optar por
trabajos a media jornada o a renunciar a su promoción profesional.
Frente a la situación descrita, los socialistas apuestan por un modelo claro que garantice el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el mundo del empleo, con objetivos muy definidos consistentes en combatir la
discriminación, promover el empleo de las mujeres y fomentar la conciliación de la vida laboral de hombres y mujeres.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y señoras Castro Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida; Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Sánchez García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Modificación del orden del día ... (Página 13575)
La señora presidenta, de conformidad con el artículo 68 del reglamento, y de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que los puntos 49,
relativo al debate de totalidad del proyecto de ley de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social, y 50, relativo al debate de totalidad del proyecto de ley de protección a las familias numerosas, pasen a debatirse después del punto
36, sobre el dictamen de la Comisión
del Estatuto de los Diputados. Se aprueba por asentimiento dicha modificación del orden del día.
Toma en consideración de proposiciones de ley (continuación) ... (Página 13575)
Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se garantiza el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el empleo ... (Página 13575)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se garantiza el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el empleo, es rechazada por 134 votos a favor, 149
en contra y una abstención.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de modificación del artículo 46 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias ... (Página
13576)
Para la presentación y defensa de la iniciativa de Izquierda Unidad interviene el señor Frutos Gras. Señala que las pensiones en nuestro país, como en cualquier otro, son una conquista de la lucha del movimiento obrero, que mejoran
universalmente las condiciones de vida del conjunto de la población, haciendo que la sociedad sea más social y más justa. Las pensiones privadas, en el caso de existir, son a su juicio un complemento de las pensiones públicas. El Gobierno por su
parte tiene una filosofía de simpatía hacia los sistemas de pensiones privadas que se expresa en medidas de reducciones fiscales para estimular a los que tienen un nivel de renta suficiente para tener un sistema privado de pensiones. Sucede además
que se trata de trasladar al sistema público algunas normas que rigen ya en el sistema privado de pensiones, como el considerar que la mujer pague más que el hombre para tener acceso al mismo tipo de pensión por el hecho de tener actualmente más
expectativas de vida, con lo que se produce una discriminación más en perjuicio de la mujer. A eliminar esa discriminación se dirige la proposición de ley que ahora defiende y para la que pide el apoyo de la Cámara.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Riera Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y señores Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario Socialista y Blancas Llamas, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de modificación del artículo 46 de la ley 40/1998, de 9 de diciembre, del impuesto sobre la renta de las personas
físicas y otras normas tributarias, es rechazada por 114 votos a favor, 167 en contra y cinco abstenciones.
Proposiciones no de ley ... (Página 13580)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativo al impulso de la candidatura de Vandellós como emplazamiento para el desarrollo del proyecto ITER ... (Página 13580)
Para la presentación y defensa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de la candidatura de Vandellós como emplazamiento para el desarrollo del proyecto ITER interviene el señor Ricoma
de Castellarnau. Destaca la trascendencia científica a nivel mundial del proyecto ITER, con unos efectos muy positivos en el terreno social, económico y tecnológico para España y con unas no menos positivas repercusiones en beneficio de las
comarcas tarraconenses. Insiste en que se trata de un gran proyecto internacional, superado en magnitud sólo por la estación espacial internacional, que pretende construir una gran instalación científica y tecnológica al objeto de demostrar la
viabilidad en la obtención de energía mediante procesos de fusión. Es una nueva fuente de energía más segura, más barata, limpia e inagotable, y de la magnitud del proyecto da idea el que el coste de construcción del reactor se estima en 4.570
millones de euros durante 10 años y el coste total tras su explotación durante 20 años y posterior desmantelamiento incrementará esa cifra hasta los 10.300 millones de euros.
Termina anunciando la aceptación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, en aras a alcanzar un consenso que consideran imprescindible.
La señora Palma i Muñoz defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. Expresa el completo apoyo de su Grupo a la candidatura española de Vandellós y la enmienda que formulan se dirige a matizar algo que les parece fundamental,
como es la
financiación. Desea que quede claro que el importante esfuerzo económico de la Administración española en ningún caso va a mermar los ya escasos recursos habituales para nuestro sistema de ciencia y tecnología, que debe mejorar y mucho.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y señor Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de la candidatura española de Vandellós como emplazamiento para el desarrollo del proyecto ITER, con la incorporación de la
enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, es aprobada por 284 votos a favor y cinco en contra.
Del Grupo Parlamentario Socialista, para el establecimiento de un programa integrado de seguridad ciudadana en el municipio de Madrid ... (Página 13587)
Para la presentación y defensa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista interviene el señor Quintana Viar. Recuerda que el artículo 17 de la Constitución dice que toda persona tiene derecho a la libertad y a la
seguridadon Sin embargo, las noticias de cada día y los datos sobre criminalidad se empeñan en poner de manifiesto la grave situación de inseguridad ciudadana que vive el municipio de Madrid, que el año anterior volvió a situarse a la cabeza de las
más altas tasas de delincuencia del Estado español. A lo largo de los dos últimos años la criminalidad se ha incrementado un 25 por ciento, sin que a lo largo de los tres primeros meses de este año ni uno sólo de los parámetros haya dejado de
crecer. En lo que llevamos de año se han producido 56 asesinatos, estando a la cabeza de todas las ciudades europeas en cuanto a homicidios y superando los índices de criminalidad en 25 puntos la media nacional. Añade que en Madrid tenemos el
mismo número de policías que hace ocho años y la conclusión a la que se llega es que con la gestión del Partido Popular en materia de seguridad ciudadana se ha conseguido un aumento de la delincuencia, disminuir los efectivos policiales y aumentar
la seguridad privada.
Concluye exponiendo el contenido de los puntos que integran la moción, para la que pide el voto favorable de la Cámara.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, para el establecimiento de un programa integrado de seguridad ciudadana en el municipio de Madrid, es rechazada por 113 votos a favor, 154 en contra y 13
abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 13591)
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre competencias pendientes de transferencia a la Comunidad Autónoma de Galicia y otras necesarias para el desarrollo del marco estatutario gallego ... (Página 13591)
Para la presentación y defensa de la moción del Grupo Parlamentario Mixto interviene el señor Rodríguez Sánchez. Alude a la intervención del ministro de Hacienda en el debate de la semana pasada, en el que recurrió a una serie de tópicos
que en su opinión empiezan a ser constantes en el Gobierno del Partido Popular, como lo de que estamos en el Estado más descentralizado del mundo, que las comunidades autónomas, especialmente la gallega, gozan de una amplia capacidad de autogobierno
y que no existe ningún traspaso pendiente de realizar, excepto uno residual. El BNG constata sin embargo que la realidad de los hechos contradice las opiniones del Gobierno. Afirma que en Galicia hay una conciencia de que existe margen de
negociación en el actual marco constitucional y estatutario y de que se podían negociar traspasos. Su partido tiene la certeza de que en un diálogo abierto, sincero y de respeto a la letra y el espíritu del Estatuto y la Constitución hay
competencias exclusivas que debían dar mucho más de sí. Con esta moción intentan que se reconozca que hay necesidades de Galicia que se pueden cubrir con nuevas competencias dentro del marco estatutario. La moción está sometida a una transacción
con el Partido Popular, que ellos aceptan porque es la manera de mover las aguas que estaban estancadas.
El señor Díaz Díaz defiende la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Con ella pretendían avanzar un paso más, pidiendo la creación de una comisión de estudio para tratar sobre las transferencias pendientes y
desbloquearlas, pero consideran un avance la transacción que se presenta,
a la que anuncian su apoyo, ya que recoge el fondo de su enmienda.
El señor Delgado Arce defiende la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, señalando que lo que pretenden con la misma es respaldar todas las actuaciones que se vienen llevando a cabo desde el gobierno de la
Comunidad Autónoma, de las aspiraciones del Parlamento de Galicia, materializándolas en el texto transaccional al que da lectura.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre competencias pendientes de transferencia a la Comunidad Autónoma de Galicia y otras necesarias para el desarrollo del marco estatutario
gallego, en los términos de la enmienda transaccional aceptada por el grupo proponente, es aprobada por 286 votos a favor y uno en contra.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre adopción urgente de las medidas que permitan la plena aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores ... (Página
13596)
La señora López González defiende la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista. Realiza una valoración global positiva del texto legislativo sobre el que tratan, pero nada más, dado que la ley en
cuestión no tiene la dotación económica suficiente para llevar a cabo el objetivo de la misma. No existen centros suficientes, faltan plazas para los internamientos terapéuticos, hay comunidades autónomas en las que no existen dependencias
policiales específicas para custodiar a los menores desde el momento de la detención, faltan jueces y falta especialización. Es también imprescindible el desarrollo del reglamento de la ley como única forma de otorgar a los profesionales que
trabajan con los menores seguridad y orientación. Debe abordarse asimismo de manera inmediata la especialización de los jueces y la creación de un mayor número de plazas para fiscales, lo que implica obviamente la necesidad de muchos recursos,
porque es una ley cara, pero que redundará en beneficio de nuestra juventud, que es nuestro futuro.
El señor Silva Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), manifiesta que después de la aceptación de sus dos enmiendas, su Grupo votará favorablemente esta moción consecuencia de interpelación urgente.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y señores Ruiz López, del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida, y Bueso Zaera, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la moción, consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la adopción urgente de las medidas que permitan la plena aplicación de la ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la
responsabilidad penal de los menores, en los términos derivados del debate, es rechazada por 129 votos a favor y 153 en contra.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la posición del Gobierno ante el proyecto de Constitución Europea ... (Página 13602)
La señora Riera Reñé defiende la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) Expone que Europa está trabajando en la reforma jurídica más ambiciosa desde el Tratado de Roma, en un momento en el que se encuentran ante grandes
oportunidades y grandes retos, ante los que se debe dotar de un nuevo instrumento como es la Constitución para afrontarlos con éxito. Su Grupo atribuye gran importancia a este nuevo instrumento jurídico, sobre el que realizan una valoración global
favorable. Ello no les impide reconocer ciertos riesgos e indefiniciones, así como aspectos que considera claves para el futuro de Europa, como es la participación de las comunidades autónomas y el papel de las regiones en el nuevo marco jurídico.
Insta por ello a que en los trabajos de la Conferencia se reconozca el papel de las regiones y pide asimismo al Gobierno que evite el bloqueo de los trabajos de la Conferencia en su intento de defender el sistema de reparto de votos establecido en
Niza.
Finalmente anuncia el rechazo de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular por entender que su concepción de Europa difiere ampliamente de la del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor Estrella Pedrola defiende la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Su Grupo entiende que ha habido un avance sustancial
en el reconocimiento del papel de las regiones, sin perjuicio de que la enmienda que ahora defiende insista en la necesidad de reforzar ese papel, especialmente de aquéllas con competencia legislativa plena.
El señor Cisneros Laborda defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Comparte con los anteriores intervinientes la valoración global muy satisfactoria respecto al trabajo de la Convención y sus frutos, que va a
permitir una Europa más cohesionada, más fuerte y sobre todo más visible. Respecto al reparto de poder, Niza respondía a una lógica de equilibrio que se ve quebrantada y, por consiguiente, parece razonable que se revise. Por otra parte, la norma
europea tiene que mantenerse en un plano de abstracción y generalidad, relegando al ámbito interno de las legislaciones nacionales la consideración y el respeto de esa realidad que no podía tener proyección en el ámbito europeo. La consideración de
Europa como unión de Estados y ciudadanos gozó de una amplísima mayoría, por no decir de un consenso casi unánime.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster Olazábal y señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y señor Ruiz López, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la posición del Gobierno ante el proyecto de Constitución europea, en los términos derivados del debate, es
rechazada por 123 votos a favor, 154 en contra y una abstención.
Se suspende la sesión a las nueve y quince minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE GARANTIZA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL EMPLEO. (Número de expediente 122/000294.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego ocupen los escaños.
Se abre la sesión.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley.
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se garantiza el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres
en el empleo.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra la señora Navarro.
La señora NAVARRO GARZÓN: Gracias, señora presidenta.
No es la primera vez la primera vez que traemos a esta Cámara iniciativas relativas a la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito del empleo, hoy de manera más directa y concreta. Es un hecho notorio y aceptado por la sociedad en
general que las mujeres hemos sido y somos discriminadas en nuestra sociedad por una razón muy básica: simplemente, porque somos mujeres, aunque suene duro. Una razón muy simple o muy breve, como ustedes prefieran, pero no deja de ser terrible
porque es absolutamente cierto. Por el hecho de nacer mujeres nos resulta bastante más difícil encontrar un empleo. Si lo tenemos, hallaremos más dificultades a la hora de encontrar oportunidades y tendremos más posibilidades de ser discriminadas
en la promoción profesional y, seguramente, ganaremos un salario inferior. El empleo es la base de la independencia y las mujeres, al haber estado al margen del mercado laboral, tenemos una ventaja notoria a la hora de ejercer el legítimo derecho a
tener un empleo digno y remunerado que nos permita esa independencia. Al ser las mujeres las principales encargadas de las tareas del hogar y del cuidado de la familia, el acceso al mercado laboral es bastante más difícil, puesto que no existen los
recursos suficientes en nuestra sociedad que posibiliten la conciliación de la vida familiar y laboral. Una de las consecuencias directas de esta situación es la discriminación de las mujeres, que muchas veces se ven obligadas a optar por trabajos
a media jornada o tienen que renunciar a su desarrollo y promoción profesional, o bien, optar por desarrollarse profesionalmente y dejar de desarrollarse como personas, si así lo eligen libremente. La carga que supone asumir de forma exclusiva las
responsabilidades familiares tiene un alto coste para las mujeres, alto coste que están pagando por esa falta de recursos que haga posible la conciliación de la vida laboral y familiar, carga que también supone un alto coste para toda la sociedad.
En resumen, señorías, nos encontramos con un mercado de trabajo que se caracteriza por tener una segregación horizontal y vertical, concentrando a las mujeres en determinadas profesiones y ocupaciones y, al mismo tiempo y de forma general,
ubicándolas en todos los sectores en puestos de baja responsabilidad, con bajas remuneraciones que, al mismo tiempo, le permitan compatibilizar su vida profesional y ocuparse de
la familia. La familia es de todos los miembros que la componen y no sólo de las mujeres. A esto se suman las discriminaciones a la hora de contratar, las diferencias salariales, las dificultades para acceder a puestos de mayor
responsabilidad, empleos mejor pagados, etcétera. La política emprendida por el Gobierno deja bastante que desear, puesto que si vemos los resultados obtenidos, las discriminaciones siguen produciéndose en la misma medida y, en algunos casos,
incluso han aumentado. Las tasas de paro femeninas duplican a las masculinas y las diferencias salariales se sitúan entre un 25 y un 30 por ciento. En definitiva, la palabra que mejor define la relación entre mujeres y empleo es precariedad;
precariedad y temporalidad en la duración, en el salario, en las condiciones laborales y así un largo etcétera. Una verdadera política que fomente la incorporación y permanencia de las mujeres en el mercado laboral no puede tener su base en la
subvención a la contratación de mujeres de forma exclusiva. Hay que complementarla con otras medidas. Quedarse en este hecho implica desconocer el problema y no comprometerse a fondo con él.
Frente a este modelo, que no palia la situación porque sólo parchea el problema y pone su énfasis en la buena voluntad del propio mercado, los socialistas apostamos por un modelo claro y suficiente que vaya a la raíz del asunto que nos está
ocupando en este momento: garantizar el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres en el mundo del empleo. Con unos objetivos muy definidos: combatir la discriminación, promover el empleo de las mujeres y fomentar la conciliación de
la vida laboral de hombres y mujeres. La propuesta que presentamos hoy regula de forma específica este problema, la naturaleza del asunto así lo requiere, como recomienda el propio derecho comunitario. Precisamente nuestra propuesta nace de la
correcta trasposición a la legislación española de la última directiva sobre igualdad de trato, la número 2002/73. Esta nueva directiva aporta los instrumentos jurídicos necesarios para corregir la grave situación de las mujeres en el mercado
laboral, tanto en su permanencia como en su acceso. Por este motivo y para que los derechos emanados de esta nueva legislación puedan ser efectivos, deberemos remover los obstáculos que impiden en la actualidad la igualdad a la que aspiramos
mujeres y hombres. Tenemos que recordar la obligación prioritaria que tiene España en cuanto al cumplimiento de esta directiva.
Digo prioritaria porque las mujeres españolas son, literalmente, las que peor paradas salimos de toda la Unión Europea.
La Comisión ha realizado de forma continua diferentes llamamientos a nuestro país denunciando este hecho.
Nuestra proposición tiene la virtud de introducir las modificaciones legislativas precisas para hacer efectiva esta directiva y posibilita las medidas necesarias para su buen cumplimiento. Entre otras cosas, se garantiza el principio de
igualdad de trato entre mujeres y hombres en lo que se refiere al empleo, a la formación, a la promoción profesional y a las condiciones de trabajo, incluso mediante reserva y preferencia, si fuera necesario, es decir, con medidas de acción
positiva. Yo sé que esto no es nada nuevo, pues venimos hablando de medidas de acción positiva desde hace mucho tiempo, pero probablemente sea el momento de definirlas mejor porque no han dado el resultado que todos esperábamos de ellas.
Esta
igualdad debe garantizarse también en el despido y en la retribución, así como en la participación en organizaciones sindicales, empresariales y profesionales. Para ello las leyes establecerán medidas para reparar a las víctimas y el Gobierno
tendrá la obligación de trabajar en la prevención de conductas discriminatorias, no sólo cuando ya se ha producido esa discriminación, sino de forma preventiva para evitarla. Asimismo, tal y como se establece en la directiva europea, se define y
combate la discriminación directa e indirecta en el empleo, de forma pormenorizada, en todos los aspectos referentes a contrataciones, formación, trato y permanencia en el puesto de trabajo, etcétera. Y de forma específica en lo referente al
embarazo, la maternidad y la paternidad, que siguen siendo uno de los principales obstáculos. También desarrolla ampliamente el concepto de discriminación indirecta, que es uno de los obstáculos más difíciles de remover en esos momentos; mejora la
legislación actual prohibiendo el acoso y el acoso sexual en el trabajo, que define como la situación en que se produce un comportamiento no deseado relacionado con el sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y
crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo en el acceso al empleo y a la formación profesional y durante el empleo y la ocupación.
Otra de las medidas más relevantes es la creación de la agencia para la igualdad en el empleo, a fin de combatir la discriminación. Será el organismo de la Administración general del Estado encargado de la defensa del derecho fundamental a
la igualdad de trato en el ámbito laboral. En ella no sólo participará la Administración, sino también las organizaciones sindicales y empresariales y las propias organizaciones de mujeres. Entre sus funciones y objetivos está hacer un seguimiento
de las empresas de más de 10 trabajadores o trabajadoras, para garantizar que no existe discriminación; instar a la Inspección de Trabajo para que sancione a quienes ejerzan esa discriminación, directa o indirecta, y atender las denuncias y
reclamaciones de trabajadores y trabajadoras.
Además, apoyará las políticas del Gobierno contra la discriminación y coordinará todas sus actuaciones con las comunidades autónomas dentro de su marco competencial. No es la primera vez que hablamos
de esta iniciativa, puesto que, como proposición de ley específica, ya la presentamos para su toma en consideración en este mismo Pleno y fue rechazada. Espero que hoy corra mejor suerte. Dado
que es de suma importancia el compromiso de las empresas en esta lucha por la igualdad, se crea de forma específica la marca de excelencia, que se otorgará a aquellas empresas que desarrollen actuaciones dirigidas a conseguir la igualdad y
combatir la discriminación. Estas actuaciones pueden ir desde la reserva y preferencia para acceder a un puesto de trabajo o categoría profesional a personas del sexo menos representado hasta políticas que permitan conciliar la vida laboral y
familiar de trabajadores y trabajadoras. Estas empresas gozarán de preferencia en la concurrencia a concursos públicos u obtención de créditos o ayudas públicas, así como un trato fiscal más favorable.
En cuanto a la igualdad en los salarios, ascensos, promoción y formación ocupacional y continua, se establecen sustanciales mejoras mediante diversas modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores, modificaciones que incorporan nuevas
definiciones de salario, así como medidas para garantizar dicha igualdad en los ascensos y la formación.
Por lo que se refiere a la conciliación de la vida profesional y familiar, crea el permiso por paternidad, exclusivo para los padres, de una
duración de cuatro semanas y compatible con el permiso por paternidad y desarrolla derechos relativos a la conciliación de la vida laboral y familiar. Por último, la proposición de ley que hoy defiende el Grupo Parlamentario Socialista promueve la
contratación de mujeres en profesiones donde están subrepresentadas; propone la elaboración de planes para incorporar a mujeres desempleadas en el sector de las nuevas tecnologías en colaboración con comunidades autónomas, e incorpora la igualdad
en los planes anuales de empleo a través del mainstreaming de género o transversalidad, como lo conocemos. Sinceramente, esta propuesta que hoy traemos para su toma en consideración es ambiciosa y necesaria para las mujeres y para toda la sociedad,
puesto que las mujeres -repito una vez más- somos más de la mitad de la población y todas aquellas iniciativas que vayan encaminadas a mejorar nuestra situación mejorarán de manera indirecta la situación de la sociedad en general. Así, la propuesta
recoge también las reivindicaciones de las organizaciones sociales y da respuesta a las carencias actuales en materia de empleo y formación respecto a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Por este motivo, les pido hoy su apoyo a la
toma en consideración de esta proposición de ley. Estoy segura de que, de ser apoyada por todos los grupos de la Cámara, a lo largo de su lógico recorrido, podremos debatir y aportar todas las enmiendas y sugerencias que estimemos conveniente para
mejorar esta propuesta que presenta hoy el Grupo Parlamentario Socialista.
Quiero terminar dándoles sólo un dato, para que no olviden que, a pesar de los cambios que ha habido en la sociedad, la estructura social sigue funcionando prácticamente igual que hace siglos. Lo demuestra el hecho de que las mujeres nos
hemos ido incorporando a la vida laboral sin dejar de tener la responsabilidad de la familia prácticamente en exclusiva. Me remito al dato de que el 99 por ciento de las jornadas reducidas que se han solicitado en los últimos años han sido pedidas
por mujeres. Ese 99 por ciento de jornadas reducidas lo piden las mujeres para atender a los menores y, en la mayoría de los casos, a los mayores de la familia. Es un dato que evidencia quién tiene hasta este momento la responsabilidad de la
familia. Como he dicho al principio, no se trata de la familia de las mujeres, puesto que de la familia forman parte todos los miembros de la unidad familiar. Mientras no compartamos en igualdad de condiciones las responsabilidades familiares, no
podremos competir en igualdad de condiciones en las responsabilidades de la vida pública. Precisamente a avanzar en ese aspecto y conseguir los objetivos que se pretenden, se encamina esta proposición de ley que hoy presenta el Grupo Parlamentario
Socialista, para la que vuelvo a pedir su apoyo a todos los grupos de la Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Navarro.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo coincide en la cuestión de fondo de la iniciativa que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista: la búsqueda del amparo legislativo, para evitar cualquier tipo de inseguridad jurídica, de discriminación, de abuso, o de algo
contrario a los principios que ya están señalados por nuestra propia Constitución para garantizar el principio de igualdad de trato de hombres y mujeres en el empleo. Son muchos los debates que durante las últimas legislaturas hemos venido
manteniendo en la Cámara a este respecto; este principio impregna la legislación laboral española actual y está consolidado por ella. Parece, pues, que una actualización de dicho principio debería venir por esta vía. Sin embargo, mi grupo, que
coincide en el fondo de la cuestión, para mantenerla siempre viva y actualizada, entiende que debe ser otra la forma. El Gobierno tiene que pronunciarse, proponiendo a la Cámara la forma en que hay que hacerlo en razón de las directivas de la Unión
Europea. La cuestión formal que hoy se nos plantea es que, el año pasado, la Unión Europea aprobó la Directiva 2002/73, de 23 de septiembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, que vino a modificar la directiva que impregnaba este proceso hasta
ese momento: la número 1976/207, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de hombres y mujeres
en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y promoción profesional, y a las condiciones de trabajo.
Desde 1976 hasta la fecha, durante el tiempo transcurrido entre las dos directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, se han producido una serie de hechos, ante la presión de la opinión pública, y coincidimos plenamente con la enunciación
que de los mismos ha hecho la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Tenemos que tener en cuenta el plazo de adaptación que se señala para algunos artículos, concretamente para el artículo 2 de la Directiva de 1976. Para el artículo 2, así
como para las modificaciones de los artículos 6, 7 y 8, que son las más amplias en cuanto a este principio de garantía de la igualdad, la directiva ha señalado la fecha límite del 5 de octubre de 2005 para que estén incorporadas en las legislaciones
de los respectivos Gobiernos. Mi grupo apoyará en su momento estas iniciativas, pero entiende que el Gobierno tiene que abrir un plazo, que de acuerdo con la directiva concluye el 5 de octubre de 2005, y que es necesario el concurso de las
comunidades autónomas. El legislador europeo ha sido prudente señalando el 5 de octubre del año 2005 como fecha tope para que deban estar garantizados en la legislación positiva de cada país estas peculiaridades. El artículo 8 ter de la Directiva
2002/73 dice: Los Estados miembros, con arreglo a sus respectivas tradiciones y prácticas nacionales... La práctica nacional en España, que es el Estado de las autonomías recogido en el título VIII de la Constitución, obliga a tener en cuenta las
competencias que tienen las comunidades autónomas en esta materia laboral. El Grupo de Coalición Canaria quiere ser consecuente con el Estatuto de Autonomía de Canarias, que señala unas competencias al Gobierno autónomo de Canarias a través de su
Consejería de Asuntos Laborales, de Trabajo y Sociales, para que esto se tenga en cuenta.
Sobre el texto alternativo que presenta el Grupo Socialista, nosotros mantenemos una reserva y decimos que este tema no puede llevarse directamente desde la Cámara sino que ha de existir previamente una reunión de las comisiones sectoriales
con la representación de la Administración general del Estado y las comunidades autónomas para dilucidar el tema competencial en la política laboral que se lleve a cabo puesto que en los términos de aplicación territorial esa competencia, hoy día,
se sitúa en el ámbito competencial de los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas que lo tienen. De ahí que nuestro grupo crea que debe ser el Gobierno quien, en el plazo señalado por esta directiva, traiga la propuesta de la
modificación laboral una vez que se haya hablado con todos los interlocutores relacionados con el tema: comunidades autónomas, consejos económicos y sociales y sindicatos, que tienen que ver las posibilidades de modificación del Estatuto de los
Trabajadores, que es una cuestión muy importante. Estamos hablando de unas leyes de tal envergadura que tienen que ser suficientemente consensuadas, meditadas y adaptadas en este tema.
Por estas razones y sin perjuicio de que avancemos en los años sucesivos, mi grupo no va a votar favorablemente esta propuesta por entender que el terreno de promoción debe estar circunscrito en este momento al binomio Administración general
del Estado y comunidades autónomas competentes en la materia.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Señora presidenta, arratsalde on, buenas tardes.
Recientemente -creo que a iniciativa de Convergència i Unió-, se aprobó en este Congreso de los Diputados una proposición para que todas las leyes incluyeran un informe sobre el impacto de género para calcular o especificar la repercusión, a
fin de evitar la desigualdad de oportunidades entre los hombres y las mujeres.
La portavoz del Grupo Socialista ha realizado una detallada exposición en la defensa de su propuesta de ley, por tanto, no vamos a redundar en las argumentaciones sobre el tema, con las cuales coincidimos plenamente. Sí vamos a insistir en
que, en gran medida, la responsabilidad de la atención a las situaciones de dependencia en las unidades familiares recae en la mujer, tanto la dependencia de mayores como el cuidado de los hijos. Mientras no se aborden correctamente y con la
intensidad necesaria las posibilidades de la conciliación real, laboral y familiar, estaremos hablando de las mujeres que acceden y se hallan en el mercado de trabajo, pero difícilmente de aquellas que, aun deseándolo, no pueden de ninguna manera
acceder a dicha posibilidad porque sobre ellas recae el peso de la dependencia de la unidad familiar.
Esta semana se va abordar la ley de familias numerosas y de la familia en general. Pues bien, sería interesante que a dicha ley se le incluyera el informe de impacto de género citado y se viera si con las medidas y la cuantía de dichas
medidas -y vuelvo a insistir en la cuantía y en la intensidad de las medidas- se incide seriamente en la igualdad de las oportunidades laborales. Porque no nos olvidemos de que con las leyes de igualdad laboral y con medidas eficaces estamos
abordando paralelamente el pleno acceso de la mujer al mercado de trabajo, la mejora de la tan manifestada tasa de actividad, la involución de las tasas de natalidad y, en general, el futuro de todo nuestro sistema social.
La iniciativa se encamina correctamente en dicha dirección y para que se propicie su debate, votaremos a
favor de esta proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Txueka.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, la señora Castro tiene la palabra.
La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida para pronunciarme sobre la iniciativa que trae hoy a la Cámara el Grupo Socialista. Tal vez haya muchas reticencias o muchos peros, pero el Gobierno español hasta la
fecha no ha movido ficha respecto a adoptar ninguna medida para trasponer las nuevas directivas comunitarias que tienen relación con este tema. Por tanto, es absolutamente lógico que los grupos de la Cámara, en este caso el Grupo Socialista,
manifieste aquí esa preocupación y quiera suscitar hoy en esta Cámara ese debate.
Nosotros estamos preocupados no sólo porque el Gobierno no ha movido ficha, sino porque tampoco se está reuniendo con los agentes sociales y con las organizaciones de
mujeres, que serían claves en este proceso de trasposición de directivas europeas para garantizar la igualdad de trato entre hombres y mujeres en el mercado laboral, tanto en el proceso como en los resultados.
Es verdad que esta sociedad -lo comentaba la portavoz socialista, Micaela Navarro- camina con doble moral, y desgraciadamente también desde los ámbitos institucionales, porque aquí estamos todo el día hablando de la maternidad como maravilla
social, biológica o natural, pero la verdad es que la maternidad es un bien social pero ni la derecha ni la izquierda, cuando gobernó en este país, se atreven a reconocer como tal. Reconocer la maternidad como bien social no pasa por dejarnos a las
mujeres con la pata quebrada y en casa, sino que pasa por crear un potente Estado de bienestar social, del que estamos francamente muy alejados, para que las mujeres y los hombres que deseen tener hijos puedan no sólo parirlos y cuidarlos sino
también disfrutarlos, porque ese es un derecho que tenemos las madres y los padres. Y todo eso también está en pelotas, como diría el presidente, porque en materia de conciliación de la vida laboral y familiar hemos avanzado muy poco en este país.
Es verdad que las mujeres nos estamos incorporando al mercado de trabajo, aunque sea en precario.
Cuando se dan aquí los datos, pasa como en las elecciones, cada uno hace su análisis. Los ciudadanos ya saben cómo somos todos y se lo pasan muy bien
a nuestra salud. Aquí se dan datos de todo tipo según cómo convenga a la guerra, pero yo creo, señorías, que aquí no hay más que un beneficiario de este debate, que es el colectivo de las mujeres, que llevamos 500 años de retraso histórico y cuya
discriminación, perpetuada en el tiempo en democracia, es una vergüenza para la democracia y además es el caldo de cultivo que permite que las mujeres sigamos siendo asesinadas por el hecho de ser mujeres. En la base de la violencia de género está
la discriminación, señoras y señores de la Cámara, lo hemos tenido todos muy claro. Por eso hemos caminado de la mano del consenso en esta Cámara para tratar de dar respuestas al colectivo de víctimas españolas.
Señores del Gobierno, dejen de presumir de que crean mucho empleo femenino. No es lo que dicen las instancias europeas, y además nos acaban de tirar de las orejas porque el empleo femenino que creamos no es de calidad. Dejando a un lado lo
de las churras y las merinas o que si las comunidades autónomas tienen que participar, que por supuesto, señorías, lo urgente y lo prioritario, ¿qué es? Que nos pongamos de acuerdo una vez más porque trabajar por las mujeres, por resolver estas
cuestiones fundamentales es abordar políticas de Estado, y desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida vamos a apoyar la tramitación parlamentaria del proyecto de ley que presenta el Grupo Socialista, pero volvemos a repetir alto y claro
que las políticas de igualdad son políticas de Estado, que exigen ser abordadas con urgencia, que las mujeres tenemos prisa y que han de ser consensuadas en la medida de lo posible como todas las cuestiones de Estado, y en esa medida volvemos a
reiterar en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida que promoveremos y apoyaremos cuantos debates se traigan a esta Cámara por parte de cualquier grupo parlamentario que tengan que ver con los derechos de las mujeres y seguiremos
reivindicando al valor del consenso para que este colectivo socialmente discriminado pueda seguir avanzado.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Castro.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), la señora Pigem tiene la palabra.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, es un objetivo prioritario para mi formación política, la federación de Convergència i Unió, que los principios de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación por razón de sexo, recogidos tanto en el
Tratado de Amsterdam como en la Carta de Derechos Fundamentales a nivel comunitario y también en nuestra propia Constitución, sean no sólo una declaración programática o un ideal de justicia sino una realidad cotidiana y consideramos por tanto que
desde los poderes públicos es imperativo remover los obstáculos que impiden o dificultan la igualdad real, implementando todos aquellos instrumentos que en la medida de lo posible la garanticen.
El principal de los obstáculos para una igualdad real, como acaba de comentar la diputada Marisa Castro, es sin duda alguna, señorías, la violencia de género, la violencia que se ejerce contra las mujeres. La pasada semana aprobamos por
unanimidad en esta Cámara la orden de protección, un importante instrumento que, junto con las modificaciones que veremos esta misma semana sobre la prisión provisional y la reforma del Código Penal en materia de violencia doméstica, supondrá o al
menos así lo esperamos un importante avance en la protección de las víctimas y en la erradicación de esta lacra social que, como digo, constituye el principal obstáculo para que exista una igualdad real entre hombres y mujeres. Es una violencia, la
violencia contra las mujeres, que se ejerce, como hemos dicho muchas veces, no sólo en la familia sino en otros ámbitos, en la publicidad y también y principalmente en el empleo.
El acoso sexual, señorías, que es una forma de violencia que se
produce no sólo en el lugar de trabajo sino también en el contexto del acceso al mismo y a la formación profesional, junto con la discriminación directa o indirecta que existe bien para acceder o para mantener un empleo, bien por tener un salario
desigual o bien por un trato desfavorable relacionado con el embarazo o con la maternidad, son sin duda obstáculos también muy importantes para una efectiva igualdad entre hombres y mujeres porque vedan o dificultan a éstas la autonomía o la
suficiencia económica que les permita atender sus necesidades más perentorias. Por eso, desde Convergència i Unió, acogimos con satisfacción la Directiva 2002/73 del Parlamento Europeo y del Consejo, que modificaba la anterior del Consejo, la
Directiva 76/207, relativa al principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesional y a las condiciones de trabajo; una directiva, señorías, que introduce
importantes novedades, especialmente en la exigencia de incorporar a la legislación interna tanto las definiciones de discriminación directa, discriminación indirecta y acoso sexual como la transversalidad del principio de igualdad de trato entre
hombres y mujeres en la legislación y en las políticas públicas de carácter laboral, y también la necesidad de incorporar medidas para prevenir y planificar la igualdad de trato entre hombres y mujeres; una directiva cuya trasposición al derecho
interno solicitamos desde Convergència i Unió con prontitud a través de una proposición no de ley que entró en la Cámara a finales del pasado año, que aún no se ha visto en el Pleno y que viene sustancialmente a coincidir en su objeto y su finalidad
con la iniciativa que hoy nos trae a debate el Grupo Parlamentario Socialista y a la que por tanto vamos a votar favorablemente, si bien nos gustaría realizar algunas breves consideraciones.
La primera de ellas sería constatar que algunas de las cuestiones reguladas en la directiva están ya afortunadamente reflejadas en nuestro ordenamiento jurídico. Me refiero no sólo al principio de igualdad de trato, y a su reverso, la no
discriminación, que están reconocidos en nuestra Constitución y sobre los que existe una amplia y consolidada jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como de los tribunales de Justicia, sino también a alguna cuestión más concreta como sería
su recogida en el artículo primero de la directiva, que establece la obligación de los Estados miembros de tener en cuenta de manera activa el objetivo de la igualdad de trato, especialmente en el momento de elaborar y aplicar disposiciones legales
reglamentarias y administrativas. A nuestro juicio esta obligación se ha implementado ya en en buena parte con la necesidad de un informe que sobre el impacto de género va a tener que realizarse sobre todas las disposiciones legales y
reglamentarias que elabore el Gobierno; informe cuya exigencia se acaba de aprobar por unanimidad en la Cámara, fruto, como todas SS.SS. saben, de una iniciativa de Convergència i Unió.
En segundo lugar, querríamos formular una consideración de carácter competencial. Cuando en la directiva se señala, creo que en su artículo séptimo, que cada Estado miembro deberá designar uno o más organismos responsables de la promoción,
el análisis, el seguimiento y el apoyo de la igualdad de trato, no podemos olvidar, y no lo hemos encontrado así en el texto literal de la iniciativa socialista, que de acuerdo con la organización competencial del Estado que nos hemos dado, los
organismos responsables son los institutos de la Mujer de las comunidades autónomas, que tienen, por lo menos el de Cataluña, competencias exclusivas en esta materia. Por tanto los recursos que a tal fin se prevean deben ser en todo caso
transferidos a las comunidades autónomas que, como digo, son las que tienen las competencias.
Finalmente, señorías quiero trasladarles la consideración de que la iniciativa socialista, que va más allá de la mera trasposición de la directiva, es a nuestro juicio quizá demasiado ambiciosa cuando introduce temas que tienen una entidad
propia de tanta importancia como la protección de las situaciones de dependencia, no porque no esté bien traído el tema -realmente son las mujeres las que en mayor medida se ocupan de sus familiares dependientes, lo que les produce, en el mejor de
los casos, una gran sobrecarga de trabajo e incluso su exclusión del mercado laboral-, no porque no tenga relación con las mujeres, sino porque desde nuestro punto de vista la protección de la dependencia abre el tratamiento de un nuevo pilar en la
protección social de entidad suficiente como para ser abordado de forma amplia y exhaustiva, tal y como ha venido solicitando mi grupo parlamentario.
Con estas objeciones o consideraciones, que entendemos pueden ser solventadas a lo largo del trámite parlamentario, vamos a dar nuestro voto afirmativo a la iniciativa que estamos viendo, no tanto a la literalidad de sus términos cuanto a la
necesidad de que, sin más
demora, se trasponga al derecho interno una directiva que nace con la vocación de ser un instrumento jurídico fundamental para garantizar la igualdad entre las mujeres y los hombres en el ámbito del empleo.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pigem.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Sánchez.
La señora SÁNCHEZ GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Socialista presenta una proposición de ley que según su exposición de motivos constituye el vehículo adecuado, en orden a la trasposición de la directiva 2002/73, para conseguir la igualdad de trato en lo que se refiere al
mundo laboral. Esto proviene del Parlamento y del Consejo Europeo, existiendo un plazo de tres años para desarrollarlo, como bien apuntaba el señor diputado que me ha precedido en el uso de la palabra. Esta directiva modifica, algo que ustedes no
han puesto aquí de manifiesto, la 76/207, de 9 de febrero de 1976, y esa modificación se produce bajo la presidencia española, en junio de 2000, tras un proceso largo y no exento de dificultades, en el que el Gobierno español se empleó a fondo para
conseguir la adopción de esta nueva directiva, puesto que ello era un objetivo básico en la consecución del principio de igualdad y discriminación positiva de las mujeres. Es decir, han transcurrido 24 años desde aquella primera directiva hasta la
actual, que ha se ha planteado por iniciativa del Gobierno español. Por tanto, señora Castro, hemos movido ficha. Claro que ha movido ficha el Gobierno, porque es conocedor de la problemática de los derechos de la mujer.
El grupo proponente de esta iniciativa pretende modificar doce normas, que es imposible enumerar puesto que me haría consumir el tiempo establecido para este debate. No obstante y a la vista de su contenido, más bien nos parece una
compilación de las diferentes iniciativas, y usted lo ha dicho aquí, que a lo largo de esta legislatura su grupo ha presentado en esta Cámara. En primer lugar, una política de género ha de responder al principio básico de igualdad en el diseño y
aplicación de todas las políticas teniendo en cuenta las preocupaciones, las necesidades y las aspiraciones de las mujeres en la misma medida que las de los hombres, que no es, ni más ni menos, que el enfoque transversal. Por ello este Gobierno ha
abordado la problemática de la igualdad en un triple frente: incentivando la incorporación de la mujer al trabajo y teniendo en cuenta, y esto hay que ponerlo aquí de manifiesto, que en el año 1996 partíamos de una tasa de desempleo femenino del 30
por ciento y de una tasa de actividad de un 36 por ciento. Hoy podemos decir aquí, y no son cifras que queramos utilizar cada grupo, son cifras reales, que hay 1.800.000 mujeres más que en este tiempo han podido acceder a un trabajo remunerado.
Gracias a esto, la actividad se ha incrementado en un 6 por ciento y la tasa de paro ha bajado 14 puntos. Claro que estábamos mal, pero estábamos mucho peor hace unos cuantos años. Hoy hablamos de igualdad de género en el empleo. ¿Por qué?
Porque afortunadamente para nosotros hoy tenemos ya 6.300.000 mujeres con un puesto de trabajo, algo que choca con las 4.400.000 que lo tenían en el tercer trimestre del año 1996. Por tanto el balance es positivo. Claro que todavía hay que hacer
mucho, pero desde luego el esfuerzo ha sido impresionante y las cifras lo dicen todo.
En línea con esa correcta y adecuada política que desde el Gobierno se viene desarrollando en estos siete años, se están impulsando medidas para facilitar la conciliación entre la vida laboral, profesional y familiar.
Las iniciativas han
sido numerosas, pero yo destacaría algunas como pueden ser los programas de fomento en el empleo, las medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, el coste cero para cubrir las bajas por maternidad o adopción, la Ley de conciliación de
la vida familiar y laboral, que empezó su andadura en el año 1999, y, por supuesto, el IV Plan de igualdad entre mujeres y hombres, que, como ustedes saben, tiene 168 líneas y recoge en ocho áreas una serie de medidas, como la supresión de acreditar
un período mínimo de cotización para generar el derecho a la prestación por maternidad, extender la protección prevista para el supuesto de riesgo durante el embarazo al período de lactancia natural, proponer la equiparación de la prestación
económica de riesgo por embarazo a la prestación por maternidad, la posibilidad de ampliar el permiso de paternidad para los hombres durante al menos cuatro semanas e incluir, como causa de nulidad de despido, que se produzca durante el permiso de
paternidad.
Señora Navarro, como usted misma habrá escuchado, estas medidas son parte de las que usted recoge en esta proposición, a la que voy a referirme, concretamente en su artículo 4, que es el de acoso y acoso sexual. La trasposición del concepto
de acoso sexual en los términos de la directiva no coincide con el delito de acoso sexual tipificado en el artículo 184 del Código Penal, dando como resultado una conducta que tiene igual denominación y distinta sanción en el ámbito penal y laboral.
Por tanto el texto de la proposición introduce en diversos artículos un concepto equívoco de acoso que, además, no está coordinado con el que está previsto en nuestro Código Penal. Asimismo, como ustedes saben perfectamente, el Ministerio de
Trabajo, a través del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, viene realizando actuaciones y estudios para su erradicación, destacando la quinta encuesta nacional de condiciones en el trabajo, que va a proporcionar unos datos
necesarios para determinar los factores de estas reprobables prácticas. En las instituciones
comunitarias, como también conoce S.S., en particular en el grupo de estudio tripartito sobre violencia en el trabajo del comité consultivo de Salud y Seguridad con sede en Luxemburgo, se encuentra pendiente aunar criterios para definir su
calificación y prevención. En resumen, es más prudente esperar a que se conozcan dichas conclusiones.
Con relación a reforzar la protección de la mujer en período de lactancia cuando suponga un riesgo para la salud, como ustedes contemplan aquí, ya es posible por la aplicación del apartado 3 del artículo 26 de la Ley 31/1995. En cuanto a la
propuesta de modificación de la norma en la Función pública, todos sabemos que existe una selección y un acceso a dicha función que se rige por los principios constitucionales, sin que quepa discriminación por razón de sexo u otra condición. Es
más, señoría, los cambios sociales que se han producido con la incorporación de la mujer en el mercado laboral sitúan a nuestra Administración a la vanguardia en la equiparación profesional de estas mujeres. Según los últimos datos, y son del 1.º
de mayo de este año, el 49,71 de los empleados son mujeres, frente a 50,29 de hombres. Asimismo quiero poner de manifiesto, por si usted lo desconoce, que el acuerdo entre la Administración-sindicatos para el período 2003-2004, con el fin de
mejorar y modernizar la Administración pública, ya recoge en su capítulo 17 la igualdad de oportunidades. Conviene recordar también en este debate la reciente reforma del Estatuto de los Trabajadores, que en su artículo 28 iguala los salarios entre
hombres y mujeres, corrigiendo con esta medida una injusticia no ajustada a la realidad laboral y social de nuestros días. En cuanto a la modificación que ustedes proponen al artículo 96 de la Ley de procedimiento laboral, la directiva no obliga a
la modificación de dicho artículo, por las siguientes razones, primera, porque si bien la directiva considera el acoso como conductas discriminatorias y por tanto prohibidas, no contiene nuevas previsiones relativas a la carga de la prueba y porque
en la redacción actual del artículo 96 ya establece la inversión de la carga de la prueba en los procesos en que de las alegaciones se deduzca la existencia de indicios o discriminación por razón de sexo. Además de lo anteriormente expuesto, quiero
añadir que el ministro Zaplana, en su comparecencia del mes de septiembre del año pasado, ya anunció su remisión a las Cortes del proyecto de ley de la igualdad del trato y no discriminación, con el fin de incorporar al ordenamiento jurídico español
tres directivas comunitarias, no una, nosotros creemos que abordando de esta forma una modificación más ambiciosa en cuanto al principio de igualdad de trato en la legislación sectorial.
Señorías, por lo aducido en mi intervención anunciamos que el voto de nuestro grupo será desfavorable a esta proposición. Quiero destacar que desde el año 1996 el Gobierno del Partido Popular viene impulsando y desarrollando unas políticas
correctas y acertadas para subsanar aquellas lagunas legislativas que ponían trabas a los legítimos e irrenunciables derechos de las mujeres en todos los ámbitos. Solamente le puedo decir que uno de los temas de los que más orgullosos nos sentimos
como grupo que apoya al Gobierno de la nación es que por primera vez dentro de la declaración del IRPF se contempla el mínimo vital para las amas de casa, de las que nunca se habla aquí y que son las trabajadoras dentro del hogar, las deducciones
fiscales por hijo, así como el pago de los 100 euros mensuales, la inclusión en la Seguridad Social de las mujeres que colaboran en las explotaciones agrarias, etcétera, etcétera.
La señora PRESIDENTA: Señora Sánchez, le ruego que concluya, por favor.
La señora SÁNCHEZ GARCÍA: Señora presidenta, abusando de su benevolencia finalizo.
Concluyo diciendo que el Gobierno está llevando adelante toda una serie de medidas que precisamente sirven para erradicar esa diferencia entre mujeres y hombres. Le puedo decir que en estos siete años de Gobierno del Partido Popular hemos
pasado de la teoría al teorema, es decir, de la hipótesis a las verdades demostradas. Creo que esta es una línea que si el Gobierno del Partido Popular continua con ella, ha tenido, tiene y tendrá el reconocimiento de toda nuestra sociedad.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sánchez.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
La señora PRESIDENTA: Señorías, conforme al artículo 68 del Reglamento, la presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que los
puntos 49, relativo al debate de totalidad del proyecto de ley de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social, y 50, relativo al debate de totalidad del proyecto de ley de protección a las familias numerosas, pasen a debatirse después
del punto 36, relativo al dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (CONTINUACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE GARANTIZA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL EMPLEO. (Número de expediente 122/000294.) (VOTACIÓN.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se garantiza el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el empleo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 134; en contra, 149; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 46 DE LA LEY 40/1998, DE 9 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y OTRAS NORMAS TRIBUTARIAS. (Número de expediente 122/000187.)
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de modificación del artículo 46 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del impuesto sobre la renta de las personas
físicas y otras normas tributarias. (Rumores.)
Señorías, es preciso que continuemos con el debate, por lo cual les ruego que aquellos que vayan a abandonar el hemiciclo lo hagan de la manera más rápida posible y sin producir atascos en los pasillos. (Continúan los rumores.) Señorías,
ruego ocupen los escaños o abandonen el hemiciclo en silencio.
Para la presentación y defensa de la iniciativa, tiene la palabra el señor Frutos. (Continúan los rumores.)
Señorías, hay un diputado esperando en la tribuna. ¿Tendrían la bondad de mantener las conversaciones fuera del hemiciclo? (Pausa.-Rumores.)
Reitero nuevamente, señorías, que las conversaciones, por favor, fuera del hemiciclo, al objeto de respetar al diputado, que lleva tres minutos esperando poder hacer uso de la palabra en la tribuna. (Pausa.)
Adelante, señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señores diputados, señoras diputadas, esta proposición de ley tiene relación con la anterior y además tiene una explicación de carácter digamos histórico y democrático. Las pensiones públicas en nuestro país, como en cualquier otro, son una
conquista de la lucha del movimiento obrero, del movimiento sindical, de la acción social y política, que finalmente, a través de la presión y del desarrollo democrático, se convierte en ley, que mejora universalmente las condiciones de vida del
conjunto de la población. Todo ello da sentido democrático a la sociedad, haciéndola más social y más justa.
Las pensiones privadas deberían ser, a nuestro entender, sólo un complemento de las pensiones públicas, en el caso de existir. Yo creo que ni tan siquiera deberían existir las pensiones privadas, sino que el sistema público de pensiones
debería tener un apartado para que las gentes que voluntariamente quisieran pudieran tener un complemento de pensiones. Desde el punto de vista democrático, universal y social, lo lógico es que estuvieran en el marco del sistema de pensiones
públicas.
Así habría menos negocios en todos los sentidos y menos discriminaciones como las que vamos a intentar ver hoy y a las que queremos buscar una solución desde nuestro grupo.
El sector privado se mueve y se revuelve en dos sentidos. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.) En primer lugar, potenciar que se vaya creando una idea cada vez más extendida de la inviabilidad del
sistema de pensiones públicas; sistema de pensiones públicas que en un momento determinado va a fallar, porque no hay suficiente capacidad recaudatoria en función de la demografía y de otros fenómenos y por tanto es necesario el fomento del sistema
de pensiones privado. El sistema de pensiones privado se mueve en este eje. En segundo lugar, avanzar sin prisa pero sin pausa, a partir de que se consigue este objetivo de hacer creer al conjunto de la ciudadanía que la pensión pública no será
suficiente, para comerse una parte cada vez más grande del pastel que representa el sistema público de pensiones en torno al cual se mueven miles de millones de euros.
No es que haya por tanto una perversidad en el momento de abordar estos temas por parte de nadie, personalmente ni de ningún partido político, sino que la lógica propia del sistema conduce a que se busque el sistema privado de pensiones en
busca del beneficio y en detrimento naturalmente del sistema público de pensiones. Los gobiernos en general y en particular el Gobierno del Partido Popular aseguran por activa y por pasiva que realiza en este momento concreto y que realizará en el
futuro todas las políticas necesarias para garantizar el sistema público de pensiones. Pero junto a todo esto el Gobierno tiene una filosofía de simpatía hacia los sistemas de pensiones privados, que se expresa en medidas de reducción fiscal para
estimular a los que tienen un nivel de renta suficiente para tener un sistema privado de pensiones. Es decir que hecha la ley, hecha la trampa. Se pone en marcha una dinámica que hace creer a la gente que mañana será inviable el sistema público de
pensiones para todo el mundo y de forma suficiente y que la gente debe empezar a pagarse el sistema privado de pensiones. Entre el sistema público de pensiones y el privado hay diferencias y diferencias importantes, pero la principal diferencia
nace de la propia esencia de lo público, que es una esencia de carácter social, universal, de equilibrio y de justicia
social; lo privado tiene como elemento fundamental el beneficio privado, porque nadie da duros a cuatro pesetas y el que pone en marcha un sistema privado de pensiones es para tener un beneficio.
Hay más en todo esto y además la contradicción se aumenta más todavía con determinadas medidas. Por ejemplo, en relación con la esperanza de vida.
Cuando el señor Troconiz presidía la Comisión del Pacto de Toledo ya planteó una revisión,
que luego fue desautorizada por el Partido Popular y por el Gobierno. Yo creo que fue un cierto trabajo en barbecho, para ver si esa idea iba prosperando y finalmente llevaba a la conclusión de que era necesario ir avanzando en el sistema público
de pensiones. Y otra cosa que es todavía más discriminatoria para un sector muy importante de la población, que, como la mujer tenía más expectativa de vida en estos momentos -ya veremos en el futuro-, era necesario que pagara más para tener
posteriormente acceso al mismo tipo de pensión que el hombre. Se trataba de trasladar al sistema público la norma que ya rige en el sistema privado de pensiones; ésta y muchas otras.
Esto afecta a las mujeres. No es suficiente con la discriminación de carácter social que hemos analizado en el anterior debate ni con la discriminación de carácter salarial. Ahora también se debe castigar a la mujer, otro tipo de
discriminación, porque en este momento concreto tiene más expectativa de vida. O sea que lo tienen mal en todos los terrenos.
Si tiene más expectativa de vida, que la gocen, que la disfruten, que tengan toda la pensión completa sin necesidad de
pagar más que lo que paga un hombre. No. Eso se tiene que castigar. Por eso nosotros queremos, a través de nuestra proposición de ley, retornar las cosas al espíritu del artículo 14 de la Constitución, que habla de la igualdad entre hombres y
mujeres. Estas políticas que se mantienen ahora, las que tenemos en la legislación actual, tienen un talante de mantenimiento de la desigualdad. Además utilizan el dinero público, a través del drenaje del gasto fiscal, para potenciar planes
privados en los cuales se discrimina a la mujer.
Para resumir, señoras diputadas, señores diputados, es una regresión, es una concepción discriminatoria e inmoral del sistema de bienestar social de nuestro país. En este caso concreto se intenta discriminar más de lo que ya lo son al
conjunto de las mujeres, al 52 por ciento de la población. Por eso presentamos esta proposición de ley, que esperamos que tenga una buena acogida, con un artículo único que dice que las reducciones previstas en el número 1 de este artículo se
podrán llevar a cabo siempre y cuando la estructura o funcionamiento del plan o fondo privado de pensiones no realice ni practique discriminación alguna por razón de sexo en lo referente al pago de cuotas, en igualdad de condiciones de los
partícipes en el mismo. Nosotros pensamos que es un simple método democrático y legislativo para restituir una realidad, que en estos momentos es discriminatoria para el sector de las mujeres. Por ello, pedimos, señoras y señores diputados, su
voto afirmativo a esta proposición de ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Frutos.
¿Algún grupo parlamentario desea hacer uso del turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señora Riera.
La señora RIERA REÑÉ: Presidenta, señorías, el objeto de la proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de modificación del artículo 46 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del IRPF y otras normas tributarias,
es permitir únicamente la reducción por aportación a planes o fondos de pensiones en el IRPF cuando estos no practiquen discriminaciones por razón de sexo. Creemos sinceramente que no podemos confundir ni mezclar el debate sobre pensiones y más
concretamente el debate sobre pensiones y el debate sobre los sistemas complementarios con el debate específico que hoy nos ocupa.
Señorías, hemos de reiterar que nuestro grupo parlamentario no comparte las afirmaciones del anterior presidente de la Comisión del Pacto de Toledo respecto a la necesidad de revisar el sistema público de pensiones para que las mujeres
cobraran menos, por tener una mayor esperanza de vida, pero también debemos reconocer haber admitido el error que cometió y su consecuente dimisión. Las empresas gestoras de planes y fondos de pensiones realizan sus cálculos actuariales respecto a
la esperanza de vida de sus clientes, a fin de calcular el importe de las aportaciones que deben realizar. Independientemente del hecho de ser mujer u hombre, los factores que inciden en esta determinación y en este cálculo son muy variados y no me
extenderé en ello en este momento. El grado de afectación que tiene el hecho de ser mujer u hombre lo desconocemos, pero creemos que el mercado se autorregulará en este sentido y también nos parece que no cabe plantear, a fin de atajar esta
situación, que las sumas aportadas a planes y fondos de pensiones que practiquen discriminación por sexo no puedan ser objeto de reducción en sede de impuesto de las personas físicas. Si verdaderamente existe este problema, ésta no creemos que sea
la forma más adecuada de arreglar y de atajar la situación.
Nuestro grupo parlamentario ya manifestó en su momento su preocupación y su inquietud por la afectación a la intimidad que podrían tener los avances genéticos en el sector de seguros. Cabe recordar en este sentido la moción aprobada en el
pleno del día 6 de marzo de 2001, consecuencia de la interpelación urgente de nuestro grupo parlamentario, sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para garantizar el derecho de los ciudadanos a la intimidad genética en
las relaciones jurídico-privadas, así como a no ser discriminado en estas en atención a su patrimonio genético. Con este fin recordamos, señorías, que se instó al Gobierno a constituir, en desarrollo de los principios del convenio citado,
un grupo de trabajo para el estudio del valor actuarial de la información genética, de sus efectos económicos sobre el contrato de seguro y de las consecuencias que pudieran derivarse de la posible utilización futura de los tests genéticos, así como
para la propuesta de medidas que en su caso garanticen tanto el respeto a los derechos a la intimidad personal y a la no discriminación de los asegurados como a los principios de lealtad, veracidad y buena fe, que presiden las relaciones derivadas
de los contratos de seguro, atendida su específica naturaleza. El estudio y la propuesta tendrán en cuenta el derecho comparado y las legislaciones de los países de la Unión Europea así como los convenios y tratados internacionales. Este grupo de
trabajo, decíamos también, deberá estar integrado por representantes de los ministerios competentes en la materia, de las entidades aseguradoras y de los usuarios.
Por todo ello, señora presidenta, señorías, desde nuestro grupo parlamentario entendemos que ha de ser, por una parte, desde el mismo mercado y, por otra, desde el ámbito legislativo, la utilización de otras vías e instrumentos, los que han
de constituir los mecanismos de corrección de posibles desviaciones, los mecanismos de defensa de los principios de la no discriminación y del respeto a la intimidad y por tanto de corrección de potenciales situaciones de discriminación. Nuestro
Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, reiterando la importancia del tema, la preocupación por la afectación a la intimidad que, como hemos dicho antes, podrían tener los avances genéticos en este específico sector así como la defensa de los
principios a los que antes he hecho referencia -el derecho de los ciudadanos a la no discriminación y a la intimidad-, pero no estando de acuerdo en la forma y en el instrumento utilizado para corregir estas situaciones, recordando también las
iniciativas impulsadas al respecto, votará en contra de esta proposición de ley.
Muchísimas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Riera.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Gracias, señora presidenta.
Cuando mi grupo se acercó a esta proposición de ley realizó una primera aproximación, cuyo resultado fue claramente crítico respecto de la misma.
A nosotros nos parecía que una modificación en la normativa tributaria no era el lugar más
adecuado para acoger este tipo de iniciativas, creíamos que era mejor abordarla en las normas de los planes y fondos de pensiones y desde luego considerábamos que planteaba una serie de cuestiones técnicas de alguna dificultad. Pero no es menos
cierto que este enfoque podía y debía ser sometido a otro tipo de consideraciones. Nosotros somos conscientes de que vivimos en sociedades con derechos emergentes, con colectivos que plantean un conjunto de demandas que no habían sido contempladas
en otros momentos de la vida reciente. También somos conscientes de que, con mucha frecuencia, desde la izquierda política se hacen análisis que pretenden abrir espacios para la democracia, espacios para la política y espacios para el debate en el
seno de instituciones representativas, como pueden ser los Parlamentos y en este caso el Congreso de los Diputados. Había que optar por una aproximación si se quiere más técnica o bien por llevar a cabo una aproximación de carácter más político. Y
nosotros nos inclinamos por esta segunda opción.
Mi grupo va a votar a favor de la toma en consideración de esta iniciativa parlamentaria de Izquierda Unida, sin perjuicio de entender que podía y debería ser objeto de algún tipo de modificación. Nosotros creemos que en este momento
plantean una cuestión sobre la que merece la pena reflexionar, sobre la que merece la pena debatir y discutir. Y por eso vamos a votar a favor de la toma en consideración de esta iniciativa.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Fernández Marugán.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Blancas.
El señor BLANCAS LLAMAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, me corresponde el honor de subir a la tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular, al que represento, en relación con la proposición de ley de modificación del artículo 46 del impuesto sobre la renta presentada
por el señor Frutos, como representante del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. La modificación propuesta afecta a los planes o fondos privados de pensiones y en concreto a la reducción prevista en el número 1 del citado artículo 46 del
impuesto sobre la renta, introduciendo un nuevo apartado para las aportaciones realizadas por los titulares en un plan de pensiones, con el objeto de que no sean discriminadas por razón del sexo en lo referente al pago de cuotas y prestaciones a
recibir.
Parece ser que hay alguna confusión, aunque el señor Frutos he dejado clara su postura, porque considera complementario el sistema que regula las pensiones y los fondos de pensiones, pero no está favor, cree que no deberían existir. Su
postura ha quedado meridianamente clara. El señor Frutos no es partidario de que existan los fondos y planes de pensiones.
La diputada
de Convergència i Unió que me ha precedido en el uso de la palabra, Inmaculada Riera, ha dicho perfectamente claro que hay que distinguir entre los sistemas públicos de pensiones y los sistemas privados. Nuestra Seguridad Social está
garantizada y garantizada por este Gobierno, con 7.400 millones de euros, con una Ley de fondo de reserva de pensiones para siete años. El Gobierno es consciente y solidario con las personas que no tienen otros fondos distintos de las prestaciones
de la Seguridad Social. Sin embargo hay que distinguir que existen los fondos de pensiones privados, que no se rigen por el sistema público, sino por otro totalmente distinto. El sistema público se rige por un sistema de reparto, con unas
variables fijas, y en el sistema privado intervienen otras variables totalmente distintas; además, se rigen por la libertad contractual de las personas que quieren adherirse a estos fondos de pensiones. Por tanto, no hay que confundir los sistemas
públicos de pensiones con los sistemas privados, totalmente legales y reconocidos en todas las legislaciones, no solamente en la española.
La propuesta del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida parte de una circunstancia que aconteció el pasado año en las islas Canarias, por un ex diputado de esta Cámara, señor Fernández de Troconiz, que no voy a valorar porque no creo
que sea el momento procesal oportuno, así como en la presunción por parte del Grupo de Izquierda Unida de que había fondos de pensiones que creaban desigualdad y discriminación por razón del sexo.
Hay que decir que nuestra legislación, desde la
primitiva Ley 8/1987, que regula las pensiones, planes y fondos de pensiones, creadas por el Gobierno del Partido Socialista -cuestión a la que el señor Fernández Marugán no ha hecho alusión, aunque ya comenzó a existir en esa fecha-, se ha
actualizado en la Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden fiscal del año 2001, en su artículo 32, creo recordar, cuando mandató al Gobierno que regulara mediante texto refundido y elaborase un nuevo texto que, derogando el anterior,
mejorase su situación. De ahí el Real-Decreto legislativo 1/2002, de 14 de diciembre pasado, que regula, desarrolla y actualiza los fondos y los planes de pensiones.
España, como país de la Unión Europea, por supuesto cumple escrupulosamente el principio de no discriminación por motivos de sexo; concretamente, en el artículo 5 de este real decreto legislativo se dice que los planes de pensiones deberán
cumplir los principios básicos de no discriminación, capitalización, irreversibilidad, atribución de derechos e integración obligatoria en un fondo de pensiones. Esto es, una regulación estricta para que haya igualdad entre todos los partícipes en
un plan o fondo de pensiones. Lógicamente, esta regulación tiene su fundamento en la Directiva 96/97 de la Comisión Europea, que modifica otra directiva anterior, que regulaba el principio de igualdad entre hombres y mujeres en los regímenes
profesionales de la Seguridad Social.
Concretamente, el artículo 6 de esta directiva decía: Deberán considerarse contrarias al principio de igualdad las que se basen en el sexo, directa o indirectamente, y en particular la relativa al estado civil
o familiar, para definir a las personas admitidas a participar en un régimen profesional. No voy a enumerar todos los puntos, pero sí el apartado h) de este artículo, que establece lo siguiente: Se considerará discriminación establecer niveles
diferentes para las prestaciones, salvo en las medidas necesarias para tener en cuenta elementos de cálculo actuarial que sean diferentes según el sexo en el caso de los regímenes de cotización definida. ¿Qué quiere decir? Que en aquellos casos en
que haya un estudio objetivo y actuarial para cada caso concreto se puede dar esta diferenciación entre personas para cotizar diferentes cuotas y tener diferentes prestaciones cuando llegue su edad de jubilación.
Ha quedado claro que la propia directiva comunitaria considera que pueden darse factores basados en datos científicamente objetivos, para que haya diferenciación entre cuotas y prestaciones de jubilación o pensión. Por ejemplo, es diferente
la situación que puede tener una persona según dónde resida; no es lo mismo el seguro de vida de una persona residente en la Unión Europea que un seguro de vida de una persona residente en el centro de África. Las diferencias de este tipo están
permitidas puesto que hay una serie de factores que inciden en el plan de pensiones. Más actual todavía, se puede determinar que hay pensiones reducidas cuando las personas afectadas opten por una jubilación anticipada. Ahí también se puede
permitir una diferencia. Estos factores basados en datos objetivos no son discriminatorios ni atentan contra la igualdad de las personas. El principio de igualdad ante la ley recogido en nuestra Carta Magna y vigente en todo nuestro ordenamiento
jurídico no es obstáculo para que la libertad de contratación sea aplicada a los promotores de planes de pensiones, actúen como promotores o actúen como partícipes.
Como digo, está regulado en el texto refundido del 14 de diciembre, actualmente en
vigor, como he citado, para que no haya esta desigualdad entre promotores y partícipes.
En resumen, nos vamos a oponer a la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, porque consideramos que los planes de pensiones y su reducción en el impuesto sobre la renta están acordes con el
ordenamiento jurídico. La Ley 40, del impuesto sobre la renta, recientemente modificada por la reforma practicada en el año 2002 y publicada como Ley 46/2002, de 18 de diciembre, actualizó y modificó las reducciones con motivo de los planes de
pensiones y dice que no se conculcan los derechos de las personas por la aplicación de planes de pensiones para reducir la base imponible de los sujetos pasivos en el impuesto sobre la renta. En concreto, las aportaciones efectuadas por estas
personas como promotores
o partícipes en los distintos planes de pensiones siempre estarán adecuadas a nuestro ordenamiento jurídico y a nuestra Constitución, al artículo 14, que ha citado el señor Frutos, y, por supuesto, a los principios de igualdad, que ordenan
todo nuestro ordenamiento jurídico positivo.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Blancas. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de modificación del artículo 46 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del impuesto sobre la
renta de las personas físicas y otras normas tributarias.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 114; en contra, 167; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL IMPULSO DE LA CANDIDATURA DE VANDELLÓS COMO EMPLAZAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ITER. (Número de expediente 162/000768.)
La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: Proposiciones no de ley.
En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de la candidatura de Vandellós como emplazamiento para
el desarrollo del proyecto ITER. (Rumores.)
Señorías, es preciso que continuemos con el debate. (Pausa.)
Para la presentación y defensa de la iniciativa, tiene la palabra el señor Ricomá.
El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: Muchas gracias, señora presidenta.
Representa para mí una gran satisfacción subir a esta tribuna para presentar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, una iniciativa en apoyo de la candidatura oficializada por España el pasado 17 de abril de 2002 para que el proyecto
internacional ITER tenga su sede en Vandellós, en la provincia de Tarragona. Estamos hablando de un asunto de gran transcendencia científica mundial, con unos efectos muy positivos en el terreno social, económico y tecnológico para España y con
unas no menos positivas repercusiones en beneficio de las comarcas tarraconenses.
Señorías, ITER es un gran proyecto internacional superado en magnitud sólo por la estación espacial internacional que, en una colaboración sin precedentes iniciada por los presidentes Reagan y Gorbachov en 1985, a la que posteriormente se
unieron Europa, Japón, Canadá y China, se reintegró Estados Unidos y en un futuro es posible que también se incorpore Corea del Sur, pretende construir una gran instalación científico tecnológica al objeto de demostrar la viabilidad en la obtención
de energía mediante procesos de fusión. Se trata de una nueva fuente de energía, más segura, más barata, más limpia e inagotable que, entre otras, plantea las siguientes ventajas: gran cantidad de energía liberada, gran abundancia de combustible
utilizado, seguridad inherente al proceso y la no generación de residuos radiactivos de alta actividad ni de material susceptible de ser utilizado con fines militares.
Pienso que la magnitud de dicho proyecto resulta obvia, pero no está de más reforzarla con cuatro pinceladas sobre sus datos más relevantes. El coste de construcción del reactor se estima en 4.570 millones de euros, durante 10 años, si bien
el coste total tras su explotación, aproximadamente durante 20 años, y posterior desmantelamiento incrementará esta cifra hasta llegar a los 10.300 millones, también de euros. A estas importantes cifras deberemos añadir la contratación de mil
expertos, entre científicos y técnicos de apoyo, con sus respectivas familias. Todo ello supondrá, a nuestro juicio, un importante revulsivo sobre el terreno para Tarragona y aportará grandes beneficios para España, para el conjunto del país:
beneficios sociales, como la creación de empleo, el desarrollo de infraestructuras o el erigirse en foco mundial de conocimiento; económicos, como el retorno de la inversión o la transferencia tecnológica, y también beneficios estratégicos del
estilo de la potenciación de España como país tecnológicamente avanzado y prestigio internacional como centro mundial de I+D, con la consiguiente atracción de inversiones extranjeras.
En el caso de que obtenga el proyecto, España deberá aportar el 10 por ciento de la inversión prevista durante los 10 primeros años, es decir, cerca de 460 millones de euros, cantidad que sin ninguna duda representa un esfuerzo económico,
pero que, como también he señalado, puede ser perfectamente compensada y ampliada por los beneficios que retornarán, directa o indirectamente, derivados del desarrollo en el tiempo del propio proyecto. Al margen de cifras, lo que resulta
incuestionable es que la instalación del reactor experimental de fusión en frío ITER en España supondrá dar un impulso decisivo a la ciencia y a la industria española de alta tecnología. España se convertiría en punto de referencia mundial en la
investigación en este campo, en un motor tecnológico de primera magnitud
que podría marcar un antes y un después para la industria tecnológica española.
Por todo ello, España ha preparado con solvencia la candidatura de Vandellós, aprovechando las ventajas que otorga la ubicación geográfica de esta población tarraconense, emplazada junto al mar, con garantías de estabilidad geológica, junto
a la autopista del Mediterráneo y a la futura línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-frontera francesa, próxima a los aeropuertos de Reus y de Barcelona, a los puertos de Tarragona y Barcelona, en consecuencia, muy bien comunicada; una
candidatura a la que se ha dotado, a su vez, con aspectos tecnológicos, políticos y económicos que la hacen ventajosa frente a otras opciones -como ejemplo cabe señalar la estimación de una reducción de costes en torno al 10 por ciento frente a sus
competidoras-; una candidatura que además se ha forjado con la ayuda de todas las instituciones y empresas nacionales relacionadas con este campo. En este sentido hay que señalar que nuestras empresas son capaces de acometer contratos para ITER
por un valor en torno al 48 por ciento del coste del proyecto y que además las empresas eléctricas del país anfitrión que acoja ITER serán claras candidatas a recibir este retorno, valorado en unos 39 millones de euros al año. Todo ello hace de
ITER un proyecto atractivo.
Lamentablemente, como he señalado y todas SS.SS. saben, España no está sola en su candidatura. Cadarache, en Francia, Rokkasho-mura, en Japón, y Clarington, en Canadá, también quieren jugar sus cartas para llevar este proyecto hacia sus
respectivos territorios. Las posibilidades de que Europa sea elegida como sede del proyecto son elevadas debido a que se trata del único socio que ha definido por ahora públicamente el esquema de financiación a aplicar, asumiendo el 45 por ciento
de su coste, es decir, 2.057 millones de euros, de los cuales el 72,5 por ciento sería a cargo de los presupuestos comunitarios de Euraton, el 10 por ciento, como he señalado, a cargo del país anfitrión y el resto proveniente de los países socios.
En este contexto, la Comisión Europea desea que se realice una preselección de candidatura única europea, creándose un grupo de expertos que evaluaría las dos sedes europeas en función de unos criterios fijados por la Comisión, España y Francia.
Esta posición, que apoya Francia, tiene la expresa oposición de España; por ello, en el último Consejo de ministros de Competitividad de la Unión Europea, el 13 de mayo pasado, a propuesta española, no se pudieron adoptar las conclusiones que
refrendaban el proceso de elección de una única candidatura europea.
España defiende en Europa la conveniencia de mantener las dos candidaturas para que sean elegidas en el ámbito internacional. No parece existir ninguna ventaja en realizar una preselección en Europa, dado que, por un lado, existen menos
posibilidades si se juega con una sola ficha en lugar de dos y, por otro, existe el riesgo de que la opción europea escogida no sea la preferida por nuestros socios internacionales, con lo que el proyecto podría acabar instalándose en Japón o en
Canadá. En cualquier caso, España debe mantener todo su esfuerzo y toda su concentración para intentar consolidar sus posibilidades. En este sentido, el Gobierno está recibiendo evaluaciones muy positivas acerca de la candidatura de Vandellós.
Ayer, por ejemplo, fue un día importante para las posibilidades de nuestra candidatura. El comisario europeo de Investigación, Phillipe Busquin, visitó los terrenos que España aporta al proyecto y participó en la presentación de la candidatura
formulada por el ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué. Declaraciones del comisario como -cito literalmente-: He comprobado la motivación, el unánime apoyo político y la alta calidad técnica de la candidatura española, o también la
afirmación de sentirse muy impresionado, deben tomarse como un estímulo sobre la buena marcha de nuestra candidatura. Es innegable el trabajo del Gobierno en afianzar posibilidades de Vandellós, materializado en una intensa campaña de promoción y
sensibilización internacional que viene desarrollando. En este sentido, en el ámbito político, además de los múltiples contactos de los ministros de Economía y Ciencia y Tecnología que acabo de reseñar, el secretario de Estado de Política
Científica y Tecnológica, Pedro Morenés, al objeto de presentar la candidatura, ha realizado ya varias visitas a los países socios y antes de acabar el mes habrá visitado también todos los países miembros de la Unión Europea. Por otro lado, también
se ha llevado a cabo la difusión de nuestra candidatura desde el ámbito técnico: conferencias en los principales laboratorios de fusión europeos y también la participación en congresos internacionales han supuesto interesantes y cualificadas
plataformas para dar a conocer nuestro potencial científico y tecnológico como sede. En consecuencia, estamos enviando el mensaje de la importancia que tiene para nuestro país albergar este proyecto, difundiendo paralelamente las capacidades con
las que contamos para garantizar el éxito del mismo. Somos plenamente conscientes de que lograr que el ITER tenga residencia española es un objetivo difícil, no sólo porque las otras candidaturas presentadas también han sido evaluadas
favorablemente desde el punto de vista técnico, sino además por la gran trascendencia política y económica de este proyecto, que, amén de generar un salto cualitativo de primer orden hacia la alta tecnología, reportará enormes beneficios económicos
y de creación de empleo.
Tenemos la tranquilidad de que la candidatura de Vandellós representa una opción seria, solvente y creíble; por tanto, tenemos la convicción de que vale la pena mantener el esfuerzo en su defensa con toda la intensidad hasta el último
minuto, que cada vez tenemos más cerca. Por ello el Grupo Parlamentario Popular ha presentado esta iniciativa en el Pleno, sobre la que ha efectuado una autoenmienda de mejora puramente
técnica, porque entendemos como una necesidad hacer desde esta casa, desde el Congreso de los Diputados, un llamamiento al Gobierno para que continúe e intensifique sus gestiones encaminadas a la promoción de Vandellós como sede española del
proyecto ITER.
Si hemos considerado que desde esta Cámara debe haber un pronunciamiento y un posicionamiento, la actitud del Grupo Parlamentario Popular también es la de encontrar la unanimidad. Es por ello por lo que somos conscientes de la presentación
por parte del Grupo Socialista de una enmienda que se sustenta en mejorar y en ceñir un poco más las condiciones sobre las que ITER tendría que venir a España, y, en aras de la unanimidad y el consenso que creemos imprescindibles, ya adelanto,
señora presidenta, que aceptaremos la enmienda que se nos propone.
Muchísimas gracias, señoría. Muchísimas gracias, presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ricomá.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Palma.
La señora PALMA I MUÑOZ: Gracias, presidenta.
Señorías, quiero decir de entrada que, tal como decía el portavoz del Grupo Popular, a tenor de lo que hemos podido leer en la prensa y ver y escuchar en los medios de comunicación en los últimos días, parece del todo adecuado y oportuno que
hoy el Congreso de los Diputados se pronuncie explícitamente a favor de la candidatura española para que Vandellós, en Tarragona, sea la sede del reactor internacional de fusión.
Ayer estuvo en Vandellós el comisario europeo de Investigación, Phillipe Busquin, realizando una visita a los terrenos previstos para albergar el reactor experimental de fusión ITER. Por tanto, este es un momento adecuado para que hoy nos
pronunciemos desde el Congreso de los Diputados. Porque, señorías, este es un proyecto extraordinariamente importante para el desarrollo de la investigación y para la innovación en el ámbito energético que tendrá repercusiones muy positivas para el
entorno social, territorial y económico en el que se ubique. ITER es un proyecto internacional en el que participan Europa, Canadá, Rusia y Japón y al que se han sumado recientemente Estados Unidos y China y que tiene como objetivo el hallazgo de
nuevas vías de aprovechamiento de la energía producida a partir de la fusión por confinamiento magnético, y es un proyecto de futuro interesante. Es un gran centro de investigación y desarrollo para un amplio abanico de sectores científicos y
tecnológicos, es pues, una gran oportunidad para la industria, para el desarrollo tecnológico, para la economía y para la investigación.
En este momento nos encontramos ya en la recta final de la competición para conseguir que la candidatura española de Vandellós se imponga a las restantes, como se ha dicho aquí, a Cadarache, en Francia, Rokkasho, en Japón, y Clarington, en
Canadá, aunque esta última, por las recientes noticias que tenemos, parece que sin demasiadas posibilidades puesto que precisamente la falta de apoyos en su propio país podría comportar su retirada antes de la decisión final. Por otra parte, Japón
ya ha dicho que si ve excluida su propuesta, prefiere Vandellós. Por tanto, vamos acotando el espacio. Las candidaturas de Francia y Japón tienen a su favor una larga tradición industrial, científica y tecnológica. Tienen también un clarísimo
apoyo económico de sus respectivos países desde el inicio del proceso y tienen, sobre todo, un entorno científico y tecnológico muy potente y maduro, con unos niveles de gasto en I+D que se sitúan en el 3 por ciento para Japón y 2 por ciento para
Francia.
Vandellós reúne las mejores condiciones técnicas para albergar esta central experimental de fusión, una central completamente distinta de las nucleares de fusión existentes. Se halla en un enclave territorial muy adecuado, como se ha
dicho aquí, cerca del mar, dispone de las redes de electricidad necesarias y parte de las instalaciones existentes podrían reutilizarse a favor del nuevo proyecto. Reúne, pues, un cúmulo de condiciones muy interesantes y muy importantes para el
éxito final.
Parece ser que en su visita de ayer, el comisario europeo de Investigación se llevó una muy buena impresión del emplazamiento. Pero, en cualquier caso, y ante la presencia de dos candidaturas europeas, Cadarache y Vandellós, hasta el final,
Busquin se remitió a la próxima reunión del Consejo de Ministros de la Unión Europea, el próximo 23 de septiembre, sin pronunciarse sobre la posibilidad de que Europa apruebe presentar las dos candidaturas, opción que defiende el Gobierno español, y
se limitó a manifestar que Europa debe tener una candidatura sólida. Esta, señorías, es otra cuestión importante.
Desde el Grupo Socialista hubiéramos preferido no encontrarnos en esta tesitura de cierto enfrentamiento dentro de Europa. Preferimos que la opción sólida sea precisamente la española, la de Vandellós, con toda Europa detrás, sin tener que
recurrir a ayudas extraeuropeas ni tener que depender completamente de elementos ajenos al ámbito europeo. Además, este es un buen momento -no digo era, digo es- para poner también en práctica el tan reivindicado espacio europeo de investigación,
entre otras cosas, porque, como he dicho antes, la candidatura de Vandellós tiene muchos elementos positivos y está cargada de razones y argumentos de valor técnico que pueden hacerla mejor que las demás. En cualquier caso, no nos parece demasiado
favorable sujetar estas cuestiones a veleidades políticas más que discutibles.
Apoyo pues, sin ninguna duda, del Grupo Parlamentario Socialista a la candidatura española de Vandellós. Lo hemos dicho en diversas intervenciones parlamentarias, aquí, en el Congreso de los Diputados, así como en el Parlament de Catalunya,
donde hemos impulsado iniciativas desde el Grup Parlamentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi. Sin embargo, como hemos dicho en otras ocasiones, también queremos decir hoy aquí al Grupo Popular, al ministro Piqué y al señor Aznar, como se lo hemos
dicho ya a los responsables gubernamentales de la Generalitat de Catalunya, que no pueden ni deben quedarse en la política de escaparate, que el sentido de la responsabilidad ante un proyecto de estas características obliga a ser capaz de asumir
todo lo que esto significa. Por eso hemos presentado una enmienda, para matizar algo que nos parece fundamental: la financiación. El esfuerzo económico que deberá hacer la Administración española es muy importante: 450 millones de euros, más o
menos el 10 por ciento del coste total. Queremos que quede claro que en ningún caso los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto ITER van a mermar los ya pocos recursos habituales para nuestro sistema de ciencia y tecnología, que, como
también hemos dicho en esta Cámara en repetidas ocasiones, debería mejorar, y mucho. Y es que hace pocos días desde esta misma tribuna les advertía mi grupo, concretamente mi compañero Jaime Lissavetzky, de las carencias de nuestro sistema de
ciencia y tecnología, del escaso gasto público, de los problemas de gestión, de la falta de recursos humanos y, sobre todo, del considerable déficit en transferencia de tecnología al sector productivo. Este tema, el de la transferencia de
tecnología, es fundamental para los rendimientos del proyecto ITER, considerado también un importante motor de desarrollo tecnológico, con grandes efectos de movilización para el territorio, como se ha dicho aquí, empleos indirectos en la misma
provincia y, en general, en el país, actividades productivas complementarias, actividad universitaria y de formación, etcétera. Sin embargo, los últimos datos sobre innovación en la Unión Europea nos sitúan por debajo prácticamente en todos los
indicadores. Esto es preocupante y hay que resolverlo. Esto no puede ser de esta manera para que un proyecto de tal envergadura tenga el éxito esperado. Los datos son contundentes y demoledores: 0,9 por ciento del PIB en I+D en España, frente al
1,9 por ciento de media en la Unión Europea, con un horizonte de incremento del gasto de hasta el 3 por ciento en 2010, y no porque lo digamos desde el Grupo Socialista, sino que ha sido fijado por el Consejo Europeo en su reunión de marzo de 2002,
en Barcelona, con un plan de propuestas de la Comisión Europea y con recomendaciones para los distintos países para incrementar la inversión en investigación y desarrollo tecnológico, pero sobre todo en innovación.
Señorías, es necesario que, aparte de apoyar un proyecto de estas características, hagamos un esfuerzo importante en mejorar nuestro entorno científico y tecnológico. Si queremos impulsar grandes proyectos como el Sincrotrón o como el
proyecto ITER es necesario, es del todo imprescindible crear entornos potentes en I+D, también en actividad industrial y desarrollo energético, también en actividad económica y empresarial, en formación. Todo ello para poner en valor todo el
potencial que tenemos, para aprovechar, para rentabilizar al máximo el valor añadido de un proyecto de estas características y para generar las sinergias necesarias. Asimismo, tanto con el proyecto ITER como sin él, es necesario impulsar la
investigación en energías alternativas e incentivar su producción y uso en tantos ámbitos como sea posible. No puede ser que en nuestro país las primas por producción y uso de energías alternativas, lejos de aumentar, hayan disminuido en los
últimos años.
En definitiva -y termino, señorías-, no podemos pasear el proyecto ITER, ni ahora en fase de evaluación de candidaturas, ni después de la decisión final, como si de Bienvenido mister Marshall se tratara. Un país responsable, un gobierno
responsable es aquel que se prepara correctamente para los nuevos retos. Apelamos, pues, y confiamos en su sentido de la responsabilidad; deseamos y esperamos lo mejor para la candidatura española de Vandellòs en esta ya fase final del proyecto;
celebramos también la aceptación de nuestra enmienda y se lo agradecemos al Grupo Parlamentario Popular, y expresamos con nuestro voto afirmativo el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista al proyecto y a la candidatura española.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Palma.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta. Mi grupo va a votar favorablemente esta iniciativa como proposición no de ley que nos ha presentado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Hago obvias algunas extensiones
porque coincido plenamente en lo dicho tanto por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular como por la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la enmienda que ha defendido. Ya hace años, en los principios de la transición, cuando se
planteó en España la instalación de un centro de alta tecnología, en este caso en el campo de la astronomía, se apoyó y se ha hecho una realidad el Instituto Internacional de Astrofísica de Canarias, que acoge una de las primeras líneas de
investigación astronómica en el ámbito mundial. Si ahora llega esta oferta del ITER, España no puede, ni política ni diplomática ni científicamente, perder esta oportunidad. De ahí que tendrá nuestro voto de apoyo en el mismo sentido que han
manifestado los dos portavoces porque entendemos que, frente a los problemas de energía del futuro, no podemos seguir por una línea que está condicionada por la moratoria nuclear en las centrales nucleares de producción de energía eléctrica
por vía de la fisión y por vía de la utilización del uranio y de sus isótopos radioactivos, con los problemas que de ahí se derivan. La ciencia y la investigación tecnológica nos han ofertado la fusión nuclear controlada. El sistema del ITER va a
permitir obtener una energía de unas materias primas, dos isótopos del hidrógeno, que son unas fuentes energéticas baratas, ilimitadas, seguras y limpias.
Por tanto, no habrá ninguna posibilidad de contestación ni de grupos ecologistas ni
medioambientales en estos temas, ni por la eliminación de residuos. Estamos ante una oportunidad de futuro, ya que no vamos a tener ni siquiera el problema de la eliminación de residuos radioactivos, porque se trata de fusión nuclear controlada por
el sistema que trae el ITER.
La competitividad de Francia, con su idea de instalarlo en el centro de Cadarache, obliga a todos los servicios, interiores y exteriores, del Gobierno español -está bien que hoy nos pronunciemos aquí en la Cámara para dar este respaldo- para
que a través de los ministerios de Asuntos Exteriores, de Ciencia y Tecnología, de cualquier instrumento de la Administración del Gobierno en proyección exterior, podamos presentar el curriculum de oportunidad que el centro de Vandellòs permite para
la instalación del ITER.
Vuelvo a decir que un proyecto como el denominado Tokamak, que va a significar la última y nueva palabra en esta tecnología de obtener energía, que es nuestro reto de futuro, obliga precisamente a extremar estas medidas. En este sentido nos
parece que se puede apoyar con comodidad -lo ha dicho también el portavoz del Grupo Parlamentario Popular- la enmienda de garantías presupuestarias; nosotros las pedimos siempre con respecto al Instituto de Astrofísica de Canarias para que los
presupuestos que allí van no menoscaben los que están en otras líneas de I+D o de investigación del Estado, porque cuando vamos a hacer una oferta hay que garantizar la financiación.
En cuanto al lenguaje de prudencia, nos parece más acertada la enmienda que presenta el propio Grupo Parlamentario Popular corrigiendo la suya para que este Congreso inste al Gobierno a continuar e intensificar las acciones de promoción en
el ámbito europeo e internacional de la candidatura española de Vandellòs como sede para el proyecto ITER. Como he dicho, este es un mensaje dirigido a todos los ministerios españoles que pueden hacer esta labor, así como a los núcleos de opinión
y, sobre todo, buscar el apoyo europeo, porque junto a la alternativa española está la opción que plantea Francia. Hay que buscarse el apoyo de naciones que están colaborando en otros proyectos de termodinámica nuclear, de fusión nuclear, en magma
controlado, como son en este momento Alemania, Italia, Holanda y el Reino Unido, dado que decae esta posibilidad del Reino Unido, frente a los problemas que nos podía crear la ubicación en Japón y en Canadá. Este proyecto tiene que ser
fundamentalmente europeo, también por supuesto internacional, pero ubicado en Europa, en Vandellòs, por lo que nadie puede permitirse el lujo de dejar de luchar por esta oportunidad. De ahí que el Grupo de Coalición Canaria, identificado con este
problema tecnológico, que es la vanguardia del futuro, vote favorablemente.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la verdad es que para mi grupo parlamentario sería más fácil sumarse a lo que parece que va a ser el resultado de la votación que se va a producir en esta Cámara dentro de un momento. Pero no es así, señorías. Mi grupo
parlamentario no va a apoyar la iniciativa que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. No lo va a hacer no porque estemos en contra de que en Vandellòs se puedan tener instalaciones que supongan un progreso científico, un aumento de los
puestos de trabajo, una inversión importante en la zona, sino porque realmente, señorías, ustedes están vendiendo muy bien el proyecto de cara a la opinión pública, y esto me recuerda a lo que se hacía en determinada época, cuando se vendía la
energía nuclear como una energía barata, una energía que no producía contaminación, una energía que creaba puestos de trabajo, una energía que revitalizaba las zonas en las que se implantaban o se iban a implantar las futuras centrales nucleares.
Con el paso del tiempo, ahí está el resultado.
Señorías, sé que estamos hablando de un proyecto de investigación, pero ustedes no terminan de contar todo lo que puede pasar y lo que se puede producir con este proyecto de investigación instalado en nuestro país.
Para empezar, ustedes no
dicen que desde que en el año 1957 los principios físicos de la fusión se plantearon por el físico británico señor Lawson, se han sucedido proyectos experimentales diferentes, cuatro o cinco proyectos, y todos han tenido unos resultados
insuficientes, por no decir nulos, pero sí han tenido un alto coste económico que no ha servido para que podamos hablar de algo real, y estamos hablando de 1957, no estamos hablando de hace diez o quince años. Ustedes nos plantean ahora que se
instale en nuestro país el proyecto ITER, que es el último de toda esta serie de investigaciones que no han conducido a ningún sitio pero que sí han tenido un alto coste económico. Nos lo plantean ustedes -como se ha hecho desde la tribuna por los
diferentes grupos parlamentarios que han intervenido-
como algo que va a colocar a nuestro país en un determinado punto. Pues bien, señorías, hay otra realidad que ustedes están ocultando, pero esa realidad existe.
Para empezar, este proyecto se propone como un gran experimento que debe desembocar en principio en la construcción de un futuro reactor que pueda producir electricidad más limpia que la de las centrales nucleares. No se ha llegado nunca a
conseguir, de momento. Pero lo que ustedes no dicen es que la fusión nuclear genera grandes cantidades de residuos radioactivos de media y baja actividad, lo que crea un problema de almacenamiento. No sé si eso lo pueden contemplar, porque hablan
ustedes del futuro pero sin pensar en el futuro. Hablan ustedes del futuro inmediato, que puede ser dentro de quince o veinte años, con esa generación de puestos de trabajo, pero no hablan ustedes de los problemas que todo esto puede producir en un
futuro más lejano. Además, no compartimos el modelo centralizado de generación de energía que ustedes están planteando. Producen ustedes el mismo mito de siempre. La primera etapa de la fisión era también limpia, no había ningún problema, y
ustedes están planteando que se puede crear con esta investigación un suministro inagotable de energía, dando de lado, por otra parte, lo que ya sí que está produciendo energía y que además está resultando rentable y a lo que además deberíamos de
tender para acercar más a los consumidores la producción de energía eléctrica a través de las energías renovables, teniendo menos problemas de pérdidas que se producen en todas las redes y, por tanto, pudiendo trabajar en la gestión de la demanda y
no solamente en el consumo desmesurado y en la búsqueda de aquellas producciones de energía ilimitada que realmente no existen. La utopía -nosotros lo sabemos bastante bien- es algo por lo que se puede trabajar pero no existe.
En estos momentos el proyecto que ustedes están defendiendo, la candidatura que están defendiendo no produce electricidad, sencillamente la consume. Además, esa energía que tiene que consumir es la producida por una central térmica de 500
megavatios, más los 100 megavatios -hablamos de megavatios, no kilovatios- necesarios para refrigerar las bovinas superconductoras. Y una vez iniciada la reacción de fusión, es decir, una vez puesto en funcionamiento el equipo experimental, el ITER
consumirá unos 400 megavatios para su funcionamiento normal. Estamos hablando de cantidades de consumo de energía altísimas. Yo creo que a lo mejor de aquí a cuando ustedes pongan en marcha el proyecto de investigación, si es que al final la
candidatura de Vandellòs sale elegida, habrán tenido que solucionar todos los problemas de suministro energético que se producen en estos momentos en nuestro país, porque si no desde luego le estaríamos haciendo un flaco favor a la ciudadanía porque
tendría más problemas para ese suministro energético con un proyecto que va a tener tan altos consumos energéticos para su funcionamiento.
Ustedes no han hablado de lo que pasaría después de que se acabara su vida útil, porque tiene una vida útil, y al final de eso hay que desmantelarlo. Pues bien, señorías, para desmantelarlo la primera operación que habría que realizar -que
serían tres fases-, después de desactivar el reactor y después del proceso de descontaminación, consiste básicamente en la retirada del tritio radioactivo, porque también hay productos radioactivos que producen la fusión. Ésa sería la primera fase,
la retirada del tritio radiactivo. Esta fase duraría entre cinco y ocho años. En la segunda, la planta se traspasaría al Estado español y tendría un período de latencia de 25 años, hasta asegurar que el nivel de radioactividad ha bajado lo
suficiente como para permitir las exposiciones aceptables bajo la norma vigente. Y se pasa a la tercera fase, que consiste en el desmantelamiento de todas las estructuras. Es decir, entre las tres fases, el desmantelamiento duraría entre 36 y 39
años, prácticamente el doble de su período de explotación; el doble. Yo no sé qué ventajas encuentran ustedes ahí. Al final existirían aproximadamente 40.000 toneladas de metales radioactivos procedentes del desmantelamiento del reactor que habrá
que gestionar de manera adecuada.
Hay que recordar que en este caso nuestra actual legislación impide almacenar los residuos radiactivos que se generarían en el almacén de residuos de baja y media actividad de El Cabril porque tendrían una duración
superior a 300 años de actividad, y el almacén de El Cabril no está construido para eso, con independencia de que probablemente no podría albergarlos, aunque se modificara la legislación, porque se puede colmatar de manera rápida. Tengan en cuenta
que el desmantelamiento de la central nuclear de Zorita es inminente y hay que tener en consideración qué harían ustedes con esos residuos de media y baja actividad. Además, el funcionamiento del ITER requiere enormes cantidades de agua para
refrigeración que, de instalarse en Vandellòs, posteriormente se emitirían al mar a una temperatura más elevada. No sé si ustedes habrán tenido en cuenta que abocar al mar agua con una elevada temperatura, más de la que es natural en el entorno,
puede producir modificaciones y alteraciones medioambientales en la zona.
Señorías, mi grupo parlamentario cree que sería mucho mejor que esos 450 millones de euros que tendría que aportar el Estado español para este proyecto de investigación -aproximadamente el 10 por ciento al que hacían referencia SS.SS. en
las intervenciones anteriores- se invirtieran en algo que ya es una realidad en nuestro país, en el fomento de las energías renovables, en aumentar las dotaciones económicas para el plan de fomento de las energías renovables, en algo que ya es
concreto y no en un proyecto que, si tuviera éxito o se llegara a producir esa energía a través de la fusión,
sería para poner en el mercado dentro de cincuenta años.
A mi grupo le gusta tener los pies sobre la tierra, por eso no debemos hablar de futuribles que no llevan, por la experiencia, nada más que a altos costes económicos sin ningún tipo de virtualidad real para aplicar después a la mejora de las
condiciones de la ciudadanía; que se gasten ese dinero en lo que hoy ya es una realidad, que fomenten las energías renovables, que aproximen a los consumidores los centros de producción, que puede conducir a una mayor eficiencia y a unas menores
necesidades de consumo energético en nuestro país.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.
En nombre de Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Silva tiene la palabra.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Se dice que cada día tiene su afán, y así como hace quince días, cuando tuvo lugar la comparecencia del secretario general de política científica, el afán de Convergència i Unió fue efectuar una revisión crítica, incluso diría que muy
crítica, de la situación de la ciencia en el Estado, de la investigación en I+D, ciertamente el afán de hoy no puede ser otro que el del apoyo entusiasta y de corazón a la candidatura de Vandellòs para hacerse con esta gran infraestructura
científica que es el ITER, el reactor experimental de fusión nuclear. Y esto, desde muy diversos puntos de vista.
Como se reconoce en el VI programa marco y en los avances del programa nacional de I+D, el espacio europeo de investigación no puede desarrollarse sin la creación de grandes infraestructuras científicas y, por tanto, esto también supone
hacer política científica, como lo ha sido, por descontado, el Gran Telescopio de Canarias o la otra gran infraestructura científica que tendremos en nuestro país, que estará situada también en Cataluña, el Sincrotrón, donde la Generalitat de
Catalunya ha asumido un compromiso económico importante.
Hay que señalar que una gran infraestructura científica, como es el caso del ITER, desborda los planteamientos de estas dos infraestructuras anteriores. Se han señalado algunos datos, fundamentalmente por el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular y la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Estamos hablando de un presupuesto de 4.570 millones de euros. Precisamente una de las ventajas de la candidatura de Vandellòs es que se reduce ese presupuesto en un 6 por ciento cuando,
por ejemplo, la candidatura francesa de Cadarache supone un incremento de un 5 por ciento, o cuando la candidatura canadiense, que en estos momentos parece que se está tambaleando, supone simplemente una reducción de un 3 por ciento de ese
presupuesto; supone también una inversión indirecta a lo largo de 10 años de más de 10.000 millones de euros; supone trabajo para aproximadamente 3.000 profesionales científicos de primera línea y unos 30.000 puestos de trabajo directos e
indirectos. Por lo tanto, señorías, la apuesta tiene que ser absolutamente decidida y absolutamente decisiva. Además, la apuesta es posible. Ya se han señalado aquí las grandes ventajas que presenta Vandellòs respecto a las condiciones sísmicas o
sismológicas. Hay que recordar que la candidatura japonesa, la candidatura de Rokkasho-mura, por lo demás, tiene unas condiciones climatológicas casi deplorables. Además, las condiciones de comunicación de Vandellòs, que tiene una muy buena
comunicación por su proximidad al mar a través del puerto de Barcelona y de Tarragona, a través de la autopista del Mediterráneo, a través de la futura línea del AVE y a través de los aeropuertos de El Prat y de Reus, son muchísimo más óptimas que
los 100 kilómetros que dista de la costa la candidatura francesa de Cadarache. El compromiso financiero que asume -y que nosotros impulsamos que asuma en este caso el Gobierno del Estado- es un compromiso firme y un compromiso serio. Tengo que
reconocer también y agradecer las informaciones y la colaboración que muy fundamentalmente a través del secretario de Estado, Pedro Morenés, se ha tenido con el Grupo Parlamentario Catalán y con el propio Gobierno de la Generalitat en esta materia.
Quiero indicar a SS.SS. que Vandellòs es un municipio que está gobernado por mayoría absoluta por Convergència i Unió y que ciertamente el Gobierno de la Generalitat hace una apuesta muy decidida en este tema.
Por tanto, es, desde luego, una
candidatura de todos pero es también la candidatura de Convergència i Unió y es también la candidatura del Gobierno de la Generalitat.
Como se señalaba, todo parecería fácil si no existiesen otras candidaturas. A lo largo de la sesión de hoy ya se ha efectuado una referencia, aunque somera, a estas otras candidaturas. Parece que la candidatura de Clarington puede venirse
abajo por la falta de apoyo institucional. Yo creo que lo que hoy toca demostrar aquí es que el apoyo institucional, no sólo del Gobierno sino de las Cortes Generales, es total y absoluto con la candidatura de Vandellòs. Se han señalado también
algunos de los déficits de la candidatura japonesa, que ha manifestado su valoración positiva de la candidatura de Vandellòs en el caso de que la propia apuesta fuera rechazada, y nos encontramos también ante la candidatura francesa. Sin embargo,
hemos de ser conscientes, señorías, de que -como se ha señalado aquí- lo que interesa es llevar dos candidaturas al Consejo de Ministros de Ciencia y Tecnología de la Unión Europea de 23 de septiembre. La candidatura de Vandellòs tiene algunas
ventajas sobre la francesa no sólo en cuanto a los costes o en cuanto a la comunicación sino también porque evita lo que de otra manera podría ser un monopolio,
que es el monopolio francés en materia no de fusión pero sí de fisión nuclear. Evitar que se produzca un monopolio en la ciencia y tecnología de Francia tanto en los temas de fisión como en los de fusión es algo que puede ser muy bien
recibido por el resto de países que están comprometidos con el proyecto ITER: Estados Unidos, China, Japón, Canadá y por descontado Corea del Sur si se acaba incorporando al proyecto, así como también Rusia. Por lo tanto, parece ser que pueden
existir apoyos políticos importantes por la estructura de costes, por descontado que sí, y por la ruptura y evitación de los monopolios también a favor de esta candidatura española. Hay que interpretar también aquellas palabras del comisario
Phillipe Busquin cuando señalaba que Europa debe llevar una oferta sólida. Europa puede llevar una oferta sólida que permita una doble elección. No tiene por qué ser una oferta única, pero lo que no cabe admitir en ninguno de los casos es que al
final la candidatura que saliera adelante -como es el caso de Vandellòs- se viera sometida a una filtración previa para adoptar al final una solución que incluso podría no ser la europea sino la japonesa. Por lo tanto, señorías, la candidatura de
Vandellòs es ciertamente tan europea como pueda ser la de Cadarache. En cualquier caso, hay que manifestar todo el apoyo institucional a través de otros gobiernos, de los propios municipios y desde luego a través de los grupos parlamentarios para
que al final este gran proyecto salga adelante. Además su influencia, por descontado en la ciencia y tecnología europea pero también en la ciencia y tecnología española y en la propia de Cataluña, será sin lugar a dudas fundamental.
La propia
apuesta del espacio europeo de investigación se hace a través de las grandes infraestructuras científicas y tecnológicas. Esto es lo que permite un lugar de encuentro entre los científicos y permite extender redes de cooperación y colaboración
internacional que producen luego sus efectos en muchos otros ámbitos. Por descontado, dentro de poco tiempo, si el proyecto del Sincrotrón sale adelante, como sin lugar a dudas va a suceder, nos encontraremos con un aumento muy importante de las
inversiones en materia de investigación, desarrollo e innovación en la medida en que se tendrán que obtener fuentes de financiación tanto para Sincrotrón, en la que colabora muy decididamente la Generalitat de Catalunya, como para el ITER, esos más
de 400 millones de euros, o serán al margen de las fuentes de financiación de la política ordinaria que tanto necesitamos, y que, por tanto, incluso debiera ser extraordinaria, de investigación y desarrollo. Por tanto, mi grupo parlamentario,
señorías, deja otros días más oportunos para la crítica y pretende lanzar este mensaje de apoyo decidido a esta candidatura.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.
Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de la candidatura de Vandellós como emplazamiento para el desarrollo del proyecto ITER, que se somete a votación en los
términos derivados del debate y con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que ha sido aceptada.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 284; en contra, cinco.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN PROGRAMA INTEGRADO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE MADRID.
(Número de expediente 162/000735.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, para el establecimiento de un programa integrado de seguridad ciudadana en el municipio de Madrid. (Rumores.)
Señorías, ruego que abandonen el hemiciclo, los que lo vayan a hacer, de la manera más rápida posible y en silencio.
Para la presentación y defensa de la iniciativa tiene la palabra el señor Quintana. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
El señor QUINTANA VIAR: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, dice el artículo 9, apartado 2, de nuestra Constitución que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Y
en el artículo 17 dice que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. En nuestra andadura democrática hemos querido ligar el concepto de libertad al de seguridad, porque cualquier acto de violencia, de ruptura de un marco estable de
seguridad cívica es un atentado contra nuestra libertad individual y colectiva.
Además, en el contexto urbano al que se refiere esta proposición no de ley, la falta de seguridad se ha convertido en una sensación subjetiva que, más allá de las
limitaciones objetivas a nuestra libertad individual y colectiva, actúa como freno, sobre todo de lo cotidiano. Las noticias de cada día y los datos sobre criminalidad se empeñan en poner de manifiesto la grave situación de inseguridad ciudadana
que vive el municipio de Madrid, que el año pasado volvió a situarse a la cabeza de las más altas tasas de delincuencia del Estado español.
Al finalizar el año 2002 la criminalidad se ha incrementado cerca del 12 por ciento que, junto al 13 por ciento del año anterior, suma un índice del 25 por ciento
en estos dos últimos años. En el primer trimestre de este año, de enero a marzo, ni uno solo de los parámetros ha dejado de crecer. Permítanme que dé algunos datos. De enero a marzo de este año se han producido en Madrid 10.281 atracos,
es decir, 114 atracos al día, un 4 por ciento más que el año anterior. En cuanto a robos con fuerza, se han producido 20.742, un 6 por ciento más que en el último trimestre del año anterior. En lo que llevamos de año se han producido 56
asesinatos, es decir, un homicidio cada dos días y medio. Estamos a la cabeza de todas las ciudades europeas en cuanto a homicidios. Los índices de criminalidad en Madrid se sitúan 25 puntos por encima de la media nacional. Los turistas que nos
visitan es uno de los colectivos más afectados, especialmente norteamericanos y japoneses; se ha reducido su llegada a Madrid en un 50 por ciento, por eso los consulados de Estados Unidos y Japón han incluido en su página web la advertencia de que
no se viaje a Madrid porque es una ciudad peligrosa.
En Madrid tenemos el mismo número de policías nacionales que hace ocho años, 6.550 efectivos. Hace siete años 100 vehículos de policía patrullaban cada noche en nuestra ciudad, hoy sólo 30; es decir, hoy tenemos un tercio menos de coches
patrullando durante la noche. Según los datos del Ministerio del Interior, a finales de 2001, sólo en Madrid había más de 150 grupos o bandas de delincuentes organizadas. La Policía calcula que están integradas por unos 3.000 ó 3.500 miembros.
Los tipos de delitos en los que se especializan son los robos a chalets, joyerías, butrones, tráfico de drogas y personas, ajustes de cuentas, etcétera. En Madrid, como diría un castizo, hemos pasado de carterista del Metro al tiroteo con
kalasnikov.
La conclusión a la que podemos llegar es que con la gestión en materia de seguridad ciudadana del Partido Popular se ha conseguido aumento de la delincuencia, disminuir los efectivos policiales y aumentar la seguridad privada. Igualmente el
Grupo Socialista ha reiterado sus críticas al debilitamiento que ha sufrido la seguridad pública debido a la no política de seguridad desarrollada por el Gobierno del Partido Popular.
Faltan policías de seguridad serias y eficientes. Hay un
desprecio hacia las políticas de prevención y de solidaridad con las víctimas del delito, ineficacia en la colaboración con otras administraciones públicas y en la coordinación entre las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, reducción de los
efectivos de las policías públicas que dependen del Estado, cicatería en los recursos destinados al Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil. Este es el triste resumen de la gestión de la seguridad desarrollada por el Partido Popular.
Por otro lado, los sucesivos planes puestos en marcha por el Gobierno, como el programa Policía 2000 y el Plan de lucha contra la delincuencia, denominado Plan FOCUS, en la Comunidad de Madrid, lejos de solucionar el alarmante incremento de
la delincuencia, ha demostrado ser una vía totalmente equivocada, que ha contribuido a configurar la actual situación. Así, en el programa Policía 2000 se empeñó en asignar funciones polivalentes y de proximidad al Cuerpo Nacional de Policía,
abarcando funciones que se situaban claramente en el ámbito de las competencias municipales y en detrimento de la investigación de los delitos. El plan de lucha contra la delincuencia, el Plan FOCUS, que pretendía una mayor presencia de los
efectivos del Cuerpo Nacional de Policía en determinadas zonas y lugares públicos, como tampoco ha venido acompañado del necesario incremento de efectivos, ha tenido el efecto perverso de persistir en el abandono de las tareas de investigación. De
esta manera, uno y otro plan han tenido como producto común la reducción de los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, lo que está suponiendo un grave perjuicio en la lucha contra la delincuencia.
En consecuencia, para dar verdaderas soluciones a la situación que sufre Madrid es necesario que se produzca un giro radical en la política del Gobierno, en primer lugar, reconociendo la gravedad de la situación y la ineficacia de la gestión
desarrollada hasta hoy por el Gobierno; después, abandonando el conformismo que caracteriza sus políticas de seguridad y admitiendo que nuestro sistema de seguridad pública está pidiendo a gritos importantes reformas que garanticen la
corresponsabilización y coordinación del conjunto de las administraciones públicas y una mayor descentralización de las competencias de seguridad. A pesar de lo mucho que se ha hablado, la descoordinación entre ambos cuerpos es notoria, destacando
el ineficaz papel del actual delegado gubernativo, que sigue acumulando peticiones de dimisión de cada vez más sectores sociales como únicos elementos destacables de su currículum. En este aspecto, es de significar que el organismo de entendimiento
para esta materia entre las distintas administraciones, las juntas locales de seguridad, no están siendo impulsadas como debieran.
Ante este panorama, creemos resumir en esta proposición no de ley las propuestas para la mejora urgente de la situación, recogiendo el sentir general y en la seguridad de que aquellos y aquellas de SS.SS. que se dejen llevar por el no pasa
nada o no pasa tanto, del Gobierno, en el fondo también están de acuerdo con la necesidad de actuar, aunque la estética de sus escaños pueda con la ética de sus sentimientos. Todos compartimos el mandato constitucional y la angustia ciudadana y,
por eso, nuestra propuesta gira en torno a convenir entre el Gobierno central, el Ayuntamiento de Madrid y la comunidad autónoma. Por tanto, proponemos lo siguiente. En primer lugar, un gran plan de prevención, barrio por barrio y colegio por
colegio, para detectar y ayudar a menores en alto riesgo.
En segundo lugar, y como medida más a corto plazo, convertir la Junta Local de Seguridad en un órgano ejecutivo que organice territorialmente la presencia policial de las
dos administraciones con carácter preventivo. En tercer lugar, la creación de nuevos instrumentos de seguridad y coordinación, como la Sala Única 091-092, para desarrollar una política de pronto auxilio verdaderamente eficaz y evitando
duplicidades. En cuarto lugar, dotar mejor técnicamente, con unidades GPS, a los vehículos de ambas policías.
También proponemos la potenciación del GRUME -el Grupo de Menores de la brigada de Policía judicial- mediante la descentralización de sus
funciones en los distritos y en permanente coordinación con la sección de menores de la Policía municipal; abordar con urgencia la creación de nuevas comisarías del Cuerpo Nacional de Policía en los distritos de Usera, Vicálvaro, Valdebernardo,
Barajas y Aravaca; conseguir un incremento paulatino de las patrullas nocturnas, aumentando inmediatamente las dotaciones en 50, hasta alcanzar las 150; dotar y equipar completamente la base de helicópteros y sus aparatos para conseguir la mayor
operatividad de los mismos durante el mayor número posible de horas de funcionamiento; aumentar todas las medidas contra la piratería y la venta ilegal en las calles de la ciudad, y establecer cuanto antes el proyecto presupuestario real y cierto
en materia de crecimiento de la plantilla en todos sus grupos o divisiones operativas, con especial necesidad de las dotaciones a comisarías.
El Grupo Socialista cree que estas son las políticas que se han de llevar a cabo para corregir la grave situación de inseguridad que sufren los madrileños, lo que no se resuelve sólo con cambiar al jefe superior de Policía, sino trabajando y
tomando las medidas adecuadas. Por estas razones, y con estos datos, pido a SS.SS. que voten favorablemente esta proposición.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Quintana.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señora presidenta.
Intervenimos de nuevo sobre este tema, planteado igualmente por el Grupo Parlamentario Socialista: seguridad ciudadana, tanto en el municipio de Madrid como en la comunidad autónoma. Consiguientemente, nos remitimos a lo que ya dijimos en
el debate que, en nombre del Partido Socialista, planteó el señor Mayoral.
Por una parte, mientras siga adelante el déficit cero, es imposible complementar una serie de servicios -entre ellos el de la Policía de barrio, el de Policía de proximidad- que hacen falta para dar respuesta adecuada a la delincuencia como
efecto. Mientras no haya dinero suficiente y una política social adecuada -que, además, es posible, puesto que cada punto del déficit sería un billón de pesetas y la Unión Europea permite hasta un 3 por ciento de déficit-, no será posible
solucionar las causas. A partir de ahí, si se suma la descoordinación total y absoluta con que funcionan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en este país, fundamentalmente a partir del señor Mayor Oreja que, a mi juicio, ha sido el peor
ministro de la democracia española, el peor desde hace 25 años; si se suma la iniciativa de promocionar la seguridad privada, tal como la incentivan desde sus puestos muchos delegados del Gobierno o policías en general; y si, por otra parte,
tenemos en cuenta lo que ocurre en la Guardia Civil -y también con las competencias de la comunidad autónoma y de la ciudad-, cuya desmilitarización estamos pidiendo constantemente -lo hicimos en el último debate sobre la Ley de jurisdicción
militar-, porque está funcionando como un cuerpo al que no ha llegado la democracia, y hay ejemplos mil que hemos venido evocando a lo largo de los distintos debates en la Comisión de Interior: es un cuerpo que poco a poco va teniendo en su
interior un clima irrespirable, con más de 4.000 guardias civiles de baja por depresión actualmente, constituido por personas que no se pueden organizar -igual ocurre en otros niveles de las distinta Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado-, que
no pueden protestar, que tienen que reivindicar una serie de hechos a través de sus familiares -de sus mujeres, de sus hijos, de sus suegros, de sus padres-, que sufren constantes persecuciones y tienen una serie de primas que en absoluto consuenan
con lo que es la democracia; si tenemos en cuenta que la demanda ha aumentado un 27 por ciento en las zonas rurales -también en la Comunidad de Madrid, aunque estamos discutiendo ahora sobre la ciudad-, y que, al mismo tiempo, la Policía Nacional
está atendiendo muchos más casos en proporción de los que figuran como objetivo de la Guardia Civil; si tenemos en cuenta la descoordinación brutal, la falta grave de financiación, como hemos ido demostrando, que llega a afectar a la gasolina de
los coches y de las motocicletas; si, al mismo tiempo, no se lucha contra las causas, con planes de impacto para las barriadas marginadas, como planteamos en una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado; si tenemos en cuenta todas estas
cosas, digo, nos encontramos, como resultado, con un Gobierno que está fracasando de manera rotunda en este tema. Se están sucediendo ministros del Interior, que mucha propaganda y muchas palabras, pero sin comparecer con el ritmo suficiente en
este Congreso de los Diputados, en la Comisión correspondiente; ministros que quieren pasar de largo por un tema en el que tienen, tanto en lo referente a las causas como en lo referente a las consecuencias, una grave responsabilidad, como la tiene
el Gobierno de la nación.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Alcaraz.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Muchas gracias, señora presidenta.
Ciertamente, quiero comenzar, en nombre de mi grupo, alabando la encomiable intervención que ha tenido en esta tribuna el señor Quintana.
Ciertamente reconocemos, señor Quintana, que resulta muy difícil, muy difícil, y S.S. se ha empleado
en un tono que entendemos ciertamente constructivo y que permite abrir diálogo hacia el futuro, pero resulta muy difícil venir a plantear esta cuestión apenas unos días después de que los ciudadanos madrileños hayan podido expresar libremente en las
urnas cuál es su opción, entre las políticas y análisis de seguridad que ofrecía para el municipio de Madrid la candidatura de doña Trinidad Jiménez y las que ofrecía, en representación del Partido Popular, don Alberto Ruiz Gallardón. No pretendo
con esto ser cáustico, señor Quintana, sino actuar en reconocimiento de lo que me ha parecido una intervención ciertamente difícil y de la que yo creo que debería tomar nota su grupo porque demuestra valor parlamentario y una gran capacidad.
A partir de ahí, como es natural, nosotros no podemos compartir esa afirmación que ha sido el leitmotiv de su intervención. Su señoría ha dicho que esta proposición no de ley es indispensable porque existe una sensación colectiva de
gravísima inseguridad en el municipio de Madrid.
Si usted me hubiera dicho que existen problemas de seguridad en el municipio de Madrid como existen en todas las grandes capitales del mundo, yo le hubiera dicho que estamos de acuerdo con S.S.; si
S.S. me hubiera dicho que tenemos que seguir poniendo en marcha entre todos los esfuerzos que se vienen realizando de una manera seria, sistemática y constante para atender debidamente esos problemas de seguridad, hubiera seguido estando de acuerdo
con S.S., pero si S.S. me dice que existe una especie de Madrid, ciudad sin ley, y que eso es lo que motiva la preocupación y la intervención del Grupo Parlamentario Socialista me obliga a recordarle, sin perder el tono que reconozco a S.S., que
esta proposición no de ley que ustedes hoy presentan aquí no es nueva, que ya fue debatida antes de las elecciones, que vino a ser la culminación de un larguísimo periodo de actividad política legítimamente puesto en marcha, sin duda, por el Grupo
Parlamentario Socialista y por el Partido Socialista, incorporando un discurso que nosotros en su momento calificamos y seguimos calificando hoy, con independencia del discurso que S.S. ha hecho aquí, de tremendista, catastrofista, alarmista,
reaccionario e incluso con algún tono lepeniano dijimos entonces y nos seguimos reafirmando en esas consideraciones en relación con el tono y los planteamientos de aquel discurso. Y cuando todo eso sucede después de que los ciudadanos de Madrid,
libremente, hayan podido optar por el modelo de propuestas supuestamente novedosas y al mismo tiempo el modelo que arroja la experiencia histórica que le ofrecía el Partido Socialista y en esta Cámara en su representación el Grupo Parlamentario
Socialista, y el que le ofrecía desde la experiencia permanente, actual y de futuro el Grupo Parlamentario Popular a través de sus dos candidaturas municipales, y ha decidido lo que ha decidido, creo que a todos nos obligaría a introducir una cierta
modulación en nuestro discurso. Yo quiero apreciar, señor Quintana, una modulación en el discurso de S.S.
hoy aquí. Como es natural, S.S. haría mal rompiendo con la secuencia tan inmediata, como apenas hace unas semanas, que caracterizó el tono
y las intervenciones del Grupo Parlamentario Socialista hablando de esta cuestión y relativas al municipio de Madrid. Pero quiero atenerme a ese tono que S.S. hoy ha empleado para decirle que si por parte de su grupo y por parte de su formación
política existe voluntad sincera de ahondar juntos en el análisis sobre la situación y sobre las necesidades de mejora de la seguridad ciudadana y de las políticas de seguridad ciudadana en el municipio de Madrid y en general en el conjunto del
Estado, nos va a encontrar abiertos y predispuestos siempre a ese tipo de diálogo. Si por el contrario este discurso de hoy, que ha sido ciertamente moderado en la forma, lo reconozco, pero que ha sido antiguo en el planteamiento porque viene a ser
trasunto de los planteamientos anteriores y sobre todo ha sido profundamente extemporáneo una vez que los ciudadanos madrileños han decidido lo que han decidido en las urnas y con la claridad que lo han decidido, si este discurso de hoy se va a
prolongar en el futuro con los mismos tonos, acentos y planteamientos que ya hemos escuchado, lamentaremos muy mucho que esa predisposición nuestra al diálogo, al entendimiento, a la negociación y a la conversación no se pueda culminar. Y eso sí,
agradeceremos profundamente al Grupo Parlamentario Socialista y a sus portavoces futuros que hayan decidido sumarse, a tenor de la experiencia y de los resultados de los tonos y de los discursos anteriores, activa y entusiásticamente a su
contribución a nuestra victoria electoral en las próximas legislativas también por mayoría absoluta. Porque como comprenderá, señor Quintana, aquí se han oído muchas cosas en los últimos meses y el resultado de las cosas, de los tonos, de los
acentos y de los análisis, incluso me atrevería a decir en algún momento de las falsificaciones de la realidad y de los exabruptos, ha llevado al resultado electoral a que ha llevado en el municipio de Madrid, si ustedes persisten en esa actitud, se
estarán convirtiendo -y no deseamos que se conviertan, naturalmente- sin lugar a duda en nuestros mejores agentes electorales de cara a las elecciones legislativas del año 2004.
Hay muchas cosas que hacer y nosotros le ofrecemos desde esta tribuna, señor Quintana, señores portavoces, permanentes u ocasionales, del Grupo Parlamentario Socialista, que las podamos hacer juntos. La seguridad, lo hemos dicho siempre, es
un valor que tiene que estar inscrito en una política de Estado, que es profundamente reaccionario hacer de la seguridad un mero valor electoralista, porque si se hace de la seguridad un mero valor electoralista, al final, necesariamente quien lo
hace tiene que incurrir en acentos reaccionarios y, vuelvo a repetir, casi lepenianos, como hemos oído en voces de su grupo en los últimos meses. La seguridad requiere de una capacidad de permanencia en las políticas, con independencia de la
alternancia legítima en el poder. La seguridad requiere de una atención permanente a las necesidades ciudadanas, haciendo participar a todas las administraciones que constitucionalmente están involucradas en el hecho de la seguridad de unos valores
de lealtad interinstitucional, de cooperación, de coordinación, de capacidad de acuerdo. La seguridad requiere darles a los profesionales de la seguridad pública la certeza de que no necesitan acercarse a éstos o a aquéllos para mejorar en su
carrera profesional, sino que precisamente su carrera profesional está y estará siempre movida exclusivamente por esa condición de mérito y de capacidad, en función de su preparación y en función de la voluntad de hacer de las políticas de seguridad
políticas de permanencia y políticas de Estado.
Yo les invito hoy a la reflexión y nos invito a nosotros mismos a la autorreflexión, a la reflexión de ver lo que ha ocurrido en las elecciones municipales en Madrid después de que ustedes han llevado un determinado discurso y un determinado
acento, que no respondía a las necesidades auténticas y reales que tiene el municipio de Madrid en materia de seguridad y que no respondía tampoco a lo que los ciudadanos de Madrid esperaban de aquéllos que decían que querían gobernar el municipio.
Es el momento de conjugar acuerdos, de conjugar visiones de futuro, de servir desde la seguridad a los intereses generales. Es el momento de que todos, y especialmente quienes los han hecho en los últimos meses, se olviden del panfleto o se
olviden, incluso más allá del panfleto, de la agresión verbal por la pura y dura y simple agresión verbal, pensando que eso les produce un rédito electoral. Los ciudadanos piden otra cosa, piden de todos nosotros sentido común, capacidad de
negociación y de diálogo cuando se habla de su seguridad porque, como bien recordaba S.S., la seguridad es el pasaporte indispensable para poder ejercer plenamente la libertad.
Yo quiero saludar su discurso hoy, el tono de su discurso y el planteamiento de su discurso, si eso significa una reflexión y un cambio de rumbo, por más que S.S. haya tenido que incorporar un guión que, vuelvo a repetir, es caduco,
extemporáneo y que sobre todo ha sido negativamente sancionado en las urnas por los principales destinatarios de esta cuestión, que son los ciudadanos de Madrid. No se preocupe S.S., que en el marco de ese convenio que desconocía su portavoz en el
último debate, que en el marco de los planes específicos que desarrolla ese convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Madrid, y lo que para nosotros hoy quiere ser una esperanza, en el marco de ese talante, si el
que S.S. ha esgrimido hoy aquí a la hora de hablar de seguridad va a ser el futuro talante, seguramente estaremos todos en capacidad de trabajar mejor por y para la seguridad de los ciudadanos de Madrid. Pero no se olvide que aquí se han hecho
muchas buenas cosas, que aquí se han transformado de una manera rigurosa y seria las políticas de seguridad de este país y que, sobre todo, aquí se les ha devuelto a los ciudadanos la confianza en la institución pública de la seguridad y a los
profesionales de la seguridad pública el orgullo de servirla después de muchas y muchas y muchas cosas que pasaron durante mucho y mucho, demasiado tiempo, y que es preciso olvidar entre todos y algunos tener muy presente cuando tratan de dar
lecciones.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Gil Lázaro. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, para el establecimiento de un programa integrado de seguridad ciudadana en el municipio de Madrid.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280, a favor 113; en contra 154; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE COMPETENCIAS PENDIENTES DE TRANSFERENCIA A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA Y OTRAS NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL MARCO ESTATUTARIO GALLEGO. (Número de expediente 173/000214.)
La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre competencias pendientes de
transferencia a la Comunidad
Autónoma de Galicia y otras necesarias para el desarrollo del marco estatutario gallego.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Señores y señoras diputados... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento señor Rodríguez, por favor. (Pausa.)
Adelante.
El señor RODRIGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Señores y señoras diputadas, la semana pasada, con motivo de la intervención del representante del Gobierno, el señor Montoro, en relación con la interpelación que el Bloque Nacionalista Galego y refiriéndose al problema de la transferencia
de competencias pendientes a Galicia y de cómo mejorar sensiblemente el marco autonómico de nuestro país, nos regaló con una serie de tópicos que empiezan a ser constantes en el Gobierno del Partido Popular. El primero de ellos es que estamosl ante
el Estado más descentralizado del mundo, literalmente, sin parangón con ningún lugar desarrollado del mundo, dijo el señor ministro. Añadió, por otra parte, que las comunidades autónomas, y en especial la Comunidad Autónoma de Galicia, goza de una
amplia capacidad de autogobierno y, por último, la conclusión del señor Montoro es que no existe en este momento ningún traspaso pendiente de realizar a la Comunidad Autónoma de Galicia, excepto uno de carácter residual, el de servicios de empleo y
formación del Instituto Social de la Marina. Todo lo previsto en su estatuto de autonomía está, por tanto, ya transferido. Sin embargo, en su propia intervención, el ministro, en aparente contradicción, reconoció: Es cierto que la Xunta de
Galicia solicitó el estudio de posibles traspasos que, en su mayoría, no corresponden a esos servicios o funciones propias de la comunidad autónoma sino que se enmarcan dentro de los servicios y funciones que corresponden a competencias estatales,
al amparo del artículo 150.2 de la Constitución española.
El Bloque Nacionalista Galego constata, no obstante, que la realidad de los hechos contradice las opiniones del Gobierno. En los debates parlamentarios pudimos comprobar cómo existe en otros Estados, en concreto en Alemania, una mayor
capacidad competencial de los Länder a la hora de hablar de servicios regionales de ferrocarril, de tratar los problemas de educación o, incluso, de estar presentes en el Consejo de Ministros de la Unión Europea. Cuando debatimos sobre las leyes
educativas, pudimos comprobar cómo en Estados Unidos los Estados de la Unión tenían competencias sobradas, excesivas, en relación con el Estado español, incluso en materia de titulaciones universitarias y en el ejercicio de las competencias
educativas. Por no hablar de cómo estamos comprobando que hay una interpretación restrictiva de los estatutos y de las competencias que figuraban como exclusivas o plenas en los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas. Lo pudimos
comprobar en los debates de la LOU, de la LOGSE o incluso de estabilidad presupuestaria.
Finalmente, en los últimos tiempos, estamos comprobando cómo el Gobierno del Estado español está dispuesto a hacer más concesiones a empresas privadas que a
las propias comunidades autónomas. Así lo estamos viendo en la modificación de la Ley de Puertos o incluso en la recién debatida Ley ferroviaria.
El Bloque Nacionalista Galego propone una aproximación de respeto por la letra y el espíritu del Estatuto de Autonomía de Galicia, aprovechando el aspecto competencial que no se ha desarrollado por falta de voluntad política, no sólo por la
forma de ejercer las competencias, pues hay un gran contraste con Cataluña y Euskadi, sino por la falta de decisión para reclamarlas. El otro día recordaba, en concreto, el problema de una Policía autonómica, la gestión del sistema carcelario, por
no hablarles de la falta de servicios de ferrocarril de ámbito regional en nuestro país. Sin embargo, en Galicia hay una conciencia de que existe margen de negociación en el actual marco constitucional y estatutario y de que se podrían negociar
traspasos. Tanto, que el Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad instar a la Xunta a que, en el plazo de dos meses envíe, al Parlamento gallego una propuesta que determine todas las transferencias que al amparo del estatuto se puedan reclamar,
y someter ésta a debate para que se puedan incorporar las propuestas que hagan los grupos parlamentarios y así permitir establecer una estrategia de negociación para hacerlas efectivas. Así se aprobó en octubre del año 2002.
Como ven ustedes, este debate viene a cuento de posibilitar que esa opinión unánime llegue a consecuencias de carácter práctico. Nosotros tenemos la absoluta certeza de que en un diálogo abierto, sincero y de respeto a la letra y al
espíritu del estatuto y de la Constitución, hay competencias exclusivas que deberían dar mucho más de sí. El otro día les he hablado del problema de las costas y del litoral, del problema férreo, forestal, que es muy importante; del de las cuencas
hidrográficas, en especial de la del Miño; de la creación de la Policía autonómica o de la gestión de las instituciones penitenciarias, por no hablar de las competencias exclusivas de la comunidad autónoma a partir de leyes de bases del Estado.
Cuánta importancia tendría para Galicia poder ordenar y tener mayores competencias en energía. Cuenten ustedes con todos los saltos hidroeléctricos, con las térmicas, con las de ciclo combinado o con la posible instalación de una planta de gas
licuado en Mugardos. Por qué no hablarles de todo lo que tiene que ver con el desarrollo legislativo y la ejecución de legislación estatal en materia de
IFOP, de FROM o de UEO, y de tantos temas que tienen importancia, como podría ser, en concreto, la Inspección de Trabajo o el salvamento marítimo.
Con esta moción intentamos hacer viable el estudio de esta problemática y reconocer que hay necesidades de Galicia que se pueden cubrir con nuevas competencias dentro del marco estatutario. Por lo tanto, no se trata de debatir sólo este
amplio catálogo que yo les ofrecí, sino de demostrar ánimo y voluntad negociadora. En este aspecto, la moción está sometida a una transacción con el Partido Popular que nosotros aceptamos, porque es la manera de mover las aguas que estaban
estancadas y de que esa voluntad unánime del Parlamento de Galicia se puedan ejercer a través de negociaciones con el Estado español que tengan en cuenta estas necesidades de nuestro país, que son perentorias, importantes y que compartimos
mayoritariamente, no sólo la sociedad gallega, sino, por lo menos en teoría, los grupos parlamentarios del Parlamento de Galicia.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Díaz, para defender la enmienda presentada.
El señor DÍAZ DÍAZ: Señora presidenta, los cinco minutos que nos concede el Reglamento no nos permiten plantear con rigor un análisis profundo de la propuesta del BNG, ni entrar en el contexto que la justifica. No es este el momento
adecuado para hacer una valoración sobre la situación y el impulso que necesita el autogobierno de Galicia dentro del marco constitucional y estatutario, ni tampoco las transformaciones del Estado para adaptarse mejor al sistema autonómico.
La propuesta que se somete hoy a debate es la denuncia de un problema que compartimos, el retraso en el traspaso de algunas transferencias a Galicia y la necesidad de ajustar o completar otras para evitar disfunción y facilitar el
funcionamiento de la autonomía como un instrumento para la transformación socioeconómica de Galicia. Casi 25 años de Constitución y más de 20 de Estatuto de Galicia es tiempo de completar el desarrollo estatutario. No es serio justificar el
retraso hablando de que Galicia no tuvo en la historia tantas competencias, como decía la semana pasada el señor Montoro. Señores del Grupo Parlamentario Popular, la historia no comienza en 1996, ni el Estatuto de Galicia, ni la Constitución se
deben al Partido Popular. Eso sí, desde el año 1979, es obligación de los gobiernos desarrollar el Estado de las autonomías, según lo previsto en la Constitución y en los estatutos. El traspaso de competencias o de servicios ligados a ésta no es
una concesión graciosa del Gobierno, es una obligación de tipo legal. Como decía, no tenemos tiempo para entrar a matizar todas y cada una de las propuestas que recoge la moción. Por ello, nos vamos a limitar a unas consideraciones generales y a
justificar nuestra enmienda.
La mayoría de las propuestas tratan simplemente de cumplir lo explicitado en el Estatuto de Autonomía de Galicia, que es una ley del Estado refrendada por el pueblo gallego. Es una ley, en consecuencia, que hay que cumplir. Por nuestra
parte, se trata de estudiar el cómo y el cuánto de los traspasos; el cuándo debe ser lo antes posible. El sentimiento autonomista se refuerza con el cumplimiento y el respeto a los estatutos aprobados. Los incumplimientos contribuyen al proceso
contrario. En algunos casos, como en materia de seguros agrarios, tenemos discrepancia, por operatividad, con la propuesta. Pensamos que aquí el ámbito español de actuación permite desconcentrar riesgos, y esto es algo fundamental en materia de
seguros. En otros temas nuestra discrepancia con la propuesta inicial pudiera ser de forma o de fondo por la ambigüedad calculada con que se formaban las propuestas por parte del grupo proponente. Por otra parte, creemos que hay que estudiar más
todo lo relativo al artículo 150.2 que, en nuestra opinión, debe ser utilizado fundamentalmente para corregir las disfunciones detectadas en el Estado de las autonomías y no para ampliar competencias. La ampliación de competencias debe abordarse,
en su caso, con una reforma del estatuto, reforma que está reglada, que debe ser consensuada y que en este caso no está planteada.
Por último, la integración de España en la Unión Europea y la experiencia de más de 20 años de funcionamiento normal del Estado de las autonomías, permiten saber ya que hay temas en los que la estructura de los servicios que nace del reparto
competencial se convierte en un obstáculo para el buen funcionamiento de los mismos, con el consiguiente perjuicio a los ciudadanos. Estos casos deben ser estudiados y corregidos por la vía de la delegación de gestión o por el traspaso de
competencias, en algunos casos creando mecanismos de coordinación entre las administraciones, y estos mecanismos hoy no funcionan.
Nuestra propuesta pretendía avanzar un poco más en la solución del problema pidiendo la creación de una comisión de estudio para calificar sobre un catálogo abierto las transferencias pendientes para desbloquearlas y tratar también las
futuras competencias para el mejor funcionamiento del Estado de las autonomías, partiendo de un hecho y es que las autonomías también son Estado. Consideramos un avance la transacción que se presenta, que va a contar con nuestro apoyo. Se recoge
el fondo de nuestra enmienda. Aunque el catálogo de traspasos nos parece poco ambicioso, la realidad es la que es y en Galicia hay una mayoría; esa mayoría pide lo que pide y, por nuestra parte, no va a quedar. Vamos a apoyar esta transacción y
lo que esperamos es que posteriormente se cumpla lo que hoy se apruebe.
Nada más. Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Díaz.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Delgado.
El señor DELGADO ARCE: Señora presidenta, señorías, hace menos de dos años el Partido Popular de Galicia se presentó a unas elecciones autonómicas en la Comunidad Autónoma de Galicia y presentó, bajo el liderazgo de Manuel Fraga Iribarne,
un ambicioso programa electoral que recibió el respaldo mayoritario del pueblo de Galicia. Reafirmábamos entonces nuestro compromiso con Galicia como nacionalidad histórica, con la defensa y el desarrollo del estatuto de autonomía, y todo ello en
el marco de la Constitución española de 1978. El eje central era y es el impulso a la autonomía de Galicia y el incremento de su capacidad de autogobierno.
El Partido Popular de Galicia, como formación política auténticamente galeguista, está respaldado en las urnas por la mayoría del pueblo gallego; un pueblo gallego que en estas últimas elecciones rechazó tajantemente otros planteamientos de
corte soberanista o basados en indefiniciones y vagas referencias de corte federalista; un pueblo gallego que valora la estabilidad del actual marco jurídico-constitucional, que garantiza nuestro autogobierno, nuestro progreso y nuestro bien-estar.
Nuestras convicciones, respaldadas por el pueblo, han permitido que Galicia alcanzara un alto nivel de autonomía política dentro del Estado, un nivel competencial incluso superior en muchos otros aspectos al de otras autonomías que revalidaron antes
su estatuto de autonomía. El Gobierno de la comunidad autónoma no ha estado dormido en el primer año de la legislatura. Se negociaron las transferencias en materia de meteorología; se trasmitió la muy importante competencia en materia del
protectorado de la Real Academia Galega, que por su historia y por sus fines de defensa de la lengua gallega tiene para nosotros una singular importancia; se transfirieron también determinadas materias de enseñanza no universitaria y, por supuesto,
se llegó a un acuerdo fundamental, el 26 de febrero de 2002, en financiación autonómica, en virtud del cual el incremento de la capacidad normativa autonómica gallega es evidente, porque los recursos de la comunidad autónoma, basados en el principio
de autonomía financiera, pasaron de representar el 15,28 por ciento de sus recursos para alcanzar el 50,29 por ciento con el nuevo sistema de financiación. Por tanto, una autonomía política basada en una autonomía financiera es básica para el
desarrollo de nuestras aspiraciones de autogobierno en el marco de la lealtad constitucional.
El Parlamento de Galicia, el 8 de octubre de 2002, en el marco del debate sobre el estado de la autonomía, escuchó cómo Manuel Fraga Iribarne presentaba un amplio catálogo... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor DELGADO ARCE: Decía que presentó un amplio catálogo de transferencias a la Comunidad Autónoma de Galicia que estaban pendientes, que se incluyen en este documento, y que derivaron en sendas propuestas de resolución que contaron con
el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios de la Cámara gallega. Proposiciones que incidían en el traspaso de competencias que estaban pendientes, como algunas en materia de formación continua, que intentaban avanzar en el desarrollo de la
autonomía de Galicia, en el desarrollo de nuestras competencias.
En definitiva, lo que nosotros hemos pretendido hoy con la enmienda que hemos presentado al texto de la moción del Bloque Nacionalista Galego es respaldar todas esas actuaciones que se vienen llevando a cabo desde el Gobierno legítimo de la
Comunidad Autónoma de Galicia, de las aspiraciones del propio Parlamento de Galicia y lo estamos materializando en este texto transaccional que voy a leer, que dice que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar negociando con la
Xunta de Galicia, en el marco de la Comisión mixta de transferencias Administración del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia, el traspaso de competencias en materia de gestión, encomendada al Instituto Social de la Marina, en políticas activas de
empleo y formación. En segundo lugar, a estudiar, en estrecha colaboración con la Xunta de Galicia, la solicitud formulada por esa comunidad autónoma al Ministerio de Administraciones Públicas el 3 de septiembre de 2002, sobre transferencias
pendientes desde la Administración general del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia y de la que tuvo conocimiento el Parlamento de Galicia en el debate sobre el estado de la autonomía de 8 de octubre del 2002, efectuando una valoración y
análisis detallado de cada una de estas peticiones, con el fin de determinar con precisión si dentro del actual marco constitucional y estatutario existe un margen de negociación que haga posible llegar a acuerdos de traspasos u otro tipo de
fórmulas de entendimiento en las citadas materias. A tales efectos, instamos a que se convoque, a la mayor brevedad posible, a la comisión bilateral de cooperación Administración general del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia, conforme a las
normas que la regulan, que es el marco legalmente previsto en nuestro ordenamiento jurídico que se revela como necesario y útil para solucionar todas estas diferencias e intentar conseguir estas importantes aspiraciones.
Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Popular apoyaremos este texto transaccional.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Delgado.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el pasado miércoles asistimos en la Cámara a un debate que en esta legislatura ha acabado convirtiéndose en arquetípico. El portavoz de un grupo parlamentario de la oposición particularmente comprometido en el desarrollo del
autogobierno de una determinada comunidad autónoma, interpela al Gobierno en relación con las transferencias de bienes y servicios todavía pendientes de materialización en esa comunidad autónoma, y el portavoz del Ejecutivo le responde con un
ramillete de tópicos que, a fuer de repetidos, constituyen ya un auténtico estribillo en la partitura gubernamental; un estribillo que empieza con declaraciones apodícticas de carácter general, como la de que el Estado autonómico español es
absolutamente y con diferencia el más descentralizado del mundo, de todo el orbe. Continúa con afirmaciones también apologéticas sobre el importante papel que el Gobierno del Partido Popular ha desempeñado en este magno proceso de descentralización
política y concluye afirmando, sin ambages ni dudas de ningún tipo, que el desarrollo estatutario en relación con esa comunidad autónoma en concreto se encuentra concluido a excepción quizás de algún fleco menor o algún traspaso aislado, secundario
o clarísimamente residual.
Se trata de una cantinela muy bien trabada del Gobierno y del partido que le sustenta, férreamente defendida, que hemos escuchado ya en repetidas ocasiones a lo largo de la legislatura y que poco a poco está causando estado en la opinión
pública. Pero es una cantinela que, como todas las ficciones, antes o después queda en evidencia porque tropieza con la realidad, con una realidad que es tozuda y que la desmiente radicalmente.
En el caso vasco, que es el que más conozco, se
pueden citar sin excesivo esfuerzo normas estatutarias atributivas de competencias que sencillamente se encuentran inéditas porque nunca han sido desarrolladas.
Se trata de preceptos vacíos, casi podría decirse que ornamentales, porque se pueden
derogar perfectamente sin que se resienta en absoluto el régimen de autonomía. Son normas, preceptos, que ponen de manifiesto clarísimamente que existe una enorme distancia entre el estatuto y el régimen estatutario, que una cosa es lo que dice el
estatuto y otra muy distinta la realidad estatutaria, y en algunos casos ni siquiera se buscan coartadas para justificar esta situación; es decir, se reconoce expresamente que las transferencias no se materializan porque no es oportuno hacerlo,
porque no conviene políticamente, porque no toca, siendo una expresión al uso. Y eso es lo que básicamente ocurre también con la Comunidad Autónoma de Galicia. El portavoz del Bloque Nacionalista Galego citó la semana pasada en su intervención y
cita ahora en su propuesta de moción una pléyade de preceptos estatutarios que reconocen competencias específicas de muy diferente tipo a la Comunidad Autónoma de Galicia pero que se encuentran, si se me permite la expresión, vírgenes, inmaculados,
inexplorados. Nunca jamás se han traducido en traspasos de bienes y servicios concretos. Son algo así como el tótem intocable de las tribus primitivas. Frente a esta patente realidad, de poco sirven los discursos grandilocuentes como el que
esgrime el Gobierno, que se empeñan en ponderar la descentralización practicada en España como algo sin precedentes en la historia y sin parangón en el mundo civilizado. Por todas estas razones, porque es preciso denunciar esta situación, vamos a
apoyar la iniciativa, que consideramos razonable y bien fundada.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Erkoreka.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Gracias, señora presidenta.
Señorías, mi grupo va a apoyar la transaccional que presenta el Grupo Parlamentario Popular a la iniciativa del BNG y lo va a hacer porque la va a aceptar el grupo proponente. Nosotros teníamos muy claro el respaldo a la moción, a nuestro
entender moderada y templada, porque, puestos a pedir, este diputado ha visto a algunos presidentes y presidentas del PP o de otros grupos pedir, por la vía del 150.2, muchísimas más cosas de las que demanda el portavoz del BNG. Por cierto, con
referencia a otro portavoz, mi grupo parlamentario siempre ha planteado, a diferencia del llamado documento Jáuregui, que la vía del 150.2 era una vía bastante rica y que no tiene ningún carácter peyorativo. Coge lo que tengas que coger en la
negociación con la Administración central por la vía del 150.2, que ya luego lo vestirá una reforma estatutaria, porque si estás esperando a la reforma estatutaria para coger mucho por el 150.2, posiblemente nunca cojas nada. En este caso más vale
transferencia en mano que ciento volando.
Nos llama mucho la atención que de una comunidad autónoma de las llamadas históricas -imaginen las que no tienen ese calificativo- y después del magnífico brindis a la gran obra del señor Fraga y al resultado electoral que ha hecho el
portavoz del PP, nos encontremos con un tomo de iniciativas, de competencias o de transferencias no realizadas. Pueden ocurrir dos cosas: ustedes no hacen caso a sus presidentes autonómicos o, en un momento determinado, les da igual lo que les
demanden, venga de donde venga. Lo que es cierto -y luego me referiré a la enmienda que han presentado; por eso les digo que vamos a votar a favor, porque lo va a hacer el grupo proponente y no queremos ser más papistas que el Papa- es que en
estos
momentos ustedes, con el texto, cautelarmente están convirtiendo al señor Fraga en un rojo separatista. El segundo punto de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular dice: Estudiar, en estrecha colaboración con la Xunta de Galicia, la
solicitud formulada por esa comunidad autónoma -dirigida por el señor Fraga, del Partido Popular- al Ministerio de Administraciones Públicas, efectuando una valoración y análisis detallado de cada una de las solicitudes, con el fin de determinar con
precisión -fíjense ustedes- si dentro del actual marco constitucional y estatutario existe un margen de negociación que haga posible llegar a acuerdos de traspasos u otro tipo de fórmulas de entendimiento en las citadas materias. ¿Pero no quedamos
en que el señor Fraga, que era un padre de la Constitución, que lo era por la parte más moderada de la misma, ha hecho una serie de peticiones? ¿Se atreven ustedes, ¡oh, osados!, a plantear que todas y cada una de ellas pudieran conculcar el marco
constitucional y estatutario a la hora no ya de traspasarlas sino de abrir un margen de negociación? Evidentemente, cuando los señores Pujol y Llamazares hablaban de involución autonómica se quedaban un poquito cortos.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor López de Lerma.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, nuestro grupo parlamentario se dispone a votar afirmativamente la moción consecuencia de interpelación que ha presentado el Bloque Nacionalista Galego integrado en el Grupo Parlamentario Mixto. Leyendo la moción que nos presenta y
ha defendido aquí el diputado Francisco Rodríguez uno queda desagradablemente sorprendido por el nivel de transferencias realizado o en este caso por el listado de las pendientes.
Observo en el debate parlamentario de hoy que existe discrepancia
respecto de ese listado, que para algunos está muy claro y explicitado, además con citas literales del artículo del Estatuto de Autonomía de Galicia, mientras que por otro lado el Grupo Parlamentario Popular realiza una matización sobre esas
competencias no transferidas singularmente importante. En todo caso, nuestro grupo parlamentario cree que después de 23 años -creo recordar- de vigencia del Estatuto de Autonomía de Galicia, la moción presentada por el Bloque Nacionalista Galego
pone de relieve que ni en el marco de la Constitución ni en el marco estatutario se cumple lo que dice aquella ni lo que prevé el Estatuto de Autonomía y esto es grave cuando aquí se está exhibiendo, día sí, día no, la Constitución como un dogma y
el techo competencial alcanzado por las comunidades autónomas como algo inalterable en el tiempo, ya no presente sino también futuro. Es triste que tengamos que debatir esta tarde algo que debía haber sido resuelto entre la Xunta de Galicia y la
Administración central del Estado, por esa comisión bilateral que el Grupo Parlamentario Popular propone que se reúna, trate y además afine el contenido competencial. Probablemente para eso estamos, no para resolver sino para impulsar lo que no
acaba de cuajar entre la Xunta de Galicia y el Gobierno central.
Nada más, señorías, y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López de Lerma.
Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto sobre competencias pendientes de transferencia a la Comunidad Autónoma de Galicia y otras necesarias para el desarrollo del marco
estatutario gallego. Se somete a votación en los términos de la enmienda transaccional que ha sido aceptada por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 286; en contra, uno.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE ADOPCIÓN URGENTE DE LAS MEDIDAS QUE PERMITAN LA PLENA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 5/2000, DE 12 DE ENERO, REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES.
(Número de expediente
173/000215.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre adopción urgente de las medidas que permitan la plena aplicación de la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la
responsabilidad penal de los menores. Para la defensa de la misma tiene la palabra la señora López.
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señora presidenta. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
Señorías, subo a esta tribuna para defender esta moción consecuencia de la interpelación presentada la semana pasada por el Grupo Parlamentario Socialista y planteada al ministro de Justicia, partiendo de la base de que estamos ante un
asunto muy serio, donde es necesaria una sensibilidad especial por tratarse de una ley que afecta de manera directa a un sector de la población que son los jóvenes, donde no podemos olvidar que el índice de criminalidad está creciendo. Tampoco
podemos olvidar que el objetivo principal de esta legislación
no era castigar al menor, sino que se inspiraba en la filosofía de su recuperación para la sociedad. Por lo tanto una ley con estas características no puede aplicarse de la manera cicatera que ha venido haciendo el Gobierno. Por otro lado,
si la memoria económica que acompañaba este proyecto de ley nos resultaba escasa, el proyecto de ley ha sido mucho más cicatero, con una dotación económica más pequeña, a partir de su entrada en vigor en enero de 2001. Hace más de tres años que
esta ley se está aplicando y si hay algo en lo que están de acuerdo todos los agentes implicados -comunidades autónomas, el Defensor del Pueblo, el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, los jueces de Menores, los fiscales, los equipos
técnicos, los propios abogados que se dedican a esta especialidad y, por supuesto, las familias de los menores- es en que esta ley no tiene la dotación económica suficiente para llevar su aplicación íntegramente a la práctica cumpliendo la
intencionalidad y el objetivo de la misma. Está claro que no hay nada mejor que hacer una ley de cara a la galería, sin dotación económica suficiente, lo que provoca que prestemos un servicio público inadecuado a los ciudadanos, algo que no debería
ocurrir en ningún ámbito de la Administración, pero aún menos en la Administración de justicia, ya que discriminamos y vulneramos los principios en los que se fundamenta nuestra Constitución, y hay algo que nos parece muy importante y es que se
boicotea la recuperación de los menores quitándoles esa segunda oportunidad que incluía este proyecto de ley.
La valoración global que merece a este grupo el texto legislativo al que estamos haciendo referencia es positiva, pero nada más. Hay algunos aspectos importantes que queremos destacar, porque nos parece imprescindible que el Gobierno oiga
lo que de verdad está sintiendo la ciudadanía y los jóvenes que se encuentran integrados en esta ley, y es que la filosofía de: yo legislo y tú pagas, en este caso las comunidades autónomas, es, además del incumplimiento en la aplicación íntegra de
esta ley por parte del Gobierno en la ciudad de Sevilla en el año 2000, boicotear una legislación que se hace inviable, quitando la posibilidad a los jóvenes de esa segunda oportunidad de ser recuperados para la sociedad y tener una vida
normalizada. No existen centros suficientes, faltan plazas para los internamientos terapéuticos, hay comunidades autónomas en las que no existen dependencias policiales específicas para custodiar a los menores desde el momento de su detención,
faltan equipos técnicos, faltan jueces, faltan fiscales, falta especialización. Por todo ello es imprescindible establecer el módulo del coste de las necesidades de la aplicación de esta ley procediendo a realizar las transferencias de forma
inmediata a las distintas comunidades autónomas. Tenemos que tener en cuenta que el Ministerio de Justicia se comprometió a hacer un esfuerzo y presentó una adenda al presupuesto en dos legislaturas, por valor de 250.000 millones de pesetas, para
hacer frente al coste de todas las reformas legislativas que se estaban presentando.
El desarrollo del reglamento de esta ley es imprescindible. Es la única manera de otorgar seguridad y orientación a los profesionales que trabajan con los menores que se acogen a esta legislación. Además, los centros de internamiento
tienen que asumir determinadas competencias; incluso desde el momento de la detención tiene que adecuarse ese reglamento, que tiene que arbitrar desde los comportamientos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad hasta los recursos de los educadores en
los centros de acogida. El buen funcionamiento de los juzgados de Menores es primordial. Hay que dotar a dichos juzgados de los medios económicos necesarios, tarea fundamental para evitar las dilaciones de los procedimientos, prescindiendo así del
archivo de los expedientes que en la mayoría de los casos se produce porque han prescrito los delitos.
Es necesario y hay que abordar de manera inmediata la especialización de los jueces, del mismo modo que es necesaria la creación de un mayor número de plazas para fiscales. Como he dicho anteriormente, es absolutamente necesario que los
agentes que contribuyen al tratamiento de los menores inicien, lo más pronto posible, una especialización. Hay que establecer los medios y mecanismos necesarios para atender a las familias de los menores, de forma que se puedan corregir de forma
integral y en ese apoyo conseguir la parte fundamental, que, como he dicho al principio de mi intervención, es recuperar a ese menor.
Es obvio que es una ley que necesita muchos recursos que el Gobierno no calculó cuando se legisló y menos aún cuando se puso en práctica, que es una ley cara, pero qué mejor inversión para una sociedad como la española que invertir en
nuestra juventud, que es nuestro futuro. Hay que tener en cuenta también que los puntos que se incluyen en nuestra moción han sido enriquecidos con una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) que va a aceptar mi grupo
parlamentario, puesto que se adecua a proceder de manera inmediata a la asunción de las competencias que corresponden en cuanto a la seguridad exterior de los centros de internamiento, así como en los traslados de los internos que correspondan a las
policías autonómicas.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señora López, su tiempo ha concluido.
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Finalizo, señora presidenta.
Aceptamos la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) por entender que enriquece el texto.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora López.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre todo después de la manifestación que se ha efectuado de aceptación de nuestras dos enmiendas, votará favorablemente esta moción consecuencia de interpelación urgente.
Ciertamente el tema de la financiación es importante; por eso en el punto 1 de la moción se incorporará una pequeña enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Es importante porque en el fondo de lo que se trata es de trasladar
aquí el principio de lealtad institucional, que precisamente a través de la enmienda 37 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) se introdujo en la modificación de la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas. Por tanto
se trata de determinar, en aquellos supuestos en los que una ley o la legislación del Estado acaba suponiendo un incremento de coste o un incremento de gasto para las comunidades autónomas, la financiación de este incremento de gasto con la
finalidad de equilibrar la situación. Ya digo que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), en la modificación que estuvimos tramitando a lo largo del año 2001 y que acabó precisamente en la Ley orgánica 7/2001, de 27 de diciembre, que
modificó la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, pretendió introducir este principio de lealtad institucional, juntamente con los de inexistencia de privilegios económicos, garantía del equilibrio económico, solidaridad,
etcétera. En cualquier caso, quiero recordar que el artículo 2.1.e) de dicha ley incluye entre estos principios el de lealtad constitucional, que determinará la valoración del impacto, positivo o negativo, que puedan suponer las actuaciones del
Estado legislador, bien sea en materia tributaria o con la adopción de medidas de interés general que eventualmente puedan hacer recaer sobre las comunidades autónomas obligaciones de gasto no previstas en la fecha de la aprobación del sistema de
financiación vigente y que deberán ser objeto de valoración en cuanto a su impacto, tanto en materia de ingresos como de gastos, por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El apartado primero de la moción del Grupo Parlamentario Socialista
pretende, como digo, traducir este principio de lealtad constitucional.
En segundo lugar, ciertamente hay que proceder al desarrollo legislativo y reglamentario de la Ley de responsabilidad penal de los menores. Estamos de acuerdo en parte, en algunos territorios esto deberá ser a través del desarrollo
legislativo reglamentario del Estado, pero en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cataluña entendemos que el desarrollo legislativo corresponde -así lo hemos entendido- a la Generalitat. También votaremos favorablemente la dotación de más medios
para las fiscalías y los juzgados de Menores, así como la necesidad de crear las plazas de fiscales necesarias para una intervención adecuada con arreglo a esta ley en la medida en que atribuye la instrucción de los procedimientos al ministerio
fiscal.
Se ha hecho referencia por la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista a la necesidad de asumir de manera inmediata las competencias en cuanto a seguridad exterior y de traslados. Nuestra enmienda, que ha sido aceptada, pretende
salvaguardar las competencias que nos incumben en la materia en la medida en que tenemos una policía propia. Finalmente, hay que señalar que la necesidad de que todas las plazas sean ocupadas por especialistas es algo que el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) ha venido solicitando en diversos debates posteriores a la presentación de la memoria por parte del presidente del Consejo General del Poder Judicial.
No quiero acabar mi intervención sin hacer referencia al punto séptimo.
Ciertamente, votaremos favorablemente el establecimiento de las necesarias medidas de atención y apoyo psicológico a las víctimas y a sus familiares. Esto es
importante, pero quiero recordar que durante la tramitación de la Ley de responsabilidad penal de los menores el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presentó una enmienda, la número 185, que pretendía que en estos procedimientos
también existiese acusación particular cuando se tratase de delitos graves y cometidos por menores mayores de 16 años. Debo decir que no nos salimos con la nuestra.
Logramos efectuar una modificación que seguro que ha complicado la ley, un
desarrollo mucho más amplio de la pieza de responsabilidad civil, la garantía de que en esa pieza de responsabilidad civil y a los efectos de fijación de los hechos se podrían reproducir pruebas que se hubiesen practicado en el procedimiento
principal, pero esto es absolutamente insuficiente, y desde la entrada en vigor de esta Ley de responsabilidad penal de los menores SS.SS. saben cuál ha sido el clamor de las víctimas, el clamor de sus familias, que se sienten desamparados en este
procedimiento. En la medida en que la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista no tenía por objeto la introducción de modificaciones a la Ley de responsabilidad penal de los menores, tampoco hemos querido efectuarlas nosotros. Se
trata más de una ejecución que de una modificación, pero es algo absolutamente inaplazable. No servirá de mucho este apoyo psicológico o de otras características a las víctimas y a sus familiares cuando estos realmente carecen de voz en el
procedimiento.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Silva ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.
Sin menoscabo de mostrar nuestro apoyo singularizado por la razón de estar en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cataluña, haciendo mención una de las enmiendas a las policías autonómicas, enmienda que apoyaremos también, vamos a votar
favorablemente la moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista porque recoge toda una serie de propuestas y enmiendas que el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria presentó durante la pasada legislatura, cuando aprobamos esta Ley
reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Ya advertimos entonces de los peculiares problemas que se les iban a presentar a algunas comunidades autónomas, como a la Comunidad Autónoma de Canarias. Incluso tomamos la iniciativa, que fue
bien acogida por el resto mayoritario de la Cámara, por el Gobierno y por el Ministerio de Justicia, de pedir una prórroga y aplazar el tramo segundo de los menores, entre los 18 y los 21 años. Y sobre todo atender a las dificultades que estaban
teniendo algunas comunidades autónomas, como Canarias, con la disponibilidad de los edificios, de las instalaciones y de los sistemas de atención para los menores internados en razón de esta Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero.
Creemos que ha llegado el momento de que todos nos sentemos a reflexionar.
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria ha ofrecido su mejor colaboración, en sintonía con la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales, competente en los centros
de atención a los menores. Se la hemos ofrecido al Ministerio de Justicia, en la persona de su ministro, señor Michavila, para buscar las soluciones que hoy expone aquí de manera sistemática y clara el grupo parlamentario proponente: todo lo que
se refiere al coste presupuestario que esto viene teniendo, como bien ha señalado el señor Silva, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para atender a la ejecución de las medidas preventivas conducentes a la privación de
libertad o de permiso, o a la vigilancia y seguridad de los menores. Es el problema que venimos teniendo por el esfuerzo que se les ha pedido a los fiscales y a los juzgados de menores, lo que requiere un principio de eficacia y un principio de
especialidad. El ministerio fiscal está dando un tono elevado y responsable en este aspecto, pero los efectivos humanos adolecen de insuficiencia.
Es importante, como se señala en el punto sexto de la moción, la colaboración con el Consejo General del Poder Judicial en todos aquellos ámbitos en que este sea competente. El Consejo General del Poder Judicial puede hacer una labor de
coordinación y de potenciación, como se viene evidenciando en las últimas comparecencias del señor presidente del Consejo General del Poder Judicial ante la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados. Nos parece que esto es
razonable y de sentido común y que su análisis de la situación es objetivo. Es necesario, y todos lo deseamos, que la Ley de responsabilidad civil de los menores siga su camino de manera positiva en todos los órdenes, evitando las situaciones de
cuello de botella, las dificultades que las comunidades autónomas se están encontrando en el ámbito de sus competencias y las dificultades que se encuentran también los juzgados de menores y los ministerios fiscales de las comunidades autónomas.
Por estas razones, vamos a votar favorablemente esta moción.
Nada más, y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, la presentación de la moción socialista nos coloca en una difícil situación puesto que cómo decir que no a lo que se pretende, que es en realidad que funcione mejor de lo que viene funcionando -tal y como ha denunciado el Defensor
del Pueblo- la Ley que con tanta ilusión hicimos los ponentes, y que fue luego aprobada por esta Cámara, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Lo que pasa es que nos sorprende que todo lo que sobre determinadas materias viene de
los partidos que a sí mismos se titulan constitucionalistas, con visión poco integradora respecto de otras formaciones políticas, a las que nos dejan aparte, tiene la concepción de que el Estado es simple y no autonómico y de que no hay diferencias
entre comunidades autónomas.
Examinados todos y cada uno de los puntos de la moción, encontramos que difícilmente se pueden considerar técnicamente correctos en el sistema constitucionalmente establecido. El primer punto insta al Gobierno a promover un acuerdo entre
todas las administraciones competentes, en aplicación de la ley orgánica, que permita fijar unos módulos en el seno de la Comisión mixta de transferencias. Esta Comisión, prevista constitucional y estatutariamente, es bilateral -Estado, comunidad
autónoma-, lo cual quiere decir que tendrá que haber un acuerdo bilateral por cada una de las comunidades autónomas y quizá lo que está pretendiendo el autor de la moción es que exista un acuerdo previo formando la voluntad para que luego todas y
cada una de las comisiones mixtas de transferencias trasladen este acuerdo. Nos interesaría ese paso previo porque podríamos participar en él y podríamos decidir sobre el módulo, pero teniendo en cuenta que la Comunidad Autónoma vasca, al igual que
la navarra, no se
financia por el sistema común y que tendríamos que hallar un índice de imputación para luego imputarlo al cupo. Si creyésemos que sirve para algo hubiésemos presentado una enmienda, para que se añadiera sin perjuicio del régimen de
concierto y de convenio que tienen la Comunidad Autónoma vasca y la Comunidad foral.
El segundo punto de la moción insta al Gobierno a desarrollar reglamentariamente los preceptos de la ley referidos a la ejecución de las medidas privativas de libertad: permisos, medidas de vigilancia, seguridad y régimen disciplinario.
Aquí, señorías, habría que haber hilado mucho más fino, porque se produce una diversidad entre lo que es específicamente desarrollo de materia penal y lo que es acción protectora de los menores. Nos parece que estamos hablando de la acción
reformadora, que también está asumida por algunas comunidades autónomas. El Gobierno vasco se encarga de la ejecución de las medidas de internamiento acordadas en el ámbito autonómico y de las medidas en medio abierto acordadas por los juzgados de
menores de Bilbao y Donostia, San Sebastián. Cuenta para ello con tres delegaciones territoriales y tiene también todo el entramado administrativo. Se olvidan de que los equipos técnicos que la ley prevé dependen del juzgado y de la fiscalía de
menores funcionalmente, pero orgánicamente dependen de las comunidades autónomas, por lo menos en el caso vasco. Por tanto esta Administración también tiene competencias importantes en esa materia y no sabemos por qué habría que instar al Gobierno
a que reglamentariamente regule nada al respecto. Las medidas de acogimiento por una persona o núcleo familiar no pueden llevarse a cabo sin contar con la inestimable colaboración que es necesaria en estos casos de los servicios sociales de base,
al igual que el tratamiento ambulatorio, que siempre requiere la participación de la red de servicios sanitarios. En cualquier caso, la coordinación interinstitucional es imprescindible pero el reparto competencial habría que simplificarlo en
cuanto hay que tener en cuenta la legislación penal, la legislación de acción social y la de servicios sociales.
Otro punto de la moción insta a dotar de medios personales y materiales a las fiscalías y a los juzgados. Bien en cuanto a las fiscalías pero en cuanto a los juzgados hay comunidades autónomas que tenemos asumida la competencia -la vasca en
concreto- sobre medios personales y materiales y por tanto a ellas les incumbirá esta dación de medios. El punto cuarto, que se refiere al ministerio fiscal, sería correcto. El punto quinto se refiere a que el Estado asuma las competencias en
cuanto a la seguridad exterior de los centros. Esta materia ha sido objeto de enmienda por parte del Grupo Catalán (Convergència i Unió), ya que hay comunidades en las que la seguridad exterior está asumida. El punto sexto parece referirse a un
requerimiento de formación específica que nos parecería bien que se lleve a este ámbito si estamos hablando de los fiscales y de los jueces, pero al servicio de la Administración de justicia y que presta servicio en materia de menores hay cuerpos
propios de las comunidades autónomas y por tanto esta formación específica debería ser regulada desde la propia comunidad autónoma.
Por tanto, señorías, estando de acuerdo en que la interpelación primero y la moción después son una llamada a que nos preocupemos todos de poner los medios necesarios para que la Ley penal del menor pueda servir para los fines que se
pretendieron cuando se aprobó, acaba finalmente siendo plasmada en un instrumento que insta a esta Cámara para que se inste a su vez al Gobierno a algo que nosotros creemos que no se cohonesta con la distribución territorial del poder, e insistimos,
con una existencia de comunidades autónomas que no todas son idénticas y que no todas se financian de la misma manera. Con el respeto al sistema constitucionalmente querido creemos que debiera tenerse cuidado en cuanto se utiliza para hacerle
objeto de mociones de este estilo. Votaremos que sí a lo que se propone puesto que, insistimos, nos parece que el mal mayor es la falta de posibilidad de aplicación de la Ley del menor, pero nos gustaría, como he indicado respecto de uno de los
puntos de la moción, que cuando se habla de estas cuestiones se hilase más fino.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Uría.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, existen varios casos recientes que han alertado a la opinión pública y acrecentado la atención sobre determinadas opiniones críticas respecto del tratamiento que sobre esos casos ofrece la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero,
reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Esta situación nos obliga a estudiar las consideraciones que se exponen ante la opinión pública sobre la aplicación práctica de la citada ley. Con motivo de esta moción, el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida desea trasladar a la Cámara diversas opiniones sobre esta cuestión.
La Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, supone ante todo el cumplimiento de la previsión realizada por el Código Penal de 1995, que fijó el límite de edad de responsabilidad penal en los
18 años y que remitía a una normativa posterior el tratamiento de este singular ámbito juvenil de la política penal. Esta ley instaura un modelo de justicia juvenil que refuerza los criterios de reeducación y de reinserción de los menores, cuya
finalidad y principios son plenamente compartidos por este grupo. Del mismo modo la ley prevé la puesta en marcha de una variedad de recursos materiales y personales
especializados para construir todo un nuevo sistema penal para los menores. La valoración de los objetivos perseguidos y de la consecución de los principios proclamados podrá realizarse tras la aplicación de la norma en el plazo de tiempo
necesario. En cambio, la aplicación práctica de esta ley en determinados aspectos concretos ha evidenciado varias lagunas que nuestro grupo debe señalar. Desde el punto de vista organizativo y de medios personales y materiales, debemos reseñar la
carencia de las medidas anticipadas que la entrada en vigor de esta ley exigía, con lo que se están produciendo disfunciones que empañan la eficacia y el sentido de la nueva norma, haciéndonos aquí eco de las dificultades expresadas desde colectivos
profesionales, administrativos, autonómicos y fiscalías de menores.
Dos años después de la aplicación de la ley, la situación no puede ser más negativa. Existen deficiencias importantes que impiden la aplicación efectiva de la Ley del menor. Así, respecto a las medidas en internamiento, en régimen
encerrado y semiabierto, no existen centros para cumplir esta medida en todas las provincias y en las que hay se contempla un déficit de plazas. Esto provoca desarraigo familiar del menor con su familia, tener que recurrir a centros de otras
provincias y cumplir las medidas con un retraso excesivo. Una de las principales carencias es la inexistencia de centros terapéuticos con carácter general, algo que ocurre en distintas comunidades. Cuando se les impone esta medida, son remitidos a
los servicios de salud general o a los centros privados que tienen conciertos con la comunidad, lo que dificulta o deja sin toda su efectividad el tratamiento y medida impuestos. También hay falta de medios efectivos en los menores con trastornos
mentales y problemas de consumo de drogas. En cuanto a las medidas de régimen abierto, tampoco existen plazas suficientes, incluso se ha puesto de relieve un incumplimiento de la medida de libertad vigilada por falta de equipos de medio abierto.
Es urgente ampliar las plazas en los centros existentes, una mayor dotación de centros terapéuticos, que todas las provincias tengan centros y aumentar los equipos y personal especializado.
En suma, manifestamos nuestra confianza en el modelo descrito en la Ley orgánica 5/2000, sobre la base de unos valores y principios absolutamente asumibles, para dotarnos de un sistema moderno y eficaz de justicia penal juvenil. Por ello,
deseamos que los aspectos que cercenan la posición de las víctimas y de sus familiares, a los que dificultan la aplicación del modelo previsto, especialmente los materiales que se consideran en esta moción, puedan ser superados mediante las medidas
correctoras oportunas.
Por todo lo descrito, votaremos a favor de la moción que se presenta.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Ruiz.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Bueso.
El señor BUESO ZAERA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, subo a la tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en relación con la moción consecuencia de interpelación presentada por el Grupo Socialista.
El contenido de esta moción se centra en una serie de puntos. En cuanto al primero tenemos que decir que la aprobación de la Ley orgánica 5/2000 supuso un importante esfuerzo por parte del Ministerio de Justicia para garantizar su adecuada
aplicación desde el primer momento. En el momento de la entrada en vigor de la Ley el 13 de enero de 2001 fue cuando se adoptaron todas las medidas necesarias en materia de dotación de medios al servicio de la Administración de justicia. Esta fue
una actuación llevada a cabo en un momento puntual en el que fue preciso realizar toda una serie de actividades asociadas a esta entrada en vigor y a las que cabe imputar un coste total para el Ministerio de Justicia superior a los 4.000 millones de
pesetas, de acuerdo con los cálculos y estimaciones que se realizaron por tal motivo.
Esta aportación presupuestaria del ministerio estuvo destinada a la adopción de distintas medidas, siempre dentro del ámbito competencial que corresponde al ministerio. Y en cuanto a las aportaciones de las comunidades autónomas hay que
recordar el reparto competencial que existe en materia de dotación de medios para el funcionamiento de la Administración de justicia. En las comunidades autónomas con competencias asumidas, el ministerio únicamente asumió los costes de las
actuaciones que permanecen en su esfera competencial, básicamente las retribuciones de nuevos magistrados, fiscales y secretarios judiciales, pero las dotaciones del resto del personal al servicio de la Administración de justicia competen a las
comunidades autónomas así como todo lo relacionado con los gastos corrientes por el funcionamiento de la oficina judicial, infraestructuras, etcétera.
En lo que se refiere al coste derivado de la ejecución de las medidas impuestas a los menores por parte de los jueces, esta moción se hace sin tener en cuenta el régimen legal financiero y presupuestario establecido por el ejercicio de
competencias de las distintas administraciones públicas. La competencia en materia de menores corresponde a las comunidades autónomas de modo que es a estas a las que corresponde aplicar la Ley orgánica de responsabilidad penal del menor. Como el
resto de las competencias autonómicas, este ámbito de la actuación administrativa fue objeto del correspondiente proceso de transferencias que tuvo por finalidad determinar el coste de la actividad administrativa, incluyendo recursos materiales y
humanos. Por lo tanto, la cuestión relativa a la financiación de la aplicación
de la Ley orgánica de responsabilidad penal del menor debe enmarcarse en el régimen financiero y presupuestario de cada comunidad autónoma, de manera que cada año, atendiendo a sus preferencias y objetivos deberán determinar los recursos que
van a dedicar a dicha actividad. No es procedente en la actualidad, dado que las comunidades autónomas tienen competencia exclusiva en la materia de menores, volver a iniciar a través de la Comisión mixta de transferencias un nuevo proceso de
distribución de recursos económicos. Sin perjuicio de ello, cualquier fórmula de aportación financiera a las comunidades autónomas tiene que pasar por los procedimientos y los órganos previstos legalmente según el actual modelo de financiación de
la comunidad autónoma.
En cuanto al segundo punto, el desarrollo reglamentario de la ley que se plantea en la moción se refiere exclusivamente a aspectos de naturaleza procesal que tienen directa relación con los derechos de los menores en aplicación de la ley y
resulta imposible que la futura disposición reglamentaria modifique o altere el régimen previsto en la ley que en la actualidad está siendo objeto de aplicación. Existe una prevención para la aprobación de un reglamento de desarrollo de la ley
orgánica y sin embargo ese desarrollo debe tener necesariamente por objeto aspectos de carácter accesorio o complementario a lo previsto en la ley. En consecuencia la adecuada aplicación de la ley en estos extremos no requiere para su máxima
eficacia el desarrollo reglamentario a que se refiere la moción.
Sobre el tercer punto, dentro del ámbito competencial del ministerio, en las comunidades autónomas con traspaso en materia de justicia se llevaron a cabo en su momento notables reforzamientos en los medios materiales y el personal de los
juzgados de menores y fiscalías; eso ha tenido continuidad y se seguirá llevando a cabo desde los recursos públicos.
También ha tenido consecuencia en el nuevo contexto la reforma de la justicia; se ha iniciado un proceso general de reordenación
de efectivos y tal proceso se enmarca dentro de la ejecución del citado proyecto global de reforma y modificación de la justicia, mediante la aprobación de nuevas leyes procesales, como la Ley del menor, la reciente Ley de modificación de la Ley de
enjuiciamiento criminal, la Ley de Enjuiciamiento Civil, aprobada y que entró en vigor el 2001, y la decidida implantación de nuevas tecnologías, etcétera.
En el punto cuarto, en realidad no se puede hablar en estos momentos de nuevas competencias que la Ley orgánica atribuye al ministerio fiscal, ya que éstas son las que derivan del estatuto del ministerio y de la propia ley orgánica, que ya
vienen aplicadas. Por tanto, no es necesario modificar el número de plazas de fiscales en las distintas fiscalías, pues esa adaptación para la aplicación de la ley ya se hizo en su día. No obstante, hay que recordar que todos los años se producen
los incrementos de la plantilla orgánica que resultan de las disponibilidades presupuestarias. Así, en el 2001, se crearon 129 plazas; en el 2002, 49 y recientemente, 23 plazas.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Bueso, su tiempo ha concluido.
El señor BUESO ZAERA: Termino, señorías, diciendo que el Grupo Parlamentario Popular, en este caso con aplicación de la ley, ha impulsado una ley de menores que otorga una segunda oportunidad a la rehabilitación y a la reeducación de los
menores, otorgando a 7.482 menores la posibilidad de ser reeducados y rehabilitados.
Nada más. Muchas gracias,
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Bueso. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego ocupen sus escaños.
Sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre adopción urgente de las medidas que permitan la plena aplicación de la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la
responsabilidad penal de los menores, que se somete a votación en los términos derivados del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 129; en contra, 153.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO ANTE EL PROYECTO DE CONSTITUCIÓN EUROPEA. (Número de expediente 173/000216.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la posición del Gobierno ante el proyecto de Constitución europea.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra la señora Riera. (Rumores.)
Señorías, por favor, guarden silencio y ocupen sus escaños. (Pausa.)
Adelante, señora Riera.
La señora RIERA REÑÉ: Presidenta, señorías, abrimos hoy el debate de esta moción que nuestro grupo parlamentario ha presentado con la voluntad de que la misma permita revisar el posicionamiento del Gobierno en algunos aspectos concretos.
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Riera, por favor. (Pausa.)
Señorías, hay una diputada en la tribuna intentando hacerse oír por SS.SS.
y las conversaciones de los escaños hacen imposible que su intervención pueda ser seguida. (Pausa.)
Adelante.
La señora RIERA REÑÉ: Decía que hemos presentado la moción con la voluntad de que permita revisar el posicionamiento del Gobierno en algunos aspectos concretos y claves en el proyecto de Constitución, que tienen su raíz en principìos que
han de inspirar el mismo proyecto y en los que creemos que no se ha incidido suficientemente. Europa está trabajando en la reforma jurídica más ambiciosa desde el Tratado de Roma en un momento en el que se encuentra ante grandes oportunidades y
grandes retos y se debe dotar de un nuevo instrumento como es la Constitución para afrontarlos con éxito.
Quisiera dejar claras dos premisas en las que entraré brevemente antes de entrar en el contenido específico de la moción. La primera de ellas es resaltar la importancia que para nuestro grupo parlamentario tiene la Constitución como nuevo
instrumento jurídico del que se dota Europa. La segunda, resaltar los avances que en muchos temas entendemos se han registrado y plasmado en los trabajos de la Convención y nuestra valoración globalmente favorable al proyecto de Constitución. En
relación con el primero de estos aspectos, la Constitución representa un instrumento privilegiado que ha de permitir ante todo reforzar Europa, hacerla más sólida, más democrática, transparente y eficiente, superando así la fragilidad y la menor
cohesión demostrada en los últimos meses. Ha de ser un instrumento que nos permita, ante todo, reforzar los objetivos económicos y sociales desde Maastrich hasta Lisboa y alcanzar los objetivos políticos que han inspirado el proceso de construcción
europea.
En relación con el segundo de los aspectos citados, quisiéramos reiterar nuestro acuerdo y nuestra valoración globalmente favorable a los trabajos de la Convención y, en particular, a los avances que se han registrado en materias muy
significativas. En otras no evidenciamos avances significativos. Por último, también constatamos una serie de riesgos e indefiniciones que en otras materias deberán estudiarse en profundidad y deberán ser objeto de debate en el seno de la
Conferencia Intergubernamental. Entre estas últimas destacamos la falta de reconocimiento a las regiones y a la realidad plurinacional que conforma Europa, preocupación nuestra y objeto de la moción.
La moción que hoy presentamos no implica una valoración negativa de los trabajos realizados por la Convención ni el proyecto de Constitución en su conjunto. Hemos dejado muy claro en reiteradas ocasiones nuestra valoración favorable a
dichos trabajos, pero ello no significa que no debamos aprovechar el momento actual, anterior al inicio de los trabajos de la Conferencia, para evidenciar carencias, riesgos y, en definitiva, defender nuestro propio posicionamiento frente a aspectos
clave para el futuro de Europa y que entendemos son fundamentales y constituyen la base de nuestra moción: el papel y la participación de las comunidades autónomas y el papel de las regiones en el nuevo marco jurídico europeo, la necesidad de
reiterar el no bloqueo a los trabajos en términos de voto y la necesidad de incidir en la función pedagógica. Europa y el proyecto de Constitución deben, a nuestro entender, fundamentarse en una serie de principios de los que el principio del
reconocimiento de las diferentes realidades que conforman Europa y que, por tanto, han de estar reconocidas en el proyecto europeo, asumiendo el papel que les corresponde, es uno de los pilares. A este último principio, fundamental e irrenunciable
para nuestro grupo parlamentario, responde el primer punto de la moción, entendiendo que el mismo no se recoge suficientemente y de la manera adecuada en el proyecto de Constitución, en el que lamentamos el escaso progreso en el reconocimiento de
las regiones, verdaderas entidades políticas con su propia legitimidad democrática y amplias competencias legislativas también en el desarrollo de las políticas europeas. Dejar fuera a las comunidades autónomas y a las diferentes realidades
plurinacionales que conforman el espacio europeo deja al descubierto una realidad innegable e irrenunciable e incorpora una fuerte dosis de fragilidad al proyecto europeo. La actitud del Gobierno, para nada favorable a este reconocimiento y la
mayor implicación de nuestras comunidades autónomas, ha puesto una vez más de manifiesto su política excluyente y la falta de reconocimiento hacia la actual realidad que conforma la estructura del Estado español. Lamentamos también que los
representantes del Estado en los trabajos de la Convención tampoco hayan incidido en ello, dejando al descubierto una posición claramente favorable al único reconocimiento de las realidades y las nacionalidades estatales. Lo lamentamos y nos
preguntamos cómo puede prescindirse de luchar por su implicación y reconocimiento en el seno de la nueva Constitución, cuando en nuestra legítima estructura de Estado y en nuestro ordenamiento corresponde y corresponderá también a las comunidades
autónomas implantar, desarrollar y ejecutar gran parte de la normativa europea. Ya desde el inicio el posicionamiento del Gobierno ha sido contrario a dicho reconocimiento, evidenciándose ya en la misma redacción de los primeros artículos con la
explícita referencia al concepto de Europa como una unión de pueblos, sustituyéndola por la de ciudadanos y Estados, posición no compartida por otros Estados miembros, que han reconocido el papel que las regiones han de tener en esta nueva Europa.
El reforzamiento y la plena aplicación que reivindicamos del principio del reconocimiento no puede desligarse
tampoco del principio de subsidiariedad. En este sentido instamos al Gobierno a poner en marcha las reformas legales necesarias en orden a que lo establecido en el proyecto de Constitución en materia de subsidiariedad y de respeto de los
parlamentos de los Estados no quede diluido por efecto de la distribución de competencias en España. Nuestra estructura de Estado nos obliga a articular mecanismos específicos a fin de respetar las competencias autonómicas, sin olvidar que en
España lo que según la Constitución europea son competencias estatales pueden ser de hecho competencias autonómicas. Es por todo ello por lo que instamos a que en los trabajos de la Conferencia se reconozca el papel de las regiones y la realidad de
que existen asambleas con competencias legislativas propias, lo que implica la plena aplicación del principio del reconocimiento y que los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, explícitamente reconocidos en el proyecto de Constitución en
relación con los Estados miembros, tengan en cuenta la estructura de cada Estado y en especial, en el marco español, las competencias de las comunidades autónomas, garantizándose así su pleno reconocimiento y plenas capacidades.
En segundo lugar, a través de la moción instamos al Gobierno a que evite provocar el bloqueo de los trabajos de la Conferencia en su intento de defender el sistema de reparto de votos establecido en Niza, salvo que se intente por el Gobierno
recuperar más poder respecto al que nos otorga el actual proyecto, aunque ya hemos comentado en diversas ocasiones que no observamos una pérdida de poder tan significativa y entendemos que en Niza obtuvimos mucho más de lo esperado. Niza debe
continuar constituyendo un referente, pero no un motivo de ruptura. Estos razonamientos no intentan impedir que el Gobierno luche por recuperar más fuerza y peso en el seno de la nueva Europa. Lo apoyaremos, pero entendemos que este no debe ser un
motivo para bloquear los trabajos e impedir un acuerdo, un consenso global en el seno de la Conferencia Intergubernamental.
La señora PRESIDENTA: Señora Riera, le ruego concluya. Su tiempo ha terminado.
La señora RIERA I REÑÉ: En tercer lugar, necesitamos también una gran dosis de pedagogía. La nueva Europa es la Europa de todos los ciudadanos que han participado en los trabajos de la Convención y que han legitimado en mayor medida el
proyecto de Constitución. Es por ello por lo que hemos de conseguir que esta nueva Constitución la sientan y la hagan propia el conjunto de los ciudadanos europeos, y para ello es necesario un gran esfuerzo de pedagogía, de información y de
comunicación.
La señora PRESIDENTA: Señora Riera, le ruego concluya definitivamente, por favor.
La señora RIERA I REÑÉ: En relación con la enmienda presentada por el Partido Popular, no podemos aceptarla por entender que su concepción de Europa difiere ampliamente de la nuestra, no hace ninguna referencia a la realidad plurinacional
que conforma el espacio europeo, que para nosotros es irrenunciable, y no insta a ir mucho más allá de una simple reflexión sobre una mayor participación de las comunidades autónomas en el proyecto de Constitución.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Riera.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Gracias, señora presidenta.
Mi grupo ya ha tenido ocasión de expresar su valoración positiva de los resultados de la Convención, lo que se recoge en el primer punto de la moción del Grupo de Convergència i Unió.
Aquí se habla del papel de las regiones, y nosotros creemos que ha habido un avance sustancial en el reconocimiento de su papel en la Constitución.
Por tanto, pensamos que quizá leído en su literalidad podría incluso parecer injusto decir
que se ha realizado un escaso progreso en relación con el papel de las regiones, lo que podría decirse, por ejemplo, de los municipios o de las provincias. Pero lo que me parece importante es que tengamos ambición, la mayor ambición que expresa el
texto de CiU, y por eso no tenemos inconveniente en aceptarlo porque, en definitiva, lo que sí es importante es que seamos conscientes de que las regiones forman parte del hecho europeo, son un componente del hecho europeo, con independencia de su
lugar en el entramado institucional. Pero es que además, señorías, el problema es que la reflexión que nos trae CIU hoy aquí nos sitúa ante una paradoja, la paradoja española, porque cada vez que leemos lo que se dice en la moción de CIU estamos
pensando en la Constitución europea pero estamos pensando también en la situación española. Y la realidad es que en España estamos en etapa preconstitucional de la Constitución europea incluso en ámbitos como la contribución y la participación de
las regiones a la formación de la voluntad del Estado. No ha habido ninguna voluntad de diálogo. Ha habido un proyecto del anterior ministro de Administraciones Públicas que se quedó muerto sobre la mesa del Consejo de Ministros y que hubiera
abordado las reformas necesarias de todo tipo para poder incorporar a las regiones a la creación de la posición española en la política europea.
No se quiso hacer y creemos que es imprescindible, mucho más a la vista de los protocolos de
subsidiariedad y de parlamentos nacionales aprobados en la Convención, porque nos sitúan ya ante un enorme
vacío, el de un país que tiene descentralizadas las competencias al máximo nivel de Europa y que, sin embargo, no tiene establecidos los mecanismos necesarios para fijar algo que ya sería imprescindible: la necesaria lealtad constitucional
en las dos direcciones. Este es un país donde el Gobierno, de manera arbitraria, decide, por ejemplo, que no traspasa determinadas competencias a la Junta de Andalucía en políticas activas de empleo, o una comunidad autónoma intenta conseguir
determinadas ventajas por su influencia sobre el Gobierno de la nación. No existe un modelo de lealtad constitucional y lo necesitamos perentoriamente. Pero es que además necesitamos regular la subsidiariedad en aquellas competencias que afectan a
las comunidades autónomas, y lo dice claramente el protocolo de la Constitución. Va a haber un modelo para invocar la violación de subsidiariedad por parte de los parlamentos nacionales, se dice en el protocolo que deberán ser consultados los
parlamentos regionales y las comunidades regionales, y es imprescindible ya, señores del Partido Popular, la reforma del Senado para crear un marco común en el que tenga cauce esa invocación de la violación de subsidiariedad, porque de otro modo
entraríamos en la vía del conflicto, que creo que nadie desea.
Señorías, mi grupo ha presentado una enmienda en la que insiste en la necesidad de reforzar el papel de las regiones, en especial de aquellas con competencia legislativa plena, y al punto 3.A) nos permitiríamos observar que quizá a efectos
de clarificación habría que añadir el siguiente texto donde dice consenso, proyecto de Constitución, línea 3: ... sin perjuicio de que se pueda profundizar en aspectos como la Europa social o de que su texto... y seguiría igual que figura el texto
original de Convergència i Unió.
Puede ser que al Gobierno del Partido Popular no le guste que hoy se le recuerde que no debe poner en cuestión o en crisis la Conferencia Intergubernamental o la Constitución. Entiéndalo el Gobierno desde la preocupación por algunos
mensajes de la ministra que hemos escuchado semanas atrás, pero también desde la convicción de que el Gobierno va a actuar con enorme responsabilidad y va a centrar su esfuerzo en conseguir los aliados necesarios para que los intereses de España
queden también defendidos en la futura Constitución.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Estrella.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cisneros.
El señor CISNEROS LABORDA: Con la venia, señora presidenta.
Señorías, señora Riera, lamento sinceramente que los límites tan estrechos de tiempo de este trámite no permitan abrir el debate con la riqueza de matices y con las posibilidades para un diálogo tan fecundo como la materia suscita.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda de sustitución que ha querido, en lo posible, respetar la letra y compartir en todo lo que nos era posible el espíritu de la iniciativa nacionalista. No sé por qué, señora Riera, se
ha inventado S.S. un maniqueo para manifestar contraposiciones que ni están en la realidad ni se dejaron sentir en el seno de la Convención. En nombre de mis compañeros convencionales y en el mío propio, tengo que lamentar esa mención un poco
desapacible, por lo injusta, que ha hecho respecto a su trabajo porque además las actas -y el trabajo ha tenido una enorme transparencia y difusión- no acreditan ni fundamentan, en absoluto, la imputación que nos hace su señoría.
Obviamente no voy a ocupar el poco tiempo del que dispongo en subrayar las coincidencias. Nosotros también compartimos la valoración global muy satisfactoria respecto al trabajo de la Convención y a sus frutos. Por ejemplo, valoramos la
importancia del carácter normativo de la carta, de la simplificación de textos, de la normalización de fuentes, de la atribución de personalidad jurídica, de la ampliación de la codecisión, del paso de muchísimas materias del ámbito de la unanimidad
al de la mayoría cualificada, del fantástico salto adelante que se da en el espacio de seguridad, libertad y justicia, de la presidencia estable, de la creación de la figura del ministro de Asuntos Exteriores. Creemos que en su conjunto vamos a
tener una Europa más cohesionada, más fuerte, más democrática, sobre todo mucho más visible, más entendible por los ciudadanos, con lo cual se va a salvar el imputado déficit de legitimidad democrática, que yo nunca he creído que fuera tal, pero sí
déficit de calidad democrática que se seguía de la complejidad y de la ininteligibilidad de la materia europea. Nosotros lamentamos y volvemos a exhortar al grupo proponente de la iniciativa para habilitar una forma de votación que nos permita
subrayar la amplia coincidencia en esta valoración y que nos permita compartir su propósito de abrir el más amplio debate social de conseguir la máxima divulgación que ha de culminar nada más y nada menos que en la celebración de un referéndum.
Eso
es algo más que pedagogía, es una decisión política anunciada con mucha antelación probablemente por uno de los primeros gobernantes europeos, que fue el presidente Aznar, que sacó el tema del referéndum a debate.
Voy a ampliar mi tiempo en acotar las discrepancias. Primera discrepancia, señora Riera, una de principio. Esto no es Dinamarca ni estamos en el Folketin. No podemos mandatar al Gobierno los términos de minuciosidad estricta que S.S.
pretende, porque vamos a ir a una negociación descarnada, a cara de perro, de carácter diplomático, porque, por mucha Constitución que tengamos, no deja de ser un tratado internacional en el que se van a debatir enormes cuestiones. Yo tengo la
seguridad, se lo digo a usted y al señor Estrella, de que el Gobierno no va a poner en riesgo ninguno de los logros conseguidos por el acervo convencional, pero el Gobierno tiene el derecho y el deber de intentar modificar el sistema de
formación de mayorías cualificadas porque, sea más o menos importante, lo cierto es que con el sistema que ha salido de la Convención, Alemania, flanqueada por otras dos grandes potencias, Francia o Italia, Francia o el Reino Unido, alcanza una
posición tan absolutamente hegemónica y determinante que no creo que sea una realidad deseable para el resto de los socios de la construcción europea. Y no es una interpretación estrecha, cicatera, de los intereses nacionales, no, nosotros queremos
más y mejor Europa. A España le ha ido divinamente en la aventura europea. Como nos decía la ministra hace pocos días, Niza respondía a una lógica de equilibrios que se ve quebrantada, y si no queremos alumbrar una suerte de megalocracia liderada
por Alemania, parece razonable que se revise.
Segunda discrepancia, y muy sustantiva, señora Riera. En su moción dicen que lamentan los escasos progresos realizados en el reconocimiento de las entidades subestatales. Artículo 5, en el umbral, en el dintel, en la parte más solemne de
la Constitución: La Unión respetará la identidad nacional de los Estados miembros, inherentes, etcétera, también en lo que respecta a la autonomía local y regional. Esto es absolutamente inédito en el proceso de construcción europea. Es la
primera vez que el pluralismo interno, eso que ustedes llaman, aunque yo no comparta, plurinacional, y que yo llamo simplemente nación plural, forma parte de la propia identidad nacional, esa que Europa se compromete a respetar.
¿Ese es un escaso
progreso, señora Riera? Vamos al artículo 9, el de competencias, que tanto le preocupaba. Dice: En virtud del principio de subsidiariedad, bien a nivel central, bien a nivel regional o local, al hablar de que la Unión debe abstenerse de cualquier
acción en las materias en que puedan ser cubiertas en ese ámbito. Vamos a un último punto: principio de subsidiariedad. Se habla por vez primera en la construcción de la legislación regional para evaluar la observancia efectiva del principio de
subsidiariedad. Esto tiene un alcance casi revolucionario desde el respeto a las realidades subestatales.
La señora PRESIDENTA: Señor Cisneros.
El señor CISNEROS LABORDA: ¿Qué ocurre? Que Europa tiene en estos momentos 15 Estados miembros, de los cuales sólo seis tienen una naturaleza compuesta. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor CISNEROS LABORDA: Nueve son unitarios. Dentro de poco serán 19 unitarios y seis compuestos.
La señora PRESIDENTA: Señor Cisneros, su tiempo ha concluido.
El señor CISNEROS LABORDAN: Termino ahora mismo. La norma europea tiene que mantenerse en un plano de abstracción y generalidad relegando al ámbito interno y al ámbito de las legislaciones nacionales la consideración y el respeto de esa
realidad, que no podía tener proyección en el ámbito europeo, que no estuvo en el debate de la Convención. La consideración de la Unión como unión de Estados y ciudadanos gozó de una amplísima mayoría, por no decir de un consenso casi unánime.
Muchas gracias, señoría. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cisneros.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Haré tres reflexiones telegráficas. La primera es la importancia que damos a los trabajos de la Convención, aunque lamentamos que no hayamos podido participar directamente y que se haya consolidado un bipartidismo en la representación
directa de esta Cámara en esa Convención que creemos que no ha representado suficientemente el pluralismo político de distintos grupos que ha habido en esta Cámara. En segundo lugar, podemos hacer una valoración provisional no exhaustiva en
relación con los trabajos de la Convención. En el borrador de construcción europea hay algunas cosas positivas, como el aumento de la competencia del Parlamento Europeo en la codecisión, el aumento de competencias en votación de mayoría
cualificada, la Carta de Derechos Fundamentales y unas cuantas materias más. Pero hay unas valoraciones que para nosotros no son positivas y que hacen referencia a lo que señalaba la señora Riera en el punto 2. Se trata de todo lo que se refiere
al reconocimiento de pueblos de Europa.
Saben, señorías del Grupo Popular, que su Gobierno y ustedes han intentado presionar para que se consiga una modificación de una de las cuestiones más claves del origen de la Unión Europea: el hecho de que
siempre ha sido una unión de pueblos de Europa. Lo han cambiado. Ahora es la unión de Estados y ciudadanos. Esa ha sido una cuestión básicamente suya, como lo ha sido el hecho de que hayan incluido la integridad territorial de las fronteras
inamovibles de los Estados. La verdad es que no sabemos por qué están ustedes tan obsesionados con este tema, porque lo dice y lo comenta todo el mundo en Europa. Ya nos dirán a cambio de qué han conseguido esas cuestiones y qué han cedido a
cambio. Desde luego, el no reconocimiento de naciones que existen en Europa y que van a seguir existiendo no nos parece
realmente muy positivo. Son naciones que tienen competencias legislativas y que al día de hoy ustedes, el Estado español, el más descentralizado del mundo, según dicen ustedes, resulta estar hoy a la cola de todos los Estados europeos
descentralizados en la Unión Europea. Expliquen ustedes a la ciudadanía por qué y por qué su actitud no se corresponde con lo que dicen.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Para el Bloque Nacionalista Galego, reconociendo el acierto de la interpelación del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, resulta contradictorio, incluso si se quiere causa de perplejidad, dar el apoyo a una moción como esta, y
resumiré brevemente por qué. Nosotros pensamos que no podemos estar satisfechos con el proceso y los trabajos de la Convención porque el resultado está muy lejos de nuestros postulados políticos. Cuando una constitución solamente legitima la
voluntad de los ciudadanos y de los Estados o cuando habla de una identidad nacional que identifica con los propios Estados, está muy lejos de un criterio propio al menos de una fuerza nacionalista como el Bloque Nacionalista Galego.
Por lo tanto,
sentimos indiferencia por su carácter antidemocrático no suficientemente participativo y perplejidad y distanciamiento por su contenido. Nos identificamos plenamente con el punto 2 de la moción, que lamenta la falta de reconocimiento de entidades
de carácter político con legitimidad democrática. Por lo demás, pensamos que habría que debatir mucho más el tema referido al punto A) del apartado 3. Efectivamente, los gobiernos tienen derecho a discutir el reparto de poder en las instituciones.
En todo caso, para el Bloque Nacionalista Galego lo grave es que se hagan comisiones en las que no participan todos los Estados o incluso presidencias que, por su carácter de continuismo, pueden no garantizar que puedan acceder a ellas todos los
Estados miembros. Por lo demás, reconocemos que, efectivamente, el principio de subsidiariedad y proporcionalidad debía ser asumido por el Estado español con total lealtad al principio de las comunidades autónomas, que son entes políticos, y
decimos que, por fin, no solamente conocimiento sino debate de la nueva Constitución es lo que se necesitaría en el Estado español, una Constitución que además entra en aspectos de modelo socioeconómico neoliberal que nos obligan a distanciarnos de
ese proyecto. Al menos momentáneamente, mantendremos una posición abstencionista.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Desde que se aprobó el funcionamiento de la Convención europea, mi grupo ha venido siguiendo con mucha atención todo este proceso, incluso planteando una serie de propuestas que arrancaban de la actual situación del artículo 299.2 del
Tratado de Amsterdam respecto a las regiones ultraperiféricas. Nos hemos visto reflejados en todos estos debates y hoy nos congratulamos de que el Grupo Catalán (Convergència i Unió) traiga esta moción para su debate; no será el primero, vamos a
tener muchos.
Ahora bien, mi grupo quiere decir que en esta materia vamos a ir avanzando con lo que se pueda decir y hacer sobre todo en la Conferencia Intergubernamental. No ha salido el traje a la medida de España que hubiéramos deseado en esta
Convención, lo ha dicho el presidente del Gobierno, y nosotros apoyamos al Gobierno español en este momento respecto a que se vuelva a la consideración de los acuerdos de la reunión de Niza. El señor Giscard y los miembros de la Convención han
hecho un documento que se distancia de las cotas de representación que tenía España en el acuerdo de Niza de la Unión Europea. Llegado a este punto, nosotros creemos que el Gobierno debe tener la suficiente cintura y flexibilidad y no encorsetarse
en las negociaciones que se van a realizar fundamentalmente en la Conferencia Intergubernamental. Mi grupo -está en los 'Diarios de Sesiones'-, desde que se habló del tratado de la Convención y al mismo tiempo de la redacción de una Constitución
europea, planteó la exigencia de que se aprobase por referéndum, ratificado por todo el pueblo español, que dé un aval o garantía para el Gobierno, para la Cámara y para todas las fuerzas políticas de un resultado democrático respecto a nuestro
compromiso. No somos partidarios en este momento de redactar en forma crítica negativa, y por eso no participamos del enfoque que en esta iniciativa plantea el Grupo Catalán en su punto número 2, en el que lamenta esta situación. Creemos que la
representación de las comunidades va a estar en la línea que ha expuesto el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Cisneros, que ha sido una de las personas que han estado asistiendo a las reuniones y trabajos de la Convención, línea con la
que coincidimos mi grupo y yo personalmente.
Respecto a la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista no tenemos nada que decir; si se vota y se acepta después entre todos, estaríamos de acuerdo, pero en este momento de fijar nuestra posición quiero decir que no estamos de acuerdo
con los encorsetamientos y detalles que se exponen en la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista y que apoyamos la modificación
de la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, como participamos de los argumentos de política parlamentaria que ha realizado el señor Cisneros, porque es el camino de la posibilidad, sea en la Conferencia
Intergubernamental o en cualesquiera otros foros, que los consejos de la Unión Europea pueden llevar a feliz término. Es un tema muy delicado en el que lo mejor puede ser enemigo de lo bueno. Por tanto, nos adscribimos a una línea de prudencia.
Si el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) aceptase la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, nos consideraríamos satisfechos porque participamos, como he dicho, del planteamiento, en la prudencia de lo que ha costado sacar adelante
el primer texto de Constitución europea, en cuya negociación futura podremos encontrar la talla correspondiente a las necesidades españolas, incluidas las comunidades autónomas. Por supuesto, Canarias, por la peculiaridad legislativa que tiene en
la Constitución española, nos sentimos también asegurados en una negociación de este tipo. Por eso votaríamos favorablemente el texto que recogiera estos principios y enmiendas que ha expuesto sistematizadamente el señor Cisneros.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, Europa dispone ya de un proyecto de Constitución cuya sola existencia supone un paso decisivo hacia una unión política del continente. Es el saldo de 15 meses de trabajo de la Convención sobre el futuro de Europa, de arduos
debates entre federalistas y defensores a ultranza del Estado nación, entre países pequeños, entre europeístas y euroescépticos. El proyecto del Tratado constitucional representa una oportunidad, un impulso inicial hacia la nueva Europa y el texto
trasciende lo económico y proyecta una unión política dotada de una Constitución; pero la Convención propone y los gobiernos disponen.
Esperemos que no abran la caja de Pandora y no desfiguren la Constitución. En todo caso, habrá que esperar al
año 2009 para que la Constitución entre en vigor. Durante seis años, Europa seguirá gobernada por las reglas restrictivas aprobadas en el Tratado de Niza, cambiando de presidencia cada seis meses, sin autoridad en política exterior.
El resultado de la Convención europea ha sido inesperado. El compromiso final no ha sido el más pequeño denominador común, sino el triunfo del modelo comunitario, una Europa que trasciende lo económico para proyectar una unión política con
sus propias instituciones democráticas, con una Constitución y una Carta de Derechos Fundamentales. Por tanto, bienvenida sea, con todas sus luces y todas sus sombras, la Constitución europea.
Aunque todavía estamos lejos de la Europa necesaria, este proyecto de Constitución representa un paso significativo en la buena dirección. La fórmula constituyente plantea una Europa como unión de Estados y ciudadanos, con respeto a la
autonomía local y regional, aunque ésta última con muy escasa consideración. Esta Carta Magna contribuye a reforzar la eficacia, la transparencia y la legitimidad democrática de la Unión, el derecho de la iniciativa legislativa popular por el que
un millón de ciudadanos... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señor Ruiz, un momento, por favor.
Adelante.
El señor RUIZ LÓPEZ: Hablaba de que el derecho de iniciativa legislativa popular por el que un millón de ciudadanos pueden pedir a la Comisión que lance una iniciativa legislativa conecta a la ciudadanía con la fría maquinaria europea.
Aunque ningún gobierno se atreva a decirlo en voz alta y se utilice la expresión de una Unión cada vez más unida e integrada, esta Constitución tiene el mérito de poner en marcha un sistema de orientación claramente federal. En el lado
negativo persiste el galimatías institucional y aparecen demasiados personajes representativos de la política exterior: un presidente permanente del Consejo Europeo, un ministro de exteriores y un presidente de la Comisión. Demasiados teléfonos a
los que llamar y un riesgo permanente de dualidad y confrontación. Existe un riesgo de confusión entre un presidente del Consejo Europeo nombrado por los gobiernos y un presidente de la Comisión con legitimidad propia, elegido por el Parlamento
Europeo en representación de 450 millones de ciudadanos europeos. El texto tiene un talón de Aquiles: si después del año 2009 tan sólo hubiera 15 comisarios con derecho de voto, propuestos de forma rotativa por los Estados miembros, ¿cuál será la
credibilidad de una Comisión en la que durante cinco años no votará ningún comisario español, francés, inglés o alemán?
Hay aspectos de la Europa social que nos hubiera gustado ver incorporados con una mayor extensión, más allá del reconocimiento del diálogo social y los objetivos de pleno empleo y progreso social. Las decisiones sobre Seguridad Social,
salvo las que conciernen a los trabajadores inmigrantes, siguen sin ser adoptadas por mayoría, lo cual nos parece negativo y perpetúa la competencia desleal entre los distintos países en función del coste del factor trabajo. Como nos parece
insuficiente el limitado avance que se produce en materia de armonización fiscal y de lucha contra el fraude. Tampoco se promueve el desarrollo de los servicios públicos y la protección de la industria cultural europea. Se estrecha la cooperación
de las políticas
económicas en la zona euro y el Banco Central Europeo sigue campando por sus respetos, sin que se le asigne el objetivo de creación de empleo.
El proyecto, mejorable, marca un deslizamiento del poder hacia los gobiernos. Los Estados representados en el Consejo de Ministros aumentan su peso frente a la Comisión. Los grandes países adquieren más poder y mantienen bajo su control
las áreas más sensibles, como la política exterior. Alemania logra, por primera vez, mucho más poder que los demás y rompe en su favor el equilibrio tradicional con Francia.
Para terminar, señorías, la propuesta de convocar en España un referéndum de ratificación es una idea atractiva que merece todo nuestro apoyo. Si fuera posible, aún sería mejor que se celebrara a escala europea, pero queda mucho por hacer
en su preparación cuando, según las encuestas, ocho de cada diez españoles son incapaces de nombrar uno solo de los Estados que se van a incorporar a la Unión Europea el próximo año.
Por todo lo expuesto y por diversos temas que se quedan en el tintero debido a la falta de tiempo, votaremos a favor de la moción que se presenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz.
Señora Riera, de su intervención, desde la presidencia se ha deducido que rechazaba la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, pero no le he oído manifestación de voluntad con respecto a la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora RIERA I REÑÉ: Señora presidenta, en relación con la enmienda del Grupo Socialista, transaccionamos el punto 2 con el siguiente texto: Considera que debe reforzarse el papel de las regiones y lamenta, sin embargo, el progreso
insuficiente realizado en el reconocimiento de la auténtica realidad política europea. El resto del punto 2 no varía.
Respecto al punto 3, se añade: sin perjuicio de que se pueda profundizar en aspectos como la Europa social y sin perjuicio de
que su texto pueda ser técnicamente mejorado. El resto queda tal y como está en nuestra moción hasta el final.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Riera.
Señor Estrella, entiendo que, al objeto de que pueda tramitarse la enmienda transaccional, la suya originaria la retira.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Sí, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Estrella.
Sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre la posición del Gobierno ante el proyecto de Constitución europea, que se somete a votación en los términos
derivados del debate y con la incorporación de la enmienda transaccional que se ha puesto de manifiesto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 278; a favor, 123; en contra, 154; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Eran las nueve y quince minutos de la noche.