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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 253, de 27/05/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2003 VII Legislatura Núm. 253
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 244
celebrada el martes, 27 de mayo de 2003
ORDEN DEL DÍA: Toma en consideración de Proposiciones de Ley: .
- Del Grupo Parlamentario Catalán, Convergència i Unió, de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para reordenar la tributación del sector de recuperación de metales.
'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie B, número 318-1, de 21 de marzo de 2003. (Número de expediente 122/000284.) ... (Página 13022)
Modificación del orden del día ... (Página 13029)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Continuación.) ...
(Página 13029)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Puigcercós), sobre creación del impuesto sobre pernoctaciones en empresas turísticas de alojamiento.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 158-1, de 29 de junio de 2001. (Número de
expediente 122/000141.) ... (Página 13030)
Proposiciones no de Ley: .
- Del Grupo Parlamentario Popular, en relación con las comisiones aplicadas en las tarjetas de pago. (Número de expediente 162/000744.) ... (Página 13039)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a garantizar la transparencia en la fijación de las comisiones en los pagos realizados a través de las tarjetas de crédito.
(Número de expediente
162/000743.) ... (Página 13039)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rodríguez), relativa a las comisiones aplicables al pago con tarjetas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 287, de 27 de diciembre de 2001. (Número de expediente 162/000396.) ...
- Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las tarjetas de crédito.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 529, de 28 de abril de 2003. (Número de expediente 162/000748.) (Procedente de la Proposición no de Ley en
Comisión núm. expte. 161/002101.) ... (Página 13039)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la reorganización de la estructura y los medios del Estado para la atención de la seguridad marítima. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 535, de 9 de mayo de 2003.
(Corrección de error en escrito con número de registro 132762.) (Núm. expte. 162/000742.) ... (Página 13046)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes: .
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre política de vivienda. (Número de expediente 173/000205.) ... (Página 13054)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las razones del fracaso del Gobierno en las políticas públicas que permitan el acceso a la vivienda. (Número de expediente 173/000206.) ... (Página
13054)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de política general que tiene previsto adoptar el Gobierno para impulsar medidas de fomento y apoyo al tercer sector. (Número de expediente 173/000207.) ...
Modificación del orden del día ... (Página 13064)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 13022)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido, para reordenar la tributación del sector de la recuperación de metales ...
El señor Sánchez i Llibre, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), manifiesta que su grupo, consciente de la problemática existente en el sector de recuperación de metales y de todos aquellos aspectos referentes a la
recaudación del impuesto sobre el valor añadido, presenta esta proposición de ley, con el objetivo de hacer factible la reordenación de la tributación del sector. Explica los problemas detectados en el sector de la recuperación de metales y la
defraudación del impuesto sobre el valor añadido cometido por algunos operadores, así como las consecuencias negativas de estas prácticas fraudulentas que afectan básicamente a la recaudación de los tributos e incrementan la competencia desleal
frente a otros intermediarios que abonan los impuestos y cumplen satisfactoriamente con sus obligaciones fiscales.
En turno en contra interviene la señora Costa Campi, del Grupo Parlamentario Socialista. A su juicio, la propuesta del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) no introduce ninguna mejora en la reordenación de la tributación del
sector afectado y asegura que va en contra de la equidad y de la eficiencia del sistema tributario, afirmación que pasa a justificar tanto rebatiendo la exposición de motivos como evidenciando los perjuicios que se derivarían del cambio propuesto,
apoyándose en la desafortunada experiencia habida hasta la fecha, a tenor de las decisiones que ha tenido que tomar la Agencia Tributaria en otros casos de inversión del sujeto pasivo. Finalmente aprovecha la presentación de
esta iniciativa para plantear a la Cámara la resolución de todas las bolsas de fraude a través de una mayor transparencia y eficacia en el control, en aras de la mejor eficiencia de la hacienda y de los beneficios sociales de todos los
españoles, objetivo último que justifica, en definitiva, la actividad recaudatoria.
Replica el señor Sánchez i Llibre, y duplica la señora Costa Campi.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Frutos Gras, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Blancas Llamas, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Modificación del orden del día ... (Página 13029)
La Presidencia, conforme al artículo 68.1 del Reglamente y de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que el punto 47, relativo a la
tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, pase a debatirse después del apartado VI, correspondiente a dictámenes de comisiones sobre
iniciativas legislativas y antes del apartado VII, correspondiente a debates de totalidad de iniciativas legislativas, lo que se aprueba por asentimiento.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido, para reordenar la
tributación del sector de recuperación de metales, se aprueba por 177 votos a favor, 100 en contra y 14 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Puigcercós), sobre creación del impuesto sobre pernoctaciones en empresas turísticas de alojamiento ...
(Página 13030)
El señor Puigcercós i Boixassa, en nombre de Esquerra Republicana de Cataluña, presenta esta propuesta para establecer un mecanismo que mejore la financiación de las haciendas locales de aquellos municipios que tienen una parte de su
promoción económica en el sector turístico.
Explica que hoy en día los entes locales están soportando buena parte de los gastos imputables a otras administraciones sin otros instrumentos para llenar sus arcas que el del impuesto sobre bienes
inmuebles y el del impuesto sobre la recogida de residuos, figuras tributarias locales que se basan en la fiscalidad sobre los contribuyentes, pero que tienen poca elasticidad a corto y a medio plazo y que no tienen relación directa con la actividad
turística. Explica los extremos del impuesto turístico que propone en su iniciativa y pide el voto favorable para la toma en consideración de la proposición de ley en la que se propone además una reflexión profunda sobre las haciendas locales de
los municipios turísticos y una reflexión colateral sobre la situación del turismo.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); Cuesta Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Camarero Benítez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señor Puigcercós), sobre creación del impuesto sobre pernoctaciones en empresas turísticas de alojamiento, se rechaza por 12 votos a favor,
171 en contra y 104 abstenciones.
Proposiciones no de ley ... (Página 13039)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en relación con las comisiones aplicadas en las tarjetas de pago ... (Página 13039)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a garantizar la transparencia en la fijación de las comisiones en los pagos realizados a través de las tarjetas de crédito ...
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Rodríguez), relativa a las comisiones aplicables al pago con tarjetas ... (Página 13039)
Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las tarjetas de crédito.
(Procedente de la proposición no de ley en Comisión número de expediente 161/002101.) ... (Página 13039)
Defiende la primera proposición no de ley el señor Delgado Arce, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Se trata de una iniciativa de impulso que responde a una clara demanda social de los comerciantes, de los empresarios
de servicios, en general de todos los consumidores, y se refiere a medios de pago, especialmente a los pagos efectuados mediante tarjeta.
La segunda proposición no de ley, que defiende el señor Sánchez i Llibre, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene como objetivo prioritario instar al Gobierno a garantizar la transparencia y la objetividad en
los criterios para la fijación de las comisiones que aplican las entidades financieras a los pagos que se realizan a través de las tarjetas de crédito. Si se consigue garantizar la transparencia en dicho proceso, dice, se producirá una reducción
efectiva en las comisiones que se aplican a los comerciantes españoles cuando el consumidor opta por la modalidad de pago a través de la tarjeta de crédito.
El señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la tercera proposición no de ley relativa a las comisiones aplicables al pago con tarjetas. Expone las protestas del pequeño y mediano comercio contra los abusos en los
cobros por las tarjetas de crédito por parte de las entidades financieras y pide que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a regular el cobro de comisiones por la utilización de medios electrónicos de pago, incluidas tarjetas de crédito o
débito, estableciendo un límite superior a dichas comisiones, que no podrá superar el 1 por ciento del importe total de la transacción.
El señor Díaz Díaz defiende la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista que tiene como finalidad sentar las bases para que las tasas de descuento aplicadas al pequeño comercio en España no sean discriminatorias respecto de
nuestros competidores en la Unión Europea. Llama la atención sobre las denuncias sistemáticas del pequeño y mediano comercio sobre las tasas de descuento que les aplican las entidades financieras adquirentes, que se encuentran lejos de las
equivalentes en otros países de la Unión Europea y no se corresponden con los criterios de competencia. No es un problema de eficiencia del sistema, dice, sino de la fijación de las tasas de intercambio por parte de las entidades financieras, que
no responde a conceptos objetivos y transparentes, por lo que su grupo considera que ha llegado el momento de que el Gobierno resuelva las reivindicaciones de los comerciantes a través de una definición concreta, en términos de costes reales, de las
tasas de intercambio.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Frutos Gras, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Sometida a votación en primer lugar el texto transaccional entre la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en relación con las comisiones aplicadas en las tarjetas de pago y la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a garantizar la transparencia en la fijación de las comisiones en los pagos realizados a través de las tarjetas de crédito, se aprueba por 288 votos a favor.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señor Rodríguez), relativa a las comisiones aplicables al pago con tarjetas, se rechaza por 115 votos a favor, 171 en contra y una abstención.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las tarjetas de crédito, se rechaza por 115 votos a favor, 170 en contra y dos abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la reorganización de la estructura y los medios del Estado para la atención de la seguridad marítima. (Corrección de error en escrito con número 132762.) ...
(Página
13046)
El señor Segura Clavell presenta, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, esta proposición no de ley que pretende la reorganización de la estructura y los medios del Estado para la atención de la seguridad marítima desde la perspectiva
del conocimiento del conjunto de desastres que en los últimos veinte años han tenido lugar en aguas jurisdiccionales españolas en las que tiene responsabilidad la Administración Pública del Estado español. Considera que los últimos acontecimientos
acaecidos en España llevan a la necesidad de plantearse una reforma seria de la estructura del salvamento marítimo y de la lucha contra la contaminación, de la seguridad marítima y de la defensa de la navegación, de acuerdo con un modelo europeo.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Otxoa de Eribe Elorza, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida; y los señores Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la reorganización de la estructura y los medios del Estado para la atención de la seguridad marítima, se rechaza por 108 votos a favor, 154 en contra
y 17 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 13054)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre política de vivienda ...
(Página 13054)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las razones del fracaso del Gobierno en las políticas públicas que permitan el acceso a la vivienda ... (Página 13054)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista la señora Miralles i Guasch. Afirma que las medidas del Partido Popular, desde la famosa modificación de la Ley del suelo de 1996 hasta las últimas
propuestas de carácter electoral han fracasado; el precio de la vivienda sigue subiendo, la vivienda pública sigue disminuyendo, la cuota de alquiler sigue bajo mínimos históricos y los pisos de alquiler social siguen sin existir, con lo que se ha
conseguido que la repercusión del precio de la vivienda sobre el presupuesto familiar se sitúe en el 50 por ciento. Explica los ocho puntos de que consta la moción y fija su posición en relación con la enmienda de sustitución presentada por el
Grupo de Convergència i Unió y con la moción presentada por Izquierda Unida.
La señora Urán González defiende la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las razones del fracaso del Gobierno en las políticas públicas que permitan el acceso a la vivienda.
La realidad, dice, es que los sectores más desfavorecidos de la sociedad, y fundamentalmente las personas jóvenes, tienen cada vez más dificultades para poder acceder a una vivienda digna y de calidad y que las políticas en materia de vivienda del
Partido Popular han fracasado. Su grupo plantea que se deben modificar esas políticas de vivienda, haciendo hincapié en que esa modificación tiene que tender fundamentalmente a bajar el precio de la vivienda en el mercado, lo que se tiene que hacer
desde la Administración y las instituciones públicas. Explica el contenido de la moción y fija su posición en relación con la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.
En defensa de las enmiendas planteadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), interviene el señor Jané i Guasch.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Otxoa de Eribe Elorza, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Ortiz González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas intervienen las señoras Miralles i Guasch y Urán González.
Sometida a votación en primer lugar la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre política de vivienda, con la incorporación de la frase 'respetando las competencias de las comunidades autónomas' y
los puntos 1, 3, 5, 6, 8 y 11 de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se rechaza por 122 votos a favor y 153 en contra.
Sometida a votación en segundo lugar la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre las razones del fracaso del Gobierno en las políticas públicas que permitan el acceso a la
vivienda, con la incorporación de la frase 'respetando las competencias de las comunidades autónomas', así como los puntos 2, 3, 5, 6, 10, 11 y 12 de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se rechaza por 123
votos a favor, 152 en contra y una abstención.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de política general que tiene previsto adoptar el Gobierno para impulsar medidas de fomento y apoyo al tercer sector ... (Página 13061)
El señor Campuzano i Canadès defiende la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que pretende impulsar un paquete de medidas por parte del Gobierno orientadas a articular una política de apoyo a la sociedad civil, al denominado tercer sector, de interés cívico y social,
basándose en tres ideas fundamentales: más confianza y menos burocracia, más recursos y más capacidad de intervención y promoción desde el ámbito de las comunidades autónomas.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Velasco Sierra, del Grupo Parlamentario Socialista, e Izquierdo Juárez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Modificación del orden del día ... (Página 13064)
La Presidencia, conforme al artículo 68.1 del Reglamento y de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión de la interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno y, en concreto, el ministro del Interior, para impulsar el reconocimiento de la pluralidad lingüística del Estado español en los pasaportes, lo que
se aprueba por asentimiento.
Sometidos a votación en primer lugar los puntos 7 y 8 de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de política general que tiene previsto adoptar el Gobierno para
impulsar medidas de fomento y apoyo al tercer sector, se aprueban por 254 votos a favor y uno en contra.
Sometido a votación el resto del texto de la moción, se rechaza por 103 votos a favor y 152 en contra.
Se suspende la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN, CONVERGÈNCIA I UNIÓ, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 37/1992, DE 28 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO, PARA REORDENAR LA TRIBUTACIÓN DEL SECTOR DE RECUPERACIÓN DE METALES.
(Número de expediente
122/000284.)
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Punto primero del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre,
del Impuesto sobre el Valor Añadido, para reordenar la tributación del sector de recuperación de metales.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, consciente de la problemática existente en el sector de recuperación de metales y de todos aquellos aspectos referentes a la recaudación del impuesto sobre el valor
añadido, ha presentado esta proposición de ley para hacer factible la reordenación de la tributación del sector de la recuperación de metales. El problema está detectado
en el sector de la recuperación de metales, en el cual se realiza una serie de técnicas de defraudación del IVA por algunos operadores. Estos actúan realmente como intermediarios, asegurándose que la adquisición de los metales les evite
soportar el IVA correspondiente, ya sea mediante adquisiciones intracomunitarias o mediante pago en efectivo, no registrado contablemente, en todas aquellas operaciones realizadas en el mercado interior. Posteriormente venden el producto a las
acerías y fundiciones, emitiendo la correspondiente factura y repercutiendo el impuesto sobre el valor añadido al tipo del 16 por ciento, que, por cierto, nunca llegan a ingresar en el Tesoro público. Con este artificio, estos operadores consiguen
que el IVA repercutido se convierta en su margen comercial, algunas veces -también hay que decirlo- compartido con sus suministradores. ¿Cuáles son, desde el punto de vista de Convergència i Unió, las consecuencias negativas que afectan básicamente
a una recaudación negativa de los tributos correspondientes? En primer lugar, si se efectúa la operación como se ha venido haciendo hasta la fecha, existe una menor recaudación del IVA, una menor recaudación del impuesto de sociedades, así como del
impuesto sobre la renta de las personas físicas de los proveedores y de los intermediarios. Esta práctica abusiva incrementa también la competencia desleal frente a todos aquellos intermediarios que abonan los impuestos y cumplen satisfactoriamente
con sus obligaciones fiscales con la Administración. Estas prácticas desleales causan también, por qué no decirlo,
un fuerte impacto en España, en Francia, en Portugal y en Alemania, ya que la supresión de las fronteras comunitarias ha supuesto la potenciación de estas prácticas fraudulentas.
Cabe añadir igualmente que el fraude se ha agravado desde que el Consejo de 18 de enero de 1999 adoptó la decisión de autorizar a España a inaplicar la sexta directiva por dos razones básicas. Por la primera se permitió una exención
subjetiva, condicionada a no sobrepasar un determinado volumen de negocios, concretamente 200 millones de pesetas.
Esto ha creado más distorsiones, ya que los recuperadores que quieren defraudar declaran falsos volúmenes de negocios, a fin de poder
facturar el IVA a sus clientes. Por la segunda, por todas aquellas cuestiones que hacen referencia a aquellas adquisiciones intracomunitarias por las que se autorizaba solicitar la renuncia de la exención. En la práctica, también hay que decirlo,
muchos intermediarios la solicitan a fin de beneficiarse del fraude fiscal. Estas medidas se trasladaron a nuestro derecho a través de las modificaciones que se implementaron en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del IVA. Dicha autorización se
concedió hasta el 31 de diciembre del año 2000 y se ha prorrogado hasta el 31 de diciembre del año 2003. Es una realidad que el sector español estima que dichas operaciones copan alrededor del 60 por ciento de las transmisiones que se producen en
metales no férricos, especialmente los referentes al cobre y al aluminio, que llegan a alcanzar el 30 por ciento de las transmisiones de metal férrico.
Si atendemos a las 7.794.000 toneladas anuales que mueve el sector, computando transacciones de metales férricos y no férricos, llegaremos a la conclusión de que 2.576.000 toneladas incurrirían en dichas irregularidades, lo cual asciende
aproximadamente a 508 millones de euros. Por otra parte, el sector afectado calcula que el fraude a Hacienda, en función de estos porcentajes que acabo de explicitar, se eleva a 81 millones de euros en el IVA y a alrededor de 177.851 euros en el
impuesto sobre sociedades, lo que asciende a un volumen total de defraudación que puede llegar a la cantidad global de 259 millones de euros en todo el Estado español. Es cierto que la Dirección General de Tributos, consciente de la magnitud de
dicho fraude, ha incrementado todos aquellos dispositivos destinados a combatirlo, pero también es una realidad que su labor se ha visto dificultada porque estos sujetos pasivos utilizan sociedades instrumentales cuya operatividad no suele durar más
de un año y que no disponen de activos susceptibles de ser embargados en fase ejecutiva para el cobro de las actas extendidas por la inspección, razón por la cual resultan sistemáticamente incobrables. A esto hay que añadir que los administradores
de dichas sociedades pantallas resultan ser a menudo testaferros de difícil imputación penal: personas de edad avanzada, extranjeros e incluso drogodependientes.
Debido a esto, los procedimientos por delito fiscal o falsificación normalmente
quedan impunes. A esta problemática hay que añadir que aquellas agrupaciones sectoriales de España, Portugal y Francia mantuvieron al mismo tiempo contactos importantes con la Comisión Europea para informar de dicha situación y proponer la
posibilidad de adoptar medidas para paliar estas conductas fraudulentas, como la inversión del sujeto pasivo en estas operaciones. La Dirección General de Fiscalidad señaló que la modificación no podía realizarse en el año 2001, pero que esperaba
poder efectuarla antes de que expirara la autorización para la extensión, cuyo plazo finaliza, tal como les he dicho anteriormente, el 31 de diciembre del año 2003.
Para evitar estas situaciones de fraude fiscal en el IVA, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió presentó una enmienda al proyecto de ley de acompañamiento de los presupuestos para el año 2003, en la que pedía justamente lo mismo que
pide en la actual iniciativa parlamentaria, que se pueda invertir el sujeto pasivo de este impuesto. Esta enmienda no prosperó, pero en la negociación parlamentaria de la ley de acompañamiento obtuvimos el compromiso del Grupo Parlamentario Popular
-que no deja de ser el que da soporte al Gobierno- de que si esta iniciativa se planteaba en este periodo de sesiones probablemente gozaría de su aprobación. La aprobación de la medida formulada en la proposición de ley que debatimos hoy en el
Congreso de los Diputados, y que es compartida por las agrupaciones empresariales de todos los sectores sin excepción, permitiría la erradicación del fraude en el sector de la recuperación de los metales. Dicha iniciativa consiste en un supuesto de
inversión del sujeto pasivo del IVA en las entregas de desechos, residuos y demás metales de recuperación, y también en los servicios prestados directamente relacionados con ellas, como la selección, el corte, la fragmentación y el prensado. Esta
propuesta que ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) eliminaría al mismo tiempo el fraude, ya que al ser el sujeto pasivo el operador final concretamente las acererías y las fundiciones se aplicaría la regla de inversión.
Esta opción, menos radical que la exención total de las operaciones, también permitiría la recaudación del IVA generado en toda cadena. Asimismo, permitiría incrementar todas aquellas recaudaciones que pudieran afectar, y que sin ningún género de
dudas afectarán, positivamente al impuesto sobre sociedades, así como también al impuesto sobre la renta de las personas físicas, eliminando al mismo tiempo toda la posibilidad de fraude en los comportamientos de competencia desleal que se producen
actualmente en el mercado.
Desde el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) entendemos que dicha aplicación tampoco sería novedosa desde un punto de vista de legislación comunitaria al respecto. Por una parte, el artículo 21 de la Sexta Directiva ya prevé
la posibilidad de que los Estados miembros consideren como sujeto pasivo al
destinatario de la operación grabada en el supuesto de operaciones intracomunitarias. El hecho de que se refieran a sujetos establecidos en otro país no obsta para que los Estados miembros puedan considerar su aplicación a determinadas
operaciones de tráfico interno, lo cual ya tiene varios precedentes. Por otra parte, la medida propuesta sería acorde con los objetivos perseguidos en la Sexta Directiva, ya que su objetivo es facilitar la gestión del impuesto y potenciar al mismo
tiempo el control de las transacciones. En la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido se prevé la figura de la inversión del sujeto pasivo en las entregas de oro realizadas en el interior del territorio que tengan como
destinatario final los fabricantes de objetos preciosos, en virtud de la derogación contenida en la Directiva 1990/80/CEE del Consejo, de 12 de octubre. Cabe decir que esta previsión se aplica también a un sector que presenta un marcado paralelismo
con el sector de la recuperación de metales.
Por otro lado, en derecho comparado, la normativa holandesa del IVA prevé la posibilidad de que se considere su objeto pasivo del destinatario final de la entrega o servicio en el sector inmobiliario, en la construcción naval, en la
industria textil y también, como no podía ser de otra forma, en el sector de las acererías y fundiciones.
Fundamentalmente por estos motivos a fin de poder paliar el fraude fiscal que existe en la recaudación del IVA en estos sectores sería
conveniente, oportuno y positivo para ese sector que hoy dicha toma en consideración fuera aprobada por todos los grupos de la Cámara.
Muchas gracias, señoras y señores diputados, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez i Libre.
¿Turno en contra? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señora Costa.
La señora COSTA CAMPI: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) propone a esta Cámara introducir un cambio en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que dice tener como objetivo reordenar la tributación del
sector de recuperación de metales. A mi grupo la propuesta presentada no le parece que introduzca ninguna reordenación en la tributación del sector afectado, si la acepción del término reordenar debe interpretarse en sentido positivo, es decir, de
mejora; objetivo que no dudo que el grupo proponente dice de buena fe querer alcanzar, pero debo decirle que se equivoca y nos lleva en sentido opuesto.
La proposición de ley de Convergència i Unió va en contra de la equidad y de la eficiencia del sistema tributario, afirmación que justificaré en mi intervención, tanto rebatiendo la exposición de motivos como evidenciando los perjuicios que
se derivarían del cambio propuesto, así como apoyándome en la desafortunada experiencia habida hasta la fecha, a tenor de las decisiones que ha tenido que tomar la Agencia Tributaria en otros casos de inversión del sujeto pasivo. En la exposición
de motivos el grupo proponente señala que el sector de recuperación de metales, papel cartón y vidrio es responsable de cometer fraude al no ingresar el IVA cobrado, produciéndose con ello una situación de competencia desleal, dado que se argumenta
que las empresas defraudadoras convierten el impuesto en margen comercial. Si esto es así y existen las facturas, como se plantea en la exposición de motivos, es incomprensible que la Agencia Tributaria no haya actuado. Si hay un impuesto en el
que la persecución de los defraudadores es muy sencilla es en el IVA, siempre y cuando haya facturas, claro. Si es cierto que hay fraude la única explicación plausible es que algunas empresas admiten realizar dichas transacciones sin factura, y en
cambio otras presumiblemente actúan conforme a la ley.
Esto supondría que en el fraude, según subyace en el texto presentado, estaría implicado también el sector de las acerías, fundiciones y demás destinatarios del producto o de los servicios.
Las razones argumentadas por el ponente de Convergència i Unió en la defensa oral de su proposición hace un momento en la tribuna se contradicen con lo que establece el artículo 20.1.27, letras a), b) y c), que ya da un tratamiento de inversión del
sujeto pasivo para todos aquellos que facturan en unos casos menos de 200 millones y en otros menos de 50. Es decir, la huida del control del fraude fiscal argumentada por los pequeños empresarios ya es imposible porque ya hay inversión del sujeto
pasivo para ellos. Esta secuencia lógica plantea que la proposición de ley tiene una carga de profundidad muy importante, por cuanto acusa a dos sectores de ser defraudadores, sin que la Agencia Tributaria -yo no lo digo, lo dice la proposición de
ley- haya sido capaz de hacer nada, y de ahí que se proponga que los recicladores en su conjunto, los de diferente naturaleza del producto, no cobren el IVA; es decir, en la propuesta se les sustrae de la tentación de quedarse con lo que no es
suyo, y serían los destinatarios del producto los que pagarían directamente a Hacienda, junto con el IVA repercutido, el IVA pendiente de pagar y correspondiente a la primera fase del proceso productivo, es decir, a la transacción correspondiente a
la compra de la materia prima. Sin embargo, el problema es el que he señalado al inicio. Si hay facturas -y estamos hablando de grandes empresas porque las pequeñas ya están sometidas a la inversión del sujeto pasivo- que la Agencia Tributaria se
las reclame a los que han comprado el producto, a los destinatarios; así serán conocidos de modo inmediato, detectados nombres y apellidos, quiénes son los vendedores que se han quedado con ese IVA y lo registran como margen comercial; se podrá
conocer a los defraudadores
y que se les persiga como tales, como defraudadores que son. La justificación de la modificación legal que se propone va en contra de la lógica económica -en algunos casos, podría estar justificada- que está detrás de este impuesto del IVA,
y además perjudica los intereses de la Hacienda.
La eliminación del IVA en el sector de recuperación de metales férricos y no férricos (cartón, etcétera) y el establecimiento de un sistema de inversión del sujeto pasivo crea por ley una situación de discriminación negativa de los
contribuyentes, subvierte los principios de justicia redistributiva, equidad y eficiencia, y con esta eliminación la Hacienda deja de tener la información fiscal del sector, lo que afecta al control, después, del pago del impuesto sobre sociedades.
Es políticamente inaceptable para nosotros por cuanto perjudica a la Hacienda, por tanto, al conjunto de los españoles, y es técnicamente una mala solución. No atender a la obligación legal de facturar y, por ende, abonar una factura sin IVA es un
fraude, ya que no se paga el impuesto establecido por ley.
Resulta chocante -si me permiten-, si ocurre -como se deriva de lo que dice en la justificación de motivos el grupo proponente, no mi grupo-; es difícilmente comprensible que se delegue en
quien está cometiendo el fraude junto con los vendedores, es decir, en uno de los dos grupos implicados, el cobro y el pago a la Hacienda del IVA pendiente, aparte de aceptar la veracidad del volumen y del valor de la compra realizada una vez que se
haya transformado ya la primera fase del proceso al cual este impuesto está afectando. Si hay fraude, el delito es compartido, tanto para quien vendió y no facturó como para el que compró en estas condiciones; por tanto, delegarle la
responsabilidad del pago no parece justificado.
Si cuando un sector comete fraude se le elimina el IVA -me estoy refiriendo ahora al sector de los recicladores- y su pago se traslada a otros contribuyes, no sólo se puede acabar destruyendo el sistema sobre el que descansa el IVA, en
cuanto se destruye la lógica fiscal y económica que da razón a este impuesto, sino que además se incentiva, como establecen los fundamentos del análisis económico, la aparición de efectos de demostración o spillovers en otros sectores, haciéndose
imparable el proceso hasta llegar a la eliminación del impuesto, lo que además tiene una demostración matemática muy conocida, en cuanto acaba tendiendo a cero el número de contribuyentes. Llegaríamos a un solo grupo obligado al pago del IVA, y con
ello ya no estaríamos hablando del impuesto sobre el valor añadido. La solución denominada rise to the bottom siempre favorece a los empresarios menos eficientes y a los contribuyentes con conductas oportunistas y defraudadoras. El coste social de
este tipo de decisiones es muy elevado e incluso supera la pérdida de recursos por parte de la Hacienda. En relación con esta cuestión es evidente que el grupo proponente está en su derecho de presentar la propuesta en los términos que lo ha hecho,
pero le agradeceríamos, al menos mi grupo, que nos ilustrara acerca del estudio coste-beneficio, que supongo ha realizado para presentar esta propuesta a la Cámara, en el bien entendido que todos los diputados que nos sentamos en esta Cámara
representamos a todo el conjunto de nuestros electores y no sólo al pequeño grupo de beneficiarios de una también pequeña reforma legal que, como en este caso, en cambio, perjudica a la mayoría.
Sabemos que la particularidad del IVA es que grava el valor añadido de un artículo en cada fase de la cadena de producción y cada una de las partes lo asume y después lo desgrava, es decir, grava las transacciones económicas en el momento en
que se genera la renta. La incorporación de cambios en la trayectoria del impuesto sólo se justifica en casos muy específicos, ya que la virtualidad de este impuesto es su carácter generalista, su estrecha relación con el proceso productivo, su
sencillo funcionamiento y su perfil extensivo, por lo tanto, recaudatorio. Debo decir aquí, en la tribuna, que los cambios que en el sentido de la proposición de ley que debatimos hoy se introdujeron en la Ley 37/1992 fueron, en mi opinión,
desacertados y han creado problemas de interpretación del texto legal y más fraude, dado el número y el alcance de las deudas que se han calculado en las actas tributarias abiertas a los sectores afectados por la inversión del sujeto pasivo. Así,
por ejemplo, aprovecho para hablar de lo que ha ocurrido en el caso del oro.
Se aprobó el supuesto de inversión del sujeto pasivo bajo el argumento de que el oferente estaba fuera de España, algo que no es cierto. Hoy nos encontramos con que los
grandes suministradores no sólo siguen cometiendo fraude, sino que además niegan haber vendido los volúmenes de metal declarados por los joyeros, y a la vista está lo que está ocurriendo en este sector. Lo que solicito a la Cámara es no crear un
problema igual al de la joyería y el oro en otro sector.
Señora presidenta, señorías, para acabar ruego a las señoras y señores diputados, en especial al grupo proponente, ya que hubiera sido interesante poder discutir esta cuestión previamente, que oigan mis palabras sin exclusión partidista ni
determinismo ideológico. Es más, me cuesta creer que el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria vean con agrado la ampliación del supuesto de la inversión del sujeto pasivo.
A mi grupo han llegado, como supongo a todos los grupos, informes
y explicaciones del gravísimo problema que, como acabo de señalar, hay en el mercado del oro y la joyería, tema que incluso ha llegado a los tribunales. No quiero finalizar sin plantear a la Cámara la necesidad de avanzar en el control del fraude.
No me refiero tan sólo a los problemas relacionados con el presupuesto y los medios materiales y al cumplimiento de las responsabilidades que le han sido dadas a la Agencia Tributaria, sino a mejorar nuestro sistema tributario, lejos de su
destrucción o de la incorporación de fórmulas que
algunos ilustres hacendistas han calificado de perversión del modelo del IVA. Lo que no puede hacerse es desvincular el impuesto del proceso productivo, al que necesariamente tienen que ir acompañando armónicamente las transformaciones y
las transacciones en las que se produce la generación de la renta y su materialización.
El Grupo Socialista es, dentro de esta Cámara, el grupo parlamentario más activo (lo he contado en distintas intervenciones, en preguntas tanto escritas como en las sesiones de control del Pleno y en iniciativas parlamentarias) en el fomento
del control del fraude. Por ello aprovecho esta intervención para plantear a esta Cámara resolver todas las bolsas de fraude a través de una mayor transparencia y eficacia en el control, en aras de una mayor eficiencia de la hacienda y de los
beneficios sociales de todos los españoles, objetivo último que justifica, en definitiva, la actividad recaudatoria.
Entiéndase -me dirijo ya directamente al portavoz y al grupo proponente- que no está en nuestro ánimo desviar los planteamientos de control del fraude que estoy segura animan al grupo proponente. Quiero plantearle honestamente que esta es
una solución insatisfactoria y que tiene precedentes muy poco recomendables a la vista de los problemas que ha ocasionado a los sectores afectados y que se concretan en la ampliación de las actas tributarias abiertas no a quienes en realidad son los
originarios del fraude, sino al grupo intermediario entre quien comete el fraude y la agencia que lo controla, la Agencia Tributaria.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Costa.
Señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, escuchando atentamente la explicación del voto en contra de la diputada del Grupo Parlamentario Socialista Maite Costa, he quedado atónito y sorprendido, porque no llego a comprender cómo el Grupo Parlamentario
Socialista presenta el voto en contra a esta propuesta de Convergència i Unió cuando cada vez que la hemos presentado en el debate de presupuestos nunca han votado en contra de esta iniciativa. Si no han votado en contra en el debate de
presupuestos, ¿cómo es posible que hoy voten en contra de la toma en consideración? Porque, aceptando que toda su argumentación sea positiva, sea válida para el sector, usted tiene la oportunidad, si se aprueba esta iniciativa parlamentaria, de
proponer estas cuestiones en el debate que se va a producir en Comisión. Como digo, me he quedado sorprendido y atónito por la formulación de este voto en contra, porque incluso cuando el Gobierno presenta una iniciativa ustedes nunca se pronuncian
con un voto en contra; fijan su posición pero no votan en contra. A lo mejor están un poco nerviosos por los acontecimientos recientes -no me quisiera remontar a los resultados del pasado domingo-, pero no entiendo su postura, no entiendo la
postura del Grupo Parlamentario Socialista, en concreto la postura explicitada por la diputada Maite Costa.
Lo único que le puedo decir, señora Costa, es que en este caso Convergència i Unió está al lado de la Administración tributaria, está al lado de la Agencia Tributaria, está al lado de perseguir los focos de fraude que existen en la
actualidad en la recuperación de metales.
Nosotros no queremos fomentar el fraude, luchamos para que se instrumenten elementos efectivos para que este fraude desaparezca totalmente del sector. Esta propuesta no la plantea única y exclusivamente
Convergència i Unió, nos llega a través de todos los sectores afectados que están inmersos en la recuperación de metales. Como nosotros estamos en contra del fraude fiscal, como estamos en contra de una menor recaudación en este caso del IVA, como
estamos en contra de una menor recaudación del impuesto sobre sociedades y como no queremos que exista una menor recaudación en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, proponemos una modificación en una toma en consideración que creemos
va a ser positiva para el sector. Usted nos ha dicho que se formuló esta misma iniciativa legislativa en el mercado del oro, precisamente en el ramo de las joyerías. Yo no sé cuáles han sido los efectos, lo que sí le puedo decir es que la Agencia
Tributaria ha contribuido formalmente a luchar contra este tipo de fraude. En mi intervención le he detallado que se habían realizado gestiones y actas pero que siempre topaban con sociedades instrumentales y testaferros, y que incluso aunque se
hubieran levantado actas, estas no prosperaban porque no había solvencia para la recuperación efectiva.
Señora Costa, manifestando mi sorpresa por su voto en contra de una cuestión sobre la que nunca han votado en contra en el debate de presupuestos, deseo expresar públicamente que Convergència i Unió, en este caso y en todos los casos que
afecten a menor recaudación de la Agencia Tributaria, está al lado de quienes luchan contra el fraude y de todos aquellos instrumentos que se puedan emplear. Por este motivo hemos presentado esta iniciativa y, aunque supongo que ustedes van a votar
en contra, desearía que el resto de los grupos de la Cámara la votaran favorablemente, ya que en Comisión -usted concretamente- tendrán la posibilidad de incorporar aquellas modificaciones que vayan en la dirección de evitar que exista fraude en
todo el sector de recuperación de metales.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Señora Costa.
La señora COSTA CAMPI: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor portavoz del Grupo de Convergència i Unió, señor Sánchez i Llibre, no mezclemos las cosas -yo no acostumbro a hacerlo- y movámonos dentro del marco de cortesía parlamentaria que a mí me gusta utilizar y que exijo que se
utilice.
¿Por qué el voto en contra? ¿Qué es lo que ustedes proponen? Proponen cambiar unos apartados de un artículo de la Ley 37/1992, ampliando los problemas que está generando ya este artículo. Este artículo, señoría, ha provocado gravísimas
situaciones de fraude, ha aumentado el fraude en los sectores que se pueden acoger a la excepcionalidad del artículo que hoy se quiere cambiar. A la luz de la información que nos ha llegado precisamente en este último mes, era imposible
honestamente que nosotros admitiéramos ampliar esta excepcionalidad a otros sectores económicos. Es un problema de responsabilidad social y política. Han llegado a nuestros despachos, como supongo que a los del resto de los grupos, documentos y
solicitudes de entrevistas pidiendo el amparo de esta Cámara por el problema que se deriva de ese artículo y de esa excepcionalidad. Por tanto, ¿qué sentido tiene ampliar esa excepcionalidad a otros sectores?
Usted sabe, señor Sánchez i Llibre, que en la actividad parlamentaria, en las preguntas escritas, en las preguntas de control, en las fijaciones de posición, en las iniciativas parlamentarias -y hoy con Internet es muy fácil saberlo-, el
grupo parlamentario que ha expresado mayor inquietud en el control del fraude fiscal es el Grupo Parlamentario Socialista.
Compartimos, por tanto, nuestro objetivo, expresado en más ocasiones, y el suyo, expresado hoy en las primeras líneas de la
exposición de motivos. Y nos van a encontrar siempre en la búsqueda de aquellos que defraudan y en la mejora del control del fraude. Nunca hubiéramos votado en contra si se hubiera planteado una proposición distinta, asumiendo el problema que ya
existe hoy con la inversión del sujeto pasivo y buscando soluciones fiscales de figuras tributarias distintas, basadas a lo mejor en estimaciones objetivas -y utilizo esto en sus términos estrictos, no me remito al instrumento tributario del
pasado-, y a partir de determinados volúmenes de producción o de transacción ver cómo se podría repartir una carga impositiva. La solución de la inversión del sujeto pasivo nos ha llevado por muy malos derroteros. Aparte de la cortesía
parlamentaria y de mi simpatía personal por el portavoz del Grupo de Convergència i Unió, creo sinceramente que esta no es una solución correcta y como todos los grupos de la Cámara estamos interesados en controlar el fraude, vamos a buscar entre
todos una solución que no amplíe, sino que reduzca los problemas de incumplimiento de la ley y de fraude fiscal.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Costa.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señorías, tal y como ha comentado el portavoz de Convergència i Unió, el peculiar mecanismo de liquidación de IVA por parte de los sujetos pasivos ha venido siendo utilizado con fines fraudulentos, tanto mediante
la no declaración y liquidación de las cuotas devengadas como a través de la deducción indebida de cuotas no soportadas y documentadas en facturas falsas. Esta circunstancia se agrava en el sector de recuperación de metales y especialmente en el
ámbito de los metales no férricos (cobre, aluminio, etcétera), debido a que con la implantación del impuesto sobre el valor añadido determinados sujetos pasivos, llamados recuperadores ilegales, han ido desarrollando una importante variedad de
técnicas defraudatorias en este impuesto y, en consecuencia, en el impuesto sobre sociedades. El procedimiento es de sobra conocido en el sector metalúrgico: los recuperadores ilegales adquieren materiales evitando pagar el IVA, utilizando
fórmulas configuradas en base a pagos mediante efectivo no registrado contablemente; a continuación, efectúan sus ventas a las acerías y fundiciones, emitiendo las correspondientes facturas y repercutiendo el IVA al 16 por ciento, IVA que nunca se
ingresa en la Hacienda pública, convirtiéndose en el margen comercial de esos operadores.
Siendo un fraude de considerables dimensiones sus efectos colaterales no lo son menos, puesto que al constituirse el IVA no ingresado en el margen comercial estos operadores, recuperadores ilegales, pueden ofrecer a sus proveedores un precio
superior al de mercado, compartiendo con estos el IVA repercutido a la acería o a la fundición. En consecuencia, se produce un indeseable efecto encadenado, ya que los proveedores de dichos recuperadores ilegales prefieren mantener su relación
comercial con estos defraudadores que con los que cumplen la legalidad vigente, puesto que aquellos les ofrecen precios superiores.
La solución que se propone en esta proposición de ley consiste en aplicar la regla de inversión del sujeto pasivo prevista en la normativa del impuesto sobre el valor añadido, esto es, se convierte en sujeto pasivo al destinatario de la
entrega de los metales. Esta regla excepcional, en contraposición a la regla general en la que el sujeto pasivo es quien realiza la operación, es utilizada en la mecánica del impuesto sobre el valor añadido con gran efectividad en el tráfico
intracomunitario y otros supuestos, como en determinadas entregas de oro. Con este procedimiento, el nuevo sujeto pasivo por inversión debe unir a la factura expedida por quien efectuó la entrega de los metales o al justificante contable de la
operación una nueva factura que contenga la
liquidación del impuesto. La regla de inversión del sujeto pasivo pretende... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Azpiazu, por favor.
Señorías, rogaría que ocupen sus escaños y permitan que el señor Azpiazu pueda continuar con su intervención en unos términos que le hagan audible.
El señor AZPIAZU URIARTE: Muchas gracias, señora presidenta.
Como decía, la regla de inversión del sujeto pasivo pretende evitar ciertos mecanismos de fraude, repercusión del impuesto que no se ingresa y costes financieros. Así, cuando el sujeto pasivo es el adquirente, el ingreso y la deducción del
impuesto son simultáneos en la misma declaración, con lo que no hay coste para él. Asimismo hay que destacar que el fraude en esta materia venía agravado por la actuación de estas empresas defraudadoras en distintas jurisdicciones tributarias. En
el caso del País Vasco estas empresas, conocedoras de las dificultades de las haciendas para inspeccionar fuera del ámbito competencial delimitado por el concierto económico, aprovechaban también la situación para complicar la trama y culminar su
operación fraudulenta. Por último, desde el Grupo Vasco quiero señalar que las Haciendas Forales venían detectando el fraude en el sector de recuperación de metales... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Les ruego guarden silencio, por favor. Es imposible que se oiga la intervención del diputado, es mucho más elevado el nivel de conversaciones de la Cámara.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.
Como decía, en las haciendas forales se viene detectando desde hace unos cuantos años el fraude en este sector. Ahora bien, el fraude se centra principalmente en el IVA, un impuesto que, de acuerdo con lo establecido en la Ley 12/2002, de
23 de mayo, de aprobación del concierto económico con el País Vasco, se tiene que regir por las mismas normas sustantivas e informales que las establecidas en cada momento por el Estado. Por ello, vamos a apoyar esta proposición de ley de CiU, que
viene a poner las condiciones para regularizar estas operaciones, obstaculizando las prácticas fraudulentas que se venían realizando hasta el momento.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiazu.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Gracias, señora presidenta.
Recortar el fraude y la competencia desleal son objetivos adecuados y buenos que nosotros apoyamos, pero no estamos tan de acuerdo en que esta proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sea el mecanismo.
Creemos que hay otros mecanismos que no necesitan excepcionalidad para poderlos realizar, por ejemplo, la ley del IVA. Por tanto, nos abstendremos y veremos cómo se toma en consideración esta proposición no de ley, para luego, en el debate concreto
sobre el contenido de la ley, dar nuestra opinión en todos y cada uno de los asuntos.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Frutos.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Blancas.
El señor BLANCAS LLAMAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en torno a la proposición no de ley presentada por el señor Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), con relación al
impuesto sobre el valor añadido, en concreto para reordenar la tributación del sector de recuperación de metales.
Permítanme unas palabras de discrepancia con mi compañera del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Costa, para decirle que lo que se pretende con esta iniciativa es reducir el número de incumplidores de las obligaciones fiscales, de
aflorar el fraude fiscal, de aportar más IVA a la Hacienda pública. También se trata de impulsar que se aflore el IVA que se está ocultando por parte de los llamados recuperadores ilegales, creando una figura jurídica que paso a explicar. De lo
que se trata es de que el IVA cobrado por estas personas llamadas recuperadores ilegales de metales, no se oculte y aflore el fraude. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) propone establecer un sistema de inversión del sujeto pasivo
en la figura del IVA. Como saben SS.SS., el sujeto pasivo en el IVA es la persona que realiza la entrega de bienes o presta los servicios. Al invertir la figura del sujeto pasivo, esta obligación recae en la persona que recibe o a la que se hace
la entrega de los bienes, figura reconocida en el derecho comunitario y en nuestro ordenamiento, en la Ley 37/1992, de IVA. Se trata de que este IVA no se pierda en estas empresas y que aflore, autorrepercutiéndose estas empresas llamadas de
fundición o acerías, y que se produzca el ingreso legal en la Hacienda pública.
En cuanto a los recuperadores de metales como sujetos pasivos, saben SS.SS. que existe un acuerdo del Consejo de la Unión Europea, de 18 de enero de 1999, donde se faculta a España para que no se apliquen el artículo 2 y el apartado 1 del
artículo 28 bis de la Sexta
Directiva, que se refiere al impuesto sobre el valor añadido.
Efectivamente, existe una exención que se incorporó en la Ley del IVA, en el apartado 1 del artículo 20, donde se recogía un tipo de exención subjetiva que abarcaba a aquellos
cuyo volumen de negocio no superase los 200 millones de pesetas que aquí se han citado, que convertido a euros significa 1.202.024. ¿Qué ha pasado? Que desde el año 1999, fecha en la que se empezó a aplicar esta normativa, se han producido
disfunciones y más fraude; por una parte, porque la concesión de esta exención subjetiva ha dado lugar a la creación de empresas ficticias, empresas instrumentales, que en realidad no se dedican a la recuperación de materiales sino a defraudar, lo
que ha provocado que haya -como se ha comentado aquí por el portavoz del Grupo de Convergència i Unió- testaferros, extranjeros, indigentes que están al frente de estas sociedades instrumentales y que no tienen capacidad jurídica ni capacidad
económica para poder responder a una inspección o al levantamiento de un acta por los servicios de Hacienda. Por otro lado, existe una figura también dentro del artículo 20 de la Ley del IVA por la que, también con autorización del Consejo de la
Unión Europea, se permite la renuncia a la autorización de la exención.
Estas dos figuras pienso -y estoy de acuerdo con el señor Sánchez i Llibre- que han producido distorsiones y disfunciones en la recaudación.
Baste recordar -y se ha reseñado en esta Cámara- que en el sector se movilizan 7.794.654
toneladas/año y se cree que el 33 por ciento de este volumen lo mueven estas personas conocidas como recuperadores ilegales de metales, lo cual conlleva nada más y nada menos que a una defraudación -ya se ha dicho- de más de 81 millones de euros
para las arcas del Estado y de más de 177 millones de euros en el impuesto sobre sociedades, independientemente del impuesto sobre la renta, porque hay empresas que dejan de tributar. Los recuperadores ilegales, mediante fórmulas de pago al contado
en las compras eluden pagar el IVA cuando compran, mientras que en las ventas repercuten el IVA, que a su vez ocultan porque están exentos y lógicamente no superan nunca la cifra de los 200 millones de volumen de transacciones, como antes he
reseñado. Por otro lado, si los productos, los metales, vienen de países terceros, fuera de la Unión Europea, se produce un doble fraude, puesto que además no se declara en la aduana y se elude el pago de los impuestos arancelarios
correspondientes.
La solución para evitar estos fraudes sería, como se ha dicho por el Grupo de Convergència i Unió, un nuevo supuesto de inversión del sujeto pasivo en las entregas del desecho, residuos y demás materiales de recuperación, así como en los
servicios de prensado, corte, clasificación, etcétera.
Esta figura existe realmente -y me dirijo a la señora Costa- en nuestro ordenamiento jurídico, pero existe para la recuperación y venta de metales preciosos no para la venta de metales férricos
y no férricos.
Esta sería una nueva figura y se trataría de llegar a los siguientes términos. El operador final de la cadena, como son las fundiciones y las acerías, aplicaría la regla de inversión del sujeto pasivo por la adquisición de
materiales de recuperación y cuando realice las entregas de los productos, una vez terminadas las laminaciones y las fundiciones, por ejemplo, una vez producidos los lingotes, las vigas, los redondos de acero o de otro metal férrico... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Blancas. (Pausa.)
Adelante.
El señor BLANCAS LLAMAS: Decía que cuando estas empresas, que son los operadores finales de la cadena, reciban el supuesto de inversión de IVA, se produciría el control y la legalidad del IVA en las mismas, puesto que al terminar los
productos, al hacer, como decía, los lingotes, las vigas, los redondos de acero o de otro material férrico, emitirían sus facturas con la cuota correspondiente a repercutir en los compradores de estos productos. Lógicamente, el Tesoro público vería
incrementados sus ingresos con el IVA repercutido o cobrado por estas empresas. Legalmente y en consonancia con la proposición presentada por el señor Sánchez i Llibre esta tarde, consideramos correcta la supresión del número 27, apartado 1, del
artículo 20 de la Ley 37, donde se recoge la exención de estas empresas de metales, así como el apartado 5 del artículo 26 del mismo texto legal, y se añadiría una nueva letra c) en el número 2, apartado 1, del artículo 84, que recoge la Ley
37/1992, de los sujetos pasivos del IVA, y en este caso de la figura de supuestos de inversión del sujeto pasivo para las recuperaciones de metales. Esto abundaría en una mejor y más selecta fiscalización de los contribuyentes, una mayor
recaudación del IVA por estas operaciones y de esta forma se evitaría el fraude de estos llamados recuperadores ilegales de metales.
Nada más por mi parte y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Blancas.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:
La señora PRESIDENTA: Conforme al artículo 68.1 del Reglamento, la presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que el punto 47,
relativo a la tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, pase a debatirse después del apartado VI, correspondiente a dictámenes
de comisiones sobre iniciativas legislativas y antes del apartado VII, correspondiente a debates de totalidad de iniciativas legislativas. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobada la modificación del orden del día.
Sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido, para reordenar la
tributación del sector de recuperación de metales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 177; en contra, 100; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR PUIGCERCÓS), SOBRE CREACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE PERNOCTACIONES EN EMPRESAS TURÍSTICAS DE ALOJAMIENTO.
(Número de expediente 122/000141.)
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, sobre creación del impuesto sobre pernoctaciones en empresas turísticas de alojamiento.
Para la presentación y defensa de la misma, el señor Puigcercós tiene la palabra. (Rumores.)
Señorías, ruego ocupen sus escaños y por favor permitan que continúe el debate. A ser posible, mantengan las conversaciones fuera del hemiciclo.
Adelante, señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCOS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, es casualidad que hoy, después de unas elecciones municipales, Esquerra Republicana de Cataluña presente una proposición de ley para debatir la financiación de los entes locales.
Dentro de 15 días se van a
constituir los nuevos ayuntamientos, las nuevas corporaciones locales y cómo se nutren las haciendas locales es un tema recurrente. Hoy, Esquerra Republicana de Cataluña presenta esta propuesta para establecer un mecanismo que mejore la
financiación de las haciendas locales de aquellos municipios que tienen una parte de su promoción económica en el sector turístico. En esta Cámara hemos hablado de forma recurrente sobre la composición de las haciendas locales y básicamente, a
partir del debate suscitado hace pocos meses, sobre la cacareada propuesta del Partido Popular de la supresión del impuesto de actividades económicas y las fórmulas para compensar este déficit.
Asimismo, se ha dicho en esta Cámara por activa y por
pasiva -también lo ha dicho este mismo diputado en esta misma tribuna- que hoy los entes locales, los ayuntamientos, están soportando buena parte de los gastos imputables a otras administraciones. Los gastos en políticas sociales, políticas en
materia de educación y en materia de sanidad, acogimiento de nuevos ciudadanos procedentes de la inmigración, sobre todo extracomunitaria, son gastos que, por ejemplo, en el caso de Cataluña, la Federación de Municipios de Cataluña ha contabilizado
muchas veces como el 20 por ciento del presupuesto, del erario de los ayuntamientos. Son, por tanto, costes que afectan a los entes municipales. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
Hoy los instrumentos que tienen los entes locales para compensar sus arcas -en este caso, sin el impuesto sobre actividades económicas- se reducen al IBI -impuesto sobre bienes inmuebles- y al impuesto sobre la recogida de residuos, que hoy
en día son figuras tributarias locales que se basan en la fiscalidad sobre los contribuyentes, pero que tienen poca elasticidad a corto y a medio plazo y que no tienen relación directa con la actividad turística, porque tienen relación con la
actividad económica en general, pero en el caso que nos toca no tienen una repercusión directa sobre la actividad turística. Además, la Constitución española refleja en los artículos 140 y 142 el concepto de autonomía local y de suficiencia
financiera en lo que hace referencia a los ayuntamientos. Hoy por hoy vemos que el porcentaje de participación en el gasto público de los ayuntamientos en el Estado no supera, con creces, el 12 por ciento, cuando en otros países de la Unión
Europea, como en el caso de la República Federal de Alemania u otros países, como en el caso de Austria, se está superando la cifra del 17 por ciento del gasto público, por tanto, hay una seria descompensación. Asimismo, la participación en los
impuestos del Estado ofrece lagunas, por ejemplo, por lo que se refiere al aspecto de la insuficiencia en la financiación global de los municipios, por los criterios de distribución que son discutibles o por la excesiva presencia de situaciones
particulares en un instrumento de carácter general.
La última reforma de la Ley de Haciendas Locales, en lo que hacía referencia a la supresión del impuesto sobre actividades económicas, ha hecho hincapié -y a eso se referirá el partido del Gobierno- en la necesidad de instrumentalizar la
participación de los municipios en la cesta de impuestos, a partir de los impuestos especiales y a partir de los municipios de 20.000 habitantes que puedan tener la consideración de turísticos, exceptuando aquellos municipios que tengan una cantidad
de segundas residencias superior o igual a las primeras residencias. Esta es una propuesta interesante, pero también tiene lagunas y problemas. En primer lugar, hay municipios turísticos muy por debajo de los 20.000 habitantes; no contabilizan la
población flotante, que es un concepto muy elástico; usurpa competencias a las comunidades autónomas sobre las condiciones
para definir lo que es o no es un municipio turístico.
En segundo lugar, consideramos que hay una situación anómala en los municipios turísticos, porque hay muchas comunidades autónomas que gozan de un régimen especial, como en el caso de Cataluña, a la que representa mi partido, ya que la Ley
municipal y de régimen local de Cataluña, en el capítulo III, artículo 72, prevé la posibilidad de que haya tributos o recargos específicos que graven la estancia. Esta ley se aprobó en 1987, con el apoyo del partido en el Gobierno de Cataluña,
Convergència i Unió y, en su artículo 5, establecía muy claramente la necesidad de un instrumento tributario vinculado a la estancia de turistas. En 1988, un año más tarde, la Ley estatal reguladora de las haciendas locales no incorporó ninguna
figura tributaria específica para los municipios turísticos. Los municipios turísticos tienen un problema grave, porque no se atiende su especificidad ni tampoco se recoge cómo compensar el sobrecoste que tienen. La fiscalidad general que nutre la
hacienda local en estos municipios acaba financiando el sobrecoste derivado del turismo, reduciendo la disponibilidad financiera para otros servicios e inversiones.
Hace un momento hacía referencia a los estudios de la Federación de Municipios de Cataluña, que fijan en el 20 por ciento los sobrecostes de las atribuciones que hacían hoy los ayuntamientos a funciones que no eran de su administración. Si
a este 20 por ciento le añadimos los sobrecostes que se originan por ser un municipio turístico nos encontraremos con que todo esto repercute en la calidad de vida, para los contribuyentes de cada municipio, y en la competitividad turística. Este
sobrecoste se reduce básicamente a aspectos fundamentales, como son: la política de residuos, recogida y tratamiento; el tráfico urbano, que obliga también no sólo a dotar las plantillas para mejorar el tráfico urbano en estos municipios, sino que
además obliga a la creación de parking, de plazas de estacionamiento, que seguramente el resto del año, fuera de la estacionalidad turística, no tienen ningún sentido y pueden estar vacías, lo que supone una gran aportación de recursos por parte de
los ayuntamientos; la seguridad ciudadana, ya que es habitual escuchar la opinión de alcaldes o de responsables de seguridad ciudadana, a nivel local, quejándose por la falta de plantillas y porque tienen que reforzarlas para garantizar la
seguridad ciudadana con su presupuesto municipal y, finalmente, el aumento indiscriminado de la demanda en materia de gas, de electricidad y de agua, lo que también implica un gasto importante por parte del ayuntamiento. Son sobrecostes
fundamentales que los municipios turísticos hoy no pueden compensar.
Además, como decíamos, no sólo repercuten en otros servicios que tenían que prestar los ayuntamientos, sino que este sobrecoste acaba agravando la competitividad turística de un
municipio. Los municipios que tienen que atender a mucha demanda social -podríamos encontrar muchos pueblos y ciudades que tienen gran gasto social- no pueden invertir en la mejora urbanística, en la mejora de las condiciones ambientales, en la
mejora de la oferta cultural o simplemente de la promoción turística de su municipio porque en definitiva el problema es que hay que dedicar buena parte de estos recursos a la función específica que tiene dotada por ley un ayuntamiento.
En tercer lugar, vamos a definir la naturaleza del impuesto que hoy presentamos en esta Cámara. Este es un nuevo instrumento para los municipios turísticos, es un nuevo instrumento para completar la financiación de las haciendas locales y
da un margen de maniobra importante por dos razones. En primer lugar, este impuesto evita el impacto sobre el sector; es un impacto mínimo sobre el sector, por no decir nulo; es un impacto que básicamente es para los ciudadanos que vengan a
pernoctar en estos municipios turísticos.
En cuarto lugar, un aspecto fundamental que el partido del Gobierno, el Partido Popular, no puede desoír. Este es un impuesto voluntario. La disposición adicional de la ley que presentamos lo define así: es un impuesto que podrán aplicar
aquellos municipios que lo deseen, aquellos municipios que hayan pactado, hayan negociado, hayan consensuado con el sector turístico. Podrán negociar, podrán hablar y podrán buscar una fórmula deseable.
El impuesto, como decíamos, es voluntario y está condicionado a la situación, porque además creamos bonificaciones y exenciones a cargo de cada municipio, el cual podrá crear un modelo flexible. Hay diferentes municipios turísticos, hay un
turismo de litoral con grandes costas, hay un turismo de montaña, hay un turismo de interior, hay un turismo cultural o de ciudad y hay la fórmula de yuxtaposición de todos estos modelos. Nosotros creemos que la propuesta que hacemos es un impuesto
a la carta, ya que cada municipio lo podrá aplicar si lo desea y además muy flexible y abierto a cada municipio.
La modificación que proponemos excluye la segunda residencia. Aquí no hay ninguna ambigüedad. La segunda residencia como modelo turístico de muchas personas ya queda gravada por el impuesto de bienes inmuebles, con lo cual ya queda fuera
del ámbito de esta ley. Además, la cuota que proponemos es doble: puede ser de un euro para los campings de una cierta categoría y de medio euro para los hoteles, pensiones, hostales que no lleguen a las dos estrellas u otras fórmulas, como la del
turismo o los campings, y con la excepción de los menores de 12 años. Creemos que en estas condiciones nadie puede otorgarle una capacidad maléfica o negativa que disminuya la competitividad de esta propuesta.
Nosotros entendemos que hay que reflexionar sobre el modelo turístico que hoy rige buena parte del crecimiento económico del Estado español.
Agradecería que los portavoces del Grupo Popular en materia turística
hicieran caso de esta última reflexión. El modelo turístico en España, básicamente en el litoral, se ha basado en la construcción, no en el turismo. Los constructores han dado un importante impulso. La construcción es un sector
importantísimo en nuestra economía y en nuestro crecimiento, pero el turismo es otra cosa. El turismo es calidad, el turismo es competitividad, el turismo es sostenibilidad, creación de equilibrios y yuxtaposición entre lo que es el territorio y el
crecimiento económico. El turismo es -si hay algún técnico que me oiga sabrá de lo que hablo- recuperación del paisaje, pues no hay turismo sin paisaje y hoy el turismo, sobre todo en el litoral, se ha encontrado con un paisaje machacado. Los
constructores han hecho su operación de desembarque en muchas zonas del litoral. Ha habido una agresión en los últimos 20 años, y esto no viene del franquismo. Se ha producido con ayuntamientos democráticos. Hay que decirlo así de claro. Ha
habido una agresión brutal al medio. Y sin paisaje no hay turismo. Fíjense la suerte que hemos tenido -lo digo en el sentido negro de la suerte- en el sentido de que ha habido zonas de mucha competitividad turística con grandes tensiones, con
brotes de violencia, con problemas sociales. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a todo el norte, el litoral de Marruecos, de Argelia o de Túnez; me estoy refiriendo a Turquía, me estoy refiriendo a la costa dálmata de Croacia. Han sido zonas
abrasadas por guerras y conflictos, pero esto nos ha permitido competir en los mercados emisores.
Pero si hubiera habido estabilidad en estas zonas habría habido problemas, porque hoy hay zonas saturadas, zonas que ya no pueden competir con las
zonas de más calidad europeas. Antes había la depreciación, ahora no queda ni esto en el mercado único. Hay un peligro latente que sólo se puede compensar con una mejora de la calidad, y la mejora de los estándares de calidad pasa por que los
municipios se pongan de acuerdo con el sector y creen condiciones que permitan mejorar urbanísticamente.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Puigcercós, le ruego concluya.
El señor PUICERCÓS I BOIXASSA: Voy acabando, señora presidenta.
Es necesario que se esponjen urbanísticamente aquellas zonas más degradadas o con más densidad de población, que se creen mecanismos de recuperación ambiental, que se creen mejoras en la oferta cultural, que se creen mejores condiciones de
trabajo. Ustedes lo sabrán, pero hoy día sólo se puede competir con el coste unitario laboral con el que se está compitiendo, porque se degrada la calidad del servicio. Todos estos son factores que influyen sobre el turismo. Que no se nos diga -y
ya voy por delante- que la experiencia de la ecotasa en Baleares ha sido negativa, porque otras zonas que no han tenido ecotasa han sufrido el mismo impacto del mercado emisor alemán. El mercado emisor alemán está en crisis, ustedes lo saben. El
Partido Popular está llamando la atención por activa y por pasiva sobre la crisis de la República Federal de Alemania contraponiéndola con lo que ocurre en el Estado español. Aquí hay un problema grave. El principal mercado emisor, Alemania, está
en crisis, pero este no es un problema de la ecotasa. Menos construcción, menos especulación y más turismo, este es el modelo; más turismo cultural, sostenible y ambiental y mejora de la calidad. Con menos usuarios se puede ganar mucho más dinero
y crear mejores condiciones de trabajo y de beneficio. No nos vale el modelo de sol, arena y turismo sexual que se ha promocionado en este país durante tantos años. Nos conviene un modelo mejor para las familias, y este es el modelo que
proponemos. Queremos que los municipios tengan hoy por hoy capacidad para mejorar sus haciendas locales, que están al límite y que están compitiendo en condiciones muy adversas.
Por estas razones, señoras y señores diputados, pedimos su voto a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley y proponemos una reflexión profunda sobre las haciendas locales de los municipios turísticos y una reflexión
colateral sobre la situación del turismo, porque en esta Cámara se habla muy poco de turismo y no podemos olvidar que es un sector fundamental.
Gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Puigcercós.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Fijación de posición?
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Vasco va a apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley presentada por el diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, con el fin de crear un impuesto sobre las pernoctaciones en empresas turísticas de alojamiento.
Se ha argumentado suficientemente sobre los problemas que las aglomeraciones humanas generan en determinadas zonas turísticas. Es razonable que parte de los costes extraordinarios de los servicios públicos locales sean sufragados por aquellos que
los utilizan, especialmente en determinados periodos del año. De ahí que nuestro grupo apoye la toma en consideración de esta proposición de ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, señorías, el problema que se plantea a través de la iniciativa que Esquerra Republicana ha defendido desde la tribuna es un problema real, serio e importante de los municipios turísticos, lo que
ocurre es que la solución que se plantea no es la adecuada. Es verdad -y voy a repetir argumentaciones hechas por el portavoz de Esquerra Republicana- que los municipios turísticos tienen unas condiciones específicas que necesitan una financiación
también específica. También es una realidad que a pesar del tiempo pasado estos municipios no han obtenido todavía verdadera carta de naturaleza en nuestro ordenamiento jurídico. Es verdad que en estos municipios existe un desequilibrio entre la
realidad de derecho y la realidad de hecho, pues tienen la obligación de prestar una serie de servicios que son irregulares en el tiempo, que son estacionales y que son desproporcionados en relación con los servicios que tendrían que prestar en
función de sus habitantes de derecho. A estos municipios se les exigen, en beneficio no solamente de los habitantes que viven en ellos, sino fundamentalmente de la industria turística, una serie de prestaciones en unas condiciones distintas a las
de los demás municipios, como mayores servicios de limpieza, limpieza de playas en aquellos que sean costeros o abastecimiento de agua para una población que duplica o que triplica a la de derecho. Todo ello requiere un aparato técnico y una
infraestructura administrativa cuya existencia viene a generar normalmente una carga impositiva que actualmente tienen que soportar de forma fundamental aquellos vecinos que están empadronados en estos municipios, a pesar de que luego repercuten en
todo el Estado los beneficios que se obtienen de este sector turístico. La problemática ha sido denunciada en diversas ocasiones por la Federación Española de Municipios y Provincias y se ha exigido en determinadas ocasiones una financiación
específica en función básicamente de lo que se llama población asistida. Entendemos que la solución que plantea el Partido Popular tampoco es la adecuada porque el peligro de que cada vez se ligue más financiación de municipios a urbanismo es real
y es además en ese río revuelto donde los especuladores urbanísticos hacen su mayor ganancia.
Es verdad que a veces se plantea que esta financiación específica es una especie de privilegio a municipios ricos porque esa es la fama que pueden tener los municipios turísticos, la de ser municipios ricos con un nivel de vida relativamente
más alto que el del resto del Estado. Al final esto no es ni más ni menos que algo diferente y que viene incluso a perjudicar a los residentes de estos municipios porque el nivel de vida también lo sufren los que en ellos trabajan o viven. Por
tanto, entendemos que esa financiación es necesaria y urgente y que debe tener una serie de características que deben ser contempladas por el Estado y de forma fundamental por las comunidades autónomas.
El turismo es una industria que tiene una materia prima complicada, que no sale de una fábrica, que no sale de una industria concreta, sino que tiene un producto al final elaborado con una composición muy diferente, muy irregular. Es verdad
que la infraestructura de titularidad municipal juega un papel fundamental a la hora de competir por la calidad de la que se ha hablado aquí anteriormente. En el mantenimiento de esa competitividad los ayuntamientos juegan un papel fundamental,
quizá el más importante, porque al final son los servicios que más directamente influyen en el visitante y más directamente tienen que valer al que lo visita, incluso son servicios que pueden estar en peligro si no se contempla una financiación
específica, ya que actualmente existen muchos ayuntamientos que si dejaran de recurrir al sector de la construcción, podrían tener que dejar de pagar estos servicios. Por tanto, como entendemos que es un error ligar financiación municipal al
desarrollo urbanístico y entendemos que el desarrollo urbanístico -ya se ha dicho también desde esta tribuna- no debe dar nunca paso a la saturación y la especulación, que ya se sufre demasiado en estas zonas turísticas, hay que abrir otro camino.
En ese sentido tampoco podemos considerar un municipio turístico en relación con la segunda vivienda porque eso sería ni más menos que alentar ese camino. Hay que hablar de servicios específicos, hay que hablar de población asistida y hay que
hablar de generar un marco normativo que permita a los municipios turísticos alcanzar la necesaria financiación.
La clave, y donde tenemos que abrir el debate, es de dónde sale el dinero y a través de qué se consigue la financiación, y creemos que la iniciativa que se nos plantea no abre la puerta correcta. Nosotros entendemos -y los datos están ahí-
que el turismo genera ya de por sí en estos momentos suficientes recursos como para generar un nuevo impuesto.
La cuestión es conseguir una mejor redistribución de lo que ya se ingresa, más que en crear un nuevo impuesto, que entendemos que no
sería suficiente, y dar a los ayuntamientos la posibilidad de que ellos sean los que aprueben ese impuesto. Creemos que ya se generan, como decía, esos ingresos y lo que se debe hacer es distribuirlos mejor. Por eso habría que ir a una aportación
directa del Estado y de las comunidades autónomas para financiar determinados servicios.
También desde Izquierda Unida nos oponemos a que haya una financiación a los presupuestos municipales sin controlar, sin que tenga carácter finalista, porque al final eso no derivaría en una mejora de los servicios turísticos, sino que
podría derivar en un mayor gasto de otro tipo. Por tanto, entendemos que la solución vendría dada de una directa aportación del Estado para sufragar, en la cuantía que la población asistida así lo determine, determinados servicios que efectivamente
hay que prestar además con una calidad quizá superior porque así lo exige un producto turístico de calidad,
como la limpieza viaria, el abastecimiento de agua, etcétera, para que al final tengamos un producto turístico de primera calidad que no sea pagado exclusivamente por aquellos que viven en el municipio. A nuestro modo de ver, ese sería el
camino y esa sería la realidad que habría que afrontar, y para eso el debate es bueno y es interesante porque raramente vienen a este Pleno elementos que nos permitan plantear temas de debate sobre un sector que -no lo podemos olvidar- es la
principal riqueza de este país y que demasiadas veces tiene la sensación de no ser escuchado por ninguna de las administraciones y de ser un saco sin fondo en el que ayuntamientos, comunidades autónomas y Administración central suelen meter la mano
en busca de financiación, pero del que raramente se acuerdan para aportarle los recursos que necesita para poder competir.
Por eso, repito, entendemos que el problema y su debate son interesantes y que se debería profundizar en esta Cámara en cómo
desde el Estado central -sin menoscabo, por supuesto, de competencias autonómicas- se podría avanzar en esta financiación, en cómo se podría mejorar una financiación en la que entendemos que lo que plantea el Gobierno central tampoco es lo correcto,
y en cómo podríamos conseguir entre todos que desde aquí saliese una propuesta clara y nítida, pero, repito, sin aumentar la fiscalidad porque no es necesario ya que con lo que ya se ingresa es posible cubrir los gastos que se generan. Desde esa
óptica, repito, creemos que el debate es interesante pero que la propuesta que se nos plantea no es la adecuada.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Centella.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Sánchez i Llibre tiene la palabra.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) respecto a la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, concretamente por el diputado de Esquerra Republicana señor Puigcercós, en
relación con la creación de un impuesto sobre pernoctaciones en empresas turísticas de alojamiento, va a ser la de votar no, contundente y rotundamente no, porque la política turística de nuestro grupo parlamentario, de nuestra formación política de
Convergència i Unió, va en dirección opuesta a la del planteamiento presentado por el Grupo Parlamentario Mixto. Nosotros siempre hemos apostado por el dinamismo empresarial, por la diversificación empresarial y por el dinamismo turístico, pero en
esta propuesta se contemplan iniciativas que van orientadas básicamente a incrementar la presión fiscal del sector turístico, que, por cierto, es uno de los sectores más importantes de la economía española y uno de los que aporta más riqueza a la
economía del conjunto del Estado español. Nosotros estamos totalmente en contra de un planteamiento fiscal en el que se generen nuevas figuras tributarias y más presión tributaria. Como he dicho anteriormente, este no es nuestro modelo turístico
ni es la política turística que fomentamos desde Convergència i Unió.
Entendemos que esta iniciativa, como ha dicho el diputado don Joan Puigcercós, sería de aplicación voluntaria, pero en España tenemos ejemplos muy negativos que han ido en contra de la política turística que se ha aplicado con este impuesto
en algunas comunidades autónomas. En el caso de que prosperara que en alguna comunidad autónoma se pudiera implementar un impuesto de pernoctación, entendemos que ello iría en contra de la generación de la actividad y del impulso de la economía
productiva y también en contra del fomento de la industria turística del país y al mismo tiempo produciría complicidades muy negativas en la creación del empleo. Y lo que es más grave, señor Puigcercós, es que en el caso de que se aplicara este
impuesto sobre pernoctaciones, afectaría a la cuenta de explotación de las industrias turísticas hoteleras, y se lo voy a demostrar con números. Si una comunidad autónoma pudiera aplicar la tasa de pernoctación de un euro por día y por turista,
teniendo en cuenta que el beneficio antes de impuestos de una industria turística, siempre y cuando sea un gran hotelero y una buena compañía turística, puede ser de cuatro a cinco euros de beneficio bruto antes de impuestos por turista y día, con
esta imposición le perjudicaría en su cuenta de explotación en una cantidad que oscila entre un 25 y un 35 por ciento. A simple vista parece que un euro por turista y día no implica consecuencias negativas para la cuenta de explotación de una
industria turística, pero en la práctica -y eso se lo podrían explicar muy detalladamente buenos empresarios turísticos de la islas Baleares- les ha afectado negativamente porque en muchos casos la presión de los tour operadores, la presión de la
oferta y la demanda y la presión competitiva de muchos países emergentes en cuanto a la posibilidad de ofrecer rutas turísticas interesantes obligan a que sea el hotelero el que absorba esta tasa y no el consumidor final el que la pague. Para no
perder clientes, el industrial turístico prefiere pagar esta imposición de su cuenta de explotación, lo que lógicamente va a repercutir negativamente para nuevas inversiones y para la creación de empleo.
Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), obrando en consecuencia y teniendo en cuenta la política turística que hemos impulsado donde hemos gobernado en los últimos años, que yo diría que ha sido
atractiva y ha fomentado el dinamismo empresarial, apostamos por una política turística que se ha desarrollado en la calidad y en el fomento del turismo, incrementando la política turística cultural, gastronómica y de aventura en el ámbito
deportivo, que pensamos que ha dado excelentes resultados no solamente en Cataluña sino también en otras comunidades del Estado español. Por todo ello nosotros consideraríamos muy negativo que se tomara en consideración esta proposición de
ley ya que, en líneas generales, entendemos que la aplicación de más figuras impositivas y la incorporación de más presión fiscal a la industria turística española van en contra del impulso de la economía productiva, de la industria turística y
también de la generación de ocupación.
Hay otro aspecto autonómico que el señor Puigcercós entenderá perfectamente, y es que, en el marco de sus respectivas competencias, las diferentes comunidades autónomas tienen la posibilidad de crear los impuestos o los recargos que
consideren necesarios como complemento o instrumento de sus políticas en diferentes ámbitos, como pueden ser medio ambiente, industria y comercio. Desde esta perspectiva, en Convergencia i Unió respetamos y abogamos por la plena capacidad y
competencias de las comunidades autónomas para que lo puedan desarrollar dentro de su ámbito de actuación. Concretamente, y para ser más explícito en cuanto a diferentes posibilidades que se hubieran podido aplicar en el ámbito de competencia de la
Generalitat de Catalunya, quiero manifestarles también que el Parlament de Catalunya derogó expresamente el artículo 72 de la Ley 8/1987, de 15 de abril, municipal y de régimen local de Cataluña relativo a los municipios turísticos, artículo que
permitía el establecimiento de tributos o recargos específicos que gravasen las estancias en los municipios turísticos. Por este motivo, por ser coherentes con lo que ha aplicado el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, por ser coherentes
también con los resultados económicos que ha experimentado el turismo español y con una política fiscal que nosotros hemos entendido que nunca debía gravar las actividades económicas como las gravó el impuesto de actividades económicas que
finalmente ha desaparecido y que nosotros siempre habíamos argumentado que era un impuesto contra la ocupación y contra la economía productiva, entendemos que si hoy diéramos luz verde a esta toma en consideración, nos podríamos encontrar muy
fácilmente con una figura impositiva que volviera a gravar otra vez la economía productiva y la generación de puestos de trabajo. Por este motivo y por estas consideraciones, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió va a votar en contra de
esta propuesta que ha presentado el Grupo Mixto.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cuesta.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Señora presidenta, señorías, mis primeras palabras son para manifestar que la propuesta que estamos discutiendo en la tarde de hoy, la proposición presentada por el Grupo Mixto, de creación del impuesto sobre
pernoctaciones en empresas turísticas de alojamiento, nos parece meritoria y además introduce un tema que nos parece muy interesante y digno de reflexión por parte de esta Cámara.
Quiero, no obstante, anunciar algo que me parece que debería ser
previo, al menos desde nuestra óptica, y es que -lo digo abiertamente en la fijación de la posición del Grupo Socialista- creemos que no es buena la metodología de plantearse la fiscalidad de una manera aislada, sin verla en su globalidad ni
considerar las consecuencias generales. En este sentido no nos parecieron bien las soluciones fragmentadas y técnicamente incorrectas, como vamos a ver en la aplicación práctica en los últimos meses, que se han dado con la chapuza legislativa que
significó la reforma de la Ley de haciendas locales aprobada por esta Cámara a finales del año pasado. No es buena esa visión y no es bueno hacer un planteamiento fiscal parcial sin tener en cuenta las consecuencias generales.
En España hace falta un enfoque fiscal serio y riguroso que garantice la progresividad, el papel y la capacidad transformadora de la fiscalidad y de los impuestos y que no incurra en el oportunismo y, sobre todo, en la injusticia fiscal que
algunos planteamientos del actual Gobierno están generando. Porque hemos vivido una cierta suerte de subastilla fiscal consistente en ver quién es el que baja más impuestos. En realidad, los únicos que se han visto beneficiados en los últimos
tiempos en España por la fiscalidad o por las rebajas fiscales han sido básicamente los sectores más privilegiados desde el punto de vista económico, y la consecuencia para la financiación de los servicios públicos ha sido hacer depender en exceso
de las rentas de trabajo la aportación al Estado.
Desde esa óptica hay una tremenda injusticia y además hay una tremenda hipocresía porque ha habido un planteamiento de fiscalidad en España consistente no tanto en suprimir impuestos como en
cambiarlos de sitio para crear y hacer depender la recaudación del Estado de la imposición indirecta, cuando es lo cierto que la imposición indirecta es la más injusta de las imposiciones.
Hay que acabar también con una cierta hipocresía, y algunos de los argumentos que he escuchado en contra de la proposición de ley implican una concepción hipócrita. ¿Por qué? Porque a la hora de abordar esta cuestión -en eso lleva razón la
proposición de ley- en ningún caso se puede aceptar que los que no pueden hacer turismo sean los que paguen el destrozo del turismo, que es lo que pasa en estos momentos. Por eso los planteamientos de restauración de aplicación de medidas que
fomenten el ambiente en defensa también de la industria del turismo no pueden recaer en exclusiva sobre aquellos que muchas veces no pueden hacer
turismo. Ahí hay algunos desenfoques desde el punto de vista de la política fiscal y de una adecuada equidad fiscal.
Quiero dejar también claro que el turismo en España representa más del 12 por ciento del producto interior bruto y el 12 por ciento del PNB mundial. En la cumbre de Río de 1992 y en la conferencia mundial sobre turismo sostenible de 1995 en
Lanzarote se habló de la necesidad de la renovación turística, de políticas de desarrollo sostenible y de la necesidad de orientar precisamente hacia la sostenibilidad el enfoque del desarrollo del turismo, y reconocieron el papel importante que la
fiscalidad puede jugar en el ámbito medioambiental respecto al turismo.
Esta es una cuestión lógica que está ahí y que además es muy frecuente en el derecho comparado, sobre todo en los países nórdicos, pues está en la cultura fiscal de esos
países. Además es cierto que los recursos de la atracción turística de la zona de un país son básicamente los principales elementos de atracción de carácter natural, cultural y ambiental y por ello la conservación es clave, y para conservar hay que
hacer un esfuerzo de gasto. Pero este tema debe plantearse desde una óptica más general desde el punto de vista de la fiscalidad y también desde una dimensión autonómica porque deben participar los ayuntamientos en la solución, en el enfoque y en
la recaudación y debe haber una cierta sinergia autonomía local-comunidades autónomas, pero un planteamiento de un cierto equilibrio territorial con una cierta perspectiva restauradora desde el punto de vista medioambiental de los efectos de un
exceso del turismo debe plantearse desde una óptica o desde una dimensión regional porque no es un tema exclusivamente local. Ahí quería llegar. La Ley orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, sobre financiación de las comunidades autónomas, recoge
como principios básicos en los artículos 2 y 6 la posibilidad jurídica de establecer tributos propios, y los estatutos de autonomía así como el artículo 156 de la Constitución española reconocen la autonomía financiera de las comunidades autónomas.
Este principio está claramente desarrollado en el artículo 157.1.b), cuando habla de los recursos de las comunidades autónomas, sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales, y el artículo 133.2 de la Constitución dice que las comunidades
autónomas y las corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes.
Considero que estamos ante un tema de competencia autonómica, es más, los estatutos de las comunidades autónomas asumen la competencia en la ordenación del turismo, el fomento y el desarrollo del patrimonio histórico y paisajístico y el
interés de la comunidad en el desarrollo, y todos estos temas de interés de la comunidad pasan a ser competencia de la comunidad autónoma. Por tanto, si hoy aprobásemos aquí la creación de un impuesto local de aplicación general, estaríamos
impidiendo modular a las propias comunidades autónomas el ejercicio del poder tributario y la autonomía tributaria que a las mismas les corresponde y que les debe corresponder en su ámbito respectivo porque estaríamos ocupando con un hecho imponible
las posibilidades de regulación de las comunidades autónomas. Además, con el planteamiento que viene en la proposición de ley se genera una cuestión que a nosotros nos preocupa, y es que al definirse como un impuesto local de aplicación general,
todas las entidades locales podrían establecerlo, a la vista de la proposición, pese a que no fueran algunas de ellas municipios turísticos. Es más, incluso si lo fueran, por ejemplo, una ciudad como Madrid o Barcelona podrían establecer este
tributo. Pero ¿cómo distinguir, por ejemplo, las estancias turísticas de las de trabajo? Se estaría generando en la concepción de esta figura fiscal un planteamiento de injusticia que gravaría no solamente las estancias de placer, sino también las
de trabajo. Por eso digo que hay algunas imperfecciones en la concepción y en el tiempo.
Esta proposición no de ley comete, a nuestro juicio, otra imperfección importante, y es que no liga los ingresos de la recaudación del hipotético impuesto sobre pernoctaciones a la finalidad que dice perseguir de restauración medioambiental
o de defensa del patrimonio del paisaje porque no hay una compensación de los costes provocados por la actividad turística, y pongo un ejemplo que me parece meritorio: la ley de Baleares crea un fondo de rehabilitación de espacios turísticos, es
decir, hace un planteamiento finalista de la figura fiscal, lo que no está en esta proposición de ley. Es cierto que en la Ley 7/2001, de 23 de abril, de Baleares, del impuesto sobre las estancias en empresas turísticas de alojamiento -tiene además
un título muy significativo-, se crea y se regula un fondo destinado a la dotación para la mejora de la actividad turística y la preservación del medio ambiente, es decir, hay un ámbito claramente finalista en el enfoque de esta ley balear. Desde
nuestro punto de vista, se trata de incrementar en esta proposición de ley los recursos de las entidades locales, pero si queremos hacer esto, lo lógico sería recurrir a figuras tributarias de alcance general o a incrementar la participación de las
mismas en impuestos estatales, como puede ser el IVA, o un planteamiento más ambicioso en materia de reforma de las haciendas locales.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Cuesta, le ruego concluya.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Voy finalizando, señora presidenta.
Además, recientemente ha entrado en vigor la reforma de la Ley de haciendas locales y se pactó con la Federación Española de Municipios y Provincias -y lo pongo como dato- la configuración de un modelo
de recaudación a través de la participación en los ingresos del Estado y de la participación en el impuesto sobre hidrocarburos y sobre las labores de tabaco por los municipios que sean turísticos de más de 20.000 habitantes. He ahí un
nuevo mecanismo que intenta favorecer los ingresos de determinados municipios. Yo creo que la solución debería plantearse con carácter general, desde el punto de vista de un planteamiento de fiscalidad, y con carácter también autonómico, desde el
punto de vista de que considero que en materia de legislación tributaria de un posible recurso de este calibre, vinculado además a un planteamiento finalista de restauración medioambiental, debería ser competente, porque así lo reconoce el marco
constitucional y estatutario, la comunidad autónoma.
Acabo, señora presidenta, diciendo que me parece meritoria la propuesta, pero creemos que la falta de carácter finalista la hace imperfecta y además incurre en una yuxtaposición respecto a lo que podrían ser competencias de las comunidades
autónomas. Por ello mi grupo parlamentario va a abstenerse ya que considera que debemos estimular este debate, pero la solución tecnico-jurídica normativa no es la adecuada tal y como viene definida en la proposición que nos ha presentado en la
tarde de hoy el Grupo Mixto.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Cuesta.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Camarero.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, comparezco en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar nuestra posición respecto a esta proposición de ley presentada por Esquerra Republicana de Catalunya. Señor Puigcercós, el Grupo Popular cree que
esta proposición de ley es anacrónica ya que solicita la reforma de la Ley de Haciendas Locales cuando el pasado 27 de diciembre aprobamos en esta Cámara la reforma de la misma, y S.S. tuvo durante este debate la posibilidad de presentar las
enmiendas y reivindicaciones que considerase oportunas. Este nuevo sistema de financiación de las corporaciones locales ha surgido del diálogo y el consenso entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias, y regirá durante el
próximo quinquenio mejorando sustancialmente la capacidad económica de los ayuntamientos y garantizando su suficiencia financiera.
Entrando en la exposición de motivos de su proposición de ley, debemos analizar algunos aspectos que parecen interesantes. El impuesto que usted propone, señoría, es un impuesto local, de carácter voluntario para los ayuntamientos, cuya
finalidad es exclusivamente fiscal y, en consecuencia, no parece tener otro fin que el meramente recaudatorio. En segundo lugar, y por lo que se refiere a la naturaleza del hecho imponible, se califica a sí mismo de tributo indirecto que grava las
estancias diarias en establecimientos de hostelería radicados en el municipio, contemplándose beneficios fiscales obligatorios para los ayuntamientos y otros voluntarios que podrán acordar éstos de acuerdo con las prioridades de actuación municipal
de ámbito turístico. Desde una perspectiva exclusivamente técnica, debe indicarse que ya existe un impuesto estatal indirecto que grava el consumo de los servicios hoteleros, el IVA. Con independencia de que formalmente el hecho imponible de su
impuesto y del IVA puedan parecer distintos, son materialmente idénticos ya que ambos gravan la prestación del servicio hotelero y pretenden, en última instancia, que sea el consumidor del servicio el que soporte el impuesto, por tanto, lo que
pretende su impuesto es gravar la actividad hotelera. En abierta contradicción con el hecho imponible, se configura un régimen de estimación objetiva que toma como referencia la categoría del establecimiento, se calcula la cuota atendiendo a dichas
categorías hoteleras, y se diseña un sistema de recaudación que facilita la gestión a la Administración pero complica la repercusión al contribuyente. Para complicar más las cosas, este impuesto que usted inventa está gravando la misma actividad
económica que grava el IAE, lo que supone una invasión de la materia imponible reservada al mismo. Dada la consideración de tributo local de su impuesto y que la titularidad del mismo correspondería a los ayuntamientos, resulta evidente que éstos
deberían pronunciarse sobre la viabilidad del mismo antes de proponer su creación. Teniendo oportunidad de hacerlo durante la reforma de la Ley de Haciendas Locales, no consideraron conveniente introducir figuras impositivas nuevas.
Su señoría hace referencia a que hay municipios que por su intensa actividad turística padecen una importante alteración de los servicios e infraestructuras que han de atender las diferentes corporaciones locales.
Esto supone que los entes
locales tienen una carga adicional que es necesario no sólo reconocer, sino que plantea la necesidad de desarrollar mecanismos de cooperación financiera específicos para los municipios turísticos. Pues bien, usted sabe que en la actualidad son las
leyes de turismo de las distintas comunidades autónomas las que abordan el tratamiento de municipio turístico y son estas normas las que deben regular, en el ámbito de sus respectivos territorios, las peculiaridades que afectan a estos municipios,
identificar los diferentes tipos y crear, en su caso, mecanismos de compensación financiera capaces de resarcir a dichos municipios de los gastos adicionales destinados al turismo. Como ejemplo de estas leyes, me gustaría destacar la Ley 3/1998, de
21 de mayo, de Turismo de la Comunidad Valenciana, ley pionera en este ámbito cuyo título III ya recoge la figura del municipio turístico, así como la ley de su propia
comunidad, la Ley de Turismo catalana de 2002, que regula de forma similar a la valenciana esta figura. Pero esto no se queda solo ahí, sino que la propia reforma de la Ley de Haciendas Locales contempla la figura del municipio turístico.
Todos aquellos municipios que estén recogidos en esta ley podrán acogerse a los beneficios que les otorga la misma. Por primera vez en España, una ley de carácter nacional reconoce la figura del municipio turístico y les otorga unos beneficios
económicos que pretenden subsanar los incrementos de gastos que sufren. Por primera vez se ceden a los ayuntamientos porcentajes de recaudación de impuestos del Estado.
Existen otras razones por las que el Grupo Parlamentario Popular no comparte la necesidad de este impuesto. El Partido Popular ha defendido siempre la importancia de reducir impuestos y no creemos que sea positivo crear figuras impositivas
sin justificación. El manual del buen gobernante dice que recurrir a impuestos es propio de un gobierno falto de iniciativas más lógicas, razonables o adecuadas, filosofía que no entendió el Partido Socialista cuando gobernó y, según parece, por lo
que hemos oído esta tarde, sigue sin entender. Señorías, aquí sigue habiendo dos posturas encontradas: la de quienes consideran que sólo se pueden llevar a cabo las políticas prioritarias mediante aumento de impuestos y ven en los mismos una
función exclusivamente recaudatoria y la de quienes hemos demostrado que se pueden mejorar las políticas prioritarias (educación, sanidad, pensiones, empleo, medio ambiente o turismo) y, al mismo tiempo, bajar los impuestos. Defendemos que un
sistema tributario no sólo debe recaudar, sino también estar al servicio de la creación de empleo. Debe reconocer, señoría, aunque ha intentado esconderlo -parece que le da vergüenza reconocerlo-, que en esta proposición de ley se plantea la
posibilidad de crear un impuesto semejante a la mal llamada ecotasa balear. Un impuesto altamente negativo y perjudicial, del cual hemos venido manifestando nuestra posición desde el Grupo Parlamentario Popular, que ha sido recurrido ante el
Tribunal Constitucional, que se ha demostrado altamente nefasto para el turismo balear. A pesar de que algunos no quieran ver la realidad y justifiquen lo injustificable, lo cierto es -los datos así lo avalan- que el turismo en Baleares ha
descendido de forma considerable durante los últimos años. Sólo en el año 2002 bajó en un 8 por ciento, más de 800.000 turistas menos fueron a las islas. Mientras que en su comunidad de origen, en Cataluña, creció en más de un 17 por ciento,
500.000 turistas más que el año anterior. Una medida como esta llevaría a restar competitividad a los municipios turísticos, además de provocar un claro enfrentamiento con el sector y por qué no hablar de la repercusión en el mercado laboral. La
creación de un nuevo impuesto llevaría a reducir la cuenta de resultados de los hoteleros, que se verían en la obligación de despedir a algunos de sus trabajadores, tal y como ha ocurrido en Baleares, donde más de 7.000 hombres y mujeres han perdido
su puesto de trabajo por culpa de esta medida. ¿Y para qué ha servido? Para recaudar unos 5.000 millones de pesetas y perder aproximadamente 50.000 millones, además de reducirse la calidad, dado que tendrán menos recursos para la modernización de
equipamientos y establecimientos. Sólo el anuncio de la puesta en marcha de este impuesto puede significar un retroceso de la demanda que tendrá un efecto multiplicador negativo, sobre todo en el sector servicios y en la economía española, algo que
quedó patente con la puesta en marcha de la ecotasa balear.
Si algo me ha sorprendido esta tarde, señor Puigcercós, es que usted mantenga esta iniciativa después del varapalo electoral que el Partido Socialista de Baleares se ha llevado, además de por la mala gestión, claramente por la implantación
de la ecotasa. Cuando la mayoría absoluta de los ciudadanos y las ciudadanas de Baleares han dicho no a la ecotasa, viene usted a la Cámara a intentar convencernos de que hay que aplicar algo similar -aunque S.S. lo maquille, es más de lo mismo- a
nivel nacional. Pues no, el Partido Popular se va a oponer a impuestos como éste. Por eso el próximo presidente de Baleares, el señor Matas, ya ha anunciado que retirará ese impuesto en su isla, algo que le agradecerán no sólo los ciudadanos de
Baleares, sino también el sector. Si hay algo que destacar es que el Gobierno del Partido Popular está aplicando medidas eficaces, oportunas y serias que están contribuyendo a mejorar sensiblemente el sector turístico español; medidas que han
puesto en marcha no solamente los responsables del sector turístico, como el Plan de calidad del turismo en España, el Plan de Infraestructuras, las mejoras de las carreteras españolas, la mejora de las infraestructuras ferroviarias, la construcción
de líneas del AVE, el apoyo al medio ambiente y al desarrollo sostenible, el Plan de lucha contra la delincuencia, la congelación de los módulos, la Ley de nueva empresa para facilitar nuevos proyectos emprendedores, sin olvidar, cómo no, la puesta
en marcha del Plan Hidrológico Nacional, que permitirá que una zona amplia del territorio español tenga, por fin, algo que necesita y que le es fundamental: el agua.
Señorías, nosotros creemos -para terminar- que son estas las políticas que hay que poner en marcha para mejorar el turismo en España. De poco sirve inventar nuevos impuestos que graven el sector y menos copiar impuestos que se han
demostrado claramente perjudiciales en otras comunidades donde se han implantado. Por todo ello, el Grupo Popular votará en contra de su propuesta.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Camarero. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señor Puigcercós), sobre creación del impuesto sobre pernoctaciones en empresas turísticas de alojamiento.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 12; en contra, 171; abstenciones, 104.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, EN RELACIÓN CON LAS COMISIONES APLICADAS EN LAS TARJETAS DE PAGO. (Número de expediente 162/000744.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA EN LA FIJACIÓN DE LAS COMISIONES EN LOS PAGOS REALIZADOS A TRAVÉS DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO.
(Número de expediente
162/000743.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR RODRÍGUEZ), RELATIVA A LAS COMISIONES APLICABLES AL PAGO CON TARJETAS. (Número de expediente 162/000396.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A LAS TARJETAS DE CRÉDITO.
(Número de expediente 162/000748.) (PROCEDENTE DE LA PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN NÚMERO DE EXPEDIENTE 161/002101.)
La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: Proposiciones no de ley.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en relación con las comisiones aplicadas en las tarjetas de pago, que se debatirá conjuntamente con la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta la Gobierno a garantizar la transparencia en la fijación de las comisiones en los pagos realizados a través de las tarjetas de crédito, así como con la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a las comisiones aplicables al pago de tarjetas y la del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las tarjetas de crédito.
En primer lugar, y para la presentación de la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Delgado.
El señor DELGADO ARCE: Señora presidenta, señorías, nuestro grupo parlamentario trae hoy al Pleno del Congreso de los Diputados una interesante iniciativa de impulso que responde a una clara demanda social de los comerciantes, de los
empresarios de servicios y, en general, de todos los consumidores. Se refiere a medios de pago y, especialmente, a los efectuados mediante tarjeta.
Desde su introducción en el mercado financiero español, las tarjetas de pago se han ido convirtiendo en un instrumento fundamental para facilitar los pagos de los consumidores, para agilizar las gestiones financieras de los comercios y
empresas de servicios y para reducir los riesgos derivados del manejo en efectivo; en definitiva, para facilitar las transacciones en el mercado español. Es un importante mercado; hoy en España hay en circulación aproximadamente 53 millones de
tarjetas, unos 600.000 comercios activos, es decir, que aceptan tarjetas de pago, y cerca de 50.000 cajeros automáticos. No obstante, las comisiones percibidas por las entidades financieras en relación con las operaciones que se realizan con la
tarjeta de pago ya han preocupado a los responsables públicos y en 1999 se decidió propiciar un acuerdo entre los representantes de las organizaciones de medios de pago y los de las asociaciones de comerciantes en orden a estudiar los problemas
derivados de la utilización de las tarjetas y, más concretamente, en relación con lo que se conoce con el nombre de tasas multilaterales de intercambio que, como SS.SS. saben, es el porcentaje sobre el importe de la transacción que la entidad
adquirente abona a la entidad emisora de la tarjeta como consecuencia de un pago efectuado mediante dicho instrumento. Distintas son estas tasas a las de descuento que se establecen entre el comerciante y la entidad financiera adquirente. Así, el
12 de mayo de 1999 se alcanzó un acuerdo cuyo elemento fundamental era la paulatina y progresiva reducción de las tasas multilaterales de intercambio como un medio para reducir el importe de las comisiones por la aceptación de las tarjetas. Se
llegó al compromiso de ir rebajando paulatinamente estos porcentajes para que, después de tres años, las tasas multilaterales de intercambio se situaran en un porcentaje no superior al 2,75 por ciento. Este acuerdo se ha cumplido y desde julio de
2002 las más altas tasas multilaterales de intercambio se sitúan en un 2,75 por ciento, aunque hay que recordar que antes de mayo de 1999 podían llegar incluso hasta el 5,1 por ciento. Asimismo, en el acuerdo se contemplaba que las autorizaciones
singulares deberían someterse al Tribunal de Defensa de la Competencia para regular la fijación de las tasas de intercambio. Lo cierto es que el Tribunal de Defensa de la Competencia se ha pronunciado respecto de un expediente de autorización y
otros se encuentran en fase de resolución, con un retraso que queremos evitar. Por ello, instamos a los órganos competentes, para que resuelvan lo antes posible estos procedimientos sobre
tasas de intercambio que se tramitan actualmente. Posteriormente, hay una decisión de la Comisión Europea de 24 de julio de 2002, que se refiere a tasas multilaterales de intercambio en relación con el procedimiento de Visa Internacional.
Finalmente, constatamos avances en la rebaja de las tasas multilaterales de intercambio, pero no estamos satisfechos.
Seguimos considerando que no ha habido una repercusión adecuada en las tasas de descuento que pagan los comerciantes españoles y
que hoy todavía en España las tasas que soportan los comerciantes son más altas que las del resto de Europa. Las organizaciones empresariales más importantes de los sectores de comercio, de hostelería y de turismo nos han trasladado la preocupación
de que las actuales tasas que pagan los comerciantes en España resultan todavía excesivas y requieren soluciones eficaces al respecto, oscilan entre un 0,85 por ciento y un 2,75 por ciento, mientras que en países vecinos como el Reino Unido se
sitúan en un máximo del 1,1 por ciento.
Es cierto que todas estas cuestiones relativas a comisiones y a tarjetas no han sido objeto de una regulación específica. Se ha pensado que era mejor que el mercado las fijase y nosotros, que confiamos en él, hemos visto que las decisiones
de los agentes económicos no han resultado siempre totalmente coherentes desde una visión conjunta del problema. Por eso, una vez que tenemos una doctrina sólida nacional y comunitaria, es el momento de plantearnos arbitrar medidas para garantizar
que las comisiones cobradas por la utilización de las tarjetas de pago se ajusten a los principios de la libre competencia. En definitiva, queremos que las tasas de intercambio se limiten a retribuir de modo transparente y no discriminatorio los
costes de aquellos servicios que de verdad benefician a los comerciantes.
Señorías, hemos mantenido un diálogo con el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en orden a compaginar las partes dispositivas de ambas proposiciones no de ley y hemos llegado a un acuerdo de transaccional respecto a las dos
proposiciones no de ley, la del Grupo Parlamentario Popular y la del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que diría lo siguiente: Se insta al Gobierno a dictar las disposiciones oportunas para garantizar que los sistemas de medios de
pago se ajusten en los procedimientos de fijación de las tasas multilaterales de intercambio a los principios aceptados por las autoridades españolas y europeas de defensa de la competencia. En concreto, las disposiciones que se dicten deben
garantizar: en primer lugar, que los sistemas para la fijación de las tasas multilaterales de intercambio se rijan por los principios de objetividad y de transparencia, de manera que se cumplan los criterios que para la libre competencia han fijado
las autoridades nacionales y comunitarias; en segundo lugar, que las tasas multilaterales de intercambio se fijen sobre la base de las categorías de costes que establezcan el Tribunal de Defensa de la Competencia y las autoridades comunitarias de
defensa de la competencia; en tercer lugar, que los procedimientos para la fijación de los costes mencionados aparezcan debidamente justificados y auditados; en cuarto lugar, que los costes señalados sean objeto de una revisión y actualización
periódica; en quinto lugar, que se someta al Tribunal de Defensa de la Competencia la aplicación concreta de los criterios para la fijación de las tasas multilaterales de intercambio; en sexto lugar, que, con el objeto de garantizar la adecuada
transparencia, se permita a los integrantes de los sistemas de pago revelar a los comerciantes, cuando estos lo soliciten, las tasas de intercambio y, en séptimo lugar, que la fijación de las tasas de descuento, es decir, aquellas comisiones
cobradas por el banco adquirente al comerciante en relación con las operaciones de pago que se realicen a través de los terminales de punto de venta que apliquen las entidades financieras, se fijen también de acuerdo con los principios de
objetividad y transparencia. En cualquier caso, las entidades financieras deberán garantizar una adecuada información al cliente sobre cualquier otro coste adicional que se derive de la utilización de la tarjeta como medio de pago, así como sobre
las condiciones de utilización de los terminales de punto de venta. Asimismo se debe garantizar un adecuado nivel de transparencia y de publicidad en relación con las tasas aplicadas que permita una competencia efectiva y mejore las condiciones de
negociación de los comerciantes con los bancos.
Queremos que el Congreso de los Diputados inste a las autoridades competentes en materia de defensa de la competencia para que realicen un seguimiento de los sistemas de medios de pago, con el fin de
garantizar su adecuado funcionamiento y la máxima transparencia y objetividad en la determinación de las tasas de intercambio. Finalmente, instamos a los órganos responsables en materia de defensa de la competencia a que resuelvan lo antes posible
los procedimientos sobre tasas de intercambio que se tramitan actualmente.
Con esta proposición no de ley cuya aprobación demandamos del conjunto de los miembros de esta Cámara, pretendemos contribuir a resolver un problema que nos plantean los comerciantes, unos comerciantes que ven cómo los consumidores utilizan
cada vez más como medio de pago la tarjeta y que quieren contribuir, con el pago de una comisión, al sostenimiento de este sistema, un sistema que en España es importante, amplio y funciona bien, pero que puede prestarse perfectamente con unas
comisiones menores a pagar por los comerciantes. De tomarse esta decisión por parte del Gobierno se colmarían nuestras pretensiones, pero, además, esta medida redundaría en beneficio de los consumidores. Hoy nos encontramos con el problema de que
en no pocos establecimientos comerciales los consumidores reciben una negativa de los comerciantes a aceptar esa operación al presentar la tarjeta de pago o una recomendación de que no se haga en función
del mayor coste que ello conlleva. Nosotros queremos que este medio de pago tan extendido como es la tarjeta tenga una mayor extensión, que los comerciantes la acepten con interés, con naturalidad, con satisfacción y que los consumidores no
vean limitada su utilización, lo cual producirá un incremento de su uso. Nosotros entendemos que puede y debe repercutirse en los comerciantes una bajada de estas tasas de descuento que, en definitiva, derivan de una bajada necesaria de las tasas
de intercambio. Por todo ello, solicitamos la aprobación de esta proposición no de ley por el Pleno de la Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Delgado.
Para la presentación y defensa de la iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha presentado hoy esta iniciativa parlamentaria, que se está debatiendo en el Pleno de la Cámara, con el objetivo prioritario de instar al Gobierno a garantizar la
transparencia y la objetividad en la fijación de los criterios para las comisiones aplicadas por las entidades financieras sobre los pagos que se realizan a través de las tarjetas de crédito. Si conseguimos garantizar la transparencia en dicho
proceso se va a producir una reducción efectiva de las comisiones que se aplican a los comerciantes españoles cuando el consumidor opta por la modalidad de pago a través de la tarjeta de crédito o, como vulgarmente se denomina, del dinero de
plástico.
Quisiera recordar, señorías, que no es ninguna novedad para esta Cámara que nuestro grupo parlamentario sea uno de los pioneros en estas iniciativas dirigidas a la reducción de las comisiones que se aplican a los comerciantes cuando los
consumidores opten por la modalidad de pago con tarjetas de crédito. Presentamos una proposición no de ley el 15 de junio de 1997 que iba en esta dirección; otra proposición no de ley el 9 de febrero de 1999, que consiguió sensibilizar a todos los
grupos de la Cámara y alcanzar la unanimidad para la creación de una comisión que estudiara todas las modalidades de pago que se realizaran a través de dicho instrumento financiero, así como establecer una rebaja efectiva de las comisiones. También
debatimos en esta Cámara, concretamente en junio del año 2001, una moción en la que se instaba al Gobierno a realizar un seguimiento sobre la situación real y la evolución experimentada por las tasas de descuento satisfechas por los comerciantes y a
trasladar rápidamente a España la rebaja efectiva de las tasas de intercambio, cuando también se produjera en la Unión Europea. También se aprobó que el Tribunal de Defensa de la Competencia realizara un análisis de los acuerdos que determinen los
procesos de fijación de las tasas de intercambio, de forma que se permitiera conocer la evolución de los criterios utilizados para la fijación de las mismas.
A pesar de todas estas resoluciones y de todos estos acuerdos, que contaron con la práctica unanimidad de los grupos de la Cámara, la situación actual es que existe un descontento en determinados sectores empresariales, que abarcan desde el
ramo de la hostelería, pasando por las agencias de viaje, hasta el ramo de las grandes superficies como también, por qué no decirlo, a todos aquellos sectores en los que están involucrados los pequeños y medianos comerciantes del Estado español,
porque no se ha conseguido una reducción efectiva ni tampoco se han fijado unos criterios objetivos que establezcan los costes de las tasas de intercambio.
Es de justicia reconocer aquí el esfuerzo que han realizado todas las entidades financieras españolas en el sentido de que hoy, en España, es posible comprar en cualquier localidad del Estado español a través de esta modalidad, aunque no
exista ninguna entidad financiera, lo que no deja de ser un servicio importante que ofrecen al comerciante y al consumidor. A pesar de que, según todos los criterios, en España no se ha producido una rebaja efectiva de las comisiones de las
tarjetas de crédito, también es cierto -y hay que reconocerlo- que hay algunos sectores o subsectores de la economía que nos han comunicado que, en acuerdos producidos entre entidades financieras y determinados grupos empresariales, se ha aplicado
realmente esta reducción. Por las informaciones que nos vienen de dichas agrupaciones, sabemos que no se ha producido la rebaja global, pero también es de justicia reconocer el esfuerzo que han hecho las entidades financieras para que este modelo
de pago pueda llegar todas las poblaciones de España.
¿Cuál es la utilización de las tarjetas de crédito en España? Actualmente, existen alrededor de 35 millones de tarjetas de plástico en circulación, de las cuales 10 millones son de crédito y 25 millones de débito. En España se produce un
consumo de alrededor de 30.000 millones de euros, unos cinco billones de pesetas. Otro aspecto importante a resaltar es que la modalidad de este sistema de pago en el comercio supone el 8 por ciento del consumo privado nacional, frente a un 20 por
ciento en algunos países de la Unión Europea.
A estas consideraciones habría que incorporar dos aspectos muy importantes, que son los que han motivado la presentación de esta iniciativa por nuestro grupo parlamentario. En primer lugar, las comisiones medias que se aplican en España a
nuestros comerciantes son entre un 200 y un 300 por ciento más elevadas que las que se aplican a los comerciantes de la Unión Europea; o sea, que nuestros comerciantes tienen un coste superior a un 250 por ciento de media respecto a las comisiones
que se aplican en los diferentes tramos comerciales en la Unión Europea.
Lógicamente, esto repercute negativamente en sus cuentas de explotación y en el servicio que se da a los consumidores españoles.
También quisiera manifestar la problemática que sufre un determinado sector, concretamente el sector de gasolineras, que se encuentra con graves dificultades. Hay muchas gasolineras que no aceptan la tarjeta de crédito para el pago de
dichas operaciones, ya que entienden que los márgenes en que se mueven prácticamente son absorbidos por las comisiones de las tarjetas de crédito, con lo cual algunos de ellos no pueden prestar este servicio a los consumidores. Si esta situación se
resuelve, este servicio podría extenderse a todos los sectores de la economía española.
Hay otro aspecto importante que queremos resaltar. Hoy por hoy, existe una diferencia abismal, yo casi me atrevería a decir que abusiva, entre la comisión cargada a una gran superficie y la comisión cargada a un pequeño comerciante en
determinados artículos. Por ejemplo, si una persona compra un lápiz en una gran superficie o lo compra en la tienda de al lado de su casa, la comisión que se aplica a la tienda pequeña es un 2000 por cien superior a la que se aplica a la gran
superficie. Por lo tanto, sería necesario que se redujeran las actuales diferencias abismales a través de esta proposición no de ley, si se aprueba, como estoy convencido que lo será.
Por todos estos motivos y por la decisión de la Comisión Europea del 24 de junio de 2002, respecto a las tasas multilaterales de intercambio de la Visa internacional, nuestro grupo parlamentario ha presentado esta proposición no de ley, en
la que planteamos una serie de criterios objetivos para determinar cuáles deben ser los costes de las tasas de intercambio. Es cierto que ha habido un acuerdo entre el Grupo Parlamentario Popular y el de Convergència i Unió para presentar una
enmienda que clarifique que las tasas de intercambio se puedan fijar sobre los costes de procesamiento de las transacciones, los costes financieros y en función de si la tarjeta es de débito o de crédito y sobre los costes asociados a la garantía de
pago. Nosotros hemos convenido formalmente con el Grupo Parlamentario Popular que la fijación de los costes de las tasas de intercambio se haga sobre todos aquellos aspectos que puedan determinar el Tribunal de Defensa de la Competencia español y
las autoridades comunitarias en función de los aspectos que consideren importantes. También planteamos la posibilidad de que los costes puedan ser revisados y actualizados periódicamente y que la actualización de dichos costes sea debidamente
justificada y auditada.
Si hoy conseguimos que esta iniciativa sea aprobada con el máximo consenso de todas las formaciones políticas, habremos logrado que, antes de que finalice esta legislatura, se pueda hacer efectiva una rebaja de las comisiones que las
entidades de crédito cobran a los comerciantes españoles, reduciendo así las diferencias con las comisiones que se aplican en el resto de los países de la Unión Europea.
La señora PRESIDENTA: Señor Sánchez i Llibre, le ruego concluya, por favor.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Voy concluyendo, señora presidenta.
De esta manera podríamos homologar nuestras comisiones, consiguiendo que existiese una diferencia mínima respecto a las aplicadas en el resto de los países de la Unión Europea. Al mismo tiempo conseguiríamos que desaparecieran esas
diferencias abismales que existen en la actualidad entre las comisiones que se cobran a los pequeños comercios y las que se cobran a las grandes superficies.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Para la defensa de la iniciativa del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
En 1999, este Congreso de los Diputados tomó el acuerdo de crear un grupo de trabajo para estudiar las comisiones que las entidades financieras cobran a los comercios por utilizar los servicios de pago con tarjeta. Al mismo tiempo, se
encargó un informe al Tribunal de Defensa de la Competencia, cuyo resultado fue admitir que efectivamente se requerían ciertas modificaciones para garantizar la libre competencia, de tal manera que el pago con tarjeta se basase en criterios
objetivos de coste y riesgo, atendiendo a diferentes tipos de transacciones y no sólo al sector al que iban referidas. Además, el Tribunal de Defensa de la Competencia recomendaba en su informe que se tuviese que dar autorización para establecer
las tasas de intercambio y sucesivas modificaciones, porque era fundamental para la transparencia del sistema.
Sin duda, a lo largo del año 2002, hubo pequeñas rebajas para igualar las comisiones que se cobran a las grandes superficies a las que se
cobran al pequeño comercio, como producto de todo el debate que se organizó en el año 1999.
Es en este contexto del año 2002, Visa, que controla gran parte del mercado de las tarjetas de crédito, decidió incrementar algo las tasas que cobraba a las grandes superficies, lo que ha provocado que en estos momentos las grandes
superficies comerciales se sumen a las denuncias contra las emisoras de tarjetas de crédito por el abuso, por falta de competencia. Es posible que en el fondo de la propuesta del Grupo Popular esté el entusiasmo de las grandes compañías
distribuidoras del comercio por solucionar un problema que hasta ahora asfixiaba especialmente al pequeño
y mediano comercio. Es este pequeño y mediano comercio el que desde siempre ha protestado contra los abusos en los cobros por las tarjetas de crédito por las entidades financieras. Sus reclamaciones y protestas fueron continuas porque
consideraban que se cobraban comisiones abusivas y tasas de intercambio elevadas. Se puede constatar que había un gran abismo entre el 0,25 por ciento que se cobraba a las grandes superficies hasta el 3,5 por ciento que se cobraba a muchos pequeños
comercios. Como ya se dijo aquí, las diferencias entre el Estado español y la Unión Europea son alarmantes y significan un sobrecoste de 600 millones de euros con respecto a lo establecido por la Comisión en julio de 2002 sobre tasas de
intercambio.
Por lo demás, todos sabemos el gran impacto que causó la entrada en funcionamiento del euro, ya que también impulsó el cobro con tarjetas de crédito. Sin embargo, se está dando el caso de que son España y Portugal los Estados con mayores
tasas de intercambio y con menores índices de fraude. Las tasas de intercambio hoy en día están situadas entre el 0,85 por ciento y el 3,5 por ciento del importe de la operación, y la media normalmente oscila entre el 2,75 y el 2,80 por ciento.
Este es el motivo de que un millón de empresas y tres millones de trabajadores, que representa el 70 por ciento del sector servicios y el 30 por ciento del producto interior bruto, estén claramente preocupados por dar transparencia y por rebajar
sensiblemente estos cobros por las tarjetas.
A principios de mayo de este año la Confederación Española del Comercio, que reúne a 600.000 establecimientos, denunció que aún el 48 por ciento pagaba comisiones por encima del 3 por ciento y que se
estaba violando, por lo tanto, el pacto al que se había llegado en 1999 con las entidades financieras mediante los auspicios del Gobierno, que establecía un descenso progresivo de las tasas de intercambio, desde el 3,5 por ciento al 2,75 por ciento,
y que las tasas de descuento se situasen por debajo del 2 ó del 2,5 por ciento en tres años. En concreto, el 1 de julio del año pasado -según el Gobierno- la tasa de intercambio máxima era del 2,75 por ciento y la tasa media de descuento se situaba
en el 2,7 por ciento -según el Gobierno también- a finales del año 2001. Curiosamente, la propia Servired mantenía, apenas hace unos meses, que la tasa media para todos los sectores era del 2,24 por ciento y que se reducía al 1,53 por ciento en
grandes superficies y gasolineras, lo cual venía a ser un reconocimiento palmario de que esas diferencias entre pequeñas empresas del comercio y grandes superficies eran notorias.
Todos estos sectores están reclamando un nuevo acuerdo, que en este caso iría acompañado de la protesta y la reclamación de las grandes áreas comerciales, que sin duda está provocando el actual debate que tenemos aquí y los muchos conflictos
que hay ante el Tribunal de la Defensa de la Competencia que, como usted sabe, ya impuso multas por prácticas contrarias a la libre competencia en ese terreno. Sin duda, anima a todos los comerciantes a plantear de nuevo el problema el hecho de
que, en Estados Unidos, Visa y Mastercard aceptaron indemnizar a Wal Mart, la mayor distribuidora comercial de Estados Unidos, con 2.700 millones de dólares para evitar que se celebrase juicio en su contra por abuso de posición dominante en este
mercado. También sabemos que en la Unión Europea hubo acuerdos contra Visa por prácticas restrictivas a la competencia, aunque la Comisión acordase con la propia compañía que sus comisiones se redujesen de una forma paulatina hasta alcanzar el 0,7
por ciento en el 2007, teniendo en cuenta efectivamente el coste de procesamiento, el coste de cobertura financiera y la garantía de pago. El acuerdo con Visa significa que hay ánimo de nuevo en el pequeño y mediano comercio y también en las
grandes superficies, pero es fundamental un acuerdo que beneficie a los pequeños y medianos comerciantes. Por eso, nosotros ya habíamos registrado en el año 2001 esta proposición no de ley que hoy se debate, que intenta ser más taxativa que las
presentadas por el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Reza así: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a regular el cobro de comisiones por la utilización de medios electrónicos de pago,
incluidas tarjetas de crédito o débito, estableciendo un límite superior a dichas comisiones que no podrá superar el 1 por ciento del importe total de la transacción.
Con esto no hacemos más que seguir el modelo impuesto por el Gobierno francés en su día.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rodríguez.
Para la defensa de la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Díaz tiene la palabra.
El señor DÍAZ DÍAZ: Señora presidenta, señorías, quisiéramos que esta vez el debate parlamentario fuera útil, en el sentido de que sentara las bases para que las tasas de descuento aplicadas al pequeño comercio en España no fueran
discriminatorias respecto de nuestros competidores en la Unión Europea.
A lo largo del pasado ejercicio 2002, con 35 millones de tarjetas activas, se realizaron compras en comercios por valor de 49.200 millones de euros.
Esta cifra representa algo más del 12 por ciento del consumo privado de la economía
española, lo que indica una penetración ya importante dentro de la actividad comercial de esta forma de pago, así como una aceptación muy alta del consumidor. Las tasas de descuento que el comercio debió pagar por la aceptación de las tarjetas, en
el año 2002, afectaron a la actividad comercial de más 607.000 establecimientos comerciales, gestionados por 475.000 unidades comerciales diferentes, de las cuales 457.000 eran pequeños y medianos
comercios, Son estos los que constituyen la razón de esta proposición no de ley.
El Grupo Parlamentario Socialista quiere llamar la atención de la Cámara porque el pequeño y mediano comercio denuncian sistemáticamente que las tasas de descuento que les aplican las entidades financieras adquirentes se encuentran lejos de
las equivalentes en otros países de la Unión Europea y no se corresponden con criterios de competencia. Que el pequeño comercio tenga que pagar tasas superiores a sus homólogos comunitarios distorsiona su competitividad; que la aceptación de
tarjetas como medio de pago tenga para la mayoría del pequeño comercio una penalización respecto de sus competidores comunitarios indica que algo no funciona, que algo hay que hacer. El problema no está en el sistema financiero español.
Compartimos que no es un problema de eficiencia del sistema, pero creemos que la razón estriba en que los mecanismos de fijación de las tasas de intercambio por parte de las entidades financieras no responde a conceptos objetivos y transparentes, lo
que hace que la competencia no funcione adecuadamente.
Como se ha dicho aquí con anterioridad por los tres diputados intervinientes, en el año 1999, a instancias de esta Cámara, el Gobierno propició un acuerdo entre los sistemas de medios de pago y determinadas asociaciones de comerciantes para
reducir las tasas máximas de intercambio. Se dijo aquí, y es cierto, que el acuerdo se ha cumplido, pero las tasas de descuento para el pequeño y mediano comercio todavía son susceptibles de mayores reducciones.
El Grupo Parlamentario Socialista considera que ha llegado el momento de que esta Cámara genere la doctrina necesaria para que el Gobierno resuelva las reivindicaciones de los comerciantes a través de una definición concreta, en términos de
costes reales, de las tasas de intercambio. Tal definición ha de tener en cuenta tanto la doctrina impartida hasta ahora por el Tribunal de Defensa de la Competencia, que ya ha resuelto sobre uno de los sistemas nacionales -el sistema Euro 6000-,
como la emanada de la Comisión Europea, con la necesaria adaptación a nuestra realidad económica. Hay que recordar que la Comisión Europea ha dictado una resolución sobre tasas de intercambio internacional en el sistema Visa.
La propuesta inicial del Grupo Parlamentario Popular apostaba por una regulación, y sigue apostando por dicha regulación, pero recuerdo al portavoz que esta postura era contraria a la que defendió hace pocos meses en esta Cámara el señor
Rato. Esta propuesta tenía otras pequeñas contradicciones, que en parte están corregidas en la transacción forzada, y nos congratulamos. Decimos transacción forzada porque recoge elementos sustanciales que no figuraban en las propuestas iniciales
de Convergència i Unión y del Grupo Parlamentario Popular; recoge, como doctrina base para la fijación de las tasas de intercambio, la doctrina del Tribunal de Defensa de la Competencia que anteriormente no estaba recogida. Estábamos copiando
miméticamente la doctrina europea y no hacíamos referencia a la española, que en este tema nos parece fundamental. Decimos que es una transacción forzada porque éste no era el texto inicial, pero hay una rectificación importante y nosotros nos
congratulamos de que sea así. La propuesta inicial copiaba la propuesta europea para Visa para transacciones internacionales, pero usted tiene que entender que ésta es una parte marginal dentro del sistema y que lo lógico es recoger la doctrina
española sobre el tema, que en estos momentos está bastante avanzada.
Nosotros quisiéramos saber si va a haber una nueva regulación. Hay ya una regulación aprobada por el Tribunal de Defensa de la Competencia sobre Euro 6000 y nos gustaría saber qué va a pasar con ella. En todo caso, nos parece bien la
corrección que hacen el Grupo Parlamentario Popular y Convergència y Unió de su propio texto.
También nos quedan algunas dudas. Puestos a intervenir para corregir descontentos, ¿por qué no regulan todas las comisiones que se aplican por las entidades financieras y que hoy están bajo sospecha por falta de transparencia y por
considerar que son excesivas? Regulemos otros temas que afectan también a los consumidores, pero no es el motivo de este debate, es simplemente una alusión crítica.
Con todo y porque el Tribunal de Defensa de la Competencia tiene mucho trabajo avanzado, creemos que es más oportuna nuestra propuesta de forzar ya un pacto. En todo caso, vamos a apoyar claramente y sin reservas la propuesta ofertada,
pensando que el Gobierno tendrá estudiadas las consecuencias de su posición y tendrá también un plazo para su materialización. Nuestra propuesta persigue el mismo fin, pero es menos radical o, si se quiere, es más ortodoxa en las formas; lo que
son las cosas, nuestra propuesta es más ortodoxa y menos radical. Nosotros estamos por forzar que la competencia en el sistema funcione -hasta ahora no lo hizo- para, a través de la competencia, terminar con el trato discriminatorio que denuncian
el pequeño y mediano comercio. Nuestra propuesta de Visa, a la luz de los últimos hechos y de acuerdo con posiciones anteriores defendidas por nuestro grupo sobre la materia, coincide con las demandas últimas del sector, y usted dice lo mismo. En
principio, nosotros estamos por forzar un pacto de máximos. Sabemos que el plazo de máximos interesa al pequeño y no siempre al grande y también pensamos que, si hay competencia, los pequeños no pueden financiar a los grandes, y hoy lo están
haciendo.
Por todo ello, presentamos nuestra propuesta, que nos hubiera gustado que formara parte del consenso, pero en todo caso quedará ahí. Se resume en instar al Gobierno, en primer lugar, a demandar al Servicio de Defensa de la Competencia que
vigile para que no se
vulneren las reglas de la competencia en todo lo relativo a las actuaciones de las sociedades de medios de pago y sus entidades financieras, emisoras y adquirentes. Hay que potenciar este servicio con más medios y también atender sus
resoluciones. En segundo lugar, hay que vigilar que los márgenes del sistema financiero en el ejercicio de esta actividad sean los apropiados. Hay que combatir los abusos de tasas de descuento arbitrarias para algunos establecimientos y de tipos
de interés abusivos por descubierto cobrados por algunas entidades para sus clientes; también esto hay que hacerlo. En tercer lugar, hay que vigilar que la tasa de intercambio no se fije arbitrariamente por el sistema financiero y que, por el
contrario, su construcción responda a criterios objetivos y transparentes a juicio del Tribunal de Defensa de la Competencia. Este tribunal debe continuar, para nosotros, con más medios, si cabe, para completar su trabajo. En cuarto lugar, impedir
que los pequeños y medianos comerciantes sufran discriminación negativa con relación a los grandes. En quinto lugar, tomar las medidas que considere oportunas para que, sin vulneración de la legalidad vigente, el descuento al pequeño y mediano
comerciante converja en valor hacia la media europea. En sexto lugar, garantizar que el sistema financiero español se adapte en el período 2004-2006 a la nueva tecnología chip EMB. Este es un tema importante, es un tema fundamental para no perder
el tren tecnológico, requiere grandes inversiones y el Gobierno debe garantizar -en otros temas se ha comprometido y no lo hace- que no se retrase este acceso para no perder competitividad.
La señora PRESIDENTA: Señor Díaz, le ruego concluya.
El señor DÍAZ DÍAZ: Termino en un minuto, señora presidenta.
Que demande del Banco de España la emisión de un informe de prioridad no superior al año, con el fin de vigilar apropiadamente el cumplimiento de las medidas anteriores. Por último, que propicie un pacto entre las asociaciones de medios de
pago y las asociaciones representativas del pequeño y mediano comercio para que, a través del mismo, se produzcan bajadas progresivas ligadas a costes de las tasas de intercambio máximas y en consecuencia de las medias que permitan ulteriores
reducciones de las tasas de descuento, de forma que en un plazo razonable exista una convergencia real en esta materia entre el mercado español y los europeos de nuestro entorno.
Creemos que existen las condiciones necesarias para un pacto entre las partes que conlleve un avance importante en el tema y el Gobierno debe aprovechar el clima creado para propiciarlo. Si no lo hace, puede ser una huida hacia delante poco
responsable. La mayoría tiene la palabra y no quisiera que de este debate salieran grandes expectativas y decepcionantes resultados a corto y medio plazo. Por ello instamos al Gobierno a que lo aprobado se cumpla. Nosotros en todo caso decimos
que se vote la propuesta transaccional y mantenemos nuestra propuesta también para votación.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Díaz.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Vasco va a votar a favor de las proposiciones no de ley presentadas así como del texto transaccional propuesto por el Grupo Popular y por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativo a la fijación y
al control de las comisiones en los pagos realizados a través de las tarjetas de crédito. Y lo va a hacer porque, aunque entienda que los planteamientos de las proposiciones, especialmente la del Grupo Popular, son un tanto tímidas y de escaso
alcance, cualquier paso que se dé en la dirección de abaratar las comisiones, de clarificar y de hacer más transparentes los precios redundará en beneficio de los pequeños comercios y de los clientes.
Creemos que se puede avanzar en la disminución
de la tasa máxima de intercambio, hoy situada en el 2,75, y reducirla sustancialmente hasta el entorno del 1 o del 1,5 por ciento. Dicha medida, amén de contribuir al necesario control de los precios, evitaría situaciones o planteamientos de
algunos comercios que más parecen tercermundistas que propios de países integrados en la Unión Europea.
Me imagino que a más de uno de ustedes les han ofrecido en los pequeños comercios un descuento por pagar en metálico y no hacer uso de su tarjeta de crédito. El comerciante prefiere rebajar el coste del producto al cliente que abonar a la
entidad financiera un importe que entiende desproporcionado por la función que realiza. Estas comisiones son además más gravosas cuando los precios y los salarios están creciendo en torno al 3 por ciento que cuando lo hacían al 10 o al 15 por
ciento. La tasa de intercambio ha de ser tal que no se produzca este tipo de situaciones y que se corresponda con el coste y con los riesgos efectivos que corren las entidades financieras. Los órganos de defensa de la competencia deberán también
vigilar la evolución y los compromisos adquiridos en relación con la tasa de intercambio en defensa de los clientes y comerciantes, frente a las tentaciones de abuso de las entidades financieras y teniendo en cuenta los parámetros de la Unión
Europea.
Esperamos que esta vez y en este caso el Gobierno -y así parece que puede ser- cumpla con lo que piden los grupos parlamentarios, incluido el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre esta materia.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiazu.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Gracias, señora presidenta.
El Grupo de Izquierda Unida va a votar a favor de las proposiciones no de ley presentadas, tanto la del Grupo Parlamentario Socialista como la del Grupo Parlamentario Mixto, y también la transacción que se ha hecho por el Grupo Popular y el
Grupo de Convergència i Unió, porque aunque, como señalaba anteriormente el portavoz del Grupo Vasco, es muy tímida, la propuesta va en esta línea.
El problema de fondo es que este debate es recurrente -ya lo hemos hecho un montón de veces- y parece que inútil o que no acaba de marchar bien.
No se ha conseguido reducir el coste de las tarjetas de pago de una forma efectiva; se
continúan cobrando comisiones arbitrarias y abusando de la posición de dominio; hay una comisión elevadísima a los comerciantes y proveedores de servicios, lo cual afecta de forma generalizada a la pequeña y mediana empresa. Lo que decía el
portavoz del Grupo Vasco en el sentido de que a veces le han ofrecido que pagara en metálico, que no utilizara la tarjeta y que le harían un descuento del 4 por ciento, también yo me lo he encontrado más de una vez. Te lo dicen, es verdad.
Cuando
tiene que trabajar con márgenes bajos el pequeño comerciante, tiene dificultades en el momento si le hacen un descuento de un 4 por ciento en una tarjeta de crédito. También hay una comisión elevada al usuario por la sola posesión de la tarjeta de
crédito.
El conjunto de proposiciones no de ley va en una línea que debía haber sido ya aceptada hace mucho tiempo. Continuaremos votando proposiciones no de ley instando al Gobierno, para ver si definitivamente, pasito a pasito, en la línea de la
transacción de Convergència i Unió y del Grupo Popular, finalmente conseguimos los objetivos marcados.
Gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Frutos.
Señor Delgado y señor Sánchez i Llibre, entiendo que retiran sus iniciativas y se somete a votación el texto transaccional.
(Asentimiento.)
Señorías, sometemos a votación en primer lugar el texto transaccional entre las siguientes iniciativas: proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, en relación con las comisiones aplicadas en las tarjetas de pago, y la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a garantizar la transparencia en la fijación de las comisiones en los pagos realizados a través de las tarjetas de crédito.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 288.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto transaccional propuesto.
Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez, relativa a las comisiones aplicables al pago con tarjetas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 115; en contra, 171, abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa a las tarjetas de crédito.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 115; en contra, 170, abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A LA REORGANIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y LOS MEDIOS DEL ESTADO PARA LA ATENCIÓN DE LA SEGURIDAD MARÍTIMA. (Número de expediente 162/000742.) (CORRECCIÓN DE ERROR EN ESCRITO CON NÚMERO DE REGISTRO
132762.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la reorganización de la estructura y los medios del Estado para la atención de la seguridad marítima.
Para la presentación y defensa de la misma interviene el señor Segura.
(Rumores.)
Señorías, ruego ocupen sus escaños para poder continuar con el debate y sobre todo que guarden silencio. (Pausa)
Adelante, señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista presenta esta proposición no de ley de reordenación de la estructura y los medios del Estado para la atención de la seguridad marítima y lo hacemos
desde la perspectiva del conocimiento del conjunto de desastres que en los últimos veinte años han tenido lugar en aguas jurisdiccionales españolas, sobre las que tiene responsabilidad
la Administración pública del Estado español. Mencionamos en la parte expositiva de nuestra proposición no de ley todo un conjunto de accidentes, consecuencia de los cuales la conciencia ecológica ciudadana en España, en todos los lugares
del Estado español, se ha puesto de manifiesto de forma espectacular, sobre todo a raíz del último accidente, el del hundimiento del Prestige, que ha evolucionado exigiendo dura y claramente a los poderes públicos la adopción de medidas para
proteger la mar y el ecosistema marino. Es evidente, señorías, que se ha generado una gran hostilidad contra los transportes marítimos de crudos, de sus derivados y de todo tipo de productos tóxicos, de mercancías y productos peligrosos, de manera
tal que ha crecido espectacularmente la exigencia a los poderes públicos de adopción de medidas que reduzcan al mínimo los riesgos de accidente y, en consecuencia, de deterioro del sistema marino en su conjunto.
Señorías, la conservación de la naturaleza y la preservación del medio ambiente son hoy en día preocupaciones generalizadas. Es cierto que existe una tendencia a identificar únicamente la contaminación marina con la que procede de los
buques, pero, según la Organización Marítima Internacional, solamente el 20 por ciento de la contaminación marina procede del transporte marítimo y el 80 por ciento restante tiene su origen en tierra. Las últimas circunstancias en España nos tienen
que llevar a plantearnos una reconsideración y una configuración nueva, una reforma seria de la estructura del salvamento marítimo, de la lucha contra la contaminación, de la seguridad marítima y de la defensa de la navegación. Creemos que ha
llegado el momento de contemplar la integración de nuestra infraestructura en un modelo europeo.
Saben SS.SS. que la respuesta que los diferentes países han dado a la lucha del salvamento de la vida en la mar se ha instrumentalizado de manera distinta. Países como Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Reino Unido o últimamente
Italia o Suecia, han puesto en marcha en distintos momentos un servicio de guardacostas que integra todos los recursos operativos y que actúa en estrecha coordinación con todos los medios de que disponen cada uno de esos países. Desde la
perspectiva exclusiva del salvamento marítimo, tenemos muy claro que es menester racionalizar el programa de buques de salvamento. Es necesario aumentar el número de unidades, ampliando capacidades, recurriendo si es necesario a fletar
provisionalmente embarcaciones necesarias en el ámbito internacional. El Estado español debe disponer de remolcadores de altura de capacidades suficientes y modernas. No se dispone de ellas hoy en día, ya que se dispone solamente de remolcadores
de pequeño porte fletados a empresas privadas, que cuestan a la Administración pública española miles de millones de pesetas al año. Nos parece que hay que racionalizar actualmente el programa de centros coordinadores, que hay que impulsar la
enseñanza de la lucha contra la contaminación, que hay que iniciar con urgencia un programa de construcción de buques y de equipos para recoger hidrocarburos y otros contaminantes flotantes, que hay que adquirir e instalar en los centros actuales de
Sasemar el equipamiento necesario para el eficiente control sobre buques, que hay que desarrollar un programa de unidades aéreas, establecer un sistema de cooperación, de medios y de recursos financieros, con aquellas industrias y complejos
petroquímicos situados en el litoral, con el fin de que se equipen de los más modernos y mejores medios de actuación ante emergencias en materia de prevención.
La Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, Sasemar, se creó en la Ley de puertos del Estado y de la marina mercante de 1992. Es un ente público que tiene once años de vida. Nosotros no hablamos de su desaparición ni metafóricamente de
su hundimiento. En absoluto. Nos sentimos muy satisfechos de lo que ha venido ocurriendo en los últimos 20 años en lo que se refiere a equipamientos. En 1982, cuando un Gobierno socialista se hace cargo de estas responsabilidades, no existían
medios. En 1996 se entrega a la nueva Administración del Partido Popular toda una estructura aprobada en esa ley y desarrollada sucesivamente en los años posteriores a la aprobación de la ley. Nos sentimos satisfechos de esa evolución, pero la
realidad que se ha venido imponiendo en los últimos años, al margen de que se produjeron distintos accidentes como el del Erika, ha llevado a las instituciones comunitarias a aprobar normas de muy distinto calado y a su trasposición a nuestro
ordenamiento jurídico. Se acaba de crear en el mes de noviembre pasado, consolidándola con el personal correspondiente, la Agencia Europea de Lucha contra la Contaminación Marina, la Agencia Europea de Seguridad Marítima, que viene recomendando a
los países comunitarios la optimización de los medios de que dispone y viene recomendando la creación en un futuro, cuando se den las circunstancias adecuadas, de la agencia europea de salvamento marítimo, el servicio europeo de guardacostas, para
lo cual cada uno de los países comunitarios tiene que crear su correspondiente servicio nacional de guardacostas.
Por ello hemos presentado nosotros esta proposición no de ley y somos conscientes de que tiene una parte expositiva muy extensa. Por razones de tiempo y de eficacia, en esta intervención no voy a reproducir ninguno de sus contenidos, pero
sí la propuesta de resolución. Conscientes de la evolución de unos medios que en ocasiones han dado la talla y en otras no, pero sin querer mirar hacia ineficacias anteriores más que desde la perspectiva de la vertebración de un medio nuevo,
proponemos que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a desarrollar una nueva línea de estructuración y gestión del salvamento marítimo español según las directrices generales que a continuación se citan. Y planteamos, como propuesta
vertebradora de todas las restantes iniciativas, la creación de la agencia nacional
de seguridad marítima, del servicio nacional de guardacostas, que derivaría de ello. Decimos que la Comisión Nacional de Salvamento Marítimo, que aprobó la Ley de puertos del Estado y de la marina mercante, que ha funcionado reuniéndose en
determinadas ocasiones con la intención de coordinar los medios de las comunidades autónomas, y siguiendo las instrucciones de la Agencia Europea para la Seguridad Marítima, sirva de ente que impulse la optimización de los medios del Estado, medios
que hoy están utilizados por distintos ministerios. Por ejemplo, la Guardia Civil del Mar, del Ministerio del Interior; aquellos medios de que dispone la Armada que no se utilizan para actividades de naturaleza logística; los medios de que
dispone el Servicio de Vigilancia Aduanera, aviones, helicópteros y barcos de muy distinto porte; todo ello desde la perspectiva de la prevención, de la formación, de la vertebración de un modelo que impida catástrofes posteriores.
Es esta una propuesta profundamente positiva; es una propuesta que obviamente se puede rechazar con el valor del voto de cada uno de los diputados, pero tenemos que ser conscientes de que esta es una propuesta que en los años próximos a
buen seguro la va a demandar el Estado español. Es menester dar pasos al frente y proponemos la optimización de los medios de que disponen los distintos ministerios, la integración en un proyecto común, la integración de los medios de que disponen
las comunidades autónomas. Desde esa óptica, señorías, ese servicio nacional de guardacostas puede en efecto, con la frase Nunca Más, que es un desiderátum, intentar que se reduzca al mínimo el riesgo de accidentes, el riesgo de catástrofes
lamentables como las que hemos vivido. Es necesario avanzar en modernizar la estructuración de nuestros medios y por ello, señorías, hacemos nosotros el planteamiento que se recoge en la propuesta número 7. Y es que no debemos mirar hacia otro
lado a sabiendas de que a finales de este año cada uno de los países de la Unión Europea, por mandato comunitario, tiene que definir aquellas zonas que van a ser destinadas a lugares de refugio. En las propuestas de resolución números 3, 4, 5 y 6
hacemos una defensa del medio ambiente marino, de un medio ambiente marino que tenemos la responsabilidad institucional de defender.
El Reino de España tiene 1.500.000 kilómetros cuadrados de lámina de agua por defender, por nuestras aguas pasan
más de medio millón de buques de muy distintas características y tenemos que reducir -como acabo de decir- al mínimo las posibilidades de riesgo, de catástrofe de muy distinta índole.
Propone de forma muy clara esta iniciativa parlamentaria que se inste al Gobierno a avanzar en una serie de líneas directrices para modernizar el equipamiento de que dispone el Estado español, para dar pasos hacia delante en esa
vertebración, sin renunciar a lo que ha sido Sasemar, las capitanías marítimas, las torres de control, todo un mecanismo que se ha venido vertebrando pero que hoy no da el nivel suficiente que requiere la inmensa y compleja temática vinculada al
salvamento de las vidas en la mar. Tenemos centenares de miles de marinos mercantes, de pescadores, de personas que viven vinculadas a la mar; tenemos un país con dos archipiélagos, un país fronterizo con el Magreb, con un tráfico potentísimo de
diferentes mercancías a través del estrecho de Gibraltar.
Nos lo demandan las instituciones comunitarias, nos lo demanda nuestro pueblo, lo demanda la realidad de la modernidad. Pediría a los diferentes grupos parlamentarios -no he querido entrar
en los detalles específicos- que entendiesen que se trata de una iniciativa en positivo. Cómo es posible que las Cortes Generales españolas, después de casi siete meses del hundimiento del Prestige, de manifestaciones públicas de diferentes
características, de centenares de miles de páginas de prensa transmitiendo la preocupación ciudadana, miren hacia otro lado, como me parece intuir que se va a producir esta tarde ante esta propuesta razonable, razonada, modernizadora de nuestras
infraestructuras, donde se le dice al Gobierno sencillamente: Señores del Gobierno, les instamos a que avancen en los estudios y en la vertebración de los diferentes medios de que dispone el Estado español junto con las comunidades autónomas.
Porque en la mar no hay fronteras, no hay aguas jurisdiccionales de Cantabria, ni aguas jurisdiccionales vascas, ni aguas jurisdiccionales catalanas, hay responsabilidades internacionales asumidas por el Gobierno español...
La señora PRESIDENTA: Señor Segura, le ruego concluya, por favor.
El señor SEGURA CLAVELL: Termino, señora presidenta.
... fruto del convenios y fruto de muchísimos tratados internacionales a los que no hemos hecho referencia; inspecciones marítimas en los puertos que no se llevan a cabo por carecer de la plantilla suficiente y de los medios adecuados. Lo
que proponemos es, sobre la estructura de que dispone el Estado español: optimicemos medios, integremos en un proyecto común y pidámosle al Gobierno que avance. No se le pone ni plazo, ni encorsetamiento económico, ni se pide cuantificación
presupuestaria en los ejercicios posteriores, sino avanzar en una línea de establecer esa modernidad.
Señorías, les hago la consideración última...
La señora PRESIDENTA: Señor Segura, le ruego que esa consideración sea en veinte segundos.
El señor SEGURA CLAVELL: Veinte segundos, señora presidenta.
El pueblo español no puede experimentar la decepción que se produciría si no se da luz verde a una serie de recomendaciones al Gobierno de España para modernizar ese equipamiento que permita el salvamento
de las vidas en la mar y la lucha a fondo contra la contaminación ambiental derivada del tráfico marítimo.
Nada más, señora presidenta, y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Segura.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego reconoce el exhaustivo trabajo realizado para la elaboración de esta proposición no de ley que efectivamente trata de un tema de gran importancia para el Estado español, como es la reorganización de la
estructura y los medios del Estado para la atención de la seguridad marítima. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la Presidencia.) Lamentamos que la forma de presentación tenga que ser a través de una proposición no de ley
que, como sabemos, da lugar a un debate reducido, escaso y prácticamente con nulas posibilidades de enmiendas demoradas y en forma adecuada. Este es el motivo por el cual el Bloque Nacionalista Galego no ha presentado ninguna enmienda, porque sería
una forma bastante obtusa de enfrentar un texto de estas características. Realmente, si pudiésemos debatir el texto en una Comisión de forma demorada, como se hace con los proyectos de ley, podríamos presentar muchas enmiendas que nos llevarían a
poder aceptar el texto, a través de un debate común, si se aceptasen cuestiones que van destinadas a eliminar de la proposición no de ley un eje vertebrador que a nuestro modo de ver es excesivamente centralista, muy discutible desde el punto de
vista competencial, si se quiere que las comunidades autónomas que tienen este problema tengan competencias muy incardinadas desde el punto de vista político en sus responsabilidades, lo cual no obvia para nada que pueda haber una coordinación
eficaz con todo el conjunto del Estado. Descentralización y eficacia son sinónimos en muchas ocasiones y no lo vemos reflejado en esta proposición no de ley. Tampoco vemos reflejada en la proposición no de ley, aunque solamente se aluda a ello
desde un punto de vista tangencial, la recuperación de todo lo que tiene que ver con el salvamento marítimo para la Administración pública; es decir, hacer verdad la tesis de que es un servicio público, lo que se empezó a combatir prácticamente
desde 1990 y hoy es una de las causas concomitantes de los muchos accidentes que existen, por ejemplo, el comportamiento de los remolcadores con compañías privadas. Todo esto, por tanto, nos llevaría mantener una posición de respeto pero
abstencionista en relación con la proposición no de ley.
El día 5 de mayo fue registrada y la filosofía de fondo no la podemos compartir. Ciertamente, cuando se habló de actuaciones puntuales complementarias del plan, vimos cómo Galicia prácticamente no figuraba con la debida importancia en lo
relativo a la separación del tráfico de Fisterra y estaba ausente de los planes específicos que sí había para Algeciras, Baleares o Canarias. Tal deficiencia fue subsanada con una nueva propuesta de resolución, registrada el día 7 de mayo, que hace
que nosotros tengamos que mantener una posición más favorable a esta proposición no de ley, un voto afirmativo, a pesar de que seguimos discrepando profundamente del organigrama competencial que presenta.
Estamos de acuerdo en que es un debate
necesario y lamentamos que no lo podamos hacer en otras condiciones. Animamos al grupo proponente a que se pueda buscar alguna fórmula, en la que nosotros colaboraremos, para discutir un plan serio, como el que presenta el Grupo Parlamentario
Socialista, de una forma más adecuada y más conforme con un criterio donde fuera posible la enmienda y el acuerdo por lo menos mayoritario de la Cámara.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rodríguez.
Señor Otxoa, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
El señor OTXOA DE ERIBE ELORZA: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Vasco en el Congreso, ante esta proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista, coincide en muchas de las apreciaciones que ha hecho el anterior interviniente del Grupo Mixto. Es un trabajo profundo,
exhaustivo en algunos puntos, importante y necesario en este momento. Coincidimos con el Grupo Socialista y con su portavoz en que este es un asunto que hay que discutir profundamente. Un trabajo tan importante como este se ha convertido en un
trágala de sí o no. Es un documento base para llevarlo a una discusión en una ponencia específica en Comisión, porque es todo un programa de Gobierno y de reordenación del sector, con unas carencias puntuales desde el punto de vista de un grupo
vasco. Tiene carencias, porque hay competencias autonómicas que no están recogidas en el texto de la proposición no de ley y que a nosotros nos importan mucho por la diversificación que se puede hacer, por ejemplo en las áreas de contaminaciones
puntuales en puertos, etcétera -reiteradamente estamos reclamando esas competencias desde la comunidad autónoma vasca-, y que configura un modelo absolutamente centralista, con el que discrepamos. Sí estamos de acuerdo en el análisis de las
carencias que se hace, pero tendríamos que discutir pausada y seriamente cómo resolverlas. No creemos que la forma más adecuada sea una proposición no de
ley. Pediría al grupo proponente que llevase este documento, que es un magnífico documento de base para discutir, a una ponencia donde podamos, con tranquilidad, mesura y tiempo, contraponer opiniones. Aprobar o no nos parece algo muy
duro, porque estamos de acuerdo en muchas tesis, pero el modelo centralista se nos pone muy en contra. En trámite parlamentario este tema no correspondería a una proposición no de ley. Nos gustaría que se discutiese en una ponencia específica.
Coincidimos con el Grupo Socialista en que hay muchas carencias y muchos problemas que se han puesto de manifiesto en la catástrofe del Prestige y que nadie quiere que se repita. Ningún grupo puede oponerse a que se encuentren soluciones a esas
carencias que han emergido justamente con el hundimiento del Prestige.
Como no podemos votar en contra, pero tampoco a favor, nos vamos a abstener dejando bien claro que nuestra posición política sería poder discutir en una ponencia o en Comisión este trabajo tan exhaustivo que se ha hecho, porque es un
magnífico documento base.
Nada más, señora presidenta. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Otxoa de Eribe.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Hay que felicitar al Grupo Parlamentario Socialista por la iniciativa que ha presentado, entre otras cosas porque demuestra que ha habido un interés específico de muchos grupos de esta Cámara por evaluar cuáles son las condiciones del
salvamento marítimo español, de la situación marítima española en su conjunto y cuáles son las carencias, que se han venido demostrando no solamente a lo largo del último periodo sino desde hace bastantes años y que han tenido su exponente más grave
en la última etapa con la catástrofe del Prestige. Esta proposición no de ley que nos ha presentado el Grupo Socialista es un documento complejo, que casi se podía articular como una proposición de ley no llevada hasta sus últimas consecuencias, lo
que hubiera permitido valorarla de forma diferente por otros grupos parlamentarios que han intervenido. Esta proposición no de ley tiene un valor de conjunto, por eso mi grupo parlamentario, a pesar de las carencias que pueda tener, la va a
respaldar. Esta proposición facilita que veamos el litoral español en su conjunto y no sólo cuando se produce algún tipo de incidente o accidente en una determinada zona del país. Hay carencias en cuestiones de competencias de las comunidades
autónomas, pero también excesos, y cuando digo esto me refiero a competencias que pueden ser de otro ministerio. Es decir, determinados tipos de planes posiblemente habría que hacerlos a través de una comisión interministerial que garantizara la
preservación de los entornos marinos y que, al mismo tiempo, pudiera aplicar la legislación internacional y nacional en materia de protección del medio marino y sobre todo de los ecosistemas que tienen una mayor sensibilidad. Por eso, sería
apropiado que pudiéramos plantear este debate de otra manera. Yo invito al Grupo Parlamentario Socialista a que estudie la posibilidad de hacer un debate más sereno con este documento de fondo, porque nos parece importante y bien articulado. Así,
podríamos discutir las carencias, los excesos y ver la posibilidad de llegar a una actuación política que ponga en claro las necesidades que tenemos en estos momentos para garantizar una mayor protección de nuestras costas y, sobre todo, una mejor
puesta en nuestra legislación de los tratados internacionales y de la directivas de la Unión Europea.
De todos modos, la proposición nos parece importante -por eso la vamos a respaldar- por esa visión de conjunto, por esa visión de los defectos que tiene el sistema en determinadas zonas. El Grupo Socialista ha hecho apartados en cuanto a
los planes de protección de las áreas sensibles prácticamente en todas las zonas marítimas de nuestro país, lo que es importante, muy necesario y en lo que habría que hacer mucho hincapié, además de intentar rentabilizar al máximo no solamente la
posibilidad de nuevos recursos, sino los recursos disponibles en todos los ámbitos de las distintas administraciones para tener una mejor cobertura. Mi grupo parlamentario quiere pensar que esta proposición no de ley lleva implícita la recuperación
no solamente de la gestión, sino de los recursos de salvamento marítimo hacia la gestión pública: recursos públicos, gestión pública y garantía de que no se van a poner por encima de los intereses generales los intereses particulares, legítimos, de
las empresas privadas. Por tanto, señorías, mi grupo parlamentario va a apoyar la proposición no de ley, pero tendremos que estudiar la manera de que este texto pueda ser útil a la Cámara, y por ende a la sociedad, para poder discutir de salvamento
marítimo en términos distintos a los que hemos discutido hasta ahora. Se trata de que salga de la Cámara un intento de presión hacia el Gobierno central para que modifique su actuación, que no ha sido lo clara que debería ser ni lo rentable que
tenía que haber sido para el interés general de la sociedad.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Urán.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Muchas gracias, señora presidenta.
Esta es una iniciativa muy extraña, por decirlo de alguna manera, porque como proposición no de ley es anómala. Llevo muchos años en esta Cámara y nunca
había visto una proposición no de ley que en su mayor parte tuviese tanto contenido de calidad. De todas las maneras, como han dicho otros compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, deberíamos de encontrar en el Reglamento
alguna manera de poder estudiar, analizar y trabajar con este documento como borrador -no utilizo esta palabra con carácter peyorativo- inicial para realizar un buen debate. ¿Cómo se podría hacer esto? No sé si podría ser como una exposición de
motivos, no para añadirlo a otro documento como lectura, sino como motivo para la solicitud de la creación de una ponencia donde se pudiera debatir muy a fondo. Verdaderamente hay cosas muy interesantes en su contenido, pero el tiempo no nos
permite comentarlo ahora en su totalidad, ya que tiene 10 páginas justificando sus motivaciones, con comentarios generales en su primera parte, que incluyen un gran contenido histórico de los accidentes marítimos que han sucedido por el mundo, nos
expone toda la normativa nacional vigente, reglamentos, estatutos de autonomía, convenios y acuerdos internacionales, lo que lo hace muy extenso; nos explica ampliamente la historia de Sasemar -aunque no diré demasiado, porque nunca es demasiado,
pero muy extensamente- y, finalmente, realiza un análisis del vigente plan de salvamento que es donde, en todo caso, se introducen algunas críticas políticas al plan actual.
Se comenta que siendo formalmente correcto contiene graves carencias y se señala que el actual plan es continuista, aunque en todo caso esto sólo puede ser desde una consideración positiva por cuanto, si es continuista, su origen procede de
gobiernos socialistas de legislaturas anteriores. Es muy interesante, pero cuando entramos en la parte dispositiva existen algunos inconvenientes; después de un debate comentado y lentamente analizado el texto se podría mejorar mucho. Encontramos
que en algún momento habla de planes especiales para las Islas Baleares y posteriormente vuelve a referirse a ellas cuando menciona el Plan del Mediterráneo y de las Islas Baleares; últimamente se ha introducido una enmienda que cita a Galicia, en
la resolución número 9, aunque Galicia ya figuraba anteriormente, por lo que a lo mejor se duplica alguna cosa.
Para nosotros tiene una verdadera calidad, pero tiene un grave inconveniente. A grandes trazos la proposición pretende cosas con las que podemos estar de acuerdo, como las que se refieren al accidente del Prestige, que están en la línea de
lo que nosotros pensamos; hay algunos otros temas que pueden ser interesantes, pero si examinamos algunos puntos que se señalan siempre nos encontramos con que el modelo de Administración portuaria que se propone es totalmente centralizado, porque
se propone la creación de una agencia nacional de guardacostas que, de hecho, aglutinaría el total de competencias y funciones que actualmente son ejercidas por diversos ministerios y administraciones. El modelo presentado por el Grupo
Parlamentario Socialista es absolutamente centralista y no deja ningún margen para que en el futuro las comunidades autónomas puedan ejercer funciones de organización y gestión propias en estos ámbitos. La Agencia española está controlada por la
Comisión Nacional de Seguridad Marítima, cuyo modelo está absolutamente centralizado. Nosotros creemos que este documento debería intentar solventarlo o buscar los medios para que otras administraciones puedan intervenir. También creemos que sería
necesario revisar la constitución de la Comisión de investigación sobre accidentes e incidentes, ya que la redacción es un tanto confusa. Así, cuando habla del Plan del litoral peninsular del mar Mediterráneo y de las Islas Baleares se piden una
serie de medidas que habrían de quedar ligadas a otras cosas; digo cosas porque se trata de un plan que está en elaboración en Cataluña, pero en un debate amplio se podría aportar el plan de emergencia y contaminación marítima de las aguas
territoriales, que ahora se recoge en la propuesta del Grupo Socialista. Estimamos que sería interesante que se buscasen las mayores coincidencias. Por otra parte, los actuales 21 centros coordinadores de salvamento se pretende reducirlos a seis,
ninguno de ellos en Cataluña. Tampoco se hacen referencias a Cataluña, donde no hay ubicación de nuevos buques de salvamento, cuando tenemos una zona petroquímica sumamente importante, lo cual implica riesgos. Sí se prevé que se ubique en
Tarragona una estación de bases de actuación para la lucha contra la contaminación, aunque se dice que se ubique preferentemente. En todas partes se ubica la base de actuación y en Tarragona, que es un sitio clave, se pone preferentemente, que es
un condicional. Asimismo, sería necesario que se concretase más el papel de las comunidades autónomas a la hora de establecer los puertos de refugio, ya que es un punto crucial en la ordenación de la costa. Todo esto, señorías, nos impide apoyar
esta proposición no de ley, aunque pensamos que la votaríamos favorablemente en el momento en que esta iniciativa fuese modificada mediante un debate sosegado, ya que el contenido de la proposición no de ley necesita mucho estudio, mucho trabajo.
Por lo tanto, pediríamos al grupo proponente que buscase la manera de que este texto pudiese ser discutido más detenidamente.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Sedó.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ayala.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, señor Segura, yo no le voy a negar en ningún caso la buena fe ni el trabajo que ha realizado para presentar esta proposición no de ley ante esta Cámara. Desde luego lo que no estoy dispuesto
a consentirle es que diga que en una materia como esta nosotros, si no la apoyamos, estamos mirando hacia otro lado. Me parece absolutamente impropio y además la contestación no se la tengo que dar yo, sino que se la han dado los
representantes de los otros grupos parlamentarios, que han puesto de manifiesto la precipitación, la enjundia, el lugar inadecuado, etcétera, de esta proposición no de ley, que motiva que con independencia de que alguno tuviera más voluntad de
apoyarla expresamente o se va a abstener o ni siquiera la puede apoyar. Por tanto, las prisas con las que se ha presentado este tema y su propia intensidad hacen que no podamos verlo en este momento con buenos ojos, pero -insisto- no podemos
admitir en absoluto que eso suponga que miramos hacia otro lado.
Entre otras cosas, usted no nos ha instado esta tarde aquí a seguir en la coordinación, en el trabajo, en la elaboración y en el control de una materia tan delicada y que nos preocupa
tanto como es la seguridad marítima. Usted ha presentado una alternativa al plan nacional vigente, que desde luego no es adecuada para una proposición no de ley. Hay un plan nacional vigente y usted ha presentado una alternativa tan alternativa
que utiliza sus propios epígrafes y sus propios contenidos para darle otro tipo de regulación. Por tanto, usted no está recomendando, usted está revolucionando el plan nacional actualmente vigente. Entiendo, señor Segura, que usted tenga afán de
ser Gobierno, pero todavía tiene que esperar un poco, y desde luego en este caso está usted suplantando las funciones propias del Gobierno. Repito que reconozco su trabajo, su buena voluntad, su buen hacer y su dedicación a este tema, pero ha
logrado usted un trabajo farragoso, reiterativo, inconexo y de alguna manera mal fundamentado. Afirmar alegremente que la financiación del modelo que usted propone estaría cubierta por la simple aportación de los recursos y de las subvenciones
europeas, que ni señala ni justifica, me parece por lo menos atrevido, señor Segura.
Su proposición contiene el plan alternativo al que ya he hecho referencia y siete actuaciones complementarias a las que luego me referiré; siete actuaciones complementarias, que en principio fueron seis y a las que unos días más tarde
adicionaron, como corrección de errores, una propuesta complementaria -permítame que le diga que algo improvisada- para salvar in extremis la clamorosa omisión de Galicia. A pesar de los aplausos que usted ha recibido, hay que decir públicamente
que ustedes se olvidaron del plan para salvar Galicia, y lo único que han hecho ha sido incorporar como novedad los planes de ría. Por otra parte, señor Segura, es una pura contradicción ideológica con el planteamiento que ha venido sosteniendo su
grupo permanentemente desde el año 1992. En 1992 ustedes crearon las capitanías marítimas para dejar a la Armada fuera de este control, y ahora quieren que la Armada sea la guardiana del servicio de la agencia de guardacostas. Ustedes asignaron
unas funciones concretas a la Guardia Civil del Mar que habían creado en el año 1986 y ahora se las quitan; ustedes se basaban en el principio de coordinación y ahora en el de integración; ustedes establecieron la necesidad de un plan nacional,
que nunca hicieron, y una comisión nacional, que nunca desarrollaron. Sin embargo, ahora cambian todo eso, le dan una nueva denominación, yanqui por otra parte -espero que haya tenido usted el aval de su musa ideológica para que sea guardacostas y
no le vayan a reñir por haber utilizado esta terminología-, y tratan de solventar un modelo que no habían cerrado en ningún caso y que ha obligado a este Gobierno a poner en marcha cuestiones muy importantes y de mucha trascendencia, como la
aprobación del Plan Nacional de Contingencias; la Comisión Permanente de Investigación de Siniestros Marítimos; la aprobación del cuerpo especial facultativo de la Marina Civil o la celebración por primera vez en Cartagena de la conferencia
sectorial de salvamento marítimo, que reunió a todas las comunidades autónomas y a Ceuta y Melilla, con la intención de coordinar auténticamente las labores de las distintas administraciones que tenían intereses en presencia. Esa conferencia
sectorial que ya conoció el anteproyecto de real decreto sobre composición de la Comisión nacional, que luego se aprobó. Asimismo, se ha puesto en marcha el Plan Nacional de Servicios Especiales, que finalmente se aprobó por acuerdo de Consejo de
Ministros de 12 de julio de 2002.
Señor Segura, el modelo tampoco ofrece satisfacción absoluta al Grupo Popular. No nos gustó en el momento de su implantación, y hoy, a pesar de las reformas y mejoras que le hemos introducido, tampoco nos satisface.
Como tenemos sentido de
Estado y no improvisamos, y esta proposición -se lo han dicho los demás grupos, no se lo digo yo- nos parece una absoluta improvisación, hemos ido completándolo, adaptándolo y modernizándolo y queremos seguir en ese camino. Incluso hemos
establecido ya un modelo teórico de colaboración con las comunidades autónomas y hemos hecho también el desarrollo reglamentario de la Comisión nacional. Le quiero recordar que el plan vigente apuesta por un aumento progresivo de los medios
públicos, sin olvidar lo privado, y así está prevista la inmediata contratación de los cuatro buques especializados que en el mismo se contemplaban. Se han duplicado los presupuestos públicos para la seguridad marítima y el mismo plan apuesta por
una mejora de la coordinación, haciendo una integración operativa, que no orgánica, del funcionamiento de nuestro salvamento.
Quiero decir aquí que ante siniestros no sólo como el del Prestige, que se cita siempre, sino también el del Tricolor, es de justicia señalar que el Plan Nacional de Salvamento era adecuado y funcionó en la dirección correcta. También
reconocemos que son hechos que justifican una amplia y seria reflexión que en ningún caso suponga paralización, sino reforzamiento de las
grandes líneas que contiene el plan, un incremento de los medios de remolque y la progresiva publicitación de los actuales servicios. No podemos olvidar que existe un servicio ordinario, normal, en el cual no sería prudente introducir
trabas innecesarias porque tiene sus propios medios para trabajar en el mar en condiciones de normalidad y para el mejor cumplimiento de sus funciones. Son otras cuestiones, otras situaciones especiales o de interés nacional, las que exigen -y así
se lo reconocemos- que se optimice mucho más su eficacia y rentabilidad a través de su integración operativa para los casos de catástrofe o demás ocasiones que se determinen, bajo un mando único funcional con rango administrativo adecuado,
facultades suficientes y mecanismos jurídicos claros. En ese camino está trabajando el Gobierno.
No obstante, señor Segura, tendría que explicarnos aquí cómo no ha tenido en cuenta en su proposición no de ley la nueva organización funcional de la Armada, con el establecimiento del almirante de acción marítima, que puede dar cobertura a
ese mando único del que le he hablado anteriormente, dada sus capacidades y tradición de mando y control. No sabemos por qué tiene que desaparecer la Guardia Civil del Mar, las misiones que actualmente está haciendo. Crean caprichosamente una
comisión nacional de seguridad cuando existe la de salvamento y trasladan al servicio de guardacostas la inspección marítima, mezclándola con funciones operativas. Señor Segura, le he escuchado con mucha atención y sin gesticular. Sólo le pido que
haga usted lo mismo conmigo. Es un modelo, con toda sinceridad, que mezcla la inspección con la operatividad y con la organización, lo cual no parece que sea lógico ni razonable. El Gobierno, señor Segura, estudia desarrollar la integración
operativa con base en las conclusiones de cooperación y colaboración de la citada conferencia de Cartagena, con la nueva organización de la Armada y la colaboración con los tres niveles horizontales, de la Guardia Civil en inmigración, de Hacienda
en aduanas, del Ministerio de Fomento en salvamento y de Agricultura en cuestiones de pesca, y con las comunidades autónomas. Asimismo, se establece un mecanismo en los casos de grave catástrofe y bajo mando único, que de forma automática aúne
todas las capacidades de los distintos agentes señalados en el momento que se produzca la circunstancia. Por tanto, el Gobierno está dispuesto a llegar a este objetivo de integración operativa para buscar la unidad de mando y la acción del Estado
en la mar para las ocasiones que se determinen.
Por contestar a las propuestas concretas que usted señala, con respecto al dispositivo de separación de tráfico de Finisterre, en Galicia, debería saber que el 27 de febrero España presentó formalmente ante la OMI un nuevo dispositivo de
control de tráfico, estableciendo dos vías complementarias de mercancías peligrosas para acrecentar la seguridad, que se establecen adyacentes a la actual zona y más alejado de la costa, para que el tráfico actual no ocasione ningún perjuicio, que
va a obligar a una inversión de 6.800.000 euros para ampliar la cobertura de las comunicaciones.
Con respecto a las otras propuestas relativas a Canarias, Baleares, el litoral peninsular del Mediterráneo y la zona especial de Galicia, España, conjuntamente con Francia, Portugal, Reino Unido, Irlanda y Bélgica, con el apoyo de la Unión
Europea, está tramitando el establecimiento de zonas marítimas especialmente sensibles y la retirada acelerada de servicio a nivel mundial de los petroleros monocasco. Creo que también conoce usted la experiencia que hemos tenido, tras la
conferencia de Málaga, de la cooperación entre Francia y España para el tráfico en el estrecho de Gibraltar.
Con respecto al punto 7, las recomendaciones al Gobierno entendemos que son precipitadas, y con respecto al programa específico de la bahía de Algeciras...
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Le ruego concluya, señor Ayala.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Voy terminando, señora presidenta.
... con independencia de que son necesarias la competencia y la colaboración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Gobierno tiene un plan especial para dicha bahía de Algeciras, a pesar de que la Comunidad Autónoma de Andalucía no ha
aprobado su plan interior, necesario para la misma.
Señor Segura, el Grupo Popular también reconoce que es necesario un diálogo sosegado, y así se lo ofrece y pide al Gobierno. Pero este Congreso no es el que tiene que decidir si hacen falta siete remolcadores o cuatro aeronaves, como hace
usted en su proposición, sino decir cuáles son las directrices, controlar su ejecución, y en esa vía sí estamos dispuestos para abordar un tema tan sensible, tan trascendente y tan de futuro como es el de la seguridad en el mar. No obstante, en los
términos en que nos hemos expresado, no podemos apoyar su proposición no de ley.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón):Muchas gracias, señor Ayala. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la reorganización de la estructura y los medios del Estado para la atención de la seguridad marítima.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 279; a favor, 108; en contra, 154; abstenciones, 17.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE POLÍTICA DE VIVIENDA. (Número de expediente 173/000205.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LAS RAZONES DEL FRACASO DEL GOBIERNO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PERMITAN EL ACCESO A LA VIVIENDA. (Número de expediente 173/000206.)
La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre política de vivienda, que se
debatirá conjuntamente con la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las razones del fracaso del Gobierno en las políticas públicas que permitan el acceso a la vivienda.
Para la defensa de la moción del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Miralles.
La señora MIRALLES I GUASCH: Gracias, señora presidenta. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Miralles.
Señorías, ruego guarden silencio. (Pausa.)
Adelante, señora Miralles.
La señora MIRALLES I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Señorías, podríamos poner muchos datos, decenas de datos y en cada uno de ellos reluciría que ninguna de las medidas anunciadas por el Gobierno del Partido Popular, desde esa famosa modificación del suelo de 1996 hasta las últimas propuestas
de carácter electoral donde ustedes mismos admitían su fracaso, ha funcionado en estos últimos siete años. El precio de la vivienda sigue subiendo, la vivienda pública sigue disminuyendo, la cuota de alquiler sigue bajo mínimos históricos y los
pisos de alquiler social siguen sin existir, por lo que hemos conseguido que la repercusión del precio de la vivienda sobre el presupuesto familiar se sitúe en el 50 por ciento. ¿Se han fijado ustedes de que en España no se habla de vivienda? No
se habla de tipologías de vivienda, no se habla de barrios, no se habla de ciudades en relación con la vivienda. En España, cuando hablamos de vivienda siempre hablamos del problema de la vivienda. En este país la vivienda se ha convertido en el
gran problema. Por esto y en esta línea, el Partido Socialista viene desarrollando una serie de iniciativas desde hace ya bastante tiempo para poner soluciones a ese gran problema de la vivienda.
La iniciativa de hoy se presenta en forma de moción consecuencia de interpelación que se desarrolla en ocho puntos. El primero propone que, con carácter adicional a las ayudas previstas al vigente plan de vivienda, el Gobierno central
conceda subvenciones para la creación de un parque público de vivienda de alquiler destinado básicamente a jóvenes y a familias con graves problemas socioeconómicos; para la compra de viviendas para esos dos colectivos; para alquiler de viviendas,
vivienda nueva y vivienda usada, a precio tasado para jóvenes en primer acceso a la vivienda, y también para la compra de suelo por parte de empresas públicas autonómicas o locales, destinado a la creación de patrimonios públicos de suelo.
En segundo lugar, esta moción propone que se intensifique la declaración de áreas de rehabilitación en colaboración con los ayuntamientos, donde se establezcan oficinas de rehabilitación y asesoramiento y se fomenten las ayudas necesarias en
materia de rehabilitación para recuperar patrimonio arquitectónico y contribuir a revitalizar núcleos urbanos degradados.
En tercer lugar, la moción nos propone que el Gobierno concierte con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos un programa de suelos de titularidad pública, sea estatal, autonómica o local, de forma que al menos el 40 por ciento de
los suelos que se incorporen al programa se destine a la construcción de viviendas públicas en alquiler y el 20 por ciento a VPO. Dicho programa sería acorde con los objetivos de recuperación integrada de las áreas degradadas de las ciudades y
tendría como objetivo la promoción de viviendas de alquiler a precio asequible.
También se destinaría a la creación de nuevas ayudas para los propietarios de inmuebles desocupados que se ofrezcan a jóvenes para su arrendamiento.
En cuarto lugar, nuestra moción propone que el Gobierno cree un grupo de trabajo integrado por representantes de las tres administraciones, por expertos y también por representantes de organizaciones sociales y del sector inmobiliario, que
propondrían en el plazo máximo de un año una nueva legislación estatal sobre valoración del suelo y sobre expropiaciones forzosas, que se base en el valor de reposición del suelo y favorezca la iniciativa privada bajo control público en materia de
organización, edificación y rehabilitación, evitando el mantenimiento de suelos o de inmuebles sin uso social.
En quinto lugar, que el Gobierno retire los recursos presentados ante el Tribunal Constitucional contra las leyes autonómicas en materia de suelo, como premisa imprescindible de un pacto sobre el suelo entre las tres administraciones, que
obviamente comportará también la retirada de los recursos interpuestos ante el
Tribunal Constitucional contra la legislación estatal en la materia.
En sexto lugar, el Gobierno debería presentar en el plazo máximo de un año una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, encaminada a incrementar la seguridad jurídica y patrimonial de las partes, sin olvidar el compromiso de ayuda fiscal
a los propietarios de viviendas de renta antigua con inquilinos de menores ingresos.
En séptimo lugar, que el Gobierno plantee ante la Unión Europea la introducción de un IVA superreducido del 2 por ciento para todas las viviendas de protección pública.
En octavo y último lugar, el establecimiento de un programa de actuaciones para el fomento de la calidad en la edificación, sobre todo en la vivienda protegida, que incluya la elaboración de guías técnicas para la construcción y el fomento
de distintivos de calidad, la promoción pública de viviendas bioclimáticas o viviendas de protección pública sostenibles y la implantación obligatoria del libro de control de calidad de la edificación, junto al libro del edificio destinado a los
consumidores finales de la vivienda.
Estos ocho puntos resumen a grandes rasgos nuestras propuestas para que el problema de la vivienda pase a ser sólo la vivienda, y que podamos hablar de vivienda con relación a barrios, a edificabilidad y a ciudad.
Por lo que respecta a la enmienda de sustitución a la moción presentada por el Grupo de Convergència i Unió, queremos incorporar algunos puntos.
Por ejemplo, el primer punto sería una adición a nuestro punto primero; el segundo punto no lo
podemos aceptar, pero sí el tercero; nos parece que tendríamos que haber tenido más tiempo para poder valorar el punto cuarto; el quinto y el sexto serían aceptados, no así el séptimo, sí el octavo, no el noveno ni el décimo, porque nos parece que
esto ya está incluido en el texto de nuestra moción; e incluiríamos el punto once y no el punto doce, porque el punto doce coincide exactamente con nuestro último punto.
Respecto al texto de la moción presentada por el Grupo de Izquierda Unida, nosotros lo votaremos a favor porque básicamente estamos de acuerdo en todos sus puntos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Miralles.
Para la defensa de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las razones del fracaso del Gobierno en las políticas públicas que permitan el acceso a la vivienda, tiene la
palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, después del debate de hace casi dos semanas, en el que el ministro de Trabajo, en representación del Gobierno, vino a contarnos lo bien que funcionaba el plan de vivienda en nuestro país, el número de viviendas que se habían
construido, el número de posibilidades que tenían fundamentalmente las personas jóvenes para poder acceder a esa vivienda digna y de calidad, es decir, vino a comentarnos lo que ya tanto hemos debatido en esta Cámara, siguen ustedes sin ofrecernos
los datos y las políticas que nos convenzan de que la realidad es distinta a lo que ustedes nos vienen a plantear aquí. Esa realidad sigue siendo tozuda, esa realidad sigue diciéndonos que los sectores más desfavorecidos de la sociedad,
fundamentalmente las personas jóvenes, tienen cada vez más dificultades para poder acceder a una vivienda digna y de calidad, que ni tan siquiera tienen posibilidades de acceder a esa vivienda por diferentes cuestiones que aquí, en esta tribuna, les
expusimos hace casi dos semanas por parte del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Que ha habido un fracaso de las políticas en materia de vivienda por parte del Gobierno del Partido Popular, aunque ustedes no lo quieran reconocer, es
incuestionable. Ustedes mismos siguen introduciendo modificaciones, aunque no reconozcan verbalmente que han fracasado sus políticas, en el mismo sentido, en la misma línea, que seguirán fracasando. La última fue la aprobación de ese real decreto
que, señorías, sólo viene a favorecer la especulación. No introducen ninguna medida que la contrarreste y siguen sin intentar, ni tan siquiera incidir, que en la correlación de fuerzas dentro del mercado de la vivienda, en colaboración con las
comunidades autónomas y con las corporaciones locales, se establezca un equilibrio que permita no solamente defender los intereses de las empresas inmobiliarias, sino también el interés general de la ciudadanía -interés que esta Cámara y el Gobierno
también tendrían que defender-, que es un derecho constitucionalmente reconocido.
Mi grupo parlamentario plantea, con independencia de más aspectos que no se recogen hoy en esta moción y que ya hemos debatido en varias ocasiones en esta Cámara, que se deben modificar esas políticas de vivienda.
Nosotros hacemos hincapié
en que esa modificación tiene que tender fundamentalmente a invertir el precio de la vivienda en el mercado y que se tiene que hacer desde la Administración y las instituciones públicas.
¿Cómo? Con una intervención pública directa -y ya sé que eso
no les gusta al menos al Grupo Parlamentario Popular y al Gobierno- que permita que haya un equilibrio dentro del mercado, porque, señorías, el mercado no se equilibra por sí sólo y menos en materia de vivienda, donde se dan circunstancias mucho más
amplias de las que aquí podamos estar permanentemente denunciando o discutiendo. Por eso insistimos en la necesidad de crear los patrimonios públicos de suelo, porque son los que van a permitir
que se incida desde la Administración en el precio del suelo, tanto en colaboración con las comunidades autónomas, que son las que fundamentalmente se tienen que implicar en estas medidas, como con el Gobierno central y los ayuntamientos.
También planteamos que se tienen que promover las cesiones de suelo a los ayuntamientos para que se destinen a la promoción de equipamientos sociales pero también a la promoción de vivienda pública, ya sea en régimen de compra o en régimen
de alquiler, porque nos parece que las instituciones tienen que incidir en que las viviendas de promoción pública lleguen a esos sectores de la población que tienen menos recursos y condiciones para poder acceder a una vivienda digna. Creemos que
también desde la Administración central, que además no tiene ningún pudor en intervenir en las competencias de las comunidades autónomas cuando lo cree necesario, a través de la conferencia sectorial y de la Federación Española de Municipios y
Provincias, se debe llegar a una política coordinada en materia de urbanismo para que éste no esté al servicio de la especulación, sino de la calidad de vida de los ciudadanos, y eso tiene que ver con la creación de viviendas públicas.
Después tenemos un segundo apartado que creemos que es importantísimo. Las comunidades autónomas, fundamentalmente los ayuntamientos, cada vez tienen mayores competencias, y nosotros eso lo compartimos, pero también deben tener mayor
financiación. Muchos de los ayuntamientos del Estado español tienen que recurrir a la venta de suelo o a que las dotaciones de equipamientos que se tendrían que dar a través de los porcentajes en las construcciones se tengan que destinar a recursos
públicos porque no tienen recursos económicos suficientes para poder poner en marcha, no solamente políticas de vivienda, sino incluso las políticas propias de un ayuntamiento con las competencias que tiene establecidas. Por eso planteamos que es
necesario iniciar un incremento de la financiación local, es necesario que los ayuntamientos tengan cada vez una mayor autonomía económica para que puedan llevar a cabo este tipo de viviendas, para que puedan crear patrimonios públicos de suelo,
para que puedan crear empresas que después puedan poner en el mercado, ya sean viviendas de protección pública o en régimen de alquiler, y que después se puedan matizar los precios tasados que tienen que salir al mercado.
Planteamos que a través de la cooperación con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos se aporten los recursos técnicos y económicos, porque hay muchas corporaciones locales que no los tienen, para que se puedan crear institutos
municipales de la vivienda, o llámenlos SS.SS.
como quieran, patronatos públicos de vivienda, empresas públicas de vivienda -la finalidad es la misma- para que se promuevan, se gestionen y se pongan en el mercado viviendas de protección pública
para acceder fundamentalmente los jóvenes en régimen de alquiler mayormente o en régimen de compra, pero sobre todo para crear los parques de vivienda pública de alquiler.
Por último, nuestra moción plantea el establecimiento de convenios de cooperación con las corporaciones locales para la creación de reservas obligatorias de suelo para la construcción de viviendas de protección oficial, viviendas sociales, o
cualquier otra tipología de vivienda que tenga algún tipo de tutela pública, y eso tiene que garantizar un nuevo desarrollo urbanístico. Si se fijan SS.SS. nuestra iniciativa lleva un hilo conductor claro y concreto, y es que desde la
Administración pública se intervenga en el mercado de la vivienda creando no solamente los patrimonios de suelo público, sino también las instituciones que sean necesarias para que se puedan poner en el mercado viviendas de protección pública en
propiedad o en régimen de alquiler.
Si continuamos con la misma línea política que se ha venido adoptando desde hace ya varios años, seguiremos estando en la misma situación que ahora, agravándose año a año de cara a la ciudadanía más joven, pero fundamentalmente de cara a un
aumento continuado y excesivo de los precios de las viviendas con las connotaciones económicas que eso tiene para las familias, que además no lo dice el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sino que se lo están diciendo a ustedes el Banco
de España y las cajas de ahorro que cada vez el endeudamiento de las familias es mayor, su esfuerzo económico es mayor y los riesgos que se corren con esta situación cada vez son mayores para la vida normalizada de esas familias con los recursos
económicos necesarios.
La enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió no se la podemos aceptar como enmienda de sustitución. Sin embargo, si el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió así lo admite mi grupo parlamentario está
dispuesto a aceptar como enmienda de adición el número 2 de su moción, cuando habla del establecimiento de los precios de las viviendas de protección oficial regulados por las comunidades autónomas; su apartado 3, cuando habla de la reintroducción
en la deducción fiscal en el IRPF del alquiler de viviendas; el apartado 5, que se refiere al incremento de las ayudas públicas destinadas al acceso a la vivienda; el apartado 6, que habla de las medidas de financiación de los costes de
rehabilitación de viviendas vacías para incorporarlas a las viviendas en régimen de alquiler. El apartado 7, desde nuestro punto de vista, creemos que ya está incluido en nuestra moción y por eso no lo aceptaríamos. El apartado 9, que es el IVA
superreducido al dos por ciento para las viviendas de protección pública, además de la propuesta del IVA a la Unión Europea. El apartado 10, relativo a las iniciativas legislativas tendentes a la construcción de viviendas de protección oficial, que
aunque creemos que está contenida en nuestra moción, quedaría más explícita, pero siempre como enmienda de adición. El
apartado 11, en cuanto al análisis que hay que hacer de la Ley de Arrendamiento Urbanos, y el apartado 12, en cuanto a los impulsos de las vías técnicas para la construcción de las viviendas de calidad y para la implatación del control de
calidad en la edificación y medidas de carácter medioambiental en la construcción de viviendas. Con la adición de estas enmiendas, lo que se hace es remarcar más el contenido que plantea la moción del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
ya que vienen a complementar algunos aspectos. Creemos que con esto el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) puede ver reflejadas sus expectativas.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado una enmienda de sustitución con doce apartados, con una frase inicial que enmarca a todos ellos y que
se resume en que todas las medidas que puedan adoptarse en el seno del Congreso de los Diputados para mejorar la política de vivienda en España se realicen con pleno respeto a las competencias de las comunidades autónomas. Por tanto, la aceptación
parcial de diversos puntos de nuestra enmienda de sustitución, tanto por parte de la señora Urán, de Izquierda Unida, como por parte de la señora Miralles, del Grupo Parlamentario Socialista, sería con esa propuesta global de pleno respeto a las
competencias de las comunidades autónomas.
Si es así, mi grupo votará a favor de ambas mociones.
A la hora de fijar la posición en materia de política de vivienda, mi grupo plantea a la Cámara doce medidas concretas, sabiendo que no van a ser una varita mágica en caso de ser aprobadas, pero estamos convencidos de que incidirían en uno
de los objetivos a los que hacía referencia la señora Urán: que exista mayor promoción pública de vivienda destinada al régimen de alquiler o a unos precios tasados en la adquisición de vivienda en régimen de propiedad. Por tanto, vamos en esa
dirección. Para conseguir ese mismo objetivo, mi grupo plantea medidas que tiendan a aumentar la oferta de vivienda en alquiler. En España hay poca oferta de vivienda en alquiler porque no hay tradición y los precios se han disparado. De ahí que
debamos aumentar esa oferta, y para hacerlo mi grupo propone destinar subvenciones a la promoción de viviendas en alquiler, siempre que exista un compromiso del promotor de que esa vivienda de protección pública en alquiler lo será como mínimo
durante un período de 25 años. De ahí que mi grupo plantee esa línea de subvención, pero no para un alquiler fugaz, sino para un alquiler con vocación de permanencia, que es el objetivo que mi grupo cree que se necesita para hacer esa mayor
promoción.
De la misma forma, mi grupo plantea la necesidad de establecer mayores incentivos fiscales que favorezcan el parque de viviendas en alquiler. Se ha hablado de ello en la campaña electoral, pero nosotros ya lo hacíamos antes. Hemos pedido
beneficios para la rehabilitación de viviendas destinadas a alquiler, incentivos fiscales a la oferta de vivienda en alquiler y la reintroducción en la parte estatal del IRPF de la deducción del alquiler de viviendas cuando esa vivienda sea la
residencia habitual del contribuyente. Es de justicia social introducir una deducción del alquiler que paga ese contribuyente en el IRPF para los supuestos de residencia habitual.
Mi grupo plantea también diversas medidas en ese ámbito del fomento del alquiler. Una de ellas, nuestro punto seis -celebro su aceptación por parte de ambos grupos-, es impulsar medidas de financiación de los costes de rehabilitación de
viviendas vacías con la finalidad de incorporarlas al mercado de viviendas en alquiler. En las grandes ciudades, especialmente en Barcelona, mi ciudad, existe un gran parque de viviendas que nos consta que están vacías. Contribuyamos a su
rehabilitación siempre que consigamos al final que esa vivienda que ahora está vacía, que vamos a rehabilitar, se destine a alquiler. De ahí que mi grupo plantee esta propuesta, así como también la necesidad de crear por parte de empresas públicas
autonómicas o locales un parque público de viviendas en alquiler destinadas a jóvenes en primer acceso, así como a familias con graves problemas socioeconómicos. No entendemos que no acepte este punto el Grupo Socialista y celebramos que sí lo haga
expresamente el Grupo de Izquierda Unida, porque entendemos que es importante crear esos parques.
Señora Miralles, compartimos lo del IVA superreducido, pero sabemos que existe una limitación comunitaria. De ahí que mi grupo plantee -y estamos de acuerdo con ustedes- que el Gobierno, ante la Unión Europea, que es donde se puede
modificar ese marco normativo, proponga ese IVA del 2 por ciento. Lo compartimos. Pero sabiendo que en este momento no existe esa normativa europea que lo favorezca decimos que se aplique el 4 por ciento en todo tipo de viviendas de protección
oficial. ¿Por qué? Porque en este momento todavía no se aplica en el conjunto de viviendas de protección oficial. Nosotros decimos que sí, tanto si son de promoción pública como si son de promoción privada. En estos momentos no es así y de ahí
que tampoco entendamos que no se acepte esa literalidad de nuestro punto 9.
Tampoco entendemos, señora Miralles, que el Grupo Socialista no acepte un punto que la señora Urán ha entendido claramente por qué lo planteábamos.
Existen unos límites cuantitativos que van a acotar actualmente
quiénes pueden adquirir una vivienda protegida. Los precios de la vivienda, por ejemplo en Barcelona, en Hospitalet, en Cornellá, se han disparado y quien quiera adquirir una vivienda no puede hacerlo precisamente por ese precio, cuando no
es una vivienda que en términos de mercado esté disparada, pero cuyo precio real sobrepasa los límites establecidos. ¿Qué pedimos? Que las comunidades autónomas puedan flexibilizar esos límites para que un mayor número de familias con pocos
ingresos puedan acceder a esas viviendas protegidas. De ahí que entendemos que este es un punto importante. Como también lo es nuestro punto 10. El punto 10 de nuestra moción alternativa va dirigido a lo que está siendo un uso habitual, y es que
terrenos de RENFE, de la Guardia Civil, terrenos que antes estaban destinados a cuarteles militares y que por la supresión del servicio militar que se acordó en la pasada legislatura se van a desafectar, decimos que no vayan directamente a la
subasta, que lo que tenemos que hacer con ese conjunto de terrenos es destinarlos a la Administración pública para que construya viviendas de protección oficial. En esa línea iba también el acuerdo de la conferencia sectorial. De ahí que mi grupo
tampoco entienda, señora Miralles, que no se acepte ese punto 10, al que también se refería expresamente la señora Urán cuando decía que era plenamente idóneo. Terrenos que ahora tiene RENFE, así como cuarteles de la Guardia Civil, que van a dejar
de tener utilidad en Cataluña con el proceso de sustitución de la Guardia Civil, de la policía por mossos d'esquadra, decimos que no vayan directamente a la subasta, al mejor postor. Hay cantidad de casas-cuartel que van a quedar liberadas. Cuando
esos terrenos se desafecten destinémoslos a la Administración pública para que pueda hacer esa promoción de viviendas de protección oficial. Entendemos que puede contribuir a ese objetivo común que creo que tenemos todos los grupos, que es aumentar
la oferta de vivienda de protección oficial y aumentar la oferta de vivienda dirigida también a alquiler. Este es el sentido de los distintos puntos de nuestra moción alternativa.
Mi grupo se congratula de que tanto el Grupo Socialista como el Grupo de Izquierda Unida acepten parcialmente diversos apartados de adición en la votación. Celebro también que se acepte en la parte inicial que todo ello se haría respetando
las competencias de las comunidades autónomas.
Repito, señora presidenta, señorías, que no existen varitas mágicas, que tampoco podemos hacer discursos demagógicos en el sentido de plantear a la Cámara que aprobando estas medidas seguro que vamos a
solucionar el problema de la vivienda, porque no tiene una solución fácil e inmediata, pero sin ninguna duda debemos adoptar medidas. Las líneas que van en la moción que se plantea, con la incorporación de estos puntos de Convergència i Unió para
su votación, van en la buena dirección. De ahí que mi grupo votará favorablemente tanto la moción del Grupo Socialista como la de Izquierda Unida, con la introducción de los distintos puntos que planteaba Convergència i Unió.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Otxoa.
El señor OTXOA DE ERIBE ELORZA: Gracias, señora presidenta.
Es evidente que la preocupación por la carestía de la vivienda y la inexistencia de suficiente parque de viviendas de alquiler figura al menos en los programas electorales de todos los partidos. Como miembro del Partido Nacionalista Vasco
estamos contentos de que muchas de las medidas aquí propuestas ya están puestas en marcha en el País Vasco -por cierto, por una consejería llevada por un miembro de Izquierda Unida- y por tanto, en nuestra solidaridad estamos de acuerdo con que
éstas se lleven al resto del Estado. A lo que sí somos sensibles, como no puede ser de otra forma, es que si esto lo hemos realizado con unas competencias autonómicas, no se nos cercenen en este momento y en esta fase de planteamiento en estas
Cortes Generales. Por tanto, entendemos -y queremos remarcarlo así, esperamos la confirmación por los grupos proponentes- que esa frase introducida por la enmienda del Grupo Catalán de que el Congreso de los Diputados, respetando las competencias
de las comunidades autónomas, considera necesario... y a raíz de ahí vienen todos los puntos, es acertada y evidentemente votaríamos también a favor de las dos mociones.
Por otro lado, rogaría al Grupo Socialista que reconsiderase su postura de la no aceptación de algunos puntos, y no voy a insistir en ello, que ha remarcado el representante de Convergència i Unió, porque creemos que enriquecen esa
propuesta. Le pediría sencillamente que reconsiderase el añadir, como ha hecho el Grupo de Izquierda Unida, esos puntos a su moción, que tendría nuestra aprobación explícita. Insisto, esperemos que esto que ya está funcionando en parte en el País
Vasco, se traslade al resto del Estado, porque aunque no sea una solución mágica, sí creemos que es poner los cimientos de una buena edificación.
Nada más, señora presidenta. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Otxoa.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Ortiz.
El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Señora presidenta, señoras y señores diputados, vaya por delante que la posición de mi grupo, como sin duda esperan los proponentes, es de rechazo o de no aceptación de las
mociones, por razones de orden general y por razones específicas respecto de cada una de las propuestas concretas. En cuanto a las primeras, hay fundamentalmente dos. Una de orden, digamos, filosófico-económico.
Estamos en presencia de
dos modelos distintos de política de vivienda, dos modelos distintos de política de suelo, que es el factor fundamental en materia de política de vivienda: un modelo intervencionista y un modelo liberalizador. Obviamente, el partido al que yo
represento en este momento está en la línea del modelo liberalizador y no puede estar sino en desacuerdo con mi antagonista y a pesar de todo amiga, la señora Urán.
Todas las propuestas, tanto de la moción del Grupo Socialista como de la de Izquierda Unida, de un modo o de otro, más o menos ajustado a los textos, están contempladas y en marcha en las políticas de vivienda del Gobierno. Al referirme a
las políticas de vivienda del Gobierno, obviamente sin resucitar el debate que llevó a cabo el señor Zaplana, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en sustitución del señor Álvarez-Cascos, diré que son las siguientes. En primer lugar, el acuerdo
sobre vivienda y suelo logrado con todas las comunidades autónomas, con la excepción del Grupo de Izquierda Unida en la persona del señor Madrazo, del Gobierno vasco, y las gobernadas por el Partido Socialista y suscritas el pasado día 22 de enero
del año 2003. Esta política de suelo nos parece más clara como planteamiento de objetivos y más ajustada a la realidad, y en materia de suelo la realidad sí que es tozuda. Los acuerdos adoptados el 22 de enero están mucho más cerca de la realidad
que las pretensiones de las comunidades autónomas, sobre todo de las gobernadas por el Partido Socialista.
En segundo lugar, está el plan de vivienda 2002-2005, cuyos pormenores y grado de cumplimiento es espectacular, un 104 por ciento, y que el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en sustitución del ministro de Fomento, explicitó en su
intervención. Las medidas fiscales de fomento del alquiler, las que SS.SS. no han tenido en consideración, contempladas en el Real Decreto-ley 2/2003, ya convalidado por esta Cámara y convertido en la Ley 10/2003, de 20 de mayo, después de un
larguísimo debate a impulso de todos los grupos, hay que subrayar que suponen nada menos que la rebaja del tipo normal del 35 por ciento del impuesto sobre sociedades al 5 por ciento o al 1 por ciento, con un esfuerzo de generosidad tributaria y
fiscal, con un incremento de gasto fiscal importante.
Finalmente, las últimas medidas fiscales -que alguno de SS.SS. ha calificado de electorales, pero que ahí están- son propósitos anunciados por el Gobierno de un modo muy reciente y suponen la exención del impuesto de donaciones en las
transmisiones de vivienda habitual entre padres e hijos y entre cónyuges, la deducción del 20 por ciento de los gastos de arrendamiento con el límite de 840 euros y la deducción del 20 por ciento de las inversiones en vivienda usada cuando ésta se
destine a alquiler, con un límite de hasta 900 euros. Todas estas medidas componen un conjunto de políticas fiscales que engloban y dan satisfacción a las propuestas de las mociones, tanto de Izquierda Unida como del Grupo Socialista.
En estos términos no tengo más remedio que salir al paso de la expresión fracaso de la política del Gobierno, que ha utilizado doña Carmen Miralles, y la señora Urán incluso en el rótulo de la moción. No hay tal fracaso. No se puede hablar
de fracaso cuando el parque de viviendas del país se ha incrementado en los últimos años frente a las cifras de los años 1994 y 1995, de 200.000 viviendas anuales a 500.000 en los últimos cuatro o cinco años, concretamente 519.686 en el año 2002.
Esto quiere decir que las necesidades de vivienda han tenido salida a través del mercado de vivienda libre, que indudablemente ha introducido una alza en la demanda de vivienda y de los precios. Pero cuando esta bolsa de necesidades esté
satisfecha, como empieza a estar, se producirá, como dicen los expertos, una evidente inflexión en los precios a corto plazo.
El plan de vivienda 2002-2005, que tiene unas ayudas generosas, es el plan más social de cuantos se han planteado hasta ahora, y está fundamentalmente dirigido a personas y grupos de población con ingresos medios y bajos. Desde esta
perspectiva, y con este planteamiento, no podemos ratificar la expresión de fracaso de la política de vivienda.
Respecto a las propuestas concretas, y en primer término a las del Grupo Socialista, diré que la primera supondría un incremento del 50 por ciento de las subvenciones, lo que significaría un aumento del gasto público incompatible con el
principio de equilibrio presupuestario. Esta cantidad supera la capacidad financiera del Estado y generaría inflación, además de no tener un fundamento objetivo, puesto que el programa para 2002 del plan se ha cerrado con un nivel de cumplimiento
del 104 por ciento, como recordó el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
En cuanto a la petición de más medidas de fomento del alquiler de viviendas, tengo que decir que es reiterar lo ya existente, tanto en las dos rebajas del IRPF como en el Decreto-ley 2/2003, de 25 de abril, sobre medidas de robustecimiento y
recuperación del alquiler.
En lo que se refiere a las áreas de rehabilitación, recuerdo el Real Decreto de 11 de enero de 2002 que las considera actuaciones protegidas y, por otra parte, quiero subrayar que la implantación y el mantenimiento de oficinas de gestión son
competencia de los entes públicos territoriales.
En el punto cuatro se propone destinar el 40 por ciento de los suelos de titularidad pública a viviendas públicas en alquiler. Aquí hay que decir que en el acuerdo sobre vivienda y suelo ya está contemplado que los suelos de titularidad
pública se dediquen preferentemente, prioritariamente a viviendas de protección oficial, pero sin fijar un porcentaje concreto del 40 por
ciento. No queremos meternos en una línea de tasación de objetivos. Así se pactó con las comunidades autónomas y queda que las comunidades gobernadas por el PSOE se adhieran, aunque sea a posteriori, al acuerdo de vivienda y suelo, donde
se establece que la aplicación preferente o prioritaria en los suelos de titularidad pública será la vivienda de protección oficial y que el procedimiento de enajenación será el concurso, nunca la subasta, lo cual se reitera en el proyecto de ley de
patrimonio de las administraciones públicas, que actualmente está en trámite, en el que se da carácter excepcional a la subasta.
La creación de un grupo de trabajo para una nueva legislación estatal sobre valoración de suelo carece de sentido, ya que esa legislación de suelo ya está aprobada por esta Cámara y está en las páginas del Boletín Oficial del Estado, la Ley
10/2003.
Otro tanto cabe decir de los recursos de inconstitucionalidad. Los recursos se plantearon por invasión de competencias del Estado por parte de las autonomías y tan pronto como desaparezcan los motivos de impugnación no habrá ningún
problema; mientras subsistan los motivos de impugnación y de inconstitucionalidad será difícil su retirada.
En cuanto a la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos en razón del incremento de la seguridad jurídica, hay que recordar la reforma ya anunciada por el Gobierno de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La modificación del artículo 22 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil acorta los plazos y los tiempos de los juicios de desahucio, con independencia de otras iniciativas del Gobierno en la misma línea.
Respecto a la aplicación del tipo superreducido, del 2 por ciento, aparte de ser muy importante, hay que recordar a los portavoces que, según las directivas comunitarias, sólo caben dos tipos reducidos y ya se están aplicando: el 7 y el 4.
La pretensión de aplicar el tipo del 2 por ciento no tiene sentido. Sí compartimos la tesis del portavoz de Convergència i Unió de la aplicación generalizada del tipo reducido del 4 por ciento a las viviendas de protección oficial.
La señora PRESIDENTA: Señor Ortíz, su tiempo ha concluido.
El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Acabo, señora presidenta.
Respecto a las propuestas de Izquierda Unida, diré que son tan semejantes con el parentesco recientísimo de Izquierda Unida y el Grupo Socialista que no vale la pena detenerme en ellas. Diré lo mismo, que están contempladas en la política
del Gobierno.
En definitiva, afirmo que el Gobierno del Partido Popular tiene el propósito claro, preciso y concreto de afrontar el problema de la vivienda y de su acceso y, segundo, que puede que otros grupos políticos tengan el mismo interés en el
problema de la vivienda, pero no más que el Gobierno del Partido Popular, antes, en y después de las elecciones. En materia de vivienda, han lanzado ustedes un proyectil y, perdónenme la expresión, les ha salido el tiro por la culata.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ortiz.
Señora Miralles, tiene la palabra a los efectos de indicar la aceptación o rechazo de las enmiendas.
La señora MIRALLES I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Nosotros aceptamos la frase 'respetando las competencias de las comunidades autónomas', y también quiero decir que no aceptamos algunos de los puntos de Convergència i Unió porque consideramos que están incluidos en nuestra moción y que
aceptarlos sería repetirlos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Miralles.
Señora Urán, tiene la palabra a los mismos efectos.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Señora presidenta, a los mismos efectos quiero indicar para tranquilidad tanto del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) como del Grupo Parlamentario Vasco que no hay ningún inconveniente en introducir
la frase 'respetando las competencias de las comunidades autónomas' y los puntos de la enmienda del grupo de Convergència i Unió que ya he aceptado desde la tribuna.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Urán.
Señorías, sometemos a votación en primer lugar la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre política de vivienda, con la incorporación de la frase 'respetando las competencias de las comunidades
autónomas' y los puntos números 1, 3, 5, 6, 8 y 11 de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 275; a favor, 122; en contra, 153.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda sobre las razones del fracaso del Gobierno en las políticas públicas que permitan el acceso a la vivienda, que se somete a
votación con la incorporación de la frase 'respetando las competencias de las comunidades autónomas', así como los puntos números 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11 y 12 de la enmienda presentada
por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 276; a favor, 123; en contra, 152; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS MEDIDAS DE POLÍTICA GENERAL QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO PARA IMPULSAR MEDIDAS DE FOMENTO Y APOYO AL TERCER SECTOR. (Número de expediente 173/000207.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de política general que tiene previsto adoptar el Gobierno para impulsar medidas de fomento y apoyo
al tercer sector.
Para la presentación y defensa de la misma tiene la palabra el señor Campuzano. (Rumores.)
Señorías, es preciso que continuemos con el debate, por lo que les ruego que guarden silencio y ocupen los escaños o abandonen el hemiciclo.
(Continúan los rumores.)
Señorías, ruego por favor que ocupen los escaños o abandonen el hemiciclo al objeto de poder continuar con el debate. Hay un diputado en la tribuna esperando poder hacer uso de la palabra. (Pausa.)
Adelante, señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Subo a la tribuna para defender la moción de Convergència i Unió que pretende que el Gobierno impulse un paquete de medidas orientadas a articular una política de apoyo a la sociedad civil organizada, el denominado tercer sector, de interés
cívico y social. Son políticas que, como expusimos en el transcurso de la interpelación que mantuvimos hace 15 días con el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, al entender de Convergència i Unió, debían basarse en tres ejes o ideas
fundamentales.
El primer eje o primera idea es más confianza y menos burocracia. Nos parece que una política orientada a dar capacidades a la sociedad civil para participar en el desarrollo de las políticas públicas del Estado del bienestar, una política
orientada a hacer posible que la sociedad civil sea el elemento generador de confianza y de sentimiento de comunidad, implica también una capacidad de las administraciones públicas de dar confianza y no crear trámites burocráticos innecesarios que
compliquen la vida de la sociedad civil. Esa idea de más confianza y menos burocracia la podemos concretar en cinco de los 12 puntos que contiene la moción de Convergència i Unió. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la
presidencia.) Más confianza y menos burocracia quiere decir no permitir que el impuesto sobre sociedades se convierta en una losa para las pequeñas y medianas entidades de nuestro tejido social, que a través de la ley que regula ese impuesto de
sociedades están obligadas a presentar las correspondientes declaraciones para sus rentas exentas en el impuesto sobre sociedades. Eso va a suponer un ahogo para la sociedad civil real en nuestros pueblos y en nuestras ciudades. Un primer punto de
nuestra moción plantea la idea de promover la modificación de la Ley del impuesto sobre sociedades para no obligar al tejido asociativo a dar respuesta a esa obligación legal, entendiendo que es una obligación legal para una parte de la sociedad
civil que no tiene ningún beneficio fiscal, pues estamos hablando de aquellas entidades que no tienen la condición de utilidad pública y que no son fundaciones, que no se benefician específicamente de un marco fiscal favorable, sino que simplemente
dinamizan nuestra sociedad civil.
Más confianza y menos burocracia quiere decir también dar contenido a la denominada cláusula social, una previsión contemplada en la Ley de contratos del Estado que prevé que las administraciones públicas puedan hacer una discriminación
positiva hacia las entidades del tercer sector en la prestación de servicios de carácter social. El Gobierno de Cataluña la está desarrollando, diversos ayuntamientos de Cataluña la están desarrollando y el Estado ahí tiene una cuestión pendiente.
Más confianza y menos burocracia significa estudiar la posibilidad de que funcionarios públicos cojan excedencias para participar en el tercer sector. Más confianza y menos burocracia supone introducir mecanismos que puedan permitir que aquellas
organizaciones no gubernamentales y asociaciones sin ánimo de lucro que tienen relaciones con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y se beneficien de esas subvenciones a lo largo de los años puedan organizar sus subvenciones de manera
plurianual con convenios que garanticen durante tres o cuatro años, a través del contrato-programa, el desarrollo de su actividad. Más confianza y menos burocracia implica convertir el trámite de la declaración de utilidad pública en un trámite
claro, transparente, no sometido a la arbitrariedad de la Administración Tributaria y que realmente sirva para favorecer a aquellas entidades que de verdad sirven al interés público y al interés general. Hoy en el conjunto del Estado es escasísimo
el número de asociaciones que se pueden beneficiar de ese concepto.
Segundo eje o idea: más recursos. Fortalecer la sociedad civil implica más capacidad de movilizar recursos de todo tipo para fortalecer las capacidades del tercer sector desde las administraciones públicas y, en este caso, desde la
Administración del Estado. En
nuestra moción planteamos diversas consideraciones. En primer lugar, pasar en la asignación del IRPF del 0,52 al 1 por ciento. Nos parece que la capacidad de solidaridad de los ciudadanos a través del IRPF puede ser un buen instrumento
para generar más recursos para estas políticas. En segundo lugar, plantear la reforma de la Ley de mecenazgo, aprobada hace escaso tiempo pero que no nos satisface desde el punto de vista de las deducciones fiscales, que prácticamente están
situadas en el mismo nivel en el que lo estaban en la legislación del año 1995. En ese sentido va nuestra propuesta para que los 150 euros primeros del donativo de un ciudadano estén cien por cien exentos. Más recursos también implica ser capaces
de vincular el Plan de inclusión social con el Plan de empleo.
Más recursos también implica ser capaces de dar respuesta al problema del aseguramiento de las entidades de voluntariado, a las previsiones del artículo 8 de la Ley del voluntariado,
que obligan a las entidades a dar una respuesta en materia de aseguramiento a personas mayores, por ejemplo, y que no encuentran satisfacción.
En último lugar, la última idea es más capacidad de intervención y promoción desde el ámbito de las comunidades autónomas; capacidad de gestión de la distribución de las subvenciones vinculadas al 0,52 por ciento y capacidad de intervención
en la declaración de utilidad pública.
Nos parece que más confianza, menos burocracia, más recursos y más capacidad de fomento y de intervención desde las comunidades autónomas deben ser los ejes de una política pública orientada a crear valores
cívicos, a fortalecer el sentimiento de comunidad y a hacer partícipe al conjunto de la sociedad en los asuntos públicos. Eso pasa por compartir responsabilidades y, por tanto, señorías, por una determinada política del Gobierno. Hay cosas que
quizá no dependan del Gobierno, sino que van a depender de la iniciativa de la sociedad y de la gente, pero las cuestiones que planteamos con nuestra moción dependen fundamentalmente de que exista una política pública en esa materia. En esta
legislatura, en este tramo final, tenemos el compromiso de dar respuesta a problemas urgentes que no pueden esperar a que el Gobierno apruebe un libro blanco ni un plan estratégico que desde hace cuatro años tiene pendiente.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Campuzano, su tiempo ha concluido.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Son cuestiones que tenemos que ser capaces de abordar ya.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Campuzano.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Velasco.
El señor VELASCO SIERRA: Gracias, señora presidenta.
Intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista en esta moción consecuencia de interpelación propuesta por Convergència i Unió.
En primer lugar quiero decir que nos parece una moción interesante, si bien hay que destacar que es un conglomerado de puntos diversos que afectan a bastantes leyes como la de la Hacienda Pública y la de Asociaciones que hace poco aprobó
este Congreso de los Diputados y que abre un debate motivado por unas preocupaciones y unas reivindicaciones históricas que tiene el movimiento asociativo. Nuestra principal preocupación en lo referente al incumplimiento del Gobierno en esta
materia son las diferentes resoluciones aprobadas por el Congreso de los Diputados mediante proposiciones no de ley y mociones consecuencia de interpelación aprobadas por unanimidad de todos los grupos y que instan al Gobierno a realizar un estudio
que viniera a esta Cámara y en el que se nos informara cómo está el sector y cuáles son sus dificultades, para poder aprobar entre todos resoluciones y medidas para ir atajando los problemas del movimiento asociativo y todo lo que afecta al tercer
sector. Nos parece mal que no se hayan cumplido las resoluciones del Congreso de los Diputados aprobadas por unanimidad en ese sentido. Quiero recordar que apoyábamos el tercer sector, una vez eliminado el servicio militar obligatorio y con la
desaparición de los voluntarios, para pasarlos al tercer sector para que las asociaciones no se vieran mermadas. Son resoluciones que fueron aprobadas por todos los grupos y que no se han cumplido.
La Ley de Asociaciones es también una asignatura pendiente del Gobierno porque todavía no se ha elaborado el reglamento ni se ha consultado tampoco con los grupos políticos. Ya es hora de que, una vez aprobada la Ley de Asociaciones con un
consenso bastante amplio en esta Cámara -los puntos que discutíamos y en los que no estábamos de acuerdo fueron mínimos-, se traiga a la Cámara el reglamento y se consensúe con el mayor número de grupos políticos. Muchísimas de esas medidas podían
quedar reflejadas en el reglamento de la Ley de Asociaciones. Al no ser así, nos parece correcto el planteamiento de Convergència i Unió de presentar medidas en esta moción para intentar ir resolviendo los problemas del movimiento asociativo.
También hemos de destacar que no dudo que algunas comunidades autonómas hayan podido consultar, como Convergència i Unió, con diferentes asociaciones afectadas por estos problemas, pero señalamos una falta de consenso a nivel nacional o más bien de
una consulta a las organizaciones, porque las medidas que hoy se proponen afectan a todo el territorio. Nosotros sí hemos contactado con algunas organizaciones y, garantizando el equilibrio territorial, estaríamos de acuerdo en la descentralización
del IRPF, con esa salvedad.
No puede ser que cada comunidad se quede con
todo lo que aporta, sino que debe haber un equilibrio territorial para no desfavorecer a las que menos tienen. Ese es uno de los puntos en que podemos discrepar algo, pero lo matizamos en ese sentido.
Para ir terminando, también nos gustaría que sobre la base del consenso social con los sindicatos, que siempre se pide en esta Cámara en medidas que les afectan a ellos, pudiéramos ver la excedencia de los funcionarios como un tema abierto
de debate en el que dicho consenso con los sindicatos sería un paso adelante para ir consolidando este sector. De todas formas, creemos que no se resuelve el fondo de la cuestión con estas iniciativas, pero si hoy aprobáramos algunas de ellas,
daríamos un paso muy significativo, y por ello abogamos por que entre todos los grupos políticos que conformamos esta Cámara demos un paso de gigante para solucionar los problemas del sector a través del reglamento de la Ley de Asociaciones.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Velasco.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: Gracias, señora presidenta.
Señor diputado, fíjense que no hacemos turno en contra sino que vamos a fijar nuestra posición porque no podemos estar en contra de una iniciativa de esta naturaleza, como tampoco estuvimos en contra en el debate que hubo hace 15 días con el
ministro de Trabajo en la interpelación correspondiente.
Recuerdo, señoría, que a principios de la legislatura anterior, en el año 1996, recibía en el Congreso a la recién creada plataforma de organizaciones no gubernamentales de acción social, y me he obligado a repasar de manera rápida y
telegráfica lo que ha sucedido en estos años, desde 1996 hasta 2003, y si hay algún término que puede caracterizar la acción del Gobierno del Partido Popular entre 1996 y 2003, es precisamente la recuperación de la confianza con la sociedad civil.
Lo digo desde la perspectiva de 1996 hasta ahora. Evidentemente, podemos coincidir S.S. y yo en que hay cosas que deben mejorar y cosas que son insuficientes. Pues sí, y para eso estamos, para seguir avanzando y seguir mejorando. Pero se
recuperó la confianza y no se trata por tanto de una cuestión de desconfianza. Además de recuperarse la confianza se recuperó el diálogo social. Y además de recuperarse el diálogo social, se recuperó algo muy importante, que es el acuerdo, porque
el diálogo es para llegar a acuerdos. Eso no debe extrañar a nadie, señor diputado, porque en este grupo parlamentario creemos fundamentalmente en la iniciativa privada, y creer en la iniciativa privada es creer en la sociedad civil porque ambas
cosas son lo mismo. Telegráficamente: Un plan estatal de voluntariado 2001/2004. Un plan de informatización de las entidades y asociaciones sociales. La Ley de asociaciones, la Ley de fundaciones, la Ley de mecenazgo, que superaba cuestiones
preconstitucionales, que daba más autonomía, transparencia y calidad a la gestión de las organizaciones sociales, que mejoraba el tratamiento fiscal y la participación de la iniciativa privada para promover las iniciativas sociales. Programa de
fomento del empleo cada año. No tengo que relatar a S.S. la cantidad de medidas de fomento del empleo en todos los aspectos y sectores de nuestra sociedad que se han promovido desde este Gobierno porque los resultados y los datos están ahí y
también son fruto del acuerdo, del diálogo y del consenso. En fin, por poner un ejemplo, en 1999 se hizo la reforma del sistema de financiación de las organizaciones no gubernamentales a través del IRPF, con acuerdo de las organizaciones no
gubernamentales, planteando lo que ellas proponían, hasta la creación del Consejo estatal de organizaciones no gubernamentales de acción social. Precisamente, señor diputado, ahora está trabajando un grupo de trabajo para tratar las cuestiones
relativas a la futura financiación y un grupo de trabajo para hablar de un plan estratégico de fomento de la calidad de las organizaciones no gubernamentales. Fruto de este acuerdo, del diálogo, de la permanente confianza hacia la iniciativa
privada y la sociedad civil son los datos económicos de aportación de recursos públicos a las organizaciones sociales. Este año se han aportado 93 millones de euros por el IRPF y 29 millones de euros del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
No queríamos nosotros, por lo tanto, oponernos sino fijar nuestra posición.
Hay cosas que mejorar, pero hay muchas cosas que se están haciendo y sobre todo lo que hay aquí es diálogo social y finalmente acuerdos. El ministro de Trabajo anunciaba la semana pasada que en el mes de julio se presentará el libro blanco
del sector y que a continuación vendría un nuevo plan estratégico. Pues esperemos a la presentación de dicho libro blanco y a la formulación de dicho plan estratégico, que será fruto del diálogo y del acuerdo con las organizaciones sociales. El
Gobierno en ese sentido no inventará, es un actor más en este plan.
Me referiré de manera rápida y telegráfica a algunas cuestiones. Modificar la Ley del impuesto de sociedades es muy complicado cuando las normas son para todos y para cumplirlas. La norma establece determinadas exenciones y hay un modelo,
el 201, que es una declaración simplificada, pero las organizaciones no gubernamentales no lo piden, excepto algunas. Hay que procurar el apoyo de formación y de asesoramiento para que cumplan la ley, pues quieren cumplir la ley como todos los
ciudadanos. Las declaraciones de utilidad pública están en la ley.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Izquierdo, su tiempo ha concluido.
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: Gracias, señora presidenta.
Termino diciendo simplemente que aprobaremos los puntos 7 y 8 de su moción porque hay que seguir promoviendo la cláusula social en los contratos públicos, como dice la ley, y políticas activas para que los medios de titularidad pública
incluyan al tercer sector en sus programaciones.
Gracias, señora presidenta. Gracias, señoría.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Izquierdo. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:
La señora PRESIDENTA: Señorías, conforme al artículo 68.1 del Reglamento y de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, la presidencia propone al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión de la
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno, y en concreto el ministro del Interior, para impulsar el reconocimiento de la pluralidad lingüística del Estado
español en los pasaportes. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la exclusión del orden del día del punto de referencia. (El señor Gil Lázaro pide la palabra.)
Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Gracias, señora presidenta.
Solicitamos votación separada conjunta de los puntos 7 y 8 de la moción por una parte y, por otra parte, del resto de la moción.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gil Lázaro.
Sometemos a votación, en primer lugar, los puntos 7 y 8 de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de política general que tiene previsto adoptar el Gobierno
para impulsar medidas de fomento y apoyo al tercer sector.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 255; a favor, 254; en contra, uno.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
Sometemos a votación el resto del texto de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 255; a favor, 103; en contra, 152.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Eran las nueve y treinta y cinco minutos de la noche.