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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 251, de 13/05/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2003 VII Legislatura Núm. 251
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 242
celebrada el martes, 13 de mayo de 2003
ORDEN DEL DÍA: Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre ampliación de derechos que posibiliten una real conciliación de la vida profesional y familiar de los trabajadores y de las trabajadoras. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 286-1,
de 15 de noviembre de 2002. (Número de expediente 122/000253.) ... (Página 12887)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para regular el permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogimiento.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 282-1, de 8 de noviembre de 2002.
(Número de expediente 122/000250.) ... (Página 12887)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sres. Aymerich, Rodríguez y Vázquez), Orgánica de reforma parcial de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 303-1, de 28 de
febrero de 2003. (Número de expediente 122/000269.) ... (Página 12898)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la adopción de las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo acordado en la Comisión de Seguimiento del Plan de la Minería del Carbón 1995-2003.
'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie D, número 523, de 11 de abril de 2003. (Número de expediente 162/000709.) ... (Página 12908)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre financiación de las obras de infraestructura del ferrocarril metropolitano de Sevilla. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 523, de 11 de abril de 2003. (Número de expediente
162/000713.) ... (Página 12914)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Mixto, para informar del contenido, previsiones presupuestarias y aplicaciones del Plan Galicia. (Número de expediente 173/000203.) ... (Página 12920)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el grave y reiterado incremento de la inseguridad ciudadana que se ha producido en Madrid a lo largo del año 2002. (Número de expediente 173/000204.) ... (Página
12924)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 12887)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre ampliación de derechos que posibiliten una real conciliación de la vida profesional y familiar de los trabajadores y de las trabajadoras ... (Página 12887)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para regular el permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogimiento ... (Página 12887)
Defiende la toma en consideración de la primera proposición de ley la señora Navarro Garzón, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
Explica que su iniciativa tiene como finalidad romper con el tradicional reparto de papeles en la
sociedad entre hombres y mujeres, para lo que confía contar con el apoyo de todos los grupos. Recuerda que es la quinta vez que presentan esta proposición de ley, habiendo sido rechazada siempre por el Grupo Popular, y se refiere a la directiva
comunitaria del año 1996 y a la Ley de conciliación de la vida laboral y familiar, que se aprobó en 1999, así como al contenido concreto de su proposición de ley.
En defensa, en segundo lugar, de la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) interviene la señora Pigem i Palmés. Se trata, explica, de una proposición de ley que tiene como
finalidad dar un nuevo impulso a la protección de las familias incentivando al mismo tiempo una implicación más efectiva de los hombres en las responsabilidades familiares. La familia es para su formación política el primer y principal núcleo de
seguridad y confianza, por lo que el apoyo a las familias merece una atención prioritaria y preferente en toda su acción política, y considera que es necesario dar un impulso potente a las políticas de familia para equiparar nuestro estado del
bienestar a los más avanzados de Europa.
Asimismo se refiere a las numerosas iniciativas presentadas por su grupo a tal efecto, fruto de las cuales se han aprobado muchas de las mejoras actualmente vigentes, y explica el contenido concreto de la
proposición de ley.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Frutos
Gras, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y la señora Montseny Masip, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre ampliación de derechos que posibiliten
una real conciliación de la vida profesional y familiar de los trabajadores y de las trabajadoras, se rechaza por 107 votos a favor y 138 en contra.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para regular el permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogimiento, se rechaza por 108 votos a
favor, 138 en contra y una abstención.
Del Grupo Parlamentario Mixto (señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez), orgánica de reforma parcial de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General ... (Página 12898)
Defiende la toma en consideración de esta proposición de ley el señor Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto. Se refiere en primer lugar a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General del año 1985 que en los artículos 120 y
siguientes introdujo una regulación en la que se establecía la circunscripción única de ámbito estatal para las elecciones al Parlamento Europeo. Decisión que se debe, según su opinión, a que los partidos políticos de ámbito estatal están
interesados, no por el interés general sino por su interés propio, en mantener una circunscripción estatal única para las elecciones europeas, pero que es incongruente con el sistema constitucional español y con la organización territorial del
Estado establecida en la Constitución de 1978 y no resiste la comparación con otros estados miembros de la Unión Europea, e incluso se aleja cada vez más de las que, parece ser, son las tendencias de la Convención Europea. Frente a esta situación,
el Bloque Nacionalista Galego presenta su iniciativa en la que se proponen soluciones distintas que pasa a explicar.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; López de Lerma i López, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); López Garrido, del Grupo Parlamentario Socialista, y Vera Pro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno por alusiones intervienen los señores Erkoreka Gervasio y Vera Pro.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley, del Grupo Parlamentario Mixto (señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez), orgánica de reforma parcial de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral
General, se rechaza por 21 votos a favor, 227 en contra y dos abstenciones.
Proposiciones no de ley ... (Página 12908)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la adopción de las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo acordado en la comisión de seguimiento del Plan de la minería del carbón 1995-2003 ...
Defiende la proposición no de ley el señor Fernández Rozada, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Se refiere al Reglamento de la CE de 23 de julio de 2002, sobre ayudas estatales a la industria del carbón aplicables
desde el 24 de julio de pasado año, cuyo ámbito temporal en principio comprende hasta el 31 de diciembre de 2010. Este reglamento sitúa los términos de la cuestión en tres terrenos importantes: el desequilibrio competitivo que supone en la
actualidad el carbón comunitario frente al carbón importado, la necesidad de administrar convenientemente la seguridad del abastecimiento energético de la Unión y el mantenimiento de esa producción de energía autóctona en las unidades de producción
más viables. Desde la firme voluntad del Gobierno de España y del Partido Popular de seguir abogando por los compromisos firmados con relación al mantenimiento de la reserva energética de carbón en España que el nuevo reglamento comunitario
establece, explica la proposición de ley del Grupo Popular en la que se pide que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo acordado en la comisión de seguimiento del Plan de la minería
del carbón y, en concreto, proceder a la aprobación de la normativa nacional de desarrollo del Reglamento de la CE 1407/2002, de ayudas al carbón, tal y como se acordó con las organizaciones sindicales y empresariales en el seno de la comisión de
seguimiento del plan celebrada en marzo de 2003.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; y los señores Suárez González, del Grupo Parlamentario Socialista, y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario
Mixto.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la adopción de las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo acordado en la comisión de seguimiento del Plan de la minería del carbón
1995/2003, en sus propios términos, se aprueba por 151 votos a favor y 86 en contra.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre financiación de las obras de infraestructura del ferrocarril metropolitano de Sevilla
12914
Presenta la proposición no de ley la señora Pozuelo Meño, en nombre el Grupo Parlamentario Socialista. Acusa al Gobierno de no participar en un proyecto imprescindible, clave y fundamental para el presente y el futuro del área metropolitana
de Sevilla, como es la construcción de la línea 1 del metro de Sevilla, proyecto que, dice, va a llevar a cabo la Junta de Andalucía después de finalizar el proceso de adjudicación, contratación y autorización del gasto. Explica que el Gobierno de
Andalucía, basándose en una estrategia en la gestión del transporte que tiene como objetivo configurar unos ámbitos metropolitanos sostenibles, desde el punto de vista de la movilidad en términos energéticos, ambientales de calidad de vida de los
ciudadanos y de contribución al desarrollo de la actividad económica y coincidentes además con las recomendaciones del Libro blanco del transporte europeo, va a desarrollar un proyecto de transporte metropolitano que de solución a los problemas de
las grandes áreas urbanas de Sevilla, Málaga y Granada, contando con la colaboración, participación y decisión política de los ayuntamientos de esas ciudades y consiguiendo una línea de financiación muy positiva con el Banco Europeo de Inversiones.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso interviene la señora Becerril Bustamante.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre financiación de las obras de infraestructura del ferrocarril metropolitano de Sevilla, en sus propios términos, se rechaza por 89 votos a favor, 139 en
contra y 14 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 12920)
Del Grupo Parlamentario Mixto, para informar del contenido, previsiones presupuestarias y aplicaciones del Plan Galicia ... (Página 12920)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto. Afirma que después de seis meses de la catástrofe del Prestige el Gobierno sigue sin tener una evaluación oficial de las
consecuencias de la catástrofe y el efecto multiplicador en el ámbito económico y social y que, aunque se dice desde el Gobierno que ya no hay problema, el fuel sigue oculto debajo de la arena, está sin solución definitiva el problema del pecio y
sin concretar cuál va a ser el modelo de ejecución técnica a aplicar y los trabajadores del mar que han salido a faenar después de levantar la veda siguen teniendo problemas para su pesca de bajura o incluso fuera de la plataforma continental. Por
todo ello su grupo presenta esta moción consecuencia de interpelación urgente que tiene cinco grandes ejes que pasa a explicar.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista interviene el señor Díaz Díaz.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; el señor Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Sainz García, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar la enmienda presentada interviene el señor Rodríguez Sánchez.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, para informar del contenido, previsiones presupuestarias y del Plan Galicia, con la incorporación de la
enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, se rechaza por 101 votos a favor y 138 en contra.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el grave y reiterado incremento de la inseguridad ciudadana que se ha producido en Madrid a lo largo del año 2002 ... (Página 12924)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Mayoral Cortés, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Comienza con una serie de interrogantes sobre la inseguridad ciudadana en Madrid dirigidos al Partido Popular y
explica las medidas concretas, factibles, inmediatas, elaboradas conjuntamente desde las tres perspectivas de las administraciones competentes -el Estado, la comunidad autónoma y el municipio- que su grupo plantea en la moción consecuencia de
interpelación urgente para lograr un clima de seguridad en el que los madrileños puedan ser total y plenamente libres.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el grave y reiterado incremento de la inseguridad ciudadana que se ha producido en Madrid a lo largo del año 2002, se rechaza por
83 votos a favor, 140 en contra y ocho abstenciones.
Se suspende la sesión a las nueve y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE AMPLIACIÓN DE DERECHOS QUE POSIBILITEN UNA REAL CONCILIACIÓN DE LA VIDA PROFESIONAL Y FAMILIAR DE LOS TRABAJADORES Y DE LAS TRABAJADORAS. (Número de expediente 122/000253.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) PARA REGULAR EL PERMISO DE PATERNIDAD EN LOS CASOS DE NACIMIENTO, ADOPCIÓN O ACOGIMIENTO. (Número de expediente 122/000250.)
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley.
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre ampliación de derechos que posibiliten una real conciliación de la vida
profesional y familiar de los trabajadores y de las trabajadoras, que se debatirá conjuntamente con la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para regular el permiso de paternidad en los casos de nacimiento,
adopción o acogimiento.
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Navarro.
La señora NAVARRO GARZÓN: Gracias, señora presidenta.
En esta sociedad en la que vivimos todas y todos somos fruto y víctimas a la vez de la educación que hemos recibido; educación en la que históricamente se nos ha separado a hombres y a mujeres para tareas totalmente diferentes. A los
hombres tradicionalmente se les encargaba de traer el salario a casa y de atender a la familia; a las mujeres se nos encargaba tradicionalmente de las tareas reproductivas y del cuidado de la familia. Digo que todos somos fruto y víctimas a la
vez, pero a nadie, ni hombres, ni mujeres -por cierto muy poquitos los que estamos aquí a las cuatro de la tarde- se nos preguntó qué papel queríamos ocupar. Esos papeles se nos asignaron sin preguntarnos a unos ni a otras qué tareas queríamos
desarrollar en esta sociedad. Por eso entiendo que en este momento mujeres y hombres conjuntamente tenemos que romper esa división histórica que al mismo tiempo dividió a la sociedad, y establecer y elaborar un nuevo modelo social en el que podamos
compartir las responsabilidades públicas, pero también las responsabilidades familiares y privadas. En ese sentido es y va la iniciativa que vamos a debatir esta tarde, la proposición de ley que el Grupo Parlamentario Socialista presenta de nuevo
esta tarde en la Cámara y que yo espero cuente con el apoyo de todos los grupos políticos. Desde el año 1998 es la quinta vez que presentamos esta proposición de ley en sede parlamentaria. En las cuatro veces anteriores el Grupo Parlamentario
Popular las rechazó.
La Directiva comunitaria del año 1996 recomendaba a los países miembros que individualizaran derechos en los permisos parentales, que se creara, en definitiva
y en una palabra para resumir, un permiso de paternidad, un permiso de derecho exclusivo del padre. La Ley de conciliación de vida laboral y familiar, que se elaboró en el año 1999, amplía hasta 10 las semanas que la madre puede cederle al
padre de su baja de maternidad, pero lo hace en aquellos casos en que la madre tiene un empleo, no trabajo porque trabajo tienen todas las mujeres sino un empleo. ¿Pero qué pasa cuando las madres no tienen empleo? Pues que el padre tampoco tiene
derecho absolutamente a nada. En este momento sería bueno que también los padres disfrutaran de su hijo desde el momento en que nace.
Es verdad que esa Ley de conciliación recogía en una sola norma muchas de las iniciativas y propuestas que ya estaban en marcha. Tiene de positivo que se recoge en una sola norma y se evita la dispersión. En la mayoría de los casos hace un
diagnóstico yo diría que bastante acertado de cuál es la realidad social, pero no da respuesta prácticamente a nada. En esa Ley de conciliación lo único que se hace es ayudarnos a que las mujeres conciliemos mejor con nosotras mismas. Por ejemplo
habla de excedencia, nos da el derecho a hombres y a mujeres para que podamos coger una excedencia de hasta tres años para el cuidado de menores y de un año para el cuidado de personas mayores o personas dependientes. La ley te da el derecho a
cogerte hasta tres años de excedencia, pero, primero, no se considera como efectivamente cotizado a la Seguridad Social ese período, y segundo, tu puesto de trabajo sólo te lo reservan durante un año. La ley te está dando un derecho que si quieres
hacer uso de él sabes que estás perdiendo tu empleo, luego parece bastante contradictorio, y un dato bastante significativo es que desde el año 1999, que entró en vigor la Ley de conciliación, hasta ahora el 98 por ciento de las excedencias se las
han cogido las mujeres. ¿Por qué? Yo creo que todos, mujeres y hombres, lo sabemos: normalmente las mujeres somos las que cobramos menos salario. Ayer mismo volvíamos a tener datos de la OIT en los que se nos decía que de nuevo estamos en el 28
por ciento de diferencia entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. Yo creo que esa es una de las principales causas, pero hay otra importante, y es la tradición histórica que hemos empezado a resquebrajar pero que no hemos roto, de que
somos las mujeres las que tenemos que ocuparnos de atender y cuidar a la familia, como si eso fuera una cuestión genética. Es una cuestión de aprendizaje, tanto hombres como mujeres pueden atender por igual a los niños, a las niñas y a las personas
mayores y personas dependientes.
Otra de las cuestiones que también se recogía en esa ley, y a la que también presentamos enmiendas desde el Grupo Socialista en aquel momento, es que cuando exista peligro para la salud de la madre o del feto en el puesto de trabajo que ella
esté desarrollando, y si la empresa no puede proporcionarle otro puesto de trabajo, esta mujer se tiene que quedar de baja cobrando el 75 por ciento del salario, se lo equiparan con una enfermedad común. ¿En qué quedamos, la maternidad es una
enfermedad? ¿El embarazo es una enfermedad? Ahora entiendo por qué nacen tan pocos niños en España, es que las mujeres no estamos dispuestas a ponernos enfermas.
Si es una causa ajena a nuestra voluntad, no es posible que cobremos el 75 por
ciento del salario y no el cien por cien. Esa era otra de las cuestiones que también planteábamos en nuestra propuesta.
Tasa de natalidad, algo muy importante y muy relacionado también con esta iniciativa. Tenemos en España en este momento la tasa de natalidad más baja del mundo, y eso genera un problema a la sociedad. No hay relevo generacional, no habrá
quien mantenga y sostenga el Estado de bienestar, las pensiones, etcétera. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Tenemos que resolverlo sólo las mujeres? ¿Tenemos que resolver las mujeres todos aquellos problemas que nos afectan de forma más
directa a nosotras o tienen que ser las instituciones, tiene que ser el Estado el que dé la respuesta? Está muy claro que tiene que ser el Estado el que dé respuesta a esos problemas que sufrimos las mujeres pero que no son de las mujeres.
Por qué
no nacen niños. Si no nacen niños se está generando un problema a la sociedad; si las mujeres deciden tener hijos se nos está generando un problema a nosotras mismas, porque sigue siendo uno de los principales obstáculos a la hora de incorporarnos
al ámbito laboral y del empleo.
Hablemos de empleo, otra cuestión también fundamental. Las mujeres desempleadas, también lo demuestran las estadísticas, son las que menos hijos tienen en contra de lo que se cree. Las mujeres con precariedad laboral son las que menos
hijos tienen, las mujeres jóvenes sobre todo van retrasando permanentemente la edad de tener hijos. Si hablamos de empleo en estos últimos años, nos damos cuenta que el acceso al empleo sigue siendo muy difícil para las mujeres; pero si hablamos
de calidad en el empleo, nos damos cuenta de que la precariedad laboral sigue teniendo cara de mujer. Los contratos indefinidos que se han hecho en los últimos años a las mujeres no llegan al dos por ciento. Es verdad que hay más mujeres
trabajando, que ha subido en dos puntos la tasa de actividad de las mujeres, pero los empleos que tienen las mujeres son absolutamente precarios. Sabemos también que en España existe una tasa de empleo a tiempo parcial bastante reducida si la
comparamos con otros países de la Unión Europea, sólo el 8 por ciento. Lo curioso es que de ese 8 por ciento, el 81 por ciento lo estamos ocupando las mujeres, y no porque
lo decidamos nosotras libremente, sino porque no tenemos otra opción.
Trabajar a tiempo parcial significa cobrar la mitad del salario, porque los contratos a tiempo parcial en nuestro país tampoco tienen la misma cobertura social que tienen
en los demás países de la Unión Europea.
Cobramos la mitad del salario, cotizamos a la Seguridad Social a efectos de desempleo por la mitad del salario y a efectos de jubilación cotizamos por la mitad del salario; luego la precariedad económica
que tenemos en este momento será una precariedad económica y social que vamos a tener el resto de nuestra vida. Ojo con esos contratos que a priori nos pueden resultar muy cómodos porque podemos conciliarnos mejor con nosotras mismas, y no seguimos
insistiendo en que lo que hay que hacer es posibilitar que hombres y mujeres podamos compartir y repartir todas nuestras responsabilidades.
La maternidad, insisto, es uno de los principales obstáculos en la incorporación de las mujeres al ámbito del empleo. Tenemos que promover el reparto de responsabilidades dentro de la familia, pero también tenemos que hacer un esfuerzo
importante para que se extienda a toda la red de atención a personas mayores, menores, escuelas infantiles de cero a 3 años, servicios de ayuda a domicilio para personas mayores, para discapacitados, todos aquellos trabajos que las mujeres hemos
venido realizando de forma gratuita dentro de la familia. En ese papel que históricamente nos tocó desarrollar, nosotras teníamos esas tareas. Nos hemos ido incorporando al ámbito de la vida pública, que se supone era el ámbito que ocupaban los
varones, pero nos hemos incorporado llevándonos a cuestas todas nuestras responsabilidades. De ahí que este viejo modelo social que nos separaba a unos y otras para tareas diferentes no se termina de romper, y no se termina de romper porque las
mujeres estamos compatibilizando y tratando de llegar absolutamente a todo, pero en muchos casos supone un freno importante en nuestra incorporación en igualdad de condiciones a todos los ámbitos de la vida pública.
Es imprescindible que sigamos invirtiendo y desarrollando el Estado de bienestar. Es imprescindible que cuando una mujer quiera trabajar cuente y tenga la posibilidad de tener una guardería, una escuela infantil donde poder dejar a su hijo.
Llevamos mucho tiempo luchando por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, pero no nos podemos olvidar de una desigualdad que para mí es muy importante y es la que existe entre las propias mujeres: no todas las mujeres que encuentran un
empleo tienen un salario suficiente que les permita tener a otra persona trabajando en su casa; luego poder acceder y mantenerse en ese empleo depende de que cuente con servicios de apoyo que le permitan incorporarse. Evidentemente esta tendría
que ser una cuestión a resolver entre ella y el padre del niño, porque los niños tienen madre pero también tienen padre, pero por supuesto, cuando estamos buscando un empleo y lo encontramos, las que nos seguimos ocupando de si el horario es
compatible o no con nuestro horario de trabajo seguimos siendo nosotras, esa es la realidad. Lo que nos gustaría es otra cosa, pero la realidad hoy por hoy sigue siendo esa.
No se puede estar permanentemente subvencionando a los empresarios para que contraten mujeres, y me parece que de forma transitoria todas las medidas de acción positivas que pongamos en marcha son buenas, pero no se pueden convertir en
estructurales. Creo que hay una experiencia ya en estos años que lo pone de manifiesto: vemos cómo en el Plan de empleo del año 2002 las de 16 a 45 años están subvencionadas por una cuestión; las de 45 a 65 por otra; las que van a tener un hijo
por una cosa; las que lo han tenido y se quieren incorporar al mundo del empleo por otra. Todas las mujeres tienen una subvención para que se puedan incorporar al ámbito del empleo. ¿Eso ha resuelto algo? De verdad entiendo que cualquier cosa
que se ponga en marcha se pone con la mejor voluntad, no estoy criticando eso, lo que estoy criticando es que cuando vemos que hay algo que no da resultado lo corrijamos. Si eso hubiera dado resultado probablemente no estaríamos anunciando de nuevo
prácticamente las mismas medidas. Creo que en ese aspecto el Gobierno en vez de retomar, evaluar qué resultado ha dado ese tipo de políticas, lo que está haciendo es seguir insistiendo sobre algo que se está demostrando que no está dando ese
resultado que esperábamos. Si estamos continuamente subvencionando a los empresarios para que contraten mujeres porque tienen una serie de obstáculos, entre ellos la maternidad, el cuidado de los hijos, el no disponer de recursos suficientes porque
el número de escuelas infantiles que tenemos en España en este momento es la mitad que en los demás países de la Unión Europea, igual en la atención de personas mayores y personas dependientes; si seguimos dando subvenciones a los empresarios pero
no invertimos dinero en eliminar las barreras que de verdad nos impiden incorporarnos al mundo del empleo, siempre vamos a ser dependientes de una subvención. Luego reconstruyamos, como hace esta iniciativa que el Grupo Socialista esta tarde
presenta de nuevo, veamos que tenemos que poner en marcha otras medidas que hagan posible que podamos compartir, equiparar derechos y responsabilidades. Creo que esa es la cuestión fundamental.
En esta iniciativa volvemos a insistir, porque son cinco veces, a pesar de que la última vez que presentamos ese permiso por paternidad, de uso exclusivo del padre, el Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular pidió que se quedara
sobre la mesa para hacer un estudio, hace año y medio, no sabemos el resultado
del estudio para ver la viabilidad de aquella propuesta y no sabemos absolutamente nada de lo que ha pasado con ese estudio. Esta proposición de ley pretende generar un permiso de paternidad de cuatro semanas de derecho exclusivo del padre,
que se sumarían a la madre. La madre mantendría sus 16 semanas, podría cederle al padre, lo mismo que hasta ahora, hasta 10, pero el padre tendría un derecho exclusivo. Es tratar con justicia y que el padre también tenga ese derecho. Entiendo,
además, que equiparar derechos en muchas cuestiones significa que equiparamos también las oportunidades. Cuando un empresario se siente frente a un hombre y a una mujer y sepa que tanto ella como él se pueden dar de baja por maternidad o por
paternidad, pensará más en los perfiles profesionales de la persona que necesita y menos en si es un hombre o una mujer.
La señora PRESIDENTA: Señora Navarro, le ruego concluya, por favor.
La señora NAVARRO GARZÓN: Ahora mismo.
Equiparemos derechos, pero sobre todo, creo que al mismo tiempo debemos equiparar oportunidades.
También se debe considerar como efectivamente cotizados a la Seguridad Social los períodos de excedencia, esos que por aquella ley tenemos derecho a coger para atender a menores, a personas mayores o discapacitados; que la cobertura social
de la baja en el puesto de trabajo, cuando exista peligro para la vida de la madre o del feto, sea del cien por cien y no del 75 por ciento, porque vuelvo a insistir en que si la maternidad es una enfermedad probablemente las mujeres españolas
decidamos no ponernos enfermas y creo que se generará un problema social bastante serio.
La señora PRESIDENTA: Señora Navarro, por favor, concluya.
La señora NAVARRO GARZÓN: En definitiva, lo que queremos es cambiar la estructura social y que hombres y mujeres compartamos las responsabilidades públicas, pero para compartir las públicas tenemos que compartir también las familiares y a
eso también tiene que contribuir el Estado. Pido a todos los grupos que apoyen esta iniciativa que intenta precisamente ahondar y abundar en esa individualización de derechos.
Simplemente quiero anunciar que apoyaremos también la toma en consideración de la proposición de ley de Convergència i Unió.
Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Navarro.
Para defensa de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para regular el permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogimiento, tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señoras y señores diputados. Subo a la tribuna para defender, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), una proposición de ley que tiene como finalidad dar un nuevo impulso a la protección de las
familias incentivando al mismo tiempo una implicación más efectiva de los hombres en las responsabilidades familiares.
Señorías, para mi grupo parlamentario, para mi formación política, la familia es el primer y principal núcleo de seguridad y confianza; es el marco natural en el que sus miembros, especialmente los más pequeños, se benefician del afecto y
de la ayuda material indispensable para su crecimiento físico y emocional; es en la familia donde se forman y se transmiten la mayor parte de las actitudes y valores. La vida de un país difícilmente puede entenderse sin el sólido tejido que
representan las familias. Por eso para mi formación política, para la Federación de Convergéncia i Unió, el apoyo a las familias merece una atención prioritaria y preferente en toda nuestra acción política; un apoyo que debe dar respuesta a las
necesidades de las familias actuales, cuya realidad está viviendo profundas transformaciones asemejándose a los modelos familiares establecidos ya hace un cierto tiempo en los Estados más avanzados de la Unión Europea y cuyas líneas generales vienen
dadas por el resultado de dos éxitos: un primer éxito es el alargamiento de la esperanza de vida; un segundo éxito es la incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo formal. Esta última situación, que ha supuesto un avance capital en
la autonomía económica de las mujeres y una condición imprescindible para una verdadera igualdad entre hombres y mujeres, ha obligado a replantear todo el esquema preexistente de políticas de apoyo a las familias, ya que todos sabemos que
tradicionalmente han sido las mujeres las que se han hecho cargo en exclusiva del cuidado de sus hijos, de los enfermos de la familia, de los padres cuando ya no han podido valerse por sí solos y de los discapacitados.
Desde Convergència i Unió creemos que es necesario dar un impulso potente a las políticas de familia para equiparar nuestro Estado del bienestar a los más avanzados de Europa. Creemos que es imprescindible hacer de la política de familia el
cuarto pilar de nuestro Estado del bienestar. Por ello mi grupo parlamentario especialmente a través de mi compañero Carles Campuzano, ha presentado numerosas iniciativas,
fruto de las cuales se han aprobado muchas de las mejoras actualmente vigentes, y lo ha hecho impulsando lo que consideramos instrumentos políticos esenciales para dar respuesta a las necesidades actuales de las familias: ayudas económicas
directas o indirectas, creación de servicios de atención para niños y para dependientes y desarrollo de la conciliación de la vida laboral y familiar, que es el tema que hoy nos ocupa. El facilitar, el posibilitar incluso en muchos casos la
conciliación de la vida laboral y la vida familiar, debe ser sin ninguna duda una prioridad política de primera magnitud, porque hablar de conciliación es en definitiva hablar de aquello que afecta más directamente a la vida cotidiana de las
personas, es hablar de poder compaginar el derecho al trabajo con el derecho a poder tener hijos. La conciliación debe permitir que los y las que quieran tener hijos los puedan tener y los puedan atender sin verse por ello excluidos del mercado de
trabajo formal. La elaboración de la Ley 39/1999, de conciliación de la vida familiar y laboral, significó un paso importante en la consecución de este objetivo. Pero aun reconociendo el acierto de buena parte de las medidas que incorpora (que
muchas de ellas son, por cierto, la implementación en la legislación española de iniciativas de la Unión Europea o de la OIT), creemos que es necesario un nuevo impulso legislativo; un desarrollo legislativo que avance en el marco regulador de las
licencias parentales, en ofertas de servicios a las familias, en política fiscal, en subvenciones, en flexibilidad horaria, en el planteamiento de una nueva cultura del tiempo, y en algo a nuestro juicio muy importante que es el objetivo concreto de
la iniciativa que estamos viendo, y es la implicación efectiva de los hombres en las responsabilidades familiares. No podemos dejar de reconocer que en esta última legislatura y como resultado de iniciativas iniciadas ya en la anterior, se han
implementado un buen número de medidas para favorecer la contratación de las mujeres, especialmente después de haber sido madres; medidas con las que ya hemos mostrado nuestra conformidad, máxime cuando muchas de ellas, como ya he dicho, son el
resultado de iniciativas que mi propio grupo parlamentario ha impulsado. Pero a nuestro juicio no se ha hecho todavía ninguna medida legal suficientemente estimuladora o atractiva para que los hombres se impliquen en la vida familiar, y esto nos
parece de vital importancia, porque la asunción por parte de los hombres de las responsabilidades familiares no sólo es cuestión de política social o laboral, sino también, y muy especialmente de política de igualdad de oportunidades. Es evidente
que la incorporación de la mujer al mercado de trabajo formal no ha ido acompañada de una redistribución más equitativa entre hombres y mujeres de las responsabilidades familiares. Tanto en el trabajo doméstico como en la atención de los hijos, hay
un claro desequilibrio entre el tiempo que dedican las mujeres y el que dedican los hombres. Las mujeres nos hemos incorporado al trabajo formal, pero los hombres no se han incorporado de forma suficiente a las responsabilidades familiares, que por
otra parte siguen siendo asumidas casi en exclusiva por las mujeres. Cuando hablamos de conciliación de la vida familiar y laboral, frecuentemente cometemos el error de plantearlo a las mujeres, y las mujeres, lo decía muy bien la señora Navarro,
somos unas auténticas expertas en compaginar la vida laboral y la vida familiar. No es a las mujeres, es a los hombres a los que debemos estimular para que se corresponsabilicen con las obligaciones familiares, y a ello va dirigida esta iniciativa.
Un objetivo que, aunque con distinto contenido, con el que no coincidimos exactamente en su totalidad, también persigue la iniciativa socialista, que vamos a apoyar en su toma en consideración. Una iniciativa la de Convergència i Unió que plantea
la creación de un permiso de paternidad propio y específico del padre, una suspensión de su contrato de trabajo con derecho a reserva de puesto similar al que ya existe en Dinamarca, en Noruega, en Finlandia, en Suecia y en Francia. Un permiso
independiente del derecho del descanso de la madre, con una duración que inicialmente habíamos planteado de dos semanas, pero creemos que lo óptimo sería de cuatro. Un permiso que sería voluntario, individual e intransferible. ¿Por qué creemos que
es necesario este permiso? Por muchos motivos, pero me limitaré a exponer los que a nuestro juicio son los más relevantes.
El primer motivo es objetivo, es pensar, como pensamos, que disfrutar de los primeros meses de la vida de un niño o de una niña refuerza los lazos afectivos entre padres e hijos, lo que nos parece, indudablemente, bueno para ambos.
El segundo motivo apuntaría a que creemos en la función pedagógica de la norma. La implicación de los hombres en la conciliación de la vida familiar y laboral es un tema difícil porque, para conseguirlo, es necesario promover un cambio
social y de mentalidad, y la iniciativa que proponemos tiene, a nuestro entender, una indudable incidencia pedagógica al respecto. Es cierto, y así se me podría decir, que actualmente la madre puede optar por que el padre disfrute de una parte del
permiso, la parte que va desde las seis primeras semanas de descanso obligatorio para la madre hasta la semana dieciséis, pero también es cierto que la incidencia real de esta cesión de derechos es muy limitada. Sólo tenemos que ver al respecto las
estadísticas, y de las que dispongo, que son respuesta a una pregunta parlamentaria, dicen que en el año 2000 únicamente el 0,97 por ciento -no llega a uno de cada cien personas- y en el año 2001 sólo el 1,2 por ciento de los hombres disfrutaron de
este
permiso. Estos datos son suficientemente elocuentes y nos dicen que en la práctica los hombres no disfrutan de este permiso.
Finalmente, creemos que es una medida necesaria para avanzar en la igualdad de oportunidades. Los empresarios, a pesar de las medidas fiscales incentivadoras para contratar a mujeres que se han ido implementando, se muestran muchas veces
reacios a hacerlo por la perspectiva de bajas por maternidad. La predilección por contratar hombres, que tienen a sus ojos menos desventajas porque su atención prioritaria es el trabajo y no las responsabilidades familiares, explica, en buena
medida, las tasas más altas de desempleo femenino, especialmente en la franja de edad coincidente con la procreación y también la menor promoción a puestos de responsabilidad, la existencia de trabajo más precario y una gran desigualdad salarial por
trabajos de igual valor. Por cierto, este último dato es noticia de primera página en algunos periódicos de hoy, que recogen el informe de la OIT dedicado a la igualdad laboral. En este informe se dice que, en el ámbito de toda la Unión Europea,
sigue existiendo una discriminación salarial. Dice también que en España la diferencia entre los hombres y las mujeres es muy superior al resto de países europeos. Este es un dato, señorías, que por sí solo debiera motivarnos a aceptar medidas
como las que estamos proponiendo.
Es evidente que se están tomando medidas para potenciar la igualdad de oportunidades, pero la que nosotros proponemos sumaría su virtualidad al resto de medidas que se están implementando porque no se ha demostrado todavía que sean lo
suficientemente eficaces, como de manera clara se desprende de las todavía bajas tasas de empleo femenino y de las grandes diferencias salariales existentes. Así parece entenderse también en esta Guía de buenas prácticas, un libro muy interesante,
muy útil, que, para concebir la vida laboral y familiar, ha editado el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. En esta guía, en su página 85, y cito textualmente, se señala como una buena práctica el fomentar la adopción de medidas encaminadas a
que el padre disfrute del permiso parental tales como la reserva de un período concreto que sólo él pueda coger y que, en su defecto, nadie pueda aprovechar. Es una recomendación del propio Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. También parece
entenderlo así el Instituto de la Mujer, que en su recién aprobado IV Plan para la igualdad de oportunidades señala la conveniencia de realizar un estudio para analizar la viabilidad del permiso como el que nosotros proponemos.
Pues bien, este
estudio está hecho desde diciembre de 2001 por el propio Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en cumplimiento de una proposición no de ley aprobada por la Comisión de Política Social y Empleo, iniciativa que propuso el Grupo Socialista. En
dicho estudio, la principal objeción que se pone a la creación de este permiso es prácticamente sólo una: es la razón económica. Es evidente que el coste de esta medida no puede recaer en los empresarios. El llamado coste cero, actualmente
previsto para el permiso de 16 semanas, se tendría que extender a estas nuevas semanas y las empresas deberían asumir únicamente los inconvenientes de la sustitución, que no son pequeños. En este sentido convendría también impulsar e incentivar la
responsabilidad social de las empresas en materia de familia, bonificando y otorgando distinciones a aquellas que quieren dar respuesta a las necesidades de las personas y del conjunto de la sociedad. El mayor obstáculo, señorías -el único
prácticamente, señalaría yo-, para la implementación del contenido de la iniciativa que estamos viendo es, pues, el económico.
Implementar esta medida, ciertamente, cuesta dinero, pero este no puede ser un obstáculo insalvable, máxime si ustedes -y
me refiero especialmente al Grupo Popular- creen, al menos en la misma medida en que lo creemos nosotros, que la igualdad de oportunidades es un imperativo de justicia, que la familia es el eje primordial de vertebración personal y social y que las
políticas familiares requieren una atención preferente y prioritaria, requieren generosidad económica, porque apoyar a las familias es, en definitiva, invertir en nuestro futuro colectivo. Por todo ello, señorías, les pido su voto afirmativo.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pigem.
¿Turno en contra de las proposiciones? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, está ampliamente generalizada la opinión de que la incorporación de las mujeres al mercado laboral ha motivado los cambios sociales más relevantes del pasado siglo. Dicha incorporación, sin embargo, aún no ha permitido un
intercambio real en los papeles productivo y reproductivo, respectivamente asignados de manera rígida a hombres y mujeres. En la actualidad es precisamente en el ámbito laboral donde las desigualdades por razón de género se hacen más patentes. En
efecto, la integración laboral y la asunción casi en exclusiva del trabajo doméstico, y en concreto el cuidado de los hijos, consecuencia esto último del tradicional rol reproductivo, ha obligado a las mujeres a compatibilizar el trabajo remunerado
con las cargas y responsabilidades familiares. Y esto también ha generado, en nuestra opinión, una mentalidad
empresarial prejuiciosa basada en la presunción del excesivo coste y la baja productividad que representaría la mano de obra femenina. Es precisamente en este punto donde el derecho debería intervenir decididamente a través de una norma
jurídica y quebrar una tradición normativa laboral pensada para un modelo de trabajador masculino ajeno a problemas relacionados con la maternidad y con las responsabilidades familiares.
Tampoco se nos escapa la necesidad complementaria de aumentar el gasto para atender necesidades que cada vez en mayor medida se hacen recaer en las familias y, dentro de ellas, como todos sabemos, en las mujeres.
Aunque en la exposición de
motivos de la Ley 39/1999 se citan y asumen los objetivos y las directivas del Consejo sobre la protección de la maternidad así como la directiva del Consejo sobre permisos y licencias parentales, declarándose la completa trasposición a la
legislación española de las directrices marcadas por la normativa internacional y comunitaria y superando -dice- los niveles mínimos de protección previstos en ella, lo cierto es que tales objetivos no se cumplen, prueba de ello son, por ejemplo,
las concesiones de los permisos parentales que siguen siendo disfrutados en su mayor parte por la mujer, lo cual redunda en un reforzamiento de los roles tradicionales, o el aún reducido índice de natalidad que se registra en el Estado español, que
es de los más bajos de la Unión Europea -por cierto, dentro del mismo, en Galicia estamos incluso por debajo de esta media- o la discriminación en la carrera profesional que sufren muchas mujeres que desean compaginar esa proyección laboral con el
cuidado de los hijos, por no hablar de los niveles de empleo o salariales, evidentemente menores para las mujeres.
Las presentes proposiciones de ley pretenden introducir cambios legislativos que nosotros entendemos factibles y, por tanto, merecen
el apoyo del Bloque Nacionalista Galego ya que, en nuestra opinión, permitirían, por lo menos, avanzar en la implantación en la práctica de hábitos de igualdad real intergéneros. Por tanto, vamos a respaldar estas iniciativas pues van en la línea,
y quiero recordarlo, de otra proposición de ley que en su día presentamos en esta Cámara y que fue debatida en marzo del pasado año, donde avanzábamos también otras medidas complementarias en el ámbito de las relaciones laborales para favorecer la
conciliación de la vida laboral y familiar y que recordamos: en primer lugar, la extensión del derecho a la reserva del puesto de trabajo a más supuestos de los que contempla la ley; en segundo lugar, la concesión de un derecho de prioridad de
permanencia en el puesto de trabajo de las trabajadoras y trabajadores con hijos menores de seis años a su cargo en los supuestos de movilidad geográfica, a la vista de los problemas que conlleva para las personas que desean ejercer la maternidad y
la paternidad, o el deber por parte de las distintas administraciones públicas de establecer convenios de colaboración con empresas cuya plantilla sea superior a 50 trabajadores para la implantación de guarderías, a fin de facilitar la conciliación
de esta vida familiar y laboral; medidas que, como es obvio, de ser tomada en consideración esta proposición de ley, transformaríamos en enmiendas.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo va a votar favorablemente la toma en consideración de las proposiciones de ley que han presentado el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Prácticamente, ambas iniciativas tienen el
mismo principio de fondo que compartimos: la nueva necesidad, la nueva cultura que se extiende en la sociedad española laboral y familiar que es necesario compaginar y armonizar, en primer lugar, en el sentido de Estado de bienestar. También hay
que comparar las dificultades hoy día de las familias que no se pueden llamar ni siquiera numerosas por el descenso de la tasa de natalidad. Hay que eliminar todos los escollos que pueda tener una familia de mayor progenie no solamente de tipo
económico, sino de convivencia social entre ambos cónyuges. De aquí que nosotros vayamos a participar en todas aquellas enmiendas que se presenten, caso de ser tomadas en consideración, porque entendemos que es una materia que se está reclamando
por la sociedad española y la opinión pública cada día es más favorable. En este caso se trata de hacer unas modificaciones de sendos documentos legislativos como el Estatuto de los Trabajadores, que desarrolló en su día el Decreto legislativo
1/1995, y la Ley de Reforma de la Función Pública, 30/1984, no solamente para los trabajadores que están en la Administración Pública, sino para los trabajadores que están en sectores privados ya que deberían cubrirse ambos frentes. Creemos que las
medidas, más que progresistas, que lo son, son medidas racionales, son medidas de aplicación sensata, que también habría que complementar con aquellas medidas que no motivaran que el empresario tuviera reticencia a la concesión de los permisos por
paternidad o por maternidad que infunden precisamente los principios que han expuesto las portavoces de los grupos proponentes al respecto.
Sintonizamos tanto con una como con otra, pero especialmente con la iniciativa del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), que es
más concisa, dirigida fundamentalmente a la modificación de dos documentos legales como son el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Reforma de la Función Pública para que esto se pueda llevar a cabo. Tarde o temprano lo veremos escrito
en la legislación laboral, civil y administrativa del Estado español. De ahí la comodidad de darle nuestro voto para su toma en consideración, sin perjuicio de todos los perfeccionamientos vía enmiendas que introduzcan en su caso los grupos en los
textos definitivos.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Txueka, tiene la palabra.
El señor TXUEKA ISASTI: Señora presidenta, arratsaldeon. Buenas tardes, señorías.
Es indudable que el futuro de nuestro mercado de trabajo, de las nuevas organizaciones del mercado de trabajo, pasa y pasará por aspectos de compatibilización del trabajo y del ocio, del trabajo parcial, de la compatibilización de la pensión
y del trabajo, por qué no, pero la verdadera compatibilización y el verdadero reto de nuestro sistema de trabajo, de su organización, es el de posibilitar una vida profesional, es el de compatibilizar la vida profesional con la vida familiar de los
trabajadores y trabajadoras. En estos momentos en que en España y en toda Europa se está abordando el futuro de nuestro sistema de pensiones es unánime la consideración de que hay que reforzar las tasas de actividad, fundamentalmente las femeninas,
todavía muy por debajo de las medias europeas que he citado.
Sin entrar en términos de estricta justicia y de igualdad de oportunidades, que sería el elemento básico y definitorio en esta materia, conciliar la vida laboral significa también conciliar la pareja, lo que se convierte en algo difícil
cuando el salario obtenido por el mismo trabajo -como se ha publicado hoy mismo- es hasta un 30 por ciento menor en el caso de la mujer. Por ello, debemos hablar de la mejora del modelo. Una mejora del modelo que aumentara la incorporación de la
mujer supondría un aumento real de cotizantes y, a medio plazo, una sustitución de las pensiones de viudedad o las de jubilación, por qué no. Esto es algo que difícilmente se podrá producir si no se mejora, en general, la calidad de dicha
incorporación y, en particular, la calidad de la incorporación de las mujeres, si no se produce una seria y real conciliación de las vidas laborales y familiares, si no se produce una equiparación de las incorporaciones, de sus condiciones y de las
contraprestaciones económicas.
Otra cuestión importante es que la tasa de fecundidad del Estado español es de las más bajas de la Unión Europea, siendo la de Euskadi la más baja de todo el Estado. Se oyen voces diciendo que ya se aprecian tímidos repuntes y cambios de
orientación en este aspecto debido a las políticas que está propiciando el Partido Popular y que en los dos últimos años se está produciendo una recuperación de estos índices, llegando en la actualidad al 1,20 ó 1,23. Ese índice es cierto, pero no
nos debemos llevar a engaño, ya que el factor fundamental que ha incidido en esa subida es el nacimiento de niños nacidos de madres inmigrantes, que, aunque es un fenómeno positivo, nos sigue indicando que las parejas no procrean en tasas de
sustitución poblacional vegetativa, que ronda el 2,1 por ciento. Por ello y porque entendemos que el objeto de la toma en consideración de las dos proposiciones de ley es que se apruebe eso, que se tomen en consideración para su debate estas
proposiciones de ley, y ya que nuestro posicionamiento siempre ha sido positivo en estas consideraciones, también lo es en este caso. Por ello, aunque entendemos que no es el momento ni se nos otorga tiempo para entrar con detenimiento en el
debate, nos encantaría hacerlo y poder debatir los modelos, en concreto nuestro modelo, y el plan institucional de medidas de apoyo y conciliación aprobado en Euskadi. Nos encantaría debatir un modelo comparativo de medidas y políticas que ya se
está llevando a cabo en todos los Estados y países europeos, las medidas concretas de sensibilización, las medidas económicas y fiscales, los diversos servicios orientados a las familias, las medidas concretas de conciliación laboral como las
reducciones de trabajo y los sistemas de excedencia. Dentro de las facultades relativamente limitadas que poseemos, dentro de las limitaciones competenciales autonómicas, estamos avanzando en la formulación y tratamiento de dos medidas de
conciliación laboral y familiar, medidas que tienen que ver con el fomento de las excedencias y la reducción de jornada y contratos de interinidad y sustitución.
Respecto a las medidas de excedencia, básicamente se están promulgando cinco líneas, desde garantizar al cien por cien la subvención a la cotización empresarial a la Seguridad Social en el supuesto de contratos de sustitución, hasta
subvenciones anuales que van desde 2.400 a 3.000 euros al trabajador que opte por acogerse a la excedencia parental, con una duración máxima de tres años; quiero recordar que esta cantidad supone el 25 por ciento del salario mínimo en Euskadi.
Para acogerse a esta subvención se pone como condición no contratar a una persona sustituta, determinándose la necesidad de que se asegure la vuelta con reserva al puesto de trabajo. Como indicativos de las medidas de reducciones de jornada, se
está garantizando el cien por cien de la subvención a la cotización empresarial a la Seguridad Social en el supuesto del contrato de sustitución y otorgando subvenciones que van de 1.800 a
2.400 euros al trabajador cuando la reducción sea la mitad y de 1.350 a 1.800 euros al trabajador cuando la reducción sea de un tercio. Quiero recordar que esta cantidad supone el 70 por ciento del salario medio que ha perdido en el caso de
reducción de la mitad de la jornada y el 80 por ciento en el caso de la reducción de un tercio de la jornada. Tampoco es condición indispensable que se tenga que contratar a una persona sustituta. Se determina, asimismo, la necesidad de que no
suponga ninguna pérdida de los derechos laborales.
Finalizo diciendo que, a pesar de nuestro apoyo para que se debata, nos tememos que vuelva a reproducirse la habitual cantinela mayoritaria y el traslado a un supuesto estudio en marcha, como ha mencionado la portavoz del Partido Socialista.
Esperemos que en las próximas elecciones se marque una senda diferente a la hora de abordar estos temas y, si así se produce, les recordaremos nuestra actitud en esta materia.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Txueka.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Gracias, señora presidenta.
La falta de reparto de responsabilidades y la carencia de protección son las que establecen la discriminación y las trabas para el acceso al empleo de la mujer, para la permanencia de la mujer en el empleo, para la promoción laboral...
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Frutos. El nivel de conversaciones que hay en los escaños hace imposible que se escuche su intervención.
Adelante, señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Resumiendo, la falta de responsabilidades entre hombre y mujer en el trabajo y en el hogar y la carencia de protección que afecta de forma esencial a la mujer establecen la discriminación de ésta, tanto para el acceso
al empleo como para la permanencia o para los derechos sociales. La realidad se resiste a cambiar, se resiste a la plena igualdad real y la ley no ayuda. La legislación actual está claro que no sirve para superar esta situación. La propuesta del
Grupo Socialista va, a nuestro entender, en la dirección de mejorar y cambiar y por ello la apoyaremos, de la misma manera que apoyaremos la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El hecho de conciliar la vida familiar y profesional es un problema que afecta -es obvio y notorio- casi en exclusiva a la mujer. Ellas soportan la doble jornada y están casi siempre en inferioridad de condiciones en el acceso al empleo.
El reparto de responsabilidades sigue pendiente. La Ley de 1999 no ha solucionado nada, lo ha estancado todo, pero, eso sí, tenemos una ley que habla de los derechos de igualdad, del acceso de la mujer al trabajo sin discriminación, del reparto de
las funciones en el cuidado de los hijos y del hogar. El apoyo a la natalidad por parte del Estado es totalmente insuficiente y no digamos de las empresas, que es prácticamente un escarnio. El hecho es que la mujer tiene problemas para dejar el
puesto de trabajo por maternidad en un momento determinado. Las ayudas por hijo son ridículas. Esta mañana he leído una serie de datos y resulta que aquí, en España, habría que tener 11 hijos para tener la misma subvención del Estado que se tiene
en Alemania por dos hijos. Los centros subvencionados infantiles sólo cubren una de cada tres plazas necesarias y los centros privados, como saben, son absolutamente prohibitivos, como todos los centros privados, ya sean los infantiles o los
destinados al cuidado de enfermos, de ancianos, etcétera. Por tanto, promover un cambio de mentalidad, de estructuración laboral, de implicación del Estado, es absolutamente necesario.
El conjunto de Europa, y especialmente los países nórdicos -ya se han citado y no los voy a citar de nuevo-, tienen experiencias riquísimas que permiten aplicar, adecuadas a las circunstancias españolas, una serie de normas que han servido o
que sirven para reducir sustancialmente este problema. En España el problema se afronta tarde y mal. No sé todavía qué va a hacer el Grupo Popular, pero me lo temo; me gustaría que cambiara de opinión, pero me temo que no va a hacerlo. La Ley de
1999, de conciliación de la vida familiar y laboral, es, por todo lo que he intentado explicar y por lo que han dicho los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, absolutamente ineficaz, prácticamente no sirve para nada. Nuestra
legislación no reconoce el permiso de paternidad, aunque la madre pueda dar parte de su tiempo de maternidad al padre. Si además los hombres tienen más estabilidad y mejores salarios, está claro cuál será la opción, más cuando las empresas se
resisten a que los hombres puedan dejar el puesto de trabajo durante equis tiempo por causa de paternidad.
Todo esto imposibilita a todos, pero especialmente a la mujer, para combinar familia y trabajo; imposibilita una participación femenina más amplia en el mercado de trabajo y acentúa la baja tasa de natalidad de este país. Con estas
condiciones objetivas, la mujer o incluso el matrimonio que deciden tener uno o dos hijos se embarcan en una aventura, en una hazaña, en vez de ser una cosa normal, en función de las necesidades propias, individuales de cada familia y de las
necesidades sociales del país.
Por las actuaciones del Gobierno queda claro que eso de la conciliación entre trabajo y hogar es una labor femenina, que no estimula el reparto de responsabilidad, que no considera la seguridad de las trabajadoras eventuales -otro elemento
que racionalizaría, que equilibraría el problema- ni recoge las parejas de hecho, que es otra de las importantes realidades que tenemos en nuestro país. En algunas comunidades autónomas, como en el caso de Cataluña o Asturias, se han tomado
iniciativas reconociendo los derechos paternales de forma individual entre los funcionarios, incluso incrementando las ayudas por hijo. Esta es una política de fomento de la igualdad, pero la gran política está todavía en barbecho, una política que
necesariamente tiene que impulsar el Estado, para que luego las comunidades autónomas, haciendo uso de sus competencias, puedan mejorarla. Es urgente buscar soluciones eficaces, con medidas que apliquen las directrices europeas, garantizando los
derechos existentes y recogiendo las nuevas realidades familiares.
Por todo ello, y por más cosas que ya se han señalado y que no voy a repetir, votaremos favorablemente a la toma en consideración de estas dos proposiciones de ley.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Frutos.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señora Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, me ha gustado el espíritu de mucho de lo que se ha dicho aquí; no me ha gustado tanto, sin embargo, la letra de todos los que me han precedido en el uso de la palabra. Claro que sí me ha gustado parte de la
letra; señora Pigem, coincido con usted en muchos de sus planteamientos; señora Navarro, en el espíritu comparto con usted muchos de los criterios que ha expuesto. No obstante le diría, con todo respeto, que hubiera sido bueno que reconociera lo
mucho que se ha hecho en los últimos años de Gobierno del Partido Popular, porque en esa dirección hemos avanzado, sin duda. Hasta con el señor Frutos puedo coincidir en algunos aspectos -ahora está hablando con un compañero de grupo
parlamentario-: quedan muchísimas cosas por hacer y, ciertamente, la conciliación de la vida familiar y laboral se centra mucho más, todavía hoy, en la mujer que en el hombre.
Los portavoces han expuesto en esta tribuna aspectos que nos interesan, como el fomento de la ocupación de las mujeres y de otros colectivos con especiales dificultades, el fomento del trabajo en general o el fomento de la protección a la
familia, que ha mencionado la señora Pigem, que mi grupo parlamentario está de acuerdo en que es el pilar básico de nuestra sociedad. Estamos de acuerdo en el fomento de la natalidad y en la protección de las personas afectadas por dependencia; de
hecho, el Ministerio de Trabajo tiene anunciada la presentación de un proyecto de ley en la Cámara. Todas son cosas que contribuyen a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral. Sin embargo, tenemos que señalar que lo que afecta
realmente a la conciliación de la vida familiar y laboral es la función que la mujer tiene en nuestra sociedad. Todavía hoy, si bien jurídicamente ocupa un plano de total igualdad, la natalidad, la dificultad que comporta el trabajo fuera de casa,
las tareas domésticas y la corresponsabilidad de la educación de los hijos siguen recayendo sobre las mujeres. Sin ánimo de entrar a fondo en el debate sobre los preceptos que amplían en Europa en dos o en cuatro semanas el permiso de paternidad
-de uso exclusivo por el padre-, y que supone un incremento de la prestación de 16 semanas de maternidad que reconoce nuestro ordenamiento jurídico, hay que decir que el problema principal de la conciliación de la vida familiar y laboral no se
resuelve con el reconocimiento de esa prestación.
Si bien la proposición de ley de Convergència i Unió plantea la modificación de dos preceptos, el artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 30 de la Ley de reforma de medidas de la función pública, la proposición de ley del
Grupo Parlamentario Socialista plantea numerosas modificaciones legislativas. En realidad lo que S.S.
argumenta hoy es lo que se argumentó por el Grupo Parlamentario Socialista en el debate en relación con la aprobación de la Ley de conciliación
de la vida laboral y familiar y eso supondría modificar el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de reforma de medidas de la Función pública, la Ley General de la Seguridad Social, la Ley sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, etcétera,
etcétera, supondría debatir una nueva ley para conciliar la vida familiar y laboral y esta diputada, en nombre de su grupo, cree que es prematuro aplicar un cambio legislativo tan importante como el que S.S. pretende puesto que la ley acaba de ser
aprobada hace escasamente tres años y quizás deberíamos ver con mayor perspectiva la evolución de lo que pueda facilitar esa ley que salió aprobada por mayoría de la Cámara.
Me hubiera gustado, señora Navarro, un pequeño matiz, un pequeño reconocimiento de que se han hecho cosas para conciliar la vida familiar y laboral, además cosas muy importantes. Por ejemplo el contrato de trabajo coste cero, para que no
costara al empresario en caso de descanso por maternidad de las mujeres que acababan de tener un hijo, no se le ocurrió a
nadie más. (La señora Navarro Garzón hace signos negativos.) Perdón, señora Navarro, fue producto de una iniciativa de mi grupo parlamentario, una incorporación del Gobierno que de alguna forma ha facilitado mucho la incorporación de la
mujer al mundo del trabajo. Pero es que ha habido dos desgravaciones fiscales, dos reformas fiscales para ayudar y potenciar a la familia. Y de aquellos famosos puntos que se percibían por la Seguridad Social de hace escasamente siete u ocho años,
hoy tenemos una asignación por nacimiento para fomentar la natalidad que paga el Ministerio de Economía y Hacienda a las madres que tienen hijos menores de tres años y además desgravación fiscal de una misma cantidad en el momento de pagar la renta
de las personas físicas. La incorporación de la mujer al trabajo como discriminación positiva también ha sido muy importante, así como el reconocimiento de un año de cotización -hasta ahora tampoco habíamos visto ningún indicio- cuando se cause
excedencia por cuidado de hijos. Si analizamos las propuestas que se hacen en un momento dado pudiera parecer que dicen, ¿qué se ha hecho? ¿Esto? Vamos a un poco más: es la ley de la rebaja y del regateo y no se trata de eso, hay que dar pasos
paulatinos e importantes, y nos queda la ley de dependencia que será un gran debate en esta Cámara.
Antes de acabar haré una serie de consideraciones a las que todos los que estamos hoy aquí, toda la sociedad, podríamos esforzarnos por aportar. En la conciliación de la vida laboral y familiar no tiene hoy la peor parte el hombre, el
varón, sino la mujer. Todas conocemos mujeres que trabajan, que tienen hijos pequeños y tienen que compaginar ese esfuerzo diario que les aporta mucho más estrés. ¿De verdad creemos que por tener un permiso por paternidad de dos o cuatro semanas
se va a resolver el problema fundamental de conciliar la vida laboral y familiar? No; mientras no haya corresponsabilidad en las responsabilidades de los hijos dentro de la familia, mientras los padres no sigan vigilando, como hacen las madres,
los deberes de los niños, mientras no sepan qué es cambiar las cortinas y cuándo corresponde hacerlo, mientras no sepan que hay que ir a la tintorería, mientras la compra de la casa no se haga en común por parte de una pareja o de los dos miembros
de la familia, lo demás, siendo importantísimo, será siempre escaso. Somos todos los miembros de la sociedad los que debemos ir fomentando ese cambio.
A mí me gustaría hacer un test entre muchas de SS.SS. para saber en qué grado se responsabilizan dentro del ámbito familiar en facilitar esa conciliación de la vida familiar y laboral. Seguramente, señorías que aparentemente pudieran ser
más progresistas que yo, aunque en este tema me tengo como la más progresista de este hemiciclo, nos llevaríamos grandes sorpresas y S.S. lo sabe. Creo que también hay que reconocer que hoy las parejas más jóvenes comparten esa responsabilidad
dentro del ámbito familiar cada vez con más frecuencia. A pesar de todo, como usted misma ha dicho al inicio de su intervención, tenemos una educación que hemos heredado, que nos ha asignado un determinado rol y que las mujeres, en los últimos 30
años, hemos contribuido a cambiar. Yo me tengo por una de ellas para luchar por las reformas sociales que requiere nuestro tiempo, para que nuestros descendientes tengan una mayor conciliación entre la vida familiar y laboral, para que las
responsabilidades sean mucho más equilibradas y para que la sociedad siga avanzando.
La señora PRESIDENTA: Señora Montseny, le ruego concluya.
La señora MONTSENY MASIP: Termino ya, señora presidenta.
Al señor Rajoy, actual vicepresidente primero del Gobierno, yo le oí decir muchísimas veces en la comisión en la que desarrollo mis trabajos parlamentarios que la reforma de la Administración no depende de una sola ley sino que depende de
muchas leyes para, poco a poco -y eso es lo que yo creo que hay que hacer-, sin poner en peligro momentos económicos que pudieran causar impacto en nuestra sociedad de cara a los empresarios, ir cambiando los hábitos, las iniciativas legislativas y
los preceptos. Creo que en los últimos tiempos hemos avanzado mucho y en esa misma dirección debemos seguir.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Montseny. Sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre ampliación de derechos que posibiliten una real conciliación de la vida
profesional y familiar de los trabajadores y de las trabajadoras.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 245; a favor 107; en contra, 138.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para regular el permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogimiento.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 247; a favor, 108; en contra, 138; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORES AYMERICH, RODRÍGUEZ Y VÁZQUEZ), ORGÁNICA DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DE RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL. (Número de expediente 122/000269.)
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez), orgánica de reforma parcial de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Aymerich. (Rumores.-Pausa)
Señorías, es preciso que continuemos con el debate, por lo cual les ruego que ocupen los escaños o abandonen el hemiciclo en silencio de la manera más rápida posible. (Rumores.)
Señorías, reitero, por favor, que ocupen los escaños o abandonen el hemiciclo si van a seguir manteniendo las conversaciones.
Señor Velasco, por favor.
Adelante, señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en el año 1985 la Ley Orgánica de Régimen Electoral General introdujo en los artículos 210 y siguientes una regulación en la que se establece que para las elecciones al Parlamento Europeo los diputados que le corresponda escoger a
España se elegirán en una circunscripción única de ámbito estatal. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.) Esta decisión del legislador es lógica, no es sorprendente, si atendemos a lo que son los intereses
partidarios del que era en aquel momento el partido gobernante con mayoría absoluta, y al parecer también de lo que son los intereses del partido que en este momento gobierna en el Estado español con mayoría absoluta; unos y otros, partidos de
ámbito estatal, están interesados, no por el interés general, sí por su interés propio, en mantener una circunscripción estatal única para las elecciones europeas. Sin embargo, esta decisión es incongruente con el sistema constitucional español,
con la organización territorial del Estado establecida en la Constitución de 1978; no resiste la comparación con lo que sucede en otros Estados miembros de la Unión Europea, ni siquiera con lo que sucede en Estados de estructura unitaria, y desde
luego cada vez parece más alejado de lo que se empieza a adivinar que son las tendencias que se pueden ya sacar de los trabajos de la Convención Europea.
Frente a esta situación, una situación, ya digo, justificable sólo en términos de beneficio sectario, caben soluciones distintas, una de ellas es la que propone el Bloque Nacionalista Galego a través de esta proposición de ley. Nosotros
proponemos que para las elecciones al Parlamento Europeo cada una de las nacionalidades, es decir, cada una de las comunidades autónomas con carácter nacional reconocidas en la Constitución española, cuenten con una circunscripción propia, que cada
una de estas comunidades autónomas pueda elegir sus diputados en el Parlamento Europeo y que, junto a estas circunscripciones nacionales, exista una circunscripción de ámbito estatal para las demás comunidades autónomas. Esta es nuestra propuesta,
propuesta desde luego no cerrada, que estamos abiertos a mejorar en el trámite parlamentario, si así lo acuerda la Cámara, de esta proposición de ley, una propuesta que justificamos en varios argumentos.
En primer lugar, en un argumento democrático. La democracia, saben SS.SS., es el gobierno del pueblo, pero en un Estado plurinacional, ¿quiénes son los pueblos? Si la democracia es el gobierno del pueblo, ¿cuál es el ámbito en el que debe
jugar la democracia, el Estado español o cada una de las naciones que lo integran? La Constitución de forma tímida nos da algunas pistas. El preámbulo constitucional habla de los pueblos de España, en plural. El artículo 2 de la Constitución
habla de nacionalidades como sujetos del derecho de autonomía. Sin entrar ahora en la disquisición de lo que cada uno entienda por este concepto constitucional de nacionalidad, sí podemos convenir en un mínimo, en que cuando la Constitución habla
de nacionalidad como mínimo se está refiriendo a la existencia de un pueblo, de una sociedad, con una base material diferenciada, con una identidad cultural propia, con una lengua propia, es decir, con intereses que no se pueden reconducir al
interés general del Estado. La experiencia gallega así lo demuestra en lo que fue la integración del Estado español en la Unión Europea. La experiencia gallega en lo que fue la defensa por parte de partidos españoles de los intereses de Galicia en
las instituciones comunitarias, pone claramente de manifiesto que es necesario que existan circunscripciones aparte, que es necesario que los gallegos elijamos a nuestros propios representantes.
Y no por ninguna maldad intrínseca de los demás
partidos, sino porque el interés de Galicia se sacrifica siempre en el altar de los intereses generales, que siempre nos olvidan. Podríamos hablar de una votación reciente sobre el plan europeo para la merluza, en la que los dos partidos españoles
coincidieron en
votar a favor, en contra de los intereses de Galicia. O podríamos recordar cómo en el Tratado de Adhesión los intereses y las necesidades de Galicia fueron claramente obviadas y sacrificadas en beneficio de intereses ajenos. Podríamos
hablar también de que ahora que la Unión Europea se va ampliar a otros 15 Estados miembros, muchos de estos Estados, como Chipre o Malta, tienen una población inferior y un territorio también inferior al de muchas comunidades autónomas españolas, en
concreto al de Cataluña, al de Galicia o al del País Vasco.
Podríamos argüir en defensa de esta proposición de ley cómo en los grandes Estados europeos, como le gusta decir a Aznar, y como le gusta decir también a Aznar que entre ellos se cuenta España, salvo en Francia, existen circunscripciones
territoriales de ámbito infraestatal. En Alemania, en Reino Unido desde 1999, en Italia hay cinco circunscripciones o en Bélgica. El único es Francia, pero no se avergüenza y dice claramente que es un Estado unitario. Es curioso que esto suceda
en lo que el Partido Popular denomina el Estado más descentralizado del mundo. En el Estado más descentralizado del mundo hay una única circunscripción para elegir a los representantes de ese Estado, más bien de los pueblos y de los ciudadanos de
ese Estado en el Parlamento Europeo. Pero me refería también a las tendencias que se apuntan y a la línea que parece adivinarse en los trabajos de la Convención Europea. El artículo 35 del anteproyecto del tratado constitucional de la Unión
Europea se refiere a una ley electoral única para toda Europa que regule las elecciones al Parlamento Europeo. Una ley electoral única, se dice, que se concretará en un protocolo adicional a ese tratado constitucional. Hay trabajos sobre esta ley
electoral única en el Parlamento Europeo y en la propia Comisión Europea. Un documento de 1998, paralizado por razones que a este diputado se le escapan pero que puede imaginar, se refiere, por ejemplo, a que es necesario introducir
circunscripciones territoriales en los Estados miembros o, al menos -se dice-, en aquellos Estados miembros que tengan una población superior a 20 millones de habitantes. Se habla también de otras cuestiones, como que el sistema electoral tiene que
ser proporcional -Reino Unido ha cambiado ya su sistema electoral en este sentido-, o de la paridad de género en las listas electorales, incluso de la posibilidad de que cierto cupo de diputados del Parlamento Europeo se reserve para ser elegido en
listas únicas europeas. Es curioso, las tendencias que apunta la Convención y las que apunta el Parlamento se refieren a listas europeas y a circunscripciones de carácter infraestatal, una representación desde luego y una imagen de lo que está
sucediendo y de lo que el futuro nos deparará, de que la defensa cerrada y numantina en la que está empeñado el Partido Popular y el Gobierno español de una simple unión de Estados o de considerar a la Unión Europea como una organización puramente
interestatal no responde a la realidad, y el futuro, esperemos, se encargará de desmentirlo.
Es necesario hablar de la aproximación entre los electores y los elegidos.
Es necesario desde luego seguir manteniendo y defendiendo estas propuestas frente a la cerrazón gubernamental. El Gobierno se opone a que las comunidades autónomas
puedan participar directamente en las instituciones comunitarias en aquellos asuntos que les afectan. Se opone a que exista en la Convención europea una mención directa a lo que tímidamente se llaman regiones con competencias legislativas. Dice
que eso debe quedar a determinación de cada uno de los Estados. Olvidan el Partido Popular y el Gobierno, como lo hicieron gobiernos anteriores, que la Unión Europea no es una mera unión de Estados. Los documentos comunitarios hablan cada vez con
más frecuencia de unión de pueblos y de Estados y eso tenemos que llevarlo a la práctica y tenemos que hacerlo realidad y hablan también de que el derecho comunitario, por ejemplo, no es simplemente derecho internacional, porque si no no se
explicaría cómo tiene eficacia directa en el ordenamiento de los Estados miembros y cómo cada uno de los ciudadanos de la Unión Europea puede alegar ese derecho ante los jueces y tribunales. Cuando se habla de ciudadanía europea se está hablando de
ciudadanos que pertenecen a un Estado, pero que pertenecen también a pueblos y sociedades diferenciadas que existen dentro de esos Estados. Por eso, señorías, en este debate de toma en consideración de esta proposición de ley del Bloque
Nacionalista Galego, pueden argüirse y refutarse los argumentos que estoy aduciendo con argumentos teóricos, los que se quieran. Desde luego no parece muy congruente ni muy compatible con la defensa de un modelo federal, simétrico o asimétrico,
seguir sosteniendo, por ejemplo, una circunscripción única para todo el Estado español. No parece demasiado compatible; igual que tampoco parece demasiado compatible, como ya dije, seguir manteniendo esta postura y empeñarse en la intangibilidad
de la Ley electoral para lo que conviene, lógicamente con la afirmación de que vivimos en el Estado más descentralizado del mundo.
Así las cosas, parece que debajo de los argumentos teóricos, debajo de las referencias que se hagan a no sé qué sentencia del Tribunal Constitucional -hablamos la semana pasada de cómo se elige a los magistrados del Tribunal Constitucional-,
realmente lo que se esconde es la defensa de intereses partidarios, muy legítimos pero partidarios.
Además, como gallego les tengo que decir que la defensa de esos intereses partidarios siempre supuso el sacrificio de los intereses de Galicia.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Aymerich.
¿Algún grupo parlamentario desea hacer uso del turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el señor Erkoreka tiene la palabra.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, como decía oportuna y certeramente Karl Loewenstein, el que hace la ley electoral tiene el poder de conformar el proceso político y con ello la capacidad de modelar el régimen político existente en cada país en cada momento. Es
preciso reconocer que no le faltaba razón al insigne constitucionalista germano, porque el sistema electoral, efectivamente, no constituye un elemento secundario o meramente instrumental que se limita a fijar las normas que regirán el proceso de
selección de los ciudadanos que van a encarnar las instituciones representativas de un país en el marco de un régimen político perfectamente definido. El sistema electoral no es un elemento intrascendente y mucho menos aún neutral y aséptico con
respecto al régimen político en el que se inserta y dentro del cual opera. Al contrario, podríamos decir que es un elemento definidor del propio régimen político. Es una pieza estructural o si se prefiere arquitectural del propio régimen político
y no precisamente además una pieza irrelevante y subordinada. Por efecto del sistema electoral un determinado régimen político, por ejemplo, puede ser bipartidista o pluripartidista; puede ser más o menos cercano al ciudadano y, por lo que se
refiere a la iniciativa que hoy debatimos, puede ser también el régimen político más o menos centralizado o descentralizado. Las decisiones del legislador electoral no son, pues -de ninguna manera lo son-, intrascendentes a la hora de moldear el
régimen jurídico. Son decisiones decisivas y cruciales que contribuyen de modo efectivo a moldear el sistema político en el que se adoptan en la medida en que definen elementos sustanciales, elementos nucleares y claves de su funcionamiento.
La iniciativa que hoy debatimos no es en esto una excepción; en la medida en que pretende modificar la ordenación geográfica, la ordenación territorial de las circunscripciones en las elecciones para el Parlamento Europeo, afecta
directamente al régimen electoral e incide por tanto de un modo, diría, no desdeñable en la configuración del propio régimen político español, porque a la hora de caracterizar al Estado autonómico español como un Estado políticamente
descentralizado, no es irrelevante el hecho de que las elecciones al Parlamento Europeo se lleven a cabo en circunscripciones únicas o que se desarrollen con arreglo a un sistema que divide el territorio en diferentes circunscripciones coincidentes
con los límites de alguna o de varias comunidades autónomas. La lealtad del legislador electoral para con el modelo descentralizado de organización territorial que resulta en este caso del bloque de la constitucionalidad no es la misma, ni mucho
menos, si se adopta un sistema coherente con este modelo de organización territorial que si se establece sobre la base de un sistema electoral que ignora este modelo de organización territorial del poder. Hay soluciones normativas más acordes y
respetuosas con el modelo autonómico de organización territorial del Estado y soluciones normativas que son menos coherentes con este modelo.
La solución normativa actualmente vigente, la que está contenida en los artículos 214 y siguientes de la
Ley Orgánica del Régimen Electoral General, es preciso reconocerlo abiertamente, es muy poco coherente con el sistema autonómico. Es más, yo diría que es incluso abiertamente contradictoria con este modelo de organización territorial del poder.
La situación actual, la que la proposición de ley que debatimos pretende modificar, está tocada de transitoriedad, es cierto, pero se ha de reconocer que la temporalidad está empezando a ser tan dilatada en el tiempo que de hecho se aproxima
bastante más a una situación definitiva que a una transitoria o, lo que es peor, se aproxima más a una situación que podríamos calificar de falsamente definitiva, en la medida en que existe un mandato expreso del Tratado de la Unión orientado a
modificar esta situación. El artículo 190 de dicho tratado en su apartado cuarto insta al Parlamento Europeo a elaborar un proyecto encaminado a hacer posible su elección por sufragio universal directo o de acuerdo con un procedimiento uniforme en
todos los Estados miembros o bien de acuerdo con principios comunes a todos los Estados miembros, con arreglo al inciso final incorporado por el Tratado de Amsterdam. Pese a los diferentes intentos que la institución parlamentaria de la Unión
Europea ha llevado a cabo en los últimos tiempos para responder a este mandato, lo cierto es que hoy todavía no es posible fijar de un modo consensuado ni un procedimiento uniforme para todos los Estados ni tampoco unos principios comunes que hayan
de ser respetados en los procesos electorales de todo el conjunto del territorio que abarca la Unión Europea. Como consecuencia de ello las elecciones al Parlamento Europeo se siguen todavía desarrollando con arreglo a normas distintas en cada
Estado miembro, se siguen rigiendo por las normas que cada Estado miembro ha dictado para ordenar el proceso electoral. La situación, evidentemente, es insatisfactoria, es más, diría incluso que es irregular desde una perspectiva comunitaria,
porque ni da satisfacción
a una voluntad claramente expresada en el texto del propio tratado ni tampoco permite hacer plenamente efectivo en este terreno, como, por cierto, acertadamente denunció la doctrina científica hace ya mucho tiempo, el principio de la
primacía absoluta del derecho comunitario, porque en torno a este punto la legislación nacional prevalece frente a la normativa comunitaria, que no existe, aunque por mandato expreso del tratado haya de existir.
En general -digo en general, lo cual supone aceptar que existen excepciones-, hay una básica correspondencia entre el modelo centralizado o descentralizado de distribución territorial del poder sobre el que se apoya cada Estado y la opción
por una circunscripción única o por una ordenación del proceso electivo que se apoya en una pluralidad de circunscripciones. Los Estados de estructura centralizada tienden a organizar las elecciones al Parlamento Europeo sobre la base de una
circunscripción única -el modelo paradigmático sería el francés- y los de estructura descentralizada propenden, mediante diferentes fórmulas, es cierto, pero la tendencia es evidente, a fragmentar el territorio en diferentes circunscripciones
electorales, normalmente -aunque también aquí existen excepciones- coincidentes con los entes subestatales en los que se estructura territorialmente el Estado. Es el caso de Bélgica, Alemania, Italia, etcétera. También hay excepciones, insisto,
pero esta es la tendencia general. Hay Estados de estructura centralizada, como Irlanda, que han descentralizado sin embargo la geografía electoral, y existen excepciones en sentido contrario -el caso más rotundo y más claro es el español-, Estados
de estructura descentralizada que sin embargo han centralizado rabiosamente la ordenación de las circunscripciones electorales para las elecciones al Parlamento Europeo. Es curioso, es sorprendente, incluso puede decirse que es chocante, pero es
así. El Estado que se dice el más descentralizado de Europa, incluso el más descentralizado del mundo, según algunas afirmaciones apodícticas que circulan por doquier en los medios de comunicación y que proceden mayoritariamente del Gobierno y del
partido que lo sustenta, el Estado más descentralizado del mundo, en lo que se refiere a la ordenación del sistema electoral que permite elegir a los representantes al Parlamento Europeo, se acerca, casi se identifica con el Estado más rabiosamente
centralista del mundo, como sería el francés.
Ya sabemos que el modelo actual, el que aparece recogido en la LOREG, es constitucional, que no vulnera la Constitución, que nada específico prescribe sobre este particular, pero ello no significa que sea ni el idóneo ni el que mejor se
corresponde con la estructura territorial del Estado. La circunscripción única para las elecciones al Parlamento Europeo constituye en España, a nuestro juicio, un engranaje claramente disfuncional en una maquinaria institucional que responde a un
diseño en general de carácter descentralizado. Si me permiten la expresión, es una especie de caballo de Troya que introduce elementos de centralización en un marco que pretende y se predica descentralizado. Es una especie de quinta columna
centralizante en un contexto que debe basarse, por mandato constitucional, en la pluralidad y también en la pluralidad territorial.
Es una solución que nos aproxima mucho más a los países centralizados del mundo que a los de tradición federal.
La iniciativa que hoy debatimos propone la división del territorio estatal en cuatro circunscripciones, una por cada nacionalidad histórica, lo que suman tres, y una cuarta para el resto del territorio. La propuesta, no se puede negar,
tiene su fundamento, no es arbitraria ni es caprichosa, porque la distinción entre las tres comunidades autónomas para las que la proposición de ley plantea la creación de circunscripción propia y el resto del territorio del Estado es una distinción
jurídicamente objetiva, porque tiene base constitucional, y es también a nuestro juicio razonable, en la medida en que, entre otras razones, la inmensa mayoría de las voces que han planteado la eliminación de la circunscripción única ha procedido de
estas comunidades autónomas. La demanda es, pues, más clara y efectiva en estos territorios que en los de las restantes comunidades autónomas del Estado. Esto es innegable y es innegable le guste o no a ese paradigma de la imparcialidad, a ese
modelo universal de juez objetivo e imparcial que es el presidente del Tribunal Constitucional, qué le vamos a hacer. A nuestro juicio nuestra fórmula es mejor. El Grupo Vasco tiene presentada también una proposición de ley que plantea una reforma
de estos preceptos de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General en una línea semejante, pero no plantea la creación de un numerus clausus de circunscripciones electorales. Planteábamos un régimen abierto en virtud del cual cada comunidad
autónoma, siempre que se dé un umbral mínimo imprescindible, pudiera, a través del acuerdo pertinentemente adoptado por su asamblea legislativa, crear una circunscripción electoral; acuerdo como consecuencia del cual se crearía una circunscripción
con una asignación de diputados correspondiente o el equivalente al número proporcional o al peso proporcional que su demografía representase en el conjunto del Estado. Es una fórmula que a nuestro juicio es más equilibrada, incluso está más acorde
con el principio dispositivo, que es uno de los que inspiran la ordenación territorial del Estado dentro del marco constitucional, pero eso no empece para que votemos favorablemente esta iniciativa, que nos parece razonable, plantea una discusión
imprescindible e insoslayable y apunta a una línea correcta,
más allá de las matizaciones que puedan hacerse en relación con la concreta fórmula que arbitra. Insisto, nosotros hemos planteado otra alternativa que consideramos mejor, pero esta no es desdeñable y es perfectamente defendible porque ni
es arbitraria ni es caprichosa y tiene un fundamento objetivo y razonable.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Erkoreka.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Gracias, señora presidenta.
Señorías, subo a esta tribuna para mostrar mi total y completo acuerdo con la iniciativa que presenta el señor Aymerich. Tan estoy de acuerdo que voy a votar en contra, y ello por una sencilla razón, señorías. Es verdad que el señor
Aymerich, con la elegancia que le caracteriza, ha hecho un regate corto y ha dicho: si en su momento esto se admite a trámite, estaríamos abiertos a nuevas incorporaciones. Me parece bien, pero, ¡por Dios!, ¡Tu quoque, Carolus, amici mi! Que a
alguien en un momento determinado se le haya ocurrido la teoría de las cuatro circunscripciones no sé en qué sitio de la Cámara lo ubicaría, porque a los centralistas no se les ocurriría las tres primeras. Uno siempre esperaba que los nacionalismos
no jugaran el papel archisabido de esas letanías. Lo mismo que alguien dice por ahí todos los días que estamos ante el país más descentralizado, también dicen los nacionalismos excluyentes. Yo no querría que uno hiciera el juego a aquellos que
defienden la teoría de los nacionalismos excluyentes.
¿Por qué cuatro circunscripciones? ¿Por qué no se plantea en la iniciativa de forma clara las tres históricas -no tengo inconveniente alguno, muy al contrario- y luego que, con determinada votación, más o menos cualificada en los
parlamentos correspondientes, se pudieran adscribir otras comunidades a la circunscripción de cara al Parlamento Europeo? Pero ni ese portillo hay y a uno eso le raspa. Decía el señor Erkoreka: cuatro porque hay tres históricas. Desde luego le
puedo asegurar que yo no tengo nada que ver con el señor Jiménez de Parga -para bien de él, me imagino-, pero no es mi concepción política. Lo que pasa es que desde mi comunidad autónoma y también desde otras como Canarias, que además tiene una
singularidad muy específica, me planteo: ¿qué culpa tengo de que la derecha de mi tierra, la derecha golpista, no respetara la sagrada siesta un 18 de julio? ¿Qué culpa tengo de que no respetaran la siesta y otras cuestiones? Si la hubieran
respetado, sin duda se hubiera aprobado el estatuto. Usted me dirá: pero no se aprobó. Por eso ustedes, con el respaldo de mi partido y de mi persona humilde en aquellos tiempos del 78, tenían ese plus de poder acceder a una serie de ámbitos
competenciales antes que el resto, pero uno viene de una comunidad autónoma cuya historia no voy a poner encima de la mesa -eso se lo dejo al señor Jiménez de Parga y además mal hecho-, pero sí su historia reciente. Nosotros dimos un pequeño
revolcón a una concepción centralista del Estado y con una acción movilizadora abrimos un portillo por el cual se colaron muchas otras comunidades. ¿Que nos hubiera gustado que el portillo hubiera sido más grande? Sin duda. Pero yo no veo que ese
sea el modelo para una comunidad que en población puede igualar a la suma de las otras tres y en territorio mucho más. Uno, que hace muchísimos años defendía el Estado federal plurinacional y pluricultural, no se ve reflejado en esa propuesta, no
me veo. A lo mejor tampoco me vería reflejado en una propuesta de sota, caballo y rey y no sé cuántas circunscripciones, pero sí me hubiera visto en una propuesta para las tres comunidades históricas per se y con la posibilidad de incorporación de
quien lo demandara.
Decía el señor Aymerich en esta tribuna con mucha razón que ahí hay todo un futuro con vistas al proceso de construcción europea y también al proceso de construcción española. Mutatis mutandis, alguien podría decir que para la elección del
Senado hubiera 39 circunscripciones y tres más.
Pues no. Nosotros defendemos las circunscripciones de todas las comunidades autónomas para la elección del Senado como base para ir construyendo, con o sin reforma constitucional -o la que fuera en
un momento determinado, reforma reglamentaria-, en una lectura o en un proceso más federalizante un Estado federal. En ese sentido también demandaríamos lo mismo que ustedes pero no solamente para las tres comunidades históricas; para las tres por
supuesto -quiero dejar claro el por supuesto-, pero también para todas aquellas que en un momento determinado demanden, no desde sus gobiernos sino desde sus parlamentos, con la mayoría que se quiera aplicar, esa circunscripción con vistas a las
elecciones europeas. Si no alguien podrá pensar que la guerra civil todavía nos sirve para meternos el dedo en el ojo entre gente que sin duda estuvimos en el bando perdedor.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rejón.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor López de Lerma.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, nuestro grupo parlamentario se dispone a votar de manera favorable la toma en consideración de esta proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario Mixto, en concreto el Bloque Nacionalista Galego, y que ha defendido el
diputado señor Aymerich. Nuestra posición no podía ser la contraria ni muchísimo menos, ni tan sólo una actitud abstencionista, porque nuestro parecer siempre ha sido desfavorable a la circunscripción electoral única que rige para las elecciones al
Parlamento Europeo desde la reforma que ha mencionado el señor Aymerich en su intervención de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, la LOREG. Por otro lado, en numerosas ocasiones desde entonces y a lo largo de estos años y de estas
últimas legislaturas, en este hemiciclo, tanto a instancias del Partido Nacionalista Vasco como de Convergència i Unió se han ido presentado propuestas de reforma legislativa más o menos en la misma línea que la que nos presenta hoy el Bloque
Nacionalista Galego y cuantas veces se ha discutido nuestro grupo parlamentario ha fijado su posición respecto a considerar no aceptable, por los criterios que ahora voy a exponer, la actual normativa que rige en las elecciones al Parlamento Europeo
en España.
Entendemos, señorías, primero, que en un Estado complejo como es España -que venimos a denominar Estado de las autonomías, aunque no es la denominación que la propia Constitución da a la estructura políticoterritorial-, donde el poder
político, el poder normativo en su vertiente legislativa y en su vertiente reglamentaria y además el poder ejecutivo se hallan descentralizados y donde tan Estado es lo que venimos a denominar Administración central como lo que venimos a denorminar
administraciones autonómicas, en una situación como esta, señora presidenta, señorías, parece absolutamente incongruente, como ha dicho el señor Aymerich, o contradictoria como digo yo una distribución territorial del poder con una unidad de
circunscripción electoral, aunque sea para el Parlamento Europeo. En segundo lugar entendemos, señorías, que la actual fórmula electoral no se corresponde con lo que ocurre en otros Estados miembros de la Unión Europea que también han
descentralizado su poder político, según el presidente Aznar, como aquí se ha citado, no tanto como en nuestro país; a veces los comparativos no son siempre justos -en algún caso querríamos que fuera como allí y seguro que algunos querrían que
fuera como aquí-, pero, en fin, no vamos a debatir los comparativos, sino decir sólo que en Bélgica, en la República Federal de Alemania o bien en Italia la estructura política de división territorial del poder da lugar, congruentemente, a un
sistema electoral para el Parlamento Europeo distinto del nuestro. Es más, como también ha citado el señor Aymerich, en Estados donde no rige el principio de la regionalización, digámoslo así, en ese ámbito político ni tampoco apenas en el
administrativo, también se da una distribución electoral de tipo territorial. Por lo tanto reitero que la correspondencia entre circunscripción electoral y la estructura políticoterritorial interior en el caso español es evidente que no se da, pero
sí en esos Estados. En tercer lugar, señorías, si la proximidad al electorado es algo que venimos discutiendo cada vez que hablamos de reformas electorales o cada vez que nos imputamos unos a otros -es igual, tanto da- falta de correspondencia con
la opinión pública, con la opinión del ciudadano, no sólo con la opinión publicada; si la proximidad al electorado es cuestión básica para atinada representatividad y un positivo instrumento de relación entre electores y elegidos, es obvio que el
vigente sistema electoral para el Parlamento Europeo niega todo esto. Señorías, señora presidenta, ¿nos podríamos atrever hoy en estos momentos, esta tarde, a citar los cabezas de lista de las distintas candidaturas que obtuvieron escaños en las
últimas elecciones al Parlamento Europeo? No niego que alguna de SS.SS. podrían citarlas, pero estoy absolutamente convencido de que la mayoría estará conmigo en que no nos acordaríamos de buena parte de ellas o quizás de ninguna. Eso quiere
decir algo: la no proximidad entre el elegido y los electores. Entendemos que bajo esas premisas es bueno tramitar como proposición de ley lo que nos aporta el Bloque Nacionalista Galego. Es altamente probable que en la letra haya discrepancias
entre grupos parlamentarios de la Cámara, es lógico, pero, en cambio, si observamos lo que dice la Constitución y observamos lo que dice la LOREG en este punto, la discordancia es absoluta y podríamos estar de acuerdo en solventar esa contradicción.
Nada más, señorías. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor López de Lerma.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor López Garrido tiene la palabra.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Gracias, señora presidenta.
Desde que se aprobó la Ley Electoral General en 1985, reformada en 1987 para el Parlamento Europeo, prácticamente en todas las legislaturas ha tenido lugar una propuesta en la línea de la que hoy nos trae el Bloque Nacionalista Galego, que
solía coincidir con períodos electorales, aunque a lo mejor era una casualidad. Gracias a la eficacia con la que trabaja el servicio de documentación del Congreso de los Diputados, he podido obtener los debates que han tenido lugar sobre este
asunto en esta Cámara desde entonces: el día 20 de febrero de 1990, el 17 de febrero de 1994, el 10 de marzo de 1999, el 16 de marzo del mismo año
1999, y el más reciente, el 19 de junio de 2002. En todos estos casos pasaba lo mismo. Los grupos políticos nacionalistas o los grupos cuyo ámbito político de actuación se circunscribía a una sola comunidad autónoma votaban a favor de un
cambio en la circunscripción electoral del Parlamento Europeo, haciéndola autonómica en vez de estatal. Por otro lado, grupos como el Partido Popular, el Partido Socialista e Izquierda Unida, con un ámbito de actuación política en todo el Estado,
votaban en contra. Yo me imagino que hoy va a pasar lo mismo, y que va a haber la misma división. Unos grupos votarán que sí. Probablemente, los partidos que lo defienden consideran que les beneficia políticamente, y otros grupos votarán en
contra. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista no hay un determinado interés de partido en cuanto a resultados, dado que, haciendo un poco el cálculo según esta propuesta, los resultados serían muy parecidos o iguales en cuanto al número de
escaños que se obtienen en las elecciones al Parlamento Europeo. Por lo tanto, creo que podemos hacer un debate sereno a este respecto, aunque es evidente que a otros grupos sí les haría mucho daño esta propuesta.
Respecto al tema de las circunscripciones electorales es difícil ser dogmático, porque pueden ser defendidos tanto los argumentos a favor como en contra. Algunos de los que se han empleado esta tarde o en los últimos años en estos debates,
tanto a favor como en contra, tienen su parte de razón política. No cabe duda de que un elemento a favor y un argumento para que se modificara es que tenemos una estructura territorial autonómica. Nosotros creemos que, a pesar de todo, hoy hay más
razones para votar en contra que a favor de esta propuesta concreta, o a favor de una propuesta más amplia, porque hay que reconocer que esta propuesta es un tanto discriminatoria, ya que solamente habla de circunscripciones en unas determinadas
comunidades autónomas, aunque seguro que no sería bien visto por parte de algunas de ellas. Si tenemos en cuenta cómo está regulado este asunto a nivel europeo, lo último con lo que nos encontramos es con una decisión del Consejo, por la que se
modifica el acto relativo a la elección de los diputados del Parlamento Europeo por sufragio universal directo, de 21 de mayo del año pasado. En esa decisión del Consejo Europeo, lo único que interesa a efectos de esta iniciativa es que, en función
de sus características nacionales, los Estados miembros podrán constituir circunscripciones, diferentes del Estado, u otras subdivisiones electorales, sin que -y esta es la única exigencia que aparece- se desvirtúe globalmente el carácter
proporcional del sistema electoral. Seguramente, la aplicación de una circunscripción electoral de comunidad autónoma a las elecciones del Parlamento Europeo produciría la práctica desaparición, por ejemplo, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida. Seguramente, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida no tendría casi ningún diputado si hubiera una circunscripción electoral diferente, porque la que existe ahora mismo es la más proporcional y la más directa posible.
No cabe duda que un cambio en la circunscripción electoral afectaría a algún grupo político significativo de una forma muy dañina, afectaría a la proporcionalidad, que es la única exigencia que aparece aquí en lo que dice el Consejo de la Unión
Europea.
Hay otra posibilidad, con la que no estamos de acuerdo, pero que también aparece, que dice que los Estados miembros podrán establecer un umbral mínimo para la atribución de escaños. A escala nacional ese umbral no podrá ser superior al 5
por ciento de los votos emitidos. Nosotros no estamos de acuerdo con ello, pero la aplicación posible de este umbral, que sí permite ese acta, también podía producir efectos muy dañinos a grupos políticos, los que tienen menor fuerza electoral, en
el Estado o en cada una de las comunidades autónomas o circunscripciones. Por tanto, desde ese punto de vista, políticamente e incluso técnicamente a la hora de repartir los diputados europeos, un cambio en la línea que se plantea en esa redacción
o en la línea que plantea el Partido Nacionalista Vasco o Convergència i Unió en otras iniciativas que hoy no vamos a votar, afectaría a un descenso claro de la proporcionalidad del reparto de los escaños y, especialmente, a partir de un momento
como el actual en el que va a bajar, drásticamente, el número de diputados que corresponden a España. Porque España en este momento tiene 64 diputados en el Parlamento Europeo, pero merced a la desastrosa negociación política que hizo el Gobierno
del Partido Popular ha bajado a 54 y cuando entren los diez nuevos Estados bajará a 50. Es decir, que incluso merced a ese baldón que tiene el Gobierno en su debe, de haber hecho un desastroso acuerdo político al respecto, descendiendo
profundamente la representación de nuestro país en el Parlamento Europeo, todavía es mucho más difícil entrar en otras circunscripciones electorales que no sea la estatal, porque entonces todavía el reparto sería menos proporcional y causaría unos
daños importantes. Por ello, es opinable el tema de las circunscripciones y hay argumentos políticos, que no negamos, a favor de otro sistema de circunscripción. Por ejemplo, el de la Constitución Española. La representación en esta Cámara no es
la comunidad autónoma, es la provincia, lo cual no tendría mucho sentido en un Estado autonómico. Pero la Constitución dice que es la provincia, no la comunidad autónoma. Por tanto, es algo muy opinable. Nosotros creemos que hay argumentos en
contra de que eso se cambie en este momento.
Termino señalando los argumentos más centrados en la coyuntura en la que estamos. Los argumentos centrados en lo que vivimos en este momento hacen especialmente inconveniente aceptar ahora esta propuesta. Estamos abiertos al debate, en el
que no cabe dogmatismo al respecto. Una reforma de un sistema electoral requiere un mínimo consenso entre los grupos políticos. El sistema electoral es algo parecido a la Constitución. Hemos visto que desde 1985 hasta hoy aquí no hay un consenso
al respecto, se dividen los grupos políticos y hay grupos políticos nacionalistas que votan en un sentido y grupos políticos que tienen un ámbito estatal que se pronuncia en otro sentido. Falta el elemento de consenso y no desde esta tarde, sino
desde hace diez o quince años siempre pasa lo mismo cuando se plantea una iniciativa así. Además estamos en un momento en el que se está haciendo una constitución europea, se está modificando el esquema, la arquitectura de la Unión Europea.
Estamos debatiendo una constitución europea y seguramente el año que viene vamos a tener, ojalá sea así, esa constitución, donde las competencias del Parlamento Europeo van a fortalecerse y cambiar también. Y las relaciones con otros órganos
políticos también van a sentir ese efecto. No nos parece que sea el mejor momento de plantearse esto justo unos meses antes de que se apruebe una constitución europea. A partir de esa constitución, lo lógico es que Europa se plantee un
procedimiento uniforme en la línea de permitir el objetivo fundamental, que no es -creo yo- pensar en hacer circunscripciones más pequeñas, sino ver cómo lo hacemos para que en el futuro haya listas de partido supranacionales para el Parlamento
Europeo.
Ese es el objetivo. Los ciudadanos, cuando votan en las elecciones al Parlamento Europeo, no están votando sobre todo como ciudadanos gallegos, ni siquiera como ciudadanos españoles, sino como ciudadanos europeos, algo muy parecido a lo
que puede hacer un ciudadano francés. Por cierto, Francia acaba de hacer una reforma de la circusncripción electoral y no ha creado circunscripciones regionales, sino ocho circunscripciones en función de las exigencias proporcionales.
Por eso, esta no es una buena coyuntura para enfrentarse a esta cuestión; habrá que esperar a que se apruebe la constitución europea, a que esto se debata, a que se debata el asunto de la ley uniforme, a que en Europa haya un procedimiento
electoral uniforme y no pase como ahora, que no hay una elección al Parlamento Europeo, sino quince elecciones nacionales, que luego se juntan allí. Eso hay que cambiarlo y ese es el objetivo prioritario políticamente en el momento en que se está
haciendo una constitución para Europa. Por eso, repito, no nos parece que esta sea la coyuntura más adecuada para que esto se produzca. En última instancia, nosotros tenemos que conseguir que en el Parlamento Europeo se representen sobre todo
intereses europeos y que las ciudadanas y ciudadanos voten como ciudadanas y ciudadanos europeos. Ese es el objetivo fundamental y no creemos que esta propuesta que se nos hace hoy vaya especialmente indicada a ese objetivo.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor López Garrido.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Vera.
El señor VERA PRO: Con la venia, señora presidenta.
Señorías, como sospechaban algunos de los portavoces que han intervenido, la posición del Grupo Parlamentario Popular va a ser contraria a la toma en consideración de esta proposición de ley.
Nuestras razones son muy claras. La primera, por coherencia con la posición que el Grupo Parlamentario Popular ha mantenido siempre cuando se trata de reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y, la segunda, por discrepancias
sustanciales con los criterios y principios en los que se basa esta proposición de ley. Fundamentalmente, la proposición pretende que las Comunidades Autónomas de Cataluña, País Vasco y Galicia, que, según se afirma, tienen la consideración de
nacionalidades históricas, constituyan circunscripciones electorales específicas en las elecciones al Parlamento Europeo, manteniéndose el resto de comunidades en una circunscripción única nacional. Pues bien, el Grupo Popular siempre ha defendido
que las reformas de la ley electoral necesitan un amplio apoyo parlamentario y que el acuerdo de los grupos es básico cuando hablamos de reformar las reglas del juego democrático.
Probablemente el señor Erkoreka... ¡Señor Erkoreka! Perdone, es que me voy a referir a usted y me gustaría que me atendiera. Decía que probablemente usted piense, en su filosofía nacionalista, que quien gobierna hace la ley electoral que
más le conviene. Recientemente hemos asistido a un intento de su partido para hacer eso en la ley electoral vasca, pero tengo que decirle que, en lo que se refiere a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, no es así. En este Parlamento
siempre, desde 1985, desde la propia ley, se han hecho las cosas con el apoyo amplísimo de toda esta Cámara y también en las sucesivas reformas. Yo no sé si en esa filosofía nacionalista ustedes tienen otra manera de hacer las cosas, que sí parece.
En todo caso, como hemos tenido oportunidad de escuchar esta tarde, no parece que exista el menor acuerdo en los grupos para reformar la ley
electoral en esta materia. El asunto de la circunscripción electoral en las elecciones europeas es recurrente en el debate parlamentario desde que se planteó por primera vez, en el año 1987, y no en 1985, como decía el señor Aymerich.
Además, como ha dicho también el señor Erkoreka, tengan la seguridad de que tendremos oportunidad de seguir hablando de este tema antes de que termine la presente legislatura. Es un tema especialmente controvertido, como hemos tenido ocasión de
comprobar hoy, una vez más. En todo caso, creo que todos podemos percibir, después de haber oído a los diferentes portavoces, que la posición mayoritaria de la Cámara es la de no modificar el actual sistema de circunscripción electoral para las
elecciones europeas.
Entrando en el capítulo de las discrepancias, he de señalar que la naturaleza de las elecciones al Parlamento Europeo, por sus propias características, no le parece a mi grupo parlamentario propicia ni adecuada para una representación
regional o autonómica. La finalidad de estas elecciones no es otra que extraer de las urnas la representación del conjunto de los ciudadanos españoles, puesto que el Parlamento Europeo no representa a las regiones ni tan siquiera a los Estados
miembros, sino al conjunto de los ciudadanos de la Unión Europea, cuyos representantes se agrupan teniendo en cuenta criterios exclusivamente ideológicos, y no nacionales o territoriales.
La mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea han optado por el criterio de la circunscripción única, por considerar, al igual que España, que así se refleja más adecuadamente la naturaleza y especificidad de la representación y de
la legitimidad democrática de los electos al Parlamento Europeo, en cuanto representantes no tanto de entidades territoriales como del conjunto de los ciudadanos de cada uno de los Estados miembros. En la actualidad, 10 Estados de la Unión Europea
están acogidos al sistema de circunscripción única, cuatro mantienen un sistema de circunscripción territorial y uno mantiene un sistema mixto.
No parece, por tanto, que el sistema de circunscripción única sea tan raro, cuando se utiliza en la
mayoría de los Estados.
Por otra parte, la opción por uno u otro sistema no está ligada ni al tamaño del Estado, ni a la población, ni a su configuración política; por ejemplo, Austria es un Estado federal y utiliza la circunscripción única.
La opción por una
circunscripción o por otra tiene que ver, sobre todo, con el sistema electoral mayoritario o proporcional que se aplique en cada país. Desde el punto de vista del derecho comparado y del derecho comunitario, tanto el criterio de circunscripción
única como el de circunscripciones territoriales es perfectamente lícito, y a quien corresponde decidir sobre cuál se considera más oportuno e idóneo es al legislador nacional. Desde 1987, no se ha producido variación alguna en las circunstancias
que determinaron entonces la opción del legislador español por una circunscripción nacional, que, por otro lado, no vulnera ni el pluralismo político ni el principio de autonomía. Ya se ha recordado aquí la sentencia 28/1991, de 14 de febrero,
dictada por el Tribunal Constitucional, que determina que el sistema actualmente en vigor de la circunscripción electoral única resulta absolutamente legítimo.
Por otro lado, lo que se nos propone esta tarde no es más democrático ni favorece la relación de proporcionalidad en el acceso a los cargos públicos con criterios de igualdad. El artículo 23.2 de la Constitución dispone que todos los
españoles tienen el mismo derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos. Los ciudadanos, sea cual sea su comunidad autónoma, tienen que tener los mismos derechos para el acceso a los cargos públicos. ¿Por qué razón
se nos propone establecer una circunscripción territorial para Cataluña, y no para Castilla y León, para Castilla-La Mancha o para Extremadura? ¿Por qué para el País Vasco, y no para Asturias, Canarias, Aragón o Murcia? ¿Por qué para Galicia, y no
para Baleares, la Comunidad Valenciana, Madrid, Cantabria o La Rioja? ¿Qué hacemos con Andalucía o con Navarra, que tampoco entran en su consideración de nacionalidades históricas? ¿Qué criterios han utilizado para seleccionar tres comunidades
autónomas y olvidarse del resto? El único criterio que invocan los proponentes es el de la condición de históricas de estas tres comunidades, algo que no tiene carta de naturaleza constitucional, con independencia de su uso en el lenguaje político,
y que, en todo caso -a mi entender y al de mi grupo-, ni puede ni debe utilizarse para establecer discriminaciones jurídicas entre las distintas comunidades autónomas.
Una división de estas características -lo ha dicho el señor López Garrido- es, a nuestro entender, insolidaria y no equitativa. Para el Grupo Parlamentario Popular, ninguna comunidad autónoma es superior a otra, y, en todo caso, no
compartimos la selección que nos propone la proposición de ley. Nosotros no somos partidarios de modificar el actual sistema ni aunque la proposición comprendiera a todas las comunidades autónomas.
Consideramos que el sistema proporcional juega
con tanta mayor pureza cuanto mayor sea el número de escaños en juego. También discrepo de lo que ha dicho el señor López Garrido porque habrá que ver lo que votaron los diputados socialistas en el Parlamento Europeo respecto a los acuerdos que van
a permitir la incorporación de otros países a la Unión Europea.
Consideramos esa mayor proporcionalidad cuanto mayor sea el número de escaños en juego porque una circunscripción electoral única no produce ninguna distorsión. Todas las fuerzas políticas obtienen una representación proporcional a su
número de votos vengan de donde vengan; aparte de que nos parece bastante más enriquecedor que personas de todas las regiones puedan elegir entre todas las opciones políticas. Piensen ustedes en los miles de gallegos, vascos o catalanes que viven
fuera de su comunidad autónoma y que podrían querer votar por opciones de su comunidad de origen.
Finalmente, señora presidenta, en la exposición de motivos de la proposición de ley se alude -lo ha dicho el señor López Garrido al final de su intervención- a que el Consejo de la Unión Europea está estudiando un procedimiento electoral
uniforme para las elecciones al Parlamento Europeo. Siendo esto así nos parece oportuno, puesto que como hemos podido observar no existe el mínimo consenso exigible, que antes de modificar el actual sistema de circunscripción electoral esperemos a
que exista un procedimiento electoral uniforme con principios comunes para todos los Estados para en ese momento adaptarnos a él. El Grupo Parlamentario Popular estará abierto, ya lo he dicho en alguna otra ocasión, al proceso dinámico que pueda
producirse en Europa, pero por ahora creemos que el sistema de circunscripción única responde a un sistema proporcional en el que la representación plural está garantizada -basta ver los resultados de las elecciones europeas del año 1999- y además
responde también al criterio mayoritario en esta Cámara.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Vera. (El señor Erkoreka pide la palabra.)
Sí, señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Señora presidenta, querría intervenir por alusiones porque se ha hecho una referencia explícita y una interpretación de una intervención mía deformándola, no sé si deliberadamente pero sí manifiestamente...
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Erkoreka, a los efectos del artículo 71 -y muy brevemente, por favor- tiene la palabra.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Muchas gracias, señora presidenta.
El portavoz del Grupo Popular ha hecho referencia a una reforma que se ha pretendido impulsar por parte del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), entre otros, en el Parlamento vasco para reformar las circunscripciones en las elecciones
específicas que se llevan a cabo en la comunidad autónoma. Para apelar a la cuestión de la coherencia, ha dicho que la primera razón por la que defienden la posición es por coherencia porque esta posición la vienen defendiendo aquí sistemáticamente
desde la primera ocasión en que se debatió este tema. Pues nuestra posición allí ha sido exactamente la misma, ha sido la coherencia. Esa distribución de circunscripciones que proponíamos es la que hemos defendido siempre, por cierto la misma que
el Grupo Popular ha defendido en el Parlamento vasco cuando le iba bien y ahora se opone a ella porque le va mal. Nuestra coherencia es para bien y para mal. La suya es solamente para defender lo que interesa y para denostar lo que no interesa.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Erkoreka. (El señor Vera Pro pide la palabra.)
Señor Vera, tiene la palabra pero mucho más brevemente que la intervención del señor Erkoreka.
El señor VERA PRO: Muy brevemente, señora presidenta, simplemente para decir que he hecho referencia a algo citando a determinado autor. Yo entiendo que esa debe ser la filosofía que pretenden aplicar en la ley electoral del País Vasco.
En todo caso, lo que digo tengo bastante autoridad para decirlo, porque cada vez que he subido a esa tribuna para hablar de la ley electoral siempre he defendido que las reglas del juego democrático tienen que ser compartidas por la voluntad
mayoritaria de esta Cámara y no sólo por la voluntad de un grupo político.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Vera. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez), orgánica de reforma parcial de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de
Régimen Electoral General.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 250; a favor, 21; en contra, 227; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ACORDADO EN LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN 1995-2003.
(Número de expediente
162/000709.)
La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: Proposiciones no de ley.
En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la adopción de las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo
acordado en la comisión de seguimiento del Plan de la minería del carbón 1995-2003. Para la presentación y defensa de la iniciativa, tiene la palabra el señor Fernández Rozada. (Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio y ocupen los escaños, por favor.
(Pausa.)
Adelante, señor Fernández Rozada.
El señor FERNÁNDEZ ROZADA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, me complace intervenir en nombre del Grupo Parlamentario Popular que ha presentado esta proposición no de ley, relativa a la adopción de medidas necesarias para dar cumplimiento a lo acordado en la comisión de
seguimiento del Plan de la minería del carbón 1998/2005, para manifestar, una vez más, que el Gobierno de España va a cumplir los acuerdos firmados en relación con la minería pública y en concreto en el ámbito del Plan de la minería del carbón
1998/2005, que se ha convertido en su aspecto de desarrollo alternativo de las comarcas mineras en la auténtica esperanza de estas, una vez que el carbón tenga determinadas sus capacidades finales como fuente de reserva energética de la Unión
Europea.
Como todas SS.SS. saben, el reglamento de la CE de 23 de julio de 2002, sobre ayudas estatales a la industria del carbón aplicables desde el 24 de julio del pasado año y cuyo ámbito temporal en principio comprende hasta el 31 de diciembre
de 2010, sitúa los términos de la cuestión en tres terrenos importantes. En primer lugar, y dado el momento que vive la Unión, a un paso de su ampliación hacia los países del este de Europa, el desequilibrio competitivo que supone en la actualidad
el carbón comunitario frente al carbón importado que, en parte, pronto va a ser carbón comunitario, no olvidemos esto, con la diferencia que ello va a significar para el análisis geoestratégico de esta fuente energética en el marco de la Unión. En
segundo lugar, la necesidad de administrar convenientemente la seguridad del abastecimiento energético de la Unión, dada la importante dependencia externa que la UE presenta. En tercer lugar, el mantenimiento de esa producción de energía autóctona
en las unidades de producción más viables, estableciendo al mismo tiempo ayudas para aquellas unidades de producción que no puedan beneficiarse de aquellas dirigidas al objetivo de mantener el acceso a las reservas de carbón.
En este marco, y considerando asimismo las estrategias de medio ambiente y desarrollo sostenible de la Unión Europea, el reglamento expresado arbitra unas ayudas a la reestructuración de la minería de diferentes categorías. En lo que
concierne a las mismas, tanto para la reducción de la actividad de las unidades inscritas en un plan de cierre, que tenga su término a lo más tardar el 31 de diciembre de 2007, como las que se refieren al acceso de la reserva de carbón, bien para la
inversión inicial, bien para la producción corriente, tendrán en principio un término el 31 de diciembre de 2010.
Como quiera que todos los planteamientos en el ámbito de la minería pasan por acuerdos entre los Estados y los representantes de las empresas y de los trabajadores, el Gobierno de España y en concreto el Ministerio de Economía, ha aprobado
la orden 768/2003, de 17 de marzo, en la que se pone en marcha de forma transitoria el proceso definido en el reglamento comunitario. Dado que este reglamento autoriza a los Estados miembros, por medio de su artículo 9.8 a notificar a la Comisión
Europea los planes específicos de las unidades que han de acceder a cada una de las ayudas hasta el mes de junio de 2004 y que España ha hecho uso de esta posibilidad, se dispone de tiempo suficiente para acometer en un debate sosegado qué unidades
han de sujetarse a uno u otro régimen. En esta tesitura, Gobierno, empresa y sindicatos mineros habrán de velar por el interés general de preservar las unidades de producción rentables y discernir acerca de la inconveniencia de mantener en
explotación aquellas que, cualquiera que sean los parámetros que se utilicen para el análisis, resulten claramente no rentables económicamente, pero sin menoscabo del análisis del impacto social que el ajuste que haya de realizarse tenga en los
territorios mineros afectados que habrá de tenerse muy presente. Por tanto, señorías, manifestaré una vez más la firme voluntad del Gobierno de España y del Partido Popular de seguir abogando por los compromisos firmados, que siempre ha defendido
en todos los foros, como lo está haciendo en este momento, para el mantenimiento de la reserva estratégica de carbón en España que el nuevo reglamento comunitario establece.
Desgraciadamente, señorías, no todas las fuerzas políticas pueden decir lo
mismo.
La minería del carbón no tiene sus días contados, ni mucho menos, como algunas voces agoreras han manifestado por exclusivo interés electoral, y el futuro de las cuencas mineras responderá a criterios de eficiencia que las partes implicadas
sabrán aquilatar, sin perjuicio de la persistencia de las ayudas que sean necesarias como consecuencia de la reducción de la actividad. Con esa voluntad el Gobierno trabaja al objeto de alcanzar con los interlocutores empresariales y sociales el
mejor acuerdo para los intereses de España y de sus comarcas mineras, sin reparar en aquellas voces que ponen el acento de esta determinación en los intereses de las eléctricas. Se trata de un proceso que tiene su plazo fijado en junio de 2004, y
hasta entonces habrá de darse a esta cuestión el tratamiento sosegado y riguroso que le pertenece. Mientras tanto, las comunidades autónomas receptoras de los denominados fondos mineros deberán apurar el desarrollo de las iniciativas recogidas en
el plan alternativo y llevar a cabo en el tiempo las inversiones aprobadas como elemento sustancial de diversificación de las cuencas mineras. No hacerlo así, señorías, significará sin duda alguna perjudicarse en el proceso de diseño de la reserva
de carbón que España tendrá a partir del año 2007. En esta línea, con el deseo del Gobierno de arbitrar sistemas transitorios de enlace entre la finalización del plan el 2005 y el comienzo de la aplicación de la reserva estratégica el 2007, el
Gobierno, como interlocutor correcto, no es ajeno, de ninguna manera a los intereses de las comarcas mineras y de sus habitantes, y en esa lógica de proceso agotará el espacio temporal para alcanzar con diálogo la solución más beneficiosa.
En esta proposición no de ley pedimos que el Congreso inste al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo acordado en la comisión de seguimiento del Plan de la minería del carbón y, en concreto, proceder a la
aprobación de la normativa nacional de desarrollo del reglamento CE/1407/2002, de ayudas al carbón, tal y como se acordó con las organizaciones sindicales y empresariales en el seno de la comisión de seguimiento del plan, celebrada en marzo de 2003.
Esto es lo que pedimos y esto es, señorías, lo que defendemos.
Acabo de conocer las enmiendas que han presentado los grupos parlamentarios de Izquierda Unida, Socialista y Mixto. El Grupo de Izquierda Unida plantea cinco enmiendas de sustitución muy difíciles de atender y de entender. El Grupo
Socialista presenta unas enmiendas de adición, sobre las que, dada su voluntad constructiva, de la que no dudo, para poder participar en el proceso de consenso con el Gobierno y los sindicatos, me adelanto a decir lo siguiente.
Las previsiones del Plan de la minería del carbón al año 2005, tanto en producción -13 millones de tonelada-, como en plantilla -17.500 trabajadores-, no son más que unas previsiones que se han visto modificadas por las decisiones de las
empresas y de los propios trabajadores, con las solicitudes de prejubilaciones y bajas incentivadas financiadas por el propio Instituto del Carbón. Los 12 millones de toneladas de carbón, con ayudas al 2005, será la producción real según las
decisiones de las empresas, algunas ya aceptadas por las organizaciones sindicales y otras impuestas por Bruselas. El plan establece un principio general de recolocación de cuatro por once, pero establece que dicho porcentaje puede ser modificado
por los acuerdos entre empresas y comités de empresa. El Plan de la minería del carbón recoge que en el año 2004 los firmantes habrán de sentarse para analizar el desarrollo del plan hasta esa fecha y ver en su caso si se adopta alguna decisión
para el futuro. Las empresas eléctricas consumidoras del carbón con ayudas deben comunicar a las autoridades de la Unión, en el año 2004, cuáles son las centrales en las que van a llevar a cabo las actuaciones necesarias para poder seguir operando
con carbón, al tiempo que cumplen los compromisos establecidos por la legislación medioambiental. Hasta que esa comunicación no se efectúe no se estará en disposición de determinar cuál podrá ser la reserva estratégica y su distribución. Esto da
en alguna medida contestación a esa preocupación en forma de enmienda de los grupos parlamentarios
Finalizo diciendo que nuestro Gobierno, desde la llegada de Aznar al mismo en 1996, no ha hecho más que apostar decididamente por el carbón, manteniendo un plan en vigencia hasta 2005 que se está cumpliendo escrupulosamente. Por lo tanto,
no hay motivos de alarma en torno al futuro, porque en este caso tenemos al Partido Popular apoyando al Gobierno para el desarrollo alternativo de las comarcas mineras, cuyos resultados por las inversiones desde 1996 para acá ya pueden observarse, y
todos los habitantes de las comarcas mineras en España ya pueden sentirse satisfechos no sólo del grado de cumplimiento, sino de la colaboración y apuesta decidida por el carbón que el Gobierno de Aznar ha venido haciendo desde 1996.
Nada más. Muchas gracias. (Un señor diputado: ¡Que se vaya a la mina!)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Fernández Rozada
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta. Señorías, en esta ocasión hay que agradecerle al Grupo Parlamentario Popular que haya dado al resto de los grupos parlamentarios, al menos a los que hemos presentado enmiendas, la
oportunidad de que
podamos plantear de manera clara que el Gobierno no está llevando a cabo los acuerdos adoptados en el Plan general de la minería del carbón y que su iniciativa es más bien una iniciativa trampa. Ustedes hablan en ella de que se continúen
los acuerdos firmados en el Plan general de la minería del carbón y que se trasponga al ordenamiento jurídico español el reglamento de la Comisión Europea. Sin embargo, lo que no dicen es que el Gobierno ya está dando pasos en contra precisamente
de ese Plan general de la minería del carbón, y que lo están haciendo de una manera clara y decidida, sin el acuerdo de las empresas ni fundamentalmente de las organizaciones sindicales. Desde 1990 se han cerrado en España 123 explotaciones de
extracción de carbón y se han perdido 17.500 puestos de trabajo, aunque si se quiere preservar un grado de autonomía energética suficiente, el carbón sigue siendo imprescindible para el funcionamiento de ese sector energético, con matizaciones a las
que después haré referencia.
El actual Plan general de la minería del carbón, con vigencia para el período 1998-2005, fue fruto de la negociación y el consenso con las organizaciones sindicales más representativas, como un nuevo proceso de reconversión del sector. En
el mismo se fijaban objetivos de reducción de actividad y de las ayudas a la explotación, fijando claramente la producción a mantener al final del programa. Eso no es algo que estaba a la voluntad, que luego después se tenía que volver a
renegociar, sino que quedaba claro, dentro del Plan general de la minería del carbón, cuál era la producción que al final de ese periodo quedaba fijada para mantener el programa.
El Gobierno, de manera unilateral, ha formulado, para su presentación en la Unión Europea, un llamado plan provisional de acceso a reservas de carbón y de cierre de instalaciones, derivado del plan 1998-2005 de la minería del carbón y del
desarrollo alternativo de las comarcas mineras y previsión al año 2005, en el que refleja una previsión de disminución de la producción del carbón en el año 2005 de un millón de toneladas menos sobre lo pactado con las organizaciones sindicales, lo
que está generando, desde luego, y eso no se puede ocultar, contestación por parte de las organizaciones sindicales. De ahí que hayamos presentado la primera enmienda de nuestro grupo parlamentario, por la que pedimos que el Gobierno abra de manera
inmediata un marco negociador con todo el mundo para que se puedan concretar esas reservas estratégicas y no sea una posición unilateral, rompiendo, precisamente, el acuerdo y el consenso adoptado en ese Plan general de la minería del carbón.
El Gobierno debe garantizar el cumplimiento de los objetivos de recolocaciones pactados en el plan, que no se está haciendo. Se está incumpliendo el acuerdo específicamente en la minería privada y no se puede solventar desde la tribuna
diciendo que hay acuerdo entre las organizaciones sindicales y la empresa privada, porque los propios sindicatos son los que están denunciando que no se están cumpliendo las previsiones del plan en cuanto a los objetivos de recolocación y que se
está incumpliendo el acuerdo adoptado de cuatro incorporaciones por cada once bajas, y que es fundamentalmente en la minería del carbón donde se está planteando. También estamos proponiendo que se debe de corregir el sistema de entrega de las
ayudas al funcionamiento, porque se están produciendo retrasos concretos y específicos que vienen a afectar de una manera directa a las percepciones laborales de los propios trabajadores, con lo cual esas ayudas se están dando con retraso y están
impidiendo un funcionamiento correcto en cuanto al futuro de los trabajadores. Además, señorías -y de ahí que hayamos presentado también la enmienda número 2 al texto propuesto por el Grupo Popular- lo que estamos planteando es que el plan de
HUNOSA, de la que en estos momentos es responsable la SEPI, contemplaba una incorporación de 550 trabajadores, y que, por tanto, eso también lo debe garantizar el Gobierno obligando a que la SEPI tenga como preferencia esa incorporación de los 550
trabajadores y no la generación de nuevos empleos, lo que no quiere decir que no los genere, sino que la preferencia ha de ser la de la recolocación y no la de la generación de nuevos empleos.
En nuestra enmienda número 3 planteamos que la generación de energía eléctrica a partir del carbón sigue siendo necesaria para garantizar en España la diversidad, como mínimo, en la producción del suministro energético. En estos momentos,
tal y como se está funcionando, y como se está derivando la producción de energía eléctrica fundamentalmente a las centrales térmicas de ciclo combinado, se van dejando cada vez más de lado a las centrales térmicas convencionales sin hacer las
inversiones necesarias. Se quiere uno apoyar, sobre todo, en la energía hidráulica, pero eso tiene un problema, como es que cuando hay un episodio de menores lluvias de las esperadas somos mucho más dependientes de las materias primas que nos
tienen que venir de unos países que tienen una dudosa estabilidad política y que, por tanto, puede provocar inestabilidad también en el suministro del gas. Por eso, señorías, creemos que el sector de la producción térmica a través del carbón
necesita de una remodelación que venga a cumplir con las condiciones del Protocolo de Kioto y con las condiciones impuestas en la Unión Europea, según la burbuja europea que afecta al Protocolo de Kioto. Lo que estamos planteando, señorías, es que
se garantice esa adaptación antes de que termine este año. Se tiene que garantizar que haya un plan de adaptación de las centrales
térmicas que van a seguir funcionando con carbón para que dejen de emitir las cantidades de CO2 que emiten. Esto tiene que ver con los objetivos de incorporar -cosa que se tenía que haber hecho hace ya muchos años y que se empezó pero que
no se concluyó- sistemas de desulfuración y, sobre todo, los sistemas de reducción de óxidos nitrosos. Por tanto, señoría, también debe quedar claro y concretarse por parte del Gobierno cómo se van a financiar estas remodelaciones que se tienen que
practicar en la adaptación de los equipos termoeléctricos.
Hay algo de lo dicho desde esta tribuna por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular que desde luego no compartimos. No es verdad que se estén llevando a cabo de una manera concreta y específica las iniciativas tendentes a la generación
de empleo en los concejos más castigados por la reconversión del sector. Esto se tenía que haber hecho con las ayudas a las iniciativas empresariales y desde luego no está funcionando, señorías, porque para ello se creó dentro del programa de
desarrollo alternativo de las comarcas mineras un presupuesto cuya ejecución debía llevar a cabo el Instituto para la reestructuración de la minería del carbón a través de unos estudios de impacto sobre la economía de las zonas, estudios de impacto
que no se han elaborado; por tanto, todavía no se puede decir que se haya hecho ningún tipo de inversión empresarial ni que se haya fomentado, porque no se han elaborado estos estudios que son los necesarios para una intervención seria y rigurosa.
No se ha hecho. De todas formas, señorías, ustedes mismos en su exposición de motivos proponían la creación de comisiones después de la reunión del mes de marzo de este año de la comisión de seguimiento, precisamente para hacer el seguimiento de
todos estos temas que no se están llevando a la práctica y cuya responsabilidad no es de las comunidades autónomas a las que ustedes se la quieren achacar desde aquí. El Gobierno también tiene que tener la iniciativa necesaria que no ha puesto en
práctica.
Creemos que es necesario que se pongan en marcha todos los temas que hemos apuntado en nuestras enmiendas; creemos que no se puede volver a traer a esta Cámara una cortina de humo, porque lo que ustedes están planteando es una iniciativa
que cubra la inoperancia o la ineptitud a la hora de llevar a cabo los acuerdos adoptados por el Gobierno con las organizaciones sociales y con el sector afectado y los compromisos con los propios concejos o ayuntamientos, con las zonas mineras
afectadas. Si no se admite al menos alguna de las enmiendas que hemos planteado, no podremos votar a favor, entre otras cosas porque están ustedes intentando engañar una vez más a la ciudadanía con una iniciativa de estas características que va a
dejar las cosas tal y como están, porque lo único que ustedes pretenden es dar cobertura al Gobierno por la ruptura del acuerdo consensuado del plan 1995-2005, puesto en práctica desde 1998, debido a la propuesta que hace el Gobierno de aumentar la
reducción de las toneladas al final del año 2005. Señorías, mi grupo parlamentario no va a participar de ese engaño que ustedes plantean.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Suárez.
El señor SUÁREZ GONZÁLEZ: Señora presidenta, señorías, intervengo para fijar la posición de mi grupo parlamentario con respecto a la proposición no de ley presentada por el Partido Popular.
Como ustedes saben, en el año 1998 Gobierno y organizaciones sindicales de la minería acordaron el denominado Plan de la minería del carbón y de desarrollo alternativo de las comarcas mineras, con un horizonte temporal en el año 2005. En
definitiva, lo que se hacía con ese plan era dar continuidad a las políticas que se habían venido desarrollando en las comarcas mineras y fundamentalmente estaban apoyadas en tres soportes: uno, la necesidad de reordenar el sector minero y mantener
las ayudas, buscando mayores niveles de eficacia; dos, evitar los traumatismos sociales a la hora de acometer esa reordenación del sector minero por la vía de las prejubilaciones, y tres, la necesidad de impulsar el desarrollo alternativo de las
comarcas mineras, modernizándolas y reindustrializándolas.
Ese Plan de la minería del carbón se sustentó, en materia de ayudas prejubilaciones, etcétera, en el tratado CECA en vigor hasta el año 2002.
En el año 2002 la Unión Europea sustituyó el tratado CECA, que posibilita las ayudas de los
Estados miembros a la industria del carbón, por el denominado Reglamento de ayudas estatales a la industria del carbón. Este es un reglamento que posibilita ayudas en los próximos años y que obliga a definir, antes de julio del año 2004, la
denominada reserva estratégica de carbón, reserva estratégica que busca el que se sigan destinando ayudas al mantenimiento de una capacidad de producción de carbón, para incrementar lo que sería la seguridad energética de la Unión Europea y, en ese
contexto, de nuestro país. Está claro que la trasposición de este reglamento de ayudas de la Unión Europea precisa un decreto-ley y unas ordenes ministeriales, algo que el Gobierno puede hacer perfectamente sin necesidad de plantear una proposición
no de ley en este Parlamento.
Su proposición no de ley, que se sitúa en este contexto, dice muy poco, más bien tiene mucho de ambigua,
máxime cuando el Gobierno del señor Aznar trata de introducir un nuevo recorte en la producción de carbón, en la actividad minera y en el empleo minero en nuestro país, por la vía de comunicar a la Unión Europea que en el año 2005 la
producción de carbón en nuestro país no va a ser de 13 millones de toneladas, que es la cifra pactada en el plan del carbón, sino de 12 millones de toneladas. A partir de estas realidades, si se quiere afrontar y dar algunas respuestas a los
problemas reales del sector del carbón y las comarcas mineras en estos momentos, es necesario hacer otras propuestas además de la del decreto-ley y la normativa ministerial; otras propuestas que busquen la viabilidad del sector minero y el
desarrollo de las comarcas mineras. Está claro que el sector minero y las comarcas mineras necesitan estabilidad y necesitan despejar su futuro, entre otras razones para dar tiempo y sosiego a las políticas de modernización y reindustrialización de
las comarcas mineras y para propiciar e incentivar la inversión de los empresarios en las empresas mineras a fin de colocar estas en buena situación y que puedan acogerse a las ayudas que tendrán las unidades de producción que entren en la
denominada reserva estratégica.
A partir de este conjunto de elementos, hemos redactado la enmienda que a continuación paso a explicar. En primer lugar, consideramos que es necesario que se respete la producción de 13 millones de toneladas de carbón prevista para el año
2005 y que, por tanto, el Gobierno retire su comunicación a la Unión Europea por la que reduce ésta en un millón de toneladas; comunicación, por otro lado, unilateral y al margen de la comisión de seguimiento del Plan de la minería del carbón. En
segundo lugar, todos sabemos que la plantilla en el sector minero está por debajo de la pactada en el Plan general de la minería y que tampoco se han respetado las recolocaciones en el porcentaje de cuatro por once, cada once prejubilados cuatro
nuevos mineros. Por tanto, para cumplir el Plan de la minería del carbón es necesario, además de respetar la producción pactada, que el Gobierno del Estado articule mecanismos correctores de tutelaje y mecanismo activos frente a las empresas para
que éstas respeten lo pactado en materia de plantillas y de recolocaciones. En tercer lugar, es necesario que a lo largo de este año se negocie la denominada reserva estratégica de la Unión Europea o la participación española, las unidades de
producción de carbón de nuestro país que van a configurar la reserva estratégica y, por tanto, que gozarán de ayudas más allá del año 2010. En cuarto lugar, está claro que es necesario dar estabilidad al sector minero, a las comarcas mineras y,
junto a la negociación de la reserva estratégica, un nuevo plan del carbón que sustituya al actual, que vence en el año 2005, y que mantenga los parámetros de éste en materia de ayudas a la producción del carbón, de recursos para la
reindustrialización, modernización y desarrollo alternativo de las comarcas mineras, manteniendo los fondos mineros y las medidas sociales que permiten evitar traumatismos sociales en el sector.
Estas cuatro medidas, junto con la necesidad de un
papel activo y no pasivo, como el que hoy el Partido Popular nos ofrece en este Pleno, de la Administración ante las empresas eléctricas para que acometan las inversiones necesarias para dar cumplimiento a la normativa comunitaria en materia
medioambiental antes de 2007 y para que se sepa qué planificación tienen prevista las grandes empresas eléctricas para que esté en consonancia con el plan del carbón que se debe negociar, son necesarias para afrontar en este momento los problemas
que tiene el sector del carbón y poder hablar del futuro del mismo.
La actual iniciativa, en los términos en los que está, es un burladero para rehuir los problemas fundamentales del sector en este momento, que son, como decía antes, el incumplimiento del Plan general del carbón, la necesidad de negociar la
reserva estratégica, la necesidad de un nuevo plan del carbón y de un papel activo de la Administración ante las empresas eléctricas. Por un lado, esta iniciativa es un burladero para rehuir los problemas reales del sector en estos momentos y, por
tanto, rehuir los retos básicos, y por otro lado se ha manifestado como un mecanismo del Partido Popular hoy aquí para criticar a los gobiernos autonómicos, en concreto, por lo que ocurre en la comunidad autónoma por la que uno es diputado, al
Gobierno del Principado de Asturias. En materia de fondos mineros y de retrasos en alguna actuación básica ustedes tienen mucha responsabilidad. Conocen la propuesta que se les está haciendo desde Asturias de un acuerdo amplio de las
administraciones afectadas con las asociaciones sindicales para afrontar los retrasos que hay en infraestructuras y actuaciones básicas en materia de fondos mineros. Tratan de rehuirlo por la vía de hacer responsable de ello al Gobierno de
Asturias, cuando saben que no lo es. Si algún gobierno de Asturias es responsable de ello es el anterior del Partido Popular, del que ustedes al final nada quisieron saber. Esta resolución no resuelve los problemas en estos momentos, les permite
lavarse la cara en lo relativo al sector minero y tratar de ponerse alguna medalla, y a la vez la usan de manera poco seria y poco elegante para criticar a gobiernos autonómicos, en concreto al de Asturias. En este contexto entenderá que no
apoyemos esta iniciativa.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Suárez.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
En nombre del Bloque Nacionalista Galego, de manera telegráfica intentaré justificar nuestra enmienda, que pide simplemente que se amplíe la representación de las organizaciones sindicales en la comisión de seguimiento del Plan de la minería
del carbón, para que puedan formar parte de dicha comisión aquellas organizaciones sindicales que ostentan la condición de más representativas a nivel de la comunidad autónoma y, por supuesto, cuestión fundamental, que cuenten con representación de
los trabajadores en las empresas dedicadas a la extracción de carbón para la producción de energía eléctrica. Tiene tanta lógica esta enmienda que debería estar incluida en las formas de funcionar y en la representatividad de la comisión de
seguimiento, pero no es así; yno es así porque este tipo de marginación es complementaria de otro tipo de marginaciones previas. La primera de ellas es la paradoja de que, siendo el 30 por ciento de la producción de carbón en el Estado español
lignito pardo, éste no estuviese contemplado inicialmente en los planes de la minería del carbón y se pusiera el pretexto de que no se trataba del carbón CECA. El segundo criterio discriminatorio es que, a pesar de que la pérdida de puestos de
trabajo en las comarcas mineras de Galicia -que curiosamente son las que extraen lignito pardo- representa el 10 por ciento del empleo perdido, una vez que consiguió introducirse en el Plan de la minería del carbón gracias a movilizaciones populares
y de una gran presión resulta que las inversiones destinadas a Galicia solamente representan el 2,5 por ciento del total. Pero aún hay más. Después de haber conseguido esta inclusión tras muchas batallas y tras haber sido aprobado por unanimidad
en el Congreso de los Diputados para que fuese así, da la casualidad de que algunas de las obras conveniadas no han sido asumidas por la minería del carbón ni por el dinero comprometido sino por el Fondo de Compensación Interterritorial e incluso
por los fondos estructurales, como ha ocurrido por ejemplo con el desdoblamiento del corredor Ferrol-As Pontes hasta el lugar de Iglesiafeita o la carretera de Cabanas-A Capela-Goente en dirección a As Pontes de García Rodríguez, que es precisamente
el centro más importante de extracción de carbón a cielo abierto del Estado español.
Este es el motivo de la enmienda que presentamos, que pienso que debe admitirse para que pueda haber una información clarificada y un debate plural con la participación de todos los interesados y sin la exclusión de Galicia -como se
pretendió al inicio dejándola totalmente al margen del plan- pero también con la representación más genuina de los trabajadores, en concreto de los que tienen mayoría sindical en los dos centros de Galicia, el de As Pontes y el de Meirama.
Nada más.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Vamos a votar favorablemente esta proposición no de ley en la medida en que lo que hace es recoger los acuerdos de la comisión de seguimiento del Plan de la minería del carbón 1995-2003, constituida por la Administración central y las
organizaciones empresariales y sindicales.
En síntesis, lo que pretende la proposición no de ley es instar al Gobierno a aprobar la normativa de desarrollo del Reglamento del Consejo Europeo 1047/2002, de 23 de julio, sobre las ayudas estatales a
la industria del carbón. El parecer del Consejo, que sin lugar a dudas compartimos, es que el fortalecimiento de la seguridad energética de la Unión, basado en el principio general de precaución, justifica el mantenimiento de una capacidad de
producción de carbón apoyada en ayudas estatales. Ahora bien, no se trata de una producción genérica sino que a lo que deben ir dirigidas estas primas es a los costes relacionados con el carbón destinado a la producción de electricidad, a la
producción combinada de calor y electricidad, a la producción de coque y a la alimentación de los altos hornos del sector siderúrgico, siempre que la utilización tenga lugar dentro de la Comunidad Europea. Ciertamente, estas medidas estatales de
apoyo en ningún caso deben suponer una renuncia a los procesos de reestructuración de la industria del carbón, con la finalidad de que la industria comunitaria del carbón deba ser competitiva respecto del carbón importado. Por lo demás, las ayudas
son temporales, se destinan a reducción de actividad y a los accesos a las reservas de carbón. Por otra parte, el Reglamento también permite la compatibilidad de estas ayudas con las destinadas en investigación y desarrollo a protección del medio
ambiente y formación.
Como señalaba al inicio de mi intervención, nuestro grupo no puede oponerse a estos acuerdos alcanzados por los operadores ni a la necesidad del desarrollo del Reglamento comunitario. En esta misma legislatura nuestro grupo ha traído al
Congreso diversas proposiciones no de ley, concretamente tres, sobre materia que pudiera considerarse equivalente.
Una fue sobre el cumplimiento del protocolo de colaboración entre el Ministerio de Industria y Energía y la Comunidad Autónoma de
Cataluña para la promoción del desarrollo económico alternativo de las zonas mineras del carbón. En otra se instaba al Gobierno a la adopción de medidas para compensar a los beneficiarios del cupo del carbón de los efectos derivados de la supresión
del
mismo. Finalmente, también se ha instado al Gobierno a garantizar el cumplimiento de los acuerdos de aprovisionamiento de carbón de la central térmica de Cercs en caso de venta de la misma. No hay ninguna duda de que el cumplimiento de
estos acuerdos, especialmente por lo que hace referencia al desarrollo en nuestro ordenamiento de las disposiciones y normativa comunitaria, permitirá la continuación de las explotaciones mineras sitas en Cataluña como es el caso de Carbons de
Pedraforca, en El Berguedà, y Carbonífera de l'Ebre, en Lleida, hasta el año 2005. El Berguedà es una subcomarca catalana muy castigada por las diferentes reconversiones y crisis que ha sufrido su tejido industrial, integrado principalmente por la
industria extractiva y por la industria textil. La única explotación de carbón que aún queda en activo en la comarca ha presentado un plan de reducción de actividades que prevé el cierre definitivo a finales del año 2005, plan que se consensuó
entre los interlocutores sociales e institucionales y fue aceptado y asumido en su momento por el Ministerio de Industria y Energía, que en aquellos momentos era el departamento responsable de las gestiones de las ayudas al carbón. Medidas como las
que hoy instamos a adoptar al Gobierno permitirán también la continuación de estas explotaciones con las consecuencias sociales y de equilibrio territorial que significan.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.
Señor Fernández Rozada, de su intervención se ha deducido desde la presidencia que no aceptaba ninguna de las enmiendas que han sido presentadas. (Asentimiento.) Muchas gracias.
Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la adopción de las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo acordado en la comisión de seguimiento del Plan de la minería del carbón 1995-2003, que se
somete a votación en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 237; a favor, 151; en contra, 86.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL FERROCARRIL METROPOLITANO DE SEVILLA. (Número de expediente 162/000713.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre financiación de las obras de infraestructura del ferrocarril metropolitano de Sevilla. Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra la
señora Pozuelo.
La señora POZUELO MEÑO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la pasada semana la Junta de Andalucía terminó el proceso de adjudicación, de contratación y de autorización del gasto que va a permitir iniciar de manera inmediata la construcción de la línea 1 del metro de Sevilla y su área
metropolitana. La Junta ha tomado estos acuerdos en cumplimiento de los convenios suscritos con los ayuntamientos de Sevilla, Dos Hermanas, San Juan de Aznalfarache y Mairena del Alfaraje para la construcción del transporte metropolitano.
Desgraciadamente el Gobierno de la nación no participa en este gran proyecto, imprescindible, clave y fundamental para el presente y el futuro de esta gran zona urbana que es el área metropolitana de Sevilla; imprescindible si se quieren
desarrollar nuevos modos de transporte con un nivel de calidad de servicios que sea competitivo con el vehículo privado, única manera de evitar el ahogo de las grandes ciudades. Son sistemas de transporte que tienen como objetivo configurar unos
ámbitos metropolitanos sostenibles, desde el punto de vista de la movilidad en términos energéticos, ambientales, de calidad de vida de los ciudadanos y de contribución al desarrollo de la actividad económica. Esa estrategia en la gestión del
transporte, coincidente además con las recomendaciones del Libro Blanco del transporte europeo, es la que ha llevado al Gobierno andaluz a desarrollar proyectos de transporte metropolitano que den solución a los problemas de las grandes áreas
urbanas de Sevilla, Málaga y Granada, contando con la colaboración, participación y decisión política de los ayuntamientos de estas ciudades y consiguiendo una línea de financiación muy positiva con el Banco Europeo de Inversiones. (La señora
vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
El metro de Sevilla afectará a una población de un millón y medio de habitantes. Se ha modificado su trazado primitivo, que transcurría sólo por el núcleo urbano de la ciudad, para ampliarlo a la expansión metropolitana. Por el sur llegará
hasta la ciudad de Dos Hermanas, conectando con la segunda universidad de Sevilla. La extensión hacia la comarca del Alfaraje conectará Mairena y San Juan con el centro histórico de la ciudad. Es el más avanzado y las obras comenzarán de manera
inmediata, terminando en el año 2006. El metro de Málaga será el siguiente. Las obras darán comienzo el próximo año 2004. Afectará a 600.000 habitantes y partirá con dos líneas que unirán Málaga
con la Costa del Sol en un trayecto de 13 kilómetros. El proyecto ha recogido todas las alegaciones del Ayuntamiento de Málaga y se encuentra en estos momentos pendiente del informe de impacto medioambiental que, una vez concluido,
permitirá la licitación y adjudicación de las obras el próximo año. El metro de Granada tiene redactado el proyecto de red básica, que está siendo estudiado por el ayuntamiento de la ciudad para presentar las alegaciones que deberán incorporarse al
proyecto. Afectará a una población de 300.000 habitantes, cruzará la ciudad de norte a sur y tendrá una línea circular para el centro de la ciudad que solucionará el problema del tráfico en el caso histórico de Granada. Está previsto que las obras
se liciten el año 2004 y comiencen su ejecución en el 2005.
Señorías, los metros andaluces se van a construir y se van a poner en marcha con sólo un año de diferencia en el periodo 2003-2007. Los convenios firmados entre la Junta de Andalucía y los ayuntamientos aseguran la titularidad pública y el
cien por cien de la financiación pública para estas inversiones, en un porcentaje de 75/25 por ciento respectivamente entre la Junta de Andalucía y ayuntamientos. Las aportaciones del Estado deberían reducir en esta misma proporción los esfuerzos
inversores de estas administraciones. Podrán ustedes comprender el esfuerzo técnico, de gestión y económico que están realizando estas administraciones para abordar con éxito unas inversiones y unos proyectos de tanta envergadura; unos proyectos
que son imprescindibles para un buen desarrollo futuro de estos núcleos urbanos, que son demandados por los sectores sociales, económicos y empresariales y que cuentan con el respaldo mayoritario de toda la ciudadanía.
Señorías, traemos hoy aquí este debate para que la Cámara conozca cuál es la situación real y se pronuncie sobre la injustificable ausencia del Gobierno de la nación en la construcción de estas infraestructuras; para que le diga al Gobierno
que no hay razón para seguir esperando, que debe concretar ya sus compromisos firmando los convenios con la Junta de Andalucía y con los ayuntamientos de Málaga, Granada, Sevilla, Dos Hermanas, San Juan y Mairena; que tiene que decidir ya cuál es
su aportación económica en estas inversiones y en la futura gestión de los consorcios de transportes metropolitanos, igual que ha hecho con otras comunidades autónomas y con las ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, aportando el 33 por
ciento, salvo en el caso de Sevilla en que las aportaciones vienen reguladas por ley.
Señorías, el metro de Sevilla requiere una atención especial y específica porque tiene una larga historia, a la que me referiré muy brevemente. El 31 de octubre de 1975 el Congreso de los Diputados aprobó una ley sobre la construcción y
explotación del metro de Sevilla. Las obras que se iniciaron no llegaron a buen término. Se paralizaron una vez horadados los túneles al detectarse problemas de grietas y desplazamientos en edificios del patrimonio histórico. Por tanto, el
reinicio de las obras y la transformación que se ha producido en el diseño de la línea 1 del metro ponen término a un largo proceso cargado de problemas y de frustraciones que se inició hace más de un cuarto de siglo. Las obras que comenzarán en
pocas semanas, con un presupuesto de más de 461 millones de euros, son una magnífica noticia para la ciudad y su área metropolitana, que verá resueltos en muy poco tiempo, dos meses, los problemas de movilidad en transporte colectivo y mejoradas las
condiciones de accesibilidad y, por tanto, de calidad de vida y de desarrollo socioeconómico del territorio urbano. Además, el metro constituirá la infraestructura de referencia, de interconexión del transporte metropolitano, favoreciendo la
eficiencia de otros modos de transporte y, en consecuencia, las nuevas inversiones e iniciativas económicas y empresariales de la ciudad. El metro contribuirá a la expansión activa de la economía sevillana, la imagen de la ciudad y la calidad de
vida de sus habitantes. El conjunto de las inversiones previstas, además del impacto social, dará lugar a un incremento de la actividad económica de la ciudad y a la creación de nuevos empleos. El ayuntamiento ha cuantificado el impacto de la
inversión pública derivada de la línea 1, ya adjudicada, en 428 millones de euros, situando el efecto indirecto e inducido en el PIB de la ciudad en 372.361.000 euros, el 3,10 por ciento del PIB de la ciudad en los tres años de ejecución de las
obras, lo que supone una aportación anual al PIB del 1,03 por ciento. Con relación al empleo, la construcción de la línea 1 representará la creación de 9.500 puestos de trabajo directos e indirectos, lo que supondrá la generación de 3.167 puestos
de trabajo cada año.
Estos son algunos de los datos relevantes relativos a la construcción del metro de Sevilla, la transformación más importante del área metropolitana en la primera mitad de este siglo. Sin embargo el Gobierno, a pesar de tener la obligación
legal y política de financiar estas inversiones, sigue callado. El decreto de transferencia de competencias en materia de transportes a la comunidad andaluza, de febrero de 1979, establecía la obligación de financiar estas infraestructuras de la
red de ferrocarriles prevista en el plan a que se referían los artículos de la Ley de 1975.
Los decretos de transferencia señalan textualmente que los programas de actuación, de inversiones y de financiación ajustados al plan de la red de
ferrocarriles del metropolitano de Sevilla, actualmente vigente, así como las modificaciones, revisiones y nuevos planes del metro que en su caso se elaboren han de servir de base para la consignación en los Presupuestos Generales del Estado de
las correspondientes dotaciones. Por tanto, no hay lugar a dudas en cuanto a esa obligación. Sin embargo, el Gobierno sigue haciendo caso omiso a las reiteradas peticiones y hoy vuelven a presentar una enmienda inaceptable en la que dicen
que van a seguir estudiando de qué manera, de qué forma van a financiar las obras del metro de Sevilla. Por supuesto, de Málaga y de Granada no dicen ni pío.
Lo menos que se puede decir de ustedes es que son unos sectarios y unos imprudentes. Unos sectarios porque están discriminando injustamente a los sevillanos, a los malagueños y a los granadinos. Los Presupuestos Generales del Estado
destinan cantidades importantes a financiar los metros de Madrid, de Barcelona, de Valencia y de Bilbao; en concreto en este ejercicio destinan más de 340 millones de euros. ¿Por qué no en Andalucía? Imprudentes, porque esta decisión que van a
tomar hoy, en contra también de sus propios intereses, no van a entenderla los ciudadanos; no pueden entender su actitud de desprecio, independientemente de a quién voten. Muchos de estos ciudadanos que quieren que se construya el metro y exigen
que el Gobierno participe en él, son votantes del Partido Popular y votantes de otros partidos, pero los ciudadanos se unen y coinciden cuando tienen que defender los intereses comunes de su ciudad; sobre todo se unen cuando son agredidos,
marginados y despreciados. Por eso les digo que son unos imprudentes. ¿A qué están esperando? ¿Qué necesitan para tomar una decisión? ¿No han tenido tiempo suficiente para estudiar los proyectos, los convenios y la planificación financiera que
se les ha presentado? No hace mucho, el 10 de abril, el señor Montoro y el señor Arenas decían que iban a solicitar a la Junta de Andalucía la documentación necesaria para informarse de qué es el metro de Sevilla. ¿No comprenden que una supuesta
foto electoral con su candidato a la alcaldía de Sevilla no merece burlarse de esa manera de los sevillanos? ¿Dónde guardan los ministros del Gobierno los papeles que reciben de las restantes instituciones?
Les voy a recordar sólo algunos datos. El 15 de abril de 1999 se firmó el primer convenio entre el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía para constituir la sociedad Metro de Sevilla. El 5 de noviembre de 2001, la consejera de
Obras Pública remitió al Ministerio de Fomento el estudio informativo de la red básica del metro de Sevilla, y le anuncia que la primera línea en construirse sería la 1 por su carácter metropolitano. El 7 de febrero de 2002, vuelve a dirigirse la
consejera al ministro de Fomento, pidiendo que el Estado concrete su aportación a esta obra.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señora Pozuelo, le ruego concluya.
La señora POZUELO MEÑO: Voy terminando, presidenta.
El 4 de julio del mismo año 2002, la consejera de Economía solicita al Ministerio de Hacienda una reunión para que se concrete esta participación en la construcción de los metros de Sevilla, Málaga y Granada, remitiendo los programas de
actuación, de inversiones y planificación del metro de Sevilla, así como las modificaciones acordadas en el plan de red, los estudios medioambientales, etcétera.
La última burla que conocemos -el colmo de la desfachatez, señorías- ha sido lo que dijo ayer el concejal del Partido Popular y candidato a la alcaldía de Sevilla, señor Raynaud: que la participación del Gobierno en la construcción del
metro de Sevilla ya se hace con la inversión en el cierre del anillo ferroviario del tren de cercanías; el que pomposamente han llamado ustedes metro-tren, pero que no es más que la construcción de 765 metros de vía, que conecta la red tradicional,
la red general Sevilla-Cádiz con el ramal de cercanías, con una inversión de 4,5 millones de euros.
Señores del Gobierno, ¿por qué tienen que convertir este asunto en elemento de división y pelea política, o de confrontación? En este momento tienen la oportunidad de rectificar y votar favorablemente esta propuesta, que pide al Gobierno de
la nación nada más que el cumplimiento de la ley y que concrete sus aportaciones financieras con el metro de Sevilla y sus compromisos con el metro de Málaga y de Granada.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señora Pozuelo, debe terminar en este momento.
La señora POZUELO MEÑO: Termino inmediatamente, señora presidenta.
Son compromisos y obligaciones con todos los ciudadanos de estas ciudades y de estas áreas metropolitanas.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señora Pozuelo.
Para defender la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Becerril.
La señora BECERRIL BUSTAMANTE: Muchas gracias, señora presidenta.
La proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y defendida por la señora Pozuelo ha sido escuchada atentamente por los diputados del Grupo Popular de la Cámara, especialmente por los de Sevilla y supongo que
también por los de Granada y Málaga porque se ha referido a estas ciudades.
Yo he entendido que la señora Pozuelo hacía una exaltación de la bondad y de la necesidad del metro. Me alegro muchísimo, señora Pozuelo, porque somos bastantes las personas y cargos públicos que venimos diciendo esto desde el año 1979,
desde el año 1980, yo concretamente desde que llegué al ayuntamiento en el año 1987 lo he defendido en todos los foros, también en éste, y he tenido muy poco eco por parte de las mayorías del Partido Socialista años atrás en el Congreso de los
Diputados. Me alegra muchísimo escuchar la necesidad en una gran ciudad y en un gran área metropolitana, de un transporte no contaminante, de un transporte que tiene tantas ventajas desde el punto de vista económico y otras muchas que todos sabemos
y que es absolutamente imprescindible para la ciudad de Sevilla.
La historia a la que ha dado un breve repaso la diputada socialista señora Pozuelo, el proceso desde el año 1975 -por cierto no fue el Congreso de los Diputados, fueron las Cortes franquistas, mucho antes de la Constitución; no lo votamos
aquí los constituyentes ni mucho menos- digamos que esa historia está demediada, profundamente demediada porque no ha contado lo más interesante de esa historia. Yo no pensaba mencionar esa parte porque me parecía que ya era agua pasada. Pero ante
la falta de conocimiento, falta de rigor o no querer contar la parte más sustancial de la historia he tenido que sacarla de la cartera, y la parte más sustancial de esa historia son los tres acuerdos, que están aquí, firmados por el alcalde
socialista don Manuel del Valle, por el consejero de la Junta de Andalucía señor Montaner y por el director general de Transportes del Ministerio de Transportes, señor Alcaide, en virtud de los cuales, a lo largo de los años 1986 y 1987 se clausuran
y cierran total y absolutamente las obras del metro de Sevilla. (Aplausos.) Estos documentos constan en el ayuntamiento y las personas que hemos tenido alguna responsabilidad en la ciudad de Sevilla conocemos perfectamente y muchísimos concejales
conocen y era de dominio público. No podemos ignorar estos documentos ni no mencionarlos (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.), porque estos documentos son los que en la opinión pública sevillana se conocen como los
documentos y convenios que entierran el metro de Sevilla, habiendo una mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Sevilla que es la que propicia mediante estos documentos el cerramiento total y la clausura total durante más de 15 años de las obras del
metro de Sevilla. Esto es lo que allí todo el mundo conoce, todo el mundo y sus propios compañeros, como el famoso 'entierro del metro de Sevilla'. (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.) Yo se los voy a hacer llegar
porque se conoce que sus colegas no se los han enviado, y tiene usted una historia muy parcial y muy sesgada y lo más sustancioso no lo ha querido usted mencionar.
Y en tercer lugar su información, relato o propuesta contiene al final unos improperios hacia el grupo que yo represento en este momento. Nos ha llamado sectarios y otras cuestiones más deliciosas. Mire, señora Pozuelo, ha ido usted a
toparse con una persona que ha luchado denodadamente por el metro de Sevilla; como otras más del Grupo Popular y del Ayuntamiento de Sevilla, y lo hemos hecho desde el año 1987 a 1999, es decir cuando primero había un Gobierno socialista que hizo
este disparate de no reconsiderar ni reestudiar el metro sino enterrarlo. Yo y otras personas más, naturalmente, hemos defendido la conveniencia y necesidad del metro y el estudio de un proyecto algo distinto por aquello de las innovaciones
técnicas a lo largo de los años ochenta, y ha sido absolutamente imposible establecer un diálogo con la Junta de Andalucía.
Ha sido absolutamente imposible, hasta el año 1999 en que, como consecuencia de que hay un alcalde del Partido Socialista y
un Gobierno del Partido Socialista en la Junta de Andalucía, se establecen conversaciones, de lo cual me alegro, para que, como esas competencias estas transferidas, sea la Junta de Andalucía, con la colaboración del ayuntamiento, la que propicie el
nuevo estudio y los documentos relacionados con el metro de Sevilla. Yo me alegro muchísimo porque eso irá en beneficio de los sevillanos, y al final es a la ciudad a la que una se debe, pero tiempo atrás no hubo ningún acuerdo. (La señora Moreno
Sirodey: ¿Otra vez?) Otra y mil veces porque es la historia y es la verdad.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señora Moreno, no está en el uso de la palabra.
La señora BECERRIL BUSTAMANTE: Lo diremos aquí y donde haga falta. Además, señora presidenta, porque creo que me ampara el que yo pueda expresarme con libertad desde esta tribuna, diré y reiteraré que durante los 14 años de Gobierno
socialista de la nación nunca hubo atisbo de diálogo ni de acuerdo; ni desde la Junta de Andalucía ni desde el ayuntamiento tras haber clausurado esas obras. Es ahora cuando, por primera vez en la historia del transporte metropolitano de la
ciudad, el Gobierno de la nación dice que es un transporte absolutamente necesario en el que va a participar y va a financiar. Remitan ustedes los documentos, como es lo natural y lo serio, estudiémoslos conjuntamente y determinemos cuál es la
participación del Estado.
Es la primera vez en toda la democracia, desde el año 1977, en la que hay un Gobierno que dice: este transporte es necesario, es conveniente y lo vamos a
cofinanciar. (Aplausos.) De eso estamos orgullosos y eso lo saben todos los sevillanos. El día 22 de abril, no de hace dos años sino del año 2003, el ministro de Hacienda remite un documento a la señora consejera de Economía de la Junta de
Andalucía diciéndole: estoy de acuerdo, vamos a participar en la financiación y vamos a comenzar las reuniones para determinar la cuantía. Es la primera vez que un Gobierno de la nación se compromete públicamente con este transporte. Y hoy,
ustedes nos presentan una proposición que dice: Antes del día 25 de abril incluyan ustedes en los Presupuestos Generales del Estado una partida de 218 millones de euros y un crédito extraordinario para financiar las obras. Pero, señora diputada,
si el Gobierno dice que se establezcan los acuerdos y que se firmen los convenios. Sin embargo ustedes, por la vía prácticamente de urgencia, incluyen en la Junta de Portavoces esta proposición, que exige que mañana se incluyan estas partidas
verdaderamente extraordinarias para financiar una gran obra pública por la vía de créditos extraordinarios.
Yo creo que los expertos en materia presupuestaria de su grupo se habrán quedado un poco asombrados de la técnica presupuestaria. Y por si
fuera poco la exigencia de que mañana se incluyan esas cuantías que ustedes solos han determinado, porque todavía no se ha celebrado esa reunión, aunque el ministro les ha dicho que inmediatamente, piden que de paso se incluya Granada y Málaga.
Nuestros compañeros diputados de Málaga y Granada piden un poco más de rigor y de seriedad. Las ciudades de Málaga y Granada y sus transportes metropolitanos merecen por lo menos una proposición de ley aparte (La señora Pleguezuelos Aguilar: La
tendrán.), pero no una coletilla en una proposición sobre el metro de Sevilla (Aplausos.) Si, son magnitudes distintas, si, son problemas diferentes.
Mencionar en el asunto del transporte metropolitano de Sevilla el problema importante y serio de Málaga y Granada en relación con el transporte me parece muy inconveniente, y supongo que sus compañeros diputados de esas circunscripciones se
habrán quedado un poco asombrados. Yo creo que esas dos ciudades merecen un trato un poquito mejor que el que ustedes les han dispensado.
Por todo ello, y por no alargarme más, quiero decirle, señora diputada, que se han equivocado en el momento de presentar esta proposición por las prisas de la campaña electoral. Es un asunto demasiado serio para ser tomado con tanta
frivolidad como usted lo ha tomado y desde aquí lo ha puesto de manifiesto. Nos opondremos a esta proposición. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Becerril.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, nosotros compartimos la proposición no de ley que se acaba de defender aquí por el Grupo Socialista.
(Rumores.) Cómo están hoy las águilas aulladoras. No hemos compartido la que se presentó en el seno
del Ayuntamiento de Sevilla por una diferencia que allí expusimos. La diferencia era que para nosotros se trata de que la aportación del Gobierno central se dé por fin -ahora hablaré de ello, señora Becerril-, que se dé la aportación de la Junta
que aparece mucho más concreta y cercana y que al mismo tiempo la gestión sea pública a través de la empresa Tussam y no a través de una empresa que va a presidir el señor Rojas Marcos, con el que no compartimos nada, además es un señor que habla
con los emperadores romanos y no tenemos mucho que ver con él. Esa es la diferencia que no aparece aquí en la proposición no de ley que hoy se va a votar y que nosotros votaremos positivamente.
Dice la señora Becerril que es precipitada. Señora Bercerril, ¿usted no recuerda el debate presupuestario de esta Cámara a finales del año pasado? Pues tanto el Grupo Socialista como el Grupo de Izquierda Unida y otros grupos presentamos
las enmiendas concretísimas, singulares y específicas correspondientes a toda esta serie de temas que usted ha dicho aquí que no tenían encaje riguroso en un debate ahora que estamos en elecciones. Se rechazaron esas enmiendas con la misma
argumentación, no voy a decir incoherente pero si flotante, argumentación sin ningún tipo de concreción, demagógica que ustedes utilizan en la enmienda que interponen como sustitución de la proposición no de ley del grupo que aquí funciona como
ponente. Por tanto, este debate se ha tenido ya sobre lo concreto y ustedes han dicho no a las cantidades tanto respecto a Sevilla, como respecto a Granada y a Málaga. Argumento primero en usted que no vale.
Ayer mismo he visto por televisión al señor Rato, eso sí cambiando mucho el estilo del señor Aznar. He visto al señor Rato repartiendo propaganda por la calle en Sevilla. También es verdad que el señor Aznar no le deja protagonismo a
nadie. No hay mítines para nadie excepto para el señor Aznar, y he visto al señor Rato por las calles repartiendo papeles, y en un momento determinado -lo digo en honor del señor Rato, por cierto yo reparto muchísimos papeles-, enfoca la cámara al
señor Rato, el señor Rato dice lo que el señor Raynaud desde su desesperación le ha pedido que defienda, y el señor Rato también otra vez, con un lenguaje en absoluto concreto, un lenguaje sin convicción alguna dice: La ciudad de Sevilla está
estancada y
nosotros venimos aquí a darle un empujón para que proyectos como el del metro o la ampliación del puerto de Sevilla por fin cobren velocidad, o algo por el estilo dice. En este momento lo dice el señor Rato, sin aportar ningún tipo de
concreción. Yo no sé cómo son ustedes tan torpes con Andalucía. Yo veo mejor la redacción de esta enmienda, precisamente porque ahora mete a las ciudades de Málaga y Granada. ¿Saben ustedes el mensaje que están transmitiendo en este tema, en el
tema del PER y del subsidio, en otros muchos temas que afectan a los transportes y a las comunicaciones en Andalucía? Están transmitiendo ustedes el mensaje de que van a seguir castigando a Andalucía, mientras no les voten a ustedes.
Lo quieran o
no ese es el mensaje que están transmitiendo. El señor Rato estaba transmitiendo ese mensaje ayer cuando yo lo vi en televisión, estaba transmitiendo el mensaje a la gente diciéndole: esto se destrabará cuando nos voten a nosotros; cuando voten
al Partido Popular, entonces nosotros aportaremos las cantidades correspondientes para el metro de Sevilla. Ese era el mensaje, señora Becerril, y no otro. Por tanto, nos encontramos con que efectivamente la torpeza de ustedes hace que la Junta se
adelante, cobre velocidad. Desde luego en el ayuntamiento todo el mundo estamos empujando con fuerza, ustedes no pueden empujar porque no tienen ningún argumento aritmético, sólo lo tienen a la espera, un atentismo constante como el que se recoge
en el fondo semántico de la enmienda que ustedes presentan, y siguen transmitiendo la idea de que no van a ayudar, de que no van a participar, de que no van a firmar el convenio correspondiente, de que no van a hacer caso a la ley de 1975, por mucho
que usted la desacredite, más la podía desacreditar yo en función de la fecha, pero es una ley que hay que cumplir, una ley que no termina su efecto a pesar de los traspasos de competencias que se hacen en 1979, como usted conoce perfectísimamente
porque ha sido alcaldesa de esa ciudad. Ustedes responden de una manera inconcreta, torpe, mucho más torpemente si tenemos en cuenta que estamos en elecciones, transmitiendo constantemente la idea de que Andalucía seguirá siendo castigada si no
vota al Partido Popular. No conocen ustedes ni siquiera la dignidad de los andaluces, y son ustedes andaluces, pero circulan menos por la calle que otros, la gente en la calle no va a aceptar esa dialéctica bajo ningún concepto, en Sevilla lo van a
ver ustedes el día 25, y usted lo sabe, doña Soledad.
Lo único que dicen es: 'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar, en el plazo más breve posible' -lo dijeron también en diciembre cuando el debate de presupuestario-, 'las condiciones y el porcentaje de participación
económica de la Administración General del Estado en la cofinanciación de las obras relativas al metro de Sevilla, con la finalidad de firmar un convenio con las administraciones andaluzas competentes, que permita reiniciar las obras del
metropolitano de Sevilla'.
Ya llegan ustedes tarde, tarde y mal. Se tendrán que incorporar, tendrán que cumplir con la ley, tendrán que firmar -porque todavía pueden rectificar algo respecto a Málaga y Granada- acelerando todo lo que puedan los convenios en cuanto a
las zonas metropolitanas de Granada y Málaga para no cometer el mismo error que están cometiendo con Sevilla en esta campaña electoral y antes. A partir de ahí, señora Becerril, yo lo siento, se están ustedes equivocando gravemente. No figuran
ustedes como relanzamiento de las obras del metro de Sevilla.
Usted alude a una historia de algún alcalde concreto del Partido Socialista y a circunstancias muy específicas. Sí, eso está ahí, pero sabe usted que en política esas cosas tienen un sentido muy relativo.
Incluso ustedes están diciendo en
los mítines que temas como la guerra ya están pasados, y otras cosas por el estilo; que hay que irse al presente más inmediato. ¿Cómo aluden ustedes a circunstancias que la gente no tiene en su conciencia, no tiene en su memoria personal ni
colectiva? La vida es así y estas sociedades son así. Usted alude a eso y queda muy bien para en una reunión aquí decir que efectivamente hay precedentes históricos que van a ver cómo hubo en un momento determinado, pero estamos hablando de
política seria, cierta, rigurosa y rápida, como hace falta en este momento de cara a la situación de Sevilla, a la modernización de la ciudad de Sevilla y su entorno, y ustedes están fallando, señora Becerril, usted lo sabe. El día 25 vamos a ver
si esto es así o no.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Alcaraz.
Señora Pozuelo, de su intervención la presidencia ha entendido que no admite la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular. ¿Es así?
La señora POZUELO MEÑO: Ha entendido bien, presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señora Pozuelo. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre financiación de las obras de infraestructura del ferrocarril metropolitano de Sevilla, en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 242; a favor, 89 en contra, 139; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, PARA INFORMAR DEL CONTENIDO, PREVISIONES PRESPUESTARIAS Y APLICACIONES DEL PLAN GALICIA. (Número de expediente 173/000203.)
La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, para informar del contenido, previsiones
presupuestarias y aplicaciones del Plan Galicia.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, hoy, exactamente hoy, se cumplen seis meses de la catástrofe del Prestige, una catástrofe provocada, en gran parte, por la distancia, el desinterés, la falta de medios, los errores cometidos y la desinformación
como norma de conducta. Pasados seis meses, el Gobierno afirma que ya no hay problema: las playas están limpias, hay ausencia de fuel, los marineros están trabajando, hay apertura de vedas y además inversiones multimillonarias destinadas a Galicia
y últimamente incluso un gran triunfo en el FIDAC. Sin embargo, señorías, la verdad es que el Gobierno sigue sin tener una evaluación oficial de las consecuencias de la catástrofe y el efecto multiplicador en el ámbito económico y social. La
verdad es que el fuel está oculto debajo de la arena, a la vista en gran parte de la costa, especialmente en las rocas, y desde luego contaminando toda la plataforma continental. La verdad es que aún está sin solución definitiva el problema del
pecio y sin concretar cuál va a ser el modelo de ejecución técnica a aplicar, y la verdad, señorías, es que los trabajadores del mar que han salido a faenar después de levantar la veda siguen teniendo problemas para su pesca de bajura, incluso fuera
de la plataforma continental, entre la ría de Muros y las illas Sisargas, precisamente por la desaparición de especies y porque muchas veces las redes vienen sucias con el fuel. En definitiva, señorías, la verdad es que hay contradicción entre la
voluntad del Gobierno, presionado por intereses económicos para dar una sensación de normalidad, y lo que debería de ser una actitud responsable. En todo caso, existe también un dato poderoso que avala cómo se huye de la verdad en este momento: el
rechazo y el desagrado que le provoca al Gobierno la presencia de voluntarios, sin duda preocupado por ocultar y dar una imagen de normalidad ante lo que está aconteciendo en Galicia. Por eso nosotros proponemos una moción que tiene cinco grandes
apartados y que quiere concretar, a corto y medio plazo, que es de lo que se trata, los compromisos reales, no los propagandísticos y virtuales del Gobierno, con las consecuencias de la catástrofe.
Los cinco grandes ejes que articulan nuestra moción se basan en los siguientes aspectos del problema. En primer lugar, un punto a) referido al combate contra la contaminación real, no aparente, con la recuperación efectiva del medio
ambiente, no solamente de aquello que se ve sino de los fondos marinos y la restauración de las especies y del ecosistema con la solución adecuada para el pecio. Es nuestro punto a) en el que van también incluidos en concreto los medios ahora, ipso
facto, para que no se vuelva a producir una catástrofe de este tipo. En concreto, si en este momento aconteciese algo similar, nos volveríamos a encontrar, excepto por la experiencia previa del problema, con la misma falta de medios.
El segundo eje de la moción es que debe haber una evaluación oficial de las consecuencias de la catástrofe, de las actividades afectadas y además dejar claro cuál es el impulso de los sectores productivos por parte del Gobierno. Señorías,
no es posible que se siga diciendo que la catástrofe se puede saldar con mil millones de euros y después, ante el FIDAC, se diga que son 653 millones y que nunca haya una evaluación global de cuáles fueron las consecuencias económicas y sociales
para nuestro país.
Igual que debe de haber una información de las actividades directa e indirectamente afectadas aún hoy en día por si es necesario compensar con rentas y sobre todo dinero destinado a la reactivación del entramado socioeconómico de
la pesca. No es posible, señorías, que se nos siga hurtando el debate sobre el problema de Izar-Fene. El Gobierno, después de presionarlo y de cercarlo, sigue diciendo que, puesto que no puede preverse cuándo se obtendría en su caso la
autorización de la Comisión Europea para que Izar-Fene vuelva a construir barcos, actualmente sería aventurado establecer un pronóstico sobre el plazo de retorno de Izar-Fene a la actividad constructiva sin restricciones. A este nivel se está
moviendo el Gobierno de España.
El tercer eje es el de las infraestructuras de competencia estatal con las inversiones de choque. ¿Es tanto pedir que se adelanten las obras del eixo atlántico, que se acaben con la catenaria en 2007 y que todos sus tramos
o por lo menos una parte puedan entrar en funcionamiento en el año 2005? Sería hacer tramos de 30 kilómetros en lugar de hacerlos de siete en siete como se están haciendo ahora. ¿Es mucho pedir que se declare de urgencia lo ya contemplado
en el plan de infraestructuras 2000-2007, los tramos Ferrol-A Coruña, Santiago-Ourense, Ourense-Lugo, Ourense-Vigo o el acceso tradicional a Galicia, que se aceptó desde el principio, Lubian-Ourense? ¿Es mucho pedir que se admita que se iniciarán
las obras por lo menos antes de 2007, ya no decimos de lo que se promete nuevo Ponferrada-Monforte o Lugo-A Coruña, y ya no digamos de ese gran AVE del Cantábrico? ¿Es mucho pedir que se nos pongan servicios ferroviarios en líneas hoy abandonas,
pagadas con dinero de la Xunta de Galicia, o que se negocie la transferencia de FEVE a la Administración autonómica? Para todo esto hacen falta, señorías, compromisos presupuestarios, inexistentes en el denominado Plan Galicia. En concreto es por
lo que pedimos 2.000 millones de euros para el año 2004 y otros 2.000 millones respectivamente para los años 2005 y 2006. En todo caso, que haya sobreinversión y no redistribución de fondos de cohesión, estructurales y de solidaridad.
Por tanto, frente a tanto triunfalismo acrítico, frente a tanta falta de transparencia del Gobierno, nosotros lo que queremos es concreción, información parlamentaria, información de la evolución de las consecuencias de la catástrofe y, por
qué no decirlo, a estas alturas aún no se nos ha indicado por el Ministerio de Fomento cuál fue el resultado de su investigación interna y tampoco sabemos cuál es el resultado del expediente abierto a Remolcanosa, a la compañía de los remolcadores
que participaron en el accidente. Por eso seguimos empeñados en la comisión de investigación.
El Gobierno prometió un Plan Galicia, que sigue siendo propaganda, desde el 24 de enero del año 2003, y esta moción va a destinada solamente a hacer el compromiso verificable y medible. Creo que no es mucho pedir. Se trata, por tanto, de
que figure una atención específica y con compromisos del Gobierno destinados a nuestro país que no se basen exclusivamente en el control social de los trabajadores del mar o de los armadores o en bonificaciones que van destinadas solamente a
empresas privadas con capacidad para poder enfrentar un momento de crisis. Por tanto, espero el voto favorable de la Cámara a una petición que no deja de ser más que la concreción de unas promesas que, vuelvo a repetir, son increíbles si es que no
se baja al terreno práctico.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Díaz.
El señor DÍAZ DÍAZ: Señora presidenta, señorías, apoyamos la moción que, como dice el proponente, trata de dar credibilidad a los compromisos del Gobierno. Nuestras enmiendas refuerzan los programas de recuperación del sector pesquero
ausente del plan y tratan de fijar compromisos para las autovías que se vuelven a prometer. Señorías, este Parlamento, las instituciones del Estado y muy especialmente el Gobierno de España deben tomar muy en serio lo sucedido en Galicia. No
debieran, por razones no sólo morales sino también políticas, minusvalorar la reacción y la respuesta del pueblo gallego. Ha habido otros accidentes, muchos, demasiados, lo que nunca antes había sucedido es que por la incompetencia, la ineptitud y
la desidia del Gobierno de España y de Galicia, un grave accidente se convirtiera en una catástrofe. Y es también extraordinario que el pueblo gallego reaccionara del modo que reaccionó. Fueron los marineros de las rías de Arousa, Pontevedra y
Vigo quienes evitaron que el fuel entrara en sus rías mientras el Gobierno trataba de minimizar el problema. También fueron ellos los que han tratado de racionalizar la apertura de los caladeros frente a un Gobierno interesado en transmitir una
imagen de falsa normalidad. El Nunca máis que la catástrofe del Prestige ha suscitado viene de muy hondo, es un grito latente que la catástrofe del Prestige ha liberado. No es la catástrofe del Prestige la que ha suscitado el llamado Plan Galicia;
han sido las protestas, ha sido la conmoción social que se produjo la que ha provocado la supuesta reacción del Gobierno.
Por lo que se refiere a las infraestructuras, hay dos motivos que fundamentan la inquietud: uno es la falta de concreción en cuanto a fechas, plazos y sobre todo financiación. La única manera de despejar estos temores es mediante el
establecimiento firme de plazos y dotaciones presupuestarias. Pero hay otro motivo, Galicia, una de las comunidades peninsulares más alejadas y excéntricas, tendrá algún día tren de alta velocidad, algún día pero tarde. Antes del Prestige todo era
imposible, después del Prestige, de repente, la velocidad ya puede ser alta y además se podrán hacer en tiempo récord otros trenes, otras autovías, lo que pone de manifiesto que o bien nos engañaban antes de la catástrofe, pues se decía que no se
podía cuando simplemente no se quería, o bien nos engañan ahora. No lo hagan. El Plan Galicia no ha empezado bien. El Gobierno lo ha lanzado como una pura maniobra política destinada a calmar los ánimos de los gallegos, y al hacerlo ha puesto el
dedo en la llaga.
Sí, Galicia necesita todas esas infraestructuras, todas las que están en
el plan y más. Es una pena que se necesite una catástrofe para reconocerlo. Pero el problema no es sólo de infraestructuras. Galicia después del Prestige es, desde el punto de vista económico, en gran medida un país a la expectativa, un
país que espera una respuesta, y el plan, a pesar de su promoción publicitaria, no lo es. No es el revulsivo que se necesita. Le falta credibilidad. Se necesitaba un plan concordado y el Gobierno lo acordó consigo mismo y lo impuso a la Xunta de
Galicia.
El plan deja al margen toda acción directa sobre el sector primario. ¿En qué se beneficia un agricultor o un pescador directamente de este plan? ¿Van a mejorar sus expectativas de futuro? ¿Van a mejorar sus condiciones de vida? ¿Los
cambios últimos de la Seguridad Social agraria son un regalo no contemplado en el plan para los agricultores? ¿Quién garantiza las rentas futuras a la gente del mar cuando terminen las ayudas? ¿Se va a recuperar la capacidad productiva de los
caladeros? ¿Cuándo? Y, mientras tanto, ¿quién garantiza la pérdida de renta de los trabajadores del sector y del litoral ligado a la pesca y a los sectores interrelacionados en el interior?
Por otra parte, señorías, les recuerdo que hay zonas excluidas de las ayudas, y estas zonas se preguntan por qué el Gobierno de España quiere agravar los desequilibrios territoriales de Galicia. Para el Gobierno todo se soluciona limpiando
el chapapote para que no se vea. Los ecosistemas, señorías, no se recuperan con publicidad ni por decreto, requieren tiempo. En todo caso, lo más negativo del plan no es lo que contempla sino lo que le falta. ¿Qué garantías hay de cumplirlo? ¿En
qué tiempo se va a realizar? Nada sabemos, sólo que el Partido Popular en Galicia, una vez más, está tratando de comprar votos con globos de colores.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Díaz.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a apoyar la moción presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, Bloque Nacionalista Galego. Vamos a apoyar esta moción a pesar de que el Gobierno y sus representantes aquí en la
Cámara estén permanentemente diciéndonos que se está cumpliendo el Plan Galicia, que se están avanzando las medidas que van a convertir a Galicia en una comunidad autónoma pionera en muchas cosas, que van a colocar a Galicia en la situación que le
hubiera correspondido tener antes de la catástrofe del Prestige, porque realmente lo que se plantea en ella es cómo, cuándo y cuánto.
Ustedes han vendido el Plan Galicia 2000 con una cantidad de inversión que para nada aparece en los Presupuestos Generales del Estado. Hablan de que van a invertir 5.000 y pico millones de euros más de los que estaban presupuestados en obra
nueva, pero no dicen ni cómo ni cuándo se van a presupuestar. Ustedes hablan del impulso económico para Galicia sin tener en cuenta cuáles son realmente las consecuencias económicas y cuál va a ser la regeneración medioambiental de los ecosistemas
dañados por la catástrofe. Ustedes siguen hablando de algo irreal, sin cuantificar.
Además, señorías, la moción que plantea el BNG habla de las soluciones para lo que es una bomba de relojería en el fondo del mar a casi 4.000 metros de
profundidad, el pecio. En la última comparecencia del vicepresidente primero del Gobierno nos quedamos sin saber cómo se van a financiar las dos opciones más claras que parecen tener las empresas a las que se les ha dado la concesión para que
puedan dar la solución definitiva al pecio, que tampoco tiene nada que ver con lo que planteaba el comité científico. Esta diputada preguntó al vicepresidente primero cómo se iba a financiar y todavía está esperando la respuesta. Asimismo, está
esperando la respuesta de cómo se van a financiar todas las iniciativas que plantean ustedes a través del Plan Galicia. Seguimos esperando la respuesta porque aún no se sabe realmente cómo y cuándo, porque no fijan plazos. Esto se queda en una
situación en la que se irá haciendo día a día, a voluntad del Gobierno, y posiblemente en función de las convocatorias electorales y de la presión que pueda seguir haciendo la ciudadanía manifestándose en la calle, porque hay aspectos que quedan
completamente en blanco en las aportaciones que hace el Bloque Nacionalista Galego al Plan Galicia y a los compromisos adquiridos por el Gobierno, como hemos acuñado la mayoría de los grupos, de manera virtual.
Nuestro grupo parlamentario va a apoyar la moción porque además fija los plazos correctos y concretos, no de hoy para mañana, pero sí para poder vislumbrar en el futuro, en un espacio de tiempo relativamente breve, que se ponen en práctica
las obras por parte de los ministerios correspondientes. Si no se fijan esos plazos, llegaremos al año 2010 y Galicia, a pesar de ese Plan Galicia, continuará padeciendo las consecuencias de una catástrofe y de un Gobierno del Partido Popular,
aunque digan que defienden a los gallegos. La iniciativa y el empuje para que Galicia sea una comunidad autónoma pionera se queda en palabras y no pasa a los hechos.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Muchas gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo va a apoyar la moción. Encontramos en ella una serie de puntos que consideramos que pueden merecer nuestro voto favorable, aunque tenemos algunas especificaciones a concretar. El punto a): medidas a hacer efectivas en el
corto plazo en relación con el pecio, el combate contra la contaminación y la recuperación efectiva del medio ambiente en colaboración con la Xunta de Galicia, tiene una redacción quizá distinta a la que nosotros hubiéramos hecho pero contempla unas
medidas que pueden ser aceptadas porque en conjunto -aunque si se llevasen a cabo lógicamente experimentarían variaciones- pueden dar buen resultado.
En cuanto al epígrafe b): medidas de evaluación del impacto de la catástrofe, de atención a actividades económicas afectadas y de impulso a los sectores productivos, quizás observamos una celeridad al fijar plazos para que se realicen
evaluaciones y acuerdos. Aunque ya sé que hay mucho avanzado, a un mes me parece excesivo. Si se llegase a realizar, lo interesante sería que avanzasen los acuerdos con la Xunta así como las distintas evaluaciones y medidas que se solicitan.
En lo que se refiere a la ejecución de infraestructuras de competencia estatal, yo diría que es muy amplia, es decir, se ha abarcado desde el mayor punto de vista. Por suerte, hace dos semanas pude estar varios días visitando las costas de
Galicia y creo que en algunos momentos se ha pensado pintar Galicia con unos retrasos en infraestructuras muy importantes. Quizá en las grandes redes sí los haya, pero ir a Galicia no es lo que era años ha. Hacía tiempo que no iba y me
sorprendieron mucho las carreteras de segundo orden de Galicia por las que se puede circular muy bien. En la moción se pide lo máximo que se puede solicitar, pero eso es bueno. Cuando la gente tiene que pedir cosas, desde luego, pide. Ello va en
contra de los compromisos presupuestarios puesto que se piden muchos miles millones de euros en consignaciones presupuestarias, pero éstos son resultado de las obras que vengan por los presupuestos que se realicen.
Acabaré diciendo que esperamos que con nuestro voto positivo se pueda llegar a conseguir todo lo que hasta ahora no se ha realizado. Aunque al votar en conjunto no se puede dar una separación, hemos de decir que nuestro voto a favor no va
dirigido a la constitución de la comisión de investigación que se incluye en el epígrafe e), de transparencia y responsabilidad informativa, porque no está de acuerdo con ello. Nuestra posición siempre ha sido esta y yo podría cambiarla porque
algunos grupos votan a favor de comisiones de investigación de una manera discrecional, sea quien sea quien reciba la investigación -aunque sea amigo- y, por tanto, yo podría liberarme, pero tengo la convicción muy clara de que una comisión de
investigación no sirve para nada. Por tanto, aunque nuestro voto a favor lo es a la moción que presenta el Bloque Nacionalista Galego, quede bien claro -al menos escrito en el 'Diario de Sesiones'- que nuestro voto al epígrafe relativo a la
comisión de investigación sería negativo si pudiésemos votarlo por separado.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sedó.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señora Sainz.
La señora SAINZ GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señores de la oposición, ustedes llegan con seis meses de retraso y era previsible, afanados como estaban en sembrar crispación y en aprovechar de forma partidista una legítima inquietud popular, que se olvidaran ustedes de lo
fundamental, que Galicia necesitaba de inmediato medidas para paliar la crisis, propuestas para superarla y actuaciones capaces de dinamizar una tierra de hombres y mujeres decididos a superarla. En ese empeño estuvieron solos desde el primer
momento los gobiernos del Partido Popular central y autonómico. Así, hoy podemos mirar atrás y ver que se han podido superar la mayoría de los problemas gracias al esfuerzo, desde luego, de la sociedad gallega, de una gran parte de la sociedad
española, de la colaboración de las administraciones autonómicas, nacional e internacional y de todo el mundo, porque hubo solidaridad y trabajo de todo el mundo, menos de los partidos de la oposición. Entre ustedes y nosotros, efectivamente, hay
muchas diferencias y también de gestión. La diferencia más importante es la de la solidaridad que ustedes no tuvieron, la insolidaridad con la que actuaron pensando única y exclusivamente en rentabilizar electoralmente la desgracia, como siguen
ahora empeñados, sin importarles para nada poner en riesgo incluso las ayudas, lo que tiene asombrados a todos los europeos, señorías; ha causado asombro en Europa la actitud de la oposición española. A pesar de ustedes, se superaron esos
problemas. El Gobierno cumplió con Galicia. Por primera vez las administraciones, es verdad, autonómica y central han garantizado las rentas reales de mariscadores y pescadores, y lo reconocieron públicamente, aunque a ustedes no les guste, las
mariscadoras hace unos días en Pontevedra ante el vicepresidente primero y ante el presidente de
la Xunta, marcando las diferencias de este Gobierno frente a los gobiernos anteriores y agradeciendo esa solidaridad. Esto es gobernar, priorizando a las gentes, pensando en las personas, y es el verdadero ejemplo de solidaridad de un
Estado de bienestar, posible, señorías, porque gobierna el Partido Popular y porque hay una economía saneada. Tomen nota de lo que hace el Partido Popular y de lo que ustedes nunca hicieron. Ahora, como decía, vienen ustedes aquí seis meses
después planteando una serie de medidas sueltas sin sistematizar, que ustedes autoenmiendan, cuando ustedes saben perfectamente que se está realizando un plan de recuperación de fondos marinos; que, tras realizar más de 4.000 catas en playas, se
está actuando en las únicas 30 en las que quedan algunos restos de fuel; que las rocas, salvo las de los percebes -porque así lo piden los percebeiros-, estarán en el mes de junio en situación de normalidad; que van por muy buen camino las
negociaciones para evitar, efectivamente, el Nunca más, que nunca vuelva a producirse, cosa que ustedes no hicieron; que en el FIDAC España ha conseguido la solución que les interesaba a los afectados españoles, quienes saben además que la
Administración está estudiando adelantarles todas las indemnizaciones, y vienen ahora a pedir recursos, medidas de evaluación del impacto, etcétera, y de nuevo, señoría, se quedan claramente cortos porque la fuerza de los hechos les supera.
Los puntos de la moción no aportan nada nuevo de interés y son una mala copia de las actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno, muchas de ellas incorporadas dentro del Plan Galicia, plan que es absolutamente importante, que es un
compromiso de este Gobierno con Galicia, que es el más ambicioso, que es el buque estrella que está posibilitando una rápida recuperación económica, laboral, social y ecológica, y Galicia está adquiriendo un ritmo mucho más vivo. Califíquenlo como
quieran, de virtual o de incumplimiento, pero todos los gallegos sabemos cómo las obras se licitan, las personas aprovechan las nuevas oportunidades, las medidas fiscales, se crean 15 nuevos parques empresariales, tres parques eólicos, vemos con
ilusión cómo nacen nuevas empresas. Ayer precisamente se inauguraba, y se recoge en los medios de comunicación, una nueva de acuicultura -y con ello termino- en el cabo Touriñán, en el corazón precisamente de la Costa de la Muerte, que generará 450
empleos. Esa es la realidad que ustedes quieren ocultar, pero la fuerza de los hechos está clara y puede muchísimo más. Esta es la verdad, aunque no les guste escucharla, es el rumbo que el Gobierno está impulsando y que interesa a los gallegos.
Eso es lo que, precisamente, da credibilidad al Grupo Parlamentario Popular y al Gobierno, de la que ustedes, señores de la oposición, carecen en este tema. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sainz.
Sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente...
(El señor Rodríguez Sánchez pide la palabra.)
Señor Rodríguez, a los efectos de indicar la aceptación o rechazo de la enmienda. Creo recordar que en su primera intervención ha dicho que la aceptaba.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Sí, señora presidenta, la acepto.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rodríguez.
Sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, para informar del contenido, previsiones presupuestarias y aplicaciones del Plan Galicia, que se somete a votación con la incorporación de la
enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 239; a favor, 101; en contra, 138.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL GRAVE Y REITERADO INCREMENTO DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA QUE SE HA PRODUCIDO EN MADRID A LO LARGO DEL AÑO 2002. (Número de expediente 173/000204.)
La señora PRESIDENTA: Moción, consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista sobre el grave y reiterado incremento de la inseguridad ciudadana que se ha producido en Madrid a lo largo del año 2002.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Mayoral.
Señorías, ruego abandonen el hemiciclo si van a estar de conversación y si no ocupen los escaños en silencio.
Adelante, señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señores del Partido Popular, señor Gil Lázaro, para entender correctamente la moción que presentamos aquí los socialistas es conveniente y sería necesario que por parte del Partido Popular se fuera capaz de contestar a los
siguientes interrogantes. Primer interrogante.
¿Es cierto o no que la criminalidad
en Madrid ha subido un 12 por ciento en el año 2002 y otro tanto en el año 2001? Segundo interrogante. ¿Desde el 1 de enero de este año ha habido 49 ó 50 homicidios en Madrid? ¿Sí o no? ¿La delincuencia violenta y organizada se ha
asentado en Madrid? ¿Sí o no? ¿La inseguridad ciudadana constituye el mayor motivo de preocupación de los madrileños? ¿Sí o no? La contestación a estas preguntas evidenciará si finalmente el Partido Popular ha tomado nota de la realidad o sigue
en la ficción.
Yo sé que el señor Gil Lázaro o quien intervenga en nombre del Partido Popular va a decir, utilizando el argumentario de la chuleta que el Ministerio del Interior haya cocinado a través del catering que habitualmente utiliza, que las cosas
no son como decimos los socialistas, pero nosotros, ante un problema tan preocupante para Madrid, proponemos medidas concretas, factibles, inmediatas, elaboradas conjuntamente desde las tres perspectivas de las administraciones competentes, el
Estado, la comunidad autónoma y el municipio, porque queremos seguridad para todos los madrileños como medio e instrumento fundamental para que sean total y plenamente libres.
Frente a las medidas meramente represivas del Partido Popular proponemos que la prevención sea el instrumento fundamental en la lucha contra la delincuencia. Proponemos prevención social; medidas y programas de prevención social, y medidas
y programas de prevención policial. Frente a la descoordinación, la falta de ideas y de equipo y el desbarajuste en el que se mueven las administraciones madrileñas competentes, el ayuntamiento, la comunidad autónoma y particularmente el Ministerio
del Interior, que debiera liderar la lucha contra la delincuencia en Madrid, proponemos trabajo en equipo, trabajo coordinado, trabajo planificado de las tres administraciones. Proponemos convertir a las juntas de seguridad de Madrid en órganos
estables y permanentes de coordinación operativa y de planificación y que estas juntas de seguridad, las autonómicas y las municipales, sean habilitadas y capacitadas para elaborar planes de seguridad para el municipio y la comunidad. Queremos que
se cree una sala de coordinación única del 091 y del 092 y que exista coordinación y trabajo compartido entre las policías de barrio y de proximidad del Ayuntamiento y del Ministerio del Interior, de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Queremos
operativos conjuntos entre las policías locales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para atajar y afrontar la lucha contra aquellos delitos y delincuentes que más preocupan a los madrileños, como son las bandas y grupos organizados, los
tráficos de vehículos robados, la violencia de género, la violencia que afecta a los menores, al alcoholismo, la piratería y la venta de géneros sustraídos y lo que está ocurriendo en muchos establecimientos de ocio.
Frente a las insuficiencias y limitaciones actuales del servicio público de seguridad ciudadana, al estancamiento de su despliegue y la disminución de sus efectivos, proponemos potenciar el servicio público de seguridad ciudadana y no como
hace el Partido Popular, que está derivando la satisfacción de estas necesidades ciudadanas hacia la seguridad privada. Nosotros queremos la potenciación del servicio público porque es el único que tiene un control democrático y se orienta y se
dirige desde las instituciones democráticas públicas y no a través del desarrollo de contratos con empresas privadas. Por eso, pedimos y trabajamos para que en Madrid se cubran todas las vacantes del Cuerpo Nacional de Policía, para que en Madrid
se incrementen 3.000 plazas del Cuerpo Nacional de Policía. En este momento existen un montón de vacantes, cerca de 2.000 vacantes. Proponemos que todas las noches existan 150 coches patrulla para velar por la seguridad de los madrileños, que
puedan acudir rápidamente ante una emergencia o necesidad de un ciudadano a cualquier lugar de Madrid. Proponemos que se creen cuatro nuevas comisarías de distrito en Madrid, 10 comisarías en total en lo que se refiere a la Comunidad Autónoma de
Madrid, porque creemos en el servicio público y en la necesidad de modificar el despliegue. Frente al estéril centralismo del Partido Popular, abogamos por una mayor descentralización del trabajo policial y de las competencias: más protagonismo
para la Comunidad Autónoma de Madrid, potenciar la figura del alcalde -dando más fortaleza a su capacidad para coordinar, dirigir y presidir la Junta Local de Seguridad- y potenciar las funciones de las policías locales dotándoles de competencias en
los ámbitos de la familia, el menor, violencia de género y pequeños delitos contra el patrimonio.
Finalmente, señorías, frente a la gestión burocratizada y autoritaria de la seguridad que practica el Gobierno del Partido Popular, entendemos que la seguridad es tarea de todos, y que es parte de la consolidación y avance de la democracia
de los ciudadanos, lo cual equivale a dar participación a los ciudadanos y a sus organizaciones sociales, y a reabrir lo que ha cerrado el Gobierno del Partido Popular: los consejos de seguridad ciudadana. Queremos que se abran porque la lucha
contra la delincuencia y la seguridad como instrumento para la libertad es tarea de todos, y todos debemos estar comprometidos en ellas.
Esperamos apoyo para esta moción del Partido Socialista. Muchas gracias.
(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mayoral.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Sí, señora presidenta.
Este es un tema de gran importancia, y no sólo porque aparezca en el orden del día de la campaña electoral. Desde este punto de vista, es interesante que se trate aquí hoy, porque hace impacto en la campaña electoral y en los temas que hay
que discutir en ella y, sobre todo, incide en el enfoque que hay que dar a los asuntos importantes a discutir.
No estamos completamente de acuerdo con esta moción pero, a largo del debate, nos vamos aproximando a una serie de coordenadas que, al final, pueden sintetizar la opinión de los grupos de izquierda de esta Cámara con vistas a la gobernación
de los ayuntamientos, las comunidades autónomas y del país. En todo caso, señor Mayoral, podremos seguir discutiendo sobre la aplicación de todo esto el 26 de mayo, posiblemente con el señor Gil Lázaro en la oposición, aquí, en Madrid.
Hay un punto del que parte nuestra concepción fundamental, y ya lo expusimos durante el debate presupuestario. Decíamos que hay que instaurar una serie de planes de choque para las barriadas marginadas por el sistema -que no marginales- por
la forma que tiene la derecha de entender la distribución del dinero en este país y en general de las políticas no progresistas. Decíamos también que, según la Unión Europea, se puede llegar a un déficit del 3 por ciento del producto interior
bruto, lo que supondría en este país tres billones de pesetas para llevar a cabo una serie de políticas absolutamente necesarias, que no se pueden acometer yendo contra los efectos y consecuencias, o contra variantes superficiales que no van a la
causa de fondo, que en este caso es la estructura social. Hablábamos de planes de choque específicos para esas barriadas que todos conocemos en cada ciudad, que necesitan de una política estructural de choque que cuesta muchísimo dinero; por eso
hablábamos de un déficit de entre el 2 y el 3 por ciento del producto interior bruto para implementar estas políticas. Si no, llegaremos a una situación absolutamente lamentable.
El señor Aznar dijo: Voy a quitar los delincuentes de la calle. Pongamos esto en consonancia con cómo se están aplicando los juicios rápidos, por ejemplo. Estamos de acuerdo en que haya juicios rápidos; pero, si no van acompañados de una
ampliación total de la estructura para ellos mismos y para el resto de las investigaciones, nos encontramos con que esos juicios rápidos se destinan a atacar la delincuencia procedente de la marginalidad, y nada más, a atacar esa delincuencia menor
que, en el 90 por ciento de los casos, procede de situaciones de marginación y de barriadas marginadas, y que parece ser el objetivo fundamental de la política del Partido Popular: ir a los efectos y a las consecuencias, quitar de en medio la
pequeña delincuencia, y hacerlo sin ningún tipo de política de reinserción y sin tener en cuenta las causas de fondo. Este es el tema de fondo, que habrá que situar en el seno de una política de progreso, que no es posible orquestar en este momento
desde el punto de vista de la Administración central.
Hemos protestado fuertemente en este mismo sentido a la hora de identificar por parte del Partido Popular inmigración y extranjería.
También trabajamos en la dirección de invertir la actual tendencia de privatización de la seguridad
pública. Fundamentalmente a partir de la gobernación del señor Mayor Oreja se dinamizó fuertemente en este país la seguridad privada, que aumentó de manera desaforada; ese fue el eje rector de la política del señor Mayor Oreja. Posteriormente el
señor Rajoy -y actualmente- intenta con una política matizadamente diferente en la teoría, por ahora, invertir esta tendencia; pero en ese sentido no hay logros materiales concretos que establecer respecto a esta inversión de la tendencia a la
privatización. Hemos hablado de la necesidad de cooperación y colaboración entre las distintas fuerzas policiales y hablamos, por ejemplo, de la necesidad de que la Guardia Civil deje de ser una fuerza dependiente de Defensa, una fuerza
militarizada; ahí tenemos, por ejemplo, que se van a mandar fuerzas de la Guardia Civil a Irak cuando ha subido la delincuencia rural en estos momentos en un 25 por ciento. Hace falta coordinar estas fuerzas como eminentemente policiales en el
seno de una coordinación a la que ha aludido el señor Mayoral. Por tanto esta serie de motivos que tienen matices diferentes respecto de la propuesta del señor Mayoral nos hacen ver la necesidad de un debate a fondo de estas circunstancias que
vamos a tener, según creo, en el momento correspondiente. Pero, repito y termino, señora presidenta, quiero constatar que esta última moción del Grupo Parlamentario Socialista sí tiene en cuenta en su texto, más que en los anteriores, la necesidad
de dar cobertura como condición indispensable, como causa real de esta situación, a toda la estructura social de este país.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Alcaraz.
En nombre Grupo Parlamentario Popular, señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Señora presidenta, señorías, realmente en estos cinco minutos de que disponemos muy pocas cosas vamos a poder decirle al señor Mayoral de las muchísimas que podríamos decirle. Básicamente le vamos a decir que
nuevamente ha vuelto a hacer aquí un discurso en el que trasluce clarísimamente su escasa, su nula preocupación por los problemas de fondo que afectan a las políticas de seguridad y que pretende única y exclusivamente levantar -se lo he dicho muchas
veces y se lo vuelvo a repetir ahora-, con un tono ciertamente reaccionario, la bandera de la inseguridad para tratar de buscar un cierto rédito electoral.
Afortunadamente creo que a favor de todos, a favor de todos nosotros y sobre todo a favor de los ciudadanos, de ellos mismos, juega su memoria histórica, juega la capacidad de credibilidad de lo que ustedes pueden ofrecer en muchas cosas y
de lo que no pueden ofrecer en otras y desde luego muy poca credibilidad pueden ofrecer sus políticas en materia de seguridad. Permítame un botón de muestra, señor Mayoral. Usted ha construido hoy el inicio de su intervención sobre una serie de
interrogantes, interrogantes que yo le puedo contestar pero que están suficientemente contestados por el señor ministro. Yo le voy a plantear otro tipo de interrogante, el que usted mismo planteó. Miren, señorías, esto que les voy a leer es la
mejor demostración de que el Partido Socialista, cuando habla de seguridad, o no sabe de lo que está hablando o sencillamente quiere engañar a los ciudadanos. El señor Mayoral, en el transcurso de la interpelación, según consta en el 'Diario de
Sesiones', decía literalmente al señor ministro: Nosotros vemos en primer lugar una enorme descoordinación y una falta de planificación compartida entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Madrid; una pregunta, señor ministro: ¿Por
qué no se ha hecho ese cacareado acuerdo, ese convenio que se está haciendo con muchos ayuntamientos para que con su ministerio coordine su actuación -se refiere al Ayuntamiento de Madrid-, porque ustedes están alardeando, están haciéndose muchas
fotos de convenios con muchos ayuntamientos y parece que es el bálsamo de Fierabrás, que lo va a resolver todo? ¿Por qué no hacen el convenio con el Ayuntamiento de Madrid, que es la ciudad más importante y mayor de España? Pues ese era el
interrogatorio básico sobre el que el señor Mayoral, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, construía su interpelación. Y hay que decir a la Cámara y al señor Mayoral que o el señor Mayoral no sabe de qué está hablando o que quiere engañar,
porque ese cacareado convenio, ese convenio que reclamaba con el Ayuntamiento de Madrid, está firmado desde el 17 de octubre del pasado año. Es decir, el señor Mayoral ha tenido siete meses para enterarse de la existencia del convenio, o ha tenido
siete meses para intentar engañar a los ciudadanos construyendo todo un mensaje de falta de coordinación o de desinterés porque no está firmado el convenio cuando en realidad lo está. Como consecuencia de ese convenio, el 27 de noviembre (ha tenido
seis meses el señor Mayoral para enterarse o para no intentar engañar a los ciudadanos) se constituyó, en el marco de ese convenio, un llamado programa marco de prevención y de seguridad para el municipio de Madrid que integra toda una serie de
políticas sectoriales específicas de planes de seguridad, de coordinación de esos planes de seguridad, de incremento de los efectivos hasta 500 con los que se ha dotado recientemente a la plantilla del municipio de Madrid y toda una serie de
inversiones complementarias para dar esa fuerza.
Además, en esta moción pretenden presentar como novedosas un conjunto de medidas que precisamente se están estudiando y desarrollando en el marco de ese convenio que reclamaba el señor Mayoral.
Señor Mayoral, ¿cómo se puede subir a esta tribuna a reclamar un convenio que existe desde hace siete meses? ¿Cómo puede usted pedir cuentas al Gobierno porque no existe ese convenio? Dice usted que, a partir de la no existencia de ese
convenio, no existe una alternativa de seguridad para el municipio de Madrid, cuando existe el convenio, cuando existe el programa marco que desarrolla dicho convenio y cuando existen toda una serie de actuaciones a partir del convenio firmado el 17
de octubre del año pasado. Por tanto, señoría, cuando se es capaz de venir a esta tribuna y plantear esos tonos acusatorios o fiscalizadores, intentando engañar a los ciudadanos diciendo que no existe un instrumento capital, que existe, o lo que es
peor, ignorando S.S. la existencia de ese convenio, con eso está todo dicho. Ustedes no tienen credibilidad para hablar de seguridad, ustedes no tienen credibilidad para hablar de seguridad pública porque ustedes descapitalizaron humana y
presupuestariamente el Ministerio del Interior y ustedes lo único que han creído encontrar, en un tono ciertamente reaccionario, vuelvo a insistir, es una especie de filón electoral para tratar de arañar irresponsablemente unos votos.
Yo sinceramente creo que los ciudadanos de Madrid saben perfectamente que este Gobierno ha sentado las bases, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio del Interior, para mejorar las cosas, y las cosas se están mejorando.
Lo único que no está mejorando es el Partido Socialista Obrero Español, que sigue sin tener credibilidad ni certeza a la hora de hablar de estas cosas. Estúdiese el convenio, señor Mayoral: 17 de octubre del año pasado.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Gil Lázaro. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el grave y reiterado incremento de la inseguridad ciudadana que se ha producido en Madrid a lo
largo del año 2002.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 231; a favor, 83; en contra, 140; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las nueve de la mañana.
Eran las nueve y cinco minutos de la noche.