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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 248, de 06/05/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2003 VII Legislatura Núm. 248
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 239
celebrada el martes, 6 de mayo de 2003
ORDEN DEL DÍA: Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas: ...
- Del Parlamento de Cataluña, de sexta modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, a fin de que los magistrados nombrados a propuesta del Senado lo sean en representación de las Comunidades
Autónomas. (Orgánica.) 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 267-1, de 19 de julio de 2002. (Número de expediente 125/000024.) ... (Página 12745)
Avocación por el Pleno de Proyectos de Ley:
- Proyecto de Ley de Montes. (Número de expediente 121/000138.) ...
(Página 12756)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley: ...
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la regulación del trabajo autónomo dependiente. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 294-1, de 29 de noviembre de 2002. (Número de expediente 122/000261.) ...
Proposiciones no de Ley: ...
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre ayuda humanitaria al pueblo de Iraq. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 528, de 25 de abril de 2003. (Número de expediente 162/000723.) ...
- De los Grupos Parlamentarios Vasco (EAJ-PNV) y Catalán (Convergència i Unió), para la ayuda humanitaria del pueblo de Irak y sobre reconstrucción de Irak. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 528, de 25 de abril de 2003.
(Número de expediente 162/000730.) ... (Página 12764)
- De los Grupos Parlamentarios Socialista, Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto, sobre situación de emergencia humanitaria y la reconstrucción de Irak. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número
528, de 25 de abril de 2003. (Número de expediente 162/000731.) ... (Página 12764)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre reducción de la edad de jubilación para personas con discapacidad. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 531, de 5 de mayo de 2003. (Número de expediente 162/000736.) ...
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes: ...
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la recuperación de los ejes directores de la política exterior española. (Número de expediente 173/000200.) ... (Página 12782)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las repercusiones que supone para España la nueva fase de la guerra contra Irak. (Número de expediente 173/000201.) ... (Página 12787)
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la nueva cultura del agua y el Plan Hidrológico Nacional. (Número de expediente 173/000202.) ... (Página 12791)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas ... (Página 12745)
Del Parlamento de Cataluña, de sexta modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, a fin de que los magistrados nombrados a propuesta del Senado lo sean en representación de las Comunidades Autónomas.
(Orgánica.) ... (Página 12745)
Defienden la toma en consideración de la proposición de ley los señores Valles i Casadevall y Ridao i Martín, representantes del Parlamento de Cataluña.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Puigcercós i Boixassa, la señora Lasagabaster Olazábal y el señor Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; y los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria; Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Marcet i Morera, del Grupo Parlamentario Socialista, y De Juan i Casadevall, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Avocación por el Pleno ... (Página 12756)
Proyecto de ley de Montes ... (Página 12756)
La Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley de montes, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas.
(Votación.) ... (Página 12756)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña, de sexta modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional a fin de que los magistrados nombrados a
propuesta del Senado lo sean en representación de las comunidades autónomas, se rechaza por 125 votos a favor y 147 en contra.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 12756)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la regulación del trabajo autónomo dependiente ... (Página 12756)
Presenta la proposición de ley para su toma en consideración el señor Amarillo Doblado, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Se trata de regular la actividad profesional del trabajador autónomo dependiente, entendiéndose por tal la
que realiza cualquier persona que desarrolla una actividad o presta un servicio por cuenta propia pero en interés de la empresa demandante, con la que establece una relación continuada de dependencia. Explica los diferentes títulos de que consta la
proposición de ley en los que se define el trabajador autónomo dependiente en sus diversas modalidades -trabajador autónomo con dependencia laboral, trabajador autónomo sin dependencia laboral y la relación mixta y combinada de ambos- y su diferente
régimen jurídico.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ruiz
López (don Antero), del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Delgado Arce, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la regulación del trabajo autónomo dependiente, se rechaza por 106 votos a favor, 156 en contra y seis abstenciones.
Proposiciones no de ley ... (Página 12764)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre ayuda humanitaria al pueblo de Irak ... (Página 12764)
De los Grupos Parlamentarios Vasco (EAJ-PNV) y Catalán (Convergencia i Unió), para la ayuda humanitaria del pueblo de Irak y sobre reconstrucción de Irak ... (Página 12764)
De los Grupos Parlamentarios Socialista, Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto, sobre situación de emergencia humanitaria y la reconstrucción de Irak ... (Página 12764)
Intervienen en la presentación y defensa de las tres proposiciones no de ley, que se debaten conjuntamente, el señor Izquierdo Juárez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; la señora Pajín Iraola, del Grupo Parlamentario
Socialista; y los señores Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Otxoa de Eribe Elorza, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Vázquez Vázquez y Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario Mixto.
Sometida a votación, en primer lugar, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre ayuda humanitaria al pueblo de Irak, en sus propios términos, se aprueba por 147 votos a favor y 125 en contra.
Sometido a votación el texto de la enmienda transaccional firmada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el Grupo Parlamentario Mixto, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, en sustitución de las proposiciones no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el Grupo Parlamentario
Socialista, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y el Grupo Parlamentario Mixto, sobre situación de emergencia humanitaria en la reconstrucción de
Irak, que aparecían inicialmente en el orden del día y que han sido retiradas, se rechaza por 126 votos a favor y 145 en contra.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre reducción de la edad de jubilación para personas con discapacidad ... (Página 12776)
Presenta la proposición no de ley la señora Rumí Ibáñez, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Manifiesta que su grupo quiere aprovechar el año de la discapacidad para trabajar por los derechos y por la integración de las personas
con discapacidad,
por lo que trae al Pleno de la Cámara esta iniciativa en la que se insta al Gobierno a que, mediante la preceptiva regulación reglamentaria, proceda a rebajar la edad de jubilación de los discapacitados sin menoscabo de la cuantía de la
pensión a percibir. Considera que su propuesta debiera contar con el consenso unánime de la Cámara porque no sería de recibo que nadie, amparándose en razones ficticias y tan solo esgrimidas para salir del paso, privase al Parlamento de un
pronunciamiento categórico acerca de esta medida que vienen reclamando las organizaciones representativas y que llevará más confianza y más seguridad a muchos discapacitados y a sus familias.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso interviene el señor Belda Pérez-Pedrero.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Ruiz López (don Antero), del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; y Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
El señor Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Rumí Ibáñez, del Grupo Parlamentario Socialista intervienen sobre la enmienda propuesta in voce por el señor Campuzano i Canadès.
Sometida a votación, en sus propios términos, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre reducción de la edad de jubilación para personas con discapacidad se rechaza por 110 votos a favor y 145 en contra.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 12782)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la recuperación de los ejes directores de la política exterior española ... (Página 12782)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Caldera Sánchez-Capitán. Afirma que los principios en que se venía asentando la política exterior española han sufrido un
tremendo golpe en los últimos meses con las aventuras expedicionarias del Gobierno del Partido Popular en compañía de la potencia hegemónica. Esos principios, explica, eran los intereses estratégicos de España y estaban presididos por un elemento
esencial que es el consenso. Su grupo quiere recuperar ese consenso y pide al Gobierno que consolide una estrategia de acción exterior que siga las bases tradicionales de actuación de España. Manifiesta que el Grupo Socialista no está en contra
del mantenimiento de un fuerte vínculo, tanto bilateral como en el seno de la Unión Europea, con los Estados Unidos, pero también quiere que España siga teniendo un papel fundamental en la Unión Europea.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Ricomá de Castellarnau, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Guardans i Cambó, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las repercusiones que supone para España la nueva fase de la guerra contra Irak ... (Página 12787)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Alcaraz Masats, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Acusa al Partido Popular de haber roto amarras con una serie de tableros donde se jugaba la
política cultural de este país, siendo uno de esos tableros la política exterior. El Partido Popular, dice, no es que cambie la política exterior, es que cambia el tablero, el terreno de juego.
Ellos, Izquierda Unida, moverían las fichas de otra
manera, pero manteniendo el tablero, por lo que casi coinciden en la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, excepto en el caso en que se ha introducido en el tema de las fichas y su movimiento específico con respecto a alguna de
las cuadrículas del tablero. Explica el contenido de su moción en el que plantean como punto primero instar al Gobierno a impulsar la reconstrucción política de Irak en el seno de los mandatos del Consejo de Seguridad de la ONU y, en todo caso,
mediante una actuación multilateral dirigida por la ONU; como punto segundo, a impulsar la reconstrucción económica y social de Irak en el marco de los acuerdos del Consejo de Seguridad de la ONU; y como punto tercero, a no participar en la
administración de ningún territorio ni en las instancias de control o gestión designadas unilateralmente por los Estados Unidos, al margen de la legalidad internacional. Como contraposición, pone de relieve que en el texto de la enmienda del Grupo
Popular falta siempre la mención a las Naciones
Unidas, lo que deja claro, según su opinión, que el Gobierno no quiere contar con la legalidad internacional.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso interviene el señor Izquierdo Juárez.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora García Manzanares, del Grupo Parlamentario Socialista.
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la nueva cultura del agua y el Plan Hidrológico Nacional ... (Página 12791)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto. Reitera las tres razones por las que considera que el trasvase del Ebro no se llegará a realizar: primera, porque va en contra
de la opinión mayoritaria de las gentes de las tierras del Ebro; segunda, porque va en contra de todas las opiniones de los científicos expertos en materia hidráulica, y tercera, porque va en contra de las nuevas orientaciones de la política
hidráulica de la Unión Europea. Asimismo menciona como otra razón de la no viabilidad del plan hidrológico la crisis abierta entre el Partido Popular y Convergència i Unió en relación con el Plan de protección integral del Delta del Ebro. A
continuación explica su moción que intenta rectificar un desastre como es, dice, una política hidráulica que choca con la sociedad, con los científicos y con las directivas de la Unión Europea.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Morlán Gracia, del Grupo Parlamentario Socialista, y Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la recuperación de los ejes directores de la política exterior española, en los términos de la enmienda transaccional, como
consecuencia de la retirada de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se rechaza por 101 votos a favor, 141 en contra y cinco abstenciones.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las repercusiones que supone para España la nueva fase de la guerra contra Irak, en sus propios términos, se
rechaza por 106 votos a favor y 141 en contra.
A continuación se somete a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la nueva cultura del agua y el Plan Hidrológico Nacional, en sus propios términos.
En primer lugar se someten a votación el apartado número 1 y el apartado número 2.e), que son rechazados por 95 votos a favor y 151 en contra.
En segundo lugar se someten a votación los apartados números 3 y 2.a) y 2.d), que son rechazados por 105 votos a favor y 142 en contra.
Finalmente se somete a votación el resto del texto de la moción, que se rechaza por 97 votos a favor, 141 en contra y ocho abstenciones.
Se suspende la sesión a las diez y veinte minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
- DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, DE SEXTA MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 2/1979, DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, A FIN DE QUE LOS MAGISTRADOS NOMBRADOS A PROPUESTA DEL SENADO LO SEAN EN REPRESENTACIÓN DE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS. (ORGÁNICA) (Número de expediente 125/000024.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego ocupen sus escaños. Se abre la sesión.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas. En primer lugar, toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña, de sexta modificación de la Ley Orgánica 2/1979,
de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, a fin de que los magistrados nombrados a propuesta del Senado lo sean en representación de las comunidades autónomas.
En primer lugar, en nombre del Parlamento de Cataluña, tiene la palabra el señor Vallès.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Vallès i Casadevall): Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, permítanme que exprese en primer lugar la satisfacción de este diputado al dirigirse a la Cámara en uso de las atribuciones que la Constitución y el Estatuto de Cataluña reconocen al parlamento del que
formo parte. Lo hago como delegado del Parlamento y del Grup Parlamentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi. Quiero manifestar que no contemplo esta intervención como un trámite rutinario, sino que lo entiendo como una expresión de lo que es un
Estado compuesto como es el nuestro, un Estado en el que las cámaras estatales y las cámaras autonómicas ejercen atribuciones legislativas y en algunas ocasiones, como la presente, las comparten. No quiero dejar de subrayar este aspecto porque lo
que para algunos puede parecer una complicación farragosa, es precisamente una condición constitutiva de nuestra organización política, la organización política de un Estado complejo al que es consustancial el equilibrio entre unidad y diversidad,
entre homogeneidad y heterogeneidad, entre igualdad y pluralismo; y no son palabras mías, sino del malogrado Tomás y Valiente, que pagó con la vida su fidelidad al espíritu original del pacto constitucional. Es esta realidad constitucional
española la que justifica precisamente la proposición de ley que hoy presentamos a la consideración de esta Cámara. Proposición que afecta a la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, pieza clave de nuestro ordenamiento
jurídico, que se concreta en una modificación del artículo 16.1 de su ley orgánica.
Se ha dicho, y se ha dicho bien, que la justicia constitucional es una necesidad en las sociedades que tienen una deficiente tradición democrática. En estas sociedades, como es el caso español, el Tribunal Constitucional desempeña un rol
legitimador de gran importancia; instancia que -quizá es obvio decirlo aquí- contrasta la acción de los poderes del Estado con la norma constitucional, con las reglas de juego que se han formulado a partir del pacto que funda la comunidad política.
De ahí las razones que llevan a la presentación de esta proposición de ley, que pueden resumirse en dos argumentos, que afectan respectivamente a la autoridad del propio Tribunal y a la cohesión del Estado. En primer lugar, entendemos que la
reforma que se propone ha de reforzar la autoridad del Tribunal, porque, de ser aprobada, establecerá un vínculo más evidente y directo con las instancias legislativas autonómicas. Fue el propio Kelsen, el inventor de los tribunales
constitucionales, quien señaló que en un Estado democrático las minorías deben ser protegidas contra la imposición arbitraria de la mayoría, porque la posición dominante de la mayoría sólo es legítima y aceptable si se ajusta a las reglas jurídicas
que se acordaron entre todos en el momento fundacional del Estado constitucional. En cierto sentido, las nacionalidades y regiones españolas pueden ser consideradas como minorías que aceptan reglas políticas comunes, cuya interpretación corresponde
al arbitraje del Tribunal. La autoridad y la fuerza de este árbitro se acrecientan cuando cuentan desde su mismo origen con la aceptación de las partes; aceptación que de modo explícito queremos expresar con la intervención de las asambleas de las
comunidades autónomas en el proceso de designación de una parte de los miembros del Tribunal.
¿Significa esta intervención que corresponderá a dichos miembros una representación especial y singular de las comunidades autónomas? No es este el sentido de la propuesta. Sabemos que no se corresponde con la naturaleza de las funciones
del Tribunal cargar a los magistrados con una condición representativa, ni siquiera con la condición de representantes de los partidos, que son quienes tienen la facultad de su designación, a través de la disciplinada intervención de sus grupos
parlamentarios. Del mismo modo que los magistrados no representan a los partidos que disponen de la mayoría para elegirlos, tampoco la intervención consultiva en este trámite de las asambleas de las comunidades autónomas les confiere en rigor una
representación especial, pero sí contribuyen a expresar mejor la diversidad de una comunidad política como la española, que hace del respeto a su propio pluralismo político, social y nacional uno de sus valores constitucionales. Por este motivo, al
adecuar la designación senatorial de esos magistrados a la evolución del Estado de las autonomías, la propuesta que contiene esta resolución apunta a reforzar la autoridad del Tribunal, porque atiende mejor a una de las dimensiones del Estado: la
que expresa constitucionalmente la diversidad de los pueblos que configuran la realidad española.
Desde esta perspectiva aparece una segunda razón para la reforma. Está claro a los ojos de los expertos que la dimensión territorial ha adquirido importancia creciente en nuestra organización política; una importancia hasta cierto punto
imprevisible en el momento en que fue aprobada la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en 1979 cuando no se habían explorado las posibilidades constitucionales ni el mapa político español había tenido el desarrollo que hoy
conocemos.
La propuesta del Parlamento de Cataluña articula una nueva manera de comprometer a las comunidades autónomas en la formación de la voluntad política de un órganos estatal, como es el Estado, si se acepta, también en este caso, que las
comunidades autónomas son Estado. Es cierto que la participación de las comunidades autónomas que se propone tiene solamente carácter consultivo, pero el valor de esta participación consultiva va más allá de su resultado directo. Tiene el valor
simbólico de subrayar su pertenencia a un Estado compuesto
definido por la Constitución y en política, como sabemos bien, lo simbólico tiene también una eficacia nada desdeñable. Es cierto también que el Senado no es todavía lo que debería ser: la Cámara de las nacionalidades y regiones españolas.
Sigue pendiente la revisión que debería hacer de la Cámara Alta una verdadera Cámara territorial, redefiniendo competencias, composición y elección de sus miembros, para ajustarlas en definitiva a lo que es hoy -y tal vez no era todavía cuando se
aprobó la Constitución- una España política que se construye a partir de la diversidad de sus pueblos.
El Parlamento de Cataluña y el Grupo Socialistes-Ciutadans pel Canvi al que represento entienden que esta propuesta, pese a las limitaciones de las condiciones actuales, es un avance a partir de las posibilidades presentes de la Cámara Alta.
Es un paso útil mientras no se produzca la reforma del Senado, porque permite una aproximación posibilista y, aunque sea de modo parcial, ajusta la norma a la evolución de la realidad política. Responde, en definitiva, a la actitud de nuestro
grupo, Socialistes-Ciutadans pel Canvi, en materia constitucional y estatutaria.
No suscribimos planteamientos que aspiran a hacer tabla rasa de lo conseguido hasta hoy, del patrimonio y caudal político acumulados en 25 años de régimen democrático
constitucional, pero tampoco creemos en modelos cerrados, en modelos permanentes e inalterables. En un sistema democrático la dinámica social y política exige la adaptación gradual de la norma legal, incluida la norma constitucional y la
estatutaria. Sin esta adaptación cualquier norma se fosiliza, pierde su vigor y queda, en definitiva, privada de legitimidad social. Nada perjudica tanto a la eficacia de los textos legales, incluidos los constitucionales, como la obstinación de
quienes quisieran convertirlos en un tótem inamovible.
Termino, señora presidenta, señoras diputadas y señores diputados.
Sometemos con esta convicción a la que me acabo de referir esta proposición de ley y, en representación del Parlamento de Cataluña que la aprobó en su día, pedimos a SS.
SS. el voto favorable para su toma en consideración.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Valles.
Asimismo, en nombre del Parlamento de Cataluña tiene la palabra el señor Ridao.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Ridao i Martín): Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, como se recordará el 30 de octubre pasado esta Cámara dio, después de un largo y doloroso parto, luz verde a un acuerdo entre dos grupos -PP y PSOE- para cubrir las distintas vacantes de los denominados órganos
constitucionales y, entre ellos, el Tribunal Constitucional. Dicho acuerdo no fue precisamente para nosotros (no únicamente para Esquerra Republicana de Cataluña a quien represento, sino para la amplísima mayoría del Parlamento de Cataluña, y así
se dejó constancia en el debate de la presente propuesta de resolución) una excelente noticia. Al margen de algunas polémicas más o menos esperables sobre el extremismo del perfil ideológico de algún candidato, comentado en el momento del debate,
lo cierto es que la percepción de la mayoría de la opinión pública, como la nuestra, fue que dicho acuerdo se redujo en la práctica a un ejercicio implacable de la apisonadora parlamentaria, de aquella mayoría del 80 por ciento de la que en alguna
ocasión ha hablado algún portavoz de esta Cámara. En el mejor de los casos se vio como un ejercicio incluso antipedagógico, porque no me negarán que asistimos a unas negociaciones que se rompían aparentemente por cuestiones de principio y que, en
la práctica, se resolvieron al cabo de pocos meses con un simple cambio de cromos, en un tema que es clave para la arquitectura institucional del Estado español. Se resolvió a través de una lista cerrada, de una lista bloqueada, de una lista única
y, por tanto, se dejó escapar una excelente oportunidad para proceder a una renovación más abierta y más democrática de dichas instituciones.
Tampoco fue una buena noticia porque, con los matices que ustedes quieran, este fue un pacto ciertamente excluyente, un pacto del que resultaron marginadas no sólo las comunidades autónomas, sino especialmente algunas comunidades nacionales
históricas, como es el caso de Cataluña. Fue un acuerdo que supuso una cierta ignorancia, yo diría consciente, de los delicados equilibrios del Estado de las autonomías, un acuerdo sin la menor intención de suplir de una u otra forma la ausencia de
un Senado, de una auténtica cámara de representación territorial; al contrario, más bien pareció que algunos quedaron liberados del famoso pacto constitucional, entendido como la voluntad de sumar máximos consensos en los temas institucionales.
Luego, hay quien no quiere entender que la nula sensibilidad autonomista, el hecho de que se niegue a algunos territorios su derecho a participar o el hecho de que se diera un paso más para que el sistema político e institucional del Estado no se
adaptara a la realidad institucional y plurinacional da motivos para que muchos ciudadanos de este Estado, y no sólo Esquerra Republicana de Cataluña, se planteen una clara desafección a un modelo de Estado centralista y uniformista.
Si dejamos de lado esta polémica coyuntural, pero no por ello menos trascendente, me reconocerán al menos que estamos ante un problema claramente estructural, un problema que no es nuevo, sino que arrastra desde el mismo proceso
constituyente, desde el momento en que se aprobó la Constitución y, en el año 1979, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, por cierto, una ley orgánica que no se consensuó hasta su
último trámite parlamentario, hecho que seguramente explica que el asunto de la composición y designación de los miembros del Tribunal Constitucional esté tan mal resuelto. El hecho de que las comunidades autónomas estén ausentes en el
proceso de designación de sus magistrados en un órgano como el Tribunal Constitucional, vital para la configuración territorial del Estado, que dirime a diario los conflictos de competencias que se suscitan entre las comunidades autónomas y el
Estado (un ejemplo que concierne a Cataluña es que 42 de las 394 leyes aprobadas desde 1980 han sido impugnadas, una de cada cuatro), o el hecho de que en este momento esté pendiente la resolución de casi 200 recursos por parte del Alto Tribunal,
son muestras de esa problemática.
Y aquellos polvos nos trajeron estos lodos, porque la ausencia de magistrados designados por las comunidades autónomas ha llevado, en la práctica, a la ausencia de una sensibilidad claramente autonomista por parte del actual Tribunal
Constitucional. No hace falta que recuerde las palabras de su actual presidente, don Manuel Jiménez de Parga, deslegitimando frontalmente la diferenciación constitucional entre nacionalidades y regiones, incluso todo ello amenizado con un chiste de
dudoso gusto sobre la higiene en algunos rincones de la Península en el año 1000.
La designación de los magistrados del Tribunal Constitucional por parte de las comunidades autónomas es un hecho preocupante. Históricamente, la necesidad de que intervengan los diferentes territorios del Estado en esa configuración del
Tribunal Constitucional fue entendida, por ejemplo, por el propio constituyente republicano, cuando previó que las distintas regiones autónomas pudieran designar magistrados del Tribunal de Garantías. Así se entiende en la mayoría de los Estados
compuestos de base descentralizada, donde existe un modelo de integración, un modelo de participación, un modelo de codecisión de las nacionalidades y regiones en las instituciones generales y centrales del Estado. El caso paradigmático más
conocido es el alemán, el modelo del federalismo ejecutivo que incluso permite que tanto la mitad de la composición del Tribunal Constitucional como de la del propio Tribunal Supremo sea designada por parte de los diferentes länder. Desde este
punto de vista, la propuesta que hoy venimos a plantear desde el Parlamento de Cataluña lo que pretende es adoptar un modelo favorecedor de la integración institucional, jurídica y administrativa de los diferentes territorios en el marco del Estado
español. Por esto, desde el Parlamento de Cataluña y en nombre de Esquerra Republicana, que fue el grupo parlamentario que inicialmente presentó la iniciativa, hoy venimos a pedir su apoyo y su voto favorable.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ridao.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Intervengo muy brevemente para decir que Esquerra Republicana de Cataluña va a apoyar esta propuesta del Parlament de Cataluña; una propuesta que viene avalada por casi la mayoría de sus grupos parlamentarios. Nosotros entendemos que es la
fórmula que puede solucionar la sensación que hoy se tiene, no sólo desde Cataluña sino seguramente compartida con Euskadi, con Galicia, incluso con ciudadanos demócratas del resto del Estado, de que hay un modelo homogéneo, centralista, unitario,
en las lecturas del Tribunal Constitucional.
Se puede definir el Estado español de muchas maneras: compuesto, plural, diverso, heterogéneo, pero la realidad es que la forma de elección de los magistrados y el acuerdo que suscribieron en su momento el Partido Socialista Obrero Español
y el Partido Popular, dejando fuera de cualquier margen de decisión no sólo otras opciones políticas sino otras opciones nacionales o territoriales que cohabitan en el Estado, es que se apostaba de forma clara por este modelo unitario y centralista.
A partir de aquí, no tiene que extrañarnos que el señor presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Jiménez de Parga, no sólo con anécdotas o chabacanerías, que podríamos definir así, y declaraciones estrafalarias, cree la doctrina que se está
generando, que es preocupante. Esto, repito, crea desafección y da la sensación de que todo lo que pueda hacer el Tribunal Constitucional, a diferentes propuestas nacionales, como el caso de Cataluña, es papel mojado. Nos da la sensación de que no
hay la rigurosidad o la pluralidad que tenía que estar presente en un órgano de este calado.
Hay jurisprudencia. Se ha citado ya desde la tribuna el modelo alemán y creemos que la única forma de devolver la legitimidad de la diversidad y de la pluralidad al Tribunal Constitucional es desde la perspectiva de que las comunidades
autónomas puedan también elegir y formar parte en la elección de sus magistrados.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero agradecer a los miembros del Parlamento de Cataluña, señores Vallès y Ridao, que nos hayan traído una vez más una iniciativa que para nosotros es de gran importancia y, sobre todo, de agrado. Lo digo una vez más
porque es de trascendencia, y
es de agradecer, que el Parlamento de Cataluña presente a esta Cámara diversas iniciativas que lo único que pretenden es trasladar a la realidad práctica legislativa un acuerdo que se viene incumpliendo sistemáticamente. Este acuerdo no es
otro que el reconocimiento del Estado español no como un Estado de mera descentralización administrativa, sino como un acuerdo en la existencia de diversas naciones, nacionalidades, lenguas y culturas, algo que todo el mundo dio por supuesto hace no
más de dos décadas y que hoy parece desaparecido en combate. Por eso agradecemos que, junto con esta iniciativa, otras de calado, de respeto a la diversidad lingüística o a la diversa cultura se nos presenten constantemente en esta casa, y les
instamos y animamos a que lo hagan una vez más.
Se nos hace referencia a un tema de relevancia especial. Nadie duda, y es lógico, que el Tribunal Constitucional tiene, ha tenido y tendrá un papel dirimente en muchos de los conflictos y, en este caso, a nivel territorial. Parece lógico
pensar que la designación del árbitro sea reconocida, al menos albergada en su origen, por los distintos territorios donde tenga que ejercer. No parece razonable -el derecho no es matemática- que, siendo todo muy legítimo y absolutamente
prestigioso y reconocido, haya sólo la interpretación de una determinada manera de pensar, muy legítima pero que puede no ser la única; por tanto es una cuestión que habrá que dilucidar y además muy pronto. Y debo señalar que este no es sólo un
tema del Tribunal Constitucional, sino de una reforma mucho mayor del Poder Judicial. La organización del Poder Judicial quedó aparte de todo lo que era reconocimiento de estructura de Estado autonómico, que no es una descentralización, si se
quiere no será federal, pero no es una mera descentralización. Una organización del Poder Judicial que ha estado siempre aparte de lo que ha sido el reconocimiento, la inserción de las diferentes naciones y nacionalidades; veamos simplemente cómo
el mero hecho de que se pueda hablar en los tribunales en distintas lenguas además del castellano viene siendo una dura tarea conseguirlo. Por eso me parece que en esta materia, en el Tribunal Constitucional, ese reconocimiento a la designación de
magistrados provenientes de comunidades autónomas sería realmente un logro, y les animo a que aunque hoy no tengamos el voto afirmativo sigan intentándolo, nos ayudarán ustedes y nosotros también lo intentaremos.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Sean también mis primeras palabras para saludar a los diputados señores Ridao y Vallès y felicitar otra vez al Parlament de Catalunya por insistir, creo que con cierta ingenuidad -luego me referiré a ello-, en convertir lo que la razón nos
dicta y adonde nos debería llevar la propia economía del sistema constitucional lealmente interpretado en normas jurídicas, en derecho positivo. Y saludarles, como digo, no sólo por cortesía sino porque creo que esta iniciativa es especialmente
oportuna y casi diría urgente ante el desvarío del presidente del Tribunal Constitucional y ante la manifiesta parcialidad y sectarismo de ciertas recientes sentencias de este alto órgano constitucional. Porque un órgano como el Tribunal
Constitucional debería estar adornado por atributos como la neutralidad, de la que en estos momentos carece en absoluto. Un órgano llamado a ejercer de árbitro, de pacificador jurídico entre el Estado y las comunidades autónomas es en este momento
un instrumento más en manos del señor Aznar.
En la actualidad es evidente la falta de participación autonómica en la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, sancionada, por cierto, por el otro gran partido, por la alternativa, se dice, en el Gobierno del Estado. En
definitiva, la monopolización de este órgano por magistrados designados por órganos del Estado como el Congreso de los Diputados y el Senado constituye uno de los defectos o uno de los asuntos pendientes más graves del Estado constitucional, y esto
no lo dice el Bloque Nacionalista Galego, sino que lo ha dicho recientemente el propio presidente de la Xunta de Galicia, señor Fraga Iribarne y lo dice la propia Xunta de Galicia en un informe remitido al Senado. En ese informe la Xunta de Galicia
interesa el cumplimiento por parte del Senado de una propuesta de resolución presentada por el Bloque Nacionalista Galego en el debate del Estado de la nación -me refiero al de Galicia- en octubre del año 2002 y aprobado por unanimidad del
Parlamento gallego y en el que se decía que el Parlamento insta a la Xunta de Galicia a solicitar del Gobierno del Estado que impulse una modificación de los mecanismos de nombramiento del Tribunal Constitucional para garantizar algún instrumento de
participación de la comunidad autónoma.
Yo espero que hoy el Partido Popular obedezca a su presidente fundador.
Que el Partido Popular no vote aquí una cosa distinta de lo que votó en Galicia. Que no diga hoy aquí el Partido Popular algo distinto de lo que incluso en
monografías, no sé si escritas pero sí firmadas por él, dice el señor Fraga Iribarne. A mayor abundamiento le voy a decir algunas de las cuestiones o consideraciones que se contienen en este informe: A mayor grado de descentralización política
mayor y más trascendente es para el buen gobierno del Estado la competencia de pacificación jurídica atribuida en instancia independiente y neutral que se constituye como guardián e intérprete máximo de la Constitución. Si interpretamos esto a
contrario, a menor grado de descentralización, que es adonde ustedes nos están llevando, es congruente tener un Tribunal Constitucional como el que tenemos, es decir un Tribunal Constitucional secuestrado por el Partido Popular, también es cierto
que con la connivencia del PSOE. Se habla también, se
apuesta incluso en este informe, por una reforma constitucional. Se habla de Constitución ferenda, de ir hacia mecanismos como la paridad federal que existe en la República Federal Alemana entre el Bundesrat y el Bundestag en la designación
de los magistrados del Tribunal Constitucional. Todo ello sancionado, como decía anteriormente, por el señor Fraga Iribarne. Incluso se habla de los problemas que existen actualmente, por no ser el Senado realmente una cámara de representación
territorial, en el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional. Realmente, lo que se expresa en esta elección es la voluntad política de los grupos políticos que integran el Senado, y no una voluntad política territorial.
Lo que sorprende, y también se hace constar en este informe, es que, de manera precipitada, el día 20 de junio del año 2000 se introdujese, por cierto, sólo seis después de que el Reglamento del Senado hubiese sido modificado, una reforma en
el Reglamento del Senado para que el nombramiento de los representantes nombrados por el Senado en el Consejo General del Poder Judicial lo fuesen no a propuesta de los grupos parlamentarios del Senado sino a propuesta de jueces y magistrados. No
sé por qué, señores del Partido Popular, incluso señores del Partido Socialista, hacen ustedes de peor condición a las comunidades autónomas que a asociaciones, muy respetables por otra parte, de jueces y magistrados. Me parece que estamos hablando
en un caso de órganos de relevancia constitucional que conforman el Estado y en el otro caso de manifestaciones del ejercicio de un derecho fundamental que nosotros respetamos, y que no sé por qué lo hacen de peor condición. Por tanto, la pregunta
es evidente. Si, como parece, señores del Partido Popular, van a votar en contra de esta iniciativa, expliquen hoy por qué votan aquí una cosa y en el Parlamento gallego dicen otra. Y si no apoyan esta concreta iniciativa, dígannos si están
dispuestos a impulsar algún tipo de reforma, sea de la Constitución -supongo que no-, sea de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional o sea del Reglamento del Senado, para permitir que las comunidades autónomas -y no hablo ya de las de carácter
nacional o de las nacionalidades, como dice la Constitución, sino de todas- puedan participar en el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, como han hecho otros compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, dirijo en nombre de mi grupo de Coalición Canaria un saludo cordial a los dos dignos representantes del Parlamento de Cataluña que han venido a
exponer sus argumentos en defensa de esta proposición de ley, a la que mi grupo va a dar su voto favorable, entendiendo que hacemos una causa natural en el amparo constitucional en el propio texto, no solamente en la letra sino en su espíritu, ya
que el legislador constituyente introdujo en el artículo 69.1 que el Senado es una cámara de representación territorial, lo que está armonizado unido al título VIII de la Constitución, sobre la organización territorial del Estado. Por tanto, al
amparo de estos dos principios del artículo 69.1 y del título VIII de la Constitución, se lleva a la ejecución práctica que señala el artículo 159 de la Constitución para ver cuál es el origen de designación y nombramiento por el Rey de los 12
miembros del Tribunal Constitucional. Esto es naturalizar los hechos, hacer realidad lo que es una especie de derecho formal en un derecho real que tiene que ser reconocido posteriormente en el Reglamento que haga la Cámara Alta para la elección de
esos cuatro miembros del Tribunal Constitucional. Debemos entenderlo con la gran naturalidad de que hay base, legitimidad y legalidad constitucional para hacer esta modificación tan sensata y tan racional que nos trae hoy el Parlamento de Cataluña.
De ahí la comodidad de nuestro voto; comodidad constitucional y al mismo tiempo comodidad política y razonable de lo que es el sentido común de vertebrar los distintos poderes del Estado.
Si repasamos los diarios de sesiones de las constituyentes, cuando discutieron los miembros de la ponencia constitucional el origen de estos 12 magistrados, con los recuerdos incluso históricos que la exposición de motivos del Parlamento de
Cataluña referidos a la época del Tribunal de Garantías Constitucionales de la República, se da cuenta el legislador de que tiene que recoger distintas sensibilidades y distintos intereses que no son contrapuestos sino que son distintos y se suman.
De aquí que de los 12 magistrados, cuatro vengan por la vía del Congreso de los Diputados; otros cuatro por la del Senado; dos por la vía del Gobierno -también se llama a la parte- y otros dos por la parte profesional, del Consejo General del
Poder Judicial. Pues bien, si están reconocidas estas distintas sensibilidades y estos distintos intereses -intereses legítimos todos, los del Gobierno, los de los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados y también en el
Senado-, hagamos el reconocimiento armónico de estos legítimos intereses y sensibilidades con el artículo 69.1, diciendo: si en el Senado están residenciadas las representaciones del territorio de las comunidades autónomas, hagamos una similitud en
estas representaciones; que las representaciones institucionales se armonicen con las representaciones formales y del tipo político originario, para que todos, Cámaras del Congreso y del Senado formando parte de las Cortes Generales, y comunidades
autónomas estén reflejados, ya que todos son órganos constitucionales de una parte del Estado, en todo el sentido democrático de la palabra. Hay unas garantías de procedimiento que vienen implícitas en el proyecto, tal como
lo ha redactado el Parlamento de Cataluña, que dice: Esto se hará teniendo en cuenta a la Comisión General de las Autonomías -es muy sensato- y oídas también las distintas asambleas parlamentarias, los parlamentos autonómicos. Por tanto,
se ha hecho una secuencia armonizadora de instituciones democráticas: los parlamentos de las comunidades autónomas y la Comisión General de Autonomías del Senado, que es donde podemos residenciar -y así lo propone el Parlamento de Cataluña- el
principio de legalidad y de legitimidad que está en la naturalidad de la interpretación sensata de la Constitución y de lo que es el Senado. Si venimos hablando reiteradamente en estos años de que es necesaria una modernización del Senado, una
adecuación que recoja perfectamente la armonía entre el artículo 69 -como Cámara de representación territorial, no de partidos políticos, pero a través de los partidos políticos, por supuesto- con el Título VIII de la Constitución, a mi grupo le
parece sensato y natural desde el punto de vista constitucional aprobar una medida de este tipo para que en el Senado se puedan ejercer estas representaciones constitucionales, democráticas, legales y legítimas.
De lo anteriormente expuesto, señora presidenta, se deriva la razón de la comodidad de nuestro voto y nuestro apoyo favorable a la toma en consideración de esta proposición del Parlamento de Cataluña.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre de Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Gracias, señora presidenta.
Sean mis primeras palabras, como las de los compañeros y compañeras que me han precedido, para saludar y agradecer al representante del Parlament de Catalunya esta iniciativa, una más de las muchas que han sido traídas a esta Cámara
amparándose en las capacidades constitucionales y en las capacidades estatutarias. Indiscutiblemente, y como no podía ser menos, vamos a votar favorablemente por coincidir totalmente con el texto dispositivo de esta proposición no de ley.
Nosotros entendemos, señorías, con la Constitución en la mano, que son elementos fundamentales de nuestra Constitución el Estado social y el Estado democrático de derecho, pero también el derecho de las autonomías, de las nacionalidades y
regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Por tanto, son cuestiones que tenemos que cuidar de manera muy especial en la vida y el desarrollo de la actual Constitución. Es más, uno de los portavoces que han intervenido decía que
la elección hace unos meses de los cuatro miembros del Senado se había producido mediante un apaño -no sé la palabra exacta que utilizó-. Al final todas estas elecciones -no nos engañemos ni engañemos a la gente- se tienen casi que apañar porque
por generación espontánea no salen virginalmente las propuestas de aquellas personas; no salen. Por tanto, tiene que ser un apaño en el buen sentido y razonable acepción del término. Ahora bien, no es lo mismo que salga tal cual del Senado
mediante acuerdo entre las fuerzas parlamentarias legítimas que que el Senado haga un plus del papel que se le ha asignado, aunque no lo cumpla o se le limite, en el caso de que aprobara esta iniciativa del Parlamento de Cataluña, es decir, en el
caso de que se eligieran estos cuatro representantes por la Comisión General de las Comunidades Autónomas oídas las comunidades autónomas, aunque al final fuera un apaño, pues el origen, al ser tan distinto, ya condicionaría favorablemente y en la
línea de la Constitución el comportamiento de estos representantes en el seno del Tribunal Constitucional. Si se hubiera utilizado este método, a lo mejor no hubiéramos sentido esa especie de vergüenza ajena cuando escuchamos las palabras del señor
Jiménez de Parga. Si se hubiera utilizado este método, habría una sensibilidad más constitucionalista, más hacia las comunidades autónomas, en el seno del Tribunal Constitucional.
Quisiera referirme a dos cuestiones sobre la exposición de motivos que, si bien no es lo que se vota, sin embargo, infunden mucho de lo que se dice.
Hay un estudio en el que se hace referencia a que se ha copiado el modelo del Tribunal de
Garantías de la Segunda República Española y a que, por tanto, al haberse aumentado en su propio desarrollo la capacidad de gente para interponer recursos a veces hay una sobrecarga. Habrá que buscar una solución. No obstante, hay unas reflexiones
que dicen: Hay que descargarlas de trabajo, especialmente en materia de amparo a los derechos fundamentales y de las libertades públicas, ya que se ha visto convertido en la práctica en una última instancia judicial ordinaria. Uno de los últimos
estudios que se están haciendo en la Unión Europea viene a hablar precisamente de cómo se están dañando bastante los derechos de libertades, los derechos individuales de los ciudadanos, por el afán de la seguridad tras el 11 de septiembre.
Precisamente por ello debíamos seguir manteniendo al Tribunal Constitucional como vía de amparo de los derechos fundamentales.
Hay una segunda cuestión, sobre la que el portavoz del Bloque Nacionalista Galego ha vertido algunas reflexiones en otro sentido, que decía: Varias voces han criticado el excesivo protagonismo de los órganos políticos en la designación del
Tribunal Constitucional y la subestimación del Poder Judicial. Es otra cuestión tan preocupante o más que la anterior, es decir, que los redactores entienden que es preocupante que haya un protagonismo de los órganos políticos en la designación.
Pero los órganos políticos en la designación, según el artículo 66, somos los representantes del pueblo español. Sobre la subestimación del Poder Judicial yo tengo también mis diferencias, pero por lo menos no se deben hacer las cargas, porque se
hace la carga como peyorativa en lo relativo al excesivo protagonismo de los órganos políticos, pero los órganos políticos son los que
emanan de la democracia, y los otros cuatro mil han sacado una oposición.
Termino manifestando nuestro voto favorable a la parte resolutiva y habiendo mostrado alguna discrepancia con el texto.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señoras y señores diputados, illustres diputats del Parlament de Catalunya, benvinguts al Congrés dels Diputats. Señorías, hoy el Parlament de Catalunya trae al Congreso de los Diputados una
propuesta que mi grupo parlamentario, Convergència i Unió, comparte. Es una propuesta, señorías, que sería un primer paso, no es una propuesta que si fuera tomada en consideración, si se aprobara, si finalmente fuese de aplicación, daría una
respuesta efectiva a lo que mi grupo parlamentario, Convergència i Unió, quiere en relación con el funcionamiento del Tribunal Constitucional y por lo que a la concepción del Senado se refiere.
Partimos, señorías, de una realidad: la Constitución de 1978, que va a cumplir 25 años. Pues bien, al hacer balance de estos 25 años, en un punto existe no unanimidad pero sí una amplia coincidencia en el sentido de que el Senado no
representa bien a las comunidades autónomas. No es un Senado que represente lo que las comunidades autónomas son y, más aún, en relación con aquellas comunidades autónomas con una realidad nacional propia, como Cataluña, no existe en ese Senado,
ese Senado que quiere ser una Cámara de representación territorial, ninguna vocación de representar las realidades diferenciadas. Por tanto, se trata de un Senado que va a tener que replantearse en su conjunto, pero mientras no llega el
planteamiento de lo que debe ser un Senado que atienda a esa realidad plural, mientras eso no exista, debemos contar con lo que tenemos, y de acuerdo con lo que hoy tenemos, el Senado debe hacer, de acuerdo con la Constitución, una propuesta para
designar a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional. Hoy el Parlament de Catalunya nos plantea que al hacer esa propuesta se tenga en cuenta la opinión de las comunidades autónomas, que esa propuesta dentro del Senado tenga su enlace en la
Comisión General de las Comunidades Autónomas y que en dicha Comisión se pueda oír a los diversos parlamentos autonómicos. Eso, señorías, sería un primer paso, no el definitivo, no sería un paso para entender que hemos dado respuesta a la
representación plural que debe tener también el Tribunal Constitucional, pero, repito, sería un primer paso, y de ahí que Convergència i Unió lo valore positivamente.
Señora presidenta, señorías, existe un desequilibrio, una descompensación evidente. La composición del Tribunal Constitucional refleja un desequilibrio entre el Estado y las comunidades autónomas. El Tribunal Constitucional es el
intérprete supremo de la Constitución, es el que dirime los conflictos de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, y en su composición dos magistrados son propuestos directamente por el Gobierno, una de las partes en multitud de
conflictos, y las comunidades autónomas no tienen ni voz ni voto en ninguna designación. El actual marco de la Constitución está encorsetado en cuanto a la designación de magistrados del Tribunal Constitucional.
Cuando se diseñó, aún no estaba
acabado el modelo de Estado territorial, y sigue sin estarlo ya que es un Estado dinámico y plural. Por tanto, desde Convergència i Unió queremos dar un primer paso para avanzar en relación con ese desequilibrio, con esa descompensación que
perjudica a las comunidades autónomas. Convergència i Unió, señora presidenta, señorías, hace una propuesta de nuevo estatuto para Cataluña y ha redactado una serie de bases, entre las que se encuentra precisamente la necesidad de atender a una
composición más plural de los organismos representativos del Estado, el Tribunal Constitucional entre ellos. De ahí que hoy mi grupo parlamentario comparta el sentido de esta proposición de ley y entienda -subrayo esto- que con la aprobación de ese
primer paso no daríamos una respuesta definitiva a lo que el mismo propone, que es que cuando se diseñe el Tribunal Constitucional, su composición y su funcionamiento, se tenga en cuenta su poder arbitral, porque cuando una institución tiene, como
lo tiene el Tribunal Constitucional, un poder arbitral, necesariamente en su composición, si está directamente representado el Gobierno, debería incluirse una representación de las comunidades autónomas, que son parte muy importante en multitud de
conflictos ante ese organismo.
Termino ya, señora presidenta, señorías. Si hoy no se toma en consideración esta proposición de ley, daremos un paso más en lo que viene siendo un punto y aparte en el desarrollo del Estado autonómico y en la profundización del
autogobierno. Lamentablemente, vamos como los cangrejos, damos marcha atrás, no avanzamos. El desarrollo autonómico está paralizado, y si hoy no se toma en consideración esta proposición de ley, que es un solo paso, un símbolo, es simplemente que
la propuesta que realiza el Senado se haga atendiendo a una propuesta que desde dentro del propio Senado presenta la Comisión General de las Comunidades Autónomas, que debe oír a las distintas comunidades, sin efectos vinculantes, un primer paso que
sería simbólico pero importante, si una cosa como esta, que ha tenido una amplia mayoría en el Parlament de Catalunya, no se toma en consideración, hoy tendremos un ejemplo más de la paralización en el desarrollo del autogobierno de las comunidades
autónomas y en la concepción de lo que debe ser un Estado plural. Por tanto, mi grupo espera aún y desea que al final se pueda hallar un punto de encuentro entre todos, atendiendo especialmente a la sensatez y a la prudencia de esta propuesta que
nos trae hoy el Parlament de Catalunya. Una prudencia que
viene limitada simplemente por lo que la propia Constitución impone, porque existe un límite constitucional en cuanto a las propuestas, y, respetando escrupulosamente ese límite constitucional, el Parlament de Catalunya nos trae hoy una
propuesta para que se tenga en cuenta la voluntad de las comunidades autónomas de que se las escuche y de que a través de la Comisión General de las Comunidades Autónomas pudiéramos realizar la ficción de que los magistrados elegidos por el Senado
representen a las comunidades autónomas. Convergència i Unió espera que una propuesta como esta pueda tener el voto favorable de todos los grupos de la Cámara.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señor Marcet.
El señor MARCET I MORERA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, permítanme que mis primeras palabras sean también de bienvenida a los señores Ridau y Vallès, diputados del Parlament de Catalunya, a esta Cámara. Mis segundas palabras son para anunciar el voto favorable del Grupo Parlamentario
Socialista a la proposición de ley, aunque tengamos alguna objeción a la literalidad de la misma, a la que haré referencia enseguida. ¿Por qué este voto favorable? Porque estamos de acuerdo, señorías, con el objetivo que persigue la proposición de
ley.
Estamos de acuerdo en favorecer la presencia de sensibilidades distintas en el Tribunal Constitucional y, específicamente, de sensibilidades que tengan en cuenta la estructura territorial del Estado español y, en definitiva, favorecer la
participación de las comunidades autónomas en el proceso de designación de una parte de los magistrados del Tribunal Constitucional. Bien es cierto que, como he señalado, a la literalidad de la propuesta tenemos una objeción más formal que de
fondo, aunque no menor, en cuanto a que ni por la naturaleza del órgano ni por las previsiones constitucionales ni las previsiones que ha hecho la doctrina del Tribunal Constitucional en el desarrollo de la Constitución se puede decir que algunos
magistrados representen a comunidades autónomas o a otros órganos. El artículo 159 de la Constitución, al abordar la composición del Tribunal Constitucional, señala taxativamente la incompatibilidad de los miembros del Tribunal Constitucional,
entre otras cuestiones, con todo mandato representativo, otorgándoles la calidad de independientes e inamovibles en su estatuto jurídico. El Tribunal Constitucional, señorías, no es un órgano de representación, es un órgano jurisdiccional y es un
órgano del sistema político, y en este sentido, aunque mantengamos el acuerdo de que en la composición del Tribunal Constitucional se recoja la diversidad y pluralidad de España en su conjunto y en sus diversas manifestaciones, como ha señalado ya
el diputado del Parlament de Cataluña señor Vallès, de la misma forma que los designados a propuesta del Congreso de los Diputados no deben representar a los partidos o grupos parlamentarios que lo componen ni los designados a propuesta del Gobierno
representan al Gobierno, tampoco los designados por el Senado a través de esta nueva fórmula, con la que estamos de acuerdo, representarían a las comunidades autónomas, aunque respondan a la lógica de la estructura de un Estado compuesto de corte
federalista, según nuestra perspectiva.
Pues bien, estando de acuerdo en el objetivo, creemos que para conseguirlo hay dos alternativas: la de conseguir que el Senado se convierta en una verdadera Cámara de representación territorial, en una Cámara donde confluya y coincida la
diversidad de la España plural, lo cual demanda una reforma constitucional en la que todos los partidos y grupos parlamentarios estábamos de acuerdo pero que ha sido negada a lo largo de esta legislatura por el Partido Popular, o bien, ante la
negativa a esta alternativa, la reforma de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional en los términos de la proposición de ley que analizamos hoy, que hace posible la presencia o la participación de las comunidades autónomas en el proceso de
designación de los magistrados del Tribunal Constitucional propuesto por el Senado.
Son numerosos los ejemplos de derecho comparado en los que bien sea la Constitución, la norma específica que regula el órgano, incluso convenciones, atienden a criterios de carácter territorial a la hora de configurar sus órganos de control
constitucional, bien sea en sistemas de control difuso de constitucionalidad como en sistemas de control concentrado, mediante órganos especializados como el tribunal o corte constitucional, y buscan en general el equilibrio también territorial,
especialmente cuando se trata de países estructurados por Estados descentralizados, compuestos o federales. Fijémonos en Estados Unidos, un sistema que este año cumple 200 años desde el caso Merbury versus Madison y en el que para el nombramiento
de los miembros del Tribunal Supremo se utilizan normas convencionales que contribuyen a equilibrar su composición condicionando la elección que realiza el presidente de Estados Unidos, que debe tener en cuenta no criterios políticos, pero sí
étnicos, geográficos, sexuales, religiosos. En el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que cumple esta función de control de constitucionalidad, están representados jueces del norte, del sur, del este, del oeste, católicos, hebreos, gente de color
y, desde la época de Reagan, las mujeres. En el Tribunal Federal de Suiza, la elección se realiza sobre la base de criterios geográficos, étnico-lingüísticos y políticos. Antes se aludía al modelo alemán, y allí es precisamente la participación
del Bundesrat en la elección de la mitad de los miembros del Tribunal Constitucional alemán lo que garantiza la paridad federal, la presencia de sensibilidades ligadas a los länder en la composición del Tribunal de Karlsruhe.
En la concepción de la España autonómica, el pluralismo, señorías, constituye un atributo, un valor de la
calidad de la democracia. Y es en este sentido en el que defendemos un Senado que sea realmente una Cámara de representación, de participación e integración de las comunidades autónomas como expresión política de la diversidad y pluralidad
del Estado. Hemos defendido y defendemos la reforma del Senado como uno de los elementos de perfeccionamiento del Estado autonómico. Así lo hemos defendido durante años, hemos trabajado para conseguirlo y lo planteamos ahora, por ejemplo, en el
programa del Partido Socialista para las elecciones autonómicas del próximo 25 de mayo. Si tuviéramos un Senado integrado por representantes de las comunidades autónomas, problemas como el que plantea la presente proposición de ley estarían
solucionados de antemano a través de la participación de las comunidades autónomas en dicho Senado. Pero nos encontramos con la negativa del Partido Popular a dicha reforma. El Partido Popular lleva años obsesionado con cerrar el modelo de un
Estado autonómico que a medida que ha ido avanzando desde su desarrollo constitucional ha dado la impresión de que les molestaba cada día más, un Estado autonómico cuyo desarrollo ha obstaculizado el Gobierno del Partido Popular en los últimos años.
Buen ejemplo de ello es esta negativa a abordar la reforma del Senado o la obstaculización a la participación de las comunidades autónomas en la construcción europea o la no admisión en diversos casos de la diversidad y pluralismo lingüístico y
cultural. Hoy tenemos, señorías, un nuevo ejemplo, una nueva oportunidad de mostrar la voluntad de profundizar el Estado de las autonomías favoreciendo la participación de las comunidades autónomas en el proceso de designación de los magistrados
del Tribunal Constitucional propuestos a través del Senado. La profundización del proceso de descentralización política iniciado hace 25 años, a través de la Constitución y de los consiguientes estatutos de autonomía, demanda pasos consecuentes
como este o como la reforma del Senado en la que insisto.
Por esta razón, señora presidenta, el Grupo Socialista va a votar favorablemente la proposición de ley del Parlamento de Cataluña.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Marcet.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor De Juan.
El señor DE JUAN I CASADEVALL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, señorías, quisiera que mis primeras palabras fueran para sumarme, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, a la bienvenida que otros grupos parlamentarios han dirigido a la delegación del Parlament de Catalunya
que hoy nos acompaña, en la persona de los ilustres diputados, señor Ridao y señor Vallès; por tanto, nuestra más cordial bienvenida, benvinguts.
En rigor, se trata de una delegación legislativa que tiene por objeto promover la aprobación de una proposición de ley que propone concretamente la reforma del artículo 16.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que tiene su
fundamento constitucional en el artículo 87.2 de la norma fundamental, un precepto constitucional que configura este expediente parlamentario como una auténtica iniciativa legislativa cuya titularidad corresponde a las asambleas legislativas de las
comunidades autónomas y que, al decir de la doctrina mayoritaria, constituye uno de los más importantes cauces para la participación de las comunidades autónomas en la formación de la voluntad estatal. Quisiera subrayar este dato, porque me parece
importante y en lo que va de legislatura parece que se ha convertido precisamente en uno de los expedientes parlamentarios más socorridos, prueba una vez más de la vitalidad de nuestras instituciones autonómicas y de la plena vigencia de los
mecanismos diseñados por el constituyente para vehicular la participación autonómica en la formación de la voluntad estatal. La última vez que el Parlament de Catalunya utilizó la iniciativa legislativa ante las Cortes Generales que le confiere el
artículo 87.2 de la Constitución fue precisamente para promover la reforma de la preconstitucional Ley del Registro Civil, con el objetivo de garantizar la cooficialidad del catalán en los registros civiles, iniciativa que contó con el voto
favorable de mi grupo parlamentario y que hoy se encuentra en tramitación en esta Cámara.
Lamentablemente en esta ocasión no podemos votar favorablemente esta iniciativa legislativa que pretende, a nuestro juicio, desvirtuar o desnaturalizar el procedimiento de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional previsto en
el artículo 159 de la norma fundamental, para añadir unos condicionantes procedimentales que no están previstos en el texto constitucional. En efecto, y según el artículo 16.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en el texto que propone
la delegación legislativa del Parlament los magistrados propuestos por el Senado serían designados en representación de las comunidades autónomas, a propuesta de la Comisión General de las Autonomías, previa consulta de las asambleas legislativas de
las comunidades autónomas o, de estar disueltas, del órgano colegiado de gobierno, de acuerdo con lo que establezca la ley propia de cada comunidad. Por tanto, se añade una enorme complejidad al hablar de asambleas legislativas, de órganos
ejecutivos, de Comisión General de las Autonomías o, en definitiva, de la ley propia de cada comunidad autónoma. Es cierto, señorías, que en la configuración de los sistemas de justicia constitucional existe una cierta tensión entre la política y
el derecho. Los detractores de los sistemas de jurisdicción o de justicia constitucional decían que el Tribunal Constitucional era un mero órgano político, la tercera Cámara.
Sus defensores, entre ellos el eximio jurista austríaco Hans Kelsen, que
dio lugar al sistema de jurisdicción concentrada que influiría posteriormente en la Constitución
checa y en la Constitución austríaca de 1920 y, obviamente, en nuestra propia Constitución de 1978, entendía que el Tribunal Constitucional simplemente actuaba como depurador del ordenamiento jurídico de acuerdo con la Constitución y por
tanto actuaba simplemente como legislador negativo. Lo cierto y verdad es que en nuestro modelo constitucional podemos hablar claramente de jurisdicción constitucional. (Rumores.) El Tribunal Constitucional es un órgano jurisdiccional constituido
por magistrados independientes e inamovibles que quedan sujetos al régimen de incompatibilidades de los miembros del Poder Judicial del que no forman parte por ser una jurisdicción especial; actúa de acuerdo con un auténtico proceso inter partes al
que se aplica supletoriamente la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Civil; sus resoluciones se llaman providencias, autos y sentencias y su función consiste en analizar la compatibilidad lógica del ordenamiento con la
Constitución, como diría Kelsen a actuar como un simple legislador negativo. (Rumores.) No podemos compartir, por tanto, señora presidenta, las veladas críticas de politización que se han oído en algunos de los intervinientes, que late en el fondo
de la propia exposición de motivos de la proposición de ley objeto de debate. (Rumores.) La doctrina habla de auténticos frenos a la politización del Tribunal Constitucional como, por ejemplo, la exigencia de mayorías parlamentarias cualificadas
para su designación, la existencia de un mandato de nueve años, los sistemas de renovación parcial y de inelegibilidad inmediata y el propio régimen de incompatibilidades previsto por los miembros del Tribunal Constitucional.
(Rumores.) Es más,
entendemos que lo trascendente, lo importante aquí, no es sólo cómo se eligen los magistrados del Tribunal Constitucional, sino también a quién se elige como magistrados del Tribunal Constitucional.
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor De Juan, por favor. (Pausa.)
Adelante.
El señor DE JUAN I CASADEVALL: Muchas gracias, señora presidenta.
Decía que lo trascendental y lo importante no es sólo cómo se elige, sino también a quién se elige. En ese sentido, el propio artículo 159 de la Constitución exige que se trate de profesionales en derecho, de juristas de reconocida
competencia con más de 15 años en el ejercicio de la profesión. Por tanto, no podemos compartir aquella crítica que formulaba Osorio y Gallardo de los integrantes del Tribunal de Garantías Constitucionales cuando hablaba, precisamente por su
composición política, de unos señores salidos de casinos políticos para ser jueces de jueces, de gobernantes y de legisladores. Aquí estamos hablando de auténticos juristas, profesionales en derecho, que deben de actuar siempre conforme a derecho.
Por lo demás, mal se puede combatir una supuesta politización o consideración política del Tribunal Constitucional como órgano político, dando entrada a las comunidades autónomas en la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, ni
hablando de una mayor representatividad territorial.
Como señalaba alguno de los intervinientes, efectivamente los magistrados del Tribunal Constitucional son independientes y no están sujetos a mandato representativo y menos a un mandato
imperativo. Luego esa idea de representatividad o incluso de imperatividad no se compadece con el estatuto de independencia de los magistrados del Tribunal Constitucional.
Por cierto, señorías, si se defiende la mayor representatividad de los
miembros del Tribunal Constitucional para dar entrada a miembros de las comunidades autónomas parece lógico o razonable también que se defienda que estén representados los miembros de las corporaciones locales o la sensibilidad local, máxime cuando
la propia reforma de la Ley Orgánica 7/1999, del Tribunal Constitucional, introdujo el conflicto en garantía de la autonomía local. Por tanto, señorías, creo que en el mismo planteamiento va implícito un déficit de la propia representatividad que,
insisto, nosotros entendemos que no es compatible con la idea de independencia (Rumores.)
Voy concluyendo ya, señora presidenta, anunciando, como he hecho al principio, el voto negativo del Grupo Parlamentario Popular a esta iniciativa legislativa, por los siguientes argumentos: Primero, porque en los sistemas de justicia
constitucional no puede establecerse una vinculación entre la organización territorial del Estado y la composición del Tribunal Constitucional. (Rumores.) De hecho, no existe en el derecho comparado, salvo alguna excepción, como son los casos de
Yugoslavia o Ecuador. (Rumores.) En el caso de Alemania es el Bundesrat, el Consejo Federal, el que elige a estos miembros (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor De Juan, por favor.
Señorías, es imposible que el nivel de murmullo de las conversaciones en los escaños permita oír la intervención del diputado que está en el uso de la palabra, por lo que les ruego que, a ser posible, mantengan las conversaciones fuera del
hemiciclo.
Adelante, señor De Juan.
El señor DE JUAN I CASADEVALL: Segundo, es una reforma que no responde a criterios de oportunidad política, que probablemente requeriría la reforma del artículo 159 de la Constitución, de la Comisión General de las Autonomías y que
plantearía no pocos problemas de consenso entre 17 comunidades autónomas para la designación de cuatro magistrados, todo ello a fortiori, es decir, a mayor abundamiento, respecto de los problemas de consenso que existen entre las formaciones
políticas para designar esos candidatos. En fin, sería una reforma oportuna, en todo caso, si fuera posterior a la reforma del Senado para potenciar su papel como Cámara de representación territorial. Tercero, señora
presidenta, rebasa el ámbito de la reserva de ley orgánica para penetrar en el ámbito normativo del Reglamento del Senado. El propio artículo 165 de la Constitución dice que una ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal
Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante ellos y las condiciones para el ejercicio de sus acciones. Por tanto, estamos en un terreno que más bien corresponde a lo que es el Reglamento del Senado, por lo que habría que
modificar el artículo 184 del Reglamento del Senado, que se refiere al procedimiento de elección, o el artículo 56, respecto a la Comisión General de las Autonomías que, obviamente, no puede llevar a cabo esa iniciativa legislativa por entrar dentro
del ámbito de la autonomía reglamentaria del Senado. En cuarto y último lugar, adolece, a nuestro juicio, de lagunas normativas e imprecisiones técnicas. ¿Quién elaborará la lista de candidatos, la Comisión general o las propias comunidades
autónomas? ¿Podrán los grupos parlamentarios del Senado presentar candidatos? No se especifica. Y, sobre todo, ¿cómo se pondrán de acuerdo 17 comunidades autónomas para designar cuatro magistrados?
En definitiva, señora presidenta y concluyo ya, son argumentos de naturaleza eminentemente técnica y jurídica, que abundan en el voto negativo a esa iniciativa legislativa del Parlament de Catalunya.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor De Juan.
AVOCACIÓN POR EL PLENO:
DEL PROYECTO DE LEY DE MONTES. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 121/000138)
La señora PRESIDENTA: Señorías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, se somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley de montes.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la propuesta de avocación.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
(VOTACIÓN.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña, de sexta modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, a fin de que los
magistrados nombrados a propuesta del Senado lo sean en representación de las comunidades autónomas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 272; a favor, 125; en contra, 147.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA REGULACIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO DEPENDIENTE. (Número de expediente 122/000261.)
La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la regulación del trabajo autónomo dependiente.
Para la presentación y defensa de la iniciativa, tiene la palabra el señor Amarillo. (Pausa.)
Señorías, ruego que abandonen el hemiciclo en silencio y de la forma más diligente posible aquellos que lo vayan a hacer. Es preciso que continuemos con el debate.
Adelante, señor Amarillo.
El señor AMARILLO DOBLADO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, esta proposición de ley aborda la problemática singular de un elevado número de activos económicos en los que se da una triple relación. (Rumores.) Por un lado, tienen claramente la condición de trabajadores que aun prestando sus
servicios para una empresa concreta, no tienen con ésta una relación laboral de trabajador asalariado, sino una relación simultáneamente laboral y mercantil, mediante...
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Amarillo, por favor. (Pausa.)
Adelante.
El señor AMARILLO DOBLADO: Gracias, señora presidenta.
Como estaba diciendo, estamos hablando de un colectivo que, por un lado, tiene una relación que no es de trabajador asalariado, sino una relación simultáneamente laboral y mercantil, mediante la que reciben contraprestaciones económicas.
Son, por tanto, claramente trabajadores autónomos con la doble e inseparable faceta que éstos tienen: trabajadores con muchas características asimilables a los asalariados por un lado y empresarios por otro. Ambas características son simultáneas e
inseparables. Son dos caras de la misma moneda, imposibles de separar. A ello hay que añadir la relación de la empresa para la que se trabaja, en la que se dan muchas características de los marcos de relación laboral entre empresas y trabajadores.
Tanto la legislación laboral como mercantil aplicable tienen necesidad de un perfeccionamiento, ya que hasta ahora la aplicación ha sido sucesiva e independiente. Pero dado el carácter inseparable de trabajador y empresario que tiene el
trabajador autónomo, la aplicación
debe ser simultánea, existiendo, hasta ahora, un vacío, tanto en el perfeccionamiento jurídico de la relación laboral como en el de lo mercantil, que esta proposición de ley intenta llenar, satisfaciendo, por un lado, una urgente demanda de
los colectivos de trabajadores autónomos dependientes y, por otro lado, por parte de muchas empresas de las que dependen, también una demanda por la alarmante conflictividad que este vacío legal provoca y que termina, frecuentemente, sustanciándose
en las instancias jurídicas oportunas. De aquí la urgencia y oportunidad de esta proposición de ley, que consta de una exposición de motivos, cuatro títulos, una disposición transitoria y dos finales.
En el título primero se define el trabajador autónomo dependiente y en todo caso se presume la relación de dependencia económica cuando el autónomo reciba mensualmente de un mismo empresario ingresos iguales o superiores al doble del salario
mínimo interprofesional. Igualmente se definen en este título las relaciones de dependencia, estableciéndose tres grandes grupos: trabajadores autónomos con dependencia laboral, trabajadores autónomos sin dependencia laboral y la relación mixta o
combinada de ambos. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
En el título segundo se especifica el régimen jurídico de los trabajadores autónomos con dependencia laboral, que se define como toda persona física que, sin integrase en una empresa como trabajador por cuenta ajena, realice una prestación
de trabajo profesional, cualificada o no, por cuenta propia y para un determinado empresario en condiciones de dependencia funcional y económica continuada, con reconocimiento por parte de esta ley de los derechos colectivos de representación,
negociación y huelga. Igualmente en este título se desarrolla la prevención de riesgos laborales, la formación profesional, la protección social de los trabajadores autónomos dependientes, que incluirá las prestaciones por desempleo y el
perfeccionamiento del contenido del contrato, que independientemente de la descripción detallada del servicio a prestar, duración del mismo, retribución, medios e imputación de costes, tendrá que contemplar las indemnizaciones en caso de extinción y
la fórmula y modalidades de mantenimiento del compromiso de pensiones y otras disposiciones de protección social complementaria.
En el título tercero se especifica el régimen jurídico de los trabajadores autónomos sin dependencia laboral, quedando explícitamente excluidas las personas prestadoras del servicio de transporte a que se refiere el artículo 1.3 g) del
Estatuto de los Trabajadores y en los supuestos y con las condiciones allí establecidas. Por otro lado, en este título se reconocen los derechos de asociación, sindicación, huelga y demás normas laborales, el derecho a la negociación colectiva y al
pacto de las condiciones de trabajo y de protección social y, en lo que a aportación de medios y otros requisitos se refiere, se regulan procesos de clara franquización que con frecuencia se dan en parte de este colectivo. En particular, se
estipula -leo textualmente-: Si además viniera obligado a adecuar dichos medios a la imagen de marca prescrita por la empresa, será de aplicación, por analogía, la normativa reguladora de la franquicia y, en especial, lo dispuesto a estos efectos
por la Ley de ordenación del comercio minorista, de 15 de enero de 1996. En el título IV se especifica el régimen jurídico de la relación mixta, entendiéndose tal cuando resulte imposible delimitar las relaciones de dependencia definidas en los
títulos II y III, aplicándose en este caso ambas normativas. En este título se introduce también el concepto que creemos enormemente importante de modificación significativa de las plantillas. Cuando se pretenda modificar el 10 por ciento de una
plantilla para transformar trabajadores asalariados en trabajadores autónomos dependientes, se obliga a la empresa a la realización de un proyecto justificativo de la reforma de la plantilla que se pretende y, por otro lado, se obliga a que se eleve
este proyecto a la autoridad laboral competente para su aprobación. Es una cuestión clave en el proceso de precarización que existe en el trabajo.
Señorías, el imparable, profundo y cada vez más acelerado proceso de externalización de los costes económicos de las empresas conlleva un rápido incremento de los autónomos dependientes. La reconversión, forzada en no pocas ocasiones, de
amplios sectores de las empresas en autónomos de mayor o menor grado, para contratar con ellos, en un contrato que ya es mercantil, las mismas o similares actividades que realizaban cuando eran trabajadores asalariados es ya un proceso extendido y
asumido que afecta a cualquier fase y rama de la producción, desde los niveles tecnológicos altos a los más básicos, de la producción y de la distribución. El resultado es una creciente incertidumbre, un paso más en los muchos dados en este triste
proceso de precarización progresiva del mundo del trabajo. Es cierto que en el uso de algunas actuaciones empresariales puede darse la necesaria compatibilidad entre el marco legal y la viabilidad económica de las empresas para que alguno de estos
procesos se produzca. Sin duda, este debiera ser el uso, pero nosotros no podemos autorizar el abuso, el abuso de una precarización indeseada, el abuso de una reforma de plantillas empresariales al socaire de convertir parte de ella en trabajadores
autónomos dependientes por la vía de la presión y la prepotencia, aprovechando la coyuntura del vacío legal existente que permite que estas prácticas se hagan con impunidad. No podemos decir a estos colectivos, a ninguno, que tiene que esperar
porque tenemos que estudiar más, porque tenemos que aprender más, y que en el perfeccionamiento del conocimiento, ya veremos lo que hacemos. Sería un sarcasmo hablar de espera a quienes desesperan. La urgencia de que la autoridad laboral
intervenga en estos procesos es obligada, hay que poner coto a instrumentos de precarización laboral. Actuaciones de externalización de parte de las actividades económicas empresariales, sean directas o de control, pueden estar
justificadas en ocasiones, lo que no está nunca justificado es la perversión del proceso, y la urgencia de evitar esta perversión es clara.
Nadie podría entender que se pierda un tiempo precioso, máxime en una propuesta de ley que se
publicó en el Boletín oficial de las Cortes Generales del Congreso el 29 de noviembre de 2002. Son más de seis meses de estudio, tiempo que parece más que suficiente para haber profundizado en dicha propuesta.
Por otro lado, difícilmente una ley agota la problemática de una materia, más en nuestro caso, tan dinámico y complejo. Por supuesto que admite estudios y profundización en muchos aspectos. El perfeccionamiento es siempre posible y en el
devenir, la mejora del perfeccionamiento también.
A este respecto, no deja de ser lamentable que esta misma mañana, en la Comisión de Política Social y Empleo, no se haya aprobado una subcomisión para profundizar en estas cuestiones. Sea como
fuere, es perfectamente compatible la profundización en el estudio con la toma en consideración de esta ley, porque el trámite parlamentario en que estamos es justamente éste. Este trámite es compatible con el perfeccionamiento y el enriquecimiento
de nuestra proposición de ley, máxime si se tiene la seguridad, como es el caso del Grupo Popular, de que sus modificaciones y sus puntos van a prevalecer con la mayoría absoluta que lo sustenta. Si ustedes no admiten a consideración esta propuesta
no puede ser con el pretexto de que hay que profundizar más. El rechazo a esta iniciativa del Grupo Popular, que es quien estaría en condiciones de hacerlo, residiría en las dificultades, al parecer insuperables, que se le presentan cuando tiene
que decir que no a algunas presiones empresariales, cuando se trata de establecer mecanismos de regulación que pongan fin a estas prácticas o, como ocurre en este caso, cuando se ve obligado a reconocer colectivos que no quiere reconocer y no se
atreve, por torpeza o cautividad, a hacer frente a estos problemas acuciantes que no admiten espera y prefieren soslayarlos o ignorarlos. Si ustedes dicen que no, si dan largas a esta cuestión con fútiles pretextos, se evidenciará, una vez más, su
servidumbre a intereses poderosos, que prefieren que estos temas ni se toquen. Ustedes sirven bien a quienes sirven, pero entre los que sirven no están, desde luego, los trabajadores autónomos dependientes, ni están los trabajadores autónomos, ni
los trabajadores, ni la mayoría de la ciudadanía española.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Amarillo.
¿Grupos que desean utilizar el turno en contra? (Pausa.)
¿Fijación de posiciones? (Pausa.)
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
La evolución de la cifra de personas autónomas afiliadas a la Seguridad Social invita a la reflexión, dado su incremento constante. Con los datos de afiliación a la Seguridad Social, en marzo de 2003 los autónomos representan el 16,39 por
ciento del total de afiliados al sistema y, si añadimos los trabajadores por cuenta propia agrarios y del mar, esta cifra asciende hasta el 18,29 por ciento. Esta tendencia responde a la evolución del fenómeno de externalización y deslaboralización
de determinados empleos, así como a una cierta tolerancia, incluso fomento institucional, para favorecer el trasvase de actividades, que antes eran por cuenta ajena, hacia fórmulas de autoempleo; es decir, lejos de aquella concepción tradicional
del autónomo como titular de un pequeño comercio o negocio empresarial que llevaba a cabo esa actividad de forma realmente independiente, el autónomo actual es un expulsado del mercado de trabajo, busca la supervivencia a su manera y, en su inmensa
soledad, se ve obligado a integrarse en esta nueva categoría. Esta situación suscita múltiples iniciativas entre las que se encuentra buscar un acomodo a esa figura de trabajadores autónomos dependientes, a medio camino entre el derecho laboral y
el derecho mercantil.
La iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Socialista se encuadra dentro de esta nueva inquietud respecto a la cual el Bloque Nacionalista Galego muestra sus reservas. Partiendo de que en esas situaciones existe una situación de
dependencia, dado que la prestación de servicios se realiza en la mayoría de los casos dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona o empresa, lo lógico es mantener estas relaciones en el ámbito del derecho del trabajo y
calificarlas de fraudulentas pues los trabajadores se ven perjudicados al no poder acogerse plenamente a la protección del amplio catálogo de derechos laborales, sindicales y sociales que deberían ampararlos si fueran trabajadores por cuenta ajena.
El BNG no puede apoyar plenamente esta iniciativa porque se inserta en una tendencia de recortar el ámbito de aplicación del derecho laboral, cuya construcción histórica se debe al deseo y voluntad de los trabajadores de construir una sociedad más
justa, con menor desigualdad social, dotándose para ello de reglamentaciones que le amparasen frente a situaciones de abuso y desprotección. Hemos asistido a profundos cambios en las últimas dos décadas que, bajo el pretexto de la competitividad,
han provocado una menor protección de la normativa laboral de los trabajadores, mayor movilidad funcional y geográfica, aparición de modalidades contractuales que posibilitan condiciones de trabajo precarias, descenso de las prestaciones por
desempleo y un largo etcétera. Es en este contexto donde hay que inscribir el auge de los autónomos y de las propuestas de crear categorías nuevas para que no se regulen exclusivamente por el derecho laboral. Ese contexto y evolución nos sitúan de
nuevo en el principio de la historia por la conquista de mejoras en las condiciones laborales y sociales, porque parte de la concepción por la cual el trabajo es una mercancía o servicio que se
compra y se vende según las reglas del mercado. Comprendemos la muy buena intención de la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, pero no nos convence del todo dar entrada a estas nuevas configuraciones cuando el problema que
subyace, vuelvo a repetir, es la desregulación y la precarización. Aspiramos a que estos fenómenos no haya que arreglarlos desde el punto de vista laboral, sino reducirlos o hacerlos desaparecer.
Es por este motivo por lo que nos vamos a abstener
prudentemente.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rodríguez.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Socialista trae hoy aquí una proposición de ley que ha motivado que mi grupo le dedique un detenido examen. Cuando debatíamos semanas pasadas en la Comisión de Justicia el proyecto de ley concursal, que ahora está en
el Senado, y tratábamos de ver en una escala de prioridades los que debían tener un resarcimiento en los expedientes judiciales mercantiles de quiebra de empresas, junto al empresario quebrado que quebraba aparecía la estructura de subsidiariedad
que hay actualmente con los que se denominan subcontratistas o proveedores.
Dentro de esta escala de proveedores aparecía una serie de figuras que están relacionadas con los trabajadores autónomos o con las empresas de tipo pequeño, familiar, que
tienen en la actual legislación laboral española el carácter de autónomos. Ahora el Grupo Parlamentario Socialista trata de ampliar este concepto o de reconocer a los que están más allá de los que llamaríamos clásicos, los autónomos independientes,
los autónomos empresarios, como se cita en la exposición de motivos de la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, para dar entrada a aquellos que se consideran dependientes, bien lo sean con dependencia laboral o sin ella. Convendría
profundizar en este tema para evitar confusión y entrar en unas figuras que, pese a cualquier perfeccionamiento que hiciéramos en ponencia o Comisión, se pudieran llevar a buen recaudo.
Tenemos nuestras reservas. Aquí se dice que en estos casos el autónomo mantiene una posición propia y diferenciada (trabaja por cuenta propia y no por cuenta ajena), pero las condiciones de realización de su actividad o de prestación de sus
servicios en todo o en parte conforme a las necesidades de un demandante, generalmente una empresa, determinan con quién se establece un vínculo de dependencia funcional y con gran frecuencia económica. Este caso de dependencia económica era lo que
nosotros habíamos puesto de manifiesto en la enmienda que presentamos, como he dicho anteriormente, al proyecto de ley concursal. Dicho esto, nosotros creemos que debe haber una iniciativa del Ministerio de Trabajo sin rango de ley para clarificar
esta situación.
La idea nos parece oportuna para reflexionar, de ahí que mi grupo, en una coincidencia que yo quiero resaltar aquí con la exposición que acaba de hacer el representante del Bloque Nacionalista Galego, no se vaya a oponer a la iniciativa
porque algo habrá que hacer en un área todavía no concretada, pero entrar en una indeterminación como la que traería el proyecto de ley nos parece peor solución. Esto debe ser, en primer lugar, un compromiso del Gobierno, a través del Ministerio de
Trabajo, para la regulación de esta materia; una regulación que aporte claridad en un tema bastante confuso. Por esta razón, señora presidenta, mi grupo se va a abstener en la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario
Socialista sobre regulación del trabajo autónomo dependiente.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Gracias, señora presidenta.
Tengo que reconocer que nuestra primera intención ante la solicitud de toma en consideración de esta proposición de ley del Grupo Socialista sobre los trabajadores autónomos dependientes era la de abstenernos dado que considerábamos más
interesante y a la vez más abierta, al haber propiciado la intervención de los colectivos afectados, la solicitud que Convergència i Unió presentó en octubre del año 2002 para que se creara una subcomisión que tratase específicamente este tema y que
precisamente hoy, en la Comisión de Política Social y Empleo, a la que no he podido asistir por distintos motivos, el Grupo Popular ha impedido con su voto.
Habiéndose debatido este tema esta mañana y habiendo expresado ya el Grupo Socialista el
interés y la necesidad de la regulación de estos autónomos, que jurídicamente son autónomos pero que tienen una dependencia real o económica de una o varias empresas y muchas veces de la propia Administración pública, no voy a repetir cuáles serían
las diferencias sobre las definiciones, sobre las exclusiones que plantea esta ley y hasta ciertos márgenes de picaresca que se observan en la propuesta que ha presentado el Grupo Socialista. Solamente voy a manifestar que vamos a cambiar nuestra
posición inicial y vamos a votar positivamente la toma en consideración de esta proposición de ley dado el escenario parlamentario que se crea ante las continuas solicitudes de toma en consideración de distintas proposiciones de ley que son
rechazadas como manifestación de nuestro interés en el tema. Aunque nos tememos que obtendrá el mismo resultado que se ha producido
esta mañana, de forma testimonial, quede ahí nuestro voto afirmativo en esta materia.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Txueka.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señora presidenta.
Señorías, me gustaría empezar mi intervención felicitando a los autónomos españoles por las últimas medidas que el Consejo de Ministros ha adoptado respecto a este colectivo. Este año parece ser que han sido ellos los afortunados por la
lotería preelectoral, pero, más que un premio gordo, ha sido una pedrea. No parece que las medidas aprobadas, aunque incorporan elementos reclamados durante mucho tiempo en esta Cámara y en otras instituciones, resuelvan todos los problemas, aunque
contribuyen un poquito a una mejor situación que la que tenían anteriormente y esto debe ser la proporción de lotería preelectoral que les corresponde.
La proposición que hoy debatimos y que presenta el Grupo Parlamentario Socialista tiene, en nuestra opinión, un aspecto negativo y es que viene a contribuir, aunque seguramente no será esta su intención, a esta confusión política de que los
momentos preelectorales son los adecuados para introducir mejoras en la situación de determinados colectivos que los sociólogos y expertos electorales indican como determinantes en una situación concreta. No somos muy partidarios de estos mensajes
clientelares, pero tampoco nos escandalizaremos de que determinados sectores sociales obtengan ventajas de las debilidades. Esta proposición viene a confirmar, efectivamente, las limitaciones de las propuestas del Gobierno; mejora algunos aspectos
que los autónomos vienen reclamando históricamente, aunque también podrían señalarse algunas ausencias en este campo. Nuestra impresión es que debería abordarse definitivamente una solución a los innumerables problemas jurídicos, fiscales y
económicos que suelen afectar a este importante sector económico. Los autónomos han sufrido durante años el olvido de todas las instituciones públicas y de gran parte de la sociedad. Por ello su situación actual está en los mínimos de la
protección social, a pesar de contribuir de forma muy cualificada, tanto en la recaudación tributaria como en las cotizaciones a la Seguridad Social. De hecho, el régimen especial de trabajadores autónomos ha contribuido en casi un tercio a los
superávit de la Seguridad Social durante los últimos años. En el último período se han producido algunas decisiones gubernamentales significativas como es la eliminación del impuesto de actividades económicas o la incorporación de las prestaciones
por accidente laboral y enfermedad profesional, entre las contempladas dentro del régimen especial. Sin embargo, para la mayoría del sector y de muchos analistas económicos, ahora es más necesario que nunca articular sobre esta realidad un programa
de propuestas pendientes de desarrollo a fin de evitar que esta actividad sea sólo un reflejo de un interés coyuntural y se vuelva a condenar al ostracismo a los autónomos españoles, una vez pasados los próximos comicios.
Las propuestas que deben formularse se dirigen hacia los tres ámbitos administrativos, central, autonómico y local, ya que todos ellos por igual deben responder a muchas de las necesidades pendientes de cubrir.
Se debería reflexionar sobre
un cambio en todo el sistema de reclamación en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, IRPF, tanto en el sistema de declaración objetiva por módulos como en la declaración directa, evitando las diferencias ahora existentes con las
declaraciones en el impuesto de sociedades. Especial trascendencia tienen las medidas que se han venido reclamando en el ámbito de la Seguridad Social: desarrollo inmediato del acceso a las contingencias profesionales o el reconocimiento de la
jubilación anticipada a los 61 años son algunas de las más urgentes. Es preciso recordar la difícil situación por la que atraviesa este colectivo para poder acceder a la formación continua. Es evidente el temor de que el nuevo sistema resulte aún
más negativo. Los autónomos son los eternamente olvidados en materia de prevención de riesgos laborales, no pudiendo siquiera acogerse a los programas de la Fundación para la salud laboral y ha vuelto a ser omitido uno de los colectivos con mayor
nivel de siniestralidad en los programas desarrollados por la mayoría de las comunidades autónomas. El autónomo como emprendedor tiene muy pocas posibilidades de acceder a las medidas contempladas en el Plan Nacional de Empleo; las ayudas o
políticas activas para la creación de puestos de trabajo por cuenta propia son casi inexistentes y las que están en vigor resultan obsoletas. Por otra parte, se mantienen las trabas para la contratación de familiares directos, razón por la que
continúan más de 300.000 puestos de trabajo sin regular, los que se ejercen en régimen de ayuda familiar directa. Para que se desarrolle el acceso generalizado de la empresa española a las tecnologías de la información y la comunicación, es
necesario promover facilidades para el trabajo autónomo y la microempresa. Sin su presencia el nivel de competitividad de la empresa española continuará siendo muy bajo. Casi todos los programas en esta materia van dirigidos a la mediana y gran
empresa, que no representa más de un 5 por ciento de la economía real española. Por último, y para concluir, debe insistirse en que es necesaria una profunda transformación de todo el sistema de cámaras de comercio, cuya situación de oligopolio es
ya insostenible, exigiendo una inmediata democratización de estas instituciones, así como la participación del grupo más importante de emprendedores en los órganos de gobierno de las cajas de ahorro y de otras instituciones sociales.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida votará favorablemente la toma en
consideración de esta proposición de ley que hoy nos trae el Grupo Socialista.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Ruiz.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, subo a la tribuna para fijar nuestra posición ante esta iniciativa del Grupo Socialista, sobre la regulación del trabajo autónomo dependiente. Necesariamente, mi grupo debe hacer referencia, como lo ha hecho el señor Txueka, al
debate celebrado esta mañana en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo sobre una propuesta concreta de Convergència i Unió de creación, en el seno de la citada Comisión, de una subcomisión precisamente para analizar el objeto material de
esta iniciativa del Grupo Socialista. Son dos respuestas diferentes a un problema, a una nueva realidad que en los últimos años ha emergido en nuestro mercado de trabajo, dos iniciativas entradas en periodos muy similares. Creo recordar que la
nuestra se presentó cerca de un mes antes que la del Grupo Socialista.
A mi grupo parlamentario, y sin caer en ninguna petulancia, le gustaría reivindicar que la posición política mantenida a lo largo de estos últimos años le permite hacer un balance positivo sobre el tratamiento que nuestra legislación da a la
realidad del mundo de los autónomos, especialmente en el ámbito de la protección social. El debate que vamos a tener este próximo jueves de convalidación del real decreto que aprobó el Gobierno el 25 de abril va en la línea de reducir las
cotizaciones sociales para los jóvenes autónomos, de crear cotizaciones para contingencias profesionales, ampliar la protección en los supuestos de incapacidad laboral a partir del cuarto día, reconocer la incapacidad permanente y total cualificada
para los mayores de 55 años y resolver los supuestos de pluriactividad o de cotizaciones tanto en el régimen general como en el régimen de autónomos, cuestiones que desde hace tiempo, seguramente desde 1997, Convergència i Unió venía reclamando.
Como esta mañana el señor Azpiroz recordaba, en la ley que aplicaba los acuerdos del Pacto de Toledo, precisamente como resultado de una enmienda de Convergència i Unió, se mandató al Gobierno analizar cuáles eran las diferencias de protección
social entre trabajadores autónomos y trabajadores del régimen general. Ahí están en buena parte los orígenes de lo que se ha producido; los trabajos realizados por la subcomisión de autónomos y pequeñas empresas que en el ámbito de la Comisión de
Economía ha efectuado un importante trabajo y que también han dado ese impulso definitivo a la acción del Gobierno; las mejoras introducidas en el entorno administrativo, en donde se desarrollan esas iniciativas, o una política fiscal que tiene en
la supresión del IAE el ejemplo más claro de cuál ha sido la voluntad del Gobierno bajo el impulso de CiU, en este caso desde la puesta en marcha de ese impuesto, para erradicar un instrumento fiscal que no favorecía precisamente la capacidad de
iniciativa económica de las personas. En relación con este sentido de corresponsabilidad y con los avances que en esta legislatura se están logrando en el campo del trabajo de los autónomos, Convergència i Unió pretendía abordar una cuestión que
precisamente en todas estas iniciativas del Gobierno no se terminaba de resolver, entre otras cosas por su propia novedad y complejidad, como es la del trabajo autónomo dependiente. El portavoz del Grupo Socialista ha hecho una descripción de esa
realidad vinculada a las modificaciones existentes en las maneras de organizarse las empresas, en los procesos de descentralización organizativa del mundo empresarial, situados en la competitividad del mundo global a la que nuestras empresas deben
hacer frente, que ha introducido para unos una excesiva flexibilidad y para otros una flexibilidad no acompañada de suficiente seguridad. En todo caso, es una nueva realidad a la que el viejo derecho del trabajo de la era industrial, de la era
fordista, no da respuesta, creando la figura de estos trabajadores que tienen las mismas obligaciones que cualquier empresario pero casi ninguna de sus ventajas, las mismas obligaciones que un trabajador por cuenta ajena y casi ninguno de sus
derechos, una nueva realidad en donde el desequilibrio en favor de la flexibilidad afecta negativamente a la seguridad de los trabajadores.
Convergència i Unió ha pretendido desde hace tiempo avanzar en el análisis de esa cuestión; de ahí un trabajo que la Cámara o al menos los portavoces del ámbito de la política social y de empleo conocen, un trabajo hecho conjuntamente con
Comisiones Obreras de Cataluña y con autónomos dependientes. Hicimos un trabajo de análisis junto con técnicos de la Seguridad Social, con responsables del Gobierno de la Generalitat, con técnicos de Comisiones Obreras y con técnicos del grupo
parlamentario. Llegamos a algunos acuerdos con Comisiones Obreras en relación con el análisis relativo al porqué de las medidas que debíamos impulsar; dejamos abiertos más interrogantes que soluciones encontramos, pero queríamos abordar ese
problema. Incluso en los debates de la subcomisión parlamentaria para el estudio de la microempresa, de los autónomos y emprendedores, dentro de la Comisión de Economía, se evidencia también la existencia del problema y se mandata al Gobierno que
efectúe un estudio sobre la globalidad de la cuestión del autónomo dependiente. Al mismo tiempo, sabemos que en el marco de la Unión Europea se debate esta cuestión y que otros Estados hace tiempo que han regulado esta realidad, como el supuesto de
los trabajadores subordinados en el caso de Italia o el supuesto recientemente aparecido en Alemania. Incluso en otros Estados, como en Holanda, se han iniciado las discusiones.
A mi grupo le parece que con la propuesta de creación de una subcomisión podemos asociar el Parlamento a ese debate. Junto con aquello que legítimamente el Gobierno deba hacer, sería bueno que en sede parlamentaria, con representantes de
los agentes sociales, con representantes cualificados desde un punto de vista técnico, intentásemos profundizar en esa realidad, en sus perspectivas sociológicas, legales y económicas. Esta mañana, por razones que supongo nos explicarán los
portavoces del Grupo Parlamentario Popular, la mayoría ha rechazado la creación de dicha subcomisión y, a nuestro entender, eso constituye un error. Se nos ha dicho que con el estudio de la prestación por desempleo para los autónomos dependientes
se daba respuesta a un mandato de la subcomisión. Nosotros pensamos que la reflexión es mucho más amplia y afecta a la discusión sobre el tipo de contratos, sobre el tiempo de trabajo, sobre las condiciones retributivas de estos trabajadores, sobre
los aspectos de seguridad y salud, sobre su vinculación en el ámbito jurisdiccional, incluso sobre sus derechos colectivos, sobre la negociación colectiva, sobre su participación en la formación profesional, en la formación continua. Ésos son los
debates que, junto a la prestación por desempleo, conforman lo que a nuestro entender debiera analizar una subcomisión que entrase en esas cuestiones. Esta mañana no ha sido posible que la Comisión de Política Social y Empleo diese una respuesta
positiva y mi grupo lo lamenta. Hemos perdido una buena oportunidad para avanzar ante una nueva realidad que merece la atención de esta Cámara. En paralelo, el Grupo Parlamentario Socialista nos plantea una iniciativa en forma de proposición de
ley y esta mañana yo decía que me parecía que esa era una iniciativa precipitada, aunque tiene la virtud de que suscita el debate en la Cámara sobre una propuesta concreta, y en este sentido es bueno porque nos permite este debate, pero es
precipitada porque aborda unas soluciones en las que a nosotros nos da la sensación que no han tenido en cuenta la complejidad y dificultad del tema. ¿Cómo queda resuelta la definición de trabajador autónomo dependiente, obviando las cuestiones de
la multidependencia? Habla de dos categorías distintas de trabajador autónomo dependiente que introducen dudas para algunos de los sectores profesionales vinculados con ese ámbito. En cuanto a eliminar la posibilidad de que las personas jurídicas
tengan esta condición mi grupo tampoco tiene una posición predeterminada, pero la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista abunda en ese aspecto. No aborda en toda su plenitud la cuestión de los derechos colectivos, elemento que, por ejemplo,
Comisiones Obreras plantea como una de las principales reivindicaciones de la regulación del trabajo autónomo dependiente. Nos parece que la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista nos llega demasiado pronto. Entiendo que los trabajadores
autónomos dependientes quizás exijan una solución más cercana, pero en todo caso nos la exigen especialmente en el ámbito de la protección social y ahí sí que estamos avanzando realmente.
Mi grupo está convencido de que en algún momento tendremos que ir a una regulación del trabajo autónomo dependiente, pero va a requerir un consenso social y político fuerte y sólido basado en un diálogo a fondo con los agentes sociales y en
un análisis también a fondo de sus consecuencias técnicas, sociológicas y económicas. Señorías, consideramos que nuestra propuesta de subcomisión tiene ahí un encaje. Mi grupo no renuncia a volver a plantear la necesidad de la creación de esta
subcomisión como instrumento para abordar en serio esa realidad. Ello no nos va a permitir apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista. Espero que en esta legislatura podamos avanzar en este
análisis a fondo con la creación de una subcomisión, pero estoy convencido además de que ya no en esta legislatura, porque nos quedan 300 días, sino seguramente en la siguiente, la mayoría de esta Cámara, el Gobierno y los agentes sociales deberán
abordar una revisión a fondo de nuestro derecho del trabajo.
Tenemos un derecho del trabajo de la era industrial, de la era fordista, de la época de las fábricas...
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Campuzano, le ruego que concluya.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Hoy, señorías, la realidad de nuestras empresas, los grupos a escala europea, el trabajo eventual, el trabajo a tiempo parcial, la combinación entre flexibilidad y seguridad y la movilización nos exigen un
nuevo derecho del trabajo. Señorías, el debate del trabajo autónomo dependiente tiene que ver fundamentalmente con los cambios de nuestra sociedad y con los cambios que ha habido en el mundo del trabajo en los últimos 15 ó 20 años.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Campuzano.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Delgado.
El señor DELGADO ARCE: Gracias, señora presidenta.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular anuncio nuestra posición contraria a la toma en consideración de esta proposición de ley por los argumentos que expondré a continuación. Se ha omitido por parte del portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista toda referencia al trabajo realizado durante meses en este Congreso de los Diputados por la subcomisión para el estudio de la problemática de la microempresa, de los autónomos y los emprendedores, lo cual no entendemos, máxime cuando el
señor Amarillo tuvo una destacada participación en los trabajos de la misma. No se puede ignorar que el 19 de octubre del año 2000, a instancias
del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, constituimos una subcomisión, en la que escuchamos al sector durante meses; por aquí pasaron sindicatos, organizaciones de autónomos, administraciones,
comunidades autónomas, órganos de apoyo y de asesoramiento y concluimos con un informe que fue votado en el Pleno de esta Cámara el día 20 de junio. Este informe, además de diagnosticar la situación de la problemática de estos colectivos y de
analizar los efectos de las reformas producidas con anterioridad, centraba todo su contenido en 79 propuestas de actuación para resolver los problemas de autónomos, pymes y emprendedores. Abordamos también, como no podía ser menos, las cuestiones
relativas a la subcontratación y al autónomo, porque era una realidad, como constatábamos, que en el nuevo entorno productivo se estaba modificando, y de modo sustancial, la morfología tradicional sobre la que se venía desarrollando el trabajo
autónomo, porque las grandes y medianas empresas externalizaban muchas de sus áreas productivas y organizativas; porque creaban una compleja red de relaciones jurídicolaborales mercantiles externas a la empresa o grupos de empresas y que se basaban
en parte en la utilización del empleo subordinado de trabajadores autónomos, bien fuera de forma estable o usando los servicios de profesionales y de trabajadores por cuenta propia de manera esporádica pero también sistemática.
Contemplamos en la subcomisión, y en el informe está puesto por escrito, la existencia de dos grandes categorías: por una parte, los trabajadores que estando encuadrados en el régimen especial de trabajadores autónomos mantenían una
relación formalmente mercantil, pero que realizaban en la práctica un trabajo subordinado para un único empleador y, por otra, otro tipo de trabajadores que, manteniendo las características identificativas del trabajo autónomo e independiente, sin
embargo, tenían una relación mercantilizada de trabajo, es decir, una fórmula híbrida cuya definición jurídico-formal es mercantil pero con unas formas laboralizadas.
Concluíamos afirmando que la problemática de los trabajadores autónomos dependientes merecía ser estudiada por el Gobierno y en función de sus conclusiones ser objeto o no de una regulación adecuada. Sabe usted que entre las 79 propuestas
dos de las de Seguridad Social eran las siguientes: la séptima, por la que se instaba al Gobierno a estudiar la situación de los trabajadores autónomos que dependan económicamente de uno o varios empresarios, es decir, los llamados autónomos
dependientes, y la novena, por la que se instaba al Gobierno a que presentara un estudio sobre el establecimiento de un fondo de garantía, en el caso de cese por causas objetivas del trabajador autónomo cuya fuente de ingresos fuera o procediera
principalmente de una o varias empresas. Este estudio que debería abordar la problemática específica de la actividad por cuenta propia y extenderse a las necesidades de la creación y mantenimiento de la microempresa y sus exigencias no fue una mera
declaración formal en un documento para permanecer en los archivos o en las estanterías.
Constituyó para el Grupo Parlamentario Popular una auténtica guía y documento de trabajo y la prueba más evidente es que en la Ley de medidas fiscales,
administrativas y del orden social para 2003, la Ley 53/2002, se incluye una disposición final, en concreto la sexta, que literalmente dice: En el primer semestre del año 2003 el Gobierno emitirá un informe relativo a la situación de los
trabajadores autónomos que dependan económicamente de uno o varios empresarios, estudiando el establecimiento de un fondo de garantía en el caso de cese por causas objetivas.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular, el Gobierno del Partido Popular, va a cumplir con ese compromiso. Va a presentar en el plazo de los seis primeros meses de este año el documento al que se ha comprometido. Yo, como representante
del Grupo Parlamentario Popular, quiero decir de una manera clara que ese documento vendrá a la Cámara y que ese documento lo pondremos a disposición de todos los grupos y no sólo circulándolo, sino que somos partidarios, cómo no, de crear un órgano
de trabajo que permita la discusión y el debate sobre este documento; que permita la aportación de los grupos parlamentarios, de todos; que permita la aportación de los agentes sociales implicados, organizaciones de autónomos, trabajadores,
administraciones; que permita que debatamos sobre un tema tan importante.
Por eso avanzo que, una vez que este estudio esté en la Cámara, no tendremos ningún inconveniente en instar, bien conjunta o separadamente, la constitución de una
subcomisión para el estudio de la problemática de los trabajadores autónomos dependientes.
Señor Amarillo, hemos estudiado su proposición de ley, como merece toda iniciativa parlamentaria. Nos parece una proposición ambiciosa pero excesivamente compleja. Es cierto que pretenden ustedes regular la actividad profesional del
trabajador autónomo definiendo de entrada nada más y nada menos que una categoría, dos subcategorías y un conjunto de relaciones que ustedes llaman situaciones mixtas, supuestos especiales o combinados de las anteriores categorías, lo cual plantea
un problema de delimitación enorme en el que ustedes mismos ya apuntan que va a ser insustituible la tarea jurisdiccional o arbitral. Su iniciativa nos parece, cómo no, bienintencionada pero desde luego precipitada y confusa y, desde nuestro punto
de vista, contiene graves errores que contravienen el ordenamiento jurídico. Plantear una total equiparación de la mayor parte de los trabajadores autónomos dependientes con los trabajadores por cuenta ajena, como hacen ustedes, supone desconocer
la naturaleza del problema y sus diversas implicaciones económicas, jurídicas y sociales.
Sabe que esta situación es compleja porque la propia Unión Europea, que es consciente de que hay que abordar este tema, lleva varios años intentando centrar
y ultimar un estudio que defina las situaciones y las problemáticas.
Nosotros, al igual que la Unión Europea, no queremos caer en aventuras simplistas y precipitadas. Creemos que es imprescindible contar con todos los elementos de
conocimiento y de información necesarios. Lo que está en juego en este proceso es la propia transformación del derecho del trabajo y ello no puede ser objeto de improvisaciones más o menos -repito- bienintencionadas.
Decía S.S. en su intervención que los autónomos no podían esperar. Creo que los autónomos están recibiendo en justicia lo que corresponde a sus muchos años de abnegación y de estar esperando soluciones. Usted no puede ignorar -y debería
felicitarse por ello, como lo ha hecho el representante del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida- que por fin se ha abordado desde la perspectiva de disposiciones legislativas y de decisiones de Gobierno temas históricos de los
trabajadores autónomos; de los trabajadores autónomos de los que hablamos hoy y de los que no estamos hablando hoy, de su conjunto. ¿Qué es, si no, la reivindicación conseguida de que se pueda disponer de la prestación de la incapacidad laboral
transitoria desde el cuarto día de la baja en el caso de enfermedad común y desde el día siguiente en el caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional? ¿Qué es, si no, haber obtenido por fin la cobertura de las contingencias de accidente de
trabajo y de enfermedad profesional? ¿Qué es, si no, haber dispensado por fin un tratamiento adecuado a la situación de pluriactividad en la que se encuentran tantos autónomos que se ven obligados a encajar en dos regímenes de la Seguridad Social,
estableciendo un sistema que permita acumular sus bases de cotización cuando hayan cotizado, como digo, a dos regímenes de la Seguridad Social? ¿Es o no importante que por primera vez establezcamos unas bonificaciones para aquellas personas que se
dan de alta por primera vez como trabajadores autónomos, teniendo en cuenta las circunstancias de los emprendedores menores de 30 años, que durante tres años van a ver bonificada su base mínima de cotización; o las propias mujeres de más de 45
años, que también se van a ver beneficiadas de esta decisión del Gobierno; o el mejor tratamiento del régimen especial agrario en orden a que sus prestaciones el día de mañana sean más acordes con lo que demanda un trabajo tan abnegado como es el
trabajo agrario?
En definitiva, señorías, el Grupo Parlamentario Popular, el partido al que tengo el honor de pertenecer y el Gobierno que sostenemos con nuestro apoyo parlamentario están cumpliendo con los trabajadores autónomos.
Somos conscientes de que
sus reivindicaciones, tanto en el campo de la Seguridad Social como en el campo de la fiscalidad, con la muy reciente supresión del impuesto sobre actividades económicas absolutamente para todos los autónomos de España y un mejor tratamiento en el
impuesto sobre la renta de las personas físicas, con bonificaciones y desgravaciones, son un acto de justicia. Seguimos implicados en la problemática de los trabajadores autónomos, seguimos pendientes de dar una solución a la cuestión que hoy es
objeto de debate, la cuestión relativa a lo que se ha dado en llamar el trabajo autónomo dependiente, y creemos, señorías, que el marco adecuado va a ser el estudio que pronto entrará en esta Cámara y el debate muy probablemente en una subcomisión
creada en el seno de este Congreso de los Diputados. Allí todos, absolutamente todos, haremos nuevamente aportaciones para solucionar este importante tema.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Delgado. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la regulación del trabajo autónomo dependiente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 268; a favor, 106; en contra, 156; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE AYUDA HUMANITARIA AL PUEBLO DE IRAK. (Número de expediente 162/000723.)
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS VASCO (EAJ-PNV) Y CATALÁN (CONVERGèNCIA I UNIÓ), PARA LA AYUDA HUMANITARIA DEL PUEBLO DE IRAK Y SOBRE RECONSTRUCCIÓN DE IRAK. (Número de expediente 162/000730.)
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA, FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, VASCO (EAJ-PNV), DE COALICIÓN CANARIA Y MIXTO, SOBRE SITUACIÓN DE EMERGENCIA HUMANITARIA Y LA RECONSTRUCCIÓN DE IRAK. (Número de expediente 162/000731.)
La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día, proposiciones no de ley. En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre ayuda humanitaria al pueblo de Irak, que será debatida conjuntamente
con la proposición no de ley de los grupos parlamentarios Vasco (EAJ-PNV) y Catalán (Convergència i Unió), para la ayuda humanitaria
al pueblo de Irak y sobre reconstrucción de Irak, así como con la proposición no de ley de los grupos parlamentarios Socialista, Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto, sobre situación de emergencia
humanitaria y la reconstrucción de Irak.
Para la presentación y defensa de la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Izquierdo. (Rumores.)
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados...
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Izquierdo.
Señorías hay un diputado en la tribuna intentando hacer uso de la palabra, si es posible que el nivel de murmullos de la Cámara permita que sea oída su intervención.
Adelante, señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, en 1981, España dejó de ser un país subdesarrollado, un país en vías de desarrollo; en 1981, España dejó de recibir fondos de ayuda al desarrollo, dejó de recibir fondos de la comunidad internacional de ayuda
humanitaria y para nuestros proyectos de desarrollo. España ingresó en el Comité de Ayuda de la OCDE en 1986, pero tenemos datos de lo que ha sido y de lo que es el esfuerzo de España en ayuda al desarrollo desde 1984. En esta Cámara, desde esta
tribuna se suele decir que, más allá de los discursos, más allá de las palabras, que son importantes, más allá de los debates, que son importantes, más allá de los debates de las ideas, que son importantes, los datos, las cifras, los presupuestos
reflejan la voluntad política de quien tiene la legitimidad para gobernar, de quien tiene, por voluntad de los españoles, la legitimidad para tomar decisiones e impulsar políticas de progreso, políticas de bienestar, políticas de paz, políticas de
seguridad.
Podríamos poner muchos ejemplos de aciertos y de errores en nuestra pasada historia democrática, en los últimos 25 años de nuestra democracia. Los datos contrastan esas políticas, esas ideas, los resultados también, pero el esfuerzo de
los gobiernos está siempre contrastado por los datos. Pronto, después del verano, llegarán a la Cámara los Presupuestos Generales del Estado y debatiremos el futuro de nuestro país en los próximos doce meses.
Quiero hoy aquí empezar este debate, que quiero que sea como el del día 8 de abril -un debate sereno, un debate tranquilo, un debate de propuestas-, recordando datos, recordando a SS.SS. lo que España ha hecho en los últimos 18 años en
cooperación internacional. Señorías, gobernaba el Partido Socialista desde 1982, pero sólo hay datos desde 1984. Desde 1984 hasta 1995 -porque en 1996 los españoles dijeron que gobernara el Partido Popular y se produjo la alternativa democrática-,
España, todos nosotros, por impulso del Gobierno legítimo de entonces, de su presidente don Felipe González y del Grupo Parlamentario Socialista, destinó a sus políticas de cooperación internacional 1 billón 107.000 millones de pesetas. No es poco.
Nosotros, entonces, desde la oposición parlamentaria siempre hemos apoyado esas políticas, hemos podido decir que nos parecían insuficientes, pero siempre las hemos apoyado. Señorías, señores diputados y señoras diputadas del Grupo Parlamentario
Socialista y del resto de los grupos de la Cámara, entre 1996 y el año 2001 -último año del que existen datos oficiales porque sólo existen unas previsiones de resultados del año 2002-, en los últimos seis años, España, todos nosotros, por impulso
del Gobierno de José María Aznar, ha destinado 1 billón 301.000 millones de pesetas a sus políticas de cooperación internacional, de ayuda al desarrollo, de lucha contra la pobreza, de solidaridad internacional. Es el primer mensaje de los tres,
casi cuatro que quiero dar en este debate. Doce años de gobiernos del Partido Socialista -repito, legítimos-, en este caso apoyados por nosotros, 1 billón 101.000 millones de pesetas; seis años del Partido Popular, 1 billón 307.000 millones de
pesetas.
El pasado 8 de abril, cuando todavía estábamos en pleno conflicto de Irak, que terminaría horas después, yo subí a esta tribuna para ofrecer a los grupos parlamentarios, creo con seriedad, responsabilidad y sin palabras que pudieran llamar a
SS.SS al enfado o al disgusto, el acuerdo para seguir apoyando lo que ha sido una política de éxito en España en los últimos 18 años, que no es otra cosa que las políticas de ayuda humanitaria y de cooperación internacional para el desarrollo. Se
puede pedir más y se puede decir que eso es insuficiente -es legítimo-, pero siempre hemos apoyado esas políticas. Nosotros podemos presentar datos, en esta cuestión de la crisis de Irak, nosotros les hemos ofrecido reiteradamente, desde la
serenidad, la responsabilidad y la tranquilidad, que se sumaran ustedes a lo que nos une. Nuestra sorpresa, señorías, el pasado 8 de abril y hoy, es importante porque, con diferencias de criterio y de planteamiento, éste es uno de los ejes de
nuestra política exterior, de una política que nos dimos todos los españoles y que todos hemos apoyado. Les invitamos a sumarse a la acción del Gobierno, que representa a todos los españoles, en una acción eficaz, rápida y meditada de ayuda
humanitaria. ¿Qué hemos oído? No reiteraré los argumentos del pasado debate del 8 de abril, del que ha pasado casi un mes, pero hoy oímos unas propuestas de la oposición que me gustaría comentar de una manera muy rápida.
Frente a una propuesta, que fue presentada horas después de aquel debate, en la que volvíamos a tender la mano con serenidad y responsabilidad al conjunto de los grupos de la Cámara, explicando que lo importante eran las personas y que
merecía la pena apoyarlas, que este Parlamento debía apoyar una acción de Gobierno
que era justa y que no tenía precedentes en la historia de España, nos encontramos con una iniciativa conjunta, cuyo texto se ha cambiado hoy antes de las doce -hoy lo explicarán aquí-, que incide en varias cuestiones. Primero, que se
retire la ayuda española. ¿Por qué, si el cien por cien de los españoles está de acuerdo? Lo que ustedes plantean, nosotros también lo planteamos. El presidente del Gobierno, el Gobierno en reiteradas ocasiones y nuestros portavoces
parlamentarios en multitud de ocasiones, han manifestado la intención y el trabajo de un Gobierno que quiere que Naciones Unidas tenga un papel central, y para eso estamos trabajando, siempre hemos trabajado para eso. Por lo tanto, la idea que
ustedes plantean en su propuesta no es contraria a la nuestra, a no ser que su idea pretenda que la ayuda humanitaria que está siendo desplegada actualmente por el Gobierno español sea retirada. El señor Zapatero dijo en esta tribuna: Que vuelva
el buque Galicia. ¿Por qué, si las Fuerzas Armadas españolas están haciendo una labor humanitaria? Yo no estoy de acuerdo con esos planteamientos seudoprogresistas sobre el ejército. El ejército español actual, señorías, está formado por hombres
y mujeres demócratas que han elegido estar ahí, que se juegan la vida trabajando en primera línea por ayudar a las personas, y que, además, defienden las instituciones democráticas, la paz, la seguridad y la libertad de todos.
Que se retire la
ayuda humanitaria. No, no se puede retirar porque los españoles no permitirían que se retirara la ayuda humanitaria.
En su nueva propuesta que hoy presentan a la Cámara se olvidan de los refugiados. Señorías, el 8 de abril, cuando nosotros subimos a esta tribuna, dijimos que ACNUR nos decía que no se estaban produciendo movimientos masivos de refugiados y
desplazados, pero que si llegaban a producirse en lo sucesivo, habría que apoyarles. Hoy, se olvidan ustedes de los refugiados. Yo pregunto: ¿No hay refugiados? Hay personas refugiadas antes del inicio del conflicto, que tienen que volver a un
Irak seguro, en paz, libertad y democracia, y hay personas que viven fuera de sus casas porque fueron perseguidos por un régimen dictatorial y hay que protegerles. ¿Es que no se les quiere proteger, es que no es noticia la cuestión o es que no hay
foto para eso?
La señora PRESIDENTA: Señor Izquierdo, le ruego concluya, por favor.
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: Por todo ello, señorías, sus propuestas difícilmente se acercan a las nuestras.
No comentaré la propuesta del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) porque supongo que la retirarán y se sumarán a la del resto de los grupos parlamentarios, pero los argumentos son los mismos.
Voy terminando, señora presidenta, para cerrar esta intervención. Antes de que se me olvide, con el permiso de la presidenta, voy a hablar de Naciones Unidas. Se nos llena la boca cuando pronunciamos estas palabras, quizás buscando un
argumento para dar continuidad al conflicto y mantener posturas insostenibles. ¿Cuál fue el esfuerzo del Gobierno de Felipe González en presupuestos para dotar a Naciones Unidas en sus políticas de cooperación multilateral? En 12 años, señorías,
343.000 millones de pesetas; el Partido Popular, en seis años, 473.000 millones de pesetas.
Eso son datos, lo demás, si me permiten la expresión, son palabrerías.
Voy muy rápido, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Señor Izquierdo, le ruego que termine en treinta segundos.
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: Nos cuentan hoy los medios de comunicación que la Unión Europea anuncia que va a enviar ahora 20 toneladas de alimentos a Irak. Naciones Unidas se moviliza y va a reabrir sus oficinas. Termino mi intervención,
señorías, diciendo que nosotros apoyamos eso, con recursos y con nuestro esfuerzo político. Sólo quiero recordar a SS.SS.
el siguiente dato. España ya está trabajando por las personas desde hace muchos días y nuestra contribución ha aumentado de
50 a 61 millones de euros.
La señora PRESIDENTA: Señor Izquierdo, le ruego concluya, por favor.
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: Señorías, merece la pena que el Parlamento, los grupos parlamentarios, se bajen de la pancarta, que no da para mucho más, y arrimen el hombro, que es lo que están esperando los ciudadanos de Irak y también los
españoles.
Gracias, señora presidenta, gracias, señorías. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Izquierdo.
Para la defensa de la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Pajín.
La señora PAJÍN IRAOLA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, afortunadamente, en los últimos días hemos visto cesar las expresión brutal de la violencia que caía en forma de bombas en Irak.
Quienes estuvimos en contra de que se hiciera esa guerra ilegal, injusta e inmoral podemos estar
satisfechos -ojalá nunca se hubiera producido-, pero, la guerra de Irak -sus consecuencias- no ha terminado; no habrá terminado mientras en ese país quede un hospital sin funcionar, una escuela sin abrir o una casa sin agua potable; no habrá
terminado mientras persistan los saqueos o mueran ciudadanos en las manifestaciones a tiros, mientras haya un solo ser humano que sufra las consecuencias de una guerra ilegal e injusta que el Gobierno español ha promovido e impulsado. No terminará
hasta que el pueblo iraquí pueda ejercer sus derechos políticos y
económicos mediante su autogobierno y el control de sus propios recursos, lo que sólo será posible si Naciones Unidas adquieren un papel central de inmediato.
El Gobierno español, mientras aquí decía que trabajaba por la paz, preparaba la guerra en las Azores, muy lejos de este Parlamento y muy lejos de millones de españoles. No lo pudo hacer peor entonces, y ahora, desgraciadamente, está
superando su propio listón; ahora, pretende participar en la administración de las fuerzas de ocupación en Irak, en sustitución del papel que corresponde a Naciones Unidas, y lo justifica en la obligación que incumbe a los ocupantes de asegurar la
cobertura de las necesidades básicas de la población. Altos mandatarios de Naciones Unidas habían dicho ya que el señor Aznar no es capaz de comprender la diferencia entre la ayuda humanitaria y la reanudación del programa Petróleo por Alimentos.
Ahora, parece no ser capaz de entender la diferencia entre la ayuda y las obligaciones derivadas de los convenios de Ginebra. Además, la aportación realizada por el Gobierno es insuficiente; más aún si se tiene en cuenta su responsabilidad a la
hora de desencadenar esta guerra. Así lo han considerado la coordinadora de ONG y varias organizaciones no gubernamentales y así lo demuestran las cifras, esas cifras que tanto le gustan al señor Izquierdo, curiosamente cifras que nunca hablan de
porcentajes, nunca hablan de ese clamor de la ciudadanía reclamando el 0,7 ni de lo que en realidad da el Gobierno español, que es el 0,23, muy superado por muchas comunidades autónomas y muchos ayuntamientos progresistas.
Hablando de cifras, se han asignado 22,5 millones de euros de ayuda bilateral con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo a los países fronterizos con Irak. Nadie puede discutir que ese instrumento no se ha mostrado muy eficaz en las crisis
anteriores a la hora de responder a los objetivos de ayuda humanitaria y de reconstrucción. Según diversos informes de la OCDE -por cierto, institución alejada de sospechosas pancartas-, la ayuda llegada supone un encarecimiento del 20 por ciento y
reduce la eficacia de la ayuda entre el 10 y el 15 por ciento. Por otra parte, el Ministerio de Defensa ha valorado en 16 millones de euros los componentes humanitarios, entre comillas, de la misión española en la zona, que además, paradójicamente,
sería financiada con cargo a un crédito presupuestario destinado a operaciones de mantenimiento de la paz. La cortina de humo que ha envuelto esta partida ha motivado dudas generalizadas sobre su adecuación a las necesidades de la población, así
como sobre sus costes y eficacia. En todo caso, conviene recordar aquí que la distribución de ayuda por fuerzas militares ha sido rechazada en innumerables ocasiones por los especialistas, las ONG, la Unión Europea y las Naciones Unidas, ya que,
evidentemente, carece de la imparcialidad necesaria en este tipo de ayuda.
El Gobierno sólo ha destinado cinco millones de euros a las agencias de Naciones Unidas, lo que equivale a un 0,2 por ciento de su petición a la comunidad internacional. El señor Lubbers, representante del ACNUR, consideró en su visita a
España que esa cifra era muy inferior a la esperada. Desde luego, las razones de su enfado están justificadas. La aportación del Gobierno español, directamente responsable de esta guerra, supone un 1,5 por ciento del llamamiento internacional
llevado a cabo por esta organización ante la crisis humanitaria. El Gobierno de nuestro país no tuvo reparos en menospreciar a la ONU antes del conflicto ni en atentar contra su credibilidad y ahora simplemente no la tiene en cuenta.
Por su parte,
la AECI dispone de cinco millones de euros para canalizar la ayuda española a través de organizaciones no gubernamentales y de esa cifra todavía no se han asignado 1,7 millones. Hasta el momento, se han aprobado subvenciones a seis organizaciones y
destaca que no son, desde luego, las más expertas en el territorio ni en ayuda de emergencia. A la luz de lo mencionado anteriormente y teniendo en cuenta su experiencia en la zona, no puede sino sorprendernos el hecho de que a Cruz Roja Española y
al Comité Internacional de la Cruz Roja, que sí tienen experiencia en el territorio, únicamente se les haya asignado un total de 1,7 millones de euros, bastante menos de la mitad de las subvenciones aprobadas por la AECI.
Señorías, el Gobierno español no puede ser más responsable de la crisis humanitaria de la población iraquí, y eso es muy grave, pero instrumentalizar la ayuda española es, además de grave, vergonzoso.
Afortunadamente, estamos a tiempo
todavía. Por eso, decidimos presentar esta proposición no de ley, un documento que comparte las tesis de Naciones Unidas, de las organizaciones no gubernamentales y de los expertos en ayuda humanitaria y de emergencia; un texto que refleja la
demanda de la ciudadanía española y que responde a las necesidades de la población iraquí; es, sobre todo, una propuesta elaborada desde la responsabilidad, la voluntad de diálogo y la búsqueda de consenso. El Gobierno español no puede seguir
siendo de piedra, puede escuchar y debe recapacitar. Señorías, sólo Naciones Unidas puede tener la legitimación internacional para coordinar la ayuda humanitaria y sólo Naciones Unidas puede garantizar que será el pueblo de Irak el que decida cuál
debe ser el futuro de su país, cómo y con qué fin deben explotarse sus recursos naturales.
Señores del Partido Popular, España no tiene que salir de ningún rincón de la historia. Lo que puede y tiene que hacer España es trabajar por sacar a las víctimas del rincón de una terrible crisis humanitaria. Lo que ocurra con la
nutrición, el agua y el saneamiento, la mortalidad infantil y la educación de millones de seres humanos también se decide aquí.
Pueden ser ustedes quienes contribuyan a abrir una puerta a su presente inmediato y a su futuro; puede ser aquí y
ahora, porque, señor Izquierdo, usted habla de tender manos, pero, ¿su grupo y el Gobierno han tendido manos a la
oposición o a millones de españoles cuando han apoyado esta guerra injusta e ilegal? Usted habla de consenso y de diálogo. Es curioso que todos los grupos de la oposición, sin excepción, aprobemos este texto y lo respaldemos, y usted, de
nuevo, se quede sólo. Alguna reflexión tendrá que hacer. A los grupos de la oposición nos gustaría que hoy se aprobara esta iniciativa, que tiene un solo objetivo, y es que realmente este país, que desgraciadamente es responsable de lo que sucedió
en Irak, sea, al menos, solidario y consecuente con lo que millones de ciudadanos han dicho en la calle.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pajín.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta. Subo a la tribuna en defensa de esta proposición no de ley conjunta, de Convergència i Unió y del Partido Nacionalista Vasco, en relación con la ayuda humanitaria en Irak, y de la
enmienda transaccional a las dos proposiciones a la que hemos llegado con los grupos Socialista, Izquierda Unida, Coalición Canaria y Mixto.
Esta iniciativa pretende incidir sobre la ayuda humanitaria en el Irak de la posguerra, un Irak que -es bueno recordarlo a esta Cámara- antes del conflicto armado ya padecía una situación dramática, derivada de tres décadas de dictadura de
Sadam Husein, de las guerras contra Irán entre 1980 y 1988, de la guerra de 1991 y de los doce años de sanciones y de embargos; un Irak que había visto cómo su PIB pasaba de más de 6.000 dólares en 1980 a 3.000 en 1990 y que, en 1999, se situaba
alrededor de los 500 dólares; un país donde el nivel de escolaridad de los niños y niñas disminuía radicalmente desde 1991, donde la esperanza de vida había bajado de los 66 a los 57 años y cuya mortalidad infantil se situaba en 131.000. Estas
cifras indican que ese país, antes de esta guerra, ya padecía una situación humanitaria grave y dramática. La guerra tan sólo ha agravado esa situación para la población concreta de Irak.
Las potencias ocupantes -y España es potencia ocupante- tienen responsabilidades derivadas del Convenio de Ginebra, que la propia resolución 1472 del Consejo de Seguridad recuerda: La potencia ocupante tiene el deber de abastecer a la
población en víveres y productos médicos, y deberá especialmente importar víveres, medicamentos y cualquier otro artículo necesario cuando sean insuficientes los recursos del territorio ocupado. Es esa una obligación legal marcada para las
potencias ocupantes, y España, que pretende jugar el papel de subpotencia ocupante de ese territorio por lo que estamos viendo en las últimas horas, tiene esa obligación.
Más allá de esa obligación, desde la perspectiva de Convergència i Unió y creo que del conjunto de los grupos de la Cámara, en el proceso que se ha abierto de la reconstrucción de Irak, de la construcción de la democracia, de las libertades,
de la paz, Naciones Unidas debe tener ese papel central de liderazgo en ese proceso de reconstrucción. Señorías, este no es un tema menor y, por lo que estamos observando, separa la posición del conjunto de los grupos de la Cámara de la del Grupo
Parlamentario Popular. Los grupos de la oposición planteamos un acuerdo claro y explícito de la Cámara en el sentido de que la posición del Gobierno de España en el seno del Consejo de Seguridad, en el seno de la Unión Europea, en el seno de la
comunidad internacional, sea que el proceso de reconstrucción debe ser liderado por Naciones Unidas. Sabemos que no va a haber consenso en el ámbito internacional si no se llega a ese acuerdo y sabemos que no va a haber consenso en la posguerra de
Irak si no hay ese acuerdo. Es más, desde la perspectiva de Convergència i Unió, la participación militar española para garantizar la seguridad en Irak tan sólo tendría sentido si respondiese precisamente a un mandato de Naciones Unidas, a un
mandato del Consejo de Seguridad que estableciese la mínima seguridad legal ante la situación que se ha generado en ese país.
Quizás sea difícil, para un Gobierno que no ha apostado por ese papel central de Naciones Unidas en este proceso, jugar esa carta, pero mi grupo reclama al Gobierno español que, en el seno del Consejo de Seguridad, apueste por esta posición
inequívoca de Naciones Unidas. Las posiciones de la Unión Europea han ido en ese sentido. Señorías, más allá de una cuestión de estricta legitimidad legal, más allá de nuestra aspiración a que Naciones Unidas jueguen ese papel central como
garantía de una determinada concepción del orden internacional, también estamos convencidos de que, desde la perspectiva de la eficacia de la reconstrucción de Irak, es fundamental ese papel central y de liderazgo de Naciones Unidas. Las
incertidumbres respecto a la situación jurídica de Irak son enormes en estos momentos -James Wolfensohn manifestó en su momento que era muy difícil una intervención del Banco Mundial en el proceso de reconstrucción de Irak sin un mandato expreso del
Consejo de Seguridad- y esto nos obliga, no sólo por razones de principios de legalidad internacional sino por nuestra concepción de lo que debe ser el mundo, a apostar por ese papel central de Naciones Unidas. Este es el primer argumento que mi
grupo quería dejar muy claro: queremos que esta Cámara se pronuncie inequívocamente en este sentido, y la enmienda que nos plantea el Grupo Popular no va precisamente por ese camino.
En segundo lugar, estamos convencidos de que el esfuerzo humanitario que está haciendo España no es el mejor y no es suficiente. Por una parte, nos parece que las aportaciones a las agencias de Naciones Unidas están muy lejos de las
demandas que el sistema nos ha
planteado; responden quizá a una posición ya clásica de la cooperación española de desconfianza hacia las agencias de Naciones Unidas, de no apostar por Naciones Unidas. De manera bastante vergonzante, llevamos ya dos años desde la visita
del señor Lubbers pidiendo que España se comprometa más con ACNUR, con la principal agencia del sistema de Naciones Unidas, para dar respuesta a las situaciones de los refugiados, y la contestación del Gobierno a los llamamientos no responde ni al
compromiso de España en esta guerra ni a la gravedad de la situación ni a las necesidades que nos han planteado las agencias de Naciones Unidas.
Por otra parte, nuestro grupo no rechaza de plano la utilización de los créditos FAD como instrumento de la cooperación española al desarrollo, pero entendemos, desde la perspectiva de lo que es la ayuda humanitaria, que el crédito FAD no es
el mejor instrumento. No lo es por la lentitud en su ejecución, -tenemos experiencias en otras situaciones-, pues la propia complejidad técnica del instrumento no permite una intervención rápida y eficaz. Al mismo tiempo tenemos enormes dudas de
que esos recursos destinados a los países limítrofes con Irak vayan destinados a la población iraquí que pudiese haber huido de Irak hacia esos países para buscar apoyo y satisfacer sus necesidades básicas. Mi grupo va a hacer un seguimiento de
esos millones de euros destinados a los países limítrofes que el Gobierno ha anunciado para ver si responden al objetivo de ayuda humanitaria respecto a la crisis de Irak.
En tercer lugar, nos parece que es un error la utilización de las Fuerzas Armadas en operaciones de ayuda humanitaria. Lo ha dicho la Unión Europea, lo han dicho las agencias independientes que trabajan en el ámbito de la ayuda humanitaria,
lo han dicho los expertos. Es una manera cara e ineficaz de atender a las poblaciones en situación de emergencia humanitaria. Tenemos el escándalo temerario del campo de refugiados creado en Kosovo; 18.000 euros por refugiado costó al ciudadano
español montar un campo de refugiados que difícilmente estuvo abierto más de 15 días, cuando prácticamente la guerra ya había terminado. Hemos visto ese caos en el sur de Irak con la presencia militar española repartiendo alimentos. Las Fuerzas
Armadas tienen unas funciones de seguridad clarísimas, pero no son el instrumento para dar respuesta a crisis humanitarias como las que se han vivido en Irak.
En cuarto lugar, nos preocupan las orientaciones presupuestarias de esta ayuda humanitaria española, que vayamos a reducir partidas ya comprometidas por parte del Gobierno español, especialmente en el capítulo de apoyo a organizaciones no
gubernamentales. Incluso responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores han mostrado su inquietud porque una de las áreas geográficas a la que con menor intensidad dedica España recursos, que es el África subsahariana, se vea afectada por esta
política.
En quinto y último lugar, de nuevo las decisiones tomadas por el Gobierno en materia de ayuda humanitaria ante la guerra de Irak ponen en evidencia la falta de sofisticación de nuestra política de ayuda humanitaria. Las debilidades
intrínsecas (presupuestarias, organizativas y conceptuales) de la política de ayuda humanitaria y emergencia española se han puesto de manifiesto. En el seno de la Comisión de Cooperación al Desarrollo y en los debates correspondientes con el
Gobierno tenemos pendiente un análisis a fondo de cómo España debe articular su política en esta materia.
El conjunto de las proposiciones no de ley pretenden, sobre esa política insuficiente en recursos y equivocada en los planteamientos, introducir otras variables: liderazgo de Naciones Unidas, mayor y mejor compromiso de carácter
humanitario.
La señora PRESIDENTA: Señor Campuzano, le ruego concluya, por favor.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Termino, señora presidenta.
Mientras tanto, hemos vivido la situación dramática de los iraquíes refugiados en Ceuta y Melilla. Hace pocos días, un grupo de refugiados en Melilla denunciaba que vivían escondidos a la espera de que se resolviese su situación legal. La
semana pasada vivimos la situación de los refugiados en Irán, en Jordania, en los países limítrofes, sin que se les dé suficiente respuesta. Vivimos la situación de ese grupo de refugiados entre Jordania e Irak, en tierra de nadie, que ha sido
denunciado por Médicos sin fronteras, y vemos también cómo Médicos sin fronteras denuncia que Estados Unidos no cumple con sus obligaciones en materia de salud.
Señorías, estamos convencidos que es más fácil ganar la guerra que construir la paz, entre otras cosas porque construir la paz en una sociedad devastada como la iraquí por la dictadura de Sadam Husein y por la última guerra va a requerir
firmeza, alma, espíritu, convicción democrática, paciencia, recursos, tiempo; maneras de hacer que no son las mejores que puede ejemplarizar la coalición que ha armado esta guerra.
La señora PRESIDENTA: Señor Campuzano, le ruego que finalice, por favor.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Termino, señora presidenta.
Mi grupo se va a comprometer a hacer un seguimiento eficaz de esta política porque si el Gobierno ha pretendido liderar una coalición bajo los objetivos de la libertad y la democracia deberá responder ante esta Cámara que efectivamente esta
guerra ha servido para llevar la libertad y la democracia a aquel país.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, señor Izquierdo, no creo que usted sea tan torpe, creo que usted está en la dinámica general del Grupo Parlamentario Popular, sabiendo que estamos en un tema de enorme importancia, que ustedes intentan
ocultar con cierta habilidad -y aquí muchas comillas-; intentan ocultarlo mintiendo constantemente, con una especie de prevaricación semántica constante. Le diré por qué me ha irritado un poco su intervención. Ustedes creen que el pueblo español
es estúpido, que está hecho de gente no preparada, inmadura, que se lo va a creer todo y como nosotros somos representantes, reflejo del pueblo español, creen también que nosotros somos estúpidos, idiotas e imbéciles y no es así, señor Izquierdo, no
es así. El problema de fondo es que ustedes son copartícipes, copatrocinadores -ya lo aclaró el ministro Trillo el otro día y sobre todo Ana Palacio, que lo hace constantemente- de una guerra ilegal, pero no sólo de una guerra ilegal, sino que a
partir del término de la guerra, más o menos puntualmente señalado, ustedes siguen patrocinando una situación absolutamente ilegal, son conscientes de ello e intentan engañarnos a los demás.
Para sacar a España del agujero ustedes están embarcados en un nuevo orden internacional, eso sí, esta vez moderno -por cierto, todas las resoluciones a las que aludía el señor Trillo eran anteriores a la Carta de las Naciones Unidas, de
modernas que eran-, sobre el cadáver de la ONU. Después se lo demostraré tomando como prueba el texto de la enmienda que ustedes presentan a la moción consecuencia de interpelación que nosotros presentamos; sólo hay una diferencia: en la moción
de Izquierda Unida aparece en los tres puntos Naciones Unidas y en su enmienda, que es igual, desaparece en los tres puntos Naciones Unidas. Más formal, más singular y probatorio imposible, señor Izquierdo. Ustedes intentan vender una canción
patriótica, sabiendo que no van a respetar la legalidad, porque el patrocinio del G3, de los tres de la guerra, va en contra de esa legalidad y la modernidad la quieren ustedes basar en la ruptura de la legalidad; lo moderno es tirar hacia delante,
aunque sea simplemente por indicios. ¿Dónde están las armas de destrucción masiva? No se han utilizado, por lo menos. ¿Dónde está el gran ejército similar al de Hitler, señor Izquierdo? A partir de ahí nos venden la moto de que sí, que se trata
de una labor humanitaria y ha hecho usted aquí una apología del ejército moderno, de los soldados ayudando humanitariamente a los pobres sin darse cuenta de que estamos en dialécticas diferentes, que es el fondo de la cuestión. Ustedes quieren
montar un nuevo orden en contra de la legalidad, frente a todo tipo de legalidad, con una diferencia con el señor Bush que es que éste lo dice claramente, es el mejor traductor de la prevaricación semántica de ustedes, allí en los Estados Unidos,
constantemente y ha hablado del decenio de la guerra en la que ustedes están embarcados hasta las cejas a partir de ahora. Ustedes lo camuflan, lo silencian, lo desvían, lo prevarican -prevaricar, como sabe usted, es torcer el camino de la verdad-.
Por tanto, señor Izquierdo, no creo que sea usted tan torpe, simplemente utiliza la idea de que los demás somos idiotas, el pueblo español es idiota y ustedes le van a vender la moto de que sin la ONU se puede establecer allí un régimen de
devolución de la soberanía y de reconstrucción social, política y humanitaria. Eso no es posible.
Léase usted el derecho de guerra, el derecho humanitario, el derecho internacional, léase usted la Carta fundacional de Naciones Unidas. No es posible intervenir, como usted ha dicho aquí que se va a intervenir, sin una resolución del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El 90 por ciento de los países del mundo, pasando por Argentina y Chile, de los que quieren utilizar ustedes una parte del ejército, dicen que no es posible sin una resolución de Naciones Unidas. Ni
siquiera es posible darle una nueva etapa al programa petróleo por alimento, sin una resolución concreta de los inspectores de la ONU con respecto a la utilización o no, eso está claro, o a la aparición o no de las armas de destrucción masiva.
Ni
siquiera es posible acabar con el embargo sin ese documento del señor Blix y compañía. Por tanto, están ustedes en la más absoluta ilegalidad internacional.
Precisamente lo que intentamos con esta resolución, que agrupa de nuevo a once partidos, que representamos a 11.700.000 votos, es trabajar dentro de la legalidad internacional, porque es la única forma de hacer una devolución de soberanía y
una reconstrucción democrática. En relación con el ejército, al que usted se refería, si ustedes van a mantener la ocupación durante dos años, como mínimo, ¿qué va a pasar cuando haya que repeler una manifestación? Porque ustedes también van a
salvaguardar la seguridad de una zona bajo dominio del Reino Unido. ¿Qué va a pasar cuando tengan que disparar, cuando tengan que mantener el orden público sin una base legal, sin una base anclada en el derecho internacional?
También intentamos que se apruebe esta resolución, señor Izquierdo, simplemente por eficacia humanitaria. No hay posibilidad de eficacia humanitaria desde una óptica militar. Desde la óptica de un ejército, que tiene en cuenta los
objetivos de la guerra, entre ellos el control del petróleo de los 3.000 millones anuales de dólares, no es posible desarrollar de manera independiente, de manera adecuada y, desde luego, de manera legal una labor humanitaria en Irak. Ese es el
problema de fondo, no que los soldados estén preparados para llevar una labor humanitaria, porque son modernos, alegres y se visten modernamente. No es eso, señor Izquierdo, ese no es el problema.
El núcleo de esta proposición no de ley habla de situar a Naciones Unidas como eje de coordinación y distribución de la ayuda humanitaria y habla también de situar a la ONU como organización central. El señor presidente del Gobierno no
venía utilizando el término central, sino el término vital, que era una cosa absolutamente
complementaria y subsidiaria con respecto a la reconstrucción material y política de Irak. Desde ese punto de vista ustedes han aceptado el puenteo legal, el puenteo de la eficacia y el puenteo de todos los trabajos que en función de la
legalidad internacional tendría que realizar Naciones Unidas. Ustedes, en la estela de esa gran hegemonía que marcan los Estados Unidos, están instaurando sin saberlo en Bagdad un sadamismo sin Sadam. No tienen otra salida, ya lo verán. A través
de la imposición, a través de la óptica militar, al margen de Naciones Unidas, ustedes no podrán abrir paso a una devolución correcta de la soberanía.
Por eso y no por razones puristas, el 90 por ciento de los países del mundo se oponen a lo que
ustedes están haciendo allí después de la guerra y, desde luego, la inmensa mayoría de los países europeos. No es posible, como se ha dicho aquí anteriormente, ningún tipo de consenso que pase por este tipo de estrategia que ustedes están montando
con respecto a Irak.
Desde ese punto de vista, señor Izquierdo, señores del Partido Popular, nosotros queremos que reingresen en esa legalidad. Fíjese usted que desvían constantemente la atención.
El titular ahora de la entrevista entre el señor Aznar y el señor Bush es que el señor Aznar le va a pedir que Batasuna entre en la lista de organizaciones terroristas. Esa no es la entrevista, señor Izquierdo, esa no es la realidad de la
entrevista, ese no es el fondo de la entrevista, ese es el titular que oculta la entrevista real. La entrevista real es cómo España poco a poco y de manera no retornable se implica en ese nuevo orden internacional sobre el cadáver de Naciones
Unidas. Y se implica en una recuperación de Irak basada en una óptica militar que no tiene salida en función de los objetivos que se fijó la guerra, esto es, el relanzamiento del complejo de producción militar de los Estados Unidos y el control del
petróleo en Irak y, a partir de ahí, la remodelación de todo el paisaje político en Oriente Medio. Por tanto, señor Izquierdo, si quiere usted nos seguimos engañando. Ustedes nos dicen que están preparados para la ayuda humanitaria y que a partir
de ahí ya se verá, puesto que dedican una determinada cantidad de dinero. No es eso. Se trata de hacer las cosas desde el punto de vista de la legalidad, ya que es la única forma posible por razones de eficacia y porque no es posible ni la
devolución de la soberanía ni la devolución del control de la propia fuente de riqueza de Irak a sus ciudadanos si no es a través de una fuerza multilateral dirigida y controlada por Naciones Unidas. Ese es el fondo de esta moción que ustedes
entienden, pero, como tienen un gran poder mediático, caen constantemente en la tentación de creer que pueden convertir un tomate en un mamífero y meterlo en el Boletín Oficial del Estado y eso no es posible. La gente de este país no es tonta,
señor Izquierdo, sabe por dónde van ustedes y de todas formas tarde o temprano, como todos sabemos, el tiempo pone a cada uno en su lugar. Habrá que esperar y la gente tendrá que responder, pero lo que prima en esta situación es la recuperación de
la legalidad internacional.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), señor Otxoa.
El señor OTXOA DE ERIBE OLORZA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en la tarde de hoy nos toca discutir tres iniciativas sobre la ayuda humanitaria al pueblo de Irak y sobre su reconstrucción, habiendo sido dos de ellas promovidas por mi grupo, el Grupo Parlamentario Vasco, una conjuntamente con
Convergència i Unió y otra con los grupos Socialista, de Izquierda Unida, de Coalición Canaria y Mixto, y la tercera presentada por el Grupo Popular, la cual no va a recibir nuestro apoyo. Los grupos que hemos apostado desde noviembre para que en
Irak no hubiera guerra somos los que tenemos autoridad moral para hablar de ayuda humanitaria y de reconstrucción del país frente a los que han contribuido de manera destacada a la destrucción de vidas humanas, de bienes culturales y de patrimonios
personales. Quien invade y destruye no tiene autoridad moral para hablar de construir, aunque parlamentaria o reglamentariamente su farisaica iniciativa sea tan legítima como la nuestra. En el fondo, nosotros estamos hablando de ayuda humanitaria
y de reconstruir bienes, pero ¿quién devuelve la vida a los miles de muertos ocasionados por una desproporcionada acción bélica, cuyo falso móvil ha sido la eliminación de armas de destrucción masiva y lo único que se han destruido han sido vidas
humanas, hoy irrecuperables? ¿Para cuándo el momento en que el Gobierno español condene el asesinato del cámara de televisión José Couso y no sólo lamente esa muerte tan inocente como todas las demás? De ahí nuestra denuncia ante iniciativas
falsamente humanitarias que encima van a ser administradas por un gobierno que será potencia ocupante de un país, como si del despojo de una herencia y del carroñerismo más inicuo se tratara. Por tanto, no admitimos lecciones de la señora Ana de
Palacio para hablar en nombre de la paz cuando todos recordamos perfectamente su intervención en Naciones Unidas y cuando se jacta de su amistad con el secretario de Estado Colin Powell, que trocea y destroza un Estado saltándose todas las reglas
del derecho internacional.
En la actualidad, la situación imperante en Irak es de gran incertidumbre.
Continúan estallando combates esporádicos, el Gobierno iraquí y sus instituciones han dejado de existir, los saqueos y la violencia se han generalizado y los
habitantes de algunas zonas se han visto obligados a abandonar sus hogares. Todo esto ha agravado la difícil situación de la población iraquí. Las fuerzas estadounidenses y británicas no han restablecido aún el orden ni han garantizado la entrada
de la ayuda humanitaria en las zonas que controlan y, además de
estos problemas inmediatos, hay que tener en cuenta que se ignora qué duración tendrá la presencia militar estadounidense y británica y que las perspectivas de instaurar una autoridad iraquí efectiva para un período de transición no están
nada claras. Pero a pesar de las apariencias la actual situación no es de vacío legal, porque Estados Unidos, el Reino Unido y también España, en tanto que potencias ocupantes, según el derecho internacional, tienen la obligación ineludible de
proteger a la población iraquí. Esta responsabilidad emana del derecho internacional humanitario, en el que están perfectamente definidas desde hace mucho tiempo las reglas de la ocupación beligerante, y que en este aspecto se complementa con las
normas de derechos humanos que son vinculantes para todo Estado con jurisdicción o control sobre un territorio.
Estados Unidos y el Reino Unido tienen que cumplir con su obligación y continuar haciéndolo mientras ejerzan autoridad militar sobre Irak. No obstante, la autoridad de las potencias ocupantes es, por definición, provisional y está limitada
a la prestación de asistencia y protección en la situación de emergencia generada por la guerra. Por ejemplo, no les permite modificar el ordenamiento jurídico ni realizar las radicales reformas que es preciso llevar a cabo en el sistema iraquí de
justicia penal para garantizar el respeto de los derechos humanos. De acuerdo con el derecho internacional, solamente un Gobierno iraquí recién establecido o una administración provisional de Naciones Unidas, instituida por el Consejo de Seguridad,
tienen autoridad para tomar tales medidas. En estos momentos no se sabe bien qué disposiciones editarán para establecer en Irak una autoridad gubernamental de transición o permanente, porque hay discrepancias sobre la función de la ONU. Amnistía
Internacional cree que cualesquiera que sean tales disposiciones han de estar basadas en la necesidad de garantizar el pleno respeto de los derechos humanos. A este respecto, la ONU debe desempeñar un papel notable en al menos dos aspectos que van
mucho más allá de prestar ayuda humanitaria. En primer lugar, la ONU debe desplegar observadores de derechos humanos en todo Irak, tan pronto como las condiciones de seguridad lo permitan; en segundo lugar, la ONU tiene que establecer una comisión
de expertos que, en estrecha consulta con la sociedad civil iraquí -no se olviden de esto-, formule propuestas para la elaboración de un programa exhaustivo con el que garantizar que se haga justicia por los abusos contra los derechos humanos
cometidos en el pasado, y más recientemente, y dirigido especialmente a reformar el sistema iraquí de justicia. El reto más importante que plantea la situación de Irak es la necesidad todavía de garantizar que todas las partes respeten el curso de
las hostilidades y el derecho aplicable en los conflictos armados.
La tarea más general consiste en garantizar el orden y velar por que las potencias ocupantes y toda autoridad provisional que se establezca cumplan con sus obligaciones adquiridas con todo el pueblo de Irak. No obstante, el reto más difícil
está todavía por llegar, pues consiste en garantizar que en el período posterior al conflicto los derechos humanos sean la base de los esfuerzos de reconstrucción. A este respecto, será de vital importancia abordar la cuestión de la impunidad con
respecto a las violaciones de derechos cometidas en el pasado; construir un sistema judicial justo y efectivo; garantizar el respeto de los derechos de todos, sin discriminación alguna por motivos de religión, origen étnico o sexo e insistir en
que sea el propio pueblo iraquí el que dirija el proceso.
En relación con la ayuda humanitaria, las potencias ocupantes tienen la obligación de garantizar, si es necesario, el suministro de alimentos y medicinas a los habitantes del territorio ocupado. A este respecto no hace falta más que leer el
artículo 55 del IV Convenio de Ginebra que dispone de forma muy clara: 'En toda la medida de sus recursos, la potencia ocupante tiene el deber de abastecer a la población con víveres y productos médicos; deberá, especialmente, importar víveres
medicamentos y cualquier otro artículo necesario cuando sean insuficientes los recursos del territorio ocupado'. En relación con la atención médica, el artículo 56 establece textualmente: 'En toda la medida de sus medios, la potencia ocupante
tiene el deber de asegurar y mantener, con la colaboración de las autoridades nacionales y locales, los establecimientos y los servicios médicos y hospitalarios, así como la sanidad y la higiene públicas en el territorio ocupado, en particular
tomando y aplicando las medidas profilácticas y preventivas necesarias para combatir la propagación de enfermedades contagiosas y de epidemias.
Se autorizará que el personal médico de toda índole cumpla su misión'. Y más en general aún, el
artículo 59 del mismo Convenio dispone que cuando la población de un territorio ocupado o parte de la misma esté insuficientemente abastecida la potencia ocupante aceptará las condiciones de socorro a favor de dicha población, facilitándola en toda
la medida sus medios. Tales operaciones de socorro que podrá emprender, sea Estado o sea un organismo humanitario imparcial, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, consistirán especialmente en envío de víveres, equipos médicos y ropa.
El mencionado IV Convenio de Ginebra obliga a no escatimar esfuerzos para proteger los envíos de ayuda humanitaria, pero en su artículo 60 se especifica que tales envíos no eximen de sus responsabilidades a las potencias ocupantes. Por
esto, Amnistía Internacional ha pedido a Estados Unidos y al Reino Unido que tomen medidas para garantizar el funcionamiento en condiciones de seguridad de los hospitales y demás servicios públicos, así como el envío con prontitud de alimentos y
agua a quienes lo necesitan.
Se debe hacer todo lo posible para facilitar el trabajo de las organizaciones humanitarias y demás agencias internacionales, lo que supone entre otras cosas ayudarlas a tener acceso efectivo a todas las personas que se encuentren en
situación de necesidad. Es necesario, en
particular, que el Comité Internacional de la Cruz Roja y la sociedad iraquí de la Media Luna Roja puedan realizar sus actividades de conformidad con los principios de la Cruz Roja Internacional y el movimiento de la Media Luna Roja.
Nuestra iniciativa, pues, instando al Gobierno a impulsar en el marco del Consejo de Seguridad el futuro de Irak es el corazón de nuestro deseo en la actualidad. La reconstrucción política de Irak, la preservación de la seguridad, la
dirección de la reconstrucción económica y social, así como la coordinación de la ayuda humanitaria es lo primero que consideramos que hay que hacer en los momentos actuales, junto a impulsar en este marco la participación de los organismos del
sistema de Naciones Unidas, de las instituciones financieras multilaterales y de la Unión Europea en la reconstrucción de Irak, apoyando plenamente a las agencias de Naciones Unidas que operan en la zona, así como al Comité Internacional de la Cruz
Roja, mientras se incrementan los recursos destinados a las mismas hasta ahora en España, escasos como se ha manifestado, y que deben ser incrementados según nuestro criterio.
Finalmente, solicitamos se facilite la participación de las organizaciones no gubernamentales con experiencia para que trabajen en todo el apoyo de gobierno en una especial función de apoyo a esa reconstrucción de Irak, tan necesaria y que
todos deseamos.
Por todo ello, pedimos el voto favorable para nuestras iniciativas, que tienen como meta reconstruir Irak, no destruirla.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Otxoa.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señora presidenta.
Señorías, en este problema de Irak parece que estamos haciendo una colección de volúmenes de ilegalidad por ilegalidad, una secuencia de ilegalidad y de legalidad y de carencia de legitimidad. Ahora nos encontramos con una situación que
unos llaman post Sadam y otros posguerra, que tiene el factor común de la ilegalidad y de la ilegitimidad.
A lo largo de décadas, dentro del seno de las Naciones Unidas, nos hemos ido dotando -España desde que se le permitió entrar- de una serie de medidas de apoyo, frecuentemente relacionadas con las agencias de las Naciones Unidas. Así, fuimos
creando agencias como la FAO, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, etcétera, con programas específicos de alimentos, ayudas y demás. Se llegó a crear la doctrina de ayuda humanitaria en todo tipo de catástrofes, sean provocadas por la
naturaleza o por medios bélicos. La ayuda humanitaria es muy distinta de lo que es entendible en el lenguaje OTAN, es decir, las misiones humanitarias de las fuerzas armadas.
Hoy se trata de hacer una operación de confusión, dentro de la ilegalidad, como es que unas fuerzas militares pueden realizar misiones humanitarias.
Nuestro grupo parlamentario guarda un gran respeto a las Fuerzas Armadas españolas. Este
respeto empieza por no encomendarles, bajo el silencio de su disciplina, que les honra, misiones ilegales. Hasta ahora, las fuerzas españolas iban bajo mandato de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad o de la OTAN en conflictos internacionales,
lo que les confería un principio de legalidad y de legitimidad. No iban en misiones de ayuda humanitaria, sino en misiones de paz, entre las cuales estaba la protección de las personas y de los bienes de aquellas agencias de Naciones Unidas que
están profesionalmente preparadas para la organización, administración y distribución de la ayuda humanitaria que tiene un sustrato militar. Eso es totalmente independiente de que en un escalón médico avanzado en un hospital de campaña de
cualquiera de las fuerzas armadas -incluidas las españolas que están ahora en Irak- se puedan realizar actos sanitarios de auxilio a la población civil que lo necesite. Pero este no es el fondo de la cuestión. Si ahora tenemos que legitimar una
ayuda humanitaria, esta no puede llevarse a cabo sobre el soporte de las Fuerzas Armadas. La Fuerzas Armadas requieren respeto, y mi grupo se lo quiere dar. Yo exigiría al Gobierno de la nación española que antes desarrollara la disposición final
séptima de la Ley 17/1999, del régimen profesional del personal de las Fuerzas Armadas, que dice que el Gobierno se compromete a traer a la Cámara una ley que regule los derechos y obligaciones de los militares profesionales. Pues bien, supongo que
entre los derechos y obligaciones de los militares profesionales españoles habrá que regular el derecho que tienen a emitir una opinión cuando se les encomienda algo que no es reparto de ayuda humanitaria, sino apoyo a la ayuda humanitaria de los
organismos legítimamente habilitados para ello, como son las agencias de Naciones Unidas. El Ejército no está preparado para esa labor benéfica, social, sanitaria y alimenticia. Vamos a reconocerles previamente sus derechos y obligaciones.
Señálenseles sus obligaciones, porque cuando les hemos dicho que están obligados por disciplina militar a realizar misiones Petersberg, se entiende que es al amparo de un mandato de Naciones Unidas o de la OTAN. El Ejército no tiene la capacidad de
ponerse a sí mismo el casco de misiones que no les están encomendadas legítimamente por ningún organismo con capacidad para legitimarlas, capacidad que está ubicada en Naciones Unidas. De aquí que mi grupo, al suscribir esta proposición no de ley
con otros grupos parlamentarios, haya sido exquisitamente escrupuloso al brindar un apoyo al Gobierno, porque al final todos nos sentimos afectados como españoles si los organismos internacionales nos acusan de no tener un sustrato de legitimidad en
las acciones que tenemos que llevar a cabo. Hemos
sido escrupulosos al situar el órgano de actuación, en primer lugar, en Naciones Unidas y en los mandatos del Consejo de Seguridad y, en segundo lugar, en unas garantías económicas. Uno de los puntos de nuestra proposición es garantizar
para el presente y el futuro que no falle la ayuda financiera. Fíjense ustedes la sorpresa que se habrán llevado muchos españoles cuando quienes han comandado toda las operaciones militares sobre el terreno -el presidente de Estados Unidos, señor
Bush, con el apoyo del señor Blair- han dicho que tienen que dividir el territorio de Irak en tres administraciones -suponemos que militares- dirigidas por Estados Unidos, Reino Unido y Polonia. Ha aparecido Polonia y nos hemos llevado una
sorpresa. ¿Cómo es que aparece Polonia ahí? Dada la realidad financiera y económica del Gobierno polaco, supongo que habrá habido algunos políticos y legisladores que, cuando les han comunicado que a Polonia se le adjudicaba un tercio de
administración, habrán dicho: ¡Cuidado! No nos metamos en una situación que no tiene amparo de Naciones Unidas. Además, los norteamericanos nos van a decir que paguemos nosotros, porque si no hay apoyo de las agencias de Naciones Unidas, que
tienen presupuesto para estas acciones de ayuda humanitaria, ¿quién paga? A las autoridades polacas se les han abierto las carnes con el ofrecimiento norteamericano, que es un caramelo presupuestariamente envenenado, y han dicho: No, que entren
los australianos u otras naciones que puedan hacerlo. Al menos en algunas autoridades representativas del Gobierno español hemos visto también una postura de cautela al decir: No, me vale con tener allí al general Feliú y a dos o tres altos cargos
españoles; no me diga usted que me haga cargo de una administración, porque legalmente, según Naciones Unidas y los convenios de Ginebra, una potencia ocupante no puede ser una potencia administradora. Aquí está otro de los problemas de ilegalidad
que se están planteando. Este es un grave problema, de ahí que los polacos hayan salido espantados, porque les va a tocar pagar. No se puede endosar ni siquiera la ayuda alimentaria a los presupuestos de las Fuerzas Armadas. Toda la ayuda que
prestemos en bienes y servicios tendrá que tener un soporte de financiación, de ahí que hayamos recogido en un punto esta garantía presupuestaria, porque como no hay legalidad, nadie le puede decir al secretario de Naciones Unidas que pague las
actuaciones realizadas por las fuerzas militares porque dirá que lo paguen los presupuestos de defensa de los países que están incursos en esta operación. Estamos entrando cada vez más en un laberinto de ilegalidades y enrollándonos en una madeja,
y vamos a ver cómo salimos de esa situación. Por eso nosotros decimos también que estas garantías tienen que ser desarrolladas con la legitimación que da Naciones Unidas y con la profesionalización y eficacia que dan todas sus agencias. Hay que
dar participación a organismos que son aceptados como neutrales, porque a quien está rechazando el pueblo iraquí, a través de multitud de manifestaciones, es a los soldados norteamericanos y británicos que están allí, pero no está rechazando a que
vaya una ONG o la Cruz Roja o la Media Luna Roja a darle asistencia sanitaria y ayuda humanitaria. En estas agencias de Naciones Unidas es en las que se ubica no sólo la legitimidad, sino también la eficacia y la aceptación de estos países
islámicos, y al final en los temas de reconstrucción se pide que entre un organismo imparcial.
Destacados defensores del derecho internacional han dicho que no debe utilizarse a las fuerzas militares para la ayuda humanitaria porque no están para eso, ni debe utilizarse para comprobar que no hay armas de destrucción masiva a unos
inspectores nombrados por el propio juez, porque los norteamericanos se transforman en juez y parte con 1.000 expertos. La realidad es que el Gobierno norteamericano no quiere ver aparecer por allí a los que daban la línea de la legalidad y
legitimidad, que eran los inspectores de Naciones Unidas, con el señor Blix al frente.
Estados Unidos ha expulsado de Irak a la ONU, al Consejo de Seguridad, a sus inspectores y al señor Blix, al que parece que no quieren ver ni en pintura por
Irak. Hay que dar un principio de legalidad y legitimidad a las misiones que tenían encomendadas para que después se puedan abrir las puertas bien al programa de Petróleo por Alimentos, bien al levantamiento de las sanciones económicas. En estos
momentos parece que la legalidad internacional está penalizando y castigando al pueblo iraquí, a sus mujeres, a sus hombres, a sus niños y a todas sus estructuras sociales de convivencia. En este tema tenemos que concienciarnos todos y ponernos en
pie para decir que se respete un principio de legalidad, porque la solución no va a venir por este señor, que tiene un nombre extrañísimo y al que nadie se ha atrevido, nada más que periodísticamente, a llamar virrey y que para los españoles sería,
recordando la época colonial marroquí, una especie de García Valiño o alto comisionado en el territorio. Se va a buscar una autoridad militar para imponer su auctoritas y se va a buscar a un califa para que dé una imagen de identificación con los
problemas locales. Eso no va a tener solución porque no va a haber soporte financiero para las personas e instituciones que se metan allí.
Por las razones anteriormente expuestas hemos suscrito conjuntamente esta proposición no de ley, en la línea de buscar una posición española que nos permita llevar la cabeza bien alta. Se puede llevar la cabeza bien alta cuando se respetan
los principios fundamentales del derecho civil, nacional e internacional. Esto nos permite tener acreditada una situación de autoridad moral, autoridad política y autoridad institucional.
Igualmente, la propuesta que han hecho conjuntamente el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) se ensambla perfectamente con los planteamientos de nuestra proposición no de ley, por lo cual la vamos a votar favorablemente, señora presidenta.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo brevemente para defender la propuesta que el Bloque Nacionalista Galego firma conjuntamente con otros grupos y que defiende que el proceso de reconstrucción política y económica de Irak, tras la guerra de agresión
sufrida por ese país, esté dirigida exclusivamente por la ONU y los iraquíes, a lo que, como es más que notorio, se niegan los agresores y quienes les han apoyado y apoyan, como es el caso del Gobierno español.
Cuando desde el Gobierno y el Partido Popular se pretende pasar página y dar un barniz de normalidad a todo cuanto ha acontecido y acontece en los últimos tiempos en relación con Irak, conviene decir, en primer lugar, que la guerra contra
Irak, copatrocinada y apoyada por el Gobierno español, no sólo fue ilegal, innecesaria, inmoral e injusta y no sólo fue una guerra colonial, sino que provocó miles de víctimas y destrucción gratuitas, simplemente por intereses económicos y
geoestratégicos y, en segundo lugar, que la actual ocupación militar de Irak, así como el establecimiento por los vencedores de una administración con vocación de dirigir política y económicamente este país, son simplemente inaceptables. Es una
ocupación ilegal y, en nuestra opinión, groseramente colonial. El establecimiento de un gobierno títere, al gusto de los ocupantes, no va a poder ocultar esta realidad. En tercer lugar, en nuestra opinión es también inaceptable, desde cualquier
punto de vista, la persistencia del Gobierno español en seguir apoyando incondicionalmente la política imperialista del Gobierno norteamericano y, por tanto, su disposición a coparticipar con funcionarios y tropas en la ocupación de un Estado
soberano, aunque en todo este proceso lo haga con un papel, una vez más, absolutamente secundario, como secundaria será también su participación en el reparto del botín de guerra, en el que, eso sí, el Gobierno anima a las empresas a participar.
Si para apoyar la guerra el Gobierno no tuvo nuestro apoyo, sepan que tampoco lo tiene para participar en la ocupación. Por eso el Bloque Nacionalista Galego sigue defendiendo que el Gobierno exija la retirada inmediata de Irak de las
tropas de ocupación; que rechace la formación de una administración civil interina presidida y controlada por los ocupantes; que revise su participación con tropas en Irak, salvo que estén bajo mandato de la ONU; que rechace cualquier resolución
de la ONU dirigida a legalizar el ataque militar ejecutado por Estados Unidos y Gran Bretaña contra Irak; que defienda el papel dirigente de la ONU y los propios iraquíes en el proceso de reconstrucción de Irak, desde la formación de un gobierno
provisional representativo a la fijación del calendario electoral, el mantenimiento provisional de la paz, la atención a las necesidades urgentes de la población, etcétera; que defienda la capacidad de decisión real del nuevo gobierno iraquí en
todos los planos y singularmente su capacidad de decisión sobre la economía de Irak, y que defienda, por supuesto, el derecho a la autodeterminación del pueblo kurdo.
Todo esto es lo que seguimos defendiendo y, en todo caso, vamos a votar esta propuesta conjunta de todos los grupos de la oposición, que, repito, también hemos firmado porque contiene algunos de los elementos que consideramos imprescindibles
para fijar la posición política del Gobierno en la actual situación de Irak.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, y como consecuencia de nuestro apoyo a la transacción que se ha producido a partir de la proposición no de ley firmada inicialmente por Convergència i Unió y el Grupo Vasco, retiramos las enmiendas que habíamos presentado a
esta proposición no de ley.
Por otra parte, queremos mantener nuestras enmiendas a la proposición no de ley del Grupo Popular porque entendemos que hoy, en esta sesión y con el texto que el Grupo Popular presentó en el registro, estamos asistiendo a una forma muy
elegante de reescribir la historia, pero la historia es la que se ha manifestado permanentemente en los debates que hemos tenido en esta sesión. Se ha intentado reescribir cuando el Grupo Popular intenta dar un barniz de legalidad a todo lo que ha
acaecido en este conflicto de Irak y a la actuación unilateral, ilegal e inmoral de Estados Unidos, con el apoyo del Gobierno español. Por estas razones Esquerra Republicana de Catalunya ha presentado diferentes enmiendas a la proposición no de ley
del Grupo Popular. Hay un primer grupo de cinco enmiendas a la exposición de motivos que van en la línea de mantener lo que ha sido la realidad del debate y la realidad a la que hemos asistido todos, aunque algunos medios de comunicación, tanto
públicos como privados, han intentado escondernos esta realidad. Como decíamos, esta ha sido una guerra ilegal, una guerra en la que no sólo Naciones Unidas ha quedado al margen sino en la que también se ha sembrado la sensación de que ha dejado de
existir como tal y su función ha quedado seriamente tocada; una guerra que ha producido multitud de víctimas inocentes y la destrucción de un país que ya tenía de por sí muchos problemas a partir del bloqueo económico que se decretó en su momento y
a partir de la cual se instala un gobierno colonial que va a regir el control del producto petrolífero de este país. Tenemos la prueba en los medios de comunicación, en los que hoy aparece ya que la administración colonial instalada por el Gobierno
norteamericano y sus aliados soslayan la posibilidad de que sea la futura administración iraquí la que controle la producción de crudo y su comercialización. La propuesta de la administración norteamericana es la privatización, la gestión y
la comercialización de los recursos de Irak en este sentido. También queremos manifestar que nuestras enmiendas a la exposición de motivos se refieren al apoyo que el Gobierno español ha dado al uso de la violencia para fines políticos y a la
actitud de terror para esos mismos fines, lo que creemos que merecía la condena que en su momento el Grupo Popular se negó a expresar. En ese sentido, el Grupo Popular se ha negado también permanentemente a la condena del asesinato de José Couso,
entre otros periodistas.
También hemos presentado enmiendas al articulado, siete concretamente, que hacen referencia a que tiene que haber mayor implicación, que se puede cuantificar, en relación con el esfuerzo en ayuda humanitaria y en la reconstrucción de todas
las infraestructuras demolidas en la guerra de Irak por los ejércitos de Estados Unidos y Gran Bretaña. A nuestro entender, la cuantificación pasa por ser mayor, sin estar ligada a cooperación, de lo que ha sido el gasto militar en las mal llamadas
operaciones de apoyo, que no son más que operaciones de apoyo a la guerra. En este sentido también pedimos que haya una resolución rápida de la situación de los refugiados originarios del Estado iraquí, kurdos e iraquíes, que desde 1991 han
permanecido en el Estado español en una situación de irregularidad y que se permita su regreso en condiciones.
Finalmente queremos manifestar una vez más que el Gobierno español ha dado apoyo al uso ilegal de la violencia y del terror, buscando la finalidad política.
Gracias, señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Señorías, sometemos a votación en primer lugar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre ayuda humanitaria al pueblo de Irak, que se somete a votación en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 272; a favor, 147; en contra, 125.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Sometemos a continuación a votación el texto de la enmienda transaccional firmada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el Grupo Parlamentario Mixto, el Grupo Parlamentario Catalán de
Convergència i Unió, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, en sustitución de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió y
la del Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y el Grupo Parlamentario Mixto, sobre situación de emergencia humanitaria
en la reconstrucción de Irak, que aparecían inicialmente en el orden del día y que han sido retiradas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 271; a favor, 126; en contra, 145.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE REDUCCIÓN DE LA EDAD DE JUBILACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. (Número de expediente 162/000736.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre reducción de la edad de jubilación para personas con discapacidad. Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra la señora Rumí.
(Rumores.)
Señorías, una vez más les ruego que abandonen el hemiciclo aquellos que lo vayan a hacer de la manera más diligente posible y en silencio y que el resto de SS.SS. ocupen los escaños también en silencio. (Pausa.)
Adelante, señora Rumí.
La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista trae hoy para su debate en el Pleno de la Cámara una propuesta de indudable alcance para un sector, como es el de la discapacidad, que integra a más de tres millones y medio de personas y a sus
familias. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.) Presentamos esta proposición no de ley cuando aún no se ha traspasado el meridiano del año europeo e internacional de las personas con discapacidad, una
oportunidad, como hemos venido demandando, para proporcionar un avance sin precedentes en la realización de los derechos efectivos de las personas con discapacidad, antes que una ocasión propicia para las medidas clientelares y la indeseable
apropiación de las conmemoraciones, tal y como viene haciendo desde el Gobierno el titular del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Los socialistas, sin embargo, queremos aprovechar el año de la discapacidad para trabajar por los derechos y por la integración de las personas con discapacidad, y desde esta voluntad impulsamos esta iniciativa para que el Gobierno, mediante
la preceptiva regulación reglamentaria, proceda a rebajar la edad de jubilación de los discapacitados sin menoscabo de la cuantía de la pensión
a percibir. La justicia de la medida es tan abrumadora, que prácticamente la descarga de toda necesidad de justificación. Las personas con discapacidad sufren dificultades en el desarrollo de su vida laboral, lo que a su vez plantea una
dificultad objetiva de permanencia en el trabajo hasta los 65 años y su consiguiente acceso a la jubilación. De hecho, un número importante de trabajadores con un grado elevado de discapacidad se ven obligados a solicitar la incapacidad permanente
ante los imponderables para prolongar su edad laboral.
Nos hallamos, señorías, por tanto, ante una propuesta que debiera contar con un consenso unánime de la Cámara, pues no sería de recibo que nadie, amparándose en razones ficticias y tan sólo esgrimidas para salir del paso, privase al
Parlamento de un pronunciamiento categórico acerca de esta medida que vienen reclamando las organizaciones representativas y que llevará más confianza y más seguridad a muchos discapacitados y a sus familias. Señorías, nada hay que pueda justificar
un rechazo para extender al colectivo de la discapacidad una reducción que ya se ha establecido para otros sectores que, por conocidos, no voy a pormenorizar aquí, pero permítanme que diga que esta iniciativa viene a desarrollar la previsión
contenida en la Ley General de la Seguridad Social, y propone a los grupos instar al Ejecutivo a que la edad de jubilación se reduzca en un tiempo equivalente a la resultante de aplicar al tiempo trabajado un coeficiente del 0,50, es decir, el
máximo de los coeficientes correctores aplicados en la actualidad a los sectores beneficiados por una reducción.
No alcanzo a advertir las razones por las que las personas con discapacidad debieran verse sometidas a una nueva discriminación al
fijarse un coeficiente corrector menor al que se está proponiendo en esta iniciativa. Desde luego debo anticiparles que el Grupo Socialista no va a aceptar semejante arbitrariedad, cuya adopción se nos antojaría un agravio más hacia la
discapacidad. Además, en esta iniciativa proponemos al Parlamento un acuerdo de mayor alcance. Queremos, y lo hacemos explícito en el tercer punto de la iniciativa, que el Gobierno estudie la modificación de la Ley General de la Seguridad Social
para extender el acceso a los coeficientes reductores a las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
Hoy traemos al Congreso de los Diputados la posibilidad de sellar un amplio acuerdo en torno a una medida que, además de ser de justicia, tendría como beneficiarios a muchas personas, a muchas familias que a diario se ven sometidas a
barreras muchas veces insuperables, a trabas adicionales para el desarrollo de una vida laboral en iguales condiciones que el resto de los ciudadanos. Sin embargo, tengo que decir que, una vez más, nuestra propuesta ha sido acogida con la
descalificación y el exabrupto por parte de representantes del Partido Popular y, lamentablemente, es más que probable que hoy volvamos a escucharlos en su turno. En realidad, no es nada nuevo porque a cada iniciativa socialista en relación con la
discapacidad -y ya van algunas en estos meses- le ha seguido una catarata de invectivas por parte de representantes del Partido Popular y hasta del mismo Gobierno. Permítanme que les traslade a los miembros del Grupo Popular que tienen un problema.
Tienen un problema porque, por una parte, nos reprochan a los socialistas que carecemos de propuestas y, por otra parte, cuando las presentamos nos descalifican. Su problema es que les molesta la oposición, más bien que no quieren oposición y,
desde luego, eso sólo se arregla pasando a la oposición, así no habrá quien les haga oposición y estará resuelto su problema. Porque la descalificación fue la respuesta a nuestra iniciativa para devolver a las organizaciones sociales la
representación en el Real Patronato de la Discapacidad, cuya exclusión ustedes hicieron posible. Dicha exclusión todavía no ha sido rectificada y mucho menos explicada. Por tanto, ahí hay una solución fácil: hagan un decreto y devuélvanles la
representatividad a las organizaciones. La descalificación fue también el hilo conductor de la bochornosa intervención del representante del Grupo Popular cuando el Grupo Socialista trajo a la Cámara una propuesta para elevar del 3 al 5 por ciento
la reserva del cupo de empleo público para personas con discapacidad y, no pudiendo hallar razones de contenido para oponerse, lo único que hicieron fue arremeter contra los que la presentábamos. Ahora, cómo no, han vuelto a repetirse esas
descalificaciones, pero con ellas no se elude la responsabilidad de ofrecer una respuesta a una demanda tan legítima y reivindicada por las organizaciones del sector. Si, tal y como se nos ha dicho, el Gobierno ya viene trabajando en esta medida,
¿qué inconveniente tiene en que aquí, en el Parlamento, se plasme un consenso que fije los criterios para proceder a reducir la edad de jubilación? ¿O es que lo que no desean, señorías del Grupo Popular, es comprometerse con el coeficiente
corrector del 0,50? ¿O es que si finalmente se aprueba un real decreto, como el que nos anticipan, lo que no quieren es establecer un coeficiente menor al que les trae aquí el Grupo Socialista? ¿O lo que no quieren, señorías del Grupo Popular, es
que se proceda a las reformas necesarias para que se pueda acceder a los correspondientes coeficientes correctores para aquellos ciudadanos con una discapacidad igual o superior al 33 por ciento? Esto es lo que parece, por la enmienda que han
presentado, donde no hay más que vaguedades, donde se habla de en un plazo lo más breve posible, de que se desarrolle reglamentariamente y de que se hable de algún coeficiente, pero no se comprometen con ninguno. Así es como se entiende por el
Grupo Socialista y por eso se entiende también que les irrite tanto que el primer partido de la oposición ponga por escrito una propuesta tan razonable y que invite a todos los grupos de la Cámara a sumarse a ella. Definitivamente, ni en la calle
o, como ustedes dicen, ni en la pancarta ni en el Parlamento, el Grupo Popular digiere que la oposición tenga voz propia, la quieren callada.
Señorías, el año europeo, tal y como les he dicho al comienzo de mi intervención, tiene que ser aprovechado
para quebrar una intolerable realidad de discriminación a la que se ven sometidos millones de personas con discapacidad en España. En la última semana hubo dos encuestas que nos mostraron, sin lugar a dudas, que la mayoría de la sociedad
española estima que no existe el apoyo necesario para garantizar la igualdad de los ciudadanos con alguna discapacidad, que los servicios públicos son manifiestamente insuficientes, que se precisan políticas activas para lograr que los
discapacitados accedan al empleo, para asegurar su plena accesibilidad física y comunicativa. Por esto, señorías, contamos con la sensibilidad y la complicidad de toda la sociedad española para luchar contra cualquier forma de desigualdad. El
Partido Socialista sí va a estar a la altura de la demanda de la ciudadanía. Seguiremos trayendo al Parlamento iniciativas para asegurar el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad, porque para nosotros la única discriminación posible
es la positiva.
Señorías, les invitamos a que se unan a esta iniciativa, para que se haga posible una demanda tan justa como reivindicada, tan justa como necesaria. Ojalá que el Grupo Popular rectifique, se comprometa con coeficientes reductores como los
que viene proponiendo esta iniciativa, el 0,50, para personas que tienen una discapacidad igual o superior al 65 por ciento y que se comprometa, junto con toda esta Cámara, a instar al Gobierno a que estudie coeficientes para aquellas personas que
tienen una discapacidad de un 33 por ciento o más.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Rumí.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Belda.
El señor BELDA PÉREZ-PEDRERO: Señora presidenta, señorías, evidentemente no estamos tan lejos unos grupos de otros como se pretende desde el grupo parlamentario proponente, es más que nada una película pretender hacer ver a la Cámara que
hay separaciones y descalificaciones. Todos entendemos que es necesario para el colectivo de la discapacidad la aplicación de determinados índices de reducción a la hora de las jubilaciones. Simplemente lo que les vamos a decir, señores del Grupo
Parlamentario Socialista, es que sus propuestas, que siempre nos agradan -es verdad que no son muy numerosas, precisamente por eso nos agradan-, son perfectamente mejorables. Vamos a compartir la misma finalidad pero los métodos son otros, y son
los que se están trabajando desde el Gobierno, en concreto desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
No obstante, les agradecemos que traigan esta iniciativa porque, como usted bien dice, el Año europeo de la discapacidad lo que está
suponiendo es que en ocasiones salgamos del círculo de la subcomisión para que toda la Cámara recupere la actualidad necesaria en este tema.
Ustedes pretenden el desarrollo del artículo 161.2 de la Ley General de la Seguridad Social exactamente igual que nosotros respecto de la reducción de la edad ordinaria de acceso a la jubilación por parte de los trabajadores discapacitados
en ese grado de minusvalía igual o superior al 65 por ciento, de todos, de los de por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia, así como también esa medida de ampliar la posibilidad de rebaja de la edad de jubilación entre los 33 y los 65
años. Lo primero que hay que hacer notar es que la disposición adicional primera de la Ley 35/2002, de 12 de julio -nótese la fecha, nótese lo reciente de su aprobación-, procedió a modificar el apartado segundo de ese artículo 161 de la ley
general a través de la inclusión del párrafo mediante el cual ya se prevé que la edad de 65 años, la mínima ordinaria, puede ser reducida en el caso de personas minusválidas en un grado de minusvalía igual o superior al 65 por ciento. ¿Dónde tiene
su base esta modificación legal? En el mayor esfuerzo, en la penosidad que ocasiona a un trabajador discapacitado -estamos totalmente de acuerdo- la realización de una actividad, y de esa manera existe una causa para posibilitar la reducción de la
edad en el acceso a la jubilación. Lo que es cierto, como usted bien ha anticipado a la Cámara y se lo agradecemos, es que se está trabajando ya en un real-decreto en cumplimiento de esas previsiones del artículo 161.2.2, con las siguientes
premisas, pautas o puntos de vista: los beneficiarios de la reducción serán -de acuerdo con ese artículo- esos trabajadores con un grado de minusvalía igual o superior al 65 por ciento, y los trabajadores por cuenta ajena. Y de las dos fórmulas de
ayuda, la que hemos entendido más pertinente desde el Grupo Parlamentario Popular y desde el Gobierno es, más que la reducción de la edad, la reducción en orden a los coeficientes. Lo que sucede, y creo que aquí es donde está la discrepancia -que
es bastante más ligera de lo que usted parece entender-, es que su iniciativa lo que establece son los coeficientes fijos para los beneficiarios de la medida con independencia del grado de discapacidad una vez que acrediten ese grado del 65 por
ciento. Nosotros, por el contrario, entendemos que eso no es ni adecuado ni equitativo, puesto que no se puede poner en relación la aplicación de unos determinados coeficientes con el grado de discapacidad, dándose un tratamiento homogéneo a
situaciones en las que con seguridad hablamos de penosidad distinta en el desarrollo del trabajo. Por tanto esa equivalencia genérica no existe, y el proyecto de real-decreto, precisamente por tener en cuenta ese plus de esfuerzo y penosidad
individualizado, pretende aumentar el coeficiente según el grado de discapacidad acreditada y la penosidad del trabajo, por tanto, una graduación de coeficientes de acuerdo a las circunstancias del trabajador, que estaremos todos de acuerdo en que
es lo más justo.
En relación con la segunda de las grandes cuestiones que plantean, ese incremento al grupo de discapacidad entre el 33 y el 65 por ciento, sería para llevarlo a un debate algo más amplio y evidentemente también habría
que tener en cuenta cuestiones de injusticia, de posible desincentivación a determinados sectores. No es simplemente lanzar una propuesta en la que se intente aumentar el mayor número de beneficiarios cuando no se sabe todavía si son
beneficiarios o no lo son. Por tanto con la formulación de esta enmienda transaccional hemos querido adherirnos a parte del discurso que usted ha hecho en cuanto a la necesidad de rebajar ese cupo y seguir animando, evidentemente, a que se produzca
ese trabajo y siga el Gobierno trabajando en esa línea. No se rechaza otra cosa que un mejorable planteamiento por su parte; por lo demás estamos en la misma idea y por eso mantenemos nuestra enmienda transaccional.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Belda.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señora presidenta.
Señorías, el propio ordenamiento de la Seguridad Social siempre ha previsto fórmulas en la determinación de la edad mínima de acceso a la jubilación que tienen en cuenta las especiales condiciones en que determinados colectivos realizan su
actividad. Por ello, el artículo 161 de la Ley General de la Seguridad Social de 1994 faculta al Gobierno para reducir la edad ordinaria de jubilación cuando concurriesen en la actividad elementos de peligrosidad, penosidad, toxicidad o
insalubridad.
En aplicación de esta facultad, a determinados colectivos profesionales se les ha reducido la edad de jubilación a través de la aplicación de diferentes coeficientes reductores. En esta situación se encuentran las personas que
efectúan trabajos en la minería, en el sector marítimo pesquero y en el ámbito ferroviario o aéreo. De igual modo, para otros sectores, entre los que se encuentran determinadas categorías profesionales de artistas así como los profesionales
taurinos, las disposiciones de la Seguridad Social prevén unas edades inferiores a la ordinaria de jubilación de 65 años. No obstante, a pesar de estos precedentes, los trabajadores minusválidos han de acceder a la jubilación al cumplimiento de la
edad ordinaria, a pesar de que en el desarrollo de su actividad siempre esté presente uno de los elementos que justifican la propia reducción de la edad de jubilación, como es la penosidad.
No precisa de una justificación compleja el hecho de que una persona minusválida siempre encuentra un plus de penosidad al realizar cualquier trabajo en relación con otra que no sea minusválida, circunstancia cuya intensidad guardará
relación directa con el grado de minusvalía padecido así como con las características del propio trabajo. Además, debe valorarse otra circunstancia añadida al grado de penosidad en la realización del puesto de trabajo que se plantea en el caso de
los discapacitados, como es la menor esperanza de vida de los mismos ya que, como es conocido, una persona discapacitada tiene una esperanza de vida menor que otra no minusválida. Todo ello produce que existan dificultades en alcanzar la edad
ordinaria de jubilación, o que cuando ésta se alcanza pueda percibirse durante un tiempo adecuado la pensión generada por las correspondientes cotizaciones. Igualmente, debe tomarse en consideración el hecho de que una medida de este tipo, sin
duda, favorece la incorporación al trabajo de las personas con discapacidad en la línea de las políticas activas de empleo implantadas al objeto de favorecer la plena integración social y laboral de las mismas. En este contexto fue muy positivo que
en la tramitación del proyecto de la ley de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible se tuviese en cuenta la situación descrita y se abordase por primera vez la problemática de la edad en que los trabajadores
minusválidos pueden acceder a la pensión contributiva de la Seguridad Social por jubilación.
De acuerdo con las previsiones legales, el Gobierno está autorizado a reducir la edad de los 65 años en el caso a que nos estamos refiriendo.
Nuestra discrepancia con la proposición no de ley es que creemos que el coeficiente reductor debería ser, como se ha propuesto desde algunos ámbitos, del 60 por ciento. No cabe duda que la situación de un minusválido, con un grado superior
al 65 por ciento, presenta una dureza y un desgaste muy superior al de todas las actividades contempladas hasta ahora por la normativa vigente, lo que hace que, de hecho, sean muy pocas las personas con este grado de minusvalía que en primer término
pueden acceder a una actividad remunerada y que en segundo lugar pueden alcanzar, desarrollándola, una edad superior a los 45 ó 50 años. De ahí que resulte razonable y adecuado el coeficiente reductor del 0,60 por ciento que planteábamos
anteriormente ya que ello supondría, por poner un ejemplo, que una persona minusválida en un 65 por ciento o más que comenzara a trabajar a los 25 años -edad probablemente temprana para alguien con este grado de afección- y desarrollara la actividad
durante otros 25 años, de ser esto factible, pudiera jubilarse con plenitud de derechos a la edad de 50 años, siempre que sus condiciones físicas o psíquicas le permitieran mantenerse en activo. Pero es que además, probablemente, ello no supondría
en la práctica un mayor gasto para la Seguridad Social, por varias razones. En primer lugar, porque el número de posibles beneficiarios, dadas las rigurosas condiciones de acceso, será sin duda muy limitado. En segundo lugar, porque está
demostrado, como decía anteriormente, que la esperanza de vida de las personas afectadas por una minusvalía en grado tan elevado es muy inferior a la normal y consiguientemente la pensión que se percibiría sería por un tiempo menor. En tercer
lugar, porque como ya ocurre actualmente a esa edad y en esas condiciones, el trabajador minusválido se ve obligado a recurrir, para lograr su retiro y estabilidad económica, a la
vía de solicitar la incapacidad permanente que en la mayoría de los casos alcanzará el grado de gran invalidez, con lo que el gasto generado sería superior al que pudiera corresponder por la vía más lógica y natural de la jubilación.
Es por estas razones que acabo de expresar aquí por lo que el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a apoyar hoy esta proposición no de ley que se plantea desde el Grupo Socialista.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Ruiz.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
Subo a la tribuna desde la convicción y la coincidencia con lo que ha afirmado el portavoz del Grupo Popular, el señor Belda, de que seguramente las posiciones de fondo de los grupos de la Cámara son coincidentes. Hemos de recordar que si
hoy es posible que el Grupo Socialista plantee esta proposición no de ley que insta al desarrollo reglamentario de la previsión de una ley es porque a lo largo de la tramitación parlamentaria de aquella ley Convergència i Unió insistió en abrir la
posibilidad de la jubilación anticipada de los trabajadores con discapacidad. Planteamos este debate en la ponencia, en la Comisión y en el Pleno; lo perdimos. Contamos con el apoyo del conjunto de los grupos de la oposición y el rechazo del
Grupo Popular, pero finalmente conseguimos que el Senado aceptase la idea de que los trabajadores con discapacidad deben tener derecho a una jubilación anticipada. En el trámite parlamentario, en aras de alcanzar ese acuerdo, conseguimos nuestro
objetivo, pero vimos reducida también nuestra expectativa; aspirábamos a que ese derecho también alcanzase a los trabajadores con discapacidad, con una minusvalía superior al 33 por ciento. El Gobierno propuso y aceptamos en el trámite del Senado
ese límite del 65 por ciento, sabiendo que eso limitaba también de manera muy considerable el número de personas que se pudiesen beneficiar de la misma. Hoy el Grupo Socialista nos plantea que el Gobierno desarrolle aquello que marcó esa ley y que
aún está pendiente de desarrollo y ahí sí coincide mi grupo con la propuesta del Grupo Socialista. El Gobierno debe desarrollar aquella previsión que contempla la ley para dar efectivo cumplimiento a la misma, para que haya un marco regulador de
esa expectativa, de esa vía que se abrió por fin en el ordenamiento legal español de reconocimiento de que los trabajadores con discapacidad, por su propia condición de personas con discapacidad, difícilmente pueden llegar de manera activa en el
mercado de trabajo a los 65 años. Por tanto, coincido con el señor Belda -la discrepancia es menos de fondo-, coincido con la señora Rumí en la necesidad de que la Cámara se pronuncie para que el Gobierno pueda desarrollar ese mandato legal.
Por otra parte, la iniciativa del Grupo Socialista nos plantea una propuesta concreta de cuál debe ser el coeficiente de reducción y nos plantea un 0,50 por ciento. Este concepto nos puede parecer bien de entrada. Nos preocupan las
informaciones que nos llegan de que en el real decreto que está elaborando el Gobierno ese coeficiente de reducción gira alrededor del 0,20 por ciento. Eso nos parecería de una tacañería excesiva por parte de la Seguridad Social. No sé si la
reflexión que efectuaba el señor Ruiz del 0,60 es adecuada o no. Mi grupo, si fuese el caso, entiende que sería bueno quizá buscar elementos que permitiesen valorar en función de la discapacidad de la que estemos hablando. Yo creo que una cierta
flexibilidad sería buena para evitar situaciones injustas en cualquiera de los sentidos. Ahora bien, si es cierto que el Gobierno pretende situar el coeficiente reductor en un 0,20 se equivoca y va a encontrar el rechazo de Convergència i Unió.
Hemos de aplicar un coeficiente reductor justo para las necesidades de los trabajadores con discapacidad, si de verdad queremos dar respuesta al problema de fondo.
El Grupo Parlamentario Socialista nos plantea el estudio -subrayo la idea de estudio- de volver a la posición aquella que mantuvimos nosotros en el debate parlamentario de la ley de jubilación gradual y flexible. Nos parece que es necesario
realizar ese estudio, porque algunos informes dicen que nuestro sistema de jubilación anticipada para los trabajadores con discapacidad puede alcanzar alrededor de unas 3.000 personas. Es importante para estas 3.000 personas, pero seguramente nos
aleja de las necesidades del sector. Sería bueno que la Cámara coincidiese en entender que este no es un tema menor, que este es un tema de los esenciales en el funcionamiento de nuestras políticas de apoyo a las personas con discapacidad y su
incorporación al mercado de trabajo. Hace poquísimas semanas con una colega de mi grupo parlamentario, el señor Companys, estuvimos en Lleida visitando SEPROS, una iniciativa social con unas cuantas decenas de años, trabajando con personas con
discapacidad y nos decían que esa medida de jubilación gradual y flexible era de las más importantes que esperaban sus trabajadores, aquellas personas ya mayores que continuaban vinculadas a ese centro especial de empleo y que se veían abocadas a
abandonar su trabajo por la propia evolución y por el propio desgaste de su enfermedad. Por tanto, es importante también que la Cámara sepa esto.
Finalmente, quiero hacer dos consideraciones más. En primer lugar, quiero presentar una enmienda in voce al Grupo Parlamentario Socialista en el sentido de entender que sería bueno que dicha regulación además fuese resultado de un amplio
diálogo con las organizaciones representativas de las personas discapacitadas. A nosotros nos preocupan algunas informaciones que nos llegan referidas a dificultades objetivas, de diálogo del CERMI con la Secretaría de Estado de Trabajo y Seguridad
Social. Le pido al Grupo Parlamentario Popular que facilite el diálogo del CERMI con la Secretaría de Estado de Trabajo y Seguridad Social. No sería de sentido común que el Gobierno terminase aprobando este real decreto, porque lo va a
aprobar, tardará más o menos, pero lo va a aprobar, sin que eso sea también el resultado del diálogo con el tercer sector representativo del mundo de la discapacidad. En este sentido, trasladaré a la Mesa la enmienda in voce que ofrecemos al Grupo
Socialista. En segundo lugar, en este Año europeo de la discapacidad, que es el año en que el Congreso está revisando el Pacto de Toledo, un Pacto de Toledo que en nuestra opinión debe incorporar específicamente la cuestión de la discapacidad,
hemos de ser capaces de incorporar el consenso que comparte el conjunto de la Cámara, que nuestras políticas de pensiones deben reconocer que el mundo de la discapacidad tiene unas características propias que exigen adaptación de nuestras políticas
de pensiones a su situación específica. Desde la coincidencia en la sensibilidad personal y política del Grupo Popular, hemos de decir que ese trámite que nos costó en el Congreso y tuvimos que ganarlo en el Senado no debe ser la norma.
Cuando el
Gobierno envíe a la Cámara proyectos de ley relacionados con pensiones, la singularidad del mundo de la discapacidad debe estar perfectamente incorporado. Es nuestra obligación y, en el marco del Pacto de Toledo, Convergència i Unió apostará por
esa línea.
Quiero insistir en la coincidencia de fondo con lo que nos plantea el Grupo Socialista, el ofrecimiento de esa enmienda y anunciar nuestro voto favorable.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Campuzano.
Señor Campuzano, antes de cerrar su turno de palabra, le pregunto respecto de qué enmienda efectúa la transaccional.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Es una enmienda in voce.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Campuzano, el problema es que el plazo para las enmiendas finalizó y la enmienda in voce no puede ser admitida en este momento, porque ha finalizado el plazo. Sería solamente la
enmienda transaccional la que podría llevarse a cabo en este momento.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Usted modera el debate, pero reitero que en anteriores ocasiones se han aprobado bastantes enmiendas in voce.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Según me informan los servicios de la Cámara no es así. De cualquier manera, le daré la palabra a su portavoz.
Señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, atendiendo a los precedentes existentes en esta misma Cámara y en el Pleno sobre la tramitación de enmiendas transaccionales, bajo la percha de algunas de las enmiendas presentadas, si tuviera la
conformidad del grupo proponente, se podría someter a votación siempre que antes fuera repartida a todos los grupos parlamentarios para su conocimiento.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Jané, precisamente por eso la presidencia ha preguntado sobre qué percha de enmienda quería colgar la transaccional. Solamente existe una enmienda, la del Grupo Parlamentario
Popular, que no quiere ser utilizada como transacción para adición de la proposición del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, en otras ocasiones se ha repartido un texto transaccional, aceptando el grupo proponente que se distribuya a todos los grupos parlamentarios, a pesar de que no tenga una enmienda originaria. Como
fruto del debate, el Grupo Socialista propone una transacción. Si los servicios de la Cámara lo tienen a bien, hay precedentes en este mismo período de sesiones.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Jané, ¿habla usted de una transaccional que presentaría el Grupo Parlamentario Socialista?
Señora Rumí.
La señora RUMÍ IBÁÑEZ: En primer lugar, quiero que conste en el 'Diario de Sesiones' que el Grupo Popular no ha hecho ninguna propuesta de transacción, sino que lo que existe es una propuesta de modificación de una enmienda de sustitución.
El texto que presenta el Grupo Socialista no es una transaccional ni ha habido intento alguno de aproximación del Grupo Popular para tratar de llegar a un acuerdo. Quiero que quede claro y que conste que no ha habido ninguna propuesta de
transacción. En segundo lugar, el Grupo Socialista no tiene ningún inconveniente en presentar ahora un texto al que se incorporaría lo que in voce ha propuesto el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (La señora presidenta ocupa la
presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Rumí.
Al objeto del procedimiento, no caben enmiendas in voce, sino una enmienda transaccional si hubiera otra que se retirara y sirviera de percha para el nuevo texto. Sin embargo, en este procedimiento, como ustedes saben, no hay ninguna
enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) que permita servir de percha para lo que usted denomina enmienda in voce. No hay más que una enmienda a su proposición no de ley, que es la del Grupo Parlamentario Popular, que no
retira, que no puede servir, insisto, para lo que en el
argot parlamentario denominamos percha. De acuerdo con el Reglamento, no cabe la incorporación de ninguna enmienda in voce, ya que que no hay enmienda de la que colgar esa adición.
Señorías, ruego que ocupen los escaños.
Sometemos a votación, en sus propios términos, la proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre reducción de la edad de jubilación para personas con discapacidad.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 255; a favor, 110; en contra, 145.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA RECUPERACIÓN DE LOS EJES DIRECTORES DE LA POLÍTICA EXTERIOR ESPAÑOLA. (Número de expediente 173/000200.)
La señora PRESIDENTA: Punto IV del orden del día: mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Comunico a SS.SS. que la votación de las tres mociones que figuran en el orden del día se producirá al finalizar el debate de la tercera
moción. (Aplausos.)
Señorías, ruego a aquellos que vayan a abandonar el hemiciclo lo hagan de manera diligente. (Pausa.)
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la recuperación de los ejes directores de la política exterior española. Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señora presidenta.
Cuando hay que recuperar algo significa que antes se ha perdido.
(Rumores.) Los principios en que se venía asentando la política exterior española han sufrido un tremendo golpe en los últimos meses. Esos principios respondían, primero, a
los intereses estratégicos de España y, segundo, estaban presididos por un elemento esencial que el Partido Popular parece desconocer: el consenso. Por eso queremos volver a él.
Para ello este Gobierno, el Gobierno del Partido Popular, debe dejar
de apostar por aventuras expedicionarias en compañía de la potencia hegemónica y consolidar una estrategia de acción exterior que, por otra parte, no precisa de ideas especialmente innovadoras. En política exterior suele ser aventurado romper con
las bases tradicionales de actuación de un país. Que una nación sea predecible en su comportamiento en el exterior suele ser un signo de confianza, no de debilidad. Por ello a nadie le ha resultado extraño el comportamiento del Reino Unido en
relación con la crisis de Irak. Era lógico. Pero, señoras y señores diputados, para España sí ha sido absolutamente asombroso el comportamiento de nuestro Gobierno. En Azores -aquello sí que fue una auténtica coalición para la guerra- quien
sobraba era el señor Aznar.
Seguramente no sobraban ni el Gobierno de Estados Unidos ni el de Inglaterra, pero sí el señor Aznar, porque la participación de España en una guerra ilegal no venía determinada por los intereses de nuestro país, sino
que quizá venía determinada -el otro día se le escapó a la ministra de Asuntos Exteriores- por aquello de que por primera vez -eso fue lo que dijo- desde el imperio la voz de los españoles era escuchada con atención en el mundo. Eso dijo la señora
ministra de Asuntos Exteriores. Les voy a decir algo, señorías del Grupo Popular: la voz del Gobierno de España no se ha escuchado con atención, se ha escuchado con irritación y con severa preocupación en la mayor parte del mundo. La voz que sí
se ha escuchado con atención ha sido la del pueblo español oponiéndose a esta guerra ilegal e injusta. (Aplausos.)
Señoras y señores del Grupo Popular, los españoles no quieren una vuelta a la ley del imperio -se lo dije el otro día-, pero sí quieren una vuelta al imperio de la ley en materia de relaciones exteriores, y la vuelta al imperio es la
participación en una coalición dirigida y fundamentalmente sostenida por la potencia hegemónica, según la señora ministra de Asuntos Exteriores. Los españoles tenemos otra visión del papel de España en el mundo. En primer lugar, consideramos -lo
dicen todos los sondeos de opinión- que en las relaciones entre Estados es prioritaria la búsqueda de la paz y la primacía del derecho sobre la fuerza. Por eso en España se manifestaron tantos millones de españoles en contra de la guerra. Por eso
no puede entenderse que España pretenda convertirse en potencia ocupante en Irak. ¿En base a qué título? ¿En base a qué autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas vamos a participar como una potencia ocupante? Eso sí, parece que
pedimos zonas tranquilas, pero les haré una pregunta más: ¿Si nos enfrentamos a problemas como los que ha tenido el Ejército norteamericano, es posible que las fuerzas españolas tengan que disparar en alguna ocasión contra la población civil? ¿Eso
puede ocurrir? ¿Van ustedes a inventar un nuevo concepto, el de represión humanitaria? No; España no puede participar en esa ocupación salvo mediante una autorización y un acuerdo expreso del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Para los
españoles, señorías, el papel de España en el mundo pasa por su integración en la Unión Europea y el impulso a los retos que Europa tiene que afrontar en la actualidad: la ampliación, por ejemplo, con las dificultades que conlleva; la
profundización de la Convención sobre el futuro de Europa, su foro institucionalizado de debate y propuesta, o el desarrollo de una política común de seguridad y defensa, que apoya la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles, aunque la ministra
de Exteriores considere que el auténtico pilar de la política exterior de Europa y de España es sólo el vínculo trasatlántico con los Estados Unidos. En el seno de Europa es donde se encuentra el cauce para desarrollar nuestra vocación
exterior y también el mejor medio para proyectar nuestros intereses estratégicos en Iberoamérica y en el área mediterránea. Fue en Europa donde se aprobó la Unión Económica y Monetaria, ha sido Europa quien ha creado el euro -no se piensen ustedes
que ha sido el señor Aznar, porque de tanta propaganda llegan a intoxicarse- y es en Europa donde está nuestro espacio natural para combatir con más eficacia el terrorismo. Las amenazas no vienen de Oriente Próximo, las amenazas terroristas en
España se combaten con mucha más firmeza y seguridad en el ámbito de la Unión Europea y desarrollando la cooperación en materia de justicia y asuntos de interior que se inició en Maastricht; ese es nuestro espacio natural.
Entre otros disparates, el otro día nos dijo la ministra en la interpelación que Aznar había conseguido tener unas relaciones excelentes con Marruecos después de quince meses sin representación diplomática, y también nos acusó de
antiamericanismo. No; los ciudadanos españoles saben que no estamos en contra del mantenimiento de un fuerte vínculo, tanto bilateral como en el seno de la Unión Europea, con los Estados Unidos, ni mucho menos. No estamos en contra de ello, pero
sí queremos que España siga teniendo un papel fundamental en la Unión Europea. Hemos sido uno de los más firmes impulsores de esa construcción. Se nos respetaba en la Unión Europea, incluso el papel de España era esencial para facilitar
compromisos. Últimamente, al presidente del Gobierno de España se le rechaza porque está declarando que hay países centrales de la Unión que ocupan espacios irrelevantes; es inadmisible. Por eso presentamos esta moción desde la coherencia y la
lealtad con los principios que han orientado la política exterior española desde la recuperación de la democracia, para desarrollarla sobre bases sólidas, arraigadas, conocidas y consensuadas. Ese es nuestro espacio y para ello hemos dialogado con
todos los grupos de la Cámara y presentamos una propuesta transaccional común, que salvo en uno de sus puntos, según se me ha comunicado por parte de Izquierda Unida, recoge el sentir de todos. Recuperemos los ejes de la política exterior española,
porque estratégicamente es lo que le conviene al pueblo español.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Caldera.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, señorías, hace algo más de dos años el presidente Aznar decía en esta Cámara que había que reconocer que Estados Unidos había ganado la guerra fría; que era la primera y la única potencia
mundial; que era el nuevo marco de las relaciones internacionales; que así había que aceptarlo y, en función de ello, adaptar nuestra política exterior. Cuando se pronunciaron estas palabras creímos que estaban poco meditadas y que se decían un
poco para salir del paso de aquella pregunta parlamentaria, pero la realidad ha desbordado esta afirmación y los hechos lo han venido a demostrar con mayor crudeza de lo que parecía indicar en aquel momento el presidente. La realidad es que no
solamente se ha aceptado que Estados Unidos sea la única potencia mundial, sino que hemos supeditado nuestra política exterior a lo que decida en la Casa Blanca, la Administración norteamericana. La hemos supeditado en temas tan importantes como la
participación en una guerra injusta, inhumana e ilegal y también parece ser que la vamos a supeditar en la posguerra. Se decía en esta Cámara que nuestro país no participaba militarmente en operaciones y ahora vamos a pasar directamente a ser país
ocupante y vamos a tener funciones de país invasor, de país que va a ocupar militarmente un territorio. Una vez más se viene a demostrar que España sí ha participado militarmente en la guerra y sí va a participar también militarmente en la
ocupación de Irak. Irak no se ha devuelto a los iraquíes, sino que está ocupado militarmente en estos momentos por la coalición de Estados Unidos y Gran Bretaña y posiblemente, dentro de poco también, con la participación de España. Existe una
ocupación militar con un ejército que dispara sobre manifestaciones. En estos momentos hay también una supeditación de los intereses de Irak a lo que se decida en otro sitio y no precisamente en Irak. Produce irritación cuando se habla -y ya lo
hemos referido en alguna ocasión- de que hay esa supeditación porque viene a significar que nuestra ministra de Asuntos Exteriores viene a ocupar una escala no muy superior, una escala media e inferior, en el organigrama del departamento de
Exteriores de Estados Unidos; viene a ser una especie de subsecretaria del propio secretario de Estado de los Estados Unido. Ese es el papel, esos son los hechos reales con los que estamos jugando. Hemos olvidado, hemos dejado de lado, nuestro
papel en Europa. Hemos jugado un triste papel en Iberoamérica. Todavía no se ha pedido disculpas por nuestro papel en relación con Méjico o con otros países de Latinoamérica. Nuestra política exterior en estos momentos carece de sentido si no se
enfoca desde los intereses de Estados Unidos.
Consideramos que hay que retomar la política exterior sobre unas bases claras. Ahí coincidimos en totalidad con el planteamiento del Partido Socialista, salvo en una postura que no podemos compartir. Nosotros votaríamos a favor de esta
iniciativa, si se pudiese votar punto por punto, votaríamos a favor de todos los puntos menos de uno. Al haber una enmienda esa votación no es posible, por lo que nuestro grupo se abstendrá, pero dejando claro que nuestra abstención es en lo
referente al mantenimiento de una fuerte relación trasantlántica
de cooperación con los Estados Unidos establecidas sobre bases coherentes.
Creemos que eso no se puede compartir, porque no es fruto del consenso de este país. El consenso de este país está enfocado al reconocimiento del papel de Naciones
Unidas, que avalamos y apoyamos, pero no así el vínculo trasatlántico que, al final, a lo que nos lleva es a las bases de Estados Unidos y a unas relaciones con Estados Unidos que Izquierda Unida no comparte. Repito que nuestra abstención será en
función de ese punto y consideramos muy importante el punto tercero que pide que se remita a la Cámara una comunicación para debatir de una vez por todas la política exterior de este Gobierno, en la que se pudiese centrar lo que este Gobierno
defiende en política exterior. Sería importante que hubiese ese debate porque viene siendo urgente un debate sobre política exterior que, de una vez por todas posicione dónde está el Gobierno, dónde está el Partido Popular y dónde el resto de la
Cámara. Izquierda Unida estima que el Gobierno sigue estando solo en esta Cámara en política exterior, y, lo que es peor, que está llevando a España y a su política exterior a una sinrazón que nos puede conducir a ser una potencia ocupante por
primera vez en muchos años de la historia de este país.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Centella.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ricomá.
El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: Gracias, señora presidenta.
Intervengo para defender, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, la enmienda de modificación presentada a la moción, consecuencia de interpelación, sobre la recuperación de los ejes directores de la política exterior española, cuya
autoría corresponde al Grupo Socialista.
Y lo hago señalando, en primer lugar, que son dos los principales objetivos perseguidos con el texto que proponemos a la consideración de los demás grupos de la Cámara.
El primero de ellos se sustenta en la necesidad de introducir el rigor y reconducir las reflexiones sobre la marcha de la acción exterior de España, tras el conflicto bélico de Irak, al terreno de lo objetivo, al campo de lo real. A la
vista del texto que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, sólo podemos interpretar que su visión de la política exterior y del papel que España está desarrollando en ella resulta tan abstracta como contradictoria, afirmación que fundamentamos
en el hecho de que el Grupo Socialista pretende, con su propuesta, conducir nuestra política exterior al lugar en el que ya se encuentra y ubicar sus objetivos y prioridades en posiciones que jamás han sido abandonadas.
En segundo lugar, nuestra enmienda representa una nueva llamada al consenso. A un consenso estructurado en algo tan simple como es lo que viene definido porque sigamos todos donde hemos estado siempre, ya que, como he señalado con
anterioridad, al mantenerse el vector director de nuestra política exterior en la misma dirección de los últimos años, nada más fácil para saber hacia dónde tenemos que dirigir todos nuestros esfuerzos. Las palabras pueden ser interpretables,
ciertamente; pueden verse desde ópticas interesadas, pero los hechos, por objetivos y demostrables, las acaban validando o anulando. Como señaló la ministra en la interpelación de la semana pasada, decir que España está hoy mucho más afianzada que
nunca en Europa, que las relaciones con Iberoamérica han superado el plano teórico para entrar a desarrollarse ya en el terreno de lo práctico, que el vínculo trasatlántico es clave para la lucha contra el terrorismo y para fraguar espacios de paz,
y que nuestra tradicional amistad con los países árabes está en plena vigencia e incluso nos capacita para desarrollar un papel de primer orden en el principal problema que todavía existe, que es el conflicto entre Israel y Palestina, no es otra
cosa sino decir grandes verdades y, por tanto, dejar constancia de la acción exterior de España a través de los hechos.
Señorías, las uniones sólidas se establecen siempre sobre la base de la superación de las diferencias. El camino hacia la definición de la Unión Europea como un espacio de libertad, de seguridad y de justicia es hoy una realidad en la que
España tiene, como mínimo, su parte alícuota, y en la que España es consciente de que la conciliación de puntos de vista diferentes representa un aporte importante, de primer orden, para su propia consolidación. Por tanto esta ruptura de la que
ustedes hablan y sobre todo el factor de ruptura que ustedes señalan en la crisis de Irak lo es en cuanto a un antes y a un después en su estrategia de partido con relación a la política exterior y en ningún caso lo es por lo que al proceso de
construcción europea representa. No está de más recordar que el posicionamiento español fue suscrito por más del 90 por ciento de los países que a partir del 1 de enero constituirán la Europa de los 25. Son ustedes los que han modificado sus
planteamientos, posiblemente tentados por el oportunismo electoral. En lo único en que no han modificado sus puntos de vista es en negarle al pueblo iraquí la ayuda humanitaria, la acción sobre sus ciudadanos que el Gobierno español pretende.
Antes pidieron la retirada de la flotilla destinada a paliar el dolor de los ciudadanos iraquíes y ahora siguen empeñados en que España no colabore a la reconstrucción, a la activación de las infraestructuras, a los cuidados sanitarios que necesitan
en esta fase los ciudadanos iraquíes.
El grupo parlamentario y el Gobierno que le sustenta seguimos estando donde la seguridad de España nos reclama y donde la construcción de un mundo con mayores niveles de paz y estabilidad lo requiere. Seguimos estando, por cierto, en el
mismo sitio que como partido hemos estado siempre, incluso en nuestra época de oposición, y en el mismo sitio, si me permiten, en el
que tenemos la convicción de que ustedes, señores del Partido Socialista, estarían si sus responsabilidades fueran de Gobierno. Lo cierto es que resulta curioso ver cómo nos piden que reconduzcamos nuestra política exterior a nivel
trasatlántico y a nivel europeo cuando el Partido Popular siempre ha dejado clara constancia de cuál ha sido su actitud y siempre ha mantenido el mismo timón y la misma dirección para alcanzar estos objetivos. Son ustedes los que en su día
titubearon con las relaciones trasatlánticas, son ustedes los que hoy en día siguen titubeando sobre cuál ha de ser el papel que tiene que desempeñar España.
Queremos agradecer...
La señora PRESIDENTA: Señor Ricomá, su tiempo ha concluido.
El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: Acabo.
Queremos agradecer simplemente el esfuerzo que nos consta que ha hecho el Grupo de Convergència i Unió por encontrar un consenso, pero dos factores lo hacían imposible: primero, se dejaba entrever que había un cambio en la actitud del
Gobierno de España, cuando, insisto, nuestro vector director de la política exterior ha sido siempre el mismo, y, segundo, pedían una fórmula que no es habitual en los trámites parlamentarios, traer un comunicado para ser debatido, cuando esto ya se
hace desde otras iniciativas como es el debate sobre el estado de la nación.
Muchas gracias, señorías, muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ricomá.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señora presidenta, señorías, confieso que subo a esta tribuna en nombre de mi grupo con bastante desánimo y preocupación. Es evidente que el grupo de la mayoría ha decidido dar a este debate un perfil bajo. Se
deduce un poco del tono, de cómo afronta el debate de hoy, que podía haber sido extraordinariamente importante.
Hoy podía haber sido un día en el que el Parlamento renovara su unidad en los ejes fundamentales de nuestra política exterior. Podía
haber sido un día -e ingenuamente este portavoz creía que eso tenía algún interés para ustedes, para el Gobierno al que ustedes apoyan- en el que se recuperara la unidad de esta Cámara. En lugar de eso, ustedes han optado hoy y por lo visto van a
seguir optando -no sabemos si durante semanas, meses o en lo que queda de legislatura- por sacrificar la política exterior al servicio de, meramente, intereses electorales, por creer que de esta manera consiguen ustedes erosionar, entiendo, al
partido mayoritario de la oposición. No lo sé, no sé exactamente qué es lo que hay detrás de sus intenciones. Ya he dicho muchas veces que nos cuesta mucho entender qué es lo que ustedes buscan con sus acciones, sinceramente, nos cuesta
entenderlo, pero podemos ver las cosas como están, y la realidad, les guste a ustedes aceptarla o no, las cosas son como son y no como a ustedes les gustaría que fueran, es que está roto el consenso en política exterior en España. Es un hecho
objetivo; el Partido Popular puede hacer como que llueve, pero es un hecho objetivo. Durante muchos años, las decisiones de política exterior de España en este Parlamento se han tomado por la inmensa mayoría de los grupos y, lo diré claramente,
normalmente con uno que era el que discrepaba y alguno del Grupo Mixto.
Eso era así y hoy no lo es. Hoy, el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno han decidido ir por libre y romper los ejes fundamentales de la política exterior española. Para
consuelo del Partido Popular -y a veces lo utiliza incluso como argumento -, la realidad es que esa ruptura no sólo tiene lugar aquí; esa ruptura se ha dado concretamente en Europa, se ha dado en lo que solíamos llamar incluso el mundo occidental.
Esa no es ninguna buena noticia ni puede servir de coartada al Grupo Parlamentario Popular o al Gobierno para intentar recomponer los platos rotos.
Hace muy poco ha habido una reunión en Bruselas sobre política de defensa de países que habían estado aliados. España estaba con Francia, España estaba con Bélgica, España estaba con Alemania, y juntos fundaron el Eurocuerpo. Esos tres
países han decidido que España no podía estar en esa reunión. ¿Por qué? Porque España ha cambiado su política de seguridad en Europa y ellos han decidido arrancar por libre y dejar fuera a España, que estaba ahí, junto con Luxemburgo. Luego,
¿quién ha cambiado? El Gobierno de España es el que ha cambiado. No se puede decir que no. Lo que sí pueden ustedes decir es que legítimamente lo pueden hacer. Muy bien, pero es un hecho que conoce cualquiera que lea la prensa y que sufren cada
día los cientos de embajadores de España en el mundo, que no tienen discurso, y les debería a ustedes preocupar, porque los embajadores de España en el mundo no saben qué tienen que explicar; lo hacen con toda su profesionalidad, pero no saben cuál
es el mensaje que transmiten, y se lo dice este portavoz por experiencia propia, por hablar con muchos de ellos. Tampoco lo saben los embajadores del resto de los países aquí, que tampoco saben exactamente dónde está España. Hace dos años
hablábamos de la relación con Rusia y Aznar se iba a pasar un fin de semana con Putin. En este momento Putin desprecia al señor Blair y le ridiculiza en rueda de prensa. ¿Dónde está España? ¿Está con Blair, está con Putin? ¿Cuál es la posición
de España? En el Mediterráneo se ridiculiza la posición de España. Ustedes pueden seguir diciendo aquí que eso se arregla con viajes. No se arregla con viajes. La política exterior no se arregla sólo con viajes; se arregla con actitudes y lo
que pretendemos algunos, y creemos que pretende el Grupo Parlamentario Socialista con la iniciativa de hoy, es intentar recomponer los
platos rotos, por lo menos aquí, y después ya los intentarán recomponer en Europa, pero a ustedes no les interesa. Ustedes prefieren andar por libre, incluso con situaciones aberrantes como que haya un encuentro informal de todos los
ministros de Exteriores de la Unión Europea, convocado por la presidencia griega, encuentro de altísima importancia en estos momentos, precisamente por su carácter informal, y que la ministra de Asuntos Exteriores decida abandonarlo para ir a rendir
honores al Papa; o que la ministra de Asuntos Exteriores decida presentar las conclusiones y la posición de España en la Convención europea en un documento en el que pone por escrito -para escándalo de quien lo ha leído, y está en Internet- que esa
es la posición del Grupo Popular. La posición de la ministra de Asuntos Exteriores sobre el futuro de Europa es -y así se dice por escrito- la posición del Grupo Popular. Así no hay manera de forjar ni un consenso ni una política de Estado ni nada
y la acusación más grave que se les acabará haciendo a ustedes como grupo y a su Gobierno es de irresponsabilidad, que es de las más graves que se les puede hacer, porque están ustedes en el corto plazo, en la pequeña miseria de desgastar al
contrario y de hacer de oposición de todos los demás, en lugar de preocuparse -y parece mentira que se lo tengamos que recordar nosotros como portavoces-...
La señora PRESIDENTA: Señor Guardans, su tiempo ha concluido.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: ..por los intereses auténticamente de Estado.
Por tanto simplemente creo que es dramático que hayamos perdido una ocasión más de intentar recuperar la solidez de la voz de España en Europa y en el mundo y de
intentar recuperar los consensos aquí. Ustedes no quieren. Ni comen ni dejan comer.
La señora PRESIDENTA: Señor Guardans, le ruego dé por terminada su intervención.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Termino ya.
Ni votan este texto ni hacen ninguna otra propuesta, sólo discursos de descalificación. Las cosas están rotas. Si las quieren arreglar o no, ustedes tienen la mayoría, hagan lo que estimen oportuno.(Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guardans.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo va a apoyar con su voto, en la medida en que se nos ha hecho llegar un texto transaccional, esta moción sobre la recuperación de los ejes directores de la política exterior española. Lo hacemos porque constatamos una realidad en
este momento, sin entrar a señalar ningún grado mayor de responsabilidad que la que debemos tener todos con una política de Estado como es la política exterior. La política exterior puede ser planteada por un partido en el Gobierno, puede ser
planteada -y así fácticamente lo es en todos los Parlamentos- como una iniciativa del Gobierno en el poder democrático constitucional, pero la política exterior tiene que buscar todas las adhesiones posibles, vía consenso, vía de la inteligencia
superior, ya que, por encima de una oportunidad política de partido, tiene que transformarse en una política de Estado.
Constatamos un hecho objetivo, medible y evidenciable desde las oportunidades que da la información parlamentaria, los medios de comunicación y la prensa. En este momento hay una ruptura y una desvertebración de la política exterior en las
áreas tradicionales donde se había venido respetando por todos los gobiernos democráticos españoles desde la transición, gobiernos de UCD, gobiernos del Partido Socialista, gobiernos del Partido Popular, en esa legitimidad hasta hace unos meses.
¿Qué ha pasado? Lo que haya pasado tenemos que reconducirlo y rectificarlo de una forma positiva para el Estado. Suscribo muchas de las palabras que ha pronunciado el señor Guardans en la evidencia de este fenómeno respecto del cuerpo diplomático
español, que necesita una coherencia de lenguaje en los foros a los que se está dirigiendo y se ha dirigido siempre nuestra política, en primer lugar, en el seno y en el marco de la Unión Europea, verdadero punto norte de la brújula de la política
exterior española. Como toda brújula, puede tener un norte, un sur, un este y un oeste, valiosos todos como puntos de referencia para una orientación. Mi grupo señala la Unión Europea porque desde el estatus que tiene Canarias en este momento, con
su legislación específica, en su acervo legislativo, como región ultraperiférica, tiene que sentirse orientada permanentemente hacia Europa y esa garantía se la tiene que dar un Gobierno y tenemos que encontrarnos en una comodidad y en una unidad de
actuación en esa política exterior en la que, desde las peculiaridades, tanto de España como desde nuestra comunidad autónoma canaria, reconocida así específicamente por el acervo legislativo de la Unión Europea, tenemos esa proyección en todos los
aspectos: la economía, el comercio, los viajes, las infraestructuras, el turismo, la agricultura y la obtención de los presupuestos, como región de Objetivo 1 en España.
¿Hacia dónde va a estar dirigida nuestra política exterior en Europa? Tiene
que estar perfectamente armonizada. No podemos encontrarnos con una confrontación de potencias europeas, de España frente a Francia o Alemania, cuando son verdaderas locomotoras de todo este sistema económico y tecnológico. En segundo lugar
estaría nuestra política mediterránea y atlántica sobre el Magreb, en tercer lugar nuestra política sobre Latinoamérica y en cuarto lugar tiene que haber una proyección de la política exterior sobre Asia-Pacífico, como varias
veces con el Gobierno en la anterior legislatura lo habíamos establecido, con una política comercial y de relaciones diplomáticas, lo cual permitía, atemperándolo a las circunstancias, una política exterior común.
Tenemos que sentarnos a hablar con naturalidad porque es un bien de Estado y el Gobierno tiene que recuperarlo y dejarlo en herencia a los sucesores de los gobiernos democráticos en este país. Si no, estamos haciendo un flaco servicio a
este entendimiento de una política del Estado en dos frentes muy graves, porque esta batalla se está planteando internamente en España, en la desvertebración y en la descoyuntación que hemos tenido los grupos parlamentarios frente a lo que está
ocurriendo en nuestros escenarios que ya he señalado, llámese Europea, llámese relaciones con Latinoamérica, llámese relaciones euromediterráneas o atlánticas. Estamos obligados, pues, a exigirle al Gobierno una reconducción de la situación.
Tenemos que sentarnos todos a hablar, tengamos todas las diferencias que tengamos que tener en cualquier problema de gobierno, pero hay unos ejes fundamentales de Estado, sobre todo cuando esta política exterior se va a encontrar con unos retos
económicos, financieros, tecnológicos y de relaciones con la ampliación de la Unión Europea, con la ampliación de los sistemas defensivos europeos y con la financiación de todos esos principios. Por estas razones entendemos que en este momento hay
una fractura, algo muy importante a rellenar con un consenso, que es la política exterior, y para ello sumamos nuestro voto positivo de entendimientos y apoyamos la iniciativa que hoy debatimos.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Señor Guardans, entiendo que retira su enmienda al objeto de poder servir de percha para el texto transaccional. (Asentimiento.)
Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LAS REPERCUSIONES QUE SUPONE PARA ESPAÑA LA NUEVA FASE DE LA GUERRA CONTRA IRAK. (Número de expediente 173/000201.)
La señora PRESIDENTA: Moción, consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las repercusiones que supone para España la nueva fase de la guerra contra Irak. Para la presentación y defensa
de la misma, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Muchas gracias, señora presidenta.
Hoy, el periódico ABC publica un editorial muy interesante. Mantiene la tesis, sin ningún tipo de duda, de que el Partido Popular va a sufrir un voto de castigo por una causa singular, su posición respecto a la guerra en Irak. Esto lo
mantiene de manera firme, sin duda ninguna. A partir de ahí desarrolla una tesis sobre quién va a obtener una subida y ahí mete lo que llama en ese editorial la pinza PSOE-Izquierda Unida y después habla de que en ese par va a subir Izquierda
Unida. Dice que es una pena -utiliza epítetos o términos más gruesos- que Izquierda Unida, un partido radical, una formación específica, suba de esta manera y que vaya a determinar políticas a partir de ahora en áreas tan esenciales como la
educación, la enseñanza, etcétera.
Yo quería decir que esto puede darse así, ojalá se dé así -¡oh Alá!, que de ahí viene ojalá-, pero el tema de fondo es que si sube Izquierda Unida, es por algo que el Partido Popular no mantiene, que es la coherencia. El Partido Popular ha
roto amarras con una serie de territorios, con una serie de tableros donde se jugaba la política cultural de este país. Uno de esos tableros es precisamente la política exterior. El Partido Popular no es que cambie la política exterior; es que
cambia el tablero, es que cambia el terreno de juego. Nosotros -ya se ha visto- moveríamos las fichas de otra manera, no como las movió el Partido Socialista y mucho menos como las movía el Partido Popular en la I Legislatura, con minoría relativa.
Las moveríamos de otra manera, pero mantendríamos el tablero; por eso casi hemos coincidido con el Partido Socialista en la moción, excepto en el caso en que se ha introducido en el tema de las fichas y su movimiento específico con respecto a
alguna de las cuadrículas del tablero. El Partido Popular le ha dado una patada a ese tablero y con esa patada no sólo ha caído el tablero, sino que han caído temas esenciales que se movían sobre él y con respecto a los cuales estábamos de acuerdo,
con el terreno de juego pero también con el movimiento de las fichas, concretamente con el tema de Naciones Unidas.
Tenemos un 'Gobierno del mundo' relativo, débil, que estamos construyendo entre todos, que se tiene que mover desde una dialéctica
de neutralidad y de paz, sin atacar nunca a nadie, sin promover ni justificar ningún tipo de ataque y en el marco de esas relaciones multilaterales. Así es como convinimos todos la Carta fundacional de Naciones Unidas, en el marco también de lo que
sería la dialéctica de la Carta de los Derechos Humanos. Ahí estábamos todos de acuerdo. Pues bien, no sólo cae el tablero general, sino que cae el tablero de Naciones Unidas; cae el poco derecho internacional que íbamos construyendo difícilmente
entre todos y cae ese 'Gobierno del mundo' que estábamos también dificultosamente construyendo. La simple lectura de la resolución que planteamos y de la enmienda que presenta el Partido Popular -me remito de nuevo a mi profesión de comentador de
textos- da a ver lo que quiero decir y me evita tener que argumentar más. Por ejemplo, punto primero, nosotros planteamos: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la reconstrucción política de Irak en el seno de los mandatos del
Consejo de Seguridad de la ONU y, en todo caso, mediante una actuación multilateral dirigida
por la ONU. Enmienda que plantea el Partido Popular: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la reconstrucción política de Irak en base a principios democráticos, con pleno respeto a los derechos individuales y colectivos
de la población. ¿Qué falta? Naciones Unidas.
Punto segundo: A impulsar la reconstrucción económica y social de Irak en el marco de los acuerdos del Consejo de Seguridad de la ONU. Enmienda que plantea el Partido Popular: Impulsar la
reconstrucción económica, social y financiera de Irak, que haga posible un mejor horizonte de desarrollo y progreso para sus habitantes. ¿Qué falta? Naciones Unidas. Punto tercero: A no participar en la administración de ningún territorio ni en
las instancias de control o gestión designadas unilateralmente por los Estados Unidos, al margen de la legalidad internacional. Enmienda que plantea el Partido Popular: Seguir prestando la ayuda humanitaria a través de la Agencia Española de
Cooperación Internacional y de las Fuerzas Armadas allí destacadas, que con tanto acierto están llevando a cabo la ayuda a la población más vulnerable. Faltan de nuevo Naciones Unidas, la legalidad internacional. Esa es la diferencia que por
primera vez se establece aquí, negro sobre blanco, de manera radical. Aquí está la diferencia, y que conste así en el 'Diario de Sesiones'. Ustedes no quieren contar con Naciones Unidas, no quieren contar con la legalidad internacional, está
clarísimo. Es el mismo texto que nosotros hemos planteando quitándole Naciones Unidas. Más claro, el agua. A partir de ahí, ustedes se transforman, lo dice hoy un diario no sospechoso de ser de los radicales de la coalición Llamazares-Zapatero,
de la pinza PSOE-Izquierda Unida, como dice hoy el editorial de ABC. Dice: El Partido Popular acepta y naturalmente se autoproclama como fuerza de ocupación en Irak. ¿De dónde ha sacado eso el avispado periodista, que lo es? Ha seguido
exactamente el hilo conductor de la intervención de don Federico Trillo a la respuesta que daba a la interpelación que le habíamos planteado. Sigue exactamente el hilo conductor y los ejemplos que ponía el señor Trillo para justificar la posición
de España como fuerza de ocupación. No llegó a decirlo. Doña Ana Palacio, que ella misma es una exageración, sí lo ha dicho: fuerzas de ocupación. Por tanto, esa es la diferencia. Ustedes también se cargan de manera consciente, porque así lo
dice Bush más claramente que ustedes, la legalidad internacional, el papel de Naciones Unidas a partir de ahora y no podemos aceptarlo de manera pasiva. Intentaremos trasladarlo a la opinión pública, para que sigan ustedes perdiendo votos, según
dice el editorial de ABC.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: Gracias, señora presidenta.
Señor Alcaraz, ¿por qué será que no le creo? Permítame que con toda cordialidad haga una pequeña réplica a su intervención anterior y empiece expresando esa duda. ¿Por qué será que no le creo? Usted personaliza el discurso. Ha citado a
este diputado, ahí está en el 'Diario de Sesiones', 25 ó 30 ocasiones. Nos ha señalado con el dedo y nos sigue haciendo responsables de algo que intentaremos aclarar. ¿Por qué será que no le creo, señor Alcaraz? Usted emplea un tono que da un
poco de miedo; es un tono de pancarta, un tono de palo y un tono de piedra o de piedras.
Emplea usted un tono que nos recuerda esos insultos que estos diputados y yo mismo hemos recibido públicamente en algunas calles de España, donde se nos
tildaba de asesinos. ¿Por qué será que no le creo, señor Alcaraz? Por el tono, pero tampoco le creo por el fondo de su discurso, con toda cordialidad se lo digo, porque a usted se le llena la boca de ilegalidad y se sube a esta tribuna rebosante
de argumentos cuando su grupo parlamentario, si algo ha demostrado, ha sido coherencia en sus planteamientos en política exterior: nunca ha estado con nadie en política exterior. Tampoco estuvo con Naciones Unidas en los años 1990 y 1991, porque
se opuso a las resoluciones de Naciones Unidas que aprobaron la legalidad internacional y el uso de la fuerza, y no ha estado con Naciones Unidas en la crisis de los Balcanes ni ha estado con Naciones Unidas en tantas ocasiones en la última década
de la historia de la humanidad.
¿Por qué será que no le creo, señor Alcaraz? La palabra clave, la gran mentira de su discurso es la guerra, esa palabra, porque no es la guerra de Irak lo que a usted le interesa sino su guerra particular, como ha empezado usted su discurso
ahora, preocupado por el recuento de votos y como también lo ha terminado ahora, preocupado por el recuento de votos.
¿Sabe lo qué nos diferencia a nosotros de ustedes? Que nosotros entendemos que la democracia no es una excusa para alcanzar el
poder, sino un sistema que preserva los derechos humanos y las libertades, y además entendemos que gobernar con legitimidad no es gobernar para los que nos votaron, sino gobernar para todos, intentar gobernar para todos y representar a todos. ¿Por
qué será que no le creo, señor Alcaraz, ni por el tono ni por el fondo de su discurso? Resulta curioso porque su mismo argumento lo repitió aquí el señor Zapatero: aunque haya una resolución de Naciones Unidas, nosotros estaremos contra la guerra.
¿Qué guerra? Su guerra, porque el único responsable de esa guerra, de su guerra, es un señor; los demás hemos buscado la paz, la paz con todas las consecuencias. Pues esa es una gran mentira que se pondrá en su sitio, señor Alcaraz, porque la paz
es una palabra que ustedes no pronuncian, muy pocas veces pronuncian esa palabra. Las últimas noticias son: El Periódico de Cataluña, de ayer: Un comité iraquí busca a los miles de desaparecidos de la dictadura. Las ONG cifran entre 300 y
600.000 los presos políticos muertos en tres décadas de
régimen. Un equipo de 50 personas revisa los papeles saqueados de los servicios de seguridad. Descubierta una nueva fosa común en Nayaf. Otro titular: Sólo tenía 15 años. Otro titular, señor Alcaraz, de hoy: El País: Mosul elige a sus
representantes locales de forma democrática por primera vez en Irak. Esas son las últimas noticias. Tendrá muchas de estas.
Mire, queremos revitalizar el papel de Naciones Unidas, lo queremos y vamos a trabajar para ello en el seno del Consejo de Seguridad. Mientras tanto, señor Alcaraz, ¿qué hacemos? ¿Arrimamos el hombro? ¿Nos preocupan las personas, los que
están sufriendo? ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos de acuerdo? ¿Ponemos kilómetros entre esta Cámara, entre este Parlamento, entre los grupos políticos y los ciudadanos? ¿Seguimos poniendo kilómetros? ¿Seguimos haciendo pancartas, esgrimiendo palos y
tirando piedras? ¿Por qué será, señor Alcaraz, que no le creo y que su discurso da un poco de miedo? Y da un poco de miedo que otros grupos se sumen a su discurso. Da un poco de miedo. Yo creo que las cosas estarán en su sitio y que este país
merece un futuro de progreso y de moderación.
Gracias, señora presidenta. Gracias, señorías. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Izquierdo.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) ¿Señor Mardones? (Pausa.) Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Gracias, señora presidenta, voy a intervenir desde el escaño.
Yo no sé si después de este debate puede seguir el Partido Popular creyendo que no hay ruptura del consenso en la política exterior. No sé si él ve el mismo Parlamento que ve este portavoz, si lee los mismos diarios de sesiones, si se
encuentra en el mismo entorno, porque la realidad es que de nuevo estamos debatiendo sobre algo absolutamente esencial.
Nosotros vamos a votar a favor del texto presentado por Izquierda Unida y vamos a votar a favor porque reitera lo que venimos diciendo desde antes del conflicto, durante el conflicto y lo vamos a seguir diciendo después.
Es cierto que ahora
hemos acreditado aquello que ya sabíamos, que Sadam Husein era un tirano, que aquella persona con la que se reunieron muchos -aquellos a quienes el Gobierno español pedía el levantamiento del embargo- tenía fosas comunes. Lo sabíamos, no se había
acreditado, pero lo sabíamos. Quiero señalar que todas esas fosas comunes tienen muchos años y por tanto todas ellas son anteriores a las peticiones que hacía el Gobierno español de levantamiento del embargo a Sadam Husein. Por tanto, no hay
novedad ninguna, ninguna de todas esas fosas comunes legitima por sí sola la guerra, pero sobre todo, intentando dejar de lado la guerra porque nosotros al menos vamos a hacer un esfuerzo por intentar mirar hacia delante, ninguna de esas fosas
comunes legitima que, a partir de ahora, Irak se convierta en una especie de colonia occidental, que es el camino que están tomando algunos y el camino que parece que España apoya en este momento. No es tolerable que Irak se convierta en una
colonia de Estados Unidos, con participación de España y Polonia, con o sin mandato británico de la zona del sur, eso no es absolutamente indiferente.
Nosotros pedimos y seguiremos exigiendo, sabiendo que puede parecer que esto es un debate jurídico, que puede parecer que es un debate sólo para técnicos y que la realidad es otra, que se dé una cobertura jurídica a esta realidad; jurídica
y política porque todo lo que está ocurriendo allí está ocurriendo sólo por el uso de la fuerza y sin más apoyo que la fuerza que dan los marines norteamericanos. Esa no es manera de administrar un país, se está haciendo absolutamente al margen de
todos los convenios internacionales, de todas las obligaciones que se derivan del carácter de potencia ocupante, se están tomando decisiones que afectan a la administración de los recursos naturales de Irak, sin legitimidad ninguna. Los precedentes
de cada una de estas actuaciones nos estallarán a todos en la cara dentro de un tiempo porque todos ellos son precedentes que se podrán echar en cara a eso que llamábamos hasta ahora la comunidad internacional el día que alguien intente hacer
exactamente lo mismo en África, el día que Sudáfrica decida invadir a un vecino porque no lo considera seguro, el día que alguien decida invadir un país de Asia porque no lo considera seguro. Nadie tendrá la autoridad, si no se hacen las cosas bien
ahora, para decir que eso no es posible y que no basta la fuerza de los marines, por muy dictador que haya sido Sadam Husein, que lo ha sido, para en este momento estar llevando a cabo una actuación colonial.
Entendemos que las tres ideas claras que contiene esta moción son perfectamente suscribibles. Hay que volver a poner a Naciones Unidas en el centro, hay que dar una cobertura jurídica a lo que aquí está ocurriendo, sin perjuicio de que
después sea la OTAN, sea Estados Unidos con tres, cuatro, cinco o veinte aliados, sea quien sea, el que, bajo esa estructura jurídica, controle el orden de la situación. Sólo Naciones Unidas puede dar legitimidad a la utilización de los recursos
naturales por alguien que no es un legítimo gobierno iraquí.
Sé que esto suena a discurso de leguleyo, lo sabemos. Las imágenes son muy obvias, la demagogia es muy sencilla, es muy fácil presentar ristras y ristras de cadáveres. No se hizo en Camboya, no se ha hecho en el Congo, cuando los cadáveres
del Congo, señora presidenta, multiplican por centenas los de Sadam Husein; se puede poner una centena de cadáveres en el Congo por cada uno de los cadáveres de Sadam Husein y no estamos viendo que nadie hable de la invasión del Congo. ¿Por qué?
Porque no lo ha pedido Estados Unidos porque es mucho más complicado. Tampoco estamos enviando allí ingenieros militares. ¿Por qué? ¿Es que tienen menos calidad humana? El ministro Rajoy
hace discursos diciendo que lo que único que le preocupa a España es el bienestar de los iraquíes. ¿No le preocupa el bienestar de los del Congo? ¿Dónde está la prioridad? ¿Qué justifica eso? Lo justifica el seguidismo de la posición
norteamericana, no la gravedad de lo que ocurre allí.
Por eso, creo que esta moción debe apoyarse, por eso espero que haya una rectificación en algún momento de la posición del Partido Popular y por eso confió en que el día que se juzgue todo lo que está ocurriendo, a la luz de cómo han
evolucionado los acontecimientos, se sepa dónde estaba cada cuál, quiénes estaban con lo que era la política de hechos consumados y aplicando la regla de que el fin justifica los medios y quiénes hemos seguido defendiendo los principios en todo
momento.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guardans.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señora García Manzanares.
La señora GARCÍA MANZANARES: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista quiere reiterar una vez más su posición ante lo que ha constituido, como saben todos ustedes, si bien no lo reconocen, un grave atropello al derecho internacional. La guerra de Irak comenzó
precisamente cuando los países que la patrocinaron advirtieron que no podían forzar esta legalidad internacional a favor de sus intereses y decidieron prescindir de Naciones Unidas e iniciar unilateralmente esta guerra. El presidente del Gobierno
de España estuvo allí, en Azores, involucrando a nuestro país, en contra de la opinión mayoritaria de los españoles, en una operación militar preventiva e ilegítima, al margen de la legalidad internacional y de las disposiciones de la Carta de
Naciones Unidas. Dijimos entonces que el desorden mundial que generaba esta decisión podía tener consecuencias imprevisibles, ya que se intentaba establecer un nuevo orden que respondiera a la ley del más fuerte, que inhabilitara a Naciones Unidas
y sustituyera la seguridad con cooperación por seguridad con imposición. El Grupo Parlamentario Socialista no ha compartido ni apoyado una intervención bélica ilegal, desproporcionada, injustificada, inmoral y tampoco estamos dispuestos a asumir la
responsabilidad del reparto de sus supuestos beneficios, irónicamente llamado reconstrucción, bajo los mismos parámetros de ilegalidad.
Señorías, la situación actual es la existencia de una fuerza invasora que ya no tiene como objetivo la verificación del desarme iraquí, que sigue correspondiendo en todo caso a Naciones Unidas, ni el derrocamiento de Sadam Husein, a quien no
se ha podido capturar. Hoy, la fuerza de ocupación pretende administrar Irak y sus recursos sin que exista el mandato preciso del Consejo de Seguridad donde se contemplen los mecanismos transitorios para reconstruir un régimen democrático en ese
país. Cuando esta Cámara debatía sobre la necesidad de que Naciones Unidas recuperase el papel que le corresponde en las relaciones internacionales y especialmente en el mantenimiento de la paz y de la seguridad, el Gobierno nos sorprende -a unos
más que a otros, también hay que decirlo- con el anuncio de su pretensión de participar también en una administración ilegal del territorio iraquí. Coincidiendo con el viaje del presidente del Gobierno a Washington, el Gobierno anuncia que prepara
el envío de legionarios, paracaidistas, fuerzas de la Guardia Civil, etcétera, y ha solicitado dirigir una brigada en el área menos conflictiva del país; es decir, al menos se pide algo fácil.
Señoras y señores diputados, se desveló la mentira, ya no se puede alegar que nuestra participación en la guerra era sólo con apoyo humanitario, ya somos, ya seremos, potencia ocupante y no importa que Naciones Unidas tampoco dirija o
legitime estas operaciones, ni siquiera que no exista fundamento jurídico de derecho interno o internacional alguno para que nuestras Fuerzas Armadas se encuentren en aquella zona; lo importante es estar entre quienes han ganado la guerra, a la
sombra de la potencia ocupante, que ni siquiera está asegurando como tal las funciones vitales de aquel país. Se ha autoproclamado, al margen de Naciones Unidas, potencia administradora y ustedes lo saben, señorías, como lo sabemos nosotros.
En el último Consejo de Atenas, hace sólo 15 días, los Estados miembros de la Unión Europea coincidían en el papel central que debe jugar Naciones Unidas en la dirección del proceso que lleve a la reconstrucción de Irak y al autogobierno del
pueblo iraquí, y la Comisión Europea ha condicionado su apoyo a que sea Naciones Unidas la que legitime este proceso. Tampoco para esto nos vale ya la Unión Europea ni vale la aprobación por unanimidad en esta Cámara, en la Comisión mixta de la
Unión Europea de hace 15 días, de un texto similar apoyando la resolución de la Unión Europea. ¿Qué es lo que vale ahora? ¿Quizá las palabras de la señora ministra, hace menos de un año, precisamente en la Asamblea General de Naciones Unidas,
cuando iniciaba su intervención aludiendo a los grandes objetivos de la paz, el imperio de la ley y el mantenimiento del orden internacional, funciones que le correspondían a la Asamblea y al Consejo de Naciones Unidas? Naciones Unidas que, por
cierto, el Grupo Popular en su enmienda no nombra, ni siquiera entre líneas. ¿Es esta la importancia que le da a este organismo el partido que gobierna España, que forma parte de su Consejo de Seguridad?
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar esta moción y cuantas iniciativas conduzcan a que Naciones Unidas recupere el protagonismo que nunca debió perder, que se recupere igualmente el papel de España dentro de la legalidad
internacional, que se recupere el respeto al derecho y que se recupere la cordura política.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora García Manzanares.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA NUEVA CULTURA DEL AGUA Y EL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL. (Número de expediente 173/000202.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto sobre la nueva cultura del agua y el Plan Hidrológico Nacional. Para presentación y defensa de la misma tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, paso a defender, en nombre de Iniciativa per Catalunya-Verds, la moción consecuencia de la interpelación urgente que formulé la pasada semana en relación con el Plan Hidrológico Nacional y la nueva cultura del
agua. Decía la semana pasada que, en el debate de la aprobación del Plan Hidrológico Nacional, mantuvimos que el trasvase del Ebro no se llegaría a realizar y que hoy, dos años después de su aprobación, hay muchas más razones para decir con mayor
rotundidad que el trasvase no se va a realizar. Dije hace dos años que había tres razones por las cuales este trasvase no se podía realizar. La primera, porque es un trasvase que va en contra de la opinión mayoritaria de las gentes de las tierras
del Ebro. Las gentes de las tierras del Ebro saben que el trasvase del Ebro supone la muerte del delta, por tanto, la imposibilidad de que 150.000 personas sigan viviendo en ese delta. Es la razón por la que durante estos dos años, se han
mantenido movilizaciones de centenares de miles de personas desde Bruselas a Madrid, desde Zaragoza a Amposta o desde Tortosa a Barcelona. Primera razón: no se puede hacer un plan hidrológico en contra de 150.000 personas de las tierras del Ebro.
Segunda razón, este plan va en contra de todas las opiniones de los científicos expertos en materia hidráulica, es un plan que no ha tenido en cuenta las 20 tesis doctorales que se han escrito ni se ha hablado con ninguno de sus autores.
Todos los expertos, coinciden en que es un plan caduco, desarrollista e insostenible. Tal vez el ejemplo más gráfico sea que hace muy pocos días se ha concedido el premio internacional Woolman, que está considerado como el Nobel de la ecología, a
Pedro Arrojo y se le ha concedido por sus trabajos en contra de este plan hidrológico y por sus trabajos a favor de una nueva cultura del agua.
La tercera razón era -dije y repito hoy- que este plan hidrológico va en contra de las nuevas orientaciones de la política hidráulica de la Unión Europea. Por esa razón, hoy aún no existe financiación de la Unión Europea; estoy seguro de
que no va a existir y la propia Comisión ha pedido explicaciones al Gobierno español diciéndole que a finales de 2003 va a entrar en vigor la directiva marco de aguas y que esa directiva no permite algunas de las actuaciones del plan hidrológico.
Tenemos una última razón de crisis del plan hidrológico. Hace prácticamente 15 días, aquello que se nos presentó como el acuerdo entre el Partido Popular y Convergència i Unió para proteger el delta, el plan de protección integral, ha
motivado una crisis entre Convergència i Unió y el Partido Popular. El propio texto de la ley del Plan Hidrológico decía que en un año se habría de aprobar el plan de protección integral del delta del Ebro, es decir, en abril de 2002 este plan
tenía que estar aprobado. Pues bien, en abril de 2003 este plan no está aprobado y en una reunión de hace 15 días del consorcio que debía dar su aprobación a este plan no se presentó el Partido Popular, porque Convergència i Unió dice ahora que, si
no hay un mínimo de 135 metros cúbicos por segundo de caudal ecológico, no va a dar soporte a este plan. Dije la semana pasada, y repito hoy, que es positivo el cambio de actitud de Convergència i Unió, pero quiero recordarle que, según todos los
expertos y científicos, el mínimo de caudal ecológico que se necesita para preservar el delta es de 300 a 400 metros cúbicos.
Nuestra moción intenta reorientar o rectificar un desastre, una política hidráulica insostenible que choca con la sociedad, que choca con los científicos y que choca con las directivas de la Unión Europea.
Planteamos dos puntos. El primer
punto es la retirada del plan y la elaboración de uno nuevo según tres criterios, el de diálogo con los agentes implicados, el de que este plan asuma los principios de la nueva cultura del agua y que asuma lo que se desprende de las directivas de la
Unión Europea y, en tercer lugar, que en este plan se excluyan medidas de trasvase y también medidas de minitrasvases o de interconexión de cuencas. También en este primer punto decimos clarísimamente que hay que renunciar a la petición reiterada
del Gobierno catalán y de Convergència i Unió de que se trate de hacer posible el trasvase del río Ródano.
En el segundo punto, planteamos una serie de medidas que también deberían estar incluidas en este plan, un plan de acción de protección de humedales, un plan de acción que contemple inversiones en redes obsoletas de distribución, un plan de
saneamiento, un plan de acción en materia de aguas subterráneas, la necesidad de un plan de acción de salvaguarda del delta del Ebro, pero en un sentido absolutamente distinto del que se está en estos momentos proyectando, y finalmente que el
Gobierno presente en un plazo máximo de tres meses la trasposición del ordenamiento jurídico de la Unión Europea.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Saura.
Para la defensa de las enmiendas presentadas, tiene la palabra en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Socialista ha presentado dos enmiendas que hacen referencia a la modificación del punto primero, en el sentido de tratar de mejorar la ley aprobada por el Gobierno, que planteaba una serie de principios que sin lugar a
dudas figuraban en el texto que nosotros presentamos en esta Cámara cuando se debatió el Plan Hidrológico Nacional. Nuestras enmiendas, tanto esta como la otra, que hacía referencia exclusivamente al trasvase del Ebro, son enmiendas que el portavoz
del Grupo Mixto, señor Saura, no está dispuesto a aceptar. Como quiera que se trata de adoptar medidas para una gestión más completa del agua en el conjunto del Estado y no desde la perspectiva de un territorio concreto, como es Cataluña, quiero
poner de manifiesto que las mismas nos parecen incompletas. Ambientalmente, son medidas oportunas, medidas que venían contempladas en nuestro texto alternativo, pero, indudablemente, en un nuevo plan que se pueda plantear, hace falta otra serie de
actuaciones encaminadas a hacer frente a aquellos problemas de agua que tienen nuestras diferentes comunidades autónomas, así como a un tipo de actuaciones tendentes a una mejor gestión del agua. Me explicaré.
Señorías, las medidas planteadas en la moción tienen que ver con una trasposición de la directiva marco, que por supuesto aceptamos -la hemos defendido de manera reiterada en muchas ocasiones-, tienen que ver con otras actuaciones
encaminadas a ser más eficaces en la gestión del agua, pero desde el punto de vista medioambiental y de una manera clara y nítida cuando hay otro tipo de actuaciones en materia de gestión del agua que también hace falta tener presentes, a las que
luego me referiré.
Desde luego, son medidas en relación con las cuales coincidimos en un punto fundamental: el consenso. Señor Saura, del consenso que usted plantea no se puede hablar de manera tan generalizada, tiene que existir una
participación de las comunidades autónomas, de técnicos especialistas, de grupos ecologistas, de regantes, de una serie de colectivos cuyo trabajo tiene que ver con la gestión del agua.
Observamos que estos criterios que usted plantea deberían estar más desarrollados en ese proceso, por lo que hablamos de medidas incompletas.
¿En qué sentido? Señor Saura, nosotros pensamos que esta moción debería contener aspectos
relacionados con la modernización de los regadíos. No se puede hablar de una gestión del agua en el conjunto del Estado sin saber qué pasa con las medidas de eficiencia y ahorro que tienen que adoptar los regantes y los agricultores. No se puede
hablar de una moción de esas características sin tener en cuenta que hay procesos de desalación que cada vez son más eficientes y que están posibilitando obtener el recurso agua a un precio más barato. Se puede hablar de regulaciones, señor Saura,
porque las hay que son medioambientalmente sostenibles y que son aceptadas por muchos de los sectores, e incluso de transferencias de recursos cuando son necesarios para abastecimientos, una serie de aspectos que no están contemplados en la gestión
del agua que usted define en esta moción. Por eso le decimos que debiera de ser complementada con ese tipo de planteamientos, porque son aspectos necesarios para hacer una gestión más integral de la política de agua en el conjunto del Estado.
También es cierto que, en un país como el nuestro, están localizados los puntos donde existe necesidad de agua y, de alguna manera, habrá que buscar actuaciones encaminadas para llegar allí, sin que sea necesario el transvase. Todo el mundo
ha pensado que la cuenca del Segura necesita agua. Habrá que hacer todo lo posible para que esa cuenca tenga agua y con este planteamiento, desde luego, no hay muchas posibilidades. Lo mismo sucede con el arco mediterráneo, tanto en Valencia como
en Almería.
Señorías, nosotros vamos a votar favorablemente esta moción, en el sentido de que es una moción que hace frente de manera parcial a la solución de los problemas del agua en el conjunto del Estado. Es una moción que busca el consenso y no
como la enmienda que plantea Convergència i Unió. Yo pedía a Convergència i Unió que hablara del resto de la cuenca y que no se refiriera solamente a Aragón, que es parte de la cuenca y tiene sus problemas como los tienen otras, pero hay que hacer
una reflexión sobre la política de agua de una manera más globalizada, sin concentrar la animosidad hacia Aragón, que es lo que parece desprenderse del texto de la enmienda que ustedes han planteado.
En definitiva, señorías, nosotros dijimos en su momento que teníamos un texto alternativo para la gestión del agua y que necesitábamos inversión para acometer muchas de las actuaciones que están recogidas en el anexo II del Plan Hidrológico
Nacional. En esa tesis es en la que nos estamos moviendo y manteniendo. Por supuesto, hará falta hacer frente a una serie de variables derivadas de la aplicación de las directivas comunitarias.
La señora PRESIDENTA: Señor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Por supuesto, queremos que se lleven a cabo.
Señorías, señora presidenta, acabo diciendo que vamos a votar favorablemente esta moción y que retiramos las dos enmiendas que hemos planteado.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Morlán.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Señora presidenta, señorías, quiero empezar por contestar a una alusión que ha hecho el diputado señor Morlán al final de su
intervención. Señor Morlán, nuestro grupo no tiene ninguna intención de establecer diferenciaciones entre comunidades autónomas ni mucho menos, pero quiero mencionar que ustedes desde Aragón han levantado su gran clamor contra el Plan
Hidrológico Nacional, que tienen un pacto del agua aprobado y que, yendo contra el Plan Hidrológico Nacional, se mantiene el pacto del agua. Hay una gran animosidad contra los 1.050 hectómetros cúbicos más o menos que se van a sacar desde Tortosa
del cuenco de agua que puede haber en la cuenca del Ebro para un trasvase y nadie dice nada de nada de los 3.400 hectómetros cúbicos de este cuenco que se van a quedar en Aragón. Me parece muy bien que se queden en Aragón, pero actualmente ustedes
aquí del Plan Hidrológico Nacional, que en un principio era rechazado de pleno, sólo van contra el transvase del Ebro, pero sobre los 3.400 hectómetros, nada de nada. Está pactado, aprobado y votado en su momento y yo lo acepto.
Respecto a la moción del señor Saura, tiene unos componentes muy claros que son retirar todo el actual Plan Hidrológico Nacional, lo que nosotros no podemos aceptar. Para defenderlo, lo define como su nueva cultura del agua. Yo quisiera
decirle que la máxima expresión de la nueva cultura del agua la podría encontrar en la enmienda 497 presentada al plan hidrológico, en la que se definía muy bien lo que tenía que hacer el Plan integral de protección del delta del Ebro. Había una
definición del régimen hídrico, se especificaban las medidas necesarias para evitar la subsidencia en la regresión del delta; otro punto se refería a la calidad del agua para que no existiesen concentraciones fitosanitarias y otros contaminantes;
se contemplaba también la mejora del hábitat físico de los ecosistemas, la definición y aplicación de un modelo agronómico sostenible, el ahorro del agua en las concesiones de los regadíos actuales, la definición del método de seguimiento y control
de indicadores medioambientales, los parámetros del estado cualitativo y cuantitativo para controlar la cuña salina, la subsidencia, la regresión del delta, la eutrofización de las aguas, los ecosistemas en especies piscícolas y de acuicultura.
Todo esto se recoge en la disposición adicional décima del proyecto. Esto es nueva cultura del agua.
Usted nos dice que estamos en crisis con el Gobierno porque no nos ponemos de acuerdo sobre el PIDE. Lo discutirán los técnicos y se solucionará. Yo le diría que, de crisis, nada de nada, señoría. También nos dice que Barcelona no
necesita más agua, ni es necesario minitrasvase ni interconexión de cuencas. Asimismo, dice que se renunciará de forma explícita a cualquier proyecto de trasvase del río Ródano. Usted, que habla en su interpelación de los ayuntamientos de
Barcelona de los que su grupo forma parte o del mismo Ayuntamiento de Barcelona, donde tienen fuerte intervención, debe explicar muy claramente que no hay déficit de agua en toda la zona de Barcelona y que Barcelona no debe recibir una gota de agua
más. Después, sugiere una serie de acciones que podrían ser aceptadas, pero como quedan recogidas en nuestra enmienda, que contiene 13 puntos y que son coincidentes con lo que nos pide, para los humedales, para la depuración, etcétera, no podemos
aceptar su moción. Su moción es contraria a lo que nuestro grupo propuso en su día.
En cuanto a las enmiendas que hablan de Mequinenza y de Ribarroja, de las cuencas interiores de Cataluña, del Ródano, del plan de protección y de otras muchas cosas, en acuerdos con el Partido Popular aceptamos lo que se aprobó de la ley,
pero tenga en cuenta que el trabajo es difícil, aunque se llegará a resolver. En todo caso, habrá un caudal ecológico del nivel necesario, pero pactado siempre dentro del PIDE, que lo que dice sí es una verdadera protección del delta del Ebro y que
no aparecía prácticamente en ninguna enmienda que se presentó a la ley.
La señora PRESIDENTA: Señor Sedó, le ruego concluya.
El señor SEDÓ I MARSAL: Termino en seguida, señora presidenta.
Usted sí que presentó algunas enmiendas de protección del delta del Ebro, pero ningún grupo que no fuera el nuestro presentó enmiendas que garantizasen la protección del Delta del Ebro.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sedó.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a votar a favor de la moción presentada por el señor Saura, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, Iniciativa per Catalunya-Verds. Vamos a votar a favor porque nuestro grupo
parlamentario se ha mostrado siempre contrario a la aprobación del Plan Hidrológico Nacional que presentó el Gobierno del Partido Popular. Los aspectos que remarca el señor Saura en su iniciativa tienen que ver con la nueva cultura del agua que
desde la Unión Europea se está impulsando. A pesar de que la ministra en el debate de la interpelación decía que estaba recogido en el texto de la ley del Plan Hidrológico Nacional, lo cierto es que se queda en meras palabras.
El hecho es que el
Plan Hidrológico Nacional es una suma de obras presupuestadas anteriormente por el Ministerio de Medio Ambiente e incluso por ministerios anteriores a la creación del mismo, y lo único que tiene de novedoso es el nuevo trasvase del Ebro; trasvase
que sigue teniendo en contra cualquier informe técnico que tenga un mínimo de rigor y que no busque sencillamente dar cobertura a una apuesta política que no
tiene nada que ver con el desarrollo sostenible en sí mismo, ni con el desarrollo sostenible en temas tan estratégicos como el agua. Además, señorías, no se hace una trasposición de la Directiva europea 2060, de 23 de octubre, que tendremos
la obligación de trasponer antes de que finalice este año 2003.
Por otra parte, recuerdo perfectamente el debate que tuvimos en la Comisión, en el que al portavoz de Convergència i Unió se le aprobó de manera transaccionada la inclusión de la defensa del delta del Ebro en el Plan Hidrológico Nacional.
Esta portavoz le dijo entonces al propio señor Sedó, en una conversación, que difícilmente se podría llevar a cabo esa protección del delta con la planificación hidrológica que se hacía desde el Plan Hidrológico Nacional.
Además, señorías, no sólo es un problema del caudal ecológico que el delta del Ebro necesita para su supervivencia, sino que hay otros problemas que el señor Sedó conoce perfectamente, como pueden ser las aportaciones de aluvión o las
medidas técnicas para las aportaciones de sedimentos que el delta del Ebro también necesita. Sabe S.S. que si el Plan Hidrológico Nacional se lleva a cabo tal como está planificado, se construirán más pantanos en el cauce del delta y por tanto
habrá menos aportes de aluvión y menos aportes de sedimentos, con lo cual no se evitaría la regresión, pues a pesar de que se consiguiera el caudal ecológico -se habla incluso de 300 metros cúbicos por segundo-, éste sería insuficiente, porque no
tendría el aporte necesario para evitar la intrusión del mar, que en estos momentos se produce ya de una manera grave, afectando al desarrollo del delta del Ebro y de las zonas que viven de él.
Es más, en el Plan Hidrológico Nacional no se decía de manera clara y contundente cómo se tendrían que conseguir aquellos recursos hídricos -el ahorro, la eficiencia y sobre todo la reutilización-, cosa que se debería haber planteado si de
verdad estuviéramos hablando de una nueva cultura del agua. El apartado c), del punto 2, de la moción que ha presentado el señor Saura lo deja bastante claro. No sólo es necesario construir muchas depuradoras, sino que las depuradoras deben
garantizar realmente la reutilización de aguas de calidad, porque precisamente las zonas que tendrían que ser receptoras del trasvase del Ebro están en unos mínimos insostenibles en cuanto a la reutilización de esas aguas, cuando el consumo aumenta
cada vez más. Por tanto, no hay ahorro, no hay eficiencia y mucho menos hay reutilización.
Para terminar, señorías, en la respuesta al señor Saura en la interpelación la señora ministra dejaba algo importante de lado. Se decía que las aguas del trasvase del Ebro tenían unos destinos claros, que eran el uso urbano, el agrícola y
el industrial, y que no se destinarían a otros usos que no fueran esos. Pues bien, todo lo que se está haciendo en la cuenca del Mediterráneo va precisamente en contra de una planificación ordenada del territorio, que no aumente de manera cada vez
más desmedida los consumos hídricos. Eso también le faltaba a la señora ministra en su intervención.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular, señora De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, debatimos hoy una moción del señor Saura con unas propuestas que posiblemente haya que verlas en clave electoral, ya que la mayoría de ellas están contenidas en la ley del Plan Hidrológico Nacional.
El primer punto de la moción solicita que se retire el Plan Hidrológico Nacional y que se elabore un nuevo plan cuyas propuestas sean adaptadas a partir del consenso, cumpla las directivas comunitarias y excluyan los trasvases de cualquier
tipo. Supongo que conocen ustedes, se ha dicho aquí varias veces, que la principal característica del Plan Hidrológico Nacional es que es un plan fruto del consenso y del diálogo, aprobado por una amplia mayoría en el Consejo Nacional del Agua,
exactamente por el 84 por ciento de sus integrantes y después de incorporar el 55 por ciento de las alegaciones presentadas. Además, contó con el voto favorable de todos los usuarios y regantes de España y de casi todas las comunidades autónomas,
incluidas Castilla-La Mancha y Extremadura. Se enriqueció el texto con las aportaciones de los grupos ecologistas y con las 62 enmiendas incorporadas en ponencia y en Comisión. Fue aprobado en esta Cámara con los votos de tres grupos
parlamentarios: el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y el Grupo Parlamentario Popular, es decir, por una muy amplia mayoría. Se dialogó con quien quiso dialogar y se llegó a un consenso
con quien quiso realmente alcanzar el consenso.
Otra característica del Plan Hidrológico Nacional, señor Saura, es que en él se reordenan los recursos hídricos con una nueva filosofía de la gestión del agua, desde un riguroso enfoque medioambiental y de acuerdo con las directivas de la
Unión Europea. Como usted conoce, el 84 por ciento de las inversiones contempladas en el Plan Hidrológico Nacional se destinan a actuaciones de carácter medioambiental, entre las que cabe destacar: modernización de infraestructuras, actuaciones de
saneamiento y depuración, de reutilización, de abastecimiento y restauración hidrológico forestal. Son medidas que en definitiva suponen gestión eficaz, suponen ahorro, suponen uso racional y sostenible de los recursos hídricos, principios todos
ellos de la nueva cultura del agua.
De otro lado, señorías, excluir las transferencias entre cuencas supone no solucionar el déficit del arco mediterráneo. Como bien conocen, el déficit es de 2.200 hectómetros cúbicos/año. Después de establecer las máximas medidas de ahorro,
de reutilizar la mayor cantidad de agua posible, de optar por la desalación para abastecimiento de determinadas poblaciones costeras y de utilizar
las aguas subterráneas, el déficit sigue siendo de 1.050 hectómetros cúbicos/año, que son los que el Plan Hidrológico Nacional propone trasvasar desde el bajo Ebro, estableciendo a su vez las condiciones ambientales y todas las garantías
necesarias para las cuencas cedentes y las cuencas receptoras. ¿Qué pretenden con los puntos que nos tratan en la moción? ¿Qué pretenden ustedes al excluir los trasvases? ¿Tal vez mantener el déficit en el arco mediterráneo, no hacer nada, o es
que tal vez la moción pretende utilizar la desalación como alternativa al trasvase para obtener los 1.050 hectómetros cúbicos/año? Nuestro grupo, señorías, considera que la desalación es una medida complementaria al trasvase, tal como se contempla
en el texto del Plan Hidrológico Nacional, pero no una medida alternativa y ello por sus enormes costes económicos, energéticos y medioambientales.
Respecto al punto dos de su moción, sobre lo que usted considera que habría que incluir en este nuevo plan, muy brevemente le digo que está todo incluido. Protección de humedales, en los artículos 31 y 25. Medidas de eficacia, todas las
que he citado del ahorro de agua. Existe un Plan nacional de saneamiento y depuración 2000-2006 y el ministerio ya ha concluido la parte de la inversión que le compete. ¿Aguas subterráneas? Articulo 29 del Plan Hidrológico Nacional. ¿Plan
Integral del delta del Ebro? Se está terminando de redactar e incluirá medidas no sólo para evitar la regresión del río, la regresión del ecosistema, sino para mejorarlo. Finalmente, la directiva marco de agua se está debatiendo también en la
permanente del Consejo Nacional del Agua y el plazo de trasposición, como conocen SS.SS., finaliza en diciembre de 2003. Por consiguiente, creemos que la moción carece de sentido, que son propuestas demagógicas propias de esta etapa electoral que
estamos viviendo.
Termino, señorías. Los principios de la nueva cultura del agua que aquí se han citado están incardinados en el Plan Hidrológico Nacional. Señorías, el Plan Hidrológico Nacional no es que no se vaya a hacer, sino que está ya en ejecución el
32 por ciento de las infraestructuras.
Los gobiernos deben afrontar las realidades, por muy incómodas que las hayan hecho las manipulaciones, las falsedades y las pancartas. El Gobierno de José María Aznar ha afrontado de una forma seria y rigurosa los problemas del agua en
España y, pese a los ingentes esfuerzos de representantes del primer partido de la oposición en multitud de foros nacionales e internacionales, el Plan Hidrológico Nacional es ya una realidad.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora De Lara.
Señor Saura, entiendo que la moción se somete a votación en sus propios términos.
El señor SAURA LAPORTA: Muy bien, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la recuperación de los ejes directores de la política exterior española, que se somete a votación en los términos de la enmienda
transaccional, como consecuencia de la retirada de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 247; a favor, 101; en contra, 141; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las repercusiones que supone para España la nueva fase de la guerra contra Irak, que se somete a votación en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 247; a favor, 106; en contra, 141.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la nueva cultura del agua y el Plan Hidrológico Nacional, que se somete a votación en sus propios términos.
Votamos en primer lugar los apartados 1 y 2.e).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 246; a favor, 95; en contra, 151.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazados.
Votamos a continuación los apartados 3, 2.a) y 2.d).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 247; a favor, 105; en contra, 142.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazados.
Resto del texto de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 246; a favor, 97; en contra, 141; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Eran las diez y veinte minutos de la noche.