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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 240, de 01/04/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2003 VII Legislatura Núm. 240
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 231
celebrada el martes, 1 de abril de 2003
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas: ...
- Del Parlamento de Cataluña, por la que se modifica la Ley de 8 de junio de 1957, del Registro Civil. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 266-1, de 19 de julio de 2002. (Número de expediente 125/000023.) ...
Toma en consideración de Proposiciones de Ley: ...
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre empleo público de discapacitados. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 302-1, de 21 de febrero de 2003. (Número de expediente 122/000268.) ...
(Página
12280)
Proposiciones no de Ley: ...
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las indicaciones geográficas protegidas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 501, de 7 de marzo de 2003. (Número de expediente 162/000674.) ...
- Del Grupo Parlamentario Socialista, para la creación de 27 nuevas Comisarías del Cuerpo Nacional de Policía. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 486, de 14 de febrero de 2003. (Número de expediente 162/000658.) ...
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes: ...
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la participación del Estado español en la guerra de agresión contra Irak. (Número de expediente 173/000191.) ... (Página 12297)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre propósitos y consecuencias de la reunión celebrada en la base militar de Lajes (Azores). (Número de expediente 173/000192.) ... (Página 12297)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de carácter general que piensa adoptar el Gobierno para afrontar los problemas de inseguridad que afectan al sector de la joyería. (Número de expediente 173/000193.)
... (Página 12309)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas ... (Página 12273)
Del Parlamento de Cataluña, por la que se modifica la Ley de 8 de junio de 1957, del Registro Civil ... (Página 12273)
Defienden la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña, por la que se modifica la Ley de 8 de junio de 1957, del Registro Civil, el señor Masllorens i Escubós, en representación del Parlamento de Cataluña.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida; Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Pedret i Grenzner, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Martín Vivas, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En un turno de aclaraciones intervienen el señor Rodríguez Sánchez y la señora Martín Vivas.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña, por la que se modifica la Ley de 8 de junio de 1957, del Registro Civil, se aprueba por 277 votos a favor y dos abstenciones.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 12280)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre empleo público de discapacitados ... (Página 12280)
La señora Rumí Ibáñez, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, trae a la Cámara para su toma en consideración una proposición de ley que representa un respaldo claro e inequívoco para la creación de empleo para las personas con
discapacidadon Subraya que se trata de una iniciativa importante enmarcada en una serie de actuaciones parlamentarias del Grupo Socialista para que el año 2003, año europeo e internacional de las personas con discapacidad, acabe por producir
resultados concretos en cuanto a la materialización de los derechos que hoy les siguen siendo negados a más de tres millones y medio de personas y a sus familias.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ruiz López (don Antero), del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida; Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Belda Pérez-Pedrero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre empleo público de discapacitados, se aprueba por 286 votos a favor, uno en contra y una abstención.
Proposiciones no de ley ... (Página 12288)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las indicaciones geográficas protegidas ... (Página 12288)
Defiende la proposición no de ley relativa a las indicaciones geográficas protegidas el señor Isasi Gómez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Fundamenta esta iniciativa en que los ciudadanos en España, en Europa y en
todo el mundo occidental son cada vez más exigentes a la hora de demandar y consumir productos alimentarios de calidad y con el más alto nivel de seguridad, para lo que son de gran ayuda las indicaciones geográficas protegidas. Opina que los
productos con indicaciones geográficas protegidas son los que mejor garantía ofrecen o pueden ofrecer de la trazabilidad, la calidad y la seguridad de los alimentos, como uno de los ejes fundamentales para que no vuelvan a producirse crisis
alimentarias como las que se han padecido en los últimos años en la Unión Europea. Fija la posición de su grupo respecto a la enmienda de adición presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y lamenta no poderla votar favorablemente porque no
tiene nada que ver con esta proposición de ley sino con el proyecto de ley de la viña y el vino que está en tramitación.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Amarillo Doblado, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Companys Sanfeliú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
A los efectos de aceptar o rechazar la enmienda presentada interviene el señor Isasi Gómez.
La señora secretaria (Sainz García) da lectura de la proposición no de ley, a petición del señor Isasi Gómez.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las indicaciones geográficas protegidas, en sus propios términos, se aprueba por 166 votos a favor y 103 en contra.
Del Grupo Parlamentario Socialista, para la creación de 27 nuevas comisarías del Cuerpo Nacional de Policía ... (Página 12292)
Defiende la proposición de ley para la creación de 27 nuevas comisarías del Cuerpo Nacional de Policía el señor Mayoral Cortés, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Afirma en primer lugar que la ecuación de menos impuestos igual a
más seguridad no es lógica, creíble ni racional, porque lógicamente la disminución de los ingresos públicos conduce a una descapitalización de los servicios públicos, a una disminución de la eficacia, a un debilitamiento de la capacidad de acción de
los servicios públicos y particularmente de la seguridad ciudadana. Explica la evolución que ha tenido la creación de comisarías en nuestro país, llegando a la conclusión de que durante ocho años prácticamente ha quedado estancado el número de
comisarías existentes; de ahí su propuesta de crear 27 nuevas comisarías con el fin de proteger más y mejor a los ciudadanos.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y González Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En un turno por alusiones intervienen los señores Mayoral Cortés y González Pérez.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, para la creación de 27 nuevas comisarías del Cuerpo Nacional de Policía, se rechaza por 108 votos a favor, 159 en contra y 17 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 12297)
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la participación del Estado español en la guerra de agresión contra Irak ... (Página 12297)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre propósitos y consecuencias de la reunión celebrada en la base militar de Lajes (Azores.) ... (Página 12297)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente sobre la participación del Estado español en la guerra de agresión contra Irak, el señor Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto. Recuerda que estamos en el decimotercer día
del ataque militar de Estados Unidos y Gran Bretaña contra Irak, ataque militar que, afirma, ha sido alentado, impulsado y copatrocinado por el Gobierno español y también por el Partido Popular que lo sustenta. Tras criticar duramente la posición
del Gobierno le pide que oiga a la calle y rectifique, retirando el apoyo político, logístico y militar que presta a esta guerra.
En defensa de la segunda moción consecuencia de interpelación urgente, sobre propósitos y consecuencias de la reunión celebrada en la base militar de Lajes (Azores), interviene el señor Estrella Pedrola, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista. Recuerda que en la base de Lajes, en las Azores, el presidente Aznar, junto con los señores Bush y Blair, anunció el fin de las inspecciones, se adoptó el veto al desarme pacífico de Irak a través de las inspecciones y se declaró el
comienzo de la guerra, usurpándose en esa reunión la responsabilidad y la autoridad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Lo que debía ser una guerra rápida, limpia y precisa ha resultado ser una guerra con muertos inocentes, por lo que
piden en su moción que el Gobierno y el Partido Popular rectifiquen su postura y paren esta guerra de consecuencias imprevisibles.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Lasagabaster Olazábal y el señor Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Anasagasti Olabeaga, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida.
En un turno por alusiones intervienen los señores López-Medel Bascones y Alcaraz Masats.
Siguiendo con la fijación de posiciones intervienen los señores Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y De Arístegui y San Román, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El señor Guardans i Cambó interviene para hacer una enmienda 'in voce' a la moción del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor Estrella Pedrola interviene para fijar la posición de su grupo respecto de las enmiendas presentadas y para desmentir unas declaraciones atribuidas a un senador socialista que no se encuentra presente.
El señor De Arístegui y San Román retira sus palabras sobre las supuestas declaraciones de un senador socialista en el caso de que se compruebe finalmente que no son ciertas.
Sometida a votación en primer lugar la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la participación del Estado español en la guerra de agresión contra Irak, se rechaza por 133 votos a favor y 165 en
contra.
Sometida a votación en segundo lugar la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre propósitos y consecuencia de la reunión celebrada en la base militar de Lajes (Azores), en los términos derivados
del debate y con la incorporación de las enmiendas que han sido aceptadas, se rechaza por 134 votos a favor y 165 en contra.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de carácter general que piensa adoptar el Gobierno para afrontar los problemas de inseguridad que afectan al sector de la joyería ... (Página
12309)
El señor Jané i Guasch presenta, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), la moción consecuencia de interpelación urgente para obtener del Pleno del Congreso de los Diputados un compromiso expreso que dé respuesta a
los problemas de inseguridad que afectan al sector de la joyería. Reitera la existencia de una problemática específica del sector de la joyería que puso de manifiesto con motivo de la interpelación urgente y pide una respuesta ante el fenómeno de
las bandas organizadas que vulneran las medidas de seguridad de estos establecimientos. Asimismo se refiere a la repercusión económica que para el sector de la joyería tienen los elevados costes en medidas de seguridad y, en aras del consenso,
presenta un texto transaccional que viene a recoger la finalidad de los distintos grupos enmendantes.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; González Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Pedret i Grenzner, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de carácter general que piensa adoptar el Gobierno para afrontar los problemas de inseguridad que
afectan al sector de la joyería, en los términos derivados de la enmienda transaccional, se aprueba por 260 votos a favor y tres en contra.
Se suspende la sesión a las ocho y cincuenta y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
- DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY DE 8 JUNIO DE 1957, DEL REGISTRO CIVIL. (Número de expediente 125/000023.)
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas. En primer lugar, toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña, por la que se modifica la Ley de 8 de junio de
1957, del Registro Civil.
En nombre del Parlamento de Cataluña, tiene la palabra el señor Masllorens i Escubós.
El señor MASLLORENS I ESCUBÓS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, en cumplimiento de la normativa constitucional y estatutaria, las comunidades autónomas con lengua oficial propia distinta del castellano han aprobado leyes de política lingüística, normalización lingüística o
enseñanza y uso de las respectivas lenguas que contienen normas distintas para regular la doble oficialidad con diferentes opciones, entre otros ámbitos en el de los registros públicos. Es conveniente que el Estado, reconociendo la realidad
plurilingüe de España, con pleno respeto por las competencias de las comunidades autónomas y en ejercicio de su competencia en materia de ordenamiento de los registros e instrumentos públicos, facilite la aplicación del principio de doble
oficialidad en el ámbito del Registro Civil. La proposición de ley que hoy me honro en presentar ante esta Cámara en nombre del Parlament de Catalunya y que fue aprobada por unanimidad de los cinco grupos parlamentarios de la Cámara establece una
norma de carácter general en virtud de la cual los asientos deben realizarse en una lengua oficial en el territorio en que radica el registro y establece que en las comunidades autónomas con lengua oficial propia distinta del castellano las hojas de
los libros del Registro Civil se distribuyan en las dos lenguas oficiales. El artículo único señala que los asientos en el Registro Civil se realizarán en lengua castellana o en la lengua oficial propia de la comunidad autónoma, de acuerdo con lo
que establezca la correspondiente legislación autonómica.
A nuestro entender, lo que estamos haciendo ahora en cierta medida es constitucionalizar una ley anterior a la Constitución, la Ley del Registro Civil, por lo que respecta al uso de las lenguas oficiales.
Dicha ley y su reglamento no
contemplaban lógicamente en aquel momento la existencia de otras lenguas que no fuesen la castellana, cuando el uso oficial y público de otras lenguas del Estado era restringido o directamente reprimido en los oficios públicos. De hecho, con
posterioridad a que la resolución número 40 con motivo del debate sobre el estado de la Nación de 27 de junio de 2001 instara al Gobierno, literalmente, a impulsar, previos los estudios que fueran necesarios, las reformas legislativas y actuaciones
administrativas que fueran precisas, con objeto de posibilitar que la práctica de los asientos y la emisión de las certificaciones del Registro Civil pudieran hacerse en la lengua oficial propia de la comunidad autónoma en donde radicara la sede del
mismo, en una respuesta escrita a un diputado de esta Cámara el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes especificaba: En la actualidad el Ministerio de Justicia está llevando a cabo los estudios previos a los que se refería la citada
resolución, que son imprescindibles para, en su caso, delimitar las posibles reformas necesarias a estos efectos.
Señoras y señores diputados, entendemos que ha pasado suficiente tiempo como para que estos estudios estén ya realizados y que esta Cámara debería aprobar, y es lo que solicitamos desde el Parlament de Catalunya, esta proposición de ley a
los efectos de que en los libros del Registro Civil puedan constar las lenguas propias, no sólo el catalán en el caso de Cataluña sino de otras comunidades autónomas. Por eso solicito el voto favorable de los diputados y diputadas.
Para finalizar, señora presidenta, y en otro orden de cosas, quiero manifestar ante este Pleno del Congreso que el Parlament de Catalunya, al que hoy me honro en representar, como expresión que es también de la pluralidad de los pueblos de
España, ha votado con un 91 por ciento del voto de sus diputadas y sus diputados en contra de la guerra injusta e ilegal en la que estamos embargados. Quede pues constancia de ello
aprovechando esta ocasión de la presencia de un representante del Parlament de Catalunya por primera vez desde que ha empezado el conflicto de Irak.
Muchas gracias, señoras diputadas, señores diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Masllorens.
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Es como siempre un motivo de satisfacción para el Bloque Nacionalista Galego poder saludar a una representación del Parlamento de Cataluña, y lo es mucho más cuando se trata, como ya nos tienen acostumbrados, de defender el pluralismo
político existente en el Estado español y en concreto en aquello que tiene que ver con las competencias del Estado en materia lingüística. Realmente, el Parlamento de Cataluña representa una institución de gran sensibilidad respecto de la
normalización lingüística del catalán y sin duda también respecto de otras lenguas peninsulares.
Por eso, además de propiciar, impulsar y apoyar una política de normalización de usos del catalán en la vida interna del país y a partir de sus
competencias, está intentando la reforma democrática, en mínimos democráticos, de la legislación del Estado. Contrasta esta posición mayoritaria en el Parlamento de Cataluña con la que se mantiene por el partido que ostenta el poder en Galicia, que
no solamente no respeta la legalidad lingüística interna -es un escándalo ver cuál es la situación de la enseñanza en nuestro país o cuál es incluso el respeto por la toponimia-, sino que lógicamente impide cualquier tipo de iniciativa que consista
en hacer demandas al Estado sobre las competencias propias. Para darse una idea, en mi caso en particular, en este Congreso de los Diputados, tengo que estar atento continuamente a que se respete, por ejemplo, una ley solemnemente aprobada por este
Congreso de los Diputados por unanimidad, que es la Ley de marzo de 1998, por la cual pasan a denominarse las provincias gallegas A Coruña y Ourense. También tengo que asistir estupefacto a comparecencias, por ejemplo, del director general de la
compañía de Radiotelevisión Española, donde se permite el lujo de decir que eso queda a la libre opción de la casa, porque tienen un documento de la Real Academia Española donde dice que eso se usa o no se usa, a capricho de los utentes del español.
Ante una situación de este tipo hay que preguntarse si después de 25 años de Constitución española y más de 20 años de estatutos de autonomía y de leyes de normalización lingüística, lo que hay en el Estado español es un contexto democrático o no.
En todo caso, quiero también recordar que ya en la anterior legislatura, a iniciativa del Bloque Nacionalista Galego, se modificó la legislación del Registro Civil para posibilitar nada menos que los cambios de nombres fueran mecánicos a petición
del demandante e incluso que se pudiesen restaurar los apellidos en sus formas originarias. Esa ley y esa modificación, que también se aprobó y afortunadamente con un consenso, a la hora de la aplicación en la práctica está siendo boicoteada y
petardeada por una especie de resoluciones internas del propio Registro Civil, donde se ponen pegas en el caso de muchos apellidos, no para garantizar la corrección de la forma originaria, sino simplemente diciendo cosas tan pintorescas como que no
se puede poner Ponte porque eso también existe en español, Puente, y por lo tanto este señor es español. Nos quedamos tan tranquilos con esos argumentos que el usuario tiene que aguantar a pesar de que la ley es estricta y no deja lugar a dudas.
Sin duda lo que ahora ustedes proponen viene a intentar legitimar y legalizar algo que es fundamental, que los datos sobre el nacimiento de las personas, las uniones matrimoniales o las defunciones se consignen con todos los derechos también
en la lengua respectiva de cada una de las naciones que tiene lengua impropia. No sé cuál será la suerte de esta proposición de ley, pero yo espero que en este caso cunda la comprensión, el sentido común, el respeto por el pluralismo y que de una
vez por todas la Administración del Estado asuma sin tapujos, sin dobleces y sobre todo sin impertinencias y sin opresiones de ninguna clase el derecho de los individuos a verse reflejados tal cual son, en lo que son sus actividades de carácter
legal y en este caso de los registros civiles que dependen de la Administración de justicia del Estado español.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.
Por los propios fundamentos de la iniciativa que hoy se examina y por los propios principios que ha sostenido siempre la formación política a la que yo represento, no podemos menos de decir que obviamente vamos a apoyarla. Hace ya 25 años,
que para tantas cosas quieren señalar como fecha de celebración, desde que entró en vigor la Constitución, en cuyo artículo 3 se señala la cooficialidad de distintas lenguas, y sin embargo todavía quedan restos en
numerosos ámbitos en los que no es posible la utilización de las distintas lenguas oficiales en condiciones de igualdad.
El Registro Civil, como ha manifestado el representante del Bloque Nacionalista Galego, hace referencia a las circunstancias más íntimas de la persona, la propia situación de su nacimiento y filiación, sus circunstancias personales, lo más
cercano a su esfera personal y, sin embargo, todavía hoy hay que estar defendiendo que pueda quedar expresado de forma oficial no solamente en castellano o en español, cualquiera que sea de las dos expresiones que la Constitución emplea que se
prefiera, sino que también pueda serlo en la lengua oficial propia de las distintas comunidades autónomas que así la tienen reconocida en los propios estatutos.
Siempre contará una iniciativa de este estilo con el apoyo del grupo al que represento y con la exigencia de que se modifiquen normas, algunas de ellas preconstitucionales, que requieren la adecuación al momento presente, sobre todo si
tenemos en cuenta que cuando se habla de la utilización de lenguas distintas en el ámbito de lo judicial suscita serias suspicacias, pero estamos hablando del Registro Civil, mucho más cercano a lo administrativo que a lo judicial y que por lo tanto
pone mucho más fácil, si se me permite la expresión, que sea posible lo que la iniciativa desde el Parlament de Catalunya nos trae hoy.
Es también momento, señorías, y se me permitirá utilizar el trámite, para algunos reproches. Iniciativas de este estilo siempre contarán con el apoyo del Grupo Vasco; grupo que, sin embargo, ayer, cuando se hablaba en una determinada
Comisión de las circunstancias del cierre del único diario existente en lengua vasca, de motivos que pudo haber para ello y también de las circunstancias que concurrieron, cualquiera que hubiese sido la posición sostenida por distintas formaciones
políticas, nos es hoy dado acreditar ante esta Cámara que hubo notables ausencias que notamos y que anotamos. Nos hubiera gustado contar con igual criterio recíproco que el que nosotros exhibimos en circunstancias como la presente. Este reproche
que he indicado, quizá como desahogo, para nada enturbia nuestra postura que, por supuesto, va a ser la de que sea posible la toma en consideración de la iniciativa que el Parlament de Catalunya hoy nos trae.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda, señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en primer lugar, como es habitual, por parte de mi grupo parlamentario quiero felicitar al digno representante del Parlamento de Cataluña que ha venido a exponer, defender y enriquecer en su intervención con otro aspecto la
decisión tomada por el Parlamento de Cataluña y, como no podía ser menos, por la postura de mi grupo en similares iniciativas, vamos a votar a favor; vamos a votar a favor, entre otras cuestiones, porque nos parece un texto muy equilibrado, muy
bien medido, muy bien mesurado y nosotros entendemos que debe tener mejor suerte que otros textos sin duda también mesurados y equilibrados. Dicho esto, considerando que sería muy conveniente que, si este texto -espero- tiene buena suerte, se fuera
corrigiendo, como se ha dicho en las intervenciones de anteriores portavoces, restos del pasado, de titulaciones históricas y de tics que no corresponden a la Constitución de 1978 ni al momento plurinacional y plurilingüístico que se vive y que
además está plenamente reconocido en la misma, ojalá esto sirva para ese fin y se vayan quitando algunos residuos alcanforinos.
Me gustaría recordar a un portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra que el español no existe; existe el castellano, que es la lengua oficial del Estado español, según la Constitución, pero el español no existe. Lo digo desde una
comunidad autónoma que considera que habla el castellano más culto, más moderno y más evolucionado, como es la andaluza. Por tanto, pedimos que al pan, pan y al vino, vino. Por lo demás, termino felicitando y agradeciendo la iniciativa que se trae
desde el Parlamento catalán.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, en primer lugar, sin lugar a dudas quiero dar la bienvenida al Parlament de Catalunya y por tanto al portavoz en este caso, comisionado del mismo, que ha venido aquí a defender la proposición de ley de dicho Parlamento sobre
pluralidad lingüística en el ámbito registral y sobre lo que supone ciertamente la aplicación en toda su complitud del ordenamiento jurídico. Ciertamente los asientos del Registro Civil no se rigen pura y simplemente por el artículo 298.6 del
reglamento, faltaría más, tampoco pura y simplemente por la Ley del Registro Civil, de 8 de junio de 1957, sino que también están sometidos ciertamente a la legislación de las comunidades autónomas, a sus estatutos de autonomía y a las leyes de
normalización y, en su caso, de usos lingüísticos.
Yo creo que en este caso la bienvenida cabe darla en un doble sentido, porque ciertamente creo que en el día de hoy esta proposición de ley, en virtud de las propias negociaciones de mi grupo y que he podido sostener con el propio
ministerio, será tomada en consideración. Saben SS.SS. el esfuerzo que el Grupo Parlamentario Catalán ha dedicado a este tema, porque el 27 de junio del año 2001, con motivo del debate sobre el estado de la nación, pudimos aprobar por unanimidad
una propuesta de resolución que presentó mi grupo -es algo que está en la mente de todos-, pero no fue sólo en aquella sesión, sino que también pudimos reiterarla en el debate sobre el estado de la nación de 2002, el 16 de julio, y volver a
aprobarla, con la configuración de una proposición no de ley, en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados el 24 de septiembre del año pasado. Si llevamos más de un año y medio impulsando la adopción de esta medida y ha sido
acordada por unanimidad del Congreso y de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados la remisión por parte del Gobierno de un proyecto de ley que resuelva algunos incumplimientos por parte de algunos funcionarios del Poder Judicial a lo
que no sólo es algo concerniente a derecho sino también de sentido común, que es que se puedan practicar estos asientos en la lengua propia de la comunidad autónoma o que se pueda realizar algo que ya se está haciendo a nivel de Registro Mercantil,
ya digo, si bien es cierto que llevamos insistiendo mucho tiempo y que llevamos mucho retraso, no es menos cierto que cabe agradecer en este caso y mostrar la satisfacción porque el Gobierno, el Ministerio de Justicia, el ministro señor Michavila o
el secretario de Estado señor Catalá, que se han retrasado en le envío a este Congreso de un proyecto de ley, sean capaces de entender el sentido de este retraso y la premura y sean capaces, vuelvo a decir, de solicitar del Grupo Parlamentario
Popular que vote a favor de la toma en consideración, no ya de un proyecto de ley del Gobierno sino de una proposición de ley del Parlament de Catalunya. Por tanto, si bien es cierto que hay que reconocer el retraso, no es menos cierto que hay que
saber reconocer en este caso la forma en que el Gobierno del Estado pretende corregir esa mora en un tema de estas características. Se dice aquello de que nunca es tarde si la dicha es buena y en este caso hay que entender que la dicha en el día de
hoy será buena.
Ya digo que ha sido un trabajo largo, arropado siempre por la unanimidad del Congreso de los Diputados, que entiende que debiera efectuarse de esta manera. En algún momento se ha entendido que cabía esperar una reforma global del reglamento
del Registro Civil, pero cabe también pensar que es buena forma de corregirlo el hecho de votar a favor de la toma en consideración de una proposición de ley del Parlament de Catalunya, además aprobada en dicho Parlamento por unanimidad, y que nos
permita resolver este problema en un tiempo breve, problema que es muy puntual, porque la mayor parte de los jueces encargados del Registro Civil realizan una aplicación correcta del ordenamiento jurídico, pero que también permitirá, sin lugar a
dudas, resolver algunos temas que no por puntuales y escasos dejan de ser, más que desagradables, contrarios al sentido común y al propio ordenamiento jurídico. En consecuencia, agradeciendo y dando la bienvenida al comisionado del Parlament de
Catalunya, no puedo por menos de manifestar esta satisfacción de mi grupo parlamentario y este agradecimiento a que aunque haya sido in extremis en el día de hoy, en esta misma mañana, se haya optado por el voto favorable a esta proposición de ley.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, nos encontramos una vez más en la tesitura de recibir una proposición de ley por la vía establecida en nuestra Constitución de la iniciativa legislativa de los parlamentos autonómicos. Nosotros creemos, y lo he dicho en más de una
ocasión desde esta tribuna, que esta vía de iniciativa legislativa es extraordinariamente importante, porque es una de las más acordes con la realidad plural de nuestro Estado de acuerdo con la Constitución. Que en la sede legislativa del Estado
recibamos las propuestas realizadas por las sedes legislativas de las diversas comunidades autónomas me parece un buen ejemplo y una buena muestra de cómo debe de funcionar la coordinación y la colaboración en nuestro complejo Estado autonómico.
Hecha esta introducción, permítanme saludar al ilustre señor Masllorens, viejo amigo, miembro del Grupo Parlamentario Socialistes per Catalunya-Ciutadans pel Canvi, y en esta ocasión representante único del Parlamento de Cataluña ante la Cámara, al
cual le cabe el honor de defender esta proposición de ley, ya que por primera vez, según las noticias que tenemos en este momento, va a tomarse en consideración por el Pleno del Congreso de los Diputados una proposición del Parlamento de Cataluña
referida a cuestiones lingüísticas. No puedo por menos que manifestar la satisfacción que nuestro grupo tiene por el hecho de que el conjunto de la Cámara en esta ocasión, es decir, con la incorporación del Grupo Parlamentario Popular, que hasta
ahora había votado de forma distinta, haya admitido la realidad pluricultural, plurilingüe y
variada de nuestro ordenamiento constitucional. Es esta una fecha importante, es la primera vez en esta legislatura en que el Partido Popular va a votar a favor de la proposición traída por el Parlamento de Cataluña, como he dicho
anteriormente. En las diez ocasiones anteriores, el Partido Popular había votado a favor en nueve en el Parlamento de Cataluña y se había abstenido en una, y había votado en contra en diez ocasiones en el Congreso de los Diputados. En las siete
ocasiones en las que desde diciembre de 2001 hasta la última, muy reciente, de 4 de marzo de 2003, se habían discutido cuestiones lingüísticas en el Congreso, fuera en el Pleno, fuera en la Comisión de Justicia e Interior, en cinco el Grupo Popular
había votado en contra y en dos se habían admitido enmiendas transaccionales propuestas -hay que decirlo- por dicho grupo, las dos veces el 24 de septiembre de 2002, una de ellas en la Comisión de Justicia, referida a la modificación del reglamento
del Registro Civil, y la otra en el Pleno de la misma tarde en esta sala, referida a la utilización de las diversas lenguas cooficiales en los impresos oficiales producidos por el Estado. En ambas ocasiones se estableció un plazo de seis meses en
la transacción votada favorablemente por el conjunto de la Cámara para la realización de la adecuación lingüística que se proponía en dicha transacción. Han transcurrido seis meses y cinco días y, sintiéndolo mucho, no puedo celebrar lo que anuncié
que celebraría si realmente se cumplía el mandato legislativo. Han pasado los seis meses, no se ha cumplido lo que en la transacción nos propuso el Partido Popular, obteniendo la adhesión del conjunto de la Cámara, y como temía en aquel momento, es
difícil la celebración del cumplimiento del reconocimiento de la pluralidad lingüística. Pese a ello, estamos contentos de que en esta ocasión el conjunto estemos por el desarrollo adecuado de la Constitución. Es un tema discutible, lo admito, la
necesidad estricta de la proposición que vamos a votar favorablemente. En una interpretación adecuada del ordenamiento jurídico, la vigencia de la Constitución en los artículos 3, 9.2 y 10.1 debiera de ser suficiente para considerar derogada
cualquier norma legal preconstitucional que se opusiera al desarrollo de los derechos lingüísticos individuales y colectivos, y así lo he manifestado en ocasiones anteriores. A pesar de ello, visto que la interpretación de los que no deben legislar
sino acatar lo que dicen los legisladores no ha sido exactamente la misma, vamos a votar favorablemente una proposición que viene a modificar expresamente la legislación ordinaria; ya que en el tiempo transcurrido la derogación tácita vía
constitucional no ha sido suficiente para que el Gobierno actuara de forma adecuada al respecto, esperemos que al final del trámite legislativo que hoy empezamos y una vez aprobada la proposición de ley que admitiremos hoy a trámite, el Ejecutivo
ejecute lo que el Legislativo dice. Vamos a esperarlo con la misma cautela con la que hemos esperado hasta ahora el cumplimiento de lo que no se ha cumplido. Esa misma razón nos lleva a los que creemos que la política es un instrumento para
resolver problemas, no sólo para hablar, es un instrumento para modificar las condiciones reales de la sociedad, para ampliar los derechos de los ciudadanos, a mantener la esperanza de que la tramitación y la aprobación final de esta ley va a abrir
realmente en los registros la posibilidad de que se cumplan en su totalidad los derechos lingüísticos de los ciudadanos.
El 24 de septiembre de 2002, en la ocasión a que me refería anteriormente en la Comisión de Justicia e Interior, reconocía el pragmatismo jurídico de la diputada portavoz del Grupo Vasco, señora Uría, en cuanto decía que en el Registro Civil
el orden de las fuentes del derecho venía notablemente alterado y que el funcionario tendía a aplicar primero la circular, luego el reglamento y en último extremo, si no lo tenía claro antes, la ley. Estábamos discutiendo entonces que se hicieran
circulares aclarando el reglamento. Estamos discutiendo en este momento -discutiendo desde el punto de vista académico, porque me parece que todos estamos de acuerdo sobre el resultado final- una modificación legislativa. Esperemos que esta
modificación legislastiva complete no sólo el añadir un párrafo al artículo 23 de la venerable Ley de 1957, sino que las disposiciones posteriores que se establezcan sean realmente efectivas, que en el plazo de tres meses existan en los registros
civiles de todo el país los instrumentos necesarios para aplicar el plurilingüismo, y si ello es así, desde el momento en que sea aprobada definitivamente esta ley por las Cortes, nosotros vamos a reconocerlo, exactamente igual que ponemos de
manifiesto, como no podemos dejar de hacer desde nuestra obligación constitucional del control del Gobierno, los incumplimientos que en la materia se han producido hasta este momento.
Una vez más, señorías, vamos a votar a favor de las proposiciones presentadas por los parlamentos autónomos, en concreto la que pretende, y esperemos que logre, la modificación de la Ley del Registro Civil. El hecho de que aún hoy realmente
tengamos que estar discutiendo esto debiera hacernos pensar sobre el porqué no se ha producido ya con anterioridad el cumplimiento, sin obstáculos, de los derechos de todos los ciudadanos en el aspecto lingüístico. Pensándolo, y viendo que al
final, en la undécima ocasión, la postura del conjunto de la Cámara va a conseguir que se tome en consideración la ley por la modificación de la postura, hasta ahora solitaria, del Grupo Popular, nos felicitamos, felicitamos al conjunto de la Cámara
y felicitamos también, no podía ser menos, al Parlamento de Cataluña por haber aprobado, allí también por unanimidad, una norma que se ha de incorporar a
nuestro derecho y que ha de completar realmente el conjunto de los derechos plurales distintos de los ciudadanos en cuanto al uso de las lenguas.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pedret.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señora Martín.
La señora MARTÍN VIVAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, quiero que mis primeras palabras sean para dar la bienvenida al diputado, señor Masllorens, único representante de la delegación del Parlamento de Cataluña, benvingut.
El Parlament de Cataluña trae a esta Cámara una proposición de ley que postula la modificación de la Ley del 8 de junio de 1957, reguladora del Registro Civil, con la finalidad de que, en aquellas comunidades autónomas con lengua oficial
propia distinta del castellano, los asientos que se realicen en el Registro Civil puedan llevarse a cabo no sólo en castellano, sino también en la referida lengua oficial. Nos encontramos ante la doble circunstancia de que, por una parte, estamos
ante una ley preconstitucional, del año 1957 y, por la otra, ante una realidad social y una voluntad política de modificar unos preceptos que dificultan la extensión de los asientos en los libros del Registro Civil en las diferentes lenguas
cooficiales. Señorías, para abordar con rigurosidad esta modificación debemos analizar brevemente la situación técnico-jurídica actual.
Conforme a lo establecido en el artículo 149 de la Constitución, la materia concerniente a la ordenación de los registros es de competencia exclusiva del Estado y el Registro Civil es sin duda, y de acuerdo con la doctrina del Tribunal
Constitucional, uno de esos registros de competencia exclusiva estatal. Esto explica que los diferentes estatutos de autonomía no contengan ninguna referencia al Registro Civil ni sea posible ninguna legislación autonómica en esta materia.
Precisamente, en la medida de lo posible, y como muestra de una especial sensibilidad a estas cuestiones, el Gobierno, y más concretamente el Ministerio de Justicia, ha procurado, en el ámbito de las respectivas competencias, hacer efectivo dentro
del Registro Civil el principio constitucional de cooficialidad o doble oficialidad del castellano y del idioma oficial propio en el territorio de las comunidades autónomas afectadas.
La consulta al derecho positivo muestra que el principio de cooficialidad lingüística no es una materia ajena o que haya pasado desapercibida en el vigente régimen del Registro Civil, pues en efecto, aun cuando no de una forma unitaria y
sistemática sino más bien fragmentada y dispersa, determinaciones inherentes a dicho principio han encontrado reflejo y acogida en las normas que integran dicho régimen, no tanto en el caso de la Ley reguladora del Registro Civil del 8 de junio de
1957 que, como he dicho, es preconstitucional, como en el Reglamento de 14 de noviembre de 1958, que ha sido objeto de sucesivas modificaciones, así como en normas de rango inferior y resoluciones de la Dirección General de los Registros y del
Notariado.
A pesar de que el marco normativo actual cumple con los requisitos establecidos por el Tribunal Constitucional que se derivan de la cooficialidad de la respectiva lengua autonómica, que han de ser respetados por el Estado en su regulación de
los registros públicos, el Pleno del Congreso de los Diputados, con motivo del debate sobre el estado de la Nación, que aquí ya ha sido mencionado, aprobó el 27 de junio de 2001 una propuesta de resolución, reiterada en el debate sobre el estado de
la Nación de 2002, por la que se insta al Gobierno a impulsar, previos los estudios que fuesen necesarios, las reformas y actuaciones administrativas precisas para posibilitar que la práctica de los asientos y la emisión de certificados del Registro
Civil puedan hacerse también en la lengua oficial propia de la comunidad autónoma donde radique el mismo. Creemos que de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional no existen objeciones jurídicas a que el legislador estatal, que es el
único competente en este ámbito, reconozca el principio de cooficialidad en la extensión de asientos del registro en los territorios oficialmente bilingües.
Una vez hecha esta valoración desde un punto de vista jurídico, quiero manifestar que nuestro grupo coincide con el espíritu de la proposición de ley que hoy trae aquí el Parlament de Catalunya, sin perjuicio de que lo consideremos
susceptible de una mejora y perfeccionamiento en su redacción actual, a través de las enmiendas que ya anuncio que presentará el Grupo Popular en su tramitación parlamentaria en esta Cámara.
Señorías, nuestro grupo tanto en el Parlament de Catalunya como aquí en el Congreso de los Diputados, y también en el Senado, ha votado afirmativamente aquellas iniciativas tendentes a regularizar esta situación para adaptar el
funcionamiento de estos registros a la realidad pluricultural y plurilingüística que constituye un patrimonio y una riqueza que tenemos que conservar.
Volviendo a la proposición de ley que trae aquí el Parlament de Catalunya, y dejando claro el soporte de nuestro grupo a esta iniciativa, con matices, como he dicho antes, quiero recordarles que fue precisamente en el año 2001 cuando se dio
cauce legal a una iniciativa de nuestro grupo, el Grupo Popular, para incorporar las lenguas cooficiales en los documentos nacionales
de identidad y en los permisos de conducir. Fue esta misma diputada quien defendió en aquel momento la proposición que dio lugar a esta medida.
Ahora quiero referirme brevemente a las manifestaciones vertidas aquí por los diferentes grupos y decirles que algunas de ellas están cargadas de un exceso de demagogia, y les diré por qué. El Grupo Socialista ha hecho aquí una exposición y
una defensa de los hechos que en nada corresponde con la realidad. Da la sensación de que lo que a ustedes les molesta es que hoy el Grupo Popular vote a favor de esta proposición de ley del Parlament de Cataluña. Quiero recordarles, señores del
Grupo Socialista, que ustedes estuvieron catorce años en el Gobierno y fíjense ustedes cuál es la realidad, que además de tener que hacer lo que ustedes habían deshecho, me refiero a lo que todos sabemos -economía, trabajo, etcétera-, somos
nosotros, el Partido Popular, el que ha tenido que acometer reformas como la que hoy nos ocupa. No fue en ningún caso el Gobierno socialista el que apostó por incorporar la cooficialidad lingüística, sino que ha sido precisamente nuestro Gobierno y
un Gobierno del Partido Popular el que lo ha hecho. (Rumores.)
Al portavoz de Izquierda Unida así como al representante del Grupo Mixto, al que le ruego transmita estas palabras a sus compañeros de grupo hoy asuntes, eso sí, con todos los respetos que ustedes nos merecen, he de decirles que dirijan más
su preocupación hacia determinadas actitudes que de verdad les deben de preocupar y que son la esencia de la democracia, porque de estos temas ya nos ocupamos nosotros. Me estoy refiriendo a la necesidad de que ustedes reflexionen e intenten poner
las cosas en su sitio, en el seno de sus respectivos partidos, porque incidentes como los acontecidos el pasado día 25 en Reus, coartando la libertad de expresión e incitando a actos violentos contra el Partido Popular y más concretamente contra
nuestros candidatos a la alcaldía de Reus, Miguel Ángel López Mayol, y a la alcaldía de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, personas, por otra parte, de una talla política, moral y humana difícilmente igualable, repito, incidentes de este tipo ponen
en serio peligro la libertad y la democracia en nuestro país.
(Aplausos.-Rumores.)
Por último, señor Silva, con todo respeto me gustaría que transmitiera a su grupo que cuando en Cataluña vaya una persona a la Administración de la Generalitat a solicitar la traducción de un documento a la lengua castellana -y le recuerdo
que también está en su derecho, porque hay cooficialidad lingüística-, procure que se lo den al momento, como hace la Administración del Estado, y que no le hagan volver a recogerlo al cabo de quince o más días.
Concluyo, señor diputado del Parlament de Cataluña, anunciando que el Grupo Parlamentario Popular va a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley, esta vez sí, en coherencia con la propuesta de resolución aprobada
en el debate del estado de la Nación, y porque creemos que en virtud del principio de cooficialidad lingüística y del subsiguiente derecho de los ciudadanos, en las comunidades autónomas oficialmente bilingües se debe posibilitar por el Estado el
uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales con plena validez jurídica en el territorio de las comunidades autónomas con lengua oficial propia.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Rodríguez Sánchez pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Solamente a los efectos de que conste, en primer lugar, que el representante del Bloque Nacionalista Galego ni vive en Reus ni es una fuerza política catalana. En segundo lugar, respecto de todos los miembros del Grupo Mixto que faltan, es
así en la mayoría de los casos, y en el caso del que tenga alguna presencia en Cataluña, ni está involucrado ni estuvo presente en esos hechos. Nos parece lamentable que se utilicen temas que nada tienen que ver con el objeto del debate para
intentar intoxicar o manipular a la opinión pública.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Señora Martín.
La señora MARTÍN VIVAS: Quiero decirle al señor Rodríguez que formando parte del Grupo Mixto lo que le he dicho es que, por favor, tome nota y transmita a sus compañeros de partido hoy ausentes aquí; por algo será.
(La señora Cunillera i
Mestres: De partido no, de grupo.-Una señora diputada: ¿Labordeta también?-Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martín.
Señorías, sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña ,por la que se modifica la Ley de 8 de junio de 1957, del Registro Civil.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 279; a favor, 277; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la toma en consideración.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EMPLEO PÚBLICO DE DISCAPACITADOS. (Número de expediente 122/000268.)
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre empleo público de discapacitados.
Para la presentación y defensa de la iniciativa tiene la palabra la señora Rumí. (Rumores.)
Señorías, debemos continuar con el debate por lo cual les ruego que ocupen los escaños o abandonen el hemiciclo en silencio. (Continúan los rumores.)
Señorías, hay una diputada esperando poder hacer uso de la palabra en la tribuna. Les ruego que guarden silencio. (Pausa.)
Adelante, señora Rumí.
La señora RUMÍ IBAÑEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista trae hoy a la Cámara para su toma en consideración una proposición de ley que representa un respaldo claro e inequívoco para la creación de empleo para las personas con discapacidad. Me gustaría
subrayar que se trata de una iniciativa importante enmarcada en una serie de actuaciones parlamentarias del Grupo Socialista para que el año 2003, Año europeo e internacional de las personas con discapacidad, acabe por producir resultados concretos.
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Rumí, por favor. (Pausa.)
Adelante.
La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Decía que para que el año 2003, Año europeo e internacional de las personas con discapacidad, acabe por producir resultados concretos en cuanto a la materialización de los derechos que hoy les siguen siendo negados a
más de tres millones y medio de personas y a sus familias. Un año que debe servir para algo más que para las conmemoraciones solemnes, donde el Gobierno intenta acaparar en exclusiva la atención pública hasta llegar, como ha sido el caso del actual
titular del Ministerio de Trabajo, a la desconsideración con los grupos representados en este Parlamento. En realidad el año europeo debería convertirse en algo más ambicioso, en un avance sin precedentes en cuanto a las realizaciones para la
normalización de la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas con alguna discapacidad. Hablo, y así quisiera reseñarlo, de ciudadanos, para que mis palabras recojan con la mayor fidelidad el sentir que anima las actuaciones del Partido Socialista
en relación con la discapacidad.
La ciudadanía, señorías, expresa una constelación de rasgos y valores que se asientan en la igualdad de derechos de todos. Pues bien, hoy los derechos siguen sin ser disfrutados en igualdad por todos. Existen millones de personas a las que
se les imponen limitaciones que se nos debieran de antojar intolerables en el arranque de un nuevo milenio -limitaciones a su movilidad, limitaciones a su acceso al mercado laboral, a sus posibilidades informativas y de comunicación-. Desigualdad
es el día a día para muchos ciudadanos y la propuesta del Partido Socialista es no resignarnos, no dar por buenos los avances cortos, no conformarnos y aprovechar este año emblemático para, de verdad, despejar el horizonte inmediato de las personas
con discapacidad de tantos obstáculos que se les siguen imponiendo para disfrutar de la normalidad.
Ese es el año europeo por el que los socialistas estamos trabajando, trayendo al Parlamento una iniciativa tras otra, planteando al Gobierno y a los
grupos aquí representados políticas activas para garantizar derechos, que no concesiones graciosas; derechos, con mayúscula, que les corresponden a las personas con discapacidad por su condición de ciudadano.
Señorías, estoy segura que todos compartimos que el acceso al empleo constituye la vía más efectiva para hacer posible la plena normalización de la vida de las personas con discapacidad. Sin empleo no hay integración social, este es el lema
del I Congreso Europeo de Personas con Discapacidad, resumiendo además magníficamente un objetivo de primer orden que debe comprometer las actuaciones del conjunto de los poderes públicos y que motiva la presentación de esta proposición de ley sobre
empleo público para los discapacitados. Pues bien, el empleo, el acceso al mercado laboral en condiciones de igualdad sigue representando un inalcanzable, hasta una quimera para una gran parte de personas con discapacidad y de manera lamentable con
España ocupando una vez más los lugares de cola de toda Europa en cuanto al fomento de puestos de trabajo en este ámbito. En nuestro país hoy sólo se encuentra trabajando una de cada cuatro personas con discapacidad, en torno al 24 por ciento de
los discapacitados, lo que habla a las claras de la insuficiencia y de las limitaciones de las políticas activas de fomento al empleo en este sector y de la mucha tarea que a todas las administraciones -central, autonómicas y ayuntamientos- les
queda por delante, porque, en suma, no se trata de que la discapacidad imponga limitaciones para el acceso o el desarrollo de una vida laboral plena, sino que las personas con discapacidad
son objeto de una discriminación objetiva para acceder a un puesto de trabajo, se encuentran con trabas adicionales -esto en la mayoría de las ocasiones- para acceder al empleo en igualdad de condiciones con otros ciudadanos. Esta es la
razón de justicia social para promover medidas en torno al empleo de los discapacitados, no desde una concepción paternalista, como si hubiera alguien a quien tutelar, ni mucho menos. En cualquier caso para proteger de la arbitrariedad, de la
desigualdad, de las cortapisas que se le imponen para el derecho constitucional que tienen como es el derecho al trabajo. Es más, les diré que, al promover la creación de empleo no estamos tan sólo, por muy importante que esto sea, generando unas
condiciones de partida que hacen justicia a un colectivo como es el de las personas con discapacidad, sino que, al mismo tiempo, estamos trabajando por una sociedad más justa, paulatinamente liberada de la carga de los prejuicios sociales, un modelo
social asentado, como les decía, en la noción misma de la ciudadanía que hace a los individuos partícipes de iguales derechos, y esos derechos hoy siguen siendo cercenados para las personas con discapacidad.
Me atrevo a anticipar con seguridad que, desde el grupo mayoritario de la Cámara, se hará lo posible para que se pongan en valor los planes de empleo suscritos en relación con las discapacidades. Quiero decirles que saludamos positivamente
aquellas iniciativas que se pongan en marcha en esta dirección, pero los planes, además de provocar una más que justificada desconfianza -dado el uso y el abuso que con insólita profusión hace de ellos el actual titular de la cartera de Trabajo,
quizá para ganar un espacio mediático que más tarde se ve escasamente correspondido con los resultados-, no pueden agotar ni sustituir otras actuaciones urgentes e imprescindibles como la que hoy está proponiendo el Grupo Parlamentario Socialista
para su toma en consideración.
La exigencia de responsabilidad que planteamos a los poderes públicos es mayor y de más alcance, porque la situación en la que nos hallamos no admite conformismos ni dilaciones en la adopción de una estrategia de creación de empleo dirigida
al sector de la discapacidad. Es una exigencia más ambiciosa, porque tiene como punto de partida una realidad de nuestro de mercado de trabajo que no puede mantenerse por más tiempo, que se resume en el dato cierto y nada sospechoso de parcialidad,
pues proviene de la Oficina Estadística de la Unión Europea, el Eurostat, que confirma que España es el país con menor nivel de empleo entre los discapacitados. Apenas el 20 por ciento de las personas con alguna discapacidad, en edades comprendidas
entre 16 y 34 años, dispone de ingresos salariales; cifra acusadamente menor respecto a los países de nuestro entorno. Ciñéndonos a esta misma franja de edad, el 38 por ciento de las personas con discapacidad del conjunto de la Unión Europea
dispone de ingresos salariales, frente al 64 por ciento de las personas sin discapacidad. En definitiva, la brecha de empleo en nuestro país en relación con la Unión Europea se sitúa al 18 por ciento; eso, señorías, sin tener que recurrir a la
comparación con cifras de países como Francia, donde trabaja el 46 por ciento de los discapacitados, o Alemania, donde lo hace el 44 por ciento. Admitirán conmigo que no cabe el conformismo ni la retórica respecto a la exagerada eficacia de los
planes, que deben proporcionar una actuación prioritaria, urgente, mucho más amplia y de mayor calado que la actual, y que, necesariamente, ha de partir de un compromiso activo del conjunto de las administraciones públicas para promover más y mejor
empleo para los discapacitados. Es así de sencillo, porque si quienes tienen la responsabilidad de gestionar desde el espacio público los intereses colectivos no se sitúan en la vanguardia de este objetivo, difícilmente podremos reclamar el
compromiso y la complicidad de la sociedad civil, de las empresas y de los representantes de los trabajadores para extenderlo al ámbito económico y laboral en su conjunto.
Por tanto, señorías, proponemos que el sector público lidere este impulso y esta prioridad en torno al empleo de las personas con discapacidad, con la elevación significativa del 3 al 5 por ciento en el cupo de oferta pública de empleo
reservado a personas discapacitadas. Por supuesto que ésta no es la única estrategia, ya que existen otras para la creación de empleo en este sector que creo no deben ser vistas como fórmulas incompatibles con la que hoy estamos proponiendo.
Además, por lo que se refiere específicamente al empleo de personas con discapacidad en el sector público, nuestra propuesta parte de una realidad incontestable.
Tal y como recogemos en el texto de nuestra proposición de ley, pese a que el cupo de
reserva de empleo -como SS.SS conocen- se sitúa por ley en el 3 por ciento desde 1988, arroja unos resultados insatisfactorios.
Según datos que ha proporcionado a este grupo el propio Gobierno, refiriéndose a los años 2000 y 2001, el número de
personas con discapacidad que llegaron a aprobar en las distintas convocatorias para la Administración general del Estado en el año 2000 se situó en torno al 0,2 por ciento de las plazas convocadas, y no existen motivos para suponer que las cifras
se hayan modificado en el año 2001 de manera sustancial. Se trata de una realidad que no dudo en calificar de escandalosa y que no debe intentar dulcificarse con excusas o paños calientes. El objetivo de alcanzar el 2 por ciento, que se planteaba
como posible hace ya 15 años, queda muy lejos y exige actuaciones para poner remedio a esta situación, que hoy es intolerable.
Existen probabilidades de que haya quien intente convencernos de que los datos en términos de empleo
vienen a demostrar lo innecesario o lo improductivo para los discapacitados del sistema de reserva de cupo. En mi opinión, seguir planteamientos de esta índole sería tanto como atajar una manifiesta insuficiencia por medio de un gran error.
Algo así como, ante la realidad de un paso muy corto, optar por dar varios pasos atrás. La reserva de cupo representa una fórmula a la que ha recurrido la mayor parte de los países de nuestro entorno que, además, desarrollan estrategias efectivas
en el terreno del empleo de las personas con discapacidad, y, como tal, su vigencia sigue haciéndose imprescindible.
Con esta proposición, con la elevación del cupo de reserva al 5 por ciento, queremos reclamar un mayor compromiso de la Administración pública en el terreno del empleo. Es una demanda que ya ha sido incorporada por distintas
administraciones autonómicas y que forma parte de una reivindicación que viene repitiendo de manera razonable el CERMI, las organizaciones que representan a la discapacidad, para que llevemos al conjunto de las administraciones este nuevo impulso en
torno al empleo.
Además, acaba de entrar en esta Cámara una proposición de ley en materia de acceso a la Función pública de personal con discapacidad, aprobada recientemente por las Cortes de Castilla-La Mancha, poniendo a prueba, permítanme que lo traslade
así, que los socialistas estamos decididos a hacer de esta convicción en torno al empleo como mejor vía para la integración una realidad que se haga sentir de manera cada vez más creciente en la vida de las personas con discapacidad. Allí, como en
otras comunidades, ha existido un gobierno y una mayoría con la voluntad necesaria para llevar a cabo este propósito. Ahora, confiamos en que permitan la toma en consideración de nuestra proposición, para que pueda ser debatida cuanto antes, y que
de este modo la Administración central se incorpore a este esfuerzo por hacer del empleo un derecho efectivo de los discapacitados. Como manifestación de esta voluntad política también puedo apuntar que nuestro compromiso es ampliar el cupo de
reserva del 3 al 5 por ciento al conjunto de las administraciones autonómicas y locales que sean gobernadas por el Partido Socialista.
Para concluir, señorías, quiero apelar a la responsabilidad de los grupos, porque existen muchas personas que esperan que quienes les representamos en este Parlamento hagamos lo que nos corresponde para protegerles de las discriminaciones,
para alcanzar así una vida laboral en plenitud, sin trabas añadidas a la de cualquier otro ciudadano. Así lo resumo. Esta es nuestra principal tarea en este ámbito. Este año europeo debe contar con muchas realizaciones para ganar terreno a la
discriminación y despejar un horizonte cada vez más igual. Les aseguro que el Partido Socialista y este grupo parlamentario seguirán trayendo a la Cámara constantemente iniciativas a favor de los derechos de las personas con discapacidad. Por lo
que respecta a la que hoy estamos tratando, estoy sinceramente persuadida de que no caben excusas para rechazarla. Así pues, confío en que todos los grupos lleguen a entenderlo del mismo modo.
Muchas gracias. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Rumí.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
El asunto de las oportunidades que deben darse en la política laboral a los discapacitados ha sido motivo de algunas iniciativas de mi grupo parlamentario, Coalición Canaria.
Recientemente, mi compañero de grupo, don Paulino Rivero, habló en una iniciativa parlamentaria, relacionada con las actuaciones en Internet, con las telecomunicaciones, de la entrada de este amplio grupo, de gran importancia social hoy en
día, que necesita tener un horizonte despejado de incertidumbres desde el punto de vista cuantitativo y también cualitativo. Por esta razón, mi grupo apoyará con su voto que la proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario Socialista
prospere, con las mejoras que pudieran introducirse en los trámites de ponencia y Comisión. Coincidimos con ustedes en el fondo y les vamos a apoyar porque entendemos que, por justicia social y por solidaridad, la atención a los discapacitados
honra a una sociedad democrática. La sociedad democrática debe ocuparse de aquellos de sus miembros que están en situación de agravio comparativo, de incertidumbre, según lo que dice la Constitución de que ningún ciudadano puede ser discriminado
por ninguna razón. De aquí, señora presidenta, que nuestro grupo vote favorablemente la toma en consideración de esta iniciativa, para que reciba las mejoras de los sucesivos trámites parlamentarios. Que un Parlamento democrático, amparado por la
Constitución española, dé un horizonte de esperanza a los discapacitados de nuestro país.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista nos invita a debatir sobre un aspecto tan importante como delicado del régimen jurídico de la Función pública; un aspecto en el que la regulación actual, que data de 1988 -y
que, por tanto, cumplirá 15 años enseguida-, necesita una profunda revisión. Esta normativa constituyó en su día un avance importante, en la medida en que permitió extender la conciencia de que la inserción social y laboral de los discapacitados no
se hacía con proclamas voluntaristas o grandes declaraciones de principios, sino a través de medidas concretas y compromisos efectivos.
Por ello, la previsión de la Ley de 28 de julio de 1988, incorporada posteriormente a la norma que ahora se
quiere modificar -la disposición adicional decimonovena de la Ley de medidas urgentes para la reforma de la Función pública-, contenía medidas concretas y deberes efectivos.
Medidas y deberes que se exigían a la Administración pública, a la que se
ponía así en situación de actuar como motor y modelo de los agentes privados, en este terreno.
Sin embargo, el paso del tiempo ha ido poniendo de manifiesto que el fenómeno de la discapacidad es bastante más complejo de lo que los redactores de aquel precepto creían, y que las medidas que se articulan en la ley vigente no garantizan
por sí solas la consecución de los objetivos que la misma fija. Este diputado que les habla ha tenido ocasión de trabajar durante años en un organismo público que tenía encomendada, entre otras, la función de gestionar los procesos selectivos de
algunas administraciones públicas y ha podido comprobar que el índice de discapacitados que supera las pruebas selectivas es bajo, en general, de suerte que difícilmente llegan a cubrir el cupo que les está reservado por prescripción legal en cada
oferta pública de empleo, y casi nunca llegan al 2 por ciento de los efectivos totales de cada Administración publica que la ley fija como objetivo final.
El diagnóstico del que parte la proposición de ley es, pues, a nuestro juicio, correcto e incuestionable. Con la regulación actual no se alcanzan los objetivos legales; podrá haber excepciones -no lo niego-, pero, de haberlas, es claro que
son sólo eso: excepciones que no hacen sino confirmar la regla general. Existe, por tanto, una clara disociación entre los objetivos legales y los medios, los mecanismos arbitrados por esa misma ley para, en teoría, alcanzar los fines, que de
ninguna manera se pueden alcanzar con esos medios. Supuesta esa disociación, se plantea -esto es claro, incuestionable- la necesidad de reflexionar sobre por qué esto es así. Se hace preciso abrir un periodo de reflexión serio, riguroso, profundo,
concienzudo, bien documentado, que nos permita identificar los aspectos de la norma positivos, que los tiene, pero que, al mismo tiempo, nos permita denotar las grandes lagunas, las deficiencias, para ir proponiendo las medidas necesarias para
asegurar que los fines que la ley se marca como objetivo se puedan hacer efectivos.
En principio, compartimos el diagnóstico de que parte la proposición de ley -ya lo he dicho-, pero no vemos tan claro que la solución que propone la iniciativa, la de incrementar el cupo de minusválidos del 3 al 5 por ciento, haciendo además
que las plazas que quedan vacantes se acumulen a los cupos de las siguientes ofertas, vaya a contribuir por sí sola a alcanzar los objetivos planteados. Es posible que el incremento del cupo reservado en cada OPE al turno de discapacitados sea
necesario, pero se puede asegurar o, si esa es una expresión excesivamente contundente, cuando menos augurar que, por sí sola, esta medida no contribuirá a que se cumpla el objetivo legal de que la presencia de discapacitados alcance el 2 por ciento
de los efectivos totales, que es el objetivo que fija la ley. Los pobres resultados obtenidos hasta la fecha en el empeño de la inserción laboral de los discapacitados responde a una pluralidad de causas que la reforma proyectada no aborda en sí
misma.
A nuestro juicio, cuando menos cabe identificar dos tipos de causas en esta situación actual: una serie de causas que tienen que ver con problemas estructurales que atañen al diseño mismo del modelo de inserción que contempla la norma para
los discapacitados y otras más coyunturales vinculadas a la situación del mercado laboral. Por lo que se refiere a las primeras, a los problemas estructurales, parece claro que el de la discapacidad es un problema bastante más variado de lo que
cabe inferir de la mera lectura de la norma que se quiere modificar a través de la proposición. Las minusvalías conforman una realidad muy heterogénea. De entrada, entre los discapacitados pueden distinguirse tres grandes grupos: los físicos, los
psíquicos y los sensoriales, cada uno de los cuales presenta perfiles limitativos propios y específicos que poco o nada tienen que ver con los de los restantes grupos. Sin embargo, la norma vigente incluye indistintamente a todos en un solo
colectivo, para el que además contempla un solo tratamiento singular, el mismo para todos ellos, sin reparar en que los motivos por los que unos y otros requieren de una atención especial son diversos en muchas ocasiones. Por regla general, los
discapacitados físicos carecen de limitación intelectual alguna; entre ellos pueden encontrarse aspirantes con una gran dotación intelectual, que no tienen dificultad para superar las más exigentes pruebas selectivas y, como es evidente, la
situación de la mayoría de los discapacitados psíquicos no es ésta o es muy distinta a ésta. Por su parte, la minusvalía sensorial plantea problemas de otro orden. Sin que tengan que producirse, por ejemplo, limitaciones intelectuales, es
claro que algunas peculiaridades de este colectivo, como por ejemplo el especial universo conceptual de los sordos o de los sordomudos, requieren un tratamiento individualizado, singularizado y un gran esfuerzo de adaptación de pruebas y de
ejercicios en los procesos selectivos.
También existen problemas circunstanciales vinculados a la situación del mercado de trabajo. La gran desproporción que habitualmente se da entre la oferta y la demanda de trabajo en el sector público hace que con frecuencia el número de
aspirantes en el turno libre se dispare y esta masiva presencia de aspirantes en el turno libre hace que los gestores de los procesos selectivos establezcan, porque no tienen otra solución, porque no tienen otra posibilidad, para el acceso a
determinados grupos de titulación unos niveles de dificultad que superan con mucho el umbral razonablemente exigible para acreditar la capacidad que permite desempeñar correctamente esos puestos de trabajo.
La gran competitividad existente obliga a adoptar este tipo de medidas pues, de lo contrario, la criba se hace imposible, y la selección consiste sobre todo en cribar; en hacerlo con criterio, pero en cribar.
Eso hace que, al menos en los
grupos de titulación más bajos, algunos discapacitados, por ejemplo psíquicos, se encuentren con un listón que es materialmente insuperable. Pero es un problema que ocurre con los discapacitados psíquicos, no con los físicos y sólo parcialmente con
los sensoriales.
Parece claro que la problemática es más compleja que la que los proponentes de la iniciativa plantean, a pesar de lo cual nosotros vamos a apoyar la proposición. Vamos a apoyarla porque, como ya he dicho, nosotros coincidimos en el
diagnóstico de partida y, aunque no compartimos del todo la solución que se arbitra en la iniciativa, creemos que es bueno, que es pertinente, incluso que es oportuno que el Parlamento entre a debatir esta cuestión, que requiere una revisión
urgente, que además es insoslayable y no puede demorarse más. La admisión a trámite de esta iniciativa es una buena manera de hacerlo ya que ni tenemos a la vista ni cabe esperar que en lo que queda de legislatura el Gobierno vaya a remitir al
Parlamento un proyecto de estatuto básico de la Función pública que aborde tanto ésta como otras cuestiones del régimen jurídico de la Función pública.
El trámite que hoy evacuamos, el de toma en consideración de proposiciones de ley, no nos emplaza a los grupos parlamentarios a apoyar o rechazar en su integridad el fondo de la iniciativa, sino a expresar solamente nuestra conformidad o
disconformidad con el hecho de que se inicie la tramitación de una proposición de ley que aspira a modificar una parte determinada del ordenamiento jurídico, en este caso un precepto concreto de la Ley de medidas para la reforma de la Función
pública. Nosotros creemos que en este punto la norma vigente requiere clarísimamente una modificación y ésta es una ocasión para debatir, para estudiar y para analizar en qué, cómo y para qué ha de ser modificada. Por todo ello, apoyamos la
proposición de ley.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Erkoreka.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señora presidenta.
Señorías, el mandato que han recibido las administraciones públicas de la Unión Europea es conseguir la mayor integración y luchar contra la exclusión en este caso de las personas con discapacidad, que es de las que estamos hablando, tal y
como se estableció en la cumbre de Lisboa y en las siguientes cumbres europeas. Por ello, en toda la Unión Europea se fija como máxima que no haya ninguna discriminación en el acceso al empleo para las personas con discapacidad. La integración
social de los discapacitados tiene uno de los pilares básicos en la integración laboral de estas personas, en el ámbito público y en el ámbito privado.
Los sindicatos impulsan en la negociación colectiva la plena igualdad de trato de las personas con discapacidad, el cumplimiento de la cuota de reserva de empleo y el fomento de empleo de discapacitados. El Defensor del Pueblo ha venido
advirtiendo de dificultades en la reserva de empleo público para discapacitados, pérdida de prestación por revisión de las situaciones de incapacidad y carencias en la asistencia residencial para los minusválidos psíquicos. Estos son los tres temas
que concentran las denuncias al Defensor del Pueblo.
El Ministerio de Administraciones Públicas sigue considerando que la reserva del 3 por ciento de empleo público para discapacitados no afecta a los procesos de promoción interna. Este ministerio sigue alegando que el mandato de la Ley
3/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función pública, que determina que en las ofertas de empleo público se reserve un cupo no inferior al 3 por ciento de las vacantes para ser cubiertas por personal con discapacidad igual o
superior al 33 por ciento, se refiere a las plazas vacantes incluidas en las ofertas de empleo público pero no afecta a las convocatorias de procesos de promoción interna.
Tan importante como estos problemas es asegurar el cumplimiento de la reserva de los empleos a personas discapacitadas en las empresas de más de 50 trabajadores, evitar discriminaciones en las pruebas y
procesos de selección, garantizar la igualdad de trato en la promoción y el salario, flexibilizar la jornada de trabajo, aumentar las ayudas para el acceso a la formación, dar prioridad a los discapacitados en la formación continua, eliminar
las barreras arquitectónicas y darles garantías añadidas frente al despido.
Esta proposición se refiere al ámbito público. Compartimos la propuesta pero resaltamos la importancia de que se produzca una mayor implicación de todos los agentes sociales, Administración, Gobierno y ONG de discapacitados, en conseguir la
inserción laboral de las personas con minusvalía, el incremento de la cuota de reserva en los ámbitos privados y públicos para discapacitados, más presupuestos para hacerles llegar todas las nuevas tecnologías y apoyo al teletrabajo. Es preciso
resaltar que actualmente del 1.300.000 discapacitados que están en edad laboral, sólo 429.000 trabajan, mientras que la tasa de paro está en torno al 25,8 por ciento. Debería reflexionarse sobre la necesidad de compatibilizar algunas pensiones con
empleo, además de poner en marcha campañas de información para empresarios que desconocen los beneficios y ayudas para contratar personas con discapacidad.
El Ministerio de Administraciones Públicas ha reconocido que en los últimos años sólo se ha cubierto el 10 por ciento de las plazas reservadas para personas con minusvalía, lo que significa que esta medida no cumple su objetivo y que existe
la posibilidad de que el problema no se encuentre en el porcentaje de reserva sino en la gestión de esta reserva. Estamos ante la necesidad de garantizar el cumplimiento de la reserva. Su aumento es una necesidad, pero también lo es ampliar
convocatorias, gestionarlas con eficacia y resolver las cuestiones que viene señalado el Defensor del Pueblo.
Señorías, para finalizar, como ya he dicho, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a apoyar esta toma en consideración de proposición de ley, pero quisiéramos recordarle a los proponentes, en este caso al Partido Socialista
Obrero Español, que es inútil subir la cota al 3, al 5 o al 25 por ciento si no se separan las convocatorias de las ofertas de empleo.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
Mi grupo coincide también con la valoración que hace el conjunto de los grupos de la Cámara con relación a esta iniciativa del Grupo Socialista, esta proposición de ley de empleo público de personas discapacitadas.
Como recordaba la
portavoz del Grupo Socialista al inicio de su intervención, en este año 2003, Año europeo de las personas con discapacidad, nos parece oportuno que la Cámara aborde iniciativas como la que se nos plantea. Por tanto, vaya por delante nuestro voto
favorable a la toma en consideración de la misma.
Situamos esta iniciativa en un Parlamento en el que ya llevamos más de un año trabajando en el ámbito de una subcomisión creada en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo, que precisamente pretende buscar una visión amplia sobre
los problemas de la discapacidad, veinte años después de la aprobación de la LISMI, con el desarrollo de un modelo de Estado que ha responsabilizado en buena manera a las comunidades autónomas en la gestión de las políticas públicas de carácter
social, en un momento en el que se está avanzando en la construcción también de la Europa social y ante nuevas realidades vinculadas a los cambios sociales: el impacto de las nuevas tecnologías, la transformación de los modelos de familia, la
transformación en el propio mundo del trabajo; e incluso con cambios de carácter conceptual: la irrupción del tercer sector como elemento dinamizador de la sociedad, pero también como elemento prestador de servicios de carácter público. Por
tanto, es una subcomisión que analiza la realidad de la discapacidad en esa visión muy amplia. A pesar del trabajo que hagamos en el seno de la subcomisión, también es bueno que los grupos parlamentarios y el Gobierno vayamos planteando iniciativas
para que la subcomisión no sea un freno a la actividad que podamos impulsar los grupos y a la actividad que pueda impulsar el Gobierno en esa materia. Y me gustaría subrayar en esta intervención la importancia que el Grupo Catalán (Convergència i
Unió) da a la subcomisión para abordar de manera amplia estos cambios que afectan a la realidad de las personas con discapacidad.
En segundo lugar, con esta iniciativa el Grupo Socialista nos plantea una reforma legal relacionada con las previsiones de la LISMI, específicamente con las previsiones de la Ley de la Función pública del año 1988, en el sentido de aumentar
la obligación legal de las administraciones públicas de contratar personas con discapacidad. Esta modificación legal que nos propone el Grupo Socialista está muy en la línea con obligaciones legales ya asumidas por algunos gobiernos autonómicos, en
concreto por el Gobierno de mi país, Cataluña, el Gobierno de la Generalitat, que desde hace unos cuantos años ha asumido esta cuota de reserva de trabajadores con discapacidad del 5 por ciento.
Pero es evidente, señorías -y creo que algún otro
portavoz lo ha mencionado-, que para hacer frente a la necesidad de incorporar personas con discapacidad al mundo del trabajo en general y específicamente en el ámbito de la Función
pública necesitamos, junto con las obligaciones legales, políticas activas del Gobierno en esa materia. El Grupo Socialista, de la mano de su diputada la señora Cortajarena, formuló una pregunta por escrito sobre esta misma cuestión con una
respuesta interesante en la que se evidencian las insuficiencias del cumplimiento de esa obligación legal. Me gustaría destacar el hecho de que la respuesta del Gobierno a la pregunta del Grupo Socialista sobre en qué estado se encuentra el número
de plazas cubiertas con personas con discapacidad en el año 2001 pone en evidencia la falta de información del Gobierno en esta materia para poder dar una buena respuesta a la pregunta que se plantea. Por ejemplo, dice que no se poseen datos
englosados por ministerios y comunidades autónomas, no se incluyen plazas del personal laboral y el seguimiento de resultados del cupo de reserva se realiza únicamente sobre las distintas fases de los procesos selectivos pero no a posteriori. Todo
ello son apuntes que nos indican que junto con la obligación legal debe existir una política activa del Gobierno para dar transparencia e información y permitir que se pueda evaluar si esta política se está realizando. En esa misma respuesta
parlamentaria incluso se dice: No obstante, el número de aspirantes discapacitados es muy reducido, lo que determina una ratio candidatos/plaza muy baja que revela la inexistencia de un contingente de aspirantes suficiente para que la totalidad de
las plazas del cupo se cubran con unas mínimas garantías de calidad de los seleccionados. Esto se traduce en que los porcentajes de aprobados sobre plazas reservadas alcancen niveles muy bajos. El portavoz del Grupo Nacionalista Vasco también ha
efectuado alguna reflexión en este sentido. ¿Eso qué nos indica? Nos indica que esa obligación legal necesita para ser cumplida una acción decisiva en el mundo de la discapacidad para estimular que personas que puedan tener la opción de
presentarse a esas plazas conozcan esas convocatorias, conozcan de la existencia de esas oportunidades y se activen mecanismos de información específicos, lo cual hay que hacer en colaboración con las entidades representativas del mundo de la
discapacidad. Estoy seguro de que si el Gobierno fuese capaz de movilizar ampliamente al mundo representativo de la discapacidad para cubrir ese 2 por ciento lo habríamos conseguido. De ahí que mi grupo quiere trasladar a la Cámara la siguiente
reflexión: Necesitamos a veces más políticas y menos obligaciones legales. En el Estado español, ante un problema concreto, somos partidarios de plantear un cambio legal; y los cambios legales por ellos mismos no dan respuesta nunca a los
problemas que tiene nuestra sociedad si no van acompañados de políticas más amplias y más globales. Por tanto, si esta proposición de ley es tomada en consideración, anuncio que mi grupo parlamentario presentará enmiendas orientadas a facilitar que
alrededor de esta nueva obligación legal el Gobierno desarrolle una determinada política, porque además -y creo que los otros portavoces también lo han remarcado- en materia de empleo para personas con discapacidad, a pesar de que desde el año 1996
y como resultado de los acuerdos del Gobierno con el CERMI ha aumentado la creación de empleo para personas con discapacidad y ha mejorado el conjunto de instrumentos públicos para incentivar la ocupación, el número de personas discapacitadas que
trabajan aún es pequeño. En consecuencia, hay que hacer un esfuerzo considerable para incorporar más personas, especialmente las mujeres con discapacidad.
En el seno de la Comisión Mixta de la Mujer, y a través de nuestra portavoz en la misma la señora Pigem, hemos tenido ocasión de conocer la perspectiva que nos han planteado las mujeres vinculadas al CERMI y se evidencia que el colectivo de
mujeres discapacitadas que no encuentran trabajo continúa siendo más significativo que el de varones. Por tanto, continuamos teniendo la necesidad de activar un conjunto de políticas en materia de empleo porque, señorías, también la cuota de
reserva del 2 por ciento que establecía la LISMI en el año 1982 para las empresas privadas continúa incumpliéndose. A una pregunta de este parlamentario sobre cuál es el grado de cumplimiento de la LISMI en esta materia el Gobierno responde que no
conoce la información para decir si estamos avanzando o no en el cumplimiento del 2 por ciento. Me preocupa que a una obligación legal existente desde el año 1982 el Gobierno no pueda responder cuál es el estado de la cuestión en esa materia.
Señorías, todas ellas son cuestiones que nos permiten entender que es necesaria la toma en consideración de esta proposición de ley.
Seguramente un compromiso más activo de las administraciones públicas en este ámbito, en este caso de la
Administración general del Estado, podía ser un nuevo acicate para el conjunto de la sociedad a fin de asumir sus responsabilidades de contratación de personas con discapacidad, pero no necesitamos tan sólo una modificación legal sino una política
global, convencidos de que en España se necesita un nuevo impulso en materia de discapacidad. En el año 1982 la puesta en marcha de la LISMI abrió esperanzas, expectativas y oportunidades, supuso un cambio en la orientación global de la sociedad
ante el fenómeno de la discapacidad, y si comparamos la situación de 1982 con la de hoy el balance es positivo.
En el mundo de la escuela, en el mundo del trabajo, en la prestación de los servicios, en las respuestas a las necesidades de las
familias, en la reflexión teórica y en las políticas de accesibilidad el balance es positivo, pero es evidente que el reto para incorporar con plena normalidad y con todos aquellos derechos que las personas discapacitadas
necesitan para ejercer su condición de ciudadanos aún no se ha alcanzado, y es evidente también que alcanzar hoy en nuestra sociedad la plena ciudadanía pasa fundamentalmente por acceder al mundo del trabajo. Sin acceso al mundo del trabajo
las personas discapacitadas no pueden ejercer sus derechos como ciudadanos en todos sus ámbitos, especialmente en los relacionados con lo social y con la propia estima como personas. En este sentido esta proposición de ley, que en el fondo responde
a un planteamiento positivo, insisto, va a encontrar nuestro apoyo. Esperamos que junto con ella podamos avanzar en esta materia.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Belda.
El señor BELDA PÉREZ-PEDRERO: Señora presidenta, señorías, esta tarde en que comienza el mes de abril y está haciendo muy bien tiempo, lamento tener que amargársela a SS.SS. diciendo que el Grupo Parlamentario Popular va a votar que sí a
la toma en consideración de esta proposición.
(Rumores.) Ustedes pretendían obtener mañana un titular diciendo que la mayoría parlamentaria de esta Cámara quería impedir la elevación de la cuota del 3 al 5 por ciento. Ahora son ustedes los que en
el trámite de esta iniciativa van a tener que explicar cuál es el fondo de esta cuestión. Su señoría ha hecho un discurso basado en poner paños calientes a nuestra negativa y ha dicho que estábamos en el Año europeo de la discapacidad. No me voy a
referir a este año porque nosotros llevamos trabajando por la discapacidad desde 1996 y este año es uno más y no está en la política de los gestos. (Aplausos.) En segundo lugar, señoría, le voy a decir lo mismo que le han dicho los compañeros de
otros grupos parlamentarios de una forma educada, que no es su función. Esto es un gesto de cara a la galería. Parece verdaderamente preocupante que el ejemplo que nos ponga como la quintaesencia de medidas concretas venga de una comunidad
autónoma como Castilla-La Mancha, donde esta política de campanillas, esta política de gestos y de poca efectividad es la que se lleva a cabo.
La deuda histórica de la sociedad española con el sector de la discapacidad se paga en efectivo, no se paga con este tipo de iniciativas candorosas de cara a la galería y que no llevan a ningún sitio. Sabe, y se lo han dicho así los
compañeros de otros grupos, que el problema está en la adaptación de las pruebas para conseguir trabajo. Le voy a decir lo que ha pasado en Castilla-La Mancha. Una licenciada en ciencias políticas, que tiene parálisis cerebral, se ha presentado a
unas oposiciones de la Administración autonómica en las que tenía que hacer un test psicotécnico y rellenar unas cuadrículas. Pues bien, como esta persona no puede gobernar alguno de sus miembros con la consiguiente efectividad, se pasó del tiempo,
y todavía está esperando la disculpa de los responsables de administraciones públicas por ello. Lo que sucede, señoría, es que ese cupo del 3 por ciento no se cubre por muchas cosas y muy complicadas, y probablemente ustedes no sean los
responsables en los años de gobierno pero nosotros tampoco de lo siguiente. Para aprobar una oposición hace falta tener una formación adecuada y adaptada, y las personas no aprueban una oposición de un día para otro ni de un año para otro. Ha
habido un sistema que todos nos tenemos que replantear en el que no se ha orientado bien al mundo del trabajo y tampoco se ha orientado bien al mundo de opositar a determinados puestos de la Administración pública. Tendrían que preguntarse por qué
durante todos esos años en los que estuvo en vigor esta normativa que ustedes ahora se autoenmiendan, desde 1988 a 1996, no se dieron cuenta de que no funcionaba, y no se dieron cuenta de por qué no funcionaban las pruebas adaptadas. Ningún
discapacitado con carácter general se queda fuera de un puesto de trabajo como consecuencia del cupo. Esa es la mejor prueba de que esto es un gesto de cara a la galería, que a nosotros no nos cuesta ningún trabajo decir que sí, pero que hay que
dotar de eficacia. Por eso queremos que se tome en consideración, como han dicho los compañeros de otros grupos, para trabajar en ese sentido pero acogidos a una racionalidad parlamentaria. ¿Cuál es la racionalidad parlamentaria? Primero, ver lo
que está sucediendo en la subcomisión y, segundo, dar contenido a este asunto. Pero dar contenido a este asunto no es elevar del 3 al 5 y hacer una serie de acumulaciones de tantos por ciento. Quizás lo que se puede hacer mientras tanto es lo que
ha hecho el Gobierno con fecha 21 de febrero. No es así, pero si alguien se queda fuera del cupo del 3 por ciento se puede presentar en condiciones de igualdad con el mismo tipo de requisitos al resto de las plazas por el turno libre. Por tanto
son problemas claros de adaptación.
Nuestro grupo va a perseguir mejorar la aplicabilidad de la legislación vigente. Nuestro grupo no se va a conformar con la planificación del empleo público y privado que se ha hecho en estos años. Y no se preocupe que nosotros no se lo
vamos a reiterar, como usted ha anticipado. No tenemos otro ánimo que decirle que pretendemos que se incorporen más discapacitados a la Administración, pero pretendemos también que esa incorporación se haga con un auténtico cambio de fondo, y el
cambio de fondo está en la formación y no en la legislación; lo demás son palabras vacías.
Hay que tener mucho cuidado con algunas cuestiones. Hace un mes, en este mismo periodo de sesiones, desde su grupo parlamentario se levantaba muchísimo la voz porque nosotros, ante una iniciativa a la que se ha hecho referencia por parte de
Coalición Canaria, presentábamos una enmienda transaccional y se nos decía que no había que trabajar de cara a la galería y desnaturalizar el fondo de las pretensiones. Pues bien, el campo de la discapacidad es el abonado para este tipo de
situaciones.
¿Cuál es nuestra política y cuál es la suya? Que el discapacitado, precisamente por ser una persona extraordinaria y que está a vueltas de todo este tipo de cuestiones vacías de contenido, sepa cómo tratar cada uno de los asuntos que
en su vida profesional y laboral se le presentan por las fuerzas políticas. El discapacitado sabe perfectamente que esta tarde pasando del 3 al 5 por ciento no le resolvemos absolutamente nada, igual que sabe que, por ejemplo, hace dos o tres años
tenía que pagar impuestos al hacer la declaración del IRPF y hoy en día con nuestro Gobierno no tiene que pagarlos. Eso es hacer una política con hechos y lo otro es hacer la política de Kodak, de la instantánea. ¿Por qué? Porque nosotros hemos
actuado siempre de una manera coherente: principio de idoneidad, se pone una medida y a la hora de obtener frutos se avanza un poco, se avanza lo que se pueda, el camino es mucho -también se lo ha dicho otro portavoz- pero se ha avanzado en
términos generales. Eso es el principio de idoneidad, una medida que sirva para algo. Frente a ello está el principio de la foto instantánea: propongo una medida, me saco la foto y luego genero frustración en el sector porque las expectativas no
se cubren, pero, eso sí, mi discurso está muy bien argumentado y aquí cumplo con todo el sector. Es evidente que ese no es el camino y precisamente en ello tendremos que trabajar una vez que esta tarde la Cámara tome en consideración esta
proposición.
Para rebajar el tono de mi intervención quiero decir que en lo único que convengo con usted, y lo ha dicho así, es en que sobra la retórica en este tema y que ahora habrá ocasión de demostrar quién pone la retórica y quién pone los hechos.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Belda.
Se somete a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre empleo público de discapacitados.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 286; en contra, uno; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda tomada en consideración la proposición.
(Aplausos.)
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS. (Número de expediente 162/000674.)
La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día: Proposiciones no de ley. En primer lugar la del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa a las indicaciones geográficas protegidas. Para la presentación y defensa de la misma
tiene la palabra el señor Isasi. (Rumores.)
Señorías, es preciso que continuemos con el debate, por lo que les ruego que ocupen los escaños o abandonen el hemiciclo. (Pausa.)
Adelante, señor Isasi.
El señor ISASI GÓMEZ: Con la venia, señora presidenta, señorías, los ciudadanos en España, en Europa y en todo el mundo occidental cada vez son más exigentes a la hora de demandar y consumir productos alimentarios de calidad y con el más
alto nivel de seguridad. Las indicaciones geográficas protegidas y las denominaciones de origen han sido en España y serán sin duda en el futuro uno de los adelantos más importantes para impulsar la producción de productos agroalimentarios de
calidad y seguridad. Las indicaciones geográficas forman parte en muchas regiones y rincones de España de una rica cultura gastronómica y, por otro lado, representan un valor añadido a la producción final agraria muy importante, además de fomentar
e impulsar el desarrollo rural, la multifuncionalidad y la ecocondicionalidad como factores de dinamismo económico, creación de empleo y fijación de la población en nuestros pueblos. Igualmente importante es la trazabilidad de los alimentos que nos
ofrecen las indicaciones geográficas protegidas como garantía de calidad y seguridad. Señorías, en mi opinión y en la de mi grupo parlamentario, son los productos con indicaciones geográficas protegidas los que mejor garantía ofrecen o pueden
ofrecer de esa trazabilidad, de esa calidad y de esa seguridad alimentaria, como uno de los ejes fundamentales para que no vuelvan a producirse crisis alimentarias como las que hemos padecido en los últimos años en la Unión Europea. Por otra parte,
teniendo en cuenta la importancia
de estas producciones y de estos alimentos con indicación geográfica, también aparecen los desalmados, algunas personas sin escrúpulos, algunos aprovechados que a la sombra de los buenos profesionales pretenden vivir a costa de los demás, a
costa del buen nombre de una zona o región determinada, comercializando productos que no se han producido ni elaborado en la zona donde dicen haberlo hecho; por tanto, señorías, cometiendo fraude contra ese territorio, contra sus gentes y contra
sus profesionales y, lo que es aún más grave, cometiendo fraude contra los consumidores en general, lo que puede llegar a ser un delito contra la salud. Por todo ello es necesario impulsar y proteger las indicaciones geográficas en España, en
Europa y en el resto del mundo, para que nadie se apropie de ese fondo de comercio que en realidad suponen estas indicaciones, preservando al mismo tiempo el prestigio y la reputación que tienen acreditado a lo largo del tiempo, garantizando a los
consumidores el suministro de alimentos de máxima calidad y absoluta seguridad alimentaria.
En los últimos tiempos se viene observando una creciente demanda del comercio mundial de productos alimenticios con indicación geográfica o con denominación de origen, como son los vinos, los quesos, la carne, las legumbres, las frutas, las
hortalizas o los dulces de España. Incluso es un hecho real que hoy la marca España vende muy bien en el resto del mundo por lo acreditado de sus productos y porque somos un país serio que cumple sus compromisos. Tenemos que poner todo nuestro
esfuerzo para que asuntos como la pretensión de que vinos que se producen en La Rioja (Argentina) no sean introducidos en el mundo como si fueran los vinos de La Rioja de España, aprovechándose de este patrimonio nacional que tenemos en nuestro
país, con un prestigio acrisolado desde hace siglos, como son los vinos de La Rioja o los turrones de Jijona, que tras una lucha legal por fin se ha conseguido que se dejen de utilizar por determinadas empresas francesas o los vinos de Jerez, Sherry
y Málaga, cuyos prestigiosos nombres están pretendiendo ser utilizados en Estados Unidos de América.
Señorías, España tiene una gran diversidad de territorios que han dado origen a gran cantidad de tradiciones y particularidades gastronómicas, cuyo desarrollo experimentado durante los últimos años en nuestro país ha sido espectacular en
este campo de protección de las denominaciones de origen. Solamente en vinos la superficie inscrita en la campaña 2000-2001 fue de casi el 60 por ciento del total del viñedo español, con más de 55 denominaciones, de las cuales se exportó casi el 40
por ciento.
Desde el Grupo Popular, conscientes de la importancia que van teniendo estos alimentos, estamos empeñados en proteger al máximo estas indicaciones geográficas y denominaciones de origen, impulsando ferias y salones internacionales como el
que se ha celebrado esta pasada semana en La Rioja, Salical 2003, único en toda la Unión Europea exclusivamente de productos de alta calidad de toda España. Por otra parte, mediante la modernización de nuestras normas legales, como la nueva Ley de
la viña y el vino, en estos momentos en trámite parlamentario y en fase de ponencia en esta Cámara, o la futura ley de calidad alimentaria que el Gobierno traerá próximamente a este Congreso de los Diputados o la reglamentación comunitaria, el
control y vigilancia de la Comisión Europea o la propia Organización Mundial de Comercio, así como la protección ecológica, que ha experimentado en los últimos años un incremento verdaderamente espectacular, pasando en tan sólo una década de 4.235
hectáreas a 665.000, en el año 2000, y el número de operadores de productos ecológicos de 396 a casi 18.000 dedicados a producir alimentos ecológicos. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la Presidencia.) En este sentido,
pretendemos que desde todos los ámbitos, incluido este Congreso de los Diputados, con el mayor apoyo posible de SS.SS., instar e impulsar al Gobierno para conseguir los objetivos expuestos y que se concretan en la parte dispositiva de esta
proposición no de ley, para la que solicito el voto favorable de SS.SS.
Señora presidenta, con su permiso pasaré a fijar la posición respecto a la enmienda que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado a esta proposición no de ley, una enmienda de adición en la que se pretende incluir un nuevo punto 4.
Quiero entender que están totalmente de acuerdo en los otros tres puntos que constituyen la proposición no de ley. Por tanto espero que la voten a favor. Lamento decirles que no podemos apoyar la enmienda de adición de un nuevo punto 4 que
pretenden introducir en la proposición no de ley del Grupo Popular porque no tiene nada que ver con esta proposición no de ley sino con el proyecto de ley de la viña y el vino que estamos tramitando en Ponencia y en Comisión en estos momentos.
Por
tanto, lamento anunciar al Grupo Parlamentario Socialista que no podemos introducir en nuestro texto la enmienda que proponen.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Isasi.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista y para defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra el señor Amarillo.
El señor AMARILLO DOBLADO: Gracias, señora presidenta.
Con franqueza diría al Grupo Popular que no hay por qué restringir las exigencias de calidad alimentaria
solamente a occidente. El pueblo japonés, por ejemplo -y otros pueblos más-, tienen fama de estar entre los más exigentes. Yo no sería tan restrictivo. Entre lo que se escribe y lo que se dice entiendo que lo que más se ha estudiado y lo
que más se ha meditado es la propia iniciativa de esta proposición no de ley. Estoy seguro de que la intervención, más o menos brillante o más o menos afortunada, del portavoz del Grupo Popular tiene un carácter totalmente complementario y lo
realmente importante es lo que se ha escrito en esta proposición no de ley.
Le tengo que decir que aunque esta proposición no de ley nos resulta un tanto extraña en algunas cuestiones -y una vez que ha dicho usted que no acepta nuestra enmienda, algunas de estas incógnitas se despejan-, por otro lado tenemos que
estar de acuerdo con algunas cosas que dicen ustedes. En primer lugar estamos de acuerdo con el varapalo y con el llamamiento que ustedes hacen al Gobierno y a las áreas del Gobierno que están relacionadas con elementos de la alimentación
vinculados con indicaciones geográficas. Ustedes piden en su proposición no de ley -les cito textualmente lo que escriben- que el Gobierno promueva el cumplimiento estricto de las obligaciones vigentes de la Unión Europea y dé respuesta a las
normas aplicadas a las indicaciones geográficas protegidas y a las denominaciones de origen. Está claro que a estas alturas de la legislatura cuando ustedes escriben y dicen esto es porque el Gobierno no lo está haciendo o porque lo está haciendo
de manera deficiente. Ustedes denuncian esta actitud del Gobierno, lo cual lógicamente les honra, y nosotros estamos totalmente de acuerdo con ustedes. Tienen razón. Ha estado habiendo una clara dejación del Gobierno.
De igual manera le dicen ustedes en su proposición no de ley que vigile el cumplimiento de los acuerdos internacionales formalizados en el seno de la Organización Mundial de Comercio respecto a indicaciones geográficas protegidas. Vuelven
ustedes a tener razón. Este Gobierno no está velando por el cumplimiento de esos acuerdos en el seno de la Organización Mundial de Comercio, hacen bien en llamarle la atención y nosotros estamos de acuerdo con ese llamamiento. También estamos de
acuerdo con que en el seno de la Organización Mundial de Comercio se impulse la creación de un sistema multilateral de notificaciones. En definitiva, la conclusión de la lectura de la proposición no de ley que han hecho es que el Gobierno no está
cumpliendo sus deberes en esta cuestión, que trabaja poco y trabaja mal.
Nosotros hemos presentado una enmienda, lamentamos que ustedes nos hayan dicho que no la aceptan porque estaba destinada tanto a despejar interrogantes como a exigir al Gobierno que concrete los trabajos que ustedes les demandan y que se
haga de manera fehaciente y además con un tiempo tasado, tiempo en el cual hemos sido francamente generosos. Leo nuestra enmienda de adición, a la que dicen que no, siendo coherente con lo que ustedes pedían, para que conste claramente de forma
explícita en el 'Diario de Sesiones'. Lo único que decimos es que esto que dicen ustedes que se haga que se concrete y se haga en un tiempo determinado.
Decíamos: 'Instar a que en el plazo de seis meses presente una comunicación a este Parlamento
por la que se establezcan las bases para que en toda la legislación nacional, relacionada con indicaciones geográficas protegidas, se eviten genéricos que perjudiquen el objetivo que persiguen dichas indicaciones'. Aquí es donde hemos empezado
nosotros a tener nuestras dudas. Si analizamos el Reglamento número 2.081/92, de 14 de julio, de la Unión Europea en que se da la regulación básica de esta cuestión, el considerando cuarto de este Reglamento dice textualmente que dada la enorme
variedad de productos comercializados y la gran cantidad de información sobre los mismos, el consumidor, para poder elegir mejor, debe disponer de datos claros y concisos acerca del origen del producto. Dentro del espíritu de este considerando no
caben, señorías, terminologías genéricas como vinos de calidad con indicación geográfica, como la que ustedes están intentando precisamente utilizar en la Ley del vino y a la que nosotros en el trámite de ponencia hemos hecho la enmienda respectiva.
El considerando cuarto que les he leído exige especificidad, exige singularidad y exige calidad como elementos básicos de las producciones con indicaciones geográficas. Estamos en la obligación de defenderlo en este sentido y ahí iba el fondo de
nuestra enmienda, en la cual no debe caber nunca duda que so pena de genéricos se pueden introducir terminologías que van en detrimento precisamente del espíritu de aquellos productos que tienen indicación geográfica.
Estamos nosotros por supuesto de acuerdo, y apoyamos los esfuerzos que se tengan que hacer en el seno de la Organización Mundial de Comercio de concertación y homologación de los productos con indicación geográfica, así como con la
aplicación de mecanismos registrales que posibiliten la aplicación del sistema multilateral de notificación, sin embargo el rechazo a nuestra enmienda nos ha abierto unos interrogantes que nos impiden votar a su favor, como nos hubiera gustado, y
vamos desgraciadamente a tener que votar en contra. ¿Por qué? Porque es muy importante que al socaire de terminologías de carácter genérico, no se introduzcan elementos que vayan precisamente en detrimento de las producciones con indicación
geográfica protegida. Es lo que hemos intentado introducir y aclarar con nuestra enmienda.
Desde luego, aun votándoles a ustedes negativamente, como vamos a hacer, no por eso dejamos de compartir, como decía al principio, elementos importantes
como la clara denuncia que ustedes hacen de dejación de las obligaciones que el Gobierno ha tenido en esta materia, y desde luego compartimos con ustedes el espíritu de que hay necesidad urgente de poner al Gobierno a trabajar precisamente
en estas cuestiones.
Nada más. Gracias, señorías. Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Amarillo.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, he escuchado con atención la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la presentación de la proposición no de ley que promueve el cumplimiento estricto de las obligaciones vigentes en el marco
de la Unión Europea de respeto a las normas aplicables a las indicaciones geográficas protegidas y a las denominaciones de origen controlado, estableciendo que cuando se conozcan incumplimientos se realicen las oportunas acciones de carácter
bilateral, y en caso de que no hubiese acuerdo acudir a la Comisión para lograr una rápida protección de las mismas. En segundo lugar, establece que los otros miembros de la Organización Mundial del Comercio vigilen el cumplimiento de los
compromisos adquiridos en cuanto a protecciones, y que cuando los contactos bilaterales resulten infructuosos acuda junto a la Comisión al procedimiento de solución de las diferencias en el marco de la Organización Mundial del Comercio, impulsando
en el seno de esa organización la creación de sistemas multilaterales de notificación, etcétera. Por tanto, señora presidenta, señoras y señores diputados, me gustaría hacer tres reflexiones al respecto. En primer lugar, estamos absolutamente de
acuerdo en que eso es lo que se debe hacer. Es incomprensible que después de 18 años de integración en la Unión Europea, no se disponga de mecanismos de carácter automático para la defensa de nuestros productos y productores, hecho que sitúa al
ministerio en una situación difícil de explicar, sobre todo si analizamos la rapidez con que actuaron los franceses en el tema del champagne y el cava, y como se ha dicho antes las dificultades que tuvimos nosotros en la defensa del turrón de
Xixona. La defensa de los intereses del sector en el exterior es competencia exclusiva del Estado, y cuando en la proposición no de ley se insta al Gobierno para que lo haga es un claro y preocupante reconocimiento de que seguramente no se hace lo
suficiente al respecto.
Creo que el punto tercero de estas propuestas es el más importante. Se trata de que seamos capaces entre todos, y de forma especial la Unión Europea, de convencer a una serie de países, entre ellos Estados Unidos, que han apostado por la
máxima libertad en cuanto al uso de denominaciones protegidas y nombre de productos agroalimentarios, que supone una estrategia de clara confusión al consumidor y aprovecharse de las denominaciones de origen que son sinónimos de calidad, para que
cumplan con las normativas al respecto de la Unión Europea.
En conclusión, estamos de acuerdo en que el Gobierno dedique sus esfuerzos a que se cumpla la normativa vigente y busque soluciones en el ámbito de sus competencias en este asunto que tenemos encima de la mesa. En resumen, votaremos a favor
con el máximo entusiasmo, no porque la presente iniciativa sea innovadora, sino porque después de que el Grupo Parlamentario Popular reconociese, al igual que pensamos nosotros, que no se hace todo lo que se puede hacer, esperamos que el Gobierno se
sienta absolutamente instado por nuestro grupo parlamentario y por el Grupo Parlamentario Popular, y resuelva este tema de forma inmediata.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Companys.
Señor Isasi, a los exclusivos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda.
El señor ISASI GÓMEZ: Señora presidenta, quería solicitar de S.S. que se puedan leer desde la Mesa los tres puntos de la parte dispositiva de la proposición no de ley, puesto que sin entrar en el fondo de la cuestión se han hecho unas
afirmaciones por el señor Amarillo sobre algo que dice la parte dispositiva y que no dice. Solamente quiero que se lean los tres puntos de la proposición no de ley, para que quede reflejado en el 'Diario de Sesiones'.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): De acuerdo, señor Isasi.
Señora secretaria. (Pausa.)
Adelante, señora Sainz.
La señora SECRETARIA (Sainz García): Muchas gracias, señora presidenta.
'Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
'1. Promueva el cumplimiento estricto de las obligaciones vigentes de la UE de respeto a las normas aplicables a las Indicaciones Geográficas Protegidas y a las Denominaciones de Origen Controlado
y, cuando se conozcan incumplimientos en algún EM, realice las oportunas acciones bilaterales y ante la Comisión Europea para lograr una rápida protección de las mismas.
'2. Vigile el cumplimiento por los otros miembros de la OMC de sus compromisos adquiridos en cuanto a la protección que deben ofrecer a las Indicaciones Geográficas bajo el acuerdo ADPIC y, cuando se detecten incumplimientos, establezca los
contactos bilaterales adecuados para lograr una rápida protección. Cuando los contactos bilaterales resulten infructuosos, acuda junto a la Comisión al procedimiento de solución de diferencias de la OMC.
'3. Impulse en el seno de la OMC las negociaciones en marcha para la creación de un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos y licores de acuerdo con el modelo vigente de la UE y promueva las
negociaciones para la extensión de la aplicación del sistema multilateral de notificación y registro a otros productos, de modo que la protección adicional pueda ser aplicable a todos los productos protegidos en la normativa comunitaria.'
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las indicaciones geográficas protegidas, que se somete a votación en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 269; a favor, 166; en contra, 103.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, PARA LA CREACIÓN DE 27 NUEVAS COMISARÍAS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA. (Número de expediente 162/000658.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, para la creación de 27 nuevas comisarías del Cuerpo Nacional de Policía.
Para la presentación y defensa de la iniciativa, tiene la palabra el señor Mayoral. (Rumores.)
Señorías, les ruego que ocupen los escaños y guarden silencio, para poder continuar con el debate. (Pausa.)
Adelante, señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señores del Partido Popular, menos impuestos igual a más seguridad no es una ecuación lógica, creíble ni racional, porque la disminución de los ingresos públicos conduce, obviamente, a una descapitalización de los servicios
públicos, a una disminución de la eficacia, a un debilitamiento de la capacidad de acción de los servicios públicos, y particularmente del que hoy nos ocupa, que es la seguridad ciudadana. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa
la presidencia.) El resultado de esta política es que no existe una garantía suficiente por parte del Estado respecto al derecho que tienen todos los ciudadanos a tener una protección, a ver garantizado el derecho constitucional de seguridad en
condiciones de igualdad con el resto de los ciudadanos. De esta manera viene a ocurrir que, dependiendo del lugar donde se habite, de la capacidad económica de las personas y de su nivel social unos podrán tener más protección que otros porque, en
definitiva, con estas políticas la seguridad ciudadana viene a convertirse en mercancía y muchos no tienen la protección a la que tienen derecho.
Por este motivo, hemos hecho un estudio de la evolución que ha tenido la creación de comisarías en nuestro país, es decir, del servicio público de seguridad ciudadana que presta el Cuerpo Nacional de Policía, y hemos observado que durante
ocho años prácticamente ha quedado estancado el número de comisarías existentes en nuestro país. Todo ha evolucionado, ha evolucionado la población, han aparecido nuevos núcleos de población, pero el número de comisarías es prácticamente el que
existía en el año 1995. Sin embargo, todo se ha movido y, desgraciadamente, se ha movido la criminalidad. Ha habido un incremento importante de la tasa de criminalidad, un incremento importante de la tasa de detenidos. España, en comparación con
los países de la Unión Europea, es el país donde más han crecido los homicidios entre los años 1995 y 2000, con un incremento del 35 por ciento. España es el país de la Unión Europea donde la tasa de homicidios es más alta, con un 3,3 por ciento.
Sólo en Madrid hemos podido observar cómo en cuestión de siete días, los primeros siete días del año 2003, se han producido del orden de 30 asesinatos y homicidios.
España es el primer país en lo que se refiere a robos en domicilios del conjunto de
países de la Unión Europea y ocupa el segundo puesto en lo que se refiere al incremento de robo de vehículos. Entre los años 1995 y 2000 la criminalidad subió un
0,7 por ciento en el conjunto de la Unión Europea; sin embargo, en España subió el 9,5 por ciento. En general, tendríamos que reconocer -y yo creo que son datos ya oficiales- que en el año 2001 la criminalidad creció en nuestro país del
orden del 10 por ciento y que en el año 2002 se ha incrementado en cifras superiores al 5 por ciento. Todo esto ha sido coincidente con la disminución de gasto público en seguridad ciudadana.
En 1996, el 0,63 por ciento del producto interior bruto
era dedicado a seguridad; sin embargo, en 2002 el gasto público se ha reducido a un 0,52 del producto interior bruto. Lo más grave es que el número de efectivos policiales también ha disminuido de manera importante. En 1996 había 52.000 policías
y en 2002 hay 45.000; es decir, 7.000 menos. De la Guardia Civil se puede decir lo mismo. En el año 1996 había 70.000 guardias civiles y en el año 2002 hay 63.000 guardias civiles. En conjunto, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han
disminuido en nuestro país en unos 14.000 agentes desde el año 1996 hasta nuestros días.
También tenemos que observar que el despliegue del Cuerpo Nacional de Policía ha quedado estancado durante estos ocho años, como decía anteriormente. Comparando las órdenes del año 1995 y de 2001 -las dos órdenes ministeriales donde se
regula la organización del Cuerpo Nacional de Policía en nuestro país- vemos que, en lo que se refiere a comisarías provinciales, existen las mismas en 1995 que en 2001; que las comisarías de distrito también son prácticamente las mismas y que, en
lo que se refiere a comisarías locales, que es donde nosotros queremos incidir fundamentalmente, en el año 1995 había 136 y en el año 2001 hay 137. Y tenemos que decir que se da la paradoja de que esta única comisaría local nueva se ha creado
precisamente en Chirivella, que es el pueblo del señor Cotino. Este ha sido el incremento que se ha producido en lo que se refiere a número de comisarías en nuestro país.
Señorías, nuestra propuesta consiste en crear 27 nuevas comisarías, porque el propósito que alienta al Partido Socialista es proteger más y mejor a los ciudadanos, con más y mejor servicio público de seguridad ciudadana.
Nosotros queremos
que aquellos núcleos de población más habitados, donde más se ha incrementado la criminalidad, tengan también su comisaría, su servicio policial para proteger, porque el afán que nos inspira es, repito, dotar de comisaría de Policía a aquellas zonas
que no tienen protección o están mal protegidas en este momento, y al ser un servicio policial en el barrio, en la ciudad, es el mejor servicio policial de proximidad.
Hemos planteado que aquellas poblaciones que tienen un elevado número de habitantes, que tienen un elevado número de turistas, que tienen un elevado número de población fija y también temporal sean dotadas de manera inmediata, diríamos que
en unas condiciones de urgencia, con la correspondiente comisaría del Cuerpo Nacional de Policía. A título de ejemplo citaré poblaciones que consideramos imprescindible que tengan ya su comisaría. En primer lugar, tenemos el distrito de Usera, en
Madrid, que tiene 121.000 habitantes y no tiene comisaría, a diferencia de otros distritos de Madrid; el caso de Las Rozas, ciudad próxima a Madrid, que tiene 54.000 habitantes y no tiene comisaría de Policía; el caso de Chiclana de la Frontera,
que tiene 59.000 habitantes y no tiene comisaría de Policía; o Roquetas del Mar, con cerca de 50.000 habitantes, o Torrevieja, que tiene más de 50.000 habitantes y no tiene comisaría de Policía. Pues bien, frente a estas poblaciones tan
importantes, con tantos habitantes, nos encontramos con otras poblaciones más pequeñas que, sin embargo, sí están dotadas de la correspondiente comisaría del Cuerpo Nacional de Policía. Véase el caso de Astorga, que tiene 12.000 habitantes; Medina
del Campo, que tiene 20.000 habitantes; Alcázar de San Juan, con 26.000 habitantes, etcétera. No queremos, evidentemente, que se cierren las comisarías en estas poblaciones. Lo que queremos es que poblaciones tan voluminosas como las que he
mencionado anteriormente sí tengan su propia comisaría, su propio servicio policial. Si Astorga con 12.000 puede tener comisaría de Policía, ¿cómo no la va a tener, por ejemplo, Las Rozas, que tiene cerca de 60.000 habitantes? Esto es una
incoherencia, este es un planteamiento irracional, esto es consecuencia de una mala planificación, de una mala distribución y despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Además, nosotros hemos sido coherentes con la demanda ciudadana. Lo que traemos aquí esta tarde, señores del Partido Popular, es una demanda ciudadana, lo están reclamando los ciudadanos, lo están reclamando muchos alcaldes, incluso del
Partido Popular, y nosotros ya lo hemos planteado aquí muchas veces. Hemos presentado muchas proposiciones no de ley en la Comisión pidiendo que se crearan estos servicios policiales en muchas poblaciones y el Partido Popular sistemáticamente lo ha
venido rechazando. El Partido Popular tiene que reflexionar sobre esta cuestión.
Estamos hablando de la protección de personas que se sienten realmente desprotegidas, de personas que sienten el temor que deriva de los altos índices de criminalidad
que existen en nuestro país y, obviamente, para que estos altos índices de criminalidad puedan ser combatidos y reducidos también se necesita el correspondiente incremento de los servicios policiales. Protejamos a la ciudadanía, señores del Partido
Popular, y acabemos ya con ese planteamiento que tantas veces han hecho en esta Cámara, en Comisión y en Pleno, tanto el director general de la Policía como el propio ministro del Interior. Al director general
de la Policía en cierta ocasión le planteamos si se iban a crear nuevas comisarías en los años 2002 y 2003, y siempre dijo que no eran necesarias. Lo mismo ha ocurrido con el ministro del Interior. Yo creo que hay que cambiar de onda
porque, si no, estaremos en la idea de que al Partido Popular este tema no le interesa y utiliza eslóganes sin contenido como ese de Menos impuestos y más seguridad, cuando en realidad lo que se está produciendo es un incremento de impuestos y un
incremento de la inseguridad de manera paralela.
El Estado de derecho, señores diputados, se basa en el respeto, en la aplicación, en el disfrute por todos y cada uno de los ciudadanos del valor seguridad. Hay cuatro valores esenciales en la Constitución: el de libertad, el de igualdad,
el de seguridad y el de solidaridad. La realización del valor seguridad requiere, como consecuencia inexorable, la existencia de servicios públicos de seguridad ciudadana que ejecuten y garanticen a todos los ciudadanos el principio de igualdad
ante el disfrute de los derechos individuales que implica precisamente esta garantía constitucional, y no que se derive, como a veces se llegó a decir por delegados del Gobierno del Partido Popular, la garantía de esos derechos a los servicios de
seguridad privada, cuando el señor delegado del Gobierno, como hemos dicho aquí tantas veces, de Madrid o de Andalucía, y seguiremos repitiendo porque nadie lo ha desmentido y desde luego la política del Partido Popular no lo desmiente, cuando estos
señores dijeron a la ciudadanía, como consecuencia de protestas ciudadanas por acontecimientos luctuosos ocurridos en determinados lugares, por crímenes ocurridos en las cercanías de Madrid, que contratasen servicios privados. Esto desde luego no
es aceptable, esto el Partido Socialista no lo acepta ni lo aceptan los ciudadanos. Por eso reclamamos una vez más y traemos aquí solemnemente la petición a esta Cámara, y la responsabilidad del Partido Popular queda en el fondo de todo este
asunto, que se creen estas comisarias para proteger a tantos y tantos ciudadanos que se sienten desprotegidos en este momento.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Mayoral.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señora presidenta.
La Cámara conoce perfectamente nuestra posición, que en cierto grado conecta perfectamente con el preámbulo de la serie de motivaciones que el Partido Socialista introduce con respecto a esta proposición no de ley.
Para nosotros, el tema de
la seguridad ciudadana se produce como un efecto social de una situación estructural injusta, una situación estructural que está en la base de un nuevo concepto de seguridad, es decir, no sólo hay que pensar en una especie de seguridad ciudadana en
el sentido de reprimir lo que se produzca sin más, sin tener en cuenta por lo tanto las causas que subyacen, que están en el fondo, sino que hay que tener en cuenta el concepto de seguridad en sentido amplio, seguridad en el trabajo, seguridad
social, seguridad alimentaria, seguridad de las mujeres para que no exista maltrato y no pase como hasta ahora, que no hay una protección auténtica... A partir de ahí se produce un efecto que hay que atender policialmente, hay que atender, como ha
dicho el portavoz del PSOE, a través de un servicio público como el de la Policía, no desde un punto de vista represivo sino desde el punto de vista del cumplimiento de un servicio público, habida cuenta de los efectos sociales que se producen.
A partir de ahí, fundamentalmente desde la forma de dirigir el ministerio el señor Mayor Oreja, hay una decantación hacia la seguridad privada. Se produce de manera silenciosa, pero como una línea de funcionamiento, la promoción de la
seguridad privada y a la vez se produce una concentración de funciones en ciertos aspectos de la seguridad pública, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y un desorden total en su funcionamiento que, como ya hemos dicho en otra ocasión,
el cuerpo que tiene menos números, menos agentes, el Cuerpo Nacional de Policía, trata el número más alto de delitos, por ejemplo, el 60 por ciento, mientras que la Guardia Civil, en función de la desorganización y de la falta de coordinación,
atiende a un número mucho menor de delitos con una estructura mayor de agentes. Por tanto, hay ahí un efecto que se tiene que producir, que es el de coordinación, en primer lugar. En segundo lugar, sin duda, cambiar la dinámica que se produjo a
partir del señor Mayor Oreja, que ha sido el peor ministro de Interior que ha tenido este país en los últimos 25 años, para alimentar lo que dice la Constitución: que la Policía es un servicio público y que no hay que atender los efectos delictivos
o de irregularidades de todo tipo que se producen con respecto a la seguridad ciudadana, a partir de lo que han dicho distintos delegados del Gobierno influidos por la política del señor Mayor Oreja: Vayan ustedes a la seguridad privada, contraten
seguridad privada. Eso se empieza a invertir en ministros posteriores, de manera tímida, sin aceptar autocríticamente lo que ha pasado con anterioridad, pero hacen falta medidas de choque como esta que se plantea, que nosotros, por esta serie de
detalles y de circunstancias, vamos a apoyar.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Alcaraz.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor González.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras, señores diputados, a título simplemente informativo, señor Mayoral, la recaudación fiscal en el año 2002 se incrementó un 9 por ciento y, como usted diría, pese a la bajada de los impuestos. Eso ha derivado lógicamente en un
incremento que se está pudiendo hacer de las plantillas policiales, mejores infraestructuras, etcétera.
Cuando uno sube al atril del Congreso de los Diputados, lo menos que debe tener es consideración y ser riguroso a la hora de hacer planteamientos, a la hora de decir cosas o, por lo menos, atenerse a la verdad. Y la verdad no es
precisamente lo que impere últimamente cuando alguien sube aquí y es que, en estos últimos tiempos además de subirse al atril y no ajustarse a la verdad, curiosamente, a posteriori, tienen comparsa; a lo mejor parece que la música es celestial,
pero en el fondo lo único que queda es en un sonido disconexo y no precisamente aprueba la parte en este caso de lo que ellos considerarían música celestial.
En estos últimos tiempos, cuando se habla de ocho años y dicen: Han pasado ocho años y ustedes... Miren, no han pasado ocho años, han pasado siete.
Nos hemos quedado en siete años. Todavía falta uno y todavía les queda muchísimo para
someterse de nuevo a esa clara vocación que tienen ustedes de las urnas que les volverán a dejar donde están, en este lado de la Cámara, y con un número similar a los compañeros que tienen; pero eso, no tengan prisa, llegará. Nosotros estamos
convencidos de que llegará.
Le voy a dar una serie de datos que creo que son interesantes a la hora de afirmar cosas en este atril para ajustarse realmente a la verdad. Se ha producido y se va a producir un incremento de plantilla policial que no tiene parangón con lo
que ustedes hicieron. Usted dirá: ¡Ya estamos hablando del pasado! Mire usted, es que las consecuencias del presente son consecuencias del pasado, son planificación de distribución de comisarías, porque me imagino que la comisaría de Astorga no la
habrá implantado el Partido Popular. La comisaría de Astorga la propondría en su día el Partido Socialista o el Gobierno Socialista de aquel entonces.
Además, se le olvida un tema muy importante al señor Mayoral, y es la distribución territorial
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aquellos que tienen su responsabilidad en la Guardia Civil y aquellos que tienen su responsabilidad en la Policía Nacional, o sea núcleo urbano y núcleo rural que, al parecer, no hace referencia a
ello porque no le interesa en su discurso. Sabe perfectamente que esa distribución está claramente tipificada en las leyes y en los reglamentos y allá donde tiene que aplicarse se aplica con rigurosidad. Tampoco me diga usted, señor Mayoral, ni
señores de la oposición en este caso, que en los últimos tiempos se ha incrementado la población de las ciudades de tal manera que ahora parece que hagan falta comisarías y hace seis años no. Es una broma, ¿verdad? Pues, esto es muy serio. Creo
que hay que ser muy serio a la hora de plantear las cosas. Porque si hablamos con rigurosidad lo que usted está diciendo no se ajusta a la realidad. Hay que ser en este caso políticamente honesto a la hora de planificar los temas. Mire usted, el
plan recientemente aprobado de la lucha contra la delincuencia va a suponer que la plantilla nacional tenga un incremento de 12.825 policías, durante el periodo 2002-2004, y no le quepa la menor duda, señor Mayoral, que nosotros no haremos lo que
ustedes hacían, aprobar la instalación de comisarías que luego quedaban cerradas y vacías como consecuencia de falta de personal. En esa trampa no vamos a caer.
(El señor De la Encina Ortega pronuncia palabras que no se perciben.) Yo sinceramente
no voy a responder a eso porque los delitos no se cometían en la calle, a lo mejor se cometían en las instituciones. Pero no quiero entrar en ese debate. (Aplausos.-Rumores.)
La oferta pública de empleo del año 2000 ya traía 3.000 nuevos policías, y a eso se sumaba la oferta pública de 2001. Se van a incrementar en los próximos años -se lo voy a decir en números exactos para atenerme a la realidad y no cometer
ningún error-. En el año 2007 en este país habrá 48.000 agentes del Cuerpo Nacional de Policía más, lo que servirá para regular la situación que ustedes dejaron y para rejuvenecer la plantilla de la Policía Nacional, que desgraciadamente por la
falta de convocatoria de plazas tenemos en esa situación. Ustedes hablan de 27 comisarías.
Señor Mayoral, ¿por qué no 52, ó 64, ó 97? Las cosas hay que hacerlas con rigor, y a lo mejor no hay que hacerlas en función de la petición del
representante del Partido Socialista que más poder tenga en una zona determinada. Hay que ser riguroso. Ya le digo, 27, 12, 15, 19. En esto realmente hay que atenerse a las propias necesidades, y se está haciendo un estudio absolutamente riguroso
por parte de los propios estamentos.
¿Usted se cree que las decisiones del incremento de plantilla, o las decisiones de la regulación de las comisarías son solamente políticas, o vienen avaladas por informes técnicos? ¿Qué está diciendo usted,
señor Mayoral, que los técnicos se equivocan? ¿Qué está diciendo usted, que los técnicos de la Policía Nacional o de la Guardia Civil no saben lo que hacen, no son profesionales? ¿Eso es lo que pretende decir usted aquí? Yo creo que no, que usted
tiene que atenerse realmente a lo que sucede, y lo que
sucede es que obviamente las cosas se hacen en función de los informes que reciben los políticos. La decisión es política, pero el informe es técnico, y no le quepa la mejor duda de que son rigurosos a la hora de plantearlos. Le puedo
poner como ejemplo que hay demarcaciones en donde se está incrementando sustancialmente la participación de la Policía Nacional e incluso se están abriendo departamentos y secciones nuevas para atender esa demanda ciudadana, demanda ciudadana que al
parecer se le hace ahora al Partido Socialista y no se le hizo durante 14 años de Gobierno. Pero en fin, no voy a entrar en ese término porque ya se sabe que ustedes quieren borrar parte de la historia de este país en aquello donde ustedes no
salieron muy favorecidos, pero esa es la manipulación de la historia a la que nos tienen acostumbrados.
El incremento de catálogo, por ejemplo, de los sitios que usted ha mencionado. Ha hablado de Torrevieja, que se incrementa el catálogo desde el año 2001 a abril de 2007 en 57 efectivos; en junio de 2002 se crea el destacamento de Tráfico
con un catálogo de 12 guardias civiles; se modifica la demarcación en marzo de 2002; se reduce la demarcación del puesto principal de Torrevieja al transformar el puesto auxiliar de San Miguel de las Salinas en puesto ordinario, con lo que se
potencia el servicio de Torrevieja; y se refuerza la plantilla que desde el año 2000 se desplazan en comisión de servicio 20 efectivos a estas comandancias, lo que está previsto sustituir mediante un incremento de los puestos de trabajo en fechas
próximas. Le he puesto este ejemplo porque es uno más de todos los que usted podía haber dicho. También podíamos hablar de lo que ha sucedido en Madrid, que se han incrementado en 470 efectivos nada más y nada menos que el pasado 24 de febrero.
Seguramente como ustedes solamente quieren escucharse a sí mismos y no quieren leer lo que está sucediendo en este país sino simplemente retroalimentarse de lo que vienen diciendo, no quieren hacer caso ni quieren atender a lo que está sucediendo.
Hay un tema en el que tendrían que tener la suficiente responsabilidad como para acometerlo o por lo menos decirlo, y es que crear comisarías de policía en algunos casos podría implicar el cierre de cuarteles de la Guardia Civil, porque
modificaría la proporción de las actuales plantillas, calculadas en función de las actuales competencias territoriales y funcionales. Y eso hay que decirlo, y hay que atenerse a aquellas cosas que se ejercen desde la responsabilidad y el ejercicio
del Gobierno. En algunas ciudades crear una comisaría de Policía supone romper la continuidad de la demarcación de la Guardia Civil. Por cierto, Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se aprobó en esta Cámara y no hace dos meses,
sino hace algún tiempo más -también historia-, o sea, se aprobó durante gobiernos socialistas, que marcaba la demarcación de la Guardia Civil y la de la Policía Nacional. Hay que ser serios a la hora de subir a este atril y, como bien digo, seguir
en este caso las verdades del barquero y no las verdades de algún otro barquero que intenta navegar pero al final, señor Mayoral, no le quepa la menor duda, se acabará hundiendo con todas y cada una de las mentiras que se vierten aquí.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.-El señor Mayoral Cortés pide la palabra.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor González.
¿A qué efectos, señor Mayoral?
El señor MAYORAL CORTÉS: El señor que acaba de intervenir ha hecho algunas apreciaciones y juicios de valor absolutamente improcedentes sobre mi grupo parlamentario y creo que tendríamos derecho a que se rectificara públicamente.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Mayoral, dispone de un minuto para contestar a las alusiones que ha entendido se hacían a su grupo.
El señor MAYORAL CORTÉS: Comenzaré por la última que hizo sobre borrar la historia y manipularla. Nosotros no hemos sido quienes hemos llevado a Pío Moa, por ejemplo, a Televisión Española, notorio fascista que ha gozado del apoyo del
Partido Popular para exponer sus mentiras en la Televisión Española, en la televisión pública. (Rumores.) También quería decirle, señor González, que no me extraña su posición sobre este particular. Por lo que sabemos, a usted el tema del servicio
público de seguridad ciudadana le importa muy poco. En consecuencia, no tiene nada de extraño que se viertan estos ataques en una situación, señor González, en la cual hay más criminalidad en España, más desprotección en los ciudadanos y más
preocupación. Si ustedes creen que esto que traemos aquí es simplemente para molestarles, están muy equivocados. Estamos defendiendo intereses de la ciudadanía que siente temor. ¿Qué dicen las encuestas? Es el tercer tema de preocupación de los
españoles. Si a usted le parece que eso es una tontería, ese es el problema de su grupo.
(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Mayoral.
Señor González, brevísimamente.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Voy a ser muy breve porque ya conocemos el estilo del señor Mayoral. Ha hecho una imputación de algo personal mío
que no va a quedar así, y tendrá que aclarar perfectamente a qué se refiere usted. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señorías, guarden silencio.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Porque dejar veladas sentencias es de muy poco estilo, pero también estamos acostumbrados a ello. Y ya que ha hecho referencia, señor Mayoral, a las últimas encuestas, precisamente en el tema de seguridad los
españoles perciben una mejora. Y decirle también que el señor al que usted ha hecho referencia era GRAPO e historiador y estuvo detenido y cumplió la sentencia correspondiente. Las verdades no son las que usted dice, porque nosotros,
afortunadamente para este país, no tuvimos en los gobiernos correspondientes, en las direcciones generales y en las secretarías de Estado lo que sufrió este país y que ustedes trajeron.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor González. (La señora presidenta ocupa la presidencia.-Un señor diputado: Mayoral, te van a pegar.-Otro señor diputado: La patada en la puerta.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista para la creación de 27 nuevas comisarías del Cuerpo Nacional de Policía.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 108; en contra, 159; abstenciones, 17.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO ESPAÑOL EN LA GUERRA DE AGRESIÓN CONTRA IRAK. (Número de expediente 173/000191.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE PROPÓSITOS Y CONSECUENCIAS DE LA REUNIÓN CELEBRADA EN LA BASE MILITAR DE LAJES (AZORES). (Número de expediente 173/000192.)
La señora PRESIDENTA: Punto IV del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Se va a proceder al debate conjunto de la moción del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la participación del Estado español en la guerra de
agresión contra Irak, y la moción del Grupo Parlamentario Socialista, sobre propósito y consecuencias de la reunión celebrada en la base militar de Lajes, en las Azores. Para la defensa de la moción del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra
el señor Vázquez. (Rumores.)
Señorías, por favor, vamos a continuar con el debate, para lo cual les ruego que ocupen los escaños y guarden silencio; si no no se oyen las intervenciones. (Pausa.)
Adelante, señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo para defender la moción del Bloque Nacionalista Galego relativa a la guerra contra Irak. Estamos en el día decimotercero del ataque militar de Estados Unidos y Gran Bretaña contra Irak, estamos en el decimotercer día de
la invasión de un Estado soberano independiente, estamos en el día decimotercero de una guerra de agresión injustificada e injustificable. Este ataque militar, esta invasión ha sido alentada, impulsada y copatrocinada por el Gobierno español y, hay
que decirlo, también por el Partido Popular que lo sustenta. Esta agresión militar sigue siendo apoyada por el Gobierno, que presta apoyo político, logístico y militar a esta guerra; una agresión militar de la que el Gobierno quiere aparecer
distanciado, a pesar del evidente apoyo que prestó y sigue prestando.
Señorías, esta guerra, esta invasión, hay que repetirlo una vez más, es injusta, innecesaria, inmoral e ilegal. Esta guerra no se hace para defender la legalidad internacional o para defender los derechos humanos de la población iraquí. Es
más que posible que esta guerra de agresión la acaben ganando Estados Unidos y todos los que la están apoyando, incluido el Gobierno español, pero van a ser difíciles de olvidar las consecuencias que esta agresión está ocasionando o va a ocasionar
en el futuro. Van a ser difíciles de evitar las secuelas que esta guerra imperialista de viejo cuño va a dejar tras de sí. Esta guerra la van a ganar unos y sin embargo otros vamos a pagar las consecuencias. Señoras y señores diputados, es
imposible huir de la realidad, por muchas piruetas, ejercicios dialécticos o justificaciones políticas que quiera uno hacer.
Todos debemos asumir las consecuencias de nuestros actos. Todos debemos preguntarnos con sinceridad si nuestros actos
ayudan a favorecer o ayudan a impedir lo que hoy está sucediendo en Irak. No basta con lamentarse o tratar de no ver que cada día
que pasa aumenta el derramamiento de sangre; hay que tomar partido: sí a la guerra o no a la guerra.
Señorías, hoy en Irak está teniendo lugar una simple carnicería. La población iraquí está siendo diezmada como consecuencia de esta agresión.
A todos nosotros sólo nos llega una parte de la realidad. Sólo vemos la punta del iceberg de la
catástrofe humanitaria que están provocando las bombas que lanzan a diestro y siniestro los que se autodenominan liberadores y también los cercos a las ciudades, los intentos de rendición de la población por hambre o por sed, por falta de atención
sanitaria, etcétera. Es un escándalo para cualquier conciencia lo que está pasando: bombardeos masivos con todo tipo de armas que afectan a soldados o a civiles, a hombres, a mujeres o a niños. La guerra, señorías, es así. No existen las guerras
limpias, sin sangre y sin mutilaciones. No existen las guerras humanitarias ni las guerras de videojuego. La masacre de la población no puede calificarse impúdicamente de efecto colateral no querido o no deseado. Es cínico y es falso. En las
guerras, señorías, se mata a civiles, porque para derrotar al adversario vale todo. En las guerras vale todo y en esta también. En este momento es necesario insistir en parar esta guerra, insistir en parar una masacre no justificable desde ningún
punto de vista o planteamiento democrático, y así como para llegar a esta guerra de agresión fue muy importante el apoyo prestado por el Gobierno, también es sin duda importante para contribuir a detener esta insensatez que el Gobierno retire ese
apoyo.
Sería sin duda una buena contribución a la causa de parar esta guerra, de retornar a las vías diplomáticas, de retornar al ámbito de la legalidad internacional. A esa decisión del Gobierno podemos y debemos contribuir todas y todos los que
nos sentamos en esta Cámara, también los representantes del Grupo Popular. Eso, señorías, es lo que reclama la inmensa mayoría de la sociedad, es lo que reclama la cordura, la razón y la sensatez, porque, señorías, si alguien pudo quizá estar
convencido las semanas pasadas de la necesidad de apoyar esta guerra como única solución para evitar los peligros que el nivel de armamento de Irak podía traer para todos, incluido el mundo, si alguien pudo estar convencido de que esta guerra era
necesaria para liberar al pueblo iraquí, para hacer cumplir la legalidad internacional o librarnos del peligro del terrorismo, la verdad es que a estas alturas, en mi opinión, más que difícil es simplemente imposible de creer.
Esta guerra está vulnerando todos los derechos humanos de los iraquíes, está vulnerando la legalidad internacional, esta guerra a quien está aterrorizando es al pueblo iraquí y, para mayor despropósito, sin que parezca precisamente que los
iraquíes deseen que les liberen de nada, más bien al contrario, tratando a las tropas presuntamente liberadoras como lo que son, invasoras; una apreciación que se extiende por el mundo entero, en especial por el mundo árabe. ¿Qué razones pueden
existir a estas alturas para defender esta guerra, para seguir apoyando esta guerra?
Señoras y señores diputados, el Bloque Nacionalista Galego vuelve a pedir al Gobierno que reconsidere su posición, que oiga a la calle; vuelve a pedir al Gobierno que rectifique, que sea valiente. Es mejor rectificar que mantenerse en una
posición que no entiende, no apoya y no justifica casi nadie. Esta guerra es un desastre en el presente y es un desastre para el futuro. Es un desastre al que el Gobierno, aunque sea vergonzantemente y cada vez con la voz más baja, está
contribuyendo con su apoyo político, logístico y militar. Defender esta guerra es insostenible y menos aún, y quiero decirlo, desde el punto de vista de los hipotéticos beneficios derivados del reparto del botín.
La moción que somete a votación el Bloque Nacionalista Galego dice los siguiente: El Congreso de los Diputados, considerando que la actual guerra contra Irak es injustificada, innecesaria, inmoral e ilegal y rechazando las trágicas
consecuencias que desde el punto de vista humanitario está provocando, insta al Gobierno a retirar el apoyo político, logístico y militar que presta a esta guerra.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Para la defensa de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre propósitos y consecuencias de la reunión celebrada en la base militar de Lajes (Azores), tiene la palabra el señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en la base de Lajes, en las Azores, el presidente Aznar, junto con los señores Bush y Blair, anunció el fin de las inspecciones, se adoptó el veto al desarme pacífico de Irak a través de las inspecciones y se declaró el comienzo de
la guerra. Se usurpó en esa reunión la personalidad, la responsabilidad y la autoridad del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Se lo hemos venido diciendo desde mucho antes de que se produjera aquel acto, no compartimos la actitud del
Gobierno. El Gobierno está solo en esa posición, que también es minoritaria en el Consejo de Seguridad y en el Consejo de la Unión Europea.
Nos anunciaban ustedes desde las Azores una guerra que debía ser además de rápida, limpia y precisa, pero, señorías, la imagen de esa guerra de hoy son los muertos, las víctimas inocentes de la guerra, los muertos del mercado de Bagdad, las
siete mujeres y niños de Nayaf. Esa es la imagen de la guerra de hoy. ¿No les provoca dolor y repugnancia? ¿No les conduce a la reflexión? ¿No es suficiente que esta población
sufra a un dictador para que además tenga que sufrir la atrocidad de la guerra, el uso de la fuerza por parte de quien dice que pretende liberarla? Señorías, ¿podemos callar simplemente nuestra conciencia diciendo que la culpa de todo la
tiene Sadam Husein y que él podía haber evitado todo esto? ¿No está claro a estas alturas que había otras formas de evitar esta guerra y lograr el desarme pacífico de Irak a través de las inspecciones y que esa otra alternativa que ustedes vetaron
desde las Azores era la mayoritaria en el Consejo de Seguridad? Reconózcanlo, porque esa es la realidad. Por eso les pedimos que paren la guerra, por las víctimas inocentes, por la usurpación de la responsabilidad del Consejo de Seguridad, por el
consenso político en esta Cámara. Les pedimos que paren la guerra. Es una guerra que además ya está teniendo consecuencias inmediatas, las primeras las que vemos en las víctimas, pero también las que no vemos, así como la desestabilización de toda
una región, la espiral de odio entre muchas de esas víctimas. ¿No se nos ocurre pensar que entre esos cien Bin Laden que pronosticaba hoy el presidente Mubarak alguno de ellos son los heridos o los familiares de las víctimas que está habiendo en la
guerra de Irak? ¿No se nos ocurre pensar que eso va a suceder? Es una guerra que está generando mayor inseguridad y mayor sensación de amenaza entre nosotros. Me da la impresión de que el Partido Popular y su grupo parlamentario siguen
impertérritos, siguen siendo los mismos que vetaron el desarme pacífico de Irak y que optaron por la guerra, los mismos que usurparon la voluntad del Consejo de Seguridad, los mismos que han implicado a España en esa guerra, en una misión que,
además de falsa, es vergonzante, que se llama falsa y vergonzantemente humanitaria. ¿Pretenden ustedes que creamos que cuando el señor Aznar amenazaba a Irak y a su presidente con graves consecuencias, cuando decía la ministra que se habían acabado
las inspecciones, no más inspectores, no más tiempo, estaban amenazando a Irak con una acción humanitaria preventiva? ¿No era con una acción militar destructiva como a la que estamos asistiendo? Más bien esto último, ¿verdad, señorías?
El Gobierno busca reforzar el perfil aparentemente humanitario de la misión a la que se ha enviado a nuestras Fuerzas Armadas con anuncios de incorporación de ayuda humanitaria, de ayuda para ser distribuida a las víctimas de la guerra,
porque, señorías, no nos engañemos, para el Gobierno la ayuda que van a llevar esos barcos forma parte del dispositivo y del plan de la guerra. Así es. No tiene nada que ver con la acción humanitaria ni con las organizaciones humanitarias; forma
parte del plan militar de acción contra Irak. El objetivo no es otro que ganar las voluntades de una población civil que es la víctima directa de la guerra, de una población de la que se pretende lograr que acepte de buen grado ser liberados por
quienes el señor Aznar llama nuestros mejores aliados. ¿Tendrían ustedes el coraje de explicarle eso a Alí, que ha perdido sus brazos, y a toda su familia en esta guerra? (El señor Hernando Fraile: Eso es demagogia.) ¿Tendrían el coraje de
explicárselo? Porque él es probablemente carne de esas organizaciones como Al Qaeda.
Esa es la dimensión más repugnante de la guerra a la que estamos asistiendo; por eso le pedimos su fin, por eso le pedimos que España -y esa es la propuesta de
nuestra moción- vuelva al Consejo de Seguridad para buscar que este ejerza su función en la paz y en la seguridad del mundo, también de esa región. Pedimos en nuestra moción que la ayuda -como no puede ser de otra manera- sea directamente
gestionada, sin cortapisas ni restricciones y sin servir a otros fines, por los organismos internacionales, que llegue cuanto antes, que sea eficaz, que sea suficiente, que llegue allí donde la población la va a necesitar más y, a ser posible, si se
frena la guerra, que esa ayuda no tenga que ser ingente y no tenga que asistirse a centenares de miles de personas desplazadas o refugiadas.
Pedimos también en nuestra moción recuperar algo que desgraciadamente hemos perdido: el consenso en política exterior en España. Lo han quebrado ustedes. El resto de la Cámara nos mantenemos en ese consenso en política exterior. Nos
mantenemos en los ejes principales de nuestra política exterior. Hay un senador de su grupo que dice que él no se siente vinculado por ese consenso, pero el resto de los grupos sí nos sentimos vinculados, en lo que se refiere a los intereses de
España en el Mediterráneo, a los intereses de España en Europa, a tener una posición internacional respetable y respetada también en nuestras relaciones con Estados Unidos, a no caer en la indignidad en nuestras relaciones con Estados Unidos y pasar
de lo que era una relación simétrica de respeto mutuo, con independencia de la hegemonía militar de ellos y las limitaciones militares de España, especialmente en los tiempos que corren, a una relación de sojuzgamiento y sometimiento. ¿Hay algo en
lo que ustedes me pudieran decir que le han dicho que no al señor Bush? ¿Ha habido alguna petición, alguna solicitud, alguna formulación política del señor Bush a la que le hayan dicho que no? Esa no es la manera de que un país con dignidad se
haga respetar, como no lo es tampoco que se autorice de manera irresponsable sobrevuelos del territorio español que ponen el peligro la seguridad de los ciudadanos en las zonas que atraviesan. Eso no es respetable si además esos sobrevuelos están,
al mismo tiempo, haciendo operaciones de abastecimiento en vuelo que no se permite ni siquiera a las Fuerzas Armadas españolas. Esa es una irresponsabilidad y una dejación de la defensa de la soberanía nacional. Les pedimos recuperar también la
posición
central de España en Europa. En Europa cada país busca con sus políticas de alianza defender sus intereses y sus objetivos. Los objetivos de España en Europa están claros y los intereses también. Ante situaciones concretas esos intereses
pueden requerir determinadas alianzas. Sin embargo, hemos visto que lo que ha hecho el Gobierno de España ha sido, primero, trazar una línea divisoria en Europa que nunca había existido, porque otros países que han tenido otros intereses han
buscado alianzas coyunturales y operaciones de geometría variable, pero nunca han trazado una línea excluyente ni un muro de Berlín ni un muro de la calle Wall Street. Eso lo ha hecho el presidente del Gobierno de España y lo ha hecho de una manera
ingenua y que a la larga no va a conducir a ningún sitio. Además, en esa operación, el Gobierno se ha situado en Europa con nuestro mejor aliado -el que nos queda en Europa de esa gran coalición de tres- y ese gran aliado no sólo no comparte con
nosotros el proyecto político de profundización de la Unión Europea, sino que además nos está baldando día a día en los consejos de ministros de Asuntos Exteriores en cuestiones que afectan de manera fundamental a intereses capitales de España, sea
la ayuda regional o sea la ayuda al Prestige, por no hablar de Gibraltar, que mejor lo dejamos en estos momentos. Les pedimos que rectifiquen ahí y les pedimos también que rectifiquen, como ya he dicho, en las relaciones trasatlánticas. Les
pedimos en definitiva que reconozcan que nadie les ha aislado, que son ustedes los que se han aislado, que son ustedes los que han empujado al resto de la Cámara a la otra orilla y ustedes han saltado a una orilla mucho más lejana. No hay ninguna
conspiración para aislar al Grupo Popular ni al Gobierno, no la hay. Hay una guerra que rechaza la mayoría de los grupos que están en esta Cámara, hay una guerra que rechaza la inmensa mayoría de la ciudadanía española, eso es lo que hay. No hay
una conspiración como la que de forma paranoide ha anunciado o denunciado el señor Aznar y, de manera más explícita, el señor Mayor Oreja; no la hay. Hay esa guerra y hay una actuación del Gobierno absolutamente insólita en este caso. Hay una
guerra ilegal, inmoral y cruel que España nunca debió impulsar y a la que España nunca debió contribuir, a la que España no debiera estar vinculada. No hay una conspiración masiva; hay una destrucción masiva e indiscriminada. Por lo tanto,
señorías, esperamos que algún día ustedes rectifiquen.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Estrella.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Brevemente debo señalar que estamos totalmente conformes con el sentido de las dos mociones que se nos presentan en cuanto que el contenido básico es bien claro, poner de inmediato fin a la guerra iniciada contra Irak, una guerra, como hemos
dicho y no dejaremos de decirlo, que es ilegal, amén de que en muchos casos las guerras realmente puedan tener otra connotación; guerras ilegales y, por tanto, susceptibles los Estados y los responsables de ser perfectamente controlables en los
foros correspondientes.
Nuestra enmienda tiene un sentido muy concreto. Cuando se habla del derecho a decidir entendemos que el pueblo kurdo -pueblo del cual se ha hablado en varias ocasiones en esta Cámara- tiene derecho a decidir su futuro. Lógicamente serán
los ciudadanos en Irak los que tengan que determinar cuál va a ser su gobierno, cuál va a ser el régimen jurídico político que les pueda convenir democráticamente a todos ellos. Nosotros queríamos que de una forma clara quedara constancia de ese
reconocimiento del pueblo kurdo como tal y por tanto de los derechos que le asisten. Es evidente que compartimos el resto de las cuestiones que aquí se han planteado y, en ese sentido, votaremos afirmativamente lo que hoy nos presentan dos grupos
parlamentarios, que coincide total y absolutamente con nuestras pretensiones del día de hoy.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señor Puigcercós, asimismo para la defensa de su enmienda.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
El Partido Popular ha estado vendiendo a la prensa que destinarán casi 50 millones de euros en concepto de ayuda humanitaria, después de dejar patente la incoherencia de aquellos que hoy destruyen un país y nos dicen que mañana lo van a
reconstruir -así lo denunciábamos ya en este Parlamento-. ¿Van a reconstruir a los muertos o la ayuda humanitaria que se refiere a enterrarlos? Debemos aclarar algunos puntos pues. El primero es que van a destinar unos 300 millones de euros a la
movilización militar y sólo una décima parte a la ayuda humanitaria. El segundo es que la mitad de la ayuda humanitaria se realiza mediante el Fondo de Ayuda al Desarrollo, que es un instrumento crediticio, según el cual se vincula la ayuda a las
empresas españolas, intentando pues con la ayuda hacer negocio. ¿Cuáles son las empresas beneficiarias de esta ayuda? ¿La mano de obra será iraquí o española? ¿Habrá cláusula respecto a la contratación de mano de obra, por ejemplo, que garantice
que se cumplan las normas establecidas en la Organización Internacional del Trabajo? Tercero, buena parte de la llamada ayuda y que está gestionada en realidad por el Ministerio de Defensa se trata del trabajo de retaguardia que el Ejército
español cumple en esta guerra. Es el trabajo de asistencia a la primera línea militar de Estados Unidos y Reino Unido. Por lo tanto no nos lo quieran vender como ayuda humanitaria. Por todo ello, presentamos una enmienda donde se solicita la
garantía de que la ayuda humanitaria no esté ligada, es decir, no traiga beneficios económicos al Estado español. En segundo lugar, solicitamos que la ayuda vaya dirigida a la población necesitada, no como hicieron con el huracán Mitch en
Nicaragua, que se utilizó para construir una autopista. En tercer lugar -y aunque las ONG han adelantado que no gestionarán la ayuda, en aras a lavar la cara a un Gobierno que nos ha metido en un conflicto, en esa guerra-, esperamos que estén
dispuestos a hacerlo siempre que se frene el apoyo a la guerra, y que los recursos destinados al ejército se destinen verdaderamente a tareas humanitarias.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Para fijar su posición, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo va a votar favorablemente el texto, con las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Mixto, manteniendo una línea de congruencia y coherencia con lo que ha venido expresando en la Cámara a lo largo de
todos los debates sobre la guerra en Irak. En primer lugar, porque el apartado número uno de esta moción sitúa la cuestión en su punto álgido, lo que nos permite hacer todo un enjuiciamiento a favor de nuestro pronunciamiento sobre el principio de
legalidad. La falta cometida después de la reunión de Lajes en las islas Azores contamina todo el proceso de legalidad, y va a afectar a España e, incluso, a esa flotilla de supuesta ayuda humanitaria, auténtico apoyo logístico, como así ha sido
reconocido ya por el mando norteamericano, y cuya naturaleza no podía ser otra. Este primer punto es fundamental a la hora de basar sobre él todos los demás y, sobre todo, el punto número cuatro de la moción, que insta al Gobierno a no participar
con fuerza militar en esas operaciones. Si está contaminado y hay una carencia del principio de legitimidad en el inicio, toda la cadena de actos que se vayan desarrollando en ese mismo proceso estarán afectados por la misma carencia de un
principio legal. No olvidemos este planteamiento, porque es el que tiene que oponerse a un principio alterador de la situación del derecho internacional, como es la guerra preventiva. ¿Qué ha ocurrido? Que, cada vez más, nos encontramos ante una
situación en la que no hay guerra de liberación, sino guerra de ocupación, guerra de conquista y, por tanto, guerra de sometimiento a unos principios incompatibles con el derecho internacional y con lo que estamos defendiendo.
Creemos que la moción tiene un contenido muy positivo, en la medida que trata de buscar un nuevo escenario - que no puede ser otro que el de Naciones Unidas, fundamentalmente, y el de la Unión Europea- con todos los organismos que tienen que
cooperar de una manera racional, legal, legítima y ordenada por el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas, respetando el concepto de ayuda a los refugiados y de ayuda humanitaria. Debemos reconducir esta cuestión, porque es fundamental
que el concepto de ayuda humanitaria -que España puede prestar de manera institucional, bien con organizaciones civiles como Cruz Roja o cualquier otra organización no gubernamental, bien con el instrumento de las Fuerzas Armadas- se encuentre bajo
el amparo de Naciones Unidas, no puede ser otro, para cumplir internacionalmente, no unilateralmente, un compromiso de apoyo en la ayuda humanitaria. Nosotros queremos dar la racionalidad y de sensatez necesarias, porque se trata de una cuestión de
dignidad. Cuando nosotros pedimos y nos sumamos en este apartado número cuatro a la retirada de esa flotilla -si no va bajo el amparo de Naciones Unidas- estamos reflejando precisamente nuestra convicción en el principio de solidaridad. Después no
queremos entrar en una serie de análisis más subjetivos, donde las cuestiones de guerra inmoral, totalmente ilegítima y contraproducente se están introduciendo incluso en el debate entre nuestra propia sociedad civil.
Por estas razones, señora presidenta -y por no abundar en argumentos que, por manidos y repetidos, parecen obvios, pero que siguen siendo fundamentales en este principio-, mi grupo parlamentario va a votar favorablemente el texto, recogiendo
el deseo de la opinión pública del no a la guerra. Un principio de racionalidad, un principio de traer a la Cámara lo que la semana pasada pretendíamos con el punto primero de nuestra moción conjunta: buscar una fórmula por la que en todas estas
crisis supranacionales el Parlamento se pudiera pronunciar y legitimar a nuestro Gobierno con un documento que le permitiera acceder a todos los foros internacionales, alegando que tiene un respaldo democrático parlamentario, que tiene un principio
de legitimidad activa en todo proceso internacional y que, por tanto, no hay por qué mandar de una manera vergonzante y marginal a nuestras Fuerzas Armadas, que tienen el derecho de intervenir
en el conflicto siempre que les respalde el principio de legalidad y de legitimidad.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Anasagasti.
El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo va a apoyar las dos mociones, que consideramos de sumo interés, de suma actualidad y de suma importancia. Como bien ha dicho el diputado de Esquerra Republicana, señor Puigcercós, la reconstrucción de bienes se puede hacer
relativamente en poco tiempo, pero de las vidas humanas, ¿quién se ocupa?
Hoy también nos ha llamado la atención un comentario que ha hecho don Miguel Ángel Rodríguez respecto a que había diputados y personalidades del Partido Popular que estaban en desacuerdo y cuya discrepancia cada vez está siendo más pública.
Decía que en este momento es muy fácil hacerse famoso dentro del Partido Popular siempre y cuando se haga una rueda de prensa o se diga que se está en contra de la guerra. La verdad es que nos gustaría que cundiera el ejemplo, porque sería una gran
muestra de humanidad, sobre todo ante esas terribles imágenes que estamos viendo en los medios de comunicación, en las que se ve la masacre de una guerra preventiva que, desgraciadamente y quizá de una manera indirecta, está siendo alentada por
aquel acuerdo de las Azores entre los tres grandes cruzados internacionales, los señores Bush, Blair y Aznar.
He tenido la oportunidad de encontrarme en la calle con una señora que me ha parado y me ha dicho que en las anteriores elecciones había votado al Partido Popular. ¡Fíjese, acercarse a un diputado del PNV para decirle eso!, pero que,
lógicamente, estaba muy confusa porque veía que el Papa, que va a venir el 5 de mayo, está haciendo un discurso muy directo y que ella, que es católica, no ve mucha relación entre lo que pueda estar diciendo el Papa y lo que está diciendo el Partido
Popular, sobre todo cuando el 5 de mayo va a venir el Papa y vamos a ver un fotografía del señor Aznar con Su Santidad Juan Pablo II.
Este es un discurso que aparentemente chirría pero que es muy interesante, sobre todo porque se trata de un discurso moral. La verdad es que ayer se conmemoró el 66.º aniversario del bombardeo de Durango, y al poco tiempo se produjo el
bombardeo de Gernika, el 26 de abril de 1937, con una masacre que tenía fundamentalmente por objeto aterrorizar a la gente.
Sesenta y seis años después estamos ante una situación similar: se pretende aterrorizar a los iraquíes para que, de una vez
por todas, dejen esa defensa numantina que están haciendo de su país.
Consideramos también, como dijo ayer Ruud Lubbers, que quien más está colaborando a la destrucción de Irak tiene que ser el país que más colabore a su reconstrucción. Desgraciadamente, en este caso España está colaborando indirectamente
pero de una manera terrible a la destrucción de Irak, por lo que tiene una obligación moral frente a esta guerra inmoral, injusta y absolutamente destructiva.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Anasagasti.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señora presidenta.
Señorías, pensamos que en el día de hoy y con respecto a la guerra de Irak estamos situados ante una aduana de enorme importancia. Hasta ahora se nos había dicho que iba a ser un bombardeo selectivo, parecido al que se hizo en las primera
horas por los F-117, en la operación de decapitación.
Igualmente se nos dijo, directamente a nosotros y después se propagó de manera recurrente por el pasillo de la Cámara, que, en todo caso, esta guerra duraría tres semanas. Tal parecía, oyendo
al señor Rajoy, que lo que se preparaba para Bagdad era un plan general de ordenación urbana, pero realmente era una guerra de enormes proporciones, como veremos. A estas alturas, nos preguntamos, señora presidenta, qué es lo que se le dijo al
señor Aznar en las Azores. ¿Qué se le explicó? ¿Hasta dónde se le explicaron las cosas? ¿Se le dijo la verdad? ¿Se le dijo toda la verdad? En los dos casos estamos, sin duda, ante un problema grave: o el señor Aznar ha mentido, o lo engañaron
y ahora está encubriendo a quienes le mintieron y le revelaron después sus verdaderas intenciones.
A estas alturas, hay que hablar de 8.000 bombas de alta precisión, 700 misiles, dos mercados derrumbados -no sólo por un misil, sino por varios coincidentes en estas estructuras de población civil- y muchas decenas de muertos; sin embargo,
no ocurre lo que el Pentágono y la CIA dijeron que iba a ocurrir: no hay rosas para recibir a Bush. La población civil no se enfrenta a la población militar de Irak, todo lo contrario: existe una especie de efecto patriótico que une a la gente en
torno a Sadam, relativamente, y, sobre todo, en torno a la defensa de su territorio, al ver cómo cambian la bandera de Irak y ponen la bandera de Estados Unidos.
No ocurre la división del Gobierno de Sadam Husein; no ocurre la rendición de una
parte del Gobierno o de los altos cargos; no ocurre tampoco la rendición ni el exilio de Sadam Husein.
Están ocurriendo cosas diferentes, hay consecuencias diferentes; consecuencias que se ocultan, en algunos casos, y en otros, una persona moderada, como el presidente de Egipto, ha dicho que pueden ser muy graves por las respuestas que
pueden dar algunos sectores del Islam; decía que podrían aparecer cien Bin Laden como respuesta a la humillación, al expolio y al genocidio que se empieza a cometer sobre el pueblo de Irak.
Estamos -decía- ante una aduana de enorme importancia. ¿Cuántas semanas quedan, señores del Partido Popular? ¿Cómo se va a entrar en Bagdad? Teniendo en cuenta el efecto patriótico al que antes aludía, y sabiendo que Sadam Husein jugará
con la población civil utilizándola como escudos humanos, nos encontraremos con la Guardia Republicana diseminada por Bagdad detrás de la población civil. ¿Cómo se va a entrar en Bagdad? Lo importante ya es cómo, no cuándo. Se habla de esperar
hasta el verano; no es cierto, se entrará antes. ¿Quiere alguno de ustedes decirme cómo se va a entrar, si no es con el exterminio casi total de la población iraquí que está ahora en Bagdad? ¿Cómo, si no, se puede entrar? ¿Casa por casa, con la
batalla que habría que dar, o ablandado con fuego contra determinadas instituciones, para pasar luego a los mercados? Estos últimos podrían funcionar como señal hecha a los ciudadanos, que dijera: esto puede pasar no sólo en los mercados, sino
también, y mucho más intensamente, en muchos más sitios donde vive la población civil cotidianamente.
Señorías del Partido Popular, en estos momentos se está definiendo de nuevo la estrategia; hay un estancamiento. Es precisamente en este momento, cuando se define la parte final -los próximos 20 días y cómo se va a entrar en Bagdad-,
cuando le decimos al señor Aznar que desde el Gobierno de España se puede hacer todavía historia, se puede reaccionar.
Se puede decir al señor Bush -y que asuma las consecuencias el presidente de Estados Unidos- que en España no queremos la guerra,
que no queremos el asalto a Bagdad tal como se está preparando. También se puede decir que, en consecuencia, las tropas españolas deben volver de inmediato a nuestro país, a sus bases. Es cierto que, a partir de ahora, se plantearán problemas
parecidos a los anteriores, pero de mucha mayor intensidad y que no sólo afectan ya a lo político, sino también a lo histórico, lo ético y lo moral.
La señora Botella ha dicho que no tiene problemas de conciencia; posiblemente, tampoco los tenga el señor Aznar. Por cierto, el presidente del Gobierno todavía no ha mostrado ningún dolor con respecto a las víctimas, todavía no ha mostrado
ningún matiz de solidaridad, ninguna fórmula, por algebraica que sea, con respecto a condenar la muerte de la población civil. Nosotros mostramos nuestro dolor por la muerte de la población civil y también por la muerte de los soldados americanos,
ingleses, iraquíes y del resto de los países, por la muerte de los soldados, dirigidos a una guerra que siempre, como decía Bertol Brech, pierden los soldados. Entendemos, por ejemplo, que el señor López-Medel -no se abrume, no le voy a crear
ningún problema- haya dado un simple grito desde su problema de conciencia. No estoy hablando de que haya roto políticas, de que haya chocado con el Gobierno; no, el señor López-Medel tenía un problema de conciencia y ha expresado su dolor. Yo no
le pido a nadie más que lo haga, pero él sí lo ha hecho y me parece que demuestra, y con esto no lo pongo en contradicción política con su partido, que tiene esa conciencia y le honra expresarla tranquilamente delante de su partido -parece que puede
expresarlo así- y de la sociedad española. Sin embargo, el resto sigue con la política, pero, repito, estamos en un momento diferente. Estamos en un momento en que esta situación política, ética e histórica no la arregla el silencio, no la arregla
la unidad del patriotismo de partido. No; hay que pensar qué es lo que va a pasar a partir de ahora. Piense cada uno de ustedes cómo se va a entrar en Bagdad, cuántos muertos vale Bagdad, cuántos muertos vale que el señor Bush recorra entre
papelitos volantes la Quinta Avenida de Nueva York. Yo comprendo, porque está embarcado por la historia y por su propia posición personal, que el señor Aznar no cambie. Hoy le estamos pidiendo que cambie ante esta aduana histórica, pero no va a
cambiar, aunque no comprendo de dónde le viene el ardor guerrero al señor Aznar, que incluso pidió que lo excluyeran del servicio militar por razones personales.
(Aplausos.) No comprendemos ese ardor guerrero, que no le ha presidido en ningún
momento de su vida, ni pública, ni privada.
Por otra parte, señora presidenta, la inefable ministra de Asuntos Exteriores nos ha dicho con un mensaje hacia la perspectiva que ya sólo cabe pensar en el futuro. Para ella pensar en el futuro es sinónimo de reconstrucción. Ha dicho que
de ahora en adelante lo importante, lo positivo, es pensar en la reconstrucción de Irak. Fíjense en qué momento dice esto, en el momento en que todavía no se ha destruido Irak. Ella ya ha visto que Irak va a ser destruida, arrasada y que el futuro
está en la reconstrucción, sin darse cuenta de que lo importante es que no se destruyera; la mejor reconstrucción es que no se termine por destruir Bagdad, pero para ella los muertos ya están descontados. La operación ya está programada y hay que
cumplirla y, por la serie de razones que ella evoca, fundamentalmente es una cuestión de tipo comercial, de tipo económico: la Bolsa subirá, los usuarios podrán descontar unos pocos céntimos en los litros de gasolina que echan y ahora una serie de
empresas, posiblemente también españolas, van a colaborar en la reconstrucción. Naturalmente, es una propuesta que nosotros no
podemos entender, no podemos aceptar sin rubor, sin vergüenza ajena si se dan esta serie de argumentaciones que se están combinando.
Esta va a ser, señora presidenta, no sólo una guerra ilegal, que ya lo es; no sólo una guerra inmoral, que ya lo es; no sólo una guerra injusta, porque las guerras justas -comillas aquí- sólo las define el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas cuando un país ataca a otro, sino que también va a ser, teniendo en cuenta la entrada en Bagdad, una guerra de exterminio, una guerra de muchísimas víctimas. Posiblemente, por la intensidad y el tiempo que abarque la guerra, que no va a
llegar hasta el verano, va a ser una de las guerras con peores consecuencias de las que ha habido en el siglo XX y a partir de entonces en la humanidad, una guerra de enorme importancia, con consecuencias muy serias.
La señora PRESIDENTA: Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Termino, señora presidenta.
Sólo les quiero decir a los compañeros de Parlamento del Grupo Popular que, aparte de las disonancias políticas que tiene la gente con el señor Aznar, con el Gobierno que preside el señor Aznar, ahora está ocurriendo un fenómeno muy
particular, como ha sucedido históricamente en otros sitios.
La señora PRESIDENTA: Señor Alcaraz, le ruego que concluya, por favor.
El señor ALCARAZ MASATS: Termino, señora presidenta.
El pueblo empieza a no tener ningún tipo de cariño por el señor Aznar, no lo quieren. La gente empieza a no querer al señor Aznar. No comprenden lo que hace, empieza a haber un fuerte desafecto y muchos incluso empiezan a detestarlo.
También muchos piden su dimisión. Nosotros, indudablemente, también pedimos la dimisión del presidente del Gobierno don José María Aznar. (Aplausos.-El señor López-Medel Bascones pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
¿Señor López-Medel?
El señor LÓPEZ-MEDEL BASCONES: Señora presidenta, he sido aludido en este debate.
La señora PRESIDENTA: Tiene dos minutos, señor López-Medel.
El señor LÓPEZ-MEDEL BASCONES: Con muchísima brevedad, señora presidenta, quiero decir que este diputado ha manifestado sus opiniones en un medio de comunicación sobre la situación en Irak; pero con la misma libertad manifiesta desde su
escaño, que es donde más le corresponde, la absoluta identidad y la absoluta solidaridad con el Partido Popular.
Señor Alcaraz, además, no es cuestión simplemente de que este diputado tenga conciencia. Tienen conciencia los 183 diputados que forman parte de este grupo, y de la conciencia forman parte también, señor Alzaraz, los deseos de paz. En todo
caso, todas las personas de bien, todos los españoles de bien, cualquiera que sea su posición concreta sobre este asunto, están deseando en estos momentos que acabe cuanto antes el conflicto, que sea efectiva la ayuda humanitaria. (Rumores.)
También desean las personas de bien que acaben aquellos actos subversivos que están atentando contra la dignidad de muchos dirigentes, de muchos parlamentarios y de muchos militantes del Partido Popular en España, y lamento decir que esto se está
produciendo con la actitud pasiva de algunos dirigentes. En todo caso quiero reiterar, señor Alcaraz, la conciencia unánime que tienen los 183 diputados del Partido Popular en favor de la paz.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.-El señor Alcaraz Masats pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López-Medel.
Señor Alcaraz, por el mismo tiempo, pero recordándole que no es un turno de réplica.
El señor ALCARAZ MASATS: Señora presidenta, en principio, quería decirle que estoy de acuerdo con la concesión de ese turno por alusiones; aunque no ha sido una alusión en ningún caso, estoy de acuerdo con el turno que usted acaba de
conceder. Me parece que él tiene el derecho a explicarse tranquilamente, como lo ha hecho. Desde la tribuna le he dicho que no veía contradicción política con su partido y que en mi intervención no quería ponerle en contradicción política con su
partido. Él ha demostrado que tenía una conciencia dolorida, se ha atrevido a expresarlo y ha dicho que posiblemente no tenga consecuencias, porque él se ha atrevido a hacerlo tranquilamente. Por lo tanto, le saludo con todo respeto y,
naturalmente, agradezco que por lo menos usted haya levantado un grito a favor de la paz.
Muchas gracias. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Con respecto a su opinión de que no era un turno de alusiones, esta presidencia ha entendido que cuando S.S. ha hecho referencia a un problema de conciencia del señor López-Medel, estaba entrando de lleno en alusiones, en lo que el artículo
71 prevé con respecto a juicios de valor. (Rumores y protestas.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señora presidenta, señorías.
La realidad es que hace pocas semanas, muy pocas, trajimos todos los grupos de la Cámara, todos menos uno, menos el grupo mayoritario, el Grupo Popular, un texto que decía simplemente en otras palabras: No a la guerra. Era un texto que
intentaba dar más tiempo a los inspectores, que decía que no era el momento del uso de la fuerza, que había que dar una oportunidad a la paz. Todos los que suscribíamos ese texto en ese momento sabíamos que detrás de las palabras y discursos que
hablaban de inspectores, de terminar su trabajo; que hablaban de recurso a la fuerza; que hablaban por parte de ustedes, del Grupo Popular o de sus dirigentes en el Gobierno, de ese recurso retórico de asumir nuestras responsabilidades, todos
sabíamos en ese momento que detrás de cada una de esas palabras sólo había una cosa: cadáveres, cadáveres y cadáveres. Y detrás de esa expresión, ese eufemismo, uso de la fuerza, lo que había era dolor y muerte, muerte injusta, muerte brutal, como
lo es en cualquier guerra.
Nosotros dijimos entonces que todos aquellos que patrocinaban, en expresión que forjaron ustedes, la decisión de apoyar la guerra, que patrocinaban la guerra, estaban patrocinando las muertes que esa guerra iba a engendrar, el dolor y la
muerte injusta, inútil e inocente en muchos casos que de ahí iba a derivar. Eso lo sometimos a votación y en ese momento el grupo mayoritario de la Cámara votó en favor de la guerra, y lo hizo sin que ni un solo voto del Grupo Popular se apartara
del apoyo explícito, democrático, según dijeron ustedes, al uso de la fuerza, es decir, a la guerra, a la muerte que hoy estamos viendo día a día, minuto a minuto, incluso algunos de ustedes, muchos de ustedes, desgraciadamente, se atrevieron a
aplaudir de forma impudorosa ese voto en favor de la guerra, incluso algunos a manifestar grandes carcajadas...
(Rumores y protestas.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio. (Rumores y y protestas.) Señorías, guarden silencio.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Era como si lo que allí se había votado fuera algo que abría prácticamente las puertas de la felicidad. Lo que allí votaron ustedes es lo que hoy ocupa todos los telediarios, lo que allí votaron ustedes es lo que
hoy está en forma de un niño con los brazos amputados, mañana en forma de otros, en la portada de los periódicos.
(Protestas.-El señor Landaluce Calleja pronuncia palabras que no se perciben.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio. (Rumores.)
Señor Landaluce, le llamo al orden. (Rumores.) Señor Landaluce, guarde silencio.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Eso, aunque intenten ustedes recubrirlo con eufemismos como uso de la fuerza o ejercicio de las responsabilidades de Gobierno, es lo que ustedes con su dedo índice votaron aquí.
Hoy estamos ya empezando el día decimocuarto de guerra, guerra, señorías, no uso de la fuerza, guerra. Lo que nos preguntamos aquí todos los que vamos a apoyar las dos mociones es si eso que ahora ustedes ven y que quizá, como decía una
votante republicana en los Estados Unidos en una entrevista en el New York Times: Yo es que creía que cuando íbamos a la guerra no iba a haber muertos. Decía una jubilada republicana. Yo no sé si alguno de ustedes se encuentra en esa misma
situación.
Por si eso fuera así, es muy oportuno que se relean lo que hoy van a votar y que sean conscientes de los dos textos que hoy van a votar. Es importante que se replanteen si de verdad con lo que están ustedes viendo siguen ustedes creyendo
que van a parar el terrorismo internacional, si siguen ustedes creyendo con lo que ven, con lo que leen, con lo que escuchan que España y el mundo entero es hoy más seguro que antes del fatídico 20 de marzo. Si ustedes creen de verdad y sienten de
verdad con convencimiento, lo cual democráticamente les respeto, que es legítimo y correcto imponer los derechos humanos a sangre y fuego a los que sobrevivan a este conflicto. Piénsenlo, si esa es su decisión política, asúmanla, pero no salgan de
aquí diciendo que han votado algo distinto de lo que han votado, porque hay algún alto dirigente, importante, de su partido que incluso se atreve a decir, cuando ve que el 91 por ciento de los españoles dice no a la guerra: Si a mí me hubieran
preguntado, yo también habría dicho no a la guerra (El señor Hernando Fraile: ¿Con Sadam?)
Esa situación absurda, ridícula, que insulta la inteligencia de los ciudadanos, permite que hoy se les haga a ustedes una encuesta en forma de moción. Si están ustedes en contra de la guerra, pueden votar a favor la moción. Si están
ustedes a favor de la guerra, pueden ustedes votar en contra del texto que hay hoy. Hoy se les hace a ustedes la encuesta para saber si están con el 91 por ciento de los españoles o con el 9
por ciento restante, y libremente pueden colocarse donde crean oportuno.
Eso es lo que haremos aquí, en primer lugar, con el texto del Bloque Nacionalista Galego, Grupo Mixto, que plantea estricta y nítidamente que se retire todo apoyo
político, logístico y militar a esta guerra. Luego, señorías, lo puedo decir más alto, pero no más claro: quienes voten contra esta moción están prestando su pleno apoyo logístico, militar y político a esta guerra. Insisto, lo pueden ustedes
hacer, tienen ustedes derecho democrático a hacerlo; el señor Bush lo hace, el señor Rumsfeld lo hace, el señor Blair lo hace, el ministro de Defensa británico lo hace. Ustedes pueden apoyar la guerra. Y en democracia, contrariamente a lo que nos
habían enseñado, es posible apoyar la guerra. Lo que no pueden hacer ustedes es apoyar la guerra hoy de nuevo y salir de aquí como vírgenes ofendidas porque se les insulte o se les critique. (Aplausos.), insultar no, pero que se les critique
porque ustedes apoyen la guerra.
Insultar no, rectifico, pero que se les critique con toda la dureza que en democracia es posible, sí. (Rumores.)
En segundo lugar, el otro texto que se va a someter a votación es un texto más complejo y más matizado presentado por el Grupo Socialista. Respecto de este texto querría decir, en primer lugar, una cosa. Ese no es el texto que hubiera
redactado el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió. Adelanto que ciertamente lo vamos a votar, pero quiero dejar claro que nos parecía mucho más correcta técnica y políticamente la moción inicial que había presentado el Grupo
Socialista.
Quiero desde aquí pedir al Grupo Socialista que se tome con un poco más de seriedad -y lo digo con todo el respeto porque sabe, además, que tenemos una sintonía en este punto de fondo- los textos que se someten a votación en esta
Cámara. No se puede estar presentando una moción el jueves y el martes presentar una enmienda de sustitución que la modifique. No ha pasado nada que justifique este tipo de cambios. Un poco más de seriedad. El Grupo Socialista sabía que el tema
de los refugiados que se incluye hoy en este texto será debatido la semana que viene con más profundidad y con más calma, y no con la urgencia con la que se plantea en este texto. Esta moción que se va a someter a votación contiene algún párrafo
que no nos parece, y lo digo con todo el respeto, digno ni propio de una resolución parlamentaria. Este Parlamento no está para hacer juicios de intenciones sobre si la estrategia militar americana es o no la correcta. Pero bien, en su conjunto, y
salvado eso que quiero dejar claro -vamos a votar a favor de un texto que no es nuestro, práctica parlamentaria perfectamente correcta-, dejado eso claro, querría entrar, en el apenas minuto y medio que me queda, en un tema de fondo de todo lo que
plantea esa moción del Grupo Socialista. El Gobierno había apostado, y con él el Grupo mayoritario Popular, en un esquema que se basaba en dos pilares: primero, una guerra muy breve, a partir de la cual habría una situación de gran triunfo y una
nueva unidad atlántica y europea alrededor del cadáver de Sadam Husein y de los despojos de su régimen en un Irak liberado. Lo que les quiero decir desde esta tribuna, y se sostiene y está fundamentado en esta moción o se contiene también en buena
parte de esa moción, es que ya han comprobado que lo primero no será cierto. No sigan ustedes jugando la carta a lo segundo. Nadie ha dicho ni nadie ha escrito que la ruptura brutal que hemos visto en Europa y la ruptura brutal que hemos visto en
el mundo antes de la guerra no vaya a seguir después de la guerra. Y eso nos pondrá en un escenario terrible para todos los que estamos aquí y para la seguridad internacional. Una de las formas muy importantes de evitar que eso ocurra es que su
Gobierno trabaje desde hoy por lo menos con la misma intensidad con la que estuvo trabajando antes, especialmente en dos puntos: uno, asegurar que la administración de Irak el día que esta guerra acabe será bajo Naciones Unidas y no bajo un general
norteamericano. Y decirlo ya, y decirlo en público, y decirlo en Naciones Unidas, y no esperar a la autorización del Pentágono para poder sostener eso en el Consejo de Seguridad. Y en segundo lugar -y termino, señora presidenta-, exigir desde hoy,
en coherencia con la tradición de la política exterior española, en coherencia con lo que ustedes mismos habían hecho hasta ahora, que los Estados Unidos se impliquen de lleno en el proceso de paz de Oriente Medio, que ese cáncer de toda la zona
tenga remedio ahora, y eso lo pueden ustedes hacer. Son dos puntos concretos que destaco, junto con otros que han comentado otros portavoces que hago propios, especialmente el tema humanitario, que se contienen en esta moción. Tienen ustedes la
gravísima responsabilidad, y la tiene su Gobierno, de no ser espectadores. No lo quisieron ser antes y podían haberlo sido; no lo sean ahora. El Gobierno, con lo que haga a partir de ahora, no va a legitimar su guerra, no la va a poder legitimar,
pero quizá contribuirá a recuperar la unidad en la paz. Si no hace eso, sabemos quién muy probablemente ganará esta guerra, pero no sabemos quién podrá ganar en la paz.
Gracias. (Un señor diputado: Muy bien.-Aplausos.-Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guardans.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor De Arístegui.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Señora presidenta, señorías, voy a empezar haciendo referencia a la intervención del señor Guardans.
En primer lugar, señoría, quiero decirle que me parece extraordinariamente fuerte que usted cuestione la dignidad de mi grupo parlamentario. (Varios señores diputados: Muy bien.-Aplausos.) Pero les voy a decir más, señorías: sería tan
injusto y tan impresentable como que yo insinuase desde esta tribuna que votar lo que ustedes van a votar esta tarde fuera votar con Sadam Husein o a favor de él, cosa que no es verdad; yo nunca lo voy a decir, jamás. (Aplausos.) Ustedes con su
voto no van a hacer eso, ustedes votan sin duda en conciencia y en buena fe lo que están haciendo. ¿Por qué pone usted en cuestión la nuestra? ¿Por qué el sentido de nuestro voto es necesariamente votar a favor de la guerra? No es así, no es así.
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Nosotros no hemos votado ni hoy ni en ninguna sesión de este período de sesiones a favor de la guerra. Hemos votado en conciencia el camino que creíamos más corto hacia la paz, en conciencia, tratando de
hacer lo que creíamos mejor para los intereses de la paz de nuestros ciudadanos y de España. Hicimos un análisis geopolítico que hemos explicado muchas veces, se puede compartir o no, y yo entiendo que usted no lo comparta y que el resto de los
diputados de la oposición tampoco, es legítimo, lo entiendo, pero ¿porque yo haga un análisis geopolítico determinado significa eso que nosotros no tenemos legitimidad de hacerlo?, ¿simplemente porque ustedes consideren que estamos equivocados no
tenemos legitimidad? Podemos estar equivocados, según ustedes, es perfectamente legítimo, pero eso no es así.
Nosotros no insultamos la inteligencia, señoría, hacemos un análisis que usted no comparte. Yo no digo que usted insulta a la inteligencia de nadie porque estoy en profunda discrepancia con sus posiciones, en absoluto. Tratemos de
practicar la tolerancia parlamentaria. (Varios señores diputados: Muy bien.-Aplausos.)
Aquí, señorías, se ha hablado de la situación interna en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se ha hecho un análisis que a veces francamente parecía que era de otro planeta; se hablaba de que nosotros hemos vetado las
inspecciones, que nosotros hemos vetado los esfuerzos de paz. Sólo un país, que yo recuerde, alguno más, quizá, ha amenazado con el veto en el Consejo de Seguridad y nosotros, le recuerdo, no tenemos derecho de veto. (Varios señores diputados:
Contra la guerra.) Además, le voy a decir una cosa. También se ha dicho en esta tribuna, señor Estrella, que el presidente del Gobierno había amenazado a Irak con graves consecuencias. Es que eso lo dice la 1441, no lo dijo el presidente Aznar, lo
estaba recordando. La 1441 dice: se tendrán que enfrentar a graves consecuencias y es la última oportunidad. No fueron palabras, sino una cita.
Hablaba usted de los sobrevuelos. Ya lo dijimos aquí en la sesión pasada: hemos visto y hemos descubierto cómo en Francia se está autorizando el sobrevuelo de los B-52, lo ha hecho, lo ha dicho Dominique de Villepin en la Asamblea
Nacional, invocando una costumbre entre aliados, y nosotros ya dijimos entonces y reiteramos ahora que nosotros lo que invocamos son tratados internacionales, no costumbres.
Han hecho referencia también a la cuestión de la línea divisoria de Europa. Siempre que se ha producido la necesidad de buscar un consenso hemos hecho el esfuerzo entre todos y lo hemos logrado: el 27 de enero, en el Consejo de Ministros
de Asuntos exteriores; el 17 de febrero, en el Consejo Europeo extraordinario, y recientemente, en el Consejo Europeo de primavera. Cada vez que nos hemos puesto delante de la necesidad de buscar los Quince puntos en común lo hemos logrado.
Respeto profundamente, como lo hace todo mi grupo y el Gobierno que apoyamos, la posición de Francia y Alemania. Lo único que hemos hecho nosotros es pedirles a ellos respeto hacia la nuestra también. Hemos visto además cómo países que discrepan
de nuestra posición están haciendo operativamente lo mismo que nosotros. Francia y Alemania están haciendo prácticamente lo mismo que nosotros. Les recuerdo que Francia tiene una unidad NBQ en Qatar y que Alemania la tiene en Kuwait. Además,
decir que las líneas divisorias son nuevas es desconocer la historia de Europa.
Desde la aprobación del Tratado CECA hasta hoy los europeos hemos tenido profundas discrepancias, en materia presupuestaria, en materia agrícola, en ampliación,
equilibrio institucional. Sin embargo, hemos logrado siempre superar esas divisiones para seguir construyendo Europa. El Gobierno de España y el Grupo Parlamentario Popular siguen creyendo que la construcción de Europa es la máxima prioridad y un
absoluto compromiso de nuestro grupo y de nuestro país. Y así seguirá siendo, señorías.
Le diré más. Cuando hablan ustedes de ayuda humanitaria, desconocen ustedes una cuestión. Recientemente se han producido duras negociaciones en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Algunos países bloqueaban sin ningún tipo
de argumento, nada menos que 9.000 millones de dólares de ayuda. Algunos, Siria y Rusia, no querían que se utilizase un solo dólar de ese dinero con excusas políticas. Yo simplemente estoy subrayando un hecho. Otros, Francia y Alemania, decían
que mil millones.
Nosotros hemos conseguido que sean 4.000 millones de dólares de ayuda humanitaria para el pueblo iraquí.
Les voy a decir a ustedes esta tarde, señorías, lo que para mi grupo parlamentario no debe ser esta guerra,
y no es una posición nueva, ha sido así desde el principio: Lo que no debe ser esta guerra para nosotros es una ocupación colonial. Lo que no debe ser para nosotros esta guerra es la privatización de la ayuda humanitaria. Lo que no debe
ser esta guerra es que algunos sectores radicales de Estados Unidos se apropien del análisis geopolítico y geoestratégico que personas moderadas y centradas han hecho. (Aplausos.) Lo que no debe ser esta guerra es que olvidemos...(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Lo que no debe ser esta guerra es que olvidemos que algunos de nuestros amigos y aliados en la región tienen serios problemas de estabilidad y de opinión pública. Lo hemos subrayado y lo hemos dicho
constantemente, y allí estaremos para tratar de demostrar que tenemos solidaridad con ellos. Me alegro mucho que el señor Alcaraz hoy haya llamado moderado al señor Mubarak. Se lo recordaremos, porque me parece que, además, tenía usted razón. Me
alegro mucho, señoría, de verdad. Lo que tampoco puede ser esta guerra para nosotros es una ocasión más para olvidar el proceso de paz. Los únicos dirigentes mundiales que han hecho referencia a ese problema secular han sido los de España.
(Rumores.) Lo hizo el presidente del Gobierno en la Casa Blanca, lo hizo en el rancho de Crawford, lo ha hecho la ministra de Asuntos Exteriores en el Consejo de Seguridad. (Rumores.) Lo hemos hecho, fuimos los principales impulsores del proceso de
paz, de la hoja de ruta y de la creación del cuarteto...(Rumores.) Sí, señorías, sí.
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Resulta que, para ustedes, lo que se hizo hace apenas un año o seis meses, ya no vale. Nosotros fuimos impulsores, en nombre de todos, porque somos el gobierno de todos los españoles. Lo hicimos en
presidencia española, recientemente, impulsando la hoja de ruta e impulsando el cuarteto. Y ahora ustedes lo niegan. No, señorías, sí lo hemos hecho.
Y hablando de la reconstrucción de Irak, créanme que estamos tratando de hacer un esfuerzo máximo. Hay una declaración reciente, que no ha salido suficientemente reflejada en los medios de comunicación, sobre un proyecto de todos los
ayuntamientos, candidatos a alcaldes y alcaldes del Partido Popular para volcarse en la reconstrucción de Irak y en la ayuda humanitaria. Eso es solidaridad activa, señorías. (Aplausos.-Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señora Cortajarena, guarde silencio.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Señorías, en la posguerra tenemos que hacer todos un gran esfuerzo. Y porque nosotros digamos desde esta posición y desde esta tribuna cuestiones moderadas que a lo mejor simplemente no le vienen bien a
su táctica y estrategia electoral o política, francamente, perdónenme, tendrían ustedes que alegrarse de que tengamos unas posturas moderadas y centradas, francamente.
Tenemos que hacer una operación de mantenimiento de la paz en Irak después de la guerra, estabilizar el país y hacer un proceso de transición, porque Irak es de los iraquíes, señorías. Sus riquezas son de ellos, señorías, y vamos a hacer
todo lo posible para mantener, preservar y defender la integridad territorial de Irak. Lo haremos.
Aquí se ha dicho que el presidente del Gobierno no se ha lamentado de las víctimas. Lo hizo en el último debate sobre el Consejo Europeo de primavera, citó una de las conclusiones del Consejo donde se decía que nosotros queríamos una guerra
corta, con el menor número posible de víctimas. (Rumores.-El señor Alcaraz Masats: Eso es lamentable.) Sí lo queremos, señorías, y estoy seguro de que todos ustedes lo quieren. Son nuestros deseos, los deseos de todos nosotros. (Continúan los
rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, Guarden silencio.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: No se pongan así, porque parece que un senador de ustedes no tenía exactamente esos deseos, señorías.
(Aplausos.)
Nosotros, señorías, nos desmarcamos de personas como Richard Perle y las personas que como ellos piensan, y nosotros, de buena fe, haremos todos los esfuerzos necesarios para tratar de conseguir un Oriente Medio en paz, estable, democrático
y en libertad y que, además, reine por fin la paz en la zona más convulsa del planeta, de verdad, y nosotros les tendemos la mano para que entre todos hagamos ese esfuerzo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor De Arístegui.
Señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Si me permite, quería hacer una pequeña enmienda in voce al texto, mínima. El apartado 3 del párrafo 5 de la moción del Grupo Socialista diría, en lugar de promover en el seno de la Unión Europea la puesta en
marcha de un programa de evacuación: promover, en el seno de la Unión Europea, las medidas que permitan la puesta en marcha de un programa de evacuación.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guardans.
Señor Estrella, a los efectos de indicar la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas por la señora Lasagabaster y el señor Puigcercós.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Señora presidenta, si me lo permite, también porque se ha invocado a un senador al que se le han atribuido unas declaraciones...(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor ESTRELLA PEDROLA: No se encuentra presente. Se ha hecho una grave acusación. Algunas de SS.SS. lo conocen, otros no. Quiero decir que ese senador ha desmentido públicamente haber realizado esas declaraciones...(Continúan los
rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Ha anunciado una querella y pediría que no se añadiera más crispación y que sigamos manteniéndonos...(Risas.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Que sigamos manteniéndonos en el análisis geoestratégico que nos ha llevado a esta situación. Vamos a calmar las cosas.
La señora PRESIDENTA: ¿Con respecto a las enmiendas, señor Estrella?
El señor ESTRELLA PEDROLA: Señora presidenta, aceptamos la enmienda del señor Puigcercós; aceptamos, por supuesto, el texto que acaba de leer el señor Guardans y, con relación a la enmienda de la señora Lasagabaster, entendemos que las
cuestiones que afectan a los derechos del pueblo kurdo se encuentran incorporadas de manera explícita y clara en el apartado 7 del texto que estamos debatiendo. (El señor De Arístegui y San Román pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Estrella.
Señor De Arístegui, con objeto de dar por finalizado este asunto.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Simplemente quiero decirle al señor Estrella que nosotros hemos dicho 'parece que habría hecho esas declaraciones'. Si se comprueba finalmente que no las ha hecho, retiro lo que he dicho. (La señora
Chacón Piqueras: La presunción de inocencia va justo al revés.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor De Arístegui.
Señorías, sometemos a votación, en primer lugar, la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la participación del Estado español en la guerra de agresión contra Irak.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 133; en contra, 165.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre propósitos y consecuencias de la reunión celebrada en la base militar de Lajes (Azores), que se somete a votación en los términos
derivados del debate y con la incorporación de las enmiendas que han sido aceptadas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 134; en contra, 165.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA AFRONTAR LOS PROBLEMAS DE INSEGURIDAD QUE AFECTAN AL SECTOR DE LA JOYERÍA. (Número de expediente 173/000193.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de carácter general que piensa adoptar el Gobierno para afrontar los problemas de inseguridad que
afectan al sector de la joyería.
Para la presentación y defensa de la iniciativa, tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Señorías...(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Jané.
Señorías, ruego guarden silencio y ocupen los escaños, es imposible que se oiga la intervención del diputado que está en el uso de la palabra.
Adelante, señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) plantea una moción para obtener del Pleno del Congreso de los Diputados un compromiso expreso que dé respuesta a los problemas de inseguridad que afectan al sector de la joyería.
Durante la interpelación con el ministro del Interior Convergència i Unió constató y explicó la existencia de una problemática específica del sector de la joyería. No era un planteamiento abstracto, era y es un planteamiento concreto. Los
establecimientos de joyería son víctimas de nuevas formas de delincuencia protagonizadas en muchas ocasiones por grupos y bandas que tienen un carácter organizado y transnacional. Por tanto, en nuestra moción pedimos una respuesta ante ese fenómeno
de esas bandas organizadas, de esas bandas profesionalizadas, de esas bandas que cometen delitos cada vez más estudiados para vulnerar unas medidas de seguridad de estos establecimientos. La semana pasada ponía el ejemplo del alunizaje que
claramente afecta al sector. Por tanto, pedimos medidas concretas, con una respuesta policial que tenga en cuenta esta realidad, que se dirija a la desarticulación total de las organizaciones especializadas en unos robos que afectan a este sector.
Convergència i Unió entiende que deben potenciarse unidades especializadas en la lucha contra la criminalidad organizada y contra este tipo de violencia. Por tanto, pedimos dirigir esos esfuerzos de seguridad, pedimos un incremento de las
plantillas policiales, priorizando el aumento de la presencia policial en los distritos en donde se están detectando mayores niveles de delincuencia.
Debemos incorporar expresamente las joyerías en el mapa de riesgos de los circuitos que realizan
las patrullas de policía. Es importante que se tenga en cuenta que hay unos establecimientos más vulnerables porque albergan en su interior objetos de gran valor y que, por tanto, deben ser priorizados también en esas rutas de vigilancia, en esos
circuitos que realizan las patrullas de policía. Asimismo, y también en este ámbito de la seguridad, consideramos necesario que se negocie con el sector, muy especialmente con las asociaciones y con los colegios profesionales. Yo quiero resaltar
la creación en Cataluña del primer colegio profesional creado en el ámbito de Estado, del Colegio de joyeros, orfebres, relojeros y gemólogos. Entendemos que el sector debe tener una interlocución con los poderes públicos y hacerles partícipes de
sus inquietudes, con la necesidad de crear grupos específicos de trabajo. En la moción proponemos uno específico en materia de formación preventiva de seguridad.
Hay otro ámbito de nuestra moción que se dirige a la repercusión económica que para el sector de la joyería tienen los elevados costes en medidas de seguridad que deben atender. No son unos costes que puedan ser decididos por cada
establecimiento. Saben SS.SS. que son medidas de seguridad obligatorias que por ley un establecimiento debe forzosamente adoptar y tienen un coste elevado. La siniestralidad en el sector es elevada también. Los seguros obligatorios tienen unas
primas que cada vez son más elevadas y de ahí que mi grupo, atendiendo también a que el índice de recuperación de los objetos sustraídos es el más bajo que existe -se recuperan muy pocos de los objetos sustraídos en las joyerías-, de ahí que pidamos
en nuestra moción que se establezcan compensaciones fiscales que permitan al sector unas deducciones en sus impuestos, para que puedan deducir de las correspondientes cuotas los gastos relativos a estas medidas de seguridad obligatorias que
forzosamente deben atender.
Nunca es posible al final aprobar literalmente el texto inicial. Hemos llegado a un acuerdo, a una transacción, pero en la moción que finalmente se someterá a votación pedimos expresamente el compromiso de estudiar medidas concretas que
contemplen las singularidades legislativas, económicas, fiscales y de seguridad que inciden en el sector. Es cierto, señorías, que existen estas singularidades por el costo económico que deben soportar, por el valor que tiene cada uno de estos
establecimientos y por la poca recuperación de los objetos sustraídos; de ahí que entendamos necesario buscar sistemas de marcado. Existe el sistema de punzonado y pedimos que se estudie el sistema de marcado láser, que es caro y debemos
estudiarlo. Nuestro grupo presentó una moción en el Senado, que fue aprobada, para incorporar estos nuevos métodos que inciden en una mayor seguridad para el sector.
Termino, señora presidenta, señorías, explicando a la Cámara que mi grupo, en aras de conseguir el consenso
de todos, presenta un texto transaccional que viene a recoger la finalidad de los distintos grupos enmendantes. Hemos intentado dirigir el texto final en esta dirección, de ahí que mi grupo expresamente quiera agradecer a todos los grupos
parlamentarios sus enmiendas porque lo enriquecen. Si con un amplio consenso esta Cámara aprueba esta moción, daremos un mensaje positivo al sector, pues verán que nos preocupamos por buscar una respuesta clara y específica a esta inseguridad que
en muchos casos es creciente.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta, señorías.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, señor Jané, en primer lugar quiero felicitarle, en nombre de mi grupo, por el texto de la moción y por el acuerdo alcanzado.
Como usted sabe, mi procedencia como diputado es de una provincia y casi una ciudad de adopción donde la economía se basa precisamente en la joyería y la platería, en una vieja tradición que se remonta a hace ya varios siglos, que sufre y
sabe como nadie los avatares de estos problemas en algunos momentos de inseguridad. Mi grupo político ha repartido el texto de la moción entre los colectivos y sectores de joyerías y platerías de Córdoba, entre otras cosas porque como ustedes no se
presentan a las municipales no teníamos inconveniente en hacerles campaña, pero también porque es una propuesta bastante positiva, interesante y que enriquece la labor parlamentaria.
Las enmiendas que hemos presentado y que usted ha tenido a bien recoger parten de una particularidad muy específica que tiene Córdoba y la joyería cordobesa. Me decía la gente: Esta es una moción que está hecha fundamentalmente para los
joyeros, no para los minoristas. En Córdoba hay 17 joyeros y 3.000 y pico minoristas. En esa situación en la que los minoristas son los que con una economía en escala y con un proceso llenan los anaqueles de los joyeros planteaban que se tuviera
muy en cuenta sus particularidades, sus pequeñas asociaciones. Ayer me reuní con una de estas asociaciones, la de San Eloy, donde están los pequeños y medianos minoristas, el proletariado o los trabajadores de este sector, y decían que estaba muy
bien pero que estaba hecho para la gran joyería y que era conveniente que se presentara alguna enmienda donde se les tuviera en cuenta. Le agradezco en nombre de mi grupo y en nombre de ellos que lo haya recogido y también que haya hecho una
referencia a la señalización.
Los trabajadores de este sector me decían que lo que no podía ser es que al final se les dispararan los costes. En cuanto a la señalización con láser decían que esa máquina valía cuanto menos 22 millones y que
cualquier ladrón funde inmediatamente el troquel. Por eso usted ha dicho con mucho acierto aquello de que se recupera poco. Claro, se recupera poco porque los objetos robados se funden y se vuelven a elaborar.
Por todo lo dicho vamos a votar afirmativamente. Esperamos que tenga ese amplio respaldo y que no solamente se apruebe, señorías, sino que además se ponga en práctica. Termino agradeciéndoselo desde una ciudad donde, como le decía, miles y
miles de personas viven de una joyería y una platería que, por cierto, se trajo hacia Córdoba desde los souk, los qaysar y las medinas de Damasco o de Bagdad que unos halcones descerebrados, enemigos de la cultura y de la vida, quieren eliminar, por
cierto con el apoyo imbécil de nuestro Gobierno. Termino con una sura del Corán: Que Alá el Todopoderoso les confunda y a los salteadores no les permita el sosiego.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor González.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Gracias, señora presidenta.
Subo de nuevo a esta tribuna para defender una enmienda que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado a la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió con respecto al problema que padece el sector
de la joyería.
Para el Grupo Popular no es un problema nuevo, ni mucho menos, porque desde hace ya algunos años venimos manteniendo comunicaciones, relaciones y reuniones con el sector, con el gremio de joyeros en concreto, que no solamente se han
celebrado en sede parlamentaria sino también en la propia sede del Partido Popular. Voy a hacer un pequeño memorándum de las reuniones celebradas para que quede perfectamente reflejado en el 'Diario de Sesiones' el interés que el Grupo
Parlamentario Popular puso en este tema desde el primer momento, cuando fue reclamada la atención sobre lo que estaba sucediendo en el mundo de la delincuencia con respecto a la joyería. El 26 de marzo de 1999 el ministro del Interior recibió al
presidente y a los representantes de la Mutua de joyeros españoles.
Nuestra compañera de grupo parlamentario, Ana Mato Adrover, como coordinadora de participación y acción sectorial mantuvo la misma reunión recibiendo, en este caso, las peticiones
que se hacían desde el gremio de joyeros. En el año 2001 el secretario de Estado de Seguridad recibió a los responsables
del sector y se acordaron una serie de actuaciones no solamente en el ámbito de la operatividad por parte de la policía sino también modificaciones legislativas. Es decir, es un tema cuya solución ya se ha acometido desde las instituciones,
en este caso desde el Gobierno, desde la Dirección General de la Policía y la Dirección General de la Guardia Civil, concretamente desde el Ministerio del Interior.
Voy a hacer una pequeña referencia que creo que es importante porque, como este tema ya se ha acometido, obviamente hay ciertos resultados y he de decir que la evolución de los hechos delictivos en joyerías en el año 2002 sufrió -y en este
caso hay que decirlo de forma positiva- un descenso del 8,86 por ciento como consecuencia de las actuaciones que se han llevado a cabo a lo largo de este tiempo. Estas actuaciones no son sólo operativas como pueden ser las medidas relacionadas con
los menores delincuentes que realizan este tipo de delitos, el control del colectivo de inmigrantes que tiene bandas organizadas en este sector y el control de establecimientos en la recepción de este tipo de mercancías robadas, sino también
actuaciones de carácter legislativo como la publicación de la Circular 912 de la Dirección General de la Policía, de septiembre de 1999, y de una instrucción de la Dirección General de la Policía sobre la operatividad policial de este tipo de
delitos o la elaboración de dispositivos específicos para la lucha contra la delincuencia, el plan de presencia policial en las calles, la adecuación de los servicios operativos policiales en lugares y en franjas horarias determinadas con respecto
al ámbito de la joyería, la especialidad policial -también se ha acometido este aspecto-, los convenios de colaboración con policías locales para tener mayor presencia cerca de este tipo de establecimientos así como el incremento de efectivos
policiales. En fin, una serie de actuaciones que no solamente, insisto, en este caso han sido del ámbito operativo, también ha sufrido reforma el Código Penal en los artículos 240, 241 y 24, así como la regulación de la multirreincidencia para el
ingreso en prisión preventiva, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, medidas relacionadas con la Ley de Extranjería, etcétera.
Convergència i Unió ha traído aquí una interpelación -ahora estamos tratando la moción- en la que merecía poner atención después del esfuerzo realizado por el Grupo Parlamentario Popular, por los diputados, por el partido y por el Gobierno,
hasta el punto de llegar a un acuerdo. La enmienda que el Grupo Parlamentario Popular presentó inicialmente a la moción que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) trajo aquí ha derivado posteriormente en una enmienda transaccional,
aportándola y enriqueciéndola, sin género de duda, no solamente con las aportaciones del propio Grupo de Convergència i Unió sino también en este caso -y hay que reconocerlo públicamente- tanto del Grupo de Izquierda Unida como del Grupo Socialista.
Bienvenido sea el consenso en esta Cámara porque, si ustedes lo piensan, al final es lo que redunda en el éxito y, al fin y al cabo, quienes se benefician del éxito son los ciudadanos, en este caso el gremio de joyeros.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, consideramos importante la moción que ha presentado el Grupo de Convergencia i Unió y hemos presentado enmiendas de modificación porque existe realmente una especificidad de la problemática en cuanto a las joyerías, pero hay una
serie de aspectos de la moción en los que las soluciones que se sugieren por parte del Grupo de Convergència i Unió pueden ser perfectamente extensibles a otros pequeños comercios que se encuentren en una situación de riesgo si no igual, al menos
semejante al de las joyerías por el valor de los productos que tienen en depósito, por lo expuestos que están, por la necesidad de exhibición a través de cristaleras, etcétera. Por eso una parte de nuestras enmiendas están dirigida a ampliar en
algunos de los puntos -en otros no porque son específicos de las joyerías- las soluciones insinuadas por Convergència i Unió al conjunto del sector del pequeño comercio que se encuentra en las mismas circunstancias. Otra intención de nuestras
enmiendas recogida en la transaccional es introducir en los elementos de colaboración internacional un actor para nosotros importantísimo -no es la primera vez que lo digo desde esta tribuna- como son las instituciones europeas específicas. Por
tanto, no hablamos sólo de cooperación entre policías de los distintos Estados en la Unión Europea, sino de instituciones creadas por el Tratado de la Unión como Europol y Eurojust, que aquí son de importancia. También ha recogido el ponente un
matiz con un gesto que supone la sensibilidad de hablar no de colaboración con países de los que sean originarios los delincuentes, lo que desde el punto de vista policial poca importancia tiene, y no son inmigrantes, son extranjeros, que es
bastante distinto, sino con aquellos países en que exista la base de operaciones de las bandas transnacionales. Nos parece importante desde el punto de vista policial y nos parece también importante desde el punto de vista político y del mensaje
que transmitimos, porque no se trata en absoluto de asimilar delincuencia con inmigración sino de poner de manifiesto que existe un fenómeno nuevo, reconocido también por el Ministerio del Interior, que son las bandas transnacionales, con un alto
grado de organización, con una jerarquía claramente establecida y con unos medios puestos al servicio del delito que son enormemente importantes.
Desde luego eso lo debemos atacar. Nos interesaba también destacar la ampliación al conjunto
del pequeño comercio porque, siendo como son enormemente respetables los intereses propios del gremio de joyeros, del Colegio de Gemólogos, de los propietarios de joyerías, no lo son menos los de los propietarios del resto de comercios expuestos
casi al mismo riesgo. Y sobre todo por encima de todo ello está -y es nuestra intención en el voto favorable a la transacción- el interés general del conjunto de los ciudadanos de que exista seguridad en las calles y una red de pequeño comercio
que, si desaparece por razones de inseguridad u otro tipo, crea una desertización de las calles del centro de la ciudad que es lo peor que puede ocurrir para la calidad y seguridad urbana, en definitiva, para la vida de los ciudadanos.
Por ello, señorías, agradeciendo el esfuerzo de acogida de la inmensa mayoría de las ideas que había en nuestra enmienda, vamos a votar favorablemente la transacción.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pedret.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa)
Señorías, se somete a votación la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de carácter general que piensa adoptar el Gobierno para afrontar los problemas de
inseguridad que afectan al sector de la joyería, en los términos de la enmienda transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 263; a favor, 260; en contra, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Eran las ocho y cincuenta y cinco minutos de la noche.