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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 239, de 27/03/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2003 VII Legislatura Núm. 239
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 230
celebrada el jueves, 27 de marzo de 2003
ORDEN DEL DÍA: Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados: - Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de
actividades de Excmos. Sres. Diputados. (Número de registro 123180.) ... (Página 12243)
Debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria: - Acuerdo del Gobierno por el que, en cumplimiento de los artículos 8 y 13 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, se fija el objetivo de
estabilidad presupuestaria del conjunto del sector público y de cada uno de los grupos de agentes que lo integran, para el período 2004-2006 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2004. (Número de expediente 390/004942.)
... (Página 12243)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas: - Proyecto de Ley sobre concesión de tres suplementos de crédito y un crédito extraordinario, por importe de 43.681.176,77 euros, para compensar a las sociedades concesionarias de
autopistas de peaje por la pérdida de ingresos derivada de la rebaja de las tarifas de peaje. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 124-1, de 13 de diciembre de 2002.
(Número de expediente 121/000124.) ...
Propuestas de creación de Subcomisiones: - Propuesta de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, de creación de una Subcomisión para el estudio del fenómeno de la violencia en el ámbito audiovisual. (Número de expediente 158/000058.)
... (Página 12267)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana con carácter secreto.
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados ... (Página 12243)
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de actividades de excelentísimos señores diputados ... (Página 12243)
Sometido a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, es aprobado.
Se reanuda la sesión con carácter público.
Debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria ... (Página 12243)
Acuerdo del Gobierno por el que, en cumplimiento de los artículos 8 y 13 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria del conjunto del sector público y de
cada uno de los grupos de agentes que lo integran, para el período 2004-2006 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2004 ... (Página 12243)
El señor ministro de Hacienda (Montoro Romero) comparece, en nombre del Gobierno, para proponer los objetivos de estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas para el próximo trienio y el límite de gasto del Estado para el
ejercicio presupuestario de 2004. Explica que la Ley de estabilidad presupuestaria establece que en el primer cuatrimestre de cada año el Gobierno, a propuesta conjunta de los ministerios de Economía y de Hacienda, fijará el objetivo de estabilidad
presupuestaria referido a los tres ejercicios siguientes para el conjunto de las administraciones públicas y para cada una de ellas y, además, determina que en el mismo acto debe aprobar el límite máximo de gasto no financiero del presupuesto del
Estado del año siguiente, reforzándose así el control parlamentario y la transparencia del proceso que ha de culminar con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Asegura que si el Parlamento aprueba la propuesta del Gobierno, el año
que viene las finanzas públicas seguirán en equilibrio y la economía española se beneficiará de las condiciones necesarias para crecer por encima de la media de la Unión Europea y para crear un elevado número de empleos.
Después de explicar las ventajas del equilibrio presupuestario, termina su intervención destacando el nuevo protagonismo que el Parlamento ejerce en la política presupuestaria, y añade que España es uno de los pocos países del mundo en los
que se ha instaurado un procedimiento presupuestario con control democrático reforzado.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario Socialista; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Mauricio Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, y Cámara Rodríguez-Valenzuela, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Interviene el señor Rejón Gieb, en virtud del artículo 71.3.
La señora presidenta pide a los señores Rejón Gieb y Cámara Rodríguez-Valenzuela que accedan a retirar del 'Diario de Sesiones' todas las palabras referidas a robo, siendo así admitido por los señores diputados.
Sometido a votación el Acuerdo del Gobierno por el que, en cumplimiento de los artículos 8 y 13 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria del conjunto del
sector público y de cada uno de los grupos de agentes que lo integran, para el período 2004-2006 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2004, se aprueba por 165 votos a favor y 128 en contra.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página 12266)
Proyecto de ley sobre concesión de tres suplementos de crédito y un crédito extraordinario, por importe de 43.681.176,77 euros, para compensar a las sociedades concesionarias de autopistas de peaje por la pérdida de ingresos derivada de la
rebaja de las tarifas de peaje ...
(Página 12266)
Sometido a votación el dictamen de la Comisión sobre el proyecto de ley sobre concesión de suplemento de crédito y tres créditos extraordinarios por importe de 43.681.176,77 euros, para compensar a las sociedades concesionarias de autopistas
de peaje por la pérdida de ingresos derivada de la rebaja de las tarifas de peaje, se aprueba por 176 votos a favor, 113 en contra y una abstención.
Propuesta de creación de subcomisiones ... (Página 12267)
Propuesta de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, de creación de una subcomisión para el estudio del fenómeno de la violencia en el ámbito audiovisual ... (Página 12267)
Sometida a votación la propuesta de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, de creación de una subcomisión para el estudio del fenómeno de la violencia en el ámbito audiovisual, se aprueba por 179 votos a favor, 101 en contra y ocho
abstenciones.
Se levanta la sesión a las once y cincuenta y cinco minutos de la mañana.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana con carácter secreto.
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS:
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIONES DE ACTIVIDADES DE EXCELENTÍSIMOS SEÑORES DIPUTADOS. (Número de registro 123180.)
Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que es aprobado.
Se reanuda la sesión con carácter público.
DEBATE RELATIVO AL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.
- ACUERDO DEL GOBIERNO POR EL QUE, EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS 8 Y 13 DE LA LEY 18/2001, DE 12 DE DICIEMBRE, GENERAL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, SE FIJA EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DEL CONJUNTO DEL SECTOR PÚBLICO Y DE
CADA UNO DE LOS GRUPOS DE AGENTES QUE LO INTEGRAN, PARA EL PERIODO 2004-2006 Y EL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO PARA 2004. (Número de expediente 390/004942.)
La señora PRESIDENTA: Punto VIII del orden del día: Debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria. Acuerdo del Gobierno por el que, en cumplimiento de los artículos 8 y 13 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de
Estabilidad Presupuestaria, se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria del conjunto del sector público y de cada uno de los grupos de agentes que lo integran para el periodo 2004-2006 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del
Estado para 2004.
Para la presentación del mismo, tiene la palabra el señor ministro de Hacienda. (Rumores.)
Señorías, vamos a continuar con el Pleno, por lo cual les ruego que ocupen los escaños y guarden silencio. (Pausa.)
Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.
Señorías, es un honor y una satisfacción comparecer una vez más en el Pleno de esta Cámara para proponer, en nombre del Gobierno, los objetivos de estabilidad
presupuestaria de las administraciones públicas para el próximo trienio y el límite de gasto del Estado para el ejercicio presupuestario de 2004.
(Continúan los rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor ministro. (Pausa.)
Adelante.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.
La Ley de estabilidad presupuestaria establece que, en el primer cuatrimestre de cada año, el Gobierno, a propuesta conjunta de los ministerios de Economía y de Hacienda, fijará el objetivo de estabilidad presupuestaria referido a los tres
ejercicios siguientes para el conjunto de las administraciones públicas y para cada una de ellas, y además determina que, en el mismo acto, debe aprobar el límite máximo de gasto no financiero del presupuesto del Estado del año siguiente. De esta
manera, se refuerza el control parlamentario y la transparencia del proceso que ha de culminar con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Si el Parlamento aprueba la propuesta del Gobierno, el año que viene las finanzas públicas
seguirán en equilibrio y la economía española se beneficiará de las condiciones necesarias para crecer por encima de la media de la Unión Europea y para crear un elevado número de empleos.
En estos años estamos comprobando que el equilibrio presupuestario es el mejor marco para la actividad económica de las empresas y de las familias, incluso en un periodo de marcadas dificultades de la economía internacional. El déficit
cero, conseguido año tras año, se está convirtiendo en una sana costumbre de nuestras administraciones públicas.
Sin déficit público, la economía española está más estimulada y mejor financiada, se crea más empleo, se atiende mejor al gasto social
y a las inversiones y queda margen para hacer frente a situaciones extraordinarias. En 2004, las administraciones públicas no van a gastar más de lo que ingresen, mantendrán las cuentas públicas saneadas y garantizarán un año más la continuidad del
crecimiento económico y la creación de empleo.
Señorías, hace pocas semanas hemos cerrado el ejercicio presupuestario del pasado año 2002 con un déficit de 7 centésimas del producto interior bruto, es decir en práctico, en técnico, equilibrio presupuestario. Si además tenemos en cuenta
los gastos extraordinarios derivados del accidente del Prestige, que no se consideran como déficit a los efectos del pacto de estabilidad, el déficit de 2002 es en realidad de tres centésimas del producto interior bruto. En un año lleno de
dificultades, en un contexto internacional decaído, la economía española ha mantenido una vitalidad considerable, como se aprecia en el saldo presupuestario y sobre todo en la significativa creación de empleo. La evolución de las cuentas del Estado
en los primeros meses de este año 2003 también es satisfactoria y muestra la capacidad de nuestra economía para hacer frente a situaciones de incertidumbre y para situarse en una posición adelantada de la recuperación de la actividad económica
internacional.
Hoy, puedo anunciarles que el Estado registró en los dos primeros meses del año un superávit en contabilidad nacional de 8.700 millones de euros, lo que supone un incremento, un avance, del 21 por ciento respecto al año pasado. Esto
significa que la capacidad de financiación de la Administración central se situó en el 1,2 por ciento del producto interior bruto, superior por tanto al 1 por ciento del mismo periodo de 2002. Es también significativa la evolución de los ingresos
por el impuesto sobre el valor añadido, que nos indica el buen comportamiento de la demanda y el incremento de la recaudación del impuesto sobre la renta, que nos confirma la buena evolución del empleo.
Señorías, nuestro compromiso con el déficit cero marca la credibilidad de la política presupuestaria, y este fundamento define la elaboración del programa de estabilidad del Reino de España 2002-2006. Después de superar con buenos
resultados uno de los años más complicados desde el punto de vista económico, las previsiones para 2003, una vez superadas las incertidumbres derivadas de la crisis de Irak, apuntan a una recuperación que continuará en los años siguientes. Esto
representa, desde el punto de vista de las cuentas públicas, una progresiva mejora, desde el equilibrio presupuestario en 2003 hasta el superávit del 0,2 por ciento del producto interior bruto en 2006. Por esta razón, el acuerdo del Consejo de
Ministros que hoy debatimos establece para el conjunto de las administraciones públicas un objetivo de equilibrio presupuestario en 2004 y de moderado superávit en 2005 y 2006 de 0,1 por ciento y 0,2 por ciento del producto interior bruto
respectivamente. Este es el objetivo que también se ha fijado conjuntamente para las administraciones centrales.
Como SS.SS. saben, la disposición transitoria única de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria determina que, mientras no se culmine el proceso de separación de fuentes de financiación, el objetivo de estabilidad presupuestaria se
computará conjuntamente para el Estado y la Seguridad Social. En aplicación de esta norma, para el próximo año 2004 se ha fijado un déficit del 0,4 por ciento del producto interior bruto en el Estado y un superávit del 0,4 por ciento del PIB en la
Seguridad Social, lo que permite mantener el objetivo de equilibrio en el conjunto de las administraciones públicas. En los años siguientes -2005 y 2006- el Estado irá reduciendo su déficit y, como he dicho, en el saldo de la Administración central
del Estado apuntarán unas décimas de superávit.
El acuerdo del Gobierno propone el equilibrio presupuestario para los próximos tres años en las comunidades autónomas y las corporaciones locales. De conformidad
con lo dispuesto en la ley, estos objetivos de estabilidad presupuestaria se han sometido a informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las comunidades autónomas y de la Comisión Nacional de Administración Local. Estos objetivos
de estabilidad presupuestaria se ajustan a la senda establecida en la actualización del programa de estabilidad 2002-2006, cuyo escenario central prevé un crecimiento nominal del producto interior bruto del 5,8 por ciento para los próximos
ejercicios.
El acuerdo del Gobierno fija el límite máximo de gasto no financiero del presupuesto del Estado para el ejercicio 2004 en 117.260 millones de euros. Este límite de gasto cubre las necesidades presupuestarias y permite alcanzar el
objetivo de déficit que se fija el Estado de 0,4 por ciento, dentro de una previsión de ingresos no financieros que mantiene la presión fiscal. El cálculo de los ingresos sigue la evolución prevista en la actualización del programa de estabilidad,
teniendo en cuenta la liquidación provisional del presupuesto de ingresos de 2002 y la tasa de evolución del PIB para los años 2003 y 2004.
El límite presupuestario de gasto del Estado para 2004, de 117.260 millones de euros, equivale, en términos de contabilidad nacional, a 113.739 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,2 por ciento con respecto al gasto no
financiero del año 2003.
Es importante destacar que la cifra de gasto del presupuesto incluye el fondo de contingencia, equivalente al 2 por ciento del techo de gasto, es decir, 2.345 millones de euros, cuyo importe se destinará a satisfacer necesidades no previstas
en el presupuesto y no discrecionales; en todo caso, su aplicación requiere la aprobación del Consejo de Ministros. Así, las modificaciones presupuestarias que aumenten las necesidades de financiación del Estado se atenderán mediante el recurso al
fondo de contingencia.
Los ingresos en contabilidad nacional que permiten la financiación del límite de gasto que se aprueba se elevan a 110.321 millones de euros, con un incremento respecto al presupuesto inicial de 2003 del 4,5 por ciento.
Estos ingresos, junto
al objetivo de déficit previsto para el Estado, que equivale a 3.418 millones de euros, permiten financiar un gasto, en términos de contabilidad nacional, de 113.739 millones de euros.
Para determinar la equivalencia entre el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado y el gasto en términos de contabilidad nacional hay que tener en cuenta que algunas operaciones presupuestarias, fundamentalmente los intereses
de la deuda, tienen una imputación diferente en términos de contabilidad nacional y, además, hay que contar con las diferencias de ejecución -residuales- en la realización del gasto respecto a las previsiones presupuestarias iniciales. El conjunto
de estos ajustes supone 3.521 millones de euros que, sumados a los 113.739 millones de euros, elevan finalmente el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado a 117.260 millones de euros, con un incremento respecto al presupuesto
inicial de 2003 del 2,4 por ciento. Hay que tener en cuenta que la liquidación definitiva del sistema de financiación de comunidades autónomas correspondiente al ejercicio 2002 se financia en el presupuesto de 2004 mediante reducción de ingresos y
que, en el presupuesto de 2003, se financia a través del presupuesto de gastos.
Además, hay que recordar que, con el nuevo sistema de financiación de entidades locales, aumenta la participación de los ayuntamientos en los impuestos del Estado y se
reducen las aportaciones por la vía del gasto.
Por estas razones, este 2,4 por ciento de incremento del gasto ha de homogeneizarse en función de estas circunstancias. Una vez realizada esta homogeneización, resulta una tasa de crecimiento del
límite de gasto previsto para 2004, respecto del presupuesto inicial del 2003, de 3,95 por ciento.
Señorías, por primera vez en la historia económica de la democracia, nuestro país está siendo capaz de superar una crisis económica internacional manteniendo vivo el proceso de convergencia real respecto de los países europeos de nuestro
entorno económico. En concreto, la economía española fue capaz de crecer el año pasado a ritmos del 2 por ciento, en un momento en que varios de nuestros socios europeos más importantes se han situado al borde de la recesión. Gracias a esta
positiva evolución de nuestra economía, podemos afirmar, un año más, que nuestro nivel de riqueza relativa se está acercando a ritmos cada vez más acelerados al que disfrutan los países más avanzados de la Unión Europea.
Desde 1995, la renta per
cápita en España ha pasado del 78,2 por ciento de promedio comunitario al 83,4 por ciento en 2002 en términos de Eurostat y, lo que es aún más importante, este proceso de convergencia real no tiene vuelta atrás. Se están sentando las bases para
que, antes de que finalice la presente década, nuestro país pueda alcanzar el nivel de riqueza promedio del que disfrutan nuestros socios comunitarios.
Además, el crecimiento económico español sigue siendo intensivo en empleo.
Desde la llegada al Gobierno del Partido Popular, la prioridad fundamental de nuestra acción política en el área económica ha sido acabar con la lacra del desempleo en España; un desempleo, señorías, que se llegó a situar, como todos
recordamos, en tasas cercanas al 25 por ciento de la población activa, más del doble que las actuales. Pues bien, en los últimos seis años, la economía española ha sido capaz de crear más de cuatro millones de nuevos puestos de trabajo, gracias a
lo cual la tasa de desempleo estructural de nuestro país es hoy menos de la mitad de la que existía en 1995. Esta creación de empleo, señorías, se está manteniendo en momentos como los actuales de importantes dificultades en la economía mundial.
Así, el año pasado se crearon en España 203.000 nuevos empleos en términos de contabilidad nacional, mientras que 440.000 nuevas personas se incorporaron a la lista de afiliados a la
Seguridad Social, lo que supone un ritmo de creación de empleo que triplica el correspondiente a la zona euro.
Señorías, déjenme decirles que la fortaleza que está mostrando hoy la economía española está lejos de ser un fenómeno casual; antes al contrario, parece difícil negar que esta positiva evolución sólo puede explicarse por el hecho de que
algo importante ha cambiado en la estructura económica y productiva de nuestro país y en la forma de hacer, en la forma de enfocar nuestra política económica. ¿Cuáles son entonces esos factores de cambio? El primer cambio ha sido la apuesta
decidida del Gobierno del Partido Popular por ampliar el campo de juego de la iniciativa privada, tanto de nuestros ciudadanos como de nuestras empresas. Gracias a este esfuerzo, las pequeñas y medianas empresas son hoy las protagonistas
fundamentales del proceso de asignación de recursos y de creación de riqueza en nuestro país. Gracias a este esfuerzo, nuestro país cuenta hoy con una estructura productiva flexible y eficiente, capaz de adaptarse a los vaivenes de la coyuntura
económica internacional sin que se resienta significativamente nuestra capacidad de crecer y, lo que es mejor, nuestra capacidad de crear empleo.
Junto a esta apuesta por la sociedad civil, el segundo cambio en la estrategia de política económica, que contrasta con el que tradicionalmente ha estado vigente en nuestro país, ha sido sin lugar a dudas la definitiva consecución de la
estabilidad presupuestaria. La sociedad española es consciente hoy en día de que la cultura de la estabilidad presupuestaria es un elemento esencial de la prosperidad de nuestra economía. Esto no es así por casualidad. Hoy sabemos que unas
cuentas públicas saneadas suponen una de las mejores contribuciones que el sector público puede hacer a la hora de crear un entorno económico favorable, en el que los ciudadanos y las empresas puedan tomar sus decisiones de consumo, ahorro e
inversión en beneficio de la sociedad en su conjunto.
Señorías, el compromiso con la disciplina fiscal tiene dos ventajas evidentes para la economía y para los ciudadanos de nuestro país. En primer lugar, supone una contribución esencial a la mejora de las condiciones de financiación de la
economía española. Entre 1995 y 2002, las administraciones públicas han pasado de absorber ahorro por valor del 1,8 por ciento del PIB a contribuir al ahorro nacional por 4,2 puntos de PIB. De hecho, prácticamente todo el incremento del ahorro
nacional bruto del período 1995-2002 se debe a la positiva evolución del ahorro público.
Asimismo, en 1995, las administraciones públicas absorbían el cien por cien de financiación neta de la economía, mientras que en 2001 han abosrbido solamente
el 13 por ciento. Por otra parte, ha desaparecido la prima de riesgo que nuestro país ha tenido que soportar tradicionalmente en los mercados financieros mundiales. A día de hoy, señorías, el tipo de interés que un ahorrador cualquiera en el mundo
exige al comprar deuda pública española denominada en euros es prácticamente el mismo que el exigido para la compra de un bono alemán; en el año 1995, la diferencia era de más de 500 puntos básicos y en estos momentos el bono francés y el bono
italiano están ya en desventaja respecto al bono español.
¿Qué nos están diciendo estas cifras? Pues que, gracias a la cultura de estabilidad presupuestaria que ha impregnado a la sociedad española, nuestro país es hoy considerado por los inversores internacionales como una inversión segura, tan
segura como lo pueda ser en países que históricamente han sido considerados los paradigmas del crecimiento económico y de la estabilidad en todos los ámbitos. Aparte de sus efectos favorables sobre las condiciones de financiación de nuestra
economía, la apuesta por la disciplina fiscal tiene una segunda gran ventaja para el conjunto de la sociedad española, ventaja que procede simple y llanamente del hecho de contar con unas cuentas públicas saneadas, que nos permite disfrutar de un
amplio margen de maniobra a la hora de diseñar la política presupuestaria más adecuada al momento cíclico de nuestra economía. Eso es precisamente lo que estamos haciendo desde el equipo económico del Gobierno del Partido Popular, con una política
presupuestaria basada en los siguientes pilares. Primero, permitir el libre juego de los estabilizadores automáticos, de forma que la política presupuestaria apoye la estabilidad y el crecimiento económico en España.
Segundo, llevar a cabo
reformas sustanciales de nuestro sistema impositivo para hacerlo más eficiente y equitativo, a la vez que se rebajan los impuestos que pagan los ciudadanos y las pequeñas y medianas empresas, contribuyéndose con ello al sostenimiento de la actividad
económica. Tercero, mantener el énfasis en aquellas áreas de gasto más importantes desde el punto de vista de la equidad y del crecimiento a medio y largo plazo.
Señorías, la fijación del límite del gasto del Estado para el año 2004 se hace precisamente en el marco de la estrategia de política económica a la que acabo de hacer referencia. Se trata de un instrumento que, en efecto, contribuye a hacer
mutuamente compatibles dos objetivos, que para muchos parecerían contradictorios pero que no lo son en absoluto. Se trata, por un lado, de garantizar que la disciplina fiscal se instale definitivamente como un valor estable de nuestra economía,
pero al mismo tiempo este instrumento de rigor presupuestario tiene suficiente flexibilidad para acometer circunstancias excepcionales. Como elemento de rigor presupuestario, es indudable que la fijación por las Cortes Generales de un techo de
gasto para el Estado constituye un elemento muy importante de disciplina fiscal y de transparencia en la elaboración y ejecución de los presupuestos y lo es, en mi opinión, por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque la fijación de un
objetivo de estabilidad presupuestaria para el conjunto de las administraciones públicas y de un límite de
gasto para el Estado al comienzo del procedimiento presupuestario disminuye el grado de discrecionalidad existente en la fase de elaboración de los presupuestos. De este modo, el techo de gasto actúa en toda la fase de elaboración de los
presupuestos como un ancla que impide la aparición de aumentos de gasto público poco justificados desde el punto de vista del bienestar de la sociedad española en su conjunto. En segundo lugar porque, una vez que los presupuestos han sido
aprobados, el techo de gasto evita las tentaciones de incurrir en exceso de gasto público cuando la evolución de los ingresos sea más favorable de lo previsto. El nivel de gasto público no debe decidirse de una forma oportunista sino que debe venir
determinado por razones de equidad y eficiencia económica. Sin embargo, como dije anteriormente, a pesar de que el techo de gasto es, sin lugar a dudas, un instrumento importantísimo de disciplina fiscal, no por ello deja de ser lo suficientemente
flexible como para permitir, en momentos de dificultad económica, una contribución positiva del presupuesto a la estabilidad y al crecimiento económico por la vía de dejar jugar a los estabilizadores automáticos del presupuesto.
En este sentido, no debe perderse de vista que para la fijación del techo de gasto se parte de un objetivo de estabilidad presupuestaria que tiene en cuenta la situación cíclica de la economía y el efecto de esta sobre el presupuesto. De
esta forma, el techo de gasto que se obtiene a partir del análisis anterior es perfectamente compatible con el juego de los estabilizadores automáticos. Pero es que hay dos elementos adicionales que aseguran que el techo de gasto es un instrumento
dotado de los grados de flexibilidad necesarios. Primero, que el techo de gasto para el Estado incluye un fondo de contingencia por un importe del 2 por ciento de ese gasto para hacer frente a situaciones imprevistas, y dentro de esos imprevistos
está, desde luego, la necesidad de afrontar situaciones cíclicas complicadas. Segundo, porque existe un consenso claro entre todos los analistas e instituciones internacionales en el sentido de indicar que en el caso español los estabilizadores
presupuestarios juegan fundamentalmente por el lado de los ingresos públicos. Tercero, porque, llegado el caso, la Ley de Estabilidad Presupuestaria admite que las administraciones públicas pueden incurrir en déficit presupuestario de forma
excepcional por una causa justificada, modificando incluso el techo de gasto, si fuese necesario, con el compromiso de retornar cuanto antes al equilibrio.
Como ya señalé anteriormente, la apuesta del Gobierno del Partido Popular por la estabilidad en materia presupuestaria, lejos de disminuir la capacidad del sector público para llevar a cabo el papel que le corresponde en una sociedad
moderna, lo que consigue es precisamente lo contrario. En efecto, lo que estamos haciendo al sanear las cuentas públicas es garantizar que el Estado va a seguir siendo capaz de cumplir su cometido tanto hoy como en el futuro. El mejor ejemplo de
esta realidad lo encontramos en los presupuestos de este año 2003, en los que se prevé un aumento de la inversión pública de más de un 13 por ciento con respecto al año pasado, con especial atención a aspectos tan relevantes como la inversión en
I+D+I, en infraestructuras o en educación. Por citar uno de esos ejemplos, en concreto I+D+I, permítanme recordarles que este tipo de inversión pública, fundamental para un crecimiento a medio y largo plazo basado en el aumento de la productividad,
ha pasado de 1.551,3 millones de euros en 1996 a 3.792,3 en 2002, esto es, se ha más que triplicado. Por otro lado, es indudable que sanear las cuentas públicas y reducir el peso del endeudamiento del Estado supone una garantía de futuro para todos
los españoles. Hoy, gracias a esta apuesta por la estabilidad, todo ciudadano español puede estar tranquilo porque sabe que tanto sus pensiones como el conjunto de gasto de protección social están garantizados a medio y largo plazo.
Señorías, todos estos esfuerzos de política económica del Gobierno del Partido Popular están contribuyendo a poner las bases del crecimiento de la economía española a medio y largo plazo y están ayudando, además, a situar a nuestro país en
la mejor rampa de lanzamiento para beneficiarse plenamente de la próxima recuperación de la economía mundial una vez superadas las incertidumbres actuales. De hecho, la economía española está dando muestras ya de un mejor comportamiento, con signos
evidentes de fortaleza tanto en la demanda de consumo como en la inversión. Los últimos indicadores de actividad parecen confirmar que el crecimiento económico en este ejercicio será superior al observado el año pasado.
Esta misma tendencia
positiva se observa en la situación financiera de las empresas, como ha hecho notar el Banco de España en su reciente informe. En concreto, existen razones de peso para confiar en que la inversión empresarial en bienes de equipo volverá pronto a
tasas de crecimiento positivas. En este sentido, no debe perderse de vista que los resultados ordinarios de las empresas españolas han seguido creciendo a tasas elevadas. Esto, a su vez, ha permitido mantener unos niveles de rentabilidad
históricamente altos y muy superiores, desde luego, a los costes de financiación externa. Este es sin duda el mejor de los escenarios posibles para que la recuperación de la inversión empresarial pueda adquirir verdadero vigor y, de hecho, todo
apunta a que la inversión empresarial de bienes de equipo en nuestro país haya entrado en una fase de crecimiento positivo.
Respecto a la inflación, son también evidentes las señales de que esta variable, este factor, tal y como había anunciado el Gobierno, ha iniciado una senda descendente desde los niveles alcanzados a finales del año 2002. Así, el dato de
inflación de enero supuso un descenso de cuatro décimas con respecto al dato de
diciembre de 2002 y en febrero el diferencial de inflación con el conjunto del área euro se ha reducido también de manera muy significativa. Esta evolución ratifica las previsiones del Gobierno de que la inflación tenderá a situarse a lo
largo del segundo trimestre en tasas cercanas al 3 por ciento, de forma que el diferencial de inflación con el área euro volverá pronto a niveles sostenibles a medio y largo plazo desde el punto de vista de la competitividad de la economía española.
De nuevo aquí la política económica del Gobierno está realizando una contribución positiva para lograr un mejor comportamiento de la inflación. Primero, porque estamos llevando a cabo una política fiscal responsable, comprometida con la estabilidad
presupuestaria y que evita por tanto presiones indebidas sobre la demanda agregada. Segundo, porque estamos, y vamos a seguir, perseverando en los esfuerzos de reforma estructural para aumentar la competencia en aquellos ámbitos en los que todavía
queda un camino por recorrer. Y tercero, porque seguimos favoreciendo la evolución moderada de los salarios en un contexto de reducción del IRPF y promoviendo el diálogo social como política determinante de la creación de empleo.
Señorías, cada año se efectúa en los Presupuestos Generales del Estado una ordenada recapitulación de toda la actividad del Gobierno para el año siguiente, y en ella se expresa en lenguaje jurídico y económico el resultado de todas las
opciones y acuerdos, es decir, se refleja la situación misma de los equilibrios sociales y políticos dentro de un marco cuantitativo general, se agrupan las necesidades y proyectos, se confrontan entre sí para determinar las prioridades y luego se
pasan por el filtro de la posibilidad económica. Cuando el presupuesto del Estado se cierra sin déficit, este filtro ha cumplido bien su función, no ha dejado cabos sueltos, no se han quedado preguntas sin una respuesta afirmativa o negativa. Es
muy acertado el juicio del sentido común, que exige a la economía pública las mismas condiciones que a la economía privada. También los gobiernos, como las familias o las empresas, han de conformarse con un endeudamiento limitado. Es una regla de
prudencia para cualquiera no gastar más de lo que ingresa. Si los gastos ordinarios y la carga de las deudas contraídas suman más que los ingresos, no hay más remedio que volver a endeudarse para cubrir los déficit que se acumulan cada año. Con el
paso del tiempo, la deuda pública será tan grande que, para satisfacerla, el Gobierno se verá obligado a detraer financiación de los ciudadanos y a subir los impuestos. Al final perderemos todos. Los ciudadanos tendremos menos renta y menos
facilidades para acceder al crédito, la economía se frenará y aumentará el paro y el Gobierno verá cómo bajan sus ingresos y suben sus gastos, todo lo contrario de lo que buscaba. Esto no es nuevo en la historia de la economía española ni en la de
otros muchos países y sería imprudente ignorar o despreciar el riesgo de volver a caer en este comportamiento contradictorio. Sabemos muy bien que el déficit público termina siendo un impuesto muy gravoso que, por su opacidad, distorsiona la
actividad general de la economía, desanima la inversión y frena la iniciativa de las empresas. De hecho, la eliminación del déficit público es la primera bajada de impuestos y la llave que en España ha dado paso a las reformas tributarias que
estamos llevando a cabo. El equilibrio presupuestario es uno de los cauces para orientar la compleja actuación del sector público en las sociedades modernas; define la posición económica del Gobierno, que asegura a los agentes económicos un
comportamiento neutral y previsible del sector público y a la vez garantiza a los ciudadanos los servicios públicos y la protección social que necesitan. El equilibrio presupuestario, mantenido un ejercicio tras otro, es un baluarte de estabilidad
para los proyectos públicos y privados de largo plazo.
La conquista económica del largo plazo es uno de los factores más decisivos de la capacidad de competencia y de la prosperidad relativa de un país. Alargar el horizonte temporal del mercado es tanto como ensanchar sus fronteras espaciales,
tiene efectos semejantes en las economías de escala y en los beneficios y, por tanto, en la predisposición de las inversiones y demás medios de producción. El equilibrio presupuestario actúa de ancla lanzada hacia el futuro; tirando de ella se
mueve el presente. Las expectativas de estabilidad bien fundamentadas, entre otras, en el equilibrio continuado de las cuentas públicas estimulan la inversión y las iniciativas empresariales de mayor riesgo y rentabilidad, incluida la investigación
científica y tecnológica. La práctica del equilibrio presupuestario en un proceso de crecimiento del producto y del empleo genera la razonable esperanza de que el Gobierno reparta beneficios, es decir, que baje los impuestos a los ciudadanos. En
España no hemos tenido que esperar mucho: en pocos años ha bajado dos veces el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que supone una reducción media acumulada de un 25 por ciento, y se han multiplicado los estímulos fiscales al ahorro y a
la iniciativa empresarial. Es un reparto de beneficios general, que baja los impuestos de todos los ciudadanos; gradual, que va acompasándose a la evolución de la economía y a la oportunidad coyuntural; equilibrado, que tiene en cuenta la
estabilidad presupuestaria en el corto, medio y largo plazo, y equitativo, que da preferencia en el reparto a las rentas más bajas y a los objetivos sociales más deseados, como el apoyo al empleo, sobre todo el de las mujeres, la ayuda a las
familias con hijos, a los pensionistas, personas mayores dependientes y discapacitados. Gracias, entre otras cosas, a la bajada de impuestos, España se percibe en el mundo como un lugar atractivo para invertir, trabajar y vivir. (La señora
vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
No sólo es compleja la actividad económica, también lo es la actividad política. Estamos viviendo un momento de creciente integración internacional. La información, los bienes, los servicios, las inversiones, los proyectos y las personas
desbordan las fronteras. Los Estados buscan la manera de estructurar esta vitalidad social con nuevas formas de organización y colaboración supranacionales, a la vez que en muchos casos, como ha sucedido en España, se abren procesos de
descentralización política y administrativa para incorporar la iniciativa de las regiones y los municipios. El equilibrio presupuestario también es uno de los ejes que vertebra la evolución de nuestra organización política. La constitución del
mercado único europeo y la moneda común nos ha llevado a la participación de la soberanía monetaria y a la coordinación más estrecha de las políticas económicas dentro de la Unión.
Los criterios de convergencia nominal de Maastricht han desembocado
en el euro, la política monetaria común y el pacto de estabilidad y crecimiento de la cumbre de Amsterdam. Luego, en Lisboa y en Barcelona se ha reafirmado y profundizado esta orientación de la política económica y se han tomado medidas para
acelerar los compromisos de estabilidad presupuestaria y de liberalización económica. Algunos países, entre ellos España, han llegado ya al equilibrio presupuestario y otros se proponen llegar en los próximos años. En estos momentos en que se
levantan voces partidarias de cierta relajación en los compromisos de la estabilidad presupuestaria en Europa, es más necesario esforzarse en el equilibrio de las cuentas públicas y en destacar su valor crucial para el crecimiento económico y la
creación de empleo, tal como han recomendado el Banco Central Europeo y la Comisión. De hecho, ahora mismo, en la cumbre de Bruselas que se acaba de celebrar, la Unión Europea ha vuelto a revalidar el compromiso por la estabilidad presupuestaria.
La experiencia de estos años demuestra que los países que más se han esforzado en sanear las cuentas públicas somos también los que estamos alcanzando mejores resultados en crecimiento y creación de empleo. Este equilibrio presupuestario que nos
vertebra en Europa cumple el mismo cometido dentro de España por parecidas razones.
En poco más de 20 años España se ha constituido en uno de los Estados más descentralizados y abiertos del mundo. Con la reciente aprobación del nuevo sistema de financiación autonómica, las comunidades autónomas han recibido el grado de
autonomía y de corresponsabilidad financiera necesarias para satisfacer sus competencias constitucionales y en esa misma medida ha aumentado la responsabilidad económica y presupuestaria de sus gobiernos y parlamentos ante los electores y ante el
conjunto del Estado español. Igual que España puede seguir dentro de la Unión Europea una política económica propia, siempre que cumpla los compromisos contraidos y, entre ellos, respete la estabilidad presupuestaria, así las comunidades autónomas
deben determinar sus propias prioridades de ingresos y gastos, sin violentar el equilibrio de las cuentas públicas.
Por eso, tanto en la Unión Europea como dentro de España el equilibrio presupuestario, más que una limitación, es uno de los
soportes que hacen posible la articulación pacífica y eficiente de los diferentes niveles de Gobierno.
Quiero terminar destacando el nuevo protagonismo que el Parlamento ejerce en la política presupuestaria. España es uno de los pocos países del mundo en los que se ha instaurado un procedimiento presupuestario con control democrático
reforzado. Antes el Parlamento sólo tenía ocasión de intervenir después de que el Gobierno había concluido el proyecto de ley de presupuestos con la distribución completa de la previsión de ingresos y la asignación de gastos. Ahora, en cambio, el
Parlamento se pronuncia anticipadamente sobre el objetivo de estabilidad y el techo de gasto del Estado. Este mayor control democrático respalda el equilibrio continuado de las cuentas públicas y es una garantía del crecimiento duradero con
estabilidad de la convergencia real de España respecto a los países europeos y de la convergencia interior entre las comunidades españolas.
Estamos seguros de que este esfuerzo continuado con la estabilidad presupuestaria constituye sin duda la
mejor política económica para llegar al pleno empleo y llegar cuanto antes.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor ministro.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Buenos días.
Hay quien dice que el oficio de los economistas es duro porque tienen que comprobar casi todas las cosas. Quienes llevan este planteamiento un poco más lejos dicen que tienen que comprobar casi todas las comas, supongo que las comas que
pongan los economistas y las que pongan los demás.
Desde ese planteamiento se suele considerar que los cuadros macroeconómicos son el exponente de la fría actividad de la razón y que a partir de ellos deben redactarse los programas y construirse
las políticas concretas. La primera reflexión que yo me hago es qué validez damos a los cuadros macroeconómicos y a las previsiones que hacen los gobiernos. Si tengo que responder a esa pregunta a partir de la experiencia que proporcionan las
previsiones del Grupo Parlamentario Popular y su Gobierno, he de decir que a lo largo de los últimos años se vienen acumulando fallos y errores y que, como consecuencia de esa acumulación de fallos y errores, se derivan algunos hechos. En primer
lugar, que la sacralización de la
política conservadora está plenamente consumida. En segundo lugar, que los economistas del PP, sus dibujos y sus monocordes intervenciones carecen de crédito, y eso ha dado origen a un desfleque que es que los cuadros macroeconómicos que
confecciona el Gobierno del señor Aznar se han vuelto tan fiables como los horóscopos de los periódicos, ni menos ni más. Los haga quien los haga, se inspiren en Aramis Fuster o en Rappel.
Creo que hoy hemos asistido a la constatación de este hecho. Don Cristóbal acaba de anunciar grandes avances, como lo hizo en el año 2001 y como lo hizo en el año 2002, pero dentro de pocos días se rebajarán estas previsiones. Y eso es lo
que preocupa a mi grupo parlamentario. ¿Son sólidos los planteamientos de política económica que viene realizando el Gobierno? ¿Son firmes los fundamentos de la política presupuestaria? Porque el último año hemos ido de mal en peor, hemos tocado
fondo y no hemos sido capaces de iniciar una recuperación palpable. Por tercer año consecutivo estamos en un ciclo declinante, llevamos trimestres creciendo por debajo del producto potencial y hemos entrado en el año 2003 creciendo al 1,3 por
ciento, un crecimiento escuálido y raquítico que además está generado por una serie de desequilibrios que el Gobierno no quiere encarar, en precios, en inversión y en exportaciones.
La realidad económica española se caracteriza, por tanto, por un escenario con elevadas tasas de inflación y con débiles pulsaciones en el crecimiento. Y eso es así porque los precios están sin control y porque el Gobierno se ha
desentendido de la marcha de la inflación. No quiero dejar de decir esta mañana aquí que una de las últimas hazañas de don Cristóbal fue la de atizar aún más el ritmo de los precios elevando desorbitadamente los impuestos indirectos a lo largo del
año 2002. Por tanto, el diferencial de precios no es una variable, es un dato, y en este momento el deflactor del PIB crece por encima del IPC, lo que viene a representar que son los precios de las importaciones los que apagan el fuego de los
precios interiores.
¿Sabe usted, don Cristóbal, qué es lo que le ocurre a una economía cuando el combustible de los precios alimenta los fogones? Muy sencillo, que cuando no bajan los precios bajan otras cosas, baja la producción y baja el empleo, y es así
porque se pierde competitividad. Aquí hay un hecho paradójico: tenemos un Gobierno muy de derechas, pero al cabo de dos legislaturas del Gobierno del Partido Popular el principal problema de la economía española es la inflación, y lo es porque
ustedes no han sido capaces de corregir las estructuras oligopolíticas de los mercados sino que en muchos casos las han consolidado. Y a esa política se añade su política macroeconómica. Razones hay para entender la política monetaria del Banco
Central Europeo, pero menos razones hay para entender la política fiscal que vienen llevando a cabo.
Cualquier analista sabe que el Gobierno ha sacado del presupuesto organismos y gastos públicos cuya actividad no cuenta a la hora de determinar el déficit público, y sabe que la política fiscal ha ido dirigida a expansionar la demanda
interna y que lo ha hecho cada año con más intensidad que el anterior, pese a lo cual tenemos un crecimiento envilecido. La consecuencia clara de la política económica del Gobierno no contribuye a la estabilidad, es más, es el principal factor de
inestabilidad económica. Cualquier persona sensata, es decir, cualquier persona que no sea don Cristóbal o don Rodrigo, ha llegado hace tiempo a la conclusión de que no se puede continuar con una política tan desordenada como la que lleva a cabo el
Gobierno del PP y que la sostenibilidad del crecimiento pasa por una utilización más activa de las políticas de regulación de la demanda. Eso ha ocurrido en 2002 y está ocurriendo en 2003. Hace unos días el secretario de Estado de Economía decía
que el PIB creció en el primer trimestre de 2003 lo mismo que en el cuarto trimestre de 2002, es decir, dijo que creció el 0,3. Lo que no dijo es que el año pasado, en el mismo trimestre, había crecido el 0,5, es decir, que estamos volviendo a
andar por la senda de un menor crecimiento económico a lo largo de este ejercicio y que el carry-over cada vez es menos potente y que lo seguirá siendo a lo largo del próximo ejercicio. Por tanto, constatamos que el ciclo se desinfla y que el
objetivo del 3 por ciento que estaba en la Ley de presupuestos es una ensoñación y una quimera. El Gobierno se niega a admitir esa realidad y nos envía un cuadro macroeconómico con este acuerdo, que es inservible porque seguiremos creciendo por
debajo del potencial y seguiremos viendo la resistencia de los precios.
Señorías, están ustedes instalados en la inoperancia, esperando que se produzca una fuerte reacción exterior que cambie el ciclo económico y que corrija los desajustes que su incompetencia ha creado. Eso es lo que les ha llevado a que
terminen aferrados a una guerra, y me temo que la guerra no es la solución, que la guerra complica aún más la situación. A pesar de la manifiesta oposición de los españoles, Aznar ha decidido volver por rutas imperiales, ha creído que la guerra se
liquidaría en un par de días, con pocas escaramuzas y pocos enfrentamientos, y que todo terminaría en el desfile de la victoria. Pues la guerra no será rápida, no será limpia y no será ciega y, por lo tanto, no la podrá presentar como una victoria
perfecta. La rendición no se ha producido y ustedes se han embarcado en una guerra colonial que no garantiza la solución de nuestros problemas sino que los complica.
Les hemos oído decir que cuanto antes acaben las incertidumbres y cuanto antes se apalanque la guerra, mejor se superarán las dificultades. Pues bien, las incertidumbres no se reducen sino que aumentan. Además, nos hemos percatado -eso sí,
sin asombro- de que, con la simplicidad con la que razonan los cínicos -en el sentido filosófico, claro está-, Rato les ha
dicho que los dividendos de la guerra están al alcance de la mano, y ustedes se lo han creído. Desechad toda esperanza, dijo Dante en la boca del infierno. Desechen toda esperanza, no habrá victoria militar de Aznar en Irak y no habrá un
cambio de rumbo en la situación. Este hecho no pasará de ser una grotesca circunstancia que se apoya en una idea equivocada: la guerra no tendrá consecuencias económicas para España, su efecto será cero y se podrá compensar.
Señor Montoro, las economías avanzadas llevan años con el motor averiado, llevan años generando una fuerte incertidumbre, y se va a demostrar que construir la paz es mucho más difícil que hacer la guerra. Además, ustedes han hecho un
recorrido cada vez más inestable y más inseguro, que tiene difícil retorno y que trae la tensión a áreas próximas. Esa tensión en áreas próximas y una política económica que se ha convertido en una retórica hacen que la mejora de la productividad
en el sentido moderno no aumente sino que ocurra todo lo contrario, que empeore.
De aquí llegamos al segundo de los elementos que nos preocupan a nosotros, a la solidez de la política presupuestaria. Se lo vamos a decir claro.
Nuestro recorrido es distinto del suyo. Nosotros apostamos por crecer, por recaudar, por
ahorrar y por equilibrar. Creemos que los fundamentos de una sociedad como esta tienen que estar en que el crecimiento sea más alto porque el crecimiento es el mejor antídoto del déficit. Como consecuencia de ello, somos partidarios de clarificar
y arrojar luz sobre las cuentas públicas.
Usted ha hablado de reformas tributarias, pero tendré que decirle que carecemos de información sobre la distribución fiscal de la carga y sobre la distribución de la renta disponible, y desde luego tengo que recordarle que su personalidad en
estas reformas se puso al descubierto.
Censuró y expurgó los informes que descubrían su política y persiguió a los funcionarios que querían dar luz a la misma. Eso nos lleva a poner tres cuestiones encima de la mesa. Las cuentas públicas en
España tienen tres input que son muy importantes. Tienen un input comunitario, del cual siempre se olvida usted. Tenemos un saldo neto con la Unión Europea nada más y nada menos que de 8.349 millones de euros, es decir, 1,4 billones de las viejas
pesetas, 1,2 del PIB del año 2002. El 60 por ciento del crecimiento viene de fuera. En segundo lugar, hay un equilibrio que se consigue entre el Estado y la Seguridad Social y, como consecuencia de ello, los ingresos por cotizaciones vienen
creciendo por encima de las prestaciones. Y el último dato que tengo, el de 2001, porque no han dado el de 2002, indica que el superávit contributivo de la Seguridad Social es el 1,8 por ciento del PIB. El Gobierno reconoció que su exótico
equilibrio presupuestario en el año 2001 fue de 0,8. Por tanto, hay un 1 por ciento del PIB que va de la Tesorería de la Seguridad Social a financiar políticas públicas que se deberían financiar con los presupuestos. Yo me pregunto: ¿para qué
está sirviendo el incremento en la presión fiscal de las cotizaciones? Para bajar el IRPF. Y esto es muy grave, señoría, porque han dado una solución que, como diría Amartya Sen, es la constatación de la apología de la avaricia. Han apostado por
elevar las cotizaciones, por desvincularlo del ciclo económico, por generar un superávit, pero, eso sí, por no devolverle a la economía productiva el esfuerzo realizado, y lo han hecho bajando la fiscalidad a las rentas del capital. Le he oído
decir muchas veces al ex ministro Griñán que la demografía de la sociedad española es favorable y momentánea, pero que una vez pasado el período transitorio en que vivimos de nuevo las pensiones crecerán y, por tanto, deberíamos ser capaces de
buscar un mecanismo más equilibrado del que ustedes han establecido. El gasto público tiene inputs importantes, una parte del mismo lo financian los extranjeros y otra parte los trabajadores. Y eso convendría que lo tuviera en cuenta en el día de
hoy.
Respecto a la credibilidad, voy a renunciar a citarle los artículos de Barea o de Fernández Ordóñez, voy a aparcar el 'Diario de Sesiones' y no voy leerle las expresiones de Lissavetzky ni las mías. Voy a utilizar única y exclusivamente lo
que ha dicho un economista cuyo nombre me callo para que no sea objeto de una represión por parte de ustedes. Una de las novedades de la inversión pública es que cada vez se canaliza menos a través de los capítulos 6 y 7, y más a través del
capítulo 8, y eso es porque esos gastos no se contabilizan a la hora de medir las necesidades de financiación de las administraciones públicas. Yo le pregunto aquí: ¿que cantidad de gasto se vehiculiza por el capítulo 8 y a qué se destina? Porque
el presupuesto español tiene hoy unas circunstancias completamente distintas a las que tenía hace unos años. Hoy tenemos dos presupuestos. Nos guste o no nos guste, tenemos dos presupuestos: el presupuesto clásico, el de siempre, el que podríamos
llamar presupuesto de la estabilidad, que incorpora los capítulos 1 a 7 y que obedece al principio del equilibrio, y el presupuesto de los activos financieros, donde se hacen cantidad de políticas públicas. Alguien me diría: Es poco.
¿Cómo que es
poco? Son 5.000 millones de pesetas en el año 2002 y 5.000 millones de pesetas en el año 2001. Pero el apagón estadístico, la falta de información, la carencia de datos se extiende a la deuda pública y lo puse de relieve en el debate
presupuestario. ¿Me quiere decir, señor Montoro, cómo sigue creciendo la deuda pública si hay déficit cero? ¿Por qué sigue creciendo año tras año la deuda pública si hay déficit cero? Porque en el año 2002 la parte de deuda publica que no se
explicaba ni por déficit ni por variación neta de activos financieros era de 27.392 millones de euros y en el 2002 se ha elevado a 30.277 millones de euros.
Este es un proceso que se viene sucediendo a lo largo de los últimos años. Hay una parte
de la deuda pública cuya justificación no se alcanza, que no se justifica ni por la existencia de déficit
ni por la existencia de operaciones en el presupuesto de activos financieros y esa parte de deuda pública supera los 5 billones de pesetas. En estas condiciones, cuando uno se encuentra con esta política económica, con estos fracasos, con
esta falta de transparencia, con esta opacidad no podemos votar su acuerdo. Las cifras de ingresos y de gasto público no se homogeneizan y se presentan distorsionadas para imposibilitar cualquier comparación, los gastos financieros con
endeudamiento escapan al equilibrio, los compromisos asumidos se ocultan y han encontrado últimamente dos grandes habilidades: la primera, anticipar el ingreso, se ha anticipado el ingreso en el impuesto de sociedades en el año 2002 en 1.700
millones de euros; la segunda, posponer los pagos, se han pospuesto las devoluciones del IVA en el año 2002 para presentar un buen resultado en ingresos, en 1.100 millones de euros. Además, el descubrimiento más monumental se ha producido en las
leyes de presupuestos de los años 2001 y 2002, pero sobre todo en el año 2003. Han descubierto los años de 11 meses para facilitar, a través de la supresión del periodo de ampliación, el equilibrio presupuestario.
Termino, señora presidenta, y le agradezco mucho su gentileza. Creo que hay tres grandes anomalías que en estos momentos caracterizan la política del PP. La primera es una anomalía de diagnóstico que les incapacita para entender que
estamos en una situación donde hay inusuales e importantes incertidumbres. La segunda anomalía es la reflexión. En materia de reflexión, la profilaxis es absoluta. Piensan que nada de lo que ocurre en el mundo les va a afectar. Hay una tercera
anomalía que está en la actuación. En ustedes todo son inhibiciones. Están paralizados esperando que la solución venga de fuera y no quieren hacer nada dentro; nada positivo, quiero decir. Me temo, señoría, que si en la pasada legislatura su
política se caracterizó por dedicarse a llevar a cabo una gran piñata económica en las empresas públicas privatizadas, en esta legislatura corremos el riesgo de que depositen demasiadas esperanzas en doña Condoleezza y que terminen pidiéndole el
favor de que les apoye en el reparto de Irak. Todas estas anomalías han puesto en crisis su política.
De la mano de Aznar, de la mano de Rajoy, de la mano de Rato, de la mano de Trillo, de la mano de Cascos y de la mano de Arenas han vuelto
ustedes al punto de partida; han vuelto a ser lo que fueron, a ser de nuevo Alianza Popular.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Fernández Marugán.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, señor ministro de Hacienda, por segunda vez desde que fueron aprobadas las leyes de estabilidad presupuestaria, abordamos el debate sobre los objetivos de estabilidad de todo el sector público a lo largo del
próximo trienio. Debate ciertamente importante por cuanto nos viene a determinar el marco en el que se deberán mover las administraciones públicas en el terreno financiero, presupuestario y macroeconómico, lo que condicionará sus posibilidades de
actuación política, va a plantear todas aquellas definiciones y al mismo tiempo también se van a definir sus márgenes de maniobra para poder actuar en función de sus acciones de gobierno en todos los ámbitos, tanto desde el punto de vista de la
Administración central como desde el punto de vista de todas las administraciones territoriales, comunidades autónomas y haciendas locales.
Es una realidad que en estos últimos años han cobrado una actualidad rabiosa los temas relacionados con la estabilidad presupuestaria y nuestro grupo parlamentario lo comparte. Es una realidad también que Convergència i Unión se ha mostrado
en todo momento a favor del rigor presupuestario en el sentido de que todas las administraciones públicas no gasten más de lo que ingresen. Y nosotros no sólo lo hemos manifestado, sino que en aquellas instituciones en las que Convergència i Unió
tiene responsabilidades de gobierno lo hemos practicado y cumplido.
En este sentido quisiera recordar a SS.SS. nuestros discursos sobre estabilidad presupuestaria, rigor presupuestario y eliminación del déficit público. Todo esto nosotros lo
veníamos diciendo a lo largo de la década de los años noventa y por ello para el Grupo de Convèrgencia i Unió no es ninguna novedad. Por este motivo cuando el Consejo Europeo aprobó el mecanismo por el que todos los Estados miembros se comprometían
a actuar bajo el principio de estabilidad presupuestaria, Convergència y Unió apoyó dicho acuerdo. Nosotros en ningún momento hemos cuestionado el principio de estabilidad presupuestaria conforme a lo estipulado en el Plan de Estabilidad y
Crecimiento apoyado por la Unión Europea. Siempre hemos estado a favor de un esfuerzo adicional para mantener el rigor y la disciplina presupuestaria y seguimos en esa misma línea. Pero, señor ministro, señorías, una cosa son los principios
generales y otras cosa muy distinta es la traslación de estos principios generales al ordenamiento jurídico de cada Estado miembro, y es aquí donde surgen nuestras discrepancias, que hemos mantenido a lo largo de la tramitación de dichas leyes y que
mantuvimos el año pasado en este mismo debate, referido al trienio anterior, cuando expusimos nuestros planteamientos.
Nuestra discrepancia no está en el principio, quiero subrayarlo, porque creemos que es beneficioso que las administraciones no
gasten más de lo que ingresen, sino en la articulación de este principio, en la práctica, tal y como se ha formulado en la legislación actual. (La
señora vicepresidenta, Rubiales Torrejón, ocupa la presidencia.)
Con el mismo entusiasmo que ustedes han demostrado en otras decisiones, en primer lugar, deciden que lo establecido en el Plan europeo de Estabilidad y Crecimiento no se quede solo en un plan, sino que se transforme en una ley, y con ello
España sería el único país de la Unión Europea que dispondría de una ley para la aplicación del déficit cero. ¿Y por qué no han elaborado una legislación para controlar la inflación? Ya sé que no se puede hacer, pero para ser la excepción de los
países de la Unión Europea, también podríamos poner esta ley en práctica. (El señor Cámara Rodríguez-Valenzuela: No es verdad.) Puestos a liderar Europea en la cruzada a favor del déficit cero, no se conforman ustedes con traducir lo establecido
en el plan europeo, sino que lo corrigen y lo amplían, sin que nosotros consideremos justificada esta aplicación. Después, ustedes aprueban una ley que no sólo afecta a la Administración general del Estado y a sus organismos correspondientes sino
que es de aplicación para la totalidad de las administraciones del Estado, con lo que se afecta de manera determinante a la autonomía financiera de las mismas, algo que desde nuestro grupo parlamentario, Convergència i Unió, consideramos que no se
adecua a la letra ni al espíritu de la Constitución.
De ahí que el pasado día 29 de noviembre del año 2001 se aprobaran en esta Cámara las leyes de estabilidad presupuestaria con el voto en contra del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por su incidencia negativa en el ámbito
competencial de las comunidades autónomas, básicamente por este motivo. Nuestra oposición a dichas normas no fue una oposición de oficio, señor ministro, fue una oposición meditada, si bien es cierto que poníamos en duda la necesidad imperiosa de
regular por ley la estabilidad presupuestaria al entender que sin una ley de estas características era igualmente posible sanear las finanzas públicas españolas y cumplir al mismo tiempo con los criterios impuestos en Maastricht. En una primera
fase no nos opusimos a su tramitación, a la espera de que en una negociación posterior se pudiesen reducir los puntos de desencuentro o las discrepancias entre nuestro grupo parlamentario y el Gobierno.
La tramitación de la ley no obtuvo los resultados que Convergència i Unió esperaba al inicio de la tramitación de los proyectos. Los aspectos que en nuestra opinión vulneraban los principios constitucionales no fueron reparados y se
mantuvieron de este modo las limitaciones a las competencias que en materia de gestión financiera corresponden, a nuestro entender, a las comunidades autónomas. En esta crítica no estamos solos, señorías, tanto es así que a esta ley y a la ley
orgánica que la complementa se han presentado nada menos que quince recursos de inconstitucionalidad, tres de ellos promovidos desde Cataluña, desde la Generalitat y desde el Parlament de Cataluña. ¿Por qué este desacuerdo, señorías? Porque,
usando un símil deportivo, concretamente en el ámbito del fútbol, con estas leyes ustedes diseñan un terreno de juego en el que las administraciones, las comunidades autónomas y las corporaciones locales deben jugar cuesta arriba, con menos
jugadores y con un árbitro en su contra. Por el contrario, la Administración general del Estado, que por algo es el equipo del Gobierno, juega en un campo cuesta abajo y con un árbitro a favor. No nos parece justo porque siempre se sabe de
antemano cuál va a ser el ganador. Este es un partido, señor ministro, de David contra Goliat, en el que siempre gana Goliat, y no se cumple la excepción bíblica de que ganó David en un momento determinado.
Por ello, señor ministro, nuestro grupo parlamentario no puede votar a favor de un acuerdo por el cual, de conformidad con los artículos 8.1.3 y 20.2 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, general de estabilidad presupuestaria, se fija el
objetivo de estabilidad del conjunto del sector público y de cada uno de los grupos y agentes que lo integran, por varios motivos. En primer lugar, porque desde nuestra perspectiva se está vulnerando el principio de autonomía financiera y se está
presionando y haciendo caer el peso de la estabilidad presupuestaria del sector público español en las administraciones territoriales, en las comunidades autónomas y en las haciendas locales. En segundo lugar, señor ministro, porque las leyes de
estabilidad presupuestaria contemplan, para la determinación del déficit máximo asumible para las comunidades autónomas, un mecanismo a nuestro entender perverso, porque en caso de que no exista acuerdo entre el reparto posible del nivel del
déficit, las comunidades siempre deben encontrarse en una situación de equilibrio presupuestario.
En cambio, la Administración general del Estado puede compensar su déficit mediante el superávit de la administración de la Seguridad Social. A
nuestro entender, esto no es justo. Puestos a aprovecharse del superávit de la Seguridad Social, ¿por qué unos sí, en este caso la Administración central, y otros no, el resto de administraciones territoriales? Aquí vale la pena poner un ejemplo.
¿Es que los ciudadanos que cotizan a la Seguridad Social de las diferentes comunidades autónomas no contribuyen a este superávit de la Seguridad Social dentro del ámbito global? Esa no es una formulación objetiva. Si todos los ciudadanos
contribuyen a la generación de este superávit -no solamente los ciudadanos de la Administración central, sino todos los ciudadanos españoles que se incorporan a sus trabajos respectivos dentro de su ámbito autonómico-, ¿por qué no gozan también de
los beneficios del superávit a la hora de cuadrar las cantidades macroeconómicas?
En tercer lugar, ustedes legislan sobre unos aspectos que condicionan notablemente el nivel de gasto de las comunidades autónomas sin que complementariamente se produzcan incrementos de los recursos para las mismas, exigiéndoles
paralelamente un cumplimiento de
las leyes de estabilidad presupuestaria mucho más duro que el que se aplica a la Administración del Estado. A título de ejemplo y sin pretender ser exhaustivo, diré que desde la entrada en vigor de la Ley de Estabilidad Presupuestaria se
han aprobado unas leyes, como la Ley de Formación Profesional, la Ley de Calidad de la Educación, el decretazo y ahora se está tramitando la ley de la calidad y la cohesión del sistema sanitario, que, a nuestro entender, son leyes que dicta el
Estado que obligan a dedicar más recursos a las políticas que deben aplicar las comunidades autónomas dentro de su ámbito competencial, a las que no se les han dado mayores recursos ni han podido opinar. Convergència i Unió considera que este no es
un tratamiento justo, sino, como he dicho anteriormente, perverso. Si en un artículo de la LOFCA se habla del principio de lealtad institucional debería ser plenamente aplicable en este ámbito, algo que desgraciadamente no sucede en la actualidad.
Por si esto fuera poco, el acuerdo que estamos discutiendo parte de una definición de estabilidad presupuestaria que no es el concepto utilizado para definir la estabilidad presupuestaria en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento aprobado por
la Unión Europea, sino de una definición que se aleja de las tendencias surgidas en el seno mismo de la Unión Europea. Es muy importante, señor ministro, recordar que hace tan sólo una semana el Ecofin otorgó una mayor flexibilidad al concepto de
estabilidad presupuestaria ante las dificultades con las que podrían encontrarse, y que ya se están encontrando, algunos países de la Unión Europea como consecuencia de la actual coyuntura económica -que, por cierto, es muy débil en algunos países
de la Unión Europea y que, afortunadamente, no es tan débil en España-, susceptible de agravarse todavía más a raíz del conflicto militar en Irak. El Ecofin ha avisado de la posible mayor lentitud en la recuperación económica, una recuperación más
lenta de lo que se esperaba, lo que sin duda dificultará la consecución de la estabilidad presupuestaria.
Ante esta coyuntura político-económica, en la que Bruselas apuesta por una flexibilización, aquí podemos constatar que ustedes continúan mostrándose inflexibles en sus decisiones para con las administraciones territoriales, las comunidades
autónomas y las haciendas locales, pero no así con la suya, para la que proponen un déficit del 0,4 por ciento del PIB para el año 2004, así como también prevén déficit para los años siguientes, 2005 y 2006, en contraposición con las propuestas de
déficit cero para las comunidades autónomas y entes territoriales.
Para finalizar, señor ministro, le reiteramos desde Convergència i Unió que el rigor presupuestario para la consecución de la estabilidad presupuestaria y de las cuentas públicas es básico.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señor Sánchez i Llibre, debe ir concluyendo.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Voy terminando, señora presidenta.
Pero esto no significa que ahora debamos votar a favor de un acuerdo que se realiza, a nuestro entender, sin la debida participación de las comunidades autónomas y que hemos recurrido ante el Tribunal Constitucional.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, anoche y esta mañana la mayoría de los comentaristas políticos decían que quien le hubiera escrito la intervención al señor Aznar, presidente del Gobierno, parecía no haber tenido en cuenta
la realidad sangrienta, la realidad dolorosa de la guerra de Irak; parecía el discurso de una persona fuera del tiempo, del lugar, del espacio, incluso por supuesto muy fuera de la caridad cristiana. Quien le haya hecho hoy el discurso al señor
Montoro también lo ha colocado fuera de la realidad. En medio de esa cuanto menos turbulencia que está significando y va a significar para la economía mundial esa guerra ilegal, injusta, inhumana, criminal, etcétera, que se está produciendo, parece
que quien le ha escrito la intervención al señor Montoro no sabe de la existencia de esa guerra. Como mucho, la única referencia que el señor Montoro ha hecho esta mañana ha sido a la difícil situación internacional. Intervenía inmediatamente
después, con una magnífica intervención como no podía ser menos, el tribuno del Partido Socialista, y empezaba diciendo el difícil papel de los economistas al tener en cuenta todo. Si en su intervención no sólo no tiene en cuenta todo sino ni
siquiera una de las partes más importantes del todo, usted a lo sumo hablaba de la difícil situación internacional, con todo lo complejo que eso va a resultar -y luego me extenderé en ese tema-, tengo que entender que una vez más usted se sitúa
fuera del tiempo y del lugar, y por encima del bien y del mal, en este caso por encima del mal y muy por debajo del bien.
Señorías, sobre el partido que soporta al Gobierno, sobre el Gobierno y sobre su apoyo a esa guerra ilegal se han dicho en los últimos días muchos calificativos, muchos adjetivos en los que yo no voy a entrar porque no corresponde en este
momento, pero me van a permitir que añada uno. Después de su apoyo y de su respaldo a esa guerra ilegal e injusta, les voy a considerar ladrones, les voy a llamar ladrones porque me han robado ustedes la duda. Yo, como cualquier persona que ya ha
vivido lo suficiente, tenía un derecho, un
legítimo y maravilloso derecho a la duda, a no subir aquí con verdades inconmovibles, a no subir aquí dando lecciones de alfas y de omegas; cuando uno se encontraba, imagínese, con la Ley de cumplimiento íntegro de las penas al final tomaba
una posición, pero no le quepa la menor duda de que uno vivía pensando: a lo mejor me estoy equivocando, a lo mejor un mayor endurecimiento de las penas puede actuar como reactivo para frenar; es decir, la legítima duda.
Solía decir José Antonio Primo de Rivera -vean ustedes cómo elegantemente no voy a hacer ninguna asignación ideológica ni política- que la diferencia que hay entre el político y el intelectual es que el intelectual tiene las dudas y el
político no las tiene. Pues será por llevarle la contraria o porque nosotros somos de la escuela gramsciana, por lo menos el que les habla, y me gusta un poquito el tema intelectual, tenía ese beneficio de la duda. Me lo han quitado ustedes. Como
decía el bueno de Joaquín Sabina, me han robado ustedes las dudas, la capacidad de la duda. Ya no puedo subir a la tribuna con dudas, ya tengo que subir con verdades inconmovibles, porque ya no les creo nada. Después de que ustedes vulneran el
derecho internacional, no me den a mí lecciones de derecho para nada. Tendré que pensar que, cuando ustedes hablan del gran derecho, lo están utilizando de manera maniquea para sus intereses electorales particulares o sepa Dios para qué. Cuando el
señor Montoro viene aquí a hablar del déficit cero cuando se va a producir la mayor tormenta en el escenario económico mundial, porque ustedes pasaban por allí y creyeron sentirse herederos del Cid Campeador, como ustedes comprenderán, yo ya no creo
que ustedes de verdad busquen el déficit cero en un momento determinado, habiéndolo puesto tremendamente en peligro. Yo ya no les creo nada. Por tanto les digo que me han robado ustedes las dudas y, a todos los adjetivos que ya les habían dicho,
yo añado el de ladrón.
La propuesta que ha defendido el señor Montoro esta mañana, en primer lugar tiene serios visos de ilegalidad. Se lo explico, señor Montoro. En la documentación anexa aparece una fotocopia del Ministerio de Administraciones Públicas que
dice: Habiéndose convocado en dos ocasiones la Comisión Nacional de la Administración Local para el estudio de diversos anteproyectos de ley y sin que haya podido celebrarse la reunión correspondiente, por no alcanzarse el quórum necesario entre
los representantes de las entidades locales, se remite el informe emitido por la Federación Española de Municipios y Provincias sobre la propuesta de fijación de objetivos. Es decir que, en lugar del informe de la Comisión Nacional de la
Administración Local, que no han podido adjuntar porque no había el quórum necesario, ustedes nos remiten el informe emitido por la Federación Española de Municipios y Provincias, informe que lo más que dice es que el representante de la FEMP en la
Comisión nacional se dé por enterado. Señor Montoro, la ley es la ley, aunque ya sé que, si ustedes se saltan la ONU, se saltan ya todas las leyes, pero le recuerdo que el artículo 20.2 de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria dice que el
objetivo de estabilidad requerirá el informe previo de la Comisión Nacional de la Administración Local. Aquí no hay informe previo, señor Montoro, luego permítame que le diga que no se han cumplido los trámites para traer aquí este documento. ¿Qué
es por falta de quórum o no? Solventen ustedes lo que tengan que solventar, pero estos documentos no tienen el trámite necesario a que obliga la ley. A ver si ustedes por lo menos se creen las leyes que hacen. Esto en primer lugar.
En segundo lugar, señor Montoro -se lo decía al principio-, usted, ni una vez, en sus proyectos de presupuestos, ha acertado en los grandes escenarios macroeconómicos. Ni una vez. Yo recuerdo de pequeño, cuando mi padre hacía la quiniela,
no acertaba ni una, y decía: ¿Por no acertar ni uno no dan algo? Porque también tiene mérito no acertar ni uno. A usted le debemos reconocer el mérito de que no acierta ni una, señor Montoro.
No ha acertado en una situación normal, como dice la
gente, con el mar que parecía un plato, con el mar muy tranquilo, no ha acertado usted ni una. Pues imagínese con las turbulencias generadas o que se van a generar. No ha dado usted un palo. Y viene aquí, con mucha solemnidad, a decir: no hay
ningún problema, no se preocupen ustedes, que yo voy a conseguir que crezca la economía tres puntos en un momento determinado.
Por ejemplo, cuando el Fondo Monetario Internacional esta mañana, en algunos medios de comunicación de información
económica, eso que se llama la prensa naranja o algo así, advierte de un peligro de recesión económica mundial, el señor Montoro dice que eso es con otros, que no pasa nada, que no nos preocupemos, que, como decía el portavoz del Grupo Socialista,
ya conseguiremos que nos den algunas migajas por subcontratas y a la baja para la recuperación de Irak en un momento determinado.
Señorías, si de verdad el señor Aznar se creyó que iba a formar parte del botín, yo le recomendaría que se leyera la magnífica obra de Reverte sobre los tercios de Flandes y sobre cómo se hacen los repartos de los botines. Por ejemplo, en
Cinco Días aparece: La Agencia para el Desarrollo Internacional, que está llevando todo el plan de reconstrucción, justifica la concesión de contratos en exclusiva a empresas estadounidenses apelando a razones de seguridad, dado que las compañías
tendrán acceso a documentos clasificados según el administrador de la ADI, Andrew Natsios. Esta situación ha provocado la furia de las compañías británicas, que reivindican su derecho a participar en estos contratos -lo del botín es impresionante,
¡es más antiguo esto!-. Las protestas llevaron a la ministra británica de Comercio e Industria, Patricia Hewitt, a intervenir
personalmente ante Natsios para hacer valer el papel de las empresas británicas. Repartido el botín entre el primer y el segundo plato, la posibilidad de participar en algún elemento de reconstrucción y de que la parte negativa pudiera
verse compensada con alguna cuota parte de botín es nula, ni las migajas. Y ya últimamente ni se les cita para los viajes.
Aprovechando el tema de los viajes -yo ya no me creo nada de ustedes- les cito un detalle, aunque sé que es el chocolate del
loro. En el Ministerio de la Presidencia, cuando se hizo la previsión presupuestaria para este año, en el apartado de gastos de viaje del señor Aznar aparecen 15 viajes. Pues ya se ha comido este y 20 presupuestos más de los 15 viajes.
Indiscutiblemente, señor Montoro, tendrá usted ya que estar pensando de dónde le piensa usted apañar dinero al señor Aznar para que siga haciendo esos viajes, aunque últimamente, como ya no le invitan, a lo mejor puede reequilibrar el presupuesto.
Dentro de la misma burbuja presupuestaria o de la campana en la que usted se ha colocado, hay que decirle, señor Montoro, que hay que tener mucha imaginación para aceptar las previsiones y las proyecciones del Gobierno hasta el 2006, cuando
los presupuestos para el 2003, aprobados hace unos meses, se fundamentan en un escenario macroeconómico virtual y los estados de ingresos y de gastos carecen de la más mínima credibilidad.
Incluso planteando la posibilidad para este período de un
escenario de crecimiento reducido, ligeramente superior al 2 por ciento -usted se mantiene en el 3-, el Gobierno no abandona su fanatismo por el déficit cero. Esto significa que no existe, señorías, la más mínima voluntad política para superar
nuestros déficit económicos y sociales, aspirando a conseguir grados de capitalización económica y niveles de protección social similares a los parámetros comunitarios. Hemos llegado, señor ministro, señorías, a un punto donde la obsesión por el
equilibrio presupuestario se traduce en una absoluta falta de credibilidad de la política económica del Gobierno.
Se trata de presentar las cuentas públicas en equilibrio, independientemente de que la economía crezca al 4 por ciento, o de que se estanque en el 2 por ciento -eso a usted le da igual-, o que el contexto internacional sea expansivo o
recesivo o que el desempleo se reduzca o que aumente. Al parecer, para usted, para el partido que soporta al Gobierno, es igual que nuestra economía necesite más dotación de capital público, mejores servicios sociales o que la presión fiscal en
nuestro país sea siete puntos del PIB inferior al promedio comunitario.
Siempre piensan ustedes que vendrá san George Bush a solventarles. Pero, señorías, si para el Gobierno la prioridad es que el gasto público pierda peso en la economía, aún
sacrificando inversión pública y gasto social, y poder reducir los impuestos directos al capital y a las rentas más elevadas, aunque aumenten los indirectos y procure un sistema impositivo cada vez más regresivo y con menor suficiencia, nuestra
postura no va por ese camino. El Programa de Estabilidad y la política presupuestaria de manera particular, señoría, deberían plantear la utilización sin artificios del déficit público dentro de los requerimientos comunitarios, como instrumento
para superar el estancamiento económico y el aumento del desempleo. Además, si queremos alcanzar mayores niveles de desarrollo económico y social, hace falta debatir sobre el nivel de gasto público que precisa nuestro país y los recursos necesarios
para financiarlo. Eso, señoría, lo decía metiéndome en la misma campana de cristal que usted, pero, como la realidad es tozuda, la campaña de cristal no existe, señor Montoro.
Suba usted a esta tribuna y dígame cómo cree el Gobierno, porque algunas previsiones habrán hecho, que va a repercutir, si de forma positiva o negativa. No me diga lo que manifestó la señora ministra de Asuntos Exteriores, aquello de que la
guerra va bien porque la Bolsa va bien. Yo soy de los que opina -y lo opina mi grupo- que deberíamos solicitar una comparecencia permanente y perpetua de la ministra de Asuntos Exteriores; eso nos vendría muy bien a la oposición. Aparte de esto,
señor ministro, me gustaría saber si han hecho ustedes previsiones más o menos ponderadas, más o menos calculadas, respecto a cómo va a afectar, qué mercados se van a resentir, qué gente va a romper. ¿Señor ministro, usted cree que Alemania y
Francia, a la hora de poner el dinero de los fondos europeos, van a tener la misma gallardía con la España de Aznar que la que se tuvo otros años, después de las afrentas, desprecios y humillaciones realizadas por el Gobierno del señor Aznar hacia
determinadas posturas políticas? Yo no pienso que a ellos les duela que se les haya despreciado políticamente, lo que pasa es que utilizarán eso como justificación de decisiones económicas que a lo mejor ya tenían tomadas o que estaban buscando de
antemano, señor Montoro. Dígame usted si han hecho previsiones al respecto, si van a aumentar su actividad económica en otro lado, qué compensaciones ofrecen, la subcontrata de la recuperación de Irak, etcétera.
Independientemente de todo esto -señora presidenta, voy terminando-, en el período 1996-2001, cinco años netamente de su Gobierno, es cierto que ha disminuido el saldo negativo de las cuentas públicas, pasando de un déficit elevado, un menos
6,6 por ciento del PIB, en abril de 1995 a lograr el equilibrio presupuestario en 2001, por lo menos en la presentación oficial. No quiero repetir la intervención que hicimos con motivo del debate de los presupuestos, donde dijimos que usted estaba
metiendo el déficit a martillazos. Pues bien, analizando la evolución de las distintas partidas, se puede detallar el esfuerzo exigido a cada una de las mismas, señor ministro. Para que ustedes lleguen aquí hoy con unos medianos soportes técnicos
a demandar el déficit cero, han tenido que trabajar, de tal manera que el 32 por ciento de esa reducción del déficit pertenece
a intereses para la financiación de la deuda pública, aprovechando la intensa disminución de los tipos de interés, un 2,1 por ciento del PIB.
Quiero decir para disminuir la financiación de la deuda pública. El 25,7 se debe a atribuir un
menor gasto en prestaciones sociales, 1,7 puntos del PIB, casi en su totalidad prestaciones por desempleo, aprovechando las modificaciones normativas introducidas en los años 1992 y 1993 y la creación de empleo. El 16,6 por ciento del mérito se
debe a la menor remuneración pagada a los empleados públicos, el 1,1 por ciento del PIB, como suma de una disminución de su número y la pérdida de poder adquisitivo. Un porcentaje también similar, el 17 por ciento, se debe a las inversiones
menores, aunque una parte del menor gasto sólo es estadístico, motivado por la exclusión del presupuesto de parte de los proyectos. Y adicionalmente hay una aportación de casi el 20 por ciento de los superiores impuestos sobre el consumo pagado por
los ciudadanos españoles. En resumen, señor ministro, al final el déficit lo ha pagado, como siempre, el bolsillo y las espaldas de una dolorida y doliente clase media y trabajadora.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señor Rejón, concluya, señoría.
El señor REJÓN GIEB: Voy terminando.
Y nos tememos muy mucho, a pesar de que usted se niega a reconocer la realidad, que los gastos de esta guerra y de la posguerra, no de la reconstrucción, sino de las consecuencias fatídicas de una guerra ilegal, injusta y criminal, como
siempre los seguirán pagando las capas más desfavorecidas de la sociedad. Si quieren ustedes hacer guerra, con gaseosa y en la casa de cada uno, pero no con el bolsillo de los españoles.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Rejón.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señor ministro de Hacienda, señoras y señores diputados, Egunon danori, muy buenos días a todos.
En un soberbio artículo reciente que pudimos leer en The Korea Herald y que El País tuvo el acierto de traducir días después, George Soros nos recordaba que la Administración Bush llegó al poder con una ideología basada en el fundamentalismo
de mercado y la supremacía militar y que el 11 de septiembre le proporcionó la coartada para poner en práctica su programa con la declaración de guerra al terrorismo. Si no hubiera mediado este aborrecible episodio del ataque militar a Irak, en el
que el Gobierno del Partido Popular se ha sumado al bando de los agresores y en el que Aznar se ha convertido en secuaz privilegiado de Bush, quizá no hubiéramos reparado en toda su crudeza en las enormes similitudes entre los modelos políticos de
ambos. La burbuja del presidente Bush se basa, según Soros, en una distorsión de la realidad que le lleva a confundir el dominio de Estados Unidos con su supremacía y el poder con el derecho. El presidente Aznar, en mi opinión, no sólo comparte la
burbuja de Bush, algo públicamente reconocido a estas alturas, sino que vive a la vez en su propia burbuja doméstica, dentro de la burbuja internacional, siguiendo un modelo idéntico, distorsiona la realidad y traduce la posición dominante de la
nación castellano-española por su supremacía en todo el territorio del Estado. Como bien advierte el financiero húngaro, las burbujas no vienen del aire, necesitan su alimento y, si el 11 de septiembre fue una convulsión de gran calibre, las
atrocidades del terrorismo de ETA, a menor escala, juegan igual papel en un nivel interno. Desde el terrorismo pasa a definir el eje del mal, luego incluyen en éste a sus adversarios políticos o estratégicos para exacerbar la tensión y justificar
medidas de fuerza en una espiral que debe llevar a su derrota política.
El señor ministro seguramente se está impacientando al preguntarse qué tiene que ver todo esto con el debate de hoy. Pues no se intranquilice porque enseguida se lo cuento. La burbuja política no es la única burbuja en la que vive el
Partido Popular. Como todos sabemos, las burbujas vienen del mundo de la economía y la económica es efectivamente la otra gran burbuja del Gobierno de Aznar. Así que la comprensión del modelo en la política sirve para la económica y viceversa. La
clave en ambas está en la existencia de una falsa idea que distorsiona la realidad: del terrorismo al eje del mal y al nacionalismo y a los adversarios políticos estratégicos; del fundamentalismo de mercado al fundamentalismo financiero y a la
creencia de que él es la condición necesaria y suficiente para el éxito económico. Y por supuesto tienen en común lo que tienen todas las burbujas, que estallan.
Debo confesar que yo siempre creí que la burbuja económica iba a ser la primera en reventar y que iba a constituirse en el auténtico calvario del Partido Popular de cara a las próximas citas electorales, pero está resultando que esta mezcla
de egolatría y fundamentalismo político del líder Aznar puede acabar por hacer que la burbuja política coja la delantera con creces. Mi apuesta se basaba en que la burbuja económica estaba ya muy madura y que no iba a resistir el final de la
legislatura.
Sobre economía resulta siempre difícil pontificar, pero a estas alturas, señor Montoro, a lo más que puede aspirar es a la figura de un boxeador sonado salvado por la campana. Primero ha sido el fracaso de la inflación. El
fundamentalismo de mercado no se cansaba de predicar la liberalización como panacea, pero el IPC ha destrozado de un plumazo toda su retórica de reformas estructurales. Hoy sabemos que la desregulación de los sectores estratégicos no sólo ha sido
deficiente, sino que el Gobierno ha logrado lo que nadie esperaba: un
rebrote inflacionista de perfiles preocupantes, justo cuando declinaba claramente la actividad económica. Este fracaso genuino del Gobierno Aznar puede tener ahora consecuencias preocupantes, porque amenaza con desbordar las demandas
salariales justo en el momento en que se debilitan las expectativas económicas. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
Vayamos al tema del debate de hoy, que, al igual que el anterior, lleva camino de convertirse en otra crónica de un fracaso anunciado.
Efectivamente, hoy nos trae el Gobierno a esta Cámara, para su debate y aprobación, si procede, el
acuerdo del Gobierno sobre el objetivo de déficit público del conjunto del sector público y cada uno de los agentes que lo integran para el periodo 2004-2006, así como el límite del gasto no financiero del Estado para el 2004. Todo ello en
cumplimiento de los artículos 8 y 13 de la absurda Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
No es cuestión de reiterar el análisis económico de la ley que nos ha ocupado ampliamente esta legislatura. Este tiempo ha pasado en vano por la cerrazón
del Gobierno. Ahora es el tiempo de las crudas realidades.
La primera de esas realidades es que el mundo entero les pilla con el paso cambiado. Señor Montoro, ustedes, que tanto comparten el ideario de George W. Bush, y que a menudo en los debates de la ley nos recomendaban mirar a Estados Unidos,
seguramente se han enterado de que el déficit público allí está en el 3 por ciento del PIB y de que nadie recuerda pintorescas propuestas políticas como la que ustedes, con el déficit cero, han entronizado en la economía española. También, en la
Unión Europea se deben revisar con urgencia las posiciones porque, a pesar de haber adoptado un concepto de equilibrio a lo largo del ciclo, la rigidez en su aplicación está poniendo de manifiesto que no se puede decretar el déficit cero de forma
independiente de la coyuntura. Usted me dirá que el mundo cambia, pero nosotros seguimos virtuosamente instalados en el santo temor al déficit y con un crecimiento superior al entorno.
Viene ahora la segunda de las realidades y es la relativa al deterioro de las expectativas económicas. Desde luego, el cuadro macroeconómico que presenta lleva camino de igualar en sus aciertos a las previsiones de inflación. Ya no se
trata del ámbito político, porque todos los observatorios económicos coinciden en apreciar que sus escenarios parecen estar escritos en una barra de hielo, en cuanto pasan unas horas hay que darlos por borrados. No necesito recordarle que vivimos
en una situación de extraordinaria incertidumbre, agudizada por las aventuras belicistas, y que se trata de un contexto propicio para que la inversión y el consumo se retraigan y el comercio exterior se vea afectado negativamente. Por ello, la
economía de la Unión Europea crecerá por debajo del 1 por ciento y países como Francia y Alemania pueden tener graves problemas de crecimiento económico y, en consecuencia, de déficit público. Estos países han superado el 3 por ciento el pasado año
y lo seguirán superando como reacción necesaria de los estabilizadores automáticos para reactivar sus economías.
En este contexto, la economía española no es previsible que crezca por encima del 2 por ciento. Lo que sí es más que previsible es que la inflación se sitúe por encima del 3, incumpliendo un año más el objetivo que machaconamente y sin
resultado fija el Gobierno en el 2 por ciento.
Es igualmente pintoresco observar que, en el escenario para el que se fija el objetivo de déficit público, el cuadro macroeconómico permanece idéntico para todos y cada uno de los años del periodo. No
sabemos si se les ha rayado el disco o se ha atascado la película, justo cuando empezaba a pasar a una secuencia menos agradable, pero lo que sí sabemos es que este tipo de juegos no tiene ningún sentido e incluso desprestigian por completo la
solidez técnica de la elaboración del escenario. Ya metidos en harina y siguiendo esta misma lógica, señor Montoro, podría habernos presentado un cuadro macroeconómico hasta el año 2020, eso sí con déficit cero.
La tercera de las realidades tiene que ver con el agotamiento de los efectos de la política monetaria para sostener un creciente nivel de endeudamiento de las familias y empresas y con el agotamiento también de los efectos del favorable tipo
de cambio con que accedimos a la unión monetaria. Los efectos del tipo de cambio son de una vez por todas y no fuentes sostenidas de ventaja competitiva, que además están siendo erosionadas por la superior inflación y la apreciación del euro.
En cuanto al sector privado, señor Montoro, no tengo más remedio que recordarle una lección elemental que invalida todas sus construcciones sobre el déficit cero. El equilibrio o superávit público funciona a expensas de un deterioro de la
posición financiera del sector privado, que está teniendo el beneficioso efecto de sostener la actividad económica pero cuyo agotamiento es manifiesto. Usted nos ha anunciado un déficit de las administraciones públicas del cero por ciento del PIB
en 2004 y un superávit del 0,1 y del 0,2 por ciento respectivamente en 2005 y 2006. Si el sector privado ajusta al alza sus niveles de ahorro financiero neto, como recomienda la propia autoridad monetaria, es claro que el edificio económico o no se
sostiene o lo hará a costa de crecimiento. En otras ocasiones, cuando le he formulado advertencias similares, usted, incomprensiblemente, me ha dicho algo así como que formulo malos augurios, pero es obvio que no se trata de eso, porque lo único
que le sugiero es que tome buena cuenta del entorno económico y que advierta la inconsistencia de su política económica. Señor Montoro, hoy, lo mismo que en los debates presupuestarios, podíamos haber hablado de política económica, de política
presupuestaria, de prioridades, de inversiones públicas, de actuaciones
en I+D+I, en formación o de las auténticas reformas pendientes del gasto público, pero usted y su Gobierno huyen del debate, no quieren hablar de problemas: de la inflación, de la baja productividad de la economía española y de las medidas
estructurales a adoptar para salir de esta situación. En su lugar se refugian en cándidas visiones, como la que se desprende de las declaraciones realizadas por el señor Aznar, quien afirmaba recientemente que estamos a las puertas de una
recuperación económica. Al oír tales declaraciones, en el Grupo Vasco nos quedamos sumidos en la perplejidad, haciendo cábalas sobre el tamaño de esas puertas, sospechando que su envergadura debe superar a cualquier imagen de palacio, catedral o
monumento de los que la historia da cuenta.
Me temo, señor Montoro, que su presidente, desde que se cuenta entre los que cuentan, se da bien poca cuenta de cómo van las cosas, al menos en economía. Remedie usted ese ayuno de análisis económico y explique por favor al presidente las
claves del momento económico en el que nos encontramos; es su responsabilidad. Y algo más, adviértale de lo aventurado de dar lecciones de política económica a los países avanzados y desarrollados de la Unión Europea, sobre todo si son tan
pretenciosas como la de imitar la política presupuestaria y fiscal española. Porque desde luego, si errónea es la presupuestaria, no es menos criticable la fiscal. Aquí siguen el peor ejemplo de Bush, frontalmente criticado por los más
prestigiosos economistas americanos, entre los que se encuentran personalidades de la talla de Akerlof, Arrow, Klein, Modigliani, Samuelson, Solow o Stiglitz, y otros, que consideran que el recorte impositivo no es la respuesta adecuada para
impulsar el crecimiento económico y el empleo. El señor Aznar, y tengo que pensar que usted también, no comparte la opinión de los premios Nobel, pero nos tendrán que explicar por qué han llevado a cabo una política tributaria de rebaja impositiva
del IRPF que beneficia a los más ricos y poderosos, a los grandes patrimonios y a los profesionales y directores de empresas, y la han vendido como una reforma progresista que beneficia a los más necesitados: amas de casa, minusválidos, personas
mayores, etcétera. A estos últimos les han dado las migajas de la reforma, mientras que ésta iba dirigida en realidad a las rentas altas y patrimonios elevados.
Ahora nos vuelve a amenazar el señor Aznar con nuevas rebajas impositivas condicionadas al equilibrio presupuestario. Están ustedes aplicando un modelo de rebajas impositivas continuadas, sin realizar o, mejor dicho, obviando las
repercusiones que la falta de inversiones públicas o los recortes de partidas presupuestarias en política social van a suponer sobre la economía y sobre las desigualdades sociales crecientes que se empiezan ya a observar. Decía, señor Montoro, al
inicio de mi intervención que su intervención hoy era para cumplir formalmente con lo establecido en las leyes de estabilidad presupuestaria, pero he de decirle que tampoco ha cumplido con la legalidad establecida. En la documentación presentada
podemos comprobar que, a propuesta del vicepresidente segundo y ministro de Hacienda, el Consejo de Gobierno ha fijado los objetivos de estabilidad presupuestaria para los distintos agentes que integran el sector público para 2004-2006, así como el
límite máximo del gasto no financiero del subsector Estado para el próximo año.
Nos adjunta también el certificado firmado por el secretario del Consejo de Política Fiscal y Financiera con el objetivo de estabilidad presupuestaria para el conjunto
de las comunidades autónomas, así como copia del acuerdo de la comisión ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias en su reunión de 25 de febrero. No he encontrado, a pesar de revisarlo bien, señor Montoro, documento alguno de
la comisión mixta del concierto. No sé si interpretar esta ausencia como un olvido y una cuestión a subsanar o si denunciarlo como un incumplimiento de legalidad. Como usted bien sabe, por ser uno de los artífices y firmantes del Concierto
Económico, es la comisión mixta del concierto la única competente para establecer de manera pactada y acordada entre la Administración del Estado y la Administración del País Vasco la senda de déficit de las instituciones públicas vascas para el
próximo trienio.
Dado que el acuerdo, tal y como se establece en la Ley de Concierto Económico, no se ha producido, tengo que interpretar -y así lo hace nuestro grupo- que la Comunidad Autónoma de Euskadi no está incluida en sus escenarios y por lo
tanto no está afectada por los mismos. Es nuestro deseo que se corrija esta situación de ilegalidad por parte del Gobierno del Estado acordando cuanto antes un escenario de déficit para las instituciones vascas en el seno de la comisión mixta del
concierto.
Señor ministro, desde el Grupo Vasco y desde el Partido Nacionalista Vasco no podemos apoyar el acuerdo que hoy nos presenta en esta Cámara. No es por un capricho ni por un prejuicio político, sino que lo hacemos, tal y como se lo he
tratado de explicar, por un doble motivo, en primer lugar, por un motivo de fondo, que es a un tiempo consecuencia de nuestra oposición a sus leyes de estabilidad y a la insensatez económica de esa foto fija de no déficit y de escenario rayado en
que se fundamenta todo su soporte macroeconómico; en segundo lugar, por un motivo de forma cuyo incumplimiento nos parece sumamente grave desde el punto de vista jurídico y político, cual es la falta de respuesta a lo establecido en el Concierto
Económico en relación con el procedimiento de acuerdo para fijar los escenarios correspondientes a las administraciones públicas de Euskadi. Nuestra constatación, señor ministro, es que hasta la fecha ustedes prefieren seguir encerrados en su
burbuja, pero lo mismo en política que en economía son sabedores de que cada día que pasa su modelo se revela más inconsistente.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Azpiazu, le ruego que concluya.
El señor AZPIAZU URIARTE: Voy terminando, señora presidenta.
Seguramente ahora mismo les asaltan ya grandes dudas y comienzan a albergar la convicción de que su fin no puede estar lejano y es que sus burbujas se alimentan de una doble percepción distorsionadora del mundo que, en economía, entroniza el
equilibrio cuando es el desequilibrio la esencia del sistema y, en política, idolatra el dominio y el poder imponer su orden cuando es el pacto desde la diversidad la esencia de la sociedad abierta. Afortunadamente la aznaridad está llegando a su
fin, pero no me lo tome a mal, señor ministro, porque el deseo de nuestro grupo es que antes de que las burbujas estallen el Gobierno del Estado reoriente completamente su política belicista y de confrontación, así como también su política
económica. Hasta entonces comprenderá que contamos con motivos más que suficientes para votar negativamente la propuesta del Gobierno.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Azpiazu.
En nombre de Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mauricio.
El señor MAURICIO RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, mi grupo apoyó la Ley General de Estabilidad Presupuestaria de diciembre de 2001. Estábamos de acuerdo porque eran los criterios que iban fijando no sólo el Gobierno de España sino los consejos europeos sucesivos y que hemos
llamado política de estabilidad y crecimiento, cuyo resultado en nuestra opinión ha sido evidente en estos últimos años. Esa política empezaba por un criterio claro de estabilidad presupuestaria y reducción del déficit público hasta conseguir el
equilibrio. Como nosotros aprobamos esa ley, coherentemente debemos apoyar este acuerdo que se plantea sobre lo que tienen que ser los objetivos o la fijación de topes del déficit público de los años 2004 a 2006, pensando que en primer lugar lo que
se fija es la estabilidad presupuestaria para todo el sector público, basado en el criterio claro de que el Estado tiene un déficit en descenso en los próximos años, pero se asume y se acepta un déficit, que se compensa con el superávit de la
Seguridad Social. Sin embargo, al mismo tiempo, a las entidades locales y a las comunidades autónomas se les fija un déficit cero, sin ningún elemento ni margen de compensación.
Ahí se ha producido una respuesta de las entidades locales y de las
comunidades autónomas. En concreto, en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera muchas comunidades autónomas mostraron su reticencia frente a la fijación de un objetivo de déficit cero tan rígido para los próximos tres años. Aunque la
Comunidad Autónoma de Canarias es una de las que ha expresado esas reservas, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria estaría de acuerdo si en el objetivo del déficit cero se tuviera en cuenta que el déficit no es sólo un problema matemático,
estadístico o contable; es un problema de acción política, es decir, de cómo transferir recursos para los servicios públicos pero a través de los ingresos reales que tengamos, para impedir que luego la deuda, el endeudamiento, produzca una serie de
gastos no productivos o que no ayudan a la financiación de los servicios públicos. Nosotros estaríamos de acuerdo, repito, si se tuviera en cuenta nuestras condiciones para cumplir el objetivo de servicios públicos que van fijando las distintas
leyes, y quisiera hacer especial referencia a la reciente ley de cohesión del sistema sanitario, que establece una serie de prestaciones y de objetivos y cuya aplicación en Canarias, por lo que a continuación explicaré, tiene dificultades, en un
tema tan importante como el de la salud. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un hecho diferencial que brevemente explicaré.
Existe la tradición en esta Cámara de que los canarios años atrás sentíamos que no se comprendían nuestros hechos diferenciales y en los últimos años hemos logrado a través de un diálogo constructivo que esos hechos sí se tuvieran en cuenta,
no para crear privilegios sino justicia y solidaridad y por tanto un sistema cohesionado desde el punto de vista social. ¿Cómo se expresa eso? En el caso de Canarias quisiera explicarles muy brevemente algunos elementos peculiares de nuestras
islas. En primer lugar, tenemos una pirámide de población muy joven y al tener una pirámide de población muy joven y una estructura laboral muy precaria, con un sistema laboral anticuado, que se va corrigiendo lentamente pero se va corrigiendo, la
precariedad en el trabajo conduce a que nuestro sistema de protección social tenga una rara situación, la de que en estos últimos años, como consecuencia del crecimiento en el empleo y del crecimiento económico de Canarias, hayamos pasado de 400.000
y pico mil a alrededor de 700.000 ocupados. Resultado, nuestra aportación a la Seguridad Social, desde el punto de vista de las cotizaciones, en los últimos siete u ocho años, ha crecido a una velocidad vertiginosa, porque se produce ese salto, que
se da en toda España, pero en Canarias es más importante. Se trataba de la famosa relación que hemos discutido tanto en el Pacto de Toledo entre los cotizantes y el perceptor de pensión. Se decía que para que fuera una relación equilibrada debía
ser de dos y medio o tres por uno, es decir, que por cada tres cotizantes hubiera un perceptor de pensión. En general, la media española no llegaba a ese nivel, ha ido subiendo de dos en que estaba a los dos y pico en que está ahora, pero en
Canarias tenemos 210.000 perceptores de pensiones y 700.000 cotizantes, como observarán, más de tres por uno. Yo no estoy tratando aquí de romper el concepto de caja única de la Seguridad Social, que ya lo he planteado
en otros momentos, pero el resultado es que nosotros aportamos por transferencia de rentas a la Seguridad Social más de 1.000 millones de euros anuales, no me estoy equivocando, más de 150.000 millones de pesetas anuales en la relación, por
lo que he explicado muy claramente, entre las percepciones de los pensionistas y las cotizaciones de los trabajadores a la Seguridad Social. Yo no vengo aquí a reivindicar que se nos devuelva ese dinero, no hago una política estrecha e insolidaria.
Lo que sí planteo es que los canarios hacen una transferencia de rentas familiares al resto del Estado, de manera que si el producto interior bruto de Canarias está en la media española, las rentas familiares disponibles están en el 90 por ciento.
Resultado, las familias canarias, sobre todo las familias más débiles, tienen una situación de precariedad notable; por tanto eso crea bolsas de pobreza y de marginación, de precariedad social, y eso se tiene que tener en cuenta desde un punto de
vista del sistema de solidaridad. Cuando se dice que el Estado tiene un superávit del 0,4, los canarios participamos en ese superávit de una manera más alta que otras comunidades españolas que incluso, por tener una población más envejecida, tienen
un déficit, y hay muchas comunidades españolas que están en esa situación. Nosotros no venimos a reivindicar esa parte, pero si eso lo ligan ustedes con un sistema sanitario, con una ley de cohesión del mismo muy precisa, con unas prestaciones, no
se puede olvidar que nosotros al mismo tiempo tenemos las tasas de inmigración más altas de España de trabajadores peninsulares hacia Canarias; tenemos una población turística altísima, por tanto un montón de desplazados que reciben allí los
servicios de la sanidad; y además no se nos actualizan los censos de población, ni siquiera de lo que es población de derecho, porque van retrasados. Resultado, nuestro sistema sanitario está sufriendo unas tensiones enormes para su financiación y
lo que nosotros pedimos es que se tenga en cuenta ese hecho diferencial. Se lo hemos planteado al Gobierno desde hace tiempo. Lo discutimos en el presupuesto del año pasado y el Gobierno nos dijo que estaba de acuerdo y que iba a encontrar la
solución. Por cierto, que presentamos una enmienda pactada con el Gobierno que no sé por qué la votaron en contra. Dicen que hubo un error. Se pasó al Senado y se repitió el error. Después ha venido la ley de cohesión del sistema sanitario y se
nos ha dicho que hay un problema técnico que se resolverá cuando venga la primera liquidación del sistema.
Estamos esperando, señor Montoro. Si el Gobierno está de acuerdo con ese hecho diferencial, que es simplemente una pequeña compensación a la
alta solidaridad que nosotros prestamos, y no toda, espero que lo resuelva razonablemente. En ese caso, si lo resuelve y por coherencia con nuestra posición en defensa de las políticas de estabilidad y crecimiento, nosotros votaremos a favor de
esta propuesta que se trae a la Cámara.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mauricio.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Señor Montoro, efectivamente, la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, y la Ley orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de aquélla, establecen que el Gobierno fijará en el primer trimestre de
cada año los objetivos de estabilidad presupuestaria para el conjunto de las administraciones públicas, así como el límite máximo de gasto anual que se incorporará a los Presupuestos Generales del Estado del ejercicio siguiente. Quiero recordarles
a SS.SS. y en especial a usted, señor ministro, que el Bloque Nacionalista Galego manifestó su total rechazo a ambos proyectos de ley durante su proceso de tramitación parlamentaria porque considerábamos que eran inoportunos. Se presentaron con
anterioridad a la aprobación del modelo de financiación de las comunidades autónomas y de las administraciones locales, constituyen un atentado contra el principio de autonomía financiera de las comunidades autónomas y, sobre todo, nuestra oposición
está basada en que el equilibrio presupuestario desligado de la coyuntura económica no garantiza en modo alguno la estabilidad económica y este es un principio de política económica general.
La fijación de un objetivo de equilibrio presupuestario para el conjunto de las comunidades autónomas y administraciones locales, en contra de la opinión de los ejecutivos autonómicos no gobernados por el Partido Popular, constituye una
vulneración del marco constitucional que atribuye autonomía a los Parlamentos autonómicos para aprobar sus presupuestos.
Evidencia que la verdadera finalidad de las leyes de estabilidad presupuestaria radica en el establecimiento, como ya lo
denunciamos en su debido momento, de un control férreo y una tutela efectiva de todas las administraciones territoriales por el Gobierno central. En el caso particular de Galicia el establecimiento de este objetivo constituye un ejercicio de
política-ficción, máxime cuando, usted lo sabe, el propio conselleiro de Economía, el señor Orza, ha reconocido que habrá que dejar el déficit cero para mejores momentos y cuando todos sabemos que tanto el Gobierno central como la Xunta de Galicia
se han visto forzados a precipitar el levantamiento de las prohibiciones de pesca porque escaseaban los presupuestos para continuar haciendo frente a las compensaciones que recibían los afectados por las sucesivas mareas negras del Prestige, a pesar
de que continúa brotando el fuel y de que muchos de esos marineros tengan que compatibilizar la captura del pescado con la del chapapote.
Nos encontramos en un momento en que la fijación a priori de un límite de gasto no financiero para los Presupuestos Generales del Estado y el establecimiento del objetivo del déficit cero para el conjunto de las administraciones públicas se
revela más que nunca como un ejercicio de fundamentalismo fiscal. Cuando la mayoría de los gobiernos europeos está exigiendo reinterpretar las condiciones del denominado Pacto de Estabilidad y Crecimiento ante la incertidumbre económica que emana
de la actual inestabilidad internacional, cuando la propia Comisión Europea ha decidido postergar las exigencias del déficit público contempladas en dicho Pacto de Estabilidad y flexibilizar el cumplimiento de dichas condiciones en aras de
garantizar el crecimiento económico en la Unión Europea, cuando el mismísimo comisario Solbes advierte de que las perspectivas económicas para Europa no son buenas, el Gobierno español persiste en el dogma del déficit cero, y ello a pesar de que su
Gobierno acaba de involucrar al Estado español en una guerra ilegal, injusta e injustificable, que además no sabemos cuánto nos va a costar en términos presupuestarios ni cual será su repercusión sobre el conjunto de la economía española y europea.
Señor Montoro, el señor Bush, presidente de Estados Unidos y máximo dirigente de la coalición invasora, acaba de solicitar a su Congreso que autorice un crédito extraordinario de 74.000,7 millones de dólares para hacer frente a los gastos de
unos seis meses de guerra. Tiene aquí Bush, usted lo sabe, un alumno aventajado, el señor Aznar, pero su ministro de Hacienda todavía no nos ha informado a cuánto ascenderá la factura militar con la que todos contribuiremos a financiar esta guerra.
El problema del déficit cero, señor ministro, es que ata las manos de los gobiernos para reaccionar ante coyunturas adversas, como el agravamiento de la crisis económica, que según todos los analistas se producirá si la invasión y la agresión contra
Irak dura más de lo que los norteamericanos esperaban. El dogma del equilibrio presupuestario impide por tanto reaccionar adecuadamente ante situaciones catastróficas como la generada por la actuación de este Gobierno ante el siniestro del
Prestige. Todavía hoy desconocemos si piensan ustedes arbitrar una solución definitiva que erradique de una vez para siempre el continuo flujo de vertidos de fuel de los restos hundidos del Prestige. No sabemos cuál va a ser la alternativa
tecnológica a aplicar ni en qué período de tiempo ni si se va a aplicar. El Gobierno no ha realizado, y se desconoce si piensa realizarla, una evaluación exhaustiva de las consecuencias que la marea negra del Prestige tendrá para la economía
gallega y para la de las demás comunidades afectadas. Este Gobierno no sabe o no quiere decirnos cuánto está dispuesto a gastar para garantizar que el fuel deje de contaminar las costas de Galicia. Ante esta situación usted pretende que aprobemos
unos objetivos de déficit y una limitación total del gasto para los presupuestos generales de 2004 que descansan sobre previsiones de crecimiento y de inflación que no tienen en cuenta ni el actual contexto internacional ni el propio contexto
interno. Nos gustaría, señor ministro, que este Gobierno nos dijese a cuánto asciende la factura de la guerra y si está contemplada en esta limitación de gasto. Si pretenden ustedes adoptar una solución definitiva para el pecio del Prestige,
cuánto están dispuestos a gastar, si está incluida la partida en esos 117.260 millones de euros de limitación de gasto para 2004 y cuánto tiempo más tendremos que esperar para que la ejecuten. Díganos también si esa limitación de gasto para 2004
incluye las promesas propagandísticas gubernamentales para el Plan Galicia, díganos a cuánto ascienden las previsiones presupuestarias del Plan Galicia para 2004, a qué proyectos estarán asignadas y en qué plazos piensan ejecutarlos.
Sabe usted que hay compromisos teóricos de obras públicas, en concreto de itinerarios de lo que ustedes llaman eufemísticamente de alta velocidad, que no figuran en el Plan de Infraestructuras 2000-2007. Si lógicamente no aparecen
presupuestados durante los ejercicios que quedan hasta 2007, por lo menos de una forma plurianual como compromiso moral del Gobierno, quedará todo en aguas de borrajas o como un compromiso difícil de acreditar desde el punto de vista de la opinión
pública. Díganos en definitiva cuánto le va a costar la catástrofe del Prestige a la economía gallega, déle forma en el presupuesto y luego fije el límite de gasto que usted quiera, pero no impida de antemano, por el fundamentalismo presupuestario
que usted profesa, una solución definitiva que erradique de una vez y para siempre el envenenamiento de las costas de Galicia y provoque además un efecto multiplicador en la economía gallega con unas inversiones reales y no solamente las que son
reales, que serán destinadas a paliar la falta de ingresos, la falta de rentas durante estos meses por parte en especial de los trabajadores del mar.
La convergencia real, señor ministro, es ficticia en el caso de Galicia, tanto en relación con el Estado español como en relación con la Unión Europea. Sigue en el furgón de cola de las comunidades autónomas Objetivo 1 del Estado español y
con muchos interrogantes sobre su futuro. Pensamos que la política de déficit cero no es la más adecuada para provocar un impulso económico real en nuestro país y nos obliga usted a pronunciarnos sobre un modelo cerrado, pero que, eso sí, lo guisan
ustedes pero tiene consecuencias políticas importantes precisamente para la capacidad política del Gobierno de Galicia, no solamente desde el punto de vista de cuál es la coyuntura real interna de nuestro país, sino también porque ustedes elaboran
leyes cerradas y estrictas, que nosotros además tendremos que aplicar, encima, con un corsé económico que, como usted puede comprobar, se viene a unir a las muchísimas dificultades, una de ellas la del catástrofe del Prestige, que esta sufriendo
nuestro país en este momento. Por lo tanto, no tiene nada de anormal, es lógica y es un corolario
consecuente nuestra oposición a su modelo de política presupuestaria.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rodríguez.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Cámara.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, asistimos en esta mañana al segundo debate sobre el techo de gasto y sobre el objetivo de estabilidad presupuestaria, aunque alguno no lo haya percibido hasta el momento, pero lo cierto es que vivimos la reedición del debate que el
año pasado se produjo el 21 de marzo. Aquel debate, quien lo recuerde, fue un debate trufado de lamentos de la oposición por la pérdida de ese viejo y entrañable instrumento de política presupuestaria que durante años pilotó la política económica
española, que fue el despilfarro presupuestario. El debate de hoy ha ido por derroteros completamente distintos. Yo que le he oído al señor Fernández Marugán hablar muchas veces de la importancia que para él tiene ser cuidadoso con el 'Diario de
Sesiones' debo decir que para mí ha sido sorprendente la intervención del Grupo Parlamentario Socialista en el día de hoy, porque el discurso ha estado trufado de incorrecciones que si no fueran emitidas por el portavoz del Grupo Socialista, del que
me consta, como a toda la Cámara, su conocimiento y su solvencia en esta materia, diría que son sandeces. Voy a decir que son incorrecciones, señor Fernández Marugán. Decir a estas alturas que la deuda pública en España no se ha rebajado es una
incorrección o una sandez, según se mire, porque en el año 1995 nos encontramos con una deuda pública del 70 por ciento sobre el PIB y en este momento España tiene una deuda pública del 53 por ciento del PIB. Por tanto, elija, o una incorrección o
una sandez. Como sandez es decir que el 60 por ciento del crecimiento económico atribuible a España se debe a la aportación de la Unión Europea. Esto sí que no esperaba escucharlo de alguien de su probada solvencia en materia financiera, señor
Fernández Marugán, porque que S.S. confunda a estas alturas los flujos reales con los flujos financieros es bastante difícil de aceptar. Me da hasta vergüenza recordarle que el producto interior bruto, señoría, es un indicador de producción. Por
tanto lo que usted ha dicho es sencillamente falso, como otras cosas que ha dicho el Grupo Parlamentario Socialista, que no se corresponden con la verdad. No se corresponde con la verdad de ninguna de las maneras que a pesar del clima evidente, y
lo hemos podido comprobar en la mañana de hoy, de algo más que incertidumbre internacional como consecuencia del conflicto de Irak, usted, señor Fernández Marugán, ni nadie creo que pueda dudar que los indicadores económicos para España, al menos en
el primer tercio de este año presente, son mejores que los del año anterior. Tampoco puede negar nadie que los indicadores relacionados con el índice de precios mantienen una tendencia de mejora y de reducción de la brecha con la inflación europea,
como todo el mundo ha podido comprobar y reconocer, excepto el Grupo Parlamentario Socialista en el día de hoy; como creo que también se podía reconocer, a algún esfuerzo que se hiciera, que la razón por la que existe una mejoría en la recaudación
del IVA es sencillamente porque ha mejorado la demanda interna en España. También se podía reconocer, a fuerza de ser sincero, cosa que no esperamos del Grupo Parlamentario Socialista de ninguna de las maneras, que el hecho de que se haya
incrementado la recaudación del IRPF es porque sencillamente ha habido un incremento de la tasa de empleo en España. También se hubiera podido reconocer por el Grupo Parlamentario Socialista, a poco sincero que hubiera sido, que el incremento del
21 por ciento del superávit en los dos primeros meses del año respecto al año anterior significa una mejoría resaltable de las condiciones económicas de nuestro país que obviamente no hemos visto reconocer por nadie en esta Cámara en el día de hoy.
Por tanto, insisto, es una mezcla de incorrecciones, fundadas posiblemente en la necesidad política de seguir intentando abrir brechas en la posición política del Partido Popular, pero, señorías, nuestro grupo parlamentario afronta con mucha
serenidad esa práctica política que ustedes ponen en marcha cada vez que pueden, porque los datos son irrefutables, tan irrefutable y sorprendente como es que en la mañana de hoy ningún grupo de la oposición haya dedicado ni un solo segundo, no digo
minuto, a reflexionar sobre lo que verdaderamente importa a los españoles en el día de hoy (La señora Cunillera i Mestres: La guerra.), que es de qué modo puede afectar a la economía de España el conflicto de la guerra de Irak y en qué condiciones
está España para afrontarla. Pues mire, hay dos métodos fundamentales para afrontar estas circunstancias: el método curativo o paliativo, por llamarlo de algún modo, al que nos tenían acostumbrados gobiernos anteriores, con medidas que llegaban
siempre tarde, mal y con poca eficacia, o el método que implementó desde el año 1996 el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno del Partido Popular, que consiste básicamente en cambiar de mentalidad a la Administración pública y la forma de
gestionar las finanzas públicas del Estado, introduciendo medidas de cambio firmes en algunas de las estructuras de funcionamiento del país. Una de ellas es el presupuesto. Esto es lo que pretende en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria la
fijación de los objetivos y del límite de gasto. Recuerdo vivamente que el año pasado lo que más preocupaba a SS.SS., a los grupos parlamentarios de la oposición, no era, como tampoco ha sido en la mañana de hoy, el límite de gasto. Nadie ha dicho
que son 117.200 millones de euros lo que se establece como límite de gasto. Les preocupaban otras cosas. (Rumores.) Se nos decía
en aquella sesión que se producía una involución autonómica y se recortaban los derechos políticos de las comunidades autónomas por su imposibilidad de atender a la financiación que requirieran. Pues bien, esto se ha revelado como falso de
nuevo. Ninguna comunidad autónoma en España ha visto recortadas sus capacidades políticas en el último año en el entorno presupuestario; ningún ayuntamiento de España ha tenido que dejar de atender las necesidades de sus vecinos. Y no solo no se
han limitado las posibilidades de reacción ante hechos no previstos, como en el caso del Prestige, sino que el Partido Popular y el Gobierno han podido acreditar la capacidad suficiente de reacción financiera por parte del Estado ante hechos no
previstos y catastróficos, realizado de la forma más eficaz ante hechos similares en nuestra democracia. En aquel debate -hoy no se ha hablado en ningún momento de márgenes- se habló mucho de márgenes. Se ha dicho que la Ley de Estabilidad
Presupuestaria y el debate del techo de gasto no proporcionaba márgenes. Es falso, como hemos podido observar a lo largo de estos tres últimos complicados meses.
Los márgenes, señorías, surgen, no de otra cosa, sino del ahorro y del compromiso
político con la estabilidad presupuestaria. Por tanto, los frutos, señorías, los estamos percibiendo de forma nítida todos los españoles.
Sin embargo, hoy ha habido grupos parlamentarios que han querido hacer del debate político una chalanada. Nuestro grupo no puede pasar por alto algo que, de haber sido proferido en otras condiciones, hubiera producido, como se pueden
imaginar, una honda irritación por parte de nuestro grupo parlamentario, como ha sido la acusación que ha vertido el Grupo de Izquierda Unida a nuestro grupo parlamentario: nos ha llamado ladrones.
Izquierda Unida ha llamado ladrones a los
miembros del Grupo Parlamentario Popular y del Gobierno. Y fíjense lo significativa que ha sido la reacción del Grupo Parlamentario Popular que ha asistido atónito y serenamente a los insultos proferidos por el señor Rejón. Decía el señor Rejón:
Me han robado la duda. Yo no sé si han visto ustedes las imágenes de los tumultos que se produjeron ayer en Barcelona, pero probablemente esta noche ha habido alguien en Barcelona que en vez de decir: Me han robado la duda, ha dicho: Me han
robado un jamón. Le aseguro, señor Rejón, que el ladrón de jamones no es del Partido Popular.
(Rumores.-Palabras retiradas del 'Diario de Sesiones', de conformidad con el artículo 104.3 de Reglamento de la Cámara.) Además, le he de decir que, a la
apariencia, era un jamón de ínfima calidad.
(Rumores.-Protestas.-La señora Cunillera i Mestres pronuncia palabras que no se perciben.) Por tanto...
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señorias, permitan que se desarrolle la intervención del señor diputado que está en el uso de la palabra.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Señora presidenta, como decía, les aseguro que el ladrón de jamones no es del Partido Popular..., (Palabras retiradas del 'Diario de Sesiones', de conformidad con el artículo 104.3 de Reglamento de la
Cámara.) (La señora Castro Fonseca: Esto es una vergüenza, presidenta.-Rumores.)
Por otro lado, ha habido alguna intervención ...
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señora Castro, no está en el uso de la palabra en este momento. (Rumores.) Permitan que se desarrolle la intervención con normalidad. (Rumores.) Si posteriormente tienen algo que decir,
señora Castro, será el momento de solicitarlo. (La señora Cunillera i Mestres: No tienen derecho a hacer juicios de valor.)
Señor Cámara, continúe,
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Gracias, señora presidenta.
Quería también hacer alguna referencia cordial, señor Sánchez i Llibre, a su intervención en el día de hoy. (Rumores.-La señora Cunillera i Mestres pronuncia palabras que no se perciben.) Es verdad que el discurso de Convergència...
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señora Cunillera, les ruego que todos permitan que se desarrolle la intervención con normalidad. (Rumores.) Señora Cunillera.
Señor Cámara, adelante.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Muchas gracias, señora presidenta.
Insisto, quería hacer una referencia a algunas de las cosas que ha dicho el señor Sánchez i Llibre que tienen importancia, señoría, se lo digo con todo el aprecio que sabe que le profeso. Me va a permitir que le diga que no necesitaba en la
mañana de hoy torturarse para encontrar una explicación a su cambio de posición con respecto a la estabilidad presupuestaria. Podíamos ser sinceros todos. Cuando algunos reconocimos en aquella primera actuación de su grupo parlamentario en torno a
la Ley de Estabilidad Presupuestaria un apoyo bastante firme a los proyectos de ley e intuimos que se iba a producir un cambio en la tendencia, en la posición de su grupo parlamentario, entendimos que tenía cualquier justificación excepto la que
usted ha querido darle esta mañana, señor Sánchez i Llibre; cualquiera. Yo creo que tiene más que ver con la cercanía del momento electoral que con otra cosa, porque si no de ninguna de las maneras hubiéramos podido sacar adelante el proyecto de
ley con algo que usted esgrimía aquí como uno de los elementos que más les desalienta, como es la poca participación de las comunidades
autónomas en la toma de decisión sobre el objetivo de estabilidad presupuestaria. Fue una enmienda de su grupo parlamentario la que propició que fueran las asambleas legislativas de las comunidades autónomas las que entendieran sobre los
planes de reequilibrio del objetivo de estabilidad presupuestaria. Por tanto, no se torture, señor Sánchez i Llibre, y explique a la Cámara la realidad de las cosas, de lo que ocurre en su grupo parlamentario y de lo que ocurre en Cataluña, y así
todos sabremos entender el cambio de posición de su grupo parlamentario, y como ve se lo digo con toda cordialidad.
Le quiero decir algo más. No es cierto que la contribución política del Partido Popular a la capacidad de financiación de las comunidades autónomas haya empeorado, es todo lo contrario; desde 1995 es lo contrario. Son datos consolidados
sobre derechos reconocidos netos de la Administración general consolidada de las comunidades autónomas, que en su evolución de ingresos han mejorado un 69 por ciento desde el año 1995, y quiero recordarle que excepto en el año 1995 quien ha
gobernado España ha sido el Partido Popular. (La señora presidenta ocupa la presidencia.) Por tanto, nos hará la merced de reconocernos alguna autoría en esta evidente contradicción con su posición política. Y con respecto a los ayuntamientos
españoles exactamente igual, el incremento en ingresos reconocidos ha sido del 38,23 por ciento. Por tanto, no sólo no se han recortado las capacidades políticas y financieras de los ayuntamientos y comunidades autónomas, sino que se han
multiplicado, en un caso por dos y en otro por un punto y medio. Esta es la realidad y, por mucho que se insista en hacerla ver de otra manera, es la que es.
Probablemente -quiero decirlo también- los responsables políticos debemos atender a una asignatura que quizá esté por completar en el marco competencial en España. Si existe un límite de gasto del Estado para 2004 de 117.260 millones, según
nos ha explicado el ministro esta mañana, y además el conjunto de las administraciones públicas han de mantener sus cuentas en equilibrio presupuestario en el próximo trienio, estamos ofreciendo una foto fija de solidaridad distributiva entre todas
las administraciones públicas. En definitiva, ese es el elemento que debe decidir el mayor bienestar o no de los contribuyentes de cada territorio en España y la forma de medirlo será el mayor o menor acierto de los responsables políticos en la
gestión de las competencias que tengan atribuidas. Probablemente, repito, esta asignatura esté pendiente en España, pero es necesario que desde esta tribuna, al menos nuestro grupo, se esgrima un objetivo: que en todas las comunidades autónomas de
España se pueda garantizar a nuestros ciudadanos que los niveles de calidad de los servicios que se ofrecen por cada una de las comunidades autónomas no hace de peor condición a nadie por vivir en una u otra provincia.
Voy terminando, señora presidenta. Nuestro grupo está plenamente convencido de la valiosa aportación que para el progreso de España han supuesto las leyes de estabilidad. Nuestro grupo está seguro de que más pronto que tarde las
administraciones públicas cambiarán de mentalidad, como lo hizo la Administración del Estado a partir de 1996. Sabemos que seguirán existiendo en España ahorroescépticos o, si se quiere, filoderrochadores, pero lo cierto es que, mientras que el
Partido Popular gobierne España y la mayoría de las comunidades autónomas y municipios españoles, nuestro empeño será el mismo que hoy hemos emitido en esta tribuna: que el esfuerzo fiscal llegue a todos, ciudadanos y administraciones, que llegue a
todos en las mismas condiciones y que España cuente con los suficientes recursos públicos para afrontar situaciones extraordinarias, como las vividas en la crisis del Prestige.
Nuestro presupuesto dejó de ser un enfermo crónico con la primera Ley de disciplina presupuestaria aprobada por el Gobierno en 1996 y la confirmación de la plena salud de nuestras finanzas es que año a año podremos seguir reeditando en este
Parlamento el debate sobre el límite de gasto y el objetivo de equilibrio presupuestario. Mientras esto sea así, el voto de nuestro grupo parlamentario será favorable al acuerdo del Gobierno.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cámara. (El señor Rejón Gieb pide la palabra.)
Señor Rejón, no a los efectos de réplica pero sí a los efectos del 71.3.
El señor REJÓN GIEB: A eso me pensaba referir, le agradezco a la presidenta la lucidez de esta mañana. (Risas.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor REJÓN GIEB: Hombre, yo he intervenido coloquial y educadamente esta mañana y planteé el 'me han robado ustedes la duda'. Muy mal debe estar el portavoz del Grupo Popular para tener que acogerse a esa frase educada, en todo caso
culta, retórica, para referirme a una cuestión política. Muy triste y muy falto de argumentos tiene que estar el portavoz del Grupo Popular para tener que recurrir a decir... (Palabras retiradas del 'Diario de Sesiones', de conformidad con el
artículo 104.3 de Reglamento de la Cámara.) Yo no sé otros, pero posiblemente los que estamos aquí a lo mejor comimos jamón antes de entrar en política y fue después de entrar en política cuando se nos agrió el estómago, seguro.
(Risas.-Aplausos.)
Sí, tremendo. Así de salida y de patada. Pero si quiere subo la patada.
Voy terminando, señora presidenta. Mire, me han robado muchas más cosas.
El día 20, el día de la guerra,
cuando se inició el conflicto y hubo una manifestación en Córdoba, 2000 personas en el bulevar; la gente decidió dirigirse hacia las Tendillas y no hace falta ser muy inteligente para saber que eso pasa por delante de la sede del PP. Desde
la dirección de Izquierda Unida se llamó a la Subdelegación del Gobierno -ahí está el dato- para que mandaran fuerzas y protegieran la sede del PP ante cualquier eventualidad, y este diputado, por orden de la dirección de Izquierda Unida, con un
concejal y otro más estuvimos durante toda la manifestación guardando la puerta de la sede del PP de tal forma que los huevos me cayeron encima. (Risas.-Aplausos.) Y luego, cuando terminé...
La señora PRESIDENTA: Señor Rejón, le ruego concluya.
El señor REJÓN GIEB: Cuando terminé, como considero que las fuerzas de orden público son tan nuestras, del pueblo español, como suyas, me dirigí a las fuerzas de orden público a pedirles disculpas por algunos insultos de exaltados y a
darles las gracias por su buen comportamiento. (Palabras retiradas del 'Diario de Sesiones', de conformidad con el artículo 104.3 de Reglamento de la Cámara.) En todo caso, ¿no se da cuenta de que en la inviolabilidad que tenemos aquí yo podría
decirle... (Palabras retiradas del 'Diario de Sesiones', de conformidad con el artículo 104.3 de Reglamento de la Cámara.) (Protestas.-Rumores.) (Palabras retiradas del 'Diario de Sesiones', de conformidad con el artículo 104.3 de Reglamento de la
Cámara.)
La señora PRESIDENTA: ¡Señorías, guarden silencio! (Fuertes rumores y protestas.) Señor Rejón... (El señor Frutos Gras hace signos con el pulgar hacia abajo.)
Señorías; señorías; ¡señorías, ruego guarden silencio! Voy a hacer una petición. (Fuertes rumores.-La señora Villalobos Talero pronuncia palabras que no se perciben.) ¡Señorías, guarden silencio! Señora Villalobos, guarde silencio.
Decía que desde la presidencia voy a hacer una petición tanto al señor Rejón como al señor Cámara, y es que se retiren del 'Diario de Sesiones' todas las palabras referidas a robo, tanto las frases referidas al robo del jamón y a quien
posteriormente ha podido comerlo como, señor Rejón, a sus últimas frases referidas en este momento. Le ruego no alargue la intervención.
El señor REJÓN GIEB: Este diputado no tiene ningún inconveniente en aceptar su situación mediadora.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
Señor Cámara, entiendo que tampoco tiene inconveniente. (Risas.-Rumores.)
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Señora presidenta, este diputado considera que si al señor Rejón le ha parecido injuriosa la forma en que este diputado ha contestado a su aseveración de que el Grupo Parlamentario Popular era una
cuadrilla de ladrones, mi grupo parlamentario retira la alusión al ladrón del jamón. El hecho incontestable es que alguien, ayer, robó un jamón, y...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cámara.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: No he terminado, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Señor Cámara, esta presidencia entiende que ya ha terminado. Muchas gracias. (Rumores.)
Señorías, ruego ocupen los escaños.
Iniciamos la votación.
Acuerdo del Gobierno por el que, en cumplimiento de los artículos 8 y 13 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria del conjunto del sector público y de
cada uno de los grupos de agentes que lo integran, para el período 2004-2006 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2004.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 165; en contra, 128.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.)
- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE TRES SUPLEMENTOS DE CRÉDITO Y UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO, POR IMPORTE DE 43.681.176,77 EUROS, PARA COMPENSAR A LAS SOCIEDADES CONCESIONARIAS DE AUTOPISTAS DE PEAJE POR LA PÉRDIDA DE INGRESOS DERIVADA DE LA
REBAJA DE LAS TARIFAS DE PEAJE.
(Número de expediente 121/000124.)
La señora PRESIDENTA: Punto IX del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. Dictamen del proyecto de ley sobre concesión de tres suplementos de crédito y un crédito extraordinario por importe de
43.681.176,77 euros, para compensar a las sociedades concesionarias de autopistas de
peaje por la pérdida de ingresos derivada de la rebaja de las tarifas de peaje.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
Señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Solicito que se anule uno de los votos de la anterior votación, porque ha habido un error entre los votos del señor Centella y la señora Castro, y queremos que se anule el del señor Centella.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rejón.
Sometemos a votación el dictamen de la Comisión referida al proyecto de ley sobre concesión de tres suplementos de crédito y un crédito extraordinario por importe de 43.681.176,77 euros, para compensar a las sociedades concesionarias de
autopistas de peaje por la pérdida de ingresos derivada de la rebaja de las tarifas de peaje.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 176; en contra, 113; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
PROPUESTA DE CREACIÓN DE SUBCOMISIONES.
- PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN PARA EL ESTUDIO DEL FENÓMENO DE LA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO AUDIOVISUAL. (Número de expediente 158/000058.)
La señora PRESIDENTA: Punto XI del orden del día: Propuesta de creación de subcomisiones. Propuesta de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, de creación de una subcomisión para el estudio del fenómeno de la violencia en el ámbito
audiovisual.
Como SS.SS. conocen, esta propuesta se somete a votación directamente sin debate previo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 179; en contra, 101; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Se levanta la sesión.
Eran las once y cincuenta y cinco minutos de la mañana.