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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 233, de 11/03/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2003 VII Legislatura Núm. 233
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 224
celebrada el martes, 11 de marzo de 2003
ORDEN DEL DÍA: Toma en consideración de Proposiciones de Ley: ...
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre establecimiento de medidas en la valoración del suelo para favorecer el acceso a la vivienda y combatir la especulación. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 300-1, de 31 de enero
de 2003. (Número de expediente 122/000266.) ...
(Página 11885)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el régimen legal del suelo. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 309-1, de 7 de marzo de 2003. (Número de expediente 122/000275.) ...
Modificación del orden del día ... (Página 11897)
Proposiciones no de Ley: ...
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las medidas a adoptar para continuar con la lucha y prevención contra los vertidos de hidrocarburos en las aguas de la bahía de Algeciras. 'BOCG. Congreso de los Diputados',
serie D, número 496, de 28 de febrero de 2003. (Número de expediente 162/000670.) ... (Página 11897)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Núñez), sobre plan de prevención y emergencia específico ante catástrofes ecológicas en el mar en la zona del estrecho de Gibraltar y en la bahía de Algeciras. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie
D, número 477, de 31 de enero de 2003. (Número de expediente 162/000641.) ... (Página 11897)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre un Plan de emergencias marítimas global para el Estrecho de Gibraltar y de vertidos contaminantes para la Bahía de Algeciras. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 486, de 14 de
febrero de 2003. (Número de expediente 162/000655.) ... (Página 11898)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a un Plan de prevención y actuación ante posibles catástrofes provocadas por grandes petroleros en el Estrecho de Gibraltar y la Bahía de Algeciras.
'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie D, número 486, de 14 de febrero de 2003. (Número de expediente 162/000657.) ... (Página 11898)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las Grandes Ciudades, las Ciudades y sus Áreas de Influencia Urbana. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 474, de 27 de enero de 2003. (Número de expediente 162/000637.) ...
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa al régimen legal de las ciudades y sus áreas urbanas de influencia en el contexto del modelo municipal español. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 486, de 14 de
febrero de 2003. (Número de expediente 162/000656.) ... (Página 11905)
Declaración institucional ... (Página 11918)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes: ...
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los planes del Gobierno para solventar, adecuadamente, los problemas que se están produciendo en el ámbito de las infraestructuras públicas en Aragón. (Número de expediente 173/000186.) ...
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre posición del Gobierno en la crisis de Irak. (Número de expediente 173/000187.) ... (Página 11923)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de carácter general que piensa adoptar el Gobierno para mejorar la red ferroviaria en Cataluña. (Número de expediente 173/000188.) ...
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 11885)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre establecimiento de medidas en la valoración del suelo para favorecer el acceso a la vivienda y combatir la especulación ... (Página 11885)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el régimen legal del suelo ... (Página 11885)
El señor Morlán Gracia, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, presenta la primera de las proposiciones de ley, para su toma en consideración, porque entiende que en estos momentos existe una situación muy preocupante y muy difícil
respecto a lo que tienen que ser las medidas para acometer la lucha contra le especulación y contra el incremento tan desproporcionado que existe del precio de la vivienda. Con esta proposición de ley su grupo plantea un texto articulado que
respeta al máximo los planteamientos del Tribunal Constitucional y las
pautas de atribución de competencias entre las distintas administraciones, y lo hace -dice- desde la perspectiva de que la Administración central del Estado tiene una serie de compromisos y obligaciones que asumir en desarrollo de los
artículos 45, 46 y 47 del texto constitucional.
La señora Urán González, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, defiende la toma en consideración de la segunda proposición de ley sobre las valoraciones del suelo y la edificabilidad.
Dice que las políticas llevadas
a cabo por el Gobierno del Partido Popular a lo largo de los últimos siete años, tanto en materia de suelo como en materia de vivienda, han demostrado un total y absoluto fracaso, por lo que diferentes fuerzas políticas representadas en la Cámara
han venido planteando medidas alternativas que no han sido atendidas.
Considera que ha llegado el momento de cambiar el concepto del suelo y tomar medidas diferentes, por lo que su grupo propone que los objetivos y parámetros se cifren en una mayor
cohesión social en el desarrollo de las ciudades, en el planeamiento urbanístico de los municipios y en una sostenibilidad del uso del suelo.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Labordeta Subías y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Etxebarría, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Ortiz González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Modificación del orden del día ... (Página 11897)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión del punto 3, correspondiente a la toma en consideración de la proposición de
ley del Grupo Parlamentario Mixto (señor Puigcercós), sobre creación del impuesto sobre pernoctaciones en empresas turísticas de alojamiento, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votaciones.) ... (Página 11897)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre establecimiento de medidas en la valoración del suelo, para favorecer el acceso a la vivienda y combatir la especulación, se
rechaza por 121 votos a favor, 165 en contra y 24 abstenciones.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el régimen legal del suelo, se rechaza por 119 votos a favor, 184 en contra y seis abstenciones.
Proposiciones no de ley ... (Página 11897)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las medidas a adoptar para continuar con la lucha y prevención contra los vertidos de hidrocarburos en las aguas de la bahía de Algeciras ... (Página
11897)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Núñez) sobre plan de prevención y emergencia específico ante catástrofes ecológicas en el mar en la zona del estrecho de Gibraltar y en la bahía de Algeciras ... (Página
11897)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre un plan de emergencia marítimas global para el estrecho de Gibraltar y de vertidos contaminantes para la bahía de Algeciras ... (Página 11898)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a una plan de prevención y actuación ante posibles catástrofes provocadas por grandes petroleros en el estrecho de Gibraltar y la bahía de Algeciras ...
Presenta la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las medidas a adoptar para continuar con la lucha y prevención contra los vertidos de hidrocarburos en las aguas de la bahía de Algeciras, el señor
Landaluce Calleja. Aclara en primer lugar que se trata de unas medidas que inciden en la seguridad marítima y la lucha contra la contaminación por hidrocarburos no sólo en la bahía de Algeciras y en el estrecho de Gibraltar, sino también en toda la
costa española. Hace una
breve descripción del entorno marítimo de la zona del Campo de Gibraltar y explica las medidas adoptadas por el Gobierno y el contenido de esta proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a seguir adoptando y haciendo cumplir
medidas de seguridad en el transporte marítimo más rigurosas que nunca y muy por encima de los estándares internacionales actuales.
En segundo lugar, el señor Núñez Castain defiende la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, sobre plan de prevención y emergencia específico ante catástrofes ecológicas en el mar en la zona del estrecho de Gibraltar y en la
bahía de Algeciras. Se remite a sus otras iniciativas con relación al intenso tráfico del estrecho de Gibraltar y denuncia que en estos momentos se están produciendo vertidos de hidrocarburos por falta de medios de detección, control,
planificación, sanción y seguimiento, sin hablar ya de grandes catástrofes. Se felicita por la presentación de otras tres proposiciones no de ley sobre el mismo problema, pero pregunta en concreto por qué no se cumple la normativa europea en aguas
gibraltareñas.
En defensa de la toma en consideración de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre un plan de emergencias marítimas global para el estrecho de Gibraltar y de vertidos contaminantes para la bahía de Algeciras,
interviene el señor De la Encina Ortega. Explica el intenso tráfico de buques mercantes en nuestras aguas territoriales con todo tipo de mercancías peligrosas y denuncia los vertidos que se producen en tres escenarios diferentes: uno, la bahía de
Algeciras; otro, el estrecho de Gibraltar y, el tercero, la colonia de Gibraltar, con los evidentes riesgos medioambientales que se generan. Recuerda lo ocurrido en Galicia con el 'Prestige' y explica las medidas que plantean en su proposición no
de ley.
Por último, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, defiende la toma en consideración de su proposición no de ley, relativa a un plan de prevención y actuación ante posibles catástrofes provocadas por grandes petroleros
en el estrecho de Gibraltar y la bahía de Algeciras, el señor Centella Gómez. Resalta el hecho de que los cuatro partidos políticos andaluces con representación en esta Cámara no sólo hayan coincidido a la hora de presentar sendas iniciativas, sino
que además se hayan puesto de acuerdo y hoy se pueda aprobar una proposición no de ley que servirá como instrumento, siempre que el Gobierno lo asuma.
Se refiere asimismo a la catástrofe del 'Prestige' en las costas gallegas, que ha alertado a
todas las comunidades con litoral sobre la necesidad de estar preparados para dar una respuesta ante eventuales tragedias. Señala el intenso tráfico y la concentración industrial en la bahía de Algeciras que ha producido pequeñas, y no tan
pequeñas, catástrofes y vertidos a lo largo de los últimos años que han supuesto una degradación de la zona, que concentra riesgos y que limita el papel ecológico, también paisajístico y turístico, de los municipios, de la zona, y explica los tres
bloques de medidas que su grupo propone al Gobierno, siempre en colaboración con la Junta de Andalucía y con las administraciones locales y mancomunidades de la zona.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las medidas a adoptar para continuar con la lucha y prevención contra los vertidos de hidrocarburos en las aguas de la bahía de
Algeciras, en sus propios términos, se aprueba por 306 votos a favor y una abstención.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señor Núñez), sobre plan de prevención y emergencia específico ante catástrofes ecológicas en el mar en la zona del estrecho de Gibraltar y en la bahía de Algeciras,
con la exclusión del párrafo que dice: 'que adopte como punto de refugio de la bahía de Algeciras el dique Crinavis, situado al nordeste del puerto de Algeciras y que cuente con un órgano que coordine el Ministerio de Fomento y a la Junta de
Andalucía para adoptar las medidas adecuadas de vigilancia y prevención que eviten y/o detecten los vertidos', se aprueba por 306 votos a favor y una abstención.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre un plan de emergencia marítima global para el estrecho de Gibraltar y de vertidos contaminantes para la bahía de Algeciras, en los términos acordados por
los grupos parlamentarios proponente y enmendantes, se aprueba por 307 votos a favor.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a un plan de prevención y actuación ante posibles catástrofes provocadas por grandes petroleros en el estrecho de Gibraltar y la bahía
de Algeciras, en los términos acordados por los grupos parlamentarios proponente y enmendantes, se aprueba por 304 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las grandes ciudades y sus áreas de influencia urbana ... (Página 11905)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa al régimen legal de las ciudades y sus áreas urbanas de influencia en el contexto del modelo municipal español ... (Página 11905)
El señor Cuesta Martínez defiende la proposición no de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista sobre las grandes ciudades, las ciudades y las áreas de influencia urbana. Dice que es una iniciativa sin ningún afán electoral y
que se hace fundamentalmente pensando en lo que no deja de ser una de las asignaturas pendientes de nuestra democracia: la autonomía local. Añade que, después de veinticinco años de Constitución y más de diecisiete años de Ley de Bases de Régimen
Local, parece llegada la hora de plantearse el futuro de la orientación de lo que ocurre en las ciudades. Se pretende reforzar el papel de los ayuntamientos y, sobre todo, de regular una realidad que es constatable en estos momentos como el marco
donde se desarrolla la política y la ciudadanía.
En defensa de la proposición no de ley relativa al régimen legal de las ciudades y sus áreas urbanas de influencia en el contexto del modelo municipal español, interviene el señor Rejón Gieb, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida. Reconoce, en primer lugar, el esfuerzo que han hecho otros grupos parlamentarios y el Gobierno en pro del consenso, aunque su grupo no le comparte, pero están de acuerdo en un bloque importante de los elementos que se someterán a
votación en la enmienda transaccional que se va a presentar y que, seguramente, se aprobará con la abstención de su grupo. A continuación destaca los elementos que han hecho imposible dicho consenso y explica la apuesta que su grupo parlamentario
hacer por el pacto local que tiene que producirse entre las comunidades autónomas y los ayuntamientos y no entre el Gobierno central y los ayuntamientos.
En defensa de las enmiendas presentadas, intervienen los señores Albendea Pabón, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario
Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Interviene en el debate el señor ministro de Administraciones Públicas (Arenas Bocanegra)
Replica el señor Jané i Guasch y duplica el señor ministro de Administraciones Públicas.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas intervienen los señores Cuesta Martínez, Rejón Gieb y Jané i Guasch.
El señor secretario (Oliart i Pons) da lectura a los apartados cuarto y sexto de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, a petición del señor Jané i Guasch, y de la cláusula quinta del texto transaccional acordado por
los grupos Socialista y Popular, a petición del señor Cuesta Martínez.
Declaración institucional ... (Página 11918)
La Presidencia, a propuesta de la Junta de Portavoces, propone a la Cámara una declaración institucional con motivo del día internacional de la mujer, el día 8 de marzo, en la que el Congreso de los Diputados hace un llamamiento una vez más
a la reflexión sobre la situación de discriminación y ataque a los derechos humanos fundamentales que sufren las mujeres del mundo, lo que se aprueba por asentimiento.
Proposiciones no de ley. (Votaciones.) ... (Página 11919)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las grandes ciudades, las ciudades y sus áreas de influencia urbana, en los términos derivados del debate y con el texto de la enmienda transaccional que
ha sido propuesto, se aprueba por 288 votos a favor, seis en contra y 24 abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa al régimen legal de las ciudades y sus áreas urbanas de influencia en el contexto del modelo municipal español, con la incorporación de
la enmienda del señor Saura, del Grupo Parlamentario Mixto, se rechaza por 12 votos a favor, 170 en contra y 138 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 11919)
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los planes del Gobierno para solventar adecuadamente los problemas que se están produciendo en el ámbito de las infraestructuras públicas en Aragón ... (Página 11919)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto, porque entiende que es deber de la oposición preguntar al Gobierno sobre las medidas que piensa adoptar para solventar los
problemas que en las últimas semanas se han producido en diferentes infraestructuras públicas en Aragón, tanto en materia ferroviaria como en cuestión de comunicaciones por carretera.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y el señor Morlán Gracia, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Jiménez Suarez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Labordeta Subías.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los planes del Gobierno para solventar adecuadamente los problemas que se están produciendo en el ámbito de las infraestructuras
públicas en Aragón, con la incorporación de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios Federal de Izquierda Unida y Socialista, que han sido aceptadas por el grupo proponente, se rechaza por 125 votos a favor, 169 en contra y 18
abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre posición del Gobierno en la crisis de Irak ... (Página 11923)
Presenta la moción del Grupo Parlamentario Socialista el señor Marín González. Acusa al Gobierno de aceptar la guerra preventiva sin atreverse a decirlo a la opinión pública, porque ni el presidente del Gobierno en el debate plenario sobre
la guerra, ni la ministra de Asuntos Exteriores en el debate de la interpelación que origina esta moción explicaron en la Cámara cuál sería la posición del Gobierno español en Naciones Unidas, pero -añade- la ambigüedad duró poco, porque la opinión
pública española comprendió claramente que la decisión estaba tomada cuando vio y escuchó la intervención de la señora ministra de Asuntos Exteriores en el Consejo de Seguridad el pasado día 7.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Mauricio Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Saura Laporta y Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto, y Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió).
El señor secretario (Oliart i Pons) da lectura a los artículos 39, 41 y 42 del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, a petición del señor Guardans i Cambó.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Anasagasti Olabeaga, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Arístegui y San Román, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
La señora Lasagabaster Olazábal pide la palabra por alusiones, que le es denegada por la Presidencia.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre posición del Gobierno en la crisis de Irak, en los términos del texto de la enmienda transaccional que se ha hecho llegar a la
Presidencia, se rechaza por 149 votos a favor y 169 en contra.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de carácter general que piensa adoptar el Gobierno para mejorar la red ferroviaria en Cataluña ... (Página 11930)
El señor Sedó i Marsal defiende, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), la moción consecuencia de interpelación urgente que su grupo presentó la semana pasada respecto a la red ferroviaria en Cataluña y la situación
de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Lleida-Barcelona-frontera francesa. Explica los seis puntos de que consta la moción y anuncia la no aceptación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista y la petición de que se voten por
separado los puntos de
la moción, con la esperanza de que alguno de ellos pueda tener el apoyo mayoritario de la Cámara.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista interviene la señora Cunillera i Mestres.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y el señor Jiménez Suárez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se procede a la votación pro separado de los diferentes puntos de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de carácter general que piensa adoptar el Gobierno
para mejorar la red ferroviaria en Cataluña.
Sometido a votación el punto 1, se rechaza por 19 votos a favor, 163 en contra y 88 abstenciones.
Sometido a votación el punto 2, se aprueba por 182 votos a favor y 89 abstenciones.
Sometidos a votación los puntos 3 y 6, se rechazan por 108 votos a favor y 163 en contra.
Sometidos a votación los puntos 4 y 5, se aprueban por 269 votos a favor y uno en contra.
Se suspende la sesión a las diez de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS EN LA VALORACIÓN DEL SUELO PARA FAVORECER EL ACCESO A LA VIVIENDA Y COMBATIR LA ESPECULACIÓN. (Número de expediente 122/000266.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE EL RÉGIMEN LEGAL DEL SUELO. (Número de expediente 122/000275.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Se abre la sesión.
Señorías, en primer lugar, toma en consideración de proposiciones de ley.
La primera, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre establecimiento de medidas en la valoración del suelo para favorecer el acceso a la vivienda y combatir la
especulación, que se debatirá conjuntamente con la del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el régimen legal del suelo.
Para la defensa de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Socialista presenta esta proposición de ley de valoración del suelo para favorecer el acceso a la vivienda y combatir la especulación, porque entiende que en estos momentos existe una situación muy preocupante y muy
difícil respecto a lo que tienen que ser las medidas para acometer la lucha contra la especulación y la lucha contra el incremento tan desproporcionado que existe del precio de la vivienda.
Según las últimas informaciones, en el año 2002 la
vivienda tuvo un incremento del 17 por ciento. Nos parece un incremento muy importante y, desde luego, con las actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno es muy complicado que en el corto plazo el precio disminuya y se amortigüe para que los
ciudadanos españoles puedan acceder a la vivienda, dado que ahora tienen muchas dificultades para ese acceso.
Con esta proposición de ley queremos plantear a esta Cámara un texto articulado, con el máximo respeto a los planteamientos del Tribunal Constitucional, con el máximo respeto a lo que son las pautas de atribución de competencias entre las
distintas administraciones y desde la perspectiva de que la Administración central del Estado tiene una serie de compromisos y de obligaciones que asumir en desarrollo de los artículos 45, 46 y 47 de nuestro texto constitucional. Por nuestra
preocupación por el medio ambiente, por la preservación de los recursos naturales y porque todo ciudadano tiene derecho a una vivienda digna, nosotros planteamos esta proposición de ley encaminada a que el precio del suelo sea el que razonablemente
tiene que ser. El precio del suelo tiene que ser el que se deriva de los usos que se le está dando, sin dar motivo a que la especulación que se ha generado en estos años en España siga siendo uno de los elementos artificiales e importantes del
incremento del precio de la vivienda.
La verdad es que durante estos años -creo recordar que el señor Rato lo decía ayer- la equiparación de tiempos suponía que el incremento del precio del suelo en la época socialista había estado en el entorno de un 205 por ciento, según
decía, y que en la época del Partido Popular se había incrementado en un 180 ó en un 190 por ciento. Sinceramente, señor Ortiz, lo que sí le puedo decir es que en la época socialista había unos IPC que estaban en unas cifras elevadas, en el 12 ó en
el 14 por ciento, y que en su época tenemos unos IPC que están bajos, que están al 2, al 3 ó al 4 por ciento, como mucho, debido a que ustedes no saben controlarlo
en estos momentos. También hay otro aspecto fundamental: que los créditos hipotecarios, señoría, en aquella época estaban como estaban y hoy están mucho más bajos, señor Ortiz y señores del Grupo Popular, lo que hace que los ciudadanos de
este país no comprendan cómo es posible que estando tan bajos dichos créditos podamos llegar a que el precio de la vivienda sea el que es y que ustedes no sean capaces de controlarlo.
¿Qué pretendemos con esta proposición de ley? Queremos que las ciudadanas y los ciudadanos sean conscientes de que la puesta en práctica de esta norma es una medida necesaria para hacer frente al precio del suelo y, como consecuencia de
ello, al precio de la vivienda. No puede ser que el precio del suelo esté en el 50 por ciento del precio de la vivienda. No puede ser, señores del Grupo Popular que el 47,5, el 48 ó el 50 por ciento de la renta disponible de cada familia se
dedique a la adquisición de la vivienda. Y no puede ser, señor Ortiz y señores del Grupo Popular, que en estos momentos las viviendas en alquiler no tengan el apoyo y el fomento necesarios para solucionar los problemas de vivienda que tenemos en
este país.
En esta proposición de ley partimos de una serie de aspectos que deben tenerse en cuenta. En estos momentos, en una sociedad evolucionada como la nuestra, en una sociedad que poco a poco ha ido superando todas las dificultades que había en
otros aspectos, nos encontramos con que existe una distribución competencial que tiene mucho que ver con la necesidad de la concertación. No se me puede decir, señor Ortiz, como usted me dirá, que ustedes han hecho una oferta de consenso en
política de suelo, cuando esa oferta de consenso no es sino un trágala: si estás de acuerdo conmigo, de acuerdo, y si no estás de acuerdo conmigo, lo siento mucho.
La oferta de consenso supone poner encima de la mesa el problema, analizar las
soluciones y ver qué medidas se pueden adoptar, pero no puede ser que se ponga encima de la mesa el problema, aquí está la solución y si te parece, bien y si no te fastidias.
Las cosas no pueden ir en esa dirección. Por eso hace falta que haya una concertación mayor de la que existe. Cuando ustedes hablan con los agentes inmobiliarios, con los promotores, con los organizadores, siempre dicen lo mismo: hagan
ustedes el favor de ponerse de acuerdo, porque no puede ser que tengamos 17 leyes de suelo autonómicas y una ley general.
Estamos planteando que es necesaria la concertación y, por ello, nuestra proposición de ley es una de las garantías y una de
las obligaciones que tienen que producirse, pero entendiendo el consenso y la concertación en el buen sentido, no en el sentido de la imposición. El derecho a la vivienda digna es un derecho que tienen todos los ciudadanos de este país. Por tanto,
en lo que es el acceso a la vivienda y la gestión del suelo han de articularse una serie de derechos y de deberes. Nosotros en la proposición de ley definimos una serie de derechos que tiene que tener cada ciudadano, tanto usuario como propietario
o como agente urbanizador de ese suelo, y unos deberes que tienen que ver también con la situación en la que se encuentre cada ciudadano respecto de esos suelos, de esos terrenos que son de su propiedad.
En la proposición de ley también planteamos otro aspecto que consideramos fundamental y en el que existe una diferencia bastante notable entre lo que ustedes plantean y lo que nosotros formulamos. Me refiero al régimen de valoraciones del
suelo. La fórmula que me imagino que se aprobará dentro de unos días en la Comisión de Infraestructuras respecto a cómo tiene que ser la valoración del suelo, tiene que ser clara y nítida y cada cual tiene que saber cuánto vale el suelo que va a
ponerse a disposición de los agentes inmobiliarios o de las administraciones públicas, para que no llegue a la especulación que se está alcanzando en la gestión del mismo. En primer lugar, planteamos cuál es el suelo rústico y que su valor es el
valor que tiene ese suelo, sin añadirle esas posibles urbanizaciones, esas posibles expectativas que se generan con una urbanización futura. En segundo lugar, planteamos que tiene que haber un suelo que puede ser urbanizado, cuyo valor tiene que
ser el que es normal que sea -no es ninguna aberración-, el suelo rústico más los costes y gastos que ocasionan los proyectos o las inversiones que se hayan llevado a cabo para que ese suelo se pueda poner a disposición del urbanizador o del agente
inmobiliario. En tercer lugar, el suelo urbano, que tiene que ser el suelo que figura en los sistemas catastrales al igual que la edificación. No puede ser que se generen semejantes expectativas y semejantes beneficios por la razón de que alguien
en un mapa ponga una raya, y si ese suelo está a un lado resulta que su valor se multiplica por diez o por cien, y si está al otro lado resulta que no se incrementa en cantidad alguna. Nuestra obligación como legisladores es plantear que esas
valoraciones del suelo tienen que someterse a unos criterios que sean objetivos, que sean fácilmente interpretables y que no suponga tal duda que cuando se llegue a los tribunales nos encontremos con que los tribunales interpretan lo que entienden
que va a ser pero no interpretan lo que debe ser, que es que los valores del suelo están perfectamente identificados en la norma. Nos gustaría que esta Cámara conociera este aspecto que es fundamental en la proposición de ley y lo analizara en toda
su amplitud, que viera por qué razones estamos planteando que el suelo, cuyo valor repercute en el 50 por ciento del valor final de la vivienda, tiene que ser controlado y tiene que ser evitada cualquier especulación que sobre el mismo se produzca.
Por tanto, es bueno que cuando tengamos que trabajar sobre precios de suelo trabajemos sobre los precios auténticos del suelo y no sobre las plusvalías que entiende que va a generar en un momento determinado.
También planteamos, siguiendo esta pauta de hacer un recorrido completo por lo que ha de ser la gestión del suelo, que en el caso de que se hayan incumplido
los plazos establecidos en el planeamiento, pueda producirse, mediante una ordenanza municipal, el establecimiento de prestaciones patrimoniales no fiscales. Es decir, que aquellos ciudadanos propietarios de un terreno -de un solar- que no
quieran desarrollarlo no pueden tenerlo inactivo, como está sucediendo en muchos sitios; no lo quieren construir porque encuentran más beneficios en no construirlo que en construirlo. Los poderes públicos tienen la obligación, constitucionalmente
reconocida, de evitar esa actuación, haciendo todo lo posible para que ese suelo salga al mercado y se edifique para hacer frente a las necesidades existentes.
Esta prestación patrimonial -y no fiscal-, por la que pedimos que se incremente el 10,
el 20 y el 30 por ciento durante los tres años siguientes y que se incorpore al impuesto sobre bienes inmuebles reconocido en las ordenanzas municipales, debe ser satisfecha por esos ciudadanos, con el fin de dinamizar la presencia de estos solares
en el mercado del suelo en condiciones que posibiliten el acceso a la vivienda con garantías mejores que las que existen actualmente. Como es lógico, si pasado ese tiempo el solar no sale al mercado, tiene que haber una actuación administrativa
encaminada a su expropiación para que el mismo entre a formar parte del patrimonio público de suelo.
Hablando de patrimonio público de suelo, en 1998 se aprobó en esta Cámara una proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno a que elaborase patrimonios públicos de suelo. Pues bien, el Gobierno ha incumplido esa obligación, y no
ha querido saber nada de los patrimonios públicos de suelo. El Gobierno ha sacado a venta directa o indirecta los patrimonios públicos de suelo, ha modificado de manera subrepticia el sistema de adjudicación de suelo, a través de la Ley de
ordenación de la edificación y modificando en el Senado la Ley de patrimonio mediante la Ley de acompañamiento. Ha modificado cómo debe adjudicarse el suelo que es patrimonio del Estado; el suelo que tienen en su poder algunos ministerios, como
Fomento, Defensa, o Hacienda por su Dirección General de Patrimonio. Esos patrimonios tienen que entrar a formar parte del patrimonio público de suelo, desde nuestro punto de vista; lo mismo que las cesiones obligatorias, que ustedes fijaron en un
10 por ciento -que en unos sitios se cumplen y en otro no- y sobre las que opinamos que deben volver al 15 por ciento porque así se engrosarían los patrimonios municipales de suelo.
El objetivo es muy claro: que la vivienda protegida en España, llamémosla como la llamemos, tenga presencia activa y decidida. No puede ser que ustedes nos vengan diciendo que en 2002 hubo 50.000 viviendas de protección oficial -la cifra
más baja de este país en los últimos 20 años- ni que puedan presumir del cumplimiento del Plan de vivienda 2002-2005. Desde luego, pueden presumir por el porcentaje, puesto que con objetivos tan bajos, si se cumple el cien por cien es un buen
porcentaje, aunque en realidad no deja de ser una ridiculez. Les proponemos doblar los objetivos, subir el número de VPO en 90.000 al año y mejorar esos objetivos que ustedes dicen que cumplen; por cierto, los cumplen con el acuerdo y buen hacer
de las comunidades autónomas, también las socialistas, que son las que mejor están trabajando en este terreno.
Ustedes tendrían que haber aceptado esta fórmula, porque es la única manera de fomentar la VPO.
Cuando hemos hablado de patrimonios públicos de suelo, algunos de ustedes nos han dicho: me imagino que, además de los patrimonios estatales, de la Administración central del Estado, querrán incorporar los de las comunidades autónomas y los
de los ayuntamientos. Sí, así es; tiene que haber un fondo, un patrimonio público, bien municipal, bien autonómico, que posibilite, con arreglo al coste que puede tener ese suelo que es de la Administración, el acceso a la vivienda de protección
oficial en cualquiera de sus niveles y características. Desde luego, la mejor manera de conseguirlo es que empiecen a trabajar según esta pauta, porque queremos acudir a la vivienda en propiedad y también a la vivienda en alquiler. Hay muchos
jóvenes en este país que tienen dificultades de acceso a la vivienda; hay muchos jóvenes que, a los 30-32 años, no se han independizado todavía de sus familias; hay muchas familias, monoparentales o no, que tienen dificultades igualmente; hay
muchas familias que no pueden acceder a las viviendas actualmente en construcción -ni siquiera a las VPO-, porque sus niveles de renta son los que son y no pueden dedicar gran parte de sus ingresos a la adquisición de una vivienda. Por tanto, buena
forma es plantear un debate sobre esta proposición de ley que nosotros ofrecemos a esta Cámara; buena forma es buscar los mejores sistemas de valoración que intenten aminorar y amortiguar la repercusión del precio del suelo en el precio final de la
vivienda y buena forma es que sus medidas y las nuestras puedan confluir en algún punto para que podamos conseguir unas viviendas asequibles, a pesar de nuestras diferencias en cuanto a la filosofía del suelo y de la vivienda.
No me hablen de las 500.000, porque las 500.000 viviendas que se hacen cada año -que efectivamente sí se hacen- ustedes las enfocan desde el punto de vista mercantilista y economicista y nosotros queremos enfocarlas desde el punto de vista
social. Queremos enfocar el tema de la vivienda desde el punto de vista de aquellos sectores y de aquellas familias que tienen dificultades para acceder. Nos parece muy bien que se consigan tantas viviendas, pero nos parece muy mal que se
construyan tan pocas de VPO y los porcentajes -usted, señor Ortiz, lo sabe- han ido descendiendo progresivamente. Veremos qué pasa a partir de ahora, pero posiblemente se incremente la VPO por la actuación de las administraciones autonómicas, por
las ayudas que puedan tener, que complementan las propias administraciones autonómicas, pero también porque a
lo mejor la vivienda libre no tiene el futuro que ha tenido hasta estos momentos.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para la defensa de su proposición de ley sobre el régimen legal del suelo, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida ha presentado una proposición de ley sobre el suelo, las valoraciones del suelo y la edificabilidad en el suelo. Esta iniciativa se presenta después de varios años de gobierno del Partido
Popular y, desde el principio, en la legislatura anterior, todas las modificaciones legislativas que se han hecho en materia de suelo y de modificación de la Ley del suelo intentaban mejorar, abaratar y, desde luego, hacer accesible la vivienda a
toda la ciudadanía. Después de siete años ya podemos decir que las políticas que el Gobierno del Partido Popular ha llevado a cabo, tanto en materia de suelo como en materia de vivienda, han demostrado un absoluto y total fracaso. Año tras año,
las diferentes fuerzas políticas y grupos parlamentarios aquí representados no sólo hemos denunciado sino también planteado medidas alternativas a la política que se desarrollaba por parte del Gobierno, que no han sido atendidas. Hemos asistido a
un incremento continuado -además al alza y a un alza escandalosa- del precio de la vivienda y de la especulación que con ello se estaba haciendo no sólo de la vivienda sino también del suelo.
Señorías, ha llegado el momento de tomar medidas diferentes y, desde luego, de adoptar otra línea de actuación en la que no se ha querido entrar hasta ahora. Esos rotundos fracasos hacen incluso que algunos miembros del Gobierno reconozcan
ya que es verdad que hay un problema en relación con el acceso a la vivienda, aunque después siempre aducen excusas y echan la culpa a otros gobiernos de signo diferente en otras comunidades autónomas. La verdad, señorías, es que el precio de la
vivienda ha subido -se decía por el interviniente anterior- en torno a un 17 por ciento durante el año 2002 y en las comunidades autónomas donde más ha subido ha sido precisamente en las gobernadas por el Partido Popular, a excepción de dos de ellas
que están gobernadas por el Partido Socialista. Por tanto, señorías, no es un problema por la política que se hace sólo y exclusivamente desde las comunidades autónomas, sino que es un problema del Gobierno central y de la política que en materia
de suelo y de vivienda se desarrolla por el Gobierno del Partido Popular.
Los acuerdos alcanzados en la conferencia sectorial del mes de enero no parece que vayan en una línea distinta de la hasta ahora conocida, que ya sabemos hasta dónde nos conduce, a un mayor aumento del precio de la vivienda y a una mayor
imposibilidad de acceder a ella por parte de los sectores más desfavorecidos de la población. (La señora presidenta ocupa la presidencia.) No parece que sea así cuando ya los propios promotores inmobiliarios están diciendo que no tienen mucha fe en
que este acuerdo de la conferencia sectorial vaya a solucionar los problemas que hoy por hoy tiene la vivienda, porque en realidad no incide en el precio del suelo, uno de los mayores elementos que repercuten en el precio de la vivienda.
Desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida creemos que hay que cambiar de política y del concepto del suelo. Los parámetros que se tienen que tener en cuenta a la hora de introducir las modificaciones legislativas respecto al
suelo tienen que cambiar. Esos objetivos y parámetros se tienen que cifrar en una mayor cohesión social en el desarrollo de las ciudades, en el planeamiento urbanístico de los municipios y en una sostenibilidad del uso del suelo. Las ciudades, los
municipios, los pueblos no pueden seguir desarrollándose de espaldas a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas que habitan en ellos y no pueden seguir creciendo, con una demanda inexistente en muchas ocasiones o inaccesible en la mayoría de
ellas para la ciudadanía, sin tener en cuenta las limitaciones que el medio ambiente tiene.
La proposición de ley que hoy presenta nuestro grupo parlamentario pretende tener como referencia el desarrollo armónico del ser humano como individuo dentro de una colectividad y que este desarrollo sea urbano, sostenible
medioambientalmente y que tenga en cuenta determinados aspectos y parámetros que ya se están empezando a demandar desde la propia Unión Europea. Nuestra iniciativa también pretende plantear, al menos intenta justificarse desde su posición, que
exista una redistribución y un equilibrio entre el beneficio que pueden tener las personas o las empresas privadas con los intereses generales de la ciudadanía en general, cuestiones que obligatoriamente tienen que estar en manos de la
Administración.
Por eso nuestra iniciativa se plantea con varios títulos. El primer título lo que viene a establecer son los criterios de cohesión social y de desarrollo sostenible de los municipios. Estamos convencidos de que es necesario que el uso del
suelo y la ordenación del espacio proporcionen esos parámetros mínimos de cohesión social, cuestión esta que se marca como uno de los objetivos primordiales en la Unión Europea y de la que se hace reserva en el título decimocuarto del Tratado de la
Unión Europea.
Estos objetivos son la base de la cohesión social y se ponen de manifiesto en programas comunitarios como el programa 2000 y el programa 2000 Plus. Esa cohesión social reside en el intento de homogeneizar
el territorio para que exista una mezcla equilibrada entre actividades, grupos sociales y rentas sociales y la construcción de un espacio con una estructura urbana que dé una mínima cobertura de servicios sociales para toda la ciudadanía.
Esos parámetros deben utilizarse como mínimos de cobertura a cubrir, tanto a nivel supramunicipal como municipales o locales. Eso es lo que se pretende ordenar. Nuestra iniciativa propone que la actividad que genera el propio mercado, que además
produce desigualdades en un marco de generación de riqueza, se pueda matizar o minimizar desde la acción reguladora del Estado.
Ustedes conocen las posiciones de nuestro grupo parlamentario en cuanto a la intervención que seguimos defendiendo que tiene que hacer el Estado como garante de todos los derechos de la ciudadanía a la hora de intervenir en los
desequilibrios que genera el libre mercado. Creemos que es necesario y además así se demuestra en los planeamientos urbanísticos que generan desigualdades y solamente se basan en el crecimiento económico o en la generación de riqueza para
determinados sectores de la población. Precisamente desde las administraciones públicas que tienen competencia en esta materia se tienen que buscar esos equilibrios y las redistribuciones para que se pueda interrelacionar toda la sociedad y que con
el planeamiento urbanístico no se creen más desequilibrios y guetos de marginación que son mucho más difíciles de integrar y que sobre todo tienen una condición social mucho más difícil de mejorar. Por eso consideramos que con las diferentes
competencias que tienen las administraciones públicas el planeamiento urbanístico debe enfocarse y dirigirse precisamente hacia ese tipo de equilibrios.
También pretendemos abordar lo que se ha llamado un desarrollo sostenible, pero un desarrollo sostenible ubicado en el entorno y en el desarrollo urbanístico. Es necesario que haya un disfrute adecuado y racional del suelo por parte de la
colectividad. No se puede seguir planteando el crecimiento urbanístico sin tener en cuenta los recursos naturales y su dependencia. Ustedes saben que cuando hablamos de desarrollo sostenible estamos hablando de un desarrollo que permita que el
consumo de aquellas materias primas renovables o no renovables sea acorde con que la propia naturaleza las pueda volver a generar y podamos legar a las futuras generaciones espacios habitables y sobre todo espacios donde se pueda seguir viviendo con
lo que llamamos calidad de vida. Por eso estamos convencidos de que una ley del suelo tiene que incluir necesaria y obligatoriamente los parámetros de sostenibilidad.
En esta ley nosotros planteamos la regulación del derecho de edificabilidad y ya sabemos cuál es la opinión del Grupo Parlamentario Popular al respecto. Mi grupo parlamentario plantea que el derecho de edificabilidad -que no tiene nada que
ver con la propiedad del suelo- le corresponde a la Administración pública, es decir, a las administraciones autonómicas que son las competentes en esta materia o en todo caso a las administraciones locales. Los sujetos privados -las empresas o las
personas jurídicamente privadas- podrán disfrutar de ello gracias a una concesión administrativa otorgada por la Administración correspondiente que será la que vele por el cumplimiento del planeamiento urbanístico y por el cumplimiento de las
necesidades de los ciudadanos y ciudadanas en el desarrollo de su municipio o de su ciudad. Por lo tanto, lo consideramos un bien de dominio público y como tal puede ser explotado por sujetos privados pero mediante una concesión que tendrá
determinadas características y determinadas servidumbres.
Señorías, consideramos que esta es la mejor manera de incidir en el planeamiento urbanístico. Ya sabemos que el Grupo Popular no lo ve así y nos parece que en principio no tendría que haber una negativa tan cerrada, entre otras cosas a la
vista de los resultados de una determinada política que nos lleva a un libre mercado y que hace imposible que la vivienda sea accesible a la mayoría de la ciudadanía pero que sí se utilice para la especulación y por supuesto para que aumente el
beneficio de unas personas que no tienen ningún interés en utilizar la vivienda como residencia. Pensamos que no se puede desechar algo que no se ha puesto en práctica pero que lleva -y eso sí es contrario a su ideario político- a la intervención
del Estado como regulador. No renunciamos a esa capacidad que deben tener las administraciones públicas.
Con nuestra iniciativa también intentamos introducir un toque de simplificación y racionalidad en las valoraciones del suelo, centradas y matizadas con lo que nosotros concebimos como derecho de dominio público que es la edificabilidad. De
todas formas, desde nuestro grupo parlamentario intentamos con esta proposición de ley introducir esa racionalidad y esa simplificación en las valoraciones urbanísticas que se tengan que hacer. No voy a extenderme en esta cuestión, puesto que
anteriormente ya se ha hecho antes una evaluación de lo que está sucediendo con las valoraciones urbanísticas. Quiero decirles que mi grupo parlamentario, independientemente de la clasificación que tenga el suelo, plantea que se atienda a su valor
inicial, obtenido por el método de capitalización de su rendimiento y desde luego utilizando como parámetro base la valoración catastral, siempre y cuando haya sido actualizada. Estamos intentando plantear una racionalidad en las valoraciones
urbanísticas, que lleven precisamente a que se puedan desarrollar los planeamientos urbanísticos y no a que se utilicen los terrenos en función de que se haya diseñado un determinado plan de ordenación urbana y a que se destinen los mismos no a
utilidad pública, sino a la especulación que de ellos se está derivando en función de que el diseño sea como posible terreno urbanizable, no urbanizable o urbano consolidado.
Finalmente, quiero destacar que la iniciativa que presenta mi grupo parlamentario se ajusta por completo a la sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1997, en cuanto a las competencias del Estado para legislar en materia de
urbanismo. Hemos sido totalmente respetuosos con las competencias que tienen las comunidades autónomas en esta materia y nos hemos limitado a utilizar esta proposición de ley del suelo que presenta mi grupo parlamentario como ley básica, con unos
mínimos alcanzables por todas las comunidades autónomas y dependiendo de sus propias leyes del suelo o de su propio desarrollo legislativo en materia de suelo.
Creemos que hay que avanzar y dar un paso más. Hasta ahora, todas las modificaciones que se han planteado no han servido para el objetivo que se decía que tenían: mejorar los niveles de acceso a la vivienda, abaratar el precio de la misma
y conseguir una vivienda digna para toda la ciudadanía. Más bien ha sido todo lo contrario. Y si no ha sido más grave el problema es porque los tipos de interés están a la baja, pero ahora empieza a ser un problema grave que comienza a endeudar en
casi un 50 por ciento a las familias a la hora de adquirir una vivienda. No se trata solamente de esto, sino que las ciudades, los municipios y las localidades se están convirtiendo en muchos sitios en zonas inhabitables porque hay una
masificación, porque no se respetan las zonas verdes, porque no se tiene en cuenta un desarrollo armónico, respetuoso con el entorno y que haga mucho más habitable la ciudad, el municipio o la localidad en la que se pretende residir.
La señora PRESIDENTA: Señora Urán, le ruego concluya, por favor.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Termino, señora presidenta.
Y porque además, señorías, en las grandes ciudades determinados barrios se están convirtiendo en guetos marginales, sin tan siquiera las protecciones sociales a las que tienen derecho los ciudadanos y ciudadanas por el mero hecho de ser
seres humanos. Sean ustedes conscientes de que el problema es lo suficientemente grave como para que podamos empezar a abrir nuevos cauces que, si no son de su agrado, al menos no se han puesto todavía en práctica y no han cosechado el fracaso que
han tenido ustedes con las políticas que han desarrollado.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En primer lugar, en nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señora presidenta.
El motivo de esta intervención es para mostrar el voto favorable de Chunta Aragonesista a la toma en consideración de ambas proposiciones de ley.
Desde el Gobierno del PP, lejos de haber mejorado las condiciones para el acceso a la vivienda
del conjunto de la población, éstas han empeorado sensiblemente. Prueba de ello es que el precio de la vivienda nueva y usada se incrementa año tras año muy por encima del IPC, salarios, etcétera. De esta forma, por ejemplo, Zaragoza se encuentra
entre las capitales de provincia más caras de toda España. En los últimos años se han alcanzado cifras históricas de construcción de viviendas libres mientras que las protegidas han disminuido de forma proporcional, hasta el punto de que en la
actualidad apenas un 5 por ciento de las viviendas construidas en Aragón lo son bajo algún régimen de protección.
Paralelamente, se ha producido un incremento del esfuerzo sobre el salario bruto para la compra de la vivienda de las familias, que
actualmente está por encima del 40 por ciento de los ingresos salariales cuando la cifra recomendada está en el 33 por ciento. Estos datos demuestran el fracaso del enfoque del Gobierno estatal, plasmado en las medidas liberalizadoras del mercado
del suelo y muy especialmente en la Ley 6/1998, sobre régimen de suelo y valoraciones.
Desde Chunta Aragonesista consideramos que actualmente no hay escasez en la oferta de vivienda ni de suelo, sino que falta oferta de vivienda acogida a algún tipo de protección pública. Además, no se puede atender toda la demanda mediante
viviendas nuevas y en propiedad, sino que es necesario apostar por la rehabilitación, la vivienda en alquiler, el uso efectivo de las viviendas desocupadas, etcétera. Sin embargo, las medidas tomadas por el Gobierno olvidan todas estas
posibilidades, centrándose en lo ya dicho: más suelo urbanizable igual a más viviendas, pero se ha demostrado que no es cierto. Rectifiquen y apostemos por otro modelo de planificación urbanística, por otra política de vivienda.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
La política de vivienda en el Estado español ha estado caracterizada por favorecer el acceso a la propiedad como fórmula para garantizar el derecho a una vivienda digna de todos los ciudadanos. Por ello, las distintas actuaciones y
regulaciones sobre el régimen legal del suelo inciden de manera determinante en el acceso a la vivienda, pues constituye una parte importante del
coste de la vivienda que se ha de satisfacer al acceder a la propiedad de la misma.
En los últimos años hemos asistido a una escalada de precios en la vivienda que ha hecho inasumible para la mayoría de los ciudadanos acceder a una vivienda digna, en especial para los más jóvenes, como indicó un riguroso estudio del Consejo
Económico y Social, de 23 de octubre de 2002, donde se destacaban las negativas consecuencias que el excesivo precio de la vivienda en el Estado español ocasiona sobre la emancipación de los jóvenes. Por citar alguno de los datos solventes más
recientes, la asociación hipotecaria española señaló que el precio de vivienda libre se incrementó en 2002 un 17,43 por ciento respecto a 2001, lo que supone un incremento acumulado del 74,35 por ciento desde 1998.
Presidente, señorías, nteresa señalar ese incremento que ha habido en el precio de la vivienda durante los últimos cinco años, cercano al 75 por ciento, pues coincide también con el período en que este Gobierno del Partido Popular introdujo
nuevas normas para liberalizar el precio del suelo y, con ello, aumentar la oferta del mismo para reducir el coste de la vivienda, todo ello según las leyes del mercado, en concreto, la Ley 6/1998, de 13 de abril, y el Real Decreto-ley 4/2000, de 23
de junio, por si a alguien se le ha olvidado.
Sin embargo, la realidad es tozuda y ha puesto en evidencia esa lógica liberalizadora. Se ha constatado el fracaso del Gobierno en la tarea de garantizar la efectivización de un derecho fundamental de los ciudadanos y ha demostrado que para
lo único que ha servido es para enriquecer los operadores inmobiliarios a costa de los esfuerzos de muchos ciudadanos que ven cómo tienen que destinar cada vez más dinero a su vivienda, reduciendo su bienestar.
Ante esta situación, el Bloque Nacionalista Galego considera que se deben tomar medidas urgentes para abaratar el coste de la vivienda, como recuerda el CES en las conclusiones del citado informe. Estas proposiciones de ley plantean la
reforma del régimen del suelo, pues es uno de los factores que más ha influido en el incremento del precio de la vivienda en los últimos años. De todas maneras, no creemos que haya que actuar simplemente sobre el régimen del suelo, donde, además,
deben respetarse las competencias autonómicas en urbanismo. Habría también que combinar otra serie de acciones para realizar una política de vivienda eficaz y en beneficio de la mayoría de la población, que necesita de una vivienda digna. Pero sí
reconocemos que el actual régimen legal del suelo es inservible por haber priorizado la acción del mercado.
Por todo esto, vamos a apoyar la toma en consideración de ambas proposiciones de ley, porque son textos que pueden servir de referencia para que salga una nueva ley que subsane las deficiencias de la actual Ley 6/1998, reformada por el Real
Decreto-ley 4/2000. Se introducen innovaciones positivas, desde nuestro punto de vista, como las obligaciones de que en la ordenación del espacio se incorporen parámetros de cohesión social, lo cual sirve para modular desde las administraciones
públicas la actividad del mercado, se simplifica el panorama de las valoraciones urbanísticas y también se plantea la introducción de criterios de sostenibilidad del modelo urbano, vinculando el planeamiento urbanístico con otros instrumentos
planificadores de gestión de los recursos naturales.
En suma, señora presidenta, ante la parálisis del Gobierno, nos sumamos a estas iniciativas que, sin duda, mejoran el régimen legal actual del suelo, al no encomendar toda la política de suelo y vivienda a las bondades del mercado y
recuperar un papel importante para las políticas públicas.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Qué duda cabe, casi es una verdad de perogrullo decir que el problema de la vivienda en España, el régimen de acceso a la propiedad, la disponibilidad de la misma es uno de los problemas más importantes que tenemos hoy la clase política, el
ciudadano normal, la sociedad española en su conjunto, como realidad inexcusable. Que el derecho formal que establece el artículo 47 de la Constitución española, según el cual 'Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna',
se pueda transformar en un derecho real es el gran reto que tenemos planteado.
Su solución no es nada fácil, es tremendamente difícil, en primer lugar, por todos los sistemas especulativos que se entrecruzan en un mercado abierto y libre, que a veces se alcanza a entender solamente en aquellos aspectos en los que la
Administración no puede entrar o hay distintas administraciones competentes en el tema, y este es uno de ellos. Desde una Administración general del Estado, en este marco de las Cámaras del Congreso de los Diputados y del Senado, habría que aprobar
unas leyes básicas o de marcos que regulen este tema, respetando lo que es el derecho competencial que a través de los estatutos de autonomía tienen las comunidades autónomas, y mucho más las corporaciones locales, en este caso los ayuntamientos,
sin olvidar los derechos de ordenación del territorio en el que se asienta el urbanismo, puesto que en algunos casos, como en el de la Comunidad Autónoma de Canarias, aunque existen unas competencias localizadas de los ayuntamientos, estos derechos
están regulados por competencias de una figura interpuesta entre la comunidad autónoma y el ayuntamiento, que es el cabildo insular. Si además consideramos, tanto en el orden constitucional como de la economía libre de mercado, el concepto de
titularidad del terreno para la
construcción de la vivienda, nos encontramos en una situación muy tensa, muy crítica y muy conflictiva.
Por ello, ya adelanto que, con respecto a las dos proposiciones de ley, mi grupo va a votar en contra de la toma en consideración de la iniciativa del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, por estas cuestiones de fondo sobre la
titularidad del suelo, y se va a abstener en la presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. En esta abstención se contiene un mensaje al grupo mayoritario del Gobierno y al Gobierno, y es que en los compromisos que hemos venido adquiriendo y
en los debates que hemos tenido con el señor ministro de Fomento siempre hemos planteado que sea el Gobierno de la nación el que traiga aquí el proyecto de ley de bases, ley marco, para que, con anuencia, concordancia y respeto a las comunidades
autónomas competentes en la materia y a la administración local o municipal de España, que es donde verdaderamente reside en este momento el problema, se llegue al consenso entre las tres administraciones y se dé una solución al problema. Nosotros,
recogiendo factores, algunos muy positivos, que se contienen como una filosofía de principios gestores en la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, entendemos que es al Gobierno de la nación española al que le corresponde traer aquí un
proyecto, una vez que se haya alcanzado un máximo grado de consenso, de implicación en la solución del problema por parte de las administraciones de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos.
No hay que olvidar la serie de críticas que se vienen lanzando en estos últimos tiempos por sectores que representan a la promoción inmobiliaria de viviendas, que vienen haciendo, bien o mal, una serie de acusaciones a los ayuntamientos de
que estos encuentran en la venta del disponible suelo para la construcción de viviendas uno de sus recursos económicos fundamentales. Los ayuntamientos, las corporaciones municipales aquí se comportan sin carácter de ideología, da lo mismo que sean
de un partido o de otro, de izquierda, de centro o de derecha: Hay necesidad de disponer de ingresos constitutivos de las estructuras de los presupuestos municipales. Esta es una solución que hay que obtener con un consenso con las corporaciones
locales, con los municipios españoles que están implicados por ley directamente en el tema. Venir a cortar, con una buena intención, de la que todos participamos, por supuesto... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Mardones, por favor. (Pausa.)
Adelante.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Decía que venir a cortar con buenas intenciones todos los procesos de especulación del suelo es una buena intención, pero nada más y de ahí no pasa si no se refleja en el ordenamiento jurídico correspondiente. Bien es verdad que se han
producido procesos especulativos, y se están produciendo, de sobrevaloración del suelo y de la vivienda, es una repercusión. Las cifras que se nos están dando en que la repercusión o valor del precio del suelo en el metro cuadrado construido de la
vivienda supere ya el 50 por ciento, incluso el 55 por ciento, del valor de la vivienda son verdaderamente escandalosas. Tenemos que buscar las medidas absolutas y contundentes para cortarlo porque se está generando un problema de convivencia
social de los matrimonios jóvenes, de los no matrimonios, de las parejas jóvenes que tratan de acceder a una vivienda.
Esta situación de precios con relación a los salarios lo hace totalmente inasequible para estas economías familiares.
En la exposición de motivos de la proposición se contienen, por ejemplo, algunos aspectos que en un futuro serían dignos de corregir porque no podemos plantear solamente bajo la razón de un epígrafe el establecimiento de medidas de la
valoración del suelo para favorecer el acceso a la vivienda y combatir la especulación, cuando se están admitiendo otros factores distorsionadores. De aquí nuestra apelación a incitar al Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, a traer cuanto
antes esta legislación competencial y complementaria en muchos aspectos de la situación actual respecto a las competencias de los ayuntamientos.
Se dicen, por ejemplo, en esta justificación de la iniciativa del Grupo Socialista cosas así: en este orden resulta inexcusable que el suelo de titularidad de cualquiera de las administraciones públicas permanezca preferentemente en el
patrimonio de éstas aun después de desaparecer el concreto destino público que motivó inicialmente su entrada en él. Hay que hilar muy fino en un respeto a los derechos de titularidad y propiedad. No sé en qué medida un ayuntamiento que vende
patrimonio para que los promotores inmobiliarios construyan viviendas, sean de protección oficial o no, puede entrar en esta figura. Esta figura es muy delicada y tenemos que estudiarla aquí con respeto a los propios sentidos de los artículos
constitucionales que hablan sobre la propiedad privada, incluso de aquella propiedad de los ayuntamientos, porque dejarlo como una especie de derecho residual de replanteamiento es un asunto que merecería dedicarle todo el pensamiento de un modelo
económico y político que se está cuestionando en esta situación. Cuando se dice, por ejemplo, en diversos artículos del título II de la proposición del Grupo Socialista, junto a otros verdaderamente enriquecedores y positivos de un futuro proyecto
de ley, que se procede a valorar la propiedad urbana sobre la base de la asunción de los explícitos criterios de razonabilidad, proporcionalidad y objetividad, hay que pararse a decir qué se debe entender desde cada intencionalidad
político-administrativa con criterios de razonabilidad, proporcionalidad y objetividad, que la razón
se puede argumentar en muy distintos campos y facetas. Trataremos de buscarle una solución al problema de fondo que son estos precios, pero por esta vía de la proporcionalidad y la objetividad, ya que con estas dudas casi tendríamos que
votar en contra de esta iniciativa. No lo vamos a hacer porque queremos que sea en su contenido positivo y enriquecedora de una voluntad del Gobierno de traer un proyecto de ley aquí, pero...
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Mardones. Se oye más el murmullo de la Cámara que su intervención.
Señorías, ruego guarden silencio, ocupen los escaños y permitan que se escuche la intervención del señor Mardones.
Adelante.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta y termino para poderme escuchar yo mismo en mi silencio.
Las cuestiones de razonabilidad, proporcionalidad y objetividad tienen que ser muy meditadas para formar parte de un proyecto de ley de acuerdo con la seguridad jurídica de unos y de otros, de todas las partes que intervienen en un proceso
de disponibilidad de suelo para vivienda, de disponibilidad de una vivienda. Esa es la razón, señora presidenta, en la que justificamos nuestro voto de abstención, para que esto sea incorporado con voluntad y dispongamos cuanto antes mejor del
instrumento que situamos en la esfera competencial del Gobierno. Ahí ofrecemos nuestro apoyo y colaboración constructiva para la solución en el plazo más inmediato de este grave problema de la sociedad española.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, animan a mi grupo en este trámite razones formales, que no de fondo ni de contenidos, sino de proceso legislativo y de búsqueda de la eficacia. No negamos el valor político de un debate de totalidad para las formaciones que los
proponen en asunto de tanta sensibilidad siempre, pero más en puertas de procesos electorales locales y en algunos casos autonómicos.
La legislación en materia de suelo, elemento sustancial del precio de la vivienda, ha sufrido un devenir que las exposiciones de motivos de ambas iniciativas recogen. Fue materia muy prontamente asumida por todas las comunidades autónomas y
la legislación posterior al reparto competencial ha sido objeto de distintos recursos constitucionales, alguno de los cuales motivó la sentencia 61/1997, que declaró inconstitucional gran parte de lo hecho por falta de respeto a las competencias
autonómicas.
Con posterioridad a la legislatura pasada, aprobamos la Ley 6/1998, que también ha sido objeto de iniciativas ante el Tribunal Constitucional, y en ésta se dictó el Real Decreto-ley de medidas liberalizadoras; decreto-ley convalidado
por esta Cámara para ser luego tramitado como proyecto de ley. El parón de esta tramitación fue enervado por la queja formal de esta diputada en nombre de su propio grupo ante la Cámara, entendiendo que se producía una burla a lo
constitucionalmente querido en cuanto al proceso de elaboración de las normas. En efecto, el artículo 86 de la Constitución, cuando alude a la posibilidad de que se dicten decretos leyes, prevé la convalidación pura y simple o la convalidación para
ser sometido a un debate y tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, tal y como establece su punto 3. No hacerlo habiéndolo así acordado era un fraude el deseo de la Cámara expresado en una votación y fraude a la
Constitución, como ya he indicado.
Solucionado esto, se ha reunido ya la ponencia, con los elementos correctores que el paso del tiempo, dos años, señorías, ha exigido o hacía necesario, y estamos entonces con un material abundante, dentro del cual por cierto está la mayor
parte de los textos literales debidamente fragmentados de lo que hoy se presenta como iniciativa por ambas formaciones políticas para poder ser debatido con fecha no sé si todavía cierta, pero sí desde luego inmediata en la Comisión.
Tenemos, repito, todo este mismo material que hoy se trae como debate de totalidad. La economía procesal nos lleva a apostar por el camino ya iniciado, por el que llegaremos antes a un texto legal que forzosamente habría de ser idéntico al
que se llegaría de tomarse en consideración estas dos iniciativas, si tenemos en cuenta que la fuerza mayoritaria es el Partido Popular y presentaría las correspondientes enmiendas. Por lo tanto, llegaríamos a idéntico texto, el equilibrio de las
fuerzas en la Cámara es el que es, pero desde luego más tarde.
El gesto político de suscitar este debate no puede ser rechazado, sin embargo, desde nuestra perspectiva política, y por lo tanto no vamos a votar en contra de ninguna de las dos iniciativas, pero sí vamos a abstenernos, puesto que, como he
indicado, apostamos por seguir la tramitación de la ruta ya iniciada.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señorías, en el debate de la toma en consideración de estas dos proposiciones de ley, desde Convergència i Unió queríamos hacer un posicionamiento previo que se dirige a lo que es un objetivo que
creo que compartimos en esta Cámara todos los grupos. El objetivo es
que de forma ineludible debemos tomar medidas tendentes a abaratar el precio del suelo y el precio de la vivienda. Este objetivo creo que lo compartimos todos los grupos parlamentarios y sabemos que para lograr ese objetivo difícil,
atendiendo a la fuerte inflación que está padeciendo el ciudadano, el conjunto de la población en lo que es un derecho fundamental, el derecho a la vivienda, esa inflación galopante que afecta a los precios de la vivienda en España debemos
corregirla, buscar medidas que tiendan a abaratar ese precio del suelo y hacer una apuesta en ese sentido. Para ello la modificación legislativa puede ser útil, pero no nos engañemos, señorías, no va a ser nunca la varita mágica. Hay una ley del
mercado que se aplica, que sabemos que obedece a la oferta y a la demanda, y a pesar de las buenas intenciones que todos podamos tener hoy en este debate, es cierto que únicamente modificando la ley no vamos a conseguir el objetivo, pero la
legislación es importante.
La portavoz del Grupo Vasco, señora Uría, nos decía que en este momento procesal se está tramitando una modificación de la Ley del Suelo con enmiendas y con un claro retraso porque el proceso inicial de consenso en un momento dado se rompió,
pero hace una o dos semanas se ha vuelto a abrir la ponencia y mi grupo apuesta por esas razones de economía procesal, que decía la portavoz del grupo vasco, para dar una oportunidad a esa ponencia para, a partir del texto de ese decreto ley que
estamos tramitando como proyecto de ley, intentar buscar soluciones en materia de precio del suelo. De ahí que mi grupo tiene presentadas un conjunto de enmiendas que el propio señor Ortiz, en nombre del Grupo Popular, se ha comprometido a
valorarlas positivamente en lo que afectan, muchas de ellas, a aspectos competenciales. La propuesta del Grupo Socialista, en cuanto a modificación de la Ley del Suelo, iría también en la línea de tender hacia lo que debería ser una legislación
para provocar ese menor crecimiento de los precios. No me atrevo a decir abaratamiento de los precios porque los niveles no son para hablar de abaratamiento, pero por lo menos de menor incremento de esos precios.
La vivienda es cara. Es cierto. Pero también es cierto que ese mayor precio de la vivienda no viene provocado porque falte suelo urbanizable.
La solución no es decir: vamos a liberalizar el suelo no urbanizable. No.
Esta no es la
solución. Mi grupo sabe que hay suelo urbanizable, lo que pasa es que hay dificultades para transformar, para hacer apto ese suelo urbanizable. No sólo consiste en la mera liberalización del suelo no urbanizable, que en muchos aspectos es
peligrosa, porque el suelo tiene muchos más valores -y lo decía también la portavoz de Izquierda Unida- y valores medioambientales, sino que hay que buscar la manera de aumentar en el suelo urbanizable que ya tenemos la puesta en práctica de mayores
promociones públicas de suelo. Esto, ¿cómo se consigue? Se consigue a través de distintas vías. Por ejemplo, a través de medidas fiscales.
Recientemente nuestro grupo parlamentario, y está aquí Josep Sanchez i Llibre portavoz económico de
nuestro grupo, aprobó una moción tendente precisamente a rebajar el tipo de IVA de las viviendas de protección oficial; un tipo de IVA que está en el 7 por ciento y lo queremos rebajar al 4 por ciento en todos los supuestos, no únicamente en los de
promoción pública. Por tanto, este ya es un elemento importante. Como lo es también la medida que aprobó esta Cámara, a través de diversas iniciativas de Convergència i Unió, dirigida a incrementar la oferta de vivienda en alquiler.
Debemos modificar el impuesto de sociedades para dar mayores ventajas fiscales a aquellas promociones que quieran después dedicar esa vivienda de alquiler o quieran rehabilitar vivienda para dirigirla al régimen de alquiler, como también a
través de la intervención del Gobierno de la Generalitat y su consejero Felip Puig tuvimos oportunidad en la conferencia sectorial de abrir lo que puede ser una modificación en el IBI para las viviendas vacías y, de acuerdo con los ayuntamientos,
intentar también que los ayuntamientos puedan modular ese IBI en el supuesto de viviendas vacías. Todo esto en el ámbito fiscal es importante. Importantes son también para nuestro grupo medidas tendentes a una mejor gestión del patrimonio del
suelo que es propiedad de la Administración General del Estado. Aquí también podemos impulsar medidas, y se ha recogido en la conferencia sectorial una serie de propuestas de la Generalitat de Catalunya tendentes a que el patrimonio público de la
Administración general del Estado -hablamos del patrimonio de RENFE, del Ministerio de Defensa, de cuarteles de la Guardia Civil- no vaya directamente a la subasta porque se lo quedarán promociones privadas, sino que ese patrimonio pueda ofrecerse a
la Administración autonómica para que pueda ofertar promociones públicas de viviendas de protección oficial. Este es un objetivo que tiene nuestro grupo parlamentario, ya que sin duda esas viviendas de protección oficial no tendrán esos baremos de
mercado que están sufriendo tantos y tantos ciudadanos. Estas son medidas que mi grupo y el Gobierno de la Generalitat han conseguido plasmar en los acuerdos de la conferencia sectorial.
También hemos conseguido flexibilizar determinados aspectos del Plan de vivienda, aspectos importantes en cuanto al límite de vivienda que puede ser subvencionada si es de segunda mano. Ahora estamos en unas cifras, señorías, que se impide
a familias de muchos barrios de Barcelona (de Hospitalet de Llobregat, de Badalona), con un nivel de renta que en ningún caso es excesivo, acceder a una subvención para adquirir una vivienda de segunda mano porque el límite estaba encorsetado en
1.389 euros el metro cuadrado, y ese límite no es realista de acuerdo con los precios que existen, sino que la gente está comprando a un nivel de precio por metro cuadrado muy superior. Por tanto, no
se les permitía a esas familias acceder a las ayudas. Ahora se van a flexibilizar esos límites. Hemos calculado que sólo en Cataluña esto va a suponer que seis mil familias, que han adquirido una vivienda de segunda mano y que no han
podido acogerse a ayudas, van a poder hacerlo. Estamos, como decía la portavoz del Grupo Vasco, en una línea ya iniciada a través de la modificación de la Ley del Suelo, que tiene su origen en el decreto-ley. Estamos en fase de ponencia, mi grupo
apuesta por esa fase y esperamos que en ella podamos tener unos resultados que en el tiempo puedan llegar incluso antes que si se tomaran en consideración las proposiciones de ley que hoy debatimos.
En consecuencia, mi grupo parlamentario, sin negar el valor que tienen, entiende que debemos apostar por la ponencia ya iniciada, especialmente -con eso voy terminando ya, señora presidenta- atendiendo también al tema competencial. Nosotros
hacemos una valoración positiva de la distribución competencial que quedará tras el compromiso de añadir nuestras enmiendas a ese proyecto de ley. Si se aceptan, la legislación urbanística de las comunidades autónomas queda salvaguardada. Debemos
tener presente que el propio Tribunal Constitucional ha recogido en su sentencia de 20 de marzo de 1997 que el legislador estatal carece constitucionalmente de competencias en materia de urbanismo y de ordenación del territorio. El aspecto
competencial es importante y la proposición de ley del Grupo Socialista tiene artículos concretos -el 8 b), el 9, el 14, el 15, el 16, el 17 y otros más- que vulneran ese ámbito competencial. De ahí que mi grupo se va a abstener en la proposición
de ley del Grupo Socialista.
Valorando la intención de la señora Urán al presentar la proposición de ley del Grupo de Izquierda Unida, lamentablemente no le podremos dar nuestro apoyo porque parte de un concepto del derecho a la edificación absolutamente distinto del
que tiene mi grupo parlamentario, un concepto de la titularidad del derecho a edificar que se entiende que es de dominio público y que el propietario estará sujeto a una concepción administrativa. Nosotros respetamos este modelo pero no encaja bien
con el modelo económico que la propia Constitución nos ha diseñado, de ahí que no podamos dar apoyo a esa proposición de ley.
Nada más, señora presidenta, señoras y señores diputados. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ortíz.
El señor ORTÍZ GONZÁLEZ: En aras de la brevedad, quiero anunciar de entrada que la posición de mi grupo en este turno de fijación de posición es contraria a la toma en consideración de las dos proposiciones de ley sobre el suelo, la del
Grupo Parlamentario Socialista y la que es prácticamente idéntica o coincidente y muy próxima, con alguna salvedad a la que luego me referiré, de Izquierda Unida.
En cuanto a la intervención del portavoz de Convergencia i Unió hay puntos muy grandes de coincidencia en ese trámite con el que en paralelo con estas proposiciones de ley se plantea en la Comisión de Infraestructuras, que dará lugar a la
aprobación definitiva como proyecto de ley del Decreto-ley 4/2000. Las razones de nuestra posición son muy claras y se podrían agrupar sintéticamente en tres órdenes: en primer lugar, por coherencia con la posición del Gobierno y de nuestro grupo
en materia de política de vivienda y de suelo; en segundo, por discrepancia sustancial en los principios y criterios básicos de ambas proposiciones de ley y, en tercero, por discrepancias importantes en aspectos no sustanciales, pero sí concretos y
específicos. En primer lugar, por coherencia o, mejor dicho, por incoherencia o incompatibilidad de la posición de mi grupo con la filosofía fundamental del Grupo Parlamentario Socialista y de Izquierda Unida. La posición está claramente reflejada
en la Ley de 13 de abril de 1998, en el Decreto-ley 4/2000, que ya se está tramitando en régimen de ponencia, y fundamental y recientisimamente en el acuerdo nacional de suelo y vivienda, logrado en la conferencia sectorial convocada por el
Ministerio de Fomento y celebrada los días 18 de diciembre y 22 de enero próximos pasados. El acuerdo suscrito virtualmente por todas las comunidades autónomas, salvo por las gobernadas por el Partido Socialista, abordan los cuellos de botella
fundamentales en materia de vivienda y de suelo. Lo hace con un punto de partida, que es la distribución competencial según la interpretación constitucional del tribunal del mismo orden. Hay una palabra del profesor González Pérez que expresa lo
que ha sucedido con las competencias del Estado: jibarización. Recuerdan ustedes a los jíbaros, aquellos indios que reducían las cabezas humanas. Esto es lo que ha sucedido con las competencias del Estado, que se quiera o no, y nadie se ha
referido a este tema salvo el portavoz de Convergencia i Unió, han quedado circunscritas a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos por obra y gracia de la Ley de Régimen Local. En la Conferencia del suelo se obtiene un acuerdo que algunos
medios han calificado de mínimos. A mí me parece un acuerdo muy importante, ya que han quedado excluidas sólo las comunidades gobernadas por el Partido Socialista, donde se contrae el compromiso de modificar la legislación básica estatal y los
sucesivos compromisos de modificar la normativa de las comunidades autónomas. Ya sé que es lamentable -me refiero a alguna alusión del señor Morlán- que este país cuente -y yo lo he dicho muchas veces desde esta tribuna- no con una ley del suelo
sino con diecisiete. De ahí la necesidad de concertación, de ahí la necesidad de coordinación, de ahí la conveniencia y la bondad del acuerdo nacional del suelo, que no es un acuerdo
impuesto, señor Morlán, sino que ha sido un acuerdo aceptado por las comunidades autónomas que lo han suscrito. Dada la discrepancia fundamental entre su filosofía de suelo y la nuestra, creo que se ha logrado un auténtico milagro.
Los elementos básicos de este acuerdo nacional de suelo son: la definición del suelo no urbanizable con criterios objetivos; la regulación del derecho de transformación del suelo urbanizable definitivamente en urbano; derecho a la
transformación de suelo urbanizable, que tanto una proposición de ley como otra prácticamente ignoran y convierten a los propietarios en una especie de coadyuvantes o copartícipes en la ejecución junto a otros, generalizando la figura del agente
urbanizador de la legislación valenciana e imponiéndola a todo el territorio nacional; el perfeccionamiento de los métodos de valoración de suelo urbanizable y urbano, con objeto de eliminar elementos especulativos -esto constituye, seguramente,
una vía de aproximación en alguna medida, aunque lo veo muy difícil, a las normas de valoración de la proposición de ley socialista-; la aplicación de la clasificación de suelo establecida por la Ley de 1998 (suelo no urbanizable, urbano y
urbanizable) a los planeamientos vigentes o en tramitación, con lo cual se quita esa especie de vacatio legis que había por medio; y abordar el problema de los suelos patrimoniales de las administraciones públicas, a los que se has referido el
señor Morlán, y también el portavoz de Convergència i Unió, pero ciertamente no por su adscripción al cien por cien, como se ha dicho en algún documento del Partido Socialista, o al 50 por ciento, como también se ha dicho en esta Cámara, sino dando
lugar a unos criterios preferenciales de adscripción a la vivienda protegida.
Todo esto sería amén de la agilización y simplificación de procesos de transformación de suelo, del mantenimiento del derecho de consulta, etcétera. En definitiva, una
serie de aproximaciones importantes que suponen modificaciones de la Ley del Suelo a través de la tramitación del proyecto de ley y que constituyen la posición del Gobierno que en definitiva y desde el punto de vista práctico consiste en algo
fundamental, porque nosotros creemos que es necesario producir y disponer de suelo urbanizado en cantidad suficiente y en tiempo preciso para que la oferta se ajuste al ritmo de la demanda, y además que exista la certeza de que esa producción no va
a cesar o se va a interrumpir por limitaciones de carácter administrativo. Ahí coincidimos, como ha dicho el señor Jané, en esta materia. Efectivamente, se trata de aumentar la oferta de suelo para que por el juego de la oferta y la demanda un
aumento de la oferta de suelo reduzca los precios.
El segundo capítulo, hemos dicho, son las discrepancias sustanciales, que se refieren a dos temas que digo sin paliativos: el modelo de política urbanística y de suelo -el nuestro no tiene nada que ver con el del Partido Socialista y con el
de Izquierda Unida- y el concepto y alcance del derecho de propiedad del suelo. En primer lugar, claro que hay dos modelos distintos: un modelo intervencionista, que es el que establece las urbanizaciones forzosas, la venta y la sustitución
forzosa, la apelación a la expropiación, la Ley 8/1990, texto refundido de 1982, que mereció el varapalo más gordo que ha recibido ninguna norma jurídica en este país por la derogación del 80 por ciento de sus preceptos -se lo recuerdo, señor
Morlán; y, de otra parte, el modelo liberalizador, que es el del Partido Popular, de las comunidades en las que gobierna y del acuerdo nacional de suelo. Hay que recordar, a efectos de las cifras con las que inició su exordio el señor Morlán, que
en la última etapa socialista, entre 1990 y 1996, el suelo se encareció en el 225 por ciento, frente a otra barbaridad, pero no tan grande, que fue el encarecimiento del 120 por ciento que se ha registrado en la etapa del Partido Popular, entre 1996
y 2001. Consiguientemente, el modelo intervencionista ya está ensayado, sus resultados a la vista están y no parece muy aconsejable prolongarlo en el tiempo. La disparidad de modelos llega a la concepción misma del derecho de propiedad, porque las
facultades urbanísticas, el derecho a urbanizar, el derecho a la urbanización, el derecho a edificar y el derecho a la edificación, según el modelo intervencionista, no corresponden al propietario, son de dominio público. Ahí el punto límite es la
enmienda de Izquierda Unida que convierte el derecho de propiedad del suelo en una concesión administrativa. Obvio es decir que el modelo liberalizador reconoce que estas facultades urbanísticas son inherentes al derecho de propiedad y tienen, por
consiguiente, realidad preexistente.
Finalmente, el último capítulo -voy acabando, señora presidenta- es el relativo a aquellos aspectos importantes, concretos, con los que estamos en radical desacuerdo, en particular en el tema de valoraciones. Frente a la realidad del valor
del mercado, estimado como se quiera, a las normas acordadas -valga la redundancia- en el acuerdo nacional del suelo en esta materia de valoraciones, ustedes dicen que los valores actuales son ficticios; los ficticios son los de ustedes y
contrarios a la Constitución y a la propia Ley de expropiación forzosa, que cuando habla del justo precio se está refiriendo a lo que la jurisprudencia ha interpretado como el valor de sustitución de un bien, y este no puede ser otro que el valor de
mercado o un valor muy próximo. Lo que ustedes quieren con la materia de valoraciones es algo muy sencillo, señorías: expropiar más barato; la expropiación es su obsesión y ustedes con estas normas de valoraciones lo que quieren es expropiar más
barato.
En este capítulo de discrepancias concretas no podemos estar de acuerdo ni con el trato que dan al derecho de transformación del suelo urbanizable, que prácticamente lo ignoran y convierten al propietario en un titular que tiene algún
derecho de preferencia en igualdad de condiciones y en un mero partícipe en el proceso de
ejecución. No podemos estar de acuerdo en la formulación, que quiere ser cuasi constitucional, de un conjunto de derechos y deberes, lo cual no tiene sentido en una ley sectorial; además, si me permite, señor Morlán, seguramente sería
inconstitucional esa enunciación de derechos y deberes porque constituiría -y ahí la sentencia de 20 de marzo de 1997, que utilizo en este caso en mi favor- una invasión clarísima de las competencias de las comunidades autónomas, con independencia
de que nos deja en la interrogante de cómo afectaría a los propietarios del mundo rural.
La recuperación de fórmulas...
La señora PRESIDENTA: Señor Ortiz, le ruego que concluya, por favor.
El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Voy acabando.
Recuperan fórmulas que ya están olvidadas: la venta y la sustitución forzosa y la apelación continua a la expropiación; la vuelta a la cesión del 15 por ciento y para las comunidades autónomas, según el texto que ustedes han planteado, sin
límite alguno, frente a la prudencia de la norma de la Ley del 98, que establece esta gradación entre el cero y el diez por ciento.
En definitiva, señorías, con esta proposición de ley ni se garantiza ni se favorece el acceso a la vivienda, ni se garantiza que se van a promover viviendas y a construir un mayor número de viviendas protegidas; favorece la especulación del
suelo al limitar la oferta; recupera mecanismos de intervención que están pasados y que han demostrado su ineficacia -los datos que he dado del crecimiento del precio del suelo en estos años lo avalan claramente-. Finalmente no puedo dejar de
incidir en que olvida que la responsabilidad en materia de suelo, ordenación del territorio y vivienda corresponde a las comunidades autónomas. Creemos que estamos cargados de razón para decir no, un no rotundo y claro, a las dos proposiciones de
ley, tanto a la del Grupo Socialista como a la de Izquierda Unida.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ortiz.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
La señora PRESIDENTA: Señorías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento, esta presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión del punto número 3, correspondiente a la
toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señor Puigcercós), sobre creación del impuesto sobre pernoctaciones en empresas turísticas de alojamiento. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
En consecuencia, queda aprobada la exclusión del orden del día del punto de referencia.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIONES)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS EN LA VALORACIÓN DEL SUELO PARA FAVORECER EL ACCESO A LA VIVIENDA Y COMBATIR LA ESPECULACIÓN. (Número de expediente 122/000266.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la toma en consideración de proposiciones de ley. En primer lugar, toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre establecimiento de medidas en la
valoración del suelo, para favorecer el acceso a la vivienda y combatir la especulación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 121; en contra 165; abstenciones, 24.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE EL RÉGIMEN LEGAL DEL SUELO. (Número de expediente 122/000275.)
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el régimen legal del suelo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 119; en contra, 184; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LAS MEDIDAS A ADOPTAR PARA CONTINUAR CON LA LUCHA Y PREVENCIÓN CONTRA LOS VERTIDOS DE HIDROCARBUROS EN LAS AGUAS DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS. (Número de expediente 162/000670.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR NÚÑEZ), SOBRE PLAN DE PREVENCIÓN Y EMERGENCIA ESPECÍFICO ANTE CATÁSTROFES ECOLÓGICAS EN EL
MAR EN LA ZONA DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR Y EN LA BAHÍA DE ALGECIRAS.
(Número de expediente 162/000641.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE UN PLAN DE EMERGENCIAS MARÍTIMAS GLOBAL PARA EL ESTRECHO DE GIBRALTAR Y DE VERTIDOS CONTAMINANTES PARA LA BAHÍA DE ALGECIRAS. (Número de expediente 162/000655.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, RELATIVA A UN PLAN DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN ANTE POSIBLES CATÁSTROFES PROVOCADAS POR GRANDES PETROLEROS EN EL ESTRECHO DE GIBRALTAR Y LA BAHÍA DE ALGECIRAS.
(Número de expediente
162/000657.)
La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: Proposiciones no de ley.
En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las medidas a adoptar para continuar con la lucha y prevención contra los vertidos
de hidrocarburos en las aguas de la bahía de Algeciras. Se debatirá conjuntamente con las siguientes proposiciones no de ley: del Grupo Parlamentario Mixto (señor Núñez), sobre plan de prevención y emergencia específico ante catástrofes ecológicas
en el mar, en la zona del estrecho de Gibraltar y en la bahía de Algeciras; del Grupo Parlamentario Socialista, sobre un plan de emergencia marítima global para el estrecho de Gibraltar y de vertidos contaminantes para la bahía de Algeciras; y del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a un plan de prevención y actuación ante posibles catástrofes provocadas por grandes petroleros en el estrecho de Gibraltar y bahía de Algeciras.
Para la presentación de la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Landaluce. (Rumores.)
Señorías, para poder continuar con el debate sería conveniente que ocuparan los escaños y, a ser posible, mantuvieran las conversaciones fuera del hemiciclo.
Adelante, señor Landaluce.
El señor LANDALUCE CALLEJA: Gracias, señora presidenta. Con su venia.
Subo a la tribuna, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, para presentar nuestra proposición no de ley. Señorías, el debate que ahora mismo nos ocupa trata sobre las medidas que tienen que incidir en la seguridad marítima y la lucha
contra la contaminación por hidrocarburos en la bahía de Algeciras, en el estrecho de Gibraltar y -cómo no- en todas nuestras costas. Desearía iniciar mi exposición dando una breve descripción del entorno marítimo de la zona del Campo de Gibraltar.
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Landaluce.
Señorías, silencio.
Adelante, señor Landaluce.
El señor LANDALUCE CALLEJA: Como les decía, deseaba iniciar mi exposición dando una breve referencia del entorno marítimo de la zona del Campo de Gibraltar. En la bahía de Algeciras, que tiene una lámina de superficie de agua de unos 72
kilómetros cuadrados, se encuentra el puerto de Algeciras, el primer puerto de tráfico de España: el año pasado movió más de 55 millones de toneladas de mercancía, el movimiento de buques fue de más de 19.500 y el tránsito fue de más de 2 millones
de pasajeros.
También se encuentra el puerto de la colonia de Gibraltar, el primer puerto de aprovisionamiento de combustible del Mediterráneo al que se llama, como ustedes sabrán, la gasolinera del Mediterráneo; el número de buques que entraron
en Gibraltar el año pasado fue de 6.500. También se encuentra allí el primer polígono industrial de Andalucía. En el saco de la bahía se hallan empresas como refinería CEPSA, Acerinox, las centrales térmicas Repsol butano y otras seis grandes
industrias más. En esta bahía, también se encuentran las playas de los municipios de La Línea, San Roque, Los Barrios y Algeciras, cuya utilización se compatibiliza con lo anterior y que se promocionan como parte del desarrollo turístico de la
zona. Por el estrecho de Gibraltar, navegaron en el año 2002, en ambos sentidos, más de 56.600 buques. Hago referencia, señorías, a este alto tráfico de navegación ya que el estrecho de Gibraltar es, junto con el canal de La Mancha y el estrecho
de Malaca, uno de los tres puntos de navegación más delicados en el mundo. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
Esta es la realidad del entorno marítimo e industrial que estamos debatiendo, que genera riqueza y un gran número de puestos de trabajo, donde se intenta aparejar la actividad industrial, fundamentalmente industria pesada, con las
actividades recreativas, pero también, cómo no, el riesgo de vertidos o de accidentes ES mayor que en otras zonas costeras. Es por ello por lo que se han emprendido distintas actuaciones por el Gobierno en los últimos años. En el año 1998, en la
primera legislatura del Gobierno del Partido Popular, se puso en marcha la nueva Capitanía marítima y la torre de control, en la que se encuentra situado el centro de coordinación de salvamento y que ha significado un cambio radical en la seguridad
en la navegación y en la prevención de la lucha contra la contaminación en la bahía de Algeciras. Se aprueba el Plan nacional de contingencias por contaminación marina, por Orden de 23 de febrero de 2001, como desarrollo del Convenio internacional
sobre preparación contra la contaminación por hidrocarburos de Londres, de 1990, que supuso un gran avance en la respuesta a las contaminaciones.
Cabe destacar, señorías -y ustedes lo habrán seguido por los medios de comunicación-, que con el hundimiento de la gabarra Spabunker IV se puso en marcha este plan y ha significado un satisfactorio trabajo de todos.
Dentro del Plan nacional
de salvamento marítimo 2002-2005, se ha puesto en marcha el plan especial de lucha contra la contaminación en la bahía de Algeciras; fue el 5 de septiembre de 2002. En desarrollo de este plan, una embarcación de salvamento marítimo se dedica a
realizar patrullas exhaustivas en la bahía de Algeciras, con el objetivo de supervisar los posibles focos de contaminación previniéndola, evitándola o combatiéndola, manteniendo la línea de coordinación existente entre todos los protagonistas de los
incidentes de la contaminación, las entidades y autoridades locales, comarcales, regionales, la autoridad portuaria, empresas del sector, etcétera. Además, se están realizando campañas específicas informativas, dirigidas a los navegantes de la
zona, para difundir las normas sobre la protección del medio ambiente marino.
La creciente preocupación y concienciación medioambiental nacional e internacional por los accidentes marinos de buques petroleros que han derramado importantes cantidades de hidrocarburos en el mar, con desastrosos efectos para el
ecosistema marino de la zona costera afectada (desde el accidente del buque Torrey Canyon en la costa francesa, del Exxon Valdez en la costa de Alaska, del Aegean Sea en la costa gallega o del Erika en la costa de la bretaña francesa hasta la del
Prestige en la actualidad), ha dado lugar a que se siga trabajando sobre los objetivos de mejorar la coordinación de la actuación de los distintos medios capaces de realizar operaciones de búsqueda, de salvamento de vidas humanas y de lucha contra
la contaminación pertenecientes a las diversas administraciones así como a instituciones públicas y privadas.
Por ello, nuestra Administración, entre otras actuaciones, está implantando y mejorando los sistemas de control de tráfico marítimo que cubre la totalidad de la costa española mediante el establecimiento de centros coordinadores regionales y
locales, está potenciando los medios de salvamento y lucha contra la contaminación marina ya existentes y formando aún más al personal especializado. De hecho, España, como muestra de su liderazgo en materia de seguridad marítima en los últimos
años, ha sido el primer país de la Unión Europea que, en cumplimiento del acuerdo del Consejo de Ministros de Transportes de la Unión Europea, celebrado el 6 de diciembre del año pasado y ratificado por la cumbre de Copenhague el día 12 de
diciembre, también del año pasado, se comprometía a no admitir petroleros de casco único que transportaran petróleo pesado.
Vuelvo a repetir, ha sido el primer país que ha adelantado la efectividad en el tiempo de las prohibiciones contenidas en el
referido reglamento comunitario respecto de los petroleros de casco único que transporten los hidrocarburos más contaminantes y persistentes. Esta posición de liderazgo de España en materia de seguridad marítima se ha puesto de manifiesto
nuevamente en la reciente cumbre hispanoalemana, celebrada hace unos días en Lanzarote, por la que se acordó la puesta en práctica por los dos países de todas las decisiones adoptadas al respecto en el Consejo de Ministros de Transportes al que
antes he hecho referencia.
Desde el Grupo Popular, señorías, deseamos que se siga manteniendo y acrecentando la posición de liderazgo de España en seguridad marítima, prevención y lucha contra la contaminación. Por ello, instamos al Gobierno a impulsar decididamente
la completa y urgente aplicación de las conclusiones aprobadas por unanimidad en los consejos de ministros de transportes de la Unión Europea; a encomendar a la Agencia Europea de Seguridad Marítima que preste atención a las áreas de mayor
tránsito, entre las que se encuentra de una forma muy especial el estrecho de Gibraltar; a realizar un estudio, tras la positiva puesta en práctica del Plan de vigilancia especial de la bahía de Algeciras y, transcurrido un año de su vigencia
-faltan solamente seis meses-, a contrastar sus resultados prácticos y proponer las mejoras que puedan resultar necesarias, considerando las especiales condiciones de la bahía de Algeciras. Instamos al Gobierno a que siga reclamando al Reino Unido
el estricto y urgente cumplimiento de la normativa de seguridad marítima en Gibraltar y en particular las inspecciones y las operaciones de avituallamiento de buques; a aplicar cuantas medidas sean convenientes para el mejor control de los buques
en tránsito o con destino a nuestros puertos.
Señorías, la posición del Grupo Popular en esta moción coincide con la exposición, hace tres semanas escasas, del ministro de Fomento ante una interpelación del diputado señor Núñez, que ha quedado plasmada claramente en nuestra
intervención, instando al Gobierno a seguir adoptando y haciendo cumplir medidas de seguridad en el transporte marítimo más rigurosas que nunca en nuestra historia y muy por encima de los estándares internacionales actuales, ya que el desarrollo
sostenible es compatibilizar el desarrollo económico, la integración social y una preservación medioambiental. Este es uno de los objetivos del Gobierno de José María Aznar y por supuesto el objetivo de la proposición no de ley que ha presentado el
Grupo Popular.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Landaluce.
Tiene la palabra el señor Núñez, en representación del Grupo Parlamentario Mixto, para la defensa de la proposición no de ley sobre plan de prevención y emergencia específico ante catástrofes ecológicas en el mar en la zona del estrecho de
Gibraltar y en la bahía de Algeciras.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Señora presidenta, señorías, como ha dicho el portavoz del Grupo Popular, hace unas pocas semanas asistíamos al debate de una interpelación presentada por este portavoz sobre la situación de los vertidos en la bahía
de Algeciras. Muchas veces hemos escuchado datos en esta Cámara -es la tercera vez que subo a la tribuna a hablar de este aspecto- sobre el intensísimo tráfico del estrecho de Gibraltar. Yo no quiero repetir datos sino tan sólo decir que, en una
bahía donde fondean 23.000 barcos al año y en un estrecho por el que circulan casi 90.000 buques, los vertidos se producen todos los días. Los vertidos se están produciendo en estos momentos, se producen por falta de medios de detección, control,
planificación, sanción, seguimiento, es decir, no hablamos de catástrofes puntuales sino de que todos los días suceden pequeñas catástrofes que, sumado a que los barcos que no cumplen, a que limpian de noche sus propias bodegas y a que hacen una
serie de actividades ilegales, producen un tremendo daño de contaminación medioambiental en la bahía, que no sólo afecta al medio ambiente del área sino también a su situación socioeconómica en tanto en cuanto los propios vertidos, los olores y la
imagen dañan también el atractivo turístico de la zona.
Nos encontramos, pues, señorías, ante una situación grave. A la proposición no de ley que presentó este portavoz hace mes y medio la han seguido tres proposiciones más: la que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, la que ha
presentado el Grupo Socialista y la que ha presentado el Grupo de Izquierda Unida. Yo me congratulo de que todos seamos capaces de detectar esta gravedad y las tres cuestiones que tenemos que abordar. Hemos hablado del tráfico, pero no hemos
hablado de la burbuja -esa burbuja llamada Gibraltar-, donde no se cumplen los requisitos de la normativa europea. ¿Para qué nos sirve la normativa si no se cumple en aguas gibraltareñas? ¿Para qué nos sirve la normativa europea que aprobó
recientemente el Consejo de Ministros si la acción de la Agencia Europea de Seguridad Marítima todavía no es eficaz porque no cuenta con medios al estar recién formalizada? Es fundamental, por un lado, un plan de prevención y de emergencia, que
sirve para que no pasen las cosas y para saber qué hay que hacer cuando pasen. Me parece primordial que el Gobierno, a través la experiencia que tiene de los tiempos pasados, evalúe esas experiencias y dote el plan de medios. No se puede tener un
inspector para una bahía donde fondean 22.000 buques. Me señalan que son tres, pues es imposible inspeccionar 22.000 buques entre tres señores. Hay que incrementar de forma notable el número de medios de inspección. Hay que coordinar al máximo lo
que hay que hacer en caso de una catástrofe. Respecto a la Agencia Europea de Seguridad Marítima, hay que instar a que se ponga en marcha. Todos sabemos, señorías, lo que les cuesta rodar a los mecanismos de la Unión Europea; se aprueban, se
discuten y, hasta que se dotan, se ponen en marcha y se hacen eficaces, pasa mucho tiempo. En su momento hablamos de contar en el área con una subsede de la agencia que, precisamente por el carácter estratégico del estrecho de Gibraltar, esté
emplazada en estas aguas.
Hay una tercera cuestión, que Gibraltar no se salte a la torera la normativa europea y que se inste al Reino Unido a que en esas aguas también se cumpla la normativa. El riesgo es grande porque el tráfico es elevado pero, desde luego
disminuye si contamos con una buena prevención, si tenemos medios por si pasa algo, si tenemos una Agencia Europea de Seguridad Marítima establecida allí con medios para sancionar todas las maniobras de incumplimiento, los barcos con bandera de
conveniencia y el trasiego de combustible de gabarras a barcos sin cumplir la normativa.
Por último, como digo, una vuelta más de tuerca al Reino Unido respecto a esa área en donde no se cumple, que se llama Gibraltar.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Núñez.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de la proposición no de ley de dicho grupo, sobre un plan de emergencias marítimas global para el estrecho de Gibraltar y de vertidos contaminantes para la bahía de Algeciras,
tiene la palabra el señor De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Muchas gracias, señora presidenta.
España es un país con casi 8.000 kilómetros de costa, lo que supone que nuestras aguas territoriales se vean diariamente surcadas por una encrucijada de rutas marítimas, con un intenso tráfico de buques mercantes, portacontenedores, graneros
sólidos y líquidos y buques que transportan todo tipo de mercancías peligrosas. Por lo que se refiere al ámbito territorial de las iniciativas que hoy debatimos, es decir, al estrecho de Gibraltar, nos encontramos con un escenario distinto, pero
común en cuanto al problema, que es el de los vertidos que se producen en aquella zona.
Señorías, con todo mi respeto a los intervinientes anteriores, quiero decir que, para enmarcar bien el problema, hay que diferenciar muy claramente los tres escenarios en los que se da la problemática de los vertidos, que son muy distintos
aunque cercanos unos de otros. Uno es la bahía de Algeciras, en la que entran y salen al año 20.000 buques, de los cuales 2.000 son petroleros, sumándose además el hecho de que en dicha bahía se encuentran instaladas 10 grandes industrias que
vierten sus aguas a la misma. En segundo lugar, nos encontramos con el estrecho de Gibraltar, que está fuera de la bahía de Algeciras y es mucho más amplio, por el que transitan al año, como se ha dicho, 90.000
buques. Hay un tercer escenario distinto y más difícil de combatir, por lo menos hasta ahora, que es la colonia de Gibraltar, que tiene un movimiento de entre 3 y 4 millones de toneladas de crudo y en donde se utiliza, como todos sabemos
por los medios de comunicación y porque lo hemos visto por la televisión, un buque cisterna, el Vegamagna, que se encuentra fondeado permanentemente en la zona próxima a Gibraltar, para trasegar fuel a otro buque menor, buque que a su vez lo
distribuye en gabarras, en pequeñas embarcaciones, a los barcos que llegan a las aguas de la bahía de Algeciras y que se aproximan a la zona de Gibraltar.
Esto, señorías, genera evidentes riesgos medioambientales, cada uno en una situación muy distinta, y lo cierto es que hasta ahora el Gobierno de la nación ha sido incapaz de abordar con medidas eficaces la solución a los tres escenarios que
acabo de describir. La mejor prueba de ello, señorías, es que en los tres últimos años en la bahía de Algeciras se han producido ni más ni menos que 44 vertidos contaminantes, ya procedan de la colonia de Gibraltar, del estrecho de Gibraltar o de
la bahía de Algeciras, 44 vertidos en tres años que han provocado cierres de playas, pérdidas económicas, deterioro del turismo, mala imagen, etcétera, y que han supuesto -lo digo aquí con pleno conocimiento- pequeños Prestige en la bahía de
Algeciras. Esto ha sido trasladado permanentemente por alcaldes de la zona, por instituciones económicas, sindicales, ecológicas y por supuesto por el Partido Socialista, y hasta ahora no se ha hecho nada de manera eficaz. Tras lo ocurrido en
Galicia con el Prestige, se está sufriendo con el hundimiento de una gabarra en la bahía de Algeciras, que contenía 1.000 litros de fuel en su bodega y que pudo provocar una situación tremendamente dañina para la zona de no haberse adoptado medidas
que luego han resultado eficaces, pero que inicialmente no estaban previstas. Recuerdo que se ha tardado un mes en extraer el fuel de esa gabarra y, si se hubiera derramado el día del hundimiento de la misma, habría producido, sin lugar a dudas,
una catástrofe medioambiental de incalculables consecuencias en la bahía de Algeciras.
Les voy a dar un dato. Tuvieron que auxiliarnos en las labores de la noche en que se produjo el hundimiento embarcaciones de Gibraltar ante la falta de
embarcaciones en la Capitanía marítima de Algeciras.
Creemos que, tras esos dos sucesos y esos 44 vertidos en tres años, ha llegado la hora de que en el Congreso de los Diputados pongamos sobre la mesa medidas eficaces que den solución a este problema, para que no se sigan produciendo pequeños
Prestige, como llevan produciéndose tres años en la bahía de Algeciras. Por eso, señorías, hemos presentado una proposición no de ley que aborda esas tres problemáticas, que son comunes pero distintas. Para el estrecho de Gibraltar, planteamos que
se establezca un plan de emergencias marítimas ante catástrofes que se puedan dar, como la del Prestige, en el que se tenga muy claro cuáles son los pasos a seguir -en este sentido, obviamente, hay que contar con la Junta de Andalucía- y que suponga
un incremento de medios navales, aéreos y eléctricos, de vigilancia de la Sociedad de Salvamento Marítimo, Sasemar. Estamos convencidos de que el Gobierno habrá aprendido la lección con lo que ha ocurrido en Galicia con el Prestige, pero queremos
el compromiso parlamentario de que se van a producir esos incrementos, porque no queremos que pase el tiempo, se empiece a superar esa situación, que es difícil de superar, y nos encontremos con nuevos vertidos en aquella zona.
Como primer punto de nuestra iniciativa, planteamos que se establezca este plan de emergencias marítimas ante catástrofes ecológicas en el estrecho de Gibraltar. En este sentido, señorías, me gustaría dar un dato. Según estudios que hemos
realizado, desde que gobierna el Partido Popular, en los distintos planes de salvamento marítimo se ha producido una disminución económica del 50 por ciento; cualquiera que contraste los Presupuestos Generales del Estado lo puede ver. Les voy a
dar otro dato, señorías. En España, un país, como ya hemos dicho, con 8.000 kilómetros de costa disponemos sólo de un buque, el Punta Mayor, de REMASA, con capacidad para recoger hidrocarburos, pero este buque tiene una capacidad de almacenamiento
muy limitada, solamente 100 metros cúbicos. Aparte del buque Punta Mayor, de REMASA, hay cinco embarcaciones pequeñas que recogen hidrocarburos en las láminas de las aguas, en el interior de los puertos. Lo que digo es tan evidente que, cuando se
produjo la catástrofe del Prestige, tuvieron que auxiliarnos buques remolcadores y de todo tipo del resto de los países de Europa. Así, nos encontramos con que países con mucha menor extensión que el nuestro, llámense Reino Unido, Alemania,
Bélgica, Noruega, Francia u Holanda nos triplican en medios señorías, y eso no puede continuar así. Este Gobierno se tiene que comprometer a aumentar esos medios.
Señorías, con respecto a la bahía de Algeciras, no ya al escenario que acabo de describir del estrecho de Gibraltar, pedimos y proponemos un plan especial de vigilancia. Nos dice el Partido Popular que ya existe, de acuerdo, existe, pero
por eso hemos planteado que ese plan conlleve un incremento de medios para la bahía de Algeciras, de tal manera que, por ejemplo, la Capitanía marítima de Algeciras duplique sus efectivos humanos, porque no es razonable que el puerto de mayor
tránsito de Europa, o al menos del Mediterráneo, disponga en su Capitanía marítima de la mitad de efectivos para controlar los vertidos de los que disponen puertos como Palma de Mallorca, Vigo, La Coruña, Bilbao o Barcelona, 24 efectivos, mientras
que la Capitanía marítima de Algeciras dispone de 12.
Por eso hemos planteado que se aumenten considerablemente los medios de Capitanía marítima.
Por último, tenemos la tercera pata de este problema de los vertidos, la colonia de Gibraltar. No dudamos
que el Gobierno esté intentado con el Reino Unido que desde Gibraltar se cumpla la normativa medioambiental en materia de avituallamiento y bunkering de buques, pero no lo ha conseguido, porque se siguen produciendo vertidos procedentes de
Gibraltar. Por eso, trasladamos la iniciativa de que se gestione eficazmente un acuerdo con el Reino Unido, para que se adapte a la normativa medioambiental europea la colonia de Gibraltar. Con la entrañable amistad que tiene el señor Blair con el
señor Aznar, y más en estos momentos, si no lo consigue ahora, nunca lo conseguirá. Tendremos que ser los socialistas el próximo año, cuando gobernemos (Rumores.), los que cerremos este acuerdo eficaz, a pesar de que las relaciones no son tan
buenas como las que ustedes tienen.
Señorías, nosotros creemos que si se apoyan estas tres patas que se contemplan en nuestra iniciativa, podrán abordarse los problemas de los vertidos de mejor forma.
Para terminar, señora presidenta, tengo que decir que los grupos Izquierda Unida, Mixto y Socialista hemos acordado suprimir esta tarde distintas cuestiones de nuestras iniciativas, que han sido aportadas a la Mesa, y respetar la que plantea
el Partido Popular, que nos parece bien pero había que mejorarla con esas modificaciones que hemos planteado y que acabo de describir, para intentar que un problema que preocupa, y gravemente, a los ciudadanos del estrecho de Gibraltar, de la bahía
de Algeciras, esta tarde tenga el refrendo de toda la Cámara. Confío y espero que así se produzca.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor De la Encina.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y para la defensa de la proposición no de ley de su grupo, relativa a un plan de prevención y actuación ante posibles catástrofes provocadas por grandes petroleros en el estrecho
de Gibraltar y la bahía de Algeciras, tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en primer lugar, yo quisiera destacar un hecho que no es habitual, por lo tanto hay que señalarlo positivamente cuando se produce, y es que los cuatro partidos políticos de esta Cámara con representación en Andalucía no sólo
hayamos coincidido a la hora de presentar sendas iniciativas, sino que además nos hayamos puesto de acuerdo y hoy se pueda aprobar aquí una proposición no de ley que estoy seguro que va a servir como instrumento siempre que el Gobierno así lo asuma.
Si cualquier proposición no de ley debe significar para el Gobierno una obligación, el hecho de que estas proposiciones se aprueben por cuatro grupos de esta Cámara con representación en Andalucía debe tener mucha mayor contundencia. Creo que esto
es así, no por casualidad, sino porque estamos ante una situación preocupante, que no es nueva; sin embargo, tenemos que reconocer que el aldabonazo que ha supuesto la catástrofe del Prestige ha servido para que se tengan más posibilidades de que
ahora se escuche lo que antes parece que no se escuchaba.
Es una realidad que la catástrofe del petrolero Prestige que han sufrido las costas gallegas, con las que hay que mostrar aquí también nuestra solidaridad, ha venido a plantear a todas las comunidades con litoral la necesidad de estar
preparados para dar una respuesta ante eventuales tragedias; en el caso del litoral andaluz, como ya ha dicho también otro portavoz, aunque no sería la gran tragedia que ha supuesto el Prestige en Galicia, para lo que son menores vertidos, que no
por ello dejan de tener un efecto muy negativo. Es importante señalar que la bahía de Algeciras tiene un intenso tráfico y una concentración industrial que ha producido pequeñas, y no tan pequeñas, catástrofes y vertidos a lo largo de los últimos
años, que han supuesto una degradación de la zona, que concentra riesgos y que limita el papel ecológico, también pasajístico y turístico, de los municipios de la zona. En muchos casos, han sido los ayuntamientos los que han tenido que suplir lo
que eran deficiencias de otras administraciones.
Así, hemos tenido conocimiento de que, de los 8.000 petroleros que navegan en aguas internacionales, sólo un tercio posee ese doble casco que puede servir para evitar los vertidos en caso de accidente, y en el caso de la bahía de Algeciras,
el tráfico anual de buques es cercano a los 100.000, que entran tanto en el puerto de Algeciras como en el puerto de Gibraltar. La verdad es que esto viene produciendo problemas, pero sobre todo significa una grave preocupación para todos porque,
de no preverse, si se produjera un accidente similar al que ha ocurrido en Galicia, se podría producir una catástrofe irreparable. Andalucía está, por tanto, expuesta a sufrir incidentes de los barcos basura en toda la ruta mediterránea y en el
estrecho de Gibraltar, como ya ha ocurrido en Galicia. También tenemos que señalar que los pequeños o menores incidentes que se producen suponen un grave deterioro porque no podemos olvidar que el litoral andaluz es una de las fuentes de riqueza
más importantes de toda la comunidad a través de la industria turística. Por eso la protección de nuestras costas y la defensa del ecosistema son vitales para el desarrollo sostenible de nuestra economía, de nuestra fauna y de nuestra flora y
cualquier incidente, por mínimo que sea, tiene una repercusión inmediatamente negativa porque en la prensa internacional es mucho mayor que la que puede tener en otra zona y, asimismo, porque los ayuntamientos del litoral no tienen por qué soportar
una carga en muchos casos imposibles de llevar por sus arcas municipales, cuando todos los riesgos deberían ser cubiertos por la Administración central del Estado. Es verdad que después de la catástrofe del Prestige todos estos riesgos se pusieron
de manifiesto en la madrugada del 21 de enero, cuando se produjo el
hundimiento en la bahía de Algeciras de una gabarra cargada con 900 toneladas de fuel y 100 de gasoil. Este hecho vino a situarnos con mayor contundencia ante una cruda realidad, que es el enorme peligro que corren las costas andaluzas en
general, pero de forma particular las más cercanas a la bahía de Algeciras. De este incidente, que además viene agravado por la existencia de la colonia de Gibraltar, tenemos que señalar también como grave, aunque sea algo colateral, lo ocurrido
con los periodistas y los militantes de Greenpeace. Esto nos puso de manifiesto la existencia de una colonia que no solamente no colabora, sino que en muchos casos tiene una actitud claramente negativa y de ocultación en este y en otros muchos
casos de carácter medioambiental, lo que debería llevar al Gobierno español a ser más exigente ante la Unión Europea respecto a la inseguridad que puede representar Gibraltar en muchos elementos. Por tanto, esta situación nos obliga a que se tome
conciencia de una vez por todas y se elabore de la forma más urgente posible un plan específico que actualice y sirva para la prevención y la respuesta ante las posibles catástrofes provocadas por los petroleros.
Nuestro grupo plantea tres bloques de propuestas, eso sí, planteando siempre que se haga en colaboración con la Junta de Andalucía y también con las administraciones locales y mancomunidades de la zona. El primer bloque tiene una serie de
iniciativas para afrontar actuaciones ante catástrofes ecológicas y control de los vertidos. En ellas planteamos lo que había que delimitar y los pasos y las secuencias a seguir en caso de accidentes o catástrofes en el mar. Además defendemos la
necesidad de dotarse de un puerto de refugio allí donde los técnicos determinasen.
También planteamos que habría que aumentar la capacidad de inspeccionar buques y, por tanto, la vigilancia, la supervisión y lucha contra la contaminación en la
bahía de Algeciras. Igual que consideramos importante dotar de manera urgente tres buques de lucha contra la contaminación petrolífera y, por último, la realización periódica de simulacros que permitan evaluar la respuesta ante posibles mareas
negras y corregir los defectos que puedan producirse en la puesta en marcha del plan.
El segundo bloque plantea instrumentos de coordinación e incremento de recursos humanos y materiales, para lo cual se propone que se establezca de manera permanente un comité de coordinación de la acción de los distintos gobiernos con
expertos de cofradías de pescadores, corporaciones locales afectadas y, por supuesto, la Junta de Andalucía.
El segundo elemento de este bloque sería la necesidad de contar con un parque de material y maquinaria específico para control y extracción
del crudo, algo tan simple pero que al final viene a evidenciar lo mal que están las cosas cuando hay que pedir lo que es evidente. Por último, que hubiese un organismo coordinador de la acción del voluntariado.
Por fin, proponemos un tercer bloque que plantease un control de paso en el Estrecho y un acuerdo con Gran Bretaña para hacer efectivo el respeto de la normativa europea en Gibraltar y en la bahía de Algeciras. Aquí hay que resaltar de
nuevo que es sorprendente que haya que solicitar en esta Cámara la necesidad de que el Gobierno español realice un esfuerzo para que Gran Bretaña cumpla con la normativa europea, para lo que presentamos dos propuestas: en primer lugar, la
participación en la vigilancia y el control del paso de petroleros por el estrecho de Gibraltar y puertos andaluces mediante controles aleatorios, tal y como establece la directiva comunitaria, al 25 por ciento de los barcos; en segundo lugar,
poner en marcha medidas diplomáticas eficaces ante el Reino Unido para que se cumpla esta normativa europea sobre avituallamiento y gasolineras flotantes en la colonia de Gibraltar. Hay que impedir, señorías, que sigan produciéndose vertidos
contaminantes procedentes de Gibraltar ante la negligencia de su Gobierno.
Entendemos que esta propuesta, que afortunadamente hemos sido capaces de consensuar entre todos los grupos, la que aquí finalmente votaremos, en la que nuestro grupo ha tenido que ceder en algunos puntos, es un buen instrumento. Ahora bien,
junto con el voto que hoy va a recibir creemos que de forma unánime esta iniciativa, también hay una exigencia al Gobierno. Es evidente que el Gobierno asume una responsabilidad de ese acuerdo mayoritario; por tanto, igual que hoy planteamos
nuestra satisfacción por haber sido capaces de llegar a este acuerdo, si en breve no se cumple lo que aquí acordemos, seremos mucho más exigentes con el Gobierno que así actúe.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Centella.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
A Coalición Canaria, dada la peculiaridad de nuestro archipiélago, con una refinería de petróleo, lugar de tránsito y también de arribada de petroleros que vienen de las distintas procedencias del crudo que transportan para las refinerías de
Europa, empezando por las de Tenerife, los suministros de combustibles para la movilidad de las naves que se surten en los puertos canarios nos llevan a tener un grado alto de sensibilidad. De aquí que haya una conexión de simpatía con las cuatro
iniciativas que han presentado el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Mixto y el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Nos da la sensación por su lectura -y lo corroboramos- de que en el fondo están pidiendo prácticamente lo mismo, es decir, una solución, una vigilancia en el área del estrecho de Gibraltar y de todo lo que es la bahía de Algeciras en lo
referente a la perturbación que ejercen los suministros de tipo bunkering de trasvase de combustible de petroleros a gabarras, etcétera, en lo que es un mercado libre petrolífero de suministro a buques que se realiza desde la colonia británica de
Gibraltar, lo que requiere una ordenación y una disciplina. En el fondo se está pidiendo con distintos instrumentos administrativos un órgano que discipline, que ordene, que reglamente una especie de caos que a veces se produce allí con los
peligros de derrames incontrolados y las contaminaciones y daños consecuentes.
Por lo que han expresado aquí los portavoces, y en una línea de apoyo sobre la primera iniciativa que plantea el partido del Gobierno, mi grupo da su voto de apoyo y cooperación y anuncia que si hay una enmienda de ensamblaje que recoja el
fondo de todas las cuestiones aquí planteadas, que nos parecen de gran sentido común y racionalidad, nosotros la vamos a votar favorablemente.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.
Señor Sedó, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor SEDÓ I MARSAL: Muchas gracias, señora presidenta.
El acuerdo entre los grupos proponentes nos permite hacer una intervención mucho más breve por cuanto hemos de decir que vamos a apoyar el resultado del acuerdo que ellos han conseguido y que hubiese sido para nosotros el mismo ya que íbamos
a votar a favor del texto presentado para las cuatro proposiciones no de ley.
Con el texto que presenta el Grupo Parlamentario Popular, en sus cinco puntos prácticamente puede irse colocando cada uno de los demás puntos de los distintos grupos parlamentarios, el Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida y el Grupo Mixto. Si lo hiciésemos al revés, tomando como número uno cualquiera de ellos, podríamos ir encadenando todo lo que se insta al Gobierno para solucionar este problema. Es importante señalar que el tránsito de
tantos buques mercantes, que las distintas proposiciones no de ley contabilizan entre 80.000 y 90.000, crean problemas graves en la bahía de Algeciras. Por tanto, creemos que la solución de esta problemática tiene que ser inmediata; problemática
que nos preocupa desde la información que se nos da porque vemos que el 90 por ciento del comercio del petróleo de la Unión Europea es transportado por buques y de este 90 por ciento, un 30 por ciento pasa después hacia el Mediterráneo y va a llegar
a costas españolas más hacia el norte del Mediterráneo o atravesándolo. Por tanto, cualquier previsión de soluciones para que el tráfico anual de estos buques esté bien controlado va en beneficio de otros lugares en los que también puede haber
peligro. Por ello nos parecen muy bien las cuatro proposiciones no de ley que han sido presentadas y, como digo, si se votan una a una, nuestro grupo les dará su apoyo aunque en alguna de ellas haya algún punto que podría hacernos dudar, pero la
suma total es favorable para todas ellas. Si hay una sola votación, como es lógico, vamos a votar favorablemente.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Sedó. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a iniciar las votaciones de las cuatro proposiciones no de ley que han sido debatidas. Ruego a SS.SS.
que, puesto que son unas votaciones con incorporación de algunas enmiendas transaccionales y que
tienen su complejidad, guarden un poco de silencio.
En primer lugar sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las medidas a adoptar para continuar con la lucha y prevención contra los vertidos de hidrocarburos en las aguas de la
bahía de Algeciras, que se somete a votación en sus propios términos y sin la incorporación de las enmiendas que habían sido presentadas por otros grupos parlamentarios.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 306; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Sometemos a continuación a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señor Núñez), sobre plan de prevención y emergencia específico ante catástrofes ecológicas en el mar en la zona del estrecho de Gibraltar y en la
bahía de Algeciras, que se somete a votación en los siguientes términos: En el punto 1 del texto originario de la proposición no de ley se suprime el párrafo siguiente: '...que adopte como punto de refugio de la bahía de Algeciras el dique
Crinavis, situado al nordeste del puerto de Algeciras, y que cuente con un órgano que coordine al Ministerio de Fomento y a la Junta de Andalucía para adoptar las medidas adecuadas de vigilancia y prevención que eviten y/o detecten los vertidos.' Se
somete a votación con la exclusión de este párrafo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 306; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre un plan de emergencia marítima global para el estrecho de Gibraltar y de vertidos contaminantes para la bahía de Algeciras, en los siguientes términos:
En el punto 1 se suprime la siguiente frase: '...así como un estudio para la búsqueda de un puerto refugio.' En el punto 2 se incorpora al final la siguiente frase: '...las aguas de la bahía de Algeciras que conlleva la presencia permanente de
buques de control para evitar vertidos.' En el punto 3, en lugar de la palabra 'duplicar', se incorpora lo siguiente: '...los buques que conlleve aumentar de forma prioritaria el número de personal de la Capitanía Marítima de Algeciras...',
etcétera. En el punto 4 se sustituye la palabra 'desarrollar' por 'seguir desarrollando'.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 307.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a un plan de prevención y actuación ante posibles catástrofes provocadas por grandes petroleros en el estrecho de Gibraltar y la bahía
de Algeciras, con las siguientes modificaciones a su texto original. En el punto 1 se sustituye la palabra 'delimitar' por 'seguir delimitando'. Se suprime el punto 2. En el punto 3 se sustituye la palabra 'aumentar' por 'seguir aumentando'. Se
suprime el punto 4. Y el punto 5 se inicia con la siguiente frase: 'Seguir realizando periódicamente...' y a continuación el texto de la iniciativa.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 304; en contra, uno; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS GRANDES CIUDADES, LAS CIUDADES Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA URBANA. (Número de expediente 162/000637.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, RELATIVA AL RÉGIMEN LEGAL DE LAS CIUDADES Y SUS ÁREAS URBANAS DE INFLUENCIA EN EL CONTEXTO DEL MODELO MUNICIPAL ESPAÑOL. (Número de expediente 162/000656.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las grandes ciudades, las ciudades y sus áreas de influencia urbana, que se debatirá conjuntamente con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, relativa al régimen legal de las ciudades y sus áreas urbanas de influencia en el contexto del modelo municipal español. (Rumores.)
Señorías, es preciso que continuemos con el debate, por lo cual ruego que ocupen los escaños o abandonen el hemiciclo.
Para la defensa de la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cuesta. (Continúan los rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio. (Pausa.)
Adelante, señor Cuesta.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Señora presidenta, señorías, me cumple defender la proposición no de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista sobre las grandes ciudades, las ciudades y las áreas de influencia urbana.
Es esta una iniciativa que se hace sin ningún afán electoral y pensando fundamentalmente en lo que no deja de ser una de las asignaturas pendientes de nuestra democracia: el avance en la autonomía local.
Después de veinticinco años de
Constitución, después de más de diecisiete años de Ley de Bases de Régimen Local, parece llegada la hora de plantearse el futuro de la orientación de lo que ocurre en las ciudades, de lo que ocurre en esas realidades que están muy próximas a las
ciudadanas y a los ciudadanos, que responden a los retos que hoy tiene planteados el Estado del bienestar y, sobre todo, que dan nuevas orientaciones, porque tienen una gran capacidad de innovación, a lo que podríamos definir como el futuro de la
organización de la democracia.
Se hace y se presenta esta iniciativa porque pretende reforzar el papel de los ayuntamientos y sobre todo regular una realidad que es constatable en estos momentos, como es el marco donde se desarrolla la política y la ciudadanía.
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Cuesta, por favor. (Pausa.)
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Decía que esta iniciativa pretende abundar en la autonomía local y que además no se hace con ningún planteamiento electoralista. Fíjense, en la mañana de hoy, probablemente con una mentalidad estrecha y cicatera,
algunos han llegado a calificar esta iniciativa como una pasada y como una gran vergüenza, porque traiciona el espíritu de la Carta Municipal de Barcelona. Que nadie se llame a engaño, en este texto se hace una apuesta decidida, contundente, por lo
que ha sido una moción aprobada por unanimidad en el Senado, por lo que ha sido una
iniciativa aprobada por unanimidad en Cataluña, por lo que ha sido una iniciativa aprobada por unanimidad en el Ayuntamiento de Barcelona, que es la apuesta por la Carta Municipal de Barcelona. Que nadie se llame a engaño y que nadie
manipule a la opinión pública interfiriendo con planteamientos electoralistas que no son los que están detrás de esta iniciativa.
Esta iniciativa intenta dar respuesta a las preocupaciones de nuestro tiempo. ¿Vamos hacia un mundo urbano en suburbanización continua? ¿Vamos hacia un mundo urbano sin ciudades? ¿Nos dirigimos hacia la desaparición de la ciudad como
forma cultural, al mismo tiempo que entramos en un mundo predominantemente urbano, metropolitano? Se pregunta Manuel Castells. Hay un artículo espléndido de un escritor, titulado La muerte de la ciudad, de Jesús Ferrero, que viene a describir la
realidad urbana.
Finalmente, la ciudad desbordada por sus suburbios. Y se nos plantea como reto de nuestro tiempo la necesidad de que no desaparezca la ciudad, que se creen tejidos sociales. La primera función de la sociedad es crear tejido
social. ¿Cómo se crea tejido social apostando por la autonomía local y por la ciudad? Se crea potenciando la ciudadanía, con participación ciudadana, con un nuevo modelo de gobierno local, con más democracia, con más capacidad, competencia y
recursos para hacer frente a la satisfacción de las necesidades.
Pues bien, esta proposición no de ley aborda estos importantes temas, estas cuestiones, y es además, tengo que decirlo abiertamente, fruto del diálogo político. Se trata de un tema de alcance del futuro del desarrollo de nuestra política
territorial y nosotros siempre hemos defendido que la metodología a aplicar es la del consenso y la de grandes acuerdos para garantizar un nuevo horizonte a la autonomía local y al futuro de las ciudades. Se ha hecho con esa mentalidad. Algunas de
las enmiendas que han sido planteadas por los grupos parlamentarios están prácticamente recogidas en la enmienda que hoy figura como presentada conjuntamente por el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Socialista, que recoge claramente el espíritu
que animaba nuestra proposición no de ley.
¿Cuáles son las medidas de innovación que se plantean? Se plantea un nuevo gobierno local, un impulso por la participación ciudadana. Se insta al Gobierno a un marco legislativo que garantice la regulación de la iniciativa ciudadana, la
promoción de las consultas populares, la promoción de cauces de participación, la creación de comisiones que tramiten, recojan, escuchen, aborden las reclamaciones y quejas de las ciudadanas y ciudadanos, y la creación de oficinas presupuestarias o
mecanismos de control presupuestario en el ámbito de los plenos de los ayuntamientos. Se trata, y así se recoge, de reforzar la función del concejal, la función de la democracia representativa, la función del pleno, la función del control, las
comisiones de investigación en el impulso democrático de la democracia representativa en el ámbito de los ayuntamientos. Un nuevo régimen específico orgánico funcional para los municipios -se dice- de mayor población, que implique fortalecimiento
del Gobierno; potenciación del pleno; la posibilidad de nuevos integrantes, de no electos en el Gobierno de una manera flexible; distritos; un órgano para la resolución de las reclamaciones tributarias de los ciudadanos; consejo social de la
ciudad; mecanismos de cooperación; cauces relacionales y de diálogo que hacen falta en nuestra democracia; conferencia sectorial de comunidades autónomas sobre la Administración local, con presencia de la Federación Española de Municipios y
Provincias; conferencia de ciudades; participación del municipalismo en la formación de la voluntad española en temas que afecten a la Unión Europea y que tengan especial repercusión en el ámbito municipal; cooperación y nuevas competencias;
seguridad ciudadana; justicia de proximidad; vivienda; empleo; servicios y prestaciones sociales; educación con suficiencia financiera, que es el mandato de esta proposición no de ley; incrementar la cooperación del Estado y las comunidades
autónomas con las corporaciones locales en el plan concertado para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales.
Efectivamente, hay una quinta cláusula en esta proposición no de ley por la cual se insta al Gobierno a desplegar la
actividad necesaria para lograr la ley de capitalidad de la villa de Madrid. Pero además se insta al Gobierno para dar cumplimiento a la moción del Senado sobre la Carta Municipal de Barcelona. Fíjense, con fecha 19 de febrero de 2002, se aprueba
en el Senado una moción, presentada por los grupos parlamentarios Popular, Socialista, Catalán en el Senado de Convergència i Unió, Entesa Catalana del Progrés, Senadores Nacionalistas Vascos, Senadores de Coalición Canaria y Mixto, con el texto que
literalmente forma parte también de esta proposición no de ley, tal como figura en la enmienda que ha sido transada y que en estos momentos puede concitar la mayor voluntad, el mayor apoyo, de la Cámara. Por tanto, y quiero dejarlo claro para que
nadie haga manipulaciones, hay una prioridad y debe presentarse, como se dice, a la mayor brevedad, un proyecto de ley que otorgue al Ayuntamiento de Barcelona las capacidades y competencias que se recogen en la Carta Municipal de Barcelona. Hay la
voluntad de desplegar la actividad necesaria para potenciar la ley de capitalidad de la villa de Madrid, la posibilidad de acoger también, en lo que sea aplicable y no específico de estos regímenes, a favor de otros núcleos o realidades urbanas que
tengan los mismos problemas.
Por tanto, se trata de una proposición no de ley que dirige múltiples mandatos en clave de innovación. Se habla de una ley para los ayuntamientos que tengan mayor población. ¿Qué se entiende, podrán decir algunas de SS.SS., por mayor
población? ¿250.000 habitantes? ¿200.000 habitantes en las capitales de provincias? ¿Menos habitantes si se trata de ciudades que
sean sede de instituciones de comunidades autónomas por acuerdo de estas comunidades autónomas? La fórmula nos vale y nos vale sobre todo en un mundo donde hay que ser flexibles y seremos flexibles, porque la realidad municipal española es
muy contundente: 7.808 municipios tienen menos de 20.000 habitantes; 115 tienen más de 50.000; 55 tienen más de 100.000, y 23 tienen más de 200.000 habitantes. Ésta es la realidad a la que hay que hacer frente con instrumentos jurídicos
flexibles, pero no por hacer un diseño puramente arquitectónico, sino para abordar, para resolver, para hablar, para tener en cuenta algo intrínseco en la idea de la ciudad, ciudadanas y ciudadanos. Ése es el espíritu de esta proposición no de ley.
Hemos renunciado...
La señora PRESIDENTA: Señor Cuesta, le ruego concluya, por favor.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Hemos renunciado a introducir en la proposición no de ley todo aquello que tenga que ver con reformas electorales; no renunciamos políticamente a ello, y presentaremos en su día una proposición de ley con texto
articulado. Lo hemos hecho en aras del consenso; a favor de una idea que supone una nueva organización y un reto para el esquema de la democracia. Dahrendorf, en su reciente libro Después de la democracia, realiza una reflexión que me parece
sugerente si la relativizamos y no la dirigimos contra el Estado de las autonomías.
Dice: la globalización siempre es un proceso dual, cuya otra cara es lo que hemos llamado localización. Cuando el poder se desplaza hacia espacios más amplios,
siempre hay una necesidad y una demanda general de lugares de decisión más próximos a la realidad concreta de las personas.
Esta es la capacidad de la ciudad; la capacidad de la ciudad que en el futuro, como lo hizo históricamente, tiene que
convertir la diversidad en sinergia, la competencia en estabilidad dinámica, el caos en orden; tiene que garantizar servicios ciudadanos, futuros diseños del Estado del bienestar y, sobre todo, nuevas fronteras al futuro de la organización de la
democracia. Con esto contribuimos a dar un impulso importante a una asignatura pendiente de nuestro Estado, después de 25 años de vigencia de la Constitución: el impulso de la autonomía local.
Creo, señora presidenta, señoras y señores diputados, que hoy daremos un paso importante si esta proposición no de ley, desde la mayor conjunción de voluntades, prospera en los términos que hemos convenido y recibe el apoyo de la Cámara.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cuesta.
Para la defensa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa al régimen legal de las ciudades y sus áreas urbanas de influencia en el contexto del modelo municipal español, tiene la palabra el
señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, señor ministro, subo a esta tribuna a defender la iniciativa de mi grupo parlamentario, reconociendo el esfuerzo que han hecho otros grupos parlamentarios y el Gobierno en pro del consenso.
Un consenso del que no hemos sido parte, aunque compartimos un bloque importante de los elementos que se pasarán a votación en la enmienda transaccional que, sumando aunque sea con números gruesos, se aprobará.
Sin embargo, aunque compartimos gran parte de ellos -como he dicho-, hay algunos elementos que, al final, han hecho imposible el acuerdo y que destacaré enseguida. Desde luego, me ha alegrado muchísimo que se diga en esta tribuna que estas
iniciativas no son electoralistas. Entiendo que se han hecho acertadamente 76 días antes del 26 de mayo; es decir, que son unas magníficas iniciativas para empezar a trabajar al día siguiente del 25 de mayo. Yo creo lo que se ha dicho aquí, y
espero, diputadas, diputados y miembros del Gobierno, que el día 26 de mayo se lleven a cabo las cosas que se aprueben aquí; es decir, no nos olvidemos de los ayuntamientos al día siguiente de que los ciudadanos y ciudadanas emitan su voto. Como
aquí se han dicho palabras en ese sentido, insisto en que me alegro.
Me alegro también, señorías, de que en el documento que se aprobará al final haya una apuesta por la autonomía y por la suficiencia financiera.
Digo que me alegro porque, después de 14 años de gobierno de uno de los firmantes y de siete del
otro, los ayuntamientos tienen poco más porcentaje de participación en el gasto público del que tenían cuando llegó la democracia. Yo también me alegro, señorías, y desde luego que iré con fe de converso donde sea menester a creerme esa iniciativa.
Me lo creo, de verdad, de tal manera que si al final se hubieran introducido algunos matices a la hora de conformar el Gobierno político y no el Gobierno cuasi tecnocrático de las corporaciones locales, sin duda hubiéramos llegado a un acuerdo.
La verdad, señorías, es que los ayuntamientos han sido siempre algo molestos al poder; siempre. En la historia de la Grecia clásica, las ciudades-Estado fueron la mejor manera de romper la estructura de poder de la sangre; aquellas gens,
aquellas fratrias, aquellas tribus y las trittyes de la reforma de Clístenes. Fueron elementos magníficos de ruptura del poder del monarca en manos de la burguesía incipiente en la transición hacia el Estado moderno; fueron magníficas bases para
romper los poderes de las monarquías absolutas en las guerras centroeuropeas.
Siempre han sido molestos para el poder, quizá porque son muchos y contentar a muchos siempre es difícil; además, siendo muy diferentes en su estructura, en su
composición, en su economía, en su cultura y en su propia idiosincrasia. Quiero
recordar aquellos ayuntamientos que en Andalucía pusieron en marcha el 28 de febrero aquello que terminó todo aquel proceso autonómico. Pero iniciativas como las que hoy nos traen vienen a demostrarnos un hecho, y es que los padres de la
Constitución -por desgracia no hubo madres de la Constitución- cuando hicieron aquella Constitución, magnífica para 1978, no podían olvidar que los ayuntamientos españoles en aquel momento estaban todavía en manos de alcaldes o alcaldesas
tardofranquistas.
Recuerdo una magnífica campaña electoral de mi fuerza política en 1979, en la que se decía: Quita un cacique y pon un alcalde. Cuando aquí se sentaron aquellos padres de la Constitución e hicieron la Constitución, magnífica para
1978, todavía tenían presente el hecho de que los ayuntamientos estaban en manos de alcaldes y alcaldesas tardofranquistas y por tanto no les hicieron un buen hueco en la Constitución española.
Por eso, porque la Constitución española tiene ese
déficit hacia los ayuntamientos, nos encontramos con la necesidad, muchos años después de aprobada la Constitución, de intentar rellenar elementos como estos.
Por tanto, vuelvo a insistir, saludo en nombre de mi grupo parlamentario el acuerdo alcanzado; ha sido una pena que no nos hayamos podido incorporar también. No pasa nada, nos abstendremos en la votación, que es una forma de expresar que
hay una parte positiva y que no estamos de acuerdo con otra, que no significa que haya una parte negativa. Pero lo que sí está claro, señorías, es que independientemente de que el 25 de mayo esté a 75 días vista, independientemente de muchas otras
cosas, todos convenimos en que es necesario modificar el mundo municipal y hacerlo no desde el paternalismo sino sencillamente desde el consenso amplio con los ayuntamientos y con todas y cada una de las organizaciones en las que estén enclavados y
organizados los ayuntamientos que componen los distintos territorios del Estado español. Porque, señorías, de la misma manera que se consiguió el consenso de 1978, en este nuevo andar o en este rellenar la Constitución de 1978 en lo referente a lo
municipal, es necesario ese consenso y desde mi grupo parlamentario, aún sabiendo la cuota parte que tenemos, sin embargo queremos hacer un llamamiento a ese consenso, porque es necesario. Es necesario, hoy más que nunca, adaptar los ayuntamientos
a esas necesidades. Aunque este siglo XXI me hubiera gustado empezarlo de otra manera, como considero que a la inmensa mayoría de SS.SS., nos guste o no está ahí. En el mundo municipal tenemos que hacer una apuesta clara por la democracia
participativa pero de verdad, no por la democracia participativa de las grandes palabras, de los consejos, sino por la democracia participativa de crear los elementos concretos, reales, donde se produzca participación municipal.
Hablemos de presupuestos participados, señorías, con experiencias interesantes que hay a lo largo de, como diría el bueno de Espriu, La pell de brau, la piel de toro, de participación democrática, conformando, tal como se dice en esa
transaccional, elementos de control donde los ciudadanos puedan mostrar su descontento ante los distintos aspectos municipales. Hablemos de participación también en la descentralización, pero no en las grandes ciudades por mor de la imposibilidad
de gestionar, sino en una serie de ciudades medias donde los ciudadanos puedan verse reflejados cada día más en ese poder municipal cercano.
Valoramos positivamente, como se planteaba en el primer punto de nuestra proposición no de ley, que no se tome ni se impulse ningún cambio legal en el mundo municipal hasta las próximas elecciones. El documento de consenso es un elemento
interesante para trabajar a partir del 26 de mayo. Sobre ese documento quería rápidamente manifestar algunas cuestiones. Estamos en contra de una concepción que hay detrás de algunas propuestas. Los concejales que sean concejales, pero para
mandar y gobernar alguien más listo. A ver si nos enteramos: pongamos en las listas electorales, y no engañemos a la gente ni a nosotros mismos, a la gente mejor preparada, desde el primer puesto al último, por si a alguno lo nombran ministro en
medio y tiene que correr la lista. Pongamos a nuestra mejor gente en las listas electorales y no tendremos que buscar a cuatro o cinco ciudadanos de pro que formen el gobierno municipal porque hemos puesto a unos concejales que no sirven para ser
miembros de un consejo. ¿A quién están engañando? ¿O es que tenemos que rellenar las listas con gente del aparato, con una especie de comisarios políticos en los diez o quince primeros puestos por que si no, no se aprueba y esos del aparato no nos
van a servir en un momento determinado para llevar urbanismo, hacienda, personal o tráfico? Y me refiero a cualquier grupo político. Digámoslo, señorías, porque la solución no es buscar a ciudadanas y ciudadanos de pro que lleven el Gobierno
municipal, la solución es poner en las listas a gente que sepa llevar los gobiernos municipales. El aparato es el aparato, y eso sí que sería una auténtica revolución no sólo ciudadana sino política.
Para terminar, está la apuesta de mi grupo parlamentario por el pacto local. El pacto local es el que tiene que producirse entre las comunidades autónomas y los ayuntamientos, no entre el Gobierno central y los ayuntamientos. De la no
existencia de pacto local mi grupo parlamentario responsabiliza a otra instancia o a otras fuerzas políticas, no en concreto a los que soportan al Gobierno central en el Gobierno central, pero sí en algunas comunidades autónomas. El pacto local
debe producirse a partir del día 26 entre aquellas comunidades autónomas que se han convertido en auténticos diques, embalses de competencia y de financiación y que no han tenido la permeabilidad, flexibilidad y generosidad de transferir a los
municipios el mismo nivel de competencia y de dinero que en su día se transfirió a ellas. Por lo tanto, el pacto local va a llevar indiscutiblemente
a la suficiencia y a la autonomía financiera y a una mejor prestación de los servicios.
Termino -gracias, señora presidenta, por su generosidad- diciendo que vamos a abstenernos. Estamos globalmente de acuerdo con la propuesta de consenso que se plantea y con lo que se dice -a lo mejor no estaríamos de acuerdo con lo que no se
dice, pero como no se dice no vamos a prejuzgar-, pero está claro que no estamos nada de acuerdo con aquello que signifique hurtar a los concejales elegidos por los ciudadanos y ciudadanas, hurtar a los responsables elegidos por el pueblo no
solamente el control sino también la capacidad de gobierno. El simple hecho de plantear esa posibilidad no ayuda en nada al prestigio de las elecciones del próximo 25 de mayo.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rejón.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Albendea.
El señor ALBENDEA PABÓN: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, el Gobierno y el Partido Popular vienen demostrando a lo largo de esta y también de la pasada legislatura una voluntad de diálogo y de consenso en muchos aspectos. Unas veces esa voluntad se traduce en acuerdos y
otras estos no son posibles. En el tema relacionado con las administraciones públicas esa voluntad de diálogo ha fructificado en acuerdos que simplemente quiero recordar. El primero fue el acuerdo con los sindicatos presentes en la Función pública
en temas de enorme trascendencia para su mejora y su modernización. Otro acuerdo importantísimo de duración indefinida fue el de financiación de las comunidades autónomas. También hemos de recordar la financiación de la Administración local,
acordada en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias, que acabó plasmada en la Ley de Haciendas Locales, en la que, entre otras medidas importantes para los ciudadanos, se adoptó la supresión del impuesto de actividades
económicas para más de 2.100.000 contribuyentes.
El señor ministro de Administraciones Públicas anunció a finales del pasado año su propósito de negociar un pacto de Estado con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos, con los sindicatos y con los partidos políticos sobre la base
de un libro blanco elaborado por una comisión de expertos. Muy recientemente los portavoces de la Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas hemos mantenido reuniones con el señor ministro y altos cargos de su ministerio para hablar de
los pilares básicos en torno a los que podría articularse una ley de ciudades y sus áreas de influencia urbana. En este contexto de relaciones, de intercambio de pareceres y de legítimas iniciativas parlamentarias de los grupos de la oposición hay
que encuadrar las dos proposiciones no de ley que estamos debatiendo: la presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y la presentada por el Grupo de Izquierda Unida. Me voy a referir primero a esta última, advirtiendo a la Cámara que ha
habido negociaciones y muchos puntos de acuerdo tendentes a que también Izquierda Unida fuera firmante de esta enmienda transaccional, pero no ha sido posible y bien que lo lamentamos. No ha sido posible sólo por un aspecto al que Izquierda Unida
legítimamente se opone: la posibilidad de integrar en el equipo del gobierno municipal a personas que no sean cargos electos locales. En todo lo demás -y creo que lo ha señalado el señor Rejón en su intervención- parece ser que estaba de acuerdo
con la enmienda que hemos presentado. He de reconocer también antes de terminar de hablar de Izquierda Unida, como no podía ser menos, la erudición histórica del señor Rejón en relación con la historia municipal de la que acaba de darnos muestra.
Quiero mostrar la satisfacción de mi grupo por este acuerdo con el Grupo Socialista. La enmienda presentada conjuntamente representa un paso muy importante en la construcción de un marco legal orientado a la modernización del Gobierno
local. Es relevante señalar que se insta al Gobierno a que adopte medidas a través del diálogo con las entidades locales, con las comunidades autónomas y siempre buscando el más amplio consenso con las fuerzas políticas presentes en las Cortes
Generales.
Para nosotros, el diálogo requerido en la enmienda, lejos de ser un dogal, es un acicate, pues es el cauce natural por el que discurre nuestra actividad política. Estimular la participación ciudadana, regulando a tal efecto la
iniciativa ciudadana en el ámbito local, el desarrollo de los sistemas informáticos interactivos, la obligación de que cada municipio regule los mecanismos de participación ciudadana, la creación de una comisión para atender las reclamaciones y
quejas de los vecinos así como poner los medios adecuados para el control de la actividad presupuestaria municipal son aspectos que se recogen en la enmienda transaccional y que sin duda alguna van a suponer una modernización evidente de la
actividad municipal.
Se pretende también con nuestra enmienda que exista un marco local adecuado para que los gobiernos locales dispongan de los poderes necesarios para regular y proteger las relaciones de convivencia interlocales. Queremos con la enmienda
reforzar los instrumentos políticos de control y fiscalización de la gestión desarrollada por los equipos de gobierno municipal. La configuración de un régimen específico para los municipios de mayor población, en el que se debe incluir el
fortalecimiento del Gobierno municipal como órgano ejecutivo de gestión de los intereses públicos locales, y la potenciación del pleno son aspectos que contempla también la enmienda que hemos presentado. La posibilidad de que se integren en los
equipos de gobierno
municipales personas que no son cargos electos, como ya he señalado anteriormente, tiene el propósito de flexibilizar la constitución de los equipos de gobierno municipales. En ciudades que tienen un determinado tamaño se considera
necesario separar las funciones de control financiero de las de gestión presupuestaria. Y potenciar los distritos con el objeto de que determinados servicios se acerquen más a los ciudadanos es otro objetivo de esta enmienda. También se pretende
que un órgano especializado atienda las reclamaciones tributarias de los vecinos así como la creación de un consejo social como órgano consultivo, que sea el foro institucionalizado de participación de los representantes económicos y sociales de la
ciudad.
Aunque en la enmienda a la proposición no de ley no se especifican los criterios concretos a los que serían aplicables las medidas señaladas en el punto 4, la primera medida, estamos de acuerdo con que un criterio razonable -lo ha señalado
el señor Cuesta- sería el que afectara a aquellas poblaciones con un censo superior a 250.000 personas o a aquellas que, sin alcanzar dicha población, fueran capital de provincia y tuvieran al menos una población de 200.000 habitantes. También se
podrían incluir aquellas ciudades que fueran capitales o sedes de las instituciones autonómicas si así lo decidieran sus correspondientes asambleas legislativas. Es fundamental reforzar los mecanismos de cooperación y colaboración con la
Administración local. Para ello consideramos conveniente pedir al Gobierno que impulse la creación de una conferencia sectorial en el seno del Ministerio de Administraciones Públicas. En esa conferencia deberían estar representados la
Administración general del Estado, las comunidades autónomas y representantes de las asociaciones de entidades locales con mayor implantación. También se prevé en la enmienda la creación de mecanismos tendentes a que la asociación de ámbito estatal
más representativa coadyuve al proceso de elaboración de todas aquellas políticas comunitarias que afecten directamente a las competencias municipales. Y no podrían quedar fuera de estas medidas que ha de adoptar el Gobierno el desarrollo de la
cooperación y las competencias municipales en materia de seguridad ciudadana, reforzando el papel de las policías y de las juntas locales.
Señorías, es necesario impulsar la transferencia de competencias entre administraciones. No podemos olvidar la sensibilidad del Partido Popular en este tema; es lo que hemos venido llamando el pacto local. Las comunidades autónomas tienen
que mentalizarse de que es necesario transferir, con la dotación de recursos necesarios, muchas competencias que pueden ser gestionadas con mucha más eficacia por los ayuntamientos que por las comunidades autónomas. Estoy en disposición de asegurar
a la Cámara que en aquellas comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular el pacto local no será una quimera, sino una auténtica realidad. Para nosotros, el principio de subsidiariedad en el que se ancla la autonomía municipal,
consagrado en la Constitución, es un principio indeclinable.
Parece ser que Convergència i Unió no va a apoyar con su voto esta enmienda y bien que lo lamentamos. Los grupos firmantes hemos hecho un esfuerzo para conseguir el apoyo de CiU. En la medida quinta el Gobierno se compromete a traer a esta
Cámara lo antes posible un proyecto de ley que otorgue al Ayuntamiento de Barcelona las capacidades y competencias que se recogen en la Carta Municipal de Barcelona. Lo que pasa es que ese proyecto de ley ha de tener como marco el acuerdo de la
Comisión mixta Gobierno, Generalitat de Cataluña y Ayuntamiento de Barcelona. De una parte está la Administración general del Estado y de otra están la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. La Comisión mixta la preside la Generalitat y es a
ésta a quien corresponde convocar dicha comisión, pero no es precisamente muy diligente en su convocatoria. Agradezco el apoyo que creo van a prestar a esta enmienda Coalición Canaria y el Partido Nacionalista Vasco. Además, me consta que a
Coalición Canaria le hubiera gustado suscribir esta enmienda y si no lo ha hecho ha sido por imposibilidad de presencia física para hacerlo en el tiempo reglamentario hábil.
Concluyo, señorías, poniendo de relieve la satisfacción de mi grupo por el acuerdo entre el Grupo Socialista y el Grupo Popular. En este acuerdo ha tenido un papel decisivo el Ministerio de Administraciones Públicas y por ello no puedo,
señor ministro, sino felicitarle y felicitarnos todos, porque no cabe duda de que un porcentaje altísimo de la Cámara está de acuerdo con las orientaciones que va a tener la próxima legislación sobre las ciudades y las áreas de influencia urbana.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Albendea.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, el señor Jané tiene la palabra.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señor ministro de Administraciones Públicas, señoras y señores diputados, se debaten ahora en esta Cámara, en el Pleno del Congreso, dos proposiciones no de ley, una presentada por el Grupo
Socialista y otra por el Grupo de Izquierda Unida.
A la primera proposición no de ley mi grupo parlamentario ha presentado cuatro enmiendas. Mi grupo parlamentario, señora presidenta, señorías, quiere poner de relieve la sorpresa que nos causó la presentación por el Grupo Socialista de esta
proposición no de ley. En el texto presentado en el Registro, al que mi grupo ha presentado las enmiendas, el texto que entró en esta Cámara, el texto originario del Grupo Socialista sobre las grandes ciudades, hay un punto cuarto cuya
supresión pedía mi grupo en su enmienda. ¿Por qué? Porque se dice textualmente: Se incorporará en la ley de grandes ciudades la regulación de los regímenes especiales de Madrid y Barcelona. Nosotros no estamos de acuerdo en que una
hipotética ley de grandes ciudades incorpore el régimen especial de Barcelona, que está previsto en su Carta Municipal.
Ante esta propuesta del Grupo Socialista, nosotros pedíamos su supresión, porque no estamos de acuerdo, en absoluto.
Consideramos que esto es una traición al espíritu que guió la Carta Municipal de Barcelona, que es una ley específica para Barcelona, que no esté integrada en la ley de grandes ciudades. Y encontramos aún esa traición mayor, señor Cuesta, cuando en
el punto sexto se dice: Sin perjuicio de ello, una ley especial regulará la capitalidad de la villa de Madrid. Por tanto, en el texto inicial sí se admitía una legislación especial para Madrid, pero no para Barcelona.
Barcelona, integrada en la
ley de grandes ciudades. Para nosotros, esto es café para todos. Para nosotros, al incluir a la ciudad de Barcelona, que aprobó por unanimidad en su ayuntamiento una carta municipal, este texto, tal como se presentó, suponía, supone, una
adulteración de esa carta.
Nosotros consideramos que Barcelona, como capital de Cataluña, necesita de la Carta Municipal, pero con una ley propia, con una ley independiente, no incluida en ese régimen de la ley de grandes ciudades, que respetamos para otras
poblaciones pero que entendemos que no debe regular lo que está previsto en la Carta Municipal de Barcelona. Repito, para Convergència i Unió, la ley de grandes ciudades o cualquier normativa sobre ciudades de gran población no debe incluir la
Carta de Barcelona.
Debe haber una ley específica para Barcelona en su Carta Municipal, una ley que deberán aprobar estas Cortes Generales aprobando el mandato que venía del Ayuntamiento de Barcelona, que había sido aprobado también, por
unanimidad, en el Parlament de Catalunya. Esta es nuestra versión. Ahora se ha rectificado. Entendemos que con el texto transaccional que se presenta se rectifica, se incorpora el acuerdo del Senado, que mi grupo valora positivamente, y se hace
de la mano del Grupo Popular, porque el texto original no incluía ninguna referencia al texto del Senado, ninguna referencia a la necesidad de una ley especial para Barcelona distinta de la ley de grandes ciudades. Ahora se rectifica, de la mano de
un texto conjunto. ¿Qué vamos a votar nosotros ante esta nueva redacción, que para nosotros es una rectificación? Nosotros nos vamos a abstener, a no ser que se acepte una precisión que para nosotros es importante. Si se acepta una precisión que
ahora leeré, si se acepta por parte de quien debe aceptarla, que es el autor de la iniciativa, que es el Grupo Socialista, nosotros votaríamos a favor. ¿Cuál es la precisión?
Señora presidenta, señorías, el texto transaccional, defendido por el señor Albendea y por el señor Cuesta, tiene un apartado 4 que para nosotros encubre lo que antes era la propuesta de una ley de grandes ciudades. ¿Qué dice este apartado
4? Dice: La configuración de un régimen específico para los municipios de mayor población. Ese apartado 4, larguísimo, con una serie de especialidades, prevé un régimen específico para los municipios de mayor población. Para nosotros -yo creo
que es ésa la voluntad de quienes han firmado esta transacción-, esto es un llamamiento a una futura ley de grandes ciudades. No se ha utilizado ese término, tampoco se ha puesto el límite de qué es lo que se considera gran ciudad o no, pero se
habla de hacer un régimen específico para los municipios de mayor población. Pues bien, si se acepta, al final de ese apartado 4, que en este régimen específico para los municipios de mayor población no se integrará la ley especial de Madrid ni la
ley especial para Barcelona, que tendrá una regulación propia e independiente en cumplimiento de la propuesta de Carta Municipal aprobada por el Ayuntamiento de Barcelona, si se acepta esta precisión, mi grupo votaría a favor de esta transacción,
que deja muy claro que la futura regulación de un régimen específico para esas poblaciones de mayor número de habitantes, que es una ley de grandes ciudades, no integrará lo que supone la ley específica que debe tener Barcelona en cumplimiento de su
Carta Municipal. Esta es la propuesta que hace Convergència i Unió. Si se acepta, votaríamos a favor, porque globalmente estamos a favor del conjunto de medidas que, desde el consenso, se impulsan a través de este texto transaccional.
Nos preocupa, señorías, y mucho, que al final, bajo el amparo de este texto que hoy se nos propone votar, se dijera que sí, que la Ley de Barcelona ya se integrará en una ley sobre el régimen específico de esos municipios de mayor población.
Entendemos que no, que Barcelona debe tener su ley independiente para dar fiel cumplimiento a lo que los ciudadanos de Barcelona y el pueblo de Catalunya han querido cuando han aprobado una Carta municipal, que está pendiente aún de aprobación por
estas Cortes Generales. Y, señor ministro de Administraciones Públicas, no es culpa de la Generalitat que no se esté aprobando. Se decía ahora: Es que la Comisión mixta no se convoca. No, no. Por nosotros, cuando se quiera. Desde el Gobierno
de la Generalitat apostamos de manera potente por esa ley específica para Barcelona. No van a tener por nuestra parte ningún tipo de impedimento temporal para no dar cabida a lo que es esta ley que Barcelona espera, esta ley de la Carta Municipal.
Si se acepta esta precisión, si se acepta que ese futuro régimen especial no incorporará ni incluirá la ley de Barcelona, porque Barcelona, con todas sus especificidades, tendrá su ley propia, que es la Carta Municipal, mi grupo estaría de acuerdo;
pero si no se incorpora esta precisión, no, porque entenderíamos que hay una redacción encubierta que traicionaría lo que es ese espíritu inicial de la Carta Municipal de Barcelona.
Entendemos que el resto de los puntos suponen un avance en lo que debe ser una mayor democracia en el funcionamiento de los gobiernos municipales, un mayor acercamiento del Gobierno municipal a los ciudadanos y que todo ello debe hacerse
también con un escrupuloso respeto a las competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de régimen local. Sin embargo, valoramos positivamente lo que puede ser un impulso hacia un gobierno local más democrático y más cercano.
Repito que para nosotros el tema de la Carta de Barcelona es primordial y por tanto pedimos a los grupos enmendantes, en este caso al Grupo Socialista, que es el autor y quien tiene la decisión última sobre lo que votaremos, que incorpore esta
precisión y tendrá también el voto favorable de nuestra formación, de Convergència i Unió.
En cuanto a la proposición no de ley de Izquierda Unida, valorando positivamente su contenido, hay aspectos en los cuales no podemos coincidir y hemos preferido hacer una redacción alternativa. Si se nos aceptara, la votaríamos
favorablemente y si no, nos abstendríamos, pero valorando en el señor Rejón, una vez más, su buen talante parlamentario y su propuesta de intentar acercar el Gobierno municipal a los ciudadanos.
Entendemos las precisiones que Izquierda Unida
realiza en cuanto a los gobiernos y la incorporación o no en los mismos de cargos no electos, pero también entendemos que en algunos supuestos y en grandes ciudades puede ser idóneo incorporar en ocasiones a personas que no forman parte de la
corporación municipal a lo que es la gestión municipal. Y en ese sentido van parte de las propuestas de la Carta de Barcelona.
Nada más, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.
Para la defensa de la enmienda presentada en nombre del Grupo Mixto, el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, anuncio que vamos a votar en contra de la enmienda transaccional del Grupo Popular y del Grupo Socialista y que votaremos favorablemente la proposición no de ley de Izquierda Unida.
Cuando leí la iniciativa del
Grupo Socialista mi preocupación fue en aumento. Mi preocupación no era sólo por la Carta de Barcelona, ya que en la iniciativa del Grupo Socialista no se contemplaba la propuesta de una carta específica para Barcelona, sino por la orientación
general de lo que el señor Álvaro Cuesta ha llamado autonomía local, pero que no se refleja en el texto. Votaría que sí a la intervención del señor Álvaro Cuesta, intervención donde ha mencionado repetidamente la palabra autonomía local, pero o me
equivoco o en el texto que presentan no se habla ni una sola vez de la autonomía local. Se habla de una modernización del Gobierno local que va en una dirección para nosotros contraria a la que debería ir, absolutamente contraria. Estamos ante un
parche que intenta que todo el mundo, el Partido Popular y el Partido Socialista, se sientan cómodos ante las elecciones municipales. La propuesta que se hace no es una propuesta de aumentar el poder político y el poder económico de los
ayuntamientos, que es lo que se necesita, y de decir claramente que Barcelona y Madrid necesitan regímenes especiales.
En la enmienda transaccional se proponen cuestiones que son de reglamento, cuestiones que son de competencias autonómicas, cuestiones que están legisladas, cuestiones confusas. De verdad, cuando uno acaba de leer el texto de la
transaccional tiene la sensación de que todo va a quedar igual o más confuso, eso sí, con una concepción de los ayuntamientos donde lo que va a importar es que un alcalde, elegido de forma directa, a pesar de que en la transaccional no se expresa,
con unos técnicos, va a hacer el gobierno de los ayuntamientos. Los ayuntamientos deben gestionar bien, pero los ayuntamientos son fundamentalmente la primera instancia política y su enmienda no va en esa dirección de incrementar la participación,
la política en los ayuntamientos, sino que va en la dirección contraria de convertir los ayuntamientos en unos órganos de buena gestión, donde los concejales prácticamente no van a tener que decir nada. Es posible incluso que su propuesta sea
anticonstitucional, porque el artículo 140 de la Constitución dice clarísimamente que el gobierno y la administración de los ayuntamientos han de ser formados por ayuntamientos y alcaldes. Y cuando ustedes proponen que el Gobierno municipal no esté
formado por concejales están yendo contra la Constitución. Por lo tanto, preocupación. Además, me preocupa otra cosa, que el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español puedan pensar que, poniéndose de acuerdo ellos, pueden desarrollar
el modelo territorial y en concreto el mapa municipal. Eso es lo que han hecho. No se puede plantear de fondo una reforma local sobre la base, como se ha hecho, en unas conversaciones rápidas, para intentar como sea afrontar la campaña electoral
sin de verdad contar con las asociaciones municipalistas y sin tener un estudio riguroso de lo que son competencias autonómicas y de lo que es la propia capacidad de autoorganización de los ayuntamientos.
Esta enmienda nos lleva a incrementar una concepción que el Partido Socialista Obrero Español plasmó en la Ley de bases de régimen local y que el Partido Popular ha ido plasmando en la mayoría de su desarrollo municipal, donde los
ayuntamientos son el hermano tonto y pobre, donde los concejales ¡pobrecitos ellos, qué van a saber gestionar! y donde se trata de poner técnicos delante, eso sí, con una fachada de palabra.
Porque, insisto, lo he leído tres veces y no he visto que
haya ni un solo momento de autonomía local. Es más, el objeto de la enmienda transaccional dice: Presentar
en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley tendente a la modernización del gobierno local, que contenga entre otros los siguientes aspectos. Se dicen algunos, modernización por ejemplo, y fundamentalmente la modernización que se
introduce es que personas que no sean concejales puedan gobernar. No hay más modernización. Y esa es una modernización que a nosotros no nos gusta, la modernización de que el Estado de bienestar es un lastre, la modernización de que la
participación es un lastre, la modernización de que la política es simplemente de los profesionales.
Esos precisamente no son los retos. Y el señor Cuesta ha citado a Manuel Castells cuando precisamente lo que está pidiendo es más densidad
política en la política. Y esto de densidad política tiene muy poco.
La Carta Municipal de Barcelona. He dicho que en la iniciativa socialista inicial no existía. Ahora existe un texto confuso y más confuso, sobre todo si uno ha asistido a las reuniones no con el actual ministro de Administraciones Públicas
sino con el anterior. El Partido Popular tiene dos grandes problemas. ¿Dónde pone los límites de las grandes ciudades y qué ocurre con Barcelona y con Madrid? Ante eso, esta enmienda transaccional lo que hace es decir: Pasemos las municipales,
no nos metamos en líos, y después de las municipales, ya hablaremos. Aquí se puede hacer cualquier cosa, un proyecto de ley, como decía el señor Jané, que contemple grandes ciudades, Barcelona o Madrid, o no. No se sabe.
Incluso la fundamentación
que ustedes dan en su enmienda para presentar la Carta Municipal de Barcelona no me gusta. Dicen: Dar cumplimiento a la moción aprobada por el Senado. ¿Por qué no ponen ustedes una cosa más fuerte? ¿Por qué no dicen ustedes dar cumplimiento a la
disposición adicional sexta, números 2 y 3, de la Ley de bases de régimen local, que mandata que se presente una ley de Carta Municipal de Barcelona. ¿O por qué no dicen ustedes dar cumplimiento a la disposición adicional en su apartado 6, para
Madrid? ¿O por qué no dicen ustedes dar cumplimiento a lo que la Carta Municipal de Barcelona aprobó y el Parlamento catalán aprobó?
Señoras y señores diputados, esta enmienda es preocupante. Sólo no lo será si simplemente es un movimiento táctico para pasar las municipales. Pero lo que expresa de concepción territorial del PP y del PSOE, lo que expresa de la
orientación política de lo que ustedes entienden, para mí, por una falsa modernización de los ayuntamientos y la confusión y la falta de claridad con relación a las grandes ciudades y a la ley de Barcelona hace que votemos en contra de esta enmienda
transaccional. En cambio votaremos favorablemente la enmienda de Izquierda Unida, que es muy genérica, pero que da una orientación política en la que nos sentimos cómodos.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Saura.
Turno de fijación de posiciones. (Pausa.)
En primer lugar, por parte del Grupo Parlamentario Mixto, señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Voy a fijar brevemente la posición del Bloque Nacionalista Galego en estas dos proposiciones no de ley, una del Grupo Popular y del Grupo Socialista y otra de Izquierda Unida.
El Bloque Nacionalista Galego va a votar en contra de la primera y lo va a hacer por razones que los proponentes conocen perfectamente. En primer lugar, porque no se puede hablar de un pacto local, habrá que hablar de pactos locales
autonómicos. Por cierto, frente a lo que dijo el señor portavoz del Grupo Popular de que se comprometía él a que en las comunidades autónomas donde gobierne el PP se iba a llevar a cabo, veremos, señor portavoz del Grupo Popular si, después de las
elecciones en Galicia, el Partido Popular, que gobierna en la Xunta, estará dispuesto a realizar un pacto local, esa segunda descentralización, en favor de municipios que estarán mayoritariamente gobernados por el Bloque Nacionalista Galego o por el
PSOE. Veremos si el señor Fraga, tan demócrata él, está dispuesto a llevar adelante esta segunda descentralización. Yo personalmente lo dudo. En segundo lugar, porque es un proyecto y es una proposición no de ley claramente centralista.
Desconoce lo que son los límites de la competencia que tiene el Estado en materia de régimen local, que es una competencia sólo para regular las normas básicas, y convierte ese denominado por el Tribunal Constitucional y por la doctrina carácter
bifronte del régimen local en una relación directa y restricta, incondicionada, del Estado con los municipios, sobre todo con determinados municipios, para utilizarlos de arietes contra las comunidades autónomas.
Si hablamos de segunda descentralización y si hablamos de principio de subsidiariedad, hablemos con todas las consecuencias. Hablemos de qué sucede con la Administración periférica del Estado; hablemos de qué sucede con competencias que el
Estado aún mantiene, por ejemplo, en materia de costas, de gestión de puertos de interés general, de aeropuertos que, de acuerdo con el principio de subsidiariedad y con la más ruda y más mínima aproximación de eficiencia y de eficacia, no deberían
ser gestionados desde Madrid, sino desde las comunidades autónomas. Y, por supuesto, si hablamos de segunda descentralización para los municipios, no hablemos sólo de competencias autonómicas, hablemos también de muchas competencias estatales -a
algunas de ellas ya me he referido-, que también podrían ser gestionadas seguramente con mucha mayor eficacia por los propios ayuntamientos.
Además, es un proyecto de ley que desconoce la autonomía local, que viola la autonomía local, porque desconoce la potestad de autoorganización de los municipios. ¿Por qué hay que incluir en una ley básica cómo
se organizan territorialmente los municipios? ¿Por qué hay que incluir en una ley básica qué vías o qué instrumentos de participación social establecen las entidades locales, sobre todo si estos instrumentos son tan pacatos, tan mínimos,
como los establecidos en la enmienda transaccional propuesta por el Grupo Popular y aceptada por el Grupo Socialista? ¿Es que no caben vías de participación social bastante más ambiciosas, como a las que se refirió anteriormente el señor Rejón, de
Izquierda Unida? Nosotros no entendemos la democracia de la manera en que la entienden ustedes. No asimilamos el pluralismo al bipartidismo y, en el ámbito local, la participación y la democratización tienen que ir muchísimo más allá de lo que
ustedes dicen, particularmente si consideran que la política es una cuestión de técnicos o que hay que elegir, como el PSOE dice que va a plantear y no renuncia a ello, directamente a los alcaldes. Por cierto, desde nuestro punto de vista, en
flagrante infracción del artículo 140 de la Constitución.
Sabemos, respecto a esto de la elección de técnicos y de la libre designación por parte del alcalde de los miembros de su equipo de gobierno, que no tienen que ser concejales, que esta es una condición que les impuso a ustedes el señor
Ruiz-Gallardón para aceptar la candidatura a la alcaldía de Madrid, pero por respetables, señores del Grupo Popular y del Grupo Socialista, que sean los deseos del señor Ruiz-Gallardón eso no quiere decir que estos deseos ocupen en el sistema de
fuentes del ordenamiento jurídico español un lugar superior, un lugar preferente, frente a la vigente Constitución.
La señora PRESIDENTA: Señor Aymerich, le ruego concluya.
El señor AYMERICH CANO: Concluyo, señora presidenta.
En cuanto a la proposición no de ley de Izquierda Unida, el juicio es distinto, es mucho más positivo, pero hay determinados aspectos que nos impiden votarla favorablemente. En concreto, la universalidad de la propuesta, que desconoce,
desde nuestro punto de vista, la diversidad municipal que existe dentro del Estado español, tanto lo que se puede llamar desde una perspectiva horizontal la diversidad del régimen local, de las entidades locales en las diferentes naciones, en las
diferentes sociedades que integran el Estado, como también desde una perspectiva vertical entre grandes y pequeños municipios. Tampoco compartimos la fijación a priori de un nivel de gasto atribuible a los municipios, sino que para nosotros la
determinación de la suficiencia financiera y dinámica de las entidades locales, en concreto de los municipios, debe ser consecuencia en cada caso concreto de una asignación, previo debate y estudio, por las funciones, competencias y servicios que se
atribuyen a cada municipio en atención a su capacidad de gestión.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Señora presidenta, señorías, sin duda uno de los pilares fundamentales que han servido para transformar el Estado a lo largo de este período democrático han sido los ayuntamientos. Gracias a su dinamismo se ha
mejorado la calidad de vida los ciudadanos y ha sido una auténtica revolución desde el punto de vista de la mejora de las infraestructuras, de los servicios y de los equipamientos.
La primera fase del proceso descentralizador que se ha llevado a cabo, primero a favor de las comunidades autónomas, y a continuación de las comunidades autónomas a favor de los ayuntamientos (queda por llevar a cabo la segunda fase de esa
descentralización), ha servido para acercar la Administración al ciudadano. Esa cercanía ha hecho que cada día sea mayor el nivel de exigencias y demandas que plantean los ciudadanos al tener más cerca el centro donde se toman las decisiones.
En ese escenario de cercanía de la Administración al ciudadano, de eficacia de la gestión municipal y de demandas que plantean los mismos es necesario cambiar las estructuras que en estos momentos tienen los gobiernos municipales para ser
coherentes con ese nuevo planteamiento y con esa nueva exigencia que se presentan en todos y cada uno de los municipios. Si además de la modernización de los gobiernos locales tenemos en cuenta que en la transaccional a la proposición no de ley que
ha pactado el Grupo Popular con el Grupo Socialista se parte de la premisa de que la proposición tiene que sedimentarse sobre la base del diálogo, el entendimiento y el consenso entre las corporaciones locales y las comunidades autónomas, esto hace
que nosotros anunciemos el apoyo a esta iniciativa, que nos parece acorde con las necesidades que hoy tienen los municipios.
Estamos de acuerdo en que, entre otras cosas, esa ley contemple un impulso para garantizar una mayor participación de los ciudadanos en la vida local; estamos de acuerdo en el reforzamiento de los mecanismos de control que deben de existir
en los municipios; estamos de acuerdo en las garantías y derechos que asisten a cada uno de los concejales que forman parte de las corporaciones; estamos de acuerdo en la configuración de un régimen específico para las ciudades con un determinado
volumen de habitantes, se ha hablado de 250.000, porque entendemos que por su peculiaridad esas ciudades con un número importante de habitantes necesitan de mecanismos e instrumentos adecuados y diferentes para que puedan prestar servicios a la
dimensión que tienen. Si además de ello se ha tenido el tacto, que era importante, de contemplar otro tipo de criterios para ese régimen específico, como es contemplar las capitales de provincia o las capitalidades de comunidades autónomas, nos
parece que estamos trabajando en la línea acertada.
Para cerrar ese círculo y para que la futura ley sea acertada habría que garantizar el respeto a las competencias de cada una de las Administraciones, al papel que deben jugar las comunidades autónomas y los municipios, garantizar que ha de
ser básica y que posteriormente con los acuerdos y el entendimiento entre las comunidades autónomas y los municipios será cuando termine de cerrarse este proceso necesario de modernización y adaptación de las corporaciones locales a las nuevas
exigencias que demandan los ciudadanos. Por tanto, damos el apoyo de Coalición Canaria a esta iniciativa, que esperamos quede plasmada a partir de las elecciones próximas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rivero.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO. Gracias, señora presidenta.
Señorías, se someten hoy a la Cámara para su debate y votación dos proposiciones no de ley, una del Grupo Parlamentario Socialista y otra del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que versan ambas sobre el régimen jurídico de los
municipios y plantean la introducción de determinadas modificaciones en la vigente normativa reguladora del régimen local. Se trata de dos iniciativas de muy amplio contenido que, aun cuando se sitúan bajo epígrafes que hacen referencia a las
ciudades, incluso más concretamente a grandes ciudades, en realidad lo que plantean es una revisión, casi podría decirse que general, del conjunto del régimen local, afectando a municipios que muy difícilmente podrían encajar bajo el título de
grandes ciudades y afectando también a cuestiones que poco tienen que ver con lo que de específico debe tener el régimen concreto de este tipo de entidades municipales. Precisamente por esta gran amplitud que caracteriza a ambas iniciativas, se
trata de dos proposiciones muy difíciles de debatir, de analizar y de discutir con el estrecho y el rígido formato que el Reglamento atribuye a la proposición no de ley. Por eso el Grupo Vasco no había presentado enmiendas a ninguna de ellas
porque, tal y como venían formuladas estas dos iniciativas, la única manera seria de enmendarlas hubiese sido, a nuestro juicio, la de presentar directamente nuestro propio programa electoral en materia de régimen local y confrontarlo con los
programas electorales que habían presentado los otros grupos parlamentarios proponentes de la iniciativa, lo que hubiese hecho absolutamente inviable la posibilidad de abordar con un mínimo de rigor el más elemental debate sobre el tema.
Por eso, nuestra posición inicial era la de abstenernos en relación con ambas iniciativas, porque siendo como son tan amplias, era evidente que había aspectos en las mismas que compartíamos y había aspectos también de los que discrepábamos,
y no creíamos posible que en el, insisto, estrecho y rígido formato que el Reglamento atribuye a la proposición no de ley en el ámbito parlamentario se pudieran debatir con la profundidad que requerían. Sin embargo, hay una enmienda transaccional
de última hora acordada entre dos grupos parlamentarios, el Socialista y el Popular, que hasta cierto punto nos ha hecho reconsiderar esta posición inicial. Tal como está planteada la enmienda transaccional, propone una serie de contenidos con cuya
materialidad en principio estamos básicamente de acuerdo. No mantenemos, por decirlo de otra manera, una discrepancia abierta, radical y absoluta con el grueso de sus contenidos, si bien es verdad que al menos en algunos de ellos nosotros
hubiésemos hecho una redacción distinta y que con respecto a otros mantenemos algunas reservas, sobre todo en relación con el modo en el que puedan plasmarse cuando las previsiones de la proposición vayan a traducirse en medidas normativas
concretas.
La enmienda transaccional persigue una serie de objetivos que nosotros compartimos. Habla de modernizar el gobierno local y se contemplan una serie de medidas genéricamente formuladas, es cierto, pero tampoco parece razonable que pudiera
hacerlo de otra manera en relación con este objetivo. Habla de reforzar los mecanismos de cooperación y colaboración entre los entes locales, las comunidades autónomas y el propio Estado.
Habla de adoptar medidas de cooperación en relación con las
competencias municipales vinculadas a la seguridad ciudadana. Habla de impulsar las transferencias de determinadas competencias a los entes locales. En relación con esto, tal como está formulado en la enmienda transaccional acordada, no tenemos
nada que objetar. Sin embargo, da la impresión en una primera lectura que la enmienda está formulada desde la consideración de que la competencia normativa en relación con el régimen local es exclusiva del Estado. Es cierto que no se ignora a las
comunidades autónomas. A lo largo del texto hay referencias, algunas explícitas a las comunidades autónomas. En la parte introductoria se habla de que las iniciativas en las que se pueda traducir la proposición se desarrollarán dialogando con las
comunidades autónomas. En el punto primero se prevé la intervención de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, en lo que se refiere a la posibilidad de que el régimen que se prevea para las grandes ciudades pueda hacerse extensivo
a las ciudades que sean sede de las instituciones autonómicas. Se habla también de una conferencia sectorial en la que tendrán presencia las comunidades autónomas. Se prevé asimismo la posibilidad de que las comunidades participen en los
mecanismos de cooperación que se establezcan entre el Estado y las corporaciones locales en relación con las materias que se señala en el punto cuarto. Es cierto que las comunidades autónomas, por tanto, no aparecen ignoradas en la
enmienda transaccional, pero nos hubiese gustado que no fuera tan patente entre los redactores de la proposición la idea de que la competencia normativa del Estado es absoluta en esta materia. Con todo, el hecho de que no haya una cláusula
que salvaguarde la competencia autonómica no consideramos que sea una razón determinante para posicionarnos en contra de la enmienda transaccional. No vamos hacer juicios de valor, no vamos a presuponer que quienes han redactado la enmienda
transaccional, por el hecho de que no hayan incluido una cláusula de reserva de las competencias autonómicas, no tengan intención de respetarlas o tengan intención de vulnerarlas.
Vamos a apoyar la iniciativa, pero, insisto, nuestro apoyo no es ciego e incondicionado. No es, por decirlo en términos coloquiales, un cheque en blanco. No significa que vayamos a apoyar cualquier iniciativa en la que pueda traducirse los
mandatos de esta proposición, cualquiera que sea su contenido. Confiamos en que, tal y como recoge el propio texto de la enmienda, primero, se impulse un diálogo real con las comunidades autónomas y con las corporaciones locales y, segundo, se
propicie un amplio consenso con las fuerzas representadas en el Parlamento. Esos dos elementos procedimentales que aparecen expresamente recogidos en la proposición esperemos que se respeten y que hagan posible que los contenidos en los que se
traduzca la proposición sean también satisfactorios para nosotros y podamos, por tanto, hacerlos nuestros como apoyamos esta proposición.
Nada más. Muchas gracias. (El señor ministro de Administraciones Públicas, Arenas Bocanegra, pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Erkoreka.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Arenas Bocanegra): Señora presidenta, señoras y señores diputados, soy muy consciente de que mi intervención puede provocar una reapertura del debate al amparo del Reglamento, por lo que
quiero trasladar a la Presidencia que mi intervención no tiene esa pretensión. Lo que sí quería hacer en nombre del Gobierno es, en primer lugar, una valoración muy positiva de todas las intervenciones sobre esta materia. Esa valoración positiva
tiene que ser muy especial hacia los grupos que han hecho un esfuerzo de diálogo y de acuerdo, como han sido los dos principales grupos de la Cámara, a los que tengo que sumar las valoraciones positivas globales que han hecho los grupos Vasco y de
Coalición Canaria, sin olvidar que por parte de CiU y de Izquierda Unida se han hecho valoraciones positivas, aunque parciales.
Respeto en la misma medida aquellas intervenciones que no coinciden con el texto de la proposición conjunta.
El Gobierno hace una valoración muy positiva del debate y de esa proposición conjunta, tendremos en cuenta todas las ideas y desde luego, señora presidenta, es nuestro propósito que en un espacio corto de tiempo podamos trasladar a esta
Cámara un proyecto de ley, y quiero anticipar que será muy respetuoso, al cien por cien, con la decisión que hoy se adopte en esta Cámara al amparo de la proposición no de ley. Se trata de tres asuntos importantes, en mi opinión: cómo abordamos la
modernización de la Administración local en España; si consideramos adecuado que los grandes núcleos de población que aquí se han definido en las intervenciones de los portavoces socialista y popular deben tener medidas especiales; también quiero
anticipar que en el caso de Madrid y Barcelona el Gobierno se moverá en el consenso que se alumbró en el Senado y que para el desarrollo de ese consenso tendrá en cuenta el diálogo permanente con todos los grupos.
Como le he dicho, señora presidenta, no pretendo reabrir el debate y sí garantizar a todos los grupos parlamentarios que antes de que el Gobierno apruebe ninguna decisión hablaremos con todos ellos; que esta proposición de hoy es una base
muy importante de trabajo; que el 25 de mayo no es una fecha de referencia para la tramitación de los posibles proyectos de ley, porque invitamos a toda la Cámara a un diálogo sereno y profundo, sin la referencia del 25 de mayo, y que creemos que
la Administración local española, que, en mi opinión, es la asignatura pendiente de nuestro desarrollo constitucional, se merece un esfuerzo de toda la Cámara, como el que hoy se ha puesto de manifiesto en la intervención de todos los portavoces.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.-El señor Jané i Guasch pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.
A los efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, tiene la palabra, en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Cuesta. (Pausa.) Perdón, señor Cuesta.
Señor Jané, he estado mirando y no he visto que ningún portavoz me pidiera la palabra tras la intervención del ministro. Si desea establecer una réplica, este es el momento señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señorías, valorando la intervención que ha hecho el ministro de Administraciones Públicas, quiero manifestarle que en sus palabras textuales nuestro grupo no encuentra la respuesta expresa que
Convergència i Unió espera del texto concreto que vamos a someter a votación y que se ha gestado en la propia sede del Ministerio de Administraciones Públicas. A nosotros nos gustaría que en el texto que se va a votar se incluyera expresamente que
el régimen específico de los municipios de mayor población no va a integrar la Carta de Barcelona. Por tanto, nos gustaría que se dijera
claramente: Va a haber un régimen específico para grandes ciudades. Muy bien, pero ese régimen específico no queremos que incluya la Carta Municipal de Barcelona. Para Barcelona queremos una ley específica. De sus palabras, remitiéndose
al consenso del Senado, señor ministro, a nuestro grupo no le ha quedado claro que el compromiso sea el que quiere Convergència i Unió, porque no es el compromiso de Convergència i Unió.
Lo que queremos manifestar con preocupación es que ese es el
compromiso al que se llegó por unanimidad en el Ayuntamiento de Barcelona; es un compromiso de ese consistorio que quiere una ley específica a través de la Carta de Barcelona y no queremos que se incluya esa regulación específica en una ley más
genérica. De ahí que nos gustaría conocer ese compromiso del Gobierno.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.
Señor ministro de Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Arenas Bocanegra): Señor Jané, con todo el afecto del mundo le voy a hacer, primero, dos matizaciones y, luego, una contestación.
Sabe usted mejor que nadie, porque es un gran parlamentario, que el Gobierno no tiene que contestar a la pregunta que usted ha hecho, porque usted presenta una enmienda a una proposición del Grupo Popular y del Grupo Socialista, que serán
los que en su caso tengan que contestar a la enmienda que ha formulado su señoría.
La segunda precisión, que le va a resultar muy grata, se refiere a ese acuerdo de una proposición con el Gobierno, que dice usted que se ha gestado en el Ministerio de Administraciones Públicas. Le quiero dar la buena noticia de que las
conversaciones en las que ha participado nuestro ministerio no han sido en el Ministerio de Administraciones Públicas sino en el Senado y en el Congreso de los Diputados, en sede parlamentaria, que siempre es una buena noticia.
La tercera cuestión es que en lo que afecta al Gobierno, independientemente de la proposición de ley que se pueda aprobar esta tarde por la enmienda conjunta, le reitero que tenemos tres objetivos básicos: primero, modernizar el conjunto de
la Administración local española; segundo, que podamos tener un régimen de mayor participación ciudadana, de mayor agilidad en la Administración, de mayor cercanía de la Administración para aquellos grandes núcleos de población que lo necesiten;
tercero, reconocer expresamente los acuerdos del Ayuntamiento de Barcelona, los acuerdos de Cataluña y los acuerdos de Madrid y su estatuto de autonomía, que están refrendados por consenso en el Senado y que nuestra intención es que cualquier
desarrollo de ese acuerdo del Senado también sea por consenso. No establezcamos beneficios negándoselos a otras ciudades ni tampoco neguemos a Madrid y a Barcelona mecanismos que puedan ser compartidos con otras ciudades españolas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Ahora sí, señor Cuesta, tiene la palabra a los efectos de indicar la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Señor presidenta, quiero dejar claro, para empezar, que en el texto originario, que ya no va a formar parte de la resolución, se habla de Carta Municipal de Barcelona y se habla también de disposición adicional
sexta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Ley de bases del régimen local. Por tanto, queda claro también en el texto originario.
La señora PRESIDENTA: Señor Cuesta, le ruego que no reabra un debate. No es el momento.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: No reabro el debate. Hay una enmienda que pide que se añada y creo que debo dar la respuesta. Hay una interpretación que se llama la interpretación literal y otra que es la interpretación sistemática de los
textos jurídicos. Desde el punto de vista literal la Carta Municipal de Barcelona es una prioridad y un compromiso de esta proposición no de ley, pero desde el punto de vista de la interpretación sistemática, la cláusula primera dice: Presentar en
el Congreso de los Diputados un proyecto de ley tendente a la modernización del Gobierno local que contenga una serie de aspectos, y dentro de esos aspectos la configuración de un régimen específico para municipios de mayor población.
Cláusula quinta, en un contexto distinto: Dar cumplimiento a la moción aprobada por el Senado en su sesión de 19 de febrero de 2002, entre cuyos acuerdos figura que, con la mayor brevedad posible, se remita un proyecto de ley que otorgue al
Ayuntamiento de Barcelona las capacidades y competencias que se recogen en la Carta Municipal de Barcelona.
Por todas estas razones, tanto la interpretación literal como la interpretación sistemática, como lo que es la voluntad política indubitada del Grupo Parlamentario Socialista de una apuesta por la Carta Municipal de Barcelona, es innecesaria
la enmienda que nos plantea el Grupo Catalán (Convergència i Unió.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cuesta.
Señor Cuesta, inicialmente el señor Saura, del Grupo Mixto, había presentado unas enmiendas, no al texto transaccional, sino al texto originario de su grupo, y deduzco por su intervención que son rechazadas.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Sí, señora presidenta.
El resto de enmiendas, agradeciendo la parte positiva y que muchas están formando parte de la enmienda transaccional, así como el tono constructivo y la aportación de todos los grupos, efectivamente las rechazamos, aunque creemos que todo
ello debe imperar en el futuro para profundizar en la autonomía local.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cuesta.
Señor Rejón, a los efectos de indicar la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas asimismo por el señor Saura, del Grupo Mixto, y por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor REJÓN GIEB: Digo, presidenta, que el que yo me autolimite no significa que si quisiera no pudiera tirarme una perorata como la que se han tirado los otros portavoces, ¿no? No hay problema ¿no? Me voy a autolimitar porque entiendo
que es lo que procede en estos momentos.
Admitimos, porque enriquece y mejora mucho, la enmienda que ha presentado el señor Saura, en nombre de Iniciativa per Cataluña, y en relación con la enmienda que presenta el Grupo Catalán (Convergència i Unió) lo que planteamos es que sea de
adición, como un resumen global, como una especie de bóveda que al final engloba, sintetiza y enriquece toda la propuesta de nuestro grupo parlamentario.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
Señor Jané, al objeto de aceptar o rechazar el cambio de su enmienda de sustitución por adición.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, nuestra enmienda era de sustitución, pero pido la palabra, al amparo del 72.2 del Reglamento de la Cámara, para que se lean textualmente dos apartados de la proposición no de ley presentada
originariamente por el Grupo Socialista, dado que el señor Cuesta ha aludido a lo que decían estos apartados.
La señora PRESIDENTA: Señor Jané, ¿qué apartados son?
El señor JANÉ I GUASCH: El apartado cuarto y el apartado sexto de la mencionada proposición no de ley.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.
Adelante, señor secretario primero.
El señor SECRETARIO (Oliart i Pons): Sí, señora presidenta.
Apartado cuarto: Se incorporará en la ley de grandes ciudades la regulación de los regímenes especiales de Madrid y Barcelona contemplados en la disposición adicional sexta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen
local o de sus cartas municipales.
Apartado sexto: Sin perjuicio de ello, una ley especial regulará la capitalidad de la villa de Madrid en desarrollo del artículo 5 de la Constitución y del artículo 6 de su estatuto de autonomía. (El señor Cuesta Martínez pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor secretario primero.
Señor Cuesta, la utilización de este apartado no abre debate ni da derecho a réplica; sí, si S.S. es lo que quiere, a pedir que se lea algún otro documento.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Sí, señora presidenta. Quiero que se lea la cláusula quinta del texto que se va a votar, que es fruto de una transacción firmada por el Grupo Parlamentario Socialista con el Grupo Parlamentario Popular, que es lo
que se somete a votación de la Cámara.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor secretario.
El señor SECRETARIO (Oliart i Pons): Con su permiso, señora presidenta.
Cláusula quinta: Desplegar la actividad necesaria para dar cumplimiento a la previsión contenida en el artículo 6 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid sobre su régimen especial de capitalidad, y dar cumplimiento a la moción
aprobada por el Senado en su sesión de 19 de febrero de 2002, por la que se insta al Gobierno, en el marco de las conversaciones existentes entre este y la Comisión Mixta Generalitat de Catalunya-Ayuntamiento de Barcelona y de los acuerdos que en
esta se adopten, a presentar, con la mayor brevedad posible, un proyecto de ley que otorgue al Ayuntamiento de Barcelona las capacidades y competencias que se recogen en la Carta Municipal de Barcelona. En todo caso, en lo que no sea específico, se
pondrán en marcha los instrumentos que hagan posible la aplicación de dicha regulación a las restantes ciudades que, por su dimensión y capacidad de gestión, compartan las mismas necesidades y problemas.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor secretario primero.
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL.
La señora PRESIDENTA: Señorías, antes de iniciar las votaciones, la Presidencia, a propuesta de los portavoces, propone a la Cámara la siguiente declaración institucional:
Con motivo de una fecha tan significativa como el 8 de marzo, en la que se celebra el Día internacional de la mujer, el Congreso de los Diputados desea hacer, una
vez más, un llamamiento a la reflexión sobre la situación de discriminación y ataque a los derechos humanos fundamentales que sufren las mujeres del mundo, especialmente en los Estados no democráticos, en los países asolados por la guerra y
las hambrunas, y en las sociedades dominadas por costumbres y tradiciones que consideran a las mujeres seres inferiores.
Hoy queremos poner nombre a la solidaridad del Parlamento español en la nigeriana Amina Lawal, condenada a morir mediante lapidación, cuyo caso será visto por el Tribunal de apelación el próximo día 25 de marzo.
Asimismo, solicitamos al
Gobierno que ejerza todas las actividades y acciones que le sean posibles, ante el Gobierno de Nigeria y la comunidad internacional, para salvar la vida de Amina Lawal y conseguir la abolición de la lapidación.
¿Lo aprueba así la Cámara? (Asentimiento.-Aplausos.)
PROPOSICIONES NO DE LEY (VOTACIONES)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE GRANDES CIUDADES, LAS CIUDADES Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA URBANA. (Número de expediente 162/000637.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las grandes ciudades, las ciudades y sus áreas de influencia urbana, que se somete a votación en los términos derivados del debate y con el texto de la
enmienda transaccional que ha sido propuesto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 288; en contra, seis; abstenciones, 24.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, RELATIVA AL RÉGIMEN LEGAL DE LAS CIUDADES Y SUS ÁREAS URBANAS DE INFLUENCIA EN EL CONTEXTO DEL MODELO MUNICIPAL ESPAÑOL. (Número de expediente 162/000656.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa al régimen legal de las ciudades y sus áreas urbanas de influencia en el contexto del modelo municipal español, que se somete a
votación con la incorporación de la enmienda del diputado señor Saura, del Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 12; en contra, 170; abstenciones, 138.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LOS PLANES DEL GOBIERNO PARA SOLVENTAR, ADECUADAMENTE, LOS PROBLEMAS QUE SE ESTÁN PRODUCIENDO EN EL ÁMBITO DE LAS INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS EN ARAGÓN. (Número de expediente 173/000186.)
La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los planes del Gobierno para
solventar, adecuadamente, los problemas que se están produciendo en el ámbito de las infraestructuras públicas en Aragón. Para la defensa de la misma tiene la palabra el señor Labordeta. (Rumores.).
Les ruego que ocupen sus escaños y guarden silencio. Señorías, es preciso que continuemos con el debate, por lo que les ruego que las conversaciones las mantengan fuera del hemiciclo, a ser posible.
Adelante, señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el pasado miércoles debatíamos en este Pleno sobre toda una serie de deficiencias detectadas en diferentes infraestructuras públicas en Aragón. Entendíamos, y entendemos, que es deber de la oposición preguntar al Gobierno sobre
las medidas que piensa tomar para solventar los problemas que en las últimas semanas se han producido tanto en materia ferroviaria como en cuestión de comunicaciones por carretera.
Lamentablemente nos quedamos con más preguntas que con respuestas por parte del máximo responsable del Ministerio de Fomento y no se aclararon las propuestas y actuaciones del Gobierno en cuestiones tan relevantes como las fechas previstas
para proceder, por ejemplo, a la puesta en marcha del servicio de alta velocidad entre Madrid, Calatayud, Zaragoza y Lleida. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Labordeta, por favor.
Señorías, se oye muchísimo más las conversaciones desde los escaños que al diputado que está haciendo uso de la palabra en la tribuna.
Adelante, señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señora presidenta.
Se nos relataron las cifras de inversión realizadas por este Gobierno en Aragón y se achacó la culpa de los problemas a otros partidos cuando no a los medios de comunicación. Sin embargo, apenas hubo una gran respuesta.
Ya no pedimos
compromisos para gran parte de nuestras preguntas, aunque queremos agradecer el envío de la información, por parte del ministerio, de las previsiones de los servicios de trenes convencionales en Aragón que hemos recibido hace un par de días.
Hoy presentamos la siguiente moción, donde demandamos toda una serie de puntos, alguno de los cuales ya cuenta con el refrendo de las propias Cortes de Aragón. Queremos destacar alguna de las cuestiones que a nuestro juicio consideramos más
importantes.
La misma tarde del pasado miércoles 5 de marzo, cuando celebrábamos el primer debate en el Congreso, conocíamos noticia de un informe elaborado por el Ministerio de Fomento francés en el que se descartaba la reapertura de la línea
internacional Valencia-Teruel-Zaragoza-Canfranc-Pou-Olorón. Se argumentan cuestiones de coste económico. El pasado sábado día 8 de marzo se celebró en la localidad aragonesa de Sabiñánigo una manifestación que culminó en la estación de esta
ciudad, en la que se demandaba una línea férrea de Canfranc libre, segura e internacional.
Hemos pasado de la alegría de una votación y un acuerdo unánime en el Congreso de los Diputados, de un refrendo europeo al incluir esta vía dentro de los ejes ferroviarios a un nuevo golpe, entre comillas, a las aspiraciones de la ciudadanía
aragonesa por la reapertura. Pedimos el voto solidario de todos a este punto concreto de la moción. Es preciso que el Gobierno español retome las conversaciones con el Gobierno francés para conseguir el impulso necesario a esta vía.
En cuanto a las cuestiones referidas al AVE, queremos que se realice un calendario de actuaciones pendientes, que se dé a conocer a la opinión pública y que se fijen fechas y plazos de tiempo para poner en marcha, en las debidas condiciones
de seguridad, el servicio de alta velocidad, la estación intermodal de Zaragoza y las obras pendientes en la capital aragonesa derivadas de la llegada del AVE. No se trata de un mero retraso de tres meses, hay muchas más cuestiones de fondo que han
sido denunciadas por los sindicatos: la subcontratación excesiva, la falta de experiencia de las empresas suministradoras en este tipo de material ferroviario y los problemas detectados en el subsuelo. Nadie hubiera dicho nada si hubiese sido
cuestión de días o de semanas, pero el problema es más grave y de más enjundia como para quedarse sin pedir explicaciones, sin exigir responsabilidades.
El pasado miércoles se nos decía que no creyésemos lo que reflejaba un periódico como El País acerca de la dimisión del consejero delegado de Talgo, que no pasaba nada y que no tenía nada que ver con los problemas ocurridos. El jueves día 6
conocíamos cómo otro periódico, al que espero tengan más credibilidad, La Vanguardia, que decía textualmente: El frustrado arranque del AVE Madrid-Lleida demuestra que, además de la pugna entre RENFE y el GIF, Fomento despreció la calidad a favor
de los plazos. Destacando lo que ya hemos mencionado, la mayoría de las adjudicaciones para la construcción del AVE Madrid-Zaragoza han recaído en empresas con poco recorrido en este sector. Además, se ha conocido públicamente que RENFE deja de
ingresar 180.000 euros diarios cada día que pasa sin ponerse en marcha la explotación comercial, según cita el periódico Cinco Días.
Otra cuestión que incluimos mediante una autoenmienda afecta a diversas instituciones. Por eso Chunta Aragonesista ha presentado iniciativas en el Ayuntamiento de Zaragoza y en Las Cortes de Aragón. Se trata de reactivar la denominada
sociedad Zaragoza Alta Velocidad. Un año después de la firma del convenio aprobado por todos los grupos parlamentarios, en el que participa el Ministerio de Fomento, la parálisis es evidente. No hay dinero en caja de la sociedad y los proyectos no
avanzan al ritmo necesario. El puente del tercer milenio no tiene financiación. La rectificación urbanística de la zona donde se ubica la actual estación ferroviaria de El Portillo sigue estancada. La ordenación urbanística del entorno de la
nueva estación intermodal de Delicias, de la que se debería encargar RENFE, sigue sin actuaciones decididas. El soterramiento de las vías en la zona comprendida entre la nueva y la actual estación sigue sin desarrollarse, manteniéndose un colapso
circulatorio en el tráfico rodado de Zaragoza.
Finalmente, me referiré a dos cuestiones igualmente importantes para la vertebración territorial aragonesa. En lo que a materia de carreteras se refiere, pedimos la actuación decidida del Gobierno español para mejorar las comunicaciones
internacionales con Francia. Hay que garantizar mejores condiciones en el túnel de Somport para evitar situaciones como las ocurridas en los primeros días de enero y retomar proyectos para permeabilizar en las debidas condiciones de respeto al
entorno de los Pirineos como vía directa a Europa. Por último, pedimos que se garantice un servicio de ferrocarril convencional, tal como nos anunció el ministro de Fomento, que sea digno para Aragón, para las comarcas donde existen estaciones, así
como una solución a los problemas ferroviarios detectados en la ronda sur de Zaragoza.
Por todo ello solicitamos el voto favorable de esta Cámara a esta moción presentada en el día de hoy.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
En primer lugar, para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, la señora Urán tiene la palabra.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, quiero empezar mi intervención diciendo que el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a apoyar la moción presentada por el señor Labordeta en nombre de Chunta Aragonesista, del Grupo Mixto.
(La señora vicepresidenta,
Mariscal de Gante Mirón, ocupa la Presidencia.) La vamos a apoyar aunque hayamos presentado dos enmiendas a su texto que en realidad lo único que hacen -me refiero a la primera- es incluir, dentro de las exigencias que se le hacen al Gobierno en la
prestación de servicios y en las frecuencias de horarios remitiéndose al ferrocarril, la necesidad de mejora de las frecuencias y de inversiones en el trazado de la línea Sagunto-Teruel-Zaragoza, o si lo prefieren Zaragoza-Teruel-Sagunto. La
segunda de nuestras enmiendas plantea una modificación del punto cuarto de la moción del señor Labordeta, en el sentido de que los informes de los que dispone el Gobierno francés son simplemente informes y hasta ahora, que se conozca, no ha habido
un pronunciamiento formal por parte del Gobierno francés para paralizar la apertura de la zona pirenaica por el lado de Canfranc. Por lo tanto, lo que hacemos es introducir una ligera modificación que no tiene nada que ver con el fondo y sí con la
forma.
Además, mi grupo parlamentario va a apoyar esta iniciativa, primero porque se solicita la elaboración y ejecución de un plan de mejora del ferrocarril convencional en Aragón. Hemos argumentado en muchísimas ocasiones desde mi grupo
parlamentario que las inversiones multimillonarias que se llevan las líneas de alta velocidad se detraen del mantenimiento y de la mejora del tren convencional. El tren convencional es el que realmente viene a satisfacer las necesidades de toda la
ciudadanía, no sólo de un sector determinado de ciudadanos y de ciudadanas porque une más poblaciones, sino porque además es mucho más asequible. También apoyamos esta moción, entre otras cosas, porque en el punto tres se habla de implantar un
sistema de carretera rodante en el paso fronterizo de Canfranc que permita que los camiones internacionales en tránsito atraviesen los Pirineos. Esto, señorías, también es algo que están demandando las comarcas afectadas en Francia por el paso de
camiones internacionales, situación que es bastante insoportable para los ciudadanos de esta zona.
Se trata de una situación que debe mejorarse y a la que se debe dar solución utilizando el ferrocarril para el transporte internacional de camiones, ya que así se evitaría no solamente la contaminación, sino los problemas que supone este
tipo de transporte. Además, señorías, es necesario reclamar al Gobierno que se utilicen y se diseñen los programas de revisión de toda la infraestructura. Han surgido problemas serios a la hora de la puesta en funcionamiento de la línea de alta
velocidad Madrid-Zaragoza-Lleida, graves errores que se han detectado en los primeros viajes promocionales, mucho más graves de lo que el propio ministro de Fomento nos explicaba en una comparecencia a mediados del mes de febrero en el Congreso de
los Diputados. No parecían cuestiones importantes cuando la verdad es que lo eran, habiéndose demostrado una falta de responsabilidad por parte del Gobierno al intentar poner en funcionamiento una línea que tiene deficiencias como las que se han
detectado en la actualidad. Estamos convencidos de que es necesario que se lleven a cabo las propuestas que plantea Chunta Aragonesista en su moción, no solamente para mejorar la calidad del tren convencional, sino también para que se pueda tener
conocimiento de cuáles son realmente los problemas que afectan a la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Lleida, que se puedan subsanar y desde luego que se acaben las prisas que tiene el Ministerio de Fomento por inaugurarla y que esto tenga más
que ver con la seguridad de los usuarios de esta línea cuando entre en funcionamiento que con la carrera electoral.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Urán.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Socialista ha presentado a la moción del señor Labordeta dos enmiendas de adición al texto, ya que entiende que los planteamientos que se hacen en la misma, así como los que hace Izquierda Unida, son lógicos y razonables
en una moción que tiende a hablar de forma concreta del sistema ferroviario, obviando el tema de carreteras, en relación con el cual, señor ministro -por cierto, le agradezco su presencia-, habría que hablar mucho de las autovías y de otras
carreteras que no cuentan con actuaciones urgentes o decididas destacadas.
Nosotros hemos incorporado dos enmiendas y la primera de ellas tiene que ver con la incorporación de un túnel de baja cota a la red transeuropea de transportes. Actualmente, existe en Europa una Comisión, la Comisión Van Miert, de la que
forman parte representantes del Gobierno español, así como representantes de otros gobiernos, los cuales van a fijar las prioridades de las redes transeuropeas de cara a las próximas decisiones que tengan que tomar en relación con este ámbito. Por
tanto, incorporar esta previsión cuando se trata de un asunto que se viene estudiando desde 1997, cuando es una previsión que viene siendo analizada por los diversos gobiernos autonómicos y regionales del sur de
Francia, cuando es una previsión que está contemplada dentro de una propuesta que existe para mejorar el anexo de la cumbre de Essen, es de justicia y normal que una propuesta que no la hace solamente un sector, una comunidad, sino que
cuenta con mucho apoyo, concretamente de Portugal, que está planteando que exista una vía de comunicación con el centro de los Pirineos con el fin de evitar que el tráfico se concentre en los dos extremos, así como que en estos puntos sensibles que
existen en el Pirineo se produzcan más daños de carácter medioambiental, ese túnel de baja cota que se plantea sea una buena aportación al desarrollo del sistema ferroviario en el conjunto de la Unión Europea. Por ello, nuestra propuesta está
fundamentada no sólo en los informes técnicos del diseño del propio túnel, sino en los apoyos que ha recibido del Comité de las Regiones, formando parte de los estudios de Interreg.
En primer lugar, señor ministro, nosotros planteamos el fomento del uso del aeropuerto de Zaragoza. En estos momentos, Zaragoza está en el centro de una serie de puntos, de ciudades importantes, que se sitúan a 300 kilómetros y, además de
tener esa comunicación por el AVE, que espero que llegue pronto y de la que mañana hablaremos, también tiene una comunicación viaria importante. Sin embargo, el aeropuerto de Zaragoza está teniendo pérdidas en viajeros, aunque ha remontado algo en
mercancías, pero hace falta un apoyo mayor para que este aeropuerto sea un punto de referencia en relación con lo que pasa con los tráficos que existen en los aeropuertos de Madrid y Barcelona. Por ello, entendemos que una medida importante para
mejorar la situación de Aragón en materia aeroportuaria es que se fomente este aeropuerto.
Sin embargo, señor ministro, usted ha tenido dos actuaciones en Aragón que han sido curiosas. La primera, es que el Gobierno, no sé si usted o el anterior ministro, pone en marcha una renovación de la red eléctrica entre Tardienta y Huesca
y le cuesta 1.400 millones de pesetas, pero llegan ustedes y dicen que como hay que implantar el tren de alta velocidad hay que cambiar todo, hay que cambiar la catenaria y la base.
Es decir, ustedes han despilfarrado 1.400 millones de pesetas. Y
no digo que no me guste que llegue la línea AVE a Huesca, señor ministro, que me gusta y estoy encantado de la vida; vamos a ver cuándo llega, pero quiero que llegue. Ahora bien, se podían haber ahorrado 1.400 millones de pesetas, si hubieran
tenido previsión.
En segundo lugar, yo estoy planteando que se fomente el uso del aeropuerto de Zaragoza, aunque al lado de mi ciudad hay otro aeropuerto, el de Monflorite, que ustedes están potenciando. Los ciudadanos de Huesca piensan que cómo es posible
que el aeropuerto de Zaragoza, que casi está en desuso, tenga una alternativa en el aeropuerto de Monflorite, que yo deseo que funcione, señor ministro, porque a todo el mundo le gusta tener un aeropuerto a siete kilómetros de su casa. Pero a mí me
gustaría, señor ministro, que en el desarrollo aeroportuario hubiera un cierto rigor en lo que han de ser los tráficos y el funcionamiento de las compañías aéreas, en lo que ha de ser el funcionamiento de un servicio de transporte, como es el aéreo
que, indudablemente, tiene muchísima repercusión en el desarrollo de una comunidad.
Por ello, creo que el Grupo Socialista hace bien en plantear estas iniciativas, hace bien en apoyar el texto de la moción que ha presentado el señor Labordeta, y creo que, si se acepta por parte del Grupo Popular, mejoraremos de manera muy
sustancial lo que son comunicaciones aeroportuarias y comunicaciones ferroviarias.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón):Muchas gracias, señor Morlán.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Señora presidenta, para decidir su voto nuestro grupo tiene que esperar a conocer lo que en parte ya intuye, que es la aceptación de enmiendas por parte del grupo proponente. Si hay una aceptación de enmiendas, que
parece ser que sí, la votación global de nuestro grupo sería de abstención. Si no hubiese esta aceptación de enmiendas, nuestro grupo votaría tres puntos favorablemente, que son los que tienen cierta analogía con la moción que posteriormente se
debatirá, presentada por nuestro grupo, ya que un sector habla del plan de mejora del ferrocarril convencional de Aragón. Asimismo, el punto segundo, que habla de ayudar y dotar de efectivos y medios para que la atracción que va a tener el AVE en
una serie de líneas pueda encontrar una solución viable. Por tanto este punto es interesante para solucionar la problemática de las líneas que se citan en la moción. También lo es la segunda parte, la que va referida a diseñar el programa de
revisión de la infraestructura entre Madrid, Zaragoza y Lleida de la línea de alta velocidad. A estos tres puntos les hubiésemos dado nuestro apoyo, pero al resto no se lo podemos dar, y no por ser un tema localista de la zona de la Comunidad
Autónoma de Aragón sino, más bien, por existir la implicación del gobierno francés.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón):Muchas gracias, señor Sedó.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Jiménez.
El señor JIMÉNEZ SUÁREZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Esta mañana, cuando preparaba mis papeles, pensaba que S.S. tendría a bien leerse el debate del pasado miércoles,
y no porque existiera la posibilidad de que pudiera sonrojarse con las expresiones que se vierten en algunos pasajes del discurso; no. No era por eso que, entre otras cosas, sería deseable. Pensaba que al leer el debate también
contemplaría la contestación del ministro en la que rebatía todas y cada uno de sus argumentos. Pero no, ha repetido mecánicamente sus argumentos basados en anécdotas para construir un discurso muy ajeno a la realidad. No voy a repetir los
argumentos que ya le dieron el miércoles pasado. Sí le invito -y lo hago, digamos, con todas las consecuencias- a debatir estos temas importantes con equidad, con ecuanimidad y con datos reales.
Señoría, el Gobierno y el Partido Popular están acometiendo iniciativas en política de transporte inusuales en tiempos pasados, precisamente porque atender las necesidades de movilidad de personas y mercancías y la competitividad de los
mercados impone una decidida actuación en la política de transportes e infraestructuras, y Aragón no es una excepción, todo lo contrario. La actuación en carreteras, la red de alta capacidad, la red ferroviaria, la alta velocidad y la red
convencional, y la decidida actuación del Gobierno por vencer la barrera de los Pirineos con las vías interiores, son muestras de la firme voluntad del Gobierno en atender las necesidades de infraestructuras de Aragón. Señoría, nunca en la historia
podrá encontrar un compromiso y una atención tan importante y tan decidida de un gobierno con Aragón. Hoy, las redes transeuropeas de transporte que defiende la Unión Europea y el Partido Popular, en todo caso, benefician directamente a Aragón.
Paso a valorar los puntos que presenta en su moción. Respecto al punto 1, en el que habla de plan de mejora, ya el otro día en el debate se vio que estaban todos en marcha y que en Aragón se podrá ver un antes y un después de la alta
velocidad. En cuando al punto 2, ya el ministerio -usted lo ha reconocido hoy- le dio el programa de la red convencional una vez se ponga en marcha la alta velocidad. El punto 3 es una de las iniciativas del Partido Popular y del Gobierno en la
Unión Europea: vencer la barrera de los Pirineos por sus extremos y por el centro, y la primera actuación del túnel a baja cota, que en la enmienda del Partido Socialista viene muy clara, es la de Zaragoza-Canfranc. Estaríamos dispuestos a aprobar
este punto -para el que vamos a pedir votación separada- en su primera parte, que se refiere a Canfranc y al túnel de baja cota. El punto 4, señoría, está en marcha. El ministerio y el Gobierno están incidiendo en la necesidad de actuar en la
Unión Europea en este sentido. El punto 5 no lo vamos a apoyar. La seguridad, señoría, está en el diseño y en los proyectos, y tenemos el marco legal de la Ley de contratos del Estado para que los contratos se hagan de acuerdo con lo proyectado.
En cuanto al punto 6, señoría, también en el debate de la semana pasada se le hizo hincapié en que la ronda sur tendrá capacidad suficiente en el futuro para atender las demandas de personas y mercancías. Y el punto 7, señoría, como usted sabe, no
sólo depende de la Administración del Estado, sino que depende de otras administraciones.
En resumen, señoría, invitamos a que los debates sobre infraestructuras se hagan con equidad y con ecuanimidad. Si S.S. acepta que se vote por separado el punto 3.1, referido a Canfranc y al túnel de baja cota, lo votaríamos
afirmativamente, y el punto 4, que se refiere al acceso a los Pirineos por Canfranc, también lo votaríamos afirmativamente porque son iniciativas en las que el Gobierno está empeñado desde hace tiempo, tanto en el libro blanco como en las recientes
decisiones de la Unión Europea.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Jiménez.
Señor Labordeta, tiene la palabra a los efectos exclusivos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Sí, señora presidenta.
Vamos a aceptar las enmiendas del Grupo Socialista y del Grupo de Izquierda Unida.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Labordeta. (Pausa.-La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los planes del Gobierno para solventar adecuadamente los problemas que se están produciendo en el ámbito de las
infraestructuras públicas en Aragón, que se somete a votación con la incorporación de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y por el Grupo Parlamentario Socialista, que han sido aceptadas por el grupo
proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 125; en contra, 169; abstenciones, 18.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE POSICIÓN DEL GOBIERNO EN LA CRISIS DE IRAK. (Número de expediente 173/000187.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre posición del Gobierno en la crisis de Irak.
Para presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Marín.
(Rumores.)
Señorías, ruego ocupen los escaños o abandonen el hemiciclo aquellos que lo vayan a hacer.
Adelante, señor Marín.
El señor MARÍN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, estamos viviendo unos días dramáticos en el escenario internacional.
El pasado viernes día 7 en el Consejo de Seguridad tuvimos fiel reflejo de la posición del Gobierno respecto a la crisis de Irak. El presidente del Gobierno español tiene decidido desde hace tiempo embarcarnos en la guerra que quiere, en la
guerra que necesita el Gobierno republicano de los Estados Unidos. (La señora Mato Adrover: Qué listo eres.) Previamente ni el presidente del Gobierno en el debate del plenario ni la ministra de Asuntos Exteriores en la interpelación que origina
esta moción quisieron explicar en esta Cámara cuál sería la posición del Gobierno en Naciones Unidas. Otra vez más la ambigüedad duró poco, la opinión pública española comprendió claramente viendo y escuchando la intervención de la ministra de
Asuntos Exteriores que la decisión está tomada y además es irreversible: habrá guerra en cualquier caso, o intentando desesperadamente obtener nueve votos, encogido el Gobierno español detrás de las presiones de quien puede presionar, los Estados
Unidos, o si no hay nueve votos para la segunda resolución apuntándose a la coalición de voluntarios que hará la guerra detrás de los Estados Unidos. Ustedes han aceptado y comparten la guerra preventiva, pero no se atreven a decirlo públicamente.
El pasado jueves día 6 en la conferencia de prensa en la Casa Blanca el presidente norteamericano, señor Bush, lo dejó claro: Estados Unidos no tiene que pedirle permiso a nadie para defenderse. Esta es la expresión sin duda simple pero
bastante rotunda de lo que va a pasar, de lo que significa la aplicación práctica de este concepto medieval, el ius ad bellum, que ahora se llama la guerra preventiva. Si percibo un riesgo o una eventual amenaza, es suficiente para que yo pueda
atacar y destruir al otro; si la ONU lo entiende, perfecto; si no me da la razón, entonces la ONU es irrelevante y voy por mi cuenta con mi coalición de voluntarios. Es la guerra unilateral. Si me vetan, no vale porque entonces los vetos son
irresponsables y oportunistas. Los únicos vetos que valen, señoría, son los míos. ¿Por qué? Simplemente porque soy el más fuerte.
Estamos viviendo estos momentos, y el Gobierno no quiere decirle a la opinión pública que ya tienen decidido apuntarse a la coalición de voluntarios para la guerra, incluso si no obtuvieran lo que empiezan a llamar impúdicamente la mayoría
moral de los nueve votos. Por eso, ustedes pretenden otorgarle a la Resolución 1441 un carácter automático para la guerra, que no la tiene. La 1441 tiene un carácter automático sólo para ustedes. Desprecian las propuestas y los avances obtenidos
por los jefes de inspección Blix y El Baradei. No les interesa participar lo más mínimo en ampliar y reforzar las inspecciones. No pueden hacerlo simplemente porque, aunque no lo declaren, ya están comprometidos con la solución militar y pretenden
desesperadamente confundir a la opinión pública, vinculando la situación de Kosovo con Irak, pero les aventuro que fracasarán, como fracasaron hace algunos meses cuando pretendieron vincular la situación actual con la guerra de 1991 con motivo de la
invasión de Kuwait. La opinión pública sabe distinguir y ha comprendido muy bien de qué se trata en esta ocasión. La opinión pública ha comprendido que el desarme es un objetivo que hay que conseguir y se puede conseguir con soluciones
diplomáticas y pacíficas. El señor Husein es un tirano y lo han comprendido, sin duda, pero la opinión pública también ha comprendido que el objetivo no es desarmar sólo al régimen iraquí; hay más y mucho más. Se trata de hacer de Irak la prueba
evidente, el ejemplo vivo para todos de lo que significa la guerra preventiva. Sólo existe un gran poder en el mundo, sólo existe un modelo de seguridad internacional, sólo existe una ONU posible, la que dice amén, y sólo existe un país en el mundo
que puede hacer una guerra preventiva unilateral, capaz de proyectar una colosal maquinaria de guerra en cualquier parte del planeta Tierra. Este es el discurso, señorías, de este nuevo orden internacional que a ustedes les encanta y, al parecer,
al presidente Aznar le apasiona, pero tienen un gran problema: la ciudadanía no lo quiere y se opone, pero no como ustedes dicen repetidamente porque hemos sido capaces de manipularla; no, es porque ha comprendido muy bien de qué se trata, y no
quiere este orden internacional porque intuye que así no vamos a ninguna parte; y todo esto, señorías, por las fantasías de que apostando por este modelo -ustedes nos dicen- el Reino de España abandonará el rincón de la Historia y de la mano de la
Administración republicana y participando en esta guerra, que ellos necesitan para temor y escarmiento de propios y ajenos, de esta forma, como dicen los ideólogos al uso, dejaremos de ser un país de segunda división pasando a ser uno que juega ya
entre los grandes. La fantasía de nadie, señorías, justifica una guerra como la que se presiente, y las fantasías de algunos jamás podrán justificar los muertos que vienen. Piénsenselo bien. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Marín.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, el señor Mauricio tiene la palabra.
El señor MAURICIO RODRÍGUEZ: Intervendré muy brevemente, señora presidenta, señorías, porque el debate lo hemos hecho ampliamente.
Nuestro grupo va a apoyar la moción que presenta el Grupo Parlamentario Socialista. Ya ha anunciado que
incorporan una pequeña frase sobre la acción unilateral. Deseo sumarme a las palabras que se acaban de decir en esta tribuna en el sentido que ya todos desgraciadamente venimos opinando desde hace muchas semanas y meses; la guerra se va a
producir, pero todavía queda una semana dramática. Las noticias que tenemos hoy confirman una argumentación que venimos presentando la mayoría de los grupos de esta Cámara, y es que la guerra estaba decidida para el mes de marzo. Hoy ha habido una
iniciativa de los seis países que estaban vacilando sobre su voto, y ellos han pedido 45 días. A mí me parece que es enormemente significativa esa iniciativa, porque intentaba reforzar, en la línea que ha presentado el Consejo Europeo y otros, el
concepto de que era necesario continuar las inspecciones. Los señores Blix y El Baradei en la última reunión del Consejo de Seguridad pidieron meses, ni semanas ni años; faltaba un mes y medio, 45 días, que se han pedido hoy.
Sin embargo, el
portavoz de la Casa Blanca acaba de anunciar que la fecha límite es el 17 de marzo y que a partir de ese día se va a atacar.
El acto dramático que estamos presenciando hoy en el mundo es que es una guerra unilateral, que viola la legalidad internacional. Hasta ahora podríamos discutir quién defendía la legalidad internacional y quién no.
Si se producen los
hechos tal como anuncia la información de hoy, al margen de que no haya ni una mayoría de nueve ni se acepte de ninguna manera el veto de tres grandes países, si se produce la guerra, esa guerra es ilegal, y si es ilegal, se diga lo que se diga, sea
el más poderoso del mundo o no lo sea, es un crimen, y los crímenes deberían estar donde hoy se inaugura el Tribunal Penal Internacional, denunciado en una querella ante el Tribunal Penal Internacional (Aplausos.). No es casualidad que el único
país que no se ha querido sentar en el Tribunal Penal Internacional sean los Estados Unidos, porque desgraciadamente si hay guerra el general Franks y otros deberían estar allí por un crimen que es la declaración de guerra frente a la legalidad
internacional.
El Partido Popular tiene una situación difícil, dramática. La opinión pública europea está en contra, la opinión pública del mundo está en contra, y en esta guerra terrible de todas maneras están pasando cosas importantes, y es que está
naciendo la nueva Europa política. Nos guste o no, la Europa económica está consolidada; el año que viene tendremos constitución europea, pero con la posición que están defendiendo determinados países europeos y no España está naciendo una nueva
Europa política que necesita equilibrar el mundo en un mundo unilateral.
Esperemos que, si se produce trágicamente la muerte de un montón de seres humanos de una manera absolutamente criminal, sea una de las últimas guerras de este mundo para que
haya un sistema de seguridad y paz internacionales consolidadas las Naciones Unidas. Esa batalla la estamos ganando, por tanto, señoras y señores diputados, hoy votamos de una manera muy responsable y muy seria quién está a favor de una guerra
unilateral contra la legalidad internacional, que es un crimen contra la humanidad, y quién está a favor de la paz.
Muchas gracias. (Aplausos.-Un señor diputado: Te has quedado a gusto, Mauricio.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mauricio.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto han presentado enmiendas los señores Saura y Vázquez.
Señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Hemos presentado dos enmiendas, y el texto que nos ha ofrecido el Grupo Parlamentario Socialista incorpora una de ellas. En todo caso, íbamos a votar que sí a la moción que hoy ha presentado el Grupo Socialista porque sigue recogiendo lo
que ha sido el espíritu y la letra de la opinión pública española, además de todas las iniciativas parlamentarias de los grupos de la oposición. Nuestras enmiendas indican que las propuestas que se hacen sean coherentes con la opinión de los
ciudadanos españoles y, por otro lado, ofrecemos una enmienda relativa a la necesidad de introducir votaciones para que el Estado español se implique en determinadas intervenciones del Ejército español en conflictos armados.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Con la mayor brevedad posible quiero explicitar la posición del Bloque Nacionalista Galego en relación con la moción del Grupo Parlamentario Socialista, que nos permite reiterar nuestra posición contraria, totalmente contraria a la política
del Gobierno. Creemos que el no disimulado deseo de Estados Unidos de invadir Irak, controlar su territorio y sus riquezas naturales en ningún caso debe ser apoyado como incondicionalmente lo está haciendo el Gobierno desde hace mucho tiempo, desde
el mismo momento en que el señor Bush decidió llevar adelante esta guerra preventiva y en nuestra opinión inmoral. Cuanto más tiempo pasa más evidente es que no existen razones serias que justifiquen
esta guerra. Los argumentos dados por el Gobierno español, que simplemente son la repetición mimética de los que da la Administración norteamericana, no se sustentan, son débiles, cuando no simplemente falsos; como falsas son incluso
algunas de las pruebas que Estados Unidos facilitó a los inspectores de la ONU sobre el presunto programa nuclear iraquí, algo que tienen que admitir ya públicamente. Siempre estuvo claro para nuestro grupo que Estados Unidos iría a esta guerra con
o sin resolución de la ONU y siempre estuvo claro para nosotros que el señor Aznar y el Partido Popular apoyarían esta posición, irían a la guerra, y para eso incluso impedirían cualquier posibilidad de solución razonable.
Haga lo que haga el
régimen iraquí, no variará la decisión tomada. Por eso resulta cada vez más ridícula y más patética la posición del Gobierno. Se envuelve en la bandera del pacifismo, mientras jalea las posiciones belicistas, a veces con posiciones formalmente más
radicales que las que mantienen los verdaderos interesados en este conflicto. Así sucedió en la última sesión del Consejo con la intervención de la señora ministra de Asuntos Exteriores.
Los defensores de la guerra como el Gobierno español...
La señora PRESIDENTA: Señor Vázquez, le ruego concluya, por favor.
El señor VÁZQUEZ Y VÁZQUEZ: Acabo, señora presidenta. Los defensores de la guerra encuentran obstáculos, posiblemente imprevistos. El Gobierno está prestando todo su apoyo a esta guerra contra el deseo de la mayoría.
Nosotros, aunque sea
inútil, porque estamos ante un presidente y un grupo como el Popular que no quiere oír, seguimos insistiendo en que cambie su posición. Nuestras enmiendas simplemente proponían...
La señora PRESIDENTA: Señor Vázquez, su tiempo ha concluido. Usted sabe que en las mociones es muy estricto.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señora presidenta, señorías, es oportuna la iniciativa que trae hoy el Grupo Parlamentario Socialista, porque permite una vez más reiterar el compromiso que tenemos algunos contra la guerra, aunque estemos
llegando aparentemente a cansar a todo el mundo con este debate. Es importante que podamos reiterar semana a semana quiénes estamos contra el uso de la fuerza, mientras las inspecciones siguen desarrollando su trabajo y siguen funcionando; quiénes
queremos reiterar que esperamos un desarme pacífico de Irak, que esperamos el cumplimiento de la Resolución 1441 por parte de todos, por tanto, puesto que no establecía plazo, que se produzca en el término que la Resolución 1441, y con los medios
que estableció, un desarme de Irak. Mientras estamos aquí hablando no sabemos exactamente todavía cuál será el texto que finalmente será sometido al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No sabemos de qué plazos se hablará, si serán días,
semanas. No sabemos tampoco cuál será la posición final de algunos de los miembros no permanentes que permitirá decir que ha habido una mayoría, vetada en todo caso por Rusia o Francia, o que no se ha llegado siquiera a alcanzar esa mayoría. Sí
sabemos, precisamente por el anuncio de ese veto, que hagan lo que hagan esos países no habrá resolución del Consejo de Seguridad a favor de esta guerra, porque en realidad lo que separa a unos y a otros, lo que nos separa de otros es sencillamente
creer o no creer que la guerra es inevitable. Ese es el eje: creer o no creer en la tarea de los inspectores; creer o no creer que lo que están desarrollando los inspectores sobre el terreno puede producir desarme. Algunos no lo creen, por
tanto, lo de menos son los plazos, porque se ponga una semana, se ponga un mes, haga lo que haga Sadam Husein y digan lo que digan los inspectores se considerará que es una falsedad y que no tiene fundamento.
Otros creemos que no, que la ONU puede,
debe y tiene la obligación de establecer unas condiciones, como hizo en la 1441, de establecer un régimen de inspección y verificación y, a partir de ahí, a la luz de los hechos, como está ocurriendo, de actuar. Por eso creemos que no hay razón hoy
para ir a una guerra. En todo caso, queremos reiterar expresamente que la guerra, si la hay, sólo la puede decidir el Consejo de Seguridad.
No es posible, señorías, buscar una legitimación a la acción militar en pasadas decisiones del Consejo de
Seguridad; ni todas las antiguas decisiones del Consejo de Seguridad juntas, todas ellas desde el año 1991 hasta hoy, ni una sola de ellas permite por sí sola ir hoy al uso de la fuerza. Ese no es un argumento posible, es contrario a la letra y al
sentido de la Carta de las Naciones Unidas que establece el Consejo de Seguridad como un órgano que, a la luz de las circunstancias concretas en el momento en que tiene que tomar una decisión, decide si se va o no se va a la guerra. El Consejo de
Seguridad no es, según la Carta de las Naciones Unidas, un órgano que firma cheques en blanco, un órgano que lanza una guerra a plazo indeterminado, dejando que los países decidan o no a su conveniencia si esa guerra tiene que tener o no lugar. El
Consejo de Seguridad decide si se han incumplido sus resoluciones y en ese caso pide una guerra. Es por eso, señora presidenta, que pido, en ejercicio del derecho del artículo 72.3 del Reglamento, que se lean ante esta Cámara después de mi
intervención los artículos 39, 41 y 42 del Capítulo
VII de la Carta de las Naciones Unidas, único fundamento jurídico posible, exclusivo fundamento jurídico posible de una acción armada. Pido que se lean en cuanto termine esta intervención para no robarme a mí mismo tiempo. Cuando sean
leídos ustedes verán, reitero, que no hay decisiones de Naciones Unidas que se pierdan en el tiempo y que puedan dar lugar, como si fueran minas flotantes en el mar, a estallidos de guerra pasado un determinado tiempo. No, señorías; el Consejo de
Seguridad examina una situación y a la luz de una situación decide en función de las circunstancias que se dan.
La enmienda que ha presentado mi grupo, precisamente al texto originario imperfecto del Grupo Socialista -aunque correcto en el sentido de fondo- pretendía mejorarlo aportando y dejando claro que el Consejo de Seguridad tiene el derecho de
ejercer el uso de la fuerza. Por supuesto que lo tiene, lo reconoce la Carta y nosotros no lo negamos, por eso queremos dejar claro que lo que estamos pidiendo no es que nunca jamás en ningún caso en el futuro en la ONU se pueda votar contra el uso
de la fuerza.
Decimos que hoy, aquí y ahora, mientras se está produciendo el desarme de Sadam Husein no hay motivo para ir a la guerra, además de decir, como reiteramos, que sólo el Consejo puede hacerlo.
La señora PRESIDENTA: Señor Guardans, muchas gracias.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Doy por terminada esta intervención, reiterando la petición de que sean leídos estos textos.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Guardans.
Señor secretario primero.
El señor SECRETARIO (Oliart i Pons): Señora presidenta, con su permiso.
Capítulo VII, acción en caso de amenaza a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión.
Artículo 39. El Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión y hará recomendaciones o decidirá qué medidas serán tomadas, de conformidad con los artículos 41 y 4, para
mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales.
Artículo 41. El Consejo de Seguridad podrá decidir qué medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada han de emplearse para hacer efectivas sus decisiones y podrá instar a los miembros de las Naciones Unidas a que apliquen dichas
medidas que podrán comprender la interrupción total o parcial de las relaciones económicas y de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas y otros medios de comunicación, así como la ruptura de
relaciones diplomáticas.
Artículo 42. Si el Consejo de Seguridad estimare que las medidas de que trata el artículo 41 pueden ser inadecuadas o han demostrado serlo, podrá ejercer, por medio de fuerzas aéreas, navales o terrestres, la acción que sea necesaria para
mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. Tal acción podrá comprender demostraciones, bloqueos y otras operaciones ejecutadas por fuerzas aéreas, navales o terrestres de miembros de las Naciones Unidas.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor secretario.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Anasagasti.
El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señora Presidenta, nuestro grupo va a apoyar la iniciativa del Partido Socialista y las enmiendas que se han ido presentando porque lo consideramos oportuno. A pesar de que se pueda pensar que ya está bien de
plenos hablando de la posible guerra contra Irak, que seguramente va a suceder en muy breve tiempo, es bueno mantener informada a la opinión pública diciendo que desde hace tres meses si todas las iniciativas de todos los grupos de la oposición
hubieran sido no a la guerra y si se hubiera sustanciado por el Gobierno y el Partido Popular sí a la guerra, creo que nosotros hubiéramos hecho ya un buen servicio a la opinión pública y no la habríamos mareado con decisiones ya tomadas.
Aquí indudablemente se está produciendo un planteamiento absolutamente deformado desde el punto de vista democrático; se están hurtando al Parlamento los debates precisos, a pesar de las comparecencias, sobre todo con una información
adecuada. Se nos han traído aquí acuerdos, resoluciones del Consejo Europeo, celebrado de una manera extraordinaria en Bruselas, nos hemos visto obligados a aprobar, rechazar o abstenernos ante lo acordado ya en el Consejo Europeo, y hemos visto
posiciones muy curiosas, sobre todo cuando la decisión ya estaba tomada de antemano, no sabemos si en el mes de septiembre, en el mes de junio o cuándo fue, o si fue como consecuencia de que en un momento determinado al Partido Republicano de los
Estados Unidos se le ocurrió que era mucho más interesante una unión patriótica alrededor de un tema como este y no un debate social, un debate económico que podía plantear el Partido Demócrata. Estos debates ponen a los partidos políticos frente a
la opinión pública y frente a su propia responsabilidad, no solamente ante su propia sociedad y ante su propio electorado sino ante la opinión pública europea, porque también estamos hablando indirectamente de lo que va a ocurrir con una Europa que
ha sufrido un ataque en su línea de flotación con planteamientos que ha llevado adelante el Gobierno.
En este hemiciclo se han hecho planteamientos muy agudos, muy oportunos, que han tenido, sobre todo, una traducción en actos políticos del Partido Popular; ayer, sin ir más lejos, vimos uno en el que el señor Mayor Oreja decía que esto ha
servido fundamentalmente para movilizar a la izquierda, al Partido Socialista y al nacionalismo en su ofensiva más dura desde la época de no sabemos cuándo. Estos argumentos son ya muy viejos, son argumentos de la vieja cruzada y nos suenan al
rojo- separatismo, al frente popular, a planteamientos parecidos, cuando en un momento como el que estamos viviendo el único frente que puede haber planteado es el frente de la paz, detrás de una pancarta, en la calle, en el escaño, ante la opinión
pública.
Nos llama mucho la atención que el Partido Popular haya cambiado de una manera tan meridiana sus planteamientos. Vuelvo a sacar aquí a colación algo que no me cansaré de repetir. El señor don Gustavo Arístegui, portavoz del Partido Popular
en la Comisión de Exteriores de este Congreso, viajó a Irak no hace mucho tiempo, año y medio, en un viaje humanitario para romper el bloqueo existente porque había una situación de grave crisis respecto a las medicinas de los niños. Tuvieron
oportunidad de hablar con el señor Tarek Aziz, que ayer se manifestó respecto a la política del Gobierno español. Era lógico que los partidos políticos hicieran una crítica muy dura al régimen de Sadam, no hay ningún grupo parlamentario que esté a
favor de Sadam Husein. Se pretende plantear aquí que somos compañeros de viaje de Sadam Husein. Nada más lejos de la realidad. ¿Por qué ha cambiado de una manera tan fulminante el Partido Popular? Ésas son las claves que seguramente nos
quedaremos por escuchar en estos debates, que son debates pepino, que se repiten, se repiten, se repiten (Risas.), pero que no llegan al meollo de la situación, que tiene los móviles que ya sabemos.
El otro día tuve especial interés en poner en evidencia algo que nos parece escandaloso. No se puede mantener un discurso ético, un discurso moral, ir al Vaticano, besar el anillo del Papa, entregarle nada menos que la biografía de Isabel
la Católica, cuando a Sadam Husein no se le ha retirado la Orden de Isabel la Católica entregada en 1974. Podía ser un gesto del Gobierno del Partido Popular retirar la Orden de Isabel la Católica si es tan malo el personaje, que lo es. Ya que
hablamos de tiempos de la República, como ayer habló el señor Mayor Oreja, se recordaba las encíclicas de los papas. Aquí, en este hemiciclo, en tiempos de la República, hubo un diputado, jabalí, que gritó en un momento determinado cuando se
sacaban las encíclicas de los papas: si ustedes siguen hablando de las encíclicas de los papas, nos haremos cismáticos. Bueno, pues señores del Partido Popular, lo único que les pedimos es que no se hagan cismáticos, sino simplemente que hagan
caso a lo que pide el Papa, que es: Guerra no. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Anasagasti.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el señor Alcaraz tiene la palabra.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señora presidenta.
Señorías, estamos sin duda viviendo un momento dramático que puede desembocar en una situación trágica, y posiblemente sea éste el último debate con votación antes de la declaración de guerra. Por eso, muchos sentimos una sensación de
impotencia, de irritación y también de misericordia. Hasta este momento, el Gobierno fundamentalmente ha emitido más mentiras que palabras. A partir de ayer, en función de las declaraciones que se hicieron, el Gobierno ha empezado a quitarse la
careta y aparece por fin el rostro, es el rostro de la guerra, del horror y de la ilegalidad. La Resolución 1441, señores del PP, nunca pude ser un recurso automático a las armas porque se aprobó por unanimidad, precisamente por eso. Como ha dicho
Kofi Annan, no se puede seguir retorciendo la voluntad, las perspectivas de futuro de las Naciones Unidas en función de intereses que no conciben la legalidad como un bien al que hay que proteger. Estamos en un momento en que se está prefigurando
el tipo de la agresión, lo que la iglesia ha llamado el crimen a la paz, sin duda un crimen tipificable, un crimen en el que puede estar incurso no el Gobierno de los Estados Unidos, pero sí el Gobierno español. Todo esto se está haciendo en nombre
de un presidente iluminado, un presidente que de pronto tiene un impulso, tiene un sueño, un pálpito heroico y concibe una nueva fase de la humanidad, concibe una nueva fase rompiendo con muchas cosas, desde un edificio distinto, desde una lógica
absolutamente diferente, ungido en el papel de actor global -he aquí el gran valor que él concibe para su propio futuro, para su propia seña de identidad a partir de ahora-, un actor global que quiere sacar a un país de su rincón y situarlo en el
centro; posiblemente, dentro de poco en el centro del horror.
Ante ese rostro hosco de la guerra, ha habido respuestas y las sigue habiendo -en la calle, en este Congreso-, y ahí está la respuesta de la estatura moral de la vieja Europa, respondiendo a construcciones que lo único que están haciendo es
el intento de globalizar la agresión como método de batalla para la construcción de un nuevo orden mundial; la agresión y la globalización del terrorismo de Estado a partir de estos momentos.
Se ha respondido desde aquí -y que conste que los que han dado la batalla nunca la darán con sangre ajena-, por el Partido Socialista, Convergència i Unió, el PNV, Coalición Canaria, el BNG, el Partido Andalucista, Iniciativa per Catalunya,
Eusko Alkartasuna, la Chunta Aragonesista, Esquerra Republicana de Catalunya e Izquierda Unida. -el PP no ha dado la batalla
por la paz, y consta ya en el 'Diario de Sesione', negro sobre blanco- que no hay que regatear esfuerzos por la paz, y no se van a regatear hasta última hora. Francia lo ha hecho y lo ha hecho la vieja Europa, diciendo que no se puede
aceptar un ultimátum. No se puede aceptar la guerra bajo ninguna condición en estos momentos, cuando, además, están funcionando los mecanismos de que se ha dotado la ONU para desarrollar la Resolución 1441, que era una resolución para que
intervinieran los inspectores como activos directos hasta última hora, hasta conseguir el desarme sin guerra.
Hay que salir del rincón. Estamos, por lo visto, en la octava prodigiosa, estamos en los ocho años que conmovieron al mundo, estamos en el triunfo inenarrable de España por tener, por fin, un actor global que, aunque no ha logrado estar en
el G-8, está en el G-3; por fin, ha conseguido entrar en el G-3. ¿A qué precio, señorías? (Rumores.) ¿Ante qué rupturas de alianzas culturales y políticas, de las que logramos salir olvidándonos por fin de Franco en este hemiciclo? (Rumores.)
¿Con qué sumisión a los Estados Unidos? ¿Con cuánta sangre? ¿Con cuántos muertos? ¿Con cuántos asesinados? (Rumores.) ¿Con cuánta destrucción?
Señorías, si sienten ustedes un líquido viscoso en las manos, a partir de ahora ya no será petróleo. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Alcaraz.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor de Arístegui.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Señora presidenta, señorías, seguimos instalados inexorablemente en el maniqueísmo de guerra no. Seguimos instalados en tratar de acusar al Gobierno y al Partido Popular de que somos unos belicistas,
asesinos de niños iraquíes, que tenemos las manos manchadas de sangre. El portavoz de Izquierda Unida decía hace un momento, con ese dramático final, que, a partir de ahora, tendremos las manos manchadas de sangre y no de petróleo. Palabras
gruesas, señoría. A ver qué ocurre cuando, por desgracia, tenga que desdecirse de lo que ha dicho esta noche; espero que muy pronto.
En todo caso, señorías, se trata, aquí y ahora, de mantener la paz; se trata de luchar por la paz de verdad; se trata de construir una paz seria, sólida y duradera, y no coyuntural y frágil, que es exactamente lo que ocurriría si
siguiéramos ignorando el problema, como algunos portavoces insisten en hacer. La ignorancia del problema, en esta ocasión, sólo lo agravaría. Lo hemos dicho mil veces: estamos ante la región más compleja del planeta, la que más guerras y
conflictos ha causado en los últimos 60 años. Desde luego, permitir que sigan existiendo ingentes cantidades de armas de destrucción masiva sería profundamente irresponsable (Rumores.), profundamente irresponsable, señorías.
Señorías, la proliferación en Oriente Medio no es ninguna broma. Dentro de unos meses, o de unos años, nos encontraríamos ante una guerra no convencional generalizada en la región de Oriente Medio, de consecuencias absolutamente
impredecibles. Afectaría a Irán, a Irak, a Arabia Saudí, a las pequeñas monarquías petroleras del Golfo, a Jordania, y quién sabe si a Siria y a Israel. Eso significaría que, durante décadas, tendríamos cercenada la posibilidad de reconstruir el
proceso de paz, tendríamos un divorcio entre Oriente y Occidente que duraría quizá generaciones. Esa es la verdad. Muchos dicen que Irak está encapsulado, controlado, que la contención y la disuasión han tenido efecto; yo discrepo. Irak es una
dictadura, en este instante está en el momento seguramente más débil y las dictaduras débiles son más peligrosas, más impredecibles. Esa es la verdad.
Hemos tratado de agotar todos los medios diplomáticos y políticos y en ello estamos todavía, no hemos llegado a la fase bélica, en absoluto.
Estamos, señorías, incrementando un grado más la presión política y diplomática. Justamente la
presentación de ese proyecto de resolución que nosotros hemos copatrocinado es un intento más de la comunidad internacional, patrocinado por nosotros, de dar un plazo mayor, una última oportunidad a Sadam Husein para ver si, después de 13 años, por
fin deja de engañar y de violentar gravemente la legalidad internacional.
Señorías, sin la amenaza del uso de la fuerza, legal y legítimo, no estaríamos donde estamos hoy, no estaríamos ante los resultados parciales y tímidos que hemos conseguido
hasta ahora, no habrían vuelto los inspectores, no habríamos conseguido que el régimen de Sadam Husein hubiese reconocido hace apenas unos días que en efecto estaba en posesión de arsenales no convencionales y que algunos que tenía los había
destruido, pero se le había olvidado decirlo.
Señorías, queda poco tiempo, quiero decir algunas cosas y sobre todo responder a algunas acusaciones de algún portavoz de esta Cámara. No se puede aceptar un cumplimiento parcial, como el que está haciendo Sadam Husein; siempre ha cedido
un poco cuando la presión ha aumentado y eso no es tolerable. Nadie está hablando de eso, nadie considera aceptable que el cumplimiento parcial sea suficiente y nadie considera el plazo indefinido. Señorías, la decisión no está tomada. Seguimos
apoyando absolutamente todos los puntos de las conclusiones del Consejo Europeo extraordinario de 17 de febrero.
En cuanto a usted, señor Anasagasti, quiero decirle que falta a la verdad.
Cuando fuimos a Irak estuvimos muy duros con Tarek Aziz; estaba el señor Azpiazu y estaba la señora Lasagabaster y pueden decirle que cuando vimos que el traductor
no traducía la dureza de nuestras palabras pasamos al inglés, a lo mejor ahí estaba el problema. Lo que le quiero decir, señoría, es que lo que dije entonces al señor Tarek Aziz lo mantengo
ahora mismo y sigo diciéndolo. Estábamos allí en apoyo al pueblo de Irak y eso es exactamente lo que seguimos haciendo hoy, no estábamos apoyando el régimen de Sadam Husein, que sigue siendo igual de bárbaro. Quiero decirle que ha faltado
usted a la verdad en esta Cámara esta noche.
(Aplausos.)
Señorías, la amenaza no somos nosotros, las democracias que pretendemos desarmar a Sadam Husein; la amenaza a la paz y seguridad mundiales es Sadam Husein y su régimen y por eso es imperativo y es la obligación de cualquier democracia seria
y responsable intentar desarmarlos, porque si no sí tendremos una guerra. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor De Arístegui. (La señora Lasagabaster pide la palabra.)
¿A qué efectos, señora Lasagabaster?
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta. Como se me ha aludido personalmente...
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Lasagabaster. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio.
El artículo 71, que regula el derecho de réplica por alusiones, es aplicable siempre a criterio de la presidencia, como usted bien sabe.
Señora Lasagabaster, entiendo que el señor De Arístegui la ha citado, pero no la ha aludido. Muchas
gracias. No tiene usted la palabra.
Se somete a votación la moción, consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre posición del Gobierno en la crisis de Irak, en los términos del texto de la enmienda transaccional que se ha hecho llegar a la
presidencia.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 149; en contra, 169.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada. (Protestas.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÉNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA MEJORAR LA RED FERROVIARIA EN CATALUÑA. (Número de expediente 173/000188.)
La señora PRESIDENTA: Moción, consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de carácter general que piensa adoptar el Gobierno para mejorar la red ferroviaria en Cataluña.
Tiene la palabra el señor Sedó. (Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio.
Adelante, señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Gracias, señora presidenta.
Subo a la tribuna para defender la moción consecuencia de la interpelación que la semana pasada presentó el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre a la red ferroviaria en Cataluña y la situación de la línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Lleida-Barcelona-frontera francesa.
Nuestra moción tiene seis puntos muy concretos y claros. Se ha presentado una enmienda por el Grupo Socialista que no vamos a aceptar por dos conceptos claros. Uno es estratégico, nuestro grupo no quiere aceptar la enmienda del Grupo
Socialista por cuanto pretende, si fuese conveniente para los grupos, que pudiesen votar uno a uno o por grupos los puntos de la moción que hemos presentado. Tenemos esperanza y sabemos que existe la posibilidad de que alguno de los puntos de
nuestra moción puede tener el apoyo mayoritario de la Cámara. La segunda razón por la que no podemos aceptar la moción del Grupo Socialista es porque se nos presenta una enmienda muy completa, con toda una serie de planteamientos que en realidad no
hacen otra cosa que una especie de apropiación de nuestra moción. Nuestra moción, que tiene seis puntos, quedaría transformada en una moción de doce puntos, y sólo quedarían tres de los seis originales.
En realidad, nos encontraríamos con que la
moción sería la del Grupo Socialista y francamente no quiero perjudicar, pues dentro de 15 días ustedes tendrán que presentar su moción sobre el mismo tema, puesto que mañana debatiremos en este hemiciclo una interpelación sobre el AVE
Madrid-Zaragoza-Lleida. Por lo tanto, creo que es en el debate de esa moción, después de la interpelación, cuando ustedes deben expresar sus propuestas. Nosotros la enmendaremos si lo creemos conveniente, pero sí le puedo asegurar que en modo
alguno lo haremos de una forma como la que hoy se nos ha presentado. Hay temas válidos y otros no lo son, hay demasiada sustitución y puntos de adición. No podemos aceptar la enmienda por este motivo, pero también por la otra razón estratégica:
nosotros queremos una votación por separado si es que alguien desea hacerlo por puntos. En todo caso, lo tendrán que solicitar, no seré yo quien vaya a solicitar la votación por separado.
De la moción quisiera destacar el punto número 1 sobre el que tengo información acerca de que el concepto programa-calendario que nosotros estamos fijando no puede ser aceptado por el Ministerio por cuanto parece ser que, al solicitar que se
haga este programa-calendario, se interpreta que se pide la fijación de una calendario de fechas sobre unos temas muy concretos que pedimos después en unos puntos. Parece que no se pueden fijar esas fechas por el ministerio, ya que en
algunos de los temas que solicitamos van a intervenir otras instituciones, ya sean de ámbito local, como ayuntamientos o diputaciones, o de ámbito autonómico, aunque en este tema la única comunidad autónoma que interviene es la comunidad
autónoma de Cataluña. Yo quedo un poco sorprendido porque, aunque la estación de La Sagrera vaya a ser construida por una sociedad mixta -con lo que sí va a haber intervenciones de otras instituciones-, no por ello el ministerio debe negar ese
programa-calendario que yo pido, que no es, ni más ni menos, que el que quede reflejado de alguna forma lo que se va hacer, es decir, si se va a construir una estación de un determinado tipo y de una determinada forma y que se puedan fijar unas
fechas para esa ejecución.
Esto se debe incluir en las competencias del ministerio. Quien construye el tren, el titular, es el Ministerio de Fomento; se trata de una obra suya y es él el que debe conducir el proceso de construcción en todos sus
aspectos. Por tanto, si considera que tiene que establecer un calendario que no puede fijar el día en que se va a finalizar la construcción, algo que nunca hemos dicho que debiera hacerse así, se está equivocando. En este caso la responsabilidad
es del Ministerio de Fomento, que es el que debe ejercer el liderazgo, y por ello me atrevo a pedir al señor ministro, aquí presente, y al Grupo Parlamentario Popular que consideren la posibilidad de votar a favor de esta moción, teniendo en cuenta
las explicaciones que sobre el tema he dado.
Respecto al punto relativo a la red interna convencional de Cataluña, puede tener una buena finalidad ya que es necesario que se haga, y como es un tema posiblemente realizable, espero que sea votado favorablemente.
En relación con otro de
los puntos, pedimos que se haga un completo y detallado análisis de la línea Madrid-Lleida, aspecto del que hemos hablado esta tarde con motivo de otra moción. Espero que tenga una buena acogida.
Por último, en el poco tiempo que me queda quiero manifestar nuevamente que deberíamos impulsar una solución definitiva en relación con las expropiaciones que se hicieron con motivo del AVE en zonas en las que había explotaciones agrarias o
ganaderas, que es una cuestión que está pendiente y que además es confusa.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sedó.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el compañero que ha intervenido en nombre de Convergència i Unió, el señor Sedó, se ha referido de manera exhaustiva a la enmienda que mi grupo ha presentado a su moción. Efectivamente, dentro de unos días podremos debatir acerca
de la misma, pero en este momento no es posible debatir en este hemiciclo cualquier tema sobre el sistema ferroviario español, y en particular sobre el catalán, sin hacer una referencia expresa al AVE Madrid-Zaragoza-Lleida. Nadie entendería que
hoy habláramos aquí de ferrocarriles en Cataluña y que no lo hiciéramos de la línea de alta velocidad. No sería posible porque, hagamos lo que hagamos y hablemos de lo que hablemos, tenemos un problema, y es que en relación con el AVE entre Madrid
y Lleida hay compromisos asumidos por el anterior ministro de Fomento, el señor Arias-Salgado, y el señor Cascos ha dicho aquí reiteradamente que iba a estar finalizado en el año 2002.
Es evidente que esto no es así. Lo han reiterado por activa y
por pasiva en este hemiciclo y fuera de aquí representantes del Partido Popular y nadie ha rectificado, nadie ha dicho nada respecto a aquel compromiso.
Esta línea no ha entrado en funcionamiento, pero tampoco sabemos cuándo lo va a hacer. Estamos
inmersos en la confusión, y ya me dirán ustedes si es posible que se pueda entender desde cualquier punto de vista sensato.
Estamos hablando de una inversión de más de 4.000 millones de euros, de una línea de alta velocidad, como la Madrid-Sevilla,
que lleva funcionando desde hace 10 años sin ningún problema. Pues bien, no hemos aprovechado aquella experiencia y tenemos hoy la gran decepción que tenemos. Por tanto, es imposible que hoy no se hable aquí de esta línea de alta velocidad. Sobre
todo, señor Sedó, no comparto con usted el fondo de confianza que tiene en la moción que nos ha presentado. Le digo sinceramente que lo que hoy vote el Partido Popular, si no va acompañado de un compromiso, no me sirve, como no le sirve a
cualquiera que haya seguido la construcción de esa línea ni a cualquiera que esté viviendo la confusión.
Decía recientemente el señor Cascos aquí que nosotros hacíamos demasiado caso de la prensa. Por fuerza, no tenemos otro elemento. Ustedes no responden a las preguntas que les hacemos. Los miembros de mi grupo y de otros grupos les hemos
planteado preguntas que ustedes no responden.
Concretamente le mandamos una relación exhaustiva de preguntas el día 22 de enero, en la que se hablaba de los mismos problemas de los que hoy estamos hablando y que parece ser -y digo que parece ser
porque nadie ha dicho lo contrario- que son los que han motivado la no inauguración de la línea. Por tanto, si aquí se habla refiriéndose a la prensa -a la que, por cierto, usted calificó de socialista y no les habrá gustado nada- y se habla sin
información, en gran parte, señor Cascos, si no fundamentalmente, es por su culpa. Por eso nosotros decimos que hoy el Parlamento tiene que tomar una decisión. Nosotros le exigimos hoy en la enmienda que hemos presentado, y que ya vemos que no va
a ser aceptada, que hablemos de compromisos del Gobierno. Aquí hemos hablado de la detección de fallos en la línea, del asentamiento de
las vías, de los problemas que ha habido con el terreno por donde transcurre la línea, y dice el señor Cascos que es culpa de los geólogos, que informan. Se ha hablado de los sistemas de seguridad de la línea, una línea que va a ir a 200
kilómetros por hora, pero hoy hemos podido leer que dice el nuevo presidente del GIF que van a ver si instalan el sistema que ya está funcionando en el Madrid-Sevilla. Me reconocerán que alguna confusión y algún caos en el planteamiento del
ministerio sí hay. Un representante del Partido Popular se ha comprometido recientemente ante las Cámaras de una televisión a que este verano vayamos a 300 por hora, y es evidente que esto no va a ser, pero tampoco lo ha desmentido nadie.
De todo lo anteriormente expuesto no pueden ser sólo culpables siempre algún socialista, por supuesto, y algún periodista, sino que estamos hablando de desinformación. El Gobierno ha hecho una apuesta y la ha perdido, ha obtenido un mal
resultado. Ustedes optaron por hacer una línea nueva, una línea que nada tuviera que ver con la línea Madrid-Sevilla, y ahí es donde se han equivocado, porque podían haber aprovechado aquello, podían haber aprovechado esa experiencia y haber hecho
una línea que hubiera propiciado lo que en la segunda parte de su moción plantea el Grupo de Convergència i Unió, que es la serie de líneas de ferrocarriles convencionales, regionales, de cercanías, etcétera, que sin la responsabilidad que se ha de
asumir no se podrán llevar adelante.
Alguien tiene que ser responsable de que esta obra no se haya hecho bien.
¿Es el ministerio? ¿Es el presidente del GIF dimitido? Aquí se habla de sabotajes que se denuncian pero nunca se aclaran. Aquí, en el
Talgo, en tantos y tantos aspectos de RENFE. Pero aquí ha habido empresas, terceras, cuartas, quintas subcontratas, que han tenido una responsabilidad grande en la ejecución de la obra y a las que ahora se les echan las culpas, pero nadie les ha
demandado la responsabilidad que deben tener.
Es evidente que todos los fallos van a tener un coste económico, y yo me atrevo a preguntar quién va a pagar eso, ¿las empresas que han trabajado mal o el ministerio que no ha exigido esa responsabilidad? Porque si lo exige el Ministerio,
en definitiva, somos todos los que lo vamos a pagar, y esa línea ya no valdrá 4.000 millones de euros, valdrá más. ¿Y eso va a repercutir o no en las futuras líneas de alta velocidad? Eso es lo que el ministerio no nos quiere decir. No nos lo
quiere decir porque sabe que si nos dijera la verdad todavía estaríamos más preocupados de lo que hoy estamos. Y francamente, señor Cascos, no nos merecemos que usted nos trate de esta manera.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Cunillera.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a votar a favor de la moción presentada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Creemos, señorías, que es difícil votar en contra o abstenernos en una moción en cuyo primer
punto se le pide al Gobierno que presente un programa calendario en el que quizá se le podría haber acotado el tiempo en el que lo tiene que presentar, pero creo que sería necesario que el Gobierno así lo hiciera, a pesar de que tampoco tengo mucha
confian za en que el Gobierno, con independencia del resultado final de esta moción, vaya a presentarlo, entre otras cosas, señorías, porque no creo que ni el propio Gobierno tenga claro qué es lo que va a pasar con la construcción del tramo de
línea entre Lleida y Barcelona, por los problemas que se están suscitando y que se vienen denunciando. Porque no creo que ni el propio Gobierno tenga claro cuál va a ser la entrada y el paso de la línea férrea por Barcelona, o qué es lo que pasa
con las construcciones de las estaciones, o qué es lo que pasa con la construcción del tramo que conecta con la frontera francesa, o qué es lo que va a pasar con la conexión con el corredor mediterráneo. Creo que ni el propio Gobierno a estas
alturas, hoy todavía, lo tiene claro.
Con independencia de lo que pueda ser del futuro de esta moción, estamos de acuerdo también en que se realice el análisis completo y detallado que se pide en el punto 2 sobre los desastres o los errores que han sucedido en la construcción de
la línea Madrid-Zaragoza-Lleida, a los que aquí se les restaba la importancia que después se ha ido conociendo que tenían, y bastante más, a pesar de que se siga acusando de sabotajes a personas ajenas a la obra o se siga responsabilizando a las
subcontratas, a las que tampoco se les ha pedido determinadas responsabilidades en el momento de su adjudicación.
Señorías, creemos que también es necesario que se puedan potenciar los servicios de cercanías -defensor ha sido este grupo parlamentario, de siempre, de la potenciación de estos servicios- en zonas en las que, aunque hoy funcionan ya con
buenas previsiones, se puedan mejorar como un medio de transporte alternativo al transporte por carretera, con los consabidos problemas y costes medioambientales que esto conlleva.
En definitiva, señorías, creemos que la moción que presenta el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió recoge aspectos importantes en cuanto a una visión más de conjunto de lo que es el ferrocarril, que no solamente se circunscribe a los
trazados o a las líneas de grandes prestaciones o de transporte de viajeros en largos recorridos, sino que se acerca mucho más al territorio y a las necesidades que este pueda tener respecto a infraestructuras ferroviarias. Por eso, señora
presidenta, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida votará, en su conjunto, a favor de la moción.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Jiménez.
El señor JIMÉNEZ SUÁREZ: Gracias, presidenta.
Señorías, quisiera afirmar en primer lugar que creo que coincidirán conmigo en que en esta legislatura los debates sobre infraestructuras se están convirtiendo en habituales. Esta mañana, en la Comisión Mixta de la Unión Europea, las redes
transeuropeas de transporte, y esta tarde dos, las infraestructuras del transporte en Aragón y las infraestructuras del transporte en Cataluña. Y no se plantean nuevas obras, sino que hablamos de culminar actuaciones en obras en proyecto o
programadas. Señorías, no es casualidad la apuesta decidida del Partido Popular y del Gobierno por recuperar el déficit histórico en infraestructuras, que le ha llevado, por un lado, a plantear un serio programa de infraestructuras 2000-2007 y, por
otro, a plantear en la Unión Europea las iniciativas precisas para vencer la barrera de los Pirineos y la unión con Portugal, y creo que debemos admitir, señorías, que los resultados son buenos. Convergència i Unió así lo afirmaba hace unos días y
lo reconocía en su intervención, y es un reconocimiento del señor Sedó que le honra.
En segundo lugar -y me refiero a la intervención de S.S. del Partido Socialista-, la actuación del ministerio y de cualquier administración está amparada en la Ley de contratos del Estado. La ingeniería española y las empresas españolas
saben mucho y saben hacer infraestructuras ferroviarias. No menospreciemos su experiencia, su solvencia y su garantía. Tengamos confianza en la Ley de contratos del Estado, en la que aunque existe el riesgo y ventura del contratista, también
existe su responsabilidad. Y ahí estamos, señoría.
En tercer lugar, señorías, estamos hablando de una infraestructura de interés general, de interés común y de interés vital para la economía, sin distinción de colores. No fabriquemos leyendas negras que en nada contribuyen a la eficacia.
El Partido Popular, en este sentido, sigue invitando a tener debates ecuánimes y justos sobre la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Lleida, en la que hasta ahora los problemas han sido -y el ministerio lo ha explicado por activa y por pasiva en
esta Cámara- un socavón debido a una obra de otra Administración y una anomalía en la catenaria, cuyos orígenes también explicó. Así que, señorías, confiemos en la Ley de contratos del Estado y en todos los mecanismos que tiene la Administración
para garantizar la legalidad de cualquier obra.
En relación con la intervención de la señora Urán, toda la sociedad sabe por dónde va a ir el tren de alta velocidad Madrid-Lleida, Lleida-Barcelona, Barcelona-frontera con Francia. Se han hecho estudios de viabilidad, estudios
informativos, proyectos de trazado, proyectos de construcción y estudios de impacto ambiental. Todas las actuaciones permiten que las administraciones implicadas y la sociedad conozcan por dónde van las infraestructuras que de alguna forma también
ordenan el territorio.
En cuanto a la moción concreta presentada por Convergència i Unió, el Grupo Popular va a votar a favor de cuatro de los apartados. Votará en contra del primer punto porque también se ha explicado en esta Cámara que el ministerio está
pendiente de firmar los convenios con los ayuntamientos de San Sadurni y Villafranca del Penedés, con la Generalitat, con la Agencia Catalana del Agua y con el Consejo Comarcal del Bajo Llobregat, y entienda, señoría, que comprometerse a un
calendario pendiente de otras administraciones no parece responsable. Por lo que se refiere al punto 3, relativo a impulsar el estudio del traspaso de competencias, desde el Grupo Popular y el Gobierno entendemos que las transferencias en
ferrocarriles de cercanías ya están terminadas. Por último, también vamos a votar en contra de impulsar la solución definitiva para los agricultores y los impuestos porque el acta de ocupación decía no al impuesto de la percepción en el acto del
cobro, no cuando ese dinero se incorporaba a la renta de las personas y a la renta de las sociedades, que evidentemente están a lo que diga la Ley General Tributaria. Y no vamos a hacer en una ponencia sobre infraestructura un compromiso que iría a
incumplir la Ley General Tributaria. En ese sentido pediremos a Convergència i Unió el voto separado de los puntos de la moción para votar en contra de tres y a favor de cuatro.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jiménez.
Señor Sedó, de su intervención he deducido que no acepta la enmienda del Grupo Socialista y que sí acepta someter a votación separada, de acuerdo con la petición que plantea el Grupo Popular. (Asentimiento.)
Muchas gracias. (La señora Cunillera i Mestres pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: ¿Señora Cunillera?
La señora CUNILLERA I MESTRES: Queremos pedir votación separada de los puntos 1 y 2, juntos pero separados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Cunillera.
Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre las medidas de carácter general que piensa adoptar el Gobierno para mejorar la red ferroviaria en
Cataluña.
En primer lugar sometemos a votación el punto 1 de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 270; a favor, 19; en contra, 163; abstenciones 88.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Sometemos a votación el punto 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 271; a favor, 182; abstenciones, 89.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Sometemos a continuación a votación los puntos 3 y 6.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 271; a favor 108; en contra, 163.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazados.
Votamos a continuación los puntos 4 y 5.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 270; a favor, 269; en contra, uno.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Eran las diez de la noche.