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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 229, de 20/02/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2003 VII Legislatura Núm. 229
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 220
celebrada el jueves, 20 de febrero de 2003
ORDEN DEL DÍA: Toma en consideración de Proposiciones de Ley: ...
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre modificación del Código Civil en materia de matrimonio. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 284-1, de 15 de noviembre de 2002. (Número de expediente 122/000251.)
... (Página 11626)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sres. Aymerich, Rodríguez y Vázquez), de modificación del Código Civil para reconocer la celebración de matrimonio entre personas del mismo sexo. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 273-1,
de 13 de septiembre de 2002. (Número de expediente 122/000241.) ... (Página 11626)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación del Código Civil en materia de matrimonio. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 287-1, de 15 de noviembre de 2002. (Número de expediente 122/000254.) ...
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Labordeta), de modificación del Código Civil en materia de matrimonio. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 291-1, de 29 de noviembre de 2002. (Número de expediente 122/000258.) ...
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Saura), de modificación del Código Civil en materia de matrimonio. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 292-1, de 29 de noviembre de 2002. (Número de expediente 122/000259.) ...
Avocación por el Pleno de Proyectos de Ley:
- Proyecto de Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
(Número de expediente 121/000126.) ... (Página 11638)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley (continuación):
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de reforma de la Ley 4/1980, de 10 de enero, de Estatuto de Radio y Televisión. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 169-1, de 11 de diciembre de 2001. (Número de expediente
122/000151.) ... (Página 11638)
Proposiciones no de Ley: ...
- De los Grupos Parlamentarios Socialista, Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto, sobre las inversiones financieras temporales realizadas por las entidades públicas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 335, de
12 de abril de 2002. (Número de expediente 162/000470.) ... (Página 11646)
- Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre condiciones especiales de acceso a las telecomunicaciones en general y a internet en particular para los discapacitados físicos con incapacidades de tipo motriz que afecten a la movilidad
(discapacitados funcionales). 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, número 339, de 19 de abril de 2002.
(Número de expediente 162/000493.) ... (Página 11652)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas: ...
- Proyecto de Ley reguladora del contrato de concesión de obras públicas.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 99-1, de 21 de junio de 2002. (Corrección de error en 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 99-2,
de 11 de julio de 2002.) (Número de expediente 121/000099.) ... (Página 11657)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes: ...
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para mejorar la fiscalidad de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos. (Número de expediente 173/000181.) ...
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación del cine español.
(Número de expediente 173/000182.) ... (Página 11672)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 11626)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre modificación del Código Civil en materia de matrimonios ... (Página 11626)
Del Grupo Parlamentario Mixto, señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez, de modificación del Código Civil para reconocer la celebración de matrimonio entre personas del mismo sexo ... (Página 11626)
Del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación del Código Civil en materia de matrimonio ... (Página 11626)
Del Grupo Parlamentario Mixto, señor Labordeta, de modificación del Código Civil en materia de matrimonio ... (Página 11626)
Del Grupo Parlamentario Mixto, señor Saura, de modificación del Código Civil en materia de matrimonio ... (Página 11626)
Se debate conjuntamente la toma en consideración de las cinco proposiciones de ley, interviniendo en la presentación de las mismas las señoras Castro Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Pajín Iraola, del Grupo
Parlamentario Socialista; los señores Rodríguez Sánchez, Labordeta Subías y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Julios Reyes, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Uría Etxebarría, Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y Estarás Ferragut, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Avocación por el Pleno de proyectos de ley ... (Página 11638)
Proyecto de ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud ...
(Página 11638)
La señora presidenta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud,
lo que se aprueba por asentimiento.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre modificación del Código Civil en materia de matrimonio, se rechaza por 129 votos a favor, 159 en contra y cuatro
abstenciones.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez), de modificación del Código Civil para reconocer la celebración de matrimonio entre personas del
mismo sexo, se rechaza por 127 votos a favor, 160 en contra y cinco abstenciones.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación del Código Civil en materia de matrimonio, se rechaza por 128 votos a favor, 160 en contra y cuatro abstenciones.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señor Labordeta, de modificación del Código Civil en materia de matrimonio, se rechaza por 129 votos a favor, 159 en contra y tres
abstenciones.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señor Saura, de modificación del Código Civil en materia de matrimonio, se rechaza por 129 votos a favor, 159 en contra y tres abstenciones.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Continuación.) ... (Página 11638)
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de reforma de la Ley 4/1980, de 10 de enero, de Estatuto de Radio y Televisión ... (Página 11638)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley de reforma de la Ley 4/1980, de 10 de enero, de Estatuto de Radio y Televisión, el señor Otxoa de Eribe Elorza, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Grau i Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); Díaz-Cano del Rey, del Grupo Parlamentario Socialista, y Ballestero de Diego, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Intervienen de nuevo los señores Otxoa de Eribe Elorza y Ballestero de Diego, para hacer algunas puntualizaciones.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de reforma de la Ley 4/1980, de 10 de enero, de Estatuto de Radio y Televisión, se rechaza por 126 votos a favor, 162 en contra y
una abstención.
Proposiciones no de ley ... (Página 11646)
De los Grupos Parlamentarios Socialista, Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto, sobre las inversiones financieras temporales realizadas por las entidades públicas ... (Página 11646)
Defienden la proposición no de ley, presentada conjuntamente por los grupos parlamentarios Socialista, Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto, los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez
Sanjuán, del Grupo Parlamentario Socialista, y Frutos Gras, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley intervienen los señores Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió.)
A los efectos de indicar la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Azpiazu Uriarte.
Asimismo interviene el señor Sánchez i Llibre para rechazar la propuesta del señor Azpiazu de cambiar su enmienda de sustitución por otra de adición.
Sometida a votación la proposición no de ley presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista, Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto, sobre las inversiones financieras temporales realizadas por las entidades públicas, en sus
propios términos, se rechaza por 114 votos a favor, 157 en contra y 14 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre condiciones especiales de acceso a las telecomunicaciones en general y a Internet en particular para los discapacitados físicos con incapacidades de tipo motriz que afecten a la movilidad
(discapacitados funcionales.) ... (Página 11652)
Defiende la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria el señor Rivero Baute. Pretenden con su propuesta conseguir una mayor cohesión social y avanzar en la integración social y laboral de colectivos con problemas,
lo que es posible gracias a las nuevas tecnologías del siglo XXI. Su propuesta, dice, va en la línea de arbitrar medidas que posibiliten el acceso del colectivo de discapacitados físicos funcionales al conjunto de la sociedadon A continuación
explica las medidas que proponen en su proposición no de ley: unas referidas a la telefonía, para que tengan las mismas ventajas que tienen hoy los pensionistas y jubilados, y otras que recogen una serie de condiciones especiales para lograr el
acceso a Internet.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Belda Pérez-Pedrero, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y la señora Pleguezuelos Aguilar, del
Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Ruiz López (don Antero.)
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Rivero Baute.
Para manifestar la posición de su grupo en relación con la propuesta del señor Rivero Baute intervienen los señores Jané i Guasch y Belda Pérez-Pedrero.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre condiciones especiales de acceso a las telecomunicaciones en general y a Internet en particular para los discapacitados físicos con
incapacidades de tipo motriz que afecten a la movilidad, en los términos derivados del debate, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista y también con la incorporación del texto transaccional de la enmienda del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se rechaza por 120 votos a favor y 159 en contra.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página 11657)
Proyecto de ley reguladora del contrato de concesión de obras públicas ... (Página 11657)
En defensa de las enmiendas presentadas al proyecto de ley reguladora del contrato de concesión de obras públicas intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Otxoa de Eribe Elorza, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV); la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; y los señores Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y Segura Clavell, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y López-Amor García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
La Presidencia procede a las votaciones de las diversas enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios, que son rechazadas.
A continuación se somete a votación los diferentes apartados y disposiciones del texto del dictamen, así como la exposición de motivos, que son aprobados.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 11668)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para mejorar la fiscalidad de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos . ... (Página
11668)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente, el señor Sánchez i Llibre, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Esta moción va orientada básicamente, dice, a mejorar la fiscalidad de las pequeñas y
medianas empresas, de los autónomos, de los emprendedores y de las microempresas. A esta moción se han presentado tres enmiendas, de las que van a aceptar la del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, a la que a su vez han presentado una
enmienda transaccional que recoge cuestiones importantes de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Costa Campi, del Grupo Parlamentario Socialista; el señor Frutos Gras, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y la señora Báñez García, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación del cine español ... (Página 11672)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente sobre la situación del cine español, el señor Leguina Herrán, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Comienza preguntando si se quiere o no se quiere que exista el cine
español, y si se responde afirmativamente, dice, habrá que tomar decisiones rápidamente. Por eso, su grupo ha presentado esta moción que pretende abarcar los problemas que en este momento tiene la producción cinematográfica en España. Se refiere,
entre otros, a los asuntos relacionados con el fomento mismo de la producción por parte de los entes públicos, a la promoción comercial, a una serie de prácticas que existen contra la competencia, dañando la exportación de películas españolas, a
problemas respecto a la distribución y a la exhibición y a la práctica comercial conocida con el nombre de paquetes.
A continuación fija la posición de su grupo respecto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto y el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción consecuencia de interpelación urgente intervienen los señores Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Castro Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Rodríguez-Salmones Cabeza, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometidos a votación los puntos 1, 5 y 8 de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para mejorar la fiscalidad de las
pequeñas y medianas empresas, en los términos de la enmienda transaccional de sustitución que ha sido presentada por el propio grupo proponente, se aprueban por 247 votos a favor, siete en contra y dos abstenciones.
Sometido a continuación el punto 7 de la misma moción, se aprueba por 250 votos a favor, uno en contra y seis abstenciones.
Sometido a votación el resto del texto, se aprueba por 258 votos a favor.
Sometida a votación, a continuación, la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación del cine español, en los términos derivados del debate y con la incorporación de la enmienda del
señor Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto, se rechaza por 100 votos a favor y 158 en contra.
Se levanta la sesión y las tres y veinte minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL EN MATERIA DE MATRIMONIO. (Número de expediente 122/000251.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORES AYMERICH, RODRÍGUEZ Y VÁZQUEZ), DE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL PARA RECONOCER LA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. (Número de expediente 122/000241.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL EN MATERIA DE MATRIMONIO. (Número de expediente 122/000254.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR LABORDETA), DE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL EN MATERIA DE MATRIMONIO. (Número de expediente 122/000258.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR SAURA), DE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL EN MATERIA DE MATRIMONIO. (Número de expediente 122/000259.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, se reanuda la sesión.
Punto V del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley.
Se debatirán conjuntamente las siguientes proposiciones de ley: en primer lugar, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre modificación del Código
Civil en materia de matrimonio; en segundo lugar, del Grupo Parlamentario Mixto, señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez, de modificación del Código Civil para reconocer la celebración de matrimonio entre personas del mismo sexo; del Grupo
Parlamentario Socialista, de modificación del Código Civil en materia de matrimonio; del Grupo Parlamentario Mixto, señor Labordeta, de modificación del Código Civil en materia de matrimonio, y del Grupo Parlamentario Mixto, señor Saura, de
modificación del Código Civil en materia de matrimonio.
En primer lugar, para la presentación y defensa de la iniciativa del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Buenos días, señorías. Muchísimas gracias, presidenta.
Una vez más, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida cumple con su compromiso de dar voz a los colectivos discriminados históricamente en la democracia española. El matrimonio, para una organización laica como es la organización a
la que pertenezco y a la que represento, Izquierda Unida, tiene un significado que se aleja muchísimo de la rigidez sacramental con que otros grupos lo plantean. Con ello lo que pretenden no es definir un derecho del cual disfrutar, sino excluir de
ese derecho a quienes no son como ellos, no piensan como ellos, no sienten como ellos. El matrimonio civil y la Ley de divorcio ya ocasionaron en este país en su día un cisma en las conciencias bienpensantes de amplios grupos conservadores, incluso
los tildaría yo de neocatólicos, que llegaron a hablar de la posibilidad del desastre y del diluvio universal con la llegada del divorcio a este país y amenazaban con la caída en picado de la civilización occidental.
Veinticinco años después, señorías, desgraciadamente quedan todavía reductos en este país de esas opiniones, opiniones trogloditas, por otra parte, pero opiniones que sustentan cargos públicos, como algunos alcaldes de importantes ciudades
de este país, que dicen públicamente que las familias monoparentales pueden ser una de las causas de la delincuencia. Un argumento tan absurdo como la propia trayectoria política del alcalde citado. Ahora nos encontramos ante otro dilema,
señorías, el matrimonio civil ampliado a personas del mismo sexo. Y nos encontramos con los mismos de siempre, con el mismo muro oponiéndose a este derecho: la nefasta mayoría, en este caso del Partido Popular, que a mi entender, en materia de
derechos civiles, es cada vez menos absoluta y más absolutista.
Señora Estarás, a ustedes les da grima que quienes no compartimos sus puntos de vista expresemos los nuestros y sobre todo les da miedo, porque saben que, a pesar de sus múltiples filtros informativos, las ideas diferentes a las suyas llegan
hoy a todo el mundo y por lo que se ve en la calle tienen más éxito que las enlatadas consignas del Partido Popular. En España es unánime el apoyo de los ciudadanos a que gays y lesbianas se casen, a que gays y lesbianas cuiden hijos, propios o
adoptados, en el marco de su relación, que no es otra cosa que una familia. Porque aunque ustedes reserven el término familia para determinada concepción o para determinado grupo social que tiene determinada concepción de la familia y de la
sociedad, señorías, en este país hay que quitarse las gafas porque hay miles de familias formadas por personas del mismo sexo que viven en la clandestinidad gracias a su conservadurismo.
Señoras y señores del Partido Popular, ustedes han impedido en todas las ocasiones que avancen en esta Cámara iniciativas que equiparen los derechos de las parejas homosexuales a las de las parejas heterosexuales.
Ustedes han lanzado el
órdago de que los homosexuales
y los heterosexuales deben ser considerados diferentes y que esa diferencia debe ser atendida con modelos de relación diferentes. Y, en lo que no es más que una farsa populista, ustedes han creado la figura del ciudadano de segunda,
queriendo apartar de la consideración de familia y de personas a las relaciones amorosas y sexuales entre las personas del mismo sexo.
Haciendo un breve recorrido, señora Estarás, por las distintas iniciativas que han sido tomadas en cuenta en el ámbito de las comunidades autónomas sobre la regulación de parejas de hecho, encontramos un denominador común al que ustedes se
oponen con tozudez, la adopción o el acogimiento, dependiendo de la comunidad y su nivel de competencias, y la consideración de estas uniones como familias. A pesar de que usted, ayer, en un teletipo francamente sorprendente, decía que las
iniciativas de la oposición que hoy vienen a esta Cámara son inconstitucionales, quiero recordarle que ustedes en este tema han hecho pinitos, porque ustedes en esto también hacen electoralismo. En la Comunidad de Madrid, el señor Gallardón,
candidato a la alcaldía de Madrid en las próximas elecciones municipales, en su enloquecida carrera de izquierdas, como usted muy bien sabe, aceptó que en la Ley de familia de la comunidad se admitiese como familias a las uniones compuestas por
homosexuales. El señor Gallardón, señora Estarás, no se equivocó de propuesta, se equivocó de partido para llevarla a cabo, porque hoy quienes son parejas de hecho homosexuales en Madrid deben saber que, por presiones de los sectores más
conservadores del Partido Popular, se ha eliminado esta consideración en la Ley de familia, dando otro paso atrás en el camino de la equiparación de derechos del colectivo homosexual y lésbico. Este recorte, sin duda, no será el único, señorías.
No será el único ya que demuestra el peso que tienen ustedes, la Iglesia católica, aunque en estos momentos el Papa, tengo que decirlo con orgullo y por una vez en la vida, está de nuestra parte, está con nosotros, pero en este tema ustedes son lo
suficientemente cínicos desde el punto de vista político; cuando les interesa van de la mano de la iglesia y cuando hay intereses superiores se pueden ustedes divorciar.
Este recorte de derechos yo sé que no será el único, ya que demuestra que ustedes tienen lastres ocultos en un partido que cada vez se muestra más autoritario, más pacato y más de derechas, señora Estarás. Vendieron una ley de parejas en
Valencia, en ese intento de hacer el pino para conseguir el voto gay, que obtuvo el rechazo de los colectivos a los que ustedes querían regular, porque esa ley que ustedes propiciaban fomentaba la desigualdad. Como siempre, una vez más, ustedes
legislan de espaldas a los colectivos a los que van a afectar de un modo directo sus legislaciones. Hicieron lo propio en mi comunidad autónoma, a la que represento, Madrid, y creyeron que eso les proporcionaría la coartada para aparecer como
defensores de la causa de gays y lesbianas, pero su estrategia zozobró en Navarra, donde votaron en contra y recurrieron la ley aprobada por mayoría, porque esa ley sí reconocía la igualdad, señora Estarás. Esto sucedió en Navarra, donde ustedes
gobiernan, porque allí carecen de mayoría absoluta. En Euskadi, ustedes votaron en contra; en Asturias, también votaron en contra, al igual que en Baleares y Aragón.
Tal vez no les gustaron las leyes porque se habían puesto en marcha por mayorías
progresistas, pero en estas comunidades esas leyes sí tuvieron el apoyo unánime de los colectivos de gays y lesbianas, esa mayoría absoluta que nos legitima, señora Estarás, para pedir ahora una vez más lo que estamos pidiendo.
Para lograr el matrimonio civil para gays y lesbianas en el Estado español no es necesario convocar a los padres de la Constitución, ni hacer un gran congreso internacional con expertos en derecho civil, ni siquiera pensar, en el caso de que
se consiga, que vamos a ser un país original y poco visto, ni tampoco apuntarnos a ser los primeros. Señora Estarás, son sólo tres los artículos del Código Civil que habría que cambiar; un texto que apenas ocuparía un párrafo de tres líneas, un
esfuerzo insignificante para cualquier legislador pero que supondría un paso de gigante para el conjunto de la sociedad española, para la democracia y para los colectivos afectados. Esta iniciativa nos colocaría a la par con esa Europa de la que
nunca debemos perder la mano, esa vieja Europa, entre comillas, de la que hablan algunos de ustedes y que a tanta juventud convence, esa Europa donde los homosexuales no sólo votan, señora Estarás, no sólo pagan impuestos, sino que además se casan,
cuidan a sus hijos, a los que tienen o a los que adoptan, y ayudan a construir, desde la diferencia, la democracia, la convivencia y la libertad en sus respectivos países. Holanda, para nosotros, viene a ser, señorías, el paradigma de lo que
tendría que ser la confluencia europea en materia de reconocimiento de derechos civiles para gays y lesbianas.
La regulación del matrimonio que iguala y equipara a ciudadanos en Holanda tendría que ser, desde nuestro punto de vista, el modelo de referencia para el resto de los Estados miembros, exigiendo incluso a los nuevos Estados miembros, cuyos
aplausos reciben emocionadamente ustedes cuando apoyan su estrategia con respecto a la guerra de Irak, la adaptación de sus legislaciones. En el Parlamento Europeo ustedes han vuelto a demostrar que en su partido siguen mandando más las sotanas que
las razones. Otra vez las iniciativas equiparadoras de derechos se han encontrado con el no obsesivo del Partido Popular europeo. Ustedes, como sastres de la vehemencia, han recortado todas las tentativas y han utilizado en ese foro también su
mayoría absoluta para evitar o impedir que avance aquello con lo que nunca han estado de acuerdo: que los gays y las lesbianas pasen del anonimato a ser visibles ciudadanos de primera.
Pero, afortunadamente para Europa y para los homosexuales
europeos, no ocurre igual en otros países. Bélgica -ya lo anunciaba yo aquí en mi anterior intervención-, esa parte de la vieja Europa,
tiene regulado el matrimonio entre homosexuales y es una monarquía.
Dinamarca, Francia, Alemania, Suecia, Finlandia, hasta países, señorías, que serán miembros de la Unión Europea en un futuro cercano, como Hungría, tienen una legislación
más avanzada que la nuestra en esta materia. Europa, como ven, señoras y señores del Gobierno, señoras y señores del Partido Popular, va por un lado y ustedes se empeñan en ir en dirección contraria. ¿Van también a aplicar ustedes su voto o su
veto homófobo en la Constitución europea que se está elaborando para expulsar de ella toda referencia a los derechos de gays y lesbianas?
Tenemos ya la experiencia, señora Estarás, del baile de interpretaciones del artículo 14 de la Constitución española, que nos indica que las cosas no debemos darlas por sobreentendidas. Por eso, desde Izquierda Unida exigimos que los
derechos figuren en la Carta europea como tales y los colectivos a los que esos derechos pretenden arropar estén presentes y por escrito en el articulado de la Carta Magna europea. Ya hicieron ustedes un papelón bochornoso en Naciones Unidas en
junio del año 2000, cuando sumaron sus votos a los de países que practican el genocidio contra homosexuales. Me refiero a Irán, Arabia Saudita, Egipto, también -cómo no-, en esa absurda cruzada contra la homosexualidad, estaba con ustedes la
Iglesia católica. Y evitaron ustedes, con ese frente de aliados maravillosos, que una organización internacional de reconocido prestigio democrático como la ILGA, la Asociación Mundial de Gays y Lesbianas, pasase a asesorar a Naciones Unidas. La
excusa que el señor Piqué utilizó en ese foro y con la que justificó su voto fue la supuesta vinculación, jamás probada, de la ILGA con asociaciones de pederastas.
Está claro que la tónica general de sus ministros de Exteriores, señores del Partido
Popular, es creerse lo que les cuentan sin comprobarlo y, en consecuencia, ponerse del lado de Gobiernos que, por mucho que ustedes se empeñen en maquillarlos, son autoritarios, antidemocráticos y practican, animan o alientan en muchas partes el
genocidio de amplios colectivos sociales. Les recuerdo que en este caso, por manos de ustedes, España volvía una vez más a votar de espaldas a Europa.
Veo a la señora Estarás con cara de sorprendida por mi dureza, pero es que este es un tema que no admite demoras. No se puede consentir que ustedes sigan estudiando, pensando y reflexionando cuando se están violentando derechos
fundamentales de amplios colectivos sociales de nuestra sociedad. Así que hoy otra vez aquí el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, fiel a su compromiso con este colectivo de gays y lesbianas, vuelve a traer el tema del matrimonio y a
ponerlo encima de la mesa, vuelve a traer eso que ustedes consideran un sacramento para católicos heterosexuales y que nosotros, señora Estarás, con todos los respetos, consideramos un derecho para todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que quieran
organizar su vida privada en el marco de ese modelo de convivencia, independientemente de su orientación sexual.
Nuestro apoyo a un sí absoluto a esta propuesta, señora Estarás, está basado en la idea que tenemos de que la familia es un derecho y no una institución propiedad de la Iglesia católica, porque pensamos que los seres humanos, los individuos,
los ciudadanos y las ciudadanas españoles son seres libres y no rehenes de ninguna institución, ni del Vaticano, ni de la Conferencia Episcopal, ni de la mayoría absoluta del Partido Popular. Por tanto, entendemos que un Estado democrático y laico
debe regular y garantizar ya, sin demoras, una serie de derechos para este amplio colectivo de ciudadanos, sin que ninguna ideología o creencia siga cercenándoselos. Creer que una familia compuesta por dos miembros homosexuales no debe ser
reconocida y apoyada como lo son las familias compuestas por miembros heterosexuales equivale a decir que una mujer, por trabajo de igual valor, no tiene que cobrar lo mismo; equivale a plantearnos un modelo de sociedad arcaico, del siglo pasado,
del pleistoceno. Me da igual que a ustedes les parezca injusto, es la pura realidad. No hay motivos, señorías, señoras y señores del Gobierno, para que sigan negándose a dar este paso. Solamente sus prejuicios, la debilidad ante los sectores más
conservadores del catolicismo recalcitrante de este país, que ven en la democracia y en la libertad al enemigo de su autoritaria doctrina, es lo que a ustedes les impide reconciliarse hoy con este amplio colectivo social. Por el contrario, el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señora Estarás, una vez más, desde aquí, ante la negativa más que anunciada por usted en el comunicado de ayer del Partido Popular a dar trámite a este proyecto de ley, se compromete con la sociedad española
y con los colectivos de afectados a seguir poniendo voz a sus derechos. Y advertimos que, por mucho que les pese y que estos debates se celebren a las nueve de la mañana, seguiremos subiendo a esta tribuna para defender los derechos y la dignidad
del colectivo de gays y lesbianas.
Nada más, señorías, y muchísimas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Castro.
Para la defensa de la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Pajín.
La señora PAJÍN IRAOLA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, esta es la segunda ocasión en la que el Grupo Parlamentario Socialista, al igual que prácticamente la totalidad de los grupos de la oposición, presenta esta proposición de ley para modificar el Código Civil en materia de
matrimonio. Las razones que nos han llevado a ello vienen motivadas ni más ni menos que por una cuestión de justicia social, una cuestión de derechos humanos y del propio desarrollo de nuestra
Constitución y de nuestra sociedad. Este no es un debate nuevo, ni dentro ni fuera de este hemiciclo, señorías; este debate viene propiciándose en nuestra sociedad desde hace ya varios años y cada vez la sociedad española está más
convencida de la necesidad de equiparar los derechos de todas las parejas, independientemente de su orientación sexual. Esto ha sido posible, sin lugar a dudas, por el trabajo organizado y progresivo que los colectivos de gays y lesbianas han
estado desarrollando durante todo este tiempo. Cada vez son más las ciudadanas y los ciudadanos que se unen a una reivindicación que empieza a caer por su propio peso: la igualdad jurídica de sus derechos.
El colectivo de gays, lesbianas y transexuales, cuyos dirigentes están hoy en la tribuna y a quienes quiero saludar, han hecho un largo camino en 25 años de historia, 25 años que van desde aquellos oscuros tiempos de clandestinidad a las
manifestaciones absolutamente masivas que son capaces de organizar a finales de junio en las calles de Madrid. Un largo camino que ha sido posible gracias al trabajo de estas organizaciones, que han contribuido de manera muy importante al
reconocimiento social de sus derechos y a formar una sociedad desde luego más tolerante.
Veinticinco años en los que han conseguido apoyo social, reconocimiento y estima por parte de los ciudadanos y ciudadanas, pero no igualdad de derechos,
igualdad en definitiva ante la ley, justo aquello que nos toca corregir en esta Cámara, señorías. Esta es la razón que nos lleva a presentar una vez más esta iniciativa de modificación del Código Civil, porque, siendo verdad que hoy hay miles de
personas que están dispuestas a gritar abiertamente con naturalidad su orientación sexual, a la vez, y ellos lo saben bien, esta orientación sexual sigue siendo motivo de discriminación, persecución y desigualdad jurídica en nuestra sociedad.
Los
gays, las lesbianas y los transexuales han padecido a lo largo de la historia todo tipo de ataques, han sufrido la difamación, la injuria y la persecución, han sido calificados de peligrosos y procesados por peligrosidad social. En definitiva, ha
sido un colectivo que ha vivido en sus propias carnes la intolerancia social y la desigualdad jurídica.
Mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, quiere acabar con todo ello, pero sobre todo está a favor de la tolerancia y de la igualdad, y hoy, después de todo este tiempo, todavía es necesario dejar en evidencia y denunciar a aquellos que
siguen anclados en prejuicios, que siguen perpetuando el dolor y el sufrimiento de personas que tienen pleno derecho a ejercer su libertad y a ser respetados. Los socialistas reivindicamos una sociedad plural, igualitaria y justa, donde todos los
ciudadanos y ciudadanas tengan derecho a vivir su vida con normalidad y satisfacción y lo que es más importante, donde se tengan las mismas oportunidades, los mismos derechos y las mismas obligaciones. Porque es inadmisible que los derechos de las
personas estén mermados jurídica y socialmente por una opción tan individual y personal como es la opción de su orientación sexual. Por eso volvemos a presentar de nuevo esta iniciativa. Por eso, señorías, y porque pensamos que la política ha de
servir precisamente para impulsar los cambios sociales o al menos para acompañarlos pero sobre todo para cumplir los sueños, las aspiraciones y los deseos colectivos de la ciudadanía. Esa es nuestra obligación.
Nosotros queremos manifestar a través de esta modificación del Código Civil en materia de matrimonio nuestro compromiso y nuestro empeño de contribuir a construir una sociedad donde la forma de amar no sea motivo de discriminación, donde
todos y todas, los que tengan el sueño de constituir una familia, de casarse, de vivir con normalidad la convivencia, puedan hacerlo sin ninguna traba. Se trata, señorías, de normativizar lo que la sociedad ya tiene normalizado, de legislar sobre
una vida cotidiana que existe, que se produce en la práctica, porque son una forma de familia más, porque tienen hijos, porque adoptan, eso sí, de forma individual, porque la paradoja social y jurídica que vivimos precisamente no sólo merma sus
derechos, sino que desprotege a aquellos que a veces se convierten en la excusa para votar en contra, los propios niños, que se encuentran absolutamente desprotegidos y en desigualdad de condiciones con respecto a otros. Se trata de normalizar y de
legislar una forma de convivencia, una forma de amar, porque no lo pueden hacer con cobertura legal y en condiciones de igualdad, porque en esta Cámara todavía existe un grupo mayoritario que piensa que la familia es una foto fija del pasado que hay
que preservar de las nuevas formas.
Señorías, en estos más de 25 años de lucha del colectivo de gays, lesbianas y transexuales todos y todas hemos evolucionado, nosotros también, señorías. Sabemos que esta modificación sólo es cuestión de tiempo, porque se va a producir.
Para nosotros y para una gran parte de la sociedad ya vamos con mucho retraso; para ustedes, señores del Partido Popular, todavía no ha llegado el momento. Ese momento ha llegado, insisto, para muchos y para muchas. Ha llegado, fíjense, para el
Parlamento Europeo, que aprobó el pasado mes de enero en su informe anual de libertades instar a los Estados miembros a incluir en su agenda política su reconocimiento; ha llegado para algunos países de la Unión Europea como son Holanda y Bélgica;
otros, como Portugal y Alemania, han regulado de alguna forma las familias homoparentales.
Nuestras comunidades autónomas -se ha dicho también en esta tribuna- se nos han adelantado, gran número de ellas ha regulado leyes de parejas de hecho en ausencia de una legislación del Estado, para no tener que dejar absolutamente
desprotegido al colectivo homosexual de muchos de sus derechos, siendo conscientes de que esta opción sólo parchea una situación injusta que no se puede mantener mucho más en el tiempo. Cada vez son más los ayuntamientos que han aprobado
iniciativas exigiendo la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. Y la sociedad
organizada vuelve a adelantar una vez más a este Parlamento y por supuesto al Gobierno. En la última manifestación del día del orgullo gay y lésbico, en el mes de junio de 2002, más de 400.000 personas se manifestaron exigiendo la igualdad
de derechos en las calles de Madrid.
El conjunto de organizaciones sociales y sindicales es partidario de aprobar esta medida. Y les voy a dar un dato: el último congreso de la Federación estatal de lesbianas, gays y transexuales se desarrolló en
instalaciones de Comisiones Obreras y UGT con la presencia de sus máximos dirigentes. Por cierto, también estuvieron presentes miembros reconocidos del Partido Popular. Estoy segura, señora Estarás, de que el señor Hernando se acordará. Se
acordará porque estuvo allí y se acordará también porque se comprometió a trabajar por la igualdad jurídica de derechos. Pero, claro, para ustedes las palabras se las lleva el viento y eso no es más que una actitud hipócrita y falsa por parte de
ustedes.
Cada vez que han tenido ocasión de posicionarse a favor de la igualdad de derechos han perdido la oportunidad. La perdieron cuando este Gobierno votó en contra, como ha dicho la señora Castro, en las Naciones Unidas, de apoyar la entrada de
la Organización internacional del movimiento de gays y lesbianas, la ILGA, como miembro consultivo, y se alinearon con países como Irán, Sudán y Zimbabue. La perdieron cuando votaron en contra hace dos años de esta misma iniciativa apoyada por ocho
grupos parlamentarios. La han perdido cuando han llevado al Tribunal Constitucional la ley navarra o cuando han amenazado con llevar la asturiana o la andaluza.
Su hipocresía, señorías, alcanza a solicitar estudios sobre la posibilidad de adopción por parte de parejas homosexuales y cuando estos son favorables se devuelven al cajón, como si aquí no hubiera pasado nada. Y, si no me cree, señora
Estarás, pregunte al señor Gallardón qué fue del estudio elaborado por la Universidad de Sevilla y la oficina del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid. Quizás la señora Botella lo sepa mejor. Hágame un favor, señora Estarás; ahórrese la
doctrina constitucional cuando suba aquí, porque para eso tenemos al Tribunal Constitucional. Explique aquí cuáles son las razones que impiden a su grupo parlamentario votar a favor de esta proposición de ley. Porque la pregunta es, señorías:
¿Hasta cuándo? Seguramente tendremos que esperar a tener una composición diferente del arco parlamentario para poder conseguir este cambio. Mientras, ustedes tendrán que explicar a los homosexuales de este país qué categoría es la que les
conceden. Mientras, como ha dicho también la señora Castro, nosotros seguiremos luchando, porque nunca hemos concebido que haya ciudadanos de primera y de segunda.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pajín.
Para la defensa de las iniciativas del Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Pasó ya un siglo y medio desde que Karl Heinrich Ulrichs, el primer gran abogado de la causa homosexual, dejó claro que era fundamental despenalizar la conducta homosexual, porque era algo natural, no un vicio ni un pecado. En el Estado
español y, en concreto, en mi país, Rosalía de Castro estaba obsesionada. Escribió un libro fundamental, El caballero de las botas azules, en 1867, precisamente para dejar claro que cualquier comportamiento humano en materia sexual era bueno,
representando en lo que entonces se representaba como símbolo del hermafroditismo lo que era una condición sexual que ella consideraba normal.
Señorías, deben tener ustedes en cuenta que, desde el momento en que se empezó a pensar en términos de comportamiento homosexual, aquellos que emplearon esta palabra lo hicieron con la convicción de que había que luchar por abolir las
legislaciones contra los actos homosexuales, que, por cierto, hay que recordar que se castigaban con penas de prisión. Como hay que recordar que empezaron a ser despenalizados recientemente, a partir de la década de 1970. Pero es esencial y básico
lo que nosotros tenemos que recordar y tener en cuenta para aclararnos simplemente de forma didáctica. Primero. Todo comportamiento sexual básico, la homosexualidad, la heterosexualidad y la bisexualidad, es algo natural, esencialmente humano.
Segundo. Estarán conmigo en que los contratos civiles no se pueden fundamentar en el tipo de sexualidad que se practica. Tercero. Estarán conmigo en que tampoco se pueden fundamentar en la capacidad biológica para procrear. Y, por último,
ustedes saben que en la evolución de la humanidad hoy está claro que la procreación existe al margen de la relación sexual y por lo tanto que puede haber una afiliación institucional distinta a la filiación de carácter biológico.
Lo fundamental,
señorías, es la forma de convivencia en que se organizan las parejas, la socialidad o la sociabilidad, como ustedes quieran; lo fundamental es la relación afectiva e intereses de todo tipo, incluidos los económicos o de apoyo mutuo, que llevan a
las personas a establecer un modelo de convivencia que es el matrimonio. Hay que recordar que es un contrato de convivencia que puede ser o no duradero y que conlleva obligaciones deberes y derechos con cobertura legal, tributaria, sucesoria, de
protección social o de adaptación.
Nada hay en la Constitución española que impida asumir el matrimonio extendiéndolo a todo tipo de parejas, homosexuales o heterosexuales, y es realmente un contrasentido que, aceptando los fundamentos básicos a los que me referí, en el
Estado español no se admita la institucionalización de estas relaciones, equiparando a todos los efectos las parejas homosexuales a las heterosexuales. Hay atavismo, hay sacralización y
hay mentira, porque hasta ahora, señorías, el matrimonio fue una institución económica y social de base patriarcal y procreacionista. Por cierto, que dejaba en evidencia a aquellos que no se querían casar, siendo precisamente la conducta
distinta a la heterosexual un síntoma extraño o de rareza, obligando a aquellos que no eran heterosexuales a aceptar el matrimonio falsificando su vida, estableciendo una relación cínica o frustrante o simplemente por una conveniencia acordada de
forma consciente.
Señorías, para acabar con este tabú, para acabar con la discriminación, con los atavismos irracionales e incluso con las deformaciones producto de la educación represiva y de la discriminación social, debemos dar carta de naturaleza social e
institucional a la convivencia, al mutuo apoyo y a la fidelidad entre personas, porque todos los comportamientos sexuales básicos que subyacen en las posibles parejas son buenos, señores diputados y diputadas, y ninguno merece el ostracismo o la
discriminación legal. Prohibir o impedir el matrimonio a los homosexuales es la última barrera que ustedes quieren mantener, pero esa barrera, que es contra la naturaleza de las cosas y contra el derecho y la justicia, también acabará siendo
vencida.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Señora presidenta, señorías, debatimos nuevamente en el Pleno del Congreso sendas iniciativas desde la izquierda con el objetivo de avanzar en la profundización del respeto a los derechos humanos de todas las
personas.
En primer lugar, quiero mandar un saludo de bienvenida y reconocimiento a las personas que, invitadas hoy en la tribuna, representan a los colectivos y plataformas de gays y lesbianas de todo el Estado. Gracias a su lucha diaria, e
incomprendida en muchas ocasiones, han logrado que, hoy y ahora, hasta cinco formaciones políticas de este Parlamento llevemos sus demandas a la aprobación de este Pleno por segunda vez en esta legislatura. Hasta aquí, nada nuevo: idénticos
protagonistas, mismas demandas. Sin embargo, tenemos una novedad, que desgraciadamente no es un cambio en el sentido del voto del Grupo Popular. Está vez ya sabemos que, además tener el rechazo del partido que apoya al Gobierno al no querer
reconocer por ley lo que está asumido en la sociedad, nuestra propuesta y la de otros partidos es inconstitucional; sentencia dictada por la diputada señora Estarás en una declaración realizada el otro día a la prensa.
Este aluvión de propuestas que se presenta hoy no es nuevo, ya se ha producido varias veces en esta Cámara, y debería servir para que los representantes del pueblo constatasen que se está produciendo un cambio social, que es un cambio
ideológico y un cambio moral. cuando en la sociedad se producen acontecimientos o datos que giran en torno a determinadas transformaciones sociales, desde Chunta Aragonesista creemos que deben ser algo más que un mero objeto de debate, deben ser
motivo para adaptar la legislación vigente a la realidad, que nos está superando ampliamente. Tanto que, desde el último debate que tuvimos en el Pleno del Congreso, se han producido, además recientemente, pronunciamientos importantes como, por
ejemplo, una petición del Parlamento Europeo, el pasado 11 de febrero concretamente, para que a los matrimonios homosexuales les sean respetados sus derechos en todos los países de la Unión Europea. En la exposición de motivos de la proposición de
ley presentada por Chunta Aragonesista, ya indicamos que la Constitución española recoge en su artículo 32 el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio con igualdad jurídica y establece que la ley regulará la forma de matrimonio, la edad y
capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos.
En la sociedad española hoy se dan diferentes formas de convivencia en pareja, no sólo la del matrimonio tradicional compuesto por parejas heterosexuales. Dada la libertad que la Constitución promulga sobre la libre elección de orientación
sexual, un gran número de parejas del mismo sexo convive como matrimonios, pero sin los mismos derechos que aquellos por no estar regulada legalmente su situación. Es necesario corregir esta desigualdad cambiando el Código Civil para que estas
personas, los gays y las lesbianas, tengan el derecho de decidir libremente su forma de unión y que todos los derechos y obligaciones que supone contraer matrimonio les sean aplicados sin ninguna diferencia respecto de los que disfrutan las parejas
heterosexuales que forman matrimonio.
Por estos motivos pedimos sencillamente el voto favorable para una sencilla modificación de tres puntos del actual Código Civil, un cambio que permitiría mejorar la situación de miles y miles de personas. Tenemos la oportunidad directa de
contar con la sociedad en el Parlamento y no deberíamos desperdiciarlo otra vez.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Para la defensa de la última iniciativa del Grupo Parlamentario Mixto, señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, paso a defender, en nombre de Iniciativa per Catalunya-Verds, una proposición de ley sobre el reconocimiento del matrimonio civil entre personas del mismo sexo. Hoy se van a votar en esta Cámara cinco
iniciativas de cinco partidos políticos
que lo que hacen es expresar la mayoría social, que en este país quiere hoy el reconocimiento de este derecho, un derecho más en la larga lucha por los derechos de las personas homosexuales. Como ha dicho el señor Labordeta es justo
reconocer y felicitar a las organizaciones, colectivos, asociaciones de gays y lesbianas, que en plena dictadura lucharon ya por el reconocimiento de sus derechos y que en estos momentos tienen que seguir luchando por ello.
La votación de hoy está ya decidida. El Partido Popular ha dicho que va a votar que no. Quiero decir a los señores y señoras del Partido Popular que su victoria hoy es estéril, es inútil, porque ninguna mayoría absoluta, ninguna votación,
puede eliminar una realidad social. La realidad social en el Estado español y en el resto del mundo es que existen miles de personas, miles de hombres y de mujeres, que son hombres que aman a hombres y mujeres que aman a mujeres. La realidad
social hoy es que en España existen muchísimas familias que no son heterosexuales, sino que son familias homosexuales, y esto no lo puede eliminar ni una mayoría absoluta ni una votación en el Congreso. Por tanto, la victoria del Partido Popular en
esta votación es estéril, pero significa una cosa; votar que no a las proposiciones de ley que presentamos los grupos de la oposición significa votar que sí a la continuidad de la discriminación de hombres y mujeres en el Estado español.
Señoras y señores diputados del Partido Popular, si hubiera una sola razón para votar que no a estas iniciativas lo podríamos reconsiderar. Sin embargo, no existe una sola razón moral, ética y humana que pueda llevar a votar a favor de la
continuación de la discriminación de hombres y de mujeres en el Estado español. Por esa razón, en toda la Unión Europea, poco a poco, se abren espacios y ventanas para el reconocimiento de derechos y la eliminación de desigualdades. Se ha citado
el Parlamento Europeo, Suecia, Noruega, Francia, Bélgica y la experiencia de Holanda.
Quiero decir otra cosa. Estas iniciativas no son partidistas, estamos ante unas iniciativas que, en el fondo, proclaman, defienden la libertad. A menudo, el Partido Popular intenta aparecer monopolizando la idea de libertad y mi pregunta
es la siguiente. Si verdaderamente la libertad consiste en crear las condiciones para que las personas puedan desarrollar sus potencialidades, sus capacidades, para que puedan desarrollar sus sentimientos, ¿qué concepto de la libertad existe detrás
de la votación de hoy del Partido Popular cuando está negando, está cercenando la posibilidad de que las personas manifiesten y desarrollen sus emociones, sus sentimientos, su sexualidad, simplemente por el hecho de ser homosexuales?
Acabo, señoras y señores diputados, diciendo que la votación de hoy del Partido Popular va a ser una votación estéril; tarde o temprano, en esta Cámara, se va a producir el reconocimiento del matrimonio civil entre homosexuales, con o sin
los votos del Partido Popular. El Partido Popular, hoy, aparece en el Estado español como un corsé que tapona algunas de las aspiraciones de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas del pueblo español. Como mínimo, el Partido Popular podría dejar
hoy que sus diputados y diputadas votasen en conciencia. Estoy seguro de que, hoy, una votación en conciencia en esta Cámara daría paso a la tramitación de estas iniciativas parlamentarias, porque también estoy seguro de que muchas de las personas
que van a votar que no a estas iniciativas lo hacen en contra de sus conciencias.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra la señora Julios.
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta.
Tomo la palabra para fijar la posición de Coalición Canaria ante la toma en consideración de distintas proposiciones de ley pretendiendo la modificación del Código Civil en materia de matrimonio.
En el debate de hoy, igual que en otros debates que se han dado en esta Cámara, por ejemplo sobre la modificación de algunos aspectos en relación con el divorcio, con el aborto o la reproducción humana asistida, probablemente nos estemos
enfrentando a otra de las situaciones en que la sociedad, en general, va por delante de los avances legislativos, de los avances que, desde nuestro punto de vista, deberían producirse a iniciativa de esta Cámara para dar respuesta a una sociedad en
la que, hoy por hoy, existen multitud de formas de convivencia, multitud de formas de entender la convivencia y multitud de formas de lo que se ha venido a llamar familia.
El tipo de relaciones familiares y de convivencia ha ido evolucionando en nuestra sociedad, igual que en el resto de las sociedades del mundo, fundamentalmente europeas, y es nuestro deber dar respuesta y amparo jurídico a esta evolución.
Hoy por hoy, las parejas heterosexuales, si quieren, viven en matrimonio y, si se casan, lo hacen por voluntad propia, pero lo cierto es que las parejas homosexuales hoy no pueden casarse, no tienen ese derecho a decidir voluntariamente la forma de
convivencia que desean. Por eso, nosotros vamos a votar a favor de la toma en consideración de las proposiciones de ley que hoy se traen aquí.
Entendemos que el derecho de las personas a la vida en pareja, a la vida en familia, debe ser reconocido
con independencia de su orientación sexual. Estamos hablando del derecho a la convivencia. Como decía anteriormente, debe ser una opción personal y respetable el vivir tras el matrimonio o como pareja de hecho, pero desde luego no podemos seguir
en la situación que hoy vivimos,
en la que ese derecho, para las parejas homosexuales, no está reconocido todavía en nuestra legislación de ámbito estatal.
Como bien ha dicho alguna de las portavoces que me ha precedido en el uso de la palabra, se intenta paliar la situación con los desarrollos legislativos sobre parejas de hecho que se están produciendo en algunas comunidades autónomas; por
ejemplo, en Canarias se está debatiendo ahora una legislación a este respecto. Eso es importante, pero no es suficiente. Es necesario que se den pasos en este sentido en el Parlamento y en la legislación estatal, tanto en lo que se refiere a la
modificación del Código Civil en materia de matrimonio, como a lo que ya se ha debatido en diversas ocasiones en esta Cámara y ha sido rechazado con los votos de la mayoría del Partido Popular, que es una legislación del Estado sobre las parejas de
hecho. Entendemos que debe de haber un amparo social y jurídico a estas situaciones que otorgue los mismos derechos -civiles, penales y en cuanto a prestaciones sociales-, dándose prioridad a la igualdad de trato a las personas que desean vivir en
pareja, con independencia de su orientación sexual y del modelo de familia que se quiera construir. Debe hacerse un esfuerzo para que este Parlamento no siga quedándose al margen de esta realidad social. Estamos hablando de un debate que afecta a
un colectivo de personas que no deben de seguir quedando en una situación de discriminación, de inseguridad jurídica y de marginación. Tienen derecho a regularizar su situación y a acceder a los beneficios que les permite nuestra Constitución.
Para finalizar, me remito al artículo 9.2 de la Constitución, que establece que 'Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y
efectivas', y remover los obstáculos para que esto se pueda cumplir en toda su plenitud. También quiero recordar el artículo 39 de nuestra Constitución, que impone que sean los poderes públicos los que tengan la obligación de asegurar la protección
social, económica y jurídica de la familia, sin que en el mismo exista ninguna referencia a ningún concepto de familia. Hoy por hoy, este concepto debe evolucionar de forma consecuente con el modo en que lo hace nuestra realidad social.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Julios.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), señora Uría tiene la palabra.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, cuántas veces hemos hablado en esta Cámara de la necesidad de regular de una vez las uniones de base familiar distintas de las que prevé el Código Civil que, como todos conocemos, únicamente está refiriéndose al matrimonio entre
heterosexuales, sin la menor receptividad por parte del Grupo Popular o del propio Gobierno, y eso a pesar de que el 25 de mayo de 1997 se tomó en consideración una proposición de ley sobre reconocimiento de efectos jurídicos a las parejas de hecho
estables, proponiendo la modificación del Código Civil, del Estatuto de los Trabajadores, de la Ley de Seguridad Social, de la normativa de Función Pública, de Clases Pasivas del Estado y de Sucesiones y Donaciones. Además de esta toma en
consideración de una iniciativa despreciada por el grupo mayoritario, también se acordó la constitución de una subcomisión de estudio sobre esta materia, que realizó un trabajo importante. Se recibieron numerosas aportaciones, comparecencias y
vivencias concretas de colectivos afectados o peticionarios de una regulación de este estilo, sin que tampoco el grupo mayoritario, entonces no con mayoría absoluta pero sí mayoritario, considerase la conveniencia proponer a esta Cámara regulación
alguna.
Finalmente, en tiempos recientes, el propio Parlamento Europeo del que tan cumplidor de resoluciones se dice la mayoría gobernante, también ha sugerido a los Estados miembros que cuanto antes procedan a eliminar toda discriminación en las
normativas que regulan las uniones familiares.
Señorías, desde nuestra perspectiva, hay dos incoherencias. La primera es que el Grupo Popular en esta Cámara, repito, se niega una y otra vez a abordar una regulación global sobre lo que han de ser los núcleos basados en relaciones de
afecto distintas de las heterosexuales; sin embargo, una y otra vez en leyes sectoriales sí reconoce la existencia de estas uniones. Hablamos desde la primera de Habeas Corpus a la Ley de arrendamientos, también cuando en la legislatura pasada nos
referíamos a la Ley de víctimas del terrorismo o más recientemente, en la semana pasada o la anterior, hemos tenido el debate sobre el Estatuto del Ministerio Fiscal en el que igualmente, a la hora de hablar de las prohibiciones de ejercicio en
determinadas plazas, se alude a quien esté unido con un fiscal o fiscala por uniones de afecto distintas de las matrimoniales. Así pues, se cae en el fariseísmo de reconocer la existencia de estas uniones en la normativa sectorial, pero se tiene la
cobardía de no decidir abordar el núcleo de lo que es la parte sustantiva, la parte civil, de la regulación de estas uniones. La incoherencia es doble puesto que desde las comunidades autónomas sí se ha propiciado las regulaciones de esta materia,
con la dificultad de que la competencia en materia de derecho civil, excepción hecha de quienes tienen derechos especiales, es exclusiva del Estado; en esto sí que no le importa hacer dejación de las regulaciones en esta materia. Sorprende además
que un Gobierno que considera que causa desigualdad entre los españoles el hecho de que puedan percibir complementos de pensiones, pese a haberlos declarado constitucionales el Tribunal Constitucional en reciente sentencia, lo modifica impidiéndolo,
pero no le parece que es desigual la situación que pueden tener personas homosexuales según la parte del territorio en la que tengan
establecida su vecindad o su condición política. Repito, sobre esta condición de igualdad en lo que hace referencia a lo que es competencia estatal de regulación del núcleo básico de estas uniones, el Grupo Popular, el Gobierno, debería
abordarla de una vez.
Las iniciativas de hoy, al igual que pasó el 25 de septiembre del año 2001 ya en esta legislatura, lo son no de regulación de las uniones de hecho estables, sino de regulación de matrimonio. Según se nos ha adelantado ya, la argumentación
en que se basa la mayoría para rechazarlas será de índole constitucional. Veamos si, desde la perspectiva de la formación política a la que represento, se puede establecer que exista posibilidad constitucional o no de la regulación de un matrimonio
homosexual, si ha lugar o no con el texto constitucional vigente. Si atendemos a la redacción del artículo 32, vemos que la Carta Magna atribuye al legislador ordinario la regulación de los pormenores de este derecho; la edad, la capacidad para
contraerlo, derechos y deberes de los cónyuges, el legislador constitucional lo deja para el legislador ordinario. El único punto donde puede apoyarse una interpretación de exclusión en la Constitución es que el artículo 32.1 dice: 'El hombre y la
mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.' Es fácil el argumento de que no dice el hombre con la mujer, dice el hombre y la mujer, no excluye por tanto que pueda ser entre personas de idéntico sexo. También es cierto
que, si uno contextualiza los debates de la elaboración de la Constitución, se ve con facilidad que no está en la mente del constituyente permitir matrimonio entre hombre y hombre, entre mujer y mujer. Y ello, ¿por qué? Porque lo que está en la
mente del constituyente en el año 1978 es la igualdad entre los hombres y las mujeres, intentando abolir todas las situaciones de sumisión que existían en la normativa anterior respecto de la condición de la mujer en la relación matrimonial. Así lo
notó también el legislador ordinario cuando la Ley 30/1981 elimina todos los preceptos que pudieran atentar contra el artículo 14, entendido éste en este caso concreto en relación hombre mujer. Sin embargo, el hecho de que no estuviese en la mente
del constituyente -todo el mundo lo sabe- en relación con la interpretación de los textos constitucionales, no impide que se tengan en cuenta, con el mismo tenor literal del precepto, realidades posteriores.
Omití hacer una referencia que me parece importante, puesto que la base de la regulación del matrimonio civil en nuestro entorno tiene una fuerte connotación canónica. Vaya por delante el profundo respeto hacia la convicción, manifestada
por un número importantísimo de ciudadanos en este país, en relación con la creencia de que entonces se contrae sacramento. Estamos hablando de una cuestión distinta, pero es evidente que el matrimonio canónico es la inspiración más fuerte respecto
de la regulación actualmente vigente en el ordenamiento jurídico.
Desde nuestra perspectiva, sin embargo, y desde el punto de vista estrictamente legal o constitucional, esto no cierra la puerta a que exista un matrimonio hombre-hombre o un matrimonio mujer-mujer, como va abriéndose paso cada vez más en la
doctrina civilista. Cito literalmente a un ilustre catedrático de derecho civil: Estimo que el hecho de que toda la tradición jurídica se pronunciase de una forma concreta o que el autor de la norma, el constituyente, pensase en un modelo concreto
no son argumentos definitivos para impedir una interpretación que, dentro de la letra de la ley, permita su consonancia con una realidad social más avanzada, sobre todo en un texto tan deliberadamente ambiguo en ciertos aspectos como es la
Constitución, dado que se pretende dar juego y no dejar al margen posiciones políticas y sociales bien diferenciadas. Cito más doctrina. El profesor Pantaleón indica que la Constitución no obliga a reconocer formulaciones concretas de
institucionalización de la convivencia homosexual, pero tampoco las prohíbe, sobre todo teniendo en cuenta que el matrimonio no tiene como finalidad la procreación. Cada vez hay más razones -dice el profesor Pantaleón- para que el artículo 14
ilumine la literalidad del artículo 32 constitucional.
Además, señorías, no sólo el artículo 14, sino más preceptos constitucionales abonan la posibilidad de interpretaciones en este sentido, como el artículo 9.2 cuando habla de la obligación de los poderes públicos de hacer efectivo el disfrute
de los derechos para todos los ciudadanos de manera real y efectiva o el artículo 10.1 cuando habla de la dignidad de la persona y del libre desarrollo de la personalidad, o incluso las proclamas del propio artículo 1 cuando habla de la libertad, la
justicia y la igualdad como parámetros, principios o valores constitucionales. Si la interpretación del artículo 32 contextualizada en el momento histórico no permite abonar una posición favorable, sí lo es la interpretación literal, también la
sistemática, si entendemos que sobre el artículo 32 pesan necesariamente el 14, el 10.1, el 9.2 y el propio artículo 1, que yo he citado, o incluso la propia interpretación sociológica, ya que el precepto 3.1 del Código Civil obliga a contextualizar
las interpretaciones en el momento histórico al que han de adecuarse.
Ahora bien, puesto que la Constitución no prohíbe expresamente la admisibilidad de estos matrimonios de hombre con hombre y mujer con mujer, creemos que es al legislador ordinario al que le ha de incumbir la regulación concreta de estos
aspectos, es decir, a nosotros. Aun mirando la regulación actual del Código Civil, se ve que, ni en cuanto a los requisitos ni en cuanto a las causas de nulidad, habría impedimentos para que pueda establecerse una regulación del estilo de la que se
propone, ya que en los requisitos actuales del Código Civil se habla de libre consentimiento, mayoría de edad, ausencia de otro vínculo matrimonial, no existencia de determinadas relaciones de parentesco y no existencia de condena de alguno de ellos
por la muerte de uno de
los cónyuges. Creemos que estas condiciones se pueden cumplir perfectamente en personas del mismo sexo. Lo mismo en cuanto a las causas de nulidad que aparecen reguladas en el artículo 73, -la falta de consentimiento, el incumplimiento de
los puntos 3, 4 y 5 arriba indicados, la no intervención de juez o alcalde, error en la identidad de las cualidades de la persona o que se haya contraído por coacción o por miedo-, que pueden ser perfectamente predicables de personas que lo sean del
mismo sexo.
Señorías, solamente quería referirme a que no existen impedimentos de índole constitucional y que el matrimonio -por mandato constitucional, por cierto, porque el artículo 32 llama a la ley ordinaria- será lo que legalmente deseemos los
legisladores de cada momento que sea. No obstante, manifiesto que la formación política a la que pertenezco, reconociendo el substrato de convicciones personales que existe en esta materia, deja a la libertad de los miembros del grupo el voto que
deseen manifestar, por lo que la postura no será colectiva, sino individual en este caso.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, tomo la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en relación con las cinco iniciativas que estamos viendo y anuncio sin más preámbulo que mi grupo parlamentario va a tener libertad de
voto.
Señorías, estamos debatiendo unas iniciativas cuyo contenido literal nos propone la modificación de algunos artículos del Código Civil, pero es evidente que este, además de un debate jurídico, que lo es, es también un debate de ideas, un
debate ideológico centrado sobre todo en la necesaria equiparación en igualdad que deben tener los ciudadanos y las ciudadanas con independencia de su orientación sexual. Es ya la tercera vez en esta legislatura que debatimos en el Pleno acerca de
la necesidad de que en esta Cámara se reconozca que hoy, con la consolidación de los principios democráticos, pero especialmente por la incansable reivindicación de los colectivos de gays y de lesbianas, a los que mi formación política también
quiere desde esta tribuna saludar, se ha ido produciendo un gran cambio social, un cambio progresivo, gradual, que se ha ido concretando en la existencia de una realidad, aceptada socialmente, que es la de que en la sociedad española se dan hoy
diferentes formas de convivencia en pareja y que estas realidades constituidas por parejas homosexuales o heterosexuales exigen un reconocimiento y una normalización jurídica. Un reconocimiento, señorías, que se viene demandando desde hace tiempo,
y buena prueba de ello son los debates que reiteradamente tenemos en esta Cámara, no sólo en esta legislatura sino también en la pasada, y un reconocimiento que hasta el momento, hasta ahora, no ha tenido acomodo en el Código Civil. Es verdad que
una cierta equiparación se fue produciendo desde comienzos de los años noventa en algunas normativas, tales como la Ley de Arrendamientos Urbanos, el Código Penal, o la más reciente Ley de víctimas del terrorismo, pero es también cierto que nuestro
ordenamiento jurídico civil no ha dado hasta el momento un paso decisivo ofreciendo una respuesta adecuada que llene el vacío legal existente de manera que permita superar la situación de desigualdad y de desprotección en que se encuentran estas
parejas, que, como digo, constituyen una realidad social ampliamente aceptada.
Desde mi grupo parlamentario, desde Convergència i Unió, compartimos con los grupos proponentes el objetivo de la equiparación de derechos para las parejas homosexuales, y lo hacemos no sólo a nivel teórico o dialéctico sino que lo hemos
hecho también en la práctica con el impulso en Cataluña, en donde tenemos responsabilidad de Gobierno, de la primera ley que en el Estado reguló a efectos jurídicos derechos y también obligaciones para las uniones estables de pareja, tanto para las
heterosexuales como para las homosexuales. Es una ley que fue aprobada hace ya cinco años y que ha permitido ir avanzando en el reconocimiento y equiparación de derechos en todas las materias en las que tenemos competencia legislativa y que supuso
un paso, a nuestro modo de ver, muy importante para la normalización de esta realidad social, que fue el de disponer de un ordenamiento jurídico que la conociera, que la reconociera y que la regulara; un marco normativo y un reconocimiento al que
se han ido sumando otras comunidades autónomas, pero que todavía hoy es inexistente en el Estado español en su conjunto en el ordenamiento del Código Civil. Y esto es así porque el Partido Popular no sólo no ha articulado ni una sola iniciativa al
respecto, a pesar de haberlo reiteradamente anunciado, sino que incluso ha impedido con sus votos que se tomaran en consideración las iniciativas que algunos grupos parlamentarios, entre ellos el mío, habíamos presentado al respecto. Esas
iniciativas, de haber prosperado, hubieran servido no sólo para dotar de mayor seguridad jurídica a la actual dispersión legislativa, que es un objetivo que por otra parte tanto preocupa al Partido Popular en otras materias, sino también para poder
alargar la equiparación a las pensiones, al tratamiento fiscal, al tratamiento procesal y a todas aquellas materias de clara competencia estatal, pero sobre todo hubieran significado que nuestro derecho no se seguía negando a ver la realidad, una
realidad que está ya regulada en la gran mayoría de países de nuestro entorno, sobre la que el Parlamento europeo acaba de pronunciarse recientemente, el pasado 15 de enero, recomendando a los Estados miembros que reconozcan las relaciones no
matrimoniales tanto entre personas del
mismo como de distinto sexto y concedan a estas relaciones los mismos derechos que a las matrimoniales, y considerando además que la Unión Europea debe incluir en su agenda política el reconocimiento mutuo de las relaciones no matrimoniales
y de los matrimonios del mismo sexo.
Estamos convencidos de que la igualdad de derechos y deberes del colectivo homosexual respecto del heterosexual es una cuestión que irá derribando todos los obstáculos con que se encuentre, y lo irá haciendo de manera gradual y natural y,
sobre todo, con la formación continuada y rutinaria de muchas más uniones de parejas, para lo cual es necesario que en esta Cámara, siguiendo la reciente recomendación del Parlamento Europeo a la que acabo de aludir, se apruebe de una vez una ley de
uniones de pareja.
Desde mi grupo parlamentario les instamos a ello y, es más, anunciamos la presentación de una iniciativa al respecto urgiendo el cumplimiento de esta resolución del Parlamento Europeo.
Señorías, hoy estamos viendo unas propuestas de modificación del Código Civil que, en su literalidad, van más allá de la equiparación de efectos jurídicos para las parejas de hecho homosexuales. Hemos de reconocer que este planteamiento no
tiene hoy el mismo grado de aceptación social, tal como quedó también reflejado en el Parlamento Europeo cuando, en la resolución del pasado 15 de enero, se rechazó, si bien por escaso margen de votos, el párrafo que pedía a los Estados que
permitieran el matrimonio entre personas del mismo sexo. Hay que reconocer que existen posiciones plurales al respecto en la sociedad, que se reflejan también en nuestro grupo parlamentario. Por ello, tal y como le decía al comienzo de mi
intervención, vamos a tener libertad de voto, en el bien entendido de que el voto afirmativo a la toma en consideración no significa la aceptación de la literalidad de las iniciativas sino, sobre todo, la expresión de la necesidad de que no siga
bloqueando el Partido Popular el debate y el reconocimiento legal de una realidad social, como digo, ampliamente aceptada.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Pigem.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señora Estarás.
La señora ESTARÁS FERRAGUT: Señora presidenta, señorías, quisiera que mis primeras palabras fueran de saludo a las organizaciones de gays y lesbianas y a la Plataforma para la promoción de la familia. Sean bienvenidos a este Congreso de
los Diputados.
Señorías, los Grupos Parlamentario de Izquierda Unida, Socialista y Mixto han presentado un total de cinco iniciativas dirigidas a modificar la regulación del matrimonio en el Código Civil para permitir su celebración entre personas de mismo
sexo en igualdad de condiciones y con los mismos efectos que el celebrado para las parejas heterosexuales. Para ello se insta a una modificación del Código Civil, en concreto de los artículos 44, 66 y 67, al efecto de sustituir las palabras marido
y mujer u hombre y mujer por la expresión toda persona o cónyuges. El Bloque Nacionalista Galego va más allá y pide también la modificación del artículo 46.
Quisiera recordar que estas iniciativas son idénticas a las que se debatieron el 25 de
septiembre del año 2001 y que nuestra posición no ha cambiado. La posición del Partido Popular ha sido la misma en los años 1994, 1996, 1997, 2000 y 2001, una posición a favor de la igualdad de oportunidades, de la igualdad entre ambos sexos y de
que nadie sea discriminado por razón de su orientación sexual.
En la pasada legislatura se produjeron siete debates antes de septiembre de 2001 y cuatro se han producido en la actual legislatura, no en relación con la equiparación total del matrimonio sino con la presentación de propuestas que regulaban
lo que se entendía por parejas o uniones de hecho. Nuestra postura en todos aquellos debates, al igual que en el debate de hoy, es la misma que fijan el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo en las sentencias 222/1992 y 66/1994. Viene a
decir el Tribunal Constitucional -que, efectivamente, señora Pajín, es el que mejor interpreta la Constitución, seguramente mejor que usted y que yo- que no se puede hacer una equiparación en bloque entre matrimonio y unión de hecho o entre
matrimonio y pareja de hecho -como ustedes quieran llamarlo- porque sería inconstitucional. El Tribunal Constitucional dice que se pueden tener efectos equivalentes, pero descarta toda probabilidad de equiparación en bloque. Por tanto, no se puede
hacer una conexión de efectos en bloque sin más entre ambas figuras y decir que eso no lesionaría el principio de igualdad, sino que lo que se tiene que hacer -es lo que piensa el Partido Popular- es contemplar esas formas de convivencia diferentes
del matrimonio con su compendio normativo, que en algunos efectos coincidirá con el matrimonio y en otros no. Pero no podemos hacer una equiparación en bloque, tal como dicen el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. Esa es la cuestión
fundamental que hoy se plantea aquí: la compatibilidad constitucional del tipo de matrimonio que las proposiciones postulan.
Hay que recordar, además del auto constitucional del 1 de julio de 1999, que sigue esta línea, el artículo 23.2 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos y el artículo 12 de la Convención de Roma y también, por qué no decirlo,
que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha pronunciado en dos casos, el caso Rees y el caso Cossey, a favor de separar ambas figuras y regular cada una de acuerdo con su contenido. El Tribunal de Justicia de Luxemburgo mantiene en el ámbito
de la Comunidad Europea una
interpretación que restringe el matrimonio a la pareja heterosexual y niega esa condición a la pareja homosexual. Recuerden, si no, la sentencia de 7 de febrero del año 1998. Les diría más. Si vamos a las lecturas de nuestra Carta Magna,
nuestro texto constitucional, veremos al hacer la lectura de lo que fueron los debates que en la Comisión Constitucional del Senado que tuvo lugar el día 29 de agosto de 1978, el senador independiente Luis Xirinacs presentó la enmienda número 465,
que proponía una nueva redacción al artículo que se refería al matrimonio. Se hablaba en esta enmienda de otras formas de matrimonio. Fue rechazada por 13 votos en contra, nueve abstenciones y dos a favor. Creo que a nadie le cabe duda de que
nuestra Carta Magna, en su artículo 32, defendía y defiende el matrimonio exclusivamente para el hombre y la mujer.
Recuerden también la interpretación que del artículo 32 hace la Dirección General de los Registros y del Notariado en una resolución de 22 de enero de 1998, en la que dice que es muy significativo que el Título I, Capítulo Segundo de la
Constitución, dedicado a los derechos y libertades fundamentales, solamente hable de hombre y mujer cuando se refiere al matrimonio y que, en cambio, en todos los demás preceptos se utilicen formas impersonales. Este mismo criterio es el que
mantienen la mayoría de tratados internacionales ratificados por España. Y esta, señorías, es nuestra postura: estamos totalmente de acuerdo en que las parejas o uniones de hecho requieren de una regulación para dar contenido a ese vacío que
existe en algunos casos, en otros se han aplicado leyes sectoriales, como la Ley de apoyo a las víctimas del terrorismo, Ley de movilidad geográfica, la Ley del derecho de asilo o la Ley de Arrendamientos Urbanos, pero que se equipare al matrimonio
sería ir en contra de lo que ha marcado el Tribunal Constitucional.
Quiero contestar a mi compañera portavoz del PSOE, señora Pajín, en relación con su comentario de que mantenemos una actitud hipócrita y falsa, que no creo que usted sea la más adecuada para hacer ese tipo de afirmaciones en esta tribuna.
Señora Pajín, con todo respeto, voy a intentar refrescarle la memoria porque creo que es importante saber de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos para hacer según qué afirmaciones. Ustedes gobernaron trece años y durante ese tiempo no
regularon este tema. En el año 1995, concretamente el 26 de enero, se presentó una iniciativa de Izquierda Unida, y el ministro de Justicia e Interior, del Gobierno socialista, se opuso expresamente a la regulación de este tipo de uniones. En el
año 1994, el Ministerio de Economía y Hacienda también se opuso. El 30 de septiembre de 1994, su ministro de Trabajo y Seguridad Social decía que no era oportuna la adopción de la regulación de las parejas de hecho. En el año 1993, en contestación
a una pregunta oral del diputado Luis Recoder i Miralles sobre si el Gobierno regularía o no las uniones de hecho, el Gobierno dijo que la situación jurídica de las parejas de hecho ya estaba regulada y que no precisaba de nuevas formas, y estamos
hablando del Gobierno del señor González. En el año 1987 se denegó el matrimonio civil en un juzgado de Vic, por cierto, de parejas homosexuales, y el ministro de Justicia en aquel momento, señor Ledesma, contestó que no había ninguna vulneración
del principio de igualdad puesto que cada uno de los miembros masculinos de las parejas homosexuales se podía casar con una mujer.
A partir de aquí ustedes pasan a la oposición, y lo que no les parecía oportuno ni les parecía que fuera necesario pasa a ser para ustedes necesario y oportuno. Durante un tiempo, de 1996 a 2001, mantuvieron ustedes la postura de que el
matrimonio era absolutamente diferente a las parejas de hecho y que no se podía hacer una regulación en bloque, manteniendo la teoría del Tribunal Constitucional. Traigo aquí el 'Diario de Sesiones' de 18 de marzo de 1997, donde se recoge que el
portavoz socialista, señor Pedret, dijo exactamente que la doctrina del Tribunal Constitucional era la que tenían que seguir y que era inconstitucional hacer una equiparación en bloque. Hoy, lo que antes era inconstitucional para ustedes es
constitucional, les parece que la equiparación en bloque es absolutamente perfecta y que el Tribunal Constitucional no debe tener razón. Por tanto, señora Pajín, de actitud hipócrita y falsa en el Partido Popular, ni hablar. La actitud del Partido
Popular es absolutamente coherente. Se puede estar de acuerdo o no con nuestro grupo, pero siempre hemos mantenido la misma postura, tanto cuando estábamos en la oposición, con una intervención en el año 1994 de la señora Rudi, en estos momentos
presidenta del Congreso de los Diputados, como cuando estamos en el Gobierno: en 1997, en 1998, en 2001 y en el día de hoy.
Seguiremos luchando -dice la señora Pajín- para eliminar cualquier forma de discriminación. Sin ninguna duda, seguiremos luchando para eliminar cualquier forma de discriminación, bien sea puntualmente a través de leyes sectoriales o bien
acometiendo una regulación para ese colectivo de nuevas formas de convivencia, que cada vez son más, para las parejas homosexuales y para las heterosexuales. Pero siguiendo, como he dicho, las directrices marcadas por el Tribunal Constitucional.
Lo primero que se le exige a un político cuando va a servir a la ciudadanía es que sea coherente y no diga en cada ocasión aquello que le parece, aunque hoy diga blanco y mañana diga negro.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Estarás. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
AVOCACIÓN POR EL PLENO DE PROYECTOS DE LEY:
- PROYECTO DE LEY DE COHESIÓN Y CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD.
(Número de expediente 121/000126.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, se somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley de cohesión y calidad del Sistema
Nacional de Salud. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la propuesta de avocación.
Iniciamos la votación de la toma en consideración de las proposiciones de ley que han sido debatidas. En primer lugar sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
sobre modificación del Código Civil en materia de matrimonio.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 129; en contra, 159; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez, de modificación del Código Civil para reconocer la celebración de matrimonio entre personas del mismo sexo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 127; en contra, 160; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación del Código Civil en materia de matrimonio.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 128; en contra, 160; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señor Labordeta, de modificación del Código Civil en materia de matrimonio.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 129; en contra, 159; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Por último, toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señor Saura, de modificación del Código Civil en materia de matrimonio.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 129; en contra, 159; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (CONTINUACIÓN)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), DE REFORMA DE LA LEY 4/1980, DE 10 DE ENERO, DE ESTATUTO DE RADIO Y TELEVISIÓN. (Número de expediente 122/000151.)
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de reforma de la Ley 4/1980, de 10 de enero, de Estatuto de Radio y Televisión.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Otxoa de Eribe. (Rumores.)
Señorías, ruego que aquellos diputados que vayan a abandonar el hemiciclo lo hagan en silencio o bien ocupen sus escaños. (Continúan los rumores.)
Señorías, es preciso que continuemos con el debate. Ruego ocupen los escaños o abandonen el hemiciclo en silencio. (Pausa.)
Adelante, señor Otxoa.
El señor OTXOA DE ERIBE ELORZA: Gracias, señora presidenta.
Voy a consumir este turno de defensa de la toma en consideración de la proposición de ley de reforma de la Ley 4/1980, de 10 de enero, de Estatuto de Radio y Televisión. Bastaría, señora presidenta, con recurrir al 'Diario de Sesiones' de
la Comisión de control de Radiotelevisión Española o las actas del consejo de administración del ente público para sustentar la propuesta de reforma de la Ley 4/1980, de Estatuto de Radiotelevisión, para que se cree la figura del defensor del
telespectador y del radioyente. En el órgano de administración, el consejo, y en el órgano de control, la Comisión del Congreso...
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Otxoa, por favor.
Adelante.
El señor OTXOA DE ERIBE ELORZA: En el órgano de administración, el consejo, y en el órgano de control, la Comisión del Congreso, todos y cada uno de los consejeros propuestos a iniciativa diferenciada de la del PP y todos los grupos
parlamentarios, a excepción, claro está, del Grupo Popular, han puesto de manifiesto ante el correspondiente director general de Televisión Española sus análisis, críticas, valoraciones y propuestas sobre el sesgo que conocen los servicios
informativos de Radiotelevisión Española, que desde que el PP accedió a La Moncloa conocen sus índices de credibilidad más bajos y unos niveles de manipulación óptimos, habiéndose convertido simple y llanamente en correa de transmisión de la
política informativa del Gobierno, de forma y manera que a los ciudadanos de cierta edad, que no se encuentran en sintonía política popular, nos recuerda el NO-DO por sus formas agresivas, sus contenidos pro gubernamentales, la condena y el ataque
sistemático al nacionalismo democrático y la condena al ostracismo de los portavoces de la oposición, cual si se tratara de recrear la lucha informativa contra el rojo separatismo. Los modos y maneras de las tertulias de Radio Nacional de España
han alcanzado niveles impensables: agresiones gratuitas, juicios de intenciones, informaciones interesadas no contrastadas, tendenciosidad manifiesta, composición pro gubernamental de la tertulia, imposibilidad de rebatir injurias y calumnias,
etcétera. En estas tertulias de Radio Nacional de España, la libertad de expresión se confunde con la libertad de insultar o con el insulto libre. En cuanto a la programación, hace apenas unos años se incorpora con suma facilidad niveles
increíbles de telebasura, programas rosa relacionados con el cotilleo y que tienen que ver con los famosos, programación en régimen de competencia desleal con otras cadenas de televisiones privadas y que se distancia sistemáticamente de los
contenidos de las radios y televisiones públicas que, como Radiotelevisión Española, están sustentadas con fondos públicos.
Desde 1996, los diarios de sesiones de la Comisión de control de Radiotelevisión Española se encuentran atiborrados de buenas muestras de manipulación informativa, clamorosos silencios e injustos ataques al adversario político, que chirrían
en la televisión pública de un Estado democrático. Si para muestra vale un botón, la actitud de los servicios informativos de Radiotelevisión Española este último fin de semana con ocasión de las multitudinarias manifestaciones celebradas a lo
largo y ancho del mundo en favor de la paz y en contra de la guerra en Irak constituye un ejemplo paradigmático de manipulación informativa intolerable. Las opiniones o creencias del señor Aznar, sin embargo, se sobredimensionan y se programan con
premeditación y reiteración numantina, mientras que se infravaloran y ocultan las actitudes de millones de ciudadanos que, en el ejercicio de su libertad de expresión, salen a la calle a manifestar su protesta solicitando la rectificación de las
actitudes del Gobierno del PP. La televisión pública es del Gobierno y para el Gobierno y se nota, vaya que si se nota.
Los sucesivos directores generales de Radiotelevisión Española -cuatro en siete años de Gobierno del PP- han hecho oídos sordos a cuantas propuestas, sugerencias y valoraciones se han realizado en esta Cámara o en el consejo de
administración. Los diputados de la oposición o los consejeros propuestos por estos grupos parlamentarios aguantan el chaparrón de las críticas una vez al mes sin mojarse ni los zapatos, y a sobrevivir un mes más. Esta es la praxis de
funcionamiento de los directores generales de Radiotelevisión Española propuestos por el Gobierno. No existe, por tanto, cauce institucional para canalizar iniciativas más que razonables para un funcionamiento democrático, plural y equilibrado de
los servicios informativos de Radiotelevisión Española.
Los mecanismos establecidos en el actual Estatuto de radio y televisión responden a la situación política de 1980. Se han quedado viejos, obsoletos e inoperativos. En las tres últimas
legislaturas, a través de distintas iniciativas parlamentarias, se han conocido en esta Cámara comisiones, subcomisiones, grupos de estudio, etcétera, con el objetivo de actualizar el Estatuto de Radiotelevisión Española, vano esfuerzo que produce
melancolía orteguiana: ninguna solución. El Grupo Parlamentario Popular ha condenado al fracaso todas estas iniciativas, no le interesa el más mínimo cuestionamiento de su omnímodo y omnipresente poder en los servicios informativos de
Radiotelevisión Española. Por ello, ante la evidencia de que la reforma global del Estatuto de Radiotelevisión Española es un objetivo impensable a corto plazo e imposible e inalcanzable hasta que el PP pierda -a un año vista lo veremos- la mayoría
absoluta que controla con mano de hierro todas y cada una de las instituciones del Estado, igual las parlamentarias que las judiciales, las gubernamentales o los medios de comunicación, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) propone con esta
proposición de ley que nos ocupa una reforma parcial del Estatuto de Radiotelevisión Española para que exista un cauce institucional moderno, ágil y eficaz de comunicación entre los telespectadores y radioyentes y la Dirección General de
Radiotelevisión Española para subsanar las disfuncionalidades y excesos que se detectan en su programación y en sus servicios informativos. Distintas radiotelevisiones públicas y privadas de Europa han creado figuras y estructuras en los últimos
años para el cumplimiento de esos objetivos.
Unas han optado por crear el consejo de lo audiovisual; otras han actualizado su legislación para que el nombramiento del director general de la radiotelevisión pública sea de extracción directamente
parlamentaria; otras han creado la figura del defensor del telespectador, etcétera. A partir de
nuestro convencimiento de que abordar la reforma global del Estatuto de Radiotelevisión es una utopía parlamentaria en este momento, se plantea pues una reforma concreta para crear una figura institucional que sirva de nexo de unión entre
los telespectadores y radioyentes y los responsables de los servicios informativos y de programación de la radio y de la televisión públicas, en el convencimiento de que esta figura puede corregir los excesos y disfuncionalidades que todos los
grupos parlamentarios de la oposición observamos y detectamos en el funcionamiento de la programación y de los servicios informativos de Radiotelevisión Española.
Nada más. Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Otxoa.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo valora las bondades en cuanto al fondo de lo que se pretende con esta proposición de ley; en lo que no estamos de acuerdo es en la forma y el procedimiento, porque crear la figura, a los efectos de imponerla solamente en el Ente
Público Radiotelevisión Española, de un defensor del telespectador y del radioyente que tenga como finalidad mejorar la programación de una emisión determinada de opiniones, de programas, etcétera, no parece que responda a un beneficio general. Si
la idea de fondo es buena, que la tengan todas las cadenas de televisión, públicas o privadas, del ente público, etcétera.
En segundo lugar, con una regulación de estas cualidades o calidades sería meternos en un jardín o en algo complejo, dada la oferta variada que hay de televisiones públicas y privadas. En cuanto a las públicas, tendríamos que decir que no
solamente rige para el Ente Público Radiotelevisión Española, porque de lo que se trata es de modificar la Ley de 1980. ¿Qué pasa con las televisiones autonómicas? ¿Es que el espectador que vea un programa de una televisión autonómica, que está
financiada con dinero público de cada comunidad autónoma, las que la tengan, no va a tener derecho a exigir una calidad en los programas? Resultaría que quien conecta con una determinada emisora tendría derecho a hacer llegar sugerencias de
calidad. Cualquier empresa privada abre hoy desde un libro de estilo a una oficina o ventanilla de reclamaciones de derechos de los consumidores, usuarios, etcétera. En televisión se regula lo que aquí se pretende, es decir, una cosa tan subjetiva
como la calidad, quejas y sugerencias para mejorar la programación. La realidad es que, con carácter periódico, semanal o mensualmente, las entidades dedicadas a los sondeos o prospecciones hacen públicos sus trabajos, y hay una relación entre
calidad de un programa, tasa de audiencia y cuantía en la rejilla correspondiente de la publicidad que se emite. Una empresa, si tiene una gran potencia financiera y de comercialización de su producto, no publicita este producto en programas de muy
baja audiencia. Eso es evidente. El propio mercado regula la calidad. La prueba la tenemos en la facilidad con que entran y salen programas en todas las televisiones, que decaen porque la cuota de audiencia no hace rentable la emisión del
programa, es decir, es el propio telespectador, con el denominado zapping o cambio de canal, el que regula la calidad. La realización de los programas también sería otro problema. Las entidades públicas, igual que las privadas, que encargan a
empresas privadas la realización de sus programas, saben que es el mercado el que regula la audiencia, según la calidad. De aquí que nosotros, aun pareciéndonos que lo ideal sería que hubiera siempre un sistema de depuración de la calidad pero
considerando que se trata de valores subjetivos y de la complejidad del programa, veamos esta buena intención más en el ámbito de la utopía que en su realización legislativa, porque, de aprobarse, nos encontraríamos con el problema de las
televisiones autonómicas y de los realizadores privados, por lo que creemos que estaríamos interfiriendo en la regulación del mercado audiovisual por la propia selectividad del índice de audiencia que realizan los telespectadores. Si el programa no
tiene calidad, no nos preocupemos, ya que el índice de audiencia lo mandará al olvido, y, si la tiene, lo emisora correspondiente lo mantendrá. Por estas razones y no por ninguna otra cuestión que pudiera tener otra interpretación, mi grupo no
puede apoyar esta proposición de ley.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Posiblemente, señora presidenta, estemos ante la radio y televisión públicas con menor seguridad democrática de Europa. Ya tuvimos ocasión de decírselo ayer al director general de Radiotelevisión poniéndole los
últimos ejemplos que dan a ver esta situación de falta de control democrático, porque al mismo tiempo hay que decir que la Comisión de control de este Congreso no tiene ese sentido profundo que debiera tener. Le pusimos como ejemplo la falta de
conexión directa en algunos momentos con respecto a las manifestaciones más grandes de la historia de este país, no sólo de la historia de la democracia, cuando, por ejemplo, se retransmitió prácticamente en directo la canonización del fundador del
Opus o cosas por el estilo y que naturalmente no tienen la misma importancia que el tema de las manifestaciones que se hicieron el sábado día 15.
No hay forma humana de que se establezca un control social, por descontado que no, como en otros países, ni siquiera parlamentario. Lo hemos intentado por activa y por pasiva con figuras jurídicas muy concretas, como la que hoy se nos
presenta aquí. Existen medios escritos y no escritos privados en toda Europa y también en España, como es el defensor del telespectador y del radioyente. Hemos intentado, inútilmente siempre, la creación de un consejo de la comunicación
independiente con poder suficiente para establecer una seguridad jurídica que ahora no existe, puesto que no existe esta autoridad democrática. En alguna comunidad autónoma sí la hay con ciertas prerrogativas y en toda Europa por descontado
también. Hemos intentado también inútilmente que se aprobara los consejos de redacción en la radio y la televisión pública que regularan la independencia de los profesionales a la hora de organizar la programación informativa y los informativos
correspondiente. Hemos intentado también que se desarrolle el artículo 20 de la Constitución en lo correspondiente al acceso social a los medios de comunicación pública, el acceso de organizaciones sindicales, de organizaciones sociales de todo
tipo y de las ONG, pero tampoco lo hemos conseguido. Esta situación no se comprende y, por tanto, da la impresión de que tampoco ahora se va a comprender la necesidad de crear la figura del defensor del telespectador y del radioyente. También
hemos insistido en la necesidad de redactar un estatuto de la función de periodista, que tampoco existe en este país. Sabemos que hay periodistas trabajando en esta dirección y llegará el momento en que la concertación necesaria estará madura.
Como se demostró ayer, la indefensión es absoluta. No hay forma humana de hacer que la televisión pública y también la radio expresen la pluralidad social y política de este país y, dadas las circunstancias, esto se está volviendo en contra de la
televisión pública. Últimamente, en el tema del Prestige, en función del tratamiento que le están dando, cada vez que aparece una cámara de Televisión Española en Galicia se grita: ¡Televisión, manipulación! Esto no ocurre respecto a otras
cadenas, sólo respecto a la televisión pública española. Se nos dice constantemente que a pesar de eso se mantienen los índices de audiencia más altos, pero eso no tiene nada que ver. Esta televisión es la nuestra. No hay tantas diferencias ya de
audiencia respecto a otras televisiones, pero es verdad que Televisión Española conserva el máximo índice, porque queremos verla y queremos saber qué es lo que dice la nuestra, y en ese sentido tenemos derecho a observarla con mirada crítica, como
hace ya mucha gente; mucha gente que invierte lo que dice la televisión, pero que trabaja por ausencia, no puede criticar lo que desaparece de los informativos, de los que está desapareciendo la pluralidad social y política de este país.
Se nos contestará otra vez con ese tipo de retahílas que no conducen a ningún argumento racional, pero se está perjudicando seriamente la credibilidad de Televisión Española. El índice de audiencia no es nunca homologable al índice de
credibilidad, en absoluto. Esto lo estamos viendo con las protestas que está realizando la opinión pública respecto a los temas fundamentales que han cruzado en el último periodo la arena política de este país: la huelga general, que no existió
según la radio y la televisión pública; el tema del Prestige, en el que no aparecen nunca las responsabilidades políticas, que ahora incluso se pueden dirimir en los tribunales, o el tema de la guerra, con las últimas manifestaciones, que como he
dicho antes, no fueron retransmitidas -no totalmente sino con contactos en directo-, tal como hizo otra televisión pública, también gobernada con mayoría del Partido Popular, como es Telemadrid, que lo hizo cumpliendo con las necesidades y la
sensibilidad que tiene que tener una televisión pública. El periódico El Mundo lo decía el otro día: dos modelos de televisión pública: Telemadrid y Televisión Española.
Televisión Española no está cumpliendo como servicio público esencial.
Por
cierto, es servicio público esencial, sea televisión con titularidad privada o pública. Lo digo debido a cierta intervención que se ha producido anteriormente. La televisión es un servicio público esencial y tiene que atenerse a las prerrogativas
que marca la ley respecto a los contenidos y a la vigilancia del cumplimiento de la pluralidad social y política. Sin embargo, esto no es posible. Ni siquiera se va a asumir esta figura que se intenta establecer hoy aquí. ¿Cómo se puede asumir un
consejo de lo audiovisual independiente o la creación de los consejos de redacción o la creación de un estatuto de los periodistas o el desarrollo del artículo 20 de la Constitución respecto a la participación social de toda la pluralidad existente
a nivel político?
Nosotros vamos a apoyar la propuesta que se hace porque nos parece totalmente oportuna y convenientemente y políticamente va a demostrar la falta de sensibilidad del grupo mayoritario, a la hora de poder establecer algún control democrático
en la televisión europea con menos seguridad democrática, Televisión Española. Poco a poco iremos consiguiendo sensibilizar a la opinión pública, que ya se da cuenta de las capacidades de manipulación de esta televisión, hasta que efectivamente el
partido mayoritario deje de pensar en ella como un aparato político y electoral. Sé que poco a poco lo iremos consiguiendo, conforme el Partido Popular vaya teniendo un divorcio mayor -ya ha empezado a tenerlo- con respecto a la opinión pública.
No está muy alejada la idea, en función de este divorcio, de que el Partido Popular no quiere transmitir la auténtica pluralidad política y social de este país. Esto que se dice tranquilamente esta mañana aquí es de enorme importancia a la hora de
hablar del contenido estricto de una democracia, a la hora de hablar de la calidad democrática de este país. La televisión y la radio públicas son fundamentales. Poco a poco una gran parte de la gente está empezando a ver que no hay sensibilidad
para mantener una calidad democrática
suficiente a través de los medios públicos de comunicación.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Grau.
El señor GRAU BULDÚ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para fijar nuestra posición en relación con esta proposición de ley que presenta el Grupo Vasco de modificación del artículo 8, de la Ley 4/1980, del
Estatuto de Radiotelevisión Española.
Anticipo a SS.SS. que nuestro voto va a ser afirmativo a esta propuesta, aun cuando es público y notorio que este posicionamiento puede ser contrario a la praxis que nuestro grupo defiende y practica en
Cataluña, donde la ordenación del sector audiovisual y el control audiovisual se realiza bajo la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, que es un organismo de representación plural independiente que tiene acción y control sobre todas las cadenas
de radio y televisión que emiten dentro de la comunidad autónoma. Nuestro modelo tiene paralelismo con los que ya se aplican en otros países de la Unión Europea, como en Francia, Alemania o también en Estados Unidos. Asimismo existe un organismo
paralelo en el Consell de l'Audiovisual, la Oficina Defensora de la Audiencia, cuyo sistema de control se basa más en los contenidos y en el fondo de la emisión que no en la cadena en sí. Lógicamente este grupo de expertos es el que mantiene
recomendaciones y hace llegar a la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió y a todas las emisoras, al igual que al Ejecutivo catalán, las conclusiones que corresponden a malas prácticas o a contenidos que no están en consonancia con las normas de
convivencia entre las personas.
Nuestro grupo ya ha propuesto en esta legislatura, en noviembre de 2000, una proposición no de ley para crear un consejo superior de medios audiovisuales en el Estado español, como analogía al que está vigente desde el año 1996 en Cataluña,
y en estos momentos aún está pendiente de tramitación. Suponemos que este retraso está motivado en sí por el hecho de la transformación que está sufriendo el Ente Público Radiotelevisión Española para su privatización o para su incardinación en la
SEPI y ver cuál es el futuro que a este servicio público se le da. Por esta razón estamos en una etapa de provisionalidad sin solución. También nuestro grupo ha interpelado a la señora ministra de Ciencia y Tecnología instando a la creación de
este consejo superior de medios audiovisuales en el Senado, que también fue rechazada por parte del Gobierno al no aprobar la moción correspondiente. Por tanto, estamos en una situación transitoria: no hemos avanzado en los modelos que se
practican en otros países y lo lógico sería avanzar de una forma provisional, por lo que vamos a aprobar la proposición de ley que nos presenta el Grupo Vasco, mientras esperamos la creación de este organismo de control, en la confianza de que este
sistema de defensor del oyente y del telespectador nos permita mejorar el servicio público que representa una televisión que se define como tal servicio público. Así la hemos definido varias veces en la Comisión de control de Radiotelevisión
Española y así lo ha manifestado el señor director general. Trabajando en este sentido quizá este defensor del oyente acelere la tramitación de nuestra proposición de ley, quizá acelere la definición de los controles de las cadenas, tanto públicas
como privadas, y estoy absolutamente de acuerdo en la percepción de que quizá seamos partidistas al establecer con esta proposición de ley un control a un ente público y no establecerlo respecto a las cadenas privadas, tanto de radio como de
televisión, pero por algo hay que empezar. En esta vía de posibilismo que caracteriza la acción de nuestro grupo daremos apoyo a esta proposición de ley, en la confianza de que el objetivo final será la creación de estos elementos de control
plurales, objetivos y ajenos a las cadenas, que permitan ofrecer a todos los ciudadanos un servicio público controlado, eficiente y plural, acorde con la defensa de los intereses de los ciudadanos.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Grau.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Díaz-Cano. (Pausa.)
No parece que funcione ese micrófono, señor Díaz-Cano. Pruebe con otro, a ver si hay más suerte.
El señor DÍAZ-CANO DEL REY: Creía que era el señor Sánchez el que estaba a cargo de la megafonía.
Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista va a votar favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley que presenta el Grupo Vasco y que pretende la reforma limitada, limitadísima, del Estatuto de Radiotelevisión, con el
fin de incorporar la figura del defensor del telespectador y del radioyente, reforma revolucionaria tal y como están los tiempos en lo audiovisual en nuestro país y especialmente en lo público.
Una vez fijada la posición del Grupo Parlamentario Socialista, quiero añadir que estamos convencidos de que esta reforma, que califico como pequeña, tendría una eficacia muy escasa en el actual modelo de Radiotelevisión Española, tanto en el
modelo institucional actual como en las actitudes que están manteniendo los directivos de Radiotelevisión Española en el ente público. Por tanto, la creación de esta figura, por sí sola, no garantiza el respeto al pluralismo, ni la veracidad, ni la
objetividad, ni la imparcialidad; es más, nos tememos
que incluso podría ser utilizada para mayor gloria del Gobierno y del Partido Popular, y algunos ejemplos de esto existen en alguna televisión privada que puso en funcionamiento, durante un periodo de tiempo limitado, una figura similar.
Por tanto, cuidado con lo que estamos votando. No obstante, creemos que la figura es oportuna porque vuelve a poner los focos sobre la Radiotelevisión Española. En este sentido, saludamos la iniciativa del Grupo Parlamentario Vasco.
Yo no sé si lo que necesita Radiotelevisión Española en estos momentos es un defensor del telespectador y del radioyente o un protector, o la Legión en misiones humanitarias, porque con un defensor seguro que no se daría abasto para recoger
las quejas y sugerencias de los telespectadores, estoy convencido, porque estamos llegando a un punto en que todo se fundamenta en los niveles de audiencia, como si audiencia fuese igual a credibilidad o a calidad. A lo mejor, lo que está
sucediendo es que cada vez hay más españoles y españolas que se acercan a Televisión Española y a Radio Nacional de España por un interés científico, porque estamos convencidos de que la Televisión Española de este tiempo, de estos momentos, va a
ser objeto de análisis y de estudio en los laboratorios de comunicación y en las universidades como uno de los ejemplos más claros y más ilustres de manipulación por parte del Gobierno, que la tiene a su servicio. Cualquier reforma del estatuto que
se haga en estos momentos está condicionada por un proyecto que se avecina, que va a regular lo audiovisual, y porque cualquier reforma a abordar en Radiotelevisión Española y en general en la radiotelevisión pública, para que tuviese un alcance
real y efectivo, debería ir acompañada a nuestro juicio de un cambio radical del modelo actual de radiotelevisión. Esta modificación tendría que contemplar, al menos, la creación de un consejo superior o consejo de la comunicación -el nombre es lo
de menos, lo importante serían las competencias- que fuese una autoridad independiente; que la radiotelevisión estuviese dirigida por un profesional o por una persona elegida por las Cortes Generales; que el consejo de administración fuese un
consejo de administración y no otra cosa; que el control parlamentario fuese realmente control parlamentario y no una partida de frontón; en definitiva, un modelo institucional democrático en el que se incluyese la participación de los ciudadanos
a través de sus sugerencias. Como he dicho, la reforma que se propone en estos momentos a iniciativa del Grupo Vasco es muy limitada y por sí sola, con el modelo actual, no sería suficiente para cambiar esta situación, pero creemos que es
interesante que, una vez más y aún con la resaca de la Comisión de control de Radiotelevisión de ayer, podamos hoy hablar en el Pleno nuevamente de Radiotelevisión Española.
No hay que remontarse a años atrás para encontrar ejemplos de lo que está sucediendo; siempre lo digo, aunque eso será lo que hará el portavoz del Grupo Popular. Anoche, en La 2 de Televisión Española, en un programa que tiene un nombre
muy adecuado, no sé si por el presentador o por el contenido, El Tercer Grado, se realizó una entrevista inenarrable. En los oídos y en las retinas de los telespectadores se vertieron juicios sobre la historia reciente de nuestro país que son
realmente bochornosos.
Resulta que Azaña era un golpista (Rumores.) y que la Guerra Civil fue culpa de una serie de personas que no eran militares y que estaban en los partidos de izquierda.
¿Hay que acoger la libertad de expresión? Por supuesto. ¡Viva la libertad de expresión! Pero no la manipulación y la utilización obscena de este medio de comunicación pública.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Díaz Cano.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Ballestero.
El señor BALLESTERO DE DIEGO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, vamos a votar en contra de esta proposición de ley del Grupo Vasco, en primer lugar, y en cuanto a los argumentos referidos exclusivamente al PNV, por falta de coherencia en la proposición, como luego intentaré mostrar, pero sobre
todo, y aun compartiendo parte de los argumentos que ha mantenido el resto de los grupos parlamentarios, porque nos parece una iniciativa parcial, como ya se ha dicho, inoportuna y extemporánea. Entendemos que esta modificación debe ir en el
entorno de una reforma mucho más amplia y consensuada del Ente Público Radiotelevisión Española, y de una reforma institucional ya anunciada que vendrá en la ley de lo audiovisual, que próximamente va a presentar el Gobierno en este Parlamento.
Nuestro grupo parlamentario es el primero que se ha preocupado por este tipo de órganos. La última iniciativa parlamentaria al respecto era una pregunta oral de nuestro grupo, en el año 1998, en la que poníamos de manifiesto nuestra preocupación
por la creación de una figura similar. En nuestro programa electoral ya lo decíamos, y nuestra portavoz de ciencia y tecnología en el Congreso y en el Senado, ha dejado bien clara nuestra postura a la hora de crear el consejo de lo audiovisual, que
entendemos fundamental, entre cuyas funciones principales tiene la de velar por los derechos de los telespectadores y los oyentes, la de proteger a la infancia y a la juventud y la de garantizar la igualdad de oportunidades. Esto debe hacerse, pero
no de la manera tan parcial como se plantea hoy sino de una manera amplia, porque sí que es cierto que esa reforma de lo audiovisual, que esa reordenación de este ámbito es absolutamente necesaria.
Si alguien está sujeto a control, a un control exhaustivo diría yo, es Radiotelevisión Española. Control en la Comisión creada al efecto en el Congreso de los Diputados y en el consejo de administración, controles
que muchas veces son lo mismo porque al final el consejo de administración viene a ser, en demasiadas ocasiones, una comisión de control más; control en el Tribunal de Cuentas; control en la supervisión que ejerce el Defensor del Pueblo, y
que puede ejercer permanentemente, sobre la labor de Radiotelevisión Española; control que puede ejercer el Ministerio de Ciencia y Tecnología, por cuanto ostenta competencias en materia de control, inspección y sanción en relación con la actividad
de prestación de servicio público de radio y televisión por parte de Radiotelevisión Española; y control igual que se ejerce en esa posibilidad regulada en el derecho de petición en el año 2001, que tiene toda persona de acercarse y presentar sus
quejas, sugerencias o peticiones a cualquier organismo público, a cualquier Administración, por supuesto a Radiotelevisión Española. Esta cantidad de controles llevó a decir al Defensor del Pueblo que le parecía inoportuno que se creasen controles
específicos en determinados ámbitos de la Administración. Es normal que en muchos países de nuestro entorno como Francia, Italia o Inglaterra no se haya creado ninguna figura similar a ésta por cuanto existen controles exhaustivos. Hoy mismo hemos
tenido un debate donde en vez de venir a hablar del defensor del telespectador, sobre todo, se ha venido a controlar la actividad de Radiotelevisión Española. Por último, hay una razón de fondo que también se ha defendido esta mañana, y es que no
parece necesario que esta defensa del telespectador se haga sólo en el ámbito de lo público. Cualquier espectador, cualquier oyente que está en su casa puede tener queja no sólo del ámbito de las televisiones y de las radios privadas, sino de
cualquier otro ámbito. En este sentido, dio un buen argumento el PNV en el País Vasco, que luego comentaré, y parece que aquí defiende lo contrario. Nosotros entendemos, y así lo haremos en la ley de lo audiovisual, que este control debe
extenderse no sólo al ámbito público, sino también al privado.
Quiero profundizar un poco más en un asunto en el que no se ha entrado.
¿Cómo es esta figura que creó el PNV en el año 1998 en el País Vasco? ¿Cuándo y por qué se creo? ¿Cuál ha sido su desarrollo? ¿Para qué esta sirviendo? Esto nos va
a ser muy ilustrativo en cuanto a la falta total y absoluta de coherencia de los planteamientos que viene aquí hoy a presentar el Partido Nacionalista Vasco. Esta figura se crea en el año 1998 a instancias del Partido Popular, tras mucho tiempo de
peticiones, en una reforma parcial que contiene un solo artículo en el que se dice que al presidente del consejo de administración de la ETB también le corresponden las funciones de recibir, tramitar y responder las quejas, sugerencias y propuestas
de los ciudadanos en los términos que se establezcan reglamentariamente. En esa creación, a ese artículo el Partido Popular presentó enmiendas al efecto de intentar dotar de una cierta personalidad y contenido a esta figura, enmiendas que fueron
rechazadas. Tres años después, en nombre de 2001, se presenta una proposición de ley cuya intención era crear la figura por entender que no quedó suficientemente desarrollada en el año 1998. La respuesta es también votar en contra por parte del
PNV. Al mes siguiente se presenta una proposición no de ley solicitando el desarrollo reglamentario, algo que decían ustedes en su creación de esta figura del defensor del telespectador; denegada también. Los argumentos del portavoz del PNV en el
Parlamento vasco fueron curiosos. Dijo textualmente: El Grupo Parlamentario Vasco ha presentado una propuesta en el Congreso de Madrid y si la aceptan allí, nosotros estamos dispuestos a estudiarlo. Es decir, aquí no se crea una figura, aquí se
intenta chantajear al Parlamento de la nación. Ese es el único objetivo, esa era la intención del PNV y más adelante dice: Estoy de acuerdo y dispuesto a asumir que creemos aquí una persona de ésas, pero para todos los medios que se oyen aquí, es
decir, en defensa del ciudadano vasco. No sé si aquí en defensa del ciudadano vasco es un término acuñado en el sentido del señor Arzallus referente al Rh, no sé si significa eso, pero que vengan aquí a hacer una propuesta que dice justo lo
contrario de lo que proponen en el Parlamento vasco, cuando menos nos llama la atención. En mayo de 2002 intentamos ir a lo mínimo, presentamos una proposición no de ley en el Parlamento vasco para que se difunda la figura del defensor del
telespectador, sólo para difundirla en vista del estado de provisionalidad en el que estaba. Pues bien, se vuelve a votar en contra y a la hora de terminar su intervención el portavoz del PNV dice lo siguiente, refiriéndose al Partido Popular: A
ustedes lo único que les interesa es que se controle a la ETB y que la ETB haga la política de ustedes, pues para que ETB haga la política de ustedes tienen ustedes que ganar las elecciones. Hay veces que les acusan de ambigüedad, pero hay, desde
luego, claridad en este caso. Se puede decir más alto, pero no más claro. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Qué barbaridad!) La mentalidad y la intención de control montaraz y de manipulación del PNV en los medios públicos de comunicación del País
Vasco está bastante bien definida en tan sólo esta frase.
¿Qué han hecho ustedes allí? Pues algo muy sencillo, han creado una figura que no sirve absolutamente para nada, la crearon de tapadillo, de manera provisional, de manera rotatoria, por cuanto el presidente del consejo de administración va
rotando cada tres meses en el País Vasco; la crearon sin ningún medio y sin ningún tipo de publicidad. El propio portavoz del PNV, cuando le preguntaron cuántas quejas había habido, dijo: 'Ninguna, ¿qué quieren ustedes, que creemos este órgano
para que haya quejas?' Eso es textual también, señorías, eso se ha dicho. No es que no exista esta figura en el Parlamento vasco, es que se utiliza exclusivamente como arma arrojadiza para oponerse a cualquier control que pueda hacerse de la ETB,
es un arma arrojadiza del Partido Nacionalista Vasco. Y mientras no hay quejas, ¿qué está pasando en el País Vasco? Les
voy a contar alguna perla de lo que está pasando en el País Vasco en los medios de comunicación públicos.
El mensaje del Rey: la única radiotelevisión pública que no lo emite, que tiene esa falta de respeto institucional, la ETB. Quejas planteadas por el Partido Popular han ido una detrás de otra, cada año. El Príncipe va a inaugurar el
aeropuerto de Bilbao, todos los medios de comunicación lo tratan con normalidad y la ETB, después de poner una noticia referente al envío de tres buitres desde el Ayuntamiento de Gorliz a un ayuntamiento de Italia, enlaza con la visita del Príncipe
y el comentarista hace manifestaciones despectivas e identifica al Príncipe con los buitres. Eso pasa en la televisión pública vasca. Hay una rueda de prensa de Aika, organización alegal, como saben, que fomenta el uso de la violencia, una rueda
de prensa diana, diría yo, que se hizo para señalar como objetivo de ETA a diversas personas del mundo de la universidad, de la información y de la política: en el Teleberri se emiten ese tipo de ruedas de prensa.
En el programa Trikiti Jaialdia,
de la ETB 1, un grupo interpreta una canción que dice lo siguiente: Pepe Rei vino desde Galicia a Euskalerría para trabajar por la libertad y terminó injustamente encarcelado. Se les olvida que este señor está en la cárcel por presunta
colaboración con banda armada. Hay invasiones constantes de platós en la televisión pública vasca en las que se permite a gente que da gritos de apoyo a ETA entrar hasta la cocina. Pero es que no se escapan ni los programas infantiles y juveniles.
En un programa, Arga arteago, donde los radiooyentes dedican canciones a través del móvil e Internet, se dicen cosas como Gora ETA. Eso se permite en la televisión pública vasca. En el concurso Betimu, del 30 de enero de 2001, hay un grupo de rap
que canta lo siguiente: Todos saben muy bien lo que aquí sobra, la cárcel que existe en nuestro pueblo es absolutamente horrible y por ello defenderemos nuestra propia propuesta; lo primero que todos los presos salgan a la calle, unas enormes
excavadoras derribarán los muros, ¡viva Euskadi!. Esto es lo que se grita en los programas infantiles y juveniles de la ETB.
La señora PRESIDENTA: Señor Ballestero, le ruego concluya.
El señor BALLESTERO DE DIEGO: Termino, señora presienta.
Así no nos extraña que la cadena pública de radio vasca dé un galardón al grupo de rok Su Ta Gar, que lo que canta son letras escritas por un etarra y que ensalza la acción de los terroristas en sus mensajes.
Señorías, no me extraña que no hayan desarrollado el contenido de la figura del defensor del telespectador, porque lo que tienen que hacer ustedes en el País Vasco es crear la figura del defensor de la libertad, del defensor de la
democracia, eso es lo que tienen ustedes pendiente.
Mientras tanto, nosotros recogemos lo dicho por el resto de los grupos, intentaremos que en la ley de lo audiovisual se desarrolle este órgano, pero lo haremos desde la coherencia.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ballestero.
Señor Otxoa, tiene la palabra.
El señor OTXOA DE ERIBE ELORZA: Señora presienta, quisiera corregir unas imputaciones falsas que se han vertido desde esa tribuna.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra, señor Otxoa.
El señor OTXOA DE ERIBE ELORZA: Al señor representante del Partido Popular, y representante del Gobierno obviamente, le tengo que decir que confunde churras con merinas. Por lo visto, su desconocimiento supino del lenguaje euskaldún le
impide entender qué es lo que se dice cuando se dice: ¡Gora Euskadi eskatuta!. Eso no es gora ETA. No tiene ni idea de lo que está diciendo, pero lo imputa. Cuanto usted tenga en este Parlamento un director de Radiotelevisión Española de
extracción parlamentaria como en Euskadi, empezaremos a hablar. S.S. está muy acostumbrado a filtrar desde esos escaños todas las intervenciones dentro de Radiotelevisión Española; desde luego, podría extraer letras de canciones que pueden ser
tanto o más ofensivas.
Sobre lo que ha dicho relativo a que se está comparando al Príncipe con los buitres, usted sabe la organización que preside y que por tanto tenía relación con aquella noticia de la salvación de los buitres. No vierta falsedades valiéndose
de esa tribuna y de ocupar el último lugar en la exposición de sus argumentos.
Nada más.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Otxoa.
Señor Ballestero.
El señor BALLESTERO DIEGO: Gracias, señora presidenta.
Evidentemente, no hay más sordo que el que no quiere oír.
Cuando se mofaron del Príncipe, lo hicieron expresamente. Señoría, le puedo traer todos los ejemplos que usted quiera, pero, por encima de los ejemplos que le pueda traer a esta Cámara, mucha parte de la sociedad vasca sabe perfectamente la
falta de libertad a todos los niveles, no sólo de presión sino de vida con la que muestran su connivencia permanente la radio y televisión pública vasca. Eso es lo importante por encima de cada ejemplo que le traiga aquí esta mañana.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ballestero.
Señorías, ruego ocupen los escaños.
Sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) de reforma de la Ley 4/1980, de 10 de enero, de Estatuto de Radio y Televisión.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 126; en contra, 162; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, VASCO (EAJ-PNV) Y MIXTO, SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES REALIZADAS POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS. (Número de expediente 162/000470.)
La señora PRESIDENTA: Punto VI del orden del día: Proposiciones no de ley.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Grupo Parlamentario Mixto, sobre las inversiones financieras temporales realizadas por las
entidades públicas.
En primer lugar, y para la defensa de la iniciativa, tiene la palabra el señor Azpiazu. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.
Señorías, egunon. Esta proposición no de ley, denominada sobre inversiones financieras realizadas por entidades públicas, fue presentada hace casi un año por el Grupo Parlamentario Mixto, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
Grupo Parlamentario Socialista y por el Grupo Parlamentario Vasco. Su intención era clara: solventar graves deficiencias observadas en la gestión de los recursos públicos por parte de empresas y entidades vinculadas a la Administración central del
Estado. Hoy, un año más tarde, creemos que esta proposición sigue manteniendo todo su interés. Salvo que el Grupo Popular nos demuestre con hechos y actuaciones concretas que el Gobierno ha adoptado medidas adecuadas tendentes a corregir las
situaciones detectadas, tendremos que seguir exigiendo al Gobierno que adopte las medidas oportunas con el fin de que las instituciones públicas y aquellas dependientes del sector público no cometan los mismos errores que pudimos observar en la
Comisión de investigación del caso Gescartera.
Como SS.SS. recordarán, el caso Gescartera puso en evidencia, entre otras muchas cosas, que determinadas empresas públicas, como Cetarsa y Saes, dependientes de SEPI, y otras instituciones públicas o cuasi públicas como la Mutua de la
Policía, la Asociación de Huérfanos de la Guardia Civil o la Seguridad Social de la Armada pusieron recursos en manos del señor Camacho y compañía, lo que les llevó a perder sumas considerables de dinero. No es el momento de analizar con detalle lo
ocurrido ni tenemos tiempo para ello, sin embargo, es importante recordar algunas cuestiones clave que explican el interés del debate de la proposición que estamos defendiendo. El 29 de octubre de 2001, en su comparecencia ante la Comisión de
investigación de Gescartera, el ministro de Hacienda, señor Montoro, reconocía, en referencia a Saes y Cetarsa, dependientes de SEPI, que: 'Efectivamente' -son sus palabras y así consta en la página 1138 del 'Diario de Sesiones'- 'se ha puesto en
riesgo el dinero público'. Señalaba a continuación: 'Identificados procedimientos internos que no eran correctos, se ha actuado con diligencia'. Luego no hay duda de la existencia de irregularidades y graves anomalías a la hora de gestionar los
recursos financieros de esas empresas públicas. A juicio de nuestro grupo, estas actuaciones negligentes deben ser evitadas a toda costa. No sabemos si fue el exceso de confianza, el supuesto e implícito aval del Gobierno a Gescartera, el tratar
de aprovecharse de la situación y de los presuntos extratipos o simplemente favores personales los que llevaron a estas empresas e instituciones a invertir en Gescartera y a perder su dinero.
Con el caso Gescartera saltó la liebre, pero puede que otras entidades públicas hayan invertido con riesgo innecesario en otras entidades financieras similares. Pudimos observar en aquella Comisión que los responsables financieros de las
entidades citadas carecían en muchos casos de la formación adecuada para gestionar sus finanzas. Igualmente pudimos constatar que dichos responsables asumieron riesgos excesivos, que no solicitaban ofertas diferentes para adjudicar sus recursos a
entidades financieras que ofrecían mejores garantías y condiciones financieras. No se preocuparon del rating, es decir, de la solvencia financiera de Gescartera a la hora de invertir; incluso siguieron invirtiendo después de que Gescartera no les
reembolsara en plazo el importe de sus inversiones e intereses. El propio presidente de Cetarsa, señor Hernández Sito, reconocía la escasa profesionalidad y cualificación de las personas que gestionaban saldos medios diarios de cinco mil millones
de pesetas, incluso reconocía que tampoco eran las personas más adecuadas. De la misma manera, el señor García Blanco, de Saes, que fue cesado de inmediato, reconocía la falta de controles internos y que invirtieron en Gescartera por la
recomendación de un consejero de la empresa. Los dineros de la Asociación
de Huérfanos de la Guardia Civil, de la Seguridad Social de la Armada y de la Mutua de la Policía eran también gestionados por militares y personal sin cualificación adecuada, guiándose más por cuestiones de relación personal que
profesional.
Señorías, es evidente que las instituciones públicas requieren de personal cualificado para gestionar sus finanzas. La globalización y la complejidad de los mercados financieros, de los productos, la existencia de multitud de entidades así
lo aconsejan. También lo público hay que gestionarlo con profesionalidad. Pero además, lo público exige transparencia y control democrático del conjunto de las actuaciones de sus responsables. En este sentido, amén de fortalecer los medios y
mecanismos de expansión existentes, sería positivo y necesario, y así lo planteamos en esta proposición, establecer un marco regulador específico mediante el cual pudieran conciliarse los principios de seguridad, rentabilidad y liquidez de las
inversiones con el de la autonomía financiera de la entidad. Esta regulación podría así incrementar la transparencia en la gestión ordinaria de las inversiones financieras de estas instituciones públicas con tesorería propia. No estamos pensando,
al menos desde nuestro grupo, en un marco rígido que impida trabajar a las instituciones públicas y a los profesionales que operan en las mismas sino en un marco que establezca algunos criterios básicos orientativos.
Los principios de seguridad,
liquidez y rentabilidad pueden en ocasiones entrar en contradicción. Por ello, tradicionalmente desde la Administración pública se ha dictado una regulación al respecto sobrepesando el principio de seguridad frente al resto. Desde el Grupo
Parlamentario Vasco creemos que ello es básicamente acertado y que la liquidez y rentabilidad tienen que supeditarse al principio de seguridad.
Los experimentos, con gaseosa y los riesgos, con dinero propio.
Como les decía, señorías, cuanto más extensa y precisa sea la regulación que se pretende realizar en esta materia más se corre el riesgo de socavar el principio de autonomía financiera. De hecho suele ser difícilmente conciliable este
principio, al menos desde el ámbito de una gestión personalizada y profesionalizada, con el establecimiento de limitaciones muy estrictas a la inversión. Debería, a nuestro juicio, configurarse en cada una de las sociedades un esquema de actuación,
de tal forma que quede meridianamente claro el proceso de toma de decisiones de las inversiones a realizar mediante una definición precisa del órgano actuante y una justificación de las decisiones adoptadas, estableciendo una periodicidad de
renovación de las estrategias y procedimientos, así como delimitar las responsabilidades de los intervinientes en el proceso.
Es o debe ser el Ministerio de Economía y Hacienda quien debe establecer este marco regulador que, antes de ser aprobado,
debería ser discutido en esta Cámara. Tal y como planteamos en la proposición no de ley que estamos debatiendo, creemos que es importante que el Congreso y el Senado conozcan la naturaleza y las características de las inversiones financieras
temporales realizadas por las entidades públicas que disponen de tesorería propia. Este control democrático servirá, en primer lugar, para incrementar la transparencia de las operaciones realizadas y, en segundo lugar, para evitar inversiones de
alto riesgo y dudosa profesionalidad. Instamos por tanto al Gobierno desde el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) para que en el plazo más breve posible nos presente en esta Cámara, para su aprobación, el marco regulador de las instituciones
públicas en lo referente a la gestión de las inversiones financieras temporales.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Azpiazu.
Para la defensa de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Muchas gracias, señora presidenta.
Sean mis primeras palabras para decir que como firmante, junto con varios grupos parlamentarios, me sentiría de entrada representado por las palabras de mi compañero Azpiazu, pero lógicamente quiero argumentar desde mi posición de grupo
parlamentario por qué el Grupo Parlamentario Socialista ha suscrito esta proposición no de ley junto con otros grupos de esta Cámara.
Parece que fue hace mucho tiempo, pero todavía resuenan en este Congreso las palabras, las declaraciones y las conclusiones a que dio lugar la Comisión de Investigación del caso Gescartera; Comisión que, como todo el mundo conoce, fue
cerrada en falso y a través de la cual se conoció hasta donde se pudo conocer o hasta donde algunos dejaron que se conociera.
Entre las cosas que se conocieron, señora presidenta, se descubrió que había empresas públicas que manejaban importantes
fondos y flujos de tesorería con autonomía propia y con absoluta libertad, invirtiendo a veces con poca seguridad financiera. Se descubrió que había empresas públicas y entidades sujetas a control público que invertían millones de euros sin equipos
adecuados. Se descubrió que había mutualidades de previsión social de la Administración del Estado sometidas al control y supervisión del Ministerio de Economía que invertían, sin que nadie se lo alertara, en chiringuitos financieros. Se conoció
que había organizaciones no gubernamentales que recibían subvenciones públicas que practicaban la especulación en la búsqueda de intereses más allá de los normales en el mercado. Se descubrió, en definitiva, que había una Administración del Estado
que, a pesar de decir que tiene algunas normas e instrucciones internas de funcionamiento en algunas empresas públicas, ni controlaba ni dirigía ni parecía preocuparle el destino de importantes sumas de dinero.
Todavía recuerdo frases en este Congreso de los Diputados que a mí y a muchos otros nos hicieron palidecer. El director general de la Guardia Civil decía: yo le pregunté al general de la Guardia Civil que por qué había efectuado una
inversión en Gescartera y me contestó que por el conocimiento que tenía de la empresa. Claro, quebró la empresa. O el propio general Blanes, presidente de la Asociación de Huérfanos de la Guardia Civil, que maneja miles de millones de pesetas,
millones de euros, cuando dijo: en la junta económica, que está formada por coroneles, nadie es experto en materia financiera. Y tienen invertidos miles de millones de pesetas en activos financieros, en bolsas extranjeras, etcétera. O cuando el
presidente de Cetarsa nos dijo el día 2 de octubre: hemos movido un billón de pesetas en los últimos 10 años.
No estamos hablando de calderilla. O cuando el almirante Torrente, de la Armada, decía: hasta 1998, el dinero de la Seguridad Social de
la Armada estaba invertido en bonos del Tesoro, pero en ese año se hicieron unos nuevos planes de inversión y se ha variado la composición de la cartera.
Es decir, se invirtió en Gescartera. Luego perdieron el dinero. Ésa era la seguridad con la
que se hacían las inversiones por parte de empresas públicas.
En la Comisión de investigación la mayoría parlamentaria tuvo que reconocer en el punto 6 de las conclusiones que se constataba que la existencia de inversiones realizadas en Gescartera no se había decidido con los criterios de prudencia que
deben exigirse a los administradores de fondos públicos. Como conclusión de la Comisión de Gescartera, en el punto 12 se acordó, con el voto mayoritario del Grupo Popular, que se debían de fijar criterios que garantizaran la solvencia de las
inversiones financieras del sector público, incluso fomentando un ranking de entidades financieras.
Como decía el señor Azpiazu, ¿se han hecho cosas en este año y pico? ¿Se ha mejorado? ¿Se ha avanzado? Nosotros creemos que no. Creemos que se están haciendo las cosas como se hacían antes, con los mismos peligros que se corrieron antes
y con, esperemos, diferentes conclusiones a las que se llegó hace tiempo. No estamos hablando de una tontería, ni de pequeñas cantidades, ni de pequeñas inversiones sino que, al contrario, mi grupo tiene la sensación de que en este último año y
medio, la acción del Gobierno del Partido Popular está favoreciendo determinados niveles de riesgo que se podrían producir. Les voy a poner cuatro ejemplos. El fondo de reserva de la Seguridad Social, que no tiene nada que ver con este caso porque
es verdad que como normativa complementaria está acogida en sus inversiones a los criterios de la Tesorería de la Seguridad Social, jurídicamente todavía no está regulado en lo que respecta a su funcionamiento práctico. Se creó, pero todavía
estamos esperando que el Consejo de Ministros haga una ley de funcionamiento del fondo de reserva de la Seguridad Social.
Hace dos días ha llegado a este Congreso de los Diputados una información de la Dirección General del Tesoro, donde dice que la Administración pública española y sus organismos autónomos tienen abiertas 3.200 cuentas en entidades financieras
privadas, manejando un fondo, a 31 de diciembre, de 685 millones de euros. Nadie sabe con qué criterios se lleva un dinero a unas u otras entidades financieras. ¿Por qué, por ejemplo, un banco como el BBVA tiene tres veces más fondos a 31 de
diciembre que otro importante, como puede ser el Santander Central Hispano? Y no estoy haciendo propaganda de ninguno. ¿Con qué criterios? No hay criterios establecidos para poder determinar cómo se manejan los flujos financieros del Estado, ni
de las empresas públicas, ni de los organismos financieros. ¿Por qué la Caja de Córdoba -¡qué casualidad!-tiene cuatro veces más fondos a 31 de diciembre que, por ejemplo, Unicaja? ¿Es casualidad? ¿Se viene determinando por algunos criterios?
Todo eso no está nada claro. Existen en estos momentos del orden de 220 empresas de todo tipo, financieras y no financieras, sociedades estatales, organismos públicos empresariales, organismos autónomos empresariales y entidades públicas
empresariales, y se ha presentado en el Congreso de los Diputados, cuando se discutió la Ley de Presupuestos, que ese conjunto de empresas va a obtener en el año 2003 unos ingresos financieros por valor de 458 millones de euros, casi 85.000 millones
de pesetas antiguas. Eso significa que tienen unos fondos de inversión, unos activos que están invirtiendo, del orden del billón y medio de pesetas. ¿Con qué criterios se están haciendo estas inversiones? ¿En función de qué criterios están
colocando un billón y pico de las antiguas pesetas? ¿Con criterios de seguridad? ¿Con criterios de transparencia? ¿Con criterios de responsabilidad? ¿Este Parlamento los conoce? Eso es lo que está pidiendo la proposición no de ley que hemos
presentado, no solamente para ajustar pequeños flecos del asunto Gescartera, sino porque estamos hablando de cuestiones importantes que afectan a millones de euros que están manejando las empresas y las entidades públicas.
Hay mucha opacidad en determinadas inversiones y le voy a poner un ejemplo. El Gobierno del Partido Popular creó un fondo para apoyo a la internacionalización de la empresa, el FIES, que en estos momentos debe tener invertidos en
participaciones empresariales, incluso fuera de este país, incluso en paraísos fiscales, incluso en inversiones opacas, aproximadamente 30.000 millones de pesetas. ¿Alguien sabe exactamente con qué criterios se han hecho estas inversiones?
¿Alguien sabe cómo un fondo público manejado por el Ministerio de Economía está invirtiendo no se sabe con qué criterios ni en qué fondos? Tal vez algún día nos llevemos un susto en el sentido de que el dinero público español, el dinero de los
excedentes, que tendría que ir a internacionalización de la empresa española, esté invertido en fondos en paraísos fiscales cuyo destino no se conoce. En definitiva, esta es la razón por la que hemos presentado esta proposición no de ley.
Este estado de cosas no puede seguir con la opacidad, con la falta de transparencia, con la falta de normas claras, con los problemas de funcionamiento que se han venido detectando y se detectaron en la Comisión de Gescartera, que creo que
existen en la actualidad. Por eso hemos presentado esta proposición no de ley, que SS.SS. conocen, pidiendo solvencia y garantías. Queremos que se indiquen en qué fondos y cuáles son los rankings de las entidades financieras, de la misma manera
que existen organismos internacionales que determinan la solvencia de los países. ¿Por qué no se puede determinar en España para la inversión de los activos financieros y de las disponibilidades económicas de las empresas públicas del sector
público empresarial? Solvencia y garantía, procedimientos claros, que se diga clarísimamente y se sepa quién, cómo y hasta cuándo pueden tomar decisiones de inversión. Códigos de conducta e información al Congreso. De la misma manera que al
Congreso de los Diputados se informa del destino de los bienes y de las inversiones del Tesoro, de la evolución de la deuda pública, ¿por qué no se va a informar del destino y de las inversiones de las empresas públicas y del sector público
empresarial?
El Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) han presentado dos enmiendas que, independientemente de que al final del debate mi compañero Azpiazu se pronuncie al respecto, nos parecen insuficientes,
nos parecen poco acordes en términos generales, sobre todo la del Partido Popular. Sin embargo, la del Grupo de Convergència i Unió la podría aceptar mi grupo parlamentario como enmienda de adición, nunca como una enmienda de sustitución.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Martínez Sanjuán.
Para la defensa de la proposición suscrita, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Gracias, señora presidenta.
Nosotros hemos firmado esta proposición no de ley conjuntamente con otros grupos después de la experiencia que tuvimos con el caso Gescartera.
Gescartera puso de relieve una clara carencia de regulación de la política de inversiones
temporales de las entidades públicas y además puso en evidencia otras cosas. Había algunos elementos de monarquía bananera. No voy a utilizar el término empleado por el hermanísimo Bush de república bananera, sino que digo monarquía bananera.
Había elementos inexplicables entonces e inexplicables ahora, absolutamente inexplicables. Desaparecían los rastros, no se sabía a dónde iba determinado dinero, pero lo que sí se comprobó es que existían entidades públicas que tenían fondos
públicos y que invertían de cualquier manera, sin ningún control y sin ninguna dirección por parte del Ministerio de Economía, de las autoridades económicas. Por tanto, nos encontramos todavía en un vacío de conocimiento a fondo, exhaustivo, de
todo lo que ocurrió, de las responsabilidades de los bancos que están instalados o que tienen una parte de sus recursos instalados en paraísos fiscales, etcétera.
¿Por qué estamos de acuerdo con esta proposición no de ley? Porque se exige la regulación armonizando los criterios generales de seguridad, de liquidez y de rentabilidad de los recursos públicos para que los mismos sean utilizados bien, se
les saque el máximo rendimiento y además se tenga la seguridad de que no se va a perder ni una peseta o ni un euro, como se perdieron en el caso Gescartera. Por eso planteamos que el Ministerio de Economía elabore anualmente la relación de activos
financieros existentes por parte de las entidades y el listado de entidades financieras solventes, para poder invertir con seguridad el dinero público. Asimismo, se plantea que el órgano competente para tomar decisiones se precise, que no sea un
órgano abstracto. Cuando se llevó a cabo la investigación de Gescartera, nadie tenía una responsabilidad concreta, no había responsabilidad política y ni tan siquiera técnica en algunos casos. Se emplumó a los visibles testaferros del fraude que
se había cometido y se pasó por encima de las responsabilidades políticas.
Por tanto, nosotros queremos que haya unas responsabilidades concretas, que ello se precise a través de los órganos competentes para tomar las decisiones y que las entidades
públicas aprueben un código de conducta que no existe, un código de conducta pública que permita al conjunto de los ciudadanos, y en concreto a este Parlamento como representante de los ciudadanos, conocer exactamente lo que se hace en cada momento
y cómo, así como quiénes son los responsables de que las cosas se hagan mal, aplaudiendo cuando se hagan bien por parte de los órganos competentes.
Pretendemos que se publiquen anualmente memorias de actividades que estén bien elaboradas y naturalmente que este Parlamento tenga un conocimiento exhaustivo de forma sistemática en cada momento. Asimismo, que se comuniquen cada tres meses
a las comisiones de Presupuestos del Congreso y del Senado las inversiones temporales realizadas. Seguramente, el Partido Popular y el Gobierno dirán que todo eso ya está en marcha, que se están regulando estas actividades económicas y que además
tienen una batería de propuestas para hacer. Pues muy bien. En el marco de todo lo que está hecho y de la batería de propuestas que tienen que hacer de cara al futuro, voten afirmativamente esta proposición no de ley y continuaremos trabajando en
la misma línea todos juntos para encontrar una normativa que regule las inversiones de las entidades públicas y que no vuelvan a suceder cosas como las que han ocurrido y que se pusieron de relieve en el caso Gescartera.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Frutos.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ayala.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, la proposición no de ley suscrita por los grupos Socialista, Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto sobre regulación de inversiones financieras temporales de entidades públicas es sin duda importante, y este
grupo lo reconoce, pero nos parece exagerado hilvanarla a un origen tan concreto y puntual como es el caso Gescartera, pues supone que los proponentes llegan a la conclusión de que, de haber existido unas normas sobre inversiones financieras de las
entidades públicas, el caso no hubiera tenido lugar o se hubiera producido en otros términos, lo cual, evidentemente, no se ajusta a la verdad ni al análisis que tuvimos ocasión de hacer en la Comisión de investigación. Sea como fuere, el hecho de
que las inversiones financieras temporales de las entidades y organismos públicos con tesorería propia queden sujetas a unos requisitos -desde los meramente exigibles a una buena administración o los de liquidez y solvencia de los activos
adquiridos, de rentabilidad en línea con el mercado, de transparencia y de correcta tesorería de cara a empresas en particular hasta el control por el Ministerio de Economía- se enmarca en el arquetipo de funcionamiento de estas entidades. Me cabe
señalar a este respecto que ya existen normas de control de los procedimientos de inversión de las empresas públicas y que la SEPI establece y aplica unas normas reguladoras, que están en vigor, en las relaciones con sus empresas, en las que
controla el procedimiento de inversiones. De la misma manera también he de significar que está en vigor la instrucción reguladora para las sociedades del grupo patrimonio, en la que se establecen las pautas de comportamiento de las inversiones y
los códigos de conducta basados en los principios de seguridad, liquidez y rentabilidad, que son precisamente a los que se hace referencia en la proposición.
La existencia de dos casos en el asunto Gescartera no son más que la excepción indeseable, por supuesto excepción no querida por nadie, pero, en cualquier caso, confirma la regla en el resto de las empresas que pertenecen al sector público.
Por ello, con independencia de que podamos estar de acuerdo con el planteamiento de su exposición de motivos, también es cierto que ustedes tendrán que estar de acuerdo en que existen unos criterios generales que armonizan la seguridad, liquidez y
rentabilidad de las inversiones de las empresas públicas. Les puedo señalar que en el caso de la SEPI el perfil del riesgo es conservador -o sea, inversiones en productos de bajo riesgo- aun a costa de una menor rentabilidad, del mismo modo que
cabe señalar que la liquidez viene demandada por las exigencias del presupuesto de tesorería de cada empresa en particular, que le permite o no realizar una determinada inversión a mayor o menor plazo. Por tanto, en aplicación de la norma
reguladora, las empresas públicas tienen establecido el principio de la máxima rentabilidad con el mínimo riesgo y la liquidez se establecerá por el gestor de fondos en función de las necesidades del presupuesto de tesorería. Distinto hubiera sido
que la proposición no de ley hubiera hecho también referencia a las inversiones financieras temporales de entidades sin ánimo de lucro que en el momento de presentar la proposición en abril de 2002 se encontraban sin regulación. Precisamente aquí
los defensores de la proposición han hecho defensa y uso de ejemplos de entidades pertenecientes al grupo de entidades sin ánimo de lucro -mutualidades, mutuas u otras instituciones- más que a las del sector empresarial, al que precisamente se
dirige la proposición no de ley.
Porque sí que es cierto, y pudimos apreciarlo en la Comisión de Gescartera, que la avidez de rentabilidades deslumbrantes hizo que gestores, quizás no preparados y casi siempre de buena fe, de estas entidades sin
ánimo de lucro cayeran en la trama fraudulenta y delictiva de los directivos de Gescartera y propiciaran la estafa en las dimensiones que conocemos. Por ello, puesto que este era el paquete más grande de los afectados por la estafa de Gescartera,
el Gobierno incluyó en el proyecto de ley de medidas de reforma del sistema financiero, y luego fue aprobado por estas Cortes Generales, una disposición adicional, concretamente la tercera, en la que impone a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, al Banco de España y al propio Gobierno la obligación de aprobar códigos de conducta que contengan las reglas específicas a las que deberán de ajustarse las inversiones financieras temporales que hagan las fundaciones, establecimientos,
instituciones y asociaciones sin ánimo de lucro, colegios profesionales, fondos de promoción de empleo, mutuas de seguro, mutualidades de previsión social, mutuas de accidentes de trabajo y demás entidades sujetas a tipos de gravámenes reducidos en
el impuesto de sociedades. Se imponía también, y se impone, la obligación a los órganos de gobierno de presentar un informe anual sobre el cumplimiento de dichos códigos de conducta para el conocimiento del protectorado o de los asociados o
mutualistas.
Es evidente que las cosas no son como antes, señor Martínez Sanjuán; es evidente que el Gobierno ha adoptado, y precisamente para el sector y segmento que resultó más afectado por el caso Gescartera, las normas de conducta, los códigos
necesarios para garantizar que las inversiones se van a hacer sin perjuicio y sin detrimentos de sus mutualistas o de sus inversores. Eso está en la ley financiera aprobada por el Gobierno. Cabe con ello decir, por tanto, que están adoptadas,
tanto para las entidades públicas, a través de la instrucción y las normas reguladoras de SEPI, como para las entidades sin ánimo de lucro, a través de la disposición adicional
citada, las medidas y los criterios de prevención y control adecuados, en la línea de garantizar el buen uso de los fondos públicos o colectivos que en cada caso se administran. Que usted, señor Martínez Sanjuán, no sepa, no le autoriza a
hablar de opacidad ni de tráfico ilegal de divisas. Si tiene datos concretos que prueben la existencia de esas opacidades o de esos tráficos ilegales, dígalo, pero no le legitima, precisamente cuando utiliza una información, que ha expuesto aquí,
sobre las inversiones que se realizan por el Tesoro.
Dicho esto, no obsta para que analicemos pormenorizadamente el contenido de la proposición no de ley y que tengamos que discrepar en algún caso profundamente del mismo. Que el Ministerio de Economía establezca la relación de activos y
entidades financieras con nivel de solvencia garantizado no deja de ser un despropósito, no sólo porque el ministerio no puede en ningún caso garantizar la solvencia de entidades privadas cuya responsabilidad de gestión corresponde a sus
administradores, sino porque los únicos productos que el ministerio puede garantizar son lógicamente los de la deuda pública del Estado. Y, desde luego, tratar de justificar esta determinación, tratar de justificar que el Ministerio de Economía
garantice la solvencia de los activos financieros y la solvencia de entidades financieras con una de las conclusiones de la Comisión de Investigación de Gescartera, que solamente establecía la conveniencia de realizar un ranking empresarial es,
dicho sea con todos mis respetos, coger el rábano por las hojas.
Lo que la Administración garantiza es que haya la información necesaria para que cada cual pueda decidir sus inversiones con el suficiente grado de conocimiento, pero de ahí a garantizar la inexistencia de riesgo por la Administración hay
una sustancial diferencia. Es evidente que en un mercado de libre economía no va a ser el Gobierno ni el Ministerio de Economía los que establezcan la lista de los buenos y los malos, la lista de los solventes y de los suspensos en solvencia.
Parece ocioso imponer que sea el ministerio el que autorice las inversiones superiores a un año, porque son los presupuestos de tesorería, como ya he dicho antes, aprobados por el accionista -en este caso la SEPI-, con arreglo a sus normas
reguladoras, los que determinan las necesidades de liquidez y por tanto el alcance temporal de las inversiones. Y someter a un trámite de autorización previa carece de sentido y, por supuesto, de eficacia. De igual forma he de pronunciarme sobre
la necesidad de imponer obligaciones en cuanto a la información de sus inversiones, porque son obligaciones que les vienen dadas a las sociedades anónimas -cual es el régimen de la mayoría de las empresas públicas- por ley, en virtud de la cual
deben elaborar y remitir las cuentas anuales, el informe de gestión y la memoria y deben incluir, según el punto 8 de la parte cuarta del Plan General de Contabilidad, la información relativa a sus inversiones y rentabilidades, que son de
conocimiento público.
Está claro, señorías, que en este momento existen normas suficientes para garantizar el fin de la proposición no de ley, lo que podría llevarnos a la conclusión de que su aprobación no es necesaria, por cuanto el Gobierno las tiene
establecidas no sólo para las entidades públicas, que es el objeto de su proposición, sino para las entidades sin ánimo de lucro, que ustedes no han solicitado, además de tener normas de control de los procedimientos de inversión suficientes para
garantizar la seguridad de liquidez y rentabilidad de sus inversiones. No obstante, y en aras de dejar patente en esta Cámara la preocupación del Grupo Popular por este tema tan sensible, hemos presentado una enmienda que invitamos a considerar y
que entendemos satisface suficientemente la pretensión de los proponentes, por cuanto se insta al Gobierno a seguir impulsando los protocolos de gestión....
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Ayala, le ruego concluya.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Estoy terminando, señora presidenta.
Se insta al Gobierno a seguir impulsando los protocolos de gestión de inversiones financieras para las empresas públicas, estableciendo pautas de comportamiento de las inversiones y obligaciones de información y garantizando los principios
de seguridad, liquidez y rentabilidad que dimanan de su proposición no de ley.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Ayala.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para la defensa de la enmienda, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha presentado una enmienda a la proposición no de ley de diferentes grupos parlamentarios, que han expuesto sus planteamientos ante esta Cámara, sobre las inversiones financieras temporales
realizadas por las diferentes entidades públicas.
Considera mi grupo que esta es una proposición no de ley interesante y de actualidad, dada la importancia que tienen las inversiones temporales realizadas por los diferentes departamentos y
organismos públicos dependientes del Estado, y que, por el volumen y envergadura de dichas inversiones, merece la pena hacer algunos planteamientos sobre ella.
Convergència i Unió siempre ha creído oportuno -y así lo han manifestado nuestros
diputados en las diferentes intervenciones que tuvieron en la Comisión de Gescartera- que existiera un control por parte de los diferentes organismos públicos -en este caso entendemos que el organismo pertinente para llevar este control
sería el Ministerio de Economía- de todas aquellas inversiones financieras temporales realizadas por el sector público u organismos estatales dependientes de la Administración pública. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, consideramos oportuno que se adopten toda una serie de iniciativas legislativas o reglamentarias que permitan disponer de las normas para dotar a las diferentes inversiones financieras del
principio de seguridad que llevan implícito, de manera que tengan liquidez al momento en caso de que las diferentes entidades inversoras quieran recuperar la liquidez de dichas inversiones.
Además, entendemos que tendrían que tener una rentabilidad
asegurada. Por ello, hemos propuesto desde nuestro grupo parlamentario una enmienda de sustitución a la planteada por los diferentes grupos parlamentarios.
Habría que considerar el estudio que el Gobierno pudiera establecer para implementar unos
códigos de conducta respecto a las inversiones financieras que pudieran realizar las entidades integradas en el sector público, teniendo como principio inspirador el criterio de prudencia que debe ser exigido a los administradores de fondos
públicos. En Convergència i Unió pensamos que si se aceptara esta enmienda de sustitución probablemente se podría llegar a las propuestas que han presentado los diferentes grupos parlamentarios.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
A los efectos de indicar la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.
Como ya ha avanzado el señor Martínez Sanjuán en su intervención, no podemos aceptar las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Aceptaríamos la enmienda de Convergència i Unió si,
en lugar de una enmienda de sustitución, fuera de adición, pero no sé si el señor Sánchez i Llibre va a aceptarnos esta recomendación. Y, con respecto al Grupo Popular, tendría que decir al señor Ayala que lo que ellos denominan mejora técnica de
la enmienda pretende simplemente descafeinar nuestra proposición no de ley.
La señora PRESIDENTA: Perdón, señor Azpiazu.
Este turno, como usted bien sabe, sólo es para indicar la aceptación o rechazo. En las proposiciones no de ley no hay debate.
El señor AZPIAZU URIARTE: No la vamos a aceptar.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Azpiazu.
Señor Sánchez i Llibre, con respecto a la petición que le formulaba el señor Azpiazu de cambiar su enmienda de sustitución por adición.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Como dice el señor Martínez Sanjuán, me gustaría pero no vamos a aceptar dicha cuestión y nos vamos a abstener en la votación.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Señorías, vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista, Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto, sobre las inversiones financieras temporales realizadas por las
entidades públicas, que se somete a votación en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 114; en contra, 157; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE CONDICIONES ESPECIALES DE ACCESO A LAS TELECOMUNICACIONES EN GENERAL Y A INTERNET EN PARTICULAR PARA LOS DISCAPACITADOS FÍSICOS CON INCAPACIDADES DE TIPO MOTRIZ QUE AFECTEN A LA MOVILIDAD
(DISCAPACITADOS FUNCIONALES). (Número de expediente 162/000493.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre condiciones especiales de acceso a las telecomunicaciones en general y a Internet en particular para los discapacitados físicos con
incapacidades de tipo motriz que afecten a la movilidad.
Para la presentación y defensa de la iniciativa, tiene la palabra el señor Rivero. (Rumores.)
Señorías, les ruego que guarden silencio y ocupen sus escaños al objeto de poder continuar con el debate. (Pausa.)
Adelante, señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, la proposición no de ley que presenta mi grupo, sobre condiciones especiales que deben tener los discapacitados físicos funcionales para el acceso a las telecomunicaciones en general y a Internet en particular, persigue dos
objetivos: por una parte, conseguir
una mayor cohesión social y, por otra, avanzar en la integración social y laboral de colectivos con problemas.
Es innegable que la transformación que ha sufrido España a lo largo de todo su periodo democrático y el avance en servicios esenciales como la sanidad, la educación o los servicios sociales, ha sido extraordinaria y hoy se puede decir,
aunque siempre con el objetivo de mejorar, que todos tienen una auténtica igualdad de oportunidades en servicios de esta naturaleza. Pero en pleno siglo XXI hay otra serie de servicios importantes, fundamentales para lograr la cohesión territorial
y social de un Estado, que es necesario poner al alcance de todos los ciudadanos en igualdad de condiciones. Estamos hablando de servicios como las nuevas tecnologías o las telecomunicaciones, y de Internet en particular, que son herramientas
fundamentales para avanzar en una sociedad integrada.
Las condiciones de algunos colectivos de nuestra sociedad para incorporarse a las telecomunicaciones y nuevas tecnologías precisan de medidas de todo tipo que posibiliten que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades. Por eso, y
referido a la telefonía, la Ley general de telecomunicaciones y el reglamento de servicio universal contemplan medidas especiales para facilitar el uso de estos servicios a determinados colectivos: jubilados y pensionistas, usuarios invidentes o
con graves dificultades visuales y usuarios sordos o con graves dificultades auditivas. El colectivo de discapacitados físicos con incapacidades que afecten a su movilidad no está contemplado en las medidas actualmente en vigor para facilitar su
integración. Estamos hablando de un colectivo que en todo el Estado español alcanza una cifra importante, por encima de 1.600.000 personas; concretamente, 650.000 entre 6 y 64 años y 957.000 por encima de los 65 años. Muchas de estas personas
están en condiciones de poder aportar algo a la sociedad, de poder trabajar y de sentirse más integrados en el conjunto de la sociedad.
Nuestra propuesta va en la línea de arbitrar medidas que posibiliten el acceso del colectivo de los discapacitados físicos funcionales al conjunto de la sociedad. Proponemos dos paquetes de medidas: unas, referidas a la telefonía, para que
tengan las mismas ventajas que tienen hoy los pensionistas y los jubilados, y otras, que recogen una serie de condiciones especiales para lograr el acceso a Internet. Entendemos que de aprobarse esta propuesta, que haría posible el uso de la
telefonía a este importante número de personas y les facilitaría el acceso a Internet en unas condiciones favorables, no solamente avanzaríamos en la cohesión social del Estado, sino -lo que es más importante- que estas personas se sientan útiles a
la sociedad, porque muchos de ellos podrían trabajar en los centros o en su propio domicilio.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señores diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rivero.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Jané tiene la palabra.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señorías, en primer lugar, mi grupo parlamentario quiere manifestar nuestra coincidencia con el Grupo de Coalición Canaria con el sentido de la proposición no de ley que hoy se discute ante el
pleno del Congreso de los Diputados. Coincidimos en las finalidades de esta proposición no de ley, coincidimos también en el texto presentado por Coalición Canaria, defendido por su diputado, Paulino Rivero, y hemos presentado una enmienda que no
pretende ser una enmienda alternativa, sino que pretende completar lo que la proposición no de ley de Coalición Canaria hoy nos propone. Desde Convergència i Unió queremos recordar dos aspectos históricos ya en lo que son los antecedentes de la
proposición no de ley que hoy se debate.
Un primer aspecto es que recientemente se aprobó la Ley de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico, donde el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tuvo la oportunidad de introducir un conjunto de
enmiendas para facilitar la accesibilidad de las personas que padecen algún tipo de discapacidad a la red de Internet, incluyendo en el texto del proyecto de ley, que inicialmente no contemplaba suficientes garantías para ese colectivo, mayores
garantías.
Nunca se consigue al cien por cien la aprobación de las enmiendas presentadas, pero podemos considerar globalmente que es positivo la modificación que esta Cámara aprobó en favor de las personas que padecen algún tipo de discapacidad.
Segundo aspecto de estos antecedentes que citaba. Nuestro grupo ya ha presentado dos proposiciones no de ley a favor del colectivo de discapacitados, de personas con discapacidad; fueron objeto de enmiendas transaccionales, pero al final fueron
aprobadas por unanimidad ante el Pleno. Consideramos que la propuesta de hoy de Coalición Canaria es oportuna, la valoramos de forma muy positiva, y viene a ser una continuidad de esas propuestas ya aprobadas.
¿Cuál es el sentido de nuestra enmienda? En Convergència i Unió nos gustaría que, al afrontar qué colectivo se va a ver beneficiado por estas medidas que propone Coalición Canaria, citemos expresamente a las personas con discapacidades
sensoriales. De hecho, el señor Rivero, en su discurso, ya les ha citado: personas que tienen a veces una discapacidad por ser sordas o personas ciegas. Debemos incluir expresamente al colectivo de discapacidades sensoriales. Después hay otro
aspecto. Al buscar beneficiarios también debemos atender a aquellas personas que padecen graves discapacidades físicas, discapacidades sensoriales, pero también cuando, por ejemplo, el contrato con la operadora de telefonía lo tiene aquel que está
ejerciendo la tutoría,
la patria potestad sobre el discapacitado, porque a lo mejor es un menor de edad y él no es el titular de la línea. Que esa familia pueda beneficiarse de esas ventajas que incluye la proposición no de ley. De ahí que nosotros expresamente
preveamos que las distintas medidas de la proposición no de ley se hagan extensivas a aquellos que sean titulares del contrato de servicio con una operadora y tengan a su cargo o convivan con una persona con estos grados de discapacidad. Si
conviven y tienen a su cargo a esas personas, sería coherente que pudieran ser ellos los beneficiarios de esas rebajas que proponemos.
Hacemos asimismo un llamamiento a la Cámara. Próximamente, señora presidenta, señorías, se va a presentar un proyecto de ley importante, el proyecto de ley general de telecomunicaciones. Lo que pedimos es que en ese proyecto de ley
expresamente podamos incluir, dentro de ese concepto de servicio universal, a esas personas con graves discapacidades físicas y sensoriales. En nuestra enmienda ya recogemos ese llamamiento a lo que debe ser un compromiso a materializar por el
Gobierno cuando presente ese proyecto de ley. Por último, en nuestra enmienda hablamos de la necesidad de que se introduzcan mecanismos de mayor seguridad jurídica para las operadoras, para saber a quién deben aplicar esos beneficios. Esa mayor
seguridad jurídica deberá concretarse mediante la aportación por las personas discapacitadas de un certificado o una resolución de un órgano oficial competente que certifique su grado de minusvalía.
En definitiva y para concluir, señora presidenta, señoras y señores diputados, estamos a favor de esta proposición no de ley, la consideramos oportuna, obedece a un reconocimiento, no únicamente porque estemos en este año en el que
celebramos el año europeo de las personas con discapacidad sino porque las nuevas tecnologías deben dar oportunidad a todas las personas, pero especialmente a las que padecen algún tipo de discapacidad. Tenemos la obligación desde los poderes
públicos de facilitar que esas nuevas tecnologías sean para ellos un claro vehículo de integración, de participación. Internet es un medio de comunicación social también y, con medidas como las que hoy proponemos, acercamos el uso de las nuevas
tecnologías, de la ADSL y de Internet, a las personas que más lo necesitan, para que puedan tener mayores oportunidades de aprovechar la red para participar en la sociedad y para su mejor integración.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Belda tiene la palabra.
El señor BELDA PÉREZ-PEDRERO: Señora presidenta, señorías, nosotros hemos querido plantear esta mañana, ante esta proposición del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, una solución mucho más justa, que mire precisamente lo que demanda
el colectivo social de la discapacidad al que alude, y es la adecuación de los recursos económicos con sus necesidades. Nada puede haber más injusto que trasladar a un colectivo una serie de medidas sin mirar esencialmente si dentro de ese propio
colectivo puede haber afectados. Me explico. Las medidas que se proponen tienen al final un coste económico, que repercute en las partidas totales que se pueden destinar a los sectores desfavorecidos. Y en esta medida no existe una discriminación
clara y razonable entre aquellos que verdaderamente necesitan esta aportación económica que sale de los poderes públicos y la finalidad que se propone. Nosotros presentamos un texto alternativo a la primera moción en el cual queda de manifiesto que
los problemas técnico-jurídicos que se tienen en este momento para incorporar la idea, en principio positiva, del grupo proponente han de canalizarse con la próxima adecuación del paquete Telecom al derecho español, la trasposición de estas
directivas en los próximos meses, como ha anunciado también el portavoz del Grupo Catalán.
Quisiera hacerles un llamamiento. Hay que tener cuidado cuando se proponen iniciativas en las que el nexo de unión, la causa y el efecto no tienen una trabazón clara y generan mayores desigualdades dentro del propio colectivo. Además,
existen razones de peso -insisto, de peso- técnico-jurídico para tener que hablar esta mañana aquí de una detallada propuesta como la que hace Coalición Canaria -detallada en cuanto a que desciende a la posibilidad de determinados beneficios- dentro
de una ruptura del marco general aceptado de servicio universal de telecomunicaciones, que es un marco evolutivo, un marco en el que en esta Cámara tenemos que avanzar, pero debe ser en los próximo meses a través de la trasposición de esas
directivas.
La enmienda que se ha planteado por el Grupo Parlamentario Popular se mueve en la línea de que, cuando llegue ese proceso, cuando llegue ese momento, hablemos de estos colectivos. En ese proceso, estaremos siempre en la intención de
favorecer al colectivo de la discapacidad, como hemos probado, pero con medidas coherentes y racionales. Por ejemplo -y también se ha apunto aquí por la persona que me ha antecedido en el uso de la palabra, el portavoz del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió)-, esa racionalidad se demuestra en otros colectivos hasta el momento, como el de los invidentes y el de los sordos, a través de medidas importantes en este campo. Esa es la línea que se nos presenta para el futuro. La
promoción y difusión de la oferta suficiente y tecnológicamente adecuada para la actualización de terminales a todos los colectivos de discapacitados o para las personas invidentes y con graves dificultades visuales es hoy ya una realidad, son
ayudas que tienen ya y servicios que prestan los operadores en la actualidad. Para las personas sordas es también
una realidad en esta última legislatura la adecuación de los centros de intermediación para teléfonos de texto y las tarifas especialmente reducidas para esas llamadas que la población sorda tiene que realizar, se conectan con ese centro y
tienen como origen y destino una terminal de telefonía de texto.
Por último, yo quisiera invitar a que, en este proceso de avance del paquete Telecom, también tuviéramos en cuenta las conclusiones que se deriven de la subcomisión de la discapacidad que está realizando sus trabajos en el Congreso, porque
esa fase técnica a la que aquí se ha aludido y una completa propuesta técnica, como la que sin duda contiene la proposición de Coalición Canaria, necesita también esa aportación de ver dónde están las necesidades del sector y discriminar
positivamente, dentro del mundo de la discapacidad, a aquellos colectivos que, antes y con prioridad, se tienen que beneficiar en el acceso a la red, como creo que estamos haciendo nosotros; primero, invidentes y sordos y por supuesto grandes
discapacitados funcionales que lo necesiten. Señorías, igual que no todos por el mero hecho de ser parlamentarios somos del mismo partido o por el mero hecho de ser manchegos o de Logroño somos todos acreedores de unas necesidades comunes, dentro
de este colectivo sucede, exactamente lo mismo. Por eso, es necesario que se recojan las sensibilidades recogidas en la subcomisión de la discapacidad; los distintos colectivos ya nos están contando varias cosas atinentes a la oferta telemática de
las grandes compañías y también a las dificultades de conexión a Internet, alguna de las cuales están ya subsanadas en la actualidad.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Belda.
En nombre Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra la señora Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en primer lugar, quiero felicitar al señor Rivero por la oportunidad de esta iniciativa, que sin duda pretende, y así lo interpreta mi grupo, corregir algunas de las dificultades que, en materia de acceso a las telecomunicaciones y
nuevas tecnologías, tienen las personas con discapacidad. Para mi grupo es inexplicable que la legislación no recoja a los discapacitados como grupos especiales en el servicio universal, sobre todo de comunicaciones, para que tengan unas
condiciones preferenciales en ese uso.
Señorías, el señor Belda decía que esta iniciativa tiene un coste económico. Sin duda, cualquier iniciativa que respalda políticas de acción positiva de discriminación, que además están recogidas en la Constitución, como derechos de los
discapacitados, tiene un coste económico. Lo que ocurre es que los gobiernos que apuestan por esas políticas las consideran una prioridad y desarrollan recursos y legislación que facilite el acceso a las telecomunicaciones de las personas con
discapacidad. Nosotros entendemos que es una oportunidad importante para las personas con discapacidad. Ahora mismo, la ley general de telecomunicaciones se encuentra en fase de anteproyecto y pronto vendrá a esta Cámara, por lo que creemos que
las personas con discapacidad tienen una oportunidad histórica para que el Gobierno y los grupos de esta Cámara incluyamos en este texto legislativo a estas personas como grupos especiales que necesitan de una acción preferencial y discriminación
positiva. En ese sentido, no sólo quiero apoyar la iniciativa del señor Rivero, de Coalición Canaria, sino instar también al resto de los grupos para que nos planteemos qué es lo que debemos hacer de cara a un futuro inmediato.
Para el Grupo Parlamentario Socialista hay un hecho muy importante, la definición de servicio universal tiene que irse adaptando a las nuevas tecnologías. Hasta hace poco, el servicio universal consistía en el acceso a la telefonía, la voz
y los datos, mientras que hoy también lo es Internet. Dicho servicio tiene que adaptarse de tal manera que no sea un mecanismo de exclusión social ni de dualización de la sociedad en función de dónde se viva, de las capacidades, discapacidades o
dificultades que tengan los ciudadanos; unos en las ciudades y otros en zonas rurales, que también precisan de acción positiva. Por eso, señorías, nos felicitamos de la oportunidad de esta iniciativa.
Nosotros hemos presentado una enmienda porque entendemos que las personas que tienen graves discapacidades funcionales físicas tienen, además, una dificultad añadida para acceder al servicio universal de telecomunicaciones, pero las personas
con discapacidades sensoriales, como ciegos y sordos, también las tienen. Objetivamente, los sordos y los ciegos son los que más dificultades tienen para acceder a las nuevas tecnologías. Por tanto, el esfuerzo debe ser mayor. Es verdad que se ha
avanzado mucho, con el esfuerzo de todas las fuerzas políticas y del sector, para colocar en mejores posiciones a los discapacitados, pero queda mucho por hacer. En cuanto a Internet, tenemos que decir que la sociedad de la información ofrece
nuevas oportunidades de formación y de empleo.
Señor Belda, obras son amores y no buenas razones. Sin duda, se han firmado acuerdos entre la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y el CERMI -el consejo español que aglutina a las asociaciones de discapacitados-, así como entre
el CERMI y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Siendo esto importante, no es suficiente; no es suficiente porque si hacemos un seguimiento de estos acuerdos, vemos que están cada vez más retrasados y que son muchos los incumplimientos. Hay que
recoger los derechos en las leyes y desarrollar los mecanismos y los recursos con políticas de acción positiva.
La enmienda de mi grupo pretende que extendamos ese ámbito subjetivo que plantea el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria a los discapacitados sensoriales. En cuanto al abono social en la telefonía, mi grupo lo plantea no sólo para
personas con discapacidad, sino también para personas con ingresos menores al salario mínimo interprofesional, pero ha sido rechazado sistemáticamente.
Es necesario que pasemos de las declaraciones a los hechos, pero la enmienda del Partido Popular -y de verdad que lo lamento; creí que se iba a aceptar, posiblemente con matices, la proposición no de ley de Coalición Canaria- es un brindis
al sol. Primero, porque dice -fíjense ustedes- que se haga cuando se traspongan las directivas, lo que se ha dado en llamar el paquete Telecom; es decir, este Gobierno, como siempre, pospone para unos, los discapacitados, y adelanta para otros;
las televisiones digitales han sufrido un apagón analógico para el año 2012, pero ahora le entran prisas. Dice la enmienda del Partido Popular que se hagan todos los esfuerzos necesarios para garantizar que el acceso al servicio universal de
telecomunicaciones de las personas discapacitadas se realice en las mismas condiciones y con las mismas garantías que para el resto de los ciudadanos. Oiga usted, esa es una obligación, no es que se deban hacer esfuerzos, es que es una obligación
constitucional. En segundo lugar, dice que para ello se podrán diseñar. Señorías, se deben diseñar, están obligados a diseñar. En tercer lugar, dice que siempre que esto no produzca incrementos del mencionado coste del servicio universal.
¿Qué
compromiso político y social tiene el Gobierno del Partido Popular con los discapacitados? Señorías, es inadmisible esta enmienda.
Para finalizar, repito que el Grupo de Coalición Canaria ha sido muy oportuno, pero entendemos que estas condiciones especiales debieran extenderse a los discapacitados sensoriales. En todo caso, es sin duda una apuesta de futuro, una
apuesta necesaria para la integración social y económica de las personas con discapacidad y vamos a apoyarla sea o no admitida nuestra enmienda.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pleguezuelos.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señora presidenta.
Señorías, desde hace más de medio siglo, en parte como consecuencia del desarrollo y debido a situaciones que en principio son favorables, nos encontramos cada vez con más personas con problemas de movilidad.
Personas de edad avanzada,
discapacitados físicos por accidentes, etcétera, perciben la ciudad como un enorme conjunto de problemas para los desplazamientos, que a veces se convierten en insalvables, impidiendo la autonomía propia y llegando a imposibilitar el tránsito de
estas personas.
Cuando nos referimos a personas con minusvalía o discapacidad, lo hacemos tomando el concepto de la Comisión sobre la igualdad de oportunidades de las personas con minusvalías, una nueva estrategia comunitaria en materia de minusvalías, de
1996. Estas estrategias complementarias están encaminadas no sólo a evitar la exclusión de las personas con discapacidades sino a facilitar la total incorporación de las mismas al conjunto de las actividades sociales. Para lograr estos objetivos,
en nuestro país se ha promulgado suficiente legislación, aunque escasamente desarrollada. Faltan por desarrollar estrategias en la comunicación espacial en la capital. Como sugerentes propuestas electorales, se habla de hacer accesibles algunas
estaciones de metro y RENFE, pero no se contempla la totalidad de éstas. Tampoco se establece la obligatoriedad de que todas las emisiones televisivas sean accesibles a los sordos, etcétera. Sin cuestionar los avances, éstos tienen un alcance muy
limitado, estando siempre enmarcados en intereses generales que dejan para un después los compromisos comunitarios.
En cuanto al caso que nos ocupa, es indiscutible nuestro apoyo a esta iniciativa, pero sin callarnos la falta total y absoluta de políticas serias, coherentes y continuadas. Señorías, vamos a votar a favor con la misma energía con que nos
quejamos de la falta de evaluación del Plan de acción para los discapacitados, de 1996, o de la falta de acatamiento durante tres años del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, que hasta 1999 no lo puso en marcha, incluso de la falta de
dotación económica comparada con los países de la Unión Europea, tanto de forma global como en partidas. Por tanto, desde nuestro grupo parlamentario decimos que adelante con la propuesta, pero como mal menor, no porque no estemos de acuerdo con la
propuesta, sino porque denostamos la política del Partido Popular de propuestas de cara a la galería que o no se desarrollan o no se presupuestan o no se ejecutan. Nos referimos a las propuestas sociales, pues las propuestas privatizadoras sí las
cumplen.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz.
Señor Rivero, al solo objeto de indicar la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, entendemos las tres enmiendas, presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo Parlamentario Socialista, como complementarias a la proposición no de ley presentada
por Coalición
Canaria persiguiendo el mismo objetivo de fondo que la propuesta de mi grupo, que es avanzar hacia una sociedad más justa y equilibrada y posibilitar realmente una verdadera integración sociolaboral de colectivos con problemas. En ese
sentido, podríamos aceptar la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Popular como complemento, no como sustitución, porque digamos que mejora nuestra propuesta, ya que plantea diseñar elementos especiales para estos colectivos; nosotros
estamos proponiendo mejoras, facilidad para acceder a los servicios y aquí se apunta a elementos especiales, por tanto es una aportación positiva y estamos dispuestos a recogerla.
Por lo que respecta a la iniciativa planteada por el Grupo Parlamentario Socialista, también mejora nuestro texto y aceptamos la enmienda.
Respecto a la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), a fin de conseguir un acuerdo mayoritario de la Cámara al que se pueda sumar el Grupo Parlamentario Popular, la aceptamos con el matiz de avanzar primero con los
colectivos especiales con problemas y no con los que tienen en este momento la tutoría o los familiares. Con ese matiz de que en este primer paso no se incluya a los familiares, a quien tiene la responsabilidad de tutoría, recogemos la aportación
que hace el Grupo Parlamentario Catalán.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rivero. Si no le he entendido mal, plantea que la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) la aceptarían como enmienda de adición con una modificación.
Señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, la propuesta que ha hecho el señor Rivero es en aras de un mayor consenso en la Cámara para lograr la aprobación, con lo cual mi grupo aceptaría que se introdujera sólo parcialmente, con la vía
transaccional que ha propuesto el señor Rivero.
Por tanto aceptaríamos esa transacción en lo que afecta a nuestra enmienda.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.
Señor Belda.
El señor BELDA PÉREZ-PEDRERO: Señora presidenta, la enmienda del Grupo Popular es de sustitución, de tal manera que excluiría el resto del texto de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
La señora PRESIDENTA: Muy bien, muchas gracias.
Señor Rivero, tras oír las intervenciones, entiendo que el texto que vamos a someter a votación es el texto de su iniciativa con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista y la incorporación de la enmienda del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), puesto que el Grupo Parlamentario Popular se niega a cambiar la condición de su enmienda. (Asentimiento.)
Señorías, sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre condiciones especiales de acceso a las telecomunicaciones en general y a Internet en particular para los discapacitados físicos con
incapacidades de tipo motriz que afecten a la movilidad, en los términos derivados del debate, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista y también la incorporación del texto transaccional de la enmienda del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 279; a favor, 120; en contra, 159.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROYECTO DE LEY REGULADORA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.
(Número de expediente 121/000099.)
La señora PRESIDENTA: Punto VII del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas.
Dictamen de comisión del proyecto de ley reguladora del contrato de concesión de obras públicas. En primer lugar, para la defensa de las enmiendas a este proyecto de ley del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
(Rumores.)
Señorías, es preciso que sigamos con el debate. Les ruego que guarden silencio y ocupen sus escaños, a ser posible.
Adelante, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego mantiene todas las enmiendas presentadas al proyecto de ley reguladora del contrato de concesión de obras públicas, en la medida en que no ha sido asumido por el dictamen de la comisión ningún aspecto de los que
pensábamos cruciales. Queremos hacer especial hincapié... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Rodríguez, por favor. Es imposible, no se le puede oír.
Señorías, ruego que aquellos miembros de la Cámara que necesiten estar de conversación lo hagan fuera
del hemiciclo al objeto de que la intervención del señor Rodríguez pueda ser oída.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Decía que hay cuatro aspectos fundamentales para nosotros -objetivo fundamental de nuestras enmiendas- que el proyecto de ley no contempla después de haber pasado incluso por el correspondiente debate parlamentario, y es la necesidad de que
las obras públicas sean planificadas y dirigidas por los poderes públicos con el criterio de transparencia y que, además, no estén sometidas prioritaria ni exclusivamente al criterio de rentabilidad económica. Además, pensamos que todos los
estudios de viabilidad que se hagan deben ser realizados por la iniciativa pública fundamentalmente y no explícita y prioritariamente por la iniciativa privada. En segundo lugar, nos preocupa la falta de respeto del proyecto de ley a la
planificación y ordenación del territorio cuando desecha la participación activa de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, en concreto en la planificación urbanística; nada se debe hacer por la Administración General del Estado sin tener
en cuenta estas competencias básicas y fundamentales. También pensamos que, en la planificación de infraestructuras y obras objeto de concesión, debe quedar muy claro que deben estar amparadas y dirigidas por la Administración pública. No pensamos
que el proyecto de ley tenga suficientes garantías como para que no se deteriore el litoral, donde incide también esta obra de concesión, y habría que ser más restrictivos en cuanto a las garantías que debe ofertar la iniciativa privada en relación
con el Estado u otras administraciones a la hora de recibir concesiones de obra pública. Por último, nos preocupa que exista una excesiva discrecionalidad en los apoyos económicos a los contratos de concesión de obra pública, incluso avales del
Estado de concesión graciosa.
Por todo ello, nuestra posición inicial al proyecto de ley debe seguir manteniéndose en este debate final. Lamentamos que un proyecto de ley tan fundamental para el futuro del Estado español no haya sido consensuado en mayor grado entre los
distintos grupos parlamentarios por su incidencia general en todo el Estado español, en particular en los municipios y en las comunidades autónomas.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Otxoa de Eribe.
El señor OTXOA DE ERIBE ELORZA: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Vasco ha mantenido para su defensa ante este Pleno siete enmiendas al articulado que agrupamos para su votación en cuatro grupos, la número 5; la 6; las 7, 8, 9 y 10 conjuntamente; y la 11 separada. Aparte de eso,
es nuestra intención apoyar enmiendas que han presentado otros grupos porque estamos absolutamente de acuerdo con ellas. En estas enmiendas que hemos mantenido, nos hemos centrado más en el aspecto competencial que en otros. Las números 5 y 6 se
refieren precisamente al concepto de obra pública y otros conceptos que entendemos absolutamente equivocados en este proyecto de ley, y las números 7, 8, 9 y 10, y también la 11, se refieren básicamente a aspectos de competencia territorial,
municipal y autonómica.
La tramitación en comisión del proyecto de ley que nos ocupa ha batido todos los récord de rapidez. En un solo día, la comisión ha dictaminado sobre 248 enmiendas sin discutirlas, ya que el Grupo Parlamentario Popular ha rechazado bloques
completos de enmiendas sin argumentar en absoluto por qué lo ha hecho. De esta manera ha llegado a este Pleno este proyecto de ley, de forma legal, pero sin discusión parlamentaria. No se nos han dado razones de ningún tipo por las cuales el Grupo
Popular se ha negado a aceptar no ya el texto, sino la discusión sobre determinados artículos que a toda la oposición nos parecía importante discutir y modificar. Las razones que han impelido al PP a este comportamiento son, para el Grupo Vasco en
el Congreso, las mismas que ya manifestamos durante la discusión de las enmiendas a la totalidad: al Partido Popular no le interesa una mejora de la ley, sino que quiere que siga siendo aquello para lo que se creó, un instrumento para que la
Administración del Estado pueda implantar su visión centralista de la actuación de los poderes públicos al margen de la legitimidad constitucional, en este caso al introducir una revisión profundamente negativa, a nuestro juicio, del régimen
jurídico de la obra pública de interés general. Los contenidos demuestran que no pretende realmente servir al interés general de todos los administrados, sino que, en lugar de servir a las administraciones públicas del Estado español, permite que
el Estado centralista tenga a su alcance y en su mano una herramienta, un traje legal a medida -me parece que lo dijimos así en nuestra intervención- que le permita acometer en los próximos años los grandes proyectos de infraestructuras viarias e
hidrológicas que el Gobierno estatal nos ha metido con calzador en leyes anteriores, prescindiendo, por medio de esta ley, de garantías democráticas individuales e institucionales con el fin de alcanzar los objetivos que se han propuesto.
Nos preocupa esta ley porque restringe la transparencia en la gestión pública y posibilita la arbitrariedad en el trato de intereses particulares. Nosotros ya manifestamos nuestro rechazo, y lo mantenemos, a la pretensión de faltar a la
transparencia de la gestión pública, que procuraría la extracción de las mercantiles de financiación pública de la consideración de sujetos sometidos a la legislación de contratación pública, en contra de lo exigido por la normativa europea.
Asimismo
oscurece la gestión la ausencia de control regulado, con lo que se permite la realización de negocios jurídico-privados en situación de utilización y aprovechamiento precisamente de los bienes de dominio público. La realización de negocios
por el concesionario de la obra pública con terceros no puede, no debe originar una cadena de actuaciones en la que acaba perdiéndose la razón de ser del pretendido interés público originariamente en juego para posibilitar favores absolutamente
arbitrarios en los intereses particulares. Nosotros somos partidarios de que sea posible esa relación con terceros, pero sujeta siempre a las garantías de toda actuación pública, máxime si se desenvuelve, como es el caso de las obras públicas,
sobre un espacio que es de todos los ciudadanos y ciudadanas.
Por último, y como cuestión más grave, a nuestro juicio este proyecto restringe -y ahí están nuestras enmiendas- las competencias de las administraciones autonómicas y locales y sustituye la cooperación entre todos los poderes públicos por
la imposición a todos de los planes y criterios de la Administración centralista del Estado. No podemos entender el tratamiento que hace el proyecto de la llamada legislación básica, que califica con un nivel de detalle tremendo, vaciando las
competencias asumidas por las comunidades autónomas e introduciendo en la ley aspectos que son más propios de un desarrollo reglamentario que de una ley concreta como la que en estos momentos nos ocupa. Es una técnica absolutamente deficiente, con
el único objetivo, a nuestro juicio, de acaparar toda la potestad normativa en detrimento de las comunidades autónomas. Pero no para ahí el tema. Nosotros rechazamos esos contenidos del proyecto, y por eso pretendemos cambiarlos, porque se
incorpora una nueva regulación de la llamada obra pública que corresponde realizar a la Administración del Estado, haciendo que el así llamado interés general que la justifica se convierta en una imposición inaceptable sobre cualquier otro interés
público, que existir, existe. Así, el texto viene a imponer con carácter general y absoluto para todas las obras públicas que realice el Estado el criterio de los planes y proyectos que comprendan dichas obras sobre cualquier otro instrumento de
planificación u orientación territorial o urbanística que tenga aprobado o pretendan aprobar las comunidades autónomas, así como sobre el correspondiente planeamiento urbanístico municipal. Se completa el cuadro no parando aquí, sino añadiendo una
cláusula que dice literalmente: Las obras del Estado no estarán sometidas a licencia o a cualquier otro acto de control preventivo municipal. Nos parece que eso es saltar por encima de una ordenación territorial que hasta la fecha estaba
demostrando sus virtudes y sus bondades y que allanamos dejando al llamado interés general del Estado, que al final es a la decisión arbitraria del poder central, cualquier actuación urbanística en ámbitos competenciales diferentes. A nuestro
juicio, la confrontación legítima y necesaria de intereses distintos entre poderes públicos debe existir y ha sido analizada con todo detalle por el Tribunal Constitucional, que tiene jurisprudencia al respecto, y también por el Tribunal Supremo.
Así, se ha indicado que en estos casos el Estado no puede tener prevalencia e imponer su criterio.
Dicen los tribunales de justicia que debe aplicarse un criterio de no perturbación respectiva, debiéndose buscar necesariamente a través de la
cooperación y de la colaboración -esto es, a través del diálogo político- el respeto a los intereses y decisiones de las demás administraciones públicas. Nada de esto se ha cuidado en este proyecto de ley, señorías, señora presidenta, por lo que
nos resulta muy difícil aceptarlo. Aparte de nuestras enmiendas, apoyaremos otras de otros grupos, como he dicho, porque entendemos que es una muy mala reglamentación que va a pasar factura a corto plazo.
Nada más, señora presidenta. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Otxoa de Eribe.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, la señora Urán tiene la palabra.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, no voy a mencionar una a una las enmiendas que mi grupo parlamentario mantiene vivas. Por lo tanto, las doy por defendidas en su totalidad al no hacer mención a ellas. Pero creo, señorías, que hay que hacer un balance de lo que
ha sido el proceso de tramitación de este proyecto de ley.
Tengo que manifestar desde esta tribuna que se han admitido, de las muchas que hemos presentado, dos enmiendas de mi grupo parlamentario, que no porque hayan sido solamente dos dejan de tener importancia, porque tienen la que tienen. En
todo caso, se han incluido referencias a la preservación medioambiental que deben tener los proyectos, ya sean hechos por los particulares o por la Administración, pero el fondo del proyecto de ley que nos ha presentado el Gobierno no ha sufrido
modificaciones en su contenido real. Cuando se nos presentó este proyecto de ley, se nos hablaba de la modernización de la concesión de obra pública, de la modernización de nuestro país, de la decisión del Gobierno de acabar con la dispersión
normativa que existía en esta materia, de que profundizaba en la colaboración y coordinación con las administraciones públicas, de que era un proyecto innovador y vanguardista en Europa con respecto al tema concesional y, sobre todo, que mejoraba el
mantenimiento y la seguridad para los usuarios de las infraestructuras públicas, además de que incluía una financiación mixta, beneficiosa en general para la sociedad.
Pues bien, señorías, desde que gobierna el Partido Popular en nuestro país, cada vez que hablamos de modernización tenemos que decir que para ellos la definición es privatización, y eso es lo que se hace en este proyecto de ley: se
privatiza la obra pública, y no
vale argumentar que las empresas privadas deben participar en la obra pública, porque las empresas privadas ya participaban en el régimen de concesión por las obras que se llevaban a cabo en la obra pública y tenían, por supuesto, sus
lógicos beneficios, que no negamos y cuya eliminación no vamos a plantear. Tampoco es verdad que exista la dispersión normativa a la que tanto hacían mención, puesto que el Consejo de Estado así lo ha manifestado. Y si hablamos de la colaboración
y coordinación con las administraciones públicas, parece ser que el Gobierno del Partido Popular las entiende quitando las competencias a las administraciones públicas restantes e imponiendo sus criterios como si fueran los únicos que se pueden
barajar a la hora de hacer o planificar determinadas obras de infraestructura.
Este proyecto de ley cuya tramitación va a acabar hoy en este Pleno no solamente elimina competencias de las comunidades autónomas, sino también de las administraciones locales. Además, las elimina en algo tan importante para la
Administración local como es su propio planeamiento urbanístico, imponiendo el criterio de la Administración central o incluso el de una entidad privada a la hora de llevar a cabo una infraestructura pública que no es necesaria o que el municipio
correspondiente entiende que no lo es. Por lo tanto, no se están respetando esas competencias y en las enmiendas que todos los grupos parlamentarios hemos presentado en los trámites correspondientes no se ha solucionado la tramitación de este
proyecto de ley como ley básica que además no influya en las competencias de las comunidades autónomas. Se han rechazado todas las enmiendas que todos los grupos parlamentarios de la oposición hemos presentado a este respecto. Por lo tanto, no
existe colaboración ni coordinación, sino una entendida colaboración y coordinación por parte del Gobierno del Partido Popular y del grupo que lo sustenta en esta Cámara.
Además, señorías, estamos hablando de financiación. Yo creo que hay que seguir manteniendo en esta Cámara que el problema que tiene el Gobierno del Partido Popular, y que se refleja en esta ley de concesiones, es que no cuenta, por las
modificaciones impositivas que se han hecho y por la política económica que lleva a cabo, con los recursos suficientes para poder poner en práctica su plan de infraestructuras públicas. Por lo tanto, está buscando otra forma de financiación que a
largo plazo también va a obligar a que el Estado siga financiando a estas empresas porque, por supuesto, prestan servicios públicos. No lo pongan en duda, porque se dice textualmente en la exposición de motivos, además de regularse en el
articulado. En el apartado segundo de la exposición de motivos, cuando se habla de la financiación, se refiere a la financiación por entidades de crédito o de la emisión de obligaciones, bonos o demás, y añade textualmente la exposición: Incluso
con la posibilidad de contar con el aval público si los intereses generales así lo aconsejaran; si no, a través de la titulación de los derechos de crédito vinculados a la explotación de la obra, titulación que podrá referirse en su caso a lo que
corresponda a zonas complementarias, etcétera. Señorías, aquí se está hablando de financiación encubierta, por parte de la Administración, hacia las empresas privadas. Si no, señorías, no tiene lógica. Si en el texto plantean que se tienen que
aprobar las concesiones de obras, incluso las de iniciativa privada, con un plan económico de viabilidad, ¿por qué salvaguardar después algo que ustedes siempre plantean como el máximum de una sociedad de libre mercado, y de competencia dentro del
libre mercado, que es la necesidad de que las empresas sean rentables por sí mismas? ¿Por qué incluyen ustedes la posibilidad no solamente de avales, sino también de cualquier otro tipo de financiación, ya sea por explotaciones, ya sea por
concesiones inmobiliarias, ya sea por las tarifas que están pagando los usuarios? Porque eso no desaparece. Las obras que se financien a través de esta nueva ley de concesión de obra pública no van a ser gratuitas, en todas van a tener que pagar
unas tasas los usuarios, pero además pagará el Estado; además tendrán explotaciones que serán privilegiadas; además se les podrán conceder aspectos inmobiliarios, etcétera, etcétera. Con este proyecto de ley ustedes no están defendiendo la
libertad de mercado, no están defendiendo los intereses generales de la ciudadanía, sino que están ustedes defendiendo y blindando los intereses particulares de las empresas de construcción a las que se les pueda plantear cualquier tipo de
concesión.
Además, señorías, hay algo que no sólo nos llama la atención, sino que no nos parece que se corresponda con un Estado que dice defender los intereses generales. Cuando ustedes dicen que, además de los estudios de viabilidad, un particular
puede proponer y llevar a cabo, después de haber sido aprobada por la Administración, una obra de infraestructura, ¿estamos hablando del interés general o estamos hablando del interés particular? Porque a lo mejor esa obra de infraestructura no le
interesa a la corporación que se ve afectada ni a la comunidad autónoma, a la que no permiten ustedes que haga una ordenación real en su territorio porque les puede caer en cualquier momento una obra que haya decidido cualquier particular y el
Gobierno haya aprobado que sea viable económicamente, y si no, ya le darán la viabilidad con el resto de las propuestas de financiación que llevan ustedes a cabo.
Señorías, no hace falta estar en contra de las posiciones que defiende la Unión Europea en estos aspectos, sencillamente hace falta tener un poco de lógica -y no solamente de lógica, sino también de verdad- y un poco de interés por que las
concesiones de obras públicas se mantengan dentro de unos cánones establecidos. Nosotros lo hemos intentado con nuestras enmiendas. A lo máximo que han podido aproximarse ustedes ha sido a incluir alguna modificación referente a las medidas
medioambientales.
Además, señorías -lo comentaba anteriormente otro portavoz que ha intervenido-,
cuando se habla de los otorgamientos de las licencias municipales, no se conforman solamente con poder modificar el planeamiento urbanístico de un municipio, sino que además le dejan indefenso a la hora de plantear cualquier incidencia
dentro del proyecto o cualquier posibilidad de modificación, porque se puede otorgar la licencia sin necesidad de que intervenga la propia corporación. Es decir, ustedes, junto con los empresarios, harán lo que quieran y como quieran y los demás
tendrán que aceptarlo como una imposición, sin posibilidades de intervenir o de decir que no porque no interese a la comunidad, al ayuntamiento o a la institución que tenga esa necesidad.
Por otra parte, señorías, introducen ustedes algo que es muy preocupante, que es la falta de control por las instituciones de lo que se está haciendo, de los gastos económicos y de cómo se controla el tipo de infraestructura y su
utilización. Dejan ustedes a la sociedad sin capacidad de defenderse a la hora de ejercer el control de las obras que se van a llevar a cabo con dinero público. Por tanto, señorías, ustedes pretenden plantearnos este proyecto de ley -y el Gobierno
así pretendió planteárnoslo en su día- como algo moderno, complementario y maravilloso.
Y este proyecto de ley desde luego es moderno y maravilloso, pero no para la sociedad en general, sino para las empresas privadas, que son las que van a salir
verdaderamente beneficiadas. Nunca van a perder, siempre van a ganar, porque incluso el propio Estado les avalará, aunque se equivoquen económicamente.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Gracias, señora presidenta.
Intervengo para fijar la posición de nuestro grupo en este trámite de avocación al Pleno del debate de las enmiendas relativas al proyecto de ley reguladora del contrato de concesión de obras públicas.
En primer lugar quiero corregir un error. Nuestra enmienda número 199, al artículo 222, fue aprobada y recogida en el texto del informe de la ponencia, pero después, por un lapsus al dar el listado de enmiendas, en el momento de la votación
en Comisión quedó incluida como una enmienda viva y se votó negativamente, y así figura en la documentación del debate en Comisión. En realidad tiene que desaparecer la enmienda número 199, que figura entre las enmiendas que se van a votar, porque
su texto ya está recogido en el informe de la ponencia y, por lo tanto, queda viva.
Se trata simplemente de corregir un error que se nos coló a todos.
Entrando ya en el debate de avocación, mi grupo quisiera hacer mención a una serie de cuestiones respecto a las enmiendas, pero con un carácter general. En cuestiones de ámbito competencial hemos de decir que el apartado 4. de la
disposición adicional segunda, relativa a la colaboración y coordinación entre administraciones públicas, y la disposición adicional quinta, que hace referencia al informe del Ministerio de Defensa, no contienen ninguna previsión expresa acerca de
la existencia de una fase de colaboración durante el procedimiento en el cual se ha de articular el ejercicio de las competencias actuales, es decir, no existe ninguna previsión de fase de colaboración con las administraciones autonómicas ni las
administraciones locales. Se había discutido que debería intentarse un entendimiento en los puntos discrepantes por afectación de las respectivas competencias.
En la disposición adicional segunda, apartado 1, se establece la facultad unilateral del Estado para ejercer la coordinación de los planes de obras públicas, competencia de las comunidades autónomas, con los planes de obras de interés
general. En virtud del artículo 149.1.13 de la Constitución española, se hacen prevalecer -y esta es la palabra clave en estos temas- los planes y proyectos de obras públicas de competencia estatal sobre cualquier otro instrumento de planificación
u ordenación territorial o urbanística. La regulación que recoge la disposición adicional quinta, aunque se dicte en ejercicio de la competencia exclusiva del Estado en el ámbito de la defensa y las Fuerzas Armadas, plantea también algunos
problemas competenciales. Estas disposiciones, junto con la disposición adicional tercera, en el caso de concurrencia de una obra pública de interés general, otorgan al Estado unos mecanismos de coordinación que inciden en las competencias
autonómicas y locales sobre ordenación del territorio y urbanismo. El apartado 3 de la disposición adicional tercera incide muy negativamente en la autonomía municipal y en las competencias municipales y puede plantear problemas de
constitucionalidad. En la sentencia 40/1998, el Tribunal Constitucional ha admitido este tipo de regulaciones siempre que existan razones que justifiquen que la intervención municipal en los asuntos que le afecten se realice por otros
procedimientos.
En cuanto a cuestiones básicas, el proyecto deja escaso margen de maniobra a las comunidades autónomas para desarrollar los preceptos que se declaran básicos, ya que el nivel de concreción del articulado es muy elevado y puede llegar a
imposibilitar el posterior desarrollo por las comunidades autónomas. El Tribunal Constitucional admite que otros títulos competenciales distintos del principal pueden condicionar el ejercicio de las competencias autonómicas, pero esta no es una
facultad incondicionada, ya que su admisión debe quedar supeditada a que concurran los siguientes requisitos. Por una parte, debe existir conexión directa entre el título invocado y el objeto de la norma y, por otra, la
invocación de los títulos competenciales distintos del principal no pueden tener como resultado que se vacíe de contenido el posible desarrollo autonómico derivado del esquema bases-desarrollo que se derivan del título competencial
principal.
La disposición final primera determina los títulos competenciales en que se basa el Gobierno para aprobar el proyecto de ley y qué preceptos son básicos. En esta disposición destaca la reiteración de un inciso que no parece adecuado en el
sistema de distribución de competencias. En los apartados 2 y 3 de esta disposición, y después de establecer los artículos del proyecto que constituyen la legislación básica en virtud de los artículos 149.1.18 y 149.1.13, se añade el inciso: por
lo que resultan de aplicación a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales; inciso que es del todo innecesario porque las reglas de distribución de competencias entran automáticamente en juego. Lo mismo sucede con el apartado 4 de
esta disposición en relación con los preceptos del proyecto dictados en ejercicio de otras competencias no básicas del Estado. La disposición final segunda del proyecto prevé el carácter básico que podrán tener las normas de desarrollo que dicte la
Administración general del Estado. Desde el punto de vista de la seguridad jurídica y del carácter excepcional de las normas reglamentarias básicas, sería preferible que la disposición estableciera qué aspectos del desarrollo de la ley han de tener
carácter básico.
Entrando en las enmiendas, hay tres que quisiera citar. La enmienda número 191, al artículo 223, es verdaderamente importante porque se puede entrar en conflicto de competencia con las comunidades autónomas en lo relativo a las actividades
que se desarrollen en las denominadas zonas complementarias de explotación comercial. Ahí puede haber alguna dificultad. Con la enmienda 207, que por cierto en principio fue aceptada en ponencia pero después ha debido tener un voto negativo, se
plantea sustituir 'órgano de contratación' por 'administraciones concedentes'. No entiendo la importancia del cambio. Nosotros deseábamos que figurara 'administración concedente', y, habiendo sido aprobado este cambio, después se ha anulado por
otras transacciones. La aprobación hecha en ponencia se ha anulado en Comisión. Y la enmienda 216 se refiere al concepto de 'circunstancias imprevisibles'. Se trata de saber en qué momentos puede rescindirse o romperse la contratación o el
equilibrio en una concesión. Verdaderamente puede haber causas de fuerza mayor o de otro tipo y circunstancias, por qué no, imprevisibles, y creemos que, por muy larga que sea la concesión, no hace daño prever algo que puede presentarse en un
momento dado.
En las conversaciones mantenidas después del debate de totalidad, el señor ministro y posteriormente los portavoces del Grupo Popular se mostraron favorables a introducir, vía enmiendas transaccionales, la corrección del texto en diversos
puntos. Agradezco su buena disposición, pero al final las transacciones que nos pudieron ofrecer y que se originaban en el propio ministerio no han quedado suficientemente reflejadas. Yo comenté este extremo con el señor ministro, quien me ofreció
la posibilidad de revisar el asunto por segunda vez, y así está previsto. No ha dado tiempo para traer hoy ninguna conclusión, pero en los próximos días daremos un repaso a estas enmiendas de tipo competencial y de tipo básico para ver si,
posteriormente, en el trámite en el Senado, podemos mejorar el texto.
Estamos trabajando en ello, y si logramos llegar a buen fin, lo tendremos que agradecer a la buena disposición que hemos encontrado en el ministro señor Álvarez-Cascos y en el
Grupo Parlamentario Popular en la Comisión.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sedó.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Segura tiene la palabra.
El señor SEGURA CLAVELL: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista, respecto a este proyecto de ley reguladora del contrato de concesión de obras públicas, tanto en la fase de admisión a trámite, como en ponencia y en Comisión, hemos expresado algunas diferencias
básicas. En el inicio de la tramitación parlamentaria que se produjo en el Pleno del Congreso de los Diputados ya tuvimos la oportunidad de defender una enmienda de devolución, en la que indicábamos que si bien estábamos de acuerdo con el principio
general de establecer claros cauces jurídicos que facilitaran la colaboración intensa y sistemática de los capitales privados en la financiación de determinadas infraestructuras públicas, también creíamos que los instrumentos que el proyecto de ley
ponía al servicio de ese objetivo no podían suscitar en modo alguno el apoyo global del Grupo Parlamentario Socialista. Decíamos que el proyecto de ley diseña fórmulas a través de las cuales las obras públicas puedan llevarse a cabo con la menor
aportación posible de recursos monetarios públicos, descansando en el pago diferido por parte de la Administración en función de los usuarios de las infraestructuras o en el establecimiento de un conjunto de contraprestaciones en especie por parte
de las administraciones, en forma de concesiones de dominio público para la actividad de explotaciones comerciales o industriales.
Señorías, desde el Grupo Parlamentario Socialista entendemos que el proyecto de ley apuesta preferentemente por los procedimientos a los que he hecho referencia, que regula de forma fragmentaria, imprecisa e incompleta y en cuya aplicación,
estimamos, se corre el riesgo de que podrían traer consigo consecuencias no deseables por parte de empresas concesionarias, que podrían encontrar en la ley una habilitación general para diseñar operaciones especulativas inadmisibles, al
socaire del sistema diseñado de pagos en especie mediante concesiones demaniales en las zonas complementarias de explotación comercial, que es uno de los conceptos que introduce la ley. Decíamos también en anterior ocasión que el proyecto
de ley se configura en forma de ley básica, con la intención de impulsar la coordinación en materia de obras públicas de los distintos entes territoriales del Estado español, en la Administración general del Estado, en las administraciones locales y
en las autonómicas.
Señorías, no podemos olvidar que el Gobierno -y lo he dicho en reiteradas ocasiones-, cuando comenzó a explicar al inicio de esta legislatura el plan que no ha sido aprobado por las Cortes Generales, el llamado plan director o plan de
infraestructuras para el septenio 2000-2007 -y ahora parece que es para toda una década-, plan que no conoce ni ha sido aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados, a través de su ministro de Fomento, en reiteradas ocasiones, anunciaba la
remisión a esta Cámara de un proyecto de ley de financiación de infraestructuras.
Observen, señorías, que decían también de forma ampulosa que con aquel proyecto de ley al que estaba haciendo referencia el Gobierno impulsaría mecanismos claros de
coparticipación pública-privada en la financiación y explotación de obras públicas. La realidad, señorías, es que aquel gran proyecto de ley que esperábamos con cierto interés, por cuanto todavía en España es necesario producir la actualización de
una vieja ley aún en vigor, que es la Ley de obras públicas del año 1877, y creíamos que vendría una ley que actualizase, modernizase e incorporase a la realidad política actual los mecanismos de financiación, construcción y explotación de obras
públicas con la perspectiva de la globalidad, de la movilidad ciudadana y de la cohesión global en el seno del Estado español, aquel proyecto de ley es reducido y encorsetado y lo único que hace es modificar un determinado artículo e introducir un
título nuevo a la Ley de contratos de las administraciones públicas. De aquel ampuloso proyecto de ley nos hemos quedado reducidos a un proyecto de ley regulador del contrato de la figura histórica de la concesión de obras públicas. La realidad,
señorías, es que si bien es cierto que determinados preceptos del conjunto de esa arboleda tan amplia, con tantas ramas en las distintas materias para financiación de obra pública, derogan algunos artículos, continuará vigente un conjunto amplísimo
de leyes que regulan distintos mecanismos, distintos procedimientos y distintas infraestructuras, por ejemplo, en lo que se refiere a las infraestructuras ferroviarias, la Ley reguladora de ordenación de los transportes terrestres y las normas
reguladoras del GIF, que viene del año 1996; en carreteras perdura la Ley reguladora 25/1988, de 29 de julio, y el Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre; a esas disposiciones se añade el artículo 60 de la Ley 55/1999, sobre contratos de
servicios de gestión de autovías; en autopistas se mantiene la Ley 8/1972; en puertos las dos leyes que se han desarrollado, las leyes de puertos del Estado y de la marina mercante; en aeropuertos se mantiene la estructura y los mecanismos
privados de financiación de AENA y, en obras hidráulicas, se mantiene la Ley reguladora de aguas del año 1985.
Señorías, no se da solución global a la financiación de este tipo de obras. Por ello hemos manifestado las preocupaciones que distintos
contenidos de este proyecto de ley nos han sugerido, porque, señorías, el proyecto de ley plantea en determinados artículos, por ejemplo, en el artículo 220, una serie de conceptos que creemos chocan con planteamientos comunitarios. Con ese
artículo el proyecto de ley pretende reorientar desde la perspectiva del marco jurídico comunitario determinadas figuras, pero creemos que en él no se distinguen los supuestos de construcción y explotación del de explotación sin construcción. Es
decir, este proyecto de ley introduce una figura novedosa y potente en el régimen concesional. Obras que están al servicio de los ciudadanos pueden ser privatizadas como consecuencia de la aplicación de este proyecto de ley. El ciudadano, que no
pagaba tasas en el usufructo de esas infraestructuras hasta el día de hoy, una vez que se produzca la aprobación de ese proyecto de ley, se puede ver, en aras del mantenimiento, conservación o mejora de la infraestructura que sea, sometido a la
aparición de nuevas figuras tributarias que graven el uso por parte de ese ciudadano.
Señorías, este es un proyecto de ley, lo hemos indicado en ocasiones de forma coloquial, quizá de los diez o doce más relevantes que las Cortes Generales pueden aprobar en la presente legislatura y va a traer consigo la posibilidad de que
las administraciones públicas privaticen todo tipo de infraestructuras. Posibilita también que infraestructuras de toda naturaleza e índole y sistemas concesionales puedan recibir el beneficio de la Administración pública mediante las prórrogas de
los mismos y va a generar importantes situaciones de conflictos competenciales, conflictos competenciales sobre los que este diputado en la fase de tramitación en Comisión dejó muy claro y figura en el 'Diario de Sesiones' cuál es la posición de
nuestro grupo. Hoy, en esta España vertebrada con ámbitos competenciales claramente diferenciados en lo que se refiere a la utilización del suelo, al usufructo del mismo, a los bienes demaniales de toda índole, creemos que esta ley, que nace con
esa perspectiva troncal y básica, va a ser una fuente de conflictos de naturaleza competencial; si no son aceptadas determinadas enmiendas que el Grupo Socialista plantea, va a ser objeto de conflictos innecesarios. Al respecto queremos indicar la
enmienda número 152 a la disposición adicional segunda, esa disposición que vincula la colaboración y la coordinación entre administraciones públicas. Nosotros hemos dicho que la colaboración entre las administraciones públicas se fundamenta en el
mutuo acuerdo y sólo cuando resulten ineficaces los mecanismos normales de colaboración procedería la coordinación estatal. Defendemos que esa coordinación
debe basarse en una competencia estatal exclusiva de las contenidas en el artículo 149 de la Constitución, pero con el profundo respeto de los ámbitos competenciales de las distintas administraciones públicas. Por eso hemos presentado esa
enmienda.
Hemos presentado un conjunto de enmiendas por lo que se refiere a la regulación económico-financiera del equilibrio de las concesiones. En otras ocasiones hemos dicho que el desplazamiento del interés público hacia el beneficio del
concesionario es algo que no figura claramente recogido en el articulado y que es obligación de las Cortes Generales la defensa del bien público y del interés general. Hay una serie de enmiendas que hemos presentado, defendido y que mantenemos al
respecto y hay otro conjunto vinculado a la defensa ambiental de la infraestructura de cualquier índole a la que hemos hecho referencia.
La señora PRESIDENTA: Señor Segura, le ruego concluya, por favor.
El señor SEGURA CLAVELL: De forma singular, sobre la disposición adicional sexta, reflejamos toda una manera de entender esa defensa ambiental de la infraestructura, que figura recogida en las enmiendas 156, 113, 115, 124, 129, 132,
etcétera, que constituyen todo un conjunto de planteamientos que definen la preocupación medioambiental de nuestro grupo parlamentario. Nosotros pedimos al Grupo Parlamentario Popular, al principal grupo de la Cámara, que defiende este proyecto de
ley, que tenga en cuenta los razonables contenidos de una serie de líneas directrices que hemos definido, porque estimamos que coadyuvarán a la mejora de una ley que ha de ser ejecutada por todos los gobiernos que sucedan al actual, por las
comunidades autónomas, por los entes territoriales de distinta naturaleza y por los ayuntamientos, y con este proyecto de ley no podemos generar toda una trama de conflictos que irían en contra de los intereses ciudadanos.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Segura.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Coalición Canaria es un grupo que no ha traído ninguna enmienda para este debate en el Pleno, igual que no lo habíamos hecho en la Comisión, en primer lugar por entender que había, en las ausencias que se hacían en el propio texto del
proyecto del Gobierno, un respeto a la situación administrativa de las competencias que en estos ámbitos tiene nuestra comunidad autónoma. Dado que aquí se plantea la cuestión como una legislación básica horizontal, que va a afectar también a
aspectos de ejecución y competenciales de las comunidades autónomas, nos hubiera gustado desde un principio un debate mucho más en profundidad, en contenido, en técnica y en receptividad en los trámites de ponencia y Comisión -ya el propio portavoz
del Grupo Parlamentario Vasco lo ha dicho acertadamente, a nuestro juicio-, porque una ley de estas características técnico-administrativas debería haber llevado todo un proceso analítico de reflexión, porque no se trata de concepciones puramente de
ideología política; es una manera de entender una corresponsabilidad de la Administración central, la Administración autonómica e incluso local en todos estos contratos de regulación de la concesión de obras públicas, tema que sí tiene un aspecto
político muy importante, que es recuperar, a través de una legislación de este tipo, los saneamientos democráticos para evitar las corrupciones administrativas que impregnan o han impregnado muchas veces esta área. Son áreas, la de urbanismo y la
de las concesiones de estos servicios y obras públicas, que pueden llevar el virus de la contaminación y esta es una de las maneras de que la regeneración democrática de todo un sistema de partidos pueda tener la transparencia debida y oportuna.
Creemos en el texto que prevalece, que viene de la Comisión y que vamos a apoyar y a votar a favor, sin perjuicio de votar una serie de enmiendas que han presentado diversos grupos parlamentarios que van en esta sintonía y que nos hubiera gustado
que quedaran reflejadas aquí. No sé lo que puede deparar el futuro y me imagino que pronto veremos las realizaciones que en su aplicación las comunidades autónomas o los órganos competentes para la concesión de obras públicas pueden hacer. Es
mucho el dinero que hay en todo este mundo de la concesión y por tanto tenemos que ser muy sensibles y muy vigilantes a esta cuestión. Entendemos que con el texto del proyecto que llega hoy de la Comisión se produce un avance; por esa única razón
perfeccionadora nosotros lo vamos a votar en su conjunto final, pero queremos hacer esta advertencia para que los radares, vamos a llamarles así, de las distintas sensibilidades políticas en administraciones públicas estén al tanto de lo que puede
ser un desvío perjudicial de lo que aquí tratamos de hacer. A veces los intereses de la corrupción tienen trajes sibilinos y se infiltran como un humo, como un vapor, rompiendo a través de grietas lo que es una unidad del sistema. Por esta razón,
como he dicho señora presidenta, vamos a votar favorablemente algunas de las enmiendas que han mantenido los grupos en este sentido del que hablo y vamos también finalmente a apoyar, porque nos parece un avance sobre la situación actual, la
regularización que trae el proyecto que nos llega de la Comisión.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, el señor López-Amor tiene la palabra.
El señor LÓPEZ-AMOR GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, asistimos hoy al último acto antes de su remisión al Senado de la discusión y aprobación en su caso del dictamen de la Comisión de Infraestructuras referente a la ley reguladora del contrato de concesión de obras públicas. He de
decir al respecto que a mi juicio y a juicio del Grupo Parlamentario Popular esta es una ley que sin duda va a marcar un hito en la historia de nuestro sistema jurídico público. Es una ley reguladora de la concesión de obras públicas que viene a
compendiar y a hacer un corpus jurídico de esa normativa que anteriormente estaba dispersa, que moderniza sustancialmente. Nos pone a la cabeza de la normativa concesional en Europa y va a posibilitar la aportación de la financiación privada a la
necesaria convergencia en infraestructuras y al esfuerzo que está haciendo el Estado español y que necesitaba dotarse de instrumentos jurídicos que posibilitaran esa financiación de carácter privado. Supone un avance con respecto a la actual
legislación e incorpora desde la seguridad jurídica y el interés general, que es el leitmotiv de toda esta ley, novedades tan importantes y de tanto calado y profundidad que alteran no sólo el viejo marco legal, sino que es necesario, por la
importancia y calado que tienen, hacer al menos una exposición detallada de la misma.
En primer lugar, regula de forma muy novedosa la financiación de las infraestructuras y en concreto la titulización de los derechos de crédito incorporados a fondos de inversión. También regula de forma novedosa los créditos participativos
así como la hipoteca de la concesión. Hay que decir que crea la posibilidad de establecer concesiones no sólo sobre obras públicas, como aquí alguien ha dicho, sino también y sólo sobre la explotación, ya sea conjuntamente obra y explotación o
separadamente, con plazos incluso diferenciados de duración de la concesión. El procedimiento concesional a partir de esta ley se abre a particulares y al resto de las administraciones públicas; por tanto es una ley que se aplicará en el conjunto
del Estado por todas las administraciones públicas, no sólo la central del Estado sino las autonómicas y las de los entes locales. La posible existencia de zonas complementarias de explotación comercial, que son susceptibles de aprovechamiento
económico diferenciado, así como la cláusula de progreso, son novedades que reflejan el avance sustancial que supone esta ley con respecto a la normativa anterior. Por tanto, si este es el instrumento jurídico adecuado, posibilitará la ejecución de
una forma rápida y certera del plan de infraestructuras que está en marcha en nuestro país.
Se trata de una ley que, a nuestro juicio, cumple de forma rigurosa - y con esto quiero tranquilizar a quienes han hecho observaciones de este tipo- el marco constitucional, cuestión que no queda enervada por el hecho de que este proyecto
sea considerado como legislación básica estatal, dictada al amparo de competencias exclusivas del Estado. Es una ley rigurosa y respetuosa con el marco constitucional, pero también lo es con el marco competencial. El artículo 149.1.18 de la
Constitución regula las reglas mínimas aplicables a todas las administraciones con carácter básico, siendo el proyecto cuidadoso en extremo, ya que incorpora la última doctrina del Tribunal Constitucional, en concreto las sentencias 141/1993 y
36/1994, reconociendo un ámbito de desarrollo legislativo por parte de las comunidades autónomas. El ejercicio de competencias exclusivas -estatales o autonómicas-, en virtud del principio de indisponibilidad de las competencias -según lo denominan
los constitucionalistas-, es irrenunciable; o, lo que es lo mismo, las administraciones no pueden renunciar a las competencias que constitucionalmente tienen atribuidas. Entendemos que la ley respeta escrupulosamente las competencias autonómicas y
locales. De esta forma, los consejos de Gobierno de las comunidades autónomas que informaron el anteproyecto, el Consejo de Estado y la propia Federación Española de Municipios no han hecho objeciones al respecto. Únicamente la ley establece un
mandato claro de coordinación y cooperación, con los mecanismos que actualmente ya existen en nuestra legislación. Solamente a falta de acuerdo entre las administraciones públicas y en el ejercicio de competencias exclusivas, como es la
planificación general de la actividad económica, el Estado podrá coordinar los planes de obras públicas -competencia de las comunidades autónomas- con los planes de obras públicas de interés general, coordinación que se extiende a planes de
ordenación territorial y urbanística. Solamente desde el desacuerdo se puede entender esa coordinación jerarquizada como instrumento necesario de actuación.
Este es un proyecto de ley donde se han hecho esfuerzos importantes. Su tramitación ha sido un ejemplo riguroso de democracia parlamentaria. Se han ampliado los plazos para el debate de totalidad en cinco ocasiones y en cuatro para las
enmiendas al articulado; se ha informado en ponencia, se ha discutido en Comisión y hoy por avocación se trae al Pleno y, posteriormente, irá al Senado. En ese proceso de tramitación parlamentario se han aceptado seis enmiendas de Convergència i
Unió, seis del Grupo Socialista, que han enriquecido el texto, y se ha hecho un total de 26 transacciones. Por tanto, en vía parlamentaria el proyecto se ha enriquecido y se ha ofrecido a otros grupos parlamentarios la posibilidad de transar alguna
de sus enmiendas que no han sido aceptadas.
Este proyecto enriquece sustancialmente el marco anterior, ya que se han recogido enmiendas sensibles en materia medioambiental, en materia competencial, de plazos y se dan soluciones satisfactorias a la accesibilidad de los impedidos y de
personas mayores. Por tanto, yo creo que este va a ser un magnífico proyecto de ley. Como dije el día del debate de totalidad, si hoy hubiera tenido que decir lo que siento, casi hubiera elevado a definitivo lo que dije en su día en dicho debate.
Creo que va a ser una magnífica ley y que, desaparecidas las desconfianzas y cautelas - por otra parte lógicas- de las comunidades autónomas, va a posibilitar que se funcione de forma muy eficaz. No se pueden hacer aquí ejercicios de
victimismo, como se ha hecho por parte de algún grupo político. Creo que eso deforma la realidad, porque no es que a partir de esta ley el Estado tenga una licencia para actuar sin dar cuenta a nadie; primero está el marco legal, el principio de
legalidad, lo que es la reserva de ley, y después está, evidentemente, la cooperación y la coordinación, que creo que son los caminos de los cuales nunca se debe uno escapar.
Se cita aquí como algo verdaderamente tremebundo la inexistencia de licencia urbanística o municipal, en concreto para las obras públicas.
Creo que para las obras públicas jamás ha existido, ha existido para las edificaciones y saben
ustedes incluso de la competencia que antiguamente tenía el Estado para no tener que solicitar licencia municipal en materia de edificación. Sin embargo, aquí no se va por esa vía y creo que lo importante es que, como ha dicho el señor Segura -yo
coincido con él-, es una de las grandes leyes de esta legislatura, a pesar de su contradicción, porque anteriormente la había calificado de ley menor.
Creo que efectivamente tiene razón en cuanto a que es una de las grandes leyes que se van a
tramitar en esta legislatura y agradezco en el trámite parlamentario la colaboración y disposición de todos los grupos, sin excepción, para lograr un mejor proyecto.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López-Amor.
Vamos a iniciar la votación de las enmiendas y del dictamen de Comisión del proyecto ley reguladora del contrato de concesión de obras públicas.
En primer lugar, votación de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto y firmadas por el diputado señor Rodríguez Sánchez, comenzando por las números 86, 88, 98 y 100.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 275; a favor, seis; en contra, 158; abstenciones, 111.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 91, 96, 97 y 101.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 274; a favor, 99; en contra, 157; abstenciones, 18.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del señor Rodríguez Sánchez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 273; a favor, siete; en contra, 251; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). En primer lugar, enmienda número 5.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 275; a favor, 22; en contra, 159; abstenciones, 94.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 6.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 274; a favor, 111; en contra, 161; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 7, 8, 9 y 10.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 275; a favor, 23; en contra, 158; abstenciones, 94.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 11.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 274; a favor, 23; en contra, 157; abstenciones, 94.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En primer lugar, las números 26, 27, 29, 33, 35, 37, 38, 43, 47, 48, 49, 53, 68, 71, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 83 y 85.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 274; a favor, 105; en contra, 156; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 39, 44, 52, 54, 57, 76, 77, 81, 82 y 84.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 273; a favor, nueve; en contra, 157; abstenciones, 107.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 275; a favor, siete; en contra, 250; abstenciones, 18.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) En primer lugar, las números 186, 187, 188, 197, 202 a 205, 207, 218 y 243.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 274; a favor, 113; en contra, 157; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 184, 189, 191, 206, 210, 211, 212, 222, 223, 228, 229, 230, 232, 238, 239, 246, 248, 250 y 251.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 275; a favor, 15; en contra, 158; abstenciones, 102.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 247.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 275; a favor, 20; en contra, 157; abstenciones, 98.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 275; a favor, 15; en contra, 251; abstenciones, nueve.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar, las números 107, 108, 109, 111, 138 a 142, 144, 152, 153 y 155.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 275; a favor, 95; en contra, 163; abstenciones, 17.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 274; a favor, 101; en contra, 157; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación del texto del dictamen. En primer lugar, votamos el artículo único, punto 3, que modifica la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en lo que respecta a sus artículos 131 y 133.
Artículo único, punto 4, que
modifica los artículos 156.a) y 157.a) de la ley anterior. Artículo único, punto 5, que añade un nuevo título V, al libro II de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en lo que respecta a los artículos 220, apartados 1) y 2); 221;
223; 224, apartados 2) y 3); 227, apartado 5); 228, apartados 4) y 5); 229, apartados 1), 4) y 5); 230, apartado 1); 233, apartado 1.d) y 2); 236; 237; 238; 243, letra e); 244, apartados 2) y 3); 245; 246, apartados 2) y 4); 247; 248;
249; 254; 259, apartado 4); 263; 265; 266; disposiciones adicionales primera, sexta, décima y undécima y disposición derogatoria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 274; a favor, 169; en contra, 104; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
Artículo único, punto 5, en lo que respecta a los artículos 228.3); 233.3) y 241 del nuevo título V, del libro II, de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 275; a favor, 273; en contra, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
Artículo único, punto 5, en lo que respecta a los artículos 253; 255 a 258 y 264.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 276; a favor, 172; en contra, 10; abstenciones, 94.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
Disposiciones adicionales segunda y tercera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 276; a favor, 158; en contra, 19; abstenciones, 99.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Disposición adicional decimotercera nueva.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 276; a favor, 273; en contra, uno; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Disposición final primera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 276; a favor, 157; en contra, 115; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Disposición final segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 276; a favor, 256; en contra, 20.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Disposición final tercera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 274; a favor, 269; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos la exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 275; a favor, 169; en contra, seis; abstenciones, 100.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos el resto del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 275; a favor, 266; en contra, seis; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO PARA MEJORAR LA FISCALIDAD DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS Y DE LOS AUTÓNOMOS. (Número de expediente 173/000181.)
La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.
Señorías, comunico a la Cámara que la tercera moción ha sido retirada.
Vamos a proceder a debatir las dos mociones que quedan vivas de forma sucesiva. Ambas se votarán al final del debate de la segunda moción.
Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para mejorar la fiscalidad de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre. (Rumores.)
Señorías, ruego ocupen los escaños o abandonen el hemiciclo de la manera más diligente posible y en silencio.
Adelante, señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
La moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va orientada básicamente a mejorar la fiscalidad de las pequeñas y medianas empresas, de los autónomos, de los emprendedores y de las microempresas.
A la misma se han
presentado tres enmiendas: una, del Grupo Parlamentario Popular, que nuestro
grupo va a aceptar y a la que ha presentado una enmienda transaccional que ha repartido entre los diferentes grupos de la Cámara y a la Mesa porque coincide básicamente con todos nuestros conceptos. En dicha enmienda transaccional recogemos
una cuestión importante de la enmienda presentada por Maite Costa, del Grupo Parlamentario Socialista, como es mejorar la fiscalidad de aquellas inversiones destinadas a las industrias textiles que inviertan en muestrarios, como más adelante me
referiré, así como algunos aspectos relevantes de la enmienda presentada por el Grupo Federal de Izquierda Unida.
Con esta moción damos un paso muy importante para mejorar la fiscalidad de las microempresas, de las pequeñas y medianas empresas, de los autónomos y de los emprendedores. Convergència i Unió estima que damos un gran paso para impulsar la
economía... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Sánchez i Llibre, por favor.
Adelante.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Decía que damos un paso importante para impulsar el fomento de la economía productiva; en segundo lugar, para incrementar la inversión de las microempresas, de los autónomos y de los emprendedores; en tercer lugar, para generar un
incremento importante de creación de puestos de trabajo; en cuarto lugar, vamos a configurar un marco más estable para que existan en España más emprendedores de cara al futuro y se vayan incrementando las vocaciones empresariales; en quinto
lugar, se va a rebajar la presión fiscal de las microempresas y de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos; y en sexto y último lugar, vamos a realizar una rebaja muy importante del precio de las viviendas de protección oficial y a
asistir también en el futuro a una rebaja de los precios de las viviendas de alquiler, objetivo básico que nuestro grupo va a ver cumplido y que me imagino que contará con el apoyo también del resto de los grupos de la Cámara. Vamos a potenciar los
mecanismos de amortización acelerada para favorecer la inversión de las pequeñas y medianas empresas.
Como les decía anteriormente, se va a implementar la posibilidad, antes de que finalice esta legislatura, de rebajar el tipo de IVA reducido del 7 por ciento al superreducido del 4 por ciento para todas aquellas viviendas calificadas de
protección oficial. Vamos a aprobar una cuestión que discutimos extensamente en el reciente debate de presupuestos como es la posibilidad de que se pueda establecer un tipo reducido del impuesto de sociedades, que Convergència i Unió estima que
tendría que ser del 1 por ciento para aquellos grupos empresariales que se dediquen a la promoción, rehabilitación y explotación de viviendas destinadas al alquiler. Vamos a solucionar una problemática muy extendida en la industria textil, como es
la inversión en muestrarios en aquellas cuestiones que hacen referencia a la innovación; iba la inspección de Hacienda y les levantaba un acta, en contra la legislación que nosotros aprobamos en esta Cámara. Con la enmienda planteada por el Grupo
Parlamentario Popular, con la del Grupo Socialista y la aprobación del texto del número 2 de nuestra moción, se resolverá este problema y todas aquellas empresas textiles y afines al sector que hayan invertido en innovación y en muestrarios se
beneficiarán de las bonificaciones pertinentes que aprobamos mayoritariamente todos los grupos de la Cámara en 1995.
Con esta moción resolveremos asimismo aquellas cuestiones relativas al IVA de las empresas exportadoras, básicamente las pequeñas, a fin de que se les pueda hacer la devolución correspondiente en un tiempo razonable y no tengan que esperar
ocho o nueve meses, con las tensiones de tesorería que esto comporta. Con la aprobación de esta moción crearemos un marco más estable para que todas aquellas personas emprendedoras puedan gozar del aplazamiento de los pagos relativos a la renta de
las personas físicas, de Seguridad Social y de beneficios durante los primeros años de inicio de la actividad empresarial. Señorías, damos un paso muy importante y recogemos el sentimiento mayoritario de todos los grupos de la Cámara, especialmente
del Popular, cuya enmienda va a defender la diputada Fátima Báñez. Asimismo, incorporamos aspectos importantes de las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista y del Grupo Federal de Izquierda Unida.
Por último, pedimos que la Cámara vote mayoritariamente a favor de esta moción presentada por Convergència i Unió.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Costa.
La señora COSTA CAMPI: Señorías, mi intervención se centrará en las medidas de apoyo fiscal a las pymes y en las exenciones para acceder a una vivienda, ya que el tema sobre trabajadores autónomos se va a realizar en el próximo Pleno.
La competitividad de las pymes es crucial para nuestro crecimiento económico. La mejora de su productividad, capacidad de innovación y propensión exportadora no está resuelta y de ahí que se haya considerado tradicionalmente la dimensión
empresarial española como una desventaja competitiva. Sin embargo, la dimensión es sólo una barrera de entrada a la innovación y a la exportación, ya que, iniciados ambos procesos, las pymes no presentan diferenciales desfavorables.
Entendemos que la eficiencia no depende únicamente, como en las grandes empresas, de factores internos, sino de los externos en gran medida. No puede abordarse la pyme como una empresa que tiene menor escala. La pyme y su competitividad
están íntimamente relacionadas con las características del tejido productivo y social en el que se halla integrada. A partir de este entorno, la pyme puede establecer unas determinadas medidas de colaboración, que son las que capturan esos factores
externos y la permiten situarse en los mercados abiertos.
¿Por qué me he detenido a explicar todo esto, aunque me parece que el tiempo no está bien calculado, señora presidenta, puesto que han saltado tres minutos de golpe?
La señora PRESIDENTA: No, señora Costa. Estaban puestos siete minutos, que es el tiempo del que dispone el proponente. Para fijar posición, son cinco.
La señora COSTA CAMPI: He planteado esto porque la ventaja competitiva de las pymes no se refuerza especialmente a través de medidas fiscales, que son importantes, pero no son el elemento central; la ventaja competitiva viene determinada
por sus posibilidades de organizarse en su capacidad de complementariedad, basada en la especialización en los mercados internacionales.
En segundo lugar, debemos recordar que las medidas horizontales de corte transversal hoy ya no son defendidas en los estudios más relevantes sobre el tema; ese es un debate superado. De ahí que propongamos medidas que incentiven a
determinadas empresas, a las que son más innovadoras y por tanto participan de forma mucho más activa en la innovación y en la mejora de la productividad. De ahí que hayamos hecho énfasis en una enmienda que ha sido transaccionada con el grupo
proponente, para que se reconozcan como innovación aquellos cambios de producto, aquellas diferenciaciones de producto incorporadas por las empresas textiles, que son el resultado de una investigación y que se materializan en una primera fase en su
muestrario. También entendemos que otro tipo de medidas que deberían aplicarse son aquellas destinadas a producir simetría informativa.
En cualquier caso, bienvenidas las medidas que vayan a mejorar la posición de la empresa en los mercados abiertos, en los mercados internacionales, significando no obstante que estas son siempre de naturaleza complementaria. Sería deseable
que este fuera un primer paso para que la Dirección General de la Pequeña y Mediana Empresa pudiera empezar a hacer política de pequeña y mediana empresa y aumentara su presupuesto en lugar de irlo reduciendo, como viene haciendo el Ministerio de
Hacienda con esta dirección general en los últimos años.
Por último, en la segunda parte de la enmienda se abordan una serie de exenciones fiscales a la vivienda que nosotros ya habíamos planteado en una interpelación urgente y que por tanto coinciden con nuestra propuesta. Hubiera sido deseable
que en aquel momento hubieran votado nuestra interpelación, pero ya se sabe que en política no existen derechos de autor, sino simplemente mayorías. Queremos que conste en el 'Diario de Sesiones' que lo que vamos a votar hoy sobre exenciones
fiscales a la vivienda fue propuesto por el Grupo Socialista y no tuvo la suerte de tener el voto del grupo mayoritario que hoy tiene la iniciativa del grupo proponente. El contenido de nuestras propuestas era el contenido de lo que vamos a votar
hoy. Por tanto, nos vamos a votar nuestras propias enmiendas, aunque ahora vengan firmadas por otro grupo parlamentario. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Costa.
Para la defensa de las enmiendas de Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Gracias, señora presidenta.
Entiendo que estamos hablando de la transaccional. En la primera ya la había, pero en esta continúa habiendo una tendencia letal a la desfiscalización, en vez de recurrir a un sistema fiscal más progresivo y progresista, es decir, para que
se me entienda, sacar el dinero de los que lo tienen para metérselo a los que lo necesitan, sacarlo de quien lo tiene en rentas y capacidad para que la pequeña y mediana empresa, fundamental en este país para el desarrollo económico, y el trabajador
autónomo tengan capacidad de gastar el dinero necesario para impulsar sus empresas y mejorar la economía y el nivel de vida del país. Siempre existe esa tendencia. Por ello, valorando la buena voluntad social de partidos que en los temas fiscal y
económico tienen una posición llamémosla conservadora y la voluntad que ha habido en la transaccional, solicito que se haga una votación separada -no voy a extenderme en dar explicaciones y argumentos porque ya los hemos expuesto reiteradamente en
esta Cámara- de los puntos 1, 5 y 8, por un lado, y del punto 7, por otro, y el resto que se vote conjuntamente, para poder así diferenciar la posición ante cada uno de los puntos. Si esto no es posible, tendremos que recurrir, aunque no me
gustaría, a la abstención.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Frutos.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, señora Báñez.
La señora BÁÑEZ GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar posición en la moción que
ha presentado Convergència i Unió sobre la fiscalidad de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos. Para nuestro grupo las pymes y los autónomos son el centro de la política económica, ya que son los principales creadores de
empleo y el factor más dinámico de nuestra economía. Como SS.SS. conocen, representan el 99 por ciento del tejido empresarial, el 65 por ciento de las ventas y generan el 70 por ciento del empleo. Por tanto, la solidez y potenciación de este
colectivo resultan esenciales para el fortalecimiento de nuestro sistema económico y para la generación de la riqueza nacional. Por eso, desde junio de 1996, el Gobierno del Partido Popular, consciente de la importancia de las pymes como
generadoras de inversión y empleo y de la influencia que el sistema fiscal tiene en los costes de la misma, adecuó la fiscalidad a la realidad económica de la pyme.
El conjunto de las reformas realizadas hasta el momento ha supuesto, señorías, un cambio radical frente a la política fiscal llevada a cabo por los gobiernos anteriores. El nuevo entorno fiscal creado es reflejo del planteamiento del
Gobierno de una reducción del déficit público hasta alcanzar el equilibrio presupuestario, basada en una contención del gasto y no en un aumento de los impuestos. La reforma del sistema tributario ha ido encaminada a crear un entorno favorable para
el fomento del ahorro, la inversión, la creación de empleo, la competitividad de nuestras empresas y la lucha contra el fraude. En junio de 1996 se creó una comisión interministerial para el estudio y propuesta de medidas sobre la fiscalidad de las
pymes. Un gran número de éstas se ha ido plasmando en reformas efectivas a lo largo del tiempo. Entre las medidas adoptadas específicamente para la pyme caben destacar: en el IRPF, la tributación al 15 por ciento de las ganancias patrimoniales a
más de un año; la exención en el impuesto sobre la prestación del desempleo, que se recibe en forma de pago único; la creación de la estimación directa simplificada; la modificación del régimen de estimación objetiva para aproximarlo a la
realidad de la empresa; las medidas de apoyo a la familia, como la consideración de gastos deducibles de los seguros de enfermedad suscritos por un empresario, su cónyuge e hijos menores de 25 años; desde enero de este año se rebajan las
retenciones a los profesionales del 18 al 15 por ciento, y la supresión del régimen de transparencia fiscal.
En el impuesto sobre sociedades destacamos la reducción del tipo de gravamen del impuesto al 30 por ciento para empresas con un volumen de negocio inferior a 5 millones de euros. Con esta medida, 16.200 empresas pasan a ser pymes. En
total, señorías, hay 711.000 pymes que se benefician de un régimen fiscal más favorable. También destacamos la deducción para el fomento del uso de nuevas tecnologías y para la formación del personal; la introducción de una deducción del 10 por
ciento para las pymes que inviertan en aprovechamiento de fuentes de energías renovables; las medidas para favorecer la inversión productiva y aquellas otras para conciliar la vida laboral y familiar. Así, se establece una deducción del 10 por
ciento de los gastos e inversiones que se realicen en guarderías para los hijos menores de los empleados.
En cuanto al IVA, se han eliminado las distorsiones financieras en el impuesto, permitiendo recuperar el IVA que los deudores no hayan pagado en un período de tiempo determinado y la deducción del IVA soportado a los que apliquen el régimen
simplificado. En el impuesto sobre sucesiones y donaciones se aprobó una bonificación del 95 por ciento para la transmisión por herencia de los negocios familiares. También tenemos que resaltar en el marco de la reforma de las haciendas locales la
modernización del impuesto sobre actividades económicas, con la eliminación de este impuesto para pymes y autónomos, de modo que más de 2.100.000 contribuyentes queden exentos del pago. Además, en estos momentos se está tramitando el proyecto de
ley de la sociedad limitada nueva empresa, que crea un nuevo marco jurídico, administrativo y fiscal con el objetivo de propiciar la actividad empresarial. Las medidas fiscales consisten fundamentalmente en el aplazamiento de las deudas tributarias
en los primeros años de funcionamiento.
En definitiva, señorías, muchas son las medidas fiscales adoptadas por los gobiernos del Partido Popular para las pymes, pero nuestro compromiso con ellas nos anima a seguir mejorando su tratamiento fiscal, por lo que compartimos el espíritu
de esta moción presentada por Convergència i Unió y simplemente hemos completado con nuestra enmienda algunos apartados que nos parecen importantes, entre ellos la petición al Gobierno de un estudio de viabilidad sobre la extensión de la aplicación
del tipo reducido del 4 por ciento en el IVA a todas las viviendas calificadas de protección oficial, cualquiera que sea su régimen, y la reducción de las cargas fiscales durante los primeros ejercicios de vida de las nuevas pymes.
Por último, nos parece necesario que se elabore una nueva Ley General Tributaria que mejore las relaciones entre la Administración tributaria y el contribuyente, ofreciéndole un marco tributario más cómodo, sencillo y eficaz.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Báñez.
Señor Sánchez i Llibre, entiendo que el texto que se someterá a votación en su momento es el texto de la enmienda transaccional.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: La enmienda que nosotros hemos presentado a la enmienda presentada por el Partido Popular.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA SITUACIÓN DEL CINE ESPAÑOL.
(Número de expediente 173/000182.)
La señora PRESIDENTA: Iniciamos el debate de la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación del cine español.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Leguina.
El señor LEGUINA HERRÁN: Gracias, señora presidenta. Intervendré con la brevedad reglamentaria que se me exige.
Esta moción es consecuencia de la interpelación defendida hace unos días en esta Cámara por la portavoz socialista doña Carmen Chacón y no seré redundante en lo que ella expresó aquí claramente. La pregunta que nos debemos hacer es bastante
sencilla: ¿queremos o no queremos que exista el cine español? Si la respuesta es sí, como supongo, hay que tomar decisiones y hay que tomarlas ahora. Por eso hemos planteado esta moción, que pretende abarcar los problemas que en este momento
tiene la producción cinematográfica en España.
El primer problema son los asuntos relacionados con el fomento mismo de la producción por parte de los entes públicos. Es obvio que la debilidad de la industria cinematográfica es grande y no así, y hay una gran contradicción, entre los
creadores. Existe una masa crítica de creadores, de técnicos, capaz de construir una producción cinematográfica abundante y solvente y, sin embargo, el cine español sigue arrastrando los pies, salvando la taquilla a base de dos o tres producciones
muy exitosas, cosa que no acaece cada año. Estos saltos para arriba y para abajo vienen de ahí y denuncian la inexistencia de una industria tenaz, capaz y comercialmente solvente.
La segunda cuestión básica es la promoción comercial. La promoción comercial exige tomar al cine como una industria más y como una industria de futuro, porque lo va a ser; la producción audiovisual será una industria de futuro en todo el
mundo y ahí también tendría que estar España. Pero, además, existe una serie de prácticas contra la competencia que el Estado tiene la obligación, especialmente el Ejecutivo, de cortar, prácticas contra la competencia que existen en el mercado
norteamericano, que es uno de los más importantes a la hora de consumir este producto.
Por ejemplo, en Estados Unidos las películas no se pueden estrenar dobladas, mientras que en España se doblan todas. El daño a la exportación que eso produce es
grande, pero eso no depende del Gobierno español ni de la voluntad de los españoles, depende de las prácticas comerciales norteamericanas. Si allí tienen unas prácticas, apliquémosles la misma medida a ellos cuando intentan colocarnos sus
productos. Nos los colocan doblados y con ello doblan al cine español, lo doblan por la mitad. Existe también una práctica de publicidad realmente abrasiva que en otros países europeos no pueden practicar; existe una práctica respecto a la
distribución y a la exhibición mediante la que las grandes compañías norteamericanas, las llamadas majors -y por algo se llaman majors- simplemente arrasan, y existe una práctica comercial, conocida con el nombre de paquetes. Ayer mismo, en esta
Cámara, el director general de Televisión Española lo señalaba. Por ejemplo, cuando Televisión Española quiere exhibir una película de cualquiera de las grandes productoras, tiene que comprar, aunque luego no las pueda exhibir, seis, siete, ocho o
diez producciones que ni siquiera se han estrenado en los Estados Unidos y que vienen en el paquete, es decir, que vienen como contrapeso, como morralla que tenemos que pagar, con el agravante de que cuando las televisiones, públicas o privadas,
especialmente las privadas, compran esos paquetes, exigen que las morrallas sean exhibidas previamente en cine, en gran pantalla, ocupando un espacio que no se merecen ni artísticamente ni desde ningún punto de vista, tapando la exhibición de muchas
películas españolas que, como ustedes saben, se producen y luego no se estrenan, lo cual empeora la situación para el cine español, que al fin y al cabo es una cuota limitada pero importante de lo que consume -por utilizar este término- el
espectador español. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
Que quede claro, señorías, que yo no estoy en contra del cine norteamericano -ya lo he dicho aquí en alguna ocasión-, sino que me gusta el cine norteamericano. Ahora que estamos en familia les puedo contar que ayer, en una televisión, vi
una película norteamericana que seguro que ustedes también han visto, cuyo director era alemán, el guionista era austríaco, la protagonista era sueca y, además, recoge el París de los años veinte. (Una señora diputada: Ninochka.) Muy bien,
apúntese usted un 10. ¿Este es realmente el mejor cine que se ha producido en el mundo? Pues sí, pero eso no quiere decir que nos dejemos arrasar porque, como he dicho antes, no todo lo que viene aquí son ninochkas.
Respecto a las enmiendas -y termino, señora presidenta-, hay unas enmiendas del Grupo Mixto, concretamente del BNG, que vamos a incorporar al texto, y había otra enmienda de Esquerra Republicana de Catalunya, que ha sido retirada por una
cuestión personal, una enfermedad del diputado, pero que la hubiéramos incorporado también. Hay otra enmienda de Convergència i Unió que estábamos dispuestos a incorporar siempre que se votara en sus justos y primigenios términos. Estábamos
dispuestos a hacer el papel, que no papelón, de la madre buena del juicio de Salomón, pero se nos ha dicho que esa enmienda se ha ampliado y es una enmienda transaccional en la que el Partido Popular ha colocado su impronta, y no porque sea el
Partido Popular, es que este vinito del Penedés ya venía muy aguado, señor Guardans, y ahora, con este chorro de agua, fría o caliente, no sé, que ha puesto doña Beatriz
Rodríguez-Salmones, no la vamos a aceptar. Eso no quiere decir que no queramos seguir representando el papel de la madre buena del cuento, pero quizá no tan buena como para que una proposición del Partido Socialista quede absolutamente
diluida en este magma de acuerdos que ustedes han tenido a bien tener. Por cierto, a nosotros no nos han llamado a esa comida, sólo a ésta que se está dando ahí.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Leguina.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señora presidenta, señorías, el Grupo Socialista planteaba en su interpelación hace una semana si queríamos o no defender al cine español y que si realmente queríamos defenderlo de la situación delicada por la que
está pasando y por la que de alguna forma pasará durante mucho tiempo -quizá no tan dramática como la actual, aunque seguirá necesitando siempre algún tipo de protección-, si estábamos o no dispuestos a darle apoyo desde el sector público. La
respuesta de mi grupo es claramente sí. El cine español debe ser protegido, pero no como la siderurgia, señora Chacón, que puso como ejemplo y me parece que fue un mal ejemplo, porque no tengo claro que haya que proteger la siderurgia en las mismas
condiciones, precisamente porque el cine no es sólo industria. Si el cine español fuera sóla y exclusivamente industria sería muy partidario de la libre competencia, de la liberalización absoluta en este punto y, por tanto, si el cine español no es
capaz de competir es su problema. Sin embargo, mi problema es que el cine español no es sólo industria, que también lo es, es identidad, es cultura y por eso, sobre todo por eso, que lo distingue notablemente de la siderurgia, precisa de la
protección. Compartimos el diagnóstico y la necesidad de proteger. Lo que no compartimos son los remedios que nos trae hoy el Grupo Socialista y lo lamentamos. Lamentamos tremendamente que hoy el Grupo Socialista pierda una muy buena oportunidad
-afortunadamente la tendrá en muy poco tiempo, porque mi grupo presentará como texto propio lo que hoy era una enmienda- de suscribir lo que el sector necesita. Digo lo que el sector necesita porque el día 10 de febrero, pocos días antes de la
interpelación, todo el sector cinematográfico -los sindicatos, los guionistas, los directores, los productores, la Academia de cine, los actores, todos- firmó un amplísimo documento en el que, después de exponer la situación del sector, planteaban
sus reclamaciones.
Quiero dejar bien claro que lo que hoy ha traído Convergència i Unió es ni más ni menos que lo que el sector pidió. Eso es exactamente lo que hemos pedido hoy que el Congreso de los Diputados, aprovechando la moción del Grupo Socialista,
hiciera propio. Desgraciadamente, el Grupo Socialista estima que no quiere hacer propio lo que el sector ha pedido y que, en lugar de ser como la madre de Salomón, quiere ser la madre sobreprotectora, es decir, la madre que protege al niño mucho
más de aquello que lo que el niño sabe. Es una madre que le dice: tú no sabes lo que necesitas, aquello que pides no te conviene, lo que te conviene es lo que yo te quiero dar. Eso es lo que está haciendo hoy el Partido Socialista. Y le propone
al cine español una serie de cosas que el cine español no ha pedido. En el cine español no hay consenso para un canon sobre doblaje, señor Leguina. El canon sobre doblaje es una medida que se puede proponer o no, que no tiene consenso en esta
Cámara, que no lo tuvo cuando se hizo la Ley del cine y que no lo tiene en el sector cinematográfico. No me convence. Además creo que es ilegal, aunque puedo estar equivocado, incluso en términos internacionales. Se lo puedo discutir cuando
quiera. En todo caso, lo que es objetivo más allá de las opiniones de este portavoz es que el sector del cine hoy no pide un canon sobre doblaje y tampoco pide un alargamiento de la cuota de pantalla, por lo menos no por unanimidad, no lo ha puesto
en ese listado de cosas. En cambio, pide una serie de cosas que son todas, una por una, las que CiU hoy ha traído a esta Cámara y que el Partido Socialista va a rechazar, aunque no acabo de entender muy bien por qué. No voy a hacer juicios de
intenciones y me limito a los hechos. Ustedes lo van a rechazar aquí y me temo que es por alguna decisión política del Grupo Socialista que no voy a entrar a juzgar. Lo menos que puedo decir aquí es que lo lamento. Y no sólo eso, le anuncio el
voto en contra de su texto, porque es tremendamente intervencionista y tiene un defecto mucho más grave. Su texto, la moción que nos van a someter a votación, concentra todo su esfuerzo en controlar en lugar de defender el cine español, que es lo
que hace la enmienda que hemos presentado y lo que el sector pide en su documento, en todas estas páginas. Lo que pide el sector son una serie de medidas de estímulo, de promoción, de ayuda, de apoyo. ¿Qué es lo que ustedes plantean? Control,
limitación al extranjero, limitación al americano, canon sobre doblaje, cuota de pantalla. ¿Qué es lo que es? Canon, limitación, prohibir el estreno en España de una película que no haya sido estrenada antes. El 80 por ciento de lo que ustedes
proponen para defender al cine español es puro intervencionismo contra el cine extranjero. Yo no digo que no haya que tener, en la medida en que el derecho europeo y la Organización Mundial del Comercio lo permiten, algún tipo de equilibramiento de
un mercado que es desigual en el marco del derecho de la competencia, y sabe que nosotros fuimos quienes por enmienda introdujimos en la Ley de la Cinematografía más poder para el Ministerio de Cultura para proteger el mercado en el ámbito de la
libre competencia.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Guardans, vaya terminando.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Termino en treinta segundos.
De ahí a que todo lo que el Grupo Socialista propone para proteger el cine español sea limitar la entrada de cine extranjero, lo lamento, me parece pobre y no tiene el apoyo de mi grupo, y entiendo -y lo digo a la luz de un texto de 10 de
febrero- que tampoco tiene el apoyo unánime de todo el sector, quizá lo tenga de algunos. El sector pide a esta Cámara y al Gobierno otras cosas que están aquí, apartado 2, medidas 1 a 14. Esas medidas que pide el cine son las que CiU hoy trae a
votación, y el PSOE no las acepta. Me parece muy bien, lo explicará al sector.
En todo caso, anuncio -y ahora sí termino- que mi grupo lo convertirá en proposición no de ley y lo entregará en el Registro, y supongo que en ese momento, cuando ya no tenga que estar votando con el Partido Popular, sino que se pueda
permitir votar el texto de otro, el PSOE y probablemente también el grupo mayoritario se atrevan a votar lo que el sector pide de verdad como protección, no lo que otros, intentando proteger más de la cuenta, le quieran dar.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Guardans.
El señor Rodríguez, para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Mixto, tiene la palabra.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego comparte con los productores y con los sectores de la creación en el sector cinematográfico el eje fundamental del problema que estamos debatiendo, que es la imposibilidad de competir en igualdad de condiciones
en el propio mercado y el problema del control de la comercialización de los productos cinematográficos o de los canales de comercialización por parte de empresas de carácter monopolista.
Sin duda alguna el documento que nos ha sido entregado y firmado por creadores, productores y postproductores pone el dedo en la llaga cuando indica que los problemas fundamentales son la evolución de las producciones cinematográficas
españolas con su tendencia a la baja, la disminución de la dotación inicial en el año 2003 en un 30 por ciento en el fondo de protección, la escasa función de las televisiones públicas en la defensa de la diversidad y de la identidad cultural que
caracterizan al Estado español y la emisión de cine español y europeo en las distintas televisiones, que va decreciendo mientras crece la de Estados Unidos, y por supuesto el nunca bien aclarado, discutido y solucionado problema de la cuota de
pantalla, porque sin duda es esclarecedor decir que nunca alcanzó la proporción del 20 por ciento, muy por debajo de la situación de otros Estados de la Unión Europea, y no solamente en el caso de Francia. En fin, el problema de una competencia
desigual en los canales de comercialización.
Por eso debíamos compartir todos las catorce medidas urgentes que se nos proponen en el documento, y el Bloque Nacionalista Galego ha presentado a la moción del Grupo Parlamentario Socialista dos aspectos que nos parecen básicos. El primero
es que si se va a gravar de alguna manera el doblaje de producciones extranjeras no comunitarias en el Estado español, está claro que este gravamen para proteger el propio mercado tiene que ser ponderado según la potencialidad del mercado de cada
una de estas lenguas. No es igual el mercado en lengua gallega, catalana o vasca que el mercado en lengua española, y por supuesto es legítima cualquier política de normalización lingüística que abogue por impulsar el doblaje a las lenguas
cooficiales en sus respectivas comunidades autónomas.
La segunda cuestión hace referencia al papel que debe cumplir el Gobierno del Estado español en las negociaciones, en las rondas sobre el GATT, donde debe mantener una posición inequívoca en defensa de la diversidad a nivel internacional en
lo que hace referencia a la industria cinematográfica. Creo que esta es una de las piedras de toque fundamentales que haría un gran bien a la industria cinematográfica del Estado español y por supuesto a la industria cinematográfica de la mayor
parte de los países del mundo.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Rodríguez.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, presidenta.
Saludamos desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida la iniciativa socialista, porque un año y medio después de haber aprobado la Ley del cine las cosas desgraciadamente han empeorado. Parece que esto es un mal endémico y que
no tiene remedio pero yo pienso que no solamente tiene remedio sino que hemos de ponérselo.
Voy a intentar señalar aspectos relevantes que están en la base del problema, para no cansar a SS.SS. y sobre todo para no repetirnos. O se empieza a intervenir desde la realidad que tenemos o, de lo contrario, la crisis del cine español
se va a convertir en una crisis crónica. Y no nos lo podemos permitir, por lo que significa de baluarte cultural el mundo del cine. Las ayudas a la producción, señorías, representan aproximadamente en España el 10 por ciento de lo que, por
ejemplo, gobiernos tan cercanos a nosotros como Francia destinan a la producción propia. Desde los años noventa se ha instaurado una política insensata desde
nuestro punto de vista. Las ayudas a la producción, de las que hasta ese momento destinaban un 20 por ciento a proyectos de nuevos realizadores, pasaron a ser exclusivamente destinadas a los nuevos realizadores. El resultado podría ser
previsible pero se ve que nadie lo previó. En pocos años, un ejército de parados, en su mayoría autores de una sola película, que supone un porcentaje sin parangón en cualquier otra actividad profesional, con condiciones de trabajo, señorías,
infames, contratos abusivos y un desamparo criminal a película terminada cuando ésta no obtiene ningún galardón internacional o no tiene la suerte de convertirse en un fenómeno de taquilla.
Todo ello finalmente ha servido para deteriorar en términos generales el nivel profesional de nuestras películas y degradar las condiciones de trabajo no sólo de los propios actores sino de los directores, a quienes de alguna manera, con
esta filosofía, se pretende reducir a la condición de meros capataces de un equipo de trabajadores o a directores de muy limitada experiencia profesional. Existe además una ayuda relativamente generosa con relación al cortometraje, pero con una
doble vertiente, absolutamente objetable: primar la cantidad. Más cortos, cada vez peor dotados económicamente y una torcida interpretación del cortometraje como sustituto de la enseñanza cinematográfica o de su aprendizaje práctico.
El
cortometraje es una fórmula narrativa tan válida como lo es el largometraje -el cuento y la novela serían en literatura, señorías, sus equivalentes- y no es una escuela de formación de cineastas, que es a lo que se ha quedado reducido en nuestro
país.
Se incumple la legislación vigente, que establece las cuotas de pantalla destinadas obligatoriamente a la exhibición de películas españolas, o se aceptan componendas para eludir legalmente el cumplimiento de la legislación. No se reglamenta
tan siquiera el manejo de fecha y las condiciones de permanencia en cartel por parte de distribuidores y exhibidores, naturalmente no siempre con los mismos intereses, en ocasiones incluso diría yo que carentes de independencia frente a las
transnacionales con las que trabajan, que por regla general terminan arrinconando al cine español en las peores fechas y reservando las más productivas para el material que proviene de USA. La programación de cine español en los canales estatales
deja mucho que desear; malos horarios y de forma prioritaria en el canal de menor audiencia, canal 2, una manera estupenda de incentivar el cine. Otro tanto puede decirse de los canales no estatales. Por dar una cifra indicativa, en el año 2001,
el gran año del cine español, se emitieron, entre la televisión de ámbito nacional y autonómico, 13.410 películas, de las cuales 9.105 fueron estadounidenses y 1.609 españolas; 2.170, de otros países de la Unión Europea y 536, de otras
nacionalidades. En resumen, al cine español le correspondió el 12 por ciento del total. Admitan, señorías, que el panorama es desolador.
Como no me queda tiempo, no quiero terminar mi intervención sin decir que no hemos presentado ninguna enmienda a la moción del Grupo Parlamentario Socialista. Vamos a votar a favor porque compartimos plenamente el contenido, pero tenemos
inquietudes que van más allá y que ya manifestamos en el debate de la Ley del cine. Una vez más, proponemos que este Parlamento tiene que mirar a Francia y que tiene que plantearse la cláusula de excepción cultural, cláusula que tiene un
significado de protección cultural ante la concurrencia invasora de un producto que, a su condición de bien cultural, une la de ser una mercancía que aspira a venderse en un mercado de libre circulación. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
Nosotros entendemos que esta es la piedra angular.
La señora PRESIDENTA: Señora Castro, su tiempo ha concluido sobradamente.
La señora CASTRO FONSECA: Termino, señora presidenta.
Anunciamos que presentaremos una proposición no de ley en esta Cámara sobre la necesidad de modificar la Ley del cine, considerando la excepción cultural, que repito que es la piedra angular para resolver este problema.
Muchas gracias, señorías.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Castro.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señora Rodríguez-Salmones.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, nuestro grupo comparte plenamente la necesidad de tomar medidas complementarias que ayuden a la situación actual del cine español y que ajusten lo que se ha podido hacer, el balance, del año y medio de vigencia de la ley. El
Gobierno está trabajando en las medidas complementarias en el comité de seguimiento que crea la ley, trabaja con todo el sector. La última reunión se tuvo el lunes, la siguiente será la semana que viene y la adopción de las medidas tendrá lugar
dentro de un mes. Dichas medidas están recogidas en los documentos que ha presentado el sector entero, se ajustan mucho a los diez puntos que ha recogido el señor Guardans, pero no se ajustan a lo que ustedes nos proponen hoy.
Nosotros estamos
trabajando en ello. Creemos que hay que aumentar el primer pilar fiscal, que no ha sido servido suficientemente; que hay que dar estabilidad al fondo; que hay que modular la cuota de pantalla, no como ustedes dicen, pero hay que hacer ajustes; y
por supuesto creemos que hay que hacer un seguimiento de la participación de las televisiones en el cine español, pues ha supuesto un apoyo y una cantidad de dinero importante aunque debe suponerlo más.
Quiero señalar de forma muy especial que queremos adoptar medidas de apoyo al sector de la animación, que nos preocupa muy especialmente. Nos parece que
este sector en España es extraordinario y está pasando por una situación muy complicada. Por eso estábamos muy dispuestos a votar -y creíamos que ustedes lo iban a aceptar así- los 10 puntos de la moción del señor Guardans, del Grupo
Parlamentario Catalán de Convergència i Unió. El agua que hemos echado a ese vino, que nos parecía un vino estupendo, solamente es cambiar un punto de sitio; tengo que decir que, como chorro de agua, no puede ser menor. En cualquier caso,
lamentamos su posición y, cuando presenten la proposición no de ley, votaremos a favor. Lamentamos muy seriamente que no hayamos llegado hoy a un acuerdo, porque nos hubiera gustado.
La señora Castro -aunque no esté en este momento- ha hablado de catástrofes; los textos socialistas hablan de agotamiento. Yo creo que debemos ser más cuidadosos en los términos. Desde luego no es una catástrofe y no es un tema agotado.
Es cierto que tiene muchos problemas, pero vamos a hacerles frente. Tenemos un cine creativo, vital; tiene problemas industriales y una brutal competencia americana, no siempre leal, como bien ha señalado el portavoz socialista. Ahí es donde nos
tenemos que centrar. Si hoy se llama agotamiento, desastre, catástrofe a estrenar 137 películas, en el año 1996, con 60, debió ser de pánico. Si el público abandona hoy al cine español con 18 millones de espectadores, con ocho en el año 1996, en
pleno florecimiento del cine, debían ustedes sentir terror a esa soledad y a lo que estaba sucediendo.
Por otro lado, lo ha recordado el señor Guardans, no podemos compartir lo que la señora Chacón afirmó aquí -y entrecomillo-: que las ayudas eran iguales a las de la minería, la siderurgia o la agricultura. De ninguna manera, y ese punto es
esencial. Insisto en que entrecomillo, con todas las de la ley. Esto es cultura, no está sometido a las leyes del mercado y si no partimos de esa base no sé qué estamos haciendo aquí.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Rodríguez-Salmones.
Señorías, vamos a proceder a la votación, en primer lugar, de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para mejorar la
fiscalidad de las pequeñas y medianas empresas.
Se somete a votación el texto de la enmienda transaccional de sustitución, que ha sido presentada por el propio grupo proponente.
Comenzamos por los puntos 1, 5 y 8 de dicho texto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 256; a favor, 247; en contra, siete; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
Votamos a continuación el punto número 7.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 257; a favor, 250; en contra, uno; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Votamos el resto del texto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 258; a favor, 258.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación del cine español, que se somete a votación en los términos derivados del debate y con la incorporación de la enmienda del diputado señor
Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto, que ha sido aceptada por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 258; a favor, 100; en contra, 158.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Se levanta la sesión.
Eran las tres y veinte minutos de la tarde.