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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 224, de 11/02/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2003 VII Legislatura Núm. 224
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 215
celebrada el martes, 11 de febrero de 2003
ORDEN DEL DÍA: Toma en consideración de Proposiciones de Ley: ...
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de modificación de la Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, por la que se regulan los Criterios Básicos de la Defensa Nacional (Orgánica). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B,
número 167-1, de 15 de octubre de 2001. (Número de expediente 122/000149.) ... (Página 11369)
Decalaración institucional ... (Página 11379)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Continuación.) ...
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Saura), de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, para establecer la elección directa de los Consejeros o Consejeras de Distrito (Orgánica). 'BOCG.
Congreso de los
Diputados', serie B, número 288-1, de 15 de noviembre de 2002. (Número de expediente 122/000255.) ... (Página 11380)
Decalaración institucional ... (Página 11385)
Proposiciones no de Ley: ...
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre condena de las manifestaciones del Presidente del Tribunal Constitucional relativas a las nacionalidades históricas y conveniencia de su recusación. 'BOCG.
Congreso de los
Diputados', serie D, número 477, de 31 de enero de 2003.
(Número de expediente 162/000649.) ... (Página 11386)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el papel de España ante un posible ataque militar norteamericano sobre Iraq. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, número 477, de 31 de enero de 2003.
(Número de expediente
162/000647.) ... (Página 11397)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sres. Aymerich, Rodríguez y Vázquez), relativa a la posición del Gobierno ante una eventual guerra contra Irak.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 477, de 31 de enero de 2003. (Número de
expediente 162/000639.) ... (Página 11398)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la posición de España ante la crisis de Iraq. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 477, de 31 de enero de 2003. (Número de expediente 162/000645.) ...
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Saura), para que el Estado español se oponga a la intervención armada en Irak. (Número de expediente 162/000651.) ... (Página 11398)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes: ...
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno en relación con el conflicto con Irak.
(Número de expediente 173/000178.) ... (Página 11398)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la posición del Gobierno respecto de la crisis de Iraq. (Número de expediente 173/000179.) ...
(Página 11398)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para que el Gobierno explique su posición ante la posible guerra de Iraq. (Número de expediente 173/000180.) ... (Página 11398)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 11369)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de modificación de la Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, por la que se regulan los criterios básicos de la Defensa Nacional (orgánica.) ... (Página 11369)
El señor Rejón Gieb, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, manifiesta en primer lugar su solidaridad con la gran familia socialista por el último atentado perpetrado por ETA, y pasa a defender una iniciativa que ya se
hizo con ocasión de la situación prebélica en Afganistán y que su grupo vuelve hoy a retomar ante el conflicto planteado con Irak. Explica las diferencias que existen entre la guerra de Afganistán y la que ahora se plantea con Irak, aunque, en
términos generales, se puede decir que los problemas en torno a la interpretación del artículo 63.3 de la Constitución que se dieron en el pasado se reproducen en estos momentos, por lo que considera que la proposición tiene plena vigencia y
actualidad.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Companys Sanfeliú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió); Marsal Muntalá, del Grupo Parlamentario
Socialista, y Atencia Robledo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos del artículo 71.3 del Reglamento intervienen el señor Rejón Gieb y, a continuación, el señor Atencia Robledo.
Declaración institucional ... (Página 11379)
La Presidencia, de acuerdo con la Junta de Portavoces, somete a la Cámara la aprobación de una declaración institucional que condena firmemente el asesinato en Andoain del jefe de la policía local, Joseba Pagazaurtundua, que supone un nuevo
ataque contra aquellos ciudadanos que tratan de construir en su propia tierra vasca un futuro en paz y libertad, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 11380)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de modificación de la Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, por la que se regulan los criterios básicos de la Defensa Nacional (Orgánica) (Votación.) ... (Página
11380)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de modificación de la Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, por la que se regulan los criterios básicos de la Defensa, se
rechaza por 139 votos a favor, 165 en contra y tres abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Saura), de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, para establecer la elección directa de los consejeros o consejeras de distrito (orgánica.) ...
El señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende en nombre de Iniciativa per Catalunya-Verds una proposición de ley de modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, para establecer la elección directa de los
consejeros y consejeras de distrito en aquellas ciudades o municipios que tengan reconocidas en una ley especial estas características, lo que es, dice, una vieja aspiración de los grupos municipales del Ayuntamiento de Barcelona de todos los
partidos políticos catalanes desde hace diez o quince años.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; López de Lerma i López, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Marcet i Morera, del Grupo
Parlamentario Socialista, y Albendea Pabón, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Declaración institucional ... (Página 11385)
La Presidencia, de acuerdo con la Junta de Portavoces, propone a la Cámara la aprobación de una declaración institucional con motivo del vigesimoquinto aniversario de la fecha en la que el pueblo español ratificó en referéndum la
Constitución que alumbró los nuevos fundamentos de su convivencia, que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 11386)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Saura), de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, para establecer la elección directa de los consejeros o consejeras de distrito. (Orgánica) (Votación.) ...
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señor Saura, de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, para establecer la elección directa de los consejeros o
consejeras de distrito, se rechaza por 134 votos a favor y 167 en contra.
Proposiciones no de ley ... (Página 11386)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre condena de las manifestaciones del presidente del Tribunal Constitucional relativas a las nacionalidades históricas y conveniencia de su recusación ...
El señor López de Lerma i López, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), defiende la proposición no de ley que trae causa, dice, de las controvertidas, por sorprendentes e inusitadas, manifestaciones del presidente
del Tribunal Constitucional, señor Jiménez de Parga, en torno a su concepción de las nacionalidades históricas y su entronque, que niega, con la Constitución de 1978, acusándole de incurrir en una desconsideración total, plena y rotunda respecto de
la propia Constitución de 1978. Considera que las manifestaciones vertidas por el señor Jiménez de Parga justifican la justa causa que la Constitución y estas Cortes Generales tienen encomendada al Tribunal Constitucional hasta el punto de
inhabilitarlo moralmente para seguir ejerciendo su cargo y su responsabilidad y que la Cámara debe pronunciarse para dejar sentado que la Constitución, siendo de todos, a todos obliga, incluido el señor Jiménez de Parga.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores López Aguilar, del Grupo Parlamentario Socialista; Saura Laporta, Rodríguez Sánchez y Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario Mixto, y Rejón Gieb, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y la señora Matador de Matos, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor López de Lerma i López.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre condena de las manifestaciones del presidente del Tribunal Constitucional relativas a las nacionalidades históricas y conveniencia de
su recusación, en los términos derivados del propio debate y con la incorporación de las enmiendas que han sido aceptadas, se rechaza por 36 votos a favor, 282 en contra y una abstención.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el papel de España ante un posible ataque limitar norteamericano sobre Irak ...
(Página 11397)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señores Aymerich, Rodríquez y Vázquez), relativa a la posición del Gobierno ante una eventual guerra contra Irak ... (Página 11398)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la posición de España ante la crisis de Irak ... (Página 11398)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Saura), para que el Estado español se oponga a la intervención armada de Irak ... (Página 11398)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 11398)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno en relación con el conflicto con Irak ...
(Página 11398)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la posición del Gobierno respecto de la crisis de Irak ... (Página 11398)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para que el Gobierno explique su posición ante la posible guerra de Irak ... (Página 11398)
Se procede al debate conjunto de las proposiciones no de ley y de las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes en base a la enmienda transaccional presentada por los grupos parlamentarios firmantes.
En defensa de las iniciativas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y por el Grupo Parlamentario Socialista, intervienen los señores Alcaraz Masats y Caldera Sánchez-Capitán.
El señor vicepresidente primero del Gobierno, ministro de la Presidencia y portavoz del Gobierno (Rajoy Brey) interviene para fijar la posición del Gobierno sobre el tema objeto de debate y hacer unas consideraciones que estima pueden ser de
interés.
En turno de réplica intervienen los señores Alcaraz Masats y Caldera Sánchez-Capitán.
Duplica el señor vicepresidente primero del Gobierno, ministro de la Presidencia y portavoz del Gobierno.
En defensa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la posición del Gobierno ante una eventual guerra contra Irak, interviene el señor Vázquez Vázquez, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto para que el Estado español se oponga a la intervención armada en Irak interviene el señor Saura Laporta.
Defienden las enmiendas presentadas a estas dos proposiciones no de ley los señores Núñez Castain y Puigcercós i Boixassa, la señora Lasagabaster Olazábal y el señor Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno en relación con el conflicto con Irak interviene el señor Guardans i Cambó.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mauricio Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Anasagasti Olabeaga, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Arístegui y San Román, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Sometida a votación la enmienda de sustitución a las proposiciones no de ley con números de expediente 162/000647, 162/000639, 162/000645 y 162/000651 y a las mociones consecuencia de las interpelaciones urgentes con números de expediente
163/000179 y 163/000180, se rechaza por 151 votos a favor y 175 en contra.
Sometidos a votación, de acuerdo con la petición formulada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), los puntos uno y dos del texto de su moción, se rechazan por 27 votos a favor, 183 en contra y 115 abstenciones.
Sometido a votación el punto tres de la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se aprueba por 323 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.
Sometido a votación, finalmente, el punto cuatro de la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se aprueba por 321 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones.
Se suspende la sesión a las diez y cuarenta y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1980, DE 1 DE JULIO, POR LA QUE SE REGULAN LOS CRITERIOS BÁSICOS DE LA DEFENSA NACIONAL (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000149.)
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de Ley.
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de modificación de la Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, por la
que se regulan los criterios básicos de la Defensa Nacional.
Para la presentación y defensa de la iniciativa, tiene la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, señoras y señores diputados, sean mis primeras palabras hoy, en nombre de mi grupo parlamentario, de solidaridad con la gran familia socialista, y por extensión con la gran familia de
aquellos que creemos en la democracia, en la libertad y en el diálogo.
Entrando en cuestión, señorías, subo a defender una iniciativa que parecía que iba a oler a alcanfor, se hizo al calor de una situación determinada, a la situación prebélica en Afganistán, tiene fecha enero de 2001, pero indiscutiblemente
creo que con mucha razón mi grupo parlamentario ha vuelto a activarla.
Señorías, con motivo de la campaña militar conocida como Tormenta del Desierto de 1991, de la campaña Libertad Duradera el pasado año en Afganistán y de la situación actual prebélica en Irak, se han producido, se están produciendo y se van a
producir determinados
problemas en cuanto a la adecuada interpretación del artículo 63.3 de nuestra Constitución. Por ello en su día, como decía antes, mi grupo parlamentario presentó una proposición de ley, con motivo de la guerra de Afganistán, que mutatis
mutandi se puede aplicar también a la actual coyuntura aunque, todo hay que decirlo, con notoria y notable diferencia, puesto que la operación sobre Afganistán tuvo algún tipo de cobertura legal por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
y España no envió efectivos a la zona, a pesar de que el ministro Trillo, un día sí y el de en medio también los ofrecía de forma continua, mientras que en el caso presente el Gobierno del PP parece estar dispuesto a respaldar una acción unilateral
y preventiva, y digo parece pero creo que están más que dispuestos. En términos generales se puede decir que los problemas en torno a la interpretación del artículo 63.3 de la Constitución que se dieron en el pasado se reproducen en estos momentos;
por eso esta proposición, aunque veterana, tiene vigencia y plena actualidad.
Nuestro punto de partida es el siguiente: la declaración de guerra, tal y como se entendía a finales del siglo XIX o a principios de la pasada centuria, declaración expresa y formal de guerra de un Estado soberano contra otro Estado
soberano y como paso previo a la apertura de hostilidades militares, pertenece ciertamente al pasado. En la actualidad, señorías, la mayoría de las acciones militares comparables a la guerra del pasado son tomadas de forma coordinada por Estados
occidentales, en ciertos casos por algunos países del llamado Sur, en pos, al menos en teoría, del logro de la paz y la seguridad internacional al abrigo de los principios y prescripciones de la Carta de Naciones Unidas así como de la resolución
expresa del Consejo de Seguridad.
Todas estas acciones militares de la comunidad internacional, señorías, no implican en modo alguno la declaración de guerra en el sentido tradicional y formal del término, incluso cierto sector de la doctrina jurídica entiende que la guerra,
al menos tal como era entendida en los siglos XIX y XX, hoy ya no existe. Surge por tanto el problema de interpretar el artículo 63.3 de nuestra Carta Magna, en el contexto propio de este principio del siglo XXI. O bien entendemos, señorías, que
el citado artículo constitucional continúa refiriéndose a la guerra al estilo del siglo XIX, en cuyo caso nunca llegará a aplicarse de forma efectiva en el futuro y será sin duda letra muerta sin valor jurídico -cosa que, por cierto, nuestro
Tribunal Constitucional rechaza-, o bien entendemos que el propio concepto de guerra ha cambiado, ha mutado y que como consecuencia de lo anterior también debe modificarse la forma de interpretar la declaración de guerra en el contexto de una
política internacional claramente globalizada como es esta de principios del siglo XXI.
En relación con la interpretación del citado artículo 63.3 de la Constitución, debemos recordar que al estar éste integrado en nuestra Carta Magna, la última y suprema interpretación de su significado corresponde al Tribunal Constitucional,
pero como quiera que de momento -e insisto en lo de momento- el Tribunal Constitucional no ha podido pronunciarse sobre el artículo 63.3, el resto de los poderes públicos tenemos la obligación de interpretar este precepto constitucional de la manera
más adecuada posible. La interpretación que hagamos en el Congreso de los Diputados del artículo 63.3 de la Constitución no será la última y suprema interpretación, pues ésta sólo corresponde al Tribunal Constitucional, pero como diría un clásico
rebus sic stantibus es una interpretación de importancia no desdeñable. Entendemos que lo lógico sería recurrir a los instrumentos de hermenéutica jurídicos habituales en materia constitucional. En primer lugar, señorías, debemos recurrir a las
nociones constitucionales intrínsecas, tal y como ha ordenado en repetidas ocasiones en Tribunal Constitucional. En este punto es interesante resaltar que lo que pretende el artículo tantas veces citado de la Constitución es mantener un determinado
equilibrio y separación de poderes. En tal sentido la Constitución otorga al Gobierno a través de los artículos 97 y 149.1 competencia en materia de relaciones internacionales, política exterior, Administración militar y fuerzas armadas, pero a la
vez reserva al Congreso de los Diputados una de las decisiones de máxima gravedad en esta materia, la declaración de guerra, es decir lo que podemos leer en el sentido moderno como participar directamente en acciones militares en suelo de otro
Estado soberano. Si como se decía en un momento determinado la guerra es demasiado importante para dejarla en manos de los militares, los constituyentes españoles entendieron que la declaración de guerra era algo demasiado importante para dejarlo
solamente en manos de los gobernantes, del Gobierno y por eso lo ampliaron al resto de los representantes de la nación, en este sentido hacia el Congreso de los Diputados. Podemos discutir si es una actuación acertada o desacertada del legislador
constituyente, pero es evidente que dicha opción es la que expresa nuestra Constitución. La Carta Magna quiere que esta decisión de máxima trascendencia diplomática y militar sea tomada por el Congreso de los Diputados y no por el Gobierno. Nos
resta la labor de interpretar qué es guerra en el sentido constitucional y a estos efectos debemos recurrir a la combinación de los instrumentos habituales de interpretación. En primer lugar, según el sentido de sus propias palabras -el criterio
semántico-, el diccionario de la Real Academia Española dice que guerra es desavenencia y rompimiento de la paz entre dos o más potencias, y guerra es la lucha armada entre dos o más naciones o entre bandos de una misma nación. En segundo lugar el
criterio gramático legal en buena medida hace referencia a lo antes dicho en relación con la reserva de poderes al Congreso de los Diputados, conscientemente querida por los constituyentes. En tercer lugar, hay que considerar los antecedentes
históricos
legislativos, el criterio histórico. Del debate constituyente, señorías y ahí están los textos, se deduce cierto sentimiento general sobre lo anticuado del concepto guerra y el deseo de reservar la decisión de máxima trascendencia
internacional y militar, sea cual sea su nombre y se vista como se vista, al Congreso de los Diputados y no al Gobierno en solitario. En cuarto lugar, se debe tener en cuenta la realidad sociológica del tiempo en que han de ser aplicadas las
normas, es decir el criterio sociológico. La realidad sociológica de principio del siglo XXI concibe la situación actual, o la que se produjo en Afganistán claramente como guerra, más allá del contenido de los artículos 39 y siguientes de la Carta
de Naciones Unidas. En la calle está, señorías, y creo que no debo extenderme en este asunto por evidente, que la comunidad internacional -y por ello España y la Unión Europea- está a las puertas de una guerra. En quinto lugar, según el espíritu y
finalidad de las normas, el criterio teleológico, este criterio apunta al deseo del legislador constitucional de evitar que España participase en una guerra sin el consentimiento expreso del único órgano constitucional con capacidad para representar
a todos los ciudadanos españoles, en este caso como ustedes saben, el Congreso de los Diputados.
Pues bien, de la aplicación conjunta de todos estos criterios se deduce con claridad que el artículo 63.3 de la Constitución, leída en el año 2003, viene a significar que España no puede involucrarse directa o indirectamente en un esfuerzo
bélico fuera de nuestras fronteras sin la aprobación previa y expresa de este Congreso de los Diputados. Hay que decir que este criterio es seguido por buena parte de los Estados occidentales. Así, debemos tener en cuenta el marco legal de los
siguientes Estados a la hora de involucrarse en esfuerzos bélicos fuera de su territorio, algo tan querido por ustedes cuando de vez en cuando se suelen subir aquí y traen a colación la legislación comparada de otros países. Pues bien, por ejemplo
en Estados Unidos, cualquier envío de tropas al extranjero bien para perseguir objetivos de política de defensa de los propios Estados Unidos, bien para ayudar a ejecutar resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, bien para participar
en misiones multinacionales y coaliciones debe ser sometido a consulta y autorización del Congreso de los Estados Unidos, específicamente referido en el capítulo 33 de la War Powers Resolution de 1973. Así ocurrió, por ejemplo, con las
intervenciones en el Líbano en 1983, en Irak en 1991, en Somalia en 1993, en Haití en 1994, y en Afganistán en 2002. No es un poder retórico sino real. El Congreso denegó esta autorización, por ejemplo, en el año 1984 con motivo de una posible
intervención armada en Centroamérica. En el Reino Unido el envío de fuerzas armadas al extranjero necesita la autorización de la Cámara de los Lores como consecuencia de un uso constitucional asentado. La Cámara de los Lores debe ser consultada y
debe producir una resolución favorable antes de cada envío. Así se hizo, por ejemplo, en el caso de envío de tropas al Golfo Pérsico en 1991, a Kuwait en 1994, a Zaire en 1996 y a Kosovo en 1999. Alemania envía tropas al extranjero desde 1994,
pero se exige el voto favorable del Parlamento antes de la participación efectiva de las Fuerzas Armadas alemanas en una misión OTAN, Naciones Unidas, etcétera.
En resumen, señorías, si tenemos en cuenta nuestro propio texto constitucional y
analizamos su lógica interna, si tenemos en cuenta los criterios tradicionales de interpretación jurídica, si tenemos en cuenta el texto de la Carta de Naciones Unidas e incluso si tenemos en cuenta poderosos ejemplos de derecho comparado,
llegaremos a la conclusión de que la única manera razonable de interpretar el artículo 63.3 de nuestra Constitución es entender que España no puede involucrarse directa o indirectamente en campaña bélica alguna si no es mediante el voto favorable y
previo del Congreso de los Diputados. Sin embargo denunciamos el intento del Partido Popular y del Gobierno al que soporta de que España participe en la guerra de espaldas a la ciudadanía y de espaldas al Congreso de los Diputados. Este Gobierno,
señorías, no tiene el coraje político de venir al Congreso de los Diputados no ya a solicitar la necesaria autorización para la entrada de España en una guerra, sino incluso a debatir aunque sabe que tiene mayoría absoluta en el Congreso de los
Diputados, pero también sabe que eso le llevaría a un desgaste por su desprecio al resto de los grupos parlamentarios, que por cierto representamos a la mayoría de los votos y a la ciudadanía española.
Sabemos que este Gobierno no tiene la
sensibilidad democrática necesaria para tener en cuenta la opinión de una ciudadanía española que se opone a esta guerra -entre el 80 por ciento y el 90 por ciento- y por tanto actuar en consecuencia, pero esta falta de sensibilidad no puede cambiar
como se quiera el artículo 63.3 de nuestra Constitución. Por ello entendemos que esta proposición de ley tiene sentido y además es de plena actualidad. Esta reforma legislativa, señorías, pretende adaptar la Ley orgánica 6/1980, de 1.º de julio
-ya que no se adaptó en su momento- por la que se regulan los criterios básicos de la defensa nacional a los nuevos tiempos, a la lógica interna de nuestra Constitución, al sentido común presente en la calle, a la vez que proteger las prerrogativas
que la Constitución quiso garantizar en 1978 a las Cortes Generales en materia de guerra y acciones militares de las Fuerzas Armadas en el extranjero. A tal efecto se ha entendido conveniente desarrollar a la luz de los nuevos tiempos el artículo
63.3 de la Constitución a través de una modificación del artículo 6 de la Ley orgánica 6/1980, de 1.º de julio, por la que se regulan los criterios básicos de la defensa nacional conducente al control de las Cortes Generales de cualquier envío de
tropas españolas a misiones que tengan lugar fuera de nuestro territorio nacional.
Estimamos que este fue el espíritu de los constituyentes -y me remito de nuevo a los textos- es decir
reservar la decisión de máxima trascendencia militar a las Cortes Generales, manteniendo con ello un determinado equilibrio entre el Poder Legislativo y Ejecutivo en materia militar. Esta reforma legal es la mejor manera de mantener vivo el
espíritu constituyente en el actual contexto internacional, especialmente dinámico y globalizado. Esperamos plena coherencia -y yo creo que la hay- por parte de los grupos parlamentarios, de tal suerte que el frente contrario a esta guerra de Irak,
claramente vislumbrado la pasada semana y que continuará durante esta misma en la Cámara, apoye hoy la toma en consideración de esta proposición de ley, máxime si tenemos en cuenta que tal toma en consideración en nada prejuzga la posición de cada
grupo parlamentario con relación al texto concreto de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Termino, señorías. En un libro magnífico que recomiendo a SS.SS, uno de los padres de la escuela histórica de Francia, Marc Bloch, escribe en el año 1940 La extraña derrota. La escribe momentos antes de ser detenido, torturado y asesinado
por las SS. SS, la Gestapo. En este libro viene a decir que cuando empiezan a sonar trompetas y ruidos de guerra, los halcones siempre pretenden debilitar el Estado. Por eso, señorías, nuestra proposición de ley se encamina a reforzar el Estado,
en cuanto elemento de control y en cuanto que representación de toda la nación en esta Cámara. Por cierto, recomiendo la lectura del libro al señor Aznar, ya que el otro día, en una de sus intervenciones -en parte rigurosas desde su punto de vista,
y en parte poco rigurosas o nulamente rigurosas- intentó comparar esta situación prebélica con la de 1938, 1939 y 1940, diciendo: ojo con los pacifistas y débiles de l939 y 1940, pues tanta debilidad le permitió después a Hitler destrozar Europa y
cuyas consecuencias tuvimos que pagar más duramente. Ruego a los asesores históricos que lean un poquito más, que no sean tan bestias, que no peguen tantas patadas y no retuerzan la historia. En primer lugar porque la diferencia entre Adolf Hitler
y Sadam Hussein es bestial, no en cuanto a fascistas, pues no tengo fascistómetro, pero, in duda pelearían entre ellos para ver quien lo era más. Sencillamente uno era una gran potencia militar con la que había que tener un poquito cuidado, y el
otro no es más que un satrapilla y en cualquier momento puede convertir aquello en una pista de paddle por cualquiera de las potencias militares en escasas 24 horas. En segundo lugar, la diferencia importante entre ellos, como luego han demostrado
los archivos del Foreign Office y los archivos de Francia, es que muchas de las personas que estaban tonteando y que se vistieron de pacifistas con Hitler no lo eran porque amaran la paz, sino que sencillamente les gustaba. Hay magníficos escritos
de políticos y periodistas con el mismo nombre y apellido que el señor presidente, que en aquellos momentos alababan aquella situación de pacifismo, que no era más que una entrega por coincidencia con el régimen fascista.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
¿Turno en contra? (Pausa)
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa)
En primer lugar y en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego va a apoyar la proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y quiere hacerlo recordando la textualidad del artículo 63.3 de la Constitución Española que reza: 'Al rey
corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz'. Sin duda alguna, cuando se elaboró la Constitución Española de 1978, los constituyentes tenían muy claro que el Estado español era un Estado soberano, y
partían de la concepción de la soberanía nacional y de la existencia de una nación que los constituyentes llaman España. Quisieron quedase claro que en los actos que tengan que ver con materia de guerra o acciones militares, habría que contrapesar
el poder del Ejecutivo con el control de estas Cámaras parlamentarias de representación popular, como se hace ni más ni menos con la legitimación de todas las leyes que el Gobierno promulga a través del Consejo de Ministros.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, consciente de que no es la interpretación que hace el Gobierno de si se trata o no de una declaración de guerra sus participaciones en campañas internacionales de carácter agresivo, propone
la modificación del artículo 6 de la Ley Orgánica 6/1980, de 1.º de julio, por el que se regulan los criterios básicos de la defensa nacional, y lo hace para intentar mantener el espíritu constitucional en el contexto que califican de dinámico y
globalizado. Debemos tener en cuenta, señorías, que el Estado español desde 1978 ha pasado a pertenecer a la entonces Comunidad Económica Europea, después Unión Europea; a la Organización del Tratado del Atlántico Norte y ahora, por lo que se ve,
pasa a ser una especie de provincia del imperio de Estados Unidos. Un contexto globalizado y transnacionalizado que está dejando en muy mala posición a la Constitución española, convertida sin duda alguna en papel mojado y no solamente en el tema
que es objeto del debate de hoy sino también en el tema del artículo 30 referido al servicio militar, en el tema de la función pública de la riqueza que llaman nacional, y en concreto en el de la iniciativa pública para el impulso de la economía,
artículo 128, o el artículo 149 cuando habla claramente de que es competencia del Estado español el sistema monetario. (La
señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la Presidencia.)
Aunque solamente fuera por esto, sería necesaria una reforma constitucional; pero mientras no se pueda hacer con todas las de la ley, y esperemos que en un sentido progresivo desde el punto de vista democrático y desde el punto de vista de
las naciones que integramos el Estado español, efectivamente hace falta una clarificación, aunque sea a través de la modificación que se nos propone de la Ley llamada de defensa nacional. Se nos dice que en todo caso la participación de España en
acciones guerreras en el exterior siempre debe ser con cobertura de la ONU, conforme a la política exterior de seguridad y defensa de la Unión Europea, en el marco transnacional que estamos participando, y también conforme a los tratados
internacionales que tenga el Estado español. Sin duda alguna, en ninguno de los tres casos se está dando esta condición en la previsible guerra contra Irak: no hay cobertura de la ONU, no forma parte de la política exterior de la Unión Europea,
afortunadamente dividida y fundamentalmente por parte de los Estados centrales y con más importancia política y económica, y no forma parte tampoco de los tratados internacionales, ni siquiera hay un acuerdo dentro de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte.
Para nosotros sería fundamental que se tuviera en cuenta que cualquier cobertura para una guerra debería partir del supuesto de que no fuera una guerra que significase una injerencia en los asuntos internos de otro Estado y sobre todo que
impidiese el derecho de los pueblos a su libre autodeterminación, es decir a evolucionar desde el punto de vista democrático conforme a lo que sean sus intereses de carácter mayoritario.
Por eso cualquier cobertura legal de carácter internacional
en un contexto jerárquico tan discriminatorio como el actual, tiene muchísimos problemas.
En todo caso, señorías, nosotros pensamos que en el Estado español la decisión del Gobierno no puede suplantar la voluntad popular que se ejerció a través de la elaboración de la Constitución, y mucho menos puede suplantarla en este momento
que la decisión del Ejecutivo se debía someter a la legitimación por parte de esta Cámara. Realmente no haría falta clarificación si tuviésemos un Gobierno claramente leal y democrático, pero existe la tendencia a arrogarse competencias que no se
tienen en esta especie de evolución contraria a la democracia y a los intereses de la mayoría de la humanidad, que tiene uno de los pivotes representativos en la forma de proceder del Gobierno del Estado español que está utilizando el amparo de la
transnacionalización para una política claramente agresiva en el exterior y contraria a los intereses de los pueblos del Estado español en el interior.
Por todo esto, vamos a apoyar la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rodríguez.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Ha dicho muy acertadamente el portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Rejón, proponente de esta proposición de ley, que esta iniciativa casi traía olor a naftalina porque es del año 2001. Pues si esto lo puede
tener esta iniciativa, ¡qué decir de la Ley Orgánica que se pretende modificar, que va a cumplir 23 años de existencia! En esos 23 años de existencia de la entonces necesaria y oportuna Ley 6/1980, de 1.º de julio, que regula los criterios básicos
de la defensa nacional, se han producido unos hechos sustanciales para la aplicación de la misma. Desde la aprobación de la Constitución española y la invocación que se hace al artículo 63, en cuya razón constitucional se justifica esta proposición
de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, se han producido los siguientes hechos, que este portavoz quiere que sirvan de estímulo, de acicate al Gobierno actual para traer una modificación de la Ley de 1980.
En 1986 se produjo la integración de España en la organización del Tratado del Atlántico Norte. Posteriormente, en la pasada legislatura y con el Gobierno del Grupo Popular, se produce la integración en la estructura militar de la OTAN. A
continuación, se produce la entrada de España en organismos que van a realizar las denominadas misiones Petesberg en el exterior, misiones de paz que no son ejercidas por servicios de seguridad, como la Guardia Civil o la Policía Nacional -aunque
estén colaborando-, sino por fuerzas militares regulares con todo su equipamiento militar de campaña; es decir en previsión de que al imponer misiones Petesberg y de paz encontrarse en confrontación con un posible enemigo que lleve a operaciones
auténticamente militares, lo que entendemos en el lenguaje clásico por guerra.
Recientemente se ha producido un tercer hecho: la presentación en este Parlamento el pasado mes de diciembre y por el ministro de Defensa de la revisión estratégica de la defensa. Curiosamente, en este documento de revisión estratégica de
la defensa que el ministro don Federico Trillo nos ha expuesto, hay un criterio básico -emplea los mismos nombres que la Ley de 1980-, y es el criterio básico número 5, que bajo la dependencia del jefe del Estado Mayor de la Defensa -JEMAD- crea un
mando de operaciones con su estado mayor y un jefe del mando de operaciones. No se entiende la creación de esta figura, posiblemente necesaria e importante, sin que se esté en la previsión de un escenario de confrontación bélica.
Un general jefe
de operaciones dependiendo del JEMAD no está para organizar desfiles; está para organizar una
fuerza operativa con capacidad de entrar en combate, y entrar en combate puede significar entrar en guerra, de aquí que con estos argumentos se haya quedado tan obsoleta la Ley orgánica 6/1980.
Mi grupo coincide con la cuestión de fondo que trae esta iniciativa del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. La votaríamos con gusto, no la vamos a votar en contra y nos vamos a abstener, para hacer un llamamiento al Gobierno de
que aproveche esta oportunidad y modifique la Ley de 1980, ya que es necesario adecuarla a las circunstancias actuales.
Es necesario que el propio Parlamento sepa sobre qué tiene que pronunciarse y que el Ejecutivo sepa las razones del
pronunciamiento, para que sea una decisión, nada más y nada menos que sobre operaciones militares de guerra en el exterior, que tenga el refrendo democrático de este Parlamento. A estas alturas de las circunstancias, con España dentro de la OTAN y
de la estructura militar, cumpliendo misiones Petesberg y misiones de paz en distintos territorios extranjeros, como ocurre actualmente en Yugoslavia o con destacamentos españoles en Afganistán, Kosovo, Bosnia-Herzegovina o cualquier otro lugar
donde sean destinados, y habiéndose presentado la revisión estratégica de la defensa, aprovéchese este instrumento y esta coyuntura para darle todo el amparo legislativo a esta revisión estratégica de la defensa, porque incluso para crear la plaza
de jefe del mando de operaciones hará falta como mínimo un decreto, si no hace falta una ley. Para crear este jefe del mando de operaciones dependiente del JEMAD va a ser necesario el instrumento legal, jurídico, publicado en el Boletín Oficial del
Estado, que garantice esta figura operativa, que no decorativa.
Por estas razones mi grupo se va a abstener, pero haciendo al Ejecutivo la llamada, el incentivo y la petición de que traiga aquí una actualización, vía reforma de la Ley orgánica de 1980, que se nos ha quedado como un traje viejo y estrecho
y no haría más que crear problemas de incumplimiento democrático al papel de este Parlamento y a la responsabilidad del Gobierno.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Señora presidenta, señoras y señores diputados, subo a la tribuna para posicionarme respecto a la proposición de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, por la que se pretende una
modificación del artículo 6 de la Ley orgánica 6/1980, de 1 de julio, de forma que el nuevo redactado haga que sea obligatoria la aprobación expresa de las Cortes Generales para que el Ejecutivo pueda enviar tropas españolas en misiones que tengan
lugar fuera del territorio español, exigiendo además que para poder salir sea imprescindible tener la cobertura de Naciones Unidas, de la Unión Europea o de cualquier tratado internacional ratificado por el Estado español.
En este momento y con la Constitución en la mano, en caso de guerra y por el artículo 63.3 ésta la declara el Rey a indicación del Gobierno, o sea después de un acuerdo del Consejo de Ministros, y previa autorización de las Cortes Generales.
Como consecuencia, parece impensable que España pueda involucrarse en una acción bélica sin el cumplimiento de los preceptos constitucionales. Es cierto que desde la aprobación de la Constitución y posterior aprobación de la Ley orgánica 6/1980,
por la que se regulan los criterios básicos de la defensa nacional y la organización militar, y sobre todo de los nuevos compromisos que adquirimos con nuestra incorporación en la OTAN, las cosas han cambiado sustancialmente.
No obstante, si
partimos de la base de que la integración de España en la OTAN no se hizo a través del artículo 93, o sea mediante ley orgánica, aprobación por mayoría absoluta, en la que se atribuye a las organizaciones internacionales el ejercicio de las
competencias derivadas de la Constitución, sino que se usó la vía del artículo 94, es decir la puerta pequeña, mayoría simple, dándole a la integración el rango de tratado, ello tenía su ventaja, que no requería mayoría absoluta como la ley
orgánica, pero el inconveniente de que esa vía del artículo 94 no comporta cesión de soberanía en materia de defensa y, por tanto, los mandatos de la OTAN en caso de guerra están siempre sujetos a la previa autorización por las Cortes Generales,
según defienden algunos de los más importantes especialistas en derecho constitucional. Por tanto, a nuestro entender, cualquier acción militar exterior de nuestras tropas, aunque sea en el supuesto contemplado en el artículo 5 del Tratado de
Adhesión, en el caso de que un Estado miembro sea atacado también será preciso el asentimiento de las Cortes Generales.
Existe un problema de carácter semántico, y no pequeño, y es ¿un conflicto es una guerra? ¿Existe guerra sin que se haya declarado la misma? ¿Participar con aviones propios en un bombardeo en zonas estratégicas quiere decir que se está en
guerra? ¿Colaborar con un bando en conflicto asegurándole militarmente la retaguardia es participar en una contienda? ¿Transformar un embargo en un bloqueo de un territorio y participar activamente en el mismo es un acto de guerra? ¿Cuándo una
acción militar deja de ser una misión de paz y puede convertirse, por ejemplo, en una agresión? Se trata de un conjunto de interrogantes, señoras y señores diputados, que sería bueno clarificar. Las confrontaciones armadas no tienen una buena
acogida en las sociedades modernas. En consecuencia, los ejecutivos de todos los colores han evitado siempre el uso de la palabra guerra. De esa forma, amparándose en los más variados subterfugios se evita un debate que pivote sobre la
autorización, lo que puede conllevar a fraude
de ley y en ese caso a fraude de la Constitución. Si realmente estamos de acuerdo con el artículo 1.2 de la Constitución, en el que se dice de forma clara que la soberanía nacional reside en el pueblo, del que emanan sus poderes, y con el
artículo 66, en el que se enuncia de forma nítida que las Cortes Generales representan al pueblo español y una de sus funciones es el control del Ejecutivo, parece normal que sobre la base de esa autoridad constitucional el Parlamento se convierta
en protagonista no sólo de la palabra del debate, sino que a través de la modificación de la ley tuviese un papel preeminente en las decisiones que afecten al envío de fuerzas armadas al exterior.
Partiendo de la base de que no es bueno -y la experiencia lo demuestra- que se legisle en momentos de irritación general, porque en esos casos es difícil encontrar las justas posiciones, no es menos cierto que si bien a nuestro entender las
actuales normativas son claras pero no suficientes, una redacción más adecuada del artículo 6 de la Ley 8/1980 permitiría resituar el problema y evitar que se pudiesen dar situaciones no sujetas de facto al espíritu de la ley. En consecuencia,
teniendo en cuenta que la capacidad de intervención de esta Cámara aparece recogida en el artículo 6 de la Ley orgánica por la que se regulan los criterios básicos de la defensa y la organización militar, teniendo que en cuenta que la situación
política en el momento en que se redactó esa ley afortunadamente no es la misma que la actual, dado que las estrategias que se emplean en los conflictos modernos no tienen nada que ver con las del siglo pasado, sería bueno adaptar la normativa a la
realidad actual de forma que en un tema tan importante que afecta al conjunto de la sociedad no se pudiesen producir interpretaciones sesgadas de la misma.
Existen misiones de carácter humanitario como las que en estos momentos el Ejército español
está desarrollando en Kosovo, en Bosnia Herzegovina o en Albania que comportan la salida de unidades del territorio español, pero en esos casos sería bueno que estuviese reglamentada la obligación de comparecencia del presidente del Gobierno para
informar a la Cámara de la decisión que se ha tomado. Ya sé que me pueden contestar que el presidente viene a la Cámara, pero yo creo que sería bueno que tuviese que venir obligatoriamente. En resumen, en algunos casos concretos debería ser
necesario el consentimiento obligatorio por parte de estas Cortes Generales, evitando interpretaciones que en el mejor de los casos están bordeando la legalidad y en otros, en cambio, a nuestro entender, sería suficiente con la comparecencia del
presidente del Gobierno para explicar su posicionamiento.
La aceptación a trámite de este proyecto de ley pone de manifiesto la voluntad de nuestro grupo parlamentario de dar a esta Cámara un papel más relevante en las grandes decisiones, pero sobre todo de clarificar de forma definitiva los
diferentes supuestos y así evitar situaciones que permitan interpretaciones que como mínimo podemos definir de peculiares, como fue el envío de fragatas al Golfo Pérsico en el año 1990, los bombardeos de Bosnia en 1995 o de Kosovo en 1999. En caso
de prosperar la admisión a trámite de esta proposición de ley presentaríamos nuestras propias enmiendas en la línea de lo expuesto, aunque sensiblemente diferentes de lo presentado por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
Muchas gracias, señora presidenta; muchas gracias, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón):
Muchas gracias, señor Companys.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señor Marsal.
El señor MARSAL MUNTALÁ: Señora presidenta, señorías, no querría comenzar mi intervención sin agradecer al señor Rejón las expresiones de solidaridad con las que ha empezado la suya y que sabemos que comparten todos los grupos
parlamentarios.
Nos encontramos en el proceso de aceptar a trámite una proposición de ley presentada en este caso por el Grupo de Izquierda Unida, y mi intervención podría ser muy rápida diciendo que vamos a votar afirmativamente su admisión a trámite para
expresar nuestra posición en el debate de la misma y llegar a puntos de acuerdo; sin embargo, como nos tememos que no va a ser aceptada por parte del grupo mayoritario, tal vez sea bueno aprovechar la ocasión para compartir algunas reflexiones con
SS.SS., tal como han hecho los demás grupos intervinientes.
No nos encontramos ante un debate doctrinal o académico, ni siquiera ante un debate coyuntural por la situación actual, sino que nos encontramos ante un debate práctico que se suscitó ya hace tiempo con motivo de situaciones reales, no
teóricas, en el pasado, situaciones del presente y desgraciadamente nos tememos que en el futuro las haya parecidas al tema que estamos tratando. Como decía, no es un debate nuevo. Concretamente, el Grupo Socialista presentó dos proposiciones no
de ley para pedir al Gobierno que presentase una propuesta para solucionar el problema de las relaciones entre el Gobierno y el Parlamento en las situaciones de conflictos bélicos, tuviesen el grado que tuviesen. Así, el 26 de junio de 2000
presentamos en la Comisión de Defensa una proposición no de ley que fue debatida el 27 de febrero del siguiente año. Posteriormente, el 2 de noviembre de 2001 presentamos en el Pleno una proposición no de ley que fue debatida el 20 de noviembre de
2001. En estos debates y en intervenciones anteriores el grupo mayoritario, el Grupo Popular, adquirió una serie de compromisos. Concretamente el 12 de mayo de 1999, es decir en la anterior legislatura, en una sesión de control el propio
presidente del Gobierno adquirió el compromiso de solucionar
este problema. Más concretamente, en el debate en la Comisión de Defensa del 27 de febrero de 2001 el portavoz del Grupo Popular dijo textualmente -y voy a leer la parte de su intervención centrada en este aspecto-: En esta línea el
presidente del Gobierno, en la intervención a que antes hice referencia del 12 de mayo de 1999, anunció la elaboración de un informe en el que se establecerían las pautas generales o el código de actuación en virtud del cual el Gobierno, en su
relación con el Parlamento, pueda establecer los mecanismos convenientes para cualquier circunstancia que se pueda producir en operaciones de carácter humanitario que la Alianza pueda llevar adelante. Así se está trabajando en estos momentos por
parte del Gobierno y distintos ministerios están analizando el desarrollo de una norma que contemple de forma genérica la participación de España en misiones como a las que hemos hecho referencia. Doce de mayo de 1999, 27 de febrero de 2001, ha
pasado suficiente tiempo como para que el Gobierno hubiese presentado ya una iniciativa y de esta forma evitaríamos un nuevo debate que desgraciadamente no va a suponer el principio del fin de esta cuestión, sino únicamente un trámite más que
esperemos no sea ad calendas graecas.
La proposición de ley que presenta el Grupo de Izquierda Unida nos parece correcta y está presentada en un buen momento; sin embargo, supone una cierta simplificación de la situación, por lo que en caso de ser admitida a trámite
presentaríamos enmiendas. Nos hallamos ante una situación de cierta complejidad. Algún interviniente ha citado ya algunos ejemplos, y permítanme que haga referencia a alguno de ellos para ver la diferencia de situaciones en las que nos podemos
hallar. El artículo 5 del Tratado modificado de Bruselas, constitutivo de la Unión Europea Occidental, que sigue en vigor y por tanto compromete a España, dice: En el caso de que una de las altas partes contratantes fuere objeto de una agresión
armada en Europa, las otras, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, le prestarán ayuda y asistencia por todos los medios a su alcance, tanto militares como de otra índole. Esto dice el artículo 5 y,
por tanto, es un imperativo automático que en el caso de que un aliado de la Unión Europea Occidental fuese atacado tendríamos la obligación de acudir también con nuestros recursos militares en auxilio del que hubiese sido agredido.
Yendo a ejemplos más concretos, dentro de la PESC, en la Unión Europea, se está creando una fuerza de reacción rápida europea para realizar misiones Petersberg, desde las de nivel más bajo, operaciones puramente humanitarias, hasta las de
nivel más alto, de imposición de la paz, por tanto actuaciones militares que no son decididas únicamente por un país aislado. Dentro de la OTAN se está constituyendo la fuerza de respuesta, que tiene la finalidad de ser capaz de actuar en 72 horas
o una semana en casos de lucha o de actuación antiterrorista, por tanto en una situación de máxima rapidez. Pero además existen otros casos en relación con los cuales difícilmente se podría exigir una consulta al Parlamento, debiendo actuar el
Gobierno con mayor rapidez. Se da concretamente en el marco del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, artículo 51, en un caso de acción de legítima defensa. Como reflexión general, a veces una reacción inmediata de lo que se llama
colocar la bandera en zona de conflicto puede llegar a evitar una agresión, un conflicto entre terceros o lo que se denomina una guerra en sentido clásico. Por tanto, la solución a la relación entre el Gobierno y el Parlamento no puede ser tan
simple, sino que tiene que pasar por varios niveles, desde la comunicación al Parlamento seguida de votación para conceder el permiso, hasta el debate para que los grupos parlamentarios fijen posiciones y el Gobierno sepa cuál es la opinión del
Parlamento, y en algunos casos, por qué no, el debate de control posterior, cuando sea necesario que la reacción por parte del Gobierno sea mucho más rápida.
Repito que nos hallamos ante una situación compleja, pero, señores del grupo mayoritario, la complejidad del tema no es excusa para no ser admitido a trámite, sino todo lo contrario. Teniendo en cuenta los antecedentes, la situación y el
futuro, sería un buen momento para admitirlo a trámite, discutir y llegar a algunas conclusiones. Y no se nos diga tampoco, como en algún caso ha hecho el ministro de Defensa y algún otro representante del Gobierno, que estamos hablando de una
cuestión reglamentaria del Parlamento y no del Gobierno, y que por tanto se trata de una competencia del Parlamento, porque no estamos hablando de la regulación del debate, un tema que sí es estrictamente parlamentario, sino que estamos hablando de
una cuestión que atañe a las competencias del Gobierno, a las competencias del Parlamento y a la relación existente entre el Gobierno y el Parlamento por lo que a dichas competencias se refiere. Como se ha dicho antes, este es un problema que surge
de las nuevas situaciones internacionales y también de la obsolescencia del artículo 63.3 de la Constitución, que lo hace inaplicable. Y si bien son ciertas las competencias del Gobierno en este campo dentro de lo que fija la institución, también
lo es que en la práctica se da un problema importante. Quiero recordar, como bien saben los portavoces, que en el marco de la revisión estratégica negociada y consensuada en primer lugar entre el Gobierno, el grupo mayoritario y el Grupo
Socialista, a quien represento, el criterio básico número 1 -voy acabando, señora presidenta- dice: El Ministerio de Defensa dirige la actuación de las Fuerzas Armadas bajo la autoridad del presidente del Gobierno, en el marco de la política de
defensa y con el control del Parlamento. Estuvimos de acuerdo con el hecho de que el desarrollo de la revisión estratégica, en donde nos encontramos actualmente, era un buen momento para
solucionar este problema. Pues bien, por lo pronto el Gobierno no ha tomado la iniciativa, sino que quien lo ha hecho ha sido un grupo minoritario y, como digo, tal vez sea una buena ocasión. Si la propuesta la hiciese el grupo mayoritario
de la oposición, podría llegar a entender que el grupo mayoritario de la Cámara tuviera reparos, pero en este caso es aceptable para ustedes y también para nosotros que la iniciativa venga de un grupo minoritario y que la podamos discutir. Por
tanto, aprovechemos la oportunidad. Demuestren, señores del grupo mayoritario, que la generosidad y la inteligencia son posibles desde la mayoría absoluta, tenga el color que tenga, porque también es cierto que los ciudadanos asisten muchas veces
con estupor a los debates formales relativos a las competencias en vez de a los debates de contenido, que son los fundamentales.
De la aceptación de esta proposición, el posterior debate y el intento de llegar a una solución de consenso por parte de todos los grupos saldría beneficiado el Gobierno, el Parlamento y básicamente los ciudadanos, y con ello la paz y la
seguridad de todos.
Muchas gracias, señora presidenta; muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Marsal.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Atencia.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Con la venia, señora presidenta, señoras y señores diputados, al intervenir desde esta tribuna en nombre del Grupo Parlamentario Popular, y antes de entrar en el debate que nos ocupa, no quiero dejar de trasladar
al Grupo Parlamentario Socialista nuestra solidaridad por el asesinato del jefe de la Policía Municipal de Andoain, don Joseba Pagazaurtundua, uniéndonos a las palabras de los demás grupos parlamentarios. (Aplausos.)
Señora presidenta, este primer asunto del orden del día nos trae una propuesta de modificación de la Ley orgánica de 6/1980, por la que se regulan los criterios básicos de la defensa nacional. La iniciativa tiene por objeto, como ha quedado
claro en las intervenciones del portavoz del Grupo de Izquierda Unida y de los demás grupos, adicionar al artículo 6 de esta ley orgánica un nuevo párrafo por el que se pretende establecer un mecanismo de autorización previa de esta Cámara para
cualquier despliegue de tropas españolas en el exterior, además de establecer una serie de limitaciones en los casos en que España puede participar en determinadas operaciones de paz, de ayuda humanitaria o de otro tipo.
Quiero dejar claro al principio de mi intervención, sin que suponga ninguna sorpresa, que el Grupo Parlamentario Popular no va a votar favorablemente la toma en consideración de esta iniciativa por varias razones. En primer lugar por una
razón de carácter procesal. Esta ley orgánica de 1980, que fue modificada puntualmente en el año 1984, es anterior a la plena integración de España en la OTAN y es anterior a la plena integración de España en su estructura militar producida en la
pasada legislatura. Además, como SS.SS. saben, nuestro país ha acometido durante la presente legislatura, por primera vez en su historia, un profundo proceso de revisión de las estrategias de la defensa, lo que se denomina revisión estratégica de
la defensa. Este proceso ha sido ampliamente participativo y ha culminado en un amplio documento en el que se incluyen unas conclusiones que fueron presentadas por el ministro de Defensa, señor Trillo, en la Comisión de Defensa de esta Cámara al
final del periodo de sesiones, en concreto el día 18 de diciembre. En su comparecencia ante la Comisión de Defensa de esta Cámara, el ministro Trillo expresó el compromiso del Gobierno de modificar en la presente legislatura de forma íntegra la Ley
de criterios básicos de la defensa nacional. El proyecto de ley que el Gobierno va a enviar a esta Cámara, tal como tiene comprometido, estará en sintonía con los criterios expresados en la revisión estratégica de la defensa que obtuvo, como ya he
dicho, un alto nivel de consenso parlamentario. En el criterio básico número 1 de la revisión estratégica de la defensa se expresa claramente que la actuación de las Fuerzas Armadas, que dirige el ministro de Defensa bajo la autoridad del
presidente del Gobierno, será sometida al control parlamentario. Esos son los mecanismos que se establecen.
Señorías, aquí podría terminar mi intervención. Lo que propone el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida es una modificación puntual de un artículo de la ley, cuando el Gobierno lo que tiene comprometido ante la Cámara y con el
respaldo de la mayoría de SS.SS. es afrontar una revisión íntegra de una ley que sin duda ha quedado superada en muchos aspectos y requiere ser actualizada, además de desarrollada, en sintonía con la revisión estratégica de la defensa que a
principios del siglo XXI hemos acometido. Por tanto, sin más podría terminar diciendo al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida que una vez que llegue el proyecto de ley podría enmendarlo en su trámite correspondiente. Pero no nos vamos a quedar
ahí, señorías. El rechazo de la iniciativa se fundamenta en sólidas razones de fondo. Ante la iniciativa del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que pretende dar una nueva interpretación del artículo 63.3 de la Constitución a fin de equiparar
la declaración formal de guerra a cualquier envío de tropas españolas a misiones que tengan lugar fuera de España, hemos de indicar que esta noción de guerra en sentido amplio implica una extensión desmesurada del concepto y atenta contra el sistema
de separación y de equilibrio de poderes establecido en nuestra Carta Magna. En efecto, se afirma en la exposición de motivos de la iniciativa del Grupo de Izquierda Unida que el espíritu de los constituyentes fue reservar la decisión de máxima
trascendencia militar
-la de declaración de guerra- a las Cortes Generales, manteniendo con ello un determinado equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en materia militar. Pero dicho espíritu, señor Rejón, resulta incumplido por la presente
iniciativa que usted ha defendido cuando el Grupo de Izquierda Unida reclama la autorización de las Cortes Generales para toda actuación de las Fuerzas Armadas españolas en el exterior; todas las actuaciones. Pero es que además se vulnera
claramente el principio de división y equilibrio de poderes con la iniciativa que se somete a nuestra consideración, por cuanto se pretende atribuir al Parlamento no sólo el control de la acción del Gobierno, del Ejecutivo, establecido en el
artículo 66 apartado 2 de la Constitución española, sino también el diseño y la dirección de la política de seguridad, de defensa o exterior y, concretamente, lo referido a política de defensa que aparece claramente señalado en el artículo 97 de la
Constitución y que corresponde con toda claridad al Gobierno, es decir al Poder Ejecutivo.
Señorías, de tomarse en consideración la iniciativa y de aprobarse en los términos que se nos propone, se trasladaría a las Cortes una parte importante de la
política de defensa de España, como es la relativa a la determinación de las acciones que pueden llevarse a cabo o no en el exterior por las Fuerzas Armadas. En este sentido, conviene destacar el respeto a la Constitución que el propio legislador
ordinario planteaba en la ley a la que estamos haciendo referencia del año 1980 cuando, en el último apartado del artículo 6 y en el artículo 7 de dicha ley, estableció con toda nitidez que las Cortes Generales debatirán las líneas generales de la
política de defensa, mientras que el Gobierno es quien determinará -leo literalmente- la política de defensa que asegura su ejecución. La cuestión está suficientemente clara desde el punto de vista constitucional y no tiene ningún sentido volver a
abrir un asunto que está perfectamente claro. Pero es que además, en otro orden de cosas y a efectos meramente dialécticos, conviene manifestar que no es posible a nivel de legislación ordinaria interpretar extensivamente, como se pretende por el
Grupo de Izquierda Unida, el concepto de guerra a que se refiere el artículo 63.3 de la Constitución sin acudir a los mecanismos de reforma previstos en la misma, en concreto en su título X.
Señorías, creo que la cuestión está clara, se ha debatido sobradamente. No se trata de debatir aquí hoy si tenemos que mejorar o perfeccionar los mecanismos de control del Ejecutivo; no es hoy esa la cuestión, señor Marsal. Lo que se
somete hoy a nuestra consideración es una iniciativa de modificación de una ley orgánica y esa cuestión se podrá abordar o no, pero muy parcialmente. Ese no es el debate de hoy; curiosamente ese fue el debate del mes de noviembre de 2001 en el que
el Grupo Socialista mantuvo una posición distinta a la que usted ha mantenido hoy, señor Marsal. El Grupo Socialista en el año 2001 quería que siempre y en todo caso cualquier intervención de las Fuerzas Armadas en el exterior requiriese la
autorización previa del Parlamento, cosa que no está para nada en la Constitución, y pretendía incorporar esa excepción que para los casos de declaración de guerra establece el artículo 63 de la Constitución a todos los supuestos. Eso fue lo que
defendió el Grupo Socialista. Hoy el señor Marsal, en una intervención mucho más equilibrada, no se ha atrevido a decir tanto. Curiosamente su partido cambia de posición. En este caso me gusta coincidir con usted, pero me preocupa que su partido
cada vez que cambia de líder pretenda también cambiar la política exterior, de seguridad y de defensa de España. Ese es su problema, resuélvanlo, pero no nos impliquen a todos los demás. Por tanto, recondúzcanse a su camino y debatamos los
mecanismos de control, pero no utilicemos mecanismos que no son los adecuados.
Señorías, este debate es interesante desde el punto de vista intelectual, pero nos encontramos ante una reforma de una ley que el Gobierno está dispuesto a traer a esta Cámara -tiene el compromiso y el respaldo de la inmensa mayoría de esta
Cámara para hacerlo-, pero que va a una reforma de carácter integral. Dejemos al Ejecutivo, como facultado para tener iniciativas legislativas -que sin duda no se le discute a esta Cámara-, traer un proyecto global que además se pretende que tenga
un amplio consenso parlamentario y no vernos abocados a un trámite como al que nos obliga esta iniciativa. Por cierto, quisiera hacer simplemente un comentario al portavoz de Convergència i Unió. La verdad es que usted se ha agarrado a argumentos
de carácter formal para admitir la iniciativa y que a partir de ahí todos pudiéramos debatirla. No tengo nada que decir sobre eso porque, aunque siempre estaremos en posiciones diferentes sobre el tema en cuestión, se trata de un asunto
absolutamente opinable. Lo que sí me ha preocupado de su intervención es que usted se haya separado hoy de la posición clara, contundente y nítida que mantuvo su compañero el señor Guardans el 21 de noviembre del año 2001 en esta Cámara, cuando
como consecuencia de una iniciativa que defendió el señor López Garrido -que vemos que no coincide con la posición que mantiene hoy el Grupo Socialista- dijo claramente que la interpretación que hacía el Grupo Socialista, es decir, si la necesidad
de autorización previa para desplegar tropas españolas en el exterior requería autorización del Parlamento, era sólo una competencia del Ejecutivo y no del Legislativo.
Espero que su posición sea la misma y que mi interpretación haya sido solamente
un lapsus. En todo caso, podemos discrepar cuando nos referimos a argumentos procedimentales, pero S.S., nosotros y la mayoría de esta Cámara siempre estaremos en la posición clara de defensa del marco constitucional en el que estamos, sin
perjuicio de debatir -y aprovecho que está el señor Estrella a su lado, porque en eso podemos coincidir- la mejora de mecanismos de control del Ejecutivo o la propia realidad de la actuación que el Ejecutivo de José
María Aznar está teniendo en cuanto a dar información al Parlamento, tal como se comprometió el 12 de mayo de 1999.
Por último, quiero hacer simplemente algunos comentarios. El señor Rejón ha dicho que su iniciativa puede oler a alcanfor. No sé quién huele a alcanfor; sin duda la iniciativa, por el transcurso del tiempo. Ustedes pretendían entonces
que el Gobierno de España no se implicase en defensa de las libertades y de la democracia frente al terrorismo en la acción de Afganistán, y vuelven a sacar su iniciativa en este momento concreto. Es verdad que en eso mantienen cierta coherencia.
Ustedes siempre han sido partidarios de que nadie actúe contra los regímenes totalitarios, han sido tolerantes con los genocidas y no han querido que se actuase ni en Kosovo, ni en Belgrado, ni en Afganistán, ni en ningún lado. (Aplausos.) Es una
posición absolutamente coherente, pero lo que es evidente es que nunca han estado por la defensa de las posiciones sólidas de los países democráticos y siempre han estado atacando a los que defienden las libertades y la democracia. Eso siempre ha
sido así y por tanto no se lo voy a discutir, pero, con esos antecedentes, sería mejor que usted utilizase otros argumentos antes que hablar de falta de sensibilidad democrática del Gobierno.
Señora presidenta -y con esto termino-, señorías, como dije al principio, el Grupo Parlamentario Popular no puede votar la toma en consideración de esta iniciativa porque entiende que el marco constitucional está perfectamente claro y lo que
se plantea con la modificación del artículo 6 de la Ley del año 1980 es modificar la Constitución por la puerta de atrás. Si lo que nos preocupa es la modificación de la Ley de criterios básicos de defensa nacional, debemos esperar a que el
Gobierno traiga el proyecto de ley que va a elaborar con el mayor consenso y la mayor participación parlamentaria, porque ello significa diseñar la estructura y los criterios de funcionamiento de nuestras Fuerzas Armadas y la política de defensa
para los próximos años y debe hacerse con el mismo consenso y respaldo político y parlamentario que tiene la revisión estratégica de la defensa. En cualquier otra cuestión que se refiera a la mejora de los mecanismos de control parlamentario, el
Partido Popular puede dar sin duda muchas lecciones de su actuación, tanto en la oposición como en el Gobierno. A partir de ahí, siempre tendremos la mano abierta, pero pretender sacar de ahí argumentos para debilitar al Gobierno huelga de sentido
y carece de razón.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Atencia. (El señor Rejón Gieb pide la palabra.)
Señor Rejón, ¿a efectos de qué artículo solicita la palabra?
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, al amparo del artículo 71.3 sobre el decoro de un grupo parlamentario. Se ha dicho que mi grupo parlamentario ha sido tolerante con los genocidas......
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Rejón, permita que le conceda la palabra y después hace el uso que S.S. estime oportuno.
Exclusivamente a los efectos de esa alusión y muy brevemente, tiene la palabra, señor
Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Sí, señora presidenta.
Señor portavoz del Grupo Popular, precisamente cuando se debatió en la Cámara de los Comunes el Pacto de Munich entre las potencias occidentales y Hitler hubo dos posturas muy claras. Una de ellas era la de lord Chamberlain, que decía -al
igual que en otro tiempo dijo Bush padre- que había que reforzar la alianza entre el pueblo inglés y Adolf Hitler. Bush padre llegó a decir en un momento determinado que había que reforzar la alianza entre el pueblo americano y Sadam Husein. Le
digo lo que le dijo Winston Churchill -le recomiendo el tomo I de sus memorias recientemente republicadas-: Hay que reforzar la alianza entre el pueblo alemán y el pueblo inglés. Jamás la democracia inglesa puede aliarse con fascismos como los de
Hitler.
Nada más. (El señor Atencia Robledo pide la palabra.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Rejón.
Señor Atencia, muy brevemente.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Con toda brevedad, señora presidenta.
Señor Rejón, desde el respeto personal que le profeso, no tengo más remedio que decirle que la sensibilidad de la que usted tanto ha hablado la tiene en esa izquierda que siempre defendió a los dictadores (Una señora diputada: ¡Muy bien!),
que siempre fue condescendiente y comprensiva con los genocidas. En cambio, su tolerancia se convierte en intolerancia cuando se habla de los defensores de la paz y la libertad y con los que defienden y los que representan las democracias más
avanzadas. (Un señor diputado: ¡Eso no es verdad!)
Nada más. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Atencia. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL.
La señora PRESIDENTA: Señorías, la Presidencia, de acuerdo con la Junta de Portavoces, plantea a la Cámara la siguiente declaración institucional.
Ante el brutal atentado terrorista cometido en Andoain, la Presidencia, de conformidad con los portavoces de los grupos parlamentarios de la Cámara, somete al Pleno la aprobación de la siguiente declaración institucional: Nuevamente, la
banda terrorista etarra ha cometido un criminal atentado contra la libertad y la vida en el País Vasco. El asesinato en Andoain del jefe de la policía local, Joseba Pagazaurtundua, supone un nuevo ataque contra aquellos ciudadanos que tratan de
construir en su propia tierra vasca un futuro en paz y libertad. La cobardía de los asesinos de ETA les ha llevado a cometer este asesinato contra una persona que, a pesar de los atentados y coacciones sufridos con anterioridad, reclamaba su
derecho a mantener una vida digna y en seguridad como cualquier otro ciudadano de Andoain.
El Congreso de los Diputados manifiesta su firme condena de este atentado y hace llegar a la familia de Joseba Pagazaurtundua su más sincero pésame por esta muerte; manifiesta igualmente su pesar a todos los militantes socialistas del País
Vasco y del resto de España, y su solidaridad con todos los ciudadanos que todavía sufren el acoso y la barbarie de la banda terrorista ETA por el hecho de expresar pacíficamente sus ideas y opiniones.
El Congreso de los Diputados reitera que los derechos y libertades reconocidos en la Constitución española de 1978 constituyen un logro irrenunciable para todos los ciudadanos, y en cuya defensa mantendrán siempre un compromiso
inquebrantable todos los grupos políticos democráticos frente a los que tratan de imponer sus ideas totalitarias mediante el terror y la violencia.
¿Aprueba la Cámara la declaración? (Asentimiento.-Aplausos.)
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1980, DE 1 DE JULIO, POR LA QUE SE REGULAN LOS CRITERIOS BÁSICOS DE LA DEFENSA NACIONAL (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000149.)
(Continuación.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de modificación de la Ley orgánica 6/1980, de 1 de julio, por la que se regulan los criterios
básicos de la defensa.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 139; en contra, 165; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la toma en consideración.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR SAURA), DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL, PARA ESTABLECER LA ELECCIÓN DIRECTA DE LOS CONSEJEROS O CONSEJERAS DE DISTRITO (ORGÁNICA).
(Número de expediente
122/000255.)
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señor Saura), de reforma de la Ley orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, para establecer la elección directa de los consejeros o
consejeras de distrito.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Saura. (Rumores.)
Señorías, es preciso que prosigamos con el debate. Les ruego ocupen sus escaños y guarden silencio.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, paso a defender, en nombre de Iniciativa per Catalunya-Verds, una proposición de ley de modificación de la Ley orgánica del Régimen Electoral General, para establecer la elección directa de los consejeros y
consejeras de distrito en aquellas ciudades o municipios que tengan una ley especial. Esta iniciativa es coherente con... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Saura, por favor. (Pausa.)
Adelante.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Decía que paso a defender, en nombre de Iniciativa per Catalunya-Verds, una proposición de ley de modificación de la Ley orgánica del Régimen Electoral General, para establecer la elección directa de los consejeros y consejeras de distrito
de ciudades que tengan reconocidas en una ley especial estas características. Decía que esta es una vieja aspiración de todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Barcelona, de todos los partidos políticos catalanes desde hace diez o quince
años, cuando repetidamente, desde el inicio de la elaboración de la Carta Municipal, se ha producido un amplio consenso sobre la necesidad de que en los distritos de Barcelona, y también de otras ciudades importantes o grandes, se puedan elegir
directamente los consejeros o consejeras de distrito. Quiero recordar que en estos momentos en Barcelona hay diez distritos, de los cuales el menor tiene una población de 82.000 personas y el mayor 246.000; dicho de otra manera, Barcelona hoy es
la suma de diez de las mayores ciudades de
Cataluña. A pesar de que ésta, insisto, es una vieja aspiración, hasta ahora ningún grupo político ha traído al Congreso de los Diputados una propuesta que hiciera viable esta aspiración. La traemos hoy, por un lado, desde la coherencia
política de este gran acuerdo; por otro lado, porque estamos convencidos de que es importante incrementar y profundizar las medidas de participación y porque estamos absolutamente convencidos de que una iniciativa de estas características
fortalecería o ampliaría la implicación de las ciudadanas y los ciudadanos en la gestión de las ciudades.
¿Cuál es el contexto en el que se inscribe esta propuesta hoy? Por un lado, en un diagnóstico de que la democracia española desde 1977 ha dado a los ayuntamientos pocas competencias políticas y económicas. A menudo repetimos que los
ayuntamientos han sido considerados la Administración pobre y tonta del conjunto de administraciones del Estado. En estos momentos en el Ayuntamiento de Barcelona existe una ley, como Carta Municipal especial aprobada por el Parlamento catalán en
1998, que establece que es el reglamento orgánico del ayuntamiento el que ha de regular la composición de los consejos de distrito. En esta misma ley se dice que eso se hará una vez que se haya determinado o regulado la elección de los consejeros
de forma directa por sufragio universal. Es decir, la propia Carta Municipal, según la ley aprobada en el Parlamento catalán, de un lado, reconoce al propio ayuntamiento la potestad de regular el régimen de funcionamiento y, por otro lado, deja en
segundo lugar esta situación a expensas de que se regule la elección de consejeros directos.
Presentamos hoy esta iniciativa porque para que en Barcelona o en Madrid se puedan elegir directamente los consejeros de distrito es necesario modificar la Ley orgánica electoral de 1985. La proposición de ley que hoy les traemos a su
consideración simplemente instrumenta una propuesta con esta finalidad. Quiero destacar fundamentalmente cinco puntos de la proposición de ley que hoy sometemos a su consideración. La primera es, evidentemente, que los distritos municipales sean
demarcaciones electorales. Como he dicho antes, en el caso de Barcelona, pero en Madrid también, hablamos de distritos municipales con una población importantísima, de 80.000 a 250.000 personas. Por lo tanto, lo primero que proponemos es que los
distritos municipales sean considerados como circunscripción electoral destinada a la elección de consejeras y consejeros de distrito. En segundo lugar, proponemos que esta elección sea por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto entre
los electores censados en dicho ámbito. En tercer lugar, planteamos una escala poblacional y un número de consejeros que puede ser objeto de modificación pero que, a nuestro entender, sería la siguiente: hasta 90.000 residentes, 15 consejeros, y
más de 235.000 residentes, 23 consejeros. En un cuarto apartado establecemos para esta elección de consejeros de distrito una barrera mínima del 3 por ciento de votos válidos y determinamos que la propia regulación de esta elección sobre el
funcionamiento de los distritos se produzca o bien en el reglamento orgánico municipal o bien en un reglamento específico.
Señoras y señores diputados, ustedes son conscientes de que en estos momentos se está en el inicio de un diálogo en el que está apareciendo la posibilidad de la presentación por parte del Gobierno de una ley de grandes ciudades. Desde
Barcelona, por la necesidad, por la historia, por el trabajo hecho, por la reflexión, por las propuestas y porque ya existe una ley similar de ámbito autonómico, hemos defendido repetidamente que exista una ley específica para Barcelona. Por otro
lado, sabemos perfectamente que en uno de los borradores que el Gobierno ha manejado para sacar adelante el anteproyecto de ley de grandes ciudades se plantea la posibilidad de la elección directa de los consejeros de distrito en esas grandes
ciudades. Por lo tanto, lo que proponemos hoy es simplemente dar un paso hacia una mayor autonomía municipal, una mayor participación, una mayor eficacia e implicación de los ciudadanos en la gestión municipal. Es, de alguna manera, una iniciativa
que ha de ayudar a complementar la iniciativa de una ley especial para Barcelona y también una iniciativa que signifique completar y ampliar las propias competencias de los ayuntamientos en una posible ley de grandes ciudades.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, intervendré con bastante brevedad para mostrar el apoyo de mi grupo parlamentario a esta proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto presentada por el señor Saura. (La señora vicepresidenta,
Rubiales Torrejón, ocupa la presidencia.)
Como bien sabe el autor de esta proposición de ley, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida siempre ha sido partidario de pasar de la esfera de la representación a la esfera de la participación activa de los ciudadanos y de las
ciudadanas en la gestión de la res pública.
Entendemos que hay múltiples y útiles maneras de conseguir atemperar la dicotomía entre gobernantes y gobernados y que la propuesta del diputado Saura es una de ellas en las grandes ciudades, pero no sólo
ahí. Es posible, necesario y deseable impulsar formas de elección directa de los consejeros y consejeras del distrito para con ello acercar las corporaciones locales a los administrados. Medidas similares a las propuestas por esta proposición de
ley están presentes
en los programas municipales de las distintas candidaturas de Izquierda Unida, por lo que todos ustedes entenderán que el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida vote a favor de esta toma en consideración, esperando que todas aquellas
fuerzas políticas que dicen querer acercar las corporaciones locales a los ciudadanos y a las ciudadanas hagan lo mismo y no busquen atajos como la Ley de grandes ciudades para aparentemente introducir más vida política en los ayuntamientos por la
trocha más grande y lo que intenten introducir son satrapillas municipales.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Rejón.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor López de Lerma.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Gracias, señor presidenta.
Señorías, nuestro grupo parlamentario va a apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley de reforma de la Ley orgánica del Régimen Electoral General que nos viene propuesta por el Grupo Parlamentario Mixto, concretamente por
Iniciativa per Catalunya-Verds y su diputado, el señor Saura. Nosotros compartimos la visión que aquí ha expuesto el señor Saura de que cuanto más cerca del electorado se encuentre el concejal elegido más fortalecida queda la democracia en el
ámbito local y, por supuesto, con una mayor eficacia, al menos se pretende, y yo diría que se consigue con el acercamiento de las decisiones al pueblo. En segundo lugar, también compartimos la creencia de que la implicación de los ciudadanos en la
administración de la cosa pública no es sólo aconsejable, sino altamente positiva, y, como se cita en la exposición de motivos de esta proposición de ley, la normativa actual en materia de régimen local precisamente contempla esa posibilidad y la
recomienda; también en el caso de Cataluña la Ley municipal hace exactamente lo mismo. Por lo tanto, al menos ya tenemos una voluntad favorable de los legisladores españoles y catalanes al fondo de la iniciativa que suscribe el señor Saura.
También compartimos con él la necesidad de adecuar la normativa electoral local a la realidad de algunos municipios. Es bien cierto que España tiene miles y miles de municipios, que sus dimensiones son incluso contradictorias tanto en hectáreas
como en población pero, sobre todo, respecto de población por población. Barcelona y Madrid son absolutamente distintas de otras ciudades y municipios pequeños, por lo tanto, su gobierno debería adecuarse a la realidad que representan y tienen
necesidad de un tratamiento especial, tratamiento que a lo largo de las últimas legislaturas venimos discutiendo pero que no se considera oportuno por la mayoría tratarlo de una manera definitiva. Repito, la adecuación debe hacerse en el marco de
una ley de grandes ciudades. En el caso de la capital de Cataluña, de Barcelona, nuestro grupo parlamentario y la federación que lo sustenta, Convergència i Unió, ve la Carta Municipal, que es una larga pretensión además histórica, como ha dicho el
señor Saura, insertada en el marco del Estatut de Autonomía de Cataluña, en el marco de las competencias que nos da y nos puede dar en el futuro su revisión, si se lleva a cabo, en el ámbito de lo local. No obstante, para compartir todos esos
criterios que fundamentan e impulsan esta proposición de ley de reforma de la LOREG, presentada por el señor Saura, del Grupo Parlamentario Mixto, habrá que calibrar con mayor precisión en los trámites posteriores de ponencia, comisión y pleno -si
es que la mayoría nos permite la aceptación a trámite de esa propuesta- la conjunción de la elección directa, sistema de representación mayoritario, con la obligación constitucional de que el resultado final de las elecciones tenga sentido de
proporcionalidad, a lo cual nos obliga nuestra Ley de leyes. Ya habrá tiempo para tratar esta cuestión -si así nos los permite el Grupo Parlamentario Popular- en la fase de ponencia o comisión, profundizando en ella e incluso, si me lo permite el
señor Saura, mejorando entre todos lo que aquí nos propone.
Nada más, señora presidenta. Muchísimas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor López de Lerma.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Marcet.
El señor MARCET I MORERA: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Socialista es favorable a todos aquellos instrumentos que favorecen el derecho a la participación política que contempla el artículo 23 de la Constitución. Desde esta óptica, vamos a apoyar la toma en consideración de
la proposición, en cuanto que ésta intenta profundizar o concretar algunos supuestos municipales del mencionado derecho de participación política, desde el punto de vista político o técnico. Evidentemente, señorías, para aquellos que habitan en
grandes ciudades, ciudades de enorme complejidad en su estructura, distritos y participación electoral son un binomio inseparable y, dentro de las distintas formas de participación en el ámbito local, la estructura de distritos en las grandes
ciudades es una de las formas de participación de los ciudadanos en los asuntos municipales. Esto lo podemos ver en la legislación comparada y en nuestro entorno. Podemos ver cómo ciudades como París, Lyon o Marsella, o en algunas ciudades
italianas como Roma, la normativa específica que estructura sus ciudades -con modificaciones muy recientes en el caso de Italia, que incorporan una reforma más amplia de todo el sistema electoral municipal- tiene también estas formas de estructura y
de participación en la política de sus ciudades.
Como bien indicaba el señor Saura, la proposición pretende la modificación de la Ley orgánica del Régimen Electoral General, de una forma genérica y general respeto a un elemento concreto, pero sin que exista aún -lo que quizá es el déficit
más importante que tiene su propuesta desde el punto de vista político- una norma que regule las grandes ciudades, ni tan siquiera aquellas que, como Madrid o Barcelona, tienen reconocida legalmente desde hace muchos años la posibilidad de una norma
de carácter especial. Creemos que técnicamente y, sin duda, políticamente, hubiera sido mejor abordar este aspecto después de contar con una normativa que desarrollara las previsiones constitucionales y estatutarias para las grandes ciudades y, de
manera específica, para Madrid y Barcelona, concretando los aspectos que le corresponden desarrollar en este momento al Estado de la Carta Municipal de Barcelona, cosa que no ha sido posible hasta el presente por la posición negativa que ha tenido
el Gobierno de Partido Popular en el desarrollo de una normativa sobre grandes ciudades o en el desarrollo de los aspectos de la Carta Municipal de Barcelona que se deben realizar por las Cortes Generales.
Creemos que la proposición en buena parte pone la carreta antes que los bueyes, porque sitúa la forma de elección de los consejeros de distrito -con lo que estaríamos de acuerdo- antes de tener un marco inicial sobre cómo se desarrolla esto,
al menos en estas dos grandes ciudades. Incluso se podría considerar que se sitúa un poco más allá del consenso básico que hizo posible la Carta de Barcelona, que en aras de dicho consenso aparcó este elemento de concreción de la composición y
elección de los consejos de distrito. Pero, como indicaba el señor Saura, esto debería contemplarse en la ley especial de Barcelona, ley que no existe, y por tanto bueno es que empecemos a caminar por esta senda, aunque sea a través de una
proposición de ley.
Los socialistas estamos a favor de que lo antes posible exista una norma que regule las grandes ciudades, de forma específica Madrid y Barcelona, y por ello hemos presentado una proposición no de ley que pretende impulsar esta normativa,
planteando, entre otras cosas, un nuevo gobierno de las ciudades que intentaría reformar los marcos legales que permitan un mayor impulso de la democracia y de las nuevas formas de participación ciudadana en los ayuntamientos, así como la mejora de
los mecanismos de control y de fiscalización, desde el pluralismo de la gestión municipal, que es lo que decimos en la exposición de motivos de esta proposición no de ley. Por tanto, nos parecería más adecuado abordar el contenido de la proposición
en el marco del debate más general sobre la concreción de la participación política en las grandes ciudades. A pesar de ello, a pesar de estas objeciones, vamos a apoyar que se admita a trámite la proposición de ley, porque creemos que el
perfeccionamiento de la participación política de los ciudadanos y ciudadanas de las grandes ciudades cabe perfectamente en el debate municipalista en el que estamos inmersos. Si se toma en consideración la proposición, como esperamos, anunciamos
la presentación de enmiendas sobre el contenido de la misma.
El señor Saura hacía referencia a los diversos aspectos contenidos en la proposición de ley y algunos de ellos creo que son perfectibles o cuanto menos discutibles como, por ejemplo, la
atribución de consejeros en función del número de habitantes o el que situemos una barrera electoral distinta para el nivel municipal que para el nivel de distritos o que el régimen jurídico se deje no para la ley especial de ciudad sino para un
reglamento interno. Estos son aspectos del contenido de la ley que podrían discutirse. Sobre todo incluiremos, si se toma en consideración la proposición de ley, propuestas de reforma del régimen electoral municipal, como la que nosotros
preconizamos desde hace años de la elección directa de alcaldes, que van en la misma línea de reforzar el gobierno municipal, de acercar electores y elegidos, de profundizar la democracia municipal.
En definitiva, señorías, a pesar de algunos claroscuros que tiene la proposición, prevalece en nuestra toma de posición la voluntad de favorecer el debate sobre todas aquellas propuestas que tiendan a acercar más la administración pública a
la ciudadanía, a mejorar la democracia local, con el objetivo de acercar más el ayuntamiento a la comunidad a la que presta servicios, fomentando la participación de los ciudadanos y ciudadanas.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Marcet.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Albendea.
El señor ALBENDEA PABÓN: Gracias, señora presidenta.
La proposición de ley que estamos debatiendo pretende la adición de cinco nuevos apartados a la redacción del artículo 179 de la Ley orgánica del Régimen Electoral General. La finalidad de dicha modificación no es otra que atribuir el
carácter de circunscripción electoral específica a cada uno de los distritos, según vengan determinados por ley especial de ciudad y establecer la elección de los consejeros de distrito por sufragio universal igual, libre, directo y secreto entre
los electores censados en el propio distrito. Desde luego, no es un asunto baladí. La proposición de ley pretende la ordenación del espacio urbano mediante su división en distritos, con el doble propósito de hacer más efectiva la participación
ciudadana y la gestión de los servicios, lo que en sentido técnico la doctrina ha venido denominando como desconcentración territorial. Desde un planteamiento omnicomprensivo y genérico
esa desconcentración debe tener muy presente el límite supuesto por el artículo 140 de la Constitución en cuanto a tenor de ese precepto constitucional el gobierno y administración de los municipios -leo literalmente- corresponde a sus
respectivos ayuntamientos, integrados por los alcaldes y los concejales.
Una exacta comprensión sobre el alcance de la iniciativa que nos ocupa, en cuanto propone la elección por sufragio universal del consejo o junta municipal de los distritos urbanos en el régimen de las grandes ciudades, requiere tomar como
punto de partida el ordenamiento local vigente en dicha materia. Así, la redacción del artículo 24 de la Ley de Bases de Régimen Local, al que la proposición hace mención, previene literalmente lo siguiente: Para facilitar la participación
ciudadana en la gestión de los asuntos locales y mejorar ésta, los municipios podrán establecer órganos territoriales de gestión desconcentrada, con organización, funciones y competencias que cada ayuntamiento les confiera, atendiendo a las
características del asentamiento de la población en el término municipal, sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio. Ese límite tiene especialísimo relieve en nuestro ordenamiento y su corolario en la previsión contenida en el
artículo 69.2 de la citada Ley de Bases de Régimen Local, que establece que las formas de participación ciudadana en el gobierno local no podrán suponer menoscabo de las facultades de decisión que corresponden a los órganos representativos regulados
por la ley. A tenor del referido ordenamiento -y vuelvo a citar el artículo 24 de la Ley de Bases de Régimen Local-, los distritos municipales urbanos se configuran como órganos territoriales desconcentrados, con la finalidad de facilitar la
participación ciudadana y mejorar la administración municipal. En virtud de esa configuración, y en concordancia con el artículo 140 de la Constitución, se trata de órganos subordinados a la primacía jerárquica del ayuntamiento, carentes de
personalidad jurídico-pública, cuyas funciones sustantivas, resolutorias o de gestión, aparte las de propuesta o consultivas, se delimitan por las que les delegue el ayuntamiento. En el contexto de la organización municipal, tienen además el
carácter de órganos complementarios, cuyo régimen e implantación el artículo 20 de la citada ley reserva sustancialmente, en virtud del principio de autonomía local, a la potestad autoorganizativa del ayuntamiento. Además, una cuestión de carácter
formal y de no escasa trascendencia vendría dada por lo limitado y restrictivo del ámbito en que la proposición sería eficaz, dado que en la situación actual su aplicabilidad quedaría únicamente circunscrita a las ciudades de Madrid y Barcelona, con
exclusión de las demás grandes ciudades españolas, pues sólo en ambas ciudades cabe considerar que concurre el requisito del que la proposición parte: la previa existencia de un régimen o ley especial de ciudad, que en el caso de Barcelona se
cumple a través de la Ley 22/1998 del Parlamento de Cataluña y en el de Madrid por una vía interpretativa al hallarse formalizado su régimen especial, en su origen, con rango de ley. En realidad, si se considera la electividad por sufragio
universal de los consejos de distrito en la ciudad de Barcelona, electividad prevista pero no aplicada, la impresión que produce la iniciativa del señor Saura es que está sustancialmente pensada para esa sola ciudad pues, a la luz de las
circunstancias que concurren, no parece que pudiera haber sido pensada para Madrid cuando se halla pendiente la ley de las Cortes Generales prevista para dicha ciudad en el artículo 6 del Estatuto de Autonomía de Madrid.
La proposición supone una ruptura de las concepciones que inspiran la Ley de Bases de Régimen Local. La citada ley opta, en lo relativo a la constitución de órganos colegiados de carácter inframunicipal, por un criterio opuesto a la
elección directa de sus miembros mediante sufragio de los vecinos. En efecto, el paradigma lo ofrece la figura tradicional de las entidades locales menores cuya junta u órgano colegiado, a tenor del artículo 45 de la ley -con reflejo, por lo demás,
en el artículo 199 de la Ley electoral-, no es directamente elegida por los vecinos de la entidad sino que sus vocales son designados entre dichos vecinos a propuesta de las fuerzas políticas y de acuerdo con los resultados registrados en las
elecciones para el ayuntamiento al que la entidad menor pertenece. Con independencia del régimen especial de Madrid y Barcelona, sobre el que ya he hecho las precisiones oportunas, en uso de esa habilitación legal las más importantes ciudades
españolas en nivel demográfico han procedido a la organización en distritos del espacio municipal urbano, sin establecer la elegibilidad directa por sufragio universal del consejo o junta de distrito en tanto que órgano colegiado superior del mismo.
La proposición, más allá de los planteamientos jurídicos que he venido invocando, suscita importantes problemas y cuestiones que se manifiestan en los ámbitos siguientes. En lo relativo a su aplicabilidad en términos reales o en la práctica
-en esto soy redundante- quedaría circunscrita en el momento presente a la ciudad de Barcelona, para la que sin duda alguna parece exclusivamente pensada. En la ruptura que supone para las concepciones que subyacen en la Ley de Bases de Régimen
Local en lo relativo a la constitución de órganos colegiados de carácter inframunicipal, la citada ley opta por un criterio opuesto a su electividad, y de otra parte ha de ponderarse el menoscabo que para el principio de autonomía municipal puede
implicar la imposición que la proposición lleva aparejada de impedir a los propios ayuntamientos, en ejercicio de su potestad autoorganizativa, determinar el modo de constitución de sus órganos desconcentrados. Finalmente, y dado que el sistema de
elección directa que la proposición postula carece de matices diferenciales, viniendo a ser el mismo que el establecido para los concejales, puede originar disfunciones en el régimen representativo
mismo del municipio, puesto que en atención a la concepción que subyace al principio de participación ciudadana el tipo de representatividad que para los distritos urbanos parece más adecuado sería una representatividad más de intereses -los
propiamente vecinales- que ideológica o estrictamente política, que ya viene asumida por la corporación, de donde asimismo debería seguirse la canalización de esa representatividad no tanto a través de los partidos políticos cuanto a través de
organizaciones, grupos o entidades de base social, a lo que no es improcedente añadir aquellos casos en que las mayorías obtenidas por los partidos en los distintos distritos no sean coincidentes con la existente en el pleno de la corporación. Todo
esto haría que pudiera resentirse la unidad en la acción de gobierno y administración del municipio, y los municipios podrían llegar a ser ingobernables. Le pongo el ejemplo de Madrid. Con 21 distritos, ¿cómo se conformaría la voluntad corporativa
del municipio con diversas mayorías en los diferentes distritos? Eso sería un caos, señoría, un caos. Tampoco parece lógica la reducción que se propone del 5 al 3 por ciento de los votos válidos para ser delegado electo ya que al ser notablemente
inferior el censo del distrito al del municipio la exigencia del porcentaje mínimo debería ser superior en el distrito que en la circunscripción municipal.
Señor Saura, llevan ustedes 20 ó 25 años apoyando al Gobierno socialista en el Ayuntamiento de Barcelona y la Carta Municipal ha sido muy poco desarrollada porque siempre se han opuesto a su desarrollo en muchos aspectos, incluidos los
sectoriales. Venir ahora con este tema es verdaderamente extemporáneo. También quiero recordarle al señor Saura que desde el año 1991 no ha habido ninguna reforma de la Ley Electoral General sin que haya habido consenso de todas las fuerzas
políticas.
Por todas las razones expuestas, mi grupo va a votar en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Albendea. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL.
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego ocupen los escaños. (Rumores.)
Señorías, la Presidencia, de acuerdo con la Junta de Portavoces, propone a la Cámara la aprobación de la siguiente declaración institucional: El próximo 6 de diciembre se cumplirá el vigesimoquinto aniversario de la fecha en la que el
pueblo español ratificó en referéndum la Constitución que alumbró los nuevos fundamentos de su convivencia. Confluyeron entonces en feliz coincidencia, a pesar de las dificultades y problemas, las voluntades decisivas del pueblo español, de las
fuerzas políticas y sociales y de la Corona para impulsar un acuerdo basado en los principios de las democracias más desarrolladas. Aquel acuerdo fundacional permitió que se desvanecieran los enfrentamientos civiles y un largo periodo de carencia
de libertades democráticas que habían atribulado nuestra historia reciente y abrió un horizonte esperanzador por la firmeza de las voluntades y convicciones de los que lo sustentaron y por la fortaleza misma de los principios en los que desde
entonces se enmarcaría nuestra convivencia.
La democracia se adaptó y arraigó, de forma que los españoles no la sienten como un mero compendio de procedimientos racionales para la adopción de decisiones, con ser ellos, indudablemente, importantes, sino sobre todo por los valores que
alientan esos procedimientos, como son el pluralismo político, la tolerancia o la solución pacífica de los conflictos. Estos valores se conjugan con un marco institucional cuyo centro se sitúa en las Cortes Generales como representación del pueblo
español y que, con la función arbitral y moderadora de la Corona y el concurso de los demás órganos constitucionales, ha permitido dotar a la vida política de una estabilidad nunca antes conocida.
La Constitución asumió la defensa de los derechos y libertades individuales, de los derechos sociales y el imperio de la ley como único acervo que garantiza el auténtico desarrollo y prosperidad de los pueblos. En fin, nuestra Constitución
reconoció y garantizó el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la nación española, lo que ha conducido a la configuración de un Estado autonómico con un intenso grado de descentralización política. Desde aquel 6 de
diciembre de 1978, el veredicto de las urnas ha impulsado la formación de gobiernos de diferente signo y muchos acontecimientos y ocasiones para la legítima discrepancia o incluso confrontación se han producido. Sin embargo, los fundamentos e
instituciones de la Constitución de 1978, lo que supuso y la ilusión que generó, han acreditado día a día su virtualidad creadora e integradora. Esta fuerza creadora e integradora de la Constitución debe ser recordada y celebrada con ocasión de su
próximo vigesimoquinto aniversario en el que se hace también necesario recordar los motivos históricos que avalaron el reconocimiento del derecho a la autonomía en el marco de la pluralidad de España. Por ello, el Congreso de los Diputados, que
junto con el Senado representa al pueblo español, desea manifestar su deseo y voluntad de impulsar la conmemoración de este aniversario de la Constitución y para ello insta al Gobierno a la creación de un comité de honor que, presidido por Su
Majestad el Rey don Juan Carlos I, deberá estar integrado por los representantes de los órganos constitucionales, las comunidades autónomas, los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado y otras organizaciones y corporaciones de relevancia
constitucional y social.
¿Lo aprueba así la Cámara? (Asentimiento.-Aplausos.)
Muchas gracias.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SR. SAURA), DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL, PARA ESTABLECER LA ELECCIÓN DIRECTA DE LOS CONSEJEROS O CONSEJERAS DE DISTRITO (ORGÁNICA) (Número de expediente 122/000255)
(Continuación.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señor Saura, de reforma de la Ley orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, para establecer la elección
directa de los consejeros o consejeras de distrito.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 134; en contra, 167.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE CONDENA DE LAS MANIFESTACIONES DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RELATIVAS A LAS NACIONALIDADES HISTÓRICAS Y CONVENIENCIA DE SU RECUSACIÓN. (Número de expediente
162/000649.)
La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: Proposiciones no de ley.
En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre condena de las manifestaciones del presidente del Tribunal
Constitucional relativas a las nacionalidades históricas y conveniencia de su recusación.
Para la presentación y defensa de la iniciativa, tiene la palabra el señor López de Lerma. (Rumores.)
Adelante, señor López de Lerma.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Señora presidenta, señorías, la proposición no de ley que tengo el honor de defender en nombre de mi grupo, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), trae causa, como todas SS.SS. conocen, de
las controvertidas, por sorprendentes e inusitadas, manifestaciones del presidente del Tribunal Constitucional, señor Jiménez de Parga, en torno a su concepción de las nacionalidades históricas y su entronque, que lo niega, con la Constitución de
1978, incluida cierta indocumentada incursión en el terreno de la higiene personal, que a nuestro juicio le inhabilitan para ejercer tan alta magistratura del Estado. No tratamos, señorías, sobre un anecdótico desliz ni sobre la trayectoria vital
del profesor Jiménez de Parga, nacida, como todos ustedes saben, en la UCD, desarrollada bajo el amparo y el cobijo del Partido Socialista Obrero Español, que lo propuso como magistrado del Tribunal Constitucional, y culminada, cómo no, en la
presente etapa del Partido Popular. Por tanto, estamos ante una trayectoria, la del profesor Jiménez de Parga, siempre cercana al poder.
Tampoco vamos a tratar sobre una libertad de expresión que el propio Tribunal tiene establecido que, no siendo
absoluta porque no lo es, debe ponderarse su ejercicio por parte de los servidores de la justicia para no comprometer el buen funcionamiento de la misma, pues el juez hace presente el Estado de derecho al resolver precisamente en derecho, sólo en
derecho, los conflictos que se someten a su poder jurisdicente.
Nuestro grupo quiere hablar de algo más profundo, de una desconsideración total, plena y rotunda del presidente del Tribunal Constitucional respecto de nuestra propia Constitución de 1978. Eso tiene evidente gravedad, dada la situación de
presidente del Tribunal Constitucional del señor Jiménez de Parga. Señorías, la esfera de lo político es la esfera de la incertidumbre, sin duda. En cambio la esfera del derecho es, al menos debería ser, la esfera de la seguridad. Ninguno de
cuantos aquí nos sentamos podemos poseer garantía plena de seguridad cuando el señor Jiménez de Parga se instala cíclicamente, una vez sí y otra vez también, en el terreno de la temeridad y de la arbitrariedad en una casi permanente exhibición de
falta de serenidad de espíritu para ejercer con arreglo a derecho el encargo recibido de la Constitución, de estas Cortes Generales que lo eligieron y de sus propios compañeros del Tribunal Constitucional. No nos interesan sus opiniones personales,
pero nos importa -y mucho- que la prudencia y la templanza le acompañen en el ejercicio de la restricción que conlleva el servicio a las instituciones del Estado. Además, nos interesa, nos importa y nos conviene a todos que su lealtad
constitucional se observe tanto en las sentencias que vaya a suscribir como ante los micrófonos.
Señorías, con la Constitución de 1978 no se alumbra una nación multiestatal, sino un Estado multinacional, en terminología del profesor Garrido Falla, donde los hechos diferenciales suponen la existencia de pueblos con particularidades en el
conjunto de España. Su constitucionalización significa que esta realidad política, previa a la Constitución, adquiere también una dimensión jurídica, que la da la propia Constitución, que el
señor Jiménez de Parga tiene la obligación de conocer y por supuesto el deber de respetar. A título de ejemplo ahí están el propio preámbulo de la Constitución, los artículos 2, 3 y 4, 141.4, 148.1.8.ª, 149.1.29.ª y las disposiciones
adicionales primera y tercera, entre otras disposiciones positivas de nuestra Constitución. Existen, pues, hechos diferenciados y constitucionalizados. Además, según el profesor Rubio Llorente, existen hechos institucionalizados y hechos en sí
mismo, ya que obviamente la Constitución de 1978 no crea las realidades vascas o gallegas, pongamos por caso, ni Cataluña surge de la propia Constitución porque ya existía. La primera de nuestras leyes ordena y reconoce una realidad preexistente
que el señor Jiménez de Parga, vulnerándola, se niega a reconocer y a respetar.
En 1978 Convergència i Unió apostó por un constitucionalismo útil. Casi 25 años después, en la recta de esos 25 años, seguimos manteniendo la apuesta de un constitucionalismo útil porque si no es útil, nos preguntamos, para qué mantener esa
Constitución. Entonces, y también ahora, observamos a España como una sociedad diversa. Esto es, una sociedad en que los hechos diferenciales discontinuos no sólo son distintos entre sí, que lo son, sino también heterogéneos. Ahora pensamos que
esta innegable realidad construida por la historia a lo largo de los siglos debe ponerse al servicio del conocimiento, del entendimiento y del acuerdo y jamás, jamás, al servicio de la confrontación o de la negación del otro. Por ello, con Herrero
de Miñón, suscribimos que la autonomía no es una cuestión de técnica administrativa, ni de ingeniería constitucional como algunos pretenden, sino una opción política fundamental ligada a la razón histórica y en el caso de Cataluña vinculada a la
conciencia colectiva que expresa el espíritu de un pueblo, por lo que sus derechos históricos son un hecho existencial con relieve jurídico -es una personalidad más que una titularidad- y en consecuencia irrenunciables por imprescriptibles en el
tiempo. Es una realidad que tiene natural recogida y reconocimiento en la Constitución vigente y que, por supuesto, no está vinculada a la aquiescencia de terceros, sino a la realidad de una magnitud de nación, la suya y la nuestra. De ahí su
carácter de preconstitucional y paraconstitucional, pues sólo son los titulares de tales derechos, los ciudadanos de Cataluña, los que tienen capacidad de concretar sus contenidos. Así se hizo en 1979 cuando refrendamos el vigente estatuto de
autonomía y así lo haremos en fecha próxima cuando impulsemos su revisión, porque el deseo de dar cobertura jurídica a las aspiraciones de la propia identidad se inscribe con título propio en el derecho internacional, claro que sí, pero también se
halla como derecho interno en la propia Constitución española cuando se articula el procedimiento de elaboración y aprobación del estatuto de autonomía, pongamos por caso, de Cataluña. ¿Acaso no es un explícito reconocimiento de una personalidad
histórica el consentimiento de sus ciudadanos para la modificación de su situación constitucional, siendo el referéndum el instrumento y estando su resultado por encima incluso de la voluntad de las Cortes Generales? Porque si en el referéndum se
dice que no, las Cortes Generales quedan desautorizadas por los ciudadanos de Cataluña. Creemos que así es.
La posición del magistrado, señor Jiménez de Parga, no es que esté alejada de nuestro parecer, es mucho peor, se opone a la trayectoria del propio Tribunal Constitucional cuando éste afirma -y cito literalmente una sentencia, entre
comillas-: La Constitución es una norma del poder constituyente que se impone con fuerza vinculante general en su ámbito sin que queden fuera de ella situaciones históricas anteriores. ¿No conoce esta aseveración, esta jurisprudencia de su propio
Tribunal, señor Jiménez de Parga? ¿No la conoce? O cuando acepta el Tribunal Constitucional -la tiene aceptada- la argumentación histórica alegada por las partes en el caso de Navarra, concretamente, y no tiene inconveniente en revisar los textos
jurídicos de los siglos XIX y XX, anteriores a la Constitución e incluso el derecho consuetudinario en busca de una razonada sentencia. O cuando afirma -y cito también literalmente y lo pongo entrecomillado-: Una competencia supone en ocasiones
-dice el Tribunal Constitucional- el reconocimiento y actualización de un derecho histórico. Lo dijo el Tribunal Constitucional en 1985. ¿No hace suyas esas sentencias el actual presidente del Tribunal Constitucional, señor Jiménez de Parga? O
debemos ir a otra sentencia en la que ensalzando la enmienda novena de la Constitución norteamericana dice el señor Jiménez de Parga, en el año 2000: Pienso que el pueblo español, igual que el norteamericano, conserva más derechos que aquellos
enumerados en la Constitución. Eso lo decía en el año 2000, ahora dice lo contrario.
Señora presidenta, señorías, las manifestaciones vertidas por el señor Jiménez de Parga justifican la justa causa que la Constitución y estas Cortes Generales tienen encomendada al Tribunal Constitucional hasta el punto, creemos, de
inhabilitarlo moralmente para seguir ejerciendo su cargo y su responsabilidad. Dueño de sus silencios y aplicado al derecho, como hicieron sus antecesores, cumpliría con mayor eficacia una función trascendental para nuestro Estado. Mofarse de
realidades que la historia ha ido construyendo, oponerse a lo que la Constitución reconoce y ampara, alejarse de la jurisprudencia acuñada por el propio Tribunal que preside, como aquí he puesto de manifiesto y aliñarlo todo con ocurrencias frívolas
como el relato sobre prácticas de aseo situadas en el año 1000 de nuestra era, todo esto, señorías, lesiona la credibilidad del Tribunal que preside y pone de manifiesto una parcialidad que en modo alguno podemos avalar. Por cierto, nuestro grupo
parlamentario no entiende la postura del Grupo Parlamentario Socialista. Aquí tengo un documento registrado en el Parlamento de Cataluña mediante el
cual, con la firma de su portavoz, don Joaquim Nadal, avalan precisamente una interposición de recurso con incidentes de recusación personal al presidente Jiménez de Parga. Ustedes, señorías, con su enmienda, dicen una cosa en Barcelona y
hacen la contraria en Madrid. En esto se queda corto el Partido Popular cuando les acusa a ustedes de tener 17 discursos. Es que ustedes, socialistas, tienen un discurso para cada circunstancia y el PSC también.
Con los debidos respetos y gráficamente, las elucubraciones del señor Jiménez de Parga le sitúan ante el abismo de lo indecoroso y entre todos debemos evitar que se lance por el precipicio de lo inconstitucionalmente incorrecto por falso. A
esta finalidad concurre nuestra proposición, señora presidenta -voy terminando-, ya que ha causado un fraude respecto a lo que el ciudadano puede esperar y debe exigir de un magistrado presidente del Tribunal Constitucional y sobre esto, algo
gravísimo en el Estado de derecho, debe pronunciarse esta Cámara para dejar sentado que la Constitución, siendo de todos, a todos nos obliga, incluido el señor Jiménez de Parga.
Señora presidenta, señorías, termino. En el próximo octubre probablemente se celebrarán nuevas elecciones al Parlament de Catalunya, de ellas saldrá un nuevo presidente de la Generalitat, aquel que elijan libremente los ciudadanos de
Cataluña; hará el número 126. Ni la institución ni el numeral nacen en 1978. La Constitución en todo caso juridifica esa personalidad nacional y le otorga contenido competencial mediante el estatuto. La nacionalidad histórica, en consecuencia,
es un hecho y en ningún caso es una invención.
Muchas gracias, señora presidenta, señorías.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López de Lerma.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor López Aguilar.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Señora presidenta, señorías, este es el Congreso de los Diputados, y la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán nos está haciendo hablar aquí esta tarde del Tribunal Constitucional; para empezar, de su
presidente y, por extensión, del Tribunal Constitucional. Esto afecta a la relación del Congreso de los Diputados, es decir de una de las dos cámaras del Parlamento de la nación, con el Tribunal Constitucional, y esta es una materia muy seria.
(La
señora vicepresidenta, Rubiales Torrejón, ocupa la presidencia.)
Para empezar, me van a permitir que recuerde que en una democracia fundada en una constitución normativa nadie está tan en disposición de decir la última palabra sobre los fundamentos de nuestra convivencia y tampoco el Tribunal
Constitucional. El Tribunal Constitucional es -porque lo dicen la Constitución, en su título IX, y el artículo 1 de la ley orgánica que lo instituye- el supremo intérprete de la Constitución y, por tanto, el supremo garante de la supremacía
normativa de la misma, de la interpretación correcta de los derechos y libertades que la Constitución ampara, de la separación de poderes y de los perfiles con los que cada uno de los órganos e instituciones que establece la Constitución desempeñan
su función en un Estado basado precisamente en una constitución escrita y normativa. Al mismo tiempo garantiza los ámbitos de funcionamiento, competencias y atribuciones de los distintos niveles o escalones de la organización territorial del
Estado: Estado, comunidades autónomas y gobiernos locales. Por tanto, es un órgano cuya importancia no merece más comentario porque se explica por sí sola, pero sobre todo es un órgano que se ha cubierto de prestigio durante más de 20 años,
explicando en qué consisten las instituciones y cuáles son las funciones que debe desempeñar cada una. Por tanto, cabe exigir a cada una de esas instituciones que desempeñe sus funciones de acuerdo con lo establecido por la propia jurisprudencia
del Tribunal Constitucional, pero a ningún otro órgano como al propio Tribunal Constitucional cabe exigirle que se atenga a las funciones que la Constitución establece. El Tribunal Constitucional es -y lo decimos- un órgano de justicia, un órgano
jurisdiccional, que como cualquier tribunal de justicia debe hablar por sus sentencias, sus resoluciones, sus providencias y sus autos, y sólo por medio de sus resoluciones de naturaleza jurisdiccional. Esa obligación, que es la suya como órgano
judicial, hay que exigírsela a todos y a cada uno de sus magistrados y, desde luego, a quienes ostentan su representación: su vicepresidente y su presidente. Tampoco es preciso repasar los artículos 16 a 26 de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional, que nos recuerdan el estatuto de sus magistrados, de su vicepresidente y su presidente, porque está claro que no hace falta leer la ley para saber muy bien que ni los magistrados, ni el vicepresidente, ni el presidente tienen que
situarse en ningún caso en el centro de ninguna polémica política, ni de ninguna contienda política, que no tienen que estar en el centro de ninguna discusión política y que es sumamente desacertada cualquier manifestación, cualquier externación
-como dice la doctrina italiana- de los magistrados, del vicepresidente o del presidente que pueda suscitar controversia política. No digamos aquella que pueda herir innecesaria y gratuitamente la sensibilidad o los puntos de vista de los sujetos a
los que la propia Constitución y la ley orgánica reconocen legitimación para actuar ante el Tribunal Constitucional. Por consiguiente, es sumamente desacertada una manifestación de cualquiera de los magistrados, del vicepresidente o del presidente
en la que se esté condicionando la apariencia de imparcialidad que es exigible a los titulares de estos órganos de jurisdicción.
No quepa la menor duda de que el Grupo Socialista ha considerado desafortunadas esas declaraciones del
Tribunal Constitucional que están en el trasfondo, en el motivo, de la proposición no de ley que trae hoy a la consideración de esta Cámara el Grupo Catalán, en la medida en que consideramos que es una clara extralimitación de las funciones
constitucionales, cuyo cumplimiento hay que exigir, con mayor escrúpulo y rigor que a ningún otro, al propio Tribunal Constitucional. Ahora bien, inmediatamente tenemos que añadir que dos errores no compensan un error y que un acierto no es la suma
de dos errores compensatorios. Si existe extralimitación en el Tribunal Constitucional, o en alguno de sus magistrados o en su presidente, al efectuar una declaración, que el Congreso de los Diputados se posicione ante ello, y que lo haga con una
declaración de voluntad, por la que se vincule urbi et orbe, de manera general y abstracta. Relacionarse de una determinada manera con el Tribunal Constitucional en su actual composición, nos parece una medida inaceptable desde el punto de vista de
la responsabilidad y, sobre todo, de un criterio de comportamiento que, además, es un principio de derecho consagrado por la propia jurisprudencia del Constitucional, que estos días echamos mucho de menos.
Me refiero al principio de
proporcionalidad, para que las respuestas sean proporcionadas a la entidad de las actuaciones ante las que pretenden responder, ante las actuaciones que pretenden atajar. Nos parece desproporcionado que el Congreso de los Diputados se posicione en
una reprobación general del presidente del Tribunal Constitucional, y nos parece desafortunado y desproporcionado que se pretenda mandatar a esta Cámara la interposición de incidentes de recusación en todas las causas en las que este Congreso de los
Diputados pueda actuar, porque tiene legitimación para ello, para la interposición de recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Los socialistas tenemos derecho a invocar esos criterios a los que aquí ha hecho mención el representante de Convergència i Unió: templanza, mesura, prudencia, contención, sentido común, ese seny catalán, que nos parece que, efectivamente,
son exigibles del presidente del Tribunal Constitucional, pero también de esta Cámara en su respuesta frente a unas manifestaciones. Por consiguiente, nos parece que podemos exigirnos a nosotros mismos un ejercicio de mesura y de templanza en
nuestra respuesta frente a lo que parece una apelación a la confrontación institucional, es decir, a una confrontación abierta entre el Tribunal Constitucional y el Congreso de los Diputados, la Cámara con más peso de nuestro Parlamento bicameral,
lo que claramente incurre en exceso, no tiene precedentes y tendría muy difícil reconducción.
Ofrecemos al Grupo Catalán una enmienda transaccional, por la que proponemos un texto diferente al que se nos presenta y que claramente el Grupo Socialista no puede aceptar. El texto que nosotros proponemos consta de dos párrafos, en el
primero de los cuales se manifiesta que el Tribunal Constitucional, habiéndose ganado su prestigio durante más de 20 años de existencia sirviendo al desarrollo de nuestra democracia constitucional, perfilando las funciones y atribuciones de las
instituciones del estado, debe exigirse a sí mismo el máximo escrúpulo y atenerse a las reglas de actuación que le ha delineado la Constitución y su ley orgánica. Por tanto, teniendo en cuenta su naturaleza de órgano judicial, sólo debe hablar a
través de pronunciamientos jurisdiccionales.
Consiguientemente, declaramos desafortunadas declaraciones que puedan situarse en el debate político hiriendo sensibilidades que prejuzguen la apariencia de imparcialidad que cabe serle exigida por parte
de los sujetos que pueden interponer acciones frente al Tribunal Constitucional.
En el segundo párrafo instamos a los titulares de todos los poderes del Estado a desempeñar sus funciones con un escrupuloso respeto a esos principios constitucionales, en particular la separación de poderes y, en el caso de la distribución
de competencias entre Estado y comunidades autónomas, con un respeto a esa proclamación que hace la Constitución de reconocimiento de la diversidad y la pluralidad de los pueblos de España que integran el pueblo español, así como de la diversidad de
las nacionalidades y regiones que integran la nación española, y, por consiguiente del carácter plurinacional, pluricultural y plurilingüístico que caracteriza nuestro Estado autonómico. Esta enmienda dará satisfacción al pronunciamiento que se
solicita de esta Cámara en términos proporcionados y no en términos irresponsables que inviten a la confrontación institucional.
Concluyo con una consideración que no es gratuita en esta Cámara, y es la de que los socialistas pensamos que ese reconocimiento del carácter plurinacional, pluricultural y plurilingüístico es un enorme hallazgo, un impagable hallazgo de la
Constitución española de 1978, que consiste precisamente en que hace compatible el reconocimiento de una diversidad, legítima, entre las comunidades autónomas con la igual dignidad de todas las comunidades autónomas entre sí. Existen nacionalidades
y regiones, lo dice la Constitución, pero esto no quiere decir que entre comunidades históricas y comunidades no históricas, entre comunidades de primer grado o de segundo grado, como se denominaron en su momento, por la vía de acceso, de vía rápida
o de vía lenta, exista una desigual dignidad constitucional. Las comunidades autónomas son expresión de la voluntad de autogobierno de los ciudadanos que residen en ellas y, por consiguiente, tienen igual dignidad constitucional. No estamos
dispuestos a aceptar que a esas falsas -que se han demostrado falseables- dicotomías entre comunidades autónomas se añada una improvisada y completamente carente de sentido, la de comunidades que hace mil años se aseaban y comunidades que hace mil
años no se aseaban. Esto nos resulta una declaración profundamente desafortunada, fuera
de lugar y profundamente disconforme con el respeto a los principios constitucionales que cabe exigir a quienes ostentan tan alta dignidad en la representación de las instituciones del Estado.
Invitamos al Grupo Catalán a tomar en consideración este intento de transacción, en la medida en que no se puede exigir al Grupo Socialista que apoye medidas que van mucho más allá de lo que aconsejan y dictan la prudencia y el respeto que
deben presidir las relaciones entre instituciones del Estado.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señor López Aguilar, debe concluir.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Sí, concluyo.
Y mucho menos que establezca una conexión lineal entre un pronunciamiento que tiene su sede y su lugar lógico y razonable en ese foro institucional que es el Parlamento de Cataluña, en relación con la defensa de la identidad diferenciada de
Cataluña y en relación, además, con acciones específicas y concretas de inconstitucionalidad impuestas por el Parlamento de Cataluña para traerlo a esta Cámara como una recusación, como digo, abstracta, universal, urbi et orbe, frente al presidente
del Tribunal Constitucional, que no tiene precedentes, no tendría reconducción y que sería una manifestación inaceptable de confrontación nunca vista entre un Parlamento y el supremo intérprete de la Constitución que legitima la función que ese
Parlamento debe desempeñar en nuestra democracia.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor López Aguilar.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra, en primer lugar, el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Intervengo para anunciar que votaremos a favor de la proposición no de ley que ha presentado Convergència i Unió y que hemos formulado una enmienda en el sentido de que el Congreso exprese la necesidad de que el señor Jiménez de Parga dimita
como presidente del Tribunal Constitucional. Lo hemos hecho por dos razones. La primera es si las manifestaciones del señor Jiménez de Parga son graves o no políticamente, y la segunda es si estas manifestaciones lo incapacitan o no como
presidente del Tribunal Constitucional. A nuestro entender, son graves políticamente. Serían graves las de cualquier ciudadano, pero son especialmente graves las del presidente del Tribunal Constitucional porque sus propias palabras lo sitúan
fuera del espíritu y de la letra de la Constitución.
El señor portavoz del Grupo Socialista decía que no se puede aprobar la proposición de Convergència i Unió porque no tiene precedentes, pero lo que no tiene precedentes son las declaraciones del señor Jiménez de Parga, lo que no tiene ningún
precedente es que el presidente del Tribunal Constitucional exprese opiniones con la ligereza con que las ha expresado el señor Jiménez de Parga. Desde ese punto de vista, pensamos que el señor Jiménez de Parga hoy no tiene autoridad política,
moral, para seguir presidiendo un organismo fundamental en nuestro ordenamiento constitucional, uno de cuyos aspectos fundamentales es precisamente dirimir conflictos de competencias entre el Gobierno central y las comunidades autónomas.
Vamos a votar favorablemente, se nos acepte o no la enmienda, porque las declaraciones del señor Jiménez de Parga han sido políticamente muy graves y porque pensamos que él mismo se ha incapacitado para seguir ejerciendo esa responsabilidad.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Gracias, señor Saura.
A continuación, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego se pregunta qué puede estar pasando en el Estado español para que se produzcan injerencias del presidente del Tribunal Constitucional contra la legalidad vigente en materia constitucional. No de otra forma se
puede entender que el señor presidente del Tribunal Constitucional, por ejemplo en A Coruña, haya hablado claramente en contra de sentencias firmes del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y del Tribunal Supremo del Estado español e incluso de
recursos de amparo que no fueron aceptados por el Tribunal Constitucional que preside en relación con cuál es el topónimo oficial de la ciudad, A Coruña, que no es un problema de idiomas sino un problema de elección burocrático-administrativa de
cuál es la denominación oficial de la ciudad y de la provincia. ¿Cómo se puede actuar con tanta falta de prudencia en contra de los propios tribunales de justicia?
El miércoles día 21 de enero el señor Jiménez de Parga actuó dentro de la estrategia partidista del Gobierno al descalificar y cargarse la distinción constitucional entre nacionalidades y regiones, yendo a uno de los núcleos fundamentales
del problema político del Estado español, es decir, el poco reconocimiento que había desde el proceso constitucional en relación con el derecho de las nacionalidades del Estado a gozar de un determinado tipo de autonomía y de competencias. El señor
Jiménez de Parga, en consonancia con la política del actual Gobierno, intenta descalificar la diversidad, el pluralismo político y social afirmando incluso, cuando fue denunciado por sus ataques al nacionalismo, que no le importaba porque el
nacionalismo no está sometido a cánones de razón.
Realmente las pérdidas de las formas democráticas y el enfeudamiento al Ejecutivo le
hace un gran daño al contexto democrático en el Estado español; pero es más, las declaraciones del señor presidente del Tribunal Constitucional rondan y limitan siempre la xenofobia y una concepción de la historia totalmente eurocéntrica.
No de otra forma se puede entender que hable de que en el año 1000 Granada tenía docenas de surtidores, cuando las llamadas comunidades históricas ni siquiera sabían lo que era asearse los fines de semana. Seguramente el señor presidente del
Tribunal Constitucional ignora que su familia materna procedía de una de esas comunidades históricas que no se aseaban; en concreto, el apellido Parga es un apellido gallego, por si no lo sabe. Por lo demás, es curioso que incluso haya una total
coincidencia con ciertas manifestaciones anteriores a ser presidente del Tribunal Constitucional, pero sí cuando era magistrado, cuando afirmaba: es un tema que me pone enfermo -literalmente- que dos maricas adopten a un niño. Realmente hay una
total coherencia que indica que cuando fue promovido para el cargo de presidente de la máxima institución jurídica del Estado español se hacía con intencionalidad política.
Señora presidenta, señores diputados, en una democracia no vale todo; no valen los prejuicios, no valen las reacciones temperamentales, sobre todo por parte de aquellos que tienen el deber de proteger y amparar la ley, y está claro que en
el caso del señor Jiménez de Parga el espíritu antidemocrático va en paralelo con su espíritu antinacionalista. No es posible tolerar en silencio el continuo deterioro de instituciones democráticas fundamentales, no es posible tolerar su
enfeudamiento a la prepotencia y a los intereses partidistas del Gobierno, y en este caso en particular para mí es especialmente preocupante porque fui librado de una condena de dos años de cárcel precisamente por el Tribunal Constitucional, que
aceptó un recurso de amparo considerando hace años que una sentencia de ese tipo era injusta, falta de rigor y claramente partidista. Con presidentes del Tribunal Constitucional como éste no garantizamos ni siquiera ese mínimo de fuerzas
democráticas, señora presidenta. Por tanto, vamos a apoyar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), a la que solamente le hemos presentado una enmienda de adición en el sentido que hemos defendido en este
momento con nuestros argumentos y nuestros juicios.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Gracias, señor Rodríguez.
Por último, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la Presidencia.)
Señoras y señores diputados, desde Esquerra Republicana de Catalunya hemos presentado dos enmiendas a la propuesta de Convergéncia i Unió porque consideramos que las declaraciones reiteradas no sólo en este caso sobre la higiene de
determinadas naciones, territorios, zonas del Estado o del sur de Europa, como podríamos llamar, no es un caso aislado, es una reiteración permanente de provocaciones del actual presidente del Tribunal Constitucional. Como decía muy bien el
portavoz del Grupo Socialista, es cosa seria. Estamos hablando del Tribunal Constitucional, estamos hablando de un órgano de control, de un órgano que tenía que dirimir buena parte de la conflictividad existente hoy entre diferentes comunidades
autónomas históricas, no históricas -histéricas, no histéricas, como diría alguien en su momento-. En definitiva, a lo que hacemos referencia hoy es a que esto es cosa seria. Creo que las declaraciones que ha hecho reiteradamente el presidente del
Tribunal Constitucional no están precisamente en la línea de la seriedad, pero esto no es una novedad. Esto ha sido una constante en los cargos que ha elegido el Gobierno y el Partido Popular. El Defensor del Pueblo, señor Enrique Múgica, ha
tenido provocaciones del mismo calado; el Fiscal General del Estado ha tenido también algunas actuaciones o declaraciones no decimos políticas porque todo es política. ¿Qué no es política? El señor Múgica, el señor Jiménez de Parga y el señor
Cardenal pueden hacer declaraciones políticas, faltaría más, claro que pueden. Lo que hay detrás de esto es una ideología y una no comprensión de la pluralidad. En este caso el señor Jiménez de Parga pone en entredicho lo que todos sabemos: hay
diferentes realidades nacionales en el Estado. Una de nuestras enmiendas va en este sentido. El término nacionalidad fue una perversión nominal fruto de un debate nominalista que esconde la realidad nacional de diferentes territorios del Estado, y
esto no presupone ni que sean mejores ni peores, ni que tengan más historia que otros. Todos tienen historia. ¿Quién no tiene historia? ¿Qué pedazo de tierra no tiene historia? Lo que se escondía detrás de las declaraciones del señor Jiménez de
Parga es otra cosa, es el intento permanente de enfrentar a aquellos que, con una historia propia y con una lengua propia y diferenciada, hacemos de nuestras reivindicaciones una necesidad. Desde Esquerra Republicana de Catalunya en ningún momento
hemos regateado ni vamos a regatear las aspiraciones competenciales de cualquier otro territorio, nacionalidad, nación o región. Cataluña no es nadie para decir a lo que aspira Aragón o a lo que pueda aspirar Andalucía.
Andalucía será lo que
quieran los andaluces. Lo que pretendía el señor Jiménez de Parga con este debate es legitimar el permanente acoso del Gobierno español hacia las diferentes comunidades autónomas, legitimar la permanente laminación de competencias con leyes de
base. Esto es lo que se escondía detrás de la actitud del señor Jiménez de Parga; eso y dar la falsa sensación de que Cataluña
quiere ser insolidaria, que tiene una actitud de querer lo que no tienen los demás, cuando es todo lo contrario: no hay intereses insolidarios, sencillamente hay una voluntad de conciencia nacional por parte de Cataluña.
Por esta razón hemos presentado dos enmiendas. Una, como decía, que hace referencia al término nación. Nosotros, desde Cataluña, no tenemos por qué renunciar a que formamos parte de una nación propia, una nación con voluntad y conciencia
nacional propia; y, otra, porque creemos que ya es hora de que se abra el debate de cómo se conforma el Tribunal Constitucional. Los miembros del Tribunal Constitucional que elige el Senado tienen que emanar del acuerdo de la Comisión General de
las Comunidades Autónomas. Esta es la propuesta del Parlamento de Cataluña -con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto del Grupo Popular, por qué será- que ya está pendiente de debate en esta Cámara.
Esta propuesta la planteamos en
forma de enmienda a la proposición no de ley del Grupo de Convergència i Unió con la clara voluntad de que se abra el debate sobre que tiene que haber representantes de las comunidades autónomas en el seno del Tribunal Constitucional. Si no, da la
sensación de que el arbitro es de un solo color -no voy a decir blanco- en este partido. Creemos que las comunidades autónomas tienen que tener representación directa en el Tribunal Constitucional y el Senado es el sitio idóneo, respetando el
encaje democrático y todas las reglas, para que se elijan esos representantes capaces de tener una visión diferente al uniformismo que se ha asentado cada vez más en ese órgano.
Gracias, señoras diputadas y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Puigcercós.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el señor Rejón tiene la palabra.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, desde una comunidad autónoma y una provincia en la que, por lo visto, nos lavábamos mucho hace mil años -también nos seguimos lavando ahora- subo a esta tribuna.
Esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán tiene como objeto denunciar la radical oposición entre las obligaciones del presidente del Tribunal Constitucional y las declaraciones del señor Jiménez de Parga en relación con las
nacionalidades históricas. Es ciertamente un hecho gravísimo -recalco lo de gravísimo- que el presidente de un órgano constitucional encargado de la protección jurídica de la Constitución se manifieste en público atacando a alguno de los pilares
básicos de dicha Constitución, que en el caso citado por el grupo parlamentario proponente son, entre otros, el artículo 2, la disposición transitoria segunda y la disposición adicional primera de la Constitución. Señorías, el señor Jiménez de
Parga no puede seguir siendo presidente del Tribunal Constitucional realizando al mismo tiempo manifestaciones públicas tan claramente contrarias al espíritu y la letra del título VIII de nuestra Constitución, máxime si tenemos en cuenta que el
Estado de las comunidades autónomas junto con el carácter de Estado social y democrático de derecho y el sistema parlamentario forma parte de los cimientos de nuestro edificio constitucional. Nadie pondría a un zorro a cuidar gallinas salvo
nosotros, sin embargo, señorías, nuestro grupo parlamentario no nos sentimos a gusto con un presidente del Tribunal Constitucional que realiza manifestaciones tan claramente contrarias al propio contenido de la Constitución.
Decía antes medio en broma, medio en serio aquello de que nos lavamos. Es evidente que muchas de las cosas que el señor Jiménez de Parga dijo sin duda pudieron ser verdad o fueron verdad, y ¿qué, señorías? Nos tocó sin duda en aquellos
tiempos vivir una edad de oro y lavarnos mucho mientras que unos no se podían lavar, o matarnos entre nosotros con sofisticados venenos mientras algunos reyes se mataban a tejazos, o tener en la antigua Marbella, San Pedro de Alcántara, o en
Fuengirola la mejor fundición de acero sueco del mundo mientras que en el País Vasco estaban con carlistadas, pero estamos aquí hoy en el año 2003, señorías. Yo soy de los que pertenezco a un grupo político y también de pensamiento al que desde
luego nos encanta la historia -es la profesión de algunos de nosotros-, pero no nos gusta dormirnos en ella. Como decía muy bien el bueno de Luis García Montero en una columna de El País: Estoy hasta los mismísimos -él decía una palabra más
fuerte- de tener marcos incomparables mientras otros tienen hechos diferenciales. Estoy dispuesto a cambiarles dos marcos incomparables que tenemos por tres o cuatro hechos diferenciales, y se lo digo coloquialmente. Nos hubiera gustado sin duda a
mi tierra, para seguir lavándonos todos los días y tener ese nivel de vida, haber tenido a muchos Echevarrias o muchos viudos Rius en palabras de Agustí, haber tenido a unos cuantos Jiménez de Parga -antecesores suyos- que no fueron representantes
de la burguesía, sino simplemente de otras cuestiones en un momento determinado. Dicho esto, queremos ampliar.
El asunto ya viene de lejos para nosotros y las declaraciones escandalosas del señor Jiménez de Parga han sido variadas y frecuentes. Así, debemos recordar que consideró a las comunidades autónomas como incapaces de participar en el debate
político estatal e internacional sobre la seguridad nacional en los meses posteriores al 11 de septiembre de 2001 y habló de forma despectiva de la imposibilidad de que un pretendido lehendakari de Oklahoma le pudiese decir nada al presidente George
Bush.
Después declaró públicamente a diestro y siniestro que la Ley orgánica de partidos políticos era perfectamente constitucional sin que nadie
hubiese presentado recurso alguno contra la misma y avisando a navegantes que los recursos de amparo y de inconstitucionalidad serían rechazados de antemano. Meses más tarde realizó determinadas declaraciones escasamente respetuosas con
este Congreso de los Diputados, y yo como muchos diputados y diputadas echamos en falta alguna llamada al orden por parte de quien corresponda en este Congreso. Decía que hizo declaraciones escasamente respetuosas para el Congreso de los Diputados,
haciendo un juego de palabras entre las cámaras con minúscula y las cámaras con mayúscula. De la misma manera cabe recordar, y así lo hacía el portavoz del Bloque Nacionalista Galego, que el señor Jiménez de Parga consideró una monstruosidad que
dos maricas -y cito literalmente- puedan adoptar un niño, por no hablar del tema de A Coruña, etcétera. A pesar de todas estas declaraciones escandalosas del señor Jiménez de Parga, por sí solas merecedoras del cese o dimisión, debo decir que lo
que más preocupa al Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida no son estas declaraciones, sino el hecho de que el señor Jiménez de Parga habla en público de forma coordinada en el tiempo, en el contenido, en el texto y en el contexto con los
ministros y el presidente del Gobierno. Es un peligro de primera magnitud para nuestra democracia constitucional el que el presidente del Tribunal Constitucional aparezca en público como una figura subordinada al Gobierno. El que el órgano
encargado de la defensa de la Constitución aparezca en el debate público como un subalterno del Gobierno del PP provoca, sin duda, un profundo daño para nuestra democracia. El señor Jiménez de Parga parece haber escogido el modelo del fiscal
general del Estado, señor Cardenal, y cifrar el éxito de su labor en el apoyo incondicional a todos y cada uno de los deseos del Gobierno del PP. En este punto quiero recordar que el prestigio de las instituciones cuesta años levantarlo y muy poco
tiempo destrozarlos.
Nuestro Tribunal Constitucional, institución que goza de un notable prestigio dentro y fuera de España, está viviendo sus peores años bajo la dirección del señor Jiménez de Parga. Recientemente, varios profesores, entre los que se
encontraban los señores Carrillo y Alberti, advertían del peligro de dejar en manos de un jurista parcial el conjunto de funciones del Tribunal Constitucional. Pues bien, mi grupo parlamentario coincide con la mayor parte de la doctrina
constitucional española, con buena parte de los grupos parlamentarios y organizaciones políticas en que no se puede tener - si me permiten la expresión- un árbitro de la Constitución que de facto está al servicio del Gobierno del PP.
Insistimos en
que las manifestaciones denunciadas por el Grupo Parlamentario Catalán por sí solas deberían suponer el cese del señor Jiménez de Parga; entendemos que el actual presidente del Tribunal Constitucional debería dejarlo, no sólo por esas u otras
declaraciones sino, por encima de todo, por su milimétrica adscripción con todas y cada una de las posturas políticas del Gobierno del PP. En definitiva, señorías, estamos ante un jurista, el señor Jiménez de Parga, de mentalidad preconstitucional,
con acentuados rasgos antinacionalistas -y me refiero a los nacionalismos periféricos, pues a buen seguro el señor Jiménez de Parga sabe mucho de determinadas interpretaciones del patriotismo constitucional-, homófobo y desconocedor del papel del
self restrain que debe presidir la labor de todo magistrado del Tribunal Constitucional. Como el cese del señor Jiménez de Parga está sólo en manos de sus compañeros del Tribunal Constitucional, lo único que nos queda a los que ejercemos acciones
ante el alto Tribunal es recusarlo de forma sistemática por parcial, gubernamental y escasamente partidario y amigo de la Constitución. No creo que el Tribunal Constitucional deba someterse a este nivel de descrédito y desgaste, por lo que
esperamos que en el mismo impere el buen juicio y tomen las medidas oportunas.
Acabo señalando que mi grupo parlamentario ha presentado una enmienda a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán, que no hace sino completar el contenido de la misma, tomando elementos que he manejado en esta intervención.
Esperemos que estas enmiendas puedan ser asumidas por el grupo parlamentario proponente. Si no fuera así, también tendrán nuestro respaldo.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rejón.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa)
En nombre el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
La posición de mi grupo ante la iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió es de gran preocupación; preocupación por conductas personales que, dentro de una representación institucional, pueden, por la debilidad del
pensamiento unipersonal, entrar en conflicto con otras personas o instituciones. Este es el caso de las declaraciones realizadas por el presidente del más alto Tribunal que consagra nuestra Constitución sobre las circunstancias históricas del
momento presente, que al mismo tiempo pueden herir las susceptibilidades legítimas de reclamación de cualquier comunidad, histórica o no dentro, dentro del contexto español.
Los que tenemos la memoria histórica de la transición y de los trabajos que gestaron el texto de la Constitución Española de 1978 sabemos el respeto y lo fino que hubo que hilar para evitar susceptibilidades y traer garantías. En aquellos
debates estuvo presente el tratamiento exquisito que ya la Constitución de 1931, elaborada por las Cortes constituyentes de la Segunda República, dio al tribunal de garantías constitucionales.
Hoy mi grupo solamente puede congratularse de la enmienda que ha defendido aquí el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el señor López Aguilar, ilustre paisano canario, que ha traído un aire de responsabilidad para evitar males
mayores con las posturas que salgan del Parlamento. Si se aceptara la enmienda que ha presentado el señor López Aguilar mi grupo la votaría a favor, porque trae un texto que despersonaliza las debilidades coyunturales de cualquier individuo y basa
todo su razonamiento en la defensa de la institución del Tribunal Constitucional.
Cuando hace unas pocas horas que hemos aprobado aquí una declaración institucional que ha leído la presidenta del Congreso de los Diputados para crear un comité de honor de cara a la celebración de los 25 años de la Constitución española, en
la que está precisamente la figura del Tribunal Constitucional, parecería un verdadero contrasentido que la celebráramos también introduciendo esta polémica personal. Queden, pues, las responsabilidades personales para quien las tenga que exponer
ante los respectivos intereses que se puedan sentir lesionados y predomine la defensa de la institución; eso es muy importante. En España ha costado mucha sangre, sudor y lágrimas defender las instituciones, todas las que hemos tenido a lo largo
de nuestros procesos históricos, los que comienzan precisamente con la palabra histórica, donde nosotros ponemos el listón, como lo pusieron los constituyentes de la actual Constitución española y como lo pusieron los constituyentes que, con los
estatutos de Nuria, del País Vasco o de Galicia, señalaron el punto cero del arranque de las armonías que tenían que estar con la historia del momento, o lo que se llaman las comunidades históricas que todos entendíamos en un lenguaje normal. Para
mi grupo en este momento es una hora más de disculpar conductas personales y superarlas porque, como decía Cajal, por encima de la abeja está el enjambre, y el enjambre democrático somos todas las fuerzas que formamos el soporte de esta
Constitución, de la que vamos a celebrar sus 25 años, no como quien celebra un funeral sino como quien tiene que celebrar algo vivo, por encima de las personas, porque si personalizamos mal camino llevamos para solucionar los problemas.
Nuestros visos de racionalidad coinciden con lo que ha expuesto el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de aupar la institución, pero si no es así, desde luego, nosotros votaremos en contra de estas, por supuesto legítimas,
iniciativas parlamentarias con sus enmiendas, porque a nuestro juicio hacen un tremendo daño a la institución, que es a la que tenemos que salvaguardar por encima de todo.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, hace ahora aproximadamente quince años el Instituto Vasco de la Administración Pública, organismo dependiente del Gobierno vasco, en cuyo equipo directivo me acababa de integrar en aquel momento, publicó una obra de un profesor de
filosofía del derecho de la Universidad del País Vasco que se titulaba La argumentación en la justicia constitucional española. La obra hacía un análisis exhaustivo, completo de los recursos argumentales que hasta aquel momento había venido
utilizando el Tribunal Constitucional a la hora de fundamentar sus resoluciones de todo tipo (sentencias, autos y demás). Por un lado, estudiaba en sí mismos, en su estructura interna los argumentos que utilizaba y, por otro, el modo en el que esos
mismos argumentos eran utilizados por el alto Tribunal. Algún tiempo después tuve ocasión de asistir a un coloquio informal en el contexto de los cursos de verano de la misma universidad que mantuvo el autor de la obra con un conocido catedrático
de derecho administrativo, don Alejandro Nieto, que ya entonces al parecer discurría, con la profundidad que le es habitual, sobre las ideas que recientemente ha plasmado en su soberbia Balada de la justicia y de la ley. Don Alejandro en aquella
ocasión adornó con todo tipo de elogios la obra objeto de publicación, pero constataba una pequeña laguna. A su juicio la obra estaba muy bien trabajada, muy bien elaborada, pero él creía que el autor tenía que haberse adentrado en el análisis de
los motivos, en el estudio de las razones por las que el alto Tribunal y sus magistrados, a la hora de elegir, dentro de la batería de recursos argumentales que se encuentran a su disposición, optan por unos argumentos que, aplicados a los datos
jurídicos operantes, saben que les van a llevar inexorablemente a unas determinadas conclusiones y, sin embargo, marginan otros en principio tan válidos y tan útiles como los primeros para abordar la cuestión, pero que también les llevarían
inexorablemente, y lo saben, a conclusiones distintas. Se preguntaba el catedrático: ¿Qué criterios guían a los magistrados del Tribunal Constitucional a la hora de seleccionar los argumentos, a la hora de elegir el bagaje argumental del que se
van a servir para construir la fundamentación de una determinada resolución? La pregunta, como todos los juristas saben, apuntaba nada menos que al quid de la función de los quehaceres del jurista. ¿Por qué? Porque, como todo jurista mínimamente
avezado sabe, unas mismas normas jurídico-positivas tratadas con diferentes estrategias argumentales, todas ellas en principio igualmente válidas y legítimas, conducen a resultados distintos y esa es la pregunta que en aquella ocasión el autor del
libro no supo contestar, diciendo además que no estaba capacitado para abordar esa investigación. Lo que a ninguno de los que participábamos en aquel coloquio se nos podía haber ocurrido era que años después fueran a salir del Tribunal
Constitucional magistrados,
y en ocasiones hasta su propio presidente, que se iban a dedicar a expresar públicamente, sin recato, sin cautela, sin rubor, sin reparo de ningún tipo los motivos que guían el proceso de selección de los argumentos en los que fundamentan
sus sentencias y, lo que es mucho más grave, aduciendo razones de naturaleza estrictamente política y, por lo general, coincidentes punto por punto, sin excepción, con las posiciones defendidas por el Gobierno de turno, incluido en su caso el
antinacionalismo o cualquier otra consideración política que pueda proceder de los más bajos instintos.
Como ustedes saben, el Grupo Vasco siempre ha defendido que el sistema constitucionalmente instituido para la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional propiciaba este tipo de disfunciones, porque los jueces no son máquinas
infalibles, sino seres de carne y hueso, personas concretas y singulares -y en esto los magistrados del Tribunal Constitucional no constituyen una excepción-, condicionadas tanto por las presiones externas como por los condicionantes personales
internos.
Nuestra denuncia se ha visto absolutamente desbordada por la realidad.
¿Por qué? No hace todavía dos años causó escándalo en los medios académicos, incluso en algunos judiciales, un voto particular de una sentencia del Tribunal
Constitucional, la sentencia 188/2001, de 20 de septiembre, en la que nada menos que el propio presidente junto con otros dos magistrados reconocían expresamente que lo que les animaba a separarse del sentir mayoritario de los restantes miembros del
Tribunal no era una diferente interpretación de la norma constitucional en sí, sino el hecho -y leo literalmente- de que en una apreciación global y de conjunto no podían compartir la idea de que en el marco de nuestra Constitución no pueda tener
cabida hasta sus últimas consecuencias un programa nacional de becas unificado y bajo la competencia del Estado. El pasaje es enormemente revelador porque en él se reconocía abiertamente, expresamente por parte de estos magistrados que, al margen
de lo que la norma constitucional estableciese al respecto, lo que guiaba su argumentación eran las ideas personales que abrigaban sobre lo que debía decir la Constitución, sobre aquello a lo que debía dar cobijo la Constitución. En este caso,
ellos no podían concebir que no pudiera haber un programa de becas unificado y bajo la competencia del Estado, por tanto, este había de ser posible, dijera lo que dijera la Constitución, porque la argumentación jurídica a utilizar para ello era lo
de menos, ya se arbitraría, era sólo cuestión de dar con el argumento adecuado y había un abanico amplísimo de recursos argumentales para poder fundamentar esta posición previamente adoptada. Como pueden ver, es una subversión absoluta del método
de trabajo ordinario del jurista positivo.
Igualmente, de modo más reciente, las chuscas declaraciones del señor Jiménez de Parga sobre las comunidades históricas no pasarían de ser una anécdota grotesca, no pasarían de ser un auténtico esperpento si no fuera porque pocos meses antes
el propio presidente del alto tribunal hizo valer por primera vez su derecho a ejercer el voto de calidad para imponer una sentencia, la 96/2002, de 25 de abril, en la que se ignoraba olímpicamente la aplicación a un caso en el que era pertinente la
disposición adicional primera de la Constitución, esa misma que reconoce y ampara los derechos históricos de los territorios forales. Algo, por cierto, que no es que lo denuncie yo, lo denunciaban los cinco magistrados discrepantes en sus
respectivos votos particulares. El presidente del Tribunal Constitucional había adoptado una posición política en relación con el valor que los elementos históricos tienen en la Constitución, y esa posición política previa había condicionado su
posición en el Tribunal Constitucional y le había conducido a hacer uso por primera vez, insisto, de su voto de calidad para posicionarse en contra de la aplicación en ese caso concreto de esta disposición adicional primera de la Constitución.
Señorías, he citado solamente dos ejemplos, no he querido entrar en la marrullería ni en el chiste barato en que podía había incurrido con muchísima facilidad dados los elementos que había en juego. Son dos ejemplos que, insisto, podrían
multiplicarse y que a nuestro juicio ponen de manifiesto la inidoneidad del señor Jiménez de Parga para continuar al frente de un Tribunal Constitucional que, entre otros, tiene encomendada la función de dirimir los conflictos de competencia que se
planteen entre el Estado y las comunidades autónomas. A nuestro juicio es claro que no superaría el test de idoneidad convencional que exige el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para reconocer la imparcialidad de un juez. El Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, todos ustedes lo saben, tiene una larguísima jurisprudencia en la que no solamente exige imparcialidad por parte de los jueces, sino además una apariencia de imparcialidad que en este caso es absolutamente evidente que no se da.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos está mirándonos, señorías. No sé lo que harán ustedes, pero nuestro grupo va a apoyar esta proposición no de ley que creemos fundada, pensada y que tiene toda la razón.
La actuación del presidente del Tribunal Constitucional está contribuyendo a comprometer seriamente la imparcialidad, la imagen de imparcialidad -ambas cosas- y también su imagen y credibilidad ante el conjunto de los ciudadanos y ante el
conjunto de las instituciones. Apoyamos por tanto la iniciativa y apoyamos también en su caso, si fueran aprobadas, las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y por el Grupo Parlamentario Mixto. Evidentemente no
votaríamos a favor de la proposición no de ley si se aceptara la enmienda planteada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Erkoreka.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señora Matador.
La señora MATADOR DE MATOS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, debatimos hoy una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que recoge una serie de pretensiones en relación con unas declaraciones del presidente del Tribunal Constitucional, señor Jiménez de
Parga, que se enmarcan en el contexto de las medidas que están adoptando los gobiernos catalán y vasco sobre esta cuestión. Pero a nuestro juicio no sólo resultan muy desproporcionadas, sino que son de dudosa pertinencia desde la perspectiva de
ortodoxia parlamentaria. Adelanto a SS.SS. que vamos a votar en contra de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por los motivos que seguidamente expondré; pero antes quisiera hacer unas reflexiones acerca
de las manifestaciones del presidente del Tribunal Constitucional, dejando a un lado el tono en el que se hicieron, que quizá no fue el más apropiado ni el más afortunado.
Cuando se habla de comunidades históricas, es cierto que esta expresión no deriva directamente de la Constitución. Tal expresión fue acuñada por algunos autores para referirse a aquellas comunidades autónomas que por haber tenido regímenes
de autonomía anteriormente fueron objeto de una fórmula especial en la Constitución para acceder a la autonomía, y así se establece en la disposición transitoria segunda de la Constitución. No se trata por tanto, desde el punto de vista
constitucional, de comunidades autónomas especiales, sino del establecimiento de un régimen transitorio de acceso a la autonomía sustantivamente más breve, caracterizado por la posibilidad de acceder a un mayor número de competencias sin necesidad
de que operase el transcurso de los cinco años a que se refiere el artículo 148.2 de la Constitución. Estas comunidades llamadas históricas fueron País Vasco, Cataluña y Galicia. Transcurridos los cinco años a que se refiere el artículo 148 de la
Constitución, las demás comunidades autónomas que accedieron a la autonomía por la vía ordinaria prevista en la Constitución han podido ampliar su ámbito competencial mediante la modificación de sus estatutos de autonomía, y así ha ocurrido en todas
ellas. Por tanto cuando la Constitución se refiere a la historia de las comunidades autónomas lo hace en relación con todas. Véase el artículo 143.1 de la Constitución o el 142.2, párrafo a), donde se dice que los estatutos de autonomía deberán
contener la denominación de la comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica.
El constituyente lo que hizo fue dar una diferencia de acceso en origen a los títulos competenciales, permitiendo el acceso más rápido a las comunidades que he señalado frente a las demás pero, tengo que subrayarlo, con un tratamiento
similar en destino. Todas las comunidades autónomas podrán tener acceso a los mismos títulos competenciales sin perjuicio del respeto a los derechos históricos o forales allí donde existan.
Todas las comunidades tienen su historia; España la tiene. Esa es la riqueza cultural y la pluralidad de la que debemos hacer gala. ¿O es que acaso Extremadura, Navarra, Asturias, Andalucía, Aragón o Castilla no tienen su propia historia?
En el estatuto de Andalucía se habla de ella como expresión de su identidad histórica; Asturias también habla de comunidad histórica; Cantabria como comunidad histórica; Valencia se ha organizado históricamente como Reino de Valencia, y así
podríamos seguir con el resto. ¿Qué es lo que pretenden ustedes? Les molestan unas declaraciones y vienen aquí a negar el carácter histórico de otras comunidades autónomas (Rumores.) cuando ese carácter aparece recogido en los estatutos de
autonomía, es decir, ustedes señalan cuál es histórica y cuál no. En la actualidad, el carácter histórico de las comunidades autónomas se ha recogido en los estatutos de autonomía vigentes, precisamente como justificación de la constitución de la
comunidad autónoma.
Se podrá estar de acuerdo o no con lo dicho por el presidente del Tribunal Constitucional. Yo me he limitado a hacer una serie de reflexiones amparadas en nuestro texto constitucional. Ustedes hablan de condenar.
¿Qué es condenar? Yo
diría que ha habido muchas y variadas opiniones y reacciones producidas en el seno de la sociedad española en general, y en determinados territorios del Estado en particular, y a nadie se le ha ocurrido venir a este Parlamento a pedir condena.
Ustedes lo hacen hoy aquí y desde el Grupo Parlamentario Popular tenemos que decirles que para eso no estamos aquí. Este no es el foro adecuado y paso a explicarles los motivos.
El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió formula unas pretensiones en la proposición no de ley, como son una condena institucional del Congreso de los Diputados contra la quinta autoridad del Estado, la conminación para que renuncie y
la imposición hacia el futuro de una norma de conducta a los diputados para que presenten un recurso de inconstitucionalidad. En relación con el primer punto, una condena institucional del Congreso de los Diputados, es muy dudoso que el Congreso de
los Diputados tenga atribuciones para hacer una declaración institucional de repulsa o condena política contra el presidente del Tribunal Constitucional. No existe precepto constitucional alguno que le otorgue expresamente esta facultad. El
artículo 66.2 de la Constitución habla de las funciones de control de las Cortes Generales a la acción del Gobierno, que lógicamente no cabe interpretar por extensión hasta el Tribunal Constitucional, que precisamente tiene encomendada la misión de
velar por la constitucionalidad de las leyes que se aprueban por el
Congreso. Por tanto el objeto de control de las Cortes Generales es la acción del Gobierno. Un control de índole política, aunque éste a veces pueda tener un contenido estrictamente jurídico. La designación del presidente del Tribunal
Constitucional en nada depende del Gobierno, sino que como señala el artículo 160 de la Constitución es nombrado entre sus miembros por el Rey a propuesta del mismo tribunal por un periodo de tres años. La designación por tanto es del pleno del
Tribunal Constitucional, que es quien lo elige. Sería comprensible y admisible una renuncia por parte del presidente del Tribunal Constitucional si fuera el mismo pleno el que lo reprobara o lo desautorizara de forma continuada. No hay, pues, base
constitucional alguna para que el Congreso de los Diputados efectúe una declaración de reprobación contra el presidente de otro órgano constitucional. Además, el Congreso de los Diputados no está legitimado para pedir la renuncia del presidente del
Tribunal Constitucional, cuando el artículo 159.2 de la Constitución establece que los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles durante su mandato. Como se ve esta salvaguarda establecida en la Constitución encaja mal
con la conminación parlamentaria que pretenden ustedes mediante esta proposición no de ley para que sea el propio presidente del tribunal quien plantee su renuncia. Desde esta perspectiva jurídico-constitucional, una declaración como la que propone
el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en el primer punto de la proposición no de ley es completamente extemporánea y choca con nuestro ordenamiento jurídico.
Referente al segundo punto de la proposición no de ley, que considera oportuno que cada vez que cincuenta o más diputados presenten un recurso de inconstitucionalidad soliciten la recusación del presidente del Tribunal Constitucional,
también aparecen serios reparos. Coloquémonos en la hipótesis. ¿Ustedes creen que el Pleno del Congreso está legitimado para imponer una norma de conducta con carácter obligatorio a sus miembros? Señorías, hay que recordar que a estos efectos los
miembros de las Cortes Generales no están sujetos a mandato imperativo alguno, como reconoce el artículo 67.2 de la Constitución. Podemos pensar que la Constitución ha querido proteger a los parlamentarios frente a directrices coactivas no sólo ya
de los electores, sino de sus propios partidos. Siendo esto así, no cabe pretender tampoco que el Pleno del Congreso imponga una determinada actitud de futuro a través de una proposición no de ley condicionando su actuación cada vez que, ejerciendo
una función constitucional, decidieran imponer un recurso de inconstitucionalidad. Por tanto, señorías, esto no se ampara en norma alguna y lo cierto es que, como he dicho anteriormente, resulta bastante chocante. Por todo ello, reitero que vamos
a votar en contra de la proposición no de ley del Grupo de Convergència i Unió.
En relación con la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista, también nos parece poco afortunada e innecesaria. En su párrafo segundo insta a los poderes del Estado haciendo una serie de recomendaciones. El Congreso de los Diputados
no está para eso. En el terreno de las recomendaciones -y aquí ha quedado manifiesta la coherencia del Grupo Parlamentario Socialista- deberían empezar por ustedes mismos. Esas recomendaciones deberían hacerlas a miembros de su propio partido y al
presidente de la Junta de Extremadura que fue el primero que aplaudió las declaraciones del presidente del Tribunal Constitucional.
Para finalizar, señorías, reitero el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular a la proposición no de ley.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Matador.
Señor López de Lerma, a los efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Señora presidenta, aceptamos la enmienda presentada por el Grupo Mixto, señor Saura, las dos que ha presentado el señor Puigcercós, también del Grupo Mixto, y la número 1 -no así la número 2- del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Muchísimas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor López de Lerma. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre condena de las manifestaciones del Presidente del Tribunal Constitucional relativas a las nacionalidades
históricas y conveniencia de su recusación. Se somete a votación en los términos derivados del propio debate y con la incorporación de las enmiendas que han sido aceptadas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 36; en contra, 282; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE EL PAPEL DE ESPAÑA ANTE UN POSIBLE ATAQUE MILITAR NORTEAMERICANO SOBRE IRAK. (Número de expediente 162/000647.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORES AYMERICH, RODRÍGUEZ Y VÁZQUEZ), RELATIVA A LA POSICIÓN DEL GOBIERNO ANTE UNA EVENTUAL GUERRA CONTRA IRAK.
(Número de expediente 162/000639.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POSICIÓN DE ESPAÑA ANTE LA CRISIS DE IRAK. (Número de expediente 162/000645.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR SAURA), PARA QUE EL ESTADO ESPAÑOL SE OPONGA A LA INTERVENCIÓN ARMADA DE IRAK. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 162/000651.)
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL CONFLICTO CON IRAK.
(Número de expediente 173/000178.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO RESPECTO DE LA CRISIS DE IRAK. (Número de expediente 173/000179.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, PARA QUE EL GOBIERNO EXPLIQUE SU POSICIÓN ANTE LA POSIBLE GUERRA DE IRAK. (Número de expediente 173/000180.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el papel de España ante un posible ataque militar norteamericano sobre Irak, que se debatirá conjuntamente con la proposición no de ley
del Grupo Parlamentario Mixto (señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez), relativa a la posición del Gobierno ante una eventual guerra contra Irak. Asimismo, con la del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la posición de España ante la crisis de
Irak, y con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señor Saura), para que el Estado español se oponga a la intervención armada en Irak. Así como con las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno en relación con el conflicto con Irak; la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la posición del Gobierno respecto de la
crisis de Irak, y la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para que el Gobierno explique su posición ante la posible guerra de Irak.
En primer lugar, para la presentación y defensa de la iniciativa del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el papel de España ante un posible ataque militar norteamericano sobre Irak, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señora presidenta.
Señores diputados, señoras diputadas, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida acepta sustituir su proposición no de ley por esta enmienda transaccional, que se constituye consiguientemente en moción de sustitución, y también acepta
la sustitución de su moción primaria por esta enmienda de transacción que hemos hecho una serie de grupos parlamentarios.
En el día de hoy, señorías, si no fuese por culpa de un señor, el señor D´Hont, los grupos que representamos en esta Cámara a 11.700.000 personas ganaríamos esta moción en contra de la guerra y a favor de la paz.
(Aplausos.) No sólo se gana
en función de la aritmética, y no lo digo de cara a ningún rubro de legitimidad porque tanto valen unos votos como otros, simplemente describo lo que está pasando. Esta serie de voluntades que se expresaron en los votos, y eso sí es cuantificable y
sí se puede objetivar, ha aumentado mucho de cara a esta posición muy mayoritaria en el pueblo español de no aceptar esta guerra inmediata, guerra preventiva, con la participación de personas y de material español. Pensamos que esa opinión es mucho
más amplia de la que representan estos 11.700.000 votos.
En ese sentido, pensamos que empieza a expresarse quizá lo que Lope de Vega, entre otros, llamaron la cólera del español sentado. El pueblo votó y esperaba ser consultado y representado. En
algún grado el español sentado espera sin que nadie llame a su puerta a preguntarle una opinión sobre algo que sin duda no podía ir en ningún programa electoral. Por tanto, con más razón hay que tener esa sensibilidad coyuntural, sucesiva y
milimétrica de saber qué es lo que quiere y qué es lo que piensa la opinión pública. No se le está preguntando nada al pueblo español. Ahí aparece la primera gran dificultad por la que atraviesa este gran Gobierno que no representa en estos
momentos, con respecto a esta situación y a este tema, al pueblo español.
El señor Aznar ha cambiado bastante, desde un punto de vista matizado, en términos políticos desde que tenía minoría mayoritaria hasta ahora que tiene mayoría absoluta y está en la recta de tribuna, en la última curva del camino. En
aquellos momentos había mayor sensibilidad a todos los niveles con respecto al modelo de Estado y a las demandas sociales que se estaban produciendo y que en ningún caso supusieron las propuestas neoliberales que con respecto al modelo
social y otros se están emitiendo desde la mayoría absoluta del Partido Popular. Desde que el Partido Popular tiene mayoría absoluta, el señor Aznar que, según parece, oye crecer la hierba, se cree en la necesidad de ir por delante de
todos, por delante de la Cámara, por delante de su propio partido -me consta-, por delante del Gobierno y, desde luego, por delante de la opinión pública. Esto significa una ruptura real, concreta, con la gente. Al mismo tiempo se le añade una
cierta concepción que ha expresado, por ejemplo, el señor Fraga que le dice a la gente que le hace reproches sobre un tema también fundamental en estos momentos: zapatero a tus zapatos, tú vota, dedícate a votar, que yo me dedicaré a gobernar con
esos votos. A partir de esa concepción, el votante se convierte en cliente, en consumidor de la política, en consumidor de la democracia. La democracia se convierte en un gran mercado donde hay que elegir producto y, a partir de la utilización de
esta especie de telecracia que nos domina, se vende el producto durante cuatro años y se vuelve a convocar a las urnas al consumidor-cliente de una determinada posición. Al no comprender eso desde la mayoría absoluta, en gran parte como
consecuencia de esto, está ocurriendo hoy lo que está ocurriendo: la gran soledad del Gobierno, del Partido Popular y la apuesta equivocada con respecto a Europa, al futuro del mundo y a la posición de los españoles a la hora de participar en una
guerra. Es un error serio que si se une a otra serie de errores veremos de dónde procede el malestar social que existe en España en estos momentos. Hay malestar social y como se dice de una manera más usual, en román paladino, hay cabreo social en
la calle por el tema del modelo social -ahí estuvo la huelga general- y por el tema del Prestige, ya que se han dado cuenta de que el Partido Popular ha funcionado como una bacteria que devoraba al Estado, ese Estado que ya no podía aparecer en
forma de remolcadores ni en forma de buques succionadores ni en forma de todo tipo de ayudas de cara a superar la contaminación sucesiva, incansable del chapapote en las costas de Galicia y de otras comunidades autónomas.
El Partido Popular ha basado su acción actual en una reflexión también de tipo sociológico-electoral. El Partido Popular ha dicho -conozco la reflexión-: nosotros, con minoría, le dijimos al pueblo español que si nos votaban y nos daban
mayoría absoluta podríamos, a partir de ahí, hacer nuestra propia política con las manos libres. Se le ha dado mayoría absoluta, el Partido Popular se ha puesto a hacer su propia política, ha enseñado su rostro, ha liberado las manos y en estas
estamos de cara al próximo futuro. Ustedes creen que les han dado un cheque en blanco, que el pueblo español quiere que ustedes gobiernen como lo están haciendo, que el pueblo español quiere que entremos en una guerra y se están equivocando
gravemente. Se han equivocado en el decretazo -y han rectificado, tarde-, se han equivocado en el tema del Prestige -y hay una fuerte herida democrática que no se suturará hasta que no se asuman las responsabilidades políticas- y se están
equivocando en el tema de la guerra. No sólo se están equivocando en el tema de la guerra, sino que no están representando ustedes actualmente ninguna posición consolidada y se lo voy a intentar demostrar. No representan ustedes una posición sino
errática, coyuntural.
El señor Aznar pensó que era el primero de la clase y salió corriendo y se puso en la cola -quizá con un cubo para recoger fuel y gasolina si había reparto posterior- y pensó que detrás irían los demás: partidos políticos de esta Cámara en
su mayoría, Francia, Alemania sin duda y posiblemente también, por qué no, China, Rusia y otra serie de países que al final comprenderían que la guerra era necesaria y, además, una guerra unilateral, preventiva y sin demostrar absolutamente nada.
El último patinazo de Colin Powell: había anunciado en Al Yazira, en la televisión, un supuesto video en el que Bin Laden diría que tenía conexiones con Irak. Al Yazira acaba de desmentir absolutamente este tema. En principio parece un patinazo,
veremos a ver cómo rueda en los próximos días, pero me da la impresión de que hay una situación bastante indocumentada e insolvente a la hora siquiera de plantear una guerra desde un punto de vista supuestamente legal.
Partieron ustedes -vamos a ver dónde llega la posición errática- porque esa posición hoy hace como un bucle y hoy vuelve; partieron ustedes de que había que elegir y por tanto la posición española era incondicional a favor de la posición de
Bush. Posiblemente los más sensatos de entre ustedes -que son bastantes-, pero están ustedes como su propio electorado en contra de posiciones que se expresan claramente a través de las encuestas; ustedes no debieron pronunciar estas palabras:
apoyo incondicional. A partir de ahí el pueblo español no se sintió bien representado. Son cosas de matiz, cosas sensibles, cosas que llegan, se controle como se controle cualquier medio de comunicación; el boca/oído no lo puede superar ninguna
telecracia, ningún medio de comunicación, por muy coordinado, por muy intervenido que pueda estar. Segunda posición: A partir del apoyo incondicional, pasaron ustedes a la 1441; la 1441 era ya una resolución definitiva, no hacía falta ninguna
más; en esa resolución se dice que los inspectores tienen que inspeccionar durante determinado tiempo, y en un momento determinado ustedes también se suben al carro de: ¡Ya! Es la hora de la guerra, es la hora de llevar a efecto la Resolución
1441. Tercera posición: No la 1441, sino que posible, singularmente dijo el señor Aznar que es deseable otra resolución; no necesaria, pero sí deseable. Cuarta posición que hemos oído a través de los medios de comunicación: Es necesaria una
nueva resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Son cuatro posiciones que haciendo retroceder la locomotora, han intentado conectar con el pueblo sin conseguirlo. Hoy traen de nuevo la segunda posición. Hoy ya no hablan de una
nueva resolución -léanse el papel que han presentado como enmienda de sustitución-, hoy vuelven ustedes a decir que basta con la 1441, es decir vuelven ustedes a la segunda posición. El erratismo es total; ahora se hace un bucle y vuelven
a la 1441 -vamos a ver lo que dice Bush mañana o pasado- quizás porque han visto que la nueva resolución del Consejo de Seguridad posiblemente convoque a los inspectores para seguir trabajando en una inspección que ahora parece un poco más fácil y
no convoque a la guerra en función de la mayoría que preveían ustedes que se iba a conseguir en el seno del Consejo de Seguridad. El erratismo es total: cuatro posiciones y una quinta en la que vuelven ustedes a la segunda posición de partida. El
señor Aznar se ha equivocado. No sé cómo expresarlo de otra manera, pero me parece suave decir que se ha equivocado. Se pone el primero en la cola, pensando que se iban a incorporar los demás partidos de esta Cámara o que fundamentalmente se iban
a incorporar Francia y Alemania. ¡Claro! Eso es porque no tienen ustedes un conocimiento evidente de lo que piensa España desde hace mucho tiempo y pensaban que la opinión pública española también se iba a doblegar e iba a asumir esa posición de sí
a la guerra. Pero, ¿qué ha pasado a la hora de ponerse el primero de la cola? ¿Qué es lo que ha jugado políticamente hablando el señor Aznar? El señor Aznar lo ha jugado todo, como dice la letra del tango: Yo me juego entero, ¡qué le voy a
hacer! El señor Aznar se ha jugado entero, porque ha adoptado posiciones que de cara al próximo futuro de Europa no admiten rebobinado, o por lo menos -seamos siempre relativos- un rebobinado fácil. En la primera posición ha jugado con que España
se supedita a los Estados Unidos; en la segunda posición ha jugado con que la guerra -a través de la 1441, a la que vuelven ustedes hoy- debe realizarse cuanto antes; en tercer lugar, la posición del señor Aznar es sí a la guerra preventiva, sí a
esa guerra sea unilateral o multilateral; la aceptación de una guerra preventiva, que hoy la gente, cuando se le explica lo que es, no acepta bajo ningún concepto. No se puede aceptar, como tampoco se puede aceptar, y espero que no se empiece a
aplicar en este país ni en ninguno, una política de seguridad preventiva en la calle respecto a la gente que pueda delinquir pero que no haya delinquido, y se le aplique una especie de seguridad preventiva. Ustedes también apuntan a esa idea que no
acepta nadie, ni los obispos -y espero que esta vez no haya insultos-; ni los obispos aceptan la guerra preventiva bajo ningún concepto.
Hay grandes iniciativas desde el Estado Vaticano, se va a recibir el día 14 a Tarek Aziz, y también iniciativas de paz que se han ido volando junto al representante del Estado Vaticano al mismo corazón de Irak para plantear la posibilidad de
que esta guerra se pueda detener, y nosotros estamos cada día más seguros de que se puede detener, de que no hay razones para ella; y aquellos que defienden la guerra cada vez están más aislados políticamente, no armamentísticamente por desgracia,
pero sí políticamente.
En cuarto lugar, el señor Aznar se la ha jugado de cara a la posición de España en Europa. No ha jugado a la vieja Europa; no ha jugado a la Europa independiente, a la Europa orgullosa de su pasado y de su futuro; no ha jugado a la Europa
que quiere generar una política exterior autónoma, una política de defensa propia; ha jugado a la política de una Europa dependiente, de una Europa proamericana y de una Europa norteamericana que no le va a permitir funcionar con la independencia y
la personalidad con que quiere funcionar la antigua, la vieja Europa.
Finalmente, y creo que es algo que percibimos todos y que dijo algún portavoz en el último debate, el señor Aznar día a día no puede reprimirlo, y cuando lo reprime porque sabe reexpresar las cosas en un momento determinado, aparece el señor
Trillo con un gran entusiasmo, sienten auténtico entusiasmo por la guerra, y esto es grave. No se defiende la guerra simplemente como una salida técnica desgraciada, como una salida lamentable, se defiende con entusiasmo, con patriotismo de
combate, como decía aquel general en la película Apocalypse Now, oliendo el napalm y la pólvora: Esto huele a victoria. Desde ese punto de vista da miedo pensar en las consecuencias de todo tipo, aunque ya la ONU ha adelantado que serían 500.000
los muertos y un millón los refugiados, en principio. Además, algún comentarista, algún articulista de los medios de comunicación ha dicho que de entre los heridos los más afortunados serán los que mueran de inmediato, que los que queden malheridos
van a tener agonías lentas, larguísimas, con consecuencias espeluznantes respecto a su propio futuro personal.
Ante esta situación, señora presidenta, hay dos posiciones: una, sumar apoyos de cara a la paz, día a día, con entusiasmo, sumar posiciones aquí, en Lanzarote, en Bruselas, en el Consejo de Seguridad, en la Asamblea General, en el Consejo
Atlántico, cosa que hasta ahora no ha hecho ninguno de los representantes del Gobierno del Partido Popular. La otra posición es sumar pequeños granos a favor de la guerra, sumar apoyos constantes diarios, incluso con entusiasmo, a favor de la
guerra.
El día 15 hay grandes manifestaciones -permítanme que diga lo de grandes en principio- en este país. El día 15 ese malestar, que tiene su anclaje fundamental en el tema de la guerra pero también en otros, se va a expresar como una especie
de rechazo, de malestar en el estado de los ciudadanos, de la razón de los ciudadanos frente a una política errática, una política subordinada, una política bélica, una política antisocial y una política teniendo en cuenta el futuro que se nos viene
encima en función de las posiciones que se han adoptado, que no tiene en cuenta por dónde va a ir el futuro de Europa.
Además, si se habla de defender a aquellos países que nos ayudan en la lucha antiterrorista hay que empezar siempre por Francia, siempre por Francia y no por Estados Unidos; pero no se está empezando por Francia y se están lanzando no sólo
argumentos sino bulos que pueden tener consecuencias, desde nuestro punto de vista, absolutamente negativas.
Señora presidenta, nosotros vamos a votar favorablemente esta moción, porque nos parece la adecuada, el no a la guerra nos parece adecuado y también nos parece que hay que dar más tiempo en profundidad a los inspectores para que investiguen,
siempre y en todo momento defendiendo alternativas frente a la guerra y pidiendo que el señor Aznar venga aquí, donde tiene mayoría absoluta, con una resolución, para ver qué vota la Cámara a la hora de intentar buscar las legitimidades que prevé la
Constitución.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Para la defensa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la posición de España ante la crisis de Irak, y para la defensa asimismo de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario
Socialista sobre la posición del Gobierno respecto de la crisis de Irak, tiene la palabra el señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señora presidenta.
Señorías, esta es una semana sin duda crucial, no para adoptar una decisión cualquiera sino para optar entre la paz o la guerra, y escuchando al presidente de Estados Unidos, al señor Bush, también al señor Aznar y al señor Trillo, parece
que ya han tomado opción: sólo cabe una acción bélica, es decir sólo cabe la guerra; eso sí, siempre con el pretexto de la paz. Yo recuerdo que un escritor español, Benavente, decía que el pretexto de todas las guerras siempre es conseguir la
paz. No, señorías, nosotros no queremos una guerra para conseguir la paz, porque no hay ausencia de paz. Nosotros queremos la paz para mantener la paz.
(Un señor diputado: Para ganar votos.-Rumores.) Pienso, además -por cierto, como un
norteamericano-, que nunca ha habido una buena guerra ni una mala paz. Esa es nuestra opinión, y créanme, señorías, ni en este Parlamento ni ante la opinión pública española se ha dado ni una sola razón convincente para la necesidad de una guerra;
sin embargo hay miles de razones para la paz, entre otras que la propia organización de Naciones Unidas en su Carta fundacional, establece que sólo es legítimo el uso de la fuerza en legítima defensa o cuando se produce un riesgo inminente y grave
para los demás, situaciones que hoy no se dan en relación con Irak. Al final, señorías, el mejor medio de vencer en una guerra es evitarla.
Señoras y señores diputados, creo que a lo largo de la historia la identidad de muchas generaciones ha estado marcada por su participación en una guerra. Yo creo que nosotros debemos trabajar para que la identidad histórica de nuestra
generación sea la de haber evitado una guerra, y para evitar la guerra hemos sido capaces hoy y aquí varios grupos políticos de llegar a un acuerdo desde posiciones políticas muy distintas. Hemos sido capaces de renunciar a una parte importante de
nuestros planteamientos. Creo que ha merecido la pena porque lo que está en juego es más importante que nuestras diferencias, lo que está en juego en el fondo es la supervivencia de todos. A veces el PP llama con cierto desprecio consorcio
opositor a los grupos de la oposición. Pues bien, señorías, hoy el consorcio opositor ha creado una coalición por la paz, a la que les invitamos a sumarse. (Aplausos.) Porque queremos esa coalición, una coalición de hombres y mujeres demócratas,
contrarios a la tiranía y al terrorismo, claro, pero conscientes de que a la tiranía y al terrorismo sólo se les puede vencer desde la justicia y la ley, y la guerra no es la solución, la guerra es un fracaso. Eso es algo que saben todos los
pueblos del mundo y muy especialmente aquellos que acaban de pasar por la experiencia traumática de un conflicto bélico. Pues bien, hoy aquí el Gobierno de España (y, créanme, esto no es positivo), el Gobierno del señor Aznar se queda solo. Lo ha
venido haciendo a lo largo de todos estos meses. Fíjense que durante el mes de enero el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha venido ocupándose del conflicto, y sin embargo aquí, en el Parlamento, hemos tenido serias dificultades para
conseguir la comparecencia del Gobierno.
Desde que empezó la crisis, señoras y señores diputados del Grupo Popular, la opinión pública ha venido manifestándose en contra de un ataque unilateral contra Irak. ¿Y saben ustedes por qué? Sencillamente no porque estén en contra del
Gobierno, sino porque no ven razones para una guerra.
Hay una amplísima mayoría de ciudadanos que consideran que hay caminos para la paz, que la paz es el camino y que se debe explorar hasta el final esa posibilidad. Sin embargo, el Gobierno no
solo no parece ya tener en cuenta la opinión de los grupos políticos de esta Cámara, sino siquiera la opinión de la sociedad española. Mantiene en su aislamiento que las responsabilidades asumidas con una parte de los aliados nos deben llevar a
participar en operaciones cuya legitimidad los españoles no compartimos. El Gobierno se alinea así con los que ya han declarado su intención de recurrir a acciones militares aun sin contar con los demás, sin esperar a otros.
Quiero recordarles, señorías, que hoy no debatimos, como hubiera sido lógico y como sucedió en enero de 1991, una comunicación del Ejecutivo para conocer la posición de la Cámara. Por cierto, y los ciudadanos españoles lo saben, ¿qué tiene
que ver esta situación con la del año 1991? En el año 1991 un país invadió a
otro, todos pudimos verlo y por eso el Gobierno recibió el apoyo de la oposición, por eso hubo un consenso generalizado y por eso los ciudadanos compartieron la legitimidad y la justicia del uso de la fuerza para impedir que un país se
mantuviera en otro país que había invadido. Si me permiten, aunque no me gustaría utilizar mucho el tono de humor en esta intervención, ya que el PP dice que el señor González es un estadista, si compartieron su criterio en el año 1991 deberían
compartirlo también ahora, porque quien entonces era presidente del Gobierno está radicalmente en contra de la guerra.
No nos oponemos al Gobierno, nos oponemos a la guerra. Se lo diré de otra manera: Si hoy el Grupo Popular se suma a la propuesta que aquí formulamos el resto de los grupos de la oposición, les daremos pleno apoyo. Si ustedes apoyan la
propuesta de Francia y Alemania el día 14 tendrán nuestro apoyo. Si ustedes trabajan por la paz, tendrán nuestro apoyo, no tendrán nuestra oposición.
Hay un segundo elemento de grave preocupación, señorías. El Gobierno de España está jugando un papel simplemente instrumental en toda esta crisis. ¿Por qué se ha quedado tantas veces sólo? Se lo diré: porque ni siquiera tienen posición.
Ustedes no tienen posición autónoma clara y contundente en la materia; siempre esperan a que se pronuncien otros.
Ustedes siempre van por detrás del señor Bush, del señor Powell, del señor Rumsfeld, siempre. No tienen posición propia; siguen una
estrategia que responde a unos intereses claros que ya hace meses definió la propia asesora entonces de Seguridad Nacional, señora Rice, los intereses estratégicos de Estados Unidos en el mundo, no en este caso la amenaza inminente de Irak hacia
otros países o hacia la comunidad internacional; unos intereses que la administración Bush puede considerar legítimos pero, señorías, no coinciden con los intereses de nuestro país, de España, ni de los otros países de la Unión Europea, ni siquiera
con los intereses de Naciones Unidas. Jugar ese papel instrumental coloca al Gobierno en una difícil posición en política exterior, porque le impide participar en la búsqueda de soluciones alternativas al conflicto bélico, quedando tan sólo para
criticar, de una manera exacerbada e injustificada, los intentos de otros países por preservar la paz, como hizo ayer el ministro de Defensa, señor Trillo, descalificando una legítima propuesta de dos grandes países europeos, Francia y Alemania, que
proponen dar más oportunidades a la paz. Jugar ese papel obliga al Gobierno a romper con unas directrices de actuación en política exterior que España ha venido respetando desde hace 25 años; por tanto el Gobierno está rompiendo el consenso en
política exterior. Desde hace 25 años España ha venido realizando una política exterior entre cuyos ejes cardinales estaba el de aceptar la labor de Naciones Unidas como sistema para encontrar una solución pacífica a los conflictos y controversias
y no embarcarse en operaciones militares unilaterales. Esta opción de trabajar por la paz se considera política de Estado y todos los gobiernos la han aceptado como materia de consenso en la actuación exterior de España. Hoy sin embargo, el
Gobierno está rompiendo este consenso en política exterior, que nos perjudica en nuestra vocación iberoamericana, que nos perjudica en nuestra vocación mediterránea, que nos perjudica en nuestra vocación de conseguir una Europa cada vez más fuerte,
más cohesionada y con una sola voz que ustedes están contribuyendo a romper, y lo hacen además unilateralmente, poniéndose en contra del resto de las formaciones políticas de la Cámara.
Decía, señorías, que esta semana es crucial. El día 14 de febrero lo será. Pues bien, señoras y señores diputados, el 14 de febrero en Naciones Unidas habrá alternativas para la paz. Todo ello debe llevar al Gobierno de España a una
profunda reflexión sobre el papel que está jugando y el que debe hacer jugar a España ante la situación internacional. El 14 de febrero en el Consejo de Seguridad la posición de España, como miembro además no permanente, será objeto de atención por
parte de otros muchos países. Ese día habrá nuevas alternativas; gracias a la iniciativa conjunta de Francia, Alemania y Rusia, habrá nuevas expectativas.
El Gobierno ya no podrá volver a realizar una oferta maniquea entre el bien y el mal. El 14 de febrero habrá una posibilidad: prorrogar el mandato de los inspectores, darles más tiempo, darles los medios necesarios, reforzar los sistemas
de control e inspección y conseguir lo que pide la Resolución 1441 de Naciones Unidas, conseguir el desarme a través de métodos pacíficos. La alternativa estará entre acelerar el conflicto con todas sus consecuencias o explorar todas las vías
posibles a favor de la paz y la seguridad internacionales. La alternativa estará entre apostar por las acciones unilaterales o reforzar el papel de Naciones Unidas en la solución de conflictos. Creo que España (lo queremos así la inmensa mayoría
de los españoles y lo vamos a votar así todos los grupos políticos de la oposición) debe apostar por la paz sin matices. Por eso, todos los grupos parlamentarios hemos suscrito -y Convergència i Unió comprometido su votación- una moción en la que
decimos al Gobierno que la mejor manera de lograr el cumplimiento por Irak de las resoluciones del Consejo de Seguridad, y en especial la 1441, es reforzar el régimen de inspección y control y apoyar, señorías, la continuidad de la labor de los
inspectores durante el tiempo suficiente, con la información necesaria y los medios precisos para poder llevar a cabo de manera útil y eficaz sus trabajos. En esa sesión España no debe apoyar las propuestas que en lugar de reforzar la labor de los
equipos de inspección abran las puertas a un conflicto bélico; España debe apostar clara y contundentemente por la paz.
Señoras y señores del Grupo Popular, les pido que no se vuelvan a quedar solos y aislados frente a la opinión pública y frente al Parlamento. No vuelvan a permitir
que la realidad les coja a contrapié. Les pido que en el próximo Consejo de Seguridad se posicionen a favor del trabajo de los inspectores, de su prórroga, de la iniciativa encaminada a evitar una guerra. Digan también ustedes no a la
guerra. No se lo he oído decir ni una sola vez, ni una sola. Díganlo por una sola vez, creo que pueden ustedes cambiar la posición y deben hacerlo. Creo que deben comprometer el apoyo a la propuesta alternativa por la paz que presentarán Francia
y Alemania el próximo día 14 en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Señorías, eso pide nuestra moción y lo hace respetuosamente: en el punto primero alabando a la ONU como el factor esencial para la solución pacífica de los conflictos; en el segundo pidiendo la prórroga del mandato de los inspectores para
conseguir el desarme que reclama la comunidad internacional; y en el tercero solicitando que antes de tomar ninguna decisión que abra la puerta a la participación en un conflicto bélico, se venga a esta Cámara a pedir la fijación de la posición de
todos los grupos parlamentarios, antes de tomar ninguna decisión que suponga embarcar a España en el apoyo a una guerra para la cual hoy no hay razones y es gravemente injusta.
Acabo, señorías. Sólo el tiempo es imparcial en política. El tiempo permite ponderar los aciertos y los errores. Si se dispone de tiempo se asegura mejor que las decisiones sean tomadas reflexivamente, se permite que asimilen cambios que
alteran las condiciones de la realidad. El tiempo sólo corre en una dirección. No es posible recuperar lo que se destruye. Señorías, la guerra comprime el tiempo, lo arrasa, se lleva por delante valores éticos, bienes personales y bienes morales
que merecen ser preservados. La paz merece tiempo para arraigarse; ninguna precipitación ha tenido beneficios duraderos, ninguna. Ahora necesitamos tiempo. Gracias a la presión política en los últimos días se han conseguido cambios por parte del
régimen de Irak en el marco de las inspecciones. La perseverancia y la presión pueden conseguir el objetivo del desarme, que es el único objetivo moral y políticamente defendible.
Volvamos -para acabar- a la sabia reflexión de Octavio Paz. Él decía: han cambiado las respuestas pero persisten las preguntas. Hagamos que el cambio de respuestas en el siglo XXI no sea volver a las más antiguas, a las más primarias
porque, señorías, créanme, las respuestas basadas en la paz son más difíciles de conseguir, sí; son más costosas de construir, sí; son más lentas en aplicar, sí; pero son mucho más seguras en persistir. Por eso a ustedes que dicen querer la paz
pero admiten dar un rodeo por la guerra les decimos que queremos la paz sin ningún rodeo.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Caldera.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Señora presidenta, señoras y señores diputados, he pedido consumir un turno en este debate al amparo de las normas reglamentarias
en vigor, para fijar la posición del Gobierno sobre el tema que hoy nos ocupa y al tiempo hacer unas consideraciones que estimo pueden ser de interés. Creo que la importancia de la cuestión planteada aconseja -y espero que así lo entienda la
Cámara- que el Gobierno intervenga para que el conjunto de la opinión pública pueda opinar sobre este asunto después de escuchar también nuestro criterio. Y ya sin más preámbulos, me van a permitir que resuma lo que por otra parte ustedes ya
conocen que es la posición del Gobierno, que es la que voy a tratar de explicar en esta Cámara y que no es la que otros pueden explicar en nuestro nombre; y después, como segunda parte de mi intervención, haré unas breves consideraciones sobre la
propuesta de resolución que se ha presentado vía enmienda por una mayoría de los grupos de esta Cámara, la práctica totalidad de la misma. Comienzo pues con la posición del Gobierno.
Todos ustedes conocen los antecedentes del caso. Desde que el 2 de agosto de 1990 Irak invadió Kuwait se ha venido produciendo un flagrante incumplimiento por las autoridades de ese país de un elevado número de resoluciones del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas. Esta conducta sólo puede ser interpretada -así lo ha interpretado al menos el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y pienso que mucha gente- como un constante desafío a la comunidad internacional y una amenaza a la
paz y a la seguridad internacionales. Ya en aquella ocasión, en 1990, tras haber fracasado los intentos de la comunidad internacional de alcanzar una solución pacífica al conflicto, el Consejo de Seguridad adoptó la Resolución 678, el día 29 de
noviembre de aquel año, conminando a Irak a abandonar Kuwait y a cumplir las obligaciones que la comunidad internacional le imponía. La reacción de desprecio manifestada por parte de las autoridades iraquíes motivó una intervención de la comunidad
internacional para restablecer la paz y la seguridad en la zona, en la que como todos ustedes saben España participó. Tras el conflicto se aprobó la Resolución 687, que ustedes también conocen, de 3 de abril de 1991, que establece -y éste es un
dato muy relevante- el alto el fuego y condiciona el mantenimiento del alto el fuego al cumplimiento por parte de Irak de todas las obligaciones impuestas por la comunidad internacional, entre las cuales podría citar sólo a título de ejemplo las
siguientes: Primero, permitir a los inspectores supervisar la completa destrucción de todas las armas de destrucción masiva; segundo, detener el desarrollo de cualquier nuevo sistema de armas nucleares biológicas o químicas; tercero, destruir
todos los misiles balísticos de un radio superior a 150 kilómetros; cuarto, detener su apoyo al terrorismo
e impedir que organizaciones terroristas operen en el interior del país; quinto, dar cuenta del paradero de los kuwaities y otros extranjeros desaparecidos en la guerra del Golfo; y, sexto, devolver las propiedades kuwaities sustraídas y
afrontar las responsabilidades financieras resultantes de los daños causados durante el conflicto. Aún podríamos añadir una séptima que es poner fin a la represión del pueblo iraquí.
Estas condiciones para el mantenimiento del alto el fuego se las
impuso a Irak la Resolución 687, de 3 de abril de 1991, una resolución aprobada por toda la comunidad internacional, dato muy relevante y que las señoras y señores diputados no podemos olvidar.
No quiero fatigarles con una enumeración exhaustiva de los incumplimientos, porque son de sobra conocidas las reiteradas y sucesivas vulneraciones por parte de Bagdad de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Se
han recogido multiplicidad de comentarios y declaraciones, incluso de personas que mantienen criterios distintos en este momento, que han dicho que el órgano encargado por la comunidad de mantener la paz y la seguridad -no lo olvidemos- ha visto
cómo Irak hace caso omiso de lo que dicen. También es conocido -llamo su atención sobre este asunto pues lo considero muy importante- que el 19 de noviembre de 1998 Irak declaraba formalmente que no volvería a permitir la entrada de los
inspectores, que se habían retirado días antes, y únicamente cuatro años después -llamo la atención también sobre lo que voy a decir-, como consecuencia de la presión internacional, y sólo como consecuencia de la presión internacional, se avino a
permitir el regreso de los inspectores sin condiciones. Es decir, no hay ninguna otra razón, distinta de la presión internacional, que haya dado lugar a que el señor Sadam Husein se haya avenido a que los inspectores volvieran a Irak; y si la
hubiera sería bueno que se pusiera en conocimiento de todas las señoras y señores diputados para que la Cámara pueda hacer un juicio equilibrado.
Los 15 miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobaban unánimemente -otro dato no menor-, el 8 de noviembre del pasado año, la Resolución 1441 tantas veces citada. Se trata de una resolución -otro dato muy importante- que
cuenta además con el respaldo explícito de la Unión Europea, de la OTAN y de la propia Liga Árabe. Según dice esa resolución -que no fue aprobada por España porque, como es sabido, entonces no formaba parte del Consejo de Seguridad de la ONU- es la
última oportunidad, después de 10 años largos, que se concede a Irak para cumplir con sus obligaciones en materia de desarme. Se trata de una resolución que además -también llamo su atención sobre este asunto- deplora en su parte preambular, entre
otras cosas, que el Gobierno de Irak no haya cumplido los compromisos que contrajo en virtud de la Resolución 687 -recuerden que fue aprobada en 1991- respecto al terrorismo; otro dato, insisto, muy relevante. Pues bien, señoras y señores
diputados, la Resolución 1441 exige de Bagdad una declaración exacta, cabal -son palabras textuales-, definitiva y completa de todos los aspectos de sus programas de desarrollo de armas de destrucción masiva y misiles balísticos. Es decir, por
unanimidad la ONU le dice a Irak que tiene que presentar un programa de desarrollo de armas de destrucción masiva y misiles balísticos, así como de las instalaciones y lugares de producción de esas armas. A día de hoy puede añadirse -y creo que
puede afirmarse- que las autoridades iraquíes no han cumplido con lo que se les ha venido exigiendo.
Señoras y señores diputados, los jefes de los inspectores -hablo de los jefes y no de otras personas- aclararon el día 9 de enero que la declaración presentada por Irak el 8 de diciembre del pasado año dejaba muchas preguntas sin contestar.
De igual modo, y de acuerdo con el informe presentado por el jefe de los inspectores, Hans Blix, el pasado 27 de enero -no hace muchos días- ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, podemos concluir y no es mucho concluir -eso dice el señor
Blix- que la declaración exacta, cabal, definitiva y completa no se ha producido. En el informe del señor Blix se nos indica que la declaración de más de 12.000 páginas presentadas por Irak -que en su mayor parte no es sino una reproducción de
antiguos documentos- no parece contener ninguna prueba nueva que elimine las preguntas a contestar o reduzca su número. Es decir, no parece contener ninguna prueba nueva -dicen los inspectores- que elimine las preguntas a contestar o reduzca, ni
siquiera reduzca, su número. Especialmente significativo me parece el párrafo del informe en el que se señala lo siguiente: Irak parece, incluso a día de hoy, no aceptar de manera genuina el proceso de desarme que se le exigía y que necesita
llevar a cabo al objeto de lograr la confianza de la comunidad internacional y poder vivir en paz.
Adicionalmente, permítanme que les recuerde que en la Resolución 1441 se exige una cooperación activa por parte del régimen iraquí.
Lamentablemente
hasta este momento no se ha producido esa cooperación activa. De nuevo el informe del jefe de los inspectores, señor Blix, reconoce que no es suficiente abrir las puertas y que el proceso de inspección no es un juego; habría simplemente una mera
cooperación procesal, formal, pero no una cooperación sustantiva o de fondo. En concreto, lo que los inspectores le piden, entre otras muchas cosas, son algunas que no me parecen de importancia menor, como las siguientes. Debe explicar cuál es la
producción real, más allá de la declarada, del agente nervioso VX; debe dar cuenta del destino de 1.000 toneladas de agentes químicos agresivos que quedaron tras la guerra con Irán; debe dar cuenta de 6.500 proyectiles para cargas químicas; debe
detener la producción de cohetes Al Samoud y Al Fatah y debe revelar el destino de 380 propulsores de misiles con agentes químicos. Esto es, entre otras cosas, señoras
y señores diputados, lo que dicen los inspectores. Esto evidencia la flagrante ausencia de colaboración activa por parte de las autoridades iraquíes en la labor de los inspectores. Es, en definitiva, muestra de la manifiesta voluntad del
régimen de Bagdag por cumplir siquiera en esta última oportunidad -dice la ONU- con las obligaciones de desarme que le demanda el conjunto de las naciones. En definitiva, señores y señores diputados, el informe que se presentó el día 27 por el
señor Blix confirma que las autoridades iraquíes se mantienen en su posición de incumplir las obligaciones impuestas por la comunidad internacional y, en consecuencia, bloquear el proceso total de desarme. En tanto que no se responda a los
interrogantes y en tanto que no se coopere de manera activa con los inspectores, el régimen de Sadam Husein seguirá incumpliendo gravemente la legalidad internacional.
En este contexto, señoras y señores diputados -y esta es la posición del Gobierno español- (Un señor diputado: ¡Ya era hora!), la posición del Gobierno español está sustentada en la necesidad de que se cumpla esa legalidad internacional
representada en la Resolución 1441 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el objetivo es -insisto una vez más- el total desarme de Irak; este es el objetivo del Gobierno español, que se cumpla la resolución 1441. Supongo, porque no puedo
entender otra cosa, que ese será el objetivo de todos los señores diputados de esta Cámara.
No creo que haya ni un solo diputado en esta Cámara que no esté de acuerdo en que se cumpla la resolución aprobada unánimemente por Naciones Unidas, que lo
que pretende es el total desarme de Irak. Para ello estamos trabajando; y estamos trabajando para mantener la cohesión internacional representada por esta resolución y lo hacemos tanto en el seno de la Unión Europea como en el plano bilateral.
Concretamente, el Gobierno español estos días ha venido manteniendo contacto con muchos países de forma especial y también con los países árabes para explicar su postura. En este sentido, me gustaría destacar los recientes encuentros de la ministra
de Asuntos Exteriores con las autoridades de Siria, Egipto, Túnez, Marruecos, Mauritania, Jordania, Argelia y la Liga Árabe.
La postura del Gobierno español, nuestro deseo es que ese proceso de desarme -insisto- se produzca de una manera pacífica.
La voluntad de este Gobierno es que se agoten todas las vías políticas y diplomáticas para evitar una confrontación que nadie desea. Por ello el Gobierno apoya y ha apoyado, señoras y señores diputados -lo hemos hecho-, la continuidad de los
inspectores en Irak por un periodo de tiempo, pero -y créanme que esto es importante- en el bien entendido de que lo consideramos un plazo concedido no tanto a los inspectores, que ya llevan un sinfín de años, como al régimen iraquí para que sin
paliativos cambie de actitud y se someta a las demandas de la comunidad internacional y proceda a una operación de desarme real acreditado por los inspectores. Este es el tema, señoras y señores diputados, que los inspectores han estado años, ahora
llevan meses y siguen prácticamente como al principio. El plazo no es a los inspectores; el plazo es a Irak para que de una vez cambie de actitud y cumpla las resoluciones de Naciones Unidas. El próximo día 14 de febrero -como se recordaba aquí
no hace mucho tiempo- escucharemos de nuevo con atención a los inspectores y asumimos como posible y deseable la adopción de una segunda resolución, sin perjuicio de que consideremos, vuelvo a insistir -y no lo ha dicho el Gobierno-, que no es
jurídicamente imprescindible, pero España trabajará para que haya una segunda resolución y, a través de esa segunda resolución, el Consejo de Seguridad asumiría sus responsabilidades, evaluaría la situación y tomaría las decisiones que las
circunstancias aconsejasen en ese momento. Esta es, en definitiva, señoras y señores diputados, la opción del Gobierno español, que apuesta por la solución pacífica del conflicto agotando todas las vías que nos ofrece el cauce diplomático en el
marco de la Resolución 1441, aprobada -repito una vez más- por unanimidad en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta es la posición -insisto- del Gobierno español.
Ahora, con el permiso de la presidencia, voy a hacer algunas consideraciones -intentaré resumir en la medida de lo posible, porque yo sé que esta intervención no debe ser en exceso larga-, fundamentalmente sobre la propuesta de resolución.
No entraré -probablemente hable de este asunto el portavoz del grupo mayoritario de esta Cámara- en la propuesta que hace Convergència i Unió, pero como es la posición de una mayoría de grupos parlamentarios voy a hacer algunos comentarios. Creo
que también es de interés de la Cámara, que así puede hacer un mejor juicio de valor, y de la opinión pública que el Gobierno manifieste su opinión sobre esta resolución.
La resolución consta de tres puntos. El primer punto dice que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente: Mantener en todo momento, en relación con el conflicto de Irak, una posición dirigida a preservar la paz y la
seguridad internacionales, reforzar el papel de las Naciones Unidas en la solución de los conflictos y explorar hasta las últimas consecuencias la vía pacífica, buscando y apoyando en todo momento soluciones alternativas a un desenlace militar del
conflicto. El Gobierno no está en contra de este primer apartado de la propuesta de resolución presentada, es decir explorar la vía pacífica. De hecho, durante más de 10 años se han estado cumpliendo resoluciones del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas. Durante muchos años han estado allí los inspectores y se ha dificultado su trabajo. Lo único que pretendemos es que se cumpla la Resolución 6/1987, aprobada en 1991. Creo que esa es una muestra contundente de que se exploran
todas las posibilidades. Llevamos 12 años explorando todas las posibilidades. En segundo lugar, tengo que
decir que seguimos explorando todas las posibilidades porque en noviembre se aprobó la Resolución 1441, que todos conocen, en la que ya se le decía a Irak que esta era una última oportunidad. Además, demostración de que seguimos explorando
todas las posibilidades es que después de los últimos informes presentados por los inspectores, el día 29 de enero, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, manifestamos una posición favorable a que siguieran trabajando, como también lo
manifestamos en la propuesta de resolución que aprobaron conjuntamente los Quince en el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea. Insisto en lo que decía antes, que no se trata de un problema de plazos sine die. ¿De cuánto tiempo estamos
hablando? ¿De quince días, de un mes, de un año, de dos años, de otros doce años? Se trata de un problema de actitud. Los plazos son para que Irak cambie de actitud y no para que los inspectores estén sine die sin poder cumplir la labor que les
ha encomendado el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por unanimidad.
El segundo punto de la propuesta de resolución dice lo siguiente: Adoptar en la sesión del 14 de febrero y en las siguientes reuniones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con el objeto de lograr el desarme de Irak en los
términos exigidos -la propia moción que han firmado muchos grupos dice exigidos- en la resolución, una posición favorable a reforzar el régimen de inspección y control y apoyar la continuidad de la labor de los inspectores durante el tiempo
suficiente y con la información y los medios necesarios para poder llevar a cabo de manera útil y eficaz sus trabajos. Insisto en lo que he dicho antes, que no han sido una ni dos sino muchas las oportunidades en que el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas y nosotros mismos hemos dado más tiempo a los inspectores. Pero creo que es razonable, antes de adelantar acontecimientos y nuestra posición el día 14, oír a los inspectores porque ¿qué sucede si los inspectores dicen que ya han
tenido tiempo suficiente, que tienen medios y personal suficiente y que creen que ya no es necesario continuar las inspecciones? ¿Cuál sería entonces la posición que teníamos que adoptar? Por esa razón este punto segundo no es -como ustedes se
habrán dado cuenta- del agrado del Gobierno. (Rumores.)
El tercer punto -este es un dato importante- es mantener puntualmente informado al Parlamento de sus actuaciones a favor de una solución pacífica al conflicto. En todo caso, el presidente del Gobierno comparecerá ante el Congreso de los
Diputados, previa remisión de la preceptiva comunicación, con objeto de fijar la posición de España ante el conflicto antes de adoptar compromiso alguno respecto de una guerra en Irak. Es decir, lo que se le pide al Gobierno es que antes de adoptar
ninguna decisión se vote en esta Cámara la posición del Gobierno. Quiero recordar, porque es un dato muy importante y es bueno que además de la opinión pública lo sepan algunos de los señores diputados que es probable que no lo conozcan, que nunca
ha sido así. Solamente se produjo una votación en el Congreso de los Diputados con ocasión de un acontecimiento similar al que aquí nos ocupa, la primera intervención en Irak, pero después de que se produjera esa intervención. Señoras y señores
diputados, ese es un dato muy importante que someto a la consideración de todos ustedes: después. (Rumores.) ¿Por qué? Pues, porque como muy bien dice la Constitución, es al Gobierno al que corresponde adoptar las decisiones en materia de
política exterior y de defensa, salvo en aquellos casos en que la propia norma fundamental atribuye esas decisiones a otros órganos constitucionales, como es el caso previsto en el artículo 63.3, de acuerdo con el cual al Rey corresponde, previa
autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz.
Y en esa misma línea, la Ley orgánica 6/1980, de 1 de julio, por la que se regulan los criterios básicos de la defensa nacional y la organización militar, señala que las
Cortes Generales debatirán las líneas generales de la política de la defensa, pero es sin embargo el Gobierno el que determina la política de la defensa y asegura su ejecución, y a las Cortes Generales les corresponde efectivamente el control de la
acción del Gobierno, pero dentro de esa acción del Gobierno se incluye claramente la dirección de la política exterior y de la defensa; en una palabra, la dirección política. Por eso ni en el caso de Kosovo ni en el caso de Afganistán ni en el
caso de la primera intervención en Irak, que tuvo lugar como todos ustedes conocen hace más de 10 años, se produjo una resolución por parte de la Cámara.
Señoras y señores diputados, después de hacer una breve explicación sobre cual es nuestra opinión sobre la propuesta de resolución que se presenta aquí por una mayoría de grupos parlamentarios, que es de coincidencia en el primer apartado,
que es de desacuerdo en el segundo apartado, que no es en cualquier caso -como he demostrado- un desacuerdo de fondo, y que es de aplicación de la lógica constitucional y de la Carta Magna la oposición al tercer apartado, quisiera hacer, una vez que
hemos explicado nuestra posición, algunas consideraciones que también creo que tiene derecho a conocer la opinión pública. Voy a hacer algunas consideraciones porque me gustaría que la opinión pública conociera la posición del principal partido de
la oposición. (Protestas.) Todos tenemos derecho a conocer cuál es su posición. Es más, es una cuestión de Estado que la opinión pública conozca cuál es la posición del Partido Socialista sobre este asunto. (Aplausos.-Protestas.) Muchas gracias.
Es importante, señoras y señores diputados; es importante. (Un señor diputado: ¡El no a la guerra!) Voy a explicar por qué a las señoras y señores diputados que quieran escucharme. También yo tengo libertad de expresión, espero.
El día 29 de enero del año 2003 -no hace mucho tiempo, no ha transcurrido ni siquiera un mes-, el señor Caldera en la Diputación Permanente dice: Debemos
defender que una nueva actuación militar contra Irak no puede contar con el aval de la legalidad internacional si no se produce una nueva resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ante la cual, por cierto, ya les anuncio que el
Partido Socialista se reserva su opinión acerca de los términos y condiciones en que se pudiera presentar.
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Se reserva su opinión. He leído lo que ha dicho el señor Caldera y créanme que no hay ninguna mala intención. Se reserva su
opinión en los términos y en las condiciones en que se pudiera presentar. No hay opinión de momento. Dice también: No damos por adelantado ninguna aquiescencia, ni siquiera en el caso de que haya una nueva resolución. Es decir, puede haber una
nueva resolución aprobada por la comunidad internacional, por la Unión Europea y por la Liga Árabe, pueden estar todos y puede no estar el Partido Socialista hasta el presente momento.
El líder de la oposición, el señor Rodríguez Zapatero, el día 5 de febrero -tampoco hace muchas fechas-, en un debate en esta Cámara decía: Si hay una nueva resolución que en lugar de prolongar las inspecciones el tiempo que sea preciso,
que no sabemos cuál es, abre las puertas a un conflicto bélico, usted debe oponerse a ella. Esto ya es una opinión porque la del señor Caldera era una reserva de opinión, como todos hemos podido comprobar. Yo haría la siguiente pregunta, si es que
esta es la posición de verdad del Partido Socialista Obrero Español, que supongo que hoy lo aclararemos. (Rumores.) ¿Y si la Unión Europea manifiesta unánimemente una posición favorable? ¿Y si lo manifiesta unánimemente el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas? (Rumores.-Protestas.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor vicepresidente, por favor.
Señorías, guarden silencio. Adelante, señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): ¿Y si lo manifiesta unánimemente la Liga Árabe? ¿Alguien se iba a oponer a que se cumpliera la legalidad internacional, esto es
la Resolución 1441, que dice que Irak debe desarmarse, aunque toda la comunidad internacional se pusiera a favor? ¿Se opondría en ese caso también el Partido Socialista? Sí, porque la única posición que se ha fijado hasta este momento por parte
del Partido Socialista es que habrá de oponerse en todo caso. ¿Conocen ustedes algún país que haya dicho ya lo que va a hacer y no se deje ninguna oportunidad para rectificar? Ninguno. (Aplausos.-Protestas.-Algunos señores diputados: Sí, los
Estados Unidos y ustedes.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): ¿Garantizan ustedes el voto de Francia y Alemania? ¿Saben ustedes lo que van a votar Francia y Alemania? (Rumores.) ¿Francia y
Alemania han ido a su parlamento a decir lo que van a votar o no? ¿Conocen algún parlamento que haya atado a su gobierno y que por tanto pueda ir a un debate de estas características sin poder siquiera mantener un criterio? ¿Conocen ustedes algún
solo precedente, no ya en este caso sino en cualquier ocasión que se haya producido en un asunto de estas características? Díganlo. (Aplausos.-Algunos señores diputados: ¡Muy bien!)
Señoras y señores diputados, esa es la segunda toma de posición por el momento, porque hay más. El día 6 de febrero tiene entrada en el registro de esta Cámara una moción consecuencia de la interpelación urgente que debatí aquí con el señor
Marín y con otros señores diputados el pasado miércoles; una proposición del Grupo Socialista en la cual fijaba posición -entiendo, porque un documento por escrito es un documento en el que se fija posición, máxime si entra en el registro de la
Cámara- y que decía: El Gobierno impulsará todas las medidas políticas y diplomáticas para lograr una solución pacífica al conflicto -de acuerdo- y adoptará en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas una posición contraria a promover o a
autorizar un ataque contra Irak. Esta es la misma posición a la que me he referido del señor Zapatero. Después dice: España debe oponerse en el Consejo de Seguridad a la aprobación de una nueva resolución siempre y cuando ésta abra las puertas a
un conflicto bélico.
Mantengo el mismo planteamiento que he hecho antes respecto de la posición del señor Zapatero. Luego dice que corresponde al órgano de las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad, analizando la situación y los informes de los
inspectores, adoptar las resoluciones y medidas necesarias para el cumplimiento de la legalidad internacional. ¡Hombre!, le corresponde al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptar las medidas necesarias, pero España en el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas no puede aceptar en ningún caso una de las medidas necesarias, que es la que dice el señor Zapatero que no se acepte, aunque lo acepte el resto de la legalidad internacional. (Protestas.-Aplausos.)
En el apartado quinto de esa propuesta de resolución se dice lo siguiente: España no apoyará ni se implicará directa o indirectamente en una acción militar unilateral
contra Irak. ¿Y si es multilateral? (Risas.-Aplausos.) ¿Tienen ustedes algún criterio? (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Apartado sexto de la resolución: En concreto, el Gobierno no autorizará el uso de las bases españolas para la realización de
operaciones militares unilaterales contra Irak. ¿Y si son multilaterales? (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Señoras y señores diputados, probablemente por eso no hemos vuelto a saber nada de esa resolución que ha sido sustituida por
otra, como todos ustedes saben. A su vez, esa otra -que es la que yo he comentado antes y en cuyas líneas generales no he manifestado desacuerdo- sustituye a otra, que aparecía ayer por la noche, que es la que hoy vamos a someter a votación y de la
que se quitó el siguiente párrafo. Fíjense ustedes el párrafo que se quitó: Rechazar el uso de la fuerza con carácter preventivo contra Irak. El Gobierno no apoyará ni implicará a España directa o indirectamente en una acción militar unilateral
contra Irak ni se autorizará el uso de las bases españolas. ¿Por qué lo quitaron? Señor Llamazares, pregúntele por qué lo quitaron, porque estaba. ¿Por qué lo quitaron? (Un señor diputado: Porque nos ha dado la gana.) ¡Ah, bien!
(Rumores.-Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio. Señor Blanco, guarde silencio.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Señora presidenta... (Un señor diputado: Otro chiste más.) No voy a hacer ningún chiste, voy a...
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Voy a dar la razón a un miembro del Grupo Parlamentario Socialista: la han quitado porque les ha dado la gana, claro que sí.
(Aplausos.) ¿Pero sabe por qué les puede dar la gana? Porque no tienen criterio (Varios señores diputados: ¡Ah!), porque un día dicen una cosa y otro día dicen otra. Claro, a los que tenemos criterio no nos puede dar la gana de jugar en un tema
de estas características.
(Aplausos.) Y no tienen criterio porque no sabemos si ustedes quieren que voten o no una resolución y según cómo. Porque si la Unión Europea y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas votan una resolución sobre Irak por
unanimidad, ¿nosotros la votamos o no la votamos? En cualquier caso, si no hubiera unanimidad, ¿nosotros tenemos derecho a tener criterio o no? ¿Podemos tener una posición propia? Y luego habrá que acatar lo que diga el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas. Por cierto, hoy lo ha dicho por primera vez el señor presidente del Grupo Parlamentario Socialista, ha dicho: yo acataré la resolución de la ONU -¡hombre, hasta ahí podíamos llegar!-, pero diré que no apoyo esa acción. Bueno, ya
veremos qué es lo que ocurre, porque al final puede suceder, o no, que la apoye la Unión Europea, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Liga Árabe y todos los países, que haya una gran coalición internacional y que al final no la apoye el
señor Zapatero e Izquierda Unida. Eso es posible. (Varios señores diputados: O no.) No hay que descartar que eso sea así. En fin, allá cada cual con sus responsabilidades.
¿Y qué es, señoras y señores diputados, lo que hay detrás de todo esto? Lo que se pretende, cuando se mantiene un criterio distinto en seis oportunidades en menos de un mes y al final, a última hora, se le ocurre a alguien la genialidad de
hacer una propuesta de resolución, como se dice ahora, light, es que la voten todos, y por eso tuvieron que quitar el apartado 3, que no quería votar ayer Convergència i Unió, para decirle al Gobierno: Ustedes están solos. (Aplausos.-Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Entiendo que no les guste, pero ¿a que digo la verdad? (Risas y aplausos.) No hay ni un solo diputado en esta Cámara que no me
esté dando la razón en este momento a la pregunta que acabo de hacer; digo la verdad. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Señoras y señores diputados, cuanto mayor sea la responsabilidad que asuma uno, más serio tiene que ser en sus planteamientos.
(Varios señores diputados: ¡Eso, eso!) La opinión pública española estuvo en contra de la OTAN, estuvo en contra de la intervención en Irak en su momento y, si se produce, que ojalá que no, ahora, también estará ahí. También lo estuvieron los
creativos, todos lo recordamos, y ha habido algunos que, dependiendo de en dónde estuvieran, en el Gobierno decían una cosa y en la oposición otra. En la oposición
decían: no a la OTAN, no a la intervención en Irak, y en el Gobierno decían: sí a la OTAN, sí a la intervención militar. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Algunos, hasta en situaciones que no son ciertamente fáciles, vamos a intentar mantener una posición que es la que creemos
conviene a los intereses generales de España; vamos a seguir trabajando por la paz; vamos a fijarnos como objetivo máximo el cumplimiento de la Resolución 1441 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. (El señor Edo Gil: ¿Está conectada
tu emisora ahora, verdad?)
La señora PRESIDENTA: Señor Edo, guarde silencio.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Señor diputado, no lo sé, no me consta que sea así, pero podemos comprobarlo a la salida a ver quién tiene razón. Creo que
también la tengo yo.
En cualquier caso, vamos a intentar, en el espíritu de la Resolución 1441 del Consejo de Naciones Unidas, luchar para que Irak se desarme, deje de ser una amenaza y deje de colaborar con el terrorismo, tal como establecen todas las
resoluciones aprobadas unánimemente por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esa es nuestra posición, va a ser equilibrada, trabajamos para que se produzca una segunda resolución y trabajamos para que no sea necesaria ninguna intervención.
Desde luego, vamos a intentar mantener nuestra responsabilidad como Gobierno, como recuerdo que hicimos en el año 1991. Otros, allá ellos, no han querido hacerlo así.
Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señora presidenta, señoras y señores diputados, señor Rajoy, he de reconocerle que ha tenido usted reflejos: ha saltado a la tribuna en un debate en el que el 99 por ciento de los casos no lo hacen los ministros
correspondientes; usted asume una responsabilidad desde la tribuna aunque no debatiendo a bote pronto, porque es un tema que ya le hemos oído enunciar en alguna otra ocasión. En todo caso, no me gusta que usted realice un corte a mitad del debate
y deje fuera de la posible réplica a otros de los firmantes de esta moción síntesis. Señor Rajoy, muy mal deben de andar las cosas en el Gobierno cuando usted tiene que saltar a la tribuna. (Aplausos.) Saltó a la tribuna en el momento de máxima
crisis del chapapote y del Prestige, fue usted quien asumió esa derrota. Usted es un gran asumidor de derrotas. Ahora de nuevo salta usted a la tribuna, precisamente usted, otra vez usted, en un tema en el que efectivamente están obteniendo una
clara derrota con respecto a su conexión con la opinión pública española.
Voy a hacer un recorrido de su intervención y luego me quedaré en el portal, no en la puerta exactamente, con respecto a la crítica que ha hecho usted asumiendo algo que tácticamente tiene poco sentido -y en los usos parlamentarios,
ninguno-, que es hacer de oposición a la oposición.
(Aplausos.) Eso significa que están a la defensiva, que no saben cómo echar la locomotora hacia atrás para conectar con la gente, que no lo saben, que están dando palos de ciego y vienen aquí con
mirada sonámbula muchos de los ministros que hoy asisten a este cónclave. (Risas.) Usted, en principio, para justificar lo que ya no pueden justificar con pruebas, habla de las resoluciones incumplidas desde 1991 o, en muchas ocasiones, como el
señor Piqué o el señor Trillo, hablan del régimen iraquí. Si eso es así, no tienen ustedes una sola vara de medir. Israel ha incumplido más de 20 resoluciones de las Naciones Unidas. Desde ese punto de vista, no van ustedes al fondo de la
cuestión, pero lanzan la idea desde aquí porque va a salir con mucha fuerza: incumplimiento durante 11 ó 12 años de una serie de resoluciones de la ONU y, a partir de ahí, ya justifican el bombardeo. Usted no lo dice, pero el hueco de su discurso
constantemente es sí a la guerra, sí al bombardeo, hay que atacar, está justificado atacar. Y yo le voy a decir algo para que quede constancia de ello aquí, señor Rajoy: los comunistas de Irak han sido perseguidos por Sadam Husein a tiros por la
calle, como fuimos aquí perseguidos por Franco, pero si alguien nos hubiese preguntado si había que bombardear la España de Franco le hubiéramos dicho que no (Aplausos.), que no era posible bombardear a Franco porque se bombardeaba al pueblo
español. Ese es el tema de fondo, lo que entiende la gente en la calle y no esa hermenéutica que usted ha hecho con el gran sentido galaico que usted tiene y que sin duda le honra. Inmediatamente ha ido usted otra vez al bucle fatídico, porque esa
es la vuelta que ustedes han hecho -¿cúal es la última vez que han hablado ustedes con el señor Bush?-, a la 1441.
Cambian ustedes de posición. Constantemente ha basado lo que van a hacer de ahora en adelante en la Resolución 1441. Primero dicen
-en la lectura que ustedes hacen y que por ahora no hace la mayoría del Consejo de Seguridad y mucho menos Francia y Alemania- que la Resolución 1441 es la última oportunidad. Dicen ustedes que hay que destruir el armamento y hablan de una serie de
armamento que todavía no se ha descubierto -posiblemente saben cuál es porque se lo vendieron los Estados Unidos, entre otros- (Aplausos.) y dicen que hay que destruir
ese armamento cuando se encuentre; claro está, cuando se encuentre. A partir de ahí, dicen que no se ha cumplido la cooperación activa que prevé la Resolución 1441 y que tenía por obligación cumplir de manera rigurosa y sistemática el
Gobierno de Sadam Husein, que sigue incumpliendo la legalidad internacional. Vuelve usted a la hora de resumir directísimamente, en corto y por derecho, la posición del Gobierno a la 1441. Dice usted: total desarme -de la 1441-, continuidad de
los inspectores. Pero el plazo no es para los inspectores -retengan esa novedad de cara a la reunión del día 14-, el plazo es para Sadam Husein. ¿Y cómo se llama eso en política? Se llama ultimátum; en política eso es dar un ultimátum al
Gobierno de Sadam Husein. Por tanto, en la intervención que usted ha hecho, señor Rajoy, se contiene ese ultimátum.
A partir de ahí dice que ustedes -lo cita retóricamente- trabajarían por una segunda resolución. ¿Pero no ve usted que hay una
contradicción absoluta entre las dos estructuras que ha manejado? Si usted se rige por aquella de la 1441, a la que ha dedicado el 90 por ciento del tiempo a la hora de desgranar la posición del Gobierno, y después retóricamente cita otra nueva
resolución, no es posible establecer una lógica. Si para ustedes la lectura de la 1441 contiene un ultimátum. No es posible, señor Rajoy. Ustedes han cambiado de nuevo de posición, de la incondicionalidad a la 1441, de la 1441 a que era deseable
una nueva resolución, de lo deseable a que era necesaria una nueva resolución, y vuelven ustedes a la 1441, y lo vamos a ver a partir de mañana en las opiniones que se están fraguando de cara a la próxima reunión del Consejo de Seguridad.
Después ha hecho usted un recorrido con respecto a la resolución pactada por todos los grupos. Dice que está de acuerdo con el punto primero.
Señor Rajoy, vótelo, no le puedo pedir otra cosa; vótelo, pero sepa lo que vota. Se lo voy a
leer porque parece que ha leído sólo la parte que le interesa. En ese punto de cinco líneas la expresión 'en todo momento' se utiliza en dos ocasiones: En todo momento, mantener en relación con el conflicto de Irak una posición dirigida a
preservar la paz. Y termina ese punto, don Mariano: buscando y apoyando en todo momento soluciones alternativas a un desenlace militar del conflicto. Vótenla, vótenla, porque así saldríamos de aquí diciendo que ustedes el día 14, en el Consejo de
Seguridad, van a votar a favor de una alternativa a cualquier tipo de terminación en forma de conflicto del drama iraquí. Si usted está de acuerdo, señor Rajoy, vótela. Al mismo tiempo ha dicho usted que no hay plazos sine die; ha vuelto a
repetirlo: no hay plazo sine die. Eso se llama ultimátum, y vamos a escucharlo dentro de muy pocas horas a través de los medios de comunicación en boca de otros dirigentes denominados occidentales. Usted, hoy, desde esta tribuna, esta reduciendo
los plazos en función de una lectura rígida de la Resolución 1441.
Respecto al punto número 2, señor Rajoy, ha dicho que hay que oír antes a los inspectores, y después ha desglosado una serie de argumentos que no nos llevan a la estructura real de una democracia. Ha dicho: Ya sabemos que el pueblo está
contra la guerra, ya sabemos que el pueblo va a seguir estando contra la guerra cuando nosotros -a la inversa, se deducía- votemos a favor de la guerra, pero esto, que es así, que es usual, tiene que entenderse como normal en la democracia. Eso lo
ha dicho usted, señor Rajoy, y eso no tiene ninguna estructura ética, no es un discurso representativo, no es un discurso democrático. Usted dice que no hay que oír a la gente, que la gente en todo caso va a estar en contra de la guerra y que
ustedes van a asumir el riesgo de no representar a la gente.
Recuerde aquel poema de Bertold Brecht: Si el pueblo al final no ayuda al dirigente a llevar su política, el dirigente terminará pidiendo la dimisión del pueblo. No conservan una
estructura adecuada, aceptable desde nuestro punto de vista, porque han dicho ustedes que en todo caso no se trata aquí de votar la posición de la soberanía popular -cuya sede es ésta-, sino de votar -otra desviación democrática- la posición del
Gobierno. No, no; aquí vamos a votar la posición de la soberanía popular representada en esta Cámara, no la del Gobierno; la del Gobierno se va a expresar en un voto en contra, en vacío, que naturalmente, por derivación, quiere decir que votan
ustedes por la guerra.
La señora PRESIDENTA: Señor Alcaraz, le ruego concluya, por favor.
El señor ALCARAZ MASATS: Y luego, señor Rajoy, lo mismo que se ha opuesto usted a la oposición, se ha opuesto a una moción inexistente. Nosotros hemos presentado una moción de tres puntos y usted ha vuelto al principio de aquellos
materiales que hemos utilizado para una síntesis. Usted requiere un cursillo rápido de parlamentarismo. ¿Cómo se consigue la síntesis en esta Cámara sino consiguiendo un mínimo común multiplicador de cara a obtener un voto que en este caso deja
aislado a un Gobierno que quiere la guerra?
La señora PRESIDENTA: Señor Alcaraz, le ruego concluya.
El señor ALCARAZ MASATS: Termino, señora presidenta.
Por favor, señor Rajoy, ¿por qué hemos quitado unos puntos y hemos puesto otros? De cara a conseguir el aislamiento político de ustedes, cosa que va a salir en la votación dentro de poco.
Por tanto, señor Rajoy -y termino, señora presidenta-, aquí queda clara una cosa: que ustedes apuestan por la guerra de manera vergonzante, muy decidida en principio, intentando conectar ahora con la opinión pública de manera torpe, como en
el caso del Prestige o como en el caso del decretazo, y el resto apostamos
por la paz. No le dé usted más exégesis galaicas a la situación. Ustedes apuestan por la guerra y nosotros apostamos por la paz. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señora presidenta.
Señor Rajoy, créame que ha elegido un mal día y un mal tema para hacer bromas, muy malo. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.) Si no fuera tan trascendente lo que aquí discutimos, esto hubiera sido una bufonada, y lo lamento en
boca del vicepresidente del Gobierno de España; una bufonada, señor Rajoy. (Aplausos.) Pero usted ha venido aquí a provocar y, créame, no voy a caer en esa provocación, no voy a caer en ella. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Sólo quiero recordarle que ha inaugurado usted una nueva figura en el derecho parlamentario: la interpelación del Gobierno a la oposición. Ya tendrá usted tiempo en el futuro, que será próximo, de hacer
muchas interpelaciones (Aplausos.). Pero, señor Rajoy, vayamos a lo importante, a los axiomas, que es aquello que no necesita demostración. Todos los españoles saben cuál es la posición del Partido Socialista: no a la guerra; y todos saben cuál
es la del señor Aznar: lo que diga el señor Bush. (Aplausos.) Eso es lo que sabemos todos; todos los españoles lo saben, todos (El señor Isasi Gómez pronuncia palabras que no se perciben.)
La señora PRESIDENTA: Señor Isasi, guarde silencio.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Nosotros no estamos de acuerdo con la guerra. Creemos que hay, e interpretamos la Resolución 1441, un camino pacífico para resolver ese mandato. Porque, señor Rajoy, no todo incumplimiento de una
resolución se resuelve tirando bombas y misiles, como ocurre con otras muchas resoluciones de Naciones Unidas que se incumplen y no se resuelven tirando bombas y misiles. Pero esa es la posición que parece usted -es sin duda lo que ha venido
haciendo su Gobierno- apoyar desde el primer momento.
Y le voy a decir otra cosa. ¿Sabe usted lo que significan estos tres puntos que hemos acordado con el resto de los grupos de la oposición? ¿Sabe lo que es eso? Consenso, señor Rajoy. ¿Y sabe a qué se opone? A imposición, que es lo único
que saben hacer ustedes. (Aplausos.) Esto es consenso, señor Rajoy, consenso. Súmense al consenso; si están ustedes de acuerdo con estos puntos, súmense a él. Si se lo he explicado, la posición del Partido Socialista es nítida: no se opone a su
Gobierno -aunque hacen ustedes mérito para ello, ¿eh?-; no se opone a su Gobierno, se opone a la guerra. Por cierto, usted ha venido aquí hoy a contarnos una primera parte del discurso escrita con anterioridad a un elemento muy importante, que es
la propuesta franco-alemana. ¿O es que Francia y Alemania no votaron la Resolución 1441, señor Rajoy? ¿Es que no la votaron otros muchos países, señor Rajoy? ¿Y sabe que la mayoría de los que la votaron interpreta que no debe conducir a la
guerra? ¿Qué viene usted a decir aquí, entonces, hoy? ¿Sabe que la mayoría de los países que apoyaron la 1441 considera que se debe prorrogar el mandato de los inspectores y buscar el desarme a través de métodos pacíficos? (Aplausos.) Esa es la
interpretación de la mayoría de los países que toman asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Señor Rajoy, le decía que ha llegado usted tarde y con un discurso en su primera parte que parece...Yo creía que usted aspiraba a suceder en la candidatura al señor Aznar, no al señor Blix. Es el señor Blix quien hará el informe, y
respételo, ante el Consejo de Seguridad. Pero ya lo ha dicho. El señor Blix y el señor Baradei han apreciado cambios en Irak. El señor Blix y el señor Baradei seguramente pedirán prórroga de su trabajo.
Alemania, Francia, Rusia, China y otros
varios países del Consejo de Seguridad lo apoyarán. La pregunta esencial es: ¿qué va a hacer el Gobierno de España el día 14 y en las jornadas siguientes a ese día entre las dos posiciones que allí se van a delinear, señor Rajoy? ¿La de Bush,
siete días y un ataque militar, o la de Francia, Alemania, Rusia y China, más tiempo para los inspectores, más medios para los inspectores, refuerzo del sistema de control e inspección y solución pacífica a este conflicto? ¿Qué van a hacer ustedes?
Dígalo. ¿Qué van a votar? Dígalo porque es muy importante. Todos los grupos de la Cámara le pedimos en esta resolución que voten a favor de la prórroga del mandato de los inspectores el tiempo, señor Rajoy, que sea necesario. No una semana, el
tiempo que sea necesario. ¿Sabe por qué? Porque usted habla de un plazo corto, perentorio, pero, señor Rajoy, hay un plazo corto y perentorio y una maquinaria de guerra desplegada con más de 100.000 efectivos. Y hay planes, que hemos conocido a
través de los medios de comunicación, de lanzamiento de misiles y de bombas en una primera fase de lo que se llama la guerra. ¿Para qué una segunda resolución, le pregunto yo a usted, para poner en marcha ese ejército o para apoyar una alternativa
de paz como la que proponen Francia y Alemania? Esa es la respuesta que tiene que dar usted aquí ante los españoles y esa es la respuesta que no ha dado, porque saben muy bien usted, el presidente del Gobierno y su Gobierno que ustedes están de
parte de quien quiere apretar el gatillo, ustedes están de parte del señor Bush (Varios señores diputados: ¡Qué barbaridad!).
Acabo, señor vicepresidente del Gobierno. Ha dicho usted que cuánto tiempo proponemos que dure el mandato
prorrogado de los inspectores. Como si eso fuera un síntoma de debilidad.
Nos ha preguntado usted que cuánto tiempo hay que esperar, cuánto tiempo hay que dar, cuántas oportunidades hay que conceder a los inspectores de Naciones Unidas
para que resuelvan pacíficamente este conflicto. Yo se lo diré, señor Rajoy. Ponga usted la fecha. Se lo diré: los necesarios, los que valen las vidas humanas. Calcúlelo usted. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Caldera.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Señora presidenta, señoras y señores diputados, voy a contestar con brevedad a las intervenciones de los portavoces de los grupos
de Izquierda Unida y del Partido Socialista.
Señor Alcaraz, dice que el Gobierno está a la defensiva y que hacemos oposición de la oposición. No son argumentos propios de un parlamentario como usted, por difícil que sea la posición en cualquier debate de que se trate, no son
argumentos propios de un diputado como usted. Sí el argumento de la derrota. Dice usted que yo me presento a los debates sobre los asuntos en los que el Gobierno sale derrotado. Yo voy a decirle una cosa, cómo he decidido enfocar, ya desde hace
tiempo, porque aquí se aprende poco a poco y con el tiempo uno va curtiéndose, y perdón por la expresión. Al final, yo he llegado a la conclusión de que hay que tener tranquilidad de conciencia, decir lo que uno piensa y, cuando uno cree que a la
hora de actuar defiende los intereses generales, se podrá equivocar, pero por lo menos está muy cómodo con su conciencia. Y yo creo que el planteamiento que está llevando el Gobierno es un planteamiento que defiende los intereses generales. Por
eso no me cuesta nada defender asuntos como el Prestige o hablar hoy aquí de un asunto de estas características. Esa es la razón, y es, por tanto, fácil de explicar.
En segundo lugar, yo he dicho que venía aquí a fijar la posición del Gobierno, y he fijado la posición del Gobierno. Señor Alcaraz, usted dice que la posición del Gobierno es la guerra y que la suya es no a la guerra. La posición del
Gobierno no es la guerra, la he explicado yo.
Lamento tener que volver a reiterar este concepto, pero esa no es la posición del Gobierno. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Yo lo que he intentado aquí es mantener el criterio que ha mantenido el Gobierno a lo largo de los últimos días. Ha dicho usted
(menos mal que lo ha dicho, y yo se lo agradezco) que el objetivo era dejarnos solos. Yo ya sabía que era así, por eso decía antes: Pero si no hay nadie que pueda pensar de forma distinta. Y a usted le honra el haberlo reconocido. Pero, señor
Alcaraz, a veces es mejor mantener las posiciones y mantener el criterio.
Fíjense la moción que ustedes presentaron en el Registro de esta Cámara, la siguiente: El Congreso proclama su rotunda negativa a la solución de cualquier conflicto a través de la guerra. La guerra preventiva, unilateral o multilateral, no
sólo es inaceptable desde el punto de vista de la legalidad internacional, sino también desde el punto de vista moral. Insta al Gobierno a que vote en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en contra de cualquier resolución tendente
directa e indirectamente a la guerra en Irak. Insta al Gobierno a no colaborar directa o indirectamente en la guerra de Irak. No debe comprometer el uso de tropas, material, información, etcétera.
¿Usted retira su posición, que entiende una parte muy importante de la sociedad española y que además la comparte con el único y exclusivo objetivo de poder votar conjuntamente con todo el resto de señores diputados de esta Cámara que no son
del Partido Popular? (Varios señores diputados: ¡Sí!-Rumores.) Bien, tienen derecho a hacerlo y eso demuestra sin duda una gran firmeza de principios y de convicciones. (Aplausos.)
No me digan que yo he cambiado de posición. ¿Cómo me puede decir a mí que he cambiado de posición si le he leído la moción que presentó usted hace tres días y la que ha presentado en el día de hoy, que dicen cosas absolutamente distintas?
Usted ha cambiado de posición. ¿Sabe lo que ha hecho el Gobierno de España y otros gobiernos? Hacer presión sobre el Gobierno de Irak para que haya paz, porque como todo el mundo haga el discurso que hacen ustedes Sadam Husein se puede, con todos
los respetos, partir de risa. Esa es la posición que ha mantenido el Gobierno español.
(Aplausos.) Y gracias a esa posición están allí los inspectores. No se crean que los inspectores estaban porque un buen día Sadam Husein dijo: Que vuelvan los
inspectores. (Risas.) ¿Por qué no van a venir? Están por la presión internacional. Ahora, con la presión internacional que hacen ustedes, no vuelve a aparecer por allí un inspector en la historia.
Señor Caldera, voy a intentar ser lo más razonable posible, pero siempre que ustedes debaten conmigo no sé por qué lo hacen, no les debe salir bien porque siempre me hablan de que hago y digo bufonadas. (Varios señores diputados: ¡Sí!)
¡Hombre, podrían inventarse otro argumento! Luego me acusan de hacer bromas. La mayor broma pesada es que el partido político de la oposición, alternativa de gobierno, cambie cinco veces de criterio en menos de un mes en un tema de estas
características. Eso sí que es una broma. (Aplausos.) No es hacer oposición a la oposición, es tener un debate
sereno sobre un tema importante. Por parte del principal partido de la oposición se hace, y es legítimo, una crítica al Gobierno como: Es que el Gobierno no tiene derecho a opinar sobre la posición o la no posición que mantiene la
oposición. No me quiten, que ya bastante complicado es esto, hasta la posibilidad de defenderme con argumentos y de hacer ver a la opinión pública cuál es su posición en este asunto, como en otros temas.
(Protestas.-Rumores.) Al final, brillante
argumento de personas sin duda alguna conocedoras de lo que he hablado. La oposición: No a la guerra; Aznar, lo que diga Bush. (Varios señores diputados: ¡Sí!) No toda resolución de incumplimiento se resuelve con bombas y misiles; ¡Claro que
no! Ojalá que no haya que resolverla con bombas y misiles pero, desde una posición de sensatez, de equilibrio, de trabajo, de intentar una posición común, se resuelve mucho mejor. Si ustedes estuvieran en el Gobierno, estarían haciendo exactamente
lo contrario de lo que están haciendo en la oposición. (Protestas.-Varios señores diputados: ¡No!) Esto es lo lamentable de todo esto. (Aplausos.)
Señor Caldera, efectivamente ha reconocido que al final han hecho una resolución absolutamente descafeinada para acreditar que estamos solos.
Bien. (Rumores.-Varios señores diputados: ¡Vótala!)
La señora PRESIDENTA: Señora Pérez Domínguez, guarde silencio.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Podría votarla, pero creo que si uno es serio, responsable y sensato no debe en ningún caso votarla por las razones que le he
dicho, que ya ve que no son razones de fondo. (La señora Cunillera i Mestres: ¡Se puede y debe!)
Se habla de Francia, Alemania, de las posiciones. ¿Saben ustedes cuál es la propuesta de resolución que nosotros presentamos aquí hoy? Es la resolución adoptada en el Consejo de Asuntos Generales del Consejo Europeo el pasado 29 de enero
por unanimidad, por los quince países de la Unión Europea, incluida Francia y Alemania. Esa es la moción que nosotros presentamos en el día de hoy aquí. (Aplausos.) ¿Saben qué dice esa moción? Primero, que se cumpla la Resolución 1441; segundo,
que Irak es un peligro por el terrorismo y que hay que destruir las armas de destrucción masiva; tercero, que felicita a los inspectores por su trabajo; cuarto, que se les debe dar tiempo a los inspectores -y nosotros lo apoyamos- y quinto, que se
debe trabajar en el marco del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Como ya les he dicho antes -apréndalo usted, señor Zapatero-, ningún país ha fijado su criterio sobre lo que va a hacer en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿O conoce
alguno? (Varios señores diputados: ¡Sí!.-¡Ah, sí! Cuál es? (La señora Cunillera i Mestres: España. Lo que diga Bush.)
La señora PRESIDENTA: Señora Cunillera, guarde silencio.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Eso es exactamente lo que a ustedes les hubiera gustado y desgraciadamente no es así.
Ustedes no saben lo que va a hacer Francia ni saben lo que va a hacer Alemania. El señor Caldera debió recibir una llamada del señor Bush, porque ha dicho que en siete días va a invadir Irak. Me gustaría que me hubiera dado a mí esa
información que entiendo -según ha dicho usted- se la habrán transmitido los americanos. En cuanto a conceder tiempo a los inspectores, lo estudiaremos en el debate del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de los días 14 y 15, pero antes les
preguntaremos a los inspectores si consideran que es oportuno y necesario que haya más tiempo, como la totalidad de los países que se van a sentar el día 15 en el Consejo de Seguridad y los que se van a sentar en el Consejo Europeo del día 17.
Ninguno tiene un criterio seguro sobre este tema. ¿Garantiza usted que en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas Francia, Alemania y Rusia van a presentar una propuesta de resolución? Parece que usted cree que es así. Lo veremos el día 14.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
Para la defensa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez, relativa a la posición del Gobierno ante una eventual guerra contra Irak, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, la verdad es que... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Vázquez, por favor.
Señorías, guarden silencio y ocupen los escaños.
Adelante, señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Decía que la verdad es que la intervención del señor vicepresidente sugeriría una intervención más detallada y de réplica. Sin embargo, intentaré ser breve por deferencia a mis compañeros de grupo.
Permítanme que haga una pequeña referencia y lea un texto que guarda relación con que el 16 de febrero del año 2001 el recién electo presidente Bush ordenó
realizar un bombardeo sobre Irak. Era el primer bombardeo desde el año 1998. Voy a leer el siguiente texto: Los bombardeos anglonorteamericanos del pasado 16 de febrero en las afueras de Bagdad fueron una acción unilateral de la que ni
España ni la Unión Europea fueron informadas previamente. El Gobierno considera que los esfuerzos para solucionar la crisis iraquí deben encauzarse en el marco de Naciones Unidas con el objetivo de lograr una solución política y diplomática global
que permita la reinserción de Irak en la comunidad internacional y el levantamiento de las sanciones sobre la base del respeto de la legalidad internacional, el cumplimiento por Irak de las obligaciones que ésta le impone y el respeto de la
integridad territorial e independencia política de este país. Acababa diciendo: El Gobierno considera, por tanto, que es fundamental crear las condiciones necesarias que permitan el logro de una solución política a lo que no contribuyen los
bombardeos mencionados.
Esta respuesta es del Gobierno, fecha 16 de mayo de 2001. ¿Por qué en esa fecha, según el Gobierno, los bombardeos no contribuían a buscar una solución política y ahora es necesario no un bombardeo, sino una guerra? ¿Acaso
estaba o no estaba en vigor la famosa Resolución 687 a la que el señor vicepresidente y ustedes aluden constantemente? Lo estaba. ¿Qué es lo que ha cambiado fundamentalmente? Simplemente que el señor Bush no le había pedido o no le había exigido
el apoyo al Gobierno español para esta guerra.
El señor vicepresidente puede esforzarse lo que quiera, pero su posición es conocida sobradamente: apoyo incondicional al señor Bush. Otra cosa es que su posición no sea apoyada por la opinión pública, que son dos cosas distintas. Hay que
decir que simplemente cambian de posición al ritmo de lo que dice el señor Bush y que repiten argumentos calcados, lo que diga el señor Bush, efectivamente, remedando aquello de Lo que diga Balaguer.
Dice el señor vicepresidente: ¿qué habría que
hacer si el Consejo de Seguridad valora la intervención? El problema es plantearse cuál es la posición que va a mantener el Gobierno en el Consejo de Seguridad y a eso es a lo que tiene que responder. Nosotros sometemos hoy a debate una
proposición de ley en línea con lo que hemos mantenido con toda firmeza y sin ninguna ambigüedad a lo largo de muchos meses en el Congreso: ningún apoyo a la guerra que pretende Estados Unidos contra Irak. Vamos a seguir manteniendo con la misma
firmeza nuestra posición y vamos a aceptar retirar nuestra proposición para someter a votación el texto pactado que recoge con toda claridad un no a la guerra. Creemos que la guerra que pretende el señor Bush y que, por desgracia, apoya el Gobierno
español, sólo traerá muerte, destrucción, dolor y rencor, no se hará para defender las libertades democráticas, sino por motivos económicos y geoestratégicos. No estamos ante una guerra defensiva o de liberación, estamos ante una guerra colonial
para controlar una de las materias primas básicas para el desarrollo del actual modelo económico, el petróleo. En todo caso, nosotros vamos a reiterar el llamamiento al Gobierno y al Partido Popular que lo sustenta a que cambie de posición, aunque
creemos que no lo hará, que deje de apoyar a los halcones de la Casa Blanca y sus intereses inconfesables y se coloque al lado de los que tratamos de evitar esta guerra insensata, sea opinión pública, sean gobiernos.
El Gobierno habla constantemente de responsabilidad; y yo creo que tiene ante sí la gran responsabilidad de contribuir a evitar esta barbarie anunciada o contribuir a que se produzca. Porque, señoras y señores diputados, a pesar de que
suenan con fuerza los tambores de guerra, estoy convencido de que la guerra no es inevitable, dependerá del lado de la balanza en el que se coloque cada cual. Es verdad que el poder militar de Estados Unidos es inmenso, es verdad que la decisión de
hacer la guerra contra Irak la tienen tomada y es verdad que con o sin amparo de la ONU, con o sin apoyo de los gobiernos, podrían desencadenar esta guerra e incluso ganarla, sin embargo, a nadie se le escapa que para el Gobierno de Estados Unidos
tomar esa decisión casi en solitario o en solitario le colocaría en una posición muy difícil, tan difícil que podría incluso hacerle reconsiderar su decisión. Por eso a nadie se le escapa el interés del señor Bush en conseguir apoyos de distintos
gobiernos e incluso implicarlos a través de la OTAN o en conseguir algún tipo de resolución de la ONU que le diese un cierto aspecto de legitimidad. La gran responsabilidad del Gobierno está situada en este punto. Cada vez queda menos tiempo, el
debate está situado con claridad entre el sí y el no a la guerra y no vale ya disfrazar las posiciones. No se puede sostener que se apoye incondicionalmente al señor Bush, como hace el Gobierno, y al tiempo decir que se trabaja por la paz, que se
quiere evitar la guerra.
No se puede sostener.
Un último llamamiento...
La señora PRESIDENTA: Señor Vázquez, le ruego concluya.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Acabo señora presidenta.
Salgan del autismo. Miles de ciudadanos les van a seguir diciendo el próximo día 15 que se pronuncien por el no a la guerra contra Irak. Si no lo hacen así, sepan que ustedes irán a la guerra, pero no en nuestro nombre.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Para la defensa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, para que el Estado español se oponga a la intervención armada en Irak, tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Evidentemente, la noticia política de hoy es la intervención del señor Rajoy en este debate. El señor Rajoy ha hecho dos cosas. Por un lado, ha salido a la ofensiva desde una posición débil de aislamiento social y político del Partido
Popular -si no, no hubiera salido-, y, por otra, ha intentado suavizar las aristas de un discurso, hasta ahora grosero, bélico y amenazante por parte del Gobierno del Partido Popular. Además, es una descortesía parlamentaria, que roza la mala
educación, que el señor Rajoy se vaya antes de que acabe el debate. (Aplausos.) También hay que decir que cuándo el señor Rajoy trivializa y caricaturiza los argumentos de la oposición ante un conflicto que puede significar centenares de miles de
muertos, no lo está haciendo bien. No se pueden trivializar los argumentos de la oposición, ni del antiguo Gobierno del Partido Socialista ni del resto de los grupos, cuando lo que nos estamos jugando son centenares de miles de muertos. La
pregunta que le haría al señor Rajoy es: ¿cuántos muertos tiene como precio esta guerra? ¿Hasta cuántos quiere? ¿Cien, doscientos, cien mil, trescientos mil? ¿Cuántos muertos? Esta es la pregunta, porque, detrás de este debate hay una población
civil que ha padecido y padece a Sadam; que ha padecido una guerra, que ha padecido un embargo que ha significado un millón y medio de niños y niñas muertos, y que va a volver a padecer otra guerra si no se evita. Este es el debate.
El señor Rajoy ha hecho una intervención larga de obviedades. Que Sadam es malo es algo que todos sabemos aquí. No hay nadie que no lo sepa. Además, no ha dicho verdades o ha cometido ausencias importantes en su discurso, porque no se
puede hablar durante 20 minutos sobre lo que dicen los inspectores y no decir las dos cosas más importantes, que son: en primer lugar, que los inspectores dicen que no hay armas de destrucción masiva en Irak, mientras el señor Aznar, y siete jefes
de Gobierno más, dicen que sí las hay. ¿Cómo lo saben? En segundo lugar, los inspectores y los servicios secretos ingleses dicen que no hay ninguna relación entre el terrorismo y Al Qaeda. El señor Rajoy no ha dicho nada de estas dos cuestiones
fundamentales. El señor Rajoy dice que está seguro que ningún diputado o diputada de esta Cámara va a incumplir las resoluciones de Naciones Unidas. El problema no es ese. El problema es que quien ha dicho que las piensa incumplir si es necesario
es el señor Bush. Quien ha dicho que con o sin resolución de Naciones Unidas va a actuar es Bush. Si hoy no hay guerra, no es ni por Estados Unidos ni por España. Si fuera por el Gobierno español y por el de Estados Unidos hoy tendríamos guerra,
porque el Gobierno del Estado español no ha alzado, ni una sola vez, una pequeña voz en todo este proceso para decir que no a la guerra. Si hoy no hay guerra es porque determinados países de la Unión Europea y de la opinión pública internacional
han hecho, en primer lugar, que Bush vaya a las Naciones Unidas y, en segundo lugar, que hoy haya una alternativa política de paz real, protagonizada por Alemania, Francia y Rusia. Si fuera por el señor Aznar y por el señor Rajoy, hoy habría
guerra. ¿Alguno de ustedes ha oído una mínima expresión de disconformidad del Gobierno español con lo que ha dicho Bush? El señor Rajoy ha intentado hoy ponerse bajo el paraguas de la resolución de Naciones Unidas. ¿Cuándo ha dicho alguna cosa?
¿Dijo algo cuándo Bush decía que con o sin resolución atacaría? ¿Oyeron ustedes entonces a algún ministro? ¿Oyeron a algún presidente del Gobierno? No oyeron absolutamente a nadie.
El señor Rajoy ha hecho una cosa positiva, y es suavizar las aristas del discurso. Ha dicho una cosa importantísima, que no puede pasar desapercibida, y es que el Gobierno español también contempla la posibilidad de una segunda resolución
de Naciones Unidas. O el señor Rajoy no lee lo que escribe Aznar o ha habido cambio de posición. Porque lo que el señor Aznar escribió con Blair fue que la Resolución 1441 era la última oportunidad de la guerra de Irak. Me alegro de que hoy el
vicepresidente del Gobierno, producto del aislamiento político y de la soledad social, rectifique. Pero le diré al señor Rajoy que más allá de esto hay cuatro problemas políticos de fondo. En definitiva, el señor Rajoy dice: ¡Hombre, si esta
resolución está descafeinada! ¡Qué país sabe lo que va a decir...! Intenta trivializar las muertes. Pero hay cuatro problemas políticos fundamentales. Primero, que los grupos que hemos firmado la moción estamos en contra de las guerras preventivas
y el señor Aznar, presidente del Gobierno, y el Gobierno del Partido Popular están a favor de las guerras preventivas. No hace falta que los inspectores prueben que hay armas de destrucción masiva, Aznar dice que las tienen y con eso le basta para
atacar. Eso significa una nueva etapa del orden internacional...
La señora PRESIDENTA: Señor Saura, le ruego que concluya.
El señor SAURA LAPORTA: Acabo, señora presidenta.
Eso significa una nueva etapa del orden internacional donde un país, Estados Unidos, decide cuándo, cómo y a qué país ataca, simplemente por sus intereses nacionales, por muy legítimos que sean.
Acabo diciendo, señora presidenta, lo siguiente. El Estado español, por mucho que diga el señor Rajoy, está haciendo simplemente lo que Bush dice. Me gustaría que el presidente del Gobierno, aunque sea del Partido Popular, defendiera lo
que piensa la sociedad española hoy. Por mucho que se diga, la imagen, los hechos, las palabras del Gobierno del Estado español son seguidismo de Bush y de la Administración americana. Y se ha ido el señor Rajoy sin decir exactamente qué va a
hacer el día 14 en Naciones Unidas.
La señora PRESIDENTA: Señor Saura, le ruego dé por concluida su intervención.
El señor SAURA LAPORTA: Acabo, señora presidenta, diciendo simplemente que esta guerra es evitable y que hoy la subida a esta tribuna del señor Rajoy expresa que las opciones y las alternativas para parar la guerra y por la paz están
avanzando. Esa es la conclusión de la subida a esta tribuna del señor Rajoy.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En nombre del Partido Andalucista, señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Señora presidenta, señorías, dicen que cuando uno hace trampas en el solitario o es tonto o cree que los que le están observando hacer el solitario son tontos. Por tanto, o se engaña a sí mismo o pretende engañar a
los espectadores.
Hoy aquí hemos asistido a un discurso lineal, de solitario, que pretende, con argumentos impecables, llevarnos a la decisión de la necesidad de la guerra, y, claro, hay muchos saltos en el vacío en ese discurso impecable. Aquí no se ha
citado ninguno de ellos. No se ha dicho por qué si es tan impecable el discurso en los países democráticos, en el mundo occidental, hay disensiones, ni por qué no hay acuerdo dentro de la Unión Europea si es tan impecable el discurso -ahí hay un
salto al vacío-, ni por qué se ha citado el 11 de septiembre como comienzo de un período.
Todos sabemos lo que es Sadam y lo que representa desde el año 1991, pero, ¿qué ha pasado desde el 11 de septiembre? Ese hilo conductor que lleva a decir que
el terrorismo internacional tiene una cara que se llamaba o se llama, no sabemos, Bin Laden; después tenía otra cara, que se llama o se llamaba Al Qaeda; después -y ahí viene el salto al vacío- ¿Al Qaeda significa Irak? Tampoco está muy claro ese
salto. Por tanto, ¿para acabar con el terrorismo internacional hay que acabar con Irak?
Por último, hay un invento nuevo: la guerra preventiva. En mi tierra dirían la guerra por si aca, es decir, la guerra por si acaso; no tengo todos los argumentos en la mano, pero por si acaso, no vaya a ser que sea verdad lo que estoy
viendo en Sadam, hago una guerra. Por si aca no se mata gente. Es difícil llevar a un argumento intelectual que justifique una guerra con muertes de inocentes, pero si encima es por si acaso, me parece que no se sostiene.
Una reflexión. Nosotros en Andalucía tenemos dos bases: Morón y Rota.
Quisiéramos tener algo de información de lo que allí está pasando, aparte de los ruidos de los motores. Quisiéramos saber, con informes del Gobierno, si allí hay un
mayor riesgo, si hay planes sobre ese riesgo, si se almacena armamento, qué está pasando sobre riesgos en suelo andaluz.
Por tanto, sencilla y llanamente, no me cuela el discurso lineal que nos lleva a la guerra, no me cuela la falta de explicación sobre la falta de criterio único en la Unión Europea, no me cuela que el terrorismo internacional se solucione
con una guerra en Irak y no me cuela que se utilicen las bases en suelo andaluz sin saber para qué y cómo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.
Señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señores del Partido Popular, la sensación que tiene Esquerra Republicana es que esto cada día va a peor. No sé si fue cuando perdió los papeles Pedro Arriola, pero si había alguna intención de cambiar la agenda, de tapar algunos escándalos,
algunas miserias de este Gobierno con esta guerra preventiva, creo que se han metido en un agujero negro, en un avispero, porque la sensación mayoritaria de la población, de la ciudadanía, es contraria a este conflicto y ustedes no saben cómo salir
de él. Poco se puede esperar de un Gobierno que tiene un presidente que en su despacho presume de una foto de la hazaña bélica de Perejil. Con esto está dicho todo.
Señores del Partido Popular, acaten lo que dice Naciones Unidas, busquen el acuerdo con la Unión Europea, pónganse de acuerdo con los países europeos y déjense de esta acción unilateral, de este seguidismo de Estados Unidos.
Esquerra Republicana de Cataluña ha presentado dos enmiendas a las diferentes mociones que hoy se han presentado. Son enmiendas que hacen referencia a una situación paralela a la de la población civil de Irak, y es la situación del pueblo
kurdo. Ya es hora de que el pueblo kurdo sea interlocutor en este conflicto, que tenga voz hoy en Naciones Unidas, parecido a como la pueda tener la Autoridad Nacional Palestina o el Frente Polisario, similar en este caso. En el Consejo de
Seguridad están hablando diferentes Estados, pero una de las víctimas de Sadam Husein y del conflicto es el pueblo kurdo. Por cierto, ha aparecido en la prensa norteamericana la pretensión del Estado turco de anexionarse el norte de Irak, con
grandes reservas petrolíferas, pero donde seguramente tiene una parte la nación kurda. Nuestras enmiendas van en este sentido. Somos conscientes de que el debate de hoy es no a la guerra; somos conscientes de que hoy se buscan soluciones no
bélicas para allanar el campo a Naciones Unidas y a los inspectores pero, señorías del Partido Socialista y señorías que han suscrito la moción, la situación del pueblo kurdo no puede esperar y necesitamos un interlocutor por parte de la nación
kurda en Naciones Unidas. Por estas razones presentamos estas enmiendas; ahora bien, en Esquerra Republicana tenemos muy claro el no a la guerra; hay que buscar una solución no bélica a este
conflicto y por estas razones, independientemente de si se aceptan o no nuestras enmiendas, vamos a apoyar esta resolución.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras diputadas y señores diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
No deben ser buenos tiempos para el pluralismo político y la libertad de expresión cuando un vicepresidente primero del Gobierno no escucha a cinco grupos parlamentarios, incluido el suyo. En todo caso, aquí cada uno se retrata y ya
observamos cuál es su apreciación de ese pluralismo y de esa diversidad de opiniones.
Me gustaría decir al Grupo Popular o al señor vicepresidente, que no está, tres cosas. La primera, que le agradecemos su explicación de la historia de las violaciones de Sadam Husein, pero añadimos que quizá debiera haber ido un poco antes
de las resoluciones de Naciones Unidas, especialmente en los años ochenta, y quizá pudiera pedirle explicaciones al señor Rumsfeld, encargado del Gobierno del señor Reagan para negociar con Sadam Husein en aquellas fechas.
La segunda cuestión es que ha hecho un relatorio de y si... y si... y si... pero no nos ha contado nada de cuál iba a ser la postura del Gobierno, cuestión obligatoria en su condición de responsable de un gobierno. Es mucho más fácil
para nosotros saber qué va a hacer el Gobierno español: no hay más que conocer qué es lo que va a hacer el Gobierno americano para saber rápidamente cuáles son los cambios de posición a los que hace referencia constantemente el Gobierno español.
Ya ha recordado el compañero del Bloque Nacionalista Galego el cambio tan sustancial que ha habido en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque ha habido intereses económicos de diversa índole a lo largo de estos últimos tiempos que se han manifestado
en los cambios de posición del Gobierno español, pero ahora ni tengo tiempo ni es el momento de recapitular. La cuestión es clara y hay un tema muy evidente: ¿Se está o no se está a favor de un principio clave que es la guerra preventiva?
Nosotros lo decimos muy claramente: no vamos a apoyar nunca una guerra preventiva, porque supone un claro ataque a lo que es el derecho internacional, en concreto a la Carta de Naciones Unidas y porque supone siempre una crisis grave en la
violación de derechos humanos sin ninguna especial justificación. Creemos que hay que explorar caminos y caminos los hay, no solamente las reflexiones y debates que se están produciendo en la Unión Europea, los planes -quizás no queremos llamarlos
planes- franco-alemanes, sino incluso los que instituciones prestigiosas, organismos de Estados Unidos y de otros lugares están realizando sobre la posibilidad de producirse el desarme con un periodo concreto de inspecciones, con controles
permanentes del país y en definitiva sin utilizar la fuerza.
La señora PRESIDENTA: Señora Lasagabaster, le ruego concluya, por favor.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Concluyo, señora presidenta.
Creemos que planes hay para evitar la guerra. La guerra es totalmente evitable y desde luego nosotros nunca apoyaremos esta guerra. Pedimos también en nuestra enmienda apoyo a la defensa del pueblo kurdo porque desgraciadamente desde hace
mucho tiempo se han venido violando sus derechos individuales, como los del resto de la población iraquí, y también sus derechos colectivos. Claramente no a la guerra y claramente no a la política que en esta cuestión está llevando el Gobierno
español.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señor Labordeta, por último, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, no iba a tomar la palabra hoy porque pensaba y pienso que todo lo que yo podía decir ya lo dirían mis compañeros, pero al escuchar al vicepresidente del Gobierno en el tono en que lo ha hecho esta tarde, yo, como ciudadano español,
he sentido vergüenza.
¡Cómo se puede frivolizar en un acto en el que se habla sobre la guerra! Ha venido aquí a hacer chistes, a hacer humor; otros lo han llamado bufonada; yo también lo llamaría casi bufonada. Se ha reído de algo de lo que nos hemos
enorgullecido y se han enorgullecido ellos también, de que en España se salió de la dictadura a la democracia gracias a algo importantísimo, el consenso. Hoy ha sido realmente vapuleado el consenso.
Se nos ha leído todo lo que habíamos presentado, los puntos que hemos retirado...; es una cosa... La verdad es que yo llevo poco tiempo en este Parlamento pero lo de esta tarde ha sido absolutamente increíble. Se ha atacado a los
creativos; deben ser los actores, los cantantes, los músicos, los que están contra la guerra. Curiosamente cada vez que subimos aquí denunciamos los incumplimientos de Irak, los incumplimientos de Sadam Husein, pero para nada denunciamos que hay
otro país que está incumpliendo también las decisiones de la ONU, Israel. Para él el más absoluto silencio. El otro día al señor vicepresidente del Gobierno le zarandearon el coche en Lugo. Yo, siguiendo el ejemplo de su jefe, le diría lo mismo:
Señor Rajoy, váyase a Lugo. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Para la defensa de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno en relación con el conflicto con Irak, tiene la palabra el señor
Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señora presidenta, señorías, subo a esta tribuna para fijar la posición de Convergència i Unió y de su grupo parlamentario sobre el conflicto con Irak en el momento actual y sobre lo que esperamos que haga el
Gobierno en relación con este conflicto. Es una moción consecuencia de una interpelación. No es un debate contra nadie, no es un ataque a nadie. Es la petición que formula mi grupo, con mayor o menor éxito -lo comprobaremos a la hora de votar-,
sobre cuál esperamos que sea la posición de esta Cámara y la posición del Gobierno en la actual crisis con Irak. Subo a esta tribuna desde el sentido de responsabilidad y lo hago mirando a la opinión pública, mirando a ese altísimo porcentaje de
gente que está mandando un mensaje, mirando y escuchando a los millones de ciudadanos a los que nos debemos y a los que intentamos representar aquí desde el día en que nos eligieron. A los ciudadanos de Cataluña en particular y a todos aquellos en
el resto de España que están haciendo oír su voz en la primera ocasión en que tienen oportunidad de hacerlo. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
No nos avergüenza decir que escuchamos a la opinión pública y que intentamos ser aquí sus mensajeros; intentamos traer aquí el mensaje y la voz que está resonando, que es un mensaje y una voz clara y nítida que dice simplemente: no a la
guerra. Este es el compromiso que nosotros intentamos traer aquí y éste es el mensaje que Convergència i Unió pide que el Parlamento ratifique hoy y que el Gobierno ejecute. Hay que seguir luchando por la paz. No ha terminado el tiempo para la
paz. No estamos preparando una guerra, estamos intentando construir la paz y no es retórica, es una decisión política que asume mi grupo y es la decisión política que pedimos al Gobierno que defienda.
No aceptamos la guerra como inevitable, no aceptamos la guerra como un hecho consumado; estamos en una fase previa, estamos en una fase en la que cada uno según su responsabilidad puede y debe seguir luchando para que no haya una nueva
guerra como inicio del siglo XXI. No podemos, no queremos resignarnos al fracaso que supone una guerra. Sabemos que no es irresponsable decir eso y no aceptaremos que nadie nos califique de irresponsables por pedir que se siga luchando por la paz.
Lo hacemos desde el sentido de Estado que ha caracterizado nuestra acción de gobierno y política en esta Cámara, desde que existimos como partido y desde que nos presentamos a cualquier elección democrática. Queremos lo mismo que quiere todo
demócrata y lo mismo que quiere cualquier demócrata en esta Cámara: el desarme de Irak. Queremos el desarme de Irak en las condiciones y en los términos que plantea la Resolución 1441 de Naciones Unidas, exactamente en los mismos términos, pero
decimos muy alto y con voz muy clara que no ha llegado el momento de certificar la muerte de esa resolución, que no ha llegado el momento de decir que hay que invadir Irak porque esa resolución se ha incumplido.
Está de moda estos días citar unas palabras de Javier Solana en relación con las pruebas presentadas por Colin Powell en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, expresando que a él le habían parecido -y es una opinión que nos merece
grandísimo respeto- que eran relevantes, casi concluyentes, creo que dijo. También Javier Solana -y querríamos que los que citen una cosa citen otra- lleva diciendo varios días, y hoy está en todos los medios de comunicación, que la guerra es
evitable, que los inspectores necesitan apoyo y se les debe aportar medios materiales, inteligencia y tiempo. Eso que pide Javier Solana -medios materiales, inteligencia y tiempo- es lo que pedimos nosotros y ese es el núcleo de la posición que hoy
defiende Convergència i Unió en esta Cámara. Hay que dar una nueva oportunidad a la paz, porque nadie, absolutamente nadie puede decir hoy honradamente que el tiempo de la paz ha terminado. Nadie puede decir hoy honestamente que no cabe otra
salida distinta de la guerra. Nadie nos ha convencido a nosotros de ello y nadie ha convencido de ello a miles y miles de ciudadanos. Nadie sabe hoy dar la respuesta clara, precisa, que habría que poder dar automáticamente. ¿Por qué hay que morir
en esa guerra? No va a haber, aparentemente, soldados españoles, pero esa pregunta vale exactamente igual para los soldados británicos, para los soldados americanos y evidentemente para la población, civil especialmente, de Irak. ¿Alguien en esta
Cámara es capaz de contestar a esa gente que previsiblemente va a morir en una guerra por qué han de morir? Nosotros no tenemos respuesta, aceptaremos que otros la tengan. Porque no la tenemos y no somos capaces de contestar por qué hay que morir
por Irak hoy, nosotros decimos que hace falta más tiempo, porque no aceptamos una guerra como una medida preventiva, porque no aceptamos una guerra como un instrumento más de política internacional.
La guerra no es un instrumento más en el arsenal
de instrumentos con los que cuenta el dirigente internacional, la guerra es el último recurso y a ese momento hoy no se ha llegado.
Por eso hemos visto con buenos ojos, y vamos a dar nuestro apoyo, a la propuesta de moción que presentan el Grupo Socialista, Izquierda Unida y otros grupos que la han firmado, porque su contenido literal va en esta línea: más tiempo.
También va en la línea de algo que nosotros también decimos en nuestra moción. ¿Qué debe hacer España en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Ninguna resolución de esta Cámara
es vinculante y, efectivamente, el Ejecutivo con la Constitución en la mano podrá decidir lo que estime oportuno sobre cuáles son las decisiones que tiene que tomar y, lógicamente, responderá democráticamente por ellas, pero nadie puede
privar a esta Cámara ni a nosotros como grupo ni al conjunto de los grupos de instar al Gobierno, que es lo que hacemos hoy, acerca de su posición en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Pide el texto que han presentado otros grupos, y
pedimos nosotros en nuestra moción con una adición distinta, que España en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas vote a favor del tiempo, vote a favor de los inspectores, vote a favor de apoyar la misión inspectora. ¿Por cuánto tiempo?
Estrictamente, por el tiempo que los inspectores pidan. España ha gastado muchas energías diplomáticas y casi tres años de su tiempo en conseguir una silla en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esa silla que nosotros apoyamos en todo
momento, hoy le da una gravísima responsabilidad, porque el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no es un ente autónomo, no es un ente inexistente, irreal o espiritual, es un ente donde habrá una serie de personas representando a gobiernos que
tendrán que votar. Nosotros pedimos a uno de esos 15 votos, al único al que se lo podemos pedir, que vote en favor del apoyo a los inspectores, que no vote con la información de que hoy se dispone, que no vote nada que vaya en la línea de un
automatismo hacia la guerra y de una implicación directa en la misma, que apoye por el tiempo que los inspectores pidan su trabajo en Irak en favor del desarme.
Por eso mantenemos nuestra moción y el párrafo correspondiente, en el que sostenemos que no puede irse a una guerra sin una nueva resolución explícita del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ciertamente, en primer lugar, la Resolución
1441 dice que es la última oportunidad. Lo dice. Y ciertamente es posible que haya habido incumplimientos de la 1441 por parte de Irak. ¿Cuántos lo podríamos discutir en otro debate? Sería algo muy técnico. La realidad es que sólo hay una
autoridad que puede decidir lo que hoy es relevante. ¿Se ha incumplido la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? No hay ningún Gobierno, ni europeo ni americano, que pueda por sí solo decidir eso; sólo lo puede decidir el Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas. En segundo lugar, en caso de que se haya incumplido esa resolución, ¿los efectos han de ser invadir Irak?, ¿han de ser iniciar la acción armada? Sólo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene autoridad para
decidir no sólo si se ha incumplido la resolución, sino qué consecuencias tiene que tener tal incumplimiento. No hay automatismo, no hay nada en la Resolución 1441 de las Naciones Unidas que legitime o que autorice hoy el inicio de la acción armada
porque un gobierno, seis gobiernos o 25 gobiernos juntos decidan, según su opinión personal, que la Resolución 1441 ha sido incumplida. Por eso sostenemos y reiteramos que no debe apoyarse una acción armada contra Irak si no cuenta con el respaldo
explícito de las Naciones Unidas, una resolución que hoy no vislumbramos y que esperamos no sea -ahí es donde juega el peso del voto español- una simple legalización de una decisión ya tomada. Pedimos también -en eso coincidimos con la resolución
propuesta por otros grupos- información al Parlamento. Solicitamos asimismo -damos también enorme importancia a ese párrafo- una grandísima implicación de España en el seno de la Unión Europea para que se intente empezar a cerrar las gravísimas
heridas que se están abriendo. Tenemos todos la vista puesta en Irak y hoy, efectivamente, si hay guerra o no y en qué términos es, lógicamente, la primera de nuestras preocupaciones, pero las grietas, las fisuras que se están abriendo en este
momento por esta causa y ante la pasividad de algunos en el seno de la Alianza Atlántica, en el seno de la relación trasatlántica y en el seno de la Unión Europea son gravísimas y por sí solas merecerían una interpelación y un gran debate en esta
Cámara.
Pedimos al Gobierno -es un punto importante de nuestra moción- que se implique en eso, en tratar de cerrar esas heridas y en intentar que se busque una posición de consenso en el seno de la Unión Europea. Es mucho lo que está en juego, es
mucho lo que se está rompiendo en este momento y que ha costado muchos años construir, es algo que nos va a perjudicar a todos a medio plazo y es evidente que puede ser terriblemente más grave si finalmente empieza una acción armada sin apoyo de la
legalidad internacional. Desde esta firmeza de principios, desde este convencimiento, reiteramos nuestro mensaje y nuestro voto. No a una acción armada hoy, por si no ha quedado suficientemente claro, y sí a más tiempo a la tarea de inspección.
Esta es y ha sido la posición de Convergència i Unió desde el principio y lo sigue siendo.
Permítame, señora presidenta, decir dos cosas, puesto que no creo que con este debate, un poco caótico, que se ha desarrollado hoy vuelva a tener ocasión de hacerlo, acerca de dos enmiendas que se han presentado a nuestra propuesta de
moción. Si no cito la del Grupo Popular no es porque no me merezca respeto como enmienda, sino porque sencillamente me parece que está bastante fuera de lugar. Traer aquí una resolución del Consejo de Asuntos Generales es un juego malabar que
tiene su interés a efectos de opinión pública, pero que aporta muy poco a efectos del debate, ya que no es más que un mínimo común denominador de aquello a lo que se pudo llegar como fruto del consenso en una situación en la que no hay más que leer
el periódico para ver que de aquel Consejo de Asuntos Generales sólo podían salir algunos lugares comunes. Por tanto, difícilmente podíamos aceptar ese texto.
En cambio, en primer lugar, quiero dejar claro al señor Saura que cuando hace referencia a la necesidad de apoyar la propuesta franco-alemana, no vamos a aceptar como tal la enmienda. Sin embargo, sí queda
incluida en el primer párrafo de nuestra moción, porque estamos sosteniendo que se apoyen todos los esfuerzos que se pongan sobre la mesa, por quien tiene la facultad de hacerlo, en favor del apoyo a los inspectores. No conocemos en su
literalidad -no la conoce nadie- la propuesta franco-alemana. Es una propuesta, hoy por hoy, indefinida y bastante inconcreta, incluso entre los propios actores que teóricamente la defienden. En todo caso, es una propuesta o puede serlo
probablemente en la resolución o en el debate del 14 y del 15 de febrero. Por tanto, en ese sentido apoyamos que se defienda esa iniciativa, pero no la vamos a incorporar literalmente en este texto porque sería prematuro.
Permítanme terminar con una referencia a dos enmiendas sobre el pueblo kurdo porque nos parecen importantes en su contenido, aunque finalmente no las aceptemos en su texto literal. Efectivamente, desde aquí quiero dejar clara la solidaridad
de mi grupo parlamentario con el pueblo kurdo en Turquía y en Irak. Probablemente será una de las primeras víctimas de esta guerra, ya ha sido en su tiempo víctima de Sadam Husein, ha sido víctima del embargo y hoy será víctima probablemente de
esta guerra.
Nosotros damos todo nuestro apoyo al pueblo kurdo, pero nos parece en este momento prematuro -y casi una anticipación de lo que no queremos anticipar- fijar cuáles deben ser los derechos del pueblo kurdo en un escenario posterior al
conflicto bélico y en un Irak sometido a la autoridad de un ejército vencedor. Ese tipo de situación ya lo decidiremos cuando se plantee y es muy probable que en ese momento nosotros podamos compartir la opinión o posición de los grupos enmendantes
en este punto.
Termino, señora presidenta. No sé hasta que punto se puede hacer llegar nuestro mensaje a la sociedad ante una campaña de propaganda que se anuncia y que intenta justificar la posición de otros. Quiero dejar claro cuál es, a base de
repetirla una vez más: Hoy no hay argumentos para ir a una acción armada, no existen pruebas suficientes para ir a una acción armada. En todo caso, si existieran sólo hay un órgano legitimado para valorarlas y para considerar que las pruebas son
imperiosas, que exigen una acción militar y que se legitima una conquista o una invasión de Irak. Ese órgano es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En dicho Consejo pedimos, y esperamos, que la voz y el voto de nuestro Gobierno, del
Gobierno que nos va a representar ahí, no sea la voz de los que entusiásticamente defienden la guerra como opción inevitable, sino que esté entre las voces que apuren hasta el último límite, que todavía queda muy lejos, la opción por la paz.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Guardans.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mauricio.
El señor MAURICIO RODRÍGUEZ: Señora presidenta, señoras y señores diputados, mi grupo intervino el pasado miércoles -al menos yo hice un esfuerzo- para fijar una posición precisa, clara y sin ambigüedades, intentado evitar en un tema tan
serio ningún tipo de recurso dialéctico parlamentario para esquivar la fijación de una posición seria y responsable. Nosotros invitamos a todos los grupos parlamentarios, desde nuestra modesta voz como grupo pequeño, a llegar a un amplio consenso
parlamentario. Éste debería haberse producido hoy para buscar, a su vez, un consenso en la próxima reunión del Consejo Europeo que probablemente se celebre el próximo lunes, convocado por la presidencia griega. Repito nuestra posición porque no es
la de atacar al contrario, hacer réplicas más o menos ingeniosas y esquivar la fijación de posición en un tema trascendental para la paz en el mundo, para la situación internacional y para la estructura de las relaciones internacionales en el
futuro.
Nosotros dijimos la semana pasada y repetimos hoy. Primero, debemos potenciar la labor de los inspectores que tuvo resultados muy precisos en la acción de desarme hasta noviembre de 1998 y por eso fueron expulsados de Irak. La inspección
de las Naciones Unidas tuvo ya una eficacia en la acción de desarme porque de lo que se trata -y no esquivemos ese debate- es del desarme de Irak según la Resolución 1441. Segundo, una vez que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprueba
la Resolución 1441, el Gobierno de Irak se tiene que plegar. Ha dicho el señor Rajoy que era como consecuencia de la fuerte presión internacional, pues sí, de la presión de las Naciones Unidas que, por unanimidad del Consejo de Seguridad, advirtió
a Irak que era la última oportunidad. La Resolución 1441 no autoriza el uso de la fuerza, por eso invita a la actuación de una inspección reforzada, lo que ocurre es que la Resolución 1441 -de ahí algunos errores que se hayan podido cometer en este
último período- claramente no renuncia al uso de la fuerza -y eso hay que decirlo con toda claridad- si la acción de inspección no da resultado y no logra el desarme del régimen iraquí en lo que se refiere a la producción, instalación o uso de armas
de destrucción masiva. Por tanto, cuando aquí se dice que el desarme es un objetivo principal, pongámonos todos en la línea del desarme. Los inspectores, ayer y hoy, dicen que ven nuevos datos, una actitud distinta e incluso hay una declaración
del Gobierno de Irak que se ha producido hoy aceptando que en su espacio aéreo se autorice la investigación o la inspección a través de los aviones espías.
Es un dato elocuente y claro de que la presión internacional en el Consejo de Seguridad y la
amenaza de que es la última oportunidad está consiguiendo resultados a favor de la continuidad de la inspección. Por tanto, hay que decir al Partido Popular -que lo dice pero después no lo dice, que dice una cosa y luego dice la contraria- que no
se pueden tener dos posiciones en esto sino una sola y si uno
cree en lo que quiere creer, al menos que lo defienda con hidalguía, pero no se puede seguir teniendo dos posiciones.
La primera posición que nosotros defendemos y la moción que presenta Convergència i Unió es muy clara y, en mi opinión, recoge exactamente la posición que nosotros fijamos el último día. Si los inspectores dicen en el Consejo de Seguridad
del próximo viernes que se están produciendo resultados positivos de su labor de inspección, hay que autorizarles a la prolongación de la misma en el marco de la misma Resolución 1441 hasta comprobar por los propios inspectores que la acción de
desarme no se produce, que hay una obstrucción clara y que no va a haber resultados.
Segundo punto que debemos fijar con claridad, sólo entonces una nueva resolución del Consejo de Seguridad podría autorizar el uso de la fuerza para desarmar a un
régimen peligroso que es el Gobierno de Irak. Se dice aquí: ¿y si lo autorizara? Bueno, pues esperemos hasta ver si lo autoriza, pero lo que no vale es esquivar esa posición diciendo que no, que todavía no sabemos cuál va a ser la posición del
Consejo de Seguridad. Nosotros decimos claramente que cuando Estados Unidos, antes de la 1441, dijo que no era necesaria, que ya se había violado la Resolución 687 de 1991 por el Gobierno de Irak y que por tanto había que hacer un ataque
preventivo, en ese momento la comunidad internacional, una serie de países y una posición unida de la Unión Europea obligó al Gobierno norteamericano a actuar en el marco del Consejo de Seguridad. No debemos abandonar y cualquier declaración que
haga cualquier país en contra de las resoluciones del Consejo de Seguridad no hace más que favorecer una situación internacional incontrolada contra la legalidad que crea un vacío y facilita la acción terrorista internacional. ¿Por qué entonces el
Partido Popular no está dispuesto a votar? Punto uno, si los inspectores lo piden, continuemos la labor de inspección y desarme.
Segundo, cualquier uso de la fuerza tiene que ser dentro de la legalidad internacional en el marco del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas. Tercero, para conseguir esas dos cosas ¿por qué no continuamos en la línea que hemos seguido cuando la doctrina estratégica de Estados Unidos hace sólo tres meses declaró que ellos podrían utilizar la fuerza lo
autorizaran o no sus aliados? ¿Por qué en el discurso del estado de la Unión, cuando el presidente Bush dijo que ellos no estaban condicionados por la decisión de nadie y tampoco de las Naciones Unidas, no levantamos la voz como la han levantado
una serie de países europeos diciendo: No, señor; la Alianza Atlántica está basada en el principio del reconocimiento de la discrepancia y en el marco de la legalidad de las instituciones multilaterales y multinacionales, por tanto, Estados
Unidos, aún siendo tan poderoso como es, se tiene que someter como todos a esa legalidad internacional? La valiente posición de Francia y Alemania, a la que se une Rusia y China, dice que hay que prolongar la acción de los inspectores hasta
descubrir si somos capaces de desarmar a Irak o no, y no renuncia al uso de la fuerza. Hay algunos errores en las primeras propuestas del Grupo Socialista y de Izquierda Unida, y yo felicito al Grupo Socialista, a Izquierda Unida y a los otros
grupos por haber sabido evolucionar hacia la única posición seria y responsable en el marco internacional que puede producir la paz, que es la que está defendiendo el acuerdo de Francia, Alemania, Rusia y otros. Por tanto, no digamos que si hay una
segunda resolución no sabemos si la acataremos o no; la tenemos que acatar. Si no, Estados Unidos está autorizado para no acatar la que hay en este momento. Por tanto, si el señor Rajoy se agarra a que el Grupo Socialista ha evolucionado desde la
primera moción que iba a presentar a la segunda y a la tercera, yo le pregunto: ¿por qué el Grupo Popular no evoluciona también desde la posición negativa que ha tenido hasta este momento y apoya la moción de Convergència i Unió, que según ellos es
más o menos lo que ellos dicen? Porque el Grupo Popular quiere tener aquí una posición frente a la opinión pública española, que está claramente contra la guerra y a favor de esta posición, que es la que está reflejando la Unión Europea, y al mismo
tiempo tener las manos libres para que la ministra de Asuntos Exteriores, mientras celebrábamos aquí el debate de la semana pasada, hiciera una penosa intervención en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, contraria al debate que estamos
teniendo aquí y contraria a lo que ha dicho el señor Rajoy.
Existe el temor a que la posición norteamericana no se pueda imponer, porque en definitiva los americanos aceptaron esta resolución para ganar tiempo para su despliegue militar, porque no
pueden intervenir antes de que acabe la peregrinación a La Meca, que se está produciendo en estos momentos, y porque necesitan intervenir en la primera quincena de marzo, según han dicho. Ellos ya tienen una posición preconcebida, que es atacar
porque son cuestiones esenciales para sus intereses económicos y estratégicos y para el control de esa área del mundo. Nosotros decimos que si se produce esa intervención fuera del Consejo de Seguridad, por un país que la vete, y sin haber agotado
todas las razones a favor de la paz, considerando que la inspección es la que puede producir el desarme, se puede crear una situación de crisis internacional muy grave, y hay que definir con claridad en este Parlamento si se está en una o en otra
posición. No se pueden tener dos o tres posiciones: una, la del ministro de Defensa; otra, la de la ministra de Asunto Exteriores; y otra, la que ha expresado hoy el señor Rajoy. Si el Grupo Popular fuera sincero con su propuesta de que quiere
el desarme de Irak, de que quiere que sea el Consejo de Seguridad el que consiga ese desarme por métodos pacíficos y, si no lo consigue, autorizar el uso de la fuerza para desarmar al Gobierno de Irak, estaría votando la moción de Convergència i
Unió, pero como no la vota, yo no me lo creo; como no
me lo creo, yo votaré a favor de la moción de Convergència i Unió y de la moción presentada por los grupos de la oposición. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mauricio.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Anasagasti.
El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señora presidenta, señorías, la intervención del vicepresidente don Mariano Rajoy me evita tener que explicar aquello que no pude explicar la pasada semana, cuando hicimos la alusión al speaker' corner de Hyde
Park. Ha sido un espectáculo muy parecido: ha venido el vicepresidente del Gobierno, ha dicho lo que ha creído conveniente, se ha marchado y no ha considerado interesante escuchar a ningún otro grupo parlamentario. Francamente, nos parece muy
ilustrativo, pero bueno... (Aplausos.)
No es cuestión de dramatizar, pero indudablemente puestos a dramatizar habrá que hacer una mínima historia sobre qué han supuesto en nuestro reciente pasado situaciones como ésta. La historia ofrece numerosas pruebas de ello. Por ejemplo,
quienes protestaron contra el aventurerismo americano en Vietnam fueron tratados y perseguidos como criminales, pero cuatro décadas después existe un consenso general respecto a que la escalada americana fue un error, del que sólo se derivaron males
mayores que los que pretendía atajar. Una acertada opinión de la que ya no podrán participar los miles y miles de muertos que costó aquella contienda, ni podrán pedir tampoco responsabilidades a nadie por el fiasco.
Los esfuerzos actuales del Gobierno norteamericano y de quienes le apoyan por demostrar la maldad intrínseca del régimen iraquí están fuera de lugar. Sadam Husein ha sido un asesino desde que ocupó el poder y en no pocas ocasiones ha
empleado su fuerza letal gracias a las armas que las potencias occidentales, Francia y Estados Unidos primordialmente, le proporcionaban. Occidente contempló impasible las matanzas de iraníes y de kurdos perpetradas por el sátrapa que hoy detesta y
que antaño apoyó.
Para esgrimir el concepto de legítima defensa a la hora de atacar ese país lo que los partidarios de la invasión deben demostrar, si quieren exhibirse como gobernantes responsables, es que existe un peligro inminente capaz de
justificar la acción, que se saldará inevitablemente con miles de víctimas inocentes. De otra forma, la doctrina del ataque preventivo, asumida sin matices por el Gobierno, es sólo un eufemismo para designar un acto de política imperial. Conviene
hacer la precisión de que demostrar no significa proclamar o asegurar sino ofrecer evidencias bastantes (y no lo que hizo el otro día Colin Powell) que permitan a los ciudadanos sopesar la gravedad de una decisión tan extraordinariamente importante
como la de comenzar una guerra. Todo lo demás es hacerse trampas en el solitario y nada tiene que ver con el concepto de responsabilidad política. Por eso conviene recordar desde cuándo estamos inmersos en este debate, en el que se apunta la
posibilidad de una guerra contra Irak, porque ha sido muy llamativo que la propaganda de guerra comenzara el mes de septiembre pasado. ¿Ustedes saben qué pasó el pasado mes de septiembre? Que comenzó la campaña para las elecciones legislativas
norteamericanos, y era seguro que los republicanos no las iban a ganar si permitían que las dominaran temas sociales y económicos. Saldrían aplastados los republicanos frente a los demócratas; tenían que hacer exactamente lo que hicieron en la
década de los ochenta, reemplazarlos por temas de seguridad. En el caso de una amenaza a la seguridad la gente tiende a apiñarse en torno al presidente, una figura fuerte que nos proteja de horribles peligros, por ejemplo el ataque del pasado 11 de
septiembre.
Quizá por esto a algunos les llame la atención la unanimidad opositora hoy y aquí que va a tener esta moción, pero lo que también debería llamar la atención es que estas peticiones que va a votar esta fuerza parlamentaria terminarán en el
cesto de los papeles. Eso es lo que llama la atención, como también la llama el hecho de que el Gobierno prefiera la opinión de la Casa Blanca y del Pentágono a la opinión pública española. ¿De qué nos vamos a extrañar, si hasta el señor ministro
de Defensa, que ha estado aquí y se ha paseado un ratito, dice que la opinión del Papa no es vinculante para los católicos? Al parecer, lo es más la del secretario de Estado Rumsfeld. En lugar del Papa en el Vaticano, Rumsfeld en el Pentágono. Se
dan ustedes cuenta de por qué el PNV no está ya en la Internacional Demócrata Cristiana, claro. (Risas.)
Vamos con los argumentos base. Tres textos del presidente Aznar en tres días: la carta europea, el artículo de ABC y su intervención en el Congreso disipan cualquier duda sobre lo que piensa. He aquí el guión: Compartimos con Estados
Unidos valores fundamentales que están amenazados por enemigos dispuestos a todos. Irak encarna ahora esa amenaza al negarse a cumplir la resolución de la ONU que le exige el desarme. Para que la ONU sea creíble es preciso escarmentar al que
desobedece. O Sadam demuestra que ni fabrica ni guarda armas de destrucción masiva o se le declara la guerra preventiva para escarmiento general. ¿Por qué ha comprado el presidente Aznar toda esta argumentación norteamericana desde la premisa de
que Irak representa una amenaza real e inminente para la seguridad del mundo hasta la conclusión de que la única forma viable de neutralizar esa amenaza es la ocupación militar de un Irak previamente destruido? ¿Por qué no ha optado por compaginar
su lealtad al aliado solidario con la prudencia de quienes consideran conveniente pasar la declaración de guerra por el filtro de examinar a fondo si la guerra es una decisión eficaz para destruir la amenaza
del terrorismo internacional, que no cause mayores males o peligros de los que trata de evitar?
El Gobierno español ha tenido que medir lo que arriesgaba. Enumeramos, a nuestro juicio, sin desarrollarlos, algunos de estos aspectos. Omitimos conscientemente todo lo relativo a consideraciones de compasión humana hacia las eventuales
víctimas. Primero, su alienación con el presidente Bush crea fricciones entre las dos orillas del Atlántico, dificulta que Europa tenga una política común eficaz y la debilita frente a los Estados Unidos. España pierde capacidad arbitral y corre
el peligro de perder influencia en el Mediterráneo y en Oriente Próximo. El otro terrorismo internacional puede mirar a España si, como es previsible, la indignación de árabes y de musulmanes se extiende a los amigos de las guerras, y España es
país fronterizo con el mundo árabe. La aplicación unilateral de la doctrina del ataque preventivo liquida los fundamentos del derecho internacional, consagra el derecho del poderoso y complica la actual situación palestina. La guerra incidirá
negativamente en la economía mundial y pondrá en peligro el éxito de la ampliación europea. Implica una opción por aliados débiles o poco europeos frente a quienes han sido el baluarte tradicional de la Unión Europea, el eje franco-alemán. No
parece que sea bueno para España ni para las opciones del presidente Aznar jugar para esto un papel relevante en esa Europa. Finalmente, se enfrenta a una opinión pública española contraria, con el consiguiente y posible riesgo electoral. ¿Qué
contrarresta todo esto en la balanza? Podemos pensar en razones de índole estratégica. Por ejemplo, el convencimiento de que Sadam Husein sólo aceptará el desarme si la amenaza de la invasión militar resulta creíble. El presidente del Gobierno
sería un actor de reparto en la dramatización de la advertencia, de la que también podrían ser parte quienes aparentan oponerse; o también la consideración de que, con todos los imponderables de la acción militar, pelar las barbas de Sadam Husein
es un coste razonable si sirve para que el resto de países peligrosos pongan a remojo sus planes de proliferación nuclear. Parece lógico añadir las razones de quien juega a ganador y se pone al lado del fuerte. No es sólo que al presidente Aznar
le guste poner con Bush los pies sobre la mesa. Dado que la alianza con Estados Unidos es fundamental para Europa y para España, Aznar se coloca el primero de la fila con la esperanza de capitalizar su apoyo incondicional. La colaboración
antiterrorista, muy necesaria, las relaciones con Marruecos, la solución del Sahara, las inversiones de España en Latinoamérica o el mismísimo petróleo de Irak son cestos idóneos para que el presidente Bush ponga manzanas. Periodistas de corte
filtran estos días que el premio puede ser un puesto para España entre los G-8, el grupo de los países más ricos del mundo. Añadamos que el presidente del Gobierno pudiera estar pensando más en Europa que en Irak.
Para ser comparsa de Berlín y
comparsa de París mejor serlo de Washington y preparar tal vez con Londres una Europa ampliada sobre bases distintas de las que Francia y Alemania organizan a su medida.
De todos modos, si tuviéramos que precisar los motivos más verosímiles que empujan al Gobierno al abrazo de la posición del Gobierno de Washington señalaríamos estos: el talante del presidente del Gobierno, que comparte con el presidente
Bush muchas percepciones sobre el mundo, los valores, la religión y, por supuesto -y en eso podemos coincidir-, el combate del terrorismo, pero quizás realizado con criterio militar; su convicción de que, puesto que todos los europeos acabarán de
una manera u otra pasando por el aro de lo que decía el presidente Bush, prefiere ser el primero que ir en el montón; la tentación que supone para su vocación de reformador moralista la misión histórica de curar a España del antiamericanismo, tal y
como el anterior presidente Felipe González hizo con el antiatlantismo al ganar el referéndum sobre la OTAN; el cálculo de que el apoyo al presidente Bush fortalece la opción electoral de su partido, porque muchos españoles pueden pensar que a Bush
no le agradará recompensar a otro partido de oposición; y, por supuesto, el margen de maniobra que el respaldo de Washington le da al Gobierno español para organizar en Europa una lucha política de envergadura.
Finalmente, ¿estamos seguros de que una presión internacional constante, una inspección prolongada y una vigilancia férrea, con la utilización de cascos azules, como preconizan París y Berlín, no obtendrían de cara a la seguridad y a la
lucha contra el terrorismo mejores resultados que con un conflicto de consecuencias imprevisibles, especialmente en los países árabes colindantes? ¿Es la guerra continua la herencia que vamos a dejar a nuestros descendientes en un Occidente cada
vez más dividido y, por tanto, cada vez más vulnerable? ¿Es éste el mejor modo de dialogar con los árabes moderados y, sobre todo, con los jóvenes de esos países, que serán las clases dirigentes del mañana, para convencerlos de que Occidente es la
libertad y la democracia, que respeta y se hace respetar y que sólo utiliza la fuerza cuando no tiene más remedio?
Esta moción no se aprobará hoy porque no tiene el consenso suficiente y el Grupo Popular va a votar en contra; sin embargo, la política fundamentalmente es vencer resistencias. Independientemente, como suele decir muchas veces el portavoz
del Grupo Popular, las democracias son regímenes de opinión pública, no sólo son votos. Este es un régimen de opinión pública y en este momento la opinión pública está perdida para el Gobierno español. En este momento en Europa no hay ambiente
para una guerra preventiva. En este momento cunde, y cada vez crece más, el estado de ánimo contrario a un abuso de poder que significa una guerra preventiva, sobre todo porque se trata de algo fundamental en la vida de los seres humanos, se trata
de la vida y de
la muerte. No se trata aquí de posturas más o menos forzadas y más o menos planteadas con secretismo. Aquí estamos hablando de la vida y de la muerte de seres humanos, por tanto, antes de tomar cualquier tipo de decisión lógicamente hay
que agotar todos los elementos posibles para que no se produzca una situación tan dramática como significa una guerra llamada preventiva, pero que podríamos llamarla, no eufemísticamente sino fundamentalmente, una guerra asesina. Nuestro grupo
parlamentario votará, como ha votado siempre, contra la guerra y a favor de la paz.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Anasagasti.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Arístegui.
El señor ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Señora presidenta, señorías, el Gobierno de España está a favor de la paz, de la estabilidad y del desarme. No vengo a representar aquí al señor Bush. El Gobierno de España no representa al señor Bush, la
mayoría representa a más de diez millones de votantes que le han dado la legitimidad al Gobierno de España.
(Aplausos.) El Gobierno de España y la mayoría que represento en esta tribuna defiende los intereses de la ciudadanía y de España como mejor
cree en interés de todos, y lo hace huyendo de las posiciones fáciles.
Para nosotros sería extraordinariamente sencillo subir a esta tribuna, el presidente del Gobierno, cualquier ministro, y adoptar una posición de incoherencia y decir a nuestros
aliados: Pueden ustedes utilizar nuestras bases, nuestro espacio aéreo, y ponernos al frente de la manifestación.
Eso no lo hemos hecho. Tampoco voy a señalar a los gobiernos que en alguna parte del mundo sí lo han hecho. Lo hemos hecho con
criterio, con coherencia, con equilibrio y con sensatez. Nosotros no defendemos la guerra. Ese reduccionismo simplista que ha querido encasillar al Gobierno del Partido Popular y a la mayoría que lo apoya en que nosotros somos partidarios de la
guerra y todos los demás de la paz, primero, no es verdad y, segundo, es inaceptable.
Nosotros no hemos dado ni una sola razón de que estemos apoyando una intervención militar, sino todo lo contrario. A través de la firmeza, queremos lograr el desarme de Irak. La firmeza es el camino más corto hacia la paz, ni la
claudicación ni la laxitud con dictadores armados y peligrosos. Nosotros consideramos que la posición de muchos de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra es perfectamente legítima y respetable pero, señorías, créanme, esas son
las posiciones que llevan a un camino mucho más corto, a una guerra mucho más grave y a una situación mucho más inestable. Todos coincidimos con la necesidad del desarme, incluso Izquierda Unida, por cierto. Todos estamos de acuerdo en que el
desarme de Irak debe llevarse a cabo cuanto antes. Hay quien pone en duda -se ha dicho en esta Cámara- que Irak tenga armas de destrucción masiva. Las ha tenido, es evidente; las ha empleado contras sus vecinos, las ha empleado contra su propia
población civil y además en los años noventa fue condenado con resoluciones de Naciones Unidas por producir armas químicas. Las Naciones Unidas y sus resoluciones establecen claramente que la carga de prueba corresponde a Irak, no a la comunidad
internacional. No es ésta la que tiene que demostrar que Irak tiene armas de destrucción masiva, sino que Irak tiene que demostrar que las que tuvo o pudo producir a lo largo de esos trece años de incumplimientos han sido destruidas de manera
verificable. Además, ese riesgo es real. Aquí estamos hablando de cuestiones puramente teóricas y no nos damos cuenta de hasta qué punto la situación en Oriente Medio, especialmente en la frontera entre el mundo árabe musulmán y el mundo musulmán
no árabe -que es justamente Irak- ha sido delicada desde el año 637 hasta hoy. Hoy más que nunca en la zona del mundo que más conflictos ha generado y en la zona del mundo en la que llevamos 60 años de estabilidad tener un dictador armado y
peligroso, que ha provocado tres guerras y que tiene armas de destrucción masiva ,y dejar las cosas así no es de gobiernos responsables. (Aplausos.)
Los portavoces de otros grupos se interrogan por qué ahora. Se dice: ¿Por qué ahora de repente? Los inspectores de Naciones Unidas fueron expulsados a través de la fuerza y la coacción en noviembre del año 1998. Los inspectores de
Naciones Unidas de la UNSCOM descubrieron cantidades importantísimas de armas de destrucción masiva en los arsenales iraquíes. En estos momentos en los que un régimen como el de Irak es más débil que nunca es cuando es más peligroso, más
imprevisible y más difícil de contener. Muchas veces hemos hablado del containment, de contener los riesgos y eso es precisamente lo que estamos haciendo.
Además, hay una novedad: el terrorismo. Muchas veces se ha tratado de desmentir las conexiones entre Al Qaeda o cualquier tipo de terrorismo e Irak. Hay varias cosas que hay que tener en cuenta: primero, las sospechas ciertas que se han
planteado aquí por el presidente del Gobierno y por otras personas en el mundo; además contamos con la noticia de esta noche, esa noticia que Izquierda Unida decía que era mentira. Es una noticia que acaba de saltar a los teletipos según la cual
hay una grabación que ha sido emitida en la que Osama Bin Laden incita a la comisión de atentados suicidas contra todos aquellos países que participen en la coalición internacional para desarmar a Irak. Eso es una incitación al terrorismo y eso es
una conexión clara. (Aplausos.) Segundo, hemos visto cómo hay riesgos ciertos de que armas no convencionales acaben en
manos de terroristas. No se puede afirmar con tanta ligereza que, puesto que el régimen de Irak es laico y el terrorismo internacional es principalmente de ideología islamista -que no islámica-, no comparten objetivos porque sí los
comparten. No comparten ideología pero sí objetivos. Occidente, los regímenes que considera corruptos e impíos en la región, los aliados de Occidente son sus objetivos. Esto se podría producir perfectamente y sería profundamente irresponsable por
un gobierno democrático obviar que eso puede pasar, que un régimen como Irak o como Corea del Norte puede acabar procurando armas de destrucción masiva a grupos terroristas. Por último, tampoco hay que olvidar las amenazas que profirió el señor
Tarek Aziz, viceprimer ministro iraquí contra España. Si había dicho que no tenía ninguna conexión con grupos terroristas, ¿cómo es posible que nos amenace con atentados terroristas? Alguna influencia debe tener porque, si no, no haría esas
amenazas.
Hemos estado haciendo presión diplomática y política todo el tiempo. Es la presión diplomática y política la que auténticamente ha hecho doblar y cambiar la actitud de Irak, agresiva hacia Occidente, agresiva en su desafío a la comunidad
internacional. Quiero subrayar aquí que este no es un problema de plazos ni de medios, sino de falta de voluntad de un régimen que ha estado durante trece años desafiando a la comunidad internacional y que ha estado durante trece años negándose en
redondo a cumplir con sus obligaciones de desarme. Las inspecciones internacionales tienen dos partes. Se dice que tenemos que demostrar que tienen armas de destrucción masiva, pero habría que decir que el propio nombre Unmovic habla de inspección
y de verificación; inspección sí -buscar las armas-, y verificación porque el régimen iraquí tiene que demostrar que aquellos arsenales que tuvo los ha destruido; y lo tiene que hacer, como dice Hans Blix, de forma verificable y creíble, y eso no
ha ocurrido. Tampoco se puede hablar de un plazo indefinido, es un mensaje erróneo a todos los dictadores armados y peligrosos. El mensaje es simple: Incumpla usted, viole usted la legalidad internacional, escaquéese del cumplimiento, porque si
aguanta suficiente tiempo le va a salir gratis; hágalo usted y ya verá cómo puede usted seguir asesinando o matando a su población civil y amenazando a sus vecinos, y le va a salir gratis. Nosotros no estamos por esas medidas. (Aplausos.)
Se habla de más medios. Por supuesto, más medios para los inspectores, tiempo indefinido hemos dicho que no; se habla también de alguna propuesta de cascos azules. ¿Es que vamos a volver a ese penoso espectáculo que tuvimos que presenciar
durante las intervenciones internacionales en Bosnia cuando cascos azules canadienses, franceses y británicos fueron hechos rehenes por el general Mladic y fueron encadenados a objetivos militares serbios para servir de escudos humanos? Yo creo que
hay que ser extremadamente cuidadoso y tener toda la prudencia del mundo a la hora de presentar este tipo de iniciativas. Se habla constantemente de guerra preventiva y unilateral; ni preventiva ni unilateral. Preventiva no puede ser una guerra
porque no la hay, pero si se produce una intervención militar reactiva para hacer cumplir sus obligaciones y para forzar al desarme de Irak sería después de trece años de espera, 62 resoluciones; después de trece años de advertencias constantes a
un régimen que se ha burlado de toda la comunidad internacional. Tampoco puede ser preventiva cuando muchas resoluciones de Naciones Unidas -la 678, la 687, la 715, la 1284 y la misma 1441- establecen constantemente toda clase de advertencias y
fijan con claridad cuáles son las obligaciones incumplidas por el régimen de Irak. Se trata, por lo tanto, de una legalidad y legitimidad que es la misma que la del año 1991, porque no hemos interrumpido esta crisis por desgracia; es la
continuación de la crisis del año 1991. Irak no ha cumplido sus obligaciones de la Resolución 687. Por eso la legalidad y la legitimidad de entonces son las mismas de hoy, no distintas. No estamos ante un conflicto distinto como se dice en otras
partes. Tampoco es un conflicto unilateral porque hay un número muy importante de países que han apoyado las resoluciones de Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad, cuya composición ha variado enormemente en los últimos trece años. ¿Cuántos
países lo han apoyado? ¿Vamos a cuestionar la legitimidad de las resoluciones de Naciones Unidas simplemente porque no nos convengan? Esa no es la posición del Grupo Popular.
Señorías, el Grupo Socialista -el vicepresidente del Gobierno lo ha glosado y no lo voy a hacer yo mejor que él en ningún caso- ha mostrado la falta de coherencia política, el oportunismo lamentablemente.
Señorías, quiero decirles de verdad
que me causa tristeza, me parece triste y lamentable que un partido que aspira legítimamente a gobernar España -esperemos que mucho más tarde de lo que ustedes creen- esté adoptando esta posición simplemente porque las encuestas de opinión le hacen
creer que esto puede desgastar gravemente al Gobierno de España y al partido que lo apoya. Es francamente una profunda y grave irresponsabilidad. No se puede jugar con la legitimidad de Naciones Unidas, volver sobre sus opiniones, pensar en qué
digo ahora en función de lo que me conviene, etcétera. Su discurso cambió. Hemos visto un discurso más templado. Nosotros apreciamos ese cambio del señor Caldera, pero después de la intervención del vicepresidente primero del Gobierno volvió otra
vez en su réplica al reduccionismo simplista, al efectismo, etcétera. No hay fondo ni coherencia en sus propuestas, señoría, y créanme que lo lamento de verdad.
En la proposición no de ley conjunta que han elaborado han intentado, es evidente, dejar en soledad al Grupo Popular y al Gobierno que apoyamos.
Es evidente,
han hecho ustedes un esfuerzo, han quitado ciertos elementos -lo hemos visto en el discurso del vicepresidente-; hay elementos positivos, los hemos señalado. Se nos ha reclamado por todas partes esfuerzos de consenso en el seno de la Unión
Europea, esfuerzos para reconstruir la política exterior y de seguridad común, acusándonos sin ningún fundamento de haber roto la política exterior y de seguridad común. ¿Algún miembro del Partido Popular o del Gobierno de España acusaron a Francia
o a Alemania de haber roto el consenso dentro de Europa o de haber fracturado gravemente la política exterior y de seguridad común, simplemente porque después del cuadragésimo aniversario del Tratado del Elíseo aparecieron ante las cámaras e
hicieron pública una posición, diciendo algo que ni habían consultado con la presidencia ni coincidía necesariamente, como se ha visto, con la de otros países miembros? ¿No es cierto también, señorías, que España hizo un gran esfuerzo, que fue
instrumento para que los cuatro Estados miembros de la Unión Europea que se sientan en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas entraran a una reunión con posiciones distintas y salieran con una posición común? ¿No es menos cierto que esa
posición común a cuatro se ha extendido a los 15 Estados miembros de la Unión Europea y que eso tuvo como resultado el apoyo unánime del Consejo de Asuntos Generales el 27 de enero del año 2003? Esa es exactamente la posición que trae el Partido
Popular a esta Cámara en el día de hoy. Una posición de solidez y de consenso en tres frentes.
Ustedes nos pidieron que construyéramos consenso europeo y lo hemos hecho; por lo tanto, consenso interno. También hemos conseguido el consenso
europeo que nos han reclamado todos los portavoces en diferentes debates. Con nuestra enmienda estamos subrayando y apoyando ese consenso difícil de alcanzar -pero importante en el seno de la Unión Europea- que conseguimos en el Consejo de
Ministros de Asuntos Generales. También estamos tratando de preservar la agenda trasatlántica y el vínculo trasatlántico, que estamos convencidos es, sigue y seguirá siendo siempre esencial para el futuro de Europa.
Se ha acusado al Gobierno, injustamente, de haber destruido los ejes fundamentales de la política exterior, de haber roto el consenso de 25 años en esta materia, y se ha dicho que hemos dilapidado nuestro crédito político en el mundo
mediterráneo y en el mundo árabe. Señorías, da la casualidad que la peor amenaza para sus vecinos en la región no es otro que Irak. Estamos convencidos que el mejor favor que podemos hacer al mundo musulmán es justamente desarmar a Irak. Un Irak
desarmado significará mayor tranquilidad, paz y estabilidad, y no algo coyuntural y frágil para la región de Oriente Próximo y Oriente Medio en general.
También se nos ha acusado de haber roto, no sé muy bien cómo ni por qué, nuestro consenso con
los países latinoamericanos. Francamente, señorías, no entiendo. Tendrán que explicarlo mucho mejor. La falta de solidez de sus posiciones me resulta francamente triste y alarmante.
La esencia de la postura del Gobierno y del Partido Popular es evidente.
Se ha dicho que hemos cambiado tres veces. Pues no, siempre ha sido la misma posición. En primer lugar, de apoyo a la legalidad internacional, al imperio de la ley,
y no cuestionar las resoluciones que no nos gustan y apoyarlas cuando nos convienen. No, es el apoyo al imperio de la ley, a las resoluciones de Naciones Unidas y el derecho internacional; si no, esto sería la ley de la jungla. En segundo lugar,
hemos visto cómo se han conculcado 62 resoluciones de Naciones Unidas. Aquí se ha hablado del embargo, pero es un debate distinto. Algún día tendremos que abordar los embargos, las sanciones contra regímenes impresentables o lo que ustedes
quieran. Sin embargo, es evidente que, incluso aquellas resoluciones que hacían referencia a las cuestiones humanitarias, Irak no ha querido aplicarlas, para presentarse como una víctima ante su propia opinión pública y ante la opinión pública
mundial. En tercer lugar, nosotros queremos fortalecer y robustecer el papel de Naciones Unidas y de su Consejo de Seguridad como instrumento esencial para la resolución de los conflictos internacionales. Y, en cuarto lugar, queremos el desarme de
Irak; un desarme completo, efectivo, verificable y creíble. Esta es la esencia de la postura del Gobierno. No creo que haya nadie en esta Cámara que no pueda o no haya podido expresar el apoyo a estos cuatro puntos esenciales, que yo creo que
todo el mundo civilizado apoya sin fisuras.
Esta es nuestra postura; una postura de Estado, de coherencia, de seriedad y de rigor, huyendo del efectismo, de la facilidad y del reduccionismo simplista. Es así. Estamos trabajando por la
legitimidad, la legalidad, por tratar de contener los conflictos, tratar de resolverlos por medios pacíficos; estamos tratando de buscar una nueva resolución que nos otorgue la fuerza ética, moral, política, de opinión pública, lo que ustedes
quieran, sin renunciar a nuestras posturas jurídicas, expresadas constante y continuamente en esta Cámara.
Por eso, señorías, nosotros hemos venido aquí a explicar nuestra posición.
Que se sepa que el Gobierno de España es serio y responsable y el grupo que lo apoya también.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Aristegui. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, a lo largo del debate ha habido grupos que han manifestado su voluntad de retirar la iniciativa inicialmente presentada. Así lo ha manifestado el señor Alcaraz, lo ha manifestado también el señor Vázquez, en
nombre del Grupo Mixto,
Bloque Nacionalista Galego, y creo entender que lo ha manifestado también el Grupo Parlamentario Socialista. No sé si el resto de los grupos firmantes de iniciativas, el señor Saura, del Grupo Parlamentario Mixto, también la retira. El
Grupo Parlamentario Catalán somete a votación su iniciativa. El señor De Grandes Pascual pide la palabra.)
Someteremos a votación el texto de la enmienda transaccional y posteriormente el texto de la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Señor De Grandes.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Señora presidenta, aún aceptando de antemano que está en la voluntad de los grupos proponentes el aceptar nuestra propuesta o no, quisiéramos, si es posible, si así se acepta, pedir votaciones separadas. En un
caso se trataría de una votación separada en relación con la enmienda que presenta el Grupo Socialista y otros cuatro grupos, para poder votar el número 1 de los tres puntos de que consta. En el segundo caso, se referiría a la propuesta de
Convergència i Unió, con la pretensión de que se votaran de forma separada los puntos 1 y 2, que votaríamos en contra, para poder votar a favor los números 3 y 4.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor De Grandes.
Efectivamente, como usted bien ha anunciado en su intervención, las iniciativas son propiedad de los grupos y por tanto son ellos los que determinan si se admite o no la votación separada. Con respecto a la iniciativa del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), si no se ha visto afectada por ninguna enmienda, se podría votar separadamente, insisto, siempre y cuando el grupo así lo acepte.
Con respecto al texto de la enmienda transaccional, el artículo 195 del Reglamento de la Cámara, que prevé la forma de debate de las proposiciones no de ley, dice que la proposición con las enmiendas aceptadas por el proponente de aquellas
será sometida a votación. Siempre se ha entendido que si había enmiendas incorporadas no se podía votar separadamente. Bien es cierto que de lo que no se habla es de enmiendas de sustitución, como es el caso.
Independientemente de eso, lo que sí es cierto es que son los grupos firmantes del texto transaccional los que deben aceptar o rechazar la petición de votación separada que hace el Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra el señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Señora presidenta, votación en bloque, como es habitual. (Fuertes rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio. Señorías, guarden silencio.
Señor Ayala, señora Castro, guarden silencio.
Tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señora presidenta, nosotros aceptaríamos votación separada, pero de la siguiente forma: los párrafos 1 y 2 por un lado, el párrafo 3 por otro lado y el párrafo 4 por otro. Que no se acumulen en una sola votación
los párrafos 3 y 4.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guardans. Pues así será, puesto que ustedes son los propietarios de la iniciativa.
Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señora presidenta, con independencia de las cuestiones de tipo reglamentario, la moción que presentamos tiene sentido en su conjunto, por lo que pedimos la votación conjunta de los tres puntos. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Sometemos a votación el texto de la enmienda de sustitución a las proposiciones de ley con números de expediente 162/000647, 162/000639, 162/000645 y 162/000651 y a las mociones consecuencia de las interpelaciones urgentes con números de
expediente 173/000178, 173/000179 y 173/000180. (El Guardans i Cambó pide la palabra.)
Perdón, señor Guardans, tiene razón. Es que en el encabezamiento del escrito que han pasado a la presidencia figuraba incluida su iniciativa, pero la número 173/000178, que es del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), no se
sustituye.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 151; en contra, 175.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos a continuación, de acuerdo con las peticiones efectuadas y la voluntad manifestada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), los puntos 1 y 2 del texto de su moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 27; en contra, 183; abstenciones 115.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazados.
Votamos ahora el punto 3 de la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 323; en contra, uno; abstenciones dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Votamos el punto 4 de la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 321; en contra, uno; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana, a las cuatro de la tarde.
Eran las diez y cuarenta y cinco minutos de la noche.