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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 212, de 10/12/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2002 VII Legislatura Núm. 212
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 205
celebrada el martes, 10 de diciembre de 2002
Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas: ...
- De las Cortes de Aragón, de modificación del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 239-1, de 10 de mayo de 2002. (Número de expediente 125/000020.) ...
Modificación del orden del día ... (Página 10720)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley: ...
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sres. Aymerich, Rodríguez y Vázquez), relativa a modificación del artículo 106 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie
B, número 259-1, de 19 de julio de 2002. (Número de expediente 122/000229.) ... (Página 10720)
Proposiciones no de Ley: ...
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas cautelares para evitar daños ocasionados por siniestros en el mar. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 452, de 5 de diciembre de 2002.
(Número de expediente
162/000616.) ... (Página 10725)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se establece un Plan de Ayuda a Galicia que palíe los efectos producidos por el desastre del petrolero 'Prestige' y a la vez arbitre actuaciones de promoción y desarrollo. 'BOCG. Congreso de
los Diputados', serie D, número 452, de 5 de diciembre de 2002. (Número de expediente 162/000615.) ... (Página 10733)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sres. Aymerich, Rodríguez y Vázquez), relativa a la reparación de los daños provocados en Galicia por el vertido de hidrocarburos procedentes del petrolero 'Prestige' y a la adopción de medidas que impidan
la repetición de estas catástrofes.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 452, de 5 de diciembre de 2002. (Número de expediente 162/000612.) ... (Página 10733)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas dirigidas a mejorar la seguridad de la navegación marítima y prevenir nuevas catástrofes ecológicas como la originada por el petrolero 'Prestige'. (Número de expediente
162/000620.) ... (Página 10733)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes: ...
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas que piensa adoptar para combatir el alto nivel de inflación que sufre la economía española al doblar su cuantía actual las previsiones oficiales para el año 2002.
(Número de expediente
173/000169.) ... (Página 10743)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la tasa de desempleo, la mala calidad del empleo creado y los efectos de la inflación. (Número de expediente 173/000170.) ... (Página 10747)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas que tiene previsto el Gobierno impulsar para la potenciación del sector industrial de dos ruedas, favorecer la seguridad y facilitar el acceso de los jóvenes al seguro
obligatorio. (Número de expediente 173/000171.) ... (Página 10751)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
La señora presidenta, antes de comenzar el debate del orden del día de la sesión de hoy, expresa el sentimiento de la Cámara, al igual que lo han hecho por unanimidad la Mesa y la Junta de Portavoces, por el fallecimiento, tras una larga
enfermedad, de la diputada por Barcelona, doña Francesca Martín Vigil.
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas ... (Página 10710)
De las Cortes de Aragón, de modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social ... (Página 10710)
Presentan la iniciativa los señores Lacasa Vidal, Bernal Bernal y Alastuey Lizáldez, todos ellos diputados de las Cortes de Aragón.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Labordeta Subías y Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida; y los señores Grau Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Arola Blanquet, del Grupo Parlamentario Socialista, y Burgos Gallego, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de las Cortes de Aragón, de modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se rechaza por 135 votos a favor, 158 en contra y una abstención.
Modificación del orden del día ... (Página 10720)
La presidencia, conforme al artículo 68.1 del Reglamento y de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de incluir como punto 5 bis nuevo una
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas dirigidas a mejorar la seguridad de la navegación marítima y prevenir nuevas catástrofes ecológicas, como la originada por el petrolero 'Prestige', para ser
debatida de forma acumulada con las proposiciones no de ley de los grupos parlamentarios Socialista y Mixto, lo que se acuerda por asentimiento.
Asimismo, la presidencia, de conformidad con el acuerdo adoptado por la Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces, somete al Pleno de la Cámara la prórroga del plazo otorgado a la subcomisión sobre el estudio de la situación actual de
la discapacidad y perspectivas de futuro, constituida en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo, para rendir informe hasta el final del próximo período de sesiones, lo que se acuerda por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 10720)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez), relativa a la modificación del artículo 106 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante ... (Página
10720)
Presenta la iniciativa el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, que explica la intención y el objetivo de esta modificación haciendo alusión a algunos artículos de la actual Ley de Puertos del Estado, que demuestran que se
trata de una competencia compartida con otras administraciones, por lo que, considera, es necesario elaborar un diseño que aclare la distintas responsabilidades, cómo hay que cooperar entre ellas, cómo hay que coordinarse y cómo hay que establecer
específicamente una colaboración entre las distintas policías y los cuerpos de seguridad en los tres recintos portuarios.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; y los señores Sedó i Marsal, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); De la Encina Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista, y Mantilla Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez), relativa a modificación del artículo 106 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante, se rechaza por 121 votos a favor, 167 en contra y 15 abstenciones.
Proposiciones no de ley ... (Página 10725)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas cautelares para evitar daños ocasionados por siniestros en el mar ... (Página 10725)
La señora Sainz García, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, muestra en primer lugar el apoyo y la solidaridad de su grupo con la gente del mar y pasa a defender la proposición no de ley en la que se recogen una serie de
medidas que considera esenciales para poder hacer frente no sólo a la situación actual, sino también para poder poner los medios adecuados, de modo que en el futuro sea mucho más difícil que se vuelvan a producir catástrofes similares a la que se
está viviendo.
Explica las medidas tanto interiores (ayudas a los damnificados) como exteriores, que son las que permitirán en gran parte que no se vuelva a dar una situación de este tipo, y se refiere asimismo a las iniciativas de los grupos
parlamentarios Socialista e Izquierda Unida.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Segura Clavell, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Otxoa de Eribe Elorza, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y
Martí i Galbis, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los meros efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas interviene la señora Sainz García.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas cautelares para evitar daños ocasionados por siniestros en el mar, se aprueba por 285 votos a favor y 15 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se establece un plan de ayuda a Galicia que palie los efectos producidos por el desastre del petrolero 'Prestige' y a la vez arbitre actuaciones de promoción y desarrollo ...
Del Grupo Parlamentario Mixto (señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez) relativa a la reparación de los daños provocados en Galicia por el vertido de hidrocarburos procedentes del petrolero 'Prestige' y a la adopción de medidas que impidan la
repetición de estas catástrofes ...
(Página 10733)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas dirigidas a mejorar la seguridad de la navegación marítima y prevenir nuevas catástrofes ecológicas como la originada por el petrolero 'Prestige' ...
Presenta la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista el señor Blanco López. Se refiere a la solidaridad de la sociedad española para con el pueblo gallego que, considera, debe ser un revulsivo para que el Parlamento no permanezca
impasible ante su esfuerzo y compromiso, y manifiesta la voluntad de su grupo de arrimar el hombre por encima de cualquier otro interés. A continuación explica que su proposición persigue mitigar las consecuencias del desastre y que completa,
amplía y enriquece las iniciativas aprobadas en esta Cámara, incluso la que se acaba de aprobar del Grupo Popular con los votos afirmativos también del Grupo Socialista. La iniciativa, que quieren compartir con todos los grupos, pretende abordar de
forma integral todos los problemas que se van a derivar a medio y a largo plazo de la marea negra que afecta a la costa gallega y a la cornisa cantábrica. Se trata, dice, de un plan por Galicia vertebrado sobre seis ejes, unos complementarios con
los que ya se han puesto en marcha y otros impulsores de medidas pendientes desde hace mucho tiempo.
Defiende la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, el señor Aymerich Cano. En primer lugar quiere dejar constancia en el 'Diario de Sesiones' de su reconocimiento por la epopeya protagonizada por los marineros de Galicia, en
solitario, sin ayuda de las administraciones, y de su agradecimiento a los miles de voluntarios de Portugal, de España y de todo el mundo que se sumaron a la ciudadanía gallega para limpiar el litoral al grito de ¡Nunca más!. Se queja de que a
pesar de las siete graves catástrofes sufridas en las costas gallegas en los últimos 30 años ningún gobierno haya actuado ante ningún organismo internacional para proteger el litoral gallego, y explica la proposición no de ley clara y precisa, dice,
que consta de pocas medidas, pero realistas, y en la que se considera llegado el momento de exigir responsabilidades.
En defensa de la iniciativa del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida interviene la señora Urán González. Comienza retirando las enmiendas que su grupo había presentado a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista
y anuncia su voto favorable a la misma, al igual que a la presentada por el Bloque Nacionalista Galego, del Grupo Parlamentario Mixto. A continuación explica los diferentes puntos de que consta su proposición no de ley, en los que se pide, entre
otras cosas, que se abra una investigación sobre las actuaciones llevadas a cabo para el alejamiento del buque de las costas gallegas; que se dote de recursos materiales a los organismos competentes en salvamento marítimo; que se presente en el
Congreso de los Diputados un programa de medidas dirigidas a reforzar la seguridad de la navegación marítima global y de los buques que enarbolan pabellón español; que se promueva el reforzamiento legal y administrativo de las inspecciones y del
control de la certificación y condiciones de seguridad de los buques que transitan por aguas españolas y hacen escala en puertos españoles, y que se adopten medidas para situar a los astilleros españoles en condiciones de fabricar petroleros de
doble casco.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Martí i Galbis, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Sainz García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los meros efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas intervienen los señores Blanco López y Aymerich Cano y la señora Urán González.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se establece un plan de ayuda a Galicia que palie los efectos producidos por el desastre del petrolero 'Prestige' y a la
vez arbitre actuaciones de promoción y desarrollo, en los términos derivados del debate, se rechaza por 119 votos a favor, 168 en contra y 13 abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez), relativa a los daños provocados en Galicia por el vertido de hidrocarburos procedentes del petrolero 'Prestige' y a la
adopción de medidas que impidan la repetición de estas catástrofes, en los términos derivados del debate, se rechaza por 120 votos a favor, 166 en contra y 15 abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas dirigidas a mejorar la seguridad de la navegación marítima y prevenir nuevas catástrofes ecológicas como las originadas por el
petrolero 'Prestige', se rechaza por 133 votos a favor, 166 en contra y dos abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 10743)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas que piensa adoptar para combatir el alto nivel de inflación que sufre la economía española al doblar su cuantía actual las previsioness oficiales para el año 2002 ...
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Bel i Queralt, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Muestra su preocupación por los últimos datos sobre la inflación y por la actitud adoptada por el Gobierno de
responsabilizar al pequeño comercio, a través de los horarios comerciales, y a los trabajadores, a través de las cláusulas de revisión, y aconseja al Gobierno que si quiere contener la inflación no rebaje los impuestos sobre los beneficios porque
los excedentes empresariales son los que están tomando cada vez más espacio en la distribución funcional de la renta. A continuación destaca algunas de las medidas que presentan en su propuesta encaminada a conseguir una tasa de inflación más
moderada que la que existe y particularmente a reducir el diferencial de inflación con la media de la Unión Europea.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Frutos Gras, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los meros efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Bel i Queralt.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la tasa de desempleo, la mala calidad del empleo creado y los efectos de la inflación ... (Página 10747)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Ruiz López (don Antero). Se refiere a los datos sobre el paro registrado en el mes de noviembre, asegurando que se trata de la subida más importante desde el año 1993 y que
el empleo precario sigue creciendo así como la temporalidadon Considera que los pésimos datos del paro registrados en noviembre son un nuevo varapalo al Gobierno, que continúa practicando una política económica de espaldas a la realidad económica
del país. Ante la pasividad del Gobierno frente al hundimiento en la creación de empleo y el deterioro del mercado laboral, demandan una reorientación de las políticas activas de empleo, de su calidad y de las medidas económicas que solucionen los
auténticos problemas de nuestra economía, pasando a explicar sus propuestas contenidas en la moción en la que reclaman al Ejecutivo una política presupuestaria anticíclica para impulsar la actividad económica a través del aumento del gasto público.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Velasco Sierra, del Grupo Parlamentario Socialista, y Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto el Gobierno impulsar para la potenciación del sector industrial de dos ruedas, favorecer la seguridad y facilitar el acceso de los jóvenes al seguro
obligatorio ... (Página 10751)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Silva Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Se refiere al debate que tuvo lugar con motivo de la interpelación urgente y reitera la gran
trascendencia que a su juicio tiene la materia de que trata su iniciativa: en primer lugar una gran transcendencia industrial, por los puestos de trabajo directos e indirectos que crea y, en segundo lugar, una gran transcendencia social por la
economía de adquisición y mantenimiento del ciclomotor y la motocicleta. Califica la situación del sector de dramática por el hecho de recuperar el tipo ordinario de IVA y por el incremento exorbitante que se ha producido en el precio de las primas
del seguro obligatorio desde 1999 hasta ahora. A continuación pasa a explicar las propuestas de Convergència i Unió para mejorar la situación y la transacción a la que han llegado con el Grupo Popular.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Heredia Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista; Frutos Gras, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y la señora Torme Pardo, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas que piensa adoptar para combatir el alto nivel de inflación que sufre la economía española al doblar su cuantía actual las
previsiones oficiales para el año 2002, en los términos derivados del debate, se rechaza por 99 votos a favor, 173 en contra y una abstención.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la tasa de desempleo, la mala calidad del empleo creado y los efectos de la inflación, se rechaza por 98 votos a
favor y 174 en contra.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas que tiene previsto el Gobierno impulsar para la potenciación del sector industrial de dos ruedas,
favorecer la seguridad y facilitar el acceso de los jóvenes al seguro obligatorio, en los términos de la enmienda transaccional que ha sido acordada entre el grupo proponente y el Grupo Parlamentario Popular, se aprueba por 269 votos a favor, tres
en contra y una abstención.
Se suspende la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Antes de comenzar con el primer punto del orden del día, quiero expresar el sentimiento de la Cámara, como ya lo han hecho por unanimidad la Mesa y la Junta de Portavoces, por el fallecimiento, tras una larga enfermedad, de la diputada por
Barcelona, doña Francesca Martín Vigil. Su trayectoria como senadora durante la legislatura pasada, y como diputada durante la presente, nos ha permitido a los que la tratamos valorar sus cualidades humanas y parlamentarias. Socialista y
feminista, siempre estuvo convencida de que sólo cuando exista la igualdad entre hombres y mujeres gozaremos de una ciudadanía plena. Por ello, recordamos hoy lo que ella misma dijo en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer: el silencio no
es inocente, vale la pena romperlo. No puede haber igualdad cuando la mitad del género humano carece de historia. Este convencimiento, que compartimos, fue uno de los motores de la actividad política de la señora Martín Vigil, junto a su pasión
por la mejora de la educación como instrumento fundamental para conseguir la verdadera igualdad de oportunidades.
Por todo ello, desde esta presidencia, se propone al Pleno la expresión de condolencia a los familiares y compañeros de doña Francesca Martín Vigil, en particular a los miembros del Grupo Parlamentario Socialista, con quienes comparte hoy su
dolor toda la Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos de los señores diputados puestos en pie.)
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
- DE LAS CORTES DE ARAGÓN, DE MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 125/000020.)
La señora PRESIDENTA: Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas. Toma en consideración de la proposición de ley de las Cortes de Aragón, de modificación del texto refundido de la Ley
General de Seguridad Social.
En primer lugar, para la presentación de la iniciativa, en nombre de las Cortes de Aragón, interviene don Jesús Lacasa Vidal.
El señor REPRESENTANTE DE LAS CORTES DE ARAGÓN (Lacasa Vidal): Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, esta mañana he tenido el honor de escuchar en esta Cámara un acto importante en homenaje a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en esa lectura tan enternecedora sobre dicha declaración,
que han realizado en este Parlamento algunos niños y niñas, había un artículo que rezaba: Todos tendrán derecho a la Seguridad Social. Ese precepto de esa declaración universal es algo nada alejado del objeto de debate que hoy les
planteamos desde las Cortes de Aragón y, en particular, desde este diputado de Izquierda Unida de Aragón.
Señorías, todos los partidos políticos, todas las fuerzas políticas hablan continuamente de la importancia que tiene para un país, para su futuro, proteger y favorecer la investigación y el desarrollo; favorecer y proteger los estudios
universitarios, la calidad en la docencia y, por supuesto, la excelencia en la investigación. Sin embargo, cabe preguntarse qué estamos haciendo realmente para dar soporte a esas actividades de investigación que todos consideramos absolutamente
prioritarias para el desarrollo de nuestro país. Pues bien, esa reflexión la hemos iniciado desde un Parlamento autonómico, desde las Cortes de Aragón, y hoy queremos, en este Congreso de los Diputados, compartir con todos ustedes esa reflexión y
adoptar algunas medidas que nos parecen imprescindibles.
Señorías, la pregunta es: ¿cómo podemos desarrollar un tejido investigador fuerte y potente si tenemos a unos investigadores en unas condiciones de precariedad tan importantes como las que padecen hoy nuestros jóvenes investigadores? Hoy,
nuestros jóvenes investigadores, y a veces no tan jóvenes, llegan a prolongar esa situación de beca en muchos casos más allá de los cuatro años para elaborar la tesis doctoral y poder alcanzar situaciones satisfactorias y no es extraño que algunos
de ellos prolonguen esa situación de precariedad durante 10 y más años. Creemos, insistimos, que es imprescindible dotarles de una base material, de sustento, mucho más acorde con los tiempos modernos. En esa línea ha venido nuestra reflexión. En
primer lugar, planteando desde un Parlamento autonómico, desde las Cortes de Aragón, lo que podíamos hacer ya desde un poder autonómico: sintonizar con la reivindicación tan querida por el colectivo de jóvenes investigadores precarios que han
venido insistiendo en su deseo de tener unas relaciones laborales normalizadas. Ellos sostienen -y creo que con razón- que forman parte de una comunidad investigadora que desde el primer día está produciendo, y no hay más que ver los baremos de
producción científica. En ellos comprobaremos que los jóvenes investigadores sostienen bien alto el pabellón, puesto que en ellos está depositada una buena parte de la producción científica de este país. Por supuesto que están formándose, pero
también están trabajando, también están produciendo investigación científica de calidad y la están publicando, y así lo podemos comprobar todos los días. Si ellos están trabajando desde el primer momento, es justo que ellos reclamen una relación
laboral y una dignidad como el resto de los trabajadores de este país. Por lo tanto, la primera demanda es ir abandonando este sistema insatisfactorio de las becas para pasar a una relación laboral normalizada que les permitirá tener todos los
derechos laborales inherentes a cualquier trabajador. Por ejemplo, poder sindicarse, poder reclamar reivindicaciones laborales que hoy, con el estatus de la beca, es absolutamente imposible desarrollar. Por eso, desde las Cortes de Aragón nos
pusimos a trabajar y desde Izquierda Unida planteamos al Gobierno de Aragón, a través de una proposición no de ley en ese Parlamento, que se modificara el estatus de las becas y se convirtiera en contratos laborales que insertasen plenamente a estos
jóvenes investigadores. Por primera vez, y con satisfacción, tenemos que decir que fruto de esta iniciativa este mismo año ya se ha desarrollado la primera convocatoria en la que las becas se van convirtiendo en contratos, no al cien por cien, como
querrían los jóvenes investigadores, que están paliando en buena medida esa situación de precariedad.
Hoy venimos a este Congreso de los Diputados a plantear la toma en consideración de una proposición de ley que nuestro Parlamento debatió hace exactamente un año, un año en el que hicimos un debate importante en torno a la necesidad de dotar
de plena cobertura a estos jóvenes investigadores. Consideramos que es totalmente justo que ellos tengan cotizaciones para un posible futuro desempleo, para sus futuras prestaciones pasivas, para sus futuras pensiones de jubilación. Asimismo,
estimamos que deben tener una asistencia sanitaria no fruto de los convenios o de la caridad, sino de una plena protección dentro del marco de la Seguridad Social. Esto es lo que hoy venimos a plantear: una sencilla modificación concreta de un
precepto del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, para que todos los investigadores puedan ser incluidos en esa protección de la Seguridad Social y con una disposición transitoria que permita que lo sean desde el momento en que esa
ley entre en vigor. Con ello, señorías, estaremos dando cumplida respuesta a la persistente demanda social que se está llevando a cabo.
Quiero felicitar al colectivo de jóvenes investigadores precarios por su tarea constante de sensibilización,
que esperamos haber recogido con esta iniciativa y que hoy deseamos que con su voto sancionen en su toma en consideración.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Lacasa.
En nombre de las Cortes de Aragón, señor Bernal.
El señor REPRESENTANTE DE LAS CORTES DE ARAGÓN (Bernal Bernal): Gracias, señora presidenta.
Señorías, comparecemos en representación de las Cortes de Aragón haciendo uso de un derecho que consideramos también un deber, el deber de participar en asuntos de carácter general con todo lo que eso supone,
fundamentalmente a quienes estamos convencidos de que las comunidades autónomas son Estado a todos los efectos. Desde ese punto de vista, jugamos con un papel decisivo previsto en los trámites reglamentarios.
Tengo entendido, señorías, que ésta es la primera iniciativa legislativa de las Cortes de Aragón ante esta Cámara, al margen de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía que tuvo lugar en la anterior legislatura. Por eso nos
gustaría que esto fuera algo más que un mero trámite parlamentario con el que cumplen las Cortes de Aragón y con el que cumplen SS.SS. desde el Congreso, sobre todo porque no somos ingenuos, somos conscientes de la historia y del destino de las
distintas proposiciones de ley procedentes de parlamentos autonómicos a lo largo de esta legislatura en esta Cámara. Por eso, y para no reiterar algunos argumentos utilizados por quien me ha precedido en el uso de la palabra, trataré de sintetizar
nuestra visión de este asunto en el contexto de la política investigadora en España.
Decía Santiago Ramón y Cajal que investigar en España era llorar, y eso lo decía hace más de un siglo. Nosotros creemos que investigar en España sigue siendo llorar, no hay más que ver cuáles son las dotaciones para investigación de las
distintas administraciones públicas. Y en ese contexto de debilidad de la política investigadora, la cuerda se rompe por el sitio más débil. Dentro de la debilidad global de la investigación el lugar más débil es el de los denominados becarios de
investigación.
Señorías, la investigación en España está todavía tristemente concebida como una especie de vocación de gente rara, que tiene en muchas ocasiones que sufragarse sus necesidades materiales, que tiene que poner de su bolsillo
determinadas financiaciones, y en esas condiciones es muy difícil apostar por ser investigador. La investigación en España sigue en una situación de precariedad, de mano de obra barata, especialmente en el caso de los becarios de investigación, que
tienen, es cierto, una función formativa, pero que cumplen también con una función productiva. Realmente estamos convencidos de que es necesario hacer atractiva la función investigadora. Creemos que es necesario dignificar la función investigadora
y, en consecuencia, la figura del investigador, que sigue siendo mano de obra barata. En estos momentos los becarios de investigación están en una situación de ausencia de derechos fundamentales de cualquier trabajador, de ausencia de derechos
sociales y laborales, de derechos de sindicación, de derecho de un contrato laboral, sin cotización, sin asistencia sanitaria pública. Todo ello, señorías, habla no sólo de la situación de los becarios de investigación sino de una concepción de la
política investigadora. Esto redunda, evidentemente, en un bajo nivel de investigación, y eso significa una política investigadora determinada, habla de la concepción que se tiene del papel de la investigación. Más allá de que se llene la boca con
grandes discursos sobre la necesidad de converger con Europa en el ámbito de la investigación y del desarrollo y de la innovación o de la transferencia de conocimientos, la realidad es que hoy se siguen produciendo fugas de cerebros, y no ya de
cerebros consolidados, sino también de cerebros futuros que abandonan su carrera investigadora en su más tierna juventud.
Señorías, estamos convencidos de que es necesario valorar el conocimiento como un valor en sí mismo; que es necesario
fomentar la importancia de la investigación y, en ese sentido, creemos que es necesario contribuir a erradicar la precariedad de los jóvenes investigadores. Es difícil explicar que se quiere hacer una política de apuesta por la investigación y, al
mismo tiempo, dejar a los pies de los caballos a los jóvenes investigadores, que son quienes van a garantizar esa función, esa producción, en el futuro.
En consecuencia, señorías, en nombre de las Cortes de Aragón, solicitamos el voto favorable para esta proposición de ley, que trata de que quienes están ejerciendo desde su juventud la función investigadora cuenten con unos mínimos que están
reconocidos por los derechos fundamentales, que les permitan entender que detrás de este reconocimiento del régimen de la Seguridad Social hay una apuesta decidida, de verdad, por una investigación moderna, por una investigación de futuro, que nos
permita realmente converger con las políticas investigadoras de Europa.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bernal.
Por último y asimismo en nombre de las Cortes de Aragón, señor Alastuey.
El señor REPRESENTANTE DE LAS CORTES DE ARAGÓN (Alastuey Lizáldez): Gracias, señora presidenta.
Es una satisfacción estar en esta tribuna defendiendo una proposición de ley de las Cortes de Aragón, por una parte, y, por otra, una demanda de un importante colectivo de lo que nosotros consideramos trabajadores.
Denominaciones aparte,
llamémosles jóvenes investigadores, llamémosles becarios, desde nuestro punto de vista estamos hablando de personas que realizan un trabajo productivo. Estamos aquí porque en las Cortes de Aragón, como supongo que en otros parlamentos y en este
mismo Parlamento, un movimiento de estas personas ha venido a plantearnos la problemática de lo que consideramos es un submercado de trabajo, extensivamente precarizado y con escasos derechos laborales, situación que contrasta, evidentemente, con
todos los informes que nos sitúan no a la cola, pero sí casi, de lo que es la investigación, el desarrollo y la innovación entre nuestros pares de la Unión Europea. Por tanto, ante la demanda de ese colectivo, en las Cortes de Aragón se han
sucedido debates que han permitido tratar la problemática de estos trabajadores y que también han
permitido, como se ha dicho por el primer interviniente, alcanzar algunas soluciones. Pero durante esos debates se han planteado problemáticas que son de alcance nacional, como las de los derechos sociales de estos trabajadores.
En las Cortes de Aragón podemos decidir instar al Gobierno de Aragón a que convierta becas en contratos laborales de tiempo definido, pero no podemos modificar el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social. Y eso es lo que nos
trae esta tarde aquí: pedir al Congreso de los Diputados que acepte una mínima reforma de ese texto refundido para dotar de derechos sociales al personal investigador. Sabemos que han sido muchas las discusiones que hablan sobre una solución
general, sobre su inclusión en el Estatuto de los Trabajadores, sobre la conversión de becas en contratos de trabajo, pero esta tarde estamos aquí, simplemente, para pedir que se introduzca un apartado nuevo en el artículo 97.2 del texto refundido
de la Ley General de Seguridad Social que equipare a los becarios, a los trabajadores de la investigación española, con, por ejemplo, el personal al servicio de instituciones eclesiásticas o al personal que trabaja para entidades benéfico-sociales.
Estamos pidiendo que lo que es la base del futuro de la competitividad de este país, con toda la importancia económica que eso tiene, sea regulado para un personal que, en cierto modo, esta renunciando a su temprana incorporación al mercado de
trabajo con el fin, primero, de producir investigación y, segundo, de formarse para seguir produciendo investigación, para seguir produciendo ciencia, en el futuro. No estamos, por tanto, pidiendo nada que se salga de lo que un legislador normal,
un legislador que planifica y vela por el futuro económico del país debiera tener en cuenta.
Esta proposición de ley fue aprobada en las Cortes de Aragón, no de manera unánime sino con el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular, mayoritario en la oposición en las Cortes de Aragón. Los argumentos exhibidos allí por este grupo
parlamentario decían que era una proposición de ley en contra de la actividad, en contra de la actitud del Gobierno central. Nada más lejos de nuestra intención a la hora de aprobar esta proposición de ley. No se trata de ir en contra de la
actividad de un Gobierno, se trata de ir a favor de la actividad y del futuro de todo un país. Yo supongo que esta tarde el Grupo Parlamentario Popular no va a tener esa misma visión o no va a hacer esos juicios de intenciones sobre nuestra actitud
al presentar aquí esta proposición de ley y espero, por tanto, que el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados dé su voto favorable para que salga adelante una proposición de ley que pretende acabar con ese submercado de trabajo
del que hablábamos y lanzar a este grupo de trabajadores, muy cualificados, a un mercado de trabajo digno y normalizado, junto con el resto de los trabajadores de este país.
Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alastuey.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, por parte del Grupo Parlamentario Mixto, señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Señora presidenta, señorías, el objeto de la intervención es mostrar el apoyo de Chunta Aragonesista a la toma en consideración de esta proposición de ley de las Cortes de Aragón, y en primer lugar saludar y dar
la bienvenida a los diputados que han presentado la iniciativa y a los colectivos que esperan expectantes la resolución de este debate en el Congreso.
Hemos tenido oportunidad de exponer en este mismo Pleno la situación de la investigación en general en España. Seguimos a la cola de los países europeos en recursos públicos destinados a la investigación. Respecto al producto interior
bruto concretamente sólo estamos por delante de Grecia y Portugal, fruto del desfase histórico que se arrastra. Hemos denunciado el escaso montante que se destina. Sólo un 1 por ciento del PIB español se está destinando a la investigación y
desarrollo mientras que los países europeos gastan como media cerca del 2 por ciento del producto interior bruto. Pero es que además una parte importante va a programas militares. Sin ir más lejos, el 34 por ciento del gasto consignado en
investigación y desarrollo en los Presupuestos Generales del Estado para 2003 va a este tipo de programas, hecho que ha supuesto una severa crítica al Gobierno español de entidades tan prestigiosas como seminarios de investigación en España y de la
propia Unesco.
Si este es el panorama general, ¿qué no ocurrirá en el caso concreto que nos ocupa? Esta iniciativa demuestra la dura realidad de miles de investigadores que tienen que soportar la precariedad laboral en unas condiciones injustas e
indignas, como muy bien han explicado los diputados aragoneses que me han precedido en el uso de la palabra. Sin un derecho de sindicación, sin un contrato, sin cotización, sin derechos sociales, sin derechos laborales, ¿esta es la España de las
oportunidades que nos venden? Por eso hacemos un llamamiento a que se vote a favor de esta propuesta, porque entendemos que si el Partido Popular tiene alguna cuestión que no compartiera de la propuesta, tiene todo el trámite parlamentario para
intentar corregirla y llegar a un consenso. Ahora no puede rechazarla sin más porque, por mucha mayoría absoluta de que se disponga, nos han malacostumbrado a verles votar en contra de todo tipo de propuestas, por muy razonables y sensatas que
fuesen. Ahora estamos hablando de una cuestión de justicia, unas condiciones diarias mínimas de dignidad laboral de estos investigadores y de los que les sucederán. Por este motivo pedimos a la Cámara el voto favorable de esta iniciativa.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Intervengo desde el Bloque Nacionalista Galego para anunciar también el voto favorable a esta iniciativa presentada por el Parlamento aragonés, felicitar a sus autores y saludar a los diputados que vienen a presentarla esta tarde.
Esta iniciativa es muy necesaria y muy oportuna porque el Gobierno con ardides varios se viene resistiendo a hacer realidad lo que un informe elaborado por expertos, nombrados por el propio Gobierno, recomendaba hace ya casi un año y medio:
cobertura social, relación laboral y, en definitiva, dotar de estabilidad y de ciertas perspectivas de futuro a los muchos jóvenes y no tan jóvenes que en España se dedican a la investigación. Ya han dicho los defensores de la iniciativa que son
ellos los que están sosteniendo en este momento el sistema no sólo de I+D, sino también el sistema universitario español. Ellos son, incluso, los que están manteniendo servicios públicos como los servicios sanitarios, y ellos son los que al final
se ven recompensados sin una estabilidad, sin perspectivas de futuro y sin una ubicación estable en el sistema de investigación y desarrollo en el sistema educativo y en la universidad.
Desde el Bloque Nacionalista Galego hemos presentado ya varias iniciativas en ese sentido y todas ellas me parece que van a correr la misma suerte que la proposición de ley que hoy nos presenta el Parlamento de Aragón.
Se encontrarán una
vez más con el voto negativo del Partido Popular y se encontrarán una vez más con excusas, y nunca mejor dicho, de mal pagador, de quien no se preocupa de la investigación y parece más preocupado por otro tipo de temas bastante menos confesables.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Señora presidenta, señorías, arratsaldeon, bona tarde, buenas tardes. En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) deseo darles nuestra bienvenida a este Congreso de los Diputados a los representantes de las
Cortes de Aragón. Sean bienvenidos.
Hoy las Cortes de Aragón nos presentan para su toma en consideración una cuestión que afecta a los investigadores con becas de predoctorado y también de posdoctorado. En resumidas cuentas están solicitando y exigiendo a lo largo de todo el
Estado español que su trabajo cuente con los derechos laborales y sociales correspondientes a los del conjunto de los trabajadores y que, por lo tanto, se rijan por contratos laborales de tiempo definido enmarcados en la actual normativa laboral.
La investigación universitaria con dependencia jerárquica y acceso por concurso de méritos responde, en la mayoría de los casos, a una actuación laboral con retribución económica y que lo mismo que está sujeto a las debidas obligaciones fiscales ha
de ser objeto de los mismos derechos sociales y de las prestaciones correspondientes de una manera regularizada dentro de la Seguridad Social. Ampararse en la eterna consideración de la investigación como proceso formativo solamente conlleva una
falta de profesionalización en los esfuerzos de investigación, conlleva situaciones de encadenamiento de la condición de becario y, en resumen, conlleva a una universidad cada vez más alejada del atractivo necesario para involucrar a los jóvenes
investigadores para formarse, sí, pero en realidad no para trabajar.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) va a votar a favor de la iniciativa. Votaremos a favor de su toma en consideración y esperemos, queremos creer, que de su aprobación surja la correspondiente ley que en materia laboral
vaya colocando a la universidad en aires de la Unión Europea.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Txueka.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Doy la bienvenida, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, a los diputados que en nombre y representación de las Cortes de Aragón nos han presentado esta proposición de ley de modificación del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social. Mi grupo parlamentario va a apoyar la toma en consideración de esta iniciativa de las Cortes de Aragón, entre otras cosas, porque mi grupo parlamentario comparte y defiende la iniciativa que al final han adoptado las
Cortes de Aragón. Diversas han sido las proposiciones no de ley que mi grupo parlamentario ha defendido en esta Cámara para que desde el Gobierno de la nación se tomaran las medidas necesarias para que los investigadores predoctorales y
postdoctorales, los becarios, tuvieran un tratamiento igual al de los contratados. Muchas han sido las iniciativas, muchas han sido también las modificaciones a esas iniciativas que mi grupo ha aceptado precisamente para que pudiéramos encontrar en
esta Cámara el consenso adecuado que permitiera dar la cobertura social al trabajo que realizan estos investigadores, y la respuesta siempre ha sido la misma: no, el Gobierno ya está haciendo o el Gobierno ya está estudiando.
Pues bien, señorías, el Gobierno se comprometió con los becarios a que presentaría un estatuto del becario en el mes de mayo de 2001 y que en él se recogerían las demandas más prioritarias que exigían en aquellos momentos los becarios, es
decir, determinadas coberturas sociales, sobre todo sanitarias, y la prestación por jubilación en los años que tuvieran la beca concedida. Hasta hoy, señorías. Esas promesas no se han cumplido.
Unas se van retrasando paulatinamente hasta junio
del año 2000 o para más adelante y, al final, una vez que cambió el titular de la cartera del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el 11 de noviembre pasado, el secretario de Estado de este ministerio dijo muy claramente: Si hablamos de becarios no
podemos estar hablando de trabajadores con derechos laborales. Es decir, ha cambiado la posición del Gobierno y ha cambiado la posición del Ministerio de Ciencia y Tecnología. No tienen interés en hacer un estatuto del becario y no tienen o no
parecen tener ningún interés en que se pueda llegar a una solución ante la situación precaria en la que están los becarios de nuestra investigación. Todo el mundo, toda la comunidad científica está diciéndoles que necesitan establecer cauces y que
necesitan un personal que pueda llevar a cabo de manera estable las investigaciones y que se pueda ampliar y mejorar la calidad de la investigación en nuestro país; que es necesaria una mayor inversión, no solamente en programas sino en el personal
que los tiene que llevar a cabo, y que la base fundamental de esas investigaciones y el pilar que todo el mundo reconoce para la investigación, que son los becarios predoctorales y posdoctorales, tengan una estabilidad y una seguridad en el trabajo
que están realizando. Por mucho que nos neguemos a reconocer, por mucho que se cierre los ojos a la realidad, los becarios realizan trabajo laboral y además hay -y ustedes lo saben tan bien como nosotros- una mala utilización de las becas, ya que
al final lo que hacen es ocupar un puesto de trabajo y no se les reconoce. De la misma manera que lo sabemos nosotros, saben que tienen personal investigador todavía con 40 y más años que sigue teniendo becas y que en su vida han podido cotizar a
las Seguridad Social. Eso no mejora las condiciones de investigación de nuestro país y no nos hace punteros. Si esta Cámara hoy, con la mayoría del Grupo Popular, rechaza la iniciativa de las Cortes de Aragón, volverá una vez más a perder la
oportunidad de coger el tren que otros países de la Unión Europea tienen ya en marcha. Son algunos países de nuestro entorno que ya consideran a los becarios trabajadores, como Alemania, donde se les trata como contratados laborales, ya son
contratados laborales. Desde luego, nos llevan bastante tiempo por delante en esta materia. Y no se trata solamente de países de la Unión Europea, hoy ya hay cinco comunidades autónomas del Estado español que tienen a los becarios con contratos
laborales: Asturias, Aragón, Andalucía, Canarias y Extremadura. Creo, y desde mi grupo siempre se ha defendido así, que sería mejor que hubiera una legislación de mínimos en el Estado español que pudiera ahormar o por lo menos homogeneizar las
decisiones que después pudieran ir tomando las comunidades autónomas. Si no, al final, se termina produciendo una discriminación entre los que residen en una comunidad autónoma y los que residen en otra comunidad autónoma del mismo Estado español.
Por lo tanto, tenemos la obligación de solucionar las justas reivindicaciones de los becarios, justas porque son trabajadores, justas porque elaboran un trabajo vital para la investigación en nuestro país, y desde luego necesarias si nuestro
Gobierno, señorías, pretende seguir la estela o convertirse en un país donde la investigación produzca beneficios a toda la sociedad y al progreso de nuestro país.
Ustedes reconocen que la investigación es un pilar fundamental para la modernización y para el mejor desarrollo del Estado español, pero después, en las decisiones que ustedes adoptan y en aquellas que no permiten adoptar a esta Cámara,
vienen a contradecirse en esa apuesta. Si ustedes realmente apostaran por la investigación en nuestro país, tendrían una homogeneización mejor en los proyectos que se realizan, un mayor control público de las inversiones que se realizan y desde
luego estarían ustedes siendo los primeros en plantear que hay que generar una estabilidad en el trabajo de la investigación que se tiene que llevar a cabo en nuestro país. Tienen ustedes que dotar de plantillas estables tanto a las universidades
en materia de investigación, como a los organismos públicos de investigación, como al propio Centro Superior de Investigaciones Científicas, cosa que, a la vista de lo que ha ocurrido con los Presupuestos Generales del Estado y las enmiendas que
hemos presentado los distintos grupos parlamentarios, no parece que sea de su interés.
Señorías, esperamos que al final la sensatez impere. Los recursos económicos que tendría que emplear el Estado para que no nos vengan ustedes con el argumento del equilibrio presupuestario y del déficit cero serían nimios, están calculados
alrededor de unos 36 millones de euros.
Eso, para un presupuesto de investigación que quiere ser moderno, no supondría un gran esfuerzo presupuestario ni iba a desequilibrar el presupuesto del Estado español ni mucho menos iba a impedir el déficit
cero. Creemos que sería sensato que hoy se tomara en consideración esta iniciativa de las Cortes de Aragón. Si el Grupo Popular tiene dudas en cuanto a la totalidad de lo que aquí se plantea, podría presentar enmiendas y negociar no solamente con
los grupos parlamentarios sino con el sector o con los sectores afectados, así terminaríamos de una vez por todas con la situación de precariedad que viven los becarios. De no ser así, señorías, mi grupo parlamentario seguirá insistiendo con las
iniciativas que ya tiene presentadas a este respecto.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Grau.
El señor GRAU BULDÚ: Señora presidenta, señorías, me sumo a la bienvenida a los representantes de las Cortes de Aragón que nos acompañan en esta sesión defendiendo su proposición de ley.
Los derechos y deberes de los becarios están contemplados de forma más bien básica en las convocatorias que para otorgar becas realizan las instituciones públicas y privadas que las financian. Generalmente todos los organismos
financiadores, además de estos derechos y deberes básicos, requieren que el becario se adapte a los reglamentos y normativas vigentes en los centros de acogida. Por ello, no es lo mismo trabajar en la universidad o en el Centro Superior de
Investigaciones Científicas o en un hospital o tampoco en una institución pública o en una institución privada. Ante esta diversidad de centros en los que trabajan los becarios investigadores es necesario precisar con detalle y de forma consensuada
los derechos y deberes de los becarios.
En España actualmente es necesario distinguir la situación de los becarios predoctorales que cursan estudios de tercer ciclo, mediante la realización de cursos y seminarios del correspondiente programa doctoral y la elaboración, presentación
y lectura de la tesis. Estas becas se conceden con la finalidad de proporcionar al becario ayuda y protección para la continuación de sus estudios. De esta forma, las actuales becas predoctorales convocadas por la Generalitat de Cataluña, por
tomar un ejemplo que conozco, tienen limitadas el número de horas de docencia de los becarios a fin de permitir una mejor formación, que son 30 horas anuales en los dos primeros años de la beca y 60 horas anuales en el tercer y cuarto año.
Diferente es la situación del personal posdoctoral, el cual tiene en la mayoría de los casos una relación contractual de duración determinada con la universidad o centros de investigación. En este caso, las denominadas de forma impropia
becas posdoctorales son en realidad la financiación del coste del contrato a la universidad o centro investigador que actúa en este caso como empresario. La protección social del personal posdoctoral es la que deriva, a efectos de la prestación del
desempleo y de la cobertura de la Seguridad Social, de su contrato laboral con la universidad o centro de investigación. Por otro lado, los becarios posdoctorales se hallan amparados tanto por la oportuna cobertura de la Seguridad Social como por
el seguro escolar obligatorio, del que son beneficiarios todos los estudiantes de doctorado menores de 28 años desde el curso 1990-1991.
En el caso de las estancias en países comunitarios o en países con convenios internacionales de reciprocidad, los becarios gozan de cobertura médica pública propia del país receptor. Si comparáramos esta situación en el ámbito europeo
encontraríamos que en Portugal tienen un régimen especial de Seguridad Social; en Francia tienen la Seguridad Social, el derecho al paro y cotización para la jubilación; en el Reino Unido tienen asistencia sanitaria pública; en Austria están
incluidos en la Seguridad Social; en Italia no tienen cobertura; en Bélgica están incluidos en la Seguridad Social; en Alemania tienen la cobertura del seguro médico de los trabajadores; en Holanda tienen la Seguridad Social completa; en
Irlanda tampoco tienen cobertura; en Dinamarca tienen una cobertura media entre empresa y universidad, y en Suecia tienen contratos mixtos los dos últimos años de contrato.
Recientemente el Parlament de Cataluña aprobó una proposición no de ley sobre la elaboración de una carta de derechos y deberes de los becarios, que provenía de una transaccional del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, por la cual se
insta al Consell Executiu de la Generalitat de Cataluña a estudiar con todas las partes implicadas la posibilidad de establecer una carta de derechos y deberes de los becarios y becarias predoctorales. La proposición de ley presentada por las
Cortes de Aragón pretende la modificación del artículo 97 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social con la inclusión del siguiente redactado: Los titulados universitarios que desempeñen la función de personal investigador, ya sea en
entidades públicas o privadas. Como podemos apreciar, en ningún caso se produce esta diferenciación ni matización en la redacción propuesta. Es por ello necesario recordar que, además de los derechos a la protección social, los sectores afectados
están reclamando su regularización a los efectos fiscales. En este sentido, el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió presentó una enmienda a la ley de acompañamiento del año que viene a fin de incluir, entre las rentas exentas en la
ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas, las becas percibidas para cursar estudios de posgrado o doctorado, por entender que se debe mejorar el funcionamiento y la situación de los jóvenes investigadores y científicos que se forman
en las universidades españolas, eximiendo de tributación las becas percibidas para cursar estudios de posgrado o doctorado ya de por sí de escasa cuantía y así potenciar el número de investigadores. Estando, pues, en ciernes la aprobación del
llamado estatuto del becario, que el secretario de Estado de Política Científica y Tecnológica prometió tener preparado para el próximo mes de enero y dada la diversidad que he puesto de relieve anteriormente, es necesario implementar una carta de
derechos y obligaciones del becario que debe realizarse de conformidad con los sectores afectados y todas aquellas comunidades autónomas que tienen competencia para ello. Es por ello que la propuesta del Parlamento de Aragón sí supone un avance en
el tema y una apertura de la sensibilidad de la Diputación General de Aragón hacia este colectivo; es además un buen ejercicio de asunción de competencias
por parte de un gobierno de una comunidad autónoma y, en consecuencia, es un ejercicio positivo.
Hechas estas consideraciones y vistas las diferencias que tenemos con el planteamiento y con las propuestas que en este momento se tramitan en Cataluña y la que esperamos tramitar en este Parlamento, de todas formas nuestro voto será
favorable a esta proposición de ley, a la espera de que ello sea un acicate para que en esta Cámara tengamos, en definitiva, una aspiración que en el fondo todos los grupos sentimos y que nos tiene que llevar a consolidar una nueva realidad del
trabajo, una nueva fórmula de transición de la universidad hacia la empresa de todos estos investigadores que, como ya ha dicho alguno de los intervinientes de las Cortes de Aragón, son el futuro positivo del trabajo técnico del mañana.
Nada más. Muchas gracias, señoras y señores.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Grau.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Arola.
El señor AROLA BLANQUET: Señora presidenta, el corazón sabe más de lo que la mente se imagina, por eso Chesca vivirá siempre en nuestro corazón. El final se define cada día en el propio camino, y estamos todos orgullosos y orgullosas del
que tú hiciste y cómo lo hiciste. Chesca, donde estés, va por ti. (Aplausos.)
Ahora sí, señora presidenta. Señores diputados de las Cortes de Aragón, bienvenidos. Ustedes saben bien, sabéis bien vosotros, si se me permite, que no caigo en el tópico al expresar la satisfacción en nombre del Grupo Socialista y en el
mío propio por subir a esta tribuna para darles la bienvenida; felicitarles por su iniciativa y anunciar desde ahora mismo el voto favorable a la toma en consideración de la misma; felicitarles porque ustedes ante un problema aportan una solución;
votar favorablemente porque la posición de este Grupo Socialista es próxima, muy próxima, no diré que idéntica, a la que ustedes plantean, y lo lógico es, cuando son mucho más los acuerdos que las hipotéticas diferencias, votar a favor de aquello
que se propone si además intenta solucionar un problema, como ahora veremos.
Conocemos la situación y compartimos muchos de los argumentos de la exposición de motivos de la proposición de ley cuya toma en consideración, repito, defienden hoy ustedes en esta Cámara. Es evidente que existe un problema, el de miles de
becarios y de becarias que, por cierto, se llaman a sí mismos precarios: la incomprensible carencia de determinados derechos; la incongruencia de esta situación en un Estado de derecho precisamente; las contradicciones que esta situación supone;
la incongruencia en el recurso abusivo a la beca; las situaciones de subempleo que dicho abuso supone, etcétera, esto no es sino parte del problema, aparte del que ya se ha dicho aquí.
El Grupo Socialista viene ocupándose, como otros, de este problema desde el inicio de la presente legislatura. Como resumen inicial diré que ha presentado seis proposiciones no de ley, tres preguntas orales y distintas propuesta en el
debate sobre el estado de la Nación. Es evidente que la existencia del problema justifica por sí misma esta actividad, pero hay otras circunstancias que la explican: las promesas incumplidas del Partido Popular y del Gobierno; las soluciones iban
a estar en 2001, y no; las soluciones iban a estar en el 2002, y no; y los Presupuestos Generales del Estado no anuncian nada bueno para el año 2003. Promesas incumplidas que hablaban de establecer la carrera investigadora, y no; promesas que
hablaban del estatuto de los becarios, y no; retrasos en el pago de las becas; dejación de responsabilidades en la tramitación de las mismas, etcétera; una descoordinación importante entre el Ministerio de Educación y el de Tecnología. De paso
recordaremos, si es necesario, que nadie ha sabido explicar todavía la posición de otros ministerios implicados como el de Hacienda o el de Trabajo. A nadie le extrañará que en estos días dudemos cada vez más de promesas y de capacidad de
coordinación. No sólo esto, sino que mucho nos tememos que el actual equipo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y se ha dicho, muestra retrocesos evidentes sobre el problema. Si hablamos de derechos laborales, estamos hablando de trabajadores.
Y si hablamos de becarios, no podemos estar hablando de trabajadores. El becario no es un trabajador por cuenta ajena. El significativo trabalenguas tiene por autor al actual secretario de Estado de Política Científica y Tecnológica. Esto me
recuerda, señorías, que del método científico, prueba error, podemos hacer el resumen de que conocemos a lo largo de esta legislatura los errores pero desconocemos de verdad dónde están las pruebas.
¿Qué ha solicitado a lo largo de esta legislatura el Grupo Socialista? ¿Cuáles han sido nuestras propuestas en Pleno y en la Comisión de Tecnología por distintos portavoces, especialmente por el señor Lissavetzky? Han solicitado mejorar la
situación referida a las prestaciones sociales y de otro tipo, tomando como ejemplo países ya citados hoy aquí (Alemania, Dinamarca, Suiza, Holanda, etcétera), acabar con el estatus precario e indefinido de becarios y de becarias, la homogeneización
de las becas predoctorales y la simplificación de las convocatorias, la necesidad de acuerdo con las comunidades autónomas y la dotación de fondos a cargo del Ministerio de Ciencia y Tecnología cuando tiene alguna determinada tendencia a subir las
becas, porque no comparte el Grupo Parlamentario Socialista aquello de yo invito, pero tu pagas. La conversión de inmediato de las becas posdoctorales en contratos laborales por tiempo determinado, la consideración de los becarios predoctorales
como asimilados a trabajadores por cuenta ajena y su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social, con la única exclusión, pensamos nosotros, de la prestación por
desempleo, pero, por supuesto, queremos la inclusión de los aspectos referidos, por ejemplo, a la jubilación. Y queremos, cómo no, la aprobación del estatuto de los becarios y de la carrera investigadora.
Por coherencia con todas estas
propuestas que hemos venido realizando, votaremos afirmativamente la toma en consideración de la proposición de ley que ustedes, señores diputados, han defendido hoy. Se ha dicho que la ciencia se construye a partir de aproximaciones que
gradualmente acercan a la verdad. Lo propio de la política es abrir caminos a la discusión.
Cerrarlos es la ofuscación.
Quisiera terminar esta intervención llamando precisamente a abrir caminos a la discusión para la búsqueda de soluciones. Discutir hacia ellas, hacia las soluciones, que es lo propio de un parlamento, de una cámara política, de aquellos que
tienen ideas y voluntad política de aplicarlas.
Si esta fuera la voluntad del Partido Popular, cumplir las promesas y los compromisos establecidos, hoy debería aprobarse la toma en consideración de esta proposición de ley, porque su aprobación
sería abrir el camino.
Vendrá después la discusión, las enmiendas, las distintas posiciones, si es que las hay. Cerrarlo será demostrar nuevamente que carecen de voluntad política de solucionar los problemas de los ciudadanos y ciudadanas, en este
caso becarios y becarias, de España. En todo caso, señores diputados de las Cortes de Aragón, señora presidenta, señorías, permitan que termine como empecé, reiterando la bienvenida, la felicitación por su iniciativa y nuestro voto favorable a la
misma. Y tenga toda la Cámara la seguridad de que cualquiera que sea hoy el resultado, seguiremos trabajando y buscando soluciones.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Arola.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Popular quiere saludar y dar la bienvenida a esta Cámara a los destacados representantes de las Cortes de Aragón que hoy nos acompañan y a los que hemos tenido la
ocasión de escuchar. Tan dignos representantes nos traen una iniciativa que ya ha sido objeto de tratamiento en esta Cámara: la situación de nuestro personal investigador en formación, nuestros becarios, y en particular la acción protectora que la
Seguridad Social puede ejercer sobre personas con esa condición.
Quiero empezar por decir que en el fondo de la misma estamos todos de acuerdo. El fondo es compartido por todos. Es posible y deseable incrementar la protección social dispensada a
este colectivo. Es posible porque hoy nuestro sistema de protección social es más sólido, más solvente, más equitativo, más solidario y dispone de más recursos que nunca antes en la historia de España. La iniciativa que hoy viene a esta Cámara
reconoce precisamente eso. Hubiera sido impensable plantear esta iniciativa con gobiernos anteriores, con nuestra Seguridad Social al borde del abismo y con algunos siempre dispuestos a dar en esa situación un paso adelante. Y digo que es deseable
toda vez que este Gobierno viene desarrollando iniciativas para mejorar la situación de la protección social de los colectivos con escasa cobertura. Se ha hecho, entre otras, con las situaciones de viudedad, de orfandad, con las pensiones mínimas;
se ha dado cobertura social a los contratos que no la tenían: a la mujer, a los parados de larga duración, a los trabajadores eventuales del campo en toda España, y últimamente se están acometiendo mejoras históricas para un colectivo desatendido
por gobiernos anteriores como son los autónomos. Por tanto, esta es la línea de este Gobierno y estamos actuando en esa dirección.
Señorías, nadie ha hecho más que el Gobierno del Partido Popular por incrementar las prestaciones de nuestro sistema de protección social y por extenderlo a colectivos desamparados o poco atendidos, y por ello no nos es ajena la demanda de
los becarios. Lo que ocurre es que, como decía Chesterton, es improcedente hablar de reforma sin hacer referencia a la forma; y nuestra forma no coincide con la que ustedes han elegido. Y como la política no es un combate por apropiarse del
secreto que gobierna las cosas, sino que es la discusión entre posiciones que se creen mejores que las del adversario desde la legitimidad que cada uno tiene, les voy a explicar por qué nuestra forma es la más adecuada y la suya no y por qué no
vamos a votar favorablemente. La proposición de ley que nos ocupa supone la adición de un apartado al artículo 97 del texto refundido de la Ley de Seguridad Social, adición que implica, por un lado, la sustitución implícita de las becas pre y
posdoctorales de formación de personal investigador por contratos laborales y, por otro lado, la inclusión en el régimen general de la Seguridad Social de dicho personal investigador. En esta Cámara ya se ha debatido mucho sobre el primer aspecto.
Nuestra opinión sigue siendo que la conversión automática de las actuales becas de formación del personal investigador en contratos laborales desvirtuaría el objetivo de formación que es la esencia de las becas, al sustituirse por un régimen de
prestación de servicios o realización de trabajos remunerados para el organismo concedente dentro de su ámbito de organización como es el propio del contrato de trabajo. Señorías, la beca de investigación no retribuye trabajo alguno. Las becas de
investigación son apoyos, medidas de fomento que incentivan o estimulan la realización de estudios conducentes a la obtención del título de doctor o a la realización de actividades de investigación científica y técnica. Antes, por tanto, que
preconstituir una relación laboral, lo que hace la beca es precisamente excluirla; la beca invita al estudiante a prolongar su formación en lugar de incorporarse de inmediato al mercado de trabajo una vez terminados
sus estudios superiores. Esa conversión, señorías, ni mejora ni fomenta la formación de jóvenes investigadores; incorporaría condiciones de dependencia laboral en la relación del centro con el investigador que perjudicarían el interés y el
valor formativo de esa relación. El investigador se forma en el centro, no trabaja para el centro. La participación del investigador por tanto lo será en las actividades que tengan interés para su formación o especialización, pero nunca a título
de prestación de un servicio. Además, tengo la impresión de que las universidades y los organismos de todo tipo que conceden estas becas no están en disposición, ni por razones organizativas ni por razones económicas, de asumir en su estructura
como personal contratado en régimen laboral al elevado número de becarios que hay actualmente en España. Lo que puede producir, por el contrario, es una retracción de estas entidades u organismos a la hora de plantear nuevas becas. Por ello,
señorías, si el objetivo es la desaparición del actual sistema de becas, el perjuicio para la adecuada formación del personal investigador es evidente y mi grupo parlamentario no se va a prestar a tamaño despropósito. La pretensión de que se
laboralice la relación formativa en la investigación no tiene realmente un fundamento aceptable ni técnica ni socioeconómicamente ni responde al funcionamiento del sistema de I+D ni a los incentivos que han de dirigirlo. Pero es que además,
señorías, si lo que se pretende con esta iniciativa es laboralizar la situación de los aludidos universitarios, es de todo punto innecesario proceder a la modificación legal que se propone. En ese caso la aplicación de las correspondientes
previsiones en materia de Seguridad Social se producirían de forma automática sin necesidad de ninguna especificación; si se opta por una no hace falta la otra. Es por tanto la notable falta de correspondencia entre lo que ustedes pretenden y
preconizan y el alcance de la modificación propuesta lo que por elemental coherencia y rigor nos lleva a no apoyarla. Cosa bien distinta es que dando por sentado que el trabajo de investigación de estos titulados no es un trabajo por cuenta ajena,
sea oportuno y conveniente acometer iniciativas para mejorar aspectos como la cobertura de la Seguridad Social, y para ello no es preciso modificar la Ley general de Seguridad Social para incluir a los becarios en su régimen protector. Dicha ley
habilita al Gobierno para incorporar por medio de real decreto los colectivos que estime oportuno. Cosa curiosa, esto también ocurría con gobiernos anteriores, pero todo el mundo sabe que con el Partido Socialista no había becarios en España, o si
los había no tenían interés político alguno.
En todo caso, la incorporación la vamos a efectuar mediante el desarrollo del llamado estatuto del becario de investigación, cuya redacción se está culminando en estos momentos; una redacción compleja, sin duda alguna, pues no es fácil su
elaboración dada la heterogeneidad y la diversidad de regímenes y condiciones de nuestros becarios, pero en ese estatuto se delimitará la figura del becario y en esa regulación se contemplará precisamente por voluntad del Grupo Popular la inclusión
en el régimen general de la Seguridad Social, quedando asimilados los becarios a todos los efectos a los trabajadores por cuenta ajena.
No es el momento de anticipar ese debate, pero desde luego abogaremos por que se incorporen todas las prestaciones de Seguridad Social, obviamente salvo las de desempleo. Nos gustaría que dicho estatuto pudiera ser asumido por las
comunidades autónomas y los sectores sociales que participan de una u otra manera en la actividad investigadora en España, cuestión que se complica enormemente con la adopción por alguna comunidad autónoma de decisiones que abonan la tesis de la
falta de integración de nuestro sistema de I+D. Por tanto, si el objetivo que persiguen SS.SS. es dotar de la adecuada cobertura de la Seguridad Social a estas personas, la vía que les he expuesto es la más adecuada, y en eso estamos, en conseguir
una solución global, integral y satisfactoria.
Ya hemos oído la crítica de quienes afirman que es mucha la demora en la aprobación de este estatuto, la de aquellos que lo resuelven todo más rápida, más certera, más eficaz y más solidariamente pero cuando están en la oposición, porque
cuando están en el Gobierno les asalta ese síndrome del apaño para mantenerse a flote y persiguen, desde la improvisación y la rectificación apresurada, no cumplir ninguno de sus compromisos.
Los problemas no se solucionan desde la compulsión, buscando culpables o achacándolo todo a la pereza o ineficacia del Gobierno, sino con el trabajo riguroso y precisamente por la complejidad necesariamente intenso que tiene que dar lugar a
la aparición de este estatuto del becario.
Los ciudadanos saben que algunos son tan buenos predicadores como malos cumplidores, y desde luego buena oportunidad de predicar con el ejemplo hubiera sido que el Gobierno de Aragón formulase la iniciativa que hace recientemente poco ha
aprobado un sistema como el que hoy vienen a proponernos aquí y no algo completamente distinto, completamente infrautilizado y en definitiva constituyendo un apaño, señorías, que introduce más confusión, más inseguridad y más discriminación entre
unos becarios y otros.
Señorías -y voy terminando-, nosotros estamos en otra política afortunadamente para los becarios. Una política que ha incrementado las becas convocadas el 47 por ciento y su dotación hasta el 39 por ciento, que ha promovido la unificación
de las condiciones de las becas, primero entre los organismos públicos investigadores y luego entre los distintos departamentos de la Administración general del Estado, y que ha creado programas como el Ramón y Cajal o el Torres Quevedo precisamente
para dar continuidad y nuevas oportunidades al becario, buscando su estabilidad en la carrera investigadora.
Aquí, señorías, hay dos lógicas contrapuestas. La suya, señores del Grupo Socialista, es la lógica del apremio. Resuelvan ahora y aquí lo que ustedes no quisieron resolver durante los años que gobernaron. Los becarios han carecido en
España de la adecuada regulación legal o reglamentaria. La lógica del Grupo Parlamentario Popular es resolver lo que otros no hicieron nunca, y además hacerlo bien y con garantías para todos; la lógica de la eficiencia.
La señora PRESIDENTA: Señor Burgos, le ruego concluya.
El señor BURGOS GALLEGO: Voy acabando, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Le ruego concluya ya.
El señor BURGOS GALLEGO: Inmediatamente.
El Gobierno del Partido Popular se toma en serio la política de investigación, y se ha comprometido a dotar de derechos sociales a este colectivo. Lo hacemos precisamente porque nuestro sistema de protección social aumenta hoy la cobertura
y las prestaciones, llega a más colectivos y es más solidario y estable que nunca en el pasado, aunque algunos opten por zarandear la barca antes que por ayudar a remar.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Burgos.
Sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley de las Cortes de Aragón, de modificación del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 135; en contra, 158; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
La señora PRESIDENTA: Señorías, conforme al artículo 68.1 del Reglamento, la presidencia de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día, en el sentido de incluir
como punto 5 bis, nuevo, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas dirigidas a mejorar la seguridad de la navegación marítima y prevenir nuevas catástrofes ecológicas, como la originada por el
petrolero Prestige, para ser debatida de forma acumulada con las proposiciones no de ley de los grupos parlamentarios Socialista y Mixto.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
Asimismo, de conformidad con el acuerdo adoptado por la Mesa de la Cámara oída la Junta de Portavoces, esta presidencia somete al Pleno la prórroga del plazo otorgado a la subcomisión sobre el estudio de la situación actual de la
discapacidad y perspectivas de futuro, constituida en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo, para rendir informe hasta el final del próximo período de sesiones.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
En consecuencia, queda aprobada la prórroga del citado plazo.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORES AYMERICH, RODRÍGUEZ Y VÁZQUEZ), RELATIVA A MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 106 DE LA LEY 27/1992, DE 24 DE NOVIEMBRE, DE PUERTOS DEL ESTADO Y DE LA MARINA MERCANTE. (Número de expediente 122/000229.)
La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley.
Proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez, relativa a la modificación del artículo 106 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. (Rumores.)
Señorías, es preciso que continuemos con el debate.
Para la presentación y defensa de la iniciativa, tiene la palabra el señor Rodríguez. (Continúan los rumores.)
Señorías, les agradeceré que las conversaciones las mantengan fuera del hemiciclo al objeto de poder continuar con el debate. (Pausa.)
Adelante, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego presenta esta proposición de ley de modificación del artículo 106 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y para que ustedes entiendan la intención y el objetivo de
esta modificación empezaré por hacer alusión a algunos artículos de la actual Ley de Puertos del Estado. En concreto, el artículo 15 define las zonas de servicio en puertos de competencia estatal, y dice que el ministerio delimitará en los puertos
de competencia estatal una zona de servicio que incluirá las superficies de tierra y de agua necesarias para la ejecución de sus actividades, las destinadas a tareas complementarias de aquéllas y los espacios de reserva que garanticen la posibilidad
de desarrollo de la actividad portuaria.
(La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
Por otra parte, la ley deja claro que entre las funciones de la autoridad portuaria está informar el proyecto
de reglamento general de servicio y policía de los puertos, elaborar y aprobar las correspondientes ordenanzas portuarias, con los trámites y requisitos establecidos en el artículo 106, así como velar por su cumplimiento. Al mismo tiempo,
la ley deja claro también en su artículo 66 que entre las funciones de la autoridad portuaria están los servicios contra incendios, de vigilancia, seguridad, policía y protección civil portuarios, sin perjuicio de los que correspondan al Ministerio
del Interior o a otras administraciones públicas, para acabar dejando claro en su artículo 106 el reglamento de servicio y policía que es el ente público Puertos del Estado quien elaborará, con audiencia de las autoridades portuarias e informe de la
Dirección General de la Marina Mercante, el reglamento general de servicio y policía de los puertos que regulará el funcionamiento de los diferentes servicios y operaciones.
Entre ellos hay que contar con la policía y lo que son los servicios de
seguridad por cuenta de la autoridad portuaria.
Señorías, hacemos este excurso inicial, porque somos conscientes de que hay cierta ambigüedad en la forma de comportarse dentro de lo que son las zonas de servicio de competencia estatal portuaria. En concreto, la Ley orgánica 2/1986, de 13
de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, deja claro que es la Guardia Civil la que debe custodiar los puertos de competencia estatal en cuanto a la seguridad pública. Pero la Ley de puertos, como acaban ustedes de observar, deja
claro que es la autoridad portuaria la que debe desenvolver las actividades de vigilancia, seguridad, policía y protección civil dentro de los recintos portuarios. Por tanto estamos ante una competencia compartida con otras administraciones y se
trata de elaborar un diseño que aclare las distintas responsabilidades, para que quede claro cómo hay que cooperar entre ellas, cómo hay que coordinarse y cómo hay que establecer una colaboración específicamente entre las distintas policías y los
cuerpos de seguridad en los tres recintos. No cabe duda que aún hoy, después de procesos de privatización, existen zonas de servicio general que deben tener un modelo claro y estable de policía, que debe ser una policía con funciones de poder
público, dependiendo directamente de las autoridades portuarias, y además constituida por un personal cualificado que funcione como agente de la autoridad y solamente siendo trabajadores por cuenta de la Administración pública, funcionarios o no, se
puede actuar como agente de la autoridad.
Hoy día, después de los cambios últimos que se han realizado en la Ley de Puertos del Estado, sabemos que hay muchísima parte de la gestión portuaria que entra dentro del derecho privado y además dentro de la autonomía de gestión, con lo
cual la ambigüedad en la regulación sobre la seguridad y vigilancia de los puertos es clara. Nada tenemos en contra de que un edificio particular o una grúa particular usufructuada o propiedad de una determinada entidad privada pueda estar vigilada
por compañías de seguridad privada ya que el marco es éste; pero, señorías, debemos ser conscientes de que no puede haber espacios generales que no estén vigilados por funcionarios de la propia autoridad o bien contratados laborales de la propia
autoridad portuaria, que es la que puede dar a esos funcionarios o a esos trabajadores la condición de personal cualificado y que además actúen como autoridad de carácter público.
Hasta ahora, y así era precisamente en toda la ordenación jurídica que no fue anulada a pesar de las diversas modificaciones en la Ley de Puertos, por ejemplo en legislación de carácter reglamentario, en concreto el reglamento de policía y
vigilancia de los puertos, todos ellos dependientes de autoridades administrativas de la época franquista, en concreto y en este caso del año 1976, queda claro por ejemplo en el artículo 6 del reglamento de policía y vigilancia del puerto de Ferrol,
aunque podía emplear otros muchos, lo siguiente: La jefatura inmediata y directa de los servicios de vigilancia y policía en los muelles y zonas de servicio del puerto será ejercida por el director del puerto, que podrá delegarla en el ingeniero
jefe de la sección de planificación, explotación y obras. Dependerá -dice- del comisario del puerto el personal del servicio de celadores guardamuelles investidos de la condición de agentes de la autoridad con calidad de guardas jurados, con misión
de prevenir, evitar y denunciar las infracciones que puedan cometerse sobre lo dispuesto en este reglamento. Y así sucesivamente.
Por tanto, si también miramos el convenio-marco de relaciones laborales de puertos del Estado y las autoridades portuarias 2000-2003, se definen los puestos de trabajo de los celadores guardamuelles explicitando que su labor consiste en
aplicar los diversos reglamentos que les competen y verificar la realidad de las operaciones que se efectúan en la zona de servicio del puerto en su turno y/o zona geográfica, ejerciendo la autoridad de la que está investido y enumerando a
continuación las funciones concretas que realizan.
Señorías, está claro por tanto que en la práctica administrativa y en todos los reglamentos existe esta figura de los celadores guardamuelles en las ordenanzas de seguridad en los convenios colectivos, y pensamos que esto debe figurar en la
Ley de Puertos del Estado para acabar con toda ambigüedad respecto de quien tiene la capacidad y la competencia de vigilar y de ejercer policía con autoridad, por lo menos en lo que son zonas de carácter general.
Nosotros pensamos que restaurar legalmente esta figura sería esencial en un momento que las autoridades administrativas públicas están tan mermadas, con claro detrimento de la seguridad en los todos aspectos, y habría mucho que hablar -y
estamos hablando en estos momentos- del caso del Prestige, que tiene algo que ver también con esto. Por tanto queremos rango de agente de seguridad, cosa que no puede cumplir una compañía de seguridad privada; zonas de servicio del puerto de
interés general, claramente dependientes de la autoridad portuaria, no del usufructo o del derecho privado de una
empresa concesionaria; futuros desarrollos reglamentarios de las funciones de estos guardas celadores que existen, y ya ven ustedes que existen claramente incluso para el ministerio a la altura del año 2000-2003, y personal al servicio de
las autoridades portuarias.
Sabemos que el Ministerio de Fomento tiene aparcado desde el año 1999 un reglamento de servicio y policía de puertos de interés general del Estado, y en el año 2002, el 22 de febrero en concreto, se comunicaba a este diputado por escrito que
el ministerio estaba a punto de publicar este reglamento, pero no lo ha hecho. Por tanto, si no hay dificultades con el Ministerio del Interior debido a las funciones que tiene que cumplir la Guardia Civil, no entendemos por qué razón el Ministerio
de Fomento no acaba de actuar claramente en este sentido. Por eso proponemos en nuestra proposición de ley que en concreto se añada un segundo párrafo al apartado 2 del artículo 106 con el siguiente contenido: El reglamento de servicio y policía
regulará de forma expresa la actividad pública inherente a las funciones de vigilancia, seguridad y policía portuaria en los puertos de interés general, en las zonas comunes de servicio, contemplando para ello la obligatoriedad de que sean
realizadas de forma directa por las autoridades y a través de personal cualificado como agente de la autoridad.
Al mismo tiempo y en consonancia con lo anterior, proponemos una disposición adicional que hable del servicio de celadores guardamuelles donde se diga: Las funciones de vigilancia, seguridad y policía portuaria en los puertos de interés
general en las zonas de servicio contempladas en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 106 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante serán ejercidas por el servicio de celadores guardamuelles, de acuerdo con las directrices
impartidas por el director del puerto y las normas y ordenanzas reguladoras del servicio de policía de los mismos.
Señorías, somos muy partidarios de no hacer desaparecer las estructuras del Estado, simplificar la burocracia todo lo que ustedes quieran, pero hay funciones que son elementales y no podemos estar atónitos mirando cómo en espacios públicos
solamente existe derecho privado o incluso seguridad de carácter privada. El criterio de servicio público, el criterio de autoridad, el criterio de control sobre el funcionamiento no solamente de las zonas generales sino también de las zonas
privatizadas para ver si se somete a lo reglado y acordado en esos criterios de privatización, la homologación mínima aquí para bien que debe haber entre los puertos generales del Estado, no ser contrarios por esto al reparto de competencias
autonómicas y no estar por la militarización de estos espacios portuarios públicos, es lo que nos lleva a revitalizar una figura que existe y debe dejar de existir con todas las ambigüedades que hoy hay, y por tanto clarificando lo que corresponde a
la autoridad portuaria, lo que corresponde al Ministerio del Interior y lo que corresponde a las compañías privadas de seguridad.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rodríguez.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Al estudiar con detenimiento esta iniciativa que nos trae el Bloque Nacionalista Galego, por parte del Grupo Parlamentario Mixto, mi grupo ha considerado en primer lugar el rango de las disposiciones que están rigiendo actualmente toda la
policía portuaria en España. Nos encontramos esta materia regulada, a nuestro entender de manera satisfactoria, por el artículo 106 de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Dicho artículo 106, cuando habla de las
competencias del Ente Público Puertos del Estado, hace imperativo elaborar, con audiencia de las autoridades portuarias de todos y cada uno de los puertos españoles y con un informe vinculante de la Dirección General de la Marina Mercante, el
reglamento general del servicio y policía de los puertos y exige como anexo que tenga que llevar una ordenanza portuaria. Corresponde al Ministerio de Fomento tanto la aprobación del reglamento general como del modelo de ordenanzas portuarias.
Como lo que se viene a pedir aquí en el fondo es un replanteamiento de la categoría de los celadores guardamuelles para darles carácter de agentes de la autoridad, no vamos a apoyar esta iniciativa y la vamos a votar en contra. Todo el plan
de seguridad portuaria debe ser objeto de un nuevo enfoque, sobre todo teniendo en cuenta que la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado todavía en vigor, es a la Guardia Civil, al cuerpo de la benemérita, a quien otorga la
competencia de la seguridad máxima y vigilancia en los puertos por cualquier infracción de las figuras delictivas contempladas en el ordenamiento jurídico español, desde el Código Penal, Código Civil, derechos de propiedad, etcétera. El Cuerpo
Nacional de Policía y el cuerpo de la Guardia Civil son los que tienen carácter de agentes de la autoridad, porque lo llevan implícito. Por estas razones sobra dar competencias de agentes de la autoridad a los celadores guardamuelles.
Ya discutimos en estas Cortes en las pasadas legislaturas, cuando legislamos sobre la represión del contrabando y del tráfico de estupefacientes, las distintas actuaciones de los servicios competentes del Estado, Policía Nacional, Guardia
Civil y Servicio de Vigilancia Aduanera. Discutimos si les dábamos o no carácter de agentes de la autoridad al Servicio de Vigilancia Aduanera, que tendrían que ir armados con armas de fuego, cortas o largas, para cualquier intervención que
tuvieran.
A mi grupo le gustaría conocer cuál es la opinión de todas las autoridades portuarias, de los sindicatos representativos de los celadores guardamuelles y si hay un grado de aceptación de lo que implica ser agente de la autoridad en cuanto a
portar, para el ejercicio de la
misma, armas de fuego. Además, entendemos que hay un servicio de vigilancia de mercancías, una ordenación interna del puerto, una disciplina de circulación de los vehículos que entran y salen de los puertos, en sus actividades mercantiles,
de comercio, de pasajeros, etcétera, en los distintos servicios que se prestan en un puerto.
Mi grupo no está a favor de la iniciativa de entrar, aquí y ahora y por las razones que se alegan en la exposición de motivos, en que los celadores guardamuelles tengan el carácter de agentes de la autoridad, con estas implicaciones, por lo
que no la votaremos.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón):Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Mi grupo parlamentario va a apoyar la toma en consideración de la iniciativa que, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, ha presentado el señor Rodríguez, del BNGA. Señorías, la vamos a apoyar porque consideramos que es importante que,
ante las nuevas privatizaciones de gestión del ente Puertos del Estado, se pueda tener una clarificación de cuáles son las competencias y las atribuciones de vigilancia que se establecen a través de los reglamentos. Precisamente, el retraso en la
clarificación de estas competencias puede llevar a la utilización de unos servicios de seguridad privada que no van a beneficiar el interés general que ha de tener un puerto del Estado de interés general, como de los que se está hablando en estos
momentos. Creemos que es importante y que ya se tendría que haber hecho, al entrar en vigor la Ley de puertos, para evitar que se puedan producir estas lagunas y sistemas de ambigüedad en algo que para nosotros es importante, las funciones de
vigilancia, seguridad y policía portuaria.
Las competencias que tienen establecidas los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tienen que estar claramente delimitadas, de la misma manera que tienen que estar claramente delimitadas las funciones que tiene que fijar cualquier otro
tipo de sistema de vigilancia. Y en estos momentos mi grupo parlamentario apuesta, de la misma manera que la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por el servicio de celadores y guardamuelles. Se trata de necesidades de actuación
de vigilancia y control de la entidad portuaria que deben constar con claridad en los reglamentos que desarrollan la ley y que, además, deben permitir que se fijen las competencias que deben tener establecidas: la formación y la preparación de las
personas que tienen que prestar este servicio y, desde luego, la garantía de seguridad de los puertos españoles.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Urán.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Muchas gracias, señora presidenta.
Simplemente quiero decir que nuestro grupo no apoyará la proposición de ley que estamos debatiendo porque creemos que, en el fondo, se trata de la transformación en agentes de la autoridad de un grupo de personas que están actuando como
celadores guardamuelles, como ha destacado anteriormente otro interviniente.
De todas maneras, creo que en estos momentos, cuando ya está en nuestro poder, al menos de manera oficial, el anteproyecto de la ley de régimen económico y de servicios en los puertos de interés general que tiene redactado el ministerio,
dentro de los conceptos de servicios portuarios básicos, que figuran en distintos artículos y puntos, es donde sería más adecuado estudiar la posibilidad de, vía enmiendas, modificar el articulado para regular el punto que figura en esta proposición
de ley.
Por tanto, esperamos que en el momento en que se tramite el proyecto de ley podamos trabajar sobre este tema, pero en este momento no podemos apoyarlo de una manera concreta.
Nada más.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Sedó.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señor De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Señora presidenta, el Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley porque creemos que puede mejorar la eficacia en la prestación de los servicios de la actual
policía portuaria.
He oído algunas intervenciones y creo que solamente el no conocer bien los antecedentes de esta policía portuaria y de su trayectoria les ha hecho a alguno de los intervinientes mezclar celadores guardamuelles y policía portuaria. Son cosas
parecidas pero distintas, y es cierto que quizá puede existir una confusión sobre el particular. Señorías, si nos fijamos en la Ley 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, nos encontramos con que esta policía, que tiene ni más ni
menos que las importantes funciones de custodiar recintos portuarios que en muchos casos son más grandes que las grandes ciudades, no se encuadra dentro de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, porque en ella están la Guardia Civil,
la Policía Nacional, la policía de las comunidades autónomas y las policías locales. Si vamos a la Ley de seguridad privada nos encontramos con que esta policía tampoco tiene cabida en ella porque el colectivo de seguridad privada no desarrolla hoy
por hoy, y esperemos que en el futuro tampoco, sus funciones dentro de las autoridades portuarias que son organismos públicos. Y nos encontramos con que tampoco tienen cabida legal en la Ley
orgánica 1/1992, de protección de la seguridad ciudadana, porque aunque en el artículo 4 de esta ley se hace una referencia a la policía portuaria como policía especial, no la desarrolla. Por tanto, señorías, es un colectivo que tiene unas
funciones muy importantes dentro de los recintos portuarios para la vigilancia, la conservación, la custodia y todo el ámbito de la seguridad que no se encuentra en ninguna ley específicamente diseñada. Existe lo que podríamos denominar una
alegalidad, un vacío legal que yo creo que hay que cubrir.
Señor Sedó, usted hablaba de que en el artículo 106.1 de la Ley modificada de puertos del Estado y de la marina mercante se contempla un proyecto de reglamento, pero esa modificación fue aprobada en el año 1997 y estamos en el año 2002.
¿Cuánto tiempo vamos a tener a esta policía portuaria, que lleva a cabo actuaciones muy importantes en los recintos portuarios, sin un sustento legal y judicial? Porque hay sentencias que han echado abajo determinadas actuaciones por no tener el
revestimiento de agente de la autoridad, que es lo que hoy se pide en esta iniciativa del Bloque Nacionalista Galego y que nosotros hacemos nuestra.
Señorías, no se trata de una petición corporativa, ni siquiera se trata de que este colectivo de policía portuaria, conocido también en el pasado como celadores guardamuelles y que llevan 80 años desarrollando sus funciones en los recintos
portuarios de interés general del Estado, lleve armas; eso sería una cuestión que tendrían que aprobar las disposiciones legales del Ministerio del Interior. Se trata, simple y llanamente, de que mientras no se desarrolla el reglamento, que
efectivamente está elaborado pero lleva cinco años sin aprobarse, a este colectivo se le dé una cobertura legal, lo que se conseguiría con la modificación del artículo 106 que propone la iniciativa del Grupo Parlamentario Mixto.
Creo que es
absolutamente incomprensible que lleven años sin tener un amparo legal.
Yo podría exponer aquí unos antecedentes históricos -lo haré muy brevemente- de la evolución de esta policía. Como he dicho antes, comenzó a desarrollar sus funciones en el año 1928 y tenían entnces el carácter de agentes de la autoridad;
en la época franquista se les encuadró dentro del extinguido Ministerio de Obras Públicas y también tenían la consideración de agentes de la autoridad e incluso podían portar armas; desde el año 1992 hasta el año 1997 mantuvieron esta consideración
de agentes de la autoridad y llevamos estos años con esta situación de alegalidad que yo creo que hay que cubrir.
Señorías, termino diciendo que nosotros vamos a apoyar esta proposición de ley del Bloque Nacionalista Galego. Esperamos que sea tomada en consideración por los demás grupos, aunque por las intervenciones que he oído parece ser que por
algunos de ellos no y deseamos que se apruebe para que en su trámite parlamentario podamos profundizar y encomendar lo que consideremos oportuno.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor De la Encina.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Mantilla.
El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, voy a ser muy breve porque la cuestión está muy clara y nítida para el Grupo Parlamentario Popular y lógicamente no quiero robarles a SS.SS. el tiempo.
El borrador del anteproyecto de la ley del régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general, que afecta profundamente al modelo actual de gestión de servicios, ha sido presentado al sector portuario por el
señor ministro de Fomento. Por tanto, quiero decirle al portavoz del Bloque Nacionalista Galego que el Ministerio de Fomento sí está tomando medidas para buscar soluciones a los temas que se han planteado aquí esta tarde. Este encuentro se realizó
los días 19 y 20 de noviembre y se encuentra actualmente en fase de discusión por los agentes sociales y económicos. En dicho borrador se contempla una liberalización de los servicios portuarios, reservándose la autoridad portuaria la titularidad
de aquellos servicios que implican el ejercicio de poder público o que suponen la prestación de los mismos en áreas comunes de la zona de servicio del puerto. Entre estos últimos se contemplan expresamente los servicios a los que hace referencia la
proposición de ley, esto es, los servicios de vigilancia, seguridad y policía de las zonas comunes de la tierra y de agua, además de los servicios de prevenciones y control de emergencias en el marco de la normativa sobre protección civil,
mercancías peligrosas y demás normativas aplicables en colaboración con las administraciones competentes sobre protección civil, prevención y extinción de incendios, salvamento y lucha contra la contaminación. La titularidad de dichos servicios se
reserva a la autoridad portuaria y además se prevé la gestión directa de los mismos, de acuerdo con lo previsto en el reglamento de explotación y policía que viene a sustituir al ahora denominado reglamento de servicio y policía y con los criterios
generales que apruebe Puertos del Estado para el conjunto del sistema portuario y demás normativa aplicable.
El anteproyecto de ley de régimen económico y de prestación de servicios de puertos de interés general constituye una novedad frente a la regulación contenida en la vigente Ley de Puertos, ya que además de reservarse la titularidad de los
servicios antes enumerados se prevé su gestión directa por la autoridad portuaria. La proposición de ley no puede ser aceptada, además de que el momento procesal no es el oportuno, al haberse iniciado la tramitación del anteproyecto, porque supone
atribuir en exclusiva al colectivo de celadores guardamuelles el ejercicio de las funciones de vigilancia, seguridad y policía portuaria en los puertos de interés general y en las zonas de servicios
comunes, y en ocasiones por razones de necesidad de gestión portuaria puede ser necesaria la atribución puntual de estas funciones a personal diferente, siempre dentro del esquema de titularidad pública y de gestión directa del servicio.
Hay que tener en cuenta que la proposición de ley coincide en lo sustancial con el enfoque que sustentan alguno de los sindicatos con representación en las autoridades portuarias y que éstos ya han sido convocados por la presidencia del Ente Público
Puertos del Estado para abrir un proceso de diálogo que permita consensuar al máximo el contenido del texto. Esta vía parece más adecuada para compatibilizar los criterios del borrador del anteproyecto con los intereses de los colectivos afectados,
la del proceso de modificación legislativa que el citado borrador pone en marcha. El ente público está elaborando un reglamento de servicio y de policía en el que se contienen normas relativas a los servicios de vigilancia, seguridad y policía
portuaria y en el que previsiblemente se recogerá expresamente la consideración del personal que realizará esas funciones como agentes de la autoridad.
En conclusión, la existencia del borrador del anteproyecto de ley de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general, que será tramitado en breve plazo en las Cortes, el proceso de discusión abierto en torno
al mismo con participación de las centrales sindicales, la elaboración en curso del reglamento de servicio y policía y el hecho de atribuir en la proposición de ley a los celadores guardamuelles el ejercicio de los servicios de vigilancia, seguridad
y policía portuaria en exclusiva, aconseja rechazar la proposición de ley formulada por el Bloque Nacionalista Galego, sobre modificación del artículo 106 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mantilla. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez), relativa a modificación del artículo 106 de la Ley 27/1992, de 24
de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 121; en contra, 167; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS CAUTELARES PARA EVITAR DAÑOS OCASIONADOS POR SINIESTROS EN EL MAR. (Número de expediente 162/000616.)
La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día: Proposiciones no de ley.
En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas cautelares para evitar daños ocasionados por siniestros en el mar.
Para la presentación y defensa de la iniciativa, tiene la palabra la señora Sainz.
La señora SAINZ GARCÍA: Muchas gracias, señora presidente.
Señorías, comparezco para defender una proposición no de ley, en nombre del Grupo Popular, sobre medidas para luchar contra los daños ocasionados por el Prestige y que hemos sustituido vía enmienda por un nuevo texto.
Antes de centrarme en
ella quiero, una vez más, en nombre de mi grupo, manifestar todo nuestro sentimiento de apoyo con esa querida gente del mar y decirles que estamos con ellos, que, como decía el presidente del Gobierno, no están solos; hay mucha gente de buena
voluntad luchando con todas sus fuerzas para salir adelante y el Gobierno, además, ha comprometido su palabra en que no se van a escatimar ni medios ni recursos. Desde esa creencia, y sumándonos a ese empeño en el Grupo Popular, defiendo esta
proposición no de ley en la que se recogen una serie de aspectos que consideramos que son los puntos esenciales para poder hacer frente, no sólo a la situación actual, sino también para poder poner los medios adecuados de modo que en el futuro sea
mucho más difícil que se vuelvan a producir catástrofes similares a la que estamos viviendo.
En el texto que defendemos se contiene un plan de medidas, tanto en el interior como en el exterior. Aunque las primeras son muy importantes, sobre todo en lo que se refiere a las ayudas a los damnificados, son las últimas, las exteriores,
las que permitirán, en gran medida, ese objetivo de no encontrarnos nunca más con una situación de este tipo. Medidas, por otro lado, que me gustaría recordarles que no se encuentran, en lo que se refiere a las exteriores, recogidas en la
proposición no de ley del Grupo Socialista. Por el contrario, sí aparece alguna en la proposición no de ley, y tengo que recogerlo, del Bloque Nacionalista Galego y que ha sido incorporada total o parcialmente en nuestra enmienda. Sin embargo,
esto no significa que no se hayan tenido en cuenta otras de las aportaciones que aparecen en la iniciativa del Grupo Socialista porque también las hemos incorporado en nuestra enmienda.
Nuestra idea consiste en incorporar las propuestas que han sido aprobadas o enunciadas por unanimidad, tanto en la Cámara del Parlamento nacional como en el Parlamento de Galicia y seguir avanzando, incorporando nuevas propuestas desde el
acuerdo, puesto que el Partido Popular está abierto al diálogo, a la colaboración y a las aportaciones que sean adecuadas para hacer frente a una tragedia que sufrimos todos. Por ello, hemos tenido en cuenta, señorías, las propuestas también del
Grupo Socialista y del Bloque Nacionalista Galego que considerábamos que eran viables, rigurosas y positivas.
Las 43 medidas que proponemos son un paquete importante y las hemos clasificado en seis grupos. Los cinco primeros están dirigidos hacia el interior, podíamos decir, y el sexto hacia el exterior, principalmente hacia la Unión Europea. El
primer grupo de medidas que hemos denominado de carácter general se centran en dotar a los afectados de una serie de ayudas económicas financieras que les permitan continuar de la forma más llevadera posible la situación que en estos momentos están
atravesando, así como paliar la pérdida de esta actividad desde que llegaron los efectos perversos del Prestige. También en este primer grupo se introducen algunas medidas destinadas a apoyar a los afectados para que se pueda, clara y firmemente,
reclamar ante el FIDAC. Por último, en este grupo se insta a realizar un estudio, en colaboración con la Xunta de Galicia, de la situación del ecosistema marino y de su evolución, así como la realización de un plan integral de recuperación,
contando, cómo no, con todos los sectores afectados que viven del mar.
El segundo grupo de medidas va dirigido a conseguir la prevención y recuperación medioambiental. Este conjunto de medidas creemos que es muy importante, porque importantes son los daños ocasionados en este sentido.
Junto a estas medidas
que aparecen me gustaría también señalar que presentamos la necesidad de evaluar los análisis realizados por instituciones competentes de los residuos para adoptar las medidas que sean más oportunas, además de realizar periódicamente evaluaciones de
los daños causados.
En tercer lugar, se plantea un conjunto de medidas de apoyo a la industria y a la inversión empresarial a través de programas de incentivos regionales de gran interés.
En el cuarto grupo se han incorporado unas medidas que nos parecen adecuadas para hacer frente a otro de los aspectos más negativos, que es el empleo. Dentro de este cuarto grupo se defiende un conjunto de importantes medidas en relación
con la Seguridad Social o la posibilidad de que se puedan solicitar a los servicios públicos de empleo la adscripción de perceptores por desempleo para la realización de determinados trabajos de colaboración social necesarios.
El quinto grupo recoge una serie de medidas dirigidas a potenciar el turismo en Galicia de manera que se mejore su imagen. Las medidas van dirigidas principalmente en dos vías. Por un lado es necesario que la prensa especializada y los
operadores tengan información de primera mano de cómo está la situación y de qué se está haciendo. Para ello es necesario establecer un sistema de comunicación eficaz que mejore la imagen no sólo de Galicia sino de cualquier otra zona afectada,
incluyendo un sistema importante de acogida de periodistas que puedan evidenciar y dejar clara la mejora de la situación de Galicia. Por otra parte, hay que promocionar Galicia como destino turístico tanto en el interior como en el exterior, y en
este sentido es interesante destacar que Galicia pertenece ya a uno de los itinerarios culturales europeos más importantes.
El sexto y último conjunto de medidas planteadas han de ser impulsadas en la Unión Europea y tienen como finalidad, además de apoyar las propuestas realizadas por España en el Consejo de Transportes, Telecomunicaciones y Energías, celebrado
en Bruselas el pasado 6 de diciembre, impedir o al menos poner todas las dificultades, sentar las bases para que accidentes de este tipo no vuelvan a suceder. En esta línea está la implantación del paquete de medidas Erika I y Erika II. En
concreto, por un lado es primordial que se cree un fondo europeo para la indemnización de los daños producidos por siniestros como el Prestige, de manera que tengan cobertura suficiente y mecanismos de pago ágiles. El último conjunto de medidas
dentro de este sexto grupo se refiere a la necesidad de impedir que se puedan evitar o eludir las responsabilidades por sucesos como el acaecido en Galicia con el Prestige por parte de armadores, de propietarios, dueños de la carga, compañías
aseguradoras, etcétera.
Señorías, para concluir, simplemente quiero volver a remarcar que creo que la enmienda que les acabo de exponer cubre los principales y los más importantes aspectos que afectan a la situación actual de Galicia e incorpora una serie de
medidas que, como ya se ha señalado, han sido aprobadas por los grupos parlamentarios o que figuran en las dos proposiciones no de ley del PSOE y del Grupo Mixto, Bloque Nacionalista Galego, que no han podido ser defendidas con la del Grupo Popular
por oposición del Grupo Socialista en la Junta de Portavoces. Además incorporamos nuevas cuestiones y medidas que se deben plantear a nivel internacional y que servirán para prevenir en el futuro la aparición de desgracias como la que vivimos
actualmente. Creo, señorías, que es una oportunidad que especialmente el Grupo Socialista muestre su capacidad de diálogo y su preocupación de verdad por ayudar a los afectados, tal y como habitualmente dice el señor Zapatero. Yo diría que no
pierda su grupo, señor Zapatero, esa oportunidad, que se puede ayudar de muchas maneras, pero que se puede y se debe apoyar desde el acuerdo parlamentario, y este es el mejor foro para hacerlo. No creo, señorías, que sea solución volver a crear un
nuevo ministerio más, que es lo que ha anunciado hoy el señor Zapatero. Cuando algo no funciona,
un nuevo ministerio es la única respuesta que se da. Invito a todos los grupos parlamentarios a que apoyen esta enmienda, de manera que todos juntos podamos, de verdad, defender los intereses comunes de nuestras costas, además de ayudar a
resolver la dura situación que se vive hoy en las costas gallegas. Creo sinceramente que el pueblo gallego agradecerá que hoy nos pongamos de acuerdo, porque lo que necesita es avanzar en soluciones, en propuestas solidarias para nuestra tierra.
Desde el primer momento ese es el camino sin descanso del Gobierno y ese es también el ánimo del Grupo Parlamentario Popular. Nos gustaría sinceramente -y lo digo con la mayor de las humildades- que nos uniéramos todos en ese mismo empeño.
(Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sainz.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Señora presidenta, señoras y señores diputados, en la línea de coherencia mantenida por el Grupo Parlamentario Socialista, consecuencia de la preocupación que durante los últimos años hemos puesto de manifiesto en
todas nuestras intervenciones tanto en Comisión como en Pleno, presentamos a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular una serie de enmiendas que se enmarcan en esa preocupación de la defensa medioambiental del medio marino, la
defensa de la seguridad de la vida en la mar y fundamentalmente en el cumplimiento de tantos y tantos convenios internacionales que vinculan al Reino de España en organizaciones y foros internacionales.
La desgracia derivada del accidente y el posterior hundimiento del buque Prestige ha incrementado la sensibilidad en la defensa del medio marino, ha generado una auténtica tragedia en nuestro país de la que todos los ciudadanos españoles nos
sentimos solidarios y receptores del profundo dolor inmediato que experimentan los ciudadanos y las ciudadanas de la Comunidad Autónoma de Galicia que de forma directa lo están viviendo.
Esta es una circunstancia que podía haberse dado en otro
punto de densidad de tráfico marítimo importante, en el tráfico en el Estrecho, en la Comunidad canaria, en cualquier punto del litoral del Mediterráneo español. Las instituciones comunitarias, el Parlamento Europeo y el Consejo, han elaborado una
directiva relativa al establecimiento de un sistema comunitario de seguimiento e información sobre el tráfico marítimo. En la propuesta del Parlamento Europeo del reglamento relativo a la introducción acelerada de normas en materia de doble casco o
de diseño equivalente para petroleros de casco único se prevén unas fechas de retirada del mercado de los petroleros de casco único, basado fundamentalmente en la normativa aprobada por la Organización Marítima Internacional para todo el mundo, muy
superiores a las que los Estados Unidos han aprobado para sus puertos y para sus zonas de influencia económica en el área del mar. Nos encontramos, señorías, con que las normas aprobadas en los Estados Unidos permitirán la operación de esos buques
hasta el año 2005. Las instituciones comunitarias han venido planteándolo sin éxito por los gobiernos, pero la realidad es que el Parlamento Europeo y la Comisión Europea no terminaron de ponerse de acuerdo. Se estableció un calendario -nosotros
nos manifestamos sobre ese tema en anterior sesión plenaria- en el sentido de producir el acortamiento temporal de vigencia de permisividad para atracar en los puertos comunitarios a barcos de un solo casco que transportan mercancías peligrosas. En
esa perspectiva de acortamiento de plazos para igualarlos a los plazos temporales que los Estados Unidos tienen planteados para esos buques nos encontramos en la misma línea que han manifestado los distintos grupos parlamentarios. Pero también
hemos indicado que en una de las últimas sesiones de la Organización Marítima Internacional, concretamente la que se celebró el 27 de abril de 2001 en el Comité de protección del medio marino, se aprobaron nuevas e importantes enmiendas a la Regla
13. g) del anexo primero del convenio MARPOL, concretamente el convenio 73/78, mediante una resolución del Comité de protección del medio marino que ha entrado en vigor el 1 de septiembre de este año, hace algo más de dos meses, introduciéndose un
nuevo programa de eliminación acelerada de los petroleros de casco único. En esa línea de acortar plazos, señorías, de defender la integridad y la seguridad de nuestros puertos, de defender la calidad de nuestras aguas, de luchar contra el
deterioro de nuestro litoral, de defensa de la vida humana en la mar, de defensa de los ecosistemas marinos, hemos presentado a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular una serie de enmiendas.
El punto primero como propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular dice lo siguiente: La puesta en marcha de forma inmediata de la Agencia de Seguridad Marítima. Y nosotros añadimos: Con sede en la Comunidad Autónoma de
Galicia. Nos parece correctísimo que el Estado español, el Gobierno español defienda que la Agencia de Seguridad Marítima se instale en España, que no va a dejar de ser más que un órgano de potencia netamente administrativa, no ejecutiva, desde el
punto de vista de la utilización de medios marítimos. Nosotros planteamos que en lugar de radicarla en Madrid, en Albacete o en Santa Cruz de Tenerife radique en Galicia.
Al punto segundo del Grupo Parlamentario Popular, donde se insta al Gobierno al establecimiento de un fondo europeo para la indemnización de los daños producidos en estos siniestros con cobertura de cuantía suficiente y mecanismos de pago
ágiles, añadimos un párrafo: Solicitar al Gobierno que con carácter inmediato recabe de la Comisión Europea la movilización urgente del Fondo de solidaridad europeo para catástrofes,
regulado en el Reglamento comunitario 2.012 del año 2002 y publicado el 11 de noviembre pasado, en cuya demanda han de tenerse en cuenta los contenidos de los artículos 2, 4 y 10 de ese reglamento porque creemos que son las tres apoyaturas
en las que se puede fundamentar la petición del Gobierno español.
El punto tercero de la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular, que habla de la revisión también de forma inmediata del calendario de introducción de normas en materia de doble casco, etcétera, planteamos sustituirlo por:
Demandar a las instancias comunitarias la anticipación y el acortamiento en el tiempo de los plazos acordados a los petroleros de casco único para continuar operando en los puertos europeos acompasándolos en el tiempo -concepto esencial- a los
fijados por los Estados Unidos, y extender esta prohibición a la navegación dentro de las aguas en las que los Estados de la Unión Europea ejercen soberanía, derechos soberanos o jurisdicción. Reitero, señorías, que esto es relevante. ¿Por qué?
Porque si a partir del año 2005 en los puertos norteamericanos no pueden atracar barcos de determinadas características, en el mundo tan complejo, comercializado -uso el término entre comillas- de tiburones que trafican con petroleros donde por un
lado un broker compra crudo en un punto determinado del mundo, conecta con una serie de armadores y al armador que le ofrece el flete marítimo más barato le adjudica el transporte desde un punto del Golfo Pérsico a Rusia o al puerto de Algeciras en
España, señorías, qué duda cabe que aquellos pretoleros en condiciones de muy dudosa seguridad, que no podrán atracar en los puertos de Estados Unidos, atracarán y operarán en los puertos comunitarios o en puertos europeos no comunitarios y surcarán
nuestras aguas. Señorías, los puertos europeos corren el riesgo de convertirse -también uso un término coloquial entrecomillado- en sumideros de barcos viejos. Y esto no puede ser. ¿Cómo se combate? Acompasando la temporalidad de la norma
comunitaria con la norma de Estados Unidos. En ese sentido este punto tercero nos parece esencial.
Plantemos también una enmienda al punto cuarto añadiendo un nuevo párrafo para que se plantee a la Comisión Europea y a las organizaciones internacionales un mayor control sobre las sociedades de clasificación -tema para debatir en
profundidad- que son los auténticos mercaderes que falsifican en sus certificaciones la autenticidad del estado de mantenimiento en lo que se refiere a los elementos tecnológicos que llevan los buques incorporados. Por ello nosotros hacemos este
planteamiento y añadimos ese párrafo con el objeto de aumentar la exigencia de sus responsabilidades sobre los buques clasificados por ellos y que hayan sufrido accidentes derivados de un deficiente estado de mantenimiento.
Presentamos 14 enmiendas más -y con esto termino, señora presidenta- a los siguientes puntos de la proposición no de ley, pero hay uno muy singular.
Planteamos una sustitución del punto quinto. ¿Por qué? Porque creemos honradamente que es
más riguroso. Por eso decimos: Queremos materializar en los organismos internacionales competentes en materia de transporte marítimo, concretamente en la Organización Marítima Internacional, la voluntad española de modificar el actual dispositivo
de separación del tráfico marítimo a la altura de Finisterre, proponiendo su alejamiento de la costa gallega hasta los límites más extremos técnicamente posible y que se incluya en el mismo -esto es relevante- una nueva vía obligatoria para todos
los buques tanque que transporten mercancías peligrosas o contaminantes todavía más alejada de la costa que las actuales reservadas al tráfico ordinario de mercancías no peligrosas o de pasajeros, de forma similar -porque esto no es nuevo- a como el
Estado francés tiene establecido frente a sus costas a la altura de la isla de Oussand, donde ha configurado un dispositivo de separación por el que el tráfico ordinario circula a una determinada distancia de la costa y el reservado para mercancías
peligrosas o contaminantes debe hacerlo más lejos de la costa que el anterior, de manera que en caso de accidente los servicios de salvamento dispongan de más tiempo para reaccionar y la eventual polución es más improbable que arribe a las costas
más cercanas, exigiendo a la Organización Marítima Internacional un dispositivo de separación de tráfico frente a las costas de Galicia que ofrezca las garantías técnicas para evitar la repetición de inadmisibles catástrofes ecológicas y económicas
como la que acabamos de sufrir como consecuencia del hundimiento de este buque.
La señora PRESIDENTA: Señor Segura, le ruego concluya, por favor.
El señor SEGURA CLAVELL: Termino, señora presidenta.
Las restantes enmiendas pretenden mejorar la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular con nuestra oferta de acuerdo, nuestra oferta de resolución, que pueda ser aprobada por unanimidad de este Pleno del Congreso de los
Diputados como auténtico servicio al Estado español y a la comunidad autónoma gallega.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Segura.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, mi grupo parlamentario ha presentado tres enmiendas a la iniciativa original del Grupo Parlamentario
Popular, que no tiene nada que ver con la iniciativa que el propio Grupo Parlamentario Popular mantiene después de su autoenmienda. Y no tiene nada que ver porque la propuesta presentada inicialmente con fecha 26 de noviembre sugería
medidas adoptadas ya por el Gobierno y poco más.
Nuestras enmiendas, sin embargo, pretendían incidir más en los aspectos que nos parecían más importantes.
La autoenmienda del Grupo Parlamentario Popular es mucho más extensa e intenta abarcar aspectos que habían quedado fuera de la iniciativa primaria y que están igualmente fuera de algunas otras iniciativas que discutiremos después. De todos
modos, esta no es la mejor manera de llegar a un posible consenso. Aunque podríamos estar de acuerdo con algunas de las propuestas de su autoenmienda, creemos que en ella no terminan de dar respuesta a las necesidades inmediatas del momento actual;
es la misma enmienda que han presentado ustedes a la iniciativa del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Hubiera sido preferible un debate conjunto de todas las iniciativas, buscando un texto común que permitiera de nuevo una iniciativa
consensuada y unánime, que fuera útil al Gobierno en su intervención en la Unión Europea y ante la comunidad internacional, sobre las modificaciones de interés para esta Cámara después del accidente del Prestige. Sin embargo, parece que no es ese
el interés del Grupo Parlamentario Popular, sino el de que nos sometamos a lo que propone o, de lo contrario, nuestras iniciativas se verán afectadas por su voto en contra.
Las tres propuestas que hacíamos siguen sirviendo para el nuevo texto que presenta el Grupo Parlamentario Popular. Nuestras enmiendas proponen al Gobierno que promueva con urgencia la trasposición a la legislación española de las directivas
2001/106 y 2002/59 del Parlamento y del Consejo, y su actualización con las decisiones que adopte el próximo Consejo Europeo de Copenhague. A día de hoy, todavía hay directivas sin trasponer; de hecho, todavía están por trasponer las que se
aprobaron después del accidente del Erika, la Erika I y la Erika II. La primera directiva que proponemos que se trasponga de manera urgente al derecho español es la que acelera el calendario de eliminación de los petroleros de casco único y
refuerza los controles en los puertos y las inspecciones efectuadas por las sociedades de clasificación. Hay que acabar de una vez por todas con la situación que nos puede llevar a sufrir en nuestras costas o en las de la Unión Europea un accidente
de características similares al que se ha producido. Ahora no sólo está contaminada la costa gallega, lo cual es un drama, sino que también se ha producido una contaminación del mar de difícil recuperación y, desde luego, a muy largo plazo. La
segunda directiva que planteamos que se trasponga urgentemente es la que hace referencia a la creación del fondo comunitario de indemnización a los damnificados por las mareas negras, al reglamento que crea la Agencia Europea de Seguridad Marítima y
al establecimiento de una red de puertos de refugio, así como a la identificación automática de los buques mediante un sistema de cajas negras similares a las utilizadas en aviación, que refuercen los poderes de intervención de los Estados miembros
frente a sus costas, incluso más allá de sus aguas territoriales.
Ya hemos hecho constar en todos nuestras intervenciones que la decisión adoptada por el Ministerio de Fomento de trasladar el buque mar adentro nos parece errónea y que la misma ha contribuido a que el desastre sea mayor. Seguimos
defendiendo que lo mejor hubiera sido llevar el barco a puerto seguro -posiblemente también hubiera sido erróneo- para trasvasar el fuel que contenían sus bodegas. Parece que las informaciones que nos van llegando terminarán por darnos la razón,
aunque preferiríamos que no fuera así.
La segunda enmienda que presentábamos y que sigue sirviendo para el nuevo texto del Grupo Parlamentario Popular pretende suprimir el transporte de mercancías peligrosas en buques monocasco con antigüedad superior a 15 años. Señorías, que se
suprima, que no se den ya más plazos, puesto que corremos riesgos muy graves que afectan a los ecosistemas, a la economía y a la sociedad civil de una manera importante. Señorías, que se haga ya, de manera urgente, y además que se restrinja el
tráfico de este tipo de mercancía cerca de las costas españolas. Lo que planteamos es muy claro, señorías, tanto si hay acuerdo en la Unión Europea como si no: que España lo haga de manera unilateral, como así lo están haciendo también algunos
países de la Unión Europea.
Finalmente, señorías, la última enmienda que presentamos a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, que también se podría incluir en su nuevo texto si quisieran realmente llegar a un acuerdo, pretende que se realice un
estudio de impacto ambiental aceptando el ofrecimiento de colaboración que la Comisión Europea ha hecho a España a través de la comisaria europea de Medio Ambiente. Desde luego, habría que aceptar esa colaboración para que pudiéramos tener a
nuestro alcance no solamente los recursos del Ministerio de Medio Ambiente y la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, sino también aquellos recursos, aquella información y aquellos trabajos de expertos que nos pueda facilitar la
propia Unión Europea. Señorías, esta colaboración es importante puesto que afecta directamente a Galicia, a España como Estado, pero también a la Unión Europea, por lo que a nuestro entender habría que aceptar esa invitación que ha cursado la
comisaria europea de Medio Ambiente.
Así pues, señorías, mi grupo parlamentario cree -hasta ahora nadie nos ha sacado de nuestro error- que existe una postura de no querer llegar a un acuerdo por parte del grupo mayoritario. Es lo que deducimos de lo que ha planteado hasta
este momento y eso no es bueno. Hubiese sido importante que se hubiera hecho un esfuerzo para intentar llegar a un acuerdo y que
hubiese salido hoy de aquí una resolución aprobada unánimemente por la Cámara en la que todos los grupos parlamentarios vieran reflejadas sus reivindicaciones. Desde luego, señorías, esto no es lo que ha sucedido hasta el momento.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: En primer lugar, señora presidenta, lamento que esta tarde tengamos que reiterar un debate debido a que todas las proposiciones no de ley relativas a la catástrofe del Prestige no se han podido sustanciar
conjuntamente. Parece que últimamente el Reglamento de la Cámara es de chicle para unos y de hierro para otros, pero infelizmente sobre eso tendremos más ocasiones de volver.
El 19 de noviembre el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una proposición no de ley del Bloque Nacionalista Galego, enmendada por el Partido Popular, en la que se recogían de forma sintética y suficiente acuerdos y
medidas esenciales para acometer la crisis provocada por la marea negra del Prestige, medidas preventivas y compensatorias que intentaban impedir la repetición de espectáculos tales como que los afectados por el siniestro del Mar Egeo hubiesen de
esperar 10 años para cobrar unas indemnizaciones que apenas cubrían el 10 por ciento de los daños producidos. Desde el Bloque Nacionalista Galego dijimos hace ya dos semanas que era el momento de exigir una actuación rápida para que no se repitiese
lo que sucedió con los temporales, lo que sucedió en el caso del Mar Egeo, y que ya habría tiempo para exigir responsabilidades políticas. Sin embargo, a cuatro semanas de la catástrofe, señores del Partido Popular, con la experiencia de la
absoluta ineficacia y descoordinación de sus administraciones, de las administraciones que ustedes dirigen en Galicia y en España, estamos ya en el momento de exigir responsabilidades políticas y medidas distintas de las que ahora recogen en esta
proposición no de ley. Habrá que recordarles, señores del Grupo Popular, que son ustedes quienes ostentan la mayoría absoluta en esta Cámara y son ustedes los que apoyan al Gobierno. Por tanto, no se trata de que vengan aquí a lavar la cara e
instar al Gobierno a hacer lo que hasta ahora, cuatro semanas después de la catástrofe, aún no ha hecho -ustedes sabrán internamente cuáles son los conductos-, ni a decir, aunque sólo sea por interés electoral, que actúen y que lo hagan de una vez.
No se trata de competir para ver quién registra la iniciativa más extensa, no se trata de que sean 42 ó 43 puntos. La proposición no de ley, que ustedes someten hoy a nuestra consideración, podría constituir el contenido de un plan gubernamental,
publicado en el BOE -y por cierto, ya en ejecución en las costas gallegas-, porque hablan de que hay que instar al Gobierno a cosas tan obvias como limpiar las playas y retirar el material contaminante que hay en ellas, a cuatro semanas de la
llegada de la marea negra; por tanto, están reconociendo que hasta ahora eso no lo ha hecho el Gobierno, sino que lo han hecho los ciudadanos de Galicia y los voluntarios que han venido de otros lugares del Estado español y de Portugal.
En cuanto al contenido de la proposición no de ley, también es de reseñar que ustedes con cierta -no sé cómo denominarlo- mala memoria o cara dura recogen cuestiones y elementos que ya estaban aprobados por unanimidad en la proposición no de
ley del 19 de noviembre, que no incorporaron en el Decreto Ley 7/2002 y que tampoco incorporaron en las sucesivas ampliaciones de este decreto. Por ejemplo, sobre las moratorias para créditos personales e hipotecarios que tengan suscritos los
afectados, ya aprobamos que el decreto ley iba a instaurar esa medida que ya se estableció en otros lugares del Estado con ocasión de catástrofes similares. No vuelvan ahora sobre lo aprobado el 19 de noviembre para decir que se va a instar al
Gobierno a promover acuerdos para establecer estas moratorias. El Gobierno tendría que haberlas establecido ya y haber realizado -el Gobierno- los acuerdos con las entidades de crédito para -el Gobierno- pagar los intereses y pactar con ellas un
aplazamiento de los créditos. No vengan tampoco a decir ahora que hay que establecer incentivos fiscales en el impuesto sobre sociedades, porque se aprobó el 19 de noviembre, pero no lo incluyeron en el decreto ley. ¿Por qué vienen ahora otra vez
con ello? ¿Van a aprobar otro decreto ley? Después, en la proposición no de ley del Bloque Nacionalista Galego, tendremos ocasión de entrar en esta cuestión.
Hablan de cuestiones con las que no estamos en absoluto de acuerdo, como el apoyo a los afectados para la presentación de reclamaciones ante el FIDAC. Al principio de esta intervención dije que intentamos evitar que se repita lo que sucedió
con el Mar Egeo. Lo que tiene que hacer el Gobierno es evaluar los daños, pagar ya las indemnizaciones y subrogarse en las acciones que tengan los afectados, frente al FIDAC o frente a los responsables, para resarcirse y no llevar a los afectados
-como si fuera un pleito puramente privado en el que el Gobierno, después hablaremos de ello, no tiene ninguna responsabilidad, cuando tiene bastante- a pelear con bufetes internacionales, a pelear con magnates como Mark Rich, al que entre otras
cuestiones sí que le dan apoyo, y esperar diez años para obtener unas indemnizaciones. Cuestiones como las campañas del FROM, ya están aprobadas, o como fomentar el turismo. Lo que sucede es que leyendo su proposición no de ley no se sabe si se
trata de apoyar el turismo en Galicia o de sancionar la censura informativa que se
está practicando en este momento en Galicia, porque si para apoyar el turismo ustedes pretenden poner en marcha un sistema de acogida de periodistas en colaboración con las autoridades competentes, y se cita a la Delegación del Gobierno, que
no destacó precisamente por su gestión eficaz de la crisis, ya me contarán. Si fomentar el turismo supone para ustedes seguir en prensa las informaciones de la catástrofe, seguirlas, ¿para qué? Si fomentar el turismo supone establecer un sistema
de información inmediata de las mejoras en la limpieza de la zona, eso ya tendría que estar en marcha.
Vuelven sobre otras cuestiones. En su punto 32 hablan de la puesta en marcha de forma inmediata de la Agencia de Seguridad Marítima. ¿No habíamos quedado el 19 de noviembre en que el Congreso de los Diputados reclamaba al Gobierno, por
unanimidad, la ubicación de la Agencia Europea de Seguridad Marítima en Galicia? ¿No habíamos quedado en eso el 19 de noviembre? (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.) Habíamos quedado en eso. Vuelven ustedes
otra vez sobre sus palabras y demuestran qué es lo que vale su palabra.
Hablan de que se estudie si es técnicamente posible que se separe a este tipo de buques del tráfico marítimo -se refieren a los buques que transportan mercancías peligrosas- y se lleven por un itinerario, por un corredor más alejado de la
costa. ¿No habíamos quedado en que había que alejarlo y que había que prolongarlo? ¿No están diciendo sus responsables políticos, como el señor Fraga, que ahora hay que separar el corredor? ¿No está diciendo el señor Aznar, en ese acuerdo con
Francia, que van a controlar hasta las 200 millas? ¿Qué problema tienen entonces en alejar más allá de las 25 millas el corredor marítimo de Fisterra?
Desde luego, se olvidan también de muchas cuestiones; se olvidan -si hablamos de las banderas de conveniencia- del segundo Registro de Canarias; se olvidan -si hablamos de las inspecciones en los puertos- de eliminar la práctica del
autodespacho; se olvidan -si hablamos del análisis de residuos- de que ya hay análisis de residuos de los que ustedes no quieren hacer caso. Ustedes suspenden ruedas de prensa del CSIC porque seguramente lo que se iba a decir allí por científicos,
investigadores independientes, no sería de su gusto, de su agrado.
Señores del Grupo Popular, las medidas que nos proponen aquí son medidas obvias. No nos podemos oponer a ellas, pues son obvias. El problema es que ya debían estar en ejecución. Hoy están reconociendo con esta proposición no de ley, a
cuatro semanas de la catástrofe, que aún no lo están. Si quieren ser ustedes eficaces y si realmente quieren no dejar solo al pueblo gallego, que hasta ahora ha sido él, con la ayuda solidaria de otras personas, el único que ha impedido, por
ejemplo, que el fuel-oil entre en las Rías Bajas, si no lo quieren dejar solo díganle cómo van a impedir que llegue la tercera marea negra, díganle cómo van a afrontar la amenaza inminente, hoy, esta noche, cuando se espera que lleguen nuevas
manchas de fuel-oil a la ría de Arousa, a la ría de Pontevedra o a la ría de Vigo, si de nuevo la van a tener que afrontar con sus manos, con sus embarcaciones, con sus barreras artesanales.
Díganselo, porque hoy se entrevistaron con el señor Fraga
y el señor Fraga poco menos que les recomendó seguir rezando a la Virgen del Carmen.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Aymerich.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo va a votar favorablemente la iniciativa que, con una enmienda, ha presentado el Grupo Parlamentario Popular y que ha defendido, a nuestro juicio acertadamente, con sentido de la realidad y sentido común, su portavoz la señora Sainz.
Decimos esto porque en la iniciativa primitiva del Grupo Parlamentario Popular se contemplaban solamente 11 medidas. En este caso, con las enmiendas, son 43, que son favorables por haber recogido propuestas de los otros grupos parlamentarios que
han presentado enmiendas, cuestiones que se han manifestado ya en las dos largas comparecencias que hemos tenido en esta Cámara, el jueves pasado en la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea, con comparecencia del vicepresidente
primero del Gobierno, señor Rajoy, y en la mañana de hoy en la Comisión de Infraestructuras con las aportaciones realizadas por el ministro de Fomento, señor Álvarez-Cascos y los portavoces que hemos intervenido en ambos debates.
Con estas 43 medidas se enriquecen las que contenía la primera iniciativa.
Se han ampliado las cuestiones generales, las que hacen referencia a la prevención y regeneración del medio ambiente, cuestión verdaderamente fundamental y donde
están las garantías de toda la riqueza futura marisquera gallega y la calidad de su medio ambiente; la inversión de las empresas que trabajan en los sectores pesquero, hotelero, turístico, etcétera; la defensa del empleo, que es fundamental para
la estabilidad laboral y la pacificación social; los aspectos favorables al turismo.
También hay que tener en cuenta los importantísimos acuerdos que el pasado día 6 se tomaron en Bruselas por el Consejo de Transportes de la Unión Europea, donde mi grupo vuelve a destacar la importancia de la entrada en funcionamiento de la
Agencia de Seguridad Marítima. Desde Canarias mi grupo parlamentario la semana pasada solicitó un plan integral muy próximo al contenido de esta iniciativa que hoy el Grupo Parlamentario Popular nos trae a la Cámara con una enmienda que la
perfecciona y complementa. El contenido de
esta iniciativa es un plan integral de actuaciones necesarias para el futuro.
Mi grupo considera que no somos beligerantes políticos en circunstancias temporales, circunstanciales y coyunturales. Queremos aprender de lo sucedido y comprometernos a aplicar medidas que corrijan esta tremenda catástrofe causada por la
irresponsabilidad de unos armadores, de un capitán de un buque, al tolerar, en el comercio mundial de materias petrolíferas, los crudos y el fuel de alta densidad. Queremos participar en todos los escenarios de encuentro, de diálogo, para llegar
con sosiego a una tregua entre todos y evitar esta plaga que se está extendiendo estos días sobre tanta riqueza costera gallega y que unos llaman chapapote y otros piche -expresión gallega similar a una canaria que se utiliza para describir una
situación así-. Desde aquí brindamos nuestro apoyo para seguir en una línea de prudencia, de eficacia, de responsabilidad y de sensatez.
Por estas razones, y teniendo en cuenta el amplio abanico que forman las 43 medidas que contempla esta iniciativa y aquellas otras que surjan en los debates parlamentarios que puedan complementar estas actuaciones, mi grupo piensa que vamos
hacia un proceso de eficacia y de racionalidad que va a dar solución a los problemas.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Otxoa.
El señor OTXOA DE ERIBE ELORZA: Gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo se encuentra un poco triste ante el espectáculo de que, a pesar de las ofertas de acuerdos, de las promesas de buscar posturas conjuntas a favor del pueblo gallego y de la desgracia que sobre él se ha abatido, no ha habido
capacidad para presentar una proposición conjunta en esta Cámara. En lugar de una proposición conjunta nos hemos encontrado con un refrito que viene a significar un lavado de cara en el cual se integran actuaciones ya aprobadas en la sesión
parlamentaria del día 19 de noviembre con otras medidas que ya están aprobadas o están en marcha y otras elementales que a cuatro semanas de la catástrofe se pide al Gobierno que las ponga en práctica. Sencillamente no nos parece presentable esta
proposición no de ley, insisto, a cuatro semanas del accidente, ya que se retrotrae a pedir lo ya pedido con anterioridad.
Como no podemos votar en contra de esta proposición por motivos obvios en todo lo que beneficie a los afectados gallegos o de otras zonas del Estado a las que habría que ampliar la protección, pero entendemos que esto es una especie de
pirateo político para lavar la cara a última hora diciendo: es una propuesta mía, nuestro grupo se va a abstener.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Otxoa de Eribe.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Martí.
El señor MARTÍ I GALBIS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, de manera breve y desde el escaño querría avanzar el voto positivo de mi grupo parlamentario a la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Se trata de una proposición no de ley, al menos en la versión original del texto, que centra las medidas encaminadas para conseguir los objetivos en el ámbito de la Unión Europea y que posteriormente ha sido completada y mejorada y eso abre
la capacidad de actuación y las iniciativas que instan al Gobierno a tomar en diversos ámbitos, no solamente en el de la Unión Europea.
Comparto con algún otro portavoz parlamentario la tristeza de no haber podido concentrar el debate parlamentario de las diversas proposiciones no de ley en uno solo. Vamos a tener ocasión de repetir argumentos, de repetir defensas, de
repetir propuestas, y no me parece que sea de recibo. En todo caso, aunque sea de esta manera, nos ofrecerá la posibilidad de debatir, de profundizar de nuevo en otros planteamientos, la mayoría de los cuales forman parte del ámbito de actuación de
la Administración pública estatal.
Por lo que respecta a la proposición no de ley que ahora debatimos y a la autoenmienda del propio grupo proponente, estamos ante un conjunto de propuestas que mi grupo parlamentario -repito- comparte y apoya, porque abordan iniciativas y
medidas que deben tomarse lo antes posible, para intentar evitar o, en su caso, minimizar las posibilidades de que se produzca un nuevo caso Prestige, no sólo en las costas españolas sino también en las costas del resto de Europa.
Se trata de medidas e iniciativas cuya aprobación y aplicación escapa de las posibilidades y las competencias estatales, que entran de lleno, como decía antes, en una amplia relación de las mismas, en el ámbito de actuación europeo o
internacional, y que son imprescindibles y complementarias a las que debemos arbitrar en el ámbito autonómico y estatal. De hecho, en anteriores debates sobre el tema que nos ocupa, ya hemos tenido ocasión de discutir sobre la bondad y,
especialmente, sobre la urgencia de disponer de recursos e instrumentos como la Agencia de Seguridad Marítima, la mejora de la inspección de los buques que transportan mercancías peligrosas, la clarificación legal en cuanto a la regulación de los
pabellones de conveniencia o la implantación de las medidas aprobadas en marzo y diciembre del año 2000, conocidas como paquete Erika I y paquete Erika II.
En ese sentido, quiero recordar que mi grupo parlamentario ya planteó la necesidad de impulsar un buen número de las medidas que contiene esta proposición no de ley, durante la intervención de mi compañera
Mercè Pigem en la comparecencia del vicepresidente primero del Gobierno ante la Comisión Mixta para la Unión Europea, que tuvo lugar hace pocas fechas, en concreto, el pasado 5 de diciembre.
Con este mandato que se va a derivar de la aprobación de la proposición no de ley que ahora debatimos, el Gobierno podrá ejercer con más autoridad, si cabe, la presión necesaria ante la Unión Europea, aprovechando la celebración del Consejo
Europeo de Copenhague, los próximos días 12 y 13 de este mismo mes, puesto que es ahí donde, en gran medida, se pueden asumir compromisos y adoptar acuerdos en la línea de lo que se pide en esta proposición no de ley, en los supuestos de ámbito
competencial de la Unión Europea o de ámbito internacional.
Finalmente, creemos que la evaluación y el balance de las medidas que se tomen desde la Unión Europea y a nivel internacional ante la problemática que nos ocupa podrían llevarse a cabo -y a ello tendremos ocasión de referirnos más adelante,
en el debate de las siguientes proposiciones no de ley- de una manera eficaz en el seno de la subcomisión de seguimiento de las consecuencias de la catástrofe del Prestige, cuya creación mi grupo ha solicitado hace pocas fechas, dentro de la
Comisión de Medio Ambiente de esta Cámara.
Esperamos que todas estas medidas puedan implementarse con la máxima urgencia, con la máxima eficacia, y que puedan superarse las resistencias y los intereses económicos que en su día impidieron, de manera vergonzante, aplicar medidas
drásticas, después del accidente del petrolero Erika, frente a las costas de la Bretaña francesa, en el año 1999.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Martí.
Señora Sainz, a los meros efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.
La señora SAINZ GARCÍA: Señora presidenta, no estamos en condiciones, en este momento, de aceptar las enmiendas de los grupos que las han presentado. En cambio, agradezco el apoyo de los grupos de Coalición Canaria y de Convergencia i
Unió.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Sainz. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Popular en el Congreso, sobre medidas cautelares para evitar daños ocasionados por siniestros en el mar.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 285; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE ESTABLECE UN PLAN DE AYUDA A GALICIA QUE PALÍE LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR EL DESASTRE DEL PETROLERO 'PRESTIGE' Y A LA VEZ ARBITRE ACTUACIONES DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO. (Número de
expediente 162/000615.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SRES. AYMERICH, RODRÍGUEZ Y VÁZQUEZ), RELATIVA A LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS PROVOCADOS EN GALICIA POR EL VERTIDO DE HIDROCARBUROS PROCEDENTES DEL PETROLERO 'PRESTIGE' Y A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS QUE IMPIDAN
LA REPETICIÓN DE ESTAS CATÁSTROFES.
(Número de expediente 162/000612.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE MEDIDAS DIRIGIDAS A MEJORAR LA SEGURIDAD EN LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA Y PREVENIR NUEVAS CATÁSTROFES ECOLÓGICAS COMO LA ORIGINADA POR EL PETROLERO 'PRESTIGE'. (Número de expediente
162/000620.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se establece un Plan de ayuda a Galicia que palíe los efectos producidos por el desastre del petrolero Prestige y a la vez arbitre actuaciones de
promoción y desarrollo.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez, relativa a la reparación de los daños provocados en Galicia por el vertido de hidrocarburos procedentes del petrolero Prestige y a la adopción de
medidas que impidan la repitición de estas catástrofes.
Por último, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas dirigidas a mejorar la seguridad en la navegación marítima y prevenir nuevas catástrofes ecológicas como la originada por el petrolero
Prestige.
Para la presentación y defensa de la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Blanco. (Rumores.)
Señorías, es preciso que continuemos con el debate, por lo cual por enésima vez ruego a aquellos que vayan a abandonar el hemiciclo que lo hagan en silencio y de la forma más rápida posible y al resto que ocupen sus escaños.
Adelante, señor Blanco.
El señor BLANCO LÓPEZ: Señora presidenta, señoras y señores diputados, la sociedad española nos está dando una lección de civismo que desde el Parlamento no puede pasar desapercibida. Los miles de voluntarios de toda España que codo con
codo con gallegos y gallegas están participando en la limpieza de nuestro litoral gallego representan lo mejor de una catástrofe sin precedentes en la historia de nuestro país, que ahora ya reconoce el Gobierno de España. Ellos y ellas se han
puesto manos a la obra y su acción debe ser un revulsivo para que este Parlamento no permanezca impasible ante el compromiso que han demostrado. Todos los que allí siguen y los que han tenido que marchar continúan teniendo puesto el corazón en las
costas gallegas, en lo que allí han sentido y en lo que allí han vivido. Señorías, pongamos hoy también nuestro corazón y nuestro trabajo para estar a la altura del ejemplo que todos ellos nos han dado.
Hoy más que nunca nosotros debemos ser capaces de devolver la confianza en la institución parlamentaria. Señorías, no podemos defraudarles. No podemos seguir transmitiendo la impresión de que somos los únicos que no nos enteramos del
alcance real de la catástrofe. De nuestra actitud dependerá en buena medida que la gente a la que representamos sienta que de verdad defendemos sus intereses. De nosotros depende que alejemos cualquier sombra de duda que pudiera albergar sobre
nuestra disposición y nuestra voluntad, señores del Partido Popular, de arrimar el hombro por encima de cualquier otro interés. Con este espíritu el Partido Socialista trae hoy a la Cámara una propuesta de compromiso con Galicia, pensando en el
ahora y en el mañana. (Rumores.) Tiempo habrá en una comisión de investigación de dilucidar responsabilidades, tiempo y lugar tendremos todos nosotros y sobre todo la sociedad española para pedir explicaciones, para conocer los pormenores de una
cadena de actuaciones que como mínimo resulta cuestionable y de dudosa eficacia.
(Rumores.-Pausa.)
La señora PRESIDENTA: Adelante, señor Blanco.
Señorías, ruego guarden silencio.
El señor BLANCO LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
A estas alturas a los ciudadanos de nada les vale el mero reconocimiento.
De poco les sirve la simple manifestación de solidaridad si ésta no va acompañada de medidas que sirvan para mitigar las consecuencias del desastre. Mitigar
consecuencias, esa es precisamente la filosofía de la propuesta que nuestro grupo trae hoy al Congreso. Venimos para ofrecer al resto de los grupos un pacto por Galicia. Venimos para impulsar conjuntamente con el resto de los grupos un plan
integral para Galicia, para paliar las graves consecuencias del que desgraciadamente es ya el mayor desastre ecológico, social y económico que ha padecido nuestro país. Nuestra propuesta completa, amplía y enriquece las iniciativas aprobadas en
esta Cámara, incluso la que acabamos de aprobar ahora mismo del Grupo Popular con los votos también del Grupo Socialista. La iniciativa que queremos compartir con todos los grupos pretende abordar de forma integral todos los problemas que se van a
derivar a medio y a largo plazo de la marea negra que afecta a la costa gallega y a la cornisa cantábrica. Señorías, queremos que la marea negra no se convierta en el manto negro que tape y frene el desarrollo de una tierra que sufre un retraso
histórico en el orden económico y social.
Por todo ello, proponemos un plan por Galicia vertebrado sobre seis ejes, unos complementarios con los que ya se han puesto en marcha y otros impulsores de medidas pendientes desde hace mucho tiempo. Nuestra primera propuesta es que este
plan por Galicia ponga en marcha los mecanismos necesarios para realizar una evaluación exhaustiva de las zonas y sectores afectados por la catástrofe. En segundo lugar, proponemos desarrollar un pacto de prevención y recuperación ambiental para
que en el menor tiempo posible la situación de nuestras costas vuelva a ser la misma que antes del 13 de noviembre. En tercer lugar, proponemos un pacto para la defensa del empleo. El aumento del desempleo puede suponer una hipoteca aún mayor para
Galicia que la derivada de la propia catástrofe.
No permitamos que la marea negra destruya más empleos. No dejemos que las circunstancias o la irresponsabilidad de unos pocos sea motivo para que la difícil situación del empleo en Galicia empeore
aún más. Es justo reconocer que se han adoptado medidas para apoyar a los sectores productivos directamente afectados, pero no hay que olvidar que la crisis va a ser más profunda y duradera de lo que inicialmente todos habíamos previsto. Por eso
será necesario adoptar medidas para hacer viables esos sectores en el futuro y para mejorar y modernizar los medios y la tecnología con la que cuentan. Galicia es una tierra para la que el turismo es una fuente de ingresos esencial. Es vital para
el futuro de Galicia que este sector no se vea afectado. Por ello también proponemos crear un fondo especial para el fomento del turismo en Galicia.
Como todos sabemos, Galicia soporta un déficit histórico en el desarrollo de infraestructuras viarias, portuarias y ferroviarias. El noroeste ha padecido durante mucho tiempo el olvido en la asignación de presupuestos e iniciativas
suficientes para equipararse al resto de España.
Aprovechemos esta desgraciada oportunidad para que la catástrofe sirva para empujar la palanca del cambio y del crecimiento de Galicia. Para ello entendemos que es necesario fomentar e impulsar el
desarrollo de las infraestructuras gallegas, entre otras cosas para que haya más autovías, mejores puertos y también para que se garantice la esperada alta velocidad. Por eso, señorías, todos los recursos son necesarios, todos los
esfuerzos son pocos, todas las voluntades deben coincidir, señores del Partido Popular, en el mismo objetivo.
Recientemente hemos propuesto que el Gobierno solicite el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea que al día de ayer todavía no se había solicitado, además de otros fondos europeos que ya se habían pedido. Los gallegos, señores del Partido
Popular, merecen el mismo trato y la misma atención que el resto de los ciudadanos de la Unión Europea ante catástrofes que han tenido lugar en el centro de Europa; ese es precisamente el objetivo del fondo, que hoy demandamos para paliar los daños
de una catástrofe. Hagamos posible entre todos que esas ayudas lleguen a España y sirvan para impulsar el plan que hoy proponemos. Para llevar a cabo este plan es necesario además que se comprometan más recursos del Estado, que se garantice el
desarrollo económico y social de Galicia. Tenemos que comprometer más recursos del Estado y no seguir obsesionados como sigue el ministro de Hacienda con el déficit cero. El déficit cero, señores del Partido Popular, no tiene lógica cuando lo que
hay en Galicia es déficit histórico de infraestructuras, de medios, de materiales y de recursos como se ha evidenciado ahora mismo ante esta catástrofe.
Señora presidenta, he esbozado a grandes trazos las líneas fundamentales de esta iniciativa. La misma quiere corresponder con el entusiasmo y la capacidad de movilización que tuvieron todos los españoles, y que han demostrado con Galicia y
con su gente. Los ciudadanos, de forma espontánea, han hecho un pacto tácito de generosidad con Galicia. A las instituciones de España, a las instituciones del Estado les corresponde ahora responder con la misma diligencia. El Parlamento tiene
hoy la obligación de no defraudar las demandas ciudadanas, pero sobre todo debe despejar cualquier duda sobre su firme voluntad de trabajar por y para la sociedad a la que representa. Un voluntario anónimo decía lacónicamente: Nadie se acordará de
lo que hemos hecho cuando esto acabe. Impidamos hoy, señorías, con nuestras decisiones, que esta advertencia se haga realidad.
Demos una respuesta de altura a la gravedad de la crisis, evitemos que una sociedad que ha actuado con solidaridad, con
generosidad sin límites, tenga la sensación de que son las instituciones democráticas las que les están poniendo barreras. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de evitar que nunca más la gente piense que todo llega demasiado tarde, especialmente las
reacciones de los políticos y los medios que las instituciones ponen a su servicio. Señorías, seamos hoy tan generosos con Galicia como lo están siendo nuestros conciudadanos a los que nosotros representamos en esta Cámara.
Adelantémonos por una vez en esta crisis a la dura realidad. A un problema de Estado se debe responder con un compromiso de Estado. Pongamos hoy por lo tanto todos los medios y todas las voluntades para sacar adelante este pacto que les
propongo por Galicia. Y pido especialmente al Partido Popular que tenga con esta iniciativa la altura, la generosidad que ha tenido el Partido Socialista con la iniciativa anterior, que no compartiendo sus términos, que no habiendo aceptado ninguna
de sus enmiendas, haciendo posible aquello de que toda idea es positiva en una situación de emergencia, votando por lo tanto su propuesta, hagan ustedes también con su voto realidad este pacto por el desarrollo económico y social de Galicia, que va
más allá de la catástrofe del Prestige.
Muchas gracias, señorías.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Blanco.
Para la defensa de la iniciativa del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Señora presidenta, señorías, antes de comenzar mi intervención quisiera que en el 'Diario de Sesiones' conste, porque aún no hubo ninguna declaración institucional de esta Cámara, un reconocimiento y un
agradecimiento. Un reconocimiento, en primer lugar, para la epopeya protagonizada por los marineros de Galicia, a esos marineros que con sus propios medios, con sus propias embarcaciones, con sus propias redes impidieron que el fuel-oil entrase
hasta hoy -el peligro sigue- en las rías gallegas, y que no contaron con ningún apoyo, más bien todo al contrario, del Gobierno del Partido Popular. Sólo algunos ayuntamientos, como los de Pontevedra o los de Vigo, facilitaron medios y suplieron la
ausencia de la Administración competente en materia de costas y de salvamento marítimo. Un agradecimiento, en segundo lugar, a esos miles de voluntarios de Portugal, de España, de todo el mundo que se sumaron a la ciudadanía gallega para limpiar el
litoral y participar con ella en un grito: Nunca más. Ellos, con su compromiso, dieron un ejemplo de solidaridad internacionalista y si, como decía Manuel Rivas, lo bueno de Galicia es que cualquiera puede ser gallego, estos héroes anónimos, los
que compartieron nuestros trabajos y nuestras luchas, son hoy más gallegos que nadie. Sin embargo, y estos voluntarios son los primeros en denunciarlo, su actuación no supone de ningún modo absolver al Gobierno y al Estado español de la grave
responsabilidad contraida con Galicia por acción y por omisión. La intervención de estos voluntarios, lejos de eliminarla, hace aún más patente el abandono estructural que Galicia ha sufrido por parte de sucesivos gobiernos españoles.
En los últimos 30 años las costas gallegas sufrieron siete graves catástrofes; catástrofes ambientales y económicas, provocadas por petroleros y otros buques cargados con sustancias peligrosas. Tuvimos accidentes bajo todo tipo de
gobiernos, bajo todo tipo de regímenes políticos y, al parecer, ninguno de ellos fue lo suficientemente grave como para que la seguridad en las aguas de Galicia y la protección del litoral gallego
constituyese una prioridad para el Estado español. Ni en los debates del estado de la Nación, ni en las sucesivas presidencias de la Unión Europea, ni en el seno de la Organización Marítima Internacional, España quiso proteger al litoral
gallego, litoral del que depende más del 25 por ciento de nuestro producto interior bruto. Los paquetes Erika I y Erika II fueron aprobados por la Unión Europea a instancias del Gobierno francés cuando, como ustedes saben, una marea negra provocada
por ese petrolero asoló las costas de Bretaña. ¿Por qué hasta hoy ningún Gobierno español aprobó el paquete Urquiola, el paquete Cason, el paquete Mar Egeo, que hubiesen impedido la producción de esta catástrofe hoy del Prestige.
En el seno de la Organización Marítima Internacional el Gobierno español está impulsando, y el Bloque Nacionalista Galego se congratula de ello, la declaración de Canarias como zona especial a los efectos del convenio Marpol. Una mayor
protección, un mayor rigor en la aplicación del derecho internacional del mar. Sin embargo, hasta hoy, ningún Gobierno español se ha preocupado de que Galicia, el litoral gallego, la zona más sensible desde el punto de vista económico y ambiental
de toda Europa, la que soporta un tráfico marítimo más denso de toda Europa, sea declarada zona especial a los efectos de este convenio internacional. ¿Qué es, por tanto, lo que sucede? ¿Qué es lo que tenemos que hacer los gallegos para que, de
una vez, la seguridad en las aguas de Galicia, la protección del litoral gallego pase a constituir una prioridad para España?
Desde el Bloque Nacionalista Galego presentamos una proposición no de ley clara y precisa que consta de pocas medidas y de medidas realistas, medidas algunas de ellas aprobadas, y aun no cumplidas por parte del Gobierno, el pasado 19 de
noviembre. Reconocemos que el Gobierno empieza ahora tímidamente a reconocer errores. Bien está que se acelere el proceso de pago de las compensaciones a los afectados; bien está que se admita que también son afectados los comercializadores, por
cierto, no sólo los de primer nivel, las rederas y el personal de auxilio de las embarcaciones, pero aún faltan otros colectivos. ¿Dónde está la hostelería, los marineros y pescadores que siguen mariscando y pescando sin tener sus papeles en regla
y que constituyen en comarcas como da Costa da Morte o Bergantiños un verdadero colchón social? Digo que bien está que casi un mes después de la catástrofe el Gobierno cree un gabinete de crisis, pero esto llega tarde y mal, y desde luego, que
quede bien claro, no llega fruto de ninguna sensibilidad especial del Gobierno español, sino que es de justicia y obedece a la ejemplar presión ejercida por el pueblo gallego desde el primer día, por la mayoría de la sociedad gallega y con ella por
el Bloque Nacionalista Galego. Es lo mínimo que un Gobierno responsable puede hacer, pero aún queda mucho. Queda, por ejemplo, para evitar que se repitan los sucesos del Mar Egeo, que el Gobierno evalúe los daños, calcule las cuantías económicas a
que ascienden los mismos e indemnice ya a los afectados; que el Gobierno se subrogue después, si quiere, en sus acciones y litigue contra el FIDAC, contra los fondos internacionales a que haya lugar, pero que no sean los propios afectados los que
en una lucha desigual hayan de competir con estos fondos, que sería, señores del Partido Popular, la garantía de que tuviésemos que esperar otros diez años.
En segundo lugar, queda también que alguien nos diga, y se lo diga sobre todo a los marineros que hoy están esperando una nueva marea negra, qué se va a hacer para que esta tercera marea negra no llegue a las costas gallegas; qué se va a
hacer pero ya, ahora mismo, para no dejar a los trabajadores del mar solos otra vez ante la amenaza del fuel-oil; quién toma las decisiones; quién coordina a las diferentes administraciones.
Dicho de otra manera, ¿está dispuesto el Gobierno a
hacer algo más que esperar un, por otra parte, poco probable cambio en el sentido del viento? Es necesario dotar al litoral gallego de medios eficaces de prevención y de lucha contra la contaminación marina; es necesario, por tanto, criticar la
situación actual, la falta de control del corredor.
Con una sola estación de radar en Fisterra y con muchas zonas de sombra en un corredor situado a 25 millas no se controla el corredor; habría que establecer sistemas de control vía satélite, como
ya se están experimentando en Canarias con el operativo Airbus; habría que establecer un alejamiento y una prolongación del corredor al sur y al noroeste para que cubra el conjunto de la costa gallega y los barcos que van a 25 millas en Fisterra no
pasen sólo a cuatro millas de cabo Prioriño, con el peligro que eso supone para la seguridad marítima y para la pesca artesanal.
Es necesario acelerar la puesta en marcha de los paquetes Erika I y Erika II, y no sólo porque sea de justicia, sino porque este retraso está produciendo ya efectos perversos. La aprobación de leyes mucho más incisivas en los Estados Unidos
está haciendo, después del desastre del Exxon Valdez, que los barcos más modernos y mejor preparados vayan a los puertos americanos mientras quedan para los trayectos y para los puertos europeos los barcos más viejos y, por tanto, más inseguros. Es
necesario que se cumpla un acuerdo de esta Cámara, y es que se ubique en Galicia la Agencia de Seguridad Marítima; incrementar el rigor de las inspecciones en los puertos españoles eliminando la nefasta práctica del autodespacho.
Desde luego es
necesario garantizar la transparencia informativa y la eliminación de la censura informativa que en estos momentos está practicando el Gobierno. Señores del Partido Popular, es necesario también depurar responsabilidades políticas. Dijimos hace
tres semanas: No es ahora el momento de exigir responsabilidades políticas, sino de ponernos todos manos a la obra, de compensar a los afectados, de que no se repita lo que ya sucedió en otras ocasiones. Ahora sí es ya el momento de empezar a
depurar responsabilidades. Si Gescartera era importante, créanme, señores diputados, para Galicia es mucho más importante el Prestige. Habrá que aclarar también quién tomó las decisiones, cómo las tomó y qué responsabilidades se van a
deducir de ahí.
Acabo, señorías. Nunca antes como ahora fue tan evidente que Galicia es una nación sin Estado, en el sentido lógico de que no tenemos Estado, lo sabemos, pero también en el sentido de que no tenemos ningún Estado que nos proteja, carecemos
de ningún Estado que nos proteja. Durante la crisis, el Gobierno español, las instituciones españolas estuvieron más pendientes de acallar el problema, de ocultar su dimensión, que en defender a Galicia y los gallegos de una forma eficaz. Sólo
algunos ayuntamientos, como ya dije, suplieron esta inactividad culpable, criminal, de las administraciones responsables. Habrá que empezar a ver qué sucede con competencias que el Estado se niega a transferir y que no ejerce en materia de costas,
en materia de seguridad y salvamento marítimo. Si las tienen, por favor, ejérzanlas, y, si no, dejen que las ejerzamos los que sí tenemos un compromiso con el país y, por lo que nos va en ello, estamos dispuestos a practicarlas.
Estas son, señorías, las propuestas del Bloque Nacionalista Galego, propuestas realistas para resarcir a los afectados, para recuperar los ecosistemas contaminados, para depurar las responsabilidades políticas gravísimas en que el Gobierno
español ha incurrido en Galicia y, sobre todo, para que catástrofes como las del Prestige no vuelvan a suceder nunca más. Son las demandas del BNG y son, señorías, las demandas de Galicia.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Para la defensa de la iniciativa del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, empezaré diciendo que mi grupo parlamentario retira en este momento las enmiendas que había presentado a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, porque votaremos a favor tal y como está la iniciativa de este
grupo parlamentario. De la misma manera, votaremos a favor de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, BNG.
Mi grupo parlamentario presenta una proposición no de ley que consta de varios puntos. En el primero planteamos la necesidad de que por parte del Gobierno se abra una investigación sobre las actuaciones llevadas a cabo para el alejamiento
del buque de las costas gallegas. Estamos discutiendo desde hace ya varios días sobre si la decisión adoptada por el Gobierno ha sido la más correcta o la que hubiera impedido que se produjera el desastre que se ha producido en estos momentos y
que, por desgracia, señorías, según las informaciones de que disponemos, tiene visos de que va para largo. Desde nuestro grupo parlamentario creemos que no se tomó la decisión más acertada. No creemos que la decisión del Gobierno fuera adoptada
con ningún otro interés más que el de salvar la costa gallega, pero ha conducido a un desastre mayor. Creemos que el hecho de que el alejamiento del buque se produjera en las condiciones que se produjo, que los remolcadores a los que se llamó no
pudieran arrastrar un petrolero de esas características, ha llevado, además de las condiciones meteorológicas, a un desastre de las características del que estamos hablando en estos momentos. Creemos que es necesario que se aclare ante esta Cámara
y ante la opinión pública qué es lo que ha sucedido realmente.
Cuando esta mañana preguntábamos al ministro de Fomento en su comparecencia por qué no había intervenido el buque de la Armada cuando el petrolero cambia el rumbo, mi grupo parlamentario estaba convencido de que el capitán del buque o la
compañía que fue contratada para llevárselo habían actuado por iniciativa propia y que habían incumplido las órdenes que desde el Gobierno español se le habían dado. Nuestra sorpresa ha sido que el Gobierno español no llamó a la Armada para que le
hiciera retomar el rumbo que se le había marcado porque estaban de acuerdo con el rumbo que había adquirido nuevamente. Es decir el Gobierno español ha estado de acuerdo con que se paseara el buque por toda la costa con intención de alejarlo. Y
parece ser, señorías, que tampoco se tuvieron en cuenta los partes meteorológicos ni los conocimientos que tienen el personal y los expertos que trabajan en la costa gallega que les hubieran dicho que no iban a encontrar aguas tranquilas y lo único
que podía suceder es que el barco se rompiera. Señorías, todas estas cosas deben aclararse; las dudas que hay sobre las actuaciones deben quedar claras.
En el segundo punto planteamos que se dote de recursos materiales a los organismos competentes en salvamento marítimo. Esta mañana ha quedado clarísimo que tenemos cada vez menos recursos económicos para dotar de todos los materiales y
recursos necesarios para poder actuar de una forma clara y decidida ante una situación si no de las mismas características, similar. Aunque la marea negra hubiera sido menor tampoco hubiéramos podido actuar en las mismas condiciones. Se trata
fundamentalmente de tener remolcadores potentes que puedan alejar al barco, si esa es la decisión que se adopta, en condiciones de seguridad. Señorías, es necesario tener material de protección. Todos hemos visto a través de los medios de
comunicación las quejas permanentes de los voluntarios, de los pescadores, ante la falta de materiales y de recursos para poder luchar contra la contaminación en la costa y en el mar. España no tiene ningún buque que pueda aspirar
el fuel en el mar. Parece mentira que eso se pueda producir en un país que tiene los kilómetros de costa del nuestro. Pero además no se trata solamente de un problema de la costa atlántica o de la costa cantábrica, es un problema de todas
las costas; en el Mediterráneo también transitan buques de las mismas características que el Prestige que cualquier día nos pueden dar un susto de similar tenor. Es necesario por tanto que se tengan esos materiales para que se pueda hacer una
intervención rápida y eficaz, porque no es verdad que la intervención haya sido rápida y eficaz. Países de nuestro entorno, países de la Unión Europea que tienen bastantes menos kilómetros de costa que el nuestro, tienen muchísimos más recursos
materiales y humanos dedicados a estas labores.
El tercer punto plantea la necesidad de que se presente en el Congreso de los Diputados, en este periodo de sesiones o en el próximo, un programa de medidas dirigidas a reforzar la seguridad de la navegación marítima global y de los buques
que enarbolan pabellón español. Hemos hablado constantemente durante todos estos días, desde que se produjo la fatal tragedia, de la necesidad de que se acorten los tiempos a la hora de poner en marcha los buques de doble casco. Señorías, mi grupo
parlamentario sigue insistiendo en que es necesario que se presente ese programa aunque sea de manera unilateral para el Estado español. Que el Gobierno, el Estado español, negocie con las compañías petroleras para que puedan tener funcionando -ni
los tienen todas ellas ni todos los buques- solo y exclusivamente buques de doble casco y que estas compañías no solamente tengan esos buques para enarbolar pabellón español sino que no utilicen banderas de conveniencia para utilizar otros buques en
peores condiciones.
Es necesario que se promueva el reforzamiento legal y administrativo de las inspecciones y del control de la certificación y condiciones de seguridad de los buques que transitan por aguas españolas y que hacen escalas en puertos españoles.
Señorías, el ministro no nos ha aclarado si era cierta o no la información. Poniéndola todavía entre interrogantes, si es cierta, el buque Prestige ha estado recalado en la bahía de Algeciras por dos veces y en ambas se le ha dado la autorización.
Por tanto hay que reforzar las certificaciones y las inspecciones en el Estado español. No nos sirve que el ministro de Fomento nos diga que se han hecho casi 2.000 inspecciones en el año 2001, señorías, porque no solamente se trata de cantidad,
sino de la calidad de las inspecciones, y para eso no son suficientes 114 inspectores, que es con los que cuentan hoy para poder inspeccionar a todos los buques que transitan, muy lejos, desde luego, de la cantidad de inspectores que tiene Francia,
por ejemplo, que son 2.000; creo que estamos a una distancia abismal. Tampoco nos satisface que el ministro nos pueda decir que somos el cuarto país en hacer inspecciones a los buques. No queremos ser el cuarto, en esto queremos ser el primero, y
precisamente por eso tener la capacidad de exigencia al resto de los países de la Unión Europea de que ellos mismos lo cumplan.
También creemos que es necesario que se puedan prohibir a través de disposiciones legislativas y administrativas prácticas abusivas que hoy son moneda de uso corriente y que además están planteando el recurso sistemático a los barcos
obsoletos, a los pabellones de conveniencia y al reclutamiento de tripulantes de determinados países que no tienen ningún tipo de preparación para poder afrontar una situación de características similares a la que ha ocurrido con el Prestige. Y,
señorías, lo podemos hacer de manera unilateral. Ahí tienen el ejemplo de un país al que ustedes les gusta seguir en muchos aspectos: Estados Unidos. Por sus costas no transita ningún barco que no tenga doble casco y que no tenga una tripulación
acorde con las exigencias de ese país, que desde luego tiene una legislación bastante estricta en esta materia. Sigamos su ejemplo. Ya que lo siguen en otras cosas, síganlo en esto, que es lo que más nos va a beneficiar a los ciudadanos y
ciudadanas del Estado español.
Les pedimos también que se adopten medidas adecuadas para situar a los astilleros españoles en las mejores condiciones de competencia para la fabricación de petroleros de doble casco. Señorías, hemos tenido unos astilleros con una capacidad
de producción inmensa que se han dedicado paulatinamente a reconvertir, a reducir, a dejar en la mínima expresión.
Reflótenlos. Pero reflótenlos para que puedan servir a los intereses generales del Estado español y no a los intereses de unos pocos
o a los intereses del capital privado. Háganlo precisamente para que sirva a los intereses generales, para que sirva a los intereses de la mayoría y para que estén en condiciones de poder ofertar esos buques de doble casco.
Háganlo y luchen contra
la competencia desleal que se practica por países terceros y que se ha denunciado en numerosas ocasiones en esta Cámara y que parece ser que al Gobierno español tampoco le preocupa en exceso.
Creemos necesario, señorías, que se dé una respuesta conjunta de la Unión Europea. Creemos que son escasas las propuestas de modificación que se plantean de cara al Consejo de Copenhague. Creemos que es importante que se reduzcan los
tiempos y que se obligue a que a partir del año 2005 todos los petroleros dispongan de doble casco. Sabemos que es un tiempo bastante reducido, sabemos que puede generar problemas, pero estamos hablando de un bien general no solamente para España
sino para el resto de los países de la Unión Europea.
La señora PRESIDENTA: Señora Urán, le ruego concluya, por favor.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Concluyo enseguida, señora presidenta.
El resto de las propuestas que hacemos en nuestra proposición no de ley tiene que ver con directivas europeas y con la posición del Gobierno español en estas materias. Estamos planteando que se cree en el seno del servicio de Protección
Civil de la Unión Europea una unidad especializada en la prevención e intervención en casos de catástrofes ecológicas.
Señorías, seamos capaces de poner de acuerdo a todos los países de la Unión Europea para que este tipo de desastres no se
produzcan en el futuro, para que realmente prevengamos y no solamente actuemos, como ahora nos toca actuar en una situación que tiene difícil solución, que afecta a una sociedad entera, a Galicia en particular y al Estado español en general, y que
desde luego pone al borde del desastre a la sociedad gallega ante una situación económica difícil de sostener. La recuperación de los ecosistemas para que se pueda recuperar el puntal económico de Galicia, como era la pesca y el marisqueo, será a
muy largo plazo. Las medidas económicas que se adoptan para paliar este desastre siempre son bienvenidas, siempre son fáciles de adoptar en un momento determinado, pero no van a asegurar que la población gallega pueda aguantar el tiempo que va a
tener que aguantar, aunque sea con recursos económicos, para seguir trabajando en lo que ellos quieren: en mariscar y en pescar.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.
Para la defensa de las enmiendas presentas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Martí.
El señor MARTÍ I GALBIS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, estamos a tres días de cumplirse un mes desde que el petrolero Prestige sufrió el accidente que le llevó al fondo del mar el 19 de noviembre. Hoy debatimos nuevas iniciativas parlamentarias que tienen por objeto complementar y
reforzar las medidas adoptadas hasta la fecha, y lo hacemos de manera muy especial a través de la proposición no de ley que acabamos de aprobar hace breves instantes, a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular; proposición ampliada y mejorada a
través de una autoenmienda, como hemos tenido ocasión de debatir.
Sin embargo, no sería de recibo que mi grupo parlamentario no hiciera hoy especial hincapié en la cada vez más grave situación que se vive principalmente en Galicia, y también en Asturias, Cantabria y el País Vasco. Precisamente esta
gravedad es la que debe mover al Gobierno y a todas las fuerzas políticas y sociales de Galicia y de todo el Estado español a hacer lo posible y lo imposible por paliar los efectos del vertido y evitar la reproducción de este tipo de accidentes en
el futuro.
Se ha hablado mucho de ello, lo hemos repetido y lo seguiremos repitiendo durante los próximos meses, porque este tema traerá más cola de lo que la gente había previsto inicialmente. En este sentido, celebramos la comparecencia que
celebró el presidente del Gobierno en la Primera Cadena de Televisión Española y que por primera vez se asumiera que algunas de las cosas no se han hecho correctamente. Este reconocimiento, aunque tímido y tardío, era del todo necesario para poner
racionalidad al encadenamiento de sucesos más que lamentables que han marcado la crisis provocada por el hundimiento del petrolero Prestige.
Desde la celebración de los debates parlamentario que tuvieron lugar en esta Cámara los días 19, 20, 26 y 28 de noviembre, así como la comparecencia del vicepresidente primero del Gobierno, señor Rajoy, en la Comisión Mixta para la Unión
Europea, la semana pasada, venimos viendo cómo, día a día, se han ido cumpliendo las peores previsiones, a la vez que la realidad se ha ido imponiendo a las expectativas -muchas de ellas erróneas- que el Gobierno ha ido transmitiendo a la sociedad
española y a la comunidad internacional. A todo ello se suma ahora una siniestra posibilidad real, que nadie quiere pero que muchos tememos que llegue a producirse: que el fuel almacenado en los tanques del Prestige, a casi 4.000 metros de
profundidad, acabe subiendo a la superficie y provoque una nueva y mortífera marea negra, ante la cual -lo decía hace breves minutos el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, del BNG- deben tomarse medidas preventivas y contundentes.
Todo ello ha provocado un incremento de la crispación social, que se palpa de manera evidente en todo el territorio gallego. Asimismo, la desesperación ha ido en aumento a medida que la tragedia ha ido ampliando su radio de acción, a medida
que los medios disponibles aparecen como insuficientes y a medida que el impulso del Gobierno, pese a la reacción observada estos últimos días, continúa siendo más débil de lo que los afectados tienen derecho a exigir. Por ello, mi grupo
parlamentario reitera lo expresado durante la citada comparecencia del ministro Rajoy ante la Comisión Mixta para la Unión Europea, celebrada el pasado 5 de diciembre, en el sentido de lo que decía mi compañera Mercè Pigem en la misma: al Gobierno
le ha faltado sensibilidad, humildad y proximidad, pero eso le pasa a mucha gente y, ante esa situación, hay que dar respuestas. El Gobierno las está dando en estos instantes, aunque esperemos que sean más contundentes y eficaces de lo que han sido
hasta ahora las que ha dado.
Dicho esto, mi grupo parlamentario, en la línea de la actuación parlamentaria seguida hasta la fecha en relación con esta tragedia, mantiene una clara voluntad de contribuir a que Galicia y los miles de afectados por la marea negra reciban
toda la ayuda y el apoyo posibles no sólo para superar los primeros meses de la inactividad
económica, de inactividad productiva, sino para que en el futuro Galicia vuelva a ser una nación potente, sin Estado, como decía el señor Aymerich, pero una nación potente, orgullosa de sí misma, lo mismo que era antes del 13 de noviembre,
fecha fatídica en la que empezó la tragedia del Prestige. Con este objetivo dimos nuestro apoyo a la proposición no de ley impulsada en su día por el BNG y aprobada por unanimidad en esta Cámara el pasado 19 de noviembre, dimos nuestro apoyo a la
moción del Bloque Nacionalista Galego el pasado día 26, que iba en esta misma línea, dimos nuestro apoyo a la aprobación del Real Decreto-ley 7/2002, impulsado por el Gobierno para paliar con urgencia los problemas ocasionados por el hundimiento del
Prestige, dimos y vamos a seguir dando nuestro apoyo a la plataforma ciudadana Nunca Máis, puesto que eso es lo que el pueblo desea. El pueblo se ha autoorganizado para dar respuesta, como mínimo, en primera instancia, para expresar la indignación
y posteriormente conferir racionalidad a la situación que ahora estamos viviendo. Y vamos a seguir intentando canalizar toda la ayuda posible desde mi grupo parlamentario, desde Convergència i Unió, desde Cataluña entera y esperemos también
próximamente desde el Gobierno de la Generalitat de Catalunya.
Aprovechamos esta ocasión para aplaudir, como hacía también el señor Aymerich y nosotros nos sumamos a ello, y hacer un reconocimiento de los miles de voluntarios de todo el Estado, muchos de ellos catalanes, pero de todo el Estado, de
muchos países de la Unión Europea, por la labor realizada hasta la fecha, así como a numerosas entidades, organizaciones e instituciones, algunas de ellas también catalanas, que están impulsando campañas solidarias en favor del pueblo gallego. En
esta línea, mi grupo parlamentario, con la vocación constructiva que tiene de ayudar, de contribuir a hacer las cosas fáciles entre todos, ha presentado sendas enmiendas, una a la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto,
BNG, y otra a la presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. La primera de ellas se basa en la sustitución del punto 9 de la proposición no de ley del BNG, relativo a la creación de una comisión de investigación, por una iniciativa que ya
hemos presentado en forma de propuesta de creación de una subcomisión de seguimiento de las consecuencias y acciones de reparación de los daños provocados por el Prestige. Creemos, como ya hemos expresado en diferentes ocasiones, que las comisiones
de investigación son instrumentos cuya operatividad y eficacia probatoria está por demostrar, sirviendo, eso sí, para desgastar políticamente al adversario, lícitamente, pero no vamos a jugar, como nunca hemos jugado, a este juego en esta Cámara ni
en cualquier otra. Mi grupo parlamentario no ha dado apoyo tradicionalmente a la creación de ese tipo de comisiones y tampoco lo va a hacer ahora. Creemos que es más útil y constructivo plantear la creación de esta subcomisión de seguimiento de la
problemática para que en los próximos meses podamos hacer, como dice el propio nombre de la subcomisión, ese seguimiento, ese control, esa evaluación de la efectividad de las medidas que van a ir desarrollándose e implementándose a partir de ahora.
En relación con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista y desde el reconocimiento claro de la ambición de la misma, intentando canalizar el máximo de ayudas posibles a Galicia y a los afectados por el desastre provocado
por el Prestige, creemos que incorpora un conjunto de medidas relativas a infraestructuras y a vertebración territorial en general que deberían formar parte de una política global del Gobierno y no de un plan de choque o de este plan llamado plan
solidario 2003. Insisto en que creemos en la bondad de los objetivos, de los planteamientos y de las metas que persigue esa proposición no de ley. A esos efectos, hemos presentado, como decía, una enmienda en coherencia con la presentada a la
iniciativa del BNG con el objetivo de que las ayudas propuestas sean realistas y estén al alcance del Gobierno. Es intención de mi grupo parlamentario dar apoyo a ambas iniciativas, en el supuesto de que se acepten nuestras enmiendas. Si este no
fuera el caso, mi grupo parlamentario se abstendría en las votaciones correspondientes. Sinceramente, en relación con la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, mi grupo comparte todas y cada una de
las medidas que se plantean en la misma, por lo que avanzamos nuestra predisposición a votarla favorablemente en el supuesto, obviamente, de que no sufra modificaciones.
Señora presidenta, señorías, no quiero terminar esta intervención sin reiterar una vez más la solidaridad de mi grupo parlamentario, de Convergència i Unió y de Cataluña entera con el pueblo gallego y muy especialmente con los miles de
afectados por la marea negra que, directa o indirectamente, sufren y sufrirán las consecuencias de la cadena de negligencias que han hecho posible esa tragedia. Esperamos poder sumarnos a la marea de solidaridad que está llegando a Galicia y que va
a seguir llegando durante las próximas semanas y los próximos meses.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martí.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Sainz.
La señora SAINZ GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, subo a la tribuna para fijar la posición de mi grupo con respecto a las tres proposiciones no de ley presentadas. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Mixto, en la que se recoge una buena parte de
las propuestas que, aunque las criticó porque el Grupo Parlamentario Popular las había incorporado en su proposición no de ley, están recogidas en la que recientemente acabamos de aprobar y otras que, sin duda, ya hemos incorporado en textos
anteriores. Por todo ello, no parece oportuno volver a redundar en ello, por lo que no podemos apoyarla en su totalidad, sino que hemos incorporado aquello que nos parecía que de verdad era de interés, porque además ustedes solicitan en un apartado
la creación de una comisión de investigación. En relación con esta cuestión, tengo que decirles que en estos momentos, como saben muy bien, se ha aprobado la constitución de una comisión de investigación en el Parlamento gallego. Se ha creado en
el ámbito geográfico donde efectivamente se ha producido esta tragedia y, sin descartar nada en el futuro, pensamos que actualmente estamos aquí, en este Parlamento, en un momento procesal diferente. Como ustedes saben, están compareciendo uno tras
otro todos los ministros, empezando por el vicepresidente primero, que tienen responsabilidad en la gestión y, en todo caso, ya habrá tiempo para dilucidar acerca de la oportunidad o no de constituirla. Por eso, en este momento, no podríamos
apoyarla.
En relación con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, como comprenderán y por razones similares a las que acabo de argumentar, tampoco podemos apoyarla. Pero quiero resaltar que aquellas otras cuestiones que,
por cierto, antes criticaba la portavoz de Izquierda Unida, pero que considerábamos de interés, por ejemplo, en el marco de esas medidas que se están llevando a cabo en la Unión Europea, ya han sido incorporadas a la proposición no de ley que se
acaba de aprobar.
En cuanto a la proposición no de ley del Grupo Socialista, tengo que decirles que en ella se anuncian medidas de muy diversa índole, muchas de ellas -todo hay que decirlo- son inconcretas, abstractas, de difícil cumplimiento, porque aún no
se han evaluado los efectos de los daños que se han experimentado y que se van a seguir produciendo, y de grandes titulares, y me refiero a ese plan general. Algo, por otro lado, a lo que el Grupo Socialista nos tiene acostumbrados, planes y
creación de ministerios, pero no dan soluciones distintas a las que viene realizando el Gobierno en el marco de ese plan integral y global de actuaciones ante la dura catástrofe, ni incorporan otras medidas que desde el Gobierno se están realizando
y se han anunciado. No podemos olvidar que mañana estará el vicepresidente económico en Galicia para aportar también actuaciones muy importantes en el terreno económico. Por otro lado, incluso podríamos decir que es un plan un poco tardío, porque
ustedes lo sitúan en el horizonte del año que viene y las medidas de ayuda a Galicia son urgentes y necesarias desde el mismo día 13 de noviembre. El Gobierno ya ha presentado precisamente por eso, a los nueve días del suceso, un plan general y ha
empezado a actuar en una serie de líneas abiertas. Un plan que, como ha dicho el vicepresidente, está claramente abierto y puede por lo tanto ser completado.
En relación con lo aprobado por el Gobierno y que hemos votado hace un momento, es un plan incompleto porque se echan de menos muchas cuestiones importantes. Por ejemplo, las indemnizaciones a las víctimas, a las medidas o actuaciones para
hacerlas efectivas cuanto antes; ni una sola referencia a las relaciones con el FIDAC, tal vez porque ustedes tienen una mala experiencia en esa gestión; la exigencia de responsabilidades a los causantes del siniestro; ni una sola aportación para
la adopción de medidas preventivas y cautelares de estos siniestros en el futuro; ni una sola referencia a la posición que debe adoptar España ante organismos internacionales en la Unión Europea.
Es, por lo tanto, un plan poco original. Hay, no se lo voy a negar, buenas ideas, pero es una lástima que ésas no sean originales, porque ya las ha previsto el Gobierno y algunas de ellas ya han sido ejecutadas (Rumores.). Sí, ustedes
mismos lo saben, han sido ejecutadas por el Gobierno. Por ejemplo, ustedes piden la elaboración de un censo de afectados. Ya está elaborado, abierto por supuesto a nuevos afectados, y está prevista su ampliación de acuerdo con las circunstancias.
¡Sólo faltaría! Lo mismo diría en lo relativo a la limpieza de aguas y costas, colocación de barreras, análisis de los residuos contaminantes, etcétera.
Todo eso se está haciendo. Además, aquello que no estaba haciéndose, se incorporó en ese plan
que acabamos de aprobar a propuesta del Grupo Popular.
Sobre el fondo especial que acometa reparación de daños de infraestructuras y equipamientos públicos, señorías, está contemplado perfectamente en el real decreto, y el vicepresidente ha hecho manifiestas referencias a ello. Pero el Gobierno
ha ido mucho más allá, como lo revelan las importantes líneas preferenciales establecidas en cuanto a los préstamos o el régimen específico para las personas que quedan en situación de desempleo. Comprendo que ustedes no lo tuvieran en la memoria
porque cuando gobernaron no fue objeto de su preocupación.
Es por otro lado un plan que yo podría calificar, con todo respeto, de redundante porque muchas de las medidas que en materia de infraestructuras se proponen y que no guardan relación con el siniestro del Prestige son prioridades para las
que el Gobierno ya ha dispuesto partidas económicas y que están enmarcadas dentro del plan de infraestructuras 2000-2007. Y sobre esto, señor Blanco, le tengo que decir con todo rigor que Galicia, abandonada, sí, pero en los 13 años en que ustedes
estuvieron gobernando, en los 13 años de Gobierno socialista.
(Rumores.-Aplausos.) Hoy los gallegos sabemos que se puede ir a nuestra tierra por buenas infraestructuras y que hay un futuro cierto de un tren de alta velocidad que ustedes ni siquiera
pintaron en los mapas más modernos que tenían. Es, por lo
tanto, un plan que incluye medidas que nada tienen que ver con el suceso, distrayendo la atención, cuando están perfectamente incardinadas en las actuaciones de los distintos ministerios. Lo propuesto es, además, un paquete poco
estructurado, que no presenta coherencia, que incluye algunas medidas de carácter intervencionista que tendrían efectos distorsionantes con la actividad económica, lo que tampoco es extraño viniendo de ustedes porque también conocemos exactamente en
qué situación se encontraba la economía española cuando el Partido Popular comenzó a gobernar. (Rumores.) Por no dejar de recordar que incorpora medidas que son competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia y que por lo menos deberían haber sido
objeto antes de un previo acuerdo, de un diálogo o de una propuesta, cosa que no han hecho hasta el momento. En ocasiones se proponen medidas de dudosa compatibilidad con la legislación comunitaria.
El Gobierno, su presidente y nosotros estamos
trabajando de una manera decidida para reformar la legislación comunitaria y dar seguridad, pero hay que hacerlo dentro del marco de lo que es factible, no saltándose lo que hoy no es una competencia unilateral nuestra. Como le decía al principio,
el plan podría ser de grandes titulares, pero soluciones concretas, prácticas, distintas a las que se vienen haciendo, muy pocas hay y, las que hay, las hemos incorporado en la proposición no de ley que acabamos de aprobar junto con su grupo.
No vengan aquí a decir que este es el momento para el gran acuerdo y para unir fuerzas porque, señor Blanco, si de verdad quisiera llegar a un acuerdo con el Grupo Popular, ¿no le parece que lo normal sería, antes de subirse a la tribuna,
dirigirse al Grupo Popular, dialogar con él y ver a qué acuerdo podríamos llegar? (Rumores.) Nosotros sí lo hemos hecho. Yo he hablado con el señor Segura y con el portavoz del Bloque Nacionalista Galego. No fue posible llegar a un acuerdo, pero
por lo menos lo intentamos. Sin embargo, usted no lo ha intentado, por tanto, no podemos creerle esas tan maravillosas y buenas intenciones. Ustedes en el fondo siguen pensando que lo importante y rentable es desgastar al Gobierno.
Con propuestas
como las de hoy no se aportan, de una manera global y ordenada, mejores soluciones para nuestra tierra, con lo que se resalta de manera más evidente que el Gobierno desde el primer día sí está poniendo rigor, coordinación y todo su empeño para
afrontar una dura catástrofe con importantes medidas de carácter urgente e inmediatas y otras más de futuro próximo. Buen ejemplo de ello es el que hoy hayan cobrado ya las primeras ayudas las personas afectadas, y se ha hecho en un tiempo récord.
Eso es hablar de solidaridad con las personas afectadas, eso es hablar de solidaridad con el pueblo gallego. En cambio, no compartimos lo que han hecho ustedes hasta este momento, que únicamente ha sido intentar capitalizar esa tragedia para sacar
beneficio y rentabilidad política. Señor Blanco, eso es lo único que ustedes han hecho hasta la fecha.
El plan del que ustedes hablan está en marcha, es un plan que hemos recogido en nuestra proposición no de ley y que ustedes han votado desde el reconocimiento de que podía ser un nuevo avance en ese empeño que debemos compartir entre todos
de ayudar al pueblo gallego.
La señora PRESIDENTA: Señora Sainz, le ruego concluya.
La señora SAINZ GARCÍA: Termino, señora presidenta.
El Gobierno ha dicho que medidas, todas, que no faltarán las ayudas. Si de verdad ustedes quieren volver al camino del acuerdo, nuestro grupo estará siempre abierto a ello. Tendremos buenas ocasiones. La próxima semana habrá una moción
fruto de la interpelación de mañana. Sepan que para cuantas medidas solidarias y claramente constructivas presenten para Galicia, desde el rigor y la seriedad, tendrán el aplauso del Grupo Popular. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sainz.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Blanco, a los únicos efectos de indicar la aceptación o rechazo de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por cuanto que la del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida ha sido retirada.
El señor BLANCO LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Como el Grupo Socialista viene a esta Cámara en tono constructivo, y por tanto a asumir todas las ideas y todas las propuestas que son de utilidad, aquello que no quieren asumir otros grupos de esta Cámara, que como se dice en mi tierra van
sobrados y así les va. (Rumores.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
Señor Blanco, le señalo que este turno es a los solos efectos de indicar aceptación o rechazo de la enmienda, sin más argumentaciones y sin utilizarlo como turno de réplica.
El señor BLANCO LÓPEZ: Por eso, como desea incorporar a su iniciativa las aportaciones y las ideas constructivas que aporta Convergència i Unió, aceptamos la enmienda, no con carácter de sustitución y sí con carácter de adición, a excepción
de su punto décimo.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Blanco.
Señor Martí, al aceptar la enmienda no con carácter de sustitución como ustedes planteaban y no en su totalidad, se necesita la conformidad del grupo enmendante.
El señor MARTÍ I GALBIS: No la tiene, porque el punto que quieren extraer es muy importante para nosotros.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martí.
Señor Aymerich, a los mismos efectos de indicar la aceptación o rechazo de las dos enmiendas que han sido presentadas a su iniciativa.
El señor AYMERICH CANO: Aceptamos como enmiendas de adición las enmiendas que plantea el Grupo de Izquierda Unida, pero no podemos aceptar, por razones que el enmendante conoce perfectamente, las planteadas por Convergència i Unió.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Creo recordar, si esta presidencia no lo ha entendido mal, que el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida había retirado sus enmiendas.
(Asentimiento.)
Las ha retirado, y entonces señor Aymerich no cabe la incorporación de las enmiendas de Izquierda Unida, por cuanto las había retirado.
Señora Urán, a los mismos efectos.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, mi grupo parlamentario no está en condiciones de aceptar las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Urán.
Señorías, iniciamos la votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se establece un plan de ayuda a Galicia que palie los efectos producidos por el desastre del petrolero Prestige y a la vez arbitre
actuaciones de promoción y desarrollo, que se somete a votación en los términos derivados del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 119; en contra, 168; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
A continuación sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez), relativa a la reparación de los daños provocados en Galicia por el vertido de hidrocarburos procedentes del
petrolero Prestige y a la adopción de medidas que impidan la repetición de estas catástrofes, que se somete a votación también en los términos derivados del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 120; en contra, 166; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Por último, sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas dirigidas a mejorar la seguridad de la navegación marítima y prevenir nuevas catástrofes ecológicas como las
originadas por el petrolero Prestige.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 133; en contra, 166; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTNARIO SOCIALISTA, SOBRE MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR PARA COMBATIR EL ALTO NIVEL DE INFLACIÓN QUE SUFRE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA AL DOBLAR SU CUANTÍA ACTUAL LAS PREVISIONES OFICIALES PARA EL AÑO 2002.
(Número de expediente
173/000169.)
La señora PRESIDENTA: Punto IV, mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Señorías, vamos a iniciar el debate de las tres mociones, que se someterán a votación de manera sucesiva al finalizar el debate de la última de ellas.
(Aplausos.-Rumores.)
Señorías, es preciso continuar con el debate. Agradecería que permitan que se den en la Cámara las condiciones que lo hagan posible. (Pausa.)
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas que piensa adoptar para combatir el alto nivel de inflación que sufre la economía española al doblar su cuantía actual las previsiones oficiales
para el año 2002. Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Bel.
El señor BEL I QUERALT: Señora presidenta, señores diputados, hemos conocido hoy que se dispone ya de datos muy desagregados en relación con la inflación, que indican que una gran variedad de productos y de alimentos frescos como las
verduras, los vegetales y
la carne, acumulan en lo que llevamos de año aumentos de entre el 20 y el 30 por ciento. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señor Bel, un momento, por favor. (Pausa.)
Adelante.
El señor BEL I QUERALT: Gracias.
Estos datos me han preocupado porque este tipo de productos son básicos y muy importantes en la cesta de consumo de una serie de sectores que tienen dificultades para llegar a final de mes, como por ejemplo ese millón y pico de viudas, a
quienes les aumenta la pensión pero no se las aumentan porque les bajan el complemento de mínimos, o esos millones de autónomos dependientes a quienes crean un seguro de desempleo, pero no se lo crean y están buscando ya aseguramiento privado para
sus contingencias. El Gobierno ha buscado otros responsables cuando la inflación diferencial de España, importante con la Unión Europea, se explica en gran parte por los aumentos de impuestos indirectos y tasas que se suavizaron en el 2002, por el
redondeo del euro y por la falta de competencia efectiva en algunos sectores. El Gobierno ya tiene dos nuevos culpables: el pequeño comercio, a través de los horarios comerciales, y los trabajadores, a través de las cláusulas de revisión. (La
señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
Respecto a los horarios comerciales, su relación con el índice de precios al consumo como mínimo debería ser objeto de duda porque me he tomado la molestia de ver la evolución por comunidades autónomas del IPC de alimentación en la comunidad
de Madrid, la que mayor apertura en festivos y domingos tiene, y en el resto. La comunidad de Madrid acumula un aumento de IPC de alimentación y también de vestido y calzado por encima de la media nacional desde 2001; en cambio todas las
comunidades que se sitúan por debajo de la media nacional son comunidades que están en el mínimo legal de aperturas en festivos y domingos. Podríamos discutir sobre horarios comerciales en relación con pautas de vida, modelo de familia, pero en
relación con precios no (el Gobierno quizá pretende buscar un nuevo culpable, el pequeño comercio, el mediano comercio) y tampoco las cláusulas de revisión. Han sido los fallos reiterados de previsiones de inflación del Gobierno los que han echado
leña al diálogo social y han convertido las cláusulas de revisión en una garantía imprescindible para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo, al menos para ese setenta y pico por ciento de trabajadores que consiguen cláusulas de revisión.
Otra vez podríamos discutir sobre la evolución de los salarios y sobre el aumento del desempleo, pero no sobre la evolución de los salarios y el índice de precios cuando lo que está creciendo en la distribución funcional de la renta son los
excedentes empresariales y no los salarios. En todo caso, si quieren contener la inflación no rebajen los impuestos sobre los beneficios porque los excedentes empresariales son los que están tomando cada vez más espacio en la distribución funcional
de la renta, y si alguna presión sobre inflación existe en la distribución viene de ahí, aunque es sabido que este Gobierno es estrictamente monetarista y considera que la inflación es un fenómeno únicamente monetario, que la responsabilidad final
es del Banco Central Europeo, pero aun así insiste en dar una vuelta a los horarios comerciales y a las cláusulas de revisión. No calienten más el diálogo social. Lo han pedido todos. Lo han pedido los sindicatos, lo han pedido las patronales.
No calienten más el diálogo social. Bastante tienen con esas imprevisibles, impresionantes e impresentables previsiones de inflación que vienen emitiendo desde hace tres años.
Nosotros creemos que hay cuestiones de política de España que pueden ayudar a que tengamos una tasa de inflación más moderada que la que existe y particularmente a reducir el diferencial de inflación con el resto de países de la Unión, con
la media de la Unión. Por eso entre el conjunto de medidas que presentamos en nuestra propuesta querría destacar unas cuantas sin hacer una relación exhaustiva de las mismas.
En primer lugar, medidas encaminadas a potenciar la introducción y la defensa de la competencia en nuestra economía, por un lado a través de cambio en el diseño institucional de los órganos que la ejercen. ¡Ya está bien! Vamos a ser los
últimos de Europa, con Francia, donde quien tiene el ejercicio de instrucción en materia de conflictos de competencia es el Gobierno y no el Tribunal de Defensa de la Competencia. ¡Ya está bien! Vamos a llegar los últimos de Europa, con Francia, a
que quien decide sobre concentraciones empresariales es el Gobierno y no el Tribunal de Defensa de la Competencia. Es decir, hay que potenciar al Tribunal de Defensa de la Competencia para que la promoción y defensa de la competencia sea más
efectiva.
En segundo lugar hacer lo contrario de lo que van a hacer con precios regulados, porque el Gobierno tiene una política de control de precios, cómo no, aunque achaque a la oposición pretender controlarlos. Lo que les pedimos es que ejerzan
de otra manera su control. Si dijeron en junio de 2000 que los precios de la energía van a bajar el 9 por ciento nominal en tres años, cumplan lo que quede y bajen el 5 por ciento el próximo año en lugar de aumentar casi el 2 por ciento el precio
de la electricidad. Si el Gobierno estableció un índice de revisión de precios de telefonía que indicaba, IPC menos X, el price cup, que para el 2003 tocaba una reducción del 6 por ciento, hagan honor a su compromiso y reduzcan el 6 por ciento; no
aumenten en la práctica vía cuota de abono los precios de la telefonía en el próximo año. También en medidas fiscales. Es imprescindible revertir los aumentos de impuestos y tasas aprobados porque una reducción de impuestos indirectos no fomenta
la inflación, a diferencia de una
reducción de impuestos directos que sí fomenta la inflación. Reviertan los aumentos de impuestos y tasas aprobados en el 2002 y apliquen IVA superreducido a algunas cuestiones importantes como la vivienda de protección oficial y algunos
productos básicos en sus bloques de consumo doméstico.
Existen otra serie de medidas en nuestra posición. No voy a detallar más, porque no me queda tiempo. Les digo tómenlas en consideración y dejen de buscar su responsabilidad en otros sitios, sobre todo en los débiles, pequeño comercio y
cláusulas de convenios. Su responsabilidad está en la política de Gobierno.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Bel.
Para defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Gracias, señora presidenta.
Nosotros estamos a favor de esta moción presentada por el Grupo Socialista, y por tanto la vamos a votar a favor, aunque hemos hecho unas pocas enmienda, que esperamos sean bien atendidas por el grupo proponente de la moción. Cuando
discutimos con relación a la inflación, a la competitividad, a la competencia, siempre tengo que advertir que hay una laguna en el debate, también en este debate que tenemos, y la laguna es que hay o continúa habiendo falta de confianza en el
control por las instituciones democráticas del proceso inflacionario a través de normas democráticas que incidan en este control sobre los precios de los productos y permitan que la institución en cada momento pueda jugar un papel de verificación de
lo que está sucediendo en el terreno económico, en algo tan sensible como es o como son los precios que afectan a la gente, como intentaré explicar inmediatamente.
Se confía, a nuestro entender en exclusiva, en el mercado y en la competitividad, como si el mercado y la competitividad fueran los elementos absolutamente claves, únicos para que en un momento este mercado y esta competitividad dirimieran
lo que hacen unos en relación a los precios, la utilización de determinadas situaciones para aumentar los precios para aumentar los beneficios sin ninguna justificación, teniendo los mismos gastos en instalaciones, en producción, en servicios,
etcétera. Otra cosa es que haya competencia entre los diversos productos que se envíen al mercado.
Siguiendo estos argumentos, este año se ha disparado la inflación, como el proponente señalaba anteriormente, sobre todo en productos básicos y especialmente para los que sufren más fuertemente el incremento de los impuestos indirectos a
través de estos productos básicos, a través del IVA fundamentalmente.
El euro ha sido una coartada magnífica para desaprensivos de toda índole, para aprovechar este momento, para redondear precios que no ha sido ni tan siquiera redondeo, y que en algunos casos ha sido un aumento espectacular. Por tanto,
resumiendo nuestra posición, decimos sí a la moción, creemos que se debe profundizar más en este debate, en el control institucional de lo que representa la inflación y sobre todo en lo que afecta a los sectores más deprimidos de la sociedad, y es
por ello que nosotros planteamos en nuestras enmiendas impulsar un plan de inversiones para generalizar la cogeneración en la red hospitalaria, con el objetivo a corto plazo de que todos los hospitales públicos de más de 100 camas tengan
incorporadas instalaciones de cogeneración y promocionando que los hospitales privados también cuenten con ella.
Una segunda, que es aplicar el IVA superreducido -como se plantea la aplicación en otras partes-, a la prestación de servicios de transporte de viajeros y sus equipajes.
Una tercera, que es la elaboración de una norma a negociar con las administraciones públicas afectadas sobre imposición de solares privados con la finalidad de gravar especialmente la retención de suelo urbano privado con fines
especulativos.
Y una cuarta, que va en la línea de promover la extensión de las cláusulas de garantía salarial como instrumento imprescindible para asegurar el poder adquisitivo, es decir una argumentación política y económicamente diferente a la que
plantea el Gobierno.
Estas cuatro enmiendas pensamos nosotros que podrían mejorar el planteamiento que hay en la moción, sin embargo debemos decir que vemos reflejadas estas enmiendas, aunque sea parcialmente y de otra forma o con matices, en la moción que ha
presentado el proponente.
Muchas gracias, presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Frutos.
Para defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado una enmienda de sustitución a la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, en la dirección de proponer una serie de medidas que
habrían de ser dirigidas a canalizar la desviación de la inflación que está experimentando España y que tantos efectos negativos puede reportar a la economía española, así como también a la competitividad del tejido industrial español.
He escuchado con la máxima atención la intervención del diputado socialista señor Bel, y esperaba que pudiera emitir su opinión respecto a si aceptaba o no la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), ya que coincidimos en el fondo en alguno de los contenidos, y solamente hemos escuchado en su exposición la repetición del debate que a nuestro juicio es monotemático para él, en el sentido de decir si los
autónomos dependientes van a tener o no el fondo de garantía que nosotros hemos propuesto a lo largo de este legislatura.
Yo le puedo anticipar que cuando finalice esta legislatura seguramente los autónomos podrán disponer de este fondo de
garantía, que aunque S.S.
no cree en él nosotros sí ya que confiamos que el Gobierno le dé luz verde para que sea efectivo antes de que finalice esta legislatura.
También nos ha hablado de las viudas, de si serían compatibles o no las pensiones de
viudedad y el SOVI, aspecto que hemos debatido en profundidad en la ley de acompañamiento. A pesar de que el Partido Popular en el debate de la Comisión dijo sí y después en el Pleno dijo no, nosotros continuamos convencidos de que finalmente en
este aspecto la sensibilidad del Grupo Parlamentario Popular hacia este colectivo tan importante hará posible que sea compatible el SOVI con las pensiones de viudedad.
Yendo directamente al fondo de la cuestión porque se me va terminando el tiempo, hemos presentado una enmienda de sustitución en la cual hemos planteado una serie de propuestas y reformas estructurales que pensamos que si el Grupo Socialista
las aceptara y el Grupo Parlamentario Popular votara también favorablemente esta iniciativa, seguramente podríamos cambiar un poco la dirección negativa de la evolución de la inflación en lo que resta de año, y probablemente sería una propuesta
efectiva para que en el año 2003 la evolución de la inflación fuera dirigida a conseguir el 2 por ciento que vamos a aprobar en los presupuestos que se van a formalizar antes de que finalice el año.
También hemos dicho desde Convergència i Unió que a pesar de que han surgido algunas voces que iban en la dirección de echar todas las culpas de la inflación a la distribución y en la que se exigía una liberalización más profunda del sector
comercial, nosotros hemos dicho de antemano que pensamos que no era justo hacer pagar los platos rotos del descontrol de la inflación al comercio, y que en este aspecto no íbamos a proporcionar ninguna posición favorable que fuera encaminada a
liberalizar todavía más este sector, y tampoco estábamos de acuerdo en la liberalización de los horarios comerciales porque entendíamos que los males de la inflación no iban en esta dirección. Es por este motivo hemos presentado una serie de
iniciativas, en las cuales planteamos la posibilidad de mantener una política presupuestaria más rigurosa de saneamiento y de equilibrio; incentivar y aumentar el esfuerzo inversor en infraestructuras, en investigación, en nuevas tecnologías y en
ahorro energético con el objetivo de facilitar un crecimiento más competitivo y sostenible.
También hemos propuesto una serie de medidas encaminadas a profundizar en todas aquellas cuestiones fiscales y financieras que fueran necesarias para reducir los precios de la vivienda, de manera que nuestros jóvenes tuvieran un acceso más
fácil a su primera vivienda y se reduzca el esfuerzo económico de las familias para la compra o alquiler de la vivienda; así como analizar la viabilidad de aplicar tipos superreducidos del IVA a todas aquellas viviendas de protección oficial,
cualquiera que fuera su régimen.
En definitiva, se trata de un paquete de medidas que entendíamos que si fueran aceptadas...
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Sánchez i Llibre, su tiempo ha concluido.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Esperamos que el Grupo Socialista en este caso se pueda posicionar ante el planteamiento de Convergència i Unió.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Simplemente quiero hacer algunas valoraciones sobre la moción presentada por el Grupo Socialista. El portavoz socialista empezaba (por cierto mañana tendremos en la Comisión de Economía ocasión de debatir con más profundidad sobre la
coyuntura económica española) hablando de la capacidad económica de las familias españolas. Yo le quiero decir que cuando nosotros asumimos la responsabilidad de Gobierno había un millón de familias en las que todos sus miembros estaban en el paro,
y hoy, seis años después, con una política económica distinta, basada en el equilibrio presupuestario, en las reformas, en las bajadas de impuestos, en el apoyo a las pymes, son menos del 50 por ciento las familias que están en esa situación. Hoy
las familias españolas viven mejor, y desde el Grupo Socialista me pueden decir: habría que haber avanzado más. Se ha avanzado en más del 50 por ciento en una dirección adecuada. Dice el portavoz del Grupo Socialista en el inicio de su
intervención: es que las pensiones de viudedad están todavía muy bajas. Sí, pero todos los años están creciendo con las políticas del Partido Popular un punto y medio por encima del IPC; es decir, están mejorando su capacidad adquisitiva.
Me puede decir usted, y eso es libre de decirlo: se podría avanzar más rápidamente. Y yo le digo: pues sí, pero vamos en la dirección adecuada, no como señala su portavoz, señor Sevilla, en un libro de reciente publicación, que dice que
las pensiones tienen que crecer medio punto por debajo del IPC; no como dice el señor Sevilla, que está diciendo que todos los pensionistas
españoles pierdan poder adquisitivo cada año. Señor Bel, ¿eso es lo que defienden ustedes en esta Cámara, que los pensionistas españoles pierdan poder adquisitivo? Mi grupo no va en esa dirección, por eso las pensiones están creciendo y lo
están haciendo al menos como el IPC, y las pensiones más bajas y de viudedad no sólo están mejorando su base de cotización, que ya está en el 49 por ciento, sino que están creciendo punto y medio por encima del IPC. Eso es mejorar la capacidad
adquisitiva en las familias. Y mejorar la capacidad adquisitiva en las familias es poner el 1 de enero de 2003, como se hizo el 1 de enero de 1999, 800.000 millones de pesetas en el bolsillo de las familias, con una bajada de impuestos en 1999, que
ha sido consolidada y, por tanto, se ha repetido en 1999, en 2000, en 2001 y en 2002, y son 3,2 billones de pesetas los que tienen las familias de mayor capacidad adquisitiva y que el Grupo Parlamentario Socialista votó en contra. Mejorar el poder
adquisitivo de las familias es poner desde el 1 de enero de 2003 una rebaja adicional de 3.000 millones de euros en poder de las familias. Mejorar el poder adquisitivo de profesionales, de autónomos y de pymes es suprimir el IAE.
¿Hay que seguir trabajando para que la economía española siga creciendo y creando empleo? Por supuesto, señor Bel. Pero ¿qué dirección es la que hay que seguir? ¿La que dice el Grupo Parlamentario Socialista, que son las políticas que
entre 1986 y 1989 condujeron a cuatro millones de parados, 24 por ciento de tasa de paro? ¿Son las políticas del señor Schröder, que han llevado a Alemania a la tasa de crecimiento más baja de la historia alemana? ¿O son las políticas del Partido
Popular, que incluso en una fase de desaceleración económica están manteniendo un diferencial de crecimiento de más de un punto, de más del doble? Señor Bel, nosotros creemos que hay que seguir las políticas que se han hecho en este país, y hay que
seguirlas e intensificarlas para que también España aproveche la fase del ciclo económico que se abrirá en 2003. Y esas políticas son más bajadas de impuestos, más reformas estructurales, más equilibrio presupuestario y, desde luego, más apoyo a
las pymes.
Mañana debatiremos más. Pero, señor Bel, con recetas antiguas, 24 por ciento de tasa de paro al año es a la que nos llevó el PSOE.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Bel, a los efectos exclusivos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.
El señor BEL I QUERALT: Aceptamos las enmiendas 1, 2 y 4, presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y no aceptamos la enmienda de sustitución a la totalidad, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Bel.
Señor Frutos, de su intervención deduje que con la aceptación parcial de las enmiendas, también estaba de acuerdo su grupo. (Asentimiento.)
Muchas gracias, señor Frutos.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LA TASA DE DESEMPLEO, LA MALA CALIDAD DEL EMPLEO CREADO Y LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓN. (Número de expediente 173/000170.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la tasa de desempleo, la mala calidad del empleo creado y los efectos de la
inflación. Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señora presidenta.
Señorías, desde la presentación de nuestra interpelación hemos conocido las cifras del paro registrado y respecto del mes anterior, en noviembre ha aumentado en 36.307 personas. Se trata de la subida más importante que se produce en este
mes desde 1993, año en el que se produjo un duro ajuste del empleo. Quiero recordarles que en los últimos cuatro meses, más de mil personas diarias de media están perdiendo su empleo. En términos interanuales, el paro aumentó en el mes de
noviembre en 105.121 personas respecto a igual período del año anterior. En noviembre se registraron también 106.400 fijos en las oficinas del INEM, lo que supone un 9 por ciento sobre el total, porcentaje que se sitúa por debajo del registrado en
noviembre de 2001, que fue del 9,8 por ciento. Lo que significan estos datos es que el empleo precario sigue creciendo y también sigue creciendo la temporalidad.
Los pésimos datos del paro registrado en noviembre representan un nuevo varapalo al Gobierno, que continúa practicando una política económica de espaldas a la realidad económica de este país. Sigue sin dar respuesta al aumento constante del
desempleo de forma generalizada y en sectores clave para el crecimiento económico, como servicios y construcción, y al continuo deterioro de las condiciones de trabajo, disminuye la contratación indefinida, como he dicho antes, y crece la
temporalidad.
La evolución negativa es generalizada, pues el desempleo ha aumentado en todos los sectores, sobre todo en el de servicios. Les recuerdo que 26.515 personas han perdido su puesto de trabajo; y el de la construcción, donde también han
perdido su puesto de trabajo 4.152 personas. Quiero recordarles también que este último es la locomotora del crecimiento económico, con el agravante de que ya la EPA del tercer trimestre
de este año reflejaba cómo se está destruyendo empleo en este sector, pasando de tasas de crecimiento del empleo cercanas al 5 por ciento en el año 2001 al 1,45 en el tercer trimestre de 2002; y ha aumentado por igual en toda la población
sin distinción de género ni edad.
En segundo lugar, el empleo también va mal porque cada vez se hacen menos contratos. De hecho en este mes de noviembre se han realizado 150.000 contratos menos que hace un año y aproximadamente 92.000 menos que en el año 2000. En tercer
lugar, la estabilidad empeora asimismo porque cada vez se hacen menos contratos indefinidos. Así el fuerte descenso en este tipo de contratos ha sido nada más y nada menos que de un 16 por ciento respecto del mismo mes del año anterior, superando
la reducción que se iniciaba en noviembre de 2001 de un 10 por ciento y demostrándose una vez más el fracaso rotundo de la reforma laboral impuesta por el Gobierno el año pasado, que tenía como objetivo, le recuerdo, la reducción de la temporalidad
y el aumento del trabajo a tiempo parcial. Aunque en este mes de noviembre se hayan registrado 130.335 contratos temporales menos que hace un año, el volumen de contratación temporal acumulada en lo que va de año asciende a algo más de 12 millones,
lo que supone que se hayan hecho en torno a 140.000 contratos temporales más, mientras que la contratación indefinida en estos nueve meses ha disminuido casi en 15.000 contratos, es decir se sigue haciendo un volumen muy considerable de contratos
temporales mientras que se reduce la contratación indefinida.
Por todo ello creemos que es necesario de una vez por todas que el Gobierno aplique medidas efectivas que afecten a las características y condiciones de la contratación temporal porque
de no incidirse sobre ésta, la temporalidad del empleo, que se sitúa en niveles del 31 por ciento, más del doble de la tasa media de la Unión Europea, no se va a reducir.
Por todo ello, y ante la pasividad del Gobierno frente al hundimiento en la creación de empleo y el deterioro del mercado laboral, demandamos una reorientación en las políticas activas de empleo, de su calidad y de medidas económicas que
solucionen los auténticos problemas de nuestra economía. Nuestras propuestas reclaman al Ejecutivo una política presupuestaria anticíclica para impulsar la actividad económica a través del aumento del gasto público. Dentro del pacto de estabilidad
España cuenta con un margen importante para aumentar el gasto público y ayudar así a la economía a salir de la tendencia a la progresiva desaceleración en la que se encuentra inmersa. Es necesaria una política presupuestaria más activa en el
desarrollo de infraestructuras y en el incentivo a la inversión en investigación, desarrollo e innovación y a las condiciones de la organización productiva española. Desde luego se hacen necesarias medidas específicas como las que se plantean en la
moción para frenar la temporalidad. La calidad del trabajo se mide en el desarrollo de empleos estables y con derechos. Pero también con la superación de los evidentes rasgos de discriminación del mercado de trabajo, mensurables en términos de
modelo de rentas y en dificultades de acceso al empleo en determinados colectivos. El Gobierno debe dejar de bloquear estas posibilidades porque son una alternativa política pensada para la cohesión; podrá impulsar una mejora del crecimiento, la
calidad y la estabilidad en el empleo. Tarde o temprano una alternativa como la sugerida por la moción se impondrá en el mercado de trabajo español. Cuanto más se resistan ustedes a aplicarla más penalizados serán por la sociedad española.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Ruiz.
¿Grupos parlamentarios que desean fijar posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
La moción que presenta Izquierda Unida, consecuencia de la interpelación que debatimos hace unos cuantos días, plantea un amplio catálogo de propuestas; algunas de ellas son cuestiones que el Gobierno viene ya desarrollando, otras son
cuestiones que el Gobierno tiene previsto desarrollar, otras son cuestiones que desde la perspectiva de Convergència i Unió sería bueno que desarrollase el Gobierno y otras son cuestiones que desde la perspectiva de Convergència i Unió sería bueno
que el Gobierno no desarrollase. Todo ello debe configurar, supongo yo, la propuesta legítima de alternativa de gobierno de Izquierda Unida, pero el señor Ruiz coincidirá conmigo en que ni nuestra filosofía ni nuestra posición, ni la coyuntura
política en la Cámara aconsejaría, desde la prudencia y el sentido común, que Convergència i Unió diese su apoyo a esta moción, desde esa coincidencia en aspectos puntuales, pero también desde esas discrepancias, seguramente en bastantes de las
cuestiones que usted nos plantea. Pero, eso sí, la moción que ha puesto encima de la mesa nos permite reiterar algunas reflexiones que en estas últimas semanas nuestro grupo pretende hacer en esta materia sobre la calidad de empleo, de
temporalidad, de aumento de la actividad del mercado de trabajo. Poner de relieve esa contradicción en ese aumento del conjunto de personas que quieren trabajar, ese aumento del número de personas que configuran la población ocupada española, ese
nuevo récord de personas cotizantes a la Seguridad Social (16.300.000 personas) y también ese aumento del paro es un escenario nuevo en los últimos años que debe obligar al Gobierno, a los agentes sociales y a las empresas a poner encima de la mesa
nuevas medidas y nuevas políticas.
También existe una cuestión de fondo. Creo que mi grupo podría compartir parte de su preocupación en el sentido de entender que una economía competitiva es aquella que es capaz de ofrecer empleo de calidad. En este sentido, reto al
conjunto de las empresas de la sociedad española a ser capaces de introducir una nueva cultura alrededor de la temporalidad y de la flexibilidad, que no asimilen en la práctica y en la realidad para miles de personas trabajadoras esos conceptos de
flexibilidad y temporalidad a precariedad. Ahí existe un reto a desarrollar en los próximos años, no tan solo en el contexto del Estado español sino en el contexto de la propia Unión Europea. Ahí están los debates abiertos en Alemania, en Francia,
en Gran Bretaña o en Italia. Y al mismo tiempo una cultura que sea capaz de nuevo de dar al concepto de la estabilidad en el puesto de trabajo toda su dimensión, tanto en términos económicos como en términos sociales.
Hoy el mundo empresarial y algunos de los debates que se han empezado a abrir en estas últimas semanas a través de los medios de comunicación en la negociación colectiva entre los agentes sociales, en la discusión ante determinados problemas
en determinadas empresas, ante las reflexiones que seguramente el año que viene el Gobierno y los agentes sociales y las comunidades autónomas, como el Gobierno de Cataluña, deberán abordar en la definición de un nuevo modelo de gestión de la
formación continua, por ejemplo, en todos esos aspectos se asume que la permanencia estable de las personas en el puesto de trabajo ha de ser también un elemento de competitividad de nuestras empresas. Todo ello está en estos momentos en la
discusión política y social. Yo creo que vamos a tener muchísimas ocasiones de continuar planteando propuestas, alternativas y debates en relación con estas cuestiones. Pero el señor Ruiz aceptará que desde la perspectiva de Convergència i Unió es
muy difícil que ese catálogo de cuestiones que usted nos plantea pueda encontrar nuestro apoyo. Por tanto, rechazaremos su moción.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Campuzano.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señor Velasco.
El señor VELASCO SIERRA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Socialista apoyará esta moción, consecuencia de interpelación, no tanto por el texto que presenta hoy el portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida como por la filosofía y
por el momento en que llega a la Cámara la iniciativa. Estamos viviendo un momento económico de destrucción de empleo -más que de creación- considerable, por lo que es muy necesario que todos los grupos parlamentarios hagan un estudio sosegado de
la situación.
Oyendo al portavoz en materia económica del Partido Popular, a uno se le quitan las ganas de intervenir en esta Cámara. Parece que sienta cátedra con su intervención, que no hay lugar para la discrepancia, y que los datos, reflexiones y
recomendaciones de la Unión Europea no sirven para nada en este Parlamento, sobre todo si vienen a través de los grupos de la oposición. Decir que la economía española va bien, que va viento en popa a toda vela, cuando ni el Banco de España dice
eso ni tampoco los ministros Rato y Montoro tienen esa forma de entenderla, significa que algo está pasando en los bancos del Partido Popular: o no entienden la situación o no entienden a los ciudadanos. Apuesto por las dos cosas, pero más por la
segunda.
Está claro que la inflación es un problema gravísimo para los ciudadanos españoles hoy en día; ha crecido el doble de lo que había previsto el Gobierno. Se les puede preguntar a los pequeños accionistas el dinero que están perdiendo en
bolsa, por poner un ejemplo. Si todo va bien, si la economía va bien y no significa nada que los Presupuestos Generales del Estado que nos presenta el Partido Popular sean desacreditados por múltiples organismos entendidos en la materia, que venga
Dios y lo vea.
No sé si están siguiendo ustedes las cláusulas de revisión salarial de los convenios colectivos, por ponerles otro ejemplo. En primer lugar, fue el Banco de España el que consideró que estas cláusulas, que tratan de hacer que los
trabajadores no pierdan poder adquisitivo -no que lo ganen, sino que no lo pierdan-, son malas para la economía española. En segundo lugar, vino el Gobierno en tromba y, en vísperas de la reunión que iban a tener empresarios y sindicatos para
renovar el acuerdo de renta, el secretario de Estado de Economía, señor De Guindos, dijo que las cláusulas de revisión salarial no tienen ningún sentido en España; se quedó descansado el señor secretario de Estado de Economía. Pero, ¿cómo no van a
tener sentido, señorías, si los precios han crecido el doble de lo que había previsto el Gobierno?
Estamos ante una reducción de los impuestos al capital y un aumento de los impuestos de los trabajadores, esa es la situación. Y, para que todo marche, control de los salarios por una triple vía: primero, tratando de reformar la
negociación colectiva para que los contratos individuales sustituyan a los convenios colectivos. En segundo lugar, con una reducción de la protección de los parados para crear un ejército de reserva que tire de los salarios hacia abajo. En tercer
lugar, con el descontrol de los flujos de inmigrantes para que ejerzan presión sobre las condiciones de los trabajadores. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Más paro, como vemos por la última EPA, y el empleo que se crea está menos protegido.
Además, más precariedad laboral, más accidentes de trabajo y menos control de las condiciones
laborales. Podemos ver también el estudio de la Tesorería General de la Seguridad Social, que nos dice que los nuevos afiliados cobran un 40 por ciento menos que los que salen del sistema -que los anteriores afiliados- y que el 90 por
ciento de la contratación es temporal.
Nos dice el ministro en esta Cámara -voy terminando, señora presidenta- que la valoración de estos datos depende de la óptica desde la que se miren. Que es verdad que tenemos la mayor tasa de temporalidad de la Unión Europea y que tenemos
más precariedad y más siniestralidad laboral, pero que se han reducido. Pues claro que se ha reducido. Sólo faltaba que, encontrándonos ante un panorama de bonanza económica, SS.SS.
hubiesen venido a esta Cámara a decir que se ha producido un
aumento.
Hubiera sido una catástrofe. Pero, como ha habido una mejora de la economía mundial, lo que se ha producido ha sido un recorte.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Su tiempo ha concluido, señor Velasco.
El señor VELASCO SIERRA: Termino ya, señora presidenta.
Ahora bien, ¿ha sido al ritmo que todos deseábamos? Pues no. Ustedes no han hecho los deberes en materia económica y lo peor es que no quieren rectificar lo que no han hecho bien. Por eso vamos a apoyar la iniciativa del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Velasco.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señora presidenta.
Buenas noches, señoras y señores diputados. Nosotros partimos de negar la mayor, la premisa que se está utilizando aquí con insistencia. Nos encontramos -lo voy a explicar con claridad una vez más- ante una situación que no se había
producido antes, pero no está teniendo lugar, como se afirma, una destrucción del empleo. Es cierto que el número de parados ha aumentado en 36.307 personas, pero paralelamente ha habido un incremento de 132.159 personas cotizantes a la Seguridad
Social, lo que nos está dando el máximo histórico de 16.369.000 cotizantes a la Seguridad Social, es decir, que cada vez se incorporan más personas al mercado de trabajo, lo que ocurre es que hay una enorme demanda provocada por la posibilidad de
que nuestros conciudadanos obtengan trabajo y eso se traduce en una población activa de prácticamente 18.500.000 personas, algo que no tiene precedentes en la historia contemporánea de España. Por tanto, se está creando empleo, está aumentando la
afiliación a la Seguridad Social y se está consiguiendo un mayor nivel de riqueza, el cual se puede comparar con el de las naciones del entorno en una situación mundial de incertidumbre y de desaceleración, pero esto no está siendo del todo
suficiente para que reduzcamos paralelamente el paro, habida cuenta de la incorporación de nuevos ciudadanos demandantes de empleo, y daré un dato. Como consecuencia de la reforma del año pasado, desde marzo de 2001 al momento presente hay
1.700.000 nuevos contratos indefinidos en nuestro mercado de trabajo. Así pues, yo no veo el panorama tan negro, pero, como se trata de fijar posición en relación con la moción que plantea Izquierda Unida, he de decir, coincidiendo en buena parte
con lo expuesto por el señor Campuzano, que muchas de las propuestas que plantean se han llevado ya a la práctica, que otras se están tramitando y con respecto a algunas, evidentemente, no estamos filosóficamente de acuerdo con ustedes. Yo no sé si
esto va a significar un acercamiento de Izquierda Unida a las posiciones viables y exitosas del PP en esta materia y por ende el Grupo Socialista va a apoyarle. Me alegraría mucho de que así fuese.
Lamentablemente, ustedes plantean 26 puntos y yo no tengo ni 10 segundos para abordar cada uno de ellos con detalle, por lo que voy a agruparlos en tres bloques e intentar hacer un repaso, profundizando en lo que el portavoz de Izquierda
Unida hoy no ha profundizado, puesto que no ha defendido los instrumentos que plantea su grupo como fórmula alternativa.
Yo voy a hacer una breve mención. Con relación a la reducción de la temporalidad, la Ley 12/2001 ya incluye medidas que
ustedes ahora nos proponen, como por ejemplo la consolidación de los contratos de fomento, la contratación indefinida, que el Real Decreto 8/1997 estableció con carácter temporal por cuatro años y a la que nosotros hemos dado estabilidad y
permanencia en el tiempo. Además, la figura de la contratación indefinida, que, como digo se ha traducido en 1.700.000 contratos indefinidos desde entonces hasta la fecha, se ha extendido a mujeres subrepresentadas, a colectivos de parados
inscritos durante un período de entre seis y 12 meses en las oficinas de empleo y a jóvenes de determinadas edades. Se ha establecido en nuestro ordenamiento jurídico una indemnización para la inmensa mayoría de los contratos temporales,
inexistente hasta ahora, una indemnización de ocho días que se contempla en el artículo 49.1.C del Estatuto de los Trabajadores, y la cotización de la cuota empresarial de contingencias comunes a contratos menores de siete días se ha incrementado en
un 36 por ciento. Es decir, que, en relación con lo que ustedes nos están proponiendo, yo les estoy puntualizando acciones concretas llevadas ya a efecto. Asimismo, se ha flexibilizado el contrato a tiempo parcial, así como la distribución horaria
de la jornada y se han mejorado los instrumentos de información al trabajador y a los representantes legales en el artículo 2 de la Ley 12/2001.
Segundo bloque, calidad de empleo. He de recordar que las medidas para aumentar la empleabilidad de las
personas desempleadas es el objetivo prioritario del PNE 2001, del Plan Nacional de Empleo, y se refieren a la orientación, formación y prácticas laborales. La mejora de la eficacia del conjunto de programas del INEM se está llevando a
efecto con la cooperación de los interlocutores sociales y con las comunidades autónomas que tienen competencias y están afectadas por la materia. Esto se está haciendo ahora mismo. Respecto a la Ley de empleo, el Gobierno está elaborando una ley
de empleo. En cuanto al abuso en la sucesión de los contratos laborales hemos creado un instrumento nuevo en la ley, que ustedes han rechazado, consecuencia del Real Decreto 5/2002 y que es el artículo 145 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Además, hay un acuerdo entre la Administración pública y los sindicatos para el periodo 2003-2004 para prever y luchar contra la sucesión de los contratos temporales. Respecto a la discriminación relativa a los contratos temporales, éstos tienen un
incremento en la cotización del desempleo y en las contrataciones que efectúan las ETT, más aún cuando el contrato es a tiempo parcial.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Azpiroz, su tiempo a concluido.
El señor AZPIROZ VILLAR: Concluyo, señora presidenta, lamentando que en este acto las exigencias del Reglamento impidan que pueda entrar a fondo en las 26 propuestas que he analizado. Tengo que decir que sólo hay una con la que estamos
claramente en contra, que es la que se refiere a que por mandato legal se imponga una reducción de jornada, como ustedes reiteradamente proponen. Nosotros entendemos que en todo caso esto debe ser objeto de negociación colectiva, de pacto
convencional y que debe estar unido a la productividad, dejando a los interlocutores sociales mayoría de edad y adecuándose a la realidad económica a ras de suelo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Azpiroz.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO EL GOBIERNO IMPULSAR PARA LA POTENCIACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL DE DOS RUEDAS, FAVORECER LA SEGURIDAD Y FACILITAR EL ACCESO DE LOS JÓVENES AL
SEGURO OBLIGATORIO. (Número de expediente 173/000171.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto el Gobierno impulsar para la potenciación del
sector industrial de dos ruedas, favorecer la seguridad y facilitar el acceso de los jóvenes al seguro obligatorio. Para su presentación y defensa tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Hace 15 días pudimos debatir aquí la interpelación presentada por mi grupo parlamentario en relación con las medidas que pensaba adoptar el Gobierno para potenciar el sector industrial de dos ruedas, mejorar la seguridad y facilitar el
acceso de los jóvenes al seguro obligatorio. En estos momentos no es mi intención reiterar ese debate, ni siquiera hacer referencia a la situación del sector, pero para que por lo menos SS.SS.
tengan en cuenta la transcendencia social de lo que
estamos hablando les voy a facilitar las cifras del parque de ciclomotores y motocicletas que existen en nuestro país: 2.100.000 de ciclomotores y 1.500.000 de motocicletas. Aquel día decíamos que la materia que teníamos entre manos tenía una gran
transcendencia. En primer lugar, una gran transcendencia industrial por los 2.000 puestos de trabajo directos y los 20.000 indirectos, porque es una industria muy conectada con el prestigio y que funciona como marca de nuestro país en el
extranjero. En segundo lugar, una gran transcendencia social, y precisamente comentábamos la sencillez, la economía de adquisición y mantenimiento del ciclomotor y la motocicleta, lo que hacían que fuesen vehículos a través de los cuales se
iniciasen nuestros jóvenes en la conducción, que sobre todo el ciclomotor fuese un vehículo utilizado por personas -podríamos decir- de recursos modestos, y también la importancia que tenía de cara a la movilidad en nuestras grandes ciudades, de ahí
que precisamente el fomento del uso del ciclomotor y la motocicleta se incluyese en los programas de movilidad.
La situación del sector podríamos calificarla incluso de dramática por el hecho de recuperar el tipo ordinario de IVA, que fue reducido
en el año 1994, y fundamentalmente -como pude decir- por el incremento exorbitante que se ha producido en el precio de las primas del seguro obligatorio desde 1999 hasta ahora, multiplicándose el importe de los seguros en aquella época por cuatro,
cinco y hasta por más dígitos. De ahí que lo que toque ahora sea explicar cuáles son las propuestas de Convergència i Unió para mejorar la situación del sector y la transacción a la que hemos podido llegar con el Grupo Parlamentario Popular, aunque
nos hemos dejado algunos pelos en la gatera que espero que podamos recuperar en actuaciones parlamentarias futuras.
El planteamiento de mi grupo parlamentario era abordar este problema, en primer lugar, mejorando la seguridad vial de manera que pudiéramos reducir no sólo o estrictamente la siniestralidad, porque ya se había reducido en los últimos años,
sino fundamentalmente el número de muertos y heridos, que era una cifra relevante que tenía un efecto muy directo en el
seguro, de ahí que pretendiésemos continuar impulsando las acciones necesarias para la implementación de las medidas relativas a seguridad vial contenidas en la reciente ley. En segundo lugar, también como una medida de cara a fomentar la
adquisición y, por tanto, poder mejorar la situación del sector industrial, estudiar la posibilidad de que los poseedores de permisos de conducir de la clase B pudieran conducir motocicletas ligeras. Hay que reconocer que el ministro nos dijo que
podría producirse un efecto sustitución, que es una medida que habría que estudiar o analizar. No pretendemos otra cosa que se estudie, pero poniendo encima de la mesa que hay países de la Unión Europea en los que esto se permite. (La señora
presidenta ocupa la presidencia.)
Tenemos mucho interés en una medida más directa: en implantar un plan especial de renovación y modernización del parque, porque podría tener efectos no ya estrictamente en la adquisición de los vehículos, que también, sino efectos de
carácter medioambiental mejorando la seguridad vial y la seguridad industrial. Hasta la fecha en esto no nos hemos podido poner de acuerdo con el Grupo Parlamentario Popular. No sé si de aquí al final de la sesión nos podremos poner de acuerdo y
si no habrá que seguir luchando en sucesivas sesiones.
Queríamos también profundizar y acentuar los actuales programas en materia de I+D+I y, finalmente, abordar una serie de medidas de cara a incrementar la oferta de pólizas de seguro de ciclomotores y motocicletas para la reducción de este
precio, adoptando también medidas de seguridad vial como la obligatoriedad de pasar una inspección técnica de vehículos, el fomento del uso del caso, reforzar las pruebas de aptitud para la obtención de la licencia del ciclomotor para menores de 16
años e incluso pasar de 16 a 18 años la edad mínima para llevar al segundo pasajero en ciclomotores. En última instancia, deseábamos que el Congreso manifestase el apoyo y el respaldo a la labor que estaba realizando el Consorcio de Compensación de
Seguros en esta situación crítica del sector.
Hemos leído con muchísimo detenimiento las enmiendas que nos han sido presentadas por los diferentes grupos parlamentarios. Las del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida con una preocupación por la situación del sector desde la perspectiva
laboral y también con la necesidad de adoptar medidas de investigación, desarrollo e innovación fundamentalmente dirigidas a la protección del medio ambiente y el uso de energías alternativas; entendemos que debe tratarse de biocombustibles o
combustibles menos contaminantes.
Hemos contemplado también las medidas que nos ha propuesto el Grupo Parlamentario Socialista, algunas dirigidas a temas de seguridad vial, reforzar el uso del casco o el control de ruidos, que es algo que se está haciendo y que pretendemos
que se acelere, y la protección de las barreras de manera que se puedan desarrollar sistemas y productos que sean más amables, por así decirlo, para los motoristas. Cuando hablamos de amables lo hacemos de algo muy serio porque a veces son mayores
las lesiones que se pueden producir al chocar contra alguna de estas barreras que el accidente en sí mismo.
Desde luego, como no podía ser menos, hemos contemplado también con muchísimo detenimiento las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, que al fin y al cabo es el que nos puede dar los votos para que la moción salga adelante. Debo
recordar también las medidas que en materia de seguros propone el Grupo Parlamentario Socialista. De ahí que estemos en condiciones de ofrecer una transacción al resto de los grupos parlamentarios, transacción que debo decirles que ya cuenta con el
visto bueno del Grupo Parlamentario Popular, que creo que supone aproximaciones a las posturas de las enmiendas de todos y cada uno de ellos y que ha permitido incluso que el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió refuerce su posición en materia
de seguro y del seguro obligatorio.
Ciertamente lo que pretendemos en primer lugar -ese es el contenido de la transacción- es impulsar las medidas previstas en la Ley de tráfico y circulación de vehículos a motor, pero como señalaba anteriormente y
aceptando algunos planteamientos del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Popular acelerando el desarrollo y diseño de sistemas y productos de protección vial más adecuados para los motoristas y especialmente el recubrimiento de
los postes agresivos. Asimismo, el estudio de la posibilidad de que el permiso clase B permita la conducción de motocicletas ligeras. No nos hemos podido poner de acuerdo en el estudio e implantación de medidas de carácter fiscal para favorecer la
renovación y modernización del parque, aunque esperamos que lo podamos hacer en fechas próximas. Desde el punto de vista de profundizar en aquellas medidas de innovación, desarrollo e investigación, asumimos los planteamientos del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida de cara al fomento de proyectos de investigación que posibiliten un uso más racional y eficiente de la energía, la reducción de las emisiones contaminantes y la utilización de energías alternativas, y las que se nos
ofrecen por el Grupo Parlamentario Popular de cara a proyectos de investigación relacionados con la seguridad vial, así como también proyectos de cooperación por parte de diferentes subsectores.
La señora PRESIDENTA: Señor Silva, le ruego concluya.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Estoy acabando, señora presidenta.
Quiero concentrarme ya, porque es lo que puede ser un poco más relevante, en materia de seguro. Cree mi grupo parlamentario que uno de los aspectos fundamentales para la existencia de esta situación (no
entendemos que el consorcio pueda ofrecer pólizas por una prima de 300 euros mientras que haya compañías de seguros que son incapaces de ofrecerlas por debajo de los 1.000 euros) tiene mucho que ver con la falta de transparencia. De ahí que
pretendamos la elaboración de un informe por parte del Gobierno, lo que para nosotros sería un libro blanco, que analice la situación del mercado, la siniestralidad, la oferta de seguros, precios, modalidades de contratación, clandestinidad y otros.
La señora PRESIDENTA: Señor Silva, le ruego concluya. Sabe que en las mociones el tiempo es estricto.
El señor SILVA SÁNCHEZ: En segundo lugar -lo dirá la portavoz del Grupo Parlamentario Popular- hay que impulsar la actuación en esta materia del Consorcio de Compensación de Seguros.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Heredia.
El señor HEREDIA DÍAZ: Gracias, señora presidenta.
Señoría, los socialistas consideramos importante traer esta noche aquí el debate sobre las motos porque los ciclomotores y las motocicletas van camino de convertirse en un artículo de lujo. Quiero recordar que con un gobierno del Partido
Socialista en 1994 se aplicó el tipo de IVA reducido para ciclomotores y esta medida fue derogada con el Gobierno del Partido Popular en la Ley de acompañamiento a los presupuestos de 2002.
Luego dirán ustedes que bajan los impuestos. Además hay
que destacar que desde 1999 hasta la fecha el seguro obligatorio para menores de 25 años se ha multiplicado por diez. En 1998 costaba 90 euros, 15.000 pesetas; en este momento llega a 900 euros, 150.000 pesetas. ¿Quién puede pagar 150.000 de
pesetas de seguro? Evidentemente los jóvenes no lo pueden pagar.
Los socialistas compartimos el espíritu de la iniciativa del señor Silva pero con algunas diferencias, sobre todo en lo referente a seguros. Voy a empezar por los puntos que nos unen. Compartimos el impulso de la Ley de tráfico, eso sí,
destinando inversiones para proteger los postes y los quitamiedos, así como para eliminar progresivamente la pintura deslizante de las carreteras nacionales. Hay que destacar que según los datos ofrecidos por el Gobierno del Partido Popular en el
primer semestre se han incrementado en un 10 por ciento los accidentes de tráfico de motoristas en las carreteras nacionales españolas. También nos parece adecuada la propuesta que hace el señor Silva en el sentido de que el permiso de clase B
pueda permitir conducir motocicletas menores de 125 centímetros cúbicos. Esta es una medida que figura en la Directiva comunitaria 91/439 y que se está aplicando con gran éxito en Francia y en Italia. Me gustaría que la portavoz del Partido
Popular nos explicase por qué no se está ya aplicando en España. Apoyamos también fomentar el uso del casco. En cuanto a la obligatoriedad de la ITV, estamos de acuerdo siempre y cuando se lleve en las mismas condiciones que los vehículos de
cuatro ruedas, sobre todo siempre a precios asequibles para los jóvenes.
Nos parece importante y fundamental impulsar medidas de control sobre el ruido de ciclomotores, pero me voy a detener en el tema del precio del seguro.
Aunque Convergència i Unió en el texto de su moción habla de facilitar el acceso a los jóvenes al seguro obligatorio, tengo que decir al señor Silva que no figura ninguna medida concreta para facilitar el acceso a los jóvenes al seguro
obligatorio. A los socialistas nos surgen una serie de preguntas. ¿Por qué en los últimos años se ha multiplicado por cuatro el precio medio del seguro en ciclomotores y en motocicletas? ¿Por qué en este momento cuesta 600 euros, sobre todo
teniendo en cuenta que el Consorcio de Compensación del Seguro lo sigue ofreciendo a 350 euros e incluso es posible hacerlo a 325 euros? Otra pregunta que nos hacemos es por qué el seguro de las motos de más de 125 centímetros cúbicos en los
últimos años se ha duplicado cuando se ha reducido la siniestralidad. Hay menos víctimas mortales y menos heridos. Si no es un problema de costes, no es un problema de siniestralidad, ¿cuál es el problema? Sencillamente que las compañías
aseguradoras quieren ganar más dinero. Los socialistas hemos planteado dos soluciones con relación a este tema, una a corto plazo y otra a medio plazo. A medio plazo planteamos que se cree un marco legal específico donde se establezca la
obligatoriedad por parte de las entidades aseguradoras de suscribir las pólizas obligatorias de seguros de ciclomotores y motocicletas, estableciendo importes anuales máximos de dichas pólizas a precios asequibles y razonables. A corto plazo
planteamos que el Consorcio de Compensación de Seguros sea el que contrate los seguros de motocicletas y ciclomotores sin el requisito de demostrar, como las compañías aseguradoras privadas, que no aceptan la contratación del seguro obligatorio,
porque el propio consorcio dice que no pierde dinero contratando a estos precios y que le cuesta entender que la iniciativa privada le haga perder tan rentable fuente de negocio. A los socialistas nos parece razonable plantear una solución a este
tema, sobre todo si tenemos en cuenta que, según Tráfico, el 35 por ciento de los ciclomotores y motocicletas en este momento circulan sin seguro obligatorio, lo que supone un serio peligro de seguridad vial. Por tanto, el Gobierno del Partido
Popular no puede permanecer impasible ante este tema durante más tiempo y debe facilitar cuanto antes el
seguro obligatorio a los usuarios de ciclomotores y motocicletas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Heredia.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Las doy por defendidas, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Frutos.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, señora Torme.
La señora TORME PARDO: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, quiero hacerme eco en este momento de las palabras que pronunció el ministro señor Piqué con motivo del debate de la interpelación de la que es consecuencia esta moción. En ellas destacaba la oportunidad de
debatir sobre la situación del sector de vehículos a motor de dos ruedas, respecto del que todos los grupos parlamentarios compartimos una misma preocupación ante el momento delicado por el que está atravesando.
No voy a hacer referencia nuevamente a los datos concretos sobre la evolución y la situación actual del sector, pues en el pasado debate todos fuimos testigos de un diagnóstico muy serio y muy riguroso acerca de sus circunstancias y en el
que además quedó acreditada cuál es su relevancia tanto social como económica; pero sí quiero resaltar esa gran preocupación que compartimos y que en el caso del Grupo Parlamentario Popular nos ha llevado a presentar distintas iniciativas en
relación con factores de muy diversa índole, como son los que inciden en este sector.
En concreto, esta misma mañana en la Comisión de Economía y Hacienda se ha defendido por el señor Núñez una proposición no de ley que se ha aprobado. Esta
diputada también ha tenido la oportunidad de dirigir al Gobierno, en concreto al ministro de Fomento, preguntas sobre la adopción de medidas en las infraestructuras viarias para mejorar la seguridad de los conductores de vehículos de dos ruedas,
porque precisamente es el Gobierno del Partido Popular el que ha puesto en marcha, de momento, hasta tres planes dirigidos específicamente a la seguridad vial de los motoristas, a evitar consecuencias dramáticas, por ejemplo, de las barreras de
contención de las carreteras.
En lo que se refiere a la problemática específica del aseguramiento de motocicletas y ciclomotores, el Grupo Popular, consciente de las actuales dificultades que existen y con objeto de disponer de la máxima información del diagnóstico para
poder plantear su estudio con un mayor sosiego y un mayor conocimiento de las circunstancias, dentro de la subcomisión de seguridad vial y prevención de accidentes de tráfico que se ha creado, dependiente de la Comisión de Justicia e Interior, ha
solicitado distintas comparecencias relacionadas con este tema: del director general de Seguros y Fondos de Pensiones, que asimismo ostenta la condición de presidente del Consorcio de Compensación de Seguros, de los responsables de las empresas
aseguradoras, de representantes de los usuarios de estos vehículos, así como de los representantes del sector industrial. Como digo, es una preocupación que en el caso de mi grupo parlamentario se ha traducido en una serie de iniciativas para
avanzar en la solución de los problemas concretos que se presentan.
El Gobierno -ya lo dejó acreditado el señor Piqué- ha establecido cauces fructíferos de diálogo que a su vez se han traducido ya en el impulso de distintas acciones en los distintos ministerios que tienen algo que decir en esta materia. Sin
embargo hay que tener en cuenta -lo dijo así el señor Piqué- que hay una gran complejidad en cuanto a la problemática de este sector, así como en cuanto a las medidas que podamos adoptar, porque hay medidas que a corto plazo pueden tener efectos
beneficiosos, pero no así a medio y largo plazo. Hay algunas medidas que además pueden tener efectos contraproducentes, efectos no deseados, por lo que en este caso queremos actuar con prudencia, lo que no quiere decir no actuar. Queremos adoptar
aquellas medidas en las que tenemos los datos que nos permiten garantizar la bondad de las mismas y que no se van a producir después esos efectos no deseados. En este sentido, con nuestra enmienda hemos querido hacer hincapié en varios aspectos y
desde luego suscribíamos gran parte del contenido de la moción presentada por CIU. Quiero destacar uno de los puntos que hemos incluido en nuestra enmienda y que se recoge en ese texto transaccional, que es el de instar al Gobierno a analizar e
impulsar las medidas necesarias de forma que el Consorcio de Compensación de Seguros pueda asumir la cobertura del seguro de responsabilidad civil, incrementando en su caso las cantidades de las indemnizaciones por encima de los límites del seguro
obligatorio. Todo ello en los supuestos de contratación de cobertura de riesgos no aceptados por las entidades aseguradoras. Creemos que esta es una medida beneficiosa que será acogida de buen grado por el sector afectado.
Tenemos claro que gran parte de los problemas del sector tienen su origen en el elevado coste de los seguros, y a su vez las empresas aseguradoras nos dicen que ese aumento de costes viene directamente asociado a un aumento de la
siniestralidad. Pues bien, pongámonos todos de acuerdo en la adopción de aquellas medidas que directamente atajan y combaten la siniestralidad, las que mejoran la seguridad vial. Aquí todos podemos llegar a un acuerdo en medidas dirigidas a
mejorar la educación vial, las aptitudes y las actitudes
de los conductores, no sólo de los conductores y pasajeros de vehículos de dos ruedas sino del resto de usuarios, que han de ser especialmente respetuosos con aquellos que son más vulnerables.
Respecto a otras medidas que no han sido incluidas en el texto que hoy vamos a votar nos comprometemos a abordarlas en ese ámbito, en el que podemos hacer una reflexión con sosiego y con rigor, que es la subcomisión de seguridad vial y
prevención de accidentes de tráfico, con la comparecencia de todos los expertos que podrán hacer aportaciones de gran interés y con el estudio por parte de todos los grupos parlamentarios desde esa sensibilidad.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Torme.
Iniciamos la votación de las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas que piensa adoptar para combatir el alto nivel
de inflación que sufre la economía española al doblar su cuantía actual las previsiones oficiales para el año 2002. Se somete a votación en los términos derivados del propio debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 273; a favor 99; en contra, 173; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Moción del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre la tasa de desempleo, la mala calidad del empleo creado y los efectos de la inflación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 272; a favor, 98; en contra, 174.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre medidas que tiene previsto el Gobierno impulsar para la potenciación del sector industrial de dos ruedas, favorecer la seguridad y facilitar el acceso de los jóvenes al
seguro obligatorio. Se somete a votación en los términos de la enmienda transaccional que ha sido acordada entre el grupo proponente y el Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 273; a favor, 269; en contra, tres; abstenciones una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Se suspende la sesión que se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Eran las nueve y treinta y cinco minutos de la noche.